El diputado José Manuel Carrillo Rubio: Con su permiso señor presidente: La presente iniciativa tiene sustento en el compromiso que el Poder Legislativo para con su ciudad mexicana tiene. Este compromiso nace y se justifica en los tiempos actuales cuando la transparencia y la justicia devienen de una exigencia unánime en todos los segmentos sociales y porque a través de su presencia activa consciente la sociedad desea influir más en la determinación del sentido, dirección y contenido de las acciones del gobierno, de los cambios, pero sobre todo en aquellas decisiones que a aquellos los han perjudicado en los últimos años. La energía eléctrica es un insumo básico para lograr una mejor calidad de vida, sobre todo para las personas que viven en zonas donde hay condiciones climatológicas con temperaturas elevadas y altos índices de humedad, ya que en ellas se requieren de sistemas de ventilación para disminuir la temperatura o de refrigeración para la conservación de los alimentos. En este tenor es del conocimiento de todos y cada uno de los señores legisladores aquí presentes y de los diversos medios de comunicación, que respecto al tema de las tarifas del cobro de la energía eléctrica se han presentado diversos puntos de acuerdo, iniciativas, con el objeto de buscar mecanismos en beneficio de nuestra sociedad, pero sobre todo en que el momento de su fijación, estas tarifas contemplen los elementos tanto geográficos como climatológicos y económicos de nuestra muy variada República Mexicana. El artículo 73 fracción X de nuestra Carta Magna, dispone que el Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en toda la República en materia de energía eléctrica. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, concede gran discrecionalidad en este momento al Ejecutivo Federal, lo que ha dado lugar a que se realicen ajustes o modificaciones a las tarifas eléctricas para que el consumo doméstico, lo cual ha traído como consecuencia el detrimento de la economía familiar de la mayoría de los consumidores del servicio público, con lo cual se violentan los principios de equidad y justicia social que debe prevalecer en la prestación de todo servicio público, situación que es incompatible con el sentido social que debe caracterizar la actividad de la función de las empresas públicas del Estado. En el Congreso de la Unión como ya se mencionó, goza de facultad para legislar en materia de energía eléctrica más sin embargo es necesario que para los efectos de poder determinar los costos de las tarifas eléctricas, deban de considerarse otros factores además de los económicos y financieros de la Secretaría de Energía, tales para que de manera ineludible vienen a afectar la economía de los que menos tienen; situación que bajo el esquema actual de fijación tarifas por parte de unos cuantos, no se contemplan. La propuesta de modificación en los criterios que se siguen para fijar las tarifas eléctricas de uso doméstico que ahora presento, se hace cargo y parte de la necesidad de impulsar profundas reformas estructurales que tengan un claro sentido nacional y sirva para favorecer el desarrollo independiente de nuestro México. Es una realidad innegable la inconformidad social que se ha generado como consecuencia del excesivo encarecimiento que han experimentado los recibos por el pago de la energía eléctrica de uso doméstico. Más señaladamente después de la promulgación del decreto del Ejecutivo Federal, el día 7 de febrero del año 2002. Efectivamente a partir de la aplicación de este decreto, las familias mexicanas han visto y hemos visto, mermados los ingresos y ello a la vez se ha traducido en un factor que está afectando severamente al conjunto de la economía nacional, conformándose en un factor de abatimiento social. En la actualidad los recibos de luz se han incrementado desproporcionadamente y muy en especial para golpear a los sectores sociales de menos ingresos y de medios bajos, pero sus efectos nocivos repercuten en toda actividad productiva y comercial, con el que se encuentran innegablemente vinculados. Tan solo en la primer fase, las tarifas eléctricas en muchos de los casos pasaron de un 100 a un 200 % de aumento en relación con el último periodo antes del retiro del subsidio. Las tarifas eléctricas deben sustentarse en sólidos fundamentos económicos pero dichos criterios esenciales de toda empresa son compatibles con el sentido social que debe caracterizar la actividad y la función de las empresas públicas de todo Estado. De ahí que las tarifas, en particular las domésticas, deban ser una tarifa justa y proporcional. Como bien ha sido dicho desde la presidencia de la República, las empresas públicas no son propiedad del gobierno sino de todos los mexicanos. Entonces debemos actuar en consecuencia para modificar los criterios y las políticas públicas en este planteamiento. El replanteamiento de los criterios que sirven para determinar las tarifas y rangos de consumo doméstico, más conocidas como la tarifa 1, se desprende una necesidad objetiva pues en la actualidad el sistema tarifario además de la complejidad de su suyo, implica la enorme diversidad de precios y esto no refleja las condiciones del uso doméstico en las localidades. Aún más y a mayor abundamiento, compañeras y compañeros legisladores, el día 4 de abril del año 2003 las Suprema Corte de Justicia de la Nación, una jurisprudencia que robustece la pretensión de esta iniciativa en el sentido de considerarlas injustas y contrarias a derecho, misma que se cita textualmente en el documento. En 1986 fueron aprobadas variantes para su aplicación correspondiente a las diferentes regiones consideradas, según el criterio de la temperatura media mínima anual como un reconocimiento a que dichas regiones requieren tarifas especiales y específicas. Sin embargo, estas tarifas han venido cuestionándose fundamentalmente en las zonas norte y costas del país porque son las regiones que tienen climas más extremos y húmedos. Entre los diversos sectores sociales existe la certeza de que el criterio de la temperatura media mínima anual aún no logra compensar las marcadas diferencias que condicionan los montos de los consumos de la energía eléctrica. De esta manera, el factor de la temperatura tal y como se aplica no reconoce proporcionalmente estas necesidades, en grado importante determinadas por la diferencia climática. El decreto del 7 de febrero agravó e hizo más evidente el trato inequitativo que con antelación al mismo ya existía hacia las regiones del país. Para segmentos sociales muy importantes las tarifas fueron incrementadas cerca del doble respecto del índice inflacionario en el caso de las tarifas intermedias Este incremento alcanza a representar hasta seis veces más el índice inflacionario actual y acumulado. Además de este desproporcionado incremento que se aplicó a los precios de las tarifas domésticas con referencia a la inflación, el decreto del 7 de febrero publicado por el Ejecutivo federal determinó una disminución de los rangos en el consumo moderado, razón por la cual en este momento me permito presentar una propuesta que reforma el artículo 31 y agrega un artículo 32 bis a la Ley del Servicio Público de Energía para que, en concreto, la facultad del incremento de las tarifas de luz eléctrica no corresponda al titular del Poder Ejecutivo sino a la Comisión de Energía, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores. Es cuanto, señor presidente. -