El diputado Sami David David (PRI): Con su permiso, señora Presidenta. Señoras y señores diputados: Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 70, 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro país se encuentra inmerso en un proceso de evolución política que ha implicado que todas sus instituciones se modernicen en sus procesos de actuación, lo que necesariamente conlleva la modificación a diversas disposiciones legales, incluyendo algunas de carácter constitucional. La actividad legislativa que se tiene encomendada, reviste una importancia capital, toda vez que es al Congreso a quien nuestro sistema jurídico ha encomendado la trascendente responsabilidad de crear y actualizar nuestras normas jurídicas. A través del devenir histórico legislativo se han presentado adecuaciones constitucionales, legales y reglamentarias que permitan precisar las facultades del Congreso General y de cada una de las Cámaras, lo cual se ha denominado ahora Reforma del Congreso, que implica analizar, estudiar y revisar todo lo concerniente a la integración, estructura, facultades y funciones del Poder Legislativo y de las relaciones que constitucional y legalmente se mantienen con los otros Poderes de la Unión. La modernización del Congreso no es un tema coyuntural y de simple oportunismo; es sin duda una asignatura pendiente para los legisladores: la de garantizar sus instituciones de representación reflejen la pluralidad y así fortalecer el principio democrático de nuestro país. Es por ello que en un primer intento de actualización, la reforma constitucional lleva a cabo en el año de 1977 estableció que el Congreso debería expedir una ley que regulara su estructura y funcionamiento internos. Hecho que se formalizó en 1979 con la expedición de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En la primera Ley Orgánica del Congreso, con base en la reforma constitucional de 1977, se plasmó en los artículos 66 y 106 las facultades respectivas de cada Cámara para expedir su propio Reglamento Interior. En la iniciativa de reformas de 1992 que modificó sustancialmente la Ley Orgánica de 1979, tal y como fue aprobada por la Cámara de Diputados, aparentemente la derogación de los artículos 66 y 106 obedeció más que a un escrúpulo de inconstitucionalidad de la facultad reglamentaria unilateral, a la necesidad o conveniencia política coyuntural, de prevenir en un contexto de probable pluralidad, que la Cámara de Diputados se diese en reglamento interior que comprometiera la preponderancia política de una mayoría estable. En dicho cuerpo legal si bien se delimita la estructura y funciones de los órganos de gobierno de cada una de las Cámaras, resulta necesario contar con disposiciones reglamentarias que permitan precisar las normas para el gobierno interior de cada una de éstas, sin demérito de que existan disposiciones que establezcan las normas comunes que rigen al Congreso General y la Comisión Permanente. En razón de ello y después de un detallado análisis se ha llegado a la consideración de que resulta procedente realizar una adecuación a diversos preceptos de nuestro máximo cuerpo legal, toda vez que actualmente se remite el actual de los diputados y senadores a lo dispuesto en el Reglamento de Debates, lo cual a nuestro juicio no ha resultado funcional ni suficiente. Debe tenerse presente que las diversas reformas a la Ley Orgánica del Congreso, han dejado sin aplicabilidad diversas disposiciones reglamentarias, especialmente aquéllas que se refieren a los procedimientos de operación interna de cada Cámara, forma de trabajo del Pleno de las mismas, formatos de comparecencias, aspectos administrativos internos, etc. Lo que ha propiciado se emitan acuerdos parlamentarios que en estricto sentido son reglas de operación con las cuales se ha posibilitado el trabajo parlamentario. Dadas las diferencias que presentan las Cámaras en su integración y operación, así como las funciones que constitucionalmente cada una tiene asignadas, se ha estimado necesario dar sustento jurídico para que de manera particular ambas Cámaras puedan contar con la normatividad que les permita operar con pleno sustento legal, sin que resulte impugnable su actuación. En el artículo 72 constitucional se detalla el procedimiento para la formación de las leyes y en el mismo, se precisan de manera expresa las excepciones a este procedimiento, entre las que se encuentran las resoluciones que sean exclusivas de alguna de las cámaras, por ejemplo en las disposiciones constitucionales, en las que se prevé, en el caso de la Cámara de Diputados, la aprobación del presupuesto de egresos de la federación artículo 74, fracción IVy respecto a la Cámara de Senadores la aprobación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión artículo 76, fracción I. Asimismo, el último párrafo del artículo 70 constitucional prevé de maneras expresa que la ley que emita el Congreso para regular su estructura y funcionamiento internos no podrá ser vetada ni necesitada de promulgación del Ejecutivo federal para tener vigencia. En razón de lo anterior se considera que es indispensable prever en la propia Constitución política de nuestro país la facultad expresa para que cada cámara pueda, sin intervención de la otra, emitir el ordenamiento respectivo que regule su gobierno interior. Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforman y adicionan los artículos 70, al que se le reforma el segundo párrafo, y se adiciona un tercer párrafo y los párrafos tercero y cuarto pasan a ser un cuarto y quinto párrafos; 71, al que se le reforma el párrafo final, y 72, del cual se reforma el primer párrafo. Artículo 70. El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura, organización y funcionamiento, así como los procedimientos para sesionar como Congreso General y los correspondientes a la Comisión Permanente. Para los procedimientos de organización, debate y votación en cada cámara, cada una emitirá el reglamento respectivo para su gobierno interior, sin la intervención de la otra. A los mismos le será aplicable lo dispuesto en el último párrafo de este precepto. Artículo 71, fracción III. Las iniciativas presentadas por el presidente de la República, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones de los mismos pasarán desde luego a la comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el reglamento para el gobierno interior de cada una de las cámaras. Artículo 72. Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente en ambas, observándose los respectivos reglamentos para su gobierno interior sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Transitorios. 1º. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 2º. Hasta en tanto ambas cámaras emitan los respectivos reglamentos para su gobierno interior, seguirán siendo aplicables las disposiciones en vigor del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en lo que se en lo que se pongan a esta concepción y a la ley de la materia. Es cuanto, señora presidenta.