La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz: Vengo en nombre de todas y todos mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Desarrollo Metropolitano, Urbano, Ordenamiento Territorial y Movilidad de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión que tengo el honor de ser partícipe en ella. Vengo a poner a consideración del pleno el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano presentada por la diputada Adriana María Guadalupe Espinoza de los Monteros García, con el objeto que se haga explícita la existencia de riesgo en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dando armonía jurídica con la Ley de Protección Civil. Para ello, resulta indispensable entender que los objetivos de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano son fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso del territorio y los asentamientos humanos en el país, con pleno respeto a los derechos humanos. Además, el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos, así como establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales, para la planeación, ordenamiento y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. De acuerdo con el diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres en México, actualizado en 2014 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en las últimas décadas los fenómenos naturales en México han dejado daños de 7 mil 742 personas que han perdido la vida y 27 mil millones, 653 personas que han resultado damnificadas. Es por ello que el tema de la prevención de desastres ha tomado relevancia en la agenda de Protección Civil, reconociendo que vivimos en un país de múltiples riesgos, por lo que se debe considerar en las normas jurídicas con la finalidad de prevenir o en su defecto establecer estrategias y programas de largo alcance, enfocados a prevenir y reducir sus efectos y a prestar atención a emergencias y desastres. Hay que tener en cuenta que el territorio nacional se encuentra sujeto a gran variedad de fenómenos que pueden causar desastres. Dos terceras partes del territorio tienen un riesgo sísmico que se debe a los terremotos que se generan en las costas del Océano Pacífico en la conjunción de las placas tectónicas de Cocos y de Norteamérica. Del sinnúmero de volcanes que han existido, 14 de ellos han hecho erupción y se consideran activos. La ubicación del país es una región intertropical, lo cual hace susceptible de huracanes que se generan tanto en el Océano Pacífico como en el Golfo de México. También se presentan lluvias intensas con las consecuentes inundaciones y deslaves importantes, y con mucha frecuencia, en oposición a esto también el país reciente la escasez de lluvia dando pasa a incendios forestales que se presentan cada año en temporada de sequía, propiciando enormes pérdidas de zonas boscosas, y que por lo tanto debe evitarse el asentamiento humano en sitios expuestos a dichos fenómenos que sean identificados de riesgo. Es por ello que con la relevancia que implica el riesgo en México, el Sistema Nacional de Protección Civil se creó a raíz de los sismos de 1985. Ha ido evolucionando en su estructura y funcionamiento. Sin embargo, leyes emitidas en esa materia, no contemplan los conceptos y las acciones necesarias, tal es el caso de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. No se hace referencia explícita a la existencia de riesgo y solo habla de la gestión integral de riesgos, y esto se entiende como un proceso coordinado entre varias instituciones para reducir, prevenir, responder y apoyar la rehabilitación y recuperación frente a eventuales emergencias y desastres, en el marco de un desarrollo sostenible. Las revisiones que planteamos a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano se motivan, en primer punto, tomando en cuenta que los asentamientos humanos que predominarán son aquellos ilegales o irregulares que se expanden por falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las mayores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal. Esto puede significar para muchas ciudades la ocupación creciente de lugares inadecuados para el asentamiento humano y con riesgos diversos. Por lo que el riesgo implica la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia de que alguien o algo sufra perjuicio o daño, situación que coloca a las autoridades e instituciones públicas en una lógica de seguir los principios de prevención o mitigación del riesgo y es importante que la ley contemple el riesgo. Por tal motivo, tomando en consideración la estrategia de prevención de desastres, establece tres pasos fundamentales: Primero. Conocer los peligros y amenazas a que estamos expuestos. Estudiar y conocer los fenómenos, buscando saber dónde, cuándo y cómo nos afecta. Segundo. Identificar y establecer a nivel nacional, estatal, municipal y comunitario las características y los niveles actuales de riesgo, entendiendo el riesgo como el producto del peligro, el agente perturbador por la exposición y por la vulnerabilidad, y Por último, basado en los pasos anteriores, diseñar acciones y programas para mitigar y reducir estos riesgos. Ante la ocurrencia de los fenómenos, a través del reforzamiento y adecuación de la infraestructura, y preparando a la población para que sepa qué hacer antes, durante y después de una contingencia. En síntesis, la iniciativa sustenta su objetivo en que la ley contemple conceptos muy claros y específicos, que la población tenga claro el significado de riesgo. Además, es de resaltar que el Sistema Nacional de Protección Civil en México ha evolucionado en su estructura y funcionamiento para que las leyes, en concreto la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, no hace explícita la existencia de riesgo, así como en los principios de la política pública no establece claramente el concepto. Por otro lado, al momento de legislar respecto a estos temas debemos ser claros y estar en armonía con la Ley General de Protección Civil, lo que se reflejará en la seguridad de la población, ya que según datos del informe Tendencias del Desarrollo Urbano en México, elaborado en junio de 2017 por la ONU, el crecimiento demográfico en México será urbano y esto significa contar con 384 ciudades, aumentando a 961 en el 2023, en las que se concentrará el 83.2 por ciento de la población. Debemos velar por la vida y se protejan los derechos de todas las personas, porque ante todo la ley debe estar investida de imparcialidad y la protección de los derechos de los gobernados debe de ser en el sentido más amplio. En la armonización de ambos ordenamientos debe establecerse mejores condiciones de seguridad para su propia integridad y la de su patrimonio, a efecto de que en la norma reglamentaria queden claramente establecidos, definidos, y sobre todo, explícitos los conceptos en materia de riesgo. Finalmente, y como reflexión, basta con recordar los lamentables sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, en el que muchas familiares vieron afectados no solo su patrimonio, también perdieron a sus seres queridos. Es por ello que tomando en consideración la vulnerabilidad de los mexicanos por la propia naturaleza geográfica del territorio nacional, pedimos su apoyo y voto favorable al dictamen que presentamos, ya que se busca fortalecer el andamiaje jurídico, con el objeto de que la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos y centros de población y ordenación territorial se apeguen a la consideración del riesgo y no meramente como un tema de prevención. Por su atención, muchas gracias.