EL C. DIPUTADO FRANCISCO GUADARRAMA LOPEZ: Con su permiso, diputada Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Nuevamente el tema de la controvertida y muy discutible impugnación del Procurador Fiscal de la Federación en contra de los Vocales Independientes de la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario mejor conocido como IPAB, ocupa nuestro tiempo. Señalo muy discutible la impugnación orquestada por parte del Procurador Fiscal de la Federación Gabriel Reyes Orona en contra de los Vocales Independientes del IPAB, porque para que un alto funcionario del Gobierno Federal emprenda acciones de esta naturaleza, debe tener la suficiente integridad y autoridad moral para cuestionar la conducta de los mencionados servidores públicos. El pasado 24 de octubre ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República, en sesión de trabajo en la que comparecieron tres de los cuatro Vocales Independientes y el Secretario Ejecutivo del IPAB, se desahogó suficientemente el punto de controversia en la que se demostró plenamente el fallo emitido por SECODAM. Después de una minuciosa y profesional investigación realizada, llegó a la conclusión que dos de los Vocales independientes: el ingeniero Adalberto Palma Gómez, así como el licenciado Carlos Isoart Iviesca, no tenían absolutamente ningún problema respecto a conflicto de intereses que el susodicho Procurador Fiscal aseguró; en tanto que los vocales Creel, Covián y Murrieta Necoechea tenían abierto un procedimiento administrativo que permitiría esclarecer públicamente su situación y que el día de ayer la SECODAM emitió su fallo favorable en el sentido de la no existencia de conflicto de intereses en torno a su desempeño actual. El senador Jesús Ortega, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática PRD, manifestó que con respecto al asunto del conflicto de intereses, los señalamientos los hizo Reyes Orona que es el Procurador Fiscal y francamente me parece un juego el decir que lo hizo en su calidad de ciudadano y no de Procurador Fiscal. Al senador Jesús Ortega le asiste la razón cuando afirma: "Ningún funcionario, mucho menos altos funcionarios de la administración pública de otro Poder, ya sea del Legislativo, del Judicial tienen la calidad de funcionarios o servidores públicos de primer nivel solamente por la mañana y no por la tarde o por la noche". Nada más falaz que eso, es decir, el servidor público es servidor público las 24 horas del día y los 365 días del año; se es diputado representante popular las 24 horas y todos los días del año. Es una mentira quien afirme que es funcionario por la mañana y ciudadano por la noche. La función que otorga el cargo es permanente hasta que se da la separación del mismo. Sin embargo, no es el momento de distraer la atención y el tiempo que requiere el Congreso de la Unión, en polémicas o enfrentamientos personales. Es absurdo que ahora el señor Procurador Fiscal acuse a estas personas de conflicto de intereses cuando él mismo en su carácter de director jurídico y siendo secretario del comité técnico del FOBAPROA, firmó parte del equipo que ocultó información y negó rotundamente a que el auditor Michel Mackey, realizara las auditorías que el Congreso de la Unión le había encomendado, como lo cita textualmente en su informe Mackey, en la página 16 que dice: "en un inicio tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como el Fobaproa, estaban muy renuentes a hablar con nosotros y se tuvieron retrasos considerables en septiembre, octubre y noviembre de 1998. Durante este periodo el comité de contrataciones nos proporcionó varias cajas de documentación, sin embargo, nadie estaba disponible para proporcionarnos ningún contexto de los documentos o ni siquiera para explicar su importancia. Derivado de lo anterior el proyecto tenía más tiempo del necesario para avanzar en las etapas preliminares. Adicionalmente es importante recordar que el señor Reyes Orona, carga con dos responsabilidades más que gravitan en el fuerte daño a las finanzas del país, ya que participó en el otorgamiento de los avales de las operaciones de compra de cartera y también participó directamente en el diseño de los contratos como el de la operación entre los bancos "Bital" y "Atlántico", por mencionar algunos. Compañeros legisladores: no debemos olvidar que existe una serie de tareas pendientes que requieren pronto acuerdo y resolución por parte de esta Asamblea, como unas reformas a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, con el propósito de lograr obtener un mejor funcionamiento del IPAB. Sólo por citar un asunto, es importante que el propio Instituto en casos especiales lleve a cabo las visitas de inspección y auditoría a las instituciones de crédito correspondientes, toda vez que actualmente el artículo 33 faculta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para cumplir con esta actividad y en forma marginal podrá participar el Instituto en dichas revisiones que son fundamentales para medir la situación financiera, contable y legal de las instituciones, que corresponda a las metas establecidas en el programa correctivo. Otra prioridad no menos importante y en la que todos los grupos parlamentarios coincidimos, es en reducir el costo fiscal del rescate bancario, conforme a lo mandata expresamente el artículo 5º. Transitorio de la Ley del IPAB. Asimismo, afirmamos que es urgente revisar la cartera transferida de algunos bancos como Banamex y Bancomer, que el día de hoy se sabe dichas instituciones entregaron cartera, no respetando las reglas que estableció el Fobaproa, acumulando intereses moratorios o quizá cartera ya descontada o alguna otra forma del propio programa de capitalización y compra de cartera que no se cubrió. En la misma línea podemos mencionar los asuntos urgentes y de obvia resolución que tiene que cumplir la propia Procuraduría Fiscal de la Federación, que representa el señor Reyes Orona, conforme a la estructura de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene funciones como representar a la Secretaría ante los tribunales de la República ante las demás autoridades en la materia de amparo. Además representar el interés de la Federación en controversias fiscales a la Secretaría y a la autoridades que de ella dependan en toda clase de juicios, investigaciones y procedimientos administrativos ante los tribunales de la República y ante otras autoridades competentes. Dicho en otros términos, es la dependencia que tiene bajo su responsabilidad evitar y perseguir los delitos de evasión y elusión fiscal; asunto éste que basta abrir cada día un periódico de circulación nacional para atestiguar escándalos de evasión y elusión fiscal comprobables de manera concreta. En materia de juicios de amparo también tenemos conocimiento de las cuantiosas pérdidas por concepto de devolución de impuestos, por citar alguno en los que particulares le ganan el juicio al Fisco -PRESIDENTA: Diputado, sólo para decirle que concluya a la brevedad. -DIP. FRANCISCO GUADARRAMA LOPEZ: Concluyo. El grupo parlamentario de Acción Nacional ratifica una vez más su posición de No a la Impunidad, deslinde de responsabilidades y la aplicación directa de la ley en los casos en que se compruebe responsabilidad. Por ello compañeros diputados integrantes de esta Asamblea, si el motivo de citar al señor Reyes Orona, es para que responda por los actos cometidos como responsable jurídico del Fobaproa, Acción Nacional avala la comparecencia propuesta por el PRD. Es cuanto, señora diputada. -PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. El Punto de Acuerdo relativo a la deuda de las empresas sociales, en donde participa FONAES, ha solicitado el grupo parlamentario del PT, se posponga para una próxima sesión. En consecuencia se concede el uso de la palabra al diputado Edilberto Buenfil Montalvo para presentar un punto de acuerdo relativo a los pescadores para que en épocas de veda se incorporen a programas de empleo temporal.