La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. La Constitución General de la República establece el mandato de no discriminación y lo entiende como manifestación concreta del derecho a la igualdad. Esto significa que en nuestro país está prohibido que a una persona se le distinga, excluya o se le restrinja en el goce y ejercicio de sus derechos por su condición social o de salud; por la religión que profesa, por su origen étnico, por sus opiniones o por sus preferencias sexuales, entre otras situaciones. Entonces tratar discriminatoriamente a las personas es atentar contra su dignidad humana y, frente a ello, el Estado debe actuar propiciando las condiciones para que la igualdad entre los individuos y de los grupos en que éstos se integran, sean reales y efectivas debiendo incluso remover los obstáculos que impidan o dificulten a plenitud este principio. En México desafortunadamente la discriminación es cosa de todos los días y en todo lugar. Frente a ello la actividad estatal desarrollada a través de la función legislativa que nos compete, encuentra legitimidad a partir del cumplimiento de su fin último: propiciar y promover el desarrollo personal de cada individuo mediante la emisión de normas jurídicas justas y equitativas que respondan a las necesidades de la gente en un tiempo y lugar determinado. Esa es nuestra obligación, crear o adecuar con especial cuidado las normas jurídicas que garanticen el ejercicio del derecho a la igualdad y que reafirmen la prohibición de discriminar. Hoy, señoras y señores diputadas y diputados, presento ante ustedes a nombre de las y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, el dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Este dictamen recae a una minuta que nos fue remitida por la Cámara de Senadores. Esa ley que se propone enmendar entró en vigor desde el año 2003 y solamente ha sido reformada en cuatro ocasiones, para reforzar las medidas contenidas en ella. A 10 años de distancia las disposiciones de este ordenamiento legal requieren más que ajustes o adecuaciones. Se necesitan prever nuevos esquemas de protección, así como medidas a partir de las cuales se dé un trato igualitario en los casos de supuesto de hecho equivalentes y por el contrario, de tratamiento diferenciado cuando los supuestos de hechos son distintos, siempre que se justifique en razón de la pertinencia y proporcionalidad entre la finalidad y los efectos de la norma. En suma, requiere de una reestructuración integral que posibilite reforzar su aplicación y amplíe las garantías de protección. Aunado a ello se necesita también fortalecer al organismo nacional que se encomienda la prevención de la discriminación, el Conapred. Entre los principales cambios que se plantean en el dictamen de la Comisión de Derechos Humanos que hoy se somete a su consideración, se encuentran los siguientes: Primero. Se modifica la definición de discriminación para incluir en ello elementos contenidos en diversos tratados internacionales en la materia. De esa manera la ley se armonizará con normas del derecho internacional de derechos humanos. Segundo. Se adiciona al texto de la ley un nuevo capítulo que incluye diversas medidas de nivelación, inclusión y acciones afirmativas, con el propósito de disminuir las desigualdades materiales en que viven a diario distintos grupos en situación de discriminación. Tercero. Se amplían las atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. De manera que con las reformas propuestas podrán imponerse medidas administrativas y de reparación, no sólo a servidores públicos, sino también a particulares cuando éstos cometan acciones o también omisiones discriminatorias. Otro cambio tiene que ver con que, a partir de la aprobación de las reformas, los particulares estarán obligados a auxiliar al Conapred en el desempeño de sus funciones, proporcionándole los informes y documentos relacionados con el asunto materia del procedimiento de queja que éste le solicite. Cobra particular importancia que con las reformas que se proponen el consejo dispondrá de un catálogo más amplio de medidas administrativas y de reparación. En ese esquema es de destacar que para la imposición de medidas administrativas a particulares se elimina el requisito de que éstos se hayan sometido a procedimiento de conciliación. En otro cambio tenemos la inclusión de medidas de reparación como la restitución del derecho conculcado, la compensación por el daño ocasionado, la amonestación pública, la disculpa pública o privada y la garantía de no repetición del acto o comisión o práctica discriminatoria. Cabe señalar que en los casos en que los particulares omitan cumplir total o parcialmente las resoluciones del Conapred, éste podrá dar vista a las autoridades competentes. Compañeras y compañeros legisladores: en esta intervención he resumido los puntos más importantes contenidos en este amplio dictamen que se somete a su consideración. Tengan la certeza de que en la Comisión de Derechos Humanos analizamos y revisamos con sumo cuidado la minuta correspondiente y, tras varias reuniones de trabajo que sostuvimos incluso con el director del Conapred, consensuamos sobre la viabilidad y procedencia en general de la minuta remitida, realizándole modificaciones de forma y también de técnica legislativa, y algunas de fondo. Por todo lo expuesto, solicito su respaldo al dictamen que se somete a su consideración, ya que con ello fortalecemos los mecanismos que permitan promover tratos equitativos entre las personas. Es cuanto.