El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Con su venia, señor Presidente. Me voy a permitir, por economía de tiempo, leer una síntesis de la presente iniciativa, rogándole, señor Presidente, se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la misma. Compañeras diputadas y diputados. El suscrito, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 77 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente Exposición de motivos La renovación de dos de los Poderes de la Unión se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Para ello se ha determinado en la misma Constitución que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordena la ley. El surgimiento del Instituto Federal Electoral y su consolidación ha estado apegado a procesos electorales sumamente competidos y de desconfianza en los órganos dependientes del titular del Poder Ejecutivo. Es por ello que la autonomía de este órgano se ha visto impulsada por una necesidad política e histórica de depositar en una autoridad independiente, la organización de las elecciones federales como una función de Estado. Ejemplo de ello son los cambios realizados por el poder revisor de la Constitución. Así, con la reforma de 1990 se introdujo una nueva concepción con la creación del Instituto Federal Electoral, organismo autónomo que organiza las elecciones, en las que por primera vez participaron ciudadanos con importantes funciones. Ello, sin lugar a dudas, constituyó un avance sustancial hacia la consolidación de la imparcialidad como principio rector de la organización electoral. En 1994 el Constituyente Permanente afianzó la imparcialidad del órgano electoral y creó la figura de los consejeros ciudadanos designados por la mayoría calificada de la Cámara de Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios. En el año de 1996, el Constituyente Permanente realizó modificaciones constitucionales a efecto de transformar la naturaleza de sus instituciones político-electorales, las cuales se sustentaron en la intención de fortalecer y consolidar valores fundamentales para la vida democrática del país, la pluralidad partidista, la participación ciudadana, la certeza, la legalidad, la transparencia y la imparcialidad en la organización de los comicios y la solución de las controversias, así como la equidad en las condiciones de la competencia electoral. Sobre la elegibilidad e idoneidad del consejero presidente y de los consejeros electorales del IFE, debemos señalar que la designación que realizó la Cámara de Diputados el 31 de octubre de 2003, sobre las y los consejeros electorales que integran actualmente el Consejo General del IFE debió garantizar que se cubrieran todos los requisitos que el artículo 76 del Cofipe establece para la designación de los mismos. La Junta de Coordinación Política en su momento no elaboró una propuesta que diera cuenta del cumplimiento de los citados requisitos y tampoco se conocieron los currículos de los consejeros electorales. No dejamos de señalar que en la elección del consejero presidente y los ocho consejeros electorales del IFE prevaleció el sistema de cuotas partidistas, desnaturalizando y pervirtiendo su origen ciudadano de manera irresponsable, con lo que se abonó la falta de probidad de la autoridad electoral. Debemos recordar que el Partido de la Revolución Democrática ante el legal nombramiento de los consejeros electorales, impugnamos el procedimiento y el incumplimiento de los requisitos que la ley establece para la elección del consejero presidente y consejeros electorales a través de una acción de inconstitucionalidad. Con lo anterior, el órgano responsable de organizar las elecciones en nuestro país se integró en el año 2003 por consejeros que no tienen prestigio, que en algunos de los casos no cuentan con la preparación académica necesaria ni el perfil ético y moral que requiere un consejero electoral para desempeñar la alta responsabilidad de organizar elecciones sin cuestionamientos por parte de ciudadanos y de los partidos políticos con registro nacional. A manera de ejemplo, Marco Antonio Gómez Alcázar —hoy consejero electoral— no tenía conocimiento, experiencia ni estudios en materia político-electoral, tal y como lo reconoció el día 3 de noviembre de 2003. La consejera Luisa Alejandra Latapi Rener fue de las aportantes a la campaña electoral del PRI en el año 2000 y tampoco cubrió los requisitos legales, excepción hecha de un diplomado con lo que pretendió cubrirlo. El consejero Virgilio Andrade Martínez fue presentante del PRI en la campaña electoral del 94 y en noviembre de 2003 aceptó su militancia y se negó a renunciar a su partido; el consejero Rodrigo Morales Manzanares reconoció que no tenía título profesional, pero sí que tenía otros estudios. Dio cuenta de ello el diario "El Independiente" del 10 de noviembre de 2003. Diputadas y diputados, estamos ante un grave retroceso en el país, donde la institución hasta hace poco más prestigiada, el IFE, se ve hoy disminuida y despierta serias dudas respecto de su actuación debido a que no está a la altura y al nivel que tuviera el anterior Consejo General del IFE. No obstante lo anterior, en el reciente proceso electoral, el Consejero Presidente y ocho consejeros electorales han asumido una conducta a todas luces omisa en detrimento de los principios rectores en materia electoral. Lo cual quedó demostrado al permitir la participación ilegal y abusiva del actual titular del Poder Ejecutivo federal, Vicente Fox, a favor del entonces candidato presidencial Felipe Calderón. Es por ello que planteamos la remoción del presidente consejero y de los ocho consejeros electorales del IFE, así como de sus suplentes. Por otra parte, proponemos que sean elegidos por las tres cuartas partes de la totalidad de los diputados, previa comparecencia de los mismos; lograr que los grupos parlamentarios, por consenso y con una votación calificada, elijan al consejero presidente y a los consejeros electorales del Consejo General del IFE; y que previa comparecencia de los mismos demuestren su aptitud y conocimiento en la materia electoral. Es el objetivo de la presente iniciativa. Asimismo se establece la obligatoriedad de los consejeros electorales de acudir a comparecer las veces que sean necesarias y requeridos por la Cámara de Diputados, con la clara intención de sujetarlos al principio de rendición de cuentas ante el órgano que los ausculta y elige. De prosperar la presente iniciativa de reforma a la Constitución y la ley secundaria permitirá por un lado restablecer la legalidad y la imparcialidad del órgano electoral federal y por el otro —quizá más importante aún— la credibilidad y el respeto de la ciudadanía a la que nos debemos. Por su atención, muchas gracias.