El diputado José Antonio Estefan Gillessen: Constantemente hablamos de la importancia de México respecto a la riqueza natural compuesta de amplia diversidad biológica de especies de flora y fauna, así como distintos ecosistemas y climas que lo componen. Sin duda, el ecosistema costero representa uno de los más emblemáticos para nuestro país, 17 de las 32 entidades federativas cuentan con un litoral costero, es decir, con playas, lo que nos posiciona en el segundo lugar mundial dentro de los destinos turísticos predilectos, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestro país es elegido no solo por su historia, tradiciones, cultura, la calidez de su gente y la gastronomía, sino por su belleza y su variedad de playas. Históricamente el sector turístico de nuestro país representa un importante papel en la economía nacional, en donde los recursos naturales son el atractivo irrefutable que nos posiciona como destino no solo predilecto, sino irremplazable para miles de turistas al año, lo que nos obliga a tomar acciones para hacer un uso sustentable y sostenible de los mismos, evitando que con ello su explotación irracional los lleve a una degradación o desaparición. Actualmente contamos con un marco regulatorio sólido en materia de cuidado del medioambiente, buscando que las acciones de los seres humanos se desarrollen con absoluto respeto al entorno natural. Desafortunadamente, la realidad es otra, con el paso de los años nos hemos enfrentado a una dinámica que nos muestra cómo las acciones dolosas de los seres humanos han llevado a la degradación de nuestros recursos, generando la necesidad de establecer leyes y políticas públicas que buscan, no solo prevenir, sino sancionar aquellas actividades que ponen en peligro la subsistencia y el equilibrio ecológico de nuestro planeta. Para efectos de la iniciativa que da origen al presente dictamen, son los bienes de uso común las playas y la zona federal marítimo terrestre, los que necesitan una revisión a su legislación. Se requiere de generar conciencia, no solo sobre su importancia patrimonial, sino también por todos aquellos beneficios ambientales, sociales y económicos que nos brindan a nivel nacional. Hoy en día las playas pueden ser aprovechadas de manera sustentable por particulares, a través de una autorización o concesión otorgada por la Semarnat, la cual establece límites y obligaciones que tendrán que cumplir aquellos que son los titulares de las mismas. Una de las más importantes es mantener en óptimas condiciones de higiene, el área concesionada y ante su incumplimiento ser considerado una causal de revocación de dicho título de concesión. De lo anterior, se desprende que existe un marco normativo para la correcta administración de dichos bienes. Sin embargo, debemos ser responsables al analizar que son precisamente las playas y las zonas federal marítimo terrestres uno de los ecosistemas más impactados por la actividad humana, especialmente por la contaminación proveniente de los residuos sólidos urbanos. De acuerdo con Greenpeace, no solo turistas, sino también toneladas de basura plástica llegan cada año a las playas de México y hasta el mes de julio del año pasado, en las playas de Cancún, la contaminación por residuos sólidos alcanzó la cifra de alrededor de tres toneladas de basura. Lo anterior, nos muestra la realidad de una sola entidad de las 17 que experimentan dicha problemática ambiental y, por este motivo, resulta necesario y urgente hacer una reforma que no solo vea estas superficies como un bien desde la óptica patrimonial, sino desde la concepción ambiental. En el Partido Verde, como proponentes de esta reforma, estamos convencidos de que el turismo juega un papel fundamental en la estabilidad económica de nuestro país. No obstante, tenemos que ser responsables reconociendo que los bienes naturales que representan al principio atractivo de muchos destinos turísticos, son el imán para lograr estas visitas y la consecuente derrama económica, por lo que su protección hoy, más que nunca, requiere del robustecimiento de los mecanismos que así lo garanticen. La limpieza de las superficies consideradas como bienes de la nación hoy se encuentra delegada a los municipios por tratarse de residuos sólidos urbanos. Sin embargo, consideramos necesario fortalecer aquellas disposiciones reglamentarias que establecen la obligación de los concesionarios para adoptar conjuntamente esta obligación con la finalidad de garantizar que nuestras playas y mares se conserven limpias, en beneficio de todos los que manifestamos la vida en este planeta. Como se refirió cuando se presentó la iniciativa, tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad para lograr que aquellos que hoy hacen un aprovechamiento de las playas, cumplan con sus obligaciones de mantenimiento de las mismas. Se trata de un acto de congruencia y de corresponsabilidad. Si hoy en día estamos acostumbrados, todos, a limpiar la banqueta enfrente de nuestras casas para fortalecer a las comunidades, por qué no tener la misma responsabilidad con las playas de nuestro país. En este tenor, nuestra propuesta fue respaldada por la comisión dictaminadora, en donde todos los grupos aquí presentes tienen representación para fijar una sanción económica para aquellos, quienes haciendo uso de estas superficies, no garanticen las condiciones de limpieza para su conservación, pues no solo se trata de una obligación hoy vigente en el Reglamento, sino de una medida necesaria para coadyuvar a combatir la contaminación que tanto afecta a la salud de nuestro entorno natural. Convencidos de que con dicha reforma robustecemos nuestra legislación, garantizando la adecuada conservación de las playas y refrendando nuestro compromiso como legisladores con el diseño de propuestas que atiendan las principales problemáticas a nivel nacional, los invito a votar por las playas limpias de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias.