El diputado César Camacho Quiroz: Compañeras, compañeros, hemos elaborado un documento, dirigido a la diputada Ruth Zavaleta Salgado, los presidentes de las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y algunos integrantes de las mismas, a efecto de hacer del conocimiento de la Presidencia, y a través de ella al pleno, de una serie de adiciones al texto normativo y también a la parte considerativa del dictamen en los términos que de manera directa referiré. Las modificaciones que se proponen son las siguientes. En el proyecto de decreto. En el artículo único del proyecto, visible en la página 38, se reforman para evitar una alusión de carácter general de artículos de la Constitución se precisa los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del Apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. En el B se adiciona la característica de confidencial al X párrafo adicionado al artículo 16, visible en la página 39, que reza de esta manera: "En los casos de delincuencia organizada el Ministerio Público de la federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la república, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquélla que por ley tenga carácter reservado o confidencial cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito". c) Se modifica el párrafo XII adicionado al artículo 16, visible en la página 39, como sigue: "La policía podrá ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista información o conocimiento de una amenaza actual o inminente a la vida o la integridad corporal de las personas, así como en el caso de flagrancia cuando se esté persiguiendo materialmente al inculpado en los términos del párrafo IV de este artículo, debiendo informar de inmediato a la autoridad competente". d) Se modifica el segundo y último párrafo del artículo 18, visibles en las páginas 40 y 41, como sigue: El sistema penitenciario se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en términos de la ley. e) Se modifica el último párrafo del artículo 73 reformado visible en la página 45. B. En los considerandos del dictamen. a) La modificación en la redacción del párrafo sexto de las consideraciones en la página 12. "De manera adicional, también es importante señalar que Luis Maldonado Venegas, el 4 de noviembre de 2003, presentó una iniciativa en materia de seguridad penal, turnada a las Comisiones Unidas que hoy dictaminan, y además a la de Seguridad Pública, por lo que si bien no puede dictaminarse formalmente, se recoge su esencia, pues es coincidente con la materia que nos ocupa". b) La modificación en la redacción del párrafo tercero sobre la facultad de acceder a información clasificada en casos de delincuencia organizada, en la página 18. "Es así que por el carácter central de las investigaciones en esta materia y lo delicado de acceder a registros confidenciales y reservados se estima pertinente establecer que será el Ministerio Público de la federación, autorizado en cada caso por el procurador general de la república, el único en poder acceder de manera inmediata a la información, con el deber de los poseedores de esa información de brindarla en forma inmediata siempre que los requerimientos sean conforme a la normatividad aplicable". c) La inclusión de dos párrafos finales en la página 18, en el apartado relativo a la definición de delincuencia organizada, que dice: "Las disposiciones excepcionales que se establecen para delincuencia organizada están dirigidas exclusivamente al combate de este tipo de criminalidad y de ninguna manera podrán utilizarse para otras conductas, lo que impedirá a la autoridad competente el ejercicio abusivo de las facultades conferidas en contra de luchadores sociales o aquellas personas que se opongan o critiquen a un régimen determinado". Vale la pena enfatizar que no es voluntad de estas comisiones incluir dentro del régimen de delincuencia organizada las conductas de personas en ejercicio de las garantías de libre manifestación de las ideas, libertad de imprenta, derecho a la información, derecho de asociación, libre ejercicio de la profesión y derecho de petición, toda vez que éstas son expresión del estado democrático de derecho que postula nuestra Constitución. d) La inclusión de un párrafo penúltimo en la página 20, en el rubro relativo al ingreso a domicilios sin orden judicial. "Es pertinente señalar que por domicilio, para efectos de esta disposición, debe entenderse todo inmueble particular que no sea de libre acceso, toda vez que en caso contrario es innecesaria la aplicación de este precepto". e) La inclusión de un párrafo final en la página 23, en el rubro relativo al cambio de denominación de pena corporal. Asimismo, dice: No tienen derecho al deporte, lo cual sería benéfico, pues a través del mismo se fomenta la reinserción a la sociedad, pues se trata de una conducta sana que muchas veces sirve para reencausar las emociones y fortalecer el sentido humanizado, evitando la violencia. f) La inclusión de un párrafo cuarto en la página 31, en el rubro relativo al artículo 21 recorriéndose en su orden los siguientes. Asimismo, se establece en las bases mínimas a que deberán sujetarse las instituciones de seguridad pública, las cuales deberán ser de carácter civil sin perjuicio de la actuación constitucional de las Fuerzas Armadas en la materia, lo cual es acorde a la letra y espíritu constitucional, como lo ha señalado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad, 1/96. Y el último, la modificación en el párrafo primero de la página 24, en el rubro de Centros de alta seguridad para delincuencia organizada y otros internos que requieran seguridad especial. Dice el texto en la parte considerativa conducente: "ahora bien, la pena de prisión afecta a uno de los mayores bienes que tiene el ser humano; su libertad; sin embargo, en ocasiones el ciudadano que viola la ley debe ser sancionado restringiéndole ese preciado bien. Los penales de máxima seguridad deben estar reservados para aquellos procesados o sentenciados por delincuencia organizada y otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Con éste último supuesto nos referimos a los casos en que el delito no sea de los previstos para el régimen de delincuencia organizada, pero que tal medida pueda justificarse dada la capacidad del interno para evadirse de la acción de la justicia o para seguir delinquiendo desde los centros penitenciarios; así como cuando algún interno pueda correr peligro por la eventual acción de otros, como en el caso de ex miembros de instituciones policíacas o que sufra de un trastorno que pueda poner en riesgo al resto de la comunidad penitenciaria, entre otros supuestos, sin que nada pueda ser pretexto para aplicar este tipo de medidas especiales a luchadores sociales, por el sólo hecho de serlo. Todo lo anterior deberá estar previsto en la legislación secundaria. Es todo, señora Presidenta. Lo que le ruego es considerar lo incorporado a la minuta que se ha de poner a la consideración de los legisladores.