La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada Presidenta. En efecto, son todas ya en una sola exposición. Espero puedan poner atención porque el conteo que llevan es muy desafortunado, en ese tipo de mofas que hacen los diputados. Nuestro país tiene el devenir de una historia de larga cadena de atropellos y abusos a las garantías individuales. La discrecionalidad para la aplicación de la ley es un severo daño a la población, sobre todo a la más humilde, la que carece de recursos económicos para la debida defensa de sus derechos, por lo que el acceso a la justicia se presenta como una aspiración muy difícil de alcanzar en nuestra sociedad. Todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos administre justicia de manera igualitaria. La facultad de la autoridad para distinguir entre a quienes puede darse un tratamiento especial teniendo como marco regulatorio su percepción de las cosas nos plantea un escenario poco alentador. Ejemplo del ejercicio actual de la facultad discrecional es el caso de la retención en penales federales de alta seguridad de los presos políticos de Atenco, como Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo, o como en su momento pasó con los hermanos Erick, Horacio y Flavio Sosa Villavicencio. No debemos institucionalizar en nuestra Carta Magna a la máxima de la injusticia, a mis amigos la ley y la gracia, a mis enemigos la ley a secas. Las medidas que se proponen en estos dos párrafos dejan abierta la puerta a la discrecionalidad, pues el ánimo de ésta es sancionar a los miembros de la delincuencia organizada. Por eso no debemos dejar la puerta abierta a que de manera injusta se ocupe esta medida como medio de represión política, como ha quedado ejemplificado en los caso de los luchadores sociales antes referidos. Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno la reforma de los párrafos octavo y noveno del artículo 18, del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: "Los sentenciados en los casos y condiciones que establezca la ley podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada. La propuesta es suprimir esto que precisamente no quedaría en el resguardo de las garantías es, "y respeto de otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". Si ya se incluye delincuencia organizada, por qué también este párrafo, esta frase en donde dice que otros puedan requerir estas medidas especiales. Ésa es una discrecionalidad que estamos dejando en esta medida. También suprimir en el segundo párrafo, que para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en esos establecimientos. Hasta ahí está bien, pero hay que suprimir: "lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad". Del artículo 19 las consideraciones son. Los contenidos de este párrafo propuesto en el dictamen deben preocuparnos seriamente y si nos ostentamos como verdaderos garantes de los intereses de la nación debemos enmendar la redacción y cerrar el paso a la cesión de nuestra soberanía. La persecución del terrorismo en Estados Unidos no es razón para que abdiquemos a nuestra soberanía. La propuesta de reforma constitucional que debatimos el día de hoy, de aprobarla en sus términos en reflexión de este pleno implicaría la impunidad para los delincuentes que sean solicitados por el gobierno extranjero, pasando por encima de la jurisdicción nacional. Según se desprende de la exposición de motivos de esta reforma, la propuesta en general tiene por necesidad impedir la prescripción para la persecución de los delitos de miembros de la delincuencia organizada que evadan la acción de la justicia, lo cual es indispensable; sin embargo, supeditar a que el reo cumpla su proceso en México, país que ya invirtió en su búsqueda, captura y proceso, debemos cuando sea solicitado, entregarlo a un gobierno extranjero, entendiéndose Estados Unidos, para que sea juzgado, dejando a los tribunales mexicanos en espera a que se lo regresen. Significa simplemente relegar nuestra soberanía. Se puede conceder la extradición, pero siempre condicionada; es decir, primero se deben cubrir las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales mexicanos, principio necesario de nuestra independencia. Una vez cubierta esta condición, en este momento el peticionario podría gozar de la extradición. Permitir la extradición de reos a países extranjeros antes de que concluyan sus procesos o sentencias, aún se les puede castigar allá. Los delitos cometidos en México quedarían impunes, hecho de gravedad para nuestra nación. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración de esta asamblea la siguiente modificación: Artículo 19. Si con la posterioridad a la emisión del acto de vinculación a proceso de delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia aquí es donde proponemos que se suprima o es puesto a disposición de otro juez que lo reclama en el extranjero. Ésa es la parte que queremos suprimir. Del artículo 73, las consideraciones son. La soberanía de los estados en México es un principio fundamental de la forma de gobierno del país. Desde 1824 los mexicanos hemos tratado de ir configurando los alcances de dicha soberanía mediante un pacto fundamental, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución como pacto entre las entidades federativas no ha sido analizado con la gravedad que merece y en consecuencia no se han definido sus características. La naturaleza del pacto federal descrita en la Constitución Política, sus alcances también deben derivarse de la interpretación constitucional. El artículo 40 de la Constitución prevé que todo el pueblo mexicano acepta la forma republicana de gobierno y que el país se compone de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental. Con la reforma que se cuenta al arrogar facultades al Congreso de la Unión para legislar en materia de delincuencia organizada, vulneramos la autonomía y soberanía de las entidades federativas, pues la sometemos a una intervención de la federación en el orden interno de las entidades. La federalización de los delitos de orden común siempre ha sido una constante que ha traído no muy gratos resultados. La modificación que el día de hoy se pretende hacer a la fracción XXI del artículo 73 constitucional, ya tiene un antecedente peligroso en las reformas controvertibles de 1996, las cuales fueron receptoras de una mala solución al problema de la delincuencia organizada. Con esta propuesta se pretende subordinar la competencia de las entidades federativas y del Distrito Federal en materia de delincuencia organizada a la competencia constitucional de la federación, lo cual sin duda puede ser un hecho peligroso. Hoy se necesita más que una concentración de facultades a la federación para el conocimiento de este tipo de delitos, una verdadera política de seguridad pública y criminal consistente en que todos los órdenes de gobierno confluyan para evitar estos ilícitos. Nuestro sistema federal debe descansar en el principio de que jerárquicamente la autoridad federal y local tienen la misma jerarquía con diferente ámbito de competencia. Hoy, con esta reforma no podemos ni debemos echar abajo el pacto federal y concentrar todas las facultades en la federación, dejando nula la actuación de las entidades federativas y del Distrito Federal en la materia. Esa no es la esencia que dio lugar al pacto del Estado mexicano desde 1824. Por lo antes expuesto, someto a consideración de este pleno la reforma de la fracción XXI del artículo 73 del dictamen con proyecto de decreto que reforma la Constitución para quedar de la siguiente manera: Artículo 73, fracción XXI, dice: "Para establecer los delitos y faltas contra la federación y fijar los castigos que por ello deban imponerse la idea es suprimir esta parte que dice, así como legislar en materia de delincuencia organizada". Es cuanto, diputada Presidenta.