La diputada Martha Rosa Morales Romero: Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. La reforma agraria, fruto de la Revolución, transformó a México de una nación donde la propiedad estaba en manos de latifundistas y hacendados a una nación con ejidos y comunidades que hoy en día albergan a millones de productores. Este proceso favoreció la circulación de la tenencia de la tierra y la formación de un mercado de tierra, pero mantuvo la propiedad social con salvaguardas especiales para evitar despojos y concentraciones. Gracias a este ordenamiento se restituyeron las tierras y las aguas de los pueblos y las comunidades de nuestro país. Por estos motivos históricos de justicia social, el día de hoy expongo ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 86 de la Ley Agraria. Sin lugar a dudas, la tenencia de la tierra ha tenido como base histórica fundamental para la transformación en el campo y gracias a la reforma constitucional del artículo 27, en el año 1992, se otorga la seguridad jurídica, lo que permite obtener mayores y mejores aprovechamientos sobre sus tierras. El citado artículo de nuestra Carta Magna establece que la fracción VII, la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto en el asentamiento humano como en las actividades productivas. Cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios, podrá resolverse que los ejidatarios puedan a su vez adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas, cumpliendo lo previsto en esta ley, respetando la voluntad de los ejidatarios, así como las facultades que otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria a los mismos, una vez que se obtiene el dominio pleno de sus tierras es de suma importancia brindar certeza a las operaciones de traslado de dominio que estos lleven a cabo con terceros, por lo que es prioridad definir la metodología y las personas autorizadas para establecer los precios referenciales que hace la Ley Agraria. Esa metodología es una herramienta de trabajo obligatoria para los valuadores de bienes nacionales, estableciendo los lineamientos a seguir para la realización de servicios valuatorios regulados por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales y permitirá la emisión de dictámenes valuatorios o reportes conclusivos con calidad técnica, certeza jurídica, oportunidad y transparencia. De igual forma, esta iniciativa pretende actualizar el precepto, sustituyendo la referencia actual a la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, por la de Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, por lo que resulta pertinente dicha actualización, a fin de dotar de certeza jurídica a la norma. La reforma en el artículo 86 de la Ley Agraria brindará certeza jurídica a los ejidatarios en sus operaciones de primera enajenación, de las tierras que forman parte de un ejido, agilizando el proceso de traslado de dominio en este tipo de operaciones. Por estos motivos, compañeros y compañeras, pongo a su consideración la siguiente propuesta de reforma: Artículo 86. La primera enajenación a personas ajenas al núcleo de población de parcelas sobre las que se hubiera adoptado el dominio pleno, será libre de impuestos o de derechos federales para que el enajenante deba hacer, por lo menos al valor comercial que establezca: I. Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, el Indaabin. II. Las instituciones de crédito. III. Los profesionistas que cuenten con cédulas profesionales en valuación expedida por autoridades competentes. IV. Los corredores públicos que cuenten con cédula profesional en valuación expedida por autoridad competente. V. Asociaciones civiles que agrupen colegios de valuadores cuyos miembros cuenten con cédula profesional en valuación expedida por autoridad competente. VI. Colegios de valuadores que agrupen valuadores profesionales que cuenten con cédula profesional en valuación expedida por autoridades competentes. Es cuanto, diputada presidenta.