La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: La Cámara de Diputados es la sede natural de los más grandes debates, de la defensa de los derechos humanos y la promoción del Estado de derecho. Por tanto, inclinarse a su perfeccionamiento como eje de la democracia deliberativa, atrae altos beneficios institucionales y democráticos. En la pasada legislatura, en total se presentaron 6 mil 216 iniciativas, de las cuales 804 equivalentes al 13 por ciento, fueron aprobadas en el pleno, mil 120 fueron desechadas, 638 retiradas y 3 mil 657, que equivalen al 59 por ciento quedaron pendientes, muchas de las cuales seguramente ya han sido desechadas en término de nuestro Reglamento, por haberse agotado el tiempo para su estudio. Como se advierte, el desempeño legislativo se percibe negativo, desalentador. Es indiscutible que existen problemas que repercuten en el ejercicio de una adecuada función legislativa y que puede derivar en la posibilidad de que las leyes promulgadas no constituyan una verdadera expresión de la voluntad general, toda vez que no existe un punto de equilibrio entre el tiempo que se destina a un estudio y análisis legislativo, a la carga de trabajo existente. Lo anterior puede explicarse por el plazo efectivamente asignado para el ejercicio de nuestras funciones parlamentarias. El Congreso de la Unión celebra dos periodos de sesiones ordinarias al año, el primero que va del primero de septiembre al 15 de diciembre, salvo el año del cambio del Ejecutivo federal, que se puede extender hasta el 31 de diciembre. Y el segundo, que va del primero de febrero al 30 de abril, lo que resulta en seis meses y medio de sesiones ordinarias al año. Este plazo vigente de labores no promueve la eficiencia de los legisladores, al contrario, los orilla a enfocarse más en agotar rápidamente el trámite parlamentario de mayor número de iniciativas posibles para aligerar la carga de trabajo, en lugar de estudiar y debatir detenidamente y a conciencia cada una de ellas. Un ejemplo de ello es el 15 de diciembre de 2016, finalizado el periodo de sesiones ordinarias se hubieren aprobado sin analizar ni discutir 154 puntos de acuerdo, o que el 14 de diciembre de 2017 se aprobaran 35 dictámenes de iniciativas de ley sin que hayan sido estudiadas ni discutidas de manera suficiente. Ahora bien. A diferencia del ámbito federal, existen Congresos locales, como Michoacán, Morelos, Yucatán, entre otros, en los que el tiempo efectivo de trabajo legislativo es de nueve meses adoptando las buenas prácticas parlamentarias internacionales, como países Argentina, Uruguay, Honduras, Francia, España, en el que el promedio efectivo de labores parlamentarias es de 9 a 10 meses. Lo anterior permite inferir que dicho plazo es el que, derivado de una práctica internacional resulta idóneo para una auténtica labor legislativa. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta esta iniciativa con el objeto de ampliar el periodo de sesiones ordinarias, para que en total pasen de seis meses y medio a nueve meses. Concretando, dos meses y medio más al segundo periodo ordinario de sesiones, comprendiendo así del 15 de enero al 31 de julio de cada año. Compañeras y compañeros, como cuerpo legislativo debemos ser conscientes que el esquema tradicional de trabajo parlamentario debe modernizarse de manera responsable, ya que la Cámara de Diputados constituye la representación fiel del interés de los mexicanos. No dejemos escapar la oportunidad de conservar y generar mayor confianza por parte de quienes en nosotros la depositaron a través de su voto para seguir gobernando en pro de ellos. Que sea notoria la transformación, acorde a las exigencias democráticas que nos demandan los ciudadanos mexicanos modernos, que nos permite entregarle más y mejores resultados legislativos. Compañeras y compañeros diputados, los invitamos a que se sumen a este gran proyecto de Movimiento Ciudadano. Por su atención, muchas gracias.