El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, por un siglo hemos tenido en la política de drogas un modelo prohibicionista, el cual se consolidó con tratados internacionales celebrados en los años 60, 70, 80. Sin embargo, con esta política prohibicionista no se ha reducido en México la violencia generada por el tráfico ilícito de drogas, incluida la marihuana, en tanto que tampoco ha disminuido su consumo. Recordemos, violencia iniciada por la guerra de Felipe Calderón contra el narcotráfico. Una guerra costosa, cara y mortal. La marihuana es la droga ilegal más consumida en el país. Más de 7 millones de mexicanos, lo equivalente a un 8.6 por ciento de los adultos, entre 18 y 65 años de edad, aseguran que la han probado al menos una vez en su vida. Este porcentaje casi se triplicó entre 2002 y 2016, lo que hace a la marihuana la droga que más crece en el territorio nacional, según el informe sobre la situación de las drogas en México y su atención integral en el año 2019. A raíz de su alto consumo en la misma proporción se ha incrementado su producción y tráfico ilícito, tan es así, que en el eje de control de la oferta la Oficina nacional de política de drogas de la Fiscalía General de la República ha reportado que la marihuana es la droga con mayor número de incautaciones. Este importante número de incautaciones se relaciona con la posición estratégica que tienen en el país, en las rutas de narcotráfico, de esta red de tráfico ilícito se deriva la comisión de diversos delitos. El evidente incremento de consumo de la marihuana y las tasas cada vez mayores de muertes violentas relacionadas con la lucha contra el narcotráfico, nos debe orientar a poner sobre la mesa el tema de los derechos fundamentales de las personas y la salud pública. Compañeras y compañeros, la política prohibicionista solo ha traído consigo más muertes por la lucha contra el narcotráfico, un comercio ilegal con su trasiego, el empoderamiento de la delincuencia organizada, y la participación de campesinos y comunidades en actividades ilícitas como una opción para aspirar a una vida mejor. El gobierno de la cuarta transformación ha decidido, clara y contundentemente, cambiar el paradigma de atención y prevención del problema de las adicciones, al pasar de un enfoque prohibicionista a uno basado en los derechos humanos, en la protección de la salud, la integración del tejido social y de la población en su conjunto. A nivel internacional, diversos países han permitido el uso del cannabis para ciertos fines, destacando que algunos lo han incluido en su regulación para fines medicinales y otros para consumo personal y recreativo. Con esta reforma a discusión vamos a legislar, con la debida intervención del Estado, el acceso al consumo de la cannabis psicoactiva para proteger la salud y, con ello, prevenir la adicción a través del diseño de políticas transversales que permitan la protección de la población. Con la expedición de la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, daremos paso a quienes se dedican al mercado ilícito del cannabis se sumen a la legalidad y con ello contribuyan al fortalecimiento del desarrollo del país, disminuyendo el poderío económico de la delincuencia organizada. La regulación de la producción y consumo de cannabis nos permitirá ver el consumo como un problema de salud pública y no de criminalización. Somos miles los ciudadanos que estamos muy atentos a las consecuencias de la descriminalización de la marihuana pudiera tener en nuestras niñas y juventud, pues son un importante sector de la población y que merecerá, sin duda, una atención muy especial. Finalizo. Levantar la prohibición no significa alentar al consumo, que quede claro. Repito, levantar la prohibición no significa alentar al consumo. Lo que verdaderamente ha dañado a la sociedad no es el uso del cannabis sino las consecuencias de su prohibición. Como dice el clásico, prohibido prohibir. Es cuanto, muchas gracias, diputada presidenta.