El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Distinguidos diputados y distinguidas diputadas. Mi querido diputado García Bringas, nada de lo que dijiste en la tribuna tiene que ver con la esencia de lo que hoy estamos sometiendo a consideración del pleno. Lo primero que debo decir es que este dictamen sí pasó por la Comisión de Salud, aunque debo decirles, respetuosamente, que fue cuando quisieron hacer el vacío legislativo, justamente cuando la diputada Cristina Díaz solicitó la destitución del presidente de la Comisión de Salud porque estaba el asunto relacionado con la propuesta de la senadora María de los Ángeles, que tenía que ver con la ayuda alimentaria. Trataron de hacer el vacío legislativo, por eso es que no se enteraron. Pero en esencia, mi querido diputado García Bringas, para que no pueda usted sembrar en el colectivo de los diputados, tiene que ver con otro tema que lamentablemente usted no conoce. Esta soberanía requiere enmendar un vacío jurídico que no se previó en la reforma del 2005 y que ha colocado en la indefensión jurídica y la incertidumbre administrativa a los fabricantes de medicamentos, sobre todo los nacionales que son los principales productores de los llamados genéricos intercambiables. Como ustedes saben, el 24 de febrero de 2005 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 376 de la Ley General de Salud, estableciendo que los registros sanitarios por tiempo indeterminado, ahora tendrían una vigencia de cinco años renovables a juicio de la Secretaría de Salud. Sin embargo, en su nueva estructura esa reforma careció de los artículos transitorios que fijaran un plazo para reglamentar y dieran orden y certidumbre al cumplimiento de las nuevas disposiciones. Tres años después, esa reforma con fecha 2 de enero de 2008 fueron publicados parcialmente las reformas y adiciones al reglamento de insumos para la salud quedando inexplicablemente rezagado de ser publicados en el Diario Oficial de la Federación, los lineamientos para la renovación de los registros sanitarios. Ante esa situación irregular, el 12 de febrero de 2009, los diputados: Lorena Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y Fernando Enrique Mayans Canabal, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentaron una iniciativa que reforma los artículos 1o. y 3o, a quintos transitorios del decreto que reforma el 376 de la Ley General de Salud, mismo que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 30 de abril, quedando de primera lectura en la Mesa Directiva de la LX Legislatura. El 8 de diciembre de 2009 fue publicado en la Gaceta Parlamentaria la excitativa a la Comisión de Salud a desahogar el trámite de ese dictamen legislativo que indebidamente permanecía estancado a solicitud de los diputados Rodrigo Reina, José Antonio Iglesias y el que suscribe, Antonio Benítez Lucho. El 15 de diciembre de 2009 aparecen publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para la renovación de los registros sanitarios, faltando dos meses para que concluyera el plazo para tramitar la renovación de los registros sanitarios para fabricar medicamentos y demás insumos para la salud. Hoy, con cifras de la propia autoridad sanitaria publicada en su portal de Internet; es decir, ocho meses después de modificada la ley, 10 mil registros a renovarse, sólo se han presentado 8 mil 461 y de ellos solamente se han autorizado a la renovación de 2 mil 442 y están en proceso 6 mil. Si éste error de técnica legislativa genera graves consecuencias legales en ambas reformas, la Ley General de Salud y la del Reglamento de Insumos para la Salud obedece a que no se establecieron ni plazos ni programaciones para la renovación de registros sanitarios. Más aún, la Cofepris agregó con posterioridad, el requisito de inspección farmacéutica denominada visita in situ; requisito, que si es indispensable para obtener el registro del certificado de buenas prácticas de fabricación, sin el cual no se pueden renovar los registros y que a la fecha entró en vigor el 24 de octubre de 2010 y que tampoco cuenta con el reglamento y los lineamientos respectivos para llevarlos a cabo. Éste es el propósito de esta iniciativa con proyecto de decreto, que la mayoría legislativa de la Comisión de Salud apruebe y que ahora sometemos a la consideración de esta asamblea para su discusión y votación, advirtiendo que las leyes que discutimos, aprobamos, deben fijar invariablemente un plazo exacto obligatorio para que el Ejecutivo expida los reglamentos, los lineamientos y las mejoras regulatorias que permita el fiel cumplimiento. Señor diputado, aquí no se trata de darle plazo a ningún registro sanitario, más bien, quitarle la facultad discrecional al comisionado de Cofepris para que diga quién vive y quién muere en los procesos licitatorios, porque el verdadero campo de los medicamentos es precisamente el comisionado de Cofepris, Miguel Ángel Toscano Velasco. Es cuanto.