La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su venia, diputado presidente. México es un país de origen, tránsito y recepción de migrantes. La migración masiva de gente de México y países de América Latina a los Estados Unidos de América ha contribuido a aumentar la vulnerabilidad de millares de personas, sobre todo mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como a exponerlas a ser víctimas de la trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral. La trata de personas es un delito con terribles consecuencias psicológicas, considerado como una modalidad contemporánea de esclavitud y como una forma extrema de violencia contra mujeres, niñas y niños. El combate a la trata de personas requiere de un enfoque interdisciplinario y una participación activa de gobiernos e instituciones federales, estatales y municipales, junto con la sociedad civil. Es un fenómeno muy antiguo, que sólo desde las dos últimas décadas ha venido saliendo a la luz pública. En otras palabras, estamos frente a un problema viejo con un nombre nuevo. Esta LXI Legislatura tiene la oportunidad de seguir legislando y actualizando el marco jurídico de un delito tan lascivo como la trata de personas y potenciar al Estado para una persecución y sanción óptima. Más no es todo, porque un nicho de oportunidad se encuentra en la atención a los derechos de las víctimas o del ofendido que se regula en el artículo 20 constitucional. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera general cuáles son los derechos de las víctimas u ofendidos de los delitos. Es el caso que dichas personas conocidas en el ámbito del derecho penal como "sujetos pasivos" tienen consagrados sus derechos en la Constitución mexicana y los códigos penales respectivos. El resguardo de la identidad y otros datos personales está previsto para un breve catálogo de delitos en el que no figura la trata de personas. Es necesario proteger a la víctima de trata de personas de manera integral. La autoridad debe vigilar que en la protección a la víctima se proteja también su honor, que favorezca el libre desarrollo de la personalidad y mediante esta propuesta de reforma será posible esta protección en virtud de la caución con que la autoridad dirija sus procedimientos, de manera específica en relación con el sigilo de los datos personales tratándose de la trata de personas y no solamente en los delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada, como está contemplado. Como se ha comentado, el delito de trata de personas es un delito complejo y, como tal, debe ser atendido de manera interdisciplinaria y en coordinación con los tres órdenes de gobierno. La atención debida al delito no concluye con la punición del agente, sino que debe incluir la atención a la víctima. Como se ha expuesto en el párrafo que precede, la lesión al bien jurídico de la víctima en el delito de trata de personas puede continuar, incluso, después de la acción del Estado. Un Estado democrático, garante de los derechos humanos, no puede permitir que sus autoridades lesionen, aún más, los bienes jurídicos de sus gobernados. La atención interdisciplinaria, la única adecuada para la víctima del delito de trata de personas debe garantizarse desde el momento en que el Estado interviene, en la salvaguarda del libre desarrollo psicosexual del individuo. Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos comanda la coordinación de los tres órdenes de gobierno para cumplir los objetivos de la seguridad pública e integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública. La deficiencia en la práctica respecto de la coordinación de las autoridades es evidente. Es necesario dotar de herramientas jurídicas efectivas a la autoridad para que investigue, persiga y sancione delitos tan aberrantes como la trata de personas. Esto sólo será posible si los tres órdenes de gobierno se coordinan, bajo una Ley General en Materia de Trata de Personas, en pro de la salvaguarda de la nación mexicana. Para ello se propone reformar el artículo 21constitucional mediante una inciso f) al párrafo décimo de dicho numeral, para que las autoridades locales se coordinen con las autoridades federales?