La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: El pensador alemán Arthur Schopenhauer escribió alguna vez que en el mundo hay ya demasiados males reales, como para que todavía nos permitamos aumentarlos con otros imaginarios que, además, terminan por originar a su vez otros males verdaderos. Esto es lo único que logra la superstición necia y malvada. Esta reflexión escribe fielmente lo que ocurre con la planta de la cannabis en nuestra sociedad y la presente iniciativa de ley tiene la intención de lograr que, mediante una mejor comprensión de sus características, riesgos y posibilidades, perfeccionemos nuestras normas jurídicas en beneficio de la salud pública y privada de la ciudadanía mexicana. El papel de esta planta en la historia humana se remonta a cerca de ocho mil años y forma parte integral de nuestra cultura desde que fue introducida por los españoles en la época de la colonia. Su utilidad como materia prima para propósitos industriales, médicos, rituales y lúdicos se encuentran plenamente documentados y forman parte importante todavía de la tradición popular. Buscamos despenalizar un debate largamente aplazado en nuestra sociedad y apelamos a un examen crítico, científico y desprovisto de perjuicios morales sobre una planta que, sin ser inocua, jamás ha representado un problema serio de salud pública, ya que nadie, nunca, ha sufrido un grave daño a su salud por el hecho de consumirla ocasional o habitualmente y ni siquiera por abusar de ella. Una cualidad de la que carecen muchas otras substancias, incluso legales y reguladas, como el alcohol o el tabaco. En resumen, reconocemos que eventualmente el uso o abuso del consumo de marihuana puede representar en problema de salud pública, pero lo que más daña a nuestra sociedad es la política de prohibición absoluta. Atendiendo a esta realidad, hacemos un llamado al Legislativo, al Ejecutivo y a nuestra sociedad a asumir la tarea de reducir el daño como una responsabilidad compartida. Buscamos también hacer énfasis en la necesidad de un compromiso claro e inequívoco del Ejecutivo para respetar los derechos civiles de la ciudadanía, así como para garantizar su libre elección en asuntos que competen exclusivamente a su vida privada; siempre y cuando sus decisiones no afecten a terceras personas ni pongan en riesgo la seguridad o la salud pública del conjunto social. Para los consumidores, proponemos sustituir las sanciones privativas de la libertad actualmente vigentes por otras informativas y educativas, que permitan proteger de modo efectivo su salud y que su libertad y seguridad personal no queden expuestas a nuestro deficiente sistema penitenciario. Nuestra propuesta contribuye también a que el combate al crimen organizado se focalice en los que lucran con el negocio. Pero así como reconocemos ampliamente el esfuerzo valiente y decidido de todas las corporaciones dedicadas a combatir el narcotráfico, es igualmente importante señalar que no podemos, como sociedad, pensar que sólo en ella reside la responsabilidad de solucionar el problema del consumo de sustancias. Hacemos énfasis también en que la iniciativa considera y observa las obligaciones adquiridas por México en los distintos tratados internacionales firmados y ratificados por nuestras autoridades. Proponemos, en resumen, tres modificaciones fundamentales a la regulación vigente. Primero, corregir la definición de las sustancias penalmente reguladas, contenidas en nuestro Código Penal Federal actual, cuyo artículo 193 establece dos definiciones distintas de las sustancias prohibidas penalmente. Proponemos, por tanto, una definición mucho más precisa que remita a la Ley General de Salud y que permita que la lista de sustancias controladas sea fácilmente identificable. La Constitución en su artículo 18 ordena que los sistemas penales federales y estatales orienten su función en relación con el trabajo y la educación. Sin embargo, nuestro Código Penal Federal no contempla una sola pena educativa o informativa. Pero si en algún caso resulta pertinente la orientación educativa es precisamente en el caso de los delitos contra la salud, cuando se trata de consumidores. En consecuencia, se reforma también el artículo 24 y los relacionados del Código Penal Federal, para incorporar las penas educativas a nuestro sistema penal. Proponemos así, distinguir claramente al consumidor del narcomenudista y reorientamos las penas hacia los consumidores cuando sus actos no afecten a terceros, ya que actualmente son privativas de la libertad para ambos. Los consumidores, definidos por la cantidad de Cannabis que se presumirá, son para consumo penal, serán sujetos de penas informativas y educativas para proteger su salud. En ese caso, proponemos que la cantidad no sea mayor a dos gramos y que se regule el cultivo para consumo personal, de hasta tres plantas de Cannabis en los hogares. En Alternativa Socialdemócrata, tenemos la convicción de que solo cuando nos ocupemos responsable e integralmente de la salud pública y privada de toda la ciudadanía mexicana en materia de consumo de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, lograremos una sociedad más sana, más libre, más educada, más informada y más respetuosa de nuestros derechos. Señora Presidenta, en virtud del tiempo, solicito que la iniciativa se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Y también le solicito en nombre de los integrantes del "Grupo Cánamo", aquí presentes, que nos permita entregarle el original de esta iniciativa, impresa en papel cáñamo. Muchas gracias.