El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, me permito presentar la reserva al artículo 28 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Consulta Popular. La participación ciudadana es un concepto muy extenso y heterogéneo, el cual radica en el establecimiento de un mecanismo que permite la inclusión de las opiniones y perspectivas de las personas, con objeto de dar respuesta a las diferentes problemáticas de una sociedad determinada. En esa estructura de colaboración entre gobernantes y gobernados la participación es un elemento fundamental, por ser a través de ésta que la ciudadanía pueda compartir y tomar las decisiones que representen el mayor beneficio para la sociedad en su conjunto, a través del derecho a la participación ciudadana reconocida en los artículos 25 y 26 de la Carta Magna. La experiencia internacional ha dejado en claro que un mejor gobierno es aquel en el que la participación ciudadana es activa y no solo existe en el orden jurídico como letra muerta. Pudiera parecer absurdo pero justo, la visión contraria a lo anterior es la que aplica en México, pues a pesar de que en 2011 se llevó a cabo una reforma constitucional con motivo del reconocimiento del derecho inherente a todos los ciudadanos a decidir sobre la implementación y la vigilancia de las acciones ejercitadas por el gobierno, no obstante lo anterior, en la reglamentación secundaria en la materia, misma que hoy estamos discutiendo, tal parece que van en contravención al propósito mismo de la garantía constitucional. Lo anterior, dado que no basta que exista un derecho reconocido a favor de las minorías si éste se condiciona a la calificación de las mayorías, o que un órgano jurisdiccional como en el caso tenga que calificar sobre la constitucionalidad del tema que se someta a la consulta popular, tal y como el texto del artículo 28 del presente dictamen lo plantea, pues para el caso concreto tendrá que ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la materia propuesta, a consulta por parte de los ciudadanos, así como de la o las preguntas que formen parte de la misma, sin que exista medio de defensa para que, en el caso de que la Corte estime que el tema de la consulta es inconstitucional, resultando como consecuencia nugatorio el derecho fundamental a la participación ciudadana. En este sentido estimamos que de nueva cuenta solo se obstaculiza el ejercicio del derecho a la participación ciudadana por medio de procedimientos sin sentido, complejos y engorrosos, pero sobre todo, trasgresores a derechos fundamentales y violatorios a los principios de legalidad y seguridad jurídica al no otorgar recurso alguno en contra de la resolución de inconstitucionalidad emitido por la Suprema Corte de Justicia. Derivado de lo anterior, compañeras y compañeros, les propongo que el texto al artículo 28 sea en los siguientes términos. La fracción IV. En el supuesto que la Suprema Corte declare inconstitucionalidad de la materia de la consulta popular, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados publicará la resolución en la Gaceta Parlamentaria y dará cuenta y se computará un plazo de 10 días hábiles para que los interesados modifiquen el contenido de la solicitud de consulta popular, y en caso de no hacerlo se procederá a su archivo como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto, compañeras y compañeros.