El diputado Carol Antonio Altamirano: Señoras y señores diputados. Presento una iniciativa para combatir una de las peores prácticas de la administración pública, el subejercicio de recursos públicos. Les propongo sancionarlo como falta grave en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esa mala práctica deja sin atender las necesidades sociales, aun teniendo el dinero para hacerlo, y es una burla a la Cámara de Diputados porque no se cumple con el Presupuesto aprobado. Año tras año se han observado hechos inaceptables, de los cuales cito dos ejemplos. En 2017 el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas observó un subejercicio por 16 mil 752 millones de pesos. Así, el gobierno no supo o no pudo gastar un monto equiparable al Ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano; o, incluso, superó el conjunto de Ramo 48, Cultura. El subejercicio impactó en programas que debieran beneficiar a la gente. En agricultura se dejaron de ejercer más de 6 mil millones de pesos, en comunicaciones y transportes se registró un subejercicio de más de 4 mil millones, mientras que en salud fue por 2 mil millones y en educación más de mil millones de pesos. Eso significó menos apoyos al campo, que no se construyeran carreteras y que no se cumplieran las metas en educación o salud, cuando millones de mexicanos necesitan de esos servicios. Eso es intolerable. Un funcionario que incumple deliberadamente las metas presupuestarias es un inepto que no debe de estar en la administración pública. Pero hay otra cara del subejercicio. La reasignación arbitraria por parte del Ejecutivo. En lo que va del 2018, nuevamente se observa que dependencias con programas sociales tienen subejercicio. Así, en agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación, se están dejando de ejercer más de mil 200 millones de pesos. En comunicaciones y transportes el subejercicio es superior a mil 100 millones y en desarrollo agrario, territorial y urbano es más de mil millones. Pero en contraparte, la Secretaría de Gobernación ha ejercido más de 4 mil millones de pesos adicionales. Así, el gobierno discrecionalmente quita dinero en unos ramos para fortalecer otros, sin importarle el impacto social. Para superar esa simulación y combatir la discrecionalidad, presento iniciativa para reformar el artículo 64 Bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si bien la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece que el subejercicio será sancionado conforme a la nueva Ley General de Responsabilidades, al revisar las faltas contenidas en esa ley no hay ninguna que describa con precisión el subejercicio. Por eso propongo que el subejercicio sea claramente sancionado y que además sea considerado como una falta grave. De esta forma si un funcionario cae en el subejercicio, se expone a una sanción administrativa, y al ser una conducta grave, podrá ser sancionada con la suspensión, destitución del empleo, sanción económica e inhabilitación temporal en el servicio público. Diputadas y diputados, el subejercicio es casi un crimen y debemos sancionarlo de forma enérgica porque va en contra de la gente. No es posible que haya subejercicio en salud mientras en la comunidad indígena de San Juan Jaltepec, municipio de Yaxe, Oaxaca, hay 150 personas afectadas por dengue hemorrágico e incluso ya hay tres muertos sin que lleguen medicinas ni apoyo. No permitamos el subejercicio en educación cuando miles de niños toman clases bajo un árbol o en escuelas sin servicios sanitarios. Hoy a un año del sismo, el subejercicio es una verdadera ofensa. Cuando hay familias en el istmo de Oaxaca y en otras entidades que viven a la intemperie y ni siquiera aparecen en ningún censo a pesar de haberse aprobado recursos para la reconstrucción. Estos son nuevos tiempos y debemos cambiar prácticas que nos agravian. Acompañado de medidas de austeridad, el gasto debe ejercerse por este gobierno y por el entrante con apego a los principios de legalidad y eficiencia. Nunca más funcionarios ineptos o insensibles...