La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la pandemia provocada por el virus SARS, Covid-19, es la tragedia más grave que le ha ocurrido a la humanidad desde la Segunda Guerra Mundial. En poco menos de un año el virus ha contagiado a más de 38 millones de personas y ha cobrado más de un millón de vidas humanas. Tan solo en México la desgracia ha enlutado los hogares de casi 84 mil mexicanas y mexicanos, y actualmente somos el noveno país con mayor incidencia de casos en el mundo. Por otra parte, las medidas tendentes al combate de la pandemia han sido catalizadores de procesos que habían iniciado desde hace mucho tiempo, como la transición de los espacios laborales y de convivencia social hacia los entornos digitales. Los efectos del cambio del cual somos testigos se resentirán dentro de muchas generaciones. No es necesario abundar en la incertidumbre, la tristeza y la impotencia que esta pandemia ha traído a cada una de nuestras vidas. Lo cierto es que mientras nos encontramos a la expectativa de una solución que ponga fin a la pandemia, como la aplicación de una nueva vacuna o el hallazgo de algún tratamiento efectivo, estamos en manos de quienes tienen las capacidades y aptitudes para paliar este padecimiento: el personal médico. La labor del personal del Sistema Nacional de Salud en esta pandemia, que incluye a los sectores público y privado, ha sido verdaderamente heroica. Con recursos limitados, con espacios saturados, con el riesgo permanente del peligro del contagio y la posibilidad de perder la vida, realizando guardias dobles y hasta triples doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, camilleros, conductores de ambulancias y personal de intendencia han sido la reserva en la primera línea que ha logrado la contención de esta tragedia sanitaria. Desgraciadamente también han sido las primeras víctimas. De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, México es el país con mayor índice de mortalidad para el personal médico, con mil 320 decesos confirmados a septiembre de 2020. Dada la relevancia que ha tenido la contención de la contingencia, desde el comienzo de la pandemia resultaron verdaderamente estremecedores e indignantes los numerosos casos en los cuales se reportaron ataques, actos de discriminación, vejaciones y humillaciones en contra del personal del sistema nacional de salud. Hubo casos muy graves en los cuales las agresiones no quedaron en las lesiones, como en el caso de Coahuila, en el caso de enfermeras y una secretaria del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ello, en la Comisión de Justicia hemos hecho eco de la necesidad de proteger de alguna manera al personal del sistema nacional de salud. Recibimos 15 iniciativas de casi todas las fuerzas políticas que, mediante una serie de propuestas de reformas a distintos ordenamientos y el establecimiento de distintas penas, sanciones más severas para quien lleve a cabo esta agresión en contra de quienes más han hecho para contener la pandemia. En el proceso de dictaminación fueron puestas en análisis todas estas propuestas. Por supuesto que no somos ajenos al hecho de que los casos de agresiones configuran delitos ya establecidos en nuestro sistema jurídico, pero nos parece, francamente, indignante que en los casos en los cuales hubo incluso persecución de delitos por lesiones, estas personas nunca pisaron la prisión. Por ello, recurrimos a una norma ya existente en nuestro sistema jurídico, las calificativas que agravan las penas en casos específicos. En esta semántica penal está inscrita, por ejemplo, la agravante establecida en el artículo 189 del Código Penal Federal que establece penas de prisión adicionales para quien cometa cualquier delito en contra de servidores públicos en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. También, en esta calificativa vigente no se protege a diversas personas involucradas en la titánica tarea de sostener el sistema de salud. Las personas que por el régimen contractual con el cual están vinculadas a las instituciones de salud como camilleros, personal de intendencia, choferes, estudiantes que también están presentes en los nosocomios, pasantes, residentes, médicos internos, no queden fuera de la protección de dicha calificativa. Por ello, era necesario realizar algunas adecuaciones normativas para establecer sanciones más severas, agravantes a los tipos ya existentes y, en general, una reforma integral, en donde también se incorpora en el delito de discriminación previsto por el artículo 149 Ter del Código Penal Federal las conductas realizadas por motivos de desempeño de actividades relacionadas con la mitigación de la emergencia sanitaria o desastre natural. Con la aprobación de este dictamen, la Comisión de Justicia pretende también hacer un reconocimiento y rendir un homenaje a todas las personas que intervienen e históricamente han intervenido para mitigar las tragedias que han fustigado a nuestra nación, muchas de las cuales permanecen aún frescas en nuestra memoria. Por estas razones, las y los invito a votar a favor de este dictamen que pretende brindar protección integral al personal que ha estado presente en la primera línea para contener esta pandemia, con lo cual esta Cámara de Diputados demostrará un gesto de gratitud, que ojalá pueda ser replicado por la colegisladora, pues como afirmó Marco Tulio Cicerón, la gratitud no es la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Es cuanto, presidenta.