La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su venia señora presidenta: Esta es una iniciativa con carácter de decreto a efecto de reformar la Ley de Amparo, con relación a la exigencia para el juzgador de actuar con secretario o testigos de asistencia en los procedimientos penales. De acuerdo a la Ley de Amparo que data de 1936, es exigible a los jueces del orden penal que en todo caso actúen en conjunto con un secretario de juzgado o en su defecto con testigos de asistencia, a efecto de que sus actuaciones tengan pleno valor legal y no constituyan una violación al procedimiento y una afectación a la defensa del quejoso. La Ley de Amparo vigente que insisto, entró en vigor a mediados de la década de los años 30s. del siglo pasado, coincide con la imposición del modelo procesal penal que aún impera en México, que es el sistema conocido como mixto moderno o mixto inquisitivo. Por tal razón entendemos que en dicho ordenamiento se haya establecido que las actuaciones de los jueces en procedimientos de orden penal exigieran la participación de personas distintas a aquellos, precisamente por la desconfianza que existía en tales funcionarios por la forma en que se había venido impartiendo la justicia por razones del diseño del sistema mixto antes referido. Hoy en día los ojos de México, principalmente de sus entidades federativas, se vuelven hacia la necesidad de implementar el sistema de justicia penal acusatorio puro, retomando los principios de oralidad, publicidad, transparencia, imparcialidad, contradicción, concentración y continuidad en las actuaciones judiciales a efecto de garantizar plenamente el debido proceso, pretendiendo entonces recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales, particularmente las de procuración e impartición de justicia penal y en esta acción el artículo 160 de la Ley de Amparo se posiciona como un obstáculo para cumplir con aquellos objetivos. Los sistemas acusatorios no están diseñados para que la fe pública esté delegada en funcionarios subalternos del Poder Judicial sino directamente en quien tiene la función y responsabilidad de juzgar frente a víctima y acusado y con público; me refiero al juez, considerado en el nuevos sistema como recurso humano de carácter primordial en una unidad de producción de justicia pronta y expedita. Recordemos que el aludido artículo 160 en las fracciones antes referidas, surge como una vacuna para aliviar en lo posible la desconfianza ciudadana frente a las deficiencias de un sistema principalmente secreto y escrito que pronto habrá de ser substituido en Estados como Chihuahua, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, Zacatecas entre otros, y el que está siendo abandonado casi por completo, Nuevo León. Además, dicho artículo se extralimita en la interpretación de los preceptos constitucionales al considerar como violación al procedimiento penal y como atentado a la defensa del quejoso, un aspecto que no está previsto en la Carta Magna pero que sin embargo orilla a las legislaturas locales a mantener la figura del secretario en las actuaciones judiciales para evitar la promoción de juicios de amparo por parte de los particulares. Debemos dejar de lado este tipo de supuesto legales que son por demás ociosos e infructuosos pues la existencia o no de un secretario que firma junto al juez, no hace ni más turbio ni más limpio el proceso. Frente a ello, dejemos plena libertad a la legislación procesal penal para que en ella se diseñen e incluyan mejores mecanismos para garantizar el cumplimiento del debido proceso y la efectiva defensa de quien en un momento determinado aparece como responsable de la comisión de un delito, cumpliendo plenamente con los postulados constitucionales. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, someto ante este Pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto con carácter de decreto: Artículo Único.- Se reforman las fracciones IV y X del artículo 160 de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales para quedar redactados de la siguiente manera: Artículo 160.- En los juicios del orden penal, se considerarán violadas las leyes del procedimiento de manera que su infracción afecte a las defensas del quejoso. IV.- Cuando se practiquen diligencias en forma distinta de la prevenida por la ley. X.- Cuando se celebre la audiencia de derecho sin la asistencia del agente del Ministerio Público a quien corresponda formular la requisitoria, sin la del juez que deba fallar, o en general la de aquellos que de acuerdo con la Ley Procesal deben comparecer a autorizar el acto. Transitorios.- Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el salón de sesiones de este Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de marzo del año 2006. Señor presidente, le solicito atentamente se dé cuenta de la versión íntegra de la presente iniciativa en el Diario de los Debates en virtud de ser ésta una versión resumida de la misma. Muchas gracias por su atención.