La presidenta diputada Marcela Guerra Castillo: Adelante. El abogado defensor Gabriel Alejandro Regino García: Muchas gracias, señoras y señores diputados, muchas gracias, presidenta de la Mesa Directiva del honorable Congreso de la Unión. ¿Por qué me encuentro aquí, ante esta soberanía? Me encuentro ante esta soberanía, no solamente para ejercer el derecho constitucional de defensa que tiene el fiscal general del estado de Morelos, don Uriel Carmona Gándara, sino también para poner en su conocimiento de la gran atrocidad que está a punto de ser cometida a través de esta institución de la declaración de procedencia. Desde hace más de 20 años, por este Congreso atravesó una reforma que buscó darles a las fiscalías de justicia de los estados y a la General de la República la figura de la autonomía, que no es una autonomía de gestión operativa, sino de independencia en la investigación y persecución de los delitos. Nada puede ser más importante en un país inmerso en una ola de violencia, sin precedentes, que contar con organismos constitucionales autónomos, como son las fiscalías. Pero, a pesar de que la Constitución así lo establece, he de recordar a esta soberanía que desde el 2014 se han hecho abdicar a 17 fiscales estatales con motivo de los cambios transexenales de gobiernos. Esa intencionalidad de que los fiscales fuesen nombrados hasta por 9 años, como actualmente lo es, por ejemplo, el fiscal general de la República, no obedeció más que a evitar precisamente ser objeto de presiones políticas en el ejercicio del desempeño de su cargo. Pero han sido ya 17 fiscales a quienes los nuevos titulares del Poder Ejecutivo Estatal les han obligado a renunciar, con amenazas de denuncias disfrazadas de motivos personales, con lo cual, indirectamente se está violando un mandato constitucional. En el año 2018 también hubo cambio de Poderes en el estado de Morelos, y noten ustedes, diputadas y diputados, lo siguiente: Desde el inicio de la administración de Cuauhtémoc Blanco, se le pidió a la Fiscalía proceder como habitualmente se hace penalmente en contra la administración anterior, sin más pruebas que el simple ánimo de revancha o el cumplimiento de encomiendas indecibles. Pero la investigación de un crimen no está basada única y exclusivamente en los ánimos políticos de venganza, sino en evidencias científicas y datos de prueba. Casualidad, no lo fue. Que ante la negativa del estado de Morelos de plegarse a un juego político que no le corresponde a las Fiscalías, de repente fíjense nada más apareció, apareció, en un correo interno de la Fiscalía General de la República, que no está al acceso de la opinión pública una denuncia anónima. Una denuncia anónima dirigida específicamente a la Unidad de Combate al Terrorismo, donde se señalaba al fiscal del estado de estar coaligado con organizaciones delictivas. Y saben qué, no encontraron nada. Tuvieron que recurrir a una persona que denunciara una cuestión casi administrativa, el tema de los exámenes de control de confianza. Esa cuestión tendría que haber sido investigada por otra unidad de la Fiscalía. Hay una Fiscalía para delitos cometidos por servidores públicos. ¿Quién integró esa nueva investigación? Esta Fiscalía que está aquí presente, de terrorismo. Y se le acusa al fiscal de haber asumido su cargo sin contar con los exámenes de control de confianza, lo cual es cierto, pero no es delito. Y no es delito porque la Constitución del Estado de Morelos no lo exige como requisito. Hoy en día, el fiscal de Morelos cuenta con todas esas certificaciones que hizo a los dos meses de haber tomado el cargo de fiscal de Morelos. ¿Designó a su equipó? Sí. ¿Su equipo contaba con los exámenes? No, porque la Constitución estatal de Morelos no lo exigía, pero a pesar de ello y en cumplimiento a las disposiciones nacionales se hizo lo correspondiente. Esos hechos con apariencia de delito, diputadas, diputados, han prescrito. ¿Qué significa la prescripción? Algo que el Poder Legislativo ha legislado y que se encuentra presente tanto en el Código Penal Federal, como en los Códigos Penales Estatales. Estamos, diputadas y diputados, ante una revancha política disfrazada de proceso parlamentario de declaración de procedencia. Si en Francia, en el siglo XIX, hubo conmoción por el caso de Alfred Dreyfus, cuando se conozca la verdad de lo que hay detrás de este embate y artera persecución contra un fiscal autónomo, la historia va a juzgarnos a todos, y lo digo por lo siguiente: porque, así como Émile Zola, dijo: Jaccuse. Yo acuso a la Sección Instructora de no haber atendido la petición que hicimos de que ustedes van a votar sobre hechos ya prescritos. Yo acuso a la Fiscalía General de la República y a esta Unidad de Terrorismo, ante quienes nos presentamos para pedir la prescripción del caso y nos contestó lo siguiente: señor Uriel Carmona Gándara, lamentamos no poderle darle tramitación a su solicitud, porque usted no tiene ninguna calidad en esta carpeta, siendo que ellos pidieron el desafuero. Ese es el tamaño de irregularidad a la que nos estamos enfrentando y lo que está a punto de suceder aquí es que se declare la procedencia para que este servidor público vuelva a enfrentar una retahíla de procesos. Como no se le había podido doblegar, se le quiso imputar, como se ha hecho, la muerte desafortunada de una joven, sobre la que el fiscal no tiene participación, ni responsabilidad alguna. Hoy, en estos instantes, a unas cuadras de aquí, sus pares están por resolver la ratificación de una fiscal que fabrica carpetas de investigación y que tuvo, tuvo el apoyo para ir a otro estado de la república a detener a un fiscal. Y esa sesión que se está llevando en estos momentos está plagada de amenazas a diputados con carpetas de investigación. Eso es lo que está sucediendo en nuestro país. Hoy lo que está en debate no es solamente la dignidad y la inocencia de un servidor público. Lo que está en riesgo es la democracia de este país y la autonomía de las instituciones y los órganos constitucionales autónomos. Que no se utilice a los diputados para acabar con los órganos constitucionales autónomos. El fiscal del estado de Morelos es inocente, no ha cometido ningún delito. Diputadas, diputados, en sus manos no solamente está su dignidad, sino la suerte que va a correr México en los siguientes años con fiscalías inclinadas e hincadas hacia el poder político y al poder punitivo. Es cuanto.