La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Todo esfuerzo legislativo que garantice el respeto a los derechos humanos de los individuos fortalece el Estado de derecho. Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores, establecer el Sistema Integral de Justicia Penal para los Adolescentes, es un paso trascendental en la vida jurídica y social de nuestro país. Por ello aplaudimos este esfuerzo y votaremos a favor. Esta ley tiene un gran mérito pues responde a la necesidad de garantizar para los niños y adolescentes de entre 12 y 18 años que han cometido delitos, un sistema de justicia que privilegie el interés superior de la niñez cuando tengan que ser juzgados. Además, contempla los derechos específicos que la Constitución reconoce para los menores de edad, y refleja los principios de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Son muchos los menores que por alguna razón han delinquido, y desafortunadamente viven una dolorosa realidad al enfrentar un sistema penal que no les proporciona una opción verdadera para reintegrase de manera digna y productiva a la sociedad. En Nueva Alianza estamos convencidos de que muchos de ellos desean superarse, tener una familia, hacer una gran carrera, trabajar y ser hombres y mujeres de bien. Por ello, entendemos la importancia de esta ley que en 266 artículos se establecen las reglas generales y principios que normarán el sistema integral de justicia para adolescentes incorporando aspectos procedimentales y procesales para los supuestos bajo los cuales se considera que los adolescentes cometen un hecho tipificado como delito y sus grados de responsabilidad. El sistema actuará bajo un esquema de proceso acusatorio y oral, regido por la presunción de inocencia y el principio de especialidad, lo que significa que todas las autoridades del sistema deberán estar formadas, capacitadas y especializadas en materia de justicia para adolescentes. Lo que se pretende con ello es, ante todo, respetar el derecho de los menores a un proceso en el que salvaguarden sus derechos humanos. En esta línea, para establecer una diferencia respecto de la respuesta penal que debe aplicarse, la ley señala tres segmentos de edad: el primero, lo componen los adolescentes con 12 años cumplidos y menores de 14 años; el segundo, aquellos que tienen 14 años y menos de 16. Finalmente, quienes cuentan con 16 años cumplidos y no más de 18 años de edad. Cuando un menor de 12 años se le atribuye la comisión a participación en un hecho delictivo, se debe de dar aviso de manera inmediata a la Procuraduría de Protección Competente para que pueda solicitar las medidas pertinentes para su protección integral. En cuanto a las medidas de sanción para quienes se les compruebe la comisión de un hecho señalado como delito, que establece la ley para la privación de la libertad, ya sea por detención o internamiento, se debe aplicar como medida extrema y por el menor tiempo posible. En el caso de ser recluidos los espacios destinados a los adolescentes que hayan cometido algún delito deben ser exclusivos, es decir, no podrán mezclarse con adultos, pues es bien sabido que en muchos centros de internamiento y reclusión de jóvenes estos se especializan más en el crimen, en vez de prepararse para su reintegración social. Es de resaltar que bajo el principio de proporcionalidad la ley prevé mecanismos alternativos de solución de controversias, así como de ejecución de penas a fin de evitar la privación de libertad de los menores, propiciando su integración social y familiar. En Nueva Alianza entendemos la importancia de la prevención. En ese sentido aplaudimos la preocupación que se refleja en el libro quinto de esta ley, denominado De la prevención social de la violencia, en él se precisa el conjunto de políticas, estrategias y acciones que de una manera transversal para los tres órdenes de gobierno orientan para reducir los factores de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia. Aunado a ello se reconoce la importante función que juega a familia en la prevención del delito. En Nueva Alianza celebramos que esta ley tenga una visión multidisciplinaria, que atienda los factores psicológicos, afectivos, sociales y económicos por los que atraviesa un joven para involucrarse en la comisión de un delito. Compañeras y compañeros, México es un país compuesto principalmente por jóvenes y son ellos quienes estarán en posibilidades de hacer realidad los cambios que México necesita. Al aprobar esta ley damos la posibilidad a estos menores de enmendar su error y reinsertarse en la sociedad de manera digna y productiva, para que aporten lo mejor de sus capacidades en la conformación del país que todos queremos. Muchas gracias.