El diputado José Luis Flores Méndez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Son buenos los discursos, las intervenciones que en muchas de sus partes suscribimos como grupo parlamentario, pero sólo quisiera recordar dos cosas que son importantes para nuestro trabajo. Dos hechos importantes hemos registrado como producto de nuestro trabajo, compañeras y compañeros legisladores. Por un lado la aprobación de la reforma que adicionaba o que adiciona disposiciones a la Ley Federal del Trabajo y que ahora mismo se encuentra en el Senado, y que tenemos conocimiento de que aparece en la agenda para su aprobación en los próximos días. Y la segunda aprobación que hicimos a la Ley de Derechos para que en exclusiva esta parte del país, pudiera tener el gas grisú, que es el que afecta o el que provoca las explosiones más desgarradoras de las que muchos de mis compañeros han hecho alusión en este momento, para que su cobro sea simbólico y se pueda desgasificar la zona carbonífera antes de entrar a minar la tierra. Sin embargo lo quiero dejar como testimonio, de que hemos avanzado en este trabajo. Sin embargo recordemos lo que sucedió hace nueve años. Era un domingo por la madrugada cuando una explosión dejó sepultados a los 95 mineros que trabajaban en esta mina número 8 de Pasta de Conchos. Déjenme decirles una cosa, sólo para recordar, la mayor parte, alguien lo señaló, han pasado en Coahuila, sí, claro, porque el 95 por ciento del carbón se encuentra en ese estado. Pero dejen recordarles que la luz que hoy nos alumbra en este recinto, de cada 100 focos que ustedes miran prendidos, 15 se alumbran con el producto que en esa región se produce en el estado de Coahuila. Ante la indignación y repudio de los habitantes de la región carbonífera y de los familiares de los mineros, cinco días después del siniestro se anunció que los trabajos de rescate y recuperación se suspenderían ante la alta concentración de gas metano dentro de la mina. Pese a que la mina realizaba sus operaciones con elevados índices de inseguridad, la carbonera no fue clausurada antes de la tragedia debido a la negligencia y corrupción en que incurrieron diversos actores. El primero de febrero del 2007, se reveló que 19 meses antes de la explosión registrada en la mina, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social había detectado 34 irregularidades que ponían en riesgo la operación de la misma, pues estaba en peligro la salud y la vida de los obreros. Sin embargo fue hasta siete meses antes del incidente que la dependencia exigió a IMESA, que realizara diversas acciones tendientes a resarcir las situaciones de riesgo, mismas que nunca se llevaron a cabo. Muchas dudas han quedado en el aire desde aquel febrero junto al gran sentimiento de impotencia e injusticia. Al momento permanecen 63 familias restantes prolongando su dolor. En el Grupo Parlamentario del PRI nos solidarizamos con los deudos y con la sociedad coahuilense a nueve años de esta tragedia que cimbró a todo el país, sumándonos al justo reclamo de las familias de los mineros por el reclamo de los restos de sus seres queridos, siendo en este sentido que lanzamos un enérgico llamado a la empresa Minera México SA, Imsa, y a Grupo México para que reactiven los trabajos de búsqueda y recuperación de los mineros perdidos en la expolición del 2006, misma labor que es su responsabilidad, pues fue la empresa la que incurrió en faltas a la normativa e incurrió en coimas para no respetar la ley, operar en forma irregular y no garantizar la seguridad ni la vida de sus trabajadores. Es un llamado a la responsabilidad y a la decencia para los trabajadores mexicanos que le han dado mucho a Grupo México, encumbrándola como la minera más grande a nivel nacional y la tercera productora de cobre a nivel internacional. Es la oportunidad de la empresa para comenzar a actuar con decencia, decoro y compromiso social. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeras y compañeros.