El diputado Gustavo Enrique Madero Muñoz: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, cuya Ley Orgánica hoy sometemos a su consideración, representa un notable avance en el sistema jurídico mexicano, ya que tiene como objetivo principal, otorgar las garantías de seguridad jurídica a los contribuyentes que presenten alguna controversia ante alguna autoridad fiscal. Es de todos conocido que actualmente el contribuyentes se encuentra prácticamente en estado de indefensión ante la autoridad recaudatoria. Por ello las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Justicia y Derechos Humanos, proponen el siguiente Proyecto de Dictamen para su votación: Consideran oportuno y es de elemental justicia establecer mediante disposiciones de orden público y de interés social la asesoría, representación y defensa a los contribuyentes en materia fiscal. Se plantea que el funcionamiento de la Procuraduría establecido en el dictamen de referencia, permita que las autoridades fiscales actúen de manera eficaz y apegadas a la legalidad, al constituir la instancia de acceso fácil para que los particulares que requieran impugnar los actos de autoridad en materia fiscal y sobre todo de aquellos contribuyentes que no tienen posibilidad económica para cubrir los medios de defensa que la Ley les otorga, máxime que en estas materias debido a la complejidad de algunas leyes, se exige de profundos conocimientos técnicos y especiales para acudir a las instancias jurisdiccionales. Con ello sin duda se fortalecerá el Estado de derecho y la actuación de las autoridades fiscales con pleno apego a los principios de legalidad, eficacia y honradez. A fin de hacer realidad la autonomía del organismo, hubo consenso en otorgarle el reconocimiento jurídico y de autonomía técnica y de gestión y convertirla en un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. En el mismo sentido y a fin de otorgar seguridad jurídica al contribuyente y a la propia autoridad fiscal, se precisa que las funciones de la Procuraduría no deben contemplar la conciliación entre el fisco federal y los contribuyentes, toda vez que las contribuciones son de interés público e impuestas por el Estado en el uso de su facultad constitucional, por lo que no se incorpora la opción de incluir reglas o convenios, aunque permanece la asesoría, representación y defensa de los intereses de los contribuyentes en las diferentes instancias administrativas y juicios contenciosos, así como el trámite, seguimiento, resolución de las quejas y reclamaciones que planteen los quejosos ante la autoridad fiscal. Otros aspectos relevantes del dictamen que ponemos a su consideración, señalan que por lo que hace a todas aquellas disposiciones en las que se hace referencia al Reglamento Interno, y para darle mayor realce y peso legal, estas sean sustituidas por la expresión de estatuto orgánico, ya que la facultad reglamentaria corresponde única y exclusivamente al Titular del Poder Ejecutivo, según lo dispone el artículo 89 de nuestra Carta Magna. De especial importancia por las responsabilidades que asumirá la Procuraduría es el tema relativo a la designación del Titular de la Procuraduría, para lo cual se propone que el Ejecutivo Federal someta una terna a la consideración del Senado o, en su caso, de la Comisión Permanente. Por otra parte y a fin de dejar claras las funciones de los delegados regionales se hace necesario establecer en la ley y no es estatuto orgánico las facultades del Procurador y los delegados regionales para imponer multas y sanciones en los términos que la ley establece y cuidando la transparencia en el ejercicio de esta atribución. Señor Presidente: Me permito solicitar a usted atentamente que por estar reproducido en nuestra Gaceta Parlamentaria el texto íntegro de la reserva que presentamos el pasado jueves, en el que se modifican los artículos 2o., 4o. fracción III, 5o. fracciones VIII y XIII, 6o. segundo párrafo, 8o. fracciones IV, VIII y X, 28 fracción II numeral dos, 26 y 28, así como las disposiciones transitorias primera, cuarta, sexta y séptima del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que se someta a consideración de esta asamblea estas modificaciones propuestas relativas a la entrada en vigor del presente decreto, previsto en el artículo primero transitorio para el pasado 1o. de enero del año 2005, para que la misma sea al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y que la operación al público sea a partir del 1o. de enero del año 2006. Señores Legisladores y Legisladoras: Las reformas que proponemos a esta soberanía y para las cuales solicitamos su voto aprobatorio buscan apoyar y proteger a miles de ciudadanos contribuyentes de este país, brindándoles la procuración de la justicia fiscal que les permita el cumplimiento de sus obligaciones y el reconocimiento de sus derechos como contribuyentes. Es cuanto, señor Presidente.