La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, estimada presidenta. Son varios los ejemplos que podríamos citar sobre casos de violencia contra las mujeres. Algunos de ellos han salido a la luz pública por su gravedad y muchos permanecen en el anonimato porque no necesariamente han cobrado la vida de las mujeres, pero sí han trastornado su existencia. La violencia, ya sea física, económica, psicológica o en cualquier otra manifestación, es inadmisible. En pleno siglo XXI es padecida por alrededor de las dos terceras partes de las mujeres de este país. Esta alarmante cifra ha generado que en la actualidad se hayan reformado prácticamente todas las legislaciones del país para reconocer la violencia en sus múltiples manifestaciones y generar mecanismos que garanticen el acceso de las mujeres a la justicia. Una de las acciones que se han implementado para detener este grave problema ha sido la creación de los Centros de Justicia para las Mujeres, un organismo que otorga bajo un mismo techo a todas las instancias encargadas de la atención de la violencia. A la fecha existen en el país 37 centros de este tipo en 25 entidades federativas, de los cuales 31 han sido construidos durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Si se detecta que una mujer está viviendo acciones de violencia lo urgente es protegerla de manera real y efectiva, porque de no hacerlo su integridad y hasta su vida corre peligro, sobre todo, si la víctima denuncia su agresor puede ser aún más violento. Para evitar esto, a través de estos centros se pueden decretar órdenes de protección a favor de las mujeres que han sufrido un episodio de violencia. Estas medidas tienen como propósito evitar que sigan expuestas a quienes han proferido en su contra violencia, y sobre hacer que una policía especializada vigile que estas se cumplan. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia prevé la existencia de órdenes de protección de emergencia y preventivas, que permiten que cuando el agresor sea la propia pareja deba desocupar de manera inmediata el domicilio, no acercarse a él ni a la víctima y en general que se implementen todos los mecanismos necesarios para evitar cualquier acto de intimidación o violencia. Sin embargo, estas medidas tienen una duración de apenas 72 horas. Uno de los propósitos de esta iniciativa es prolongar de manera indefinida estas medidas, hasta que el riesgo haya cesado. Con independencia de lo anterior, las medidas que hoy contempla la ley no alcanzan a cubrir todas las hipótesis que en la práctica ocurren. Por ejemplo, cuando una mujer sufre violencia en el ámbito laboral, ya sea proferida por alguien que ocupa una posición jerárquica superior o por parte de algún compañero de trabajo, estas medidas no contemplan la separación temporal del agresor de su puesto de trabajo en tanto se desahoga la investigación. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Dinámica de Relaciones en los Hogares, alrededor de 30 por ciento de las mujeres que trabajan han sufrido algún tipo de violencia en su propio trabajo, Por tal motivo esta iniciativa propone agregar una hipótesis más dentro de las órdenes de protección y de emergencia, para poder proteger de manera temporal a la mujer y alejar al agresor del espacio laboral donde están conviviendo. Señoras y señores, por lo anteriormente expuesto, hoy quiero presentar ante ustedes esta iniciativa, que urge de nosotros toda responsabilidad para detener este grave problema que frena el desarrollo de nuestro país, para atender una responsabilidad histórica, que nos dé mejores condiciones de igualdad. No es suficiente con que estén contemplados los derechos en las leyes, lo importante es el acceso a la justicia y, sobre todo, alcanzar una igualdad sustantiva que alcance a todos y todas. Muchas gracias, por su atención.