El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Esta frase es en honor a mis compañeros del Morena, los únicos ciudadanos en este país que enfrentaron desde el inicio frontalmente esta traición a la patria de muchos de los que están aquí y sobre todo de Enrique Peña Nieto. Y seguimos luchando. Este primer dictamen que se presenta al pleno de esta Cámara de Diputados forma parte del conjunto de reformas que tienen por objeto establecer un nuevo sistema de disposición de recursos y bienes nacionales de Pemex y de la CFE, hasta hoy empresas nacionales responsables de la seguridad energética de nuestro país. Empresas que fueron creadas con un espíritu nacionalista para garantizar el buen uso de los recursos naturales en nuestro país y constituirse como un medio de desarrollo económico nacional, con una visión de un Estado social de bienestar común. Proyecto de nación que traicionan los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, y los dirigentes del de la Revolución Democrática, en su conocido Pacto contra México, por el cual han dado forma a las denominadas reformas estructurales para garantizar que los bienes nacionales sean presa del capitalismo salvaje, reformas que legalizan el robo de bienes nacionales y garantiza los actos de lucro con grandes ganancias para una minoría nacional y extranjera en perjuicio de millones de mexicanos. La ruta trazada por el Ejecutivo federal para establecer un marco constitucional ilegal para garantizar al gran capital el saqueo de los bienes nacionales, se presenta y se garantiza en un ambiente de corrupción y opacidad, puesto que el talante de esta reforma ha sido encubrir la corrupción y desvío de recursos multimillonarios de los gobiernos del PRI, del PAN, encubierto por las empresas nacionales Pemex y CFE. La demagogia legislativa que usa como argumento la necesidad de las reformas energéticas para modernizar el sector y disminuir los costos de las gasolinas y la electricidad para los mexicanos, no encubre el robo que se ha realizado a las empresas nacionales, que las colocan en estado de quiebra, sin que exista capacidad de los gobiernos en turno para perseguir y sancionar el robo y desvío de los bienes y patrimonio nacional. Cuántos responsables de Pemexgate existen en las cárceles o cuántos funcionarios han sido sancionados por su enriquecimiento inexplicable, que manifiestan a través de roles, yates, viajes internacionales, inmuebles, etcétera. Cuántos responsables existen por los contratos ilegalmente asignados a Pemex o a la Comisión Federal de Electricidad. Por qué aprobar leyes que afecten bienes nacionales que no les pertenecen. Quién los autoriza legal y moralmente para entregar bienes nacionales que constituyen el patrimonio de las futuras generaciones. Dónde están las manos limpias de Calderón. Dónde está el combate a la corrupción anunciado por Peña Nieto aquí, en la toma de posesión. Miren ustedes, yo, aunque hay que hablar de muchas cosas y en el transcurso del debate lo haremos, hoy quiero referirme a una de las grandes inconsistencias, porque en la materia de exploración y extracción de hidrocarburos, en el Título Segundo de la ley propuesta, se establecen las bases para que el Estado lleve a cabo actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, mediante asignaciones con empresas productivas de Estado o a través de contratos con ésta, con particulares o en asociación entre empresas productivas del Estado con particulares. Quiero decirles que según lo publicado el 20 de diciembre de 2013, en la Constitución Política se estableció un plazo de 2 años en el cual el organismo descentralizado denominado Pemex se convertiría en empresa productiva de Estado. Esto, queda facultada para recibir asignaciones y celebrar los contratos a que se refiere el párrafo séptimo del artículo 27 constitucional: será la encargada de adjudicar a Pemex las asignaciones a que se refiere el artículo 27 de la Constitución. Pero en la Ley de Hidrocarburos que se propone, se omiten dos aspectos derivados de la entrada en vigor de dicha reforma constitucional. Primero. La asignación de áreas en que Pemex haya realizado descubrimientos comerciales o inversiones en exploración, áreas en las que Pemex puede continuar con los trabajos en un plazo de tres años prorrogable por un periodo máximo de dos años en función de las características técnicas del campo de que se trate y del cumplimiento de dicho plan de exploración. Y en el segundo habla, que las asignaciones en la extracción de hidrocarburos, el derecho de Pemex para mantener cada uno de los campos en que se encuentra la producción a la fecha de entrada en vigor al decreto de la reforma constitucional. Obviamente, la iniciativa de ley define jurídicamente la asignación como un acto administrativo por el cual el Ejecutivo federal otorgará exclusivamente a Pemex o a cualquier otra empresa productiva del Estado, el derecho para realizar actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en las áreas de asignación por una duración específica. La iniciativa de ley mandata a que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Energía podrá otorgar o modificar a Pemex y a cualquier otra empresa productiva del Estado, asignaciones para realizar exploración y extracción de hidrocarburos, artículo 6. Que el Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Energía podrá revocar una asignación, recuperar el área de asignación por causas que señala el artículo 10 del proyecto. El esquema de asignaciones que determina la iniciativa que se analiza, establece reglas que permiten la desintegración de Pemex, puesto que no existen garantías legales y presupuestales para sostener a la nueva empresa estatal con las condiciones mínimas para la competencia con las trasnacionales petroleras. En el nuevo marco legal se establecen condiciones para la competencia desleal de empresas y consorcios que lucrarán con bienes nacionales, pero bajo el control administrativo de Enrique Peña Nieto a través de la Secretaría de Energía y de Hacienda y Crédito Público. Dependencias coordinadoras y ejecutoras de la política energética, de los bienes y organismos rectores en la materia, eliminando la supuesta autonomía de los órganos reguladores. Hay que decir que los independientes, obviamente, culmino, presidente, van a ser los mandatados por las trasnacionales. La visión del impacto presupuestal en los ingresos de la federación por la transición de la actual paraestatal Pemex a empresa productiva del Estado y en definición de los impuestos y contribuciones que en el futuro se tendrán de la exploración, extracción, industria de los hidrocarburos, así como la falta de información y transparencia y en los estados financieros y en las prospectivas de producción y rentabilidad que actualmente presenta Pemex, acredita que el dictamen que se presenta no contiene el fundamento y motivación adecuados que al menos cumplan en forma legal los alcances de la reforma constitucional, aprobado por el Constituyente Permanente en el mes pasado de diciembre. En otras palabras, y todos aquí lo que están haciendo es, hacer el acta de defunción de Pemex y eso es traición a la patria de Enrique Peña Nieto y de todos los senadores y diputados que han estado legislando, no de ahorita, sino desde las reformas constitucionales, porque algunos hoy vienen muy apresurados aquí a quererse manifestar como opositores de algo que ya habían entregado en el mes de diciembre. Y esto alguien lo tiene que decir y aquí estamos nosotros y de nuevo reconociendo a los compañeros del Morena que siguen en pie de lucha frontal contra este régimen de corrupción, de privilegios y de presión que más temprano que tarde acabaremos con él. Es cuanto, presidente.