El diputado Diego Guerrero Rubio: Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados. Señor secretario, bienvenido. El pasado 21 de agosto de 2008 titulares de los tres Poderes de la Unión, representantes de los gobiernos estatales y municipales, así como diversos sectores de la sociedad civil, firmaron el Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. En él reconocieron que la sociedad mexicana se encuentra profundamente agraviada por la impunidad, la corrupción, la falta de coordinación entre las autoridades, así como por el ambiente de inseguridad y violencia que actualmente vivimos en el país. Acordaron que era indiscutible e inaplazable poner en alto al crimen y a la inseguridad que mina el desarrollo de las personas y el progreso de nuestra nación. Para ello, determinaron celebrar un acuerdo que articulara los esfuerzos de los diferentes sectores de gobierno y la sociedad dada la integridad de la estrategia nacional de seguridad pública. Como parte fundamental de este acuerdo, los signatarios establecieron compromisos responsables, plazos de cumplimiento, y convinieron que la sociedad civil supervisara y vigilara el resultado de los compromisos establecidos. En este contexto, el mes pasado del año en curso, al cumplirse un año de la firma del acuerdo, las organizaciones México Unido contra la Delincuencia y México SOS presentaron los resultados de la primera evaluación de dicho acuerdo. En el acuerdo al que nos referimos, la dependencia a su cargo aparece como responsable de dar cumplimiento a 10 de los 28 compromisos adquiridos por el gobierno Ejecutivo federal, en la mayoría de los casos en colaboración con otras dependencias. El balance del cumplimiento de los compromisos a su cargo es el siguiente: 1. Un compromiso cumplido, 4 presentan niveles de cumplimiento alto, 2 más niveles de cumplimiento medio y los 3 restantes niveles de cumplimiento bajo. Señor secretario, me quiero enfocar en los compromisos que presentan niveles medios y bajos de cumplimiento. La evaluación califica con nivel medio de cumplimiento: 1. Regular el funcionamiento de los organismos públicos y privados de certificación e impulsar la creación, en coordinación con las diferentes entidades federativas, de Centros Estatales de Control y Confianza Certificados. 2. Formular un protocolo de actuación e investigación contra el lavado de dinero. Por otra parte, se calificó con nivel bajo de cumplimiento: 1. La expedición de las cédulas de identidad, aunque cabe señalara que esta acción se comprometió a llevarse a cabo en los próximos tres años. 2. La elaboración de una iniciativa para regular las transacciones en efectivo. 3. La evaluación del personal de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad Pública, que labora en áreas sensibles para dar seguimiento a los elementos dados de baja, y comunicar sus resultados a un observador ciudadano. En este contexto, le pregunto a usted señor secretario, ¿cuáles son los motivos por los cuales la dependencia a su cargo no dio cumplimiento a los compromisos adquiridos en este acuerdo nacional, considerando que las metas y plazos fueron conocidos antes de suscribir el acuerdo? ¿Cuál es el grado de avance que actualmente presenta el cumplimiento de estos objetivos? ¿Qué garantías tenemos los mexicanos de que no se le dé un mal uso a la base de datos que se genere con motivo de la cédula de identidad? Por sus respuestas, muchas gracias.