El diputado José Santiago López: Buenos días, con su permiso, presidente. El principio de interés superior del niño debe ser analizado desde una perspectiva histórica que inicia en Gran Bretaña, pasando por Francia y hasta llegar a los sistemas jurídicos de América Latina. Al principio los niños eran un sector poblacional prácticamente ignorado por el derecho y solo se protegían las facultades generalmente muy disfuncionales de los padres, lo que propiciaba que el interés del niño fuera un asunto privado y en consecuencia quedaba fuera de la regulación de los asuntos públicos. Conforme creció la preocupación por los niños y sus respectivos intereses, se empezó a reconocer que ellos podían tener intereses jurídicamente protegidos diversos a los de sus padres. Es ampliamente conocido que el interés superior del niño se encuentra consagrado implícitamente en toda la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que es expresión de un consenso garantista para ese sector poblacional a nivel mundial. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el noveno párrafo de su artículo 4o. señala que en todas las decisiones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos. En el derecho internacional de derechos humanos, el Estado mexicano está obligado a velar en todo momento por el interés superior del niño. Así lo mandata la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los estatutos de los organismos especializados y de las organizaciones internacionales que se interesan en el bienestar del niño, de los cuales nuestro país es parte. Desafortunadamente siguen imperando visiones con estigmas positivistas de los tribunales en nuestro país que no solo impiden hacer efectivos los derechos humanos, sino asegurar la integridad física y sicológica del menor durante un proceso de guarda y custodia, aun y cuando exista un riesgo fundado de que el niño corre peligro o puede ser objeto de un delito. Por lo mismo, el objeto de esta iniciativa es reformar el noveno párrafo del artículo 4o. del Texto Jurídico Fundamental de nuestro país para establecer que los jueces estarán obligados a salvaguardar la integridad física y sicológica del niño desde el momento en que se tenga conocimiento de una controversia de guarda y custodia, o de que haya riesgo fundado de que corre peligro. Diputadas y diputados, es urgente hacer efectivo el mandato constitucional de que en las decisiones y actuaciones del Estado se vele por el principio del interés superior de la niñez, garantizándole de manera plena sus derechos. Como se ha dicho, el reconocimiento y la tutela garantista del orden jurídico del niño ha sido un proceso gradual, pero hoy es necesario establecer con claridad las facultades del Estado para intervenir en los asuntos de ese sector poblacional; cuestión que se debe hacer con especial atención en el ámbito de la procuración e impartición de la justicia. Termino diciendo que el niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad debe crecer en el seno familiar, pero también debe desarrollarse en un ambiente de felicidad, amor, comprensión, paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad, para lo cual el Estado tiene la obligación de garantizar plenamente los mecanismos institucionales que permitan que eso sea una realidad. Es cuanto, presidente; muchas gracias.