La diputada Martha Barajas García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental del Inegi nos muestra desde hace algunos años que la corrupción en nuestro país se encuentra en el lugar más, más alto de este país. Por eso, es importante ver desde esta tribuna el Poder Judicial. Los jueces y magistrados se encuentran en la posición número siete de las instituciones en las que se ve este fenómeno. Si hablamos de incidencias de corrupción por tipo de trámite, encontramos que la tasa por asuntos desahogados ante instancias jurisdiccionales es un instrumento estadístico, en el 2023 se reporta del 43 %, mientras que en el 2021 era una cifra menor al 21 %. Esto nos muestra que la corrupción es un fenómeno que no frena, sino que, por el contrario, continúa en aumento. Es un fenómeno que se enquistó en instituciones y en el Poder Judicial. En una de ellas que se presenta un problema sistemático que urge por la salud de la democracia del país poder combatirlo. El combatir la corrupción es un compromiso que debe ser más que un esfuerzo sexenal debe entenderse como una política de Estado, que cierre el paso a la discrecionalidad en la toma de decisiones y, por supuesto, abra el camino a la transparencia y a la rendición de cuentas. La corrupción afecta a las arcas públicas, a través de sobreprecio en materia de adquisiciones o pago indebido de algunos conceptos. Pero aquello que lesiona más al país es el dado en las instituciones, que se genera ya en agotar legitimidad, resta valor inclusive y abre una brecha imposible de cerrar para los ciudadanos. Por eso, este ejercicio de derecho es solo hacerles justicia a ellos. Combatir la corrupción no debe verse como una forma univoca para la ruta sancionadora, sino que debe buscarse acciones preventivas que eviten dicho fenómeno. Una de ellas, de estas vías, es la que constituye la prevención del conflicto de intereses, ya que al materializarse un choque de intereses se pierde uno de los principios básicos de la burocracia, es decir, la objetividad. La impartición de justicia es uno de los elementos centrales de los países democráticos, pero para evitar el desbordamiento del poder frente al ciudadano. Y el segundo lugar, ya que permite garantizar una convivencia armónica del conflicto y de la colectividad, al dar paso a lo que cada quien es suyo. Para ello, el Poder Judicial cumple con dicho objetivo, requiriendo personal y juzgadores que desempeñen con imparcialidad y objetividad. Es decir, enviando en todo momento... actuando en el esquema de conflicto de intereses. Es decir, priorizar un interés personal, familiar o de negocio sobre el interés colectivo. Es importante señalar que el conflicto de intereses por sí mismo no constituye un acto de corrupción, pero potencialmente puede traducirse en uno, y aún no materializado, la existencia de la duda sobre la impartición de dicho desempeño de la función que está haciendo este proceso. La representación del Estado, que recae precisamente en los servidores públicos. Por tal motivo, me permito presentar ante esta soberanía un instrumento parlamentario que pretende sumarse al esfuerzo de combatir la corrupción y, particularmente, en las instituciones en las que se presenta la corrupción... evidentemente cómo afecta a miles de ciudadanos que no encuentran la forma de acceder a la justicia, que les permita garantizar su libertad, sus bienes y sus derechos. Que los juzgadores escuchen a las partes en un litigio no es una cuestión negativa, sino que al contrario, evita deshumanizar la función jurisdiccional, pero es evidente que en múltiples ocasiones estas reuniones pueden convertirse en conflictos de intereses que cuestionan la objetividad con la que se resuelven los expedientes. Soy una convencida que se requiere un Poder Judicial sólido, pero sin rastro de corrupción, juzgadores rígidos, pero con valores éticos, férreos, que no les impidan hacer y dar la ley...