La diputada Dora Evelyn Trigueras Durón: Con su venia, señor presidente. El artículo 53 constitucional establece que la demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte a dividir la población total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población. No obstante, ello en las elecciones para diputados federales que integrarían la LVIII Legislatura no fue posible utilizar el doceavo censo general de población y vivienda de 2000, debido a que sus resultados se publicaron hasta finales del año 2000, por lo cual se aplicó el Onceavo Censo General de Población y Vivienda de 1990. Debido a ello un total de 10 distritos electorales quedaron asignados en exceso a seis entidades federativas, resultando afectados seis estados que quedaron subrepresentados. La aplicación de este censo representó, a la fecha de la elección, un retraso de casi 10 años, periodo en el cual las corrientes migratorias tanto internas como al y del exterior, modificaron ampliamente el número total de la población de cada entidad federativa, generándose una distribución territorial de la población que correspondía a una nueva demarcación territorial de los distritos electorales y a un distribución diferente de los mismos entre los estados. De haberse utilizado el Doceavo Censo General de Población y Vivienda del 2000 se hubieran tenido que reasignar los 10 distritos electorales que fueron asignados de más a seis entidades federativas. Si en esas elecciones del 2000 se hubiese utilizado el Conteo de Población y Vivienda de 1995 para determinar la demarcación territorial de los distritos electorales y su distribución entre los estados, aunque no se hubiese resuelto en su totalidad el problema de la inequidad de distribución de los distritos electorales, se hubieran podido reasignar seis distritos que ya correspondían a cinco entidades federativas diferentes. En las elecciones de julio de 2003, de los diputados federales que integrarían la LIX Legislatura, nuevamente se utilizó el Onceavo Censo General de Población y Vivienda de 1990, para la determinación de las demarcaciones territoriales de los distritos electorales uninominales y para su distribución entre las entidades federativas con un retraso de casi 13 años con relación al número total real de habitantes de cada estado, originándose una inequidad aún mayor pues en ese año se registró una sobreasignación de 12 distritos electorales a 8 entidades federativas, resultando afectados siete estados que quedaron subrepresentados. En esa elección de 2003, debió utilizarse el Doceavo Censo General de Población y Vivienda del 2000, con el cual se hubieran reasignado 10 distritos electorales a seis entidades federativas, distritos que hubieran sido cancelados en otros seis estados. Fue hasta julio de 2006, en las elecciones de los diputados federales que integrarían la LX Legislatura, cuando se utilizó por primera vez el Doceavo Censo General de Población y Vivienda del 2000 para la determinación de las demarcaciones territoriales de los distritos electorales y para su distribución entre las entidades federativas. Con ello se corrigieron en parte las iniquidades que se venían arrastrando. Para el proceso electoral de julio de 2009, en la elección de los diputados federales que integran la LXI Legislatura de esta Cámara de Diputados, de acuerdo con lo dispuesto a través del artículo 53 constitucional, nuevamente se utilizó el Doceavo Censo General de Población y Vivienda del 2000 que representaba para ese entonces un retraso de nueve años, en los cuales la distribución de la población entre los estados se había modificado de manera importante. Con la aplicación de este censo en las elecciones de 2009, seis distritos electorales fueron asignados en exceso a cinco entidades federativas que resultaron sobrerrepresentadas, perjudicándose a seis estados que quedaron subrepresentados. Esta situación se hubiese corregido en su mayor parte si se hubiera utilizado el Segundo Conteo de Población y Vivienda del 2005, pues con ello se habrían reasignado cuatro distritos electorales a cuatro estados, mismos que tendrían que cancelarse en otras tres entidades federativas diferentes, quedando así sólo un remanente de dos distritos electorales asignados de más con relación a la población total real de las entidades federativas del 2009. Finalmente, esta situación se agravaría en las elecciones federales del 2012, pues de aplicarse nuevamente el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000, tendremos ocho distritos electorales asignados de más a seis entidades federativas, que estarán sobre representadas, afectándose a siete estados que resultarán subrepresentados. Por ello es importante que en este caso se utilice el XIII censo general de población correspondiente al año 2010, en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 53 de la Constitución general. Es importante señalar que si el XI Censo General de Población y Vivienda de 1990 se aplicó hasta el año 2006, es posible que se pueda utilizar el XII Censo General de Población y Vivienda del 2000 en las elecciones del 2012. Estas deficiencias, que generan una distribución inequitativa de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas pueden y deben ser corregidas. Una forma segura, confiable y fidedigna sería la aplicación de los conteos de población y vivienda, los cuales se realizan en forma intercalada entre los censos generales de población. Los censos generales se realizan cada 10 años, al final de cada década, y los conteos de población se han realizado a mitad de cada década. El primero se realizó en 1995 y el segundo en el 2005, todos ellos realizados por la misma institución responsable de los censos de población, esto es, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Por ello consideramos que la información generada por los conteos de población y vivienda es confiable, fidedigna y universal. Por lo mismo, pueden ser utilizados para determinar la demarcación de los distritos electorales uninominales y para su distribución entre las entidades federativas. Por todo lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional somete a esta soberanía la presente iniciativa, con la cual se propone adicionar el artículo 53, con el objeto de corregir en su mayor parte las distribuciones inequitativas que resulten de aplicar un censo obsoleto. Solicito se agregue el texto íntegro al Diario de los Debates. Muchas gracias.