El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso diputado presidente. Pongo a consideración de esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo tercero constitucional, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La lucha por construir, desarrollar y perfeccionar las relaciones sociales entre los hombres y las mujeres, ha liberado varias batallas. Esto ha buscado, sin lugar a dudas, sembrar en las formas de convivencia cotidiana las conductas sociales que posibiliten la armonía entre ambos géneros a partir del respeto, la igualdad y la tolerancia. Ello ha contribuido profundamente a los avances de la defensa de los valores democráticos y a la socialización de los conceptos de democracia, libertad, igualdad, justicia y dignidad en nuestro país. La participación de la mujer en la vida pública, política, social y cultural, así como la defensa de sus derechos, tiene varias aristas en la historia de nuestro país. La principal, se ha concretado en las formas legales que rigen el Estado Mexicano posteriores a la etapa post-revolucionaria de 1910. Esta se inicia en el 29 de diciembre de 1914 con Venustiano Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista al promulgar la Ley de Divorcio. Posteriormente, en el año de la promulgación de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, se expidió la Ley de Relaciones Familiares según la cual los hombres y las mujeres tienen derecho a considerarse iguales en el seno familiar. En el ámbito particular de la participación política, la mujer ha realizado un sinnúmero de luchas. Estas con el objetivo esencial de obtener el reconocimiento de sus capacidades intelectuales de organización de mando y realización individual, lo que ha contribuido invaluablemente al perfeccionamiento de los ordenamientos jurídicos de la participación social y muy importantemente incidido en la cultura política mexicana. En este contexto de la lucha por la participación política de la mujer, es trascendental hacer una remembranza de los eventos políticos organizativos más importantes de este siglo realizados por las mujeres. Uno de ellos fue el Primer Congreso Feminista realizado el 28 de octubre de 1915 en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ahí se plantearon los deberes de la mujer del siglo XXI, la razón y el respeto como elementos fundamentales para terminar con el yugo de las tradiciones entre los géneros, así como la firme convicción para que la mujer se desarrolle activamente en los puestos dirigentes y de ejecución de la sociedad y de la administración pública. Otra de las bases que han posibilitado hoy en día la participación política de la mujer, se manifestaron en el Congreso de mayo de 1923, convocado por la sección mexicana de la Liga Panamericana, donde por primera vez se puso a discusión un decreto sobre la igualdad política y la representación parlamentaria por parte de las agrupaciones sociales, así como la consideración de igualdad en el trabajo para las mujeres. Como consecuencia de ello, el 13 de julio de ése mismo año, el gobernador constitucional de San Luis Potosí, Aurelio Manrique, expidió un decreto en virtud del cual se concedía a las mujeres el derecho a votar y a ser elegibles en las elecciones municipales. Poco después en Yucatán, Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel de Cícero (?), se postulan como candidatas al congreso local, resultando triunfadora Elvira Carrillo Puerto y así convirtiéndose en la primera diputada local de la historia de México, el 18 de noviembre de 1923. En 1974 destaca la modificación del artículo cuarto constitucional. En 1993 las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y en noviembre de 1996, la modificación a este código, cuando se introdujeron acciones afirmativas para promover una mayor participación política femenina. Evidentemente la lucha por la participación política, los derechos sociales, culturales y humanos de la mujer se han realizado en un contexto de búsqueda de la igualdad y la equidad entre los hombres y las mujeres, considerando fundamentalmente que la equidad tiene la tarea fundamental de armonizar y reconciliar los principios y valores de la justicia, y como fin eliminar cualquier distinción y prácticas desequilibradas de evaluación entre los seres humanos, ya que el derecho puede ser justo pero no ser equitativo. No darle la importancia a la equidad en el nivel de los ordenamientos jurídicos tanto constitucionales como legales, es tanto como pensar que los modelos jurídicos de un estado jamás podrán siquiera acercarse a la realidad de las necesidades de los ciudadanos. Ello puede llevar a la permanencia de instrumentos jurídicos caducos. En este contexto, los cambios son necesarios a la medida que la sociedad haya madurado y razonado las posibilidades de ser distinta a las generaciones anteriores, así como a la permanencia de un imaginario colectivo que promuevan los grupos sociales las conductas necesarias que demuestren la posibilidad de convivir. Ello incidirá irremediablemente en la cultura política de todas y todos los mexicanos. La discriminación, por otro lado, es uno de los elementos que se han vinculado con las tesis contrarias a la equidad y a la igualdad, de tal manera que todo ordenamiento jurídico que no prohiba la discriminación estará condenado a propagarla o por lo menos mantendrá la ambigüedad al respecto. Por ello, toda forma de discriminación a la mujer debe estar contemplada en los instrumentos de la ley, lo cual quiere decir la necesidad de perfeccionarlas para darle derecho pleno a la mujer respecto a su situación cotidiana con el sexo masculino. Por lo anteriormente expuesto, el suscrito presenta a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, fracción II del inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de lo siguiente: Artículo único. Se reforma el artículo 3, fracción II del inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: El criterio se orientará a esa educación, se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, la discriminación en todos los sentidos, la servidumbre, los fanatismos y los prejuicios. Contribuirá a la mejor convivencia humana tanto para los elementos que aporte a fin de robustecer al educando, junto con el aprecio por la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la convicción de interés general en la sociedad, cuanto por el ciudadano que ponga sustentar los ideales de la fraternidad e igualdad de los derechos de todas las personas, evitando los privilegios de razas y religiones de grupos, de sexos o individuos y procurando el desarrollo armónico en las personas y en su entorno con la sociedad. Artículos transitorios. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anteriormente expuesto, ciudadano presidente, pido que se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates para su constancia. Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado presidente.