El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, frente al panorama de pobreza, que tanto lacera a distintas regiones de nuestro país, encontramos una serie de características geográficas y de recursos naturales, que con el ingenio creativo de nuestro pueblo logran paliar la desigualdad y la falta de oportunidades. No obstante, estos esfuerzos no son suficientes y se considera que el Estado debe buscar garantizar mejores condiciones de vida para el pleno desarrollo de las personas. México con sus 11 mil kilómetros, es uno de los países con más kilómetros de costa en el mundo. Conforme a lo anterior, entendemos que en nuestro país la pesca es una de las actividades más importantes en cuanto a la generación de empleos y desarrollo para las comunidades costeras. En datos sabemos que más de 300 mil familias dependen directamente de la actividad en cuestión. Asimismo, más de 2 millones de nacionales lo hacen directamente. Con una producción anual de aproximadamente un millón 753 mil toneladas, México es uno de los principales productores de pescados y mariscos en el mundo. Aunado a lo anterior, las aguas interiores son aprovechadas para el cultivo de distintas especies a través de la acuacultura. Lo anterior descrito supone un reto institucional en términos de la capacidad de regular y ordenar la actividad. Nuestro marco legal otorga dicha facultad a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, y en esta competencia de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca el ordenamiento de actividades, a efecto de lograr sanos equilibrios en la distribución de los beneficios obtenidos por la pesca y la acuacultura. Considerando lo expuesto anterior, el estudio de impacto social de la pesca ribereña en México se tiene que una gran mayoría de los pescadores y sus familias no pueden acceder a un piso mínimo de derechos humanos derivados de su condición laboral y lugar de residencia. De tal suerte que numerosas comunidades costeras enfrentan carencias importantes en servicios básicos de educación y salud. En este sentido, podemos decir que una de las problemáticas que enfrentan los pescadores ribereños son los tiempos y procesos para obtener un permiso de pesca. En síntesis, es posible decir que para estos pescadores resultan poco beneficiosos los sistemas para el ordenamiento pesquero por parte de las instituciones federales. Son bastante conocidos, por los menos para quienes avistan en zonas costeras y que se dedican a la noble actividad pesquera. Que los pequeños pescadores al momento de iniciar un trámite para un permiso o bien para renovarlo, se enfrentan a una serie de días, que aunque están definidos en el artículo 45 de la Ley General de Pesca, estos no necesariamente se respetan, generando un clima de frustración y en última instancia minan en la credibilidad de las instituciones. La ley en su trámite señala un periodo de 60 días para que la Secretaría responda a la solicitud de concesiones o permisos de pesca, dejando un espacio también de 15 días para poder reponer documentación en caso de que hubiera observación alguna. No obstante, y derivado de múltiples expresiones escuchadas en foros de pesca realizados por la Comisión de Pesca, así como peticiones hechas por pescadores en distintos puntos de la geografía nacional, nos hace saber y fundamentar que en realidad estos plazos, en su mayoría se extienden más allá de la temporalidad que establece la ley, y quienes esperan tener permisos a más tardar en el plazo, más la prórroga, en algunos casos no obtienen nada. A lo anterior debemos sumar, considerar que la problemática se ahonda y tienen más efectos cuando concluye el período de veda, y los pescadores de las comunidades ribereñas no cuentan con los permisos para poder realizar la actividad pesquera, lo que afecta a su economía, y en el peor de los escenarios, dicha situación los orilla a realizar pesca sin el permiso necesario. Es decir, que derivado de una falta de capacidad institucional, los ciudadanos se ven en el dilema de quebrantar el mandato legal o la subsistencia. Por lo anterior, se requiere integrar cambios en los artículo 45, 49 y 51 de la ley, con lo que se obliga a las instituciones encargadas de la emisión de permisos, sus prórrogas y así como de las concesiones y, a su vez, los servidores públicos de estas para que encuentren la forma de agilizar los procesos y trámites. El fin de la propuesta es que los pescadores no se vean en el escenario en donde no tienen más que violentar la ley con tal de subsistir. La cuarta transformación y el proyecto de nación impulsado por nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, nos lleva a buscar todas las formas posibles para mitigar las condiciones de desigualdad de ingresos, material y de oportunidades para todos los mexicanos. En este sentido, la propuesta que presento tiene como fin atender una añeja necesidad del gremio pesquero. Es decir, los tiempos de resolución en cuanto a los permisos y las concesiones. Hoy podemos afirmar que para Morena, por el bien de todos, primero los pobres. Es cuanto.