La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Legislar sin reflexión, sin un debate exhaustivo es perder la oportunidad histórica de reivindicar el papel del Estado como regulador del desarrollo nacional, es renunciar a los preceptos constitucionales y debilitar al Estado en lugar de fortalecerlo. La reforma constitucional del 11 de junio de 2013 constituyó en su momento un paso trascendental para regular los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, así como para generar las bases de un marco regulatorio que además de fomentar la competencia en esos mercados, promoviera el respeto de los derechos fundamentales de libertad de expresión y derecho a la información. Con la reforma a nuestro texto constitucional, el Estado mexicano recuperó la capacidad de rectoría económica de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, hasta entonces controlados por dos conglomerados que por décadas han explotado un bien de la nación, las telecomunicaciones. La minuta enviada por el Senado de la República para su discusión en comisiones dictaminadoras de Comunicaciones y de Radio y Televisión da cuenta de la manera en que se pretenden violentar los derechos fundamentales de los mexicanos. Es lamentablemente un completo retroceso a esta reforma constitucional de la que hablamos. Hoy presentamos una moción suspensiva por considerar el procedimiento violentado y que la Junta de Coordinación Política sin dejar de reconocer que en su momento hizo un acuerdo para hacer valer que el Senado respetara a esta Cámara y no cerrara su sesión hasta no tener la minuta o el dictamen aprobado de la Cámara de Diputados; ahora se extralimita en sus funciones y en sus facultades haciendo un acuerdo en donde norma la vida interna el proceso parlamentario de las comisiones e impone una camisa de fuerza al debate. El acuerdo de la Junta de Coordinación Política publicado el viernes 4 de julio del año en curso, viola los artículos 70, párrafos primero, segundo y cuarto; 71, fracción IV, párrafo segundo y 72, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En relación con los artículos 188, 189, 190 y 191 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Dicho acuerdo, con la fundamentación que contiene en los artículos 70, párrafo tercero de la Constitución Federal; 31 numeral 1, 33 y 34 numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no acredita de ninguna manera la facultad de normar el proceso parlamentario de las comisiones ordinarias en la Cámara de Diputados. En estas condiciones el Congreso de la Unión tiene facultades legislativas abstractas, amplias, impersonales e irrestrictas consignadas en la Constitución. La expedición de leyes y el procedimiento para hacerlo es facultad del órgano legislativo y no de la Junta de Coordinación Política que, con nula fundamentación, pretende normar la vida parlamentaria de lo que ya está reglamentado y es de observancia obligatoria. El acuerdo multicitado, además de no cumplir con una fundamentación, tampoco cumple con la aprobación de la mayoría de sus integrantes lo explico-. De dicho documento se desprende que de los siete miembros que supuestamente lo suscriben, tres lo firman por ausencia y uno no lo firma, por lo que la mayoría de los coordinadores parlamentarios no estuvieron presentes para poder tomar una determinación que evidentemente es indebida y viola la Constitución, las leyes que rigen el Congreso General y la Cámara de Diputados. Es decir, se comete una arbitrariedad con falta de quórum. La Jucopo carece de funciones legislativas y, por consiguiente, no está facultada para establecer procedimientos para el trámite que se le debe dar a una minuta proveniente del Senado de la República en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. En efecto, las facultades que se le otorgan en los artículos 70, párrafo tercero de la Constitución Federal; 31 numeral 1, 33 y 34 numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, no la facultan para expedir acuerdos reglamentarios sino su facultad atañe a aquéllas cuestiones que permiten el adecuado ejercicio de su función como órgano conformador de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. En este orden de ideas, la Junta de Coordinación Política insisto- no está facultada para normar tareas parlamentarias de las comisiones ordinarias. Más aún en el trámite de asuntos que son de su competencia, por lo que los miembros de las comisiones se encuentran constreñidos a observar las disposiciones legales aplicables, pero de ninguna manera subordinados a la Jucopo en el desarrollo de su actividad. Se reitera que la Jucopo no debe alterar el procedimiento establecido en las leyes y reglamentos que rigen la vida interna del funcionamiento de las comisiones ordinarias, asumiendo funciones de orden legislativo que no le corresponden. Lo que implica cancelar la discusión en lo particular en comisiones, es impedir la confrontación de ideas de la minuta, pues aun cuando la ley secundaria se recupera,como se dijo en la Colegisladora letra por letra la definición de preponderancia, quedan en omisión absoluta las reglas que permitirían ésa es la gran ausencia de esta norma secundaria- que el órgano regulador estableciera límites a la concentración de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica. Son tres aspectos los que estaban llamados a ser los instrumentos idóneos para una regulación eficiente de los mercados que están ausentes en esta ley secundaria que se nos quiere presentar como un gran avance en los derechos de la información cuando no tiene estos tres aspectos fundamentales. No se quiso entender que la preponderancia es una figura que se introdujo en el texto constitucional para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pudiera, en lo inmediato, meter en cintura a los consorcios en ambos sectores mediante la imposición de medidas asimétricas. Al introducir en la ley el concepto de preponderancia se ratifica el inadecuado criterio del órgano regulador de medir la preponderancia por sectores y no por servicios, y se fortalece la presunción jurídica que ha sostenido el agente económico preponderante en radiodifusión ante los tribunales federales cuyo riesgo es que se declare la inconstitucionalidad de la medida impuesta por el instituto. Además con la propuesta que se nos manda desde el Senado de la República, quedará al garete la regulación del servicio de televisión de paga. Tampoco se resuelve como se dijo con imponerle al instituto la obligación de iniciar en corto plazo una investigación sobre poder sustancial de mercado. En ese servicio las declaratorias de la llamada dominancia se formulan en largo plazo, dadas las características del procedimiento establecido en la Ley que aquí también se discutió, Federal de Competencia Económica. Por ello más allá de la discusión sobre la idoneidad de regular la preponderancia por sectores o por servicios, resulta indispensable que la ley secundaria introduzca hipótesis normativas que limiten el actuar poder que detentan los monopolios en telecomunicaciones y radiodifusión mediante reglas específicas en límites a la concentración y la propiedad cruzada que permitan que el instituto pueda, en un siguiente paso, ordenar la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento a estos límites. Hay que ser congruentes con el texto constitucional en el artículo 28 de nuestra carta fundamental. Sólo de esta manera podrá enfrentarse el poder de los monopolios en nuestro país. La desinversión debe de ser la herramienta a utilizar por el Estado mexicano para lograr el equilibrio de los mercados en beneficio de los principios a que se refieren los artículos 6o., y 7o., de nuestra Constitución. Por lo antes expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, se somete a consideración del pleno la siguiente moción suspensiva. Y solicito se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.