El diputado Juan Fernando Perdomo Bueno: Gracias diputado presidente. Compañeras y compañeros. El capítulo primero del título octavo de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 de la Constitución, comprende los artículos 148 y 149, los cuales se refieren el primero de ellos- a que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer multas hasta de dos mil pesos; y el segundo, a que dichas multas se harán efectivas por la Tesorería General de la Federación. En la práctica cotidiana, resulta que estos medios de apremio que puede utilizar el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para que se respeten sus resoluciones y la ejecución de los laudos, es poco eficaz puesto que la multa que se impone regularmente por el tribunal no rebasa los mil pesos y esto aplica en cada requerimiento que realiza el tribunal cuando comisiona un actuario para que se constituya en el domicilio de la demanda y efectúe el requerimiento para que cumpla su resolución en términos del artículo 151 del ordenamiento invocado, lo que hace que dicha sanción sea ridícula e ineficaz. Lo anterior implica que los trabajadores que han obtenido laudos favorables a sus demandas, que el cumplimiento de los mismos sea postergado indefinidamente o que definitivamente no se cumplan a pesar de que debería ser el Estado el primero en cumplir con lo ordenado por los tribunales, lo cual evidentemente constituye una violación a los artículos 123 constitucional y al 17 en cuanto a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Si ya de por sí la carga de trabajo que existe en el tribunal que tiene a su cargo la responsabilidad de dirimir las controversias que se suscitan entre el Estado y sus trabajadores hace imposible cumplir con el espíritu de este principio que emana de la Constitución, resulta de la mayor relevancia que los legisladores promovamos una modificación que contribuya a dotar al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los instrumentos jurídicos necesarios para que las autoridades administrativas respeten sus determinaciones. Nuestra propuesta se fundamente jurídicamente en el tercer párrafo del artículo 17 de la Carta Magna que señala: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones". Derivado de lo anteriormente expuesto es que someto a la consideración de ustedes el siguiente proyecto de decreto: Artículo único. Se reforma el artículo 148 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en los siguientes términos. Artículo 148. El tribunal, para hacer cumplir sus determinaciones, podrá imponer a discreción los siguientes medios de apremio. 1.- Multa hasta de mil pesos diarios. 2.- Arresto administrativo hasta por 36 horas. 3.- Separación temporal del cargo sin goce de sueldo. 4.- Consignación por el delito de desobediencia. Transitorio y único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado presidente, gracias.