La diputada Susana Priscila Álvarez Hernández: Gracias, presidenta. La discusión de hoy no es menor, aunque como se ha dicho aquí que la subcontratación es una figura aceptada en todo el mundo, habrá que poner en contexto las consecuencias que ha traído a los mercados laborales de muchos países, cuando esta no está debidamente reglamentada. La subcontratación es en esencia una modalidad controvertida, pues, aunque para muchos genera beneficios, en el pasado, como se ha demostrado, ha sido el mejor pretexto para negarle derechos a millones de trabajadores. Hoy vienen muchos a exponer las dificultades que las empresas han sostenido en esta pandemia, pero deberíamos de ponernos en el lugar y en la mesa de las mujeres que les negaron una atención médica, un parto, una cuarentena porque eran empleadas subcontratadas y carecían de seguridad social. Me gustaría también se expusiera que de los más de 12 millones de personas que perdieron su trabajo como consecuencia del Covid hace un año, dos de cada 10 personas estaban subcontratadas, lo que pudo derivar en muchos casos que fueran despedidos sin comprensión alguna y compensación tampoco, mucho menos sin acceso a servicios médicos. Los abandonaron en el peor momento y nadie vio por ellos. Es por eso que no debemos simular, digámoslo claro, no se está eliminando la subcontratación, solo se está regularizando una situación de la que se ha abusado y que han utilizado de forma ilegal para evadir responsabilidades y obligaciones. En México, se trabaja mucho y se gana poco. Millones de trabajadores se desviven en sus trabajos para poder proveer estabilidad a sus familias. Es urgente plantear cambios que permitan mejorar las condiciones de las y los trabajadores en la modalidad de subcontratación. Nuestro grupo parlamentario considera que este dictamen tiene algunos temas pendientes, por lo que presentamos las siguientes reservas: En primer lugar, proponemos definir de forma precisa lo que se considera por subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas. No es posible que esa definición quede en manos de la Secretaría del Trabajo y, después de todo, termine siendo especializado o deje espacios en blanco en donde se puedan justificar abusos. En segundo lugar, proponemos que quien contrate a alguien tenga la obligación de informar al trabajador el régimen, las condiciones de trabajo, salario y prestaciones, quedando terminantemente prohibido que el trabajador perciba ingresos diversos sin que eso no estén debidamente establecidos en el contrato. En tercer lugar, proponemos que la Secretaría, en coordinación con el Instituto del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores lleven a cabo inspecciones, ordinarias y extraordinarias, para garantizar que exista un cumplimiento óptimo de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social de los contratistas. Y, por último, proponemos que se especifiquen, de forma que aquellas personas que sean contratadas bajo subcontratación, ya sea por servicios especializados u obra especializada, reciban utilidades de la empresa con la que colaboren, partiendo de un principio de justicia social. Por lo que pido de su apoyo y respaldo a estas reservas y no simulemos, ya que a través de estas les cumplimos a las y los trabajadores con los derechos que realmente les corresponden y no solo que quede en un blog de las y los diputados en los consensos que tuvimos por la mañana y dijeron que querían ver por el beneficio del pueblo mexicano. Es cuanto, presidenta.