El diputado Francisco Hernández Juárez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Hace poco más de cinco meses, desde la ocupación de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, la emisión del decreto de extinción del organismo descentralizado, el despido masivo de 44 mil trabajadores y la consecuente resistencia de los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas, en esta soberanía se han expresado cuando menos dos posiciones. Por un lado, se ha querido reivindicar el carácter plural de esta asamblea y se ha respaldado una interpretación correcta del decreto, asumiendo su inconstitucionalidad. Con este decreto, otra parte considera que el Ejecutivo federal viola principios jurídicos y garantías elementales. Sin fundar ni motivar debidamente este acto de autoridad se ha puesto en juego la vigencia del estado de derecho para un conjunto de trabajadores y trabajadoras, y sus familias. Se suspendieron el derecho al trabajo, las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídica; el principio de aplicación estricta de la ley y de justo proceso, y se les han conculcado derechos individuales y colectivos en materia laboral, la libre asociación y la protección del derecho a la sindicalización, y se les cesó masivamente sin un proceso legal de por medio. Los trabajadores afectados por la extinción de Luz y Fuerza han quedado, con este acto de autoridad, aún más indefensos que un secuestrador, un sicario, un narcotraficante, pues, como dicen los abogados, sin ser escuchados y vencidos en juicio, ya se les ha condenado. En ese sentido, quienes compartimos esta visión propusimos la creación de una comisión especial para estudiar la viabilidad de una acción jurídica a emprender con relación a dicho decreto de extinción. Asimismo, se ha propuesto crear una comisión intermediadora para encontrar una salida negociada a este conflicto. La propuesta se hizo en la Comisión Permanente en enero pasado, sin que hasta la fecha se haya tomado una determinación. Esta propuesta se hizo a raíz del menosprecio que mereció la propuesta de una comisión de intermediación conformada por senadores de la república, el rector de la UNAM y el ex director del Instituto Politécnico Nacional. Recordemos que incluso, ante movimientos armados se han conformado comisiones de intermediación cuyos resultados han dependido de la falta de voluntad negociadora del gobierno. Hoy, los trabajadores afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas y miles de organizaciones, se manifiestan en contra de las medidas del gobierno federal y su carencia de voluntad para debatir propuestas de solución pacíficas y negociadas a un conflicto laboral. El fracaso del gobierno federal para atender las demandas de la población como cumplir con las obligaciones constitucionales y legales, mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los mexicanos y de las mexicanas se suma al ínfimo talento para alcanzar acuerdos y lograr soluciones ante conflictos del tamaño del que ahora motiva este debate. Consideramos que como cuerpo representativo de la voluntad popular no podemos quedarnos a la zaga del gobierno, ser indiferentes y pensar que las demandas de los trabajadores y las trabajadoras en lucha no nos atañen o, lo peor, caer en la complicidad a que nos ha limitado la Junta de Coordinación Política al haber puesto obstáculos para la interposición de una acción de inconstitucional que en su momento daría a la sociedad en su conjunto elementos de certeza jurídica de los que hoy carecemos. Honorable asamblea, los exhorto a sumarse este esfuerzo por recuperar el derecho como el principio que rija nuestras relaciones sociales, a que el diálogo y la negociación sean los medios para zanjar nuestras diferencias, que se den garantías y certezas a todos los que estamos protegidos contra los abusos de la autoridad y de que esta soberanía de la Cámara de Diputados, máxima representación de la pluralidad y de los intereses de nuestra nación tiene un efecto positivo sobre los problemas de la vida nacional. De la misma forma, solicito a la Junta de Coordinación Política a que de la misma manera en que se ha atendido la problemática de las huelgas mineras, se atienda la proposición presentada en la Comisión Permanente para constituir un grupo plural, para que intervenga en pos de reencaminar el diálogo entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, a efecto de que se alcancen propuestas viables, legales y democráticas para resolver la problemática generada por la emisión del decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Muchas gracias.