La diputada Ana Estela Durán Rico: Con la venia de la Mesa Directiva, señor presidente. Señoras legisladoras y señores legisladores, las telecomunicaciones representan un importante sector económico que genera millonarias ganancias. Esta actividad tiene como materia prima la explotación del espacio aéreo, en razón de que a través de éste viajan las ondas del espectro electromagnético. El dominio del espacio aéreo sobre el territorio nacional pertenece a la nación, en virtud de que así lo establecen los artículos 27, 42 y 48 de nuestra Carta Magna. De acuerdo a lo proclamado por dichos artículos el espacio aéreo depende del gobierno federal en cuanto a su administración. La necesidad de adecuar la legislación en materia de telecomunicaciones obedece al reclamo de la mayoría de la población por integrarse en la nueva era tecnológica. En términos generales, es indudable que estamos en un proceso de consolidación, lo que ha permitido evaluar los resultados obtenidos, y al mismo tiempo, subsanar las inconsistencias existentes. En los últimos años la industria de telefonía móvil ha crecido aceleradamente debido a la introducción al mercado de planes de prepago, lo que ha significado que un numeroso sector de la población utilice este medio. Lo anterior, en virtud de que el costo del sistema de prepago es más accesible que el de otros planes, sobre todo para aquellas personas con escasos recursos. Este crecimiento refleja que existe un avance en la integración conjunta sin exclusiones. Sin embargo, lo que tiene que ver con el porcentaje promedio sobre el gasto mensual en servicio de telecomunicaciones por grupos de bajos recursos, el cual se encuentra en el rango de 10 por ciento, no ayuda a su desarrollo ni a combatir sus condiciones económica desfavorables. Los resultados demuestran que los usuarios más desfavorecidos valoran extraordinariamente las escasas llamadas que realizan o que reciben, además de que no cambiarían significativamente los patrones de uso como resultado de un aumento de las tarifas. Esto conlleva a concluir, por lo menos en términos económicos, que se trata de un servicio necesario en razón de que para algunas familias resulta conveniente contar con la telefonía móvil si tenemos en mente que al incumplir el pago puntual de la telefonía fija, ésta queda suspendida, mientras que la móvil, aunque los usuarios agoten el saldo, pueden continuar recibiendo comunicación por meses. Si hacemos una observación más profunda, las empresas de telefonía móvil obtienen millonarias ganancias en razón de que la legislación actual les concede el beneficio de imponer libremente las tarifas; esto debido a que en la actualidad se cobra por minuto y no por el tiempo efectivo de uso, lo que significa que los millones de usuarios de escasos recursos que se encuentran bajo la modalidad de prepago son afectados en sus bolsillos al facturarse el costo de interconexión por minuto. Por lo anterior, se propone implementar una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones a fin de que el Estado imponga, por necesidad, a las compañías concesionarias del servicio de telefonía móvil, la obligación de cobrar únicamente el tiempo efectivo de uso del servicio, con el objeto de proteger la economía de la población que menos tiene. Esta medida ayudará en gran medida a que aumente el uso de la telefonía móvil en sectores sociales más numerosos. Otra situación que hay que abordar es la del cobro desigual cuando la interconexión es entre dos líneas operadas por distintas compañías, así como cuando se realiza de línea móvil a línea fija. Actualmente las compañías telefónicas concesionarias cobran de manera diferenciada la tarifa en las llamadas entre dos líneas móviles de compañías distintas, aun estando dentro del mismo territorio de cobertura local; sucediendo lo mismo en el caso de que las llamadas sean de línea móvil a línea fija. Este hecho no es congruente si tomamos en consideración que el espacio aéreo es de dominio público y que, como se señaló anteriormente, es el bien que se explota para llevar a cabo las interconexiones, lo que indica que no hay razón para que se dé la diferenciación de tarifas en virtud de que las ondas del espectro radioeléctrico viajan por el mismo espacio. Sobre este bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia PJ 65/2007 ha señalado que el espectro radioeléctrico constituye un bien de uso común, que está sujeto al régimen de dominio público de la federación, pudiendo hacer uso de él todos los habitantes de la República Mexicana, no creando derechos reales. Por todo lo anterior, este proyecto intenta establecer que por ministerio de ley, los usuarios de telefonía móvil comercial paguen proporcionalmente lo que consumen. Artículos que se proponen: Único. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 60 y 61 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Artículo 60. ? Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo primero, para el caso de la telefonía local móvil la unidad de medida para fijar la tarifa será el segundo para la facturación del servicio. Artículo 61. ? La secretaría podrá denegar el registro de las tarifas fijadas por los concesionarios si éstas implican prácticas discriminatorias, depredatorias, de carácter monopólico, de dominancia en el mercado o de una competencia desleal que impida la permanencia en el mercado de otros concesionarios, y podrá establecer niveles tarifarios mínimos o máximos, según sea el caso, para los servicios respectivos, a fin de ordenar dichos niveles, con el objeto de fomentar la sana competencia. Le solicito al señor presidente de la Mesa Directiva se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Palacio Legislativo de San Lázaro, 18 de febrero de 2010. Muchas gracias.