La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor presidente. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emitirá su voto a favor del presente dictamen, que significa un paso necesario dentro del gran pendiente del Poder Legislativo para asumir sus obligaciones con los derechos humanos. La reforma constitucional de 2011 fue un paso decisivo en la armonización de nuestro orden jurídico con los tratados internacionales que habían sido supeditados, por la Suprema Corte, a un rango intermedio entre la Carta Magna y las leyes de carácter general. La modificación del artículo 1o. consagró el principio pro persona, un nuevo modelo dinámico, en el que todos los órganos del Estado deben asegurarse de favorecer siempre una norma que tutele mejor los derechos de la persona, independientemente de dónde se ubique. De aprobarse esta reforma, una acción de inconstitucionalidad será procedente por la violación de alguna disposición en un tratado internacional y deberá asentarse como tal por la Suprema Corte de Justicia. Con ello se asienta claramente una pauta para la integración entre los sistemas jurídicos de derechos humanos y se asigna al juez la obligación de conocer y utilizar los instrumentos internacionales en la protección de los derechos constitucionales. Existe un alto consenso entre integrantes de la academia y de la sociedad civil de que se ha abandonado el esquema tradicional jerárquico y de un falso nacionalismo, según el cual la Constitución es literalmente la norma suprema. Con la gradual participación de México en el régimen internacional de los derechos humanos, como Estado proponente y como parte obligada, el artículo 1o. establece la ruta de la progresividad para cada uno de los Poderes y para todos los niveles de gobierno. Hay que hablar claramente, quienes ostentan u ostentamos un cargo o una representación popular estamos obligados a aumentar la protección de los derechos humanos, e impedidos de cancelar o restringir estos derechos que hayan sido previamente reconocidos. Es por ello que lamentamos la reciente decisión de la Suprema Corte, según la cual las restricciones constitucionales a derechos reconocidos en tratados internacionales prevalecerán sobre éste. Igualmente rechazamos los intentos por limitar las libertades de expresión, reunión y asociación, en la propuesta de Ley de Manifestaciones Públicas, que se pretende aprobar en esta Cámara. Es responsabilidad de cada integrante de esta Cámara respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos. Saludamos la iniciativa que hoy se dictamina presentada por el diputado Javier Orozco, del Partido Verde Ecologista. Y esperamos de este grupo parlamentario la congruencia para impulsar las modificaciones a los lastres de nuestro orden legal, que hoy siguen impidiendo un ejercicio pleno de los derechos de todas las personas. Por citar solamente tres de los más relevantes. Primero, el arraigo penal, en el artículo 16 de la Constitución, práctica que ha sido señalada por todos los órganos internacionales como violatoria de libertades básicas y de los derechos al debido proceso y a la presunción de inocencia. Segundo. La limitación de la Corte Penal Internacional, en el artículo 21, que condiciona a la aprobación del Ejecutivo y al Senado la investigación y sanción de los crímenes de guerra de lesa humanidad, de agresión y genocidio. Tercero. La indebida extensión del fuero militar sobre los casos de delitos comunes cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas, por lo que se han incumplido tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirigidas hacia el Estado mexicano, que demandan una reforma al Código de Justicia Militar. Sobre todos estos temas nuestro grupo parlamentario ha planteado una postura contundente y ha presentado iniciativas que hoy aguardan la atención de este pleno, y que es necesario discutir en esta soberanía antes de que el Poder Judicial se vea en la necesidad de declarar la invalidez de las normas mencionadas y de tantas otras. Exhortamos por tales razones a apoyar el presente dictamen, y confiamos en que el voto a favor de las diputadas y de los diputados se refrende en las deliberaciones por venir y que mediante la acción legislativa logremos restituir a las instituciones públicas, su dignidad, como parte de una nación que ha destacado por su lucha por afianzar la paz, la justicia y los derechos humanos como principios indeclinables en la esfera global. Por su atención, muchas gracias.