La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Las minutas que están a discusión de reformas y adiciones a diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en medidas de protección y derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. El PRI siempre ha luchado por hacer realidad los derechos de las mujeres pese a los avances logrados en materia de paridad en todo. Seguimos siendo violentadas mediante amenazas, ataques, feminicidio y diversas formas de violencia. Se frena la participación, se frena y obstaculiza la participación de las mujeres en diversas áreas sociales, económicas y políticas. La de las mujeres no ha sido una lucha fácil, mientras más se ha avanzado más ha proliferado la violencia de género en su contra. Hoy casi el 40 % de las familias tienen como cabeza a una mujer casada, viuda, soltera que enfrentan el reto de proveer a sus hijos de educación, salud y cuidados, y a su vez cumplir con las exigencias y la competencia de un trabajo que no siempre tiene como directivo a alguien con perspectiva de género. Esta realidad la vivimos las mujeres, la lucha feminista ha logrado mejorar la igualdad salarial, la patria potestad sobre los hijos, la lucha contra el acoso y el hostigamiento laboral, la condena de la violencia familiar, sexual, política, económica, patrimonial, física y digital, que en México se plasma en la Ley General del Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ya el Código Electoral establece delitos de género contra la violencia política, que van desde multas hasta 6 meses a 4 años de prisión, incluso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha ido más lejos y ha dictado sentencias para anular elecciones por la causal de violencia política contra las candidatas. Las mujeres son atacadas en todo el territorio nacional y los agresores viajan de un lugar a otro para ocultarse y volver a violentar. Muchas veces las autoridades municipales no cuentan con los elementos para capturar al ofensor. Las policías estatales no siempre están capacitadas en violencia contra las mujeres y su protección y no prestan atención a delitos que consideren menores o no tan trascendentes. Y la Guardia Nacional no necesariamente está al tanto de lo que sucede en las entidades federativas cuando se trata de delitos del fuero común. Tampoco se les ha capacitado con perspectiva de género. Esto provoca una gran descoordinación entre las tres instancias de gobierno. La actual minuta aborda este problema, decretando la coordinación para cumplir con el combate con todos los tipos y modalidades establecidos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que establece que el Código Nacional de Procedimientos Penales debe cobrar mayor vigencia con la Coordinación de las Fiscalías, la Coordinación Nacional de Procuración de Justicia y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública implementarán, implementarán mecanismos de coordinación y colaboración para la ejecución, cumplimiento y seguimiento de medidas de protección a las mujeres, y las hace extensivas a la adolescencia y a la niñez. Así, el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección, de nueva creación, como parte del Sistema Nacional de Información Pública, permitirá una mejor gestión. De tal suerte que las policías se verán obligadas a dar seguimiento a las violencias de género en todo el país. De una forma, los agresores tendrán menos conductas agresivas contra las mujeres y sus hijos. La base de datos del registro nacional será actualizada por todos los órdenes de gobiernos, y como parte del sistema de información, su acceso y consulta estará garantizado por las autoridades responsables y se integrará a partir de las medidas u órdenes de protección dictadas, implementadas o ejecutadas en todo el territorio nacional. El dictamen de la minuta cumple con las medidas de constitucionalidad y de técnica legislativa que la ley establece, así como la transversalidad intercultural e interseccional, por lo cual no habrá ninguna impugnación contra esta medida que amplía la protección a las mujeres violentadas y sus hijos u otras víctimas adolescentes o de la niñez. Una causa que a todos preocupa. Darle mayor vigencia a esta protección implica, además de otras medias...