EL DIP. ILDELFONSO ZORRILLA CUEVAS: Con su permiso, Presidenta. Compañeras diputadas; compañeros diputados: Por supuesto que apoyo el Punto de Acuerdo presentado hace unos momentos por la diputada Irma Piñeyro, para que se cubra la formalidad del 169 que nació precisamente por la inoperancia del Convenio 107. Es muy importante resaltar que los investigadores, que los sociólogos, que los historiadores, que los políticos han opinado que la ley aprobada por el Congreso no respondió a las expectativas del cambio estructural o de la construcción de un estado moderno. Porque esto que llamamos el estado moderno, que nació hace 200 años es claro que ha ido envejeciendo. Pero no ha habido o ha habido muy poco o se ha hablado muy poco de la cuestión jurídica, del derecho, de la ley que es lo esencial del quehacer de esta asamblea. Por eso yo quiero plantear ante esta asamblea un problema, que si bien es teórico, tiene sus consecuencias inmediatas en este aspecto precisamente del derecho indígena. Nosotros tenemos que decidir si es el derecho el que le pone sus límites a la acción estatal o es el Estado el que condiciona la vigencia del derecho. Si es la primera tesis, algunos dirán que revivir la tesis yusnaturalista, que es insertar el derecho político en el derecho consuetudinario, en el derecho tradicional o en lo que llamamos "el derecho indígena". Y esa es una disputa que no se va a solucionar pacíficamente, sino en el debate de las opiniones y le pondrán fin a esta disputa hasta que decida un poder debidamente reconocido y debidamente constituido como es un congreso que hace leyes. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos estado refiriendo a la Ley COCOPA, a los Acuerdos de San Andrés, y esta disputa es viejísima y esta Ley es muy vieja, y lo que nosotros resolvimos es una actitud reaccionario, fíjense, respecto a la filosofía patrística, inclusive a muchos aspectos de la escolástica. ¿Por qué? Porque el derecho emanado de la Revolución Francesa, centró como agente moral del derecho civil al individuo y como expresión de ese derecho, a la propiedad. Y eso obviamente que involucionó este concepto hasta la Revolución Francesa. Por eso es que no hemos aceptado que estamos a las puertas y que estuvimos en la posibilidad de la constitucionalización del derecho colectivo; por eso no quisimos reconocer a los pueblos indígenas como entidades de derecho público y les dimos la característica de interés público. Es decir, haciéndolos sujetos pasivos de la política del Estado y no sujetos activos para que reclamen sus derechos. Esa es una razón jurídica de fondo. Entonces yo quiero proponer ante esta asamblea que hace las leyes, que entremos a la constitución de un Estado moderno, y que hagamos en realidad un Estado plurinacional. Si la Constitución del 24 creó la patria criolla, si la del 57 y la del 17 la patria mestiza, bueno ¿por qué este Congreso me pregunto no puede llegar a crear la patria unida en la diversidad? ¿No de eso hablaron mis compañeros cuando se habló de la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿No de eso hablaron en las Efemérides? Entonces ¿cómo le vamos a dar contenido a esta unidad en la diversidad si estamos negando la vigencia de un Estado plurinacional, que sería la constitución del Estado moderno, la revitalización... (Interrupción)