La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenos días. Con su permiso, presidenta. Para presentar iniciativa de ley con proyecto de decreto para adicionar un artículo 388 Bis a la Ley Federal del Trabajo, en general para suprimir los denominados Contratos de Protección. La historia pone ante nosotros, los primeros y desastrosos resultados de la contrarreforma laboral nacida de la mal llamada Reforma iniciativa preferente: despidos de trabajadores para recontratarlos bajo las nuevas formas flexibilizadoras, incremento del desempleo, aumento del empleo precario, mayor violencia en las empresas contra los trabajadores y de parte de las autoridades contra los sindicatos independientes, bajo la forma de actos legales entre comillas por citar algunas. Por lo que urge, impulsar los cambios necesarios para rescatar los derechos y la dignidad de la mayoría de los mexicanos. En materia de relaciones individuales de trabajo, una de las técnicas jurídicas neoliberales más empleadas para el fraude de los derechos de los trabajadores es la subcontratación u outsourcing. Y bien, por su importancia, el equivalente jurídico en el terreno de las relaciones colectivas de trabajo son los denominados Contratos colectivos de protección patronal, instrumento que permite anular los derechos a la sindicalización, la contratación colectiva y la huelga; y, en consecuencia, impide que los derechos colectivos se usen para mejorar las condiciones laborales en bien de la clase trabajadora, incluidas las relativas a la salud y prevención de riesgos de trabajo. Son contratos para la protección de lo patronal y la desprotección total de los trabajadores, anulando en los hechos gran parte de los derechos humanos sociales. Esta infamia jurídica se ha extendido como peste en el mundo del trabajo, al grado de que representan más del 90 por ciento de los contratos colectivos de trabajo, con enormes ganancias para los integrantes de esta verdadera mafia, que agrede a los trabajadores. Es evidente que esta maquinación contra los trabajadores no podría existir sin la corrupción de las juntas de conciliación y arbitraje federal y locales y en general de las autoridades laborales. Pero el problema va más allá, pues responde a una verdadera política de Estado para mantener bajo control no sólo laboral y económico, sino político, a los que viven de su trabajo. Evidentemente este estado de cosas acaba revirtiéndose contra sus impulsores, ya que la acumulación monstruosa de la riqueza nacional en unas cuantas manos está construyendo una nueva etapa de capital en manos muertas, que constituye un freno insuperable para acabar con el estancamiento nacional que se da no sólo en el campo económico. La recuperación de nuestro país pasa necesariamente por el impulso a la sindicalización de los trabajadores y concretamente por la veracidad de tal sindicalización libre y autónoma de manera que se ponga fin a los contratos de protección, permitiendo una justa distribución de la riqueza, mejores niveles en la alimentación, vivienda, vestido, educación, cultura del grueso de la población, tal y como sucedió en el marco del gobierno Cardenista y de la gran depresión iniciada en el año de 1929, por lo que proponemos adición de un segundo párrafo al artículo 386 y un artículo 1004 Bis de la Ley Federal del Trabajo. Los colectivos de protección, al celebrarse sin la voluntad real de los trabajadores para afectar sus derechos colectivos de trabajo, implica que estamos en presencia de un contrato viciado de origen incluso en el marco del derecho común, con mayor razón en el ámbito del derecho laboral de conformidad con el artículo 5 de la Ley Federal del Trabajo y la fracción 27 del artículo 123, Apartado A, de la Constitución Federal, razón por la cual debe conceptuarse que los contratos de protección son nulos de pleno derecho, por lo que éstos no deben ser obstáculo para la celebración de contratos colectivos auténticos debiéndose presumir sin prueba, en contrario, que son contratos fraudulentos cuando durante dos o más años no hayan sido sometidos a revisión; cuando su contenido sea una reproducción de las condiciones de trabajo mínimas previstas en la Ley Federal del Trabajo, entre otras. En complemento de lo anterior, debe crearse un tipo penal contra los que de esta manera se burlan de manera grotesca de los derechos humanos sociales de los trabajadores que en afectación de su derecho al bienestar, a su dignidad, a su libertad y muchas veces en perjuicio de su salud y vida, lo que debe incluir una fuerte sanción económica para que les sea redituable este sucio negocio. Se propone adicionar en este artículo 386: Los contratos colectivos de protección patronal son nulos de pleno derecho, conceptuándose como tales y sin admitir prueba en contrario, aquellos contratos que durante dos años consecutivos o más no sean revisados. Voy a solicitar que se incluya de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y concluyo con lo correspondiente al artículo 388 Bis. Cuando un sindicato pretenda la celebración de un contrato colectivo de trabajo, deberá promover ante la Junta Federal o Local de Conciliación y Arbitraje competente, la solicitud correspondiente que deberá reunir los siguientes requisitos que se enumeran y son de un total de cinco con los incisos correspondientes: Mediante el voto decidir sus direcciones; mediante el voto libre, directo y secreto, los trabajadores podrán elegir entre los sindicatos solicitantes a manifestar su oposición a la celebración de contrato colectivo de trabajo. En el artículo 1004, a la persona que participe en la celebración, registro, administración o cualquier otro acto relativo o un contrato colectivo de protección patronal, se le impondrá prisión de 3 a 20 años y multa de 5 mil a 500 mil veces el salario mínimo general, conforme a lo establecido en el artículo 992. En los transitorios, el primero, el presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación, y como segundo, no procederá el ejercicio de la acción penal o el Ministerio Público deberá desistirse de ésta respecto a las personas que sean probables responsables en el delito previsto, y termino, presidenta, en el artículo 104 Bis de esta ley y denuncien o acepten ante las juntas de conciliación y arbitraje federal o locales, según corresponda, la existencia del contrato colectivo de protección patronal y celebren y depositen ante aquellas en sustitución de tal contrato fraudulento un contrato colectivo en apego a derecho. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.