EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, Diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Comunicaciones. Tiene el uso de la palabra la diputada Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. -MA. DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA (PRD): Gracias señor Presidente. "Iniciativa de Ley que reforma los artículos 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82 y 2º Transitorio de la Ley del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. "La ley que dio origen al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario fue producto de una negociación extremadamente compleja, pues pretendía por un lado convertir en deuda pública los pasivos adquiridos por el Ejecutivo Federal a través del FOBAPROA, al mismo tiempo que crear un nuevo organismo que sirviera como seguro de depósito; ambas responsabilidades quedaron plasmadas en la ley. "En virtud de que hubo varias dudas respecto de la legalidad de las operaciones del rescate bancario, la Ley de Protección al Ahorro Bancario estableció un procedimiento para revisar los créditos adquiridos por el FOBAPROA, especialmente los del Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Esta investigación fue encargada al auditor canadiense Michael Mackey, quien reportó graves irregularidades en torno al proceso del rescate bancario. "Los hallazgos del canadiense Mackey se han visto reforzados con los resultados de las revisiones realizadas por el Contralor Interno del IPAB, Fortunato Alvarez, y con las revisiones a las Cuentas Públicas 2000 y 2001 efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación. "El mandato que el Congreso le otorgó al IPAB en los transitorio para culminar el rescate bancario, obliga a la Junta de Gobierno a investigar las operaciones que llevó a cabo el fondo, muy especialmente el llamado Programa de Capitalización y Compra de Cartera, lo cual exige que la Junta de Gobierno del IPAB sea absolutamente imparcial, veraz, objetiva y eficaz, para evaluar cuáles créditos pasan al balance del IPAB para su correspondiente pago y cuáles no son procedentes. "Sin embargo, la actual conformación de la Junta de Gobierno del Instituto no favorece la construcción de acuerdos ni la transparencia, imparcialidad, objetividad, con la que se debe de conducir dicho organismo y evitar que sus integrantes se encuentren ante una situación de conflicto de intereses. "La Junta de Gobierno que decidió el Congreso para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, está representada actualmente por siete vocales de igual jerarquía, tres vocales exoficio, el Secretario de Hacienda, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Bancaria, y cuatro vocales designados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Congreso de la Unión, los cuales fungirían como representantes del Congreso en la toma de decisiones de la Junta de Gobierno del IPAB. "La importancia que el Congreso le asignó al IPAB fue de tal magnitud que quedó asentado en el dictamen que se aprobó y que aprobó la creación del mismo textualmente señalando que es de vital significado para los integrantes de la Comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en proceso de evaluación y control de ese organismo dada su importancia social. "Los puntos esenciales de la iniciativa que reforma la Ley de Protección al Ahorro Bancario que someto a su consideración, señoras y señores legisladores, se centran en cuatro puntos: "1.- Que para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario pueda cumplir con la enorme responsabilidad de ser un seguro de depósito y culminar el rescate bancario, proponemos que los vocales de la Junta de Gobierno deban ser ajenos a cualquier conflicto de intereses con los fines que establece la ley. "2.- Nuestra ley establece la clara independencia de la actuación de los vocales con respecto a la Secretaría de Hacienda, del Banco de México y la Comisión Bancaria, de tal forma que puedan cumplir con neutralidad y eficacia sus funciones en la conducción del IPAB. "3.- Nuestra propuesta define con mayor precisión a los vocales representantes del Congreso y de la ciudadanía en el IPAB y se les denomina Vocales Independientes para distinguirlos de los vocales exoficio designados por el Ejecutivo Federal. "4.- Se propone el cambio de la Presidencia de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario colocando en ella a un Vocal independiente para que pueda iniciar un proceso de ciudadanización de la Junta de Gobierno, lo que nos permitirá valorar que la misma tiene un sano equilibrio que nos da a todos y todas por lo menos de inicio, la sensación de que dicho órgano colegiado no sea presidido por el Secretario de Hacienda y Crédito Público y que está integrado por hombres y mujeres cuyo prestigio personal sea una garantía que podrán cumplir con alta responsabilidad los que se asuman como Miembros de la Junta de Gobierno. Los cambios a la Ley del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario son urgentes, dado que el Congreso le dio al IPAB el Mandato a Través del Artículo 5º Transitorio de la Ley de investigar las operaciones llevadas a cabo por el FOBAPROA y en especial el referente al Programa de Capitalización y Compra de Carteras. La actual Junta de Gobierno del IPAB por la forma en que fue integrada por Mandato del Congreso origina virtualmente un conflicto de intereses primeramente de nivel, a nivel de instituciones gubernamentales y después hasta sus individuos. Como aparece publicado en la Gaceta quiero aprovechar los últimos tres minjtos que me quedan, para comentarles que el día de hoy muy probablemente el Senado de la República vote a favor de que Guillermo Ortiz sea reelecto como Gobernador. Guillermo Ortiz Martínez al frente del Banco de México ha tenido estancada la economía, no ha servido la Política Monetaria para el desarrollo del país y fue Presidente del Comité de Desincorporación de la Banca y fue quien entregó los bancos a los especuladores bursátiles como Carlos Cabal Peniche y Lanquenau. Guillermo Ortiz Martínez fue quien planeó la estrategia para crear el boom crediticio que dio pie a la crisis financiera de 1994 y fue quien organizó, realizó y condujo el rescate bancaria en forma corrupta privilegiando a sus amigos , permitiendo abusos y permitiendo la violación de la ley. Es una vergüenza que Guillermo Ortiz Martínez siga al frente de ese organismo tan importante para la economía del país. Es cuanto,. Señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra el Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa que Reforma y Adiciona los Artículos 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal El lo va a entregar por escrito, en ese sentido insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Hacienda y Crédito Público y de Gobernación. Gracias señor Diputado Alfonso Ramírez Cuéllar. A continuación se le concede el uso de la palabra a la Diputada Elba Garfias Maldonado del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa que Reforma el Artículo.39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. -LA C. DIPUTDA ELBA GARFIAS MALDONADO. Con su permiso señor Presidente. Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma el Artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de modificar la denominación de la Comisión de Participación Ciudadana a la de Participación de Ciudadanía y Participación Democrática. La suscrita, Diputada Federal a nombre del Grupo Parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 Fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Pleno la presente iniciativa de ley con proyecto de decreto bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Actualmente, ha alcanzado un lugar de privilegio el concepto de participación ciudadana; más aún, hay quienes insisten en una especie de forma evolutiva de la participación ciudadana: la democracia participativa, argumentando que el ciudadano no debe ser simple espectador o reducir a presencia electoral la transformación de su entorno. El tema se antoja bastante ambicioso, en un contexto en el que parece que aún no alcanzamos a percibirnos como ciudadanos. Ante ello, nos preguntamos: ¿Es posible la mencionada participación ciudadana, precisamente en donde el elemento fundamental del supuesto se encuentra ausente? Es decir, ¿podemos asumir con responsabilidad que este país es un país de ciudadanos? A continuación se exponen los conceptos básicos de la presente reflexión: La identidad ciudadana ha atravesado por las más diversas miradas a través de la historia y de las distintas disciplinas de la ciencia social, como la política, sociología, filosofía y el derecho. Asimismo, el concepto de ciudadanía no puede ser aislado de otras figuras relevantes como el Estado-nación, los derechos humanos y por supuesto como elemento substancial de la democracia. Vale la pena reflexionar respecto a los avances de un estado de derecho democrático en el contexto de un mundo globalizado. A nuestro juicio, el neoliberalismo lo que toca lo vacía de contenido; un orden económico-político ideológico que se sustenta en la libertad de mercado concibe a las personas como consumidores, reduce la libertad de elegir en qué supermercado compramos y nos divide por poder adquisitivo y no por identidades, prácticas culturales, lenguas y territorios. No puede concebir al ciudadano como sujeto de derechos y obligaciones, mucho menos apostar a que el ciudadano sea el centro de las decisiones y legítimo depositario del poder público. Cito a Vicente Arredondo, que argumenta: "Un profundo cambio de cultura ciudadana en el nivel mundial, habrá de llegar cuando se produzca una revolución social, construida más sobre las obligaciones que sobre los derechos ciudadanos", un diálogo entre la dimensión de los derechos y la dimensión de los deberes seguramente ofrecería una visión distinta de la naturaleza del pacto social y del papel que corresponde a cada miembro de la comunidad. Por otro lado existen concepciones que plantean otorgar a los ciudadanos más poder a través de la creciente adquisición de derechos disolviendo estos en la democracia, tal es el caso de los partidarios de la democracia participativa que suponen que la participación colectiva en la república, determinará la responsabilidad y la tolerancia casi de facto. No inclinamos porque una concepción adecuada de ciudadanía debe exigir un equilibrio entre derechos y obligaciones. En este momento hacemos un análisis de los preceptos constitucionales que dan fundamento a la presente iniciativa del examen al artículo 34 de nuestra Constitución Política; observamos que de los dos requisitos, al que nos sujeta a ésta para tener la calidad jurídica de ciudadanos se encuentra un aspecto temporal: haber alcanzado la edad de 18 años y complementariamente tener un modo honesto de vivir. A propósito, el artículo 36 en su fracción I, indica como una de las principales obligaciones de los ciudadanos, inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo del que subsista. El espíritu del constituyente en este supuesto es, a efecto de imponer obligaciones tributarias y de control fiscal, en correlación con la fracción IV del 31 de la misma en el sentido de contribuir para los gastos públicos; el artículo 38 constitucional, en su fracción I, enuncia las causas de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos al incumplir con cualquiera de las obligaciones que impone la fracción I del 36. De lo anterior se infiere que vivimos en un país de ciudadanos con derechos o prerrogativas suspendidas, por lo que en ése sentido la participación ciudadana se convierte en una entidad o figura con una ausencia notable: la propia ciudadanía entendida como el conjunto de mexicanos mayores de 18 años, con un modo honesto de vivir, con capacidad plena de ejercer sus derechos y de cumplir sus obligaciones. De la sistematización de datos recogidos de la opinión pública, obtenemos que según la encuesta nacional sobre cultura política y prácticas ciudadanas 2001, publicadas por la Secretaría de Gobernación, 67% de los encuestados consideran que la corrupción es tanto de los políticos como de los ciudadanos; la corrupción es una práctica que ha lesionado gravemente la credibilidad de las instituciones de nuestro país, además de ser una conducta tipificada como delito. Estamos en condiciones de decidir que quienes aceptan corresponsabilidad en esta lacra, que es la corrupción, tienen un modo honesto de vivir o nos podemos conceder laxitud para infringir la ley. De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el año del 2002, solamente 7.56 millones de mexicanos pagaron impuestos; por su parte el Instituto Federal Electoral nos informa que de una lista nominal de 64 millones 447 mil 756 electores, solamente ejercieron el derecho a emitir su voto 26 millones 880 mil 35 en las pasadas elecciones federales del 2003, lo que representó un abstencionismo del 58.3% el más alto desde las elecciones de 1991. Lo anterior no plantea un retroceso, ni mucho menos el desconocimiento del valioso esfuerzo realizado por la LVIII Legislatura, que logró atribuir a la Comisión de Participación Ciudadana el carácter de permanente, sino más bien a partir de las consideraciones planteadas, reflexionar en el tema de formación de ciudadanía y participación democrática como condiciones previas al propósito de la consolidación de la democracia como forma de vida, al mismo tiempo sistema de gobierno fundado en valores, tarea en la que debemos involucrarnos todos aquellos que tenemos una responsabilidad para con el país y sus habitantes. Por las razones anteriormente expuestas, me permito someter a su consideración el siguiente proyecto de decreto: Artículo Único.- Se reforma la fracción XXIII del inciso 2, artículo 39 título segundo de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: "Artículo 39 fracción XIII.- Formación de ciudadanía y participación democrática. Transitorio Único.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Es cuanto, señor Presidente. -