EL C. DIPUTADO BERNARDO DE LA GARZA HERRERA: Gracias, Presidenta. Por ello, hoy en día podemos hablar de algo más que de simples problemas ambientales.Nos enfrentamos a una auténtica crisis ambiental y la gravedad de la crisis se manifiesta en su carácter global. México no es la excepción; es un hecho notorio que nuestro país está atravesando un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de su biodiversidad. México es uno de los países con mayor diversidad del planeta. El valor que tienen nuestros ecosistemas es inimaginable y su preservación debe considerarse como una prioridad del Estado mexicano. No obstante que el artículo 4º. de nuestra carta magna ya contempla la garantía que consagra el derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, la jurisdicción civil ha sido escasamente utilizada para la protección ambiental en México. La razón de ello se sustenta en una extendida mentalidad que debemos modificar cuando sistemáticamente responsabilizamos a la administración pública por cualquier afectación ambiental. Ello conlleva consecuencias negativas por cuanto en muchas ocasiones la jurisdicción contencioso administrativa carece de facultades para la efectiva reparación de los daños al ambiente, tanto a nivel meramente económico como al momento de restablecer las cosas y situaciones a su estado originario, es decir, la reparación en especie. De lo anterior se puede observar que en México las responsabilidades ambientales, tanto administrativa como penal, no resultan eficaces para reparar los daños ambientales, situación que ya ha sido resuelta en otros países que se han adelantado al nuestro en la incorporación de regulaciones específicas sobre responsabilidad civil por el deterioro ambiental en sus sistemas jurídicos. A este respecto la defensa y salvaguarda del medio ambiente debe ser resuelta de manera inmediata, no sólo a través de facultades de acciones del gobierno, sino que resulta conveniente e indispensable otorgar a los ciudadanos la posibilidad de coadyuvar en la vigilancia y protección de nuestros recursos, a través de la responsabilidad civil. Debemos darle a la población la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir. Ello conllevaría, como una consecuencia natural, a una mayor sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos y de la presencia y función de la humanidad en él, lo que entraña una responsabilidad crítica. Difícilmente se puede encarar el tema en forma óptima si no contamos con ciudadanos que sean conscientes y se preocupen del ambiente. A través de la responsabilidad civil por deterioro o daño ambiental se busca no únicamente sancionar y obligar a la restitución al responsable de la afectación sino que, con ella, se pretende evitar afectaciones futuras y avanzar hacia la reparación de los ecosistemas afectados en lo general y resarcir con justicia a las personas afectadas por contaminación en casos específicos. Esto en resumen da vida al principio de reducción de riesgo ecológico. En nuestra consideración la presente iniciativa puede traer efectos muy positivos que podrán reflejarse en la disminución de los índices de contaminación en nuestro país, en la conservación de la biodiversidad, en la salud de las personas e incluso en la economía, recordando que no bastan las modificaciones legales, que para lograr objetivos como éste es indispensable voluntad política y acción, tanto de autoridades como de ciudadanos. El Partido Verde Ecologista de México plantea hoy la necesidad de reconciliar a la razón dirigida la más de las veces a la obtención de beneficios personales con la ética, de manera que los seres humanos alcancen un nuevo estadio de conciencia y control sobre sus mundos de vida, haciéndose responsables de sus actos hacia sí mismos, hacia los demás y hacia la naturaleza. La ética ambiental se convierte así en un soporte asistencial de la conducta humana hacia la naturaleza y de la sustentabilidad de la vida, que renueva los sentidos existenciales, los mundos de vida y las formas de habitar en el planeta. Con la aprobación de esta iniciativa presentada por mi Partido en esta legislatura no habrá nunca más un estado que no atienda o que no entienda su responsabilidad ambiental y transgeneracional; nunca más una clase corporativa que no esté obligada a preocuparse por el daño que sus acciones pueden causar a otros seres humanos y a nuestros recursos naturales; nunca más un ciudadano desprotegido ante los agravios que por descuido ambiental de otros afecte a su salud o su calidad de vida. Finalmente, no puedo dejar de señalar que esta iniciativa hace realidad dos principios ecológicos fundamentales y aceptados a nivel mundial que son que el que contamina paga y el principio precautorio, consistiendo este último en las medidas que deben adoptarse ante la amenaza de un riesgo ambiental. No me cabe duda que éste es el paso más sólido y certero que en materia de legislación ambiental se haya dado jamás en nuestro país. Este será un parteaguas en nuestra manera de percibir y de relacionarnos con otras formas de existencia. Será, en resumidas cuentas, un esfuerzo conjunto de la sociedad y del Estado hacia la sustentabilidad. Para terminar no puedo abandonar la tribuna sin reconocer a los diputados Romero Apis y Cobo Terrazas, como presidentes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, respectivamente, que coadyuvaron a que esto se convirtiera en una realidad. Así como también a los diputados, en especial al diputado Pérez Noriega, al diputado Garza Tamez, al diputado Gracia Guzmán, al diputado Zavala Echavarría, al diputado Sotelo Rosas, entre otros, que sin duda contribuyeron a enriquecer el dictamen en comento. Es cuanto, Presidenta. (Aplausos) -