LA C. DIPUTADA AMALIA GARCÍA MEDINA (PRD): Muchas gracias, señor Presidente. Con su venia. "Compañeras y compañeros: "El artículo 39 de la Constitución señala que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; todo poder público dimana del pueblo. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia el pueblo ha luchado por hacer efectiva esa prerrogativa que le ha sido conculcada con frecuencia. "Uno de los graves problemas nacionales ha sido la concentración de un gran número de facultades en el Jefe del Poder Ejecutivo, lo que llevó hasta hace muy poco a los depositarios de ese poder a arrogarse el derecho de designar sucesor y a utilizar los recursos y la estructura de la administración pública para ese fin con una concepción patrimonialista que ha violentado el Estado de Derecho. Esa conducta autoritaria ha anulado la libertad de las ciudadanas y de los ciudadanos para decidir libremente y los ha despojado de su derecho a elegir. "Cuando un gobernante ha usado el poder público para inhibir la libertad de los ciudadanos para elegir ha atentado también contra la base misma de la República, contra su carácter representativo y democrático que surge de y solo de la soberanía popular. "Lamentablemente hoy no podemos decir aún que ya concluyó la batalla por construir un régimen plenamente democrático en el país, porque a pesar de avances en el ámbito federal existen asimetrías preocupantes que se reflejan en resistencias en el ámbito estatal a que la democracia plena y la libertad de las personas para decidir se conviertan en una norma. "Muchas mexicanas y mexicanos hemos luchado durante años para que esos valores sean los que nos rijan y porque se construya en nuestro país un Estado social y democrático de Derecho. Vamos a seguir haciéndolo mientras ello sea necesario. Esa es la razón de la presentación de esta iniciativa de decreto. No es difícil de entender que el paso decisivo que marca el tránsito de un régimen autoritario a uno democrático lo constituye la transmisión del poder político en manos de un grupo de personas a un conjunto de normas y reglas institucionalizadas para que dichas normas e instituciones sean las que decidan en adelante sobre la distribución del poder en esa sociedad. "Si se analizan en retrospectiva las distintas reformas a nuestra legislación electoral nadie podrá negar que la introducción de algunas disposiciones especificas han sido centrales y que a partir de ellas se ha modificado el horizonte político todo. "Al respecto ejemplos claros lo son las normas que establecieron la fórmula actual de integración de esta Cámara de Diputados o las que crearon el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Federal Electoral. Este es el efecto que pretende la iniciativa que someto a consideración de esta soberanía: Introducir una norma que provoque un comportamiento electoral que erradique una práctica política absolutamente antidemocrática que hoy constituye uno de los principales obstáculos para la transición democrática del país, la interferencia indebida y con todo el poder del Estado de algunos gobernadores de las entidades federativas en los procesos electorales, para favorecer e impulsar a un determinado candidato, práctica autoritaria y hegemónica que confunde federalismo con un proceso de feudalización que pretende preservar a nivel local un ejercicio arbitrario del poder mediante la entronización de un linaje para la sucesión de puestos de elección popular. "No hay duda que esta tendencia debilita al federalismo, socava el principio de la división de poderes, auspicia un centralismo gubernamental y dificulta el desarrollo de una descentralización democrática de las entidades federativas en detrimento de la vida política, económica y social de la nación toda. "En el proyecto se propone como consecuencia que dicha intervención ilegal del gobernador de un estado en los procesos electorales, ya sea por sí o por medio de otras autoridades, para que la elección recaiga en determinada persona, podrá ser motivo de dos tipos de sanciones distintas, no excluyentes sino complementarias: la nulidad de la elección y la responsabilidad del mismo servidor público. "Con esta disposición se pretende evitar que por sí o por interpósita persona, el Jefe del Ejecutivo infractor defraude la finalidad de una contienda democrática, preservando en cambio la coexistencia de condiciones para la realización de un proceso democrático que sea la expresión verdadera de la soberanía popular a través de elecciones, por medio del voto universal igual, libre y secreto, bajo condiciones de equidad en la contienda electoral, así como la vigencia de los principios rectores de la función electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia y un diseño institucional en el que coexistan autoridades que tienen a su cargo la organización de las elecciones y otras jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, ambas con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. "El gobernador es el Titular del Poder Ejecutivo de un estado, su posición es determinante en los medios en que se desarrolla y entre los sujetos con quienes interactúa, así como relevante es el peso político y social de sus decisiones. Es natural por esto que si un mandatario estatal interviene en los procesos electorales orientando la administración pública a favor de determinada candidatura, altera los principios de igualdad en los ciudadanos para acceder a los cargos públicos, así como el principio de equidad en la contienda electoral. "La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el voto no debe ser sujeto de presión, intimidación o coacción alguna. "La legislación electoral, en aras de proteger el principio de equidad que rige los procesos electorales, prohíbe genéricamente actos que produzcan presión o coacción sobre los ciudadanos, porque destruyen la naturaleza del sufragio. "La razón legal de instituir una causal de nulidad electoral, consiste en salvaguardar los principios y valores tutelados por el régimen democrático mexicano y si la intervención indebida del gobernador de un estado en los procesos electorales para que la elección recaiga en determinada persona por sí sola es capaz de vulnerar los valores fundamentales de toda contienda democrática tales como la libertad del sufragio, el principio de igualdad, en principio de equidad y el principio de neutralidad, es innegable la necesidad y pertinencia de prever la ilegalidad de conducta de mandatarios locales como causal de nulidad de elección y la responsabilidad del mismo servidor público por su actuar fraudulento. "De este moto, dada su importancia, la causal de nulidad electoral quedaría integrada en el mismo contenido del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al lado de los principios básicos que deben inspirar y determinar la conformación de los Poderes locales y el Orden Constitucional de las Entidades Federativas para que las constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garanticen su instrumentación y aplicación. En vista de las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa de Decreto que adiciona un Inciso J) al Artículo 116 párrafo 2º. Fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 116.-El Poder publico de los Estados se dividirá para su ejercicio en Ejecutivo, Legislativo y Judicial y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación ni depositante legislativo en un solo individuo. Los Poderes de os Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos con sujeción a las siguientes Normas: Inciso 4º.- Las constituciones y Leyes de los Estados en materia Electoral garantizarán que Inciso J).- Se establezca como causal de nulidad de la elección respectiva y de responsabilidad del mismo servidor público, la intervención ilegal del Gobernador de un Estado en los procesos electorales, ya sea por sí o por medio de otras autoridades o agentes para que la elección recaiga en determinada persona. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Es cuanto (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el señor Diputado don Fernando Espino Arévalo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para una Iniciativa de Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores. -ELC . DIPUTADO FERNANDO ESPINO AREVALO:- Señor Presidente, señoras y señores Diputados. El de la voz integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los Artículos 71 Fracción II y 73 Fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por lo dispuesto por los Artículos 55 Fracción II, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos. El mundo de hoy tiene ante sí muchos desafíos que afectan a la salud y uno de ellos se destaca particularmente preocupante porque es absolutamente innecesario y contradictorio, me estoy refiriendo, claro está, ala epidemia del tabaquismo. Como el problema atraviesa las fronteras por intermedio del mercado y del comercio sin dejar a nadie indemne, la solución radica en la participación que habremos de tener todos, el tabaco desde su introducción hace más de 500 años en la civilización occidental tanto por su consumo como por su comercio, ha desempeñado papeles aparentemente sociales y económicos importantes. Según datos de la Asociación Internacional de los Productores de Tabaco, 75 países en vías de desarrollo contribuyen con el 80% de la producción tabacalera en el mundo. El tabaquismo adiciona la nicotina por consumo de tabaco fumado, masticado o aspirado, trae como consecuencia una intoxicación crónica que afecta a los aparatos digestivos, circulatorios y respiratorios, así como al sistema nervioso. Favorece el desarrollo de enfermedades cancerígenas en las v ías respiratorias. La nicotina tiene propiedades adictivas como cualquier otra droga pero esta en especial, es seis veces más fuerte que la cocaína y la heroína, por eso es tan difícil dejar de fumar. Se han identificado más de 4 mil substancias en el humo del cigarro; la adicción al tabaco se ha convertido en una amenaza para la salud pública, mayor que cualquier enfermedad infecciosa por sí sola y ha destacado una epidemia que causa más defunciones anuales que el VIH-SIDA y la tuberculosis juntos. Alrededor de 500 millones de personas que están hoy en vida, morirán por causa de tabaco a ritmo actual de 4.9 millones por año y se estima que la tercera parte de estos decesos ocurren en países en vías de desarrollo; vale la pena resaltar que a este paso la cantidad de muertos se duplicará para el año 2020 si no hacemos nada para ponerle freno. Profundamente preocupados por la escalada del hábito de fumar y de otras formas de consumo del tabaco entre los niños y adolescentes, la adicción al cigarro ha aumentado en los últimos 14 años y según las estadísticas nacionales, a la lista de fumadores se sumaron 4 millones más de personas. La edad promedio de iniciación bajó de 16.5 a 12.3 años y el número de fumadores menores de edad aumentó de 600 mil a un millón 300 mil y la proporción de mujeres fumadoras con relación a los hombres adictos aumentó de 4 varones por una mujer, a dos por cada una de ellas. Aunado a lo anterior, en nuestro país se presentan las siguientes consideraciones adicionales: Al igual que en el mundo, el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible (sic) en nuestro país; es un problema emergente de salud pública que provoca graves daños a la salud; de 14 millones de personas que fuman, traen como consecuencia que el 52.6% de la población se convierte en fumador pasivo y de este porcentaje, el 62.3% son mujeres. Lo más grave y triste es que entre los fumadores pasivos, curiosamente se encuentran los grupos más vulnerables de la sociedad: los ancianos y los niños. De acuerdo a los especialistas, ellos son quienes más padecen afecciones respiratorias agudas y sus complicaciones porque no están en posibilidad de protestar por la contaminación tabaquica y dependen únicamente o bien de la responsabilidad y buena voluntad del fumador o de una política pública que regule esta práctica, por lo que creo ya es hora de que unamos fuerzas para combatir a un enemigo común, porque la salud no es un objeto de comercio, ni se compra, ni se vende. Los fumadores pasivos tienen un 20% de probabilidades a desarrollar cáncer de pulmón por estar expuestos al humo del cigarro y México participa activamente en el proceso de negociación del convenio, marco para el control del tabaco que está a cargo de la Organización Mundial de la Salud, mismo que en este 2003 habrá de ratificarse, lo que consecuentemente incrementa las responsabilidades de nuestro país respecto al tema en comento. En México, la adicción al tabaco es un freno al desarrollo por sus efectos nocivos a la salud y a la pérdida de vida; de ahí que 5 mexicanos mueren por hora, víctimas de enfermedades vinculadas al tabaquismo, lo que representa unas 50 mil personas al año. En razón de lo anterior, les puedo comentar que la legislación abrevia los períodos para tomar medidas y para corregir las situaciones determinantes. El tabaquismo en México le implica tan solo al Gobierno Federal, un costo anual de más de 32 mil millones de pesos por el tratamiento de las enfermedades que produce, en contraste con los 8 mil millones de pesos que recauda por impuestos a cigarreras y consumidores de tabaco. El tabaco es el agente productor de la epidemia actual más importante y tenaz de la juventud. La publicidad de las tabacaleras se dirige preferentemente a la juventud, posibles consumidores que tienen muchos años de vida para fumar cigarrillos; el propósito real es inducir a fumar a los niños y adolescentes e impulsar a los padres a consumir tabaco, a cambio se ofrecen regales y algo que no se dice: un futuro de tos, dificultad respiratoria por enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, dolores precordiales (sic) cardíacos, por angina de pecho, infartos cardíacos y de 10 a 15 años menos de vida. En resumen, les queremos decir que el tabaco es un asesino, pero sabemos cómo reducir su devastación: mediante una combinación de aumento en los impuestos a los cigarrillos, prohibición a la publicidad de la promoción al tabaco, prohibición del consumo en los lugares públicos y lugares de trabajo, aumento del acceso a programas eficaces para dejar de fumar, una publicidad fuerte contra el tabaquismo y medidas enérgicas contra el contrabando, por lo que de aprobarse esta ley, estaremos salvando millones de vida, mejorando la salud de todos y ahorrar miles de millones de pesos al Erario Público. Por lo antes expuesto y con fundamento en los preceptos legales invocados, pongo a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados para su aprobación, el proyecto de decreto por el que se crea la Ley General para la Protección de la Salud de los Fumadores y no Fumadores. Finalmente, por economía procesal y parlamentaria, le solicito a esta Presidencia se inserte íntegro el texto de la presente propuesta en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Apoyan esta propuesta, por el Partido del Trabajo, diputado Pedro Vázquez González, diputado Oscar González Yánez, por el Partido de Convergencia diputado Jaime Moreno Garavilla, por el Partido Revolucionario Institucional diputada Concepción Castañeda Ortiz y diputado Filemón Arcos Suárez y por el Partido Verde Ecologista de México, todos los integrantes de este grupo parlamentario. -