El diputado Edgar Mauricio Duck Núñez: Con su venia, señora Presidenta. Ruego a usted de entrada, que se inscriba en el Diario de los Debates el texto íntegro de la iniciativa, ya que solamente haré una síntesis. El Poder Judicial en el estado de derecho moderno requiere satisfacer determinados principios, entre los cuales se encuentran el de independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción, todo ello tendiente a lograr un verdadero perfeccionamiento de la función ejercida por el Poder Judicial. De los principios señalados, la independencia es sin duda uno de los factores más importantes para el perfeccionamiento del Poder Judicial en un auténtico estado de derecho, es decir, la independencia niega cualquier intromisión de los otros Poderes del Estado en las facultades exclusivas del Poder Judicial, con apego irrestricto a la división de Poderes existente en nuestro país. La independencia del Poder Judicial frente a los otros dos Poderes, principalmente el del Ejecutivo, constituye una exigencia indispensable de toda sociedad que pretenda calificarse de democrática. No obstante lo anterior, en nuestro país existen diversos tribunales de corte administrativo, los cuales se encuentran fuera de la órbita del Poder Judicial federal, ejerciendo la llamada jurisdicción administrativa; es decir, que aunque tenga la naturaleza jurídica de órganos administrativos pertenecientes al Poder Ejecutivo federal y de los estados realizan una función jurisdiccional, los cuales podrían ser materia de incorporación al propio Poder Judicial federal. Tal es el caso de las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Estas Juntas se encuentran dotadas de autonomía de jurisdicción laboral, respecto de la jurisdicción general o judicial, puesto que éstas no forman parte del Poder Judicial, sino que formalmente se vinculan a la administración pública, pues es el Ejecutivo federal, a través del secretario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, quien coordina su integración y vigila su funcionamiento, lo que en muchas ocasiones conduce al cuestionamiento de la influencia que sobre ellos ejercen los funcionarios de la administración pública, tanto federal como de los estados, sobre todo en los asuntos que trascienden al ámbito político por las características que adquieren los conflictos obrero-patronales. No debemos olvidar que en nuestro país el surgimiento y forma de estructuración de las Juntas se debió a las extremas condiciones de desigualdad y explotación que prevalecieron durante la dictadura porfirista y la desconfianza del sector obrero ante los procedimientos tradicionales y los jueces que impartían justicia. Los procedimientos formalistas del derecho se contraponían con las necesidades que presentaban los conflictos de trabajo, porque no se adecuaban a la realidad, que tenían necesidades propias y muy diferentes a las que contemplaban los tribunales establecidos. Tampoco se adecuaban los juzgadores de los tribunales ya establecidos, por tratarse de jueces de derecho cuya función primordial era la de aplicar la norma y no acostumbrados a interpretar el derecho. Es así que por decreto del 17 de septiembre de 1927, publicado el día 23 del mismo mes y año, expedido por el entonces Presidente de la República, Plutarco Elías Calles, se creó la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y por no tener fundamento legal que la contemplara dentro de la Carta Fundamental fue atacada de inconstitucional, motivando que se reformaran los artículos 123 fracciones XXIX y segundo transitorio de la Constitución General de la República. Por lo anterior es que resulta conveniente cambiar la estructura de los actuales tribunales del trabajo para convertirse en verdaderos juzgados laborales despolitizando su integración, operación y funciones y alcanzar de esta manera su independencia jurisdiccional. Para Acción Nacional es importante rescatar la pretensión protectora con la cual surgió una de las garantías constitucionales más importantes de todos los tiempos y, al mismo tiempo, estamos comprometidos a ofrecer mecanismos legales que permitan apoyar los esfuerzos hacia una mayor equidad y justicia en la sociedad; valor, que como señalaba Gómez Morín, consiste en la voluntad permanente de definir y de realizar el bien común, entendido como el conjunto de medios materiales y culturales necesarios para que todo hombre y todos los hombres se desarrollen plenamente. Por tal motivo, dadas las consideraciones vertidas, es que concluyo como necesario proponer la reforma al artículo 123 de la Constitución Política, a fin de sustituir las juntas de conciliación y arbitraje, por juzgados laborales y reformar la fracción I del artículo 104 de la Constitución federal, para incluir la materia laboral como competencia de los tribunales de la Federación a efecto de que las reglas de competencia, procedimiento, así como las garantías procesales, sean las mismas para todos y se encuentren basadas en principios semejantes. Es cuanto, señora Presidenta.