El diputado Javier Carrillo Soberón: Disculpas señor Presidente, hubo una confusión en el comunicado a un servidor. Bien. Nos interesa señalar que el grupo parlamentario del PRD manifiesta su desacuerdo con la pretensión de legalizar para el Infonavit un régimen de excepción en materia de transparencia, toda vez que tendrá un efecto regresivo e implicará avanzar en contrasentido a la exigencia generalizada de la sociedad y de la opinión pública de mayor transparencia de las instituciones. Adicionalmente porque no apreciamos otro objetivo que el de beneficiar a un grupo reducido de empresarios y a una burocracia, en perjuicio de la mayoría de derechohabientes del Infonavit. Recordemos que el Infonavit tiene una esencial responsabilidad pública, ya que desde su creación en 72 fue definido como un organismo de servicio social y sus formas de gobierno y proceso de toma de decisiones tripartitas nos obligan a enmarcarlo en el principio constitucional de la transparencia. El artículo 123 constitucional define claramente el espíritu con el cual fue creado el Instituto. A partir de este mandato se desprende un amplio cuerpo jurídico, estableciendo diversas disposiciones con una función social, de la cual no debemos permitir se abdique por una torcida interpretación acerca del régimen de autonomía. El Infonavit es un organismo de naturaleza social que realiza operaciones fiscales; es un fondo social y no privado y de carácter fiscal. Este dictamen ha dado lugar a un amplio repudio por parte de diversos sectores sociales debido a que constituye un golpe de estado jurídico para privilegiar el interés privado al seno del Infonavit y que legalizará el despojo de recursos de los trabajadores tutelados constitucionalmente por el Estado mexicano y que deben ser asignados con un sentido social, en el marco de una verdadera política de Estado. Un reducido grupo de desarrolladores de vivienda: GEO, Ara, Sara, Pomex, Urbi y Hogar reciben información privilegiada de la base de datos de los derechoabientes del Infonavit, por lo que ese sector empresarial es el verdadero beneficiario del manejo de miles de millones de pesos que anualmente moviliza el Instituto. Las alianzas para crear lo que en el programa de labores de financiamiento 2005 se denomina Infonavit Ampliado constituye una verdadera estructura paralela de desarrolladores, de verificadores, de evaluadores; es una verdadera privatización que se ha impuesto gradual y subrepticiamente. El ofrecimiento del Infonavit a los desarrolladores y empresas de sus reservas de suelo urbanizado para proyectos habitacionales ha dado lugar a una desregulación inmobiliaria que ocasiona la apropiación monopólica del suelo apto para proyectos habitacionales por parte de las grandes corporaciones beneficiarias de este Infonavit Ampliado en un marco de falta de planeación urbana y territorial y cuyo resultado es la irracional expansión de la mancha urbana y la agudización de la crisis de los servicios. Por esto es también reprobable que el IFAI haya aceptado firmar, el 30 de marzo pasado, un convenio con el Infonavit para proponer la reglamentación del artículo 25 bis 1 que el Senado adicionó a la Ley de este Instituto, con lo cual se legitima la ilegalidad que pone en grave riesgo el patrimonio de los trabajadores. Se pretende crear al interior del Infonavit un comité de transparencia y acceso a la información, una comisión de vigilancia, un comité de auditoría y una comisión de reclamaciones, todos sujetos a normatividad reglamentaria emitida por los propios órganos del Instituto, designados por éste a quienes, por si lo anterior no fuera poco, se les confieren facultades para designar auditores externos e internos. Igualmente se le da un mayor e injustificado poder al director general del organismo, al concentrar en sus manos todas las decisiones que requieren un alto grado de transparencia y sanción social. Con la reforma al artículo 23 la obligatoriedad del director general de pasar por acuerdo del Consejo de Administración las preferencias de actores terceros y personas ajenas desaparece. En la fracción VIII del mismo 23 se desprende que se elimina la fracción I y significará que no se pondrá a consideración del Consejo de Administración el concurso de constructoras. En aras de la transparencia y garantía de que no se lucrará una vez más con el derecho humano y con el dinero de los trabajadores y el derecho a tener una vivienda digna les hacemos el llamado a rechazar esta iniciativa. Gracias.