El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: hoy, a más de 30 años de haberse instaurado los cimientos del modelo neoliberal en nuestro país, me atrevo a afirmar que estamos ante su más alta expresión y tal vez la última gran etapa. Después de los sectores bancario, ferrocarrilero, telefónico, carretero, agrario, alimentario, parece ser que el sector energético es la cereza del pastel para los voraces intereses particulares nacionales y extranjeros, y para la vocación entreguista de este régimen que fue precisamente el que inició con este proceso que ha arrojado cifras alarmantes. ¿Cuántas veces hemos escuchado que las reformas liberadoras aumentarán la productividad, el empleo y el bienestar? ¿Cuántas veces que disminuirán los precios de los productos que consumimos, de los alimentos que requerimos? En suma, ¿cuántas veces hemos escuchado que abrirnos al capital privado y extranjero propiciará el tan anhelado y requerido crecimiento económico? No necesito decirles qué es lo que en su lugar hemos tenido: recesiones económicas, tasas de crecimiento macras, menos eficiencia en los sectores que se han abierto, francos escándalos de corrupción con los consecuentes costos para la nación, como lo fue el Fobraproa. Por eso, compañeros, mi voto fue en contra de este dictamen; en contra de este engaño a la nación y a sus habitantes; en contra de ignorar la voz de las y los mexicanos que deben saber que encuestas realizadas a la gran mayoría de mexicanos, están en contra de ampliar la participación del capital privado en Pemex, porque no tiene confianza en los funcionarios, porque todo lo corrompen. En contra, también, de autorizar el daño al medio ambiente que afectará no sólo a esta generación, sino a las subsecuentes, en contra de legitimar el enriquecimiento de unos cuantos y la violación de los derechos humanos de muchos. Y es que compañeras y compañeros, este dictamen es reflejo de la ignorancia de quienes gobiernan y de quienes apoyan este gobierno y esta manera de gobernar, y me atrevo a asegurar esto porque este dictamen general, todo el paquete de reformas constitucionales y sus respectivas leyes secundarias, es un ordenamiento que no sólo es omiso de las obligaciones del Estado mexicano en cuanto garante del respeto de los derechos humanos, sino abiertamente violatorio porque ignoran y desprecian al pueblo. Un eje fundamental de esta ley que hoy se expedirá, es que la industria de hidrocarburos, según lo dicta el artículo 96, es de utilidad pública, así como las actividades de exploración y explotación son de interés social y orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos afectos a aquellas. Compañeras y compañeros, es un contrasentido. El concepto de utilidad pública es relativo, por tanto no puede establecerse a priori ninguna actividad como preferente sobre alguna otra. Asimismo, no puede ir en contra de los derechos de un sector o grupo vulnerable, como lo son los pueblos indígenas, los cuales se hallan consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales de los que México es parte, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual en su artículo 7o. señala que corresponde a ellos decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico social y cultural. Este dictamen olvida pues cómo el concepto de utilidad pública alude también a un beneficio social colectivo, por lo que debería establecer excepciones o sujeciones para la realización de actividad, explotación, extracción, ya sea el riesgo de que pudiera enfrentar el ejercicio de los derechos humanos incluido el de consulta previa que poseen los pueblos indígenas. Por lo tanto, atendiendo dicho pronunciamiento, someto a esta asamblea la reserva al artículo 5o., que llevaría un agregado que dice: bajo el marco del respeto y protección de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Ninguna de las actividades a que hace referencia el párrafo anterior podrá proyectarse o ejecutarse o desarrollarse en áreas naturales protegidas o áreas prioritarias para la conservación, así definidos por la autoridad competente. En el caso de que se trate de áreas habitadas por comunidades indígenas deberá respetarse el derecho a la consulta previa, el cual quedará sujeta la factibilidad de que tales actividades sean realizadas. Es cuanto, señor presidente, y gracias por su tolerancia.