La diputada Jazmín Copete Zapot: Gracias, diputado Presidente. Como nos podemos dar cuenta, este precepto constitucional quedará subordinado a la norma secundaria del desarrollo territorial y urbano que se impondrá con este albazo legislativo. En la exposición de motivos queda de manifiesto que en ninguna de las políticas que aplicará la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano se protegerá la figura constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales ni la protección de sus tierras paras el asentamiento humano y sus actividades productivas. Al contrario, el objetivo central de esta reforma ordinaria es la de dividir, fraccionar y enajenar los ejidos sin haber ejecutado la reforma constitucional del artículo 27, fracción VII. La reforma es un regalo para los grandes desarrolladores urbanos y turísticos que apoyaron la campaña del autor de esta reforma. Esta reforma inconstitucional demuestra el verdadero rostro depredador que se impondrá en el próximo sexenio. Los datos estadísticos los proporciona, incluso, la misma exposición de motivos cuando señala que en México de las 196.4 millones de hectáreas de superficie, poco más de 100 millones son núcleos agrarios. La suma asciende a más de 31 mil. En conclusión, el 52 por ciento de la superficie territorial de México presenta rasgos de carácter agrario, es decir, esta propiedad agraria, compañeros legisladores, será aniquilada y aplastada por la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. Para demostrar aún más, compañeros diputados, la subordinación de la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidales y comunales al desarrollo territorial y urbano, sólo basta seguir analizando los datos estadísticos que nos proporciona la misma exposición de motivos cuando señala que el censo de población y vivienda de 2010 nos dice que de los 112.3 millones de habitantes del país, el 62.5 por ciento, es decir, alrededor de 70 millones de personas viven en 383 localidades de más de 15 mil habitantes, de las cuales 56 son consideradas ya como zonas metropolitanas. Estas 56 zonas metropolitanas en su mayoría tienen alrededor o colindan con núcleos de población ejidales y comunales. Con la presente reforma inconstitucional los arrasarán. Los grandes desarrolladores inmobiliarios, urbanos y turísticos tendrán sumas millonarias de ganancias e ilícitas como las que obtuvieron en los dos últimos sexenios, incluso panistas, quienes impusieron la aniquilación de los ejidos. Los diputados del PAN forman parte de la aplanadora que ha impuesto los legisladores del PRI en comisiones para no discutir nada y legislar al vapor. Esta postura la asumen los panistas porque son parte del gran negocio territorial y urbano de zonas metropolitanas; esto es, copartícipes del saqueo que le han hecho a la nación en perjuicio de los mexicanos sumidos en la pobreza. En las zonas metropolitanas del país por la marcha del desarrollo urbano desordenado, los desarrolladores y constructores de conjuntos habitacionales se convirtieron en avecindados o ejidatarios contraviniendo la legislación agraria. El objetivo, tener los beneficios del dominio pleno y mediante esta figura adquirieron las tierras parcelarias y se las vendieron a sus propias empresas inmobiliarias. Los grandes desarrolladores inmobiliarios realizaron jugosos millonarios negocios con la complicidad de autoridades municipales y funcionarios de los gobiernos estatales, de los gobernadores principalmente en el estado de México en los últimos 12 años. Fueron grandes promotores de beneficiarios de estas políticas corruptas del desarrollo urbano y territorial, específicamente Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto. La legislación agraria después de la reforma de 92 señala que las sierras ejidales de uso común constituyen el sustento económico de la vida en la comunidad ejidal, que esta propiedad es imprescriptible, inalienable, inembargable. La legislación agraria vigente señala que sólo se podrán enajenar a terceros si se presenta utilidad para el núcleo de población ejidal. Esto no sucedió así; los desarrollos urbanos y turísticos, los desarrolladores acabaron con las tierras de uso común y con las tierras de asentamientos humanos, en donde por años vivieron los ejidatarios. En pocas palabras, en estas zonas urbanas y turísticas arrasaron y extinguieron la propiedad ejidal. Compañeras y compañeros, por ello solicito a ustedes se mantenga tal cual el artículo 26 de la Ley actual, y en consecuencia se siga salvaguardando los intereses de las comunidades ejidales y de los ejidatarios. Diputado presidente, agradeceré ponga a consideración que prevalezca el artículo 26 de la Ley actual. Gracias, compañeros diputados.