El diputado Luis Videgaray Caso: Con su permiso, señor presidente. Señor secretario Cordero, en la última década el dinero de los mexicanos no se ha gastado de una manera eficaz. En el periodo 2000-2009 el gasto corriente del gobierno federal aumentó un billón de pesos, lo que representa un crecimiento de 56 por ciento en términos reales. Si sólo consideramos servicios personales y suministros, el gasto ha crecido 4.3 por ciento real cada año, y desafortunadamente mucha de esta expansión obedece al crecimiento de la alta burocracia. El gasto corriente federal, considerando exclusivamente servicios personales, materiales y suministros, así como servicios generales, creció a una tasa promedio real de 7 por ciento durante el periodo 2006-2009. Éste, señor secretario, que usted acaba de calificar como el de una agresiva política de austeridad. Tan sólo en servicios generales el gasto corriente se incrementó de 58 mil millones de pesos en 2006, a 123 mil millones de pesos en 2010. Lo que representa un crecimiento por encima de la inflación del 78 por ciento. Ante esta inaceptable situación, esta Cámara de Diputados redujo en 93 mil millones de pesos el gasto corriente que había propuesto el Ejecutivo federal para 2010, reorientando dichos recursos a rubros realmente prioritarios, como la obra pública, como la educación el apoyo al campo. En segundo lugar, la Cámara de Diputados obligó al Ejecutivo federal, a través del artículo 18 del Presupuesto, a presentar un Programa Nacional de Reducción del Gasto de alcance plurianual, partiendo de la premisa de que quien mejor conoce su propia estructura burocrática es el propio gobierno federal y que para hacerlo sin improvisaciones era necesario un plazo razonable. Desafortunadamente, el programa que presentó Hacienda y con el que contó con cuatro meses, es francamente insuficiente, tanto por las medidas que plantea instrumentar como por el monto considerado en la reducción del gasto. En primer lugar, pese a la claridad del artículo 18, en las escasas 18 cuartillas del programa no establece ni cuál será la reorganización del Poder Ejecutivo ni cómo se implementará la racionalización de gasto operativo ni cómo se llevará a cabo la compactación de estructuras administrativas. Por lo tanto, nos vemos obligados a preguntarle, señor secretario, en un ánimo constructivo, ¿cómo será la reorganización del Poder Ejecutivo?, y, ¿cómo se compactará la estructura de la alta burocracia? Segundo. En el programa remitido se pospusieron hasta el 15 de agosto de este año las medidas específicas, que debieron establecer en el documento para la reorganización del Poder Ejecutivo, incluyendo la revisión de la duplicidad de funciones y la reducción de los niveles salariales. ¿No cree usted, señor secretario, que esto es darle largas al cumplimiento del mandato de esta Cámara de Diputados? Tercero. En el documento se reconoce que a la fecha el gobierno federal no cuenta con un control sistemático de la duplicidad de funciones y programas ya que establece que las Secretarías de Hacienda, y de la Función Pública, deben identificar dichas duplicidades presupuestarias. Entonces, el gobierno federal, señor secretario, ¿no conoce sus propias duplicidades? Cuarto. La propuesta de reducción es de 13 mil millones de pesos, en promedio anual, cifra que representa tan sólo el 0.7 por ciento del presupuesto de gasto corriente programable. Es decir que mientras las familias mexicanas sí se aprietan el cinturón en medio de esta crisis, el gobierno no está dispuesto a poner el ejemplo. ¿De verdad le parece suficiente el objetivo cuando, por ejemplo, sólo en un año, de 2007 a 2008, el gasto corriente --aclaro que sin considerar subsidios ni transferencias-- se incrementó cinco veces lo que usted acaba de proponer reducir en tres años? Finalmente, el programa es tan escueto que no permite analizar el origen de los ahorros que se proponen. Por ello agradeceré, señor secretario, que informe a esta soberanía cuál es el desglose de la reducción del gasto que establece el programa, considerando las dependencias y capítulos de gasto. Por último, señor presidente, quiero decir que aquí se ha dicho que el PRI es corresponsable por el aumento de los precios de los combustibles. Hay ya suficiente confusión en el ambiente político, amigas diputadas y amigos diputados. La facultad de subir los precios de las gasolinas, como lo está haciendo este gobierno, es una atribución exclusiva del Ejecutivo federal; y ni esta Cámara de Diputados y mucho menos el PRI tienen nada que ver en ello. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.