La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Gracias, señor presidente. En el marco internacional de la Convención sobre los Derechos del Niño, suscrita y ratificada por nuestro país, se refiere un marco amplio de diversas garantías efectivas; y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se proclaman como derechos de la infancia el cuidado y asistencia especiales que requieren, incluyendo el deber para que se le brinden al infante los medios apropiados para lograr su crecimiento, bienestar a través de la protección y asistencia que sea necesaria. En este instrumento internacional se establece claramente que todas las medidas que se apliquen deberán ser tomadas por las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos en consideración al interés superior del niño, siendo así como los Estados parte nos encontramos comprometidos para asegurar a las niñas, a los niños y a los adolescentes la protección y el cuidado que sean necesarios, tomando en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de ellas y ellos ante la ley. Y, con ese fin, tomarse todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los infantes contra toda forma de perjuicio, abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluyendo el abuso sexual en cualquier modalidad. Estos instrumentos reconocen el derecho de todo infante a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Consecuentemente, los Estados parte de la convención debemos estipular y llevar a cabo todas las medidas y políticas necesarias que garanticen el interés superior de la infancia. México, en materia de infancia, además de los anteriores instrumentos ha ratificado diversos convenios de gran valía, tales como el Convenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil; el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, relativos a la venta de niñas y niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Mujeres, Niñas y Niños. Asimismo, en la Cumbre Mundial en Favor de la Infancia, México asumió un compromiso vinculante para brindar un futuro mejor a todas y todos los infantes. En el ámbito interamericano, México firmó la Convención Interamericana sobre el Tráfico Internacional de Menores. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva número OC-17/2002, refiere que la expresión "interés superior del niño", implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas cuya aplicación debe realizarse en todos los órdenes relativos a la vida de la niña, del niño, de las y de los adolescentes, con el propósito de lograr su crecimiento y desarrollo pleno dentro de un ámbito sano, tanto en el aspecto familiar como social. Por tanto, las instituciones públicas o privadas que brinden servicios de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas, órganos legislativos de los distintos órdenes, niveles de gobierno, deben considerar como prioridad y obligación el interés superior del niño, de la niña y del adolescente, para que en las políticas públicas se dé preferencia a los derechos de la niñez, los cuales deben prevalecer sobre otros intereses; particularmente, si entran en conflicto con ellos. Por lo anterior, esta honorable soberanía, por conducto de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, al aprobar la reforma al artículo 4o. de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños. Niñas y Adolescentes, se atiende de manera integral lo que significa e implica el interés superior de la infancia. Con lo anterior hemos logrado un avance respecto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al considerar que el principio superior de esta población constituye la obligación que tiene el Estado para que sus criterios y disposiciones políticas, acciones y decisiones en sus distintos niveles y órdenes de gobierno, busquen el beneficio directo del infante y del adolescente, a quienes van dirigidas. Que las instituciones de bienestar social públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar de sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con todos los órdenes relativos a la vida de la niña, el niño, las y los adolescentes. Quiero terminar solamente diciendo que esta iniciativa fue elaborada por quienes han sido padres y madres víctimas de niños abusados sexualmente en nuestro país, por sacerdotes y maestros en las escuelas primarias y en los kinder o en las escuelas de jardín de niños. Esta iniciativa es un beneficio que los padres y madres de familia me han reiterado infinidad de veces, para decir que esto nunca más pase en un colegio o con alguien que, simple y llanamente, sea parte de la vida social de un niño y que éste haya sido abusado sexualmente. Muchas gracias.