EL DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Con su permiso, diputada Presidenta. Actualmente el derecho a poseer armas de fuego para defensa personal está reglamentada en la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 11 de enero de 1972. Derecho que por cierto muy pocos ejercen y los que lo hacen, en su gran mayoría, están fuera del marco jurídico, pues ocupan el arma de fuego para ejercer actividades propias de la delincuencia y el narcotráfico. En México desafortunadamente los índices delictivos y la violencia crecen día a día, baste mencionar que en el año 2000, hubo 1 millón 424 mil 524 delitos denunciados, independientemente de la cifra negra o de los delitos que no se notifican a la autoridad, los cuales bien podrían sumar, dos o tres veces más que los denunciados. Este alarmante crecimiento de la delincuencia, de las mafias organizadas y de la penetración del narcotráfico en la esfera pública, no ha sido frenada por los órganos encargados de proporcionar seguridad a los habitantes, situación que ha creado incertidumbre e inseguridad en el pueblo de México, y que dicho sea de paso ha generado un ambiente e impotencia e irritación social por la nula actuación de los gobiernos, toda vez que no han cumplido con su tarea primordial de otorgar seguridad pública a sus habitantes. Debido a esta omisión y ante la incapacidad de los gobiernos y del gobierno federal, hoy se pretende dejar en manos de cada uno de los gobernados la impartición e justicia, los que nos conllevará indudablemente a volver a la Ley del Talión, donde cada uno de nosotros rechacemos la violencia con violencia, volviendo así al antiguo esquema de la venganza privada. Eso hará que impere la anarquía total, donde sea la violencia la que impere y no las normas jurídicas del estado de derecho, donde el más fuerte se imponga sobre el más débil, al puro estilo de la ley de la selva. Además, por si fuera poco, el hecho de dejar en manos de los habitantes la seguridad pública, la cual es función exclusiva del Estado, se incrementaría visiblemente los accidentes y asesinatos por la manipulación a la que tendrían acceso a los menores. Un ejemplo claro lo tenemos en la Unión Americana, donde la posesión de armas excesivamente liberal, como la que ahora pretende se nos presente asestar en el pueblo de México, ha sido consecuencia de múltiples asesinatos en escuelas de ese país, los cuales son llevados a cabo por niños o jóvenes, que no tienen la madurez suficiente para manejar un arma de fuego. En México las cosas no serían diferentes, ya que de permitirse la pistolización, se estaría orillando a que se cometieran miles de homicidios dentro de los hogares mexicanos, pues la violencia intrafamiliar actualmente ocupa altos índices de recurrencia. Hoy con la pistolización quienes más sufrirían las mujeres y los niños, ya de los golpes que en ocasiones son propinados de manera salvaje, se pasaría a los asesinatos familiares. Y hoy bonitamente esta postura se quiere establecer en nuestro país, para con el pretexto de brindar protección y seguridad, cosa más lejana al pacto del cual emerge el Estado, al cual se le da la función de brindar seguridad y justicia a los habitantes. Estas dos: seguridad y justicia, son funciones primordiales del gobierno, ya que una sociedad con instituciones públicas, no puede arrojar sobre los individuos la responsabilidad de defenderse a sí mismo, ya que nadie y en su sano juicio y actuando de manera razonada quiere utilizar la venganza privada como forma de allegarse la justicia. ¿0 acaso pretendemos manchar de sangre las manos de las personas que lo único que quieren es justicia por parte de los órganos del Estado? Por otro lado, si lo que se pretende es combatir el mercado negro de armas, este tipo de medidas resultarían contraproducentes, pues actualmente los delincuentes tienen acceso relativamente fácil a armas de cualquier calibre. Es necesario notar que desde diciembre del 2000 a mayo del 2001 se aseguraron 5,770 armas de fuego y 370,557 municipios, según un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es necesario resaltar que según un informe de la UEDO, en el año 200 se introdujeron 15 mil armas de manera ilegal a nuestro país, por lo tanto, abrir este mercado impactaría severamente lo que ya señalamos hace un momento. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente PUNTO DE ACUERDO PRIMERO.- El pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión proponga al Ejecutivo Federal instaurar a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un programa de retiro voluntario de pistolas del mercado a la ciudadanía, a cambio de una retribución económica de hasta el 30% del valor comercial del arma de fuego, as fin de que se retiren del mercado y de los hogares mexicanos miles de pistolas en estado de posesión irregular. Segundo. El pleno de esta Cámara de Diputados del congreso de la Unión, autorice a la Comisión Nacional de Derechos Humanos recoger las armas de fuego que entregue la ciudadanía de manera voluntaria, sin que por este acto se finquen responsabilidades penales o administrativas a aquellos que las entreguen. Tercero. El pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se pronuncia porque la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República pongan un cerco de manera inmediata en la frontera de la Nación, a fin de no permitir introducción de armas de fuego a nuestro país. Por su atención, muchas gracias.