La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Organización de Naciones Unidas y ratificada por México en 1990, establece una serie de normas y obligaciones aceptadas por todos los Estados miembros. Estas normas básicas contienen un catálogo de derechos y libertades mínimas que los gobiernos deben cumplir para la protección de la niñez y de las y los adolescentes, y que garanticen el respeto a su dignidad, la igualdad, la diversidad y, en general, a los derechos humanos inherentes a toda persona. La iniciativa que hoy someto a su consideración busca atenuar las graves consecuencias que genera la forma más brutal de violencia en contra de mujeres menores y adolescentes: la violación sexual y el embarazo producto de este hecho. El abuso sexual en niñas y niños tiene características propias. Con frecuencia es una conducta reiterada y oculta. Suele cometerse sin mediar violencia física, pero sí violencia psicológica. Los agresores son generalmente adultos conocidos por las víctimas. Pueden ser los padres, padrastros, tíos, abuelos, primos o vecinos, razón por la cual la niña o el niño evitan informar del abuso. En México, algunos estudios señalan que la mitad de los casos de violación sexual ocurren en niñas, niños y adolescentes. Para el 2002 el DIF atendió mil 123 casos de abuso sexual y 64 de explotación sexual comercial. En este mismo año, el último por cierto, para el cual se tienen datos, solamente 13 por ciento de casos de abuso sexual y 0.3 por ciento de explotación sexual comercial fueron denunciados a las autoridades. El Estado a pesar de estar obligado a proteger a las niñas y los adolescentes de todo tipo de violencia, elude su responsabilidad en el caso de las niñas y las adolescentes que se encuentran embarazadas. La única atención que reciben generalmente es por parte de organizaciones no gubernamentales, tanto religiosas como de la sociedad civil. Éstas ofrecen refugio temporal, pero nadie se hace cargo de los niños que han sido producto de la violación. ¿Qué sucede con aquellos casos en donde la madre o la familia son los que encubren al violador? Ante esta problemática observamos la ausencia de programas gubernamentales y políticas públicas que brinden apoyo específico. A través de la iniciativa de ley que presento se pretende incorporar a las menores embarazadas como resultado de violencia sexual como sujetos de atención en la Ley de Asistencia Social. Propongo, además, ampliar las funciones del DIF para la atención de programas de atención integral para las menores embarazadas, y los hijos o hijas producto de esta violación. Este tipo de programas darán cobertura a las menores que no cuentan con una red de apoyo familiar o cuando los familiares se convierten en los agresores de la menor, o en los encubridores del violador; motivo suficiente para retirar a la menor de este entorno social de riesgo. El Estado mexicano ha firmado y ratificado distintos compromisos internacionales y es hora que empiece a cumplirlos. Señor presidente, por la premura del tiempo solicito que se sirva integrar el texto completo en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.