El diputado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo: Con su permiso, presidente. Señoras y señores legisladores, como lo hemos señalado en oportunidades anteriores, México ha sido una nación hospitalaria que ha recibido a refugiados, asilados y trabajadores de distintos países del mundo, que han encontrado en este país un lugar de vida. El artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece a la letra que en caso de persecución, por motivos de orden político toda persona tiene derecho de solicitar asilo; por causas de carácter humanitario se recibirá refugio. La ley regulará sus procedencias y excepciones. Esta redacción manifiesta la obligación de armonizar la legislación nacional vigente, no sólo con los instrumentos internacionales en la materia de los que México por supuesto es parte, sino también de emplear de manera completa y congruente todas aquellas disposiciones normativas nacionales, con el fin de dar cumplimiento al artículo anteriormente mencionado y que se garantice la protección de todos aquellos extranjeros que han solicitado asilo a nuestro gobierno, sin que lo anterior contravenga por supuesto con las disposiciones internacionales en materia de procuración y cooperación de justicia con otros estados. La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), asegura que la mayoría de las personas pueden buscar por parte de sus gobiernos la garantía de que sus derechos básicos sean respetados. No obstante, debido a los contextos de crisis y de inseguridad en muchos estados, los países de origen han demostrado incapacidad o falta de disposición al momento de llevar a cabo dicha garantía, o peor aún, en regímenes dictatoriales se ha llevado a cabo persecuciones que ponen en peligro la vida, libertad e integridad física de las personas. Ante esta situación, la ACNUR ha recibido el mandato de asegurar que los refugiados sean protegidos en el país de asilo, asistiendo a los gobiernos en la medida de lo posible a cumplir con esta tarea. Es por ello que representa una obligación para el Estado mexicano el contar con eficientes disposiciones normativas, que permitan cumplir esa responsabilidad con la mayor eficacia posible. En el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece: 1. En caso de persecución toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país; 2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Para asegurar que se lleve a cabo de forma eficiente el armónico legal necesario con el instrumento internacional anteriormente mencionado, se deben destacar siempre los principios de no discriminación y confidencialidad, como fundamentos del asilo en la legislación mexicana, elementos que se contemplan de manera oportuna en la iniciativa en comento. Asimismo, se regula de manera genera el procedimiento para el otorgamiento de asilo en sus dos vertientes, tanto diplomático como territorial. El primero se refiere al otorgado en legislaciones, navíos de guerra y campamentos o aeronaves militares o personas perseguidas por motivos políticos o delitos políticos, se fundamenta en el principio de la extraterritorialidad de las sedes diplomáticas y se basa en razones humanitarias. Por otro lado, se conoce al asilo territorial como la institución por el cual el perseguido por razones políticas busca protección en el territorio de otro Estado. En ambos casos se actúa de conformidad con los convenios sobre asilo diplomático ratificado por México el 6 de febrero de 1957, así como con la Convención sobre Asilo Territorial, ratificado por México el 3 de febrero de 1981. En el dictamen se establece de manera oportuna la diferencia, así como las definiciones entre asilo y asilo político y el refugio, entre otros, lo que sin lugar a dudas permite puntualizar con mucho mayor precisión el alcance de las modificaciones del presente dictamen, a efecto de brindar una mayor garantía y certeza jurídica en beneficio de la persona humana. Por lo tanto, y en concordancia con lo contemplado en el texto en comento, se subsanaría una insuficiencia jurídica de reglamentación adecuada del tema del asilo político. De igual manera, se expone de manera puntual cuáles serían las competencias de las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores en las materias planteadas, lo que representan acciones y obligaciones por parte de las mismas, encaminadas a promover a México como un Estado garante y comprometido con la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Para lo cual se atenderá siempre y en todo momento lo dispuesto en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y demás legislación aplicable en la materia. Señoras y señores legisladores, por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen, ya que consideramos necesario subsanar aquellas diferencias que se encuentran en nuestra legislación secundaria, para que se adecue de forma eficiente la regulación pertinente en la materia de asilo y demás disposiciones normativas. Estamos a favor de un orden internacional armónico que contemple a la defensa del ser humano como su eje rector. Es cuanto, señor presidente, por su atención, muchas gracias.