El diputado Moisés Félix Dagdug Lützow: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros, todos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con relación al contenido del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, integrante del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos y el artículo 2A, fracción II, de la Ley de Coordinación Fiscal con arreglo a la siguiente Exposición de motivos Dada la gran importancia económica, política y social que tiene el sector petrolero, su arquitectura institucional, su ubicación en el régimen de acumulación y el uso de la renta que genera, influyen con fuerza en el funcionamiento y en la naturaleza misma del Estado mexicano. Sin duda, la petrolera constituye una de las principales riquezas de nuestro país. Su aporte no sólo a la balanza comercial y las finanzas públicas, sino también como factor de impulso a la industria nacional y la innovación tecnológica e incluso como eje estructurador de la identidad colectiva son innegables. Sin embargo, no todo es idílico, en los lugares en donde se efectúa la extracción material y en aquéllos donde se procesan y exportan los hidrocarburos se resienten todo un cúmulo de efectos negativos para el medio ambiente y la población. Entre ellos podemos señalar, los derivados de la insuficiencia de la infraestructura municipal básica como consecuencia de un acelerado crecimiento demográfico, contaminación de suelos y mantos acuíferos, derrames en ríos, litorales y esteros, hacinamiento de la población en condiciones insalubres, afectaciones a las actividades económicas persistentes con las consecuentes secuelas de desempleo y tensiones sociales derivadas, entre otros muchos efectos. Ante estos efectos negativos, la población voltea siempre en primera instancia, hacia las autoridades municipales, quienes cuentan con recursos muy limitados para hacer frente a las necesidades de la población. La situación se agudiza si no hay un adecuado entendimiento político entre los tres niveles de gobierno. Frente a esta realidad, tanto en la Ley Federal de Derechos como en la de Coordinación Fiscal se prevén ya recursos directos a los municipios, por los cuales se exportan los hidrocarburos. Inexplicablemente no están considerados los municipios en cuyo territorio se realiza la extracción de los hidrocarburos, ni aquellos en los cuales estos se transforman en los destilados que sirven de base para toda nuestra actividad económica. Es innegable que en ambos casos se resienten los efectos señalados. La situación ambiental de Comalcalco, Centla, en Tabasco, así como los índices de contaminación de Salamanca, Guanajuato, son lamentablemente botones de muestra. Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración del pleno el siguiente Proyecto de decreto que reforma el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos y el artículo 2 A, fracción II, de la segunda, de Coordinación Fiscal. Artículo Primero. Se reforma el artículo 261 de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue: Artículo 261. Asimismo el 3.17 por ciento de la recaudación obtenida por el derecho ordinario sobre hidrocarburos, a que se refiere el artículo 254 de esta ley, se multiplicará por el factor de 0.01333, y el monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios de donde se extraen y donde se refinan los hidrocarburos, así como aquellos municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. Artículo Segundo. Se reforma el artículo 2A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 2A. 3.17 por ciento de la recaudación obtenida por el derecho ordinario de los hidrocarburos a que se refiere el artículo 264 de la Ley Federal de Derechos, se multiplicará por el factor de 0.0133. El monto que resulte de esta operación se destinará a los municipios de donde se extraen y donde se refinan los hidrocarburos, así como aquellos municipios colindantes con la frontera o litorales por los que se realice materialmente la salida del país de los hidrocarburos. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el 1 de enero del año 2008. Yo agradezco mucho a todos los compañeros diputados de todos los partidos políticos que se han adherido. Muchas gracias.