La diputada Geraldina Isabel Herrera Vega: Compañeras y compañeros diputados, buenas noches. Hemos escuchado y seguiremos escuchando diversos argumentos sobre la importancia de aprobar esta nueva Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas, en materia de contratación de publicidad. Sin embargo, cuál puede ser la urgencia de aprobar una ley que, de acuerdo con los grupos parlamentarios que conforman la mayoría en esta Cámara de Diputados, no es un tema fundamental y no implica cambios sustanciales. Si no implica cambios sustanciales, por qué violentar el Reglamento de esta Cámara, incumpliendo con los plazos para convocar a las reuniones que se llevaron a cabo el día de hoy. Por qué discutir en este pleno un asunto que apenas el día de ayer nos fuera turnado por la colegisladora. Es más, si se trata de una regulación en materia de transparencia y medios de comunicación. ¿Por qué no fue turnada a las Comisiones de Radio y Televisión, y a la de Transparencia y Anticorrupción para que analizarán el contenido justo en los temas que son de su competencia? Solo se me puede ocurrir una respuesta, como el iniciante de la propuesta es el senador Monreal, ustedes tienen la instrucción de aprobar esta propuesta el día de hoy, en la última sesión antes de cerrar este último periodo ordinario, aún sin haberla estudiado y analizado a fondo, sin conocer las implicaciones laborales, jurídicas y económicas que su aprobación puede ocasionar y sin escuchar a las agencias de medios y a los medios de comunicación. Una vez más votando sin conocer el dictamen. Los problemas no son solo de forma, el contenido de la propuesta que está a nuestra consideración contiene errores que no podemos dejar pasar. En la denominada Ley para la Transparencia, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en Materia de Contratación de Publicidad, se pretenden regular los contratos que celebran las agencias de publicidad con sus clientes y los medios de comunicación, pero ¿por qué querer regular con una ley especial los actos celebrados entre particulares que deben regirse por la voluntad de las partes que se encuentran expresadas en las cláusulas del mismo contrato? No tiene sentido que esta ley establezca limitaciones y regulaciones especiales en materia de publicidad si los anunciantes y las agencias están de acuerdo con el contenido y alcance de los contratos. Obviamente por eso lo firman. No hay razón para creer y fundamentar en esta creencia injustificada que todas las contrataciones de servicios publicitarios a través de agencias de medios implican un perjuicio para los anunciantes o que ellos tienen un acceso inequitativo a los medios para publicitar sus productos, sus servicios. La contratación de servicios publicitarios a través de una agencia de medios no es obligatoria para los anunciantes. Los anunciantes, como clientes de cualquier servicio, tienen la posibilidad de elegir en dónde y a quién comprar o contratar, por lo tanto, no hay sustento para tratar de asimilar la contratación de los servicios publicitarios a través de una agencia de medios con una práctica monopólica, que además pretenden sea castigada por la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando la propia Cofece ha declarado que no tiene competencia para investigar tales conductas, pues no constituyen prácticas monopólicas de acuerdo con la Ley de Competencia o con el artículo 28 constitucional, más aún cuando las sanciones que prevé esta ley ni siquiera fueron homologadas con las ya contenidas en la Ley de Competencia Económica. Otra vez queda claro que apresurar los procedimientos legislativos solo nos lleva a tener leyes que son inaplicables por errores que definitivamente podríamos corregir si hiciéramos lo que nos toca: legislar, pero con responsabilidad y no solo levantando la mano sin leer y analizar. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no seremos cómplices de esta nueva violación al procedimiento y a las actividades de esta Cámara de Diputados. Votaremos en contra pues no encontramos argumentos jurídicos que justifiquen la supuesta urgencia en dictaminar y votar en esta asamblea el dictamen. No coincidimos en el sentido del mismo y mucho menos en la necesidad de regular las contrataciones que realizan los sujetos del derecho privado. No hay ninguna necesidad ni urgencia de aprobar este tipo de leyes. En este momento la prioridad de todas y todos debe ser sacar al país delante de la crisis de salud que estamos viviendo, de la crisis económica ocasionada por la pandemia y su mal manejo, de la crisis de inseguridad ocasionada por la ineficiencia de este gobierno y de la crisis democrática que está ocasionando el presidente y su grupo mayoritario. Es cuanto, diputada presidenta.