LA C. DIP. SONIA RINCON CHANONA: Señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, desea dejar constancia de nuestro posicionamiento respecto del dictamen con proyecto de la Ley General de Desarrollo Social. El proyecto de ley en comento, es producto de tres iniciativas presentadas por el PRI, PAN, PRD y con el apoyo de todos los partidos. Esta soberanía en la anterior legislatura, así como de la minuta remitida por la Honorable Cámara de Senadores y que ahora nos corresponde a nosotros analizar, debatir y votar de manera responsable y congruente, con nuestro compromiso popular, teniendo presente que lo que se busca es articular las políticas públicas que permitan hacer concurrir a los tres niveles de gobierno en la planeación, diseño y ejecución de acciones y programas, integrando la participación de los sectores público, social y privado. Resulta imperativo reconocer que la desigualdad social es un problema estructural que lacera cotidianamente a amplios sectores de la población mexicana, lo que nos obliga a construir una puntual respuesta legislativa que permita contar con políticas públicas viables y permanentes que nos hagan transitar hacia niveles superiores de justicia social. Más de cincuenta millones de pobres, es decir, más de la mitad de la población mexicana que viven en la pobreza, que indigna y ofende, merecen que sean elevados a rango de ley, todos sus derechos y obligaciones para que de manera clara y transparente, los beneficiarios de los programas sociales tengan la seguridad y garantía de los beneficios, toda vez que de manera histórica nuestro marco constitucional ha considerado a los derechos sociales como parte fundamental e inherente del ser humano. Pero en esta ocasión se busca su reglamentación específica, garantizando con ello su viabilidad y aplicación, asegurando el blindaje, presupuesto necesario para lograr su permanencia y consolidación en beneficio de los más desprotegidos. Por ello, el presupuesto que se apruebe en esta Cámara deberá especificar que los montos asignados no podrán ser disminuidos sin previa autorización de esta representación popular, el cual también deberá crecer, año con año, en la misma proporción del producto interno bruto, cuando menos. ¡Especial atención nos debe merecer el puntualizar que los lineamientos y criterios del financiamiento de la política social deberán cobrar especial relevancia, de tal manera que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social se consideren del más alto interés público! ¡Sin duda alguna se requiere de un esfuerzo adicional, todos los que sean necesarios, para cerrar la brecha que existe entre ricos y pobres, en especial de los más pobres entre los pobres, pues no debe quedar claro que no podremos tener, como país soberano e independiente, la conciencia tranquila mientras existan estas desigualdades! ¡Por ello se requiere seguir avanzando en la institucionalización de las políticas públicas, más ahora que la alternancia política es una realidad! ¡El cambio natural de los programas entre un gobierno y otro, sobre todo si proceden de distintos partidos políticos, no debe ser pretexto ni motivo para que cada seis años tengamos que volver a empezar, o lo que es peor: destruir para borrar, con el costo económico que esto significa! ¡La dimensión del problema social exige una respuesta permanente de largo plazo, con claridad en los objetivos y con instrumentos que hagan factible el cumplimiento de las obligaciones del Estado para intervenir en el desarrollo social! ¡Por ello requerimos acciones integrales incluyentes y la participación de las tres órdenes de gobierno y de la sociedad organizada! ¡Solo así podremos generar la confianza necesaria para lograr la coadyuvancia responsable de todos! ¡Entender y comprender la existencia de grupos sociales y regiones en donde las desigualdades son más profundas y las condiciones de pobreza y marginación son amplias y complejas, lo que hace indispensable concentrar las energías y los recursos de las instituciones públicas y de la sociedad para que esos mexicanos alcancen, en el menor tiempo posible, por lo menos los promedios nacionales de bienestar! ¡Ese es el reto! ¡Las vías para reducir la desigualdad están vinculadas necesariamente al crecimiento y la estabilidad económica, en especial a la recuperación de los salarios y a la seguridad social, pero también están relacionados con el acceso a la educación de calidad, a la erradicación de las enfermedades infecto-contagiosas, a la posibilidad de contar con una vivienda digna y con servicios básicos a las comunicaciones, así como a la creación y apoyo de actividades productivas que generen empleos e ingresos! ¡En este sentido es indispensable esta ley, que impulse la construcción y adecuación de una nueva red institucional y social en la que se establezcan derechos y responsabilidades, así como principios y criterios que guíen la acción pública y ésta puede ser evaluada y supervisada por todos! Se trata de dotar al desarrollo social de nueva dirección y nuevas estrategias para abrir oportunidades a toda la sociedad, pero especialmente a quienes dentro de ella se encuentran en una situación de mayor desventaja. En estos momentos, una ley que regule la legislación respecto a la política y al sistema de desarrollo no sólo es pertinente sino urgente; sobre todo, porque a través de la legislación damos un paso hacia adelante para recuperar la dimensión social de la acción pública, como una actividad fundamental con normas democráticas. Por ello, el Poder Legislativo debemos actuar con oportunidad para no enfrentar en el corto plazo un escenario más grave que el actual e incluso, en algunos aspectos, con mayores riesgos. Lo que buscamos en el PRI con esta ley es establecer mecanismos y obligaciones claras de las instituciones para el pleno disfrute de los derechos sociales consagrados en la Constitución, dejar explícitos los derechos que conocemos como sociedad; estos derechos cobrarán mayor vigor y podrán ser ejercidos plenamente por los ciudadanos, en tanto que se les da el contenido jurídico a preceptos constitucionales. Definir diversos lineamientos a que deben sujetarse las políticas públicas dirigidas al desarrollo social como una política de Estado; considerar prioritarios los programas, fondos y recursos públicos destinados al desarrollo social, los cuales no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, sin previa aprobación de esta Cámara de Diputados. Asumir como prioritarias las diferentes zonas en las que los rezagos son mayores, por lo que deben sumarse las acciones del gobierno y el Congreso de la Unión. La Ley General de Desarrollo Social es necesaria, toda vez que urge una decisión más firme, permanente y sin partidismos para actuar y asumir que el desarrollo social, la superación de la pobreza y la reducción de las desigualdades es el mayor reto que tienen el Estado y los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente. -