El diputado Ricardo Ramírez Nieto: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Históricamente, el juicio de amparo se ha constituido como la institución jurídica de control constitucional más importante dentro de nuestro sistema jurídico. En la actualidad, es el medio para cuestionar la constitucionalidad y convencionalidad de la actuación de toda la autoridad del Estado. Es al mismo tiempo, el mecanismo más eficaz que tienen los gobernados para evitar o corregir los abusos o equivocaciones del poder público que lesiona o vulnera los derechos fundamentales, reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano es parte. En ese sentido, el juicio de amparo o juicio de derechos fundamentales, tiene por objeto específico hacer real y eficaz la autolimitación del ejercicio de la autoridad por parte de los órganos del Estado, y para ese fin es necesario proporcionar a la legislación que regula su trámite y resolución, así como a los juzgadores federales en materia de amparo, de instituciones procesales que hagan claro el procedimiento correspondiente y resuelvan problemática que se presente, para que de esa manera se garantice su eficiente y eficaz trámite y resolución. Con fecha 6 de junio del 2011 se publicó una reforma importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que impactó directamente en la administración e impartición de justicia, al reformarse los artículos 94, 103, 104, 107 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con motivo de esa reforma, con fecha 2 de abril del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política del país. Sin embargo, en la nueva Ley de Amparo no se incluyó ni se previó, en ninguno de sus títulos ni de sus capítulos lo referente a la figura procesal de la acumulación de juicios de amparo o de recursos de la misma índole, ya que el legislador fue omiso a ese respecto. Omisión legislativa que ha venido a acarrear una problemática en los tribunales del Poder Judicial de la Federación al no tener un sustento legal que les permita realizar la acumulación de juicios de amparo o recursos conexos, ya que ante la ausencia de normas que regulan esa institución los juicios de amparo y los recursos de la materia que lo prevé los ha venido tramitando por separado como juicios o recursos autónomos e independientes, aun cuando sean conexos, con el riesgo de emitir sentencias contradictorias, como a la fecha está sucediendo. Por esa razón, es urgente y necesaria la inclusión de esta institución jurídica de la acumulación, por formar parte del procedimiento del juicio de amparo, con el respeto irrestricto a las formalidades esenciales del procedimiento, y con el fin de garantizar una adecuada y eficaz impartición de justicia. Esto porque los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforman el derecho fundamental de acceso a una justicia efectiva. El juicio de amparo, al igual que cualquier otro procedimiento, debe ser respetuoso de aquellos principios fundamentales, máxime que es el mecanismo idóneo para defender aquellos derechos considerados como fundamentales. La acumulación tiene un doble fundamento, uno práctico y otro jurídico. Por una parte se sustenta en el principio de economía procesal en tanto facilita que en un juicio se resuelvan todos los temas relacionados con respecto a todos los sujetos involucrados. Por otra, tal vez la más importante, persigue evitar la concurrencia de fallos contradictorios. Se resuelvan cuestiones que son propuestas de otro, originando a la posterioridad la existencia de la cosa juzgada que incide en temas que impiden el análisis de otras cuestiones planteadas posteriormente, tornando insoluble la contienda, violentándose el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta, expedita y completa. Así, resulta evidente que la nueva Ley de Amparo adolece de una grave omisión, pues no prevé la herramienta jurídica para evitar los vicios que excluían la acumulación y se corre el riesgo de que se pronuncien –como sucede ya– sentencias contradictorias con respecto a un mismo acto reclamado, criterios diversos para asuntos similares, según conozca uno u otro órgano de control constitucional y la proliferación de juicios de amparo promovidos por sujetos ímprobos para aprovechar los beneficios temporales que brinda la suspensión. Por ello, resulta palpable y obvia la contradicción de la Ley de Amparo con las disposiciones constitucionales, en tanto que, por esa omisión legislativa, por un lado se permite la ineficacia de las sentencias de amparo cuando estas son contradictorias y por otro, se fomenta la inseguridad jurídica en tanto se impide la aplicación de criterios similares para asuntos similares. Tan es necesario y urgente reformar en ese aspecto la Ley de Amparo, que el Consejo de la Judicatura Federal ha tratado de solucionar la deficiencia legislativa a través de una figura administrativa prevista en la actual ley de la materia denominada Concentración de asuntos, establecido en el artículo 13 de dicho ordenamiento legal. Cuyo alcance fue ampliado a través del Acuerdo General 20/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que se advierte que prácticamente se reiteraron las disposiciones de los artículos 57 y 65 de la anterior Ley de Amparo, mecanismo que no resulta jurídicamente correcto, pues para ello debe acudirse al Consejo de la Judicatura Federal para solicitar la concentración. Cuando que la herramienta jurídica respectiva debe estar prevista en la Ley de Amparo y en manos de los jueces y magistrados para su aplicación por ser precisamente en el curso del procedimiento constitucional cuando se requiere de su utilización; y no por autorización de un órgano administrativo, ya que ello implicaría el ejercicio de facultades jurisdiccionales dentro de un procedimiento jurisdiccional constitucional cuya tramitación y aplicación corresponde a los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Razón por la cual se hace necesario la reforma y adición que se propone. Es cuanto, señor presidente.