El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa, en la que se propone la adición al párrafo noveno del artículo 25 constitucional y la adición del segundo párrafo a la fracción VIII del artículo 73, ambos de nuestra Norma Fundamental, con el propósito de que nunca más las deudas de los agentes económicos privados se conviertan en deuda pública y que finalmente, la sociedad mexicana con sus impuestos termine pagando estos pasivos. Proponemos que se ponga un hasta aquí a quienes en el sistema capitalista en el que nos encontramos inmersos realicen sus actividades económicas a partir de la explotación de los trabajadores y que, cuando los negocios van mal, solicitan que el Estado se haga cargo de sus deudas. Esta propuesta la hacemos en virtud de que por enésima ocasión el sistema capitalista entró en una crisis a nivel mundial, donde nuestra nación es una de las más golpeadas y los grandes monopolios y oligopolios empiezan a mostrar los primeros síntomas de incapacidad de pago; sólo que ahora esta incapacidad no fue causada exclusivamente por la borrachera de inversiones que realizaron al amparo de la buena marcha de los negocios y el consecuente endeudamiento que asumieron, sino también por haber especulado con los futuros de los precios del petróleo, del tipo de cambio y de otros instrumentos derivados. En esta misma situación se encuentran los bancos privados de nuestro país, que hicieron préstamos descomunales a las personas y ahora no pueden cobrar esos créditos. Por ejemplo, en los últimos 36 meses el número de tarjetas de crédito pasó de casi 15 millones a 26 millones, y se tiene ya en perspectiva que 700 mil personas dejen de pagar sus créditos. Asimismo, miles de medianas y pequeñas empresas ya han sido embargadas por los bancos para recuperar sus préstamos. Esta experiencia de rescate de la insolvencia de los grandes monopolios y oligopolios ya la vivimos cuando el 1 de septiembre de 1982 el entonces presidente, José López Portillo, nacionalizó la banca. Asimismo, cuando se rescató a los grandes corporativos a través del Fideicomiso de Cobertura de Riesgos Cambiarios para que transformaran los créditos contratados en dólares, antes del 20 de diciembre de 1982, a pesos. Posteriormente, este programa fue popularmente conocido como el Ficorca, creado por un acuerdo de la Secretaría de Programación y Presupuesto, designando como fiduciario al Banco de México. El Ficorca empezó a operar a principios de mayo de 1983 y a través de él las empresas transformaron sus deudas de dólares a pesos a un tipo de cambio subsidiado por el gobierno federal. En 1998 rescatamos a los banqueros de nuestra nación, por más de 140 mil millones de dólares, y la Cámara de Diputados aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el 13 de diciembre de ese año, para administrar estas triquiñuelas con cargo al erario federal. No debemos olvidar que esta Cámara de Diputados ordenó la realización de una auditoría de las operaciones financieras de los bancos para verificar la legalidad de los créditos otorgados por ellos, y que serían asumidos como pasivos con garantía del gobierno federal. Tampoco podemos olvidar que los bancos beneficiados se negaron, a pesar de que tenían obligación de hacerlo, a proporcionar la información que les requirió el auditor canadiense Mackey, motivo por el cual nunca pudimos saber cuál fue la verdadera magnitud de los créditos irregulares, que incluían autopréstamos y otras operaciones también irregulares que terminaron en la panza del Fobaproa-IPAB. Conviene recordar que el monto de los bienes que garantizaban los pasivos que asumió el Fobaproa-IPAB no eran más del 20 por ciento del pasivo total de los pagarés que administraría el organismo. Estos activos, representados por bienes inmuebles y muebles, han sido malbaratados a los Bribiesca, hijos de Marta Sahagún, y otra parte fue transferido como pago de factura a quienes financiaron la campaña de Vicente Fox y de Felipe Calderón. En esas circunstancias, es necesario tomar el control de este problema y poner un freno a la descapitalización de la economía y al saqueo del esfuerzo productivo nacional para que nunca más, ahora sí nunca más, volvamos a ser sorprendidos por quienes hegemonizan el poder político y económico de nuestra nación, ni descarguen sus pérdidas sobre las espaldas del pueblo mexicano. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en derecho constitucional comparado contamos con el referente inmediato de que en la hermana República del Ecuador, en su nueva Constitución Política aprobada por el pueblo mediante referéndum el 28 de septiembre del año en curso, en vigor a partir de su publicación en el registro oficial el pasado 20 de octubre de este año, se establecen principios similares a la que son materia de la presente iniciativa. En ése sentido, compañeros diputados, en virtud de la crisis actual que estamos viviendo y ante la posibilidad de que nuevamente la crisis bancaria que se está dando en otros países, que ya se está generando en México, traiga la tentación de que nuevamente se usen recursos públicos para proteger a los grandes banqueros o a los grandes monopolios en México, debemos establecer en nuestra Constitución esta prohibición para que ya no volvamos a ser saqueados, como ha sucedido en el pasado. Que sigamos el ejemplo de otros pueblos como el ecuatoriano, que ya tienen en su Constitución la prohibición de que deudas privadas pasen a convertirse en deudas públicas como la que dimos con el Fobaproa, y que actualmente estamos pagando, que seguiremos pagando por 20 o 30 años más, para beneficio solamente de los banqueros, situación que ya ni siquiera aceptaron en los gobiernos de Inglaterra o de Irlanda, en donde en vez de adquirir la deuda de los bancos, lo que hicieron fue hacerse accionistas de los bancos, propietarios de los bancos, para evitar caer en situaciones tan lamentables como la que tenemos en México actualmente, por el trato que se le dio a la crisis con el asunto del Fopabroa-IFAP. Es cuanto, diputada presidenta.