El diputado Ernesto Herrera Tovar: Compañeras y compañeros diputados: Subimos a hablar en pro de este punto de acuerdo por los siguientes antecedentes: En México la inseguridad en la que se encuentran expuestos los habitantes y la población en general, se ha incrementado notablemente. En la comisión de diversos delitos se buscan nuevas y más eficaces modalidades. Los avances de la ciencia y la tecnología se encuentran al alcance de personas pertenecientes a diversos estratos sociales y cuyas formas de ganarse la vida pueden ser de carácter lícito e ilícito. La mayoría de los mexicanos hemos sido víctimas de algún delito. Por lo general estos ataques se llevan a cabo cuando nos encontramos en la calle, fuera de nuestros domicilios y en algunos casos al salir de nuestros lugares de trabajo. Sin embargo, los niveles de inseguridad han ocasionado que incluso en el interior de estos lugares seamos presas del sobresalto y la inquietud debido a un delito que se realiza cada vez con mayor frecuencia: La extorsión por vía telefónica, lo cual se ha incrementado alarmantemente en los últimos siete meses del presente año. De acuerdo con cifras proporcionadas recientemente por el titular de la policía federal preventiva, en lo que va del año se han generado 3 mil 817 denuncias por extorsión telefónica. Estas cifras han aumentado considerablemente en comparación al año 2004, en donde se registraron solamente 1170 y en el 2003 solamente se registraron 1160. El modus operandi de estos delincuentes es mediante llamadas telefónicas realizadas desde un teléfono celular o público y se estima que tan solo en el Distrito Federal entre el 85 y 90% de estas llamadas con amenaza de secuestro, provienen de los centros de readaptación social. El problema de la seguridad al cual nos enfrentamos se presenta en reclusorios federales y estatales. Las zonas en donde existe mayor índice de denuncias de esta naturaleza son el Distrito Federal, el Estado de México y el Estado de Jalisco. Uno de los fines que persigue el Estado es la seguridad de sus habitantes y teniendo en consideración que este propósito puede alcanzarse de diversas formas, cada nación adopta de conformidad a su sistema de gobierno, aquéllas que considera más eficaces. Sin embargo, el factor común que identifica a todos los países del orbe, es la búsqueda de métodos, prácticas, procedimientos e instrumentos que inhiban la comisión de delitos. Por mandato constitucional corresponde a los gobiernos federales y a los estados, organizar al Sistema Penal Mexicano, lo que implica la ejecución de las sanciones penales, así como la coordinación y control de los centros de readaptación social. Ello implica que la administración, operación y dirección de cada uno de estos establecimientos, las bases para readaptarlos se sujetarán principalmente en la educación, el trabajo y la capacitación. Partimos del hecho que las personas que están internadas en dichos centros se encuentran sujetos a procesos o compurgando una pena privativa de libertad. Por lo tanto, en la mayoría de los casos son presumiblemente delincuentes. Los principios que este país ha adoptado en su tratamiento, tiene como base en el deber estatal, la readaptación social. No obstante, esta actividad podría entenderse sin que exista una obligación de vigilancia en todas las actividades de los reos; vigilancia que en la práctica normalmente es de carácter pasivo, e incluso en muchos de los casos los custodios se vuelven cómplices de los internos en la gama de delitos cometidos al interior de los reclusorios. La realidad del sistema penitenciario mexicano, es que los Centros de Readaptación Social estatales y federales en la mayoría de los casos, se encuentran sobre poblados. Los infractores al ingresar a un reclusorio, difícilmente encuentran la readaptación, motivo por lo cual estos CERESOs con conocidos popularmente como escuelas del crimen y hoy en día la comisión de delitos peligrosamente están trascendiendo del interior a la población exterior. Por las consideraciones antes expuestas, en este punto de acuerdo se propone se exhorte a la autoridad competente para que realice la implementación de un plan piloto que registre la señal, restrinja las señalas de telefonía celular en el interior de los Centros de Readaptación Social con el mayor índice de estos delitos, procurando con motivo de su restricción y en caso de ser necesario- la instalación de un mayor número de teléfonos públicos con mensajes gravados que permitan al destinatario la identificación del origen de la llamada. Esta opción determinaría la viabilidad de un proyecto que permitiría la disminución del delito de extorsión por vía telefónica. Muchas gracias compañeros.