El diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez: Con su venia presidenta. Hoy, discutimos un dictamen que suma atribuciones a una de las instituciones más emblemáticas de nuestro país, la Secretaría de Marina Armada de México. Las diputadas y diputados del PRI queremos reafirmar nuestro respeto, admiración, confianza y respaldo total a las mujeres y hombres que forman parte de esta noble institución que sirve a México. Tengan la certeza de contar con un aliado permanente en este grupo parlamentario. La reforma que hoy discutimos prevé que la Secretaría de Marina cuente con las facultades legales para garantizar la seguridad en el desempeño de los servicios portuarios, Marina mercante y de todo aquello relacionado con el comercio marítimo. Se plantea garantizar un registro marítimo nacional más eficiente para impulsar la competitividad de nuestros puertos, ordenar aspectos esenciales como la certificación del personal que lo resguarda, evitar la duplicidad de funciones, profesionalizar la educación náutica mercante y transparentar la regulación tarifaria con controles más efectivos para la recaudación fiscal. Pese a las buenas intenciones de la propuesta genera una serie de dudas, de incertidumbre sobre su operación. Especialistas han señalado, entre otras cuestiones que, al encargar a la Secretaría de Marina actividades administrativas, ajenas a su naturaleza, solo contribuiría a debilitar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a las funciones inherentes de la Secretaría de Marina. De la misma manera, han referido que no se aluden elementos suficientes para el traspaso de funciones, lo cual aumentaría la discrecionalidad, opacidad y falta de transparencia. Advierten que es una reforma inconstitucional porque violaría el artículo 129 de la Constitución federal, que establece que ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tenga la exacta conexión con la disciplina militar. Asimismo, organizaciones empresariales también han señalado que podría obstaculizar el flujo de operaciones de comercio exterior, ya que una medida como esta aumenta la desconfianza hacia nuestro país como destino de inversiones, provocando la pérdida de competitividad de las empresas mexicanas, el cierre de negocios y la consecuente pérdida de empleos. Además, el dictamen no recoge la propuesta e inquietudes de todos los partidos políticos ni de los expertos. Por tales razones y dada la complejidad del tema, debe ser objeto de mayor debate. Hace falta opinión de más especialistas, académicos, así como de representantes de las cámaras y de la industria que participan en el sector. Todas las y los mexicanos queremos actividades marítimas seguras. Estas son de gran importancia para generar fuentes de empleo, para llevar alimentos a la gente, fomentar la actividad industrial y comercial y abrir nuevos horizontes a nuestros productos en todo el mundo. La operación eficiente en los puertos no demanda solo mayor seguridad sino también la colaboración y experiencia de quienes se han dedicado, por décadas, a esta administración. Hoy, esas voces fueron ignoradas y por ello conlleva un alto costo, pues algunas empresas optarán por operar puertos vecinos. La pregunta es, ¿qué queremos sacrificar en la competitividad? Por ello, la fracción parlamentaria del PRI insiste en la necesidad de discutir de forma más amplia este tema y generar los consensos necesarios con todos los actores del sector y con el resto de los grupos parlamentarios que integramos esta honorable Cámara. Compañeros legisladores, la corrupción y la delincuencia organizada deben combatirse con firmeza, pero los civiles no pueden ser sustituidos en todas las actividades que tiene a su cargo el Estado mexicano. En el Grupo Parlamentario del PRI nos pronunciamos por actualizar el andamiaje jurídico, a fin de que la Secretaría de la Marina siga cumpliendo con sus funciones fundamentales de preservar la soberanía, la integridad del territorio y los intereses marítimos nacionales. Sin embargo, la legislación debe estar a la altura de las nuevas circunstancias y respetar el orden constitucional. Es necesario contar con un transporte marítimo y un sistema portuario eficientes, que permitan que México compita a nivel internacional y aproveche las ventajas del comercio exterior para el desarrollo económico, la creación de empleos y el bienestar social. Recordemos que, en el ejercicio del Parlamento abierto, los expertos relataron que los 10 países con mayores navieras y dueños de barcos o empresas marítimas tienen administraciones civiles y no militares, como ocurre en algunos países, como Bolivia, Guatemala y Argentina. Ese es el modelo exitoso a seguir, ese es el deseable e idóneo, por eso en el PRI creemos que no por ello estaremos en esta circunstancia. Por lo anterior dicho, el Grupo Parlamentario del PRI votaremos en abstención. Es cuanto, presidenta.