La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. Todo orden democrático, estable, fuerte y vigoroso exige una efectiva división de Poderes, en la que cada uno de los depositarios de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial del Estado, asuma su responsabilidad y compromiso de cara a la nación y sus instituciones. Sin duda el Pacto por México ha venido a ser un instrumento coyuntural en el que las principales fuerzas políticas del país hemos encontrado algunas coincidencias para impulsar una serie de reformas transformadoras de nuestra realidad. Todo ello en el marco de la división de Poderes del Estado, donde Ejecutivo y Legislativo hemos asumido con responsabilidad nuestras funciones en la búsqueda de acuerdos. En ese sentido, la configuración de fuerzas expresadas popularmente a través del sufragio en las pasadas elecciones federales, reflejó una pluralidad política vigorosa, por lo que el Ejecutivo ha sabido reconocer que la búsqueda de consensos con la oposición es una condición necesaria para la construcción de acuerdos, dada su condición de minoría política y máxime cuando una parte importante de las y los ciudadanos dieron su voto a un proyecto progresista y diferente al que él representa. No obstante, el Pacto por México también ha implicado una supeditación del proceso legislativo comprimiendo los tiempos y eludiendo a las discusiones abiertas que deben desarrollarse en las Cámaras del Congreso, tanto en comisiones como en sesiones plenarias. Que quede claro. En el Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, tenemos la convicción de que el Congreso debe tener preeminencia y centralidad en el diálogo y ningún instrumento lo puede ni lo debe supeditar, y que son las agendas legislativas de los grupos parlamentarios los instrumentos fundamentales para identificar las coincidencias que hay entre nosotros. Precisamente una de las cosas, de las cuales ha adolecido hasta ahora el gobierno de Peña Nieto, es su falta de cercanía con la gente y con amplios sectores sociales. Un presidente solo, aislado, que no disimula su tentación de revivir el culto a la personalidad, lo cual se refleja en sus actos públicos, ha sido incapaz de entender el malestar generalizado que algunas de sus reformas y acciones de gobierno han traído consigo. Durante su campaña y posterior gobierno, el Presidente Peña Nieto nos ha repetido hasta el cansancio que va a mover a México. Y debemos reconocer que lo ha logrado, diputadas y diputados, basta ver las masivas protestas que han puesto en entredicho la capacidad de diálogo del gobierno su interlocución con las fuerzas opositoras, el respeto a la pluralidad social y política. Por cierto, aprovecho para señalar que gracias a las movilizaciones de las y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Peña Nieto dio marcha atrás a su intentona de gravar con IVA a alimentos y medicinas. Desafortunadamente las acciones y omisiones de la actual administración han contaminado la vida democrática e institucional del país. Un Congreso en fuga cercado por vallas metálicas, escudos y toletes, alejado de los ciudadanos, no puede ser parte de la vida republicana que exige un régimen democrático. La polarización social y la deficiente capacidad de la actitud gubernamental para mantener la unidad nacional, son síntomas generalizados de estancamiento y descomposición que esconden peores males a los cuales la actual administración no sabe o no quiere hacerles frente. Violencia y criminalidad; corrupción, regiones y zonas geográficas del país con desgobierno bajo el control del crimen organizado y la irrupción de policías comunitarias y grupos de autodefensa, son sólo algunos de los problemas que han mantenido una tendencia adversa sin cambios, e inclusive en algunos casos, se han intensificado durante éstos nueve meses de gobierno priista. Sin duda resulta un hecho incontrovertible que los gobiernos federal y locales han sido capaces de cumplir con la tarea fundamental de todo Estado, la de brindar seguridad a sus ciudadanos y ciudadanas. Los números oficiales respecto a homicidios, secuestros, extorsiones y robos de vehículos con violencia que reconoce la administración de Peña Nieto, son la prueba fehaciente de la crisis de inseguridad que priva en México. De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, se han registrado 12 mil 598 homicidios, es decir, 50 homicidios diarios en promedio. Asimismo han ocurrido mil 32 secuestros, 5 mil 242 casos de extorsiones y 90 mil 200 robos de vehículos con violencia. Bajo este contexto de seguridad precaria, no es de extrañar que en los territorios controlados por el crimen organizado y en aquellas en las que el Estado ha incumplido sus funciones básicas, las policías comunitarias y los grupos de autodefensa hayan irrumpido como respuesta a múltiples conflictos sociales y ante el fracaso del gobierno federal y los gobiernos locales para garantizar la seguridad pública. Así pues, más allá de discutir su legalidad, el gobierno federal debería entender que el hecho en sí mismo está poniendo sobre la mesa que algo no está funcionando en estas comunidades, muchas de ellas marginadas y con altos índices de pobreza y desigualdad; las calles se convierten en abrevaderos para las bandas criminales. Al respecto conviene hacer un análisis de la Estrategia de Seguridad Pública implementada por la actual administración federal, que en los hechos ha cambiado su discurso y el manejo mediático de la información. Pero en la realidad la situación de violencia sigue siendo alta y alarmante en nuestro país. En ese sentido pese al cambio de diseño institucional mediante el cual la Secretaría de Gobernación absorbió y concentró las funciones en materia de política interior y seguridad nacional, no parece haber claridad ni resultados diferentes a los experimentados durante el sexenio pasado. Y es que no podría ser de otra forma. Se sigue sin haber precisión en los principales aspectos de la Estrategia de Seguridad Nacional. Ni el presidente ni el secretario de Gobernación o algún otro funcionario o funcionaria relacionada con el tema nos ha explicado la estrategia detallada que se habrá de seguir para bajar la incidencia delictiva en el país. El ejemplo más claro de ello está en la conformación de la gendarmería nacional, para la que se solicita un presupuesto de 4 mil 500 millones de pesos para el próximo año, pero que bien a bien no sabemos sus funciones, sus objetivos, ni siquiera sabemos cómo estará integrada. Por el contrario, puede pensarse que una fuerza federal más en materia de seguridad, dará mayor complejidad a la distribución de competencias y responsabilidades. Las Fuerzas Armadas continúan teniendo un papel principal en el combate al crimen organizado y como auxiliares de las autoridades civiles en diferentes regiones del país, cuestión que merece un amplio reconocimiento para las soldados y los soldados, hombres, mujeres, marinos, que día a día se esfuerzan en tareas de seguridad y protección a la población. Sin embargo esta situación fuera de toda normalidad institucional reclama un límite cronológico que no está claro ni ha señalado el gobierno federal. Así pues, es necesario que el Ejecutivo explique a detalle, en el marco institucional y de colaboración de poderes, la naturaleza jurídica y operativa de las acciones contenidas en la Estrategia Nacional de Seguridad, la Política Federal de Seguridad Nacional, el Esfuerzo Nacional contra el Narcotráfico y la Estrategia de Seguridad de la Información, para que exista claridad respecto a la aplicación de los 118 mil millones de pesos destinados a la prevención social de la violencia y la delincuencia, los 75 mil millones de pesos que solicita la Secretaría de Gobernación y los cuatro mil 500 millones de pesos que se requieren para la gendarmería nacional. Otro aspecto importante que debemos destacar en el análisis de los asuntos relacionados con la política interior de la actual administración federal es el tema de los derechos humanos, bandera histórica de la izquierda y tema prioritario en la agenda legislativa del PRD, mismo que mereció muy poca atención y un trato marginal por parte del presidente Peña Nieto en su primer informe de gobierno, a pesar de haberse anunciado como una política de Estado, al grado de no ofrecer cifras ni indicadores del cumplimiento de las recomendaciones en esta materia. Asimismo, dentro del informe, tampoco hay una sola mención de acciones o al menos de programas futuros sobre la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes o de las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que el Comité Contra la Tortura de la ONU, en noviembre del año pasado, realizó una serie de recomendaciones para asegurar salvaguardias legales fundamentales para los detenidos y para llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces y enjuiciar y sancionar a los culpables sobre las múltiples denuncias presentadas ante dicha instancia. La omisión también es patente sobre la desaparición forzada. Solamente se cita como un tema de un ciclo de capacitaciones para funcionarios y las excavaciones realizadas para la localización de Rosendo Radilla. Con respecto a las personas desaparecidas, se reporta la creación de una unidad, un registro y un protocolo, pero no se informan las acciones urgentes para su búsqueda e investigaciones ni de la magnitud de casos pendientes que las propias autoridades reconocen que superan los 25 mil casos. Bajo tal contexto, qué esperar de un gobierno que omitió mencionar el Programa Nacional de Derechos Humanos en el Plan Nacional de Desarrollo y que además no reporta el avance de sus obligaciones internacionales en la materia. A propósito de derechos humanos, hoy el Estado mexicano tiene la oportunidad histórica de enmendar uno de sus errores y hacer justicia liberando al maestro tzotzil Alberto Patishtán. Compañeras y compañeros, el Partido de la Revolución Democrática quiere dejar claro en esta tribuna su compromiso y lealtad hacia la república y sus instituciones. Nuestro ideario progresista y social nos exige dar respuestas contundentes a los problemas que aquejan a la nación. En esta Legislatura hemos demostrado que el PRD es un garante de la gobernabilidad y los acuerdos para el sano funcionamiento de la democracia. Estaremos en la búsqueda de consensos con el gobierno y todas las fuerzas políticas siempre y cuando se respete la pluralidad ideológica, pero también sabremos defender a la gente y con la gente en las calles cualquier intentona que pretenda vulnerar la soberanía nacional y los derechos fundamentales de la gente. Les recuerdo y les comento que la fuerza de los pueblos agrupados sin fisuras al lado de una causa justa es realmente invencible. No a la privatización de Pemex. Es cuanto, diputado Presidente.