El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy se realiza la declaratoria de constitucionalidad de una reforma indispensable para la consolidación de nuestra democracia, ya que contiene dos mecanismos fundamentales de la participación ciudadana: la consulta popular y la revocación de mandato. En el primero hemos tenido experiencias desastrosas gracias a que no se siguieron las disposiciones constitucionales y legales. Hemos visto ejercicios lamentables de los que, arguyendo una supuesta consulta al pueblo, el presidente de la Republica ha clausurado obras tan importantes como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o como el Metrobús en la región de la Laguna. De igual manera, ha legitimado proyectos sin ningún fundamento técnico como el tren Maya o la refinería de Dos Bocas. Para la consulta popular la reforma establece que se podrán consultar temas de trascendencia regional y no únicamente los de interés nacional. La votación requerida será de 2 por ciento de la lista nominal de los electores, y se llevará a cabo el primer domingo de agosto. Hay que dejar claro, compañeras y compañeros, se prohíbe someter a consulta la reducción de los derechos humanos, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero y las obras de infraestructura en ejecución. Además, el organismo que organice la consulta y promueva la participación de la ciudadanía, será el Instituto Nacional Electoral. Por otro lado, en cuanto a la revocación de mandato se establece que la convocatoria será expedida por el INE a petición del 3 por ciento de la lista nominal de electores, en por lo menos 17 entidades federativas. Esta podrá solicitarse en una sola ocasión durante los primeros tres meses posteriores al término del tercer año del periodo constitucional y será considerada válida cuando se tenga, por lo menos, el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Sin duda que celebramos esta declaratoria porque las figuras de democracia participativa, históricamente han formado parte de la plataforma del Partido de la Revolución Democrática. Por ello, estamos convencidos de su utilidad y seguiremos promoviendo su aplicación, pero también lo decimos: no estamos de acuerdo, y así lo seguiremos denunciando, en la realización engañosa de falsas consultas organizadas por entidades que no tienen ni la infraestructura ni la independencia y mucho menos las facultades para llevarlas a cabo. Debemos respetar la legalidad y por ello la exigimos en primer término al titular del Ejecutivo federal y a sus representaciones parlamentarias. Los instrumentos legales como los que hoy se señalan en nuestra Carta Magna, así como sus economías constitucionales, han sido diseñadas dentro de la estructura institucional como mecanismo de contrapesos al poder autoritario y las defenderemos de los ataques que pretendan debilitarlas, ya sea por la vía de nombramientos ilegales o por limitaciones presupuestales. La responsabilidad otorgada por el pueblo a través del voto debe cumplirse de manera definitiva. La sociedad otorga el encargo. El gobernante, como mandatario, está obligado a cumplirlo. Recordemos, compañeras y compañeros legisladores, tenemos la alta responsabilidad de contribuir en el fortalecimiento del Estado de derecho y la participación del pueblo es una herramienta eficaz de validación del poder público, que coadyuvará en el ejercicio y control de quienes recibimos el mandato del pueblo. Nos encontramos ante el surgimiento de un nuevo escenario, tenemos la gran oportunidad de reivindicar y reconocer los derechos políticos de las y los ciudadanos. Finalmente, hay mucho trabajo pendiente, hay que esforzarnos día a día para estar a la altura de nuestros compromisos en beneficio de las y los ciudadanos, a fin de edificar un mejor país. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.