El diputado José Enrique Doger Guerrero: Con el permiso de la Mesa Directiva, señor presidente. Señoras y señores diputados. A nombre propio y del Grupo Parlamentario de mi Partido, el Revolucionario Institucional, me permito someter a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa que modifica la Ley General de Educación, de conformidad con la siguiente Exposición de motivos La educación en nuestro país es un derecho humano que el Estado garantiza a todos los individuos sin distinción alguna. De igual forma, determina la constitución, como interés supremo, el de la niñez, por lo que establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el mismo, al tiempo de reconocer como derechos de las niñas y los niños la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. El interés superior del menor es reconocido también por la legislación internacional, la cual se constituye como la Ley Suprema en nuestro país por así disponerlo la propia Constitución; en el caso específico, la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue firmada por nuestro país el 26 de enero de 1990 y ratificada el 21 de septiembre del mismo año, la cual protege a los niños de cualquier discriminación en su artículo 2 y dispone la obligación de reconocer que los niños con discapacidad mental o física deberán disfrutar de una vida plena en condiciones que aseguren su dignidad y faciliten su participación activa en la sociedad. Reconociendo su derecho de recibir cuidados especiales gratuitos y asegurando que tengan un acceso efectivo a la educación, según lo dispuesto en los artículos 23 y 28 respectivamente. Por otra parte, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la cual también forma parte nuestro país al firmarla el 30 de marzo de 2001 y ratificarla en diciembre de ese año, establece como una obligación de todos los Estados tomar las medidas necesarias para asegurar que todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. De igual forma dispone el derecho a la educación con miras a que éste se haga efectivo sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, asegurando un sistema inclusivo, estableciendo la obligación de facilitar el aprendizaje Braille y de impartir la educación con los medios y modos más apropiados para que se les permita alcanzar su máximo desarrollo académico y social, lo que se desprende de la lectura de los artículos 7 y 24. El orden jurídico local contiene ordenamientos reglamentarios de estas disposiciones, entre otros, la Ley General para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la propia Ley General de Educación, que determina la forma coincidente, el interés superior de los niños, el acceso a la educación y prohíben la discriminación, pugnando por el acceso efectivo de los menores a la educación que les permita ampliar sus capacidades y desarrollarse para lograr su inclusión sin obstáculos en nuestra sociedad. No obstante el marco jurídico vigente ya referido en nuestro país, según las cifras del último Censo de Población y Vivienda llevado a cabo por el INEGI, existen más de 79 mil niños que tienen una discapacidad visual y que no tienen en los hechos, el acceso a la educación que las normas citadas prevén. Si bien es cierto que desde 66 la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito extendió su oferta mediante la producción de libros en Braille, también lo es que el número de libros producidos no es suficiente. Existen datos de la propia Secretaría de Educación Pública que refieren la producción de sólo 16 mil libros en sistema Braille, que sólo pueden beneficiar a 4 mil menores, lo que deja en el abandono a más de 75 mil niños. Por otra parte la actualización del contenido de los libro Braille no es congruente con los planes de estudio para la educación primaria implementados a partir de 2011, lo que genera que exista discriminación para un grupo vulnerable al que la ley, según lo expuesto ordena se brinden las mínimas posibilidades de oportunidades que a los niños y niñas en general. Por otra parte la Secretaría de Educación Pública no cuenta con información fidedigna del número de niños con discapacidad visual, ya que en la mayoría de los casos no son aceptados en las escuelas de educación básica y aquellos que lo son no son reportados como tales y en el mejor de los casos no se cuenta con instrumentos para su acceso a la educación. Esta realidad ha sido incluso denunciada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que se ha pronunciado mediante la recomendación correspondiente en el sentido de solicita al titular de la SEP que tome las medidas necesarias para editar libros en Braille. En ese contexto la propuesta que someto a su consideración adiciona la Ley General de Educación, para garantizar el acceso a la educación de los menores con discapacidad visual y lograr que efectivamente la educación sea asequible a todos los niños y jóvenes, especialmente a los discapacitados, para de esta forma concretar los postulados que caracterizan a la educación en el país, tal y como lo establece la Constitución. Concluyo, señor presidente. De igual forma busca que se incluya como material educativo que garantice a los niños y niñas discapacitadas el acceso a la educación y determinar de forma clara la obligación de producir y actualizar los libros de texto en Braille, así como la obligación de producir un número de ejemplares suficientes para niños discapacitados visuales, para lo cual se señala también como una obligación de los centros escolares, especificar en los censos el número de educandos con discapacidad para que la SEP pueda en su momento determinar las políticas para lograr su educación y generar facilidades para su acceso. Compañeras y compañeros diputados: esta propuesta sin duda requiere la conjunción de esfuerzos, y para llegar al resultado deseado hay que dar el primer paso, por lo que propongo que sea este poder, el Poder Legislativo, el que abone para concretar las condiciones que la ley vigente prevé para nuestros niños y niñas del país. Por su atención muchas gracias.