El diputado Alejandro Rangel Segovia: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, traigo a la consideración de este pleno una iniciativa que es producto del trabajo conjunto de la Comisión de Ciencia y Tecnología y que un servidor, asimismo, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, hará notar la importancia, la trascendencia de dar un paso y reformar uno de los artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y que tiene impacto en el desarrollo de la investigación de la ciencia y de la tecnología. Este trabajo, debo decir, es fruto de distintos foros y acercamientos que esta comisión ha tenido con distintos centros de desarrollo tecnológico y con la mayor diversidad de investigadores en el ámbito médico, en el ámbito agronómico, en el ámbito del desarrollo de tecnologías duras, de tal suerte que recogidas una serie de inquietudes que ellos tienen para la mejor realización de su trabajo, es que se plasma esta primera aproximación a los cambios que el mundo científico y que la comunidad de investigadores ocupa y necesita para hacer crecer económica y productivamente a nuestro país. La investigación científica ha sido merecedora de distintos calificativos a lo largo de la historia. Es considerada como un motor del desarrollo económico. Tan sólo la década pasada se estimaba que incluso la mitad del crecimiento económico de Estados Unidos se logró gracias a los desarrollos tecnológicos producidos y a los procesos que permite generar. Y Corea del Sur es otro de los ejemplos de cuán importante para el desarrollo económico se vuelve la ciencia, tecnología e innovación. Las industrias basadas en investigación y tecnología crearon 2.5 veces más trabajos que el resto de las empresas entre 1995 y el año 2005 en los países desarrollados. Sin embargo, para que sea visible el beneficio a la economía de este conocimiento generado, los resultados deben ser transmitidos de la universidad o centro de investigación a la sociedad. Esta forma de valorización se conoce como transferencia de tecnología. La transferencia de tecnología básicamente, puede darse mediante tres formas. Contratos de transferencia, que es licencia y venta. Movilidad de recursos humanos, de la academia a la empresa. Y c), creación de los espin-offs o empresas iniciadas por investigadores. En México se ha explorado en recientes años la primera forma, es decir, transferir patentes y conocimiento a empresas nacionales o trasnacionales mediante una licencia en la que se establece el pago de regalías a la universidad o centro dueño de la patente u otro derecho de propiedad intelectual. Sin embargo, este mecanismo no ha logrado el éxito esperado, debido a que generalmente los beneficios obtenidos han sido sólo para las grandes empresas, o bien, las investigaciones o desarrollos tecnológicos no han podido ser cabalmente aprovechados por la insuficiencia de recursos. Independientemente de lo anterior, básicamente podemos concluir que la transferencia científica y tecnológica, es para México una asignatura pendiente por dos razones fundamentales, porque los recursos asignados a la investigación científica son insuficientes; y porque el andamiaje legal en la materia presenta vacíos, lagunas e inconsistencias que impiden el impulso de estas actividades e inhiben la inversión. El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece hacer del desarrollo científico-tecnológico y la innovación, pilares pare el progreso económico y social sostenible. La estrategia 3.5.4 establece el contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conocimiento, vinculando a las instituciones de educación superior y los centros de investigación con los sectores público, social y privado. Y tiene varias líneas de acción que por el tiempo escaso que se tiene para esta presentación no doy lectura, pero que busca esta iniciativa darle cumplimiento cabal. Por ello es que se adiciona un último párrafo a la fracción XII del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos para quedar en los siguientes términos. Es, en el caso del personal de universidades, centros públicos de investigación y otras entidades paraestatales de la administración pública federal, que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica y efectivamente lo realicen, los órganos de gobierno de dicho centro podrán determinar los términos y condiciones específicas de aplicación y excepción a lo dispuesto en esta fracción. Tratándose de los conflictos de intereses, los investigadores no incurrirán en ello siempre y cuando cumplan, en apego absoluto, los términos y condiciones establecidas por sus respectivos órganos de gobierno, particularmente en relación con las actividades en que dicho personal participe o se vincule con proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico en relación con terceros, el licenciamiento de patentes o la participación como socios en empresas. Los términos y condiciones generadas deben apegarse a lo dispuesto en la Ley de Ciencia y Tecnología. Se presentan dos transitorios también y uno de ellos habla de tener un plazo no mayor a 90 días naturales a partir de la publicación del decreto, para realizar las reformas necesarias a la Ley de Ciencia y Tecnología, que en consecuencia de lo aquí propuesto den ese marco sumamente necesario para el desarrollo del país, basado en ciencia y tecnología. Muchas gracias.