La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el sistema penitenciario en México enfrenta una grave crisis por la falta de una adecuada política nacional que observe y cumpla los principios constitucionales. Como muestra están los recientes hechos registrados en el penal de Topo Chico, Nuevo León, donde fallecieron 40 personas durante un motín. Y las difundidas fugas de grandes delincuentes en diversos centros penitenciarios del país. Lo cierto es que hoy el sistema representa un gran costo económico y social, porque no reinserta, no capacita para el trabajo, no educa, no dignifica a la persona, y lo más grave: no propicia la reparación del daño a las víctimas. Actualmente en el país existen 419 centros penitenciarios. En todos ellos se vive a diario la sobrepoblación, hacinamiento, el autogobierno delincuencial y no existe la clasificación correcta de las personas que se encuentran ahí recluidas. Los procesados están mezclados con los sentenciados con diferentes niveles de peligrosidad, lo que trae consigo la contaminación criminal, el perfeccionamiento del modus operandi y la integración de organizaciones nuevas para delinquir. Sabemos que el número de internos en el país ha tenido un crecimiento importante en los últimos diez años, crecimiento que se debe en gran medida a la inseguridad, la corrupción, el narcotráfico, la delincuencia organizada, el tráfico de armas, los abusos de poder, entre otros. Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, dependiente de la Secretaría de Gobernación, de febrero de 2015, la población carcelaria en toda la República Mexicana es de más de 257 mil 291 internos; 49 mil 412 reos son del fuero federal y 207 mil 879 del fuero común. De los 207 mil 879 internos del fuero común, 83 mil 761 enfrentan proceso. Y 124 mil 118 fueron sentenciados. Asimismo, de los 49 mil 412 internos del fuero federal, 25 mil 325 están siendo procesados y 24 mil 87 ya fueron sentenciados. Lo anterior es alarmante y es prueba de que el sistema federal y estatal penitenciario es un fracaso. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática tiene el presente dictamen, de votar a favor para expedir la Ley Nacional de Ejecución Penal, la cual permitirá concretar el urgente y necesario cambio de paradigma del sistema nacional penitenciario, pues tiene la intención de remediar las pésimas condiciones en que se encuentran las prisiones en nuestro país y establecer las bases que habrán de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria. Sin duda se trata de una ley que va registrar importantes cambios cualitativos y cuantitativos en las prisiones de las entidades federativas, en virtud de las acciones y recursos de procedimientos, los cuales se sustanciarán conforme a un sistema adversarial y oral. Los internos por prisión preventiva y sentenciados tendrán la oportunidad de gozar de la libertad anticipada y permitirá al Estado un mejor empleo de los recursos económicos para alcanzar la reinserción social de los sentenciados sobre las bases del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, cuyos principios se encuentran establecidos en el artículo 18 constitucional y en los tratados internacionales donde el Estado mexicano es parte. Solo para tener una idea del alcance de esta ley, la actividad del juez estaría dirigida al cumplimiento de la pena asegurando el debido respeto a los derechos humanos de las y los reclusos, eliminando discrecionalidades de la autoridad administrativa como hoy suceden, sin reglas claras de seguridad jurídica, defensa, igualdad, legalidad, debido proceso, publicidad en las audiencias y transparencia, así entonces los jueces de ejecución son los que darán trámite a los procedimientos que corresponda a la ejecución de sentencia, para dar cumplimiento a la sentencia emitida por el juez de juicio o tribunal en los términos establecidos por esta ley demás leyes penales aplicables. Por otra parte, la presente ley protegerá a las mujeres, al reconocer el derecho a la maternidad y lactancia estableciendo la obligación de contar con atención médica y obstétrica ginecológica, así como protección a las personas más vulnerables como son los adultos mayores, indígenas y en especial las niñas y niños, estableciendo atención pediátrica y una edad máxima hasta de tres años en su estancia. Advertimos y hacemos notar que existen estándares internacionales que definen la edad máxima de cinco años de niñas y niños para su permanencia con las madres en los centros de reclusión. Por ello, compañeras y compañeros diputados, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos convencidas y convencidos de que esta Ley Nacional va a contribuir de manera significativa en el reconocimiento de la persona privada de su libertad como sujeto de derechos y no más como un reo o prisionero. Es cuanto, presidente.