La diputada Graciela Ortiz González: Compañeras y compañeros diputados, ante la debilidad institucional del Ministerio Público, ante la falta de visión de un gobierno y una mayoría oficial, que lejos de fortalecer todo el mecanismo de impartición y administración de justicia optaron por la destrucción del Poder Judicial, ahora pretenden fortalecer una figura que se llama prisión preventiva oficiosa, como una medida cautelar que priva de libertad a una persona acusada de un delito antes, antes de que se dicte una sentencia condenatoria. Estamos en el mundo al revés. En lugar de empezar a atender primero el criterio de presunción de inocencia antes de atender el debido proceso, incluso amplían lo que hicieron al principio de la pasada administración, amplían el catálogo de los delitos que según ustedes merecen prisión preventiva oficiosa. Hoy incluso incorporan a los delitos el rubro de delitos fiscales. Y dicen que la prisión preventiva oficiosa va a resolver problemas, por ejemplo, de contrabando. Lejos de preservar la eficiencia de las aduanas, hoy simplemente aumentamos los delitos. La prisión preventiva oficiosa ha suscitado un intenso debate en el ámbito jurídico y de derechos humanos a nivel mundial. Esta práctica puede tener varias implicaciones en la protección de los derechos humanos de los acusados, violando así los derechos fundamentales, como son la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la defensa, las condiciones de detención, la proporcionalidad y necesidad de las penas, y sobre todo el posible daño social y familiar que esta medida ocasiona. Pero nada de eso parece importarles a ustedes, que están apoyando la posibilidad de esta medida. Esta figura permite que personas acusadas de delitos relacionados con el sistema fiscal sean encarcelados sin la necesidad de un juicio previo, basándose solamente en el principio de prevenir la fuga o la obstrucción de la justicia. En diversas jurisdicciones la prisión preventiva se ha convertido en un mecanismo que, en lugar de proteger la justicia, vulnera las garantías fundamentales de los acusados. Su uso excesivo genera una presunción de culpabilidad que transgrede el principio de inocencia que ha campeado siempre en el sistema penal mexicano. El retroceso en la utilización de la prisión preventiva en delitos fiscales representa una problemática medular que pone en jaque a los sistemas judiciales modernos. Las consecuencias son muy graves, ya que muchas personas pueden enfrentar largos periodos de encarcelamiento sin haber sido condenadas, lo que destruye sus vidas y reputaciones a consecuencia de deficiencias de control por parte del Estado, que hoy campea en el oficialismo. En México requerimos hoy más que nunca un equilibrio entre la necesidad de garantizar la justicia y la protección de las libertades fundamentales de las personas implicadas. En esta tribuna hoy hacemos un llamado los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a revisar, a reformular la aplicación de la prisión preventiva oficiosa que se propone, promoviendo alternativas que respeten esos derechos y que garanticen la obligación del Estado de procesar a quienes cometen delito, sin afectar desproporcionadamente las libertades individuales. Incluso, llegamos al extremo de que con esta reforma se pretende superar el criterio del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido el 8 de noviembre de 2019 por Arturo, por el entonces ministro Arturo Zaldívar, que hoy está cómodamente aposentado dentro del oficialismo y dentro del gobierno. Él dijo en esa ocasión que esta figura constituye una pena adelantada que contraviene los derechos humanos. No caigan en la contradicción, escuchen a su ministro favorito, hoy exministro, y a cargo del proceso de renovación del sistema judicial. Escúchenlo en su criterio jurídico, cuando todavía le importaba México a Zaldívar, cuando todavía le importaba la aplicación de la justicia. Concluyo, compañeras y compañeros, diciéndoles: una justicia que prioriza el encarcelamiento como respuesta dictatorial no es justicia. Es una política de control que, reconózcanlo, es la política que busca el gobierno mexicano actual del oficialismo para, olvidando el valor de los derechos humanos y que por décadas la izquierda de México ha proclamado. A esa izquierda, que alguna vez me mereció enorme respeto, apelo hoy para pedirle que no olvide sus principios y lo que aquí en este mismo recinto y en el Senado de la República tantas veces proclamó. Muchas gracias, por su atención.