El diputado Daniel Pérez Valdés: Honorable Asamblea, el 22 de agosto de 2005 se publicó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, previo consenso de todas las fracciones parlamentarias de la LIX Legislatura. El Procurador General de la República promovió la acción de inconstitucionalidad número 27/2005, en contra del Congreso y del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, demandando la invalidez de varios preceptos de la norma, entre otros, el correspondiente a los artículos 57 y 58, que se refieren a las bases para determinar el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña. Dicha acción de inconstitucionalidad fue resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el mes de julio del presente año, considerando la validez constitucional de la mayoría de los preceptos impugnados, en particular lo relativo a los artículos 57 y 58. A la fecha no se han instalado los órganos de gobierno que mandata la ley y tampoco se le ha dado cumplimiento a la publicación de los precios de la caña de azúcar que deberán publicarse en octubre de cada año. La caña de azúcar ha dejado de recibir los beneficios que la industria recibió por las exportaciones a precios preferenciales a los Estados Unidos, por la cantidad de 958,651 toneladas en la zafra 2005-2006, producto de los huracanes que afectaron a ese país. Por otro lado, tampoco recibió de manera íntegra la parte correspondiente a los beneficios del IEPS que lograron en su vigencia la sustitución de casi 2 millones de toneladas de jarabe de maíz de alta fructosa, de tal forma que la mayor parte que los abastecedores de caña de azúcar reclaman en precio no es un tema de mercado, sino de tesorería, pues estamos hablando de ingresos monetarios que la industria ya recibió. El argumento de la industria azucarera para no pagar sus adeudos con los cañeros y para que no se incremente el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña lo sustentan en la apertura del Tratado de Libre Comercio y los excedentes exportables de la zafra 06-07 que originan fuertes inventarios acumulados. Lo cierto es que el precio que se determina como referente para el pago de la caña de azúcar contempla al mercado doméstico, al Tratado de Libre Comercio, empresas maquiladoras y mercado mundial; es decir, los cañeros corren todos los riesgos del mercado con los industriales, pues cuando las pérdidas son muy grandes por exportar al mercado mundial, los cañeros participamos con el 57 por ciento de las pérdidas, y ahí no son de referencia sino reales. De aquí provienen las simulaciones de exportación y la retención en el mercado nacional de tales excedentes, con el propósito de no cubrir a los cañeros la participación real que les corresponde. Luego entonces, los excedentes que no exportan los industriales fue con el pretexto de venderlos al mercado nacional, siendo ellos corresponsables de la sobreoferta de azúcar que ha originado la caída de los precios, y no el fantasma del Tratado de Libre Comercio, como ellos argumentan. Estados Unidos sólo nos está asignando para el ciclo 2007-2008, 375 mil toneladas de azúcar, ante esta asignación de los Estados Unidos queda claro que al menos para 2008 no habrá una libre concurrencia en el mercado regional, salvo que nos lo comprueben con sus acuerdos respectivos. No es aceptable que la industria ponga como condición negociar la política pública o comercial para determinar el precio de referencia del azúcar para el pago de la caña, pues esto es tanto como que los abastecedores de caña le pusieran como condición el 58 de porcentaje del precio y pedir participación de las mieles, como se les da en los Estados Unidos a los productores de caña. Tenemos plena seguridad que el comercio de México y Estados Unidos en materia de edulcorantes debe tener como condición la equidad y por ello el tema no es sólo del Ejecutivo, es un asunto de Estado. Realmente los cañeros estamos pidiendo lo que por una ley vigente nos corresponde, que se publique de la zafra 2006-2007, el ajuste al precio como marca nuestra ley y que para 2007-2008 se publique el precio como le corresponde y como lo marca la ley. Por eso, honorable asamblea, les pedimos su aprobación, su apoyo para que sea de urgente u obvia resolución y que el Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Economía y de Agricultura ya no lastime más la economía de 2 millones y medio de personas en 15 estados de la república y que cada día que pasa se pierden millonarias cantidades de dinero. Es cuanto, señora Presidenta.