La diputada María del Rosario Brindis Álvarez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en la actualidad la trata de personas es un problema global al que ningún país desarrollado o en vías de desarrollo escapa. Este fenómeno social se ha convertido en un desafío para los gobiernos y en una grave amenaza para la convivencia armónica de los pueblos. El brutal ataque a la libertad y a la dignidad de los seres humanos ha hecho de éste un problema de orden público mundial, tanto por su vinculación a los flujos migratorios como por la situación de pobreza y la peligrosa actuación de la delincuencia organizada transnacional. La preocupación sobre el incremento de este delito ha puesto a este tema en el centro de la discusión en los foros nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. No es casual que en los países donde la falta de educación, el desempleo y la pobreza son eminentes, sea precisamente donde se incrementa dramáticamente este fenómeno social, especialmente si tomamos en cuenta que es justamente donde existe más resistencia a modificar sus legislaciones para poner fin a este delito. Según el informe del Departamento del Estado Norteamericano sobre la Trata de Personas 2007, un número importante de mujeres, niñas y niños mexicanos son objeto de tráfico interno para ser explotados sexual y laboralmente, siendo extraídos, con engaños, de regiones urbanas pobres hacia zonas urbanas fronterizas y turísticas mediante ofertas falsas de empleo. No obstante, la falta de legislación específica o adecuada acerca de la trata de personas, en nuestro país, constituye uno de los principales obstáculos en la lucha contra esta problemática. En este orden de ideas, para combatir y contribuir de una manera más amplia y eficaz a la prevención de la trata de personas, especialmente de mujeres y menores de edad, se requiere un enfoque amplio que incorpore medidas preventivas y sanciones adecuadas para los que participen en este delito. Asimismo es importante reconocer que en el mundo globalizado en el que vivimos, la masividad de los medios de comunicación ha sido un factor determinante para la comisión de este delito. De manera especial los anuncios publicitarios en los medios de comunicación escritos, ya sean periódicos o revistas, se han convertido en una herramienta efectiva para atraer a los diferentes consumidores potenciales. Así estos anuncios publicitarios de prostitución constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado, pues utilizan estos medios publicitarios a fin de llevar a cabo la práctica del delito de trata de personas, fomentar la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Ante esta circunstancia resulta fundamental sentar las bases legales que permitan desarrollar una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, a fin de evitar la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de la sociedad. Conscientes de estas circunstancias y convencidos de que la graves de este fenómeno social amerita modificaciones legislativas que complementen el texto normativo de la actual Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para evitar que la publicación de la publicidad propicio derive en delito, el Partido Verde Ecologista de México presentó la iniciativa que hoy se dictamina para establecer las medidas preventivas necesarias que inhiban la trata de personas en un marco de respeto a la libertad de expresión de los medios de comunicación con la única finalidad de que a nuestros ojos resulta ineludible de proteger a quienes mediante engaños se conviertan en víctimas de este delito. Quiero hacer un reconocimiento al esfuerzo realizado por mis compañeros de la Comisión de Derechos Humanos, así como a su presidente el diputado Navarrete Prida, por su disposición, sensibilidad y compromiso para impulsar esta iniciativa que con certeza generará una importante contribución para evitar que se continúe transgrediendo la libertad y derechos humanos de las víctimas de la trata de personas. De aprobarse este dictamen se logrará sancionar a quienes contraten y publiquen anuncios que encuadren en las conductas del delito de trata de personas y se facultará a la autoridad a monitorear y vigilar que los anuncios que se publiquen no contravengan este ordenamiento. Por lo anterior conmigo a todas las fracciones parlamentarias y a los diputados en lo individual, a ser concientes y manifestar su compromiso con las víctimas de este delito mediante su voto a favor de este dictamen. Muchísimas gracias. El Presiente diputado Francisco Javier Salazar Sáenz: Gracias a usted, diputada. Para fijar la postura de su grupo parlamentario, tiene la palabra la diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, del grupo Parlamentario del PRD, hasta por cinco minutos Quisiera enviarles un saludo a invitados especiales de Toluca, Estado de México, que han sido invitados a esta Cámara por el diputado José Luis Velasco Lino. Sean ustedes bienvenidos, que su estancia sea ilustrativa.