La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El dictamen que la Comisión de Justicia pone a consideración de esta asamblea el día de hoy atiende un grave problema del sistema penitenciario nacional. Debemos estar conscientes de las graves condiciones que las personas privadas de su libertad tienen que afrontar debido a los autogobiernos en las cárceles, la corrupción de las autoridades penitenciarias, así como el hacinamiento y la falta de circunstancias que les garanticen una vida digna mientras pagan su deuda con la sociedad. Las dificultades sistémicas que enfrenta el sistema penitenciario mexicano no son nuevas y desgraciadamente quienes más sufren estas deficiencias son aquellas que pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad como los adultos mayores. Estos problemas van desde su ubicación en los espacios carcelarios que les permiten una estancia digna, ya que no responden a sus necesidades físicas, falta de equipo de apoyo como sillas de ruedas, andaderas, bastones hasta la falta de medicamentos y el abandono de sus familiares, y no digamos ya de la atención médica o nutrición acordes a su edad en caso de requerirlo. Según el órgano desconcentrado de readaptación social y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hasta junio de 2017 se encontraban privadas de su libertad 209 mil 782 personas de las cuales 5 mil 846 son adultos mayores y 234 son mujeres y 612 hombres. De ellas, el 59.03 por ciento tenía entre 60 y 65 años, y el 40.97 por ciento más de 66 años de edad. No obstante las múltiples y constantes recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el gobierno federal poco ha hecho para resolver la problemática de los centros de readaptación social y mucho menos para la atención de aquellas personas adultas mayores que tienen requerimientos especiales. Las mujeres en esta condición particularmente sufren de abandono y violaciones consuetudinarias a sus derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. A pesar de que esta situación ha sido multievidenciada por la comisión nacional solicitando no sólo la atención a sus necesidades de alojamiento, de tal manera que sus requerimientos conforme a su edad y vulnerabilidad les permita una integración en igualdad de condiciones que las otras reclusas para cumplir con la finalidad de su internamiento, es decir, la reinserción social. Señala la CNDH que entre las principales dificultades que tienen que afrontar los adultos mayores en privación de libertad, se puede señalar que el 44 por ciento de los presos mayores se encuentran clasificados inadecuadamente en pisos superiores de los centros o en la parte alta de las literas. El 29 por ciento carece de rampas para movilizarse, el 11 por ciento carece de programas de reinserción social, de un 7 por ciento no hay registros y un 8 por ciento no tienen dietas adecuadas y al 1 por ciento le faltan aparatos ortopédicos para moverse o prótesis. Asimismo con base en las cifras obtenidas las personas con más de 70 años y una pena de más de 10 años estarían obteniendo su libertad alrededor de los 80 años de edad, por encima del promedio de esperanza de vida planteada por el Inegi, en 2016 que fue de 75 años, lo que les impediría alcanzar la reinserción social como fin de la pena si no se observan los criterios necesarios para ello, estableciendo una nueva violación a sus derechos humanos, revictimizándolos sin posibilidad de resarcimiento alguno debido a las altas probabilidades de un deceso en encarcelamiento. Todo lo anterior se presenta cotidianamente en los centros de reinserción social, federales, estatales y municipales, no obstante que nuestro marco jurídico profundamente garantista pretende avalar al máximo el ejercicio de los derechos humanos. Es por ello que celebramos la adición de un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal en el que establece que todos los centros penitenciarios posean un registro en el que se asienten los datos de las personas mayores de 60 años, entre los cuales deben encontrarse sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyos y ubicación, de tal manera que la autoridad penitenciaria pueda realizar las acciones correspondientes para que todas las personas puedan gozar dentro de su internamiento de los derechos humanos que le son inherentes. En consecuencia y plenamente obligados en la defensa de los derechos de las personas adultas mayores, expresamos que el voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.