El diputado Jesús de León Tello: Con la venia de la Presidencia. Señoras y señores diputados, la arbitrariedad no ha sido una constante en el desenvolvimiento de la vida política nacional en lo que va del presente siglo. Sin embargo, nos faltan casos donde se cuestiona como ilegal la actuación de algunos funcionarios, instancias gubernamentales y organismos autónomos, señalando con razón o sin ella, que en algún sentido podría haber llevado a cabo actos contrarios a la norma constitucional o legal. Tales cuestionamientos son parte de nuestra vida democrática, por lo que hacen falta mecanismos institucionales para que en su caso las autoridades cuestionadas puedan enfrentar los señalamientos y defender, en su caso, la pertinencia de su gestión. Entre los mecanismos que hacen falta, tenemos la indefinición que priva en casos como el del Instituto Federal Electoral, ya que en la actualidad no existe una norma que explícitamente le permita promover acciones de inconstitucionalidad para defender la cuestión legítima de dicho organismo autónomo, que es, junto a la Fiscalía para Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las instituciones encargadas de garantizar el ejercicio de la democracia formal en nuestro país. La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de control que tiene por objeto hacer que se respete el espíritu y la letra de la Constitución, de nuestra Carta Magna, la división y equilibrio de Poderes, la cual le imprime fuerza y regularidad al estado de derecho. Asimismo la acción de inconstitucionalidad resulta ser el único freno eficaz a las pretensiones del ejercicio del poder que pudieran ir más allá de las facultades del órgano de gobierno de que se trate y las formas de ejercerlas específicamente en la Constitución y en las leyes reglamentarias. Actualmente la acción de inconstitucionalidad se concede explícitamente a estados, municipios, a los tres Poderes de la Unión y en el inciso g) del mismo artículo 105 constitucional que se propone reformar, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero no se establece explícitamente al Instituto Federal Electoral, lo que genera confusión en lo que se refiere a su derecho a invocar la acción de inconstitucionalidad. Se trata de una laguna jurídica de las que en muchos casos se hacen perceptibles por la necesidad de tener soluciones a una problemática que antes no se había tenido en cuenta, lo que representa una oportunidad para perfeccionar nuestro sistema democrático. Un caso semejante fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos de que el primero en percatarse fue Acción Nacional, a promover la iniciativa para legitimarlo, para promover ese tipo de controversias. La aprobación de este mecanismo no implica en modo alguno otorgar fueros, estimular controversias o convertir al IFE en un actor político más. De lo que se trata es de permitirle al Instituto asumir su posición en el régimen de equilibrio de Poderes como un actor más, que en casos específicos pueda solicitar a la Suprema Corte, en igualdad de circunstancias, la revisión de las determinaciones de otros Poderes u órganos autónomos que pudieran afectar el cumplimiento de su misión y sus responsabilidades. Acción Nacional ha defendido siempre la existencia de un órgano electoral autónomo que pueda garantizar que ningún Poder o partido meta la mano en las organizaciones de los procesos electorales. Esta reforma va en el sentido de hacer aún más clara la autonomía del IFE ya que lo fortalecerá en su gestión al quedar ahora facultado para entablar acciones de inconstitucionalidad y de esta forma no pueda quedar en estado de indefensión ante determinaciones que eventualmente lesionen su capacidad de conducirse de manera autónoma y eficaz. En virtud de lo anterior, y para hacer patente la facultad del IFE en lo que se refiere a su derecho de solicitar que se ejerza la acción de inconstitucional, se considera pertinente y oportuno agregar al artículo 105 constitucional un inciso h) que haga implícito este derecho en los términos siguientes h) Se faculta al Instituto Federal Electoral a promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano que vulneren los principales en materia electoral que consagra esta Constitución. Asimismo, los organismos electorales equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales o la Asamblea Legislativa, según sea el caso. Le pido, señor Presidente, que la misma sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates ya que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto.