La diputada Holly Matus Toledo: Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos pretenden ser un freno al abuso de poder o a la omisión en el cumplimiento de las obligaciones, atribuciones y funciones. Aunque se ha gestado un profundo cambio en el derecho administrativo mexicano, no se han actualizado las normas que regulan el proceso y la impartición de justicia administrativa. La Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es afectada por elementos extrajurídicos como son los intereses políticos, personales e ideológicos que impiden su cumplimiento y la aplicación de las sanciones. Ésta, además, reproduce esquemas de desigualdad jurídica entre la partes y no garantiza la transparencia en el debido proceso. Hoy el procedimiento se lleva a cabo sin transparencia y en completa secrecía para la persona denunciante o quejosa, quien no tiene posibilidades de intervenir de forma alguna en el proceso. El quejoso o denunciante no tiene conocimiento de la actuación de las autoridades, y más grave aún, no tiene el derecho a ofrecer pruebas, mientras que el servidor público sí puede hacerlo. El acto de autoridad que prorroga el procedimiento no tiene que fundarse ni motivarse, por lo que generalmente se produce injustificadamente. Éste no se funda ni motiva la resolución final ni se mencionan los elementos probatorios obtenidos y valorados durante la investigación. Así, el procedimiento es violatorio de los artículos 14 y16 constitucionales y pone en duda la objetividad e imparcialidad de los órganos internos de control. La ley sólo otorga a los servidores públicos el derecho a interponer un recurso de impugnación o inconformidad contra la resolución; es decir, protege al funcionario, pero discrimina a la persona quejosa o denunciante. Esta desigualdad procesal ha sido justificada por el Poder Judicial de la Federación en diversas tesis aisladas, bajo el argumento opaco, arbitrario y discrecional de que la persona quejosa o denunciante carece de interés jurídico. Con esto, no solamente se vulneran los derechos del quejoso o denunciante, sino que también se afecta a la sociedad en su conjunto al preservar en el cargo a un servidor público que no acata los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia previstos por la ley. Los procedimientos por hoy son arbitrarios y ostensiblemente violatorios de las mínimas garantías de audiencia, defensa, seguridad jurídica, tutela judicial efectiva y acceso a la justicia por parte del quejoso, provocando inequidad y desigualdad procesal entre la persona quejosa y el funcionario público. A través de la reforma y adición de diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos se pretende: que el quejoso o denunciante tenga conocimiento de la notificación hecha al servidor público denunciado para acudir a comparecer personalmente; que se garantice la posibilidad de ofrecer pruebas, así como se le garantiza al presunto responsable; garantizar que tanto el quejoso como el denunciante reciban debida, fundada y motivada, la notificación sobre la ampliación del plazo para dictar una resolución; garantizar que al igual que los servidores públicos, los quejosos o denunciantes puedan optar por interponer un recurso de revocación en contra de las resoluciones; evitar que la suspensión de la ejecución promovida por la interposición del recurso traiga como consecuencia la consumación o continuación de las omisiones que perjudiquen al quejoso. En México de enero a agosto de 2006 se recibieron 11 mil 483 quejas y denuncias por conductas irregulares de los servidores públicos. Esto da pie e indica la necesidad de garantizar que en nuestro país los asuntos sean abiertos al escrutinio social. La transparencia y la rendición de cuentas dan legitimidad y credibilidad a un sistema político. Esperemos que nuestro sistema político sea de este tipo. Es cuanto, señor presidente.