El diputado Miguel Angel Yunes Linares (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados: Estoy a favor de que el diputado con licencia René Bejarano sea sometido a proceso penal, pero en contra de que se le reconozca fuero. No es un asunto menor; si se aprueba en sus términos el dictamen de la Sección Instructora, ampliaremos la protección del fuero constitucional a servidores públicos que se encuentran separados de sus cargos. Hoy, cuando la sociedad exige eliminar privilegios y prerrogativas, cuando demanda igualdad de los servidores públicos ante la ley, cuando el fuero es considerado por muchos como sinónimo de impunidad, responderemos a ese reclamo social resolviendo que también tienen fuero quienes gozan de licencia, en lugar de limitar al mínimo dicha figura. Vamos nuevamente a contrapelo de la sociedad. Si aprobamos el dictamen estaremos también quebrantando el principio de igualdad ante la ley, extenderemos el fuero y la inviolabilidad a personas que no desempeñan ninguna función pública y las colocaremos en una situación distinta a la de los demás ciudadanos. En el México del siglo XXI, en el de la transición democrática, en el de la modernidad, a la Sección Instructora le pareció adecuado apoyar su dictamen sólo en una tesis del siglo pasado, una tesis de hace casi sesenta años relativa a un artículo de la Constitución que se abrogó desde 1982; tesis que considera al fuero como un beneficio y que sostiene, entre otras aseveraciones debatibles, que un diputado con licencia conserva todos sus derechos y prerrogativas, que sigue protegido por el fuero y la inmunidad parlamentaria y por si fuera poco, que debe percibir sus dietas. Se soslayaron con el dictamen tesis posteriores como la de 1996 que determina que el llamado "fuero" no es un derecho sustantivo e inherente de las personas que transitoriamente tengan el rango de servidores públicos, sino un atributo en razón de la función que desempeña. Todo el título cuarto de la Constitución relativo a las responsabilidades de los servidores públicos, vincula a éstas y por tanto, la protección a los servidores públicos con el cito- desempeño de un empleo, el ejercicio de sus funciones o el ejercicio de un cargo o comisión. Las sanciones previstas por ese mismo capítulo son la separación del cargo en el caso del desafuero- y la destitución del servidor público y su inhabilitación en el caso del juicio político. Es decir, para que el sistema constitucional de responsabilidades de los servidores públicos opere, es indispensable que éstos se encuentren en el ejercicio o desempeño de un cargo, empleo o comisión de los protegidos constitucionalmente. Quien tiene licencia no desempeña ningún cargo ni empleo ni comisión, se encuentra separado de la función pública y por tanto no debe tener ninguna protección constitucional. La propia Ley Orgánica de la Asamblea del Distrito Federal señala los límites de esta protección; el fuero constitucional, dice, es inherente al cargo de diputado, protege el ejercicio de sus atribuciones. René Bejarano se separó de su cargo desde hace más de ocho meses. El propio dictamen señala que el diputado Bejarano cito- goza actualmente de licencia para no ejercer el cargo de diputado, pero al mismo tiempo la Sección Instructora nos propone que aprobemos un resolutivo en el que se declara, cito textual: "...el C. René Juvenal Bejarano Martínez, queda inmediatamente separado de su cargo como diputado a la Asamblea del Distrito Federal". ¿Cómo se puede separar de un cargo a quien el propio dictamen reconoce que no ejerce este cargo? Esta soberanía al aprobar el dictamen estará también renunciando a una potestad soberana: la de definir en qué casos prevalece el fuero. Esta no es facultad del Poder Judicial, es facultad nuestra. Ignacio Vallarta, presidente de la Corte decía: "Nuestra Constitución no emana, sino que por el contrario, reprueba en muchos textos la subordinación de todos los poderes a la voluntad de la Corte". No subordinemos a esta Cámara. No estamos obligados a acatar una tesis anquilosada, superada por la realidad, sin consistencia alguna. Debemos por el contrario un paso adelante en la interpretación constitucional determinando que el servidor público que solicita licencia y ésta le es autorizada, no goza de ninguna protección constitucional. En ese sentido es la propuesta de modificación al dictamen que entrego a esta secretaría y que en dos puntos señala: "Primero. El diputado con licencia René Bejarano, no goza de fuero constitucional en virtud de no estar en el desempeño de su cargo "Segundo. Quedan intocadas las facultades legales del Ministerio Público y de las autoridades jurisdiccionales para que en el ejercicio de sus funciones realicen las actuaciones que consideren pertinentes." Muchas gracias.