El diputado Abdallán Guzmán Cruz: Con su venia diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía, iniciativa de ley con adición a la fracción X al artículo 73 de la Constitución Federal y se presenta una Ley Federal de Notariado sobre la base de las siguientes CONSIDERACIONES Todos, en algún momento, hemos conocido de abusos cometidos por malos notarios. En muchos casos, su laboro obstaculizar la rápida regularización jurídica de inmuebles; actuando así, precipitan que dichos bienes pierdan valor y también dificulta la transparencia necesaria en estas operaciones, afectando negativamente un eje fundamental de la movilidad y el crecimiento económico del país. Con frecuencia también conocemos que los malos notarios certifican hechos falsos, lo que constituye una actividad delictiva que tanto afecta a particulares, que a sindicatos, empresas y al propio Estado. Aunque teóricamente es a través de un riguroso examen de oposición como se elige a los notarios, la realidad en otra. En el dominio público para designar a una parte de quienes ahora son notarios, se siguieron procedimientos viciados. No olvidemos que en este ámbito destacan casos de nepotismo, de los llamados premios de consolación política o de plano la compra del cargo. Estas prácticas inevitablemente hacen del lucro el propósito central de los notarios, lo que de inmediato quita sustento al honesto y eficaz ejercicio de esta honorable profesión. Por eso es inadmisible que los privilegios e intereses personales de unos cuantos malos notarios, tengan en jaque los intereses de la absoluta mayoría de los mexicanos; además es prácticamente nula la inspección sobre la labor desempeñada por los notarios. Se debe recordar que la actividad desempeñada por los notarios, es una función pública a cargo del gobierno; es decir, una atribución del Estado y de ninguna manera materia para un negocio privado. Lo que también nos lleva a recordar que los notarios para desarrollar su función, necesitan de patente de una delegación del Estado en su favor. Partiendo de lo anterior, si el gobierno constata que no se cumple debidamente el interés social encomendado a los notarios, no solamente puede, sino debe revertir a su favor las funciones del notariado de manera total o parcial, en aras del interés superior del país. En este sentido, la siguiente propuesta va por federalizar las funciones del notariado, el objetivo podría basarse en la fracción XXIX- E, en relación con la fracción XXX del artículo 73 de la Carta Magna, desde el momento en que ésta autoriza al Congreso de la Unión, expedir leyes de orden económico, como también es la presente. Esto, porque de aprobarse mi iniciativa, se daría un impulso considerable a las transacciones de los inmuebles y por tanto, al crecimiento económico del país, además de los beneficios sociales derivados. No obstante lo anterior, he preferido efectuar una adición expresa a la fracción X de este artículo, para que no exista duda alguna al respecto. "La federalización del notariado, permitirá uniformar las disposiciones aplicables a una actividad central, evitándose las actuales disparidades y abusos en costos y trámites, lo que representa un factor de fomento a la economía y un freno a los actos fraudulentos de algunos notarios que se amparan en la falta de homogeneidad y en una mal entendida autonomía". Por lo anterior, urge que la designación de los notarios sea ratificada por la Cámara de Diputados, a la cual, además, deberá rendir informes semestrales la Asociación Nacional de Notariado Mexicano, en tanto que los exámenes serían aplicados y calificados por el Poder Judicial. Por su parte el Ejecutivo Federal se encargaría de emitir la patente respectiva y de llevar a cabo inspecciones y vigilancias de mayor calidad sobre el desempeño de ésta actividad. Es decir, participarían de manera armónica los tres Poderes de la Unión, para el logro de la eficiencia y honestidad en el desarrollo de esta actividad tan importante. Sin embargo, respecto de los asuntos, cuyo valor no excediera de 500 mil pesos, conforme al salario mínimo vigente al 2006 en el Distrito Federal, su autentificación quedaría en manos de notarios, cuyos ingresos pagaría el Estado, es decir, serían empleados del Gobierno Federal, lo que haría posible que no cobrarán aranceles a la población de bajos o medianos ingresos; aunque desde luego, éstas personas sí cubrirían en su caso, los gastos e impuestos causados. Por lo que hace a los notarios que no actuarán como empleados del gobierno, se propone que la Ley Federal del Notariado, contenga un arancel preciso calculado sobre la base del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, para evitar cualquier abuso. Este arancel de manera permanente, deberá ser expuesto en los edificios públicos y en las oficinas de los notarios, con el objeto de que la operación de las notarias se realice conforme a las últimas tecnologías, lo que permitirá ahorros de tiempo y de recursos en la prestación de servicio, con el consecuente abaratamiento a favor de la población. En el artículo 8° de esta iniciativa se precisa: "que las operaciones notariales y la recaudación de los respectivos aranceles, se harán mediante sistemas automatizados sin menoscabo de la seguridad jurídica de las mismas. La firma electrónica de los notarios, tendría por tanto la misma validez y eficacia aprobatorias que la ley otorga a la firma autógrafa. Igualmente con la finalidad de poner fin a vicios ya antes señalados, se prohíbe expresamente la designación en cada distrito judicial como notarios a quienes sean parientes por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado de algún notario que esté en funciones. Por la misma razón, estos parientes no podrán sustituir a un notario que deje el cargo. En la iniciativa propongo medidas para que se vigile de cerca la actividad de los notarios, de manera que su actuación se apegue a derecho y por tanto, no se cause perjuicios al interés individual ni a la sociedad. Finalmente, destaca que las funciones del notario con incompatibles con todo empleo, cargo o comisión públicos con empleos y comisiones de particulares con el ejercicio de la profesión de abogado en asuntos contenciosos o con el ministerio de cualquier culto religioso. Compañeras y compañeros diputados, por lo anterior propongo que esta soberanía apruebe la adición a la fracción X del artículo 73 de la Constitución y la Ley Federal de Notariado aquí expuestas. Solicito su publicación íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.