EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER CABEZA DE VACA: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros: me presento ante ustedes a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para solicitar su apoyo para la aprobación del siguiente dictamen, el cual consiste en modificar los artículos 3, 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la cual las entidades federativas deberán publicar en sus órganos de difusión estatales las fórmulas y variables utilizadas, así como los montos de los recursos federales que se distribuyen entre los municipios. Este dictamen se fundamenta básicamente en transparentar los recursos y partidas federales que le corresponden a los estados y municipios. Con las reformas a los artículos 3, 6 y 36 de este ordenamiento se pretende fomentar que los estados asuman cabalmente la responsabilidad que tienen ante la población y asegurar que cada ciudadano tenga la oportunidad de informarse sobre la manera en que los recursos federales son distribuidos en sus municipios. Es aquí donde la participación de los gobiernos estatales cobra relevancia. Las entidades federativas no deben quedarse al margen de estos avances significativos en el intento por hacer del ejercicio público un ejercicio responsable. Hablar de un verdadero federalismo significa también rendir cuentas sobre el ejercicio y distribución de los recursos públicos en los estados y municipios. Esto implica de manera inherente una planificación y asignación adecuada de los recursos financieros y de manera específica de aquéllos que distribuyen entre los municipios. Al respecto cabe recordar que hoy en día y conforme a la Ley de Coordinación Fiscal la Federación distribuye recursos públicos entre las entidades federativas con base en fórmulas establecidas. En contraste, no en todos los estados de la República existen criterios o reglas claras que normen la distribución de los recursos entre los gobiernos municipales. La ausencia de criterios propios, claros y basados en las necesidades reales y específicas de cada entidad para llevar a cabo la distribución de los recursos a los municipios ha limitado de manera sustantiva el desarrollo integral de estos últimos. Lo antes descrito supone favoritismos, esto es, que algunas capitales de los estados, así como aquellos municipios que ocasionalmente son favorecidos con mayores recursos presenten un desarrollo significativamente mayor respecto al resto de los municipios, hecho que mantiene y profundiza la desigualdad existente en nuestro país. Por consiguiente resulta de suma importancia la definición de criterios claros y transparentes por parte de las entidades federativas en torno a los procedimientos utilizados para distribuir los recursos entre los municipios, criterios que no solamente deben ser transparentes, sino también su distribución, así como la aplicación de los mismos. Es fundamental definir y transparentar criterios desde una perspectiva que considere la desigualdad y el desempeño, así como la publicación y difusión de los recursos distribuidos entre los estados y municipios, ya que esto permitirá, en el mediano plazo, un desarrollo más homogéneo e integral de las entidades federativas y, por consiguiente, elevará los indicadores nacionales de bienestar. En la medida en que las entidades federativas transparenten el uso de los recursos que transfieran a los municipios, la población podrá participar para avalar o desaprobar el ejercicio público y. con base en el conocimiento de la realidad, involucrarse en el proceso de toma de decisiones por parte de los gobiernos. El establecimiento de metas acordadas a las necesidades específicas de cada localidad y la planeación, ejecución y evaluación de acciones que garanticen su consecución. Sólo a través de la transparencia y la difusión de la distribución de los recursos federales que reciben los gobiernos estatales se podrá incidir en tener mejores formas de acciones de gobierno que se traduzcan en el crecimiento y desarrollo que México demanda. De igual manera, para esta dictaminadora resulta atendible que el planteamiento que se hace en cuanto a incorporar, dentro de las obligaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene que atender para la determinación de la participación que le corresponde a cada entidad federativa mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación, a más tardar el 31 de enero de cada ejercicio fiscal. El de incluir no solo el calendario de entrega, el porcentaje y el monto estimado que habrá de recibir cada uno de ellos, sino también el de las fórmulas y variables utilizadas para tal efecto. Esto, sin duda, será un logro más de esta Legislatura en materia de transparentar los recursos públicos. Es por ello que nuevamente les pedimos su apoyo para aprobar este dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente. -