El diputado Humberto Ramon Jarero Cornejo: Con su venia, presidenta. No cabe duda que la subcontratación de servicios en México ha sido un tema trascendental, de discusión para desarrollo social y económico de la población en México, y es en esta reforma donde se plantea si bien no la eliminación que tanto se presume aquí, sí una regulación y aunque esta sea lejana a lo merecido por la ciudadanía, sí avanza en la lucha para garantizar los derechos de los trabajadores. Refiero una diferencia de lo necesario para la ciudadanía debido a varios aspectos los cuales, lejos de ser adecuados, resultan peligrosos ya que atentan contra la certeza jurídica en lo económico, lo cual debe prevalecer para mantener la confianza en el sector. En referencia al artículo 14, este plantea en su primer párrafo los elementos bajo los cuales se debe de dar la subcontratación de servicios especializados. Después, en su segundo párrafo se busca establecer la responsabilidad solidaria del contratante respecto al incumplimiento del contratista. Este párrafo versa la primera reserva planteada ante ustedes, eliminar este texto. En principio, porque no podemos hacer responsable a un individuo, ya sea persona física o moral, por las fallas de otros, y más cuando este individuo no tiene ni los medios ni la personalidad jurídica para verificar el cumplimiento de las responsabilidades como patrón de a quién va a contratar para la prestación de un servicio. Recordemos, los medios y la personalidad la tiene únicamente el gobierno. También, se parte del supuesto de que todo prestador de servicios especializados bajo la figura de subcontratación ya habrá sido avalado mediante el registro correspondiente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por lo cual resulta un absurdo que ni siquiera el registro de la Secretaría sirva como garantía para todo aquel que busque usar este tipo de servicios. En cuanto a la segunda reserva, en la propuesta del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, sugiero añadir un quinto párrafo, en el cual se establezca que, en los casos de cancelación del registro por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, esta deberá notificar a la persona física o moral 60 días previos, con el fin de dar oportunidad de solventar las fallas detectadas. Y si al término del periodo mencionado estas persistieran, entonces se procedería con la cancelación del registro. Dicha adición responde a la necesidad de brindar mayor certeza al sector al cual se está regulando. No dejemos que los errores humanos y las fallas administrativas, sin dolo, cancelen los negocios y queden miles de trabajadores sin empleo. Partamos del supuesto de que, si en una empresa la cual no simula y mantiene un negocio sin malas prácticas, esta podrá solventar cualquier observación y serán únicamente aquellas empresas que lucren a costa de los trabajadores las que terminarán perdiendo el registro, mismo que seguramente ni siquiera lo van a poder obtener. Así como se dan las notificaciones en temas tributarios o en temas administrativos, permitamos también dar esa garantía de defensa a las empresas de subcontratación, las cuales son motivo del presente dictamen y que el gobierno pretende tener bajo regulación. Con las anteriores reservas planteadas, confío en que se tendrá la aprobación de un dictamen, el cual beneficiará de mejor manera a la ciudadanía y a las empresas, y responderá un poco más adecuadamente a las exigencias de la economía de nuestro país. Si no se va a eliminar la subcontratación, compañeros diputados, aprobemos una regulación mucho más amigable e integral. No dejemos inconcluso esto, por favor. Es cuanto, presidenta.