EL C. DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La democracia debe asegurar un ejercicio transparente de la función pública para que la sociedad pueda conocer y evaluar la gestión gubernamental y el desempeño de los servidores públicos y, como consecuencia, mejorar la aplicación de la justicia. Con la expedición de la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información pública gubernamental, nuestro país ha emprendido un proceso de cambio en la relación entre Gobierno y gobernados y desde luego una nueva forma de ejercicio de la función pública. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental garantiza el derecho de acceso a la información y la protección de los datos personales que obran en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los organismos constitucionales autónomos bajo tres principios fundamentales: El primero, la información de los poderes y organismos federales es pública y debe de ser accesible para la sociedad, salvo que en los términos de la propia ley se demuestre en forma clara y debidamente sustentada que su divulgación puede poner en riesgo asuntos de interés general del país, como por ejemplo la seguridad nacional o la salud de la población. El derecho de acceso a la información es universal, lo que significa que cualquier persona, sin distinción alguna puede solicitarla sin necesidad de acreditar interés jurídico o exponer los motivos o fines de su solicitud. Como tercer principio se establece que los datos de las personas que obran en las instituciones públicas son confidenciales y por lo tanto no deben divulgarse ni utilizarse para fines distintos para los cuales fueron recibidos o requeridos, de tal manera que se garantice el derecho a la intimidad y la vida privada, y al mismo tiempo sus titulares deben tener acceso a ellos cuando lo soliciten. El capítulo tercero, artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, menciona lo que se considera como información reservada, entre otros, el secreto fiscal. Lo anterior tiene por objeto guardar absoluta reserva en lo concerniente a declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros, con aquellos relacionados. El artículo 69 del Código Fiscal de la Federación establece aquellos casos que el secreto fiscal o dicha reserva aplica, como en el caso de lo que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a funcionarios encargados de la administración y defensa de los intereses fiscales federales, a las autoridades judiciales en los procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias. Como se puede observar en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación los datos solo pueden otorgarse tratándose de procesos relacionados a la materia penal y de pensiones alimenticias, por lo que se considera necesario ampliar dicha reserva para que las autoridades judiciales o ministerios públicos federales, puedan solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público los datos del domicilio fiscal. Esta reforma tiene como finalidad que la justicia se mejore, se amplio, se amplíe la reserva a otros procesos judiciales para ser congruentes con la modernización y transformación en la expedición de la justicia. Por lo anterior, solicito se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: "La autoridad judicial y el Ministerio Público, en cualquier caso podrán solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los datos correspondientes al domicilio fiscal de los contribuyentes". Es cuanto, señor Presidente. -