LA C. DIP. HORTENCIA ARAGON CASTILLO: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Me permito presentar ante el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara se pronuncie en contra de las modificaciones hechas al Código Penal del estado de Chihuahua que derivaron en la atenuación de las sanciones por delitos sexuales, lo que resulta violatorio de convenciones internacionales suscritas por México para la protección de las mujeres, las niñas y los niños; además conculca el interés público de la seguridad, protección y tutela de los derechos de la población chihuahuense, presentando esta proposición en virtud de los siguientes considerándoos: Mediante un pacto social los grupos humanos conformaron el estado como el medio, instrumento e institución que les diera cohesión, dirección y certidumbre pero sobre todo se erigió la figura del Estado para que brindara protección a sus integrantes. Hoy, la protección de 3 y medio millones de mexicanos y mexicanas corre un grave riesgo. Este día todos los chihuahuenses se enfrentan ante una penosa decisión legislativa que vulnera y agravia la tutela de sus derechos. Un abuso de mayoría parlamentaria priísta, indolencia ante la realidad o simplemente ignorancia suprema, el hecho es que un grupo de diputados locales, desconociendo la voluntad social, haciendo a un lado la participación ciudadana e ignorando los tratados internacionales firmados por México a favor de la protección de las mujeres y los menores, han aprobado precipitadamente y de forma por demás excluyente y discutible, diversas reformas al Código Penal de la entidad. Si bien el procedimiento no fue ejemplo de transparencia legislativa, la situación parece perder relevancia ante el humillante y desconcertante fondo, así como las graves consecuencias que dichas reformas acarrearán para el Estado en el que aún se mantienen impunes, hasta hoy, los responsables de más de 180 casos de mujeres violadas y asesinadas desde 1993 en Ciudad Juárez. La protección y tutela de la libertad y seguridad sexual ha cambiado de destinatario, ahora se protege al violador, al hostigador, al abusivo sexual y a aquél que comete estupro. El violador ha ganado la disminución de las penas aplicables; además, se protege su derecho a la bestialidad con la atenuante de la provocación Según las reformas, cito: Cuando el sujeto pasivo se niegue a la realización de la cópula habiéndola provocado por actos conducentes a ésta, practicado directamente con el agente, a éste se le aplicarán de uno a 6 años de prisión. Ahora resulta que además del dolor de haber sido ultrajadas, deberá enfrentarse a la acusación de ser provocadora del ultraje porque ninguno de los violadores renunciará a la excitante sensación de defenderse agraviando aún más a su víctima. La violación equiparada.- Aquella que se realiza mediante la introducción por la vía vaginal, oral o anal, de objetos distintos al miembro viril ha sido eliminada de un plumazo, y ahora se llama simple y llanamente: abuso sexual, y es sancionado con penas menores, sin importar que la violación equiparada puede conllevar daños físicos y emocionales, en ocasiones muchísimos más graves. Con las reformas en comento, la prostitución infantil logrará un impulso jamás imaginado, toda vez que de 6 a 20 años de prisión para el violador de menores de 14 años, esta reforma los disminuye específicamente al exonerar al violador a través del artículo 241 que a la letra ordena, cito: No se aplicará sanción cuando se compruebe plenamente que la persona ofendida, siendo mayor de 12 años y dedicándose a la prostitución dio su consentimiento. Esta disposición se contrapone abiertamente a la convención sobre los derechos de la niñez, de la cual México forma parte y cuyos compromisos obligan a la Federación en su conjunto, de conformidad con el artículo 133 Constitucional y con los principios constitucionales de protección a la infancia. Ahora, con las reformas llevadas a cabo estos delitos serán perseguibles únicamente por querella de partes, cerrando los ojos a la imperiosa necesidad de la actuación de oficio por parte del Poder Judicial para la reversión y erradicación de los delitos sexuales que asolan a este estado en particular. Son reformas que no solamente provienen de un procedimiento dudoso, que las vicia de origen, se trata de modificaciones que contravienen los tratados internacionales firmados por México en materia de protección de los menores y las mujeres; se trata de parámetros que alentarán la práctica de estos delitos, ya que refleja la insensibilidad y desinterés de las autoridades a quienes corresponde dotar de mecanismos adecuados y de aquellas autoridades que se encargarán de aplicar la justicia que obvio resulta, será omisa en el Código Penal que nos ocupa. Las reformas al Código Penal del Estado de Chihuahua no sólo son injustificables, se trata de criterios aberrantes, de sobreprotección a los delincuentes que traicionan la confianza de mujeres y menores y habitan en general, depositan en sus autoridades para el ataque frontal contra la delincuencia y en específico contra los delitos sexuales. Son reformas, pues, que atentan contra los derechos primordiales de los habitantes del Estado de Chihuahua, que agreden el interés público de la sociedad, que van en contra de toda legislación internacional, que confrontan la lógica y la justicia elemental y en resumen son modificaciones insostenibles. Por lo anterior expuesto, compañeros diputados, compañeras diputadas, y con fundamento en el artículo 58 y 49 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración y aprobación, bajo el procedimiento de obvia y urgente resolución al pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, el siguiente punto de acuerdo: Primero. Esta honorable Cámara se pronuncia en contra de las modificaciones hechas al Código Penal del Estado de Chihuahua, que derivaron en la atenuación de las sanciones por delitos sexuales, lo que resulta violatorio, de convenciones internacionales suscritas por México para la protección de las mujeres, las niñas y los niños y conculca el interés público de la seguridad, protección y tutela de los derechos de la población chihuahuense. Segundo. Esta Honorable Cámara de Diputados exhorta al H. Congreso del Estado de Chihuahua a realizar una reconsideración inmediata de las reformas al Código Penal del Estado recientemente aprobadas en materia de delitos sexuales. Por su atención, muchísimas gracias.