La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Quisiera antes de iniciar que le mandáramos un abrazo hoy a la diputada Cristina Gaytán por el fallecimiento de su señor padre. Hoy nos han sido turnados dos dictámenes, uno que reforma la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de reforzar los mecanismos y obligaciones de las diferentes entidades para proporcionar los datos necesarios para el funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, conocido como Banavim. Quizás ustedes no se acuerdan, pero en noviembre presenté un punto de acuerdo precisamente en este sentido. Así lo he manifestado en esta tribuna, porque la información es un tema importante para avanzar con políticas públicas en la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia. La falta de información certera, oportuna y estructurada contribuye a invisibilidad las problemáticas de las sociedades. Y, en el caso de la violencia de género, todavía más grave, pues se conjuga con prácticas culturales que ven a la violencia contra las mujeres como algo natural. Sin embargo, en la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ya se buscaba contrarrestar esa falta de información al incluir el Banavim como una figura importante, porque se convertiría en el instrumento que concentrara la información dispersa entre dependencias, y que permitiera mostrar la situación de violencia de género en nuestro país. Hoy la Secretaría de Gobernación es la responsable de conminar a los estados y a las procuradurías a alimentar es banco de datos. Sin embargo, pudimos ver que la Auditoría Superior de la Federación en su informe 2014 da cuenta de que este banco no es alimentado con datos suficientes. Por ello, también en el estudio presentado la semana pasada sobre violencia feminicida en México se menciona que en el caso del feminicidio actualmente los sistemas de información de los que disponemos no están diseñados para brindar datos apropiados sobre esta problemática. En la bancada ciudadana tenemos el compromiso firme e irrenunciable de legislar en favor de las mujeres, de luchar contra la violencia de género y de lograr un país en el que cualquier mujer se sienta orgullosa de serlo, y no una amenaza, por eso nos pronunciamos a favor de este dictamen. El segundo dictamen es el que reforma el artículo 33 y adiciona el 34, de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y tiene como objetivo proporcionar a las mujeres de las zonas rurales la certidumbre sobre los derechos de propiedad que les corresponde, y que en muchos lugares por el hecho de ser mujer aún se les niega. En nuestro país las mujeres que habitan las zonas rurales aún presentan grandes obstáculos para su desarrollo personal, familiar y económico. Siguen siendo las más golpeadas por la pobreza, violentadas física y emocionalmente por prácticas machistas y misóginas, excluidas de servicios educativos y de salud y les son negados o condicionados sus derechos políticos y económicos. Uno de los grandes problemas que deben enfrentar es la migración, lo que las hace convertirse en mujeres jefas de familia y que además enfrentan una gran responsabilidad del cultivo y cosecha de las tierras familiares. Sin embargo, la exclusión de sus derechos de propiedad sigue limitado, por lo tanto el acceso a créditos, apoyos agrícolas, programas de tecnificación y mejora agrícola y otras prestaciones y programas están fuera de su alcance. Históricamente, los derechos de propiedad fueron considerados la primera condición de ciudadanía. Y reivindico a Olympe de Gouges en esta tribuna, en donde decía que las mujeres tenemos derecho a la propiedad. El no ser propietarias es un problema que se ha agravado cada vez más, apenas el 3 por ciento de las mujeres tienen derecho a ello. El caso extremo, además, es la violencia que sufren y que es una de las principales propiedades en las que están excluidas. Pero además no tienen derecho y no tenemos derecho las mujeres al cuerpo y el derecho a decidir sobre él. Por eso este 24 de abril salimos a las calles a exigir un freno a las violencias machistas, un freno a todas las violencias de género, al acoso sexual, el fin al feminicidio, a la omisión del Estado y al cumplimiento de las obligaciones con todas las mujeres de este país. Por eso en la iniciativa de hoy sobre los derechos de propiedad, nos permite que las mujeres sean beneficiadas y sin duda es parte de los rezagos que debemos subsanar. Muchas gracias.