El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado Presidente. Honorable asamblea: el ejercicio de la facultad que nos otorga la Constitución para expedir leyes es un acto soberano y autónomo de esta Legislatura. No discutimos las leyes ni las aprobamos en función de nuestros compromisos, sino de nuestra representatividad y del supremo interés de la nación. En este sentido podríamos considerar inapropiado el señalamiento de que debamos proceder a aprobar un dictamen que modifica la penalidad del delito de terrorismo y otras leyes por virtud de una conveniencia del Estado mexicano en su relación con el extranjero. La verdad de las cosas es que, a pesar de que pueden ser pocas las víctimas que hayan sufrido un atentado terrorista en nuestro país, eso no implica que el delito cuya punibilidad analizamos sea ajeno a la realidad nacional. La gran pregunta que debemos hacernos tiene que ver con la adecuada identificación de aquello que persigue el terrorismo y la correspondencia que podría existir entre nuestra situación histórica y sus oprobiosos objetivos. Es verdad que existe un terrorismo político que tiene como finalidad persuadir una acción gubernativa; sin embargo, el terrorismo que aqueja a la humanidad hoy es más que nada un terrorismo ideológico. Los terroristas persiguen ante todo el debilitamiento de las instituciones, de la moral pública y de un modelo nacional de conveniencia. Es precisamente en función de estas condiciones, donde sea que llegue a tener lugar un ataque terrorista, que los intereses de la nación mexicana se ven afectados. La semana pasada defendimos en esta tribuna el derecho de las mujeres a una vida en igualdad, sin violencia de ningún tipo en su contra. Además, hemos venido discutiendo la pertinencia de reformas que persiguen el fortalecimiento de nuestras libertades y el respeto por nuestros derechos fundamentales. Hoy más que nunca discutimos la inclusión de la inversión de los particulares para la realización de actividades productivas que beneficien a la ciudadanía. Todas estas discusiones persiguen la consolidación de un modelo de vida que contradice la ideología de muchas organizaciones terroristas. No responder con severidad en contra del terrorismo en cualquier lugar en el que tenga verificativo implica ceder a favor suyo una posición en el complejo proceso que hemos venido emprendiendo para consolidar un modelo de vida que favorece el crecimiento individual y el aprovechamiento superior de todas nuestras capacidades. No responder ante la amenaza terrorista en la forma proporcional que es debida, implica conceder una posición más a favor de organizaciones que son, ante todo, profundamente inmorales y cobardes. En la medida que con la materialización de un ataque se vulnere la vida y la integridad de las personas en cualquier lugar del mundo, con el avieso fin de mermar el crecimiento de un modelo de convivencia en una libertad universal, México también se verá perjudicado. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos a favor del dictamen que se presenta porque responde a una realidad que no nos es ajena. El tratamiento normativo y punitivo del terrorismo había quedado rezagado y con la iniciativa que habrá de votarse se pondrá al corriente. A partir de ahora estaremos preparados para combatir y dar un castigo racional en contra de las organizaciones dedicadas al terrorismo en consonancia con la responsabilidad que al Estado mexicano le corresponde desde la más pura visión deontológica del problema. Sin embargo y con toda honestidad, ¿qué tan eficaz puede ser la elevación normativa de una pena en contra de organizaciones que no se identifican y que además podrían estar dispuestas a dar la vida por la consecución de sus atrocidades? ¿Qué tanto resulta disuasiva contra el atacante terrorista la amenaza de ser privado de la libertad durante 15 o 40 años si para perpetrar su ataque está dispuesto a inmolarse? No sólo a través del castigo es que se combate el terrorismo. La lucha eficiente se logra a través de la prevención, de la identificación, desarticulación y el castigo de los actos preparatorios del atentado terrorista. Es solo así que el Estado cumple de manera puntual la obligación primaria de ofrecer seguridad a la ciudadanía. El dictamen que se somete a su consideración consigna elementos novedosos que permitirán a las autoridades competentes encargadas de la acusación criminal, investigar y perseguir el delito de terrorismo desde su fase preliminar o preparatoria con lo que se logrará el compromiso más importante que debe asumir el Estado en esta materia. Prevenir y evitar la consumación de cualquier delito de este tipo, porque el esfuerzo gobernativo para aprender y castigar severamente a cualquier organización criminal terrorista. Le vendrá inútil y disminuido si su propósito invisible llega a cumplirse de cualquier modo; sin embargo, esta concesión que se ofrece al Estado por medio de la reforma que hoy discutimos no es absoluta, no es discrecional, no es gratuita. Se reitera la subsistencia plena y vigente de la defensa de los derechos humanos, en la investigación del delito de terrorismo no se cede ante la tentación de disminuir los derechos fundamentales de nuestra sociedad. La investigación del delito de terrorismo se sujeta al control judicial y no se superponen las prerrogativas que nuestra Constitución ya contempla. Hemos visto y quizá de algún modo hemos sufrido por delitos diversos, los efectos normativos que arrojan un fortalecimiento desproporcionado del Estado como camino para combatir a la delincuencia organizada. Es verdad que la existencia del temor perenne a convertirnos en víctimas de cualquier atentado nos invita a conceder facultades extraordinarias de persecución que merman en el ejercicio de nuestras libertades, pero es el caso que se somete a nuestra consideración, y aquí quiero decirlo con toda puntualidad: para que pueda perseguirse el delito de terrorismo y castigarse a alguien por el mismo, tienen que concurrir todos los elementos del tipo, es falso que el ejercicio de una prerrogativa constitucional pueda venirse a tipificar como el delito de terrorismo. Ante la pregunta de ¿quién va a valorar si efectivamente la sociedad se ve vulnerada si existe una alarma social, si existe una afectación emocional a la sociedad? ¿Quién lo va a valorar para efectos de definir si existe o no la actualización de los elementos del tipo y por consiguiente si ha de castigarse éste? La respuesta es muy sencilla, los jueces. En la codificación penal no podemos contemplar todos los supuestos que se lleguen a dar, y es falso que el ejercicio de la facultad y de los derechos ciudadanos para manifestarse, en la medida en que se lleven a cabo dentro de los cauces que establezca la ley pueda convertirse automáticamente en la actualización del delito de terrorismo. Con la iniciativa se cumplen dos objetivos y obligaciones concomitantes del Estado mexicano, la inclusión de los elementos condicionantes de la actuación gobernativa y de juzgamiento de las personas inculpadas por estos delitos se conservan vigentes y los postulados constitucionales que persiguen la consolidación de un auténtico estado de derecho en el que se proteja la libertad y la privacidad de los mexicanos, por medio de la participación puntual y autónoma de los organismos encargados del control judicial de los actos de gobierno está garantizado. La reforma que se somete a su consideración es pertinente, es oportuna, está perfectamente fundada y es justificable. Gracias por su atención. Es cuanto, presidente.