EL DIP. MIGUEL BOTOLINI CASTILLO: Con su permiso, señor Presidente. Hemos subido a esta tribuna en relación a los hechos ocurridos en Chiapas a raíz de la intervención de la Procuraduría General de la República y cómo se han incrementado los rondines del Ejército Mexicano en las poblaciones indígenas. Y también en relación a la expropiación de tres hectáreas y media en el poblado de Amador Hernández, por el Presidente de la República para instalar uno más escúchese bien uno más de los cuarteles que se están instalando en la República, olvidándose de construir escuelas y hospitales en nuestro país. Esto lo hacemos bajo las siguientes consideraciones: El gobierno de Ernesto Zedillo, por medio del Procurador General de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, decidió llevar a cabo una operación de la Policía Federal Preventiva para supuestamente desarmar a los grupos paramilitares en el municipio de Chenalhó, No deja de llamar la atenci6n que varios días antes de dicha acción, ésta ya había sido dada a conocer por varios medios de comunicación. Uno podría suponer que los principales dirigentes de esos grupos paramilitares ya estaban alertados y prepararon la respuesta que impidi6 llevar a cabo correctamente el operativo. Después de que el señor Procurador había desestimado todas las denuncias que se habían formulado contra los grupos paramilitares y que incluso habían negado su existencia, recordemos que después de la masacre de Acteal el Procurador siempre habló de grupos civiles armados. Ahora, en los estertores, la agonía de este régimen después de cinco años de total inactividad, se lanza en una aparente cruzada contra ellos. ¿Cuál es la finalidad? Esta cruzada que esta diseñada como una operación maquillada que busca crear las condiciones para asegurar la impunidad de estos grupos armados y de sus mentores. 3. Parecería que lo que se pretende es crear una opinión favorable entre los diversos actores sociales y políticos de que estos grupos paramilitares representan a sectores fundamentales del movimiento indígena y que por lo tanto, deben ser tratados de una manera equivalente al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional. Por eso el gobernador interino del interino del interino, Roberto Albores Guillén, promueve la elaboración de una ley de amnistía para los militantes de esas organizaciones paramilitares ilegales y por eso busca proteger a sus amigos, los asesinos del pueblo de Acteal y demás comunidades indígenas donde se han violentado los mas elementales derechos humanos promoviendo la necesidad de una ley semejante a la Ley de Concordia y Pacificación que tendría como destinatarios a esas organizaciones paramilitares. El objetivo es obvio, lograr la impunidad de esos grupos de criminales y paralelamente no sacar a la luz pública los innegables lazos que unen a esas organizaciones con el Partido Revolucionario Institucional y sectores altos del Ejército, como es el caso del General Mario Renain Castillo, el cual fungió como testigo de honor en el acto fundacional del grupo de paramilitares asesinos, llamados como burla para todos: "Paz y Justicia." 4. Con ese operativo deliberadamente pensado y realizado para que fracasara, lo único que se ha generado es una situación de mayor zozobra en la región; una serie de voces se han alzado para denunciar el peligro de un nuevo Acteal, y esto que se desarrolle en las cañadas chiapanecas. 5. En Chiapas el PRI ha sido el partido de la violencia; fueron sus militantes los que organizaron la masacre de Acteal, los que han sembrado el terror en el conjunto de las cañadas de ese querido estado, los que han contado con todo el apoyo de una serie de instituciones como la PGR y algunos altos mandos del Ejército Mexicano. 6. Paralelamente a este operativo se ha hecho público el decreto presidencial que expropia con el repudio de la comunidad, por causas de utilidad pública, una superficie de tres hectáreas y media de temporal del ejido de Amador Hernández, municipio de Ocosingo, como respuesta a una petición que el 13 de octubre de 1999 hizo la Secretaría de la Defensa Nacional a la Secretaría de la Reforma Agraria, para la construcción de instalaciones militares para el adiestramiento del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y el desarrollo de actividades castrenses en general, por lo cual se decide que la Secretaría de la Defensa Nacional pague 28,124 pesos, si, oyeron bien, no es una burla, 28,124 pesos por tres hectáreas y media como indemnización a los ejidatarios. La justificación es que de esta manera, para mayor burla, se ayuda al mantenimiento de la paz pública, en el fondo de lo que se trata, es de una nueva acción contrainsurgente, que busca fragmentar la resistencia de los indígenas de la selva lacandona, en contra del proyecto de denigración y saqueo que se está llevando a cabo en los Montes Azules, hasta antes de que el Ejército llegara a esta región, no había un sólo conflicto ni había drogadicción, ¿qué es lo que aquí está pasando? 7. De esta manera dos acciones aparentemente contradictorias encuentran una misma y propia lógica: el odio y el rencor del Ejecutivo federal en contra de las comunidades indígenas rebeldes de Chiapas. Compañeros diputados, para lograr una paz con justicia y dignidad, es indispensable que las altas autoridades federales y estatales, dejen de actuar con esos niveles de responsabilidad y pongan por enfrente las justas demandas de autonomía de las comunidades indígenas de Chiapas. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente PUNTO DE ACUERDO PRIMERO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, considera que sigue siendo una necesidad nacional lograr el desarme y la desaparición de los diversos grupos paramilitares que han existido en el estado de Chiapas desde 1995. Asimismo que es una necesidad nacional, encontrar a los autores intelectuales en la formación, organización, preparación militar y otorgamiento de los recursos económicos de esos grupos como Paz y Justicia, Máscara Roja, Chinculines, etc. También es indispensable lograr el retiro del Ejército federal mexicano de las comunidades indígenas de Chiapas y no seguir usurpando las tierras ejidales ni distorsionando la vida, las normas y las costumbres de dichas comunidades. SEGUNDO. En consecuencia, la Cámara de Diputados acuerde solicitar a la Comisión de Concordia y Pacificación, investigue el operativo llevado a cabo por la Procuraduría General de la República en la población de Los Chorros del municipio del Chenalhó. TERCERO. La Cámara de Diputados exhorta de una manera respetuosa a las autoridades judiciales competentes, para que en el ámbito de sus facultades, revisen el decreto de expropiación del Ejecutivo federal y reintegren esa porción del territorio nacional a sus legítimos propietarios, los ejidatarios del poblado de Amador Hernández. Señor Presidente es cuanto.