El diputado Jesús Fernando García Hernández: Vayamos por el rescate y a restituirle su importancia social a los ejidos. Aún es tiempo, de nosotros depende. La reforma agraria en México, puesta en marcha al amparo de la Constitución de 1917, sustentada por el reparto de tierras entre el campesinado, se caracterizó por ser un proceso con alto sentido nacionalista, donde el Estado reconoció a los campesinos un derecho genérico a la tierra. Se calificó como garantía social al construir ello una prerrogativa otorgada a favor de quienes vivían en el campo y eran de escasos recursos. La asamblea de ejidatarios era constituida así, como una entidad autónoma, capaz de decidir sobre el destino de sus recursos y sobre las facultades y capacidades de sus agremiados. Además de convertirse en una instancia que preservaba la unidad de los núcleos agrarios sin desmembramientos. Quién no recuerda en la asamblea de los ejidos, cuando se decía, es válido el acuerdo para los presentes, para los ausentes y para los disidentes. Esta realidad que permeó por mucho tiempo empezó a cambiar a partir del año de 1992 con las reformas al artículo 27 constitucional, caracterizadas por la instrumentación de una política agraria neoliberal bajo el argumento y proyección de desarrollar mercados de tierras y procurar, de esta manera, la eficiencia en el sector social. Qué falso. Esto representó un cambio radical en el paradigma, dado que se reconoce que, con motivo de las reformas a la legislación en la materia, la propiedad ejidal se fragmentó y surgieron nuevos sujetos agrarios, regresar al latifundismo. Empezó a perfilarse así la idea de que la parcela individual es una forma particular de propiedad privada. Derivado de ello, el sector campesino participó así en el mercado de tierras como un mecanismo de adaptación a la nueva realidad. La privatización de las tierras ejidales, caracterizada en parte por la comisión de actos de despojo contra el patrimonio de los campesinos, constituye un cambio en la conceptualización de la propiedad ejidal y comunal. Más injusticia y más desamparo. Así, práctica como el asambleísmo que antaño eran comunes en la vida de los ejidos y comunidades, que favorecían la cohesión y cooperación entre los miembros de la comunidad, han sufrido un debilitamiento. Este comportamiento pone de manifiesto la manera de cómo se concibe y entiende ahora el concepto de propiedad de la tierra. La reforma de carácter neoliberal en materia agraria refleja que el derecho parcelario, como ahora se entiende, está alejando del concepto tradicional de propiedad social, dado que aquellos asuntos en materia de tenencia de la tierra en el ámbito ejidal y comunal, cuyos acuerdos eran tomados al interior de una asamblea, hoy se circunscriben al espacio doméstico, se venden las parcelas a diestra y siniestra, sin tomar en cuenta a la Asamblea General de los Ejidos. Por ello, decimos que la asamblea de ejidatarios, reconocida como una instancia que se encargaba de mantener el orden social dentro de los márgenes establecidos por el gobierno, deberían otorgársele facultades de decisión. Se busca así que la vulnerabilidad presente en los ejidos, por efectos de riesgo de despojo de tierras ante la presión mercantilista, deje de ser una amenaza a la cohesión social. La presente propuesta legislativa plantea en consecuencia, que para efectos de que ocurra la enajenación, venta y transmisión de los derechos parcelarios, esta sea acordada por la asamblea de ejidatarios, de suerte que la medida sea un mecanismo disuasivo para que no ocurran actos de discreción que pudieran constituir hechos de corrupción en perjuicio de la propiedad ejidal. Alto a la corrupción en las instancias que ya existen, en los gremios ejidales y sus instancias. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Gracias por su atención. Ánimo y a sacarnos un diez. Es cuanto. Gracias.