El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: En representación de los grupos parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática, del Trabajo, Convergencia y Alternativa, integrantes de esta LX Legislatura, vengo a presentar un punto de acuerdo para la integración de una comisión especial que investigue el pago, origen, cobro, destino e impacto del derecho de trámite aduanero bajo los siguientes antecedentes: En 1993 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decidió que el manejo de la recaudación del derecho de trámite aduanero DTA sea a través de la empresa privada, para lo que fue contratada la empresa Integradora de Servicios, Sociedad Anónima, ISSA. No obstante, por irregularidades que presentó dicha empresa, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público rescindió el contrato y constituyó en Nafín un fideicomiso denominado Aduanas 1, con una aportación inicial de 200.5 millones de pesos, instruido por el entonces subsecretario Francisco Gil Díaz. Posteriormente, ese fideicomiso constituyó la Empresa Integradora de Servicios Operativos, ISOSA, para realizar los servicios de procesamiento electrónico de datos de la propia Secretaría de Hacienda y del SAT, de lo cual, por cierto, Gil Díaz es accionista. Considerando. Que de los resultados de las revisiones que realizó la Auditoría Superior de la Federación a las Cuentas Públicas del 2001 al 2004 se detectaron diversas irregularidades en el capítulo de Hacienda, relativas al fideicomiso de Aduanas 1 y a la empresa ISOSA, irregularidades que ascienden a un monto de 9 mil 985 millones de pesos y que se refieren a entregar y enterar a la Tesorería de la Federación los recursos recaudados por conceptos del derecho de trámite aduanero, rubro previsto en la Ley Federal de Derechos y que fueron depositados en el fideicomiso Aduanas 1. Que derivado de las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación a diciembre del año de 2005 se logró recuperar sólo el 25 por ciento del total del monto observado, esto es, dos mil 457 millones de pesos. Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Sistema de Administración Tributaria no entregaron la información requerida por el órgano técnico de fiscalización de esta Cámara de Diputados argumentando que la empresa ISOSA es una empresa privada, aun cuando Nafin posee el 99 por ciento de las acciones de ISOSA, características que la hacen empresa pública, además de que el manejo de los recursos que recauda se derivan del pago por las operaciones aduaneras que se efectúan utilizando los pedimentos o documentos correspondientes en los términos de la Ley Aduanera, por lo que representan un ingresos para el erario público. No obstante lo anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público interpuso una controversia en contra de la Auditoría Superior de la Federación objetando su competencia para solicitar información y fiscalizar los recursos del DTA, con el argumento de que eran privados. El 14 de agosto de 2006 la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la Secretaría de Hacienda, negando así la posibilidad de auditar al mencionado fideicomiso y por consecuencia, a ISOSA. Es por ello que resulta indispensable que esta soberanía constituya una comisión investigadora de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria en cuanto al DTA, toda vez que está afectando el erario público, además de que constituye un problema generalizado de la administración pública, donde sólo se evidencia la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos públicos. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo. Primero. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 93 párrafo III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 41 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Cámara de Diputados conforme una comisión investigadora, una comisión que investigue a los organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria, en cuanto al origen, cobro, destino e impacto que tiene en sus finanzas públicas el pago del derecho de trámite aduanero. Segundo. La comisión de investigación deberá presentar a la Junta de Coordinación Política dentro de los 30 días naturales siguientes a la conclusión del plazo previsto para su vigencia, un informe en el que se sinteticen las actividades desarrolladas y los resultados obtenidos. La Junta de Coordinación Política adoptará las medidas necesarias a efecto de hacer del conocimiento del Ejecutivo federal los resultados de la investigación desarrollada por la comisión a la que se refiere el presente acuerdo. Tercero. La comisión de investigación contará con los recursos humanos, materiales y financieros que determine la Junta de Coordinación Política. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 29 días del mes de septiembre de 2006. Acompañan este punto de acuerdo 137 firmas que integran los grupos parlamentarios señalados. Es cuanto, diputada Presidenta.