LA PRESIDENTA: Aprobada por 306 votos en pro la siguiente planilla de integrantes de la cámara de Diputados, como miembros de la Comisión Permanente: Beatriz Paredes Rangel José Manuel Medellín Milán Jorge Carlos Ramírez Marín Juan Manuel Sepúlveda Fayad Alfredo Ocho Toledo Efrén Leyva Acevedo Roberto Ruiz Ángeles Felipe Calderón Hinojosa Alejandro Zapata Perogordo Jaime Salazar Silva José Alfredo Botello Montes Juan Camilo Mouriño Terrzo José Guillermo Anaya Llamas María Guadalupe López Mares Herbert Taylor Arthur Miroslava García Suárez Magdalena del Socorro Núñez Monreal Arturo Escobar y Vega Juan Carlos Regis Adame Rafael Rodríguez Barrera Antonio Silva Beltrán Roque Joaquín Gracia Sánchez Florentino Castro López María Luisa Araceli Domínguez Ramírez Ildefonso Guajardo Villarreal Raúl Cervantes Andrade Oscar Ochoa Patrón Abelardo Escobar Prieto Víctor Hugo Sondón Saavedra Yadira Ivette Tamayo Herrera Eduardo Arnal Palomera Sonia López Macías Miguel Ángel Gutiérrez Machado Mauricio Enrique Candiani Galaz Genoveva Domínguez Rodríguez Rosalinda López Hernández José Rodolfo Escudero Barrera Félix Castellanos Hernández. En consecuencia, se declara que forman parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que funcionará durante el primer receso del segundo año de ejercicio de la LVIII Legislatura. TRAMITE: Comuníquese. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La Mesa Directiva, con fundamento en el artículo 11 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, designará las comisiones protocolarias para participar el término del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Segundo Año de Ejercicio de la Quincuagésima Octava Legislatura, a la Presidencia de la República, al Poder Judicial de la Federación y a la Honorable Cámara de Senadores, en coordinación con los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios y la Junta de Coordinación Política, por lo que le solicitamos a los ciudadanos Legisladores y ciudadanas Legisladoras que estén interesadas en formar parte de esas comisiones, se sirvan comunicarlo a la Junta de Coordinación Política. Vamos a dar trámite a un conjunto de Proposiciones con Punto de Acuerdo e Iniciativas que nos han planteado los ciudadanos diputados. Adelante la Secretaría. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: (Proposición con Punto de Acuerdo sobre la problemática que está causando el fenómeno de la marea roja en las costas del Estado de Oaxaca) Proposición con Punto de Acuerdo para que esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con carácter de urgente, exhorte al Gobierno Federal para que por medio de las instancias responsables, implemente un programa emergente de atención, que alivie la depresión económica y pérdida de empleo de las familias, que están siendo afectadas por la veda temporal decretada por las autoridades, debido a la aparición del fenómeno de la Marea Roja en las costas de litoral del Pacífico y --del Golfo de México. Con el permiso de la Presidencia Compañeras y compañeros legisladores: CONSIDERACIONES El fenómeno natural denominado " MAREA ROJA", debe su nombre a que la superficie del mar cambia su coloración desde un tono gris hasta un color rojizo, originado por el aumento en la concentración de zoooplancton y fitoplancton, el cual puede contener grandes cantidades de un protozoario, algunos de ellos se consideran tóxicos por contener una endotoxina, llamada SAXITOXINA, que es una toxina neuro -paralizante. El problema fundamental de este fenómeno se observa entre los MOLÚSCOS BIVALVOS, como el ostión,..-la almeja, mejillón, callo margarita ,y otros, que son considerados moluscos fijos, los cuales al no tener movilidad para procurarse su alimentación son organismos filtradores, y por este mecanismo fijan en su aparato digestivo a los Dinoflagelados, que en el caso de contener saxitoxina neurótica representa un grave peligro para quien consuma estos productos del mar. Por tratarse de un fenómeno natural, no existen medidas preventivas contra su aparición, sin embargo para disolver las manchas de marea roja en la superficie del mar, tradicionalmente se ha sugerido el paso frecuente de lanchas rápidas sobre la mancha, aunque esto no es un procedimiento que asegure su dispersión y mucho menos su desaparición En el caso particular del Estado de Oaxaca, el primer fenómeno de marea roja del que se tiene conocimiento, se presentó en el mes de noviembre del año 1989 y tuvo una duración hasta la primera semana de abril de 1990 con consecuencias graves para la región. Lo preocupante del caso es que a medida que pasa el tiempo, se ha repetido este fenómeno, ya que del año de 1989 al año 2000 se han presentado en el litoral del Estado de Oaxaca, 8 eventos de Marea Roja, en los años 1989,1990,1992, 1993, 1994, 1995, 1999, y 2001. Los meses de mayor incidencia fueron de noviembre a marzo, y las especies más afectadas habían sido el ostión, la almeja y el callo margarita. A partir del 24 de agosto del presente año, de manera oficial se tuvo conocimiento de mortandad de peces sardinas frente al litoral de Playa Linda Tapachula, Chipas, sospechándose del fenómeno de Marea Roja. Por otro lado, se ha confirmado la presencia de Marea Roja en el Estado de Tamaulipas, en las playas de Pueblo Viejo y Tampico Alto, desde Altamira a Tampico se tienen detectados remanentes de la marea roja, por lo que continúa la prohibición de la pesca y comercialización dé moluscos. También el pasado. viernes 30 de noviembre, en el Estado de Veracruz, se detectó marea roja en las playas de Túxpam, alrededor de 200 personas de los poblados San Antonio y Barra Galindo, resultaron afectados por este fenómeno, se presume que va a continuar su avance hacia el sur de las costas del Estado. No fue sino hasta su aparición, que se inició la difusión masiva del fenómeno, medidas preventivas y sus consecuencias. Hoy esta campaña se realiza en medios de comunicación televisiva, radiofónica, impresa, trípticos y manuales. A pesar de ello existen en diferentes localidades costeras, personas que aún estando bien enterados de las consecuencias que este fenómeno genera en la salud humana, han hecho caso omiso de las indicaciones de no capturar o comercializar moluscos bivalvos; debido a que en la mayoría de los casos es la única fuente de ingresos de esas familias. Esta tendencia se da entre individuos adultos, que frente a sus necesidades, realizan esta actividad, por lo que el mal ejemplo cunde, esta fue la razón por la que seguramente los hermanos Rodríguez Zárate, al realizar actividades de captura y consumo de este molusco, provocaron su muerte en la localidad de Corralero, en el distrito de Pinotepa Nacional, Oaxaca. Los cuales a pesar de su corta edad, tratando de ayudar a resolver los problemas de su economía familiar, fallecieron víctimas de la falta de información. Afortunadamente, no corrieron la misma suerte 14: intoxicados en la misma localidad de Corralero, 2 en Bahías de Huatulco y una más en la localidad dé Santa María Tonameca. Paradógicamente la riqueza del mar se transforma en miseria, hambre y muerte que también afecta entre otros a : los proyectos de granjas ostrícolas que presentan un enorme potencial, buzos y pescadores que reclaman empleo durante todo el tiempo que dura la prohibición para la captura, comercialización y consumo de mariscos bivalvos. Estoy hablando de los que menos tienen y más necesitan, de los que en muchas de las ocasiones son motivo de discurso y son los que hoy reclaman la solidaridad de esta soberanía, para que mientras transcurre el periodo de veda, sean considerados dentro de un programa social dinámico, sin. burocracias y sin distingos que vaya a la raíz misma de las necesidades de manutención, ya que como en muchos otros casos no están incluidos dentro de los programas de contingencia con los que se podría acceder a recursos adicionales. Las instancias de los tres niveles de gobierno no cuentan con recursos humanos e infraestructura suficiente y debemos estar atentos porque las predicciones establecen que este fenómeno natural, se continuará presentando y muy probablemente con mayor severidad. Conocidos los riesgos que provoca éste, sugiriendo las siguientes propuestas, como alternativas de solución: Concluir el Programa Estatal de Vigilancia del, Fenómeno de Marea Roja.  Establecer en el Estado, el Programa Mexicano dé Sanidad de Moluscos Bivalvos.  Promover el establecimiento de laboratorios regionales. (CRIP en el Istmo y UNMAR en la Costa) y fortalecer el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Prever alternativas de solución al impacto socioeconómico que genera el fenómeno. Incluir las actividades relacionadas con el fenómeno de referencia en el Programa Estatal de Atención de Contingencias. Promover mayor capacitación al personal relacionado con el estudio, análisis y seguimiento del fenómeno. estamos Por todo lo anteriormente señalado, es que ante esta dramática situación, hoy soy voz de un número indefinido de buzos y pescadores que nacieron y viven del mar como única alternativa de vida en las Costas del Litoral Oaxaqueño, y en consecuencia y con fundamento en los artículos 58, 59, 60 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ,respetuosamente ofrezco a consideración de esta Asamblea la presente Proposición con carácter de urgente: PUNTO DE ACUERDO ÚNICO.- Para que esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión con carácter de urgente, exhorte al Gobierno Federal para que por medio de las instancias responsables, implemente un programa, emergente de atención, que alivie la depresión económica y pérdida de empleo de las familias, que están siendo afectadas por la veda temporal decretada por las autoridades, debido a la aparición del fenómeno de la Marea Roja en las costas del litoral del Pacífico y del Golfo de México. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Salud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MISMA SECRETARIA: (Proposición del PVEM para que en el dictamen sobre la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2002, se incorporen disposiciones y aclare la naturaleza y destino de los ingresos del IPN) CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGIURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN. PRESENTE BERNARDO DE LA GARZA HERRERA, FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZÁLEZ, ESVEIDA BRAVO MARTÍNEZ, MARÍA TERESA CAMPOY RUY SÁNCHEZ, OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCÍA DOMÍNGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCÍA SAINZ ARENA, JUAN IGNACIO GARCÍA ZALVIDEA, MARÍA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCIÓN SALAZAR GONZÁLEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados en la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión el siguiente: ACUERDO CONSIDERACIONES 1. Desde su creación en 1936, el Instituto Politécnico Nacional, concebido como uno de los pilares del Sistema Educativo PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EN EL DICTAMEN SOBRE LA LEY DE INGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002, SE INCORPOREN DISPOSICIONES ORIENTADAS A PRECISAR Y ACLARAR LA NATURALEZA Y DESTINO DE LOS INGRESOS PROPIOS 0 AUTOGENERADOS DEL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL Nacional, se ha constituido en una institución a la vanguardia del desarrollo educativo y tecnológico del país y en una opción real de superación y progreso para millones de educandos en los niveles de educación superior y media superior. Normativamente regulado por su propia ley orgánica, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1981, el IPN funciona como órgano desconcentrado sectorizado en la Secretaría de Educación .Pública, tratando en todo m omento y por los medios a su alcance, de ampliar de manera permanente, tanto cualitativa como cuantitativamente, las opciones y modalidades educativas que ofrece a la población, además de ampliar de manera significativa sus mecanismos de vinculación y servicio con la sociedad y los sectores productivos del país. Para el cumplimiento de sus fines, contenidos en el artículo 3 de su Ley Orgánica, el propio ordenamiento le dota de diversas atribuciones y características: -De igual forma, según el artículo 6 del citado ordenamiento, el patrimonio del Instituto Politécnico Nacional estará constituido, entre otros elementos, por los ingresos que obtenga por los servicios que preste. 2. Como es claramente apreciable de los dispositivos legales antes mencionados y como ha sido acreditado plenamente durante su existencia, el Instituto Politécnico Nacional resulta ser un órgano particularísimo dentro del Sistema Educativo Nacional, ya que además de la calidad de "desconcentrado" de que formalmente se le dotó, el legislador adicionalmente le atribuyó la posibilidad de contar con un patrimonio propio, en cuyo acervo se incorporan los ingresos que obtenga por la prestación de sus servicios, los que por tal ordenamiento y calidad legal no pueden ni deben ser considerados como ingresos fiscales por productos o aprovechamientos. De hecho, en el dictamen presentado por la Comisión de Educación Pública de la Cámara de Diputados el 15 de diciembre de 1981 sobre la iniciativa de Ley Orgánica del IPN, en cuanto se explica el contenido y alcances del decreto aprobado, se hace énfasis en que se estima conveniente `:.. por la importancia que ha adquirido en su fecunda vida académica, reconocer al Instituto Politécnico Nacional facultades para el manejo de sus bienes patrimoniales'; lo que viene a redundar en la naturaleza patrimonial y no fiscal de los ingresos propios de la institución. 3. Precisamente con base en , su naturaleza, finalidades y atribuciones, el Instituto Politécnico Nacional, en ocasión de, la prestación de diferentes servicios que lo vinculan con la sociedad, obtiene ingresos, conocidos en términos administrativos como "ingresos propios" o "ingresos autogenerados", los que en atención al ya citado artículo 6 se incorporan a su patrimonio y se aplican precisamente al cumplimiento de sus objetivos y finalidades en forma complementaria á los ingresos que recibe mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación. Independientemente de su origen, cabe señalar que en todo momento los recursos patrimoniales del Instituto Politécnico Nacional son y han sido sujetos de la normatividad y procedimientos administrativos de control y fiscalización del gasto público por parte de las instancias correspondientes. Es también cierto que hasta la fecha, por estimarse claramente establecido, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no había requerido al Instituto Politécnico Nacional sobre la necesidad legal de enterar a la Tesorería de la Federación los ingresos propios o autogenerados, dado que por no ser recursos fiscales no existe obligación para ello, siendo aplicados desde luego a las funciones propias del IPN, en tanto que la permanente demanda y la prestación del servicio educativo así lo requiere. 4. No obstante todo lo anterior, a últimas fechas el Instituto Politécnico Nacional ha sido requerido a efecto de que, en interpretación contraria a lo que dispone su Ley Orgánica, entere sus ingresos propios en la Tesorería de la Federación, por estimarse a dichos ingresos como - recursos fiscales. Efectivamente, tanto la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, han interpretado la normatividad de tal manera que se considere a los ingresos propios o autogenerados por el IPN como "excedentes" que deberán ser depositados en la Tesorería de la Federación. 5. Dada la precaria situación económica y presupuestal que viven las instituciones de educación pública superior en lo general, el Instituto Politécnico Nacional, con esfuerzo e imaginación y con la colaboración de toda la comunidad politécnica, ha venido complementando los siempre insuficientes recursos presupuestales que recibe, mediante la obtención de ingresos propios y aplicándolos a paliar, en alguna medida, las múltiples necesidades que enfrenta. El verse ahora obligado a enterar sus recursos autogenerados a la Tesorería de la Federación, significaría en términos reales un decremento aún mayor de lo que plantea el proyecto de asignación presupuestal sometido a la Cámara de Diputados para el próximo ejercicio fiscal, además de colocarlo en condiciones de discriminación, desventaja y desigualdad frente a otras instituciones públicas de educación superior. Conforme a las anteriores consideraciones y argumentos, los suscritos, diputados de diversos grupos parlamentarios de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, y en atención a lo estipulado por el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este pleno el siguiente PUNTO DE ACUERDO UNICO.- En el Dictamen con Proyecto de Decreto que en su oportunidad presente a la consideración de esta Soberanía la Comisión dictaminadora correspondiente, respecto a la iniciativa de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2002, deberán precisarse con toda claridad la calidad y destino que, conforme a su naturaleza jurídica, deben tener los ingresos propios o autogenerados del Instituto Politécnico Nacional, reconociéndoles su carácter patrimonial y la libre disposición que de ellos puede hacer la institución educativa para el cumplimiento de sus fines. Lo anterior, sin demérito de que tales recursos deben ser sujetos de la normatividad y los mecanismos corrientes de control y fiscalización del gasto público federal. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 13 días del mes de diciembre de 2001. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MISMA SECRETARIA: (Proposición del Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez, sobre los límites del Distrito Federal y el Edo. de México) El suscrito diputado federal integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto,- fracción I y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso e los Estados Unidos Mexicanos vengo a esta máxima no del país, a presentar proposición con punto de acuerdo sobre las líneas limítrofes del Estado de México y el Distrito Federal, bajo las siguientes Consideraciones El Congreso General ha dado poca importancia a los problemas relacionados con los límites territoriales entre las Entidades Federativas. Como facultad de las legislaturas, poco hemos avanzado en la problemática social surgida por la indefinición jurídica de zonas colindantes con dos o más entidades federativas. Esta desatención existe, a pesar de que los problemas de límites territoriales llevan consigo indeterminación de competencias relativas al ámbito espacial o territorial de validez, que afecta vitalmente las condiciones de desarrollo de las familias que ahí residen. En el caso de la zona Metropolitana de Valle de México, las dificultades limítrofes entre el Estado de México y el Distrito Federal se agravan por la situación jurídica de excepción del Distrito Federal. Los habitantes de la capital federal se enfrentan a limitaciones en atribuciones y facultades de la Asamblea Legislativa del DF y del propio Gobierno del DF, y a su ejercicio restringido de ciudadanía por la restricción del ejercicio de sus derechos políticos. A esto, los habitantes 'de la Colonia Emiliano Zapata agregan los molestos efectos consecuencia de la no observación de la antigua línea Linares en el trazo de los límites del DF, veamos por qué. El 24 de agosto de 1993 el Gobierno del Estado de México y el Departamento del Distrito Federal, suscribieron un convenio para determinar, de común acuerdo, los límites entre ambas entidades. Este acuerdo fue aprobado por el Congreso de la Unión el 27 de julio de 1994. Su aprobación ha generado problemas jurídicos y sociales. La comisión de límites del Estado de México y el Departamento del Distrito Federal existía desde el 2 de mayo de 1968. Su objetivo era la firma de un convenio de fijación de la territorialidad de las demarcaciones, así como su aprobación por el Congreso de la Unión. 20 años después, el 18 de diciembre de 1989, el Estado de México y el Departamento del Distrito Federal, acordaron reactivarla comisión de límites. La Comisión de límites entre el Distrito Federal y el Estado de México elaboró la cartografía correspondiente, proponiendo nuevos límites: 1. Zona A Norte; Mojoneras Pantitlán, Manzanas y Titia 2. Zona B Oriente; Mojoneras La Tranca, Pantitlán 3. Zona C Poniente; Mojoneras Manzanilla, Tuxtepec Pasaron tres años para que los gobiernos del Estado de México y el Departamento del Distrito Federal suscribieran un convenio, el 24 de agosto de 1993, donde se reconocía, con precisión, los límites territoriales impuestos, estableciendo dos modificaciones a la línea limítrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México: 1. La primera en el tramo comprendido entre las mojoneras "Platel de los Barcos" y 6 'recate" en el lugar donde se ubica la zona norte de la colonia San Felipe de Jesús; y 2. La segunda situada en el trazo de la línea comprendida entre las mojoneras "Puerto de las Cruces", " La Pirámide", "Cerro de Tepehuizo" y "Piedra de Almolar" en el lugar conocido, como "La Marquesa-El Zarco". Así mismo, "El Estado de México" y "El Departamento" convinieron la ratificación del Decreto del Congreso de la Unión de fecha 15 de diciembre de 1898 y sus sustentos técnicos, en particular, un plano limítrofe elaborado por el Ing. Antonio Linares, cuya trazo se conoce como "línea linares". Ésta línea es el antecedente jurídico-histórico más importante del problema en cuestión. Los acuerdos de modificación de los límites nunca contemplaron investigación ni sustento social, alguno. El área en conflicto, límite entre la delegación Iztapalapa y el municipio de los Reyes- La Paz era y sigue siendo, una zona densa e irregularmente poblada, que recibia precariamente servicios públicos del Distrito Federal y que en tiempo y forma se opuso a la modificación de la línea linares. A pesar de las peticiones y señalamientos negativos de los avecindados, el 14 de septiembre de 1993, la LI Legislatura del Estado de México publicó el decreto de aprobación del Convenio de Límites, en términos de lo dispuesto por el artículo 61 fracción XXIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. El Distrito Federal publicó el 31 de diciembre de 1994, el decreto de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que aprobaba la Ley Orgánica de lá Administración Pública del Distrito Federal, y precisaba, en el Capítulo Segundo, artículo 6°, el territorio del Distrito Federal, ratificando sus límites geográficos fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 y el del 27 de julio de 1994, todos ellos aprobados por el Congreso de la Unión. Los vecinos de la colonia Emiliano Zapata, a orillas de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal, siguen enfrentando indefinición territorial y se siguen inconformando. El multicitado convenio refirió sus viviendas al Municipio de la Paz, Estado de México sin haber tomado en cuenta la voluntad y la tradiciónn de su comunidad. Esta legislatura puede resarcir a estos ciudadanos las lesiones causadas tanto por la falta de ejercicio de sus derechos políticos, al no contar, ni elegir a sus representantes y gobierno local, así como por la violación de su derecho petición y el estado de indefención en que se encontraron para reclamar su adscripción al DF. , Los ciudadanos asentados en una poligonal que colinda al Sur con la Calzada Ermita Iztapalapa, y las Colonias San Miguel Teotongo y Ampliación Emiliano Zapata, al Oeste con la Unidad Habitacional Ermita Zaragoza, DF y el municipio de los Reyes La Paz, Estado de México, y al Norte con terrenos del municipio de Los Reyes, La Paz, son ciudadanos residentes de la Colonia Emiliano Zapata que llevan 30 años rechazando y peleando jurídicamente el respeto de su comunidad, ahora dividida y afectada por una raya limítrofe impuesta arbitrariamente. La inconformidad vecinal comenzó al trazar los límites sobre la Autopista México-Puebla, modificación que motivó acción jurisdiccional. Mediante la lucha jurídica, los vecinos organizados se sintieron protegidos por el resultado de un juicio de garantías, expediente RA-288/88, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. Los afectados obtuvieron el amparo y protección de la Justicia Federal para Ernesto Moreno Romano y otros en contra de actos del Jefe del Departamento del Distrito Federal y del Subdirector A de Gobernación y del Secretario de Finanzas del Estado de México. Sin embargo y a pesar del amparo de la justicia federal que sentencia la suspensión definitiva de los actos reclamados, los efectos de la línea siguen sufriéndose, a saber, problemas de escrituración pública, --de prestación de servicios, pago de derechos, así como algunos casos extremos de calles y viviendas divididas por el trazo colindante. Es fundamental que esta Legislatura, en uso de las facultades que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordene un análisis de la situación social de los vecinos de la Emiliano Zapata, así como de los documentos que exhiben los ciudadanos y se estudien los sustentos técnicos de los límites del Estado de México con el Distrito Federal y se excite a ambas entidades para que, en consulta con los habitantes de las zonas afectadas, revisen sus límites territoriales y emitan un nuevo convenio que sea puesto a consideración del Congreso de la Unión. La preocupación inserta en este punto de acuerdo ha sido compartida por el Diputado DELFINO GARCES MARTINEZ, quien presentó al pleno de la Cámara de Diputados, en la sesión del martes 9 de octubre del presente año, un punto de acuerdo sobre la circunscripción del Estado de México y el Distrito Federal, cuyos antecedentes son similares al presente, pero su referencia geográfica cambia a los límites entre la Delegación de Tláhuac y al Municipio de Valle de Chalco Solidaridad, por lo que, en este acto, solicito que esta presidencia acuerde el dictamen conjunto de ambas proposiciones. Proposición Primera.- Turnar la presente proposición a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, con el objeto de que, en el ámbito de sus facultades, se convoque a las Comisiones de Límites, tanto del Estado de México como del Distrito Federal, para revisar los trabajos previos realizados para la firma del convenio entre -las entidades mencionadas de fecha 24 agosto de 1993, é incluya los documentos y planos, en que se hayan sustentado sus trabajos. Segunda. Que dichas comisiones de la Cámara de Diputados soliciten respetuosamente al gobernador del Estado de México y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la emisión de su postura oficial respecto del problema planteado por los ciudadanos de la Col. Emiliano Zapata, para que esta Legislatura determine las medidas pertinentes, de conformidad con la legislación aplicable. Tercera. Si del análisis de los documentos relativos a los límites del Estado de México con el Distrito Federal, se desprende la necesidad de revisar la línea limítrofe, se excite a ambas entidades para que, se consulte a los habitantes de las zonas afectadas su adscripción, lo anterior en ejercicio de su derecho de petición y se manifieste la necesidad de modificar su circunscripción territorial mediante la firma del convenio respectivo a presentarse en esta legislatura para su ratificación. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y del Distrito Federal. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MISMA SECRETARIA: (Proposición del Dip. Francisco Patiño Cardona, para que se destine mayor presupuesto al CONACYT) PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA QUE SE DESTINE MAYOR PRESUPUESTO AL CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, QUE PRESENTA EL DIP. FRANCISCO PATINO CARDONA, DEL P. R. D. Con su venia, Señora Presidenta: ' Compañeras y Compañeros Diputados: Subo a, esta Tribuna para plantear 2 necesidad de que el conjunto de fuerzas políticas representadas en esta Soberanía, se pronuncie claramente a favor de un significativo incremento presupuestal para el impulso de la ciencia y la tecnología de nuestro país. Como todos sabemos, la ciencia y la tecnología juegan un papel fundamental en el avance de las naciones. En el mundo moderno, aquellos países que escatiman recursos para esta área estratégica, al paso de los años encuentran límites a su crecimiento económico y bienestar social; tal es el caso de México. Cualquier país que tomemos como ejemplo, ya sea una potencia media o alta, veremos que se define, entre otras por contar con altas tasas de características principales, inversión en esta materia. El titular del ejecutivo federal ha reiterado su intención de impulsar el desarrollo de la ciencia y tecnología de nuestro país. Hace apenas un mes, durante la presentación del Programa Nacional de Ciencia y Tecnología, se comprometió ante la comunidad científica a lograr que hacia el año 2006, México contaría con una inversión del 1 % del producto interno bruto (PI B). Cabe señalar que la meta sexenal que el propio Ejecutivo estableció, consiste en que el gasto federal cubriría el .6% del PIB, en espera de que el otro .4% lo aporte el sector privado. Para nosotros el objetivo es llegar al 2006 con una inversión federal del, 1 % del PIB,- - proporción que es común en otros países con un desarrollo tecnológico medio, como al que aspiramos. Pero fiel a su lógica política de prometer mucho pero cumplir poco, muy poco, el titular del Ejecutivo Federal en su propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, propone disminuir drásticamente el gasto federal en Ciencia y Tecnología. En el Decreto de presupuesto para el 2002, se establece que en materia de Ciencia y Tecnología, el presupuesto global ascienda a $21,936.7 millones de pesos, ejerciendo el CONACYT sólo $3,377.8 millones de pesos, mientras que el Sistema SEP-CONACYT recibirá $3,221.0 millones, además de que se canalizarán $15,418.3 millones de pesos a través del gasto de diversas dependencias y entidades del Gobierno Federal. Esto significa regresar a una proporción de .35% del PIB, lo cual en términos globales significa un retroceso a los niveles de 1995, cuando el país se encontraba sumido en una profunda crisis. Esta propuesta representa una estrepitosa disminución en términos de casi el 20%1 en relación a lo ejercido en el año 2001 y afecta de manera central el desarrollo dé actividades en el sistema educativo de nivel superior, específicamente el de posgrado y la realización de la investigación nacional. En cuanto al Presupuesto del propio CONACYT, éste en términos generales pierde el 10%. ¿Cuál es la lógica que anima al Ejecutivo Federal, para proponer una disminución de tal magnitud, si el PIB de este año no decrecerá, afortunadamente, en esa proporción? ' En el año 2001 se ejercieron $25,541 millones de pesos (datos de 1er Informe de Gobierno), mientras que para el 2002 se tiene programado ejercer $21,936 millones de pesos (datos PEF 2002, SHCP, 2001, II Desarrollo Social y Humano, p. 26). ¿Cómo puede prometerse tanto y estando en posibilidades de cumplir, no se cumple? ¿Cómo puede el Ejecutivo Federal programar $28,000 millones de pesos para el gasto corriente del Instituto Bancario de Protección al Ahorro, institución que no sólo ha sido ineficaz, sino dolosamente manejada, mientras escatima recursos para becas de posgrado y plazas para investigadores, que son la oportunidad de miles de jóvenes talentosos para realizar el relevo generacional que esta tarea nacional está demandando? ¿Cómo puede la oficina de la Presidencia solicitar para la preparación de los discursos del ciudadano Presidente 23 millones 049 mil 309 pesos, en tanto que para los planes para impulsar el desarrollo científico, tecnológico y humanístico del Ejército y Fuerza Aérea, se están destinando sólo 688 mil 570 pesos? Con ese presupuesto, compañeras y compañeros, nunca vamos a hacer de México un país desarrollado. Tampoco estamos en vías de cumplir uno solo de los grandes objetivos que se trazó el propio Ejecutivo Federal en el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología que mencionaba anteriormente. Afortunadamente, esta Cámara es soberana para eliminar los disparates contenidos en ese presupuesto. Los distintos partidos que convergemos en esta representación popular, hemos coincidido en iniciativas que apoyan el Desarrollo Tecnológico, como la que aprobamos hace casi un mes, que modifica el Impuesto Sobre la Renta y que fue ratificada por el Senado hace sólo unos días. Estoy cierto de que también coincidimos en ampliar el presupuesto para el desarrollo científico, que los tecnócratas de Hacienda dicen apoyar y que a la hora de las asignaciones canalizan a los banqueros, ajustándose a la rigidez macroeconómica, aunque ello signifique un desajuste amenazante de la Nación. La mejor inversión que podemos hacer hoy en día para fortalecer el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país, es ampliar el monto de recursos que se deben destinar para el CONACYT. Con una visión de largo plazo, debemos fortalecer financieramente a esta institución, a fin de que cuente con los elementos necesarios, para que se vuelva el artífice de la política científica nacional, que nos permita pensar dentro de 5 años en una Secretaría de Estado que cumpla con esas tareas. Por todo lo anteriormente expuesto, los Diputados y Diputadas que firmamos este Punto de Acuerdo y con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración y aprobación del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, bajo el procedimiento de obvia y urgente resolución, la aprobación del siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Primero.- Se acuerda destinar mayores recursos al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y a los programas sectoriales de desarrollo científico y tecnológico, en el marco de las asignaciones que harán las comisiones legislativas que producirán el Dictamen del Decreto de Presupuesto de Egresos para el año 2002. Segundo.- Dicho incremento deberá ser por un monto de recursos superior a los 7 mil millones de pesos, adicionales a los ya programados, los cuales se repartirán de la siguiente manera: 50% para el CONACYT, 40% para los programas sectoriales de desarrollo científico y tecnológico, y 10% para el sistema SEP-CONACYT, a fin de que se mantenga el nivel de inversión que se logró hasta el año 2001, y que vendría a significar el .47% del PIB. Tercero.- El aumento presupuestal se canalizará, en primera instancia, para fortalecer la investigación aplicada, y en seguida, para promover la realización de la investigación básica que se lleva a cabo en el país. Por su atención, muchas gracias. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MISMA SECRETARIA: (Proposición del Dip. Heriberto Huicochea Vázquez, para la realización del Centro Agropecuario de 2002) Proposición Con punto de acuerdo sobre la realización del Censo Agropecuario de 2002, que presenta el Dip. Heriberto Huicochea Vázquez, del Grupo Parlamentario del PRI. Honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto e el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, ponemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la proposición con punto de acuerdo, bajo los siguientes - I.-En el artículo 13 de la Ley de Información, Estadística y Geográfica se establece que es de interés público la integración de los Sistemas Nacionales Estadísticos y de Información Geográfica. II.- El artículo 9 de dicha ley define que los censos se practicarán de conformidad con las disposiciones que en cada caso fije el Ejecutivo Federal y atendiendo a las siguientes bases:  1.- Se buscará la comparabilidad de la información en tiempo y en el espacio.  2.-Se procurará la adecuación conceptual, de acuerdo a las necesidades de información que el desarrollo económico y social impongan.  3.- Se garantizará la comparabilidad internacional de la información que resulte de los Censos mexicanos, atendiendo fundamentalmente a su periodicidad y con relación ala de otros países. III.- El Censo Agropecuario se ha realizado cada diez años desde 1930 con la única excepción de 1980, en el que el proceso fue fallido y no cubrió los requisitos técnicos. La ausencia de este generó un periodo de veinte años sin información agropecuaria, con un déficit de graves consecuencias. Ahora, en 2001 correspondería realizar un nuevo Censo Agropecuario, ya que el último que se realizo fue en 1991. IV.- Después de este último Censo, han ocurrido importantes transformaciones de carácter económico y social que requieren de mediciones estadísticas, entre ellas destacan: la firma de los compromisos comerciales del TI-CAN: modificaciones del mercado y del uso del suelo: y un rápido incremento de la pobreza rural. V.- La inminente entrada en vigor de la Ley de Desarrollo Rural sustentable implicará, entre otros aspectos sobresalientes, la especialización en la planeación del sector y del uso y difusión de la información estadística agropecuaria, por lo que el Censo constituye una necesidad ineludible y un punto de partida seguro para el arranque de la nueva etapa del desarrollo social y productivo del medio rural. VI.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2002 enviado por el Ejecutivo Federal no considera recursos para que el INEGI realice este Censo y considerando que sus techos tienen escasos márgenes de holgura, se plantea que deberá ser una prioridad en el destino de los recursos que en forma adicional, por diversas vías, se obtengan en dicho año. Por lo antes expuesto y considerando la trascendencia y urgencia de contar con recursos presupuéstales para acometer la tarea del Censo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos a la Honorable Asamblea la aprobación del siguiente , PUNTO DE ACUERDO: UNICO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, recursos suficientes para que el INEGI realice el Censo Agropecuario en el transcurso de dicho año, con el objeto de contar con la información básica fundamental que sirva de base para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo en México. PUNTO DE ACUERDO: UNICO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, recursos suficientes para que el INEGI realice el Censo Agropecuario en el transcurso de dicho año, con el objeto de contar con la información básica fundamental que sirva .de base para la toma de decisiones en beneficio. del desarrollo del campo en México. PUNTO DE ACUERDO: UNICO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, recursos suficientes para que el INEGI realice el Censo Agropecuario en el transcurso de dicho año, con el objeto de contar con la información básica fundamental que sirva de base para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo en México. PUNTO DE ACUERDO: UNICO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, recursos suficientes para que el INEGI realice el Censo Agropecuario en el transcurso de dicho año, con e! objeto de contar con la información básica fundamental que sirva de base para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo en México. PUNTO DE ACUERDO: UNICO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002; recursos suficientes para que el INEGI realice el Censo Agropecuario en el transcurso de dicho año, con el objeto de contar con la información básica fundamental que sirva de base para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo en México. PUNTO DE ACUERDO: UNICO.- La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública incluirá en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, recursos suficientes para que el INEGI realice el Censo Agropecuario en el transcurso de dicho año, con el objeto de contar con la información básica fundamental que sirva de base para la toma de decisiones en beneficio del desarrollo del campo en México. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MISMA SECRETARIA: (Proposición del Dip. Abel Trejo González, para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, pueda crearse el Programa de Apoyos para el Desarrollo Equilibrado de las Regiones, PADER) PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO, PARA QUE EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2002, PUEDA CREARSE EL "PROGRAMA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO EQUILIBRADO DE LAS REGIONES". (PADER) POR EL DIP. ABEL TREJO GONZÁLEZ. CON SU PERMISO SRA. PRESIDENTA COMPAÑERAS DIPUTADAS COMPANEROS DIPUTADOS EXPOSICION DE MOTIVOS En este mes de diciembre, los señores Diputados que conforman esta LVIII Legislatura, nos encontramos en pleno proceso de trabajo, analizando y revisando el Proyecto de Presupuesto de Egresos que presentó el Ejecutivo Federal ante esta Honorable Cámara ¿Qué significado tiene para todos los mexicanos este hecho? ¡ Mucho¡, en el Presupuesto de Egresos, está contenida la orientación que al Gasto Público desea imprimirle el Gobierno Federal , ahí está reflejada la Política económica que se ha venido aplicando en el País y es aquí donde adquiere relevancia la existencia en México, de un real equilibrio de poderes, que ningún poder pretenda avasallar a otro, porque ese no es su papel, el poder Legislativo representa a las diferentes capas sociales y debe velar por la defensa de los intereses, de las clases mas desprotegidas de la Población y esta defensa reside precisamente, en la orientación que al gasto Público reflejado en el Presupuesto de Egresos, deba darle el Poder Ejecutivo. En México, hemos padecido un asfixiante Centralismo económico, político y cultural; producto de políticas públicas carentes de visión en el largo plazo, que hoy resultan totalmente incongruentes para procurar un desarrollo justo y equilibrado de las Entidades Federativas y de las regiones del País que se traduzcan en una mejor calidad de vida para los mexicanos. Ahora bien, El presupuesto de Egresos de la Federación, es el instrumento de Política económica con que cuenta el Estado, para procurar convertir en hechos reales, las demandas y necesidades de la población, como tal, el Presupuesto de Egresos de la Federación, es el único elemento que nos da una real información acerca de los planes del Gobierno, referente a como distribuye, los dineros, producto de los impuestos que recauda en todo el Territorio Nacional. Ahí está, cuanto dinero destina a Educación, a Salud, a Desarrollo de Carreteras y Autopistas, Escuelas, Hospitales, Puertos, Aeropuertos, Seguridad Social y Pública, etc, y además, cuanto dinero se destina el Gobierno Federal a sí mismo en su gasto corriente, en adquisiciones de bienes muebles e inmuebles, oficinas, vehículos, pago de personal, en los gastos de representación de los Señores funcionarios del Gobierno, en los gastos de publicidad del Gobierno Federal, en los viajes al interior de la República y al Extranjero que realizan los señores Secretarios de Estado y el propio Presidente de la República. Por estas razones, el poder Legislativo está obligado a revisar el proyecto de gasto que envía el Ejecutivo Federal, para eliminar o contraer los gastos superfluos y para orientar el gasto público, a la atención de las demandas sociales que favorezcan a las clases mayoritarias de la población. El Centralismo económico que hemos padecido, se refleja en el hecho, de que la Federación recauda en este momento, el 97% de los impuestos Federales, concentra los recursos, y estos no se redistribuyen con equidad, hacia el interior de la República Mexicana propiciando una inercia en la actual Configuración del Presupuesto de Egresos, que favorece las desigualdades Regionales En el México de hoy, ya no cabe en ninguna parte, una política que concentre los ingresos y que sea excluyente de las regiones. El camino de nuestro país, es el de un autentico Federalismo, sin fachadas, sin maquillaje. Las Entidades Federativas se adhieren al Pacto Federal, para lograr un efecto sinergético que nos dice que el todo es mayor que la suma de sus partes. El Estado Federal debe utilizar la fuerza multiplicada de las Entidades Federativas, para resolver los problemas comunes, los problemas de la Nación y los retos específicos de los Estados. La política centralista, propició que las elites gobernantes usaran el presupuesto público para desarrollar Carreteras, Autopistas, Aeropuertos , Presas y Corredores Industriales, ahí, incluso donde era mas oneroso realizarlo, olvidándose del Sur-Sureste, sumido hoy en un futuro incierto, que con recursos naturales y con agua en abundancia, sigue sumergido en las profundidades de la marginación social. No queremos que se descuide ninguna Entidad Federativa del País, pero ya es tiempo, que la Federación salde su deuda histórica con el Sur- Sureste en donde está concentrada mayoritariamente la población Indígena de México. Esta deuda de justicia, debe ser saldada, y no sólo por razones éticas, no solo porque la región lo merece, no solo porque el Sur-Sureste sigue proporcionando sus recursos naturales, materias primas y energéticas a todo el País; si no por que en verdad, la Nación lo necesita. Los legisladores estamos conscientes, que atravesamos por una desaceleración económica en nuestro País, producto en mucho por la desaceleración de la economía estadounidense, pero también por la falta de voluntad política del Gobierno actual, para aminorar los efectos en pérdidas de empleos principalmente al dejar de ejercer acciones que le permitieran haber enfrentado en mejores condiciones, la contingencia económica. Ya lo sabemos también resolver los grandes rezagos sociales de la noche a la mañana , pero también es cierto que si nunca empezamos a corregir el desequilibrio, jamás lo conseguiremos; lograr emparejar a la Región Sur-Sureste de México con el desarrollo promedio de las otras regiones del País. No es asunto de un sexenio, con toda seguridad, pero si nunca comenzamos a corregir esta asimetría en el desarrollo regional con recursos económicos previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación; la brecha de la desigualdad entre el Sur-Sureste y las otras regiones de México seguirá creciendo irremediablemente, hasta que sobrevenga un colapso social, que no está lejos y que tendría consecuencias impredecibles para nuestra viabilidad como Nación. Es urgente avanzar en una Política Fiscal de Estado, tendiente a cancelar las asimetrías en el cancelar las asimetrías en el desarrollo Regional. Que la LVIII Legislatura pase a la historia, que todos los Diputados conviertan en realidad, el siguiente Punto de Acuerdo. PRIMERO: Que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la Comisión de Hacienda de está H. Cámara de Diputados, incluya en el Artículo 5° del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, referente al Gasto programable previsto para el Ramo General 23, Provisiones Salariales y Económicas, a que se refiere el Artículo 3° del Decreto, adicionalmente, la Creación del Programa de Apoyos para el Desarrollo Equilibrado de las Regiones (P.A.D.E.R.) tomando en cuenta a las 9 Entidades Federativas del Sur-Sureste de México que quedo incluidas en la comisión respectiva Creando un porcentaje de 2.5% de la Recaudación Federal Participable. 3a- Que la Federación vuelva a distribuir a los Estados los rendimientos petroleros que hasta 1983 se les participaba con la totalidad de los Ingresos petroleros que se generaban. 4'- Que se financié con el 20% de los derechos adicionales y extraordinarios sobre la extracción del Petróleo. LA C. PRESIDENTA. Túrnese a las Comisiones Unidas de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública y de Hacienda y Crédito Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA C. SECRETARIA. (Punto de Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Especial para que los mexicanos en el extranjero ejerzan Sus derechos políticos) PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO RELATIVO A LA CREACIÓN DE UNA COMISIÖN ESPECIAL QUE REALICE LA PROPUESTA CONDUCENTE PARA QUE LCS MEXICANOS EN EL EXTRANJERO EJERZAN SUS DERECHOS POLITICOS. La Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Extranjero, organización plural y multinacional reunida los días 30 de noviembre y 1 ° de-diciembre del presente año en el Estado de Zacatecas, a través de los suscritos diputados federales, solicita a la H. Cámara de Diputados analizar y en su caso aprobar la siguiente proposición con punto de acuerdo. En nuestro país el Constituyente Permanente por en 1996 la fracción tercera del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el ejercicio del voto se desvinculara de la residencia en un distrito electoral determinado. El motivo de dicha reforma, suscrita por los coordinadores parlamentarios y el Presidente de la República, como bien lo dice en la exposición de motivos, "es a efecto de posibilitar a nuestros compatriotas que se encuentran fuera del territorio nacional, el ejercicio del sufragio..." Hecho que determinó constitucionalmente, la obligación y el derecho ciudadano de que el ejercicio del voto sea extensivo a los mexicanos que residen en el extranjero o al voto sin fronteras. Con ello, se adquieren nuevos retos para el sistema electoral mexicano y para la joven democracia de nuestro país. A partir de ese momento, el tema de los derechos políticos de los mexicanos en el extranjero, ha generado una gran polémica en el Congreso de la Unión a lo largo de las tres últimas legislaturas. Al tiempo -que dicha demanda, se ha socializado en los grupos de especialistas y académicos, así como en la sociedad en general y en las comunidades de mexicanos de varios países del mundo,' principalmente de los Estados Unidos de Norteamérica, país en el cual se encuentra, más del 90% por ciento de mexicanos fuera de su país de origen. Esta discusión, por demás positiva, abre nuevas brechas de la democracia en nuestro país, particularmente de la democracia electoral y la calidad democrática de los procesos electorales, con los cuales, se fortalece la participación de la sociedad. Por ello, el perfeccionamiento de dichos procesos, es también, un constante reto para los Poderes de la Unión, los partidos políticos y la sociedad mexicana. No debemos olvidar que el modelo democrático que se ha desarrollado en nuestro país, se ha dado gracias a una lucha constante por la defensa de los valores democráticos, lucha que se ha visto en un sinnúmero de países del mundo -que, incluso, ha sido adoptado, por los diferentes sistemas económicos, que han existido en la historia contemporánea. En ese contexto, vale la pena señalar que más de cuarenta países han contribuido responsablemente a la aventura de perfeccionar dicho modelo y han otorgado el ejercicio del voto de sus ciudadanos fuera de sus países de origen. Por lo que en México tenemos el gran reto de lograr que el derecho al voto sea extensivo a nuestros connacionales que se residen en otros países y con ello, contribuir al cumplimiento de nuestra Constitución Política y al legado de legitimidad de representar a millones de mexicanos que se encuentran fuera de nuestras fronteras. En este debate, los partidos políticos han contribuido con diversas propuestas para enriquecer la demanda del voto sin fronteras y explorado sobre la aplicación de dicho derecho, tales son los casos de la iniciativa de reformas y adiciones al artículo octavo transitorio del COFIPE, presentada por el Diputado Lázaro Cárdenas Batel; la iniciativa de reformas y adiciones al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el Diputado Rafael Castilla Peniche; la adición del Libro Noveno del COFIPE, presentada por el Diputado Javier Algara Cossío; la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política para establecer una circunscripción especial presentada por el Diputad Felipe de Jesús Preciado Coronado; la iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución Política presentada por el Diputado Sergio Acosta Salazar y; la iniciativa de decreto en virtud del cual se adicionan y reforman los artículos 52, 53, 54, 55, 56 y 60 de la Constitución Política y se incorpora el libro noveno al COFIPE , para establecer una 6a circunscripción electoral, presentada por el Diputado Federal Gregorio Urías Germán. Relativo a lo anterior, las iniciativas presentadas en la LVII legislatura del H. Congreso de la Unión, fueron retomadas en la propuesta integral de reformas y adiciones al COFIPE, como parte de la agenda político electoral, la cual fue rechazada en un votación histórica, por el Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República. Al respecto, es necesario reconocer que el PAN, PRD, PVEM y PT hicieron el mejor esfuerzo, pero dicho paquete de reformas no resolvió el problema del voto, ni las preocupaciones centrales de las iniciativas de esa legislatura. Respecto de las propuestas que se han presentado a partir de la presente legislatura, se encuentran en el proceso legislativo respectivo en comisiones, por lo que es necesario la presentación de los dictámenes correspondientes, si no en este periodo ordinario, en el siguiente, para concluir los procesos legislativos conforme a derecho. Por su parte, la Comisión de Especialistas del Instituto Federal Electoral, presentó el 12 de noviembre de 1998, el informe final que estudia las modalidades del voto de los mexicanos residentes en -el extranjero en el cual concluyó que "es técnicamente viable llevar a cabo la elección presidencial del año 2000 con la participación de los votantes mexicanos en el exterior y para ello es posible acudir a diversas modalidades para la emisión del voto (...) que cumplen con la racionalidad jurídica del sistema electoral mexicano." En dicho documento, destacan las seis modalidades de voto, tres modalidades de registro, campañas y medios de fiscalización, autoridades electorales, arreglos internacionales, un nuevo libro del COFIPE y aspectos penales, entre otros. Por otro lado, en México y Estados Unidos se han realizado más de una decena de eventos para discutir sobre este tema, en ellos los partidos políticos se han manifestado a favor del voto' de los mexicanos en el extranjero. Vale la pena aclarar que en la realización de los últimos eventos el Partido Revolucionario Institucional se sumó a esta demanda. Por lo que corresponde a la participación de los grupos sociales y de las comunidades de mexicanos en otros países, ha sido muy enriquecedora y se ha incrementado con el anhelo de tener representantes en el Congreso Federal, e incluso en los gobiernos y congresos estatales. Por su parte, el Poder Ejecutivo Federal tiene también la obligación de coadyuvar a la realización del voto sin fronteras, ya que durante la campaña presidencial de Vicente Fox, ahora titular de ese Poder, se comprometió a realizar lo conducente para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero. Por ello, es responsabilidad del Presidente Fox cumplir con dicho compromiso. En ese contexto, no existe ningún impedimento para que sea cristalizado dicho derecho y con ello, México pase a formar parte de los países que hacen extensivo a sus connacionales el derecho a votar desde el lugar de su residencia. En consecuencia, es necesario que nuestro Congreso Federal legisle en la materia. En conclusión, los Diputados y Senadores cuentan con tos elementos necesarios, para realizar las reformas y adiciones correspondientes, tanto a la Constitución, como a las Leyes, sólo falta la decisión del acertada, para echar andar, uno de los procesos electorales más importantes de la historia de nuestro país y con ello escalar un más de la democracia y ganar un reto más de la transición de nuestro país. Establecimiento de dicho derecho debe de estar lejos de los electorales de los partidos políticos y muy cerca del respeto lo de Derecho y al cumplimiento de la Constitución Política ha, tanto en el derecho a votar, como al derecho a ser votado; o, es necesario, a nuestro parecer, impulsar el acuerdo, al verbal, del Foro de Chicago realizado los días 25 y 26 de 2001, en el que participaron legisladores de los tres distritales partidos políticos y donde se manifestó, la necesidad de la Comisión Especial Plural, a través de la cual, el Poder Legislativo Federal convoque a los involucrados y proponga las as legales correspondientes para hacer realidad, que nuestros ,riotas ejerzan su voluntad a través del sufragio en las naciones mexicanas . Lo anterior con la finalidad de que más allá de los intereses políticos, hagamos de acuerdo y no nos desgastemos en la lucha podremos en los padres del voto sin fronteras, ya que más allá de la del derecho, está el cumplimiento de nuestra Constitución la cual es de todos y donde los deberes de nuestra República :ponen a los intereses políticos y particulares. anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 58 y Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados abajo firmantes nos permitimos someter a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente: PROPOSICION CON PUNTA DE ACUERDO PRIMERO: Que se autorice a la Junta de Coordinación Política finte una Comisión Especial Plural que realice los estudios y consulta necesarias para proponer, en su caso, las reformas legales-y correspondientes que permitan el ejercicio de los derechos políticos de los mexicanos que residen en el extranjero y actualizar legislación en la materia. SEGUNDO: Que - dicha Comisión Plural sea integrada proporcionalmente de la siguiente manera: por tres miembros del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tres miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, dos miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, un miembro del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo y un miembro del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. LA C. PESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA MISMA C. SECRETARIA. (Punto de Acuerdo solicita aumentar a los recursos destinados para la atención y apoyo a las Mujeres) LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA MISMA C. SECRETARIA. (Punto de Acuerdo en relación con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal de 2002) LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN. (Iniciativa de Código Federal Penitenciario) Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción I y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior de! Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar la Iniciativa de Código Federal Penitenciario conforme a la siguiente: Exposición de Motivos La realidad penitenciaria en México es una macabra ilusiones a los derechos humanos que debe preocupo las instituciones publicas tanto como a la sociedad en su conjunto. Ante el reclamo fundamental de la ciudadanía por la falta de seguridad y el consecuente crecimiento del índice de criminalidad, los centros de reclusión social funcionan en condiciones de hacinamiento, corrupción, violación de derechos e inseguridad. El marco jurídico en materia de seguridad pública ha conceptualizado a la reclusión como el último. eslabón de un sistema inoperante. Ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni su Plan Nacional han logrado cerrar el círculo de acciones que pudieran garantizar la principal función del estado, la seguridad en el patrimonio e integridad personal de los ciudadanos. Y es que el esquema de funcionamiento y conceptualización del sistema penitenciario .federal no se organiza bajo el principal principio de la reclusión, la readaptación social. Por eso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos define a las prisiones en el territorio nacional como auténticas escuelas del crimen. Y es que en el sistema carcelario, la corrupción se antepone a cualquier proceso judicial, castigando, igual que al interno, a los familiares del procesado o sentenciado. Lucran igual los funcionarios de primer nivel, que los custodios o los técnicos penitenciarios, igual se abusa de los familiares, que se concreta una fuga, se vende un servicio o se trafican drogas o enervantes. El sistema penitenciario en la federación alberga a 166,830 internos, en 445 centros penitenciarios, cuya capacidad instalada sólo admitía a 127, 119 internos. La sobrepoblación penitenciaria rebasa el 30 % de la capacidad instalada. Aunado a lo anterior, la población penitenciaria no se clasifica. Conviven los del fuero federal con el común, los primo delincuentes con los reincidentes y los sentenciados con los procesados. A esta penosa realidad debemos agregarle el hecho de que la aplicación de la sentencia de privación de la libertad es el final de una larga cadena social. La delincuencia empieza con la pobreza, la desigualdad y desintegración social y continua con la incapacidad de nuestra sociedad para ...establecer, dirigir y concentrar las actividades humanas por el camino de 1a licitud. Condición importante de toda norma secundaria es reconocerse como derivada de la carta fundamental. Este código se fundamenta en el orden constitucional nacional y el orden penal federal. El objetivo de las penas privativas de la libertad establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la readaptación social, basada en el trabajo y la educación. Nada dice nuestra Ley Suprema sobre el apando, los castigos administrativos superiores a las 72 horas, la corrupción, el narcotráfico y el peligro de perder la vida en reclusión. Tampoco prevé nuestra Constitución los abusos y omisiones judiciales a la administración de la pena corporal, que ha hecho inobservables e inaplicables los sustitutivos penales comprendidos en el Código Penal Federal. Para la ejecución de sanciones penales, el Código Penal Federal establece sustitutivos de la privación de la libertad, cuya aplicación, por los jueces federales de la causa, pudiéramos atrevernos a decir que es nula. Los esfuerzos que esta Legislatura haga en materia penitenciaria deben orientar el marco jurídico penitenciario al restablecimiento de la justicia en los procesos de reclusión social, específicamente en materia de ejecución de las sanciones penales, tanto en las disposiciones adjetivas, como en las sustantivas. Garantizar la observancia del mandato constitucional de la readaptación social no solo es evitar condiciones de corrupción, hacinamiento, violación de garantías individuales, etc., que, actualmente, privan en el sistema carcelario mexicano. Es buscar la dignificación del sentenciado a través del trabajo y la educación, pero sobre todo, es enfrentar los problemas en procuración y administración de la justicia que llenan las cárceles del país de muchos ciudadanos que por pobreza o ignorancia han sufrido de procesos jurídicos injustos y cuyo marco de derecho es estrecho y constantemente violado. La corrupción, las fugas, los ajusticiamientos y el sistema de privilegios en el sistema penitenciario federal promueven la discusión de un marco jurídico en materia penitenciaria. La Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados es el ordenamiento vigente desde 1971 y cuya operación, nos atrevemos a sentenciar es nula y poco observable por !a autoridad penitenciaria. Debo repetir, ante el pleno de esta legislatura que el ejecutivo no clasifica a los internos por su causa penal, ni por su reincidencia, ni por el trámite en que se encuentra el proceso judicial, tampoco motivan su vida en prisión con la aplicación de beneficios de libertad anticipada, a los que por su educación, trabajo y condición jurídica, pudieran recobrar su libertad; ni funciona el patronato, ni se promueven acciones de seguimiento y apoyo de los excarcelados. La población en proceso judicial y que, según la constitución, tienen el beneficio de la duda, bajo la presunción de la inocencia, se atiende igual que los juzgados y sentenciados, propiciando dinámicas de corrupción natural producto de la convivencia de los primo delincuentes con los reincidentes y a los de sanción por delito leve por los sentenciados por delitos graves. La "Ley de Normas Mínimas" opera raramente para la revisión, de la ejecución de las sentencias penales federales y su uso es imperfecto ya que permite llenar los vacíos y ambigüedades de sus normas con interpretaciones discrecionales, que alejan a los funcionarios responsables de la revisión de la vida penitenciario del sentenciado para la aplicación de beneficios de ley. Por todo lo anterior y a petición de un gran número de internos, familiares y organismos de la sociedad civil, el de la voz, inició un proceso de revisión del marco jurídico penitenciario, complementado con visitas regulares a los centros de reclusión y atención y orientación jurídica de los familiares de internos. El objetivo del presente ordenamiento es regular y transformar conforme a derecho, a la vida penitenciaria en el territorio nacional. A la emisión de un borrador inicial de articulado, le sobrevinieron mesas de trabajo para la promoción de un ordenamiento innovador y moderno que posicione al país en el contexto del respeto a los derechos humanos, y que, al mismo tiempo, fortalezca la aplicación firme y legal de las sanciones que impongan los órganos jurisdiccionales. La readaptación es el objetivo de la pena corporal. El sistema penitenciario debe comprender instituciones, - tratamientos y procedimientos que preparen a la reinserción a la sociedad, a los que temporalmente fueron privados de su libertad por la comisión de delitos. Por ello reivindicamos el mandato constitucional que establece al trabajo y a la educación como las principales herramientas, vías o pilares para su obtención. Con la decidida participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública, la Comisión de Derechos Humanos FRAY FRANCISCO DE VITTORIA, Cristianos por la Abolición de la Tortura, Defensoras Populares, Comité de Familiares y Amigos de Presos Políticos y Sociales, Comité de Ex Presos HEBERTO CASTILLO y la Pastoral Penitenciaria integramos una mesa de trabajo cuyo producto, en forma de Código Federal Penitenciario que vengo aquí a presentar. Proponemos un código por la necesaria amplitud y divergencia de hechos a normar y prescribir jurídicamente en materia penitenciaria. Un instrumento integrador de distintas normas que se refieren a hechos diversos pero relativos esencialmente ala misma rama del derecho, el penitenciario, que siguiera la tradición codificadora del derecho romano germánico, integrando diversas normas. o disposiciones sistematizadas jurídicamente para clarificar y dotar de eficacia a las normas que pretenden regularla realidad en materia de sanciones penales. Nuestra propuesta de legislación penitenciaria comienza estableciendo Disposiciones Preliminares a los dos libros que marcan la división de ámbitos, el primero para el régimen penitenciario, y el segundo al sistema de ejecución de sanciones penales en el ámbito federal, que son dos ámbitos de regulación penitenciaria, el de carácter adjetivo y el de carácter sustantivo. El título preliminar establece en fines capítulos: Objeto y conceptos Generales, Disposiciones Generales y de la Coordinación en el Territorio Nacional. Aquí se determinan las categorías fundamentales que le dan sustento doctrinal y técnico a las normas que integran al Código, determinándose carácter y ámbito de validez espacial, remitiéndolo al orden público y a su aplicación en todo el territorio nacional ,denfiro de la competencia federal. Se precisa el concepto de autoridad penitenciaria Y demás sujetos en los que recae tal cometido,.así como las definiciones y especificaciones para mejor comprensión de este conjunto de normas y que atienden a regular tanto el régimen penitenciario como 1a ejecución de las sanciones penales, así como las diversas disposiciones generales que tienen relación con la ubicación legal del código, su sustento constitucional y la validez general en el contexto de las disposiciones jurídicas federales de corte sustantivo y adjetivo. También se establecen principios de seguridad jurídica tanto para el desarrollo normal de las instituciones administrativo-penitenciarias como para la vida y el desarrollo colectivo de los internos e internas de éstas. Por tal razón, se determina con claridad el sentido de las responsabilidades penales o administrativas en que incurren las autoridades que omitan o contravengan las normas de orden general que contiene el ordenamiento que aquí presentamos. Elemento innovador es la disposición de la pena corporal, como privación de la libertad ambulatoria de una persona a consecuencia de la comisión de un delito, así como la prohibición de adjuntar cualquier otro castigo diverso al que la autoridad jurisdiccional ha impuesto, como los castigos administrativos, que exceden a las 72 horas; violentando la autoridad, -aplicando correctivos, las disposiciones constitucionales; y ala prisión preventiva como un acto que pone a resguardo y seguridad a individuos bajo la presunción de inocencia, por ser sujetos a proceso por la presunción de comisión de un delito, salvaguardando su condición de inocentes, hasta que no exista una sentencia definitiva. Esta presunción de inocencia ha sido materia de discusión en el contexto del derecho penitenciario moderno. Los sistemas judiciales democráticos reconocen el principio de inocencia salvo, prueba en contrario y la culpabilidad debe probarse como conclusión del proceso penal, sancionándose con la pena establecida en el código penal, por lo que su vida en reclusión debe diferenciarse, objetivamente de los sentenciados. Por eso se precisa el concepto de suspensión de derechos y prerrogativas ciudadanas y la prohibición expresa de realizar por parte de las autoridades penitenciarias, en perjuicio de internas o internos, actos denigrantes o crueles, torturas o exacciones económicas, mismas que han estado vigentes en la práctica cotidiana de las prisiones del país y que deben ser desterradas en beneficio de todos. El libro primero habla del Régimen Penitenciario, derecho adjetivo, de la vida en prisión. La orientación de la vida en prisión se fundamenta en el enunciado de derechos de la población del sistema, así como las prohibiciones a la autoridad y las sanciones por su inobservancia, por un lado, y el establecimiento «de cauces .jurídicos y administrativos para la solución de discrepancias, buscando evitar las prácticas corruptas en materia penitenciaria y fortaleciendo recursos como el de reconsideración. Establecemos las instituciones que integran a la autoridad penitenciaria, refrendando la determinación constitucional de separar los lugares de prisión preventiva de donde se ejecutan las sentencia penales; introducimos el concepto de clasificación penitenciaria como norma para la asignación de lugares de reclusión, catalogamos a las instituciones en varoniles, femeniles y colonias especiales; para procesados o ,-entenciados; de alta, media y mínima seguridad; además de los centros de rehabilitación psicosocial y de asistencia postpenitenciaria. Cabe apuntar que se refrenda en los artículos 18 y 19, la separación de los regímenes de prisión preventiva, destinados a la custodia de indiciados, la prisión preventiva de procesados del fuero federal, la custodia de reclusos cuya sentencia no ha causado ejecutoria, .la custodia preventiva de procesados de las entidades federativas y la prisión provisional durante el trámite de extradición ordenada por autoridad competente. En el apartado del Gobierno y de la Administración de las Instituciones del Sistema Penal Federal se regulan tres aspectos: el Gobierno de las instituciones 'del sistema, su Administración y del Personal o recursos humanos. Se precisan las atribuciones del gobierno, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, destacando la emisión del Reglamento del Código que contendrá normas relativas a las instalaciones, seguridad, custodia, manejo presupuestal, sistemas y técnicas de administración penitenciaria, recursos humanos, recursos materiales; y formas o métodos de registro, observación, clasificación y tratamiento de internos e internas y la procuración de los derechos humanos dé la población, empleados y visitantes de la misma. Para el gobierno penitenciario se crea el Comité General del Sistema Penitenciario; que deberá preparar y ejecutar la política penitenciaria del Gobierno Federal y vigilar la administración de los recursos asignados y recibir quejas, solicitudes y demandas de los internos e internas para su resolución vía apelaciones a las resoluciones de los Consejos Técnicos Internos, entre otras. Así mismo se propone una Comisión Federal de Ejecución de Sanciones, autoridad responsable para cumplir con las sentencias emitidas por los jueces federales y que deberá resolver los recursos a que hace referencia el Código y las resoluciones relativas a las penas privativas de libertad, resolviendo los tratamientos y las propuestas de externación, libertad provisional, así como los casos de libertad anticipada y acordar las revocaciones que procedan, entre otros. Los derechos y Obligaciones de los Reclusos se presentan estableciendo prohibiciones generales, obligaciones, derechos, visitas, revisiones, y traslados en seis capítulos. El título es de vital importancia para el sentido de la norma jurídica, pues marca las reglas de convivencia para el interior de las prisiones federales y por primera vez, en una regulación como esta, se determinan con precisión las prohibiciones, los derechos y las obligaciones de internos e internas. A efectos de fortalecer la dignidad y el respeto de los internos se emiten una serie de prohibiciones que garanticen la recuperación de la autoestima y establezcan el orden proscribiendo conductas de amotinamiento, violencia interna y demás actos que pongan en peligro la disciplina o el orden, así como las obligaciones para la población interna. Fortaleciendo el principio de readaptación social, el Código precisa los derechos de los internos. Me permito enunciar los más importantes: El respeto de su integridad personal y la de sus familiares; contar con dormitorio digno para su estancia en prisión; Ser recluidos en establecimientos diferentes en razón de su sexo, contando con los medios materiales mínimos para su estancia. También se regula el derecho a practicar o no un credo religioso, posibilitando la realización de actividades de carácter religioso en las Instituciones del Sistema y para los establecimientos de mujeres, destaca la prestación de servicios de ginecología y planificación familiar, así como el derecho de las madres internas a conservar a sus hijos hasta los seis años de edad, y el Centro de Desarrollo Materno Infantil y personal calificado para la atención de los menores. Ha sido común en el medio penitenciario la violación al derecho de petición. El Código establece la obligación de la autoridad, de recibir comunicados mediante la extensión de acuses de recibo de la población penitenciaria a las autoridades. En la regulación de las visitas se reivindica la, necesidad de la población recluida para conservar, fortalecer y restablecer sus relaciones familiares, de amistad y de compañerismo. Así mismo, en capítulo. aparte, se norma la práctica de las revisiones penitenciarias como periódicas, de manera regular y con especial atención en las áreas de dormitorios. Para finalizar el cuerpo normativo de la vida en la prisión, un capítulo específico regula los traslados de internos que sólo podrán llevarse mediante el proceso de clasificación y por resolución del Comité, que deberá fundar y motivar el traslado. El Libro Segundo, De la Ejecución de Sanciones Penales organiza las normas sustantivas en nueve títulos: Medios de Prevención y de Readaptación Social, de los Inimputables y Enfermos Psiquiátricos, adecuación y modificación no esencial de la pena de prisión, de las correcciones disciplinarias, de los medios de impugnación y defensa, de los sustitutivos penales, tratamiento en externación y libertad anticipada; procedimientos para la concesión del tratamiento en externación y de los beneficios de libertad; de la suspensión y revocación del tratamiento en externación y de los beneficios de libertad anticipada; extinción de las penas privativas de la libertad y medidas de seguridad; y de la asistencia postpenitenciaria. Dip. Esteban Daniel Martínez Enríquez EXPOSICION DE MOTIVOS CODIGO FEDERAL PENITENCIARIO Como medios de prevención y readaptación social establecemos normas de Prevención General, Internación, Clasificación, Asignación, Tratamiento de Readaptación Social, Trabajo, Capacitación, Educación, y Salud. Como prevención general se dispone la participación de los internos e internas en programas de trabajo, capacitación y educación, estableciéndose la obligación de las autoridades de formular planes y programas destinados a combatir la criminalidad al interior de las Instituciones, evitando la trasmisión de conductas delictivas entre los internos. Se establecen conceptos y procesos para la internación, clasificación de los internos, su asignación sobre la base de su condición jurídica a determinada Institución y el tratamiento de readaptación que deberá prestársele. Mención expresa merece las normas de atención a la población de nacionalidad extranjera, a quienes se les facilita la comunicación con sus representantes diplomáticos y consulares, debiera informarse inmediatamente a las autoridades migratorias y embajada o consulado que le corresponda según su nacionalidad, dando cuenta de su situación jurídica y personal. Estas normas pretenden garantizar una estancia digna y .segura en su reclusión, y evitar la transmisión y propagación de habilidades delictivas analizando la situación objetiva de la población, separando- y preparando a la susceptible de readaptarse, de los reincidentes y sentenciados por delitos graves. Para ello .se catalogan a las instituciones como de mínima seguridad según asignación de quienes hayan sido sentenciados por, delitos menores y no graves o condenados a compurgar penas en régimen de semilibertad; o bien, los que se encuentren en la fase final de la ejecución de la pena en internamiento. Las instituciones de media seguridad albergarán a aquellos reincidentes, o que por sus antecedentes penales requieran un mayor nivel de atención, supervisión y vigilancia que la existente en el régimen de mínima seguridad y para los cuales resulte excesivo un régimen de alta o máxima seguridad. Para la ejecución de las sanciones privativas de la libertad, el Código establece un régimen progresivo y técnico tendiente a alcanzar la readaptación social del sentenciado, mismo que consta por lo menos de dos períodos: estudio y diagnostico y tratamiento penitenciario, que comienza con la internación, e1 diagnóstico para establecer tratamiento, la situación de preliberacional, y la asistencia postpenitenciaria. Trabajo, capacitación y educación son las vías de readaptación, pues no sólo atienden al interno, sino que lo preparan para su excarcela miento, al ser herramienta para su desarrollo personal. . En cuanto ala Adecuación y Modificación no esencial de la pena de prisión, se regula la adecuación no esencial de la pena de prisión mediante modalidades jurídicas que permitan al sentenciado no cargar con una pena adicional a la que le fue impuesta por la autoridad jurisdiccional, en razón de su edad o estado de salud. Con esta disposición, la autoridad ejecutora podrá modificar la forma de ejecución determinando las condiciones y los lugares para ello. Para lograr el cometido constitucional, se norman las Correcciones Disciplinarias que puede aplicar la autoridad ejecutora al limitar las 'sanciones administrativas en las instituciones para remitirse a lo establecido por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prohibiendo la práctica inconstitucional del aislamiento o el apando, que se ha venido realizando en las cárceles de nuestro país y prohibiendo corrección disciplinaria que no se encuentre debidamente determinada en el Código o su reglamento, y sin que se haya informado al interno o interna de la infracción que se le atribuye y ser escuchado en presencia de su defensor, persona de confianza o en su defecto un familiar. Por ello se propone un catalogo de acciones prohibidas a la población y que merecen ser sancionadas administrativa y un catálogo de sanciones aplicables: amonestación, suspensión de incentivos o estímulos hasta por treinta días, suspensión para asistir a actividades deportivas o recreativas por un plazo no mayor de treinta días, traslado temporal o permanente a otro dormitorio, suspensión de visitas hasta !por cuatro semanas y asilamiento temporal sujeto, a vigilancia médica. ' Para el ejercicio de los derechos de la población, se establecen los Medios de Impugnación y Defensa, a través de capítulos que norman recursos de queja y denuncia, queja -y procedimientos para impugnación y defensa, estableciendo procedimientos, tiempos, así como autoridades responsables. El tratamiento en externación es un medio de carácter eminentemente técnico que innova un beneficio bajo la modalidad - de libertad bajo control de la autoridad durante el tiempo en que dure la pena impuesta. Esta innovación atiende la pena corporal bajo un tratamiento de aplicación restringida a personas cuyas penalidades no excedan de cinco años, que durante el desarrollo del proceso y hasta que cause ejecutoria la sentencia hubiese un gozado de libertad provisional bajo caución, que sean primo delincuentes, que cumplan con actividades a favor de la comunidad, y cuenten con trabajo permanente o se encuentren estudiando en institución reconocida oficialmente, y que hayan reparado el daño. El resto de los beneficios de libertad anticipada tienen s-u referencia en el código penal y se propone reactivar s-u aplicación como una forma de apoyar los procesos de readaptación al incentivar al infierno al buen comportamiento. Se norman como acción de la autoridad ejecutora, la libertad anticipada en las modalidades de tratamiento preliberacional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena, que no serán otorgados cuando exista expresa prohibición en el código penal federal o en otras leyes. Otros beneficios extensamente normados son el tratamiento preliberacional, la libertad preparatoria y la remisión parcial de la pena, combinándose la revocación de beneficios y la extinción de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad y reconocimiento de inocencia. La última disposición del código es la asistencia pospenitenciaria. Esta legislatura debe reconocer el grave problema que significa la omisión penal que no regula el seguimiento penitenciario de los liberados del sistema. No se puede cumplir el mandato de readaptación social sin una adecuada inserción de las personas que han cumplido con el tratamiento y con las penas que le fueron impuestas por la autoridad jurisdiccional, en la vida social, tanto en las actividades económicas, sociales como culturales. Por ello, la actividad de asistencia social a liberados es una garantía doble tanto para éstos como para !a sociedad en su conjunto, que a1 prestarla, se asegura que no vuelvan a delinquir. Compañeros de legislatura: Este producto legislativo tardó un año en estudio y consulta. Requiere de la decisión de esta legislatura para revisar y remontar los rezagos jurídicos que afectan a !a ejecución de las sanciones penales. La privación de la libertad debe ser una de !as formas para asegurar a la sociedad del delito, pero -no la única. El Código Penal sigue siendo letra muerta en materia de sustitutivos penales cuya aplicación pudiera redundar en fenómenos de readaptación social que fortalecerían el ejercicio del derecho en nuestra sociedad. La readaptación base de la reclusión y no la venganza, el exceso y la omisión jurídica. Palacio Legislativo, D. F., a 15 de diciembre del 2001 CODIGO FEDERAL PENITENCIARIO TITULO PRELIMINAR CAPÍTULO PRIMERO OBJETO Y CONCEPTOS GENERALES Artículo i _ El presente código es de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional, en lo que se refiere a los centros federales de readaptación social y sentenciados federales, así como a los sujetos a proceso penal por la comisión de delitos federales que se encuentren en establecimientos locales; y tiene por objeto regular la organización, funciones y actividades de las Instituciones que integran el- Sistema Federal Penitenciario, así como la ejecución de las sanciones penales impuestas por los tribunales competentes, para lograr la readaptación social del individuo, salvaguardar su integridad personal y posibilitar su reincorporación a la actividad económica a la brevedad. Artículo 2. Para efecto de este Código, se entiende por autoridad o autoridades al poder ejecutivo federal, a la Secretaría de Seguridad Pública y las diversas entidades de la administración pública federal que para el efecto se establezcan en el Reglamento. Artículo 3. Para los efectos de este Código se entenderá como: I.- Secretaría: a la Secretaría de Seguridad Pública Federal II.- Sistema: al conjunto de instituciones y autoridades que actúan en el ámbito Penitenciario Federal III. Dirección: a la. Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente del órgano administrativo descentralizado de la Secretarial de Seguridad Pública, denominado Prevención. y Readaptación Social (régimen en transición) 1V. Comité: al Comité Federal de Ejecución de Sanciones Penales, dependiente de la Secretaría de Gobernación o al órgano administrativo descentralizado de la Secretaría de Seguridad Pública, denominado "Prevención y Readaptación Social" (Régimen en transición) . V Consejo: al Consejo Técnico Interno que es el órgano colegiado formado en las diversas Instituciones del Sistema Federal de Reclusión. 9l.= Instituciones del Sistema Penal Federal:''. los Centros Preventivos de Reclusión Social de los Centros irle Ejecución dé Sanciones C.- Los Centros de Tratamiento en Externación D.- Los Centros de Rehabilitación Psicosocial E.- Los Centros de Asistencia Postpenitencia.ria F.- Las Colonias Penales VII.- Autoridad Ejecutora, al titular del poder ejecutivo federal, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública VIII: Interno o interna, persona que se encuentra recluida dentro de cualquiera de las instituciones que integran el Sistema Federal Penitenciario, independientemente de su situación jurídica IX.- Indiciado, desde que se le inicia averiguación previa y hasta que se le dicta auto de formal prisión X.- Reclamado, persona a la que se le decreta su detención provisional por estar sujeta a un proceso de extradición internacional 1 XII.- Procesado, persona- que se encuentra a disposición la autoridad . judicial por estar sujeta a proceso XIII.- Sentenciado, persona contra la que se ha dictado una resolución penal condenatoria que ha causado ejecutoria XIV.- Inimputable, persona así reconocida por los tribunales XV.- Enfermo Psiquiátrico, al sujeto que en el transcurso del cumplimiento de su sentencia le es diagnosticado por un especialista un padecimiento psiquiátrico XVI.- Preliberado, persona que ha obtenido alguno de los beneficios de la libertad anticipada. Artículo 4. Los principios y normas contenidas en este código serán aplicados conforme a los criterios constitucionales de imparcialidad, legalidad e igualdad, así como a las disposiciones establecidas para la autoridad en la Ley Federal para la Responsabilidad de los Servidores Públicos y a los Tratados Internacionales en la materia celebrados por México en razón de lo dispuesto por el articuló 133 Constitucional. - Del mismo modo, las Autoridades procurarán en todo momento: 1) Evitar actos que infrinjan molestias innecesarias o que atenten contra la dignidad humana de los internos. 2) Evitar que la población recluida en los centros penitenciarios exceda su capacidad material. Evitar que los internos vivan en condiciones insalubres. 4) Evitar que los internos no cuenten con los elementos indispensables para cubrir sus necesidades básicas. 3) Estas normas están de Observancia obligatoria en el territorio nacional para el financiamiento de los infiernos. Sentenciados al centros de reclusión federal, internos sentenciados por delito federal; así como a los sujetos a proceso, personal delitos federales que; encuentren en establecimientos locales. Artículo 5. Las autoridades encargadas de la aplicación de este Código, garantizarán que .el orden, la seguridad, la administración, los derechos y las obligaciones de los infiernos e internas, se ajusten estrictamente a lo establecido y permitido para la aplicación de la prisión preventiva y de la ejecución de sanciones penales que les corresponda, considerando en todo momento, qué sus derechos pueden únicamente quedar limitados por el régimen disciplinario en el que se encuentren, por las exigencias del tratamiento individualizado a su readaptación social o a evitar su desadaptación y por aquellas restricciones constitucionales inherentes a Ice ejecución de la privación de la libertad. La contravención u omisión en que incurran las autoridades involucradas en el cumplimiento o aplicación de las disposiciones del presente código será causal de responsabilidad penal o administrativa de conformidad a la legislación aplicable al caso concreto. Artículo 6. La prisión como pena consiste únicamente en la privación de la libertad ambulatoria de una persona como consecuencia de la comisión de un delito, la cual deberá ser aplicada _de conformidad a las normas y disposiciones legales vigentes y que al respecto resulten aplicables. En la aplicación de la medida preventiva de privación de la libertad de personas sujetas. a proceso se deberá considerar en todo momento el principio de la presunción de la inocencia del procesado; principio que también deberá ser observado en el ejercicio de cualquiera de los momentos y acciones procesales a los que sea sometido Articuló 7. Se encontrarán bajo el estado de suspensión de derechos y prerrogativas ciudadanas conforme a lo dispuesto por el artículo 46 del Código Penal Federal, las personas sujetas a proceso criminal por delito que merezca pena corporal penal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión, así como los internos e internas que se encuentren cumpliendo pena corporal, de conformidad a lo estipulado por el artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 8. La autoridad no podrá realizar en ningún caso y bajo ninguna circunstancia, acciones ° u omisiones y qué se traduzcan denigrantes o crueles, torturas o exacciones económicas: Igualmente queda prohibido abusar de la situación de los reclusos para obligarlos a confesar o declarar contra sí mismos o contra cualquier otra persona. Se sancionará cualquier acto de violencia física o moral y todo acto 0 procedimiento excesivo, innecesario o injustificable que implique una sanción distinta a las sanciones permitidas por la .Ley o a las dictadas por los jueces o autoridades competentes, provoque una lesión psíquica oque menoscabe la dignidad o imponga la discriminación hacia internos o internas sea cual sea el motivo que pretenda justificar dicha discriminación. Se sancionará a los servidores públicos que acepten o soliciten préstamos o dádivas en numerario o en especie, destinen creas específicas para distinguir o diferenciar a los internos o internas, mediante acomodos especiales o tratos diferentes conforme a lo dispuesto por la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, salvo en los casos y en las formas específicamente previstas en este Código y su Reglamentó. Artículo 9. La autoridad actuara con igualdad mediando ante las diferencias de internos e internos aplicando la equidad con la finalidad de evitar discriminaciones en razón de edad, género, color de piel, salud, orientación o preferencia sexual, idioma, lengua o dialecto, ideología política o religiosa, origen étnico, nivel cultural- o educativo, extracción económico-social, o cualquier otra circunstancia que pudiese motivar trato desigual y que ponga en peligro la integridad física o moral de infiernos o internas. CAPITULO TERCERO DE LA COORDINACIÓN EN TERRITORIO NACIONAL Artículo 10. Las instituciones del Sistema Penitenciario Federal se organizarán y coordinarán de conformidad a los ordenamientos y disposiciones de la presente Ley con el objeto de dar cumplimiento a los fines de readaptación social a los que se refiere el artículo 18 de la Constitución Política dé los Estados Unidos Mexicanos, debiendo prevalecer la protección y el fortalecimiento de la dignidad humana de la `población penitenciaria, mediante la protección, la organización y el desarrollo de su rehabilitación, respeto a sus valores sociales, y la reparación del daño social o individual causado. Art 11,: Para el cumplimiento de lo establecido , en:- este Código, la Secretaría convendrá con los Gobiernos 'de los Estados de la Federación y del Distrito Federal, los términos de concurrencia del Sistema Nacional de Seguridad Pública, á1 tratarse de internos o internas del fuero federal bajo la custodia de las autoridades penitenciarias locales. En los convenios de coordinación, que en materia penitenciaria se celebren entre la Federación y las Entidades Federativas, se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, entre las que figuran los establecimientos de mínima, media y máxima seguridad y los establecimientos especiales, especificándose la participación que en cada caso corresponde a los Gobiernos Federal y Estatal. Los convenios podrán ser concertados entre el Ejecutivo Federal y un solo Estado, o entre aquél y varias entidades federativas simultáneamente, con el propósito de establecer, cuando así se amerite, subsistemas regionales. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el Artículo 18 Constitucional acerca de convenios para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su sentencia en establecimientos del Ejecutivo Federal. Asimismo, el Ejecutivo podrá celebrar los convenios necesarios con la, iniciativa privada con el objeto de contar con mayores oportunidades de trabajo para internos e internas. Artículo 12. En los Convenios de Coordinación Penitenciaria que suscriban el Ejecutivo Federal y los gobiernos de los Estados y del Distrito Federal se fijarán las bases, la competencia y el ámbito reglamentario de estas normas, que deberán -regir en la Entidad Federativa, y que no podrán contravenir lo dispuesto. por esta ley y su Reglamento Artículo 13. El Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios con entidades públicas, privadas o sociales para la ejecución de acciones administrativas, laborales, educativas, culturales, recreativas, y cualquier otra que tenga como fin la readaptación. social del interno o interna ,de las Instituciones del Sistema. LIBRO :PRIMERO" DEL RÉGIMEN PENITENCIARIO TÍTULO PRIMERO DEL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO CAPÍTULO ÚNICO DE LAS INSTITUCIONES QUE INTEGRAN EL SISTEMA PENITENCIARIO Artículo 16. Las instituciones que integran el Sistema se clasificarán en varoniles, femeniles y colonias penales, para procesados o sentenciados; de alta, media, y mínima seguridad, en razón de la construcción y el régimen interno. Los centros de rehabilitación psicosocial y de asistencia post penitenciaria tendrán especificaciones propias de seguridad. Artículo 17. - La ubicación de los Centros será fijada por las autoridades competentes. Se procurará que sean suficientes para satisfacer las necesidades de prisiones y evitar e! desarraigo social de los internos. En la construcción .de nuevos establecimientos y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la dependencia federal competente tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades que se le atribuyen en los convenios respectivos. Artículo 18. Las colonias penales son circunscripciones territoriales alejadas de los núcleos de población, donde residirán aquellos sentenciados o internos para quienes mediante resolución de la Comisión, sea determinada esta modalidad. En ellas imperará un régimen interno especial, caracterizado por las mínimas restricciones de movimiento dentro de !a circunscripción territorial ya que el cónyuge y los familiares del interno podrán acompañarlo durante la permanencia de éste en la colonia penal. Artículo, 19. La prisión preventiva se llevará a cabo en centros destinados únicamente a procesados, indiciados y reclamados, conforme a las reglas y modalidades de este Código y su Reglamento Artículo 20. Los centros de detención preventiva estarán destinados exclusivamente a la: I. Custodia de indiciados, II. Prisión preventiva de procesados del fuero federal III. Custodia de reclusos cuya sentencia no haya causado ejecutoria, IV. Custodia preventiva de procesados de las entidades federativas, cuando así se acuerde en los convenios correspondientes, y V. Prisión provisional durante el trámite de extradición ordenada por autoridad competente. Artículo 21. Durante la prisión preventiva como medida restrictiva de la libertad ambulatoria, aplicable en' los casos previstos por la Ley, los Directores de los centros de detención preventiva deberán: I. Facilitar el adecuado desarrollo del proceso penal,. presentando inmediatamente a los internos e internas ante la autoridad judicial que !os solicite, - II. Preparar y rendir ante .la autoridad competente que lo requiera, estudios de personalidad e ingresos anteriores para procurar la readaptación social. III. Evitarla inadaptación social de internos e internas IV. Otorgar las facilidades necesarias a las partes dentro del Proceso Penal. Artículo 22. El régimen interior de los centros de detención preventiva del Sistema Penitenciario se fundará en todo momento en la presunción de inculpabilidad- o inocencia de sus internos o internas. Artículo 23. Los directores o encargados de los centros de detención preventivos, con anticipación de sesenta días hábiles avisarán a la autoridad judicial y al ministerio público sobre la fecha de conclusión del plazo para dictar sentencia. Si a la expiración del término a que se refiere la fracción VIII del apartado A del -artículo 20 constitucional, no se ha recibido notificación .de la sentencia, o comunicado del juez de que ésta. no ha podido dictarse en virtud de prorrogas o diligencias pendientes solicitadas por la defensa, el Ministerio Público o algún tercero con interés jurídico, dará inmediatamente cuenta del hecho a dicha autoridad judicial, para que en el término de 3 días; confiados á partir de su legal notificación, manifieste las razones del retraso en el dictado .de la Sentencia respectiva. Una vez transcurrido dicho plazo sin que se haya dado respuesta alguna por parte de la autoridad, judicial, se dará cuenta de la omisión al superior. jerárquico para que éste a sin: vez, requiera a la, inferior; la y expedición del informe solicitado perciben sólo para que en caso de no producir; confesaciones el termino de 30 días, contados a partir del requerimiento responsabilidad. Se procederá de igual forma por lo que respecta a los límites de aplicación de prisión preventiva previsto por el segundo párrafo de la fracción X del artículo 20 constitucional. Artículo 24. Son Centros de Externación los establecimientos destinados a internos e internas a los que se aplique el tratamiento en externación conforme a este Código o que les sea aplicado como pena por la autoridad judicial el tratamiento en libertad de . imputables o la semilibertad. Los Centros de Externación deberán estar siempre separados de los establecimientos penitenciarios, ya sean preventivos o de ejecució9 de sanciones. El Reglamento establecerá las bases y la organización de los Centros de Externación, destinados a internos e internas a los que se aplique, el tratamiento en externación conforme a este Código o que les sea aplicado como pena por la autoridad judicial el tratamiento en libertad de imputables o la semilibertad. los Centros de Externación deberán estar siempre separados de los establecimientos penitenciarios, ya sean preventivos o de ejecución de sanciones. El Reglamento establecerá las bases y la organización de los Centros de Externación. Artículo 24. Son Centros de Externación los establecimientos destinados a internos e internas a los que se aplique el tratamiento en externación conforme a este Código o que les sea aplicado como pena por la autoridad judicial el tratamiento en libertad de imputables o la semilibertad. Los Centros de Externación deberán estar siempre separados de los establecimientos penitenciarios, ya sean preventivos o de: ejecución- de sanciones. El Reglamento establecerá las bases y la organización de los Centros de Externación. TÍTULO SEGUNDO, DEL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL CAPITULO PRIMERO DEL GOBIERNO Artículo 25. Corresponde al Poder Ejecutivo Federal la organización y la administración de las Instituciones del Sistema. Artículo 26. Corresponde al poder Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría: I. Integrar, desarrollar, dirigir y administrar las instituciones, del sistema penal federal. Emitir el Reglamento de este Código que contendrá todas las disposiciones para su eficaz aplicación, se precisarán las normas relativas a las instalaciones, seguridad, custodia, manejó presupuestal, sistemas y técnicas de administración penitenciaria, recursos humanos, recursos materiales, y formas o métodos de registro, observación, clasificación y tratamiento de internos e internas. III. Procurar el respeto irrestricto a !os derechos humanos de Internas e internos, empleados de la Institución y de los visitantes de la misma. IV. .Establecer los sistemas y convenios necesarios para la realización de las actividades laborales, de capacitación para el trabajo, médicas, asistenciales, educativas, culturales, recreativas, deportivas, sociales y de comunicación con el exterior y de recepción de visitantes, con los Estados de la Federación. V. Propugnar por la uniformidad legislativa, respetando en todo tiempo la soberanía de los Estados. VI. Promover la coordinación con los Estados y el Distrito Federal para la creación de convenios en los términos de la presente ley. Artículo., 27 La-Secretaría encabezará la dirección de los órganos de gobierno dé las 'Instituciones del Sistema. VII Artículo 28. Sé crea él Comité General del Sistema Penitenciario federal, Pública y se integrará qué sea el titular .del órgano prevención readaptación social" Un especialista en criminología-nombrado por el instituto Nacional de Ciencias Penales, Un especialista en Psiquiatra nombrado ponla Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, IV. Un jurista especializado en ciencias penales nombrado por la Procuraduría General de República, Un licenciado en trabajo social nombrado por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, vi Un licenciado en Psicología nombrado por la Facultad de Psicología de la UNAM, VII. Un Licenciado en Pedagogía con especialización en educación de adultos, nombrado por la Universidad Pedagógica Nacional, VIII. Un Sociólogo con especialidad en prevención de la delincuencia nombrado por la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, IX. Un representante del Poder Judicial de la Federación, designado por el Consejo de la Judicatura Federal, X. Un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Artículo 29. El Comité sesionará de manera ordinaria cada treinta días hábiles, pudiendo hacerlo extraordinariamente a convocatoria expresa de su presidente para tratar asuntos de urgencia Artículo 30: Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de votos de los miembros presentes, teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. Para sesionar se requiere la presencia de 7 miembros. Artículo 3 1. Son facultades del Comité: I. Preparar y ejecutarla política penitenciaria del Gobierno Federal, con la anuencia del Presidente de la República,: . . II. Vigilar la administración de los recursos asignados a las Instituciones ,de! Sistema Penitenciario Federal, III: Elaborar y aprobar los manuales de administración y procedimientos de las Instituciones del Sistema VII. Tomar medidas legales o materiales en caso de urgencia respecto de las Instituciones del Sistema, VIII. Resolver las apelaciones a las resoluciones de los Consejos Técnicos Internos y Dictar medidas administrativas disciplinarias contra servidores públicos penitenciarios que, lo ámeriten, dando vistas a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo o al ministerio público. Artículo 32. La Comisión Federal de Ejecución de Sanciones Penales es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Publica Federal cuyo fin será la administración de la sanción penal, así corno la aplicación del beneficio de libertad anticipada. Estará integrada por: I.- El Secretario de Seguridad Pública II.- El Subsecretario del ramo III.- El Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública. IV.- El Director General de Prevención y. Readaptación Social, y V:- El Director de Ejecución de Sentencias, quien actuará como Secretario Técnico de la Comisión. Artículo 33. La Comisión Federal de Ejecución de Sanciones como autoridad ejecutora, tendrá como finalidad hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y Reglamentos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. Además tendrá a su cargo, la ejecución de la sanción federal que, por sentencia judicial; pudiera sustituir a la pena de prisión o a la multa y las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que a este respecto debe de tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria. Artículo 34. Son .facultades de la Comisión Federal de Ejecución de Sanciones:. Decidir acerca de las resoluciones relativas a las penas privativas libertad; V.- Atender y Proyectar el contenido de los Tratamientos Técnicos, en todas las modalidades de beneficio y ejecución de la sentencia Artículo 35. El Reglamento de este Código establecerá los órganos de gobierno y administración de las Instituciones del Sistema, que estarán en todo momento bajo la subordinación de la Secretaría. Artículo 36 Se creará en cada Institución del Sistema, un Consejo Técnico Interno con funciones de gobierno y administración, las que estarán determinadas por el Reglamento de este Código. Artículo 37. Los Consejos Técnicos Internos a los que se hace mención en el artículo anterior estarán' integrados por el Director dé cada Institución, quien lo presidirá, con los miembros de superior jerarquía del personal directivo, administrativo, técnico y de custodia y la representación de la Secretaría y del Comité General del Sistema. Artículo 38. El Consejo ' Técnico interno sesionará de manera ordinaria una vez por semana. Las decisiones serán tomadas en presencia de la mayoría de sus miembros, mediante votación, contando el presidente con voto dé calidad para el caso de empate. El presidente podrá llamar a sesiones extraordinarias para tratar asuntos de urgencia. Artículo 39. El Consejo Técnico infierno estará facultado para: I. Evaluar. objetiva y documentalmente, la conducta de cada uno de los internos o internas ll. Vigilar y supervisar el tratamiento aplicado a procesados y sentenciados Ill. Determinar incentivos y estímulos de procesados y sentenciados IV. Ejecutar la política criminológica que dicte e( Comité General del Sistema en cada Institución, V. Establecer criterios técnicos para la aplicación de las medidas que se determinan en este Código. VI. Apoyar y asesorar a la Dirección de la Institución. Vil. Las demás que le confieran este Código, otras leyes y el Reglamento. Artículo 40. El Consejo, Tecnico Interno será el único órgano que podrá tratamiento psicológico o psiquiátrico del interno. Artículo 41. Las Instituciones del Sistema contarán con los recursos materiales, humanos y financieros suficientes para la realización de sus cometidos legales. El Estado velará por la asignación de las partidas presupuestarias que cubran con suficiencia las necesidades de las Instituciones, a través de los convenios de coordinación, destinando recursos a centros locales que atiendan a reclusos federales. Por lo tanto, el presupuesto a asignarse dependerá del número de reclusos que haya en cada centro de readaptación local. .. - Los Directores de las Instituciones del Sistema se encargarán dip la administración de cada centro de readaptación, auxiliándose del personal administrativo, técnico y de seguridad, vigilancia y custodia que se determine en el Reglamento y operen conforme a los manuales de organización y procedimientos que emita el Comité General del Sistema Artículo 42. Las Instituciones del Sistema contarán con instalaciones, unidades, áreas independientes y recursos materiales, en razón de cada una de las actividades penitenciarias, el Reglamentó determinara en forma precisa la clasificación e instrumentación y destino de cada una de ellas. Artículo 43. Los establecimientos del sistema federal penitenciario serán dotados de !os medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrolló y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos y de sus visitantes. Artículo 44. Los datos o constancias de cualquier naturaleza que obren en los archivos de las Instituciones del Sistema tendrán un carácter confidencial y solo serán proporcionados, a las autoridades jurisdiccionales y administrativas legalmente facultadas para solicitarlos, así como a quién demuestre tener interés jurídico y en ambos casos mediante petición formal por escrito, la cual será resuelta en términos del artículo 8 Constitucional, esto es, en un máximo de 90 días o 3 meses para evitar dilaciones innecesarias. Para el caso de documentos a fotocopiar o a obtener de archivos magnéticos actuales y de fácil acceso, el término no será mayor a 15 días naturales, en !a que se, acredite las facultades legales ó el interés jurídico. Artículo 45: Para el adecuado funcionamiento .de! sistema; en designación del personal directivo, administrativo, técnico, de seguridad y de custodia de las instituciones se considerarán la vacación, aptitudes, preparación académica, experiencia laboral y currículo de los candidatos. A efectos de organizar el servicio civil de carrera, la Secretaría controlará los expedientes del personal e integrará comprobantes de servicio y capacitación de cada área y centro. Artículo 46. El personal penitenciario está obligado antes de adquirir el cargo y durante el mismo, a tomar los cursos de formación y actualización que se establezcan, así como el aprobar los exámenes de selección y evaluación que se apliquen. Artículo 47. La capacitación será responsabilidad del Instituto Federal de Capacitación Penitenciaria, dependiente de la Secretaría. La planeación, programación y aplicación de la capacitación para el personal de gobierno, administrativo y todo aquel que tenga contacto directo o indirecto con los internos e internas, deberá_ buscar la concientización en la trascendencia de sus labores y tareas, la procuración de los derechos humanos, así como los objetivos y bases de la readaptación social. Artículo 48. Los custodios y el personal técnico administrativo que tenga trato directo con los internos no estarán armados. El personal exterior y que no tenga contacto directo con !a población penitenciaria podrá estar armado. Bajo ninguna circunstancia será asignada un arma a un miembro del personal que no cuente con adiestramiento pleno para su manejo. Artículo 49. El personal de custodia que labore en el interior de los reclusorios deberá corresponder a1 sexo de los internos; no se permitirá que personal femenino labore en áreas de internación masculina ni que personal masculino lo haga en áreas de internación femenina.. Artículo 50. Los servidores públicos del Sistema estarán obligados a: - Artículo 51. El cuerpo de seguridad y custodia estará organizado jerárquica y disciplinariamente conforme al objeto de sus funciones, de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento. Artículo 52. El Reglamento especificará el carácter de las actividades dé custodia y su debida alternancia. No se permitirá la exclusividad en el servicio de custodia en razón de lugar, antigüedad o grado. Artículo 53. De conformidad con el artículo 8° de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el personal dé seguridad y custodia de las instituciones del Sistema, se asimilará al personal de confianza, con las prestaciones que establece la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y las que otorga el Gobierno Federal a sus trabajadores de confianza. Artículo 54. El Reglamento establecerá un sistema de premios, estímulos y recompensas para los servidores públicos al servicio de las Instituciones del Sistema. Artículo 55. No se permitirá ningún acto de familiaridad o amistad entre los servidores públicos del Sistema y los internos e internas, sin que por ello se pierda el respeto a los valores humanos de decencia .y cortesía. El orden y la disciplina al interior de las Instituciones del Sistema, se mantendrá con firmeza y .respeto. El Reglamento determinara los métodos y procedimientos disciplinarios conforme a los principios fundamentales de este Código. Artículo 56. Por ningún motivó en los establecimientos para mujeres los funcionarios del sexo masculino podrán ingresar al área de dormitorios, y en casos de urgencia sólo podrán hacerlo paramédicos, protección civil y mantenimiento en compañía de personal femenino. TITULO TERCERO DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS RECLUSOS CAPÍTULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES Artículo 60. Son Obligaciones de los internos e internas del sistema: I. Cumplir con las disposiciones contenidas en este Código y su reglamento II. Guardar el orden y la disciplina en el interior de las Instituciones de! sistema III. Abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas o drogas. !V. Abstenerse de traficar, comerciar, intercambiar o promover el consumo de bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, drogas o cualquier sustancia que atente contra la vida o la salud de internos o internas. Cumplir con las ordenes, instrucciones o directivas, que legalmente les impongan las autoridades. Respetar la integridad personal y moral de otros internos, de sus familiares, y de las autoridades. VII. Sujetarse al programa que se le asigne de rehabilitación social VIII. Guardar la debida higiene personal y de las instalaciones de las Instituciones del sistema penitenciario federal, y las demás que se determinen en este Código y su Reglamento. Cuidar las instalaciones y el equipo que se les proporcione. Artículo 61. Los internos e internas deberán cooperar con las autoridades en el mantenimiento de las instalaciones del lugar en qué se encuentren I. El respeto de su integridad personal y la de sus familiares, por lo que quedan prohibidas las sanciones de encierro en celda oscura y toda sanción cruel, inhumana, degradante o que lo injurie, la utilización de la fuerza en su contra, salvo en caso de legítima defensa, tentativa de evasión, motín o de resistencia por la fuerza, por tanto: a. Los funcionarios se limitarán a emplear fuerza física en la medida estrictamente necesaria, informando de ello inmediatamente a la autoridad superior, b. Queda prohibido utilizar cualquier método tendiente a anular la personalidad del interno o interna, o a disminuir su capacidad física ó mental, sea como tratamiento, castigo o medida disciplinaria, c. La medida disciplinaria que consista en aislamiento del interno no podrá ser mayor de 36 horas. II. Contar con un dormitorio para su estancia en prisión. En éste no podrán residir más que el número de personas para las que esté fue diseñado.- III. Ser recluidos en establecimientos en razón de su sexo. Por ningún motivo podrá recluirse a varones en CEFERESOS O RECLUSORIOS PREVENTIVOS para mujeres, y a mujeres en CEFERESOS O RECLUSORIOS PREVENTIVOS para varones. IV. Contar, en sus lugares de reclusión, con los medios materiales suficientes para su estancia, como: a) Alimentación y utensilios adecuados para esté fin, b) agua potable c) instalaciones sanitarias d) servicio médico e) vestido f) atención Psicológica Adecuada g) ropa de cama h) escuelas y talleres i) espacios deportivos y recreativos V. Practicar o no un credo religioso. Para tal efecto: , a. Se permitirá en las instituciones del Sistema Penitenciario Federal la realización de actividades de carácter religioso, procurando el mantenimiento de! orden y la seguridad de la Institución. En estas actividades sólo podrán participar previa aprobación de la autoridad, aquellos internos que reflejen un avance en su tratamiento y no hayan sido merecedores de alguna medida disciplinaria, salvo en las instituciones de alta y media seguridad. Artículo 63. Las autoridades penitenciarias garantizarán qué: 1. La seguridad y el orden sean bases del respeto a su integridad personal II. En los establecimientos para mujeres existan servicios de ginecología y planificación familiar. a) Las madres internas conserven a sus hijos hasta los seis años de edad, y hasta con 12 años de edad durante las vacaciones por lo tanto deberán contar con Centros de Desarrollo Materno Infantil y personal calificado para dicho centro. b) La correspondencia dirigida al interno o interna se abran en su presencia, sólo para el efecto de comprobar que no se le envían objetos cuya introducción esté prohibida. Queda prohibido a las autoridades penitenciarias la lectura de correspondencia de los internos. Se extiendan -acuses de recibo para comprobar la recepción documental externa por cuenta del reo, la comunicación del interno con la autoridad y viceversa. No se entorpezca el trabajo de abogados o personas de confianza del interno o interna, así como la introducción de los documentos legales necesarios para su defensa. La confidencia ¡¡dad de la comunicación del interno con su defensa debe ser respetada y por ningún motivo fiscalizada o perturbada. Los abogados defensores o personas de confianza podrán comunicarse con sus defensores los trescientos sesenta y cinco días del año, de las nueve a las dieciséis horas, sin límite de tiempo. En casos urgentes se les permitirá el acceso después de dicha hora. Para tal efecto los centros de reclusión, independientemente de su categoría, contarán con sitios apropiados, cuyas caracteristicas establecerá él reglamento. Artículo 64. Los internos e internas tendrán acceso a algunos medios de comunicación social a -fin de estar informados dé los acontecimientos nacionales e intemacionales, para lo cuál se permitirá el ingreso de diarios, revistas publicaciones. d) e) Artículo 66. En caso de fallecimiento, enfermedad o accidentes graves, a, se informará inmediatamente a sus familiares y a su defensor o persona de confianza. Para el caso de traslado a otro establecimiento del interno o interna se les informará con 5 días de anticipación para los efectos legales a que haya lugar. Se permitirá que el interno o interna sea informado del fallecimiento ó enfermedad grave de sus parientes cercanos. CAPITULO CUARTO DE LAS VISITAS Artículo 67. Los internos tienen derecho a conservar, fortalecer y en su caso, restablecer sus relaciones familiares, de amistad y de compañerismo; para tal efecto las autoridades de los establecimientos dictarán las medidas apropiadas para que, en ningún caso, se viole este derecho. Artículo 68. La visita familiar será autorizada por el interno o interna, previo registro en la oficina de trabajo social de la Institución. Esta se realizará los días martes, jueves, sábado y domingo, además de los feriados 1 y 10 de mayo, 24, 25, 31 de diciembre, 1 de enero, 15 y 16 de septiembre, en un horario de 10:00 a 17:00 hrs. En ningún caso el interno podrá tener más de seis visitas simultáneamente. El reglamento determinará las reglas que deberán cubrir las personas que acudan a la visita de internos o internas. Artículo 69. La visita íntima tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones de pareja del interno o la interna y el desarrollo normal de su sexualidad y preferencias. No estará' sujeta a criterios o restricciones de ninguna autoridad administrativa. CAPITULO QUINTO DE LAS REVISIONES Artículo 70. En el interior de los centros deberán practicarse revisiones -da manera regula; con especial Atención en las áreas destinadas - a VIII Legislatura El procedimiento y periodicidad de dichas revisiones serán establecidos clara y específicamente en el reglamento interno, sin que ninguna revisión pueda exceder o contravenir los lineamientos determinados previamente. El mismo reglamento preverá los casos y procedimiento en los q procederá una revisión extraordinaria. CAPITULO SEXTO DE LOS TRASLADOS Artículo 71. Los traslados de internos o internas a una institución distinta a la que originalmente hayan sido asignados, solo podrán llevarse mediante el proceso de clasificación y como resolución -del Comité, el que deberá fundar y motivarla misma. Artículo 72. Todo traslado que no cumpla con lo establecido en el artículo anterior será causa de .responsabilidad administrativa o penal conforme a la legislación aplicable Artículo 73. Los internos e internas podrán interponer recurso de reconsideración del posible traslado ante el Comité, conforme al siguiente procedimiento: I. Deberá presentarse escrito firmado por el afectado, por sus familiares o persona de confianza; , Il. Podrá presentarse desde que se conozca del traslado hasta 30 días posteriores a su ejecución; III. Se precisarán los motivos por los que se pida la reconsideración IV. Nombré del internó o interna - V. Institución en la que se encuentra recluido, y a la que se pretende o ya se trasladó y VI. Las consideraciones de derecho que estime pertinentes y que funden su petición. Presentada la solicitud, el Comité deberá resolver si revoca o confirma el traslado y notificar el resultado de la reconsideración de manera personalísima; al interno o ,interna en un plazo no mayor de cinco días naturales 'toda-resolución deberá estar debidamente fundada y Motivada. LIBRO SEGUNDO DE LA EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES TÍTULO PRIMERO DE LOS MEDIOS DE PREVENCION Y DE READAPTACION SOCIAL CAPÍTULO PRIMERO DE LA PREVENCIÓN GENERAL Artículo 74. El contenido de este Libro se aplicará a los sentenciados ejecutoriados, entre quienes se promoverá su participación en los programas de trabajo, capacitación y educación. Las autoridades del Sistema formularán planes y programas destinados a combatir la criminalidad al interior de las Instituciones de este, así como la trasmisión de conductas delictivas entre las internas e internos. El Reglamento determinará el carácter de estos planes y programas, su obligatoriedad y los procedimientos de aplicación. Artículo 75. El personal técnico de cada una de las instituciones que integren el Sistema, implementará programas tendientes a sensibilizar a los internos para que se incorporen a las actividades laborales, de capacitación, educativas, recreativas y culturales. CAPITULO SEGUNDO INTERNACION Artículo 76. La internación mediante resolución judicial a las instituciones del sistema penitenciario, federal deberá concluir el día preciso que lo, marque la sentencia ejecutoriada, por lo que, en ese trámite; la autoridad ejecutora inicia los estudios técnicos pertinentes con vista a la clasificación, compurgación de la pena y obtención de la libertad del interno, al. momento de su recepción en la institución penitenciaria Artículo 77. En_ las instituciones preventivas: solo ese recluirá a indiciados procesados y reclamados, en Cantó que en vías Instituciones ejecución de sanciones penales En las instituciones de rehabilitación psicosocial sólo se recluirá a in imputables y enfermos psiquiátricos. Artículo 78 Será obligatorio el examen médico exploratorio al inicio de la internación en prisión preventiva o de ejecución de sanciones, así como exámenes generales de laboratorio en sangre, orina y excremento y detección del virus de inmunodeficienciá adquirida Los resultados serán guardados- con absoluta confidencialidad, y su difusión será causa de responsabilidad administrativa y penal. Artículo 79. A su ingreso, cada interno recibirá un ejemplar de este Código y su Reglamento, además de las circulares que incluyan la información sobre el régimen interno de cada centro con las reglas disciplinarias y medios para inconformarse y formular quejas. El reglamento establecerá las formas por las que la autoridad hará del conocimiento de los internos e internas que no sepan leer ni escribir las, normas contenidas en este Código y su reglamento Artículo 80. Se darán facilidades a los reclusos para que desde su ingreso puedan comunicarse con sus familiares y defensores. Las llamadas telefónicas al abogado o persona de confianza que represente al interno o interna será gratuita e independiente de la llamada dirigida a los familiares. El interno (a) podrá realizar todas las llamadas a su abogado que considere necesarias y pertinentes. El reglamento establecerá el mecanismo adecuado para tal efecto. Artículo 81. Los internos de nacionalidad extranjera tendrán facilidades para comunicarse con sus representantes diplomáticos y consulares. En el caso de que se trate de un Estado que no tenga representación diplomática ni consular en el país, podrán dirigirse al representante diplomático del Estado encargado de sus intereses o cualquier autoridad nacional o internacional que tenga la misión de protegerlos. SU ingreso a las Instituciones del Sistema Penitenciario Federal, será comunicado inmediatamente a las autoridades de carácter migratorio y a la embajada o consulado que le corresponda, dando cuenta de su situación jurídica y personal. CAPITULO TERCERO CLASIFICACION Artículo 82. Clasificación es el procedimiento por el cual los internos e internas son asignados a las distintas instituciones, hospitales o a las áreas de alojamiento y convivencia dentro de la institución penitenciaria: Esta será de carácter temporal y revisable a petición expresa del interno, tomándose en consideración los estudios técnicos y jurídicos realizados durante el internamiento por lo que debe estar supeditada al goce y pleno ejercicio de. los derechos fundamentales, debiendo garantizar una estancia digna y segura en la institución, y evitar la transmisión y propagación de habilidades delictivas. , Articuló 83. Los indiciados e indiciadas, los de reciente ingreso y los que se encuentren en observación y clasificación, no podrán tener acceso a la población, así mismo, los internos e internas clasificadas tendrán restringido el acceso al área de observación y clasificación. Artículo 84. Durante el período de observación y para efectos de la clasificación y continuidad del tratamiento de internos e internas, deberán tomarse en consideración, los estudios realizados para su internación. CAPITULO CUARTO ASIGNACIÓN Artículo 85. La asignación de los internos a las instituciones penitenciarias previstas por este Código deberá realizarse única y exclusivamente sobre la base del procedimiento de clasificación aplicado en cada caso concreto sin que en ningún caso pueda recurrirse a criterios que resulten en agravio de derechos fundamentales de la persona ni tampoco a procedimientos que dañen la dignidad humana: Artículo 86. A las Instituciones catalogadas corno de mínima seguridad serán asignados quienes- hayan sido sentenciados por delitos menores y no graves o aquellos condenados a con purgar penas en reclusos así que sé .encuentren Artículo 87. Serán destinados a instituciones de media seguridad aquellos reincidentes, o que por sus antecedentes penales requieran un mayor nivel de atención, supervisión y vigilancia que la existente en el régimen de mínima seguridad y para los cuales resulte excesivo un régimen de alta o máxima seguridad. Los criterios para definir el nivel de seguridad aplicable serán específicos y plenamente establecidos en los reglamentos y Convenios de coordinación, siendo la asignación de Instituciones de conformidad al artículo 82 de éste Código. Artículo 88. Se ubicarán en instituciones de alta seguridad quienes se encuentren privados de. su libertad por delitos graves cometidos con violencia; quienes pertenezcan a una asociación delictuosa o a un grupo organizado para delinquir; aquellos que incurran en conductas graves o reiteradas de daños, amenazas, actos agresivos, o delitos en perjuicio de otros recluso, sus familiares, visitantes o personal de las instituciones de seguridad mínima, baja o media, o quienes hayan favorecido la evasión de presos. Artículo 89. Bajo ningún concepto serán recluidos en las instituciones a que se refieren los artículos 83, 84, y 85 de este Código, los inimputables, los enfermos psiquiátricos, los discapacitados graves, los enfermos terminales o cualquier otra persona que no se encuentre dentro de los criterios establecidos en dichos artículos. CAPÍTULO QUINTO SOBRE EL TRATAMIENTO DE READAPTACIÓN SOCIAL Artículo 90. La readaptación social tiene por objeto colocar al sentenciado ejecutoriado en condiciones propicias para que no vuelva a delinquir nuevamente e incluso que repare el daño social o individual causado, por lo qué se promoverá su participación en el tratamiento penitenciario El tratamiento a internos e internas, tendrá como finalidad su readaptación a la comunidad libre y socialmente productiva, y fa reparación social o individual del daño causado. Artículo 91. Para la ejecución de- las sanciones privativas dé fa establecerá un 4,4 régimen readaptación social del sentenciado. Constara por lo menos de dos períodos: I. De estudio y diagnostico, y II. De tratamiento dividido en fases de: internación, externación, preliberacionál, y postpenitenciario. El reglamento señalará las características que deberán tener los estudios, así como el perfil adecuado de- los realizadores de dichos estudios y diagnósticos. Artículo 92. El tratamiento debe fundarse en la condición jurídica del interno y en los resultados de los estudios técnicos .que se practiquen al sentenciado, los que deberán ser actualizados semestralmente. Artículo 93. Se consideran medios para alcanzar la readaptación social del sentenciado, el trabajo, la capacitación para- el. mismo y la educación, sobre fa base de la disciplina, los cuales serán. requisitos indispensables para quienes deseen acogerse a los beneficios señalados en este Código. Artículo 94. El trabajo, considerado como medida y método de readaptación de los internos, será obligatorio. Para tal efecto la Secretaría tomará las medidas necesarias para que todo interno 0 interna realice un trabajo remunerativo y, socialmente útil, conforme a los principios consagrados en los artículos 5°, i8, 38 fracciones Il y 111, y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 95. El. Reglamento establecerá las condiciones y reglas por las que deberá organizarse el trabajo y la educación en las Instituciones del Sistema, tomando en cuenta la capacitación, el adiestramiento, la higiene, la seguridad, las capacidades físicas e intelectuales de internos e internas, y sus derechos como personas tanto en lo individual como en lo social y laboral. LA C. PRESIDENTA. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL MISMO C. SECRETARIO. (Con relación al maíz transgénico) Punto de Acuerdo La contaminación de transgénicos del maíz criollo y nativo de Oaxaca y Puebla. Diputado Miguel Bortolini. El jueves 29 de noviembre, en la revista Nature, dos científicos de calidad internacional, David Quist e Ignacio H. Chapela publicaron un artículo titulado "Introgresión de ADN Transgénico en variedades tradicionales de maíz en Oaxaca, México", en el cual se demostró científicamente la presencia de genes provenientes de - variedades comerciales de maíz transgénico en maíces criollos de esta región; más aún se señala explícitamente que el maíz distribuid ó por Diconsa en comunidades del municipio de Ixtlán está contaminado por transgénicos. Con esto el debate sobre la existencia de una . contaminación masiva de transgénicos en Oaxaca y Puebla quedó cerrada. Con esto se demostró que era totalmente correcto lo que denunciaron las autoridades indígenas de Guelatao, por medio de su presidente municipal, el compañero Aldo González, hoy amenazado de muerte y la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca. Con esto se demostró la actitud negligente e irresponsable de las autoridades federales; en especial de la SAGARPA, las cuales hasta la fecha se sigue legando a reconocer el problema. . Con esto se demostró que son las organizaciones indígenas las que mejor pueden cuidar los recursos naturales en tanto su relación con los mismos forma parte de su vida misma. Con esto se demostró que es indispensable una Ley que regule y limite la importación de transgénicos a México. Con esto se demostró que toda la campaña de desprestigio que desde algunas oficinas gubernamentales y algunos -centros de investigación científica que avalan la biotecnología moderna, en contra de las organizaciones ecologistas, en el fondo representan la voluntad de las grandes trasnacionales para acceder al mercado nacional. Y, finalmente, con esto se demostró la necedad, una más, del titular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Javier Usabiaga Arroyo, quien el 25 de octubre en el Senado de 1a República señaló "hasta la fecha no se conoce ningún caso, científicamente comprobado por contaminación", a pesar de que el 18 de septiembre la secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) había reconocido que en 15 de 22 comunidades estudiadas en Oaxaca y Puebla se encontró que entre 3 y 40 por ciento de las semillas están contaminadas con transgenes que provienen de maíces transgénicos. . Al conocerse el artículo de Nature, decenas de científicos de varios países han lanzado una convocatoria mundial (aquí' vamos a ver si los globalifílicos son tan consecuentes o ahora van a reivindicar la defensa de la soberanía nacional) en favor de la protección de los recursos genéticos del maíz y sus variedades nativas y criollas. En este texto se plantean lo que a nuestro juicio son los puntos fundamentales del problema: La defensa de la diversidad genética de los cultivos para el futuro de la agricultura mundial; la defensa de las variedades criollas y nativas en la conservación del patrimonio genético del cultivo; el carácter amenazador que plantean los transgénicos a esa diversidad y a ese patrimonio genético; y el señalamiento de que esos - transgénicos podrían poner en' peligro la diversidad genética del maíz mexicano nativo y criollo y de sus parientes silvestres, tales como el teocintle. Por lo cual hacen un llamado a los gobiernos del mundo a utilizar todos los instrumentos posibles para evitar la contaminación que está sufriendo el maíz mexicano. Por otro lado, parece que el maíz contaminado en Oaxaca y Puebla contiene el gen BT para combatir plagas. Este gen es producido por las grandes trasnacionales Syngenta, Monsanto y Aventis. El gen BT contiene la bacteria Bacillus Thuringiensis, la cual puede ser tóxica para la mayoría de las orugas lepidópteras (que luego van a ser mariposas). Esto afecta tanto a las orugas como a los insectos benéficos que viven en ellas produciendo desequilibrios en la cadena alimentaria. Ahora bien, ¿cómo füé - posible que se realizara esa contaminación, si desde 1998 se decidió una moratoria a la bioingeniería del maíz? Dentro de las varias hipótesis; destaca como más probable, la que tiene que ver, con la importación que nuestro país esta haciendo de maíz transgénico. El Gobierno Mexicano importa y distribuye un poco más de 5 millones de toneladas de maíz, el treinta por ciento de esa cantidad corresponde a maíz de variedad transgénica. Por su volumen y por su constante movimiento, probabilísticamente, esta hipótesis parece tener mayor viabilidad. Más allá de posibilidades y probabilidades, es una obligación de las instituciones federales realizar una investigación sobre este problema. Pero aún más importante, es fundamental llevar a cabo todo un programa para descontaminar toda la - región de Puebla y Oaxaca, lo mismo que iniciar la investigación de otras zonas del país que pudieran estar contaminadas. Esto tiene que ver con un grave problema que fue señalado por un grupo de científicos bajo la coordinación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, desde abril de 1999, en este documento se decía: "... el maíz es una especie con polinización cruzada y abierta, y el viento es el principal vector del polen, por lo que está claro que los genes de maíces transgénicos se moverán a las variedades criollas o parientes silvestres cuando entren en contacto con ellos?. Más aún, en un estudio de la Universidad de Cornell se demostró que el viento podía trasladar el polen del maíz BT y depositarlo sobre hojas de otras especies y que este polen puede desplazarse a distancias mucho mayores que las pensadas originalmente. Por lo cual se requiere informar a los países hermanos- de Centroamérica sobre el problema que se ha detectado en Oaxaca y Puebla para advertirles de la posibilidad de propagación y contaminación. Finalmente, cuando ya casi nadie, con excepción de los necios de la SAGARPA, puede negar la contarizin~.ción del maíz criollo y nativo de Oaxaca y Pueble., se busca minimizar el problema, señalando que esa contaminación no implica ningún riesgo para la salud. Esta visión es completamente reductiva y falsa. Reductiva en tanto es antropocéntrica al buscar las consecuencias de una alteración natural solamente en los seres humanos y no en los seres vivos en su conjunto. Falsa, en tanto se plantea mal la afirmación clave, estos sectores dicen: "no está demostrado que los transgénicos hagan daño a la salud y al entorno natural", cuando el planteamiento debe ser: "no está demostrado que los transgénicos no afecten negativamente a la salud o al medio ambiente". Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 5 8 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea una proposición con: PUNTO DE ACUERDO 1.- Esta Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través de la SAGARPA y la Secretaría de Economía, se haga efectiva la prohibición absoluta de maíz transgénico que se ha demostrado es la fuente de la contaminación de maíz criollo. En tanto no haya una Ley que regule esto. 2.- La Cámara de Diputados exhorta al Ejecutivo Federal para que, a través del titular de la SAGARPA y de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, conjuntamente con una comisión de investigadores y represenantes de las organizaciones sociales y ciudadanas afectadas, lleve a cabo los diagnósticos confiables y transparentes' para determinar la magnitud y la distribución de esta contaminación transgénica en todo --el territorio naciohal, desde luego partiendo de investigar el impacto que esa contaminación ha tenido en el gen del maíz. 3 . - Que el Ej ecútivo Federal lleve a cabo, por medio de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos - Naturales, un programa para detener y revertir los procesos de contaminación del maíz criollo y nativo mexicano. 4.- La necesidad de que el Ejecutivo Federal realice una alerta internacional, en especiál a los países hermanos de Centroamérica, sobre la contaminación del maíz criollo y nativo mexicano, tomando en consideración el Articulo 3 ° del Convenio de Diversidad Biológica, que plantea que los Estados tienen la obligación de -asegurar que las actividades que lleven a cabodentro de su jurisdicción o bajo su control, no perjudiquen el medio ambiente de otros países o zonas situadas por fuera de su jurisdicción Nacional. Palacio, Legislativo a e diciembre del 200 1.