La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. La propuesta de modificación presentada en el dictamen sobre el artículo 32, fracción I, inciso c), busca que la Secretaría de Desarrollo Social absorba la tutela de las políticas públicas que elabore el Ejecutivo federal en materia de niñez, personas con discapacidad, adultos mayores y juventud. Ahora pretenden que las políticas públicas a favor de estos grupos, que son una obligación del Estado mexicano en materia de derechos humanos y que por ende se deben respetar y proteger de forma transversal por todas las entidades de la administración pública federal, se conviertan en meras políticas asistencialistas que quedarán como botín de la Sedesol y por lo tanto del Ejecutivo federal. Nada harán por resarcir la discriminación que antaño han sufrido. Las necesidades y demandas de la mayor parte de la población no se pueden atender solo por una dependencia, sino deben ser abordadas con visión de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos, como bien está establecido en todos los Tratados de Derechos Humanos y No Discriminación de los que México es parte. Al integrar a la Secretaría de Desarrollo Social la tutela exclusiva de las políticas públicas dirigidas a niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad, se busca convertirlos en clientela de la asistencia social, negando el reconocimiento constitucional que se establece en el artículo 1o. y que reconoce el derecho a la no discriminación y el principio de que todas las personas somos iguales ante la ley. Sin duda deben existir acciones afirmativas en favor de los grupos históricamente discriminados, pero éstas deben tener carácter temporal y buscar erradicar la situación de discriminación en la que se encuentran. Solamente mediante la redistribución del ingreso, la transversalización del principio de igualdad y la adecuada distribución del presupuesto para ello, se logrará el cambio de conciencia de los funcionarios y de las personas en general, tan necesario para erradicar la desigualdad imperante. La juventud, la niñez, los adultos mayores y las personas con discapacidad, deben ser tomados en cuenta para diseñar políticas gubernamentales efectivas. No es tarea de una sola secretaría. La tendencia manifestada en este dictamen deja en manos de un solo aparato burocrático el diseño de instrumentos de desarrollo que debieran ser integrales, bien diseñados, pero sobre todo transversales. Pero aun con todo lo anterior, quizá lo más lamentable es que en el dictamen original se incluía también a las mujeres y comunidades indígenas en el inciso que se discute, situación que permaneció así hasta que el día de ayer, cuando Enrique Peña Nieto ordenó dar marcha atrás a esta parte del dictamen, a lo que los diputados y diputadas del PRI y del Verde Ecologista respondieron de inmediato. Es decir, no cedieron ante los argumentos que la oposición les esgrimía ni a las organizaciones civiles ni a los institutos de investigación. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de este pleno la siguiente reserva para que se derogue el inciso c) de la fracción I del artículo 32 de la ley en comento. Muchas gracias.