El diputado Jericó Abramo Masso: Con su permiso, diputada Presidenta. De conformidad con los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Jericó Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI, presento ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y modifica diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, bajo la siguiente Exposición de motivos En junio de 1998 la Conferencia Internacional del Trabajo adoptó la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. La Declaración obliga a los Estados miembros en México —entre ellos México— a respetar, promover y cumplir los principios y derechos de la sindicalización y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso, la abolición efectiva del trabajo infantil y la erradicación de la discriminación respecto al empleo y la ocupación. Se entiende por discriminación laboral al trato desigual que se le da a las personas por motivos ajenos a su capacidad y que tiene por este efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Es y ha sido una de las formas más comunes de represión en las diversas sociedades, cultural y, en todos los tiempos. La Declaración 182 de la Organización Internacional del Trabajo ha reconocido el derecho de verse libre de la discriminación en materia de empleo y ocupación comprendida de manera de incluir en miembros de la OIT, tienen que resguardar. La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, el PIDESC y la Convención Interamericana para Prevenir, Castigar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, las cuales han sido ratificadas por México también resguardan este derecho. Las partes están obligadas a brindar protección legislativa efectiva con la finalidad de garantizar los derechos consagrados en tales Convenciones. A principios del 96 Human Right Watch inició una investigación sobre los derechos laborales de las mujeres en el sector de las maquiladoras en México, donde son las más pobres, con menos experiencia y las menos educadas dentro de la fuerza laboral. Su desesperación por obtener o retener su trabajo en las maquiladoras, combinado con su ignorancia sobre la ley, las hacía reacias a impugnar pruebas discriminatorias o renuncias forzadas. De muchas maneras, las mujeres se encontraban ante la injusta posición de tener que escoger entre sus empleos o sus derechos. Así, al cabo de seis meses se presentó un exhaustivo informe sobre estas condiciones. Lo que siguió fue un largo proceso de revisión e investigación. La OAN emitió en enero de 98 un informe público recomendando consultas a nivel ministerial entre las Secretarías del Trabajo estadounidenses y mexicanas. Las consultas se llevaron a cabo en 1998. En diciembre de ese año, Human Right emitió un nuevo informe donde documentaba las actuaciones de manos de ambos gobiernos ante la problemática del "caso México" la ausencia de acción significativa para condenar, investigar o castigar la discriminación en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica y el fracaso para pedir pruebas de cómo México impone sus prohibiciones sobre la discriminación en el trabajo. Hasta el 2003 no se han cerrado las consultas ministeriales. Por desgracia, el gobierno mexicano declaró que la discriminación del empleo antes y después de la contratación sobre la base de género y embarazo era ilegal de acuerdo a las leyes mexicanas, cosa que desgraciadamente es falsa. Human Right Watch ha recomendado introducir enmiendas en la legislación federal a manera de prohibir explícitamente el requisito de la prueba de embarazo como condición para obtener o permanecer en un puesto de trabajo, así como vedar de manera explícita la discriminación en materia de empleo y ocupación por embarazo. Todo lo anterior se encuentra en la carta que les envía a los coordinadores de los grupos parlamentarios del PAN, PRI y PRD de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados el director ejecutivo de la División América de Human Right Watch el 9 de febrero de 2005. La discriminación en el mercado de trabajo resulta particular porque el empleo, además de ser un medio de generación de ingresos es un medio de desenvolvimiento en la persona. Así, el ser excluido de las oportunidades laborales no sólo restringe la libertad de las personas para poner en práctica sus potencialidades profesionales, sino que también limita su desarrollo personal y genera un campo abierto a actividades que tienen efectos sociales negativos. La discriminación en los procesos de selección de personal se presenta cuando existe una diferenciación de trato a las personas por razón de su raza, color de su piel o sexo, entre otros motivos, sin tomar en consideración los méritos ni las calificaciones necesarias para el puesto de trabajo de que se trate. Los anuncios de ofertas de empleo en los que se excluyen o se desalienta abiertamente a los aspirantes casados o mayores de cierta edad o de determinado color de piel o sexo, constituyen un ejemplo de discriminación directa. Manifestaciones de discriminación indirecta son, por ejemplo, los locales del trabajo que están construidos sin tomar en cuenta las exigencias de trabajadores discapacitados, así como los horarios de trabajo fijados en función de un modelo de jornada masculina que no considera las responsabilidades inherentes a la crianza de los hijos. Los servicios públicos de intermediación laboral deben cumplir el doble objetivo de mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, promoviendo la articulación entre la oferta y la demanda en el mercado laboral y de promover la equidad en el mismo a través de la no discriminación. De ahí la necesidad de verificar si la administración pública contribuye o no a la reproducción de la desigualdad y a la discriminación en el mercado del trabajo. El Estado mexicano debe comprometerse a prevenir y sancionar toda forma de discriminación fundada en la maternidad o la paternidad, particularmente en el despido motivado en esa causa. México es miembro de la OIT y firmante del Acuerdo 182 de la misma, lo que establece un compromiso de que los legisladores debemos cumplir, debido principalmente a que hasta el momento, como lo hemos visto, sólo se han expresado intenciones de manera parcial a la reforma laboral que excluya la discriminación. Si bien en diferentes estado como Coahuila, Colima, Jalisco, Quintana Roo, Nuevo León y otros, ya existe el marco legal referido, la Ley Federal no ha sido reformada, lo que hace deficiente la legislación laboral. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades a condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias del estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2006. Sería letra muerta si esto no se expresa en las leyes secundarias como lo es la Ley Federal del Trabajo. A lo largo de esta exposición hemos establecido que existe pues la llamada discriminación laboral, la cual ha sorteado las prohibiciones expresas en nuestra Carta Magna. En la legislación comparada, los países socios del Mercomun han establecido la prohibición explícita a cualquier tipo de discriminación laboral, principalmente aquella producida por el embarazo en la mujer. En el caso de nuestros socios comerciales, la legislación de los Civil Rights Act, modificada por el acta discriminatoria por el embarazo Pregnancy Discrimination Act, específicamente prohibe la discriminación por embarazo, los patrones no pueden despedir a una mujer por estar embarazada o forzar a dejar su trabajo por estar embarazada o disminuir sus derechos cuando se reincorpora al trabajo. En el caso de Canadá, el acta de Igualdad en el Empleo de 86 establece la obligación de los patrones en la jurisdicción federal de cambiar las prácticas en el trabajo que signifiquen barreras para las mujeres, para los trabajadores con discapacidad y para los grupos minoritarios. Los patrones deben desarrollar y poner los planes de empleo equitativos que garanticen que no se niegue a estos grupos de oportunidades de empleo y los beneficios por razones no relacionados con sus habilidades laborales. La Carta Canadiense de Derechos y Libertades de 95, protege a todos los trabajadores de la discriminación por sexo de cualquier acción del gobierno. Por lo anterior descrito, presento ante esta Honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma los diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo. Artículo primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo tres, se adiciona una fracción XIV al artículo 5 y una fracción XII al artículo 133. Todos de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue Artículo tercero. Queda prohibida la discriminación en materia de oportunidad de empleo y ocupación y establecer distinciones entre los trabajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso o doctrina política, condición social, salud, discapacidad, preferencia sexual o embarazo. Artículo quinto. Las disposiciones de esta Ley son de orden público por lo que no producirá efecto legal ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrito o verbal, la estipulación que establezca y Artículo 13. Renuncia el trabajador a cualquier prestación o beneficio o al trabajo mismo, por motivos de embarazo en el caso de las mujeres o por edad en el caso de los adultos mayores y jóvenes. Artículo 133. Queda prohibido a los patrones: Fracción XII. Solicitar o exigir prueba de embarazo como condición para obtener o permanecer en un puesto de trabajo. Transitorio Artículo único. Esta reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Siendo el Palacio Legislativo San Lázaro a los ocho días del mes de febrero del año dos mil siete. Señora Presidenta, le solicito se integre al Diario de los Debates la versión leída y que sea ésta que se envíe a la Comisión para su dictaminación, misma de la que hago entrega a la Secretaría de la Mesa Directiva, ya que existe una errata en la versión publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.