El diputado Alán Jesús Falomir Saenz: Uno de los objetivos primordiales de cualquier gobierno es la administración eficaz de todo tipo de sus recursos, a fin de evitar el gasto innecesario de los mismos en perjuicio de sus gobernados. Y en el caso que nos ocupa se busca añadir al sorteo como un mecanismo para la enajenación o venta de bienes, pero no de cualquier bien sino del sector público, es decir, propiedad de todas y todos los mexicanos. Lo anterior, sustentado en el argumento de que en la actualidad existe una gran dificultad para que la federación enajene los bienes que han ingresado a su patrimonio. Que los procedimientos establecidos en la legislación vigente tardan demasiado tiempo en ser desahogados y poseen algunas formalidades que retrasan el aprovechamiento de los recursos derivados de los procedimientos de venta. Dicho sea de paso, una legislación recién aprobada sobre extinción de dominio, que a todas luces es violatoria de los derechos de propiedad, permite la venta anticipada sin que exista una sentencia. En el proyecto de decreto se propone añadir al sorteo como un mecanismo para la enajenación de bienes, que por sus características o por las condiciones de mercado no han podido ser enajenados a través de las formas de enajenación onerosa, previstas en la legislación vigente. En este sentido, el artículo 134 constitucional establece que las enajenaciones de todo tipo de bienes se llevarán a cabo a través de licitaciones mediante convocatoria pública, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones posibles. Pero cuando estas no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, imparcialidad, honradez, que aseguren las mejores condiciones para el mismo. Respecto a la reforma que se pretende instaurar, podemos observar que carece de bases, carece de procedimientos, carece de reglas, carece de requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez, que aseguren las mejores condiciones para el Estado. Con lo cual queda claro que violenta el marco constitucional, al establecer el sorteo como un mecanismo de enajenación. Sabemos que los procedimientos de enajenación que establece la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público son la donación y la compra-venta, que incluye permutas y otras formas jurídicas de transmisión de la propiedad, a través de licitación pública, subasta, remate o adjudicación directa. Mismos que se aplicarán también para la venta de los bienes públicos. En relación a la venta de los bienes a través de licitación pública, subasta, remate y adjudicación directa, la manera de llevarse a cabo se encuentra contemplado en el artículo 44 al 68 de la ley que nos ocupa, en los cuales se establecen puntualmente los procedimientos respectivos, lo cual no sucede con el sorteo, dando lugar a una total incertidumbre jurídica, opacidad en el manejo de los recursos y total discrecionalidad en su manejo. De igual manera, se reforma el artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, donde se especifica claramente que, de no lograrse la venta de los bienes a través del procedimiento de licitación pública, se procederá a su subasta en el mismo evento, y de la cual se desprende un procedimiento para ello, en su párrafo segundo, lo que no sucede en este sorteo. Así entonces, el sorteo es una figura que no garantiza la rentabilidad de los recursos debido a que no existen mecanismos para realizarlo, y mucho menos lograr a través de este procedimiento que se distribuyan las ganancias de conformidad a lo mandatado por el texto constitucional. Para que una gestión pública funcione con estricta austeridad y que es lo deseable, debe ser bajo el control de los ciudadanos a través de una legislación que permita transparentar los procesos y evitar la discrecionalidad de los recursos, algo que está muy lejos de suceder si aprobamos este dictamen. La propuesta que se discute no fortalece a las instituciones, no combate a la impunidad y no mejora la distribución de los recursos públicos, en suma, no propicia un bienestar colectivo. De aprobarse este dictamen en sus términos, el Poder Legislativo deja en manos del Poder Ejecutivo, la suerte de todos los bienes de la nación, y por ende de todos los mexicanos, tanto los pasados, los presentes y los futuros. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen violatorio que pretenden aprobar aquí con su mayoría. Gracias por su atención. Y una disculpa, un poco enfermo de la garganta.