LA C. PRESIDENTA: Tiene la palabra el ciudadano Rómulo Garza Martínez, para fundamentar el dictamen en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, a nombre de la Comisión. EL C. DIP. ROMULO GARZA MARTINEZ; Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. A la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente presentada por el Ejecutivo Federal el día 4 de octubre del 2001, conforme a las facultades que le son conferidas a la Comisión por los artículos 39, 40, 44 y demás relativos a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como 60, 65, 87,88, 93 y demás aplicables al Reglamento para el Gobierno Interior, se presenta el presente proyecto de dictamen. El denominador común de la reforma propuesta refleja la necesidad de contar con un instrumento jurídico que dé seguridad y protección a nuestro medio ambiente; las modificaciones y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente aquí presentadas, son sin lugar a dudas un intento para consolidar los procesos de descentralización tan requeridos a nuestra nación. La aprobación del presente dictamen es necesaria para emprender el camino hacia una transición que otorgue mayores atribuciones en materia de gestión ambiental a los gobiernos de las entidades federativas. Compañeros diputados: La descentralización de la gestión ambiental en México es un proceso inconcluso que requiere para avanzar la ampliación de las posibilidades jurídicas, institucionales, económicas y políticas de los gobiernos y agentes locales. El fortalecimiento del federalismo es una tarea ineludible y urgente. El país requiere con premura promover el abatimiento del rezago institucional de los gobiernos locales pues de ellos depende no solo el logro de una mayor eficiencia en la gestión ambiental, sino una contribución indispensable al desarrollo democrático y sustentable del país. En este sentido, las reformas de los artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente que se refieren a la suscripción de convenios o acuerdos de coordinación, buscan dar respuesta a la necesidad de un enfoque moderno de descentralización que establezca una estrategia de transferencias y de atribuciones, funciones y recursos, gradual y diferenciada acorde con la situación particular de cada entidad federativa. La propuesta en discusión permite la descentralización de las funciones en cuanto al control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad estableciendo previamente los criterios y parámetros para determinar la baja o alta peligrosidad de dichos residuos. También permite descentralizar funciones en cuanto a evaluación de impacto ambiental que es sin lugar a dudas una herramienta de política ambiental dinámica y perfectible permanentemente. La distribución de facultades en este sentido, imprime una posibilidad para que las entidades federativas y los municipios sean más autogestivos de recursos naturales y su ambiente. Si bien es cierto que consideramos a la promoción y suscripción de convenios o acuerdos con los gobiernos locales, incrementa las facultades transferidas a cada uno de ellos consolidando así su desarrollo institucional, particularmente en cuanto a organización, aptitud técnica y capacidad administrativa de recursos. Esto debe darse en un marco progresivo de modificación del texto jurídico que tome en cuenta las capacidades de las regiones del país y dé base a la instrumentación de los programas. Pero está claro que un federalismo adecuado es aquél que dota a las entidades federativas y a los municipios de los recursos necesarios para operar, por lo tanto la ley debe dar el mandato a las autoridades competentes para que no solo deleguen funciones sino también apoyen a aquellos que generen servicios ambientales para conservar los recursos naturales. Esta propuesta de reformas así lo establece. Honorable Asamblea: Con la finalidad de avanzar en cuanto al derecho de la información ambiental, nuestro país requiere de actualización y modernización de los sistemas de información que permitan a la ciudadanía y a la autoridad contar con los elementos fidedignos y suficientes para la adecuada toma de decisiones. La industria nacional debe conocer sus emisiones reales a fin de reducirlas mediante tecnologías limpias que le permitan mayor competitividad. En consecuencia, el dictamen en comento introduce la facultad de los tres órdenes de gobierno para establecer un registro de emisiones y transferencias de contaminantes obligatorio, público y desagregado. Además, el presente proyecto introduce algunas adecuaciones al Título Sexto que se refiere a las disposiciones relativas al procedimiento de inspección y vigilancia e imposición de medidas de seguridad y sanciones. En este sentido, la iniciativa del decreto permitirá proporcionar tanto al ciudadano, como a la autoridad, mayor certidumbre en el proceso de imposición de sanciones, además la coadyuvancia con el ministerio público resulta de gran importancia, por la naturaleza difusa del interés jurídico que tiene la víctima del delito ambiental, toda vez que en un gran número de supuestos el ofendido es la sociedad en su conjunto. En otro aspecto, el dictamen expone la necesidad de impulsar la participación de los tres niveles de gobierno en la conformación de aquellos instrumentos de toma de decisiones a escala global que consideren las perspectivas locales. Por ello, se sugiere adicionar un párrafo al artículo 159Bis. Por último, se reforman los artículos 119, 130 y 161 con la finalidad de precisar las atribuciones de la Secretaría de Marina en materia de prevención y control de la contaminación de las aguas en zonas y aguas marinas mexicanas, fortaleciendo su participación en la inspección y vigilancia en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Compañeros legisladores: Los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales esperamos contar con su apoyo para la aprobación de estas reformas tan necesarias para nuestra nación. Y quiero proponer al pleno de la Cámara, que por acuerdo de la mesa directiva de la comisión de Medio ambiente y Recursos naturales, se propone anexar la frase que establezca la Secretaría al Párrafo Segundo de la Fracción I del artículo 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para que quede como sigue: "Los requerimientos que establezca la Secretaría y las evaluaciones que se realicen para determinar las capacidades de la entidad federativa deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta o periódico oficial de la respectiva entidad federativa, con antelación a la celebración de los convenios o acuerdos de coordinación". Solicito que se ponga a discusión dicha modificación. Es cuanto, señora Presidenta.