EL C. DIPUTADO UUC-KIB ESPADAS ANCONA: Diputada Presidenta. Ciudadanos diputados: Hasta 2001, los autores mexicanos se encontraban exentos del pago del Impuesto Sobre la Renta por aquellos ingresos que provinieran del cobro realizado a terceros por la reproducción de obras de su creación. Esa exención incluía por ejemplo los derechos que un escritor cobrara a una editorial por la publicación de un libro de su autoría o los que un compositor cobrara a una compañía discográfica por la edición de cintas reproduciendo su obra. La exención bajo ninguna condición incluía los ingresos obtenidos por las editoriales o discográficas de la venta de dichos materiales, los honorarios cobrados por en su caso, los intérpretes de las obras ni tampoco los obtenidos por los autores por la venta de la obra por sí misma, por ejemplo los derivados directamente de la venta de una pintura. De esta forma, la ley proporcionaba una mínima protección a aquel trabajo puramente intelectual que en México se realice en las más difíciles condiciones económicas y sociales y por su característica central; la explotación por parte de terceros, generalmente a empresas medianas o grandes, se desarrolle invariablemente en condiciones de dependencia. El 30 de diciembre de 2001, este Congreso, al reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminó la citada norma concediendo a los autores un estrechísimo margen de exención de dos salarios mínimos mensuales, monto a todas luces insuficiente para proteger el trabajo de los intelectuales mexicanos. El trabajo de creación intelectual en sus diversas expresiones, lejos de ser el resultado del esfuerzo e interés individual de unos cuantos, es parte sustancial del desarrollo cultural de una nación. Tanto en sus expresiones artísticas como profesionales, en este trabajo intelectual se sintetizan en gran medida, tanto la historia como las aspiraciones y contradicciones de la sociedad. La creación intelectual es en más de una forma, la agricultura del espíritu y tan importante para el desarrollo cultural de la Nación, como aquella para su desarrollo económico. Sin embargo, en México la creación intelectual carece de condiciones de ejercicio que se correspondan con su función social. A diferencia del comercio, la inversión, el trabajo profesional e incluso el trabajo asalariado, la creación intelectual no sólo no cuenta con normas y políticas de gobierno que proporcionen los mínimos elementos indispensables para garantizar su desarrollo y supervivencia, sino que día a día, como es el caso que discutimos, tiene que afrontar restricciones e impedimentos suficientes. Asimilar los creadores, a los comerciantes o a los profesionales independientes para efectos de su régimen fiscal, no sólo falla al desestimular las prácticas creadoras en un país urgido de ellas, sino que ignora cruciales diferencias en su ejercicio importando una gran iniquidad. Sin tomar en cuenta las extendidísimas prácticas de evasión fiscal tradicionales de aquellas y que son por definición imposibles para quienes obtienen usufructo de los derechos de autor, es necesario puntualizar el absurdo de encajonar en los esquemas de ingresos, egresos y beneficios el contablemente imposible de sintetizar, proceso de creación intelectual; si a esto se agrega que a diferencia de las profesiones de ejercicio independiente y del comercio los autores no se encuentran ante un extenso mercado de consumidores a los cuales ofrecer más o menos libremente su producto, sino que un muy extenso número de creadores compiten por hacerse paso a través de un estrechísimo número de consumidores casi siempre corporativos y generalmente empresariales que pueden imponer prácticamente cualquier condición para la contratación y pago de los derechos de autor, tendremos una idea del efecto demoledor que los nuevos gravámenes pueden significar tanto para los creadores como para el desarrollo cultural de la Nación. Por lo antes expuesto, el día 9 de enero de 2002 presentamos una iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XXVIII del artículo 109 de la Ley del Impuesto sobre la Reta, la cual fue turnada a las Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen. Ha transcurrido en exceso el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento y análisis, sin que hasta el momento las comisiones responsables lo hayan emitido. Por tal motivo solicito a la presidencia de la mesa directiva se sirva excitar a las Comisiones de Cultura y de Hacienda y Crédito Público, para que presenten a la brevedad el dictamen en comento. Muchas gracias. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se formula excitativa a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Cultura, para que emitan el dictamen correspondiente. A petición del grupo parlamentario del Partido del Trabajo se retira del Orden del Día una excitativa hacia la Comisión de Transportes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto es la excitativa que presentará la diputada Hortensia Aragón Castillo, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos -DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO: Con el permiso de la presidencia; compañeras diputadas; compañeros diputados: En mi calidad de diputada federal de la LVIII del H. Congreso de la Unión y como integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por medio del presente escrito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito respetuosamente a la presidencia de esta Cámara, tenga a bien formular una excitativa a las Comisiones de Educación y Servicios Educativos, de Cultura, de Ciencia y Tecnología, a efecto de que dictaminen la iniciativa de decreto para reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación, para destinar un monto anual equivalente al 8% del Producto Interno Bruto del país, al gasto público federal en educación. El día 14 de septiembre del año 2000, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, presenté ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la referida iniciativa de decreto, en la que puse de manifiesto la necesidad de hacer realidad la garantía constitucional de toda persona de recibir educación mediante una medida legislativa que estableciera mínimos precisos y obligatorios al gasto que en educación pública realiza el Estado Mexicano. Concretamente la propuesta busca que el gasto en educación pública que anualmente realizan tanto la Federación como los gobiernos estatales se eleve de manera constante en un lapso de cuatro años al 8% del Producto Interno Bruto. El 10 de octubre del 2000, el diputado Ramón León Morales solicitó a este Pleno que se pronunciara porque no sólo se dictaminara la iniciativa presentada por la de la voz, sino que también se dictaminaran las iniciativas presentadas durante la LVII Legislatura por diputados del Partido de la Revolución Democrática en materia de gasto educativo, las cuales como suele decirse coloquialmente, se encuentran congeladas. La segunda excitativa fue presentada por el diputado Manuel Duarte ante este Pleno el 20 de septiembre del 2001, ante lo cual la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, emplazó a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la Presupuesto y Cuenta Pública, a presentar para el día 3 de octubre del 2001, su dictamen para el conocimiento del Pleno. Ante esta excitativa que la presidencia de la mes directiva hizo en nombre del Pleno y en estricto apego al Reglamento de esta Cámara, sólo la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública emitió su dictamen. La Mesa Directiva de la Comisión de Educación gestionó ante la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la ampliación del plazo para el análisis y dictamen de la iniciativa referida. Tal como lo solicitó, el plazo fue ampliado, acompañándose la autorización de un exhorto a la Comisión de Educación a emitir el dictamen correspondiente cito textualmente"a la brevedad posible". Como ha quedado de manifiesto, luego de 18 meses de presentada la iniciativa, de sendas excitativas y exhortos, ésta aún no se dictamina. Luego de un año y medio, no han sido atendidos los llamados hechos por el pleno a las comisiones de Ciencia y Tecnología, la de Cultura y la misma de Educación. Nuevamente el tema educativo es motivo de discursos, desplegados, declaraciones, planes, proyectos y mesas, pero no es motivo de hechos y no es motivo de realidades. El Ejecutivo federal dice tener en la educación su más alta prioridad y, con su propuesta de presupuesto de egresos, demuestra lo contrario. El PRI, en cuanto foro sea posible, afirma apoyar la medida, pero de manera sospechosa retrasa el dictamen. El PAN demanda planes y estudios que la propia SEP ya tiene e incluso afirma, en la prensa, contar en la Comisión de Ciencia y Tecnología, con un dictamen favorable, según ellos para apoyar la prioridad del Ejecutivo. Pero nadie conoce el dictamen ni hay visos para tomar las decisiones necesarias. Si hay un aparente consenso, la pregunta es por qué no se resuelve sobre esta iniciativa. El Partido de la Revolución Democrática invita a todas las fuerzas políticas aquí representadas a la discusión y acuerdo sobre los mecanismos y modalidades concretas para hacer realidad el financiamiento suficiente de la educación de nuestro país. Por lo anteriormente expuesto, consideramos de suma importancia sea emitido un dictamen de la iniciativa mencionada, toda vez que ha transcurrido el período al que se refiere el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que ha concluido también el breve plazo autorizado por la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a la Comisión de Educación, no teniendo tampoco de las comisiones correspondientes dictamen o pronunciamiento alguno, solicitamos a esta presidencia, con base en el artículo 21, fracción XVI del Reglamento señalado, emplazar para un día determinado a las comisiones correspondientes para emitir el dictamen solicitado. Por su atención muchas gracias.