El diputado René Meza Cabrera: Gracias diputado Presidente. Diputadas y diputados: El suscrito, diputado federal en ejercicio, presenta iniciativa de decreto para adicionar los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, con base en las siguiente: Exposición de Motivos Es común que cuando alguna persona contrata algún servicio financiero con una institución proveedora del servicio, al firmarse el contrato o póliza se utilice un formato ya impreso previamente, en el cual de manera unilateral la institución financiera impone la sumisión del usuario, a los tribunales que le resulten a la prestadora del servicio más conveniente, por su ubicación y a veces intencionalmente se busca un lugar distinto de donde radica el interesado para situar la residencia de la autoridad judicial a la que se sujetarán las partes en el caso del litigio. Ello para dificultar desde luego el traslado del demandante y hasta conseguir su posible disuasión para presentar la demanda, máxime cuando el asunto es de poca monta económicamente hablando. Esta permisibilidad legal priviligiadora de las voluntades, facilita el acuerdo para fijar la jurisdicción del tribunal que conocerá del litigio, circunstancia que aprovecha ventajosamente la institución prestadora del servicio financiero. Esta situación puede calificarse como contraria a los principios de celeridad, de equidad, gratuidad, que regula el servicio público de administración de justicia y que no obstante forma parte de abuso del sistema de competencia establecido por la legislación mercantil, al incluirse la figura de sumisión expresa de la voluntad de las partes o de alguna de ellas. Más aún, en los formatos impresos que utilizan las partes para celebrar el contrato de servicios financieros, en la mayoría de los casos se establece como cláusula obligatoria, la renuncia al fuero de competencia que por ley le corresponde al usuario, que muchas veces, sin darse cuenta, otorga a la institución financiera la facultad de decidir a su completo arbitrio el lugar en donde puede demandar o ser demandada y por lo general elige tribunales que están fuera del lugar en que el usuario tiene su domicilio; aduciendo que en otra ciudad tiene sus oficinas o sucursales. Es de primordial importancia destacar la necesidad de que las disposiciones legales reguladoras de la materia financiera sean compatibles, ya que sólo así podrán ser aplicadas en forma imparcial y clara. En este contexto, cabe citar que de acuerdo con el artículo 65 de la Ley para Protección y Defensa del Usuario de Servicios Financieros, el demandante quien escoge la autoridad competente que reciba y tramita la queja, éste mandato legal se vuelve nugatorio en la práctica, porque no tiene fuerza vinculatoria y es optativo su acatamiento por las partes en el litigio. A fin de hacer congruente lo dispuesto por el Código de Comercio con las garantías de tutela jurídica, consagradas en el artículo 17 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala la pronta, completa imparcialidad en la administración de justicia, con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Alta Soberanía, la adición de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, para quedar en la forma siguiente: Artículo Único. Se adiciona los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, para quedar en los siguientes términos: Artículos 1092.- Es juez competente, aquél a quien los litigantes hubiesen sometido expresa y tácitamente, excepto cuando se trate de actos celebrados entre algún usuario de servicios financieros con instituciones financieras, en cuyo caso será competente el juez que elija el usuario o el juez competente por materia y cuantía, con residencia más cercana al domicilio del usuario. Artículo 1093. Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede y para el caso de controversia señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas o de la ubicación de la cosa. No hay sumisión expresa cuando los actos celebrados sean de la materia a que se refiere el artículo anterior. Transitorio: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es todo, diputado Presidente. Gracias.