El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Gracias, señor presidente. De paso quiero señalar que la universidad afectada fue la U de G, en su biblioteca, en el Centro Cultural de Jalisco, que atiende a tres mil 600 usuarios. El Partido de la Revolución Democrática reconoce a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el organismo facultado, pero sobre todo legitimado para ventilar los asuntos que estamos comentando, pero nunca estaremos de acuerdo con métodos, según los cuales se le da a la población un mensaje sesgado, de los cuales es el que menosprecia a un Poder con la misma investidura que goza el Ejecutivo y en el que por encima de todo no se da el fundamental derecho de réplica, menos aún considerando la existencia de un órgano de administración de justicia confiable. Por ello, es imprescindible no equivocar el debate en esta cuestión. En el ejercicio de nuestras funciones como legisladores, hemos manifestado en diversas ocasiones la confianza que tenemos y debemos tener en el Poder Judicial; sin embargo, siendo esta una institución conformada por humanos, sus resoluciones son falibles, y tal es el caso de la suspensión provisional otorgada al Ejecutivo. Este es el hecho que considero crucial en el debate. La trascendencia del despacho dado a la controversia constitucional que nos ocupa no puede pasar inadvertida por esta Comisión Permanente, por lo que aclarando que las facultades para dar trámite la Comisión de Receso del Máximo Tribunal no son puestas en duda, quiero hacer algunas reflexiones en torno a los efectos de este hecho. El pasado siete de diciembre de 2004 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo general número 12/4 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, que otorga facultades a las comisiones de receso para prever los trámites urgentes de asuntos jurisdiccionales. En dicho acuerdo se establece que el Ministro o ministros comisionados para los recesos de los Períodos de Sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de prever los trámites urgentes en asuntos administrativos y en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, también deberán prever los trámites urgentes en los asuntos jurisdiccionales a que se refiere el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De lo anterior, se infiere que en principio los ministros integrantes de la Comisión de Receso sí tienen facultades para dar trámite a la controversia constitucional; sin embargo, atendiendo a las disposiciones legales conducentes podemos estimar que estos no tienen facultad para conceder la suspensión provisional en este caso. Al hacerlo, desatendieron lo dispuesto en los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Reglamentaria en las fracciones primera y segunda del artículo 105 constitucional. Y para fundamentar mi dicho, me permito hacer las siguientes observaciones: El segundo párrafo del artículo 14 de la ley en comento establece que la suspención no podrá otorgarse en aquellos casos en que la controversia se hubiera planteado respecto de normas generales. Ahora bien, la publicación del Presupuesto de Egresos del Diario Oficial de la Federación tiene efectos jurídicos de convertirlo en una norma genera, aún cuando la misma no esté aún vigente. Además, el artículo 16 establece que la suspensión se tramitará por vía incidental y podrá ser solicitada por las partes en cualquier tiempo, antes de que se dicte sentencia definitiva; es decir, en este caso no operan las reglas generales del juicio de amparo, según las cuales existe una suspensión temporal que se otorga desde el momento en que se presenta la demanda. En este caso, la ley es clara, al establecer la obligatoriedad de celebrar una audiencia incidental para decidir sobre la suspensión, en la cual deberá darse oportunidad a las partes involucradas para estar presente y manifestar lo que a su derecho convenga. Finalmente y lo más importante, la suspensión no debió haberse concedido, considerado lo dispuesto por el artículo 15 que señala a la letra: La suspensión no podrá concederse en los casos en que se ponga en peligro la seguridad o economía nacional; las instituciones fundamentales del Órgano Jurídico Mexicano o puedan afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que ella pudiera obtener, el solicitante. Por eso, compañeras y compañeros, la fiabilidad de nuestras instituciones jurisdiccionales no deben verse mermadas por una inadecuada politización de la justicia, por lo que insisto a esta Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y qué bueno que lo ha hecho, que ha interpuesto los recursos procedentes a efecto de aclarar esta situación que es trascendental para la vida política del país. En mi papel de integrante del Partido de la Revolución Democrática, me permito reiterar mi compromiso con la legalidad y la defensa de las instituciones nacionales por lo que subrayo mi disposición a colaborar en la defensa del Poder Legislativo en este juicio. Muchas gracias.