La diputada María Teresa Marú Mejía: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La historia nos ha enseñado que un pueblo que no preserva su cultura está condenado a desaparecer. Someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 31 y 35, así como se adiciona un segundo párrafo al artículo 38 de la Ley de Cultura y Derechos Culturales. Lo anterior al tenor de la siguiente exposición de motivos. El pasado primero de julio la ciudadanía emitió un voto a favor de los que fuimos electos en nuestros respectivos distritos electorales con la esperanza de que se elaboren leyes que permitan una planeación democrática del desarrollo nacional, como lo mandata el artículo 26 constitucional, de tal suerte que sea una realidad en la cotidianeidad de la vida del ciudadano la democratización política, social y cultural de la nación. La planeación en materia de cultura para que sea democrática debe de elaborarse contemplando a la sociedad civil organizada, que tiene como forma de vida la actividad cultural que requiere sea atendida en sus aspiraciones y demandas. No debemos soslayar el papel decisivo que puede jugar la cultura para resarcir el tejido social dañado por la incultura y la violencia. Siempre será preferible atender desde temprana edad a niños y jóvenes a través de actividades deportivas, educativas y culturales para educarles y no tener que sancionarles cuando por el descuido y el abandono son presa de la delincuencia y la drogadicción. Diversas organizaciones de la sociedad civil en la actualidad dan atención a este sector de la población en la enseñanza de disciplinas como: pintura, música, danza, literatura, teatro, escultura, cinematografía, etcétera, actividades que pueden potencializarse de obtener por parte del Estado mayores apoyos de carácter económico. Toda vez que existe ya la Secretaría de Cultura y la ley que la regula, es necesario adecuar su marco jurídico para incorporar este cambio en la percepción del papel de la cultura para cumplir con la demanda de creativas y artistas, para ser incorporados de manera eficaz en las políticas públicas en materia de cultura. La Ley General de Cultura y Derechos Culturales, la cual propongo reformar con la presente iniciativa, pretende conciliar dos conceptos diferentes de cultura: por un lado, la concurrencia, y por el otro, los derechos ciudadanos. En las modificaciones propuestas se sigue privilegiando este espíritu de colaboración entre los diversos niveles de gobierno y se propone potenciar que la población tenga acceso a un derecho humano señalado en nuestra Constitución y en los acuerdos internacionales suscritos por México en materia de cultura. Por otra parte, es necesario que se lleve a cabo un registro puntual y certero de las asociaciones civiles y/o fundaciones culturales que existen en el país, con el objeto de que se tenga la certidumbre jurídica de a quién se le otorga representatividad, apoyos económicos y estímulos públicos, lo que sin duda coadyuvará a transparentar los recursos que se destinan a este sector. La Secretaría de Cultura realizará un registro nacional de las organizaciones de la sociedad civil y/o funciones culturales a la que otorgará apoyos económicos y estímulos públicos de fomento y difusión para las actividades de la cultura, de acuerdo a los requisitos que se establezcan en el reglamento respectivo. Es cuanto.