El diputado Federico Barbosa Gutiérrez: En materia de responsabilidades de los servidores públicos prevista en el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se prevén dos figuras jurídicas: el juicio político y la declaración de procedencia como requisitos de procedibilidad para enjuiciar a los servidores públicos que incurren en responsabilidad. Por lo que respecta a la declaración de procedencia, esta soberanía resolvió aprobar una iniciativa del diputado Alejando Murat Hinojosa, que adiciona en un segundo párrafo el artículo 29 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Así, en el artículo 29 de la citada ley se estableció con claridad que no se requerirá declaración de procedencia de esta Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 de nuestra Constitución por cualquier causa se encuentre separado de su encargo. Esta visión del artículo 29 de la ley en mención resuelve en parte el problema en su nivel de ley reglamentaria del propio Título Cuarto de la Constitución. Sin embargo, queda pendiente dictaminar la iniciativa presentada por el diputado Sergio Penagos García la cual, de ser aprobada, resultaría congruente con la base constitucional relativa a la declaración de procedencia prevista en el artículo 112 de la Constitución, en virtud de que la misma busca reformar este artículo a efecto de establecer que tampoco se requerirá declaración de procedencia cuando alguno de los antes referidos se separe del cargo por habérsele concedido licencia para el efecto. Estas iniciativas y otras más que han presentado se refieren en todo momento a perfeccionar la figura de la declaración de procedencia, dejando a un lado el tema del juicio político. Ante este escenario jurídico, conviene actualizar los diversos supuestos relativos al juicio político. Por ello, al analizar una posible separación del encargo por cualquier causa de parte del servidor público, como puede ser la licencia, la Ley Fundamental no prevé tal situación y la ley secundaria tampoco la trata. En este sentido, la presente iniciativa tiene como propósito eficientar el instrumento constitucional en materia de juicio político, que conlleva el firme propósito de erradicar conductas y supuestos no previstos en la ley en los que se pueden encontrar los servidores públicos. Sobre esta base constitucional, el juicio político es una figura jurídica que en la actualidad requiere precisión en cuanto a su ámbito de competencia, y dado que en la ley secundaria no se establece con claridad cuál es el efecto jurídico en el supuesto de que un servidor público se encuentre con licencia, este hecho podría generar confusión, como sucedió en el caso del juicio de declaración de procedencia resuelto por esta soberanía recientemente. Si bien es cierto que la Ley Fundamental señala con claridad que este procedimiento podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después, esta misma disposición constitucional no prevé el supuesto de la licencia que pueda tener el servidor público. Al respecto, la ley secundaria tampoco le da un tratamiento que permita resolver esta laguna constitucional. Por ello, la presente iniciativa, que someto a la consideración de ustedes, tiene como propósito resolver el supuesto cuando un servidor público se encuentre con licencia y se le siga un juicio político. En ese sentido, el procedimiento de juicio político podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su encargo, goce de licencia y dentro de un año después de concluido el mismo. Por lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes acuerden esta iniciativa, que dice lo siguiente: Con proyecto de decreto que reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político, para quedar como sigue: Artículo Único. Se reforma el artículo 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 114. El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el periodo en que el servidor público desempeñe su cargo, goce de licencia y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento. Artículo Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.