La diputada Marcela Cuen Garibi: Buenos días. Con su venia, señor Presidente. Los suscritos diputados federales, Marcela Cuen Garibi y Arturo Flores Grande, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, sometemos a consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa con proyecto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción XXI del artículo 73, así como el inciso h) de la fracción V, base primera, apartado C del artículo 122, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer un sistema de codificación penal único. Por economía de tiempo, solicito se inserte de manera íntegra la iniciativa y la presentamos bajo los siguientes motivos. Uno de los grandes problemas que ha venido enfrentando el sistema de coordinación existente en la actualidad, en materia de seguridad pública, ha sido la falta de una política criminal coherente, unificada y debidamente estructurada entre los distintos órdenes de gobierno. Al respecto, es preciso señalar que el actual diseño constitucional prescribe la posibilidad de que cada entidad federativa y la federación puedan establecer sus propias disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas respecto de determinados delitos. En efecto, es una interpretación actual del artículo 73, fracción XXI, con relación al artículo 124 constitucional, la facultad legislativa en materia penal por parte del Congreso de la Unión se constriñe únicamente al establecimiento de delitos y sus correspondientes sanciones, respecto de actos que impliquen una afectación directa a la federación, por lo que a contrario sensu y tomando en consideración lo previsto por el artículo 124, que establece que las facultades que nos encuentren expresamente previstas en la Constitución a funcionarios federales, se entienden conferidas a los estados. Todas las demás conductas que desde el ámbito penal que no impliquen una afectación directa de la federación pertenecen, en cuanto a su facultad legislativa, a los congresos estatales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ello ha traído consigo la existencia de 33 criterios legislativos diversos, inclusive, discordantes en cuanto a sus postulados básicos, al existir 31 congresos locales que legislan en materia sustantiva y adjetiva penal, una asamblea legislativa del Distrito Federal que realiza lo propio para el Distrito Federal y el Congreso de la Unión que es facultado de expedir disposiciones sustantivas y adjetivas penales para regular las conductas y sanciones que implican una afectación directa de la federación. Esta notable dispersión normativa, en materia penal, ha originado que hoy en día existan más de 100 cuerpos normativos penales federales, estatales y del Distrito Federal que prevén disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas, ello sin considerar las leyes especiales tanto del fuero federal como del fuero común, que prevén delitos especiales, situación que viene a aumentar más esta considerable cifra. Si bien es cierto, se ha tratado de solucionar esta dispersión penal legislativa a través de reformas constitucionales que vengan a orientar, a poner límites a la facultad legislativa del legislador tanto federal como estatal, lo cierto es que en materia penal sustantiva y adjetiva no podemos abusar de dicha situación, pues prácticamente si lo que se quisiera fuera el homologar criterios legislativos a través de la Ley Fundamental, la Constitución se convertiría prácticamente en un código sustantivo y procesa penal, lo cual resulta poco imaginable, deseable y creíble. Por ello es que se estima que una solución viable a esta problemática real, que ha venido presentando el actual diseño legislativo, es transitar hacia un sistema de codificación penal único para todo el país, en donde sea una sola instancia legislativa, el Congreso de la Unión, la encargada de establecer las disposiciones legales tanto sustantivas como adjetivas, que sean observables por todas las autoridades del país, respetando en todo momento los distintos ámbitos de competencia en cuanto a su implementación, así como respecto de la conformación orgánica a nivel legal, de los órganos de prevención, procuración y administración de justicia de las entidades federativas. En apoyo de esta concepción existen diversas opiniones de especialistas en la materia que se inclinan por la propuesta, tal es el caso del maestro Ricardo Franco Guzmán, quien señala que durante el siglo XX tuvimos un verdadero mosaico de códigos penales y procedimientos penales en toda la República. No ha habido uniformidad ni unidad ni concierto en todos ellos. Estamos en completo caos, proponiendo al efecto que urge plantear la posibilidad de redactar un código penal y un código de procedimientos penales, ambos de aplicación en todo el territorio de la República Mexicana, tanto del fuero común como en el fuero federal. De esta forma, existe una corriente importante de especialistas en la materia que se pronuncian por transitar hacia un sistema de codificación penal única para toda la república, propuesta que inclusive fue presentada en la iniciativa de reforma constitucional al sistema de seguridad pública y justicia, planteada por el Ejecutivo federal en el mes de marzo de 2007, en donde se propone, entre otros aspectos, facultar a través de una reforma constitucional al Congreso de la Unión, para expedir un Código Penal, un Código de Procedimientos y una Ley de Ejecución de sentencias únicos aplicables en toda la República que deberán implementar la Federación y los estados y el Distrito Federal, determinando al efecto la competencia que corresponde a cada uno de ellos. De igual forma han existido en pasadas legislaturas algunos proyectos legislativos encaminados a tal objeto como el presentado por el Partido de Convergencia en la Cámara de Diputados el 4 de noviembre de 2003. En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto tomando en consideración los antecedentes legislativos existentes. Al efecto, venir a abandonar el proceso de discusión y enriquecimiento de esta importante propuesta legislativa enmarcada en el perfeccionamiento del sistema de justicia penal. Es obvio que el tiempo se me ha terminado y que la iniciativa es muy larga y muy profunda. A mí me gustaría que todas las fracciones parlamentarias la analizaran y pudieran sumarse a esta propuesta. Muchísimas gracias.