El diputado Mario Zepahua Valencia: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores: A más de 10 años de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de México, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica uno de los desacuerdos predominantes es el relativo a los transportistas fronterizos, debido a eventos cotidianos que producen inequidad entre los estados, sin que se logre aplicar las soluciones previstas en el concordato, dada la deficiente interpretación de la norma por parte de cada una de las naciones, colocando a este sector productivo en nuestro país en crisis. Conforme a lo convenido con el acuerdo trilateral en materia de transporte en una primera etapa, la frontera de México con Estados Unidos se abrió a la libre circulación el 18 de diciembre de 1995. Este compromiso menciona que los camiones mexicanos de carga transitarán por California, Arizona, Nuevo México y Texas y los transportistas estadounidenses por Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Sonora y Baja California. Este intercambio, agrega el acuerdo internacional, se dará siempre y cuando el origen o destino del transporte comercial suceda fuera del territorio nacional, lo cual para México ha representado en los últimos 10 años un ingreso del 142 por ciento más en comparación a los 10 anteriores. En una segunda etapa, el Tratado señala que a partir del 2000 los camiones de carga mexicanos y estadounidenses podrán transitar por la totalidad del territorio de ambos países; sin embargo, el gobierno de Estados Unidos de América de 1999 impuso una política dilatoria para postergar el libre tránsito de camiones mexicanos por su territorio en su totalidad, argumentando que los vehículos mexicanos no cumplen con los requisitos de seguridad, todo ello motivado por actos de presión de empresas camioneras estadounidenses como Teamster (?), la Fundación Legal Ambientalista, la Asociación de Empresarios de Camiones de California y el Grupo Civil Ciudadano Público, quienes demandado ante la Corte Suprema del país vecino una orden de restricción urgente para los camioneros mexicanos. Es importante invocar que el 17 de enero del 2003, el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos determinó que su gobierno debe estudiar el impacto causado al medio ambiente con la apertura de las carreteras a transportistas mexicanos, por lo que se pospuso el permiso para conceder el ingreso de camiones mexicanos al territorio estadounidense en tanto no se realizara una declaración completa sobre el impacto ambiental producido, lo cual fue desobedecido por parte del Gobierno Federal. Más allá de lo antes señalado, debemos ponderar que el Tratado de Libre Comercio en su capítulo del transporte, obliga a las naciones a cumplir con especificaciones hasta hoy que no han sido observadas por Estados Unidos, a lo cual el Poder Legislativo Federal no ha sido omiso o ajeno al problema. Habida cuenta que el Senado de la República, el jueves cuatro de septiembre de 2003 aprobó un punto de acuerdo propuesto por el senador Emilio Gamboa Patrón, a través del cual se exhortó al titular del Poder Ejecutivo Federal Mexicano a poner solución a este problema. Por lo anterior, es de concluir que no existe solución a estos días para este conflicto, por lo que es importante hacer más esfuerzos para lograr el cumplimiento del Tratado de Libre Comercio en los términos que fue concebido durante su negociación en lo referente a los transportistas de carga, situación que solo se logrará con la intercesión de la cancillería, por ser la legitimada para negociar las soluciones concretas que verdaderamente beneficien a nuestro país mediante la aplicación de los procedimientos diplomáticos pertinentes que resuelvan con políticas serias la erradicación de actos discriminatorios que afectan al mercado mexicano y a los transportistas nacionales que se ven afectados en su economía solo por intereses extranjeros ajenos a esta nación. Por ello es que invito a esta honorable Asamblea a realizar una exhortación para que el Secretario de Relaciones Exteriores, el doctor Luis Ernesto Derbéz Bautista, tome cartas en el asunto de una vez por todas y resuelva lo conducente a fin de dar por terminado este conflicto. Por lo anteriormente expuesto, se desprende el siguiente: PUNTO DE ACUERDO. Primero.- Se solicita se exhorte con respecto a su competencia, al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, doctor Luis Ernesto Derbéz Bautista, a que se apliquen con seriedad las políticas pertinentes de legalidad previstas en el Tratado de Libre Comercio para erradicar la práctica de medidas discriminatorias en contra de los transportistas mexicanos que transiten por los Estados Unidos de América. Segundo.- Se mantenga informada a esta honorable Cámara sobre lo referente al punto anterior. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los dieciocho días del mes de enero del 2006. Señor presidente, solicito de manera atenta se publique íntegro el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto señor presidente. Por su atención, muchas gracias. El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias diputado Zepahua. Túrnese a la Segunda Comisión de Trabajo e insértese en el Diario de los Debates, tal como lo ha solicitado, el texto íntegro. Tiene la palabra el senador César Raúl Ojeda Zubieta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proposición con punto de acuerdo para solicitar a la SAGARPA rinda un informe evaluatorio de lo actuado por el Gobierno Federal en el período en que tuvo en su poder los ingenios azucareros expropiados, los costos económicos en que se incurrió, los beneficios generados y las medidas que en este nuevo marco se tomarán para regular la actividad de la agroindustria azucarera citando a comparecer al titular de la SAGARPA sobre el tema y suscrita por la diputada Estela Ponce Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.