La diputada Dalia María Rocha Ladrón de Guevara: Con su venia, señora presidenta. Compañeros, como es de todos conocido, el avance científico y tecnológico ha mejorado la calidad de vida de los seres humanos, proporcionándonos un estado de bienestar y confort. Sin embargo, como consecuencia de ello hemos ocasionado deterioro y degradación considerables al planeta Tierra. La preocupación por el daño que hemos ocasionado al ambiente ha ido en aumento y en los esfuerzos por erradicarlos se han creado por parte de organismos, asociaciones, cumbres y convenciones nacionales e internacionales dedicadas a su conocimiento, estudio y protección. En 1972 en Estocolmo, Suecia, se llevó a cabo la primera Convención Internacional en Materia Ambiental, misma que contó con la presencia de representantes de 113 países, 19 organismos gubernamentales y más de 400 organismos intergubernamentales y no gubernamentales, a este foro se le denominó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, mejor conocida como Conferencia de Estocolmo, en la cual se propuso sumar esfuerzos para conducir la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. En el mismo sentido, en 1992 se realizó la Conferencia de Río en Brasil, donde se adoptaron una serie de principios y responsabilidades hacia los estados, respecto del medio ambiente. Además se llevó a cabo la apertura de firmas para los tratados multilaterales como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Del texto de la Declaración de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo, de la cual nuestro país es parte, destaca el principio número 13 que enuncia lo siguiente: los estados deberán desarrollar la legislación nacional relativa a la responsabilidad y la indemnización respecto de las víctimas de contaminación y otros daños ambientales. Los Estados deberán cooperar así mismo de manera expedita y más decidida en la elaboración de nuevas leyes internacionales sobre responsabilidades e indemnización para los efectos adversos de los daños ambientales causados por las actividades realizadas dentro de su jurisdicción. En ese sentido y en un esfuerzo por armonizar nuestra legislación a los compromisos internacionales, en el año 2013 se publicó la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que tras muchos años de esfuerzos la sociedad civil, académicos, organizaciones civiles y no gubernamentales materializaron en nuestro país un ordenamiento jurídico que regula la reparación y compensación del daño producido al medio ambiente. Sin embargo, el texto de dicho ordenamiento contempla que la responsabilidad por daño ambiental tendrá solo una prescripción de 12 años a partir de que se produce el daño al ambiente y sus efectos, mientras que la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente enuncia un plazo de tan solo 5 años para demandar la responsabilidad ambiental. Ambos ordenamientos enuncian plazos de prescripción distintos con lo cual se vulneran los principios de legalidad, certeza y seguridad jurídica contemplados en el artículo 14 y 16 constitucionales, además de que estos dispositivos jurídicos consideran el establecimiento de plazos de acuerdo a la reparación de daños del derecho civil sin considerar que los efectos que se producen, en consecuencia del daño al ambiente, pueden exteriorizarse de manera muy lenta y muchas veces no son producto de una sola acción, sino de un proceso extendido de tiempo y espacios, situación que deja en la incertidumbre jurídica a sus víctimas. Un ejemplo de ello es el daño ambiental producido por el derrame de sulfato de cobre y otros metales pesados en los ríos Bacanuchi y Sonora, considerado uno de los más grandes en la historia de nuestro país. La última sentencia emitida en este caso, que fue en agosto de 2017, determinó que los pozos hoy en día continúan teniendo altos niveles de toxicidad, por lo cual los efectos de dicho desastre medioambiental se siguen manifestando hoy en día. Tomando en cuenta que existen daños ambientales sobrevinientes cuyos efectos negativos se perciben con posterioridad y que es hasta entonces que el interesado está en posibilidad jurídica de ejercer su acción, propongo a esta soberanía que el término de la prescripción comience a computarse a partir de que el daño sea cierto y susceptible de apreciación jurídica, es decir de que se manifiesten sus efectos y no como actualmente se hace, desde el momento en que aconteció. Compañeros integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, espero poder contar con su apoyo para que esta iniciativa sea dictaminada en sentido positivo. Es cuanto, señora presidenta.