La diputada Alba Leonila Méndez Herrera: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: El acceso de las mujeres a los servicios de atención de la salud sexual y reproductiva es fundamental para su pleno desarrollo. Una de las etapas en las que la mujer requiere de cuidados especiales es el embarazo, y es el Estado quien tiene la obligación de generar las condiciones adecuadas para que en el proceso de ser madre, desde el momento de la concepción y hasta los 42 días después de que ocurre el nacimiento, sea atendida por personal de salud capacitado y profesional. El embarazo somete a la mujer a riesgos de salud que puede afectar tanto a la futura madre como al bebé. La norma oficial mexicana de atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido señala que la unidad de salud debe promover que la embarazada de bajo riesgo reciba como mínimo cinco consultas prenatales durante el embarazo. Asimismo, recomienda limitar la proporción de cesáreas entre 15 y 20 por ciento con relación al total de nacimientos atendidos. Para el cumplimiento de estas condiciones se requieren instituciones de salud con personal especialmente calificado en el ámbito de las ciencias de la salud, pero también con un alto sentido de responsabilidad, sensibilidad y profesionalismo en la atención de la mujer en estado de gestación. Sin duda que una atención de calidad a la mujer durante el embarazo determina las condiciones del parto y puerperio. A este respecto la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en el artículo 12, punto 2, señala lo siguiente: Los Estados parte garantizarán a la mujer servicios apropiados en relación con el embarazo, el parto y el periodo posterior al parto, proporcionando servicios gratuitos cuando fuere necesario, y le asegurarán una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Para el cumplimiento de este mandato es necesario efectuar protocolos de atención a la mujer embarazada en las instituciones de salud. En esta tarea, el personal que la atienda en su ruta crítica juega un papel determinante. Todas y todos sabemos que la forma y los tiempos de atención con que el personal de salud actúa es decisivo para la vida de la madre y del bebé. Ante tal exigencia es necesario reconocer que las mujeres, especialmente las de zonas rurales y las más pobres, no siempre son atendidas de manera expedita, con la solicitud que toda urgencia obstétrica requiere. Contravenir estas disposiciones puede traer como consecuencia el aumento de la tasa de mortalidad materna. Por tanto, señala la Organización Panamericana que las instituciones de salud de los países citados, entre ellos México, que presentan una mortalidad materna relativamente alta y tienen tasas de cesáreas muy por encima de los valores de referencia, deben investigar si sus sistemas de salud están ofreciendo una atención obstétrica adecuada y establecer un sistema de seguimiento. Ese indicador nos muestra que estamos ante un problema obstétrico que debe ser atendido y superado. Por lo anterior y para salvaguardar la salud de las mujeres es necesario determinar en la ley que la omisión o deficiencia en la atención a la mujer embarazada, por parte del personal de salud, debe considerarse como un tipo de violencia contra la mujer, porque pone en riesgo su salud y la de su hijo. Asimismo deben incluirse los abusos en que incurre el personal citado cuando obliga a las mujeres a parir en condiciones contrarias a su voluntad; alteran el proceso natural del parto y todos aquellos tratos que atentan contra su capacidad de decidir sobre sus cuerpos y su sexualidad. Con base en lo anteriormente expuesto, se propone adicionar la fracción VI al artículo 6 y recorrer el numeral de las subsecuentes, para quedar como sigue. Artículo 6. La violencia obstétrica, cualquier acto o trato deshumanizado que ejerza el personal de salud sobre las mujeres en la atención médica que se les ofrece durante el embarazo, el parto y puerperio, tales como omitir la atención oportuna y eficaz de las emergencias obstétricas, obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre sin causa médica justificada, alterar el proceso natural de parto de bajo riesgo mediante el uso de técnicas de aceleración y practicar el parto vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural. Estas dos últimas sin obtener el consentimiento informado de la mujer. Finalmente se propone adicionar un párrafo segundo al artículo 53, donde se señale la prohibición de someter a la víctima a mecanismos de conciliación y/o mediación con su agresor, en tanto dure la situación de violencia. Es pertinente señalar que tal disposición ya se encuentra en la fracción IV del artículo 8, relativo a la violencia en el ámbito familiar. Sin embargo debido a que el riesgo para la víctima frente al agresor es el mismo en todas las modalidades de violencia, se considera necesario establecer tal provisión en el artículo 4o. El agresor deberá participar, en el artículo 53, obligatoriamente, en los programas de reeducación integral cuando se le determine por mandato de autoridad competente. Por lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada Alba Leonila Méndez Herrera, somete a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de acuerdo a lo siguiente. Artículo único. Se adiciona una fracción VI al artículo 6 y se recorre el numeral de las subsecuentes, para quedar como VII. Se adiciona un último párrafo al artículo 52 y se adiciona un segundo párrafo al artículo 53 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En el artículo 53? Se prohíbe someter a la víctima a mecanismos de conciliación, de mediación y/o cualquiera otra alternativa con el agresor, en tanto dure la situación de violencia. Es cuanto, diputado Presidente.