El diputado Inti Muñoz Santini (PRD): Con su venia señor presidente. El pasado 28 de mayo durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, Guadalajara fue escenario de una de las violaciones a los derechos humanos más arteras que se puede recordar en este país. Aquel día una manifestación pacífica en la que participaron alrededor de 4 mil personas, fue violentada por un pequeño grupo de provocadores que confrontaron a las policías estatal y municipal e iniciaron en efecto un enfrentamiento. Sin embargo, la respuesta de la autoridad fue aún más violenta. Los granaderos arremetieron con golpes y explosiones de gas mostaza contra todos los manifestantes, incluidos aquellos miles que marchaban de manera pacífica. Ninguna prueba documental consta de que el grupo provocador fuera detenido, sin embargo, 3 ó 4 horas después de los sucesos alrededor de 100 personas fueron arrestadas en calles alejadas del lugar de la manifestación. De esos detenidos y detenidas una gran mayoría no eran mas que jóvenes estudiantes y trabajadores tapatíos, cuyo único delito fue caminar por las calles de Guadalajara. Ahí comenzó un infierno de tortura y vejaciones para decenas de ciudadanos y ciudadanas de este país que al día de hoy, ha sido documentado por el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos por Human Reach Wacht, por la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, por Amnistía Internacional, el Parlamento Europeo y el Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. A esas resoluciones se sumó el pasado 16 de agosto el informe especial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que tras numerosas diligencias se concluye que de entre las 118 detenciones de personas la noche del 28 de mayo -y lo cito- se incurrió en 73 retenciones ilegales, 55 casos de tratos crueles y degradantes y 73 incomunicaciones y 19 casos de tortura. En su informe la CNDH recomienda al Gobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña y al alcalde de Guadalajara, Emilio González, se inicien procedimientos administrativos en contra de los funcionarios públicos responsables y dar vista al Ministerio Público para que se inicien las averiguaciones previas respectivas. Todo esto, en el marco de la violación a manos del Gobierno de Jalisco, de casi diez ordenamientos y tratados nacionales e internacionales contra la tortura. Tras condecorar a los presuntos policías torturadores, todas estas recomendaciones fueron rechazadas por ambos funcionarios, quienes fueron secundados por el arzobispo de Guadalajara. Hoy, de las 44 personas que fueron recluidas en el penal de "Puente Grande" aquél día, acusadas de delitos que no cometieron, 15 permanecen presos, inculpados por declaraciones firmadas bajo tortura y acusados por testigos falsos. Las de ellas y ellos son vidas truncadas por un gobierno irresponsable que desprecia el estado de derecho. Por todo lo anterior y con fundamento en los artículos respectivos, someto a consideración del Pleno el siguiente punto de acuerdo para que sea turnado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. UNICO.- Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos integre una subcomisión o grupo de trabajo con el objeto de investigar los sucesos ocurridos el pasado 28 de mayo en Guadalajara, durante la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea y América Latina, y que esta subcomisión o grupo de trabajo presente al Pleno el informe correspondiente a la brevedad posible. Es cuanto señor Presidente.