La diputada María de Fátima García León: Compañeras y compañeros diputados, garantizar el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos es obligación del Estado, y en eso todas y todos estamos de acuerdo, lo que nos separa es el cómo debemos hacerlo. Mientras en el dictamen se propone prohibir la producción y criminalizar el uso de vapeadores, los integrantes de la bancada naranja estamos a favor de una regulación integral, responsable y en apego a las normas sanitarias. Estamos a favor de un marco normativo que regule la producción, comercialización y consumo de los mismos. Prohibir es criminalizar, es privilegiar la sanción sobre la salud de las personas, es propiciar economías ilegales e incrementar la violencia relacionada con ellas. Criminalizar el consumo lleva a la saturación de cárceles y a la estigmatización de los usuarios. En 2020 se aprobó un decreto que prohibía el uso de los vapeadores y los cigarros electrónicos, el cual fue declarada inconstitucional por violar la libertad del comercio y libre desarrollo de la personalidad de las mexicanas y los mexicanos. El día de hoy estamos nuevamente discutiendo las políticas prohibicionistas que han resultado ineficientes. Prohibir los vapeadores y cigarrillos electrónicos solamente fortalecerá el comercio ilícito, el mercado negro, la evasión fiscal, riesgos sanitarios y acabará fortaleciendo el crimen organizado. Tomar la decisión de prohibir dichos productos acabará con la posibilidad de regular como se hace... como se hace con el alcohol, el tabaco, en donde hemos logrado una supervisión más rigurosa y una mejor protección de los menores de edad, alejándolos de las adicciones y del deterioro de su salud. Las prohibiciones no acabarán con la demanda comercial de los miles de consumidores, únicamente afectarán a todas aquellas personas que usan los vapeadores y cigarrillos electrónicos como una alternativa para dejar de consumir tabaco y otras sustancias, pues son considerados menos dañinos para la salud. No se niega la necesidad de establecer medidas de salud pública, pero la prohibición no es la vía para hacerlo. Lo que hoy se debe hacer es regular la producción, comercialización y consumo de los vapeadores y los cigarros electrónicos, lo cual ayudará a generar un mercado controlado por el Estado, permitirá tratar el uso de los vapeadores como un problema de salud, promoviendo la educación, la prevención y el acceso a la rehabilitación. Las experiencias exitosas a nivel internacional sobre el uso de los vapeadores están asociadas con la implementación de medidas que regulan su producción, su publicidad y el pago de impuestos. Estas medidas han sido reforzadas con campañas de educación y concientización, tanto en el ámbito formal como en el informal. El uso del fentanilo debe ser analizado con minuciosidad y responsabilidad, pues para uso médico y para aliviar el dolor extremo y anestesias es muy necesario. Apoyados en estas experiencias, si realmente queremos reducir el uso de vapeadores, debemos impulsar programas y políticas públicas de prevención que expliquen los riesgos del vapeo, integrar programas educativos que alerten a los estudiantes sobre el riesgo de su uso desde la infancia, instrumentar campañas médicas que desalienten su uso y controlar el comercio ilegal. Asimismo, es necesario crear programas para ayudar a los usuarios a dejar de usar vapeadores, como terapias alternativas de reemplazo de nicotina o asesoramiento. Compañeras y compañeros diputados, seamos coherentes al momento de legislar, no criminalicemos a la ciudadanía y protejamos la salud pública. Votemos por la regulación no por la prohibición. Es cuanto.