La diputada María Guadalupe García Almanza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el tema de la desigualdad que sufren las mujeres en el mundo, y particularmente en México, no es de ninguna manera un asunto menor. Según datos del INEGI, en el país 67 de cada 100 mujeres de 15 años y más han padecido algún incidente de violencia, ya sea en su relación de pareja o en el espacio comunitario, laboral, familiar o escolar. El 18 por ciento de las mujeres mexicanas mayores de 15 años ha sufrido discriminación en alguna dependencia pública, y 18 por ciento ha sido víctima de acoso laboral. En la escuela los porcentajes son 9 por ciento y 8 por ciento, respectivamente, mientras que en el hogar los porcentajes son 7 por ciento y 10, respectivamente. La repetición de prácticas discriminatorias en contra de las mujeres se ha mantenido durante muchos años por prejuicios o visiones limitadas respecto a su papel, en una sociedad donde el estereotipo dominante fue el de adjudicarle un rol de sumisión y de dependencia en la organización social, lo cual forma parte de una vieja cultura que se niega a desaparecer. No obstante, contar con cuerpos normativos de reciente creación que apuntan a inhibir y sancionar la violencia, el maltrato, la marginación y especialmente la impunidad en contra de las mujeres, el problema persiste en nuestro país. Uno de los indicadores más preocupantes de los niveles de violencia que aquejan a las mujeres lo constituye el alto número de feminicidios ocurridos en prácticamente todo el territorio nacional. De acuerdo con el documento denominado Feminicidio en México, elaborado por la ONU Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Comisión Especial para el Seguimiento de las Mujeres de esta soberanía, en México existe un promedio nacional de 3.40 por ciento de defunciones femeninas, causadas presuntamente por homicidio, ubicándose en el año 2009 en un número total de mil 858 casos. Sin un ánimo de politizar el tema, cuya naturaleza es muy delicada, encontramos que en seis entidades la incidencia es muy alta, representando elevadas tasas de homicidios por cada 100 mil mujeres, como Chihuahua con 212, Baja California y Guerrero con 149, Sinaloa con 75, Sonora con 62 y Durango con 53. En el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que no es conveniente iniciar un debate con tintes políticos, intercambiando acusaciones en torno a qué entidades ocurren más feminicidios a partir de la fuerza política que la gobierna. Lo verdaderamente importante es alertar a la sociedad para erradicar esa brutal violencia que hay en contra de las mujeres y que realmente se apliquen sanciones más severas a los responsables, pues en el escenario de inequidad al que hemos hecho referencia, los derechos de las mujeres han quedado en segundo término. Conviene precisar que además de las estadísticas señaladas en materia de feminicidios, existe presumiblemente un gran número de casos de los que no se encuentra registro. Este sólo hecho genera una profunda preocupación acerca de la falta de procesos indagatorios y averiguaciones previas, eficaces que culminen con la ubicación y sanción de los responsables. Desafortunadamente como lo hemos señalado en varias ocasiones, la cultura misógina que prevalece en el país forma un semillero donde se desarrollan estas prácticas condenables. Un régimen que aspira ser democrático debe tener como uno de sus rasgos característicos la igualdad de género, posibilitando sin cortapisas el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, con un derecho humano fundamental, desterrando las diversas formas de violencia que padecen. La inequidad prevaleciente a la que hemos hecho referencia no tiene ninguna razón de existir al inicio del nuevo milenio, por lo que debemos conjugar esfuerzos en los tres niveles de gobierno y hacer posible la concurrencia para erradicar la violencia de género. La visión que impulsa al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para construir una nueva nación, tiene como eje central una propuesta social democrática incluyente, donde coexistan tanto la libertad de las mujeres, el pleno respeto a sus derechos y decisiones que permita edificar una sociedad más igualitaria y más justa. Movimiento Ciudadano considera que es imprescindible plantear en forma educativa en todos los niveles e impulsar políticas públicas, a fin de concretar la igualdad de géneros y garantizar un mismo trato y ofrecer las mismas oportunidades entre mujeres y hombres, actuando de manera congruente entre las propuestas y los hechos. Es cuanto, diputado presidente.