carevies/intervenciones_parlamentarias_mx huggingface dataset:
La diputada Beatriz Silvia Robles Gutiérrez: ...pensionada o pensionado terminopor invalidez, conforme a los principios de igualdad y no discriminación con razón de género, de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de la Cámara de Diputados de este honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 64, 65, 84, 127, 130 y 144 de la Ley del Seguro Social. Es todo. Por su atención, gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Seguridad Social, para dictamen. Ha concluido el apartado de iniciativas. Ahora vamos a proceder al apartado de puntos de acuerdo de urgente u obvia resolución.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Manuel López Castillo, del Grupo Parlamentario de Morena para presentar proposición con punto de acuerdo para atender la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida y Actualización como referente para determinar sus pagos.
El diputado Manuel López Castillo: Pido, suplico su apoyo, a esta soberanía, para este punto de acuerdo. Creo que los jubilados de México merecemos una vida digna. Con su venia, señor presidente.
El diputado Manuel López Castillo: ...la situación de todos los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados debido a la utilización de la Unidad de Medida de Actualización como referente para determinar sus pagos. La Cámara de Diputados exhorta de manera respetuosa a todas las instituciones públicas de seguridad social, tanto federales, como de las entidades federativas, a realizar concluyo, señor presidente.
El diputado Manuel López Castillo: A realizar adecuaciones reglamentarias para establecer el pago de pensiones por veces salarios mínimos y no por unidad de medida de actualización en todos los sectores laborales de jubilados...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Su tiempo ha concluido, diputado.
El diputado Manuel López Castillo: ...y pensionados, siempre y cuando esa adecuación resulte favorable a los derechos de los trabajadores. Ya basta de que los jubilados que dieron su vida...
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Diputado, su tiempo se ha concluido.
El diputado Manuel López Castillo: ...lo mejor de su vida por este país, sean tratados como botes pateados. Gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Informo a la asamblea que se ha presentado a esta Presidencia propuesta de modificación al punto de acuerdo en términos del artículo 113, numeral 1, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: Primero Se queda igual. Segundo. Igual. Tercero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos exhorta de manera respetuosa a todas las instituciones públicas de seguridad social tanto federales como de las entidades federativas, a realizar las adecuaciones reglamentarias para establecer el pago de pensiones por veces salario mínimo y no por unidad de medida y actualización en todos los sectores laborales de jubilados y pensionados, siempre y cuando dicha adecuación resulte favorable a los derechos de los derechohabientes. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Para los efectos del artículo 100, numeral 2 del Reglamento de la Cámara de Diputados, consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta.
La secretaria diputada Lizbeth Sánchez García: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se considera de urgente resolución.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Antes de desahogar la discusión de este asunto, esta Presidencia informa que se acaba de recibir comunicación de la Junta de Coordinación Política. Pido a la Secretaría dar lectura.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la honorable Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en el artículo 64, numeral 1 del Reglamento de la Cámara de Diputados, los suscritos coordinadores de los grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política, le solicitamos atentamente que consulte al pleno sobre la modificación del orden del día de la sesión del día de hoy en el rubro de dictámenes para declaratoria de publicidad del siguiente asunto: De la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Sin otro particular reciba un cordial saludo respetuoso. Firmado por cada uno de los coordinadores, del diputado Mario Martín Delgado Carrillo, de Morena, firmado; diputado Juan Carlos Romero Hicks, del Partido Acción Nacional, firmado; diputado René Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, firmado; diputado Fernando Luis Mancilla Prieto, del Partido Encuentra Social, firmado; diputado Reginaldo Sandoval Flores, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, firmado; del diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, firmado; diputado José Ricardo Gallardo Cardona, del Grupo Parlamentario del PRD, firmado; diputado Arturo Escobar Vega, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, firmado. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con el artículo 65, numeral 2, del Reglamento, consulte la Secretaria a la asamblea en votación económica si es de modificarse el orden del día.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: En votación económica se consulta a la asamblea si es de modificarse el orden del día. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Se autoriza.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: En consecuencia, continúe la Secretaría con la declaratoria de publicidad del dictamen.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Se informa a la asamblea que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria y disponible en el monitor de sus curules el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Es cuanto, presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: De conformidad con lo que establece el artículo 87 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumple con la declaratoria de publicidad. Vamos ahora a proceder a la discusión del punto de acuerdo aprobado de urgente y obvia resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña.
La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: Con su permiso, señor presidente.
La diputada Ana Patricia Peralta de la Peña: Las pensiones y jubilaciones son un derecho que han adquirido los trabajadores por la prestación de sus servicios en alguna institución pública o privada. El pago que por estos conceptos reciben los trabajadores en retiro es determinado de conformidad a lo establecido en las leyes en materia laboral, así como en la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE, según corresponda. Esta remuneración debe garantizar al trabajador condiciones mínimas de bienestar como cubrir sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, vestido y vivienda. Por ello, su pago debe ser asegurado por el estado de acuerdo a las modalidades establecidas. Las pensiones y jubilaciones son parte de los derechos sociales que se establecen en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, y que a su vez son reconocidos dentro de los acuerdos y tratados internacionales suscritos por nuestro país, por lo cual se debe asegurar su respeto, así como evitar la utilización de criterios que vayan en contra de sus fines, afectando los derechos de los trabajadores y de los recursos que reciben su condición de retiro. En este sentido, la proposición con punto de acuerdo que somete a nuestra consideración pone en evidencia la afectación que está ocurriendo de forma particular en el caso de los pagos que reciben miles de trabajadores jubilados y pensionados del magisterio, desde que se utiliza para el cálculo de los mismos, la Unidad de Medida y Actualización, toda vez que al equivaler a un monto menor al valor del salario mínimo vigente en nuestro país, repercute de forma negativa en los ingresos que mensualmente reciben los trabajadores para su manutención y la de sus familias. Derivado de lo anterior, es pertinente que se lleven a cabo las acciones necesarias para revertir las condiciones que afectan los derechos de los trabajadores jubilados y pensionados del magisterio. En este sentido, como legisladora estoy convencida de que deben atenderse puntualmente las situaciones que puedan afectar de forma directa los derechos de las personas y el bienestar de sus familias, por lo que votaremos a favor del presente de este punto de acuerdo. Es cuanto.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por tres minutos, la diputada Mónica Bautista Rodríguez, del Grupo Parlamentario del PRD.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Ariel Rodríguez Vázquez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Con la venia de la Presidencia.
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Por lo anterior, votaremos a favor de que las autoridades correspondientes atiendan la situación de todos los maestros jubilados o pensionados afectados debido a la utilización de la UMA como referente para determinar sus pagos, realizando las adecuaciones reglamentarias conducentes para establecer el pago de pensiones de todos los maestros jubilados...
El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: ...conforme a veces salarios mínimos. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias. Tiene la palabra la diputada Mary Carmen Bernal Martínez, del Grupo Parlamentario del PT.
La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Muy buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. Pueblo de México, diputadas y diputados, comentar que este punto de acuerdo es una de las demandas más importantes para la clase trabajadora en nuestro país, sobre todo, para todos aquellos trabajadores que reciben una pensión. Hay una gran preocupación sobre el tema del salario mínimo y la UMA. Comentarles que el día de hoy también el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo ha presentado una iniciativa para dar claridad respecto a este tema. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votaremos a favor del presente punto de acuerdo presentado por el diputado Manuel López Castillo. Como ya lo indicó el proponente, los pensionados y jubilados del IMSS como del ISSSTE pueden llegar a recibir una pensión menor. Ello al calcularse conforme a la Unidad de Medida y no conforme a los salarios mínimos. Se podría estar realizando una mala interpretación de la UMA, la cual se creó como referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones. Y subrayo, obligaciones, la pensión es un derecho ganado del trabajador, como lo son multas, sanciones, etcétera, así como los supuestos previstos en las leyes federales de las entidades federativas y de la Ciudad de México. De no atender este llamado, de manera injusta los pensionados estarían teniendo una reducción a su pensión del 10 y hasta del 15 por ciento. No se debe olvidar que el espíritu de la reforma constitucional, mediante la cual se desindexó el salario mínimo, lo fue para recuperar su verdadera naturaleza y valor, por ello se creó la UMA o Unidad de Medida como una medida, cuenta, índice, base o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones, más no para aplicarse en detrimento de los pensionados y jubilados tanto del IMSS como del ISSSTE o de otras dependencias. No se puede seguir minando el sistema solidario de pensiones, el cual ha recibido los embates de las anteriores administraciones federales de tipo neoliberal. Por ello, el día de hoy los invito a que votemos a favor de este punto de acuerdo como un acto de justicia para todos aquellos pensionados y jubilados. Los abusos cometidos contra la clase trabajadora o pensionada deben terminar y en este nuevo gobierno se trabajará para ello. Por último, solicito a esta Presidencia que la presente intervención sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Bernal Martínez. Insértese íntegra la intervención de la diputada Bernal Martínez en el Diario de los Debates. Enviamos un cordial saludo a los alumnos y alumnas de la licenciatura en derecho del Centro Universitario de América Ixtapaluca, invitados por el diputado Evaristo Lenin Pérez Rivera. Bienvenidos. Tiene la palabra el diputado Manuel Baldenebro Arredondo, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.
El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, un derecho generado no debe ser arrebatado. En 2016 este Congreso aprobó reformas a nuestra Carta Magna respecto a la desindexación del salario mínimo, es decir, que el salario mínimo dejó de funcionar como unidad de medida para el cobro de multas, derechos, sanciones, entre otras, estableciéndose la figura de la Unidad de Medida y Actualización, conocida como UMA. Hoy en día la UMA está estimada en 80 pesos con 60 centavos, mientras que el salario mínimo está calculado en 88 pesos con 36 centavos, habiendo una diferencia de 7.76 pesos entre una y otra. Lo anterior cobra relevancia, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ordenó a los institutos de seguridad y servicios sociales de los trabajadores de nuestro país que las pensiones de los jubilados y pensionados se basaran conforme al valor de la UMA y no al salario mínimo, lo que genera una afección patrimonial a las personas jubiladas y pensionadas recibiendo una pensión de entre el 10 y 15 por ciento menos. Por ello, diversas secciones de distintas entidades federativas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se han pronunciado una vez más en favor de los trabajadores de nuestro país en contra de esta medida, pues como se puede observar dicha política genera un perjuicio en los bolsillos de todos los jubilados y pensionados. Si bien con la desindexación del salario mínimo se ha beneficiado a la ciudadanía en general, pues se ha permitido incrementar el salario mínimo a tasas mayores. Debemos tener cuidado en la aplicación de la UMA, de tal manera que no perjudique a los ingresos de los mexicanos, y desde esta tribuna mando un fuerte aplauso y reconocimiento a los maestros en la lucha constante de nuestro país. En Encuentro Social estamos a favor de que los pagos de los pensionados sean justos y correspondan a sus aportes en su vida laboral. De igual forma, manifestamos nuestra solidaridad a los millones de personas jubiladas y pensionados en nuestro país. No permitamos que las UMA se conviertan en un puma devorador de la ya raquítica pensión de nuestros jubilados y pensionados. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Baldenebro. Tiene la palabra, la diputada Martha Hortencia Garay Cadena, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El asunto que hoy discutimos reviste singular relevancia para un sector importante de la sociedad mexicana como son nuestros maestros jubilados y pensionados. La seguridad social es un derecho universal y medio más significativo para que las personas puedan acceder a la salud, además de ser facilitador de otros derechos formalmente reconocidos, como la vivienda, las pensiones y jubilaciones, entre otros. Nuestra Ley Fundamental establece en su artículo 123, fracción XI, la obligación del Estado de brindar bases mínimas de seguridad social a los trabajadores. Ello es congruente con el marco del derecho internacional que reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social. La jubilación y las pensiones de retiro deben garantizar un nivel de vida decoroso con el fin de proveerle de recursos al trabajador al alcanzar la vejez. Estas prestaciones tienen su fundamento en el sueldo o salario pagado al trabajador, por lo tanto, forman parte de su salario integrado, por ello el salario mínimo debe seguir indexado a esos conceptos. Al utilizar a la unidad de medida y actualización en lugar del salario mínimo para calcular el pago de las pensiones se están registrando disminuciones, ya que la diferencia entre una y otra es de más de 7 pesos. De esta manera los jubilados ven disminuidas sus percepciones, por lo que concluyen que la UMA sí genera una afectación al pago de sus pensiones de los maestros jubilados en perjuicio de su economía y la de sus familias. Compañeros diputadas y diputados, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de exhortar a todas las instituciones públicas de seguridad social tanto del ámbito federal como local, a efecto que el pago de pensiones se realice tomando como base de cálculo el salario mínimo. Esto, con la finalidad que atienda la situación de todos los jubilados o pensionados que se han visto afectados, así como para que se realicen las adecuaciones reglamentarias para establecer el pago de pensiones. Coincidimos con esta proposición con punto de acuerdo en la medida que contribuya a salvaguardar los derechos de los maestros jubilados, proteger su economía, así como garantizarles una forma digna de vivir al igual que a sus familias. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Garay Cadena. Tiene la palabra el diputado Ricardo García Escalante, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Ricardo García Escalante: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados. En Acción Nacional queremos aprovechar la discusión de este punto de acuerdo para manifestar nuestra preocupación por la situación de seguridad social en nuestro país. En México la transición demográfica nos ha alcanzado. Cada vez habrá más adultos mayores y por lo tanto cada vez habrá más pensionados. Por ello es importante asegurar mecanismos que garanticen a las personas una vida digna al terminar su vida laboral. Esto significa nuevos retos como sociedad y los que integramos esta Cámara debemos de estar preparados para enfrentarlos. Si bien aquí se está abordando un asunto muy específico que tiene que ver con el cálculo de las pensiones a docentes jubilados a través de las UMA, nosotros consideramos que se tiene que ver el asunto de las pensiones de manera integral. El planteamiento que nos hace nuestro compañero diputado, me parece de gran relevancia, pues se pretende proteger los intereses económicos de los maestros jubilados o pensionados que se han visto afectados por la utilización de la unidad de medida y actualización como referente para determinar sus pagos. La legislación vigente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, enmarca la obligatoriedad de otorgar la pensión garantizada y seguro de invalidez y vida, así como el mecanismo para determinar el monto y la forma en que deberá de ser actualizado. Pero en la misma ley se estipula la aplicación de tres criterios distintos para tres segmentos de jubilados anteriores a la reforma del 2007. El primer sector corresponde a jubilados del 19 de febrero del 87 al 3 de enero del 93. El segundo se refiere a los que se retiraron entre el 4 de enero del 93 y el 30 de mayo del 2001. Y el último sector, los jubilados del primero de junio del 2001 al 31 de marzo del 2007. Esta variedad de disposiciones ha derivado en un trato diferenciado e inequitativo en el otorgamiento de las pensiones de los derechohabientes del ISSSTE. Esta es una disparidad que debemos atender pues representa un decremento en el nivel de vida de los pensionados y jubilados. En una época en la que los maestros han sido sometidos a evaluaciones periódicas para mantenerse vigentes, sin duda que velar desde aquí por su economía, es importante. El exhorto que hoy se hace será aún más importante porque servirá como una muestra de respeto, gratitud y reconocimiento a quienes han entregado su vida forjando generaciones de mexicanos de bien. Aunque cambien la tecnología, los medios y los métodos, la sustancia educativa sigue siendo enseñar a pensar y a reflexionar lo que se piensa para convertirlo en algo trascendente, y quien está a cargo de ello son los maestros. En Acción Nacional estamos convencidos de que la seguridad social es uno de los principales activos de la sociedad. Por esos motivos es que estamos a favor de que se revise lo que señala este punto de acuerdo. En Acción Nacional estamos a favor de nuestros jubilados y pensionados. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado García Escalante. Tiene la palabra el diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena.
El diputado Edelmiro Santiago Santos Díaz: Con su venia, presidenta. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes a todos los maestros de México, buenas tardes a todos los jubilados y pensionados. Las pensiones son una parte esencial de cualquier esquema de la seguridad social, la conquista de este derecho es uno de los logros más destacados del Movimiento Obrero Mundial. El sistema de pensiones debe garantizar que las y los trabajadores tengan, al momento de su retiro, recursos que les permitan alcanzar un nivel de bienestar. Actualmente, la mayoría de los jubilados y pensionados en nuestro país se encuentran protegidos por el sistema de beneficio definido por las leyes anteriores de IMSS y del ISSSTE. El problema que este punto de acuerdo trata de resolver, es una interpretación que hacen estas instituciones en cuanto a la base utilizada para determinar el monto de pensiones. El vínculo jurídico existente entre el salario mínimo y pensiones se establece claramente en diversas disposiciones, como por ejemplo, en el artículo 28 de la Ley del Seguro Social establece que los asegurados se inscriban con el salario base de cotización que perciben en el momento de su afiliación, o la Ley del ISSSTE, en su artículo establece que las cuotas y aportaciones establecidas en esta ley se efectuarán sobre el sueldo básico, estableciéndose como límite inferior un salario mínimo, y como límite superior el equivalente a 10 veces dicho salario mínimo. El 27 de enero de 2016, entró en vigor la reforma constitucional en materia de deslindación de salario mínimo, para eliminar la referencia de este concepto como medida de multas, obligaciones, deudas y sanciones de diferente índole, que pasaron la referencia de acuerdo a la Unidad de Medida de Actualización. En esta reforma se enfatiza en que el salario mínimo no debe ser usado como índice, medida o base para fines ajenos a su naturaleza. Obviamente, las pensiones y jubilaciones no pueden ser consideradas en esta categoría, ya que son una continuación del salario una vez que el trabajador llega a su jubilación o a su pensión. A pesar de lo anterior, el IMSS y el ISSSTE han aplicado el UMA como base para cotizar las pensiones y las jubilaciones, en este caso, del sector magisterial, mediante medida que afecta a los trabajadores y pensionados, los perjudica en su bienestar al disminuir su poder adquisitivo. La diferencia actual entre el salario mínimo y la UMA, es de aproximadamente ocho pesos, con el paso de los años esta diferencia será mayor, con lo que se generará mayor retroceso a nuestros pensionados. Es por eso que Morena votará a favor de este punto de acuerdo, en respeto a los derechos humanos laborales de nuestros maestros pensionados y jubilados de todo el país. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Santos Díaz. Consulte la Secretaría, en votación económica, si este asunto se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el acuerdo.
La secretaria diputada Lizeth Sánchez García: En votación económica, se pregunta si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra el diputado Armando Tejeda Cid hasta por cinco minutos, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a aplicar los controles de confianza respectivos, suscrito por diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
El diputado Armando Tejeda Cid: Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional acude a esta tribuna para presentar un punto de acuerdo sobre uno de los temas más importantes de este país; la seguridad pública. Tengo que reconocer la voluntad de nuestro presidente para construir acuerdos con los gobernadores de no politizar el tema de seguridad pública, al no imponer a los superdelegados como secretarios técnicos de consejos estatales de Seguridad. Ojalá que en esta Cámara también se tenga la voluntad de construir tomando en cuenta las diferentes visiones de todos los partidos. El presidente de la República desde antes de asumir de manera formal la titularidad del Ejecutivo, hizo el nombramiento de quienes lo acompañan en distintas áreas de gobierno. Una de ellas y por demás susceptible para la coyuntura de este país es la de seguridad pública. Durante los últimos años, los Poderes de la Unión han puesto su esfuerzo a diferentes niveles y escalas para dotar de confianza y credibilidad las instituciones encargadas de esta tarea fundamental del Estado. Los índices de confianza en las autoridades son muy bajos, principalmente en la Policía de Tránsito, en la Policía Municipal, en la Policía Ministerial. Es claro y es sabido de todos que las corporaciones de seguridad de este país se han visto rebasadas por la acción del crimen organizado y también cooptadas por los grupos delincuenciales que asechan la paz social. Es por ello que los esfuerzos para contar con autoridades en instituciones de seguridad pública más profesionales, que generen mayor confianza entre la ciudadanía, se ha dado de materia de política pública y de legislación. En tal virtud y congruencia con estos esfuerzos, el día de hoy los legisladores del PAN presentamos este punto de acuerdo para solicitar al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que tanto él en su calidad de titular de dicha dependencia, como si equipo de trabajo, dé a conocer a la opinión pública los resultados de los exámenes de control y confianza, como lo dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad. Esta ley señala en su artículo 13 que el personal de confianza de las unidades administrativas del sistema, el Secretariado Ejecutivo, los centros nacionales, incluso los titulares de las dependencias que presten asesoría en materia operativa, técnica y jurídica, a los integrantes del Consejo Nacional se les considere como personal de seguridad pública, que será libre de designación y remoción, se sujeten a las evaluaciones de certificación y control de confianza. De ahí exhorto para que los funcionarios de la nueva administración cumplan con lo establecido en la ley, se sometan a las evaluaciones de certificación y control de confianza. Con ello se estará dando un mensaje de mayor certeza a una sociedad ávida de sus autoridades públicas y policiacas, se desempeñen bajo los más altos estándares de probidad y honradez. Como lo dijo aquí el presidente de la República: Al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Tejada Cid. Informo a la asamblea que se ha presentado ante esta Presidencia propuesta de modificación al punto de acuerdo, en términos del artículo 113, numeral 1, fracción IV, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Proceda la Secretaría a dar cuenta de ella.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Propuesta de modificación al punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a que dé a conocer a la opinión pública, en un plazo razonable, los resultados de los exámenes de control de confianza tal y como lo dispone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es cuanto, presidenta.
La secretaria diputada Lilia Villafuerte Zavala: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución con la modificación propuesta. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Señora presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra, hasta por tres minutos. Tiene la palabra la diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México.
La diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz: Con su venia, señora presidenta. Hoy más que nunca, en un periodo de transición democrática que culminó y se consolidó el día primero del presente mes con la toma de protesta en este recinto por parte del licenciado André Manuel López Obrador, como presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, resulta fundamental dar certeza y confianza a millones de electores que decidieron el rumbo que tomaría el país. Sin duda, es importante que México se conduzca bajo un principio de gobernanza en el que todos debemos someternos a la ley, que se haga cumplir por igual y que se aplique con transparencia. Se debe poner el ejemplo, iniciando por el presidente de la República y todos aquellos que encabezan las dependencias de la administración pública federal. El presidente electo designó al licenciado Alfonso Durazo para desempeñar las funciones como titular de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y tanto él como sus colaboradores, entre los que se encuentra el subsecretario de Planeación y el director general del Centro Nacional de Inteligencia, es importante que se sometan a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, particularmente el de incumplimiento al artículo 13. En dicho artículo se establece que todo el personal se sujetará a evaluaciones de certificación y control de confianza y que los resultados se manejen con transparencia y estricto respeto a la obligación enmarcada en la ley. En el Partido Verde nos sumamos a este punto de acuerdo, con el que seguramente también coincidirá el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, el licenciado Alfonso Durazo. Los controles de confianza dan certeza y legitiman a los servidores públicos. Estamos ciertos que pronto tendremos la información en relación al resultado de los exámenes de confianza a los que todos los colaboradores, por ley, tienen que someterse. Es cuanto.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Gómez Ordaz. Tiene la palabra la diputada Claudia Reyes Montiel, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.
La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores, el pasado primero de diciembre Alfonso Durazo Montaño fue nombrado titular de la recién creada Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En esa misma fecha el doctor Durazo tomó protesta a las personas que lo acompañarán en su encomienda. Al momento de su nombramiento, de los servidores públicos que integrarán dicha Secretaría, su titular no dio cuenta de que haya cumplido con el artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que establece claramente que los titulares de las unidades administrativas del sistema, del secretariado ejecutivo, así como de los centros nacionales se sujetarán a evaluaciones de certificación y control de confianza. Lo anterior adquiere relevancia por dos razones fundamentales: la primera, porque la labor que desempeñarán estos funcionarios es de suma importancia para el país, dado el actual estado de precariedad que presenta en materia de seguridad, situación que nos ha conducido a una grave crisis humanitaria. De ahí la necesidad de contar con funcionarios íntegros y capaces en sus funciones, que demuestren de manera clara y sin dar pie a ninguna duda, que estén a la altura, en todo sentido, de las actividades que van a realizar. Así también, que manifiesten si existen conflictos de intereses en el desempeño de sus labores y si cuentan con la preparación profesional que requiere el puesto para el que fueron designados. La segunda razón es porque el actual presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, la última vez en esta tribuna durante su toma de posesión, que el principal objetivo de su gobierno es acabar con la corrupción y la impunidad. Pues bien, una de las formas de acabar con la corrupción, quizá la más simple de todas, es acatar lo que la ley dicta. El exhorto que hoy discutimos, compañeros diputados, no busca más que eso, que se respete lo que la norma dispone. No porque sea un capricho, sino porque estamos en un Estado de derecho, lo que significa que vivimos en un régimen donde impera la ley democráticamente establecida por una autoridad y la cual debe aplicarse por igual a todos sin distinción. Es por eso que, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, nos unimos a este exhorto para que a la brevedad los nuevos funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana cumplan con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y demás disposiciones jurídicas que les apliquen en la materia. Para concluir mi intervención, compañeros, me gustaría citar una frase que considero resume de manera excelente el tema que estamos tratando: No se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. Benito Juárez. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Reyes Montiel. Tiene la palabra la diputada Julieta Macías Rábago del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano.
La diputada Julieta Macías Rábago: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros, los controles de confianza dan legitimidad y credibilidad frente a la sociedad para acreditar los procesos de selección de aspirantes o quienes sustenten un cargo en materia de seguridad pública, indispensable para contrarrestar la mala percepción que actualmente existe en las sociedades hacia las instituciones. La atribución que confieren las leyes y reglamentos en seguridad pública es la de acreditar fehacientemente que el personal esté capacitado para el puesto encomendado y que su perfil y experiencia corresponda con los principios de legalidad, eficiencia, honradez, objetividad, profesionalismo y respeto a los derechos humanos. Todo lo anterior que establece nuestra Constitución en el artículo 21. La obligación de someterse a estas evaluaciones tiene como objetivo acreditar que los responsables de la seguridad en los tres órdenes de gobierno no tengan vínculos de colusión con grupos criminales, lo cual, además de ser un reclamo de la sociedad, es requisito de ley y necesidad para contar con instituciones confiables y, sobre todo, profesionales. Además del artículo 13 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública referido en el presente punto de acuerdo, es importante señalar que los nuevos nombramientos de colaboradores de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana deben asumirse como provisionales en tanto no se sometan a los exámenes de evaluación y de control de confianza, pues su permanencia está sujeta a la aprobación de los mismos. Por tal razón se debe de dar cumplimiento cabal a lo que establece el artículo 108, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el sentido de aplicar las evaluaciones a que se refiere esta ley. Aprovechamos esta tribuna para exhortar al nuevo titular de la secretaría, Alfonso Durazo Montaño, para que él y su equipo realicen con toda legalidad y legitimidad las evaluaciones correspondientes, evitando simulaciones, con la finalidad de poner el ejemplo a las instituciones de seguridad y fortalecer a nuestro sistema de seguridad pública. Por tal razón, Movimiento Ciudadano apoya el presente punto de acuerdo para que se respete el marco normativo y las atribuciones otorgadas a los centros de control y confianza debiendo asumirse como una condición necesaria para el inicio de recobrar la confianza de los ciudadanos en las nuevas autoridades de seguridad. Gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Macías Rábago. Tiene la palabra, el diputado Santiago González Soto, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo.
El diputado Santiago González Soto: Con la venia de la Presidencia. Los policías están para cuidarnos, no para robarnos. Compañeras y compañeros diputados, la evaluación de control de confianza tiene como objetivo acreditar que el servidor público acredite el ingreso o la permanencia en la Procuraduría General de la República. Esta evaluación consta de cinco exámenes, los cuales dan constancia de un óptimo desempeño y competencias profesionales adecuadas. Necesitamos que nuestros activos actúen dentro del marco de conducta y ética institucional. En la actualidad uno de cada 10 policías estatales y municipales sigue en activo a pesar de haber reprobado estos exámenes de control de confianza. Algo tienen que hacer los alcaldes y algo tienen que hacer los señores gobernadores. La cuarta parte de todos los agentes necesitan actualizar sus certificados. Acorde a datos del proceso de evaluación del control de confianza del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportaba que casi 30 mil de los 300 mil policías en activo debería ser dado de baja por reprobar el proceso de evaluación. Por otro lado, 28 mil 968 elementos, más del nueve por ciento de todos los policías, quienes ya fueron evaluados, fueron los que reprobaron el control de confianza. Es un hecho innegable que si procuramos la seguridad de la población estos elementos no pueden seguir perteneciendo por ley al cuerpo policiaco. La transparencia en cuanto a procedimiento será en esta cuarta transformación uno de los pilares fundamentales en el combate a la corrupción y a la recuperación de confianza de las y los ciudadanos, y vale la pena aprovechar este exhorto para reiterar nuestro compromiso, como legisladores, como grupo parlamentario y como partido político del Partido del Trabajo con el combate a la corrupción fundamentalmente, pero también con la seguridad del pueblo mexicano y con el bienestar del país, ambos temas transversales a este punto de acuerdo. Desde el Partido del Trabajo nos sumamos y exhortamos a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como al resto de las secretarías, órganos y dependencias del nuevo gobierno a transparentar todo aquello a lo que los ciudadanos tienen derecho a conocer y a comprometerse con el cambio que significará la cuarta transformación en la forma de ejercer los cargos públicos, teniendo siempre como interés principal el bienestar de la población y no el propio. En este sexenio vamos a cambiar la percepción que los ciudadanos tienen de los policías. Basta de que sigan pensando que le tenemos más miedo a los policías que a los propios delincuentes. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado González Soto. Tiene la palabra la diputada Norma Adela Guel Saldívar, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Contar con policías e instancias de seguridad pública confiables y profesionales no sólo continúa siendo una de las principales demandas de los mexicanos, también es una de las promesas de campaña más importantes del gobierno entrante. La nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana tendrá a su cargo dicha tarea. El trabajo que tiene frente a sí es enorme, ya que además de recobrar la confianza de la ciudadanía, deberá trabajar para demostrar que el regreso a las estructuras de hace 12 años en materia de seguridad, ha sido la mejor elección. Sin embargo el licenciado Alfonso Durazo, titular de dicha secretaría, parece haber olvidado o no ha querido cumplir con un requisito fundamental, la aplicación de controles de confianza necesarios para la elección de quienes serán sus colaboradores, siendo este encargado de la seguridad y protección de los ciudadanos, la secretaría en mención no debe pasar por alto una obligación que, incluso, se encuentra prevista en el artículo décimo tercero de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las evaluaciones de certificación y control de confianza son esenciales para garantizar que quienes ocupen los puestos de mayor importancia en dicha institución, sean personas honestas, profesionales y confiables, a fin de que puedan servir digna y patrióticamente a nuestra nación. Estos mecanismos son necesarios para evitar que puedan infiltrarse funcionarios corruptos o corrompibles, así como miembros del crimen organizado. Cabe destacar que esta no es la primera vez que se presenta el tema en esta soberanía. El pasado 11 de octubre el diputado Rubén Moreira y la diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán, del Grupo Parlamentario del PRI, presentaron una iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El objetivo de asegurar que los servidores públicos de las instituciones policiales que no acrediten los controles de confianza, no puedan continuar prestando sus servicios en ninguna institución de seguridad pública. Los mexicanos merecemos instancias de seguridad honestas, profesionales, y en las cuales podamos confiar. Si quienes son nombrados para encargarse de nuestra protección no son dignos de la confianza de la población, difícilmente se podrá garantizar la seguridad pública. Los mecanismos de evaluación y control de confianza sirvan precisamente para corroborar que quienes se encargarán de dicha tarea son las personas idóneas. Compañeras y compañeros legisladores, los mecanismos de control de confianza deben de ser prioritarios para la designación de los responsables de la seguridad pública. No podemos permitir que sean omitidos ni por desconocimiento y mucho menos...
La diputada Norma Adela Guel Saldivar: Termino, diputada presidenta. Por ello, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del presente punto de acuerdo. Es cuanto, diputada presidente.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias diputada Guel Saldívar. Se encuentran en el recinto y les damos la más cordial bienvenida, a los presidentes municipales de Tuxtepec, Oaxaca, Fernando Bautista Dávila; el presidente municipal de Nombre de Dios, Durango, contador público Juan Fernando Solís Ríos, y el presidente municipal de Xonacatlan, estado de México, Carlos González González, invitados por el diputado Óscar González. Bienvenidos. Tiene la palabra la diputada María del Rosario Guzmán Avilés, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores diputados, la inseguridad es un tema que azota con singular saña a nuestro país. Para combatir la inseguridad no podemos depender de discursos elocuentes ni de buenas intenciones, ni de buenos deseos. Necesitamos estrategias serias y bien pensadas. Desde el PAN no hemos dejado de insistir en ello. No hemos dejado de creer que la solución radica en contar con instituciones sólidas y con un personal capacitado y honesto. La profesionalización de la policía es parte fundamental de una solución integral que nos lleve a un México en paz, como también lo es contar con las personas más capaces y más honestas. Si queremos tener instituciones sólidas que sepan responder a las exigencias que impone la realidad, las personas que laboren en ellas deben ser capaces de cumplir con los más altos estándares de honorabilidad y profesionalización, debe ser personas en las que se pueda confiar plenamente, porque de ellas depende nuestra seguridad. No podemos exigir un compromiso serio de todos si quienes están al mando no cumplen con los requisitos impuestos a todos. Como se señala en la ley, hay cargos sujetos a evaluaciones de certificación y control de confianza. Estos cargos incluyen a directores generales y subsecretarios, como los recientemente nombrados. Nos causa mucho asombro cuando escuchamos en los medios sobre el alto porcentaje de policías municipales que no acreditan los exámenes de confianza. No seamos hipócritas, no podemos exigirles a los policías municipales que acrediten dichas pruebas si los altos mandos no las acreditan tampoco. Es por este motivo que apoyaremos el presente punto de acuerdo, porque creemos que para pedir que se cumpla la ley también tenemos que cumplirla nosotros mismos y quienes están a cargo. Lo que se busca es que la seguridad esté en manos de las personas más honestas, solo en estas personas podemos dejar la enorme responsabilidad de ver por la seguridad de nuestro país, por nuestra seguridad y de la de nuestras familias. No hay remedios mágicos, solo hay que cumplir con la ley. Más allá de las líneas partidistas, lo que queremos todos es ver un México en paz, un México donde todos podamos vivir sin miedo. Por ello necesitamos confiar plenamente en quienes guiarán las políticas públicas en materia de seguridad. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Guzmán Avilés. Tiene la palabra la diputada Esmeralda Moreno Medina, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social.