La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, señoras diputadas, señores diputados. Hoy, con el dictamen que envió la Comisión de Hacienda en relación con las reformas que propuso el Ejecutivo a la Ley Federal de Derechos, iniciamos la ronda de discusiones para decidir acerca de las iniciativas contenidas en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2016. Como todos sabemos, el paquete se apega a las líneas políticas, económicas impulsadas por este gobierno. Era de esperarse. Esta estrategia económica se ha caracterizado por fortalecer la concentración del ingreso en unas cuantas manos, a quienes les proporcionó la posibilidad de beneficiarse de los recursos estratégicos de la nación, sea en el sector energético, sea en telecomunicaciones o en la infraestructura o en el agua. Por esa razón votaremos en contra. No estamos de acuerdo con esa estrategia y menos con sus resultados que han propiciado el debilitamiento de la capacidad productiva de nuestro país y la dependencia política del exterior. Eso ha provocado la acumulación de rezagos en infraestructura y en desarrollo social, lo que se refleja en que más de 50 millones de mexicanos vivan en condiciones de extrema pobreza. Nos anima la confianza de que cada vez más mexicanos se convencen de que este camino, el trazado por Enrique Peña Nieto y su equipo de Hacienda no nos conduce a la fortaleza que deseamos para nuestro país y para nuestros conciudadanos. Nuevamente, como se observó en las aprobaciones de las reformas estructurales de 2013, en la Comisión de Hacienda se comprobó que el voto se buscó para imponerlo. No reflexiona y tampoco busca la oportunidad de mejorar lo que se nos presentó. La Ley Federal de Derechos no es perfecta. Es curioso cómo describe, sin analizar, los cambios introducidos. Es necesario mejorarla, hacerle cambios importantes. En las reuniones previas con los funcionarios y en la Comisión no se abrió la posibilidad de por lo menos iniciar los trabajos de preparación para una revisión general de Ley Federal de Derechos, que podría ser un instrumento legal para inducir el desarrollo incluyente de nuestra economía. En cambio, encontramos que la ley en comento se ha ido modificando de manera reactiva, respondiendo a diferentes factores como consecuencia de cambios en otras leyes por la pretensión de adecuarla a los avances en las tecnologías de los sectores normados, como sucede con las telecomunicaciones. También se modificó en respuesta a las necesidades de algunos sectores privilegiados para flexibilizar, por ejemplo, las disposiciones relativas al uso del agua o cómo en la minería, en el que se han hecho cambios mínimos para mantener la debilidad estructural de articulado, con el fin de no afectar los intereses de las minorías extranjeras. En lo que se pretende hacer ahora con este dictamen, adecuaciones, no hay un diseño estructural, no hay un esfuerzo para aprovechar el efecto inductivo de la norma. Y tampoco se ve el interés de hacer de este ordenamiento un instrumento de recaudación. En los términos en los que se encuentra actualmente la participación de los derechos en la recaudación total es mínimo y no tenemos un diagnóstico por parte del Ejecutivo para determinar la estrategia a seguir en cada uno de los sectores regulados. Ese diagnóstico debe contar con la información suficiente que permita tener una visión integral de las diferentes cargas fiscales que con los derechos deben ser considerados por las personas físicas y morales que operan en los diferentes sectores de objeto de esta ley, debe evaluarse el desempeño económico de esos actores para evitar abusos con los bienes del dominio público, también debe evaluarse el impacto de las formas y el costo del derecho para el uso de estos bienes sobre los consumidores, y también por qué no, es importante conocer el resultado neto estimado que tendrá para la hacienda pública el empleo, la estrategia en la aplicación de los derechos, obviamente ese diagnóstico debe explicar el efecto del cobro alto o bajo de derechos y los argumentos que determinan su fijación en tal o cual nivel. Es indispensable, incluso para la estrategia cortoplacista impuesta por la actual administración, que debido a su incapacidad administrativa, derivado de una buena medida de su propósito de facilitar los negocios a los grandes empresarios, pone cada vez en mayor riesgo el cumplimiento de sus obligaciones legales en torno al déficit que existe en nuestro país. Y termino, por cierto, cómo explican los funcionarios de hacienda, que cada año envían al legislativo una subestimación de ingresos por derechos, que luego les permite contar con recursos extraordinarios. Porque consideramos que es necesario cambiar la estrategia, en Morena, votaremos en contra. Es cuanto, señor presidente.