El diputado Roy Ángel Gómez Olguín: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores, la transformación de Pemex y de la CFE, de organismos públicos descentralizados a empresas productivas del Estado, es una medida imprescindible para el proceso de modernización el sector energético, toda vez que ello permitirá que las entidades se vuelvan mucho más sólidas, autónomas y competitivas. Esta evolución responde plenamente al contenido del artículo 25 recientemente reformado cuya enmienda tuvo por objeto la creación de valor económico e incrementar los ingresos de la nación, con sentido de equidad y responsabilidad social y ambiental. Tal y como lo establece en su iniciativa el presidente de la República, bajo este modelo Petróleos Mexicanos podrá participar bajo las mejores condiciones en toda la cadena de valor, que va desde la exploración y extracción de hidrocarburos hasta su comercialización, mientras que la Comisión Federal de Electricidad pasará de ser una empresa de electricidad a una empresa de energía, con la capacidad de ofrecer cada vez mejores servicios a los consumidores en un entorno competitivo. De esta forma, ambas figuras jurídicas se podrán acompañar de los socios que requieran, con el fin de incorporar tecnologías y mejorar su productividad, así como también podrán sanear finanzas y contar con recursos adicionales para la inversión. Insertos en este nuevo modelo, se hace necesaria una reformulación de aquellos mecanismos tendientes a la conformación del gobierno corporativo de estas empresas. Lo que pasa necesariamente por los mecanismos de nombramiento del director general y del titular de la auditoría interna de Pemex, así como por la integración de su consejo de administración. En el caso del director general, si bien es cierto se preserva la facultad del presidente de nombrar y remover libremente a este funcionario. Lo cierto es que tal designación deberá recaer en una persona que reúna requisitos, tales como contar con experiencia en el ramo durante los últimos 10 años, y contar con una formación profesional compatible con tal responsabilidad, entre otras. En cuanto a los integrantes del consejo de administración, aquellos que tengan el carácter de independientes seguirán siendo nombrados por el presidente, pero ratificados por el Senado. Obviamente también deberán contar con la solvencia moral, profesional en tan importante responsabilidad que se requiere. En lo relativo a los sistemas de vigilancia, auditoría y control vigentes, estos son propios de las empresas estatales y tanto no pueden ser utilizados por las empresas productivas del Estado, ya que están diseñadas bajo distintas visiones, las cuales se ejercen actualmente en los órganos de control interno. Por ello es sugerida una reformulación de tales atribuciones, a fin de instaurar órganos diferenciados que ejerzan funciones igualmente diferenciados y específicos, conforme a las mejores prácticas internacionales. Por tal razón, se estableció lo siguiente: que en cada empresa productiva del Estado su director general implemente un esquema de control interno para dar seguimiento a la operación de la empresa; que las funciones de auditoría de las empresas estén a cargo de sus respectivos comités de auditoría y auditoría interna, y que los funcionarios inherentes a la imposición de sanciones estén a cargo de unidades de responsabilidad. Por otra parte, la transformación de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas productivas del Estado implica la adquisición de nuevos mandatos, en términos de transparencia. Para esto es necesario incorporar requisitos de información que son relevantes, tales como los que se relacionan con su situación financiera, administrativa, operacional, económica y de riesgo. De esta manera, los mexicanos podrán contar con información pertinente acerca de cómo están funcionando las empresas que son de su patrimonio. Se fortalecerán los mecanismos de rendición de cuentas y de evaluación sobre las mismas y se ampliarán los instrumentos para prevenir y combatir y además sancionar la corrupción, asignatura que es de la mayor relevancia entre las exigencias sociales. Como parte del diseño del entramado institucional, en esta ley se ajustan las disposiciones para que el Instituto Mexicano del Petróleo permanezca como un organismo público descentralizado. Si bien, se considera que es conveniente establecer en la ley, que Pemex podrá realizar actividades para la investigación y desarrollo tecnológico en las industrias petroleras, petroquímicas y químicas. Con estas modificaciones que ahora se someten a nuestra consideración, ponemos a la vanguardia a dos instituciones que son puntuales para el desarrollo nacional, bajo reglas de transparencia, gobernabilidad, que las actualizan a los retos del presente siglo. Muchas gracias.