La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy se somete a consideración de este pleno es valioso porque parte de una premisa constitucional y de diversos tratados internacionales, que dan cabida a reconocer en el marco legal secundario algunas acepciones del derecho a la alimentación que, aunque ya estaba contemplado anteriormente sólo para la niñez, ahora lo es en función del conjunto de la sociedad. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática quiere dejar en claro que el hecho de incluir en la Ley General de Desarrollo Social lo relativo a una alimentación nutritiva y de calidad no significa que dejemos de avanzar en la construcción de la Ley General sobre el Derecho a la Alimentación, que establecerá los mecanismos para hacer exigible este derecho, así como la estructuración de una política pública adecuada que vaya más allá de los modelos paliativos, como lo es la Cruzada Nacional contra el Hambre del actual gobierno neoliberal. De acuerdo con cifras del Coneval la pobreza y la desigualdad afectan a 53.6 millones de habitantes en el país, siendo uno de los más graves problemas estructurales que nos aquejan, de los que también se desprende la inseguridad, la corrupción y la injusticia. La manifestación más indignante y vergonzosa de este problema, que se ha agudizado en las últimas décadas, es la pobreza alimentaria, que padece 28 millones de mexicanos, es decir 25 por ciento de la población nacional carece de los alimentos necesarios para subsistir; de ellos 20 millones viven en el campo donde se produce o deberían producirse los alimentos. La dimensión del problema y las enormes dificultades para atenderlo se expresan también en la baja productividad en la industria agropecuaria del país, el aumento de precios en los productos básicos y la dependencia alimentaria que se refleja en el constante incremento de las importaciones de alimentos, al grado de que estimaciones señalan que su compra llega a los 30 mil millones de dólares, cantidad superior a todo el presupuesto que se destina para el campo y seis veces más el presupuesto destinado a la producción de alimentos. Como ejemplo podemos decir que las importaciones de soya ascienden a 95 por ciento de lo que consumimos, las de arroz al 80 por ciento, las de trigo al 56 por ciento, también importamos carne de res y puerco, maíz, frijol. En conjunto, según datos de la Auditoría Superior de la Federación importamos 42 por ciento de lo que consumimos, a esto hay que agregar las desastrosas consecuencias de los fenómenos climatológicos, sequía y heladas de los últimos años que mermaron la producción de maíz, granos y otros productos alimenticios básicos ya escasos de por sí. No solo el porcentaje de la población que no tiene acceso a los alimentos básicos es alarmante, la principal manifestación del problema tiene que ver con la salud, la falta de acceso a una alimentación adecuada y sana nos ha llevado a que actualmente México sea el segundo lugar mundial en obesidad, el primero en obesidad infantil y que a nuestras generaciones futuras enfrenten 40 por ciento de la desnutrición y 30 por ciento de obesidad, situación que tiene una alta incidencia en padecimientos como diabetes, cáncer y otras enfermedades crónicas no transmisibles que en conjunto ocasionan ocho de cada 10 muertes en nuestro país. Ante esta situación la gravedad que entraña y la urgencia de emprender medidas efectivas que realmente impacten en las causas y en las consecuencias del problema del hambre y contribuyan a materializar el derecho a la alimentación en México, la Cámara de Diputados tiene el reto de promover, contribuir y acortar desde el ámbito de su competencia, los elementos necesarios para que se genere el marco jurídico que se requiere para orientar la acción del Estado mexicano en la atención de esta prioridad. En este contexto en el ámbito internacional, desde 1981 entró en vigor el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales aprobado por las Naciones Unidas y obligatorio para México, al reunir los requisitos establecidos en nuestra Constitución, en la que se establece que los Estados parte en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados y una mejora continua de las condiciones de existencia. En México se promulgó la reforma constitucional que reconoce y garantiza el derecho a la alimentación en nuestro país en octubre de 2011, que a la letra determina: Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, el Estado lo garantizará. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD se pronuncia a favor del presente dictamen, por supuesto que se está a favor de la sana alimentación, incluir la alimentación nutritiva y de calidad en los derechos para el desarrollo social en la política nacional de desarrollo social, en los temas prioritarios y de interés público, así como la información que genera el Instituto Nacional de Estadística y Geografía al respecto. Termino, señor presidente. También señalamos que debe incluirse a este dictamen además de alimentación nutritiva y de calidad, la alimentación suficiente que se refiere a cubrir las calorías y nutrientes que se necesitan para mantener las funciones vitales y para realizar las actividades físicas e intelectuales diarias. Es suficiente si cubres del 90 al 110 por ciento de las calorías que necesitas por día, de tal manera que el sujeto adulto tenga una buena nutrición y un peso saludable y, en el caso de los niños, que crezcan y se desarrollen de manera correcta, tal como se lee en nuestra Carta Magna en su artículo 4o. Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Así, de esta manera, lograr una adecuada armonización de la Ley de Desarrollo Social de nuestra Constitución y se esté en mejores condiciones de lograr el lado objetivo que es una sana alimentación en nuestro país. Gracias.