La diputada Hersilia Onfalia Adamira Córdova Morán: Gracias, señora presidenta. Señoras diputadas, señores diputados; con el permiso de la mesa. He solicitado hacer uso de la palabra para manifestar mi apoyo al proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 14 y 66 de la Ley General de Educación, presentado por la diputada Rocío Matesanz Santamaría. El proyecto de reforma al artículo 14 que a la letra diría Informar a la comunidad escolar los beneficios, el sentido y las modalidades de participación que se tienen en las escuelas, es, desde mi punto de vista, una importante necesidad. Y es relevante, creo yo, porque a pesar de que desde hace muchos años se estableció en la Ley General de Educación que los padres de familia son parte integral del sistema educativo nacional y que deben participar en los mecanismos establecidos, consejos escolares de participación social y asociaciones de padres de familia, la verdad es que por muy diversas circunstancias que no vienen al caso enumerar, están ausentes. Los padres de familia se han acostumbrado a dejar el trabajo educativo en manos de los maestros y los directores. Si los padres y madres de familia participaran activamente en la vida escolar, es seguro que la escuela dejaría de ser esa especie de isla que hasta ahora ha sido y que ha propiciado que las nuevas generaciones al egresar de su vida académica, se sientan superiores a sus semejantes, despreciando el trabajo físico y desconociendo sus responsabilidades sociales. O sea, el proyecto reconoce que una falla de la ley es que el tema ahí está, pero no se difunde ni se aplica con los detalles para que los padres de familia comprendan la utilidad de su participación. En el apartado octavo del proyecto educativo Mede, avalado por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y del Caribe, que promueve Antorcha Magisterial, dice, partiendo de una verdad incuestionable, pero que frecuentemente se olvida y se soslaya, de que no sólo educa a la escuela sino también, y no en escasa medida, la sociedad y la familia. Creemos indispensable que los padres tengan una participación legal e institucionalmente reconocida y definida al interior de las escuelas. Es necesario pensamos ayudarlos a tomar conciencia de que elevar la calidad de la educación de sus hijos, es también su responsabilidad, y que por tanto, deben preocuparse por todo lo relativo a la existencia y buen funcionamiento de las instituciones en la que tal educación se imparte. La iniciativa también propone reformar el artículo 66, obligaciones de quienes ejercen la patria potestad o la tutela, de la misma Ley General de Educación, mediante la adición de la fracción VI que a la letra diría: inculcar a sus hijos o pupilos el respeto a las autoridades escolares y a las normas de convivencia en la escuela. Como puede verse, esta fracción se complementa con la reforma anterior, pues si aquella es un derecho, esta última es una obligación de los padres de familia, se justifica plenamente porque la vida actual propicia que los estudiantes sufran una saturación informativa en donde compiten todas las modalidades en materia de comunicación, la internet, la televisión, la radio, el cine, etcétera, cada una con sus particulares fines, todo derivado en que la niñez y la juventud viven desorientadas, siendo una de sus consecuencias la pérdida del respeto a los maestros y a los mismos padres de familia, aparte de los conocidos actos de bullying contra los estudiantes más tímidos. Siendo la escuela el segundo hogar de todas las generaciones, lo menos que podemos hacer, es explicarles a nuestros hijos y alumnos potenciales que la escuela y sus maestros forman parte de su entorno, y son los hombres y mujeres que contribuyen con su esfuerzo y voluntad a educarlos para enfrentar la experiencia de vivir. Por eso, la fracción parlamentaria del PRI, otorga su voto a favor de esta parte de la iniciativa. Gracias, por su amable atención.