El diputado Víctor Samuel Palma César: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, producto del trabajo realizado por la Comisión Ejecutiva de Negociación y Construcción de Acuerdos del Congreso de la Unión conocimos en días pasados la propuesta de modificaciones a diversos artículos de la Constitución General de la República, todos ellos referentes a la materia electoral. Un marco amplio de coincidencias y consensos soporta la minuta que nos fue turnada por el Senado de la República. Ahora, los diputados priístas de esta LX Legislatura del Congreso de la Unión formalmente expresamos nuestra plena identificación con su espíritu y letra. Coincidimos en ella porque fuimos partícipes del proceso que llevó a su conformación y porque sabemos que el futuro de México reclama la puesta en práctica de una profunda reforma electoral que resuelva la competencia política por la vía del derecho y en condiciones de equidad. Sabemos de los graves problemas que se presentan cuando las normas electorales son insuficientes o carecen de la capacidad para resolver la lucha por el poder. Cuando ello ocurre, los riesgos de inestabilidad, la confrontación y las movilizaciones sociales de repudio tienden a sustituir la expresión civilizatoria del voto. De ahí que sea indispensable para nuestra vida democrática, para nuestro desarrollo social y el crecimiento económico, contar con leyes e instituciones electorales con desempeño probado. Recordemos que la transformación democrática de México ha transitado por dos avenidas fundamentales. La primera se refiere a los retos formulados por la propia sociedad en su ánimo de participación, en sus anhelos y sueños, en el proceso siempre intenso de sus nuevos reclamos y exigencias. En la segunda se encuentran las instituciones y las leyes encargadas de responder a las exigencias de la propia sociedad. Cuando estas dos vías no se encuentran, o peor aún, corren por derroteros distintos, los riesgos de fracturas o de conflictos ensombrecen el panorama nacional. Por el contrario, cuando hemos sabido privilegiar los consensos, el país ha tomado el sendero de la libertad hacia el terreno generoso de las iniciativas sociales, el desarrollo de la cultura, el crecimiento económico y el fortalecimiento de la nación. El largo trayecto de nuestra democracia ha sido un constante ir hacia el encuentro de las mejores respuestas de las normas e instituciones, a fin de resolver las expectativas de la sociedad en su ánimo de participación y de renovación del poder público. Muchas veces, cuando pensábamos que habíamos resuelto alguno de los problemas fundamentales de nuestro sistema electoral y de partidos, casi en el mismo acto se iniciaban nuevos desafíos. Baste ejemplificar nuestro largo tramo de reformas: la que creó la Comisión Nacional de Vigilancia Electoral, en 1946, primer antecedente del actual IFE. La de los diputados de partido, en 1963, que fue nuestro intento original por encaminarnos hacia la diversidad política. La gran reforma de 1977, que institucionaliza la pluralidad. Por último, los esfuerzos reiterados para construir un sistema competitivo y con alternancia, que culminó con la reforma de 1996, con la cual se dejaba definitivamente en el pasado la etapa hegemónica. Con la reforma electoral, que hoy debemos aprobar, buscamos dar comienzo a una nueva fase. En ella vinculamos lo mejor de nuestro pasado en la lucha de todos a favor de la democracia, al tiempo que nos abrimos hacia un futuro más justo y promisorio. Las propuestas que deseamos aprobar en esta minuta parten de una visión crítica sobre el presente respecto de un modelo de competencia política excesivamente costoso y que, por tanto, tiende a privilegiar el empleo del dinero por encima de la calidad de las propuestas, el diálogo político y la generación de acuerdos. Recordemos el texto que envió a este mismo recinto el anterior Consejo General del IFE cuando en octubre de 2003 se acercaba a su renovación. En aquel entonces se llamaba la atención sobre temas como el costo y las condiciones de la competencia y en él se mencionaba la necesidad de revisar la fórmula de financiamiento de los partidos, la reducción de la duración de las campañas, la revisión de los métodos para la propaganda en radio y televisión, el autofinanciamiento, la liquidación de los partidos que pierden su registro, entre otros temas. ¿Alguien encuentra un correlato entre esa temática y la que ahora nos ocupa? O si se prefiere recurrir a una referencia más próxima, ¿qué les parece citar el resolutivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación?, en el cual se calificaron las elecciones presidenciales del año pasado. ¿Qué encontramos en ese texto? ¿Acaso no nos señalan una serie de problemas en el proceso electoral del 2006, evidenciando diversas insuficiencias, lagunas y omisiones de nuestras normas electorales? Si algo no debemos hacer en política es ser indiferentes y preferir la amnesia o el olvido, antes que el reconocimiento de los problemas. Seamos claros. Las distorsiones de la contrapropaganda o de la propaganda negra, de la intervención gubernamental a través de la radio y la televisión y del gasto excesivo, cobraron inusitada visibilidad e importancia en los comicios del año pasado. Ante todo ello, ¿quién puede llamarse sorprendido con la reforma electoral que ahora promovemos? ¿Quién puede pensar que su contenido y propuestas no son consecuentes con las dificultades que hemos padecido? Es cierto, esta propuesta de reforma electoral no abarca todos los problemas; también lo es que podríamos esperar más tiempo. Pero lo que no resulta claro es que si con una actitud así estaríamos haciendo lo correcto, pues muchos proyectos han perdido su viabilidad en la espera. Convengamos que ésta es una reforma electoral necesaria. Convengamos que ocuparnos de ella es un acto de responsabilidad. Coincidamos que alentar su aprobación no es premura sino necesidad. Muy importante es señalar que, con esta reforma, afirmamos la determinación del Poder Legislativo para producir las leyes que el país demanda y requiere. Se construye así una nueva gobernabilidad en la pluralidad. Tengamos presente que el marco de la reforma del Estado, en que estamos inscritos, nos habrá de permitir introducir las adecuaciones que deseamos en un contexto de amplia dimensión y dentro de una perspectiva integral. Los diputados del PRI nos pronunciamos a favor de aprobar esta minuta y llamamos a todas las fuerzas políticas para sumarse en ese mismo sentido. Reconocemos que, quienes ya lo han hecho alientan nuestras confianza en la política, porque han optado por buscar en las reformas a las leyes y las instituciones, las soluciones a los problemas del país. Esta reforma electoral anima, desde ya, una nueva etapa en la vida de la república, porque alienta el diálogo y el consenso entre fuerzas políticas distintas e incluso opuestas en muchas de sus orientaciones, porque rompe condiciones de dependencia y hábitos nocivos en la lucha por el poder, que amenazaban con someter a todos. La república tiene fuerza, viabilidad y futuro en la medida que sabe ser la expresión del predominio del interés general sobre los particulares, en tanto construye un orden jurídico justo que hace libres a todos, porque no les impone más sometimiento que a la ley. Esa reforma electoral nos brinda la esperanza en un mejor futuro, porque muestra que el México plural no está peleado con el México de las reformas necesarias. Porque prueba que nuestras diferencias nos enriquecen y que la lucha política no es necesariamente pugna permanente, sino método privilegiado para, sin menoscabo de las divergencias, encontrar bases de entendimiento. Compañeras diputadas y compañeros diputados, termino. La república se hace más fuerte porque se habrá de lograr que, en la lucha por el poder, existan las condiciones más propicias para que nadie más que el ciudadano, sus libertades y predilecciones decidan el futuro del país, elevando la calidad de la contienda electoral. El PRI reivindica su aportación al proceso de transformación democrática de México, a través del impulso de las grandes reformas por las que hemos transitado. En 1996 aquí el PRI aprobó sólo la reforma profunda y comprometida que animó la competencia en la equidad. Ahora somos parte activa de un nuevo proceso que mejorará la calidad de nuestra democracia. Ahora se trata de liberar a la competencia política, de la esclavitud abusiva del dinero, romper así el sometimiento a la democracia e impulsar con ella la libertad de la república. Ahora se trata de emplear dinero que antes se destinaba al gasto en campaña, hacia inversiones sociales fundamentales para el país. Hacer menos costosa la política y lograr que ésta, la política, sea impulso definitivo para el desarrollo social del país. Muchas gracias.