La diputada Inés Parra Juárez: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas diputadas y diputados, la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas es un acto de justicia. La constante del pasado era callar, silenciar a nuestras hermanas y hermanos indígenas, su voz se consideraba prescindible. El avasallamiento que los pueblos indígenas han vivido desde tiempos de la conquista, el desplazamiento al que han sido orillados, la explotación de sus tierras y hábitat y el sometimiento a condiciones laborales ínfimas son algunos ejemplos del atropello al que se han visto sometidos a lo largo de la historia. Con la aprobación de la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas el escenario cambiará radicalmente, porque llegó el momento de escucharles. Esta ley tiene por objeto establecer los principios, normas, instituciones y procedimientos para garantizar el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. En ella se les reconoce como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica, con capacidad de emitir actos de autoridad y tomar decisiones plenamente válidas con base en sus sistemas normativos, y de establecer un diálogo con el Estado y la sociedad en su conjunto. Evita las imposiciones de medidas legislativas o administrativas e impulsa un diálogo intercultural con los órganos responsables. Estamos hablando de la protección efectiva de sus derechos fundamentales, la consulta debe de ser previa, libre, informada, culturalmente adecuada, de buena fe y a realizarse mediante procedimientos apropiados. Seamos claros, nunca antes se había pensado en las comunidades indígenas y afromexicanas tanto como ahora. Por ejemplo, expedimos la Ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, órgano garante de las políticas públicas en la materia. Reformamos el artículo 2o. constitucional para reconocer a los pueblos afrodescendientes. Legislamos en materia educativa, lingüística, cultural, derechos de autor y de género, entre otros, poniendo a los pueblos originarios en el centro del desarrollo. Para resarcir años de olvido y silencio, ahora será necesario el consentimiento previo de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas para cualquier proyecto o programas que tenga un impacto en sus tierras, territorios o recursos naturales. Particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos, eólicos, genéticos o de otro tipo. También, cuando la medida implique el traslado o la reubicación de comunidades indígenas y afromexicanas o la posible privación o afectación de cualquier tipo de bien cultural, intelectual, religioso y espiritual, necesarios para la subsistencia física y cultural de los pueblos y comunidades o cuando se trate de almacenamiento o desecho de materiales peligrosos en sus tierras o territorio. Los propios pueblos y comunidades decidirán porqué la consulta será vinculante, además de definitiva. Así los 7 millones 364 mil 645 personas hablantes de alguna lengua indígena y los 2 millones 576 mil 213 personas que se reconocen como afrodescendientes, de acuerdo con el censo de población 2020 del Inegi, se harán escuchar. En México, se hablan 68 lenguas indígenas y 364 variantes lingüísticas, por eso es que los sujetos consultados van a contar con intérpretes o traductores, de lo contrario, dicho proceso carecerá de validez. Llegó el momento de consolidar una nueva relación con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Llegó el momento de concretar su inclusión y desarrollo. Pido su voto a favor para aprobar esta Ley General de Consulta. Se lo debemos a nuestros pueblos originarios y se lo debemos a México. Gracias. Es cuanto.