EL SECRETARIO, DIP. JORGE ESTEBAN SANDOVAL OCHOA: Con el permiso de las Presidencias: Acuerdo Parlamentario por el que se establecen las bases para el desarrollo de las comparecencias de funcionarios del Ejecutivo Federal ante la Cámara de Diputados, para el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, Administración 2000-2006. La Junta de Coordinación Política de la LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 7º, párrafos 4º y 5º del mismo ordenamiento, y CONSIDERANDO PRIMERO.- Que el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena que a la apertura del primer período de sesiones ordinarias del Congreso General, asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado que guarda la administración pública del país. SEGUNDO.- Que el artículo 7º , párrafo cuarto de la Ley Orgánica del Congreso General, establece que las Cámaras del Congreso de la Unión, analizarán el informe presentado por el Presidente de la República, y que dicho análisis se desarrollará clasificándose por materias: en materia de política interior, política económica, política social y político exterior. TERCERO.- Que conforme a lo dispuesto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, corresponde a la Junta de Coordinación Política, presentar al pleno proyectos de Puntos de Acuerdo, sobre asuntos que deban ser desahogados en este órgano. CUARTO.- Que para realizar el análisis del Primer Informe de Gobierno de la Administración 2000-2006 de la mejor manera, así como para ordenar las comparecencias de los funcionarios responsables de los diversos ramos de la administración pública federal, para ese efecto, es conveniente que la Junta de Coordinación Política, en uso de sus facultades, acuerde y proponga al pleno, el formato conforme al cual se desahogarán las mencionadas comparecencias. Con base en las Consideraciones procedentes y con fundamento en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos7o y 34 de la Ley Orgánica del Congreso General, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, somete a la consideración del pleno, el siguiente A C U E R D O PRIMERO.- El presente Acuerdo regulará exclusivamente lo relativo al formato que habrá de observarse durante las comparecencias de los funcionarios del Ejecutivo federal ante la Cámara de Diputados, a efecto de realizar el análisis del Primer Informe de Gobierno del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Administración 2000-2006. SEGUNDO.- Las sesiones en que se desahogarán las comparecencias, se desarrollarán conforme a las siguientes bases: En primer término, el funcionario compareciente expondrá el estado de su respectivo Ramo hasta por 20 minutos, a continuación un representante de cada Grupo Parlamentario, hablará hasta por diez minutos para establecer del Grupo respecto del tema. Agotada la ronda de posicionamiento a que se refiere el punto anterior, el funcionario correspondiente hará uso de la palabra nuevamente hasta por diez minutos, para hacer los comentarios que juzgue pertinentes. CUARTO.- A continuación se dará inicio a una o dos rondas de preguntas y réplicas, según el acuerdo que para cada comparecencia adopte la Junta de Coordinación Política, que se desarrollarán cada una y en su caso sucesivamente de la siguiente forma: Inciso a) Cada Grupo Parlamentario planteará al funcionario, por conducto de uno de sus diputados, una pregunta en un tiempo no mayor a cuatro minutos. Inciso b) El funcionario responderá a cada pregunta lo conducente, durante un lapso que no excederá de ocho minutos. Inciso c) El Grupo Parlamentario en turno, tendrá derecho a una réplica de hasta cuatro minutos. El orden de intervenciones de los diputados, tanto para el posicionamiento como para las preguntas y réplicas, será de manera ascendente, según el número de legisladores integrantes de cada Grupo Parlamentario. Concluida la etapa de preguntas, respuestas y réplicas, el funcionario dirigirá a la asamblea. Un mensaje final de hasta diez minutos. El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, concluirá la comparecencia con un mensaje institucional de no más de diez minutos. Tercero: Las comparecencias que se realicen ante comisiones se desarrollarán en lo conducente conforme a las reglas aplicables en el Pleno. El mensaje institucional final estará a cargo de quien la presida. Cuarto: Las comparecencias en Pleno o comisión, se llevarán a cabo conforme al número y programación que acuerde la Junta de Coordinación Política, iniciando el día martes 11 de septiembre con la del Secretario de Gobernación ante el Pleno. Artículo Transitorio: UNICO: El presente acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación por el Pleno de la Cámara de Diputados. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de septiembre del año 2001. Dip.Felipe Calderón Hinojosa (Rúbrica) presidente de la Junta y coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Dip. Rafael Rodríguez Barrera, (Rúbrica) coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Dip.Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (rúbrica) Dip. Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Dip. Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto, señor presidente. -PRESIDENTE: Muchas gracias diputado secretario. Quisiéramos informar a los presentes que está con nosotros en este presidium el diputado Adrián Rivera, representante de la mesa directiva de esta Honorable Cámara de Diptuados en esta sesión. Están presentes también, los tenemos como invitados, el diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PRI; el diputado Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del PAN y el diputado Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a quienes les agradecemos su presencia. De conformidad con el acuerdo parlamentario aprobado por la Cámara de Diputados que norma el procedimiento para el análisis del primer informe de gobierno y dar cumplimiento del punto segundo, numeral uno, dos y tres, se concede el uso de la palabra a la licenciado María Teresa Herrera Tello, hasta por 20 minutos. -LIC. MARIA TERESA HERRERA TELLO: Buenas tardes. Ciudadano diputado Félix Castellanos Hernánde, presidente de la Comisión de Reforma Agraria, de la Cámara de Diputados; ciudadano diputado Silvano Aureoles Conejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural; diputado Adrián Rivera Pérez, secretario de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados; diputado Felipe Calderón Hinojosa, coordinador del grupo parlamentario del PAN; diputado Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Alberto Anaya Rodríguez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; ciudadanas y ciudadanos diputados; amigos legisladores; señoras y señores; con su permiso señores presidentes: Con apego a lo que dispone el primer párrafo del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concurro ante el Honorable Congreso de la Unión, por conducto de las Comisiones de Reforma Agraria y de Desarrollo Rural, de la Cámara de Diputados, a dar cuenta del estado que guarda la Secretaría de la Reforma Agraria y las entidades de la Administración Pública Paraestatal, que le competer coordinar. Este acto reviste cualidades de pluralidad y de evidente sobriedad republicana. Es, así lo considero, un reflejo más de la nueva etapa que se ha iniciado en el tránsito histórico de la Nación Mexicana. Mi visión del entorno agrario es producto del análisis objetivo de la experiencia acumulada, los retos de la hora actual y las alternativas que el futuro plantea. Reconozco la existencia de problemas endémicos y recurrentes y también la presencia de crisis coyunturales, pero tengo la firme convicción de que hay salida y salida digna. Fijo entonces mi punto de partida en la concepción que recoge el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 acerca del papel que la administración pública debe desempeñar en la búsqueda del desarrollo social y humano al que todos aspiramos. El recuento que haré para informar a ustedes del estado que guarda el despacho de los asuntos agrarios a 9 meses de iniciada la administración del Presidente Vicente Fox Quesada está apoyada en las atribuciones que la ley otorga a la Secretaría de la Reforma Agraria y ordenado de conformidad con los lineamientos pragmáticos emanados del sistema nacional de planeación democrática. Los objetivos fundamentales de la actual política agraria son: el ordenamiento y la regularización de la propiedad rural; impulso a la capacitación de los sujetos agrarios y su organización para la producción; fomento a la seguridad jurídica para la capitalización del campo para facilitar una circulación justa y equitativa de los derechos sobre las tierras; la atención a ejidatarios y comuneros y la participación de los jóvenes en las actividades productivas; procuración de justicia pronta y expedita, privilegiando la conciliación como vía preferente en la solución de las controversias del campo; innovación y modernización del sector agrario. En ejercicio de sus atribuciones legales, el sector agrario ha realizado durante este ejercicio las siguientes acciones: ordenamiento y regularización de la propiedad rural. La Secretaría a mi cargo a determinado continuar hasta su total conclusión el programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos porque ha valorado su impacto social y contribución a la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra en el campo, tal y como lo evaluó el Banco Mundial. En lo que va de la presente administración se ha certificado una superficie de un millón 720 mil 519 hectáreas, que corresponden a 475 núcleos agrarios, y se han expedido 269 mil certificados parcelarios de uso común y títulos de solares urbanos en beneficio de 147 mil 917 familias campesinas. Para finales de este año y en función de los recursos disponibles, se tiene contemplado concluir la certificación de 902 núcleos agrarios, que implican una superficie aproximada de 3 millones 900 mil hectáreas. Como respuesta al compromiso del Señor Presidente de atender prioritariamente a aquellos núcleos agrarios con población indígena, se establecieron mesas de conciliación agraria, en las que intervienen los 3 niveles de gobierno a fin de resolver los conflictos ancestrales que presentan las comunidades de los Chimalapas, en Oaxaca y Chiapas, los yaquis, en Sonora y la meseta purépecha, en Michoacán. Además, dentro del Procede se certificaron 74 núcleos agrarios ubicados en los estados de Chiapas, Oaxaca y Veracruz, con una superficie de 177 mil 693 hectáreas, en beneficio de 47 mil 770 familias indígenas. Es pertinente destacar que sólo en los estados de Chiapas, en las comunidades indígenas de Mitontic, Tenejapa y San Juan Chamula se entregaron 34 mil 053 documentos, en beneficio de igual número de sujetos agrarios. Es importante hacer de su conocimiento que gran parte de la superficie que aún queda pendiente de certificar corresponde a los núcleos agrarios que enfrentan conflictos hacia su interior o en la integración de sus órganos de representación, problemas de límites con otros núcleos, falta de documentos de identificación de los sujetos agrarios,la migración. Condiciones topográficas que dificultan su medición o problemas jurídicos de muy diversa índole, por lo que redoblaremos los esfuerzos institucionales para coadyuvar con los núcleos agrarios a fin de superar sus dificultades y estén en posibilidad de acceder al programa. Ante la problemática de los núcleos agrarios con litorales en los que se presenta, en ocasiones, un mercado de tierra simulado y sin responder a una política de ordenamiento territorial, planeación urbana y desarrollo sustentable, el señor Presidente me ordenó para que coordinara esfuerzos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Semarnat, Sectur y Fonatur, así como con el gobierno del estado y los cinco municipios de Baja California Sur para desarrollar el Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales, el cual fue puesto en marcha el 27 de julio pasado. Se partió en esta entidad por contar con el 23 por ciento de los litorales del país, es decir, con 2,705 kilómetros. A la conclusión de este programa pretendemos que Baja California Sur cuente con un adecuado ordenamiento territorial que contribuya a la definición de uso de suelo, a la delimitación de la zona federal marítima terrestre que dé garantías a la inversión en condiciones de legalidad y justo beneficio para los propietarios de la tierra. Además de contar con un catastro estatal de la propiedad social actualizado. Este programa lo haremos extensivo a todos aquellos estados y núcleos agrarios que cuenten con litorales, toda vez que de los 11 mil kilómetros de costa con los que cuenta el país 6,500 se ubican en 528 núcleos agrarios, lo que constituye un potencial extraordinario para el turismo, los servicios, la pesca y el comercio, así como una irrepetible oportunidad de incorporar a los sujetos agrarios a los beneficios del desarrollo. Dentro de la estrategia de regularización y ordenamiento de la propiedad rural el gobierno de la República inició en el mes de mayo un programa nacional de modernización y actualización del catastro de la propiedad rural. Para tal efecto la Secretaría a mi cargo suscribió convenios de intercambio de información catastral con los gobiernos de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, México y Puebla. Y lo seguirá promoviendo en los demás estados de la República en un ejercicio de federalismo activo. Con la información generada se contará con una base de datos que determine la vocación del suelo productivo. Reservas ecológicas y áreas de protección, información económica, demográfica, de corrientes pluviales, que permita el diseño de políticas públicas tendientes a un desarrollo rural integral. Otro aspecto importante del ordenamiento de la propiedad rural lo constituye la regularización de los terrenos nacionales. En esta administración se aseguró el patrimonio de 11 mil 119 familias campesinas mediante la expedición del mismo número de títulos de propiedad que amparan una superficie de 170 mil 381 hectáreas, ubicadas principalmente en las zonas de alta marginación y con marcada presencia indígena, básicamente en las zonas serranas de 31 municipios de los estados de Veracruz, Puebla y Sonora. De igual importancia es la regularización de las colonias agrícolas y ganaderas. En el transcurso de la presente administración se han regularizado 84 colonias de un universo de 368 que estaban pendientes de regularizar. Lo significativo de esta acción de gobierno es que se acabó con la incertidumbre en que vivieron por años 4 mil 863 jefes de familia, quienes ahora son propietarios de una superficie de 187 mil 752 hectáreas, principalmente en 11 entidades federativas. Por otra parte, y ante la necesidad de atender causas de utilidad pública, ha sido preciso proceder a la tramitación, la migración. Condiciones topográficas que dificultan su medición o problemas jurídicos de muy diversa índole, por lo que redoblaremos los esfuerzos institucionales para coadyuvar con los núcleos agrarios a fin de superar sus dificultades y estén en posibilidad de acceder al programa. Ante la problemática de los núcleos agrarios con litorales en los que se presenta, en ocasiones, un mercado de tierra simulado y sin responder a una política de ordenamiento territorial, planeación urbana y desarrollo sustentable, el señor Presidente me ordenó para que coordinara esfuerzos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Semarnat, Sectur y Fonatur, así como con el gobierno del estado y los cinco municipios de Baja California Sur para desarrollar el Programa Nacional de Atención a Zonas con Litorales, el cual fue puesto en marcha el 27 de julio pasado. Se partió en esta entidad por contar con el 23 por ciento de los litorales del país, es decir, con 2,705 kilómetros. A la conclusión de este programa pretendemos que Baja California Sur cuente con un adecuado ordenamiento territorial que contribuya a la definición de uso de suelo, a la delimitación de la zona federal marítima terrestre que dé garantías a la inversión en condiciones de legalidad y justo beneficio para los propietarios de la tierra. Además de contar con un catastro estatal de la propiedad social actualizado. Este programa lo haremos extensivo a todos aquellos estados y núcleos agrarios que cuenten con litorales, toda vez que de los 11 mil kilómetros de costa con los que cuenta el país 6,500 se ubican en 528 núcleos agrarios, lo que constituye un potencial extraordinario para el turismo, los servicios, la pesca y el comercio, así como una irrepetible oportunidad de incorporar a los sujetos agrarios a los beneficios del desarrollo. Dentro de la estrategia de regularización y ordenamiento de la propiedad rural el gobierno de la República inició en el mes de mayo un programa nacional de modernización y actualización del catastro de la propiedad rural. Para tal efecto la Secretaría a mi cargo suscribió convenios de intercambio de información catastral con los gobiernos de Coahuila, Hidalgo, Nuevo León, México y Puebla. Y lo seguirá promoviendo en los demás estados de la República en un ejercicio de federalismo activo. Con la información generada se contará con una base de datos que determine la vocación del suelo productivo. Reservas ecológicas y áreas de protección, información económica, demográfica, de corrientes pluviales, que permita el diseño de políticas públicas tendientes a un desarrollo rural integral. Otro aspecto importante del ordenamiento de la propiedad rural lo constituye la regularización de los terrenos nacionales. En esta administración se aseguró el patrimonio de 11 mil 119 familias campesinas mediante la expedición del mismo número de títulos de propiedad que amparan una superficie de 170 mil 381 hectáreas, ubicadas principalmente en las zonas de alta marginación y con marcada presencia indígena, básicamente en las zonas serranas de 31 municipios de los estados de Veracruz, Puebla y Sonora. De igual importancia es la regularización de las colonias agrícolas y ganaderas. En el transcurso de la presente administración se han regularizado 84 colonias de un universo de 368 que estaban pendientes de regularizar. Lo significativo de esta acción de gobierno es que se acabó con la incertidumbre en que vivieron por años 4 mil 863 jefes de familia, quienes ahora son propietarios de una superficie de 187 mil 752 hectáreas, principalmente en 11 entidades federativas. Por otra parte, y ante la necesidad de atender causas de utilidad pública, ha sido preciso proceder a la tramitación de expedientes expropiatorios de bienes ejidales y comunales. Durante el periodo que abarca este informe, se elaboraron 216 proyectos de decretos expropiatorios. Asimismo, se ejecutaron 149 decretos expropiatorios en una superficie de 11,367 hectáreas. Es de singular importancia destacar que esta administración antes de ejecutar cualquier decreto expropiatorio, se ha cerciorado invariablemente de que las indemnizaciones a las que tienen derecho los núcleos agrarios, hayan sido pagadas o depositadas. Por otro lado, en estos nueve meses de gobierno se han ejecutado 33 resoluciones presidenciales respecto de 21,878 hectáreas, todas ellas emitidas antes de 1992. Integración productiva. Concluido el reparto de la tierra y con el fin de promover la organización y el fomento de actividades productivas para los grupos campesinos sin tierra, se signaron diversos acuerdos agrarios. En esta administración se han financiado 157 proyectos productivos, con mezcla de recursos de la dependencia a mi cargo, de SAGARPA y FONAES, destinados principalmente a actividades ganaderas y agrícolas en 17 entidades federativas. Estoy convencida de que esta acción, entre otras, debe ser considerada como parte de la nueva etapa de la reforma agraria, en donde el sector agrario les expresa a ustedes, señoras y señores legisladores, la mayor disposición de impulsarla en coordinación con otras instituciones y organismos. Sin embargo, se requieren recursos presupuestales para apoyar aquellos proyectos productivos que efectivamente sean viables en lo técnico, económico y social y, sobre todo, que beneficien en los hechos a los auténticos grupos campesinos. Por otra parte, durante el periodo que se informa, se realizaron gestiones para que los promoventes de las expropiaciones pagaran a los ejidos y comunidades 680 millones de pesos que les adeudaban por concepto de indemnización. Y se logró captar por ese rubro 232 millones 500 mil pesos, a favor de los núcleos agrarios afectados. Como resultado de la orientación y asesoría que se brindó a los núcleos agrarios cuenta habientes para la elaboración de proyectos productivos, se autorizaron 412 solicitudes de retiro de fondos comunes, por un monto de 246 millones 200 mil pesos, cuyo destino fue acordado por las asambleas de los núcleos agrarios. Esta derrama económica en el sector rural se reflejó en beneficio de 51 mil 373 jefes de familias campesinas y se lograron generar 19 mil 602 empleos temporales y mil 827 permanentes, principalmente en los estados de Colima, Chiapas, Guerrero, Guanajuato y Jalisco. Considero propicia la ocasión para hacer de su conocimiento que ya se están implementando dos nuevos programas operados por el FIFONAFE. Uno dirigido a grupos de mujeres campesinas con derechos agrarios, que habiten en zonas rurales del país y a las cuales se les otorgará financiamiento y asesoría técnica para la realización de proyectos productivos. El otro, dirigido a jóvenes ejidatarios, comuneros y avecindados, así como a los hijos de éstos, a quienes se les otorgará financiamiento y asesoría técnica, para el establecimiento de proyectos productivos, siempre y cuando se integren en figuras asociativas. Los objetivos, metas y líneas de acción de ambos programas, serán incorporados en el Programa Sectorial Agrario 2001-2006. Fortalecimiento de la actuación jurídica. Al primero de diciembre la Secretaría de la Reforma Agraria tenía 1,320 ejecutorias del Poder Judicial de la Federación pendientes de cumplir. En lo que va de la presente administración y hasta el 31 de agosto, se reportó al Poder Judicial el cumplimiento de 250 de ellas. Lo anterior significa que la Secretaría a mi cargo ha cumplido con una ejecutoria por día lo que representa que en tan solo 9 meses del actual Gobierno se ha logrado cumplimentar el 20% del rezago histórico. El gran esfuerzo efectuado en el cumplimiento de sentencias pone de manifiesto nuestra convicción en la importancia de preservar el estado de derecho particularmente la necesidad de acatar los fallos del Poder Judicial. Procuración de Justicia.- Los conflictos por la tierra son añejos y enconan rencores, es por ello que resolverlos a través de la conciliación o del proceso jurisdiccional pone de manifiesto el avance cívico de la sociedad mexicana pues se antepone la fuerza del derecho y la voluntad conciliada de las partes a cualquier otro tipo de solución auto compositiva. Muy importante será la comprensión de esta soberanía para que juntos en el ámbito de nuestras respectivas competencias logremos que se lleve a cabo la Cruzada Nacional por la Información Agraria y la capacitación a ejidatarios y comuneros sobre los alcances de sus derechos de propiedad, organización y libre asociación. La Procuraduría Agraria inició un programa intensivo para la renovación de los órganos de representación y vigilancia de los núcleos agrarios buscando prevenir el nocivo fenómeno del cacicazgo. La meta propuesta para finales del presente año es que el 90% de los núcleos agrarios cuente con sus órganos de representación y vigilancia vigentes. Por otra parte, el pasado 6 de Julio el sector agrario puso en marcha el Programa Nacional de Testamentos Agrarios HEREDA con el fin de prevenir conflictos y una nueva indefinición en los derechos agrarios entre los descendientes del titular de estos. Con esta acción de gobierno se estima que 300 mil sujetos agrarios depositarán su lista de sucesión o testamento en el Registro Agrario Nacional. Señoras y señores Legisladores, recogeré con el mayor interés los planteamientos que cada grupo parlamentario tenga a bien hacerme. Cada inquietud, cada demanda o reclamo, cada sugerencia y cada oferta de sumar esfuerzos en la búsqueda de un campo con paz y seguridad será bienvenida. No serán palabras que se lleve el viento sino puntos de referencia para ajustar la marcha del sector agrario en su conjunto. Muchas gracias (aplausos) -