El diputado Francisco Hernández Juárez: Esta iniciativa es por demás desafortunada. Tiene significados e implicaciones negativos en términos de la decadencia del sistema público de seguridad social en México, ya que implica de manera directa al Instituto Mexicano del Seguro Social. Es cierto que desde hace varias administraciones el Seguro Social ha venido padeciendo un proceso de deterioro acelerado y más cierto aún es que quienes a final de cuentas padecen ese deterioro y sus consecuencias, con frecuencia mortales, son los trabajadores. El desabasto es destacadamente uno de ellos, no sólo de medicamentos, sino de materiales clínicos y hospitalarios básicos, son problemas que diariamente enfrentan miles de derechohabientes en todo el país; sin embargo, mecanismos como la emisión de vales para la externalización del abasto de medicamentos no constituye una solución al problema; por el contrario, a la larga van a contribuir a profundizar más el deterioro y las deficiencias del Seguro Social. El problema de fondo en todo esto, al final de cuentas, es la presión de poderosos intereses privados que están ejerciendo de tiempo atrás para apropiarse de los distintos segmentos de la seguridad social pública para nuestro país y convertirlos en jugosos negocios para los particulares; jugosos negocios que, por cierto, se convierten en más fuente de corrupción de la que aparentemente se intenta combatir por la inexistencia de mecanismos claros y transparentes para la adjudicación de contratos, así como la mayor fuente de ineficiencia y de riesgos para los derechohabientes. En la subrogación del servicio de guardería hemos tenido dolorosos casos que demuestran que privatizar, subrogar, externalizar no son las respuestas a los problemas. La tragedia de la Guardería ABC de Sonora documenta la irresponsabilidad y la corrupción que también trae consigo la privatización de servicios públicos fundamentales. Necesitamos tener claro que detrás de la privatización del Seguro Social en sus distintos niveles y manifestaciones están estos poderosos intereses privados, con frecuencia coludidos con funcionarios públicos que buscan la ganancia al negocio y no el bien común. De aquí la negligencia y el desinterés del gobierno en modernizar y transformar el sistema de seguridad social público. Ya privatizamos el sistema de pensiones, y aunque todavía es temprano para ver las gravísimas consecuencias de esta decisión, todo anticipa que en 20 años el país verá multiplicadas de manera dramática la desigualdad y la pobreza en la población mayor de 60 años. Se subrogan y se externalizan servicios como el de guarderías, el de limpieza, el de lavado de ropa de hospital, y se pretende hacerlo ahora con el abasto de medicamentos. En lugar de remiendos por aquí y por allá, sin más lógica que la de los negocios o las alianzas político–electorales, lo que debiéramos estar discutiendo es la modernización profunda del Seguro Social y del sistema de seguridad social del país en general, así como el mejoramiento y la calidad de los servicios. Este sistema de externalización y de tercerización de abasto de medicamentos ya se ha puesto en práctica en el ISSSTE con resultados francamente desfavorables. No es desmantelando, descapitalizando y privatizando poco a poco las ya mermadas instituciones públicas como vamos a resolver los problemas de la seguridad social en México, que van mucho más allá del abasto de medicamentos. Requerimos de respuestas y de proyectos integrales con una genuina lógica del servicio público con visión de Estado. El Seguro Social ha sido una institución fundamental en el pacto social de este país y sería un error histórico de esta legislatura, en especial de quienes somos representantes de los trabajadores consecuentar iniciativas como la que aquí se discute. Es entendible que algunos partidos políticos hagan promesas de campaña, como en su momento lo fue ésta del bono para medicinas y la del bono para estudiar computación e inglés, por cierto, en escuelas de dudosa calidad. Lo que no es entendible que estas promesas traten de imponerse a través de negociaciones que nada tienen que ver con los intereses públicos sustantivos que los legisladores tenemos el mandato de cuidar y que se haga a costa de la integridad y del fortalecimiento de las instituciones públicas. Esto es inadmisible. Muchas gracias.