El diputado Carlos Oznerol Pacheco Castro: Señor presidente; compañeras diputadas y compañeros diputados, con relación a la transparencia y control del Sistema de Administración de Bienes asegurados, me permito proponerles lo siguiente: En 2002, el Congreso de la Unión aprobó la creación de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, para atender la necesidad de promover la eficiencia y la eficacia del sector público en el manejo de activos, tanto de los que forman parte de su patrimonio, como de los derivados de los cuantiosos actos de decomiso, en función de embargos, acciones contra el narcotráfico o el contrabando, entre otros, y que carecían del control más elemental. El resultado de la indefinición jurídica y de la opacidad en el manejo de casas, terrenos, vehículos, bienes y enormes sumas de dinero incautadas a la delincuencia organizada, dan una idea de los montos que se manejan cada día y de la importancia de su adecuado registro, control, manejo y aplicación. Por ello, se creó el Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes (SAE) para reducir los costos de administración, operación, custodia, liquidación y enajenación de los bienes a disposición del gobierno federal y se procuró que prevalecieran en su marco legal los principios de transparencia, legalidad y eficiencia. Para dar una idea de la cuantía de bienes que administra el SAE, podemos citar que en el primer semestre de 2009 obtuvo ingresos por 2 mil 305.2 millones de pesos. Al 30 de junio de 2009 el SAE tenía en custodia un total de 7 mil 477 inmuebles. Cabe señalar que aún existe mucha discrecionalidad y excesiva flexibilidad en el SAE. Por ejemplo, en ningún lado se reporta el número total de vehículos a su cargo que suman decenas o centenas de miles, bienes electrónicos, computadoras, equipos de sonido y audio, ropa y alimentos, derivados de los golpes al contrabando, ni mucho menos de cómo se asignan. Se sabe que se adjudican vehículos a los ayuntamientos, pero se afirma que los mejores y el mayor número se otorgan a los que gobiernan: alcaldes del partido del gobierno. Lo mismo ocurre con enseres de amplia necesidad popular, lo cual puede ser constitutivo de varios supuestos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, e inclusive de delitos en materia electoral, toda vez que no existen garantías mínimas de que este flujo de bienes no forme parte de la política de intercambio de votos por pobreza que se ha documentado en muchas ocasiones, que realizan funcionarios públicos de varios niveles para favorecer al partido oficial. Debemos preguntarnos cómo se administra el SAE, si no se utilizan los millones de bienes de consumo y utilitarios que llegan a su mano para interferir en los procesos electorales locales que se desarrollan en el país. Por tanto me permito proponer a esta soberanía el presente Punto de acuerdo Primero. Se exhorta al titular del Sistema para la Administración y Enajenación de Bienes, a efecto de que remita a esta Cámara un informe pormenorizado de los vehículos, computadoras, ropa, equipo de audio y video, alimentos envasados, equipos de oficina, así como todos los bienes a su cargo, y de igual manera, haga llegar una relación de las asignaciones de los mismos bienes efectuadas en los estados y municipios del país desde el primero de julio de 2009 a la fecha, ambas relaciones en medio impreso y magnético. Segundo. Que dicha información se envíe a la Presidencia de esta Cámara con copia a las comisiones de la Función Pública y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, así como al suscrito. Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de marzo de 2010. Señor presidente, solicito se inserte íntegro este punto de acuerdo en el Diario de Debates, muchas gracias por su atención.