La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez: Las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada. Al respecto, la Organización Panamericana de la Salud señala que la violencia contra la mujer constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres, afectando negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva. Estimaciones publicadas por la OMS indican que una de cada tres mujeres en el Continente Americano ha sufrido violencia física o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. La violencia de pareja es la forma más común de violencia contra la mujer. Un 38 % de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Al tratarse de una problemática cada vez más común, las acciones de los distintos órdenes de gobierno han puesto énfasis en consolidar políticas que busquen erradicar actos tan atroces. Legislativamente hoy tenemos un marco legal que busca, no solo reconocer, sino hacer efectivo los derechos de las mujeres brindando herramientas para la denuncia y sanción de delitos cometidos en nuestra contra. No obstante, aun no podemos sentirnos tranquilas con los resultados, porque lo que se considera necesario seguir fortaleciendo nuestras leyes para garantizar la justicia en favor de las víctimas. Desafortunadamente venimos normalizando, desde hace mucho, la violencia de género. Sin embargo, los resultados que también tienen que ver con las denuncias resultan ser un calvario para las víctimas. Ante esta situación y dada las amenazas que representa no sentirnos seguras por el agresor, se encuentran impunes en libertad, algunas podemos caer en la comisión de un acto ilícito, que puede llevarnos a prisión. Indudablemente la agresión a sus atacantes representaría una exclusión al delito que cometen. Sin embargo, en nuestro marco jurídico tienen debilidades que hoy pueden perjudicar a las mujeres que reaccionan ante una historia de violencia en su contra, sin encontrar la posibilidad de acceder a una exclusión de la culpabilidad. Como referencia sirve el caso de Roxana Ruiz, la mujer que mató a su violador en defensa propia y que hoy enfrenta una condena de seis años de cárcel. De la misma manera está el caso de Yakiri Rubio, la joven encarcelada por matar a su agresor, al defenderse de una violación. O bien, el caso ocurrido en Hidalgo, donde vincularon a un proceso a una mujer que acusó de muerte de su esposo, al defenderse de golpes que le propinaba. En todos estos casos se podría acreditar una legítima defensa. No obstante, nuestra legislación tiene limitantes. Actualmente, para que pueda acreditarse una legítima defensa se tiene que estar ante la situación de repeler una agresión real, actual o inminente. Es decir, la defensa de la víctima que ocasione lesiones o la muerte de su agresor, tiene que ser una respuesta de una agresión en esas condiciones. Sin embargo, no siempre ocurre así. También existen casos en donde la violencia a la que es sometida la víctima es reiterada y constante durante años, llevándola a la comisión de una conducta ilícita que sería sancionada con prisión y que al no ajustarse los requisitos mencionados, muchas de estas mujeres son condenadas a prisión por considerarse un exceso. En este sentido, especialistas han hecho un llamado a valorar la posibilidad de hacer una excepción a estos requisitos para acreditar la legítima defensa, considerando el estado psicológico de las víctimas de años de abuso y violencia. Bajo esta lógica, la presente iniciativa tiene como objeto modificar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reformar el concepto de violencia psicológica integrando legítima defensa como un supuesto de reacción provocado por el daño a la estabilidad psicológica que pudiera ser temporal o permanente. Asimismo, proponemos modificar el Código Penal Federal para establecer una excepción a los casos considerados excesos de legítima defensa. Dicha propuesta debe ser entendida como un mecanismo más de defensa a favor de las víctimas que legítimamente reaccionan en contra de su agresor y que son considerado un exceso de legítima defensa, en un acto que atenta contra los derechos de las víctimas. Por lo anterior, someto a consideración de esta asamblea la presente iniciativa, esperando contar con su respaldo. Es cuanto, muchas gracias.