El diputado Luis Gustavo Parra Noriega: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras legisladoras. La historia constitucional mexicana del derecho a la información ofrece diversos antecedentes; desde el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana hasta el mensaje y proyecto de Constitución de don Venustiano Carranza, por lo que vemos claramente que ha sido propósito de los legisladores mexicanos preservar como libertad política la libre manifestación de las ideas, ya que la información propiamente dicha, producto de la información moderna, ha venido a convertirse en factor de primera importancia en la modelación de la opinión pública. Por ello en nuestra Constitución, en octubre de 1977, se adicionó en el artículo 6o. que el derecho a la información será garantizado por el Estado, convirtiéndose en una garantía social correlativa a la libertad de expresión, que se instituyó con motivo de la reforma política de ese entonces. Ello consistía también en que el Estado permitiera que a través de los diversos medios de comunicación se manifestara de manera regular la diversidad de opinión de los partidos políticos, dejando a la legislación secundaria la definición del derecho y de sus vertientes, así como de los mecanismos para ejercerlo. No obstante el planteamiento constitucional, dicha legislación resultaba insuficiente y no fue sino hasta en el 2001 —en el sexenio de la alternancia— que el Presidente Fox de manera decidida impulsó la creación y aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la colaboración de esta soberanía y por supuesto de diversos actores académicos y sociales; logrando el desarrollo de una de las vertientes del derecho a la información: el acceso a la información pública; y un avance real en la construcción de una cultura de transparencia y de democracia participativa que poco a poco va permeando en los órdenes de gobierno. El día de hoy la historia nos ha dado cita para formar parte de una votación que tiene visión y compromisos de futuro. Hoy la democracia en México celebra esta fiesta plural y federalista y la Cámara de Diputados muestra que es un espacio de diálogo y consensos al dar un paso tan importante en la construcción de un sistema político con calidad democrática. Con el paso que estoy seguro daremos el día de hoy, cumplimos también un compromiso establecido por nuestro Presidente de la República, Felipe Calderón, quien se había manifestado en la pasada campaña electoral porque este derecho fundamental estuviera plenamente garantizado en nuestra Carta Magna, y que como sabemos y nos consta, su gobierno ha apoyado sin reservas esta reforma fundamental para la rendición de cuentas y el fortalecimiento de nuestra órbita de derechos como mexicanos. Desde esta tribuna, en nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional, quiero reconocer la labor de todos los demás grupos parlamentarios que han asumido la tarea de construir juntos una democracia a través de esta reforma que busca dar estándares mínimos para este derecho tan importante y que va a permitir el pleno ejercicio de esta libertad pública. En especial quiero agradecer a todos los integrantes de las Comisiones Unidas y a sus presidentes, por la confianza en el grupo de redacción a quienes nos encomendaron la tarea de lograr un texto que, preservando el espíritu de la iniciativa que los señores gobernadores atinadamente nos propusieron, lograra plasmar en esta reforma el consenso fundamental sobre la máxima publicidad de la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los tres órdenes de gobierno. También quiero agradecer al IFAI por su interés y acompañamiento en esta reforma y a los compañeros legisladores que aportaron y se preocuparon en el tema. Con todo respeto preciso también de una vez, compañeros, y quiero llamar su atención para dejar en claro un tema que ha generado polémica en los últimos días a raíz de esta reforma, que es el caso de los partidos políticos. En el texto que hoy conocemos se establece en la fracción VI, del segundo párrafo, que las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deben hacer pública la información relativa a los recursos públicos que se entreguen a personas físicas o morales. Éstas últimas con independencia de su naturaleza pública o privada. De la interpretación de dicha fracción se desprende que sí quedan incluidos, entre otros, los partidos y otras instituciones, así como organizaciones no gubernamentales, sindicatos, sociedades, asociaciones y fundaciones que reciban recursos públicos, entre muchos otros. En ese sentido, tal y como se argumenta en los considerandos del dictamen, la reforma propuesta no exime a los partidos de sus obligaciones de acceso a la información y transparencia ni a ninguna otra figura de autoridad pública. Esto abre la posibilidad de que las leyes que la regulan deban desarrollar y traducir en su momento las bases mínimas constitucionales. Por ello los legisladores tenemos el desafío de ampliar el régimen y las obligaciones de transparencia de los partidos, realizando las reformas pertinentes a la Ley Federal de Transparencia y al Cofipe para avanzar de manera paralela con la reforma aprobada. Otro desafío —y le pido también su comprensión a la señora Presidenta y a los compañeros— otro desafío que se nos presenta es el tema de los datos personales. Esta reforma es muy clara al precisar que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las gestiones que fijen las leyes. Con ello se busca proteger los datos que se encuentran en posesión de las entidades públicas. No obstante esta importante referencia constitucional, como principio para la protección de los datos, es necesario establecer con toda claridad y a la brevedad posible la facultad del Congreso de la Unión en el artículo 73 constitucional para legislar en la materia y ampliar esa protección al ámbito de los datos personales que recolectan y tratan los particulares. En Acción Nacional celebramos que estamos ensanchando los cauces constitucionales para la sociedad. A ella va dedicado todo nuestro esfuerzo y trabajo a partir del diálogo responsable y el consenso en los acuerdos. Celebramos el punto de partida que implica esta reforma para edificar un sistema de gobierno republicano y federal, con autoridades y gobernantes dispuestos a transparentar y rendir cuentas del dinero que todos los ciudadanos aportamos para el buen funcionamiento del Estado. Celebramos también que el acceso a la información sea un valor que está por encima de los intereses particulares, de instituciones, de funcionarios y que el acceso es un bien público y por lo tanto cuenta con una tutela privilegiada en nuestra arquitectura constitucional. Esperamos, compañeros, que todas las fuerzas políticas mantengamos este compromiso y desde el más humilde municipio hasta la entidad federativa más poderosa y, por supuesto, los Poderes federales y órganos autónomos cumplan con estos principios y bases constitucionales para el bien y prosperidad de nuestra patria, además de contar con esta voluntad para abordar los temas pendientes señalados. Quiero terminar con una frase de Madison, eminente constitucionalista, cuando decía: "Un gobierno popular que no proporciona información al pueblo, o que carece de medios para proporcionársela, no es otra cosa que el prólogo de una farsa o de una tragedia y tal vez ambas cosas. El conocimiento privará siempre sobre la ignorancia y un pueblo que espera gobernarse a sí mismo debe armarse con la fuerza del conocimiento". Muchas gracias.