El diputado Jorge Salgado Parra: Con el permiso de la Mesa. El Grupo Parlamentario del PRD, así como diputados de otro partido como Manuel Huerta, Ricardo Monreal y Ricardo Mejía, estuvimos en contacto acerca de la solicitud para que la Cámara de Diputados iniciara una demanda de controversia constitucional contra el procedimiento legislativo de la iniciativa con trámite preferente relativa al proyecto de decreto de reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que el titular del Ejecutivo federal hizo llegar a esta representación popular el primero de septiembre de 2012. El grupo parlamentario lo hizo con la convicción de defender las atribuciones constitucionales que tiene el Congreso de la Unión, para desarrollar en ley secundaria la figura del trámite preferente introducida en la reforma constitucional contenida en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 9 de agosto de 2012 en materia de reforma política. En base a esto, según la Dirección de Asuntos Jurídicos, el proyecto presentado por el PRD reúne los requisitos esenciales de forma previstos en la ley reglamentaria en la materia y sugiere que es susceptible de ser mejorada. Asimismo precisa que la Cámara de Diputados se encuentra dentro del término legal para presentar la que fenece el próximo 15 de octubre. La tutela jurídica de la controversia constitucional es la protección a las atribuciones de la Constitución General de la República que prevé para las entidades, poderes u órganos que señala su artículo 105, fracción I, para resguardar el sistema federal y para preservar la regularidad en el ejercicio de esas atribuciones constitucionales establecidas a favor de tales órgano, por lo que para que en esa vía constitucional proceda, la norma o acto impugnado debe de ser susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio al promovente en razón de la situación de hecho en que se encuentre, la cual necesariamente debe estar legalmente tutelada y consecuentemente los conceptos de invalidez deben de dirigirse a demostrar que el acto o norma impugnado cuando menos le afecta como entidad, poder u órgano. El argumento anterior se fortalece aún más con el criterio jurisprudencial que establece que el interés legítimo se actualiza cuando la conducta de la autoridad demandada sea susceptible de causar perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve en razón de la situación de hecho en el que ésta se encuentra, la cual necesariamente deberá estar legalmente tutelada para que se pueda exigir su estricta observancia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Interés que sin duda alguna igualmente ostentan los representantes políticos y el titular de esta soberanía nacional, es decir, el pueblo al preverse incluso en la propia Constitución federal mecanismos de garantía institucional para que la protección e los derechos fundamentales como parte de las minorías parlamentarias. Pero además y en todo caso lo del impacto por demás negativo que representa la reforma legal objeto de la referida iniciativa preferente para los derechos sociales en nuestro país, vuelve a enfatizar para que la discusión sobre una controversia constitucional en los términos propuestos por nuestro grupo parlamentario, no se debe limitar a analizar aspectos meramente de formalidad sino más bien de fondo, al estar en riesgo de conculcarse los derechos laborales plenamente reconocidos y garantizados por nuestra Constitución federal. De ahí que aunque falazmente se argumente que la iniciativa preferente no contraviene la Constitución al no preverse una modificación del texto de la misma, lo cierto es que veladamente se estaría modificando el orden constitucional al modificar los principios y valores constitucionales que protege y garantiza el trabajo en condiciones dignas mediante un ordenamiento secundario. Por las anteriores consideraciones el grupo parlamentario del PRD propone: que la Cámara de Diputados inicie demanda de controversia constitucional contra el procedimiento legislativo preferente con el que se recibió, analizó, discutió y aprobó la iniciativa de la reforma laboral presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal el pasado primero de septiembre. Muchas gracias.