El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Gracias, presidente. Primero que nada, yo quisiera hacer una expresión. La transparencia es un valor y es un valor que no se menciona, es un valor que se demuestra y ustedes en el oficialismo no lo han demostrado, no han demostrado ese valor de transparentar temas que son importantes para el país. Hay asuntos, más de 90 mil expedientes reservaron en el sexenio que concluyó de su tlatoani, de su jefe político, más de 90 mil expedientes echaron en reserva, los guardaron, los archivaron para que las y los mexicanos no los conocieran, para que las y los mexicanos no tuviéramos la información en relación al Tren Maya, en relación a los homicidios que se presentaron en elecciones constitucionales, la aprehensión y luego la liberación inmediata de un miembro de un cártel del crimen organizado, también reservaron esa información, la muerte de 137 personas en Hidalgo por la explosión que se dio en un ducto de Pemex, por mencionar algunas de los expedientes que reservaron, que archivaron y que guardaron. Reitero, la transparencia es un valor que no se menciona, es un valor que se demuestra y ustedes con toda claridad no demuestran que ese valor está en su movimiento. Como miembro del Partido Revolucionario Institucional, como legislador y como mexicano estoy aquí para alzar la voz en contra de esta reforma que representa un grave retroceso en materia de protección de datos personales, en la era digital donde la información personal es un activo de gran valor es alarmante que el gobierno debilite los mecanismos para la protección de nuestros datos. Se expide una nueva ley, sí, pero su verdadero propósito es homologar el marco legal para justificar la desaparición del Inai, el único organismo que garantizaba nuestra privacidad y el acceso a la información. En otras palabras, se eliminó un contrapeso clave y centrar el control de todo a las mismas autoridades. Nos dicen que esta ley ajusta principios y procedimientos en el sector público, pero lo que realmente hace es concentrar el poder en las autoridades garantizadas establecidas en la nueva Ley de Transparencia. Ahora serán ellas y no un órgano independiente quienes revisarán los recursos y supervisarán el tratamiento de nuestros datos. Vamos a ir a pedirle al gobierno datos, el gobierno nos los niega, impugnamos ante el gobierno y el gobierno resuelve. Es decir, todo concentrado en un solo poder. Antes podíamos acudir a instancias especializadas a defender nuestra privacidad, ahora la única opción será el juicio de amparo, un proceso que es largo, que es costoso y que no está al alcance de todos. Se elimina el derecho de interponer recursos específicos en materia de datos personales dejándonos en estado de indefensión frente a los abusos del poder. Las sanciones administrativas y la resolución de controversias quedan en manos de las autoridades que tendrán el control interno. ¿Dónde está la imparcialidad?, me pregunto. ¿Quién nos asegura que actuarán con independencia y no bajo presiones políticas? ¿Quiénes nos dirán si verdaderamente van a actuar conforme a la ley? Se mantiene la obligación de resguardar, clasificar y eventualmente suprimir datos personales bajo los principios de finalidad y proporcionalidad, pero sin mecanismos efectivos de vigilancia, lo que contraviene esta promesa que se encuentra vacía. Y, como si esto fuera poco, se crea un procedimiento de impugnación única donde el único camino es acudir a la autoridad que da la información y luego ella la niega y, después, nos tendremos que ir al amparo, ya lo decía. ¿Dónde queda la instancia intermedia que antes garantizaba una revisión imparcial? ¿Cómo podemos confiar en un sistema que está diseñado para cerrarnos las puertas? Esta reforma no busca fortalecer nuestros derechos, busca facilitar el control del Estado de la información ciudadana y eliminar los contrapesos que garantizaban nuestra protección. Esta reforma limita la rendición de cuentas y nos deja a merced de la voluntad de una institución, una y otra vez han demostrado su falta de transparencia. No podemos permitir que la supuesta modernización de la ley sea en realidad un pretexto para debilitar la vigilancia ciudadana y el acceso a la justicia. Hoy más que nunca debemos exigir autonomía, imparcialidad y transparencia real. ¿Qué tan protegidos estarán nuestros datos de salud, nuestros datos financieros, nuestros datos de identidad con esta nueva estructura? ¿Quién garantizará que nuestras direcciones, teléfonos, historial clínico, bancario no sean utilizados con fines políticos, comerciales o ilícitos? Esto es lo que tiene esta reforma. Porque debemos defender nuestro derecho a la privacidad y a la seguridad de nuestra información personal, porque la privacidad es libertad y la libertad no se negocia. Es cuanto, señor presidente.