La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. ¿Cómo creerles en la supuesta buena voluntad de respetar el derecho a la información? ¿Cómo creerles si vivimos en un país catalogado como uno de los más peligrosos del mundo para ejercer el derecho a la libertad de expresión? ¿Cómo creerles si en el gobierno panista de Felipe Calderón asesinaron a 48 periodistas, desaparecieron 15 más y se registraron mil 92 agresiones a reporteros? ¿Cómo creerles si en este sexenio priista de Peña Nieto van 41 periodistas asesinados, 4 desapariciones y mil 986 agresiones? En el ejercicio del poder público comunicar es gobernar, pero en este gobierno la comunicación es sinónimo de negocio, opacidad y represión. Es lamentable que discutamos una ley de suma importancia porque nos obliga una sentencia de la Suprema Corte y no por convicción, por conveniencia y por necesidad. No ha sido una cuestión de voluntad regular la publicidad gubernamental, por la serie de intereses que existen detrás y el uso discrecional que se hace de los mismos recursos. Estamos frente a una simulación apurada por cumplir una sentencia de amparo. Eso debe quedar bien claro, no se nos debe olvidar que esta soberanía no ha cumplido su obligación de legislar en tiempo y forma esta ley, a pesar de haber iniciativas que fueron presentadas por integrantes de esta soberanía. Se ignora en esta legislación los mínimos irreductibles, que no están considerados de manera adecuada y otros son ignorados completamente. No hay límites para el derroche del gasto en publicidad oficial, lo que se convierte en un verdadero negocio y sin criterios de transparencia. No se cuenta con un enfoque de derechos en la comunicación del gobierno como obligaciones precisas para evitar mensajes discriminatorios, sexistas o que fomentan el odio. Tampoco hay restricciones suficientes para evitar la promoción de servidores públicos y se deja a discreción hacerse propaganda. Es un dictamen para simular que estamos cumpliendo con una obligación que este Congreso de la Unión no ha sido capaz de hacer. Al contrario, estamos legislando para permitir los excesos en gastos de publicidad que sin ningún recato se han venido realizando en los tres últimos sexenios del PRIAN. Ahí están las cifras. En el gobierno de Peña Nieto se han gastado 71 por ciento más del presupuesto autorizado por esta Cámara de Diputados. Aquí decía en tribuna un diputado que para eso estamos. Claro, nos toca aprobar el presupuesto, pero el Ejecutivo lo cambia, como es en este caso que se aprueban 21 mil 900 millones de pesos por esta Cámara, pero se ejercen 36 mil 261 millones. Es decir, una diferencia de 15 mil millones de pesos. Pero no es exclusivo este afán de derroche, ya que con Vicente Fox se destinaron 16 mil 324 millones, mientras con Felipe Calderón fueron 32 mil 867 millones de pesos. ¿Cómo creerles, entonces, que quieran legislar en gastos de publicidad del gobierno? Por ello Morena propone con mucha claridad que el gasto de comunicación social de todo ente público, no puede exceder el equivalente del 5 por ciento de su presupuesto total y para evitar su abuso establecer que bajo ninguna circunstancia se realizarán modificaciones a los recursos aprobados en los Presupuestos de Egresos por los órganos legislativos para este rubro. Debemos evitar ese derroche que no solo es un exceso, es un cinismo que ocupen esas cantidades de dinero cuando hay tanta pobreza, hambre y desempleo en este país que han gobernado y que muy pronto dejarán de hacerlo. Es cuanto, diputado presidente.