La diputada Jazmín Jaimes Albarrán: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México enfrenta una de sus más severas crisis en materia de seguridad social, según el ranking general de los mejores países del mundo. México ha bajado 8 lugares, de estar en el 2018 en el lugar número 17, hoy se encuentra en el lugar 25. En el indicador que mide la calidad de vida, se obtuvo el lugar 46, ya que, entre otras cosas, México se considera como un país inseguro, con un sistema de educación y de salud poco desarrollados, con una mala distribución de los ingresos entre la población y con un mercado de trabajo precario. Según el Inegi, actualmente la población económicamente activa es de 60.2 millones de habitantes, de los cuales en los empleos formales existen 27 millones y más de 37.1 millones se catalogan en el sector informal. En la mayoría de los casos, los trabajadores del sector informal tienen derechos laborales limitados, como el acceso a seguridad social, contratos, instituciones de salud, créditos para la vivienda o pensiones. Y los más de 27 millones de mexicanos y mexicanas que se encuentran dentro de la formalidad, hoy ven vulnerados sus derechos y, sobre todo, el derecho a obtener una pensión digna que realmente les permita retirarse de la vida laboral con lo necesario para vivir. Entendamos la palabra pensión como una prestación económica que se destina a proteger al trabajador por cuestiones de accidente de trabajo, por padecer alguna enfermedad o algún accidente laboral o no laboral y al cumplir al menos 60 años de edad. Es un derecho social conquistado por los trabajadores que han dado lucha en este país, establecido como un derecho irreducible por el artículo 123 de nuestra Constitución. Actualmente, la pensión del trabajador del ISSSTE se contempla en el artículo décimo transitorio de la Ley y se calcula con el promedio del salario del último año, pero con un tope de 10 salarios mínimos. En este caso y ante la decisión de la Corte, se establece en UMAS. Lo anterior porque desde el 27 de enero de 2016, la reforma constitucional en materia de indexación del salario mínimo tuvo como finalidad, entre otras cosas, el modificar la unidad de cuenta, índice, base o medida de referencia económica en pesos para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y estatales, así como en las disposiciones jurídicas que emanan de todas las anteriores. Es decir, con dichas reformas se generó un rotundo daño al cálculo y otorgamiento de las pensiones y jubilaciones, porque el valor de la UMA o unidad de medida y actualización es determinada y actualizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi y, por poner ejemplo, con el motivo de esta propuesta de iniciativa, la UMA hoy equivale a 103.74 pesos, que al mes nos dan un total de 3 mil 153.70 pesos, mientras que el salario mínimo es de 207.44 pesos, con una totalidad mensual de 6 mil 223 pesos. Es decir, hay más de 3 mil pesos que no son considerados en el cálculo de las pensiones y jubilaciones de nuestro país y que, por lo menos, al día de hoy, más de 9 millones de mexicanas y mexicanos enfrentan dicha problemática. Una de nuestras principales labores como legisladores es crear, reformar y proponer todo aquel instrumento jurídico que sea para beneficio social. Por ello hoy, ante todos ustedes, presento la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 123, apartado A, primer párrafo de la fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pensiones y jubilaciones, que consiste en modificar el texto vigente para que las pensiones, las jubilaciones y aquellos derivados de derechos adquiridos de las personas que dieron su vida trabajando, se calculen en salarios mínimos y no en UMAS. Quiero enfatizar en la importancia de esta iniciativa, porque hoy muchos de nuestros conocidos, de nuestros familiares y de nuestros representados lo padecen. Y, además, porque no sabemos si muchos de nosotros lleguemos a la vejez y podamos reclamar dicho derecho. Con respeto solicito su respaldo y su apoyo para esta iniciativa. Es cuanto.