La diputada Adriana Bustamante Castellanos: La violencia contra la mujer es estructural y sistémica, el desempeño de los órganos de investigación y de aquellos que imparten justicia es fundamental en la garantía y el ejercicio efectivo del derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. La iniciativa por la que hoy pido el apoyo a todas y todos, representa un paso en la lucha de las familias de víctimas de feminicidio por exigir una deuda histórica, que involucra al agresor, pero también a la autoridad encargada de procurar justicia. ¿Cuántos, compañeras y compañeros, cuántos feminicidios han quedado impunes y se han clasificado como homicidios culposos o dolosos? ¿Cuántos casos de impunidad viven actualmente las familias en México? Y esto, por la falta de sensibilidad o pericia de las autoridades al momento de llevar una formal investigación o por qué, ¿por qué parecería irrelevante resguardar debidamente una escena del crimen?, ¿por qué?, porque la chica estaba en aparente estado de ebriedad, porque parecía meramente un accidente o porque se notaban que eran conflictos domésticos. Con mucha tristeza les digo, que en 2021 la cifra de carpetas de investigación en materia de feminicidio que no se han resuelto, acumulan más de 23 mil. Este dato refleja las carencias y poca sensibilidad de las fiscalías, de sus fiscales ante la violencia de género. Lo realmente alarmante es que estas carpetas de investigación por falta de pruebas pueden durar años abiertas sin resolver absolutamente nada. Ese fue el caso de Karla Yesenia, una joven de apenas 19 años de edad que en 2018 fue encontrada sin vida en una calle de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, su cuerpo tenía evidentes pruebas de violencia. Un hombre fue detenido por como presunto responsable. Sin embargo múltiples pruebas fueron desestimadas y actualmente después de cuatro años la familia aún sigue en espera de una sentencia favorable, a un amparo que interpusieron, el amparo 161/2022, radicado en el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal. Lo que ellos buscan es que se reclasifique como un delito de feminicidio, con la única intención de que el responsable cumpla una condena mayor por el delito que cometió. Ese delito fue clasificado como un accidente. Este caso es solo uno de los muchos, como el de Ariadna Flores, que demuestra que la impunidad y las transgresiones a los derechos y a la vida de las mujeres en México no sólo son cometidas por los agresores, sino también por las acciones y omisiones en el debido proceso durante la investigación por las autoridades encargadas de impartir justicia y que repercuten significativamente en una sanción efectiva por parte de las autoridades. Por lo anteriormente expuesto, esta iniciativa tiene por objeto incorporar en los supuestos que establecen la responsabilidad de los servidores públicos que retarden o entorpezcan maliciosamente la procuración de justicia o la administración de justicia para resolver un delito de feminicidio, ya sea por acción u omisión. Además, que, atendiendo la gravedad del delito, se propone incrementar la pena de prisión de 3 a 10 años a esos funcionarios o funcionarias que cometan ese delito, y que esos malos funcionarios no regresen a su trabajo, que sean inhabilitados. No los queremos ahí entorpeciendo la justicia en este país. Sin más por el momento, sólo quiero recordarles que nos queremos vivas, nos queremos libres y nos queremos seguras. Que caiga con fuerza el feminicida, pero también las autoridades cómplices que obstaculizan la justicia. Es cuanto, diputada presidenta.