El diputado Mario Ortega Alvarez: Con su permiso, señor Presidente. Vengo a esta tribuna a presentar una modificación a la Fracción VIII del Artículo 9º. De esta Ley que se discute, para que quede en los siguientes términos: "Los posibles riesgos que pudieran producir las actividades con OGMs a la salud humana y a la diversidad biológica, se valoran caso por caso. Dicha evaluación estará sustentada en la mejor evidencia científica y técnica disponibles. En caso de que la evidencia científica y técnica no exista, sea insuficiente o contradictoria, deberá rechazarse la liberación ante la incertidumbre. Consideramos que el Artículo 9º en su Fracción VIII debe reiterar la primacía del Convenio de Río en su Principio número 15 el cual textualmente señala lo siguiente: "Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. En caso de que la evidencia científica y técnica sea insuficiente o contradictoria, debiendo rechazarse la liberación de OGMs ante la incertidumbre. Es decir, en el caos de presunción de riesgo o efectos no deseados por el uso de organismos geneticamente modificados y la insuficiencia de evidencias científicas, las decisiones que se tomen deben seguir invariablemente el enfoque de precaución. Nosotros creemos que la legislación en bioseguridad, debe proteger en forma adecuada la salud humana y el medio ambiente. El sistema mayor del cual los seres humanos no son más que una sola parte, al darnos cuenta que las actividades humanas pueden involucrar riegos, en especial con los organismos geneticamente modificados, todos debemos proceder en una forma cuidadosa, en la que ha sido habitual en el pasado reciente. Por ello, a través de la legislación en bioseguridad, la sociedad en su conjunto puede obtener el marco regulatorio, que debe adoptar a través y frente a los organismos geneticamente modificados, por lo tanto, es necesario poner en práctica. Cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias, aun cuando algunas relaciones de causa y efecto, no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. En este contexto, no está demás señalar que los proponentes de una actividad, como es la liberación de organismos geneticamente modificados, deben ser quienes asuman la carga de la prueba. El proceso de aplicación de este principio del Convenio de Río ha de ser abierto, transparente y democrático y debe incluir a todas las partes potencialmente afectadas, también debe de involucrar un examen de toda la gama de alternativas incluyendo la no acción. Es por todo ello, que proponemos un agregado en la fracción VIII del Artículo 9º., para quedar con el siguiente agregado: Artículo 9º. fracción VIII.- Los posibles riesgos que pudieran producir las actividades con organismos geneticamente modificados a la salud humana y a la diversidad biológica, se valoran caso por caso, dicha evaluación estará sustentada en la mejor evidencia científica y técnica disponible. Y se agrega: En caso de que la evidencia científica y técnica no exista, sea insuficiente o contradictoria, deberá rechazar su liberación ante la incertidumbre. Es cuanto señor presidente.