La diputada Araceli Damián González: Gracias, señora diputada. El objeto de la iniciativa que hoy presento es reformar diversos artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el 40, 41 y 58. La finalidad es mejorar la fase de ejecución presupuestaria, transparentarla y ajustarla al sentido de legalidad de la Constitución. Todos los años el presupuesto ejercido por el gobierno federal es significativamente superior al aprobado por esta Cámara. Nosotros, los diputados, tenemos la atribución, anualmente, de aprobar el presupuesto, por ello el hecho de que el presupuesto ejercido sea sustancialmente diferente del gasto aprobado, es un atentado contra una de las principales facultades y quizá la más relevante de esta Cámara de Diputados. Todos los años bajo la mirada cómplice de los partidos mayoritarios, esta Cámara es despojada de facto y de manera ilegítima de su competencia fundamental de aprobación del presupuesto. Nuestro trabajo se convierte en pura simulación, resulta urgente terminar con esta irregularidad. La iniciativa que presento se encamina a garantizar que los gastos aprobados por la Cámara se respeten en la fase de ejecución presupuestaria. En la Cuenta Pública de 2016, el gobierno federal gastó casi 700 mil millones de pesos adicionales a lo aprobado en el presupuesto, se trata de recursos públicos que se erogan sin ningún control legislativo y de forma absolutamente discrecional y arbitraria. Además, el problema de los gastos adicionales del gobierno no sólo es una cuestión de transparencia y rendición de cuentas, ocurre que los gastos imprevistos no se destinan a rubros vitales para el desarrollo social y económico de la nación. Si este objetivo tuviese un mínimo de responsabilidad, perdón, si este gobierno lo tuviera, y dignidad, los ingresos extraordinarios del sector público se destinarían a educación, salud, programas sociales, seguridad social, desarrollo productivo o políticas de innovación. Sin embargo, no resulta extraño comprobar que los recursos adicionales se consagran a gasto suntuario y opaco. Por ejemplo, en la Cuenta Pública de 2015 los rubros que tuvieron mayores incrementos, por ejemplo, fue el de compra de títulos y valores, remuneraciones a personal de carácter transitorio, transferencias a fideicomisos y los servicios de comunicación social y publicidad. Por tanto, el Ejecutivo mexicano anualmente configura una agenda ilegítima, superflua, y oculta de gasto público que no se autoriza ni controla por la Cámara de Diputados. Resulta urgente normar el destino de los gastos adicionales del Ejecutivo, de forma que no solo se transparenten y ajusten a lo autorizado por la Cámara sino que se destinan prioritariamente a partidas de gasto con impacto en el bienestar social. Esta iniciativa busca que la Secretaría de Hacienda formule previsiones aproximadas de los ingresos adicionales y evitar que ese dinero resulte de transacciones financieras u oscuras, como ocurre habitualmente. Además, la propuesta de reforma que impulso busca garantizar que en ningún caso los ingresos adicionales del gobierno provengan de la descapitalización de las instituciones de seguridad social o empresas productivas del Estado, y que siempre los gastos extraordinarios se dediquen a impacto social y económico y mejoren la calidad de vida de la población. Por ello, propongo que las erogaciones extraordinarias del gobierno se consagren prioritariamente a educación, salud, seguridad social e innovación entre otras. En su intervención de ayer, en esta soberanía, el auditor superior de la federación señaló que la discrecionalidad es uno de los principales riesgos asociados a la corrupción en México. La corrupción es una de las grandes lacras de la nación y el vínculo entre discrecionalidad y corrupción está acreditado. Si existe una muestra clara de discrecionalidad, ésa es la del actual régimen jurídico de los gastos e ingresos adicionales del sector público. Esta iniciativa se marca en un esfuerzo por transparentar el ejercicio del gasto del Ejecutivo y coadyuvar a la erradicación de la corrupción en nuestro país. La arbitrariedad en el gasto de las instituciones es la que ha permitido que Odebrecht comprara a funcionarios públicos mexicanos a cambio de multimillonarios contratos. Este tipo de prácticas las debemos evitar si efectivamente ustedes están a favor de la transparencia y la rendición de cuentas.