El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con el permiso, ciudadano presidente, Mesa Directiva. Señoras y señores legisladores, vengo a presentar reformas a los artículos 232, 234 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el fondo se trata de lo siguiente: de que sean postulados candidatos en municipios, distritos locales y federales, sean indígenas de origen y que hablen la lengua, y que no sea con una cuota de poder. Los pueblos indígenas hemos sido discriminados en la toma de decisiones del rumbo de nuestra nación y en nuestro derecho al acceso al cargo para integrar las instituciones del Estado. Se nos ha visto como meros receptores pasivos de programas de corte asistencialista. Hoy estamos obligados a reconocer las promesas incumplidas y reconstruir la relación entre el Estado y los pueblos indígenas, misma que debe cimentarse en términos de igualdad, de funcionamiento horizontales que permitan impulsar escenarios incluyentes de la diversidad en el ámbito político, económico, social y cultural. Aun cuando ya existe un bloque de constitucionalidad y convencionalidad, los pueblos originarios de México siguen enfrentando graves problemas de exclusión, discriminación y falta de cumplimiento de sus derechos básicos, lo cual obedece tanto a la falta de capacidad suficiente de las instituciones como a la carencia de voluntad política para resolver el problema. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, ha señalado su preocupación por el número y rango de los puestos gubernamentales, ocupados por personas indígenas, especialmente mujeres en México, y han recomendado que se redoblen los esfuerzos para asegurar la plena participación de los indígenas, en especial de las mujeres, y en todas las instituciones de toma de decisiones, en particular en las instituciones representativas y en los asuntos públicos, y que tome medidas efectivas para asegurar que todos los pueblos indígenas participen en todos los niveles de la administración pública, la implementación de medidas especiales o de acción afirmativa. Lo anterior es así, toda vez que, en México, según datos del Inegi, la población nacional que se autorreconoce como indígena representa el 21.5 por ciento del total y alcanza la cifra de 25 millones 694 mil 928 personas; de los cuales el 48.7 son hombres y el 51.2 mujeres. De manera específica, la población indígena en edad y posibilidad de votar suma 17 millones 98 mil 838, por lo que a la luz de los escasos datos de la representación indígena en el Congreso de la Unión, se puede identificar que esta se encuentra en situación de subrepresentación. Es por ello, que la razón de ser de la acción afirmativa que se propone en la presente iniciativa, es atacar la desigualdad estructural que sufren las comunidades indígenas y su propósito es incorporar representantes de esos mexicanos en la Cámara de Diputados, las medidas que ha establecido el INE no son eficaces. Las comunidades indígenas representan 21.5 por ciento de la población, ¿por qué reconocer solo el 4 por ciento de los distritos? Históricamente el porcentaje de personas Indígenas que accede a las diputaciones federales es muy reducido; ello debido a que los partidos políticos no registran suficientes fórmulas de candidaturas indígenas, ni siquiera en aquellos distritos electorales en donde representan más del 40 por ciento de la población. Esto, sin duda alguna, ha obstaculizado la representatividad de nuestros pueblos, como se evidencia en los resultados electorales del 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018 en los distritos con población indígena y que acreditan que son escasas las personas de este origen que acceden a las diputaciones federales.