La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Compañeras, compañeros, los linchamientos están prohibidos en México. Sin embargo, castigar estos actos de justicia por propia mano es complicado porque al cometerse en grupo es difícil identificar a quien participa en ellos. Factores como la impunidad y debilidad del Estado de derecho son los que propician que diferentes grupos de personas decidan ejercer la violencia y la justicia por propia mano. El linchamiento es un delito que pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia y vulnera los derechos de los acusados, afectando el tejido social. Los actos de linchamiento o la justicia por propia mano reflejan la pérdida de valores y muestran la violencia extrema de aquellos que exigen justicia, pero se apartan de las normas de convivencia legales y actúan fuera del Estado de derecho. Como sociedad, debemos rechazar toda expresión de violencia al margen de la ley, al tiempo de exigir a las autoridades tanto locales y estatales y de la federación, sancionar estos actos mediante la legislación competente. Las conductas de una sociedad no tienen justificación cuando se falta al acatamiento de la ley y se recurre a vías indebidas para aplicar justicia. La libertad de cualquier comunidad en nuestro país se establece en los principios de la Constitución nacional que nos rige a todos, el respeto a los derechos humanos y, sobre todo, el respeto a la vida, dignidad e integridad de las personas. Un estudio del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, de este año 2018, titulado Linchamientos en México, señala que en los últimos 26 años en México se han registrado, por lo menos, 366 linchamientos en los diferentes estados de la República, principalmente en la zona centro sur del país, mostrándonos con ello una clara debilidad o definitivamente un Estado fallido. En la mitad de los casos de linchamiento las personas cometieron el delito de robo, un 16 por ciento atropellaron a alguien o tuvieron un accidente de tránsito y un 7 por ciento fueron acusados de cometer violación, asesinato o secuestro, el promedio de estos 26 años es de 16 linchamientos por año. En el país se han presentado picos en ciertos momentos. En 1997 se presentaron 27 casos. En 2010 hubo 47. En 2013, 40. Y en 2014, 63 linchamientos con especial incidencia en Puebla, estado de México y el Distrito Federal de aquél entonces. Más que el uso de la fuerza es necesario la acción social en comunidades donde existen riesgos o donde ya sucedieron estos hechos, por lo que es importante reconocer y atender el daño y la fragmentación que permanece en las comunidades después del acontecimiento de violencia. Identificar el contexto y los efectos de las múltiples formas de violencia que ahí se padecen y sobre todo comprender que mientras la justicia del Estado continúe siendo excluyente y omisa, los linchamientos no van a cesar. Comento esto del Estado fallido, porque quiero pedir desde esta tribuna la intervención del Estado mexicano para liberar a un municipio que en Michoacán está en estado de sitio desde hace dos semanas, como una prueba de que la procuración e impartición de justicia es omisa, porque mientras en unos lugares se llega al grado de dejar en manos de la delincuencia el resguardo...