La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidente. Las instituciones encargadas de impartir la justicia penal en México no han funcionado. Es público y notorio que están en crisis. Están afectadas por prácticas indebidas, como la corrupción, la ineficacia, el hermetismo, situación que no permite de manera alguna mitigar la impunidad y garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución, tanto de la víctima como del inculpado. De acuerdo a las estadísticas del sistema penitenciario nacional de enero de 2013, la población penitenciaria en los 420 penales de México es de 242 mil 754 internos, asentada en espacios diseñados para sólo 195 mil. Es decir, existe sobrepoblación y hacinamiento extremo en las prisiones, que sumado al uso excesivo de la cárcel preventiva genera un grave problema que requiere de políticas criminales y penitenciarias, de combate del delito y la reflexión obligada de la utilidad de las cárceles y sus consecuencias multifactoriales. Por ejemplo, en la cárcel de Tepeaca, Puebla, conviven 266 internos, en un espacio diseñado para 46. En todo el país la sobrepoblación es resultado del alto porcentaje de reos, 58.8 por ciento, que cumplen una condena de menos de tres años, lo que significa que la capacidad de persecución criminal del Estado es baja y se limita a los eslabones más débiles de la cadena delictiva. La gran mayoría, 193 mil 194 de los prisioneros del país están cumpliendo condenas por delitos comunes en lugar de delitos federales, 72 mil de ellos por robo. En el estudio La cárcel en México, ¿para qué?, que recoge cifras oficiales, refleja que en enero de 2013 se alcanzó el nivel máximo de presos sin condena, 100 mil 304, lo que representa el 41.3 por ciento del total de la población penitenciaria. De estos, 75 mil 413 pertenecen al fuero común y el resto al federal. La ingobernabilidad de las prisiones se refleja en los 269 enfrentamientos registrados entre el 2010 y mayo de 2013, que dejaron como saldo 568 internos muertos. Durante la administración pasada, la atención en la materia sólo se centró en la ampliación de la capacidad instalada en el sistema penitenciario, se construyeron ocho nuevos penales federales a cargo de la iniciativa privada, sin embargo no se reparó en el análisis y el estudio de fondo para evitar la sobrepoblación, y la actual administración ha repetido el modelo. No olvidemos cómo el ex presidente Felipe Calderón, en su afán por ganar la guerra contra el narcotráfico, vulneraba los derechos humanos y las garantías constitucionales presentando en vivo las múltiples capturas de presuntos responsables en los medios de comunicación antes de que se iniciara un juicio en su contra y en la mayoría de los casos sólo resultaba un montaje. Vivimos en un país donde se criminaliza por su aspecto, donde se criminaliza la pobreza, las cárceles están llenas de pobres, mientras que los criminales de cuello blanco son intocables. Sin embargo, conscientes de que el sistema de justicia penal en México fuera reformado para transitar a un modelo de naturaleza acusatoria, que establezca nuevas formas en la investigación, procesamiento y sanción de delitos de los órganos jurisdiccionales, locales y federales, emitiremos nuestro voto a favor, esperando que el uso de instrumentos alternos a las actuales sanciones carcelarias permitan un sistema de justicia penal equilibrado que proteja a la víctima y al imputado. En ese tenor seremos vigilantes de que con la aprobación de este nuevo código los juicios orales permitan que las actuaciones se den en el marco del respeto a los derechos humanos, que el debate probatorio se verifique ante el juez, volviéndose expedito a través de la oralidad, y que la prisión preventiva deje ser la regla y se convierta en excepción. Es por ello que la reforma se tiene que dar en la mentalidad de todos, pues sólo se conseguirá entendiendo que ésta depende más de los principios personales que de los propios del sistema para alcanzar el resultado que en su exposición de motivos se propuso; y de nosotros mismos como legisladores, en no buscar implementar medidas fascistas como la Ley de Marcial o como las sanciones penales para el caso de los eventos deportivos, cuyo único resultado sería incrementar más aún el número de personas en prisión. Aún quedan temas pendientes de ser incluidos y dudas sobre la eficacia de la aplicación de este nuevo código, será el tiempo en su aplicación el que nos dará la pauta para saber si el haber retomado otros modelos de justicia adversarial es lo idóneo para mejorar la justicia en nuestro país. Gracias.