La diputada Graciela Saldaña Fraire: Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué soluciona el caso de Ficrea modificando la Ley de Ahorro y Crédito Popular? En estos podríamos estar de acuerdo, pero que la propuesta del sector social es no modificar la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, ley exclusiva para las cooperativas, ¿por qué? Y voy a comentar precisamente por algunas cooperativas que me hicieron varias precisiones. Primero. Se daña a las sociedades cooperativas de ahorro y préstamo que tienen más de 60 años funcionando y que atienden a los más de 6 millones, 600 socios para beneficiar a los defraudadores del Ficrea. Segundo. Con las modificaciones, la Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo desaparecen primero a las 400 sociedades cooperativas de ahorro y préstamo de nivel básico y con esto se corre el riesgo sistemático para todas las demás cooperativas de ahorro y préstamo, pues paulatinamente irán desapareciendo todas, en virtud de las disposiciones administrativas que imponga la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Tercero. Expropian los más de 800 millones que hay en el Fondo de Protección Cooperativo, de las cuales más de 600 millones son aportaciones de las cooperativas autorizadas, lo que significa que el gobierno solo aporte 200 millones de pesos de sus recursos. Cuarto. Se atenta contra la autonomía y gestión democrática de las leyes cooperativas previstas en la Ley General de Sociedades Cooperativas al incorporar la figura del consejero independiente, que cabe señalar que las cooperativas tendrán que pagar sus honorarios y viáticos. Quinto. Se condena la extinción a las cooperativas de ahorro y préstamo más pequeñas, al obligarlas, desde el inicio a autorizarse, pues las mismas no tienen la capacidad económica para hacer frente a los requerimientos para su autorización y la regulación. Pero también se condena a que no pueden hacer de nuevas sociedades cooperativas de ahorro y préstamo. Concluyo, señor presidente. Consideramos, que esta ley a quien más afecta es a la población más pobre del país, a las y los mexicanos que no tienen acceso a los bancos, cuando éste no es un problema originado por las sociedades financieras, comunitarias y populares, sino por la corrupción de unos cuantos con el fin de defraudar. Esta ley es de corte político, para darle imagen de que el caso Ficrea se está resolviendo, cuando en realidad lo que están haciendo es premiar a los corruptos y hacer que los mexicanos y las mexicanas paguemos el dinero de los defraudadores con el argumento de que con los activos de la financiera será cubierta la deuda y después, ¿adónde irá ese dinero si verdaderamente se recupera? ¿Realmente se regresará al Estado? ¿O en realidad quedará como la deuda para los y las mexicanas? Estamos en contra de las facultades discrecionales que le dan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en contra de que el dinero de los ahorradores se lo lleven al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario. Estamos en contra de abonar a la cultura del fraude, esta política, diputadas y diputados, es discriminatoria, trata igual a los desiguales, les quita a los pequeños para darle a los grandes. Es cuanto, señor presidente.