La diputada Lidia Pérez Bárcenas: En mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia anticorrupción. Esta es la base que dio sustento a la legislación secundaria en la materia. Para poder poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción fue necesario emitir, reformar y abrogar diversos ordenamientos jurídicos, como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Código Penal Federal, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esa se expidió en junio del 2016. En mayo del 2018, diversos quejosos recurrieron al juicio de amparo en contra de la Cámara de Senadores y la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, así como el presidente de la República. Los actos reclamados fueron: la omisión del órgano legislativo de ratificar o rechazar los nombramientos de las o los magistrados, realizados por el titular del Ejecutivo federal, de acuerdo con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el sentido de que dichos nombramientos respondieran al principio de idoneidad, transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto. Este juicio constitucional permitió evidenciar que las propuestas remitidas al Senado de la República, bajo el oficio del 24 del 2017, mediante el cual sometió a ratificación los nombramientos de 3 magistrados de la tercera sección de la Sala Superior y 15 magistrados de las salas especializadas en materia de responsabilidades del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, únicamente constaba el nombre de los magistrados anticorrupción, así como el currículum vitae de cada uno de ellos. Elementos insuficientes para demostrar que el Ejecutivo federal emitió actos dirigidos para que los nombramientos se encontraran sujetos bajo los principios de idoneidad y transparencia exigidos en el artículo 43 de la Ley Orgánica Federal de Justicia Administración, en relación a los artículos 6o. y 113 de la Constitución, de conformidad con la jurisprudencia obligatoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en materia de nombramiento y ratificación de los magistrados. El 4 de abril del 2018 se confirma la sentencia del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y se acotan las atribuciones que le confiere, con fundamento en lo dispuesto del artículo 73, fracción XXIX, inciso h), párrafo sexto y séptimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los magistrados de la Sala Superior serán designados por el presidente de la República y ratificados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente, durarán en su encargo 15 años improrrogables. De aquí la importancia de que esta iniciativa, que hoy se discute, pueda ser aprobada por esta Cámara de Diputados. El actual gobierno y la mayoría del Congreso de la Unión heredamos un sistema que aún presenta fallas en el combate a la corrupción y que es preciso corregir y fortalecer. Con la finalidad de llevar a cabo estos nombramientos pendientes desde el 2017, se presenta este dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Transparencia y Anticorrupción, que desde nuestra visión contiene los siguientes avances: Fortalece el procedimiento administrativo sancionador y, por ende, al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Mejora el sistema de impartición de justicia administrativa. Garantiza los principios de idoneidad, transparencia, máxima publicidad y parlamento abierto. Respeta las atribuciones de control político del Senado de la República en la designación de estos. Respeta la división de Poderes y mejora su colaboración institucional. Precisa las atribuciones del órgano del control interno del tribunal. Apuntala, desde el ámbito jurisdiccional, el sistema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, vinculados con faltas graves. Homologa las disposiciones de la Ley Orgánica del Tribunal con la Ley General de Responsabilidades Administrativas en el marco del sistema nacional anticorrupción. En suma, lo que hoy estamos a punto de aprobar fortalecerá el sistema nacional anticorrupción y nos permitirá combatir con mayor eficacia el flagelo que ofrende y daña a la sociedad mexicana. No podíamos esperar menos de esta Cámara de Diputados en el marco del Día Internacional en contra de la Corrupción. Votar a favor de este dictamen es dar un paso decidido contra la corrupción y en contra de la impunidad.