El diputado Antonio Francisco Astiazarasn Gutiérrez: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Es bien sabido que el crimen organizado posee sobrados medios económicos para efectuar sus actividades en todo el territorio nacional. Lamentablemente, los estados de la República se encuentran en desventaja debido a la carencia de recursos humanos, materiales y económicos suficientes para enfrentar las diversas bandas criminales y así coadyuvar con la federación en la lucha contra este cáncer social. Las erogaciones presupuestales que las entidades federativas realizan en equipamiento y capacitación de los cuerpos policiacos representan un porcentaje muy significativo de sus finanzas públicas. Si bien es cierto que existen programas federales aprobados por esta Cámara de Diputados para colaborar con este propósito como, el Fosec, la realidad es que los recursos públicos y los programas gubernamentales resultan evidentemente insuficientes. Por poner un ejemplo. En el rubro de seguridad pública y procuración de justicia el gobierno del estado de Sonora ha programado, para el ejercicio 2005, recursos por mil 331 millones 955 mil pesos, que representan un incremento de 57 por ciento con respecto a lo ejercido en el 2004. De dicha suma la Procuraduría General de Justicia del estado participa con una asignación por 414 millones 609 mil pesos, 12.2 por ciento más que lo erogado en el 2004. Adicionalmente y con independencia de los recursos federales aprobados por esta soberanía, el estado de Sonora consideró para el presente ejercicio una asignación de 700 millones, 785 mil pesos para la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de Seguridad Pública, cifra que representa un incremento aproximado del 90 por ciento respecto a lo aprobado en el 2004. No obstante lo anterior, los esfuerzos de las corporaciones policiacas, tanto municipales como estatales, así como del gobierno federal, autoridad esta última a la que legalmente le compete perseguir la actividad delictiva relacionada con el crimen organizado, han sido notoriamente insuficientes, pese al monto sin precedente de recursos comprometidos. Ante esta situación, una propuesta que sin duda contribuiría a reforzar la lucha contra la delincuencia organizada, a la par que inyectaría recursos materiales adicionales para tal fin, consiste en entregar directamente a las entidades federativas, bajo un esquema de equidad y transparencia, las armas de fuego de uso exclusivo del ejército que sean decomisadas a este tipo de delincuencia. Esta propuesta incluso ha sido planteada con anterioridad en foros tan importantes como la Conferencia Nacional de Gobernadores y el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Llegado a este punto, permítanme abundar en el significado y alcance de la figura jurídica del decomiso que ha sido establecido por la Suprema Corte de Justicia y dice: "El decomiso se impone a título de sanción por la realización de actos contra el tenor de leyes prohibitivas o por incumplimiento de obligaciones de hacer cargo de los gobernados, con la nota particular de que se reduce a los bienes que guardan relación con la conducta que se castiga, o sea, los que han sido utilizados para la comisión de un delito o infracción administrativa, los que han resultado como fruto de tales ilícitos o bien los que, por sus características, representan un peligro para la sociedad". El decomiso de instrumentos, objetos y productos del delito está contemplado igualmente como pena pecuniaria en los artículos 24 del Código Penal Federal, así como en el último párrafo del artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; asimismo, los numerales 40 del citado Código Penal Federal y 181 del Código Federal de Procedimientos Penales establecen en términos similares que los instrumentos del delito, así como las cosas que sean objetos o productos de él se decomisarán si son de uso prohibido, facultando a la autoridad competente, en este caso el Ministerio Público federal, para determinar su destino, según su utilidad, para beneficio de la procuración e impartición de justicia. De aprobarse la iniciativa que hoy someto a la consideración de esta asamblea, se facultaría a la federación para asignar a los gobiernos de las entidades federativas, sin cargo a participaciones o aportaciones federales, el armamento que sea decomisado a la delincuencia organizada. Esto permitiría que los estados recibieran una importante inyección de recursos materiales, traducidos en armamento adicional, a la par de que coadyuvaría a redoblar, junto con el gobierno federal, los esfuerzos en todo el país en el combate al crimen organizado. Al disminuir los costos en equipamiento de las instituciones de seguridad pública estatales, los recursos disponibles podrán orientarse a la capacitación, adiestramiento y mejoramiento de técnicas, así como al desarrollo de tecnologías de prevención y combate del delito. Lo anterior fomentaría una mayor coordinación y un mejor rendimiento en los resultados de la lucha contra la delincuencia organizada, fortaleciendo el federalismo y salvaguardando la confianza y bienestar de los ciudadanos. La justificación del porqué el Consejo Nacional de Seguridad Pública sea el que determine el mecanismo a través del cual se asigne el armamento a los estados obedece a la representatividad de ese foro, ya que en él participan directa y activamente tanto la federación como los gobiernos de los estados y del Distrito Federal. Proyecto de Decreto. Artículo 1º.: Se adiciona un tercer párrafo al artículo 41 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos. Tercer párrafo: "El armamento decomisado a la delincuencia organizada mediante resolución judicial definitiva y que pase a formar parte del patrimonio de la Federación, será asignado a los gobiernos de los estados y del Distrito Federal a fin de fortalecer las acciones y programas para la prevención del delito y combate a la delincuencia. El Consejo Nacional de Seguridad Pública acordará el reparto de dichos bienes, privilegiando en todo momento la transparencia, la equidad y proporcionalidad en el mismo". Artículo 2º.: Se adiciona el último párrafo del artículo 193 del Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos: "Tratándose de instrumentos y vehículos utilizados para cometer los delitos considerados en este capítulo así como de objetos y productos de esos delitos, cualquiera que sea la naturaleza de dichos bienes, se estará a lo dispuesto en los artículos 40 y 41. Para ese fin el Ministerio Público dispondrá mediante la averiguación previa el aseguramiento que corresponda y el destino procedente en apoyo a la procuración de justicia o lo solicitará en el proceso y promoverá el decomiso para que los bienes de que se trate o subproducto, se destine a la impartición de justicia y a fortalecer las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas o bien promoverá en su caso la suspensión y la privación de los derechos agrarios o de otra índole ante las autoridades que resulten competentes conforme a las normas aplicables". Es cuanto, diputado Presidente.