La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: En el 2019 los y las legisladoras permitieron la salida del Ejército a las calles para realizar tareas de seguridad pública, pero esta decisión se dio al margen de condiciones de excepción. Es decir, se limitó la participación del Ejército en tareas de seguridad pública para que fuera temporal y acotada, por lo que se impusieron requisitos al presidente de la República para que pudiera disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Estos requisitos o condiciones consisten en que esa disposición se realice de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, estas condiciones no son un invento, ni tampoco es una ocurrencia para obstaculizar las mal logradas estrategias en seguridad pública del gobierno federal. Estos requisitos son una garantía de protección para las mexicanas y los mexicanos, impuestos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, son el resultado de cientos de casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La militarización no es una novedad. En el mundo se ha realizado este ejercicio en múltiples ocasiones y no solamente ha sido un fracaso en materia de seguridad, sino además ha sido utilizado como instrumento de represiones, brutales asesinatos, torturas, desapariciones y violencias sexuales. Fue justamente bajo esta experiencia y con el conocimiento de estos casos atroces en todo el mundo, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública estableciendo parámetros mínimos de protección para los pueblos. El dictamen que hoy se presenta carece desde su origen como iniciativa, de cualquier tipo de razonamiento y motivación sobre las condiciones de excepcionalidad de la participación del Ejército en las tareas de seguridad pública. Se limita a proponer la ampliación de un término, sin justificar la cantidad de años y mucho menos acreditar o intentar acreditar los requisitos o condiciones que deben cumplirse para que el presidente de la República continúe disponiendo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. La reforma que hoy se pone a nuestra consideración no responde a una situación extraordinaria, es decir, no se aplica de manera excepcional, temporal o restringida, pues es la única “estrategia”, entre comillas, que ha implementado el actual gobierno federal durante su sexenio. Durante su primer año sacó al Ejército a las calles, al cual había prometido regresar a los cuarteles y pretenden que continúe así, incluso después de su administración, por lo que esto ya es una medida ordinaria, sujeta a cambios caprichosos de temporalidad, como está sucediendo justo en este momento y está siendo aplicado en todo el país en lugar de delimitar su actuación en regiones o en municipios en particular. Esta reforma no regula el uso de la fuerza pública, no propone una regulación específica que establezca los mecanismos legales y los protocolos que deben de seguirse cuando la Fuerza Armada intervenga en funciones de seguridad pública. Esta reforma no propone la fiscalización mediante auditorías realizadas por instancias civiles capacitadas, independientes y no militares. Esta reforma que hoy se pone a consideración ignoró el hecho de que las Fuerzas Armadas en las calles deben de estar subordinadas a un mando civil y llevarse a cabo de manera complementaria, lo cual se corrompe con la reciente aprobación para que la Guardia Nacional esté a cargo de la Sedena y con el permanente estrangulamiento presupuestal en contra de las policías estatales y municipales del país por parte de la mayoría de Morena en esta Cámara de Diputados. En fin, esta reforma no acredita los elementos de disposición extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria que señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación para justificar el uso del Ejército en tareas de seguridad y para proteger a la ciudadanía. La actuación de las corporaciones policiacas fue evolucionando con el paso del tiempo, y fue a base de pruebas y de errores. Pero esas pruebas y esos errores configuraron los protocolos nacionales de actuación policial, como el protocolo de primer respondiente, como los protocolos de atención de primer contacto con personas víctimas del delito, como los protocolos de atención a mujeres violentadas, como los protocolos del policía con capacidades para procesar lugares de intervención, o el protocolo de cadena de custodia de indicios, el protocolo de traslado de imputados o detenidos, el protocolo de actuación para el uso de la fuerza pública, etcétera. Un soldado está entrenado para combatir, está entrenado para obedecer, no para contener, no para prevenir, no para resguardar, no para conciliar. Un soldado está entrenado para luchar contra el enemigo, no para tratar civiles. Tras la línea de batalla se enfrentan ante quienes consideran sus iguales en fuerza y poco importarán los medios alternativos de solución de controversias, si es un conflicto vecinal, si es un primodelincuente, si es un joven menor de edad, si es una persona inimputable, si es una mujer, si es una persona de la comunidad LGBTQ+, si es una persona con discapacidad, si es una persona migrante o si es una persona indígena. Hasta el día de hoy no existe un solo protocolo de actuación registrado, por medio del cual se garantice que por errores procesales no seguirá habiendo impunidad y delincuentes liberados porque no se respetó el debido proceso legal. Hasta el día de hoy no existe un solo protocolo de actuación registrado que ayude a que la Guardia Nacional garantice que no se realicen detenciones arbitrarias o imputando a personas inocentes. Hasta el día de hoy no existe un protocolo de actuación registrado que regule el uso de la fuerza pública y el uso de la fuerza letal de la Guardia Nacional. No podemos cargar esa responsabilidad en nuestras Fuerzas Armadas, dejen de hacer un uso político de la buena calificación ciudadana, dejen de aprovecharse de su buena reputación, dejen de abusar de su lealtad. Militarizar la seguridad es agraviar a nuestras Fuerzas Armadas, es querer lavarse las manos como gobierno federal para cargarles la responsabilidad de los vergonzosos resultados en seguridad pública. El gobierno federal está preparando su deslinde del fracaso, porque la realidad de todo es que no ha logrado consolidar un sistema de investigación penal confiable, capaz, con recursos suficientes, que esclarezca y sancione los delitos y disminuya los altos grados de impunidad y de corrupción. Compañeras y compañeros, nos tocó coincidir en este espacio y en estos tiempos críticos en la historia de nuestro país. tenemos este alto honor de ser diputadas de ser diputados, de incidir en las decisiones de México. Ejerzamos nuestra función con la máxima responsabilidad y con el más fuerte sentido ético. No intercambiemos la libertad de expresión, la libertad de protesta, el derecho a disentir, la presunción de inocencia, los derechos y las libertades...