El diputado Arturo Escobar y Vega: Gracias, señor presidente. Sin lugar a dudas uno de los factores que posibilitó la estabilidad social y política de nuestro país durante la segunda mitad del siglo XX fue la construcción del andamiaje constitucional y legal en materia laboral que encauzó sin duda las demandas de la clase obrera y generó los equilibrios entre ésta y el sistema político mexicano. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se convirtió en testimonio de este pacto social al consagrar las garantías mínimas para los trabajadores y al abrir de forma permanente la puerta a derechos de carácter colectivo encaminados a atenuar las desigualdades sociales de nuestro país. Entre las conquistas más importantes alcanzadas por la clase trabajadora se encuentran el reconocimiento de los sindicatos, la contratación colectiva y por supuesto el derecho a huelga. Hoy desafortunadamente muchas de esas conquistas parecen ser nulificadas por disposiciones anacrónicas y desequilibrios entre los factores de producción, las denuncias sobre violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores que son cosa de todos los días y constantes. A pesar de los cambios democráticos que ha experimentado nuestro país en las últimas décadas, en algunas organizaciones sindicales sigue imperando un modelo basado en la simulación que ha limitado la capacidad de movilización de los trabajadores para la defensa de sus derechos colectivos legítimos; persisten disposiciones que violan instrumentos internacionales como el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre libertad sindical y protección del derecho de los trabajadores ratificado por México desde 1950, y que además han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Éste es el caso denominado y subrayo de la cláusula de exclusión consagrada en los artículos 395 y 413 de la Ley Federal del Trabajo, por la que los patrones pueden remover de su trabajo a la persona que renuncie, o sea expulsada por el sindicato contratante transgrediendo con ello los artículos 5o., 9o. y 123, apartado A, fracción XVI de la Carta Magna. Ante este panorama nuestro mercado laboral se ha precarizado, basta señalar que de acuerdo con cálculos del Centro de Estudios Económicos del sector privado, más de 20 millones de personas que están en el rango de la población económicamente activa laboran en el mercado informal, en condiciones precarias, con salarios insuficientes, sin servicios de salud ni prestaciones sociales y con nulas posibilidades de movilidad social y mucho menos de un desarrollo económico. En el Congreso ha habido diversos intentos 498 para modificar la legislación laboral pero ninguno ha avanzado. La reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de julio de 2011 que fortalece el Título Primero de la Constitución al cambiar su denominación por el de los derechos humanos y sus garantías, constituyó un enorme paso decisivo en el compromiso formal a favor de la defensa de los derechos humanos, así como de la recepción de las normas jurídicas del derecho internacional, protectora de estos mismos derechos. A partir de esta reforma queda claro que la protección y la defensa de los trabajadores es una exigencia y obligación del gobierno. Por otra parte, la reforma constitucional en materia política aprobada en el Congreso de la Unión y publicada en nuestro Diario Oficial el 9 de agosto de 2012, inauguró nuevos mecanismos y modelos de comunicación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Uno de ellos, la iniciativa preferente. A partir de esta citada iniciativa preferente ya inaugurada en este mismo periodo de sesiones por el presidente de la República, nos encontramos ante la enorme oportunidad de darle a México la posibilidad de tener un nuevo marco normativo en materia laboral que sea moderno, que sea competitivo, que garantice los derechos y conquistas de los trabajadores; pero que de una vez por todas, le dé a México una nueva cara entre las relaciones laborales de los empresarios, los sindicatos y, por supuesto, los trabajadores. Bajo este contexto, mi grupo parlamentario en su totalidad desea contribuir al debate a fin de generar esta nueva modernización en el marco laboral con esta iniciativa. Entre nuestras propuestas se encuentra establecer en la ley las relaciones de trabajo que se regirán bajo el principio de recíproca solidaridad por el que los patrones atenderán siempre la aspiración y legítimo derecho de los trabajadores a alcanzar una vida digna, mientras que los trabajadores realicen el esfuerzo necesario para la conservación de su empleo bajo los regímenes de sustentabilidad y eficiencia. De forma complementaria, consideramos necesario señalar con claridad que el trabajo es un derecho humano universal y un deber social. Por otra parte, proponemos reformar para fortalecer la libertad de organización de los trabajadores y generar condiciones adecuadas para la existencia de representaciones sindicales democráticas obligadas a rendir cuentas, a los propios agremiados. Los sindicatos deben de rendir cuentas a sus agremiados, no a nadie más. En materia de subcontratación, ponemos a consideración diversas reformas destinadas a impedir la simulación y elusión en el cumplimiento de los derechos para los trabajadores que prestan sus servicios bajo este régimen. Finalmente entre nuestras propuestas se encuentra el establecimiento de un seguro de desempleo como ramo del aseguramiento. En resumen la presente iniciativa tiene como objetivo primordial velar por los derechos de la sociedad, una materia tan trascendente como la regulación de las relaciones obrero patronales. Concluyo, señora Presidenta. Desde nuestra perspectiva resulta necesario establecer mecanismos que permitan actualizar, sin duda, las conquistas laborales a la realidad actual productiva y mundial pero sin retroceder en los derechos que garantizar un mínimo nivel de vida digna a los trabajadores. Quiero finalizar subrayando que para mi grupo parlamentario no hay discusión. La iniciativa presentada por el Presidente Calderón tiene carácter de preferente y se nos vence el primero de octubre. Gracias.