La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la administración de justicia es la primera necesidad de los pueblos en todas las fases de su civilización. Es el signo cierto del estado de un país. Señalaba Mariano Otero, el gran constitucionalista mexicano del siglo XIX. No le faltaba razón, basta ver el estado de la impartición de justicia en México para darnos cuenta de cómo está nuestro país. Si hay una demanda unánime, fuerte e incuestionable en nuestro tiempo, ante un alarmante 99 por ciento de impunidad, es la exigencia de justicia. En ese contexto tiene lugar la discusión del día de hoy. Mucho se ha dicho de los alcances que puede tener esta reforma constitucional al Poder Judicial, incluso se le ha comparado con la gran reforma de 1994. Lo cierto es que se trata de una reforma menor en cuanto a la dimensión constitucional, pero que implica un riesgo por sus consecuencias, sobre todo, en lo que tiene que ver con la autonomía del Poder Judicial y en cuanto a los controles entre Poderes, un tema fundamental es el del acceso a la justicia. La transformación de cualquiera de los Poderes que integran la soberanía de una nación siempre supone la posibilidad de ajustar los equilibrios y límites que definen su actuación, pero también, el peligro de que los otros Poderes puedan tener un margen de injerencia más amplio incurriendo en un desequilibrio. El temor de que uno de los Poderes en que se funda la soberanía nacional pueda sobreponerse a los otros está perfectamente fundado. Durante más de 70 años nuestro país, en el siglo pasado, vivió un régimen de un solo hombre que hizo ineficaces los controles del Poder Legislativo por su injerencia directa y debido a un control de la mayoría en el Congreso. El último de los Poderes en comenzar a recuperar su autonomía fue precisamente el Poder Judicial, como fruto de la reforma de 1994, pero, la reforma que hoy discutimos llega en el peor momento, en medio de la embestida autoritaria más grave de los últimos tiempos. Vivimos una regresión donde el Ejecutivo hace lo que quiere y el Legislativo, controlado por su partido, levanta la mano para aprobar lo que le envía el presidente sin leer de qué se trata el asunto. El Poder Judicial es el último reducto frente a esta voluntad autoritaria. Así lo refirió también el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados de las Naciones Unidas, Diego García-Sayán, quien refirió que las diversas iniciativas presentadas para reforma al Poder Judicial y al sistema de justicia significaban un grave riesgo para la independencia y la autonomía de este Poder. Su principal recomendación fue que este proceso legislativo se llevara a cabo con una amplia discusión nacional en la que se garantizara la máxima participación de magistradas, magistrados y jueces actuales y de sus asociaciones profesionales, así con otras categorías de la sociedad civil para así asegurar que sus legítimas expectativas y preocupaciones sean tomadas en consideración y reflejadas debidamente en dichos procesos y proyectos. La Cámara de origen no solo no realizó esta gran discusión nacional. La verdad es que el proyecto que hoy se somete a consideración es el proyecto de un grupo compacto, pero, no de la Suprema Corte en su conjunto y mucho menos del Poder Judicial de la Federación. A pesar de que hemos señalado en diversas ocasiones las preocupaciones que tenemos a este dictamen, como el debilitamiento y limitación de las controversias constitucionales, el acotamiento de los recursos de revisión para los amparos directos, el establecimiento de un sistema de precedentes que debilita el federalismo y el establecimiento de mayor discrecionalidad para el Consejo de la Judicatura Federal. Lo cierto es que toda reforma dice más por lo que no contempla que por lo que queda en el proyecto de decreto. Si queríamos, efectivamente, fortalecer al Poder Judicial de la Federación debió incluirse un proceso más abierto y con más controles para la designación de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se contempla un mejor proceso para la eventual renuncia de ministras o ministros, tampoco se fortalece ni se busca apuntalar la autonomía de los Poderes Judiciales de las entidades federativas, una de las grandes deudas pendientes en materia de administración de justicia. En momentos como el que hoy vivimos esta reforma resulta no apropiada. La reforma que hoy discutimos contiene algunos elementos plausibles, es cierto, pero, no son comparables ni suficientes. La reforma que el Poder Judicial necesita debería ir por el camino del fortalecimiento hacia autonomía e independencia para garantizar con esa misma fuerza los derechos humanos, los principios constitucionales y el Estado de derecho. Es una lástima que teniendo la oportunidad histórica de construir una reforma judicial a la altura de lo que hoy México necesita, este Congreso simplemente la haya dejado escapar. Por eso, el Grupo Parlamentario del PAN votará en contra del presente dictamen. Muchas gracias, presidenta.