EL PRESIDENTE: Gracias senador David Jiménez González. Se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. El siguiente punto del orden del día es comentarios sobre la desaparición del señor Leovigildo Chiau Medina, miembro del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Veracruz. Tiene la palabra el senador Elías Miguel Moreno Brizuela, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por diez minutos. EL SEN. ELIAS MIGUEL MORENO BRIZUELA: Con su permiso Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: El pasado 10 de diciembre fue secuestrado con lujo de violencia por personas desconocidas, el regidor del Partido de la Revolución Democrática, José Leovigildo Chiau Medina, en el municipio de Huellapan de Ocampo, estado de Veracruz. Desde su desaparición, su esposa, hijos, amistades y nosotros los compañeros de su partido hemos denunciado el hecho ante autoridades locales y autoridades federales, sin que hasta el momento se haya obtenido ninguna respuesta. Así han pasado más de dos meses sin saber de su paradero, si vive o en qué condiciones se encuentra, toda vez que hasta hoy sus captores no han reivindicado el secuestro incurriendo en el ocultamiento de la víctima. En el plano jurídico internacional, es innegable el reconocimiento de los derechos individuales a partir de 1948, cuando fue proclamada la Declaración Universal de los Derechos Humanos por la Organización de las Naciones Unidas. Tomando como base dicha declaración, los instrumentos multilaterales de los que México es parte signataria, con particular referencia a la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, constituye un delito que viola un conjunto de normas destinadas a garantizar la vigencia de los derechos humanos. Así pues, nuestro compañero José Leovigildo Chiau Medina se trata del primer caso de desaparición política del sexenio de Vicente Fox. Esto es grave, particularmente grave también que se presente en nuestro estado, estado de Veracruz, en donde hemos hecho las denuncias correspondientes y, tengo que decirlo, la respuesta de las autoridades locales ha dejado mucho que desear. Si no fuera ésta una cuestión trágica para todos nosotros, diría que se ha incurrido incluso en declaraciones hasta cómicas por parte de las principales autoridades responsables de impartir la justicia en el estado de Veracruz. La violación de los derechos a la seguridad y a la libertad personal se ha convertido en un hecho cotidiano. Esto es indiscutible, por lo tanto el Estado como depositario del pacto social debe velar porque el sistema jurídico propicie el clima de responsabilidades y obligaciones para garantizar a los ciudadano el respeto irrestricto de esos derechos. Es preocupante que en estos momentos, en nuestro país, podamos hablar o hablemos de una escalada de agresiones a funcionarios y representantes populares no sólo de mi partido, sino de todos los partidos políticos. Quienes han perdido la vida o simplemente desaparecido con lujo de violencia y están engrosando la lista de casos no resueltos, contando incluso con la complacencia de las autoridades responsables de investigar y resolver sobre cada uno de estos casos. Hace muy poco acaba de ser asesinado un asesor de nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República, asesor en materia de economía, tenemos también el ejemplo o el caso del diputado local Pánfilo Novelo Martín quien fue acribillado el 9 de enero del presente año junto con su hijo y su chofer, esto en el estado de Yucatán; días después, el 12 de enero en el estado de Oaxaca, a 12 días escasos de haber tomado posesión, fue asesinado Jaime Valencia Santiago, Presidente Municipal de San Agustín Loxicha. Existen indicios de quiénes han sido los autores intelectuales de estos delitos y sin embargo ninguna de las autoridades responsables ha dado información que pueda dejar satisfechos a las partes directamente afectadas. Observemos con suma atención, la violencia no se ha supeditado a un espacio geográfico, está afectando a buena parte del país y uno de los elementos que identifica estos casos es el hecho de que todas las víctimas estaban vinculadas a la actividad política sin importar la filiación partidista. Desde esa perspectiva es evidente el sesgo político existente en los casos que he mencionado, por lo que, aunque sabiendo que no es facultad de esta Comisión Permanente sino es facultad de ambas Cámaras, próximamente vamos a dar a conocer un punto de acuerdo, vamos a pedirle a ambas Cámaras que pueda crearse una Comisión Especial de Legisladores para que observemos in situ los avances de las investigaciones que se siguen y que esta soberanía haga un exhorto a los Congresos locales de los estados involucrados para que se llame a comparecer a los procuradores de justicia estatal y federal y a los funcionarios que estén involucrados en todos y cada uno de los casos. Creo que es importante, que es de suma trascendencia que esto no se siga presentando, debemos, juntos, unificar esfuerzos para que todos los casos absolutamente todos los casos sean investigados y sean resueltos y que no quede impune un delito de esta naturaleza por el bien, no sólo de nuestra actividad política sino por el bien de nuestro país y para esto, repito, no hay siglas, no hay partidos, creo que debemos actuar como uno solo. Muchas gracias, Presidente; muchas gracias compañeros. -