El diputado Inti Muñoz Santini (PRD): Con su venia, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores: Vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 9º y un 10º al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer con ello el derecho a la cultura para todas y todos los ciudadanos de este país. México tiene una larga historia de debates, proyectos, tendencias e instituciones culturales. La persistencia de la nación mexicana a pesar de las severas dificultades que ha enfrentado a lo largo de su historia, puede atribuirse en parte a la constitución de un sólido debate sobre la naturaleza de la nación y la identidad de sus ciudadanos. La cultura mexicana ha sido un territorio de propuesta, crítica y a veces de reconciliación. Los proyectos nacionales más exitosos han surgido de un contexto cultural denso y que ha permitido la incorporación de ideas dispares en sistemas simbólicos, políticos y económicos novedosos que buscaron responder a la realidad cambiante del país. Entendemos a la cultura como el repertorio de ideas, símbolos, valores, normas, obras artísticas, artefactos, formas de producción y dispositivos de la memoria que una comunidad crea y usa, es un recurso para que las personas y las comunidades definan su identidad, discutan sus problemas, resuelvan sus diferencias y puedan elegir sus alternativas. La cultura es una herramienta para el progreso moral, político y económico de las sociedades; la cultura no debe supeditarse a las ideologías políticas, pero su fomento es una condición para el afianzamiento y el mejoramiento de la democracia. La cultura no puede reducirse a una razón económica, pero el adelanto cultural favorece el progreso económico de las personas y de las sociedades. La promoción estatal de la cultura es indispensable para garantizar la equidad en la creación y difusión cultural. La Constitución debe establecer la obligación del Estado en la promoción, la creación, el debate y la difusión de la cultura. Para hacer efectiva la libertad de expresión, creación y disfrute de la cultura y para garantizar la variedad de alternativas para los creadores y el público, el Estado debe ofrecer recursos materiales que promuevan de manera activa la difusión de los beneficios de la cultura. Los medios masivos de comunicación se han vuelto actores centrales en la conformación cultural de las sociedades, el Estado debe tener la facultad de intervenir sin restringir la libertad de expresión, para que la promoción de la cultura ocupe un lugar en la televisión, la radio y la prensa. Esa facultad no implica que el Estado pueda definir que una manifestación determinada merezca el apelativo de cultural y otra no, hay que tenerlo claro; de lo que se trata es de garantizar la equidad entre propuestas culturales de distinta naturaleza, evitando que la capacidad económica y el interés comercial determinen la existencia de una sola cultura. En este sentido, la facultad de intervención del Estado se propone como garantía de la diversidad de propuestas, medios, estilos, formas y contenidos. Las distintas etapas políticas, económicas y sociales por las que México ha atravesado se caracterizan por haber tenido una política cultural definida en cada momento, sin embargo, aún sigue sin reconocerse un derecho fundamental que debe ser incorporado en la Constitución: el derecho a la cultura. La Administración del Presidente Vicente Fox generó una serie de expectativas con el Programa Nacional de Cultura 2001-2006, el cual fue denominado "La Cultura en tus Manos", el cual a su vez está sustentado en la relación entre las instituciones culturales y la sociedad mediante la ciudadanización de la política cultural. Del texto de "La Cultura en tus Manos, cito: "En nuestra Constitución el derecho a la cultura no tiene reconocimiento, en lo relativo a reformas legales deberá promoverse una reforma constitucional para garantizar el derecho de todo mexicano al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la promulgación de una Ley General de Cultura que establezca el marco para la formulación de las políticas culturales y la distribución de competencias en cada uno de sus principales campos de acción", termina la cita. Por otra parte, la evolución legislativa del derecho a la cultura tiene su origen y sustento en el ámbito internacional, así la declaración universal de los derechos humanos de 1948, la Carta de la Organización de Estados Americanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, dimensionan a este derecho como un derecho humano. En la Constitución Política, actualmente resulta insuficiente la regulación del derecho a la cultura en sus modalidades de acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, ya que en ninguno de los casos se está frente a un derecho fundamental, en donde la protección jurídica es más fuerte por tratarse de normas vinculantes y que a su vez garantizan derechos subjetivos definitivos a prestaciones, sino a derechos programáticos que se fundamentan en un mero deber del Estado en otorgar ciertas prestaciones ya que el ámbito mismo de las prestaciones culturales del Estado ha cambiado al abrirse nuevos capítulos en los Tratados de Libre Comercio. Con medidas específicas para defender la creación cultural, el patrimonio histórico, los bienes tangibles e intangibles en la nueva economía y la sociedad globalizadas, las cosas han cambiado en el terreno de la política cultural. Por ello, el Proyecto de Decreto que presentamos hoy ante esta soberanía, tiene la finalidad de regular el derecho a la cultura como un derecho fundamental para que deje de ser caracterizado como un derecho difuso, entendiéndose como tal aquél que pertenece a todos y cada uno de los que conforman una colectividad, que se particulariza en torno de un bien y que al ser lesionado carece de vías de tutela o protección por falta de interés jurídico del colectivo para hacer valer el interés particular. La pertinencia de adicionar el artículo 4° y no el 3°, como ya ha sido propuesto en esta Cámara, ambos de la Ley Fundamental, estriba en que el derecho a la educación contenido en el segundo numeral del artículo mencionado, es una garantía social referida a las materias laboral y agraria y el derecho a la cultura es un derecho difuso, esto es, que se integrarían en un solo precepto constitucional, una obligación del Estado y un derecho subjetivo público. La tendencia de nuestra Constitución es agrupar en el artículo 4° de la Constitución todos aquellos derechos difusos, colectivos y de tercera generación, tal y como sucede con el derecho a la salud, la vivienda, a un medio ambiente sano y los derechos de los niños y las niñas. Por lo anteriormente expuesto y a nombre de las diputadas y diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Marbella Casanova, Martha Lucía Micher, Elba Garfías, Rafael Flores y el de la voz, y agradeciendo las valiosas opiniones de especialistas en política cultural como el abogado Antonio Cabrera, Presidente de la Academia Mexicana para el derecho a la cultura y la educación, el doctor Renato González Melo, Benjamín González, Director del Faro de Oriente, Eduardo Vázquez, escritor y poeta y Ricardo Bautista, hoy presentamos la propuesta de adición de los párrafos 9° y 10° al artículo 4° constitucional para declarar a la cultura como un derecho fundamental. El texto que proponemos es el siguiente: "toda persona tiene derecho a la cultura y a la creación cultural, el Estado garantizará, protegerá, respetará y promoverá ese derecho, atendiendo a la diversidad cultural prevista en el artículo 2° de la Constitución y con pleno respeto a la libertad creativa. "El Estado garantizará que las personas gocen de libertad y medios para la creación, difusión, desarrollo y conocimiento de la cultura, los medios de comunicación masiva participarán en la producción y difusión de la cultura y por su parte el Estado impedirá la destrucción o pérdida de bienes culturales tangibles o intangibles. "La ley establecerá los términos y modalidades de las obligaciones contenidas en este párrafo". Solicito respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva, gire instrucciones para que se inserte en el Diario de Debates la iniciativa que hoy presento ante el Pleno y que la misma sea turnada para dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y Puntos Constitucionales. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias. -