La diputada Martha Tagle Martínez: Gracias, presidente. El motivo de mi intervención es para manifestar, a nombre de Movimiento Ciudadano, nuestro voto a favor de este dictamen. Sin duda estamos de acuerdo en esta reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque tiene que ver con un tema del día a día en la política electoral de nuestro país. Mucho se ha hablado de los delitos electorales cometidos por funcionarios públicos, en cada proceso electoral es el pan nuestro de cada día. Saber que funcionarios hacen diferentes acciones para intentar comprar o coaccionar a los electores a fin de manipular su voto. Sin embargo, y a pesar de que esto está reconocido desde hace mucho tiempo en nuestra legislación electoral, antes en el Cofipe y ahora en la LGIPE, estas conductas estaban reconocidas legalmente pero no existía una sanción. Y en ese sentido, esta reforma que ha sido propuesta por el diputado Pablo Gómez, busca precisamente que estas conductas, que no se deben permitir ni durante ni antes ni después de una elección, queden impunes. La impunidad es uno de los principales problemas que enfrentamos en nuestro país, pero cuando hablamos de impunidad en materia electoral estamos hablando de que gracias a la impunidad y por la vía electoral llegan a ocupar cargo personas que han cometido delitos electorales. Y cómo podemos esperar que ellos puedan gobernar de manera correcta para las y los ciudadanos cuando han, precisamente, utilizado medios que no son legales para ese espacio, y es por eso que hoy se tiene que sancionar este tipo de conductas. La reforma es al artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero se refiere al artículo 449. En esta ley venían varios de los actores posibles que pueden cometer delitos electorales, y en el 449 se refiere específicamente a los funcionarios públicos, a los funcionarios públicos de los diferentes niveles y órdenes de gobierno. Y es muy importante decirlo, a partir de esta legislación todos los funcionarios públicos que cometan este tipo de actos ilícitos serán sancionados. ¿Cuáles son esas conductas que se reconocían en la legislación y no estaban sancionadas? Por una parte, está la difusión, por cualquier medio, de propaganda gubernamental dentro del periodo que comprende desde el inicio de las campañas electorales hasta el día de la jornada electoral. Por otra parte, se encuentra el incumplimiento del principio de imparcialidad, establecido por el artículo 134 de la Constitución, cuando tal conducta afecta la equidad de la competencia, porque la equidad es uno de los principios fundamentales que rige nuestros procesos electorales. Y finalmente, una de estas conductas que están reconocidas en la legislación es la utilización de programas sociales y de recursos del ámbito federal, estatal, municipal o de la Ciudad de México, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato. A partir de esta reforma se sancionará a los funcionarios públicos con estas sanciones, que van desde la amonestación pública, hasta la multa. La multa por cinco mil unidades de medidas de actualización, y se agrava cuando se trata del uso de recursos públicos por la presión o coacción a los electores a efecto de inducir el sentido del voto. En ese sentido, estaríamos teniendo una reforma que busque sancionar, no solamente por la vía administrativa a aquellos funcionarios que estén cometiendo delitos electorales, sino particularmente también llevarlo a la vía penal. Y que no queden en el limbo estos delitos electorales. No basta con reconocer que son delitos, sino es muy importante además reconocer que estos delitos son sancionables. Por eso a partir de esta reforma, y de manera muy particular, es necesario que todos los funcionarios públicos –escúchenme bien: todos los funcionarios públicos– eviten caer en cualquiera de estos delitos que están considerados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Nosotros que hemos estado en varios distritos y municipios hemos visto como hoy muchos siervos de la nación están haciendo este tipo de acciones y no podrían hacerlo en tiempo electoral. A partir de esta reforma es muy importante que quede claro que esto es un delito electoral y que será sancionado. Ningún funcionario de ningún nivel puede utilizar los programas sociales con fines electorales, porque de otra manera serán sancionados. Es cuanto.