El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, esta iniciativa propone reformas y adiciones a la Constitución general de la república, al artículo 73, y también presenta una Ley General para la Práctica de Auditorías Sociales. La auditoría social es una institución que existe en distintos países de América Latina; es una institución que ha resultado muy valiosa en muchos países para vigilar, fiscalizar a las autoridades. Se trata de grupos ciudadanos, de grupos de la sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales que pueden no solamente vigilar y fiscalizar a la autoridad, como ya lo dije, sino proponer, corregir políticas públicas, detectar desviaciones e irregularidades de las autoridades y en algunos casos presentar denuncias o quejas de carácter administrativo y hasta de carácter penal. Esta institución existe en países como Honduras, Argentina, Colombia, Guatemala, Bolivia y Chile y muestra claramente el desarrollo que en América Latina tiene la democracia participativa y cómo en México, en este aspecto como en otros de la construcción de instituciones, nos vamos quedando rezagados. ¿Cuáles son las ventajas de la auditoría social? Por un lado, promueve la participación de los ciudadanos, promueve la transparencia, la rendición de cuentas, educa a la población, permite un ejercicio escrupuloso del gasto público y es un instrumento de combate a la corrupción. La auditoría social, como la estamos proponiendo en esta ley general, tendría los siguientes objetos o materias: La auditoría social que proponemos serviría para vigilar, fiscalizar planes, programas, estrategias y políticas gubernamentales, para vigilar el procedimiento de aprobación y de ejercicio del presupuesto de egresos, tanto de la federación como de estados y municipios, para vigilar y supervisar los actos y procedimientos legislativos, judiciales, de la administración pública, para supervisar documentos públicos, para analizar la manera en que se ejercen recursos para invertirlos públicamente, en fin, para en general determinar cómo está funcionando la administración pública, las instituciones, los poderes del Estado y detectar posibles irregularidades o violaciones a los derechos humanos. Ése es el objeto y la materia de la auditoría social. ¿Quiénes pueden realizar auditoría social en esta propuesta de ley general que estamos presentando? Pueden realizar auditoría social grupos de ciudadanos. No se requiere de una formalidad especial o de que las ONG estén constituidas legalmente. Basta que los grupos de ciudadanos deseen y se inscriban ante la autoridad para presentar un mecanismo de auditoría social y ésta pueda realizarse. Las autoridades, por su parte, tienen obligaciones para colaborar con los grupos ciudadanos para informar de las actividades que están realizando y desde luego, existen obligaciones muy importantes para la autoridad a fin de transparentar su funcionamiento, procedimientos, documentos, archivos, etcétera. Hay también, al final de cada procedimiento de auditoría social previsto en esta iniciativa, la obligación de difundir, por parte del grupo ciudadano, los resultados de la auditoría ciudadana. Esos resultados no solamente deben tener por propósito describir el objeto analizado por la auditoría social, sino proponer, corregir, insistir en algunas desviaciones o irregularidades que se hayan detectado y, en su caso, en el artículo final de esta ley general estamos proponiendo también que los ciudadanos puedan presentar denuncias administrativas, penales, juicios políticos, si se encuentran irregularidades que permitan la procedencia de estos instrumentos. Éste es el objeto de esta iniciativa, que espero la acompañen. Se inscribe en otras iniciativas que ya hemos presentado, mi grupo parlamentario y su servidor, para promover el desarrollo de la democracia participativa y deliberativa en nuestro país. Por su atención, muchas gracias compañeros.