EL C. DIP. RAMÓN GALINDO NORIEGA: Con su permiso, diputado Presidente. Honorables diputadas y diputados: Desde hace ya muchos años las localidades de nuestro país, tanto estados como municipios, encabezan una lucha que busca promover su derecho a decidir sobre sí mismos, reclaman al poder central que se les permitan los espacios de libertad para el diseño de su propio futuro. El asunto que me trae a la tribuna el día de hoy, tiene que ver con este concepto municipalista; deseo compartirlo con ustedes y pedir su apoyo en su momento. En el municipio de Juárez, en el estado de Chihuahua, entre otros, existe un Puente Internacional que une a las poblaciones de Zaragoza en México con Ysleta en Estados Unidos, después del proceso de licitación para la construcción y operación de este puente, finalmente en 1989 se dio inicio a su explotación por la empresa ganadora, una empresa constructora de la Ciudad de México denominada PROMOFRON, SA de CV. Otra de las compañías participantes presentó la propuesta de explotación del puente por un total de 14 años; sin embargo, PROMOFRON propuso sólo un lapso de cinco años, razón por la cual fue seleccionada, supuestamente. Cuatro años después, en 1993, un año antes del vencimiento de la concesión, la empresa solicitó y sospechosamente se le concedió una extensión de 25 años, que sumados a los cuatro de operación ampliaba la concesión original de cinco a casi 29 años. Cabe mencionar que esta ampliación se da en términos muy rápidos, sin verificar la razón de la solicitud, sin consultar al gobierno municipal, y muy grave, cinco días antes de que entrara en vigor la normatividad para concesiones de este tipo, que establece que las mismas no podrán exceder del lapso originalmente convenido: Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, Artículo 6. A este momento la empresa privada en mención, ha explotado el puente Zaragoza durante más de 14 años, un tiempo mucho mayor que alguna de las propuestas originales. Damas y caballeros, quizás no debamos afirmar que este hecho haya sido un acto de corrupción o una componenda de parte del gobierno federal de ese momento con la empresa privada, sin embargo, si puedo afirmar que este lucrativo negocio, hecho a espaldas del gobierno municipal, no está generando ningún ingreso tributario a las autoridades locales ni al gobierno federal. Por el contrario, si el gobierno federal hubiera ya recuperado las instalaciones de ese puente, un 25% de los ingresos estuvieran siendo asignados para obras municipales y otro 25% para obras estatales, de acuerdo al Artículo 9ª de la Ley de Coordinación Fiscal. A 10 años de aquella dudosa ampliación de concesión, se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que revise cuidadosamente los términos en que se dio la prórroga, y en su momento se dicten las medidas que se estimen pertinentes, para que la federación o el municipio, en acuerdo con el gobierno federal, asuma la administración del puente internacional Ysleta-Zaragoza. Dentro de muy poco tiempo dará inicio el gran esfuerzo nacional de la Convención Nacional Hacendaria, que pretende redefinir la correlación de responsabilidades públicas, buscando en todo momento fortalecer a las comunidades. Deberá quedar claro entonces, como debe quedar claro hoy, que los municipios no son el último eslabón de la cadena de gobierno, y que cualquier intención pública de los otros órdenes en las localidades, deberá contar con la aprobación de los ciudadanos a través de su gobierno local. Por todo lo anterior, someto a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: PRIMERO.- Para que se haga un atento pero urgente exhorto al ciudadano Pedro Cerisola Weber, Secretario de comunicaciones y Transportes, para que a la brevedad posible, ordene una exhaustiva investigación sobre la prórroga de la concesión otorgada a la empresa Promofron, S.A. de C.V., en relación al puente internacional Zaragoza-Ysleta. SEGUNDO.- Se le fije un plazo prudente al señor Secretario de Comunicaciones y Transportes para que rinda el informe respectivo y en su caso inicie el procedimiento de revocación. Esta solicitud la presentamos los diputados de Juárez, además de un servidor, la diputada Nora Ayub, el diputado Miguel Lucero Palma y la diputada María Avila. Es todo diputado presiente. -