El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. Compañeros, el mandato dado por los ciudadanos cuando optaron por nosotros como promotores y defensores de sus intereses fue progreso, desarrollo y compromiso. Es por ello que como poder representativo del pueblo debemos actuar con base en lo que creemos mejor para todos los mexicanos; por lo tanto estamos a favor del proceso reformatorio en este periodo extraordinario. El dictamen que estamos discutiendo en este instante tiene por objeto proveer la legislación jurídica secundaria para permitir la concurrencia de actores distintos a los públicos y en las actividades de la industria eléctrica pero sin dejar abandona la electricidad, control y manejo de las redes del servicio público, tal como lo mandata nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 28, cuando se refiere a la rectoría económica. La industria de energía eléctrica en este país está considerada como un servicio público, ello implica que el Estado debe asegurar la prestación de una actividad técnica, continúa y extendida, revestida de un régimen exorbitante del derecho público. Con el esquema vigente la industria eléctrica estaba limitada solamente a favor del Estado, circunstancia que no es precisa para los ingresos de nuestro país, ni tampoco para la plena satisfacción final. Con la propuesta en discusión se permite ahora la intervención de diversos sujetos en los contratos ganando el Estado a su favor tecnología y experiencia sobre la distribución de la energía. De este modo, las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad podrán combatir pérdidas, lo cual significará un ahorro para los mexicanos y un servicio público óptimo. Por otro lado no debe confundirse el esquema que hoy propone, con lo que algunos llaman entreguismo, pues finalmente el Estado mantiene bajo su control los activos necesarios para la operación de la industria eléctrica, la exclusividad en la planeación y el control y la distribución de la energía de mérito. De igual manera, se pretende crear una mancuerna entre la experiencia pública y su red y la tecnología y recursos de la inversión privada. Así, el nuevo servicio eléctrico será básico cuando esté dirigido a lo residencial y a los consumidores comerciales pequeños. Por otra parte, serán consumidores calificados los grandes usuarios o, bien, aquéllos que formalmente lleven al cabo actividades materiales como el autoabasto, la cogeneración o la impartición. Este tipo de sujetos adquirirán su energía con las empresas que operen en el sector eléctrico, lo cual significa inversión de particulares en el mercado, una expansión económica para todas las personas más oferentes del servicio eléctrico y, por ende, competencia con atractivas ofertas para la población. Para ayudar al buen desarrollo de lo descrito, el dictamen que estamos discutiendo pretende crear el Centro Nacional para el Control de la Energía que tendrá la personalidad jurídica de un organismo paraestatal, siendo su finalidad operar el mercado eléctrico mayoritario. Para conseguir un panorama que hoy se prevé satisfactorio, se reestructuraron las competencias de la Secretaría de Energía y de la Comisión Reguladora de Energía. La primera planeará el sistema eléctrico y tendrá en su marco labores de vigilancia para imponer multas, requerir devoluciones a los participantes del mercado. Por su parte, la Comisión Reguladora se encargará de las tarifas de los segmentos en donde no haya precio determinado como el porteo para la transmisión y distribución. En el mismo tenor de beneficios aparejados con este dictamen, debe destacarse el Fondo de Servicio Universal Eléctrico cuya finalidad será financiar el arribo de energía eléctrica a las comunidades en donde hoy se carece de tan importante servicio público. El dictamen en comento también reconoce fuentes alternas de generaciones de energía tan abandonadas, pero no por ello menos valiosas para el desarrollo. Así, se expide la Ley de Energía Geotérmica dándose de este modo el edificio de conceptos y procedimientos jurídicos a los cuales deberán ceñirse todos quienes participen en esta industria. Por ello es importante resaltar que la utilización de este tipo de generación de energía contribuirá a la reducción de los gases de efecto invernadero, contribuyendo así a la finalidad de un medio ambiente sano del cual habla la Norma Suprema. Este dictamen implica un gran trabajo que finalmente no es sólo de quienes votamos o participamos en los debates, sino de todos aquéllos que están preocupados por el auténtico desarrollo y crecimiento de nuestra patria, por lo cual el voto del Partido Verde Ecologista de México será a favor. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeros diputados.