EL C. DIPUTADO TOMÁS TORRES MERCADO (PRD): Gracias, ciudadana Presidenta. Comprendo, comprendo que el dictamen a votación tiene su origen en la Colegisladora de esta Cámara de Diputados, es decir, proviene ya votada de la Cámara de Senadores. Justifico la bondad del contenido de este ordenamiento en el sentido de que tiene fundamentalmente no solo administrar sino obviar en la administración de bienes asegurados por autoridades investigatorias, por autoridades aduaneras o hacendarias del país. No tiene caso en nuestra realidad de que el aseguramiento de bienes en lapsos prolongados y carentes de reglas proporcionen solamente incierto destino para esos bienes y además de que se ejerza, si no mal lo recuerdo, un presupuesto superior a los 200 millones de pesos anual, solo para este fin. Reconocemos entonces la bondad del ordenamiento en su conjunto y por eso lo hemos votado a favor en lo general. He reservado, compañeros y compañeras diputadas, la denominación del ordenamiento. Si me permiten su atención, es Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Administración y enajenación de bienes del sector público me parece técnicamente inadecuado. La administración pública de este país, por disposición de su ley orgánica, se compone en entidades y dependencias en fideicomisos, en organismos auxiliares de crédito, pero en algunos casos por la naturaleza jurídica de esas partes de la administración pública tienen su propio patrimonio y su propia personalidad jurídica. Pero además los bienes de la nación no son del sector público, concepto que puede ser utilizado para efectos de sectorización o asignación de presupuesto. Los bienes de la nación son: bienes del dominio público de la federación y bienes del dominio privado. Por esa virtud, y a reserva de consideraciones sobre el tema, es que en todo caso esta ley debe referirse, sería el texto propuesto: "Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes a cargo del sector público"; si esto salva, les decía, la naturaleza de la administración pública federal. He reservado el artículo 5 de este ordenamiento en el penúltimo y el último párrafo. Por lo que toca al penúltimo, se establece, porque es el objeto de la ley, que estos bienes asegurados y decomisados en procedimientos penales, es decir, bienes asegurados por el Ministerio Público de la Federación o decomisados por la autoridad judicial, léase jueces de distrito o magistrados de los Tribunales Unitarios, en sentencia judicial, se señala que se procederá a su asignación -y en la parte final- o bien a determinar un fin específico que ofrezca la mayor utilidad para el gobierno federal. El que habla y porque además esta norma emana de una problemática real, considera que debe agregarse: "para los gobiernos de los estados o municipios, anteponiendo principios de equidad para la asignación". Es una forma de quitarle incluso responsabilidad a este organismo que los administrará y de darles mayor utilidad, sobre todo en las localidades en donde los eventos delictivos acaecen. Entonces, ese sería el texto a adicionar del penúltimo párrafo. Repito, señor Secretario: "Es para el gobierno federal, para los gobiernos de los estados o de los municipios, anteponiendo criterios de equidad para la asignación". Compañeros diputados: El último párrafo del numeral 5 que estoy abordando y que me he reservado, establece literalmente: "Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren al servicio de las entidades transferentes es decir, los que los aseguraron o decomisaron- no podrán ser transferidos para su administración al SAE en los términos del presente título". Enfatizo: "Los bienes muebles e inmuebles que se encuentren al servicio de las entidades transferentes no serán objeto de esta ley". Entonces para qué generamos estas reglas de conducta, porque los vehículos automotores que tenga la policía o el inmueble ocupado por la policía o el Ministerio Público, en general cualquier bien que se le pueda dar uso que ya esté a la disposición del Ministerio Público de la Federación o de alguna corporación policíaca o de la autoridad judicial, ya no cabe regularla en términos de esta ley; es absurdo. Ley solo para lo que no, solo para lo que no juzgue a su servicio el Ministerio Público de la Federación, eventualmente el Poder Judicial de la Federación. Lo digo con respeto, me parece que el segundo no incurre en esas conductas. Entonces sería suprimir el último párrafo del texto del artículo 5 en comento. He reservado el artículo 19, compañeros y compañeras diputadas, y a la mejor cuesta trabajo algunos temas de esta naturaleza por ser, y no lo digo en modo alguno con desdén, por ser de técnica jurídica. El artículo 19, segundo párrafo, señaa: "Que el Administrador de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, es decir, de las empresas, negociaciones o establecimientos objeto de la Ley, tendrá las facultades necesarias en términos de las disposiciones aplicables para mantenerlos en operación y en buena marcha.". Y agrega: "pero no podrá enajenar ni gravar los bienes que constituyan parte del activo fijo de la empresa". Por técnica esta negativa a gravarlos cuando menos a gravarlos, es contradictoria con lo que establece el Artículo 13, Fracción IV puesto que este señala "que os Administradores podrán otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito". Pero, además,el Artículo 20 agrega: "que en tratándose de empresas, negociaciones o establecimientos a los que nos referimos , los Administradores tendrán facultades necesarias para la enajenación de activos, la que realizará de acuerdo con el procedimiento previsto ene l Artículo 4º de esta Ley", es decir que es de congruencia legislativa y por ende propongo que el segundo párrafo, señor Secretario, en su segunda parte debe ser suprimido a partir de donde reza ".. pero no podrá enajenar y gravar.. " esa parte se suprime. Segundo párrafo 19, última parte. El Artículo 22º , tercer párrafo establece: "que el SAE podrá otorgar, previa autorización de la Junta de Gobierno, los bienes en depósito a las dependencias, entidades paraestatales o a la Procuraduría cuando así o solicite por escrito el Titular de dichas instancias". Propongo se adicione: " dice entidades paraestatales o a la Procuraduría, (coma) a los Gobiernos de los Estados o Municipios cuando así lo soliciten". Por la razón en la bondad decía del uso, sugiero con respeto la supresión del Artículo 24 relativa al Título III de la Devolución de Bienes en administración. En el Pacto Político Social que contempla el ordenamiento máximo de este país, en la Constitución Federal y en las constituciones de todos los países más o menos democráticos, hay dos partes fundamentales; una que tiene que ver con las facultades de la autoridad, con la estructura de cómo se componen los Poderes del Estado, habrá de comprender la Asamblea que como la reserva la estoy abordando en una sola participación, entonces habría que sumar el tiempo que sea preciso para concluir. Gracias compañero Diputado. Digo que habrá que suprimir el 24º porque hay garantías fundamentales que todo gobernado tiene frente a la autoridad y esas garantías son, de seguridad jurídica, de libertad, de juicio previo, de modo que, el que el Artículo 24 establezca formas y reglas distintas a las leyes en donde se aseguren los bienes, me refiero al Código Federal de Procedimientos Penales ó a las reglas del abandono que contempla el Código Civil, no puede una disposición de carácter administrativo como ésta que de modo imperativo"que la autoridad competente notificará su resolución al interesado o al representante legal de conformidad con lo previsto por las disposiciones aplicables para que en el plazo señalado en las mismas a partir de la notificación se presente a recogerlo". Esto no está mal. Que diga que el procedimiento se siga conforme a las reglas y formas de aquellas leyes, pero "la sanción en términos de esta ley bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal": Les dejo el tema no solo de la reserva para su consideración sino para la reflexión, sabedores de los procedimientos de notificación pero una ley de esta naturaleza se sobrepone a las garantías que les he mencionado. Vamos a tenernos un poco de paciencia, a mí me gustaría (interrupción) - LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Diputado Tomás Torres, permítame un segundo. Compañeros legisladores le hemos permitido al diputado Tomás Torres utilizar más tiempo porque su reserva es por varios artículos; si le diéramos el tiempo preciso para cada uno de los artículos, él tendría un excedente de tiempo superior, así es que yo les ruego tomar en consideración que esta ha sido la decisión de la mesa. Continúe diputado.