El diputado Emilio Suárez Licona: Sirva este espacio para solidarizarnos con el Grupo Parlamentario del Partido Verde por el asesinato de nuestro compañero diputado Benito Aguas, al tiempo de invitar a una reflexión a la Presidencia de la Mesa Directiva, a los demás coordinadores de los grupos parlamentarios, a la Junta de Coordinación Política, para no normalizar la violencia. Qué irónico que vamos a discutir reformas de justicia enfrente de la foto de un compañero que fue asesinado hoy. Seguir trabajando en condiciones ordinarias también normaliza la violencia. Una vez más, se pone a consideración de esta soberanía diversas propuestas de legislación secundaria, enmarcadas en la improvisación y la irresponsabilidad de una mayoría que insiste en avalar la culminación del esfuerzo del oficialismo para concretar la captura del Poder Judicial. En sus términos, estas leyes en nada abonan a la mejor impartición de justicia en nuestro país, sino todo lo contrario. Refrendan el desmantelamiento de la división de Poderes mediante la cancelación de la independencia judicial, en tales circunstancias el PRI votará en contra. La nueva Ley Orgánica plantea, con toda claridad, reafirmar y concretar el carácter persecutorio del nuevo Órgano de Disciplina Judicial, el cual pretende construir el único objetivo de eliminar la libertad de criterio de las personas juzgadoras. Con la aprobación de esta ley se confirma que ahora tendremos jueces y magistrados cooptados por el gobierno, constantemente presionados y amenazados para dictar sentencias en el sentido que quiere el oficialismo. La intencionalidad es evidente, incluso se introduce un artículo que establece que el Tribunal de Disciplina Judicial podrá resolver sobre cambios de adscripciones de personas juzgadoras electas por causas excepcionales, determinadas por el propio pleno del órgano inquisitorial. Esta misma lógica queda reflejada en los términos del dictamen, al cancelar la autonomía financiera de la Suprema Corte, concentrando tales facultades en el órgano de administración que responderá a los intereses del gobierno. No nos equivoquemos, pretenden controlar el presupuesto de los tribunales para coartar la independencia de las decisiones judiciales. También destaca la posibilidad de que el nuevo órgano de administración judicial intervenga en el funcionamiento de los órganos del Poder Judicial. Sin mayor acotación, distinción o definición de supuestos específicos, se pretende facultar a este órgano para que ejerza una facultad extralimitada que, sin duda, está pensada para mermar la independencia de los juzgadores. Por otro lado, la nueva Ley de Carrera Judicial representa el sarcófago del Poder Judicial profesional y especializado. Además de reafirmar que jueces y magistrados ya no serán parte del sistema de promoción basado en mérito, actitud y experiencia, ahora se plantea que las personas oficiales judiciales puedan acceder al Poder Judicial sin contar con un título profesional sin establecer un término para ello. También destaca el carácter cosmético de las reformas en materia de responsabilidades administrativas, pues en los términos del dictamen su motivación radica en prevenir y sancionar el nepotismo y la corrupción al interior del Poder Judicial. Lamentablemente no podemos acompañar un ejercicio de simulación en el marco de una nueva realidad en la que serán los comités del oficialismo desde la discrecionalidad y el acarreo quienes habrán de definir a candidatas y candidatos. Más allá de estas cuestiones que entrañan el fondo del retroceso son innumerables los errores de técnica legislativa y contradicciones que una vez más se presentan en el escenario de unas reformas que pretenden sacar al vapor de manera improvisada y apresurada. Tal y como sucedió en la reforma en materia electoral, estos instrumentos normativos entran en evidente contradicción respecto a los aspectos regulados en la reforma constitucional. Por ejemplo, la nueva Ley Orgánica plantea otorgar atribuciones a la Contraloría del Órgano de Administración Judicial en materia de disciplina de personal administrativo, siendo que el texto constitucional es claro al establecer que únicamente el Tribunal de Disciplina Judicial es competente para conocer de cuestiones disciplinarias. Las lagunas e indefiniciones normativas no se quedan atrás. Nada se establece respecto a la instancia que será competente para investigar, sustanciar y resolver responsabilidades administrativas de los integrantes del Tribunal de Disciplina. Pareciera que la intención es que estos órganos ejerzan atribuciones estrictamente persecutorias sin controles o mecanismos de fiscalización con el único objetivo de cerrar el círculo de las arbitrariedades con la intención de consolidar la sepultura de la división de poderes. Compañeros, el PRI votará en contra, no insistamos en dar un salto al vacío en perjuicio del Estado de derecho y de nuestra democracia constitucional. Gracias, presidenta.