El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente. El que suscribe presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la fracción XXVIII, del artículo 73; VIII, del artículo 117; IV, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Amigas y amigos, el endeudamiento es una forma de obtener financiamiento a la que acuden los gobiernos para realizar proyectos que por su alto costo serían irrealizables con los ingresos ordinarios. La contratación de empréstitos debe llevarse a cabo con mucha precaución y cautela, ya que deben preverse en los presupuestos de los estados y de los municipios, recursos para el pago de la amortización de lo principal y de los intereses correspondientes. Nuestro sistema federal le permite a las entidades federativas contratar empréstitos cuando se destinen a inversiones productivas conforme a las bases y hasta por los montos que establezcan sus legislaturas locales, conforme a lo que dispone el artículo 117, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, sobre todo en los últimos años, la contratación de créditos por parte de las entidades federativas se ha incrementado notablemente. De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desde 1993, las entidades federativas y los municipios registraban obligaciones financieras por el orden de los 18 mil 278 millones de pesos; en el 2000 esa cantidad aumentó a 90 mil 731 millones de pesos, y para junio de 2012 se ubicó en 404 mil 409 millones de pesos. Ahora bien, de diciembre de 2008 a junio de 2012 el saldo de la deuda pública de las entidades federativas y los municipios se incrementó en casi un 200 por ciento. En algunos casos esta contratación de empréstitos no ha observado a cabalidad el principio de equilibrio presupuestal que debe prevalecer para mantener las finanzas sanas. Por su parte, también el gasto federalizado de 2005, que considera las participaciones federales, las aportaciones federales y recursos por Convenio de Descentralización, fue por el orden de 631 mil 653 millones de pesos, de los cuales 278 mil 869 millones fueron de participaciones federales. Esto tuvo un incremento de 62.8 por ciento en 2011 al pasar a 1 billón 28 mil 542 millones de pesos, de los cuales 477 mil 167 millones fueron precisamente de participaciones federales. De lo anterior, compañeras y compañeros diputados, se infiere que el total del gasto federalizado tuvo un aumento de 62.8 por ciento en tan solo siete años, mientras que las deudas estatales se incrementaron, como lo dije anteriormente, casi un 200 por ciento en tan solo tres años y medio. El tema de la deuda pública estatal y municipal ha sido motivo de atención sobre todo en los últimos años por su notable incremento y comenzamos a escuchar voces de alerta, porque necesitamos urgentemente establecer medidas preventivas que eviten una crisis económica subnacional en nuestro país. Destaca por supuesto el caso de mi estado Coahuila que registra un aumento considerable en su deuda, escandaloso, al pasar de 323 millones de pesos en el 2005, a 36 mil 499 millones de pesos a junio de 2012; lo que significa un aumento de más de 11 mil 293 por ciento en tan solo seis años y medio. Para pagar este monto se ha comprometido en garantía el 90 por ciento de las participaciones federales para los siguientes 20 años. Hay casos también en los cuales el empréstito contratado se ha destinado a gasto corriente o para mantener una operación de gobierno o mantener una política de subsidios, circunstancias que a la larga serán una carga financiera insostenible. De los registros hacendarios podemos decir que hay nueve entidades federativas, incluyendo la deuda municipal en este caso, que han comprometido ya más del 70 por ciento de ingresos de sus participaciones federales para garantizar el pago de sus empréstitos. La deuda de los estados y municipios representó a junio de 2012 el 12.7 del producto interno bruto estatal, alcanzando la cifra de 404 mil 409 millones de pesos; esto sin considerar los pasivos por pensiones que ambos niveles de gobierno deben afrontar para el futuro. Amigas y amigos, aún estamos a tiempo de establecer mecanismos que obliguen a las entidades federativas y a los municipios para que manejen y administren la deuda local de forma responsable y prudente, para que incentiven la generación de ingresos propios y mejoren la eficiencia y la calidad del gasto público a nivel estatal y municipal. En tal contexto y con esto termino, presidente presento la siguiente iniciativa con la finalidad de insertar nuevas reglas en materia de endeudamiento para estados y municipios considerando la experiencia que en esta materia han tenido otras naciones. Primeramente se trata de que el texto constitucional señale los límites y requisitos para que los estados y los municipios puedan contratar deuda. Asimismo, son necesarios incentivos para el manejo responsable de la deuda. Derivado de lo anterior, los estados deberán adecuar su legislación local en un marco jurídico seguro y confiable. Por lo expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXVIII del artículo 73; la VIII del 17; y la IV del 115. Con esto termino. Le solicito, señor presidente por cuestiones de tiempo que me he sobrepasado en dos minutos-, sea tan amable de turnar esta iniciativa y ordenar que el texto íntegro que se ha integrado a la Mesa Directiva de la misma, sea incorporado al Diario de los Debates. Muchas gracias.