La diputada Claudia Pérez Rodríguez: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en México nuestros jóvenes deben de ser prioridad para las políticas públicas de reinserción social. Por ello, la necesidad de esta reforma al artículo 102, fracción V de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. En este sentido presenté la iniciativa ante el pleno y fue turnada a la Comisión de Justicia donde aprobó el dictamen respectivo. En efecto, desde el 18 de junio de 2016, entró en vigor la aludida Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como una respuesta a la necesidad para prevenir la delincuencia juvenil en nuestro país. Sin embargo, es indispensable para construir una política eficaz en materia de adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal, esto es, aquellos que hayan sido sancionados por hechos que la ley considere como delitos, y por ello estén a disposición de un juez de ejecución especializado en materia penal de adolescentes, un andamiaje jurídico con el objeto de que los jóvenes tengan las herramientas necesarias para reinsertarse a la sociedad de manera integral. No solo para cumplir las medidas impuestas por los jueces, por lo que debemos de detectar el origen que motivó para cometer la conducta o la infracción a la norma penal. Sabemos que uno de los factores primordiales que interfieren para que nuestros adolescentes mexicanos comentan hechos considerados en la ley como delito, es precisamente el consumo desmedido de alcohol, ya que esta sustancia psicoactiva provoca trastornos que deterioran la salud física, psicológica y social de nuestros jóvenes. Del mismo modo, puede generar la necesidad en ellos de consumirla en cualquier momento y que no les importe las circunstancias, o incluso, el mismo adolescente puede llegar al grado de realizar cualquier acción para conseguir el alcohol. Lo anterior es así, dado que en la práctica el 99 por ciento, compañeros, de los adolescentes en México que ejecutan las conductas consideradas en la ley como delitos, están bajo el influjo de la droga o del alcohol. Ya han llegado a realizar conductas atroces. Tales datos son preocupantes, en virtud de que indican que el alcoholismo representa un peligro mayúsculo para los adolescentes en México, que tiene como resultado inevitable la negatividad para su integridad física y que pone en peligro su futuro profesional. En esa tesitura es requisito sine qua non que el Estado mexicano ponga en concordancia lo que se dispone en el aludido artículo 102, fracción V de la mencionada ley, con el artículo 220 de la Ley General de Salud, que prohíbe suspender o suministrar a los menores sustancias alcohólicas, y sobre todo para aquellos que se encuentran en situación de reinserción social, sobre todo porque quienes ejecutan una medida de sanción, como lo he dicho, están a disposición de un juez de ejecución y en su sentencia o medida les pueden prohibir que se abstengan de consumirlo. Agradezco a la Comisión de Justicia, a la presidenta Pilar Ortega y a mis compañeros Ruth, Juan Carlos, Rubén, Martha Patricia, Marco Antonio, Verónica, Esmeralda, David, Armando, Claudia, Elizabeth, Edgar, Roselia, María Luisa, Lorena Villavicencio, María Teresa, Mariana y Luis Enrique, por todo el apoyo. Y quiero decirles que la Comisión de Justicia está demostrado que solo con el trabajo en equipo se pueden lograr leyes que sean benéficas para el desarrollo de nuestro país y para lograr esta cuarta transformación. Agradezco a mi Grupo Parlamentario de Morena por todo el apoyo, a mi coordinador, Mario Delgado, porque ha sido una guía en este camino legislativo. Más vale educar al menor que castigar al adulto. Termino con ello. Es cuanto.