La diputada María del Pilar Torre Canales: Con el permiso de la Presidencia. El Estado mexicano en el ámbito económico ha transitado de un Estado excesivamente patrimonialista a un Estado condicionado y limitado por serias restricciones fiscales y financieras. En este contexto, en nuestro país se han flexibilizado las normas en las que operan los diferentes mercados de bienes y servicios, consecuencia de un acelerado proceso de privatización, desregulación y disminución de los costos de transacción, derivada de entrar a un acelerado proceso de apertura económica. Por ello, entre otras consideraciones es que en los últimos años la participación del Estado en la economía ha sido errática y se ha reflejado en un débil ritmo de actividad económica con una pérdida sistemática de competitividad. A esta preocupante situación se le suma la inestabilidad financiera internacional, detonada por la crisis hipotecaria y financiera de los Estados Unidos y más recientemente la de algunos países europeos. En esta situación, que es muy delicada, ya afecta el funcionamiento de nuestro sistema financiero y crediticio y el desempeño de nuestro mercado interno. En este contexto, debemos de estar muy atentos para corregir los problemas que ya se presentan en el sistema financiero, en especial en las organizaciones auxiliares de crédito, fundamentalmente en las sociedades financieras de objeto múltiple, las Sofomes, las cuales presentan serios problemas de regulación, acelerado endeudamiento e inviabilidad financiera. Recordemos que las sociedades financieras de objeto múltiple, Sofomes, son entidades financieras que a través de la obtención de recursos mediante el fondeo e instituciones financieras y/o emisiones públicas de deuda, otorgan crédito al público de diversos sectores y realizan operaciones de arrendamiento financiero y/o factoraje financiero. Lo grave de esta situación es que estas instituciones han crecido aceleradamente en los últimos años, entre otras causas por las facilidades que otorgan las autoridades financieras al constituirse legalmente y por las amplias libertades en su operación, ya que ofrece a sus clientes condiciones y facilidades mucho más flexibles respecto a los requisitos que ofrecen los bancos, lo que obliga a operar por sus riesgos con tasas mucho más altas. Al mes de junio del presente año en la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), en colaboración con las autoridades hacendarias, han podido determinar que existen alrededor de dos mil 500 sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas operando en el país, de las cuales alrededor de la mitad están inscritas en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, registro de carácter público cuyo objeto principal es captar y proporcionar información corporativa y general a las instituciones financieras que son competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto ha permitido atender a un segmento del mercado no atendido por la Banca Comercial, pero en donde los usuarios de crédito pagan comisiones y tasas no reguladas justificando tal situación en el alto nivel de riesgo crediticio. Este tipo de situaciones proponemos que sean reguladas, ya que afectan a importantes sectores de la población. Adicionalmente nos preocupa el hecho de que estas instituciones al no estar reguladas pueden ser utilizadas para lavar dinero o para operaciones abiertamente fraudulentas o ilícitas. Por todo lo anterior, en Nueva Alianza proponemos un cambio que posibilite una intervención oportuna y eficiente del Estado por medio de un cambio regulatorio que posibilite un sano desarrollo de las actividades y organizaciones auxiliares de crédito para tal fin. Creemos prioritario reformar el artículo 87 B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Por su atención muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.