El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. La materia electoral en México surgió del ámbito administrativo tradicionalmente para atender actos socialmente deplorables como era la consecución de votos a través de sobornos o cohechos. A la postre, se fue especializando cada vez más, pero sin obtener la autonomía, en virtud de que las conductas ilícitas en las asignaturas electorales se daban y se encontraban reguladas en nuestro Código Penal Federal. Hoy en día, con las modificaciones propuestas se pretende acceder a la independencia de la materia punitiva electoral al establecer una ley propia, descriptiva de las condiciones que merecen ser sancionadas. En este sentido reconocemos la labor de la Comisión de Gobernación, que presenta a la consideración de esta asamblea el dictamen de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, la cual a su vez es resultado de un minucioso estudio que se generó desde el Senado de la república, quien remitió el presente tema a esta Cámara. El dictamen en discusión establece penalidades que van de los cinco a los 15 años de prisión y multas de mil a cinco mil días de salario mínimo a la persona que destine, reciba de manera ilegal aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido político; o que éstas tengan un origen ilícito o rebasen los montos permitidos por la ley. La penalidad aumentará hasta 22 años y medio cuando los apoyos se realicen directamente a un precampaña o campaña electoral. De igual manera se establecen de dos a nueve años de cárcel al servidor público que destine o utilice de manera ilegal bienes o servicios que tengan a su disposición al apoyo o perjuicio de un precandidato, candidato o partido político, sin menoscabo de las penas por el delito de peculado. La misma pena se impondrá si coacciona o induce a sus subordinados a que participen en eventos proselitistas o si se condiciona el cumplimiento de programas gubernamentales. Un conducta que debería ser regulada con mayor rigor a la actual y así se hace en esta propuesta es la sanción que va de seis meses a tres años de prisión a quien vote más de una vez en una misma elección, haga proselitismo o presione a los electores el día de la jornada electoral, solicite votos por paga, promesa de dinero u otra recompensa, organice el transporte de votantes o proporcione fondos provenientes del extranjero a un partido político. En el entendido que son los funcionarios públicos quienes deben poner el ejemplo de rectitud e imparcialidad en todo lo concerniente a un proceso democrático, se estipula de dos a seis años de cárcel al funcionario electoral que altere los resultados, sustraiga, destruya boletas o divulgue de manera dolosa noticias falas en torno al desarrollo de la jornada electoral. En este apartado estamos convencidos de un recto proceder de empleados públicos, al funcionario partidista o candidato que ejerza presión sobre los electores para no votar o hacerlo a favor de algún candidato en los tres días anteriores a la elección se le impondrán de dos a seis años de prisión. Como apreciamos, la propuesta que tenemos hoy a nuestra consideración incorpora nuevas conductas, precisa las que ya teníamos en la competencia, a los fiscales, de investigar de manera oficiosa lo relacionado con los delitos en materia electoral, entre otras actividades. Por lo anterior consideramos que más conveniente aprobar sin demora este asunto pues requerimos sancionar con fuerza las conductas típicas antisociales en detrimento de la democracia de nuestro país, y a su vez prevenir que no se lleven a cabo. Por lo anterior la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México estará emitiendo su voto favorablemente. Pero es más aún, creo que es conveniente que se señale que todos estos reclamos que están en esta propuesta han sido señalados por más de los 300 diputados que pudiéramos estar asistiendo el día de hoy. Hemos recibido dentro de una campaña electoral, pero sobre todo tomamos en consideración que la ciudadanía se queja de los partidos políticos. Creo que esta propuesta es importante para que realmente haya esa sanción, una sanción que esté establecida ya en nuestra Ley, pero que esto va a ser de manera importante, y no siempre irnos a la negativa de que no va a servir para lo menos. Creo que lo más importante en ello es una cosa; que podamos dar ejemplo los partidos políticos de la voluntad política que hay de poder hacer campañas limpias y transparentes en beneficio de todos los ciudadanos. Qué lástima que en dos temas tan importantes que el día de hoy fuimos convocados por la Comisión Permanente, hay tan pocos diputados. No creo que ya hayan tenido sus agendas tan llenas como lo hacen y lo acostumbran cuando estamos en el periodo ordinario, son temas, señores, que ojalá no se arrepientan y que no vengan en 10, 15 minutos a votar sin saber lo que se está discutiendo en esta sesión de pleno. Ojalá les sirva, porque a ellos y a quienes sigan haciendo campañas, les va a llegar el cuello hasta arribita. Sépanlo que quienes se presten a hacer atribuciones que hemos señalado aquí, están afectos a una conducta antisocial y serán sancionados directamente como un delito. Ojalá les sirva de experiencia y podamos estar discutiendo los 500 diputados, porque hoy en la sesión general no éramos más que 410 diputados. Qué lástima que eso siga dejando claro a la ciudadanía de lo que somos y hacemos los diputados en nuestra Cámara. Muchísimas gracias, presidente.