EL C. DIP. JOSE FRANCISCO YUNES ZORRILLA: Con su permiso diputada Presidenta; con el permiso de las señoras y los señores diputados y agradeciéndoles de antemano la atención que se sirvan prestarle a estas palabras que voy a leer. Siempre será un honor hacer uso de la voz desde esta tribuna, entre muchas razones porque simboliza el encuentro de los distintos proyectos de nación que a lo largo del tiempo muchos mexicanos han querido instaurar a través del debate, porque significa el lugar no obstante los lapsos de interrupción democrática y los cambios de sede por donde han transitado brillantes generaciones de congresistas, las cuales desde aquí sentaron las bases formales del país socialmente avanzado, representativo y democrático que nos comprende. Es un honor presentarme en esta tribuna, porque ésta sintetiza el sitio de la disputa intelectual que ha propiciado la construcción del México maduro, activo, contestatario y heterogéneo que vivimos en la actualidad. Este día aprovecho este escenario para junto con ustedes recordar y reconocer a aquellos mexicanos a quienes sus acciones públicas han salvado del olvido y les han abierto un espacio en el reconocimiento nacional. Para los integrantes de la fracción parlamentaria a la que pertenezco, representa un acto de justicia y de congruencia destacar a la generación de políticos que un día como hoy pero de 1860 promulgaron las leyes que reformaron de una vez y para siempre la vida cívica y económica del país durante el siglo decimonónico. Es un acto de justicia, porque su participación política y su responsabilidad pública nos legó a los mexicanos de los años venideros instituciones sociales fundadas en reglas claras, las cuales reivindicaron al individuo por medio del derecho. Para nosotros también es un acto de congruencia destacar los esfuerzos de esta generación, porque para nadie es extraño que los miembros de la fracción a la que pertenezco encontramos en los postulados de los reformadores del siglo XIX algunos de los referentes políticos fundamentales de nuestra propuesta. Como miembros de un grupo parlamentario que ha ejercido el poder, hemos ratificado y protegido la expresión política que emanó de la reforma y que se manifiesta tanto en la igualdad de todos ante la ley, como en la libertad que a todos nos asiste para decir, decidir, pensar y especialmente creer. Expresión política ligada con la defensa de la soberanía nacional, con el diseño de una realidad seglar y con la promoción de la república como forma de gobierno y del federalismo como sistema de organización política. Ahora que celebramos un aniversario más de la promulgación de las leyes de reforma, no podemos soslayar lo que en su momento representó este importante acontecimiento político, significó el tránsito hacia la modernidad, superar un entorno agotado y asumir las nuevas formas de definición social que proliferaban con éxito en otras latitudes. Las leyes de reforma implicaron una profunda transformación institucional, no sin temibles colapsos y con la sin razón entre hermanos; los costos fueron vastos, pero las lecciones certeras y elocuentes. El entorno que explica los acontecimientos reformistas de mediados del siglo XIX presenta un acontecer radicalizado por la intolerancia, un escenario fuertemente enfrentado, sin el andamiaje institucional necesario para desahogar los resentimientos de clase, los fanatismos de cualquier índole y las ideologías antagónicas. Por un lado, grupos sociales privilegiados ostentaban el dominio del ejercicio gubernamental, inmersos en una práctica política sustentada en el centralismo, decididamente apegada a las costumbres de la madre patria y de la iglesia, relacionada con los grandes capitales y las poderosas inversiones. Por el otro, una clase media incipiente, vinculada con los sectores ilustrados de la sociedad y también con aquellos núcleos sociales más desprotegidos; una parte del México predominantemente mestizo, federalista y laico, dispuesto a hacerse notar y a participar. Se descartaron los mecanismos políticos, el desastre nacional no tardaría en aparecer. En medio de polos con diferencias tan difíciles de salvar, después de varios intentos de soluciones por la vía democrática, la descalificación irresponsable, el descontrol el manejo de los ánimos, la cerrazón en el diálogo empujó hacia lo inevitable, y mientras nuestro país resolvía sus controversias de la manera más rudimentaria y aberrante, mediante una guerra civil, simultáneamente desde el Puerto de Veracruz, la reforma se hacía. El conjunto de disposiciones legales conocidas como Leyes de Reforma tienen dos precedentes dignos de mención; la Ley Juárez, promulgada el 25 de Noviembre de 1855 tendiente a reformar la administración de justicia para que se abolieran los fueros militares y eclesiásticos y así poder someter a las clases privilegiadas a la jurisdicción de los Tribunales Civiles y del Derecho Común; y la Ley Lerdo, promulgada el 25 de Junio de 1856, la cual liquidaba los bienes raíces del clero y minaba el monopolio territorial más extenso de México a través de la desamortización de las fincas rústicas y urbanas propiedad de corporaciones civiles y religiosas. Ya en Veracruz, el Presidente Benito Juárez formalizó lo anterior, promulgando entre Julio y Agosto de 1859 las siguientes leyes: Ley de Nacionalización de los Bienes del Clero Secular y Regular, Ley de Exclaustración de Monjas y Frailes y Extinción de Corporaciones Religiosas, Ley del Matrimonio Civil; Ley del Registro Civil y Secularización de Cementerios; Ley de Limitación de Días Festivos y Prohibición de Asistencia Oficial a ceremonias religiosas por funcionarios públicos. Posteriormente a este primer grupo de leyes provinieron la Ley de Libertad de Cultos fechada el 4 de Diciembre de 1860 y la Ley de Secularización de Hospitales y Establecimientos de Beneficencia vigentes el 2 de Febrero de 1861. Definitorios para nuestra vida cívica y nuestro devenir político resultaron los acontecimientos en estados entre 1857 y 1861. Durante este intervalo México experimentó una profunda reforma tanto en sus prácticas públicas como en sus instituciones. Esta es la época sustantiva donde desde la Constitución General de la República y Leyes Secundarias se consagran las libertades de manifestación de opiniones e ideas, de enseñanza, de circulación y de asociación; es el momento donde se plasman las garantías individuales relacionadas con el juicio de amparo, con la abolición de fueros y tribunales especiales, con la suspensión del encarcelamiento por deudas y con el derecho a la defensa en cualquier juicio. Sin arrogarnos la propiedad de ninguno de los logros sociales de esa época y sin caer en el exceso de pretender vincular a nuestro organismo político con las decisiones tomadas muchos años de su fundación, es incuestionable también que como fracción parlamentaria hemos sido vehementes continuadores, en los hechos, más allá de las palabras de una visión de gobierno comprometida con el estado laico, democrático y federal, dispuesta a ampliar el alcance de las libertades más elementales y a definir nuevos esquemas para que entre todos florezca el principio de la igualdad con todas sus fuerzas. Durante prácticamente todo el siglo XX a través de medidas orientadas desde el Gobierno se consolidaron y adecuaron a la nueva realidad nacional, todos los valores forjados en los intempestivos años de la Reforma. A lo largo del siglo XX los gobiernos revolucionarios jamás permitieron posibilidad alguna de retroceso en la vigencia de los principios esenciales que con sangre se apuntalaron. Por el contrario, el siglo XX es el escenario donde junto a esos logros sociales heredados, coexiste una posición de gobierno consecuente continuadora, la cual afianzó a la educación y a la salud como un derecho universal, una posición de gobierno que repartió más de la mitad del territorio nacional por medio de la otra Reforma, la Agraria. Una posición de Gobierno protectora de la propiedad de la nación, de los derechos de los trabajadores y de la seguridad social; una posición de Gobierno que le ofrece al México del nuevo siglo los beneficios de instituciones consolidadas garantes de convivencia diaria y principalmente artífices de la solución pacífica y civilizada a las controversias y vicisitudes entre personas y grupos, instituciones que tienden a dificultad la violencia y la intransigencia. Lo repito con respeto, los gobiernos subsecuentes del siglo XX consumaron la Reforma Decimonónica , la enriquecieron, no la contrariaron y sí la continuaron hasta llegar al México de alternancia pacífica de consistencia económica y de movilidad social que hoy está a los ojos de todos y que nadie con objetividad puede negar. Con nuestra disposición, sin renunciar a la defensa de la corriente histórica que representamos con todas sus expectativas y conquistas, los priístas hemos sabido desempeñarnos en las funciones legislativas para no dañar al país en su conjunto, con esta mentalidad abordaremos la propuesta de Reforma del Estado y el Acuerdo Político Nacional propuesto por el Ejecutivo Federal. Con nuestra disposición al diálogo, con nuestro deseo de construir, con respeto a las decisiones institucionales que tanto le han costado a este país, en tan importantes días, los priístas recordamos y reconocemos a quienes con sus actos han logrado enaltecer nuestra Historia. Gracias por su atención. (aplausos) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. El siguiente punto del Orden del Día se refiere a Proposiciones y tenemos en primer lugar, la proposición que presentará el señor diputado José Antonio Calderón Cardoso, el cual tiene la palabra para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la nueva Hacienda Pública Distributiva del Ejecutivo Federal.