El diputado Jorge Justiniano González Betancourt: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, con motivo de los acontecimientos ocurridos el primero de marzo pasado en suelo ecuatoriano, en relación al ataque a un campamento de las FARC-EP por parte del Ejército de Colombia, en donde desgraciadamente estuvieron involucrados connacionales y que, con motivo, el punto de acuerdo en discusión, a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional me permito compartir con ustedes las siguientes y necesarias reflexiones: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ahora conoceremos como FARC-EP, son la guerrilla más antigua y numerosa de América Latina y opera en suelo colombiano desde 1964. Sus acciones consisten en guerra de guerrillas, combate regular convencional, siembra de minas antipersonales, técnicas terroristas con armas no convencionales y químicas prohibidas, el asesinato, el secuestro con fines políticos o de extorsión, narcotráfico, atentados con bombas o cilindros de gas, reclutamiento, tortura y actos que han provocado desplazamientos forzados de civiles violando con ello el derecho internacional humanitario. El narcotráfico destruye las dos virtudes más importantes de todo ser humano: la compasión y la fe, y sin ellas nadie tiene futuro ni como individuos ni como nación. Recordémoslo todos los días. Por otro lado, el número de efectivos que podría oscilar entre 6 mil y 20 mil miembros, y aproximadamente entre el 20 y 30 por ciento de los efectivos de las FARC, son menores de 18 años, muchos de ellos reclutados forzosamente. En el inicio del siglo XXI y sosteniendo la tesis de que en Colombia no existe un conflicto armado, sino una amenaza terrorista, el gobierno colombiano intensifica sus acciones contra las FARC-EP. Gestiones diplomáticas en pro de la realización de un acuerdo humanitario entre las FARC-EP y el gobierno colombiano han tenido muy pocos resultados a lo largo de varios lustros, reflejando con ello la falta de voluntad por parte de la guerrilla para hacer de la diplomacia el instrumento por excelencia para solucionar conflictos, ya sean sociales, políticos o económicos y por el contrario, haciendo del terrorismo su única vía de negociación, dejando claro que cuando las ideas inteligentes se acaban, la violencia inicia. Para las instituciones de gobierno encargadas de generar la paz y el orden interno, su actuar debe ser constante y en todo momento con apego a derecho y de manera coordinada. En este orden de ideas, el Ejército de Colombia tiene entre sus misiones, garantizar la vida, honra y bienes del pueblo colombiano; monopolizar el uso de la fuerza legítima, defender la Constitución vigente a lo largo y ancho del país y garantizar la soberanía en zonas fronterizas terrestres; pero también, y en los últimos años, su misión se ha enfocado a enfrentar organizaciones armadas ilegales caracterizadas por sus prácticas terroristas y de narcotráfico en contra de la sociedad colombiana, como es el caso de las FARC-EP. Las FARC-EP destruyen a las sociedades contra las que actúan, tanto física como psicológicamente y envuelven de incertidumbre el futuro de éstas al ser las consecuencias de tales acciones, no sólo devastadoras, sino de efectos prolongados y de largo plazo. Las actividades de la guerrilla colombiana van en contra de la naturaleza humana al secuestrar y asesinar sin compasión alguna, indiscriminada y sádicamente, sin respeto alguno para la dignidad humana. Las FARC-EP son las primeras en ignorar los derechos humanos y la legislación humanitaria internacional, cuando las partes en un conflicto armado tienen la obligación de respetar el derecho internacional humano. En el amparo de su supuesta búsqueda de la libertad