La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta. Quisiera gozar de su generosidad por si me paso un poco de tiempo, dado que son cinco reservas las que voy a presentar en conjunto. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de diciembre de 2002, durante el mandato del presidente Vicente Fox Quesada. De 2002 a la fecha ha sufrido únicamente dos reformas, la primera en 2005 de fondo, con la finalidad de hacerla óptima y eficiente en su operación, así como aclarar conceptos legales que dieran mayor certeza jurídica. La más reciente, la de 2012, fue de forma, pues la modificación se realizó con el objeto de actualizar todos aquellos artículos que hacían referencia a secretarías de Estado cuya denominación había sido modificada, así como eliminar la mención de los departamentos administrativos que ya no tenían vigencia. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, es un organismo descentralizado de la administración pública federal. Lo que se propone en esta reforma es cambiar su denominación para llamarlo Instituto para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Está encargado de darle destino a los bienes y a las empresas que ya no son productivas para el Estado, con compromiso, eficiencia, transparencia y responsabilidad social, además de que busca fortalecer el Estado de derecho, las finanzas públicas y el sistema financiero mexicano. Esos son subjetivos. El SAE tiene entre sus atribuciones llevar a cabo la enajenación de los bienes que le son transferidos a través de procedimientos de venta establecidos en su ley. Aquí es muy importante, porque ahora vamos a ver las reformas para tratar de darle un marco legal a lo que el Ejecutivo ha venido realizando. Durante estos últimos meses hemos visto cómo el Ejecutivo federal ha ido armando toda una estructura para vender y subastar una serie de recursos obtenidos de diferentes procesos. Esto ya está en marcha. El 22 de julio de este año se publicó en el Diario Oficial el acuerdo por el que se dan a conocer las reformas a las políticas, bases y lineamientos para la venta de los bienes muebles, inmuebles, activos financieros y empresas que realice el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Las modificaciones realizadas, entre las más relevantes es que se elimina el impedimento para vender joyas, obra de arte, vehículos y antigüedades que sean raros, o cuyo valor sea igual o mayor a 939 mil pesos. Ya sabremos que aquella subasta que se realizó de las camionetas blindadas que costaban más de un millón de pesos, no se hizo, porque esto es del 22 de julio, se hizo mucho antes, sin que existiera la atribución correspondiente. Que cuando se vendieron esas joyas raras, exóticas y varias de bastante mal gusto, también lo hicieron sin que existiera la atribución correspondiente. Y además, se establece que el producto de la venta de los bienes muebles asegurados se mantendrá en cuentas de orden, hasta que su destino lo establezca la Ley de Ingreso del ejercicio respectivo. Vi una fotografía con un cheque muy grandote que se le dio a uno de los municipios más pobres del país, precisamente con los recursos que se dijeron que vinieron de la venta de bienes subastados. Bueno, pues aquí también se incumplió. Quiero también decirles que el avión presidencial que está en venta desde hace varios meses desde los Estados Unidos, no tiene, hasta que se aprueben estas reformas, facultades el SAE o el instituto que lo sustituya, para que una organización internacional lo ponga a la venta. Ya ahora se incluye en el artículo 38. Pero la modificación más relevante, bueno, para la cual presento las reservas, tiene que ver con un gran signo de interrogación sobre el concepto de monetizar, que una y otra vez está en el artículo 1o., en el 2o., en el 7o. y en el 34, donde se habla de monetización como producto de la conversión de un bien o activo en un valor. Si estamos por una política de bancarización, ¿qué tiene que hacer el gobierno con dinero en efectivo? Porque a final de cuentas eso es la monetización. ¿Por qué no lo dejamos tal como está ahora en enajenación? Que la enajenación a final de cuentas como es disponer de un bien o derecho, transmitiendo su titularidad, se hace mediante una contraprestación y un pago de dinero en efectivo. También propongo que en el artículo 34 se elimine la discrecionalidad de la figura de obras públicas prioritarias u otras políticas públicas prioritarias, para garantizar la entrega de los recursos. No debe de haber esa ambigüedad o condición subjetiva de políticas públicas prioritarias, ¿para quién? Para el gobierno de una entidad, para el gobierno federal, para un gobierno municipal, etcétera. Por eso, en ese artículo 34 propongo que se elimine esa distorsionalidad. Y en el 80, donde viene la integración del Consejo de Administración del Instituto, quiero proponerles la recuperación de la exigencia de que el suplente o la suplente de sus integrantes deban acreditar un nivel jerárquico equivalente al director general de la administración pública federal. En este momento solamente se dice que tendrá la potestad la persona propietaria, está el secretario de Hacienda, está la secretaria de Bienestar, a ver, bueno, son varios secretarios, además del titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, podrá nombrar a quien quiera, porque no es requisito ni siquiera que sea funcionario de la administración pública federal o que sea servidor público, a alguien se le puede ocurrir nombrar a una persona ajena totalmente, que va ni más ni menos a definir acciones, aplicación y política relacionadas con la administración de los bienes enajenados por el Estado mexicano. Propongo que se recupere. Esas cinco propuestas, tres de ellas sobre monetización, una sobre la eliminación de la fase de la discrecionalidad para dirigir recursos a políticas supuestamente prioritarias y el artículo 80 respecto al nombramiento de los suplentes y al Consejo, pues concluiría solamente con esto: se llama, resalto, Instituto de Administración de Bienes y Activos. Así se llama en la ley. Por favor, algún compañero de Morena, que le informe al señor presidente de la República que este es el nombre formal de la ley que vamos a aprobar. No es más que un apodo o un ingenio decir que es el instituto para devolver al pueblo lo robado. Más cuando ya vimos, cuando discutimos la Ley de Extinción de Dominio, que lo que el Estado mexicano, si no se corrige esa ley, va a robar, no es precisamente lo que provenga de los grandes criminales y del crimen organizado y de los corruptos de gran relieve y fama, sino de lo que provenga del patrimonio de las y los ciudadanos del país. Así que bienvenida la acción de conservar la institucionalidad al denominar Instituto de Administración de Bienes y Activos. Ni una palabra más, ni una palabra menos. Muchas gracias.