El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD vengo a respaldar el dictamen sobre deuda pública, no sin antes destacar la defensa que se hizo de las facultades de la Cámara de Diputados desde que inició esta discusión. En especial reconozco al diputado Silvano Aureoles, entonces presidente de la Junta de Coordinación Política y al diputado Francisco Arroyo Vieyra, que presidía la Mesa Directiva y con quien, pese a tener diferencias políticas coincidimos y le reconocemos por hacer respetar el artículo 72, inciso h) de la Constitución que especifica la deuda pública como materia de esta Cámara, como cámara de origen. Los beneficios de la reforma se pueden resumir en seis puntos: primero. Es una reforma que no cancela las facultades de las entidades pero las regula. A diferencia de los primeros proyectos que simplemente cancelaban y centralizaban las facultades de los estados, la reforma que está por aprobarse deja a las entidades la opción de firmar o no convenios en el caso de que requieran el respaldo de la federación como garantía. Así, en contra de los criterios centralistas, que pedían que el gobierno federal manejara la deuda local, el Congreso de la Unión definirá criterios y lineamientos permanentes. Y cuando una entidad enfrente condiciones de crisis y niveles altos de deuda podrá acceder a la garantía federal en acuerdos transparentes con el gobierno federal. Pasamos del endeudamiento controlado por los gobernadores, a deudas bajo nuevas leyes, y en el caso de que existan crisis se actuará con convenios que reforzarán el orden y la disciplina. 2. Es una reforma que respeta las facultades de la Cámara de Diputados. Quedó claro que el Senado no actuará como Cámara de origen en materia de empréstito y se reconoce que las leyes secundarias iniciarán en la Cámara de Diputados. Así se respeta la asignación de competencias que establece el artículo 72, inciso H de nuestra Constitución, tal y como lo debatimos en esta tribuna desde el primer periodo de sesiones. 3. El marco legal se mejora y fortalece. El Congreso establecerá las bases generales para que las entidades federativas y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Además, se establecerá una ley en materia de responsabilidad hacendaria para los tres órdenes de gobierno, esto significa que habrá leyes concurrentes para evitar leyes a modo y que en ese marco de referencia las Legislaturas estatales regularán el endeudamiento de entidades y municipios. 4. Se establecen límites para el manejo de la deuda local. Se establecerán límites para usar las participaciones federales como garantías para evitar abuso. Además, la totalidad de las obligaciones de pago deben inscribirse en un innovador registro público y se creará un sistema de alerta y sanciones. Estos cambios significan que los gobiernos estatales no podrán comprometer sin límite las participaciones federales y tendrán un registro público de todas las obligaciones de pago para tener transparencia. También se establece el requisito de una mayoría calificada en los Congresos estatales para aprobar la deuda y acotar el poder de los gobernadores a través de mayoría simple. 5. Se eliminan los abusos de los gobiernos salientes. Se establece que las obligaciones de deuda de corto plazo, obligadamente deberán pagarse tres meses antes de que termine el periodo de gobierno correspondiente y que no podrán contratarse nuevas obligaciones durante estos tres últimos meses. Ya se acabaron las deudas heredadas de una administración a otra. 6. Se mejora la fiscalización y se especifica cuando interviene la federación. Se fija la responsabilidad de los servidores públicos de las entidades y municipios por el manejo indebido de los recursos y la deuda pública. Se establece la fiscalización federal para empréstitos que tengan como respaldo garantías federales. Esto significa que los servidores públicos estatales y municipales serán sujetos del régimen de responsabilidades y que en caso de que existan recursos federales como garantía, la Auditoría Superior de la Federación será quien fiscalice el gasto. En síntesis, con respecto al federalismo se avanzó en tener una deuda ordenada, bien registrada, acotada en su destino y sujeta a garantías mediante convenios. Y por lo que hace a la intervención del Congreso por medio de la comisión bicamaral, el beneficio de fondo es la transparencia zanjándose las diferencias que teníamos con la Colegisladora. La reforma señala que para dar cobertura federal a deuda local, las entidades y la federación deberán presentar la información al Congreso y éste tendrá la facultad para hacer las observaciones necesarias. Compañeras y compañeros, esta reforma es un avance. Sin lugar a dudas representa un cambio positivo respecto de la situación actual y es mejor que los proyectos presentados. El PRD le dice sí a la transparencia, sí al registro público de todos los compromisos de pago, sí a la fiscalización, sí a la defensa de las entidades y al mismo tiempo exigimos acabar con los abusos, estableciendo alertas y criterios en las leyes. También rechazamos la práctica de comprometer sin límites y a lo loco las participaciones de las entidades; o que una administración pueda comprometer a varias generaciones con el peso de una deuda desproporcionada. Nunca más un Granier, nunca más un Moreira. Nunca más la discrecionalidad de los gobiernos estatales al abusar de la deuda. Pero nos queda la tarea de mejorar el registro de los pasivos federales. Queda pendiente que todo el pasivo del gobierno federal sea reconocido como deuda pública y eliminar viejas definiciones del déficit para no engañarnos. Esperamos que así como se limita el déficit de las entidades, también se controle de manera más estricta el endeudamiento federal, que ha pasado en menos de dos años de cinco billones 890 mil millones de pesos a siete billones 125 mil millones de pesos. Es decir, un crecimiento de 20 por ciento. También falta recuperar las facultades del Congreso que fueron invadidas al establecer que los pasivos laborales de Pemex y CFE se convertirán sin decisión del Congreso en deuda pública. Nos queda el reto de enfrentar la corrupción y la impunidad que es en realidad lo que frena las inversiones y el principal reto que debemos enfrentar. Pero hoy damos un paso en la dirección correcta. Y por esa razón el PRD respalda el presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.