La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros, las mujeres tenemos que vivir libres de violencia, como un derecho fundamental sin el cual no es posible construir el entramado del resto de nuestros derechos. Vivir sin violencia es indispensable para que las mujeres ejerzan de manera libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Las mujeres hemos logrado en los últimos años irrumpir paulatinamente en los espacios públicos, ejerciendo actividades políticas y de representación popular, no sin obstáculos, amedrentamientos y agresiones de todo tipo. Las mujeres que ejercen su derecho a fungir como representantes de elección popular, enfrentan condiciones asimétricas, de garantías y oportunidades, que afectan el desarrollo de liderazgo femenino en los partidos políticos y en la conformación de las estructuras de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, una de esas condiciones es ser objeto de violencia de género. La violencia que por razones de género se ejecute contra todas las mujeres en el ejercicio de la participación política, es un factor de desigualdad que no solo pretende discriminarnos sino impedir la participación en la vida democrática del país y representa un retroceso en los avances que México ha logrado a partir de la reforma para alcanzar la paridad de género en el tema electoral. Esta realidad no se ciñe a México. La Asamblea General de las Naciones Unidas emitió en 2011 una resolución sobre la participación de la mujer en la política mediante la cual afirmó que las mujeres siguen estando marginadas en gran medida en la esfera política en todo el mundo. A menudo esto es resultado de leyes, prácticas, actitudes y estereotipos de género discriminatorios. La violencia política se debe identificar, erradicar y sancionar conforme la interpretación de los derechos humanos de las mujeres en nuestra Constitución. La participación política y el debate de ideas propias del espacio público han sido tradicionalmente desarrolladas por hombres, lo que ha generado una asimetría desproporcionada en el acceso al poder y a la toma de decisiones que ha limitado el ejercicio de las mujeres de sus derechos políticos, por lo que en la arena política, en donde de manera más ostensible se puede apreciar la histórica desigualdad de acceso al poder entre mujeres y hombres, es en donde las mujeres no solo han tenido que luchar para exigir la paridad, sino también como una medida afirmativa para alcanzar el acceso equitativo a las oportunidades en la participación política. También la diferencia de los candidatos hombres puede vivir el riesgo de verse afectada por la violencia de género por su atrevimiento de ejercer su derecho de participar en el gobierno del país y de expresar sus opiniones políticas, de plantearse y plantarse en el espacio público y convocar a votar a la población. Como resultado de los últimos tiempos, se han visto casos de absoluta discriminación que ha sido impune contra las mujeres en la actividad política como el caso de Eufrosina Cruz Mendoza, a quien el grupo de hombres en el poder de la comunidad de Santa María en Oaxaca, le negaron el acceso al cargo de presidenta municipal. Es necesario que la legislación aporte garantías a las mujeres en la política para reducir y erradicar la brecha de género. La participación política debe ejercerse sin riesgo de violencia. El Estado debe verificar con sentido estricto no solo el respeto y promoción de los derechos humanos, sino transformar las estructuras discriminatorias y las instituciones políticas que practican la desigualdad. Deberán buscarse condiciones idóneas y seguras para que se desarrollen las potencialidades y se ejerza el liderazgo político sin violencia y sin discriminación. Debemos desterrar en este país y este es un espacio muy importante para ello todo tipo de violencia, en especial la violencia política que incide y se manifiesta en amenazas, difamación, acoso, hostigamiento, insultos, coacción, persecución, secuestros e incluso feminicidio. De no ser así, las mujeres no tenemos derechos políticos plenos. Actualmente la violencia política contra las mujeres no está tipificada, pero las diputadas y senadoras de la LXII Legislatura también promovieron una iniciativa muy similar. Refrendamos ese compromiso hoy. Y solo quiero decir, para finalizar, que el señor presidente de esta Mesa Directiva hace un momento le quitó el micrófono a mi compañera Mirza Flores, porque denunció al gobernador de Nuevo León, quien está ejerciendo violencia política en contra de la diputada Leticia Benvenutti, de Nuevo León, por decirle que no le va a aprobar su cuenta pública. La está exhibiendo públicamente por un trabajo anterior que ella tuvo. Pero ella está también ahí representando las voces de muchas mujeres, de muchos ciudadanos inconformes con ese gobernador que está acusado de malversación de fondos. Muchas gracias.