El diputado Erik Juárez Blanquet: Con la venia de la Presidencia, diputadas y diputados, como es sabido nuestro país en el contexto de la comunidad internacional, pero particularmente de los organismos como la Comisión Interamericana de los derechos humanos u organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, han reconocido ciertos avances de nuestro país en materia de derechos humanos. Pero de igual manera, han puesto especial relevancia en focos rojos como lo es la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y tortura, la situación de inseguridad ciudadana, el acceso a la justicia e impunidad, la situación de periodistas defensores y defensoras de los derechos humanos y otros grupos especialmente afectados por el contexto de la violencia en nuestro país. En este sentido, urge la necesidad de que como legisladores impulsemos una armonización de nuestra legislación como construcción de políticas públicas en base a los estándares de organismos e instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Pero de igual manera, reconocer plenamente la incidencia jurisdiccional de los tribunales regionales e internacionales o del sistema de las Naciones Unidas. En lo tocante al reconocimiento pleno y jurisdiccional de ciertos tribunales y organismos internacionales en nuestro país, actualmente nuestra Carta Magna hace un reconocimiento limitativo de la Corte Penal Internacional, contraviniendo la esencia misma del Estatuto de Roma que se ve sujeto a la reserva de la aprobación del Senado de la República para la intervención de esta corte en cada caso concreto. Por lo señalado compañeras y compañeros el reconocimiento jurisdiccional de la Corte Penal Internacional, debe de ser pleno, tal y como lo demuestran las experiencias constitucionales comparadas de Francia, Irlanda y Portugal, entre toras, y no contravenir la normativa internacional de los derechos humanos. En este sentido el reconocimiento pleno de este órgano jurisdiccional internacional, vendría a abrir la puerta para juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, de guerra, de agresión y de lesa humanidad. Asimismo compañeras y compañeros en lo referente a un tribunal de carácter regional como lo es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es de vital importancia dotar del mismo reconocimiento pleno como de sus propias resoluciones, por el papel que desempeña en la protección de los derechos humanos fundamentales de las personas que se encuentran bajo su protección, tal y como han sido los casos de Jorge Castañeda, contra México; González y otras, contra México; Radilla Pacheco, contra Estados Unidos Mexicanos; Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo, Cantú, contra México; y Cabrera García y Montiel Flores, contra México, por mencionar las más relevantes y que han sentado bases sin precedentes. Por el momento en el derecho interno de nuestro país la efectividad y la obligatoriedad del Estado mexicano de acatar las sentencias de este órgano interamericano, se encuentra difuso en la jurisprudencia, por lo que es menester dar coherencia y elevar a rango constitucional su obligatoriedad. Por lo referido tanto en lo relativo a la Corte Penal Internacional y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, es de suma importancia ante el adecuado encauce que debe darse de la normativa internacional y nuestro reconocimiento pleno de estos órganos internacionales como parte del funcionamiento, del andamiaje de un Estado constitucional de derecho, aún lejano de alcanzar. En ese sentido la presente iniciativa con proyecto de decreto pretende adicionar un párrafo tercero al artículo 1o., recorriendo los subsecuentes, así como se reforma el párrafo octavo del artículo 21, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo al reconocimiento pleno de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, y a la Corte Penal Internacional como otros organismos internacionales en los que México es Estado parte. Es cuanto, muchas gracias.