El diputado José Salvador Rosas Quintanilla: Buenas tardes. Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputados, las instituciones de la administración pública en México sufren una profunda crisis de confianza, que lamentablemente no ha sido atendida. A la par, México vive una de sus peores crisis en materia de corrupción, que para erradicarla, requiere de esfuerzos compartidos entre la sociedad y los distintos poderes que conforman el Estado mexicano. Hoy la mayoría de los mexicanos evitamos realizar trámites por temor a sufrir una experiencia de corrupción, situación que empeora en los momentos de emprender un negocio. De acuerdo con la Encuesta Confianza en las Instituciones 2018, realizada por la Consulta Mitofsky, la confianza en las instituciones va a la baja por lo menos desde hace 15 años. En una escala de calificación del 1 al 10, dependencias del gobierno federal y partidos políticos y la policía pasan de panzazo la prueba y se ubican en promedio de una calificación de 6. Esto no debería sorprendernos si consideramos el alto grado de corrupción que existe y que genera un impacto económico de casi 200 mil millones de pesos anuales, equivalente al 10 por ciento del PIB. En el informe de Transparencia Internacional en materia de corrupción, afirma que México es el país con el mayor índice de corrupción en América Latina en la prestación de servicios públicos. 51 por ciento de los mexicanos encuestados en 2018 afirman haber pagado un soborno para contar con servicios públicos básicos. Lo más grave de perder la confianza en las autoridades e instituciones es que deteriora la credibilidad en la democracia. Por lo anterior, el reto es crear compromisos y los mecanismos necesarios para eliminar la mala imagen de nuestras instituciones y mejorar las prácticas en materia de anticorrupción. El dictamen que estamos discutiendo para expedir la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, es un primer paso para generar un ambiente de negocios diferentes y una cultura de legalidad en México. Un ambiente de confianza es fundamental para que la sociedad, sector privado y gobierno federal hagan negocios, cumplan con sus tareas y desarrollen la economía en un marco de certidumbre jurídica. Esta ley posiciona la confianza en el ciudadano en relación con el cumplimiento de sus obligaciones regulatorias y fiscales, y evite la sobrerregulación, combate a la corrupción, incentiva la inversión y el desarrollo de negocios mediante el otorgamiento de beneficios y facilidades exclusivas y administrativas. Es importante mencionar que coincidimos plenamente con las adecuaciones realizadas por la dictaminadora, la educación, el artículo 1o protege los compromisos adoptados en los organismos y tratados internacionales del Estado mexicano relacionados con las buenas prácticas en la producción de alimentos, salud animal y salud vegetal. Igual de importante resulta la modificación al artículo 13, que incorpora excepciones a la regla general de suspensión a las actividades de verificación, prevaleciendo las que resguarda la seguridad nacional y de la población, la seguridad alimentaria y la sanidad animal y vegetal. Estamos convencidos que estos cambios lograrán una mejor ley y a evitar un colapso del comercio exterior en materia agroalimentaria y, sobre todo, la salud pública. Coincidimos en que esta nueva ley brinda la oportunidad a que los ciudadanos ejerzan sus actividades económicas de manera óptima y ágil a través de la simplificación de trámites administrativos, fortalece la confianza del ciudadano en las instituciones públicas y promueve la cultura de la legalidad. Es importante señalar al gobierno federal y a los legisladores del partido mayoritario que Acción Nacional siempre trabajará por lo que es mejor para el país y en este momento resulta prioritario establecer mecanismos que den certeza a la actividad económica. Hoy urge trabajar desde el fondo de todos los frentes posibles por México, por eso cuentan en Acción Nacional para implementar mecanismos que combatan a la corrupción en beneficio del bienestar de todos los mexicanos y del país. No debemos olvidar que, en el 2017, por primera vez, a propuesta del Ejecutivo federal, este Poder aprobó recursos por más de 30 mil millones de pesos para poner en marcha la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y que a partir de la llegada del actual gobierno se hicieron ajustes presupuestales, que en nada ayudan a combatir la corrupción. En cambio, sí contradicen el discurso oficial. Por esta razón, esperamos que para el próximo ejercicio presupuestal el gobierno federal tenga la sensibilidad suficiente y acompañe a la ley que hoy votaremos con el presupuesto necesario para llevar a cabo con éxito el plan anticorrupción que se pretende implementar. Es cuanto, señor presidente.