El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Son muchas las reservas que en la primera ocasión habíamos realizado. Algunas las reiteramos, otras las agregamos, las añadimos a lo que inicialmente habíamos presentado. El primer artículo reservado es el artículo 1o. ¿Por qué lo reservamos? Lo reservamos porque la Constitución, en su artículo 70, establece que es facultad del Congreso, es decir, de ambas Cámaras, y materia de ley, regular la estructura y funcionamientos internos del Congreso. Es decir, un reglamento interior, un reglamento de la Cámara no puede regular la estructura y funcionamiento internos del Congreso, porque la Constitución lo impide. La Constitución indica con mucha claridad, en su artículo 70, que ésta es una labor del Congreso y de la ley. Por eso proponemos que el artículo 1o. del reglamento diga: el presente reglamento regulará los debates y las resoluciones económicas relativas al régimen interior de la Cámara de Diputados. Conforme a la Constitución, al artículo 70, al artículo 77, de la única materia de la que puede ocuparse o de las únicas materias de las que puede ocuparse un reglamento de la Cámara de Diputados es de los debates, regular los debates y las resoluciones económicas de la Cámara de Diputados. La segunda reserva es respecto a los artículos 6, 7 y 8, que entre otras cosas, establecen los derechos y las obligaciones de las diputadas y de los diputados. De acuerdo a la Constitución, por ejemplo, al artículo 113, solamente la ley puede regular responsabilidades y sanciones. De acuerdo al artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solamente en la ley se puede limitar o regular la libertad de expresión. Sin embargo en este reglamento, se regula la libertad de expresión contrariando el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, se establecen sanciones como el retiro, por ejemplo, del sonido a una diputada o a un diputado y esto no se hace en la ley sino en el reglamento. En particular me preocupan las fraccione XVII, XVIII y XIX del artículo 8o. que violentan el reglamento, pues violentan el artículo 61 de la Constitución. Los legisladores somos inviolables por las opiniones que emitimos y no podemos ser reconvenidos por ellas y estas fracciones del artículo 8o del Reglamento entrañan algún tipo de reconvención o delimitación a la libertad de expresión. Por eso, propongo la derogación integral de estos artículos 6, 7 y 8 del Reglamento. Las materias ahí previstas deben regularse en la ley. Hace unos momentos, un diputado del Partido Verde, creo que del Partido Verde expuso aquí con mucho énfasis que sería conveniente que los legisladores estuviésemos sujetos a un régimen de responsabilidades y de sanciones. Quiero decirle que estoy de acuerdo con él, desde luego que sí, pero esa materia le corresponde a la ley y no a un reglamento. Creo que las responsabilidades y las sanciones, y aquí estoy viendo al diputado Pérez Cuevas, deben estar previstas en la ley, y lo estoy aludiendo, y no en un reglamento. También propongo la derogación de los artículos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 del Reglamento. Estos artículos se refieren a los grupos parlamentarios. Nuevamente, la Constitución en el artículo 70 establece que toda la regulación de los grupos parlamentarios le corresponde a la Ley Orgánica del Congreso. Es decir, el Reglamento no puede normar una materia que es de la exclusiva competencia de la Ley Orgánica del Congreso. Propongo, también, la derogación de los artículos 35, 40, 41, 42 y 43 del Reglamento. Este Reglamento de la Cámara de Diputados se inventa un tipo de información que no tiene fundamento en el artículo 6o de la Constitución, ni en la Ley de Transparencia. Se inventa lo que se llama aquí sesiones secretas. Las sesiones secretas desde las reformas al artículo 6o de la Constitución en materia de transparencia de 2006 y las reformas a la Ley de Transparencia que existen en este país, y que están en vigor desde el año 2003, impiden información o prohíben información de carácter secreto. La información de acuerdo al marco constitucional y legal vigente, solamente, puede ser pública la mayoría de ella, reservada algún tipo de información y confidencial cuando se refiere a datos personales de los ciudadanos. Pero, la Constitución y la ley, no regulan esta información que el Reglamento considera secreta. Ello, es totalmente anticonstitucional y la Cámara de Diputados le da la espalda a la transparencia. Respecto al artículo 65 del Reglamento, también, propongo su derogación. Me parece un exceso que solamente en la Junta de Coordinación Política, la Mesa Directiva o los coordinadores de los grupos parlamentarios tengan un papel relevante, para determinar el orden del día. El orden del día, como lo decía mi compañero, el diputado Fernández Noroña, es una materia que es competencia de este pleno; por eso el orden del día debe someterse a votación del pleno y no determinarse por estas instancias cupulares que se llaman Junta de Coordinación Política, Mesa Directiva y que le da un papel relevante a los coordinadores parlamentarios, pero no a los legisladores de a pie. Propongo también, respecto al artículo 76 del Reglamento, la derogación para que las intervenciones de los legisladores y las legisladoras puedan ser de hasta 30 minutos, como se contemplaba en el Reglamento Interior del Congreso General. Fíjense qué paradoja, el Reglamento que hoy se está derogando le daba a los legisladores y a las legisladoras más derechos para intervenir en tribuna y para deliberar, nos concedían hasta 30 minutos. Hoy en día, a partir de que entre en vigor las reformas al Reglamento de la Cámara de Diputados, según el artículo 76, se restringirán estos derechos de intervención en tribuna. Respecto al artículo 86 del Reglamento, propongo su derogación. Me parece indebido que un legislador o legisladora no pueda modificar el sentido de su voto en las comisiones. Debemos tener plenos derechos para modificar el sentido del voto, tanto en las comisiones como en el pleno; por eso propongo la derogación del artículo 86 del Reglamento. Propongo también la derogación del artículo 89 del Reglamento. Me parece muy grave este mecanismo de preclusión que se establece en distintas normas del Reglamento, en particular en el artículo 89, que establece que si una iniciativa no es dictaminada en los plazos contemplados en el Reglamento, entonces ya no se dictamina. Ello entraña una violación enorme, colosal, al artículo 71 de la Constitución. Los legisladores, las legisladoras, podemos presentar iniciativas y ese derecho a presentar iniciativa y la correspondiente obligación o deber de las instancias de la Cámara para que las iniciativas sean dictaminadas, no están sujetas ni constitucionalmente ni legalmente a la preclusión. Aquí, en este Reglamento de acuerdo al artículo 89, si la iniciativa no se dictamina en tiempo y forma, entonces ha precluido el derecho, deja de dictaminarse esa iniciativa. Los autores de las iniciativas merecemos que las mismas sean dictaminadas y que no existan mecanismos de preclusión en el Reglamento. Respecto al artículo 90 del Reglamento, propongo que los votos particulares puedan discutirse, tanto en las comisiones y en el pleno de esta Cámara, sin restricción alguna. Me parece que no se debe limitar la posibilidad de que los votos particulares puedan discutirse plenamente, de manera abierta en este pleno. No se puede limitar el derecho para discutir los votos particulares en el pleno. Propongo también la derogación del artículo 95 del Reglamento. El Reglamento no puede regular el procedimiento legislativo, como lo hace en distintos numerales, en particular en este artículo 95, porque ello contraviene el artículo 72 de la Constitución. El procedimiento parlamentario solamente puede estar regulado o en el artículo 72 de la Constitución en la Ley Orgánica del Congreso, pero un Reglamento de la Cámara de Diputados no puede establecer matices o añadidos o modificaciones o adiciones al procedimiento parlamentario. También propongo la derogación del artículo 102 del Reglamento. Las iniciativas listadas deben exponerse y plantearse en el pleno. No puede considerarse, como lo hace el Reglamento, que si la iniciativa no se plantea en el pleno y el legislador no lo pide expresamente, entonces se pierde el derecho a exponer la iniciativa en el pleno. Propongo también respecto al artículo 134, una adición de un punto o párrafo tercero que deberá decir: las peticiones legislativas de los ciudadanos deben ser dictaminadas por la Cámara. El presidente de la Comisión de Reglamentos dice que este Reglamento no les da la espalda a los ciudadanos. Yo creo que sí les da la espalda a los ciudadanos, porque no existe obligación de las comisiones ni del pleno para dictaminar las peticiones de los ciudadanos. No basta que los escuchemos en las comisiones o que llamemos a expertos a las comisiones o a este pleno, deben ser dictaminadas las peticiones de los ciudadanos. No debemos darles la espalda a ellas. Por eso también propongo una adición de una fracción IX al artículo 175 del Reglamento para que las peticiones de las personas físicas o morales formen parte del orden del día de las comisiones. Las comisiones no pueden desvincularse de la ciudadanía. Respecto al artículo 193 del Reglamento y como lo he insistido mucho- propongo su derogación, porque basta un día de inasistencia de un legislador para que se nos descuente la dieta. El Reglamento está extendiendo el privilegio. Establece que dos inasistencias dan lugar a un día de descuento de la dieta. Debe salvaguardarse lo contemplado en el artículo 64 de la Constitución; y el artículo 193 del Reglamento no lo hace. Propongo también, respecto al artículo 221 que para discutir el proyecto de decreto de Presupuesto no se contemple el principio de representatividad, porque ello va a limitar los derechos de participación y de igualdad de oportunidades de las minorías parlamentarias cuando se discute el proyecto de decreto de Presupuesto. Propongo también, respecto al artículo 233, su derogación. Éste artículo es muy importante, se refiere a las controversias constitucionales. De acuerdo a este artículo, la posibilidad de que la Cámara presente la controversia constitucional depende de la buena voluntad de la Junta de Coordinación Política. No depende ni siquiera de la voluntad plena de esta Cámara ni tampoco depende de las facultades de representación legal que tiene el Presidente de la Mesa Directiva. Aquí reivindico las facultades como representante legal del Presidente de la Mesa Directiva, de acuerdo al artículo 23 de la Ley Orgánica del Congreso, para que el Presidente de la Mesa Directiva, al menos en los recesos de la Cámara de Diputados, pueda plantear controversias ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Propongo también respecto al artículo 239 del Reglamento la inclusión de una fracción, la fracción XXX, para que las peticiones de los ciudadanos se publiquen y divulguen en la Gaceta Parlamentaria. También propongo respecto al artículo 249 su derogación. La Coordinación de Comunicación Social de esta Cámara no puede restringir el derecho a la información de los compañeros reporteros y periodistas que cubren la fuente. El Reglamento está pidiendo, está exigiendo la acreditación necesaria de los representantes de los medios para que realicen su tarea. La tarea, el derecho a la información no puede estar sujeto a esta acreditación. Respecto al artículo importantísimo 260 que aquí se comentaba que está dando competencia a la Comisión de Reglamentos para resolver consultas, quiero decir, a la luz de lo que decía el presidente de la Comisión de Reglamentos, que la facultad de resolver consultas que otorga el artículo 40, párrafo primero, inciso b), es una facultad de consulta muy restringida. Es una facultad restringida a las distinciones que en esta materia otorga la Cámara de Diputados. Conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica del Congreso, quien debe resolver las consultas y resolver todas las interpretaciones es la Mesa Directiva. Entonces es indebido que la Comisión de Reglamentos resuelva consultas de interpretación del Reglamento de la Cámara de Diputados. Las consultas de interpretación de la Ley Orgánica del Congreso y del propio Reglamento, le corresponden a la Mesa Directiva y no le corresponden a la Comisión de Reglamentos si realizamos una interpretación sistemática de los artículos 20 y 40 de la Ley Orgánica del Congreso. Por eso propongo la derogación de estas competencias indebidas. También propongo la derogación de los artículos 263, 264, 265, 266, 267 y 268 en materia de cabildeo. El cabildeo es una materia que debe regularse en la ley y debe haber previamente una atribución del Congreso prevista en el artículo 73 para regular el cabildeo. Este reglamento en esta materia es un reglamento, bueno, ni siquiera autónomo. Es un reglamento que va más allá del Constituyente originario, porque está regulando una materia a la que la Constitución no hace referencia en el artículo 73 ni en la Ley Orgánica del Congreso. Finalmente termino, compañero, y usted siempre pide tiempo, termino diciendo que propongo la derogación de los artículos 283, 284, quinto y octavo transitorio del Reglamento, porque están concediendo facultades o se está normando en el Reglamento el Servicio de Carrera Parlamentaria. El Servicio de Carrera Parlamentaria como cualquier Servicio Civil de Carrera, de acuerdo al artículo 123 de la Constitución, solamente puede regularse en una ley. Como ustedes pueden observar, compañeros, y no hice todas las reservas que debí haber hecho, este Reglamento es contrario a la Constitución y a la Ley Orgánica, y por eso lo debemos votar totalmente en contra. Debimos haber primero reformado la Ley Orgánica y no el Reglamento. Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.