La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados de esta honorable soberanía, el día de hoy ante ustedes expongo los argumentos tendentes a demostrar la pertinencia por modificar el contenido del artículo 108 del dictamen sujeto a discusión. Referente a la consideración que la ley adjetiva penal tiene del ofendido y de la víctima del delito, en virtud de la importancia que reviste el no extraviar la diferencia entre ambos sujetos procesales, aun cuando en innumerables ocasiones la propia ley, la jurisprudencia y la doctrina se refieren a ellas con escasa atingencia, pretendiendo confundir y brindar idéntico tratamiento a distintas personas que en virtud del menoscabo directo o indirecto que resienten en su esfera de derechos como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo, debieran contar con un tratamiento diverso tanto en nuestra Constitución General de la República como en este ordenamiento cuya estructuración deviene de la reforma constitucional publicada en el año 2008 en el Diario Oficial de la Federación. Así, cuando en la ley adjetiva penal se aluda a la figura del ofendido del delito, planteo la necesidad de que se considere este artículo reservado como tal, con estricto apego a la doctrina y a la práctica jurídica en materia penal. A toda aquella persona física o moral imputable o inimputable que resienta de manera directa una afectación importante en cualquiera de los bienes jurídicos de los cuales sea titular y que se encuentren tutelados por nuestra ley fundamental y las leyes y ordenamientos que de la misma emanen. En general, propongo que debe entenderse como ofendido del delito a cualquier individuo en las afectaciones que sufra en su integridad corporal, en su patrimonio, en su sano y normal desarrollo. Ahora bien, y en lo que concierne a la figura de la víctima del delito, someto a la consideración de esta soberanía su entendimiento como toda aquella persona que de manera indirecta sufre un menoscabo en su esfera jurídica por la realización de un delito. Es decir, aquella que no resiente una afectación tan relevante como el ofendido del ilícito penal como consecuencia inmediata de la comisión de cualquier hecho tipificado por la ley penal sustantiva como delito. Así, la consideración diferenciada que se tenga en el artículo 108 del Código Nacional de Procedimientos Penales respecto del ofendido y la víctima del delito resulta fundamental, a efecto de establecer con la concreción y claridad indispensables, los derechos y los deberes que le competen en cada uno de los procedimientos que integran el proceso penal federal. No obstante que ambos sujetos son considerados como necesarios más no indispensables dentro de cualquier relación jurídica procesal, penal, en virtud de que su presencia no resulta determinante para la existencia de cualquier relación de orden público de las antes referidas. Dado que existen delitos en los que no se encuentran personalizados de manera concreta ambas figuras, sino en general, como sucede por ejemplo en la comisión de delitos tales como el de traición a la patria, sabotaje, terrorismo, portación de armas prohibidas o de uso exclusivo del Ejército o del narcotráfico. Por lo antes expuesto y teniendo en cuenta que la finalidad fundamental de todo proceso penal es perseguir de manera eficiente la represión de los actos punibles mediante la imposición de las penas consignas a los delitos cometidos, insto a esta honorable soberanía a respaldar con su voto la reserva que he interpuesto, con la intención clara y definida que el tratamiento de los ofendidos y las víctimas del delito sea diverso en cada uno de los procedimientos penales regulados por el Código Nacional de Procedimientos Penales que se pretende aprobar el día de hoy. Por su atención a los diputados y diputadas que están presentes, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.