El diputado Javier Martín Zambrano Elizondo: Con su permiso, señor presidente. Señores y señoras, hoy por hoy la agenda política del país tiene inmerso el tema del cambio climático, con el propósito de encontrar una solución, adaptación a este fenómeno que ha expuesto la vulnerabilidad en nuestro medio ambiente, y por ende, de nuestra calidad de vida. Como una muestra de ello, durante la década de los ochenta y señaladamente en los noventa, diversas entidades impulsaron la idea de crear productos verdes, llamados así porque en su manufactura y producción se siguen estándares certificables que favorecen una mayor protección ambiental y, en consecuencia, un beneficio colectivo, que si bien es difuso para los ciudadanos es perfectamente acreditable. Los gobiernos no sólo reconocen su posición de influencia, su responsabilidad de demostrar el desempeño ambiental y sus facultades para promover los productos con ventaja ambiental. Están también relacionados los beneficios de las compras verdes con sus responsabilidades fiscales, esfuerzos de creación de empleo y sus metas de salud y bienestar comunitario. La conciencia de estas oportunidades es un factor esencial de impulso en el crecimiento de las compras verdes en las dependencias gubernamentales. En nuestro país la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales desarrolló en el 2002, el Programa de Administración Sustentable, cuyo principal objetivo es disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente de nuestras actividades cotidianas en los lugares de trabajo. Las principales líneas de acción son: el ahorro de energía eléctrica, el consumo irracional del agua, el consumo responsable del papel y el manejo adecuado de los desperdicios. Como parte del consumo adecuado del papel, se incluye la parte denominada "compras verdes". El principal criterio para evaluar la conveniencia de adquirir o no un artículo es el ciclo de vida, se prefieren los insumos reciclables y biodegradables, se evitan aquellos productos que impactan negativamente la capa de ozono, principalmente los aerosoles y el unicel. Se buscan artículos que representen una mayor vida útil en comparación con los artículos convencionales. Se pide a los proveedores que los artículos sean entregados a granel o sin empaques excesivos. Sin embargo, aún es necesario establecer como criterio de evaluación de las propuestas en las licitaciones públicas, además del costo-beneficio y demás que establece la propia ley, el impacto ecológico de los productos y servicios licitados por las entidades de gobierno, de tal suerte que esta iniciativa propone modificar el artículo 36, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para establecer la contribución al medio ambiente y la protección al mismo, como parte de los criterios de evaluación. Además, se propone modificar el artículo 36 Bis, de la misma ley, con el fin de que las adjudicaciones se den a las propuestas que, además de presentar las mejores condiciones de costo-beneficio, protejan al medio ambiente. En vista de lo anterior, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo dispuesto en el artículo 55, fracción II., del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción V al artículo 36 y se reforma la fracción II, del artículo 36 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Artículo 36, fracción V. Deberá considerarse como criterio de evaluación la contribución al medio ambiente y la protección al mismo. Artículo 36 Bis, fracción II. La propuesta que tenga la mejor evaluación combinada en términos de los criterios de puntos y porcentajes, o de costo-beneficio y de protección al medio ambiente. Señor presidente, agradecería si se inserta íntegra esta iniciativa en el Diario de Debates. Por su atención, muchas gracias.