El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea. Presento a consideración de esta soberanía la iniciativa ya enunciada por la Presidencia que atañe, por un lado, a la necesidad de una eficiente administración pública y, por otro, a salvaguardar la vigencia de los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, particularmente en la especie de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, que se venían aplicando fuera del debido juicio seguido ante tribunales, ya que la investigación, la calificación y la imposición de sanciones era asunto exclusivo de la Secretaría de la Función Pública, de los contralores internos y de las unidades equivalentes de la administración pública central y paraestatal, autoridades eminentemente administrativas, erigidas en juez y parte, sin competencia jurisdiccional y más bien en carácter de tribunales especiales prohibidos por la Constitución. Están a la vista, en los tres niveles de la administración pública, la perversión jurídica, la discrecionalidad y la persecución política, o bien el encubrimiento de la componenda, saldos tolerados por el sistema jurídico cuyas únicas posibilidades de defensa radicaban en el juicio de impugnación ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o acaso en la revisión en amparo directo. Afortunadamente, en noviembre de 2006 el Constituyente Permanente aprobó la reforma a la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución, otorgándole a este Congreso la atribución concreta de instituir tribunales de lo contencioso administrativo que tendrán a su cargo imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa. Así, el Poder Ejecutivo deja de tener la atribución de calificar e imponer sanciones a los servidores en la especie. Congruente con dicha reforma, en febrero inmediato, al dictaminar una minuta proveniente del Senado que propone una nueva ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Comisión de Justicia de esta Cámara, por plural unanimidad, tuvo a bien introducir para este órgano jurisdiccional la nueva competencia procesal en materia de responsabilidades administrativas, a través de una acción autónoma de única instancia. El dictamen ya se ha publicado para su primera lectura el día martes anterior. En consecuencia, nuestra iniciativa pretende integralizar los ordenamientos reglamentarios involucrados y proyectar las adecuaciones en tres leyes más: primera, en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se impone la supresión de la facultad sancionadora de la Secretaría de la Función Pública, reservándole solamente las funciones de evaluación, fiscalización y control, la integración de determinación de presunta responsabilidad y el derecho de acción del nuevo juicio ordinario de responsabilidad ante el Tribunal ya citado. Segunda. En la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos debe derogarse el procedimiento de calificación e imposición de sanciones ya criticado, otorgar una nueva visión de los principios de la función pública y regular, a la luz de la mencionada reforma constitucional, las obligaciones y acciones preventivas del servicio público, un listado más amplio de sujetos de responsabilidad, el régimen de quejas y denuncias, las autoridades administrativas y jurisdiccionales, las sanciones y el procedimiento administrativo para investigarlas, así como las condiciones para preparar la acción procesal, entre otros aspectos. Y, tercera, la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo debe ser adicionada con un título referente al juicio de responsabilidades administrativas de los servidores públicos con, igualmente, nuevas reglas procesales que permitan sentencias justas y transparentes ajustadas a nuestro régimen de garantías y en congruencia con la atribución competencial sancionadora que se está creando para el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Los pormenores de nuestra propuesta se contienen en el cuerpo de la iniciativa ya publicada el día de hoy, que desde luego es deseable, pueda ser enriquecida con la opinión de los legisladores federales, de las mismas autoridades involucradas, de la academia jurídica y de los litigantes, a favor de la integralidad de nuestro sistema de justicia administrativa. Solicito respetuosamente a la Presidencia de esta Cámara, se acuerde que el contenido de esta iniciativa forme parte del Diario de los Debates, por cuanto que ha sido registrada con toda oportunidad y su discusión, si no tiene inconveniente, ciudadana Presidenta, se turne a la Comisión de Justicia, porque la misma ha venido ya atendiendo estas materias. A todas y a todos ustedes, muchas gracias por su atención.