La diputada Ana Lilia Guillen Quiroz: Con su permiso, señora Presidenta: la que suscribe, diputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad conferida en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, conforme a la siguiente Exposición de Motivos La Ley Federal de Radio y Televisión data del siglo pasado. Pertenece a la antigua tradición legislativa de nuestro país y es sin duda una ley propia del antiguo régimen político mexicano, el de un presidencialismo autoritario. La ley actual, que por cierto se encuentra a debate y discusión en el Senado de la República, mantiene en su contenido disposiciones que no pueden ser ya parte de un sistema democrático. Es una ley que, por antagónica y autoritaria, requiere reformarse. Así lo han demandado diversas voces en los ámbitos políticos y sociales; lo han exigido investigadores, académicos, empresarios de la radio y la televisión, intelectuales, sectores del arte y la cultura, etcétera. El artículo 62 de la ley en comento establece que todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de trasmitir informaciones de trascendencia para la nación, a juicio de la Secretaría de Gobernación; es decir, sujeto al criterio político, a la estrategia comunicativa, a los caprichos y voluntades del secretario de Gobernación. Ahí reside precisamente una de las facultades discrecionales del titular de una dependencia de la Administración Pública Federal, que se convierte finalmente en una facultad política discrecional. Esta facultad del secretario de Gobernación es reducto del presidencialismo autoritario, de la política entendida como coacción, presión, chantaje, amenaza o presumible fuerza política que proviene aún del antiguo régimen político y que esta administración persiste en utilizar cuando así conviene a sus intereses. El diferendo por el Presupuesto para el ejercicio fiscal de 2005 puso en evidencia las sinrazones del Ejecutivo federal y de su secretario de Gobernación para abonar a la confrontación política entre el Poder Legislativo y el titular del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Ejecutivo, al manifestar su rechazo al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. La falta de pericia política del Presidente de la República, de sus asesores y del secretario de Gobernación con la decisión asumida de transmitir en cadena nacional la posición presidencial y de rechazar sin conocer aún el Presupuesto aprobado y anunciar un probable veto a lo aprobado por esta soberanía condujo al Presidente a un callejón sin salida. Lo anterior se confirma con la decisión presidencial de no asistir a la Tercera Cumbre Sudamericana, reconociendo implícitamente la incapacidad de interlocución mostrada por su secretario de Gobernación. El titular de la Secretaría de Gobernación no tenía razones ni argumentos jurídicos y, mucho menos, políticos para tomar la decisión de no transmitir en cadena nacional la solicitud formulada por la Cámara de Diputados a fin de que se transmitiera en cadena nacional el mensaje de los representantes de este órgano legislativo en respuesta a las declaraciones, sin fundamento, del Presidente de la República. En una democracia, en un régimen democrático, el debate político, el debate de las ideas, los argumentos y las razones son consustanciales a su vigencia. Ningún régimen democrático, o al menos que se precie de serlo, anunciarlo y decirlo puede demeritar a sus oponentes con actitudes de revanchismo político y utilizar las disposiciones contenidas en las leyes para demostrarlas. De ahí que un reclamo de la sociedad política de nuestro tiempo sea avanzar en la transición democrática, en la Reforma del Estado, en construir el marco normativo que demanda el nuevo tiempo político mexicano. La división de poderes en nuestro país es hoy, a pesar de los que se niegan a reconocerlo, una realidad. El Poder Legislativo vive uno de sus momentos políticos más importantes. Ya no es más el poder sumiso que obedece las indicaciones del titular del Ejecutivo en turno. El Poder Judicial goza de independencia respecto a los otros dos poderes y sus resoluciones se ajustan a lo que establecen nuestra Carta Magna y las leyes que nos rigen. Los tres poderes de la Federación deben gozar de los mismos beneficios y privilegios, deben tener acceso a las mismas oportunidades en materia de comunicación social de las que goza el Presidente de la República como titular del Poder Ejecutivo federal. De ahí que consideremos conveniente y necesario adecuar nuestro marco jurídico, especialmente en materia de acceso a los medios de comunicación. En esta Cámara se han dado los primeros pasos, al haber establecido en el Presupuesto de Egresos la distribución de los tiempos oficiales y de los tiempos del Estado. Por ello consideramos urgente avanzar en la aprobación de reformas de nuestro marco jurídico que reconozcan el proceso de transición política y democrática que vive nuestro país. Aquí se inserta el propósito y objeto de esta iniciativa, en la necesidad de que ya no sea la Secretaría de Gobernación, al sano y buen juicio de su titular, al criterio político del responsable de esta dependencia, cuándo deban ser transmitidos en cadena nacional los mensajes de los Poderes de la Unión. Que nunca más un secretario de Gobernación disponga de esa facultad discrecional que le dispensa una norma jurídica para atentar contra el debate político y el respeto pleno que debe prevalecer entre los poderes de la República, que nunca más un titular de la Secretaría de Gobernación decida qué información, resolución o decisiones políticas, legislativas o jurídicas pueden ser transmitidas o no en cadena nacional, independientemente del ámbito de que provengan. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, con objeto de que los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación determinen cuándo transmitir en cadena nacional información, decisiones o resoluciones de trascendencia para la nación, conforme a lo siguiente: Único. Se reforma el artículo 62 de la Ley Federal de Radio y Televisión, para quedar como sigue: Artículo 62. Todas las estaciones de radio y televisión en el país estarán obligadas a encadenarse cuando se trate de transmitir informaciones de trascendencia para la nación. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación determinarán las decisiones, resoluciones o información que por su importancia y trascendencia deban ser transmitidas en cadena nacional en fecha y horario que cada uno acuerde. Para el caso de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, de manera independiente, cada uno de los órganos de gobierno correspondientes decidirán las medidas, decisiones o resoluciones que deberán ser consideradas de trascendencia nacional. La Secretaría de Gobernación atenderá y ejecutará dichas determinaciones. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señora Presidenta, pido a usted de la manera más atenta que se inserte el texto íntegro en e Diario de los Debates. Gracias.