El diputado Salvador Ruiz Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta. Hubiéramos querido una sesión más de Comisiones Unidas de Hacienda y de Gobernación, para poder hacer una ley secundaria menos débil, menos laxa, donde tuviera por lo menos la incorporación de puntos de vista importantes. No es posible que la Junta de Gobierno de este instituto, sencillamente de 27 integrantes, 17 sean los secretarios de Estado, solamente cinco gobernadores y ningún presidente municipal. Cosas tan sencillas como éstas se pudieron haber evitado si hubiera habido sensibilidad de otras fracciones para darnos tiempo a una sesión más. El 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció que el Estado mexicano contará con un sistema nacional de información estadística y geográfica y de igual manera que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estaría a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios. Esta reforma constitucional tuvo el objetivo claro de que con el ejercicio de estas nuevas facultades el INEGI se convirtiera en un órgano de Estado que no estuviera sujeto a la autoridad del gobierno en turno o a coyunturas políticas que en el pasado marcaron un sesgo a su trabajo institucional ya que existe la preocupación de que el Estado provea verdaderamente de información confiable, basada en los principios de universalidad y de objetividad, así como la concepción de que la información estadística y geográfica deben ser generadas por unidades autónomas, no dependientes de ninguna agencia pública que eventualmente pudieran provocar o permitir alternación de los datos. Fue en ese sentido que se originó la propuesta de dotar al Instituto Nacional de Información, Estadística y Geográfica de autonomía en el ejercicio de sus funciones y el propósito de fortalecer su carácter institucional, mediante la atribución de competencias que le permitieran garantizar la objetividad de la información gubernamental; a partir del diseño de la metodología de sus estudios y levantamientos estadísticos y geográficos hasta la integración final de los resultados obtenidos y su difusión, y el dictamen de las comisiones dictaminadoras constituyeran un proceso evidente al Estado en que se encontraba el INEGI antes de la reforma constitucional. Esto es una violación al espíritu y a lo que disponen las normas constitucionales. La Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados solicitó la opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM una opinión con respecto a la constitucionalidad del dictamen que estamos discutiendo. En el estudio se concluyó —abren comillas— "que existen varios artículos que violan tanto la letra como el espíritu del Apartado B del artículo 26 constitucional", y recomienda reformar estos artículos antes de aprobar la nueva Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, para asegurar mayor coherencia entre el texto constitucional y la ley reglamentaria, y así prevenir la posibilidad de una exitosa acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional. En este mismo sentido, sostenemos que una verdadera reforma de Estado debe plantear que las decisiones en materia de información, de disponibilidad de los datos y el acceso público a ellos deben estar sometidos siempre a criterios que trasciendan a los intereses partidistas y se caractericen por su objetividad y transparencia. Con el texto del presente proyecto de ley estamos convencidos de que no será así y que, por el contrario, se seguirá manejando la información que produzca el sistema con sesgos políticos, con lo que se viola claramente el mandato constitucional en la autonomía que se le otorgó. Por ello, es que presentamos voto particular sobre el dictamen de la minuta que contiene proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, el cual pido a la Presidenta de la Mesa Directiva que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Nuestro partido, el de la Revolución Democrática, considera que no se puede violentar de manera flagrante la autonomía de este instituto. Consideramos que es la oportunidad para que tengamos realmente objetividad, que los datos de estadística que se nos puedan presentar sean confiables. Consideramos que es un abuso, es un abuso de poder que las fracciones mayoritarias o en alianza puedan imponer la voluntad, atropellando la voluntad de las minorías. Requeríamos diálogo y éste no fue suficiente. Por ello, hoy presentamos este voto particular, manifestando totalmente nuestra inconformidad por el atropello que estamos a punto hoy de ver en esta Cámara. La propuesta de dotar al Instituto Nacional de Información, Estadística y Geográfica de autonomía en el ejercicio de sus funciones y el propósito de fortalecer su carácter institucional, mediante la atribución de competencias que le permitieran garantizar la objetividad de la información gubernamental a partir del diseño, de la metodología, de sus estudios y levantamientos estadísticos y geográficos, hasta la integración final de los resultados obtenidos y su difusión. El dictamen de las comisiones dictaminadoras constituye un retroceso de las comisiones, evidencia el estado en que se encontraba el INEGI antes de la reforma constitucional. Esto es una violación al espíritu de que disponen las normas constitucionales. Se pretende, a través de esta ley, revertir la autonomía concedida al instituto replanteando su competencia y sus atribuciones de manera clara y premeditada, con lo cual rechazamos categóricamente aún más tomando en cuenta la situación en la que se encuentra esta institución pública. Para asegurar el funcionamiento efectivo y cabal de un sistema integrado, en el cual la producción, integración y difusión de información y estadística sea objetiva, se requiere tener una transparencia precisa, fidedigna y oportuna. Se plantean en el texto del voto particular dos características: Una, que en cada sector administrativo de la administración pública federal se defina una unidad productora como coordinadora, concentradora y difusora de la información estadística y geográfica en ese sector, y se le denomina "unidad coordinadora". Se propone que estas unidades sean las que coordinen las actividades de cada sector administrativo en que se ubican. También se identifica con precisión este tipo de unidades en los organismos autónomos y en los poderes Legislativo y Judicial del nivel federal. Éstas unidades pasarían a depender jerárquica, presupuestal y administrativamente del instituto rector del sistema, aunque seguirían operando en el respectivo receptor y dependencia de inscripción anual. Dos, en refuerzo de lo anterior se propone elaborar un presupuesto horizontal integrado, para aglutinar y proteger en todo el gasto federal en estas materias y que incluya también los apoyos a entidades federativas y municipios que se otorgarían bajo convenios de concertación de acciones en seno del sistema. Para esto se recreará un ramo de información estadística y geográfica en el Presupuesto de Egresos de la Federación resaltando que se le asigne una importante función a los órganos colegiados en el proceso de elaboración de los programas y en el presupuesto de este ramo. Es cuanto, señora Presidenta.