El diputado Cuitláhuac García Jiménez: Gracias, presidente. Esta iniciativa es muy sencilla, así que al poco auditorio que tenemos hoy no lo voy a entretener mucho. La dificultad de entender cuándo un billete es falso o verdadero, no es una tarea sencilla. Hay varias pruebas que hay que hacer en el tacto, en la vista, a contraluz y esto es aprovechado para delinquir con billetes falsos, pero a quien no tenemos la experiencia de distinguir estas pruebas podemos caer fácilmente en manos de quienes sí deliberadamente circulan los billetes falsos. Nosotros sabemos que a partir de 2008 se cuenta con una reforma constitucional en materia penal para transitar de un sistema de tipo inquisitorio a un sistema tipo oral, acusatorio y garantista. Es por tanto importante ir adaptando las leyes para evitar injusticias y sentenciar presuntos culpables o aplicar sentencias desproporcionadas. Particularmente importante es también la introducción del principio de presunción de inocencia en la redacción fina de varios de los artículos de este tema. Sabemos que en la nueva redacción de la Constitución el artículo 20, Apartado B, fracción I, se establece que entre los derechos de toda persona imputada está el de que se presuma su inocencia mientras no se declare responsable, no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Igualmente, en la fracción V del Apartado A del artículo 20 constitucional, se enumera dentro de los principios generales del proceso penal que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora; es decir, al Ministerio Público. Por lo que el acusado no es quien tiene que demostrar su inocencia, sino que es la representación social la que debe acreditar su culpabilidad. De esta manera tenemos, el diputado Emiliano y un servidor, presentando a ustedes una reforma en el aspecto muy específico de lo que se establece en el tipo penal para la falsificación de la moneda. Actualmente el Código Penal Federal estipula en su artículo 234, primer párrafo, que al que cometa el delito de falsificación de moneda se le impondrá de cinco a 12 años de prisión y hasta 500 días de multa. Asimismo este artículo, en su tercer párrafo, menciona que comete delito de falsificación de moneda el que produzca, almacene, distribuya o introduzca al territorio nacional cualquier documento o pieza que contenga imágenes u otros elementos utilizados en las monedas circulantes y que por ello resulten idóneos para engañar al público, por ser confundibles con monedas emitidas legalmente. A quien cometa este delito, en grado de tentativa, se le impondrá de cuatro a ocho años de prisión y hasta 300 días de multa. Y en el mismo artículo, pero un párrafo adelante, el párrafo cuarto, estipula que la pena señalada en el primer párrafo de este artículo; es decir, la de cinco a 12 años, también se impondrá al que a sabiendas hiciere uso de moneda falsificada. De esa manera, el día 11 de marzo de 2011, Esperanza Reyes Aguiñón, fue detenida y encarcelada. Su proceso duró años y es un caso muy resonado, porque era un ama de casa que no sabe leer, no sabe escribir y se dedicaba a tratar de mantener a sus hijos, esta injusticia surgió por esta cuestión desproporcionada al aplicar el artículo 234, al que hice referencia. Por eso el párrafo cuarto estoy proponiendo, estamos proponiendo, que se derogue y se sustituya por un artículo 234 Bis, que voy a leer detenidamente: se impondrá de seis meses a dos años de prisión a quien haga uso de moneda falsa a que alude el artículo 234, cuando no se trate de delincuencia organizada, quien realice la conducta no sea coautor o copartícipe en la producción o almacenamiento y por las circunstancias especiales del caso pueda establecerse que se trata de un hecho ejecutado para la realización de un pago u operación lícita. Esa es la diferencia, ojalá lo tengan en su consideración cuando esté en la comisión y llegue acá muy a tiempo para su debate en el pleno. Gracias.