El diputado Jesús Alberto Palomo Valles: Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. Vengo ante esta asamblea a presentar una propuesta de reforma de la Ley General de Delitos Electorales, al Código Penal Federal y a la Ley General de Partidos Políticos en materia de delitos electorales. Este tema nos obliga a hacer una importante reflexión sobre el quehacer legislativo, en relación con la realidad que vivimos. ¿A qué me refiero? Todos los días vemos noticias que nos entregan datos como el siguiente. Durante lo que va del proceso electoral de este año 2024, Integralia ha contabilizado 28 eventos de violencia político electoral, asociado con 32 víctimas. Además, los homicidios contra funcionarios públicos aspirantes y candidatos han sido una manifestación cada vez más frecuente. Por mencionar algunos homicidios, están los cometidos contra Antonio Crespo Bolaños, regidor de Chilapa, Guerrero, Yahir Martín Romero, precandidato de Morena del estado de México, Jorge Antonio Monreal, funcionario local y Juan Pérez, ambos de Zacatecas. Iovani Lezama, dirigente panista de Morelos, Sergio Hueso, aspirante a una alcaldía de Movimiento Ciudadano en Colima. Miriam Río, representante de Movimiento Ciudadano en Michoacán y Marcelino Bis, ex alcalde perredista en Guerrero. El día de ayer se han contabilizado aproximadamente 28 homicidios de personas del ámbito político, de todas las latitudes del país y pertenecientes a todas las fuerzas políticas, lo que demás de ser doloroso, es atemorizante. La violencia político-electoral ha obligado a más de 79 candidatos a puestos de elección popular que están solicitando protección durante este proceso de 2024, lo que representa más del doble de solicitudes en relación al proceso electoral de 2018. De acuerdo con Data Cívica las víctimas de violencia político-electoral aumentaron a más de 230 % de 2018 a 2023. Existen entidades que están en alto riesgo y que pueden ser claves para los grupos criminales. Por razones, como las de mercado ilícito, la disputa de rutas de trasiego, un Estado de derecho débil y elecciones municipales altamente competitivas, entre otras, hoy estados como Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Chiapas, Morelos, Baja California, Sonora, Chihuahua, mi estado Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, estado de México, Tabasco y Veracruz sufren todos los días episodios de violencia relacionadas con estos procesos. Es conocido que en México las organizaciones delictivas, dedicadas a diversos ilícitos, son de los grupos más sofisticados del mundo y que ello les permite un control territorial en todo el país, cooptando el actuar de las instituciones del Estado, ya sea mediante el soborno, la intimidación, la violencia, el lavado de dinero, agresiones, amenazas a candidatos, funcionarios y aspirantes, imposición de sus propios candidatos, movilización o inhibición del voto, alteración del orden durante los comicios y asesinatos, si a esto sumamos la arraigada corrupción que facilita las actividades delictivas organizadas, simplemente nos encontramos ante un escenario en el que las instituciones mexicanas se debilitan cada día más. La democracia se encuentra cada día más débil y en peligro de ser extinta. Los mexicanos nos encontramos a merced y a voluntad de los criminales. La influencia de las organizaciones generadoras de violencia en los procesos político-electorales y posteriormente en el actuar diario de las instituciones del gobierno son el resultado de muchas ocasiones de la colusión entre políticos y grupos del crimen. La reflexión nos lleva a pensar que queremos dejar un legado, qué país queremos dejar como legado, ¿un país destruido o un país con pleno Estado de derecho y una democracia sólida? México vivirá una megaelección el próximo 2 de junio con más de 20 mil cargos en juego. Por ello debemos generar las adecuaciones legislativas que combatan la colusión entre partidos políticos, criminales y grupos criminales. Combatamos este flagelo, no permitamos que estos grupos influencien los procesos electorales con financiamiento, hostigamiento y amenazas. Promovamos en conjunto acciones que beneficien la democracia, las libertades y nuestras instituciones. Compañeras y compañeros legisladores, tenemos una deuda pendiente con nuestros representados, los invito a que nos quitemos los colores y las capas partidistas y aprobemos estas reformas. Es cuanto, presidenta.