La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. El video está transformando al homo sapiens en un homo videns, Giovanni Sartori. Cuando la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión fue aprobada hace apenas un año causo euforia entre algunos sectores que creyeron que tenía la intención de ceñir a los grandes consorcios de las telecomunicaciones al imperio de la ley. Sin embargo, tal como nosotros señalamos entonces con la iniciativa que está en discusión el Estado pierde injerencia y los anunciantes la ganan. A diferencia de lo que ocurría en el proyecto de reforma, inicialmente aprobado, ahora apenas se habla de contenidos o se hace de forma ambigua, además el Instituto Federal de Telecomunicaciones pierde importancia. En los últimos años las industrias de la radiodifusión, y especialmente la de la televisión, y audio restringidos han experimentado un crecimiento constante y sustantivo en nuestro país, numerosas empresas que proveen señales de televisión por cable, vía satélite o microondas codificadas han experimentado un gran auge. Prueba de lo anterior es que de acuerdo a datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el subsector de las telecomunicaciones crecieron en promedio un 15 por ciento entre 1997 y 2013 y que para finales de dicho año había en México 14.7 millones de suscriptores de televisión de paga. Es pertinente señalar que un porcentaje importante del sector es acaparado a su vez por los grandes consorcios de telecomunicaciones, en especial Televisa. Esto es de suma importancia para la discusión presente, pues la redacción ambigua y claramente sesgada hacia algunos agentes, son una muestra más del carácter amañado de la iniciativa y de la ausencia de voluntad política del Ejecutivo para circunscribir a los límites de un marco legal justo a los poderes económicos. Parece caber aquí la metáfora propuesta por Denise Dresser, quien afirma que mientras en Estados Unidos las grandes empresas son barracudas que nadan en un gran río con otros peces igualmente grandes, agresivos y competitivos, el gobierno es un enorme yate que los vigila y se asegura que naden en igualdad de condiciones. En México las empresas son ballenas en un lago, y el gobierno es una chinampa impotente e impasible, ante el poder de las ballenas que han alimentado durante años. Eso es una muestra de un gobierno que no ha querido establecer condiciones de competencia, que puede legislar para apoyar a los consumidores pero prefiere apoyar a quienes se aprovechan de ellos; que puede establecer condiciones en pro del beneficio social, pero que se entrega a intereses particulares. El artículo 226 que reservamos sigue el mismo sendero, pues aún y cuando establece que los concesionarios de radiodifusión y televisión restringida deben incluir contenidos culturales, sociales, políticos y de interés nacional, no se especifica la manera en que deberán de hacerlo. No se fijan tiempos, horarios o porcentajes. En otras palabras, una legislación regulatoria débil y capturada. Es por ello que nosotros proponemos que en el artículo se estipule que dichos contenidos deban alcanzar por lo menos el 10 por ciento del tiempo de trasmisión y ser trasmitidos en horarios estelares, de lo contrario dejamos que de manera tramposa los concesionarios puedan trasmitir los mencionados contenidos en horarios donde la audiencia es prácticamente nula o bien se les destine apenas algunos segundos, diluyendo la correcta potencialidad que puede alcanzar dicho artículo. En una era donde la inmensa mayoría de la población obtiene casi toda la información por medio de los medios de comunicación que atañe esta Ley, resulta obligado establecer las condiciones para que la televisión cumpla su tarea de diseminar el conocimiento y constituye una herramienta para el desarrollo del ser humano, más aún cuando pareciera que los contenidos actuales de la televisión han modificado y empobrecido el aparato cognoscitivo del ser humano. No se debe perder en el mapa de la discusión un hecho fundamental, que las ondas termino, concluyo, presidente que las ondas, espectros y demás vías a través de las cuales operan estas empresas son en todo momento concesiones que el Estado hace en nombre de la nación y, por ende, deben servir en todo momento en beneficio de la sociedad. Por lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente modificación y agregado: Artículo 231. Las concesiones que presten servicios de radiodifusión y de televisión y audio restringidos incluirán en su programación diaria información sobre acontecimientos de carácter político, social, cultural, deportivo y otros asuntos de interés general, nacionales o internacionales. La transmisión de estos contenidos deberá representar al menos el 10 por ciento del total de los tiempos de transmisión y deberá realizarse en horarios estelares. Es cuanto, señor presidente.