La diputada Antares Guadalupe Vázquez Alatorre: Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos, vengo a presentar una iniciativa en materia de igualdad de género y de derecho humano al nombre. Se han puesto a pensar el nombre de todas y todos nosotros, está integrado, por supuesto, por nuestro nombre de pila, como le dice la gente, pero también por nuestros apellidos y sabemos que normalmente se exige que el apellido paterno sea el primero y sabemos también que ahora muchos de los hogares son dirigidos por mujeres, que muchas mujeres crían solas a sus hijos e hijas, y al final de tiempo el apellido que va desapareciendo es el de la mujer. Por eso, presento esta iniciativa, la palabra estirpe es un vocablo de la lengua española que en una sucesión hereditaria establece el conjunto formado por la descendencia de una persona a quien ella representa y cuyo lugar toma. En los hechos la estirpe de las familias se compone por las hijas e hijos de las personas, pero al encontrarse definida por el apellido paterno las mujeres han sido eliminadas de los registros ancestrales de todas las estirpes. En España, país del que surge tanto nuestro sistema legal como la organización social actual, fue hasta el siglo XV en que se empezaron a crear las líneas genealógicas claramente definidas por un apellido que identificara a las y los miembros de una misma familia. En esta variedad de orígenes existía un único factor en común, sea cual fuere el surgimiento del apellido, este se daba a raíz del nombre, oficio o características físicas o lugar de origen del pater familias, es decir, el hombre de la casa, el hombre cabeza de la estirpe. En nuestro país, los antecedentes de las instituciones registrales, datan desde la llegada de los españoles, cuando la Iglesia Católica atrajo a su poder el registro de la población, siendo los jerarcas católicos quienes tenían estas facultades, a raíz de ser ellos quienes efectuaban los bautizos y matrimonios, obteniendo así el primer acceso a los registros de las y los nacidos en América, dominio que no fue interrumpido sino hasta la expedición de las Leyes de Reforma, de las cuales forma parte la Ley Orgánica del Registro Civil, expedida el 28 de julio de 1859, en plena Guerra Civil, dando paso esencial para lograr la secularización de los distintos ámbitos públicos que se encontraban en manos de la Iglesia. A partir de este momento y junto con la ley del estado civil de las personas, fue que el Estado determinó como el responsable primordial de otorgar y controlar el estado civil de las personas que posteriormente se relacionaría con un concepto más avanzado, el derecho a la identidad personal, el cual otorga a cada individuo la oportunidad de contar con un nombre, un apellido, una nacionalidad y una familia. De forma indudable, el Registro Civil impacta en la formación de la nación, pues define a sus ciudadanos tanto en el terreno social como en el jurídico. Y es a partir de su creación cuando el Estado comenzó a proveer a los individuos de la seguridad de su identidad. Hoy en día, los distintos registros de los estados del país dan cuenta de la historia de toda la población, pues informan quiénes son las mujeres y hombres que habitan este país, dónde nacieron y con quién han contraído matrimonio, dónde murieron, etcétera. Si bien es cierto que la separación de la Iglesia y el Estado fue significativa y radical en materia registral, también es cierto que desde 1859 hasta la fecha, el registro de las mexicanas y mexicanos, aunque eficiente, cada vez mejor realizado a raíz del avance de las tecnologías, continúa negando de manera amplia el derecho de las mujeres a la igualdad y a que su nombre sea parte de la identidad de su descendencia. Es muy importante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un amparo directo en revisión 24242011, estableció que, a raíz de la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, en materia de derechos humanos, se podía determinar que el derecho al nombre es un derecho humano al encontrarse entre aquellos que no podrán restringirse ni suspenderse, ni siquiera en lo que se ha llamado estados de excepción. También es importante que se señale que la Suprema Corte manifestó que la identificación cumple con la función de ser el nexo social de la identidad, siendo unos elementos determinantes el nombre, derecho humano, con el siguiente contenido y alcance: el nombre es el conjunto de signos que constituye el elemento básico e indispensable de la identidad, está integrado por el nombre propio y los apellidos, está regido por el principio de autonomía de la voluntad, pues debe ser elegido libremente por la persona misma, las madres, padres o tutores, según sea el momento del registro, por tanto, no puede haber ningún tipo de restricción ilegal y legítima al derecho en interferencia en la decisión. Por lo tanto, estoy proponiendo...