La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, Presidente. El dictamen que hoy tenemos en nuestras manos y que además se aprueba sin ningún tratamiento analítico, serio, en donde verdaderamente se analice su contenido, es muy general. No se especifican las funciones que deberá realizar el fiscal general de la república y además conserva el toque de dominio que el Ministerio Público tiene en el sistema inquisitorio. Francamente no estamos discutiendo un dictamen serio, descriptivo, que contenga detalladamente las facultades del fiscal general y la estructura que tendrá la fiscalía general. Todo lo estamos dejando a que el fiscal sea quien determine a discreción propia en el reglamento interno. De poco sirve cambiar el nombre de las instituciones si continuamos bajo esta misma administración rodeada de corrupción. Pocos avances lograremos ver si los altos funcionarios de la Procuraduría General de la República se pasarán directamente a la ley de la fiscalía General de la república y si el titular de la nueva fiscalía quedará supeditado al mismo jefe del Ejecutivo que ahora tenemos. Pocos cambios habrá. Empecemos con la supuesta autonomía de la fiscalía, que adquiere un carácter relativo cuando revisamos los mecanismos de designación y remoción de su titular. Para lo primero, el Senado seleccionará una decena de candidatos, los cuales serán enviados al Ejecutivo para que éste conforme una terna y la remita a los senadores a fin de aprobarlos con el voto de las dos terceras partes. Es decir, los partidos políticos conservan la prerrogativa de proponer a los candidatos que sean acorde a sus intereses, y el presidente conserva la prerrogativa de elegir a los que más le convengan para que cualquiera de ellos pueda ser votado como fiscal, semejantes procesos han demostrado poca efectividad y legitimidad en la designación de funcionarios supuestamente independientes. Sin embargo, lo que es preocupante, son los mecanismos para la remoción del fiscal, que quedarán en manos del presidente de la República, algo un tanto contradictorio con el concepto tradicional de autonomía. Si bien es cierto que esta remoción podrá ser objetada por la mayoría calificada del Senado, esta facultad presidencial es un exceso de discrecionalidad que debe ser replanteada. Por otro lado, la existencia de un Consejo Ciudadano dentro la fiscalía como un cuerpo técnico imparcial independiente y netamente ciudadano, era el vínculo necesario entre la sociedad y la institución encargada de la persecución del delito. Un cuerpo permanente encargado no sólo de definir, proponer y dar seguimiento a los programas y políticas de la fiscalía, sino también de supervisar su labor, señalar sus faltas y alertar sobre sus vicios. Este Consejo Ciudadano debía conformarse por expertos en materia de derecho penal, de procuración de justicia, transparencia y delitos electorales, por hombres y mujeres honorables, independientes y altamente capacitados, comprometidos con la sociedad sin vínculos ni ataduras con las estructuras burocráticas en la cual van a desempeñar su labor. Sin embargo, la Ley de la Fiscalía aborda el Consejo Ciudadano en un solo artículo donde apenas se expresa en tres líneas señalando que dicho Consejo será conformado por asesores designados por el fiscal general, y que su labor será coadyuvar en la definición y seguimiento de programas, acciones, políticas y estrategias que se implementen en la fiscalía. Es decir, el famoso consejo ciudadano de la fiscalía no será otra cosa más que el cuerpo privado de asesores de Murillo Karam, no se establecen requisitos que garanticen su profesionalismo ni candados que eviten su subordinación al fiscal, ni mecanismos de elección que los dote de independencia e imparcialidad, ni mucho menos herramientas para que la ciudadanía influya en sus decisiones. Por si fuera poco, a la Procuraduría General de la República la vamos a despedir con graves secretos que se llevará a la tumba o por lo menos 12 años, tal caso será la investigación del caso Tlatlaya enviándola permanecer bajo reserva a pesar de que involucra graves crímenes de lesa humanidad cometidos por las Fuerzas Armadas. Negar el acceso a la información y a la verdad es negar el acceso a la justicia. Muchas gracias.