La diputada Sonia Rincón Chanona: Compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a proponerles que reformemos el artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre, para proteger el patrimonio nacional, un patrimonio que pertenece a las y los mexicanos de hoy y también a las generaciones venideras. La flora y la fauna silvestres son parte de nuestra riqueza identitaria y también material, de su cuidado y su preservación depende el desarrollo integral de nuestro pueblo. México registra una alta incidencia de tráfico de especies de flora y fauna silvestre, debido a su enorme demanda y a los beneficios económicos que genera la comercialización ilícita de ejemplares, así como de sus partes y derivados en el mercado negro. El tráfico de especies es el detonante de un grave ciclo de desequilibrio ecológico, debido a que tiende a desestabilizar a las poblaciones silvestres. De acuerdo con la Semarnat, las especies de fauna más comercializadas son: el perico cabeza amarilla, la guacamaya roja, la guacamaya verde, el tucán pecho amarillo, el mono araña, el mono aullador, la tarántula rodillas rojas, la iguana negra, la iguana verde, las víboras de cascabel y el halcón de Harris. Entre las especies de flora se encuentran las cactáceas, el género Mamillaria, especies de palmas del género Chamaedorea, así como un gran número de especies de las familias de las orquídeas. De acuerdo con el Programa de la Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el tráfico de especies, partes y derivados es de las más redituables del mundo, con ganancias estimadas hasta en 100 mil millones de dólares anuales. Es urgente cerrarle el paso a la delincuencia y salvaguardar nuestro patrimonio natural, proteger a los ecosistemas y asegurar el equilibrio ecológico. Hacerlo es asegurar el desarrollo sustentable, el bienestar de nuestro pueblo y la integridad de la tierra que nos vio nacer. No podemos limitarnos únicamente al fortalecimiento de las acciones de inspección y vigilancia que llevan a cabo las autoridades ambientales. Los criminales que se dedican a estas actividades ilícitas quedan impunes y reinciden, ya que a criterio del juzgador es posible sentenciar con la pena mínima de un año de prisión o imponer multas escuetas. Para ejemplificar la magnitud de este delito basta decir que a partir de 2020 el decomiso por el tráfico ilegal de especies silvestres en nuestro país aumentó al 1000 %. Los crímenes de naturaleza ambiental y ecológica son crímenes contra nuestros pueblos originarios, contra nuestro patrimonio y, por supuesto, contra la humanidad. Por eso proponemos que las infracciones previstas en la Ley General de Vida Silvestre alcancen multas hasta de 150 mil UMA, es decir, 14 millones 433 mil pesos, sí, escucharon bien, 14 millones 433 mil pesos, que, por ejemplo, se impondrá a quienes realicen actividades de aprovechamiento que impliquen dar muerte a ejemplares de la vida silvestre. Se acabaron las multas chiquitas y el saqueo de nuestro patrimonio. Las sanciones actuales no son proporcionales al daño causado ni tampoco a las ganancias que estas actividades generan en el mercado negro. Una reforma que le debemos a las leyes y a los mexicanos y a cada una de las entidades federativas, porque todas cuentan con una enorme riqueza natural. Espero que nos apoyen con esta iniciativa, compañeras y compañeros diputados. es cuanto y muchas gracias.