El diputado Sergio Augusto López Ramírez: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras colegisladoras, compañeros colegisladores, la política ambiental es una rama de la política pública en la que por medio de una serie de planes, programas, acciones, la autoridad del Estado regula y norma la relación entre los gobernados y su medio ambiente. La creación de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en 1992, representó un avance para la planeación e instrumentación de la política ambiental, pues tuvo el encargo de formular, conducir y evaluar la política del desarrollo social y su relación con el ambiente. Es decir, tuvo a su cargo dos de los pilares del desarrollo Sustentable. La Sedesol llevó a cabo la política ecológica mediante dos órganos desconcentrados enfocados a la ejecución de las facultades correspondientes en materia de equilibrio ecológico. Las actividades de inspección y vigilancia en el uso, protección y aprovechamiento de los recursos naturales son de la mayor relevancia para la protección y conservación del patrimonio natural de México, además de que constituye uno de los aspectos fundamentales para garantizar el desarrollo sustentable. Por lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) fue creada en ese mismo año como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social con plena autonomía técnica y operativa. Además, de acuerdo con lo dispuesto por el acuerdo mediante el cual se reguló su funcionamiento y operación, a la Profepa le fueron conferidas facultades de control y de atención ciudadana. A lo largo de 15 años de gestión, la Profepa ha experimentado la ampliación de todas y cada una de sus facultades. Por ejemplo, desde diciembre de 1994 se le asignó la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable al aprovechamiento de todos los recursos naturales, incluyendo las autorizaciones y permisos expedidos para su adecuado aprovechamiento. A esta tarea se sumaron la inspección y vigilancia del ordenamiento ecológico del territorio, de la normatividad en materia de contaminación atmosférica, facultades en materia de auditoría ambiental y el impacto ambiental y de la normatividad aplicable al uso y aprovechamiento de la zona federal marítimo-terrestre. Descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales, la atención de emergencias, a contingencias ambientales. La denuncia, la coadyuvancia penal, así como la acción ante tribunales por daños a la vida silvestre y su hábitat. Por otra parte, a lo largo de este tiempo se han detectado fallas en la eficiencia de la gestión de Profepa. Una de las que más preocupan es la de que funge como juez y parte, toda vez que al ser órgano desconcentrado de la Semarnat, la procuración de justicia ambiental se presenta como un conflicto de interés. Más aún, a la Profepa se le ha dificultado la inspección de otras dependencias y entidades de la administración pública federal, así como llevar a cabo una evaluación de Semarnat para constatar que se ha estado atendiendo la normatividad ambiental. Otro de los problemas que se ha presentado es que aún cuando las funciones que lleva a cabo Profepa son medulares para garantizar la protección y conservación de los recursos naturales del país, además de verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas en la materia, la Profepa no cuenta con los recursos materiales ni recursos humanos, y menos financieros, suficientes que le permitan desempeñar óptimamente cada una de sus funciones. Por lo anterior, se estima que lo más conveniente es descentralizar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XXIX-G del artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El Congreso tiene facultades para legislar en materia ambiental y crear organismos de la administración pública paraestatal. Cabe mencionar que la iniciativa de la Ley Orgánica que se propone no exime a la Semarnat de las funciones de inspección y vigilancia en lo que al sector ambiental respecta, dado que entendemos que Semarnat debe contar con elementos que le permitan coordinar sus políticas. Además de estar en posibilidad de garantizar resultados, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente seguirá dependiendo sectorialmente de dicha secretaría. Es por ello que para un servidor y para el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México es un honor presentar esta iniciativa de ley, y ojalá que en todo el proceso legislativo que se llevará a cabo se dé, por el bien de México, y en especial, por el bien del medio ambiente. Dicha iniciativa no solamente la suscribe un servidor, Sergio Augusto López Ramírez, sino que la suscribimos conjuntamente con el diputado Diego Cobo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.