La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. La minuta que hoy discutimos constituye un acontecimiento de muchas formas alentadoras, ya que en pocas ocasiones tenemos la oportunidad de generar y aprobar cambios normativos que fomenten prácticas jurídicas eficaces que promuevan la protección de nuestros bienes culturales. El patrimonio cultural subacuático, por su misma naturaleza y contexto se encuentra fuera del alcance y observancia acostumbrada, que podría tener cualquier construcción histórica o restos de carácter arqueológico. Por ello mismo, tradicionalmente se han encontrado también fuera de la protección de nuestras leyes federales en esta materia. No sería sino hasta el año 2009 por obligaciones contraídas del Estado mexicano que cobraría forma en la ejecución de normas y estándares internacionales contenidos en los instrumentos internacionales complementarios, como fue el caso de nuestra adhesión a la Convención para la Protección del Derecho Cultural Subacuático. La Convención para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático parte de un suceso novedoso a nivel mundial, el creciente entusiasmo e interés del público por gozar de los beneficios educativos y recreativos de los bienes culturales subacuáticos y la necesidad por lo mismo, de establecer un acceso responsable a dichos bienes amenazados por las crecientes actividades de explotación comercial sin regulación y autorización. La creciente explotación comercial con fines de venta alentada por la disponibilidad de la tecnología de punta que facilita el descubrimiento y acceso a esos bienes, requiere de normas más rigurosas y criterios rectores uniformes que impidan el creciente saqueo. Restos de navíos y las ruinas de edificios unidos en el mar están cada vez más amenazados. Este patrimonio ya no está fuera del alcance de los cazadores de tesoros, muchos sitios arqueológicos subacuáticos ya han sido presa del pillaje y robos de gran envergadura. La explotación comercial de sitios históricos sumergidos y la consecuente venta de artefactos constituyen una retorcida vocación de lo que sucedió por muchos años con incontables sitios arqueológicos ubicados en tierra. Estos piratas modernos, llamados comúnmente cazadores de tesoros crecen día a día, sobre todo en países que cuentan con recursos suficientes y alta tecnología, decenas de ellos poseen grandes empresas con sofisticados equipos de rastreo y se sienten atraídos especialmente por los beneficios económicos que representan los objetos extraídos de los cargamentos de los navíos, y en algunas ocasiones los beneficios son colosales. Las piezas arqueológicas e históricas que se sustraen indebidamente se comercializan en casas de subastas prestigiosas de las grandes metrópolis que en seguida organizan ventas millonarias. La insuficiencia de las legislaciones y los derechos de soberanía de los estados permiten a los cazadores de tesoros continuar sus actividades y exportar artefactos y bienes con propósitos puramente comerciales en total desprecio por la pérdida que ocasionan a la ciencia, a la historia y a la humanidad. Los sitios arqueológicos que yacen en ríos, lagos o fondos marinos constituyen una enrome fuente de información sobre la vida de nuestros antepasados, y por lo tanto un legado histórico y cultural inapreciable. Desafortunadamente la cacería de tesoros es una actividad muy lucrativa y miles de cazadores de tesoros desvalijan los objetos de sus conjuntos originales para venderlos a coleccionistas inconscientes. En México el patrimonio cultural se encuentra protegido por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y el patrimonio subacuático sólo se resguarda mediante la suscripción y ratificación de tratados internacionales. Pero estas disposiciones legales no alcanzan a proteger la oleada de saqueos y actos de vandalismo en cientos de embarcaciones sumergidas y miles de ofrendas que yacen ocultas en mares, ríos, lagos, cenotes y cuevas, que forman parte de la riqueza cultural de la nación. En nuestro país existen varios enclaves subacuáticos de enorme valor cultural, como lo son: el manantial de la Media Luna, en San Luis Potosí; estructuras mayas, en la costa oriental de la Península de Yucatán; el arrecife Chitales, en Cancún, Quintana Roo; o el arrecife Cayo Nuevo, en el Golfo de México, en donde según estimaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia existen más de 250 embarcaciones hundidas. Se cree que en el fondo de los océanos del planeta yacen diseminados más de 3 millones de objetos de navíos naufragados, aún por descubrir. Solamente en América del Norte se han registrado más de 65 mil pérdidas de navíos desde el año 1500 hasta nuestros días. En México, por las mismas insuficiencias económicas e institucionales que padecemos, no contamos con un catálogo confiable que registre el enorme patrimonio que yace bajo las aguas de nuestro territorio. No obstante, nuestro pasado histórico, prehispánico y colonial presume la existencia de riquezas culturales formidables que deben ser rescatadas y protegidas. El dictamen no sólo describe las bondades y la importancia de aprobar la minuta en comento, sino que además establece adecuaciones que la vuelvan más eficiente en su implementación. Así, además de adicionar con toda claridad y precisión un artículo que establece la regulación de los hallazgos y su proceso de notificación a las autoridades competentes, así como las sanciones aplicables a quienes infrinjan la norma. Todo ello, sin duda alguna, en beneficio del espíritu de la iniciativa misma. En virtud de las bondades que supone para la salvaguarda y protección de una parte importante de nuestro patrimonio cultural, tradicionalmente olvidado, es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. También Movimiento Ciudadano se solidariza con Enedina, Juan Carlos y Abraham, presos políticos en Puebla. Exigimos su liberación inmediata. Muchas gracias.