El diputado Marino Miranda Salgado: Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a reiterar ante ustedes mi voto en contra de estas reformas, que no sólo enajenan los recursos de nuestra nación, los hidrocarburos, la electricidad, la tierra, el subsuelo, incluso nuestra fuerza laboral; no sólo autorizan un daño irreparable a nuestro medio ambiente y dejan endeudadas a las presentes y próximas generaciones de mexicanos y mexicanas, sino que pone en riesgo los más elementales derechos humanos de quienes habitamos este país; el derecho a la salud, la alimentación, el agua potable con el endeudamiento que se aprobará en un momento por los diputados del PRI y el PAN. En este contexto, el dictamen que hoy deberíamos analizar transforma a Pemex en una empresa energética e industrial, a la cual se le permite celebrar alianzas, asociaciones, convenios y contratos así como realizar actividades en el plano internacional. Sin embargo, diputadas y diputados, la ley desde su propio planteamiento tiene serios problemas conceptuales con serias consecuencias en el terreno político y administrativo. En el artículo 2 se refiere que Petróleos Mexicanos es una empresa productiva del Estado, de propiedad exclusiva del gobierno federal. Qué aberración más grande, Pemex no es no puede ser propiedad de ningún gobierno, sino propiedad de la nación o del Estado. Y esto es así porque si atendemos a la teoría del Estado, éste es por definición la organización política de la sociedad y se haya dividida para su ejercicio en diferentes Poderes. El gobierno es sólo una parte de esa organización política administrativa y ejecuta sus decisiones, su objetivo directo es lograr el cumplimiento de los fines de aquel. Es el centro desde el cual se ejerce el poder político sobre la sociedad. Como tal, presenta variaciones en cuanto a sus formas y sistemas, mientras el Estado siempre permanece idéntico en esencia. Asimismo, el ejercicio de este derecho es primordial, pues la transparencia en el gobierno y la rendición de cuentas favorecen la eficacia de las instituciones. Ahora más que nunca será necesario que el monitoreo ciudadano ejerza todo su poder y que la rendición de cuentas se encuentre en su máxima expresión No podemos ni debemos endosar nuestro presente ni futuro, por su parte, y en estrecha relación, lo que el tema está tratando es la transparencia y rendición de cuentas, está el tema de la evaluación de Pemex. Como organismo público, esta actividad no puede ser realizada sólo por órganos internos o externos por más independientes que éstos sean, aunque sabemos cuáles son las conclusiones de entes que son contratados por los mismos organismos que se proponen. Por el contrario, las auditorías de las instituciones públicas deben ser efectuadas por la Auditoría Superior de la Federación, como órgano especializado de la Cámara de Diputados, así lo establece la fiscalización y rendición de cuentas de la federación. En este sentido, la reserva que pongo a consideración se define a corregir el error establecido en el artículo 2o. y establecer que será el Estado el propietario exclusivo de Pemex y no el gobierno federal. Por su parte, en el artículo 7o. propongo sujetar todos los actos jurídicos que celebre Pemex a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Asimismo, en el artículo 50 se propone que la vigilancia en un momento termino y auditoría de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y, en su caso, empresas filiales sea realizada por la Auditoría Superior de la Federación. Por otra parte, en el artículo 75 se propone que la actividad que realice la empresa se sujete a los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez, así como transparencia. Es cuanto, señor presidente, gracias.