El diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo: Con su permiso, señor presidente. El suscrito, diputado Juan Nicolás Callejas Arroyo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente Exposición de motivos El artículo 25 de la Ley General de Educación señala que el Ejecutivo federal y los gobiernos de las entidades federativas, con sujeción a los ingresos y gastos públicos correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos, con un monto que no podrá ser menor al 8 por ciento del producto interno bruto, incluido al menos el 1 por ciento para la investigación científica y desarrollo tecnológico en las instituciones públicas de educación superior. Derivado del análisis del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2010, se observa que durante el periodo 2003 al 2008, el gasto neto total y el gasto programable logran recuperar en promedio su relación con el PIB, en 1.8 por ciento y 1.4 por ciento, respectivamente, mientras que el gasto público educativo no logra crecer ni una décima de punto porcentual durante el mismo periodo. Asimismo, en el año 2003 el gasto público educativo representa el 23.1 por ciento del gasto neto total y para 2010 la tendencia es a la baja, y disminuye a 20.2 por ciento. Por consiguiente, el gasto educativo sigue el mismo comportamiento en su relación con el producto interno; vamos a la baja, contraviniendo la legislación en la materia y las recomendaciones de organismos especializados, nacionales e internacionales. Las restricciones presupuestales expuestas han provocado una serie de problemas, como el que surge a partir de la aplicación de la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica, a partir del año 2008. Es preocupante que esa nueva fórmula asuma por rezago educativo el cociente entre el monto asignado al FAEB y la matrícula de cada entidad federativa, sin distinguir los niveles y modalidades educativos y dejando de lado diversas variables para una mejor medición, como es el caso de grado de marginación, dispersión geográfica, migración y comunidades indígenas, entre otros. Esto se menciona porque en el ejercicio fiscal de 2008 los estados que presentan el mayor rezago de costo por alumno son los mismos donde se observan mejores condiciones de desarrollo económico y social, por lo que las entidades federativas que tienen mayor crecimiento, tienen doble beneficio en la distribución del FAEB. Con la referida fórmula es muy probable que varios estados, en un periodo menor de 10 años, se declaren en quiebra técnica para atender los servicios educativos, en virtud de que ya está afectando el gasto irreductible de pago de sueldos y prestaciones al magisterio. Estamos conscientes que desafortunadamente, por muchos años y por diversas causas, en nuestro país el gasto en educación no ha alcanzado los propósitos establecidos. Reconocemos que las finanzas públicas en este momento atraviesan por una situación compleja, pero es necesario asumir que el gasto educativo debe revertir su proporción con respecto al PIB estableciendo modelos de asignación basados en criterios de racionalidad, eficiencia, equidad, calidad, transparencia y rendición de cuentas, para que nuestro país se encamine verdaderamente hacia el desarrollo anhelado. Con una educación fortalecida y de calidad, seguro lo lograremos. Por ello, de conformidad con lo expuesto y fundado, se propone la discusión y, en su caso, aprobación del siguiente proyecto de Decreto Artículo único. Se adiciona un párrafo al artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: Artículo 27. ... I y II. ... ... En el caso de los estados con mayor rezago en el desarrollo económico y social, considerando los criterios de los niveles, modalidades y variables educativas, así como el caso de grado de marginación, dispersión geográfica, migración y comunidades indígenas, se constituirá el Fondo Compensatorio para resarcir a las Entidades Federativas afectadas en su presupuesto durante la aplicación de la referida fórmula. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor presidente, le suplico instruir, a quien corresponda, a efecto de que el texto completo de esta iniciativa se publique en el Diario del los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.