La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, todas las personas enfrentamos problemas en nuestra vida cotidiana, sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras que limitan el ejercicio pleno de sus derechos. En México aún persisten grandes pendientes en materia educativa, laboral y de seguridad social con las personas que tienen alguna discapacidad física, auditiva, visual o psicosocial. Según, el Consejo Nacional para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, existen 7.7 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, cifra que representa el 6.4 por ciento de la población total. Las condiciones en las que viven son complejas. El año pasado el gobierno federal estableció que recibieran una atención mensual, pero es evidente que esta ayuda no resuelve todos los problemas que enfrentan. Actualmente, su situación se ha visto agravada debido a la pandemia, ya que, si antes era difícil la oportunidad laboral, ahora es más complicado. Si antes las niñas y niños con alguna discapacidad carecían de acceso a la educación, ahora es más difícil porque no todos cuentan con los sistemas tecnológicos necesarios para la enseñanza en línea. De ahí la relevancia del dictamen que hoy discutimos. Los ajustes propuestos a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad son parte de una serie de procesos legislativos de armonización, para adecuar nuestras leyes y mantener vigente el Estado de derecho. Con la sustitución del término integración social por inclusión social, se cambia desde la percepción legal y el discurso, una manera comprensiva de observar y atender una problemática que afecta a millones de personas. La pertinencia de este cambio también radica en brindar mayores beneficios y generar un marco de igualdad para las personas con alguna discapacidad. Asimismo, se busca dar plena vigencia a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que México firmó y aprobó el Senado de la República. Estos cambios también son importantes para la constitución legal de las organizaciones de la sociedad civil que atienden, cuidan y salvaguardan los derechos de todas las personas con discapacidad en nuestro país. La inclusión que hoy promovemos significa entender la relación entre cómo funciona una población vulnerable y cómo participan en la sociedad. Y, a su vez, asegurarnos que todas y todos los mexicanos cuenten con las mismas oportunidades. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, en la cual se ha atendido a más de cien asuntos específicos durante la actual legislatura, buscamos concientizar el avance que está dando el Congreso a través de los ajustes hoy propuestos. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos que con ello generaremos una nueva trayectoria de programas nacionales y políticas en la materia, incidiendo en la manera en la que se vigilan estos delicados procesos. No obstante, los retos son grandes, por lo que se requiere redoblar los esfuerzos y colaboración entre los tres ámbitos de gobierno, a fin de atender las necesidades fundamentales de la población con algún tipo de discapacidad, para que puedan ejercer de manera efectiva sus derechos humanos, así como garantizar su plena incorporación al desarrollo nacional. Todos los derechos para todas las personas. Es cuanto, diputada presidenta.