El diputado Javier Corral Jurado: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, la Cédula de Identidad, desde nuestro punto de vista es un instrumento fundamental y estratégico para el desarrollo de la seguridad nacional y la preservación de la seguridad pública en nuestro país. Entre diversos actores políticos y sociales se comparte la idea de que el instrumento es necesario, y entre los beneficios que puede generar está ni más ni menos el relativo precisamente a la seguridad nacional. Tan es así que el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad para 2011 lo marcó como uno de sus compromisos primordiales; la modernización y sistematización de procesos a través de la conformación de datos que dé lugar al Servicio Nacional de Identificación Personal. Por eso, la Cámara de los Diputados resolvió asignarle los recursos necesarios para cumplir con las etapas del proyecto planteadas para el año que entra y dejó pendiente sólo la expedición del documento plástico. Sin embargo, diversas preocupaciones se han expresado y creo que son atendibles. Dejarlas a la deriva puede ocasionar que un proyecto relevante como la cédula de identidad sucumba por el cuestionamiento y la desconfianza natural que provoca el peculiar desarrollo político que hemos tenido en nuestro país. Así, se advierte que la Cédula de Identificación Ciudadana pueda entrar en colisión con la Credencial de Elector y lo que es más grave, que desanime la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral. Luego se señalan las insuficiencias legales que en materia de protección de datos personales existe en nuestro país y finalmente, la preocupación porque una base de datos que contará con los principales elementos biométricos de todos los ciudadanos, se administre por la Secretaría de Gobernación. En la mayoría de los países del mundo que cuentan con esta identificación única, son los ministerios del interior los que la conforman y operan. Esto es el equivalente a la Secretaría de Gobernación. Pero insisto, dadas las características propias de nuestro sistema político, en efecto, se hace pertinente que, sin crear más instancias burocráticas que incrementen el gasto público en servicios personales, se pueda determinar dentro de la actual estructura de la administración pública federal una entidad quizá más neutral, por decirlo de alguna manera. Obviamente esto implica un nuevo arreglo constitucional y legal en el tema. El transitorio Segundo de la reforma constitucional electoral del 4 de abril de 1990, vigente a nuestros días, establece que en tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales. Pero mientras esa reforma constitucional y legal se produce, no hay la menor duda de que debiéramos llevarla a cabo. La coordinación entre el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Acceso a la Información y la Secretaría de Gobernación, se hace indispensable. En medio del proceso para expedir la cédula de identidad están valores muy importantes y muy caros a la lucha democrática. La confiabilidad del instrumento fundamental de nuestros procesos electorales y la debida salvaguarda y protección de la información personal. De ahí que, mediante propuesta con punto de acuerdo esté pidiendo a las comisiones de esta Cámara de Diputados puedan exhortar a la necesaria colaboración entre el Instituto Federal Electoral y la Secretaría de Gobernación, a efecto de llevar a cabo un convenio que permita no sólo despejar dudas, suspicacias, desconfianzas, sino entrar en una colaboración que permita la Cédula de Identificación Ciudadana y a la vez sirva ésta como credencial para votar. Por el apoyo que puedan brindar en las comisiones de dictamen a esta propuesta con punto de acuerdo, muchas gracias y por su atención también. Es cuanto, señor presidente.