La diputada Verónica García Reyes: Con su permiso, diputado presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática vengo a expresar nuestro punto de vista respecto a este dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, Federa de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Una de las preocupaciones centrales que deberían guiar nuestra conducta es la relacionada con la ética del servicio público, este dictamen nos habla fundamentalmente de la reparación del daño y las diversas vertientes para poder ejecutar las obligaciones resarcitorias de las facultades que deben tener, tanto la Auditoría Superior de la Federación como la Secretaría de la Función Pública o el ente que pudiera sustituirlo para lograr este resarcimiento y las obligaciones de los servidores públicos. Efectivamente, es muy importante la acción punitiva para fortalecer la vertiente de reparación en el marco de las diversas leyes que tienen que ver con la fiscalización, pero creo que es muchísimo más importante la política de prevención de las conductas irregulares, o para decirlo de manera más clara, conductas corruptas. La sociedad exige a la par de mejores y más eficientes gobiernos, que los servidores públicos no vean el servicio público como una fuente de enriquecimiento a costa de la riqueza de la nación, y que si se dan conductas ilícitas sean sancionados mediante acciones de tipo administrativo, civil, penal y por supuesto que también políticas. El efecto de mostración no tiene que ver con el levantamiento de patíbulos en plazas públicas, que tienen que ver con el ejercicio de los recursos públicos, pero las sanciones tienen que ser tan claras, contundentes y precisas que desalienten a quienes pretendan apropiarse de los recursos públicos, tanto por acción, omisión o complicidad. En nuestro Grupo Parlamentario entendemos que una mayor certeza en las leyes que propongan, no solamente mayores sanciones para los corruptos, sino hacer que éstas se cumplan. El fondo del dictamen tiene que ver con los mecanismos de resarcimiento de los daños y perjuicio de la hacienda púbica cuantificables monetariamente como consecuencia de una conducta u omisión que incumpla los ordenamientos jurídicos vigentes. Luego entonces, si se da una acción dañina al patrimonio público se debe ejecutar todas las acciones legales que obliguen a los servidores públicos, a los particulares cómplices o a las personas físicas o morales que participaron de estas acciones ilícitas, o resarcir el daño implica también la inhabilitación respectiva, sanciones administrativas, en su caso las penales y, por supuesto, también las políticas. En resumen, este dictamen busca dar solución a las prácticas que quienes dañan el erario sigan en funciones y pretenden también que el resarcimiento del daño extinga el resto de las responsabilidades que deben enfrentar, ya sean administrativas, penales y políticas. Este dictamen también se inscribe en la filosofía de que la rendición de cuentas debe fundamentarse en la transparencia, en la voluntad para asumir las consecuencias políticas, legales y administrativas. En las acciones, la existencia de la norma jurídica suficiente para que los órganos de control puedan velar por el cumplimiento de las responsabilidades de los gobernantes y, finalmente, una sociedad civil caracterizada por una cultura cívica que promueva la honestidad y la transparencia en la gestión pública. Si un Estado no garantiza la rendición de cuentas y los ciudadanos no tienen acceso a una información fidedigna y adecuada de las acciones de gobierno, entonces existirán mayores riesgos de que las instituciones públicas se corrompan. La rendición de cuentas es una condición necesaria, aunque no suficiente para el control efectivo de la corrupción, pues supone transparencia al quehacer y gobierno y a ser sujeto al escrutinio de todos. De ahí el estrecho vínculo entre la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. La fiscalización y la rendición de cuentas son elementos esenciales para la gobernabilidad y el desarrollo de las sociedades que se incrustan en los sistemas políticos. Para que la rendición de cuentas se construya en una herramienta de control sobre el ejercicio de poder es indispensable que quienes lo ejercen den visibilidad, publiciten y difundan cómo toman sus decisiones, bajo qué criterios, con base en qué datos y motivaciones, así como los objetivos que pretenden lograr. Es decir, que sean transparentes. Sin embargo, aunque la transparencia es el paso previo para que se actualice la rendición de cuentas ésta no se reduce a la primera, tiene que existir la posibilidad de sancionar al funcionario que actúe ilegalmente, que no desempeñe adecuadamente sus funciones, o bien, que informe de manera insuficiente, poco clara o faltando a la verdad sobre las mismas. El objetivo de la rendición de cuentas es que se establezcan correctivos que inhiban conductas indebidas o irresponsabilidades en el futuro. Una gobernanza democrática; es decir, un gobierno de prácticas democráticas en lo cotidiano, en los acuerdos y en las formas de relación del Estado con la sociedad requieren una permanente política de transparencia y acceso a la información, que permitan arreglos democráticos en la hechura de las políticas públicas. Estas son las razones por las que los diputados y las diputadas del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.