La diputada Fabiola Raquel Loya Hernández: Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, este es y ha sido el sexenio de la corrupción. Hasta ahora 16 exgobernadores están sujetos a investigaciones por corrupción, es decir, de las 32 entidades federativas que componen nuestra República Mexicana se puede afirmar que al menos la mitad de ellas ha sido representada por gobernadores que, en lugar de honrar su investidura y servir a la población que los eligió, decidieron traicionar a su pueblo, haciendo de los recursos públicos fuente de enriquecimiento ilícito y de peculado, entre otros delitos constitutivos de hechos de corrupción. A nivel federal, escándalos de corrupción internacional, como el caso de Odebrecht y los señalamientos en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, marcan la incapacidad, o más aun, complicidad del gobierno mexicano para investigar y sancionar casos de corrupción de alto impacto y repercusión hasta internacional. Pues mientras que en países latinoamericanos como Brasil, Argentina, Panamá, Perú, Colombia, Guatemala, la República Dominicana y Ecuador, ya existen funcionarios del más alto nivel, expresidentes y ministros procesados, curiosamente México, junto con Venezuela, son los dos únicos países donde, habiendo implicados, no hay ningún funcionario detenido ni mucho menos sancionado. También, a nivel federal este gobierno pretendió encontrar un modus operandi para desviar y robar recursos públicos haciendo uso de empresas fantasmas, así como abusando de las excepciones para realizar adjudicaciones directas y triangular recursos, simulando el pago de bienes y servicios inexistentes. La denominada estafa maestra es muestra de este tipo de operaciones, que tampoco registra ni sancionados ni detenidos como funcionarios de alto nivel que no y han sido removidos, ni siquiera investigados. A nivel nacional la transparencia, la rendición de cuentas, así como el combate a la corrupción han sido los grandes ausentes durante este sexenio. Los casos de corrupción que se han dado con el actual gobierno federal han afectado la percepción de la ciudadanía de la investidura del presidente de la República. A nivel internacional en el más reciente índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional, México ocupa el honroso lugar 135 de 180 países donde se mide la rendición de cuentas y los niveles de integridad en el servicio público, mostrando a nuestro país como uno de los más corruptos a nivel internacional, lo que trae como consecuencia directa impactos negativos en la inversión económica, costos elevados, tanto institucionales y sociales, frenando la capacidad de desarrollo y potencial económica en nuestra nación. En Movimiento Ciudadano entendemos que hablar de un cambio de régimen político y de una transformación verdadera de la República, sabemos que debemos empezar por limpiar la casa. Por todo lo anterior el día de hoy estamos presentando esta iniciativa de reforma que propone la muerte civil a servidores públicos, particulares y empresas que incurran en actos de corrupción por lo que, además de la sanciones establecidas, ya se incluirá la inhabilitación para desempeñar cargos públicos o participar en la contratación de cualquier tipo de compras u obras de gobierno. En Movimiento Ciudadano entendemos que quienes somos servidores públicos venimos a servir y no a servirse. Es cuanto, señora presidenta.