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El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos legisladores. Hoy se consulta ante la Cámara un proyecto que tiene como propósito dejar atrás una impunidad inscrita en las leyes que este año cumplirá 30 de haber sido introducida en la legislación electoral de nuestro país. Hacia el año de 1989, en una reforma electoral, o al menos así llamada, se empeoraron varios preceptos de la vieja normativa. Uno de ellos fue que los servidores públicos que cometieran alguna transgresión administrativa a la Ley Electoral, deberían ser declarados en tal virtud de transgresores y enviarle al superior jerárquico el expediente para que este se hiciera cargo de aplicar la sanción. ¿Cuándo se aplicó la sanción? Nunca. ¿Por qué? Porque esos servidores públicos eran denunciados ante la autoridad electoral. Por lo regular, no actuaban por decisión propia, sino bajo las órdenes justamente de su superior jerárquico. Entonces esta manera de darles impunidad, fue en verdad una genialidad jurídica, es decir, una gran tomadura de pelo para la República y para la ciudadanía. No es que queramos hacer arqueología, es que para poder llevar a cabo uno de nuestros propósitos dentro de nuestro programa de la cuarta transformación que consiste en luchar contra los privilegios y los sistemas de impunidad, este punto es un punto relevante, puesto que se trata justamente de la lucha electoral en la que los organismos públicos intervienen, utilizan a los empleados y luego les garantizan completa impunidad tanto a los empleados como a los jefes. Un sistema electoral que tiene este precepto como el que queremos cambiar por completo el día de hoy, dejarlo atrás, es uno de los peores sistemas electorales que puede haber en un país en el mundo. Repartir impunidades desde la Ley Electoral, pues es la peor cosa que se puede hacer, y sin embargo se hizo. Esto ha sido parte de un sistema político. No es una cosa que ocurrió por equivocación, sino que estas reglas fueron mandadas a hacer. Señoras y señores legisladores, si en algo nos pudimos unir, no es en la arqueología de lo que ha ocurrido antes, cada quien tiene sus versiones, sino de la tarea de desmontar la simulación, los privilegios y las impunidades. Hagámoslo como lo podemos hacer, el día de hoy la nación y la República nos lo habrán de reconocer. Muchas gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Ana Ruth García Grande, del Partido del Trabajo, en favor. Por favor, compañera.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Martha Tagle, del Movimiento Ciudadano.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, señora diputada. El diputado Jaime Humberto Pérez Bernabe, por favor.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: El diputado Benjamín Robles Montoya, del PT.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra la diputada Elba Lorena Torres Díaz, del PES.
La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, nuestras instituciones democráticas y sus servidores públicos deben en todo momento garantizar el principio de legalidad e imparcialidad que mandata nuestra Constitución, es decir, los servidores públicos federales en su desempeño estatal y municipal deben actuar en todo momento con responsabilidad, ética y equidad. Al respecto el artículo 134 constitucional señala que los recursos económicos que disponga la federación, las entidades federativas y los municipios se anexarán con eficiencia, eficaz economía, transparencia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Este precepto constitucional también contiene el principio de imparcialidad o neutralidad que prohíbe de manera general los poderes públicos, el uso de recursos públicos con fines electorales, esto con la finalidad de lograr que los servidores públicos no hagan uso de su cargo para promoverse con fines políticos o en su caso promuevan a candidatos o a un partido político durante un proceso electoral. Por ello es importante garantizar el principio de imparcialidad con la finalidad de que los recursos públicos de los programas sociales sean utilizados con fines partidistas, los servidores públicos se abstengan de acudir a reuniones partidistas o de apoyo a candidatos por lo menos durante su jornada laboral. Los órganos del Estado suspenden la difusión de la propaganda gubernamental durante las campañas electorales y los servidores públicos durante el ejercicio de su cargo, deben tener una conducta imparcial respecto de cualquier proceso electoral. Los servidores públicos deberán abstenerse de realizar pronunciamientos a favor o en contra de algún precandidato o candidato o partido político. En este sentido, Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, ya que la reforma planteada tiene armonía sistemática con los preceptos constitucionales y con los tipos penales de conductas ilícitas cometidas por servidores públicos, los cuales son sancionados en base a la Ley General en materia de Delitos Electorales. Es entonces que esta reforma fortalece el procedimiento de sancionador al adicionar con sujetos responsables a servidores públicos. Por ello se adiciona el inciso j) al artículo 456 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que corresponde a la modificación de este artículo, justifica las precisiones de que las sanciones electorales se imponen con independencia de otras normas administrativas o penales, ya que son regímenes jurídicos distintos. Por ello la importancia de establecer la obligación del superior jerárquico, para presentar las denuncias o querellas ante la gente del Ministerio Público, si hubiera utilización de recursos públicos por parte de un subordinado. Encuentro Social está a favor de consolidar una democracia electoral con garantía ciudadana para que pueda emitir su voto libre de cualquier tipo de coacción que atente contra sus libertades y derechos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, buenas tardes.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Muchas gracias. Diputado Valentín Reyes López, de Morena.
El diputado Valentín Reyes López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, compañeras diputadas, las reformas a los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales buscan ser ejemplo, decoro y dignidad en los servidores públicos para evitar que desde el cargo público que ostentan, afecten la equidad y regulen las elecciones, específicamente el dictamen propone dos cuestiones de la mayor relevancia. Primero. Se precisa a los servidores públicos como posibles infractores de las leyes electorales, para establecer sanciones que van desde amonestación pública hasta multas, con independencia de otras responsabilidades administrativas o penales. Cabe mencionar que las multas se agravan cuando se usan recursos públicos para inducir o coaccionar el voto, así como el caso de reincidencia. En segundo lugar. Se establece el mandato expreso de que en caso de responsabilidades penales, al superior jerárquico del servidor público que incurra en la falta deberá presentar de forma obligatoria la denuncia penal correspondiente ante el agente del Ministerio Público. Nunca más corrupción y coacción del voto. Nunca más el uso indebido del poder y de los recursos públicos en favor de un partido. Queremos hacer realidad la expresión de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Ha sido frecuente en nuestra historia que, valiéndose del cargo o de una posición pública, hay quienes indebidamente ejercen presión y tratan de inclinar la balanza en las elecciones, distraer recursos públicos de sus necesarias y altas finalidades por el hecho mezquino de conseguir el poder público. Si permitimos que esto siga sucediendo habrá siempre injerencias arbitrarias que tengan el atrevimiento de afectar voluntad popular que se deposita en las urnas. Existe un problema de impunidad y corrupción. De acuerdo a cifras de la Fepade, del total del investigaciones contra servidores públicos durante los últimos cuatro procesos electorales presidenciales, en el proceso electoral de 2018 los casos en contra de funcionarios públicos representó solo el 4.4 por ciento. Por tanto, algo no está favoreciendo la denuncia ni el inicio de procedimientos sancionatorios en contra de los malos servidores públicos. Debemos cambiar el diseño legal vigente, que no favorece ni permite que prosperen las investigaciones penales por infracciones electorales por delitos cometidos por servidores públicos. Concluyo. Buscamos revalorizar la ética, la responsabilidad y compromiso de los servidores públicos, a fin de que no intervengan de modo alguno en las elecciones. Buscamos que se respete el voto y decisión de los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, en Morena nos pronunciamos en favor del dictamen a discusión. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación), gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Suficientemente discutido en lo general. De conformidad con el artículo 109 del Reglamento, se han reservado para su discusión en lo particular el artículo 457, a nombre de diputados de Morena, del PAN, del PRI y de Movimiento Ciudadano.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Sí, señor presidente. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico, por cinco minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados. (Votación)
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Hágalo saber la secretaria.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Adelante, el sistema sigue abierto. ¿Ya lo cerramos, señor presidente?
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Perdón, hay dos votantes que estaban fuera del salón seguramente y han llegado con gran rapidez. Por favor, tome esos dos votos y se cierra el sistema.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, se emitieron 423 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con 423 votos a favor, aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Tiene la palabra el diputado Marcos Aguilar Vega, del Partido Acción Nacional, quien presentará una modificación al artículo 457, a nombre de diputados de Morena, del PAN, del PRD y de Movimiento Ciudadano, parece que se perfila, y del PRI, una nueva mayoría.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: En votación económica se pregunta a la asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se admite a discusión. Consulte la Secretaría si se acepta la modificación al artículo 457, por favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si se acepta la modificación del artículo 457. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se acepta.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Se pide a la Secretaria que abra el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del artículo 457, con las modificaciones aceptadas por la asamblea. Punto, es todo.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Cerramos ya, por favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Ciérrese el sistema de votación electrónico. Señor presidente, se emitieron 406 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Adelante, diputada Natividad, de viva voz.
La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez (desde la curul): A favor.
La secretaria diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Son 407 votos a favor, señor presidente.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con lo que quitamos dos palabras que nosotros mismos habíamos puesto y que no cambia el sentido de la votación, nos merecemos el premio mundial del barroco. Sí lo meremos, se quita una frase que nosotros habíamos puesto. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto. Aprobadas las modificaciones por 407 votos y el proyecto de decreto aprobado en lo general, se reforman los artículos 456 y 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Pasa al Senado de la República, para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Dé cuenta la Secretaria con la comunicación de la Junta de Coordinación Política.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, presidente. Se recibió oficio de la Junta de Coordinación Política en relación a cambio de integrantes y de juntas directivas de comisiones que se encuentran disponibles en las pantallas de sus curules. En votación económica se pregunta si son de aprobarse. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputado presidente, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: En virtud de que se ha cumplido con el requisito de la declaratoria de publicidad del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, consulte la Secretaría en votación económica si autoriza que se someta a discusión y votación de inmediato.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: En votación económica se consulta a la asamblea si se autoriza que sea sometido a discusión y votación de inmediato. Los que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Muchas gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Se autoriza. En consecuencia, el siguiente punto en el orden del día es la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación. Tiene la palabra por 10 minutos la diputada presidenta Patricia Terrazas Baca, para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II de nuestro Reglamento.
La diputada Patricia Terrazas Baca: Buenas tardes. Con su venia, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción IV del Reglamento, se otorgará a los grupos parlamentarios el uso de la palabra para fijar su postura. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Puente Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por cinco minutos.
El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muy buenas tardes. Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tardes compañeras y compañeros, el presente dictamen tiene como objetivo principal sancionar de tres a seis años de prisión a quienes vendan, enajenen estas facturas falsas. Al imponer este tipo de sanciones, buscamos desincentivar este gran negocio ilícito. Las facturas falsas, creo que todos coincidimos, son un problema muy grave para nuestro país, ya que genera pérdidas económicas de recursos que se dejan de recaudar, además de que fomenta la corrupción, la evasión fiscal, en donde la principal causa de la caída de los ingresos nacionales es vía impuestos se debe a las operaciones simuladas por empresas que emiten estas facturas falsas, en donde muchas de ellas son utilizadas para distribuir productos ilegales, para el lavado de dinero y desvío de fondos. Por esta práctica ilegal las finanzas públicas del país dejan de recibir aproximadamente 2 billones de pesos, de acuerdo con la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Así, la evasión fiscal perpetrada a través de la compra-venta de facturas falsas es una práctica que nos afecta a todas y a todos los mexicanos que cumplimos con la ley y que sí pagamos nuestros impuestos. Lo más lamentable es que esta tragedia fiscal afecta principalmente a aquellos que son los que menos tienen, los más pobres y desfavorecidos de nuestro país, ya que debido a la evasión fiscal el gobierno no implementa más programas para beneficiar a los más pobres del país o entregar más becas escolares, o bien canalizar más recursos para la detección y tratamiento de cáncer infantil, por citar alguna problemática. El gobierno también no incrementa el presupuesto a ciencia y tecnología o el presupuesto a medio ambiente o el combate al cambio climático, y también deja de invertir en infraestructura estratégica para detonar el crecimiento regional. En síntesis, esta evasión fiscal detiene el desarrollo del país, afectando a todas y todos los mexicanos para el simple beneficio de unos cuantos delincuentes. En ese sentido, la aprobación de este dictamen es de suma importancia ya que coadyuva con las autoridades fiscales para tener mayor control de las operaciones que sustentan los comprobantes fiscales de los contribuyentes, así como el combate a la evasión y elusión fiscal, permitiendo disminuir la corrupción en la adquisición de bienes y prestación de servicios. Este es un primer paso, es un primer paso en donde se endurecen estas penas sobre todo para el que vende, pero tenemos el firme compromiso de avanzar y de ir más allá, de reforzar la legislación para verdaderamente poder terminar con este gran negocio de la venta de facturas o bien denominado de la venta de papel. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México vamos a favor, porque estamos a favor de México, porque estamos a favor de un México que sea más incluyente, en favor de todos aquellos que son los que menos tienen. Por ello, en este dictamen vamos a votar a favor. Muchas gracias, presidenta, es cuanto, compañeros.
El diputado Antonio Ortega Martínez: No podía ser más oportuna la presentación de este dictamen, una vez que hemos conocido los preocupantes indicadores y previsiones que presenta la Secretaría de Hacienda, en los pre-criterios de política económica 2020. Declinación del crecimiento económico, coincidente con los recortes a la baja en las estimaciones de calificadoras, analistas, organismos internacionales y el propio Banco de México. Desde finales del 2018 y los primeros tres meses del 2019, estimando un decrecimiento real anual del PIB de 1.6, y como consecuencia tendremos menores ingresos fiscales que obligarán a un recorte del gasto, un recorte inmediato para mantener el equilibrio de las finanzas públicas y un recorte aún más severo en el Presupuesto del próximo año, que Hacienda estima en 2019 en 121 mil millones de pesos, equivalente a 0.5 del PIB. La parte positiva de estas malas noticias es que Hacienda reconoce la realidad de la desaceleración de la economía y ello posibilita la adopción de estrategias contingentes para tratar de revertir el menor vigor de nuestra economía nacional. Consideramos que Hacienda en donde se quedó corta es en esclarecer las verdaderas causas internas y externas de este grave tropiezo económico. Los principales analistas económicos han señalado que sin duda hay ingredientes externos: la desaceleración de la economía en China, en Europa, en los Estados Unidos, pero que un ingrediente importante son las decisiones políticas internas, señalando las más importantes como la suspensión del aeropuerto de Texcoco, la implementación de la nueva estrategia energética, la falta de estudios de factibilidad financiera de los grandes proyectos del Ejecutivo, como la refinería de Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, y otro conjunto de decisiones que afectan la confianza y la inversión y desactivan la inversión privada nacional y extranjera. Por ello, ratifico que este dictamen es oportuno, ya que se pone en manos del Ejecutivo federal una norma que permite que se instrumenten programas, que conjugando premios y castigos pueden incrementar sustancialmente los ingresos públicos. La minuta pretende desincentivar la comisión del delito de adquirir, expedir o enajenar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Se trata de combatir la comercialización de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, generalmente vinculadas con empresas fantasmas y otras, como el lavado de dinero. Para ilustrar la importancia del dictamen permítanme señalar a la Procuraduría Federal de Defensa del Contribuyente, que estimó que el año pasado el uso de facturas apócrifas causó al fisco una pérdida de ingresos por casi 2 billones de pesos, monto que equivale al 70 por ciento de la recaudación tributaria prevista para este año. El dictamen también se propone fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes. Por lo anterior, el voto de los diputados del Partido de la Revolución Democrática será a favor. Muchas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por cinco minutos.
El diputado Higinio del Toro Pérez: Con su venia, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Óscar González Yáñez, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por cinco minutos.
El diputado Óscar González Yáñez: Con el permiso de la presidenta Dolores Padierna.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra, la diputada Adriana Lozano Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, por cinco minutos.
La diputada Adriana Lozano Rodríguez: Arriba Tamaulipas. Gracias, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Fernando Galindo Favela, del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por cinco minutos.
El diputado Fernando Galindo Favela: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados por parte de las personas físicas y morales, ha provocado un gran daño al sistema de recaudación nacional. Por esa razón resulta pertinente impulsar reformas legales para desincentivar la comisión de ese ilícito. Debemos de contribuir con la autoridad fiscal para modernizar el marco legal y enfrentar los nuevos desafíos. Es importante señalar que la venta de facturas falsas es un problema para el Servicio de Administración Tributaria. De 2010 al 2018, se identificaron más de 8 mil empresas que presuntamente cometen algún acto delictivo en esta materia. Cada año, la evasión fiscal por el uso de facturas falsas de empresas que simulan operaciones financieras, ascienden a más de 750 mil millones de pesos, según datos de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente. Por otro lado, el Sistema de Administración Tributaria considera que la principal causa de la caída de la recaudación se debe a las operaciones simuladas por las empresas deductoras de operaciones simuladas, como son: incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones y facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación. La evasión de pago de impuestos es una práctica nociva que reduce el potencial de recaudación de cualquier administración, pero, sobre todo, reduce la capacidad que tienen los gobiernos para atender la necesidad de la gente. Los contribuyentes que incurren deliberadamente en acciones de este tipo, deben de ser sujetos a sanciones más severas por parte de las autoridades. Resulta pertinente fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes y de facturas y comprobantes fiscales. La modificación a la actual fracción III del artículo 113, resulta pertinente para que solo se contemple a quien adquiera los comprobantes al considerar que en dichas medidas se tendrá un efecto positivo para la disminución de la práctica, y sobre todo, para mejorar la recaudación. Por otro lado, la adición de un artículo 113 Bis establece que se impondrá sanción de tres a seis años a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados. Lo anterior, para mitigar esta práctica a efecto de que nuestro sistema recaudatorio mejore. Es por ello que, en el Grupo Parlamentario del PRI, votaremos a favor de este dictamen. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de aquellas medidas que mejoren la calidad de vida de los mexicanos y también estamos a favor de todas las acciones que busquen reducir los actos ilícitos de los delincuentes. La defraudación fiscal es un acto que no debemos de permitir porque tener menos impuestos para atender las necesidades de la gente es un acto que va en contra de los derechos de todos los ciudadanos. Ese es el compromiso del PRI, luchar contra todos los actos ilícitos. Es cuanto, presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado José Rigoberto Mares Aguilar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, por cinco minutos.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Tenemos en esta Cámara invitados especiales del evento denominado Diputada y Diputado por un Día, invitados por la diputada Janet Melanie Murillo Chávez, a quienes les damos la más cordial bienvenida.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Tiene la palabra el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, del Grupo Parlamentario de Morena.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Pasamos ahora a la discusión en lo general. Tiene la palabra la diputada Paola Tenorio Adame, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Paola Tenorio Adame: Con el permiso de la señora presidenta.
La diputada Paola Tenorio Adame: Gracias. La hacienda pública mexicana no volverá a ser violentada por los intereses particulares de unos cuantos. La evasión de impuestos y la comprobación de actividades inexistentes han lastimado por mucho tiempo a los recursos de nuestra nación. A esta situación desde Morena le decimos: basta. Con la aprobación del presente dictamen haremos que las penas a quienes se enfrentan quienes expiden o enajenen comprobantes fiscales falsos sean más altas. Específicamente, de corroborarse la culpabilidad de la persona, la penalidad a la que se enfrentará ya no será de un mínimo de tres meses, como lo expresa el texto vigente del Código Fiscal de la Federación, sino que será de un mínimo de tres años. Es uno de los pasos que deben darse en el nuevo camino que está tomando nuestro país, un paso en el sentido correcto, un paso que incentiva la honestidad republicana de nuestro presidente de la República. Permítanme introducir este momento la esencia que provoca el nacimiento de esta propuesta. Según el estudio Evasión de impuesto al valor agregado y del impuesto sobre la renta, los recursos que el fisco general ha dejado de ingresar a estas arcas de la hacienda pública por este tipo de actividades ronda los 500 mil millones de pesos. Sin embargo, en tiempos más recientes la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente ha emitido que la cantidad podría rondar los 2 billones de pesos. Compañeras y compañeros legisladores, esta cantidad es equivalente al 70 por ciento de la recaudación prevista para 2018. Es claro que esta situación no puede seguir así. No puede seguir así porque estos recursos no solo significan pérdida de dinero, sino también pérdida de mejores oportunidades de desarrollo y pérdidas en el bienestar de las personas. Significan más desigualdades, aún más desigualdad social y pobreza. Indudablemente teníamos la obligación de tomar cartas en el asunto. No únicamente porque estas actividades alimentan la corrupción en este país, sino porque con esto refrendamos nuestro compromiso para transformar y mejorar a nuestro México. Con el incremento de la penalidad que propone el presente dictamen se encarece en 300 por ciento el costo que hay que pagar para continuar emitiendo y enajenando facturas fiscales falsas. Estamos seguros que en este encarecimiento desincentivará la comisión del delito y fortalecerá los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la presentación de servicios o adquisición de bienes. Ya no habrá mano blanda con los corruptos, ya no habrá incentivos perversos para seguir dañando los recursos de las y de los mexicanos. Ya basta. Por ello en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del presente dictamen. Confiamos que las demás fracciones también lo harán por el bien de México. Es cuanto, señora presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, diputada. En el uso de la palabra, la diputada Lilia Villafuerte Zavala, hasta por cinco minutos.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias, presidenta. Con su venia.
La diputada Lilia Villafuerte Zavala: En México los ingresos públicos por concepto de impuestos constituyen uno de los principales pilares de las finanzas públicas de nuestro país. Sin embargo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, México se mantiene entre los seis países con menos ingresos tributarios totales de América Latina y el Caribe, al representar apenas el 17.4 por ciento del producto interno bruto. Ha sido necesario resaltar que la principal causa de la caída en la recaudación se debe a las operaciones por las empresas deductoras de operaciones simuladas, cuyas prácticas comunes se encuentran en el incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de impuestos al valor agregado, la realización de operaciones fantasmas, la facturación de mercancías en las que no se pagaron impuestos por su importación y el lavado de dinero. Según el Servicio de Administración Tributaria, este tipo de evasión ha provocado pérdidas en recaudación al país de hasta 2.04 billones de pesos en un cálculo realizado entre el 2010 y agosto de 2018. La emisión de facturas apócrifas por desgracia se va diluyendo a través de diferentes contribuyentes de manera que pueden involucrar a todos los sectores en un afán egoísta y antipatriótico, pues su actuar no se limita al beneficio inmediato que han alcanzado ilícitamente, sino que trasciende en un efecto dominó en detrimento de la economía nacional. Se trata pues de un daño que impacta directamente a los mexicanos, pues la baja recaudación impide que se pueda disponer para un gasto público equilibrado y que garantice a la ciudadanía el acceso a los beneficios derivados de dicho ejercicio. La minuta que propone una adición de un artículo 113 Bis al Código Fiscal de la Federación busca desincentivar la conducta ilícita mediante la imposición de una sanción privativa de libertad únicamente a quien expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados buscando atacar el origen que motiva la práctica. Las y los diputados sin partido estamos convencidos que una nación con una economía eficiente y sana no sólo depende de la buena administración de sus gobiernos, sino también del actuar con probidad de su ciudadanía. Es por ello que votaremos a favor del dictamen que hoy nos ocupa en un primer paso por generar desde la ley los mecanismos que propicien un orden social. Si bien ya en una frase por demás dicha y en una insistencia encontraremos la verdad, el cambio inicia por uno mismo y la corrupción, como el cáncer de nuestra sociedad, sólo encontrará su tratamiento y cura en la insistencia de la visión del bien común como una responsabilidad de todos. Es cuanto, diputada presidenta.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. En el uso de la palabra la diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro, de Morena, hasta por cinco minutos.
La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Compañeras y compañeros legisladores. México no volverá a tener un sistema de recaudación que no cuente con la fuerza suficiente para hacer frente a los actos que la vulneran. La evasión de impuestos indudablemente es una práctica que daña el potencial de recaudación de cualquier gobierno, y desafortunadamente nuestro país no es la excepción, y no es la excepción en buena parte porque no contamos con sanciones adecuadas que eliminen el incentivo económico que tienen estas prácticas, prácticas que son ilegales y deshonestas. Según el Servicio de Administración Tributaria, la presentación de facturas para simular operaciones inexistentes es la principal actividad que daña la hacienda pública, operaciones que tienen como principales finalidades: incrementar las deducciones de impuestos, aumentar las solicitudes de devolución del IVA, facturar mercancía que no paga impuestos por su importación u operaciones que simplemente lavan dinero. Por si eso no fuera suficiente, para ejemplificar la realidad a la que nos enfrentamos, permítanme comentarles que en los últimos años se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales falsos. Compañeras y compañeros diputados, no es posible continuar por el sendero de la corrupción y la deshonestidad, debemos ejercer las atribuciones que nos otorga la Constitución y legislar a favor de un sistema fiscal que salvaguarde la ley y el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de todas y todos, personas físicas y morales. Un sistema fiscal que haga frente a la corrupción y promueva una mejor recaudación que incentive la salud de nuestra hacienda pública, y que se logren distribuir los recursos a quienes más lo necesitan. Un sistema fiscal que no incentive estas prácticas ni se limite a sanciones mínimas para quienes las cometen. Con la aprobación del presente dictamen avanzaremos en esta dirección de hacer ley la propuesta. Habrá más control y vigilancia, y lograremos que se evite este gran riesgo para quienes expidan y enajenen facturas fiscales falsas, que haya, pues, un freno a la impunidad, a la corrupción, a la deshonestidad, y que se desincentiven estas actividades. Digamos ya basta a la corrupción y a la evasión de impuestos. Digamos sí a un mejor futuro, a un futuro más justo y un México que esté verdaderamente al servicio del pueblo. Muchísimas gracias.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Ruego a la Secretaría consultar a la asamblea si el tema se encuentra suficientemente discutido en lo general.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Diputada presidenta, mayoría por la afirmativa.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Abra la secretaría el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular en un solo acto.
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2 del Reglamento de Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular, en un solo acto. (Votación)
La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Ciérrese el sistema de votación electrónica. Diputada presidenta, a favor 417, 0 abstenciones y 0 en contra.
La presidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Aprobado en lo general y en lo particular por 417 votos, el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 113 y se adiciona un artículo 113 Bis, al Código Fiscal de la Federación. Pasa al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Damos paso al apartado de iniciativas. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud. Bueno, nos están solicitando un cambio. Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, del mismo Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Bien. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: El diputado Xavier Azuara Zúñiga va a presentar dos iniciativas en la misma intervención. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción Servicios, y la iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, ambas suscritas por integrantes del Grupo Parlamentario del PAN.
El diputado Xavier Azuara Zúñiga: ...al sector Salud. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.
El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez: Con la venia de la Presidencia.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Túrnese a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para dictamen, y a la Comisión de Educación para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Adriana Paulina Teissier Zavala, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y de la Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Benjamín Robles Montoya, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por las diputadas Maribel Martínez Ruiz y María Teresa Marú Mejía, del Grupo Parlamentario del PT.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Jorge Alcibíades García Lara, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 20 y 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.
El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Compañeras y compañeros diputados, Movimiento Ciudadano reconoce que las llamadas sociedades de información crediticia o buró de crédito, como son conocidas, cumplen con una importante función de apoyo a las instituciones que otorgan créditos a personas físicas y morales. Si bien es cierto que el buró de crédito contribuye para que instituciones bancarias y empresas cuenten con criterios más objetivos para aprobar o negar créditos, también es verdad que con el tiempo se han convertido en un freno para el otorgamiento de estos. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano esto es así, en virtud de que cualquier usuario de crédito que por alguna circunstancia haya mostrado un retraso en el cumplimiento de sus obligaciones, es reportado como no sujeto de crédito, independientemente que haya solventado sus pagos o haya regularizado su situación de los pagos. El punto es que en este proceso se prolonga demasiado el tiempo que marca la ley para que el buró de crédito retenga la información de los usuarios, por un periodo de 72 meses, en donde se reportan los incumplimientos de pagos, independientemente de que se haya hecho ya la regularización de estos desde mucho tiempo atrás. Los diputados ciudadanos estamos conscientes de que esta situación va en detrimento de la opción de personas y de empresas para acceder a créditos, que en el caso de personas físicas les impide tener alternativas para contar con capacidad económica para solventar los gastos familiares, y en el caso de las empresas, frena las posibilidades de inversión, esta situación afecta primordialmente a las pequeñas y medianas empresas. Los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano hemos recibido denuncias de que se ha generado la proliferación de fraudes que se cometen, ofreciendo servicios para borrar el historial crediticio del buró de crédito. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, así lo acredita. Es por ello que Movimiento Ciudadano plantea como necesario considerar la reducción del plazo de 72 meses, estableciendo un periodo de tiempo menor y, sobre todo, diferenciando entre personas físicas y personas morales, toda vez que obviamente no es lo mismo el monto de crédito que puede tener un individuo al que puede tener una empresa. Así, la presente iniciativa plantea la necesidad de modificar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a fin de que el buró de crédito libere el historial crediticio de los usuarios, pero diferenciando los plazos para personas físicas y personas morales. Se propone que se reduzcan los plazos a 12 y 24 meses respectivamente. Es cuanto, señor presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Guadalupe Aguilera Rojas, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 464 Ter de la Ley General de Salud.
El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, diputado presidente.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, suscrita por diputados integrantes de los Grupos Parlamentarios del Partido Verde y de Morena.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Educación para dictamen, y a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para opinión.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Luz Estefanía Rosas Martínez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ahorro y Recorte de Gasto Corriente de la Federación.
El presidente diputado Marco Antonio Adame Castillo: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para dictamen, y a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 4o. de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Jáuregui Montes de Oca. Túrnese a la Comisión de Juventud y Diversidad Sexual, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado José Salvador Rosas Quintanilla, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 140 y 164 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional.
El diputado José Salvador Rosas Quintanilla: Buenas tardes. Buenas tardes compañeros, el crecimiento económico y las finanzas sanas no deben lograrse a costa del bienestar de la economía familiar ni de la estabilidad financiera de las empresas que son el motor del país. Por eso me presento aquí, con una propuesta de reforma de Ley del Impuesto Sobre la Renta, que traerá consigo un beneficio sustancial a los mexicanos. Es claro que México necesita tener una recaudación eficiente, por lo que es necesaria una legislación y una política fiscal acorde a las condiciones económicas actuales y en sintonía con las demandas de la población y del sector empresarial. El caso concreto del impuesto sobre la renta, ISR, que grava directamente las fuentes de riqueza entre las percepciones que considera gravables en su ley, están aquellos ingresos percibidos por personas físicas, por conceptos de dividendos o utilidades, como se observa en el precepto 140 y 164 de la ley. Sin embargo, señala que las personas físicas estarán sujetas de manera adicional a una tasa del 10 por ciento sobre los dividendos o utilidades, distribuidos por las personas morales residentes en el país. A este respecto existen opiniones diversas, cuando lo correcto o no de este concepto, ya que en contra de la eficiencia y utilidad del impuesto, este concepto resulta inequitativo y quizá ilegítimo, al privilegiar la recaudación acosta del sometimiento de nuestro sector productivo y los ingresos reales de los trabajadores. Este impuesto cedular adiciona del 10 por ciento complicó el panorama, ya que suma al 10 por ciento del reparto de utilidades, PTU, y el incremento del 28 al 30 por ciento del ISR, genera una carga efectiva que alcanza un 50 por ciento, misma a que a todas luces es excesiva, abusiva y lesiona el bolsillo de los pagadores de impuestos. Es así que surge la necesidad de realizar una modificación a la legislación vigente y replantear las políticas fiscales que soportan dicho impuesto, no solo con la intención de una recaudación eficiente, sino que además incentive el cumplimiento de las obligaciones fiscales de una manera convencida de su utilidad, sin someter al sector productivo. Por lo antes expuesto es que pido su apoyo para este proyecto, para que su dictamen sea positivo y posteriormente en este pleno lo aprobemos, por eso les propongo que en beneficio de las personas disminuyamos esa carga excesiva del ISR al eliminar ese pago por concepto de una tasa adicional del 10 por ciento sobre los dividendos de utilidades distribuidos por personas morales. Es cuanto, señora presidente, muchas gracias.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Rosas Quintanilla. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, la diputada Soraya Pérez Munguía, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 19, 24 y 26 de la Ley del Mercado de Valores.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputada Pérez Munguía. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para dictamen, y a la Comisión de Igualdad de Género, para opinión.
La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Rubén Terán Águila, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.