El diputado Francisco Antonio Fraile García: Con su permiso, señor Presidente. El derecho es la base de la convivencia social y de nuestras instituciones democráticas. La norma jurídica es la materialización del ordenamiento de la República, de las instituciones políticas y de las relaciones sociales para una convivencia armónica, la más alta expresión jerárquica para el ordenamiento jurídico del Estado mexicano, se encuentra precisamente en nuestra Carta Magna. La propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la organización jurídica de las instituciones indispensables para el funcionamiento del Estado de entre las cuales se encuentran los tribunales de lo contencioso administrativo que ejercen una función jurisdiccional dentro de la propia administración pública, para conocer de la legalidad de los actos emanados de aquélla, es decir, funcionan como un mecanismo jurídico formalmente administrativo, de control de los actos de la administración pública federal, de acuerdo con lo establecido en la fracción I-B del artículo 104 de nuestra Carta Magna. Sin embargo, una simple lectura a dicho artículo advierte la existencia de un error de la fracción I-B. Si analizamos la fracción I-B del artículo 104 señala y cito textualmente: "corresponde a los tribunales de la federación conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de lo contencioso administrativo a que se refiere la fracción XXIX, inciso h, del artículo 73, fracción IV, inciso e), del artículo 122 de esta Constitución sólo en los casos que señalan las leyes". El error consiste en que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no existe actualmente la fracción IV, inciso e, del artículo 122. Dicha fracción dejó de existir en nuestra máxima ley a partir de la reforma presentada por el Ejecutivo federal el 26 de julio de 1996 y publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 22 de agosto de 1996, la cual establecía, en su época de vigencia, la facultad de la Asamblea de Representantes para expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo encargado de dirimir las controversias que se suscitaron entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares. En este sentido lo que el Constituyente Permanente estableció de manera originaria fue la facultad para que los tribunales federales conocieran de los recursos de revisión que se interpusieron en contra de las ejecutorias en los asuntos que se suscitaron entre la administración pública del Distrito Federal y particulares. El desfase en el articulado ocurrió en 1996, cuando fue discutida y aprobada la llamada reforma política del Distrito Federal, con la cual se otorgó a la ciudadanía la facultad de elegir a sus autoridades por medio de voto libre y secreto y así conformar las instituciones políticas, como la Asamblea Legislativa, la jefatura del Distrito Federal, y por consecuencia, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, las cuales tendrían las mismas funciones que un Congreso del estado, un gobernador y un Tribunal Superior de Justicia de cualquier estado de la Unión, acorde con lo que señalan hoy los artículos 116 y 122 de la Constitución Federal. En dicha reforma, 22 de agosto de 1996, también se definió la naturaleza jurídica del Distrito Federal y se establecieron algunas facultades del Ejecutivo y Legislativo federal, en sus apartados A y B. En el apartado C se establecieron las bases para el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que se dividieron de la Base Primera a la Base Quinta. Sin embargo, en la reforma del 22 de agosto de 96 el Constituyente Permanente no actualizó la totalidad de los textos de los artículos de la Constitución Federal que se verían afectados con dicha reforma. Tal y como se encuentra redactada la fracción I-B del artículo 104 de nuestra Carta Magna, le da competencia a los tribunales federales para conocer de asuntos derivados de tribunales de lo Contencioso Administrativo suscitados entre la administración pública federal y los particulares, no siendo así para el caso de las controversias entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares. En este sentido, los tribunales de la Federación tienen la base legal manifiesta en la propia Constitución Federal para intervenir en los asuntos de revisión derivados de las ejecutorias emanadas de controversias entre la administración pública federal y particulares, pero no tienen fundamento jurídico para conocer del mismo tipo de asuntos entre la administración pública del Distrito Federal y particulares, por causa de un error o desfase en el artículo 104. En conclusión, la presente iniciativa de reforma tiene un doble objetivo: por un lado, corregir un error o pifia presente en la fracción I-B del artículo 104 constitucional federal, el cual ha estado presente desde el 22 de agosto de 1996; y por otro lado, le otorga la facultad a los tribunales federales de conocer los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de lo contencioso administrativo, tanto en el ámbito federal y del Distrito Federal. En virtud de lo anterior, expuesto y fundamentado, someto esta iniciativa de ley a este pleno. Muchísimas gracias.