El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Es un gran problema el que hoy vive el país. Cada día una noticia trágica de inseguridad, de violencia sacude a la nación y sustituye a la noticia del día o de la semana anterior. Los hechos de Iguala, del pasado viernes, son una muestra clara de la descomposición social y de seguridad pública que enfrenta el país. Nosotros, en Movimiento Ciudadano, desde el primer momento condenamos y reprobamos estos hechos y exhortamos a las autoridades al puntual esclarecimiento de los hechos y al más drástico castigo a los responsables. Nos parece una tragedia para el país, que se hayan visto involucrados policías municipales de Iguala. Hoy están tras las rejas 22 elementos en el municipio de Acapulco, en el penal de Las Cruces, producto de una actuación de la Procuraduría de Justicia del estado de Guerrero. Sin embargo, hay también 57 jóvenes desaparecidos, jóvenes normalistas de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, jóvenes que no se sabe su paradero y que hoy lo más preocupante es que estén bien, que estén sanos y que pronto puedan estar de regreso. Al mismo tiempo, también nos solidarizamos y externamos nuestra fraternal condolencia a nuestros compañeros del Partido Acción Nacional, porque el domingo pasado, en Acapulco, fue victimado cobardemente Braulio Zaragoza Maganda, secretario general del Partido Acción Nacional, en Guerrero, y hermano de un regidor del Cabildo Cortez. Nosotros queremos que se esclarezca puntualmente estos hechos, que no quede ninguna duda, que se castigue ejemplarmente a los responsables. Y al mismo tiempo queremos llamar la atención del gobierno federal y en especial del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para que haya una intervención más decidida de la federación en el tema de las policías municipales. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que todos los cuerpos policiacos del país deberán ser certificados en los centros de evaluación y control de confianza. Estos controles incluyen exámenes de evaluación médica, toxicológica, poligráfica, de desempeño, aptitudes físicas, entorno social y situación patrimonial. Hay varios alcaldes que han tomado el toro por los cuernos, como el de Acapulco, Luis Walton. Pero cuando se toma decisión de dar de baja a los elementos que no cumplen con la certificación se deja, concluyo presidente, literalmente, a que ellos arreglen esta problemática que no tiene qué ver nada más con liquidar, conforme a derecho, a estos elementos. Sino en ayudar a que se puedan renovar las policías y que se restablezca el orden y la seguridad. Este caso es el caso de muchos municipios. Las policías municipales se han convertido en un problema de seguridad nacional. Son elementos armados que cuando se mete mano firme en las certificaciones no vemos la solidaridad del gobierno federal para los alcances, independientemente del color en el partido que representen. Y sin embargo, a la Gendarmería nacional solo este año se le han invertido 4 mil 500 millones de pesos. Por eso, señoras y señores legisladores, nuestro llamado a que el gobierno federal con todo el presupuesto que tiene en materia de seguridad, incluso considerando a los elementos de la Gendarmería, contribuya con los presidentes municipales a limpiar las policías municipales. El caso de Iguala, al margen de lo que arrojen las investigaciones habla de la podredumbre de las policías municipales que están coludidas en muchos lugares y al servicio de la delincuencia organizada. Son, además, un factor, concluyo, presidente, de inestabilidad. Y este cobarde asesinato de tres jóvenes normalistas y de menores de edad que jugaban en el equipo de futbol de Chilpancingo es una cobarde agresión que no puede dejarse pasar. Queremos que regresen con vida los 57 jóvenes que están desaparecidos. El país vive una hora trágica y requiere la solidaridad de todos, al margen de colores y banderas políticas. Es cuanto.