La diputada Lorena Corona Valdés: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados. El dictamen que sometemos a su consideración representa para nuestro país un gran avance, tanto en el ámbito nacional como internacional, pues debido a su carácter garantista y proteccionista de derechos humanos se materializan y salvaguardan eficazmente en la praxis los denominados derechos ARCO, constitucionalmente establecidos en el artículo 6o de nuestra Carta Magna. En este sentido, con la expedición de esta ley federal proveeremos de las normas que garanticen a toda persona la protección de los datos personales, así como su pleno ejercicio mediante el acceso, rectificación, cancelación y oposición a los mismos. Adicionalmente, de aprobarse este ordenamiento, México se beneficiará en el campo del comercio internacional ampliando sus relaciones con bloques económicos no explorados hasta el momento debido a la falta de regulación en esta materia. Así, se deben supervisar diversos obstáculos suscitados con motivo de la ausencia de estándares internacionales que garanticen a estos países, especialmente a aquéllos que conforman la Unión Europea, tanto un nivel adecuado de protección de datos personales como la existencia de una autoridad independiente que los tutele. Ahora bien, por lo que hace al contenido de este cuerpo normativo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista ha mostrado especial interés en los temas relativos al consentimiento, aviso de privacidad, datos personales sensibles y el mecanismo de las transferencias internacionales. En consecuencia, tras un amplio debate con distintos grupos privados y gubernamentales interesados en la elaboración de este proyecto, se celebraron distintas audiencias en las que tuvieron la oportunidad de exponer sus comentarios y preocupaciones, con la finalidad de fortalecer y esclarecer los objetivos y evitar interpretaciones incorrectas que fueran contrarias al espíritu garantista que persigue esta ley. Así, la elaboración de la definición del término "consentimiento" fue especialmente trabajada por nuestra fracción parlamentaria pues de ahí se generan diversos derechos y obligaciones entre el responsable y el titular. En este sentido nos esforzamos para que los datos personales sensibles requieran más formalidades que el resto. Además, buscamos evitar que la definición se remitiera a otros ordenamientos, especialmente al Código Civil Federal, pues no se trata de relaciones civiles ni mercantiles, sino de la protección de un derecho fundamental, por lo que restringimos la posibilidad de que arbitrariamente se decidiera cuándo puede ser tácito el consentimiento estableciendo que únicamente será tácito cuando habiéndose puesto a disposición del titular el aviso de privacidad, no manifieste su oposición. Lo anterior fortalece la obligación que tienen lo responsables, en todos los casos, de que en el tratamiento de datos personales se observen los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad, sin olvidar que el consentimiento podrá ser revocado en cualquier momento. En cuanto a la definición de datos personales sensibles impulsamos que se le dotara de dos matices. En primer lugar se optó por una definición amplia que claramente tuviera como objetivo evitar cualquier acto que afecte y dé origen a discriminación del titular, o que conlleve un riesgo grave para éste. En segundo lugar, se acordó que para que no existiera un gran margen de discrecionalidad a esta definición, se enlistaran como especialmente sensibles los referentes al origen racial, estado de salud, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales. Por lo que hace a las transferencias internacionales la preocupación de nuestra fracción parlamentaria consistió en que al momento de que el responsable transfiriera los datos a un tercero distinto al encargado, no se le otorgue la posibilidad al titular de oponerse y que éste termine ignorando dónde y por quién se está dando el tratamiento a sus datos personales, o, en su caso, que se extinguieran las obligaciones asumidas por los responsables. En este orden de ideas, los integrantes de la Comisión de Gobernación hemos sido cuidadosos en el análisis, viabilidad y repercusiones que pudieran resultar como consecuencia de esta nueva ley, prevaleciendo para tal efecto la garantía de protección de los ciudadanos, que consiste en que cada vez que se da la información para un fin determinado, efectivamente se cumpla con el objeto para el que fue conferida y, por tanto, evite un tratamiento en perjuicio del titular de los mismos. No podemos ignorar que los supuestos que se busca tipificar son acciones que probablemente sucederán en la práctica, y que es nuestro deber como legisladores el evitar que se transgredan las finalidades de este ordenamiento, pues de nada sirve expedir una ley de buenas intenciones, pero inoperante e ineficaz; un ordenamiento que fácilmente permita calcular costos contra beneficios; es decir, no otorgar la posibilidad a los responsables de elegir entre cumplir o no, ponderando entre los beneficios económicos que puedan obtener de su incumplimiento a cambio de una sanción administrativa. Permitir que la decisión de cumplir o vulnerar estas disposiciones dependa de un análisis de costo de oportunidad sería reprobable habida cuenta de que se trata de derechos fundamentales, constitucionalmente establecidos y cuya naturaleza hace de su protección un aspecto ineludible, incluso en algunos casos, sobre otros derechos que no pueden ponderarse como más relevantes. Es cuanto, señor presidente.