La diputada Dulce María Corina Villegas Guarneros: Compañeras y compañeros, en nuestro país existe una grave problemática sobre el acceso a crédito para las personas en edad laboral. Esto hace que algunas empresas se comporten de manera abusiva, solicitando garantías de pago que no están reguladas. Por esa razón, podemos ver que el número de personas que cuentan con un crédito normal disminuyó 8.1 puntos porcentuales del año 2018 a 2021. Según la encuesta del ENIF 2021, la población de 18 a 70 años que contaba con un crédito formal pasó del 38.6 % al 30.5 %. Esto nos muestra que la dificultad actual para obtener créditos no disminuye la necesidad de los mismos, simplemente las personas recurren a otros métodos para solventar sus necesidades. En estos casos, los prestamistas cobran un papel muy importante en esta situación, puesto que muchos se aprovechan de la necesidad y de las pocas opciones que tienen los deudores, para cobrar intereses excesivos y para imponer las condiciones que ellos quieran a cambio de otorgar el préstamo. Dichas condiciones son únicamente ventajosas y convenientes para el prestamista y una gran desventaja para el prestatario. Por otra parte, hay empresas, tiendas o comercios que ofertan créditos o vales del producto que venden, y para hacer circular dichos vales se sirven de vendedores o distribuidores externos con los cuales no tienen ninguna obligación laboral ni comisiones directas. A estos únicamente les brindan un crédito en forma de vales, los cuales ellos, a su vez, deben ofertar con terceros para obtener ganancia. No del producto, sino de los intereses del crédito otorgado. Estas empresas, tiendas o comercios utilizan pagarés o letras de cambio para garantizar el pago de los créditos o vales de crédito que les otorgan a dichos distribuidores. Al no haber un contrato de por medio, los distribuidores son forzados a firmar estos títulos de crédito en blanco, es decir, sin especificar la cantidad a la que se están obligando. Cabe mencionar que las empresas no corren con ningún riesgo, pues en el momento en que no tienen el pago hacen válido el pagaré que tienen en su poder. Estos vendedores en su mayoría se tratan de amas de casa o personas adultas mayores que no tienen la facilidad o capacidad para tener un trabajo formal, ya sea por la disponibilidad de su tiempo o por sus capacidades específicas, dependen únicamente de los ingresos obtenidos de la venta de vales. En muchas ocasiones estas personas no les es posible cobrar el crédito otorgado y se ven en la necesidad de cubrir ellos mismos la deuda. El problema es que cuando no les es posible saldarla, las empresas, tiendas o comercios hacen válidos los pagarés firmados por los vendedores, no por la cantidad de vales o crédito que recibieron, sino por la cantidad que ellos mismos deciden llenar en ese momento. Es por eso que es necesario regular el Código de Comercio en cuanto a convenios mercantiles para que en estos casos los acuerdos sean más justos y de manera clara para los distribuidores, pues si bien es cierto que cada individuo tiene el derecho de obligarse en la manera que decida, es necesario que esa decisión sea informada desde el inicio para no vulnerar los derechos y el patrimonio de las personas. Por otra parte, el hecho de hacer firmar a una persona un título de crédito en blanco debe ser considerado fraude, pues se aprovecha del error, la necesidad o la ignorancia de la persona para obtener un beneficio mayor al acordado, tal como dice la hipótesis del delito en el Código Penal Federal: comete el delito de fraude el que engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. Esta acción debe tener las consecuencias que marca la ley para regular el abuso cometido por prestamistas o personas que se sirvan de títulos de crédito para dañar u obtener el patrimonio de las personas. Por estas razones me permito solicitar mediante esta iniciativa la modificación del segundo párrafo al artículo 13 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la adición a la fracción III del artículo 79 del Código de Comercio, la adición al segundo párrafo del artículo 302 del Código de Comercio y la adición a la fracción XII del artículo 387 del Código Penal Federal. Es cuanto, presidenta.