El diputado Filemón Navarro Aguilar: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Estado mexicano atraviesa por uno de los momentos más críticos. Ni en 1968, cuando el movimiento estudiantil popular, se cuestionó su legitimidad. Ni en 1988, cuando el régimen autoritario recurrió al fraude para retener el poder nos vimos ante un Estado tan débil como el actual. Desde hace mucho tiempo las instituciones mexicanas adolecen de una debilidad crónica. Todas las encuestas dan cuenta de la desconfianza que tienen los ciudadanos hacia los poderes públicos, los medios de comunicación o los sindicatos, pero hasta hace tiempo, al menos había una institución que parecía contar con cierta aprobación de la ciudadanía, que era el Ejército, pero debido a la corrupción de las fuerzas de seguridad pública y a su incapacidad para enfrentarse al crimen organizado, los últimos gobiernos han echado mano de esta institución, que está pensada para resguardar la soberanía nacional, y no para cumplir funciones policiacas, exponiéndolas de este modo a la corrupción y al desgaste que implica la fricción cotidiana con los criminales y la sociedad. Esta absurda guerra a la que el Ejecutivo ha lanzado a las fuerzas armadas no sólo ha fracasado en su intento de derrotar al narcotráfico, sino que ha socavado la moral de nuestro Ejército y ha minado su prestigio ante la ciudadanía. En los últimos años, el Ejército mexicano no sólo ha dejado de ser la institución más respetada del Estado, sino que se ha convertido en una de las más cuestionadas; de lo que dan cuenta las alarmantes cifras que presenta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: 3 mil 595 quejas contra acciones del Ejército presentadas por la ciudadanía; no sólo es una muestra del inútil desgaste al que ha sido expuesto esta institución, sino una prueba de la falta absoluta de la estrategia de seguridad de la actual administración. Sólo un gobierno que no tiene la menor idea de cómo actúan esas empresas criminales modernas puede declarar una guerra convencional a una fuerza que no tiene patria, que está dispersa en su propio territorio, que ha infiltrado sus propias estructuras administrativas, políticas, financieras y sociales. ¿Qué posibilidades tiene una institución, que ha sido preparada para atacar a un enemigo externo, de derrotar a uno que está en todas y en ninguna parte; que tiene más recursos, mejor armamento, mejores incentivos económicos? Esta lógica de guerra que preside las decisiones del actual gobierno está presente en el discurso del gobierno de facto. Cuando nos intenta convencer de que no debemos alarmarnos, de que las muertes que ocurren a diario en nuestro país es el promedio de las mismas, que es menor al de algunas otras naciones del continente. Si aceptamos que los jóvenes estudiantes asesinados en Monterrey o los acribillados en Durango, o en Guerrero, o en otras partes del país son sólo bajas colaterales, estamos aceptando la lógica de guerra de Felipe Calderón. Esta misma lógica se instala en la intervención del secretario de Defensa, general Guillermo Galván Galván, ayer, frente a la Comisión de la Defensa de esta soberanía. Por una parte, el secretario reconoce que la intervención del Ejército en el combate al crimen organizado es ilegal, pero, por otra, demanda al Congreso un nuevo marco jurídico que le legalice y amplíe la intervención del Ejército permitiendo: el allanamiento a domicilios, que los militares puedan interrogar a los detenidos reteniéndolos hasta 24 horas; tomarles huellas dactilares, intervenir comunicaciones, suspender espectáculos y tránsitos vehiculares; es decir, transferirles funciones de las instituciones policiacas y de procuración de justicia. Esto sería aceptar de manera legal la definición de un estado de guerra, decretada de manera caprichosa por el régimen, donde las bajas colaterales deberán ser aceptadas con resignación; cuando aun sin legalización de la intervención del Ejército las quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha aumentado en un 500 por ciento, en los últimos cinco años.