El diputado Pablo Franco Hernández: Con su permiso, ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros: Primero creo que todos debemos congratularnos con la creación de un órgano autónomo que quite efectivamente el control al Jefe del Ejecutivo sobre un tema tan importante como es el de la medición de los diferentes parámetros económicos y sociales de nuestro país. También nos unimos a la exigencia de que a los trabajadores del INEGI que fueron despedidos al inicio de esta administración debe hacérseles justicia, debe reintegrárseles a su trabajo. Pero en este caso particular de este transitorio, no podemos dejar de hacer mención de que primero se continúa con una práctica poco sana: de estar creando normas laborales donde no corresponde. Las normas laborales están contenidas en el 123 y sus leyes reglamentarias. Para ir poniendo trampas a los trabajadores se han venido creando normas laborales en normas secundarias, incluso a veces en reglamentos. Pero aquí se comete un error grave todavía más: el Apartado "B" del artículo 123 constitucional establece "que regirá las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus Trabajadores, además del Distrito Federal". Y el artículo 40 de la Constitución nos señala claramente cuales son los Poderes de la Unión, que todos conocemos y somos parte de uno de ellos; no menciona a los órganos autónomos, a los organismos públicos descentralizados ni algunos otros como los fideicomisos. Es decir, estamos remitiendo a los trabajadores del INEGI a un ámbito legal que no les corresponde; les corresponde el Apartado "A" del 123 que establece claramente que se aplicará a los obreros, jornaleros y a todos los contratos de trabajo. Por otro lado, este es un tema ampliamente discutido ya en tribunales. Desde enero del ´96 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 1o. de la Ley Reglamentaria del Apartado "B" del 123 constitucional. Es decir, estamos legislando sobre algo que ya está determinado incluso por el máximo tribunal. No sabemos qué sea lo que se busque, si se busque mantener el control corporativo del sindicato en una federación que surge con base en una norma que también fue declarada inconstitucional por la Corte, es decir, ¿qué estamos haciendo? Estamos no solo violando los derechos de los trabajadores sino legislando en el error, legislando con base en criterios que ya han sido declarados inconstitucionales, remitiendo a los trabajadores del INEGI a ser reglamentados por una ley que cada cuando es declarada inconstitucional por nuestro máximo tribunal. Entonces sí es de llamar la atención, sí sería muy interesante conocer cuales son los argumentos de fondo para mantener esta situación no solo injusta sino irregular desde el punto de vista constitucional. Por eso es que nosotros llamamos a votar en contra de la permanencia de este transitorio que, por otro lado, si lo quitamos no afectamos absolutamente nada, porque la naturaleza jurídica de la relación laboral de todos los trabajadores al servicio del Estado, de todos los trabajadores, ya está previamente determinada en la misma Constitución. Decía, en el apartado "B" del 123 en relación con el 49 de la misma Constitución. Por eso es que insistiríamos en votar en contra de este tema en lo particular. Gracias.