El diputado Eduardo Mendoza Arellano: Con su venia, diputado presidente. Muchas gracias, maestro Portillo, por compartir esta trinchera. El juicio de garantías o juicio de amparo ideado por el jurista yucateco Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá en 1840 tuvo como principal objetivo el dar al gobernado un medio de defensa real frente a las conductas abusivas o arbitrarias de cualquier autoridad. Sin embargo, hoy podemos ver que dicho procedimiento jurisdiccional de protección ciudadana ha cambiado de manera tan radical por cuanto a su enfoque y objetivo inicial que el juicio de amparo se ha convertido en el juicio de desamparo hacia el ciudadano que lo solicita pues los juzgadores federales buscan de manera reiterada y contundente sanear y enderezar cualquier conducta violatoria de garantías de aquellas autoridades que las violentan, lo cual ha provocado el aumento y reiterado incumplimiento de la Constitución por parte de algunas autoridades en contra y en perjuicio de los gobernados, quienes por principio, confían en una absoluta e imparcial impartición de justicia, aunque en la actualidad no se cumple en su totalidad. Así pues, podemos establecer que ese incumplimiento y violación reiterada de garantías constitucionales por parte de algunas autoridades, se debe fundamentalmente al hecho de sentirse amparadas y protegidas por el máximo tribunal del Estado mexicano, y que ante cualquier violación que cometan en perjuicio del gobernado, saldrán bien librados por cuestiones políticas, a veces más que jurídicas. En tal virtud, es necesario devolverle al gobernado, a través del juicio de amparo, la protección constitucional que verdaderamente requiere y que los responsables, en su calidad de autoridades, actúen apegados a la ley y no con la actual confianza y displicencia con la que ahora se conducen al momento de emitir sus actos de autoridad y violar las garantías individuales de los gobernados, ya que el saberse protegidos por el máximo tribunal mexicano, quien de manera constante, aunque no absoluta, emite sus resoluciones en perjuicio de los gobernados, provocan que diversas autoridades tomen para realizar sus atribuciones, como idea fundamental. Debo señalar la definición de autoridad que señala que son: aquellas personas que disponen de la fuerza pública, en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que por lo mismo estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza que disponen. De ahí que esas autoridades que actúan en contra del gobernado, violando de manera cotidiana y por costumbre las garantías individuales, se amparan ante el hecho de estar revestidas de poder y protegidas, en muchos de los casos, por los tribunales federales. Así las cosas, no es a capricho la necesidad de la presente propuesta que hoy traigo a esta tribuna. Quisiera dar algunos datos de amparos directos negados durante 2008. Por ejemplo: en el estado de México se niega arriba del 50 por ciento, en Sinaloa más del 57 por ciento, en Chiapas más del 50 por ciento, en Nayarit más del 56 por ciento, en Aguascalientes por encima del 60 por ciento. Al hacer las cifras comparativas con 2005-2008, nos encontramos que en cuanto amparos concedidos en el Distrito Federal sólo se otorgan el 35 por ciento, en el estado de México solamente el 26 por ciento, en Michoacán de Ocampo en este concentrado sólo el 25 por ciento y así sería interminable los números que podríamos dar para demostrar lo que aquí estoy asentando. Es por eso que hoy presento esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Amparo, los artículos 219 y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y el artículo 107, fracciones I, II y III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sólo por ilustrar algunas cosas, la iniciativa busca ampliar el término para la interposición de la demanda. Contempla casos en los que ya se trate de las acciones colectivas que hemos trabajado en esta Legislatura. También, desde luego, abre la posibilidad para admitir pruebas nuevas cuando éstas no hubieran sido presentadas a una autoridad. Se busca en los hechos combatir el manual del perfecto chicanero que a veces mal ocupan...