La diputada Fátima Almendra Cruz Peláez: Compañeras y compañeros diputados, muy buenas tardes. Hoy saludo al pueblo de México, en especial al distrito 02, con cabecera en Zacatlán, Puebla, quienes me han conferido este gran honor de levantar la voz en su representación de mis hermanos indígenas desde esta tribuna. México es un país que se enorgullece de su basta riqueza cultural. Una diversidad que no solo es multiétnica, sino también profundamente multicultural. Esta diversidad se refleja en los casi 70 pueblos originarios que conforman nuestro tejido social. Entre los cuales se incluye la comunidad afromexicana, igualmente valiosa en términos culturales. Una de las principales prioridades que ha destacado el gobierno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador es brindar la atención y el reconocimiento que merecemos nuestras hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos. Desde los tiempos de la Colonia nuestros pueblos han soportado siglos de opresión, racismo y pobreza y marginación, siendo objeto de despojo, abandono y humillación. Sin embargo, el dictamen que hoy nos ocupa es una prueba clara y contundente del compromiso de la transformación de la vida pública en nuestro país, que tiene como bienestar y el progreso de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. La iniciativa enviada por el Ejecutivo refleja nuestra convicción de reparar la injusticia por la que hemos pasado. Es un paso decisivo a la creación de un verdadero Estado de bienestar para todas y todos, asegurando que cada comunidad reciba el reconocimiento y el apoyo que merece. Uno de los elementos más significativos de este dictamen es el reconocimiento de nuestros pueblos indígenas como sujetos de derecho público, dotados de personalidad jurídica y patrimonio propio. Este avance histórico nos permite ejercer nuestros derechos de manera plena y autónoma, gestionar nuestros recursos y defender nuestros intereses con la fortaleza que este estatus legal nos confiere. Los gobiernos anteriores tuvieron la oportunidad en sus manos de otorgarnos un verdadero apoyo y reconocimiento a los pueblos indígenas y afromexicanos. Sin embargo, lo único que hicieron fue lograr clasificarnos como entidades de interés político y público. Lo anterior, los mantenía sometidos al Estado, negándoles el reconocimiento pleno como sujetos de derecho, y silenciando su voz en las decisiones que afectan sus vidas y su futuro. El reconocimiento que el dictamen a discusión nos otorga no es un mero acto simbólico, sino es una declaración contundente de que nuestros pueblos originarios tienen la capacidad y el derecho de autogobernarse, de tomar decisiones sobre su desarrollo y proteger su herencia cultural y natural. El reconocimiento de la personalidad jurídica nos permitirá de acceder a recursos y mecanismos legales que antes nos eran inalcanzables, abriendo puertas para que podamos implementar proyectos comunitarios, gestionar sus tierras y defendernos ante todo intento de despojo y explotación. De esta forma ya no seremos tratados como actores secundarios o como una cuestión que el Estado deba resolver, sino como protagonistas con pleno derecho y dignidad. Otro tema que resalta este dictamen es la atención especial hacia las mujeres indígenas y afromexicanas, quienes hemos sido marginadas y discriminadas reiteradamente, incluso dentro de nuestras propias comunidades. Se busca revertir esa justicia otorgándonos el reconocimiento y los derechos que legítimamente merecemos, reafirmando que cada una de nosotras es tan importante como todas y cada una de las mujeres en nuestro país. De igual forma, garantiza que las mujeres indígenas tengan acceso a oportunidades educativas, becas, programas de formación que respeten el contexto cultural, lingüístico y acceso a servicios de salud. Además, fomenta su participación política y social, asegurando que puedan ocupar cargos y liderazgos, tanto a nivel comunitario como nacionales, fortaleciendo la democracia y garantizando que sus perspectivas sean incluidas en la toma de decisiones. Otro de los cambios de relevancia que propone la reforma es el fortalecimiento del derecho a la consulta, a la promoción educativa, intelectual y pluribilingüe, así como incentivos para asegurar la adecuada representación y participación política. En el Partido Verde estamos convencidos y comprometidos en construir un México en donde la justicia social sea una realidad tangible para todas y todos. Por ello, nuestro voto será a favor de este dictamen. Votar a favor es un acto de justicia y respeto hacia la diversidad de nuestra nación y una forma de refrendar nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades para nuestras hermanas y hermanos indígenas y afromexicanos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.