La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, Antonio Zambrano Montes, un mexicano de 35 años, originario de Michoacán murió el martes pasado a causa de varios disparos hechos a corta distancia, por agentes policiales en Pasco, estado de Washington. Existen evidencias filmadas de que a nuestro compatriota le dispararon a sangre fría, estando éste desarmado y en el momento en que extiende las manos hacia los policías. Se ha calificado el hecho como uso desproporcionado de la fuerza letal. Nosotros pensamos que usar esos calificativos es un intento de quitarle relevancia a lo que a todas luces es una ejecución sumaria. Éste es un hecho injustificado que merece nuestra indignación y nuestra condena. Pero lo que le da mayor dramatismo no es la crueldad y la impunidad con que actúan los policías estadounidenses. Lo que hace más dramático a este tipo de acciones y que nos llena de vergüenza, es que se trata de hechos que se repiten periódicamente. Y no es casual que Antonio sea michoacano, es la ratificación de que la falta de oportunidades laborales, sumada a la violencia, incrementa la expulsión de mexicanos hacia Estados Unidos en condiciones de extrema precariedad. ¿Cuántas veces hemos subido a esta tribuna a condenar acciones similares? ¿Cuántas veces mueren mexicanos en el vecino país del norte, en incidentes que rara vez se esclarecen, y menos aún se les hace justicia a nuestros conciudadanos? Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sube a esta tribuna no solo para referirse y condenar la responsabilidad de las autoridades norteamericanas. Queremos referirnos también a la responsabilidad que nos compete como nación, a la negligencia e inoperancia de nuestras autoridades que fallan sistemáticamente en la protección de los derechos de nuestros compatriotas residentes en Estados Unidos. La brutalidad por parte de elementos de la Patrulla Fronteriza o policías de Estados Unidos ha dejado 74 mexicanos muertos desde el 2006, según propios datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. De esos 74 mexicanos muertos, 26 perdieron la vida en manos de elementos de la Patrulla Fronteriza y 48 por autoridades locales, donde participaron departamentos de policía, oficinas del sheriff y oficinas estatales de caminos. Quisiéramos recordarles, además, que cada día mueren entre uno y dos migrantes cuando intentan cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Y esta cifra proviene de una organización estadounidense llamada Red Fronteriza por los Derechos Humanos, que considera que esta situación se ha agravado por la militarización en ambos lados de la frontera. Varios representantes de esta Red, con sede en Estados Unidos, explicaron que la militarización es una estrategia fallida y que cuando su organización defiende los derechos humanos de los mexicanos que emigran a Estados Unidos, siempre se encuentran con voces que les recuerdan la deshumanización que los indocumentados sufren dentro de las propias fronteras de México y no le falta razón a este organismo, somos corresponsables de estos hechos ya sea por acción u omisión. El gobierno mexicano ha ido perdiendo calidad moral para defender los derechos de sus inmigrantes en Estados Unidos por el maltrato a que somete a los inmigrantes centroamericanos y a una política exterior sumisa. México debe recuperar su imagen internacional muy debilitada, establecer marcos jurídicos de protección y garantizar mecanismos de rendición de cuentas. Por esas razones es que la derecha más conservadora de Estados Unidos justifica leyes contrarias a los migrantes y una actitud racista de la policía con el argumento de que la violencia mexicana se está desbordando. Señoras y señores diputados, extendemos nuestra solidaridad y sentido pésame a la familia de Antonio Zambrano Montes. Asimismo, condenamos la violencia ejercida contra nuestros conciudadanos en Estados Unidos. Hacemos un llamado perentorio para que el Ejecutivo mexicano asuma sus responsabilidades en la protección de las garantías de sus ciudadanos en el extranjero. Un marco jurídico moderno y ajustado a las nuevas realidades de los flujos migratorios y una política exterior digna y no sumisa son imperativas. Es cuanto, presidente.