El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputada presidenta. Señoras y señores legisladores, una realidad inherente y contundente que compartimos como seres humanos, es llegar a ser adultos mayores. Es importante destacar que actualmente este sector representa el 9 por ciento de nuestra población. Con la presente iniciativa reformar los artículos 5, 9 y 10 de la ley citada, para que a las personas adultas se les garantice en orden de prelación, de manera subsidiaria, el acceso a la administración y procuración de justicia, recibir información nutricional y la alimentación complementaria, a recibir apoyo directo por las autoridades laborales en caso de controversia por sus servicios prestados. Se impone la obligación de la autoridad para que investigue cuáles son las causas y los efectos de los maltratos que sufren las personas adultas mayores, para la implementación de políticas públicas que conlleven al bienestar social de este sector de la población, en condiciones de vulnerabilidad. El marco jurídico nacional e internacional protege a los adultos mayores, ha tenido cambios que lo han mejorado. Por ejemplo, la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue publicada el 25 de junio de 2002, en ese sentido, la reforma constitucional sobre derechos humanos del año 2011, representa un avance significativo al elevar a rango constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de acuerdo al artículo 133 de nuestra Carta Magna. La citada reforma tuvo como objeto principal expandir los derechos de los individuos, así como fortalecer la protección de los mismos, de ahí se origina la presente expresión legislativa que persigue finalidades trascendentes, como son, armonizar en lo conducente el texto constitucional con la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con la pretensión de obligar a las autoridades civiles, administrativas, penales y/o laborales a su cumplimiento, tal y como lo instruye el Apartado B del artículo 102 constitucional. Derivado de lo anterior, se advierte el imperativo para que los distintos órganos de gobierno le den cumplimiento a esos derechos que se encuentran insertos en la parte dogmática de nuestra Constitución general. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, tenemos el firme compromiso de implementar políticas públicas efectivas, que garanticen el acceso oportuno a los servicios de salud, a un empleo digno, y en general, a condiciones dignas para los adultos mayores de nuestra nación. Es largo el camino por recorrer para que eliminemos definitivamente la marginación laboral, familiar, política y social, así como la constante discriminación, maltrato físico y emocional que con frecuencia viven nuestros adultos mayores. En este proyecto proponemos modificaciones que consideramos necesarias para que se precisen conceptos muy importantes, como lo que se debe entender por alimentos. Igualmente, se plantea una definición de lo que atañe concebir como maltrato. Nociones que no deben prestarse a equívocos o interpretaciones sesgadas. Nueva Alianza tiene como principio proponer proyectos que redunden en beneficio de la sociedad, particularmente estamos comprometidos con las causas de los sectores de la sociedad en condiciones de mayor vulnerabilidad. Ésa es nuestra responsabilidad y la asumimos con seriedad y vocación de servicio. Con base en lo expuesto, sometemos a esta soberanía el presente proyecto de decreto que busca imprimirle claridad a la ley, en virtud de que en los términos en que se encuentra se presta a confusión por lo ambiguo de su diseño. Consideramos que esta propuesta es objetiva, puntual y oportuna. Señoras y señores legisladores, desde esta soberanía impulsemos soluciones que incluyan a todos los mexicanos y a todas las mexicanas. Muchas gracias. Gracias, diputada presidenta.