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La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Declaratoria de publicidad de los dictámenes. Se informa a la asamblea que se encuentran publicados en la Gaceta Parlamentaria los siguientes dictámenes: De la Comisión de Defensa Nacional, con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 26 y 31 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. De la Comisión de Seguridad Pública, con proyecto de decreto que adiciona las fracciones IX y X al artículo 57 de la Ley de Seguridad Pública. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Protección a las Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; y se reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Tiene la palabra, por cinco minutos, el diputado Humberto Benítez Treviño, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado Víctor Humberto Benítez Treviño: Gracias, señor presidente. Distinguidas diputadas, compañeros diputados, el dictamen que hoy fundamento a nombre de las Comisiones Unidas de Justicia y de la Función Pública, es de la mayor relevancia. Se trata de expedir la primera ley para la protección de los testigos protegidos, técnicamente conocida como la Ley Federal para la Protección de las Personas que Intervienen en un Procedimiento Penal. Debo decirles que en comisiones unidas esta ley federal fue aprobada por unanimidad de votos. Reconozco la voluntad política y el empeño del diputado Pablo Escudero, mi compañero presidente de la Comisión de la Función Pública, de todos los integrantes de esta comisión; como siempre, de los integrantes de la Comisión de Justicia, de todos los partidos políticos. Debo decirles que esta ley que consta de 50 artículos y cuatro transitorios, viene a llenar una laguna, porque no había un sistema de protección a los testigos protegidos. Distingue entre lo que es la víctima del delito, el ofendido de un delito, el testigo incidental y los testigos colaboradores, que son los delincuentes, que se acogen a este sistema, mal conocidos como testigos protegidos y en la mayor parte del país víctimas porque quedan desprotegidos por la impunidad. Este sistema no es nuevo, surge en los Estados Unidos de Norteamérica en la década de los 70, cuando Joseph Valaci declaró por primera vez, custodiado por 200 alguaciles, en contra de Vito Genovese. Nosotros lo incorporamos en la Ley federal Contra la Delincuencia Organizada de 1996, que solamente se refiere en dos artículos a los testigos protegidos: el artículo 34 de la ley, que se refiere a las víctimas, a los ofendidos, y el artículo 35, que se refiere a los testigos colaboradores. En este dictamen histórico, compañeras y compañeros legisladores, estamos incorporando tres iniciativas. La que presentó mi compañera Ángeles Nazares, la que presentó su servidor, la que presentó mi compañero Óscar Arce Paniagua y la que presentó finalmente mi compañero Ezequiel Rétiz a nombre de la Comisión de Justicia. Es una ley moderna y novedosa porque establece los presupuestos para ingresar al sistema y al programa; porque crea un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República, que es el centro federal de protección a las personas que intervienen en un procedimiento penal; porque establece los requisitos de procedibilidad para ingresar a este programa: la duración, los mecanismos, los apoyos; porque establece la presencia de un centro con un grupo multidisciplinario, que es el que califica los requisitos para ingresar: la duración, los factores para su terminación y los mecanismos de operación. En suma, compañeras y compañeros, estamos ante la presencia de la expedición de uno de los ordenamientos jurídicos más importantes de este Congreso: la Ley Federal para la Protección a las Personas que Intervienen en un Procedimiento Penal, por lo cual les pido su apoyo y su voto aprobatorio. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Tiene la palabra, hasta por cinco minutos, el diputado Jaime Cárdenas Gracia, del PT.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero, hasta por cinco minutos, del Partido Verde Ecologista de México.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. Antes de continuar con los oradores, quiero hacer un ruego respetuoso a las diputadas y a los diputados. Repito, quiero hacer un ruego respetuoso a las diputadas y a los diputados para mantener silencio y escuchar a los oradores. Tiene la palabra la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene la palara el diputado Ezequiel Rétiz Gutiérrez, del Partido Acción Nacional, hasta por cinco minutos.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Arturo Zamora, del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de la Presidencia se consulta a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido en lo general. Esta Presidencia informa que de conformidad con el artículo 109 del Reglamento, se han reservado para su discusión los siguientes artículos: 4, 5, 13 y 37, de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; y 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por parte del diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Se pide a la Secretaria ordenar la apertura del sistema electrónico hasta por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no reservados.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos. (Votación) Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 335 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobados, en lo general y en lo particular, los artículos no reservados por 335 votos. Ruego a los diputados de nueva cuenta mantener la compostura debida para que los oradores sean escuchados. Ruego a quienes están ocupando los pasillos puedan pasar a ocupar sus lugares o, si lo desean, a otro sitio donde puedan desarrollar sus actividades a efecto de que esta Cámara se concentre en las propuestas de los oradores, a quienes debemos el mismo respeto que luego exigimos para nosotros. De conformidad con el artículo 110 del Reglamento de la Cámara, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar sus propuestas de modificación a los artículos 4, 5, 13 y 35 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Adelante desde su curul, diputado Escudero.
El diputado Pablo Escudero Morales (desde la curul): Gracias, Presidente. Estas reservas son pequeños errores que detectamos el presidente Benítez Treviño y su servidor, derivados de la transcripción que se hizo del dictamen. Son errores de dedo, son muy sencillos. Evidentemente esta Cámara de Diputados está obligada a ser muy escrupulosa, impecable con el trabajo. Existe un consenso por parte de las dos comisiones y creo que podríamos pasar a votar. Gracias, Presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Efectivamente, se trata de cuestiones incluso de carácter ortográfico, de puntos, de comas que, si existiera la comisión de estilo que desapareció hace muchos años, podría pasar a ella para perfeccionarse. Pero lo haremos con toda la libertad del caso, sin modificar un ápice el fondo del dictamen. Agotada la lista de oradores y prácticamente retiradas las reservas por considerarse errores de dedo, aludiendo a la expresión del diputado Pablo Escudero, ruego a la Secretaría consulte, a través del sistema electrónico, y hasta por tres minutos, si son de aprobarse, en los términos del dictamen, los artículos que fueron reservados y que permanecen intactos.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de esta Cámara. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación de los artículos reservados en términos del dictamen. (Votación)
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Esta Presidencia saluda y da la más cordial bienvenida a las alumnas y alumnos de la escuela primera Profesor Valerio Trujano, del municipio de Temixco, estado de México. Así como también de la escuela primaria 8 de Mayo de 1853, del municipio de Jiutepec, del mismo estado de Morelos, invitados de la compañera diputada Rosalina Mazari Espin.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 329 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias. Aprobado en lo general y en lo particular con 329 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el proyecto de decreto que expide la Ley Federal para la Protección de Personas que intervienen en el Procedimiento Penal y se reforma el artículo 31 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: El siguiente punto de orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que deroga el último párrafo, del artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. De conformidad con el artículo 104, numeral I, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados: la diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales, la diputada Teresa Incháustegui Romero y la diputada Cora Pinedo Alonso. En consecuencia, tiene la palabra, la primera de ellas hasta por tres minutos para hablar a favor del dictamen.
La diputada Guadalupe Valenzuela Cabrales: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, me presento ante esta máxima tribuna para pronunciarme sobre el dictamen que se somete a nuestra consideración, mismo que aborda uno de los temas que más lastiman a nuestra sociedad y que en atención de nuestro compromiso como legisladores, de generar e impulsar condiciones necesarias para garantizar la seguridad y convivencia armónica de la misma, estoy segura que hoy lo aprobaremos. El presente dictamen deroga el último párrafo del artículo 6, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, donde actualmente se encuentra previsto como excluyente del delito, el consentimiento de la víctima. No olvidemos, compañeros diputados, la trata de personas es un fenómeno que se presenta a nivel nacional e internacional. Y es una conducta que ataca directamente a la libertad y a la dignidad de las personas, generando ganancias equiparables al narcotráfico y tráfico de armas. Aquí mismo se ha catalogado, incluso, como la forma de esclavitud del siglo XXI. En virtud de la trascendencia de este fenómeno, es necesario contar con una regulación eficaz que permita sancionar a los responsables, erradicando con ellos su práctica, que puede ser tan dañina como los delitos de homicidio o secuestro, ya que las víctimas de este delito son dañadas en su integridad física, psicológica y sexual. Por lo antes expuesto, consideramos oportuna la eliminación del consentimiento de la víctima para evitar que estas conductas delictivas queden impunes. Lo anterior resulta necesario toda vez que en este delito no pueda haber consentimiento de la víctima para aceptar que trasgredan sus derechos y con ello vulneren su dignidad e integridad. Además que en la mayoría de los casos el tráfico de personas es realizado a través de engaños y abusos. Para el Partido Acción Nacional, el respeto de los derechos humanos de las personas es una materia que debe reforzarse día con día. Por ello estamos seguros que una forma de alcanzar tal objetivo es, precisamente el impulsar y generar acciones tendientes a prevenir y combatir la trata de personas, por lo cual daremos nuestro voto a favor de este dictamen. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros diputados, les hago un exhorto a sensibilizarnos ante la magnitud de este fenómeno, de sus terribles y en muchos casos, irreparables consecuencias, sumándonos a aprobar el dictamen que ahora se somete a nuestra consideración generando con ello mayores condiciones de asistencia y protección de las víctimas de este delito. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra la diputada Teresa Incháustegui Romero, hasta por tres minutos para hablar a favor del dictamen.
La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros, la trata es, sin duda, una de las formas de explotación personal que por siglos han marcado las relaciones entre quienes no tienen defensa y son altamente vulnerables y redes poderosas de traficantes de esclavos, de traficantes de personas, de explotadores de niñas, de niños que existen en el mundo. Es un viejo problema, pero que ha tomado en estos momentos en el mundo, proporciones insospechadas por la cantidad inmensa, los millones de personas que se mueven a través de la migración y también por la presencia de redes organizadas de trata de personas, ya sea para fines de explotación laboral o para fines de explotación sexual. Se trata de una relación absolutamente desequilibrada entre el poder de estas organizaciones de tratantes y las personas. Por lo tal, no es posible mantener lo que dice el artículo 6o. de la Ley de Trata en la cual se considera de que hay, existe, consentimiento personal para ser objeto de este tráfico. Desde esa perspectiva se han escudado los pocos criminales que hemos atrapado en el país, asegurando que han tenido la venia de quien ha sido explotado. En este sentido, es importante eliminar ese resquicio por donde se nos pueden filtrar todos criminales, y asegurar el derecho humano de todas estas mujeres, hombres, niñas y niños que son objeto de este tráfico. En este sentido, les pido, diputadas y diputados, que demos el apoyo decidido, sin duda a esta iniciativa y votemos a favor de esta reforma. Es cuanto. Muchas gracias.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Muchas gracias, compañera diputada. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Cora Pinedo Alonso como última oradora de la discusión en lo general y en lo particular, para hablar a favor de este dictamen.
La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en el contexto de impunidad y tolerancia por parte de diversas autoridades, que ha caracterizado la comisión de uno de los delitos que más daña a la sociedad, a las familias y que afecta a los sectores más vulnerables, como ya lo han comentado las compañeras que me antecedieron en la palabra, como son las mujeres y los niños, el presente dictamen que reforma el último artículo 6, de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, representa un avance significativo. Mi reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos y a los diputados y a las diputadas que han hecho del combate a la trata de personas una lucha personal. Todos lo sabemos; México es un país clave a nivel mundial en el tránsito, origen y destino de personas que son víctimas de esta práctica, que debemos erradicar. Por ello, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la aprobación de este dictamen representa una toma de conciencia sobre la gravedad del problema. Necesitamos respuestas coherentes que contribuyan a cambiar la percepción y la situación de este fenómeno en nuestro país. Preocupan los resultados de diagnóstico como el informe de 2011 del Departamento de los Estados Unidos de América sobre Trata de Personas, en el que asegura que nuestro país no sólo no está cumpliendo con las normas mínimas para prevenir la consecución de este delito y proteger a las víctimas, sino muy por el contrario; violaciones como el turismo sexual con menores continúa creciendo. Nueva Alianza, como proponente de esta iniciativa a nombre de quien hace uso de la palabra, solicita el voto favorable a este dictamen. Coincidimos con la comisión en el sentido que debido a la gravedad que representa para las víctimas y la sociedad la ejecución de este ilícito, con el fin de combatir la impunidad y cumplir con las medidas mínimas de seguridad, es necesario eliminar de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el consentimiento de la víctima como excluyente. No podemos permitir que los reclutadores y traficantes utilicen el argumento de “el consentimiento de las víctimas” como instrumento de defensa. Votaremos a favor de este dictamen, para contribuir con la lucha contra este tipo de esclavitud y esperamos que ustedes de la misma forma lo hagan. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Agotada la lista de oradores, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico, hasta por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular.
El Secretario diputado Herón Agustín Escobar García: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular. (Votación) Ciérrese el sistema de votación electrónica. Señor presidente, se han emitido 325 votos a favor, 0 en contra, 1 abstención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 325 votos, el proyecto de decreto que deroga el último párrafo del artículo 6 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular, los diputados Ana Elia Paredes Arciga, Israel Madrigal Ceja, Jorge Hernández Hernández y Mario di Costanzo Armenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Elia Paredes Arciga.
La diputada Ana Elia Paredes Arciga: Con su venia, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, desde mediados del siglo XX la seguridad social ha tomado una gran relevancia en todo el mundo. Mediante los sistemas de seguridad social se proporcionan a los trabajadores y a sus familias la protección en salud y en otros rubros que se consideran necesarios para su buen desarrollo biológico, psicológico y social. En México el sistema de seguridad social incluye servicios médicos, pensiones y otras prestaciones sociales y económicas. El 50 por ciento de la población mexicana, aproximadamente, cuenta con cobertura de seguridad social, ya sea el IMSS, el ISSSTE o alguna otra institución. La seguridad social, según la Organización Internacional del Trabajo, es la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales, que de no ser así ocasionarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y muerte. Y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos. Los legisladores de Acción Nacional consideramos que la viabilidad financiera y política de las instituciones a través de las cuales se instrumentan las políticas en materia de seguridad social deben ser protegidas, garantizando que éstas se manejen con total transparencia, porque la rendición de cuentas permite la administración de recursos de una manera más efectiva. Es por ello que compartimos el espíritu de la iniciativa que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al considerar necesario que las omisiones por parte de los funcionarios públicos que puedan afectar la seguridad social de los trabajadores sean oportunamente sancionadas. Asimismo, consideramos que esta propuesta es un gran paso, ya que la misma propone que el Instituto no asuma los costos y las consecuencias legales que resulten del cumplimiento de la ejecución del pago forzoso, sino que sean las instituciones cuyos funcionarios hayan sido omisos. Es cuanto, señor presidente. Gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra el diputado Israel Madrigal Ceja.
El diputado Israel Madrigal Ceja: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que se pone a la consideración de este pleno tiene como propósito que –cuando la dependencia o la entidad incumpla con la obligación de enterar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado las cuotas que corresponden a sus trabajadores, y ellas mismas, para cubrir con los costos de financiamiento de seguros– los trabajadores no se vean afectados por ese incumplimiento del cual no son responsables. La Ley del ISSSTE vigente establece, en su artículo 25, que transcurridos 12 meses consecutivos o dentro del periodo de 18 meses el incumplimiento parcial o total del entero de las cuotas o aportaciones y descuentos, el instituto tendrá que suspender parcial o total los seguros, prestaciones y servicios que corresponden al adeudo. En la forma en que está redactado el artículo se hace recaer indebidamente sobre los trabajadores la responsabilidad del incumplimiento del entero de los recursos correspondientes al pago del financiamiento de los seguros, sancionando a ellos y a sus familiares con la suspensión de los seguros y prestaciones, entre los cuales el seguro de enfermedad y maternidad. El incumplimiento de la obligación de enterar las cuotas al ISSSTE, en la ley vigente se traduce en la mención que se hace en el tercero y último párrafo del artículo 25 de la Ley del ISSSTE, de que la dependencia o entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten de la suspensión de los beneficios previstos en esta ley. Con la finalidad de que no se ven afectadas las finanzas del ISSSTE se agrega en el segundo párrafo que junto con asumir con la responsabilidad de las consecuencias legales que resulten del cumplimiento de la ejecución forzosa, que el cual podrá ser a cuenta de las participaciones y enteros que sean ministrados por la Secretaría de Hacienda. Como puede apreciarse en este dictamen, la Comisión de Seguridad Social no solamente cumple con velar por los intereses de los trabajadores beneficiados de las prestaciones y servicios que otorga el ISSSTE, sino que además establece las sanciones que corresponden a quien resulte responsable de la omisión en la entrega de los recursos que recibe el instituto, sino que agrega la sanción a la dependencia que incumpla con esta responsabilidad y deja la posibilidad de que se llegue a la ejecución del pago forzoso reteniendo el pago omitido de las prestaciones y enteros ministrados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es por esto que respetuosamente, compañeros diputados y compañeras diputadas, les solicitamos el voto a favor de este dictamen. Es cuanto, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Jorge Hernández Hernández.
El diputado Jorge Hernández Hernández: Con el permiso del señor Presidente, don Emilio Chuayffet. Compañeras diputadas, compañeros diputados, acudo a esta tribuna como secretario de la Comisión de Seguridad Social, con objeto de convocar a nuestros compañeros a que se sumen a esta propuesta de reforma del artículo 25 de la Ley del ISSSTE con motivo de salvaguardar los derechos de la clase trabajadora afiliada a esta importante y emblemática institución, creada por decreto presidencial el 30 de diciembre de 1959 como un organismo descentralizado con administración, con personalidad jurídica propia y patrimonio igual; éste último conformado por las aportaciones que los trabajadores hacen quincenalmente en dos conceptos fundamentales: Fondo de Pensiones y el Servicio Médico y Maternidad. A ello se suman las aportaciones que hace el gobierno federal en los mismos conceptos por cada uno de sus empleados. Felicito a mis compañeras y compañeros que integramos esta Comisión de Seguridad Social por su alto sentido de responsabilidad –a la diputada presidenta Martha Bernardino, por el trabajo realizado-, con objeto de garantizar y salvaguardar –reitero- los derechos de los trabajadores. Esta reforma busca defender a más de dos millones de trabajadores y a sus más de 10 millones 300 mil derechohabientes, en virtud de que hay ocasiones que las dependencias afiliadas, integradas al ISSSTE no cumplen con la aportación correspondiente y es el ISSSTE y su Junta Directiva, cuando se da este fenómeno de no aportación, que sancionan y quitan los derechos de salud en medicinas –principalmente– a todos los trabajadores, a dos millones de trabajadores y a sus familias, aspecto que consideramos injusto. Por lo que, atendiendo a mi compañera, la diputada Laura Felicitas García Dávila, en esta iniciativa, es por ello que estamos solicitando respetuosamente que en esta reforma del artículo 25 de la Ley del ISSSTE, podamos reformarla de tal manera que sean estas aportaciones, en caso de que las dependencias incumplan en ella ante el ISSSTE, sean retiradas en las aportaciones fiscales que la Federación les otorga a las dependencias y no sean los trabajadores y sus familias los que sufran en esta situación, de una falta de sensibilidad por los responsables de entregar los enteros. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que la Comisión de Seguridad Social concluye que es importante la reforma al artículo 25 de la Ley del ISSSTE. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tengo en lista al diputado Mario di Costanzo, pero todos los oradores previos y el propio diputado Di Costanzo están en pro del dictamen, por lo que de acuerdo con el Reglamento pido a la Secretaría pregunte a la asamblea si se considera suficientemente discutido el dictamen.
El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta (desde la curul): Señor presidente, no quiero violentar el Reglamento y sé que usted no me lo permitiría. Mi intervención, desde luego, es a favor; pero mire, nada más quiero enfatizar una cosa: aquí nos gusta ser farol de la calle y oscuridad de la casa. Estamos aprobando una ley para ayudar a los trabajadores y evitar que estos queden sin la cobertura del ISSSTE. Quiero reflexionar y preguntar: ¿qué ha hecho la Cámara en este tema? Hace un año aprobamos un artículo, en el Presupuesto, para que se regularizara la situación de muchos trabajadores. Quiero mencionar que si bien a muchos se les da el ISSSTE, se les están descontando sus cuotas, sus aportaciones a rajatabla a todos por igual; ha habido gente afectada, ha habido gente que gana mucho menos. No nos hemos preocupado en restituirles. Mandan presupuestos en lo oscurito, dicen mañana nos reunimos, mañana hacemos... No he visto un informe final de cómo van las cosas y creo que si estamos tocando el tema y estamos siendo muy exigentes con otras dependencias del Ejecutivo, empezáramos por nuestra casa a poner orden y ese orden que no existe, orden que no se ha hecho y que ahí se quedan las cosas arrumbadas. No es el caso de que hablen uno, dos, tres o cuatro, es que el tema se ponga porque aquí nunca se habla del Presupuesto de la Cámara, nunca se habla de cómo tratamos a nuestros propios trabajadores. Nada más quería hacer énfasis en eso. Creo que es muy importante que tengamos un informe y más si estamos aprobando una ley que de alguna manera va a tener impacto en lo que estamos haciendo aquí en la Cámara.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: La Secretaría dará a usted la información del caso y por otra parte felicito su habilidad para desahogar el turno que ahora ya no tiene sentido preguntar si está suficientemente discutido o no. Muchas gracias.
La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos: Por instrucciones de la Presidencia en votación económica se consulta a la asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo (votación). Señor presidente, mayoría por la afirmativa.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Se pide a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. La Secretaria diputada Laura Arizmendi Campos Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación en lo general y en lo particular. (Votación) Ciérrese el sistema electrónico de votación. Señor presidente, le informo que se emitieron 332 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Aprobado en lo general y en lo particular por 332 votos el proyecto de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 395 del Código Penal Federal. Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Eduardo Yáñez Montaño para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados.
El diputado J. Eduardo Yáñez Montaño: Con su permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados: el artículo 395 de nuestro Código Penal vigente establece como sanciones para quienes cometen el delito de despojo de tres meses a cinco años de prisión y una multa que oscila entre 50 y 500 pesos. La propuesta de dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía es incrementar precisamente esta penalidad; que la sanción privativa de libertad pudiera considerarse entre cinco años y 12 años de prisión y una multa que pudieras establecerse hasta por el 50 por ciento, si se trata de inmuebles, y cinco mil días de salario mínimo para quienes cometen el despojo de las aguas. Hay quienes consideran que el incremento en las sanciones de ninguna manera pudiera combatir el delito. Por nuestra parte, interpretamos que algo debemos de hacer como legisladores para que se prevenga la comisión de los delitos, sobre todo en los hechos que van en incremento en su propia comisión. No es lo mismo que una persona, el activo de un delito, considere el riesgo de tener una sanción de tres meses de prisión que fácilmente es conmutable por una multa y que además sólo pudiera tener el riesgo de, como multa, establecérsele 50 pesos de sanción, a que pudiera tener el riesgo de ser sancionado hasta con 12 años de prisión y una multa de cinco mil días de salario mínimo. Algo debemos hacer para proteger nuestra extensión territorial, algo debemos hacer para que ya no se siembren casas, de manera especial algo debemos hacer los legisladores para proteger nuestros cauces de las aguas. Ese vital líquido que cada día se escasea más y que luego puede ser aprovechado por particulares de manera personal, perjudicando en gran medida a la ciudadanía. Es nuestra propuesta, ojalá que pudiéramos contar con la opinión también de ustedes. Y va un poco más allá, la intención de esta propuesta de dictamen es que para también pudiera ser utilizada en las entidades federativas, en la que no está contemplado este tipo penal como delito para proteger a los particulares, para proteger a quienes su único patrimonio es una pequeña extensión de tierra, y considerando que el bien jurídico tutelado por la comisión de este delito es la posesión, protegerlos pues a través de esta propuesta. Ojalá que pudiéramos contar con su apoyo. Muchas gracias por su atención.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra, don Pedro Vázquez González para hablar en contra; es posición de grupo, hasta por 5 minutos.
El diputado Pedro Vázquez González: Gracias, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su postura acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia. El presente dictamen tiene por objeto reformar los artículos 395 del Código Penal Federal. Una vez más el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se manifiesta en contra de elevar las sanciones a los diferentes tipos penales. En nuestra opinión la tendencia del derecho penal no va enfocada a un incremento de las penas privativas de la libertad, toda vez que el aumento de las penas no trae consigo una disminución de los índices de criminalidad. Más aún, este delito se encuentra tipificado en los códigos penales de los estados de la República, ya que es una conducta entre particulares, en cuanto hace el delito de despojo de bienes inmuebles. El Código Penal Federal en este artículo que se pretende reformar en su fracción III, párrafo segundo, señala: “A quienes se dediquen en forma reiterada a promover el despojo de inmuebles urbanos en el Distrito Federal, se les aplicará una sanción de dos a nueve años de prisión. Se considera que se dedican a promover el despojo de inmuebles urbanos en forma reiterada, quienes hayan sido anteriormente condenados por esta forma de participación en el despojo, o bien, se les hubiere decretado en más de dos ocasiones auto de formal prisión por este mismo delito, salvo cuando en el proceso correspondiente se hubiese resuelto el desvanecimiento de datos, el sobreseimiento ó la absolución del inculpado”. Como podemos observar ya existe una sanción a quien comete el delito de despojo de inmueble, y más aún, existe una condena ejemplar a quienes de manera reiterada o a quienes ya se les haya dictado auto de formal prisión por este delito. Además, nos parece totalmente desproporcionada la multa que se pretende aplicar, toda vez que se impone una multa que va del 30 al 50 por ciento sobre el valor catastral del inmueble. En nuestra opinión, las invasiones o despojo de inmuebles son debidos a la falta de acceso a una vivienda económica, a falta de créditos accesibles a la población de bajos recursos económicos, por lo que consideramos que no se justifica que se incremente la sanción como lo está proponiendo la Comisión de Justicia. Compañeras y compañeros legisladores, queremos retomar en esta intervención los argumentos que la Comisión de Justicia ha esgrimido en otros dictámenes que hemos discutido al señalar el principio de ultima ratio, y que consiste en ser la última instancia a la que se debe de recurrir para salvaguardar los derechos individuales. Por estas consideraciones compañeras y compañeros legisladores, el voto del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo será en contra del dictamen que se discute. Es cuanto, señor presidente, gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias. De conformidad con el artículo 104, numeral 1, fracción V, esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular los siguientes diputados. En contra: Jaime Cárdenas Gracia. En pro: Oralia López Hernández, Israel Madrigal Ceja y Arturo Zamora Jiménez. Tiene la palabra el diputado Jaime Cárdenas Gracia.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Ya lo indicaba hace un momento mi compañero diputado coordinador del grupo, el diputado Pedro Vázquez, que esta propuesta de reforma al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales, es contraria al principio de proporcionalidad de la pena, que está previsto en el artículo 22 de la Constitución. Se incrementan de manera excesiva las penas para el delito de despojo. La modificación, por ejemplo, al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, es para considerar a este delito como delito grave; es decir, para no dar posibilidad a la libertad bajo fianza. Y se establecen, también, penas pecuniarias que son excesivas, multa de 30 a 50 por ciento sobre el valor catastral del inmueble. Ya en otras ocasiones nuestro grupo parlamentario ha cuestionado este tipo de dictámenes que tienen por propósito exclusivo incrementar las penas, las sanciones, para configurar una suerte en México del derecho penal del enemigo. Esto no es un derecho penal humanista, en donde la sanción sea la ultima ratio del orden jurídico. Esto es derecho penal del enemigo para vengarse, para establecer medidas firmes, contundentes en contra de sectores sociales. Además, este tipo de delito –y hay que decirlo porque el primer diputado proponente que defendió el dictamen lo señalaba así– es un delito que va dirigido a criminalizar con delito grave a grupos sociales. Yo me pregunto por qué esta Cámara de Diputados utiliza siempre el doble rasero. En delitos patrimoniales, como lo señalan los considerandos del dictamen, solamente el robo, en algunos casos de robo, se considera delito grave. Ahora quieren considerar delito grave el despojo, para que los procesados no tengan derecho a la libertad bajo fianza. Y yo les pregunto a los promotores de este dictamen, ¿por qué el fraude no es un delito grave?, porque el fraude es generalmente cometido por personas de la clase media o de la clase alta, por empresarios, por empresarios, por personas con recursos económicos suficientes. Se busca siempre criminalizar a los sectores sociales más desvalidos y por eso se está proponiendo que el delito de despojo de inmuebles y de aguas sea delito grave, y esto nosotros no lo podemos aceptar, no lo podemos tolerar, porque es criminalización a los sectores más desvalidos de la población nacional. Por su atención, muchas gracias compañeros.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a estudiantes preparatorianos del municipio de San Pedro Cholula, Puebla, invitados por el diputado Juan Pablo Jiménez Concha. También da la más cordial bienvenida a estudiantes de la Universidad ICEL, invitados por el diputado Rodrigo Reina Liceaga. Bienvenidos todos ustedes. Tiene el uso de la palabra la diputada Oralia López Hernández.
La diputada Oralia López Hernández: Con su permiso, señor presidente. Quiero iniciar comentando que yo soy la promovente de esta iniciativa, y que me gustaría muchísimo que mis compañeros diputados y diputadas puedan entender los argumentos que me motivaron a generar esta propuesta. Efectivamente, el delito de despojo cada día es un delito que se presenta con mayor frecuencia. En mi entidad federativa, en Tlaxcala yo he visto cómo grupos organizados, cómo bandas delictivas compuestas por seudoprofesionales del derecho, se han dado a la tarea de encabezar este tipo de acciones en contra de individuos, en contra de familias mexicanas. Sin embargo, entiendo claramente que la propuesta que he realizado y que implica la modificación del artículo 395 del Código Penal Federal, al ser aprobado solamente tendrá valor directamente en el ordenamiento federal sobre inmuebles federales y sobre aguas nacionales. Indudablemente no es una modificación que tenga efectos sobre nuestras legislaturas locales, porque no es esta instancia la que tiene esta atribución, por lo cual yo les pido, de verdad, de verdad, que valoren la iniciativa que he presentado, que valoren la tarea y el trabajo que ha realizado la Comisión de Justicia con todos sus integrantes. Indudablemente considero que ha sido un trabajo colegiado, que ha llevado al análisis y a la discusión de esta propuesta y que sé que al ser aprobada, verdaderamente esta modificación podrá sentar las bases en nuestra legislación federal, para que los estados puedan retomar este asunto y hagan suya también la iniciativa en sus legislaturas locales, y que de esta manera ellos puedan trabajar para poder modificar sus códigos penales. Yo les quisiera comentar la tristeza que se vive cuando una persona, cuando una familia es atentada en su patrimonio familiar. La angustia, el daño psicológico, el estrés, ese sentimiento de impotencia que se tiene, porque ve uno que el trabajo, que el patrimonio que se ha logrado a través de muchos años de esfuerzos se ve amenazado por muchas gentes que no tienen escrúpulos y que dañan el patrimonio de las familias mexicanas. Muchas gracias. Les pido su voto a favor de esta propuesta, que verdaderamente sentará las bases legales en el ámbito federal, en el ordenamiento federal. Muchas gracias, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputada. Queremos agradecer y destacar la presencia en este salón de sesiones del señor Georgios Tasou y del señor Christos Mesis, presidente e integrante, respectivamente, de la Comisión de Asuntos Exteriores y Europeos del Parlamento de la República de Chipre, a quienes acompaña el excelentísimo señor Vasilios Philippou, embajador de Chipre en México, invitados a una reunión con el Grupo de Amistad México-Chipre, que preside la diputada María Araceli Vázquez Camacho, acompañada del diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de esta Cámara. La Cámara de Diputados del Congreso mexicano, señor embajador, señores integrantes de la Comisión de Asuntos Exteriores, les da la más cordial bienvenida y hace votos por el fortalecimiento de los lazos de amistad, diálogo y hermandad entre las dos naciones. Tiene el uso de la palabra el diputado Israel Madrigal Ceja.
El diputado Israel Madrigal Ceja: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se somete a la consideración de este pleno propone reformar el artículo 395 del Código Penal Federal y el 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con la finalidad de agravar específicamente el delito de despojo de inmueble. Cabe señalar que este delito, tal y como se encuentra actualmente, resulta insuficiente para sancionar a aquellos grupos que se organizan para despojar de su patrimonio a personas honestas, mismas que se ven obligadas a interponer un procedimiento civil o penal largo y complicado para recuperar su patrimonio. La realidad cotidiana demuestra que existen grupos que cometen cada vez más, y con mayor frecuencia, el delito de despojo. Muchas veces se comete haciendo uso de la violencia física y moral. Si se revisa la penalidad prevista en el artículo 395 del Código Penal Federal podemos constatar que se establece una mínima de 3 meses y una máxima de 5 años, con lo que se deja en completo estado de indefensión a las víctimas de este ilícito, ya que el amplio margen de sanción entre uno y otro extremo es aprovechado por los delincuentes, dadas las reglas específicas que los jueces deben observar para la imposición de la pena por la comisión de este delito. Por tanto, el presente dictamen propone aumentar la penalidad en el artículo 395 del Código Penal Federal e incluir esta conducta en el catálogo del artículo 194 del Código de Procedimientos Penales para darle la calidad de delito grave. Dada esta reforma, pretende, la protección de sectores de la población que se han visto afectados tanto en su patrimonio como en su integridad. El Grupo Parlamentario del PRD invita a todos los compañeros y compañeras diputadas a votar a favor del presente dictamen. Muchas gracias, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene, por último, el uso de la palabra el diputado Arturo Zamora Jiménez.
El diputado Arturo Zamora Jiménez: Diputadas y diputados, el Grupo Parlamentario del PRI ha determinado apoyar la iniciativa que fue presentada por nuestro compañero y que fue dictaminada en la Comisión de Justicia, con el tema que tiene que ver, delito de despojo. Escuché dos intervenciones que me llamaron poderosamente la atención. Una de ellas en el sentido de que el delito de despojo está debidamente tipificado en los códigos penales de cada una de las entidades federativas. Sin embargo, debemos establecer claramente que también puede ocurrir, en el ámbito federal, la comisión del delito de despojo, en donde se lesionarían, se dañarían o se pondrían en peligro derechos que tienen que ver con la posesión de bienes de naturaleza nacional. Por esa razón se establece la tipificación del delito de despojo también en el Código Penal Federal, a fin de tutelar adecuadamente este tipo de valores que son, precisamente, como se dijo, el derecho a la posesión y que tienen que ver con el patrimonio finalmente. Otro de los argumentos importantes por los cuales permanece en el Código Penal Federal este delito es en función de que también se habla del despojo de aguas, y las aguas, sus cauces son bienes de carácter nacional que están bajo el control de la álgida de la federación. Escuché otro comentario que me llamó poderosamente la atención, en donde se decía que se trata de afectar con esta tipificación y aumento de sanción exclusivamente a núcleos sociales económicamente debilitados. Y se trataba de asociar el argumento con el fraude o la defraudación. Me parece que son conductas delictivas completamente y absolutamente autónomas, diferenciadas porque incluso los elementos o los medios comisivos son también completamente diferentes aun en el caso de que para la tipificación del delito de despojo se establece como una de las formas de ejecución no solamente el uso de la violencia, la furtividad, sino también el engaño y que supone el engaño una representación distinta a la realidad. Ésa es la razón por la que se trata de tipos penales completamente autónomos o independientes. Y ésa es la razón fundamental por la que nosotros, en el Grupo Parlamentario del PRI, hemos determinado en la Comisión de Justicia apoyar precisamente esta iniciativa en el sentido de que se sancione adecuadamente a aquellos que de alguna manera lleven a cabo la comisión de un delito de esta naturaleza, y por esa razón a las distinguidas diputadas y distinguidos diputados les estamos solicitando el voto favorable para esta decisión, que de la misma manera se tomó mayoritariamente en la Comisión de Justicia. Es cuanto, señor presidente.