EL C. DIP. JULIAN HERNANDEZ SANTILLAN: Con el permiso de la Directiva. Compañeras y compañeros diputados. A nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, presento a ustedes las principales conclusiones del trabajo realizado por esta Comisión referente a la iniciativa de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta. Es de todos conocida la importancia del Impuesto sobre la Renta como fuente vital de la recaudación tributaria. Su participación es de 4.7 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, lo que representa el 43.9% de los ingresos tributarios y a su vez el 29.6% de los ingresos totales del Gobierno Federal. Para el 2001 se espera que su participación alcance un 10.9% del PIB, esto es un nivel todavía por debajo del alcanzado en 1994, lo que permitirá financiar el 70% del gasto neto total del sector público. La Comisión de Hacienda de esta Cámara de Diputados consideró acertada la propuesta presentada por el Ejecutivo Federal en relación a la deducción de la tasa del Impuesto Sobre la Renta, empresarial, del 35 al 32%, toda vez que dicha medida incentiva la inversión nacional y extranjera en el país. Sin embargo, se estimó adecuado que dicha deducción deba realizarse de manera gradual, así en el ejercicio fiscal de 2003 se aplicaría una tasa del 34%, en tanto que en el ejercicio fiscal de 2004 se aplicaría una tasa del 33% para que a partir del ejercicio 2005 se aplique una tasa del 32%. Asimismo, el Ejecutivo Federal planteó eliminar la obligación de realizar el ajuste a los pagos provisionales. Al respecto se consideró apropiado la eliminación del ajuste a los pagos provisionales, ya que ello representa un paso más en las medidas de simplificación administrativa que en los años recientes se han venido aprobando, con el objeto de disminuir la carga administrativa que actualmente implica la determinación del citado ajuste. Por otra parte y debido a la posible afectación que pudieran sufrir las pequeñas y medianas empresas con la entrada en vigor del mecanismo propuesto para calcular el costo fiscal de las acciones, se consideró necesario establecer una disposición transitoria en la cual se posponga la entrada en vigor de dicha mecánica hasta el primero de abril del 2002. Derivado de la preocupación de diversos legisladores de establecer medidas efectivas de control fiscal para comprobar las erogaciones efectuadas por los contribuyentes, se considera importante contemplar que los pagos se deben efectuar con cheque nominativo, cuando su monto exceda de 2 mil pesos. Asimismo, se considera que los pagos que excedan del citado monto también se podrán hacer con tarjetas de crédito, débito, de servicios o a través de monederos electrónicos que al efecto autorice el SAT, lo cual tiene como objeto el hacer acorde las disposiciones fiscales con los instrumentos de pago que propone el sistema financiero moderno a disposición de sus clientes, además de que la fiscalización a través del sistema financiero optimiza la labor de las autoridades fiscales y simplifica la carga administrativa de los contribuyentes. Como medida para impulsar la inversión productiva en un momento en que se necesita reactivar la economía y con ello la generación de fuentes de empleo para los mexicanos, pero sin poner en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas, se plantea establecer la deducción inmediata de las inversiones que se realicen fuera de las tres grandes zonas conurbadas del distrito Federal, Guadalajara y Monterrey. Sin embargo, para reducir su impacto sobre los ingresos públicos, la deducción en el Impuesto Sobre la Renta se efectuaría en el ejercicio siguiente a aquél en el que se inicie su utilización para desarrollar las actividades productivas. Tratándose de las inversiones que se realicen dentro de las zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, sólo será aplicable la deducción inmediata para las empresas intensivas en mano de obra que utilicen tecnologías limpias en cuanto a sus emisiones contaminantes y no requieran de uso intensivo de agua en sus procesos productivos. En la iniciativa presentada por el Ejecutivo, adicionalmente se incorpora la deducción inmediata en un porcentaje más elevado a las inversiones realizadas en las regiones de mayor marginalidad, toda vez que dicha medida permitirá construir un círculo de más ahorro, mayor inversión y con ello más empleos y mejor remunerados con los beneficios que ello implica. Por otra parte, se consideró que el régimen fiscal de los intereses contemplado en la iniciativa debe ser modificado de fondo, de modo que se uniforme el tratamiento de todas las personas que perciban este tipo de ingreso, específicamente los intereses pagados a personas físicas deben de dejar de tener un tratamiento celular y por ende dichos ingresos deben acumularse a los demás ingresos que obtengan las personas físicas en el ejercicio. Así, se estima necesario establecer la obligación de las personas físicas de acumular a sus demás ingresos los derivados a los intereses reales percibidos en el ingreso que obtengan los contribuyentes. En este sentido, los intereses reales del ejercicio se determinarán considerando el monto que los intereses excedan al ajuste por inflación. Por otra parte, con el objeto de tener una adecuada fiscalización por parte de la autoridad en cumplimiento de sus facultades, se considera necesario modificar las obligaciones de las personas que paguen los intereses y establecer obligaciones para los contribuyentes que perciban ingresos por dicho concepto. En dicho entendido, además de su obligación de efectuar la retención, se les obligará a informar a la autoridad tributaria del monto de los intereses pagados a las personas físicas durante el año por cada uno de sus destinatarios, así como de las retenciones realizadas durante el año por cada uno de ellos, además de que dicha información tiene por objeto que la autoridad cuente con los elementos necesarios para poder emitir propuestas de declaraciones a los contribuyentes y por ende facilitar la carga administrativa de los mismos. Derivado de las modificaciones mencionadas al régimen fiscal de los ingresos por intereses de las personas físicas, se considera acertado establecer diversas obligaciones a las instituciones y sociedades que se conforman en el sector financiero. Ello con el fin de que el esquema fiscal de los ingresos por intereses funcione adecuadamente, ya que serán estas instituciones o sociedades las encargadas de efectuar las retenciones de impuestos y proporcionar a las autoridades fiscales la información necesaria para comprobar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales. Asimismo, se establece como obligación de las instituciones que conforman el Sistema Financiero, la de informar al Servicio de Administración Tributaria el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, saldo inicial y final de las inversiones, así como el monto de los intereses pagados a los contribuyentes entre otros datos, a fin de que la autoridad cuente con los elementos necesarios para comprobar la correcta acumulación que efectúen las personas que perciban pagos por intereses y además que el Servicio de Administración Tributaria tenga los elementos necesarios para enviar a los contribuyentes propuestas de declaración de impuestos que faciliten la carga administrativa de éstos. No obstante, debido a los problemas de legalidad que tendría la obligación de informar al Servicio de Administración Tributaria, saldo inicial y final de las inversiones, se propone eliminar esta obligación por lo que la redacción de la fracción 1ª del artículo 59 quedaría en los siguientes términos: Artículo 59, fracción 1ª: "Presentar ante el Servicio de Administración Tributaria a más tardar el día 15 de febrero de cada año, información sobre el nombre, Registro Federal de Contribuyentes, domicilio, así como el monto total de los depósitos efectuados por el contribuyente de que se trate y de los intereses nominales y reales a que se refiere el artículo 159 de esta ley, la tasa de interés promedio nominal y el número de días de la inversión a él pagados en el año de calendario inmediato anterior respecto de todas las personas a quienes se les hubiese pagado intereses, con independencia de lo establecido en los artículos 25 y 72 de la Ley del Mercado de Valores, 117 y 118 de la Ley de Instituciones de Crédito y 55 de la Ley de Sociedades de Inversión. Para proporcionar la información relativa al monto total de los depósitos se estará a las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. Por otra parte se consideró positivo incorporar el capítulo del régimen de las personas morales transparentes, toda vez que la finalidad que se persigue es facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, sin que ello les impida continuar con las formas de organización económica que actualmente tienen. Por ello se considera necesario implementar el régimen de las personas morales transparentes, mediante el cual la persona moral encargada de agrupar a los diversos contribuyentes que la integran, deberá cumplir por sí y por cuenta de cada uno de sus integrantes, con las obligaciones fiscales que tenga a su cargo en base a un régimen de flujo de efectivo. De igual forma y derivado de las características especiales de este sector y de su baja capacidad administrativa, es pertinente que quienes tengan ingresos inferiores a 10 millones puedan aplicar las reglas del régimen intermedio de las actividades empresariales. En principio y con el objeto de proteger los ingresos de los trabajadores, se estimó necesario incorporar en la iniciativa presentada por el Ejecutivo, los conceptos exentos para dichos trabajadores tal y como actualmente se encuentran regulados en el artículo 77 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se abroga, con lo cual dichos contribuyentes no tendrán afectación alguna en sus ingresos. En la iniciativa en comento se estableció que no se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los ingresos derivados de la enajenación de acciones que se realice a través de la Bolsa de Valores. No obstante y derivado de la propuesta de establecer la obligación de que las personas físicas acumulen la totalidad de los ingresos obtenidos en el ejercicio, es indispensable limitar dicha extensión a la enajenación de acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, siempre que hubiesen sido adquiridas en oferta pública de venta y que la emisora de las acciones hubiese colocado entre el gran público inversionista, el 35% de todas sus acciones. Además de que deberá mantenerse dicho porcentaje de colocación durante cinco años anteriores al momento de la enajenación de las acciones. Lo anterior, evitará maniobras de evasión y elusión en el pago del impuesto respectivo, de venta de empresas a través de la Bolsa de Valores que sí deben estar gravadas por esta ley. Igualmente, derivado del nuevo esquema fiscal de intereses se considera conveniente establecer como intereses exentos, únicamente aquellos que sean pagados por instituciones de crédito que provengan de cuentas de cheques para el depósito de nóminas, depósito de ahorro o los pagados por sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y por las sociedades financieras populares cuyo saldo promedio diario de la inversión no exceda de cinco salarios mínimos generales elevados al año. La anterior medida permitirá que en la declaración anual se graven sólo los intereses pagados por arriba de la inflación y que se beneficien con la exención los pequeños ahorradores que generalmente perciben rendimientos por debajo de la inflación. En principio y derivado de la inconstitucionalidad declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto del artículo 78 A del la Ley del Impuesto Sobre la Renta que se abroga, se considera necesario eliminar de la iniciativa a dictamen el artículo 110 que en términos generales regula los ingresos en servicios de la misma forma que el actual artículo 78 A. Tratándose de las personas físicas se establece como tasa máxima de la tarifa el 35%, misma que también se irá reduciendo en forma gradual para ubicarse en el 2005 en 32%. Derivado de lo anterior se considera apropiado que dichas personas físicas con actividades empresariales tributen bajo un sistema de flujo de efectivo, acumulando sus ingresos en el momento en que los mismos sean efectivamente percibidos en efectivo en bienes o servicios, toda vez que dicha mecánica permite eliminar en este régimen los ajustes por inflación que anteriormente debían realizar las personas físicas respecto de los ingresos en crédito que tuvieran y sobre los cuales ya habían pagado el impuesto, eliminándose con ello la homologación con el régimen de personas morales y haciéndolo más equitativo. Asimismo, se establece el régimen intermedio de las personas físicas con actividades empresariales. Dentro de este nuevo régimen resulta acertado el que se comprendan disposiciones que faciliten el cumplimiento de las obligaciones fiscales para aquellos contribuyentes que son personas físicas con actividades empresariales, que en el ejercicio inmediato anterior hubiesen obtenido ingresos por sus actividades empresariales, inferiores a 4 millones de pesos, toda vez que con ello se hace más equitativo el sistema fiscal. Por último, se establece la posibilidad de que los contribuyentes dedicados exclusivamente a las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, cuyos ingresos en el ejercicio anterior, no hubieran excedido de 10 millones de pesos, también apliquen la regla de contabilidad simplificada, establecida en esta sección. La iniciativa del Ejecutivo establece que los contribuyentes podrán deducir los pagos por honorarios médicos y dentales, así como los gastos hospitalarios, siempre que se cuente con un seguro de gastos médicos. Si bien esta medida tiene por objeto fomentar una cultura de previsión en materia de salud, para aquellas personas que no cuentan con el beneficio de la seguridad social, proporcionado por las instituciones públicas, lo cierto es que dicha limitante pueda ser inaplicable el beneficio de la deducción, en aquellos casos en que las instituciones de seguro no puedan asegurar alguna persona, en razón de su edad o por alguna enfermedad preexistente. Por ello, la Comisión considera necesario eliminar el requisito de contar con un seguro de gastos médicos para permitir la deducción, sin que con ello se pierda el objetivo de fomentar una cultura de previsión, pues se incorpora el incentivo de deducir las primas por seguros de gastos médicos. De igual forma se está adicionando como deducción personal, los intereses reales efectivamente pagados por créditos hipotecarios, con el fin de incentivar la adquisición de vivienda a través de los créditos hipotecarios, para aquellos inmuebles con un valor no mayor de 1 millón 500 mil Udis. No obstante considero necesario se haga una precisión a la fracción IV del artículo 176, en virtud de que no se aclara debidamente y el que el crédito debe destinarse a la adquisición de casahabitación, por lo que de merecer su aprobación, su redacción quedaría en los siguientes términos: "Artículo 176 fracción IV). Los intereses reales efectivamente pagados en el ejercicio por créditos hipotecarios destinados a casahabitación..", y el resto de la redacción que ya viene en el mismo. Finalmente, con motivo de los cambios en la numeración de los artículos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y al haberse recorrido la numeración de la misma, se propone efectuar los cambios a las fracciones 29, 30 y 37 del artículo 2º. transitorio de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como sigue: fracción 29), dice artículo 68 debe decir artículo 66. fracción 30), dice artículo 66 debe decir artículo 68. fracción 37), dice artículo 77 debe decir artículo 75. Debido a que el artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala las sociedades que no deben considerarse como sociedades controladas, resulta redundante incluir a las asociaciones en participación, ya que dichas asociaciones no son sociedades mercantiles, por lo que se propone eliminar la fracción VII del artículo 67 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Muchas gracias. Hago entrega, señora presidenta, de este documento, dadas las propuestas que se incluyen en la misma por parte de la mesa directiva de esta Comisión.