El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Señoras y señores diputados, este día conmemoramos la promulgación de las Constituciones de 1857 y de 1917. Ambas poseen como rasgo común ser producto de revoluciones para convertirse en instrumentos de paz social. Mientras que la Constitución del 57 surge de la Revolución de Ayutla, la vigente es producto de la Revolución Mexicana de 1910, y ambas se convirtieron en símbolo de reconciliación entre hermanos. La Constitución de 1857 es pródiga en libertades, no limita los derechos de los ciudadanos a practicar su religión. Al contrario, garantiza las libertades de pensamiento, de asociación, de imprenta, de expresión, de profesión, de industria y de trabajo. De propiedad, de audiencia y de petición, de enseñanza y de tránsito. Consagrando principios de legalidad y seguridad jurídica en lo que sería la parte dogmática de la misma. En un tiempo en el que apenas se esbozaban a nivel internacional las garantías individuales, en México se reconocieron constitucionalmente. La Constitución de 1917, surgida de la convocatoria de Venustiano Carranza en un Congreso Constituyente que sesionó del 28 de noviembre de 1916 hasta el 31 de enero de 1917, recoge la esencia de las anteriores y plasma el régimen republicano federal, el sistema de garantías individuales y derechos humanos, salvaguardados por el ejercicio constitucional de amparo, la supremacía del Estado sobre las iglesias e incorpora otras de nítida vocación social como son los fundamentos del derecho del trabajo, la reforma agraria, la educación obligatoria, el carácter nacionalista del Estado mexicano, por lo que se le reconoce como la primera Constitución social del mundo. Sobre la Constitución de 1917, decía Emilio Rabasa, "hay desencanto con el régimen constitucional por los resultados que acusa, más no por los principios que sustenta". Hoy se cuestiona si el Estado mexicano ha sido un Estado fallido, por el incumplimiento de otorgar la garantía elemental de seguridad a sus ciudadanos y los mínimos de bienestar social, pero lo que tenemos es un gobierno que está fallando en sus obligaciones fundamentales. Después de casi dos siglos, los más prominentes Sentimientos de la Nación, del generalísimo don José María Morelos y Pavón de 1813, siguen vigentes, pues no ha sido posible moderar la opulencia y la indigencia, cuando la élite política y la económica han preferido garantizar su opulencia a costa de la indigencia de la mayoría. El incremento del jornal del pobre sigue siendo hoy el reclamo primordial, como lo fue hace casi dos siglos; alejar la ignorancia es el deseo de cientos de miles de jóvenes que no encuentran un espacio de educación media superior ni superior, porque como país le hemos cerrado la puerta a su esperanza al invertir en educación lo que sobra y no lo que se necesita. La sociedad vive presa del miedo entre la rapacidad del crimen organizado y la voracidad de algunos políticos que no ven en el servicio público sino la oportunidad de acrecentar su patrimonio, con su nivel de decisión. No tenemos paz porque ésta es el resultado de la justicia y no puede haber justicia en un país donde la mitad de sus habitantes viven en la pobreza y donde sólo 4 de cada 10 tienen seguridad social. Hemos cambiado mucho, pero estos reclamos siguen vivos. En este tiempo de adversidad económica, las definiciones son urgentes. Entre el Estado policiaco, con el que se pretende combatir el crimen, elegimos el Estado de bienestar que atiende el origen de las desigualdades que se han convertido en estructura y que han corroído la cohesión social. Nos pronunciamos por un Estado cuya intervención sea suficiente para atemperar la brutal desigualdad, pero que no limite la creatividad ni la iniciativa de los ciudadanos. No concebimos al Estado mexicano como un ente anémico y enano donde reine la anarquía y donde el gobierno sea capturado por los intereses de unos cuantos. La mano invisible del mercado ha resultado peor que los adjetivos que se han vertido sobre el Estado benefactor, pues por encima de equilibrios ha buscado la ventaja y ha hecho de la ley un instrumento para sus fines, no el pacto social que cohesiona a una sociedad con una historia común. Es mayor la utopía de una competencia perfecta del mercado que la vigencia de los derechos sociales. Ante el derrumbe del modelo económico neoliberal se requiere cambiar el actual modelo económico, que es indefendible, para dar paso a un modelo redistributivo más justo y equitativo, para lo que proponemos un gran programa de austeridad para terminar con un gobierno rico al que ya no puede cargar este pueblo pobre. Es urgente aprobar la Ley de Salarios Máximos, que duerme el sueño de los justos en tanto la denominada clase política disfruta sus privilegios, priorizando en los presupuestos desde las jugosas dietas de los regidores en los municipios, hasta los altos funcionarios del Ejecutivo federal, pasando, sin duda, por este Poder Legislativo, y los desproporcionados ingresos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Necesitamos invertir en educación, en vez de atesorar fondos para presumir una economía estable. Necesitamos fortalecer nuestro mercado interno para reactivar la planta productiva nacional. Es también necesaria la participación ciudadana a través de las figuras democráticas como el referéndum, la iniciativa popular, el plebiscito y la revocación de mandato. No les tengamos miedo a las decisiones del pueblo. No hay duda de que es necesaria la reconstrucción nacional. Es necesaria una cirugía mayor, la emergencia de una nueva república verdaderamente federalista, popular y democrática; justa, libre y soberana. Esto puede ser posible si terminamos con el veneno que hace sucumbir a la ley más justa: el veneno de la impunidad. Necesitamos que la ley se cumpla. Estamos dispuestos a discutir ampliamente el país que queremos y los mecanismos para construirlo. No posterguemos las soluciones de fondo. En suma, una nueva Constitución para una nueva república. Muchas gracias.