El diputado Antonio Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. El 20 de mayo del 2019, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la acción de inconstitucionalidad 105 2018 y la acumulada 108 2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría calificada de senadores, en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, y declaró parcialmente procedente y parcialmente fundada dicha acción de inconstitucionalidad y declaró la invalidez parcial de los artículos 6o. y 7o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y condenó al Congreso de la Unión a que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, legislara respecto de los vicios advertidos en los artículos señalados. El pleno de la Corte, en consecuencia, se centró en la litis principal del asunto. Es decir, que el Congreso de la Unión había fallado en desarrollar los principios constitucionales que establecían un sistema de remuneraciones públicas, su armonía y proporcionalidad y en el que la pieza central era la determinación objetiva del salario presidencial y tope del resto de las remuneraciones de los servidores públicos. No existe precedente alguno de una misma norma jurídica que haya sido debatida en tres ocasiones durante una misma legislatura, intentando resolver el asunto legal, sin poderlo lograr. Se usa una anquilosada minuta del Senado para intentar atender un capricho presidencial, a pesar de contar con innumerables aberraciones jurídicas. Casi siete mil amparos, cinco acciones de inconstitucionalidad y cuatro controversias constitucionales se han acumulado en respuesta a la violación de derechos de servidores públicos e instituciones. Para atender estas deficiencias y, al mismo tiempo, intentar dejar sin materia a la controversia que analizaba la Corte, fue necesaria una reforma que se promulgó el 12 de abril de 2019 y que modifica 22 artículos. Y ni así se logró impedir que la Corte declarara la inconstitucionalidad citada. El dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como las modificaciones que presenta el diputado Gómez, tampoco atienden a los resolutivos y razonamientos planteados de la sentencia del 20 de mayo del año pasado de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, la obligación del Legislativo de desarrollar el mandato contenido en el artículo 127 de la Constitución, con relación al resto del ordenamiento. Se trata de la omisión de fijar parámetros objetivos para determinar el salario presidencial. El dictamen a discusión abroga la Ley de Remuneraciones anteriores y emite otra que no contiene, como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia, de manera determinante, un procedimiento o metodología para la determinación objetiva y regular de la remuneración del titular del Ejecutivo y, que al no cumplirse dichos estándares, se permite que el parámetro referencial, el salario presidencial, se fije de manera discrecional. La propuesta, lejos de resolver el problema, lo volverá a tribunales. ¿Cuántos miles de amparos más? ¿Cuántas controversias constitucionales? ¿Cuántos recursos de inconstitucionalidad más para satisfacer un capricho del presidente? Funciones y nivel de responsabilidad asociado al perfil para cada puesto determina la Corte. Independencia para minimizar la probabilidad de captura por el poder político-económico; especialización; riesgo asociado al desempeño de las funciones; costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público; índice inflacionario; costo de oportunidades desarrolladas en el sector público en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado; posibilidad de percibir otros ingresos, sin que exista conflicto de intereses; la integración de un órgano autónomo y objetivo que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones con que se desarrollen. Así de simple la solicitud de la Corte. Así de determinante la solicitud de la Corte, y vergonzosamente de nueva cuenta, Morena presenta un proyecto que no atiende el requerimiento de la Corte y que va a significar por quinta, sexta o séptima ocasión, el rechazo a un capricho del presidente que está lesionando derechos de servidores públicos y de instituciones. Por esta razón, el PRD votará en contra de este dictamen. Gracias, presidenta.