El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara, venimos a presentar moción suspensiva respecto del dictamen con proyecto de decreto, esta minuta que expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica, y que adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. La presente moción viene aponer el acento en la multitud de violaciones constitucionales y legales que han precedido a la reforma, a nuestro ordenamiento fundamental y a las leyes secundarias que encierran la mal llamada reforma energética. Entero, cabe detenerse un poco para reflexionar en el contexto histórico de la industria que se pretende transformar, que es de fama pública, que tanto Pemex como CFE han sido objeto de los saqueos más descarados y de los actos de corrupción y pillaje más emblemáticos y monumentales. Ambas paraestatales han sido prácticamente estimadas a través de prácticas funestas, que han sido una de las marcas de los gobiernos del PRIAN. De manera inconstitucional e ilegal, a través de prácticas ominosas, como el contratismo los directivos de dichas paraestatales han celebrado un sinfín de contratos con empresas privadas que han disparado exponencialmente los costos de funcionamiento de dichos organismos. Lamentablemente todo esto se ha dado al amparo de la desvergüenza y la impunidad. No sabrá la población que estos mecanismos de asignación de tales contratos se han caracterizado por implicar procedimientos turbios y poco transparentes. Hoy mismo nos hemos amanecido con la noticia de demandas millonarias contra el sindicato y sus dirigentes de Pemex en Estados Unidos, que encierran y desnudan una alta corrupción de Estado, protegida por el Estado, auspiciada y promovida por el Estado, y que obviamente se mantendrán en la impunidad. Son innumerables los ejemplos de malos manejos y corrupción no sólo en Pemex sino en la Comisión Federal de Electricidad, dentro de los cuales se pueden mencionar los casos de los gravosos y cuantiosos contratos de subestación y líneas de trasmisión que no estaban en operación. Es decir se trataba de obras fantasmas. Mención aparte merecen los casos como el de Repsol. Aún y cuando éstos y otros muchos eventos que denotan el saqueo de que es objeto la administración pública, sería motivo de alarma furor nacional en otros países, acarreando consecuencias para todos los implicados, aún si se tratara del presidente de la república. En México tales obras monumentales de corrupción prácticamente han servido a sus perpetradores para intentar legitimar la llamada reforma energética y elevar a rango constitucional el tema de la corrupción y la impunidad junto con la complicidad. Por ello, con la elaboración del proyecto como el de la Ley de Industria Eléctrica contenido en el dictamen de estudio, parece ser que se están fomentando desde la misma cumbre del poder las irregularidades y los actos de corrupción, en beneficios de grupos específicos de capital privado, ya sea nacionales o extranjeros, y en perjuicio de la población nacional. La Ley en comento constituye una intentona más por parte del gobierno en turno para precipitar la desmantelación de la otra gran paraestatal del Estado mexicano, la CFE, y de paso traspasar el control, el manejo, operación y administración de la industria eléctrica nacional a manos privadas. No obstante, en el propio artículo 2 del proyecto se cita, se califica al servicio de trasmisión y Distribución de energía eléctrica como área estratégica y de carácter de interés público. Debe considerarse que la industria y que la ausencia de la competitividad del sector eléctrico, de la industria eléctrica en México se explica principalmente por la baja interconexión geográfica, el desgaste de instalaciones, la inversión mal focalizada y por la concentración de la generación de energía a partir de los hidrocarburos. Hechos todos estos relacionados con una sistemática ausencia de infraestructura y desarrollo tecnológico propiciada por los mismos bribones que ahora se asumen como autores triunfalistas de la reforma energética. Dentro del marco legal propuesto en el dictamen, la generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica, se realizarán de manera independiente entre los contratistas agrupados en cada sector y bajo condiciones de estricta separación legal. Del mismo modo, se pretende disgregar el suministro de servicios básicos y las otras modalidades de comercialización. Asimismo, se condena a la CFE a la fractura, separación y disgregación de sus activos, quedando convertida en el mejor de los casos en un holding, que administrará una multitud de subsidiarias y filiales, dando al traste con todo ello con cualquier vestigio de la nacionalización de la industria eléctrica, llevada a cabo por el presidente Adolfo López Mateos en 1960. Este dictamen que contiene el proyecto de la Ley de la Industria Eléctrica trae aparejada la consigna de legalizar el despojo a ejidatarios, pequeños propietarios y comunidades indígenas, de sus bienes, tierras, propiedades o posesiones, cuando estén en juego áreas en las que haya yacimientos petroleros y gas, en donde se pretende establecer instalaciones eléctricas. Voy a concluir, presidente. En este esquema de burocracia creciente, pero de influencia marginal, se pretende crear el Cenace, con la intención de que opere el mercado eléctrico mayorista que será dejado en manos de los privados, las redes de transmisión y distribución seguirán siendo propiedad de la CFE. Empero, aunque se pretende que el encargo del control operativo recaiga en la Cenace, dicho organismo podrá contratar a su vez a terceros para expandir las redes mediante algún tipo de construcción, arrendamiento y transferencia. Es decir, creemos caemos en el absurdo de privatizar el mínimo control que se pretende ejercer sobre la privatización de la industria eléctrica. En el cuerpo del dictamen concluyo encontramos incongruencias monumentales, como la que se desprende del contenido del artículo 68 del proyecto de Ley de Industria Eléctrica, ya que en esta última se consagra que se considera de utilidad pública a la ocupación o afectación superficial del inmueble: predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para el desarrollo de actividades de la industria eléctrica cuando tal utilidad pública deviene en la pavimentación del camino para que los particulares o personas jurídicas nacionales o extranjeras exploten para beneficio propio la industria eléctrica nacional. Presidente, le solicitaría, por razones del tiempo, de la manera más atenta plasme íntegro este documento que contiene la moción suspensiva y que contiene los principales elementos, por los cuales el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está solicitando una moción suspensiva y, por tanto, este dictamen pueda regresarse a comisiones para una revalorización, para una reflexión más profunda sobre el contenido de las leyes que en él se describen. Por la atención, muchas gracias.