El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, la creación de órganos autónomos en un estado, corresponde al reconocimiento de la inconveniencia de que el poder político rija o influya en la materia motivo de la atención del órgano autónomo. Lo anterior se sostiene por considerar que la intervención del poder político en esas materias tendría como consecuencia un efecto pernicioso que afectaría el desarrollo de ámbitos esenciales en la vida democrática del país. Producto de una larga lucha de la sociedad civil, se ha reconocido la necesidad de establecer la autonomía del banco central, del INEGI, de la Comisión de Derechos Humanos y más recientemente, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica que hoy nos ocupa. Se ha determinado, igualmente, la existencia de una contraloría en cada instituto, la cual tendrá a su cargo la vigilancia de las actividades y el ejercicio de recursos por parte de esos órganos. Ahora, si la función independiente de un órgano autónomo resulta primordial para el ejercicio de su encargo, restringiendo en todo momento la participación del poder político, la función de vigilancia sobre esos órganos debe gozar, igualmente, de independencia absoluta del poder político. Sin embargo, esta premisa fundamental es ignorada por el dictamen que hoy estamos discutiendo, pues en el mismo se pretende sujetar el trámite de la designación a la intervención de la Cámara de Diputados y de la Junta de Coordinación Política misma. Esto es, el trámite consistirá en que la convocatoria será puesta a consideración del pleno por parte de la Junta de Coordinación Política, esa muralla china que no deja pasar si no lo que conviene a sus muy particulares intereses de grupo, previo consenso entre los grupos parlamentarios para que una vez que haya sido aceptada se someta al pleno para la elección de los contralores respectivos. Este trámite de designación ha evidenciado que los funcionarios electos terminan por responder más a quienes han sido los promotores de sus cargos y en ningún momento se erigen como representantes de esos órganos. Con tal mecanismo la revisión de las actividades de tales entes quedará al arbitrio del poder político, de cuya influencia se pretende eludir dado su carácter de órganos autónomos. Es evidente que replicar estos mecanismos para la designación de los contralores del IFE y de la Cofece provocará de nueva cuenta el reparto político de los cargos y la conveniencia política de los integrantes de la Junta de Coordinación, dejando fuera la independencia que debe guardar el órgano autónomo. Más aún, el paso de tal decisión por la Junta de Coordinación Política no garantiza una decisión que vaya en el sentido más adecuado para las instituciones correspondientes y, en cambio, sí podría estar sujeta a la dinámica política propia de la Junta, que sólo vela por sus intereses. Valga también este posicionamiento para denunciar la naturaleza cerrada y autoritaria de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara, en la que bajo el argumento de la búsqueda de consensos se actúa incluso por encima del pleno, que en teoría es el recipiente auténtico de la voluntad popular. Como ejemplo contundente de lo anterior podemos mencionar la reciente emisión de la convocatoria para seleccionar a los consejeros electorales del IFE hoy vacantes. Por ello, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del proyecto de dictamen, pues el mismo no pretende más que replicar un mecanismo que ha sido probadamente erróneo, caduco y abiertamente antidemocrático. Los invitamos a compartir estos argumentos y a votar consecuentemente en contra del dictamen aquí presentado. Gracias a todos por su atención. Gracias, presidente.