El diputado Gonzalo Ruiz Cerón: Con su permiso, señor Presidente. De conformidad con los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, diputado Gonzalo Ruiz, integrante del grupo parlamentario del PRI, presentó a esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el segundo párrafo del artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Hasta la fecha sigue vigente la demanda de reconsiderar la importancia del sector agropecuario como productor de alimentos y materias primas y como proveedor de recursos naturales, como garante de la paz social, por lo que es necesario reconsiderar el rezago económico, político, social y ambiental en que vive el campo y sus más de 25 millones de mexicanos. En el sector agropecuario, tres de cada cuatro personas viven en condiciones de pobreza. El ingreso de la población rural sólo representa el 45% del ingreso de la población urbana, el 90% del analfabetismo se presenta en el campo y es aquí donde vive el 80% de los niños desnutridos y es en este sector donde se agudiza la falta de servicios públicos. Se estima que en el sector rural la población ocupada es de aproximadamente 8.2 millones de personas, de esta población 1.5 millones son indígenas, los cuales viven en condiciones de grave miseria. Las unidades productivas rurales presentan un fuerte rezago productivo y tecnológico, por lo que los recursos naturales de nuestro campo se mantiene en un constante deterioro. La actual crisis del sector agropecuario de nuestro país, se ha profundizado básicamente a políticas erróneas, fundadas en corrientes tendientes a disminuir las funciones del Estado y desmantelar las estructuras que se habían instituido para el apoyo de las actividades de ese sector, incluyendo un elevado nivel de corrupción en las instancias que se encargaron de atenderlo. El retiro de estas funciones del Estado, trajeron como consecuencia la disminución del presupuesto para dicho sector, como lo demuestran los datos que al respecto se han presentado en diferentes foros, por diversas organizaciones del sector. La falta de un presupuesto acorde a las necesidades ha afectado al sector agropecuario y forestal, desordenando los mercados, deprimiendo los precios, propiciando la caída en la rentabilidad, estimulando el rentismo, la migración y la utilización de prácticas agrícolas antiecológicas y demandando subsidios a la comercialización, tan crecientes como ineficientes e inequitativos. En 1994 se registró el mayor presupuesto para el desarrollo agropecuario, debido entre otras cosas, a los compromisos adquiridos en la asignación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, situándose en el 8.9 por ciento del total del gasto programable. A partir de 1994 el porcentaje de participación disminuyó de manera significativa y en los años que van del presente sexenio, ha imperado la marcada falta de compromiso del Ejecutivo por este sector, es por eso que a esta soberanía le ha tocado y logrado incrementar sustancialmente los recursos para este sector, sin embargo, éstos no han sido suficientes para revertir la tendencia. De acuerdo con información del Consejo Nacional Agropecuario relativa al presupuesto destinado al Sector Agropecuario por los diversos países en los bloques económicos, mientras los países desarrollados incrementan recursos destinados a este sector, México mantiene un proceso de disminución de dichos recursos. En nuestro país se siguen aplicando los recursos de los programas sin una coordinación eficiente y con duplicidad de funciones entre dos o más dependencias que repercute en altos costos para el país. De igual forma, la mayoría de los programas de gobierno y recursos públicos destinados al desarrollo rural, se encuentran diseñados e instrumentados en dependencias gubernamentales, cuya responsabilidad no es estrictamente el desarrollo rural. El resumen, el presupuesto para el Sector Agropecuario aún con los logros en la Cámara de Diputados, no ha respondido del todo a las expectativas de uno de los sectores más golpeados de la economía. Una de las manifestaciones más evidentes de lo anterior son las múltiples manifestaciones de productores de las diversas ramas productivas, debido entre otras cosas a la falta de sensibilidad en el ejercicio de dicho presupuesto. Mientras el sector se debate en una de las crisis más fuertes de su historia, el Ejecutivo acumula un alto subejercicio, amén de los multicitados logros macroeconómicos logrados con base en el deterioro de la economía campesina. El gobierno actual sólo ha reaccionado ante las múltiples manifestaciones de los sectores afectados por decisiones erróneas en todos los ámbitos y uno de los sectores más desprotegidos y marginados es sin duda alguna el agropecuario y sobre todo, con respecto al presupuesto y la aplicación del mismo. Los productores rurales como los de cualquier otro sector de nuestra economía, requieren de la certidumbre de los recursos para los programas de apoyo a sus diversas ramas de producción. Es decir, de un presupuesto que no responda a los vaivenes de las decisiones del Ejecutivo Federal. Por todo lo anterior, acudo a esta soberanía para presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo Unico. Se reforma y adiciona el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable para quedar en los siguientes términos. Artículo 16. "... el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, será aprobado por el Presidente de la República dentro de los seis meses posteriores a la expedición del Plan Nacional de Desarrollo. Se publicará en el Diario Oficial de la Federación y se difundirá ampliamente entre la población rural del país. Dicho programa estará sujeto a las revisiones, evaluaciones y ajustes previstos por las leyes aplicables, con la participación del Consejo Mexicano. El Ejecutivo Federal establecerá las previsiones presupuestarias necesarias para la instrumentación del Programa Especial Concurrente, para lo cual la Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Mexicano, formulará el presupuesto correspondiente, el cual contemplará al menos la vigencia temporal de los programas sectoriales relacionados con las materias de esta ley. Las previsiones presupuestales anuales para la ejecución del Programa Especial Concurrente, serán integradas a los proyectos de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación y no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior. Este gasto se deberá incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del Producto Interno Bruto en los criterios generales de política económica. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, a los 25 días del mes de octubre del año 2005. Muchas gracias, señor Presidente.