La diputada Paloma Sánchez Ramos: Con su venia, presidente. Honorable asamblea, comparezco ante esta soberanía representando a más de 5 millones de trabajadores del campo mexicano. A pesar de que las actividades agrícolas que son fundamentales para el desarrollo económico de México, más de la mitad de la población rural vive en la pobreza. Esto implica que, frente al avance de nuestras ciudades, el campo mexicano ha caído en el olvido. Comparto algunos datos de esto, más del 90 por ciento de las personas jornaleras mexicanas no tienen seguridad social, no reciben aguinaldo ni prestaciones, ganan en promedio 18 pesos por hora, cifra que se encuentra por debajo del salario mínimo. Hay que señalarlo, su trabajo resulta invaluable para el país, gracias a ellas y ellos todos los días tenemos en nuestra mesa tortillas, tomate, frijol, entre muchos de los productos básicos de las familias mexicanas. Esto quiere decir que el campo requiere de todo nuestro apoyo, pues el país apenas satisface el 20 por ciento de la demanda nacional de alimentos. ¿Se dan cuenta del tamaño del problema? Teniendo casi 30 millones de hectáreas para sembrar, el 80 por ciento de lo que ustedes y yo comemos no se produce en México. Por esa razón, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable orilla a que existan políticas que favorezcan el desarrollo de las unidades productivas agrícolas. Entre ellos, el programa de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos busca incrementar la producción del país, maíz, frijol, trigo y arroz. El precio de garantía es un instrumento de política económica que permite dos cosas: darles seguridad a las personas jornaleras de que su producción no perderá valor y ofrecer un ingreso mínimo por la unidad productiva. Lamentablemente, el esquema actual solo entrega apoyos para productores que siembran hasta cinco hectáreas y no más de 20 toneladas. Además, deja fuera a productores que benefician al comercio agrícola del país, como el sorgo, el tomate, la caña de azúcar, el algodón, entre otros. No contempla a quienes producen más, es decir, está castigando la productividad. Por ejemplo, en promedio, en Sinaloa se obtienen 56 toneladas de tomate por hectárea. Esos agricultores hoy no tienen derecho a que el Estado mexicano cuide de su trabajo porque se considera que su producción es lo suficientemente amplia para no tener riesgos, todo lo contrario. Los medianos productores también están a expensas de la volatilidad de los precios en el mercado, de las catástrofes naturales y de las plagas. Es decir, tenemos un programa que generaliza las condiciones del campo mexicano y que empobrece a quienes ya tenían un piso fijo. No se les está ofreciendo seguridad y con ello no se fomenta la diversificación de siembra, cosa que es esencial para combatir la inseguridad alimentaria. Pensemos en las 40 mil hectáreas que Sinaloa siembre de sorgo al año, hay 30 mil productores que en promedio trabajan 6 hectáreas cada uno. Por esa razón no son apoyados, a pesar de que su cosecha alimenta al ganado mexicano. En ese sentido, estamos favoreciendo actualmente a los pequeños productores, pero a costa de dejar de beneficiar a los medianos. Por lo anterior, propongo modificaciones a diversos artículos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para incorporar los precios de garantía como un programa de apoyo permanente para las y los jornaleros mexicanos. Con esto busco que los precios de garantía sirvan como un seguro de productividad, para que las y los agricultores cuenten con una ganancia mínima fija por su trabajo. No omito destacar, que es muy complicado abordar de una sola forma la complejidad del campo. Necesitamos garantizar apoyos para ayudar a los más pobres, pero sin dejar de impulsar a quienes ya cuentan con ventajas productivas. Por eso, propongo utilizar el precio medio rural como guía de asignación de apoyo, para tomar en cuenta la diferencia de cada zona productiva y, por lo tanto, elevar la calidad de oferta de los productores y el nivel de vida de nuestros agricultores. Diputadas y diputados, el campo mexicano nos espera, no podemos fallarle. La soberanía alimentaria de México y del futuro del tomate del país, del maíz, el sorgo, el frijol, la caña de azúcar, el algodón y el arroz depende de nosotros. Es cuanto, presidente.