El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con su permiso, señor presidente. El sistema carcelario en México enfrenta una profunda crisis que va más allá de los sucesos recientes relacionados con Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, y cuyas causas se vinculan con muchas de las dificultades estructurales que desde hace muchos años caracterizan a nuestro país: la corrupción, la impunidad, la pobreza y la ineficiencia en la procuración e impartición de justicia. El pasado 14 de abril de este año la Cámara de Diputados recibió de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015, donde precisa que las deficiencias detectadas con mayor incidencia en los 130 centros revisados se refieren a la clasificación entre procesados y sentenciados, hacinamiento, falta de actividades laborales y de capacitación para el trabajo. En dicho documento también se identificaron como faltas importantes la carencia de personal, de custodia, de atención a incidentes violentos, es decir, no cuentan con las suficientes acciones para prevenir o atender casos como riñas, lesiones, fugas, homicidios o motines. La mayoría de los centros visitados no cuentan con algún programa para la prevención de adicciones y prevalecen deficiencias en las condiciones materiales y de higiene. Y una constante es la falta de manuales de procedimiento de ingreso traslado de internos, motines, usos de la fuerza; solicitar audiencia con las autoridades; presentar quejas; visita íntima, familiar; revisión de visitantes; de estancias; deficiente difusión de la normatividad que rige el centro hacia los internos. La CNDH resalta que en 71 centros se pudo observar un deficiente control en el ejercicio de las funciones de autoridad por parte de los servidores públicos en actividades productivas, educativas y deportivas, de alimentación, mantenimiento y limpieza, así como el control del ingreso de visitas, tanto familiar como el uso de teléfonos y de seguridad. En los penales se observaron áreas de privilegios, presencia de objetos y sustancias prohibidas e internos que ejercen control mediante la violencia sobre el resto de la población. Por otra parte, de acuerdo con el informe sobre la situación de personas privadas de su libertad en México, realizado por el Relator de la Organización de Naciones Unidas, pone de manifiesto datos escalofriantes. 1. En México existen 389 centros penitenciarios con capacidad para 197 mil 993 personas, sin embargo la población a enero de 2014 fue de 248 mil 487 personas, es decir casi un cuarto de millón. De ellas, casi el 20 por ciento pertenecen al fuero federal y el 80 por ciento al fuero común. De ellas, el 5 por ciento son mujeres. 2. En México es un país donde se privilegia el uso de la prisión como pena, a pesar del texto constitucional que señala que sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. En junio de 2011 se establecieron en el texto constitucional los delitos que ameritan prisión preventiva automática, donde las personas imputadas por determinados delitos deben permanecer necesariamente privadas de libertad bajo el proceso. Por otro lado, las sanciones alternativas a prisión se utilizan sólo en un porcentaje menor al 3.6 por ciento de la condena. El 54 por ciento de los centros de reclusión registran sobrepoblación. Aunado a esto, a nivel nacional el porcentaje de sobrepoblación penitenciaria es del 25 por ciento, donde por cada 100 mil habitantes hay 209 personas privadas de su libertad. Este año debemos señalar el caso del penal de Topo Chico, en Nuevo León, donde el pasado 16 de febrero tuvo lugar la peor tragedia carcelaria del país, en la cual resultaron muertas 49 personas y 12 más resultaron lesionadas, en un motín por la disputa del control de ese penal, y apenas hace dos semanas se fugaron dos reos de alta peligrosidad de un penal de la Ciudad de México, y justo ayer, apenas se dio un zafarrancho en el penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. La Ley Nacional de Ejecución Penal adquiere una relevancia trascendental, ya que sin duda alguna la fase de educación de las sanciones penales es el momento en el que se ejerce el poder punitivo del estado con mayor uso de violencia. Por ello, es necesario limitar y controlar a las autoridades administrativas respecto al tratamiento en los centros penitenciarios, mediante la figura del juez de ejecución, ya que el sentenciado es una persona sujeto de derecho, obviamente con correlativos deberes y obligaciones. Solo en la medida en que el nuevo sistema de justicia penal sea puesto completamente en marcha, con eficacia y bajo el principio de legalidad, será posible comenzar a ver mejoras en el sistema penitenciario. También se requiere la prevención de la prevención de la corrupción en los centros penitenciarios, una utilización más eficiente de los recursos destinados al sistema penal, pues México es uno de los países en Latinoamérica que más gasta en mantener a sus reos, mayor impulso a programas de trabajo y capacitación para el mismo centro penitenciario, protección de grupos con necesidades específicas dentro de las cárceles. Por ello, reconociendo la tragedia que se vive en nuestro sistema penitenciario y buscando que esta realidad se modifique, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de esta propuesta. Es cuanto, señor presidente.