La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México que hoy nos sigue con atención desde sus hogares. Hoy, desde esta Cámara de Diputados estamos marcando un antes y un después para millones de familias mexicanas que por décadas han esperado una respuesta contundente a una de las demandas más sentidas, como es el acceso a una vivienda digna, adecuada y accesible. Por ello, el dictamen de la minuta que estamos discutiendo y que fue aprobado por una mayoría de 48 votos en las Comisiones Unidas de Vivienda y del Trabajo y Previsión Social el 24 de enero, es de la mayor relevancia para México. Y aquí quiero detenerme para hacer un merecido reconocimiento a mis compañeras y compañeros diputados de las Comisiones de Vivienda, de Trabajo y Previsión Social, quienes trabajamos codo a codo en la construcción de este documento. Principalmente, quiero reconocer el trabajo de mi compañera, la presidenta de la Comisión de Vivienda, la diputada Maribel Martínez Ruiz. Muchas gracias, diputada. El citado dictamen, además de dar cumplimiento a la reforma al artículo 123 constitucional, busca sentar las bases para que el Infonavit recupere la esencia con la que fue creado en 1972 y que pase de ser un sistema de financiamiento, como opera actualmente, a un sistema integral de vivienda, con orientación social. Ese fue nuestro incentivo como comisiones dictaminadoras, abonar a la construcción de políticas e instituciones con orientación social y que ambos elementos moldean la prosperidad de un país. Requerimos instituciones inclusivas, que permitan una mayor participación de la ciudadanía en la toma de las decisiones. Una mejor distribución de la riqueza y un beneficio real de las políticas públicas entre todos los grupos sociales. En este sentido, los mexicanos demandan un instituto de vivienda verdaderamente inclusivo y a la vanguardia, que tenga la capacidad de adaptarse a los tiempos actuales y de responder a sus necesidades. Para lograr este cometido, resulta urgente y necesario fortalecer al Infonavit, dotarlo de herramientas que le permitan hacer frente a la creciente demanda de vivienda social en México, debido a que nos encontramos en un escenario en el que el rezago habitacional ampliado alcanza a 9 millones de viviendas, y que el 30 % de la población no tiene acceso a una vivienda propia. Con esta clara orientación, la iniciativa presentada en el Senado por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum buscó sentar las bases para ampliar el objeto del Infonavit, centrándose en tres pilares fundamentales: Crédito barato. Suficiente para derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos. Arrendamiento social. Con opción a compra para que las y los trabajadores puedan rentar sin que el pago exceda el 30% de su salario. Desarrollo de la vivienda. Que permita al Infonavit comprar terrenos, recibirlos en donación y construir. Robustecer las atribuciones del director general y de sus órganos colegiados. Ampliar los beneficios a los que tienen acceso los trabajadores, como el otorgamiento de prórrogas en el pago de su crédito, como efecto retroactivo a la fecha en la que hayan perdido el empleo. Además, que durante esta prórroga no se generarán intereses. Reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para proteger el patrimonio de los derechohabientes. Tras recibir la minuta del Senado, las Comisiones de Vivienda y del Trabajo nos dimos a la tarea de forma inmediata de dar paso al diálogo con todos los actores involucrados y abriendo siempre las puertas de esta soberanía a los interesados. Entablamos el trabajo con funcionarios de Infonavit y de Consejería Jurídica, para conocer los alcances que tendrán las disposiciones contenidas en el funcionamiento de esta institución. Así también recibimos a los representantes de organizaciones sindicales y a los representantes de los empresarios para dialogar y escuchar sus propuestas en torno a este tema. Esos diálogos se ven reflejados en este dictamen, pues dieron paso a importantes modificaciones hechas a la minuta del Senado, en las que se plasma el sentir y el pensar del pueblo de México. Y a decir una de ellas, se respetó la representación tripartita paritaria en los órganos colegiados, entre ellos la Comisión de Vigilancia y los Comités de Transparencia y de Auditoría. Se otorgó al titular de la dirección general voz y voto en la asamblea general. Se reconoció al Consejo de Administración la facultad de aprobar anualmente el presupuesto de inversión en construcción, estableciendo que se deberá garantizar la suficiencia de recursos para el otorgamiento de los créditos. En materia de supervisión, se estableció que será la Secretaría de Hacienda, auxiliada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien fijará las normas de carácter prudencial y las sanas prácticas en materia crediticia. Y algo muy importante, compañeras y compañeros, ambas comisiones dictaminadoras cuidamos en todo momento salvaguardar el patrimonio de los trabajadores a través de candados específicos: uno, la incorporación en el artículo 66 Bis, con el que se reconoce plenamente la competencia de la Auditoría Superior de la Federación para auditar la actividad del instituto y la modificación del artículo 6, en donde se dejó establecido que los integrantes de los órganos colegiados no recibirán remuneración alguna por el desempeño de su función. Es injustificable que los titulares de las direcciones sectoriales tengan un ingreso de más de 5 millones de pesos al año o que los propietarios de los comités del Consejo de Administración perciban más de 80 mil pesos al mes por asistir a dos sesiones. Estos recursos salen del ahorro de los trabajadores. Por lo anterior, no cabe duda que estamos ante una de las iniciativas más trascendentales e innovadoras de los últimos años. Su implementación repercutirá positivamente en la vida de millones de mexicanas y mexicanos que se han visto excluidos de las políticas en materia de vivienda, como son los jóvenes y los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, que hasta hoy ven casi imposible adquirir una vivienda propia o que en el lejano caso de acceder a un crédito, se encuentran con la terrible realidad de que su deuda en lugar de bajar con cada bono, aumenta hasta volverse impagable. Esto ha provocado que en los últimos años cerca de 250 mil derechohabientes hayan perdido su patrimonio. Compañeras y compañeros, de ese tamaño es la responsabilidad que tenemos el día de hoy. Por eso es indispensable que el Infonavit, a sus 52 años de experiencia, participe en la construcción de viviendas, garantizando que estas cuenten con las condiciones idóneas de calidad, espacio, habitabilidad y ubicación, pero además a un costo accesible para el trabajador. Viviendas que ahora se encontrarán más cerca de los centros de trabajo, no en las periferias, en donde muchas veces carecen de servicios y les implican a los trabajadores un aumento en los tiempos y en los costos de traslado a sus empleos. Estas son las políticas públicas de inclusión. Compañeras y compañeros diputados, estamos ante la oportunidad de otorgar a millones de trabajadores el acceso a una vivienda digna, a un hogar en el cual pueda desarrollarse plenamente, a un patrimonio para sus seres queridos, producto de su esfuerzo diario. Tenemos la oportunidad histórica de consumar un acto de justicia social a favor de las familias mexicanas que han esperado por tantas décadas esta gran reforma. Por tal motivo, las comisiones dictaminadoras presentamos ante esta soberanía un dictamen construido a partir del diálogo, de la generación de consensos, de un análisis profundo de la realidad de nuestro país y sobre todo de las demandas del pueblo de México que esperan contar con un Infonavit fortalecido y transparente, un México más equitativo y una vivienda digna para todas y todos. Que no les quede duda, sus voces han sido escuchadas. Muchas gracias a todos.