EL C. DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros diputados: En la actualidad nadie puede poner en duda la necesidad de una reforma integral al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; mejorar su eficacia y certidumbre electoral, deben de ser sus principales objetivos. Para la consecución de tal expectativa, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana, presentan un dictamen correspondiente a lo que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México considera lo siguiente: Nuestra posición frente a esta reforma ha sido desde el principio favorable, debido, sobre todo, a que nosotros como ciudadanos hemos conocido de serios, graves y notables abusos para aprovechar lo relajado en que se encuentra nuestro ordenamiento jurídico electoral, para constituir un nuevo partido político. La justicia y su aplicación. Manteniendo las libertades democráticas, no es cosa fácil y por ello es que avalamos las nuevas condiciones para que puedan constituirse los partidos políticos de reciente creación, y que por medio de este dictamen, se consoliden como auténticas representaciones nacionales de manera considerable. El actual Cofipe no refleja las actuales condiciones necesarias para responder adecuadamente a las necesidades y requerimientos de la ciudadanía en la representación política y el abatimiento de la impunidad de aquellos que no han tenido representación y utilizan los recursos públicos para todo, menos para los fines que se establecieron en su constitución y en su responsabilidad como entidades de interés público. Un partido político debe de ser aquel instrumento que encauce a la sociedad por un sistema integral electoral que garantice el ofrecimiento constitucional de la libre asociación y acceder a los puestos de elección popular, en donde los electores y los partidos estén en capacidad de cumplir con seriedad y calidad su función. Un sistema electoral que no es efectivo y que no establece mecanismos reales de participación puede traer graves consecuencias, a la poca aplicación de la norma se le debe de dar solución y una manera acertada es estableciendo las modificaciones propuestas por las comisiones citadas. El Estado tiene la obligación de instituir un sistema electoral práctico y representativo de los intereses de la sociedad. Para ello, nosotros los legisladores debemos responder a la ciudadanía para que se plasmen sus peticiones, como lo es el evitar que partidos políticos sin representación alguna puedan competir y utilizar recursos públicos para su beneficio personal. Debemos hacer un esfuerzo para promover la participación del pueblo en la vida democrática, tal y como lo mandata nuestra Carta Magna y evitar que se convierta el sistema de partidos en un sistema que solo tienda a diluir el voto ciudadano y no pueda encargarse de concretar la voluntad ciudadana. El dictamen en comento tiene y contiene sólidos argumentos que nulifican cualquier crítica su constitucionalidad y eficacia. La reforma hoy planteada otorga certidumbre y funcionalidad al sistema electoral, otorga el reclamo popular respuesta y otorga al país un sistema de partidos acorde a la Constitución. A mayor abundamiento se debe de reconocer que las garantías individuales no son derechos públicos reconocidos sin limitación alguna por texto expreso de la Constitución Política, su uso, restricción y suspensión se arreglan a los casos y a las condiciones que establece dicha Constitución dentro de los límites que la misma señala y el artículo 41 de ese ordenamiento no amerita discusión alguna. Las garantías no deben tomarse como un catálogo rígido, invariante y limitativo de derechos concedidos a los gobernados que deba interpretarse en forma rigorista, porque ello desvirtuaría la esencia misma de dichas garantías, más bien debe estimarse que se trata de principios o lineamientos vivos y sujetos a la evolución de las necesidades sociales dentro del espíritu que animó al Constituyente a establecerlos. No sería posible aplicar en la actual complejidad política, económica y social de un medio cambiante rigorismos literales de normas que contienen principios e ideas generales, pero que no pudieron siempre prever necesariamente las consecuencias de dichos principios. En referencia al artículo 9º de la Constitución se debe de establecer fehacientemente que este artículo consagra con rango de garantía individual el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. Sin embargo, esta garantía no puede ni debe de entenderse sino dentro del marco de la legalidad como la que nos estamos dando, o sea, que pueden organizarse grupos políticos de las más diversas ideologías, siempre y cuando su actuación la realicen dentro de las normas fijadas por el sistema jurídico que nos rige, sin emplear la violencia ni atentar contra el orden establecido. Porque en el momento en que los integrantes de un grupo político organizado, al amparo de estas garantías que establece la Constitución Política, actúan en contravención a los principios de la misma, se hacen acreedores a las sanciones que corresponden a la ilicitud de su conducta, ya que aún cuando en estricta lógica debe admitirse que cualquier grupo o partido tiende a llegar al fondo para implantar un gobierno acorde a su ideología, su actuación tendiente a esa finalidad tendrá que encuadrarla forzosa y necesariamente dentro de los cánones legales, o sea, la obtención del poder a través del proceso que señalan las respectivas leyes y esta reforma en momento alguno violenta esta prerrogativa. "Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, apoya en sentido favorable el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Gobernación y Participación Ciudadana". Es cuanto, señor Presidente. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Daniel Ordóñez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. -DIP. DANIEL ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ (PRD): Gracias. Con el permiso de la Presidencia. "Compañeros y compañeras diputados y diputadas: La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que hoy se discute, está limitada al ámbito de los partidos políticos, de su constitución, registro y condiciones de participación electoral. Así como de las agrupaciones políticas nacionales, obedece al interés de dar respuesta a los problemas de representatividad observados en nuestro sistema de partidos y al propósito de evitar vicios en la constitución y funcionamiento de éstos. "Sin embargo, no es la reforma electoral que todos esperamos, aquella que revise a fondo los problemas de inequidad que aún subsisten en los procesos electorales, como el financiamiento de los partidos políticos, la duración y costo de las campañas políticas, el acceso a los medios electrónicos de comunicación y la fiscalización por parte del IFE, sólo por mencionar algunos. "Esta reforma es de horizonte limitado y responde a necesidades específicas antes que a un gran acuerdo político que nos permita seguir perfeccionando nuestra democracia electoral. Esta necesidad es mayor por cuanto al régimen político autoritario que predominó por más de siete décadas en nuestro país, en donde la competencia electoral era prácticamente nula y la hegemonía del partido en el gobierno en todos los órdenes de la vida política era su distintivo. Impidió el desarrollo de un verdadero sistema de partidos en el que existiera una contienda real por la distribución del poder. "Hasta fines de los años 80s nuestro modelo de partidos se caracterizaba por un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos rasgos fundamentales eran el control gubernamental sobre la competencia electoral y las condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómenos que influían decisivamente en los resultados electorales. "Como se ha señalado en diversos estudios, la presencia de un partido oficial se materializaba en una situación específica, donde se fundía la autoridad pública y el partido en el gobierno, lo que se traducía en recursos y apoyos de éste para sus campañas y candidatos; ese sólo hecho provocaba una desigualdad abismal durante las contiendas electorales. "El empuje de la sociedad y de los principales actores políticos observados durante los últimos veinte años, así como la necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo a sucesivas reformas constitucionales, así como a la legislación electoral, que permitieron dar pasos decisivos hacia una mayor pluralidad en el Congreso de la Unión, a generar condiciones para que los partidos políticos excedieran en forma creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a conseguir la autonomía en la organización y cómputo de los votos, ahora a cargo del Instituto Federal Electoral entre las novedades democráticas más importantes. "En virtud de las transformaciones observadas en los últimos veinte años, existe en el ámbito del debate político y académico mexicano, la certidumbre de que nuestra nación se encuentra inmersa en un proceso político de cambios importantes, aunque no definitivos. "Nuestro país transita en la actualidad hacia una incipiente democracia política, cuyos rasgos están por afirmarse o consolidarse. Se ha escrito, no sin razón, que México vive un aprendizaje democrático. "Los rasgos novedosos de esta situación política son la alternancia en el gobierno federal, el fortalecimiento del sistema de partidos, una mayor pluralidad política expresada en la conducción de los gobiernos municipales y estatales, así como en las Legislaturas locales, la composición del Congreso, en donde la oposición conserva un espacio importante, un control cada vez mayor sobre el uso y abuso de los recursos públicos, la independencia de los órganos electorales y una sociedad más consciente del poder de su voto. En este contexto se inscribe la reforma que hoy discutimos pues busca esencialmente fortalecer nuestro sistema de partidos exigiendo una mayor representatividad a las organizaciones políticas que pretendan constituirse en partidos políticos. El esfuerzo organizativo y territorial mayor permitirá la organización, a la organización o agrupación política enfrentar en mejores condiciones de competencia a los procesos electorales y potenciar su fuerza real en este tipo de contiendas. No obstante que nuestro voto será a favor del Dictamen, no creemos conveniente condicionar a que las organizaciones o agrupaciones políticas deban en virtud de la reforma propuesta, convertirse en agrupaciotnes pollíticas nacionales para aspirar a convertirse en partido político. Desde nuestro punto de vista, este cambio constituye un retroceso en la legislación electoral. La media propuesta es discriminatoria y atenta contra el derecho de asociación consagrado en el Artículo 9º de nuestra Constitución ya que dejaría sin posibilidad alguna de solicitar y obtener su registro como partido político a un sinnúmero de organizaciones ciudadanas que no tienen ese carácter formalmente reconocido por el IFE. Por esas razones nuestro grupo parlamentario reservará los artículos que contienen dichos cambios. Ccmpañeros y compañeras Diputadas, la transición mexicana ha sido posible gracias a un esfuerzo por mejorar y transparentar nuestros procesos electorales. Las reformas que hoy se aprueban son un paso más en esta ruta pero aún son insuficientes para consolidar nuestra incipiente democracia. Muchas gracias. (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro de asistencia e instruya el cierre del sistema. -