El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras, compañeros diputados, por supuesto compartimos la preocupación por la utilización de los programas sociales con fines electorales. Sin embargo, es indiscutible que con los gobiernos de Acción Nacional se han dado pasos importantes para la evaluación y la transparencia de la política social, muestra de ello es que la totalidad de los programas federales destinados al combate a la pobreza, la salud, la educación, el desarrollo rural, la infraestructura social y el acceso a la vivienda cuentan hoy con reglas de operación claras y partidas presupuestarias definidas. La vigilancia, evaluación y monitoreo de programas sociales dejaron de ser eventuales para convertirse en la regla y en insumos para los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, con la intención de ir acabando con el uso clientelar y partidista de los programas, el uso corrupto que privó en nuestro país por todas las décadas en que millones de mexicanas y mexicanos fuimos sometidos por los gobiernos del PRI a una política social al servicio de su estrategia electoral, cosa que hoy todavía lamentablemente padecen muchas entidades de la república. Pero no hay que engañarnos hoy con los programas de Oportunidades y Apoyo Alimentario; reciben apoyo económico 6.5 millones de familias, reciben apoyos de alimentación, de salud y de educación, para que puedan palear la pobreza. Hace 15 años con los gobiernos de quienes dicen que sí saben gobernar, las familias beneficiadas eran menos de la décima parte. Hoy con el programa 70 y Más se beneficia a más de dos millones de adultos mayores, que disponen de una ayuda económica para complementar su gasto, cosa que nunca ocurrió en el pasado con los gobiernos del PRI. Y podemos seguir dando datos duros; 7 millones de créditos y subsidios se han entregado para la adquisición de viviendas, 7 millones de familias beneficiadas, y así podemos seguir. Por primera vez, durante los gobiernos del PAN hay una evaluación sistemática de la política de desarrollo social con el propósito de que el dinero llegue a quien realmente lo necesita, sin condiciones, lo que ha permitido realizar una mejora continua de los programas sociales, pues la evaluación está acompañada de recomendaciones para corregir, modificar y reorientar los programas sociales, y para tal efecto se creó precisamente el Coneval. La transparencia sobre el uso de los recursos públicos es uno de los rasgos distintivos del régimen democrático de los últimos 12 años. A diferencia de los gobiernos que nos antecedieron, en donde la regla es la opacidad, hoy en el gobierno federal hay pleno acceso a la información gubernamental de los programas y de las acciones que se instrumentan, así como de la manera en que se manejan los recursos. Pero compañeras y compañeros legisladores, desafortunadamente hoy aún existe una larga tradición de manejo político clientelar y partidista de los programas en diversas entidades de la república y esto no lo podemos desconocer, y es sin duda ahí donde tenemos la obligación de fortalecer el marco normativo e institucional; es ahí donde tenemos que acabar con los cacicazgos de gobernadores y funcionarios estatales, que son quienes lucran electoralmente con las necesidades de la población, siendo que no hay nada más despreciable que lucrar o aprovecharse de las necesidades de los más pobres. Ejemplos hay muchos y así, incluso, lo ha resuelto el Instituto Federal Electoral. Para muestra un botón, las unidades móviles de desarrollo en el estado de Oaxaca en pleno proceso electoral. Es en el ámbito local donde tenemos las mayores deficiencias en la institucionalidad de los programas sociales, pues no existen reglas claras y transparentes sobre la operación y el uso de los recursos, lo que permite que se usen discrecionalmente y con fines político-electorales. Esto, compañeras, compañeros diputados, debe terminar y tenemos una responsabilidad común. No vengamos aquí a rasgarnos las vestiduras cuando hay una problemática que es perfectamente identificable y la que debemos atender de inmediato. Es cuanto, diputada presidenta.