El diputado Carlos Gutiérrez García: La reclusión en un centro penitenciario no debe ser causa de violación de los derechos fundamentales, mismos que el Estado está obligado a garantizar. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. El dictamen que se discute el día de hoy constituye una oportunidad para brindar mejores condiciones a quienes cumplen una condena en los centros penitenciarios del país. Mediante el presente dictamen, se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal y se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, con la finalidad de establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial. Del mismo modo, busca establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, así como regular los medios para lograr la reinserción social. La reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008 que dio lugar a la implementación del sistema procesal penal acusatorio en nuestro país, establece en sus artículos transitorios la obligación para emitir diversas disposiciones legales, entre las que se encuentra la Ley Nacional de Ejecución Penal. En cumplimiento de lo anterior, se expide la ley que dará un marco normativo para la ejecución de sentencias de orden penal. En Nueva Alianza estamos convencidos de que para garantizar la existencia de seguridad jurídica en nuestro país es necesario adaptar a nuestro tiempo las leyes, reglas y normas que rigen a la sociedad, para el efectivo cumplimiento del estado de derecho. Estamos conscientes de la actual crisis de seguridad, procuración y administración de justicia. Por esta razón seremos partícipes de aquellas acciones que coadyuven a garantizar el orden público, la protección y defensa de los derechos humanos, ya que es la piedra toral sobre la que se construye la estabilidad de un país democrático. Nuestra Constitución establece en su artículo 1o. que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que México es parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Norma establece. Del mismo modo, el artículo 18 constitucional incorpora un eje en la organización del sistema penitenciario: El respeto a los derechos humanos. La ley que estaremos aprobando el día de hoy cumple con estos preceptos y contempla, entre otras cosas, que el desarrollo del debido procedimiento penitenciario se regirá por los estándares internacionales y por los principios de dignidad, igualdad, legalidad, debido proceso, transparencia, confidencialidad, publicidad, proporcionalidad y reinserción social. Según cifras de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta junio del año pasado la población carcelaria en nuestro país era de 255 mil 138 internos, de los cuales el 80.73 por ciento se encuentra por delitos del fuero común, y 19.22 por delitos del fuero federal; es prioritario atender las necesidades de este sector de la población. Entre las mejoras que se incluyen con la nueva ley, se estipula que las mujeres privadas de la liberad tendrán acceso a derechos específicos, así como a condiciones especiales para las niñas y niños que nazcan en los centros penitenciarios. Del mismo modo se establece que las autoridades penitenciarias organizarán la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte. De este modo se busca que las y los internos cuenten con los medios para lograr una efectiva reinserción social. Por estas razones en Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen. Los retos de México son nuestro impulso. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.