El diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, durante décadas México dio refugio a miles de personas afectadas por dictaduras y guerras civiles en América Latina y el mundo. La política de puertas abiertas protegió a miles de exiliados españoles, chilenos, argentinos y de otras latitudes, que por razones políticas salían huyendo de sus países de origen. En este nuevo siglo y ante un contexto diferente, México tiene que definir qué papel quiere jugar ante el fenómeno de migración que tiene dimensiones globales y amerita respuestas de esa envergadura. Más aún, si se considera que el éxodo de personas en el continente, por cuestiones políticas, de inseguridad o por razones del tema pobreza se presenta como parte de una crisis humanitaria que va en escalada. En principio, es necesario apuntar que las normas migratorias de los países han sido diseñadas cuando los efectos de la globalización eran mucho menos que los actuales. De hecho, no existe un sistema migratorio global, pues cada país tiene una política migratoria independiente. Ante una situación global de grandes dimensiones es necesario dar respuestas globales de los países directa o indirectamente involucrados. Las diversas políticas nacionales migratorias y la predecible dificultad de arribar estrategias entre los países tiene un alto costo, que como lo estamos observando, ya empieza a provocar conflictos regionales. Conseguir los migrantes y las migraciones sean uno de los temas principales de la agenda internacional ha costado décadas. Por ello, el proceso negociador para una migración segura, regular y ordenada es uno de los objetivos que esta legislatura deberá tener en la mira y que urge atender sin dilación alguna. Los esfuerzos que se hagan a este respecto deben atender la urgencia, pero sin dejar de apuntar lo importante: es necesario tener presente que la caravana de migrantes en este país debe protegerse, no violentarles sus derechos y apoyarla en todos sus sentidos. El fenómeno migratorio en últimas fechas ha tomado el tránsito masivo de personas como una forma de resguardar su seguridad ante las vejaciones y asaltos, extorsiones de polleros y constantes violaciones a sus derechos humanos, y esta situación, compañeras y compañeros legisladores, se ha incrementado desde el año 2014. Por ejemplo, en Honduras un 64 por ciento de los hogares viven en condiciones de pobreza y es azolado por pandillas que imponen violentamente un llamado impuesto de guerra o extorsión a pobladores, comercios y negocios. Actualmente, Honduras es un país centroamericano que tiene dos ciudades, San Pedro Sula y Tegucigalpa en el ranking de las ciudades más inseguras del mundo. Al entrar a México en su recorrido por territorio nacional, las personas que integran la caravana demandan libertad de tránsito en su camino a Estados Unidos. En todos los casos, la presencia de familias enteras, mujeres y menores que viajan solos también es notable. A todo lo anterior, en esta ocasión se suma un proceso electivo en Estados Unidos, en donde el tema migratorio se ha convertido en un tema de agenda política y no en la realidad que representa una potencial crisis humanitaria en los países de la región centro del continente americano. La mayoría de las personas centroamericanas que transitan por nuestro país sin documentos no pretenden quedarse en México. Sin embargo, es un territorio de paso obligado para poder llegar a su destino. El costo de su travesía es alto, robo, violaciones, extorsiones, secuestros, trata de personas, entre otros. Los migrantes hartos de violaciones en contra de sus derechos humanos decidieron romper el círculo e iniciaron su aventura de manera masiva, abierta y anunciada, primero en compañía de defensores y activistas, y después por iniciativa propia. La parte más notoria de este discurso de odio se encuentra en las palabras del presidente norteamericano Donald Trump, que hostiga y amenaza tanto a los países de Centroamérica y México, como a las personas de caravana de migrantes. Sus advertencias van desde el retiro de ayudas económicas hasta la militarización de la frontera sur, e incluso ahora en declarar emergencia nacional por el peligro que representa, según él, la caravana de migrantes. Resulta paradójico que ese sea el mismo del presidente de los Estados Unidos, quien reclama acciones a los países centroamericanos y sea él quien haya decidido no participar en el primer pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular. Esta iniciativa promovida por los gobiernos de México y Suiza logró a la mitad de este año el acuerdo de 193 países que busca aprovechar los beneficios de la migración y proteger a los migrantes indocumentados. Con este acuerdo se trata de gestionar los flujos migratorios de manera integral y de escala internacional. En él, los estados se comprometen a mejorar su cooperación contra la trata y el tráfico ilícito de personas, si bien es un mecanismo jurídicamente no vinculante, sus propósitos no demeritan en nada por su principio político para los países que lo suscriben. Presidente, un minuto, si es tan amable, de su tolerancia. Por tal motivo, en esta época en que los muros fronterizos, la repatriación forzada y la política racista y xenofóbica están debilitando las reglas internacionales en el debate público, el reforzamiento de la retórica humanitaria, el reconocimiento de los beneficios de la migración y el retiro de las normas existentes son por sí muy valiosos. De tal manera, diputadas y diputados, que el día de hoy la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Ejecutivo federal y el Ejecutivo federal entrante, tenemos que velar por los derechos migratorios, porque se haga un acuerdo regional, porque se mantenga la seguridad de los migrantes, pero sobre todo no podemos exigir al presidente de los Estados Unidos y al estado norteamericano, respeto a los derechos humanos, si nosotros no somos capaces de defender los derechos de los centroamericanos...