El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: Con el permiso de la presidencia; honorable asamblea: Concurro a esta tribuna para fundamentar el dictamen producido por la Comisión de la Función Pública por el que se modifican los artículos 5, 8, 13, 47, 58 y 60 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Como ustedes saben a 3 años de aprobada esta ley es necesario valorar sus avances e iniciar un proceso de revisión que ajuste sus insuficiencias. La instauración del Servicio Profesional de Carrera, es un proyecto viable de mediano y largo plazo, para mejorar el desempeño de la Administración Pública Federal, con base en los valores de las administraciones modernas. Esto obliga a reclutar a los mejores recursos humanos disponibles para gestionar las importantes responsabilidades del gobierno. Como lo expreso en su momento, la iniciativa de la ley, el proceso de implementación del Servicio Profesional de Carrera, debe darse mediante un proceso gradual, descentralizado y cuidadoso. Sin embargo, debemos reconocer que la ley estableció un ámbito amplio a realizarse en muy corto plazo, mientras que en las naciones desarrolladas el servicio civil lleva varias décadas y en algunas más de un siglo, no podemos pretender alcanzar los mismos resultados en menos de 3 años. No es posible superar el déficit de ilegalidad e imprecisión de atribuciones, perfiles y responsabilidades, de casi 43 mil plazas en tan breve tiempo. Simplemente no existe en el catálogo de puestos ni los manuales de organización. Nos parece poco serio que en los próximos 5 meses el gobierno quiera certificar el 44% de las plazas, casi 22 mil. Lamentablemente bajo la perspectiva de concluir casi en su totalidad con el sexenio, la implementación del servicio, este gobierno ha acumulado varios errores que es necesario advertir y corregir para no perder lo logrado en aras de prisas injustificables. Entre los errores advertimos un elevado grado de discrecionalidad que ha cargado de sospecha la forma en que se está operando el servicio. El resultado de casi 2 mil 200 plazas ocupadas, cerca de 1 mil 400,sobre todo directores generales y delegados, se ha nombrado con libre designación y al margen de lo que marca la ley. El gobierno ha advertido la dificultad de que los niveles de director general y homólogos, queden en el Servicio Profesional. Por ello, los ha nombrado sin convocatoria. Se trata de responsabilidades políticas que permiten la operación de las políticas de gobierno, la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Pero su nombramiento al margen de la ley, ha generado daños de credibilidad a todo el sistema. La eliminación de estos c argos de la ley y el reconocimiento de que se trata de cargos de dirección política, como ocurre en los servicios civiles de otras naciones, permitirá ajustar la ley a la realidad y fortalecer la estructura realmente operativa que es de director de área hacia abajo, que han sido los menos cuestionados. A pesar de que la ley prevé un proceso desconcentrado, en los hechos la Secretaría de la Función Pública ha centralizado desde el reclutamiento hasta la certificación, que dará la inmovilidad y que inicia en estos días. Sin reparar en la naturaleza diferente, el Servicio Público, se ha establecido un modelo de gestión con valores y prácticas propios de empresas privadas, por lo que nos preocupa la carencia de valores orientados al valor público, la responsabilidad social y el compromiso con una nación profundamente desigual que requiere un servicio público orientado a la justicia y al desarrollo equitativo. El reglamento de la ley ha sido mucho más lejos que la propia norma legal. Constituyendo una legislación de facto, con lo que el propio gobierno ha abierto la puerta que esos puestos puedan ser designados libremente. Esos problemas de operación y de diseño se han demostrado en los debates de ambas Cámaras durante las comparecencias de los servidores públicos de la Secretaría de la Función Pública y múltiples foros académicos y sociales durante los dos últimos años. No se puede argumentar falta de diálogo sino al contrario, es clara la falta de disposición del Gobierno para atender las recomendaciones de expertos y legisladores para mejorar su implementación. El objetivo de la reforma lo resumimos en la siguiente manera: Numero uno.- Limitar el Servicio Profesional de Carrera hasta el nivel de director de área; la supresión de los niveles de director general y homólogos abarcará a 1,600 plazas aproximadamente, de casi 43 mil el 2.6 por ciento. Introduce la obligación de que en la evaluación se tome en cuenta a los destinatarios del servicio, los ciudadanos, que son los primeros interesados en calificar la calidad y el profesionalismo con que se le debe atender. Se establece también la obligación de que bimestralmente la Secretaría de la Función Pública remita un informe de los resultados del Servicio Profesional a esta Cámara superando la opacidad con que se conduce actualmente. Se incorpora la obligación de que la capacitación no genere conocimientos y competencias a secas; que se base en los valores de la ética, la transparencia, la calidad y el servicio a la ciudadanía. En cuanto a la situación de la pérdida de confianza durante la discusión en lo particular del artículo 60, propondremos la eliminación de los cambios para que quede como está en la ley vigente. La reforma que hoy sometemos a su consideración no carece de seriedad ni es un retroceso; pretende alejar el riesgo de la improvisación y de que el servicio profesional acabe como un botín, en sentido contrario al objetivo que declara perseguir. Abrirá una tregua para consolidar la estructura operativa y de mandos medios del servicio profesional como base para su consolidación. Es necesario legitimar y alejar de sospecha al servicio profesional, por ello se requiere esta reforma. Los diferentes grupos parlamentarios coincidimos en que será necesario dialogar de manera plural para realizar una revisión integral a la ley y su reglamento para que en el futuro de mediano plazo se enriquezca y realmente se consolide como patrimonio no de un gobierno ni de un grupo sino verdaderamente de toda la nación mexicana. Solicito respetuosamente su reflexión sobre estos planteamientos que pretenden situar en su justo medio el dictamen y otorgarle su aprobación. Muchas gracias.