La diputada Adriana Gabriela Medina Ortíz (vía telemática): Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros, vivimos tiempos de presiones extraordinarias sobre las instituciones públicas que nuestra democracia ha construido, instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se ha levantado con el apoyo de la academia, las organizaciones de la sociedad civil y el talante democrático presente en todas las fuerzas políticas, sobreponiendo gradualmente el autoritarismo predominante en el siglo XX. En medio de estas presiones propias del movimiento pendular en cualquier democracia, hace más de año se sembraron grandes expectativas sobre el arribo de la primera activista con 40 años de trayectoria en las organizaciones de la sociedad civil a la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Aunque en su momento señalamos y nos inconformamos ante las condiciones de fraude a la ley registradas en el proceso de designación de la señora presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, teníamos aún la esperanza de que esa trayectoria de 40 años definiera su actuación, a pesar de sus compromisos personales con el presidente de la República. Lamentablemente, a más de un año de su designación, los números, las expresiones, el informe y la realidad perfilan la extinción de esas esperanzas y nos permiten observar la importancia de apegarse rigurosamente a la ley y la Constitución, al momento de asignar una responsabilidad tan grande como dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Dicho lo anterior, he decidido no distraer más mi participación en los vicios del proceso que contextualizó el nombramiento de nuestra invitada, tampoco me detendré en pedir su separación voluntaria del cargo, correspondiente a la ética más elemental de una activista que defendió derechos durante 40 años, pero, que ha sido evidenciada de beneficiarse de un fraude a la ley para cubrir un cargo de 5 años. Hoy, optaré por atender las prioridades que en este momento acongojan al país, dedicando mi participación a tres reflexiones y una pregunta para la señora presidenta, Rosario Piedra Ibarra. La primera reflexión es sobre la concepción general de la labor y el rol que la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ha decidido dejar de cumplir, justo en la época en la que más y mejores atribuciones tiene la comisión. En este tema, habremos de recordar que desde la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano por allá en 1789, se sostenía que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, asimismo se señalaba como los derechos fundamentales la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. También recordarán que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada desde 1948, se observaba que toda persona tiene los derechos y libertades sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica o de cualquier otra índole y sin duda alguna también debemos tener en la mente nuestra Constitución en la que se señala que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Y, que esos derechos deben de ser garantizados bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Consecuentemente, señora presidenta, no es aceptable, ético, legal o congruente con la histórica defensa de los derechos humanos a hacer distinciones o promover que la defensa de los derechos humanos se enfoca en lo que sea que usted entienda por pueblo. Por supuesto, que entre la defensa de los derechos humanos se asume la defensa de los pueblos, pero de todos los pueblos y en su más extensa definición. La lucha por los derechos humanos no puede limitarse ni circunscribirse a un solo pueblo y mucho menos a una visión anacrónica y discriminatoria del pueblo, tal y como textualmente usted lo ha hecho patente en la mayoría de las expresiones públicas e incluso en comunicados de la institución que debe defender a todas y todos los seres humanos que habiten, transiten o existan en México y en la medida de lo legalmente posible de todo ser humano en el planeta sin importar si es persona rica, pobre, aliada, rival, creyente, no creyente, hombre, mujer, ciudadana o no ciudadana, nacional o extranjera, persona migrante o persona residente. Señora presidenta, todas esas posibilidades de personas son seres humanos y es su responsabilidad defender en el discurso y en la práctica. Por ello, respetuosamente le invito a que abandone el tono echeverrista de la categoría del pueblo en el discurso y, tanto en sus actos como en sus dichos, empiece a defender a los seres humanos. Planteado el punto sobre el fondo y la forma del discurso y la exigencia del correcto uso de las palabras en el discurso que se espera de una persona, mi segunda reflexión es sobre su desempeño como protectora de la institución que dirige, salvaguarda de los derechos humanos de nuestro país y ejecutora de la buena administración al interior de la CNDH. A lo largo de este año, lamentablemente hemos visto a la presidenta de la CNDH defender aguerridamente su... derecho a gastar el presupuesto de su institución en unos bisteks, acosar institucionalmente a exservidores públicos a los que se les ha despedido, aparentemente sin justificación, o a contratar inexpertos donde deberían estar algunas de las luchadoras sociales o académicas con amplio conocimiento en materia de derechos humanos. Pero no hemos podido ver ese esfuerzo argumentativo en defender a la CNDH ni en defender a los periodistas o en respaldar a las organizaciones civiles, a las instituciones académicas y organizaciones ciudadanas en general, ante las omisiones de la autoridad, ante excesos de los gobernantes afines al gobierno federal o ante los embates discursivos y presupuestales del Ejecutivo federal. Entre los 53 derechos de los que parte el corolario de los derechos humanos que debe salvaguardar la CNDH, no encontraremos uno solo que verse sobre los derechos del gobernante a hostilizar periodistas que no se le den adeptos, ni a hostilizar presupuesto y legislativamente a las instituciones que permiten, precisamente, el ejercicio de derechos humanos, como la libertad de expresión, la libertad de imprenta, el derecho de audiencia, los derechos de las víctimas u ofendidos, el acceso a la información, la protección de datos personales o el derecho a la salud que son apoyados por los organismos autónomos, como la CNDH. Señor presidenta, las situaciones aludidas de probables omisiones por parte de su gestión no pueden seguir siendo solapadas. Su alineamiento con el gobierno resulta antinatural al espíritu de las instituciones que se le encomendó dirigir. Y las fluctuaciones selectivas de sus esfuerzos en este año no han dejado el tufo de un ánimo de censura contra quienes no son aliados del Ejecutivo federal. Y de sometimiento de la principal institución de defensa de los derechos humanos en México ante el gobierno de la República. En cuanto a mi tercera reflexión, se los comparto a partir de una pregunta, ¿cuál es el criterio que aplica su administración para dar seguimiento a las quejas y emitir las recomendaciones? Pregunto esto porque evidentemente, ese criterio no es producto de un cálculo racional establecido por la ley o algún reglamento. Ello queda claro cuando se observa que, según los indicadores de quejas por autoridad, la mayoría de las quejas han sido contra instancias del gobierno federal, concretamente las diez autoridades con más quejas son de ese ámbito de gobierno, pero según los datos del Sistema de Alerta de Violación de Derechos Humanos entre enero y noviembre del 2020 la mayoría de las recomendaciones son a otras instancias de gobierno. Asimismo, cuando se revisa el seguimiento a las recomendaciones se puede apreciar que mientras que gobiernos como el de Chiapas, Puebla o Morelos, afines al Ejecutivo federal, están por encima de la media nacional en acumulación de quejas, e incluso en el caso del estado fronterizo se encuentra en tercer lugar de quejas, durante este año, entre las tres entidades solamente han recibido dos recomendaciones. Mientras tanto a Nayarit, que no es el afín al gobierno federal, le han emitido tres recomendaciones, cuando lleva solo 99 quejas, que es menos de la mitad de las quejas de Puebla y Morelos con más de 200 quejas cada uno y tres veces menos que las 461 quejas acumuladas en Chiapas. Dicho todo lo anterior y esperando que estas reflexiones y la pregunta sean atendidas, solo deseo agregar que mi participación atiende a un sincero deseo: que la primera gestión de una luchadora social al frente de la CNDH mejore y que sea un referente positivo en materia de fortalecimiento de los derechos humanos. Que en la terrible pandemia que vivimos sirva para proteger el derecho a la salud de todas y todos. Que el cambio de visión de gobierno sirva para la protección de la democracia y los derechos humanos, sin importar la tendencia ideológica, la preferencia política, el poder adquisitivo o cualquier otra consideración. Es cuanto, diputada presidenta.