El diputado Mario Alberto di Costanzo Armenta: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, estamos iniciando un debate sobre los resultados de la política social, en donde nos damos cuenta que estos resultados corresponderían claramente a un Estado fallido. En el 2008, 1.3 billones de pesos se destinaron a las funciones de desarrollo social y no existe ni un solo indicador que nos ponga, al menos, a los bajos niveles que se tenían durante el 2006. Veamos. Por ejemplo, uno de los objetivos de la política de desarrollo social es el de elevar el nivel de vida de la población de bajos ingresos, reducir las desigualdades. ¿Qué obtuvimos como resultado? La generación de más de 6 millones de pobres, que no fueron producto de la crisis porque esto es antes de la crisis; la pérdida de competitividad, la pérdida de calidad educativa, la pérdida de calidad y atención en servicios médicos, en suma, no hay un solo indicador, que nos diga nuestro órgano fiscalizador, que está mejor que antes. Lo vamos a discutir y cada quien va a hablar aquí de cifras, cifras dramáticas, cifras que no solamente nos hablan de una mayor pobreza, sino de una mayor desigualdad. Es cierto que hay que rectificar en la asignación de los programas, en la calidad del gasto público, en la eficiencia de los programas destinados a apoyar a la ciudadanía. Pero yo quiero traer a colación no esto que ya todo mundo sabemos, y los invito a leer el reporte de la Auditoría Superior de la Federación y el que realizó la Unidad de Evaluación y Control, para que salgan de dudas, si es que aún las tienen. Yo vengo a hablar, porque atrás de estos magros resultados hay responsables con nombre y apellido. Estamos hablando de funcionarios como Ernesto Cordero, ex titular de la Sedesol, como Juan Molinar Horcasitas, ex titular del IMSS, como el licenciado Yunes, ex titular del ISSSTE; titulares de estas dependencias que necesariamente están involucrados con el asunto del desarrollo social, cuyos resultados han sido totalmente negativos y que se pueden calificar como un fraude a la nación. De qué sirve que discutamos aquí y que cada quién dé sus posturas si no se va a hacer nada contra estas personas o a esta Cámara le tiembla la mano para castigar a estos funcionarios. Por eso, más que lamentarnos y estar hablando de las fallas en la política social que, por cierto, son exactamente las mismas que en la política económica o que en la política de seguridad pública: malos resultados, magros resultados, deberíamos estar pensando ¿cómo vamos a hacer para que estos funcionarios rindan cuentas y sean castigados por los delitos que han cometido contra la población? De nada sirve que esta discusión se quede en una mera reflexión. ¿Que si hay que replantear las políticas o el modelo económico? Esto es obvio, nosotros tenemos un modelo económico que genera pobreza y que luego el gobierno se dedica a medio combatirla, porque eso es lo que hemos estado viendo con estos resultados. Creo que esta Cámara debería tomar acciones más profundas contra estos funcionarios. Lo he anunciado y lo dije la vez pasada ante Ernesto Cordero: los invito a considerar la posibilidad de fincar un juicio político a estos funcionarios que han dilapidado miles de millones de pesos destinados al desarrollo social. Más de la mitad, el 60 por ciento del gasto programable fue destinado a la función de desarrollo social y vean los resultados que tenemos. Esto no puede ser nada más un llamado de atención y materia de una tímida discusión aquí en el pleno. Esto tiene que derivar en un juicio político contra estos funcionarios. Por eso, compañeros, los invito a hablar sobre de esto, a considerar la posibilidad de un juicio político a estos funcionarios y no estar perdiendo el tiempo con lamentaciones. Muchas gracias.