El diputado Javier Alvarado Villazón: Compañeras y compañeros legisladores: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 74 fracción IV a la letra dice: "Que el Congreso deberá aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación previo examen, discusión y en su caso modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribuciones que a su juicio deben decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior". Siguiendo textualmente el espíritu de lo señalado en nuestra Carta Magna, como legisladores debemos aprobar, vigilar, controlar y fiscalizar el ejercicio del gasto de recursos federales a fin de colaborar con el Ejecutivo Federal, en una palabra, debemos fortalecer conjuntamente con el Ejecutivo Federal el control del gasto público. En el marco de la Administración Pública, el control se refiere a aquellos elementos que se adoptan para cuidar los recursos, obtener información suficiente, oportuna y confiable, promover la eficiencia en las actividades y asegurar el apego a las leyes, normas y políticas vigentes, con la finalidad de lograr el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos por el gobierno. En un sentido moderno, el control debe entenderse como una acción preventiva que va más allá de la verificación financiera o de la sanción a infractores. El control implica realizar acciones y organización, programación de actividades, seguimiento y evaluación de los programas y de la gestión pública para garantizar la correcta administración de los recursos humanos, materiales y financieros; así como la adecuada utilización de los apoyos económicos otorgados por el Gobierno Federal, de tal manera que cumplan con los objetivos para los cuales fueron destinados dentro del marco de la ley. La finalidad del control es evitar actos contrarios a la legalidad, promover el mejoramiento, la corrección y la modificación de actitudes en los servidores públicos federales, estatales y municipales para contribuir a elevar la eficiencia, la calidad, la transparencia en los servicios gubernamentales y también implica obtener la correcta utilización de los recursos del Estado para lograr el cumplimiento de los objetivos orientados al bien de la comunidad. El control institucional consiste en las acciones que los gobiernos federales, estatales y municipales realizan para organizar las tareas que les corresponden llevar a cabo, tener un registro de información, supervisar y verificar el desarrollo y cumplimiento de los programas, la actualización de los servidores públicos y evaluar la gestión pública. Todo ello con el propósito de optimizar el uso de los recursos, mejorar la calidad y calidez de los servicios proporcionados, entregar cuentas claras y respetar el marco legal establecido. Nuestro país necesita urgentemente fortalecer los mecanismos de control del ejercicio del gasto, control interno y evaluación que aseguren con esto la utilización correcta de los recursos conforme a los programas y los presupuesto aprobados, la eficiencia y eficacia de la ejecución de las obras, el comportamiento responsable, honesto y transparente de los servidores públicos. La fiscalización debe ser una actividad permanente que debe ser coordinada desde el Congreso y asumida como responsabilidad constitucional con la participación de los órganos federales, estatales y municipales de control, con el fin de verificar su cumplimiento. Es precisamente en este sentido, que como diputados integrantes del Partido Verde Ecologista de México, comprometidos con el estudio e implementación de los cambios legislativos dirigidos a una mejora social y preocupados por el pobre desempeño del mercado interno y la economía nacional, propongo lo siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Decreto. La fracción IV dice: "Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso, percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales que establezcan los estados sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, translación y mejora; así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de estas contribuciones. b) Las participaciones federales serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases, montos y plazos que anualmente se determinan por las legislaturas de los estados, los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo. Las leyes federales no limitarán las facultades de los estados para establecer las contribuciones a las que se refieren los incisos, a) y c) ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de personas o institución alguna respecto a dichas contribuciones, sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo en tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Los ayuntamientos en el ámbito de su competencia propondrán a las legislaturas estatales, las cuotas y tarifas aplicables a los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarias de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Las legislaturas de los estados aprobaran las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base a sus ingresos disponibles. Los municipios están obligados a informar detalladamente a más tardar el primer trimestre de cada año a la Honorable Cámara de Diputados, sobre la aplicación de los recursos federales asignados y recibidos del año inmediato anterior. Los recursos que integran la hacienda municipal, serán ejercidos en forma directa por los ayuntamientos o bien por quien ellos autoricen conforme a la ley. Por su atención, muchas gracias.