El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente; con la venia también de esta asamblea. Me parece una desfachatez y un atrevimiento que vengan a decirnos que nosotros recibimos línea para definir cómo vamos a votar en este informe. Quienes al mismo tiempo vienen a abogar directamente por Marcelo Ebrard o quienes yendo en contra de una responsabilidad constitucional, el domingo pasado le cedieron el uso de la palabra provocando desde luego una afectación grave, una vulneración a la soberanía de este parlamento, al orden de la comisión. Pero no me extraña nada. Están pretendiendo desviar la atención de aquello que nos interesa. Otra vez la teoría del complot. Pero déjenme platicar con ustedes cuándo fue que empezó el complot, y déjenme recordárselo también a ustedes. En el Distrito Federal anteriormente, hace una docena de años, podría construirse cualquier casa, cualquier inmueble mediante la obtención de una licencia de construcción. Y las licencias de construcción las expedían las jefaturas delegacionales. Repentinamente se modifica el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y basta ya nada más la presentación de un aviso o de una manifestación de construcción de obra nueva para que esto se pueda. Pero no se puede obtener una manifestación de obra nueva, sino hasta que se obtiene primero un certificado de zonificación de uso de suelo. ¿Quién entrega los certificados de zonificación de uso de suelo? El gobierno central del Distrito Federal. Éste es tema. Al final del día se trata de una simplificación administrativa y todos entendimos cuál era la simplificación administrativa cuando en la televisión vimos a un empresario, Carlos Ahumada, denunciando con fajos de dinero y ligas, en qué consistía la simplificación administrativa que se había propuesto. ¿Qué es lo que sucedió? En el momento en que se tuvo que enfrentar al gobierno del Distrito Federal y decirle a ver, sal y juzga y actúa como tiene que ser y sancionen a quienes son responsables de estas acciones. Se desvió por completo el tema. Se dijo no, no es inmoral lo que se hizo, lo indebido fue quien filtró los videos. Cómo es que alguien se atrevió a exponer lo que nosotros estamos haciendo. En el informe hoy está sucediendo exactamente lo mismo y vienen a traernos otra vez la teoría del complot. Y ¿saben qué? No vamos a caer en la teoría del complot. En esta ocasión el informe tiene datos duros, el informe, es el sentir de la ciudadanía que todos los días no se puede desplazar en el Distrito Federal por un desfalco de 42 mil millones de pesos y lo vamos a atender. Y la forma de atenderlo es con apego a lo que establece la Constitución en sentido estricto y no con esta interpretación sesgada que ustedes le quieren dar, quizá no de manera dolosa sino por ignorancia. Y aquí sí quiero decirles nada más, que a pesar de que ustedes invoquen repetidamente que se ha violado un derecho de audiencia, quiero pedirles que estudien el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución y entiendan bien en qué consiste el derecho de audiencia. La audiencia es ese juicio previo a un acto de privación, el informe no es un acto de privación, el informe contiene recomendaciones que nosotros estamos emitiendo como representantes de los intereses de la sociedad porque ése es el sentir de la gente que está fuera, ése es el sentir de la gente que a pesar de que paga cinco pesos diarios, desde hace muchos años viene viendo cómo se deteriora el servicio de transporte colectivo en la capital. Ustedes quieren que haya garantía de audiencia, la van a tener, ¿cuándo? En el momento en que se cumplan las resoluciones de privación. ¿Cuándo? o bien cuando el juez emita la sentencia de condena, de prisión en contra de los responsables de este quebrando de 42 mil millones de pesos o de los 3 mil millones de pesos que gratuitamente fueron a dar por cobertura cambiaria en este contrato, pues ahí en el proceso penal ustedes van a poder ofrecer sus pruebas y formular sus alegatos, o bien, ante las autoridades de la administración pública del Distrito Federal, ante la Contraloría General del Distrito Federal, con las inhabilitaciones porque ahí van a poder ofrecer todas las pruebas. Yo quiero que las preparen y que nos digan cómo van a lograr desvirtuar los datos duros que arroja el informe, no necesitamos más. Son datos que nos fueron proporcionados durante la tramitación de todas las reuniones de esta comisión precisamente por el Distrito Federal, ¿por qué? Porque el gobierno del Distrito Federal es quien debe tenerlos. El único legitimado para ejercer los derechos que derivan de los contratos, el único legitimado para tener la información que tiene que ver con este proyecto es el Distrito Federal y es el que nos lo proporcionó. No quieran ustedes venir a decirnos que necesitamos escuchar más cuando tenemos los datos que nos está proporcionando, precisamente, quien es responsable de pagar. Ahora, además, 2 mil millones de pesos más para que eso se eche a andar ¿cuándo? Posiblemente en noviembre o diciembre de este año. Explíquenle a la gente que ustedes son precisamente el partido que está con las clases más desfavorecidas, porque hoy, los 42 mil millones de pesos que se gastaron no sirven para nada. Ustedes le han echado mano a las arcas del metro y del Sistema de Transporte Colectivo del Distrito Federal, porque saben perfectamente bien que ése es el monedero de la capital. Ustedes están desviándolo y no son nada transparentes en el manejo de estos recursos. Terminó el informe, el informe ya lo votamos, lo votamos la mayoría porque tiene los datos duros y cumple lo que establece la Constitución. Son ustedes tan transparentes, déjenme decirles, que así como se elaboró este informe seguramente va a haber otro que va a tener que tener con la fiscalización de todos los contratos para la construcción del segundo piso del Periférico. Estoy seguro que las manos también ahí las van a tener igualmente. Desde luego que acompañamos a la mayoría que firmó este informe, que lo votó, y desde luego que estamos conscientes de que tiene que haber a partir de todos los indicios que se han presentado el fincamiento de responsabilidades administrativas y penales contra todos los servidores públicos que tuvieron que ver con este desfalco de 42 mil millones de pesos, de 3 mil por cobertura cambiaria, de los 21 mil millones de pesos que tuvo que ver con el arrendamiento injustificado del material rodante, como también y sobre todo en representación de las 500 mil personas que todos los días están viendo afectada su calidad de vida y, eso sí, el derecho a la movilidad. Es cuanto, diputado presidente.