El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con su venia y con la venia de la Presidencia. No es un secreto que México adolece de una incalculable economía oculta, generada con recursos de procedencia ilícita. A México le urge entrar a fondo al combate al crimen organizado a través del debilitamiento de estructuras financieras que actualmente permiten a estas organizaciones continuar delinquiendo. El Estado mexicano ha suscrito diversos instrumentos internacionales en los que se determina la obligación de los Estados parte para instrumentar procedimientos encaminados a la privación con carácter de definitivo de algún bien de origen ilícito, situación que hoy, lamentablemente, el Estado mexicano ha realizado sin efectividad. En los últimos años, con la emisión de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, se pretendió dar el andamiaje legal para combatir dicho fenómeno. Sin embargo, la incidencia de este género de conductas, sus delitos precedentes y conexos siguen impactando de manera seria al país con deficiencias importantes. El gobierno federal dio a conocer los resultados del Grupo de Acción Financiera Gafi, por sus siglas, así como del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, Gafilat, que en su última reunión realizada en Argentina aprobaron las medidas que ha adoptado el país en el combate al lavado de dinero. Pero de igual forma, a través de esos resultados se detectaron áreas de oportunidad. En otras palabras, deficiencias dentro del sistema mexicano para hacer frente a este problema. ¿Cuáles son ellas? Detectaron áreas de oportunidad, o bien, deficiencias en: uno, en procuración de justicia. Dos, en supervisión de actividades vulnerables. Tres, en la identificación de los beneficiarios finales de activos de procedencia ilícita. Lo que significa que prácticamente están detectando deficiencias en todo el proceso, desde la prevención, detección hasta poder identificar quiénes son los beneficiarios y, en su caso, poder retener ese tipo de recursos. Así podemos verificarlo también, que en el segundo informe de la revisión de la Cuenta Pública 2016 que realizó la Auditoría Superior de la Federación respecto de la Unidad de Inteligencia Financiera dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público arrojó los siguientes resultados. Se detectó prácticamente 138 mil operaciones inusuales, de las cuales se determinaron mil 120 personas como de alto riesgo. De ellas, solamente se presentaron 112 denuncias ante el Ministerio Público. El Ministerio Público se abocó solamente a 5 y de esas 5 se ejercitó acción penal solamente en 2. De ese tamaño es el problema, de 138 mil operaciones inusuales detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera, solo 2 en el 2016 fueron pertinentes para poder ejercitar la acción penal y eso agregándole que en el V Informe de Gobierno, de las decenas de miles de millones de dólares que se presume se mueven en el crimen organizado, el último año solo se aseguraron 543 millones de pesos y 11.4 millones de dólares sin reportar un solo decomiso. Si bien las cifras que aporta la Auditoría Superior nos hablan de un atraso, también es cierto que esta Cámara de Diputados requiere de manera urgente la información relacionada con los parámetros de ejercicio de dicha facultad, es decir, es importante verificar cuántos casos de probable lavado de dinero detectó la UIF contra la cantidad final de casos denunciados. No hay que olvidar que las denuncias del delito de lavado de dinero realizadas en el Sistema Financiero Mexicano implica una facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda. Por todo lo anterior, la iniciativa que hoy presento al pleno tiene la finalidad de delinear por primera vez en el país una política nacional de combate al lavado de dinero, por ello es necesario entrar en una revisión profunda del tipo penal, verificar cuáles son todas las conductas que están ya determinadas en los tratados internacionales para poderlo incorporar aquí en nuestra legislación, y es increíble hoy en día identificar que hay estados de la República Mexicana que todavía no tienen tipificado en el fuero común este delito y que tampoco existen unidades de inteligencia patrimonial y económica en en todas las entidades federativas, y que incluso la figura de extinción de dominio ni siquiera ha dado fruto en ninguno de los asuntos que pudieran estar verificando. Ello encuentra sentido porque hoy en día lo que se tiene es una ley federal, pero no se tiene una ley general que pueda articular todos los esfuerzos que se hagan a nivel estatal con los esfuerzos que está realizando la Secretaría de Hacienda en la detección de este tipo de fenómenos. Es por todo esto que esta iniciativa propone facultar al Congreso de la Unión para emitir la legislación general que establezca las bases de esta compleja y urgente asignatura, que abarque integralmente el fenómeno criminal de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo tanto a nivel federal como local, así como los pisos mínimos para la operación de interconexiones entre la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y los estados, obligando, ahora sí, a estos últimos a echar a andar de manera inmediata sus unidades de inteligencia, patrimonial estatal con la finalidad de concretar un sistema que cierre las puertas y que impida fallas. Es, pues, esta reforma constitucional el inicio de un gran camino que nuestro país deberá recorrer para robustecer el andamiaje jurídico que permita a México eliminar de su economía diaria recursos de procedencia ilícita, y a su vez golpear eficazmente a las estructuras financieras del crimen organizado. Es cuanto, señora presidenta.