La diputada Consuelo Argüelles Loya: Gracias, señor presidente. Compañeros diputados y diputadas, hoy me presento ante ustedes a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor de este dictamen, para que se modifique de fondo el marco regulatorio de distintos aspectos de la vida política-electoral de nuestra nación. Este dictamen recoge las inquietudes que los mexicanos y las mexicanas en todo el país han reclamado durante varios años inquietudes sobre democracia, sobre equidad, sobre legalidad y especialmente sobre certeza en los procesos electorales federales y estatales. Acción Nacional está a favor porque el nuevo cuerpo normativo que se establece fortalece a las instituciones mediante la creación de una entidad nacional que se encargue de organizar las elecciones en todo el país. Así lo hemos puesto en Acción Nacional para garantizar la democracia a nivel local. Hoy en día en la mayoría de las entidades en la república la imparcialidad sigue siendo un anhelo democrático que no se ha podido garantizar a la ciudadanía, lo que ha repercutido en el desinterés de la participación ante la incredibilidad en los procesos llevado por órganos a modo de los partidos en el poder o a modo de la mano de los gobernadores. Esto es una realidad, señores. Es una realidad como tatar de tapar el sol con un solo dedo. Con esta reforma se ha logrado blindar a órganos electorales locales, quienes participarán en colaboración con el Instituto Nacional de Elecciones como principal encargado de la función electoral del país, el cual deberá elegirse por las dos terceras partes de esta honorable Cámara. Asimismo, los magistrados de los Tribunales Electorales de los estados serán designados por el Senado, lo que impide la intromisión de los actores locales en la conformación de dichos órganos jurisdiccionales, lo que actualmente se da como un secreto a voces en algunos estados. De alguna forma se establece como causal de nulidad el rebase al tope de gastos de campaña, lo que nuestro Grupo Parlamentario ha venido buscando al ver los excesos con los que se conducen las candidaturas hoy en día, pues la legalidad es uno de los principios que deben impulsarse en la participación electoral de todos los partidos políticos. Se amplía el umbral del 2 al 3 por ciento de la votación para que un partido pueda mantener su registro, esperando se encuentren opciones reales que representen a la ciudadanía y no que vean que los partidos sean como fuente de enriquecimiento y negociación de intereses personales. De igual forma se busca garantizar la paridad entre géneros para acceder a cargos de elección popular en el Poder Legislativo, tanto en el orden federal como en el local. Otro aspecto que celebramos desde el Partido Acción Nacional es la inclusión de la reelección de diputados federales y de senadores, con lo que buscamos empoderar al ciudadano, quien podrá sancionar o premiar el buen o el mal funcionamiento de sus legisladores al permitirles continuar el ejercicio de su encargo. Asimismo, se impulsa con ello la profesionalización del quehacer legislativo, pues se propicia que quienes ocupan dichos cargos al ser reelectos den seguimiento a temas que trascienden un trienio, y puedan conseguir objetivos a largo plazo. La reelección impulsada se contempla también en los cargos y en los Congresos locales, donde podrán ser reelectos los diputados locales hasta por cuatro periodos consecutivos, al igual que en lo federal, por mandato constitucional. En el tema de los Congresos locales, desde Acción Nacional aplaudimos la implementación de un tope de un 8 por ciento de la subrepresentación para garantizar que la voluntad de la ciudadanía se vea plasmada en la cantidad de representantes que tengan en el Congreso. Esta medida blindará sin duda aquellas entidades en las que existe hegemonía de un solo partido, transitando la construcción de consensos y la necesidad de incluir a las distintas opciones políticas en la función legislativa, dando un sentido real en la división de poderes. En materia de municipios, en éstos se podrá reelegir a sus presidentes hasta por un periodo adicional, lo cual resultaba necesario, pues los tres años que dura en su cargo son en muchas ocasiones insuficientes para impulsar proyectos de largo alcance en beneficio de los ciudadanos. Con esto se busca que la planeación dentro de este órgano de gobierno pueda ser no sólo más profesional, sino también real en su ejecución. Asimismo, se homologan los tiempos de campaña para gobernador entre 60 y 90 días; para ayuntamientos y diputados locales, entre 30 y 60 días, las cuales todas las elecciones locales serán el 1 de junio del año correspondiente. Otro gran logro que se consigue en este dictamen es el poder transitar con gobiernos de coalición, siendo éstos una opción del Presidente de la República al no tener una mayoría en el Congreso. Con ello buscamos la manera en que el jefe del Ejecutivo logre consensos y pueda generar mayores oportunidades desde la pluralidad democrática. En este caso el Congreso tendrá la facultad de ratificar a los secretarios de Estado, con la excepción del secretario de la Defensa y el secretario de Marina. El secretario de Hacienda será ratificado por esta Cámara de Diputados. El secretario de Relaciones Exteriores por el Senado de la República. Con todo esto buscamos tener mayor cercanía con el Ejecutivo en aras de construir en beneficio de las mexicanas y los mexicanos. En ese mismo sentido se otorgó a esta Cámara de Diputados la facultad de aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Con ello se fortalece la visión del Ejecutivo y se propicia la factibilidad de la realización de este plan al tener las perspectivas tanto de quien autoriza el presupuesto como de quien las ejecuta y comprueba el gasto. Todo ello con la pluralidad de las opiniones que representan a los distintos sectores políticos del país. Especializando la atención de una problemática que afecta gravemente al país, se dotó a la Cámara de Senadores de la facultad de aprobar la estrategia nacional de seguridad. Dicha reforma permitirá asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos trazados en la materia en todo el país. Después de nueve años de lucha y reiterando la iniciativa de nuestro coordinador de bancada, presentada en septiembre de 2012, es un logro de la agenda legislativa de Acción Nacional el transformar a la Procuraduría General de la República en un órgano público autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio denominado Fiscalía General de la República, cuyo titular será electo por la Cámara de Senadores en un procedimiento donde interviene el Presidente de la República. Con dicha autonomía y una permanencia del titular de nueve años en el cargo se dota de mayores herramientas a la fiscalía para que pueda combatir uno de los mayores problemas de este país, que es la corrupción. De igual forma, los delitos electorales se verán atendidos por un ente imparcial especializado y con mayores capacitadores de ese nuevo órgano autónomo, a través de una fiscalía especializada. Otro órgano que se establece en ese dictamen como autónomo en los términos de la fiscalía es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, que vendrá a dar mayor certeza termino, señor presidente en la aplicación de los programas de gobierno y en la ejecución de recursos públicos para el combate de la pobreza y direccionar en mejor forma la política pública. Este dictamen es un triunfo de la capacidad de consenso que hemos generado los partidos políticos. Es un ejemplo vivo de que la política puede dar respuestas certeras ante las inquietudes de los ciudadanos y Acción Nacional, una vez más, está perfeccionando y modernizando la democracia de este país. Por ello, votaremos a favor del dictamen que hoy se presenta, seguros de que aún quedan cosas pendientes por hacer en este marco perfectible, pero que sin duda nos llevará a una mejor realidad democrática. Si le va bien a México nos va bien a todos. Gracias, señor presidente.