El diputado Adrián Víctor Hugo Islas Hernández: El suscrito, diputado de esta Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa, que reforma los artículos 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Antecedentes Nuestro país enfrenta importantes dificultades de naturaleza social y económica, que constituyen presiones de la mayor importancia para reforzar la capacidad de atención y respuesta de las instituciones públicas en sus diferentes niveles. Los rezagos que el país debe resolver en el mediano y largo plazos para construir una sociedad con perspectiva de un desarrollo sostenido y mejor equilibrado tienen frente a sí la complejidad de atender el lento ritmo de crecimiento económico, que en los últimos años se ha situado en los rangos de 4 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que es menor que la necesidad de alcanzar porcentajes de cuando menos 7 por ciento anual para atender la demanda de empleo. Adicionalmente, el desempleo acumulado hasta ahora alcanza cerca del 3.78 por ciento de la población económicamente activa. Los niveles estimados de la economía informal, aunque no son coincidentes, alcanzan cifras de entre 10 y 20 millones de personas. Otro aspecto importante es el hecho de que cerca de 60 por ciento de la población se encuentra en condiciones de pobreza y, por tanto, la necesidad de expansión de la oferta de empleo, educación, salud y vivienda, así como la de infraestructura productiva, es muy intensa y se encuentran con finanzas públicas no sólo insuficientes sino que arrojan altos costos de administración. Por citar un ejemplo: en algunos países, el costo de la recaudación de los ingresos públicos va de 2 y hasta 8 por ciento, como proporción de los ingresos tributarios totales, resultado que México tiene un costo por arriba de estas cifras, ya que se estima que por cada peso recaudado se incurre en un costo administrativo de aproximadamente 30 centavos, lo que significa que la recaudación tributaria de nuestro país es costosa e ineficiente. A lo anterior debemos agregar otros problemas estructurales, como es el de la baja tributación de la base gravable, la evasión y la complejidad que reviste el sistema tributario para los contribuyentes, lo que desalienta el pago voluntario y permanente de los impuestos. Los sistemas tributarios del mundo están evolucionando hacia esquema que favorecen la voluntad del contribuyente, superando las políticas de fiscalización persecutoria mal planteadas y cargadas de trabas y requisitos burocráticos que deterioran finalmente las finanzas públicas. Asimismo, debemos considerar la importancia que tienen los impuestos federales para el financiamiento del desarrollo, donde el Impuesto sobre la Renta representa más de 40 por ciento de los ingresos tributarios totales, pero que se ve afectado por los altos niveles de elusión y de evasión fiscales, que no han sido aliviados con los esquemas conocidos, dando origen a que este importante impuesto represente aproximadamente 6 por ciento del Producto Interno Bruto. La elusión llega a ser hasta de 3 puntos del PIB, por una cantidad cercana a 95 mil millones de pesos anuales, y los estudios realizados para explicar este problema señalan frecuentemente la elevada cantidad de trámites, la complejidad de los procedimientos fiscales y el tiempo empleado como factores que desalientan a los contribuyentes. En el caso del IVA, cuando se implantó en el país se estimó su gran potencialidad recaudatoria y su facilidad administrativa pero, con el curso del tiempo, la gran cantidad de tratamientos preferenciales otorgados, además de los problemas administrativos señalados, lo ha vuelto un impuesto con alto índice de ineficiencia en recaudación, la que llega a ser de 20 por ciento en promedio de los ingresos federales, contra el promedio internacional, que es de 39 por ciento. La evasión del IVA e Impuesto sobre la Renta llega a ser de casi 5 por ciento del Producto Interno Bruto, equivalente a casi toda la renta petrolera del país. Lo evadido en IVA e ISR podría financiar fácilmente la totalidad de nuestro gasto social y aún sobraría casi 3 por ciento del Producto Interno Bruto para invertir en infraestructura. La realidad es que estos dos impuestos cubren sólo 8 por ciento del gasto social y no hay remanentes para invertir en infraestructura. Aunque en la ley están claras las características y los principios que debe tener un sistema tributario, la estructura tributaria mexicana se ha alejado de principios clave, como la equidad, la neutralidad, la justicia, la eficiencia y los mínimos costos administrativos y la facilidad para ejecutar la política fiscal. Sólo 16 por ciento de la Población Económicamente Activa contribuye a la hacienda pública y poco más de 27 por ciento de las personas morales lo hacen regularmente. El padrón de personas físicas asciende a 5.5 millones, frente a una Población Económicamente Activa de alrededor de 40 millones de personas. Por tanto, la recaudación alcanza menos de 15 por ciento del Producto Interno Bruto, frente a Bélgica, con 45 por ciento; Francia, con 43 por ciento; Alemania, con 37 por ciento; Canadá, con 36 por ciento; Estados Unidos, con 27 por ciento; y en América Latina, en condiciones similares de desarrollo, Brasil, con 29 por ciento; Argentina, con 21 por ciento; y Chile, con 20 por ciento. Hay problemas burocráticos, pero adicionamos también en general los bienes y servicios públicos: carecen de calidad, se asocian a alta corrupción y a la falta de transparencia en su manejo, lo que incide en la baja recaudación. Por otro lado, la administración pública mexicana es altamente vertical y frecuentemente se confunden los linderos de la política y de la administración, contaminándose mutuamente. La importancia de profesionalizar la gestión de los sistemas tributarios ha llevado a crear modelos con mayor independencia de los poderes y en otros países, como podemos citar los casos de la creación de agencias autónomas en España, en Japón, en Argentina o en Brasil, entre muchos otros, cuyas entidades se caracterizan por impulsar la descentralización para cambiar la gestión de los impuestos poniendo en el centro de su trabajo la agilidad, la eficiencia y la facilidad. Una administración ágil, que se contrapone con las torpes burocracias tradicionales, puede aportar beneficios internos de ahorro, cercanía con el ciudadano y mejora en la calidad del servicio, además de externos en cuanto a dar más credibilidad a las instituciones que administran el dinero que la población aporta en impuestos. La Escuela de Economía de Londres hizo un estudio que revela que las agencias fiscalizadoras ágiles aumentaron su productividad en más de 53 por ciento. La satisfacción de los empleados creció en cerca de 40 por ciento y en 30 por ciento la satisfacción de los usuarios, con el consecuente ingreso en la recaudación y menores costos en la administración del servicio. La descentralización de las agencias tributarias puede favorecer procesos precisos de administración enfocados a la eficiencia, calidad y eficacia y ahorro. Por lo anterior, la presente iniciativa de reforma de la Ley de Servicio de Administración Tributaria tiene el objetivo de proponer la descentralización del Servicio de Administración Tributaria, fortalecer sus facultades y crear un sistema de gobierno autónomo que lleve al proceso señalado de mejoramiento en su servicio, contribuyendo más y mejor con los recursos que requiere nuestro desarrollo. Por lo expuesto, someto a su consideración el presente Proyecto de Decreto Artículo Único. Se reforman los artículos 1, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Servicio de Administración Tributaria, en los siguientes términos: Artículo 1. El Servicio de Administración Tributaria es un órgano descentralizado del Poder Ejecutivo federal, con carácter de autoridad fiscal y con las atribuciones y facultades que señala la ley. Artículo 3. El Servicio de Administración Tributaria gozará de la autonomía jurídica, de gestión, operativa y presupuestal, y técnica para la consecución de su objetivo, en los términos de la legislación de las entidades paraestatales. En virtud de que ésta se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito a la Presidencia respetuosamente que se turne a la comisión correspondiente y con esto logremos los objetivos de fortalecer su autonomía técnica, presupuestal, jurídica y operativa; mejorar la capacidad institucional de administrar a menor costo y con mayor eficacia el sistema tributario; remontar con un nuevo esquema administrativo la diferenciación costo-beneficio entre los regímenes tributarios de países con mayor o igual desarrollo que el de México, cuya referencia más corta es hasta cuatro veces el costo del peso recaudado; generar en el largo plazo mayores recursos para financiar la política social e inversión en infraestructura; profesionalizar la gestión tributaria con la descentralización; y propiciar procesos de readministración enfocados a mayor eficiencia, calidad, eficacia y ahorro. Es cuanto, señor Presidente.