La diputada Beatriz Manrique Guevara: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el robo de combustible en México no es un fenómeno nuevo. Se trata de una práctica llevada a cabo desde hace décadas en diversas regiones de este país en la actualidad. Ese ilícito ha incrementado la fuerza de su impacto en diversos aspectos: el económico, el medio ambiental y de forma exponencial en el tema de la violencia. Asimismo, hace años que el robo de combustible dejó de estar en manos de delincuentes comunes y ha pasado a ser una de las actividades prioritarias de diversos grupos de la delincuencia organizada, lo cual se ve reflejado en el aumento exponencial del número de tomas clandestinas las cuales, según los últimos datos, se siguen concentrando en los estados de Puebla, Hidalgo, Guanajuato y Veracruz. Además de la contaminación al suelo por derrames de estas tomas clandestinas que según Profepa se concentran también de manera prioritaria en el estado de Guanajuato, en Tabasco y en el estado de Puebla, con la finalidad de enfrentar esta situación y en busca de erradicar el robo de combustible como un detonante de los problemas ya enunciados, el Estado mexicano ha realizado diversos esfuerzos, incluida la creación de un nuevo marco legal especializado en la sanción de este delito y de aquellos relacionados con el mercado ilícito de combustibles, tal como la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Sin embargo, uno de los principales deberes del Estado es también el de brindar seguridad a los ciudadanos, sabiendo que los delitos cometidos en materia de hidrocarburos afectan directamente a la población cuando ponen en riesgo su vida y su integridad. Consideramos oportuno proponer que se aumente hasta en la mitad de la sanción que corresponda por el delito de que se trate a quién o quienes cometan dolosamente alguna de las conductas asociadas al robo de combustible y cuando ello provoque un daño a la vida y a la integridad corporal de las personas. Miles de personas están expuestas a los graves riesgos derivados de incendios y explosiones por la ordeña ilícita de los ductos que transportan combustibles. Lamentablemente ya hemos atestiguado hechos que llaman la atención nacional e internacional como el pasado 12 de septiembre donde una fuga de gas causada por una toma clandestina en Puebla, obligó al desalojo de más de mil 200 familias en siete colonias y un hospital. En León, Guanajuato, el 21 de septiembre de 2017, un trabajador que se dedicaba a repartir pan de la empresa Bimbo, resultó quemado y murió a consecuencia de las quemaduras derivada de la explosión en el Tajo de Santa Ana del Conde por el incendio de un ducto de Pemex por una ordeña clandestina. El 22 de octubre de 2012 una fuga de gas en Tepeji del Río provocó la evacuación de 2 mil personas, y podemos continuar con la historia. El robo de combustible en nuestro país es muy grave y se requieren penas más severas que contribuyan a inhibir la comisión de este delito, porque no es sólo la economía, tampoco es sólo el medio ambiente. Cada vez son más las vidas que están en riesgo ante el descontrol de este delito. Se requieren modificaciones legales, pero sobre todo –y este es un llamado a las nuevas autoridades– se trata de poner un alto a la impunidad, pues esa es la verdadera razón por la cual el problema sigue creciendo, y literalmente nos ha explotado en la cara al país. Es cuanto. Con su permiso, presidente.