El diputado Isaías Cortés Berumen: Buenos días. Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras legisladores, el derecho a la protección de la salud es un derecho consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para todos y no sólo un derecho laboral, por lo cual todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tenemos la obligación de promoverlo, respetarlo, protegerlo y garantizarlo de acuerdo con los principios de universalidad. En el año 2002, el titular del Poder Ejecutivo remitió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, con el propósito de establecer un sistema de protección social en salud, cuyo objetivo general era brindar cobertura en materia de servicios en salud al vasto sector de la población, que no tenía acceso a estos servicios y que por su condición socioeconómica no contaba con los recursos para que acceder a los servicios de salud privados. El 15 de mayo de 2003 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformó y adicionó la Ley General de Salud, el cual entró en vigor el 1 de enero de 2004 y cuyo objeto fue la creación del Sistema de Protección Social en Salud, con materia de salubridad general, fortaleciendo con esto el derecho de la población a la protección de la salud. Esta protección social en salud es el mecanismo por el cual el Estado garantiza el acceso oportuno de calidad, sin desembolso y en el momento de utilización, sin discriminación alguna de los servicios médicos quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios, que satisfagan de manera integral las necesidades de la salud de los afiliados. El dictamen que aprobamos en la Comisión de Salud tiene como objeto establecer una serie de elementos que permitan consolidar una instancia rectora y articuladora del Sistema de Protección de Salud, hacer efectivo los beneficios que otorga la ley y mejorar la transparencia, supervisión, control y fiscalización del manejo de los recursos que se destinen a salud en las propias entidades federativas. Entre los cambios propuestos destacan los siguientes. La transparencia de los recursos federales podrá hacerse numerario en especie, a fin de garantizar que la población cuente con los medicamentos y demás insumos para su atención. Tratándose de los recursos en numerario éstos serán administrados por las autoridades locales, mediante cuentas bancarias productivas específicas para dicho fin y a través de depósitos en la Tesorería de la Federación, quien mediante instrucciones a los regímenes estatales de protección social en salud podrá realizar los pagos a los proveedores de los bienes y servicios que determinen dichos regímenes, con cargo a los referidos depósitos, a efecto de que las Secretarías de Finanzas de las entidades federativas, de Protección Social, depositados por la propia Tesorería, los mencionados regímenes deberán dar aviso de las instrucciones que giren a la Tesorería del estado y de la federación. Desaparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, a fin de no duplicar instancias de coordinación con los servicios estatales, como el mecanismo de coordinación de acciones con las entidades federativas en la materia, que sesiona con regularidad en el año siendo el foro idóneo para tratar los asuntos vinculados al Sistema de Protección Social en Salud. Se fortalece además la portabilidad en los beneficios que otorga la afiliación, toda vez que se da mayor certeza respecto al pago por prestación de servicios, que se brinde entre entidades federativas distintas a la cual fueron afiliadas. Se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos. En caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos se destinaron a los fines específicos para los que fueron destinados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación tendrán la obligación de informarlo a las autoridades competentes para que proceda su investigación, y en su caso, la sanción. Además, se establece como un delito grave, en materia de desvío, el objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerarios o en especie, según el caso. Si por la razón de las funciones o actividades de quien los hubiera recibido en la administración o por cualquier causa fueron usados para fines distintos. Por lo anterior, se vuelve necesario aprobar las reformas, debido a que la propuesta impulsa medidas para fomentar la mayor eficiencia en los servicios estatales de salud. Sobre todo las que aseguran que los recursos que se transfieran a los sistemas estatales de salud se utilicen de la mejor manera y para los fines para los que fueron transferidos. Por otro lado, establece claramente la separación de funciones entre el financiamiento que se debe realizar por conducto de los... y al prestación de servicios. Además, fortalece los mecanismos de información y rendición de cuentas. Es cuanto, diputado presidente.