La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a manifestar mi voto particular en contra básicamente porque este Código Nacional de Procedimientos Penales es contrario a los derechos humanos, a los derechos fundamentales que tiene toda persona y a los tratados signados por México, los principales tratados internacionales signados por México. El derecho de acceso a la justicia, como así se denomina en el derecho internacional de los derechos humanos abarca los siguientes derechos que México se comprometió precisamente a garantizarlos de manera efectiva, no nada más a establecerlos en la Constitución o en una ley, sino garantizarlos de manera efectiva: Acceso a la jurisdicción: a un juez competente, imparcial y predeterminado por ley; a una tutela judicial efectiva; a un juicio justo subrayo juicio justo. A la igualdad ante la ley y los tribunales de justicia; a la no discriminación por motivos de raza, nacionalidad, condición social, sexo, ideología política o religión; a la presunción de inocencia nuevamente lo subrayo; a la irretroactividad de la ley penal; a la responsabilidad penal individual; al derecho a la defensa doble subrayado y asistencia letrada; a comunicarse con un defensor de manera confidencial sin demora y sin censura; a disponer del tiempo necesario y de los medios adecuados para su defensa; a ser informado de manera inmediata y comprensible de sus derechos; a conocer subrayo los motivos de detención y autoridad que lo condenan; a ser juzgados dentro de un plazo razonable subrayado en tres ocasiones; a no ser juzgado dos veces por un mismo delito; a no ser encarcelado por incumplimiento de deudas u obligaciones contractuales; a no ser obligado a declarar ni a confesarse culpable; a un intérprete o traductor; a la protección contra todo tipo de detención ilegal subrayado son detenciones ilegales las que no están debidamente fundadas y motivadas; a las vías corpus o al amparo. A un recurso efectivo ante tribunales superiores competentes, imparciales independientes e imparciales; a que en el proceso penal se asegure la libertad subrayado será reconocido y respetada por regla general y la prevención preventiva constituye una medida de excepción a la no aplicación de la pena de muerte; a la indemnización por error judicial, indemnización que debería de ser pagada a Patishtán, precisamente al general hubiera sido pagado al general Gallardo y a todos los que están inocentes actualmente en las cárceles. Prohibición y protección efectiva contra tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibición y protección efectiva contra desapariciones forzadas e involuntarias; prohibición y protección efectiva contra ejecuciones sumarias o arbitrarias y, en caso de detención al extranjero, a la notificación consultar inmediata, no dentro de un año, tres años, una semana como el caso de Florence Cassez. En el Código Nacional de Procedimientos Penales están específicamente en contra de estos derechos el artículo 19 que habla del derecho al respeto a la libertad personal y nada más para determinar el marco referencial de interpretación de esta disposición se señala a la Constitución y al propio código, no se menciona a los tratados internacionales porque el código va en contra de los tratados internacionales haciendo caso omiso del artículo 1o. constitucional que señala la cláusula pro homine. Derechos del imputado, a que se informe a la embajada o consulado que corresponda cuando sea detenido, eso señala el punto 13 y se le proporcione asistencia migratoria cuando tenga nacionalidad extranjera. El derecho de notificación consular establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares. En la opinión consultiva OC16 y en la sentencia de la Corte Interamericana que promovió México por ironías del destino, México en contra de Estados Unidos, señala que el derecho de notificación consular debe ser inmediato. Son obligaciones del defensor, fracción V, artículo 117, comunicarse directamente con el imputado cuando lo estime conveniente el defensor, siempre y cuando esto no altere el desarrollo normal de las audiencias. Y señala el 125: por lo menos en una ocasión. Si va a ser esa la obligación del defensor, mejor quedarse sin defensor. Cuando la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación del Estado a garantizar la comunicación con su defensor de manera confidencial sin demora y sin censura, es un derecho del inculpado a ver a su defensor y conocer su defensa y el estado del proceso en cualquier momento; pero no, el Código Nacional de Procedimientos Penales señala como obligación del defensor verlo por lo menos una vez, y él determina cuándo lo va a ver. Deber de lealtad. El Ministerio Público, ¿lealtad a quién? Esto viene del sistema norteamericano. Existe en todo caso la obligación del Ministerio Público de actuar, porque señala la disposición además. El Ministerio Público deberá actuar durante todas las etapas del procedimiento en que intervenga con absoluto apego a lo previsto nuevamente en la Constitución, en este código y las demás leyes aplicables. No menciona los tratados internacionales, pero debería de señalar el Ministerio Público más que debe guardar lealtad, se debe, por mandato constitucional, respetar las garantías y los derechos fundamentales y actuar conforme a este marco regulatorio. Obligaciones de la policía. La policía debe respetar los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Esto no se señala en el 132. Para qué preocuparse que la policía respete los derechos humanos establecidos en la Constitución. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. A pesar esto es lo más indignante de la reforma constitucional de 2008, incluye por primera vez en la historia de México el derecho a la presunción de inocencia en el artículo 20, inciso b), fracción I. esta inserción es únicamente formal subrayo formal, ya que al analizar el resto de las disposiciones de la reforma constitucional y las del código, se evidencia que se fortaleció la presunción de culpabilidad. Prueba de ello es que de acuerdo con la reforma constitucional y ahora con el código, basta que el Ministerio Público determine con criterios de oportunidad que se debe detener una persona sin que sea necesario realizar investigación alguna subrayo alguna para integrar el tipo penal o verificar que fue cometido el delito por la persona que se imputa como delincuente, para que el Ministerio Público solicite al juez la orden de aprehensión, la cual debería de estar debidamente fundada y motivada como toda resolución o acto de autoridad y sin que ello sea necesario porque basta una sola probabilidad. Por consideraciones y, en razón del tiempo, nada más me resta mencionar porque hay un sinnúmero de irregularidades y de disposiciones, más que irregularidades de este código, que son contrarias a los derechos humanos fundamentales de toda persona que es falso que este código sea acorde con los derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.