El diputado José Luis Ovando Patrón: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la seguridad pública y privada son dos expresiones que se refieren a una misma actividad, que forma parte del sistema de seguridad pública, llevada a cabo mediante la colaboración entre instituciones públicas y empresas privadas, misma que no produce la delegación de la titularidad y ejercicio de la gestión de un servicio al ámbito privado, sino que se trata de un mecanismo de colaboración en el que las empresas de seguridad privada coadyuvan con el Estado, sin subsumirse en sus funciones. La actual redacción del artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, distribuye competencias determinando los casos en que será competencia de la autoridad administrativa federal el otorgamiento de dicha autorización y los casos en los que será competencia de la autoridad administrativa local, el otorgamiento de ésta para los mismos efectos. La Ley Federal de Seguridad Privada establece una serie de requisitos necesarios y suficientes, para poder otorgar la autorización a la que refiere el artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin dejar de considerar y enfatizar la necesidad de que las autoridades locales deberán, a su vez, otorgar la autorización a la que hace referencia el citado artículo, cuando la prestación de servicios de seguridad privada los preste una empresa en dos o más entidades federativas. Sin embargo, los diputados que integramos la Comisión de Seguridad Pública analizamos de manera detallada las legislaciones estatales que se encuentran vigentes en materia de seguridad privada, encontrando que en la actualidad existen, además de los requisitos que establece la Ley Federal de Seguridad Privada, un sinnúmero de requisitos que exigen las entidades federativas, el Distrito Federal y en algunas ocasiones hasta los municipios, para poder otorgar la autorización que requieren las citadas empresas y estar en posibilidad de prestar el servicio. Dicho análisis arrojó, que de la totalidad de los requisitos que solicitan las entidades federativas, el Distrito Federal y algunos municipios, además de los ya establecidos en la ley en comento, es de 144 requisitos adicionales, siendo estos diferentes en cada una de las entidades federativas, Distrito Federal y municipios. Esto es, no existe una homologación en cuanto a lo solicitado, lo cual impide su cabal cumplimiento, restando eficiencia en la prestación de los servicios de seguridad privada. Es menester hacer notar que uno de los requisitos que exigen algunas entidades federativas es que los prestadores de servicios deberán ser personas físicas de nacionalidad mexicana, con cláusula de exclusión de extranjeros, por lo que al establecer como obligatoria, vulnerando el sistema de distribución de competencias que establece nuestra Carta Magna, al imponer restricciones a la inversión extranjera en la prestación de servicios de seguridad privada, siendo ésta una facultad exclusiva de este Congreso de la Unión, cuya regulación se encuentra ya debidamente establecida en la Ley de Inversión Extranjera, la cual establece, en su artículo 6, de manera limitativa, aquellas actividades económicas cuyo ejercicio está reservado exclusivamente a mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exclusión. No se advierte disposición alguna que limite o restrinja la prestación de servicios de seguridad privada como actividad económica reservada de manera exclusiva a ciudadanos mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión a extranjeros. En consecuencia, resulta evidente que al establecer esta disposición en la regulación estatal de dichas actividades, invaden la facultad exclusiva de la federación para legislar en la materia. Así, como lo mencionábamos, la multiplicidad de requisitos diferentes que solicitan para que las empresas de seguridad privada presten sus servicios en dos o más entidades federativas o en algunos municipios, genera este tipo de inconsistencias que dan como resultado la imposibilidad de cumplir con lo requerido por las autoridades estatales y/o municipales, por no haber homogeneidad en las disposiciones establecidas en las leyes locales en la materia. Por estas razones, resulta necesario homologar los requisitos a la legislación federal, haciéndolos, para ello, más controlables, evitando de esta manera la discrecionalidad y con ello poner fin al abuso y a la corrupción. Asimismo, se impide la invasión de competencias entre los órdenes de gobierno y para los ciudadanos les proporciona una mayor certeza jurídica al momento de contratar el servicio, permitiendo así garantizar que los servicios de seguridad privada se realicen en las mejores condiciones de eficiencia y certeza jurídica. Con esto que estamos pidiéndoles que aprueben este día, con la homologación de estos requisitos, existirá entonces una verdadera regulación armónica entre las disposiciones federales, las estatales, la del Distrito Federal convergiendo y concurriendo la facultad legislativa en materia de seguridad privada. Es cuanto, diputado presidente.