La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su venia, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados federales. La extrema violencia en contra de las mujeres en Tabasco ha sido uno de los más graves focos rojos para la alarmante descomposición social, principalmente en el municipio de Tacotalpa en los años recientes. Los crímenes dolosos e impunes y la trata de personas en el caso específico de esta entidad son una de las preocupaciones más grandes que deberían estar presentes las autoridades correspondientes de preservar y hacer cumplir los derechos humanos. Es de verdad indignante que en un periodo de sólo cuatro años del 2005 al 2009-, se hayan iniciado 124 averiguaciones previas por asesinato en contra de mujeres y que sólo se hayan podido resolver 30. Es inaceptable que ni las propias autoridades, supuestamente competentes, sepan con exactitud el número de víctimas y desaparecidas, arrebatadas por cobardes sin rostro. Son insensibles las respuestas indolentes ante la falta de eficacia respecto a tales atrocidades. Los feminicidios en México son un problema que desde principios de 1990 no alcanza un estatus de seria importancia para el gobierno federal, ya que hasta el 2003, es decir desde hace sólo 10 años, se pudo calificar la violencia en contra de la mujer como feminicidio. Una década entera de formas extremas de maltratos y violentos asesinatos tuvieron que pasar para poder tipificar estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Durante más de una década Ciudad Juárez fue epicentro de los feminicidios en México, acaparando las miradas del ámbito nacional e internacional, debido a la impotencia provocada por la impunidad ante los escabrosos hechos. Estas lamentables últimas circunstancias en el estado de Tabasco, acentúan la evidencia de que este tipo de violencia de género no es única y exclusiva de Ciudad Juárez, sino que es una realidad latente que persiste en todo el país. Este fenómeno adquiere una forma continua de violencia sexual, donde prevalecen los actos que atentan la integridad, los motivos, el desequilibrio de poder entre los sexos en las esferas económicas, políticas y sociales. Sin duda es una situación que hay que erradicar desde a educación en nuestros niños y jóvenes, para así poder cambiar la cultura de violencia de género basada en patrones de masculinidad que predominan históricamente en nuestro país. Según el Instituto Nacional de las Mujeres y la Organización de las Naciones Unidas, al menos 34 mil mujeres han sido presuntamente violentadas hasta la muerte en los últimos 25 años. Cada año en nuestro país mueren por causas violentas alrededor de 5 mil 200 mujeres entre 15 y 49 años, cifras que son verdaderamente preocupantes, más las últimas mujeres asesinadas estas semanas en Chihuahua y en Ciudad Juárez. Por lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano condenamos arduamente los feminicidios en el municipio de Tacotalpa y Tabasco y creemos que por la gravedad del delito la Secretaría de Gobernación deberá asignar partida en las indagaciones para instalar de manera inmediata la alerta de género en las indagaciones en el municipio tabasqueño y en el estado de Tabasco. Estamos convencidos de que las políticas empleadas por los tres órdenes de gobierno para reducir los casos de feminicidios y trata de personas no han sido los correctos. Es por eso que exhortamos a que se abogue por los adecuados elementos objetivos que permitan una correcta y sistemática admisibilidad de la violencia de género en los códigos penales dentro de todos los niveles. Por último consideramos que la violencia de género es un tema de suma importancia, el cual sigue nublando al país con hechos detestables y cobardes, por lo que no debemos descansar hasta encontrar las medidas efectivas y eficientes que pongan un final definitivo a estas brutales situaciones. Es cuanto, señor presidente.