El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. La primera iniciativa que leyó el presidente de esta Mesa Directiva tiene que ver con propuestas de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Se propone reformar, adicionar y modificar los artículos 13, 54, 65; se propone un 74 Bis y se propone una modificación al artículo 88 de esta ley en materia de medios de impugnación en materia electoral. Cuál es la finalidad de esta iniciativa. La finalidad es para que los ciudadanos, cosa que hoy no ocurre, tengan legitimación procesal activa para interponer medios de impugnación en materia electoral, sobre todo para que los ciudadanos puedan promover el juicio de inconformidad, el recurso de reconsideración y el juicio de revisión constitucional en materia electoral. Actualmente existe un monopolio en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral a favor de los partidos. Los partidos son los únicos que pueden interponer medios de impugnación en materia electoral; los candidatos en algunos casos lo pueden hacer como coadyuvantes, y la única vía para los ciudadanos es la que se conoce como juicio para la protección de los derechos político-electorales, en donde, por ejemplo, cuando un militante de un partido que ha sido sancionado o expulsado indebidamente de un partido político puede acudir, una vez que agota los recursos internos en los partidos, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, promoviendo este juicio para la protección de los derechos político-electorales. La propuesta que estoy haciendo es abrir la posibilidad de la legitimación procesal, es decir, el acceso a la justicia en materia electoral de eso trata esta iniciativa, de abrir el acceso a la justicia en materia electoral para que los ciudadanos no solamente en materia de juicio para la protección de los derechos político-electorales, sino también en el juicio de inconformidad, en el recurso de reconsideración y en el juicio de revisión constitucional puedan promover recursos, medios de impugnación, estos medios de impugnación, ante el tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Ésta es la primera iniciativa. La segunda iniciativa, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, es una propuesta para adicionar un artículo 19 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a efecto de que el expediente médico de los altos servidores públicos de este país, entiéndase presidente, diputados, senadores, ministros de la corte, consejeros del IFE, magistrados del tribunal electoral, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera, el expediente médico de todos estos altos funcionarios sea información pública, sobre todo cuando la enfermedad o la adicción, pueda tener impacto en sus responsabilidades públicas. Como ustedes pueden ver, esta iniciativa tiene su origen en el debate que hubo en esta Cámara y en los medios de comunicación del país con motivo de la manta que algunos compañeros diputados, entre los que me incluyo, presentamos ante este pleno, en donde señalábamos problemas de alcoholismo de Felipe Calderón Hinojosa. Por eso es importante, porque este debate además se ha dado en el órgano garante de la transparencia, en el IFAI, si el tema del expediente médico de los servidores públicos, cuando las enfermedades o las adicciones de estos servidores públicos puedan tener un impacto en las responsabilidades de estos servidores públicos deba ser información de carácter público. Éste es el tema de la segunda iniciativa. El tema de la tercera iniciativa es una propuesta de reforma al artículo 61 de la Constitución. El artículo 61 de la Constitución que tantos de nosotros invocamos, como ustedes saben, se refiere básicamente a lo siguiente. Establece el principio de que los legisladores, diputados y senadores, somos inviolables en nuestras opiniones y no podemos ser reconvenidos por las opiniones que exponemos en los recintos parlamentarios o con motivo de nuestras funciones legislativas. El asunto es muy interesante porque este artículo 61 de la Constitución, su debate, no está solamente constreñido al recinto parlamentario. Aquí está presente el diputado Zambrano, quien no me dejará mentir, cuando recuerde que él estuvo hace algunos años sometido a un procedimiento de responsabilidad civil por haber hecho declaraciones como diputado federal respecto al que era asesor, gran asesor y secretario, de Salinas de Gortari cuando era presidente de la República. Fue llevado a juicio y la Suprema Corte, en resolución definitiva, en aquella época determinó que un legislador jamás podía ser reconvenido por sus opiniones y jamás podía ser sometido a un tipo de responsabilidad o de sanción por las mismas. La Suprema Corte exoneró de cualquier responsabilidad al diputado Zambrano. Este caso se volvió a repetir hace algunos años en la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de unas declaraciones del que en esa época era diputado, Germán Martínez Cázares, declaraciones que hizo respecto a Manuel Bartlett Díaz. Manuel Bartlett Díaz presentó el asunto jurídicamente ante los tribunales del fuero común, y en sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte dijo que solamente se protegían las expresiones de los diputados cuando se realizaban con motivo de las funciones de los legisladores; que no se protegía una expresión cuando no tuviese que ver con la función legislativa. Hasta aquí está la historia. ¿Qué estoy proponiendo yo en esta iniciativa? Que los legisladores, de ambas Cámaras, no podamos ser reconvenidos por nuestras opiniones; pero tampoco que podamos ser reconvenidos por nuestros votos, que seamos inviolables en esa materia. También estoy proponiendo que el estatuto del parlamentario que está integrado por los derechos, obligaciones y responsabilidades de los legisladores sólo sea materia de la ley, que no pueda ser materia de un reglamento, como actualmente se prevé de manera incorrecta y anticonstitucional, en el Reglamento de la Cámara de Diputados que entró en vigor el 1 de enero de este año. Por lo que ve a la cuarta iniciativa, presidente, es una propuesta de reforma y de adición al párrafo tercero del artículo 93 de la Constitución. Esta iniciativa es para fortalecer a las comisiones de investigación de ambas Cámaras. Como sabemos, para que proceda la integración de una comisión de investigación, ésta debe ser autorizada por el pleno, tanto de la Cámara de Diputados, como por el pleno del Senado. Se requiere, para el caso de los diputados, que una cuarta parte de los diputados soliciten la integración de la comisión de investigación y que la mitad de los senadores proponga la integración de la comisión de investigación. De acuerdo a la Constitución vigente, al artículo 93, solamente proceden las comisiones de investigación para investigar hechos que tienen que ver con la administración pública descentralizada, pero no tienen competencia de acuerdo a la Constitución- las comisiones de investigación en materia de administración pública, centralizada o para investigar hechos o conductas, por ejemplo del Poder Judicial, de los órganos constitucionales autónomos, o como lo establece el derecho comparado para atender cualquier asunto de interés público o de interés social. Lo que estoy proponiendo en esta iniciativa es el fortalecimiento de las comisiones de investigación para que éstas procedan a pedido de un grupo parlamentario, por ínfimo que sea en su representación parlamentaria. Aunque el grupo parlamentario tenga cinco diputados o cinco senadores pueda presentar o plantear una comisión de investigación. Propongo, que su campo de acción de las comisiones de investigación se extienda a, no solamente los organismos descentralizados, como actualmente ocurre, sino a toda la administración pública, a los poderes públicos, a los órganos autónomos y que las comisiones de investigación también procedan para atender cuestiones de interés social o de interés público. Finalmente, presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, esta quinta iniciativa que voy a mencionar ahora, que voy a comentar, tiene que ver con una propuesta de modificación al artículo 89, fracción I de la Constitución. Como ustedes saben esta fracción I del artículo 89, se refiere a la facultad reglamentaria del Ejecutivo. Esta facultad reglamentaria que ha existido en todas las Constituciones del país, tanto federales, como Constituciones centralistas. Hasta 1995 esta facultad reglamentaria estaba bastante constreñida para el Ejecutivo. El Ejecutivo mexicano por las características presidencialistas de nuestro sistema, no había tenido que usar en demasía y de manera indebida la facultad reglamentaria. Pero desde que es una realidad en México el gobierno dividido, es decir, cuando el presidente no tiene mayorías absolutas en las Cámaras, entonces el presidente ha comenzado a abusar de la facultad reglamentaria. Como todos nosotros sabemos, el reglamento es un ordenamiento jurídico de carácter inferior a la ley. El reglamento nunca puede ir más allá de la ley. El reglamento nunca puede desarrollar lo que contempla la ley. El reglamento no está ahí para resolver conflictos normativos o colmar las lagunas jurídicas. El reglamento no tiene características de supletoriedad con respecto a la ley. En la Constitución están prohibidos los reglamentos autónomos, es decir, aquellos que directamente regulan preceptos de la Constitución con dos excepciones, el Reglamento autónomo que está previsto en el párrafo quinto del artículo 27 de la Constitución y las atribuciones del Ejecutivo en materia de salubridad general. Pero ¿qué ha ocurrido en estos años? Que el Ejecutivo vía reglamentos internos, que por cierto no son aprobados por el titular del Poder Ejecutivo, sino por secretarías de Estado, y vía, también, las normas oficiales mexicanas, se ha estado vulnerando el sentido de la fracción I del artículo 89 de la Constitución, y puedo decir que hoy en día hay una auténtica diarrea reglamentaria en donde el reglamento se coloca muchas veces por encima de la ley, en donde los reglamentos colman lagunas legales, en donde indebidamente este Poder Legislativo delega facultades legislativas al reglamento. Todo esto debe ser prohibido. Por eso estoy proponiendo un párrafo adicional, un párrafo que adicione la fracción I del artículo 89 de la Constitución para que diga lo siguiente. Diría así: Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes: Fracción I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Así dice actualmente. ¿Qué propongo que se adicione? Lo siguiente: La facultad reglamentaria está exclusivamente conferida al titular del Poder Ejecutivo. Sólo se reconocerán los reglamentos autónomos que prevea expresamente la Constitución. El Poder Legislativo no puede delegar al Ejecutivo el desarrollo de las leyes. Los reglamentos tendrán por propósito establecer el modo para ejecutar y aplicar la ley y no pueden ir más allá de ésta ni extenderla a supuestos distintos ni contradecirla. Y, finalmente, la facultad reglamentaria no puede ejercerse para llenar lagunas o para reformar la ley, y ni siquiera para remediar el olvido o la omisión en que pueda haber incurrido el legislador. Es cuanto, señor presidente. Es cuanto compañeras diputadas, compañeros diputados. Yo espero que reciban con beneplácito y apoyo estas iniciativas que he puesto a la consideración de todos ustedes. Por su atención, muchas gracias.