La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias a mi compañera de Morena. Garantizar un derecho llave, como el acceso a la educación, no puede dictarse desde un memorándum, aunque tengan las mejores intenciones. Garantizar un derecho de este calado no puede ser sujeto de negociaciones en lo oscurito, mucho menos de retrocesos, porque lo que está juego, es el interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes. La oportunidad que les brindemos hoy para construirse un mejor futuro, para construir todos nosotros un mejor país. Habiendo impulsado una de las reformas más trascendentales en materia educativa de los últimos sexenios donde el Estado mexicano recuperó la rectoría del sistema educativo, en el Grupo Parlamentario del PRI, optamos por el camino más complejo, pero sin duda, el más efectivo, el de la construcción de acuerdos que imponen la responsabilidad y la legalidad. Siendo la tercera fuerza en esta Cámara, habría sido fácil, cómodo, definir como estrategia política la obstrucción, o quizá apostar por la mezquindad, haciéndonos a un lado para ver pasar una iniciativa presidencial plagada de ocurrencias, como subordinar la educación al derecho al bienestar, o eliminar de tajo la educación inicial, la autonomía universitaria o los procesos de evaluación para las maestras y los maestros. Nos pareció inadmisible sustraernos de tan grave responsabilidad. Por eso seguimos aquí, porque nuestra apuesta siempre será construir en los hechos no en los dichos, y porque esta discusión regresó a la legalidad, que es la única vía para hacer valer los contrapesos que tiene el poder en nuestro país, la única vía para defender los derechos del pueblo frente a las autoridades, pero también frente a sustentaciones autoritarias. Participamos de este proceso legislativo en condiciones diametralmente opuestas a la reforma de 2013, cuando éramos mayoría en el Congreso de la Unión y en los Congresos locales del país, pero que quede bien claro, lo seguimos haciendo con el mismo sentido de responsabilidad. Nos mueve la misma convicción, los derechos no son negociables y el futuro se construye hoy haciendo de la política y la construcción de acuerdos, como dice nuestro coordinador, René Juárez, el arte de lo posible. Defendimos lo alcanzado en la reforma de 2013 y logramos mantener la evaluación para la admisión, la promoción y el reconocimiento del personal que ejerce la función docente, directiva o de supervisión. Se mantuvo, no mientan, la campaña ya acabó. Hoy nos toca a todos asumir responsabilidades. Describimos con precisión en el texto constitucional que los procesos de selección a los que concurran los aspirantes en igualdad de condiciones y establecidos en la ley secundaria, deberán ser como tienen que ser, públicos, transparentes, equitativos e imparciales. Hoy analizaremos y votaremos a favor de una adición en torno al famoso artículo decimosexto, que deja bien claro si lo leen con cuidado, que la ley reglamentaria para el sistema para la carrera de las maestras y los maestros tendrá su fundamento en el artículo 3o. constitucional, y no en el 123. Agregamos, prevaleciendo siempre la rectoría del Estado, para que, a nadie, a nadie, compañeras y compañeros, le quede duda que la obligación será velar por el interés superior de las niñas, los niños y los adolescentes, y no por el interés de ningún grupo, por poderoso o por interesante que pueda ser. ¿Por qué hablamos en el Grupo Parlamentario del PRI, de una evolución de la reforma educativa? Porque lo único que no condicionará la evaluación es la permanencia de nuestros docentes en el servicio, y porque la evaluación incluirá además de los conocimientos, la experiencia de nuestras maestras y nuestros maestros, que es un legítimo y sentido reclamo no solamente del magisterio, también de quienes somos madres y padres y queremos que frente a grupo estén los y las mejores, porque ellos forman a nuestros niños, ellos tienen a lo más valioso que tiene esta sociedad. En el dictamen que analizamos hay otra muy valiosa aportación de nuestro grupo parlamentario. Sabemos que era innecesario y hasta indeseable, incluir en la Constitución un listado de materias, como fue el empeño y logro de la mayoría, porque el conocimiento evoluciona de manera constante y porque el riesgo era dejar fuera, ser limitativos de otros conocimientos que requieren ser llevados a las aulas. Sin embargo, la base está en privilegiar la enseñanza de las matemáticas y la lectoescritura, que ya se incluyó en este dictamen y que reconocemos y que valoramos que se haya incluido esta aportación también de nuestro grupo parlamentario. Otro logro muy importante que estaremos hoy aprobando será fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, en particular las escuelas Normales, obligando a este Poder a que en las leyes secundarias se establezcan criterios para su desarrollo institucional, regional, para la actualización de sus planes y programas de estudios, para la superación académica y, por supuesto, para construir y constatar la mejora educativa. En materia presupuestal es indispensable reconocer la carga que tienen las entidades federativas. Nadie quiere evadir la responsabilidad, pero brindar educación de calidad exige inversión en mayor número de docentes, en investigadores, en talleres, en equipamiento, en infraestructura. Sí queremos que regresen las estancias infantiles. No queremos que las instituciones de educación superior se conviertan en estancias juveniles. Necesitamos, exigimos calidad en la educación superior para que, al concluir sus estudios, nuestros jóvenes encuentren un trabajo a la altura, no solo de sus capacidades, de sus expectativas. Generamos un blindaje a las instituciones de educación superior no autónomas, para que mantengan sus requisitos de ingreso. Qué bueno que habrá becas para todos. No le bajemos la vara, exijamos calidad y sabemos que nuestros jóvenes pueden con eso y con más. Se establece la obligatoriedad de la federación y entidades federativas de garantizar la educación superior, y la creación, muy importante, dimos una batalla enorme desde la oposición, porque fue un logro conjunto para que se estableciera un fondo federal específico que nos permita de manera creciente, de manera progresiva atender las necesidades, las muchas necesidades que tiene la educación superior, que por cierto, junto con la media superior y con la educación inicial es donde tenemos el menor porcentaje de matrícula. Hay que dar un impulso muy fuerte y creemos que, con este fondo, pues habrá un poco más de certidumbre al respecto. ¿Qué es lo malo? ¿Qué no logramos? Lograr acuerdos con quienes hoy son gobierno llevó consigo, pues limitar los alcances deseables para mejorar el sistema educativo. Veremos con tristeza, con dolor, con indignación, la desaparición del primer organismo constitucional autónomo, pero también yo quiero llamar a que seamos realistas. Frente a los perfiles enviados por el Ejecutivo, en fechas recientes en esta autodenominada cuarta transformación, al Senado, perfiles que claramente incumplían con la ley, elegimos es el arte de lo posible la política, elegimos el menor mal, elegimos perder la autonomía constitucional para lograr una autonomía real. Las propuestas para estos servidores públicos ya no provendrán del Ejecutivo, serán responsabilidad exclusiva del Senado, de un Senado plural que esperemos evite el riesgo de la propuesta presidencial, que era no solo la desaparición, también hay que decirlo, sino la concentración de la función evaluadora en el Poder Ejecutivo. No se puede ser juez y parte, compañeras y compañeros. No tenemos un presupuesto claro ni un rumbo económico financiero claro y confiable. Con la aprobación de esta reforma, a la que nunca le pusieron impacto presupuestal, exigimos también al Ejecutivo la implementación de estrategias nacionales, para atender a la primera infancia, que parece que porque no votan han dejado fuera de sus intereses y han recortado presupuestos de manera alarmante. La Estrategia Nacional de Inclusión Educación, que está normada en este decreto y que será un avance muy importante no solamente para el sector educativo, sino para la sociedad en su conjunto. Y por qué no, vayamos pensando en una Ley de Educación Superior que evite el riesgo que advertimos con las nuevas universidades Benito Juárez, a las que por cierto sí les pusieron un buen presupuesto y que no podrán ser auditables y pareciera que serán centros de ideologización al servicio del poder. Creemos y defenderemos la libertad que exige el conocimiento y, por supuesto, su calidad. En el Plan Nacional de Desarrollo la proyección educativa queda limitada. Tampoco vimos presupuesto en el Plan Nacional de Desarrollo, que será motivo de otra discusión aquí en la Cámara y estaremos exigiendo lo conducente. Por todas estas razones, porque queremos dar la cara a México, porque tenemos responsabilidad y porque queremos seguir aportando a la construcción de un mejor país. Porque queremos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un futuro mejor, que se construya desde ahorita, estaremos votando a favor y seguiremos dando la batalla por los muchos pendientes que se nos quedan en esta reforma educativa.