El diputado Jesús de León Tello: Gracias, diputado Presidente. Le solicito que la presente iniciativa, toda vez que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Los derechos fundamentales de la víctima son un tema pendiente en la agenda nacional. Su fortalecimiento normativo y las garantías reales y efectivas que se requieren instrumentar en el Estado Mexicano deben ser una prioridad legislativa. En México, el ofendido es el más débil, después de sufrir el delito tiene que sufrir un calvario en el procedimiento penal. El Estado no le proporciona un defensor que lo oriente y asesore en el ejercicio de sus derechos. En todo caso, tiene que pagar un defensor privado para que lo represente, pero aún, cuando lo tenga la ley no es clara ni expresa en reconocerle algunos derechos fundamentales, para que el ofendido esté en igualdad de condiciones que el inculpado; pues mientras el inculpado sí tiene derecho a una defensa pública adecuada, a una serie de derechos y garantías del debido proceso penal, el otorgamiento de beneficios para gozar de su libertad, el ofendido no tiene a su vez, algunos derechos que equilibre su situación de debilidad. La presente iniciativa tiene por objeto desarrollar en la legislación secundaria la propuesta de reforma constitucional que se presentó en el pasado periodo ordinario de sesiones, la cual propone dotar de mayores garantías en el procedimiento penal a la víctima u ofendido de algún delito. En efecto, es necesario establecer de manera clara las garantías que deben operar jurídicamente para que el ofendido pueda ejercer su derecho a una defensa pública, su derecho a obtener la reparación del daño y a impugnar de manera efectiva los actos que violan su derecho a la persecución del delito. En primer lugar, el defensor público de la víctima es una propuesta que recoge la teoría del galantismo penal, pero que, sobre todo, trata de resolver una injusticia: la falta de defensa de los derechos de las víctimas en el procedimiento penal. No puede ser posible que la persona más afectada por el delito, no tenga derecho a que el Estado mexicano le proporcione un defensor público. Ningún argumento moral o económico justifica la indefensión de la víctima. Propongo, por lo tanto, que la Defensoría Pública Federal lleve a cabo a nivel federal la obligación de proporcionar los defensores que tutelen los derechos de las víctimas; además, de que toda violación grave a ello pueda dar lugar a la reposición del procedimiento. Por otra parte, esta iniciativa también tiene por objeto, fortalecer la garantía de la reparación del daño. Si bien es válido, de acuerdo con la idea del derecho penal mínimo, a establecer una política de sustitutivos penales que beneficien a la parte del proceso penal que cometió un delito. También lo es, que es necesario que la víctima no se vea perjudicada por ese beneficio, sino más bien recompensado, por lo menos con la garantía de la reparación del daño, en caso de que el inculpado se acoja al beneficio. Es decir, cualquier beneficio procesal, o algún sustitutivo o conmutación de la pena, concedido al inculpado dentro del procedimiento penal tiene que cumplir el requisito de garantizar o pagar la reparación de los daños y perjuicio a favor de las víctimas. Finalmente, es importante fortalecer el control del monopolio de la acción penal que es parte de la historia parlamentaria de nuestro partido, pues desde siempre se ha propuesto el control del Ministerio Público mediante el juicio de amparo, pero ahora la práctica ha demostrado que es necesario ampliar el control de los actos equivalentes del inejercicio de la acción penal y su desistimiento, pues de nada sirve que el ofendido tenga derecho a recurrir al no ejercicio, si por ejemplo no puede cuestionar la reserva de la averiguación. Basta con que un Ministerio Público congele la averiguación para que no pueda recurrirla, y por tanto, al transcurso de los años dicha inactividad del Ministerio Público se convierta en la prescripción del delito; causa legal para no ejercitar la acción penal, por lo que cuando el ofendido acuda al amparo le será inoportuno e ineficaz porque el juez federal no tendrá más que validar el no ejercicio de la acción penal. Igualmente podemos decir en casos como la violación a las pruebas que ofrezca el Ministerio Público o la petición de una medida precautoria que no se resuelva como la restitución provisional en el goce de los derechos, la violación a coadyuvar en la averiguación previa, la omisión de restituirlo en sus derechos, la cancelación de la orden de aprehensión, las conclusiones no acusatorias, entre otros casos. Señores legisladores, hoy en día el 90 por ciento de los delitos quedan sin castigo, en donde una estimación del año 2001, con datos del INEGI, y otras fuentes oficiales revelan que en México de cada cien delitos que se cometen sólo se denuncian 25; de los 25 ilícitos denunciados, sólo termina la investigación en el 4.55 por ciento. De este porcentaje sólo el 1.6 por ciento se pone a disposición del juez y de esa cifra finalmente sólo el 1.2 por ciento llega a una sentencia, condenándose tan sólo al 1.06. La seguridad pública es el tema más importante en la agenda de la sociedad, incluso algunos lugares como en Tijuana o el Distrito Federal, es alarmante la percepción ciudadana. En el año 2000, por ejemplo, el 55 por ciento de los entrevistados consideraban que la inseguridad pública era el principal problema de la ciudad; en el 2001, afirmaban esa percepción de inseguridad el 74 por ciento. En una reciente encuesta nacional de victimización, de las cifras de 2005, son similares. La percepción es del 54.21 por ciento de las personas que se sienten inseguras en todo el país. El Ministerio Público, por su parte, es una de las autoridades más desacreditadas en el país y la Policía Judicial ocupa el primer lugar en el índice de desconfianza de la ciudadanía. Estos datos además de combatirlos con mejores instituciones de justicia penal y seguridad pública, se deben combatir bajo la cultura de los derechos humanos. Los ofendidos no denuncian no sólo porque no tengan confianza en las instituciones, sino porque no cuentan con la garantías necesarias para proteger sus derechos, los delitos no se castigan porque el Ministerio Público tiene una gran discrecionalidad y una falta de control en el monopolio de la acción penal. Esta iniciativa tiene por objeto que discutamos las mejores garantías que se deben establecer por el mal débil de nuestra sociedad: las víctimas el delito. Es cuanto señor Presidente.