La diputada Gina Andrea Cruz Blackledge: Dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos. Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, el pasado 8 de septiembre de 2015 el Ejecutivo federal envió a esta soberanía el paquete económico para el Ejercicio Fiscal del año 2016. Siendo la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos con las propuestas que lo conforman. El 7 de octubre del 2015 se instaló formalmente la Comisión de Hacienda y Crédito Público que funcionará durante esta LXIII Legislatura y la cual me honro en presidir. Desde ese día las diputadas y diputados que la integramos iniciamos los trabajos legislativos en base a nuestras atribuciones constitucionales y legales. El pasado 13 de octubre la Comisión de Hacienda y Crédito Público aprobó su primer dictamen para que esta Legislatura, de esa Legislatura correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos y que será el primer dictamen que el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados considerará y votara en la Legislatura. Quiero destacar que este dictamen con proyecto de decreto es resultado del análisis responsable y de la discusión abierta que dentro de la Comisión de Hacienda y Crédito Público expresaron todos los grupos parlamentarios representados al interior de la misma, en un ambiente de total apertura y plural debate. Es así, que los diputados que integramos esta comisión legislativa, nos reunimos el pasado 12 de octubre con representantes del sector privado, académico y social, con el fin de intercambiar opiniones respecto de las propuestas contenidas en la iniciativa a efecto de que los diputados contáramos con mayores elementos que nos permitieran analizar y valorar el contenido del paquete económico para 2016, en particular sobre este proyecto de decreto que sometemos a su consideración. Asimismo, dentro de los trabajos del presente dictamen se tomaron en consideración los argumentos contenidos en las diferentes iniciativas turnadas a la Comisión de Hacienda y Crédito Público sobre la materia, así como las propuestas de modificación presentada por los legisladores al momento de la integración de este proyecto de decreto. El dictamen que está a su consideración plantea diversas modificaciones: En primer lugar quisiera mencionar la modificación al artículo 5o. de la Ley Federal de Derechos, en el que se considera a cualquier organismo del gobierno federal que preste servicios públicos, con la finalidad de que estén en posibilidad de cobrar derechos por la prestación de dichos servicios, tales como la expedición de copia certificadas, reposición de constancias y compulsa de documentos, entre otros, sin que se encuentre limitado a las secretarías de Estado y Procuraduría General de la República, teniendo la posibilidad de cobrar una contraprestación por la prestación de sus servicios. En materia de servicios migratorios, se reforma el párrafo primero del artículo 8o. de la Ley Federal de Derechos, a fin de contemplar cada una de las etapas para la realización del trámite de expedición de documento migratorio que acredite la condición de estancia correspondiente. Lo anterior, en virtud de que la prestación del servicio no solo se genera en el momento de entregar el documento migratorio sino desde que se realiza la solicitud del mismo, de ahí que debe contemplarse como supuesto para el pago de derechos desde la recepción de la solicitud, estudio y, en su caso, la emisión del documento migratorio. Sobre el mismo tema, la propuesta del diputado Ricardo García Portillo, del Grupo Parlamentario del PRI, la comisión estuvo de acuerdo en aprobar un ajuste del derecho por la obtención de la condición de estancia de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas pasando de 331 a 390 pesos, a fin de que corresponda con el costo de los servicios migratorios, y por el otro, que los turistas reciban servicios adecuados y modernos al momento de ingresar al país por lo cual a su vez se lograría atraer más flujo turístico a México. Se incluye la figura de la reposición del documento que acredite la condición de estancia de residente temporal cuando el extranjero acredite ser ministro de culto o pertenecer a una asociación religiosa. Se considera viable toda vez que son aplicables los mismos requisitos y normatividad para el documento migratorio que acredite la condición de estancia de residente temporal entre los que se encuentre la figura de reposición. Se exenta el pago del derecho por la autorización para realizar actividades remuneradas al residente temporal y al residente temporal estudiante cuando sean autorizados al amparo de un instrumento jurídico de movilidad de personas o convenios de cooperación internacional en consideración a aspectos de reciprocidad internacional. Por otra parte, se adecúan los conceptos de cobro de los pasaportes oficiales eliminando las vigencias de uno y dos años, así como un refrendo para homologarlo a un solo concepto con un único cobro de 426 pesos. En otro orden de ideas y en congruencia con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de junio de 2014, se establece la exención del pago de derechos por servicios consulares por la expedición de la primera copia certificada del acta de nacimiento. Estoy por concluir, presidente. Respecto a la incorporación del cobro de derechos con cuota fija por la prestación de servicios en materia financiera tales como la autorización para que la Sofome se considere cono entidad regulada, se establece una cuota fija a fin de que se refleje el costo real que tiene la ejecución de un servicio. Dichas adecuaciones son acordes con las reformas en materia financiera publicadas por el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014. Respecto al tema de energía se incorpora el cobro por la prestación de servicios consistentes en la expedición de los títulos de permiso que la Secretaría de Energía otorga para el tratamiento y refinación de petróleo y procesamiento de gas natural. Por otra parte y con motivo de la reforma en materia de telecomunicaciones, se incluyen los derechos por los servicios que presta el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Como consecuencia de las reformas estructurales en materia de competencia económica, se establecen los derechos por las contraprestaciones del servicio que otorga la Comisión Federal de Competencia Económica. Asimismo para el 2016 respecto al tema de espectros radioeléctricos se propone un régimen fiscal en materia de derechos por el uso, goce y aprovechamiento o explotación de éstos con la finalidad de ampliarlo a la tecnología disponible y que su proceso licitativo sea competitivo, transparente y con plena rendición de cuentas. Respecto de la extensión del pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, a las personas físicas o morales del sector social y privado que usen y aprovechen las playas, las zonas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas para labores de investigación científica y que se encuentren inscritos en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas a que se refiere la Ley de Ciencia y Tecnología, se otorga un apoyo a las actividades de investigación científica. Por otra parte con la finalidad de dar seguimiento a las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia, relativas a la conservación de los recursos naturales y valores culturales, así como para impulsar la conservación y rescate de monumentos de valor universal, se hace extensivo el cobro de una cuota especial para acceder en horario distinto al normal de operación a los museos, monumentos y zonas arqueológicas propiedad de la federación. En materia hídrica, el diputado Waldo Fernández González, del Grupo Parlamentario del PRD, propuso ante el pleno de la Comisión de Hacienda adecuar el término de entidad u organismo en el artículo 231-A, a lo que quienes integramos este órgano legislativo dimos nuestro voto aprobatorio, ya que el nuevo término comprende toda una gama de contribuyentes beneficiarios de los programas a los que se aplican los destinos específicos en materia de agua, sean comisiones estatales de agua, ayuntamientos y organismos operadores, independientemente de su razón social, de carácter público o privado. Asimismo en el proyecto que se somete a consideración de la asamblea, se precisó que los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho de trasvase de aguas nacionales se destinarán a la Conagua para la realización de programas que contemplen acciones de restauración, rescate, preservación de acuíferos y cuencas de las zonas o regiones florexportadoras, al ser la que puede ser afectada por el trasvase de aguas nacionales. Con esta modificación se diferencia el ingreso por concepto de aprovechamiento de aguas nacionales asignadas para otorgar el servicio público de suministro de agua del ingreso del derecho por concepto de trasvase de las aguas nacionales, tal y como ocurre en la estructura de la Ley Federal de Derechos que distingue a ambos concretos. Finalmente y sobre el mismo tema, se emitió necesario ampliar de tres a cuatro años el plazo de acreditamiento de los derechos por la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales para que sea hasta el quinto año cuando se pague el 100 por ciento del referido derecho, a fin de otorgar un año más al sector industrial para efectuar los ajustes necesarios en sus procesos productivos y permitiéndole con ello abatir sus consumos de agua. Esta medida fue propuesta como una reserva por el diputado Miguel Ángel González Salum, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI y del PAN, por lo que los contribuyentes no tendrán que cubrir incremento alguno. Honorable asamblea, derivado de lo expuesto y reiterando que el proyecto que se somete a su consideración es el resultado de análisis serio, plural y profundo por parte de los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, me permito solicitar a ustedes su voto aprobatorio para el proyecto de decreto que está a su consideración. Muchas gracias. También aprovecho para entregar al presidente de la Mesa Directiva un ajuste de redacción por parte de las consideraciones del dictamen acordado por la comisión en relación con la reserva del Grupo Parlamentario del PRD, que no modifica el sentido de lo aprobado por la misma. Es cuanto, señor presidente.