La diputada Yadhira Yvette Tamayo Herrera: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 135 y demás relativos y aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Como ustedes saben, el Consejo de la Judicatura es el órgano de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, mismo que fue creado en 1994 a raíz de una serie de reformas constitucionales en materia relativa al Poder Judicial. Esta idea de crear el Consejo de la Judicatura obedeció a la necesidad de separar, al interior del Poder Judicial, las actividades administrativas de aquellas de carácter jurisdiccional; es decir, que se deja en este órgano de autogobierno la facultad de realizar todas aquellas actividades de administración, supervisión y sanción de jueces y magistrados que integran el Poder Judicial, para que éstos se puedan dedicar de manera exclusiva a su labor de juzgar. No obstante, desde el momento de su creación hubieron algunas críticas hacia la forma en cómo el Consejo estaba conformado. Por ejemplo, cuatro de sus miembros, incluyendo al presidente de la Suprema Corte de Justicia que es a la vez el presidente del Consejo, provienen del Poder Judicial. En virtud de que además de ser un órgano cuyo objetivo era separar actividades administrativas de las jurisdiccionales, también el Consejo debía tener como finalidad hacer efectiva la participación ciudadana en la administración y vigilancia del Poder Judicial, hecho que se debilitaba al establecer una mayoría de miembros provenientes del Poder Judicial incluyendo a su presidente que, como ya se dijo, lo es tanto del Consejo como de la Corte. La composición del Consejo de la Judicatura tiene que establecerse de manera diferente a la actual para que sus facultades de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, entre las que destacan el nombramiento de jueces y magistrados, puedan efectuarse también con plena autonomía. En ese sentido si bien una parte de sus miembros debería seguir proviniendo del propio Poder Judicial para que se garantice la presencia y participación de éste en el Consejo, los otros miembros tendrían que ser designados exclusivamente por el Poder Legislativo para que se asegure una situación balanceada entre quienes están ubicados en la perspectiva de funcionarios judiciales y quienes tengan un punto de vista de la ciudadanía sin posibilidades del Poder Ejecutivo. Asimismo, debe descartarse el inconveniente de que el presidente de la Suprema Corte de Justicia lo sea también del Consejo de la Judicatura, condición que actualmente se permite como ya se apuntó que se reúnan en una misma persona capacidades de gran influencia en ambos órganos. En esta perspectiva, el Presidente del Consejo de la Judicatura debería ser nombrado por y de entre los miembros que lo integran. Es por ello que la iniciativa que se plantea tiene como objetivo delimitar la participación de la Suprema Corte en el ámbito de competencias del Consejo de la Judicatura, excluyendo al presidente de la Suprema Corte de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Es por lo anteriormente expuesto que, con el objetivo de dotar de autonomía al Consejo de la Judicatura y hacer efectivo su trabajo de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, se propone la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforman los párrafos segundo, tercero y quinto del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: Artículo 100. El Consejo se integrará por siete miembros, de los cuales tres serán designados por el Senado de la República y cuatro serán designados por el Poder Judicial. De éstos, dos serán magistrados de circuito, y dos, jueces de distrito, electos por insaculación. Los consejeros nombrados por el Senado en ningún caso podrán ser miembros del Poder Judicial federal, estatal o del Distrito Federal, ni haberlo sido cuando menos tres años antes al día de su nombramiento. El presidente del Consejo será designado por el pleno del mismo. Todos los consejeros deberán reunir los requisitos señalados en las fracciones I a VI del artículo 95 de esta Constitución y ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades; en el caso de los designados por la Suprema Corte, deberán gozar además de reconocimiento en el ámbito judicial. El Consejo funcionará en pleno y en comisiones. El pleno resolverá sobre la designación, adscripción, ratificación de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que la ley determine. Los consejeros durarán cinco años en su cargo, serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Transitorio Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Posterior a la entrada en vigor de esta reforma, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 17 de abril de 2007. Es cuanto, diputado Presidente. Dejo el texto para que se inserte, por favor.