La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, Presidenta. Compañeros diputados, compañeras diputadas, para el Grupo Parlamentario de Alternativa el tema de justicia es fundamental, junto con la reforma electoral, la reforma en materia fiscal y la Ley del ISSSTE. Ésta es una de las reformas más trascendentales para la consolidación de la reforma del Estado, no sólo porque regula la libertad de los individuos que delinquen, sino porque afecta de manera notable el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que son víctimas de delitos y, en particular, de las mujeres. Es de una enorme responsabilidad lo que vamos a discutir y a votar en esta materia, porque estamos legislando sobre la impartición de justicia, que es un derecho fundamental de la persona y una obligación primaria del Estado, al igual que la seguridad. Uno de los puntos nodales que presenta esta propuesta, de acuerdo con el grupo parlamentario al que represento, se centra en el relativo a la introducción de medios alternativos de solución en materia penal. Al respecto, queremos señalar que, en general, estos medios son viables siempre cuando se apliquen a delitos y problemáticas adecuadas, no se puede generalizar su uso como pretende la reforma; por ello, nos preocupan las repercusiones que este punto genera en materia de violencia intrafamiliar. Los medios alternativos hacen referencia a la conciliación, negociación y en especial a la mediación; sin embargo, éstos están contraindicados por las Naciones Unidas y mediante los tratados internacionales que México ha signado para los casos de violencia de género, en especial de violencia familiar y de delitos sexuales. Así lo recoge la propia Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, recién aprobada por esta Legislatura, quedando en la propuesta tan minados los derechos de las víctimas del delito que ni siquiera se regulan las órdenes de protección que se prevén en esta ley. No es posible regular como una medida de impartición de justicia, que los delitos de orden sexual y de violencia intrafamiliar sean susceptibles de solucionarse mediante un convenio o mediante la mediación de un tercero, que los conmina a no repetir tales conductas. No podemos permitir que ninguna ley, y menos la Constitución, contenga disposiciones que representen un retroceso tan terrible contra la seguridad jurídica de las mujeres. La Convención que busca la eliminación de la discriminación contra las mujeres de la ONU, la CEDAW que nuestro país suscribió y ratificó, ha dado 36 recomendaciones que México deberá cumplimentar antes del 2010. Ahí se establece con claridad, que el estado debe buscar la igualdad sustantiva, la igualdad de facto, de la cual la igualdad entre hombres y mujeres es sólo una parte. Y prevé justamente la diferenciación entre todas y cada una de las normas que afecten a las mujeres, de no hacerlo estamos, con la neutralidad y la generalidad, haciendo una discriminación indirecta de acuerdo con la propia organización de las Naciones Unidas. Los medios alternativos de solución tratan a las personas como igual entre sí y no podemos tratar a los desiguales como iguales, tal es el caso del ejercicio de poder en materia de violencia familiar y sexual, como lo señala Naciones Unidas. Tal como lo contempló el legislador de 1917, entre patrones y obreros al establecer la suplencia de la queja a favor de los obreros que no tienen el mismo poder que los patrones, esta Legislatura no debe perder la memoria legislativa. En este punto, y no obstante que en una mesa amplia de debate y análisis, el Grupo Parlamentario de Alternativa hizo la propuesta de colocar en el texto de la norma la excepción correspondiente, nos fue argumentado que no es posible hacer un catálogo de excepciones por delito específico, y que por lo tanto ése es un tema susceptible de regularse por la legislación secundaria. Sin embargo, como la facultad de legislar en materia penal del fuero común es de los estados, nada nos garantiza que no aplicarán estas disposiciones de la Constitución en materia de penas alternativas para el caso de violencia intrafamiliar. Yo les pregunto, en qué ley secundaria vamos a poder nosotros, como Poder federal, regular la excepción de aplicar medidas alternativas en materia penal para el caso de violencia intrafamiliar. No nos permitieron que se asentara el argumento ni siquiera en la exposición de motivos. Para Alternativa Socialdemócrata es fundamental, para votar cualquier reforma, que se garanticen plenamente los derechos de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia. Ése es y ha sido nuestro compromiso con las mujeres de este país y no cejaremos en nuestro empeño de defender tales derechos. Es de la mayor relevancia garantizar las condiciones de seguridad para las víctimas del delito, que también quede en entredicho en la reforma y garantizar la defensa irrestricta de los derechos humanos. Establecer las excepciones indispensables para el caso de las penas alternativas en materia de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, incluyendo tales excepciones en los juicios orales. Es necesario además que la iniciativa recoja los compromisos internacionales que en materia de perspectiva de género ha signado México. Por todas las razones antes esgrimidas, y haciendo un reconocimiento al acuerdo que llegaron todos los grupos parlamentarios y al trabajo de las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y al diputado César Camacho, por estas razones Alternativa se ve obligado a emitir su voto en abstención. Muchas gracias.