El diputado Miguel Ángel Peña Sánchez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Tener una vivienda adecuada implica tranquilidad, seguridad, refugio, espacio de existencia y desarrollo armónico entre los miembros de la familia. Sin ella, el hombre se vería aislado, retraído, frustrado y desde luego, fuera del contorno social en que se desarrolla, sin tomar en cuenta otros problemas secundarios que debe enfrentar. Ante tales consideraciones, nuestro Constituyente Permanente estableció en la Ley Suprema el derecho a la vivienda como un derecho social otorgado a los trabajadores en la fracción XII del artículo 123 constitucional y también como una garantía individual consagrada en el párrafo sexto del artículo 4o., para que toda familia tenga derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La palabra vivienda no sólo es el vocablo que se utiliza para definir el edificio que sirve de habitación a una persona; en materia jurídica y del trabajo se usa para denotar la casa o morada que un patrón debe proporcionar a sus trabajadores, de acuerdo a las modalidades expresadas en la Ley Suprema, en las disposiciones reglamentarias y otros instrumentos que derivan de acuerdos paritarios. Durante décadas, la obligación patronal de facilitar la adquisición o permitir el uso de viviendas decorosas a los trabajadores nunca se aplicó. Por un lado, los dueños del capital hicieron caso omiso a la ley, recurriendo a argucias y trucos jurídicos para no concretizar su obligación y, por otra parte, el Estado mostró poca voluntad política para tenerla como prioridad dentro de su función social. Es hasta febrero de 1972 con la reforma del artículo 123 de la Constitución, que se obliga a los patrones mediante aportaciones a constituir un Fondo Nacional de la Vivienda y establecer un sistema de financiamiento que permitiera otorgar créditos baratos y suficientes a los trabajadores para adquirir una vivienda en propiedad. A mayor abundamiento, el artículo 137 de la Ley Federal del Trabajo establece que el Fondo Nacional de la Vivienda tendrá por objeto: crear sistemas de financiamiento que permitan a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas; para la construcción, reparación o mejoras de sus casas habitación y para el pago de pasivos adquiridos por estos conceptos. Esta reforma fue la que dio origen al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), mediante el decreto de ley respectivo que fue publicado y entró en vigor el 24 de abril de 1972. Ahora bien, el Infonavit de conformidad con los artículos 2o. y 3o. de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio y tiene por objeto: administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas; la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones; coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad de los trabajadores. No obstante, el Infonvit ha dejado de cumplir con el objeto social por el cual fue creado, configurándose en un organismo gestor de poderosos consorcios inmobiliarios que determinan la orientación de los programas del Fondo de Vivienda de los Trabajadores, dando capacidad al sector privado que participe a través de dos mecanismos, la bursatilización de cartera, la cual en el caso de Infonavit representa aproximadamente 450 mil millones de pesos, mediante los Certificados de Vivienda (Cedevis) y por el cofinanciamiento y el apoyo Infonavit, que tampoco han dado resultados favorables a los trabajadores. Aunado a lo anterior, el Infonavit ha iniciado una auténtica persecución de deudores a través de despachos jurídico privados, que inician procedimientos de desalojo en cuanto un trabajador pierde su empleo. Los despachos SCRAP2, Recuperadora de Deuda Hipotecaria y Grupo Acser, entre otros, operan bajo contrato con el Infonavit y amparados por leyes que rigen el mismo, promueven convenios extra judiciales para que los trabajadores se obliguen a incrementar del 25 al 35 por ciento de su último salario. El monto de mensualidades a pagar y en caso de no de pagar tres mensualidades consecutivas o tres discontinuas en un año, otorgan al Infonavit iniciar el proceso de cancelación de crédito con el consecuente riesgo de perder su patrimonio y todo lo que ha invertido en él. Lo anterior pone de manifiesto un esquema perverso de una institución de servicio social, ya que por un lado otorga créditos a trabajadores de bajo recursos, quien en el supuesto de quedar sin empleo pueden ser despojados de su propiedad sin que se tome en cuenta lo erogado; y por otro, este bien inmueble puede ser vendido a otro posible acreedor del nuevo subsidio, situación que se agrava considerando que dentro de los primeros 100 días de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, se han perdido 300 mil empleos, cuando se comprometió a crear un millón de empleos al año; y que el Infonavit sólo ha atendido al 14 por ciento de los derechohabientes, es decir, ha concedido crédito a menos de dos millones de trabajadores de los aproximadamente 14 millones que tiene registrados. En caso de morosidad o insolvencia, para efectuar los pagos no existe ningún programa o alternativa de reestructuración, pero también existe el problema de los derechohabientes cumplidos, quienes irremediablemente condenados a pagar por más de 20 años altísimos créditos con tasas variables, han cubierto al precio de la vivienda y sin embargo, siguen pagando los intereses del crédito. Lo anterior porque la amortización de crédito se calcula con base en el desarrollo del salario mínimo; éste prácticamente, año con año, se incrementa en diferente proporción, lo cual se ve reflejado en los intereses que pagan los trabajadores. El gobierno ha sido incapaz económica y políticamente hablando de proveer todos y cada uno de los servicios que requieren los ciudadanos. Por ello, los actores políticos y el sector privado debemos comprometernos de manera real y sincera con la sociedad para ofrecer alternativas de desarrollo habitacional razonable; en los trabajadores mexicanos, con tasas de interés bajas que permitan a los deudores cubrir sus créditos sin que los persiga el fantasma de la insolvencia. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 41 y 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Artículo único. Se reforman los artículos 41, párrafo segundo y tercero del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue: Cuando un trabajador hubiere recibido el crédito del Instituto, éste le otorgará a partir de la fecha en que haya dejado de percibir ingresos salariales, prórrogas hasta por un año, renovables en los pagos de la amortización que tenga que hacer por concepto de capital e intereses ordinarios. Para tal efecto, el trabajador acreditado podrá presentar su solicitud al Instituto dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que deja de percibir ingresos salariales. Durante dichas prórrogas los pagos del adeudo principal y los intereses ordinarios que se generen se capitalizarán al saldo insoluto del crédito.