EL DIP. JAVIER SALINAS NARVÁEZ: Muchas gracias, señor Presidente. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa que reforma y adiciona los artículo 7° fracciones I y II; 8° fracción I y los transitorios segundo, tercero y octavo, de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores conforme a la siguiente Exposición de Motivos Para atender a la solución del problema social que viven de miles de ahorradores en el país, el Congreso de la Unión legisló y aprobó la Ley que crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, la cual fue publicada en el Diario Oficial el 29 de diciembre de 2000. Dicho fideicomiso inició sus actividades en enero de 2001 y si bien cumplió con lo establecido, rescatando a miles de ahorradores no fue suficiente, porque dejó fuera de este beneficio a muchos ahorradores, así como a sociedades de otro tipo que no había considerado la ley. Esto provocó que los ahorradores volvieran a manifestarse en las calles y hacer patente este problema social que dejó en la miseria a miles de personas que en su mayoría son de tercera edad, pensionados o jubilados, viudas que tienen que mantener una familia, minusválidos, campesinos y desempleados que dependían de sus ahorros para poder subsistir y proporcionarse una vida digna, a la fecha este problema no se ha solucionado. No fue el ánimo de especular lo que llevó a invertir sus ahorros en las cajas populares, sino la poca respuesta del sistema bancario que bajaron las tasas de interés y rendimientos tan bajos que los obligaron a buscar mejores alternativas de ingreso como el que ofertaba las cajas populares y de inversión. Es importante señalar que a los bancos se les rescató de forma integral, no se le escatimó ni los intereses bajo el pretexto de que se rescataba a los ahorradores de los bancos a los cuales no se le pidió que cumplieran con ningún requisito. ¿Qué acaso los ahorradores de caja de ahorro y los inversionistas son diferentes? Es importante legislar para hacer justicia a los miles de ahorradores que se quedaron excluidos del rescate, que si bien no es posible hacerlo en forma integral y de inmediato, deberíamos considerar un rescate en etapas y no ser cómplice de la injusticia cometida a este amplio sector de nuestra sociedad, por lo cual debemos ampliar el término de funcionamiento del fideicomiso, castigar a los culpables de este quebranto y buscar los mecanismos que nos permitan proteger y dar seguridad al ahorro popular. No debemos olvidar que todos estos ahorro e inversiones se encuentran en manos de autoridades del orden penal y civil y en manos de los defraudadores y todos ellos deben ser recuperados y con esas acciones devolver la confianza y credibilidad a todos los ahorradores del país en sus autoridades e instituciones, fortaleciendo así el Sistema de Ahorro Popular. Estas reacciones sociales motivaron al Congreso de la Unión para promulgar reformas a la Ley de Fideicomiso-Pago, que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 diciembre de 2002. Es importante hacer notar que el espíritu de la ley es rescatar a los ahorradores no el de castigarlos, porque en su momento los directivos que manejaron estas sociedades, ya sea por ignorancia o por mala fe, omitieron el cumplimiento de algunas disposiciones que se encuentran en las legislaciones de la materia, en tal caso, estas omisiones deberán ser el motivo para castigar a los directivos que cometieron las omisiones o los delitos, no así a los ahorradores. Es importante señalar que algunas de estas reformas hicieron inoperante el cumplimiento de este fideicomiso, porque estableció algunos candados, que si bien eran obligaciones de los directivos de esta sociedad, está visto que en la práctica no se llevaron a cabo, tal es el caso del artículo 38 P de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, impuesto en los artículos séptimo y octavo de la ley cuyo mandato se observó, razón por la cual debe ser retirada del cuerpo de la ley para que pueda dar cumplimiento con el espíritu de la ley en comento, que es el de rescatar el mayor número de ahorradores. Es necesario también simplificar los requisitos que impone la ley, para evitar que en su interpretación se confundan las obligaciones, que en un momento dado hubieran tenido los directivos de dichas sociedades y que por siguiente, por la omisión en el cumplimiento de estas obligaciones, complique o impida el cumplimiento de ellos por parte de los ahorradores, repito, no es de justicia castigar a los ahorradores por el cumplimiento de los directivos en sus obligaciones que impone la ley, tal es el caso del artículo octavo transitorio. También es importante recordar la responsabilidad compartida que tienen los diferentes niveles de gobierno y no se vale que se deje discrecionalmente a los estados si participan o no con fondos en el rescate, hay que recordar que el artículo 25 constitucional le da la obligación de regular y vigilar un buen funcionamiento de estas sociedades que se dedicaban a actividades económicas. Esta responsabilidad no cumplida por los gobiernos les debe dar la obligación a los mismos de participar en el rescate en forma obligatoria, para evitar que éstos traten de evadir su responsabilidad y retrasen con su negativa la solución a esta problemática social, que si bien es cierto que los estados operan con partidas establecidas y aprobadas por el Gobierno Federal, esos deben hacer un esfuerzo para que se dé la solución y buscar de alguna forma que los fondos que se recuperen en los diferentes procedimientos que impone a los gobiernos, que el gobierno del estado sea preferente en la recuperación de sus fondos y aportaciones. Por los razonamientos anteriores, se deben implementar partidas presupuestales por parte del Gobierno Federal en el ejercicio de varios años, para que sean ejercidos hasta su totalidad y en la medida de montos ascendentes hasta agotar el presupuesto del año que se esté ejerciendo y en el tope o rango al que se llegue, deberá comenzar el presupuesto del año que siga y así dar cumplimiento a todos los ahorradores. Asimismo, debe dársele la obligación al Comité Técnico del Fideicomiso PAGO para que realice los señalamientos que puedan adecuar a la ley, para que tenga la fluidez que se requiere y no que permanezca estático, protegiendo los candados que impide a las sociedades ingresar al fideicomiso PAGO. Cabe mencionar que en el artículo seis de la ley en comento, en su fracción XIV, les da la facultad de proponer las modificaciones que pretendan realizar el fideicomiso; es importante señalar que esas facultades no deben ser discrecionales, sino de carácter obligatorio, ya que el espíritu de la ley es el de rescatar y no así el de retener el buen funcionamiento dei fideicomiso y es lógico pensar que los funcionarios lo hacen operativo, estén en conocimiento de todos aquellos puntos que fraccionan e impiden que se cumpla con la finalidad del rescate. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos séptimo fracción I, octavo fracción I y los artículos transitorios segundo, tercero y octavo de la Ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores, para quedar en los términos propuestos en la presente iniciativa. Por lo cual, solicito a esta Presidencia sea publicada en el Diario de Debates de esta fecha. Muchas gracias. -