La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: Con el permiso de la Mesa. Buenas tardes. Hoy subo a esta tribuna con profunda preocupación, ya que el dictamen que propone reformas que bajo el argumento de simplificar la estructura administrativa del gobierno elimina el organismo que ha sido fundamental para el diseño técnico de la política social en nuestro país. En particular, nos referimos a la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Un organismo con autonomía técnica, con personal especializado, credibilidad nacional e internacional, cuya labor ha sido esencial para medir la pobreza, evaluar los programas sociales y orientar con evidencia las decisiones de política pública en beneficio de la población más vulnerable. El Coneval no era una carga burocrática como dicen, es una herramienta de Estado y su supresión nos lleva a preguntarnos: qué es lo que realmente se busca con esta reforma, por qué se trata de una mutilación institucional que compromete seriamente la objetividad con la que hoy se mide la pobreza y se evalúan los programas sociales. Lo que hoy propone la mayoría de Morena no es la transferencia de funciones al Inegi, es una simulación crear dentro del Inegi una nueva figura sin la especialización necesaria y bajo nuevos criterios y metodologías que podrían responder a intereses políticos que a la realidad social del país. Nos preocupa y lo decimos con toda claridad, que estén diseñando reglas a modo, que se quiera manipular la medición de la pobreza, que se modifiquen los parámetros para aparentar resultados positivos en política social, cuando sabemos que la desigualdad y la pobreza no se combaten con discursos, sino con datos verificados, políticas eficaces y evaluación independiente. Con estos cambios el Instituto, llámese como se llame, ya no contará con la autoridad ni con los insumos necesarios para evaluar los programas sociales, ya no habrá obligación de incluir indicadores de impacto, ya no habrá obligación de incluir indicadores como cobertura o calidad. Toda la información vendrá de las dependencias del Ejecutivo, sin contrapesos, sin revisión externa y sin considerar las observaciones de la Secretaría de Hacienda ni de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Dónde queda entonces la transparencia? ¿Dónde queda la rendición de cuentas? ¿Dónde queda el derecho de los ciudadanos a saber si los recursos públicos realmente están llegando a quienes más los necesitan? Además, las modificaciones a la Ley General de Desarrollo Social representan un retroceso en la forma en que se distribuyen y evalúan los programas. Al cambiar los criterios técnicos se pone en riesgo la eficacia de las políticas públicas y se abandona a quienes más necesitan apoyo del Estado, y si todo esto fuera poco, la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria abre la puerta a una mayor discrecionalidad en el uso del presupuesto, debilitando los mecanismos de planeación y estabilidad financiera que nuestro país ha construido durante décadas. Esto es un contexto de crisis económica y de creciente demanda social, representa una irresponsabilidad inaceptable. Desde el Partido Revolucionario Institucional creemos en un Estado fuerte, que base sus decisiones en evidencia, que rinda cuentas y que actúe con transparencia. Creemos en una política social con rostro humano y con sustento técnico, por eso nos oponemos firmemente a esta reforma. Eliminar al Coneval no es simplificar, es desmantelar, debilitar y cerrar los ojos ante la realidad de la pobreza en México. Por todas estas razones el Grupo Parlamentario del PRI votará en contra de este dictamen, porque la lucha contra la pobreza no admite retrocesos ni simulaciones ni opacidad alguna. Es cuanto.