EL DIP. ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL: Con su venia, señor Presidente. Señoras diputadas, señores diputados: Las y los diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRD en esta LVIII Legislatura nos manifestamos en contra de la inexplicable decisión del Ejecutivo Federal de rechazar la Ley de Desarrollo Rural que el 28 de diciembre del año 2000 fue aprobado en el Senado de la República. Esa deciesión del Ejecutivo Federal coloca a 6 millones de campesinos en una situación de incertidumbre y de indefinición en cuanto a las políticas que para el desarrollo rural aplicará la presente administración. Es conveniente resaltar que la mencionada ley no fue una ocurrencia de los diputados de las dos legislaturas anteriores; ha sido una de las iniciativas de mayor consenso social, dado que durante varios años se vino trabajando desde el Poder Legislativo con los diferentes sectores del campo a través de foros y reuniones de trabajo, a fin de plasmar justamente las necesidades del desarrollo rural integral. La Ley de Desarrollo Rural que ha rechazado el Presidente fue aprobada por todos los partidos políticos en los diferentes momentos del proceso legislativo. Es una ley que recupera el desarrollo productivo, económico, tecnológico, comercial e industrial del campo. Toda la legislación anterior, sobre todo del periodo salinista zedillista, liberalizó el mercado y otorgó condiciones de privilegio para los grandes empresarios agrícolas, sobre todo los vinculados a la exportación. En ese tenor quiere continuar el actual Secretario de Agricultura, Javier Uzarriaga, sólo el de favorecer al grupo del que él forma parte y que no constituye ni el 2.5 por ciento de los productores del campo. Escucharon bien, ni el 2.5 de los productores del campo. La ley rechazada por el Ejecutivo pone énfasis en los derechos productivos de los productores, diseña los instrumentos para que los productores cuenten con recursos económicos y financieros, garantiza las formas para conseguir la soberanía y la seguridad alimentaria. En segundo lugar, la ley restablece el principio de rectoría del Estado, es decir, la responsabilidad de la autoridad para organizar y conducir el desarrollo rural. La ley que al Secretario de Agricultura no le gustó, es sin lugar a dudas una vuelta al derecho social, porque le da mayor importancia a los intereses de la colectividad que a los intereses particulares. Es también un marco de protección económica y jurídica de la producción por la menor rentabilidad monetaria, por menores rendimientos de nuestros productores frente a los socios comerciales. Dicha ley establece condiciones para asegurar la competitividad mercantil a través de apoyos que igualan los que reciben los campesinos mexicanos con los que reciben los campesinos de Estados Unidos y Canadá. off Compañeros diputados: La ley que fue rechazada por el Presidente de la República representa el primer intento mexicano para definir una política de mediano y largo plazo, en la medida que contiene instrumentos que deben ser vigentes en periodos de cinco a diez años, tanto en lo presupuestal como en los objetivos de alcanzar esa política. Es una legislación que busca otorgar las condiciones para la seguridad alimentaria, para el mejoramiento económico y social y para incrementar el empleo en el campo y para que el campo deje de ser una actividad no rentable y se convierta en una actividad que conduzca al bienestar de los campesinos. Debo destacar un punto que es de extrema importancia en la Ley del Desarrollo Rural: es el hecho que establece los instrumentos de participación de los campesinos a través de los cuales debe hacer valer los derechos: son los consejos estatales agropecuarios y el Consejo Nacional de Desarrollo Rural. Los objetivos fundamentales de la mencionada ley se centran a comprometer al Ejecutivo a destinar más recursos al campo mexicano, a legalizar la participación de los productores en la toma de decisiones y a garantizar las políticas públicas de Estado en el mediano y largo plazo, y no sujetos a los caprichos de los secretarios de Agricultura, a los sexenios y ahora a los partidos políticos. Esa es la verdadera razón y no otra, de rechazo: el temor de ver reducida . y no otra de rechazo, el temor de ver reciucida b discresionalidad del Ejecutivo y de su Secretario de Agricultura. El Ejecutivo y el Secretario de Agricultura ofenden al Congreso en su conjunto porque pese a que la ley fue discutida y aprobada por la LVI, LVII y LVIII Legislatura, son capaces de afirmar que el 95% de la ley tiene observaciones. Por otra parte, el Ejecutivo no está dando cumplimiento con lo señalado por la Constitución, ya que lejos de mandarnos sus observaciones, nos manda un veto total y una nueva ley, una nueva iniciativa precedida de comentarios generales con grandes imprecisiones, figura...