La diputada Rosario Ignacia Ortiz Magallón: Con su permiso, señor Presidente. Señoras legisladoras y legisladores de la LX Legislatura, el grupo parlamentario del PRD presenta a consideración de esta Asamblea un voto particular que plantea desechar el dictamen de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social. El rechazo de este dictamen no significa, como se ha difundido en los medios, que nuestro grupo no tiene propuesta y no está dispuesto a dialogar. En realidad el PRD no rechaza la reforma en sí misma o el diálogo por construir una alternativa de consenso. Durante los años recientes nuestro grupo parlamentario ha desplegado un conjunto de reformas a las leyes para romper el monopolio del Estado en la prestación de servicios de salud y de pensiones de los sistemas públicos de seguridad social. Nuestro grupo parlamentario, sin embargo, ha logrado en determinadas coyunturas, impulsar modificaciones al marco normativo o al Presupuesto de Egresos de la Federación y ha impulsado el ejercicio sistemático de la función de fiscalización de los recursos públicos, a través de la revisión de la Cuenta Pública. Partiendo de los principios de solidaridad, nuestro grupo parlamentario considera que la reforma al ISSSTE y su rescate a una necesidad impostergable, pero no debe hacerse sobre la base de la pérdida de los derechos y de la pérdida del carácter público de la seguridad social. La seguridad social a la que aspira nuestro grupo parlamentario, y que defenderemos, es aquélla en que la riqueza se distribuye y se garantizan derechos a una vejez digna, al cuidado de la salud y a un bienestar social que extiende para hoy y para las generaciones venideras. Debe reivindicarse la naturaleza pública de las instituciones de salud y seguridad social, para garantizar los principios rectores de solidaridad, la distribución equitativa y justa, construir un sistema único integral de salud, para comunicar a las distintas instituciones públicas que permitan ampliar la cobertura a quienes hoy se encuentran excluidos y que tenga un objetivo fundamental garantizar las necesidades de todas y todos los mexicanos. De ninguna manera se aceptará la premisa de que sea el mercado y el esfuerzo individual aislado a las bases de la seguridad social justa y equitativa. Es fundamental que el futuro del ISSSTE se garantice con esquemas viables y solidarios que determinen pensiones y beneficios suficientes y de calidad. Debe reconocerse y reforzarse el papel del Estado en la seguridad social, fortaleciendo su responsabilidad frente a las pensiones y los servicios de salud, renovando sus tareas y funciones como garantes de los derechos sociales pero también sus compromisos como patrón promoviendo una política de acuerdos para el rescate de la seguridad social y no sólo trasladarse el costo a los trabajadores. La reforma al ISSSTE debe partir de un rescate que tenga como objetivo la viabilidad del Instituto en el corto, mediano y largo plazo. El rescate de los servicios y el respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras donde el Estado, autoridades, sindicatos, trabajadores activos, pensionados y jubilados asuman su aporte en el rescate al ISSSTE. Para cumplir este objetivo, la visión que proponemos no se opone a modificar —de ser necesario— los ajustes al actual sistema de reparto para darle viabilidad, sustentabilidad financiera y mayor equidad. El ahorro individual de los trabajadores y trabajadoras puede ser un complemento a este sistema de reparto que se maneje con un fondo colectivo en el que la administración se transparente eficaz y profesionalmente y no tenga como fin el lucro o el aprovechamiento privado. Como punto de partida se puede transformar el Sistema de Ahorro para el Retiro creado en 1992 en un fondo de capitalización colectivo como mecanismo complementario para el financiamiento de las pensiones y jubilaciones. La administración e inversiones de este fondo, estarán a cargo de un organismo financiero público con verdadero objetivo social, transparente y profesional. La función y participación de los trabajadores y trabajadoras en este órgano será de vigilancia y control de las políticas de administración e inversión. Para este diseño debe realizarse un diagnóstico confiable y compartido a partir de información veraz y verificable que muestre sin sesgos ni catastrofismos la magnitud de la crisis que vive el Instituto. Que se funde en auditorias que precisen el destino de recursos y reservas; que ubique responsabilidades por la corrupción y malos manejos de que ha sido objeto y que establezca responsabilidades para su rescate. Debe aprobarse en los términos en que se plantea el dictamen que crea una nueva Ley del ISSSTE y abroga la actual, pues no resuelve los graves problemas que la institución posee, por el contrario, implica un alto costo social que terminarán pagando varias generaciones de mexicanas y mexicanos como lo estamos haciendo los trabajadores que estamos afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Como claro ejemplo podemos encontrarlo en la experiencia que Chile tiene al respecto, donde se implementó una reforma al sistema de seguridad social del mismo estilo en que se propone en este dictamen y cuya Presidenta ante esta misma tribuna, hace apenas dos días, reconoció que deberán trabajar fuertemente para recomponer el camino; es decir, cómo revertir los efectos negativos, los cambios en seguridad social que se hicieron en Chile en el año de 1973 y posterior a este año. El sistema que se plantea en esta ley está diseñado para favorecer a los núcleos financieros que ganan enormes cantidades de dinero a través de las administradoras, de las Afores y no para favorecer como se ha hecho creer a la opinión pública, a los beneficiarios de los servicios del Instituto. Nuestro posicionamiento es muy claro, señoras y señores diputados, no podemos avalar que se cancelen derechos adquiridos por las y los trabajadores del ISSSTE, no podemos permitir la privatización de los servicios de salud, porque quedarían desprotegidas millones de personas de escasos recursos, no votaremos a favor de que los ahorros de las y los trabajadores del Instituto sirvan para financiar a los concentradores del dinero del sector privado. Por el contrario, proponemos impulsar las reformas que nos lleven a una verdadera seguridad social, con un modelo solidario de reparto transgeneracional. No podemos dejar a los jóvenes, hombres y mujeres de este país sin la posibilidad de enfrentar retos que no tengan derechos y prestaciones de la seguridad social. Es un rompimiento transgeneracional que se da a costa de los que hoy podemos tener esa posibilidad, mientras los jóvenes quedarán al descubierto porque el Estado no se hará responsable de su futuro. Un sistema en que el Estado reconozca su obligación de brindar seguridad social a sus trabajadores, mediante servicios médicos de calidad y pensiones que les permitan vivir en condiciones decorosas. La autonomía del ISSSTE, Pensionissste y Fovissste, garantizando la pluralidad, profesionalismo y honestidad en la integración de los órganos de gobierno, mediante la intervención del Congreso de la Unión en la designación de sus integrantes. Por las conclusiones antes expuestas y con fundamento en los artículos 23, numeral uno, inciso f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el 88 y 119 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos sometemos a la consideración de esta soberanía el presente Voto particular Artículo primero. No es de aprobarse el dictamen de proyecto de decreto que expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y abroga la Ley del ISSSTE publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 27 de diciembre de 1983. Artículo segundo. Archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido Es cuanto. Gracias.