La diputada Daniela de los Santos Torres: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros todos, el uso y disposición de recursos ha sido, es y será un tema polémico. Ningún Estado moderno es ajeno a las opiniones encontradas, aun tomando decisiones que parezcan las más adecuadas para la mayoría de la población. La remuneración de los servidores públicos es parte de esta polémica. Por ende, nuestro país no es la excepción y sus circunstancias particulares nos obligan a reflexionar con serenidad y prudencia al respecto. En países como México la sociedad tiene una libre participación en el escenario público y cada día refuerza más su presencia frente al Estado, al punto que hoy podemos distinguir fácilmente una percepción general de que algunos funcionarios reciben remuneraciones superiores a las que deberían, por la supuesta facilidad del servicio prestado, por la falta de resultados, por la situación económica del país o simplemente porque la mayoría de los trabajadores tiene ingresos inferiores en comparación con ciertos cargos públicos. Sin embargo, independientemente de la opinión o percepción que cada uno pueda tener, el uso y disposición de recursos públicos, así como las remuneraciones, deben tratarse siempre en el marco de un objetivo central. Esto es, reforzar la eficacia y eficiencia de las instituciones de cara a la ciudadanía. El Estado debe dejar de ser atractivo por sus altas remuneraciones, ya que se pierde la esencia del servicio público. En muchos casos se busca más una buena remuneración que cumplir con el fin principal, que es el de servir a la ciudadanía. Al moderar las percepciones se prioriza la importancia de la función que se desempeña, dando paso al fortalecimiento institucional por sí mismo. Así, las remuneraciones de los servidores públicos resultan un elemento accesorio o secundario a la función pública. En vista de lo anterior, propongo establecer constitucionalmente los límites de las remuneraciones en todo el aparato burocrático del país, ajustando principalmente aquellas que pueden ser disminuidas, sin afectar la calidad de vida de los servidores públicos. Primero, se propone que las remuneraciones del presidente de la República dejen de ser el referente para establecer los topes máximos y que dichos topes se establezcan en base al ámbito de competencia federal, estatal o municipal. Ello, ante una realidad en la que actualmente cada ámbito tiene la posibilidad de aprobar sus remuneraciones con un tope que corresponde al presidente de la República, cuya responsabilidad institucional no es equiparable a la de un gobernador o presidente municipal. Así como la de un secretario de Estado no se compara con la responsabilidad institucional de un funcionario estatal o municipal. Por lo que se propone que se establezcan claramente los montos máximos equivalentes a salarios mínimos, para que las remuneraciones se incrementen estrictamente conforme al mismo salario mínimo. Con esta propuesta, independientemente del ahorro generado en el Presupuesto de Egresos correspondiente, se antepone la función pública a los ingresos que se perciben en la misma, poniendo en el mismo plano a los tres Poderes de la Unión, priorizando la vocación de servicio y fortaleciendo el actuar institucional de la estructura burocrática. Además, los apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales, si bien no es posible someterlos a límites específicos por su naturaleza variable, se propone que sean publicados mensualmente, lo que además de brindar certeza a la ciudadanía, obliga a que cada instancia autorice estrictamente lo necesario para el mejor desempeño del servicio público en cuestión. Hoy más que nunca tenemos que estar del lado de la agenda de los ciudadanos y esta, la reducción de la remuneración de los servidores públicos, es una demanda ciudadana de muchos años. Por su atención, muchas gracias.