El diputado José Alfonso Suárez del Real y Aguilera: Con su venia, señora Presidenta. El año de 1985 se declaró, por la Organización de las Naciones Unidas, como el Año Internacional de la Juventud. En este marco se acuerda que deben establecerse los mecanismos específicos en materia de impartición de justicia para niños, niñas y adolescentes, los cuales deberán contribuir a la protección de este importante sector de la población. Consecuentemente, se expidieron las reglas de Beijín para la administración de justicia de menores, las directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil, las reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad y la Convención sobre los Derechos de los Niños y las Niñas. En congruencia, el artículo 18 constitucional fue reformado y se estableció, entre otras cosas, que la federación, los estados y el Distrito Federal establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tenga entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. De igual manera, se estableció que la operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Asimismo, se expresó que el internamiento se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad, por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Esta reforma constitucional implica, de manera indispensable, un replanteamiento para el tratamiento de los menores infractores, ya que ahora debe entenderse como un subsistema del de impartición de justicia ordinaria que contemple, adicionalmente, la implementación de políticas públicas encaminadas a la prevención. Se planteó, a grandes rasgos, un modelo de justicia que asuma las ventajas de la justicia penal de adultos expresada en los conocidos principios de legalidad, culpabilidad, jurisdiccionalidad, contradicción y reputación, enriquecidas a su vez por el marco específico de los derechos de la adolescencia. Por otro lado, el artículo 13 de nuestra Constitución establece que subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Sin embargo, no podemos supeditar las garantías otorgadas por nuestro texto constitucional para un importante sector de nuestra sociedad, a una jurisdicción extraordinaria y limitada, como lo es el fuero de guerra, aún y cuando el Código de Justicia Militar establece un tratamiento diferente en la aplicación de las penas para las personas menores de 18 años, todavía se encuentra muy lejos de dar cumplimiento a las disposiciones constitucionales. En este orden de ideas, el Congreso de la Unión está obligado a crear instancias distintas a las jurisdiccionales castrenses actuales que cuenten con la especialización para los infractores de la Ley Penal Militar, ya que la justicia militar actual no sólo está incumpliendo con el mandato constitucional de contar con instancias especializadas, sino que, de manera más grave, sigue dando el tratamiento de adultos bajo el sistema de justicia penal marcial para adultos, a los adolescentes. A esto debemos agregar el comentario del ministro de la Suprema Corte, Góngora Pimentel, quien ha opinado que el artículo 18o. de la Constitución consagra los lineamientos para el establecimiento a los tres niveles de gobierno de un sistema integral de justicia que debe de implicar que el parámetro para determinar si una ley cumple con esta garantía no radica en que el legislador haya expresado razones para justificar determinadas medidas, sino que existan adecuación y coherencia entre los preceptos que se expidieron y las necesidades sociales que se buscan satisfacer. En efecto, el 18o. constitucional establece un parámetro para el tratamiento de los menores que cometan conductas tipificadas como delitos, el cual debe servir de medida para el tratamiento de estos menores en todos los ámbitos del derecho. Es por ello que hemos presentado a consideración esta iniciativa con proyecto de decreto para reformar diversos artículos del Código de Justicia Militar, a efecto de generar la concordancia con la disposición constitucional y con los alcances de los tratados internacionales sobre la materia. Señora Presidenta, toda vez que esta iniciativa con proyecto de decreto ha sido publicada íntegra en la Gaceta oficial, solicitamos se tome íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.