El diputado Christian Mishel Castro Bello: Compañeras y compañeros legisladores, hoy subo a esta tribuna para fijar la postura del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en contra del proyecto de decreto que reforma la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones y Recursos de Procedencia Ilícita y el artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Lo hacemos con responsabilidad, sí creemos en el combate al lavado de dinero pero no compartimos que esa lucha justifique la discrecionalidad, la opacidad y el debilitamiento de derechos fundamentales. Esta reforma expande facultades de vigilancia del Estado sin límites claros, y pone obligaciones desproporcionadas a sectores que ya están regulados y pretende seguir utilizando el sistema penal mexicano como un medio de venganza política. Los resultados en un marco de jurídico más punitivo, pero no más justos, ni más eficaz. No podemos avalar leyes que traten a los ciudadanos como sospechosos por anticipado, ni permitir que se vulnere la presunción de inocencia, el debido proceso o la seguridad jurídica. Y para ilustrarnos solamente basta un ejemplo. Esta semana que pasó el gobierno de los Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro anunció que se está investigando a Vector Casa de Bolsa, institución mexicana vinculada directamente con Alfonso Romo, quien fuera el jefe de la oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador por un presunto lavado de dinero del cártel de Sinaloa, pago de sobornos y operaciones financieras internacionales relacionadas con precursores del fentanilo. ¿Dónde estaban nuestras autoridades financieras en ese momento? ¿Por qué otro país tuvo que investigar lo que México no pudo o no quiso ver? Este caso muestra algo importante. Sí es posible combatir el lavado de dinero con inteligencia financiera, con cooperación internacional y con pruebas documentales, no con leyes genéricas que castigan a inocentes y criminalizan la actividad económica ilícita. Si de verdad queremos frenar al crimen organizado, debemos actuar con seriedad. Por eso debemos fortalecer a la Unidad de Inteligencia Financiera con capacidades técnicas y no políticas, garantizar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores actúe con autonomía e independencia. Y que la procuración de justicia esté basada en evidencias y no en presunciones ideológicas. Desde el PRI lo decimos claro, sí al combate de alabado, pero no a las leyes mal hechas. Sabemos, porque lo hemos visto de primera mano, que las leyes mal diseñadas pueden convertirse en herramientas de persecución política, de presión económica o de venganzas personales. No podemos permitir que esta Cámara avale reformas que conviertan la prevención en sospecha y la sospecha en condena anticipada. No permitamos que en nombre de la justicia se consocile un modelo de vigilancia masiva, ni que se use la ley para perseguir enemigos y proteger a los amigos. No se combate el delito vulnerando derechos fundamentales. Se combate con instituciones fuertes, marcos legales, equilibrados y respeto al Estado de derecho. Por eso votaremos en contra de este dictamen. Exigimos que si se va a investigar el lavado de dinero, se empiece por los casos donde ya hay señalamientos públicos e investigaciones internacionales, como el caso de Vector. Concluyo esta participación preguntando, cuando se lavaba el dinero a través de Vector, ¿a dónde estaban? ¿O qué hacían la Unidad de Inteligencia Financiera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Sistema de Administración Tributario y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público? Por favor, compañeros, hay que dejar ya de proteger al expresidente López Obrador y mejor ayudar a su presidenta, Claudia Sheinbaum. Es cuánto.