La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández: Propuesta de reforma que adiciona los artículos 79, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante la revisión de la Cuenta Pública 2005, para verificar el correcto ejercicio de los recursos federales transferidos a entidades federativas y municipios, a través de los ramos generales 33 y 39, la Auditoría Superior de la Federación practicó directamente 33 auditorías y las entidades de fiscalización superior locales practicaron 252 auditorías, con una cobertura total de las 32 entidades federativas del país. En la revisión del informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2005 se detectó que al igual que en ejercicios anteriores, las entidades federativas del país mantienen prácticas recurrentes de irregularidades en la aplicación de los recursos federales. La Unidad de Evaluación y Control, en el documento elaborado para el análisis de los resultados de las auditorías practicadas a los recursos federales transferidos a estados y municipios, destaca las siguientes irregularidades. En el FAEP, pagos efectuados con fines distintos a los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal. Pagos indebidos a comisionados, multas y recargos por pagos extemporáneos de obligaciones e impuestos. Pagos por estímulos y bonos no reglamentados o autorizados pagos indebidos a personal dado de baja o no localizado en su centro de trabajo, entre otros. En el FASSA, extemporaneidad en la entrega de los recursos del fondo; pagos indebidos a personal con licencia, comisionado o dado de baja; financiamiento del ISR por pagos indebidos de incentivos en efectivo; falta de aplicación de penalización por incumplimiento de proveedores; e incumpliendo de estándares establecidos en el sistema de calidad de los servicios de salud, entre otros. En el FAIS, transferencias indebidas o no autorizadas de recursos a otros programas federales estatales; obras y acciones que no benefician a zonas o grupos de rezago social; irregularidades en la adjudicación de contratos de adquisición de obras y servicios; obra pagada, no ejecutada; falta de documentación comprobatoria del gasto y omisión del gobierno del Estado de comunicar a los municipios el calendario de los enteros de los recursos. En el Fortamun-DF, pagos improcedentes o en exceso; falta de documentación comprobatoria; obras incompletas; adquisiciones directas fuera de norma; afectación en garantía de los recursos del fondo por préstamos no autorizados; carencia de una cuenta específica para la administración de los recursos del fondo; falta de publicación del monto y el calendario de los recursos del fondo, entre otras. En el FASS, recursos destinados a fines distintos de los establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal; falta de aplicación de sanciones y penas convencionales; acciones inconclusas; recursos no ejercidos; pagos improcedentes en exceso, y por obra no ejecutada. Irregularidades en el PAFEF: obras ejecutadas que no cumplen con el objetivo del fondo; falta del reintegro de recursos del Tesote; falta de documentación comprobatoria; pagos indebidos; aplicación de recursos en acciones de saneamiento financiero sin autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y adquisiciones directas fuera de la norma oficial. En el FIES, que es el fondo bajo el cual bajan los excedentes petroleros, se encontraron irregularidades: pago de penas convencionales por el incumplimiento de contratos de compraventa; otorgamiento de anticipos superiores a lo establecido en la normativa; anticipos pendientes de amortizar o amortizados extemporáneamente; pagos indebidos y en exceso, y reintegro extemporáneo de recursos. Lo anterior hace evidente un fuerte problema en los mecanismos del control interno en las entidades federativas, así como un indebido manejo, administración y ejercicio de los recursos transferidos, e incumpliendo tanto de los principios básicos de contabilidad gubernamental como de la normatividad aplicable. En el caso concreto de las revisiones de este sector, se detectó que el principio básico de contabilidad gubernamental que se incumplió con mayor frecuencia fue el cumplimiento de disposiciones legales, seguido de revelación suficiente, control presupuestario, base de registro y periodo contable. Por otra parte, las irregularidades contravinieron las siguientes normatividades: la Ley de Coordinación Fiscal; el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005; la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y su reglamento; la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Adicionalmente se identificaron 3 mil 519 inobservancias a diversas leyes, reglamentos y disposiciones normativas estatales y municipales. Solamente en las revisiones practicadas por las entidades de fiscalización local, respecto a la aplicación de los fondos transferidos a través del Ramo 33. Del análisis del Informe del Resultado, se detectaron también otros aspectos importantes, tales como que la mayoría de las entidades de fiscalización local emiten un dictamen favorable a estos entes que se están auditando, no obstante las irregularidades que se encontraron, incluso algunas afirman que no se realizaron obras y acciones en beneficio de la población. Las acciones de fiscalización que la Auditoría Superior de la Federación ejerce sobre los recursos federales transferidos a estados y municipios muestran ser contundentes en comparación con los resultados obtenidos por las entidades de fiscalización local, a través de su fiscalización, no obstante que a éstas se les han transferido recursos a través del Profis para incrementar el alcance, profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones al ejercicio de los recursos correspondientes a los Ramos 33 y 39. Es evidente la diferencia de criterios que existe entre lo encontrado por la Auditoría Superior de la Federación y lo encontrado por las entidades de fiscalización local, en virtud de que las entidades de fiscalización local no detectan, curiosamente, irregularidades sumamente graves que la Auditoría Superior de la Federación, cuando ha entrado, detecta perfectamente cada una de las irregularidades que cometen los estados y los municipios. Por ejemplo, se observó que la Auditoría Superior de la Federación detectó un impacto contable de 2 mil 499 millones de pesos y un impacto económico de 2 mil 153 millones de pesos en sólo 12 por ciento de auditorías que realizó. En cambio, las entidades de fiscalización superior local cubrieron 88 por ciento de estas auditorias y únicamente, casualmente, encontraron una cantidad muy pequeña de irregularidades, tales como un impacto contable de 2 mil 499 millones de pesos y un impacto económico de 2 mil 153 millones de pesos. De estas revisiones practicadas por la Auditoría, se comprobó que las acciones que promovió se solventaron por oficios de las entidades de fiscalización local, en los que éstos comunican a la Auditoría Superior de la Federación que dichas acciones han sido solventadas, sin que se adjunte la evidencia documental indispensable. Ante una serie de irregularidades, compañeras diputadas y compañeros diputados, estoy proponiendo estas reformas a la Constitución. Estas reformas van enfocadas básicamente a darle autonomía de presupuesto porque ya le dimos autonomía de gestión y le dimos autonomía técnica en la reforma hacendaria que acabamos de aprobar, pero sí falta la autonomía presupuestaria.