La diputada María Cristina Díaz Salazar: Con su autorización, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, a nombre de los diputados federales por el estado de Nuevo León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, acudo a esta tribuna para someter al pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto mediante el cual se reforman diversos artículos y se adiciona un Capítulo VI Bis a la Ley del Seguro Social, con el objetivo de crear un seguro por pérdida involuntaria del empleo como una prestación social permanente, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La economía mundial sufrió una fuerte desaceleración en 2008 que ha provocado una interrupción abrupta en los flujos de capital hacia los países emergentes y en desarrollo, lo que ha desestabilizado su crecimiento, y con ello, un fuerte aumento del desempleo. El desempleo mundial es de 6.1 por ciento en la actualidad y se estima que aumentará en 2009, lo que incrementará la cifra a cerca de 230 millones de personas sin empleo. En Latinoamérica se estima también que más de 4 millones de personas perderán sus puestos de trabajo este año debido al impacto de la crisis mundial. En lo que respecta a nuestro país, el recrudecimiento de la crisis internacional se reflejó en la pérdida de casi 1 millón de empleos a partir del segundo trimestre de 2008, cuando la población ocupada era de 43.9 millones de personas, y al cierre de 2009 bajó a 42.9 millones de personas. Así, el número de personas desocupadas y sin posibilidad de obtener un ingreso llegó en marzo pasado a un récord histórico de 2 millones 288 mil 659 mexicanos; superior a lo reportado en el mismo mes de 2008 y que significó que en ese periodo aumentó en 509 mil 315 el número de trabajadores que tenían un empleo y quedaron totalmente desocupados, según el Inegi. Cada país le brinda a esta problemática diversa atención, siendo el seguro de desempleo la política pública que se aplica como un mecanismo diseñado para brindar seguridad en los ingresos, evitando cambios drásticos en el consumo en los hogares en el tiempo que se encuentran sin trabajo. En los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Italia y Japón, es muy común esta política económica que estimula la demanda agregada, incluyendo el consumo y la inversión. En América Latina, Argentina, Chile y Brasil marchan a la vanguardia en esta materia De esta forma, el seguro de desempleo ha probado plenamente su viabilidad y su sustentabilidad, pero sobre todo, sus enormes beneficios sociales y económicos. Además, representa un compromiso pendiente que nuestro país debe aplicar, ya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de su medio de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. La OCDE recomendó desde 2003, a las autoridades de nuestro país, aplicar medidas como el seguro de desempleo, porque México se ubica en el último tercio del grupo de países miembros que tienen menos de la media establecida de 65 por ciento de empleo. En el Poder Legislativo, desde hace más de seis años se han planteado cerca de 11 iniciativas tendientes a establecer un seguro de desempleo y, adicionalmente, el 26 de mayo de 2009 fueron publicadas diversas reformas a la Ley del Seguro Social, con el fin de que las personas que se encuentren en situación de desempleo en forma temporal tengan acceso a los recursos de su cuenta individual de Afore. En este tenor, y a diferencia de las iniciativas planteadas, la presente propuesta pretende incorporar una prestación adicional al de salud y pensiones, en el marco de que la seguridad social es un elemento deseable para la economía y el bienestar de la población. Así, mediante un conjunto de reformas a la Ley del Seguro Social se pretende proteger a los trabajadores afiliados al IMSS, para que, en caso de que pierdan su empleo por causas ajenas a su voluntad, cuenten con un ingreso mínimo y tengan la posibilidad de capacitarse para reincorporarse al mercado laboral. Ello considerando, entre otras, las siguientes características: Primero, el riesgo protegido por este capítulo es la pérdida involuntaria del empleo. El Seguro de Pérdida Involuntaria del Empleo garantiza un ingreso mensual a los trabajadores registrados en el IMSS en caso de que queden en situación de desempleo por alguna de las siguientes circunstancias: I. Terminación de la obra por vencimiento del término o inversión del capital de la patronal; II. Cierre de la empresa contratante; III. Reducción definitiva de la plaza correspondiente; o IV. Rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el trabajador, y los demás que favorezcan a éste, de acuerdo a lo establecido en el artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo. Todo trabajador contará con una subcuenta en la cuenta individual establecida en el artículo 174 de la ley del IMSS. La cuantía de la prestación a que se refiere el presente capítulo será el equivalente al 40 por ciento del salario promedio de sus cotizaciones semanales, integradas conforme a la Ley del Seguro Social de los últimos 12 meses, hasta el límite de tres salarios mínimos cotizados de manera mensual. La prestación por pérdida involuntaria del empleo tendrá una temporalidad de hasta seis meses y se podrá acceder a ésta en dos ocasiones dentro de un periodo de 5 años. Tratándose del otorgamiento de la prestación por segunda ocasión, ésta tendrá una temporalidad de hasta tres meses. La prestación que brinda el seguro por pérdida involuntaria del empleo será personal y para acceder al beneficio el trabajador deberá acreditar ante el instituto: residir en territorio nacional, tener reconocidas por el instituto un mínimo de 104 cotizaciones semanales, de las cuales 52 deberán haber sido continuas durante los últimos 3 años anteriores al cese de trabajo; no recibir ingresos económicos por concepto de jubilación, pensión, subsidio o relación laboral diversa, y ser demandante activo de empleo en los términos que el instituto fije. Se dará prioridad a los trabajadores que tengan dependientes económicos y será intransferible, salvo en caso de muerte del trabajador, otorgándose el beneficio a sus dependientes económicos. Los patrones y el gobierno federal, en la parte que les corresponde, están obligados a enterar al instituto el importe de las cuotas obrero-patronales y la aportación estatal del seguro de pérdida involuntaria de desempleo. Dichas cuotas se recibirán y se depositarán en la respectiva subcuenta de la cuenta individual del trabajador. Las cuotas de aportación a que se refiere el artículo anterior: Primero. Los patrones y trabajadores cubrirán las cuotas del 2 por ciento y el 1 por ciento, respectivamente, sobre el salario base de su cotización. El gobierno federal aportará mensualmente por concepto de cuota social una cantidad de 2 por ciento sobre el salario base de la cotización prevista en la ley. Por lo anterior, se plantea reforzar las medidas implementadas por el gobierno federal con una solución sustentable para millones de mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, es de someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto en el que se reforman diversos artículos y se adiciona un capítulo sexto Bis a la Ley del Seguro Social, con el objetivo de crear un seguro por pérdida involuntaria del empleo como una prestación social permanente. Firman la iniciativa: diputada María de Jesús Aguirre Maldonado, diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo, diputado Rogelio Cerda Pérez, diputado Benjamín Clariond Reyes Retana, diputado Ildefonso Guajardo Villarreal, diputada Marcela Guerra Castillo, diputado Felipe Enríquez Hernández, diputado Fermín Montes Cavazos y, la de la voz. Es cuanto, señor Presidente.