El diputado Víctor Oswaldo Fuentes Solís: Con su venia, señor presidente, así como con la venia de los que responsablemente se encuentran en este momento en el pleno. Mucho hemos hablado en los últimos años sobre los grandes volúmenes de deuda que han sido contratados por los gobiernos locales en algunas partes del país de una manera muy irresponsable, pero poco hemos hablado de la calidad mejor dicho, de la muy mala calidad de esta deuda. Es por ello que quiero dedicar muy especialmente esta iniciativa al ex gobernador de Tabasco, a Granier; al ex gobernador de Coahuila, Moreira; de Veracruz, a Fidel Herrera; y a alguien que no es tan famoso pero que comparte plenamente las características de los tres mencionados previamente, a Natividad González Parás, de Nuevo León y a su sucesor ya hasta se me olvidó como se llama, Rodrigo Medina de la Cruz. El propósito de la siguiente iniciativa es regular la deuda de los estados y municipios a través de hacer obligatorio el mecanismo de licitación de la misma, ya que en todos estos casos una característica que tuvo la contratación de esta deuda es que fue contratada en lo oscurito, de que no fue llevada a través de una licitación pública, por lo cual fue contratada con grandes, grandes tasas de interés. Actualmente en México la obligación de brindar servicios públicos e invertir en servicios de infraestructura, como agua potable, alcantarillado, disposición de residuos sólidos, alumbrado público, arterias de tráfico urbano y carreteras locales que conectan una ciudad con otra, es responsabilidad de los gobiernos locales. En los estados y municipios las participaciones y aportaciones federales son por mucho la fuente principal para financiar la infraestructura social básica. El avance de México en la descentralización del gasto público ha redundado en un aumento sustancial de los recursos disponibles para los gobiernos locales, particularmente a nivel municipal para el desarrollo de esta infraestructura básica. El uso de los recursos por participaciones y aportaciones se ha caracterizado por su mala la administración al grado de poner en riesgo financiero a muchos gobiernos locales del país, que invariablemente los hace acudir como mecanismo alterno de financiamiento a la deuda. La deuda es una opción importante para financiar la inversión pública en infraestructura. Algunos estados han establecido un límite legal de endeudamiento generalmente determinado como una proporción del presupuesto fiscal anual o de participaciones, lo cual obviamente en los casos y ejemplos mencionados no es el caso. Como el de Nuevo León, en donde la deuda se ha incrementado en un 300 por ciento en los últimos seis años. Los bancos pueden otorgar créditos a los gobiernos locales no clasificados, pero en esos casos las participaciones no se pueden usar como una garantía para el crédito. El propósito principal de la regulación descrita es disciplinar a los mercados de deuda de los gobiernos locales, especialmente dentro del nuevo marco caracterizado por la ausencia de intervención federal. Es menester seguir avanzando y consolidando la homogenización de las normas contables, como también en la calidad de la información fiscal proporcionada por los gobiernos locales. El mercado de capital ha surgido como una opción de financiamiento de los gobiernos locales, pero aún quedan algunos problemas que afectan su competitividad y futuro crecimiento. Prácticamente todas las emisiones tienen tasas variables. Termino señalando algunos datos. A septiembre de 2012 el saldo de la deuda de estados y municipios ascendió a 406 mil 765 millones de pesos, que comparado con el mismo mes de 2011, se observa un crecimiento de la deuda estatal y municipal al ritmo de 9.6 real anual; sin embargo, si realizamos un análisis de largo plazo, el comportamiento de la deuda en las entidades federativas, los resultados son alarmantes y las posiciones de los gobiernos estatales no muestran cambios. Así ello en el 2011 la deuda ascendió a 390 mil 777 millones de pesos con respecto al 2000, ya creció ésta más de 136 por ciento en términos reales. Si no asumimos con responsabilidad el problema que presenta actualmente la contratación de deuda por parte de los gobiernos estatales y sus municipios, ponemos en riesgo la estabilidad presupuestal no solo de éstos, sino también del gobierno federal ante eventuales condiciones de crisis económicas locales. Por lo anterior propongo adicionar tres párrafos a la fracción VIII, del artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 117, fracción VIII: Los estados no pueden en ningún caso para la contratación de cualquier crédito que necesite el Estado y los municipios, así como sus organismos descentralizados, estatales o municipales, se realizarán mediante la licitación pública en la adjudicación del crédito, previa acreditación de los licitantes. Cada Secretaría de Finanzas del gobierno del estado u órgano homólogo, bajo su más estricta responsabilidad y garantizando en término de las leyes vigentes la imparcialidad y la equidad en las siguientes etapas: publicación de convocatoria o bases de licitación en el periódico o gaceta oficial del gobierno estatal, entrega de proposiciones cerradas, evaluaciones de proposiciones y adjudicaciones. Los gobiernos estatales y municipales que decidan contraer obligaciones de deuda deberán enviar a sus respectivos Congresos locales la convocatoria y bases de la licitación para su análisis y aprobación. Cada Congreso local tendrá como plazo máximo 10 días naturales, una vez que haya sido recibida la petición formal de revisión y análisis de convocatoria. Finiquitado el proceso de licitación los licitantes deberán proporcionar la totalidad de información requerida, la cual deberá ser publicada en el periódico o gaceta oficial del gobierno del estado en un plazo no mayor a cinco días naturales, una vez realizada la adjudicación. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a todos.