El diputado Javier Salinas Narváez: Gracias, señor Presidente; con su venia: el que suscribe, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar la siguiente iniciativa de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública, con la siguiente Exposición de Motivos La presente iniciativa se refiere a la seguridad y certeza jurídicas, así como a la necesidad de crecimiento que requiere nuestra economía y que reclama la sociedad. Desde 1527 se otorgaron al corredor tres funciones, que hasta la fecha conserva, y que son fedatario público, perito valuador y agente intermediario. La Ley Federal de Correduría Pública fue aprobada por el honorable Congreso de la Unión el 19 de diciembre de 1992, a fin de impulsar la actividad del corredor público, con el propósito de convertirlo en una pieza clave que agiliza las transacciones empresariales y moderniza los instrumentos jurídicos mediante los cuales se formalizan los actos y hechos que inciden en la materia mercantil y otros asuntos de competencia federal. Es indispensable que la Ley Federal de Correduría Pública se reforme a efecto de evitar interpretaciones inadecuadas a la misma, lo que permitirá la sana competencia en ámbitos que requieran la atención inmediata, privilegiando la seguridad jurídica. Un estudio publicado en 2004 por el Banco Mundial revela que en México casi 80 por ciento del costo de empezar un negocio está representado por los costos notariales, lo que lo ubica como un país con costos notariales sumamente elevados. El espíritu del legislador al promulgar la Ley Federal de Correduría Pública fue crear una sana competencia y reconocer al corredor público plenamente en su función como fedatario en materia de comercio y en otras materias federales en las que se contempla su intervención, y con ello brindar al público en general posibilidades de acceso fácil y económico, y mediar en diversos servicios jurídicos especializados en esas materias, y promover la habilitación de nuevos corredores en todo el país. Actualmente, hay alrededor de 260 corredores públicos autorizados para ejercer bajo la Ley Federal de Correduría Pública. Por otra parte, en México hay un total de 2 mil 500 notarios aproximadamente, en tanto que en el Distrito Federal se ubican alrededor de 245 notarios. Lo anterior resulta un índice a nivel nacional de 1 notario por cada 39 mil habitantes, en tanto que en el Distrito Federal dicho índice se ubica en 1 notario por cada 35 mil 100 habitantes. Dichas cifras pueden parecer de poca importancia, pero cuando se comparan con las de otros países resultan alarmantes: en otros países que siguen el llamado "sistema de notarios latino", los índices de notario por habitante se ubican por muy debajo de lo existente en México. Resulta sumamente ilustrativo un cuadro que anexo. Una economía moderna y dinámica requiere una oferta creciente de prestadores de servicios de fedación para formalizar los actos de trascendencia jurídica y el proceso de creación, transmisión, uso y disposición de toda clase de bienes, derechos y obligaciones. Y requiere que esos servicios sean cada vez de mayor calidad. Una economía con las características indicadas implica la posibilidad de formalizar transacciones e instrumentos públicos a menor costo, con rapidez y seguridad. A 12 años de haber sido promulgada la Ley Federal de Correduría Pública, ha sido objeto de interpretación errónea de sofismas que en ocasiones generan confusión y dudas sobre la actuación de los corredores. La presente iniciativa conlleva a la modernización de nuestras estructuras, siendo necesario un cambio de actitudes para poder generar mayor apertura y competitividad en lo interno. Se requiere adecuar el marco normativo a las nuevas realidades, las cuales imponen la necesidad de nuevas técnicas, nuevas formas y nuevas actividades y conductas, aprovechando el potencial que ofrece la correduría pública en el marco regulatorio y la competencia de la Federación. Nuestro orden jurídico se presenta como una jerarquía de preceptos que integran de forma coherente el ámbito de competencia y aplicación de facultades expresas, implícitas, entre la Federación y las entidades federativas del precepto constitucional que establece la armonía de las normas jurídicas de nuestro sistema, el artículo 133, que establece que la Constitución Política y las leyes del Congreso de la Unión que emanen, ellas serán la ley suprema en todo el país, teniendo los jueces de cada entidad federativa la obligación de acatar lo establecido en las mismas, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o leyes de los estados. Con base en lo anterior, se establece de forma clara la piramidización de nuestras normas, que se encuentran integradas en tres estratos: el nacional, el local, el estatal y el municipal. Es necesario resaltar que la fe pública del corredor público es la delegada por el Ejecutivo federal, lo que significa que los actos y documentos emitidos por el corredor público en el ejercicio de su función gozará de entera fe y crédito en los estados que forman la Federación. Dentro de esta fe pública se encuentra la de autenticar los actos, contratos y convenios regulados por ordenamientos federales, facultad que el Estado federal delega a los corredores públicos. La aprobación de esta iniciativa hará más asequibles los servicios de la fe pública, en beneficio de la sociedad en general, en un ambiente de seguridad jurídica y libre de competencias. De la presente iniciativa no deriva la desaparición del notario local en materia federal, ya que se le invita a sumarse a la correduría pública, que es de competencia federal. La presente iniciativa constituye un esfuerzo importante en aras de afianzar nuestro desarrollo económico, basado en esquemas de fortalecimiento y en la seguridad y certeza jurídica en el marco moderno de legalidad y libre competencia. Acorde con lo anterior, la iniciativa contempla que el corredor público, en ejercicio de cualquiera de sus funciones, podrá intervenir en todas las materias que son competencia de la Federación, a efecto de evitar sofismas e interpretaciones erróneas. La iniciativa precisa que todos los registros, actos, hechos y convenios sobre toda clase de bienes y derechos regido por leyes federales, o que sea competencia de la Federación, se sujetarán a toda la legislación federal que lo rige. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto, por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Correduría Pública. Señor Presidente, solicito que sea publicado íntegro el texto correspondiente. Gracias.