El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados. El acceso a la información es un derecho humano y un indicador de la vocación democrática de un estado, a través de este poderoso instrumento de fiscalización se empodera a los ciudadanos al permitirles el escrutinio público y exigirle cuentas a los gobernantes. En el año 2002, la primera legislación en materia de transparencia de nuestro país, estableció un plazo de hasta 40 días hábiles para responder una solicitud de información presentada por un ciudadano y para resolver un recurso de revisión, el plazo fue de 100 días hábiles; 13 años después, en 2015, con la expedición de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, estos plazos se redujeron pasando de 40 a 30 días hábiles para responder a las solicitudes, y de 100 a 60 días hábiles para resolver los recursos de revisión. No obstante, estos plazos no son los más óptimos ni a los que debe aspirar una buena administración y un gobierno abierto. Debemos darle más dinamismo a fin de reducir los plazos establecidos. Algunos datos tan ilustrativos como consistentes son: En el 2015 la administración pública federal recibió 120 mil 813 solicitudes de información pública, cuyas respuestas se notificaron en un promedio de 15 días hábiles. En el mismo año, de los 286 sujetos obligados por la Ley de Transparencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social fue la institución con mayor número de solicitudes de información y el tiempo promedio de respuesta fue de 13 días. En el ámbito local, nueve entidades han establecido en sus legislaciones plazos de respuesta a los ciudadanos menores a los estipulados tanto en la Ley General como en la Ley Federal de Transparencia. Por ejemplo, en el estado de Jalisco se establece un máximo de ocho días hábiles para responder una solicitud; esto es 22 días menos que el previsto por la legislación federal. En 2015, el órgano garante de Jalisco informó que de 33 mil 751 solicitudes recibidas solo el 1.6 por ciento se convirtió en recursos de revisión, lo que deja claro que el plazo de ocho días no demerita la calidad de las respuestas Situación similar se presentó en la Ciudad de México, donde se informa que entre enero y agosto de 2016 se tramitaron 57 mil 426 solicitudes de información, las que se respondieron en promedio en ocho días hábiles. La Cámara de Diputados tampoco es ajena a este tema. En 2015 se recibieron mil 795 solicitudes de información, las que en promedio se respondieron en cinco días. En el derecho comparado, países como Perú, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Nicaragua establecen en sus legislaciones tiempos menores de respuesta a los de la legislación mexicana. Por lo tanto es viable reducir los actuales plazos de respuesta a las solicitudes de acceso a la información hechas por los ciudadanos. Por eso se somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa suscrita por el coordinador de mi grupo parlamentario, el diputado Clemente Castañeda, donde se propone reducir en 50 por ciento el plazo máximo de respuesta a las solicitudes que pidan información, estableciendo 15 días hábiles en lugar de 30, y la reducción en un 33 por ciento del plazo para la resolución de los recursos de revisión, pasando a 40 días hábiles en lugar de 60. Esto tanto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, como en la ley federal de la materia. Esta propuesta va encaminada a cumplir con varias de las exigencias más sentidas de los ciudadanos como son: la transparencia, la honestidad en el servicio público, la rendición de cuentas, la buena administración, el gobierno abierto y la eficiencia administrativa. En Movimiento Ciudadano estamos ciertos de que los ciudadanos exigen acciones concretas que se traduzcan en su beneficio, sensibilidad social en la función pública, claridad de los objetivos, pero, sobre todo, honestidad, transparencia y rendición de cuentas, ya que estas son las condiciones esenciales para poder ver de frente a quienes nos han dado su confianza. No olvidemos que es esta ruta, la de trabajar articuladamente con los ciudadanos, el compromiso que hemos hecho a nivel nacional y por el que estamos aquí. La etapa de exigencia e inconformidad social por la que atraviesa México, nos obligan a legislar de manera responsable y expedita. Gracias y es cuanto.