La diputada Norma Leticia Salazar Vázquez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la tradición en materia de protección de refugiados constituye uno de los pilares de la orgullosa historia de nuestro país. Los Estados Unidos Mexicanos se han caracterizado por ser una nación incluyente y solidaria, cuyas fuerzas han estado siempre abiertas para todo aquel necesitado de protección. En el siglo XX fuimos testigos de lamentables y cruentos conflictos que obligaron a millones de personas a abandonarlo todo para salvar su vida y su seguridad, al carecer de los derechos fundamentales que todo Estado debe a sus ciudadanos, nuestro país brindó protección como refugiados a muchos de ellos. Esta práctica que forma parte de nuestra historia y de nuestro proyecto de nación se ha visto reflejada en la suscripción de numerosos tratados internacionales en materia de derechos humanos, institucionalizando así en el ámbito mundial este sólido compromiso del pueblo y gobierno mexicano. Los refugiados constituyen un grupo especial dentro del universo de personas que salen de los lugares donde son originarios. La circunstancia específica que diferencia a los refugiados de los migrantes económicos, es que su salida se origina a consecuencia de factores externos a su voluntad; es decir, se ven obligados a cruzar fronteras internacionales e internarse en el territorio de un tercer país con el propósito de salvaguardar su vida, su seguridad o su libertad. Es por esta razón que los estados están obligados a proteger a las personas que se han visto forzadas a abandonar sus países, por haber sido objeto de violaciones graves a sus derechos humanos, producto de guerras, abusos sistemáticos a la población civil, regímenes totalitarios, graves estallidos de violencia interna y, en general, supresión de las libertades fundamentales inherentes a las personas. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 fueron aprobados por la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión el 17 de abril del año 2000. En este sentido, el gobierno de México depositó los instrumentos de adhesión para hacer parte de dicha Convención y su protocolo. Ambos instrumentos constituyen la base de protección a los refugiados y constituyen el principal cuerpo normativo que regula el actuar de los estados en la materia. Tras la adhesión de los Estados Unidos Mexicanos a la Convención, el gobierno federal tomó en sus manos la responsabilidad de efectuar el reconocimiento de la condición de refugiado con base en las disposiciones que la misma establece; sin embargo, en la actualidad el marco jurídico aplicable ha sido rebasado. Por lo anterior, el marco jurídico requiere ajustes que permitan hacer frente a las nuevas realidades y seguir garantizando la protección integral de las personas refugiadas en nuestro país. Por esta razón, se torna impostergable impulsar un marco jurídico especializado con los estándares de protección más favorables, conforme a lo establecido en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de los que México son parte, aplicable a las personas que soliciten ser reconocidos como refugiados, así como aquellas que requieren protección complementaria. Esta adecuación y modernización jurídica permitirá que nuestro país se situé en las naciones más vanguardistas a lo que el derecho internacional de los refugiados se refiere. Esta iniciativa pretende impulsar disposiciones basadas en las mejoras prácticas internacionales; entre los rubros que se plantean en la referida iniciativa se encuentra la inclusión de un concepto integral de refugiado que retoma los compromisos internacionales asumidos por nuestro país; la inclusión del otorgamiento de protección complementaria de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos; el establecimiento de procedimientos especiales para el reconocimiento: cesación, cancelación y revocación de la condición de refugiado, así como las disposiciones en materia de medios de defensa, impugnación, de reunificación familiar, apoyo institucional a refugiados y solicitantes vulnerables, entre otros. En esta tesitura, los integrantes de esta Comisión procedimos al estudio y análisis pormenorizado de la iniciativa de ley en comento, para lo cual se sostuvieron múltiples reuniones con expertos en la materia como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Casa Espacio para Refugiados, el Centro Jurídico para los Derechos Humanos, Sin Fronteras, Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, entre otras; y cuyas observaciones sirvieron para emitir el dictamen ajustado a los instrumentos internacionales que en materia de derecho internacional tenemos para los refugiados. Asimismo, se incorporan disposiciones para garantizar la atención especializada en materia de género y edad de los solicitantes, en lo referente a las necesidades físicas psicológicas y culturales con especial énfasis en asistencia a personas en estado de vulnerabilidad. Particular atención merecen los estándares de protección que se establecen para las niñas, niños y adolescentes, especialmente los que no estén acompañados o se encuentren separados de sus familias. También se señala que se deben tener en cuenta las necesidades específicas de las víctimas de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, abuso sexual y violencia de género, así como víctima de trata de persona. El dictamen que hoy presentamos a su consideración relativo a la iniciativa de referencia gira en torno a cinco principios fundamentales que son: la no discriminación, la no devolución, la no sanción por ingreso irregular, la unidad familiar y la confidencialidad. No omito mencionar que para la elaboración del presente dictamen se escucharon muchas voces sin distinción de ideologías, colores o partidos. Todos tuvimos la oportunidad de participar y contribuir con esta ley que ahora se somete a su consideración. Prueba de ello fueron las atinadas observaciones realizadas por muchos diputados y diputadas integrantes de la comisión, del PRI, del PAN, del PRD, del PT y del Verde Ecologista que fueron incluidos en el decreto que expide la ley de referencia dentro del dictamen que se discute. De lo expuesto es que se desarrollaron 10 reuniones de trabajo para análisis y discusión de la ley, hoy objeto de aprobación, entre ellas de Mesa Directiva, plenarias de comisión, con académicos y expertos en la materia, además de las realizadas con los diversos asesores de las diputadas y los diputados que integramos la unidad legislativa. Por todo lo anteriormente expuesto es que se considera un acierto la expedición de la ley...