La diputada Marcia Solórzano Gallego: Hoy quiero reconocer el esfuerzo de todas y todos los integrantes de la Comisión de Vivienda, que votaron por unanimidad para esta propuesta a consideración del pleno. El derecho a la vivienda es piedra angular para el desarrollo de toda persona, es un indicador básico de bienestar. Todos los individuos que integran nuestra sociedad deben disponer del espacio, las condiciones, los materiales y servicios necesarios para disfrutar de una vida digna, sana y cómoda. Este derecho está reconocido en nuestra Constitución de 1917, lo que nos hizo pioneros en incluir en un texto normativo fundamental disposiciones en materia de vivienda. Hoy el artículo 4o. de nuestra Carta Magna establece que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. La vivienda no solo garantiza un patrimonio, implica sobre todo seguridad, protección, realización material y pertenencia a una zona. Es una necesidad básica de cada persona y familia, por ello simboliza el nivel de calidad de vida de la sociedad. A través de esta reforma estamos incluyendo en los artículos 55 y 58 de la Ley de Vivienda los términos de marginación y vulnerabilidad, que se suman a la población en situación de pobreza, en materia de acceso a créditos para la adquisición de vivienda. Son muchas las familias que aspiran a acceder a créditos para poder hacerse de una casa y tener un patrimonio. Tan solo en el periodo comprendido entre abril del 2020 y marzo del 2021 se otorgaron un total de 477 mil créditos para la compra de vivienda nueva o usada. Sabemos que los requisitos para obtener un crédito por parte de instituciones públicas o privadas puede ser inaccesible para muchas personas, ya sea por carecer del respaldo de una institución bancaria, por no contar con un empleo formal, tal vez por no alcanzar ciertos puntajes institucionales o porque las tasas de intereses son altas, entre otras situaciones. De ahí la importancia de lo que hoy estamos incluyendo en la Ley de Vivienda, que las personas en situación de marginación y vulnerabilidad sean sujetos de crédito y de garantía por parte del Estado mexicano. No hay cosa más noble que el Estado disponga de los instrumentos jurídicos adecuados para que las personas tengan acceso a una vivienda digna y que por ningún motivo, mucho menos el económico, se les pueda excluir. La protección a las personas a esas familias que pierden su empleo, o que no están incluidas en la economía formal, o que por situaciones de salud no están en condiciones de pagar un crédito, o por su situación de marginación y vulnerabilidad, hoy ven una nueva luz en su horizonte. Esas familias contarán con el respaldo del Poder Legislativo para hacer efectivo su derecho humano a la vivienda. Más aún, a una vivida digna y decorosa, como lo señala la Constitución. De igual forma, estaremos avanzando en materia de transparencia al establecer candados para evitar duplicidades y dar seguimiento a los beneficiarios de dichos créditos. Tener claridad en quienes son beneficiarios de las políticas públicas es indispensable en un estado en el que se busca abatir la corrupción, la impunidad y la opacidad. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy estamos dando un paso muy importante en materia de política social y de derechos sociales. Esta reforma nos permitirá avanzar en el cumplimiento del derecho humano a la vivienda y como elemento clave del desarrollo social. Agradecemos mucho la sensibilidad de todos por alcanzar estos acuerdos a favor de miles de familias. Es cuanto.