El diputado Elías Ojeda Aquino: Con su venía, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, a propósito del 79 aniversario de la expropiación petrolera, ocurrido hace unos días, cabe hacer una reflexión sobre las reformas a la Constitución y a las maneras previstas en el mismo texto para modificar su contenido. Hasta ahora se han publicado 231 decretos, 699 reformas y casi 1 millar de modificaciones a 114 de los 136 artículos, es decir, una transformación de más del 80 por ciento de la versión original de la Constitución proclamada en 1917. Esto demuestra abuso, que se ha hecho de las reformas a la Carta Magna. No sólo es una numeraria, que francamente resulta excesiva, sino que representa un viraje de 180 grados sobre el contenido, sobre las decisiones políticas fundamentales que ha realizado primero el partido de Estado, el PRI, durante todo el siglo XX y desde los años 90 ese instituto político aliado con partidos satélite o aquellos que siempre han buscado revertir las conquistas fundamentales de la Revolución Mexicana. Baste ver las reformas constitucionales que han sido el eje del Pacto contra México y que han resultado desastrosas para el país, como la mal lograda reforma educativa y la reforma energética. En nuestro marco normativo se impide hacer una revisión del procedimiento y del contenido de las reformas constitucionales. Después de la reforma constitucional, en materia de derechos humanos, del año 2011 se introdujeron una serie de candados que impiden a los ciudadanos ejercer actos de revisión del contenido reformador de la Constitución. Primero, en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3, impide realizar consultas populares sobre casi cualquier tema, por considerar que tiene efectos sobre la economía nacional. Es relativa a la forma de gobierno o a la seguridad nacional. Todas las tentativas que se hicieron al recolectar millones de firmas para solicitar una consulta fueron rechazadas por la Suprema Corte simplemente porque el texto constitucional lo prohíbe. Por otro lado, en la nueva Ley de Amparo, en su artículo 61 señala que el juicio de amparo es improcedente contra adiciones o reformas a la Constitución. Esto deja a los gobernados en estado de indefensión ante los abusos y la dictadura de la mayoría parlamentaria, sin importar que con sus votaciones se modifiquen decisiones políticas fundamentales. La rectoría del Estado sobre la economía y la propiedad de los hidrocarburos, el gas y el petróleo, son un ejemplo claro cómo unos cuantos pueden votar en contra del interés popular mayoritario y otorgarle privilegios a una minoría, y aun peor, a las empresas extranjeras y hasta ahora nada puede hacerse porque ha quedado inscrito en la Constitución. En tal virtud, propongo que se adicione un tercer párrafo al artículo 135 constitucional, donde se tenga la oportunidad de impugnar violaciones al procedimiento de reformas a nuestra Carta Magna, así como la infracción, restricción o menoscabo a las decisiones políticas fundamentales, mediante los medios de control constitucional como son el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, que son mecanismos procesales que tienden a reivindicar el espíritu garantista de nuestro país. Por ello, una reforma constitucional que permita el control a la Constitución y sus modificaciones, es indispensable. Es cuanto, señora presidenta.