El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón (PRI): Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: hoy hago uso de esta tribuna para exponer un problema que aqueja a todas y todos los ciudadanos, un asunto que se ha vuelto tan común que por momentos pareciera que no queda otro camino que la resignación. Me refiero específicamente a todos esos servicios que nunca solicitamos y sin embargo tenemos que pagar si no queremos aparecer en el buró de crédito, más adelante, como clientes morosos o malos clientes. Cuántos ciudadanos pagan en sus recibos telefónicos un seguro de vida que nunca solicitaron, cuya póliza ni siquiera la tienen en sus manos y en muchos de los casos ni siquiera se han dado cuenta de qué es lo que están pagando. Cuántas veces escuchamos a amigos o familiares de tener un adeudo en una tarjeta de crédito que ni siquiera han recibido. Cuántas veces se pagan canales extras en televisión o un servicio de internet que se ofrecen gratis y de pronto tienen un costo. Todos hemos escuchado o hemos sido víctimas alguna vez de estos problemas, los cuales se agudizan cuando uno intenta hacer alguna aclaración en la empresa correspondiente y te remiten a un número telefónico en el que hay que interactuar con un autómata y, después de media hora, con un poco de suerte puedes hablar con algún asesor que te mantendrá en la línea otros 20 minutos, acción que repites cuando menos dos veces más hasta que es cancelado el servicio y te liberan del pago. Pero también existe la posibilidad que nunca se solucione el asunto y termines pagando un servicio que no solicitaste y a la mejor tampoco utilizaste y esto lo hacen con tal de evitarte problemas. Otra opción es que te niegues a pagar y te niegues también a perder tu tiempo, por lo que harto de aclaraciones decides no hacer caso de ningún aviso de cobro, lo que tendrá como resultado un antecedente negativo en el ya susodicho llamado buró de crédito. No me podrán negar, compañeras y compañeros, que el tema que aquí nos ocupa es sumamente cotidiano, es muy común y parece hasta normal y natural enfrentarnos con una situación similar. El hecho es que los ciudadanos se sienten robados, defraudados, desamparados, violentados y no hemos hecho nada al respecto. A pesar de que es problema de millones de personas, en realidad cada una tiene que enfrentarlo de manera individual, ya que las instancias que existen son ineficientes e improcedentes porque no se trata, compañeros, del negocio de la esquina, del taller o de la tiendita; no se trata de un malentendido entre un vendedor y un consumidor cuyo estatus es exactamente igual. Se trata de controversias entre grandes empresas, grandes complejos corporativos y grandes monopolios en contra de un ciudadano, en contra de un estudiante, de una ama de casa, de un profesionista, de cualquier persona de la tercera edad. Acudir a la Procuraduría General del Consumidos implica mucho tiempo, desahogar audiencias es tardado y finalmente nada garantiza no aparecer en el buró de crédito. Entablar una demanda de tipo civil o mercantil, prácticamente es impensable, no sólo por el costo del juicio, tal vez porque seguramente rebasará el monto de la deuda y además por la complicación de los tiempos procesales. En este sentido es que considero importante llenar el vacío existente con una norma jurídica que por sí misma evite que se susciten dichas controversias. Si bien el contrato es el asunto de voluntades y no necesariamente debe constar en documento alguno, esta reforma plantea que en el caso preciso de los contratos de tipo mercantil, los cuales se refieren a prestaciones de servicios, estos deben hacerse de manera expresa y en donde se señale claramente por escrito que el consumidor acepta adquirirlo, así como el tiempo y el costo exacto; de igual manera con el paso del tiempo a este servicio se pretendiera agregar o modificar las condiciones de dicho contrato, se deberá igualmente contar con el consentimiento expreso del consumidor, de no ser así, éste quedará exento de cualquier obligación frente a la empresa otorgante. Si analizamos a la luz del derecho civil la problemática aquí vertida, encontraremos que en la gran mayoría de los casos en controversia, la expresión de la voluntad creadora del acto jurídico, es decir, del contrato, se encuentra disminuida en su eficacia y en su objeto por contener vicios en la voluntad, en el consentimiento o a veces en otras, violencia y en la mayoría de los casos, el dolo. La voluntad con que se celebra un acto jurídico por simple o mínimo que éste parezca, debe ser cierta, debe existir certeza en los efectos queridos y los fines buscados, al celebrar dicho acto jurídico. En muchos otros casos, el acto jurídico ni siquiera se consuma, pero una de las partes, es decir, el ciudadano, tiene que hacer frente a obligaciones que nunca aceptó contraer, es más, no es que no haya aceptado, sino que ni siquiera se enteró de que las contrajo. En virtud de lo anterior y toda vez que es una demanda generalizada de las y los ciudadanos, me permito presentar a esta soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma y adiciona los artículos 78 y 80 del Código de Comercio. DECRETO Primero.- Se adiciona un párrafo al artículo 78 del Código de Comercio para quedar de la siguiente manera. Artículo 78: En las convenciones mercantiles cada uno se obliga de la manera y en los términos que aparezca que quiso obligarse, sin que a la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Se adiciona: En el caso de las convenciones mercantiles que se realicen entre personas morales que ofrezcan servicios al público no tangibles, tales como servicios de comunicación o expedición de créditos, la validez de acto comercial, dependerá de la aceptación expresa y por escrito de las partes, en donde se deberá de establecer claramente el tipo de servicio, el pago correspondiente y la duración de las obligaciones, así como las sanciones en caso de incumplimiento. Segundo.- Se adiciona el artículo 80 del Código de Comercio, para quedar como sigue, artículo 80: Los convenios y los contratos mercantiles que se celebren por correspondencia, telégrafo o mediante el uso de medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, quedarán perfeccionados desde que se reciba la aceptación de la propuesta a las condiciones con que ésta fuere modificada, salvo en lo dispuesto del párrafo segundo del artículo 78 que ya expusimos. Transitorio. Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, ciudadano Presidente.