El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente; honorable asamblea, el sistema penitenciario mexicano no ha cumplido el fin para el cual fue creado, ya que éste se apartó del ideal del Constituyente, quien desde 1917 proclamó el trabajo como medio de regeneración en el artículo 18 constitucional. El modelo de política criminal implementado demostró ser erróneo, pues se optó por la prisión y endurecimiento de las penas cuando debió de ser al contrario, buscar las razones del aumento de la criminalidad y combatirlas y desde luego, prevenirlas. La educación y el trabajo constituyen la base fundamental del tratamiento penitenciario y con ello el principal instrumento para la consecución de la reinserción social. Por su relevancia el trabajo penitenciario se configura históricamente como un derecho y un deber del interno sin que pueda tener carácter aflictivo ni ser impuesto como sanción disciplinaria y se valora positivamente como un instrumento esencial con la finalidad de preparar a los internos para su futura inserción laboral positiva. En México la asignación de los internos al trabajo debería realizarse tomando en cuenta sus deseos, vocación, aptitudes, la capacitación laboral para el trabajo en libertad y el tratamiento de los internos, así como las posibilidades del reclusorio. Además el trabajo en los mismos debiera organizarse previo al estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado oficial a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria. La Constitución desde su promulgación ha sufrido diversas reformas pero en ninguna de ellas se redactó la obligatoriedad del trabajo en prisión, por el contrario, las disposiciones plasmadas actualmente en los artículos 5o. y 123, hacen que el trabajo sea optativo para quien se encuentre extinguiendo una pena corporal en prisión. Esto impide el cumplimiento pleno del artículo 18 constitucional, pero además en la práctica se ha traducido, para mala fortuna, en que en la cárcel ni se readapta ni se socializa a los reclusos, quienes regresan a la sociedad más peligrosos y diestros para delinquir. De igual modo apreciamos que el trabajo no se reconoce ni como pena ni como medida de readaptación, tendiendo en este concepto a la ociosidad como la reina dentro de los reclusorios y es precisamente por ello que nos enteramos en los medios de difusión constantemente, de las múltiples extorsiones llevadas a cabo por la población de estos centros. Es tiempo, por el bien de la sociedad, procurar un cambio a la normatividad constitucional y posteriormente legal para, de este modo, concretizar la readaptación de las personas y asegurar en este sentido la no reincidencia. Nuestro Grupo Parlamentario del Partido Verde está convencido de que el trabajo debe curar; esto proveerá beneficios sustanciales como eliminar la ociosidad, disminuir la anarquía en los centros de reclusión, de la cual somos testigos constantemente. Una prueba, la fuga acontecida en el Centro de Readaptación Social del estado de Coahuila. También con el trabajo los propios reclusos podrían, entre otras cosas, sufragar de modo indirecto su estancia, teniendo el Estado un recurso indirecto para proveerles mejores condiciones. De igual modo, la labor llevada a cabo por los condenados puede procurarles ingresos económicos, cuyos efectos positivos bien podrían recaer en sus familias. Y si duda, el mejor resultado de este contexto será instruir técnicamente a las personas para conseguir el pleno objetivo de la readaptación, pues si están capacitados será más sencillo insertarse en el mercado laboral y más complicado incidir con grupos delincuenciales. En este sentido y con miras a la proposición de la obligatoriedad del trabajo en reclusión redactada en las leyes ordinarias federales, presentamos a esta soberanía dos sendas modificaciones constitucionales, en concreto sobre los artículos 5 y 18. Pretendemos se continúe salvaguardando el derecho fundamental de la libertad al trabajo en el dispositivo 5, pero con el reconocimiento de una excepción más a las ya establecidas; la imposición en el texto correspondiente debe dar la libertad laboral cuando la determinación sea obsequiada por el juez competente. Aunado a la anterior, estamos solicitando se conceda derecho a las competencias propias de la federación, los estados y el Distrito Federal, para celebrar los convenios necesarios con el sector privado para que los sentenciados por delitos del ámbito de su competencia realicen los trabajos establecidos en su respectiva sentencia y la posibilidad de la federación, las entidades federativas y del Distrito Federal para lograr que el sector privado participe en la construcción de centros de reclusión y vincular de este modo a los reclusos con la empresa en cuestión para que puedan desarrollar el trabajo impuesto en sentencia definitiva. En ambos casos se deberá prever la conclusión de beneficios económicos y fiscales para la iniciativa privada. También con nuestra propuesta obtendremos sin duda beneficios significativos para la reintegración social de quienes hayan delinquido y también estaremos a tono con las exigencias de organismos internacionales, quienes sugirieron este cambio expresando en todo instante los pros de la conducta que hoy impulsamos. Al respecto la Comisión Interamericana se pronunció en relación al tema de trabajo en reclusión estipulado en toda persona privada de la libertad, que tendrá derecho a trabajar y a tener oportunidades efectivas de trabajo y a recibir una remuneración adecuada y equitativa, de acuerdo con sus capacidades físicas y mentales, a fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los condenados, estimular la iniciativa social y de cultura del trabajo y sobre todo combatir el ocio en los lugares de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo. En este orden de ideas se considera conveniente, de acuerdo a los tiempos presentes y a la Comisión Interamericana, imponerles a las personas privadas de su libertad labores que puedan desarrollar como consecuencia de la obligación de una pena impuesta por un juez; esto en pro de la verdadera rehabilitación y próspera reincorporación de los internos a la sociedad. Es cuanto, señor presidente. Por su atención muchas gracias.