EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados: el pasado 12 de marzo la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados recibió un comunicado firmado por el representante legal del despacho Galaz Yamazaki y Ruíz Urquiza por el que se nos informa que el ciudadano juez 5º. de lo civil, en respuesta a la demanda interpuesta el 5 de marzo del presente año por cuatro bancos, ha apercibido a este despacho para que se abstenga de entregar a cualquier tercero, incluyendo al IPAB, al Fobaproa y a la Cámara de Diputados, los papeles de trabajo que forman parte del estudio realizado por el canadiense Michael W. Mackey. Considerando Primero.- Que el 23 de septiembre del año pasado la Junta de Gobierno del IPAB aprobó llevar a cabo las auditorias que ordena el artículo 5º. transitorio de la Ley del IPAB y que la Auditoria Superior Instruyó que se llevaran a cabo desde el mes de septiembre del año 2000 para proceder posteriormente al canje de pagarés del FOBAPROA por pagarés del IPAB. Segundo.- Que como consecuencia de ello el 10 de octubre del 2002, esta Cámara de Diputados solicitó a los despachos Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza y Leal y Martín Contadores Públicos, una copia certificada de los papeles generados durante la elaboración del estudio que llevaron a cabo con el canadiense Michael W. Mackey. Tercero.- Que los despachos citados anteriormente hicieron caso omiso de este comunicado, por lo que esta Cámara tuvo que girar dos solicitudes posteriores: Una el 15 de enero del presente año y la más reciente, el 27 de febrero. Cuarto.- Que la dilación con que actuaron los despachos permitió que la demanda interpuesta por los bancos prosperara, a grado tal que nuevamente los bancos han obtenido una orden para retrasar el proceso ordenado por esta Cámara de Diputados y plasmado en el artículo 5º. transitorio de la Ley del IPAB. Quinto.- Que el contrato celebrado entre la Cámara de Diputados y el Despacho Leal y Martín, establece textualmente en su cláusula séptima lo siguiente: "Toda la información y documentación fotocopiada o que quede en poder del Despacho, deberá ser devuelta directamente a la Cámara de Diputados". Sexto.- Que la propia resolución del juez quinto de lo civil reconoce la existencia del FOBAPROA. Séptimo.- Que el artículo 7º. transitorio de la Ley del IPAB establece "El Instituto sujeto a la condición a que se refiere el párrafo siguiente, en protección de los derechos de terceros, de buena fe, y para proveer a la más expedita recuperación de los bienes, asume la titularidad de las operaciones de los programas de saneamiento, diferentes a aquellos de capitalización de compra de cartera. Que lo anterior quiere decir que el IPAB no asumió las deudas derivadas de los programas de compara de cartera,, por lo que es el FOBAPROA a quien debe enfrentar estos pasivos sin recursos fiscales. Que el representante legal del Despacho Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, es el licenciado Francisco Forastieri, quien es además el representante en México de Michael W. Mackey. Que lo anterior es un claro conflicto de intereses, ya que después de haber prestado sus servicios para la Cámara de Diputados, en la actualidad actúa en contra de esta Cámara y en contra del interés único. Que un objetivo de esta Cámara de Diputados debe ser el de reducir el costo del rescate bancario y que los papeles de trabajo son elemento esencial para llevar este objetivo. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General solicitamos a la Presidencia de la Mesa Directiva se turne a la Conferencia para la Dirección Programación de los Trabajos Operativos de esta Cámara de Diputados lo siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero.- Que se inicien a la brevedad los procedimientos jurídicos necesarios para demandar a los despachos Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza y Leal Martín Contadores Públicos. Segundo.- Que apoyados en la Ley de Adquisiciones del Sector Público, se veten a los despachos antes citados para que no puedan prestar sus servicios a ninguna entidad pública rescindiéndoles cualquier contrato. Tercero.- Que se instruya al IPAB y a la Comisión Nacional Bancario y de Valores para que apoyados en lo dispuesto por el artículo 7º. Transitorio de la Ley del IPAB, se desconozcan los pagarés de capitalización y compra de cartera de las instituciones bancarias: Bital, Banorte, Banamex y Bancomer. Cuarta.- Que la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos de esta Cámara de Diputados, demande al licenciado Francisco Forastieri por conflicto de intereses, para que no pueda actuar como representante de los despachos antes citados. Quinto.- Que la Conferencia para la Dirección y Programación e los Trabajos Legislativos de esta Cámara de Diputados, solicite la presencia en la Comisión de Vigilancia de quienes formaron parte del Comité de Contrataciones de los Trabajos de Mackey, para que expliquen el espíritu jurídico de los contratos que se firmaron con los despachos, así como sus cláusulas de confidencialidad. Atentamente, diputado Manuel Galán Jiménez, del PRI; diputado Francisco Cárdenas Elizondo, del PRI; diputado José María Eugenio Núñez Murillo, del PAN; diputado Amado Olvera Castillo, del PAN, diputado José Antonio Arévalo González, del Partido Verde; diputado José Narro Céspedes, del Partido del Trabajo; diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia; y el de la voz, por parte del PRD, José Antonio Magallanes Rodríguez. Por su atención, muchas gracias Presidente. -