El senador Eduardo Tomás Nava Bolaños: Gracias, señor presidente. Le voy a solicitar que por favor se inserte el texto íntegro al Diario de los Debates. Compañeros integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la transición de nuestra democracia de México ha generado afortunadamente para los ciudadanos una mayor pluralidad política, la cual se ve reflejada tanto en la alternancia como en la integración de cada uno de los poderes públicos y de los órganos constitucionalmente autónomos. En cada una de estas instancias se ve reflejada también la diversidad social, cultural e ideológica de ese gran mosaico de expresiones que conforman la nación mexicana. La transformación del Congreso General implica necesariamente un reto no sólo de conservar los avances logrados hasta ahora, sino para consolidarlo como poder fuerte y moderno, fiel mandatario e interprete de la voluntad soberana del pueblo de México. Con ese propósito es que formulo ante ustedes, a su elevada consideración, la presente iniciativa que tiene por objeto establecer un nuevo mecanismo de suplencias ante las vacantes que se presentan en las Cámaras integrantes del Congreso de la Unión, buscando en todo momento garantizar la integridad, funcionalidad, el orden que debe prevalecer en los trabajos parlamentarios, desarrollados por éstas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 52 y 56 respectivamente, establecen la composición del Congreso. De esta manera se advierte que la integración de las Cámaras se da a través de tres principios: el principio de mayoría relativa, el principio de representación proporcional y el principio de primera minoría. Este último en caso del Senado de la República. Si bien, el principio de mayoría relativa implica la obtención de votos de manera directa y el principio de representación proporcional un porcentaje de ellos, el origen de ambos principios es de carácter popular; es decir, expresa la voluntad soberana de los ciudadanos para integrar las Cámaras del Congreso y es democrática porque la ciudadanía emite libremente su voto ?o del candidato? o partido político que satisface en el momento sus pretensiones electorales. En ambos casos, es el pueblo mediante su voto quien decide cómo han de integrarse las Cámaras y ha sido el Constituyente Permanente a lo largo de la historia quien ha establecido los diferentes sistemas de asignación. Es así, como el país irá avanzando en lo que primero se conoció como proceso de liberación política para después insertarnos en lo que ahora se ha denominado el proceso de transición hacia la democracia; que si bien, aún no ha concluido. Si se encuentra en la ruta correcta para su consolidación, la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, es que la voluntad expresada en los votos constituye una voluntad suprema o bien soberana, la cual se encuentra materialmente por encima de cualquier sistema formal normativo de asignación. Tal es el caso que, una vez electos los legisladores son iguales ante la ley, independientemente de cuál sea su origen de su asignación, puesto que como ya se ha afirmado, es de la voluntad de la ciudadanía en la que se sustenta el cargo de representación. De tal suerte que sustituir a un legislador de mayoría relativa por uno de representación proporcional o de lista nacional, según sea el caso, encuentra un sustento legítimo en la teoría de la soberanía nacional y no contraviene ordenamiento constitucional, legal o alguno. En otro orden de ideas, la presente iniciativa pretende de igual modo evitar los costos que genera una elección extraordinaria, así como el desgaste político que representa confrontar nuevamente a los partidos políticos, sobre todo ahora que en ocasiones la pluralidad política se toma en torno a los conflictos postelectorales, confrontando no sólo a los partidos sino también a los ciudadanos. Amén de lo anterior, resulta pertinente citar los elevados índices de abstencionismo que se han presentado en los últimos lustros, en que la ciudadanía ha decidido salir a votar en menor medida, reacción popular atribuida en ocasiones a la pérdida de confianza en los partidos políticos, por el delicado crimen electoral que prevalece en cada elección. Sin embargo, por una u otra razón, es deber de los partidos políticos, de las autoridades electorales y del mismo Congreso, seguir trabajando para regresar a los ciudadanos a las urnas y de esa manera seguir fortaleciendo a la democracia y las instituciones que de ella emana. En equidad democrática, lo correcto es que un partido político que por su trabajo electoral logra ganar escaños por la vía de la mayoría relativa o de representación proporcional en el Congreso General, lo conserve ante la falta absoluta del legislador propietario suplente. Dicho de otra manera, si la voluntad popular se expresó a favor de un partido político debe ser respetada está hasta la conclusión de la Legislatura correspondiente. En este orden de ideas, convocar a una nueva elección significaría contravenir la voluntad soberana original. Procurar la integridad de las Cámaras significa también cuidar la eficiencia y la eficacia del trabajo parlamentario que debe realizarse a diario, ya que si bien, hasta ahora, la funcionalidad del Congreso no se ha visto amenazado por la ausencia de un número considerable de legisladores, propietarios y suplentes, es menester que el Congreso actúe proactivamente y no de manera reactiva, sobre todo ante los diversos escenarios que pudieran presentarse por los conflictos político-electorales de lo que hemos dado testimonio en los últimos años, y que debemos reconocerlo, no estamos exentos de que pudiera repetirse en cualquier momento. Actualmente, si un legislador propietario y suplente de un grupo parlamentario se ubica en la hipótesis del artículo 63 vigente, ese grupo parlamentario se quedaría sin un legislador, lo cual puede causarle un prejuicio y en su momento puede significar también la diferencia en la toma de decisiones fundamentales para dicho grupo parlamentario o de asignación de prerrogativas a la que tiene derecho. Lo cual no sucedería de aplicarse el sistema que propongo para cubrir las vacantes correspondientes. Por otra parte, reviste de igual importancia, que si se cuida el principio de representación hacia a los gobernados, toda vez que la Carta Magna ordene en los numerales 52, 56, dicha composición ha de respetarse, no sólo en la instalación, sino durante todo el tiempo que dura la Legislatura. Así entonces, el Constituyente Permanente debe ser garante de la integración de las Cámaras, de tal manera que cuando el Congreso pierde a uno de sus integrantes o a los dos propietarios suplentes, estos no se sustituyan por los mecanismos actuales previstos; entonces, el Congreso pierde representatividad, ya que la asignación de curules o escaños obedecen precisamente a los criterios de densidad poblacional, pluralidad política. Y en el caso de representación proporcional, pero sobre todo a la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas, además de que el voto y la confianza y un ciudadano hacia un candidato o un partido político, traducido en un legislador integrante de las Cámaras, no debe dejarse de cubrir ante la ausencia o retiro de cada uno de ellos. En este orden de ideas ?ya para terminar?, y en aras de dar congruencia al texto constitucional sobre la iniciativa que formulo, propongo ustedes respetuosamente se reformen los artículos 51 y 57 de nuestra Carta Magna, con el propósito de establecer expresamente que ante la falta absoluta del legislador propietario y suplente se aplique lo dispuesto en el articulo 63 propuesto, cubriéndose así las vacantes que se presenten, toda vez que de quedar en sus términos dichos artículos no habría posibilidad de llamar legisladores señalados en mi iniciativa, y por tanto, no sería posible también cubrir las vacantes ante estos supuestos normativos. Es cuanto, señor presidente.