El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyará el dictamen que nos presenta la Comisión de la Función Pública, por el que se reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. El propósito de la reforma es dotar a la Auditoría Superior de la Federación de los instrumentos legales que le permitan ejercer las facultades que en el artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Fiscalización se le otorgan, en particular lo referente a determinar los daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública, así como fincar, a los responsables de los quebrantos patrimoniales, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes. En particular, la reforma que nos proponen establece la sustitución de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo por el del Código Federal de Procedimientos Civiles, como norma procedimental que debe seguir para la imposición de las sanciones. Es práctica generalizada que los particulares a quienes se les impone una sanción, cuyo procedimiento se dio con base en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, impugne la legalidad de ésta misma, toda vez que la disposición expresa que la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en cuyo artículo 1o., párrafo tercero, se excluye claramente a la materia de la responsabilidad de los servidores públicos de la aplicación de dicho ordenamiento. El problema técnico es el siguiente. Para la aplicación de sanciones a los servidores públicos por parte de la Entidad de Fiscalización Superior, el artículo 54 en vigor de la Ley de Fiscalización remite a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en donde, como ya lo asentamos, el artículo 1o. dice de la siguiente manera: " excluye expresamente la materia de responsabilidad de servidores públicos en su ámbito de aplicación". En consecuencia, los servidores públicos en contra de quien se haya iniciado el procedimiento resarcitorio ganan fácilmente en los tribunales sus asuntos, sin que se pueda recuperar el recurso o materia del quebranto a la hacienda federal. Por tanto, las facultades de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación contenidas en la fracción IV del artículo 79 constitucional y en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación se ven vulneradas. El mérito de la reforma al artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación es establecer de manera clara la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Civiles, en todos los casos en que la Entidad de Fiscalización ejerza sus facultades de determinar los daños y perjuicios generados por los servidores públicos a la hacienda pública federal. Con esta disposición damos certeza en cuanto a la aplicación de la norma, se rige el procedimiento y dotamos a la Entidad de Fiscalización Superior del instrumento legal que le permita cumplir eficazmente su tarea de vigilancia del correcto ejercicio de los recursos públicos federales contenidos en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada año de ejercicio fiscal. Con el cambio legal que hoy aprobamos, evitaremos que los servidores públicos corruptos, al amparo de las imprecisiones legales que existen, burlen la ley y se queden sin sanción. Por las anteriores consideraciones, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo vota a favor del dictamen que se nos presenta. Es cuanto, señor Presidente.