La diputada Alma Rosa de la Vega Vargas: Compañeras y compañeros legisladores, lo que hoy discutimos es el futuro de nuestra nación. El dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que propone la modificación de los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución en materia de empresas estratégicas, es en sí mismo la definición del futuro económico y del desarrollo del país. Desde la llegada de la cuarta transformación hemos definido la soberanía y el control del Estado sobre nuestros recursos naturales y sobre sectores fundamentales de la economía. La propuesta que hoy discutimos no es solo un conjunto de reformas, es un paso decisivo hacia la recuperación de nuestro patrimonio nacional y el fortalecimiento del bienestar social. En primer lugar, debemos reconocer la importancia de que el Estado mantenga el control sobre las empresas públicas. Esta modificación busca garantizar que la propiedad y el control de estas empresas sean una responsabilidad del Estado, asegurando que su actividad esté regulada por la ley. Es un país donde el pasado nos ha demostrado el riesgo de los monopolios privados, es esencial que el interés público prevalezca sobre los intereses particulares. Otro aspecto crucial es la atribución a la nación de la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, la energía eléctrica no es solo un recurso, es un pilar del desarrollo social y económico al otorgar a la nación el control sobre este sistema. No solo buscamos garantizar un acceso equitativo a la energía, sino también asegurar que esta se produzca de manera sostenible y con responsabilidad social. Además, establecemos la prevalencia de la empresa pública sobre los particulares en materia eléctrica. Esto no significa que rechacemos la inversión privada, sino regular de tal forma que sirva a los intereses de la ciudadanía y no a los pequeños grupos de los inversionistas. La historia nos ha demostrado que la privatización desmedida solo ha traído consigo altos costos para la población y un acceso limitado a los servicios básicos. Recordemos que la industria eléctrica en México tiene una larga historia, marcada por el dominio de intereses extranjeros y la explotación de recursos en detrimento de la economía. A lo largo de los años hemos sido testigos que como el modelo neoliberal ha perpetuado un sistema que prioriza el lucro privado sobre el bienestar colectivo. Las tarifas elevadas, la mala calidad del servicio y la falta de cobertura han sido el resultado de un enfoque que ha ignorado las necesidades de la población. Hoy, con esta reforma buscamos corregir esos errores del pasado. Nos proponemos restaurar la soberanía energética de México, asegurando que el acceso a la electricidad sea un derecho para todos y para todas y no un privilegio para unos cuantos. Antes de nuestro primer gobierno con el gran presidente, Andrés Manuel López Obrador, las plantas de Comisión Federal producían apenas el 14.8 % de la capacidad total del servicio público, existían 7 sistemas eléctricos importantes, no interconectados, incapaces de satisfacer adecuadamente la demanda de los usuarios finales, lo que obligaba a la Comisión Federal a auxiliar a las empresas privadas, entregándoles en bloque la energía producida. Estas empresas predominantemente privadas, se interconectaban mediante líneas diversas de tensión y subestaciones, lo cual complicaba la seguridad y la calidad del servicio. Estos sistemas solo abastecían el 13 %... el 13.3 % de la población, principalmente en el centro y en el norte del país. El consumo de energía se distribuía de la siguiente manera: 9.75 para clientes residenciales, 6.75 para comerciantes, 42.20 % para la industria, 4.42 % para agricultores, 6.13 % para los gobiernos, 4.75 % para otros consumidores, con el resto en las pérdidas y usos propios. Y, como antecedente histórico de la respuesta del gobierno mexicano llegó con un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 14 de enero de 1949, que estableció las bases para el funcionamiento de la Comisión Federal y fomentó la inversión pública en el sector. Sin embargo, la Comisión Federal de envía, hasta el 50 % de su producción a precios bajos a las empresas extranjeras, lo que generó conflictos sobre el aumento de tarifas y la producción de inversiones. El presidente López Mateos reconoció la necesidad que en el Estado el Estado controlara la industria eléctrica para fomentar el desarrollo económico, algo que las empresas privadas no consideraban, porque el Estado es el único que puede y el más interesado en llevar el derecho al acceso a servicios públicos a los lugares más remotos y por tanto menos rentables. Se hizo evidente que la nacionalización era necesaria para que la industria eléctrica respondiera los intereses sociales y al desarrollo industrial bajo un enfoque planificado y no meramente lucrativo. En 1975 el presidente Luis Echeverría presentó una nueva ley al servicio público de la energía eléctrica, buscando mejorar la eficiencia de la comisión federal como un organismo descentralizado a la ley, aprobado y publicado el 22 de diciembre de 1975, que permitía el auto abasto para las necesidades propias, y establecía que al entrar en vigor quedaba sin efecto todas las concesiones. Posteriormente a estos antecedentes patrióticos a favor del pueblo, nos vimos afectados por la ambición desmedida de los gobiernos neoliberales, a tal grado que, en la administración de Enrique Peña Nieto, ene l 2013, respaldada por organismos internacionales desleales a nuestra patria, identificó supuestamente una situación crítica para Comisión Federal y abogó por la liberación del sector eléctrico, planteando que la empresa necesitaba una mayor inversión y una modernización urgente. Concluyo diciendo que esta modificación...