La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa que reforma el artículo 324 de la Ley General de Salud es una iniciativa complementaria de la anterior que presentamos hace unos momentos, para reformar y darle mayor fortaleza a lo que hoy es el Centro Nacional de Transplantes y transformarlo en el Instituto Nacional de Transplantes. Esta iniciativa tiene un propósito fundamental, un propósito esencial, que es eliminar y facilitar el proceso de donación de órganos en nuestro país. La salud es definida por la Organización Mundial de la Salud, no sólo como "ausencia de infecciones o enfermedades", sino como "un estado de completo bienestar físico, mental y social". La salud es también reconocida en la Declaración de Alma-Alta de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria a la Salud como "un derecho humano fundamental, un objetivo social; cuya realización requiere la intervención de otros muchos sectores sociales y económicos, además del sector salud". En la actualidad, la salud se erige en uno de los derechos humanos más importantes de la llamada "segunda generación"; es decir, de los "derechos humanos sociales". Nuestra Constitución reconoce el derecho a la salud en el artículo 4o., al señalar que: "toda persona tiene derecho a la protección de la salud", lo que implica que se impone al Estado la obligación de proteger convenientemente la salud mediante la organización y puesta en funcionamiento de los medios que se consideran necesarios para acceder a ella. En este sentido se han logrado importantes avances para incorporar a la atención de la salud de los mexicanos el progreso en ciencia y tecnología. Los trasplantes de órganos y tejidos constituyen el avance terapéutico más importante en el campo de las ciencias de la salud del último medio siglo. Su logro ha involucrado a prácticamente todas las especialidades de la medicina moderna. A nivel mundial, se han conseguido resultados que pueden considerarse espectaculares, lo que ha trascendido en un significativo incremento en la práctica de trasplantes en casi todos los países del mundo, destacando fundamentalmente el papel de España, Australia, Suecia, Suiza, Alemania, Francia y Dinamarca. En los últimos años, los trasplantes de donantes que han perdido la vida han aumentado en todo el mundo, con un promedio de donación de 18 donantes por cada millón de habitantes de población en Europa, 22 donantes por cada millón de personas en Estados Unidos, de 8 a 10 en Latinoamérica, 2 a 4 donantes por millón de personas en el Oriente Medio. Desde 1991, España ocupa un lugar preferencial en el mundo al ocupa el primer lugar en número de donantes por millón de población, y en el caso de 2005 tuvo una tasa de 35.1 donantes por persona de población. Sin embargo, estas cifras son insuficientes para suplir la creciente demanda de órganos. En el caso de nuestro país, la necesidad de donantes es alrededor de 93 donantes por millón de personas, si se toma en cuenta que en las actuales listas de espera 10 mil 135 pacientes están en condiciones óptimas para ser trasplantados y nuestra población es de 108 millones de habitantes. No obstante lo anterior, sólo hay 7 donantes por millón de personas. En el caso de los trasplantes de órganos, tejidos y células se presentan ahora como invaluables oportunidades para aquellos padecimientos crónico-degenerativos cuya consecuencia es la insuficiencia de algún órgano, y representan en la mayoría de los casos la única alternativa terapéutica que no sólo resuelve la falla orgánica, sino que conserva la vida del sujeto en condiciones cercanas a 100 por ciento de la normalidad. Conscientes de los avances en esta área de la salud, es que estamos impulsando esta reforma de carácter importante. En México se está realizando un aproximado de 10 mil trasplantes al año en 248 hospitales del sector salud habilitados especialmente para ello. En 2006 se realizaron 9 mil en un total, incluyendo órganos y tejidos; en 2007 fueron 8 mil 270, según cifras oficiales. Destaca que los trasplantes realizados en 2006, menos de mil 300 fueron de donadores fallecidos y para 2007 fueron menos de mil 200 los que decidieron donar después de la vida. Así, podemos ver que la labor de los avances científicos y tecnológicos en el campo de la medicina, cuyo principal objetivo es conservar la vida y la salud de las personas se ve obstaculizada por la desinformación y el desinterés en materia de trasplantes. Esta situación nos refleja también que no encontramos o no tenemos condiciones legales que no promuevan la donación después de la muerte y con las propias trabas que nos ponemos como sociedad por cuestiones culturales y religiosas. Con esta iniciativa buscamos actualizar nuestra legislación para hacer más viable la donación de órganos de personas fallecidas bajo un procedimiento en el que sólo sea oponible la negativa expresa del difunto o de su familia. Una vez diagnosticada la muerte del posible donante, los órganos comienzan a sufrir un proceso de deterioro que los puede volver inútiles para el trasplante. Por tanto, cada minuto es vital. Los equipos médicos dependen del consentimiento familiar para poder poner en marcha el proceso que culmine en el trasplante de los órganos que den vida y salud a los pacientes terminales inscritos en las listas de espera. El objetivo que persigue la extracción de un órgano es conseguir un órgano viable sin lesionarlo y preservarlo hasta su implante. Hoy en día, esto se logra gracias a los avances en la técnica quirúrgica de extracción multiorgánica y el empleo de soluciones de preservación frías a cuatro grados centígrados que difieren en su composición según el órgano por extraer. Así, se consigue mantener viable un corazón durante 4 horas, un pulmón entre 7 y 8 horas, un hígado entre 12 y 18 horas y un riñón o un páncreas hasta por 24 horas. La reforma a la Ley General de Salud publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2000 incorporó a la ley vigente en materia de donaciones y trasplantes y se incorporaron disposiciones generales y definiciones para el "Control sanitario de las disposiciones de órganos, tejidos, células y cadáveres de seres humanos", para quedar como "Donaciones, trasplantes y pérdida de la vida". Con esta reforma se hizo posible la extracción de órganos, tejidos o células cuando: 1. La persona fallecida hubiera expresado en vida y por escrito su conformidad; y 2. No lo hubiere expresado y requeridos los familiares en el orden previsto en la ley no expresaran su oposición. No obstante lo anterior, el actual marco jurídico imposibilita la donación, pues no establece la posibilidad de iniciar labores de preparación de los cuerpos para donación en tanto no se tenga la no oposición familiar, debido a que en muchas ocasiones cuando se obtiene ya no es posible la donación porque el órgano ha perdido su utilidad; inclusive entra en estado de descomposición. Hay que regresar al espíritu de la iniciativa de 2000, que considera la posibilidad de que toda persona, una vez fallecida, fuera un potencial donante cuando no constara su oposición e incluso cuando no fuera posible la práctica del requerimiento a sus familiares. Así pues, la acción fundamental de esta reforma será desarrollar una labor de sensibilización en la comunidad médica y en general, para disminuir el estigma que por años ha prevalecido sobre la donación y trasplante de órganos y tejidos con el fin de alcanzar una actitud positiva en la sociedad, a través de otorgar una mejor calidad en la atención del enfermo con insuficiencia orgánica; realizar un diagnóstico y ofrecer una oportunidad temprana de trasplante de órganos y tejidos. De tal manera, reformamos el artículo 324 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 324. Habrá consentimiento tácito del donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando no se obtenga la negativa expresa de alguna de las siguientes personas: el cónyuge o la cónyuge, pareja permanente, concubinario o concubina; ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, adoptante o adoptado, conforme a la prelación señalada. Adicionamos tres párrafos, señor Presidente, que nos permitirían que en ausencia de las personas mencionadas sea el juez civil de competencia territorial del lugar de la extracción quien deberá expedir el permiso dentro de las seis horas de producido el deceso. En tal virtud, pongo a su consideración, señor Presidente, la presente iniciativa para que sea turnada a la comisión correspondiente, solicitando de la misma forma se turne al Centro de Estudios de Finanzas Públicas para que realice el estudio de impacto presupuestal. Es cuanto, señor Presidente.