El diputado Salvador Márquez Lozornio: Con la venia de la presidencia. El suscrito, diputado federal Salvador Márquez Lozornio, de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia con base en las siguientes: CONSIDERACIONES: Ya en otras ocasiones he tocado el tema de las sociedades de información crediticia, sin embargo considero importante acotar a conciencia este texto legal que ha estado en el olvido y que repercute en la vida diaria de miles de mexicanos. Buró de Crédito, tiene sus inicios en el año 96. Buró de Crédito es, hasta el día de hoy, un importante marco de referencia para el otorgamiento de crédito en México ya que cuenta con expedientes crediticios de personas físicas, empresas y personas físicas con actividades empresariales. Por otra parte, resulta relevante señalar que Buró de Crédito no decide si un crédito debe o no aprobarse, del mismo modo que no emite juicios sobre si una persona es o no sujeta de crédito. Unicamente se circunscribe a proporcionar información sobre el comportamiento crediticio de personas físicas o morales. Sabemos que el otorgamiento de cualquier crédito se encuentra de alguna manera supeditado al ingreso y consulta voluntarios al propio Buró y por ello resulta imprescindible brindarle al cliente certeza en el manejo de la información y resolución de las reclamaciones, garantizando así sus derechos. En esta ocasión me referiré a los artículos 37, 40, 50 y 54 de la mencionada ley. Primero, una de las inquietudes de esta iniciativa es la inexistencia de unidades especializadas del Buró de Crédito a nivel nacional, ya que sólo existe una ubicada en la ciudad de México lo que consideramos restringe el acceso y complica sobre manera el libre ejercicio de los derechos del cliente ya que sólo se tiene acceso vía Internet, mensajería, fax. Lo que restringe el uso de los servicios del Buró de Crédito para la gran mayoría de la población nacional. Además, retrasa los servicios que debe brindar la unidad especializada, tales como la atención personal considerada mucho más funcional y efectiva para disipar dudas y aclaraciones en cuanto a los historiales crediticios de las personas, así como en la prestación y resolución de cualquier reclamación por la información contenida en los reportes de crédito. Por ello, esta iniciativa propone la adición de un artículo 37 bis, en el que se señale la obligación de instalar unidades especializadas de información en cada estado de la República y más de una, dependiendo de las necesidades de cada entidad federativa. Esta propuesta no necesariamente implica la compra de inmuebles para la instalación de unidades especializadas ni la generación de gastos excesivos, sólo la existencia de un espacio en donde el cliente pueda ser atendido y cubrir así sus necesidades de información, sin tener que trasladarse a la Ciudad de México. Es decir, podría darse el caso de que existiera personal de buró de crédito en alguna de la oficinas financieras o empresas comerciales, mismos que se llaman usuarios, que se encargue exclusivamente de darle información al cliente sobre su historial crediticio y de recepción y resolución de reclamaciones, entre otras. Segundo. Considero trascendente establecer, como obligación de las empresas comerciales y de las entidades financieras que utilicen los servicios del buró de crédito, colocar en lugar visible publicidad en la cual se señale detalladamente la información necesaria sobre las sociedades de información crediticia. Es un derecho del cliente contar con esa información, de tal manera que tenga a su alcance la ubicación exacta de la unidad especializada de información en la entidad federativa que le corresponda, los trámites que puede realizar en ella, plazos, costos, dirección de internet, así como las instancias a las que se puede acudir en caso de reclamación acerca de la información contenida en la base primaria de datos. Es por ello que en la presente iniciativa se pretende adicionar un párrafo sexto al artículo 40, en el cual se señale la obligación explícita de darle publicidad a la información sobre el buró de crédito, incluyendo la ubicación de las unidades especializadas de información. Tercero. Por otra parte, con relación al artículo 50 considero importante agregar la disposición clara de la obligación de las sociedades de información crediticia de enviar un informe trimestral sobre las reclamaciones y las resoluciones que de ésta deriven, no sólo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, sino también a la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco. Esto con el fin de que dicha institución lleve un control exacto del número de reclamaciones y el nivel de respuesta que tiende a las mismas y, en su caso, a aplicar la sanción que corresponda, ya sea a la institución o a los usuarios. Existe en la ley una sanción para el caso de omitir enviar la información requerida a la Procuraduría; sin embargo, no existe la obligación explícita de enviarla. Es por ello que establecer dicha obligación me parece una forma importante de control y medición del grado de respuesta y de organización con que cuentan las sociedades, así como la calidad en el servicio al cliente. Cuarto. Por último, en el numeral 54 de la Ley en comento se señala la facultad y el plazo en el cual el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pueden imponer sanciones de carácter administrativo por la comisión de una infracción. Este plazo actualmente prescribe a los tres años. La intención de la presente iniciativa es que lo haga a los cuatro años. Consideramos que el tiempo establecido resulta insuficiente, ya que en ocasiones detectar la infracción podría tomar un plazo mayor al establecido. Por ello, considero que sería adecuado --y que no afecta-- ampliar el plazo. Por el contrario, brinda un margen de tiempo a fin de detectar cualquier irregularidad. En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y modifica diversas disposiciones de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Artículo único. Se adiciona un artículo 37 bis, un párrafo sexto al artículo 40. Se modifica el artículo 50 y 54, todos de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar de la siguiente manera. Artículo 37 bis. Las sociedades deberán de contar con una o más unidades especializadas en cada entidad federativa y en el Distrito Federal, dependiendo de las necesidades de los clientes. Artículo 40. Los usuarios, ya sean entidades financieras o empresas comerciales, tendrán la obligación de colocar en lugar visible información sobre la sociedad de información crediticia con el objeto de que el cliente conozca sus derechos y a dónde acudir en caso de reclamación. Artículo 50. La sociedad trimestralmente deberá poner a disposición de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios financieros y a la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Instancia de Información, Protección y Defensa de las Personas, un informe detallado sobre las reclamaciones y resoluciones que sobre estos deriven". Artículo 54: "La facultad del Banco de México y de la Comisión para imponer las sanciones de carácter administrativo previstas en esta ley, prescribirá en un plazo de cuatro años contados a partir de la realización de la infracción. El plazo de referencia se interrumpirá al iniciarse el proceso administrativo relativo". TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, Palacio Legislativo de San Lázaro, 11 de octubre del 2005. Es cuanto, diputado Presidente.