EL DIP. FRANCISCO JAVIER ORTIZ ESQUIVEL: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: El suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 56 Bis, se deroga el artículo 59 y se reforma el artículo 74 de la Ley Agraria, conforme a la siguiente exposición de motivos: El sector rural concentra el mayor problema de pobreza, marginación y rezago en este país. Este rezago humano, social y económico tiene graves consecuencias no sólo para quienes ahí habitan, sino también para el desarrollo general de nuestro país. Es urgente dar un giro radical a esta lamentable situación tras décadas de políticas públicas ineficaces para propiciar un verdadero desarrollo en el sector. En este sentido, es nuestra obligación como legisladores revisar la regulación respectiva a fin de contar con el marco legal adecuado que promueva y no inhiba el desarrollo rural. Ahora que el tema del campo está en el debate nacional es importante manifestar que su mejoramiento sustancial pasa no solamente por la asignación mayor de recursos públicos, sino que es igualmente necesario contar con una regulación agraria que no dificulte la indispensable inversión, sino que la promueva. Mientras esto no suceda cabalmente cualquier proteccionismo y cualquier recurso público será insuficiente y en muchos casos desperdiciado lamentablemente, pues al no contar con el andamiaje estructural y los incentivos adecuados los esfuerzos y los recursos no rendirán los frutos esperados, frustrando irresponsablemente las expectativas de mejoramiento de los ejidatarios y comuneros al condenarlos a continuar atados a una regulación que los trata como menores de edad y que en el supuesto afán de protegerlos los frena en su libertad y les amarra de manos para competir. La reforma del 92 logró ciertamente algunos avances en el tema de la seguridad en la tenencia de la tierra, en el tema de una mejor delimitación de los derechos de propiedad, asunto sin cuya completa resolución no es posible avanzar efectivamente en la meta de un campo próspero. En este sentido reconocemos al Programa de Certificación de Derechos Ejidales, PROCEDE, como uno de los programas públicos de mayor relación costo-beneficio con grandes ventajas para los campesinos y para nuestro país, por la certidumbre que genera, promueve la paz social y las condiciones de entrada para la inversión y el desarrollo sustentable de nuestro medio rural, amén de apoyar el crecimiento urbano de nuestro país. En este tema toral de una mejor delimitación de los derechos de propiedad, condición de cualquier proyecto de desarrollo, es importante recordar que la propiedad social en nuestro país ocupa alrededor de 103 millones de hectáreas, poco más de la mitad del territorio nacional, y dentro de esta superficie alrededor de las 2/3 partes son tierras de uso común, en donde por cierto los derechos de propiedad no están claramente delimitados con las consecuencias que ello representa en la mayoría de los casos, en términos de menor (¿) e inversión, sobre explotación y abandono. Los ejidatarios son los primeros en darse cuenta de esta situación y por lo mismo en muchos casos, después de haber sido certificados por el PROCEDE han realizado una parcelación de facto de las tierras tituladas como de uso común y ahora demandan que se formalice esta realidad que ellos mismos han decidido y en donde cada uno goza de forma pacífica pero informal, de una porción del área de uso común con sus medidas y colindancias reconocidas, más no formalizadas por el título correspondiente. Sin embargo, no son atendido debido en buena medida a las limitaciones presupuestales del PROCEDE, ya que por esa razón dicho programa se enfoca a los ejidos que no han sido certificados, situación que es entendible pero que es inconveniente mantener, pues es bien sabido que el avance de la certificación será cada vez más lento y por lo mismo no es conveniente hacer esperar las nuevas intervenciones del PROCEDE hasta que se agoten los ejidos pendientes de certificar. Por todo lo anterior, se propone adicionar un artículo 56 Bis a la Ley Agraria, con el fin de que a los ejidos ya certificados que lo soliciten, se les apoyar legal y técnicamente en una nueva parcelación del área de uso común, ya sea ésta total o parcial. A la vez, se propone derogar el artículo 59 de la misma ley, con el fin de permitir el parcelamiento de tierras ejidales o comunales localizadas en zonas de bosques o selvas tropicales, eliminando una restricción que no ha provocado la conservación y manejo sustentable del recurso, sino que en la mayoría de los casos ha generado el efecto contrario como se puede constatar fácilmente. Asimismo, se propone la inclusión de un artículo transitorio en donde se solicita la Ejecutivo Federal, que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se incluya una partida específica para alcanzar el fin propuesto con la adición del artículo 56 Bis. Señoras y señores legisladores: con la reforma propuesta atenderemos una demanda creciente de los ejidatarios, ampliaremos el marco legal que incentiva el mejor cuidado de los recursos naturales del país, propiciaremos las condiciones de entrada para una mayor inversión de los productores y también las condiciones para que la inversión pública genere los resultados deseados y nos solamente apoye transitoriamente el ingreso de los agentes del medio rural, sin incidir en el necesario cambio estructural. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto, por el que se adiciona el artículo 56 Bis, se deroga el artículo 59 y se reforma el artículo 74 de la Ley Agraria. Artículo 56Bis.- Posterior a la certificación de las tierras de ejido, la asamblea con las formalidades previstas en los artículos 24 a 28 y 31 de esta ley, podrá solicitar al Registro Agrario Nacional, el apoyo y auxilio técnico para realizar la parcelación total o parcial de las tierras de uso común. Artículo segundo.- Se deroga el artículo el artículo 59 para quedar redactado de la siguiente manera: Artículo 59.- Se deroga. Artículo tercero.- Se reforma el artículo 74 para quedar redactado de la siguiente manera: Artículo 74.- La propiedad de las tierras de uso común es inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos en los artículos 56 Bis y 75 de esta ley. Transitorios Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- Se solicita al Ejecutivo Federal que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, se considere una partida específica para alcanzar el fin propuesto en la adición del artículo 56 Bis, dichos recursos serán aplicados a través de los programas existentes o mediante la creación de uno nuevo, según determinación del Ejecutivo Federal. Tercero.- Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente decreto. Es cuanto, ciudadano Presidente.