La diputada Julia Licet Jiménez Angulo: Con el permiso de la Presidencia. Nos encontramos en un momento esencial para el futuro de nuestra nación. Nos encontramos, señoras y señores, en un momento en el que la decisión que tomemos repercutirá significativamente en la vida de millones de mexicanas y mexicanos. Las y los diputados del PAN vamos a votar en contra porque estamos convencidos de que la estrategia de militarizar la seguridad pública no va a solucionar el grave problema de inseguridad que tenemos en nuestro país. En mi estado, Colima, estamos sufriendo esta estrategia fallida a pesar de que cada día se han incrementado los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, la delincuencia, la violencia, los homicidios dolosos, los secuestros y los feminicidios han aumentado y no tienen freno. En Colima como en otros estados del país vivimos con miedo e impotencia. En lugar de cambiar de estrategia y fortalecer una Guardia Nacional civil y a las policías estatales y municipales, hoy están reformando la Constitución para militarizar el país y entregarle la responsabilidad de la seguridad pública al Ejército. Con esta reforma hoy observamos el fracaso del Estado mexicano en el diseño e implementación de estrategias en materia de seguridad ciudadana, derribar las fronteras institucionales de las Fuerzas Armadas para transformarlas en policías destinadas a cumplir tareas de seguridad pública significa poner en peligro a la población, significa poner en peligro a millones de mexicanas y mexicanos. Porque la preparación y las tareas castrenses son muy distintas a las de la policía civil encargada del orden público y la paz social. Con tareas de investigación y persecución de los delitos que hoy quieren militarizar, y la misión fundamental del Ejército no es la seguridad pública ni la investigación de los delitos, es la salvaguarda de la soberanía nacional. Ante la inseguridad y la violencia que están desatadas, en lugar de implementar una estrategia que funcione quieren darle rango constitucional a la militarización de la seguridad pública, desplazando a los civiles. No olvidemos que la militarización de la seguridad pública ha sido cuestionada por organismos internacionales de derechos humanos. Esta reforma impide la fiscalización por parte de civiles ante la actuación de la fuerza militar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que utilizar las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública resulta contrario a los principios del Estado de derecho. Y hay que decirlo fuerte y claro, la estrategia de seguridad en este sexenio fracasó. Con todo y la Guardia Nacional militarizada, la violencia está peor que nunca y las familias han perdido su tranquilidad. La realidad es que militarizar al país de ninguna manera resolverá el problema, porque, aunque reconocemos el trabajo, la lealtad y lo profesional de nuestras Fuerzas Armadas, su entrenamiento y su vocación natural no está diseñada para funciones de seguridad pública. Con esta reforma solo se avanzará en la concentración del poder y en un centralismo asfixiante que se desarrolló en este sexenio que está por concluir. Las policías y autoridades estatales y municipales deben contar con mayores apoyos y presupuesto para enfrentar el fenómeno de la inseguridad en el ámbito local. Un Estado militarizado es un Estado que debilita las instituciones democráticas, es un Estado solitario y el Estado mexicano no debe de caminar en esa ruta, por el bien de nuestras futuras generaciones, es cuanto, presidente.