La diputada Aleida Alavez Ruiz: En nombre propio y de mi compañero diputado Leonel Godoy Rangel y de la bancada de Morena, vengo a presentar reforma constitucional y legal para eliminar la figura de arraigo. El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de implementar el entonces llamado nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio. Esta reforma avaló que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada podría decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que señalara la ley, sin que pudiera exceder de 40 días, siempre que fuera necesario para: 1. El éxito de la investigación. 2. La protección de personas o bienes jurídicos, o; 3. Cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Plazo que podría prorrogarse, siempre y cuando el Ministerio Público acreditara que subsistían las causas que le dieron origen, pero siempre y cuando la duración total del arraigo no exceda de 80 días. Pero la realidad ha sido distinta, se ha empleado precisamente como medio para obtener pruebas en busca de la culpabilidad del arraigado, que él reconozca su culpabilidad y, en todo caso, como forma de sanción penal anticipada sin que exista una sentencia que así lo haya resuelto y, peor aún, sin que se hubiera informado a la persona arraigada de qué delito se le acusa. Otra legislación que se ajustó fue, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en la que se dispuso todo lo relacionado con el arraigado, en donde por una parte se reiteró el texto constitucional y, por otra, se estableció el procedimiento para decretarlo. No obstante, no se estableció un procedimiento para escuchar a la persona arraigada, sino solo para decretarlo. En la utilización de los medios para enfrentar la delincuencia y criminalidad organizada, las autoridades no pueden vulnerar derechos humanos que se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. En caso de la omisión de la observancia de algunos de los derechos humanos, la detención del imputado será considerada como arbitraria, de modo que, para una medida cautelar restrictiva de la libertad, no sea considerada como arbitraria y, como consecuencia, no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que entre otras cosas se cumpla con los cuatro elementos del conocido test de proporcionalidad. Esto es, que la finalidad de la medida deba ser legítima, es decir, compatible a la Convención Americana, idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional. En suma, la figura de arraigo siempre ha sido sumamente cuestionada, pues su materialización implica que sobre quien se decrete deba padecer los efectos de una pena de privación de libertad anticipada. Por estas razones, y otras más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Estado mexicano la sentencia pronunciada en el caso Tzompaxtle Tecpile, y otros, contra México y destacó que debe generar el deber general, perdón, de México incluye la adopción de medidas para suprimir las normas y prácticas de cualquier naturaleza que impliquen una violación a las garantías previstas en la convención, así como la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la observancia efectiva de dichas garantías. Y, como consecuencia de lo anterior, entre otras cosas, obligó al Estado mexicano a dejar sin efecto en su ordenamiento jurídico la normatividad relacionada con el arraigo como medida de naturaleza procesal restrictiva de la libertad para fines investigados. En consecuencia, y como parte del cumplimiento de esa sentencia, se presenta esta iniciativa en la que se propone: 1. Derogar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el actual párrafo octavo del artículo 16, en el que contempla la figura de arraigo, 2. Reformar los artículos 155, fracción XII, y 167, segundo párrafo y derogar el XIII del artículo 155, todos de Código Nacional de Procedimientos Penales, y...