El diputado José Antonio García García: Muchas gracias, presidenta. Secundo la petición del diputado Cházaro, para que estas sesiones vuelvan a ser presenciales. Actualmente uno de los grandes problemas que enfrentan las personas con capacidades diferentes son los obstáculos para ejercer su derecho a contar con un trabajo digno y bien remunerado, y que ayude a su desarrollo personal y, desde luego, al desarrollo familiar. En México solo tres de cada diez personas con capacidades diferentes tienen empleo. Lamentablemente la falta de oportunidades laborales y la desigualdad salarial que sufren, pues en promedio ganan tres o cuatro veces menos y esto ha traído consigo que el 49.5 por ciento de las personas de este sector se encuentren en condiciones de pobreza, de las cuales el 0.9 por ciento se encuentra en pobreza extrema, y por ende con problemas económicos para poder solventar sus gastos familiares y, desde luego, el de su desarrollo personal. La Organización Internacional del Trabajo refiere que la exclusión de las personas con capacidades diferentes del mercado del trabajo supone un gran derroche de potencial que conlleva una pérdida al producto interno bruto de entre un 3 y hasta un 7 por ciento. Si bien, a nivel nacional en los últimos años se ha llevado a cabo grandes esfuerzos por parte de diversas organizaciones, organismos y cámaras empresariales para incorporarlos al mercado laboral, lo cierto es que aún falta mucho por hacer para poderles ofrecer y para poderles ampliar mayores oportunidades laborales para todas y para todos ellos, en igualdad de condiciones y posibilidades de desarrollo personal, laboral y económico. En virtud de ello la inclusión de personas con capacidades diferentes en el campo laboral, no debe de estar limitada a políticas públicas que incentiven su contratación en la iniciativa privada, sino que dichos incentivos deben complementarse con políticas públicas orientadas a la contratación de dicho grupo vulnerable en el sector público, ampliándose así el número de beneficiadas y beneficiados. Derivado de lo anterior, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer la obligación de los Poderes de la Unión, para que puedan contratar progresivamente a personas con capacidades diferentes, hasta alcanzar cuando menos un 6 por ciento de su plantilla laboral, así como establece la atribución de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para promover y supervisar su contratación en todas las dependencias del sector público en los tres órdenes de gobierno. El proporcionarles la posibilidad de contar con un empleo decente y formal, con prestaciones y con salarios dignos les permitirá podrá desarrollarse de manera personal y profesionalmente, además de mejorar con esto sus ingresos y por ende su nivel de vida y el de sus familias. Cabe señalar, que actualmente más de 16 estados del país establecen la obligación en sus leyes respetivas, para incorporar este sector al mercado laboral en el sector público. La inclusión laboral de este sector de la población, tanto en el ámbito privado y público es clave para el desarrollo social de nuestro país. En virtud de ello, resulta indispensable hacer efectivo su derecho al trabajo, brindándoles los apoyos necesarios para permitir su plena participación. En el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos del lado de apoyar a todos los ciudadanos y sectores de la población, especialmente el de los más vulnerables y seguiremos impulsando medidas que busquen proteger y promover los derechos y la inclusión social de todos y de cada uno de los ciudadanos. Muchas gracias, presidenta.