El diputado Adán Pérez Utrera: Con permiso de la Presidencia. El federalismo mexicano es resultado de un proceso histórico definido en nuestro proyecto de nación, y no obstante ser una forma política originada en otros países, es totalmente acorde con nuestro mosaico regional y nuestra condición pluriétnica y pluricultural. La historia no miente, nuestro país encontró en la forma de Estado federal la vía para la unión nacional, esta se impuso no sin retrocesos o estancamientos, a la visión centralista. No obstante, lo mismo que en el porfiriato que en el sistema postrevolucionario y principalmente con el partido hegemónico se intentó reducirlo para darle fortaleza política al sistema presidencialista. El proceso de democratización que experimenta nuestro país desde los años 70 del siglo pasado no alcanzó a permear del todo al federalismo postrevolucionario, pese a que la ruta del cambio democrático partió de las regiones hacia el centro, pues fue en los municipios y luego en los estados donde se experimentaron las primeras alternancias y poco a poco el debilitamiento del sistema hegemónico. El federalismo ha sido de las pocas instituciones políticas que no ha sufrido cambios fundamentales durante este proceso de transición democrática. Los artículos que estipulan facultades de primer orden al municipio y a los estados en materia política, económica y tributaria permanecen casi intactos. Bien escribió don Daniel Cosío Villegas cuando señaló, que si el sistema federal se considera mayor que el central, es que el poder general y el local se limitan y contienen mutuamente. Desde 2013, Movimiento Ciudadano ha insistido en impulsar el fortalecimiento del federalismo al proponer que los gobiernos estatales y municipales dispongan no solo de mayores recursos para cumplir con sus obligaciones, sino que se liberen de las presiones políticas que desde el centro les impone. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, surgido en los años 80 del siglo pasado, llevó a que las entidades federativas y los municipios subsistieran con las participaciones federales convertidas en instrumentos de presión política, en una relación de control, tanto por la Secretaría de Hacienda como por las secretarías de Finanzas estatales. No se puede seguir con esta lógica perversa y mezquina, que solo ahonda en un centralismo de facto. Por eso presento a esta soberanía una iniciativa para reformar la Ley de Coordinación Fiscal, para que el Fondo General de Participaciones no se constituya ya con el 20 por ciento de los recursos de la federación, sino que sea Hacienda al 30 por ciento distribuido en un 20 para las entidades federativas y 10 por ciento para los municipios. Los cambios al artículo 6o. plantean que las participaciones federales que reciban los municipios, incluyendo sus incrementos, nunca sean inferiores a este 10 por ciento. Dichos montos establecidos en los artículos 2 y 6 del Fondo General se aplicarían para el ejercicio fiscal de 2019. Compañeras y compañeros diputados, es impostergable volver la mirada a los gobiernos locales y municipales como ejes de cohesiones sociales y articuladoras de la nación. Las entidades federativas deben retomar su función política y económica como parte fundamental de un todo. Solo la fuerza de las regiones puede hacer fuerte al codo. Los municipios deben volver a su función básica de intermediarios directos entre la ciudadanía y su gobierno. Una reforma normativa deseable en tal sentido sería aquella que reconstruya las relaciones del gobierno y los ciudadanos y, sobre todo, sobre esto versa la presente iniciativa, que espero la aprueben en sus términos. Es cuanto, señor presidente.