La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Gracias, Presidente. Con su permiso. En cuanto a la violencia de género, pese a los avances, es evidente que hablamos de una realidad devastadora que persiste prácticamente en todo el orbe. Como sabemos, fue en 1999 que las Naciones Unidas declararon oficialmente el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esta declaración va implícito un reconocimiento a que la denuncia, el análisis e investigación, la educación y la incidencia en política pública y en la legislación son tareas imprescindibles para la generación de cambios políticos, culturales y legales, sin los cuales es imposible avanzar en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Por ello, cada año al llegar este 25 de noviembre conmemoramos el Día Internacional de la no Violencia y en todo el mundo mujeres y también hombres rendimos homenaje a las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana por régimen del dictador Trujillo, como imagen de las miles de mujeres que han muerto a causa de la violencia de género y también de quienes hemos sobrevivido a ella en cualquiera de sus formas. En México tenemos, lamentablemente, muchas mártires; con enorme vergüenza debemos reconocer como sociedad que son miles ya las mujeres que la última década han muerto en todo el país a causa de la forma más extrema de género: el feminicidio. Más de 200 mujeres en Ciudad Juárez y el doble de esta cifra en el estado de México, y no lo olvidemos, Ernestina Ascencio del Rosario, cuyo crimen sigue aún impune. La conmemoración de este día está pensada justamente como una oportunidad para hacer un balance y dialogar de manera incluyente ambos géneros, haciéndonos cargo de que la violencia contra las mujeres es un flagelo de la sociedad contra ella misma y no una problemática sola del género que es víctima, como muchos parecen creer. Cada 25 de noviembre mujeres en todo el mundo, en toda clase de foros y espacios, decimos, en voz alta, que no perseverar en el trabajo de erradicar la violencia nos hace cómplices, nos denigra y pone en riesgo a todas y todos. En México, en los últimos años hemos tenido avances importantes que reconocemos con enorme gratitud y admiración hacia el esfuerzo de tantas mujeres que han dedicado su vida desde la academia, la sociedad civil organizada, y también desde la política, a la lucha contra la violencia de género. Entre esos avances se hallan, sin duda, la entrada en vigor en los últimos cinco años de una Ley Federal Contra la Discriminación y dos nuevas leyes que mandatan coordinación a nivel de los tres órdenes de gobierno. La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Que estas leyes cumplan su cometido en lograr equidad y erradicar la violencia, constituye uno de los desafíos más grandes e imperiosos de nuestro país, puesto que una sociedad que permite y tolera la violencia contra las mujeres no será nunca realmente desarrollada ni justa, ni pacífica y mucho menos democrática. No podemos concluir este balance sin reconocer que en muchas entidades aún persisten disposiciones legales que, a la luz de la nueva Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, son claramente ineficaces en términos de procurar justicia y lo peor, gravemente violatorias de los derechos humanos de las mujeres. Por ello, desde esta tribuna, saludamos a los Congresos estatales que han actualizado su legislación en la materia y al mismo tiempo quiero realizar un respetuoso exhorto a mis colegas legisladores de los estados, que tienen rezago a este respecto, para que, de conformidad con lo que establece el artículo octavo transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, armonicen su legislación local y no se prive a ninguna mujer en la república del gran avance que representa la nueva ley. Asimismo, no podemos obviar que se debe proceder penalmente con mayor firmeza contra los agresores, porque la impunidad es una agresión más, a la vez que una incitación a mayor violencia. Urge también contar con más refugios donde poner a salvo a las mujeres cuya vida corre peligro a causa de la violencia, trabajo interdisciplinario para apoyar a cada sobreviviente con políticas de capacitación y empleo, con política de vivienda y, en suma, con un sistema preparado para ofrecer una nueva oportunidad de vida a las sobrevivientes. Cuando esta problemática ha alcanzado, en términos oficiales, tal nivel de reconocimiento, es momento de exigir que se traduzca en un sistema de procuración de justicia que garantice verdaderamente a las mujeres que el Estado mexicano se hace responsable de proteger el derecho humano que todas tenemos, a no ser agredidas en ninguna forma y conservar nuestra integridad y por supuesto, nuestra vida. Muchísimas gracias por su atención.