La diputada Susana Priscila Álvarez Hernández: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la Cámara de Diputados tiene la obligación de hacer que se cumpla la ley, el pacto federal y en esencia la división de poderes. Nuestro compromiso institucional y republicano debe estar presente en esta demanda de controversia constitucional. Lo que debemos observar en esta propuesta, es la defensa de esta soberanía ante una probable violación de una de las facultades exclusivas más importantes que tenemos. La aprobación del Congreso de Tamaulipas del Acuerdo de las reglas de homologación para el ejercicio de atribuciones señaladas en el quinto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un mecanismo que más allá de ser cuestionado en sus objetos e intereses, pone entredicho el Poder Legislativo federal al vulnerar a los hechos nuestra capacidad como Cámara de Diputados de definir sobre el desafuero de servidores públicos. Advertimos que la acción del Congreso de Tamaulipas podría rayar en la sobrerregulación tanto a la Constitución como a la propia Ley Federal de las Responsabilidades de los Servidores Públicos y exceda en los hechos sus facultades. El actual juicio de procedencia es un mecanismo en desarrollo y no se han emitido conclusiones que deban preocuparle al Congreso de Tamaulipas, mucho menos que los orillen a emitir disposiciones probablemente contrarias a la Constitución y que violenten la división de poderes. El proceso de desafuero en esencia, es retirar la inmunidad procesal de un servidor público que haya cometido algún delito del orden federal en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, y en ese supuesto la Cámara de Diputados es la única encargada de declarar si da lugar o no a proceder en contra del indiciado y que, en consecuencia, de ser procedente, esta Cámara comunica y remite a las legislaturas locales para que se proceda conforme a derecho como lo señala el artículo 111 de la Carta Magna. Ante la coyuntura que se ha presentado, es necesario que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en definitiva si lo que aprobó el Congreso de Tamaulipas procedió o no, y si no resulta contrario a las facultades constitucionales con las que goza esta Cámara de Diputados. Votaremos a favor de esta controversia constitucional en defensa de una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados más importantes que tenemos y que está establecida en el artículo 74, fracción V, de la Carta Magna. Solo la Cámara de Diputados tiene la facultad de declarar si hay o no lugar a proceder penalmente por delitos federales contra los Ejecutivos de las entidades y, tal como lo señala el artículo 111, las resoluciones que se emitan en ese sentido son inatacables. Por tales motivos, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votamos a favor la presentación de la controversia constitucional, para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo órgano del Poder Judicial, quien determine si el Congreso de Tamaulipas se extralimitó con sus facultades, o bien, si el procedimiento a seguir, en caso de que decida lo contrario, es legal y no merma las facultades de esta Cámara de Diputados. Es importante sentar precedente del control constitucional del eventual juicio de procedencia a que se realice en este recinto legislativo, en aras de la legalidad. Es por ello que el alto tribunal debe resolver de la constitucionalidad del acuerdo del Congreso de Tamaulipas. Gracias por su atención, compañeros, compañeras. Es cuanto, señora presidenta.