El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. El artículo 55 constitucional establece que para ser diputado se deben cumplir requisitos de nacionalidad y ciudadanía. Estar en ejercicio de los derechos, cumplir requisitos de edad, 21 años cumplidos el día de la elección; requisito de residencia y vecindad, y algunas condiciones de inhabilitación, no estar en servicio activo en el Ejército federal, no ser titular de alguno de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía ni ser secretario o subsecretario del Estado 90 días antes de la elección, entre otros, no ser ministro de culto, etcétera. En ninguno de estos requisitos figura alguno relacionado con la formación académica o la escolaridad, tampoco el ser especialista o letrado en la función principal que se le encomienda al Congreso, como es la de legislar. Esto obedeció, en principio, a factores propios de la época en que los constituyentes de Querétaro así lo prescribieron. Hacia 1910 el país tenía una población de poco más de 15 millones de habitantes, de los cuales 92 por ciento vivía en zonas rurales, de las personas mayores de 10 años solo el 27 por ciento sabía leer y escribir. El incremento de la cobertura del sistema educativo, la urbanización e, incluso, la incorporación de las mujeres a la educación y a las tareas productivas, nos dieron por resultado que se demandara a un diputado o a un senador cumplir con determinados requisitos de escolaridad o especialización a los legisladores. Esto es un tema de principios, un cuerpo de representantes de una nación plural no tiene que ser un cuerpo de élite de expertos o sabios en quienes se deposite tan alta responsabilidad. La Cámara sigue abierta al obrero, al campesino, al ama de casa, al indígena, son estos representantes quienes pueden mejor expresar la voluntad popular reflejada en las urnas. Al paso del tiempo se fue haciendo necesario imprimir cierta profesionalización en la representación popular, toda vez que el régimen presidencialista del partido único reducía el Poder Legislativo a una especie de dependencia del Ejecutivo, una oficina legal en la que no era necesario debatir, estudiar o razonar. Las propuestas del presidente se acataban, y ya. Son tiempos que ya no deben volver y cuyas nefastas consecuencias aún se padecen en esta legislatura. Con las reformas a Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos de 1999, se ordenó la instrumentación del Servicio de Carrera en la Cámara de Diputados, se crearon centros de estudios, sin embargo sus resultados no han sido uniformes, en diversas ocasiones los centros no brindaron un apoyo eficiente, oportuno y de calidad para el desarrollo de los trabajos parlamentarios, resultaron en algunos casos lamentables cortas partidistas. En la propuesta a discusión se crea el Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, sustituyendo al Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el Instituto de Estudios para la Igualdad de Género en sustitución del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género y el Instituto de Estudios Parlamentarios, con las áreas o direcciones necesarias para atender las necesidades de información y análisis que sustenten al trabajo de esta soberanía. No podemos subrayar la importancia que tendrá la transformación integral del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas en el Instituto de Estudios de la Hacienda Pública, como un órgano de alta especialidad que funcionará y tomará sus decisiones de forma objetiva, con transparencia metodológica, apartidista e independiente, así como una visión estratégica a largo plazo de la política fiscal y el desempeño integral de la economía. El Instituto de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género, buscará contribuir y a enriquecer el trabajo de las y los legisladores con el objetivo de impulsar el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Finalmente, el Instituto de Estudios Parlamentarios, estará dedicado a los estudios parlamentarios de constitucionalidad e impacto normativo, económicos, políticos y sociales, internacionales, así como de administración de datos, coadyuvará en las tareas de formación y capacitación de legisladores, legisladoras y personal técnico de la Cámara. Los órganos de dirección de los institutos serán electos por mayoría calificada del pleno de la Cámara de Diputados, resultado de una convocatoria pública nacional, mediante un proceso de evaluación público y transparente, y los cuerpos de investigadores serán parte del Servicio Civil de Carrera. Honorable asamblea, nuestro país requiere de la suma de esfuerzos y voluntades para transitar hacia su pleno desarrollo y generar las condiciones de bienestar al que aspiran y merecen todas y todos los mexicanos. Las y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD, acompañaremos con nuestro voto al presente dictamen, conscientes de que nuestra tarea fundamental como representantes populares es cumplir con una alta responsabilidad constitucional y legal de la construcción de mejores leyes que beneficien a las y los mexicanos desde su perspectiva social, económica y de desarrollo. Es cuanto.