El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. El artículo 28 de la Constitución proscribe la existencia de monopolios en México; sin embargo, la existencia de los mismos es un lastre que arrastran los consumidores nacionales. La rectoría económica del estado no ha forjado condiciones de competencia efectiva en diversos sectores clave de la economía nacional y, en muchos casos, aquellos determinantes para el desarrollo democrático nacional, por el contrario, las privatizaciones iniciadas a finales de la década de los 80 lejos de potencializar el desarrollo de los mercados han generado de los anteriores monopolios estatales una cantidad impresionante de monopolios particulares, creando este fenómeno perverso en el que se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias. Hablar de las condiciones actuales de los mercados de televisión, telefonía, bancario, cementero, acerero resultaría reiterativo insistir en enumerar una realidad que a diario padecemos. La existencia de un Estado regulador fuerte es determinante para potenciar los alcances de los mercados nacionales y con ello evitar las distorsiones derivadas en un mercado concentrado. Hoy discutimos un dictamen que al Estado le pretende dotar de instrumentos jurídicos que intentan combatir las concentraciones existentes en mercados de la economía nacional. No negamos no negamos que tibiamente el dictamen intenta introducir figuras jurídicas novedosas en nuestro país, como lo son: la posibilidad de fijar precios máximos, la regulación de insumos esenciales, la regulación de las desapariciones de las barreras de entrada a un mercado, la propia redefinición de las prácticas monopólicas relativas y absolutas, un supuesto endurecimiento de las penas y sanciones e incluso la desincorporación de activos como sanción. Con la inclusión de estas nuevas piezas al ámbito jurídico se intenta fortalecer la capacidad reguladora del Estado frente a la capacidad evasiva de las grandes empresas. Si bien, repito, reconocemos este tibio intento, esta manifestación aparente a fortalecer el quehacer estatal en materia de fomento a la competencia económica, se están introduciendo figuras cuya mala aplicación pudieran tener efectos adversos a los deseados. Ejemplo de lo anterior es la regulación de los insumos esenciales para su determinación, que constituye un ejercicio fundamental para el buen funcionamiento de la medida y que en el proyecto que se discute únicamente se incluyen tres condiciones de los mismos: la existencia de concentración del manejo del insumo, la imposibilidad de sustitución del mismo y que al mismo tiempo sea determinante para la producción de un bien distinto. Otra regulación polémica que se ha incluido es la desincorporación de activos, que implica la posibilidad de ordenar la modificación corporativa de una empresa que concentra algún mercado y que para con ello se reviertan las condiciones anticompetitivas que privan en un sector. Sin embargo, existen en el mundo ejemplos que hacen claro que esta medida ha sido ineficaz. Igualmente se dota a la autoridad regulatoria de nuevas facultades en materia de investigación, como es la posibilidad del uso de la fuerza pública para sus labores y el poder solicitar información sin ningún tipo de restricción a los sujetos investigados. Queda entonces en muchas partes de la ley al arbitrio absoluto de los integrantes de la Cofece la ejecución de la norma. Estamos bajo la visión del imperio de la voluntad del Ejecutivo frente a la regulación legislativa, la ley del hombre fuerte a ley del parlamento, por eso nos preocupa. Nosotros, presidente, quisiéramos plantearle esta modificación. Le pediré, a pesar de que hay vacías muchas de las curules, persiste el grito y el chiflido del Bronx, ojalá y ellos se hubieran ido y se hubieran quedado los que escuchan con respeto y atención. Presidente, le voy a pedir plasme íntegro el documento. Miren, diputados y diputadas, les aseguro que hay gente responsable. Intento siempre debatir con seriedad y con responsabilidad, le dedico muchas horas a estudiar y me parece una falta de respeto y de cortesía legislativa que se dediquen a chiflar y a descalificar. Es una pena, pero bueno, que viva el Bronx.