El diputado Jesús González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas: La educación ha sido el tema nacional más cercano, más íntimamente vinculado con nuestra identidad, que implica la preservación de nuestros valores culturales y la continuidad de la existencia de la nación por sobre las contingencias y no pocos intentos para desfigurarla a favor de patrones importados. Por ello, el debate de hoy es crucial, porque lo que discutimos es nada menos que la presentación o la prestación de este servicio público fundamental, consagrado como garantía social en nuestra avanzada Constitución de 1917. Pero si la educación formal en el aula es esencial, no lo es menos la que se imparte en el contexto social y político que con frecuencia incide más en el educando que los que recibe en los claustros escolares. Es desde aquí que convocamos en Convergencia a todos legisladores federales y locales, a una profunda reflexión en cuanto al ejemplo que estamos dando a los millones de niños y jóvenes que en sus televisores o en los diarios, se informan de lo que está ocurriendo en este recinto. Dejo a su mejor criterio las condiciones del alcance de los hechos aquí ocurridos y desde luego, de muchos otros en nuestra vida pública, que no sólo son educativo, sino me temo que son contrarios a cualquier intento de formación y elevación de la conciencia social. No soy ajeno ahora ni nunca lo he sido, del sagrado derecho al disenso, sólo que esta reforma, en verdad, cuando con todas las posibles cargas partidistas, lo que propone es la materialización de un programa casi abandonado de la descentralización educativa que fue y sigue siendo una demanda federalista. Es cierto que aún, sin reforma constitucional, el programa con base en regulaciones anteriores debía haberse realizado en el Distrito Federal y aún cuando había dependencia directa del regente al Ejecutivo Federal, no se llevó a cabo por intereses o mezquindades intragobierno, sobre todo vinculadas con el control sindical del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Fuerza de la Coordinadora también de los maestros en esta ciudad. Sin oportunidad, sin embargo, ahora que existe un gobierno independiente, no es posible resistirse a la oportunidad de hacerlo con todas, con todas sus consecuencias, tanto el efecto comparativo con otras entidades de la República, como por la defensa legal de la suficiencia de recursos presupuestarios que esta representación está obligada a otorgar en los términos de la fracción VIII del artículo tercero de la Constitución, que nos obliga a proveer para la educación a todos los niños mexicanos con derecho imprescindible a obtenerla. En Convergencia creemos que es oportuno el que en la gran capital de la República, asuma su gobierno plenamente las facultades en el ramo educativo y en un obligado convenio con la Secretaría de Educación, deba iniciar el proceso respectivo de acuerdo con los antecedentes de su condición jurídica política de Distrito Federal, que evidentemente no tuvo un desarrollo ni presupuesto propio como otros estados, para en paralelo con la Federación desplegar tareas locales en la prestación de los servicios educativos. Es en orden, en realidad, en este orden, lo que puede ser objeto de cuidadoso seguimiento y lo será la ejecución del Programa que implicará, no sólo amplios conocimientos en la materia educacional, sino además buena fe y excelente buena voluntad. Pero aquí también se encuentra claro el principio subsidiario de esta Legislatura que nunca de los nuncas podrá consentir una insuficiencia de los recursos presupuestales para ejercer presiones políticas o revanchas contra uno u otro gobernante de la ciudad de México. No rehuiremos desde nuestra responsabilidad, la salvaguarda de los derechos de más de 2 millones de educandos en el Distrito Federal y si se invoca el principio de equidad y proporcionalidad entre los estados, no podrán prevalecer ópticas miopes por sobre lo que debe ser la única equidad posible, la que jamás se afecte el derecho del niño y del joven a su educación, en cantidad y calidad óptima. Por eso, nadie puede estar en contra de que el gobierno del Distrito Federal, concurra con los demás gobiernos de los estados de la República a la elevada encomienda que significa la educación de sus menores. No aceptamos el que esta reforma que se propone tuviera como única finalidad la intención de disminuir los recursos presupuestarios que legítimamente le corresponden al gobierno capitalino, pero estamos convencidos de la concurrencia, de lo positivo y conveniente de la concurrencia de los niveles federales y locales en la prestación del servicio de educación pública para los menores del Distrito Federal. Por ello, es que Convergencia invoca seriamente el artículo 3° constitucional y su fracción VIII, para que con toda prioridad, esta Cámara acepte su responsabilidad de proveer recursos a una entidad, como lo es la del Distrito Federal, que no tiene el carácter de estado federado y que por lo mismo no tiene antecedentes en el gasto y en el presupuesto local en esta materia y debe ser subsidiariamente otorgado con presupuestos federales hasta el momento en que el Distrito Federal alcance el status jurídico político de un estado soberano, con congreso propio, con autoridades electas en todos sus territorios y con el presupuesto comprendido y aprobado por los propios diputados y congresistas locales. Es en esta medida que podemos salvar este momento crucial para argumentar y salvar la labor educativa en el Distrito Federal, proponiendo que ya en el curso de la discusión tenga que salvarse la condición específica y particular del Distrito Federal, que no puede definitivamente igualarse y asimilarse a la de los estados que hoy comprende los 31que en la República Mexicana, constituyen la Federación. Es en este tenor que Convergencia estará atento al debate y tendrá pues como presupuesto necesario e inaplazable, que jamás se utilice este tema y esta materia de la educación ni para salvar condiciones políticas coyunturales ni mucho menos, para cobrar facturas o revanchas a quienes en un momento dado, disienten en colores o posiciones políticas. Estaremos sólo atentos a que la Cámara de Diputados, cumpla con el deber imprescindible e insoslayable de otorgar los presupuesto al gobierno del Distrito Federal y optamos sí, porque antes de la reforma se concurra y se recurra al convenio como se ha logrado con los 31 estados y puedan ser en un acuerdo razonable, adulto y por México, el que la Secretaría de Educación Pública y el gobierno del Distrito Federal, lleguen a los convenios terminantes para que la educación no sufra menoscabo y se cumpla cabalmente y sólo en el caso, en el extremo de que esta enmienda se apruebe, vamos a estar porque se excepcione al Distrito Federal, que no puede ser considerado para estos efectos, como un estado en plenitud de sus derechos y de su condición jurídico política. Por eso, estaremos atentos al debate y propondremos la reformas o la sustitución del Transitorio del 3° al Transitorio, para que en efecto y en virtud de que el Distrito Federal, no participa plenamente en la condición de entidad federativa y no tiene antecedentes propios en la función educativa, la Secretaría de Educación celebre con su gobierno el acuerdo respectivo, para que en el presupuesto federal del Congreso, aprueba la asignación de recursos, que permita solventar la aportación que corresponda a los estados, mientras éste adquiere el status jurídico político de un estado soberano. Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos)