EL C. DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos diputados de la nación mexicana a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en el artículo 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa por la que se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El Congreso es la voz de todos los mexicanos, en su interior están representados todos los sectores de la sociedad, de las múltiples regiones y culturas, de los diferentes usos y costumbres, de las distintas necesidades y aspiraciones del pueblo mexicano. La división de poderes es condición fundamental para garantizar la estabilidad política del país; la separación, el equilibrio y la colaboración entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial fortalece el desarrollo democrático de nuestra nación, por ello una forma de ejercer un diálogo permanente, respetuoso y constructivo entre los poderes es la atención y el respeto a los acuerdos que se celebren al interior del Congreso. En la actualidad, los acuerdos son presentados al Pleno por uno o varios legisladores, son turnados a las comisiones ordinarias en donde se discuten y deliberan; una vez emitido el dictamen, éste es presentado al Pleno para su votación y, en su caso, envío a la autoridad administrativa a quien corresponda el asunto. Sin embargo, los efectos de estos acuerdos han sido mínimos. En algunas ocasiones son atendidos pero en otras más son ignorados. Los acuerdos que se celebran en cada una de las Cámaras del Congreso, siguen prácticamente todas las etapas del proceso legislativo en su cámara de origen; los acuerdos parlamentarios resultan de interés para sectores específicos de la sociedad, ahora tienen como objeto hacer públicos pronunciamientos que entrañen posiciones políticas del máximo órgano de representación nacional. Con la presente iniciativa se propone además que por la vía de los acuerdos ambas Cámaras o una de ellas puedan formular respetuosas excitativas, observaciones o recomendaciones al Poder Ejecutivo. La mayoría de los acuerdos que celebran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, inciden directamente sobre competencias que corresponden al Ejecutivo Federal. Mediante el cumplimiento de estos acuerdos, el Ejecutivo puede modificar, rectificar o perfeccionar acciones de Gobierno mediante una excitativa, observación o recomendación que la soberanía popular emita. Con esta iniciativa, se pretende otorgar validez jurídica y constitucional a los acuerdos que celebre el Congreso o cada una de sus Cámaras con el fin de que el Ejecutivo quede obligado a atenderlos y, de ser procedente, aceptar la excitativa, observación o recomendación que le sea formulada. En todo caso, los acepte o no, quedará obligado a informar al Congreso o la Cámara que lo originó, las medidas que adoptó a partir del acuerdo o bien las razones por las que no lo admite, para ello se propone adicionar el primer párrafo del artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos a fin de incorporar a las resoluciones del Congreso junto a las leyes y los decretos, la figura del acuerdo. Se propone que los acuerdos parlamentarios que apruebe alguna de las Cámaras o el Congreso General, sean atendidos por el Ejecutivo a la mayor brevedad. Por ello se plantea la determinación de un plazo de 30 días a partir de que le haya sido notificado, para que informe al Congreso o a la Cámara de su origen sobre las medidas que haya adoptado o las razones por las que no está en condiciones de aceptar el contenido del acuerdo. El término que se propone tiene su origen, entre otras razones, en la práctica corriente del ejercicio parlamentario mexicano. Hoy, hoy en día los puntos de acuerdo dictaminados y votados por el pleno y notificados al Ejecutivo, carecen de fuerza jurídica y en consecuencia su atención y cumplimiento se vuelven caprichosos. Con esta modificación los acuerdos parlamentarios tendrán fuerza jurídica, se estimulará la cooperación entre los Poderes de la Unión en las tareas del ejercicio del gobierno. El Poder Legislativo será cada día más actuante como lo demanda la sociedad, en la orientación y evaluación de las políticas públicas. La reforma que se propone al artículo 70 de nuestra Constitución abrirá innumerables oportunidades de comunicación fluida, respetuosa, suficiente, entre el Legislativo y el Ejecutivo, será entonces una extraordinaria oportunidad para fortalecer la comunicación y la corresponsabilidad en el ejercicio del gobierno de los poderes cuyo origen se encuentra en la voluntad popular expresada en las elecciones. El Congreso Mexicano, en su composición y pluralidad, es resultado de la suma de voluntades individuales de los mexicanos, es la unión de lo diverso, es la concurrencia de las distintas visiones de país que coexisten en nuestra sociedad y la confluencia de mexicanas y mexicanos en nuestras aspiraciones. Por eso, este Congreso tiene que ser sensible a la demanda que la sociedad mexicana expresa por diversas vías, de contar con un Poder Legislativo más fuerte, más participativo, pero también más corresponsable en el ejercicio del gobierno. En la reforma del Estado, a la tarea de fortalecimiento del Poder Legislativo deben contribuir todos los actores políticos. Es responsabilidad de todos el perfeccionamiento de los instrumentos parlamentarios que, con base en nuestra Constitución, fueron diseñados para ejercer una supervisión legislativa de las actividades del Ejecutivo. Un Estado constitucional democrático tiene como uno de sus fundamentos la división y el equilibrio de poderes, con mecanismos de controles recíprocos, de contrapesos y frenos que impidan el ejercicio ilimitado e irresponsable del poder público. Mediante la reforma constitucional que proponemos el Congreso de la Unión fortalecerá la colaboración interinstitucional, el equilibrio de poderes públicos y el sistema constitucional democrático. Ninguna reforma constitucional es menor. La Constitución expresa el ser y el deber ser de la Nación Mexicana. Ciertamente a lo largo de su vigencia, la Constitución de 1917 ha sido actualizada, puesta al día, el Congreso Constituyente Permanente instituido en el artículo 135 de nuestra Ley Suprema ha tenido y tiene la posibilidad de adecuarla para que el Sistema Jurídico que deviene de ella responda a las nuevas exigencias de la sociedad. Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto: Artículo Único.- Se reforma el primer párrafo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 70.- Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley, decreto o acuerdo. Las leyes o decretos que se comunicarán al Ejecutivo firmadas por los Presidentes de ambas Cámaras y por un Secretario de cada una de ellas y se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: ... (texto de la ley o decreto)". Segundo párrafo: "Ambas Cámaras o cada una por separado podrán aprobar acuerdos para expresar un pronunciamiento político o para formular una excitativa, observación o recomendación al Poder Ejecutivo en cuyo caso informará dentro de los 30 días siguientes de haber sido notificado a ambas Cámara a la autora del acuerdo o a la Comisión Permanente sobre las medidas que haya adoptado como consecuencia del mismo. La ley sancionará la omisión del informe por parte de la autoridad administrativa". Hasta aquí la reforma. Transitorio: UNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de abril del año 2002. Firman diputados: Jaime Vázquez Castillo, Juan Manuel Martínez Nava, Rodolfo Zavala Echavarría, Federico Granja Ricalde, José Elías Romero Apis, Lorena Beaurregard, César Augusto Santiago, Oscar Alvarado Cook, Alfredo Ochoa Toledo, Andrés Carballo Bustamante, Adolfo Zamora, Fernando Díaz de la Vega, Juan Manuel Sepúlveda Fayad, Claudio Bres, Gustavo Lugo Espinoza, Aarón Irizar, Luis Gerardo Rubio Valdés, Santiago Guerrero Gutiérrez, Roberto Preciado Aceves, Martha Silvia Sánchez González, Martha Ofelia Meza Escalante, Esther López Cruz, Víctor Díaz Palacios, Araceli Domínguez Ramírez, Melitón Morales, Norma Enriqueta Bacilio Sotelo, Cutberto Cantoran, Juan Manuel Calleja Arroyo, Francisco Ríos Alarcón, Jorge Schettino Pérez, Marcos López Mora, Edgar Consejo Flores, Santiago López Hernández, Rosa Elena Baduy Isaac, Efrén Leyva Acevedo, Raúl Silva Salgado, Jorge Carlos Ramírez Marín, Salvador Cosío Gaona, José Manuel Correa Ceseña, Cecilia Martínez Bárcenas, Ney González, Ricardo Ocampo, Rubén García Farías, Eréndira Cobo Brindis, Jesús Burgos Pinto, Adela Cereza Bautista, Guillermo Hopkins, Miguel Castro, Silvia Romero Suárez, Felipe Solís Acero, Simón Villar, Enrique Martínez Orta, Manuel Galán Jiménez, Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Jesús Taracena, Ismael Estrada, Jesús de la Rosa Godoy, Ranulfo Márquez, Celestino Bailón, Jaime Alcántara, Carlos Aceves del Olmo, José Ramírez Gamero, Rafael López Hernández, Abel Guerra, Rodolfo González Guzmán, Enrique Ramos Rodríguez, Olga Haydée Flores, Enrique Priego Oropeza, Jesús Alí de la Torre, Javier García González, Policarpo Infante Fierro, diputado Víctor García y diputada Laura Pavón Jaramillo. Es cuanto, señor Presidente, le ruego darle el turno que corresponda y remitirlo a la Comisión de Puntos Constitucionales. -