El diputado Rafael Hernández Soriano: Con su venia, presidenta. Presentaré dos de las iniciativas que se anuncian, que son reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La primera, se defiere a las definiciones que señalan en el artículo 6o. de la ley. Hay cinco consideradas en la ley vigente, consideramos como muchas y muchos legisladores lo han hecho en esta legislatura que hay otras adecuaciones que tienen que hacerse por la evolución de los problemas y la visibilización de los problemas sociales. Nuestra aportación a estos esfuerzos de ustedes, compañeras, compañeros legisladores que han propuesto una reforma similar, es aportar una definición de violencia obstétrica, que tiene características de aplicación general, aunque no es taxativa; es decir, que permite que haya una interpretación general de la misma. La segunda parte de nuestra propuesta de reforma, se refiere al reducto último de las víctimas de violencia contra las mujeres, que son las mujeres violentadas, que son los refugios. Efectivamente, se está en diferentes artículos de la ley atendiendo psicológica, económica, en términos de aislamiento necesario también para este tipo de víctimas, a las mujeres víctimas. Sin embargo, creemos que se está dejando de lado un tema importante, que es el empoderamiento económico. Estamos proponiendo que la Secretaría de Desarrollo Social, la Sedatu, también la Secretaría del Trabajo federal también empoderen económicamente a las mujeres, para que no sea solamente, o no sea la victimización la que se quede ahí, sino que busquemos que se empodere económicamente y que en este lapso de tres meses o más, que señala la ley, las mujeres sean beneficiadas con proyectos productivos. Es decir, que no pierdan su empoderamiento económico. La segunda parte tiene, como parte de las motivaciones, datos del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde señalan que los hijos de familias donde hay violencia hacia la mujer repiten años escolares en un 65 por ciento y abandonan la escuela en un promedio de nueve años. Es decir, la violencia doméstica no solamente alcanza a las mujeres, sino también a las hijas e hijos. Por eso estamos proponiendo que la Secretaría de Educación Pública y las autoridades correspondientes garanticen que haya una educación continua aun estando en estos refugios para hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia, que tomen las medidas necesarias en términos de coordinación para que la educación, de menores de edad, primaria, bachillerato y superior no sea perdida. Es decir, estamos atendiendo no solamente a las víctimas, sino también a las niñas y niños, que es una tarea que entendemos ya se está desarrollando en forma integral en la Comisión de Trabajo, que este Congreso ha aprobado que coordine la Comisión de Educación de la Cámara. Y esta propuesta que pedimos que se integre en sus términos en el Diario de Debates va a atendiendo a eso, a armonizar y a atender, como lo ha hecho esta Cámara, el interés superior de la niñez y evitar que sean revictimizadas las mujeres, que de por sí ya son víctimas de la violencia doméstica o la violencia que las lleva a perder lo más sagrado que tiene el ser humano, que es la vida. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados.