El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: El pasado 19 de abril de 2007, la Cámara de Senadores remitió a esta soberanía minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de la Infraestructura Física Educativa y se abroga la ley que crea el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas (CAPFCE), la cual fue turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. El objeto del proyecto de ley consiste en regular la infraestructura física educativa pública y de las instituciones particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, estableciendo los lineamientos generales para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción y habilitación de inmuebles e instalaciones destinadas al servicio del sistema educativo nacional con el objeto de mejorar sustantivamente su calidad, pertinencia y seguridad. Para efectos del análisis y dictamen de esta minuta, la Comisión de Educación Pública llevó a cabo una amplia consulta durante los meses de mayo, junio y julio para recibir opiniones de los actores relevantes en el tema. De esta forma se recibieron opiniones y propuestas de los gobiernos de 13 entidades federativas, así como de representantes de los comités administradores de programas de construcción de escuelas de las entidades federativas y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES. Asimismo, se recibió la opinión de la Secretaría de Educación Pública a través del Capse, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, el Sindicato de Trabajadores del Capse, así como de diputados representantes de los diversos grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. De igual forma y de conformidad con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se recibió un estudio favorable de impacto presupuestal por parte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta soberanía. También deseo destacar que con el objetivo de aclarar dudas y precisar definiciones respecto del proyecto de decreto, se trabajó en conferencia con la Comisión de Educación del Senado de la República. Respecto de la calidad de la infraestructura física-educativa en México, señalo que, de acuerdo con estudios realizados por la OCDE, México se encuentra muy por debajo del promedio en cuanto a su infraestructura escolar, incluso por debajo de algunos o de la mayoría de los países latinoamericanos. Asimismo, en el estudio realizado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en 2007 sobre este aspecto, las escuelas primarias y secundarias se destaca la necesidad inmediata de valorar y mejorar las condiciones de la infraestructura en las escuelas de México, la cual, sin duda, tiene un impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Así, las legisladoras y legisladores de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos coincidimos con los senadores en la necesidad de que se atienda el tema de la infraestructura educativa en un sentido de mayor integralidad y modernidad, que sea segura la equidad y calidad de los espacios educativos y que dicha infraestructura física esté en todo momento vinculada al modelo educativo nacional. Estamos convencidos de que la forma en que se atienda este aspecto de la educación debe impactar no sólo en los modelos, sino en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en los programas, materiales de estudio y por supuesto la infraestructura y equipamiento de cada escuela, de sus salones de clase, laboratorios, bibliotecas, aulas de medios, jardines y áreas recreativas. Entonces consideramos que es una tarea inaplazable el redoblar esfuerzos, tanto locales, estatales como federales, para mejorar la infraestructura física de los planteles educativos en todos los grados y niveles, desde una óptica que represente un avance académico para la educación en nuestro país. Cabe señalar que la Comisión de Educación, con base en la amplia consulta realizada y las valoraciones hechas por sus integrantes, realizó ajustes importantes a la minuta enviada por el Senado para darle un sentido más federalista e incluyente en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, signado en 1992. Así, el dictamen que sometemos hoy a consideración del pleno de esta soberanía fue aprobado por unanimidad por las diputadas y diputados que integran la Comisión de Educación. En este sentido, entre las principales modificaciones a la minuta destacan las siguientes: Primero. Se determinó que la atribución de construir recaiga principalmente en las entidades federativas, en el marco de la descentralización educativa iniciada en 1992. Segundo. Se plasmó que el instituto sólo tenga atribuciones para construir en el Distrito Federal y en las entidades federativas cuando se trate de inmuebles de carácter federal y cuando exista un acuerdo expreso entre la federación y dichas entidades. También, en un marco federalista, se incluyó en la Junta de Gobierno del instituto a representantes de las entidades federativas y de los ayuntamientos municipales, para que éstos participen en la toma de decisiones del instituto. Así también, se reforzó al instituto en sus atribuciones normativas de asesoría, de investigación y evaluación para el desarrollo de un sistema integral de información sobre el estado que guarda la infraestructura educativa del país. Se suprimió la atribución del instituto como órgano único de certificación, compartiéndose esta atribución en un plano federalista y descentralizado a los organismos constructores de cada una de las entidades. La certificación debe ser principalmente una atribución de los organismos estatales, corresponsables en materia de infraestructura física educativa. Se precisó la situación laboral de los servidores públicos del CAPFCE. Es necesario garantizar que dichos servidores pasarán a formar parte del instituto, respetándose todos sus derechos en términos de la ley. Se aseguró la articulación entre la infraestructura física-educativa y el modelo educativo que define al Estado mexicano. Es decir, federación, estados y municipios, y el Distrito Federal, con base al Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Sectorial, los Programas de Educación Estatales y el Distrito Federal, así como los Programas de Desarrollo Regional. También se plasmó en el decreto que la infraestructura física educativa debe buscar en todo momento el equilibrio y la atención de las necesidades regionales, con base a la riqueza de su diversidad. Finalmente, se garantizó el pleno respeto a la autonomía universitaria en términos de lo dispuesto por la fracción VII del artículo 3o. constitucional, de tal forma que las universidades públicas de carácter autónomo sólo se sujeten a lo previsto en esta ley a través de convenios específicos. En suma, las necesidades que demanda la gestión del sistema educativo en el marco de la sociedad del conocimiento, hacen evidente la necesidad de pasar a una nueva etapa en materia de infraestructura educativa mediante la creación de un organismo público descentralizado que, aprovechando la experiencia y el conocimiento que se tienen en el CAPFCE, pueda orientar sus funciones a esa nueva visión. De igual manera, en uno de los transitorios se establece con toda claridad que el tránsito del CAPFCE al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa, de ninguna manera evita que los conflictos o problemas jurídicos que hayan sido objeto durante el tiempo que se denominó CAPFCE, puedan elidirse en virtud de la nueva denominación. Así, los miembros de esta comisión estamos seguros de que la aprobación de la presente Ley de Infraestructura Física Educativa y la creación del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, coadyuvarán a una mejora paulatina y sistemática en la infraestructura de las escuelas de nuestro país; infraestructura educativa que requiere de manera inmediata de la mejora de su calidad para beneficio de los educandos y de los docentes en nuestro país. Con base en lo anteriormente expuesto, a nombre de la Comisión de Educación, invitamos a las diputadas y a los diputados de esta soberanía a sumarse al presente proyecto y a votar a favor del mismo. Por su atención, muchísimas gracias.