El diputado Gerardo Peña Avilés: Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos. Todos los seres vivos tenemos derecho a un medio ambiente sano que garantice las mejores condiciones de vida, y una de las figuras que considera nuestra legislación para garantizar la protección de éste son las áreas naturales protegidas, cuyo propósito es conservar y proteger la biodiversidad conformada por las especies endémicas, especies sujetas a protección especial, pero sobre todo las especies de flora y fauna que se encuentran en peligro de extinción en los diferentes ecosistemas que conforman nuestro territorio nacional. Por esta importantísima razón el gobierno mexicano tiene el compromiso y la obligación de cuidar y proteger adecuadamente estas áreas, ya que un medio ambiente sano equivale a una mejor calidad de vida y de salud de todos sus habitantes. La rama del derecho que protege y conserva el medio ambiente es el derecho ambiental, el cual no sólo es el encargado de proteger un bien particular, sino que protege una cuestión de efectivo interés en general. El incumplimiento de este grupo de reglas que conforman esta rama del derecho puede afectar las posibilidades de desarrollo, el nivel y la calidad de vida de toda persona. Dentro de sus disposiciones existen acciones tendientes a proteger el derecho de toda persona a contar con un medio ambiente adecuado, así como sanciones por el incumplimiento de la legislación ambiental. Es prioritario que la normatividad ambiental mexicana cuente con instrumentos jurídicos eficaces que garanticen la adecuada protección, así como los elementos sancionadores que inhiban las actividades que provocan daño al medio ambiente. Es cierto que esas sanciones deben ser proporcionales al daño ocasionado, pero también es cierto que al atentar contra el medio ambiente no es una cuestión menor que repercute en una sola región del país, sino que puede llegar a mostrar una afectación a nivel mundial. Por esta razón es que esas sanciones deben ser severas y el monto pecuniario de estas sanciones debe servir para rescatar de forma adecuada la zona afectada y al mismo tiempo inhibir en lo posible la conducta en el daño que se pudiera ocasionar. Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente tiene entre sus atribuciones la facultad de regular las actividades industriales riesgosas, la contaminación del suelo, del aire; el cuidado de los recursos naturales. También es la encargada de la inspección, vigilancia, ejecución de medidas de seguridad, determinación de infracciones administrativas de comisión de delitos y sus sanciones, y sus procedimientos y recursos administrativos cuando se trate de asuntos de competencia federal regulados por esta ley. Las sanciones administrativas que se mencionan en el artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la fracción I menciona la sanción máxima de 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esta sanción no necesariamente es suficiente para inhibir al sujeto que ocasiona el daño, ya que el beneficio económico obtenido puede ser mayor a la sanción. Es por esto que es más rentable cometer el ilícito que evitarlo. Es por eso que la presente iniciativa pretende que se incremente a 60 mil días de salario mínimo vigente la sanción máxima. También, el párrafo cuarto de este mismo artículo considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones en un mismo precepto y en un periodo de dos años. Este periodo de dos años es un lapso de tiempo mínimo que debe ampliarse a tres años para así asegurar que el reincidente no pierda esa calidad en un muy corto plazo de tiempo. Por las razones expuestas, la presente iniciativa propone reformar la fracción I del párrafo uno y párrafo cuarto del Articulo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y fracción V, párrafo tercero, del artículo 171 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar en los siguientes términos: Artículo 171. Fracción I. Multa por el equivalente de treinta a sesenta mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. Fracción V, párrafo tercero. Se considera reincidente al infractor que incurra más de una vez en conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de tres años, contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera infracción, siempre que ésta no hubiese sido desvirtuada. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias, señor presidente.