La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: La organización Reporteros sin Fronteras sitúa a nuestro país en el sitio 144 de 180 países en la clasificación mundial de la libertad de expresión y el segundo país con mayor número de asesinatos, solo por debajo de Afganistán. La organización no gubernamental Artículo 19, defensora de derechos de periodistas, documenta que el 99.3 por ciento de los asesinatos de periodistas no se investiga de manera exhaustiva, imparcial y objetiva. México es uno de los países más mortíferos para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Los niveles de violencia a los que se enfrentan estos grupos solo son comparables con aquellos países en situación declarada de guerra, como Siria e Irak. Razón por la cual presenté una iniciativa en octubre de 2018, que reforma diversas disposiciones de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con la finalidad de hacer ajustes al mecanismo de protección a periodistas, con el objetivo de hacer que el Estado cumpla su responsabilidad fundamental de garantizar, proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales, por medio de la adopción de las medidas necesarias. Este es momento de agradecer a la presidenta Rocío Barrera, porque tuve que hacer un trámite para sacar mi iniciativa, originalmente turnada a la Comisión de Derechos Humanos, que la tuvo almacenada más de un año. Gracias a Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, de la cual también soy integrante, por su entusiasmo y compromiso con esta iniciativa. Durante los años 2019 y 2020 México concentra 18 de los 96 casos de asesinatos de periodistas registrados por la UNESCO en dicho periodo. En 2019 ONU Derechos Humanos documentó un total de 20 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y la desaparición de 2 defensores, mientras que en lo que va del 2020 ONU Derechos Humanos ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos. México ha recibido 425 recomendaciones realizadas por 27 organismos e instancias de derechos humanos, relacionadas con la situación del ejercicio del derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Este dictamen que hoy se presenta, para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, elaborada con participación de la sociedad civil, ha sido la principal respuesta institucional a esta situación de violencia y constituye, ciertamente, un marco normativo para que el Estado cumpla con sus obligaciones para proteger, promover y garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos en este país. Sin duda este dictamen tiene grandes aportaciones para mejorar la ley en comento, sin embargo, se elimina el fideicomiso sin proponer alternativas claras de garantía presupuestaria para la rápida y eficaz implementación de las medidas de protección a quienes enfrentan graves riesgos para su vida e integridad por ejercer la libertad de expresión o el derecho a defender derechos humanos. El fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas había demostrado ser un instrumento útil para contribuir a la rápida implementación de las medidas de protección en casos de extrema urgencia en todo el país. La propuesta mejora el mecanismo, pero adolece de la claridad de los recursos públicos para tal efecto. Nuestra obligación es que desde la ley se garanticen los derechos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, hasta el máximo uso de sus recursos disponibles. En este dictamen, particularmente, nos es frustrante esa carencia de claridad en cuanto a la disposición de los recursos. Por lo demás y por ser promovente, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor. Es cuanto, presidenta.