La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: Con permiso de la Presidencia. Cuando se es joven se está lleno de sueños. Soñamos con un futuro mejor que el de nuestros padres y madres. Soñamos con ir a la escuela, estudiar y aprender en entornos seguros donde podamos construir la mejor versión de nosotros mismos. Soñamos con tener tranquilidad, de llegar a nuestros hogares en paz. Soñamos con una vivienda, con un trabajo digno que esperamos nos haga sentir satisfechos y orgullosos. Soñamos con simplemente y también complicadamente ser felices. Sin embargo, los jóvenes enfrentamos barreras, para que todo eso que queremos, que esperamos que nuestro gobierno nos ayude a obtener pueda cumplirse: paz, educación, empleo, vivienda, salud, ciudades seguras. De acuerdo con el reporte Ir a la Raíz de la Pobreza, elaborado por la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, hay 7 millones de jóvenes entre 12 y 24 años que tienen rezago educativo. Los jóvenes de 15 a 29 años cuentan con la tasa de desempleo más alta y para quienes sí logran tener un empleo la precariedad salarial es una constante. A esto se suma la dificultad para acceder a servicios de salud y seguridad social, perpetuando una situación de incertidumbre. Entre las principales causas por las que las personas jóvenes de nuestro país abandonan sus estudios, incluyen la falta de dinero y recursos necesarios, así como tener que trabajar para sostener a ellos mismos o a sus familias. Nuestras generaciones están sufriendo las consecuencias de sexenio tras sexenio, en donde el gobierno les ha fallado, tomando decisiones a corto plazo e invisibilizándolos. Las decisiones se tomaron sin pensar en el futuro, es decir, gobernaron sin tomar en cuenta un principio fundamental, la justicia intergeneracional. Justicia intergeneracional significa que el presente no comprometa el futuro de las siguientes generaciones, entendiendo que una vez por todas que no hay desarrollo que valga si sacrificamos la naturaleza y el derecho de las siguientes generaciones a también tener desarrollo. Nuestro país necesita dar soluciones, alternativas y salidas a una generación que se va a enfrentar a la precariedad en otros aspectos de su vida, en el acceso a la vivienda, en la educación y en sus derechos laborales. Este dictamen constituye una medida de reparación para saldar la deuda con miles de jóvenes que hoy padecen los estragos de la falta de responsabilidad de los gobiernos, quienes fallaron en implementar una política educativa, financiera, medioambiental, de salud, laboral y de seguridad que tuviera como eje rector a las juventudes. Asegurar que los jóvenes cuenten con un apoyo económico mensual hasta por 12 meses, para que se capaciten durante ese mismo periodo en empresas, instituciones públicas y organizaciones sociales permitirá que más jóvenes desarrollen capacidades, habilidades y aptitudes para incorporarse al mercado laboral. Capacitarse importa. La Organización Internacional del Trabajo ha recomendado que se promuevan estas figuras que les llaman aprendices. Un aprendiz es alguien que puede adquirir competencias para ejercer una ocupación en el futuro, mediante una remuneración u otra compensación financiera. De hecho, esta organización ha reconocido que la promoción y el desarrollo de aprendizajes de calidad pueden conducir al trabajo decente, contribuir a dar respuestas eficaces y eficientes a los desafíos del mundo del trabajo y ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente que permitan mejorar la productividad, la resiliencia, las transiciones y la empleabilidad y satisfacer las necesidades actuales y futuras de los aprendices, los empleadores y el mercado de trabajo. Sin embargo, este dictamen por sí mismo no es suficiente, debemos trabajar en que los programas de apoyo a los jóvenes como este tengan medidas de control que permitan asegurar que sí se está cumpliendo con su objetivo principal, que es asegurar la inserción laboral de los jóvenes. Debemos tener certeza de que cada peso que estamos invirtiendo cumple con sus objetivos. Necesitamos que las acciones de esta legislatura dejen de ser discursivas. Si en verdad queremos hacer realidad un mejor futuro para los jóvenes tenemos que llevar a cabo todas las acciones necesarias para su implementación. Y esto necesariamente nos lleva a la discusión de la gran reforma de justicia intrageneracional a la que nadie, salvo Movimiento Ciudadano, quiere entrarle. Una reforma fiscal progresiva que garantice los recursos para esta iniciativa, sin comprometer el porvenir de las siguientes generaciones. Solo de esta manera será posible construir un México de iguales, en el que se garantice que los jóvenes, especialmente aquellos que viven en situación de vulnerabilidad o en ambientes desfavorecidos, accedan a todas las oportunidades educativas, laborales, de salud, recreativas y así puedan desarrollar todo su potencial. Me da mucho gusto que esta legislatura...