El diputado Jorge Federico de la Vega Membrillo: Muchas gracias, señor presidente. Diputadas, diputados. Compañeras y compañeros. La Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos trazó, en torno a las leyes secundarias, una ruta de consultas, de foros, de mesas de trabajo. Fueron poco más de dos meses, y esta posibilidad de seguir escuchando ideas, proposiciones, razonamientos, no se cerró. Fueron distintos sectores, tanto sindicales, las distintas corrientes del magisterio, así como especialistas, sectores de la sociedad civil, etcétera, a quienes escuchamos en sus pronunciamientos. Hace unos días se instalaron mesas de trabajo, se les llamó “de diálogo”, con la dirección de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CNTE. Señalarles que de estos trabajos, de todos ellos, la Comisión de Educación definió por consenso, con precisión, algunos ejes que orientaron y han orientado su labor. Uno de ellos que nos parece fundamental, es el respeto a los derechos constitucionales de los trabajadores de la educación. En ese sentido quiero hacer referencia que en el documento que aquí presentamos y que le haremos llegar en unos minutos al diputado Ricardo Anaya Cortés, Presidente de la Mesa Directiva, y con fundamento en el artículo 109 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al que le solicitamos que registre y someta a consideración de este pleno las modificaciones a las que en este momento me voy a referir y a contextualizar. Decía hace unos momentos respecto a los derechos constitucionales de los trabajadores, y cito algunos artículos, fracciones, párrafos que nos parecen significativos. Artículo 4. Para los efectos de la presente ley se entenderá por –fracción XVIII, que habla sobre los nombramientos, inciso c), nombramiento definitivo–; es el nombramiento de base que se da por tiempo indeterminado en términos de esta ley y de la legislación laboral. Por otro lado, el artículo 22 señala: “En la educación básica y media superior el ingreso a una plaza docente dará lugar a un nombramiento definitivo de base, después de seis meses de servicio, sin nota desfavorable en su expediente en términos de esta ley”. Al artículo 24, que se refiere a los concursos de oposición, se le agrega algo que nos parece esencial: “En la educación básica, dicho perfil –se refiere al perfil que debe tener el docente didáctico-pedagógico– corresponderá al académico con formación docente pedagógica o áreas afines que corresponda a los niveles educativos, privilegiando el perfil pedagógico docente a los candidatos”. También se consideran perfiles correspondientes a las disciplinas especializadas de la enseñanza. “Durante –dice el artículo 27– el período de inducción, las autoridades educativas locales brindarán las orientaciones y los apoyos pertinentes para fortalecer las capacidades de liderazgo y gestión escolar. Al término del período de inducción, la autoridad educativa local evaluará el desempeño del personal para determinar si cumple con las exigencias propias de la función directiva. Si el personal cumple con dichas exigencias, se le otorgará nombramiento definitivo”. Artículo 83. “Las relaciones de trabajo del personal a que se refiere esta ley con las autoridades educativas y organismos descentralizados, se regirán por la legislación laboral aplicable, salvo por lo dispuesto en esta ley. El personal que sea separado de su encargo con motivo de la aplicación de esta ley, podrá impugnar la resolución respectiva ante los órganos jurisdiccionales competentes en materia laboral”. Por otro lado, un segundo eje que se planteó, entre otros, la Comisión de Educación, es sobre la evaluación, que ésta debería de ser contextualizada y no punitiva. El artículo 7 de la ley, que es un artículo espejo con el artículo 28 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, entre otras fracciones nos dice que los atributos del Servicio Profesional Docente, del Instituto son los siguientes. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas. Subrayo, se evita a partir y a través del Instituto, que la autoridad con la evaluación pueda ejercer acciones punitivas. Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas. De la misma manera, en un inciso, el inciso g) de este apartado que acabamos de leer, dice. La participación de observadores de instituciones públicas y de organizaciones de la sociedad civil, en los procesos de aplicación de instrumentos de los concursos de oposición para el ingreso y la promoción. La fracción IV. Autorizar como facultad del INEE los parámetros e indicadores para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia. Insisto, el INEE tiene que autorizar, supervisar los procesos de evaluación y emisión de los resultados previstos en el servicio, supervisar. Otra fracción. Aprobar los elementos, métodos, etapas y los instrumentos para llevar a cabo la evaluación en el servicio. Consideramos, entre otros párrafos y fracciones, que éstos dan garantía para que no se den acciones punitivas a través de la evaluación. Quiero señalar entre otras cosas, que también fueron planteados transitorios que nos parecen fundamentales, como es el caso del transitorio vigésimo segundo, en donde se señala: La Secretaría formulará un plan integral para iniciar a la brevedad los trabajos formales a nivel nacional, de diagnóstico, rediseño y fortalecimiento para el sistema de normales públicas, a efecto de asegurar la calidad en la educación que imparta y la competencia académica de sus egresados, así como su congruencia con las necesidades del sistema educativo nacional. Y nos parece también fundamental el señalar que cuando nos visitó la directora general del Instituto Politécnico Nacional a la comisión, nos hizo un planteamiento, de hacer una excepción, sobre todo para el sistema de educación media superior, sobre esta ley, por lo que el transitorio vigésimo a la letra dice: En la determinación de los perfiles, parámetros, indicadores e instrumentos de evaluación aplicable al personal docente y al personal con funciones de dirección y de supervisión en la educación media superior, impartida por el Instituto Politécnico Nacional, debería considerarse la normativa propia de dicho instituto. Termino. En este sentido solicitamos, de ser aprobadas y aceptadas por la asamblea las modificaciones propuestas, la Presidencia instruya la aplicación del artículo 93 del citado reglamento, para que la comisión dictaminadora realice las correcciones y ajustes que se requieren para procurar la certeza y calidad jurídica del decreto. Muchísimas gracias por su atención.