La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Quisiera empezar con informar que voy a hacer uso de mi prerrogativa que otorga el artículo 103 del Reglamento, para leer el siguiente voto particular. La suscrita diputada, Valentina Valia Batres Guadarrama, diputada federal, a la LX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno para el Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, el presente voto particular con relación al dictamen de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica al tenor de los siguientes Antecedentes 1. Que la Cámara de Senadores en fecha 25 de abril del presente año turnó a la Cámara de Diputados la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica. En esa misma fecha, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara dispuso que se turnara a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación. 2. Con fecha 7 de abril de 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se declaran reformados los artículos 26 y 73, fracción XXIX-D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un apartado B al artículo 26 de la propia Constitución, que estableció que el Estado mexicano contará con un Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica y que la responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonios propios. Por su parte, la reforma a la fracción XXIX, inciso d), del artículo 73 facultó al Congreso de la Unión para legislar en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. 3. Es necesario enfatizar en que el eje fundamental de la reforma constitucional consistió en la conversión del INEGI en un órgano constitucional autónomo, con la responsabilidad de regular y coordinar al Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, a fin de que en el ejercicio de sus nuevas facultades se convirtiera en un órgano de Estado que no estuviera sujeto a la autoridad del gobierno en turno o a las coyunturas políticas que en el pasado marcaron un sesgo a su trabajo institucional. Es un requerimiento de esta sociedad cada vez más compleja y en continuo proceso de transformación, el fortalecimiento de la captación, procesamiento y divulgación de la información, estadística y geográfica de interés nacional. Para estar en condiciones de brindar a todos los sectores del país —público, privado, social, académico y profesional— información objetiva y confiable como base para la toma de sus decisiones. Segundo. Bajo estas consideraciones. A continuación me permito exponer los conceptos que se violentarían, de aprobarse la minuta en cuestión. Se pretende revertir la autonomía constitucional concedida al Instituto, replanteando su competencia y sus atribuciones, pues lo que en realidad se pretende es crear un sistema débil en su coordinación y normatividad. Se pretende, por ejemplo, reformar la vía de una ley reglamentaria a lo dispuesto expresamente por la Constitución en su artículo 26, apartado B, párrafo tercero, que faculta al Senado a aprobar los nombramientos de los integrantes de la Junta de Gobierno del Instituto y el nombramiento del presidente. En contrasentido con esta disposición, la ley le quiere conferir al titular del Poder Ejecutivo federal la facultad exclusiva de nombrar al presidente del INEGI, el Senado sólo lo ratificaría. Con esto se le da carta abierta al titular del Ejecutivo federal para que sea él quien decida quiénes serán los miembros de la Junta de Gobierno que integren el Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica. De ese modo, no existe ninguna obligación del presidente de llevar a cabo ningún procedimiento de selección, pues esta reforma se traduce en que únicamente se requiere la designación omnipotente del jefe del Ejecutivo federal y la aprobación en general por parte de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Con esto se elimina la autonomía que establece la reforma constitucional al artículo 26, aún y cuando hay jurisprudencia que obliga a que la ley derivada de un artículo constitucional coincida plenamente con la disposición de motivos que le da origen. Además establece un procedimiento de remoción que no corresponde con la naturaleza jurídica de un órgano constitucional autónomo, ya que se deja en el ámbito de la responsabilidad del Ejecutivo, y de los otros integrantes de la Junta, valorar la gravedad de las faltas de los miembros del órgano de gobierno del instituto. Con ello, la autonomía funcional y de gestión de los integrantes de la Junta de Gobierno estará permanentemente amenazada por la remoción unilateral del Ejecutivo federal. Poco interesó —a quienes aprobaron este dictamen— que los órganos constitucionales autónomos, para conservar esa calidad, no tienen que estar adscritos a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, su objetivo es servir como órgano de equilibrio constitucional y político, sin la intervención de otro poder, manteniendo una paridad de rango con los demás órganos del Estado, lo que la Ley Reglamentaria que están a punto de aprobar no pretende respetar, no pretende garantizar. Por otro lado, el INEG, o sea antes INEGI, no tiene garantizada la autonomía presupuestaria prevista en nuestra Constitución, tanto el INEGI como las unidades productoras de información dependen de la voluntad de Hacienda para otorgarles recursos, dándoles trato de paraestatal, cuando no lo es. Provocando que con el sólo hecho de no darles recursos, que fácilmente pueda ser silenciada la verdad, quedando sujeto al techo presupuestario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decida ponerle, violando la garantía de suficiencia de recursos públicos. Con ello se menoscaba la autonomía presupuestaria del INEGI y se le usurpa la categoría de organismo constitucional autónomo, ya la que había ganado con la reforma constitucional. Mientras la pasada legislatura dio un paso adelante, hoy el PRI y el PAN quieren retroceder cinco. Al pretender, esta ley, que el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica se integre por 20 representantes del Poder Ejecutivo y sólo 9 de otros Poderes. A saber 1 del Poder Judicial, 1 de esta Cámara de Diputados, 1 de la Cámara de Senadores, 5 representantes de las entidades federativas. Es decir, que en esta estructura pretenden que un estado de la república hable ante el Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica, a nombre de los otros estados de la república y 1 representante del Banco de México. Sin duda, se ve vulnerada la autonomía del sistema y menoscaba nuestro sistema federalista, pues por lo que en realidad se adquiere es tener un sistema de información debilitado, donde la participación de las entidades federativas sea casi nula. El Consejo Consultivo sólo se encuentra obligado a reunirse una vez al año. La convocatoria será formulada por el presidente del instituto, pudiendo solicitar por escrito al presidente, convocatoria a reunión extraordinaria por parte de cualquiera de los comités ejecutivos de los subsistemas. Es decir, 1 miembro de la Junta de Gobierno o con al menos el 25 por ciento de los miembros del Consejo. Por lo que los representantes de las entidades federativas no van a tener el porcentaje necesario para tener la oportunidad de solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Información, ya que no sumarían un 25 por ciento del Consejo debido a su representación minoritaria. El artículo 10 de la ley en estudio establece que el Programa Estratégico del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica tendrá una proyección de al menos 24 años. Es decir, puede ser incluso mayor a 24 años, más no menor. Esto resulta incorrecto, puesto que la temporalidad del programa debe sujetarse a la temporalidad de los miembros del instituto, en el caso concreto de la Junta de Gobierno, el presidente permanecerá en su encargo solamente 6 años, pero podrá hacer proyección de trabajo a 24 años, y los vicepresidentes durarán sólo 8 años, según la propuesta del artículo 68 de la ley en comento. Sin embargo señala también de forma por demás ventajosa, que podrán ser designados para ocupar el cargo hasta por dos ocasiones. Es decir, desde el inicio se decidirá poner a un presidente que dure en su encargo 12 años o a un vicepresidente que dure 16 años. Además de que los nombramientos serán escalonados, es decir, el jefe del Ejecutivo actual podrá imponer su programa, con ello la información estadística y geográfica del país no podrá tener garantías de objetividad, precisión, transparencia, certeza y oportunidad. Nos volverán a informar en un informe presidencial que desaparecieron 3 millones de pobres como dato estadístico. Es decir, nos volverán a tomar el pelo como lo hace el Banco de México, de que la tortilla sólo aumento el 5.8 por ciento, cuando es obvio que el aumento significa más del 30 por ciento, porque todos sabemos, compañeros diputados, que la tortilla subió en el 2007 de 6 pesos a 8 pesos, y eso no significa un aumento de 5.8 por ciento, como nos quiere tomar el pelo, sistemáticamente, el Banco de México. Ya que el ordenamiento que se pretende aprobar está confeccionado para que el Poder Ejecutivo pueda seguir haciendo uso faccioso de la información, vemos entonces —de aprobar esta ley— por perdido el derecho de todos los ciudadanos a que el Estado nos proporcione datos fidedignos de lo que somos como nación. No obtendremos, aprobando la ley como está, un reflejo fiel de la condición y situación social y económica en la que está el país ya que lo único que obtendremos son espejismos de la realidad, otro foxilandia, ahora se llamará "calderonlandia" —o no sé cómo—, "mouriñolandia". No sé cómo le llamen hoy.