El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidenta, misma a la cual le pido inserte de manera íntegra el presente texto de la iniciativa en virtud de estar ya publicada en la Gaceta Parlamentaria. La presente iniciativa que someto a su consideración, tiene como finalidad que el párrafo sexto del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, deje de ser una imposición legal que deje a un lado los derechos constitucionales del servidor público, ya que el texto vigente contempla la sanción de un año para el servidor que omita la presentación de la declaración de conclusión del encargo, violentando los principios de seguridad jurídica y de legalidad ya que al fijar la sanción, no permite a la autoridad tomar en cuenta las particularidades del caso, entre las que destacarían que el infractor ha sido reincidente en nivel jerárquico; su antigüedad en el servicio; la gravedad de la responsabilidad en que incurrió y todo aquello que garantice la emisión de una resolución debidamente fundada y motivada; basada en los elementos suficientes que permitan individualizar la sanción al caso específico, así como el análisis de las justificaciones correspondientes por parte del servidor público. Es de suma importancia que en la actualidad el procedimiento administrativo para la imposición de sanciones, regulado en la ley de marras, cumpla y se sujete a los principios constitucionales de legalidad y de seguridad jurídica, con la finalidad de que los gobernados tengan la certeza de que existen los instrumentos legales que acrediten la impartición de justicia. En consecuencia, es relevante que como todo ordenamiento normativo, cuente con principios legales sólidos, que garanticen su correcta aplicación y sobre todo, que no dejen en estado de indefensión o incertidumbre jurídica, a los servidores públicos. Por otra parte, hago énfasis de que es preciso que las normas que desarrolle el procedimiento administrativo se ajusten a los principios de celeridad y eficiencia, además de que protejan y hagan efectiva la garantía constitucional de audiencia, a fin de que se le otorgue la seguridad al gobernado, de que disfrutó de la oportunidad de hacer valer sus defensas. Ahora bien, es importante mencionar que en el caso específico del artículo 37, antepenúltimo párrafo de la Ley Federal de Responsabilidades aludida ha sido declarado inconstitucional por los tribunales administrativos, ya que contiene una incompatibilidad con los principios contenidos en el artículo 113 constitucional, en relación con los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que se desprende claramente que al ser una sanción fija de un año, que reviste un carácter invariable e inflexible, se deja sin defensa jurídica al servidor porque no permite al órgano sancionador, tomar en cuenta las particularidades excepción en sus justificaciones de cada supuesto para imponer la sanción. Además, en dicha disposición se aprecia que al no contener un límite mínimo y uno máximo de aplicación, impide que la autoridad encargada de imponer la sanción administrativa atienda a la gravedad de la infracción y el grado de responsabilidad de su autor. Asimismo, no toma en consideración factores de reincidencia, o bien, la gravedad de la responsabilidad en la que se incurrió. En esta causa hay un menoscabo en la esfera jurídica del servidor público que por primera vez incumple con la obligación de presentar su declaración patrimonial de conclusión, pues dicho sujeto durante el procedimiento disciplinario podría presentar justificaciones legítimas que atenuaran su sanción. Sin embargo, al no contar con los medios suficientes para que fueran valoradas sus motivaciones, sufriría la imposición rígida de un año de inhabilitación, considerándolo en igualdad con un servidor que reincidentemente hubiera incumplido con dicha obligación. Por lo anterior, es relevante que el párrafo sexto del artículo 37 de dicha ley establezca las condiciones de hecho que tendrá que tomar en cuenta el sancionador para imponer la infracción, para que ésta deje de ser una disposición legal que deje a un lado los derechos constitucionales del servidor público, dotando de elementos de juicio a la autoridad sancionadora, con el objeto de que la sanción no sea rígida y contemple las peculiaridades de cada caso, para lo cual prevé introducir supuestos de análisis para la fijación de la sanción, como lo son la omisión de presentar declaración de conclusión por un servidor público que no ha sido sancionado anteriormente, en este supuesto se pretende que la autoridad una vez consideradas las especificaciones anteriores, cuente con elementos para sancionar al infractor con una sanción administrativa que iría de 6 a 12 meses de inhabilitación. Además de que es importante que contemple que tratándose de un servidor público reincidente, la sanción será no menor a nueve meses sin que pueda llegar a exceder a un plazo máximo de un año, sin que ello implique una circunstancia que venga a agravar la sanción genérica del supuesto normativo básico (seis meses a un año), en todo caso sólo se incrementaría la graduación penal al aumentar la sanción mínima en tres meses. Por ello, presento esta iniciativa para que la valore con sus argumentos la comisión dictaminadora. Es cuanto, diputado Presidente.