EL DIP. PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Muchas gracias señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas: La ciencia y la tecnología constituyen uno de los acervos más importantes de la humanidad, este acervo se ha consolidado a lo largo de la existencia del hombre y ha sido base de su desarrollo, por lo tanto se trata de bienes del dominio público sobre los que nadie tiene prioridad o preferencia para su utilización o explotación. No obstante, el desarrollo económico ha llevado a la necesidad de proteger de la difusión y explotación por un tiempo determinado a las innovaciones tecnológicas, con los fines de que el inventor disfrute del beneficio económico de su trabajo y en consecuencia de fomentar el desarrollo industrial. Además del tiempo de protección existe la figura de patente, que en el fondo constituye un derecho para que quien lo adquiera pueda explotarlo, pagando la regalía acordada ya sea fabricando el producto o siguiendo el proceso de producción. Sin embargo, en la práctica y a nivel internacional las patentes se han desvirtuado, convirtiéndose en derechos de los titulares para que nadie las explote. Actualmente en México el dueño de una patente no está obligado a explotarla en el país, siempre y cuando importe el producto. Esta posibilidad establecida en la actual Ley de Propiedad Industrial, forma parte del gran conjunto de requerimientos del proyecto económico de apertura comercial y globalización iniciado en México a finales de los años 70, y en donde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, vigente a partir de enero de 94, juega un papel fundamental. De acuerdo con la experiencia internacional, para que una economía nacional se desarrolle de manera fuerte, sostenida y soberana, se debe impulsar el desarrollo de industrias de punta integradas a la industria nacional, garantizar la alimentación y la salud de la población redistribuir el ingreso y fortalecer el mercado interno. En consecuencia, la industria farmacéutica de capital nacional constituye, tanto desde el punto de vista del desarrollo industrial como el de la salud y de mercado interno, uno de los pilares del desarrollo económico. En México, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y de la decisión del gobierno de impulsar un desarrollo tecnológico propio a través de diversas leyes y medidas de fomento, se desarrollaron varias ramas destacando la industria farmacéutica. En 1940 existían 70 laboratorios en el país, siendo ya a principios de los años 80, 200. La inmensa mayoría de las empresas de capital mexicano se ha dedicado con éxito a surtir al Sector Salud de los medicamentos que éste ha necesitado. El Sector Salud, por su parte, al hacer sus adquisiciones por medio de concursos, ha conseguido que los precios promedio de unidad adquirida de los productos que demanda hayan seguido una curva descendente, siendo en 1993 de 83 centavos de dólar, y en 1999 de 56 centavos, presentándose una disminución de 33 por ciento. No obstante, con la profunda reforma estructural impulsada por el Gobierno de México en los últimos 18 años, la industria farmacéutica nacional ha sido severamente golpeada. La apertura comercial fue verdaderamente desfavorable para el sector farmoquímico: en 1987 había 88 empresas de este sector en México, que producían el 75 por ciento de las necesidades de los laboratorios farmacéuticos. Actualmente quedan solamente 11 y cubren aproximadamente el 15 por ciento de esos requerimientos, teniéndose que importar el 85 por ciento restante. El avance de esta reforma estructural puede verificarse en los profundos cambios legislativos que le fueron dando sustento. La Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 amplió el otorgamiento de patentes a los productos o principios farmacéuticos, esa decisión llevará finalmente a que un único proveedor fije los precios desapareciendo la competencia por concursos y elevándose en consecuencia esos precios. Adicionalmente esa Ley en su artículo 12 transitorio puso en vigencia el Tratado de Cooperación en Materia de Patentes en nuestro país. Sin embargo, la fecha en que comenzó a operar la ley fue el 27 de junio de 1991, y México ingres6 a ese Tratado hasta el 31 de diciembre de t 994, habiendo cedido en materia de patentes frente a una cantidad muy grande de países. La explicación que le encontramos es que en esa norma de carácter transitorio constituye un antecedente legal a las disposiciones que posteriormente consideró el TLC y que son prácticamente iguales. Otra de las graves anomalías se encuentra en el hecho de que aquella regulación transitoria renovó en nuestro país la patentes de procesos y productos registrados con anterioridad en otros países y estableció como fecha máxima para la vigencia de una patente 20 años, tiempo excesivamente largo para impedir la explotación y en consecuencia el desarrollo de la industria de punta nacional. Si bien el artículo 12 transitorio de b Ley del 91 reconoce la fecha de priori dad de la primera solicitud de la patente, debe señalarse que esta salvedad no elimina el error de origen, la repatentabilidad, concepto contrario al desarrollo tecnológico y al interés público. De esta manera, la combinación de la posibilidad de patentar productos o principios farmacéuticos con la de patentar lo que ya es del dominio público, rebasa lo establecido en el artículo 28 constitucional relativo a las prohibiciones a título de protección a la industria. Resulta inadmisible proteger la industria de otros países que adicionalmente son potencias industriales aunque conformen con México una zona comercial reconocida y regulada. Asimismo, el artículo 28 constitucional establece que la ley castigará severa mente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios. Sin embargo, tanto la Ley de 1991 como el TLC favorecen esa concentración y ese aumento de precios. Debe destacarse que de acuerdo con el TLC, a partir del 1° de enero de 2002, las trasnacionales farmacéuticas podrán vender sus productos al sector salud mexicano, lo que con las condiciones anotadas permite prever el desplazamiento de la industria farmacéutica de capital nacional, la concentración de esta oferta en unos cuantos laboratorios trasnacionales y un futuro incremento en los precios de los medicamentos de la canasta básica. Asimismo, se ha observado que con base en la legislación vigente las patentes han podido renovarse y extenderse hasta 25 años, así como patentarse varias veces una misma sal original en función de distintos usos médicos. Las implicaciones de esto han sido la anulación del desarrollo nacional de esos productos y una gran desprotección y desventaja para los sectores más desvalidos de la sociedad mexicana. En conclusión, esta legislación incluido el TLC, implica sujetarse al derecho extranjero olvidando el estado del desarrollo nacional y su fomento; de esta manera es necesario revisar el Tratado de Libre Comercio en América del Norte sobre las bases de un reconocimiento real de las asimetrías existentes entre los tres países miembros de una verdadera cooperación internacional y de un gobierno democrático, y por ende, un gobierno fuerte capaz y decidido a negociar mejores términos para todos los mexicanos. Asimismo, es necesario transformar el capítulo de propiedad intelectual del TLC en un verdadero acuerdo de transferencia de tecnología y conocimiento que reduzca la enorme asimetría tecnocientífica existente entre las partes y hacer compatible el apartado correspondiente con el espíritu del Convenio de París, para que el criterio de otorgamiento de patentes en el TLC asuma restricciones, éticas económicas y de soberanía nacional; rechazar las severas restricciones al otorgamiento de licencias obligatorias, ajustar la defensa y los mecanismos de sanción en materia de propiedad intelectual a lo dispuesto en nuestra leyes nacionales y establecer mínimos mecanismos de salvaguarda. Los comentarios aquí vertidos se hacen sin desconocer las facultades exclusivas del Senado de la República en materia de aprobación de tratados internacionales. Tienen el propósito de plantear un problema que afecta a la industria famaceutica y sugerir una vía de solución. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 23 inciso "f" de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos integrantes del grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, solicitamos a la Presidencia de la Cámara de Diputados, turne a la Cámara de Senadores las siguientes PROPOSICIONES Primera, Esta Cámara de Diputados se pronuncia porque se revisen los términos en que fue firmado el tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de propiedad intelectual, así como sus efectos en la industria farmacéutica y farmoquímica de capital nacional, y en el desarrollo económico del país, con objeto de que activen los mecanismos legales con que cuenta para abrir una renegociación del Tratado en esta materia, en caso de considerarlo necesario, Segunda. La Cámara de Senadores debería oponerse a la ampliación del otorgamiento de las patentes a los productos o principios farmacéuticos, así como a la posibilidad de patentar varias veces una misma sala original en función de distintos usos médicos, Estas dos medidas son permitidas a partir de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial de 1991 y ratificadas en el capítulo sobre Propiedad Intelectual del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sus resultados son ya la concentración de la producción en unos cuantos laboratorios transnacionales y el consecuente aumento de los precios de esos productos básicos. En el mismo sentido, el Senado de la República deberá evaluar los efectos de la ampliación de veinte a veinticinco años que una patente tendría en el desarrollo industrial nacional y en su caso oponerse también a esta medida. A 5 de abril del 2001. Palacio Legislativo de San Lázaro. Lo firman algunos diputados de la Comisión de Salud del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista, y diputado de Convergencia por la Democracia. Muchas gracias.