El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Ley de Amparo que hoy está a discusión no es una norma a modo y debe responder a intereses de algún sector en particular. Es una norma que surge ante las reformas y adiciones de la Constitución Política en lo relativo al juicio de amparo de 2011, y es consecuencia del artículo segundo transitorio del decreto respectivo, donde el Congreso de la Unión debió expedir estas reformas legales desde hace aproximadamente año y medio. Así el dictamen que ahora está a discusión es de gran trascendencia, ya que permitirá que la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución convierta este medio de control de la Constitución como un instrumento eficaz para la defensa de los derechos humanos y garantías contenidas en nuestra ley fundamental, y con ello lograr su actualización y modernización. Es por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, que quiero dejar con toda claridad que el Grupo Parlamentario del PRD está a favor de la presente reforma por ser necesaria para la impartición de justicia en nuestro país. Seguramente puede haber posiciones en lo particular muy respetadas de algunos de nuestros legisladores, pero el Grupo Parlamentario del PRD se pronuncia a favor de esta reforma sobre la Ley de Amparo. Asimismo, compañeras diputadas y compañeros diputados, esta Ley de Amparo contiene diversas innovaciones, entre ellas se encuentra el establecer el interés legítimo; es decir, que podrá promover el juicio de amparo quien sea titular de un derecho o de un interés legítimo, siempre que el acto reclamado viole sus derechos y con ello afecte su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Con lo anterior el juicio de amparo será más ágil y accesible para los individuos al reconocer el interés legítimo como detonante de la actividad jurisdiccional y ordenar que el acceso a la justicia federal sea más amplio y abierto, no restringido, explosivo o excluyente. Este nuevo orden normativo de ninguna forma señala a los particulares en sí como autoridades responsables, sino abandonando la postura individualista del concepto de autoridad la considera como un acto de autoridad. Esto es independientemente de la naturaleza formal de la persona que lo emitió, cuya potestad derive de una norma general y abstracta, que sea unilateral e imperativa sobre el quejoso, que sea asimilable por la ley a una función pública y que no tenga un medio de adecuación o vía ordinaria para remediarlo, que lo deje en estado de indefensión. Se propone además establecer un plazo para promover el juicio de amparo para que el caso de reclamar una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión será hasta de ocho años, en materia agraria éste será de siete a partir de que la autoridad señalada como responsable notifique que el acto cuyo propósito sea privar total o parcialmente en forma temporal o definitiva la propiedad o posesión de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, es decir, este tipo de juicios ya no se irán al abismo en la eternidad. La razón de su previsión es por el hecho de que en el país han cambiado las circunstancias que hacían necesaria su falta de fijación, sobre todo en lo que hace a la dificultad de obtener defensor o contar con las defensas adecuadas en el juicio de amparo. En adelante se contará con un plazo para la promoción de amparo, misma que se estima suficiente para permitir una adecuada defensa, pero también para lograr una definición sobre la situación de las partes sometidas a un proceso penal. Es por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, que nuevamente reitero, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de la presente reforma. Es cuanto, diputado presidente.