El diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez: Compañeras y compañeros legisladores, las carreteras son las venas de este país y a través de ellas se fomenta el crecimiento del comercio y los servicios, impulsan la competitividad, integran las regiones y asisten a la comunicación entre poblaciones y favorecen el desarrollo social. Por su importancia, la red nacional representa la columna vertebral para el transporte, al movilizar el 55 por ciento de la carga nacional entre regiones y traslada el 97 por ciento total nacional de pasajeros. A lo largo de los años, la red carretera nacional, principalmente la de peaje, ha sido presa de grupos delictivos que toman a la fuerza las vías de comunicación, poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios. Es preocupante que la toma de casetas de peaje ha sido una práctica recurrente por estos grupos que tienen intereses políticos y económicos y de manera arbitraria secuestran las carreteras, violentando a los derechos de terceros, llámense concesionarios y usuarios, además de ocasionar múltiples afectaciones a la infraestructura y daños económicos. De acuerdo con las estimaciones económicas, el monto de las afectaciones por la toma de casetas de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, Capufe, y la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, asciende a 7 mil millones de pesos, por lo cual la pérdida acumulada de recursos afecta directamente a la hacienda pública, y estamos hablando de los últimos dos años, que fue cuando se acrecentó. La toma de plazas de peaje es una práctica delictiva que ha dejado millonarias pérdidas, violando los derechos de quienes poseen una concesión federal al interrumpir sus flujos financieros, la destrucción de equipos y daños a la infraestructura vial, así como lesiones al personal que labora en las plazas de cobro. Las entidades federativas con más recurrencia de tomas de casetas de peaje son Nayarit, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Morelos, Guerrero y el estado de México. Es preocupante que el pueblo que hace uso de las autopistas que están tomadas por los manifestantes, violan flagrantemente sus derechos, toda vez que al cruzar la plaza de cobro no reciben recibo de peaje, quedando desprotegidos. Lo grave es que contra su voluntad tienen que cubrir una cuota para quienes botean y bloquean la vía. Los usuarios al no recibir el recibo de peaje dejan de obtener un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros, que cubren precisamente daños a terceros, gastos médicos, gastos funerarios, daños a la autopista, entre otros. El hecho de no obtener el recibo los pone vulnerables al viajar. En el caso de las plazas de cobro de autopistas que pertenecen al gobierno federal, a través de Fonadin y Capufe, y que son tomadas y bloqueadas de forma parcial por los manifestantes, sufren afectaciones al dejar de percibir recursos de la hacienda pública. Hay que tomar en cuenta que estos recursos tienen como destino el mantenimiento de la infraestructura carretera, los servicios públicos que se prestan en las autopistas, obligaciones fiscales y programas sociales, y si siempre están en reparación, no es por otro factor más que el sobrepeso en las carreteras que hacen principalmente los doblemente articulados conocidos como fulles. Las vías concesionadas son un bien nacional, por la que la toma de casetas y la obstrucción de las vías, representan un daño a los bienes nacionales y a los bienes de uso común. Un dato alarmante son las más de 5 mil denuncias que se ha presentado ante el Ministerio Público federal, por los distintos concesionarios. Con el presente dictamen se pretende inhibir las conductas delictivas, dada la imprecisión y laxitud de la ley, el ámbito jurisdiccional no ha establecido criterios uniformas y a partir de interpretaciones diversas al momento de la dictaminación judicial ocasionando que la conducta tenga un alto porcentaje de impunidad. Si bien siempre estamos señalando los temas económicos, lo que se deja de ingresar y lo que se pierde, pero nunca señalamos que también cuando hay bloqueos en carreteras, hay medicamentos que no llegan a la gente, hay enfermos que trasladan de una ciudad a otra en ambulancias y no llegan a tiempo, no solamente es el tema económico. Por eso, para Acción Nacional este dictamen no criminaliza a las personas que se manifiestan de manera libre y pacífica, y si lo hacen así, pues no tienen de qué preocuparse. Digo, el pueblo que es sabio se apega a la ley. En consecuencia, vemos positivo la reforma al artículo 533 de la Ley de las Vías Generales de Comunicación para sancionar a quienes dañen, perjudiquen, destruyan, interrumpan, deterioren o restrinjan las vías de comunicación o los medios de transporte para que sean castigados con 3 meses a 7 años de prisión y multa de 100 a 500 unidades de medida y actualización vigentes. De igual forma, un artículo 533 Bis para castigar a quienes obtengan un lucro o impidan el cobro o condicionen de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte que circulen en vías generales de comunicación y serán sancionados con 6 meses a 7 años de prisión y multa de 750 a mil unidades de medida y actualización vigentes. Hay que recordar que esta iniciativa, hablamos de las vías generales de comunicación, es una visión de 360 grados que tenemos, pero no solamente para el tema de carretera, también es el tema ferroviario que no lo hemos mencionado, el tema marítimo y el tema aéreo. No dejar lagunas en la ley para que después se haga con ellos lo que quieran y se impida el servicio de estas vías generales de comunicación. Por eso vamos a votar a favor. Es cuanto, señor presidente.