EL C. DIP. DON LUIS MALDONADO VENEGAS: El conjunto de normas y disposiciones que en materia fiscal fue aprobado el día de ayer por el Honorable Congreso de la Unión, culminó un largo, arduo y complejo proceso, en el que por determinación de esta soberanía se postergó la posibilidad de concretar una reforma fiscal que liberara recursos adicionales en beneficio de la reactivación económica, la generación de empleos y el desarrollo social. En consecuencia, la Ley de Ingresos para el ejercicio 2004, prevé la captación de un billón 650 mil 505 millones de pesos, con una recaudación federal participable por 940 mil 475 millones de pesos. Ante este escenario recaudatorio, el análisis y discusión de la iniciativa con proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el mismo período, enfrentó la disyuntiva de moderar los gastos no esenciales, eliminar los superfluos y fortalecer en la medida de lo posible el gasto social y los rubros de inversión pública prioritarios. Un ejemplo de la dramática restricción que mostraba el proyecto original de Presupuesto sometido a la consideración de esta soberanía por el Ejecutivo Federal, era, como es de conocimiento de todos ustedes, el concerniente a la venta, desaparición o fusión de 18 entidades públicas; la caída drástica del rubro de inversión productiva; la afectación al Programa de Apoyo Financiero a las Entidades Federativas y a diversos capítulos sustantivos del gasto social, a lo que se agregaron solicitudes de recursos adicionales que superaron el monto de los 200 mil millones de pesos, equivalentes en su proporción a dos reformas fiscales, como la que no pudo ser concretada por el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en ambas cámaras del Congreso. Seguramente son excepcionales los casos, en los que como en éste, el ejercicio de la facultad exclusiva que tiene constitucionalmente conferida esta Cámara de Diputados para examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, se han tenido tan elevadas presiones de gasto frente a tan reducidas disponibilidades de recursos. Así, el método para construir un dictamen con proyecto de decreto que salvaguardara los principios de equilibrio presupuestal y de sustentabilidad social, implicó en primer término introducir una reforma sin precedente contenido en el artículo 30 del proyecto de decreto, para reasignar el gasto neto total por un monto de 27 mil 219 millones de pesos, a partir de la aplicación obligatoria de diversas medidas de austeridad y de racionalidad, a los que deberá sujetarse las dependencias y entidades del Ejecutivo Federal. Con ello, señoras y señores diputados, se pretende introducir un reordenamiento estructural en el crecimiento mostrado en los últimos años, en rubros como los correspondientes a servicios personales y a servicios generales. En ese sentido el proyecto de dictamen reconoce que no es posible que aumenten los sueldos y el número de altos funcionarios, cuando los resultados de la gestión pública sufren notorio deterioro. Bajo este esquema ha sido posible compensar, si bien de manera limitada e insuficiente, los programas sustantivas dirigidos al campo, a la educación, a la salud, al programa de apoyo financiero a las entidades federativas así como los programas de desarrollo carretero y de desarrollo social. En esencia el espíritu del dictamen a discusión, es el de eliminar el tejido adiposo del gasto federal y no el de recortar las arterias de su tejido esencial, es un presupuesto que apoya las tareas sustantivas del Ejecutivo, pero que implica en correspondencia un esfuerzo persistente, para reordenar la administración y racionalizar la aplicación de los recursos disponibles. Asimismo el decreto introduce innovadoras y trascendentes reglas, para que esta Cámara tenga acceso total y permanente al sistema integral de información de los ingresos y gasto público así como los informes trimestrales sobre el avance y ejecución del presupuesto y la aplicación del programa de austeridad. Se incluyen asimismo criterios que contribuyen a conferir transferencia y certidumbre a la obtención y aplicación de los ingresos excedentes, que en su caso se generen durante el ejercicio fiscal, con especial énfasis a los que tienen su origen en la explotación y comercialización petroleras. Finalmente, se reitera el criterio de oportunidad en la entrega de los subsidios así como en el caso de la obligación, para que en el caso de modificar las reglas de operación de los programas, éstas atiendan los criterios generales del Presupuesto de Egresos de la Federación. El grupo parlamentario de Convergencia, representado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, participó permanentemente en los trabajos y en el debate del dictamen que ahora se somete a la aprobación del pleno de esta Cámara de Diputados, por lo que en el contenido de sus disposiciones, se encuentran plenamente reflejadas nuestras iniciativas y aportaciones, por ello, nos manifestamos a favor de la aprobación del mismo. Estamos igualmente conscientes de la enorme dificultad que ha representado conciliar los diversos enfoques de los distintos grupos parlamentarios y al interior de cada una de las fracciones, las múltiples e importantes significativas causas que encabezan los compañeros y las compañeras diputados y diputadas. Pero es preciso ratificar que nuestra convicción acerca del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2004, no es como se ha dicho por algunos funcionarios, altos funcionarios de la federación, un presupuesto que frene la marcha del país, ciertamente no la acelere como era la expectativa de la sociedad y la voluntad política que nos anima, pero al propio tiempo apoya las acciones y programas sustantivos del gobierno federal, subsana las enormes deficiencias que se detectaron en el proyecto que originalmente presentó a esta soberanía el Ejecutivo federal, es un presupuesto responsable, con equilibrio financiero, con vocación social y en el cual se sientan las bases de una efectiva rendición de cuentas, de una mayor transparencia y sobre todo, compañeras y compañeros diputados, establece las condiciones necesarias para que la administración pública se reestructure a fondo con espíritu federalista y republicano. Gracias por su atención. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Tiene el uso de la palabra para posicionamiento, el señor diputado don Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores: Este es un presupuesto restrictivo, recesivo y además desigual y asimétrico. El pueblo de México sigue demandando una respuesta sin cortapisas para satisfacer sus necesidades vitales y el mínimo de dignidad que reclama cualquier ser humano. El Presupuesto de Egresos que está a consideración de esta Soberanía, no es el que satisface los requerimientos que merecen millones de mexicanos que siguen debatiéndose en la miseria y en la desesperanza; se seguirá en deuda con los millones de jóvenes y los adultos que reclaman empleo digno y con los millones de mexicanos que dejan nuestra tierra para trabajar en los Estados Unidos. Ahí está el reproche sordo, el enojo y el resentimiento social de todos aquéllos que han perdido su empleo y que por cierto son más de 500 mil en los últimos 3 años. Por ejemplo para el mes de noviembre alcanzamos la tasa de 3.8% de desempleo abierto en zonas urbanas, el más alto de los últimos tiempos. Nuestro sistema de seguridad social otrora orgullo latinoamericano y mundial, se debate en una profunda crisis. Enfermarse en este país es un riesgo que puede llevar a la muerte; ingresar a un hospital público ya no representa la posibilidad de recuperar la salud, sino salir peor o mucho peor, no salir vivo. En nuestro país abunda la riqueza pero abundan más los pobres y los desvalidos. No exageramos, estamos ante una emergencia nacional; aquí no sólo se está definiendo el futuro del país en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo. Por eso el Presupuesto de Egresos que discutimos está muy lejos de resolver este escenario y lo lamentable es que tampoco se ve que apunte siguiera a solucionar los problemas centrales del país. Llevamos más de dos décadas de austeridad en donde la insatisfacción y la frustración es el signo que distingue nuestro trabajo legislativo. Gracias a un esfuerzo colectivo del que fuimos parte central, se evitó la privatización, conservamos en manos de los mexicanos Notimex, Pronósticos para la Asistencia Pública, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, al Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, Colegio de Posgraduados, Exportadora de Sal, Transportadora de Sal, IMCINE, Centro de Capacitación Cinematográfica, Estudios Churubusco, EDUCART, FONAR y CONSANA, entre otros. Asimismo, nuestra propuesta de equilibrar los tiempos del Estado en los medios de comunicación fue avalada por las diferentes fuerzas políticas representadas en esta Honorable Cámara de Diputados y traducida en una realidad, al haberse modificado los tiempos en un 40% para el Poder Ejecutivo Federal, 30% al Poder Legislativo, 10% al Poder Judicial y 20% a los entes públicos federales. Por otro lado, el programa de austeridad, racionalidad y eficiencia que la Comisión de Presupuesto aprobó, es un dique al despilfarro y al crecimiento obeso e ineficaz del gobierno y en ello seguiremos profundizando hasta el fin de esta Legislatura. Hemos logrado, con su aplicación, la reasignación de 27 mil 219 millones de pesos para destinarlos al gasto social y productivo. Producto de este programa se ajustarán en su estructura las dependencias federales a tres subsecretarías como máximo. Sólo habrá una relación de tres directores generales adjuntos por unidad. Se reducirán los gastos de telefonía celular, de vehículos nuevos y se obligará al Ejecutivo federal a presentar un informe de dicho programa cada trimestre, el cual será dado a conocer en el pleno de esta soberanía. Con esta acción ponemos freno al gasto excesivo de los altos mandos de un gobierno que se ha despachado con la cuchara grande. Disminuimos el pesado costo de la deuda pública al recortar en tres mil millones de pesos la erogación para el Fobaproa e IPAB. Este es apenas el primer paso concreto para seguir revisando los pasivos del rescate bancario y liberar recursos públicos para destinarlos a un uso productivo y social. Pero por otra parte sigue como un enorme fardo que carga el pueblo de México el altísimo costo financiero de la deuda, la deuda enmascarada de los Pidiregas y el pago al Fobaproa e IPAB. Por eso debemos seguir impulsando la creación de la comisión investigadora que analice con todo cuidado las graves irregularidades cometidas y que son del dominio público. Tenemos que vencer la resistencia de todos aquéllos que, junto con los banqueros, han permitido que se sangren los escasos recursos con que cuenta el pueblo de México. Hay que ponerle un alto al pago de la deuda pública. No es posible seguir manteniendo ese dispendio de los fondos públicos. Se equivocan aquéllos que pensaron y piensan que lo anterior se puede solucionar con mayores ingresos producto de nuevos impuestos. Ese no es el camino. El camino es aminorar la carga fiscal que representan el IPAB, el costo financiero de la deuda y de los Pidiregas. El camino es también combatir resueltamente la evasión y la elusión fiscal. Todo esto representaría una reforma hacendaria y financiera integral. Esta es nuestra propuesta para invertir más recursos en gasto social y productivo. Para ello no requerimos de gran imaginación ni de una desbordante creatividad. Necesitamos tan solo voluntad política y visión de Estado para poner en práctica lo que otros países hermanos han hecho, como Brasil y Argentina, para sólo citar dos ejemplos recientes. Tenemos que mejorar las finanzas públicas no sólo en cantidad sino también en calidad y eficiencia. No es posible que se sigan pagando las pensiones millonarias a los expresidentes de México. En nuestro grupo parlamentaria hemos hecho una propuesta responsable de reasignación del gasto público, respetando los parámetros técnicos y contables del presupuesto, el cual se ha dado a conocer en diversas instancias de esta soberanía y a la opinión pública. Con ello hemos demostrado que puede privilegiarse el gasto social, la inversión productiva y la obra pública; que podemos pasar de la política asistencialista en el combate a la pobreza a una política que ponga énfasis en la generación de empleos, en la creación de fuentes de trabajo que no impliquen un alto costo por empleo generado, que fortalecer el mercado interno es la opción que puede detonar la economía con su consecuente derrama de ingresos y fuentes de trabajo. Por lo tanto y no obstante las limitaciones señaladas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará en lo general a favor del presente dictamen, en espera de que más adelante podamos vencer las resistencias que se oponen a un ejercicio más libre y más democrático en nuestra tarea legislativa. Muchas gracias.