El diputado Ildefonso Guajardo Villarreal: Con el permiso de la Directiva. Compañeras y compañeros diputados, en nuestro país, en la Constitución del 17 que nos rige, en el artículo constitucional 28 se establece claramente que en México deberán quedar prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos. En consecuencia, dice nuestra Carta Magna; la ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia a los infractores. Este párrafo constitucional data en su origen desde la Constitución de 1857, sin embargo, la realidad es que en todo el siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI no hemos sido capaces de tener una ley reglamentaria que nos permita ir a exigir en todo su texto, el párrafo constitucional del 28. Si analizamos la tendencia mundial en materia de leyes antimonopolio o pro libre competencia, no nos escapa recordar que en nuestros vecinos del norte desde hace 120 años, en el Sherman Axe pudieron establecer regulaciones estrictas para luchar por los mercados eficientes y competitivos, a favor de las pequeñas empresas y de los consumidores. En México, en los albores de la firma del Tratado de Libre Comercio y en un intento de ponernos en las mejores prácticas internacionales, aprobamos por primera vez en el 92 la ley que da origen a la Comisión Federal de Competencia Económica, la cual se establece por primera vez en México en 1993. Sin embargo, en su origen y en el marco legal que la acompaña, quedaron plasmados muchos elementos que le restaban eficiencia y eficacia en su funcionamiento. No fue sino hasta más de una década después en el 2005- en esta Cámara cuando se hace un intento de reforma que lamentablemente queda muy corta de las necesidades de establecer un marco eficiente en este país. Finalmente queda en vigencia en el año 2006, sin embargo no resuelve los problemas fundamentales que lamentablemente enfrentamos. Fue precisamente en esta Cámara hace un año cuando, en un esfuerzo de dictaminar 12 iniciativas referentes al tema, en la Comisión de Economía se aprobó un dictamen hace un año con el fin de darle verdaderos instrumentos y fortaleza institucional a la Comisión de Competencia. Fue gracias al trabajo en ese pleno de prácticamente todas las fracciones parlamentarias en una votación abrumadora que aprobamos el dictamen que fue a Cámara de Senadores. Este dictamen fue discutido intensamente en el Senado de la República. Desafortunadamente en su votación final en un proceso parlamentario que fue bastante abrupto, se quedaron en el tintero todos los artículos reservados por la Colegisladora y sólo regresó a esta Cámara los artículos aprobados en lo general, sin las reservas hechas en lo particular, lo cual en la Comisión de Economía, a sus miembros que la componen, representó un gran reto. El reto era reescribir todos aquellos artículos que se habían quedado en el tintero. Había una gran tentación: reescribirlos exactamente igual a como los habíamos hecho en la minuta de origen que recibió el Senado de la República. Hacerlo así hubiera representado una ofensa a la Colegisladora; hubiéramos mandado el mensaje que pusimos oídos sordos a un debate enriquecedor que se dio en el Senado de la República. Con ese objetivo, los compañeros integrantes de la Comisión de Economía acordamos incluir en la nueva minuta todos los elementos necesarios para enriquecerla. Avanzamos en muchos temas y perfeccionamos otros tantos. Creo que el trabajo nos deja a todos los miembros de la Comisión de Economía muy satisfechos. Me voy a permitir enumerar rápidamente aquellos segmentos del marco legal que vienen a constituir un avance sin duda importante al marco legal que nos lleva a los mejores estándares internacionales. En primer lugar, me gustaría mencionar aquellas acciones que vienen a fortalecer la institución. Se establece que el secretario ejecutivo será designado por el Ejecutivo federal y no por el comisionado presidente, por lo cual se introduce un sistema de pesos y contrapesos hacia el interior de la comisión. Por otra parte, se da mayor participación a los comisionados al crear la figura del comisionado ponente, quien de manera rotatoria elaborará los proyectos de resolución de las investigaciones de la comisión, a fin de presentarlos ante el pleno cuando, actualmente, le corresponde exclusivamente al secretario ejecutivo quien era designado o removido discrecionalmente por el presidente de la comisión. Con esto le damos fortaleza a los equilibrios dentro de la institución. Adicionalmente se hace una reforma en los términos de mandato de los comisionados. En su primera instancia se acortan, pero se da la posibilidad de reelección para que podamos constituir periodos que trasciendan sexenios y no establezcan correlación con un periodo presidencial con sus nombramientos. Por otra parte, se fortalece la capacidad de investigación de la comisión. Una de las principales fallas en los procesos de investigación, dado el marco legal vigente, es que las visitas de verificación lamentablemente tenían que ser anunciadas, de tal forma que cuando llegaban los investigadores de la comisión pudiera destruirse evidencia fundamentalmente relevante para los casos. Hoy se corrige y se establece el carácter sorpresivo de las visitas sin perder las garantías de los agentes económicos, fundamentalmente que la información recabada deba ser la estrictamente relacionada con los temas de competencia. Se permite también en este esquema de fortalecimiento que sólo sean los funcionarios autorizados del gobierno federal los que lleven a cabo las visitas dentro de este contexto e incluso dar el elemento para que, si así lo autoriza el pleno, se haga uso de la fuerza pública. Adicionalmente se establecieron cambios fundamentales en materia de sanciones, concretamente sanciones pecuniarias. En el artículo 35 se establece por primera vez en el marco legal mexicano estándares internacionales. Hoy en día en el sistema de múltiplos de salarios mínimos la máxima multa que puede imponer la comisión es de 85 millones de pesos, que para muchos infractores es más barato pagarla que cumplir la ley. Con la reforma será el 10 por ciento de los ingresos totales de los agentes infractores, hasta el 10 por ciento de los ingresos totales en el mercado nacional. Adicionalmente se introduce por primera vez en el marco legal de competencia la posibilidad de sanciones corporales con una modificación al artículo 254 del Código Penal Federal, en donde establece concretamente posibilidades de cárcel de 3 a 10 años a los infractores, para violaciones consideradas como prácticas monopólicas absolutas. Compañeras y compañeros diputados, hay una serie de acciones adicionales que simplifican y perfeccionan los mecanismos de acción, pero creo que el voto de hoy será un voto histórico para que el país pueda poner al día lo que tenemos en deuda con los consumidores y los pequeños empresarios de México desde hace 100 años. Es cuanto, señor presidente.