La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con la venia de la asamblea o lo que queda de la asamblea. El presente dictamen representa un verdadero retroceso para la paz y la estabilidad social en México. No obstante que la última revolución de este país fue provocada por dos grandes problemas que fueron la antidemocracia porfirista y la concentración excesiva de las tierras en unas pocas manos, hoy se pretende disfrazar de modernidad el despojo de la tierra a los campesinos. Resulta paradójico que precisamente el único partido nacido de esta revolución, el Revolucionario Institucional aquí presente, sea el que hoy promueve dicha contrarreforma. Como un reloj la historia vuelve al punto y quienes fueron revolucionarios en el pasado, hoy son los grandes conservadores. Los herederos de la revolución, mismos que debieran defenderla, hoy proponen entregar la tierra con todas las facilidades a las empresas petroleras extranjeras, esas mismas que alguna vez fueron expropiadas por nuestra nación a iniciativa de un gran hombre, el general Lázaro Cárdenas del Río. En primer lugar se pretende justificar el despojo arbitrario estableciendo mecanismos que a todas luces desconocen la razón de ser del derecho agrario. En aquellos años se constituyeron instituciones que garantizan la preservación de los derechos de los campesinos mexicanos, quienes además eran los menos preparados para defenderse. Ahora como parte de la mencionada modernidad, los sujetos agrarios se enfrentan a empresas y corporativos bien organizados y con bufetes jurídicos altamente capacitados se reduce ex profeso en este dictamen el papel de la Procuraduría Agraria, dejando indefenso al ya de por sí vulnerable y por si esto fuera poco se le pone contra reloj al establecer la posibilidad de que se establezca la servidumbre legal y la ocupación temporal como una manera de obligarlos a aceptar las condiciones que pongan los asignatarios y contratistas. Aplicando un enfoque netamente mercantil, se pretende subordinar cualquier actividad incluyendo la producción de alimentos a la producción de energía bajo el supuesto de que es más rentable producir energía que producir alimentos. Se abandona entonces la importancia estratégica que tiene la soberanía alimentaria. Y les recuerdo aquí a los del revolucionario Institucional que fue una propuesta de su presidente Enrique Peña Nieto, generar la soberanía alimentaria en el país. En tanto que las principales potencias se procuran garantizando la producción de lo que comen, al tiempo cuentan con reservas en caso de una guerra o catástrofe; nuestro país hipoteca su seguridad nacional al incierto paraíso prometido que traerá esta reforma energética. Aun y cuando las seis reformas que esta soberanía ya tuvo a bien aprobarle al presidente, no hayan dado ningún resultado. Incierto país prometido porque en los seis dictámenes que se discutirán, incluyendo éste sobre la Ley de Hidrocarburos, no se contempla en absoluto mejorar la relación costo-beneficio para la nación. Por ejemplo en el 2012 México exportó un monto cercano a los 30 mil millones de dólares en petróleo crudo principalmente, mientras que importó una cantidad similar en petrolíferos, incluida mayoritariamente entre éstos la gasolina. Esto es como si nosotros tuviéramos un huerto de naranjos, vendiéramos las naranjas y estuviéramos importando o comprando el jugo de naranja. El Estado mexicano no sólo abandona a los campesinos a su suerte, sino que se encargó de hacer inviable para la gran mayoría de éstos la producción agrícola. Hoy en este dictamen no sólo no se atiende esta deuda histórica con los campesinos mexicanos, sino que además se les arrebata incluso la capacidad de decidir su propio destino al establecer la obligatoriedad de llegar a un acuerdo con los particulares cuando se pretenda la ocupación de sus tierras para la producción y transporte de energía. En el colmo de la degradación del Poder Legislativo, se promueve en este dictamen que los asignatarios y contratistas violen la ley ante el permiso explícito para que hagan uso de su primera vez al cometer irregularidades en el proceso de ocupación de tierras. Los ejidatarios y comuneros tendrán que enfrentar toda una serie de artimañas para comprar su voluntad que al fin y al cabo, como suele suceder en México, los contratistas y asignatarios tendrán una segunda oportunidad, es decir, tendrán licencia para engañar o para defraudar a los ejidatarios o comuneros, de acuerdo al 114 de la Ley de Hidrocarburos. Parece ser que con dictámenes como éste el papel del legislador se remite a institucionalizar la impunidad y a ser promotores de la violación de las leyes. En este contexto se pretende generar sólo beneficios al sector privado, pues otra de las situaciones aberrantes en dicho proyecto de ley es pretender elevar a cosa juzgada los acuerdos alcanzados en cualquier tiempo entre las partes, a sabiendas de que en el sector agrario los ejidatarios y comuneros no cuentan con los medios que les garanticen una óptima asesoría en la materia, situación que a todas luces pretende ratificar los abusos ante la inocencia de este sector vulnerable, situación que representa un grave riesgo pues pretende evitar a cualquier costo que este sector cuente con medios de defensa posteriores a los acuerdos realizados, dejándolos en completo estado de indefensión. Por lo que respecta a la Ley Minera, de igual forma se pretende despojar de sus tierras a los campesinos y demás sujetos agrarios. Lo anterior en virtud de que estas actividades son consideradas con carácter preferencial sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se le pretenda dar a las tierras, estableciéndose como excepción de manera indebida sólo las actividades de hidrocarburos y el servicio público de la transmisión y distribución de energía eléctrica, dejando fuera de todo contexto el aprovechamiento de las tierras dedicadas a la producción de alimentos, afectando con ello a todo el sector agropecuario que representa un alto porcentaje en nuestro país. Tales son los absurdos representados en toda esta serie de dictámenes en una propuesta de reforma energética que no es sino una contrarreforma y no fortalecerá al sector energético en el país, sino que depredará hasta la última gota el petróleo y el último centímetro cúbico de gas, sin proponer siquiera un plan para el desarrollo nacional de las nuevas fuentes de energía. Por último, en una actitud completamente insultante no sólo para los sujetos agrarios, sino para la hacienda pública del país, y equiparando la actitud de los hacendados de hace un siglo, se propone destinar el ridículo 0.5 por ciento y hasta el tope del 2 por ciento como pago de contraprestación o arrendamiento de sus tierras, por supuesto, los porcentajes serán establecidos antes de impuestos para burlar la hacienda pública y el traslado al costo del Estado mexicano. Les pido tolerancia, yo he tenido tolerancia con todos los compañeros que han subido a fijar posición. ¿Cuándo y dónde ha visto semejante miseria y mezquindad? Están en lo correcto, en el régimen porfirista se vio, si tenemos memoria. Están en lo correcto. ¿Otra reforma inútil? Si esta soberanía...