La diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz: Con su venia, señora presidenta. Compañeros, compañeras, buenas tardes. El acceso de las mujeres a una vida libre de violencia no debe ser sólo una aspiración sino una realidad cotidiana con la que estamos obligados a coadyuvar, no solo por el bien de las víctimas sino porque significará que vivimos en una sociedad justa, equitativa y democrática. Y por eso, como integrante de la Comisión de Equidad de Género, como oaxaqueña y como mujer manifiesto mi total apoyo y solidaridad en el justo reclamo del respeto a sus derechos, a mi compañera Aída Fabiola Valencia. A través de los años y en el esfuerzo por combatir la violencia que se ejerce contra las mujeres, en el ámbito internacional se han logrado establecer estándares mínimos para garantizar su derecho a una vida libre de violencia y discriminación. En todos ellos se reafirma el derecho de las mujeres de tener acceso a un recurso judicial, sencillo y eficaz, a fin de contar con las debidas garantías que las protejan cuando denuncian hechos de violencia. Sin embargo, a seis años de la aprobación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, han sido insuficientes los recursos materiales, humanos y legislativos destinados para aplicar esta ley y con ello prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la gran impunidad que se observa en el ámbito judicial, donde las víctimas no encuentran la sanción pronta y expedita contra sus agresores, que va de la mano con una inadecuada protección a sus vidas. A pesar de que en el artículo 31 esta ley cuenta con un apartado sobre órdenes de protección que comprende herramientas que permiten proteger la vida y la integridad de las mujeres, de sus familiares o de testigos de los hechos y se fundamentan en la existencia de un riesgo de daño y es obligación del Estado proteger a las mujeres, víctimas de violencia de género, de respetar y garantizar el derecho a la no discriminación y a la igual protección de la ley, éstas no se cumplen ni se aplican, lo cual se ve reflejado en los altos índices de violencia contra las mujeres y en los feminicidios que en nuestro país van en aumento. Persiste aun el desconocimiento de su naturaleza debido a su estructura normativa. La falta de recursos económicos y humanos. La inexistencia de coordinación entre los sistemas estatales contra la violencia de género y la falta de voluntad del personal judicial para aplicarlo. Es necesario el funcionamiento de un sistema interconectado que atienda de manera integral la violencia contra las mujeres. Cualquier institución puede ser la puerta de entrada de una mujer en situación de violencia en diferentes etapas del ciclo, pero sin duda, es la etapa de violencia explícita cuando se acude a cualquier instancia solicitando ayuda. La experiencia apunta a que las víctimas de violencia que requieren órdenes de protección, principalmente recurren a los servicios de salud y/o ante los responsables de la procuración de justicia. También pueden solicitar auxilio ante otras instituciones como los organismos de derechos humanos, gubernamentales o no gubernamentales. Los centros de atención a víctimas de violencia, los mecanismos de atención a las mujeres o promotoras de la equidad de género. Las órdenes de protección, ya sean preventivas o emergentes son por definición temporales y su objetivo es proteger a la víctima. No van a la raíz o a la causa del problema, sino a sus consecuencias. No se descarta su eficiencia para cumplir los propósitos para los que fueron diseñadas, pero lo ideal es que en el largo plazo sean innecesarias porque el problema ya no exista. La ley plantea la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres observando una visión de largo plazo. Las órdenes de protección no deberían estar desvinculadas de la perspectiva de un tratamiento integral a los casos de violencia y propiciar que las personas que las requieran cuenten con todos los recursos que la ley prevé para que, de esa manera, las mujeres realmente accedan a una vida libre de violencia con un enfoque sistemático del mismo. Por tanto, no se trata sólo de sensibilizar y capacitar a los responsables de la atención de la violencia o de expedir las órdenes de protección, sino de tener un enfoque sistemático para eliminar un conjunto de creencias acerca del problema. En la actualidad las órdenes de protección a nivel federal prácticamente no existen, pues la Fiscalía Especial no cuenta con facultades para emitirlas ni mucho menos con el poder coactivo para constreñir al agresor a cumplirlas, lo que obligaría al destinatario hacer o dejar de realizar un acto de violencia específico o incuso podría apercibírsele con determinada medida de apremio para el supuesto de que intentara burlar la orden recibida. De la interpretación armónica de la ley se desprende con toda claridad que la autoridad ministerial debe ordenar las medidas de protección de emergencias y preventivas antes de que los hechos sean consignados, antes incluso de que se haga una denuncia o querella, ya que para su procedencia no se exige más que su solicitud, la que puede hacerse por cualquier persona que tenga conocimiento del riesgo en que se encuentre la víctima. La ley no exige tampoco una forma determinada de lo que se desprende, que puede ser de cualquiera, incluso oral, y bastará para ello ocurrir ante la autoridad judicial. Para evitar que las mujeres siga siendo objeto de violencia y puedan sin temor denunciar a sus agresores ante el Ministerio Público es necesario que a partir de su denuncia instrumenten medidas de protección emergentes, que impidan que sus victimarios reincidan en algún tipo de violencia en su contra. En mérito de lo anterior propongo a esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto para que se adicionen a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República las órdenes de protecciones emergentes y preventivas. Solicito, señora presidenta, que sea turnada la presente iniciativa a la Comisión de Equidad y Género para su dictaminación, y a la Comisión de Feminicidios para su opinión. Es cuanto, señora presidenta.