El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente; compañeros, compañeras. Lo que voy a mencionar ahorita no atenta en absoluto con la esencia de esta ley, la cual su servidor votó a favor en lo general, sino estriba en un principio constitucional y estriba en un principio universal de los países civilizados del mundo, que está consagrado en el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al mencionar: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Compañeros diputados, quiero mencionar que so pretexto del cumplimiento y la protección de los derechos, se han cometido las peores atrocidades a los derechos humanos en el orbe y tenemos que tener mucho cuidado de que no vayamos so pretexto de cumplir la protección cabal de un derecho humano que es importantísimo, el de mantener nuestras vidas libres de discriminación, vayamos a caer en los extremos del fanatismo, vayamos a caer en los extremos de la persecución política que una autoridad administrativa puede ejercer contra todos y cada uno de nosotros. Empiezo por describir lo siguiente. La ley que acabamos de aprobar en lo general tienen problemas de definición muy graves y el primer problema de definición estriba en el artículo 1o. de la ley que es el corazón mismo de los derechos que queremos proteger, que es la definición del término discriminación. Conforme a lo que tenemos establecido en el texto propuesto, se entiende por discriminación, para los efectos de esta ley, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión con intención o sin ella aquí voy a hacer una pausa. Con intención o sin ella. Es decir, al no tener intención y se lleva a cabo un acto de discriminación, una persona cualquiera puede ser imputada de una falta que puede ser perseguida por la autoridad administrativa y puede ser llevada a una sanción administrativa directamente por una autoridad administrativa, sin haber pasado por un procedimiento judicial. Es decir, sin que esa persona sea oída ni vencida en juicio. Por el otro lado, en nuestro propio sistema penal la imputabilidad va seguida de la intencionalidad, salvo en los delitos preintencionales que son por negligencia. Tenemos que tener, compañeras y compañeros, mucho cuidado en las definiciones que no nos puedan llevar a los extremos y continúo diciendo: de causar un daño de cualquier índole perdón- con intención o sin ella no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento o goce del ejercicio de los derechos humanos y libertades. En esta parte aquí estamos saliendo del ámbito de la discriminación y entrando al ámbito genérico de los derechos humanos. O es una ley antidiscriminación o es una ley antiviolación de derechos humanos de una forma genérica que va a ser perseguida por la autoridad administrativa sin que el presunto responsable tenga derecho a debido proceso y sea debidamente juzgado y vencido después de la presentación de las pruebas correspondientes en juicio. Esta situación es inaceptable, compañeras y compañeros, que tengamos esta definición. Lo que estoy sugiriendo atentamente cambiar es que la definición tenga el elemento de que la persona tenga intención de causar un daño de cualquier índole. La intencionalidad de que el acto de discriminación vaya dirigido a causarle a la víctima un daño ya sea físico, moral, patrimonial, de escarnio, de aislamiento, de lo que sea, pero que vaya con esa intención el ejercicio del acto discriminatorio. Por el otro lado, los múltiples artículos reservados tienen que ver con dos conceptos esenciales. El primero es que a la autoridad, al consejo, a la Conapred, se le dan facultades para que tenga una jurisdicción transversal a través de toda la administración pública federal, siendo que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para que haya transversalidad necesita haber una autorización expresa de órganos estructurados por el Estado. Para dar un ejemplo, la propia Secretaría de Gobernación. Y aquí la Conapred tiene mayores facultades que la propia Secretaría de Gobernación y las facultades que tiene en materia de discriminación son transversales a través de toda la Administración Pública Federal. Finalmente, compañeras y compañeros, el gran problema que tiene esta ley, es que la Conapred se convierte en autoridad sancionadora de la conducta humana, sin que medie un juicio previo. Estoy de acuerdo en que la Conapred pueda sancionar a los servidores públicos federales que cometan actos discriminatorios, porque hay una relación de subordinación en la Administración Pública Federal para con sus servidores públicos y si violan la ley, tiene la autoridad administrativa el derecho de sancionar a los servidores públicos por esa relación de subordinación en una relación laboral. Sin embargo la autoridad administrativa no tiene por qué sancionar a los particulares sin la intervención de la autoridad judicial. Se elimina el procedimiento conciliatorio de la ley, totalmente, que estaba establecido en la ley en comento; este procedimiento conciliatorio estoy sugiriendo que se restablezca para que cuando haya la posibilidad de una conciliación entre el supuesto violador de actos discriminatorios con las víctimas, pueda haber ese procedimiento de conciliación. Y asimismo estoy mencionando que cuando se compruebe por la autoridad administrativa que hay una presunta discriminación, después de correrse los procedimientos administrativos correspondientes, entonces con la autorización de la víctima de la discriminación, pueda coadyuvar junto con la víctima en interponer la demanda judicial correspondiente, exigiendo el resarcimiento de los daños y perjuicios correspondientes...