El diputado José Jacques y Medina: Con el permiso de la Presidencia. Me permito someter a esta honorable Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se crea la Comisión Especial para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares con base en los siguientes Considerandos La República Mexicana es esencialmente un país expulsor de mano de obra, pero su ubicación geopolítica también la define como país de destino y tránsito de un creciente número de migrantes que proceden, en su mayoría, de Centroamérica. Las fronteras de México se han convertido en ruta de corrientes migratorias de temple mundial. Las medidas de terror no han frenado el flujo migratorio hacia los Estados Unidos; han logrado, en cambio, que las muertes evitables y los peligros del cruce fronterizo se hayan incrementado exponencialmente en los últimos años y que la reunificación familiar sea más difícil. Es evidente que sus medidas de contención sí les han producido los resultados esperados. La agenda oculta de los estrategas de la economía estadounidense han determinado endurecer sus políticas y apareció en el horizonte electoral el muro fronterizo que, más que frenar la migración indocumentada, buscaba la obtención del voto racial anglosajón, además de impedir la circularidad de los trabajadores migratorios. Este diseño perverso aumenta el costo financiero y humano del regreso a casa y obliga a los migrantes a cambiar su patrón de temporal a permanente, con lo que aseguran el más eficiente de los mercados laborales: el mercado ilegal. La circularidad impedida es factor importante en los cambios de parámetros constatados a partir de la Operación Guardián y de las subsecuentes medidas de seguridad nacional que nos han impuesto al amparo de la lucha contra el terror, que sólo son acciones encubiertas para lograr la permanencia de industrias básicas, ya que los Estados Unidos dependen del valor agregado extraído de la explotación inhumana y descarada; es decir, de la mano de obra indocumentada. Los derechos humanos de la población migrante han pasado a segundo plano y están muy lejos de ser respetados. Estos derechos son, entre otros, el derecho a la vida, prohibición de la esclavitud y su comercio, prohibición de detenciones arbitrarias prolongadas, la tortura o cualquier otro trato inhumano o degradante, prohibición de penas con efectos retroactivos, derecho a la igualdad ante la ley, derecho a salir de cualquier país y regresar al propio. Es impostergable y obligación de todo gobierno democrático velar por la unidad familiar, por la integridad física y patrimonial de los migrantes y sus familias y garantizar el respeto de los derechos humanos, sin importar su nacionalidad, sexo, estado de salud, condición y situación jurídica o estatus migratorio. Es urgente que México reconozca su nacionalidad y actúe en apoyo de los ciudadanos que expulsa, exigiendo que los derechos de los mexicanos sean respetados y modificada la normatividad en México con la adopción del lenguaje acordado por la Convención Internacional, desdeñada por los países receptores a los que va dirigido y justo es donde más se presencian estas violaciones. Debemos hacer cumplir lo acordado en la Convención Internacional desde hace 16 años por las Naciones Unidas. Ya nadie puede sentirse alejado al fenómeno migratorio en México, por ello la misión y propósito de esta Comisión especial será atender la problemática del migrante y sus familiares, ante una realidad que se ha agravado. Esta Comisión tendrá en su primer gran intento, unificar los criterios en torno al marco jurídico de la Convención, para su adaptación local en la protección de los derechos de los trabajadores migratorios y sus familias. El punto de acuerdo que se propone es el siguiente Punto de acuerdo Primero. Se crea la Comisión Especial para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Segundo. Esta Comisión Especial tendrá por objeto, además de los arriba mencionados, lo siguiente: Proponer las reformas a la política migratoria mexicana y a su marco jurídico, adoptando el lenguaje de la Convención Internacional ratificada desde 1999 por el Senado mexicano, para que se refleje transversalmente en el derecho positivo vigente de nuestra nación. Le pido a la Presidenta que se inscriba ésta en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señora Presidenta.