La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Compañeras y compañeros diputados, en este acto acudo a nombre de mi grupo parlamentario a presentar una iniciativa que pretende ser alternativa para la presentada por el Grupo Parlamentario de Morena en la que se militariza la seguridad. Nuestro grupo parlamentario apuesta por el fortalecimiento de las policías en los tres órdenes de gobierno y por un esquema en el que se cambie de uniforme a los soldados diciendo que las policías militar y naval, tienen un entrenamiento diferente al del Ejército. Queremos dejarlo muy claro, el diseño de la guardia nacional planteado por el presidente electo es el mismo que ha mostrado su ineficacia a lo largo de los últimos 20 años, y que ha dejado a nuestro país sumido en un mar de sangre, porque únicamente apuesta por la recuperación del control territorial de manos de la delincuencia sin desmantelar las redes de encubrimiento político y económico, otorgando un perdón maniqueo a quienes han hundido a México en la corrupción. El PRD propone una reforma constitucional que manteniendo la esencia del pacto federal y el principio de municipio libre, establece una nueva relación entre la Federación y las entidades federativas y los municipios. En múltiples ocasiones hemos escuchado sobre la necesidad de la participación de los gobiernos locales y municipales, así como de sus instituciones en materia de seguridad. Sin embargo, estos llamados han resultado infructuosos, y han permitido que los grupos organizados de delincuencia corrompan a sus autoridades y se apoderen, por ende, de sus territorios, lo que ha provocado una grave crisis humanitaria debido al incremento de los índices de violencia. Es por ello indispensable que los estados y los municipios inicien con la construcción de cuerpos policíacos fuertes, con mecanismos ideales de control de confianza, bien capacitados y cuyos integrantes gocen no solo de un salario profesional digno, sino con un esquema de seguridad social que les permita a ellos y a sus familias, contar con servicios de salud, vivienda, becas escolares y pensiones adecuadas, así como un sistema de profesionalización que les garanticen los mecanismos claros de promoción y permanencia dentro de las instituciones. Lo anterior ha demostrado que el diseño de la política para combatir el crimen organizado ha evidenciado los conflictos en la normativa y la dificultad para articular la política de seguridad pública con la de seguridad nacional, respetando los límites de ambas. Así lo demuestran las declaraciones públicas de integrantes del próximo gabinete presidencial, así como la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que no logran establecer la diferencia entre ambos conceptos. Asimismo, se sigue mostrando que el objeto de la política no es combatir el crimen organizado, sino la violencia que este provoca y que la estrategia utilizada se ha fundado principalmente en el ejercicio de la fuerza pública. Es decir, que la táctica declarada se sustenta principalmente en la política de seguridad pública y no en un asunto de seguridad nacional, considerándose equivocadamente que el uso de la fuerza, y no los sistemas de inteligencia de los tres niveles de gobierno, es suficiente para alcanzar los objetivos. Nos oponemos a las manifestaciones de actores públicos, específicamente del gobierno saliente y del presidente electo, que pretenden desaparecer, nulificar o restringir a sus más ínfimas expresiones a las fuerzas del orden en el primero de los ámbitos competenciales de operatividad policial; el municipio. Es por ello que rechazamos la adopción del llamado Mando Único Policial y de la Guardia Nacional, cuya propuesta se erige como solución a la preocupación sobre la corrupción entrante y el abuso de la fuerza por parte de los agentes policiales municipales y estatales. Más aún, debemos preguntarnos específicamente, ¿para qué queremos los policías municipales, dado que las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas no son las de participar en la erradicación del narcotráfico, sino en la preservación de la convivencia de la comunidad? Es decir, las funciones respecto de la aplicación de los bandos municipales nada tienen que ver en relación con las pugnas impuestas con la delincuencia organizada, que corresponde, sin lugar a dudas, a las policías estatales y federales. El nuevo modelo policial que el Grupo Parlamentario del PRD propone implica generar agentes de policía más comprometidos, analíticos y con poderes más amplios, además de jerarquías policiales horizontales, privilegiando la prevención del crimen por encima de la represión del mismo. El Grupo Parlamentario del PRD, consciente de la situación de violencia que priva en nuestro país...