El diputado César Francisco Burelo Burelo: Con el permiso de las compañeras diputadas y los compañeros diputados. Evidentemente, también con el permiso del señor presidente de esta Honorable Cámara. Durante años se cuestionó qué tan grande era el problema del cambio climático. En la actualidad se reconoce en general que la actividad humana contribuye significativamente a través de las emisiones de carbono al calentamiento de la tierra. Por sus consecuencias se concluye que sólo con una nueva revolución industrial un cambio de modelo puede cambiar a la humanidad. Esta verdad la encuentran representantes de muchos países responsables de tal catástrofe como incómoda. En el caso específico de nuestro país, el costo anual previsible del cambio climático se cifra entre el 3.5 y 4.2 por ciento del producto interno bruto, en función de la pérdida de producción agropecuaria, menor disponibilidad de agua, deforestación, efectos en la salud, pérdida de biodiversidad, así como migración de poblaciones. Ante esta problemática, el gobierno federal presentó a fines de agosto de 2009 el decreto por el que se aprueba el Programa Especial de Cambio Climático 2009-2012, como su principal instrumento de trabajo ante este tema tan candente. La meta a la que aspira este programa es, en el largo plazo, que México reduzca sus emisiones de manera voluntaria en un 50 por ciento al 2050, en relación con su volumen emitido en el año 2000. El cumplimiento de la meta indicada representaría un costo de 0.56 por ciento del producto interno bruto. La Comunidad Internacional se reunió el pasado diciembre de 2009 en la Cumbre del Clima de la Organización de las Naciones Unidas, en Copenhague, Dinamarca. El objetivo de la cumbre fue decidir de manera vinculante los elementos clave para un acuerdo climático. Esto lamentablemente no fue alcanzado. Sólo fue posible, durante los últimos días de la cumbre, desarrollar el llamado Acuerdo de Copenhague a través de un grupo representativo y selecto de jefes de Estado y gobierno de 26 países. El Acuerdo de Copenhague es una declaración política que sólo obliga a los Estados interesados en participar en éste. Es un acuerdo entonces no legalmente vinculante, no es ambicioso y seguramente no es justo para la mayoría de los habitantes del planeta. Se trata de un documento que finalmente no responde a las demandas sociales ni a la expectación creada en torno a la Cumbre de Copenhague. Para construir un acuerdo jurídicamente vinculante con todos los Estados participantes en la Cumbre sobre Cambio Climático se pretende celebrar negociaciones este verano, a fin de preparar un resultado mejor en la próxima Cumbre de Cambio Climático que se celebrará en noviembre de este año, aquí en nuestro país. Ante esta situación considero que para afrontar un fenómeno como el cambio climático es necesario que como legisladores empecemos a identificar estrategias, políticas e instrumentos, en el ámbito de nuestras atribuciones, que permitan desarrollar medidas efectivas de acción sobre el cambio climático. Necesitamos avanzar en la búsqueda de soluciones, tanto desde el punto de vista de la mitigación, como desde el ámbito de la adaptación a las causas y efectos del cambio climático, basadas en las nuevas tecnologías, la eficiencia y el ahorro energético. En dicho sentido consideramos que se ha dado un paso trascendente al presentar la Junta de Coordinación Política ante el pleno de esta soberanía el acuerdo por el que se creó la Comisión Especial sobre Cambio Climático el pasado diciembre. Sin duda es un aporte urgente y necesario ante la necesidad de promover en el ámbito legislativo las medidas y acciones necesarias para estudiar, mitigar y adaptarse al fenómeno global del cambio climático. Estamos ciertos de que en los próximos meses esta comisión tendrá un papel protagónico en el marco preparatorio, así como en el propio evento de la ya citada Cumbre del Cambio Climático a celebrarse a fines de este año, aquí en nuestro país. Sin embargo, debemos tratar de ir más allá de la Comisión Espacial sobre Cambio Climático: darle a ésta un carácter permanente. Por ello, con esta línea de base de la Comisión Especial, esta legislatura tiene la oportunidad de crear la Comisión ordinaria de Cambio Climático, con plenas facultades de dictamen legislativo, de información y control evaluatorio, conforme a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y que en el ámbito de su competencia corresponda a tratar los asuntos relacionados con los otorgados a la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de la administración pública federal. Estamos ciertos de que con la inclusión de la Comisión ordinaria de Cambio Climático se subsanaría un vacío en la actual organización de las comisiones legislativas de esta Cámara de Diputados ya que atendería el tema de cambio climático que se identifica como el principal problema no sólo ambiental, sino también económico y social del siglo XXI?