EL C. SEN. DAVID JIMÉNEZ GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Los legisladores que suscribimos, integrantes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los Artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo para que la misma se discuta y se someta a votación en la presente sesión de la Comisión Permanente, por considerarse de urgente y obvia resolución. La Ciudad de México desde su fundación ha experimentado un permanente y constante cambio. Su transformación es resultado de varios factores, pero destaca, entre ellos, el esfuerzo e impulso de sus habitantes y del sentimiento federalista desde que nos constituimos como nación libre e independiente que hemos tenido los mexicanos. Es importante no olvidar la génesis del Distrito Federal cuando nos constituimos como una nación republicana, democrática y federal, decididos que si la falta de una jurisdicción y le interpolación de facultades entre los Poderes Federales y los locales, fueron causa fundamental para pensar que el lugar en donde se asentaran los Poderes Federales, estos pudieran actuar con independencia de cualquier injerencia de índole local. Tan fuerte que el 18 de octubre de 1824 el residente Guadalupe Victoria lanza un manifiesto a la nación en donde cita inclusive a George Washington declarando que si los estados no dejan al Congreso General ejercer aquellas funciones que indudablemente le ha conferido la Constitución, todo caminará rápidamente a la anarquía y confusión. Necesario es para la felicidad de los estados que en alguna parte se haya depositado el supremo poder para dirigir y gobernar los intereses generales de la Federación .Sin esto no habría unión y seguiría muy pronto el desorden. Así, desde el 18 de noviembre de 1824 se constituye mediante resolución del Congreso Nacional, por mediante el decreto que firman don Valentín Gómez Farías, don José María Izazaga y José Rafael Alarid, así como por el Presidente don Guadalupe Victoria, donde se señala a la Ciudad de México como la residencia de los supremos Poderes de la Federación. Durante 173 años el gobierno del Distrito Federal fue ejercido por gobernantes designados por el Titular del Ejecutivo Federal hasta el año de 1997. Es importante recordar que en el año de 1987 se dio inicio a una nueva y vigorosa reforma política del Distrito Federal, en el seno del Congreso de la Unión donde la participación ciudadana cobraría una gran importancia otorgándoles mayores derechos políticos y una nueva estratega de desconcentración y descentralización tanto administrativas como políticas Las que fueron vistas como forma para impulsar un sistema democrático y funcional de la ciudad de México, lo que permitiría enfrentar con mayor eficacia y eficiencia, la prestación de servicios públicos y resolver los graves y complejos problemas del Distrito Federal. Desde ese año hasta la fecha, el marco jurídico y político del Distrito Federal ha evolucionado en general en forma muy importante y sustancial. Estos cambios y transformaciones, han traído como consecuencia una mayor autonomía en cuanto a sus funciones y responsabilidades de los órganos de gobierno de la ciudad y que no en pocas ocasiones ha dejado a veces mucho que desear. Sin embargo hoy día los habitantes y ciudadanos del Distrito Federal gozan de derechos y garantías políticas al igual que el resto de los habitantes de la República, así como eligen a sus gobernadores, senadores, diputados federales y locales, presidentes municipales, aquí en el Distrito Federal también se eligen senadores, diputados federales, jefe de gobierno, diputados locales y hasta sus respectivos delegados. Aquí tienen vigencia las leyes, decretos y disposiciones de carácter general emitidos por la Asamblea de Representantes y por el gobierno de la ciudad; tienen una vigorosa estructura vecinal real que permite tener un acercamiento con sus autoridades, fundamentalmente delegacionales para tratar y resolver los asuntos de sus demarcaciones. Dentro de este escenario actual, tanto los Poderes Federales y los órganos de gobierno locales deben de cumplir con sus funciones de acuerdo con las competencias que la Constitución y las leyes les han señalado. Y no podría ser de otra manera, ya que la ciudad de México, es decir el Distrito Federal, sigue siendo la sede, el asiento de los poderes federales, y en este territorio ejercen todos sus actos soberanos. Si en un principio se pensó, y se pensó bien, que los habitantes de la ciudad de México al tener autoridades propias electas directamente por la ciudadanía, estarían más cerca de ellos y le resolverían sus problemas y necesidades, evaluando y calificando la actuación de cada una de ellas, sería un paso trascendente en la democratización de la vida de la capital. Sin pensar por ello en un acotamiento o limitación de los poderes federales más allá de lo establecido por la Constitución. Si la devolución del poder y el propósito de hacer más transparente y responsable el gobierno de la ciudad por conducto de sus órganos de gobierno ha sido, sin duda, con el más sano y limpio propósito de beneficiar a los pobladores de esta demarcación territorial para que desarrollen una auténtica convivencia en donde se impulse la educación, la cultura, el deporte, el fortalecimiento de la familia, la recreación y se dé oportunidades de empleo a miles y miles de ciudadanos que se incorporan cada año a la fuerza de trabajo de esta ciudad para que puedan realizarse como personas en lo individual y como sociedad. La sociedad exige un clima de orden, tranquilidad y seguridad pública. Para poder alcanzar estos fines es necesario que las autoridades locales deben de responder a ese compromiso de afrontar, sin demagogia, sin eludir sus responsabilidades, el compromiso de trabajar en la solución de los problemas y las necesidades de sus habitantes. El Distrito Federal no puede ser rehén de grupos, partidos políticos, de individuo o individuos que por apetitos de poder antepongan sus intereses a los de la ciudad de México. El gobernar implica una seria y grave responsabilidad para todos. No debe entenderse el desempeño de un cargo público como patrimonio personal para hacer y deshacer lo que uno quiere, sino implica un compromiso en que fundamentalmente sus actos y el ejercicio del poder público deben ajustarse al más estricto cumplimiento de la Constitución y de las leyes. Solo así y nada más así gobernantes y gobernados podemos construir el futuro del país, del Distrito Federal y de nuestros estados. Respetar el orden jurídico que nos hemos dado los mexicanos es vivir en un Estado de derecho. El no aceptar y no acatar las disposiciones legales que rigen los actos de cualquier autoridad nos conduciría al desacato, a la improvisación, a la irresponsabilidad y a la anarquía, quien nadie quiere y a nadie conviene. Si el ser miembro de un partido político distinto a los que ejercen la representación política en los poderes públicos o tener una posición de poder público distinto al otro no nos hace o permite dejar de hacer o de cumplir y respetar las instancias de gobierno y mucho menos violentar el orden jurídico normativo que nos hemos dado. La ley no es solamente instrumento de aplicación de las autoridades para con los gobernados, es dispositivo e imperativo que deben de cumplir en primerísimo lugar las autoridades -entiéndase: los gobernantes- Su incumplimiento e inobservancia los hace merecedores a sanciones y penas que la propia ley determina. Si hemos sostenido en diferentes foros y reuniones que queremos vivir en un Estado de derecho los mexicanos, debemos ser los primeros en cumplirlo observando fielmente la Constitución y las leyes que de ella emanan. Su acatamiento no puede quedar sujeto a juegos políticos ni a medición de fuerzas políticas ni a someterlas a consultas públicas o privadas, sean telefónicas o no, sino simple y llanamente a cumplirlas. La falta de cumplimiento de resoluciones judiciales, violaciones a las disposiciones legales como a la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; violentar el Estado de derecho al permitir el tránsito de personas armadas, en clarísima violación a las disposiciones constitucionales; el no acatamiento a las disposiciones emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; la violación en materia de nombramientos, facultades que le corresponden al Presidente de la República, como fue el caso del Secretario de Seguridad Pública en el Distrito Federal recientemente, nos hace pensar que un gobernante que no acata la ley desconoce el Pacto Federal e incumple los mandatos judiciales, envía un peligroso mensaje a los gobernados, pues los alienta a la desobediencia civil y al desconocimiento del Estado de derecho. El querer disfrazar u ocultar una realidad que se está dando en la capital del país, en donde los problemas, las necesidades y los conflictos crecen, hace que los habitantes de ella se pregunten: ¿Qué beneficios han recibido todas estas reformas y adecuaciones legales? No son pocos inclusive los que critican la situación actual y añoran el sistema de asignación del titular de Gobierno de la Ciudad. Estamos convencidos que las reformas constitucionales y legales que ha experimentado el marco jurídico del Distrito Federal, han sido positivos, han significado avances importantes, pero también no debemos pasar por alto conductas y acciones reiteradas de reto franco, abierto, de desacato a las leyes y a las resoluciones judiciales. Muchos se preguntan: ¿Cuándo se afecta el orden público? Pues cuando se quebranta, se altera o se desobedece el cumplimiento de la Constitución y de la Ley. Si la autoridad no entiende lo que es respeto a la vigencia y cumplimiento del orden constitucional y jurídico, estamos en presencia de actos y acciones de ilegalidad, cuyos resultados serán sanciones y penas. Los acontecimientos recientes en la ciudad de México y la situación que se está provocando, nos permite pensar, reflexionar, que es momento de actuar enérgicamente dentro de nuestra competencia constitucional para hacer, por lo pronto hoy día, un severo extrañamiento al ciudadano Jefe de Gobierno de la Ciudad, para que respete y ajuste sus actos a la Constitución y a las leyes. Y aprovechando también este momento, lo hacemos para todos los órdenes de gobierno, llámense para los tres poderes federales, como también para las instancias locales. Por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en la Ley Orgánica del Honorable Congreso de la Unión y su reglamento correspondiente, y por considerarlo de urgente y obvia resolución, sometemos a su consideración el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "UNICO.- Que se le haga un severo extrañamiento por esta vez, al ciudadano Jefe de Gobierno del Distrito Federal, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para que sus actos y acciones se ajusten a la Constitución y a los principios de legalidad que manda nuestro vigente orden jurídico. "Dado en el Salón Verde del Honorable Congreso de la Unión, a los veinte días del mes de febrero del dos mil dos. "Firman: David Jiménez González, senador; José Ernesto Gil Elorduy, senador; José Antonio Aguilar Bodegas, senador; César Camacho Quiroz, senador; José Natividad González Paras, senador; Noemí Zoila Guzmán Lagunes, senadora; Miguel Ángel Navarro Quintero, senador; Miguel Sadot Sánchez Carreño, senador; diputado Roberto Ruiz Angeles, senadora Sara Castellanos, senador Jorge Zermeño Infante, senador Jesús Galván Muñoz, diputado José Escudero Barrera, senador Eduardo Ovando, diputado José Alfredo Botello, diputado Alfredo Ochoa Toledo, senador Francisco Fraile García, diputado Herbert Taylor, diputado Raúl Cervantes, diputado Efrén Leyva, diputado Juan Sepúlveda, diputado Jaime Salazar, diputado Abelardo Escobar, diputado Felipe Calderón Hinojosa, diputado Juan Garrido Mouriño y diputado Rafael Rodríguez Barrera". Muchas gracias señor Presidente y quisiéramos que se sometiera este asunto como lo hemos dejado aquí ya dicho, como un asunto de urgente y obvia resolución. Dejo aquí la propuesta del Punto de Acuerdo. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN: Señores Legisladores, en este momento, a reserva de continuar con el trámite correspondiente, quiero comentar, dado que ya entramos al capítulo de puntos de acuerdo, que la Mesa Directiva resolvió, primero, retirar el punto de acuerdo sobre el Fondo de Desastres; segundo, incorporar los puntos de acuerdo que han sido solicitados, uno sobre la fructuosa y otro sobre el Sindicato de Salud, y finalmente incorporar en la agenda política el tema relativo a la corrupción. Son los cambios resueltos por la Directiva en el curso de la sesión, con relación al orden del día de esta sesión. Señor senador, tiene usted el uso de la palabra. Estamos en el trámite relativo, señor senador, compañeros legisladores, respecto de la solicitud de considerar de urgente resolución. Daremos la palabra al señor senador y posteriormente someteremos a votación de la asamblea si se considera de urgente resolución. Tiene la palabra señor senador. -EL C. SENADOR RICARDO GERARDO HIGUERA. Gracias, con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. Yo creo que el desempeño del Jefe de Gobierno del Distrito Federal Andrés Manuel López Obrador ha sido un desempeño muy decoroso, es una gente que está trabajando con su equipo intensamente, es una gente que de veras, les guste o no a algunos, está trabajando desde las seis de la mañana, reunido con su Gabinete, con gente de la sociedad civil, está participando también en los principales problemas de esta ciudad Y, pues hay que reconocer, que a un año y fraccioncita de su Gobierno, de su encargo, tiene, está a la vista su trabajo, aquí luego lo dicen las encuestas de opinión realizadas por los diversos medios de comunicación, por diversas empresas serias en este país y así nos lo dicen, por supuesto, diversos sectores del Distrito Federal. Sin embargo hay que reconocer que tenemos problemas estructurales, problemas estructurales producto del modelo económico neoliberal desarrollado, instrumentado en los últimos años que nos ha dejado saldos muy amplios, negativos, que nos ha dejado pues a una gran cantidad, millones de pobres en este país que tenemos en este momento falta de oportunidades para la gente y que tenemos pues problemas estructurales que no se pueden resolver de la noche a la mañana. No es el caso aquí, porque no tenemos tiempo, de hacer referencia a estadísticas, a datos de cómo han evolucionado y por lo menos, en el peor de los casos, se ha definido el índice de crecimiento de factores diversos negativos que en los últimos años se habían incrementado tremendamente. Si nos vamos al aspecto jurídico, y aquí se hizo referencia, el Artículo 44 Constitucional Establece la naturaleza jurídica del Distrito Federal , sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados unidos Mexicanos y a su vez al Artículo 122 de nuestra Carta Magna establece que su Gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de dicho artículo. En este precepto se indica, entre otras cosas, la distribución de competencia entre los Poderes de la Unión y el Distrito Federal, así diversas funciones del Gobierno son compartidas entre la Federación y los Poderes del Distrito Federal. En materia de Seguridad Pública,, el Artículo 122 Constitucional, Apartado C) Base Segunda, Fracción II, Inciso e), señala que el Estatuto de Gobierno del D. F. establecerá las facultades y competencias de cada ámbito de gobierno. Esto con relación a la Fracción VII del Artículo 115 Constitucional que indica que el Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los lugares donde resida habitual o transitoriamente. La propuesta para la Secretaría de Seguridad Pública que hiciera el Jefe de Gobierno lo hizo apegado a derecho, hizo una primera propuesta y, bueno, como lo indican también las normas, lo acordó con el Ejecutivo Federal, se llegó a un acuerdo y que en verdad yo creo que si vemos los últimos acontecimientos y hemos analizado la última información, todo está perfectamente bien, está apegado a derecho y no veo yo por qué de una situación política, respetable, cada quien tiene derecho a tener su punto de vista, que esto no se quiera hacer un asunto de carácter jurídico, mucho menos creo yo que se justifica venir aquí al Poder Legislativo para hacer ese extrañamiento que se está planteando. Por supuesto que nosotros, los integrantes del Partido de la Revolución Democrática, pensamos y estamos totalmente en desacuerdo, rechazamos esa propuesta y hacemos un llamado a que con toda la civilidad política, toda la objetividad, sigamos caminando en esta etapa de transición del país, en esta etapa muy importante para la vida nacional y para el Distrito Federal, para nuestra ciudad. Muchas gracias compañeras y compañeros. -