La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Gracias. Con su permiso, presidente. Nos hemos olvidado, los legisladores, del espíritu legislativo. En las repúblicas democráticas, modernas, los ciudadanos se han dotado de los instrumentos políticos que garanticen sus derechos, pero también en esencia, que garanticen la perfectibilidad de la nación. Los fundadores del Estado mexicano, conscientes de su condición humana, sabían que todo es perfectible, incluso sus actos, por lo mismo en dichas república existe el Poder Legislativo. Me refiero a esto, porque esta Cámara ha suprimido el debate de lo perfectible por un burocratismo supeditado a las élites económicas del país. Esta ley propuesta tiene destinatarios, beneficiarios y son éstos los grandes desarrolladores inmobiliarios del país. Me atrevo a decir que la única manera en que pudiéramos respaldar este fortalecimiento de la Secretaría de la Reforma Agraria, es que se invirtiera la proporción de la inversión pública en el campo mexicano. Esto es, que el 70 por ciento de los recursos económicos públicos destinados al campo sean ejercidos en la propiedad social, en la figura de los ejidos y las tierras comunales, y no como ocurre actualmente, que es la inversa. En esta tribuna, en estos tres meses de trabajo se han mencionado, en innumerables ocasiones, que el país está en riesgo de seguridad, debido a la pérdida de la soberanía alimentaria y Enrique Peña, que aun no entra en funciones, nos presenta una propuesta no para resolver esta situación sino para que se sigan construyendo casas en los ejidos del país. Por último y quizá lo más grave, es que tratándose de la modificación de facultades a la ahora Secretaría de la Reforma Agraria, no haya sido convocada la Comisión de Reforma Agraria a las comisiones unidas que trabajaron este dictamen. Quiero pensar que fue un error de la Mesa Directiva que no se haya turnado y no que existan razones ajenas al interés nacional, que privan en lo económico, como para que nuestra comisión haya sido excluida de la discusión. En específico, nos oponemos a la fracción I, inciso a) del artículo 41 de la propuesta, que a la letra dice que corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional para su máximo aprovechamiento, con la formulación de políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de asentamientos humanos y centros de población. Es decir, la facultad que se le pretende otorgar a la Secretaría, con todo derecho ahora para seguir sembrando lotes para la construcción de viviendas y no de elotes de maíz, sustento principal del régimen alimentario mexicano. Y nos oponemos no solo por oponernos, sino porque vemos que la dependencia alimentaria, como se ha mencionado reiteradamente aquí, alcanza niveles alarmantes y la falta de inyección de capital al campo mexicano es lo que lo hace improductivo. No así la falta de fertilidad sino la falta de apoyos reales al agro mexicano, lo que orilla al campesino a que decida la enajenación de su parcela o peor aun, la migración al país del norte. ¿Por qué no proponer mejor el aumento de presupuesto para que el campo mexicano sea productor de sus alimentos para los mexicanos? ¿Por qué seguir creyendo que la siembra de lotes para la construcción de viviendas nos dará un mejor país? Pensemos en el futuro de nuestros hijos y de las generaciones venideras. ¿Qué les vamos a dejar? ¿Una tenencia de la tierra pulverizada y destinada solamente a la construcción de vivienda o la siembra de parcelas solo por las transnacionales? ¿Destinos turísticos a los que solo acceden los extranjeros? O mejor el paraíso que nos fuera legado como tierra productora de una de las diversidades alimentarias más ricas del mundo, la cual debería ser base fundamental para alimentar al pueblo mexicano. Es necesario recuperar la exposición de motivos de la creación de la reforma agraria. En ella se establecía la urgente necesidad de que los ejidatarios aprendieran a hacer la tierra más productiva y no como lo que ahora se pretende, que es sembrar casas. Para orientar el esfuerzo del gobierno federal a la recuperación de la soberanía alimentaria, proponemos que la fracción I, inciso a) del artículo 41 sea eliminar el dictamen y se mantengan íntegras las facultades que concedían a la Secretaría de Reforma Agraria, establecidas en las fracciones II, III, IV y VII de la ley en vigor. Es cuanto, presidente.