EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCÍA DÁVILA (PT): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a fijar su posición acerca del dictamen suscrito por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por el que se reforma el Código Penal Federal. La comisión de delitos contra la salud se ha incrementado notablemente en nuestro país, México pasó de ser un país de producción y tráfico hacia Estados Unidos para convertirse en un país de producción, consumo interno y tráfico hacia el vecino país del norte. Las organizaciones delictivas de narcotraficantes operan como grandes corporativos. Prácticamente su estructura administrativa sería envidia de cualquier empresa mercantil ilícita. Sin embargo, para distribuir sus productos desde los centros de producción hacia los lugares de consumo echan mano de personas, generalmente de escasos recursos económicos y baja capacidad intelectual, por lo que no están en capacidad de discernir claramente la tenue línea que divide el ganar unos pesos en una actividad de transporte con cometer un delito. Todos los días nos enteramos por los distintos medios de comunicación y en nuestros distritos de la detención de personas dedicadas a la producción o al transporte de drogas, pero los dirigentes de los carteles pocas veces son aprehendidos. Y de todos modos las organizaciones delictivas tienen una alta capacidad de reciclaje de sus dirigentes. Las anteriores legislaturas del Congreso de la Unión incrementaron de manera sistemática las penas a la comisión de delitos contra la salud, sin que la actividad se haya desalentado en virtud de las millonarias ganancias en dólares que se generan. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo resulta adecuada la propuesta de la Comisión que dictamina, ya que no es justo que las personas de escasos recursos económicos y baja capacidad intelectual sean sancionados y que sea a los únicos que se les aplique todo el rigor de la ley. En consecuencia nos parece adecuada la propuesta de que a los delincuentes sentenciados por delitos contra la salud, en la modalidad de transportación, puedan obtener el beneficio de la libertad preparatoria. La reforma al inciso b) de la fracción I del artículo 85 del Código Penal Federal considera el atraso cultural, el aislamiento social y la extrema necesidad económica como excepción a lo previsto en el artículo 194 del propio Código Penal Federal. Ahora bien, estos sentenciados por la Comisión de Delitos Contra la Salud en la modalidad de transportación deben cumplir las cuatro quintas partes de su condena, pero además deben participar en los distintos programas de readaptación social que las autoridades administrativas establezcan. Es cierto que los Centros de Readaptación Social se han convertido en auténticas escuelas del crimen, pero no obstante esta situación tenemos que dotar a la autoridad administrativa encargada de los Centros de Readaptación de los mecanismos legales que les permitan el cabal cumplimiento de lo que prevé en el segundo párrafo del artículo 18 constitucional, en lo que se refiere al trabajo, la capacitación y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor en lo general y en lo particular del dictamen que se pone a nuestra consideración ¡y pide perdón a quienes han pasado largos años en la cárcel a causa de la imperfección de nuestras leyes! Es cuanto. -