La diputada Paloma Domínguez Ugarte: Gracias, con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, iniciamos este periodo extraordinario de sesiones con una iniciativa que pretende seguir con la llamada simplificación administrativa, impulsada por el Ejecutivo federal; pero en el Grupo Parlamentario del PRI estuvimos desde un inicio en contra de una modificación de la estructura gubernamental sin pies ni cabeza. Esta no es una discusión técnica, es una decisión política que pone en riesgo la transparencia, la objetividad y la calidad de la política social en México. Se pretende eliminar las funciones evaluadoras del Coneval para transferirlas al Inegi, bajo el argumento de eficiencia administrativa, pero sabemos bien que no se trata de eficiencia, sino de control. El Coneval fue un organismo público descentralizado, con autonomía técnica y operativa, creado para coordinar la evaluación de políticas sociales y medir la pobreza con rigor metodológico. Gracias a su trabajo, durante más de 15 años el Estado mexicano contó con una brújula confiable para saber qué funcionaba y qué no. Ha sido un faro técnico en medio de la niebla política. Desde su creación, sus datos han incomodado al poder precisamente porque han sido verdaderos y los datos hablan por sí solos. Fue el Coneval quien en 2022 reportó que 50.4 millones de mexicanos no tienes acceso a servicios de salud, mientras que 64.7 millones carecen de seguridad social. Bien se podría argumentar que ese dato incomodó tanto que por eso hoy lo eliminan. El Coneval no solo generaba estadísticas, evaluaba más de 150 programas y acciones federales cada año. Entre 2018 y 2022, ayudó a identificar que uno de cada tres programas sociales no tenía reglas de operación claras ni indicadores de impacto. En 2022, según su medición multidimensional, en México 46.8 millones de personas vivían en situación de pobreza y 9.1 millones en pobreza extrema. Estas cifras no solo orientaban la política pública, también permitían al Congreso y a la ciudadanía exigir resultados reales, no discursos. Pero déjenme recordarles, fue este Congreso, con mayoría priista y panista, quien creó el Coneval en 2004. No como una ocurrencia, sino como una necesidad histórica. Y fue México como Estado quien apostó por una política social basada en evidencia y evaluación. Transferir estas funciones al Inegi es una medida cosmética, pero estructuralmente riesgosa. El Inegi mide, no evalúa, no tiene el mandato, la experiencia ni el andamiaje institucional para hacer lo que hace el Coneval. No confundamos capacidades. Y además lo hacen sin diagnóstico, sin consulta y sin estudios de impacto, violando el principio de progresividad institucional, reconocido incluso por la Corte. Desde el PRI decimos con claridad que esta reforma no consolida avances, borra lo construido. No hace más eficiente algo, le quita control externo. No mejora la política social, la deja sin evaluación confiable. Y todo esto ocurre en un país donde uno de cada tres mexicanos no tiene acceso a servicios básicos y donde más de 50 millones de personas viven con ingresos por debajo de la línea de pobreza. El Grupo Parlamentario del PRI rechaza esta reforma porque atenta contra la calidad de la política social, contra el derecho de la ciudadanía a saber si los programas funcionan y contra el principio republicano de rendición de cuentas. Nosotros seguiremos defendiendo la técnica, la institucionalidad y la democracia con evidencia. Porque, como lo advertimos ya desde esta tribuna cuando se quiso desaparecer a todos los órganos autónomos, el autoritarismo no empieza con un zarpazo, sino con el desmantelamiento silencioso de lo que incomoda. Hoy ese silencio tiene nombre, Coneval, y frente al silencio del poder, que hable la verdad. Es cuanto.