El senador Gabino Cué Monteagudo: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados y senadores. En economía procesal le ruego se inscriba íntegramente el texto de la iniciativa que vengo a proponer en el Diario de los Debates, así como esta breve intervención, en la que me permitiré enunciar de manera puntual el espíritu de nuestra propuesta. De igual forma, le solicito que ésta se integre al expediente que se turne a las comisiones legislativas correspondientes, ya que constituye un complemento que refuerza la exposición de motivos. ¿Quién, en cabalidad de sus facultades, confiaría su dinero y su patrimonio a un desconocido? Evidentemente la respuesta es que nadie. Lo mismo sucede con las cuestiones hacendarias del país. Nadie puede negar que es de suma importancia conocer los antecedentes, trayectoria, vínculos y lealtades, incluso de aquellos hombres y mujeres a quienes se encomienda el manejo de los dineros públicos de la nación para evitar, en la medida de lo posible, situaciones sorpresivas que podrían provocar desconcierto, incertidumbre e incluso, daño al patrimonio de la nación. El problema esencial radica en que existe una confusión en cuanto a la terminología, ya que no existe regulación legal vigente que establezca a ciencia cierta quiénes son los empleados superiores de Hacienda, por lo que se hace apremiante especificar cuáles son las oficinas consideradas como tales y así poder ejercer a cabalidad la facultad que tiene el Senado de la República en un plazo determinado, para ratificar a dichos funcionarios. Tal atribución constitucional de ratificación cuenta con numerosos antecedentes constitucionales, sin embargo, en ninguno de esos procesos se contempló de manera clara la especificidad de dichos cargos. Tales vicios de claridad han dificultado saber quiénes son los empleados superiores de Hacienda, así como determinar cuál es el ramo hacendario al que corresponden. El ejemplo más claro y reciente nos remite al mes de diciembre pasado, cuando al inicio de la presente administración y al tenor del proceso de análisis, discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, incomprensiblemente las oficinas respectivas se encontraban acéfalas. Es decir, no había titulares en pleno ejercicio de sus funciones que asumieran y ejercieran sus atribuciones, debido a que las propuestas enviadas por el Presidente de la República no habían sido ratificadas por el Senado para que éstos asumieran su cargo, por lo que se generó un escenario de discontinuidad en las labores trascendentales del funcionamiento de la administración pública federal y hasta del país, provocando con ello que el proceso de ratificación no se realizara de manera reflexionada ya que éste resultaba inaplazable. En un maremagnum de cargos a ratificar pasó de largo la importancia de las particularidades y especificidades de cada una de las oficinas a ocupar, así como la curricula de los candidatos. Es en este momento también como aún faltan de ser ratificados algunos nombramientos también de empleados superiores de Hacienda, en virtud de que esta soberanía no ha recibido las propuestas correspondientes. Debemos, pues ejercer y fortalecer de manera real las facultades exclusivas del Senado de control sobre la materia y la única forma es a través de la ley. Por eso hoy vengo a poner a su apreciable consideración la presente iniciativa para reformar la fracción II del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la adición de un párrafo al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. El propósito de la propuesta es establecer de manera precisa en nuestra Ley Suprema, quiénes son los empleados superiores de Hacienda, así como fijar un período máximo de 10 días naturales para que el Senado de la República ratifique la propuesta realizada por el titular del Ejecutivo federal. Además se propone que todos los suplentes de los servidores públicos, cuando éstos participen en órganos de gobierno de entidades de la administración pública descentralizada y paraestatal, sean también ratificados por el Senado de la República, ello para hacer más transparente el proceso de ratificación de los mencionados funcionarios. Así pues, el ánimo de la presente propuesta es robustecer nuestras instituciones, en primer lugar, con la idea de que el Senado de la República ejerza verdaderamente su facultad exclusiva respecto del Ejecutivo en cuanto a la ratificación de las designaciones de funcionarios hacendarios de alto nivel y segundo, a fin de que se tenga conocimiento de causa de quiénes estarán encargados de conducir y ejecutar la política económica y hacendaria del país, así como de aquellos que estarán al frente de oficinas clave para el desarrollo económico del mismo. En pocas palabras, señoras y señores senadores y diputados, el tesoro de la nación y el patrimonio de los mexicanos. Compañeras y compañeros. Espero que esta iniciativa genere el consenso de todos los grupos parlamentarios respecto a los beneficios y contribución a la transparencia del ejercicio gubernamental y así contar con su respaldo para su pronta discusión y aprobación. Por su atención, muchas gracias.