EL C. DIPUTADO TOMAS TORRES (desde su curul): - Ciudadano Presidente, si el Diputado Miguel Angel Martínez permite a los Diputados Luis Miguel Barbosa Huerta y a un servidor Tomás Torres suscribir en sus términos la Iniciativa que ha presentado para que se tome de ello nota señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE. Señor Diputado, el Diputado ponente acepta que os Diputados Torres y Barbosa firmen el documento. Tome nota la Secretaría. Antes de dar el uso de la palabra al Diputado Roberto Aguirre Solís, quiero corregir el turno de la Iniciativa presentada por el Diputado Amador Rodríguez Lozano turnándolo a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública con opinión de las Comisiones de Salud y de Justicia y Derechos Humanos. Ruego a la Secretaría tomar nota. Tiene la palabra el Diputado Roberto Aguirre Solís, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que Reforma el segundo párrafo del Artículo 27º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero igualmente solicitar a la Secretaría que la anterior Iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates y se publique en La Gaceta Parlamentaria y ratificar el turno a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. -EL C. DIPUTADO ROBERTO AGUIRRE SOLIS. Con su permiso, señor Presidente, señoras y señores Diputadas y Diputados. Por motivo de tiempo me permito resumir la Iniciativa, en este acto le solicito al señor Secretario que se inserte íntegramente la misma en el Diario de los Debates La figura jurídica de la Expropiación puede ser definida como el medio de derecho público en virtud del cual el Estado entendido el concepto en sentido genérico logra que un bien sea transferido de un patrimonio a otro distinto mediante una justa indemnización para que sea destinado al logro o satisfacción de un fin de utilidad pública Para la doctrina el Estado actúa como tal en uso de todas sus prerrogativas y potestades de poder público utilizando el medio otorgado por la Constitución, siendo la indemnización no un precio sino una compensación que procede también por imperio constitucional. El expropiante no contrata, sino que impone la transferencia de la propiedad del objeto expropiado fundándose el interés público y en toda esta actividad exorbitante, tampoco tiene cabida el derecho privado. Un reconocido autor mexicano señala que la expropiación está vedada a los particulares, el acto autoritario expropiatorio consiste en la supresión de los derechos de uso, disfrute y disposición de un bien decretado por el Estado, el cual lo adquiere; la expropiación viene a ser, como su nombre lo indica, un medio por el cual el Estado impone a un particular la cesión de su propiedad por existir una causa de utilidad pública y mediante la compensación que al particular le otorga por la privación de esa propiedad. El Estado al expropiar a un particular un bien, al adquirir éste, tiene que otorgar a favor del afectado una contraprestación la cual recibe el nombre de indemnización; a ella se refiere el artículo 27 constitucional al establecer que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La determinación de la indemnización que se debe abonar al expropiado, constituye el tema que mayores problemas plantea en esta materia, lo cual resulta no sólo de las cuestiones de índole económica financiera que deben resolverse, sino también del hecho concurrente de que la adquisición del dominio del bien expropiado debe corresponderse con el pago que se hace al antiguo propietario, el que debe ser de una índole tal que su patrimonio quede sin daño, es decir, indemne. Los requisitos que el artículo 27 de la Constitución le impone al Estado para lleva a cabo una expropiación, son condiciones sine qua non, es decir de manera forzosa se deben dar siempre para que el Estado pueda ejercer su potestad constitucional expropiatoria; estas son: Número 1.- Las expropiaciones sólo pueden hacer por causa de utilidad pública; Número 2.- Y mediante indemnización. La segunda de las condiciones señaladas en el párrafo anterior es la que se pretende modificar y esto en tal sentido que en vez de que el texto constitucional establezca que la expropiación será mediante indemnización, lo haga substituyendo el término mediante por el de previa. El término mediante no resuelve el problema de la temporalidad del pago de la indemnización al sujeto o sujetos expropiados y al contrario se han generado diversas teorías para tratar de explicar el término; la primera de ellas sostiene que el término mencionado se refiere al pago que debe hacerse de manera anterior a la expropiación; la segunda, a que el pago debe hacerse simultáneamente a la declaración de la expropiación y la tercera, que debe realizarse en forma posterior a aquella. Es decir, que no sea en este acto el pago de indemnización posterior o que quede en forma indefinidamente. En otras se ha afirmado que el pago de la indemnización es un procedimiento posterior a la declaración también de dicha expropiación. Estamos de acuerdo con la interpretación que se hace del término por parte de los altos tribunales y es precisamente por esa indeterminación que se pretende substituir el término de "mediante" por el de previa, tal como se establecía en la Constitución de 1857 y además de la razón establecida en las siguientes que se apoyan y que se han señalado. En primer lugar, se considera necesario hacer la siguiente reflexión, de la cual irremediablemente se obtendrá de una de las razones que se expone la expropiación de uno o varios bienes, propiedad de particulares, a pesar de ser destinados para fines de utilidad pública, implican un daño patrimonial, para el afectado que se reconoce de manera directa. El Estado al estar causándole un daño al particular o particulares tiene la obligación por mandato constitucional, para que surta sus efectos la expropiación, de resarcirles el daño causado a dicho acto; en este mismo sentido, si bien es cierto que la propiedad originaria es del estado, también lo es que el mismo concede la propiedad derivada a los particulares, más no de forma gratuita, es decir mediante trabajo y esfuerzo que los particulares han adquirido a través de sus bienes.a cambio de algún tipo de contraprestación y en parte es lo que corresponde a dicha indemnización. Existe concenso casi general, en el sentido de que la indemnización en la expropiación, no constituye un precio con el que se paga la adquisición del bien expropiado sino que su naturaleza jurídica es la de un resarcimiento de los daños patrimoniales sufridos por el propietario, por motivos que son de utilidad pública y que no tiene porque soportar, es pues la verdadera indemnización. Con el término previa se está proveyendo al sistema jurídico y en particular en materia de expropiación de certeza y seguridad jurídica . En la actualidad en México vive una situación difícil económica y socialmente hablando, misma que se refleja en todos nosotros, pero más que nada en las familias de escasos recursos; en los pobres quienes cada vez son más pobres y se ven forzados a abandonar el campo para buscar mejor suerte en las grandes ciudades del país o del extranjero, en ambos casos las condiciones en las que viven son deprorables, inhumanas, es decir no cuentan con un mínimo de alimentos que les permitan sobrevivir no tienen acceso a servicios públicos, como el drenaje y agua, servicios que son básicos para que tengan una buena salud y no se diga un techo donde tengan que resguardarse de las inclemencias del clima. El acto privativo de la propiedad consiste en la imposición libre de la persona humana sobre las cosas, por esa imposición las hago mías, desde entonces asimiladas a mi mismo, marcadas con el sello de mi persona y de mi derecho dejan de ser simples cosas respecto de otras personas y por consecuencia ya no cuentan y tampoco pueden caer bajo la ocupación de una apropiación de los demás. Mi propiedad participa de mi persona, mis derecho me siguen en ella y estos derechos son los que merecen respeto, es momento de aprovechar la experiencia y hacer lo correcto. Muchas gracias. El C. Presidente: Gracias diputado. Tal y como lo solicito el diputado ponente, insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. La iniciativa que reforma la fracción I, y el último párrafo del artículo 208 del Código Fiscal de la Federación, de la diputada Mónica Serrano Peña del Partido Acción Nacional, se pospone para la siguiente sesión. Queremos corregir, esta Presidencia rectifica el trámite dado a la iniciativa de Reformas a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, remitida por el Ejecutivo Federal; túrnese a la comisión de Seguridad Social, con opinión de las Comisiones de Defensa Nacional y de Marina. Tome nota la Secretaría. Esta Presidencia informa que ha recibido un comunicado de la Junta de Coordinación Política. Ruego a la Secretaría dar lectura.