El diputado Braulio López Ochoa Mijares: La bancada de Movimiento Ciudadano presenta estas dos reformas, una de carácter constitucional, una de carácter de ley, con tres objetivos. Uno es fortalecer la autonomía institucional del Consejo de la Judicatura Federal, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las fiscalías estatales y del Poder Judicial federal en general. Segundo, queremos separar funciones, para que cada quien se dedique a algo en específico y alcance un grado de profesionalización mayor. Y tercero, para proteger a las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Me explico. Un primer punto. Queremos que el Consejo de la Judicatura Federal, que se compone de siete integrantes: tres nombrados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dos por el Senado de la República y uno por el Ejecutivo, más quien preside la Corte, se divida. Digamos, se dividan sus funciones de la Suprema Corte. Que el presidente o presidenta de la Corte no pase a su vez a ser el presidente o presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, para que la parte administrativa se lleve por una parte y la parte constitucional, o de revisión constitucional la lleve la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se enfoque a ello. Ahora, qué queremos. Que la Presidencia sea rotativa, que entre los mismos integrantes decidan quién la preside. También queremos establecer que los integrantes, los dos consejeros o consejeras que nombre el Senado de la República sean aprobados por dos terceras partes del Senado de la República. ¿Por qué? Porque se exige mayoría calificada en el caso de los integrantes que provienen de la Suprema Corte y no así del Senado de la República, y la mayoría calificada nos permite acuerdos constitucionales más de estados, porque son dos terceras partes quienes los aprueban. Ahora, segundo. Queremos, además, cambiar los nombres y el proceso de nombramiento de las comisiones que actualmente se llaman de Vigilancia y de Administración del Consejo de la Judicatura Federal. Queremos que pasen a ser la Comisión de Transparencia Judicial y Ética Judicial, y que se nombre por dos terceras partes del Senado, la primera, y dos terceras partes de la Cámara de Diputados la segunda de ellas, sus integrantes. Tercero. Queremos hacer un énfasis del trabajo de la Suprema Corte, del Poder Judicial Federal, respecto a cuando se afectan políticas públicas. Es decir, cuando se otorga una suspensión en temas de política pública que observen ciertos principios muy específicos de representación, principios de federalismo, de división de Poderes y de laicidad que tiene el Estado mexicano. Además, se crea un centro de estudios constitucionales y políticas públicas, porque los jueces saben mucho derecho, pero a veces requerimos apoyarlos en temas de políticas públicas. Entonces, estaría muy bien contemplar un órgano especializado en políticas públicas para que pueda ayudar en esos casos, sobre todo, la suspensión en los amparos. Cuarto. Queremos la independencia en las fiscalías estatales, queremos que se especialicen mucho más o se enfoquen en la investigación. Queremos homologar los plazos de los cargos de fiscalías estatales a cinco años con la posibilidad de ser reelectas. Queremos establecer una prohibición de que quienes fueron, aspiraron a un cargo de representación dentro de esos estados no puedan ser electos en esas fiscalías, sino que pasen tres años para ello, para que no se politice el ejercicio de las fiscalías. Y queremos que se establezcan también esquemas de procesos de remoción o sustitución homologados a los que aplican para la Fiscalía General de la República en los diversos estados. Como quinto punto, establecemos una protección en el artículo 123 constitucional a todas las trabajadoras y trabajadores del Poder Judicial. Queremos establecer que esos fideicomisos de compensación que existen se vayan hacia toda la base trabajadora del Poder Judicial. Mencionar, además, que también presentamos anteriormente una iniciativa de reforma constitucional para garantizar el 2 % del Presupuesto para el Poder Judicial, para garantiza su autonomía. Esto es, no nos lo inventamos, es una solicitud de organismos internacionales. Actualmente en México recibe el 0.86 % y pues sí es así, la verdad es que es difícil alcanzar un México en paz, un México con justicia y sin impunidad, porque ese México exige un Poder Judicial fuerte, Fiscalías fuertes, con autonomía, con funcionarios con calidad técnica y ética, con profesionalismo y con capacitación y con garantías de derechos y seguridad social para sus trabajadores. La mal llamada reforma judicial no es contra ministras y ministros, no es cierto. A quienes verdaderamente afecta es a las y los trabajadores del Poder Judicial. La austeridad no justifica afectar los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial que se entregan día a día, que trabajan horas extras no pagadas, aunque afecte su salud mental, que leen y estudian sin buena luz, aunque eso dañe su vista, que trabajan horas en el escritorio, aunque afecten su salud física. La austeridad, la austeridad no debe afectar a todas y todas las personas que hacen un trabajo profesional, responsable y valiente.