El diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Con su autorización, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿podemos los mexicanos aspirar a la justicia social cuando más de 60 millones de mexicanos no saben si tendrán la posibilidad de tener un plato de comida al sentarse en la mesa de sus hogares? ¿Podemos aspirar a una vida digna si millones de mexicanos, sobre todo los más vulnerables, no cuentan con los mínimos de bienestar reflejados en una adecuada alimentación, un lugar para habitar, el acceso al agua potable, infraestructura de saneamiento, enseres y mobiliarios básicos, fuentes de energía, vestimenta y calzado, transporte al trabajo o al lugar de estudio; si no alcanzan un determinado nivel educativo tanto para niños como para adultos, si no disponen de atención a la salud y mercados de trabajo? A manera de ecuación se ha construido un modelo económico generador de pobreza permanente y progresiva, misma a la que se pretende dar salida a través de políticas asistencialistas, convirtiendo a la política social en un círculo de desigualdad que administra la pobreza de los mexicanos, pero no la elimina. Se pretende gravar más el consumo de los pobres para, paradójicamente, dar más a los pobres y luego cobrárselos como un favor electoral. En materia presupuestal, el Tercer Informe es pródigo en vanagloriarse de los recursos destinados a la educación, pero omite reconocer que los recursos están muy por debajo de alcanzar lo establecido en la Ley General de Educación, de destinar cuando menos el 8 por ciento del producto interno bruto, toda vez que el presupuesto educativo federal de 2009 representó apenas el 3.7 por ciento del citado producto interno bruto. En materia de política habitacional en este informe encontramos deficiencias, omisiones y ocultamiento de información, todo ello para preservar una política excluyente que favorece a empresas desarrolladoras, en detrimento del derecho a la vivienda digna y decorosa acotado en el artículo 4o. de la Carta Magna. Se oculta que todos los llamados financiamientos son créditos hipotecarios que, en el caso de Infonavit, implican plazos de 30 años para amortizar el adeudo. Esto significa que los adquirentes no son propietarios de las viviendas compradas y están bajo la presión de que el Infonavit continúe imponiendo medidas de coerción en la cobranza mediante despachos privados o vendiendo la cartera vencida, como lo hizo en 2006. El tercer informe también omite reconocer el problema de la cartera vencida. Por otra parte, y pese a los discursos oficiales y estrategias mediáticas del gobierno federal en las que se anuncia la atención a los problemas de violencia y exclusión social que viven las mujeres, la realidad es otra. En nuestro país prevalece la violencia, la discriminación y la violación sistemática a los derechos humanos de las mujeres. Dan cuenta de ello cientos de mujeres asesinadas no sólo en Ciudad Juárez, sino en todo el territorio nacional. La inequidad y la exclusión en los servicios de salud y los retrocesos legislativos de las constituciones locales, que a la fecha suman 16, mismas que criminalizan a las mujeres y coartan su libertad para decidir libre e informadamente sobre su maternidad. El Partido de la Revolución Democrática expresa su rechazo a las reformas realizadas que criminalizan la pobreza, anulan el derecho a decidir de las mujeres y las condenan irremediablemente a sufrir daños permanentes en su salud, incluso, a perder su vida por abortos inseguros en clínicas clandestinas. Por ello, fieles a los principios democráticos, en pro de los derechos humanos, nuestro partido impulsará las reformas legislativas necesarias y la organización social para hacer frente a una embestida misógina, oscurantista y conservadora de la ultraderecha en México. Qué podemos decir de la situación de los indígenas en México, que siguen igual, que son, en su mayoría, parte de los 60 millones de pobres de la nación, que el futuro que Calderón les prevé es el de ser sujetos de un nuevo impuesto a alimentos y medicinas. Desde esta tribuna decimos: no pasarán. El gobierno piensa que a través de una oficina burocrática e ineficaz puede darse trato a los derechos de los pueblos originarios como objeto decorativo y no reconoce que es, precisamente en los indígenas, donde se basa la grandeza cultural de esta nación. En su tercer informe, Calderón sólo se limita a detallar los programas y logros del Sistema Nacional de Empleo. Como es evidente, este sistema tiene una baja tasa de efectividad y es meramente asistencialista, por lo que no incide en la creación masiva de empleos permanentes y dignos, como lo requiere de manera urgente la clase trabajadora. Basta señalar que, en julio de 2009, el desempleo alcanzó la tasa histórica de 6.12 por ciento, equivalente a 2 millones 800 mil personas, lo que significa que el gobierno del empleo ha lanzado al desempleo a 1 millón 200 mil personas. En cuanto al salario. El informe intenta esconder la grave pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores; sin embargo, partiendo de los datos de INEGI para 2009, no puede dejar de ocultar la pérdida de este poder adquisitivo en términos reales. Pero, sobre todo, no hace el comparativo indispensable entre los incrementos salariales, sobre todo de los mínimos y los incrementos a la canasta básica. La ciencia y la tecnología, simplemente para Calderón no existen, pues en su decálogo las excluyó. Obvio que tampoco menciona que en 2009 ambas actividades se redujeron más de 50 millones de pesos y que el presupuesto representó el 0.37 por ciento con respecto al producto interno bruto del país, con lo cual, Calderón ha violado la Ley de Ciencia y Tecnología que establece destinar, cuando menos, el 1 por ciento del producto interno bruto para ambas actividades. La política social del presente gobierno es deficitaria en todos los aspectos; deben entender que el problema central es el modelo económico y la política económica actual. No existe política social que corrija los errores de la política económica, si no la modificamos no podremos detener la progresión de la pobreza por más programas sociales que se inventen y por más recursos que se le destinen. Concluyo, compañeras diputadas y compañeros diputados, compartiendo con ustedes la voz y el sueño de mexicanos pobres, la voz del pueblo que evalúa la política social de Calderón. Sueña Antonio, con que la tierra que trabaja le pertenece. Sueña, que su sudor es pagado con justicia y con verdad. Sueña, que hay escuela para curar la ignorancia y medicina para espantar la muerte. Sueña, que su casa se ilumina y su mesa se llena. Sueña, que su tierra es libre y que es razón de su gente gobernar y gobernarse. Sueña, que está en paz consigo mismo y con el mundo. Sueña, que debe luchar para tener ese sueño. Sueña, que debe haber muerte para que haya vida. Sueña Antonio, y despierta; ahora sabe qué hacer y ve a su mujer en cuclillas atizar el fogón, mira el sol saludando al oriente y afila su machete mientras sonríe; un viento se levanta y todo lo revuelve, él se levanta y camina a encontrarse con otros, algo le ha dicho que su deseo es deseo de muchos y va a buscarlos. Sueña el virrey con que su tierra se agita por un viento terrible que todo levanta. Sueña que lo que robó le es quitado. Sueña que su casa es destruida y que el reino que gobernó se derrumba; sueña y no duerme. El virrey va a donde los señores feudales y éstos le dicen que sueñan lo mismo. El virrey no descansa, va con sus médicos y entre todos deciden que es brujería india. Entre todos deciden que sólo sangre se liberará de ése hechizo. El virrey manda a matar y a encarcelar; construye más cárceles y cuarteles. Y el sueño lo sigue desvelando. En este país, compañeras y compañeros, todos sueñan y es la hora de despertar. Desde la montaña en el sureste mexicano. Es cuanto.