El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, quiero presentar a su consideración una iniciativa que versa sobre los migrantes indocumentados en territorio mexicano, tema que es en mi visión un asunto de defensa de los derechos humanos. Por ello, es un tema urgente que no puede ser relegado por más tiempo, sin riesgo de debilitar el estado de derecho y desde luego, seguir vulnerando nuestras instituciones. Ya en anterior ocasión me he referido al vacío normativo que ha permitido, por un lado, la reiterada violación de los derechos humanos de los migrantes y, también por otro, la condición o la permanencia de la condición de legalidad que actualmente tienen los extranjeros en tránsito por nuestro país y que, desde luego, son las víctimas fundamentales. Ambas situaciones han propiciado reiteradas violaciones a sus derechos humanos. Sólo en el año 2006, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 279 quejas de violaciones atribuidas a las prácticas y a los funcionarios del Instituto Nacional de Migración, como son: maltrato físico, mala alimentación y deficiencias en las estaciones migratorias. También en el 2006 fueron sancionados 187 servidores públicos por diversas irregularidades. Es impostergable, compañeras y compañeros legisladores, una reforma que corrija dichos tratos inhumanos, al tiempo que garantice el pleno respeto de los derechos fundamentales de todo individuo, no importando nacionalidad, raza o religión, que se encuentre en territorio nacional. Compañeras y compañeros legisladores, ante el derecho no hay distinciones ni diferencias; la protección del Estado no se regatea. El aseguramiento de los indocumentados en las estaciones migratorias como se da actualmente, denigra la condición humana. La comisionada del Instituto Nacional de Migración ha dado a conocer que de las 48 estaciones migratorias que tiene México, que es un número muy magro, sólo 11 cuentan con médico y 3 con consultorio equipado. La capacidad total de alojamiento de las estaciones migratorias en México no rebasa las cuatro mil personas, pero sólo en la mitad, repito, sólo en la mitad hay condiciones mínimas de alojamiento. Diversas organizaciones de derechos humanos han denunciado las condiciones de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, incomunicación que persisten en dichas estaciones. La CNDH ha abierto tres expedientes por queja de organizaciones no gubernamentales, a cuyos representantes se ha impedido entrevistarse con inmigrantes asegurados; ha tenido también conocimiento de varios casos en los que se obstaculiza el acceso a abogados particulares. Es decir, son privados de la justicia. Adicionalmente, en nueve estados de la República sabemos que no existen estaciones migratorias, por lo que los indocumentados suelen ser llevados a cárceles municipales como si fueran delincuentes del fuero común. Ello a pesar de que el artículo 94 del Reglamento de la Ley General de Población establece que en ningún caso podrán habilitarse como estaciones migratorias a los centros de reclusión para sentenciados. Sobre este punto la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha emitido recomendaciones y no han sido atendidas. En mi opinión, muchos de estos abusos tienen su origen en una falsa percepción sustentada en la actual legislación sobre el tema. Voy al punto. En el artículo 123 de la ley, se da un trato de delincuentes, subrayo, de delincuentes, a los extranjeros sin papeles en territorio nacional, tal como lo hacen los vecinos del norte a nuestros connacionales. Señoras y señores legisladores, por la más elemental congruencia, tenemos que despenalizar, reitero, despenalizar la condición del indocumentado en México. Como nación y como pueblo no podemos fincar nuestra relación con los migrantes extranjeros bajo esta premisa. Debemos honrar lo que constitucionalmente está mandatado y hacer las modificaciones pertinentes a las leyes secundarias. El respeto y la defensa de los derechos humanos se eleva a la estatura moral o eleva la estatura moral de un país como México. Lo contrario, señoras y señores legisladores, debilita nuestra exigencia de un trato digno a nuestros connacionales en el extranjero cuando nosotros no otorgamos lo mismo en México. Compañeras y compañeros legisladores, no exijamos en el exterior lo que no estamos dispuestos a otorgar en el interior. Enfatizo, el respeto a los derechos del individuo es uno de los pilares históricos sobre los que descansa el Estado y desde luego, nuestra democracia. Por todo lo anteriormente expuesto y considerando las iniciativas sobre el tema que muchas compañeras y compañeros han presentado en esta máxima tribuna para defender los derechos humanos de los migrantes, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 71, se deroga el artículo 123 que es el que penaliza con multas y cárcel a los migrantes, y se reforma el artículo 128 de la Ley General de Población, para quedar como sigue: Artículo 71. La Secretaría de Gobernación establecerá estaciones migratorias en los lugares de la República que estime conveniente para alojar en las mismas, como medidas de aseguramiento, si así lo estiman pertinente, a los extranjeros que deben de ser expulsados. Como esto es insuficiente, se propone la siguiente adición. El aseguramiento deberá ser en apego a las garantías individuales y sociales que consigna la Constitución, principalmente los principios de legalidad y seguridad jurídica y el pleno respeto a los derechos humanos. Continúa la adición: Las estaciones migratorias deberán contar con instalaciones adecuadas que eviten el hacinamiento de los migrantes, con espacios ex profeso para la pernocta, la alimentación, el aseo personal, las actividades productivas y recreativas y proveyéndolos de lo necesario para su estancia temporal. Los servicios que propicien serán de calidad y suficientes. El artículo 123, insisto, debe de ser derogado. Artículo 128. Son de orden público para todos los efectos legales, la expulsión de los extranjeros y las medidas que dicte la Secretaría de Gobernación para su aseguramiento en estaciones migratorias o en lugares habitacionales para ello se adiciona quedando prohibida la utilización de los centros de atención o reclusión federales, estatales o municipales con ese fin, cuando no se ha cometido, reitero, no se ha cometido delito alguno. Ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva insertar el texto íntegro de esta iniciativa y mi intervención en el Diario de los Debates. Muchas gracias a este Pleno.