El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Compañeras y compañeros diputados, como secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales expongo a este pleno el dictamen con proyecto de decreto que modifica los artículos 4o. y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de salud preventiva. La iniciativa que da lugar al mismo basa su problemática en la necesidad de incrementar y mejorar las políticas públicas en materia de prevención de la salud, para establecer como prioridad la atención preventiva de la salud, por encima de la atención reactiva. Adicionalmente, busca establecer el derecho a favor de trabajadores y trabajadoras de contar con un día laboral libre al año, con pleno goce de sueldo para el efecto de que acudan a la realización de las evaluaciones diagnósticas de su salud. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2000, México tenía una esperanza de vida promedio de 74 años, mientras que en la actualidad es de 75. Es decir, en casi 20 años podemos ver que el aumento es mínimo, reflejo de la falta de creación de políticas públicas en materia de salud preventiva en México. Si esta estadística se compara con la información de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, podemos advertir que la esperanza de vida de las y los mexicanos es cinco años menor al promedio de la organización, que en la actualidad es de 80 años. Entre las principales causas de esa diferencia se encuentran precisamente enfermedades susceptibles de ser atendidas efectivamente, con una detección y tratamientos oportunos, pues en nuestro país la atención a la salud es reactiva. Es decir, se atiende cuando ya se ha producido una afectación en el individuo y esta persona asiste ante los servicios de salud para su curación o tratamiento, por lo que es indispensable generar políticas públicas de salud integral, que incluyan en su diseño la prevención. Se trata pues de incrementar los niveles de salud de las personas y colectividades y de prevenir las enfermedades específicas, cuya historia natural sea conocida y para las que se disponga de instrumentos de prevención primaria o secundaria, efectivas y eficientes, lo que solo puede obtenerse a través de un diseño de política pública sanitaria integral. Desde esta perspectiva, existe una necesidad de instrumentar políticas públicas en los diversos órganos de gobierno, que persigan la prevención de las enfermedades de un diseño interinstitucional, propósito que solo puede lograrse en el contexto jurídico mexicano a través de una reforma constitucional que introduzca la prevención como principio fundamental y que irradie sus efectos en todo el diseño institucional y de políticas públicas. Dentro de los antecedentes históricos de la protección constitucional al derecho de la salud, contenida en nuestro artículo 4o. de la Carta Magna, encontramos que en el año de 1983 se estableció en el párrafo cuarto del referido numeral, la garantía individual de la que gozaría cada individuo a la protección de la salud, misma que desde ese entonces ha permanecido intocada, siendo esta la única referencia al derecho patrio, que se contiene en la Constitución federal. Asimismo, en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos se prevé el derecho a gozar del más alto nivel de salud posible, que regula su contenido y alcance y que establece obligaciones específicas de carácter mediático e inmediático, que vincula al Estado mexicano. Como ejemplo podemos citar el párrafo primero del artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y, en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene el artículo más exhaustivo del derecho internacional a los derechos humanos, sobre el derecho a la salud, al señalar en su párrafo primero del artículo 12 que reconoce de los Estados parte el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Mientras que en el párrafo segundo del mismo artículo se indican, a título de ejemplo, diversas medidas que deberán adoptar los Estados, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho. Diversas convenciones internacionales reconocen también el derecho a la salud, como la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, de 1965; la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 1977; y la Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989. En varios instrumentos regionales de derechos humanos, como la Carta Social Europea de 1961, en su forma revisada; la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981; y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1988. De igual manera, se recoge en todos el derecho a la salud. Entre los citados instrumentos internacionales, el derecho a gozar del más alto nivel de salud posible incluye no solamente la salud física sino también mental. Como ejemplo de las medidas que deben adoptarse a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho figuran, entre otras, la reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. El mejoramiento de todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas, así como la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos de salud, en caso de enfermedad. En este orden de ideas, el derecho a gozar del más alto nivel de salud implica acciones estatales de carácter mediato e inmediato, como lo es, precisamente, adoptar medidas de derecho interno para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Así, el derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, como derecho humano independiente e indivisible, es un prerrequisito para el goce y el ejercicio de muchos otros derechos: la libertad al desarrollo de un proyecto de vida, a la vida privada, entre otros. Para el Estado mexicano es entonces una obligación adecuar su orden jurídico a los estándares internacionales en materia del derecho a accesar al más alto nivel posible de salud, a través de la adopción de medidas legislativas a nivel constitucional que produzcan efectos en el resto del ordenamiento normativo nacional y lograr la adopción de medidas interinstitucionales que nos garanticen este derecho humano, especialmente a lo que se refiere a la salud preventiva. Este dictamen tiene como finalidad, en consecuencia, modificar el marco del artículo 4o. constitucional, con el objeto de armonizar el texto de dicho precepto a los estándares internacionales en materia del derecho a gozar del más alto nivel posible de salud, además de incluir en el texto de dicho artículo constitucional una mención explícita a la salud preventiva como una obligación del Estado mexicano, ejecutable a través de una política pública que se enfoque en la prevención de la enfermedad y no solo a la restauración de la salud afectada. Bajo este tenor, corresponde también a los legisladores analizar las causas económicas, sociales y jurídicas que traen como consecuencia la imposibilidad de la población de participar activamente de las políticas de promoción y prevención de la salud. Y una de las causas que se observa es justamente la falta de tiempo y de recursos de la población económicamente activa para asistir a instituciones públicas de salud, para que se lleve a cabo a una persona una revisión preventiva del estado de salud que guarde, para identificar factores de riesgo y diagnosticar oportunamente posibles afecciones, para su efectivo tratamiento en tiempo y forma. En un sentido más amplio, la accesibilidad de los servicios de salud va más allá de la disponibilidad de servicios públicos sanitarios, involucra a la conjunción de factores políticos, económicos, sociales y culturales que pueden constituirse como obstáculos de facto¸ para el acceso al pleno goce del derecho a la salud. Y, en consecuencia, la obligación del Estado a reconocer esos obstáculos y en la medida de lo posible adoptar las medidas necesarias para eliminarlos. Esta situación se hace especialmente grave en aquellas personas que laboran jornadas de trabajo que les impiden asistir a la realización de esas evaluaciones diagnósticas en su salud en su día ordinario. La opción para trabajadoras y trabajadores de acudir ante las instituciones primarias de salud cuando no se encuentra presente en su fisiología un estado patológico que justifique ausentarse de su centro de trabajo es en este momento inaccesible. Lo anterior, máxime cuando a ellos les representa dejar de percibir el sueldo correspondiente a esa jornada de trabajo, por lo que se identifica esa circunstancia como un obstáculo económico y social al acceso de la prevención de cualquier enfermedad. Como corolario del derecho humano a gozar del más alto nivel posible de salud para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, desde este panorama, el presente dictamen propone entonces también la modificación del marco constitucional de los Apartados A y B del artículo 123 constitucional, para que se establezca el derecho de los trabajadores de acudir a las instituciones de salud para la realización de la valoración de salud, al otorgarles la prerrogativa de gozar de un día libre con pago íntegro de su sueldo, para efectos de que acudan a realizarse dicha valoración diagnóstica. Esto contribuiría a la eliminación de uno de los obstáculos sociales y económicos por los que la población participe activamente en la prevención de la salud, como un incentivo a los trabajadores para acercarse a los servicios de salud pública. Para prevenir enfermedades potenciales e identificar riesgos a su salud y, a la vez, hacer operativo el derecho humano reconocido en el artículo 4o. constitucional a través de la adición de una fracción específica del artículo 123, de los Apartados A y B de la Constitución, en el que se reconozca ese derecho a trabajadores y trabajadoras. Así, la Comisión de Puntos Constitucionales, que tengo a bien representar el día de hoy, considera de gran importancia transitar de la actual perspectiva de salud reactiva por una nueva visión enfocada en la salud preventiva. Para efecto de hacer más efectiva la protección de la salud de las personas en México y garantizar el goce del más alto nivel de salud, no solo cuando ya se ha presentado la alteración de la fisiología del individuo, sino desde que dicha afectación suceda. El concepto de medicina clínica preventiva se constituye por aquellos servicios personales de salud proporcionados en el contexto de la medicina clínica, cuyo objetivo es el mantenimiento de la salud y la reducción del riesgo de enfermedad y en definitiva de su muerte. Este enfoque solo puede conseguirse a través de la modificación de las políticas públicas de salud, lo que indudablemente requiere de una modificación de los principios constitucionales del sistema de salud en México, que se constituyen en lineamientos fundamentales para el diseño y la orientación de las actuaciones del poder público respecto de la prestación del servicio de salud. Las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad deben incluir las actividades de los servicios públicos y privados de salud que tienen como objetivo el fomento y la defensa de nuestra salud y la prevención de las enfermedades mediante actuaciones que inciden sobre las personas. La armonización propuesta de estos artículos constitucionales a los estándares más actuales de la protección del derecho a gozar del más alto nivel de salud, atiende fundamentalmente a esa necesidad de ampliar el ámbito de protección constitucional de los derechos humanos. En la medida en el que el texto constitucional prevea una protección amplia de los derechos fundamentales es en este caso el derecho a gozar del más alto nivel de salud posible, señalando con claridad las directrices de dicha protección, será posible instrumentar las distintas instancias del aparato estatal y encaminarlas a la realización de los fines como norma fundamental. Es por ello que para la instrumentación de una política pública de salud preventiva que sea efectiva y permee en todos los aspectos de las actuaciones de los agentes de nuestro sistema de salud, es necesario incluir esta protección dentro del propio texto constitucional sin que ello tenga mayor repercusión en las finanzas públicas. De acuerdo con un estudio de impacto presupuestal solicitado al Centro de Finanzas de esta LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, para cuantificar cualquier gasto adicional o erogación que imposibilitara a la reforma que se pretende, se concluyó que la eventual aprobación del presente dictamen solo precisaría las acciones de prevención que actualmente se llevan a cabo, como lo son el programa IMSS-Bienestar presentado por el Ejecutivo federal en enero de este presente año, con las previstas en la Ley General de Salud que ya tiene normadas acciones de prevención, como materia de salubridad general. Diputadas y diputados, por lo anteriormente expuesto y fundado, los invito a ser parte de esta reforma constitucional que en la Comisión de Puntos Constitucionales estamos convencidos servirá de parteaguas en la lucha por la mejora en la calidad y expectativa de vida de las y los mexicanos, por lo que los invito a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.