La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Compañeras y compañeros, con la reforma constitucional en materia de procuración y administración de justicia de 2008, México dejó atrás el sistema inquisitivo para transitar a uno acusatorio y oral que parte de la defensa y protección de los derechos humanos. Lo anterior se estableció con el objetivo de despresurizar el congestionado sistema, reducir gastos públicos, brindar justicia a las víctimas y centrar los esfuerzos en la investigación diligente de delitos que más lesionan a la sociedad. De hecho, la falta de eficiencia en el sistema inquisitivo se puede constatar con las estadísticas que se observan en el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2007-2012, en donde la Procuraduría solo había logrado consignar el 22 por ciento del total de las averiguaciones previas. Por eso fue necesario hacer estos cambios que nos llevaron al Sistema de Justicia Acusatorio y Oral. Posteriormente, con las reformas constitucionales en materia de amparo y de derechos humanos de 2011, México incorporó el garantismo como modelo de Estado de derecho, con ello nuestro país comenzó a formar parte de una comunidad global que vigila y promueve la protección de los derechos humanos. El Estado asumió el compromiso de generar mecanismos jurídicos que permitan garantizar los estándares más altos en materia de protección y promoción de los derechos de todas las personas que se encuentran en el territorio nacional. Todas estas reformas reconfiguraron la dimensión penal del sistema en sus distintas facetas. Esto es porque partieron del principio de la defensa y protección de los derechos humanos. Por sí mismo el derecho penal es represor y restrictivo, y de ahí la imperante necesidad de establecer garantías que doten de seguridad jurídica a las personas que intervienen en el proceso penal. Originalmente se había planteado que cada entidad federativa tuviera su propio código, pero el resultado fue la incorporación de figuras procesales que solo existían en algunos de los estados y no en todo el territorio nacional. Por eso, en 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales. Si bien es cierto que el Código establece derechos y garantías tanto para la víctima o el ofendido, también como para el imputado, lo cierto es que en el marco del procedimiento todavía es necesario consolidar algunas reglas procesales que permitan fortalecer aún más el equilibrio entre las partes. Ello a fin de que el sistema atienda en su totalidad las garantías judiciales demarcadas por el derecho internacional de los derechos humanos. En ese sentido la iniciativa prevé una reforma al artículo 126, con el objetivo de fortalecer el derecho a una defensa adecuada. Actualmente el citado artículo del Código Nacional establece la posibilidad de que el abogado defensor recurra al órgano jurisdiccional a fin de solicitar la presentación de un testigo, cuando este se negara a presentarse de manera voluntaria. Lo anterior se estableció con el objetivo de otorgar mecanismos que faciliten el acceso a datos de prueba en el marco de la construcción de la defensa. Se busca modificar el 261 sobre las definiciones de dato de prueba, medio de prueba y prueba. La reforma planteada busca sustituir el término tribunal de enjuiciamiento por órgano jurisdiccional, con el propósito de evitar confusión sobre la posibilidad de producir prueba en etapas preliminares o previas a juicio, para efecto de demostrar la pretensión del oferente. Se propone también modificar el 325 para determinar que, si la investigación complementaria no se concluye en el tiempo demarcado por el juez, se procederá a sobreseer la causa. Ello tiene por finalidad fortalecer la obligación del Ministerio Público de investigar diligentemente y dota al imputado de seguridad jurídica. El artículo 344, sobre el desarrollo de la audiencia durante la etapa intermedia, con el objetivo de referir la posibilidad de establecer el desahogo de medios de prueba, fortalecimiento de lo ya referido en el 262. Se prevé eliminar el último párrafo del 346, la decisión del juez de control de exclusión de medios de prueba que sea apelable. La iniciativa prevé reformar el artículo 366, con el objetivo de garantizar y atender los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que se encuentra en el procedimiento penal, puesto que se propone la obligatoriedad de grabar los testimonios de los menores con el objetivo de evitar la revictimización, si fuera necesario que volvieran a rendir testimonio en partes posteriores de los procedimientos. Y finalmente, se prevé la reforma al 479 para dar congruencia a la modificación del 467 para poder explicar cómo proceder durante la sentencia cuando se produce una apelación contra la admisión o la exclusión de prueba. De la misma manera, se prevé que el delito de portación de armas de calibre de uso exclusivo del Ejército, no en todas sus modalidades, sea incluido al catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Por su atención, muchísimas gracias.