La diputada Norma Angélica Aceves García (vía telemática): Con su permiso, presidenta. La ONU señala que cada país debe asegurar que toda persona goce su derecho a la igualdad de la protección ante la ley, a una resolución justa de las controversias, a una participación significativa y a ser escuchada en los procedimientos en donde participe. En ese contexto, el organismo reafirma que las personas con discapacidad tienen derecho a acceder a la información y a las notificaciones legales en el momento oportuno y de manera accesible, para lo cual deben apoyarse en diversos métodos, como lengua de señas, guías en video y en audio, sitios web accesibles, subtítulos, Braille, así como lenguaje sencillo y de fácil lectura. Sin embargo, aún existen muchos obstáculos para que esto se lleve a cabo. Esto impide a las personas con discapacidad a acceder a la justicia de manera adecuada, destacando la no disponibilidad de información en formatos accesibles. Es de reconocerse el esfuerzo del Poder Judicial de la Federación, que ha emitido a través de sus tribunales diversas tesis jurisprudenciales referentes a la discapacidad desde el año 2012, así como la emisión del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que involucren derechos de personas con discapacidad, y el Manual sobre Justicia y Personas con Discapacidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que destaca que todo proceso puede ser realizado proporcionando formatos de accesibilidad alternativos; o bien, mediante la participación de un facilitador que explique al interviniente con discapacidad la naturaleza de los actos procesales. Sin embargo, las personas con discapacidad que forman parte de algún proceso administrativo o judicial continúan enfrentando barreras para el acceso a la información. Por lo anterior, el presente dictamen tiene como finalidad establecer que las instituciones de administración e impartición de justicia aseguren que todos los documentos que emitan como parte de cualquier etapa del proceso, tales como emplazamiento, citaciones, autos, órdenes y sentencias estén disponibles por medios y en formatos accesibles, de acuerdo a las necesidades de las personas con discapacidad que formen parte de dicho proceso. Asimismo, tratándose de formatos accesibles a personas con discapacidad intelectual psicosocial comprenderá, además, explicaciones claras y comprensibles sobre el funcionamiento del acto procesal, en un lenguaje sencillo y acorde a su condición. Compañeras diputadas y compañeros diputados, recordemos siempre que las acciones que desde aquí impulsamos en favor de las personas con discapacidad sin duda son un paso más en el camino del México incluyente al que anhelamos. Por lo que reconozco y celebro el compromiso de todas y todos para aprobar este tema, y los invito a que en estos meses que le restan a la presente legislatura redoblemos esfuerzos para continuar dotando a la ley de todas las acciones y medidas que requieren las personas con discapacidad para ser incluidas, que no son más de lo que por derecho les corresponde. Finalmente, quiero aprovechar para agradecer y reconocer el compromiso y la solidaridad de mi querida compañera diputada Angélica Peña, de estar pendiente y atenta a las necesidades de las personas con discapacidad. Y recuerden: hagamos equipo. Es cuanto, presidenta.