La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán (PVEM): Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La semana pasada fueron aprobados en las Comisiones Unidas de Trabajo, Seguridad Social y Hacienda y Crédito Público los dictámenes correspondientes a la iniciativa que reforma y adiciona los artículos 277 D y 286 K de la Ley del Seguro Social. Esta reforma, sin duda, es una medida importante que pone en marcha una política de reestructuración de los pasivos laborales de nuestro país y marca el inicio de una profundización del saneamiento financiero de nuestra nación en este rubro. Pero este problema no es un asunto de ninguna manera aislado, con esta reforma sólo se resuelve una parte estratégica y tácitamente asilada, pero para nosotros es claro que forma parte de un problema sistémico y estructural de la política laboral seguida por nuestro país, por lo que el problema de su inviabilidad financiera no inicia ni termina con esta modificación a la Ley del Seguro Social. Debemos dejar claro que esta situación se ha venido acrecentando y se deriva de la Ley del Seguro Social y es sólo una parte del problema estructural que representa la totalidad de los pasivos laborables y contingentes de nuestra economía. La problemática financiera del IMSS así como la de otras instituciones gubernamentales, está determinada en gran medida por sus compromisos financieros a futuro. El del Instituto Mexicano del Seguro Social de acuerdo a estudios de académicos y expertos en el tema, representan alrededor del 14.4% del producto interno bruto, pero tenemos otras condiciones apremiantes que requieren nuestra atención, como en el caso de Pemex, Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, entre otros. A estos pasivos laborales hay que sumarle los proyectos de inversión con impacto diferido en el gasto, los pagarés Fobaproa y el rescate carretero; los cuales, todos ellos en su conjunto, están ahogando poco a poco nuestras finanzas públicas. Recordemos que sólo el rescate bancario ha costado al país un billón 215 mil millones de pesos. El asunto es preocupante; no hay recursos para inversión y los niveles de formación bruta de capital fijo en nuestra economía, siguen cayendo. En cambio sigue creciendo el gasto corriente y el gasto no programable. Según datos de la Secretaría de Hacienda, al cierre de 2002, la deuda pública ascendió a 2 billones 474 mil millones de pesos; la deuda externa equivale a 90 mil millones de dólares. No hay duda de que nuestras finanzas públicas presentan una situación de vulnerabilidad creciente y están entrando en una situación límite, por el poco margen de maniobra que tenemos, determinado, entre otros factores, por los bajos niveles de tributación y crecientes compromisos financieros a nivel de deuda interna. Independientemente de que ésta sea contingente o legal, la realidad es que el total de pasivos llega a niveles de alrededor del 40 % del producto interno bruto. Esta cifra no deja ninguna duda de que los pasivos laborales del IMSS e ISSSTE, así como los de organismos descentralizados y paraestatales, representan una fuerte presión sobre las finanzas públicas. Esta situación de crecientes deficiencias económicas nos obliga a nosotros como legisladores a poner límites y obligar al Ejecutivo a transparentar la información y a que se nos informe detalladamente al respecto. Esta información nos será de gran utilidad, ya que sin ella, no podremos ver el problema en su totalidad y mucho menos buscar esquemas y modelos alternativos que permitan sanear verdaderamente a nuestras finanzas públicas. Repetir cotidianamente que tenemos equilibrio fiscal y finanzas públicas sanas como lo hacen los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, es verdaderamente inconsistente, sobre todo cuando nuestras deudas crecen y la economía sigue estancada. Debemos avanzar hacia una reforma fiscal, laboral y energética, debemos profundizar la reforma económica, de tal manera que permita solucionar de fondo los problemas estructurales de nuestras finanzas públicas. Es necesario acordar una reforma de Estado que posibilite la sustentabilidad financiera del sistema de pensiones y permita financiar de manera más sana los pasivos contingentes de nuestro país. Finalmente, queremos dejar muy claro que con las reformas propuestas no se lesionan derechos adquiridos. Es decir, no se vulnera ningún derecho a los trabajadores en activo ni al os jubilados del IMSS. Por su atención, muchas gracias.