El diputado Mario Calzada Mercado: Compañeras diputadas y compañeros legisladores. La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar. Benito Juárez, Benemérito de las Américas. La ley censura limita la información, el derecho de la libertad de expresión, una regresión institucional de proporciones históricas. Lo que se nos plantea no es una ley moderna ni una mejora regulatoria ni una verdadera reforma que fortalezca los derechos digitales. La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones condena al país al oscurantismo digital, sepulta posibilidad de contar con un árbitro imparcial que garantice competencia, pluralidad, libertad en los medios de comunicaciones y las telecomunicaciones. Este dictamen no fortalece el Estado mexicano, lo convierte en juez y parte otorgando al Poder Ejecutivo facultades que no le corresponden. Todas las facultades de supervisión, control del espectro radioeléctrico y autorización de servicios recaen ahora en el Ejecutivo federal a través de su agencia digital. La intervención de comunicaciones requiere necesariamente autorización judicial y supervisión institucional. Al desaparecer a Instituto Federal de Telecomunicaciones desparece un actor clave que verificaba los procedimientos técnicos y jurídicos y se debilita el sistema de vigilancia legítima, y es por eso que presento esta reserva al artículo 183, para corregir una omisión gravísima, la facultad de control judicial previo en la entrega de los datos personales de las y los usuarios de Telecomunicaciones. Con el dictamen que proponen, el gobierno podrá solicitar nuestros datos, los de cualquier ciudadana o ciudadano, sin control externo, sin justificación ante un juez y sin mecanismo de defensa para el afectado. Esto viola flagrantemente el artículo 16 de la Constitución, que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio o posesiones, sino mediante mandato escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Peor aún, no se prevén nuevas garantías y mecanismos de apelación, auditoría o rendición de cuentas. Esto significa que el gobierno podrá tener acceso directo o indirecto a la geolocalización de usuarios, métodos de llamadas y navegación, identificación de titulares de líneas, contenido de comunicaciones. Muy grave Sin supervisión técnica o judicial esto se convierte en una amenaza real a los derechos humanos y a la democracia, el principio de legalidad y seguridad jurídica no es negociable, no es una ocurrencia. Está consagrado por la Corte Interamericana de los derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la ONU y múltiples organismos internacionales. Por ello, esta reforma no responde a las necesidades de la gente, sino a los intereses del poder. Lo que está en juego no es una reserva técnica ni un artículo aislado, lo que está en juego es el derecho a vivir libres de espionaje estatal. Finalmente, en un contexto de polarización política, concentración mediática y debilitamiento de órganos autónomos, la vigilancia masiva puede derivar en espionaje con fines políticos. Lo hemos visto en gobiernos autoritarios del mundo, donde no hay contrapesos, hay represión, hay autocensura y hay persecución selectiva. Desde esta tribuna lo decimos con claridad, compañeros, no al autoritarismo digital, sí a los contrapesos, sí a la libertad y sí a la democracia. Es cuanto.