La diputada Lucila del Carmen Gallegos Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Convención sobre los Derechos del Niño formula el principio del interés superior de la infancia como una garantía de la vigencia de los demás derechos que consagra e identifica el interés superior con la satisfacción de ellos; es decir, el principio tiene sentido en la medida en que hay existan derechos y titulares y que las autoridades se encuentran limitadas precisamente por esos derechos. Uno de éstos que garantiza el interés superior de la infancia es, sin duda, el de disfrutar del más alto nivel posible de la salud y de servicios para el tratamiento de las enfermedades, así como la rehabilitación de la salud, consagrado en el artículo 24 de la misma convención. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 4o. que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, de salud, de educación y de sano esparcimiento para su desarrollo integral. Esta disposición jurídica señala que los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos, así como la obligación del Estado de proveer lo necesario para propiciar el respeto y la dignidad a la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos; igualmente, otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. Por su parte, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes indica que todos ellos tienen derecho a la salud. A pesar de lo anterior, existen disposiciones en la Ley del Seguro Social que lejos de garantizar del todo los derechos de niñas, niños y adolescentes, los violenta. Tenemos, por ejemplo, que dicha ley otorga el seguro de enfermedades y maternidad a los hijos de los asegurados y de los pensionados hasta los 16 años de edad, vulnerando el derecho a la salud y a la seguridad social de los adolescentes que se encuentran en el rango de edad de entre 16 y los 18 años de edad. En virtud de lo anterior, consideramos indispensable reformar la Ley del Seguro Social a fin de que se brinde protección integral a todas las niñas, niños y adolescentes hijos de los asegurados o pensionados, hasta los 18 años; de tal suerte que tengan asegurado el acceso a los servicios médicos y de maternidad, cumpliendo así con lo previsto en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Carta Magna y la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Estamos conscientes que esta reforma trae aparejado un impacto presupuestario. Sabemos la difícil situación financiera por la que atraviesa este instituto. Sin embargo, sabemos también que el interés superior de la infancia y de la adolescencia está por encima de cualquier problema presupuestal y que está en manos de esta soberanía distribuir los recursos de manera eficiente, de tal suerte que los presupuestos públicos beneficien a quienes por su condición requieren de mayores apoyos. Como lo dice el director ejecutivo del Unicef, Anthony Lake: millones de jóvenes en todo el mundo esperan que hagamos más por ellos, si les facilitamos las herramientas que necesitan para mejorar sus vidas, posibilitaremos la aparición de una generación de ciudadanos económicamente independientes que participen activamente en la vida cívica y que colaboren de manera positiva en sus comunidades. Compañeras y compañeros legisladores, continuemos legislando a favor de la infancia y de la adolescencia de nuestro país. Los invito a sumarse a esta iniciativa cuyos beneficios se verán reflejados en un México mejor. Señor presidente, le solicito atentamente se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.