La diputada Mónica Fernández Balboa: Gracias, presidenta. Tal como lo ha explicado, las dos iniciativas son para la creación del Consejo Económico y Social del Estado, una es modificación constitucional, y la otra es el propio decreto que crea la ley con este mismo fin. La transición a la democracia ha sido un devenir lento y lleno de tropiezos. Es cierto que siempre es un proceso inacabado, perfectible; sin embargo, si no se toman providencias para consolidar cada paso, existe el riesgo de que la inercia arrastre los avances y se propicie una regresión. Hasta ahora, el principal aliento a la transición se ha venido dando en el ámbito de la democracia representativa, y poco hemos avanzado en esto. No tengo la menor duda de que nuestro régimen de partido se vería beneficiado con el acompañamiento de cambios en los que se establezcan nuevas formas de participación y de corresponsabilidad ciudadana, que la gobernabilidad tendría un mejor sustento y que la confianza volvería a ser patrimonio de la política. Hoy que el debate sobre la salida a la crisis nos demanda llegar a grandes acuerdos, observamos que no contamos con instancias que permitan esta deliberación y la generación de consensos; que seguimos actuando en los mismos espacios que no pudieron impedir el grado de descomposición que presentan las variables políticas, económicas y sociales. El Ejecutivo federal, el Congreso de la Unión, los partidos o los gobiernos estatales son quienes, pese a los innegables esfuerzos emprendidos, no han logrado acumular la masa crítica para dar un salto cualitativo y retomar la iniciativa histórica convocando y propiciando la acción unitaria de las mayorías. Desafortunadamente, desperdiciamos la oportunidad de realizar cambios sustantivos en el funcionamiento del régimen del Estado y del gobierno con la recién aprobada Ley para la Reforma del Estado y, a pesar de que el objetivo central de esta ley era el de cambiar el actual régimen, la intención se vio frustrada por prioridades de otro tipo. El tema está de vuelta en nuestra casa. Tenemos el deber ineludible de dar respuesta y salida a los consensos y acuerdos a los que se llegó. No podemos darnos el lujo de tirar a la basura los meses de trabajo y las propuestas que ahí surgieron, sólo nos lo puede impedir nuestra falta de voluntad o vocación. Estoy convencida de que hay que promover el diálogo social, que es un ejercicio importante de las democracias, y éste no puede ser accidental o circunstancial, tiene que ser parte importante de los mecanismos para la formulación de la agenda nacional y para la toma de decisiones. Estando convencida, también, de que el incremento de la competitividad económica basada en la innovación es la mejor manera de salir adelante y vencer la crisis local, así como los retos de la globalización. Sé que esto no se logra sin el acuerdo e involucramiento pleno de los sectores productivos, y con la vigilancia de los grupos que actúan en la preservación de la sustentabilidad del medio ambiente y del respeto a los derechos humanos, cosa que hoy no sucede por no existir las instancias para que este acuerdo social se establezca. Ahora bien, en el plano de la política exterior hay también un vacío institucional ya que internacionalmente se requiere de esquemas de representación social para mantener una interlocución completa, particularmente en el Acuerdo Comercial y de Cooperación con la Unión Europea la ausencia de un consejo económico y social en México ha limitado la cooperación y el diálogo político dado que la relación entre organizaciones de la sociedad civil no se puede realizar con la mediación de los gobiernos, dado que según las normas europeas, éste ha de establecerse directamente y con representaciones reconocidas por los propios colectivos sociales, y ninguno de los consejos consultivos actuales cumple con este propósito. En este acto doy cumplimiento a lo acordado con nuestros aliados de la UNT, relacionado con construir y luchar por una agenda legislativa común. Esta agrupación sindical, junto con organizaciones campesinas y empresariales, ha venido impulsando esta propuesta desde hace más de ocho años, y es momento de recogerla y asumirla en este honorable Congreso de la Unión. Por todo ello es que estoy presentando ante este pleno dos iniciativas de ley que tienen que ver con el reconocimiento a la participación ciudadana, en el diseño, aplicación y vigilancia de las políticas públicas relativas al desempeño económico y al desarrollo social de los mexicanos. Las iniciativas establecen la creación de un Consejo Económico y Social, y las reglas para su funcionamiento como un órgano autónomo consultivo, integrado por tres grandes sectores: las organizaciones empresariales, las sindicales y campesinas, y las civiles y sociales. La reforma constitucional está sustentada principalmente en el ámbito de la planeación en el artículo 26 constitucional, y la reglamentaria, en el reconocimiento de la representación de la sociedad civil para ser un interlocutor válido frente al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión, en temas que le conciernen, y en beneficio del bien común. La reforma constitucional ha de corregir la deficiencia que existe en cuanto al mandato de realizar la planeación democráticamente; demagogia pura, ya que la consulta y la vigilancia es mera simulación. En el mundo existen más de 65 Consejos Económicos y Sociales que permiten, sobre todo, un debate abierto de los diferentes temas de la economía y de lo social. En pluralidad y de manera incluyente se delibera desde los distintos intereses y argumentos, buscando las coincidencias en el ámbito del interés común, pensando en el largo plazo y con una visión global. Los más antiguos datan de los años cuarenta del siglo pasado; su diseño se realizó en razón de necesidades específicas del momento de cada país. Por ejemplo, el francés obedeció a las condiciones de reconstrucción económica y política de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial; el español, a contar con un mecanismo de deliberación y consulta que permitiera vigilar el cumplimiento de los cambios constitucionales efectuados al término de la dictadura franquista, y además, para darle seguimiento a los Acuerdos de La Moncloa. Lo cierto es que todos tienen una utilidad real en la ampliación de las capacidades y la transparencia en el ejercicio del gobierno, y en no pocos casos ha operado como fuerte impulsor de la transición, particularmente en sociedades que vienen de gobiernos autoritarios y centralistas. Su función no se mantiene lineal en el tiempo; el grado de maduración de la democracia les asigna menor o mayor importancia. Lo fundamental es identificar los alcances a cumplir y en razón de ello diseñar el entramado legal que asegure su eficaz desempeño. Las facultades, sus prerrogativas y funcionamiento deben definirse precisando previamente y con toda claridad los objetivos. Uno de orden determinante, en el caso mexicano, es el que se refiere a la urgente necesidad de superar el viejo sistema presidencialista, corporativizado y clientelar. Es irresponsable exigir la desaparición de este tipo de relaciones y no construir los espacios de expresión y participación de grupos, que si bien es cierto fueron suplantados por liderazgos ilegítimos, tienen todo el derecho de representarse democráticamente a sí mismos sin tutelajes y con plena autonomía. No desconozcamos que las clientelas y las relaciones corporativas cumplían en el viejo régimen un papel real de soporte y de legitimación. Tenemos que abandonar prejuicios e intereses particulares y aceptar que la democracia participativa y la directa no quitan el poder al Estado; Por el contrario, lo amplían con la participación de mayorías que hoy están excluidas de muchas de las decisiones importantes. Más grave aún es que por lo mismo también estén alejados del ejercicio de la corresponsabilidad. Más sociedad no es menos gobierno; es más Estado. Más sociedad no es menos partidos; los hace más representativos de causas no ordinarias y por encima de lo político-electoral. Más sociedad participando no es anarquía; es estabilidad para el largo plazo, es credibilidad, es legitimidad. Más sociedad actuando es fuerza y claridad en los propósitos de la nación. Estamos en tiempo de crear las nuevas condiciones estructurales que impulsen un cambio de rumbo. Lo que está en juego es la viabilidad de la nación y su proyecto histórico. No le regateemos al país y a los mexicanos la oportunidad de cambiar, de ser mejores, de progresar. No sigamos prolongando la agonía de un régimen que no cumplió con sus promesas y que terminó dejando una estela de pobreza, desigualdad, inseguridad y desconfianza sólo por un afán de mantener privilegios. Termino, presidenta. O cambiamos de dirección rompiendo la inercia, o seguimos marchando hacia el precipicio. Lo único que no podemos hacer es demandar más espera. A 200 años de la Independencia y 100 de la Revolución Mexicana, toda prudencia pasa a ser cinismo y complicidad. Es cuanto, presidenta.