El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Un saludo inicial a los universitarios, a los miembros de la UV, de la cual soy egresado en sus 70 años y que sobreviven la crisis educativa en que el régimen ha sometido a este país. Saludamos la ausencia del secretario de Gobernación a esta Cámara de Diputados, ausencia que se percibe en la mayoría de las poblaciones de este país, ante acciones fallidas de prevención y combate a la delincuencia. La rendición de cuentas es un principio básico de un sistema democrático. Es a través de ésta que los ciudadanos conocen el estado que guarda la administración pública federal en función de la ejecución de programas y políticas públicas. Si la rendición de cuentas no se acompaña con el cumplimiento del derecho humano y la garantía que debe otorgar el Estado, contenidos en el sexto constitucional, pierde su sentido y utilidad en la construcción de la gobernabilidad. La norma constitucional determina que el derecho a la información será garantizado por el Estado; que toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna; que la información en posesión de cualquier autoridad, persona física u organismo que reciba y ejerza recursos públicos, deberá prevalecer el principio de máxima publicidad; resultado que el formato por el cual se pretende dar cumplimiento al artículo 93 constitucional, aprobado en automático por la mayoría de los diputados integrantes del pacto contra México, violenta el derecho a la información plural de los ciudadanos y ciudadanas mexicanas. Más aún, dichos derechos y garantías se violentan por la estridente campaña mediática con la frase Mover a México, que presenta una visión sesgada y parcial del Estado que guarda la administración pública, cuando menos debería decir Mover a México al Despeñadero. Aunado a ello, la falta de profesionalismo y ética de comunicadores y columnistas, salvo honrosas excepciones, que vetan y censuran cualquier información disidente u opuesta a las posturas oficiales del gobierno federal. ¿Dónde quedan las atribuciones de la Secretaría de Gobernación para garantizar, en su calidad de autoridad el Estado mexicano, la información plural para los mexicanos, mexicanas del estado que guarda la política interior conforme al 1o. y 6o. constitucionales? Ya lo dijimos, que este formato que se determina para la glosa impide a la Cámara cumplir con el mandato constitucional para analizar el informe que presenta el titular del Ejecutivo y el de la Secretaría de Gobernación, responsable de la política interior. Ya vimos que en el 158 del Reglamento de la Cámara, las comisiones deberíamos previamente realizar el análisis del informe, cosa que no se cumple en esta materia ni en ninguna otra, y al no cumplirse les resta fuerza y autoridad a esta Cámara de Diputados para exigir la rendición de cuentas, convirtiendo el evento en una complacencia política que tolera la ineficiencia de un gobierno que no atiende las expectativas y necesidades de la mayoría de la población. ¿Cuál es el estado de la política interior? ¿El informe que se presenta cumple su objetivo de rendición de cuentas, informe de la gestión administrativa de la Secretaría de Gobernación? Afirmo que no. Es un informe falso. En la introducción del documento anuncia que se han dado importantes pasos orientados a favorecer la gobernabilidad democrática y garantizar la seguridad pública para que las familias puedan vivir con tranquilidad y las personas ejerzan plenamente sus derechos y libertades. En política el discurso que justifica o encubre la ineficiencia del gobierno, atendiendo a los clásicos griegos es demagogia, a través del uso de la desinformación, prejuicios, emociones, miedos y esperanzas de la retórica y la propaganda, se pretende justificar y vender la imagen de eficiencia y eficacia de un régimen caduco. El informe que la Secretaría de Gobernación presenta en un tomo de 223 páginas consiste en un simple reporte sobre acciones aisladas y la presentación de resultados generales inconexos con otras acciones de gobierno. No existen resultados de medición y evaluación de la actividad pública en el ámbito de gobernabilidad que permite conocer los alcances reales de un gobierno eficiente y efectivo. Cómo analizar y evaluar la gestión de la Secretaría responsable de la política interior del país. En un primer momento deberíamos precisar su competencia y ahí habría que hablar de las reformas a la Ley Orgánica que se hicieron en enero del 2014, que tenía el objeto de fortalecer y concentrar las atribuciones de la Secretaría de Gobernación en materia de gobernabilidad y seguridad pública. Se creó la figura del gabinete presidencial. Se le otorgaron funciones de coordinación en administración pública, central y desconcentrada. El control de intercambio y requerimientos de información interinstitucional del Ejecutivo federal. Asignación de funciones de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, y consecuentemente, formular y ejecutar políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad interior de la nación y sus habitantes, para coadyuvar a la prevención de delito, proteger a la población de todo tipo de amenazas y riesgos, salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Yo quiero decir que en síntesis se hizo una concentración de funciones que atienden a una visión de Estado gendarme, en el que se impulsan políticas policiales de vigilancia hacia la ciudadanía, en particular a la que se organiza y exige el cumplimiento de la ley y justicia. La solución de los problemas parte del reconocimiento de los mismos y de las causas que generan sus consecuencias. En el Capítulo 1 del informe, en torno al objetivo estratégico y acciones impulsadas por la Secretaría de Gobernación para promover y fortalecer la modernidad democrática, hacer referencia a los acuerdos alcanzados en la agenda legislativa, destacando la reforma política electoral y la reforma de transparencia sin poder abordar las problemas en la implementación de la nueva ley que se está presentando. Nada más para señalar que el cuestionamiento a la integración bizarra del INE, de acuerdo al dicho de expertos electorales, de los cuales algunos de ellos están alineados por ocupar cargos de dirección en el mismo, no hace mención de la denuncia de intromisión de los gobiernos estatales para la creación de los nuevos organismos públicos autónomos. Menos aun los cosos de esta nueva estructura electoral, que de acuerdo a algunos especialistas, para las elecciones del 2015 tendrán un costo público de más de 37 mil millones de pesos, contando los posibles presupuestos de las instituciones que participan en el proceso. Ni menciona la reforma en materia de transparencia, cuando se cuestionó públicamente, no solo por partidos de oposición sino por especialistas y organizaciones civiles en la materia, la integración del órgano de dirección del IFAI y la determinación de no ejercer la acción de inconstitucionalidad contra disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Igual sucede con la reforma de telecomunicaciones, que viene a ser un acto de gatopardismo, puesto que en la práctica se quedan intocados los intereses de las empresas monopólicas de información. En el capítulo dos del informe se presentan acciones orientadas, se dice, a mejorar las condiciones de seguridad y justicia. En los avances en materia de seguridad Peña Nieto dijo que los resultados en materia de seguridad se han alcanzado a la par de mayor respeto a derechos fundamentales. Peña Nieto destaca en este informe la reducción de homicidios dolosos, escúchese, de 27.8 por ciento en los primeros 7 meses; que la extorsión tuvo una baja del 20 ciento. Que el robo a casa-habitación, 13 por ciento; que el robo a transeúntes, 20 por ciento; que el robo a particulares en carreteras disminuyó 53 por ciento y que con la estrategia nacional antisecuestro en los primeros 7 meses el secuestro disminuyó 6.8 por ciento. Tenemos que citar al secretario de gobernación para que, bajo protesta de decir la verdad, aclare no solo a esta asamblea, sino a los mexicanos y mexicanas las mentiras de Peña Nieto. Veamos por qué lo digo. Cito textual: En su conjunto, los delitos de alto impacto, homicidio doloso, secuestro y extorsión registraron un importante crecimiento de 93 por ciento en el periodo 2006 a 2012. Esta tendencia de crecimiento delictivo se confirma con los resultados de la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública realizada por el Inegi, que se estima que durante 2010, 11 y 12 hubo 17.8, 18.7 y 21.6 millones de víctimas de algún delito respectivamente, lo que representa un incremento de más de 20 por ciento de 2010 al 2012. En forma complementaria, consideran otros delitos de alto impacto para los cuales no hay registros confiables ni homogéneos. Dichos delitos impactan, lo cual reafirma la obligación de analizar el escalamiento de la violencia a manera regional. ¿Cómo afirmar la disminución de delitos cuando el diagnóstico del Programa Nacional de Seguridad Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2014, mismo que suscribe Peña Nieto y los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina y de Hacienda y Crédito Público, y el propio procurador general de la república, entre otros, se afirma que no existen registros confiables de la comisión de delitos por la descoordinación real que existe entre los tres niveles de gobierno? Esto es, en un documento oficial publicado cuatro meses de anticipación se reconoce la falta de registros fiables de la comisión de delitos y ya en el informe que se presenta a esta Cámara de Diputados se anuncia el avance contra la delincuencia. Son estas mentiras las de mayor seguridad, las de crecimiento económico virtual, las de mejores condiciones de vida y combate a la pobreza las que generan ingobernabilidad y un Estado fallido. Quiero culminar diciendo que el 15 de enero de este año se publicó el decreto en el Diario Oficial de la Federación por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en el estado de Michoacán, con el objeto de ejercer la coordinación de todas las autoridades federales para el restablecimiento del orden y la seguridad en el estado de Michoacán y su desarrollo integral bajo un enfoque amplio que abarque los aspectos políticos, sociales, económicos y seguridad pública de dicha entidad federativa. Culmino, presidente. Sobre el tema que afecta a la seguridad de miles de ciudadanos y ciudadanas michoacanos y michoacanas que han sido víctimas de la delincuencia organizada y de la corrupción de funcionarios del gobierno federal, estatal y municipales, se expresa en forma simple e irresponsable en un párrafo escúchese bien por favor- de 12 líneas acciones de carácter general. En este primer nivel del informe que encubre la ineficiencia de las políticas públicas en materia de política interior culmino y seguridad nacional es éste. La vaguedad y simpleza de datos lo que obliga a que esta Cámara de Diputados exija la comparecencia ante el pleno del secretario de Gobernación para una rendición de cuentas clara y transparente y de frente a la nación. Esto es lo que esperamos los mexicanos y no las mentiras de Enrique Peña Nieto. Es cuanto.