El diputado Francisco Elizondo Garrido: Un pilar fundamental de este gobierno y de la política impulsada a través del Poder Ejecutivo ha sido la transformación del país, de las instituciones, de los valores y de la sociedad a través del combate a la corrupción y de la instauración de una nueva ética en el servicio público. Mediante un acto de congruencia se ha reducido el gasto en diversos ámbitos en donde el Poder Ejecutivo lo consideró más necesario. No solo por la generación de ahorros para ser destinados a áreas prioritarias para el desarrollo social, sino por la necesidad de enviar un mensaje simbólico y profundo, que en la convicción de conformar gobiernos austeros que utilicen adecuadamente los recursos de los cuales disponen y que no derrochen el dinero público. La austeridad en el gobierno es una exigencia social presente en la agenda ciudadana desde hace décadas. Son incontables los casos en los que la ciudadanía se ha manifestado en contra del gasto excesivo e innecesario de recursos. Es innegable que los gastos excesivos y el dispendio de recursos públicos son percibidos como una forma de abuso del poder y la ciudadanía está harta de ellos. El poder público tiene el deber de servir a la gente, ocupar un cargo en el servicio público es un honor, y quienes tienen ese privilegio deben estar a la altura de esa responsabilidad y velar en todo momento por el interés general. Los funcionarios de los tres Poderes de la Unión y de los órganos autónomos deben tener claro que el trabajo en el servicio público no puede ser un espacio de ventajas para beneficio particular, por el contrario, deben estar conscientes de que el ejercicio de este es una labor auditable y sobre la cual están obligados a rendir cuentas. La manera en como se aborda en esta nueva legislación permitirá reorientar los recursos públicos a programas integrales de bienestar y proyectos de infraestructura, evitando afectar la operación de las instituciones y la eficacia de sus acciones. Celebramos la expedición de una norma general ajena a los mecanismos de control del Ejecutivo, para establecer un marco normativo a través el cual deben aplicarse los recursos que han sido asignados a las diferentes instituciones estatales en el ejercicio de sus facultades y atribuciones. Mediante una ley federal que promueva la austeridad, se generarán acciones con efectos de largo plazo, que no dependan del gobierno en turno o que obedezcan solo a coyunturas políticas. Se trata, en otras palabras, de hacer de la austeridad un asunto de Estado. Con esta nueva ley se crea el andamiaje legal y sus correspondientes medios de control para lograr que las acciones implementadas en materia de austeridad tengan efectos duraderos. Un proyecto de largo alcance debe ser 100 por ciento medible, por lo que la verificación del cumplimiento de metas por plazos anuales es, sin duda, un acierto de esta nueva norma, por mencionar solo un ejemplo. Desde el inicio de la discusión de este proyecto de decreto nos hemos manifestado a su favor, porque creemos que la austeridad y la racionalidad en el gasto son dos elementos indispensables de un régimen republicano. Votaremos a favor de la aprobación del dictamen de las Comisiones Unidas de Presupuesto y Cuenta Pública, y Hacienda y Crédito Público, por las siguientes razones. Primero. Porque con la nueva ley se asegura que los ahorros generados por la aplicación de las medidas de austeridad sean destinados a la satisfacción de las necesidades generales. Segundo. Porque mediante las modificaciones de la Ley General de Responsabilidad Administrativa, al ampliar el catálogo de faltas administrativas graves, en específico el de las violaciones a las disposiciones sobre fideicomiso, se inhiben los abusos de servidores públicos que pudieran realizar, en el ejercicio de su mandato, en especial por el acceso de los recursos públicos que en estos vehículos legales se administran y a los cuales tienen acceso. Y tercero. Porque reconocemos que una manera de atacar el conflicto de interés, y por ende de combatir la corrupción, es mediante el establecimiento de un periodo para los funcionarios públicos de no poder ocupar cargos en empresas relacionadas al sector donde funcionarios prestan sus servicios. Sin embargo creo que debemos analizar profundamente el término, que este término sea racional, proporcional y que no sea excesivo con el fin de no afectar derechos fundamentales. Es cuanto. Muchas gracias.