El diputado Daniel Pérez Valdés: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados, diputadas. Iniciativa de decreto que adiciona al artículo 69 los incisos a), b) y c) de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, con el objeto de otorgar certidumbre al blindar y asegurar los recursos mínimos necesarios para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable de los recortes presupuestales, al tenor siguiente: De acuerdo a los mandatos constitucionales, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley de Planeación, una de las obligaciones del Ejecutivo federal es la de presentar un proyecto de Presupuesto de Egresos conteniendo un programa de gasto público ante la Cámara de Diputados, quien analizará los términos en que se presenta dicho proyecto. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable mandata al Ejecutivo la obligación de formular, junto con la Comisión Intersecretarial, el Programa Especial Concurrente para el desarrollo rural sustentable, el conjunto de programas sectoriales relacionados con esta ley. Aunque en apariencia el Ejecutivo federal ha cumplido con las exigencias jurídicas, el 17 de junio de 2002 el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la aprobación del Programa Especial Concurrente; no crea el catálogo de programas o acciones que obliguen a la Intersecretarial a comprometerse a lo dictado en la Ley porque la Cámara de Diputados ha dado respuesta a los problemas que aquejan al campo, al convocar para su consulta a los sectores económicos y cadenas productivas y sociales. Es necesario recordar que los apoyos gubernamentales recibidos por los productores rurales de nuestro país han sido por demás insuficientes para competir con los productos de importación, mismos que son mucho más baratos que los que producimos en nuestro campo. La competencia que enfrentan las cadenas productivas agropecuarias mexicanas con los productos de allende las fronteras son de altos subsidios a los programas de desarrollo productivo que les ofrecen sus respectivos gobiernos, lo cual les ha redituado una alta competitividad en los mercados del exterior. La situación de los precios internacionales bajos se explica no sólo en función de los subsidios porfiadamente canalizados por los Estados Unidos y la Unión Europea a sus cadenas agroalimentarias, sino también por el cambio tecnológico promovido en varios países, aprovechando el incremento de rendimientos de los cultivos. Según nuestra balanza comercial, por lo menos el 80 por ciento del intercambio comercial se realiza con los Estados Unidos. Ello nos obliga forzosamente a ver una cruda realidad. Nuestro principal socio ha implementado una serie de programas de amplio apoyo a sus productores mediante una regulación especial llamada Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002, "Farm Bill", la cual contempla una bolsa de 183 mil millones de dólares para beneficiar a sus agricultores por un período de 10 años, del 2002 al 2012, debiendo recordar que 10 años atrás fue precedida por una ley similar que les otorgó 110 mil millones de dólares. Encima de ello, la inversión extranjera que por tradición había sido una fuente dinámica de inversión en México y que a su vez era generadora de empleo rural ha caído estrepitosamente, como se puede apreciar en los balances presentados por la Secretaría de Economía, en los que se muestra cómo la inversión extranjera directa en el sector agropecuario se ha desplomado este año en por lo menos el 96 por ciento con relación a los años 2002 al 2005. El 28 de abril del 2003, el gobierno federal y las organizaciones campesinas de productores suscribieron el Acuerdo Nacional para el Campo. Uno de los numerales de dicho acuerdo señala que para impulsar el desarrollo rural de manera integral y elevar el nivel de vida de la población se reconoce el valor estratégico del sector en la economía nacional y la importancia de la definición de una política de Estado que impulse su cambio estructural. En ese tenor, los firmantes de ese acuerdo, en coordinación el Poder Legislativo se comprometieron a procurar el establecimiento de un presupuesto creciente en términos reales al desarrollo rural integral, para ir reduciendo las asimetrías del sector de conformidad con las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Mientras el Ejecutivo federal decida de manera central los ajustes presupuestales que a su arbitrio juzgue convenientes, no sólo violará el orden jurídico nacional sino que además contravendrá el trabajo de planeación realizado conjuntamente con el Legislativo y la sociedad civil, perjudicando la división y el equilibrio de los Poderes de la Unión en perjuicio de la política pública en atención al campo sustentable en la federalización presupuestal. Es tiempo de retomar el espíritu de la Ley de Desarrollo Sustentable y de promover transformaciones reales, que por el bien del campo mexicano evitemos que la población rural migre en busca de oportunidades que en su lugar de origen hemos sido incapaces de brindar. Basta de hacer cuentas alegres con las remesas que desde el vergonzoso nivel que —según el Banco de México— se ha equiparado en los últimos años con los ingresos provenientes del petróleo, superando por mucho los ingresos derivados del turismo; ese dinero que nuestros compatriotas envían a sus familiares. Es imperativo e impostergable asumir con responsabilidad la búsqueda de mecanismos que nos permitan respaldar nuestro sector para hacerlo productivo, haciendo los principios de la nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, de modo que los ajustes presupuestales estén sujetos al artículo 21 de dicha ley. Actualmente el artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable dispone a la letra: "Artículo 69. El titular del Ejecutivo federal, al enviar al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para cada uno de los ejercicios fiscales en que se encuentre en vigor el presente ordenamiento, establecerá las previsiones de recursos y disponibilidades presupuestales que se requieran para dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley". Por tanto, como mecanismo de blindaje para el fomento agropecuario y el impulso al desarrollo rural integral sustentable, se propone adicionar tres incisos a dicho artículo, con la finalidad de que el presupuesto que la Cámara de Diputados aprueba sea íntegramente aplicado y además, el que se asigne al ramo no será inferior en términos reales al año fiscal anterior y no será susceptible de ningún recorte a los programas, proyectos y objetivos consagrados por la misma Ley y a los compromisos que se establecen en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente: "Artículo Único. Se adicionan los incisos a), b) y c) al artículo 69 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue. "Artículo 69, inciso a) El presupuesto federal destinado al cumplimiento del presente ordenamiento, deberá incrementarse cuando menos en la misma proporción en que se prevea el crecimiento del producto interno bruto. "b) Los recursos asignados por los programas establecidos por esta Ley y los establecidos por el Presupuesto de Egresos de la Federación, no podrán destinarse a otros fines. "c) No serán susceptibles de recortes presupuestales la partidas destinadas a los programas establecidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación y lo que contempla esta ley". Es cuanto, señor Presidente. Le pediría que se inscribiera en el Diario de los Debates, por favor. Muchas gracias.