La diputada Karen Quiroga Anguiano: Con su venia, diputado presidente. Solicito, por economía parlamentaria, sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates. En las pasadas elecciones, la reforma político-electoral de 2007 y 2008 fue sometida a su prueba más dura, quedando claro que la tutela de los principios rectores de la materia electoral ya es muy amplia, pero criterios de aplicación e interpretación la vuelven poco eficaz. Los que integramos el Congreso de la Unión debemos exigirnos reformas no sólo al aspecto sustantivo, sino también al procesal, por lo que esta exposición de motivos la he agrupado en ocho temas que contienen el fondo de las reformas que propongo. El primer tema puntualiza que nuestra Carta Magna establece que durante las campañas electorales y hasta la jornada comicial debe suspenderse la difusión en medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, pero prevé excepciones: las relativas a servicios educativas y de salud y las de protección civil en casos de emergencia. El pasado proceso electoral, el Instituto Federal Electoral, violando los principios de supremacía constitucional y de reserva de ley, añadió más excepciones a las antes mencionadas, permitiendo que durante las campañas electorales y hasta el día de la jornada electoral se difundiera propaganda de la Lotería Nacional, publicidad turística de México, entre otras. El segundo tema a tratar se refiere a la designación de los últimos tres consejeros, lo cual generó suspicacia respecto a la imparcialidad y ciudadanización del Instituto Federal Electoral no sólo porque transcurrieron 14 meses para su elección, sino también por la violación al procedimiento establecido en la Constitución. Para lograrlo, esta iniciativa propone que el procedimiento incluya una convocatoria pública, que la amplia consulta a la sociedad sea irrenunciable y obligatoria. El tercer tema de esta iniciativa describe en la reforma político-electoral del año 2007, el Constituyente Permanente añadió al Apartado C la fracción VI del artículo 41 de nuestra Carta Magna, pero la misma fue duramente criticada por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Por lo que propongo subsanar esa falta de técnica legislativa y suprimir el Apartado C, la fracción VI antes mencionada y trasladarla al artículo 99 de la propia Constitución, pues este precepto legal es el fundamento del sistema de medios de impugnación en materia electoral. El cuarto tema aborda lo referente al artículo 60 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que un proceso electoral donde se renueva el Poder Ejecutivo y las dos Cámaras del Congreso, cada partido debe destinar al menos un 30 por ciento de los mensajes de la campaña de uno de los poderes, y no sólo promocionar a los distintos candidatos presidenciales, afectándose con ello el derecho de los candidatos a diputados y senadores a difundir su plataforma electoral. También necesitamos evitar que los mensajes o propaganda electoral difundida a través de radio y televisión, se incluya la imagen de servidores públicos en funciones. Otro aspecto fundamental es no generar inequidad en el proceso electoral, por lo cual estimo pertinente establecer que del tiempo de radio y televisión que tienen asignados los partidos para sus precampañas, el 40 por ciento de sus mensajes tengan un contenido institucional y el 60 por ciento restante sea utilizado por los precandidatos participantes en proceso de selección interna. En el quinto tema abordo el rebase de los topes de campaña, para lo cual se necesita una sanción ejemplar. El manejo de los recursos públicos destinados a las competencias electorales es un asunto de interés general que no merece ser transparentado al año siguiente en que se celebran las elecciones, regularlo como causa de nulidad en una elección sólo puede ser eficaz si se realizan ajustes necesarios a los plazos de fiscalización de los recursos y de solución de los medios de impugnación atinentes. También propongo instaurar informes mensuales y ajustar el procedimiento para la presentación y revisión de los mismos. Debe ajustar los plazos de resolución de los medios de impugnación que se interponen para anular una elección, no hacerlo traería como consecuencia una reforma sustantiva pero ineficaz. Otro aspecto que se requiere modificar y resaltar es el tema tan polémico de las encuestas. La presente iniciativa no pretende coartar la libertad de expresión, sino únicamente limitarla en cuanto a su temporalidad, ya que no puede ser el único termómetro de la contienda electoral y fundamento para la emisión del voto de los ciudadanos. Otro tema de vital importancia es que los representantes electos popularmente somos los únicos que debemos rendir cuentas a la ciudadanía, de manera directa no se justifica que los funcionarios de la administración utilicen esta figura. Y por último planteo que la propaganda gubernamental y electoral, así como los actos anticipados de campaña y precampaña, pueden ser denunciados ante el Instituto Federal Electoral, ya que la ley prevé un procedimiento especial que sanciona dichas conductas en plazos breves. En el pasado proceso electoral ninguna conducta denunciada fue resuelta en el plazo de cinco o seis días -concluyo, diputado presidente- que prevé la ley comicial, sino por el contrario, las mismas fueron resueltas en su totalidad en un promedio de dos meses y medio con posterioridad a la presentación de la denuncia. Para lograrlo se deben establecer plazos máximos de resolución. No legislar en materia electoral sería una irresponsabilidad, por lo que además aprovecho para convocar a todos los que tenemos una responsabilidad, para que generemos los cambios necesarios y seguir avanzando en nuestra democracia, tan lastimada por las violaciones a la ley que se pretende ignorar. Es cuanto, diputado presidente, y agradezco la tolerancia igualitaria al diputado que me antecedió.