La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, señor presidente. Profesionalizar el ejercicio político en un marco moderno y de información de manera pronta y expedita para abonar a la transparencia y rendición de cuentas, implica un ejercicio de voluntad política. El crecimiento acelerado de la deuda pública responde a razones políticas, administrativas y económicas, así como a factores financieros derivados de los altos costos de la contratación de servicios de deuda pública e intereses bancarios que varían por entidad federativa, oscilando del 5.3 por ciento al 17.7 por ciento anual, con una promedio nominal al 30 de junio de 2012, de 6.3 por ciento anual y un plazo promedio de vencimiento de obligaciones de 14.9 por ciento. Y en este sentido se detona previo por lo común y desafortunadamente, previo a los procesos electorales, ya sean locales o federales. Existen muchos casos de endeudamiento irresponsable en diversos gobiernos que son conocidos por la opinión pública y cualquiera que esté fuera del marco jurídico y de la ley, es necesario que sea regulado. Obviamente los sistemas de presentación de información requieren brindar datos en tiempo y forma, indicadores, evaluaciones, que favorezcan la transparencia de los estados de la Cuenta Pública, de manera que favorezcan, obviamente, de manera trimestral conocer cómo se están ejerciendo las participaciones federales que esta honorable Cámara otorga y etiqueta de manera directa a estados y municipios. La contratación y manejo de deuda pública en estados y municipios está regulada y plasmada por el artículo 117; pero tenemos una gran diversidad de leyes a nivel local sobre el porcentaje de endeudamiento de los estados, teniendo un marco legal débil sobre el anejo, topes y rendición de cuentas. Por eso diputados y senadores de Acción Nacional han propuesto poner topes de endeudamiento a estados y municipios en un total de 15 por ciento del presupuesto anual asignado, extendiendo la posibilidad de ampliarlo a un 5 por ciento más en caso de desastres naturales, contingencias o cualquier suceso en el cual los estados y municipios requieran de un recurso extra. Resulta fundamental que ustedes estén enterados de que en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, cuando solicitamos la información del correlativo de deuda pública previa a los procesos electorales, no se cuenta con este dato. Por eso es la razón de este punto de acuerdo, este exhorto a la Secretaría de Hacienda, ya que no realiza la ejecución de las participaciones afectadas en garantía salvo para registros vigentes previos a las modificaciones, generando un incremento irresponsable del gasto público, lo que ha llevado a autoridades en varios órdenes de gobierno, a contratar deuda, a generar, obviamente, un exceso de deuda, pero también en este sentido rebasando su capacidad de pago, cuestión que nos preocupa. En México cualquier ciudadano o ciudadana que contrata una deuda, se hace responsable y sabe que tiene que hacer el pago de los intereses y el pago también del monto solicitado. En este sentido creemos que la responsabilidad es fundamental. Para que en México tengamos un ámbito y un marco legal sano en materia financiera, se requieren, obviamente, topes y la información para tener acciones prontas, expeditas, en el momento; no esperar a tener ya un estado en quiebra para poder actuar. Este endeudamiento es obviamente un lastre para todo lo que es nuestro país, con tristeza de 2008 a 2012 aumentó al 99.1 por ciento; esto es, de 203 mil 070.2 millones de pesos a 404 mil 409.5 millones de pesos, si se considera esto como porcentaje de las participaciones el saldo de la deuda aumentó al 50.7 por ciento en diciembre de 2008 y al 80.1 en junio de 2012. A la fecha el endeudamiento tiene como porcentaje del producto interno bruto al 2.7 por ciento. De acuerdo a esta información las entidades federativas a la Secretaría de Hacienda mantienen obligaciones financieras inscritas en el Registro de Obligaciones de Empréstitos de las entidades federativas y municipios estableciendo en el Reglamento citado de la ley del artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal un monto total de deuda de 322 mil 950.6 millones de pesos, y esto ha sido contratado por los gobiernos estatales, 30 mil 570.3 millones para los organismos estatales, 44 mil 859.2 millones por los municipios, 6 mil 029.4 millones por los organismos municipales que genera una deuda pública per cápita de 3 mil 524 pesos estimadas sobre una población calculada al 2012 de 114 millones de habitantes. Esto genera opacidad. Las aportaciones federales en las cuales deben estar incluidos los municipios, deben estar reguladas, debemos contar y es transcendente que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación conozca con claridad el gasto federalizado, el empréstito, las bursatilizaciones que como mi estado, Veracruz, son hoy 30 años de deuda para cada uno de los municipios que accedieron a este tipo de empréstitos, el caso Moreira, el caso Yarrington, el caso Granier y Veracruz, debe ser legislado. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.