El diputado Jorge Martínez Ramos: Con su permiso, diputado Presidente: el Ejecutivo federal, a quien corresponde por mandato constitucional dirigir la política nacional de hidrocarburos, ha iniciado a través de Petróleos Mexicanos una nueva embestida a los intereses nacionales en materia energética, al poner el pasado jueves 24 de febrero frente a diversos medios de comunicación al gerente de Planeación de la región norte de Pemex-Exploración y Producción, Antonio Narváez Ramírez, para anunciar la puesta en marcha de un nuevo esquema de contratos de obras y servicios que llamó "Contrato Alianza", para que empresas privadas administren y extraigan crudo en yacimientos maduros actualmente abandonados, bajo el argumento de que Pemex no cuenta con los recursos necesarios para explotar dichos yacimientos y requiere la inversión de capital privado. En días anteriores, la estrategia de comunicación social del Ejecutivo con relación al tema fue lanzar insistentemente diversas amenazas y alertas en cuanto al inminente colapso de la paraestatal, manipulando incluso la situación de los derrames de crudo ocurridos en el estado de Veracruz. Es evidente que la intención de apertura del sector energético a los capitales e intereses privados constituye una prioridad tan alta del gobierno del Presidente Fox, que amerita por una parte una política de medios francamente terrorista y por otra la imposición de la misma vieja estrategia disfrazada de nuevo esquema a toda costa, incluso por encima de la legalidad que tanto dice defender. No hace falta recordar al Presidente que nuestra Constitución establece claramente en el artículo 27 que, en tratándose del petróleo y de los hidrocarburos, no se otorgarán concesiones ni contratos ni subsistirán los que, en su caso, se hayan otorgado. Cabe agregar ahora que recientemente, ayer y anteayer, el director general de Pemex ha anunciado que se requiere dar certidumbre jurídica a los contratos de servicios múltiples para flexibilizarlos. Ésta es una aceptación implícita de que los contratos de servicios múltiples no tienen certidumbre jurídica y, por ello, están en los tribunales dirimiendo su inconstitucionalidad o constitucionalidad, cosa que muchos hemos cuestionado. En la práctica significa la entrega de los recursos energéticos, pues a través de ellos se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias derivadas de la explotación de hidrocarburos. Así, ha sido explícito el día de ayer y anteayer también: el capital privado y la propia paraestatal, cuando ha mencionado la necesidad de que Pemex comparta los riesgos, socializando con ello las pérdidas y privatizando las utilidades. El pretexto de que no cuenta con recursos ni tecnología para extraer el petróleo es sólo eso pues, como es conocido, las multinacionales que participan en estos negocios buscan solamente insisto compartir los riesgos. Por lo antes expuesto, ponemos a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con Punto de Acuerdo Único. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión exhorta al titular del Ejecutivo federal a separar de su cargo al C. ingeniero Luis Ramírez Corzo como director general de Petróleos Mexicanos y, en su lugar, nombre un nuevo director con compromiso, experiencia, honradez y capacidad probada en el sector energético. Es cuanto, diputado Presidente.