El diputado Víctor Hugo Círigo Vásquez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: El día de hoy podemos aprobar una reforma constitucional de gran calado para la vida democrática de nuestro país. Con un alto sentido de responsabilidad pública hacia generaciones futuras estamos por decidir la conveniencia y necesidad de incluir el calificativo de laica a nuestra república, con lo cual refrendamos un compromiso ineludible para la preservación de la libertad que nos ha sido legada a esta generación por hombres y mujeres que supieron defenderla incluso con su propia vida. Estoy convencido que habrá entre nosotros quienes estén conscientes de los orígenes de nuestra república, pero sospecho que la mayoría no tendría en mente el año en que empezamos a contar las Legislaturas, porque la fecha no es casual ni mucho menos intrascendente. Compañeras y compañeros diputados: somos los legatarios de la representación popular que rastrea sus orígenes al inicio de la vigencia de la Constitución de 1857. Antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1857, de la instalación de la I Legislatura, nuestro país, con enormes esfuerzos y sacrificios había logrado alcanzar y mantener la independencia de nuestra patria frente a potencias extranjeras. Pero lo que no había logrado era dotar a estas tierras de un régimen constitucional viable, que permitiera organizar un gobierno y cimentar un proyecto de nación. Constituciones hubo muchas, en verdad muchas, antes de 1857, pero ninguna de ellas se legitimó ante el pueblo mexicano lo suficiente como para dotarlo de un gobierno estable, de garantías efectivas, de leyes propias. Contamos con una Constitución posterior a la de 1857, pero como lo deja ver claramente el hecho de que sigamos contando los tantos de la representación popular, las Legislaturas, a partir de 1857, la Constitución de 17 no suplantó la de 1857 sino que la ratificó y reformuló. La fundación efectiva de nuestro régimen constitucional, de nuestro orden político, se debe rastrear a 1857, al inicio de la Reforma. ¿Pero qué fue lo que aportó la Constitución de 1857 que las constituciones que le antecedieron no pudieron aportar y a lo que la Constitución que le siguió no ha querido renunciar? La respuesta es sencilla, pero infinitamente rica, fue laicidad, diputados. El Constituyente de 1857 fue el primer Congreso de su tipo que se negó a aceptar la imposición de un credo a todos los mexicanos desde el Estado, que se negó a someter al Estado al beneplácito de las jerarquías eclesiásticas. La laicidad fue lo que le permitió a la generación de Benito Juárez, de Ponciano Arriaga, de Francisco Zarco, de Melchor Ocampo y de tantos otros hombres ilustres romper con el lastre colonial y forjar un Estado fuerte, independiente, nuestro. El régimen colonial se justificó por la evangelización de los indígenas y se forjó al calor del ímpetu misionero. El régimen republicano se alcanzó sólo cuando los hombres y mujeres de la generación de la Reforma se negaron a continuar con ese Estado colonial y consagraron la laicidad como la piedra angular del Estado. La laicidad no es sólo un principio consagrado en nuestra Constitución, como muchos otros; es el principio fundacional de nuestro régimen constitucional. Antes que la garantías sociales que consagró el Constituyente de 17; antes que el federalismo y la democracia representativa ?que apenas ahora empezamos a gozar plenamente? fueran efectivas en el Estado mexicano, antes que todo eso se constituyó como un Estado laico. Si renunciamos a la laicidad del Estado, si descuidamos los cimientos del orden constitucional que hoy nos rige, pronto estaremos lamentando lo que no habremos sabido defender. El artículo 40 constitucional nos dice que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática y federal. En toda justicia, compañeros, el texto constitucional debe modificarse para reflejar lo que en los hechos ha sido la columna vertebral de nuestra comunidad política. La nuestra ha sido, por más de siglo y medio, una república laica, mucho antes, efectivamente de ser, democrática, representativa, o inclusive federal. Sobre la forma que ha adquirido la iniciativa hoy sujeta a nuestro voto, quiero compartir también la siguiente reflexión. Mucho se discutió en comisiones la extensión, el detalle del texto de reforma constitucional propuesto hoy ante este pleno. Hay voces que sostienen que la iniciativa es innecesaria pues nos dicen, con razón, que el principio de laicidad ya está consagrado en la Constitución, que se refleja en los artículos 3o., 24 y 130, y que conforma transversalmente la totalidad del texto constitucional. Hay también quienes sostienen que habría que ir más lejos, detallar definiciones, sanciones, condiciones y reglas específicas para el funcionamiento efectivo de la laicidad en el propio texto constitucional. A los primeros, les concedo la razón. El principio de laicidad ha estado presente en nuestra Constitución desde la fundación del régimen constitucional de 1857; y también es cierto que le da forma sentido a la Constitución toda, y no sólo a los artículos que les invocan explícitamente. Pero la reforma ante nosotros no tiene como propósito, diputados, introducir la laicidad a nuestra Constitución. Tiene por fin refrendar el compromiso de nuestra comunidad política con ese principio fundacional de nuestro orden político y jurídico. En tal virtud, no podemos hacer caso omiso de los embates a los que hoy es objeto la laicidad. Desde que la jerarquía eclesiástica convocó a la insurrección armada en 26, nunca habíamos tenido un embate tan abierto y tan amplio en contra de la laicidad garantizada por nuestra Constitución y contra las leyes que regulan las asociaciones religiosas de México. A los segundos les digo que, en este caso, como muy frecuentemente sucede cuando de normas fundamentales se trata: menos es más. La reforma propuesta agrega una sola palabra al artículo 40 constitucional, pero con ello, explicita que la voluntad del pueblo mexicano es constituirse en una república laica y, en consecuencia, que todo el orden político y jurídico que conforma dicha república debe reflejar fielmente su carácter laico. Hemos visto en ocasiones anteriores cómo introducir demasiados detalles en las normas constitucionales da pie a que grupos de interés, y abogados astutos, tuerzan el sentido de la norma constitucional, encuentren recovecos donde imputar ambigüedades, argumenten que lo que no se detalló no implica en la norma; en fin, para que se abran huecos legales mediante un ejercicio interpretativo interesado y desvergonzado. Por eso, creo que menos es más. Al definir a nuestra república como laica no queda espacio para interpretaciones mañosas, no queda lugar a dudas de que la laicidad, como la democracia, debe reflejarse en cada esquina del régimen constitucional y político, pues la definición de la república como laica define a su vez a todo el entramado legal e institucional que emana de la voluntad del pueblo mexicano. No necesitamos más, pero no podemos aceptar menos. Nuestra república ha sido, es y debe seguir siendo laica a pesar de todo y a pesar de muchos. Lo que esta LXI Legislatura tiene ante sí, no es una reforma constitucional más, no. Se trata de una reforma constitucional mediante la cual ratificaremos el compromiso fundacional de nuestra república. Que ninguna creencia se impondrá desde el Estado en nuestro país. Que el gobierno será siempre el gobierno de todos y no sólo de los fieles. Que los creyentes de cualquier credo, y los incrédulos por igual, gozarán de un trato igual ante la ley y por parte del gobierno. Que el gobierno, finalmente, no será un instrumento más que de la voluntad popular. Refrendemos, entonces, el compromiso constitucional que adquirieron aquellos representantes populares de la generación de la reforma y que hemos heredado, sin un refrendo que nos comprometa nuevamente en medio del embate del integrismo y de los grupos conservadores, continuar con la cadena institucional y política que tanto trabajo costó establecer y que a lo largo de 61 legislaturas, los representantes de la voluntad popular, con independencia de nuestras debilidades y errores, hemos sabido guardar hasta ahora. Compañeras y compañeros diputados, entre el Estado laico y la sumisión de la política en las jerarquías eclesiásticas ?estoy seguro?, en un homenaje a la memoria de ideólogos más sobresalientes de todos los partidos como Heberto Castillo, Manuel Gómez Morín y Jesús Reyes Heroles?