El diputado Luis Maldonado Venegas: Diputado Edgar Romo García, presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados. Compañeras y compañeros legisladores. Desde 1824 la Constitución Fundacional del México independiente, confirió a esta soberanía la facultad de fiscalización que ejerció primero a través de la Contaduría Mayor de Hacienda, y a partir del año 2000 a través de la Auditoría Superior de la Federación. Pareciera necesario reiterar que no obstante tratarse de un órgano con autonomía técnica y de gestión, la auditoría es parte inherente y esencial de este cuerpo legislativo. Por ello es de la mayor relevancia el propósito que me concita en esta tribuna. Fundar y motivar ante este pleno el dictamen que aprobó por unanimidad la Comisión de Vigilancia, y en el que se propone al pleno de esta honorable Cámara, la terna para ocupar la titularidad de la Auditoría Superior de la Federación en los términos del artículo 84, fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Sea dicho de paso que esta nueva ley fue aprobada en sesión del 18 de julio del 2016 por el consenso de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. En dicho ordenamiento de manera explícita y detallada, se precisaron los términos, requisitos, método y procedimiento que debía seguir la Comisión de Vigilancia para la integración de la terna en cuestión, por lo que nunca ha estado al arbitrio de esta instancia legislativa añadir, modificar o innovar los elementos de procedencia y trámite de dicho proceso. Subrayo este hecho porque suponemos que con la mejor voluntad y buena fe, diversas organizaciones de la sociedad civil e incluso ciudadanos en particular, sugirieron innumerables planteamientos para ampliar requisitos o incorporar nuevas formas de medición, e incluso plantearon la adopción de metodologías que no se encuentran mandatadas en la ley, y que en todo caso requerirían de las reformas legislativas para su posible aplicación. En síntesis, la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación estuvo siempre acotada en todas sus acciones a lo largo de este proceso, a lo dispuesto por la ley referida. No obstante dentro de los márgenes que ese marco legal nos permitió, la comisión se esmeró, desde la emisión de la convocatoria, en brindar la máxima inclusión, difusión y transparencia al proceso. Así todas las sesiones de este órgano, fueron públicas y transmitidas en tiempo real a través del Canal del Congreso. Se creó a la par una página electrónica en la que por primera ocasión se incorporaron los datos de los participantes sustentados por la documentación pública que los avaló, y se dio cuenta oportuna de los acuerdos, etapas y resultados progresivos de dicho procedimiento. Por otra parte, en los términos del artículo 84, fracción I, se extendió una invitación expresa a las organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas a postular perfiles idóneos para inscribirlos en el proceso. No obstante esta posibilidad, ninguna institución de este carácter mostró, durante la etapa correspondiente, interés alguno en proponer candidatos. Asimismo, se convocó con carácter de observadores a los organismos ciudadanos de gran prestigio como Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Artículo 19, México Evalúa, Transparencia Mexicana, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, los cuales elaboraron preguntas específicas que a través de los diputados de la comisión se formularon a los postulantes, extrayéndolas de una urna transparente y de manera aleatoria. No obstante que la ley concedía a la comisión la facultad de entrevistar selectivamente a los candidatos que estimara idóneos, la comisión acordó conceder esta oportunidad a la totalidad de los participantes, es decir, a los 41 inscritos que comparecieron ante la comisión en igualdad de tiempo y circunstancias, y respondiendo libremente al escrutinio de los diputados y diputadas en aspectos relacionados a su preparación y competencia, trayectoria y experiencia, posibles conflictos de interés o cuestionamientos a su desempeño autónomo en cargos ejercidos a lo largo de su trayectoria. Los candidatos presentaron propuestas y acciones inmediatas para afrontar los retos que deparan a la Auditoría Superior de la Federación, con las amplias atribuciones de fiscalización que deben abonar a contrarrestar los fenómenos de la corrupción y la necesidad de generar que el quehacer gubernamental sea cada vez más eficaz y eficiente en la instrumentación de las políticas públicas. En contrapartida a las exposiciones de todos los participantes, la comisión tuvo siempre presente que la ley exige 10 años como mínimo de experiencia en el ejercicio de la materia sustantiva del cargo, es decir, las funciones de auditoría, control y administración de recursos públicos federales. Cabe entonces una reflexión, compañeras y compañeros ¿Es posible cumplir con este requisito sin haber servido en estas tareas a gobiernos de distintos órdenes y procedencias? La respuesta es, que siendo la fiscalización una función de servicio público, necesariamente está inserta en órganos de gobierno, o en su caso, en instancias de control legislativo federal o estatal. Consecuentemente, la garantía de independencia que deben acreditar los aspirantes estribó en indagar que la actuación que han acreditado a lo largo de su trayectoria no haya incurrido en sesgos o tendencias notorias. Sobre este particular, es preciso subrayar que los integrantes de la terna que hoy sometemos a su consideración, en los últimos 10 años de su actuación pública han prestado sus servicios en órganos autónomos, sin que el ejercicio de sus funciones se les haya comprobado actos de parcialidad. Por ello también, los 3 voluntariamente presentaron su declaración Tres de Tres y un ensayo sobre su visión del futuro de la Auditoría Superior de la Federación. Quiero destacar la impecable y dedicada actuación de los integrantes de la Comisión de Vigilancia que me honro en presidir, durante las bases del proceso desarrolladas a lo largo de 25 días naturales que comprendieron el proceso en su conjunto. Quiero reiterar que la propuesta formulada ante ustedes recibió el consenso de la totalidad de los integrantes de la comisión y de las fuerzas legislativas representadas en la misma por esta honorable Cámara. Es de la mayor relevancia, compañeras y compañeros, la resolución que habremos de tomar en breves momentos. Ratifico mi mayor reconocimiento a los miembros de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Estamos seguros que la decisión de Estado que esta soberanía tome será trascendental en la vida democrática de México. Por último, estoy cierto que la tarea que desarrollaron mis compañeros de la comisión no será infructuosa y que ustedes, señoras y señores diputados, evaluarán a conciencia el voto que en cada caso se emita respecto a la terna que sometemos a su alta consideración. Es cuanto, señor presidente.