El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea: el derecho humano a la libertad de opinión y expresión consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos representan sin duda el pilar primordial que todo Estado democrático debe salvaguardar y garantizar, simbolizando una herramienta esencial para que la ciudadanía ejerza la defensa de los otros derechos fundamentales. Todo esto como un elemento central de la democracia y basado en el acceso a la información. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos que una sociedad informada representa la clave esencial para la protección de múltiples derechos individuales y también colectivos, que caracterizan a los sistemas democráticos. Asimismo, este derecho fundamental guarda una estrecha relación con la promoción del desarrollo económico y la gobernabilidad. La libertad de expresión permite formarse un criterio propio y, como consecuencia, la posibilidad de expresar sus ideas y voluntad con mayores elementos de juicio. En este sentido, entre la libertad de expresión y el acceso a la información, se encuentran actores esenciales que permiten enlazar estos derechos fundamentales. Me refiero a los periodistas, reporteros, camarógrafos y editores, quienes han sido amedrentados por su labor en muchas partes del país, ya sea por grupos ligados al crimen organizado, o lo más lamentable, por instancias relacionadas con el poder político. Se ha llegado a niveles tan evidentes de intimidación, que incluso se ha atentado en contra de sus instalaciones de trabajo. Recordemos el caso del periódico Mural en Guadalajara, que fue blanco de ataque recientemente. Los periodistas constituyen un eslabón imprescindible para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y libertades políticas, por lo que como legisladores tenemos la responsabilidad y la obligación de salvaguardar su integridad a partir de herramientas jurídicas que desarrollen su profesión en un clima de libertad y de paz. Por ello, enviamos nuestra solidaridad a todos aquellos que a diario hacen frente a los intentos de censura, poniendo en peligro su integridad física y arriesgando su propia vida. En los últimos años nuestro país ha experimentado múltiples situaciones negativas a causa de una estrategia de seguridad que a todas luces fue equivocada. Debido a ésta, grupos fácticos han pretendido prostituir la gobernabilidad del Estado y han intentado intimidar al ciudadano en su diario vivir. Todos los que trabajan en los medios de comunicación, son también víctimas de estos grupos. Tan solo de enero de 2005 a noviembre de 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conoció de 658 quejas de comunicadores por violaciones a los derechos de seguridad jurídica, libertad, legalidad, integridad y seguridad personal. Lamentablemente la CNDH tiene registrados 82 homicidios y 18 desapariciones de comunicadores del año 2005 al 2012. La violencia contra quienes informan a la sociedad de la realidad tiene un efecto disuasivo para libre flujo de las ideas, de la información. Y, por tanto, representan ataques no sólo contra ellos, sino que afectan la libertad de expresión en sí mismas y al derecho de todas las personas a procurar, obtener y recibir información. Esto es también un agravio severo a la libertad de todas las y todos los mexicanos. A esto, se suma la situación generalizada de impunidad, ya que muchos de éstos no son juzgados, lo cual dota de confianza estos grupos fácticos e incrementa significativamente la incidencia de estos delitos, de la censura o de la tristísima autocensura a la que son orillados algunos periodistas. Organizaciones como el Instituto Internacional de la Prensa, la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias, además de los organismos protectores de los derechos humanos, han manifestado su preocupación por la prensa mexicana, misma que está siendo violentada de manera alarmante y ha ido perdiendo rápidamente su libertad de ejercer la manifestación libre de las ideas. En mi fracción parlamentaria votaremos a favor de este dictamen, porque estamos plenamente convencidos de la importancia de expedir la normatividad que permita dar operatividad plena a estas disposiciones constitucionales y con ello, garantizar el ejercicio libre de la expresión y el desarrollo de las actividades periodísticas al establecer un marco que garantice el libre ejercicio de este derecho humano. Las diputadas y diputados de Nueva Alianza reconocemos con total admiración la labor periodística, no sólo por sus actos de heroísmo ante lo peligroso, sino también por la importancia del papel fundamental que desempeñan en nuestra sociedad. El derecho humano a la libertad de expresión es una libertad esencial para la democracia, para el desarrollo del conocimiento y por tanto para el avance de nuestra sociedad. El agravio a quienes nos informan es un agravio para todos nosotros, es por eso, compañeras y compañeros legisladores, que los invito a votar a favor de este presente dictamen. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.