La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: A 12 años de la alternancia de la democracia seguimos esperando que se cumplan las expectativas que este acontecimiento histórico despertó en muchos mexicanos. Hoy nuestra forma de gobierno levanta ciertas dudas por su falta de efectividad para resolver los grandes problemas de nuestra nación. Debemos reconocer que el acceso al poder es un marco de pluralidad que está sentado en procesos electorales institucionales, pero aún cuestionados por los actores políticos mexicanos. Hemos sentado las bases en la agenda democrática nacional, pero también tenemos muchos pendientes y asuntos que resolver. Lo que falta en la ecuación es gobernar de manera democrática; gobernar de manera democrática no se traduce a un simple apartado de un informe paradójico, se titula democracia efectiva. Gobernar democráticamente significa construir con efectividad los acuerdos entre los actores políticos y sociales para incrementar los niveles de vida en general. Su importancia radica en la forma que el gobierno logra hacer efectivos sus acuerdos. La administración actual se dedicó a firmar acuerdos, pero poco hace por cumplir esos acuerdos para mejorar la vida de todos los mexicanos. Para el gobierno federal, gobernar democráticamente significa diálogo, conciliación y negociación en los actores políticos y sociales que conforman la pluralidad nacional. No obstante percibimos poca voluntad política para retomar la agenda ciudadana establecida en el Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad. La pérdida de vidas y los miles de desaparecidos no fueron suficientes para que el Poder Ejecutivo publicara la Ley de Víctimas, propuesta por el Movimiento Nacional con Justicia y Dignidad, demostrando la falta de sensibilidad promovida por la Ley General de Atención y Protección a Víctimas, ley que a los ojos de las y los ciudadanos no responde a las víctimas sino al interés de ejercer un control político de los terribles daños que ha causado su política de seguridad. Uno de los problemas que sin duda alguna han lacerado el tejido social es referente a lo de la seguridad social. A pesar de la insistente publicidad en la mal llamada “Cruzada de Seguridad”, es una mentira que ésta haya permitido a la ciudadanía despojarse de ése clima de inseguridad y de zozobra. Es ineludible destacar la eficiencia en los compromisos adquiridos entre el gobierno federal y los estados en materia de aplicación, de confianza, de exámenes a los policías. Han pasado cuatro años desde la firma del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad y los resultados son ambiguos. Por un lado, el Ejecutivo pretende destacar que los 37 mil efectivos de la policía han cumplido con dichos exámenes. Sin embargo, son de todos conocidos los casos en que algunos efectivos de la policía federal están coludidos con grupos criminales, baste recordar el reciente caso de Tres Marías o el vergonzoso episodio de las ejecuciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por afirmar esto. Por su parte más de la mitad de los estados han cubierto los requisitos mínimos para la implementación de dichos exámenes. Una muestra evidente del nulo interés en transformar a las instituciones responsables de la seguridad pública en órganos de la más alta integridad. Es el ámbito de la profesionalización en el sistema nacional de seguridad pública que sufrió un 50 por ciento de su presupuesto asignado para este año. Uno de los principales problemas es la coordinación de los miles de cuerpos policiacos que existen en nuestro país, para esto el gobierno presente en turno ha pedido el apoyo del Ejército y la Marina en las labores de seguridad. En el Partido Nueva Alianza proponemos desaparecer las estructuras de seguridad pública municipal e integrar a los mejores elementos a un mando único estatal, otorgando claridad y certidumbre respecto a sus nuevas responsabilidades. Los países que han logrado disminuir sus índices de inseguridad y aumentar la confianza en sus policías han enfrentado el esquema único estatal, delegando a los policías municipales la tarea de tránsito. La democracia requiere de la participación ciudadana y ésta requiere de la confianza en las instituciones, confianza que ha sido minada por el flagelo de la corrupción que sigue estando presente en muchas áreas de la vida pública. A pesar de la aprobación de la Ley Anticorrupción, en contrataciones públicas la mayoría de las dependencias hacen todo lo posible por evitar la realización de licitaciones y privilegian las adjudicaciones directas o a los invitados restringidos, como es el caso de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, por mentar algunos. Para ilustrar la extensión de la corrupción en el sexenio de Calderón tenemos el caso de Néstor Félix Moreno Díaz, el ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad, que recibía sobornos por la multinacional CISA ADV para obtener contratos de energía. Para este gobierno, enfrentar el problema de combate a la corrupción, ya que tan sólo en los últimos tres años el presupuesto destinado a este rubro sufrió una reducción de más del 40 por ciento, con base en la información que dio el Ejecutivo federal en días pasados. Cabe destacar que el índice de percepciones de la corrupción ubicada en México está en la posición 100 de 183 países, con una calificación de 3 puntos en una escala de cero. Es la mayor percepción de la corrupción y 10 puntos menor a la corrupción. Si el ejercicio comparativo se hace con base a los países que integran la Organización para el Comercio y Desarrollo Económico, nuestro país se encuentra entre los países con índice de corrupción más alta. El malestar social no es para menos, el caso de HSBC México es un ejemplo ominoso de la corrupción, impunidad y falta de vigilancia del comité del Ejecutivo federal. Cómo es posible que la Comisión Bancaria no pudiera destacar transferencias por alrededor de 92 mil millones de pesos de dudosa procedencia, ¿complicidad o ineficacia? Todos estos reportes fueron publicados en nuestro vecino del norte. Es lamentable que ni en el debate público ni en las acciones gubernamentales se haya visto una reacción contundente para evitar que se repitan estos ilícitos. Al contrario. En el Informe vemos una festividad con los resultados de corrupción que rayan francamente en el cinismo. La policía requiere la habilidad para concentrar intereses divergentes en acuerdos mínimos posibles. Muy poco de esto vimos en la gestión del presidente Calderón, omisiones, errores o franca irresponsabilidad en lo que caracteriza a la política interior de la administración actual, pero esto no es casual. El que mal empieza mal acaba, éste parece ser el epitafio del gobierno actual. Nunca como antes los encargados de los asuntos del Estado estuvieron en manos de improvisados. Nunca a la altura de los retos. Compañeras y compañeros legisladores, al revisar la gestión del Ejecutivo en estos últimos seis años, pudimos concluir que la política interior ha dejado mucho que desear. Es momento de trascender las posturas partidistas que nos han dividido, y de construir juntos la gobernabilidad democrática que todos los mexicanos necesitan y han puesto la confianza en nosotros. Es cuanto.