El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la búsqueda de reformar el artículo 35 de la Constitución Política federal representaba la aspiración de las y los ciudadanos para tener la posibilidad de poder emitir su opinión sobre temas de interés nacional mediante su participación en una consulta popular, lo cual sin duda reconoce de igual manera el artículo 25 y 26 de la propia Carta Magna, de incidir en la vida democrática de nuestra nación. En otras latitudes, la consulta popular constituye una primordial herramienta para la democracia participativa, ya que mediante este instrumento la ciudadanía aprueba o desaprueba una acción implementada o por implementar por parte de la autoridad. Al menos en la teoría, la consulta tiene la capacidad de resolver diferencias entre las élites políticas, además de fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones en asuntos públicos, aunado al no constreñirse al ámbito del Ejecutivo, sino que ataña a decisiones legislativas que cobra particular relevancia en un sistema legislativo como el mexicano, que se ha caracterizado, o bien por su parálisis o por trabajar con mayorías mecánicas que legislan sin discusión verdadera, y sobre todo, violentándose el mismo procedimiento legislativo. Sin embargo, estos supuestos teóricos no se extrapolan en la realidad mexicana, pues tal y como está planteada la Ley de Consulta Popular se establecen numerosos candados a la participación de las y los ciudadanos, pareciera que lo que se pretende es disuadirlos del ejercicio de su derecho y de la utilidad de la misma consulta. Tal es el caso del artículo 64, que abre la posibilidad para que las autoridades encargadas de ejecutar lo dispuesto en la consulta popular puedan aplazar su aplicación por tres años, o incluso, no llevarla a cabo mediante el uso amañado de los términos que la misma ley dispondría. Para que esta herramienta se erija como un mecanismo efectivo de participación ciudadana, es necesario que sus efectos sean rápidamente apreciados por la población, a través de acciones tangibles de la autoridad, no esperar hasta por tres años para que esto suceda, más aún si tomamos en cuenta el andar casi catatónico del Estado mexicano, lo cual desafortunadamente se contribuía con la redacción de este precepto. Recordemos que el propio artículo 35, fracción VIII, numeral 2 de la propia Constitución, no establece término alguno, lo cual dicho precepto de esta ley resultaría incongruente, y sobre todo, inconstitucionalidad. Es por ello que con esta reserva pretendemos que el resultado de una consulta popular que afecte decisiones, tanto del Legislativo como del Ejecutivo se refleje de manera inmediata. No hay desarrollo con gobierno lento en acciones, menos si dicha lentitud es al acatar la misma voluntad ciudadana. Derivado de lo anterior, compañeras y compañeros, someto a su consideración la reserva a este artículo, para la modificación del artículo 64, para quedar en los siguientes términos. Cuando el resultado de la consulta sea vinculatorio, las autoridades deberán ejecutar los actos necesarios para su implementación en un plazo no mayor de 6 meses. Es cuanto.