La diputada Ma. Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Saludo a todos los presidentes municipales que vienen a hacer sus gestiones aquí para el PEF, y en especial a todos los de Jalisco, y al presidente municipal también de Cerro Azul, Veracruz, bienvenido, presidente. Los juicios nos impiden ver lo bueno que hay detrás de las apariencias, Wayne W, Dyer. El día de hoy ante este gran recinto legislativo, les quiero hablar sobre un gran problema desde hace muchos años en nuestro país y que seguirá persistiendo hasta que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Compañeros legisladores, hablo sobre la discriminación hacia todas aquellas personas que tienen antecedentes penales, y que muy a mi pesar se les sigue considerando como delincuentes. De acuerdo con un estudio que se realizó en el 2013 por la Secretaría de Gobernación sobre el sistema penitenciario nacional, hubo un registro de 248 mil 920 personas estando recluidas en los centros penitenciarios del país del fuero federal y del fuero común. Desde el 2016 México ocupa el séptimo lugar de población penitenciaria a nivel mundial con una población de 236 mil 886 personas recluidas, según una investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, encontrándose en primer lugar de la lista de los Estados Unidos con 2 millones 145 mil reclusos. La realidad social demuestra que varios presos que fueron libreados por cumplir su sentencia por ser inocentes o porque hubo vicios durante el proceso penal y quedaron libres, vuelven a reincidir por falta de oportunidades ya que son etiquetados y discriminados por tener antecedentes penales. Este es un grave error, compañeros legisladores. ¿De qué sirve que le nuevo sistema penal ya esté vigente en todo el país si seguimos creyendo que cualquier inculpado es forzosamente culpable de haber cometido un delito y así se ha sentenciado y consiguientemente reo en algún centro penitenciario? Nuestro sistema penal busca promover el uso de mecanismos alternativos de solución de controversia. Que se respete el principio de inocencia, que exista un debido proceso. En pocas palabras que los procesos penales sean eficaces y justos, y como consecuencia disminuya el número de nuevos presos o reincidentes a las cárceles. Nuestra Norma Suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en el artículo 18 que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación, la educación, la salud y el deporte como medio para lograr la reinserción del sentenciado a una sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Entonces si nuestro sistema penitenciario busca la reinserción social, ¿por qué no en varios empleos se exige la constancia de no antecedentes penales? Considero esta práctica como discriminatoria y violatoria de los derechos humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 23, menciona: toda persona tiene derecho al trabajo. Este tratado internacional del que México es parte, menciona además que todo tipo de discriminación está prohibida por lo que negarle al ser humano un trabajo por tener antecedentes penales, se le considera discriminación y por ende es negarle un sustento económico para él y su familia, lo que puede ocasionar que vuelva a reincidir y la reinserción social sea inexistente. Por ello me presento ante ustedes con mi propuesta de iniciativa que plantea reformar el párrafo segundo del artículo 2o., de la Ley Federal del Trabajo, para que quede como sigue: se entiende por trabajo digno o decente aquel en que se respete plenamente la dignidad humana del trabajador, no exista discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, antecedentes penales, posición de salud, religión, posición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil, etcétera. La misma Suprema Corte de Justicia de la Nación pronuncio que si una persona comete un ilícito, no podía quedar marcado con el estigma de ser infractor el resto de su vida, porque ello obstaculizaría su reinserción social. La reincidencia es la antítesis de la reinserción social efectiva. Es cuanto, señora presidenta.