La diputada Mayusa Isolina González Cauich: Gracias, señora presidenta, con su venia. Como lo he comentado anteriormente, no se valen las simulaciones. No se vale querer mandar un mensaje y en la práctica hacer algo distinto. Por eso es que presento estas tres reservas a la Ley General de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de nuestro país. En el artículo 20, sugiero que se cambie en el segundo párrafo, daré lectura completa, para poder explicarme mejor. En el artículo 20, dice: Antes de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los planes estatales y municipales, la Cámara de Diputados, las Legislaturas locales y los ayuntamientos, deberán garantizar que en dichos instrumentos estén incorporadas las recomendaciones y propuestas obtenidas en las consultas a los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas podrán elaborar sus propios planes de desarrollo comunitario regional, los cuales deberán ser reconocidos como parte del sistema nacional de planeación democrática. Y debe decir. Artículo 20. Antes de la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, así como de los planes estatales y municipales, la Cámara de Diputados, las Legislaturas locales y los ayuntamientos, deberán garantizar que en dichos instrumentos estén incorporadas las recomendaciones y propuestas obtenidas en consultas a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas podrán elaborar sus propios planes de desarrollo comunitario regional, así como tener la posibilidad de generar sus propios mecanismos de consulta de acuerdo a sus procesos autónomos, los cuales deberán ser reconocidos como parte del sistema nacional de planeación democrática. De lo contrario, entonces a fin de cuentas el Estado le va a seguir diciendo a los pueblos y comunidades indígenas cómo hacer su consulta, sin respetar plenamente su autonomía y libre determinación. En el artículo 44 dice: Desde el inicio del proceso de consulta, la autoridad responsable, con la coadyuvancia del órgano técnico y las instituciones competentes, deberán proveer de intérpretes y traductores a fin de que los sujetos consultados puedan comunicarse y hacerse comprender en sus lenguas y culturas. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de invalidez del proceso de consulta. Debe decir: artículo 44. Desde el inicio de proceso de consulta, la autoridad responsable, con la coadyuvancia del órgano técnico y las instituciones competentes, deberán proveer de intérpretes y traductores pagados por el Estado porque resulta que quieren que los intérpretes y traductores, todo lo hagamos gratis a fin de que los sujetos consultados puedan comunicarse y hacerse comprender en sus lenguas y culturas. El incumplimiento de esta obligación podrá ser causa de invalidez del proceso de consulta. Lo único que se le agrega a este artículo, es justo que sean pagados por el Estado, que se contemple el recurso para las y los intérpretes. Y, por último, en el artículo 46 dice: Las personas intérpretes y traductoras deberán ser certificadas por la instancia competente y dominar la variante lingüística del sujeto consultado; en caso de no contar con ellas, podrán ser intérpretes o traductores prácticos. En este último caso, se deberá verificar que conoce la variante lingüística que corresponda y se designará de común acuerdo con el sujeto consultado. La propuesta debe decir: Artículo 46. Las personas intérpretes y traductoras deberán contar con los conocimientos sobre el proceso y derecho a la consulta, dominar la variante lingüística del sujeto consultado; en caso de no contar con ellas, podrán ser intérpretes o traductores prácticos. En este último caso, se deberá verificar que conoce la variante lingüística que corresponde y designará de común acuerdo con el sujeto consultado. En este último caso deberá revisarse que cuenten con los conocimientos sobre el proceso y el derecho a la consulta en referencia. Les quiero comentar que una persona hablante de su lengua originaria, de su lengua madre, de su lengua indígena o de su lengua nacional, no necesariamente es un buen intérprete. Y una persona que ha sido formada, acreditada y certificada en los ámbitos de procuración y administración de justicia es buena en su tema, pero necesitamos a quienes dominen todo lo que tenga que ver con la consulta, de lo contrario, podrán haber intérpretes, inclusive certificados, pero no con el conocimiento respecto a los procesos de consulta. Y, por supuesto, vuelvo a insistir en que la presente ley deba ser traducida e interpretada en la oralidad para que los pueblos y comunidades indígenas realmente conozcan esta ley y se pueda hacer valer en el pleno, entendido que se garantizarán todos sus derechos fundamentales, todos los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. De no ser así, efectivamente, la historia nos lo dirá y que el pueblo lo demande. Es cuanto.