El presidente López Obrador y su mayoría incondicional pretenden conculcar uno de los derechos fundamentales de las y los juzgadores: la independencia, con el silencio cómplice de quien desde la seguridad de su estrado en la sala del pleno judicial calla ominosamente, poniendo en juego no solo su honor, sino el de todas y todos los juzgadores que han empeñado su esfuerzo personal para garantizar la justicia en nuestro país. Debemos ser claros, el presidente López Obrador pretende comprar la lealtad de Arturo Zaldívar. Hoy, que debiéramos estar discutiendo dos leyes fundamentales para erradicar los graves vicios del Poder Judicial, es nuestra responsabilidad defender la democracia en contra de los designios retrógrados de un presidente arbitrario que pretende concentrar todo el poder de la república en su persona. Hoy, que debiéramos discutir cómo la carrera judicial resulta fundamental en la construcción de los controles democráticos para evitar la corrupción y el tráfico de influencias, estamos obligados a defender la división de Poderes ante una mayoría que pretende pasar por encima de la Constitución. Estamos convencidas y convencidos de que el Poder Judicial debe contribuir decididamente en la generación de las condiciones que hagan efectivos los valores de libertad, justicia, igualdad, pluralismo político que la propia Constitución proclama para reforzar el Estado social y democrático de derecho y la defensa de los derechos humanos. Por ello, debemos impulsar la revalorización de a independencia, la imparcialidad y la responsabilidad de las y los jueces como referentes constitucionales de la administración de justicia y no atacarlos un día sí y el otro también, simplemente porque sus decisiones son contrarias al designio presidencial y a sus leyes inconstitucionales. Desde este Poder Legislativo debemos favorecer el control democrático del Poder Judicial, involucrando a la opinión pública, a la academia y asegurar el principio de transparencias en las actuaciones y prácticas procesales, facilitando el conocimiento de las resoluciones jurisdiccionales, porque no es posible una democracia sin un Poder Judicial independiente que permita resolver los conflictos en forma imparcial y equitativa. Una democracia que alcance a todas y a todos, especialmente a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que permee las estructuras sociales y sirva para construir una convivencia ética y pacífica. Porque en el Grupo Parlamentario del PRD hemos apostado por una democracia que penetra el ejercicio de las autoridades y el diseño de las instituciones que aspire a ser de los postulados democráticos una realidad en las relaciones sociales y construir de esta manera una patria más libre y más justa. Es por todo lo anterior que en el Grupo Parlamentario del PRD coincidimos en que las leyes que se pretenden aprobar son, sin duda, el inicio de la consolidación del entramado jurídico que aprobamos en la reforma constitucional. Sin embargo, todo ello resulta adulatorio con lo establecido en el artículo décimo tercero transitorio que compromete la independencia judicial. Un artículo transitorio que tiene una dedicatoria personal y que atenta en contra del principio de impersonalidad de la ley, que manda al diablo a nuestras instituciones a nuestra Constitución. No podemos permitir cada atropello a nuestra democracia. Es por ello que exigimos su eliminación, ya que su permanencia pone en entredicho a todas que hemos construido y, en consecuencia, nos obliga a emitir un voto en contra. Termino, presidenta. Compañeras legisladoras y legisladores, tenemos en este momento la oportunidad de votar en contra de este transitorio y pasar a la historia como la legislatura a que defendió con entereza la República. De lo contrario, quienes voten a favor quedarán marcados como aquellas, como aquellos, que de manera vergonzosa claudicaron de su responsabilidad de defender a la nación frente a los embates de un poder autoritario. Es cuanto, presidenta.