La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su permiso, señor Presidente. Es esta una iniciativa con carácter de decreto, a efecto de reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, con relación a la colaboración de las instituciones educativas de nivel superior en las consultas sobre conocimientos especializados, que les sean formulados por las autoridades jurisdiccionales. La investigación ha demostrado que la prueba pericial en el proceso judicial penal, es una instancia de suma importancia y más aún la valoración que se otorga a estos medios probatorios. Así pues, en un mundo procesal tan compenetrado en la actualidad, con la utilización de la tecnología y otros beneficios de la modernidad para la comprobación efectiva de hechos que se dirimen en controversias jurisdiccionales. Es importante que las partes en el proceso tengan a su alcance los medios para probar sus afirmaciones. Cuando las partes envueltas en una controversia penal, no cuentan con los recursos suficientes para hacer frente a los costos de las prácticas periciales, muchas veces exorbitantes. Lo que sucede generalmente cuando tampoco se pueden sortear los gastos de la defensa, recurriendo entonces a un defensor público; el propio tribunal puede ordenar la práctica de la prueba, tarea que recae en entes especializados pertenecientes a la administración pública federal primordialmente. Tales afirmaciones pueden corroborarse por lo dispuesto en el artículo 225 del Código Federal de Procedimientos Penales, el cual establece que la designación de peritos hecha por el tribunal o por el Ministerio Público, deberá recaer en las personas que desempeñen ése empleo, por nombramiento oficial y a sueldo fijo, o bien en personas que presten sus servicios en dependencias del gobierno federal, en universidades del país o que pertenezcan a asociaciones de profesionistas reconocidas en la República. Y que si no hubiere peritos oficiales titulares, se nombrarán de entre las personas que desempeñen el profesorado del ramo correspondiente en las escuelas nacionales o bien, de entre los funcionarios o empleados de carácter técnico en establecimientos o corporaciones dependientes del gobierno. Sin embargo, estas prescripciones legales no tienen alcance, si no dentro del fuero federal, pues sólo obligan a los entes enunciados a prestar sus servicios a tribunales de esa naturaleza y no a aquellos del fuero común, que son la mayoría del país. En este sentido, las Legislaturas Locales, por no estar dentro de su ámbito de competencia, están impedidas para establecer disposiciones legales que constriñan a entes federales a prestar esta clase de servicios en los procesos del fuero común, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Nacional Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo y, sobre todo, a los cientos de institutos tecnológicos federales que se encuentran diseminados a lo largo y ancho de la República Mexicana y que todos ellos son los principales centro de investigación y especialización en distintas técnicas y ciencias, contando con el personal capacitado para la práctica pericial en muchas materias, Es, pues, importante optimizar y racionalizar los recursos federales y aprovecha la capacidad técnica y humana con la cuentan estos centros educativos en lo que el Gobierno Federal y los de los estados invierten una gran cantidad de recursos, de tal suerte que en la medida de sus posibilidades presupuestales, aquellos colaboren en las consultas sobre conocimientos especializados que les sean formuladas por las autoridades jurisdiccionales del fuero común. Tratar de disponer algo similar a lo propuesto en el párrafo anterior en el Código Federal de Procedimientos Penales sería inadecuado, dado que dicho cuerpo normativo se refiere únicamente a los procesos del orden federal y no a lo conducente al fueron común. Asimismo, la legislación que organiza, estructura y faculta a esta clase de entes de la educación superior, se encuentra muy diversificada dentro del marco jurídico nacional y son limitadas las posibilidades legales de formular una sola disposición en un mismo ordenamiento legal que los obligue a todos. Nuestra propuesta, a menos que se diseñe un mecanismo jurídico más eficaz para cumplir con el objetivo de la presente iniciativa, es reformar la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, que es de los pocos ordenamientos que abarca a todas estas instituciones, a fin de que las instituciones educativas de nivel superior de la federación presten su colaboración en aquellas consultas sobre conocimientos especializados que les sean formulados por las autoridades jurisdiccionales de los fueros federal o común, en los términos de la legislación procesal penal correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, someto ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto con carácter de decreto: Artículo único. Se reforma el segundo párrafo y se recorre el contenido del actual a uno tercero, ambos del artículo 21 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior para quedar como sigue: Artículo 21. "La Federación, dentro de sus posibilidades presupuestales y en vista de las necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura de las instituciones públicas de educación superior, les asignará recursos conforme a esta ley para el cumplimiento de sus fines. Con ajuste a los recursos a que se refiere el párrafo anterior, las instituciones educativas de nivel superior de la federación, prestarán su colaboración en aquellas consultas sobre conocimientos especializados que les sean formulados por las autoridades jurisdiccionales de los fueros federal o común en los términos de la legislación penal procesal correspondiente. Las instituciones podrán llevar a cabo programas para incrementar sus recursos propios y ampliar sus fuentes de financiamiento". Transitorios: Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en este Salón del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero del año en curso.