La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. Las reformas constitucionales no son cartas de amor ni de buenas intenciones. Leo. Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para los alumnos, maestros y padres de familia bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Éste es el inciso a) del artículo transitorio quinto, de la fracción III. Este inciso pareciera que dota de autonomía de gestión a las escuelas con el objeto de mejorar su infraestructura, pero como todo lo planteado en esta reforma por el Ejecutivo, es una verdadera trampa. Primero, la autonomía de gestión obligaría a los directores y profesores a convertirse en meros gestores, y dejar de lado su labor principal que es la docencia. La enorme carencia en infraestructura en la que se encuentra la gran mayoría de las escuelas de nuestro país, los tendría tocando las puertas de los gobiernos municipales, locales y el federal, en el mejor de los casos consiguiendo recursos para el mejoramiento de sus centros educativos, y en el peor, aumentando las cuotas escolares y con ello dejar de lado la gratuidad de la educación plasmada en la fracción IV de este artículo 3o. Además, se daría un golpe atroz al ya de por sí esmirriado presupuesto de las familias trabajadoras. Segundo. Los retos que enfrentan las escuelas son muy diversos, entre ellos y el más complicado es la inseguridad. Yo pregunto, señores y señoras diputados, ¿se van a convertir los profesores, directores, padres de familia y los mismos alumnos, en policías para resguardar sus escuelas? ¿Enfrentarán ellos la delincuencia y la inseguridad en sus planteles? Ése es uno de los retos que tiene la educación en nuestro país. Este criterio que definen como gestión, lo que provoca es que el Estado abandone la responsabilidad ineludible que tiene y que no ha cumplido, de garantizar el acceso, la gratuidad y las mejores condiciones para que los mexicanos en edad de asistir a los centros escolarizados de educación, logren el objetivo de la adquisición de los conocimientos necesarios para su desarrollo personal y colectivo. Tercero. La poca claridad con que la Ley General de Educación regula la colaboración de los padres y las madres de familia con los directivos escolares, ha permitido desde hace ya varias décadas que al inicio de cada ciclo escolar la solicitud en la educación básica principalmente, de las llamadas cuotas escolares, además de la compra de mobiliario o la reparación de muebles e inmuebles educativos, estas demandas, que provienen de directivos o de las asociaciones de padres de familia, muchas veces se convierten en verdaderas exigencias, el problema no son precisamente los recursos que aportan los padres de familia, que han servido, sin duda, para la atención de los problemas de operación e infraestructura que presentan los centros escolares, sino el hecho de que los directivos utilicen su cargo público para obtener ventajas mediante prácticas de coerción. Los directivos de las escuelas amenazan a los educandos diciendo que si no pagan no les entregarán boletas de calificaciones o no serán inscritos. Queremos legalizar a través de una reforma constitucional estas acciones. Aunque se diga que ésta es una iniciativa contra los poderes fácticos o el poder fáctico que ejerce el SNTE, en los hechos es promovida por otros poderes también fácticos no regulados, como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Asociación Empresarial de Mexicanos, primero, auspiciada fundamentalmente por Televisa. Sin confesarlo abiertamente, la reforma busca promover la calidad de la educación a partir de la introducción de mecanismos de mercado, disfrazados de evaluación en la gestión escolar. Quiero retomar las palabras dichas por algunos de mis antecesores. Para convertir a nuestro país en un país de desarrollo y progreso, el Estado debe invertir en educación, cualquier cosa contraria es abandonarlo a su propia suerte. Por lo anterior, propongo que el inciso a) pase a ser la fracción III, y los incisos b) y c) de este artículo transitorio quinto queden suprimidos. Gracias.