La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores: en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con el dictamen que presenta la Comisión de Puntos Constitucionales por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los mexicanos a lo largo y ancho del país hemos enfrentado una terrible situación de inseguridad. Los delitos de alto impacto afectan por igual a toda la ciudadanía, sin que las instituciones encargadas de procurar y administrar justicia realicen adecuadamente sus tareas. Para coadyuvar en el combate a la delincuencia, el Poder Legislativo aprobó distintas reformas a nuestra norma fundamental para establecer un sistema de justicia penal oral y adversarial en donde los juicios orales tendrán que ser establecidos en todo el país. El nuevo sistema procesal penal acusatorio tendrá que entrar en vigor a más tardar el 19 de junio del 2016, y la Federación, los estados y el Distrito Federal deberán contar con estos nuevos códigos de procedimientos penales. El dictamen que hoy conocemos plantea otorgar al Congreso de la Unión en el inciso c) de la fracción XXI del artículo 73, la facultad para expedir la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán la República en el orden federal y en el fuero común. Lo anterior significa que habrá un solo código procedimental penal con base en el que se realizarán los procesos, sea por delitos de orden federal o del fuero común. En el Partido del Trabajo tenemos una firme vocación federalista. Estamos convencidos de que nuestro sistema político funcionaría mejor si las entidades federativas y el Distrito Federal contaran con mayores atribuciones que les permitieran realizar sus tareas de gobierno. En el nuevo código de procedimientos penales único se tendrán que establecer las formalidades esenciales del procedimiento a las que hace alusión el artículo 14 constitucional en su segundo párrafo y respetar las garantías individuales previstas en los artículos 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo se tendrán que respetar los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. En esta reforma también se plantea la expedición y una legislación única respecto a mecanismos alternos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en toda la República Mexicana. Lo anterior, con el propósito de eliminar la pluralidad de hipótesis y obtención de beneficios por parte de personas sentenciadas ya que existen, sobre esta materia, una ley federal, 31 leyes estatales más la del Distrito Federal. En el caso de los mecanismos alternos de solución de controversias su fundamento constitucional está en el párrafo cuarto, artículo 17 constitucional por lo que en la fracción XXI se faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley única en donde se asegure la reparación del daño. Si bien en lo general aprobamos la reforma al artículo 73, fracción XXI, consideramos que se puede mejorar la reforma con base a los mismos argumentos que se exponen en los antecedentes del dictamen. Se señala en los antecedentes del dictamen que es para fortalecer, precisamente, el combate al crimen organizado y en concreto, se puntualiza que a través del Código Procesal Penal Único se va a lograr esta finalidad. Pero no solamente es suficiente con establecer un Código Penal único, es necesario, precisamente, modificar no solamente lo procedimental, sino también lo sustantivo y hacer un hincapié sumamente importante en la cuestión de la investigación de los delitos en concreto. Por esta razón la sugerencia es que se federalicen en ciertas materias los siguientes delitos y que quedara el artículo 73, fracción XXI en el siguiente tenor: En materias de secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, desaparición forzada, feminicidio y delitos contra periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el derecho a la información o libertades de expresión o imprenta. En estos delitos, a la fecha no se ha logrado una unificación de la legislación estatal. Existen sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que a la fecha no se cumplen y no solamente los problemas sobre la persecución de los delitos se dan en lo que se refiere a trata de personas y el secuestro, tráfico de migrantes, feminicidios y también los delitos contra los periodistas. Como están actualmente redactadas estas facultades, que una ley general como la de Víctimas es la que debe designar las atribuciones, tanto las correspondientes a las entidades federativas, a los municipios, como a la Federación, desgraciadamente por esta situación se han ocasionado lo que denominamos zonas grises o zonas en las cuales se convierte en un escudo para no hacerse responsable, bien sea la Federación o el gobierno estatal en concreto. Un ejemplo clarísimo lo tenemos en el caso del Campo Algodonero, en que no se acabó de resolver el feminicidio precisamente porque había una diferencia a quién correspondía el combate a este feminicidio, y en el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos las víctimas pedían que fuera resuelto por la Federación, por considerar que están muchísimo más capacitados y que pueden tener, como son delitos trasnacionales, mejor contacto y ayuda tanto de la Interpol como de la Europol. Además de esta sugerencia de federalizar los delitos ya mencionados, me preocupa seriamente la cuestión de los medios alternativos de solución de controversias. El Código Penal único, como está redactado en la minuta, es la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común. La propuesta es, la legislación única en materia procedimental penal de mecanismos alternos de solución de controversias, reservando exclusivamente los delitos que no sean considerados como graves. De otra manera se puede suceder, algunos sostienen, es que la mayoría de los códigos procesales deja a los medios alternos nada más para los casos de delitos leves, no los graves, pero si no se establece esa limitación en la Constitución se podría estar negociando con un tratante de personas, con un traficante de migrantes, con un feminicida, etcétera. Bastaría pagar la compensación para que no tuviera que seguir un procedimiento judicial ni cumplir con una pena y pagar por el delito cometido, al compensar el daño a la víctima. En estos casos yo considero que debe de quedar plasmado perfectamente que los medios alternativos de solución de controversias únicamente tendrán lugar cuando se trate de delitos no graves. En el caso de los graves, como no solamente se afecta a la propia víctima, a la víctima directa; se afecta a la sociedad, éstos habría que cuidar necesariamente que cumplan con una pena y que se sometan al procedimiento que se establezca en el Código Procesal Único. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.