El diputado Manuel Rodríguez González: Muchas gracias, presidenta. Me presento ante esta soberanía en nombre de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Energía para presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. La iniciativa enviada por el Ejecutivo federal está plenamente fundada y motivada a partir de los esfuerzos por superar nuestra dependencia energética. Reflejada la importación del 70 por ciento de combustibles que nos convierte en el país petrolero que más gasolina importa en el mundo. Esto es producto de una disminución del 50 por ciento de la producción de hidrocarburos de 2004 a 2018, así como del robo y contrabando de combustibles en las últimas décadas, afectando la economía de los hogares y las finanzas nacionales. Para superar esta dependencia energética y enfrentar los ilícitos que se cometen en el sector de los hidrocarburos, el proponente, con base en el Programa Sectorial de Energía 2020-2024, manifiesta que es imperativo fortalecer a las empresas productivas del Estado como garantes de la seguridad y soberanía energética y palanca del desarrollo nacional para detonar un efecto multiplicador en el sector privado. Las reformas y adiciones planteadas están enfocadas a la actualización y armonización de los permisos, incidiendo en los siguientes temas: En la consideración quinta, ante los inventarios de combustibles del país, para solamente unos cuantos días, se plantea el objetivo de aumentar la capacidad de almacenamiento que nos permita hacer frente a cualquier contingencia o emergencia. Para ello, la iniciativa plantea agregar una tercera fracción al artículo 51, incorporando como obligación en el otorgamiento de permisos que el solicitante demuestre que cuenta con la capacidad de almacenamiento que determine la Secretaría de Energía, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. En la consideración sexta se plantea establecer en el artículo 53 la figura de la negativa ficta, al transcurrir el plazo establecido únicamente para las solicitudes de cesión de permisos emitidos por la Sener o la CRE, evitando otorgar la cesión del permiso cuando un agente que no esté calificado o tenga un impedimento jurídico. En la consideración séptima se aborda el contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos que junto con el robo de combustibles han reducido en casi 23 mil millones de pesos la recaudación en el primer trimestre del año, de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria. Además, se ha detectado la modalidad de contrabando técnico que interna mercancías subvaluadas para omitir el pago de gran parte de la cuota compensatoria, perdiendo 12 mil millones de pesos en ingresos tributarios en el año 2020. Para combatir estas conductas ilícitas, que también perjudican a los actores que actúan en el marco de la ley, se propone incluir en el artículo 56, como causal de revocación de permisos, la comisión del delito de contrabando de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. El tema central de la consideración octava es el planteamiento en torno a la necesidad de incorporar, en el artículo 57, la posibilidad de que la Sener o la CRE lleven a cabo la suspensión de los permisos que emitieron, en aquellos casos donde se observen conductas ilícitas, a fin de garantizar los intereses de la nación y dejando a salvo los derechos de terceros. La continuidad de las operaciones, mientras dure el procedimiento de intervención, ocupación o suspensión, se daría solo a través de las empresas productivas del Estado, cuyas capacidades operativas y de infraestructura garantizaría la provisión del combustible en los mercados locales. En la penúltima consideración, la iniciativa busca incorporar un artículo 59 Bis, que permite a la Sener y a la CRE suspender los permisos expedidos cuando se prevea un peligro eminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional, por causas geopolíticas o contingencias naturales. Para actuar eficazmente ante escenarios de desabasto, el Estado, como garante de la soberanía energética, debe contar con los mecanismos para establecer la suspensión de los permisos y mantener la suficiencia energética. Se garantiza seguridad jurídica al permisionario, ya que podrá solicitar la terminación de la suspensión cuando demuestre que las causas que la ocasionaron ya fueron subsanadas, erradicadas o desaparecidas. En la última consideración se reconoce la necesidad de armonizar el artículo 86 de la Ley de Hidrocarburos, estableciendo la revocación del permiso a los permisionarios que alteren la cantidad, calidad y medición de hidrocarburos y petrolíferos, así como aquellos que modifiquen sistemas, ductos o instalaciones sin autorización. A partir del papel de la medición de petrolíferos y petroquímicos para incrementar los ingresos hacendarios, proteger a los consumidores finales y combatir el mercado ilícito se propone reformar el régimen de sanciones, para imponer la revocación del permiso en caso de reincidencia en las citadas conductas contrarias a la ley. La Comisión de Energía plantea la necesidad de iniciar de manera escalonada las verificaciones de los certificados de los permisionarios que en la actualidad están eximidos de esta obligación, para lograr el objetivo de la iniciativa en materia de medición. Ante la encrucijada que atraviesa México para lograr la seguridad energética, estoy seguro que los representantes populares de esta asamblea sabrán anteponer los intereses de México, votando a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.