El diputado Esteban Bautista Hernández: Compañeras, compañeros diputados, el derecho de petición es un elemento fundamental de todo individuo para realizar solicitudes y peticiones a determinada autoridad competente y obtener una respuesta por escrito, siempre y cuando esto cumpla con los requisitos establecidos por la ley. Actualmente, este derecho se encuentra reconocido en su artículo 8o., que dice a la letra: los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. Cabe mencionar que a la fecha no existe una legislación reglamentaria para la simulación o a lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional. Por lo tanto, varios de los aspectos del derecho de petición han sido debidamente definidos e interpretados por la vía jurisprudencial. Es importante, entonces, reconocer que a la par de nuestro andamiaje legal, el derecho internacional sigue constituyendo la principal herramienta para que México continúe avanzando en la construcción de una sólida regulación al derecho pleno y protección de los derechos humanos de la población del país. Al respecto, destacamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos de diciembre de 1948. La Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. No queda duda, nuestro sistema jurídico cuenta con importantes avances en materia de derecho de petición, con el respaldo de estos importantes instrumentos internacionales. Sin embargo, consideramos pertinente seguir impulsando esfuerzos legislativos encaminados a fortalecer nuestra ley con miras a consolidar una regulación que realmente garantice a la población el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales, sin discriminación ni exclusión alguna. Esta nueva realidad brinda la oportunidad para fortalecer la interacción de las demandas y exigencias ciudadanas en el marco del ejercicio de sus derechos humanos con las distintas autoridades de gobierno y, por consiguiente, las necesidades de brindar un impulso normativo a nuestro orden jurídico, a fin de dar certeza, el uso de las nuevas tecnologías, estableciendo nuevas modalidades y delimitando sus alcances legales. Luego entonces, el derecho de petición es objeto de la presente iniciativa, no ha quedado exento de esta dinámica social y evolución tecnológica. Por ello, la necesidad de impulsar una actualización normativa al contexto constitucional a la realidad actual, fundado en esta reorientación. En este sentido, que cuando el Constituyente plasmó el derecho de petición en 1997, particularmente el artículo 8o., se incluyó en el derecho de petición que debería hacerse valer por escrito toda vez que no existen los avances tecnológicos y medios electrónicos que hoy existen a través del Internet. Ante estas circunstancias, consideramos necesario el impulso de acciones legislativas que permitan ampliar las tutelas del derecho de petición en un enfoque de progresividad, para ajustarlo a la evolución y alcances que hoy por hoy imponen los avances de nuevas tecnologías y en especial los medios electrónicos. Cabe señalar, que actualmente en México la mayoría de las diversas instancias de los gobiernos federal, estatal, municipales cuentan con portales de Internet, páginas Web, correos electrónicos, destinados a recibir inquietudes, opiniones y demandas a peticiones de la ciudadanía, sin embargo, aún prevalecen algunas lagunas jurídicas en torno a su correcta operación. En el mismo tenor y en el marco del artículo 8o. constitucional, es importante destacar que los tribunales federales y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ya cuentan con antecedente referente a este reconocimiento. Un precedente histórico referente al derecho de petición encontramos en el amparo de revisión del 245/2022, resuelto por unanimidad de votos, en sesión del primero de febrero de 2023, donde la Primera Sala, la Corte de Justicia de la Nación, emitió pronunciamiento respecto a un juicio de amparo indirecto promovido por una persona física quien, a partir de la plataforma digital, denomina Twitter, formuló tres peticiones al Ayuntamiento de Guadalajara, que no fueron respondidas.