La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Quisiera hablar de los contratos legados, que es uno de los problemas más graves que tiene la Ley de la Industria eléctrica. El gobierno ya no quiere que el país siga perdiendo recursos públicos, ya no se deben seguir dilapidando los impuestos de la gente en un puñado de empresas, la mayoría extranjeras, que se aprovecharon de gobiernos que hubo en el pasado. ¿Por qué seguir obligando a la CFE a tener una filial como CFE Intermediación de Contratos Legados, para operar, administrar y representar a los empresarios, que son sus competidores además? ¿Por qué la CFE tiene que administrar a empresas privadas? El costo de esta subsidiaria es de 7 mil 820 millones de pesos y estos contratos estarán vigentes hasta el 2039, lo que implica una pérdida de 160 mil millones de pesos, solo por administrar a los privados. ¿Qué las empresas no pueden administrarse a sí mismas? Además de mantenidas, con tantos subsidios, hay que llevarles la administración. Es el colmo. Los daños derivados de estos contratos de los productores independientes y sus centrales externas legadas es un problema que aborda la iniciativa presidencial. El daño que producen estos productores independientes es enorme. La figura se aceptó durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, más bien, se creó en 1992 una ley inconstitucional, la creó Salinas, luego se reformó con el propio Salinas, durante el TLCAN. Luego Vicente Fox la volvió a modificar para meter además de la producción independiente, que se le vende a la CFE, meter que los excedentes se pudieran ocupar en autoconsumo. Y con todos estos ajustes que hicieron Carlos Salinas, Zedillo y Fox, pues estos productores independientes ahora tienen permisos de generación para vender a la CFE, tienen permisos de autoabastecimiento que simulan tener socios y entonces venden la luz directa, violando la Constitución, la ley, porque nadie está autorizado a vender luz, que no sea la Comisión Federal de Electricidad. Y, para colmo, también les permiten la exportación de electricidad, como a Iberdrola, que es la peor compañía que hemos analizado. Bueno, en la actualidad estos contratos son un pesado lastre para la CFE. En 14 de 27 contratos que involucran centrales de ciclo combinado, se establecen pagos crecientes onerosos, que garantizan la rentabilidad para el privado y a pérdida, todas las pérdidas para la CFE. Si por algún motivo no entra a la red la energía creada, la electricidad creada por estos productores independientes, la CFE les tiene que pagar la generación, el riesgo cambiario, la inflación, los subsidios, las pérdidas y si estas centrales no son despachadas. Es un daño patrimonial calculado en 412 mil 410 millones de pesos. Ellos se llevan las ganancias y la CFE paga, carga con todas las pérdidas. La magnitud de este daño patrimonial exige que se revisen estos y la hipotética legalidad de tales contratos. Al vencimiento de estos contratos, las centrales además se instalan en el mercado. La CFE les pagó todo, pero se quedan adueñadas de toda la infraestructura y es un gasto monumental. Generaron un desorden, un desequilibrio, una ilegalidad y no se le da nada a la CFE de la infraestructura. Los contratos de autoabasto fueron utilizados para vender electricidad directa a clientes disfrazados de socios, violando toda norma. Quisiera señalar también que los permisos de autoabastecimiento están establecidos en la ley. La ley es muy clara al decir que pueden ser revocados si se violan los artículos de esta ley. Y aquí tengo todos los artículos que la Ley de la Industria Eléctrica señala para que los contratos puedan ser causales de revocación en el artículo 131 de esta ley. Si violan las tarifas aprobadas, las violan. No pagar derechos, aprovechamientos o cualquier otra cuota aplicable a permiso, incluyendo la verificación del mismo, se cumple por llevar a cabo actividades de las permisionadas, distintas a lo que establece su permiso, lo incurren por ceder, gravar, transferir o enajenar derechos y obligaciones derivados de los permisos sin avisar a la CRE, a la Comisión Reguladora de Energía, lo cual estuvo ocurriendo hasta que este gobierno llegó. Y puedo leer muchas otras cosas de que son ilegales desde 1992 lo son, porque no se podía dar a privados la producción, la generación eléctrica. Eso estaba en el 25, 27 y 28 constitucionales y esos artículos se cambiaron hasta 2013. Es decir, estos productores independientes han estado durante todos estos 36 años fuera de la ley y de la Constitución. Ya no les tengamos piedad. Aprobemos esta iniciativa para que CRE pueda cancelarles esos permisos, o al menos que se revise la legalidad, puede ser que no todos estén mal, son una pesada carga al erario, revisemos uno por uno. Eso es lo que está establecido en esta propuesta. Gracias, presidenta.