El diputado Juan Francisco Ramírez Salcido: Una de las principales banderas por las que hemos trabajado incansablemente como legisladores ha sido buscar los caminos y mecanismos necesarios, dirigidos al combate, a la corrupción y rendición de cuentas. Celebramos las batallas conquistadas en ese terreno, sin embargo, el dictamen que hoy nos ocupa parece ser una buena idea, pero mal aplicada. Son demasiados los riesgos y dudas que se han generado alrededor de esta nueva normativa, sobrepasando los beneficios y certidumbres que pretende ofrecer. Estamos claros que el presente ordenamiento tiene como objetivo fundamental sentar las bases para la instrumentación de acciones, a efecto de fomentar la confianza ciudadana, otorgando beneficios y facilidades a través de los programas implementados por las dependencias de la administración pública federal. Sin embargo, como se ha señalado, la coordinación que demanda una normativa como esta parece estar mínimamente señalada. A pesar de los cambios realizados en comisión aún no tenemos certeza sobre los procesos de verificación que se realizarán en temas tan sensibles como la seguridad alimentaria, la sanidad y la inocuidad agroalimentaria, animal y vegetal. Por otro lado, se pretende impulsar el desarrollo económico del país otorgando certidumbre jurídica para aquellas personas interesadas en desempeñar alguna actividad empresarial, migrando de un sistema de fiscalización a uno basado en la buena fe. Reconociendo el acto de quienes invierten en el país y están interesados en el desarrollo económico nacional. Si bien el espíritu de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana recae en reducir los gastos administrativos y burocráticos que derivan de los procesos de fiscalización y verificación, no existen hasta ahora elementos claros que nos den la posibilidad de evaluar las consecuencias reales de la posible aplicación de la misma. Quienes integramos el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos comprometimos a que nuestra agenda legislativa incluyera temas de impulso y promoción del desarrollo económico. Es por ello que este voto que daremos en lo general es en realidad un voto impulsado por la buena fe, ya que se trata de un experimento basado en un enfoque conductual de la economía que tendrá que enfrentarse a una muy pobre, si no es que inexistente cultura de la legalidad. No debemos ignorar la postura de los productores de carne y de otro tipo de alimentos, quienes han mostrado su preocupación por lo que implicaría una suspensión de verificaciones a sus cadenas de producción, toda vez que países como Estados Unidos o Japón, ambos de los principales importadores de alimentos desde México, han señalado sus reservas a la ley que hoy votaremos. Japón y Estados Unidos concentran cerca del 81 por ciento de las importaciones de alimentos, por lo que los resultados de continuar en este tipo de medidas podrían derivar en mayores problemas. La presente administración debe estar consiente que tiene frente a sí un enorme dilema: generar ahorro o gastar más, sin contar con una visión estratégica. Por su fuera poco, existen muchas dudas respecto a la posible discrecionalidad en la que podría incurrir la comisión, toda vez que no se cuenta con las garantías sobre cómo habrán de evaluarse los resultados de la propia ley o cómo habrá de imponerse la gravedad de las sanciones y de los procedimientos de las mismas. En el mismo sentido, no existe claridad del destino que habrá de tener la información que otorguen los contribuyentes que se inscriban al padrón para generar una mejora regulatoria. Movimiento Ciudadano está comprometido con la promoción de la participación ciudadana y el involucramiento de los agentes económicos y nuevos mecanismos que hagan más simple y práctico el llevar a cabo actividades económicas lícitas. Votaremos a favor de esta ley, ya que creemos que México debe implementar mejores maneras de promover el desarrollo económico, pues al día de hoy las trabas administrativas representan una de las variables que generan más rezago en la promoción de nuevos negocios, toda vez que se requieren en promedio siete trámites, 12 días y un desembolso equivalente a 11.5 por ciento del ingreso per cápita para echar a andar un negocio. Sin embargo, los diputados ciudadanos trabajaremos en propuestas que mejoren el presente ordenamiento, a fin de corregir los problemas antes señalados y que por igual han sido evidenciados por los propios agentes económicos, con el propósito fundamental de darle a México mejores herramientas que combatan la corrupción y traigan consigo mejores condiciones de vida para todas las familias mexicanas. Es cuanto, señor presidente.