El diputado Reginaldo Rivera de la Torre: Basta de retórica y de pretender sorprender al órgano legislativo con la propuesta que se acaba de hacer. Es fuera de toda normatividad interna de la Cámara de Diputados. Con su permiso, señor presidente, integrantes de la Mesa Directiva, compañeras diputadas y compañeros diputados, no se puede hablar de Constitución sin Estado. Y consecuentemente no se puede afirmar la existencia del Estado sin Constitución. Reconociendo en consecuencia la dependencia permanente de estos elementos que dan racionalidad y razonabilidad a la vida colectiva, siempre que el Estado cumpla con su función y utilidad, que no puede ser otro que la preservación de lo colectivo. Y en el mismo nivel de importancia, la protección del individuo a través de los derechos fundamentales y las garantías individuales, que no pueden ser normas de nivel legal, sino supremo, de ahí que deban estar contenidas en la Constitución para que regulen el sistema normativo de menor jerarquía, máxime si son admitidos estos derechos fundamentales, como son las convenciones y los tratados internacionales. El aspecto de la secularización del Estado en su función y en el comportamiento de los servidores públicos resulta indispensable para la defensa de la constitucionalidad y de los derechos fundamentales, de libertad y de igualdad, de todos y cada uno de los miembros de la comunidad que deban ser protegidos por el sistema normativo del Estado, sin importar su vinculación de nacionalidad, pues todos debemos ser respetados en nuestro pensamiento, en nuestra palabra, en lo que queramos creer, espacios personales y de la moral privada en los que el Estado por experiencia histórica debe abstenerse de participar. Porque también, de no aceptarse lo anterior, cabrá la posibilidad de que el Estado designe y defina los elementos de comprensión del rito y de participación de las iglesias, que son construidas sociológicamente a partir de diversas legislaciones. Una revisión profunda de nuestra constitucionalidad nos lleva a la conclusión de que el laicismo es un requisito de estructura y de funcionamiento del Estado democrático y constitucional, porque sin él el sistema garantista de la defensa de los derechos fundamentales se destruye. Roberto Blancarte indica que: "el carácter laico deriva de que las prácticas públicas y de que sus leyes no partan de dogmas o de verdades absolutas, que deriven de afirmaciones de carácter religioso o ideológico". En consecuencia, lo laico no es antirreligioso, sino antidogmático. Sin olvidar que toda persona está facultada para creer, elegir, participar o no creer en los ritos de las iglesias que estimen adecuadas. Por ello, el Estado debe reducir su participación o regular el comportamiento de personas y no para indicar qué afirmaciones son o no válidas, quién puede o no dirigir practicar ritos religiosos, y mucho menos para afirmar e imponer una sola forma de pensar. Norberto Bobbio, dice: "no se trata solamente en efecto, de una política laica contrapuesta a una política eclesiástica. Es decir, no se trata de promover el problema del Estado laico en el sentido del Estado sin religión oficial, lo cual implica que en el momento actual, el laicismo no es ateismo, ni pugna contra el credo o religión alguna, es más que cualquier otra cosa, permitir la pluralidad". En ese sentido, Giovanni Sartori dice: "el pluralismo exige que la Iglesia esté separada del Estado y que la sociedad civil sea autónoma de ambos. El pluralismo se ve amenazado tanto por el Estado que sea el brazo secular de una iglesia, como el Estado que politice a la sociedad". En México, el Estado laico es resultado, en primer lugar, de nuestra cultura prehispánica, que no fue a pesar de muchos esfuerzos aniquilada con la Colonia. En consecuencia, es falso que en México tengamos una tradición de pensamiento única. El calificativo agregado para el Estado mexicano de laicidad no es de ningún modo un ornato; tampoco la muestra discursiva de una lucha estéril de nuestro país, en donde se han venido a confrontar las ideologías con el ejercicio del poder público, porque se puede en el estado democrático y plural contemporáneo permitir, mediante la norma constitucional y legal, el ejercicio máximo de los derechos con el límite de la propia Constitución a favor de los derechos y garantías del otro; el estado laico que permita la igualdad plena a todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Solicito que el texto íntegro de esta propuesta sea integrada al Diario de los Debates.