El diputado Fernando Bribiesca Sahagún: Compañeras diputadas y compañeros diputados, los dictámenes que presenta la Comisión de Defensa Nacional reconocen el sentir social de un gran sector de la población por los efectos del tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados. En el Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza no sólo reconocemos ese sentir sino que hacemos eco de las voces que claman un mayor control por parte de la autoridad sobre las armas que alimentan a los delincuentes para cometer sus fechorías. Las propuestas contenidas en los dictámenes actualizan la norma al incorporar la posesión ilícita de cargadores de cartuchos que permiten el rápido reabastecimiento de armas de fuego, lo que menoscaba y merma la actuación pronta y expedita de nuestras fuerzas de seguridad, con el agravante que vulneran también su seguridad. Al ajustar el monto de las multas a los portadores de armas de fuego que no hagan la manifestación o no tengan las licencias correspondientes expedidas por la Secretaría de la Defensa Nacional e incorporar un tipo penal para sancionar las conductas de posesión ilícita de cargadores se actualiza nuestro precepto normativo sobre armas de fuego y explosivos a la realidad que nos atañe, asimismo permite armonizar con otros ordenamientos en esta materia aportando a la autoridad encargada de su aplicación los elementos necesarios para brindar certeza jurídica a las personas físicas y morales. Es de reconocer también que la actualización de las sanciones económicas fue realizada bajo los principios de seguridad jurídica, exacta aplicación de la ley penal, proporcionalidad de la pena y racionalidad jurídica establecidos en la Constitución, tomando en cuenta el grado de peligro de las infracciones administrativas, tipos penales establecidos, así como la conducta desplegada. Se estima que en México circulan un número aproximado de 20 millones de armas ilegales, además de las 5.5 millones registradas ante la Sedena, lo anterior nos da una clara idea del potencial dañino que implica tal cantidad de armas de fuego, más aún si consideramos el fácil acceso que se tiene para adquirir cargadores y cartuchos útiles que sirven para abastecer estas armas, la mayoría de ellas catalogadas como de uso exclusivo del Ejército. No atender esta situación con medidas efectivas generará a corto plazo un problema mayor, sobre todo si consideramos que unas 2 mil armas ilegales se introducen el país cada día, procedentes de Estados Unidos de América. Estas armas y cartuchos abastecen a los cárteles de la droga, a la delincuencia común, a la delincuencia organizada, así como a miles de mexicanos que ven en su posesión una vía de defensa ante los niveles de inseguridad que prevalece en diversas partes del país, aspecto que no parece ser el mejor camino para enfrentar a la delincuencia. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor de ambos dictámenes porque estamos convencidos de que la seguridad pública debe fortalecerse como un derecho humano, indispensable para ejercer otros derechos consagrados en nuestra Constitución, como el de la seguridad personal, familiar y de nuestros bienes; el derecho de tránsito y a vivir en paz y con tranquilidad en nuestra comunidad. También debemos señalar que ante la crisis de inseguridad hay otras tareas relacionadas con la prevención que deben de ser permanentes. Prevención es transparentar las acciones del gobierno contra la delincuencia común y organizada, atacar a las redes de lavado de dinero y que en mucho han financiado este mercado negro de armas. Significa el combate a la corrupción política y administrativa, pues de otra forma no se concibe el desmedido ingreso de armas y cartuchos ilegales por ambas fronteras. Consiste también en la prevención social del delito, fomentando las condiciones sociales, educativas y económicas para el desarrollo, así como una pulcra actuación de los ministerios públicos para que los procesos judiciales logren la condena de los inculpados. Sólo así lograremos combatir de manera frontal y directa a la delincuencia organizada. Es cuanto, señor presidente.