La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, el objeto de la reforma es, precisamente, fortalecer la efectiva protección de los derechos humanos. Queremos destacar que el bien que se pretende tutelar es el cumplimiento de las recomendaciones que emiten los órganos defensores de los derechos humanos, previstos en el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A raíz del surgimiento de los ombudsman, es decir, de los organismos protectores de los derechos humanos, se les han ido otorgando facultades que varían de sistema jurídico a sistemática jurídico. En el derecho comparado vemos instituciones de ombudsman mucho más fortalecidas, por cuanto sus resoluciones son obligatorias y no recomendaciones. Pero en nuestro sistema jurídico se optó porque sus resoluciones, las resoluciones de los ombudsman fueran únicamente con carácter recomendatorio. A pesar de carecer de la obligatoriedad de las recomendaciones de las comisiones de derechos humanos, en el momento en que se ideó o se racionalizó como fortalecerlo el que tuvieran un carácter vinculatorio, se pensó que era necesario nada más en razón del carácter moral de las instituciones o la importancia de los mismos ombudsman. Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido es que los servidores públicos se han negado a cumplir con las recomendaciones y ni siquiera emiten justificación alguna. A raíz de la reforma constitucional de 2011, en que se colocaron las normas de derechos humanos al mismo nivel de las normas constitucionales y también de la reciente sentencia o tesis de la Suprema Corte de Justicia en que coloca a las normas de derechos humanos al mismo nivel de la Constitución, llama la atención que la efectiva protección de los derechos humanos en cuanto a las recomendaciones que emitan los ombudsman, únicamente tengan el carácter de recomendación sin que precisamente se pueda llamar al servidor público a que justifique su negativa a cumplir con la recomendación, y en su momento, no solamente no justificar y cumplir la recomendación, sino hacerlo público. Por estas consideraciones, es de suma importancia la reforma que se presenta, en particular, en el sentido de que se solicita que la autoridad que es llamada a cumplir con la recomendación y en caso que no desee hacerlo, justifique por qué razones no cumple con la recomendación y lo haga público. Esto es parte del derecho de acceso a la justicia. Toda autoridad está obligada a justificar, a motivar su actuar; de otra forma, el actuar de las autoridades sería un actuar arbitrio y contrario, no solamente a los derechos fundamentales, sino también a lo que es el respeto a las garantías individuales establecidas en nuestra Constitución. En el dictamen que se nos presenta se pretende, además de establecer esta obligación de justificar y responder por el no cumplimiento de las recomendaciones y no hacerlo público, el que puedan ser responsables, de conformidad con la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Desgraciadamente... Digo, es una solución que ahorita se nos presenta, pero también debería fortalecerse, no solamente a través de una responsabilidad de los servidores públicos y haciendo la reforma pertinente, en este caso, sino establecer un delito, incluso, una tipificación de un delito para aquel funcionario o servidor público que no justifique o motive el no cumplimiento de alguna recomendación de algún ombudsman o comisión de Derechos Humanos y que lo haga público. Por todas estas consideraciones, a pesar de que representa un avance muy importante la reforma que hoy se nos presenta, consideramos que debería avanzarse más en este tema. El Partido del Trabajo va a votar a favor del presente acuerdo. Es cuanto, presidente.