El diputado Gilberto Hernández Villafuerte: La iniciativa que algunos congresistas estadounidenses están impulsando para dar permiso al presidente de los Estados Unidos de utilizar la fuerza militar, con el fin de combatir extraterritorialmente a los traficantes de drogas por considerar que se trata de terroristas que ponen en riesgo la seguridad nacional de aquel país, no puede ser calificada de otra forma que no sea de intervencionista, porque de aprobarse y de otorgarse el permiso referido estaríamos hablando de una invasión. Lo anterior no solo es injustificable, sino inaceptable e indignante, pues atenta contra el espíritu de colaboración binacional y de los esfuerzos de cooperación que se han venido llevando a cabo entre los gobiernos de México y Estados Unidos para enfrentar los problemas relacionados con el tráfico de drogas y la inseguridad en ambos lados de la frontera. Si bien no es la primera vez que se hace una propuesta de este tipo, lo cierto es que se ha desatado un fuerte debate en torno al planteamiento, porque éste pretende catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, especialmente a los que introducen a los Estados Unidos fentanilo, el cual se ha convertido en una de las sustancias más peligrosas que haya conocido la humanidad. Es evidente que este fenómeno tiene implicaciones en la seguridad ciudadana en el país vecino, pero no se puede perder de vista que realmente se trata de un problema de salud pública. Las drogas, la violencia y la inseguridad son, sin duda alguna, problemas que se encuentran estrechamente relacionados y, en el caso de México y Estados Unidos, deben ser abordados de manera integral. Uno de los principales problemas que hoy afectan a nuestro país es el tema de la violencia, que lamentablemente se registra en diversas regiones de nuestro territorio, en particular aquella generada por la delincuencia organizada. Si bien el gobierno de México está realizando un gran esfuerzo para garantizarle a las y los mexicanos la paz y la tranquilidad que se merecen, erradicar la violencia y la inseguridad que nos aquejan es un asunto de mayor complejidad. Todos los esfuerzos que como país realicemos en materia de reducción de la violencia resultarán insuficientes mientras no detengamos el flujo de armas desde Estados Unidos, tal como lo ha planteado nuestro gobierno. Las armas estadounidenses que ingresan a México no sólo aumentan el poder de fuego de los carteles de las drogas, que son los principales generadores de la violencia, sino que llegan a manos de delincuentes que cometen toda clase de delitos en contra de la población, entre ellos los de alto impacto, como el homicidio, el secuestro, la extorsión y la trata de personas. En este sentido, hemos reconocido la pertinencia de la demanda que presentó el gobierno mexicano en contra de las armerías estadounidenses, por su responsabilidad en la venta indiscriminada de armas, lo cual favorece el tráfico ilegal de éstas a nuestro país. Los altos índices de homicidios dolosos que lamentablemente se registran en México están sin duda alguna directamente relacionados con la cantidad de armas que entran al país y que terminan en manos de los narcotraficantes, lo cual facilita a su vez el ingreso de drogas a territorio estadounidense y complica cada vez más el control de las adicciones, que le cuestan la vida cada año a más de 100 mil personas del otro lado de la frontera, particularmente por la adicción al fentanilo. En otras palabras, si no hacemos algo para detener el flujo de armas a México desde Estados Unidos, nosotros seguiremos poniendo los muertos a causa de la violencia y ellos las muertes derivadas de la adicción a las drogas. En este contexto, en el Partido Verde impulsamos un acuerdo, aprobado por esta asamblea en noviembre pasado, a fin de hacer llegar a la Cámara de Representantes de los Estados Unidos una carta respecto a la importancia de las acciones legislativas en aquel país para combatir el tráfico ilegal de armas a México y contribuir a disminuir la violencia armada en nuestro territorio. Este es el tipo de entendimiento que requieren nuestros países, y no amenazas de intervención con el pretexto de combatir a las organizaciones que trafican drogas. Por ello, se encuentra completamente justificada la respuesta del gobierno del presidente López Obrador, al señalar que nuestro país está haciendo lo que le corresponde para combatir el tráfico de fentanilo y al resaltar la necesidad de que Estados Unidos realice mayores esfuerzos para prevenir las adicciones en su población, antes de culpar a otros países de las mismas. Las autoridades mexicanas encargadas del combate al tráfico de drogas realizan constantemente operativos a través de los cuales se han realizado decomisos históricos de fentanilo, como el realizado en julio del año pasado, cuando se aseguró en Sinaloa más de media tonelada de esta sustancia, con una afectación al crimen organizado de 224 millones de dólares. O bien, el aseguramiento que se llevó a cabo en Sonora, de 815 mil pastillas de fentanilo el 11 de agosto. Por su parte, el presidente López Obrador anunció ayer en la conferencia Mañanera, que impulsará la prohibición del uso de fentanilo para usos médicos en México. Y convocó a los médicos y científicos de nuestro país para analizar cómo sustituir el fentanilo de uso médico por otros analgésicos. No cabe duda que de nuestra parte se están haciendo los esfuerzos necesarios para evitar que siga entrando el fentanilo a Estados Unidos y se siga envenenando a su población. Por lo cual no puede esto ser utilizado como un pretexto para la promoción de acciones de intervencionismo. Suponen un ataque a nuestra soberanía. Por eso celebramos la respuesta que ha dado el presidente a estas pretensiones, que son un producto de la politiquería y el interés de utilizar a México con fines electorales. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.