La diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, sabemos y ha sido una gran lucha que el acceso a todos los derechos humanos de las personas en México, está garantizado en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De acuerdo con el último Censo de Población y Vivienda, realizado en 2020, en México residen alrededor de 7.2 millones de personas con discapacidad o algún problema o condición mental, representando el 5.69 % de la población total del país. Aunque se ha consolidado la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad con el propósito de estar a la altura de las circunstancias y en armonía con los tratados internacionales de los que nuestro país, por cierto, forma parte, como lo es la Agenda 2030, lamentablemente siguen permeando hechos discriminatorios hasta este sector de vulnerabilidad. Por mencionar algunos, la falta al derecho de accesibilidad de ayudas técnicas, que son aquellos medios que contribuyen a compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, sensoriales o intelectuales. Urge la capacitación oportuna del personal en oficinas de las dependencias gubernamentales, así como el acondicionamiento de los espacios para brindar una atención adecuada a las personas con discapacidad. Por mencionar un ejemplo, así lo ha narrado Daniel Robles Haro, un joven activista, jalisciense, que vive una discapacidad de parálisis cerebral severa. Él se comunica a través de su mirada, señalando objetos, lugares y direcciones, además de ayudarse con algunas aplicaciones tecnológicas que le permiten traducir sus pensamientos en palabras. El año pasado al acudir a una oficina regional del Servicio de Administración Tributaria, para solicitar el trámite de su firma electrónica, requisito que le pidieron para emitir facturas por su participación como columnista en una revista, se enfrentó con un acto aberrante de discriminación. La servidora pública no tuvo noción de cómo atenderlo, tuvo que consultar a su coordinador, quien a su vez consultó sus normas y procedimientos, concluyendo que el SAT no podía saber a simple vista si Daniel era una persona capaz de asumir una responsabilidad como contribuyente. Como este hecho se viven cientos, miles a diario, situaciones que revelan la falta de respeto, evidentemente la falta de inclusión, pero también la carente capacitación para ofrecer un trato digno y oportuno sin distinción, además de actualizar sus reglas y procedimientos para todos. En este sentido, pongo la imperiosa necesidad de adicionar los párrafos segundo y tercero a la fracción I, del artículo 16 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en materia de capacitación en trato digno, disponibilidad y manejo de ayudas tecnológicas y comunicación en espacios de trámites administrativos en dependencias de los tres niveles de gobierno, con el fin de evitar que por desconocimiento o intencionalidad, se sigan materializando actos de discriminación, de maltrato o de simplemente falta de capacidad de respuesta en las atenciones requeridas. No nos olvidemos que aspectos que no se cumplen son letra muerta para nuestro marco jurídico y que asegurar sus derechos a las personas con discapacidad, es asegurar que se cumpla la Agenda 2030. Además, que este gobierno ha tenido un principal interés en que haya una verdadera inclusión, que nadie se quede afuera, que nadie se quede atrás. Por eso es que vamos a construir desde nuestra trinchera, un mundo más inclusivo, más empático, más igualitario y que, evidentemente, todas y todos los legisladores tengamos la oportunidad de aportar ese granito de arena para aquellos más vulnerables. Es cuanto.