El diputado Juan Carlos Romero Hicks: Distinguidas legisladoras y legisladores. Audiencia que nos sigue. El dictamen que hoy se presenta a esta soberanía es producto de muchas horas de diálogo y reflexión en el sector y entre legisladores. Es una materia muy especializada y que había estado olvidada o en pausa de análisis hasta que nuestro compañero Roberto Briano Borunda, quien además es ingeniero espacial egresado de la Universidad Autónomo de Chihuahua, nos puso el tema sobre la mesa. La exploración y el uso del espacio ultraterrestre es una oportunidad para los Estados para utilizar los avances tecnológicos para el beneficio de la economía. Como ejemplo, el país vecino del norte ha desarrollado una industria aeroespacial en crecimiento. El derecho del espacio ultraterrestre ha avanzado a nivel internacional al establecer principios que deben regir la conducta de los estados en el espacio exterior y en las actividades relacionadas. Y México no es ajeno a esta legislación internacional, entre la que se encuentran acuerdos, tratados, convenios y declaraciones que contienen principios sobre el uso del espacio que datan desde 1976. Ejemplo, el Tratado de principios que rige la actividad de Estados en exploración y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna y cuerpos celestes. O el Acuerdo sobre el salvamento y la devolución de astronautas y la restitución de objetos lanzados al espacio ultraterrestre, entre otros. La última actualización sobre principios del uso del espacio se dio en 1996. En este sentido parece que de acuerdo con el desarrollo tecnológico que vivimos es necesaria una regulación para la actividad del país en el espacio ultraterrestre, en el entendido de que la propia norma internacional establece los límites de la regulación de los Estados, como ya lo mencionó nuestro compañero legislador Mario Alberto Rodríguez. Queda claro que la luna y otros cuerpos celestes no pueden ser objeto de apropiación nacional, sin embargo, su exploración es un área de oportunidad para nosotros. Para fortuna de nuestro país, contamos con personas muy estudiosas en la física, la astronomía, la astrofísica, la cosmología, las ingenierías, la astronáutica, el derecho astronáutico, entre otras disciplinas, que han podido ir haciendo aportaciones significativas. El tratado internacional sobre principios que debe regir a los Estados en exploración y utilización del espacio extraterrestre, incluso la luna y otros cuerpos, establece una serie de disposiciones que son importantes de tomar en cuenta. Por ejemplo, en la construcción de normas, ya otros oradores lo han advertido, se debe cuidar la intención de no monopolizar, porque queda claro que el propio derecho internacional impide la monopolización de un Estado. Y segundo, también muy importante, la no intervención del sector privado en actividades de exploración. Subrayamos que en México no contamos con una legislación en la materia. ¿Por qué es necesario? Porque incluso nos permite fijar límites establecidos en el derecho internacional, así como incentivar la inversión pública y privada destinada a la investigación y la exploración del espacio. Por esta razón, es que después de muchas búsquedas logramos un consenso de diversos grupos parlamentarios, para incorporar al texto constitucional las actividades de exploración en el espacio ultraterrestre. De aprobarse el dictamen, el siguiente paso será armonizar la legislación secundaria con las normas internacionales y establecer los esquemas de inversión para el desarrollo de la tecnología espacial. De aquí la importancia de contar pronto con una nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, que está en diseño y que permite fortalecer áreas de oportunidad que se han detectado en los análisis del dictamen en comento. De aprobarse esta reforma, será la pauta para abordar distintos frentes, como la inversión, ingresos fiscales, la industria espacial, la generación de empleos, el desarrollo tecnológico espacial. En la actualidad, en México contamos ya con más de 300 empresas del sector aeroespacial. Es el tamaño del potencial. Contamos, en el caso nuestro, con la Agencia Espacial Mexicana instaurada en el año 2010. Esta necesita una estrecha vinculación gubernamental para detonar la industria y comenzar a preparar académicamente a las personas interesadas. Este tema que parece aislado nos traslada también a la recién aprobada Ley General de Educación Superior, construida por todos los grupos parlamentarios y a la Ley General de Ciencia, a la que me he referido, para vislumbrar áreas de oportunidad en la oferta académica y en la inversión que se tiene por delante, pues esta materia se intersecciona con intereses gubernamentales en seguridad espacial, así como el sector comercial implica el desarrollo de varios elementos: la ciencia básica aplicada, los nanosatélites, el diseño de subsistemas y manufactura de satélites, como los de la observación de la tierra, la industria del Space Data, software de simulación, la minería espacial e internet de banda ancha y comunicaciones. En el panorama actual tenemos la oportunidad de impulsar esta reforma y otras pendientes, una legislación articulada que permita la creación de infraestructura y manufactura y fomento espacial y elevar a rango constitucional esta materia, abrimos la posibilidad de tener mayor transferencia tecnológica, posibilitar la creación de instrumentos que permitan el desarrollo de una industria ultraterrestre con mayor capital humano. Felicito a mi compañero proponente, porque este es un tema estratégico que había guardado demasiado tiempo para poder iniciar a resolverlo. Es cuanto.