El diputado Jaime Martínez López: Compañeras y compañeros diputados. Ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través del Canal del Congreso y de las redes sociales, muy buenas tardes. A nombre de la comisión presento este dictamen que reforma la fracción XXII del artículo 8o. de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos en materia de inspección naval privada. La Secretaría de Marina y la Armada de México siempre velando por la seguridad de la vida humana en la mar y para servir a México. Compañeras y compañeros diputados, este dictamen tienen por objeto fortalecer la seguridad marítima y armonizar la legislación nacional con la internacional, a fin de establecer como atribución a la autoridad marítima nacional la facultad para aplicar la evaluación técnica de competencia profesional sobre las personas autorizadas para realizar inspecciones navales a embarcaciones. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Secretaría de Marina es la institución encargada de ejercer la autoridad marítima en las zonas marinas mexicanas, así como en las costas e instalaciones portuarias nacionales. De tal manera, que la Secretaría de Marina, a través de la autoridad marítima nacional, tiene la responsabilidad de hacer cumplir la legislación nacional en materia marítima y portuaria, así como los ordenamientos internacionales del cual México tiene convenios y tratados relativos a garantizar la protección marítima, a efecto de evitar que cualquier factor perturbe las condiciones de seguridad de los buques. Al respecto, es importante señalar que, de acuerdo con la misma Ley de Navegación y Comercio Marítimo, la autoridad marítima nacional está facultada para otorgar autorizaciones a inspectores privados, a efecto de que realicen la verificación y certificación de embarcaciones y artefactos navales. Lo anterior, con el objeto de garantizar que todo el equipamiento del cual está dotado un buque, cumpla con las especificaciones para navegar de manera segura. Sin embargo, hasta el momento la autoridad no tiene la atribución de supervisar la calidad y capacidad técnica de las personas autorizadas para realizar las inspecciones navales privadas. Es de destacar que, si bien la autoridad tiene la atribución de autorizar a terceros y supervisarlos para que lleven a cabo inspecciones, también se requiere incluir la facultad para evaluar técnicamente en cuestión de competencia profesional de acuerdo con los instrumentos internacionales. Para fundamentar y precisar esta reforma es importante señalar que, en el ámbito marítimo internacional, la autoridad que rige a los estados, es la Organización Marítima Internacional, OMI, organismo especializado de las Naciones Unidas responsable de la seguridad y protección de la navegación y de prevenir la contaminación del mar por los buques. En materia de seguridad marítima, uno de los convenios más importantes de la OMI, es el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, del cual México es parte firmante, mismo que establece las medidas especiales para incrementar la seguridad marítima. En el citado Convenio, se establecen las medidas especiales para incrementar la seguridad marítima, una de ellas se refiere a reconocer a terceros interesados en realizar inspecciones navales privadas. No obstante que existen diversos instrumentos internacionales, que facultan a la autoridad marítima nacional para llevar a cabo la evaluación técnica de competencia profesional para los terceros autorizados, esta facultad no está contemplada en la Ley de Navegación y Comercio Marítimos, lo que ha generado un obstáculo al ejercicio de las funciones a la cual está obligada la autoridad marítima por disposiciones internacionales. Ello ha generado que inspectores se nieguen a ser evaluados por la autoridad, situación que ha llegado a judicializarse en razón de que los particulares han presentado amparos de que los particulares no pueden ser evaluados, debido a que dicha facultad no está expresamente señalada en la legislación nacional, lo cual pone en riesgo al personal que tripula los barcos. Por lo anterior, las y los diputados de la Comisión de Marina coincidimos en que falta la armonización de nuestras leyes nacionales con los instrumentos internacionales, incumple con lo estipulado por la Organización Marítima Internacional y a los establecido en el convenio internacional para la seguridad de la vida humana en la mar. Con esta reforma también le daremos certeza jurídica a la autoridad marítima para el ejercicio de sus funciones, toda vez...