La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, estimados ciudadanos, hoy estoy en este recinto legislativo con la finalidad de representar a diversas voces en contra de una de las iniciativas más peligrosas que hemos enfrentado en este sexenio, una reforma que pretende integrara la Guardia Nacional bajo el control directo de las Fuerzas Armadas. A diferencia de lo que se estipula en las reformas anteriores, hoy buscan que la Guardia Nacional con carácter militar tenga acción permanente en tareas de seguridad pública, sí, de forma permanente y sin ningún diagnóstico o con los consensos de especialistas que garanticen que esto es lo que México requiere para salir de este problema grave de inseguridad. Las fuerzas políticas habíamos coincidido en que la labor militar en el tema de seguridad sería de carácter civil, temporal, subsidiario a la seguridad de nivel local. En Acción Nacional estamos convencidos de que las funciones de seguridad pública deben recaer en estructuras civiles y no militares. Como ciudadanos no podemos cerrar los ojos ante lo que esto implica, una concentración de poder sin precedentes en manos del Ejecutivo, ya que al militarizar la seguridad pública estamos entregando a las Fuerzas Armadas una responsabilidad que corresponde a las instituciones civiles, lo que erosiona nuestra democracia, debilita el Estado de derecho y representa una amenaza real para la independencia de nuestras instituciones. Con ello estamos generando un desbalance entre las fuerzas civiles y militares, un análisis que especialistas, como México Unido Contra la Delincuencia, reveló que las Fuerzas Armadas han ejercido un presupuesto mucho mayor al autorizado, sin mostrar de forma transparente, objetiva el resultado de este sobre ejercicio, porque lo entendemos, la transparencia en las Fuerzas Armadas es diferente por la seguridad interna que le implica, más sin embargo, en los temas de seguridad civil la transparencia es trascendente, importante y relevante para conocer el alcance de los resultados. Desde 2018 el gobierno federal comenzó a privilegiar a las instancias militares con presupuesto, pero ha dejado desprotegidas a las instancias civiles, demostrando con ello un muy poco o nulo interés en profesionalizar nuestros mandos civiles. El combate a la inseguridad y a la delincuencia depende no solo de la militarización formal de la Guardia Nacional, la seguridad pública depende de una estrategia correcta y de una buena coordinación entre los órdenes de gobierno y la sociedad civil. Hoy estamos dando un paso muy delicado, y quizá un paso a algo irreversible. La historia de México recordará el 19 de septiembre de 2024 como el día en que probablemente no haya un punto de retorno para nuestro país. A lo largo de la historia hemos visto cómo la militarización de la seguridad pública abre la puerta a la violación de los derechos humanos, situación que ya es una realidad en muchos de los estados de nuestro país. En verdad, ¿es eso lo que queremos para nuestro país? ¿Es esto lo que queremos para nuestros ciudadanos, para nuestras familias, que ya han sufrido demasiado por la violencia? El quitarle a las autoridades civiles el control de la seguridad pública... vamos a debilitar mecanismos, además de rendición de cuentas. Las Fuerzas Armadas, por su naturaleza tienen procesos cerrados muy diferentes. Lamentablemente el votar a favor de esta iniciativa será un paso hacia un régimen que se ha caracterizado por el autoritarismo. El presidente, bajo el pretexto de resolver la inseguridad, está ampliando el poder de las fuerzas militares sobre las civiles. La historia nos ha demostrado que los gobiernos que concentran demasiado poder en lo militar tienden a utilizar estas herramientas para reprimir a la oposición política, para acallar a las voces de los disidentes y para sofocar las voces de los que denuncian injusticia. Están a punto de cometer uno de los más graves errores de la historia de México. Necesitamos fortalecer nuestras policías civiles a nivel estatal y a nivel municipal. Esa debería ser nuestra principal tarea y prioridad, y no la salida fácil a militarizar las tareas de seguridad pública, porque ya se salió de las manos el país entero. México merece una seguridad pública eficiente, respetuosa de los derechos humanos y que rinda cuentas a los ciudadanos. Por el bien de nuestra democracia, por el bien de nuestros derechos humanos y de nuestras instituciones, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional va a votar en contra de estas reformas, ya que nosotros no trabajaremos...