La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su permiso, diputado presidente. Los pasajes más funestos en la historia de la humanidad, son los que dejan cicatrices imborrables en la memoria colectiva de la sociedad. El día de hoy, con sumo pesar y un nudo de indignación en la garganta, recordamos los terribles hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, hechos que marcan un antes y un después en la historia del país. Dos años han pasado en la impunidad, todavía se respira en las calles. Este sentir de injusticia es más fuerte en el corazón de aquellos que han sido víctimas de uno de los crímenes que ha sido calificado internacionalmente como atroz, la desaparición forzada. Por qué. Ésta es la probable pregunta que dos años después nadie puede responder. Por qué prejuzgar y discriminar a los estudiantes rurales. Por qué asociarlos a la delincuencia. Por qué enviar a fuerzas del orden a acorralarlos. Por qué dispararles. Por qué entregarlos a manos de un grupo de delincuencia organizada. Por qué matar a quienes fueron a buscarlos. Por qué desaparecerlos. Por qué. Estas preguntas han surgido en mí como en la inmensa mayoría de la sociedad sin que hasta ahora exista una sola respuesta, y mucho menos alguna justificación para semejante crimen de Estado. Y decimos, es el Estado porque a pesar de la detención de 130 involucrados, incluidos el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, nada borrará de la historia de que el grupo criminal recibió a los estudiantes de manos de policías municipales. Sostenemos que es el Estado, porque aun con la cooperación internacional la PGR se empeña en sostener la verdad histórica, a pesar de las evidencias científicas que la refutan. A pesar de no encontrar evidencias que lleven a una comprobación concreta. A pesar de la sinrazón. También, porque solamente así se explica la coordinación mediática empeñada en descalificar toda opinión contraria a la versión oficial. Y porque desde esa esfera se atacó, sin duda, al grupo interdisciplinario de expertos independientes, de manera particular a las dos mujeres que lo integran. Es el Estado porque al ver los avances significativos GIEI, que contradecía la verdad histórica, se negó a la ampliación de su mandato y hasta el momento seguimos sin saber el paradero de los estudiantes y sin avances reales del caso. Fue y sigue siendo el Estado porque a pesar de que existe al menos un indicio de mala actuación por parte de Tomás Zerón de Lucio, en lugar de ser sujeto a proceso por sembrar evidencia, es premiado y protegido por el presidente de la República. Es el Estado porque en esta misma Cámara los avances de la Comisión Especial se han visto frenados para no tocar intereses protegidos desde el Ejecutivo. Guerrero es, desafortunadamente, un estado inmerso en la violencia y las drogas. Es un estado donde el crimen sigue operando con total facilidad e impunidad. Los crímenes de lesa humanidad perpetrados en Iguala evidenciaron ante el mundo que en Guerrero la podredumbre de las instituciones del Estado no es una excepción a la regla sino la regla en sí. Por ello, mi bello estado, Guerrero, se ha convertido, sin duda alguna, en el botón de muestra de lo que ocurre cuando el Estado se niega a aceptar responsabilidades y repartir culpas. Esta tragedia es, por supuesto, mucho más grande que la desaparición de 43 estudiantes. Es la tragedia de madres y padres sin sus hijos, de hermanas y hermanos que esperan a los estudiantes de regreso a casa. Es la historia de los estudiantes normalistas, quienes perdieron amigos y familia. Es la historia de Melissa Sayuri, quien en unos años encontrará la imagen de su padre muerto. Es la historia de este negro capítulo en la historia del país. Mientras existan casos como este, y hay miles, podemos afirmar que México es un Estado sin derecho. El acceso a la justicia es prácticamente nulo y no es igual para todas y todos. Si hay ley, si la ley es igual, entonces es necesario reivindicar la justicia y el acceso para que cualquier persona que la necesite pueda obtenerla. En consecuencia, no se puede seguir encubriendo a los responsables de los delitos. En este caso las víctimas indirectas han sido invisibilizadas, maltratadas, estigmatizadas y revictimizadas. A sus compañeros se les ha ninguneado, maltratado y discriminado. A sus defensores se les denuesta y se les ataca a las organizaciones que los respaldan. Todos estos son síntomas de un Estado que agoniza, inmerso en una grave crisis de derechos humanos. Lamentablemente, y en contra de los avances que se han dado en América latina, México camina a pasos agigantados hacia la profundización de esta crisis. Y lo hacemos gravemente, con los peores métodos de las dictaduras que tantas vidas cobraron y tanto dolor han causado al sur de México. No podemos detenernos y debemos seguir exigiendo, a dos años y por todo el tiempo que sea necesario, que los verdaderos responsables sean detenidos y llevados a juicio. Que los gobernantes dejen de ver a otro lado y caminen junto a las víctimas. Y que este Poder Legislativo se convierta en un verdadero contrapeso federal. Movimiento Ciudadano reafirma que caminaremos junto a las víctimas en este y en otros casos. Y sostenemos que mientras continúe el encubrimiento, la impunidad y el dolor de las familias, y mientras no aparezcan los 43 estudiantes normalistas, el Estado sigue siendo el responsable. Por los 43 normalistas desaparecidos, por las más de 27 mil personas desaparecidas también en México, exigimos verdad, justicia y reparación. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto, diputado presidente.