La diputada Marisol García Segura: Compañeras y compañeros diputados, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un avance significativo en la unificación y modernización de nuestro sistema legal, garantiza justicia, igualdad, eficiencia y protección de los derechos de las y los mexicanos al eliminar el impacto diferenciado por las normas que estaba motivado por el sexo de la persona y por la entidad federativa en la que se realizaban los procedimientos civiles y familiares. Por lo anterior, la publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023 del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares representa un parteaguas para la legislación en la materia. El artículo tercero transitorio del decreto abroga el Código Federal de Procedimientos Civiles, así como la legislación procesal civil y familiar de las entidades federativas. El artículo décimo transitorio mandata al Congreso, así como a las legislaturas de las entidades federativas para que, en un plazo máximo de 180 días naturales posteriores a la publicación del decreto, expidan las actualizaciones normativas correspondientes. Es menester señalar que dicho plazo concluyó en el mes diciembre del año pasado, sin que se haya realizado la armonización legislativa pertinente. Asimismo, la sentencia del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en materia civil del primer circuito, en el incidente de inejecución 2023 con relación al amparo en revisión, mandata al Congreso de la Unión a adecuar las leyes generales y federales que así lo requieran. Lo anterior, para cumplir con lo previsto en los artículos 16, primer párrafo y 17, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, es necesario sustituir la referencia al Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en toda normatividad que actualmente conserva la referencia al abrogado Código Federal de Procedimientos Civiles. Este dictamen de la Comisión de Justicia, que sin duda es un gran esfuerzo, retoma 71 ordenamientos jurídicos, 11 de los cuales fueron previamente dictaminados en las Comisiones de Derechos Humanos, Economía Social y Fomento al Cooperativismo, Energía, Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria y Transparencia y Anticorrupción, los cuales incluyen para realizar una armonización integral. Aprovecho para aplaudir el trabajo tan oportunamente realizado por estas comisiones, en particular agradezco y reconozco el trabajo de mis compañeras y compañeros de la Comisión de Derechos Humanos que no solo se sumaron a dicha iniciativa, sino se votó a favor por unanimidad en nuestra sesión XXVI del pasado 14 de marzo. Este dictamen integral es resultado de un trabajo profesional e incluyente que demuestra el gran compromiso de esta Cámara de diputadas y diputados por brindar certeza y seguridad jurídica a las ciudadanas y ciudadanos. Con esta armonización legislativa aseguramos la coherencia y la consistencia en nuestras leyes y facilitamos el acceso a la justicia para todas las personas. Recordemos que el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares introduce procedimientos más agiles y eficientes, lo que reduce la revictimización de las partes en litigio. Además, incorpora disposiciones específicas relacionadas con la protección de la igualdad, la no discriminación y la perspectiva de género, lo que garantiza un marco legal sólido y actualizado. Y, por supuesto, proporciona uniformidad, consistencia y accesibilidad en la aplicación de la nueva regulación procesal civil y familiar. En suma, la armonización es crucial para una mayor eficiencia del sistema de justicia y una mejor coordinación entre las instituciones gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley y administrar la justicia. Por tanto, no se trata solo de una cuestión técnica, sino de un paso crucial en la lucha por los derechos humanos y la igualdad en México. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena, votará a favor de esta reforma. A favor de un México de justicia, para todas y todos, sin menoscabo de la entidad federativa en la que se encuentren. A favor de la consolidación de una nueva regulación procesal civil y familiar con base al respeto irrestricto de los derechos humanos. A favor de México y por México. Es cuanto. Muchas gracias.