La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la desaparición forzada es uno de los crímenes más graves de la comunidad internacional, tiene como miras no solamente proteger a personas individualizadas, sino también a la propia humanidad, por eso se considera crimen de lesa humanidad. Es un delito o un crimen continuo; es decir, hasta que no aparece la persona que se encuentra desaparecida no se da por terminada la comisión del delito y, por lo tanto, es de los crímenes que no prescriben y fue sometido el caso de México en varias ocasiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Americana de Derechos Humanos, casos de desaparecidos, el caso más emblemático es el caso Radilla, que a la fecha sigue sin aparecer su cuerpo y que tampoco se encuentran a los responsables. Este crimen, el crimen de desaparición forzada es un crimen de Estado, es decir, el Estado mexicano es el responsable. La Convención de Desaparición Forzada, la cual ratificó nuestro país, establece o la define a la desaparición forzada, como el arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de la libertad, que sean obras subrayo- de agentes del estado, grupos de personas que actúan, precisamente, por instrucciones del propio estado y se violan con ello los derechos. En el caso de que la persona desaparecida no fallezca, entre otros, a la personalidad jurídica, a la libertad, a la seguridad, a la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y a la vida. En el caso de que fallezca, a la identidad, a un juicio justo, al debido proceso y a las garantías individuales. No solamente en el caso de México, sino también de otros estados de la comunidad internacional, se ha recurrido a la desaparición forzada para precisamente silenciar, acallar las voces de luchadores sociales o de personas incómodas para el gobierno en el poder en un momento determinado. La Alta Comisionada de Naciones Unidas, de Desapariciones Forzadas, Navi Pillay, reconoce la competencia, bueno, más bien, exige, más que exigir, sugiere al gobierno de México que reconozca la competencia del Comité de Desapariciones de Naciones Unidas, reconocimiento que todavía no se ha hecho por nuestro país, incluso la Ratificación del Instrumento Internacional tardó varios años en darse. Mientras no se reconozca la competencia, precisamente, de este Comité, no podemos tener la seguridad los nacionales mexicanos o la población situada en México, que México pueda tener un comportamiento como Estado, precisamente, de prevención, erradicación y sanción de la desaparición forzada. En las recomendaciones del mecanismo universal de Derechos Humanos, el EPU, varias recomendaciones se emitieron, precisamente, que tenía que cubrir o cumplir el Estado mexicano en materia de desapariciones. Como bien se puntualizó es una actividad sistemática y es sumamente grave, porque para que se dé una violación sistemática no es un comportamiento o actividad que sea esporádico, sino una actividad común de los agentes del Estado. Recientemente y a pesar de las recomendaciones, no se les ha dado cumplimiento ni se han tomado ninguna política gubernamental para poder, aunque sea reiterativo, combatir la desaparición forzada y terminar con este gran crimen de lesa humanidad. El último informe de Amnistía Internacional, que se denomina Fuera de control, al hablar de personas desaparecidas señala todo esto que se dijo de las bases de datos, ni siquiera una base de datos confiable para saber cuáles son los desaparecidos, las cifras. Que más allá de las cifras estamos hablando de personas de carne y hueso, y se habla de miles de personas, siendo indolentes pueden ser 20 mil, 18 mil, 8 mil personas desaparecidas en México. Pero desaparición forzada, se quiere lavar la cara el gobierno actual diciendo que no, que sí se han encontrado muchos desaparecidos y esto es un engaño, porque una cuestión es la desaparición y otra cosa muy distinta es la desaparición forzada. El caso de desapariciones forzadas, incluso está en el subsuelo, podríamos decir, en el lecho de este tipo de actos, más que reprobables, el hecho de ejecuciones sumarias. Por todo lo anterior, nos sumamos al punto de acuerdo que se somete a esta honorable Cámara. Sin embargo, sí queremos recalcar que es mucho el camino que nos hace falta por recorrer para prevenir realmente, erradicar y sancionar la desaparición forzada, para lo cual hace falta que el presidente Enrique Peña nieto se haga consciente, pera empezar, de este problema. Es cuanto, diputada presidenta.