El diputado Arturo Zamora Jiménez: Con su venia, señor presidente. En efecto, como lo ha dicho nuestro compañero diputado Juan Carlos Natale López, en esta Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, también surgen elementos que estamos dictaminando y en los cuales coincidimos todos los partidos políticos. En la Comisión de Justicia, que preside el diputado don Humberto Benítez Treviño, me han encomendado posicionar un tema que nos parece de la mayor importancia. El juicio de amparo nació a mediados del siglo XIX como un mecanismo de defensa de los ciudadanos en contra de la violación de garantías individuales por parte de la autoridad. No obstante, con frecuencia esta protección se hace nugatoria toda vez que por las condiciones socioculturales o económicas del que pide justicia por esta vía, carece de los elementos para plantear adecuadamente la defensa de sus garantías y de sus derechos consagrados en la Constitución. Nuestra Constitución se caracteriza por su importante contenido social reflejo de las exigencias que dieron origen a la Revolución Mexicana. Por ello, el Constituyente del 17 contempló la posibilidad de que existieran excepciones al principio de estricto derecho que rige el juicio de amparo, según el cual éste debe seguirse únicamente por los conceptos de violación o agravios expresados por el quejoso en su demanda. De este modo se incluyó en el artículo 107 constitucional la figura procesal de la suplencia de la queja; institución proteccionista por la que el juzgador se ve obligado a examinar de oficio cuestiones no propuestas por el quejoso que pudieran ser potencialmente violatorias de sus garantías constitucionales. Dicha institución se ve reflejada en el 76 Bis de la Ley de Amparo que señala los casos en que el juez se encuentra obligado a suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda, así como de los agravios en aras de proteger y tutelar a aquellos grupos sociales que se encuentran en una posición de vulnerabilidad, como ocurre actualmente en los ámbitos agrario, laboral o penal. Sin embargo, además de los casos ahí señalados existen sectores de la población que requieren de la tutela efectiva de ley a fin de asegurar la adecuada defensa de sus garantías individuales. Como bien lo señalaron los proponentes, uno de los grupos sociales mayormente afectados por la insuficiencia de recursos es el de las personas adultas mayores que pretenden jubilarse o se han jubilado, puesto que el importe de las pensiones que perciben es insuficiente para asegurarles una honrosa subsistencia; mucho menos lo será para contratar una adecuada defensa jurídica. Así pues, se presenta ante esta soberanía, señores diputados, dictamen por el cual se propone adicionar una fracción VII al artículo 76 Bis de la Ley de Amparo a fin de estipular que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación, de la demanda, así como de los agravios en esta materia. En materia de seguridad social para los beneficiarios de los derechohabientes y los pensionados con el objeto de atenuar el efecto negativo que finalmente se ha propiciado por la carencia de recursos y, por ende, el que no cuenten con un debido asesoramiento en el planteamiento de una demanda en esta materia. A través de esta reforma entonces, se estaría obligando al juzgador a suplir la deficiencia que adviertan, en su momento, en los conceptos de violación o agravios en favor de los beneficiarios de la seguridad social. Es entonces, una muestra más del principio de solidaridad que caracteriza a nuestro sistema jurídico y es una muestra inequívoca del compromiso social que todos los señores diputados, de todos los partidos políticos aquí representados han demostrado, al haber votado este dictamen de la Comisión de Justicia que preside el diputado Humberto Benítez Treviño, la misma, y han votado todos de manera unánime el hecho de que se adicione y modifique el artículo 76 Bis, adicionándole la fracción VII, para que tengamos una tutela más efectiva en el ámbito de la protección a las personas más necesitadas de este país y que han dado por toda su vida un gran trabajo y que forman parte de la seguridad social y que debemos tutelarlos a través del voto que en unos momentos más habremos de depositar a favor de esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.