El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: Con su permiso, presidenta, con el permiso compañeros diputados y diputadas, el 2 de julio del presente año en Pinzan Morado, pueblo de mirada triste cuyos habitantes respiran miseria y exhalan olvido, la tierra se abrió, el socavón localizado a la mitad de la comunidad tuvo un diámetro de inicio de 60 centímetros, actualmente lo es de 60 metros con una profundidad de 40, y se produjo al desplomarse el techo de la mina subterránea La Calentana, que al mismo tiempo era el piso del pueblo. Pinzan Morado es una comunidad con aproximadamente 500 habitantes y 129 viviendas, sus callejones son de tierra, la mayoría del pueblo no cuenta con agua potable, alcantarillado ni alumbrado público. Está catalogado como de alta marginación. Pertenece al municipio de Coyuca de Catalán, y es parte del llamado cinturón de oro que recorre la región tierra caliente y región norte del estado de Guerrero. Tierra rica, pueblo pobre. Este hundimiento afecta al momento a 31 viviendas, al jardín de niños y a la Telesecundaria de la localidad. Pero el resto del pueblo de Pinzan Morado, según el reporte de Protección Civil Estatal, se encuentra en muy alto riesgo de colapsar. Hasta este momento no ha existido reparación del daño ni se ha indemnizado a los pobladores. Accidentes mayores en la industria minera mexicana se presentan con relativa frecuencia originando pérdidas humanas y graves daños al ambiente, debido a la total impunidad con que los concesionarios explotan tanto a las minas como a los mineros. Y también a la irresponsabilidad de las diversas instituciones mexicanas encargadas de vigilar la operación del ámbito minero. Quién no recuerda entre tantas, la tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila, ocurrida el 19 de febrero del 2006, donde 65 trabajadores perdieron la vida ante la indiferencia del Grupo México, dueño de la concesión. O el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al río Bacanuchi, en Sonora. Por cierto, también propiedad del Grupo México, el 6 de agosto de 2014. La industria minera en México es depredadora, y entregada en un 70 por ciento al capital extranjero, que hacen en nuestro país lo que no se les permite en sus países de origen, contaminan el suelo, el aire y el agua, propician con el crimen organizado desplazamientos forzados destruyendo comunidades enteras y su entorno, sin dejarles beneficio económico social alguno, excepto el trabajo generado. No existen en las leyes mexicanas tributo parecido para reparar los daños que la industria minera provoca al ambiente, a los ecosistemas y a las propiedades de los pueblos originarios. No existen leyes mexicanas que obliguen a una indemnización justa y oportuna ante una pérdida humana ni que beneficie económicamente de manera directa a los pueblos originarios asentados sobre los yacimientos de dichas riquezas. Según datos del periódico La Jornada entre los años 2001 y 2010, se extrajo de las minas de México 384 toneladas de oro y 28 mil 274 toneladas de plata, que significan el doble de oro y la mitad de la plata saqueada durante los 300 años de coloniaje español. La industria minera paga una regalía simbólica previsto en el Reglamento de la Ley Minera. Una prima por descubrimiento, previsto también en la Ley Minera que se abona el Servicio Geológico Mexicano. Al fisco paga un derecho sobre minería previsto en la Ley Federal de Derechos en la que se toma en cuenta el área que abarca la concesión y su duración en lugar del volumen de extracción y que va de 5,91 pesos por hectárea durante el primero y segundo año de vigencia, hasta 129,24 pesos por hectárea a partir del décimo primer año de vigencia. Paga los mismos impuestos federales como cualquier otra actividad económica, de los cuales puede deducir de inmediato hasta el 77 por ciento del valor del capital invertido. Esas retribuciones, según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, significan que la industria minera aporta a la hacienda pública mexicana solo un 1 por ciento de sus ganancias brutas. Esta Cámara de Diputados aprobó en el año 2014, la creación de un Fondo Minero, de los cuales el 37.5 por ciento se queda en los gobiernos de los estados y el 67.5 por ciento en los municipios, que deben ser invertidos en escuelas y programas educativos, en infraestructura pública, agua potable, alcantarillado...