El diputado Ulises García Soto: Compañeras y compañeros diputados. Por el interés superior de la niñez, la sustracción, retención u ocultamiento de un menor, es un delito que como sociedad debemos proscribir. México vive una crisis de divorcios y desintegración familiar. Tan solo en el 2016, el Inegi reveló que el 10 por ciento de la población mexicana, se encuentra divorciada o separada. Desafortunadamente los menores quedan en medio de conflictos entre sus padres, conflictos que no en pocas ocasiones escalan a conductas indebidas que vulneran los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Las leyes que nos establecemos como sociedad tratan de incentivar las conductas virtuosas y de proscribir las conductas indeseables. Es por ello que el interés superior de la niñez lo hemos considerado un bien jurídico superior, que debe ser protegido por todas y todos. Sustentados en este bien jurídico, es que nos vemos en la necesidad de que en el Código Penal Federal se vean tipificados los delitos de sustracción, retención u ocultamiento de un menor, ya que a todas luces es una conducta indeseable que daña el pleno desarrollo del menor y de sus familias. Asimismo, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece en su artículo 3o, fracción IV, que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en una familia. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos define la sustracción, retención, ocultamiento como la separación unilateral e injustificada de una niña, niño o adolescente de la persona que legalmente detenta su guarda o custodia, ocultándolo o trasladándolo lejos de su lugar habitual de residencia. Además, la mencionada Comisión señala que estas conductas atentan contra su equilibrio vital, pues alteran las condiciones sociales, afectivas y culturales. Por tanto, constituyen un atentado contra los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes a vivir en familia, convivir con ambos progenitores, a vivir en condiciones de bienestar, a tener un sano desarrollo integral y una vida libre de violencia, las cuales están reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además en todos los tratados internacionales de los que México es parte, y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Al analizar los códigos penales del país pudimos percatarnos que este delito se encuentra tipificado en todos los códigos penales de las entidades federativas, aunque no esté homologado, pero tampoco está tipificado en el Código Penal Federal y bajo el principio del interés superior de la niñez vemos la imperiosa necesidad de que la Fiscalía Federal de la República y los ministerios públicos federales puedan perseguir este injusto. El primer artículo que se propone incorporar es el 366 Quintus, que prevé la sustracción, retención u ocultamiento que podría cometer cualquier individuo sin relación de progenitor, parentesco o tutela con el menor involucrado. En el artículo 366 Sextus, que se pretende incorporar al Código Penal Federal, se estableció el tipo penal para aquellos parientes y progenitores que cometen dicha conducta. El objetivo de tipificar estos delitos en el Código Penal Federal, además de inhibir esta conducta, es coadyuvar con la reintegración pronta de los niños a sus hogares y a su entorno habitual del que han sido sustraídos. Miles de casos donde los hijos son sustraídos, retenidos u ocultados durante meses, o incluso años de sus padres o familiares, nos exigen a nosotros, como legisladores federales, a construir leyes que eviten estas dolorosas separaciones. Nunca más hijos separados de sus círculos de amor y de cariño. Es cuanto.