La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, diputado Romero Hicks. Habiendo retirado su reserva, no se somete a consideración del pleno. La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó reserva al artículo 2o., párrafo cuarto, y ha solicitado su inserción íntegra en el Diario de los Debates. Así será. La reserva al artículo 3, presentada por el diputado Gerardo Fernández Noroña, ha sido retirada. El diputado Azael Santiago Chepi, del Grupo Parlamentario de Morena, solicitó que su reserva al artículo 3o. fuese insertada en el Diario de los Debates. Así será. El diputado Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, a través de la diputada Wendy Briceño Zuloaga solicitó el retiro de su reserva al artículo 4o. Así será. Tiene la palabra el diputado Diego Eduardo del Bosque Villarreal, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar reserva al artículo 4o. Diputado Del Bosque Villarreal, tiene usted registrada tres reservas, ¿las va a presentar en este momento? Si es así, dispone usted hasta de siete minutos para ello. El Diego Eduardo del Bosque Villarreal: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, antes que nada, quiero hacer un reconocimiento al trabajo de la Comisión de Educación. En esta ocasión tenemos algunas diferencias, pero estoy convencido de que trataron de generar la mejor ley para los estudiantes. Yo soy egresado de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en Saltillo, de las pocas universidades del país donde se estudia todo lo relacionado con el campo mexicano. Además, es de las últimas universidades con carácter popular. Sobrevivió a la política educativa privatizadora del neoliberalismo, tiene internado, comedor, transporte casi gratuito, lo que permite que estudiantes de bajos recursos de todo el país puedan seguir estudiando. Esta universidad acoge a estudiantes de todo el país, sobre todo del sureste y, obviamente, de Coahuila. Estos servicios asistenciales no son concesiones graciosas, son frutos de luchas históricas de estudiantes, académicos y trabajadores. Además de conocimientos científicos, en la Narro participé y aprendí de la lucha estudiantil para democratizar la universidad. Fue ahí donde decidí dedicar mi vida a la lucha por la transformación. Muchos aquí presentes empezaron su participación política también en la lucha y en el activismo estudiantil, es por eso que esta ley me deja un amargo sabor de boca. No están representadas en la ley las demandas del movimiento estudiantil. En este 2021, el 10 de julio se cumplen 50 años del terrible suceso represivo, sellado con una masacre de estudiantes, conocido como el Jueves de Corpus o el Halconazo, algo que no debería suceder, y mucho menos, repetirse. Entre muchas de las razones por las que ese 10 de junio se movilizaron las y los estudiantes fue para apoyar la lucha democrática que en estos momentos se llevaba a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en búsqueda de la autonomía universitaria y de poder decidir el rumbo de sus instituciones. La autonomía de las universidades en el marco del neoliberalismo fue pervertida y lamentablemente en algunas instituciones públicas de educación superior continúa en ese estado. La autonomía universitaria se convirtió en una autonomía de cúpulas, donde las rectorías y los funcionarios utilizan el presupuesto del erario de manera opaca, para desvíos, negocios con empresas privadas, imposición de cuotas generando mecanismos paralelos de financiamiento, medrando el derecho obligatorio y gratuito de la educación de millones de jóvenes mexicanos. Uno de los casos más sonados aún en investigación que involucra universidades públicas, aquí lo han mencionado, es la llamada estafa maestra, donde se han señalado a ocho instituciones de educación superior de ser los vehículos para desviar recursos públicos, y esta situación en las universidades públicas, para nuestra desgracia como país, no ha cesado con la cuarta transformación, con excepciones muy honrosas, entre las que están las de reciente creación, como las Universidades para el Bienestar Benito Juárez y las normales rurales. Hoy, en esta Cámara pretendemos seguir la línea de la ANUIES, donde convergen universidades públicas y privadas que tienen como objetivo la mercantilización de la educación. Se sigue esa línea al querer aprobar una Ley General de Educación Superior con una gran cantidad de artículos, al menos 47 han detectado organizaciones estudiantiles y magisteriales que dejan en la ambigüedad la garantía del derecho a la educación pública y gratuita a nivel superior. En el artículo 4 y 38 de esta ley, las universidades pueden establecer sus propios requisitos de admisión. Nosotros pensamos que son filtros económicos. Hoy en día esos requisitos, entre otros, son las cuotas de ingreso, y les pongo algunos ejemplos. En la Universidad Autónoma de Coahuila hace poco, en un movimiento estudiantil coahuilense, protestó por los aumentos a las cuotas que ya rondan por los 4 mil 900 pesos. En la Universidad Autónoma de Baja California, entre los 2 mil 800 hasta 4 mil 600 pesos. En la Universidad Autónoma de Tamaulipas, entre 5 mil y 10 mil pesos. En la Autónoma de Puebla, 4 mil 500 pesos. Y así podríamos seguir mencionando casos que ya cada vez se hacer can más a las universidades privadas a privatizar, a las públicas a convertirse en universidades privadas. Estos ejemplos de cuotas son un despropósito y contravienen cualquier proyecto democrático y cualquier proyecto que busque el bienestar. Por otro lado, esta ley somete a las universidades públicas a la lógica de las universidades privadas, pues, habla de la creación de un consejo y de comisiones que deliberen y deciden la dinámica general de la educación superior, consejo donde, claro, la mayoría la tendrán las universidades privadas. Compañeras y compañeros, estamos legalizando el saqueo al que han sido sometidas nuestras instituciones públicas de educación superior desde hace décadas, estamos pasando por encima de estudiantes, profesores y trabajadores que han defendido la universidad y la educación pública. Tenemos que votar esta ley en contra y discutirla cuidadosamente con profesoras, estudiantes y trabajadores. Seguiremos insistiendo, la Secretaría de Educación Pública también ha presentado una salida para en la próxima legislatura poder corregir desde nuestro punto de vista este error. Y plantearles que seguiremos luchando por una educación crítica, científica y popular. Es cuanto.