EL C. DIPUTADO CARLOS RAMIREZ MAARIN (Desde su curul): Muy respetuosamente quisiéramos solicitarle sea tan amable la Mesa Directiva de dictar el trámite solamente en primera lectura. LA C. PRESIDENTA. Con mucho gusto ciudadano diputado Ramírez Marín. Se rogaría entonces a la Secretaría haga la consulta respectiva y le rogaría entonces a la Asamblea me ratifique el planteamiento propuesto por el grupo parlamentario del PRI. LA MISMA C. SECRETARIA. Por instrucciones de la Presidencia, con fundamento en el Artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se consulta a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura al dictamen y se pone a discusión y votación de inmediato. Los ciudadanos Diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) Los ciudadanos Diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (Votación) LA C. PRESIDENTA. Publíquese y se da el trámite solamente de Primera Lectura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al siguiente punto del Orden del Día que es el relativo a la lectura del Dictamen con proyecto de Decreto por el que se adiciona el Artículo 163 a la Ley del Impuesto sobre la Renta. Comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado José Marcos Aguilar Moreno, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, así como de diversos legisladores de otros grupos parlamentarios, sometió el pasado 29 de marzo del año en curso a la consideración de esta Cámara de Diputados la iniciativa con proyecto de "decreto que adiciona el artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", misma que fue turnada a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología para su análisis y dictaminación. En cumplimiento de esta responsabilidad se procedió al dictamen de la iniciativa en comentario, realizando para ello diversas consultas con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la Asociación Mexicana de Directivos de la Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico, A.C. También se tomaron en cuenta los objetivos que en la materia contiene el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, con base en los cuales los miembros de estas comisiones unidas presentan a esa honorable Asamblea el siguiente DICTAMEN Descripción de la iniciativa La presente iniciativa plantea la necesidad de impulsar la ciencia y tecnología así como lograr un mejor aprovechamiento de los recursos públicos, que permitan convertir a este sector de la economía, en una variable estratégica que coadyuve al desarrollo del país, de ahí que planté la necesidad urgente de incrementar y eficientar la participación del sector privado en el financiamiento del gasto en ciencia y tecnología nacional. Señala la iniciativa que uno de los motivos del atraso tecnológico en el país obedece a la insuficiente canalización de recursos, tanto públicos como privados, para acelerar un factor tan importante como éste. En particular, uno de los principales problemas que se han detectado es la falta de dirección, limitado apoyo y rigidez en los ordenamientos aplicables a los pocos estímulos fiscales que existen para la promoción de esta materia, situación que hace más urgente establecer los cambios necesarios para su adecuado aprovechamiento. En efecto, la experiencia ha demostrado que los estímulos incorporados en el artículo 27-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el año de 1998 tuvieron un efecto muy limitado, dado que resultaba problemático y complejo aplicar y definir las inversiones objeto de los beneficios a la investigación y desarrollo de tecnología, procediéndose a incorporarlos a partir del ejercicio fiscal de 1999 al capítulo de estímulos fiscales contenidos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación. Así en 1999 se estableció el Comité Interinstitucional, como órgano responsable de garantizar que los proyectos de más alta prioridad fueran los beneficiados con estos estímulos, fijándose además un monto de 500 millones de pesos para ejercer recursos presupuestales durante ese año, mientras que en el 2000 se repitió esta misma situación, con el fin de lograr mayor impacto en el esfuerzo por promover la investigación y la innovación tecnológica. No obstante estos cambios, la. realidad fue que no se logró impulsar de manera importante la inversión productiva en este campo y apenas se ejerció el equivalente al 0.6% y 1.7% del monto total autorizado en los años de 1999 y 2000, respectivamente. En virtud de lo anterior, se plantea para el presente ejercicio reubicar el estímulo fiscal previsto en la citada Ley de Ingresos, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, norma jurídica donde se deben situar los estímulos fiscales referentes a dicho impuesto. Asimismo, la Iniciativa propone eliminar la aplicación del estímulo sobre el gasto incremental y aplicar tal incentivo sobre los gastos e inversiones totales efectuadas dentro del ejercicio. También establece un crédito fiscal del 35% de los gastos de inversiones totales para el caso de las empresas pequeñas y medianas, y del 20% para las empresas grandes, según la clasificación vigente emitida al respecto por la Secretaría de Economía. En suma, el propósito último de la iniciativa no es el de exigir mayores recursos presupuestales por parte del Gobierno Federal, sino el de hacer más eficaz y oportuno el uso de los estímulos fiscales ya autorizados por el Congreso de la Unión, para que así se cumpla el fin para el cual fueron creados. Consideraciones de las comisiones Las comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología consideran necesario, a la luz de los diversos análisis realizados, así como de las consultas sostenidas con las autoridades competentes en la materia, la necesidad de establecer en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el Título Sexto, de los estímulos fiscales, la opción para apoyar el gasto total en investigación y desarrollo de tecnología que se realice en un determinado ejercicio fiscal por parte de las empresas y no sólo el gasto incremental, con lo que se estaría dando una mayor promoción a la inversión en este amplio terreno. Cabe precisar, que se considera más conveniente ubicar este incentivo en el capítulo específico de estímulos fiscales, en lugar de como lo plantea la iniciativa al situarlo en su artículo 27-A, que corresponde al Capítulo II, de las deducciones de las personas morales. Por otro lado, las que dictaminan consideran inconveniente establecer estímulos fiscales diferenciados para el caso de las pequeñas y medianas empresas, respecto de las grandes, ya que si bien existe una clara diferenciación económica y, por ende, capacidad de gasto en este tipo de unidades, la realidad es que en materia fiscal su tratamiento diferenciado puede dar lugar a iniquidades que podrían ser impugnadas por los contribuyentes con mayor capacidad, tal y como se ha presentado en otros impuestos, en épocas recientes. En tal virtud, se está proponiendo que el estímulo, consistente en un crédito fiscal, sea de carácter general con una tasa del 30% de los gastos e inversiones totales, independientemente del tamaño de las empresas. Ello no significa, desde luego, que las pequeñas empresas puedan estar sujetas a otros requerimientos, de conformidad con las reglas generales que al efecto emita a la brevedad posible el Comité Interinstitucional, a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación y que se integra por el Conacyt y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Economía. Al respecto, es importante señalar que se considera como investigación y desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance tecnológico, de conformidad con las reglas generales anteriormente referidas. De esta forma, el nuevo artículo 163, quedaría como sigue: "Artículo 163. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal del 30%, en relación con los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, siempre y cuando dichos gastos e inversiones no se financien con recursos provenientes del fondo a que se refieren los artículos 27 y 108, fracción VII, de esta ley. Para los efectos de este artículo, se considera como investigación y desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance científico o tecnológico, de conformidad con las reglas generales que publique el Comité Interinstitucional a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación. El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio, así como los requisitos que se deberán cumplir, serán los que contemple la Ley de Ingresos de la Federación en esta materia." La opción que ahora se otorga, vía el estímulo fiscal en la Ley del Impuesto sobre la Renta, consistente en un crédito fiscal del 30% sobre el gasto total responde a dos situaciones concretas: La escasa cultura empresarial de apoyar la investigación y el desarrollo científico y tecnológico y, en segundo lugar, la experiencia que en esta materia reportan otras economías, pero considerando nuestro propio marco jurídico. A manera de recomendación, esta dictaminadora considera imprescindible que el Comité Interinstitucional, así como las dependencias involucradas en lo individual, deberán de redoblar sus actividades de difusión de estos estímulos a la investigación y desarrollo de tecnología ante la comunidad empresarial, atendiendo a los cambios que se realizan. Finalmente, se establece en los artículos transitorios una fecha límite para que el Comité Interinstitucional publique en el Diario Oficial las reglas de carácter general que deberán hacer operativo y, sobre todo ágil el estímulo fiscal propuesto, así como la aclaración de que el techo o monto de los estímulos fiscales que se podrán aplicar por este concepto no podrán rebasar, en conjunto, de los 500 millones de pesos que ya contempla la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2001. Asimismo, por el conocimiento que tiene acerca del estado en que se encuentra el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país, así como de las necesidades en materia de investigación e innovación tecnológica, se juzga procedente que el Conacyt cuente con el voto de calidad en la determinación de los proyectos que podrán ser susceptibles de recibir los estímulos fiscales, con lo cual se espera agilizar el análisis y otorgamiento de estos apoyos. Por lo anteriormente expuesto, la las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Ciencia y Tecnología someten a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente Decreto por el que se adiciona el artículo 163 a la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Artículo único. Se adiciona el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para quedar, como sigue: Artículo 163. Se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes del impuesto sobre la renta por los proyectos en investigación y desarrollo tecnológico que realicen en el ejercicio, consistente en aplicar un crédito fiscal del 30%, en relación con los gastos e inversiones en investigación y desarrollo de tecnología, siempre y cuando dichos gastos e inversiones no se financien con recursos provenientes del fondo a que se refieren los artículos 27 y 108, fracción VII, de esta ley. Para los efectos de este artículo, se considera como investigación y desarrollo de tecnología, los gastos e inversiones realizados en territorio nacional, destinados directa y exclusivamente a la ejecución de proyectos propios del contribuyente que se encuentren dirigidos al desarrollo de productos, materiales o procesos de producción, que representen un avance científico y tecnológico, de conformidad con las reglas generales que publique el Comité Interinstitucional a que se refiere la Ley de Ingresos de la Federación. El monto total del estímulo fiscal a distribuir entre los aspirantes del beneficio, así como los requisitos que se deberán cumplir, serán los que contemple la Ley de Ingresos de la Federación en esta materia. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Comité Interinstitucional a que se refiere el artículo 15, fracción IX, numeral uno, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001, deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación dentro de los 10 días siguientes a la publicación de este decreto, las reglas generales con que operará dicho comité, así como los sectores prioritarios susceptibles de obtener el estímulo fiscal, las características que deberán reunir las empresas y los requisitos adicionales que se tendrán cumplir para hacerse acreedores al beneficio que se establece en el artículo 163 de esta ley. Dentro del comité mencionado, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología tendrá voto de calidad en la determinación de los proyectos susceptibles de ser beneficiados con el estímulo fiscal. Tercero. Por el periodo comprendido entre la fecha en que entre en vigor el presente decreto y el 31 de diciembre de 2001, el monto total de los estímulos fiscales a que hace referencia el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ascenderá a la cantidad prevista en la fracción IX, del artículo 15 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 7 de noviembre de 2001. Palacio Nacional, a 25 de octubre de 2001. Diputados: Enrique Alonso Aguilar Borrego, Francisco Agundis Arias, Manuel Añorve Baños, Enoch Araujo Sánchez, Miguel Arizpe Jiménez, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Florentino Castro López, Jorge A. Chávez Presa, Enrique Octavio De la Madrid Cordero, Francisco de Jesús De Silva Ruíz, Roberto Javier Fuentes Domínguez, Julián Hernández Santillán, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Guillermo Hopkins Gamez, Oscar Guillermo Levín Coopel, Rosalinda López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, José Manuel Minjares Jiménez, César Alejandro, Monraz Sustaita, José Narro Céspedes, Luis Alberto Pazos de la Torre, Francisco Raúl Ramírez Avila, Gustavo Riojas Santana, Salvador Rocha Díaz, Arturo San Miguel Cantú, Reyes Antonio Silva Beltrán, Yadhira Ivette Tamayo Herrera, José Luis Ugalde Montes, Emilio Ulloa Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla, Hugo Adriel Zepeda Berrelleza, Silvia alvarez Bruneliere, Luis Artemio Aldana Burgos, Heriberto Huicohea Vázquez, Francisco Patiño Cardona, Gerardo Sosa Castelán, José Marcos Aguilar Moreno, Oscar R. Maldonado Domínguez, Gumersindo Aalvarez Sotelo, Armando Enríquez Flores, Carlos Luna Salas, Martín Gerardo Morales Barragán, Jaime Salazar Silva, Mónica Leticia Serrano Peña, José María Tejeda Vázquez, Fernando Ugalde Cardona Jorge Carlos Berlín Montero, Claudio Mario Bres Garza, Roberto Domínguez Castellanos. Aarón Irizar López, Silverio López Magallanes, María del Rosario Oroz Ibarra, Luis Gerardo Rubio Valdez, Jorge Schettino Pérez, Abel Trejo González, José Yúñez Zorrilla, Hortensia Aragón castillo, María de los Angeles Sánchez Lira, Olga Patricia Chozas y Chozas y Beatriz Patricia Lorenzo Juárez. En virtud de que el Dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al siguiente punto del Orden del Día. El siguiente punto del Orden del Día es el relativo al Dictamen del Artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta Comisión de Hacienda y Crédito Público. Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática sometió el pasado 13 de septiembre a la consideración de esta Cámara de Diputados la Iniciativa con proyecto de "decreto que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", misma que fue turnada a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación. De igual forma, el diputado Rodolfo G. González Guzmán del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó el 25 de septiembre iniciativa con proyecto de "decreto por el que se modifica el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", el cual fue turnado el mismo día a esta comisión para su estudio y dictamen. A su vez el Congreso del Estado de Sonora presentó el pasado 9 de octubre una iniciativa por medio de la cual se reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Igualmente, el Senado de la República remitió el 16 de mismo mes, iniciativa con proyecto de "decreto que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", presentada por el Senador Héctor Michel Camarena, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Por otro lado, el 18 de octubre se presentó una "Iniciativa que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta", a cargo del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, a través del diputado José Narro Céspedes. Finalmente, los días 25 de octubre y 6 de noviembre, se recibieron de los congresos del estados de Jalisco y el de Tlaxcala, sendas iniciativas de decreto por medio de las cuales, en la primera se "Reforma los artículos 77, fracciones VI y IX, y 80, y deroga el artículo 80-A, todos de la Ley del Impuesto sobre la Renta" y, la segunda, "Reforma al artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta". En cumplimiento de esta responsabilidad se procedió al dictamen de las iniciativas en comentario, realizando para ello diversas consultas con representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como de los sectores involúcrados en el tema que abordan dichas iniciativas, con base en las cuales los miembros de esta comisión presentan a esa honorable Asamblea el siguiente DICTAMEN Descripción de las iniciativas Refiere la iniciativa que presenta el diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel que cuando se creó el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que definía un mecanismo de estimulo a los trabajadores asalariados, no se estableció con claridad el criterio para calcular el monto de dicho subsidio. Derivado de esta situación, el Ejecutivo Federal, en ejercicio de su facultad, publicó en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1990, el 24 de enero de 1991, el 15 de marzo de 1991, el 20 de diciembre de 1991 y el 24 de enero de 1992, la mecánica para calcular el subsidio acreditable contra el impuesto para las personas físicas, en cuyo texto se señalaba que el cálculo para determinar el mencionado subsidio incluiría, entre otras erogaciones, a las inversiones y gastos efectuados en relación con la previsión social. Esta redacción careció de precisión desde su inicio, ya que omitió enumerar cada uno de los conceptos con los que se integraba el cálculo. Consecuentemente, un gran número de patrones continuaron haciendo el cálculo sin integrar en él, las aportaciones patronales al IMSS y al Infonavit, por lo que hubo numerosas controversias de carácter fiscal. Finalmente, el 18 de mayo del año en curso, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis de Jurisprudencia para la interpretación del quinto párrafo del artículo 80-A de la ley que nos ocupa, estableciendo que para obtener la proporción aplicable para calcular el monto del subsidio acreditable contra el impuesto, deben incluirse las cuotas patronales al IMSS y al Infonavit, dentro de las erogaciones relacionadas con los servicios personales subordinados. Todo lo anterior, señala la citada iniciativa, repercute en contra de los grupos salariales más deprimidos, por lo que se impone una reforma legislativa que de una vez por todas establezca con claridad los elementos que deben integrar el calculo del monto del subsidio, exceptuando de las prestaciones que deben incluirse en el mismo, las cuotas patronales tanto al IMSS, como al Infonavit y, en su caso, las aportaciones al ISSSTE, dando seguridad jurídica a los contribuyentes y a los obligados a la retención. Por su lado, la iniciativa presentada por el diputado Rodolfo G. González Guzmán, señala que la recién publicada tesis jurisdiccional 2a./J 19/2001, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa ha causado controversia y afectado la estabilidad de los factores de la producción al considerar que las aportaciones patronales al IMSS, al Infonavit y el SAR, deben incluirse para integrar el calculo del monto del subsidio que menciona el artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a pesar de que el Código Fiscal de la Federación expresa claramente en su artículo 2o., que las aportaciones de seguridad social son contribuciones y, por lo tanto, no deben considerarse como ingresos sujetos a gravamen. Adicionalmente juzga la iniciativa en comento que cubrir la retención de las diferencias impositivas podría provocar problemas laborales y, los sindicatos llegar hasta emplazamientos de huelga si existe un cobro más allá de los que determina el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo en su fracción I, mismo que establece la prescripción a favor del trabajador de efectuar descuentos no realizados después de 30 días. De igual manera, la obligación del pago retroactivo a 5 años pondría a las empresas en grave situación ya que muchas de ellas no cuenta con liquidez para cubrir las cantidades que no retuvo y que se incrementarán por las diferencias de actualización y recargos. Con relación a la iniciativa presentada por el gobierno del Estado de Sonora, esta refiere que para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos gravables, incluye entre los diversos conceptos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados a las inversiones y gastos efectuados en relación con la previsión social, exceptuando las aportaciones patronales al IMSS, al Infonavit, al SAR, así como al ISSSTE, tanto a nivel federal como estatal, servicios de comedor, comida y transporte al trabajador, entre otros. Por su parte, el proyecto presentado por el senador Héctor Michel Camarena señala que la resolución de la Suprema Corte va en contra de las conquistas de los trabajadores al determinar el subsidio contra el impuesto sobre la renta, considerando que las cuotas de aportación que hacen los patrones al IMSS, el Infonavit, SAR y Fovisste, se consideran como percepciones de ellos. Agrega también que la mencionada resolución afecta a los empresarios puesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público trata de cobrarles o hacerlos que descuenten los subsidios al salario por el ISR que dejaron de pagar durante los últimos cinco años por el cálculo mal realizado. Derivado de lo anterior, se pronuncia por la posibilidad constitucional de que el Legislativo, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 73, fracción VII, reforme el artículo 80-A de la ley en comento, precisándose que las prestaciones de previsión social no son parte de los ingresos de los trabajadores, con lo cual se evitarían las interpretaciones erróneas del máximo tribunal. Por su parte, el diputado José Narro Céspedes, representante del Partido del Trabajo, juzga conveniente respecto a la problemática que ya ha sido referida con anterioridad, proponer la reforma del párrafo quinto del artículo 80-A, para dejar claro que las aportaciones patronales al IMSS, Infonavit y al Fovisste no se consideren como percepciones de los trabajadores para el cálculo del subsidio. Asimismo, propone incorporar un artículo transitorio a efecto de que las modificaciones al citado párrafo quinto del artículo en comento, se apliquen en beneficio de todos aquellos contribuyentes y obligados a la retención del impuesto sobre la renta, aún cuando hayan recibido resolución judicial en contra. La iniciativa del Gobierno del Estado de Jalisco, por su parte, considera que las aportaciones a la seguridad social no deben ser conceptos por los que se pague el impuesto sobre la renta para las personas físicas, por lo que propone derogar el subsidio que se otorga con base en el artículo 80-A y, por tanto, ajusta la tarifa que contempla el artículo 80 de la ley en comento. Por último, la iniciativa del Estado de Tlaxcala, de forma similar a las anteriores, incorpora al cálculo del subsidio, las aportaciones de seguridad social, IMSS, ISSSTE e Infonavit, con el propósito de no afectar el nivel del subsidio a otorgar a los trabajadores. Consideraciones de la Comisión Esta dictaminadora coincide con la problemática que plantean las iniciativas objeto de análisis, formuladas por diputados de diversos grupos parlamentarios y de varios congresos locales, ya que la aplicación de la resolución de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las empresas a cubrir correctamente el ajuste de los últimos cinco años con los recargos y actualizaciones correspondientes, situación que a la luz de las circunstancias actuales podría ocasionarles efectos negativos, que podrían poner en peligro la operación de muchas empresas y la permanencia de las fuentes de trabajo. Por cuanto a los trabajadores, se estima necesario darles la completa seguridad jurídica de que en lo futuro, el subsidio a que son acreedores, no se vea afectado por criterios que no estén debidamente recogidos en ley, ya que este apoyo lo reciben en función del salario percibido y la cantidad de prestaciones que les son otorgadas, esto es, a menor salario y/o prestaciones, mayor es el subsidio, lo que implica un sacrifico fiscal. Asimismo, debe considerarse los términos de la Decimanovena Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2000, publicada el día 10 de octubre de 2001 en el Diario Oficial de la Federación, la cual señala a la letra que "cuando los patrones no efectúen la retención o lo hagan en retención menor a la que efectivamente les corresponde a sus trabajadores, en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estos no podrán efectuar descuento alguno a los salarios de sus trabajadores, cuando hubiese transcurrido un periodo mayor de un mes, contado a partir de la fecha en que los salarios fueron pagados, sin que dicha situación libere a los patrones de la responsabilidad solidaria que sobre la parte de las retenciones no efectuadas les corresponde". De acuerdo a estos señalamientos y, en consideración a la resolución que el 23 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación le dio al- amparo número 946/2001 promovido por la empresa Exportadora de Sal, S.A. de C.V, en el sentido de que para calcular el subsidio al salario no deben incluirse las cuotas del IMSS e Infonavit, pues ello sería violatorio del principio constitucional de proporcionalidad tributaria a que se refiere la fracción IV del artículo 31 de nuestra Carta Magna, esta comisión considera indispensable realizar las reformas al párrafo quinto del artículo 80-A de la ley en comento. La que dictamina estima necesario señalar en el presente dictamen, el planteamiento del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el cual manifiesta su total acuerdo con el espíritu de las iniciativas en comento, en virtud de la posible afectación sobre un amplio número de trabajadores y considerando los graves problemas de liquidez que enfrentan en estos momentos la mayoría de los retenedores. Sin embargo, el mismo grupo parlamentario también considera que no se puede dejar de mencionar que una solución de fondo al tema del subsidio acreditable al impuesto sobre la renta de las personas físicas fue planteada por el Ejecutivo Federal en la Iniciativa de Nueva Ley del Impuesto sobre la Renta, remitida a esta Soberanía el pasado 4 de abril, con anterioridad a las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la presentación de las iniciativas que se dictaminan. Conforme a esto, estima que el acto legislativo idóneo hubiera sido el de dictaminar la Iniciativa del Ejecutivo y, mediante artículos transitorios, otorgar los beneficios a trabajadores y empleadores en forma retroactiva. En atención a los planteamientos derivados de las iniciativas presentadas, así como en respuesta a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esta Comisión de Hacienda y Crédito Público estima conveniente resolver mediante las reformas necesarias, la problemática que representa la actual redacción del artículo 80-A. Asimismo, con el propósito de incluir en esta solución a todo el sector laboral, se considera conveniente incorporar al texto de ley tanto las aportaciones patronales al Sistema de Ahorro para el Retiro, como de los trabajadores al servicio del Estado, con lo cual se les brindará la seguridad jurídica y el trato equitativo a que tienen derecho. En tal sentido la que dictamina propone que la redacción del artículo en cuestión quede en los siguientes términos: "Artículo 80-A. ... Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este Capitulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este Capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aún cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio. De igual forma y en atención a los planteamientos que se hacen en las diversas iniciativas que se analizan, se establece el procedimiento para aplicar en el presente ejercicio el cálculo del subsidio de conformidad con las reformas que se plantean para el citado artículo. En tal virtud, esta Comisión propone que la reforma al artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, se acompañe de los siguientes artículos transitorios: "Primero. Lo dispuesto en el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pudiendo aplicarse para el cálculo del subsidio acreditable a partir del 1o. de octubre del ejercicio de 2001. Segundo. Para el cálculo del subsidio acreditable anual correspondiente al ejercicio de 2001, se procederá como sigue: I. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro; dentro de las erogaciones efectuadas por conceptos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados. II. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin incluir las cuotas y aportaciones señaladas en la fracción anterior. III. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto de la fracción I anterior se dividirá entre doce y se multiplicará por nueve. IV. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto en la fracción II anterior se dividirá entre doce y se multiplicará por tres. V. El subsidio acreditable del ejercicio se obtendrá sumando los montos resultantes de las fracciones III y IV anteriores. Tercero. Los patrones que en su calidad de responsables solidarios enteren el impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a sus trabajadores por no haber considerado para la determinación del subsidio acreditable a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este artículo, las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, quedarán liberados de la responsabilidad solidaria por la retención del impuesto sobre la renta que resulte por la diferencia a que haya dado lugar la no inclusión de las cuotas y aportaciones antes señaladas, determinado conforme a este artículo, siempre que: a) Los pagos que se tengan que efectuar en los términos del párrafo anterior, sean los que correspondan al periodo comprendido del lo de enero al 30 de septiembre de 2001. b) El impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a que se refiere el inciso anterior, se pague a más tardar el último día del mes de noviembre de 2001, con actualización y recargos. c) Los patrones quedarán liberados de la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y se entenderá por satisfecho el requisito establecido en el artículo 24, fracción V, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las diferencias de impuesto a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en los incisos a, y b, anteriores." Con las adecuaciones propuestas, la que dictamina considera que se atienden los planteamientos de las iniciativas en estudio, así como las preocupaciones del sector obrero, el cual no deberá verse afectado, y de los patrones, a la vez que se protegen los intereses del fisco federal, al darles un marco de mayor seguridad jurídica. Asimismo, se establece el procedimiento a seguir, según la opción que se resuelva tomar de conformidad con el segundo transitorio. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta Cámara de Diputados, el siguiente DECRETO Que reforma el artículo 80-A de la ley del impuesto sobre la renta Artículo único. Se reforma el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: Artículo 80-A. ... Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este Capítulo, se tomará el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido con el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. La proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador, dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este Capítulo, entre el monto que se obtenga de restar al total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aún cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador esté sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo, las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón a la Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro. Cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. Lo dispuesto en el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, pudiendo aplicarse para el cálculo del subsidio acreditable a partir del 1o. de octubre del ejercicio de 2001. Segundo. Para el cálculo del subsidio acreditable anual correspondiente al ejercicio de 2001, se procederá como sigue: I. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, considerando las cuotas patronales pagadas al Instituto Mexicano del Seguro Social y las aportaciones efectuadas por el patrón al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado y al Sistema de Ahorro para el Retiro, dentro de las erogaciones efectuadas por conceptos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados. II. Se determinará la proporción a que se refiere el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sin incluir las cuotas y aportaciones señaladas en la fracción anterior. III. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto de la fracción I anterior se dividirá entre 12 y se multiplicará por nueve. IV. El subsidio acreditable determinado aplicando lo dispuesto en la fracción II anterior se dividirá entre doce y se multiplicará por tres. V. El subsidio acreditable del ejercicio se obtendrá sumando los montos resultantes de las fracciones III y IV anteriores. Tercero. Los patrones que en su calidad de responsables solidarios enteren el impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a sus trabajadores por no haber considerado para la determinación del subsidio acreditable a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente con anterioridad a la entrada en vigor de este artículo, las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Sistema de Ahorro para el Retiro, quedarán liberados de la responsabilidad solidaria por la retención del impuesto sobre la renta que resulte por la diferencia a que haya dado lugar la no inclusión de las cuotas y aportaciones antes señaladas, determinado conforme a este artículo, siempre que: a) Los pagos que se tengan que efectuar en los términos del párrafo anterior, sean los que correspondan al periodo comprendido del lo de enero al 30 de septiembre de 2001. b) El impuesto sobre la renta correspondiente a las retenciones no efectuadas a que se refiere el inciso anterior, se pague a más tardar el último día del mes de noviembre de 2001, con actualización y recargos. c) Los patrones quedarán liberados de la responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y se entenderá por satisfecho el requisito establecido en el artículo 24, fracción V de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por las diferencias de impuesto a que se refiere este artículo, siempre que se cumpla con los requisitos señalados en los incisos a, y b, anteriores. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. México, D.F., a 6 de noviembre de 2001. Diputados: Enrique Alonso Aguilar Borrego, Francisco Agundis Arias, Manuel Añorve Baños, Enoch Araujo Sánchez, Miguel Arizpe Jiménez, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Florentino Castro López, Jorge A. Chávez Presa, Enrique Octavio de la Madrid Cordero, Francisco de Jesús de Silva Ruiz, Roberto Javier Fuentes Domínguez, Julián Hernández Santillán, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Guillermo Hopkins Gamez, Oscar Guillermo Levín Coppel, Rosalinda López Hernández, José Antonio Magallanes Rodríguez, José Manuel Minjares Jiménez, César Alejandro Monraz Sustaita, José Narro Céspedes, Luis Alberto Pazos de la Torre, Francisco Raúl Ramírez Avila, Gustavo Riojas Santana, Salvador Rocha Díaz, Arturo San Miguel Cantú, Reyes Antonio Silva Beltrán, Yadhira Ivette Tamayo Herrera, José Luis Ugalde Montes, Emilio Ulloa Pérez, José Francisco Yunes Zorrilla y Hugo Adriel Zepeda Berrelleza. En virtud de que el Dictamen se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la Asamblea si se le dispensa la segunda lectura y se pone a discusión y votación de inmediato.