La diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Gracias. Compañeras y compañeros, este día y a esta hora la necedad, agresión y descalificaciones han sido una constante. La propuesta de Ley de Ingresos que ha enviado el presidente le consigue un lugar en la historia, sí, el de la vergüenza pública, junto con ustedes, diputados de la mayoría, que no entienden y que solo levantan la mano en señal de complicidad. Y, aunque se intenta justificar que la deuda de nuestro país no sobrepasará el 50 % del PIB, el déficit fiscal, el techo de deuda y el pago de intereses llegarán a máximos nunca vistos en más de 30 años. Tiene el récord de endeudamiento de 1.9 billones de pesos y pagando el servicio de la deuda 1.0 billones, deuda que pagaremos los ciudadanos. Y sí, ustedes también. Hacienda ha insistido de manera recurrente que es una sola vez y una situación deliberada y planeada, deteriorando las finanzas públicas del país, porque alargó los plazos y cuando terminen los periodos de gracia permanecerá esta deuda. El dictamen es una irresponsabilidad más del gobierno que no conoce la transparencia, que habla de combatir la corrupción y son los más corruptos sus proyectos plagados de irregularidades, de sobreprecio y aun así el presidente envía una propuesta para adquirir más deuda y continuar invirtiendo en los programas opacos e ineficientes, usándolos de relumbrón y mascarada, destinando el dinero a gastos clientelares que no a gasto social en un año electoral. Estos gastos es violar la Constitución, que es clara al respecto, la deuda que se contrate debe ser para ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos y no para seguir enriqueciendo y favoreciendo y creando nuevos fideicomisos. Y el colmo de la incongruencia haber asestado un golpe a los trabajadores del Poder Judicial desapareciendo 13 fideicomisos. La reserva el artículo 1 y 2 tiene por objeto mantener el techo de deuda límite al 2023 y que los empréstitos que contrate el Ejecutivo federal requieran de previa autorización previa del Congreso de la Unión, además de generar un mecanismo de rendición de cuentas para transparentar el destino de la deuda. El artículo 11, pese a la urgencia de apoyar a mujeres víctimas de violencia, más el 80 % de las erogaciones del Anexo 13 para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, se está otorgando a programas sociales. Es solo el 0.1 % del presupuesto etiquetado equivale a 485 millones de pesos destinados a estos refugios. Es una exigencia que estos recursos tengan fundamento y agreguen metodología. Sin embargo, la falta de evaluación de esta administración ha impedido garantizar que los programas con los que se infló este anexo contribuyan a la igualdad de género. Es por ello que esta reserva tiene como objetivo que los contribuyentes que arrenden inmuebles destinados a este tipo de refugios estén exentos de IVA. Por otra parte, el artículo 10 concede importante otorgar estímulos fiscales a las mujeres empresarias, a las personas físicas y morales que inviertan en empresas dirigidas por mujeres para fortalecer el sector productivo, económico de medidas que faciliten a su empoderamiento en la conducción de política económica y crezcan en derecho y oportunidad de un sector históricamente que ha permanecido y el simbolismo masculinizado. Las acciones del presidente dejan claro que los derechos de las mujeres no son prioridad para este gobierno.