La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, señor presidente. Este dictamen significa un retroceso para los ciudadanos del Distrito Federal. Ignora las propuestas de reforma política que intelectuales, organizaciones sociales y civiles han presentado en los últimos 30 años para obtener el ejercicio pleno de la soberanía de la ciudad y de sus habitantes, que sólo puede iniciar con la elaboración de una constitución local por los propios capitalinos. No traslada, no es cierto que lo haga, las facultades sustantivas de la federación al Distrito Federal, tampoco amplía las competencias de las delegaciones ni de la asamblea ni reconoce nuevos derechos de los ciudadanos, es decir, no contiene ningún cambio en el régimen interior del Distrito Federal actual, no hay en realidad una reforma política. Cambiar el nombre de Distrito Federal a la Ciudad de México no modifica el estatus jurídico que actualmente tiene la capital del país, desde 1824 es la capital sede de los poderes federales con facultades limitadas, la reforma no modifica esta condición, y desde 1917 el Distrito Federal es una entidad federativa con autonomía limitada. Esta reforma no otorga a la Ciudad de México la soberanía que poseen los estados de la república. Esta reforma en realidad está dirigida a la propia clase política, sólo se modifica la estructura administrativa al sumar a las delegaciones los cabildos con la representación proporcional de los partidos políticos. Sin embargo, a diferencia de los cabildos municipales, estos no tienen facultades constitucionales de control y evaluación del Ejecutivo local, lo cual implicará también un mayor gasto, más burocracia, sin una utilidad real para un gobierno democrático y transparente. Además permite la reelección de los diputados locales hasta por cuatro veces y de los ahora alcaldes hasta por una vez. Lo más grave de la reforma a discusión se encuentra en los artículos transitorios del decreto, son como las letras chiquitas de los contratos leoninos, los artículos séptimo y octavo transitorios establecen la instalación de Asambleas Constituyentes de la Ciudad de México compuestas por 100 diputados que serían prácticamente impuestos. Los órganos constituyentes, hay que recordar, son el origen, parte de la voluntad directa del pueblo soberano que creará entidades al menos en la ficción jurídica aún no creadas. ¿Qué tipo de Constitución puede hacer órganos ya constituidos? Obviamente una que no surja de la voluntad popular, sino de la clase política. Y, en el colmo, sería la primera vez en la historia que existan diputados designados por funcionarios. El constituyente de la Ciudad de México debe ser producto de la voluntad soberana de los ciudadanos del Distrito Federal. Decían los clásicos que soberanía tiene dos acepciones: una interna y otra externa. La interna se refiere a que son los integrantes de la entidad los que deciden sus normas fundamentales. La externa, implica que ningún ente exterior pueda atropellar la voluntad de lo decidido por los integrantes de la entidad. Solo un pueblo soberano puede constituir una entidad jurídica, y solo un constituyente popular puede responder a los intereses del pueblo soberano. Por ello, una Constitución de la Ciudad de México no puede restringirse a las negociaciones de determinadas fuerzas políticas por más representativas que en su caso se autodeterminen, sino que deben abrirse y generar un consenso múltiple y plural que propicie no solo un contenido democrático, sino la discusión amplia de esas nuevas entidades con los ciudadanos. En todo caso, el mejor antecedente de un consenso generado a manera de pacto político-social, quizá el único que se ha firmado por una amplia representación de organizaciones civiles, sociales, intelectuales, junto con funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, fue la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad, firmada en 2010. Ese sería un mejor punto de partida, representativo al menos que el constituyente individual y plenipotenciario que sería el jefe de gobierno. Los ciudadanos del Distrito Federal merecemos decidir el destino de la Ciudad de México, lo hemos hecho, solo pedimos que este Congreso nos lo reconozca de una vez. Defendamos nuestra soberanía, es lo justo. Es cuanto.