LA DIP. MINERVA HERNÁNDEZ RAMOS: Muy buenos días. Con su permiso, señor Presidente. Señores y señoras diputados: Quienes suscribimos, diputados integrantes de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, miembros de la Comisión de Fortalecimiento al Federalismo, presentamos a esta Cámara de Diputados, iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer el régimen federal de la República Mexicana bajo la siguiente exposición de motivos: En la Constitución mexicana vigente existen diversos principios esenciales a los que algunos estudiosos de la ciencia constitucional y de la ciencia política, denominan decisiones políticas fundamentales, las cuales pueden ser entendidas como los elementos ideológicos y estructurales que determinan nuestros caracteres definitorios como Estado y como sistema político. Entre estos elementos, ocupa un lugar indiscutible el régimen federal, el cual se identifica con el nacimiento de nuestra República soberana y en muchos sentidos también con las diversas etapas históricas del desarrollo de nuestro sistema constitucional y con innumerables luchas políticas promotoras de la democratización del poder y de la consolidación de las instituciones públicas de nuestro país. A lo largo del Siglo XIX, como es de sobra sabido, el establecimiento y la preservación de la forma de gobierno federal se identificó con el avance y el desenvolvimiento político de nuestra nación, mientras que su sustitución por un régimen de centralización de las atribuciones constitucionales en los poderes públicos nacionales, siempre se consideró como sinónimo de retroceso y de imposición de estructuras contrarias a la voluntad mayoritaria del pueblo de México. Este elemento de nuestro régimen político, se estableció también en la primera Constitución de contenido social de toda la historia promulgada en nuestro país en 1917, determinándose en sus normas un sistema de distribución del ejercicio del poder conforme al cual las competencias constitucionales de los órganos federales son expresas, mientras que las que ejercen las entidades federativas, sólo son implícitas. Es indiscutible que el Estado Mexicano y su sistema republicano, no pueden entenderse histórica ni estructuralmente, sin hacer referencia a la forma de Gobierno Federal. Ahora bien, es un hecho que nuestro sistema federal nació y se ha desarrollado del centro hacia la periferia, lo cual significa que tanto en el siglo IX como en el XX, la forma de Gobierno Federal del Estado Mexicano, ha estado asociada a la descentralización del poder político, aspecto que es necesario tomar en cuenta para entender la génesis y la problemática de este elemento estructural de nuestro régimen constitucional. El federalismo mexicano, no obstante sus deficiencias estructurales y terminológicas, representó en el pasado y representa ahora, un elemento del régimen de gobierno compatible con un sistema político democrático, desde el momento en que su esencia consiste en la distribución del poder en un sentido territorial. Sin embargo, uno de sus defectos congénitos consiste en que tanto las determinaciones jurídicas relativas a la asignación de competencias entre Estado y entidades federativas, como las decisiones políticas concernientes al fortalecimiento del federalismo, han provenido, en la mayoría de los casos, del propio nivel de Gobierno Federal; esto significa que en la construcción y en el desarrollo de este aspecto de nuestro régimen político, tradicionalmente han sido actores principales los órganos federales y actores secundarios las entidades federativas, lo cual se debe a diversas circunstancias entre las cuales destacan, tanto las inercias históricas centralizadoras, como las estructuras constitucionales y políticas en las que se basa el Régimen Federal Mexicano. Lo paradójico de esta situación, consiste en que los niveles de gobierno local y municipal, que son los que requieren de un mayor fortalecimiento político, jurídico, económico y financiero del que depende en gran medida el ejercicio autónomo de sus atribuciones, son simultáneamente los que tienen menor capacidad constitucional y legal para promover los cambios estructurales que necesita nuestro sistema federal, en cual, entre otras razones, por ésta, sigue caracterizándose por sus normas y sus prácticas centralizadas. En los últimos tiempos hemos sido testigos de importantes esfuerzos de organización política a favor del federalismo mexicano, de los cuales la Conferencia Nacional de Gobernadores y la Convención Nacional Hacendaria, son dos ejemplos productivos, tangibles y genuinamente federalistas, cuyo éxito se debe en gran medida, precisamente a que provienen de las entidades federativas, revirtiendo la tendencia centralizadora tradicional de conformación de nuestro régimen federal y representando casos propios de un auténtico proceso federalista que se origina en las entidades locales que reclaman legítimamente la ampliación de su competencia autónoma y el fortalecimiento estructural de la que actualmente les asignan las normas constitucionales federales. Es indispensable realizar modificaciones a las normas constitucionales y legales que regulan el sistema federal mexicano, con el propósito de ampliar la participación de algunos de los actores principales de este proceso de renovación federalista, cuya capacidad jurídica para proponer cambios y adiciones a la Constitución y a las leyes federales no existe o es muy limitada. Como todos sabemos, tratándose de las entidades federativas, sólo uno de sus órganos puede presentar iniciativas de leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, a lo que debe agregarse que en el caso concreto del Distrito Federal, esta posibilidad está actualmente cancelada, a nuestro juicio, sin justificación alguna. Consecuentemente, quienes suscribimos esta iniciativa de revisión constitucional, proponemos la modificación del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgar el derecho de presentar iniciativas de leyes y decretos en materia legislativa federal y por extensión de reforma y adición constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución Federal, a los gobernadores de las entidades federativas, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con el objeto de que los órganos legislativos y de gobierno de todas las entidades de nuestra República adquieran la capacidad jurídica de participar en el proceso de renovación y fortalecimiento del sistema federal mexicano, impulsando los cambios al orden jurídico federal que estimen convenientes para este propósito. En tales condiciones se propone la modificación del Artículo 71 de la Constitución de la República, estableciéndose en su fracción II la atribución de los gobernadores de las entidades y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, determinándose en su fracción III la atribución de los miembros del Congreso General para los mismos efectos, la cual actualmente aparece en la fracción II de esta precepto y adicionándose con una fracción IV en la que se otorgue esta misma atribución a las Legislaturas locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Igualmente se modifica el párrafo final de este precepto a la modificación anterior, estableciéndose que las iniciativas presentadas por los gobernadores de las entidades federativas, por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y por la Asamblea Legislativa del Distrito, se sujetarán al mismo trámite inicial que se determina para las que provienen del presidente de la república y de las Legislaturas locales. Consideramos que de esta manera, tanto la totalidad de los órganos legislativos locales como los gobiernos de las entidades federativas, estarán en aptitud de actuar a favor de la construcción del auténtico régimen federal democrático que requiere nuestra nación, no sólo políticamente como lo han hecho exitosamente hasta ahora sino también legalmente, proponiendo la modificación de las normas constitucionales y de diversas leyes federales, sin la cual es imposible cumplir el objetivo que, sin duda, los anima a todos, sin distinciones partidarias, consistente en el diseño de un auténtico federalismo mexicano, en todos los órdenes del ejercicio del poder político. Conforme a lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 71 fracción II de la Constitución Federal, proponemos a la consideración del H. Congreso de la Unión y en su momento a los HH. Congresos de las entidades federativas por conducto de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO UNICO.- Se reforma y adiciona el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ARTICULO 71.- El derecho de iniciar leyes compete: fracción II.- A los gobernadores de las entidades federativas y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; fracción IV.- A las Legislaturas de las entidades y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. T R A N S I T O R I O S PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. SEGUNDO.- Las iniciativas de ley o decreto que hayan sido presentadas conforme al texto anterior del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, seguirán tramitándose hasta su votación definitiva en los términos previstos por esta Constitución y por las leyes aplicables. Es cuanto señor presidente. -