La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: Con la venia de la Presidencia. En cumplimiento al mandato constitucional que nos obliga a hacer un exhaustivo análisis de los avances de las políticas, planes y programas encaminados desde el Poder Ejecutivo de México, el día de hoy nos centramos en la revisión de uno de los apartados más importantes para la gobernabilidad de nuestro país: la seguridad. Indudablemente juega un papel fundamental, pues -además de ser en sí mismo un derecho humano- se convierte en la vía idónea para el respeto y protección de múltiples derechos más, como la vida, la libertad, la integridad, el patrimonio, entre otros. Es entonces que la seguridad se convierte en una responsabilidad indelegable del Estado, quien -a través del establecimiento de límites al ejercicio del poder y la aplicación del derecho- persigue la convivencia armónica entre la sociedad. En este sentido, es importante vislumbrar la situación que impera en nuestro país. Datos aportados por el Inegi señalan que más del 73 por ciento de la población mayor de 18 años considera que vivir en su ciudad es inseguro. En donde la percepción de seguridad sigue siendo mayor en el caso de las mujeres, con alrededor del 78 por ciento. Mientras que para los hombres fue de 67 por ciento. Al respecto, el Segundo Informe de Gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, señala que el gobierno de México ha promovido acciones encaminadas a fortalecer la construcción de paz y la reconstrucción del tejido social mediante colaboración con actores clave de la sociedad. Para ello se implementaron diversas estrategias, logrando como resultado la disminución de un 7 por ciento de los índices delictivos del fuero común. Destacando la reducción de los delitos de robo en transporte público, secuestro y robo a casa habitación. Lo anterior, sin duda, nos permite ver que hay una relación directa entre las demandas de la sociedad y las acciones gubernamentales implementadas. Reconocemos los avances; sin embargo, consideramos que, en tanto persista la sensación de inseguridad entre los habitantes, deben redoblarse los esfuerzos para alcanzar la paz y la tranquilidad que las y los mexicanos nos exigen. Ahora bien, como es sabido, el 2020 se convirtió en uno de los años más complicados a nivel mundial. La contingencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19) representa un reto, no solo para el sector salud y económico; también a nivel seguridad fue necesario fortalecer los mecanismos de atención. Para ello, la Guardia Nacional proporcionó seguridad en el traslado de insumos y medicamentos. También hubo seguridad en hospitales y almacenes del Insabi, así como en refugios de emigrantes, centrales de abasto y centros penitenciarios. Respecto a estos últimos, el actual gobierno ha emprendido acciones de recuperación y dignificación de las cárceles, con el objetivo de cumplir con los fines de readaptación social. Para ello, se brindó educación formal, empleo remunerado y capacitación para el autoempleo con fines de reinserción. Por lo que hace a la articulación de la seguridad nacional, la seguridad pública y la paz, se estableció el Sistema Nacional de Inteligencia, con la finalidad de generar productos estratégicos que sustentan la toma de decisiones indispensables para garantizar la integridad y la soberanía nacional. Otro rubro importante a destacar es lo relativo a la ciberseguridad. Se atendieron más de 98 mil incidentes cibernéticos y se logró desactivar alrededor de 5 mil sitios que usurpaban la identidad de instancias financieras y gubernamentales. Finalmente, con el fin de atender una de las principales demandas de la sociedad mexicana, se creó la Guardia Nacional, que tiene como propósito realizar las funciones de seguridad pública a cargo de la federación y conforme a los convenios que se celebren; colaborar temporalmente en las tareas de seguridad pública que corresponden a las entidades federativas o municipios. Compañeras y compañeros diputados, parte fundamental del interés de analizar estos avances radica no solo en reconocer lo que se ha hecho bien, sino identificar las áreas de oportunidad para continuar en la construcción de estrategias que nos permitan garantizar uno de los derechos más vulnerados de la sociedad. Como legisladores, tenemos el deber de seguir impulsando las reformas legales que den continuidad a lo que ha servido pero, sobre todo, para mejorar y fortalecer aquellas propuestas que garanticen el pleno desarrollo de los derechos humanos de las y los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.