El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores. Presidente, lo felicito porque a la compañera diputada que intervino en la argumentación para fundamentar el dictamen usted le otorgó siete minuto de tolerancia. Fue una intervención correcta y lo felicito por ser tolerante. Fue una intervención muy estudiada, documentada, aunque no comparto con ella en toda su extensión, pero creo que deja un buen sabor su Presidencia al ser tolerante. Nada se pierde con unas horas más. Y en la práctica ha demostrado que esa característica lo puede acompañar en su vida pública. La corrupción a la fecha es uno de los mayores flagelos que atenta contra la vida institucional del país. De acuerdo al Índice de Percepción de Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, en el año pasado México se situó en el lugar 106 de 177 países, observándose un índice comparable con el de Nigeria y Gabón. Igual de alarmante resulta que, de conformidad a la 12a. Encuesta Global de Fraude, elaborada por la firma Ernst and Young, seis de cada 10 empresarios de las 50 mayores corporaciones del país han reconocido el uso recurrente de sobornos a servidores públicos para el desarrollo de sus actividades, así como que el 38 por ciento de los encuestados reconoce que los sobornos son un medio constante para obtener la asignación de contratos estatales, constituyendo el mayor porcentaje de América Latina. Adicionalmente en la encuesta antes mencionada se estima que los gastos en corrupción equivalen entre el 5 y el 8 por ciento del total de las ventas anuales de esas corporaciones, siendo los sectores de energía, petróleo, farmacéutica y construcción los más afectados. Se ha estimado por parte del Consejo coordinador Empresarial que el costo de la corrupción en el país aproximadamente equivale al 10 por ciento del valor total anual de la economía. La incorporación a la vida diaria de este fenómeno se ha visto impulsado por la ausencia de controles efectivos de rendición de cuentas por parte de funcionarios involucrados en casos de corrupción. La impunidad que impera en los procedimientos para la investigación y sanción de acciones indebidas de funcionarios púbicos ha sido un elemento total del deterioro institucional en el tema. Los mecanismos hasta hoy vigentes han probado su falta de efectividad para el combate de este problema de opacidad y de corrupción. No hemos advertido que los esfuerzos para propiciar una mayor transparencia gubernamental hayan ido de la mano de mecanismos de investigación que sancionen las actuales corruptelas. El dictamen que hoy se discute pretende incluir elementos que supuestamente fortalecerán los mecanismos de control de los servidores públicos. Destaca la regulación en materia de denuncias efectuadas por particulares, estableciendo los requisitos mínimos de las mismas, abriendo la posibilidad a que sean anónimas e imponiendo la posibilidad también de protección a los denunciantes. Estos mecanismos sin embargo, debo de decirlo con toda claridad, son violatorios de la garantía de debida defensa de los inculpados, pues restringe su derecho a conocer quién lo denuncia. Igualmente se ha reconocido por la misma jurisprudencia emitida por la Corte, por la Suprema Corte de la Nación, que las denuncias anónimas no pueden ser reconocidas como pruebas dentro de los procedimientos, siendo únicamente útiles para la investigación. En este sentido estas modificaciones de ninguna forma elevan el techo existente en la materia, pues de nueva cuenta la administración pública federal queda como lo faculta la Ley para investigarse a sí mismo. El incremento de sanciones en cualquiera de sus modalidades no constituye un verdadero disuasivo de la pena, ya que mientras no exista una persecución efectiva las conductas penadas, los infractores no dejarán de actuar impunemente en ese sentido. No es correcto... ciudadano presidente, estamos tocando un tema muy delicado, le pediría llamar la atención a los diputados y diputadas, porque esta honorable y soberana Cámara por ratos se convierte en un soberano desmadre. Nadie hace caso y es una ley clave para la vida del país.