El diputado Miguel Ángel Sulub Caamal: Con su permiso, diputado presidente. Diputados integrantes de la Mesa Directiva, apreciados compañeros y estimadas compañeras diputados federales, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos que dan seguimiento a las labores de esta Cámara a través del Canal del Congreso. Voluntad del pueblo mexicano fue constituirse en una federación y en un marco de colaboración y acuerdo conjunto vislumbrar fórmulas que permitan atender las necesidades de la población, para enfrentar así los grandes desafíos de una nación con características diversas, pero con un amplio anhelo de integración. Esta esencia del federalismo mexicano fue lo que motivó, en 1980, la creación del sistema nacional de coordinación fiscal, que entre sus objetivos consideró fortalecer la capacidad financiera de los órdenes de gobierno, buscando eliminar desigualdades y desequilibrios en la distribución del ingreso fiscal, en aras de que todos los ciudadanos de las entidades federativas cuenten con las mismas oportunidades y beneficios. Desde entonces, a través de las disposiciones que contiene la Ley de Coordinación Fiscal, se ha planteado la necesidad de mejorar el sistema fiscal en su conjunto, procurando fortalecer a los gobiernos locales, como bien se desprende de las reformas aprobadas entre 1980 y 2007, siendo la última el que amplió el mecanismo resarcitorio como reclamo de las entidades federativas que más recaudan y tienen un mayor desarrollo económico. Es así que a partir de 2008, lo relativo a la primera parte de la fórmula de distribución del Fondo General de Participaciones, cuya proporción de distribución es del 60 por ciento, se empezó a fijar de acuerdo al monto nominal de las participaciones recibidas por cada entidad federativa en el 2007 y se distribuye el incremento o crecimiento en el fondo, que deriva de una mayor recaudación federal participable, en función de los aumentos en la actividad económica, cuyo indicador de medición es el producto interno bruto del estado respectivo, con base a la información oficial del último año que hubiere dado a conocer el Inegi. Ahora bien, el análisis y seguimiento del coeficiente de distribución del Fondo General de Participaciones Federales, respecto a la primera parte de la fórmula, muestra que de 2008 a 2014 se han observado variaciones positivas o negativas muy pronunciadas para algunos estados, como es el caso de los estados, sobre todo, de Campeche y de Tabasco, así como de otras entidades federativas, variaciones pronunciadas que han hecho que estos estados reduzcan los recursos, el monto de las participaciones que reciben. Lo anterior, debido a la actual distribución, disminución y la producción de hidrocarburos y la baja en los precios del petróleo a nivel internacional, dichas circunstancias hace que parezca que el producto interno bruto estatal, de algunos estados, esté en notable decrecimiento, toda vez que al estar indexada la actividad petrolera en el sector minero, reportan un débil desempeño que repercute al momento de aplicarse la actual fórmula de distribución de participaciones, aun cuando la economía local reporte crecimiento sin considerar la actividad petrolera. Sin duda, un sistema de distribución que se jacte de ser justo o equitativo, no observaría a variaciones que propicien inseguridad financiera a las entidades federativas respecto de lo que habrán de recibir del principal fondo participable, mucho menos, cuando como bien se expresa en el plan nacional de desarrollo, hoy más que nunca hay que impulsar un federalismo articulado, partiendo de la convicción de que la fortaleza de la nación proviene de sus regiones, estados y municipios. En ese orden de ideas, el día de hoy hago uso de esta tribuna para proponer la modificación al contenido del quinto párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, con el propósito de que la distribución de la primera parte del Fondo Federal de Participaciones se realice considerando el producto interno bruto estatal no minero y así otorgar mayor estabilidad al sistema de distribución de participaciones. Es preciso reiterar que la propuesta que se plantea no modifica la estructura de la fórmula ni el porcentaje de distribución del Fondo General de Participaciones, se mantiene la suma cero, se otorga mayor estabilidad al sistema de participaciones, se da mayor estabilidad y seguridad financiera presupuestal a las entidades federativas, debido a que las variaciones se reducen considerablemente, no se elimina el objeto resarcitorio de la fórmula, ya que se continúa manejando el producto interno bruto estatal con un componente más justo y de acuerdo con la realidad económica que prevalece en las entidades federativas. Y ante contingencias financieras se garantiza mayor certidumbre y estabilidad al sistema de participaciones, de tal forma que ninguna entidad federativa tenga una volatilidad tan pronunciada como la vigente en su coeficiente efectivo, y sigue la directriz de no hacer dependientes a las finanzas públicas del comportamiento que se dé en la actividad petrolera, menos ante las variaciones que se han dado en los últimos años y que no permiten dar certidumbre a la economía. Estamos convencidos que el federalismo renovado que México quiere es el que da certeza, seguridad y equilibrio para generar los beneficios que la sociedad demanda y superar las desigualdades que existen entre nuestras regiones, como bien lo promueve el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. El contenido de la iniciativa que hoy se somete a consideración de esta asamblea se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y solicito respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva se considere su texto íntegro en el Diario de los Debates de esta sesión. Por su atención, muchas gracias.