La diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera Hernández: Con su permiso, diputado Presidente. El acoso o violencia escolar bullying, representa un tipo específico de violencia que se diferencia de otros tipos de conductas violentas que un alumno puede sufrir o ejercer en un determinado momento por tomar parte de un proceso con características muy especiales que agravan su intensidad, ya que no se limita a un acontecimiento aislado, sino que se repite y prolonga durante cierto tiempo con el riesgo de hacerse cada vez más grave; se produce en una situación de desigualdad entre el acosador y la víctima. Se mantiene debido a la ignorancia o pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas sin intervenir directamente. Implica diversos tipos de conductas violentas que se inician en la mayoría de las veces con agresiones de tipo social y verbal e incluyen después las coacciones y las agresiones físicas. El acoso o violencia escolar bullying, tiene características similares a determinadas formas de violencia como la laboral o la de género, pues en los tres casos la violencia es utilizada por los agresores como una forma de manifestación de poder sobre la víctima, la cual es generalmente percibida por el sistema social en cuyo contexto se produce el acoso o violencia escolar como una persona indefensa. De tal suerte que la impunidad, la minimización y la conspiración del silencio que han rodeado tradicionalmente a estos tres tipos de violencia, se convierten en sus principales aliados. Los derechos a la salud física y mental tanto de las víctimas como de los agresores, la observación de condiciones sociales que torna particularmente vulnerable a la población menor de 15 años y por creciente atención puesta en los derechos de las niñas, niños y adolescentes, hace necesario que el Poder Legislativo ponga particular atención en este tema. La importancia de abordar este fenómeno desde la legislación, radica en que es a través de ésta que puede tratar de prevenirse o castigarse la comisión de este tipo de violencia. A nivel internacional la Convención sobre los Derechos del Niño estipula en su artículo 28 que: los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, ese derecho. En el tema de educación libre de violencia, es importante observar lo señalado en el concepto amplio de educar para la paz. El término se refiere a la aplicación de una enseñanza que desarrolle en el alumnado las actitudes y conductas coherentes con la justicia, el respeto, la tolerancia, el diálogo y la resolución no violenta de todos los conflictos. La UNESCO señala que: la educación es un servicio público que incide en la vida de casi todos los ciudadanos y es un elemento esencial de la reconstrucción de un país. En términos más generales, a decir de esta organización, el sistema educativo puede llegar a formar parte de un contrato social más integrador en el que el gobierno demuestre su voluntad de luchar contra las desigualdades sociales y económicas, por lo que el desarrollo de este servicio debe tener como premisa fundamental, el estar alejado y libre de cualquier tipo de violencia que le impida su progreso. A todo lo anterior la presente iniciativa propone la reforma de diversas leyes entre las que se encuentra la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que señala como una parte de las modalidades de la violencia, la violencia docente. Para ello proponemos reformar y adicionar los artículos 10, 12, 13 y 45 de la citada ley. Reconociendo la interrelación que guarda este tema con otras legislaciones, la iniciativa propone también reforma y adición a la Ley General de Educación a fin de señalar, entre otras cosas, que las autoridades educativas deberán realizar programas y actividades que fomenten la cultura de la no violencia, por lo que se propone la reforma de los artículos 2, 7, 10 y 33 de la Ley General de Educación. Por otro lado, la realidad nos ha demostrado que el tema del acoso y violencia escolar ha sido redituable en términos de rating para muchos medios de comunicación amarillistas que, en lugar de evitar reproducir imágenes que fomenten dicha conducta, la utilizan cono forma de atracción del morbo sobre este tema, ignorando los postulados plasmados en la ley, por lo que se propone reformar la Ley Federal de Radio y Televisión. Finalmente, y en aras de considerar que la comisión de esta modalidad de violencia causa un profundo daño sicológico y físico, se propone la reforma y adición del Código Penal Federal a fin de reparar el daño en este caso, para lo cual se propone la adición y reforma del artículo 30 del Código Penal Federal. Solicito a la Presidencia que la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias, diputadas y diputados; compañeros, con su permiso.