La diputado Irma Figueroa Romero: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeras diputadas. En la actualidad existe un incuestionable vínculo entre los derechos humanos y el ejercicio de la praxis profesional; particularmente en la medicina, liga que es igual entre la ética y los derechos humanos, de lo cual se desprende el creciente interés en las últimas décadas, de los profesionales de la salud, para adentrarse en los conocimientos de la bioética y los derechos humanos. Uno de los objetivos del estudio de la bioética en la práxis de los profesionales de la salud, ha sido desenmascarar cualquier tipo de práctica desleal, corrupción o dominación solapada por algunas autoridades o grupos de poder. En México, a pesar de los innegables avances democráticos en los últimos años se observa una carencia normativa que se agrava debido a la crisis económica y a los cambios en los patrones de ejercicio profesional que ha permitido la coexistencia de prácticas desleales y corrupción, que provocan el encarecimiento de las medicinas, el consiguiente aumento de la inequidad, la desigualdad en el acceso a servicios de calidad y la extensión de las malas prácticas a sectores más amplios de la sociedad. Conductas que además generan exclusión y marginación social y que afectan en forma dramática el disfrute del derecho a la equidad en salud. El análisis ético sobre los honorarios profesionales, presenta actualmente una complejidad acorde con las múltiples variables que caracterizan a la sociedad y cultura actual en la cual está inserta la actividad sanitaria que se complica en nuestro medio por la existencia de un sistema mixto donde conviven la salud pública y la privada, y por ende da lugar a prácticas que derivan en la formación de la relación médico-paciente donde la tarea es exigir el respeto de la dignidad de ambos, donde la dignidad en los honorarios se refiere no tan solo a lo cuantitativo, se refiere sobre todo a las circunstancias de mesura y tacto que deben rodearlos. Al respecto, tenemos una gran diferencia con otras naciones ya que prácticamente en todo el mundo está prohibida la conducta relativa a la partición oculta de los honorarios entre dos o más médicos, o entre médicos y otros profesionales de la salud ya que lo típico de este reparto consiste en su carácter mercantilista y que es una comisión que se da o se recibe por traficar en acciones médicas. Esta conducta trastorna profundamente la práxis de la medicina pues el médico ya no coloca en primer término los intereses del paciente sino su propia ventaja económica; no se envía al paciente a un colega más preparado o competente, o al laboratorio que realiza las pruebas con mejores técnicas y mejor tecnología; o no se le indica el fármaco más específico sino se envía al paciente al colega o a empresas que otorgan una comisión más jugosa, de donde es fácil desprender que el paciente pagará entonces más dinero por un servicio de menor calidad. Las diversas leyes y códigos deontológicos en todo el mundo, señalan prohibiciones para la conducta señalada ya que ésta constituye una violación a la ética profesional y daña seriamente la economía de los pacientes, por lo cual está expresamente sancionada la percepción de un porcentaje derivado de la prescripción de medicamentos, aparatos para uso médico u ortopédico, exámenes en laboratorios clínicos, así como la retribución pecuniaria o de cualquier otra índole entre profesionales de la salud donde la doctrina y la ética apuntan que no se podrán recibir ni dar beneficios económicos por actos no realizados y se considera una falta ética grave. La retribución directa de colega a colega o entre profesionales de la salud, es conocida usualmente como dicotomía. El fundamento de la condena de la dicotomía está en el carácter mercantilista del reparto de honorarios. Se reprueba por ser una comisión sobre la persona que se da o se recibe por traficar con acciones médicas. Es además injusta especialmente al propiciar una elevación de los gastos al paciente por la comisión cobrada, y el resultado de esta conducta es elevar el costo de la atención médica. La Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina señaló en su libro de bioética que los médicos que aceptan la dicotomía solicitan al menos en un 60 ó 70 por ciento de sus pacientes algún estudio de laboratorio aunque no sea necesario y además solicitan al menos 50 por ciento más estudios de los indispensables; es decir, fuera de las normas e indicaciones médicas, lo que claramente muestra el por qué del encarecimiento de la medicina privada. Cabe señalar que los laboratorios que practican esta indecente conducta entregan desde un 25 por ciento hasta un 75 por ciento del precio total cobrado al paciente, lo que además explicaría que no se utilicen los mejores reactivos o las mejores tecnologías en el laboratorio, e incluso que existan reportes simulados o de estudios no realizados. Esta práctica en nuestro país se está extendiendo a las farmacias, gabinetes de radiología, a las comercializadoras de aparatos ortopédicos y auditivos, lentes o a otros médicos, empresas médicas y paramédicas y a otros organismos similares, lo que habla de una convivencia que raya en lo inmoral. Las consecuencias de este proceder son muchas, entre las que destacaremos las ya señaladas del incremento de los costos al paciente, la disminución de la calidad en los exámenes realizados en esas empresas a las que habría que sumar la competencia desleal entre laboratorios clínicos que se prestan a repartir ganancias, las lesiones ala economía pública ya que por estos ingresos no se expide ningún tipo de documento fiscal oficial y los daños a la moral social y al prestigio de las profesiones de la salud. La Comisión Nacional de Bioética en México ya ha sancionado a la dicotomía como un acto moral e inaceptable, contrario a la dignidad, la ética profesional y el bienestar de los pacientes, al igual que diversas asociaciones y sociedades médicas en nuestro país, sin que las sanciones morales ni éticas logren terminar con esta ilícita conducta. Asimismo, la Cámara de Diputados y la Asociación de Propietarios de Laboratorios Clínicos abordaron en un foro realizado este mismo año, el problema de la dicotomía y enunciaron la necesidad de abolirla e incluso penalizarla, ya que atenta gravemente sobre los pacientes en su dignidad y en su economía, sin que hasta la fecha se haya encontrado la alternativa para combatirla categóricamente. Por todo lo expuesto con anterioridad y con fundamento en las disposiciones señaladas al inicio de este documento, me permito someter ante esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de Ley con proyecto de decreto, por el cual se adiciona un artículo 48 Bis a la Ley General de Salud, correspondiente al Título 3º en su Capítulo 3º, referente a los prestadores de servicios de salud, para quedar como sigue: Artículo 48 Bis: "Los profesionales, técnicos y auxiliares de la salud, no podrán recibir comisiones, repartición de honorarios o porcentaje alguno derivados de la prescripción de medicamentos, aparatos ortopédicos, lentes, análisis clínicos y cualquier clase de inducción entre médicos, industrias o empresas médicas, paramédicas, farmacéuticas u organismos similares. La asociación entre médicos y otros profesionales de la salud debe tener como finalidad la complementación y el mejoramiento del recurso ofrecido y se prohíbe que éste tenga como fines el lucro o el engaño". Transitorios. Artículo 1º. "Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Artículo 2º. "El Ejecutivo Federal, en un plazo no mayor de 60 días, realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias". Solicito, señor Presidente, se integre el texto total en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias compañeros diputados.