La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidenta. Nuestro orden jurídico constitucional ha consagrado la protección de los derechos humanos como principal obligación del Estado. La reparación del daño es un derecho, pero también es una obligación y constituye la base primordial para el surgimiento de normas relativas a la extinción de dominio. Como legisladores, tenemos la obligación de generar normas que sean compatibles, desde luego, con nuestra Constitución, pero también con el orden jurídico internacional al que México se ha obligado. Quiero por eso recordarles que la Organización de los Estados Americanos, en el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, ha reiterado, desde 2009, que es una obligación del Estado adoptar medidas para atender y prevenir la vulneración de derechos vinculados a la seguridad de las personas y de quienes han sido víctimas de algún delito. Necesitamos, y esa es la propuesta que quiero hacerles, ser muy claros en la ley. Establecer programas sin definición y a la libre ocurrencia, como pretenden aprobar este dictamen, no solo no es una irresponsabilidad. Es, además, ilegal. Es un atentado a los derechos humanos de quienes vivimos en México, de quienes nos otorgaron su voto, a quienes hoy debemos representar. Yo no dudo, nunca dudo de las buenas intenciones que alguien pueda tener. Pero que no se les olvide que no vamos a legislar para una persona, estamos legislando para un país y para las generaciones venideras. Quiero presentar, en consecuencia, tres reservas. Y pido a la Presidencia un poquito de comprensión si me excedo un poco de los minutos, porque son tres, a los artículos 2o., fracción VI; 229 y 233 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, con el propósito de señalar que los bienes sujetos en el proceso de extinción de dominico sean destinados a la prevención, a la protección, la asistencia, la reparación del daño y los programas dirigidos a las víctimas de los delitos. ¿Con esta reserva qué estaríamos haciendo? Y por eso de verdad conmino a todos a que podamos apoyarla. Estaríamos acotando los fines de los programas. Estaríamos blindando la extinción de dominio de una implementación clientelar y sin transparencia de una instancia dependiente del Poder Ejecutivo federal. ¿Qué lograríamos? Crear políticas públicas sin sustento jurídico, hacia allá, para este dictamen. Y tenemos que ser claros. La atención a víctimas es un tema multicausal. No podemos quitar recursos para la atención de personas, de sus familias y de las comunidades que hoy se ven cotidianamente afectadas por la delincuencia. El gobierno necesita entender que un principio de política pública es definir el problema, pero también los mecanismos y el resultado que va a obtener. Con solo la redacción de estos artículos violaríamos no solo los ordenamientos legales vigentes en nuestro marco jurídico, como la Ley General de Víctimas, sino también ordenamientos internacionales. De verdad, otra vez compañeros, aprobamos una ley y volvemos después rápidamente a convocar a otras sesiones, a otras discusiones en comisiones para enmendar la plana. ¿Por qué? Si pudiéramos hacerlo de una vez. Por ejemplo, el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, señala en el artículo 6o. que cada Estado velará porque su ordenamiento jurídico interno pr4evea medidas que brinden a las víctimas de la trata de personas la posibilidad de obtener indemnización por los daños sufridos. No especificar el destino de los recursos implica, como lo hemos visto, avalar temas como la desaparición de las unidades de género, de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia, a garantizar la reparación del daño a niños, niñas y victimas de trata, y peor aún, significa, como ya se ha hecho en esta Cámara de Diputados, abonar nuevamente a la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomienda generar la capacidad institucional en el sector público para el diseño y la ejecución de las acciones comprendidas en los planes y programas que componen la política pública sobre seguridad ciudadana disponiendo los recursos humanos, técnicos y económicos adecuados. Las políticas deben asegurar la gobernabilidad democrática de la seguridad ciudadana, deben ser sustentables con base en consensos políticos y sociales, y deben ser sometidas a evaluación y rendición de cuentas permanentes mediante mecanismos de control internos y externos, pero sobre todo, y de verdad, hago un llamado a la consciencia y a la responsabilidad, deben ser claras y dirigidas en la ley. No podemos estar aprobando leyes oscuras que están sujetas a la libre interpretación. Sería todo, presidenta.