EL C. DIP. JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ: Con su permiso, señor Presidente. El día de ayer, hace 89 años, el Gobierno del presidente Venustiano Carranza dio por primera vez forma y cauce a la lucha campesina de la revolución mexicana mediante la expedición de la Ley Agraria cuyo espíritu se plasmó después en la Constitución de 1917. Aunque desde el punto de vista pragmático la Ley tenía la intención de atraer a la causa constitucionalista a los campesinos del centro y norte del país para restar fuerza al movimiento rebelde de Emiliano Zapata y Francisco Villa, en lo esencial recogía las principales demandas del campo mexicano, principalmente las de Emiliano Zapata para otorgar justicia a los campesinos del país. Era sin duda un buen principio y aunque en las décadas siguientes parecía que por fin la justicia social, haría del campo un lugar digno para la vida y el trabajo, el régimen paternalista que se impuso terminaría por hacer de él un espacio para la esperanza defraudada, la promesa que nunca llega o la fórmula para obtener votos corporativos. El rostro del campesino se fundió en intereses electorales y sus necesidades se convirtieron en materia de discurso. Las instituciones e instrumentos de apoyo se multiplicaron, pero no prosperaron por la corrupción y el burocratismo, que resultaron los beneficiados de una política agropecuaria errática. Pese a ello, se pudieron mejorar, si bien de manera insuficiente, las condiciones generales de los productores rurales. La entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, coloca en los primeros lugares de la agenda nacional el problema del abandono del campo mexicano. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se trata de un problema de carácter estructural y no de un asunto pasajero. Hace ya varios sexenios que los gobiernos empezaron a desmantelar las instituciones creadas durante varias décadas y las sustituyeron, como lo sigue haciendo la actual administración, por fórmulas asistenciales y paternalistas, que además de ser cortoplacistas e insuficientes, impiden una verdadera reforma del campo mexicano. La estrategia es y ha sido equivocada. El Estado está renunciando a su responsabilidad social y está dejando a las fuerzas del mercado que suelen tender a la inequidad, lo que debería regularse y acotarse, por una política de autosuficiencia alimentaria y de dignificación de la población rural. Hemos visto como desaparecieron los mecanismos de inversión, de crédito, de acopio, de almacenamiento, de transporte y comercialización. Desaparecieron también los seguros agrícolas, la asistencia técnica, la capacitación, los apoyos en semillas y fertilizantes y se dejó a los productores en estado de indefensión. En lugar de ir a la búsqueda de otras alternativas, simplemente el campo mexicano fue considerado no competitivo y en la globalización y la decisión política fue, dejarlo en el abandono. Los gobiernos anteriores y el actual siguen impulsando programas asistenciales como único mecanismo de sobrevivencia, para una población de más de 25 millones de personas. Ante este panorama resulta claro que el Estado Mexicano está obligado a actuar, es impensable seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, la tendencia no se alterará por sí misma. Estamos obligados a modificar nuestra política agropecuaria y a corregir de fondo lo necesario para impedir el derrumbe del campo mexicano. El Estado Mexicano debe asumir un papel activo y sostenido para reintegrar a los campesinos y su economía a la vida nacional, se requiere construir sobre bases nuevas el tejido institucional para garantizar que los recursos para producir, almacenar y comercializar, alienten nuevamente un trabajo digno y rentable que lleva a la prosperidad a los hogares de la sociedad rural. Se requiere en suma, la articulación de un gran consenso, que rompa con la dinámica de abandono de la sociedad agraria y que recupere el mercado interno como eje insustituible de nuestro proyecto de desarrollo. Con los recursos que hoy se designan a programas asistenciales, podría reconstituirse las instituciones e instrumentos del Estado Mexicano para impulsar el desarrollo del campo; para lograrlo habrá que propiciar la organización y representación legítima y libre de los campesinos y crear mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que impidan la desviación de recursos. Respecto de nuestros socios comerciales externos, Convergencia propone un enfoque integral del problema a fin de crear fondos de desarrollo en América del Norte para el campo mexicano y las zonas de Estados Unidos y Canadá, que así lo requieran. Convergencia apoya el surgimiento de nuevos actores de la economía rural, de nuevas propuestas organizativas de estímulo a la productividad y confía en la autotransformación de las comunidades rurales que reclaman verdadera soluciones de fondo. El capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio debe ser analizado en el marco de una estrategia de largo plazo, que busque revertir los términos de la integración comercial asimétrico que hoy hace crisis. Es indispensable la creación de un fondo estructural para el campo de la región de América del Norte. Convocamos por esto al Gobierno Federal, al Congreso de la Unión, a todos los partidos políticos y a las organizaciones sociales a asumir nuestra responsabilidad construir un gran acuerdo en torno a una política pública que promueva y fortalezca la economía rural y el mercado interno. Desde este Congreso debemos impulsar nuevas políticas para el campo, lo que debe ser una de nuestras prioridades en 2004. Unámonos, pues, compañeras y compañeros diputados, en este noble propósito. Muchas gracias.