El diputado Martín Remilio Vidaña Pérez (PRI): Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea, compañeros diputados y diputadas: los suscritos, diputados federales integrantes de la 59 legislatura del Congreso de la Unión, pertenecientes a diversos grupos parlamentarios, con fundamento a lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 38 de la Ley de Puertos al tenor de la siguiente exposición de motivos. Mucho se ha hablado respecto de las numerosas ventajas que ofrece para el desarrollo estatal y municipal la organización federal consagrada en la Constitución, particularmente respecto de la posibilidad de desarrollo de actividades propias de alguna localidad o región, permitiendo con ello gozar de los beneficios económicos y sociales que esto conllevaría en forma natural. Tal es el caso de las administraciones portuarias integrales, cuya creación en 1993 tuvo como propósito que administraran los bienes del dominio público que integran los recintos portuarios y obedeció esencialmente a dos factores: uno, cuyo contenido es eminentemente técnico en relación a que los sistemas operativos portuarios sufrieron una drástica transformación resultado de la evolución tecnológica en el manejo y acomodo de la carga en los puertos y su traslado hacia destinos finales, circunstancias que obligaron a modificar las características de los puertos. El segundo de estos factores es el relativo a que se argumentó en su momento que la constitución de las administraciones portuarias integrales permitiría una vinculación directa puerto-ciudad en beneficio de la entidad federativa, realizando proyectos de desarrollo con un impacto económico importante a nivel estatal y municipal. El primero de los propósitos se ha cumplido al contar actualmente con estructura portuaria moderna y operación eficiente. El segundo lamentablemente no ha sido cumplido al no existir un beneficio real y directo para los estados y los municipios derivado de la operación de estas administraciones portuarias integrales. En este sentido resulta fundamental retomar el sentido federalista que inspiró nuestra Constitución para poder entender la esencia del mismo y replantear los papeles que debe asumir la federación respecto de estados y municipios. Si partimos del concepto de federación de una forma de distribución del poder, que tuvo sus orígenes en el sistema norteamericano para conciliar los intereses de los territorios de las 13 colonias, permitiendo que cada circunscripción territorial transmitiera a una confederación la capacidad de decidir cuestiones relativas a esta entidad política superior pero no respecto de las decisiones locales de cada comunidad. Al trasladarse dicha figura a nuestra legislación en la Constitución de 1824 después de un amplio debate, se logró conciliar la necesidad de un gobierno central fuerte con el reconocimiento de los poderes locales, que son los que delegaron en la federación parte de sus potestades para su conformación. Esto es, el federalismo fue la fórmula que nuestro país encontró para conciliar los intereses centralistas y las necesidades regionales que defendían su autonomía. Dicho sistema, con algunas interrupciones y luchas internas por establecer un régimen centralista, ha prevalecido en nuestro país con algunas variantes en cuanto a su concepción original, pero conservando la esencia de ser una forma de distribución del poder. Con ello lo que se pretende reconocer es que el sistema federal mexicano, consagrado en el artículo 40 constitucional, no es otra cosa más que una forma de organización territorial de naturaleza distinta a cualquier otro tipo de federación en el mundo, a través de la cual cada entidad federativa está consciente de pertenecer a una unidad superior para contribuir a la unidad fundamental de la nación, conservando siempre su soberanía local y la posibilidad de un desarrollo regional apoyado por este ente superior. Por ello la presente iniciativa conserva un profundo sentido federalista al proponer una adición a la Ley de Puertos con el propósito de establecer la necesidad de que la federación convenga con las entidades federativas y estas a su vez con los municipios, participación accionaria de las sociedades mercantiles, administraciones portuarias integrales, devolviendo a los estados no sólo parte de lo que le corresponde, sino otorgando la posibilidad de un desarrollo regional basado en la actividad portuaria. Esta concepción del federalismo contenido en la iniciativa es coincidente con lo externado por el Poder Ejecutivo Federal en diversos foros, como en la X Convención Anual de Presidentes Municipales en donde se pronunció por lograr un federalismo que propicie una distribución más equitativa de los recursos públicos y un fortalecimiento de las entidades y los municipios, particularmente sobre el tema de las APIS, el Ejecutivo Federal expresó en su Tercer Informe de Gobierno, lo siguiente: Hemos conducido la relación con las entidades federativas sin pretensiones centralistas; al respeto de la soberanía de los estados hemos sumado un espíritu de colaboración y concordia. Ahora los gobiernos estatales cuentan no sólo con el espacio político para ejercer plenamente sus facultades, sino también para hacerlo con mayores recursos. Se ha restablecido el pacto federal, las transferencias a estados y municipios crecerán en 28.5 % en términos reales respecto a lo que recibieron en el año 2000. "Continuaremos impulsando el acuerdo para una transferencia accionaria equilibrada y justa de las administraciones portuarias, integrales, en coordinación con los Congresos Locales, los gobiernos estatales y municipios". Tales conceptos del Ejecutivo Federal se comparten en la presente iniciativa por conservar un espíritu federalista, por lo que la presente propuesta esta encaminada a incorporar en nuestra legislación el marco jurídico adecuado que le dé sustento a dichas transferencias. Lo anterior resulta de vital importancia para las citadas entidades federativas, toda vez que representa una gran oportunidad de desarrollo económico y de bienestar para su población; representa también una forma más de consolidar nuestro sistema federal a través del fortalecimiento de la célula primaria que conforma dicho sistema, como en el caso son las entidades federativas, conservando en todo momento, su naturaleza soberana, pero siempre acorde con el pacto federal. En este sentido, la intención de la propuesta es esclarecer y establecer expresamente en el artículo 38 de la Ley de Puertos, la necesidad de que la Federación convenga con los estados y estos a su vez con los municipios, la transferencia accionaria no onerosa de su capital y en las sociedades mercantiles, administraciones APIS en pleno ejercicio de la facultad prevista en la fracción VII del artículo 116 constitucional, para que la Federación y estados y estos a su vez con los municipios puedan convenir la asunción del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos cuando el desarrollo económico y social lo hagan necesario El voto político ha estado de manifiesto. Durante el año 2003 los gobiernos de los estados que cuentan con APIS en sus territorios fueron convocados por el Secretario de Hacienda y Crédito Público quien a su vez les anunció la intención del gobierno federal de atender la demanda generalizada de los participantes. Se llevaron a cabo diversas reuniones con autoridades que la mis Secretaría designó, con la finalidad de acordar los términos en que podría convenirse una mayor participación. Por lo antes mencionado, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos cometer a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona al artículo 38 de la Ley de Puertos, que a letra dice: Artículo Unico.-Se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 de la Ley de Puertos para quedar como sigue: Artículo único.- Se adiciona un párrafo tercero al artículo 38 de la Ley de Puertos para quedar como sigue: La Federación convendrá con las entidades federativas en donde se ubiquen las APIS y estos últimos a su vez convendrán con los municipios en donde estén situadas las transferencias accionarias correspondientes al capital social de la federación de estas sociedades mercantiles, en el porcentaje que resulte del convenio que se suscriba, el cual no podrá ser menor a la tercera parte del capital accionario, mismo que será suficiente para sufragar los gastos que se realizan en este rubro y para la realización de obras de impulso a la infraestructura regional de los puertos en referencia. Transitorios: Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La suscripción de los convenios de transferencia a la que hace referencia el artículo 38 de la presente reforma de ley, deberá formularse en un plazo no mayor de seis meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. Muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.