El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias. Buenas tardes. En nuestro país a nivel constitucional, las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos tienen reconocidos diversos derechos, tales como el recibir protección y otras medidas de atención para garantizar su integridad física y psicológica, así como a la reparación integral del daño, derechos que se encuentran previstos en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado mexicano, en materia de derechos humanos. Con la reforma constitucional de 18 de junio de 2008, se hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas, esto en el artículo 20, apartado C de la Carta Magna. En enero de 2013 se publicó la Ley General de Víctimas, este ordenamiento fue producto de la lucha y movilización de organizaciones de la sociedad civil y de grupos de víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos que aumentaron significativamente a partir del creciente fenómeno de inseguridad, mismo que rebasó a las autoridades. Así las víctimas directas e indirectas de delitos de alto impacto, como homicidio doloso, extorsión, secuestro y desaparición forzada, fueron siendo cada día más. Las afectaciones se agravaron ante una respuesta gubernamental basada en una estrategia fallida, como lo han sido las políticas militares que se han venido impulsando para combatir la criminalidad y en el mismo sentido la aplicación del mando único policial. Actualmente hay regiones enteras de nuestro país en donde el Estado de derecho es prácticamente inexistente, amplias zonas del país han sido azotadas por una ola de violencia criminal desbordada, dando lugar al incremento de víctimas directas e indirectas de violaciones a derechos humanos y por la comisión de delitos como los mencionados anteriormente. Conforme a la Ley General de Víctimas, todas las autoridades tienen la obligación de brindar protección a las víctimas, a proporcionarles ayuda, asistencia, reparación integral y atención inmediata, en especial en materias de salud, educación y asistencia social, centrando su actuación en términos de los principios y criterios establecidos en la propia ley. Así, uno de estos principios previstos en el artículo 5, es el de la victimización secundaria el cual consiste en que las características y condiciones particulares de la víctima no podrán ser motivo para negarle su calidad. El Estado tampoco podría exigir mecanismos o procedimientos que agraven su condición ni establecer requisitos que obstaculicen e impidan el ejercicio de sus derechos ni la expongan a sufrir un nuevo daño por la conducta de los servidores públicos, redacción que se propone modificar a partir de las siguientes consideraciones: La victimización secundaria se conceptualiza como el proceso derivado de maltrato a que es sometida la víctima por parte del sistema legal, se produce por la potenciación del impacto del crimen original a consecuencia de la acción de las agencias del control social formal. Está constituido por daño que experimenta la víctima de un delito como consecuencia de su interacción con el sistema judicial, policías, fiscales, jueces, abogados, etcétera. La victimización secundaria es más perniciosa que la primaria, porque es el propio sistema el que victimiza a quien solicita ayuda, justicia o protección. Una forma peculiar de ejercer victimización secundaria, doble victimización o revictimización, como también se le denomina a estos actos u omisiones de los servidores públicos, es colocar a las víctimas en una situación en la cual estas se vean precisadas a estar rememorando constantemente los hechos victimizantes, lo cual les genera indudablemente un daño. Así, la revictimización es el resultado de la implementación de procedimientos de atención inadecuados que trazan una ruta llena de obstáculos y que no respetan la vivencia penosa de la víctima reactivando emociones negativas en relación con el delito y propiciando una repetición de la experiencia de violencia. En otros casos son los mismos servidores públicos quienes filtran información sobre las víctimas y los hechos victimizantes a medios de comunicación, los cuales al difundir y hacer pública dicha información afectan a las víctimas colocándolas en una situación de mayor vulnerabilidad constituyendo nuevas formas de agresión hacia las víctimas. Así, medios amarillistas llenan sus espacios informativos de datos personales que en todo caso resultan irrelevantes para la investigación del hecho delictivo, pero que sí visibilizan más las condiciones personales en torno a la víctima.