El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. La industria azucarera es una de las actividades que más aportaciones genera a la economía mexicana, tanto en lo agrícola como en lo industrial. En lo agrícola, la caña de azúcar no es sólo uno de los productos más rentables, sino también uno de los más cultivados, cuyo padrón supera a los 160 productores diseminados en una superficie de 745 mil hectáreas, las que dan trabajo a 141 jornaleros, 33 mil transportistas y 69 mil cortadores. Los cañaverales aportan el 13.5 por ciento del valor de la producción agrícola nacional. En la industria, los ingenios dan ocupación a más de 32 mil personas, entre obreros y empleados administrativos que, sumados a los ocupados en campo, arrojan una planta laboral de más de 445 empleos, equivalentes al uno por ciento de la planta manufacturera nacional. Pese a sus denostadores, la agroindustria azucarera mexicana ocupa el séptimo lugar mundial de azúcar en producción, la octava producción respecto al consumo, el tercer lugar en cuanto a rendimientos de caña y el cuarto lugar con relación a los rendimientos de azúcar. Las anteriores fueron sólo algunas de las razones por las que el 21 de junio de 2005, resultado de varios años de consulta, estudios y negociaciones, el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto siguiente. Esta Ley fue producto de un largo y minucioso proceso legislativo que arrancó en noviembre de 2000, a instancias de sendas iniciativas presentadas por el PRD, el PRI y el PAN, quienes coincidieron en lo fundamental, esto es, la imperiosa necesidad de dotar a la agroindustria de la caña de azúcar de un marco regulatorio, cuya jerarquía legal brindase mayor certeza y seguridad jurídica al conjunto de actores que en ella intervienen, toda vez que sus normas se hallan dispersas en ordenamientos de segundo orden emitidos por el Ejecutivo federal. Tal situación restaba confianza a los inversionistas y a los agentes económicos involucrados en la actividad, ya que el marco jurídico podía ser modificado en cualquier momento y al arbitrio de quien ocupase Palacio Nacional, sin para ello tomar el parecer de nadie, como a la postre ocurrió. El proyecto de ley fue discutido ampliamente en foros regionales y nacionales durante las LVIII y LIX legislaturas, para lo cual contaban con la validación de los actores involucrados y el consenso de los distintos grupos parlamentarios de ambos Cámaras. No obstante, el Ejecutivo federal trató sin éxito de imponer una serie de cuestiones que desprotegería a la agroindustria azucarera nacional ante la apertura del mercado en el 2008 y desconocían de la noche a la mañana una serie de conquistas históricas del movimiento cañero. Ante su fallido intento, el 10 de enero de 2005, ignorando olímpicamente el proceso legislativo de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo federal aprobó de un plumazo los decretos que regulaban la agroindustria azucarera, sin expedir ninguna disposición a cambio; es decir, a la luz de un liberalismo a ultranza, simplemente dejaba a esta actividad económica a merced de los dictados de otra ley, la de la oferta y la demanda. Además de la indignación a esta reprochable conducta y falta de respeto al Poder Legislativo, lo único que el Ejecutivo federal provocó fue acelerar el dictamen de ley, habiendo sido revisado detalladamente, a efecto de eliminar cualquier viso o riesgo de inconstitucionalidad y aprobada, como se dijo, el 21 de junio de 2005. Todavía, con el afán de boicotear el trabajo del Congreso, el Presidente Fox se resistió a promulgarla, hasta que la movilización de las organizaciones cañeras lo forzaron a su publicación. Mostrando gran deslealtad hacia el campo mexicano, el 21 de septiembre del 2005 la Procuraduría General de la República promovió acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia en contra de diversos numerales de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, aduciendo cuestiones que a su juicio violaban la Carta Magna, como la libertad de asociación y la competencia económica. Para corroborar su mezquindad y vocación autoritaria, so pretexto de estar en trámite de acción emitida, el gobierno federal se ha negado desde entonces a aplicar la ley, en especial los numerales impugnados, provocando un delicado ambiente de incertidumbre que afecta tanto a los productores, pues el ciclo cañero inició el 1 de octubre y aún desconociendo el valor de la caña. Y hay una serie de consideraciones aquí compañeros. Me quedan pocos minutos. Voy a leer el Punto de acuerdo Que esta soberanía, por conducto de su Mesa Directiva, exhorte en forma atenta y respetuosa a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva de inmediato la acción de inconstitucionalidad 27/2005, interpuesta por la Procuraduría General de la República en contra de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Estoy voy a pedirle al Presidente que nos haga favor de que se incluya en el Diario de los Debates el texto íntegro y la propuesta que también fue publicada ya en la Gaceta Parlamentaria y que por cuestiones de tiempo no alcanzo a leer aquí. Gracias.