La diputada Ximena Puente de la Mora: Compañeras y compañeros legisladores. La reforma políticoelectoral de 2014 incorporó en el artículo 41 constitucional, la paridad de género como una acción afirmativa que permite garantizar el acceso de las mujeres a cargos de elección popular. Esta reforma estableció que los partidos políticos deben garantizar la mitad de sus candidaturas a cargos de elección para que sean ocupados por mujeres. Prueba de lo anterior es que hoy esta Cámara de Diputados se encuentra integrada por 49 por ciento de mujeres, lo cual representa una cifra histórica de nuestra participación. Desafortunadamente, a medida que aumenta la participación política de las mujeres, también se ha comenzado a visibilizar el fenómeno de la violencia política electoral por razones de género, este fenómeno se agravó en las pasadas elecciones. Durante el proceso electoral 17 candidatas perdieron la vida y en todas las entidades federativas se presentó al menos un caso de violencia política de género. Hoy quiero destacar lo ocurrido en el estado de Chiapas, donde candidatas electas presentaron su renuncia ante el órgano local electoral, a fin de que el cargo sea ocupado por un hombre. Este fenómeno impacta de manera directa los derechos humanos de las mujeres y en específico los derechos cívicos y políticos como son el de ejercer el voto y participar de manera libre en la vida política en México. Compañeras y compañeros legisladores, la paridad de género que se estableció en la Constitución es una acción que permite garantizar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres. No podemos poner en riesgo el avance político que hemos logrado las mujeres. Si bien se respetaron las reglas de paridad en el marco de las elecciones, con los hechos ocurridos en Chiapas se ha vulnerado el derecho de las mujeres, pero también el mandato de las y los ciudadanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido que la violencia basada en el género constituye una forma de discriminación contra la mujer que debe ser atendida, pero también condenada. A la par, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en su recomendación número 19 advierte que la violencia contra la mujer constituye una forma de subordinación que impide ejercer una efectiva participación política. Hemos logrado importantes avances en el marco de la defensa, protección y garantía de los derechos de las mujeres. No podemos permitir que este tipo de actos detengan nuestro desarrollo democrático. Bajo estas consideraciones, exhortamos al Instituto Nacional Electoral para que informe sobre los avances en las investigaciones que ha iniciado al respecto. A la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a brindar asesoría gratuita a las mujeres chiapanecas que han sido obligadas a renunciar a sus cargos. A la Fiscalía General del estado de Chiapas, a investigar de forma diligente los posibles hechos constitutivos de delito que se desprendan de los actos de violencia política electoral en razón de género. También exhortamos a los gobiernos de las entidades federativas, al Instituto Nacional Electoral, a los organismos públicos locales y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a garantizar los derechos y las prerrogativas políticoelectorales de las mujeres. Asimismo, exhortamos de manera sumamente respetuosa y también firme a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al gobierno del estado de Chiapas para que soliciten apoyo a ONU Mujeres en la elaboración de una opinión con respecto a las posibles violaciones de los derechos humanos de las mujeres en esta entidad. Entiéndase: Sin mujeres no hay democracia. Es cuanto, señor presidente.