EL DIP. DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la Presidencia. Vengo a hacer una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y fundo mi petición en las siguientes: CONSIDERACIONES Creo que el último eslabón de la seguridad pública es la reclusión social de los sentenciados. Sin embargo ni el Sistema Nacional ni el Plan Nacional de Seguridad Pública han logrado diseñar políticas de seguridad pública integrales y efectivas. El castigo social, la pena corporal que restringe la libertad ambulatoria de los que han delinquido no es, hasta este momento, garantía de seguridad en el patrimonio e integridad personal de los ciudadanos mexicanos. Los motines y quejas públicas de abusos, asesinatos, hacinamiento y corrupción en los penales del país, son algunas muestras de la realidad penitenciaria en el territorio nacional. Por las violaciones al estado de derecho y carga de violencia en las cárceles del país, la acción reguladora y de control y sanción de las normas del castigo penal debe priorizarse tanto por las instituciones públicas como por la sociedad. Sin embargo no hemos podido establecer ni dirigir o centrar las actividades penitenciarias por el camino de la ley. Ejemplo de esto, es la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados que es el ordenamiento vigente en la materia y que desde 1971 no ha sido sujeto de revisión alguna. Por ello nos atrevemos a sentenciar que por su observancia y aplicación son prácticamente nulas. Esto ha provocado hacinamiento, contaminación social de los procesados, así como de los primodelincuentes y sancionados por delitos graves, que conviven por igual con los sentenciados reincidentes y sentenciados por delitos graves, obvio es que esto provoca una cadena de constantes violaciones a los derechos humanos. Tan grave es la situación penitenciaria, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, define al sistema penitenciario nacional como auténticas escuelas del crimen. El objetivo de nuestra Constitución Política al establecer penas privativas de la libertad, es la readaptación social. No hay reclusorio en el país que base la ejecución de las sentencias penales en el trabajo y en la educación, que son los principios constitucionales de la readaptación social. Por lo antes expuesto, debe ser prioridad para esta Legislatura la discusión parlamentaria y un marco jurídico moderno para la vida en reclusión. En el mes de diciembre pasado, presenté una iniciativa de Código Federal Penitenciario, que tiene como objeto reglamentar la readaptación social, no sólo prohibiendo la corrupción, el hacinamiento, la violación de las garantías individuales, que actualmente existen en el sistema carcelario mexicano sino promoviendo la dignificación del sentenciado a través del trabajo, la educación y el ejercicio de los derechos que no están restringidos al privárseles de la libertad. Busca enfrentar los problemas de procuración y administración de justicia, que llenan las cárceles del país de muchos ciudadanos que por pobreza o ignorancia, han sufrido de procesos jurídicos injustos y cuyo marco que derecho es estrecho y constantemente violado, pudiendo cumplir su sentencia en libertad mediante sustitutivos o beneficios penales. Restablece la justicia en los procesos de reclusión social, tanto en materia de ejecución de las sanciones penales como en el tratamiento y la vida penitenciaria, al negar el Apando los castigos administrativos superiores a las 72 horas, la corrupción, el narcotráfico y la violencia institucional o de la población interna, así como de impedir abusos y omisiones judiciales a disposiciones en materia de sentencias y sustitutivos de pena corporal, que han hecho inexistentes por su inobservancia a los sustitutivos penales comprendidos en el Código Penal Federal. Como fórmula de readaptación social la iniciativa que urge se dictamine, propone que el Ejecutivo clasifique a los internos por su causa penal o por su reincidencia, así como por el momento de su proceso judicial en sentenciados y procesados y a motivar la vida en prisión, con la aplicación de beneficios de libertad anticipada, a los que por su educación, trabajo y condición jurídica, pudieran recobrar su libertad. También se propone garantizar la atención pospenitenciaria que promueva acciones de seguimiento y apoyo de los excarcelados, como ejercicio final del derecho a la readaptación. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 21 fracción XVI del Reglamento Para el Gobierno Interior, solicito a esta Mesa Directiva excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita dictamen sobre la iniciativa de Código Federal Penitenciario, que crea el marco jurídico penitenciario en la federación. Por su atención muchas gracias.