El diputado José Antonio Rojo García de Alba: El dictamen que hoy discutimos viene a completar una transición urgente y necesaria de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República. Planteado desde la reforma políticoelectoral de este año, este esfuerzo legislativo garantiza la autonomía de la fiscalía frente al Ejecutivo y, de eta manera, se legitima más su actuación en las funciones de investigación y persecución de los delitos, las cuales deben de ejercerse con base en criterios estrictamente técnicos y no políticos. De esta manera se busca restablecer la confianza de la sociedad en el Ministerio Público de la Federación, el cual debe compartir la naturaleza de los órganos constitucionales autónomos para llevar a cabo una de las funciones esenciales del Estado que es procurar justicia sin injerencia de otros poderes y órganos y, más aún, de influencias políticas. La nueva fiscalía se configura como un ente autónomo de naturaleza técnica que gozará de la independencia que requiere para desahogar sus funciones, siendo así fortalecida para evitar que sea contaminada por cuestiones de naturaleza política y económica, estableciendo como prioridad la defensa de la sociedad mexicana en contra del fenómeno delincuencial. La nueva fiscalía tendrá la capacidad de implementar el sistema de justicia procesal acusatorio, establecido constitucionalmente desde 2008 y cuya consolidación integral no debe demorar más, por lo que se considera el proceso de transición por el que atraviesa nuestro sistema penal, y por ende en el dictamen que se ha planteado, la estructura de la fiscalía bajo un esquema funcional y organizacional que le permitirá responder a las nuevas exigencias de dicho sistema, desarrolladas principalmente, en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Aunado a lo anterior y como parte fundamental, el dictamen que discutimos contempla elementos ineludibles que garantizan el respeto de los derechos humanos tanto del imputado como de la víctima. La nueva fiscalía se verá fortalecida con personalidad jurídica y patrimonio propios, incluyendo recursos obtenidos de capacitación, adiestramiento y actividades que le generen ingresos, características que de la mano con su independencia, garantizarán su eficaz funcionamiento. El dictamen contempla también que la fiscalía desarrollará la función de representante social a través del Ministerio Público, que además de investigar y perseguir delitos, protegerá el derecho de los niños, discapacitados, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad. El presente dictamen contempla también cuestiones centrales para ofrecer a la sociedad una institución profesional y eficaz, además de confiable y honesta a través de la capacitación de formación ética y técnica de los servidores públicos que la conformarán en la fiscalía general, a través de un sistema que asegurará un servicio de carrera. Las reformas en materia procesal penal, de derechos humanos y amparo, y político electoral, evidenciaron la necesidad inexcusable de una nueva ley como la que nos ocupa hoy, para regular a la fiscalía general de la república acatando de manera responsable el mandato contenido en los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen que nos ocupa también proyecta la norma constitucional hacia las leyes secundarias al contemplar la creación dentro de la fiscalía general, de dos ´más, la de atención de delitos electorales y la de delitos relacionados con hechos de corrupción, tal y como lo establece el artículo décimo octavo transitorio del decreto publicado el 10 de febrero del 2014, cuyos nombramientos de sus titulares constituye una muestra de colaboración entre poderes al establecerse que dichos funcionarios serán nombrados por el Senado de la República. Así pues, en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional participamos en el esfuerzo de crear una institución moderna, autónoma, independiente y técnica para llevar a buen puerto la implementación del sistema de justicia procesal acusatorio en un contexto de respeto, protección, garantía y promoción de los derechos fundamentales de todas las personas, particularmente del imputado y de las víctimas del delito. Muchas gracias.