El diputado Javier Guerrero García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, primero quiero comentar que para nosotros, la fracción del PRI, y para los diputados que promovimos la iniciativa y para aquellos diputados que han estado comprometidos con el tema, pues hay iniciativas de diputados del Partido de la Revolución Democrática, ha habido compromisos e iniciativas de los diputados de Acción Nacional, de Convergencia, sobre el tema. Es un hecho importante y relevante el que estemos discutiendo el dictamen de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que se está presentando al pleno. El año pasado se aprobó una reforma a los artículos 73, 74, 79, 116, 126 y 134 de la Constitución, en materia de gasto público y revisión de la cuenta pública. El espíritu que animó a estas reformas fue mejorar la rendición de cuentas. Todo aquél que reciba o administre recursos públicos tiene la obligación de hacer el mejor uso del dinero de los contribuyentes, alcanzar resultados tangibles e informar al respecto. Lo anterior porque ninguna reforma fiscal será suficiente de no existir orden y racionalidad en el gasto del gobierno. Los principales cambios constitucionales que se aprobaron consistieron en lo siguiente: Se precisó la facultad de la Cámara de Diputados de evaluar el gasto público. Así, aunque el Ejecutivo pueda evaluar sus programas, el Poder Legislativo también puede comprobar si el gasto asignado a los programas que autorizó en el PEF está cumpliendo los objetivos pretendidos por los diputados. La Auditoría Superior de la Federación podrá hacer recomendaciones para mejorar el desempeño de los ejecutores de gasto cuando esté verificando el cumplimiento de los objetivos de los programas. Esta nueva atribución evitará las controversias contra la acción de la Auditoría Superior de parte de las dependencias para no rendir cuentas. Se adelanta también la entrega de la cuenta pública. Esta se hará a más tardar el 30 de abril año siguiente al ejercicio en cuestión. La Cámara concluirá la revisión de la cuenta pública a más tardar el 30 de abril del año siguiente al de su presentación, lo cual dará certeza jurídica a los ejecutores del gasto toda vez que, por ejemplo, actualmente existen cinco cuentas públicas de la anterior administración sin dictaminar. La iniciativa de Ley de Fiscalización, los avances de las reformas constitucionales y la recién aprobada Ley de Contabilidad Gubernamental van a consolidar no solamente una cultura de rendición de cuentas, sino también la certeza de la propia sociedad de que se cuenta con instrumentos jurídicos, políticos, para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos. Me parece relevante el que estemos discutiendo esta iniciativa, el que esta Legislatura cumpla con su responsabilidad de materializar las disposiciones que la propia Legislatura impulsó en materia de reforma constitucional y que podamos de esta manera legar a la administración pública, a la sociedad y al Congreso, en su conjunto, instrumentos jurídicos y constitucionales que permitan que se avance en consolidar una cultura de rendición de cuentas en el país para el beneficio de México y de las generaciones futuras. Muchas gracias, señor presidente.