La diputada Angie Dennisse Hauffen Torres: Muy buenas tardes. Con su venia, presidente. Mexicanos que me escuchan, para todos no será novedad saber que en nuestro país la historia del uso de recursos públicos en temas de desarrollo social tienen un fin distinto para los que fueron destinados, principalmente si se ejercen en periodos electorales. Esto no lo podemos cubrir con un dedo, nuestra historia electoral no la conseguiremos cambiar de la noche a la mañana ni mucho menos con discursos que buscan decir que todo se realizará bajo estricto cumplimiento normativo y transparencia. Lo anterior se contrapone a lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social. Es en la disposición antes mencionada, en su artículo 1o., que se señala con claridad que es una normativa del orden público de aplicación nacional y que tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. No obstante, las quejas sobre los malos manejos son múltiples. Y esto sucede en todo el país. Han sido los medios de comunicación los portavoces que informan masivamente a la población sobre la desviación de estos programas sociales, su falta de transparencia en la entrega y la discrecionalidad en su uso. Hasta aquí creo que no existe duda de algo, las anteriores son prácticas que no garantizan lo que se señala en la Ley General de Desarrollo Social. Para poner en contexto lo que he expresado citaré algunos ejemplos que suceden y que para nadie serán ajenos. Prometer, condicionar o retener recursos monetarios o en especie, derivados de programas sociales, bajo la demostración de proselitismo de un partido político u otro. En tiempos electorales tanto a nivel federal, estatales o locales, solicitar el voto a favor o en contra de algún candidato. Inducir la abstención a la participación a cualquier tipo de actividad a cambio de dichos programas sociales. Ordenar o tolerar la entrega de recursos o servicios que contengan elementos visuales o auditivos, imágenes, nombres, lemas, frases, expresiones, mensajes o símbolos que conllevan implícita o explícitamente la promoción de funcionarios o partidos políticos. Crear programas sociales no contemplados en los presupuestos autorizados anualmente o entregar tarjetas u otro tipo de instrumentos que implican el ofrecimiento de un beneficio o la incorporación a un programa en un futuro condicionado o a un determinado resultado electoral. Por lo anterior se viola lo descrito en el artículo 134 de nuestra Constitución, que versa en lo siguiente: los recursos económicos de que dispongan la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados, pero en México no toda la población está en calma. Existen valientes que sí levantan la voz, ellos lo saben. Ven y escuchan de estas desviaciones, levantan la voz bajo el amparo del artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social, pero del análisis a dicho artículo se destaca una situación que inhibe la participación de la ciudadanía, no se garantiza el anonimato. Al no existir la posibilidad de realizar la denuncia anónima, la ciudadanía tiene baja participación ya que se siente expuesta a posible s represalias, siendo la principal el que le sea retirado el beneficio del programa o sea dado de baja del mismo. Esto sucede porque en la información no existe un candado que limite el conocimiento de las autorizadas a la protección y uso de la información del denunciante. Por ello, compañeros diputadas y diputados, vengo hoy a esta tribuna a solicitar su apoyo a fin de que las denuncias populares puedan ser realizadas de manera anónima y se estipule de manera en el artículo 68 de la Ley General de Desarrollo Social. Con ello estaríamos dando garantía a la secrecía de la información personal del denunciate, y evitando así en el papel posibles represalias y fomento al ejercicio de la denuncia y coadyuvando en la promoción de la honestidad de aquellos que administran y operan los programas en comento. Esta iniciativa es viable ya que no requiere modificaciones presupuestales y tiene un espíritu totalmente a favor de la transparencia y la participación ciudadana. Gracias por su atención. Es cuanto, presidente.