El presidente Luis Raúl González Pérez: Agradezco enormemente las inquietudes, preguntas, comentarios y críticas, siempre he señalado que la administración que encabezo con el conjunto de colaboradores aquí presentes y con el Consejo Consultivo, es precisamente para escuchar todo tipo de propuestas, sugerencias y, desde luego, no puede estar exenta la crítica, y nosotros nos hemos abierto a la crítica y sobre todo cuando es propositiva porque construye. Sobre el primer planteamiento que me hacía la legisladora María Candelaria, y la primera pregunta que tiene que ver con la Ley de Seguridad y el cambio de impulso a un nuevo modelo nacional al que ella hacía alusión, que qué pensaba esta institución nacional, y la voy a conjuntar en mi respuesta con lo último que decía el señor legislador Virgilio Andrade, que tiene que ver con la Ley de Seguridad Interna. Primero señalar que la institución que yo encabezo no está en contra de ninguna institución. Por el contrario, reconocemos toda la labor que desarrollan nuestras fuerzas armadas. Lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, lo que buscamos desde la comisión nacional es, desde luego, como todo, más y mejor seguridad, y deseamos que ese marco regulatorio pueda precisamente brindarnos ese contexto de más y mejor seguridad en un contexto que sea acorde desde la perspectiva de nuestro máximo texto constitucional y desde la convencionalidad. Desde luego que en ello, ello fue lo que motivó, y aquí parte de la respuesta es, pues las instituciones jurídicas están precisamente para que la sociedad y las instituciones públicas hagamos de ellas un ejercicio como lo hemos hecho ahora ante el Poder Judicial federal, precisamente llevándoles el criterio de la CNDH para que el máximo tribunal se pronuncie sobre lo que hace rato yo decía, esta polémica ley. Desde nuestro particular punto de vista, creemos que la ley tiene cuestionamientos de constitucionalidad y de convencionalidad, sobre todo, en el parteaguas que representó la reforma 2011, porque ahí se estableció un principio básico que era el de progresividad. Por eso es que el proceso que seguimos para aterrizar esta acción de inconstitucionalidad fue escuchando a la sociedad civil en los puntos de vista que pudiera tener, y los que consideráramos que fueran pertinentes los incorporaríamos, lo mismo con la academia, como fue jurídicas de la UNAM o el CIDE, y construimos lo que pensamos. Y la respuesta es, desde mi particular punto de vista, las tareas que se pretenden regular deben de estar, desde luego, enmarcadas en modelo de conducción desde la autoridad civil. Hoy desde la ley se habilita la coordinación y dirección de un elemento de las fuerzas armadas que dirigirá, precisamente, elementos de diversas instituciones del ámbito civil. Yo quiero con ustedes, simplemente y rápidamente decir: nos parece que los principales elementos es que la ley, desde nuestro particular punto de vista, adolece de los parámetros adecuados, precisamente para que las autoridades intervinientes puedan no incurrir en violaciones a derechos humanos por la gran discrecionalidad que se deja en temas de amenazas o riesgos. Pero quiero llamar su atención sobre algo que la Corte, la Suprema Corte de Justicia y este es un elemento que les pido que veamos en la acción de inconstitucionalidad. 1/96 que interpusieron miembros de este órgano soberano, baste ver que la sentencia de aquella ocasión que establecía las bases de coordinación para la seguridad pública, y leo, se contiene ahí y fue votado por 11 ministros. Por ello, de la interpretación armónica de la fracción IV del artículo 89 con el numeral 129 en análisis, se desprende que dentro de las funciones que tienen conexión exacta con la disciplina militar, a las que se refiere el último numeral, se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando por las circunstancias del caso requieran de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación. Dice: Es preciso insistir en que derivado del origen histórico del artículo 129 constitucional, salvo la situación excepcional de suspensión de garantías, en todo caso y bajo cualquier circunstancia las Fuerzas Armadas no pueden actuar automáticamente, sino en estricto auxilio de las autoridades civiles y siempre y cuando se solicite expresamente su apoyo. Esto significa que las Fuerzas Armadas no pueden por sí mismas intervenir en asuntos de la competencia de autoridades civiles. Es imprescindible que se requiera su participación. Posteriormente, habiéndose cumplido este requisito será necesario que en las operaciones en la que intervengan, estén subordinadas las autoridades civiles. Déjenme decirles. Aquí se refería precisamente, hace mención que tratándose de seguridad interna, aún en supuestos de seguridad interna, y lo menciona tal cual la sentencia, deben ser auxiliares de la autoridad civil. Nos podemos asomar a esa sentencia que fue votada por 11 ministros, y está en sus considerandos, precisamente y leo, se encuentra la de auxiliar a las autoridades civiles cuando por las circunstancias del caso requieran de la fuerza militar para salvaguardar la seguridad interior de la nación. Es decir, el 96 este era el criterio y sigue vigente, seguía vigente hasta lo que determine ahora la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sobre las preguntas, y si hay más espacios en otras intervenciones lo haré, pero para contestar también sobre lo que aquí se comentaba del legislador David Monreal. Efectivamente, señor senador Monreal, hay este lapso para la determinación de las recomendaciones. No nos satisface tener estos tiempos. Nos hemos comprometido a abatir el rezago y los resultados, desde mi gestión, ahí están. Quiero dar un dato con ustedes. Me encontré con poco más de mil 300 folios, que no estaban elevados a quejas. Eso sería una simulación para las víctimas, y hemos abatido precisamente esos folios. Pero esto desde luego explica, pero no justifica, el que seamos más oportunos en estos casos para con las víctimas. También quiero decir que la complejidad que en 27 años, y lo puedo decir por mi experiencia, que he estado con tres ombudsman trabajando y ahora presidiendo honrosamente, asómense a ver la complejidad de los casos que se atendían, las complejidades. Casi somos paralelos sin serlo, porque recuerdo con ustedes, nosotros determinamos violaciones graves a derechos humanos, no delitos. Pero lo mismo, hoy los casos, ahí está Tanhuato, 43 análisis que se pueden asomar todas las periciales que tuvimos que realizar. Desde luego, para con las víctimas tenemos que ser más oportunos. No soslayo, y ese es el compromiso que asumimos y que ofrecemos a quienes recurran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por eso vea usted el crecimiento que ha tenido los resueltos durante el proceso, las conciliaciones, los de sin materia. Hemos crecido, porque buscamos formas más oportunas. Entonces, tenemos recursos que agradecemos a la Cámara de Diputados. Pero quiero que se asomen y vean el detalle de lo intenso que han sido estos tres años, que no hemos defraudado en la capacidad de respuesta en muchas otras temáticas. Este es un indicador, no es el único indicador, está por ejemplo toda la prevención, que es la apuesta. Pronto tendremos una plataforma educativa, para educar...