La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en el marco de un contexto histórico complejo, el 19 de marzo de 1812 se proclamó en la ciudad de Cádiz la primera constitución española, la cual dejó un legado que persiste hasta nuestros días. Las repúblicas americanas que consumaron sus procesos de independencia, entre 1820 y 1830, retomaron el modelo legislativo heredado del texto gaditano. La Constitución de Cádiz puede ser vista como un símbolo de libertad. Recordemos que surge en el marco de un levantamiento armado, general, en respuesta a la invasión napoleónica sobre territorio español. De vital importancia fue que en su elaboración colaboraran representantes de los territorios americanos, quienes por primera vez eran convidados a participar en un ejercicio de esta naturaleza. Tal circunstancia fue determinante para la visión incluyente del texto constitucional. En la redacción de su artículo 1o, que a la letra señala: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios, quedó plasmado ese espíritu que iba a contracorriente de la posición de subordinación otorgada hasta entonces a las provincias de ultramar. Hasta entonces ninguna constitución, ni la norteamericana de 1787 ni las francesas que le sucedieron a lo largo del proceso revolucionario de la segunda mitad del siglo XVIII abolieron el concepto de colonia. La gaditana fue la primera en derogar el estatus dependiente de éstas respecto de la metrópoli. En 1809 se da convocatoria para la celebración de Cortes Extraordinarias y Constituyentes, de las que en 1812 habría de surgir una Carta Magna liberal de impronta progresista que dejó una huella permanente de conceptos como los de soberanía nacional, separación de poderes, libertad de imprenta y libertad de expresión, entre otros. Estos fueron retomados a lo largo del siglo XIX por las naciones que emergieron a la vida independiente. Este año celebramos el bicentenario del texto constitucional de Cádiz y, con él, del modelo para superar la crisis que surge en un pasaje histórico, donde la proclama popular a uno y otro lado del Atlántico era en contra de toda forma de opresión. Visto a la distancia podemos concluir que la oposición era en contra del invasor extranjero, pero también de una forma de gobierno monárquica de corte absolutista que ya mostraba signos de haberse agotado. El artículo 2 del texto gaditano proclama que la nación española, en tanto libre e independiente, no podía ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Por su parte, en el artículo 14 definía la forma de gobierno como una monarquía moderada hereditaria. Éste es uno de los principios destacados del texto, el acotamiento jurídico de los derechos y atribuciones del monarca, su sometimiento al reinado de la ley. El artículo 172 de la Constitución fija las restricciones a la autoridad del rey, entre ellas la obligación de someter la voluntad real al consentimiento de las Cortes. Para el caso de México dicho modelo bien podría servirnos de referente en el modelo actual ante la crisis del presidencialismo. Si durante décadas la figura presidencial fue el eje de nuestro sistema político, mientras el Congreso jugaba un papel de subordinación respecto de aquél los acontecimientos recientes nos indican que ha llegado el momento de reconducir la relación entre ambos poderes a fin de que el Legislativo se erija en un contrapeso real al Poder Ejecutivo. La división de poderes, por cierto, es otro de los legados de la Constitución de Cádiz, pero, ésta no se entendería sin el reconocimiento del papel central que jugaba el pueblo en la definición de los acontecimientos políticos. Llama la atención que en un periodo histórico de enorme peso de la monarquía, se elaborara un ordenamiento para el cual la soberanía residía en la nación. Compuesto de 10 títulos y 384 artículos, el gaditano es considerado como el primer Código Político español a tono con el movimiento constitucionalista europeo de su época. Dicha Carta Magna recoge conceptos políticos que mantienen plena vigencia y, sin los cuales, las democracias modernas carecerían de contenido. Sin embargo en la España de 1812, constituyeron una novedad y representaron una auténtica ruptura con las creencias predominantes hasta entonces. Tan es así, que fue denostada por los monárquicos europeos que la rechazaron por considerarla excesivamente democrática. En el caso de la población indígena se mantuvo la tradición inclusiva que venía desde el siglo XVI, cuando en su testamento Isabel La Católica dio a los grupos originarios de América la condición de vasallos, misma que compartían con la población de origen español. La Carta Gaditana estableció algunos derechos fundamentales de la persona. En su artículo 4o. señala: La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. A su vez, el artículo 306 establece la inviolabilidad del domicilio. El 366 la obligación de la monarquía de establecer escuelas de primeras letras en las que se enseñaría a los niños a leer, escribir y contar. Mientras que el 371 proclama la libertad de prensa, imprenta y publicación. Las demandas de los representantes de América y de Filipinas fueron atendidas por el texto Gaditano que estableció la libertad de industria, la cual era necesario garantizar en aras de fomentar el desarrollo económico de los territorios de ultramar. El coahuilense José Miguel Ramos Arizpe, quien participó como diputado ante las Cortes, defendió el establecimiento de consejos municipales en todas las localidades americanas carentes de ello, iniciativa a partir de la cual se flexibilizaron los requisitos para su creación, permitiéndose que en todas las poblaciones con al menos mil habitantes, se constituyeran. Años más tarde la experiencia de Ramos Arizpe ante las Cortes, lo convirtió en un candidato natural a presidir la comisión que elaboró el primer proyecto de carta constitucional que se dio la nación mexicana. Se puede decir con toda propiedad, que el constitucionalismo liberal del siglo XIX, comienza en Cádiz. Dicha Carta Magna promulgada en 1812, abrogada por Fernando VII, en 1814 y restaurada en España en 1820, fue modelo para otros países. Sus ideas sembraron una honda huella en las naciones de América que iniciaron sus proyectos de independencia casi a la par de los trabajos para la elaboración del citado texto. La Constitución de Apatzingán es hija directa de ella, en cuanto a conceptos como la soberanía popular y la división de poderes; si bien fue más allá al instaurar un régimen republicano de gobierno. Tras conocerse la restauración del absolutismo en España, una vez que regresó al poder Fernando VII, en 1814, los independientes de Nueva España proclamaron el 20 de octubre de ese mismo año, la Constitución de Apatzingán que reproducía muchos aspectos de la Constitución de Cádiz, aunque adaptándolos, lo que confirma el carácter de referente de la carta gaditana. Movimiento Ciudadano, consciente de la importancia que reviste este Bicentenario de la Constitución de 1812, reconoce que la Constitución de Cádiz dejó de ser española para convertirse en un referente de alcance universal. Es cuanto, señor presidente.