El diputado Miguel Angel Llera Bello (PAN): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El suscrito Miguel Yera Bello, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura de esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con el fin de establecer los efectos generales del juicio de amparo, una vez cumplimentado ciertas jurisprudencias y hecha la declaratoria correspondiente, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El perfeccionamiento de la democracia, la seguridad y la justicia, son demandas medulares de nuestra sociedad. Los mexicanos deseamos vivir al amparo de un Estado que garantice plenamente la vigencia de las normas, el apego del gobierno a la ley, la seguridad de las personas, el disfrute de su patrimonio y el ejercicio de sus libertades. Al cumplir esos propósitos, el poder alcanza su legitimidad y se convierte en fuerza constructiva al servicio de la sociedad. Hoy día es demanda esencial la protección del Estado frente al crimen o la violencia y una mayor fortaleza y credibilidad de las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad. Por ello el ánimo de perfeccionamiento de las instituciones nacionales, ha sido una constante en la tradición jurídica nacional en que ha estado presente siempre, el interés por la justicia. La convivencia y el progreso nacional sólo puede estar garantizado en el marco del derecho, el cumplimiento de la ley y de la constante adecuación de nuestro marco jurídico, a la realidad social. En este contexto, el fortalecimiento del Poder Judicial Federal, contribuye a que esta institución tenga un mejor desempeño de sus responsabilidades, de representar y salvaguardar los intereses de la sociedad y hacer que la ley sea la norma central de nuestra vida social. Luego entonces el estado de derecho debe de garantizar la constitucionalidad, la legalidad y el respeto a la persona humana. Sin duda una condición necesaria para esto es la de crear los mecanismos legales que permitan asegurar en la mayor medida el acceso a la justicia a todos los mexicanos. En este sentido la Ley de Amparo constituye la norma sustantiva y procesal federal que establece y regula el juicio de garantías, el cual representa en nuestro sistema jurídico piedra angular para la defensa de nuestra Constitución y los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos. En efecto, el juicio de amparo es el medio de control constitucional más importante de los instrumentos jurídicos que están establecidos en nuestra ley suprema para lograr su defensa y protección, invalidando actos de autoridad que sean netamente arbitrarios y contraventores de los mandatos constitucionales. El perfeccionamiento de nuestro juicio de amparo ha sido una exigencia constante, incluso hay quienes plantean una reforma integral con el objeto fundamental de lograr un adecuado servicio a los justiciables y con ello la protección y defensa de sus libertades y derechos humanos. Dentro de esta reforma se inscribe la propuesta de establecer o de dotar de efectos universales las resoluciones de amparo dictadas en contra de normas generales. Al otorgarle efectos generales al amparo se garantizaría que todos los ciudadanos que sean afectados por la inconstitucionalidad de una norma de manera uniforme sean beneficiados por la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia. Se planea entonces la derogación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, conocido como Fórmula Otero y contenido en la fracción II del artículo 107 constitucional, la cual ha sido demandada desde hace muchos años con muy interesantes argumentos por juristas como Héctor Fix Zamudio, postulados con los que el promovente de la presente iniciativa promulga. Compañeras y compañeros Diputados: Con esta reforma se perfecciona el marco jurídico de nuestro juicio de garantías y con ello su función como instrumento de control constitucional a favor de los gobernados ante la posibilidad de verse protegidos de manera general contra una norma declarada inconstitucional. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, el suscrito, diputado federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional presento a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo segundo a la fracción II del artículo 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Unico. Se adiciona un párrafo segundo y se recorren los actuales párrafos segundo, tercero y cuarto para quedar como tercero, cuarto y quinto, respectivamente, de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la Ley Reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo solo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que la hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediera, en el caso especial sobre el que verse la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la norma general o acto que la motivare. Sin embargo, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los juicios de amparo indirecto en revisión establezca jurisprudencia por reiteración en la cual se determine la inconstitucionalidad o se determine la interpretación conforme de una norma general respecto de esta Constitución procederá a emitir la declaratoria general correspondiente, en la cual se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de la ley reglamentaria. Transitorios Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo a los dos días del mes de septiembre del año dos mil cuatro. Solicito, señor Presidente, se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto señor presidente.