La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Efectivamente, son 17 reservas porque estamos haciendo un trabajo minucioso de revisión de todos los engaños que aquí se vienen a decir de manera tan descarada al pueblo de México y que de manera muy triste y lamentable observamos como insisten en ello. Triste y lamentable que persistan en su empeño de seguir pensando que los mexicanos necesitamos gobiernos paternalistas. Pero les tenemos noticias; ya somos un país que alcanzó la mayoría de edad hace mucho. Somos una nación capaz de darse cuenta de las artimañas y artilugios que utilizan en su mentira. Somos un país que observa cómo definen sus propios intereses y no los de la nación. Quiero insistir en un asunto de importancia nacional que poco o nada se ha abordado y que los grupos parlamentarios que apoyan esta reforma, no les conviene que se conozca: me refiero a la llegada de las empresas trasnacionales de la mano de sus gobiernos, lo que implica un grave riesgo a la soberanía nacional. A partir del anuncio de la reforma constitucional el gobierno de Peña Nieto ha tenido acercamientos con países que no se interesaban en México; tal es el caso del primer ministro de Italia quien visitó nuestro país en un inusitado acercamiento que en los últimos 25 años pareció no interesarle. ¿Saben por qué? Porque una de las empresas petroleras beneficiadas con esta reforma, es de origen italiano. Y así podemos seguir enumerando casos similares. Es nuestro deber alentar a los mexicanos y mexicanas sobre el peligro de una intervención ante un Estado débil y un marco jurídico ineficiente para defender nuestra soberanía e independencia de las presiones internacionales a las que nos someterán. Estamos presenciando un lento golpe de Estado empresarial internacional, porque donde las petroleras extranjeras participan los gobiernos locales son nulificados. El gobierno argumenta que no están privatizando la industria energética porque no pusieron a la venta las instalaciones de Pemex y CFE, como si éstas fueran los principales activos de la industria. Aquí me refiero específicamente a los artículos 10, 12 y 13, donde el trato discriminatorio a Pemex, al no permitirle condiciones ventajosas de migración, de asignaciones a contratos, lo documentan. Y también en donde Sener ha declarado que: no le dejarán ni siquiera una tercera parte a Pemex de lo que actualmente explota. Pero no, no se equivoquen; no nos quieran equivocar o enredar en estas argumentaciones. El principal activo de Pemex y CFE, después de los recursos humanos, son nuestras reservas petroleras, esas que se entregan a concesiones disfrazadas de contratos al capital privado. El proyecto de Ley de Hidrocarburos, deviene de un procedimiento inconstitucional que viola el artículo 27 que prohíbe concesiones en materia de hidrocarburos. La ley contempla supuesto de los artículos 16 y 17, de una coexistencia de contratos y asignaciones, en particular en yacimientos transfronterizos, pero no se dan medidas adecuadas para garantizar el control del Estado, demostrando el espíritu extractivista de la ley. La tesis mexicana es muy clara y terminante. La propiedad no es un derecho natural que desde su origen perteneciera al ser humano por el simple hecho de tener esta calidad. Según nuestro pacto, la propiedad de las tierras y aguas es, en su origen, propiedad de la nación, o sea del pueblo mexicano, y existen propiedades, según nuestros mandatos constitucionales, que no pueden en forma alguna ser transmitidas a los particulares porque son la base y el sustento de nuestra identidad, nuestra estabilidad y nuestro progreso como nación. Ello se dispone así no por una razón ideológica ni por buscar eficacia, mucho menos para utilizar la propiedad nacional bajo la conveniencia de un sistema industrial, comercial o de servicios que pudiera sugerirse, sino para que se traduzca en un beneficio social igualitario. Quiero insistir por eso una y otra vez en que estos contratos contenidos en la Ley de Hidrocarburos son en realidad concesiones petroleras que no establecen mecanismos de protección para la nación. Ahí está la contradicción de lo que ustedes llaman contratos, cuando en realidad son concesiones. Al no marcar plazos máximos para los contratos y licencias éste es otro tema del artículo 19 esta ley no prevé que el Ejecutivo pueda hipotecar por décadas el futuro del país. Le deja la operación discrecional de las negociaciones de cada contrato y con ello manga ancha a la opacidad y por ende a la corrupción. Además, las fórmulas de contraprestación planteadas en estos ordenamientos no establecen límites al porcentaje de la renta petrolera que se le otorga al contratista. Dado que estas fórmulas le conceden al contratista una participación sustancial en las utilidades del petróleo, constituyen concesiones que siguen prohibidas en el artículo 27 constitucional. Por tanto, estos contratos y licencias presentan un grave problema de inconstitucionalidad. Es preciso incluir una prohibición tajante que impida a los contratistas privados recibir por cualquier concepto un porcentaje mayor a un límite razonable sobre el valor de la producción. Atrévanse, diputados y diputadas que apoyan esta reforma, a confirmar y a darle al pueblo de México la garantía de que la renta petrolera no estará amenazada con estos contratos que realmente son concesiones. Atrévanse a hacer el compromiso. No lo han querido decir ni los funcionarios de hacienda ni ustedes, como defensores de esta reforma. En adición a la falta de límites, las fórmulas de contraprestación en los contratos y licencias incluyen la obligación del Estado de reembolsar costos a estas empresas. Dada la imposibilidad de supervisar los costos de exploración y extracción de un yacimiento petrolero, y según indica la experiencia internacional, el concepto de recuperación de costos ha dado lugar a grandes abusos y corrupción, porque por lo general los contratistas inflan los costos, lo que implica una transferencia visional de renta petrolera. Es oportuno comentar que las fórmulas de contraprestaciones planteadas en estos dictámenes ya han sido utilizadas con resultados muy negativos en países como Venezuela, Ecuador, Bolivia, Kazajistán, más de un 90 por ciento. Decía al principio de mi intervención, diputados y diputadas: qué triste y lamentable es observar cómo se conducen en contra del país, pero me faltó agregar lo que más me avergüenza y que es, que no se atrevan a decirle al pueblo de México que con esta reforma petrolera no están condenando nuestros ingresos como nación, y así entonces la subsistencia de este país. Es una vergüenza que no quieran garantizarle eso al pueblo de México. Una y otra vez se los dijimos en comisiones, pónganlo en la ley, no anden firmando ahí acuerdo ante notario; estos tienen que ser compromisos como legisladores que queden plasmados en la ley, y no en ningún acuerdo o en una declaración pública. Esto lo tenemos que poner en la Ley de Hidrocarburos, no estará en riesgo la renta petrolera. Atrévanse a hacerlo, háganlo por el bien de la nación, háganlo por los ingresos de este país, no se escondan detrás de sus curules al no querer debatir en particular cada uno de estos artículos. Es cuanto, diputado presidente.