La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea, relativo a la minuta enviada por el Senado de la República en materia de prisión preventiva oficiosa, tiene por objeto dar cumplimiento al mandato contenido en el artículo segundo transitorio del decreto de fecha 12 de abril de 2019, que conlleva la materialización de las reformas legales en las que se establezcan, específicamente, cada una de las conductas delictivas que deben ser incorporadas al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como las leyes secundarias especiales que contemplan los delitos que ameritan la medida de prisión preventiva oficiosa, a fin de homologarlos como lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante mencionar que el Grupo Parlamentario del PRD votó en contra de la ampliación de este catálogo, por considerarlo una regresión a lo establecido en la reforma constitucional de 2008, en materia de seguridad y procuración de justicia, ya que el principio fundamental de esta reforma fue garantizar el respeto a la presunción de inocencia y de acceso a la justicia para todas y todos los imputados, generando un proceso acelerado de modernización del sistema de justicia en nuestro país, que a partir de ese momento transitaría hacia la oralidad, priorizando los derechos de quienes se encuentran involucrados en el proceso penal. Al implementar la figura de la prisión preventiva oficiosa, el Estado mexicano ha sido observado por diversas instancias internacionales en materia de derechos humanos, ya que se considera que esta medida es de carácter punitivo, que transgrede a los tratados internacionales de los cuales formamos parte y que violenta los principios del debido proceso y la presunción de inocencia, bajo el falso argumento de la protección a la sociedad. Es por ello relevante, mencionar que el alto grado de impunidad en nuestro país se debe a las facultades arbitrarias concedidas al Ministerio Público, para decidir sobre la liberación del imputado y no por la aplicación intransigente de la prisión preventiva. La ampliación del catálogo de delitos del artículo 19 constitucional no constituye una respuesta para la correcta impartición de justicia y es por ello que consideramos indispensable que esta medida cautelar sea examinada en cada caso, sustituyendo la prisión oficiosa por la obligación del Ministerio Público para solicitar esta medida cautelar y dejando al juez en libertad de otorgarla cuando existan circunstancias que actualicen los supuestos establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo indispensable la realización de las actuaciones que provean su suficiencia y su solicitud ante el órgano jurisdiccional. Lo anterior implica, igualmente, la eficaz concurrencia de los cuerpos de policía de investigación que intervengan, así como de los peritos que aporten los datos de prueba suficientes y pertinentes para la satisfacción de los requisitos señalados por la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales. En el Grupo Parlamentario del PRD consideramos que la prisión preventiva es una medida extrema, excepcional, del último recurso, por lo que es necesario que los jueces realicen en cada caso una motivación individualizada de las razones que justifiquen su aplicación, tomando en cuenta los datos concretos que demuestren su necesidad. De lo contrario, se estará violentando los derechos humanos del imputado, como el derecho de acceso a la justicia, al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a la presunción de inocencia y a la libertad personal, así como al buen funcionamiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia y el diseño de las políticas públicas de seguridad. La prisión preventiva debe de ser la excepción, no la regla. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen, ya que nos encontramos convencidas y convencidos de que, en un verdadero Estado de derecho, no se adelantan las penas, no se sanciona antes de condenar. En una democracia por regla general, los juicios se enfrentan en libertad. No podemos dar marcha hacia una realidad en que la prisión preventiva sea utilizada como una forma de justicia sumaria, tal como lo pretende el presente dictamen y como lo señaló el maestro Arturo Zaldívar, presidente de la Corte y entusiasta promotor de las consultas de la cuarta transformación. Y se comentaba en esta tribuna que anteriormente se encontraban personas con grandes cantidades de armamento y no pasaba nada. Ahora, simplemente, ya no pasa nada, porque ya no se persigue a esos delincuentes, ahora se les permite irse. No olvidemos lo sucedido con el hijo del Chapo Guzmán en este actual gobierno. Ahí la incongruencia de lo que se dice en esta tribuna. Es cuanto, diputada presidenta.