La diputada Aleida Alavez Ruiz: Muchas gracias, presidenta. En efecto, son dos reservas, pediría un poco de tolerancia para exponer las mismas. Compañeras y compañeros legisladores, la trascendencia que representa un dictamen de este calado y que imprime una modificación al texto constitucional en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, nos merece no sólo discursos y posicionamientos elocuentes, sino nos merece también un trabajo pulcro y comprometido con nuestra sociedad, y la pulcritud y el compromiso de nuestro trabajo se traduce en este ejercicio de deliberación pero sobre todo se manifiesta en la redacción de propuestas y acuerdos parlamentarios que atiendan a los intereses de México y al avance de la protección y garantía de los derechos humanos. En el adéndum que se nos repartió hace unos momentos observamos que en el artículo 6, apartado A, fracción VIII, al referirse al órgano garante se habla de éste como un órgano de la Federación y no como un órgano del Estado. Este cambio, compañeras y compañeros, no es menor. Un órgano que sea el garante de los derechos de acceso a la información, la transparencia y la protección de datos personales no puede ser un órgano ligado al Pacto federal y al acuerdo establecido entre los tres órdenes de gobierno, este órgano es y debe ser una instancia central del Estado mexicano. La Federación es un acuerdo de naturaleza política en un momento histórico y bajo consideraciones específicas, el Estado en cambio trasciende al tiempo y a las condiciones políticas y se estatuye en su definición tradicional como el ente compuesto por la población, el gobierno y el territorio. En el Estado está representada la población, en la Federación no lo está. Si pensamos que este órgano es fundamentalmente para el servicio de la población y para garantizar sus derechos, resulta incongruente que se pretenda reconocer sólo como un órgano de la Federación y no como un órgano del Estado, como lo reconocía la minuta emanada del Senado. La responsabilidad internacional para cumplir nuestras obligaciones en materia de derechos humanos se deposita en el Estado mexicano y si no me lo creen consulten cualquier instrumento internacional en la materia, y es justo el Estado mexicano quien deberá responder ante cualquier violación que se cometa en contra de su población. Los instrumentos de derechos humanos nunca hablan de una responsabilidad de la Federación, sino de una responsabilidad de Estado. Incluso la Convención Americana en el reconocimiento de la cláusula federal establece que el responsable de la garantía de los derechos humanos será el Estado en su conjunto, indistintamente de que el Estado se organice dentro de una Federación. Modificar el carácter de un órgano de Estado a un órgano de la Federación es ignorar nuestras obligaciones a nivel internacional. Ojalá esta primera reserva sirva para subsanar esta ignorancia expresada manifiestamente en el adéndum que se nos entregó. La segunda. La segunda reserva tiene que ver con la finalidad de evidenciar que en este proceso legislativo hay desaseo, hay falta de pulcritud y como ya decía, la ignorancia, han permitido que estemos votando el dotar de facultades a una instancia de gobierno que ni siquiera existe. En términos del derecho constitucional, las facultades expresas representan quizás la más alta responsabilidad de una instancia u orden de gobierno, y esas facultades expresas han permitido avanzar en la consolidación de una división de poderes clara y confiable. Sin embargo en el artículo 6, apartado A, fracción VIII, párrafo séptimo se habla de un consejero jurídico del gobierno, figura que hasta donde yo sé no existe en ningún ordenamiento legal vigente. No existe un consejero jurídico del gobierno así descrito ni expresado literalmente. Si quieren dotar, repito, de una facultad expresa a la Presidencia para poder atacar resoluciones del IFAI, cuando menos se hubieran tomado la molestia de consultar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y dotar de esta facultad a quien legalmente se le denomina como Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, a menos que la intención de la fracción sea dotar de esta facultad expresa constitucionalmente, a todos los que así se denominen consejeros jurídicos en las entidades federativas, con excepción de la Consejería Jurídica de la Presidencia. Si ésa ha sido la intención, compañeras y compañeros, es de reconocerles que en esta minuta no le faculten a la Presidencia el poder atacar las resoluciones del órgano de transparencia y en todo caso, si la pretensión es permitir que las decisiones del IFAI sean atacables por la Presidencia de la República en términos de seguridad nacional, la propuesta tendría que redactarse en el sentido de que permitiera esta facultad sólo en los casos en donde el órgano garante desclasifique o elimine la reserva que hubiese sido clasificada como reservada y además esta resolución versara sobre temas de seguridad nacional como una facultad extraordinaria y excepcional, no como una regla discrecional y abusiva, como lo propone este texto, lo que dejaría a esta facultad en completo desuso, pues en más de una década no se ha emitido ninguna resolución por parte del IFAI que comprometa a la seguridad nacional. Concluyo señalando, compañeras, compañeros, que la transparencia y el acceso a la información pública gubernamental debe ser un derecho no sólo visto hacia afuera, sino primordialmente hacia el interior de los entes de gobierno, como lo es esta Cámara de Diputados. Si no cambiamos esta visión sesgada y equivocada, seguiremos haciendo discursos elocuentes, pero manteniendo la mayor opacidad en el ejercicio cotidiano. Estamos hablando de una reforma constitucional, no es menor poner exactamente a qué instancia le estamos dando una facultad de atacar alguna resolución del IFAI. Tenemos que poner el nombre correcto que dice en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y hablar exactamente a quién le estamos dotando esa facultad. Ésa es la reforma, son dos palabras, pero que al mismo tiempo también tienen un contenido que implica el qué estamos haciendo con la responsabilidad de la transparencia en el Estado o en la Federación, y qué estamos haciendo al dotar al Ejecutivo federal de esta posibilidad de interponer recursos para atacar las resoluciones del IFAI. Entonces pediría, que como estamos discutiendo la Constitución, tengamos más cuidado y tengamos más detenimiento en revisar cada una de las redacciones que se están presentando, para así evitar errores que después puedan caer hasta en interpretaciones legales distintas. Eso es todo. Gracias.