La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña: Con su permiso, señor Presidente. He solicitado el uso de la palabra para rendir homenaje, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a la figura histórica del general Emiliano Zapata, cabeza de la División del Sur, que fue origen, sustento y fundamento del movimiento revolucionario de 1910 y de las principales instituciones sociales y agrarias del México moderno. Hoy como entonces, las reflexiones que formulara Luis Cabrera en torno al problema agrario siguen siendo válidas plenamente. La condición de explotación y de marginalidad que vive la mayoría de la población del campo se reproduce insensatamente a todo lo largo de la existencia independiente de México y se presenta ante nuestros ojos en la condición de servidumbre de los jornaleros y campesinos de Chiapas, en el abandono de las políticas agropecuarios que sufren los habitantes de Veracruz, Tabasco, Oaxaca o Guerrero. Se vive en el abuso del trabajo infantil de los hijos de los campesinos en la pizca de tomate en el norte del país, en donde los grandes productores contratan por un solo salario a la familia entera y que han sido objeto de denuncias por parte de varias organizaciones internacionales. Los problemas del campo son la fuente de la imparable migración a las grandes ciudades, a los Estados Unidos. Nos han dicho falazmente que México ahora tiene más de 100 ciudades medias, pero no han reconocido que se debe a la emigración de los campesinos que buscan mitigar en las ciudades su condición verdaderamente infrahumana. La mayoría de las 500 mil personas que se trasladan ilegalmente a los Estados Unidos cada año provienen del campo, aunque ahora también ciudades como el Distrito Federal se están transformando en expulsores de migrantes. Emiliano Zapara convocó a la más amplia movilización social para combatir la injusticia y la desigualdad en la que el porfiriato sumió a los campesinos y a los trabajadores durante más de 30 años. Sus filas insurgentes tuvieron que enfrentarse además con la leva obligatoria del gobierno, que engrosó con campesinos las filas militares para enfrentar a sus propios hermanos, en una lucha fatídica que costó más de un millón de vidas. A pesar de ello, debemos reconocer el carácter de estadista de Emiliano Zapata, que sumó su sencillez política al rechazar siquiera ocupar por un momento la silla del águila para no confundir su movimiento con ambiciones personales, una posición visionaria que le permitió aglutinar alrededor suyo a gente de la talla de Luis Cabrera, de Otilio Montaño, de Ricardo Flores Magón y de Andrés Molina Enríquez, entre otros, que permitieron integrar una poderosa propuesta en el Plan de Ayala, nutrir el documento final de la soberana convención revolucionaria de Aguascalientes y perfilar la naturaleza social de la Constitución de 1917, esencialmente en sus artículos 27 y 123 de la Ley Agraria de 1915. Es de suyo reconocido que la Revolución Mexicana se inició con una proclama liberal con el blasón del sufragio efectivo y la no reelección, postulado por Francisco I. Madero, como el crisol de las garantías individuales de Estado y del perfil libertario del siglo XIX. Sin embargo, tanto el Plan de Ayala como la proclama de la Casa del Obrero Mundial y la participación organizada y heroica de campesinos y obreros, transformó el movimiento revolucionario en la primera revolución social del siglo XX con el pacto social que significó la Constitución del 17; además se configuró una modalidad de Estado que se ha llamado de diversas maneras, tal como economía mixta, economía controlada y rectoría de Estado. En todos los casos podemos afirmar que la economía política de México de principios del siglo XX cuestionaba la capacidad del mercado de proveer por sí solo riqueza y bienestar y también se oponía a concentrar todos los medios productivos y todas las decisiones políticas en el Estado, proponiendo a éste como el árbitro indispensable para permitir la iniciativa particular, como para garantizar que el esfuerzo conjunto se oriente hacia el cumplimiento de valores públicos y el combate a la desigualdad social. Resulta oportuno reconocer esta definición histórica para entender porqué la mayoría de los mexicanos, cuando ocurren transformaciones importantes tanto de la justicia como de la política social o de la propiedad nacional de bienes como los hidrocarburos, se plantea mantener firmemente la figura de la rectoría del Estado, ya que sólo así se puede asegurar que la riqueza de todos produzca beneficio colectivo y no se distorsione su finalidad para enriquecimiento de unos cuantos. La lucha de Zapata, cargada de valores morales, de congruencia, de valentía, debe traerse a la memoria de este recinto parlamentario en una perspectiva superior a una efeméride; debe servir como punto de referencia para reconocer hasta dónde han llegado los ideales de las personas que iniciaron la transformación de México en la búsqueda de un proyecto que suma por igual garantías individuales, soberanía y derechos sociales. Por ello, me permito señalar que en el análisis de la Revolución Mexicana se ha reconocido muy poco la participación de las mujeres campesinas, a pesar de que formaron parte importante, tanto numérica como cualitativamente, del movimiento social. Lo hicieron más allá del romanticismo planteado en la literatura y en el cine, como es el caso de la Adelita tras su Juan, en donde preveía el cuidado de los hijos, los alimentos y la recarga del parque de las armas de los combatientes. De manera objetiva tenemos que reconocer que la mujer participó en todas las etapas de la lucha armada, en la propuesta de ideas para articular el contenido ideológico de la revolución, como en el caso de las hermanas Serdán, pero también en las escuelas, en los medios de difusión y portando las armas directamente para combatir al enemigo. De ahí que tiene una profunda raíz histórica la lucha de la mujer mexicana por el reconocimiento cabal de su igualdad, ya que ha estado codo a codo con los hombres para oponerse a toda forma de explotación y de abuso y ha formado parte activa de las mejores causas libertarias de este país. Por ello, la situación lamentable que vive el campo mexicano hasta nuestros días afecta también a las mujeres, que padecen los mismos efectos de desempleo, la baja de salarios, la emigración, la explotación del medio rural. De ahí que las legisladoras y los legisladores priístas planteemos el rescate del campo con una condición indispensable para avanzar en la justicia que exigen tanto hombres como mujeres. El presente año implica uno de los más importantes retos para asegurar el futuro de la soberanía alimentaria y la subsistencia de campesinos y campesinas de México. La liberación arancelaria de los bienes del campo en el marco del Tratado de Libre Comercio con América del Norte enfrenta graves asimetrías y políticas proteccionistas en Estados Unidos que puede arrasar con importantes sectores del país ante la falta de financiamiento, de políticas adecuadas, de apoyos tecnológicos y comerciales para nuestros productos y el abismo en los montos de financiamiento rural. Tenemos, sólo como ejemplo, que mientras Estados Unidos aprobó 110 mil millones de dólares en 10 años para su producción agropecuaria, la suma total de recursos para el campo mexicano en el mismo periodo fue 10 veces menor; es decir, de sólo 10 mil millones de dólares, por lo que no es nada favorable para la productividad mexicana. A pesar de que en años anteriores se aumentó el presupuesto para el campo, el abandono y el mal uso de los recursos han ocasionado que sean insuficientes para mitigar la crisis que se vive en el agro, haciendo cada vez más notorias las desigualdades de los productores de Estados Unidos y de Canadá. Lamentablemente la inversión extranjera directa en el sector agropecuario de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio se canalizó a la agroindustria y no a la producción primaria, provocando disparidades en la política de compensación en todos los trabajadores agrícolas sin tierras; han sido excluidos, y los productores con más de 100 hectáreas reciben dos veces más recursos que los campesinos con menos de una. El problema de la liberación comercial ante la ausencia de buenas políticas agropecuarias no sólo genera graves problemas sociales económicos en las comunidades rurales dedicadas a la agricultura, sino que además, al final del día provocan una mayor migración del campo a la ciudad y a Estados Unidos, haciendo más notorio el crecimiento de la pobreza y el aumento de la marginación rural. Para nosotros, los mexicanos, no es sólo un asunto económico sino un asunto de seguridad nacional. La realidad es que las compañías transnacionales de los alimentos han controlado los mercados y destruido la capacidad de los pequeños productores mexicanos que no pueden competir contra las importaciones en sus propios mercados. Lo anterior está llevando a la ruina a los campesinos que producen más caro debido a que el precio de los insumos es mayor y los apoyos que reciben no se comparan con los que reciben los agricultores de Estados Unidos y de Canadá. Si bien con la firma del Tratado de Libre Comercio se preveía que la economía de los países integrantes mejoraría de manera integral, desafortunadamente nuestra economía se ha ido rezagando, ya que durante los 14 años que tiene de vigencia el tratado, se perdieron 2millones de empleos y las remuneraciones de los trabajadores agropecuarios tuvieron una gran caída. Asimismo, además de la falta de apoyos, los campesinos se enfrentan a los subejercicios presupuestales, la entrega muy tarde de sus apoyos, y una creciente complicación para acceder a los recursos que autorizamos los legisladores por el laberinto burocrático de las reglas de operación que se han transformado en un verdadero filtro para que sólo unos cuantos puedan obtenerlos. Lo que ha propiciado en muchos analistas la sospecha de que quienes verdaderamente determinan las políticas públicas son los técnicos de la Secretaría de Hacienda que promueven una larga e incesante restricción financiera para poder cumplir con las metas de déficit fiscal a cero y hasta con un superávit presupuestal con una nación que tiene numerosos rezagos y necesidades. Por ello, compañeras y compañeros, la evocación del aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata tiene que producir una llamada de atención para que todas las instituciones públicas y una renovación del compromiso constitucional asumido de procurar el bienestar y la justicia social. Es cuanto, Presidente.