El diputado Manuel Velasco Coello: Con la venia de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: La tortura es un delito que destruye lo más preciado de la persona. Por ello, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos regula su prohibición absoluta en el artículo 7º, que a la letra dice: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos." Ello significa que, a diferencia de la regulación de otros derechos humanos, no existe ninguna justificación para admitir la tortura. En consecuencia, incluso en situaciones excepcionales, se preserva la protección de la persona de esa práctica. Del mismo modo, en el Sistema Interamericano de Protección, la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la tortura en el artículo 5o., referente a los derechos a la integridad personal. Primero. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Segundo. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. Es decir, la protección de la integridad personal pertenece al núcleo inderogable: que no puede ser suspendido ni suprimido jamás en cualquier circunstancia en que se encuentre el Estado. La erradicación de la tortura en el mundo es uno de los grandes desafíos que asumieron Naciones Unidas, a sólo unos pocos años de su fundación, para garantizar a todas las personas una protección suficiente contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En el transcurso de los años, la Organización fue adoptando normas de aplicación universal, que finalmente fueron consagradas en declaraciones y convenios internacionales. En 1875, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, que fue la base para que luego se aprobara la Convención contra la Tortura, el 10 de diciembre de 1984. En México, el derecho universal imprescriptible e irrenunciable de toda persona al respeto de su integridad y seguridad personales, a no ser torturada o sujeta de otros actos de autoridad que vulneren su dignidad está reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los códigos y legislaciones en materia de tortura a nivel federal y estatal. Asimismo, el Estado mexicano se ha comprometido con la comunidad internacional, a partir de la firma y las ratificaciones de múltiples declaraciones y convenios, a realizar todas las acciones necesarias para erradicar la práctica de tortura en el país, reconociendo ésta como crimen de la humanidad, dado que estas prácticas afectan a la sociedad en su conjunto. La obligación de parte del Estado mexicano de respetar acuerdos e instrumentos internacionales de protección y defensa de los derechos humanos se enmarca en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que incorpora esos instrumentos como ley suprema de nuestro país, los cuales tienen un carácter vinculatorio incuestionable. Hoy día, en México existe evidencia de que siguen presentándose eventos de tortura, principalmente en la población indígena, donde se observan de manera constante una dilación y negación de justicia por parte de las autoridades correspondientes, así como la no aplicación de las leyes de prevención y sanción de la tortura. A pesar de que a nivel estatal y nacional existen leyes para prevenir y sancionar la tortura, éstas, desconocidas o no, son aplicadas por las autoridades de investigación, así como de los encargados de la procuración y administración de procuración de justicia, no obstante que éste se tiene que perseguir de oficio. Es importante señalar que el concepto de tortura que tienen las leyes mexicanas es muy acotado y no corresponde en su totalidad al concepto aplicable en la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, incumpliendo el Estado su deber de adoptar disposiciones de derecho interno, tal como lo indica la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Además, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura contiene una definición del flagelo, que no sólo se queda corta respecto de la Convención sino que no toma en cuenta muchas conductas que constituyen torturas previstas en la misma, lo que impide que un juez sancione como tortura determinadas conductas que no están tipificadas en la ley. En el Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política Mexicana se establece que las comisiones públicas de derechos humanos tienen como función, en el ámbito de sus respectivas competencias, proteger las garantías que ampara el orden jurídico, por lo que deben tomar en cuenta en su actividad de protección de los derechos los tratados internacionales. Por ello, consideramos impostergable modificar la definición de tortura establecida en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como incorporar una definición precisa y más amplia de quiénes deben ser considerados responsables de este delito. Por ello someto a su consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 3 y 6, y se adiciona un artículo 3 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura Artículo Único. Se reforman los artículos 3 y 6, y se adiciona un artículo 3 Bis a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, para quedar como sigue: Artículo 3o. Para los efectos de esta ley, se entiende por tortura todo acto realizado por el cual se inflijan a una persona dolores o sufrimientos físicos o psíquicos con el fin de obtener del torturado o de un tercero información o una confesión o castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche ha cometido o coaccionarla para que realice o deje de realizar una conducta determinada. Se entenderá también como tortura la aplicación sobre una persona de métodos tendentes a anular la personalidad del torturado o a disminuir su capacidad física o psíquica, aunque no causen dolor físico o angustia psíquica. No se consideran tortura las molestias o penalidades que sean consecuencia únicamente de las sanciones legales que sean inherentes o incidentes a éstas o derivadas de un acto legítimo de autoridad. Artículo 3o. Bis. Serán responsables del delito de tortura los empleados o funcionarios públicos que, actuando en ese carácter, ordenen, instiguen, induzcan a su comisión, lo cometan directamente o que, pudiendo impedirlo, no lo hagan. Las personas que, a instigación de los funcionarios o empleados públicos a que se refiere la fracción anterior, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices. Artículo 6o. No se consideran causas excluyentes de responsabilidad del delito de tortura el que se invoquen o existan situaciones excepcionales, como estado de guerra, amenaza de guerra, estado de sitio o de emergencia, inestabilidad política interna, suspensión de garantías constitucionales, urgencia en la investigación o cualquier otra circunstancia. Tampoco podrá invocarse como justificación la orden de un superior jerárquico o de cualquier autoridad. Es cuanto, diputado Presidente.