EL C. DIPUTADO FRANCISCO PATIÑO CARDONA: Compañeras y compañeros legisladores: En mi carácter de diputado federal hidalguense y miembro de la Comisión de Transportes de esta soberanía, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de nuestro país, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo sobre la decisión del Secretario de Comunicaciones y Transportes, para que sea Texcoco el sitio donde se construya el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Pedro Cerisola, Secretario de Comunicaciones y Transportes finalmente anunció su comprometida decisión de que sea Texcoco el sitio en que se construirá el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, decisión arbitraria a consecuencia de una interpretación dolosa, parcial y de aplicación segmentada del estudio que realizó el PUMA, el Programa Universitario del Medio Ambiente. En el colmo de la arrogancia y desacato, Pedro Cerisola asume una decisión que es competencia exclusiva del Titular del Ejecutivo Federal Vicente Fox, por lo que al no estar avalada con su firma resulta un pronunciamiento que a nadie puede obligar, según precisa el artículo 92 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el desenfreno de su prepotencia, nuestro flamante Secretario de Comunicaciones y Transportes dejó de lado la intervención de las otras dependencias cuyas facultades y atribuciones le señala la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en los artículos 27, 31, 32 y 32-Bis. Pregunto a ustedes, compañeras y compañeros diputados. ¿En dónde está el dictamen o acuerdo del Secretario de gobernación, respecto a las evaluaciones de política poblacional y de protección civil, tratándose peligros a los usuarios, por cenizas volcánicas, inundaciones, contingencia por mecánica de suelos, niebla e impactos ambientales negativos a la salud pública por aguas residuales? ¿Qué medidas de seguridad ha dictaminado este funcionario, en términos de concentración y cercanía de los centros de Texcoco y el Distrito Federal para prever su seguridad en el caso de atentados terroristas, que hoy sabemos, se ciernen sobre el mundo y las naciones? ¿En dónde quedó el dictamen o acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público, previendo las repercusiones que se provocarán a los ingresos del Distrito Federal, una vez que con la decisión de Texcoco desaparezca el actual aeropuerto de la Ciudad de México? ¿En dónde quedó el informe de este funcionario respecto al costo del proyecto, del PUMA y las partidas afectadas y actualizadas para su pago? ¿En dónde el estudio obligado de la Secretaría de Desarrollo Social respecto a la distribución, ordenación y desarrollo de los nuevos centros de población que formarán con la decisión de Texcoco? ¿En dónde entonces el estudio y el dictamen del Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales que funde y motive los criterios que se adoptaron para el estudio de factibilidad ambiental, mecánica de suelos, repercusiones en el sistema hidrológico del Valle de México, requerimientos de dotación de agua para los nuevos centros de población que se formen y para los servicios del nuevo aeropuerto internacional que se construya? En el caso de la flora y la fauna silvestres, ¿cuáles son los criterios que este funcionario consideró para la evaluación de riesgos por contingencia de las aves migratorias y de qué manera se respetan los compromisos internacionales adquiridos por México respecto a la afectación del hábitat de las aves migrantes consideradas patrimonio de la humanidad? Pero aún hay más. Pedro Cerisola toma una decisión pasando por alto lo acordado por esta soberanía. En el punto de acuerdo del 27 de abril del año en curso indicándole, y cito textualmente: "considere abstenerse de emitir decisión alguna para determinar el sitio en que se ubicará el aeropuerto, hasta en tanto comparezca e informe a esta Cámara de Diputados sobre la planeación prevista par el desarrollo del proyecto y los procedimientos para la participación ciudadana". Así, y a pesar de que el Presidente de la Comisión de Transportes de esta Cámara, en escrito del 15 de mayo del año en curso, al tiempo que le notifica el punto de acuerdo también le solicita su comparecencia y no obstante ello, sin cumplir el pedimento legislativo, anuncia su decisión a favor de Texcoco, siendo evidente que está cometiendo otro desacato constitucional, ahora al segundo párrafo del artículo 93 de nuestra Ley Suprema, petición de comparecencia cuyo cumplimiento no es decisión graciosa del Secretario de Comunicaciones y Transportes, ya que va precedida de la facultad fiscalizadora de la Federación de esta Cámara de Diputados encomienda la Carta Magna en el tercer párrafo de la fracción I de su artículo 79. Grave y preocupante resulta que el titular del Ejecutivo Federal permita que uno de sus colaboradores se conduzca contrariamente a lo que ordenan los preceptos constitucionales, en atropello al principio de legalidad, y que desacate el pedimento de la soberanía de esta Cámara de Diputados. Esta violación constante y sistemática de los preceptos constitucionales en los actos de este prepotente funcionario Pedro Cerisola, considero nos obligan a poner un hasta aquí a tanta frivolidad y a tanta burla. En nuestro país rije un estado de derecho, no una monarquía, no una dictadura. Si al titular del Ejecutivo Federal y a su secretario de Estado se les ha olvidado que originalmente el pueblo de México ha depositado su mandato en un Gobierno Federal que coexiste con los otros dos poderes, y que entre sí se merecen respeto y la obediencia que la ley les señala, entonces ejerzamos el recurso constitucional que encauce sus actos a la legalidad. Si para Pedro Cerisola y el Presidente de la República sus decisiones son muy personales, a los diputados nos toca ejercer la muy estrecha vigilancia para revisar y promover que sus actos se ajusten estrictamente a la legalidad, llegando incluso, por qué no decirlo, a acudir a la intervención del tercer Poder de la Federación, el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y para ello propongo el siguiente punto de acuerdo: Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda turnar este asunto a la Comisión de Comunicación y a la Comisión de Transportes, con la idea de que estudien las posibles violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Planeación, a la Ley General de Bienes Nacionales y demás ordenamientos aplicables, y de confirmarse estas violaciones, dicha comisión unida proponga al pleno de las medidas legales procedentes. Segundo. En su estudio, las comisiones unidas deberán hacer llegar los elementos de naturaleza jurídica, técnicos en materia de desarrollo urbano, así como económicos respecto al impacto que causaría el cierre del aeropuerto a la Federación, y en especial al Distrito Federal. Tercero. La Cámara de Diputados, con fundamento en los artículos 93 de la Constitución Política, 53, 58 y 90 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 8º de la Ley de Planeación. -