El diputado Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez: Con su autorización, ciudadano presidente; compañeras y compañeros diputados. Entramos a la segunda mitad de la LXI Legislatura en medio de un escenario de grandes retos y dificultades para nuestro país. Al clima de violencia e incertidumbre que ha caracterizado la situación nacional en los últimos años, se suma la cuesta de enero, el aumento ridículo al salario mínimo que contrasta con el incremento no reconocido por el gobierno federal en los precios de los productos y servicios básicos. A pesar de declaraciones triunfalistas, el infierno en que se ha convertido la llamada guerra contra el crimen organizado suma cada día más víctimas, extendiéndose también el control por organizaciones criminales en bastas zonas del país. Las revelaciones sobre la injerencia de Estados Unidos en el manejo de la política migratoria, así como las solicitudes de apoyo del Ejecutivo federal al gobierno norteamericano, muestran impotencia, falta de claridad en el rumbo y subordinación a intereses ajenos a México. El país reclama cambios urgentes y exige, de esta representación, medidas que den respuestas a la violencia, a las limitaciones de la economía y de la inequidad, en especial a la creación de empleos, de inserción social y productiva de los jóvenes, así como transformaciones profundas en el régimen político. En nuestro grupo parlamentario tenemos la convicción de que la descomposición social que vive el país obedece fundamentalmente al agotamiento del modelo de desarrollo impuesto por los regímenes neoliberales a lo largo de casi tres décadas. La creciente desigualdad social, el desempleo, la falta de oportunidades, el colapso de la seguridad social, la falta de cobertura de educación y salud, los magros ingresos de la mayoría de los mexicanos y el estancamiento de nuestra economía son los elementos que han conducido al país a la ruptura de su tejido social. Por ello, la agenda legislativa que el Grupo Parlamentario del PRD presentará en este periodo, insistirá en la necesidad de una transformación profunda del modelo económico, que permita avanzar hacia un desarrollo que ponga énfasis en la promoción del empleo y la recuperación real de los salarios. Insistiremos en la revisión integral de régimen tributario, a partir de una política que elimine privilegios y establezca gravámenes progresivos y equitativos en el que contribuyan más al erario público quienes más perciben, protegiendo el poder adquisitivo de los salarios y el ingreso familiar básico, por lo que reiteramos nuestro rechazo tajante al gravar los alimentos y las medicinas. Urge rescatar socialmente a México, cuyo incipiente estado de bienestar se ha desmantelado y ha dejado como saldo una nación inestable y una sociedad desigual y polarizada, lo que pone en peligro el futuro y la viabilidad del país. Por ello presentaremos un paquete de iniciativas para el rescate social de México, para que nuestra sociedad recupere la senda de la equidad, el Estado pueda garantizar la esperanza social y concentre su esfuerzo en disminuir las desigualdades sociales recuperando el estado de bienestar para volver a la justicia social y el derecho a los satisfactores básicos a la cultura y a la felicidad de la gente. Ante la ola de violencia que ahora forma parte de la vida cotidiana de los mexicanos, se requiere de manera inmediata implementar de medidas que respondan a los retos de la seguridad nacional. Hemos señalado que la estrategia de despliegue militar que se ha utilizado es inadecuada. Se necesita, sí, un combate radical e inteligente contra la delincuencia organizada que implemente acciones para desmantelar a las organizaciones criminales y su estructura financiera y patrimonial, pero con una estrategia que garantice los derechos humanos y respete el marco constitucional que establece los límites y competencias de las fuerzas armadas y de los organismos de seguridad pública a partir de una visión distinta de la seguridad nacional que deje atrás la noción de preservación del Estado por encima del interés de los ciudadanos. Esta orientación apoyada en la vieja concepción del monopolio del ejercicio de la fuerza, permitió la preservación del estado, pero también justificó la existencia de regímenes autoritarios que invocaban la doctrina de seguridad nacional para preservar la seguridad de las élites por encima de la seguridad de la población. Bajo el discurso de la preservación de la seguridad nacional y la paz social, se ejerció la fuerza del Estado contra la oposición política. Al término de la guerra fría, el objeto de amenaza de seguridad nacional se ha desplazado al terrorismo y al narcotráfico; sin embargo, no se puede reducir el concepto de seguridad nacional a la guerra contra el crimen organizado, la discusión debe avanzar hacia una visión transversal de la seguridad nacional para la construcción de la seguridad humana, la cual tiene una relación directa con la legitimidad del Estado mismo y emana de reconocimiento que la sociedad hace de sus gobernantes a partir de una decisión adoptada de manera democrática. La legitimidad es la condición con la cual se generan las relaciones de consenso social y gobernabilidad. En el momento actual, donde se ha acrecentado la violencia, es necesario precisar la relación entre seguridad nacional y legitimidad, ya que la falta de legitimación del Estado motiva a generar lealtad a partir de la fuerza. Frente a la tentación autoritaria y los desafíos de gobernabilidad, la seguridad nacional debe responder a un estado democrático que se rija bajo el principio de la legalidad, donde la seguridad nacional se asuma como el conjunto de condiciones y acciones de carácter político, económico, social y cultural que salvaguarda el territorio y garantiza la soberanía, la independencia y la promoción de los intereses de la nación, fortaleciendo las capacidades institucionales y sociales para hacer frente a las amenazas que pueden vulnerar su existencia y la protección de la vida de las personas, ya sea de naturaleza política, económica, alimentaria, ambiental, así como las provenientes de actividades ilícitas y fenómenos asociados a la violencia. Por otro lado, esta Legislatura debe dar respuesta al problema de corrupción que impera en el país; la corrupción ha sido un mal endémico que hoy cobra una dimensión especial al constatar la colusión entre autoridades de todos los niveles de gobierno y la delincuencia; la corrupción es más lacerante cuando se encuentra envuelta en el manto de la impunidad, donde prevalece la aplicación selectiva de la justicia y la percepción de que estamos en el país, donde no pasa nada, en donde ningún acto de corrupción enfrenta ninguna consecuencia. Ante esta situación, nuestro grupo parlamentario propondrá un conjunto de iniciativas para combatir este mal, que ha provocado una profunda crisis de valores institucionales y que busca crear una cultura ética en el ejercicio de la función pública. Señoras y señores diputados, tenemos también asuntos pendientes de resolver, entre otros el nombramiento de tres consejeros del Instituto Federal Electoral, que deseamos sea resultado del más amplio consenso en esta Legislatura, que dote de legitimidad en su encargo a estos consejeros en momentos en que se precisa de instituciones electorales, con un mínimo de credibilidad. Nosotros estamos en la mejor disposición de destrabar este proceso para proceder a la elección inmediata de los consejeros. De la misma manera se debe resolver la creación de una nueva empresa, que sustituya a Luz y Fuerza del Centro, para subsanar el agravio a los derechos de sus trabajadores y para superar los graves problemas en la prestación del servicio, así como las reformas que requiere el Poder Legislativo, que más allá de resolver la controversia sobre la Presidencia de la Mesa Directiva y de la Junta de Coordinación Política permita convertir a esta Cámara, hoy de grupos parlamentarios, en un verdadero órgano de representación popular. Para el Grupo Parlamentario del PRD es fundamental que los avances alcanzados en esta Cámara de Diputados en materia de libertad, igualdad y de derechos humanos, se concrete en el Senado de la República. Por lo que exhortamos al Senado para que a la brevedad apruebe las minutas de reformas al artículo 40 de nuestra Constitución, donde se establece el carácter laico de nuestra república, así como la aprobación de las reformas a 11 artículos constitucionales en materia de derechos humanos, respecto a las definiciones de conceptos como defensa de la vida, familia, libertad religiosa y la elevación de los tratados internacionales a rango constitucional. Estamos, sin duda, en un año eminentemente electoral, preámbulo de la sucesión presidencial. No obstante, el Grupo Parlamentario del PRD está en la disposición de construir los acuerdos necesarios para lograr reformas importantes, que permitan a nuestro país vivir en paz. Muchas gracias por su atención.