El diputado Jorge Tello López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, presento ante ustedes la reserva al artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. El crimen organizado amenaza la estabilidad de las instituciones democráticas y del Estado en sí, plantea el funcionamiento de instituciones gubernamentales que implican coerción en un sistema institucional, donde la libertad y los derechos individuales son cuestiones privilegiadas, y exige la cooperación entre diferentes órdenes de gobierno y dependencias en un régimen diseñado para dividir y limitar el ejercicio del poder. Esto implica una paradoja en las instituciones democráticas, al ejercer el monopolio legítimo de la violencia en contra de los tribunales a través de las instituciones políticas diseñadas para dividir el poder. El combate a la delincuencia puede llevar a que la democracia pase por alto ciertos derechos con la finalidad de garantizar otros. No debemos caer en la tentación de violentar los derechos humanos con tal de combatir la criminalidad organizada. La democracia no puede resolver los problemas públicos con medios no democráticos. La incapacidad del gobierno para enfrentar retos como el crimen organizado ha contribuido a la inconformidad de la sociedad respecto de la democracia. El crimen organizado aumenta las percepciones de inseguridad personal y reduce la legitimidad de las instituciones democráticas; aminora la inversión directa y demanda el gasto de recursos para su combate y prevención. La reserva al artículo 11 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que presento, tiene la finalidad de fortalecer las capacidades del Ministerio Público federal para la persecución de los delitos cometidos por la delincuencia organizada. Se trata de perseguir aquellos delincuentes especialmente peligrosos, que mediante acciones criminales organizadas pone en jaque las bases del propio Estado, los derechos fundamentales de los ciudadanos y la pacífica convivencia social. La Procuraduría General de la República ha señalado que en México operan 88 organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilegal de estupefacientes, cuyas ganancias anuales superarían los 39 mil millones de dólares, unos 740 mil millones de peso. Lo que se propone es que se investigue no sólo las formas de operación de estos grupos delictivos, sino que las investigaciones también puedan abarcar la adquisición de bienes muebles e inmuebles y el financiamiento para su operación y que abarque a las personas que coadyuven con la comisión de dichos delitos. Nuestra demanda como Grupo Parlamentario de Morena es que las leyes sirvan a las personas, en este caso que exista un Estado que pueda cumplir con la obligación de brindar seguridad a las personas. Por ello el Ministerio Público debe encontrar con los elementos suficientes para combatir los comportamientos de las mafias. Como legisladores debemos ser capaces de tener en cuenta la peculiaridad del fenómeno criminal organizado y en especial la peligrosidad de este tipo de organizaciones capaces de condicionar no solo la vida económica y política de un país, sino también con mayor razón de influir en el devenir de una investigación o de un procedimiento penal, asegurándose así la impunidad por el delito cometido, como durante décadas ha sucedido en nuestro país. Las investigaciones para combatir este tipo de criminalidad de manera exitosa son precisamente aquellas donde es posible lograr una inteligente combinación de intervenciones telefónicas y revelaciones de arrepentidos, infiltrados y de datos de inteligencia. Con calma, compañeros, que voy a exponer dos temas. Si están aburridos se pueden salir.