La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: La reforma constitucional en materia de seguridad y justicia penal, publicada el 18 de julio de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, contiene un claro cambio de paradigma en cuanto al sistema de justicia penal que hasta ahora aplica en gran parte del territorio nacional. De conformidad con la doctrina jurídica, toda persona es poseedora de derechos y obligaciones. La privacidad es una prerrogativa reconocida en el artículo 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido toda persona, incluso desde su nacimiento, ostenta el derecho a que sean protegidos el conjunto de datos y acontecimientos que conforman su vida privada. Me gustaría decirles que busquemos en el Diccionario de la Real Academia cuál es la definición de privacidad, para darnos cuenta que la define como el ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión. Uno de los mecanismos que se pueden adoptar para la investigación en materia penal, de conformidad con lo propuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, es la intervención de las comunicaciones telefónicas. En ese sentido, y dado que la implementación de medidas precautorias de esta naturaleza afecta derechos de rango constitucional, es que se nos obliga a ser extremadamente cuidadosos en cuanto a su interposición, pues el establecimiento de ésta en dicho ordenamiento legal no se hace con la precisión y detalle que sería deseable, pues el impacto y beneficio provocados por dichas modificaciones se deben proyectar directamente en el objetivo que esta transformación busca; la cual, es dejar atrás la impunidad y la arbitrariedad que existían hasta antes de la reforma penal que nos ocupa. Por lo que resulta imperante establecer un claro límite en la diversidad de medidas cautelares; es decir, que éstas puedan coexistir en el nuevo sistema de justicia penal sin atentar contra la libertad del individuo y que puedan servir efectivamente para lograr con éxito un proceso penal que garantice los derechos fundamentales de todas las partes en el proceso. Derivado de lo anterior someto a consideración del pleno la siguiente reserva al artículo 293 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. En la autorización, el juez de control determinará las características de la intervención, sus modalidades, límites y, en su caso, ordenará a instituciones públicas o privadas, modos específicos de colaboración, los cuales, en ningún caso, deberán poner en riesgo la seguridad e integridad de las comunicaciones, sistema y redes. En lo que compete al artículo 301, la petición precisamente de esta reserva es muy similar, ya que uno de los principales mecanismos con los que cuenta la Procuraduría General de la República para hacer frente a delitos como el asalto, el secuestro, el terrorismo, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, el tráfico de armas, la falsificación o alteración de moneda y el comercio ilícito de sustancias psicotrópicas o narcóticos, radica en la intervención de comunicaciones privadas. En este artículo 301 se somete a consideración la reserva en la colaboración con la autoridad. Los concesionarios, permisionarios y demás titulares de los medios o sistemas susceptibles de intervención deberán colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichos actos de investigación, de conformidad con las disposiciones aplicables. Asimismo, deberán contar con la capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para obtener una orden de intervención de comunicaciones privadas, para que asimismo diga: la colaboración con las autoridades no deberá poner en riesgo la seguridad e integridad de las comunicaciones, sistemas y redes. Coincidimos en todo ello con las organizaciones civiles. Es cuanto.