La diputada Adriana María Guadalupe Espinosa de los Monteros García: Compañeros y compañeras. De acuerdo con el diagnóstico de peligros e identificación de riesgos de desastres en México, actualizado en 2017 por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, Cenapred, en las últimas décadas los fenómenos naturales en México han dejado daños que ascienden a 7 mil 742 personas que han perdido la vida y 27 mil millones 653 personas que han resultado damnificadas, lo que ha costado cerca de 700 millones de dólares. Es por ello que el tema de la prevención de desastres ha tomado relevancia en la agenda de protección civil, reconociendo que es indispensable saber que vivimos en un país de múltiples riesgos, situación que debe ser considerada en nuestras normas jurídicas con la finalidad de prevenir, o en su defecto establecer estrategias y programas de largo alcance enfocados a reducir sus efectos y no sólo a prestar atención a las emergencias de desastres. El territorio nacional se encuentra sujeto a gran variedad de fenómenos que pueden causar desastres. Dos terceras partes del territorio tienen un riesgo sísmico y se debe principalmente a los terremotos que se generan en costas del océano pacífico, conjunción de las placas tectónicas de cocos y de Norteamérica y del sinnúmero de volcanes que han existido que 14 de ellos han hecho erupción y se consideran activos. La ubicación del país en una región intertropical lo hace susceptible de huracanes que se generan tanto en el océano pacífico como en el golfo de México. También se presentan lluvias intensas con las consecuentes inundaciones y deslaves importantes con mucha frecuencia. En oposición a esto, también el país resiente la escasez de lluvia dando paso a incendios forestales que se presentan cada año en temporadas de sequía, propiciando enormes pérdidas de zonas boscosas. Estos tipos de desastres tienen como origen un fenómeno natural por lo que son llamados desastres naturales, aunque en su desarrollo y consecuencias tiene mucho que ver la acción del hombre. Con el objetivo de protegerse de estos fenómenos naturales, debe evitarse el asentamiento humano en sitios particularmente expuestos a riesgos, ya sean provocados por sismos, inundaciones, erupciones volcánicas, deslaves, entre otros. La reforma que hoy presento refiere que el 28 de noviembre del año 2016 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, la cual en el artículo 1o, fracción I, tiene como objeto fijar las normas básicas e instrumentos de gestión de observancia general para ordenar el uso territorio de los asentamientos humanos en el país con el pleno respeto de los derechos humanos, así como el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado para promoverlos, respetarlos, protegerlos y garantizarlos plenamente. Sin embargo, no contempla el riesgo como un elemento en la planeación urbana. De acuerdo con el informe, Tendencias del desarrollo urbano en México, elaborado en junio de 2017, por la ONU-Hábitat México, en las próximas décadas buena parte del crecimiento demográfico en México será urbano, esto significa que el país pasará de contar de 384 ciudades a 961 en 2023, en las cuales se concentrarán el 83.2 por ciento de la población nacional y en donde muy probablemente sea la población pobre la que dominará. Siguiendo con este informe, los asentamientos humanos que predominarán son aquellos ilegales o irregulares que se expanden por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal inmobiliario. Esto puede significar para muchas ciudades la ocupación creciente de lugares inadecuados para el asentamiento humano y con riesgos diversos. Esta es la razón que motiva esta iniciativa. Considero que debemos de dejar en claro que para cualquier proyecto de asentamiento o desarrollo urbano se debe considerar el riesgo y su gestión. La reforma que hoy presento al artículo 3o. y 4o. de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, dota a dicha ley de armonía jurídica respecto de la Ley General de Protección Civil para que se considere el riesgo y su prevención, con el objeto de salvaguardar la integridad humana ante cualquier desastre natural Concluyo esta intervención diciendo que con esta reforma el establecimiento de un conglomerado demográfico deberá seguir las pautas del Sistema Nacional de Protección Civil, el cual tiene como guía, desde hace 10 años, el...