El diputado Mauricio Sahui Rivero: Con el permio de la Presidencia quiero agradecer enormemente el trabajo que tuvo a bien realizar la Comisión de Derechos Humanos, el trabajo realizado también de análisis por las distintas fracciones parlamentarias, para que esta iniciativa que presentó un servidor en meses pasados hoy se convierta en una realidad. El hecho de poder hacer que estos acuerdos den lugar a que nuestros marcos normativos sigan mejorando nos motiva a seguir participando en esto. El dictamen que hoy discutimos, cuyo proyecto de decreto plantea reforma al artículo 7 de la Ley Federal, con el objeto de prevenir y sancionar con mayor rigor la tortura, está orientado a brindar más y mejores elementos que permitan tutelar integralmente los derechos fundamentales. Como atinadamente se señala en las consideraciones ofrecidas, la iniciativa que motiva el dictamen que nos ocupa sigue precisamente este hilo conductor para que nuestra legislación sea acorde a las obligaciones que soberanamente ha asumido el Estado mexicano ante el concierto general de las naciones, y da continuidad al esfuerzo que hemos realizado en materia legislativa para hacer de los derechos humanos una realidad. Realidad que para ser alcanzada es necesario no claudicar a la inagotable tarea de armonización y perfeccionamiento del marco jurídico, dando con ello continuidad y vigencia al ordenado en nuestro texto constitucional, particularmente a partir de la última reforma de 2011, que constituyó una importante parteaguas en la historia moderna de los derechos humanos en nuestro país. La propuesta a discusión plantea que en las inspecciones o reconocimientos hechos por los médicos legistas se aplica en los parámetros señalados en el Protocolo de Estambul, a afecto de que en el momento en que lo solicite cualquier detenido o reo éste deberá ser reconocido por médico perito legista y, en caso de falta de éste o si lo requiere además, por un facultativo de su elección, quien deberá realizar el reconocimiento del detenido o reo con base en formularios ajustados a los instrumentos internacionales en la materia, quedando obligado a asentar en su dictamen los signos físicos y psicológicos de tortura y malos tratos observados, expidiendo de inmediato el certificado correspondiente y, en caso de apreciar que se han infligido dolores o sufrimientos, deberá comunicarlo a la autoridad competente. La Declaración de la Asamblea General de la ONU ha definido la tortura, como todo acto por el cual un funcionario público u otra persona a instigación suya, infrinja intencionalmente a una persona, penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o sea sospechoso de haber cometido o de intimidar a una persona o a otros. Bajo la anterior orden de ideas y atendiendo a la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, es menester asumir la obligación que incumbe al Estado de promover el respeto universal y la observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Resulta indiscutible que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquiera otra condición; todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. La tortura constituye un crimen aberrante e intolerable, que debe ser combatido a nivel legal e institucional. De ahí que el Grupo Parlamentario del PRI, a quien de nueva cuenta le agradezco su apoyo y solidaridad se pronuncia a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.