El diputado José Luis Flores Méndez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras, compañeros diputados: en la historia de nuestro país han existido problemáticas sociales que han afectado a los grupos más desprotegidos debido a la falta de información para la correcta toma de decisiones. A los grupos más vulnerables en México no se les ha dado una buena educación ni oportunidades laborales que les permitan salir de su atraso y así lograr que las siguientes generaciones puedan tener mejores condiciones de vida. Uno de los grandes problemas en nuestro país está relacionado con la pérdida del poder adquisitivo debido a la falta de empleos bien remunerados que dignifiquen la vida de las personas y permitan su acceso a mejores condiciones de bienestar. El factor más común que determina el salario de los trabajadores es el de la productividad; en teoría, a medida que un trabajador sea más productivo tendrá una mejor percepción monetaria proveniente del salario como un reconocimiento por parte del mercado a sus habilidades o capacidades y, con ello, su contribución a la producción total de una empresa o una institución. La productividad de una persona en el mercado de trabajo va ligada a su nivel de educación y capacitación; si bien parte de estas herramientas puede ser adquirida de manera empírica, es necesario para las personas recibir de especialistas este aprendizaje que les dé la oportunidad de acceder a mejores opciones de empleo, y para el caso de las personas que ya forman parte del mercado de trabajo, acelere su proceso de formación y contribuya a la producción y por tanto a la competitividad del país. Indudablemente, la impartición de educación y, por lo tanto, de capacitación, son responsabilidades de los gobiernos cuyo fin debe ser mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Invertir en el desarrollo de las personas es, sin duda, la mejor inversión que puede hacer un país, ya que los flujos destinados tendrán un retorno para cada una de las personas al depender económicamente de un futuro de sí mismos debido al aumento de su productividad y, con ello, una esperada mejora en su salario. Datos estadísticos del año 2011 revelan que México ocupa el último lugar en todos los países de la OCDE en el rubro producto por hora trabajada, mostrando la dramática situación de la productividad de sus trabajadores, como ya lo dijo alguien que me antecedió en el uso de la palabra. Tales datos resultan alarmantes para la economía mexicana. Ninguna economía es fuerte si sus trabajadores no son productivos y si no tienen al alcance la manera de asegurar la formación y capacitación que los lleve a mejorar sus habilidades, y de esa manera puedan tener mayores y mejores aportaciones en sus actividades laborales transmitiendo estas capacidades a las futuras generaciones que se integrarán al mercado de trabajo. Una gran parte de la población del país carece de oportunidades que mejoren su calidad de vida. Los apoyos que resultan ser insuficientes en la mayoría de los casos no solucionan el verdadero problema que existe entre la población mexicana, pues no han ayudado a la mayoría a salir de la pobreza. Una de las responsabilidades del gobierno es incrementar las capacidades de las personas. Si la ayuda del gobierno es lo bastante importante y se prolonga lo suficiente enfocando estas ayudas a mejorar sus capacidades técnicas, se logrará un incremento en las habilidades de la población, cubriendo lo necesario para elevar la calidad de vida de las familias por encima de los niveles mínimos de subsistencia. Sin el avance en capacitación, las familias vulnerables sólo suben los primeros escalones para después retroceder en la generación inmediata haciendo que los apoyos otorgados no resuelvan el problema estructural; por ello la necesidad de enfocar la capacitación como una prioridad de la asistencia social. La intención es generar mecanismos de participación que responsabilicen a los beneficiarios y se les exijan mejoras en su desempeño con la finalidad de que ellos mismos colaboren en la mejora de su situación. La situación actual del país nos obliga a poner especial énfasis en los programas de bienestar. Por ello es de vital importancia diseñar e implementar sistemas de protección social efectiva y de corresponsabilidad que ayude y maximice los esfuerzos de los grupos vulnerables para salir de su situación de pobreza. El combate a la pobreza y la desigualdad dependen del actuar de los tres órdenes de gobierno. Con la incorporación de la capacitación como un derecho social y con la regularización de los programas sociales en estricto apego a las reglas de operación, se logra fomentar de manera colectiva la productividad de los beneficiarios de los programas sociales a través de los incentivos que impulsen su desarrollo integral y coadyuven a superar situaciones económicamente adversas. Lo que se plantea en esta iniciativa es principalmente incluir en la Ley General de Desarrollo Social la capacitación en el desarrollo humano y profesional, como ejes fundamentales del desarrollo social y así fomentar el incremento de la productividad de los beneficiarios para que puedan acceder a mejores situaciones, e integrar en la misma Ley los deberes y logros como mecanismos de la política de desarrollo social. Termino, señora presidenta. En el Partido Revolucionario Institucional estamos conscientes de la problemática que atraviesa nuestro país, es por ello que votaremos a favor de dicha iniciativa. Consideramos que con la incorporación de la capacitación como derecho social, así como el apoyo técnico y el fomento al incremento de la productividad, se logrará dar un gran paso en el combate a la pobreza y la desigualdad social. Es cuanto, compañeros. Gracias, señora presidenta.