EL C. DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso, ciudadana Diputada. Compañeras Diputadas; Compañeros Diputados: "El suscrito diputado a la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados una iniciativa para adicionar la Ley General de Población con el artículo 12 Bis que crea el organismo autónomo de la Procuraduría General de Migración. "Para nadie constituye una sorpresa el que procesos integradores entre zonas geográficas, regiones y países se caractericen por una dinámica vertiginosa que ha modificado radicalmente el entorno tradicional sobre el que muchas sociedades basan sus interrelaciones. Esa dinámica vertiginosa de los procesos de integración económica ha agudizado la manifestación de insuficiencias abismales, en espera de la protección de los derechos de personas, derechos rezagados a compararse con la más ágil evolución de ramas del derecho para instituciones y otros entes abstractos. "El fenómeno de la globalización ha traído consigo una serie de procesos multiplicadores, cuyos efectos se traducen a final de cuentas en influencias positivas o negativas para la cohesión social y para el individuo mismo. En países con carencias significativas en el orden político los efectos de la globalización se manifiestan en impactos muy costosos para el grueso de la población, casi siempre en condiciones de marginalidad. "En esas circunstancias los intereses de los poderosos intentan prevalecer por sobre los intereses de aquellos sectores con menor capacidad institucional para hacer valer y respetar sus mínimas garantías. Una comunidad con deficiencias estructurales se arriesga a incrementar los rezagos acumulados por estructuras sociales ya rebasadas, pero que en las nuevas circunstancias globalizadoras suman el atraso un cambio radical que obligadamente marginará, aún más, a los menos favorecidos. "Nuestro país no es ajeno a las consecuencias del fenómeno globalizador. En algunos sectores minoritarios los beneficios han sido enormes. En otros sectores socialmente mayoritarios las consecuencias se han manifestado negativamente. Las ventajas de la globalización han sido inequitativamente distribuídas a consecuencias de estructuras injustas de origen. "En un mundo donde las relaciones de valor cada vez más adquieren una equivocada relevancia, preponderante sobre las personas de carne y hueso, no podemos olvidarnos de los factores reales que motivan el progreso y el desarrollo. Arbitrariamente se supone que es la competencia despiadada y un darwinismo social el motor de las sociedades. Nada más equivocado y falso. Siempre ha sido la competencia despiadada entre las sociedades la causa de conflictos y aberraciones. "Por el contrario, han sido la cooperación, la fraternidad, el apoyo mutuo, los motores de avance indiscutibles para las sociedades. Las comunidades más prósperas en el campo del bienestar humano han debido su éxito a las actitudes de generosidad social, entendida ésta como la disposición natural del hombre a solidarizarse con sus semejantes en cualquier circunstancia. "Desgraciadamente en un entorno dominado por intereses particulares de poderosos grupos minoritarios, que velan por su convivencia individualista, los Estados nacionales deben garantizar la preservación de los derechos para los menos favorecidos. "En estas circunstancias es bastante irónico que sean las corporaciones privadas y las empresas transnacionales como representaciones abstractas del capital las favorecidas por la legislación para zonas y regiones económicas, negando a personas de carne y hueso algún derecho o prerrogativa equiparable. "La desigual e injusta distribución de oportunidades y resultados es una consecuencia directa de estructuras socioeconómicas injustas, precisamente. Al margen de existir discrepancias acerca de los orígenes de las injusticias, lo cierto es que no podemos permitirlas y en tanto remediamos sus causas debemos avanzar en la atención de sus manifestaciones. Una de las consecuencias naturales del proceso globalizador, es el intercambio comercial y la permanente afluencia múltiple de bienes, servicios y mercancías. En un entorno económico cada vez más despiadado, la natural capacidad creativa del hombre, aquel don biológico que le caracteriza el trabajo, ha sido pervertido y se le concibe como una mercancía más con valor y precio. Contra todo el discurso ideológico que se nos pretende inculcar para aceptar sumisamente una situación injusta, es contradictorio que bienes y mercancías fluyan libremente a través de la frontera y los trabajadores estén impedidos de esas facultad, dado que a las personas sólo se les considera valiosos por la generación de ganancias y no por el simple hecho de ser seres humanos. La incertidumbre, la inseguridad, el futuro incierto, el peligro, el abuso, el riesgo contra la integridad personal y contra el poco o mucho patrimonio, son terribles acompañantes de quienes migran a otros lugares. A las circunstancias que rodean largos viajes, donde lo único seguro es la incertidumbre ante el destino, debemos añadir la consustancial ausencia de la autoridad del estado para garantizar la integridad de cualquier individuo en territorio nacional, cualquiera que sea su nacionalidad, así como la de los mexicanos migrantes en el extranjero. La migración es una consecuencia natural de los procesos de globalización, con todas las desventajas de las restricciones que cada gobierno considera pertinente aplicar en los movimientos migratorios en sus territorios. Desgraciadamente en México la debilidad de sus instituciones demanda esfuerzos increíbles para hacer valer el derecho en situaciones de las que muchos deberíamos de avergonzarnos. El trato a nuestros migrantes nacionales en territorio nacional, a nuestros jornaleros, muy bien podría compararse con situaciones aberrantes que supondríamos forman parte de la historia, pero a las que asistimos como testigos mudos en la cotidianidad. Asimismo, no podemos cerrar los ojos ante el abuso de la autoridad contra extranjeros en situación de paso por nuestro territorio, principalmente provenientes de Centro y Sudamérica. Lejos de su país, sin garantías, sin derechos, el Estado Mexicano comete verdaderos atropellos contra quienes tienen la desdicha de ser detenidos por irregularidades migratorias. Creo que las permanentes violaciones a los derechos humanos de los indocumentados mexicanos en Estados Unidos no son nada nuevo y ejemplos y pruebas hay en cantidad suficiente como para identificar esa situación como estructural. Al ser la violación de derechos humanos una condición estructural para los mexicanos en el país del norte, se debe asumir una postura institucional y de fondo para atender ese flagelo. Este gobierno ha dicho que está preocupado por los derechos humanos en el mundo, empecemos por nuestra casa entonces, pero garantizando este soberano derecho a cualquier persona que en territorio nacional esté de paso, sean mexicanos o extranjeros. Los migrantes que sufran en México el abuso de la autoridad, deben por tanto contar con la figura institucional que garantice su integridad y los derechos que como seres humanos deben gozar. Asimismo, en el extranjero los mexicanos deben contar con el respaldo de una figura institucional mexicana que proteja los derechos que gobiernos extranjeros se niegan a reconocer y que se conflictúan con los derechos de que goza todo ser humano al margen de su situación, de su circunstancial situación migratoria. Al momento los esfuerzos institucionales han sido insuficientes para proteger los derechos de cualquier migrante en territorio mexicano, sean compatriotas o extranjeros. La defensa de los migrantes en nuestro territorio, tanto nacionales como extranjeros, y de los emigrantes mexicanos en el extranjero, no se encuentra institucionalizada dentro de la estructura del Estado Mexicano, lo que provoca un vacío en la defensa de los derechos de los mexicanos y los extranjeros que estén inmersos en fenómenos migratorios. Dentro del territorio nacional los inmigrantes y los no inmigrantes, requieren de la asistencia para la defensa de sus derechos que les otorgan las leyes mexicanas y que por desconocimiento son sometidos a atropellos y violaciones. Fuera del territorio los emigrantes mexicanos requieren de una defensa especializada que sea acorde con una política nacional que tutele de sus derechos humanos y de aquellos que le conceden las legislaciones de los países donde se encuentran internados. En consecuencia, se considera necesaria la creación de una Procuraduría General de Migración, como un organismo autónomo que se encargue de la defensa de los migrantes nacionales dentro del territorio nacional, de los inmigrantes y de los nacionales emigrantes conforme a la siguiente adición a la Ley General de Población. Decreto que adiciona el Artículo 112-bis a la Ley General de Población. Artículo Único.- Se adiciona el Artículo 112-bis de la Ley General de Población para quedar como sigue: "Artículo 112-bis. Se crea el organismo autónomo denominado Procuraduría General de Migración. El nombramiento del Procurador se hará por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión o por la Comisión Permanente en caso de receso, seleccionado de una terna que propondrá el Ejecutivo de la Nación. "La Procuraduría General de Migración realizará sus funciones dentro del territorio nacional y en oficinas adscritas a las Embajadas de México en el Extranjero. "La Procuraduría General de Migración tendrá las siguientes atribuciones: 1) defender los derechos de los inmigrantes y no emigrantes dentro del territorio nacional relacionado con su calidad migratoria. 2) llevar la defensa de los emigrantes mexicanos en el extranjeros dentro de sus controversias relacionadas con su calidad migratoria o violaciones a sus derechos humanos. 3) defender a los emigrantes nacionales dentro del territorio mexicano especialmente a los jornaleros agrícolas , trabajadores eventuales o grupos étnicos asentados fuera de sus territorios originales cuando sus usos y costumbres sean controvertidos por las legislaciones locales. 4) las demás que le otorgue las leyes aplicables. "Se incluye un Transitorio Único que se expedirá una ley que regule la estructura y funcionamiento de la Procuraduría General de Migración. Atentamente. El suscrito diputado Jaime Martínez Veloz. También firman esta Iniciativa el diputado Benjamín Ayala Velázquez, la diputada María Elena Chapa , la diputada María de las Nieves García y la diputada Josefina Hinojosa Herrera". Es cuanto ciudadana Presidenta. -LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia y instruya su cierre. -EL C. SECRETARIO DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ. Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra una asistencia de 419 ciudadanos Diputados. Ciérrese el Sistema Electrónico. -LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Secretario. La Iniciativa anterior, a petición del proponente, se turna también a la Comisión de Migración. Tiene la palabra el diputado Víctor Manuel Ochoa Camposeco del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar una Iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones. -EL C. . DIPUTADO VICTOR MANUEL OCHOA CAMPOSECO: Gracias señora Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. En el Senado de la República, los integrantes de la Fracción Parlamentaria del PAN, particularmente el Senador Javier Corral como parte de la Conferencia Parlamentaria en materia de Telecomunicaciones, violentando los acuerdos sostenidos en dicha Conferencia, decidió con el apoyo de varios Senadores, presentar una Iniciativa de Ley que se venía trabajando por consenso en la mencionada instancia parlamentaria sin haber concluido aún los trabajos. Ante este incumplimiento que trastorna acuerdos y perjudica los avances logrados, los Legisladores del PRI y del PRD, participantes en la Conferencia Parlamentaria decidimos en honor a la palabra empeñada que nosotros respetamos, presentar ante este honorable Pleno esta Iniciativa que con anterioridad habíamos formulado pero que en aras de agotar las posibilidades de presentar una sola iniciativa, habíamos postergado su presentación. Con lo anterior y con esta Iniciativa refrendamos nuestro compromiso con el desarrollo de las telecomunicaciones y sobre todo nuestro compromiso con los mexicanos que como consumidores y usuarios se merecen mejores servicios y las mejores tarifas competitivas. El sector de las Telecomunicaciones está contemplado en nuestra Constitución como prioritario, no podía ser de otra manera, la realidad del mundo actual obliga al Estado a no desentenderse de uno de los sectores que explican el presente pero que sobre todo determinan el futuro de las naciones. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no es ajeno a este hecho. Como grupo parlamentario siempre nos mueve el interés superior de la nación. Nuestras posturas y propuestas en cada foro, en cada reunión, en cada encuentro, ha sido invariable. Por México todo, en contra de México nada. Es por ello que en esta sesión presentamos la iniciativa de Ley Federal para el Desarrollo de las Telecomunicaciones cuyo texto íntegro solicito a la Presidencia sea incluido en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. A continuación, en obvio de tiempo, me permito exponer los elementos más relevantes de la iniciativa. El proyecto que sometemos a su consideración tiene como objetivos promover un desarrollo eficiente de las telecomunicaciones como un sector prioritario y estratégico del país; Ejercer la rectoría del Estado en la materia para garantizar la soberanía nacional; Garantizar condiciones de competencia sana estableciendo las bases de certidumbre jurídica para los inversionistas; Garantizar que ciudadanos mexicanos controlen el capital accionario de las concesiones y permisos que se otorguen. Facilitar el acceso de la población a los servicios de telecomunicaciones de calidad y precios competitivos. Promover el crecimiento de la infraestructura instalada a fin de ampliar la cobertura y no sólo la competencia en mercados ya existentes. Fortalecer la industria nacional y la consolidación de los mercados de telecomunicaciones. Procurar la eficiente supervisión y vigilancia en materia de telecomunicaciones para el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás ordenamientos en la materia. La iniciativa de Ley Federal para el Desarrollo de las Telecomunicaciones propone dar a cada Poder de la Unión un papel justo para el impulso de este sector, así el Poder Ejecutivo regula a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y una nueva Comisión Federal de Telecomunicaciones cuyos integrantes serán nombrados por el Congreso a propuesta de los partidos políticos; el Judicial soluciona controversias a través de un tribunal especializado en la materia; y el Legislativo fiscaliza por medio de las comisiones y del órgano superior. De esta manera se evita que una sola instancia sea juez y parte y se permite que los actores tomen decisiones sobre las bases sólidas y sobre todo hacer de la certidumbre jurídica un instrumento clave para atraer inversiones. Cabe señalar que las concesiones a que se refiere esta ley sólo se otorgarán a personas físicas o morales de nacionalidad mexicana y que la participación de la inversión extranjera con derecho a voto en ningún caso podrá exceder del 49%. En el Programa Nacional de Cobertura Social, deberán participar todos los concesionarios y permisionarios de conformidad a los lineamientos que establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Desarrollo Social. Este programa deberá ser enviado a las comisiones de desarrollo social y de comunicaciones del Congreso de la Unión para su estudio y opinión. En cuanto a las tarifas, los concesionarios y permisionarios podrán fijarlas en términos que permitan la prestación de dichos servicios en condiciones satisfactorias de calidad, competitividad, seguridad y permanencia. Se tratará de ofrecer a la población el mejor servicio al mejor precio. Compañeras y compañeros legisladores: Con esta iniciativa seguimos avanzando en la ardua tarea de normar a un sector dinámico. Quienes en 1995 participaron en la aprobación de la Ley Federal de Telecomunicaciones, sabrán que las telecomunicaciones se mueven a un ritmo vertiginoso, por tanto es indispensable diseñar un marco jurídico pertinente que sea capaz de adaptarse al cambio y sobre todo dé certidumbre a todos los actores involucrados. Mi grupo parlamentario actúa con responsabilidad. Esperamos que en comisiones se dé un debate serio que enriquezca esta iniciativa y permita que el sector telecomunicaciones siga siendo uno de los pilares de la economía nacional. Firman esta iniciativa el de la voz y los diputados siguientes: compañero Humberto Mayans Canabal, el compañero Martí Batres Guadarrama, el compañero Edilberto Buenfil Montalvo, el compañero Gerardo De la Riva Pinal, el compañero Enrique Herrera y Bruquetas y el compañero diputado Jesús Orozco Alfaro. Gracias. -