EL C. DIP. RAFAEL GARCIA TINAJERO PEREZ: Con su permiso honorable Asamblea. El pasado 6 de noviembre, un grupo de diputados de diferentes partidos políticos y de diversas comisiones, sostuvimos una reunión con representantes de organizaciones de la sociedad civil y ellos nos presentaron un documento denominado "Demanda ciudadana por la transparencia y la rendición de cuentas", del cual acusamos recibo. En el cuerpo del documento se señalan los siguientes hechos: El 16 de diciembre del 2002, el Pleno de esta Cámara de Diputados aprobó una ampliación de 600 millones de pesos al presupuesto para salud, adicionales a lo solicitado por el Ejecutivo y que se destinarían a la atención de las mujeres y otros programas. El 9 de enero del 2003, la Comisión de Equidad y Género envió un oficio al diputado Luis Pazos, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en la cual se detalla la distribución de estos recursos y se señala la cantidad de 208 millones de pesos para el Programa VIH-SIDA. El 10 de enero de 2003, el doctor Julio Frenk, Secretario de Salud, recibe un oficio fechado el 17 de diciembre del 2002 en el cual el diputado Luis Pazos le informa de una distribución distinta a la que autorizó esta Cámara y en la cual la diferencia fundamental estriba en una reducción de 30 millones de pesos al Programa VIH-SIDA y la creación de un nuevo renglón para Centros de Ayuda a la Mujer, a los que se destinan esos recursos. El 17 de enero, diputadas de la Comisión de Equidad y Género envían un oficio al diputado Pazos, en el que le recuerdan que no era su facultad ampliar o reasignar, o examinar, o discutir el Presupuesto sin considerar a los plenos de las comisiones de Equidad y Género, Presupuesto y Cuenta Pública y al general de la Cámara, por lo que le solicitaron respetar las asignaciones aprobadas. En los meses siguientes, los medios de comunicación denunciaron la presunta desviación del Presupuesto en que había incurrido el diputado Pazos, quien a su vez en carta abierta al periódico "La Jornada" lo niega. Porque afectaba directamente a la cobertura de antirretrovirales (?) CONASIDA en su reunión del 26 de marzo de 2003, acordó solicitar a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados una explicación sobre por qué en el mes de diciembre del 2002, el entonces diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara, Luis Pazos de la Torre, asignó de manera unilateral e ilegal 30 millones de pesos a una asociación civil de carácter privado. "Esta cantidad dice el documento- fue restada del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía para el rubro de combate y prevención de VIH-SIDA que debería ejercer el sector público ". Finalmente, el 29 de octubre, ante la Comisión de Equidad y Género de esta Legislatura y a pregunta expresa de la compañera diputada Diva Gastelum, el Subsecretario de Salud, Roberto Tapia Conllef (?), respondió de acuerdo a la versión estenográfica de la comparecencia. Sigue un entre comillado, "efectivamente se dio dentro del presupuesto de la Secretaría de Salud la asignación directa que se dio al grupo PROVIDA. Efectivamente son 30 millones, ellos también han hecho la rendición de cuentas a nuestro patrimonio de la beneficencia pública, que fue la estructura administrativa en la que se dio ese recurso, así es que no hay que buscarlo, ahí estuvo, ya no está, así como tenemos la necesidad de ejercer todo, también dar lo que va etiquetado, pero hemos recibido ¿en qué lo han utilizado?, ¿en qué se ha gastado?, ya que hay informes que también están a disposición, porque son documentos públicos obviamente para que pueda todo mundo conocer a qué se ha dirigido ese recurso." Hasta aquí la cita. Esta denuncia de acreditarse da cuenta de un hecho grave, perpetrado por el entonces legislador y Presidente de Comisión Luis Pazos, pues de un plumazo este hombre habría reconfigurado sin tener ninguna facultad para ello y por tanto violando la ley, el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por esta soberanía, esto sería legalmente inadmisible y por lo tanto, tributario de una sanción, pero mucho más, se trata de un hecho moralmente reprobable, pues en este país, en el que 499 legisladores aprobaron menos de 12.9 millones de pesos para la prevención del VIH SIDA, uno sólo con el poder de su firma, habría arrebatado a los mexicanos 30 millones de pesos, más del doble para entregarlos al principal enemigo de la prevención del VIH SIDA, PROVIDA, una organización fundamentalista de derecha y de carácter privado, cuyas acciones contradicen a su nombre, pues al oponerse al uso del condón como método para evitar el contagio del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, se convierte en los hechos en promotora de muerte. Como representantes populares, estamos obligados a iniciar un proceso tendiente al esclarecimiento de los hechos denunciados, para poder dar puntual respuesta a la sociedad y dado el caso, fincar responsabilidades a quien corresponda. El desempeño de cualquier representante popular a de ser transparente y sujeto al escrutinio de nuestros representados. Por último, no puedo dejar pasar la ocasión sin exhortar a esta soberanía, para que tras la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2004, destinemos mayores recursos para la prevención y combate a la pandemia de VIH SIDA, pero sobre todo a la prevención. Muchas gracias, es cuanto. -