LA C. DIP. LORENA MARTINEZ RODRIGUEZ: Con su permiso señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados: El tema que toca hoy día en la tribuna, creo que tiene tres aristas importantes que analizar: Primero y la más importante, porque es un tema social que a todos nos aqueja, porque todos aquí tenemos uno o dos conocidos, familiares, que se han visto afectados por el problema de las cajas de ahorro, que es sin duda el lograr que se pague a los ahorradores. Segundo, es reglamentar el funcionamiento de las actuales y futuras cajas de ahorro; y, tercero, evitar que en lo sucesivo puedan ocurrir más fraudes y por otro lado fortalecer el ahorro de los mexicanos como una práctica cotidiana y constante para el fortalecimiento de la economía de nuestro país. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional se permite fijar posición respecto a este grave problema que aqueja a más de un millón y medio de ahorradores que fueron afectados con el fraude de 458 sucursales en 25 Estados de la República con un monto que asciende a 7 mil millones de pesos y respecto de lo cual me permito manifestar lo siguiente: Que el gobierno federal propuso la creaci6n del fideicomiso liquidador integrado con los bienes del señor José Cirilo Ocampo en fecha 13 de julio del presente año. Que el compromiso del director del fideicomiso, Manuel Pérez Cárdenas, fue que previa auditoría para determinar quiénes son los acreedores y con qué monto de adeudo, se pagaría a estos antes del 24 del presente mes. Que por información recibida del Consejo Nacional de Ahorradores, órgano que representa los intereses de los ahorradores, las auditorías se encuentran en proceso aunque retrasadas en tiempo, por lo que existe el temor fundado de que los plazos no se cumplan y lo que es mas grave, que los bienes del señor José Cirilo Ocampo no alcancen para cubrir los saldos a todos los ahorradores. Por ello, nos permitimos proponer lo siguiente: Primero, nos sumamos a la propuesta que hicieron nuestros compañeros diputados, de integrar una comisión especial plural para dar seguimiento y vigilar estrictamente el cumplimiento del compromiso adquirido por el gobierno federal de liquidar, vía el fideicomiso, a los acreedores en el plazo fijado. Segundo, que la LVIII Legislatura emita un pronunciamiento público de respaldo a los afectados por el magno fraude, que firmado por todas las fracciones parlamentarias fortalezca la pronta solución del problema. Tercero, tomando en consideración que el sistema financiero del sector social en México cuenta con un marco jurídico deficiente, contradictorio y no adecuado a su naturaleza solidaria, es importante que la presente Legislatura retome la iniciativa que fue presentada en la pasada Legislatura, denominada Ley de Sociedades Cooperativas de Servicios Financieros, para que previo consenso sea aprobada lo antes posible y evitar en lo sucesivo problemas de esta naturaleza y a la vez fomentar el ahorro de los mexicanos. Y, cuarto, finalmente proponemos que en congruencia con los compromisos asumidos por el Partido Revolucionario Institucional en la pasada campaña federal, que sea el gobierno federal quien asuma subsidiariamente la responsabilidad del pago a los ahorradores en caso de que los bienes asegurados por la Procuraduría General de la República para este fin, no sean suficientes para cubrir el total de lo defraudado, dando prioridad a aquellos ahorradores cuyo monto no exceda de los 100 mil pesos, y para tal efecto se tomen las medidas correspondientes en el Presupuesto de Egresos del año 2001. Y último punto: que previa investigación exhaustiva de los hechos, se castigue a quien resulte responsable, independientemente de que se trate o no de funcionarios públicos. Es cuanto, señor Presidente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------