La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Gracias, presidenta, con su permiso. Este dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable tiene el objetivo de contribuir a la conservación del medio ambiente, a evitar incendios, la tala ilegal y la corrupción en el cambio de uso de suelo forestal. Esta iniciativa surge de la preocupación por la grave pérdida de superficie natural del territorio mexicano, para dedicarla a actividades forestales, agrícolas y ganaderas, fenómeno que es considerado como el más importante de los problemas ambientales en el mundo. México, además, es uno de los países que tienen un mayor índice de deforestación. De acuerdo con informes de la Profepa, la tala clandestina en México ya representa el 8 por ciento, asociada a factores como la insuficiente capacidad operativa para la correcta aplicación de la legislación forestal y ambiental, la sobrerregulación y restricciones para incorporarse al aprovechamiento forestal, la corrupción, fallas también en la aplicación de justicia, ausencia de controles suficientes y adecuados de mercado, y más recientemente la delincuencia organizada. Bajo ese contexto la operación de programas sociales, como lo es Sembrando Vida, que se centra en el fomento de actividades agropecuarias, nos ha puesto en alerta sobre la necesidad de fortalecer el marco jurídico de esta ley, para evitar que los programas de desarrollo social o de fomento agropecuario impliquen un incentivo al cambio de uso de suelo de zonas forestales. Como todos sabemos, el programa Sembrando Vida es uno de los programas prioritarios de esta administración. Se trata de un programa de bienestar social, cuya población objetivo son sujetos agrarios en sus localidades rurales, impulsando su participación en el desarrollo rural integral. Sin embargo, a casi dos años de la ejecución de este programa se ha registrado una preocupante devastación de superficies considerables de selvas y de bosques, en donde se han hecho visibles las inconsistencias de este programa, pues este no se desarrolla con una visión integral, sino con una visión desligada del aspecto ambiental. Esto ha provocado que nuestro país sufra una grave pérdida de superficie natural, llevando a cabo diversas deforestaciones en bosques y selvas para cambiar el uso de suelo forestal por actividades agrícolas y así obtener un apoyo económico de este programa. A pesar de que este programa está dirigido al apoyo de actividades agropecuarias y tiene un impacto directo en zonas de bosques y selvas, no existen mecanismos adecuados de coordinación de la Secretaría de Bienestar con la Semarnat y con la Sader que permitan evitar que se incluyan en el programa parcelas o áreas de bosques que hayan sido limpiadas mediante el uso del fuego, tala o desmonte por cualquier actividad humana. En este sentido, hay un claro riesgo de que estos programas sean contradictorios a la política de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y del Acuerdo de París, al incentivar de manera directa el cambio de uso de suelo de zonas forestales por zonas de uso agrícola. Actualmente, en esta ley ya se establecen prohibiciones para otorgar apoyos para actividades agrícolas en terrenos forestales y que no hayan sido autorizados por Semarnat. En este sentido, me parece importante ampliar esta prohibición a cualquier dependencia federal, estatal o municipal, así como la obligación de que se celebren convenios con otras instancias de gobierno federal que destinen apoyos para el desarrollo del sector rural, a fin de evitar la deforestación y la degradación. Con esta iniciativa que se presenta y que además se trabajó en conjunto con Semarnat y con Conafor, se evitarán prácticas que han llevado a la destrucción de superficies de bosques y selvas para destinarlos a otras actividades. Considero necesario seguir en esa vocación de velar por la naturaleza, sobre todo en la regulación del manejo integral y sustentable de los ecosistemas forestales. De antemano, agradezco muchísimo su voto a favor. Muchas gracias.