El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, el presente año comenzó con registros de incrementos sustanciales en los precios de la gasolina en diversos puntos del país. El alza de los precios proviene del incremento del impuesto IEPS considerado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el Ejercicio Fiscal del 2018. Si bien Petróleos Mexicanos argumenta que no existen motivos que justifiquen un incremento brusco de los combustibles, puesto que las fórmulas que determinan los precios de las gasolinas al mayoreo contemplan mecanismos propios que reducen su volatilidad. La realidad, independiente de las razones que motivaron los aumentos, recae sobre los consumidores mexicanos, quienes son los sujetos obligados a llevar la carga de los aumentos a través de su consumo. La liberalización de los precios de las gasolinas fue un elemento contemplado en el proceso de reforma constitucional que se llevó a cabo en el 2014, con el fin de dar apertura al sector energético mexicano. El proceso que surgió a raíz de la llamada reforma energética tomó en consideración un periodo de tres años, que finalizando en 2017 marcaría el inicio de la libre flotación en los precios del combustible a lo largo del país. Durante los ejercicios fiscales de 2016 y 2017, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estableció mensualmente una banda con valores mínimos y máximos para los precios de las gasolinas de menos de 92 octanos, para la de 92 octanos o más y para el diésel, con referencia en los valores internacionales de estos activos. Para 2018 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene contemplada una política de libre flotación, donde todo proveedor autorizado podrá fijar sus propios precios a partir de los costos reales de su operación. Desde el 2018 las instituciones gubernamentales no podrán fijar los precios de las gasolinas, lo cual reduce la certidumbre a los consumidores respecto de un producto esencial para sus propias actividades. Integrantes de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros han llegado a argumentar que los precios que antes mantenía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público eran virtualmente artificiales, pues respondían más a una lógica política que al verdadero costo de los combustibles adquiridos en el mercado internacional. Con la liberalización el principal factor en los precios establecidos era precisamente el costo de la gasolina en el extranjero, pues una proporción considerable de la oferta nacional que se consume proviene actualmente del exterior. Este hecho incontrolable para la administración pública tendría que motivar la búsqueda de vías alternas con el fin de proveer a la ciudadanía el mejor servicio y el costo posible. De acuerdo con Rafael Gómez Ramón, director general de Quejas y Conciliación de la Profeco, desde inicios del año solo es posible establecer denuncias en lo que a precio se refiere, en función de que el proveedor o gasolinera no haya surtido litros completos o correspondientes al precio indicado en el momento de la transacción. La vigilancia que actualmente sostiene la Profeco, por lo tanto, se encuentra orientada a la revisión periódica de las bombas de servicio y a la resolución de conflictos surgidos por errores en el precio. Sin embargo, mayores consideraciones son necesarias para lograr obtener una protección más integral al consumidor y hacer frente a los incrementos aislados que puedan encontrarse con proveedores locales. Por lo tanto, solicitamos respetuosamente que la Profeco amplíe los esfuerzos que puede realizar para reducir y castigar el uso de prácticas predatorias que puedan generarse a partir de esta coyuntura y detectar, por ejemplo, alzas ilegales acordadas entre distribuidores y proveedores locales a los precios de la gasolina. Y es que, desafortunadamente, la apertura de la industria de provisión de combustibles no solo permite la existencia de precios ajustados a la oferta internacional, sino también de nuevos espacios en los cuales pueden generarse prácticas desleales que perjudiquen al consumidor. La protección de los consumidores mexicanos debe ser integral y especialmente rigurosa en el contexto en el que nos encontramos. Por lo tanto, esperamos contar con su apoyo. Es cuanto, señor presidente.