La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Este dictamen propuesto por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, tiene un simple propósito: hacer cumplir con lo dispuesto en el artículo transitorio segundo del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Simplificación Orgánica. Esta iniciativa orientada a cumplir con el mandato de simplificación orgánica promete una asignación más eficiente y eficaz de recursos para combatir la pobreza y la desigualdad. El eje de esta reforma es la transferencia de las funciones del extinto Coneval al INEGI, con ello, se da continuidad legal y operativa a la extinción del Coneval. Esta medida es impulsada por el deseo de eliminar redundancia y optimizar las estructuras gubernamentales, busca consolidar la evaluación de la política de desarrollo social dentro del ya sólido marco de recopilación y análisis de datos del INEGI, al confiar al INEGI esta responsabilidad. El gobierno busca aprovechar la experiencia y la infraestructura del instituto para garantizar evaluaciones precisas e integrales de la pobreza, cumpliendo con el mandato constitucional de reorganizar las estructuras del gobierno, para evitar duplicidades funcionales, reducir gastos innecesarios y garantizar el uso racional de los recursos públicos. El decreto propuesto presenta una visión convincente para un enfoque más eficiente y eficaz del desarrollo social en México. Al optimizar las estructuras gubernamentales empoderar al Inegi y promover una mayor transparencia y rendición de cuenta, esta iniciativa tiene el potencial de mejorar significativamente la vida de las poblaciones vulnerables. Los ajustes cuidadosamente considerados a la legislación vigente, junto con la evaluación de impacto neutral en costos refuerzan aún más los argumentos a favor. No se trata de pequeños ajustes ni cambios graduales, se trata de un cambio de paradigma. Durante demasiado tiempo nuestro enfoque del desarrollo social se ha visto obstaculizado por esfuerzos fragmentado. Para los que dicen que se harán evaluaciones a modo, les decimos que están poniendo en duda a una institución con autonomía técnica y de gestión que ha suministrado a la sociedad y al Estado información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. A efecto de coadyuvar en el desarrollo nacional, bajo los principios de accesibilidad, transparencia, objetividad e independencia. Compañeras y compañeros, seamos claros, esta iniciativa no implica debilitamiento alguno de las herramientas de evaluación como lo han venido diciendo. Por el contrario, fortalece su base metodológica, evita duplicidades y promueve una nueva forma de entender la política social, centrada en resultados y en evidencias claras para todas y para todos. Además, se aclara el alcance de las evaluaciones. El Inegi se encargará de la evaluación social, mientras que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público seguirá al frente de la evaluación del desempeño bajo el sistema de evaluación del desempeño. Aunado a ello, la reforma descarta conceptos obsoletos de la Ley General de Desarrollo Social, y adopta un lenguaje más inclusivo, congruente con los principios de igualdad sustantiva y no discriminación, establecidos en nuestra Constitución. Esta transformación legislativa tiene también un impacto simbólico, reconoce que el Estado no debe perpetuar estructuras ineficientes cuando puede reorganizarse con base en principios de racionalidad y austeridad republicana. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no nos podemos permitir que se mantengan órganos que ya no tienen razón de ser. No podemos defender estructuras que entorpecen el funcionamiento del Estado y que en lugar de servir al pueblo lo encarecen. Nuestros compañeros de la derecha dirán que se trata de una concentración de funciones, nosotros decimos que es una reestructuración necesaria, racional y eficiente. Este es el camino correcto, otorgar las funciones de evaluación y medición en una sola institución técnica, con capacidad operativa y autonomía constitucional permitirá una política social más efectiva, más focalizada y más sensible a la realidad del pueblo. No más despilfarros institucionales. No más simulaciones. Hoy fortalecemos la política social con rigor técnico, eficiencia presupuestaria y compromisos con la justicia. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidenta.