El diputado Eduardo Román Quián Alcocer: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: el Estado mexicano en su conjunto tiene la tarea de modernizarse y adecuarse a las realidades a las que aspira atender. El Poder Legislativo no debe eximirse de esta responsabilidad. En este sentido es menester recordar que la iniciativa que reformó diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de los diputados del PRI y del Verde que dio forma a la actual estructura gubernamental, se encaminó en este sentido y esta soberanía debe hacer lo propio. Al modificarse la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal la Secretaría de la Reforma Agraria se transformó en Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en razón de que una de las condiciones fundamentales para garantizar mejores hábitos para el crecimiento del país y el bienestar general de la población es el relativo al óptimo aprovechamiento del territorio nacional. Este cambio establece la concepción del desarrollo agrario como una de las funciones y responsabilidades de la nueva dependencia en razón de la cual el tema agrario dejará de abarcar exclusivamente el aspecto jurídico de la tenencia de la tierra para enriquecerse con la tarea de procurar el desarrollo social de quienes habitan los núcleos agrarios en el país, aplicando los preceptos agrarios del artículo 27 constitucional, así como las leyes agrarias y sus reglamentos administrando el registro agrario nacional, conduciendo los mecanismos de concertación con las organizaciones campesinas de las cuestiones relativas a límites y deslindes de tierras, ejidales y comunales, manteniendo la función de resolver conforme a la ley las cuestiones relacionadas con los problemas de los núcleos de población ejidal y de bienes comunales, y cooperando con la conservación de tierras y aguas en los ejidos y comunidades. En el Poder Legislativo tenemos la responsabilidad y el deber de dar cuerpo y viabilidad a las comisiones en las que se analizan, estudian y dictaminan aquellas iniciativas de ley o decretos formulados por los representantes populares, debiendo existir una correspondencia plena entre los trabajos que realizan las diferentes dependencias del Ejecutivo federal con las tareas legislativas que desarrollan las comisiones del Congreso por la naturaleza de las mismas que le exige funciones de fiscalización y control. Es por ello que estamos a favor de transformar la denominación de la Comisión de la Reforma Agraria por la Comisión de Desarrollo Agrario, para convertirla en un órgano legislativo moderno, actualizado, coherente y correspondiente, que atienda a la nueva configuración de México y del gobierno federal para velar por la población que vive y trabaja en el campo, y para resolver los nuevos desafíos que el mundo rural plantea, como la acelerada conversión de tierras de uso agrícola, ganadero o forestal en terrenos urbanos. Los alcances del término reforma agraria en la actualidad, han perdido un contexto correspondiente con la realidad, y pareciera referirse más a un proceso generado a partir de las desigualdades existentes a principios del siglo pasado. Entre quienes trabajan en el sector agrario, motivo por el cual al término de la revolución era necesario implementar un plan para ordenar la tenencia de la tierra; sin embargo, el marco normativo y constitucional ha cambiado. El reparto de tierra ya no es el principal objeto de las acciones para explotar el campo, sino propiciar su desarrollo mediante otro tipo de acciones como la política pública. Es en función de los argumentos expuestos que en el Partido Revolucionario Institucional apoyamos el dictamen que se presenta, lo celebramos y lo suscribimos. Muchas gracias.