EL C. DIP. DON FRANCISCO JAVIER VALDEZ DE ANDA: Con la venia de la Presidencia. En la celebración el día de ayer del LV Aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y siendo congruente con ello, me permito presentar a esta soberanía la iniciativa para abolir la pena de muerte en nuestra Carta Magna. El suscrito, Francisco Javier Valdez de Anda, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de esta Quincuagésima Novena Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar para su análisis y dictamen la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 14 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos. La reacción jurídico penal es la respuesta que el legislador, como representante de una comunidad, prevé en aquellos casos en que se lleve a cabo conductas que atenten contra los bienes jurídicos fundamentales del hombre y que se determinará al caso en concreto por la autoridad oficial y consistirá en la privación de bienes o derechos del sujeto infractor, llevada a cabo por la autoridad ejecutora. A la pena se le asignan diversas finalidades, ya que mientras algunos ven en ellas un sufrimiento, otros la consideran como un medio de reforma y readaptación, y no faltan los que creen que es una mera venganza legalizada, pero es necesario convenir que por más que en nuestros tiempos se haya intentado restarle todo carácter aflictivo, la pena es un padecimiento. En conclusión, la mayoría de los autores señalan, que son cuatro los fines de la pena: retribuir mal por mal, expiar la culpa, lograr la prevención general mediante la ejemplaridad y corregir al delincuente. En cuanto al ordenamiento jurídico mexicano, nuestra Carta Magna establece en el último párrafo del Artículo 22 que la pena de muerte podrá imponerse al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Cabe señalar que la pena de muerte encuentra su justificación en las teorías retribucionistas, las cuales afirman que es una exigencia profunda e incoercible de la naturaleza humana, que el mal sea retribuido con el mal, como el bien merece su premio, para esas teorías el delito es un mal causado y su autor debe ser sometido a la expiación de ese mal. Sin embargo, la idea de la retribución ha sido ya duramente cuestionada por diversos autores, destacando las objeciones que formula en su contra Klaus Rocín (?), quien estima que la teoría retributiva no puede justificar la pena estatal, entre otras razones, porque no queda claro bajo qué presupuestos la culpabilidad humana autoriza al Estado a castigar, o en palabras del criminólogo Hamburgo Siver (?) la pena de muerte como una total extinción del condenado, exige una culpabilidad absoluta e indivisible del autor. Por otra parte, quien afirme la absoluta culpabilidad de un autor, debiera ineludiblemente demostrar la absoluta libertad de la voluntad del mismo. El reconocimiento de una culpabilidad jurídico-penal, es por consiguiente un concepto en el marco de la ciencia experimental relativamente desarrollado, por lo que es inadecuado el imputar una absoluta culpabilidad. Con lo antes expuesto, salta a la vista que el pensamiento retribucionista, no justicia ni legitima de forma alguna, la aplicación de la pena de muerte. Por otra parte, es evidente que la pena de muerte no puede cumplir, en caso alguno, una función preventivo especial, en el sentido de cumplir efectos resocializadores, pues su imposición elimina absolutamente desde una principio, las posibilidades de resocialización del condenado. La pena de muerte se cierra desde un principio y de forma arriesgada, a permearse de los principios que sostiene la posibilidad de mejoramiento del delincuente. Ya desde 1764 el jurista italiano César Beccaria, señaló que el Estado otorga a sus ciudadanos un mal ejemplo por medio de las ejecuciones de la pena de muerte, pues de esta forma los ciudadanos no somos intimidados, sino más bien incitados a utilizar ellos mismos la violencia. En la misma dirección apunta un estudio neoyorkino de 1980, del cual se desprende que entre 1903 y 1963, después de cada ejecución hubo un aumento de dos asesinatos por mes, por lo que la afirmación invocada por los defensores de la pena de muerte, de que ésta ayuda a la intimidación de la colectividad no es verdadera. Si la función del Derecho Penal, tal y como entre tanto se ha reconocido en forma general consiste en la protección subsidiaria de bienes jurídicos, no debe el cumplimiento de esta tarea, ayudarse de una pena que contradiga en los resultados, a esa meta social. Como legisladores no podemos permitir una disposición legal que atente contra la vida de las personas continúe vigente en nuestro país, tomando en cuenta además, efecto de la pena de muerte es irreversible. Un condenado a la pena privativa de libertad puede por medio de la prueba de su inocencia, ser absuelto. Esto no sucede con la pena de muerte en la que se corre el peligro de generar víctimas inocentes. Remontémonos a los antecedentes del artículo 22 constitucional. Cabe señalar que en el Congreso Constituyente de 1856, se dio un fuerte debate por quienes definían a la pena de muerte como un verdadero asesinato que la sociedad comete en uno de los individuos, sin tener para ello el menor derecho. Se dijo en aquel entonces que la venganza no debe entrar jamás en las instituciones sociales; la justicia debe tener por objeto la reparación del mal causado y la corrección y mejora del delincuente. Y nada de esto se logra con ofrecer al pueblo espectáculos de sangre que sirven sólo para desmoralizarlo. Finalmente en el artículo 23 de la Constitución Política de la República Mexicana, sancionada por el Congreso Constituyente el 5 de febrero de 1857, quedó establecida la abolición de la pena de muerte, en tanto el Poder Administrativo estableciera a la mayor brevedad el régimen penitenciario. Por lo que la intención era suprimir la pena de muerte en la medida que se fueran estableciendo penitenciarías en los principales puntos de la República Mexicana. Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos aprobada por la Cámara de Senadores y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de mayo de 1981, establece en su artículo 4o. el derecho a la vida y señala que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, estando este derecho protegido por la ley. En términos del artículo 18 constitucional, el sistema penal mexicano se organiza sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios de readaptación social del delincuente. En este proceso de revisión sustantiva de nuestro marco constitucional, es fundamental entrar en un tema que deberá revisarse, ya que permitir que continúe vigente una disposición que autoriza imponer la pena de muerte, constituye una tentación para aquéllos que con ideas de corte retribucionista, quieran imponerla. Es, señores diputados, por lo anteriormente expuesto y fundado, que someto a la consideración de este Pleno la siguiente reforma constitucional: "Artículo 1, único, se reforma el artículo 14 constitucional para quedar como sigue: Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Se reforma el artículo 22 constitucional para quedar como sigue: Queda prohibida la pena de muerte, ninguna ley podrá establecerla. Artículo transitorio. UNICO. El presente decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, en el día de su presentación. Muchas gr acias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra la diputada Socorro Díaz Palacios, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática,. para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, a fin de incorporar el enfoque de género.