El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: es muy grave lo que está sucediendo en el país. En tres meses el país y el mundo han sido testigos de tres casos de abuso de poder con efectos letales, donde los actores principales son integrantes de las fuerzas armadas de los tres órdenes de gobierno del Estado mexicano. Sucedió en Tlatlaya, con el ejército mexicano, donde un grupo de 22 civiles armados, que después de haberse rendido fueron ejecutados extrajudicialmente. 10 días después, en el municipio de Atlixco, Puebla, la policía estatal disolvió una manifestación de campesinos y pobladores de San Bernardino, donde perdió la vida un menor de edad a consecuencia de ello. Finalmente, el 26 y 27 de septiembre el hecho más indignante, Un grupo de policías municipales y de integrantes de una agrupación delincuencial atacaron, en el municipio de Iguala, a un grupo de estudiantes de la escuela normal, con un saldo de seis personas muertas, 19 heridos y 43 estudiantes desaparecidos. De estos últimos lamentablemente los indicios apuntan que 29 de ellos habrían sido ejecutados y depositados en tres tumbas clandestinas en el mismo municipio. Estamos hablando de tres hechos en tres estados diferentes del país con tres gobiernos de signo político distinto, cuyas fuerzas de seguridad se han visto involucradas en hechos de represión y exterminio. Así de grave y descompuesta está la situación en el territorio nacional y la crisis de seguridad que atraviesa el país. La reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública arroja resultados terribles; desmiente el optimismo oficial sobre los presuntos avances en el combate a la inseguridad. El tema de la violencia y la inseguridad salió del discurso oficial y de los medios de comunicación, pero no de la realidad ni de la preocupación de las familias de los mexicanos. El año pasado, mientras en este recinto se aprobaba y se jactaban de las reformas estructurales que presumiblemente sacarán al país del subdesarrollo, allá afuera hubo una especie de guerra civil irregular, donde un grupo se dedicó no sólo a asesinar, sino sobre todo a secuestrar y extorsionar a otros mexicanos como nunca antes en el país. Se registraron el año pasado 132 mil casos de secuestro, 361 por día; es impresionante. Por esa razón hoy nos preocupa lo que pasa sobre la violencia en el país, donde se está sufriendo una mutación y de ello damos cuenta de la barbarie que hay y que hubo en estos estados, particularmente en Iguala. Comete el delito de genocidio escúchenlo bien el que con el propósito de destruir total o parcialmente a uno o más grupos nacionales o de carácter étnico, racial o religioso, perpetren por cualquier medio delitos contra la vida de miembros de aquellos, o impusiese la esterilización masiva con el fin de impedir la reproducción del grupo. Por tal delito se impondrán de 20 a 40 años de prisión y multa, y cuando se trate de funcionarios públicos se agrava la pena. Se está frente a un grave problema de genocidio. En la barbarie de Iguala, están dadas todas y cada una de las situaciones de un crimen de lesa humanidad: 1o. Hay una destrucción parcial de un grupo nacional como son los estudiantes de origen humilde, rural e indígena de la Escuela Normal de Ayotzinapa. 2o. Se perpetraron ataques a la integridad corporal y a la salud mental de sus miembros. 3o. El hostigamiento sistemático confirmado y prolongado al que ha sido sometido este grupo estudiantil a lo largo de los últimos años por parte de diferentes instancias oficiales, ha sido impresionante. 4o. La participación directa de funcionarios públicos en la planeación y perpetración de estos hechos es inadmisible. Frente a esta barbarie ciudadanos legisladores, no sé si baste crear la comisión, lo que estamos evidenciando es que son crímenes de lesa humanidad, lo establece el Código Penal Federal y lo establecen también 11 tratados internacionales sobre derechos humanos, no sólo lo previene el Código Penal Federal el delito de genocidio, sino también instrumentos internacionales como la Convención para la prevención y sanción de delitos de genocidio y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. No permitamos, yo creo que la comisión no puede ser una comisión más. Tampoco me parece correcto que se esté frente a un asunto ordinario en donde la disputa por quien preside pareciera ser el tenor de esta discusión, no es así; no es quién lo presida, sino los alcances de esta comisión. Yo no tengo confianza ni en el PAN ni en el PRI ni en ningún grupo parlamentario que durante mucho tiempo han siempre intentado ocultar este tipo de crímenes. No es el tema de fondo. El tema de fondo es llegar hasta las últimas consecuencias. Frente a estos hechos lamentables, indignos de barbarie de la humanidad contra jóvenes indefensos y jóvenes estudiantes de escasos recursos económicos no puede callarse esta Legislatura. Lo dijimos el martes pasado, el jueves insistimos, que era indispensable constituir la comisión. Ahora no podemos regatear la integración de esta comisión, necesitamos que al frente de ella o como integración de ella haya hombres dignos e íntegros y mujeres dignas e íntegras que no permitan que se quede en la impunidad este hecho. Podría incluso el colectivo decidir sin que haya presidencia de la comisión. Eso no es problema, que se tomen decisiones colectivas sería lo correcto y lo pertinente. No me parece tampoco una gran discusión de ahora impugnar a quienes vayan a ser los que presidan. Nosotros no estamos de acuerdo ni nunca votamos a favor de que el PAN presidiera, pero tampoco sería correcto que la presidiera el PRI o cualquier ot6ro que estuviera involucrado en los hechos. Nosotros consideramos que debiera ser una gente íntegra en esta Legislatura quien pudiera estar al frente y, sin embargo, coincidimos en que pudieran ser la toma colectiva de decisiones. Lo que sí debemos hacer es que no quede sepultado en la impunidad un hecho tan vergonzoso que está dando la vuelta al mundo como un ejemplo pernicioso del país. No es el presidente municipal, no es del gobernador del estado, es el país, es el Ejecutivo federal, es el gobierno mexicanos quienes están sentados en el banquillo de los acusados en la justicia internacional. Ése es el tema de fondo y por eso no puede pasar por desapercibido ni reducirnos a la disputa de quien presida o integre esta comisión. Muchas gracias.