La diputada Angélica Moya Marín: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres. Hablar de violencia feminicida es hablar de impunidad acompañada de sufrimiento y represión continua hacia la mujer, tanto por la sociedad como por el Estado, en el ámbito público y privado. De acuerdo con la publicación La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias, 1985-2014, de ONU Mujeres, el Inmujeres y la Secretaría de Gobernación, tan solo en 2014 ocurrieron 2 mil 289 casos de defunciones femeninas con presunción de homicidio. En el año anterior, 2013, las estadísticas señalan la ocurrencia de 2 mil 594 mujeres asesinadas en México, pero hoy el caso que más preocupa en todo el país es el caso del estado de México. En los últimos años, la ola de feminicidios en el estado de México ha alcanzado dimensiones sumamente alarmantes. Lamentablemente, la tendencia creciente no se ha revertido y el gobernador, Eruviel Ávila, se ha dedicado a minimizar este grave problema social. Quisiéramos ver al gobernador de la entidad mexiquense anunciar qué se ha hecho en contra de la violencia hacia las mujeres y para frenar los feminicidios, y en cambio estamos viendo que anuncian muchísimas cosas más que está haciendo el gobierno, pero de este tema hace silencio total. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, de 2005 a la fecha cerca de mil 500 mujeres fueron asesinadas con exceso de violencia en esta entidad, convirtiéndola en el estado más peligroso para las mujeres, tan solo en el último año la cifra de homicidios de mujeres en la entidad fue de 263. Es un dato verdaderamente inaceptable y no lo decimos por cuestiones estadísticas, sino porque el gobierno no puede hacerse de la vista gorda ante el asesinato de tantas mujeres pretender que no pasa nada o se trata de casos aislados. Por ello es que a nivel nacional se implementó uno de los mecanismos más importantes para prevenir, atender y sancionar esta violencia extrema contra las mujeres en nuestro país, que es la alerta de violencia género. Este mecanismo está instituido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y regulado por su reglamento y se define como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea que esta sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. De acuerdo con información oficial, el día de hoy se ha declarado la alerta de violencia de género en 11 municipios del Estado de México, ocho municipios del estado de Morelos, 14 del estado de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León y 11 de Veracruz. No obstante que el mecanismo de la alerta de violencia de género se ha aplicado para instituir acciones de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida a nivel municipal, lo cierto es que la ley vigente señala que la Secretaría de Gobernación hará la notificación de la declaratoria de alerta de violencia de género al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, dejando de lado a la autoridad municipal correspondiente. Acción Nacional reconoce la necesidad de impulsar acciones que contribuyan a garantizar en el ámbito municipal el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y su igualdad de acceso a las mismas oportunidades que los hombres. Por ello, coincidimos con la propuesta de dictamen que se busca instituir, que a la Secretaría de Gobernación ya no solo corresponda notificar la declaratoria de alerta de violencia de género al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate, sino también a los ayuntamientos correspondientes. Estamos ciertos de que lo anterior sin duda evitará que algún orden de gobierno pretenda hacer caso omiso a sus responsabilidades, producto de tal declaratoria y, junto con ello, las acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia contra las mujeres, a garantizar la seguridad de las mismas, al cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por normatividades que agravien sus derechos. Compañeras y compañeros, la experiencia nos ha hecho ver que de poco nos sirve se proclamen nuestras libertades civiles y políticas, nuestro derecho a la educación o a la salud, si no se nos garantiza con anterioridad, nuestro derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física y psíquica. Es decir, nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia. Es esencial que nuestro orden jurídico haga partícipe a todos los órdenes de gobierno en los mecanismos para detener la violencia de la que son víctimas muchas mujeres, para sancionar a quien resulte responsable, pero también para prevenir nuevos actos de violencia en su contra y así lograr erradicar este lacerante mal social. Admitámoslo, no se trata de un asunto moral, hay que crear instituciones, hay que despertar una ética política que disuade y castigue la violencia contra las mujeres. Por todo lo anterior, votaremos en favor del dictamen, esperando, por supuesto, que los estados, los municipios en donde se ha declarado la alerta de género, como los municipios mexiquenses, sean conscientes de todo lo que está sucediendo en contra de las mujeres, y por eso vayamos a favor de este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.