La diputada Luz Estefanía Rosas Martínez: Gracias. Donde además se le adicionó un impuesto indirecto denominado impuesto especial sobre la producción y servicios. No puedo omitir reconocer a nuestros 102 diputados de izquierda que en aquel 2013 lucharon para evitar los efectos negativos de la reforma, que a 5 años de políticas neoliberales tienen los siguientes resultados: primero, que el subsidio a los combustibles ocasionó un beneficio a los segmentos más ricos de la población. Segundo, que la liberación de las gasolinas generó impactos negativos a toda la población mexicana sin que existiera un efectivo mecanismo de redistribución de la riqueza. Ante este panorama y en congruencia con la lucha de mi partido vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa integral en contra del llamado gasolinazo. Esta propuesta tiene cuatro aspectos principales: primero, mecanismos efectivos para disminuir el precio de los combustibles, eliminando los impuestos que acrecientan su costo. En pocas palabras, eliminar el IEPS. Segundo. Establecerle una tasa cero a combustibles como el diésel para incentivar el uso de transporte público y disminuir el costo en la transportación de mercancías. Tercero. Establecerle una tasa cero a combustibles de menos de 92 octanos, a fin de favorecer a los que menos tienen en su transportación, pero dejando fuera de esta tasa a la gasolina utilizada para autos de lujo. Cuarto. La incorporación de los delitos cometidos en contra de la distribución de gasolina, conocidos como huachicol, dentro del catálogo de delitos que ameritan de forma oficiosa prisión preventiva. El impacto presupuestal de esta propuesta es mínimo a la hacienda federal e inversamente proporcional al beneficio directo al ciudadano. De conformidad con los datos de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al corte del segundo trimestre de 2018, es decir, de enero a junio, la recaudación por el concepto de impuesto especial sobre producción y servicios para combustibles automotrices tuvo una disminución real de 35.6 por ciento respecto a lo recaudado en el mismo periodo durante el año anterior. Aunado a esto, el próximo gobierno ha manifestado la implementación de un plan de austeridad y reasignación presupuestal con el cual prevé ahorros por 132 mil millones de pesos, únicamente por concepto al capítulo 1000. Y si adicionamos los ajustes presupuestales de esta Cámara de Diputados con un monto mayor a 400 millones de pesos, tenemos una importante bolsa económica que hasta el día de hoy no cuenta con un proyecto claro. Por tal motivo, encontramos nuestra propuesta oportuna, viable y adecuada en beneficio de los mexicanos. Derivado de lo anterior propongo: Primero. La derogación de la fracción D, así como los numerales 3 y 5 de la fracción H, todos del artículo 2o. Y derogar el artículo 2-A para eliminar el impuesto especial a la producción y servicios de la ley en la materia. Segundo. Adicionar el inciso j) a la fracción I del artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para aplicar la tasa del 0 por ciento a los combustibles automotrices de gasolinas de menor a 92 octanos y del diésel. Tercero. Adicionar el inciso XI) al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para considerar como delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa los previstos en los artículos 8o., 11, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. Bajo este contexto sostenemos que no existe mejor política pública de austeridad republicana que aquella en que se beneficia a los mexicanos que menos tienen y se incentiva la actividad productiva del país. La realidad de esta Cámara de Diputados está en cumplir los compromisos de la palabra empeñada contra el gasolinazo. Compañeras y compañeros diputados, necesitamos hacer los cambios que la nación requiere. Es cuanto, señor presidente.