La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, compañeras, en México una vez más enfrentamos con dolor el cáncer de la inseguridad. En Acción Nacional queremos la paz, pero también queremos un país donde se respeten los derechos humanos y al sistema de libertades de todos los mexicanos. Por eso, en Acción Nacional nos manifestamos con nuestro voto en contra de la reforma que crea la Guardia Nacional. En primer lugar, como ya se ha dicho, estamos en contra de la creación de una Guardia Nacional porque es, en términos llanos, la formalización de la militarización de las tareas de seguridad pública. La palabra militarización ha sido un concepto tan llevado y traído en las discusiones acerca de la inseguridad, que se ha perdido su justa dimensión en el debate público. Durante muchos años quienes eran oposición y hoy son gobierno señalaron que la intervención de las Fuerzas Armadas para la preservación de la seguridad era una medida autoritaria, arbitraria y sangrienta. Es una paradoja que hoy propongan y defiendan una medida que en los hechos perpetuará esa militarización. En aquel momento la participación del Ejército mexicano para combatir la delincuencia organizada se planteó como una medida temporal y de emergencia ante la grave situación que enfrentaba el país en materia de seguridad, y a la situación de vulnerabilidad institucional de las corporaciones policiacas. A poco más de 12 años de distancia, hoy hablamos nuevamente de militarización, pero porque la medida que se instrumentó inicialmente como temporal y de emergencia se ha convertido en la salida cómoda y sencilla para el gobierno federal, para mantener indefinidamente a las Fuerzas Armadas realizando tareas de seguridad pública. Y hay que decirlo con todas sus letras: la creación de la Guardia Nacional es la renuncia explícita a construir mejores corporaciones de seguridad pública, es la claudicación del Estado para adoptar mejores prácticas en sus corporaciones policiales y atender el problema de la ineficiencia policial desde la raíz. Mantener durante un tiempo tan prolongado a las Fuerzas Armadas en el desempeño de labores de seguridad pública en un estado puede traer y ha traído consigo la aparición de nuevos problemas como la desaparición forzada de personas, el surgimiento de casos de ejecuciones extrajudiciales y la implementación de la tortura como medida generalizada. Todas ellas bien documentadas por distintos órganos internacionales. Y es lógico que esto surja derivado de la formación para que están hechas las Fuerzas Armadas. No están formadas para la captura de delincuentes y hacerlos comparecer ante las instituciones de impartición de justicia bajo los principios de derechos humanos. Por otro lado, también estamos en contra de la creación de la Guardia Nacional porque, lejos de resolver el problema de la inseguridad, crea un problema de competencias que terminará por dañar gravemente el pacto federal, pues, con ella se trasgrede de manera directamente la soberanía de los estados. Finalmente, estamos en contra de la creación de la Guardia Nacional, porque la flaqueza de sus controles y regulación significará abrir la puerta al atropello de distintos derechos humanos y principios jurídicos, porque si bien es cierto se ha realizado una modificación en el dictamen para que por un lado se establezca su adscripción a un mando civil, sus características de naturaleza militar permanecen intactas y con ello se podría y se va a dar el caso, de que se equiparen a policías civiles para colaborar dentro del sistema penal acusatorio y esto traería un grave riesgo dentro del proceso de investigación criminal al ponerse en tela de juicio el respeto al debido proceso y a los principios de legalidad. Es por ello que presentamos hoy esta reforma al artículo 21, que busca que no se cometa ese gran error al depositar en autoridades de instrucción y naturaleza castrense delicadas tareas en materia de investigación en el desarrollo del sistema penal acusatorio. Lo que se busca es que los elementos de esta Guardia solo actúen bajo la conducción del Ministerio Público, limitándose a su papel de primer respondiente y que de ninguna manera puedan participar en otras funciones, en algunas otras tareas en el desarrollo del proceso penal que deben estar reservadas a autoridades civiles formadas en los principios que rigen el sistema penal y la protección a los derechos humanos. Queremos paz en Acción Nacional, pero queremos paz en un sistema de libertades y queremos paz dentro de una democracia que respete la voz de las mayorías, pero también de las minorías. Es cuanto, presidenta.