La diputada María Teresa Rebeca Rosa Mora Ríos: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios tiene que ver con el diseño de una plataforma jurídica que atiende el fenómeno histórico de la migración hacia nuestro país. También el dictamen establece sanciones graves respecto del desempeño de los servidores públicos en el ámbito migratorio. Para todos debería quedar claro que los migrantes constituyen uno de los sectores más afectados por la política neoliberal. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario. No podemos soslayar que México se ha colocado entre los países con mayor índice de corrupción entre los países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De igual forma nuestro país figura en la lista de las naciones que violan sistemáticamente los derechos humanos de las personas, y en el caso que nos ocupa, de los migrantes. Ese fue el legado de las administraciones pasadas, el cual queremos erradicar de una vez y para siempre, para ser congruentes al levantar la voz y pedir que se respeten los derechos de nuestros connacionales necesitamos también respetar la integridad y los derechos humanos de los migrantes que entran a nuestro territorio. Como país de tránsito o destino, tenemos que asumir nuestra responsabilidad, nuestro compromiso ético y humanista. Como dice el dicho: no podemos ser candil de la calle y oscuridad en la casa. La función pública debe ser ejemplar y demostrar una auténtica vocación y actitud de servicio. Para ello es preciso asumir plenamente que antes que migrantes son seres humanos, y como tal, deben ser respetados. No podemos dejar a nuestros hermanos migrantes en manos del crimen organizado ni a la deriva. No podemos revictimizarlos convirtiéndolos en blanco de corrupción y maltrato. Estas acciones hoy son intolerables, sobre todo si son cometidas por un servidor público. Es necesario entender que una de las funciones sustantivas de las autoridades migratorias es salvaguardar los derechos humanos de las y los migrantes que se interna a suelo mexicano. De ahí que los servidores públicos deben ser íntegros y honestos, conducirse con rectitud y respeto pleno a los derechos humanos y fundamentales de las y los migrantes. El gobierno federal de la cuarta transformación, desde su inicio se ha caracterizado por una política humanista y humanitaria. Una política que se aleja del enfoque policiaco y de la criminalización del fenómeno migratorio. La cuarta transformación asume que no hay nada más legítimo que un ser humano vaya en busca de sus sueños y de una mejor calidad de vida, para lo cual desafortunadamente tienen que dejar atrás sus raíces y su tierra, porque dejarla atrás significa abandonar la miseria, la violencia y la exclusión que atentan contra su dignidad humana y ponen en riesgo su integridad física. Esta solidaridad y esta política que ha impulsado la cuarta transformación requiere garantizar en la ley que los servidores públicos se conduzcan con probidad, para lo cual es necesario imponer cuando la conducta lo amerite, sanciones ejemplares. De ahí que el dictamen a discusión incorpora a los servidores públicos relacionados con la materia migratoria al régimen de responsabilidades administrativas que les corresponde. Es cuanto.