EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Gracias señor presidente. En días recientes la sociedad mexicana fue testiga de la suscripción de un acuerdo entre la fundación Vamos México, A.C. y la maestra Elba Esther Gordillo, para producir y distribuir en las escuelas públicas del país, un documento denominado Guía para Padres. Este documento contraviene flagrantemente los principios constitucionales que debe regir la educación en el país, se trata de una visión parcial, moralina y no laica del proceso de enseñanza -aprendizaje. Es en los hechos un acto de suplantación de lo que le corresponde al Estado atender en ese terreno. El Estado Mexicano representado en ese acto por el Secretario de Educación Pública, fue un inadmisible convidado de papel, en una de sus principales, si no es que la principal tarea que le corresponde. Es decir, fijar las bases y las autorizaciones para la impartición de la educación, en cumplimiento de los altos principios que encuadra nuestro artículo 3o. constitucional. El hecho es aberrante desde cualquier punto de vista, pero tiene un agravante más que resulta determinantes: el inconstitucional convenio fue suscrito por quienes se atreven a vulnerar el orden legal sabiéndose impunes. Se trata de dos representantes de los poderes fácticos de nuestro país. Una, Elba Esther Gordillo, que no es ya secretaria general del SNTE, sino dirigente de un grupo político a su interior, por lo que suplanta la organización sindical de los maestros. Otra, la esposa del Presidente por la que nadie votó y no es funcionaria del Estado y quien ejerce un poder por encima de los constitucionales, a través de una asociación civil que como tal debe regirse por el Derecho Privado. Pero que sin embargo suplanta tareas de gobierno con la complacencia del Presidente, utilizando recursos federales y utilizando la influencia que significa su filiación. Tenemos al parecer, a un titular del Ejecutivo que no sólo es omiso, sino que promueve activamente el proyecto de su esposa y le canaliza recursos económicos del Estado para tal fin. Se trata de un proyecto, el de Martha Sahagún, de naturaleza política y de ambición personal. Situación que no tendría mayor problema sino se empleara para el mismo la infraestructura del Gobierno Federal. Este convenio no es el único de suplantación de las instituciones y de utilización de recursos públicos hacia fines privados que ha protagonizado la esposa del Presidente. Pero sí queremos que sea el último. Hasta ahora lo mismo ha usado monumentos históricos para hacer conciertos privados por los que cobra mucho; que viaja con toda la infraestructura del Estado para cumplir una agenda propia, personal, política; que acompaña o le acompaña el Presidente a reuniones oficiales para ser llamada "señora presidenta"; que entrega despensas del Gobierno Federal a nombre de su asociación, a damnificados y da seguimiento a casos que debe atender el Gobierno Federal; que hace que las tiendas de autoservicio cobren un sobreprecio a favor de su asociación. En fin, estamos en un momento en que hacemos algo como Estado o se estará gestando peligrosamente en nuestro país, el surgimiento de una dinastía gobernante que unida con el poder económico haga retroceder muchos años lo logrado hasta ahora en materia de democracia, de equilibrio de poderes, de estado de derecho. ¿Qué puede hacer el Congreso de la Unión para evitar en general y en el caso concreto del convenio entre la asociación civil de la esposa del Presidente y el grupo político de Elba Esther Gordillo, la posible utilización de recursos públicos y la suplantación de las instituciones del país? ¿qué podremos hacer al respecto? Proponemos con fundamento en el artículo 79 constitucional que la Cámara de Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación, lleve a cabo una auditoría que tenga por propósito investigar el uso de recursos públicos federales a la Fundación Vamos México, A.C. Aquéllos que piensan que una asociación civil no puede ser auditada por la Auditoría Superior de la Federación, deben saber que expresamente el artículo 79 fracción I, párrafo segundo establece: La Auditoría Superior de la Federación tendrá a su cargo cito: " también fiscalizará los recursos federales que ejerzan las entidades federativas, los municipios y los particulares". Además proponemos citar a comparecer al Secretario de Educación Pública, ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, para que explique lo concerniente a dicho convenio y el papel de la autoridad en materia educativa, el papel que la autoridad en materia educativa ha jugado en relación a la forma en que se suscribió dicho convenio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de este pleno el siguiente punto de acuerdo: Primero. Se solicita a la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados lleve a cabo una auditoría con el propósito de investigar el posible uso de recursos públicos federales a favor de la fundación Vamos México, Asociación Civil, con motivo de la publicación y distribución del documento denominado Guía para Padres y que fue objeto de un convenio con dirigentes de un grupo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Segundo. Cítese a comparecer al secretario de Educación Pública ante la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados para que explique el papel de dicha institución en la suscripción del convenio entre la fundación Vamos México, Asociación Civil y un grupo político del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como las acciones para conocer el contenido, evaluarlo y si se autorizó el mismo y la concordancia o no con el texto constitucional, así como los apoyos de infraestructura y de recursos que ha otorgado y/o comprometido dicha dependencia derivada de la suscripción del convenio. Firmamos este punto de acuerdo los diputados Martí Batres Guadarrma y un servidor. Por su atención muchísimas gracias.