La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, el día de hoy la Comisión de Gobernación y Población pone a su consideración un dictamen de la mayor trascendencia para la vida democrática en México, ya que por primera vez el Congreso de la Unión determina procedente y trascendente una petición de consulta popular. No se trata de un dictamen tradicional, en el sentido de que no deviene de una iniciativa ni promueve el perfeccionamiento de nuestro orden jurídico, sino que se enmarca en el proceso de aprobación de la consulta popular solicitada el 15 de septiembre de 2020 por el presidente de la República. Es un proyecto encaminado a que la ciudadanía exprese su opinión respecto de un tema de la mayor trascendencia para las mexicanas y los mexicanos. Las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos. Así, conforme a lo establecido en nuestra Constitución y en la Ley Federal de Consulta Popular nos corresponde como Cámara revisora dar continuidad a este proceso. En este sentido, conviene delimitar qué es lo que corresponde hacer al Congreso y lo que es materia de este dictamen. Nos compete determinar si existe o no trascendencia nacional y, en caso afirmativo, emitir la convocatoria, ordenar su publicación en el Diario Oficial de la Federación y notificar al Instituto Nacional Electoral. En contraste, no es competente el Congreso ni para pronunciarse sobre la constitucionalidad de la petición ni para modificar la pregunta aprobada por la Corte. En este sentido, el dictamen que hoy ponemos a su consideración esencialmente contiene: 1. Determina que es procedente la petición de consulta popular presentada por el presidente de la República, con la pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 2. Resuelve que la materia de consulta popular cumple con el requisito de trascendencia nacional, y 3. Considera procedente convocar a las ciudadanas y ciudadanos a participar en el ejercicio de consulta popular que se realizará el primer domingo de agosto de 2021. Ahora bien, al formar parte de la Carta de Derechos Fundamentales de las Personas, este mecanismo de democracia semidirecta permite al gobierno recibir con claridad un mandato directo y categórico de la voluntad popular, creando un vínculo de obligatoriedad. Se trata, pues, de dar voz y capacidad de decisión al pueblo, de reconocerlo como instructor y máxima autoridad, así este derecho humano se convierte en la herramienta que permite abrir discusiones prácticamente en cualquier aspecto político, favoreciendo a un gobierno más cercano a la ciudadanía, pues obliga a los representantes a responder a la vox populi. Además, es un medio para estimular la participación ciudadana y generar una sociedad políticamente activa, informada e interesada en la vida pública. Finalmente se ha demostrado en el plano comparado que su aplicación da eficiencia y legitimidad a los métodos de decisión pública política, fortaleciendo la vida institucional y la facultad de imperio del gobierno, los referéndums, consultas populares y otros instrumentos de democracia representativa y participativa que ayudan a definir con más precisión el contenido de las políticas públicas o a tomar con legitimidad decisiones fundamentales. En el pasado, se iniciaron formalmente al menos tres procesos de consulta popular, sobre la validez de la reforma energética, sobre el salario de funcionarios públicos y sobre la definición y conformación de familia. Todos se vieron frustrados por diversas razones, siendo el gran perdedor el pueblo, que vio truncada su capacidad de pronunciarse sobre estas cuestiones y se ha sentido desmotivado para ser más participativo, pues reconozcámoslo, el proceso está plagado de restricciones que hacen sumamente difícil ejercitar ese derecho humano. Es pertinente, aunque materia de un proceso legislativo independiente, revisar profundamente el marco jurídico de la consulta popular para hacerla un instrumento menos ajeno a nuestra realidad, más asequible. Por lo pronto, debe ser reconocido el derecho de las mexicanas y los mexicanos para pronunciarse sobre la consulta que hoy nos ocupa, por lo que los exhorto a votar a favor de este dictamen. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias a todos.