La diputada María del Carmen Izaguirre Francos: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Los servidores públicos tenemos encomendado un mandato constitucional que nos fue concedido por medio de la elección. Este mandato es otorgado por los ciudadanos a través del voto. Asimismo, existen servidores públicos a los cuales el mandato les es encomendado a través de designación presidencial para que funjan como sus representantes en la toma de decisiones. Estos funcionarios no son o no somos simplemente empleados o trabajadores del Estado en razón de que sus y nuestras funciones son esenciales y atañen al desarrollo del Estado. Para los ciudadanos es común observar cómo la administración pública es lesionada por la conducta delictuosa de algunos de sus encargados; por ello, en el momento en que un servidor público toma una decisión y no observa el cambio impuesto por la democracia nos enfrentamos a un problema no sólo ético, sino de legalidad y de cultura política. En el caso de nuestro país hemos observado que desde hace tiempo se ha incrementado el descrédito sobre la propia palabra política cuyo significado los ciudadanos lo han convertido en demagogia del poder. Es decir, el ejercicio de los cargos públicos está desgastado, es ineficiente e insuficiente. Por tanto, el actual reto es contar con un nuevo marco que oriente, facilite y permita a la administración pública ser más eficiente, promoviendo la implementación de políticas públicas que impulsen el crecimiento y la competitividad y, a la vez, constituyan el eje para superar los rezagos sociales de un importante segmento de la población. Por ello, es necesario establecer mecanismos que equilibren y controlen el ejercicio del poder político a través de instrumentos como la ratificación por parte del Congreso de los importantes cargos del gabinete. Asimismo, implantar al sistema político la figura de revocación de mandato. La rendición de cuentas y la transparencia son instrumentos que vienen aparejados con la revocación de mandato. Contribuyen sin duda en la construcción de nuevas formas de entender y ejercer los cargos públicos, vinculando en este sentido a la ética política, la cual comprende los principios o normas de acción que deben regir el comportamiento del político en su calidad de servidor público y, como responsable, en última instancia, del bienestar y seguridad de toda la población. Con la finalidad de no continuar sosteniendo a aquellos servidores públicos deshonestos, es imperativo que en México se implemente la figura de revocación de mandato. Pasando al tema de la ratificación de algunos miembros del gabinete por el Congreso, es fundamental y trascendental que se incluya al Congreso de la Unión en la designación de los miembros del gabinete, en razón de que el Poder Legislativo tenga medios para ejercer con mayor claridad su facultad de exigir a los secretarios de Estado en el momento en que comparezcan ante las Cámaras a informar sobre su desempeño, e incluso en la constitución de comisiones especiales para investigar sus actividades. No olvidemos que el Estado constitucional se contrapone a cualquier tipo de Estado totalitario, a cualquier ambición de verdad absoluta, a cualquier monopolio de la información e ideología totalitaria. El proceso de transición democrática de México, implica el paso aún inacabado de una determinada forma de entender y ejercer la política. Es imprescindible que el proceso democrático cumpla con ciertas restricciones éticas, poniendo límites al ejercicio de los cargos públicos. Por ello, amigas y amigos, el reto del futuro de México es abrir la administración pública a la coadyuvancia ciudadana, fomentando una participación activa en la toma de decisiones en los asuntos públicos. Contar con mecanismos de control, de rendición de cuentas y transparencia, como elementos que orienten de manera ética el ejercicio de los cargos públicos, poniendo límites al problema tan grande de la falta de honestidad. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor presidente.