El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Está la audiencia en este pleno muy pasiva, seguramente porque no hay gran interés en muchos de los temas que aquí se tratan. Y algo que nos preocupa es la manera en la que estos asuntos de la Comisión de Justicia, ya ocurrió en la sesión anterior, en la del martes, perdón, ahora en la del jueves, en donde hay dispensa de trámites. Y se ponen al conocimiento nuestro, claro, con aprobación del pleno, dictámenes que no han sido analizados debidamente por todas las diputadas y por todos los diputados. La intención del dictamen es positiva, se trata de sancionar con gravedad, como delito grave, la adulteración de bebidas alcohólicas, y en eso estamos de acuerdo. Lo que me parece a mí preocupante, es la tendencia cada vez creciente en la Comisión de Justicia, a considerar a todos los delitos no solamente como graves, sino también delitos inscritos en el marco de la delincuencia organizada. Como sabemos, cuando un delito se inscribe en el marco de delincuencia organizada, estamos hablando de una excepcionalidad en el sistema constitucional penal. Las personas que son sometidas a estos procesos de carácter penal por delincuencia organizada gozan de menores derechos que el resto de los procesados. Tienen menos garantía de audiencia, de defensa. Sus derechos procesales se encuentran restringidos. Esto tiene que ver con lo que la doctrina en materia penal ha llamado derecho penal del enemigo. Un derecho penal del enemigo que tiene poca coincidencia con el derecho penal de un estado constitucional y democrático. Entonces, nosotros por una parte, estamos de acuerdo en el dictamen para considerar delito grave a este delito de adulteración de bebidas alcohólicas. Pues parece que sí, que debe haber una penalidad mayor y una sanción dura por la comisión de estas conductas. Pero de ahí a considerarlo, como ocurrió el martes pasado con el delito de robo de hidrocarburos, como delitos de delincuencia organizada, me parece que nos conduce, que nos encamina a una tendencia en este país no solamente de endurecer las penas o para endurecer las penas, sino de transformarnos en una suerte de estado policiaco que a todos los delitos realizados por las personas se les clasifica ya como delitos de crimen organizado. Si seguimos por este rumbo o por este camino dentro de poco cualquier persona, que actualice una hipótesis típica del derecho penal, será considerada un terrorista, un delincuente del crimen organizado. Y esto desde luego implica restricción a las libertades, a los derechos humanos, a las garantías procesales de toda persona, al debido proceso constitucional y legal. Por eso, en lugar de votar a favor de este dictamen, llamo a que nos abstengamos, a que reflexionemos con mayor cuidado sobre este dictamen, que me parece muy preocupante y que sigue una tendencia indebida en el derecho penal de nuestro país. El derecho penal de nuestro país debe ser un derecho penal democrático, un derecho penal humanista, un derecho que tenga por propósito principal salvaguardar la libertad de las personas, salvaguardar la reinserción social de las personas y no considerar a todos los habitantes de este país como delincuentes del crimen organizado, y es lo que estamos haciendo con este dictamen. Por eso, por una cuestión de principio, me opongo al dictamen y anuncio que me abstendré en la votación correspondiente. Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.