EL DIP. ADALBERTO MADERO QUIROGA: Con el permiso de la Directiva, compañeras y compañeros legisladores: El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se estableció como una de las estrategias del Gobierno Federal, el fomento de la lectura en todos los grupos de la población, como una actividad fundamental de desarrollo cultural y educativo en todas sus vertientes. En el mismo instrumento de planeación se determinó la necesidad de establecer un marco normativo dirigido a crear las condiciones necesarias para reforzar e impulsar la Industrial Editorial Mexicana; producto de este impulso gubernalmental, es el Programa Integral de Fomento a la Lectura y el Libro, denominado "Hacia un país de lectores" que tiene entre sus finalidades, fomentar la producción, distribución y difusión de libros en colaboración con los sectores sociales y privados. Sin embargo, la Industria Editorial Mexicana sigue limitada en su crecimiento debido a factores económicos diversos, tales como el escaso número de librerías que hay en el país, la participación masiva y control que ejercen las editoriales extranjeras en el mercado nacional, situación que muchas veces no se justifica; la competencia desleal del sector editorial del gobierno, que además de monopolizar una parte considerable de la demanda, produce libros por arriba del costo del mercado, lo cual además de afectar los intereses de la industria privada, daña enormemente al erario público, un régimen fiscal desfavorable que ofrece pocos incentivos, son sólo algunas de las barreras estructurales que enfrenta este sector industrial. Es mínima la participación de la industria editorial privada en los planes editoriales del Estado, en las estancias federales y estatales, por lo que resulta urgente modificar esta situación que mantiene en el rezago a esta importante industria nacional, partiendo del supuesto de que la difusión de los valores, la educación en todos su niveles, el conocimiento científico y humanístico, así como la cultura y la recreación, se realizan fundamentalmente a través de libros, revistas e impresos, debemos de considerar a la industria editorial como un sector estratégico para el desarrollo social y cultural del país. Por consiguiente, fortalecer el crecimiento de este sector productivo y desgravar los candados que impiden su pleno desarrollo, debe ser una de nuestras principales prioridades para que se garantice no sólo una importante fuente de empleos, sino algo todavía, algo más trascendente, poder controlar con una industria nacional que responda a los intereses y las necesidades crecientes de la población mexicana, ya que en ella se deposita el conocimiento e información que contribuye para que nuestro país sea libre, independiente y democrático. Por lo anterior, se somete a la consideración del Pleno conforme a lo establecido al artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el siguiente Punto de Acuerdo Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita al Presidente de la República, el señor Vicente Fox Quesada, realice las acciones necesarias para fomentar la coedición de publicaciones en el Gobierno Federal y la Industria Editorial Mexicana. Segunda.- Cuando las dependencias u organismos descentralizados de la Administración Pública requieran editar algún libro o publicación periódica, invitarán por medio de licitación pública, a los integrantes de la Industria Editorial Mexicana. Tercero.- En los contratos de coedición se tratará de favorecer, aplicando un criterio de equidad, a las empresas editoriales mexicanas. Cuarto. El Gobierno de la República mantendrá informado al Congreso de la Unión, sobre los contratos de coedición que lleva a cabo con la industria editorial mexicana. Es cuanto señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias señor senador. Túrnese a la Segunda Comisión. Tiene el uso de la palabra la diputada doña Dolores Padierna Luna, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para una Proposición con Punto de Acuerdo, para que la partida asignada al Seguro de Gastos Médicos de los altos mandos de los tres Poderes de la Unión y de los órganos autónomos, pase al ISSSTE, etiquetada para la compra de prótesis y medicinas. -DIP. DOLORES PADIERNA LUNA: Sí, así es. Las y los legisladores tenemos el mandato de vigilar que los recursos públicos se apliquen eficientemente. Tenemos un gasto público con inercias de corrupción y de ineficacia, ante una crisis de las finanzas públicas que deberíamos de tomar decisiones de gran envergadura como la de eliminar privilegios y prebendas para nosotros mismos y para los altos funcionarios de otros poderes. Los usuarios del ISSSTE han hecho una dura crítica al servicio que presta esta institución: No hay medicinas; no hay instrumental médico; faltan prótesis; las instalaciones y el equipo está desgastado; entre otros problemas que impiden prestar un servicio digno a los Trabajadores al Servicio del Estado. Mientras que en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Auditoría Superior de la Federación, en el Poder Judicial, en el Poder Ejecutivo y en todos los órganos autónomos y desconcentrados, existen partidas presupuestales destinadas a pagar seguros de gastos médicos privados. Este seguro cubre los gastos médicos de los mandos, de sus cónyuges y de sus hijos. Los recursos presupuestales se registran en la partida 1406 del Presupuesto de Egresos y ascienden a 436 millones, 349 mil pesos en el Poder Judicial; 559 mil 148 millones en el Poder Ejecutivo, Legislativo y los órganos autónomos; y aproximadamente 210 millones 635 mil en los órganos desconcentrados; dando un total de 1 mil 206 millones 132 mil pesos, por supuesto no resolverían el problema estructural del ISSSTE, pero sí servirían para comprar medicinas y atender mejor a los trabajadores. El ISSSTE atraviesa por una crisis difícil, pero estos recursos en realidad, los de seguros médicos privados, se han convertido en un foco de corrupción y en una transferencia de recursos públicos para los hospitales privados. Son un jugoso negocio para quienes los administran; nunca se entregan cuentas, nunca se sabe cuántos funcionarios, magistrados o legisladores se enferman, salvo cuando se van a Houston y se arma el lío. Nunca se registran economías. Es obvio que se trata de un recurso que queda en manos de 6 ó 10 gentes de cada institución y son millones de pesos que quedan sin rendir cuentas. Además de que la seguridad privada provoca que en los servidores públicos haya de dos: de primera y de segunda. Y esto también ha derivado en insensibilidad de quienes toman decisiones, por eso han descapitalizado al ISSSTE y al Seguro Social, porque los altos funcionarios no se atienden en estas instituciones, sino que es la gente de escasos recursos, la de bajos salarios, la que acude a estas instituciones. Y esa debería de ser la razón por la cual nosotros, las y los legisladores, debemos de corregir los vicios y desviaciones presupuestales de los organismos públicos, porque la gente gana poco, no tiene para pagar servicios médicos privados y el servicio público debiera ser de alta calidad. La gente está solicitando más presupuesto para sus servicios de salud. Podemos comenzar con evitar el recurso mal aplicado a los servicios médicos particulares de todas las dependencias públicas que sólo benefician a los altos mandos y trasladarlo al ISSSTE para la compra de medicamentos. Ante ello propongo el siguiente Punto de Acuerdo: Que los recursos presupuestales incluidos en la partida 1406, denominada Seguro de Gastos Médicos, que reciben mandos medios y superiores de los tres Poderes de la Unión y de los órganos autónomos y desconcentrados, actualmente asignados a servicios privados, se transfieran en su totalidad al ISSSTE para la compra de medicamentos y sirvan para mejorar la atención médica de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es cuanto, señor Presidente. -