LA C. DIPUTADA CELIA MARTINEZ BARCENAS: Con su permiso Diputada Presidenta. Con el permiso de mis compañeras y compañeros Diputados. La que suscribe, Celia Martínez Bárcenas, Diputada Federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Fracción II del Artículo 71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Fracción II del Artículo 55º del Reglamento Interior para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa con proyecto de Decreto que adiciona un párrafo segundo al Inciso A) de la Fracción III del Artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, en base a la siguiente Exposición de Motivos. Con fecha 25 de Junio de 2002, fue publicada la Ley de las Personas Adultas Mayores aprobada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En este ordenamiento se creó una Ley de Orden Público, de Interés Social y de Observancia General en la República y que tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores y establecer los deberes que corresponden al estado, la sociedad y la familia en la atención de vida insuficiente a este sector sensiblemente vulnerable de la población. Esta iniciativa se inscribe en el propósito de fortalecer e instrumentar la parte relativa a la satisfacción del derecho básico e insoslayable de la alimentación de nuestros adultos mayores. Se orienta a procurar que cada persona adulta mayor, aún los que no sean beneficiarios de alguna prestación social, puedan cuando menos contar con la asistencia alimenticia básica. Recordemos que en México, al igual que en el resto del mundo, el número de hombres y mujeres de edad avanzada es mayor cada día. Lo anterior, como resultado exitoso de las políticas de salud que gracias al avance en la tecnología preventiva y curativa de muchas enfermedades, amplía las expectativas de llegar a la tercera edad en mejores condiciones. En todos los foros nacionales e internacionales, se ha reconocido esa tendencia y expresado la preocupación de que las expectativas de más vida se complementen en una mejor calidad de esta. En este contexto, el derecho a la alimentación básica pero suficiente para todos, resulta requerimiento primario e insoslayable, esto es, lo menos que podemos ofrecer a aquellos que durante su avanzada existencia han contribuido invaluablemente en la construcción de este país y que sin embargo se ven condenados muchas veces a una condición de pobreza extrema y marginación. La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución que incluye los principios de las Naciones Unidas a favor de las personas de edad para que los países afiliados los incorporen a sus programas nacionales de salud con el propósito fundamental de dar mejores condiciones a los años que el desarrollo ha permitido se agreguen a la vida de nuestros mayores. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, recientemente enfrenta ese reto y responde adecuadamente a las recomendaciones internacionales; sin embargo, preocupa la situación de extrema pobreza en que viven muchas mexicanas y mexicanos en edad adulta, quienes al final de sus días se encuentran sin asistencia y apoyo para sus necesidades más elementales, olvidados en los lugares más recónditos del país. Es cierto que la legislación civil dispone que son los familiares quienes en primer término tienen la obligación de proporcionarles alimentos pero lo es también que la evolución social nos enseña que esto en muchos casos no es suficiente. Es cierto también que la reciente aprobada Ley de los Derechos de las Personas adultas mayores crea normas, instituciones, políticas, programas y hasta instrumentos para atender este problema pero también lo es que los propósitos y políticas no han llegado a aterrizar y que los beneficios y resultados esperados todavía no son una realidad. La propuesta contenida en esta iniciativa se enfoca a establecer obligaciones concretas y urgentes para atender principalmente a las familias campesinas a fin de evitar que quienes han aportado su fuerza de trabajo a través de todo una vida para proveernos de los productos básicos de alimentación, sean precisamente los que ante la merma progresiva de sus capacidades padezcan hambre y sean quienes vivan en la miseria extrema. Esta propuesta asistencial también considera a la población urbana de mayor edad, cuya situación se ve agravada por el debilitamiento de los lazos familiares en las grandes urbes y las particulares tensiones sociales de éstas. La vejez, como ha dicho Elena Poniatowska, no debe ser la antesala de la muerte. Esta propuesta pretende regular e instrumentar el derecho de entrega de una canasta básica mensual para asegurar la erradicación del hambre que padecen muchas personas adultas mayores que no cuentan con ninguna prestación social y que son precisamente las que más difícilmente tienen acceso a la asistencia pública y que muchas veces no tienen familiares, o que teniéndolos no reciben de ellos ningún apoyo. La condición de tales personas será determinada a través del estudio socioeconómico que se realice; la garantía del cumplimiento de la obligación respectiva tendrá que ser el resultado de una acción colectiva en la que participen las instituciones de la Federación, de las entidades federativas, los municipios, la sociedad civil organizada, coordinada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, concertada y regulada operativamente por los acuerdos o convenios de cooperación específicos. La entrega de la canasta básica deberá ser a través de los ayuntamientos y delegaciones del Distrito Federal, quien por la vinculación estrecha y cercanía de sus autoridades con la comunidad, tiene mayor conocimiento de la problemática social de su entorno. Es importante mencionar que existen diversas iniciativas presentadas por compañeros diputados de esta Legislatura en las que se propone la reforma y adiciona al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para asegurar el derecho general a la alimentación como responsabilidad compartida de la sociedad, la familia y el Estado. Para garantizar a la población que no cuente con ingreso suficiente la provisión de una canasta básica, nos adherimos y hacemos propios los principios y objetivos de esas iniciativas para dar mayor sustento y motivación a esta iniciativa. También es pertinente destacar que la iniciativa se apoya y fundamenta igualmente en la reciente reforma al artículo primero de la Constitución General de la República, concretamente en la adición de un párrafo tercero a dicha disposición constitucional para prohibir categóricamente toda forma de discriminación, incluyendo específicamente aquella motivada por la edad, que menoscabe los derechos y libertades de las personas. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción 2ª del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción 2ª del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, me permito someter a consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo 2º al inciso A de la fracción 3ª del artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, para quedar como sigue: Artículo 5º, fracción 3ª, inciso A: "Para garantizar el derecho a la alimentación de las personas adultas mayores, se establecerá un programa de entrega de una canasta básica mensual por parte de los sujetos responsables de la aplicación y seguimiento de esta ley, para cada una de dichas personas que por no contar con alguna prestación social que les permita la satisfacción de este derecho básico y previo estudio socio económico que se realice, requerirán de la asistencia pública para satisfacerlo. El instituto promoverá la concertación y colaboración interinstitucional e intersectorial para que se dé pleno cumplimiento a esta disposición, así como para excitar a las autoridades correspondientes a efecto de que se hagan las asignaciones presupuestales necesarias". Tansitorio. "Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Agradezco mucho su atención.