El diputado Jorge Uscanga Escobar (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El suscrito diputado Jorge Uscanga Escobar, en nombre de la diputación federal veracruzana del PRI, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20, 38, 39 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reforma a la fracción VIII del artículo 2º del Código Federal de Procedimientos Penales, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Por decreto de fecha 31 de diciembre de 1994 publicado en el Diario Oficial de la Federación, se estableció en la Norma Suprema el derecho de las víctimas y ofendidos a impugnar las resoluciones del Ministerio Público relacionadas con el no ejercicio y desistimiento de la acción penal. Con esta reforma desde el nivel constitucional ha quedado garantizada la posibilidad de ejercer un derecho potestativo como lo es la impugnación de estas decisiones del Ministerio Público, pero se dejó abierta la posibilidad de que la legislación secundaria pudiera darle un tratamiento diverso, de tal forma que las leyes secundarias establecen plazos para la interposición de la impugnación jurisdiccional, pero a la víctima u ofendido se le tiene por notificado bien sea por los estrados, por publicación en boletín y en otros casos por la vía de la notificación personal. Nosotros consideramos que el monopolio del Ministerio Público sobre el ejercicio o no de la acción penal debe ser acotado y sobre todo regulado. Consideramos que se deben reducir los márgenes de esta discrecionalidad, no sólo por razones de combate a la corrupción e impunidad, sino esencialmente por las razones de justicia que le asisten a la víctima o al ofendido. La Constitución prohíbe que los gobernados puedan hacerse justicia por propia mano y en contrapartida, establece como garantía la impartición de una justicia pronta, completa e imparcial a cargo del Estado a través de los tribunales previamente establecidos. En este orden de ideas, nosotros consideramos que es necesario profundizar aún más en lo que establece el Código Federal de Procedimientos Penales, es decir, garantizar una administración e impartición de justicia realmente eficaz e imparcial; combatir el abuso de poder y los excesos que permite la discrecionalidad existente en la actuación del Ministerio Público; combatir la corrupción e impunidad en la averiguación previa estableciendo el derecho de las víctimas u ofendidos a ser notificados personalmente por el Ministerio Público respecto de las resoluciones que dicte sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal. Sólo de esta manera se tendrá realmente garantizado en todo momento, el derecho a decidir si se opta o no por la impugnación de las resoluciones del Ministerio Público en lo relativo al desistimiento y esencialmente en lo que se refiere al no ejercicio de la acción penal. Por lo antes expuesto, sometemos a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma a la fracción VIII del artículo 2° del Código Federal de Procedimientos Penales. Único.- Se reforma la fracción VIII del artículo 2° del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue: "Artículo Segundo.- Compete al Ministerio Público Federal llevar a cabo la averiguación previa y ejercer, en su caso, la acción penal ante los tribunales. "En la averiguación previa corresponderá al Ministerio Público: "VIII. Acordar y notificar personalmente al ofendido o a la víctima, el no ejercicio de la acción penal o en su caso el desistimiento y resolver sobre la inconformidad que aquellos formulen". Transitorio Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente.