El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Con la venia de la Presidencia. Quiero agradecer a mis compañeros diputados Damián Zepeda y Ricardo Anaya por su colaboración y confianza en este esfuerzo legislativo por fortalecer nuestro sistema de fiscalización. Compañeros diputados, en una coyuntura histórica en que hay una coincidencia sobre la necesidad de dotar de independencia e imparcialidad a los órganos que realizan tareas de trascendencia para el Estado mexicano como el IFE, el IFAI, el Banco de México, entre otros, no podemos obviar a nuestros órganos de fiscalización de esta necesidad. La importancia de sus funciones es de tal magnitud que lo exigible es que se desarrollen en un clima de plena independencia y autonomía frente a posibles intervenciones políticas. Por ello vengo aquí a proponer que dotemos de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación y a sus similares en los estados. Para entender por qué nuestros órganos de fiscalización deben ser autónomos, es necesario hacer algunas precisiones sobre nuestro esquema de división de poderes y de rendición de cuentas. Imaginemos a los presupuestos de egresos, tanto federal como locales, como un mandato que los legisladores, en representación del pueblo, imponen a los órganos y entes públicos que se encuentran obligados a cumplirlos en esos términos, convirtiéndose en mandatarios y en entes fiscalizables. En ese tenor, esta Cámara y los congresos locales se vuelven quienes fiscalizan el gasto de dichos órganos y lo hacen a través de la información que para ese efecto realiza la Auditoría Superior de la Federación en el ámbito federal y sus similares en los estados en el ámbito local. Compañeros diputados, soy un firme creyente de que en una democracia funcional el legislativo debe ser un contrapeso real frente al Ejecutivo. La historia misma nos indica que es ésa su función primordial, fundacional, más allá incluso que la propia función legislativa. Creo que los legisladores debemos exigir cuentas a quienes gastan dinero público, pero creo también que la parte técnica de esa fiscalización que el organismo encargado de proveer al Legislativo de los resultados de la revisión de la cuenta debe ser totalmente ajeno a cuestiones políticas o partidistas. La fiscalización es una tarea eminentemente técnica que revisa variables contables, jurídicas, financieras y económicas. En esa revisión no caben variables políticas porque se afecta la imparcialidad y la legalidad de la misma. En México, sin embargo, las entidades de fiscalización superior están sujetas a intromisiones de carácter estrictamente político que impiden a cabalidad un ejercicio adecuado tanto en el orden federal como en las entidades federativas. Para nadie es un secreto que en los estados de nuestro país la revisión de la cuenta pública se ha vuelto una actividad que, lejos de realizarse bajo criterios técnicos, se desarrolla con argumentos políticos, por tanto electorales y por consecuencia criterios injustos, opacos y parciales. Hay estados de la república en los que el órgano de fiscalización se vuelve un verdadero persecutor de funcionarios opositores al régimen y un solapador de los excesos de los aliados al mismo. Compañeros y compañeras, hay un sentimiento que es constante y permanente en los ciudadanos mexicanos: es la impotencia, la impotencia de ver a sus alcaldes, a sus secretarios de despacho, a sus legisladores y a sus gobernadores enriquecerse de manera exponencial e impune con los recursos públicos. La deuda de estados y municipios ha alcanzado niveles escandalosos y francamente insostenibles. Sin embargo, no vemos que haya un crecimiento proporcional en términos de observaciones de fiscalización y fincamiento de responsabilidades. La mayoría de los servidores públicos ejercen recursos a voluntad, sin temor alguno a los procedimientos de fiscalización y comprobación. México requiere con urgencia que nuestros órganos de fiscalización tengan las condiciones necesarias para desarrollar dicha tarea con profesionalismo e imparcialidad. Lo que hoy vengo a proponer es lo siguiente: que dotemos de autonomía constitucional a la Auditoría Superior de la Federación y a sus similares en los estados para fortalecer su actuar y alejarlos de injerencias políticas. Que homologuemos el procedimiento de selección del titular de los órganos de fiscalización locales con el federal; es decir, que sea a través de una convocatoria expedida por los congresos de los estados sin intervención del Ejecutivo y aprobada por las dos terceras partes del pleno garantizando que la elección dependa exclusivamente de los méritos técnicos del candidato y no de su afiliación partidista. Consideramos que de aprobarse esta iniciativa estaremos dando un importante paso hacia un ejercicio adecuado de los recursos públicos y hacia la recuperación de la confianza ciudadana. Es cuanto, diputada presidenta.