El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente, con su venia. Honorable asamblea, quiero empezar por manifestarles, hacerles patente que me siento profundamente orgulloso de estar hoy hablando a favor de esta minuta con reformas a la Constitución. No solamente por tratarse de una modificación a la ley suprema de la unión, desde luego, sino que como ya se ha dicho y así lo considero yo también, esta modificación que se ha venido gestando a lo largo del tiempo y que hoy discutiremos y acabaremos, en su caso, aprobando, va a venir a transformar significativamente, a redimensionar desde luego la relación que existe entre los Poderes. Esto viene a fortalecer, sin lugar a dudas, el proceso de democratización del país, el fortalecimiento de este sistema de frenos y contrapesos con base en los cuales se ejerce el poder público. No puedo dejar de mencionar y referirme, porque al final del día no compartí todos los puntos de vista que se expresaron con relación a la legalidad del procedimiento que hemos iniciado. Déjenme decirles que, en mi opinión, la Constitución nos faculta como asamblea general, como Congreso de la Unión, como órgano colegiado a discutir las leyes. Y si bien es cierto que nos da la facultad para expedir la ley conforme a la cual emprendemos este procedimiento, desde luego que esta ley se supedita al marco de la Constitución misma. De tal suerte que si expedimos la Ley del Congreso y con base en ésta discutimos las leyes y hemos decidido crear comisiones con objeto de dar celeridad a los procedimientos para la discusión de las leyes, las comisiones no tienen otro propósito sino el de apoyar, el de asistir a la asamblea general en este máximo propósito, en esta máxima responsabilidad constitucional de discutir y aprobar las leyes. Bajo ningún motivo podríamos nosotros interpretar la Ley Orgánica del Congreso y suponer que las comisiones pueden traducirse en un obstáculo para que nosotros, como asamblea general, como órgano supremo de representación ciudadana, como órgano supremo de control de este Congreso de la Unión, no podamos cumplir con un propósito trascendente cuando así lo identifiquemos. Desde luego que la reforma constitucional y como ya se ha dicho, es muy vasta y hay muchos numerales de la Constitución que están viéndose trastocados. No podría referirme a todos, he decidido referirme exclusivamente a dos de ellos: a los aspectos que tienen qué ver con la seguridad pública, que efectivamente se tratan en unión de otras reformas constitucionales y legales que hemos venido discutiendo. Y por último uno que no sé si me dé tiempo de mencionar, pero que tiene qué ver con la judicialización en materia de interpretación de las normas electorales que tienen qué ver con el acceso de los partidos a los procesos mediáticos para dar a divulgar su propaganda y postulados de campaña. ¿A qué me refiero con lo primero? La materia de seguridad pública. A pesar de que nosotros hemos venido modificando una buena parte de nuestro marco jurídico con un mismo propósito de generar un mejor estado de bienestar para nuestra población, lo he dicho antes y lo repito ahora, difícilmente va a hacer que lo logremos si no podemos implementar un verdadero Estado de derecho y con ello poder sacudirnos por completo y para siempre el estado de zozobra y de inseguridad en el que vive la población. ¿Qué es lo que sucede con esta materia de seguridad en la reforma constitucional que ahora analizamos? La verdad es que hasta ahora se ha venido presentando una estrategia nacional de seguridad pública por parte del Ejecutivo, a través de la cual se establecen directrices conforme a las cuales el mismo Poder Ejecutivo, en unión de las fuerzas encargadas de la procuración de justicia o seguridad pública, enfrentan la problemática. Eso ya se dejó atrás. Por qué. Porque a través de la reforma constitucional la aprobación de la estrategia nacional de seguridad pública va a ser en forma colegiada con el Senado de la República. ¿Esto qué significa? Significa el establecimiento de una corresponsabilidad entre el Ejecutivo y este órgano de representación nacional perteneciente al Legislativo, a través del cual se aportará una visión sistémica e integral a los problemas de inseguridad que vive el país. Desde luego que va a ser un instrumento que le permitirá al Ejecutivo tener mucha mayor legitimidad, mucha mayor fuerza y mejor visión de las cosas para resolver un problema que nos aqueja y el cual, desde luego, yo considero se supedita y se condiciona la efectividad de todo lo demás que venimos haciendo. Pero esto no es aislado, ¿cuál es el otro tema que se viene a modificar con esta reforma constitucional que se discute? El de la Fiscalía General de la República. ¿Qué es lo que sucede? Hay una reforma constitucional que todavía no aterriza en las leyes secundarias, que tiene qué ver con una modificación del sistema de impartición de justicia en materia penal, que busca velar no solamente por la persecución efectiva de aquellos que se dedican a la delincuencia sino también por el respeto de los derechos humanos. La verdad de las cosas es que el funcionamiento de este nuevo sistema de justicia en materia penal nunca se va a lograr en la medida en la que no tengamos autoridades policiales, ministerios públicos, autoridades encargadas de la investigación y de la obtención de elementos científicos-técnicos que permitan demostrar cómo se comete un delito. Que cuenten con una verdadera capacitación y que sean absolutamente profesionalizados. Independientemente de que nosotros podamos contar con leyes procesales-penales que sean adecuadas, si no contamos con los elementos humanos que las implementen, jamás vamos a llegar a buen puerto. Mediante la creación de esta Fiscalía General de la República autónoma, que no se supedita a la voluntad del Ejecutivo ni a coyunturas históricas, políticas de ninguna naturaleza, la verdad es que estamos dando un paso adelante a favor de la profesionalización de la carrera en materia de procuración de justicia. Sí, éste es un instrumento fundamental que no solamente marca una nueva relación del Ejecutivo con relación a la Procuraduría General de la República, sino que aporta elementos para que efectivamente los cuerpos policiacos y de investigación del delito sean más profesionales y cumplan su cometido. Como se los dije anteriormente, y no queriendo abusar desde luego de su tiempo y de su paciencia, no puedo ya tocar el tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con profesionalismo también verá la justa interpretación del Cofipe en materia de medios electorales termino, presidente. Quiero nada más con esto concluir e invitarlos a que veamos de manera positiva la minuta que se nos ha enviado y veamos los aspectos que sin lugar a dudas van a lograr, en unión de los demás, la transformación que todos estamos buscando. Por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias, presidente.