La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, 14 de cada 100 niños menores de 5 años, en nuestro país, padecen de desnutrición, lo que hoy en día esto representa cerca de millón y medio de niños en estas condiciones. Por si fuera poco, este problema también se refleja en 7 millones de personas en condición de pobreza extrema alimentaria. El 70 por ciento de la población adulta, en nuestro país, padece de este grave problema de salud, cerca de un millón 700 mil menores han muerto en los últimos 30 años, debido a la falta de una adecuada política contra la desnutrición y alimentación en nuestro país. En el medio rural la condición de desnutrición ahora impone situaciones aún más graves, como lo es la obesidad en adultos, principalmente en este medio, pues si estas personas estaban en el esquema de desnutrición durante su infancia, en la actualidad seguramente presentan un daño metabólico irreversible, lo que aumenta considerablemente el riesgo de enfermarse de diabetes o de problemas cardiovasculares, además de ciertos tipos de tumores malignos y otras enfermedades crónicas no transmisibles. Las anteriores descripciones son sólo algunos de los ejemplos en los que vive nuestra sociedad, mientras en diversas ocasiones se pondera la necesidad de homologar los marcos normativos y los textos constitucionales, la realidad es que los hechos rebasan toda buena pretensión para erradicar la desnutrición y la falta de alimentación en muchas partes de nuestro país. El objeto del presente dictamen radica esencialmente en esto, en concretar la homologación del texto de la Ley de Desarrollo Social con lo dispuesto en nuestro artículo 4o. constitucional, el cual dispone que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, texto que representa buenas intenciones pero que a la fecha no se ha convertido en una realidad para millones de mexicanos. De igual forma, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Económicos, Sociales y Culturales establece, por su parte, la obligación de los Estados signantes, y en ese caso México ratificó este instrumento, de garantizar el derecho a la alimentación. Se marca así claramente la responsabilidad que hay de parte del Estado, en este caso el Estado mexicano, para que cada persona goce de este derecho, no de una manera de ilusión, sino convertirlo en una realidad y que se convierta en un derecho efectivo. Hasta el día de hoy, por tanto, no ha garantizado el Estado mexicano el acceso al derecho a la alimentación. Desgraciadamente, con la misma Cruzada contra el Hambre no es una garantía de que se garantice este derecho por cuanto no se están atendiendo las causas, en virtud de las cuales la mayoría de la población, las que se encuentran en estos millones de personas en extrema pobreza, no ven garantizado este derecho a la alimentación. Algunas de las sugerencias con las cuales se podría combatir precisamente el derecho al hambre, es formular salvaguardas al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, para que se permita fortalecer la producción de los productos agrícolas, indispensables en nuestro país, como son el maíz, el frijol, en fin, un infinidad de productos y que desgraciadamente, hasta la fecha, tiene preponderancia el trato preferencial a los importadores que a los productores nacionales. Prueba de ello es que hasta la fecha, en Colima, los limoneros, los productores limoneros no han podido recibir el apoyo para precisamente erradicar el HLD. Si se ve también el sector de los ingenios azucareros, se encuentra también en un franco abandono y así cantidad de productores mexicanos. Se prefiere la importación de productos. Podrían formularse salvaguardas al Tratado de Libre Comercio y apoyar con esto a la producción nacional. Apoyo a los ejidatarios también. Ésta es otra forma en que podía tenerse suficiente abasto y terminar con el alto costo para que los productores mexicanos puedan ofrecer sus productos a mucho mayor bajo costo del actual, terminando con los precios de garantía y también con el exceso y el abuso de los cobros de los intermediarios. Esperamos que estas reformas se traduzcan en hechos tangibles y evitar que se sigan cometiendo grandes confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales que incluso han implicado retrocesos en la aplicación de estrategias para el combate a la desnutrición y la mala alimentación de muchísimas personas. Es pertinente recordar que existe la obligación por parte del Estado mexicano de adecuar no solamente su derecho interno sino de, precisamente, implementar esta legislación y convertirla en políticas públicas efectivas para garantizar el derecho a una alimentación sana. Buena parte de la responsabilidad para que la alimentación sea garantizada y la desnutrición desaparezca radica, es cierto, en legislar con mayor precisión, pero urgen políticas públicas que garanticen de manera efectiva este derecho. Es cuanto, diputado presidente.