La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, desde la consolidación del neoliberalismo en el salinismo hasta la actualidad y probablemente en el sexenio peñista, el país ha tenido y tendrá grandes problemas económicos, políticos y sociales, incluyendo el aspecto de la inseguridad, el cual se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los tres niveles de gobierno y de los ciudadanos. No obstante, que el gasto para la función de seguridad pública ha aumentado cada año en el Presupuesto de Egresos de la federación, los resultados han sido poco palpables, dado a los altos índices delictivos que impera en todo el país, lo que combina con la ausencia de los servicios de seguridad pública en diversas zonas. Conforme a las recomendaciones de las Organizaciones de las Naciones Unidas, debe haber un promedio de 2.8 policías por cada mil habitantes, ello con la finalidad de garantizar una mejor calidad de atención. Sin embargo, en México apenas existe el 0.4 y el 0.5 por ciento de policías por cada habitante, lo que nos lleva a afirmar que los rubros de cantidad y calidad han sido descuidados por los gobiernos. En el país existen alrededor de 350 mil elementos de policías agrupados en mil 661 corporaciones de los tres órdenes de gobierno. El 89.3 por ciento de los cuerpos policiales preventivos, a nivel nacional, pertenecen a los estados, municipios y que son los que tienen mayor contacto con los ciudadanos. En tanto, la policía de investigación representa apenas el 10.7 con 37mil 493 efectivos a nivel nacional. Lo anterior ha originado que en diversas zonas del país no se cuente con el servicio de seguridad pública, provocando que la criminalidad sea un constante. Ante ello, la indiferencia e incapacidad de las autoridades municipales, estatales y federales. Tal es el caso de la meseta purépecha en el estado de Michoacán, en el que diversas comunidades como Urio, en el 2008, Cherán en el 2011, Santa Fe de la Laguna, Turicato, Comachuen, Arantepecua, Cuitzeo, Sevina y Uripicho, en el 2012 y considerando también una parte importante, como es en la región oriente, donde están los mazahuas, otomíes. Se han organizado en grupos de autodefensa ciudadanos, con el objeto de vigilar, patrullar y defender sus comunidades o ejidos. Por lo que en ese sentido la creación de los grupos de autodefensa son los resultados del reclamo social ante la falta de seguridad pública universal y de calidad. Así como el hartazgo de ciertos sectores de la sociedad, los cuales al no tener otra opción han tenido que recurrir a la autoprotección de sus habitantes, familias, tierras y sus propios recursos naturales, que se han visto lesionados por los grupos criminales que imperan en sus regiones. En ese contexto, el objeto de la presente iniciativa de decreto radica en formar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de que sean creados, regulados y supervisados los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal, los cuales podrán ser constituidos por los núcleos de población, ejidales o comunales, con la finalidad de brindar sus propios servicios de seguridad, protección y vigilancia. Ello en coordinación con los diversos cuerpos policiacos. Asimismo, en el decreto de iniciativa que presento se contempla que los elementos que conformen los cuerpos de vigilancia ejidal o comunal cumplan con los requisitos de control, confianza y supervisión a que hace referencia la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la mayoría de los requisitos de ingresos que contempla el cuerpo legal en esta cita, aumentando dos requisitos más, como lo son que acrediten su calidad de ejidatario, comunero o avecindado del núcleo de la población solicitante y que tengan 25 años cumplidos al día de su registro. En ese sentido, también se propone que los cuerpos de vigilancia ejidales o comunales estén al mando del comisariado ejidal o de la autoridad comunal correspondiente, pero bajo la supervisión, capacitación y adiestramiento de la policía municipal del lugar, en aquel que se encuentre en el núcleo de la población. Ello, atendiendo a que estos estén en coordinación con las autoridades municipales que lo solicitaran ante la Secretaría de la Defensa Nacional, los correspondientes permisos de portación de armas conforme lo establece la ley correspondiente, las cuales únicamente podrán usarse para los fines establecidos en la presente iniciativa. La regulación de los cuerpos de autoprotección, que han surgido en varias regiones del país, traerá como consecuencia su introducción dentro del marco de legalidad, evitando de esa manera que los mismos se conviertan en grupos facciosos que operen en la clandestinidad e ilegalidad. Por último, solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara que la presente intervención sea insertada en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, diputado presidente.