El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Muchas gracias, señor presidente, con su venia y con el permiso de la honorable asamblea. El 18 de junio de 2008 se publicó el decreto que estableció en materia penal el sistema acusatorio, con un conjunto de cambios formales y sustanciales en la manera de impartir y procurar la justicia. Uno de esos cambios consistió en la novedosa figura procesal del procedimiento abreviado, en apego al derecho fundamental de toda persona a la justicia pronta, estableciendo el beneficio de penas reducidas para aquellos imputados que voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias reconocieran su responsabilidad ante el juez y su consentimiento con ese procedimiento legal. Es el Código Nacional de Procedimientos Penales el que regula esa forma anticipada de terminación del procedimiento, que tiene entre sus fines agilizar los procedimientos evitando cargas innecesarias para los justiciables y para el Estado. Sin embargo, dicho ordenamiento ha dejado fuera de su aplicación a todos aquellos procesados o acusados a los que no les resulta aplicable el sistema acusatorio. Pues de acuerdo a dicha ley, los procedimientos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio serán concluidos conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a dicho acto, es decir, conforme a las normas del sistema tradicional o mixto. No es posible aceptar que en un mismo entorno existan procesados o acusados a los que se les haga efectivo su derecho a la justicia pronta, con beneficios de reducción de penas, a través del procedimiento abreviado del que dispone el sistema acusatorio y, por otro, de manera por demás discriminatoria e injustificada, existan imputados que sólo por un fenómeno de temporalidad no puedan acceder efectivamente a los beneficios. Es necesario que en relación a todos los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del sistema acusatorio, se apliquen esas mismas reglas para que todos los procesados o acusados puedan gozar de los beneficios de esa forma anticipada de terminación del procedimiento, dando así cabal cumplimiento al principio de igualdad ante la ley. Esto permitirá el respeto efectivo de los derechos humanos de los procesados o acusados y, por otro, abatir el problema de rezago de los asuntos del sistema tradicional o mixto, con la consiguiente reducción del gasto público que implica la tramitación de un procedimiento ordinario. Lo anterior, está fundamentado en el artículo 9o., párrafo tercero, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el derecho a la impartición de justicia en un plazo razonable, misma disposición que encontramos en el artículo 7o., párrafo quinto, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Igualmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para determinar si a un inculpado se le ha respetado ese derecho, uno de los aspectos que se deben tomar en cuenta es la actividad procesal del interesado. Esto implica que, ante el criterio de dicho Tribunal de corte internacional, con independencia del sistema tradicional o acusatorio, si un procesado o acusado desea dar por terminado el procedimiento penal instaurado en su contra de manera ágil, no deseando ya actuar en su defensa al estar de acuerdo con un procedimiento abreviado y estando satisfechos los demás requisitos que marca la Constitución, se debe dar por terminado ese procedimiento, respetando así su derecho a ser juzgado en un plazo razonable. Por tanto, si es el Código Nacional de Procedimientos Penales el que está impidiendo el goce de derechos de los inculpados procesados bajo el sistema tradicional o mixto a un procedimiento ágil, como lo es el procedimiento abreviado, es urgente modificar dicho código para dar respuesta idónea por parte del Estado a esa problemática. En consecuencia, propongo adicionar un artículo 207 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer que las disposiciones a las que se refiere el capítulo sobre el procedimiento abreviado, también puedan aplicarse en lo conducente a aquellos procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor de sistema de justicia penal acusatorio advesarial, dejando las particularidades de esa aplicación al contenido de los artículos transitorios del decreto que se propone. Es cuanto, señor presidente. Gracias.