EL C. DIPUTADO EMILIO RAFAEL JOSE GOICOECHEA LUNA: Muchas gracias, honorable Asamblea. Compañeros diputados: Vengo a presentar una iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones vigente. Muchos de ustedes se dieron cuenta del trabajo que habían hecho conjuntamente el Senado de la República con esta Cámara para pretender tener una iniciativa de nueva Ley de Telecomunicaciones. Se trabajó por más de dos años, se obtuvo un producto final que por razones que todavía no entiendo, esta iniciativa que iba a entrar como Cámara de Origen en el Senado de la República, ha quedado prácticamente pendiente para la próxima Legislatura. Esto es precisamente lo que nos motiva a presentar algunas reformas de última hora incluso, a la actual Ley de Telecomunicaciones la ley de 95, en la cual muchos de los que hoy están aquí, incluido yo, fuimos coautores de esa ley y tuvimos errores, errores que la industria y los consumidores han venido pagando a través de los últimos ocho años. Esta iniciativa que hoy presento, por razones técnicas la hemos dividido en dos partes, que voy a dar una explicación breve de la misma y que ruego a la Presidencia, la Secretaría integre completamente estas dos iniciativas en el Diario de los Debates. La primera es una reforma al artículo 11 y un transitorio que sería el décimo tercero, en la cual se podrán otorgar concesiones para el servicio de radiocomunicación privada. La radiocomunicación privada son aquellos aparatos de radio con el cual se comunica una persona con la otra. En la ley del 95, todo el espectro quedó sujeto a licitación pública, sin embargo quien tiene un negocio o un rancho en la zona rural y que requiere uno o dos o tres aparatos para poderse comunicar entre sí mismo, una flotilla privada, hoy se tiene con la ley que licitar esa frecuencia para que se pueda otorgar y esto ha provocado hoy en día que haya más de cuatro y medio millones de aparatos sin sujeto a registro, ilegales, porque no hay manera de poder regularizar esto, ya que fue una omisión de los legisladores que estuvieron en la LV Legislatura, en la cual yo estuve ahí también. La segunda básicamente es originada por el mismo aspecto, los que estaban o los concesionarios del servicio móvil de radiocomunicación especializada de flotillas, lo que se llama en inglés Tomkin que son los aparatos para activar los walkie talkie famosos, esos aparatos de radio que se pueden comunicar, pero ya en flotillas, en servicio comercial. En uno de los transitorios de la ley de 95 pusimos que todas las concesiones existentes se tenían que respetar y en esas concesiones decía que todo aquél que tenía asignado una parte del espectro terminado o saturando ese espectro podría ir a solicitar espectro adicional. Impusimos un transitorio en el cual creíamos nosotros que estábamos generando certidumbre jurídica y respetando las concesiones que se habían otorgado con anterioridad a la ley. Pero la misma ley establecía que el espectro sería únicamente asignado mediante licitación pública y había contradicción. Y en un momento, porque la ley no puede ser en perjuicio de tercero, se trató de evocar eso, los abogados de unas y otras partes comenzaron a discutir y a negociar. Al final del día ha habido no menos de 75 u 80 amparos al respecto; muchas industrias han fenecido, han acabado porque se han saturado, ya no tenían con que seguir trabajando y finalmente los ganones en esto han sido aquellas empresas que comenzaron a comprar a los más pequeños. Este es el espíritu de estas dos iniciativas que hoy estamos presentando para que se turne a comisiones y podamos resarcir a los que tuvieron este problema. Gracias. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado Emilio Huicochea. Insértese el texto íntegro de la iniciativa Sí, diputado Angel Mexueiro. Sonido en la curul donde se encuentra el diputado Mexueiro. -DIP. ANGEL MEXUEIRO (desde su curul) Solamente para solicitarle al diputado Huicochea, si me permite signar su iniciativa. -DIP. EMILIO HUICOCHEA: Con mucho gusto. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Puede firmarla. Insértese el texto íntegro de las iniciativas en el Diario de los Debates, publiquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen, a la Comisión de Comunicaciones. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reforma al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta por 5 minutos. -DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: En el Derecho Privado, si una persona causa daño a otra y ese daño se causa con dolo o culpa, hacen nacer la obligación de indemnizar y generar para el que lo causa, responsabilidad. Pero resulta muy forzado que se deba recurrir a esta normativa para regular la responsabilidad que se puede generar cuando es el propio Estado el que provoca el daño o perjuicio. Se justifica por ello que el tema de la responsabilidad del Estado se ha desarrollado de manera particular y específica en la legislación. En el Estado, en el ejercicio de su función de administrar justicia, debe de garantizar la integridad de la justicia que él mismo administra y ello sólo se logra mediante el cumplimiento estricto de los principios que consagran el debido proceso legal, entre otros, por eso puede afirmarse que el Estado causa daño ha infringido las normas que consagran dichos principios, debiendo en consecuencia responder por su actuar. Sólo así podría evitarse las nefastas consecuencias de la aguda preocupación del mismo cotur del despotismo de los otros poderes del Estado, queda siempre un recurso ante el Poder Judicial en tanto que el despotismo del Poder Judicial no queda recurso alguno. En el derecho comparado, el tema de la responsabilidad patrimonial por la actividad judicial ha sido enfocado desde tres vertientes: La responsabilidad del Estado por error judicial. La responsabilidad del Estado por el anormal funcionamiento de la administración de justicia, y La responsabilidad civil de los jueces por los daños producidos por su obrar y omisión en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo en la iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía, sólo se distinguen y contemplan dos tipos de daños causados por los órganos judiciales: Los causados por error judicial, y los causados por el funcionamiento anormal de la administración de justicia. La definición de la garantía parte de la distinción entre la genérica figura del funcionamiento anormal y las más específicas del error judicial propiamente dicho, para subdistinguir dentro de éste último, los casos concretos de perjuicios derivados de una privación de libertad indebidamente acordada. La determinación de si un supuesto entra en una categoría o en otra, no es baladí, pues en las legislaciones del mundo que ya han reconocido el derecho, aun cuando la fase de la reclamación es común a ambos, en el caso del error judicial primero se ha de ejercitar la acción declarativa del error ante las autoridades correspondientes. Los daños causados por error judicial son ocasionados como consecuencia de la adopción de resoluciones injustas. Se está en presencia de un error cuando se ataca el contenido de una concreta resolución judicial, se tachan de equivocadas unas específicas y concretas resoluciones judiciales. Para que exista error judicial, es necesario que se haya dictado una resolución judicial manifiestamente equivocada cuyas consecuencias causen directamente por sí mismas daño en los bienes o derechos de una persona cuando no exista una resolución judicial que directamente prive de bienes o derechos a una parte o le imponga indebidamente obligaciones o gravámenes pero que por las actuaciones procesales le hayan generado daños y perjuicios injustificados; entonces nos encontraremos ante un supuesto de anormal funcionamiento de la administración de justicia. Por esas razones y todas las demás que estoy estableciendo en el documento de consideraciones de esta iniciativa, presento un decreto de reforma constitucional que adiciona un párrafo quinto al artículo 17 de nuestra Carta Magna para quedar como sigue: Artículo 17: Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la administración de justicia, darán a los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del Estado conforme a la ley. Gracias, compañeras y compañeros diputados. Gracias por los cinco minutos para presentar esta iniciativa. -