El diputado Tomás Antonio Trueba Gracián (PAN): Gracias. Con su permiso, diputada Presidenta. "El que suscribe, diputado federal Tomás Trueba Gracián, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, se permite presentar a la consideración de esta honorable soberanía, la siguiente iniciativa. "Es necesario que la mejora regulatoria sea aplicada también en materia fiscal. Lo anterior propiciaría que los trámites y disposiciones jurídicas no sean exceptuados del proceso que propone la iniciativa en el Título Tercero "A" de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es, la necesidad de inscribir los trámites y servicios en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y que los proyectos de disposiciones jurídicas pasen por el proceso de transparencia y mejora ante esta Comisión, que son aplicables en otros ámbitos de la administración, que implica la elaboración de una manifestación de impacto regulatorio. "Las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, basándose en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, no están obligadas a inscribir los trámites fiscales en un registro, ni deben respetar ciertas disciplinas en las promociones de trámites que realizan los particulares. "Por tanto, dichas autoridades no se encuentran obligadas a publicar ni a transparentar sus disposiciones jurídicas, con el fin de recabar comentarios de los sectores interesados, antes de publicarlos en el Diario Oficial de la Federación o someterlos a la firma del Ejecutivo Federal. "La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio del 2002, obliga a que los registros que se creen deben hacerse públicos dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la mencionada ley, pero no estipula disposiciones y disciplinas esenciales que deben ser observadas por las autoridades fiscales en las promociones de trámites que realizan los particulares. Lo que se propone con esta reforma es obligar a las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a inscribir y actualizar los trámites que aplican en el Registro Federal de Trámites de Servicios que lleva la COFEMER, a fin de que la Subsecretaría de Ingresos como el Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de aquella dependencia, precisen la información que los particulares deben de entregar o conservar, para cumplir con sus obligaciones fiscales ordinarias y para obtener un beneficio o servicio. Asimismo se proponen diversas disciplinas esenciales que deben ser observadas por las autoridades fiscales en las promociones de trámites que realizan los particulares. Excluir lo relativo a las atribuciones de comprobación de las autoridades fiscales y a los recursos administrativos, que pueden ser promovidos por los particulares. Se propone establecer disposiciones de mejora regulatoria y simplificación, precisando el alcance de disciplinas que deben observar las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda, así como el alcance de algunos conceptos, los plazos y procedimientos aplicables para, definir de manera inequívoca, en qué se entiende por trámite, limitar trámite por trámite, los datos y documentos anexos que podrán ser exigidos por la Secretaría de Hacienda: fijar trámite por trámite, y de acuerdo a su complejidad, plazos específicos, menores a los máximos establecidos en el Código Fiscal de la Federación. Detallar la información que deberá inscribirse para cada trámite, y crear el Registro Federal de Trámites y Servicios Fiscales, establecer los tiempos y la forma en que los nuevos trámites o sus modificaciones, deberán ser inscritos en el registro. Precisar el procedimiento, para realizar la inscripción en los trámites en el registro, instalar disciplinas que deberán observar las autoridades fiscales, respecto de los particulares en la promoción y resolución de trámites. Abrir la posibilidad para que ciertos trámites puedan ser realizados por medios electrónicos y otorgarle un valor agregado al registro donde los trámites fiscales sean públicos y se encuentren disponibles en Internet. Manifestaciones de impacto regulatorio y presentación de anteproyectos de disposiciones jurídicas. Para asegurar que las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público preparen proyectos de disposiciones jurídicas fiscales, debidamente justificadas y de alta calidad, éstos deben ser remitidos junto con una manifestación de impacto regulatorio. En la manifestación se debe describir y justificar el proyecto, analizar posibles alternativas y presentar una estimación de su impacto potencia. Los proyectos y las manifestaciones se hacen públicos, la COFEMER y los sectores interesados, contarán con un tiempo suficiente, hasta de 30 días hábiles, para revisar los proyectos y las manifestaciones y remitir sus comentarios. Se prevé que la propia Ley Federal de Procedimiento Administrativo, un tratamiento diferenciado para aquellas disposiciones, que deben actualizarse periódicamente o expedirse como medidas de emergencia, esto es con el fin de facilitar el cumplimiento para la autoridad financiera. También se prevé que la publicidad y consulta de los anteproyectos en estas materias se exima, cuando ello pudiera comprometer los efectos que se pretenden lograr con la disposición. El dictamen de la COFEMER es público y no es vinculativo, tratándose de un dictamen sobre anteproyectos que deban ponerse en consideración del Ejecutivo federal, la Conserjería Jurídica tendrá la última palabra, recabando dicho dictamen, pero será potestad tomarlo en consideración. En el caso de anteproyectos distintos, a los que debe ponerse a consideración del Ejecutivo federal, las autoridades fiscales de Hacienda, puedan mandar publicar la regulación en el Diario Oficial de la Federación, siempre que acrediten contar con el dictamen final de la Comisión, o bien, que éste no se emitió en el plazo correspondiente. Todas estas precisiones son necesarias para subsanar cualquier duda operativa e incertidumbre en virtud del anteproyecto de reformas y adiciones que se propone. Por lo antes expuesto, se pone a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto: Artículo Único.- Este ordenamiento no será aplicable a las materias de responsabilidades de los servidores públicos, justicia, agraria y laboral ni al Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales, de comercio internacional, fiscal y financiera, únicamente le será aplicable el Título Tercero A. Es cuanto, diputada Presidenta.