EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Con su permiso, señora Presidenta. Honorable Asamblea: Díaz Mirón, un veracruzano distinguido, dijo que nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de lo estricto. Hoy recobra mayor fuerza y es luz en la oscuridad que nos recuerda una vez más una de las más grandes vergüenzas nacionales, la pobreza de 60 millones de mexicanos. No fuimos capaces de realizar una reforma fiscal integral a la altura de los tiempos que reclaman, nos conformamos con esa gran miscelánea fiscal que sólo garantiza meros paliativos al ancestral problema de la pobreza. Ningún presupuesto en la actualidad será suficiente para darle al pueblo de México el lugar que merece, pero somos optimistas y deseamos que el Ejecutivo sepa utilizar y distribuir con responsabilidad constitucional y republicana los recurso que poco a poco estamos aprobando. La abismal diferencia social entre unos ricos y millones de pobres en el país nos obliga a consensuar lo que aquí estamos aprobando, la Ley del Impuesto Especial Sobre Productos y Servicios. Debe ser eje de la regulación sobre impuestos a productos y servicios cuya captación económica por producto de impuestos será en beneficio del pueblo de México, deben por tanto gravarse todos los artículos con características suntuosas y no considerados de primera necesidad, su gravamen debe responder al compromiso del Estado por obtener mayores recursos para combatir la pobreza y atender el desarrollo social. Por ello solicitamos que el impuesto a los refrescos se aplique exclusivamente a aquellos que utilizan fructosa, porque gravar los artículos suntuosos importados y producidos en el país garantiza una recaudación tributaria de beneficio social, en este caso, en el caso de los refrescos, a la industria azucarera mexicana. El impuesto a los productos de naturaleza distinta a los de primera necesidad no son del grueso de la población, pero su aplicación servirá para contribuir al desarrollo nacional. El Impuesto Especial tampoco será causante del cierre de empresas y despido masivo de trabajadores como se ha comentado, los empresarios deben ver en este impuesto un obstáculo para crecer, deben ver en este impuesto una posibilidad de ayudar al desarrollo nacional, deben verlo como un elemento más que vendrá a fortalecer la economía nacional y por tanto ayudará a repartir mejor la riqueza nacional. Sin embargo, compañeras y compañeros diputados, me reservaré el artículo 2º fracción II inciso B, el artículo 3º, fracción III y el artículo 18, porque no tenemos por qué aprobar un impuesto de servicio telefónico porque en la actualidad este servicio, lejos de representar un servicio de lujo, representa realmente un servicio indispensable para mantener comunicados a los mexicanos, porque el desarrollo nacional y el crecimiento económico no pueden verse atrofiados por gravar con más un servicio que se encuentra en plena expansión, además de que la base cautiva del mismo no es significativa nivel nacional. Además, porque gravar el servicio telefónico implicaría la elevación de las tarifas telefónicas que redundaría en perjuicio de los bolsillos de los mexicanos que hacen de este servicio una herramienta indispensable de trabajo. Además, porque uno de los sectores más perjudicados sería el medio rural que utiliza en forma sistemática dicho servicio, principalmente hacia el extranjero donde se encuentran miles de migrantes que aportan grandes cantidades de dinero por concepto de envíos a sus familiares. Además, porque no puede gravarse un servicio que viene a suplir las formas de comunicación tradicionales, como son las vías terrestres de comunicación, mismas que se encuentran en mal estado. Además, porque es la forma más económica que más de 50 millones de mexicanos pobres tienen para estar comunicados con sus seres queridos mediante el sacrificio de pagar una llamada telefónica. Muchas gracias compañeras y compañeros.