EL DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas: Primero y antes que todo es indispensable saludar con beneplácito este decreto como un paso fundamental en el proceso educativo de nuestra gran nación. Al incorporar a la educación preescolar al sistema otorgado por el estado de educación básica obligatoria, se está remediando una tara de nuestro modelo educativo. Sin embargo, es indispensable reconocer que nos hemos tardado mucho para solucionar este problema, lo cual ha representado una deficiencia en la formación de nuestros niños que se refleja en los bajos niveles de aprendizaje comparativamente con otros países. Los recientes resultados dados a conocer sobre el nivel de conocimientos del español, las matemáticas y las ciencias, tantos niños de primaria como secundaria nos debería llamar a la reflexión. Una de las razones de esos resultados la podemos ubicar en la deficiencia que existe en el sistema público de educación preescolar e inicial a diferencia de lo que sucede en la educación privada, la cual desde hace ya varios años ha incorporado estos dos rubros: educación inicial y educación preescolar a sus sistemas educativos. Y ahí vemos cuántos jardines de niños y guarderías privadas hay en nuestra ciudad y en toda la república. Esa diferencia muchas veces va a mantener la vida escolar y profesional de los mexicanos en tanto crea una situación de desigualdad y de injusticia. El carácter obligatorio, gratuito y laico de la educación pública básica, buscaba romper con una práctica discriminatoria, según la cual, la educación es para quien la pueda pagar. De esta manera se logró generar un sistema de educación pública, que fue fundamental para la promoción social y la democracia. Desafortunadamente, conforme las teorías educativas fueron evolucionando y se llegó a la conclusión de que era indispensable una fase de por lo menos tres años de educación previa a la primaria, el Estado mexicano no respondió con la rapidez necesaria. Qué bueno que ahora aprobamos este paso, pero desgraciadamente en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación de la Cámara de Diputados, se llevó a cabo una sesión de trabajo, que culminó con la decisión de regresar al Senado de la República, la Minuta que modifica los artículos 3 y 31 de la Constitución al no aceptarla en su conjunto. En la propuesta original del Senado se buscaba resolver un doble problema, que era y es, una debilidad de nuestra Carta Magna, al incorporar el Sistema de Educación Básica a la Educación Preescolar, y al considerar que tanto ésta como la educación inicial para niños menores de tres años, debe estar bajo la rectoría del Estado. Con esto se resolvía en primer lugar un elemental problema de justicia, solamente una minoría de los niños mexicanos podía acceder a la educación preescolar. La base para lograrlo, era la capacidad monetaria, para poder pagar una colegiatura. De esta manera, se lograría que todos los niños de nuestro país, tuvieran la posibilidad de acceder a este tipo de educación, que no está por demás repetir, es esencial para la formación futura. Por otro lado, cerraba un hueco muy grande que existía en nuestra legislación, sobre el contenido de los planes y programas de estudio para la educación preescolar pero también para la educación inicial, con lo cual se aseguraba la rectoría del Estado en algo tan esencial como, quién es el encargado de normar los contenidos de la enseñanza en los niños menores de tres años. Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados, desdeñaron esta segunda parte y decidieron cambiar la Minuta del Senado, eliminando casi todas las referencias a la educación inicial, bajo la coartada de que esto podía crear cierta confusión, sobre el hecho de que se pensara que también se estaba estableciendo la obligatoriedad en la enseñanza inicial por parte del Estado. Decimos que es una coartada, en tanto que se resolvía con una simple modificación gramatical, la realidad era otra. Tanto los diputados del PAN como los del PRI, habían llegado a un acuerdo para dejar en la indefinición, quién determina el contenido de la enseñanza inicia, lo que en la práctica significa y va a significar, dejar en manos privadas el contenido de dicha enseñanza de la educación inicial, con todas las consecuencias que de ahí se emanan. La discusión en esa sesión, no era si el Estado debía de proveer la educación inicial o no, eso nadie lo planteaba por el momento, pero en cambio, si se buscaba que quedara en claro que la rectoría del Estado sobre el contenido de la enseñanza, debe de establecerse desde la educación inicial. Ese era el fondo de la esencia de lo que se discutió. Nos llama la atención que los diputados del PRI que forman parte de la Comisión de Educación y que son al mismo tiempo exdirigentes del SNTE, exdirigentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se hayan aliado al PAN para echar marcha atrás a lo que se había votado unánimemente en el Senado sobre educación inicial. Por lo anterior proponemos y en un futuro vamos a proponer que se recupere la educación inicial como parte del Estado y que se recupere la propuesta del Senado, de incorporar al texto constitucional la idea de que el Estado impartirá la educación inicial, lo mismo que también es una responsabilidad del Estado y debe ser la elaboración de planes y programas de estudio de la educación inicial. Por otra parte, enhorabuena y bienvenida la obligatoriedad de preescolar en nuestra Nación. Muchas gracias. LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado. Han solicitado el uso de la palabra para hablar en pro del dictamen la diputada Celita Alamilla Padrón del Partido Acción Nacional y el diputado José Manuel Correa Ceseña del Partido Revolucionario Institucional. Esta Presidencia pregunta si hay más solicitudes. Se retira la solicitud de la diputada Celita. Entonces queda solamente la solicitud del diputado José Manuel. Declinan. Por lo tanto, consulte la Secretaría a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ. Por instrucciones de la Presidencia, en votación económica se consulta a la Asamblea si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación) LA C. PRESIDENTA. Suficientemente discutido. Ha sido reservado por el Partido de la Revolución Democrática el artículo tercero transitorio. Se pide a la Secretaría se abra el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ. Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por diez minutos, para proceder a la votación en lo general y en lo particular de los artículos no impugnados. (votación) Se emitieron 462 votos en pro, 3 en contra y 3 abstenciones. PRESIDENTA: Aprobado en lo general y en lo particular por 462 votos. Queda muy claro que son 462 votos en lo general y en lo particular los artículos no impugnados. Se reservó para su discusión en lo particular el artículo 3º. transitorio. Para referirse al artículo 3º. transitorio reservado, tiene el uso de la palabra el diputado Uuc kib Espadas Ancona, del grupo parlamentario del PRD. DIP. UUC KIB ESPADAS ANCONA: Diputada presidenta; ciudadanos diputados: Hemos propuesto una adición al tercero transitorio que diría: "Se garantizará que los hablantes nativos de lenguas indígenas, reciban la educación preescolar en su lengua materna".Hay diversas razones constitucionales en las que nos apoyamos para hacer esta propuesta. Pero hay también algunas valoraciones de hecho que es importante tener en cuenta. Efectivamente es un gran paso avanzar hacia la obligatoriedad de la educación preescolar. Sin embargo no podemos aprobar esto con la conciencia tranquila sino tenemos en cuenta el impacto que esta nueva obligación escolar tendrá en los pueblos indios, particularmente en sus lenguas, si el día de hoy es obligación de todos los padres hablantes de lengua indígena como cualquier mexicano enviar a sus hijos a la escuela a los 6 años. A partir de la reforma que hemos aprobado esta obligación se aplicará a niños a partir de los 3 años. En esta etapa que es una etapa en la que la lengua materna todavía se encuentra en adquisición, enfrentar a los niños hablantes de lengua indígena a la violencia simbólica que representa el aprendizaje del castellano; es una medida que no debemos aceptar. Nuestra Constitución prescribe la educación bilingüe para los hablantes de lenguas nativas. Sin embargo en los hechos esta educación bilingüe ha sido una educación castellanizante. Creemos nosotros que sólo es posible cumplir con la garantía constitucional de una educación bilingüe en su conjunto, si en los primeros años de educación la escuela se encarga precisamente de reforzar, fomentar y cooperar para el desarrollo de las lenguas maternas de los hablantes de lenguas indias. Hemos aprobado durante este mismo año elevar al grado de garantía constitucional el derecho de los pueblos a preservar y a desarrollar su lenguas. Esto es una parte inherente a la pluriculturalidad de nuestro país. Sin embargo, en el dictamen que hoy se discute, no existe una sola referencia específica a la manera como la educación preescolar tratará a los hablantes de lenguas indias. Es obligación de la Federación, y me permito citar la Constitución de la República: "La Federación, los estados y los municipios para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, los cuales deberán ser diseñados y operados conjuntamente por ellos. "Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de:segundo, garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media y superior". Todas estas obligaciones de la Federación favorecer la educación bilingüe, elevar los niveles de escolaridadno pueden desvincularse de la necesidad de los pueblos indios de contar con instrumentos de educación formal que les permitan el desarrollo de sus lenguas nativas. Pero adicionalmente, si nosotros aceptamos que la educación quedará sujeta a las condiciones de castellanización que actualmente prevalecen, estaremos aceptando una norma discriminatoria, abiertamente contrapuesta con el artículo primero de nuestra Constitución. Por qué sostengo que es una medida discriminatoria. Porque a quienes nacen en familias hablantes del castellano no se les obliga de ninguna manera a acudir a escuelas preescolares y primarias en donde la enseñanza se dé en una lengua distinta a la materna. Pero aquellos mexicanos que han nacido en familias de hablantes de lenguas indígenas tienen el día de hoy y tendrán si aprobamos este dictamen con el texto actualla obligación de acudir a escuelas donde la enseñanza se imparte predominantemente, con mucho en una lengua distinta a la que ellos hablan. Incluso podemos decir: en una lengua extranjera para aquellos pueblos que habitaban estas tierras antes de que el castellano dominara aquí. O podemos avanzar por este camino sin considerar las terribles implicaciones que esto tiene para la conservación de las lenguas indias. Pero no se trata de un afán museográfico. La conservación de las lenguas indias tiene que ver con los derechos humanos de sus hablantes, con el derecho del nieto a poderse entender con el abuelo, con el derecho a conservar el bagage simbólico que cada lengua indígena sintetiza. Las lenguas indígenas son hoy un patrimonio que estamos perdiendo y sobre el cual no estamos actuando para conservar. Pero no es el único elemento de discriminación. Al establecerse la educación bilingüe como una medida remedial, exclusivamente para los hablantes de lenguas indias, y no establecer ninguna medida semejante para los hablantes del castellano, estamos expresamente estableciendo el dominio de una lengua sobre otra y el dominio de los hablantes de una lengua sobre los hablantes de otras. En nuestro país los hablantes de lenguas indias no tienen las mismas oportunidades que los hablantes de castellano. Es el momento de que el Estado mexicano avance para igualar los derechos y obligaciones que hoy están diferenciados. No existe en nuestro país ningún elemento que impulse al aprendizaje de las lenguas indias por parte de los hablantes del castellano. Esto es discriminatorio. Cuando un grupo de mexicanos tiene, como un obstáculo insalvable, la obligación de aprender el castellano para poder participar de la educación formal y otros mexicanos no tienen esta obligación, estamos hablando de discriminación. Pero no estamos hablando además de cualquier discriminación. Estamos hablando de una discriminación que se funda en el derecho de conquista, una discriminación que ha prevalecido vinculada al racismo, una discriminación que pretende suprimir al otro a través de suprimirlo simbólicamente, a través de suprimirlo lingüísticamente y a través de subordinarlo a un sistema educativo que hoy funciona sólo para los hablantes del castellano. No alfabetizamos en este país en otra lengua que no sea el castellano. Los mexicanos no se comunican por escrito en lenguas distintas al castellano. Esta discriminación tiene que acabar y creemos que es el mejor momento para iniciarla. Por qué una educación monolingüe en los primeros años de la educación formal y no una educación bilingüe a partir de ese momento. Porque dada la presión que el castellano ejerce, a través de diversos mecanismos sociales y políticos, la supresión de la enseñanza monolingüe sólo significa la castellanización. Porque no existe, el día de hoy, un sistema escolar que efectivamente tenga como resultado estudiantes formados en dos lenguas. Estamos asistiendo a un permanente e inconsciente proceso de castellanización que no puede continuar. No aprobemos hoy una norma que sustraerá a los niños hablantes de lenguas nativas de sus casas para introducirlos a un sistema escolar que sin justificación alguna, lejos de utilizar la lengua indígena para la enseñanza del preescolar utilizará el castellano. No hagamos del día de hoy, que deberá ser un día marcado por el avance en nuestro sistema educativo, un día de retroceso en las relaciones sociales de nuestro país. No hagamos de este dictamen el dictamen a través del cual una asamblea, fundamentalmente de mestizos, apruebe un paso más en la supresión de los indios de estas tierras. Muchas gracias. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, ciudadano Diputado. Para referirse al mismo artículo 3º Transitorio, en contra el diputado Ildefonso Zorrilla Cuevas, del grupo parlamentario del PRI.