El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias. Pido también que este documento sea inserto íntegro en el Diario de los Debates. El suscrito, diputado federal Isidro Pedraza, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura, en ejercicio de la facultad que le concede el artículo 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 55, fracción III del Reglamento General para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparece ante esta soberanía, a fin de presentar la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente Exposición de motivos La presente iniciativa se deriva de la importancia que reviste para la nación el papel del Estado en el desarrollo, así como el papel del sector social que se define en el propio texto constitucional y en las leyes secundarias en la materia. Así, el artículo 25 constitucional establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable; que fortalezca la soberanía y el régimen democrático de la nación. Lo anterior involucra también el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución de la riqueza. Concretamente, este artículo establece en su primer párrafo que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable; que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución de la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Es decir, el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general, en el marco de las libertades que otorga la propia Constitución. En torno a la importancia del sector social se señala de la misma manera en el artículo 25 que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. El sector público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalen en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el gobierno federal la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan. En el caso del artículo 27 de la Constitución, en su fracción XX, se establece la relevancia que tiene para la nación el desarrollo rural y el carácter de interés público de la organización de la producción, ya que establece: El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos crediticios, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear, organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización considerándolas de interés público. Por otro lado, el artículo 5 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece que: En el marco previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el estado a través del gobierno federal y en coordinación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, impulsará políticas, acciones y programas en el medio rural, que serán considerados prioritarios para el desarrollo del país y que estarán orientados a los siguientes objetivos: I. Promover el bienestar social y económico de los productores, de sus comunidades, de los trabajadores del campo y, en general, de los agentes de la sociedad rural, mediante la diversificación y la generación de empleo, incluyendo el no agropecuario en el medio rural, así como el incremento del ingreso; II. Corregir disparidades del desarrollo regional a través de la atención diferenciada a las regiones de mayor rezago, mediante una acción integral del Estado que impulsa su transformación y la reconversión productiva y económica, con un enfoque productivo del desarrollo rural sustentable. III. Contribuir a la soberanía y seguridad alimentaria de la nación, mediante el impulso de la producción agropecuaria del país; IV. Fomentar la conservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su aprovechamiento sustentable; y V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales de las diferentes manifestaciones de la agricultura nacional. Adicionalmente, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en su artículo 13, fracción I, señala que: la planeación del desarrollo rural sustentable tendrá el carácter democrático que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes relativas. Participarán en ella el sector público, por conducto del gobierno federal, los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios en los términos del tercer párrafo del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los sectores social y privado a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente constituidas y demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural. En atención a lo anterior, la presente iniciativa busca garantizar que en los procesos de planeación y rectoría del desarrollo nacional, en formación de las instancias colegiadas de planeación estatales, distritales y municipales, se mantenga la fortaleza, el espíritu de la planeación democrática y participación ordenado por las leyes, y que efectivamente estén representadas y sean reconocidas todas las organizaciones del medio rural sin discriminación, por motivo de afiliación política o intereses de cualquier otro tipo. Finalmente, es relevante considerar que esta exposición de motivos que en el siglo XXI el fortalecimiento agrario, agropecuario, forestal, pesquero, de la propiedad rural, de la propiedad social y la organización económica de los productores, es una condición fundamental para la aplicación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al papel del Estado y del sector social del campo, para lograr la satisfacción de las necesidades agroalimentarias de la nación. El desarrollo económico de las organizaciones campesinas y de las productoras rurales —ya voy a terminar, me faltan unas dos cuartillitas— requiere el punto de vista de las propias organizaciones, una mejor planeación estratégica del uso sustentable de los recursos, el establecimiento de alianzas regionales y nacionales entre las mismas para que en el marco constitucional y de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable puedan desplegar su potencial productivo y capacidad de creación y agregación al valor económico. Este desarrollo requiere como condición avanzar en las economías de escala, producción orgánica sustentable, elaboración de productos con un alto valor agregado, servicios ambientales, protección y uso sustentable de la biodiversidad, desarrollo de sistemas de comercialización nacional e internacional que lleguen directo al consumidor urbano, mediante la organización productiva y el desarrollo de empresa, propiedad de las mismas organizaciones en materia de producción primaria, insumos, servicios, para los productores, financiamiento, mercadeo, infraestructura, industrialización, diversificación económica, empresas integradoras y corporativos, y empresas de agregación e integración de tercer nivel, entre otras. Avanzar en esta dirección requiere como condición necesaria, fortalecer el pacto social, económico y cultural de largo plazo, entre el Estado mexicano, el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, con las diversas organizaciones campesinas nacionales. Por ello es necesario el reconocimiento a las organizaciones campesinas nacionales como entidades de interés público. Reconocer la necesidad de continuar fortaleciéndolas con fines productivos mediante el impulso de proyectos orientados al fortalecimiento de sus capacidades técnicas, gerenciales, comerciales —entre otros—, que les permita la integración de unidades productivas, competitivas y rentables. El acompañamiento técnico y la compra consolidada de insumos que les permitan eficientar recursos, sus costos —entre otras cosas—, a fin de mejorar las condiciones de productividad y elevar los ingresos de los productores, reconociéndoles el carácter de instancias de interés público. Por lo anterior, la presente iniciativa que reforma y adiciona el artículo 25 constitucional en comento, propone garantizar que las organizaciones campesinas nacionales cuenten con elementos para llevar cabo sus actividades; se les apoye con recursos públicos para el desarrollo de sus actividades como asesoría técnica jurídica, vinculación institucional —entre otros— para el desarrollo de la organización y todas las tareas que desempeñan. Voy a leer ya el punto de la Iniciativa Artículo primero. Se reforma y adiciona un último párrafo al artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Las organizaciones campesinas nacionales son entidades de interés público, y la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso del desarrollo nacional integral y sustentable. La ley garantizará que las organizaciones campesinas nacionales cuenten con los elementos para llevar a cabo sus actividades. La ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de las organizaciones campesinas nacionales para garantizar su participación corresponsable que fortalezca el crecimiento y el desarrollo económico, la soberanía agroalimentaria, el empleo y la justa distribución de la riqueza. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados, por su tolerancia.