EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (Convergencia): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El estado de derecho, conforme a su etimología el estado viene a significarse como la manera de ser o estar organizada políticamente en una comunidad humana. El estado se nos presenta como una sociedad de mujeres y hombres establecidos permanentemente en un territorio sometidos a un poder el que se encuentra regido bajo un orden jurídico que busca y realiza el bien público. El estado moderno se concibe como un estado de derecho que adopta frente al orden jurídico una doble actitud, una actitud activa por el cual crea el derecho, lo aplica, lo interpreta y lo sanciona, una actitud pasiva al someterse al derecho cuando comete alguna arbitrariedad con sus gobernados. El estado sin derecho no puede existir, sería un fenómeno de fuerza; el derecho sin estado sería una norma sin eficacia, una mera identidad normativa. El estado de derecho es el fruto de una larga evolución histórica y producto de amplias e intensas luchas de los pueblos que va desde las sociedades primitivas, hasta aquellas en las que sus bases sociales se dan a través de constituciones, el estado de derecho, este se somete a sus normas jurídicas. Por ello el estado de derecho ha adquirido en su evolución características indisolubles . Una Constitución que tenga el carácter de ley suprema, un conjunto de derechos públicos subjetivos; la aplicación constante del principio de legalidad, un gobierno representativo en el cual participen los ciudadanos de manera regular, una efectiva separación de poderes, un efectivo régimen de opinión pública organizada y libre y un conjunto organizado y respetado de recursos Jurisdiccionales y administrativos. La Constitución es la ley suprema del estado que estructura los órganos del mismo, que define el régimen político y que tutela los derechos fundamentales del hombre; la importancia de la Constitución queda manifestada en el texto de los artículos 33, 41, 49, 116, 128, 135, es decir, giramos alrededor de una Constitución que rige nuestra vida colectiva, es la esencia de nuestro Constitucionalismo. Todas las autoridades del país, todas, independientemente de su nivel jerárquico, tienen el deber o la obligación de aplicar la Constitución con preferencia a cualquier ley secundaria; es decir, con preferencia a cualquier ley que se oponga al ordenamiento fundamental. Toda autoridad está obligada a ceñir su actuación a los mandamientos de la ley fundamental, se proclama así el principio de supremacía Constitucional. De conformidad con los artículos 41 y 99, el Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación está facultado para proteger y preservar la Constitución contra los actos o resoluciones de las autoridades electorales de los Poderes de la Unión que la contraríen. El Tribunal Electoral tiene como fin esencial y primordial tutelar el régimen creado por la Constitución contra actos o resoluciones de cualquier autoridad electoral, existiendo la posibilidad jurídica de invalidar Ea actuación violatoria desplegada por las autoridades responsables, en cada caso concreto que se presente, al constituirse prácticamente en órgano revisor superior, confrontando el acto o la resolución reclamados con la Constitución, manteniendo así la supremacía del régimen Constitucional, y en consecuencia nuestro estado de derecho. El caso de Yucatán. Con base en el marco normativo derivado de la Constitución Federal, correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal Electoral el juicio 391/2000, integrado con motivo dei juicio de revisión Constitucional electoral promovido por el Partido de la Revolución Democrática en contra del decreto 278 del Congreso del estado de Yucatán, relativo a la ratificación para un periodo ordinario electoral más en el cargo de consejeros ciudadanos y el Secretario Técnico del Consejo Electoral de la citada entidad federativa. Al resolver dicho medio, la Sala Superior estimó que el Congreso del estado de Yucatán actuó como autoridad electoral, en virtud de que si bien el acto cuestionado es formalmente legislativo, lo cierto es que materialmente constituye un acto administrativo electoral por el cual el Congreso local ejerció una atribución prevista en una ley electoral, como lo es el Código Electoral del estado de Yucatán, que establece en su artículo 86, párrafo primero, lo siguiente: "Los consejeros ciudadanos serán designados por el Congreso del estado a más tardar el último día del mes de septiembre del año previo al de la elección, de acuerdo con las siguientes bases . . . ", y las señala. La Sala Superior revocó el citado decreto al considerar fundado, entre agravios, el consistente en que la responsable violentó el principio de legalidad a que estaba constreñida, toda vez que no se ajustó a lo dispuesto en la fracción 3a del mencionado artículo 86 del Código Electoral del estado de Yucatán. El Congreso del estado de Yucatán aprobó dicha ratificación por mayoría calificada de los presentes, contraviniendo con ello la voluntad del legislador local, y por consiguiente violando el principio de legalidad, razón por la cual a Sala Superior, al ser garante de la Constitucionalidad y legalidad de los actos de las entidades federativas, revocó el decreto mencionado y dejó sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral del estado de Yucatán, integrado de conformidad con el decreto de referencia, consolidando así nuestro estado de derecho. La Sala Superior, a la Sala Superior no le quedó otra alternativa que revocar el decreto 286 del Congreso del estado de Yucatán y dejar sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral de la citada entidad federativa, proveyendo en su fallo lo conducente para resarcir la violación impugnada. La actuación del Congreso del estado de Yucatán evidentemente transgredió el principio de legalidad exigido por la propia normatividad local, así como por la Constitución Federal, por lo que la Sala Superior con lo resuelto en su sentencia nuevamente participó en la consolidación del estado de derecho, al no haber permitido la violación de la legislación secundaria, y sobre todo no permitir la violación a nuestra ley fundamental. Por lo tanto, si el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de las autoridades, éstas deben proceder a su inmediato acatamiento en términos de lo previsto en el referido articulo 128 de la Constitución Federal. Por lo tanto, el acatamiento de los fallos por parte de las autoridades contribuye a que se haga efectivo el mencionado mandato Constitucional, lo cual constituye una cuestión de orden público. El incumplimiento en que ha incurrido el Congreso del estado de Yucatán no lo exonera de la observancia o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial. El Congreso del estado de Yucatán argumenta que con la actuación, el Tribunal Electoral ha vulnerado la soberanía de dicha entidad federativa, pero al establecerse en el artículo 99, párrafo 4° , fracción IV de la Carta Magna, que al TRIFE le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley sobre las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, entonces cabe señalar: Que esta reforma, esta reforma al artículo 99, fue aprobada por la mayoría de las Legislaturas de los estados, incluido el de Yucatán, por lo que dicha entidad federativa no puede alegar violación a su soberanía, máxime que se trata de un sistema de control de la Constitucionalidad de los actos o resoluciones de todas las autoridades del país en materia electoral, que al igual a lo que sucede en el juicio de amparo, no se circunscribe a determinado ámbito de aplicación de la ley, ya sea federal, local o municipal, sino que trasciende al ámbito de validez del orden jurídico mexicano. Muchas gracias, compañeras y compañeros.