La diputada Norma Ponce Orozco: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el ISSSTE ha sido uno de los más sólidos pilares de la seguridad social en nuestro país, el cual ha servido para consolidar los principios básicos de una seguridad social pública, integral, solidaria y redistributiva, que responda mejor a los compromisos históricos del Estado con sus trabajadores y a sus responsabilidades con el desarrollo de la nación. En atención a lo anterior y a fin de rescatar a una institución bajo cuya responsabilidad se encuentra la atención de la salud de más del 10 por ciento del pueblo de México y que tiene también la tarea de asegurar a más de medio millón de jubilados, un ingreso que les permita vivir con dignidad, financiera vivienda accesible, otorgar créditos con tasas bajas e impulsar para este sector programas sociales y culturales, legisladores de diversos grupos parlamentarios presentaron en marzo de 2007 una iniciativa cuya finalidad consistió en dar viabilidad y mayor autonomía financiera al ISSSTE. Como consecuencia de lo anterior el 31 de marzo de ese mismo año se publicó la Nueva Ley del ISSSTE, misma que fue objeto de un acucioso análisis de constitucionalidad por el Poder Judicial de la Federación, el cual tuvo como consecuencia que se reconociera en términos generales que el nuevo ordenamiento se ajustaba lo preceptuado en nuestra Carta Magna. Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su papel de legislador negativo declaró la inconstitucionalidad de los párrafos segundo y tercero del artículo 25 de la Nueva Ley del ISSSTE, los cuales señalan, por una parte, que transcurridos 12 meses consecutivos o dentro de un periodo de 18 meses de cumplimiento parcial o total del entero de cuotas, aportaciones y descuentos, el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios que corresponden al adeudo para lo cual bastará con una notificación por escrito al titular de la dependencia o entidad respectiva, con 60 días de anticipación. La Junta Directiva y el director general del instituto decidirán sobre el ejercicio de la suspensión dispuesta, y por la otra: que la dependencia o entidad morosa asumirá la responsabilidad y las consecuencias legales que resulten por la referida suspensión de los beneficios previstos en la ley. El máximo tribunal de nuestro país arribó a esta conclusión toda vez que consideró que tales normas contrarían la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 constitucional, así como la garantía al derecho a la salud tutelada en los artículos 4o., y 123 de la propia carta fundamental. Lo anterior fue resuelto así toda vez que tales previsiones legales no garantizan de ninguna forma que se otorgarán los beneficios a los trabajadores cuando en el momento en que los requieran, pues es evidente que ello estará condicionado a que se acredite algún tipo de responsabilidad de la dependencia o entidad de que se trate, imponiéndole al trabajador una carga que no le corresponde. El tribunal pleno también observó que la suspensión de los derechos y prestaciones contraviene el derecho a la protección a la salud, así como la garantía de seguridad social, ya que se restringe o menoscaba el derecho de los trabajadores a la protección de la salud. Al existir la posibilidad de que se les niegue el otorgamiento de los beneficios inherentes al seguro de salud como lo es la atención médica y hospitalaria, la asistencia médica y el suministro de medicamentos, aun cuando hayan cubierto sus cuotas oportunamente. En esta tesitura, la corte consideró procedente conceder el amparo respecto a los dispositivos impugnados para efecto de que no se privase a los quejosos de los seguros, prestaciones o servicios que brinda el ISSSTE, sin que de manera previa se desarrolle un procedimiento en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. De esta forma, los efectos del amparo se tradujeron en que se permitiera a los trabajadores derechohabientes del instituto seguir gozando de los seguros, prestaciones y servicios que se brindaban, aun cuando la dependencia o entidad para la cual laboran no haya efectuado los enteros respectivos, en la inteligencia de que ello no los eximía de cubrir las cuotas que les correspondían. Compañeras y compañeros legisladores: las declaraciones de inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia deben ser cruciales para enmarcar las normas a lo que dicta nuestra ley fundamental. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional considera importante la aprobación de este dictamen puesto que su finalidad principal es el respeto a los derechos fundamentales de los mexicanos. Muchas gracias.