La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud la salud mental es el bienestar que una persona experimenta como resultado de un buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos, afectivos y conductuales, y en última instancia el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Al respecto es preciso señalar que en México se estima que alrededor del 15 por ciento de la población del país padece algún trastorno mental, sin embargo sólo 2.5 por ciento d los pacientes se encuentran bajo supervisión de algún especialista. Aunado a dichas cifras tenemos que los miembros de la familia son frecuentemente los cuidadores primarios de las personas con trastornos mentales, por lo que la magnitud de la carga en la familia es difícil de justipreciar y por eso es frecuentemente ignorada. A pesar de los costos de la salud y sociales las personas afectadas por estos trastornos mentales son víctimas de violaciones de los derechos humanos, estima y discriminación dentro y fuera de las instituciones psiquiátricas. Es sabido que muchas instituciones psiquiátricas practican una atención inadecuada, degradante y hasta dañina, violando así los derechos de las personas con discapacidad mental. Las condiciones de higiene y de vivienda pueden llegar a ser subhumanas. Por ejemplo, existe evidencia de ciertos casos de pacientes que han sido atados a troncos alejados de su comunidad durante largos periodos de tiempo y sin alimentos, vivienda o ropa adecuada. No distan de ser raros las hospitalizaciones y los tratamientos que no cuentan con el consentimiento del paciente. Los aspectos legales y éticos, vinculados con ambos, son soslayados. Y evaluaciones independientes respecto a la capacidad del paciente son omitidas. Esto significa que las personas pueden ser encerradas por extensos periodos, a veces de por vida, a pesar de contar con la capacidad de decidir su destino y poder vivir en la comunidad. Cabe mencionar que nuestra Ley General de Salud faculta a los profesionales de la salud a tomar las decisiones respecto al tipo de tratamiento sin necesidad del consentimiento informado, siempre y cuando se compruebe que el tratamiento es el más indicado para atender las necesidades del paciente. Por ello, en Acción Nacional, preocupados ante tan complicado panorama consideramos que se requiere impulsar acciones legislativas a efecto de proteger la dignidad humana de las personas con discapacidad mental. En este sentido, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, presento ante ustedes este proyecto de iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social que tienen particularmente las siguientes virtudes: otorgar el derecho a favor de enfermos mentales de que un familiar, tutor, representante legal o persona de su confianza puedan decidir acerca de su tratamiento e internamiento; además, otorgar certeza jurídica y protección plena en salud del paciente. Se propone que en ausencia de los representantes del enfermo mental y cuando éste no pueda tomar la decisión, el tratamiento idóneo sea decidido por el médico, especialista o el Comité de Bioética de la institución exclusivamente. Se establece el derecho de los pacientes a recibir atención óptima y en calidad idónea en materia de salud mental y recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso de los profesionales, técnicos y auxiliares. Se dispone que los menores de edad tengan derecho a que, en el caso de que el diagnóstico confirme la existencia de un trastorno mental y del comportamiento, se procure su atención y tratamiento en el entorno de una familia, de conformidad con las normas oficiales mexicanas. Por otra parte resulta imperante evitar la reiteración de casos como Casitas del Sur en el que menores de edad han desaparecido y se sospecha de una red de trata de menores. Por ello una virtud de la presente iniciativa es establecer que el Sistema Nacional del Desarrollo Integral de la Familia DIF tenga facultad para apoyar a la Secretaría de Salud en las funciones de vigilancia de la aplicación de la ley y de los establecimientos de asistencia social. Además se propone como una atribución de la Secretaría de Salud y del DIF elaborar y actualizar un registro nacional de menor sujeto de asistencia social, garantizando la evidencia y la trazabilidad en la ubicación de aquellos que se encuentran internados en instituciones de asistencia social. En ese sentido, compañeras y compañeros legisladores, los exhorto a apoyar esta propuesta, toda vez que en Acción Nacional estamos convencidos de que debemos impulsar todas aquellas acciones tendientes a respetar los derechos de los menores y las personas con discapacidad mental; además de generar las condiciones necesarias para el pleno ejercicio de su derecho a la protección de la salud. Es cuanto, muchas gracias.