La diputada Irasema del Carmen Buenfil Díaz: Con el permiso de la Presidencia y el honorable pleno. Dictamen de minuta que reforma y adiciona los artículos 70 y 70 Bis de la Ley de Migración, en materia de defensa jurídica de migrantes. La Asamblea General de la ONU proclamó en el año 2000 que cada 19 de diciembre se celebraría el Día Internacional del Migrante, ya que, en ese mismo día, pero en 1990, se adoptó la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares. En este sentido, la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia, independiente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento y la duración de su estancia. Con base en lo anterior, en septiembre de 2016 se emitió la Declaración de Nueva York sobre Refugiados y Migrantes, la cual daría nacimiento en diciembre de 18 al Pacto Mundial sobre Migración, donde México fue firmante y actuó como un Estado garantista en materia de derechos humanos. Ese pacto mundial es el primer acuerdo intergubernamental bajo el auspicio de las Naciones Unidas, que tiene como meta cubrir todas las dimensiones de la migración internacional de una manera completa. Es decir, garantizar que el tránsito de los migrantes sea seguro, sea ordenado y regular. En este sentido, el Pacto Mundial sobre Migración, aunque no es vinculante, sí invita de manera moral a los países firmantes a construir leyes para dotar a los migrantes y a sus familiares de seguridad jurídica, además de fortalecer los mecanismos de política pública que los doten de oportunidades, con el objetivo de mejorar la gobernabilidad de la migración y afrontar los desafíos que representa. Al respecto, dentro de los 23 puntos que contiene el pacto mencionado, se encuentran el aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la adecuada verificación de antecedentes, evaluaciones y derivaciones, y mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo migratorio. Los anteriores puntos se armonizan con el objetivo de la iniciativa que aborda el presente dictamen, por lo que Encuentro Social está a favor de garantizar a los migrantes mecanismos de certeza legal para dotarlos de principios de seguridad jurídica. Lo anterior, para que tengan una adecuada defensa legal y la oportunidad de contar con una asesoría legal eficiente y ética, que le mencione al migrante y a su familia el catálogo de derechos que tienen en cualquier situación jurídica que se les presente, salvaguardando su integridad física y psicológica principalmente. Con ello se le reconoce y garantiza al migrante el acceso al debido proceso, una adecuada defensa en los procedimientos administrativos donde se vea involucrado, por lo que podrá contar con uno o varios representantes legales, uno o varios defensores, licenciados en derecho y estar asistido por las personas que libremente designen para su protección y defensa integral de sus derechos humanos, así también con asistencia médica y psicológica. También podrá ser representado por un defensor perito en derecho, ya que deberá tener la capacidad de asesorar al extranjero y apreciar lo que jurídicamente es conveniente para otorgarle una real y efectiva asistencia legal. Con esta reforma se le garantiza al migrante la asistencia del cónsul de su país, para que se le puedan explicar las acciones y procedimientos ejercidos en su contra, ya que frecuentemente son atendidos de diferente manera en su país de origen. Es entonces que el cónsul será un intérprete de las condiciones y circunstancias en la que se encuentra su connacional, explicando con mayor claridad...