La diputada Mirna Isabel Saldívar Paz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del artículo 56 y el artículo 74 y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 56, todos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Lo anterior, con la finalidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales al debido proceso y a la garantía de audiencia dentro de los procedimientos administrativos que una autoridad instruya frente a particulares, sean personas físicas o sean personas morales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece claramente, en su artículo 14, la garantía del debido proceso. Los actos y actuaciones de las autoridades deben ajustarse, no solo al ordenamiento legal, sino también a los preceptos constitucionales y, de este modo, garantizar el correcto ejercicio de la administración pública a través de la emisión de actos administrativos que no sean arbitrarios y así salvaguardar en todo momento las prerrogativas de los gobernados. Cuando la autoridad realiza un procedimiento administrativo con el objeto de imponer una sanción a un particular, este tiene que cumplir con todas y cada una de las diferentes etapas procesales, siguiendo estas un orden que le permita al probable infractor una debida y una correcta aplicación de la normatividad por parte de la autoridad. Así, se busca garantizar el derecho de audiencia con el que se insta a la autoridad sustanciadora del procedimiento administrativo a escuchar a las partes y valorar las pruebas ofrecidas antes de emitir la resolución con la que se ponga fin al procedimiento. A qué nos referimos cuando hablamos de la garantía de audiencia. La Suprema Corte de Justicia nos proporciona una respuesta al señalar que consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Dichas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y se traducen en los siguientes requisitos. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. La oportunidad de alegar. Y el dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Cuando estos requisitos no se respetan se incumple con el fin de la garantía de audiencia, que consiste en evitar la indefensión del afectado. A pesar de lo anterior, aún podemos encontrar disposiciones que no cumplen a cabalidad con estas condiciones, este es el caso de los artículos 56 y 74 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. De la lectura de estos artículos se puede entender que existe una incongruencia normativa entre ambos preceptos, ya que en el primero se dispone que los alegatos se presentarán una vez concluida la tramitación del procedimiento y antes de dictar resolución. Mientras que en el segundo, se refiere a que el particular será oído y desahogará las pruebas ofrecidas, y hecho lo anterior se procederá a emitir resolución. Esto nos lleva a entender que la tramitación del procedimiento no ha concluido y que los alegatos se encuentran aún en la etapa de desahogo. Es por ello, que someto a consideración de esta asamblea la reforma del artículo 56, a efecto de que se señale que una vez concluido el periodo probatorio y no la tramitación del procedimiento administrativo, como lo señala el texto vigente, las actuaciones se pondrán a disposición de los interesados para que eventualmente se formulen alegatos y que estos sean considerados por la autoridad al dictar la resolución respectiva. Además, en caso de que el interesado manifieste su intención de no presentar alegatos, se tendrá por concluido el periodo correspondiente. Del mismo modo se establece que concluido el periodo de alegatos se tendrá por acabado el trámite conducente a las substanciación del expediente y en consecuencia, se procederá a dictar por escrito la resolución que corresponda, con lo que concluirá el procedimiento administrativo. La reforma al artículo 74 busca adecuar dicho precepto al texto del artículo 56 y acotar de forma clara y expresa la secuencia procesal, garantizando el derecho de audiencia del interesado, el desahogo de las pruebas y la conclusión del periodo de alegatos. Una vez hecho esto, la autoridad procederá, dentro de los 10 días siguientes, a dictar la resolución respectiva. En Nueva Alianza estamos convencidos de que se pueden efectuar enormes avances en cuanto al respeto del debido proceso. Esta forma contribuirá a conseguir dicho objetivo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.