La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, senadora presidenta. Con la venia de esta asamblea. El punto de acuerdo que estamos dictaminando es de la mayor relevancia, porque no solamente es un gran pendiente que tiene México, sino porque además una de las primeras recomendaciones que hace la representación de la ONU en este país cuando se suscitaron los hechos de Ayotzinapa, es precisamente lo que versa este punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo federal a reconocer la competencia del Comité de la ONU contra la desaparición forzada para recibir comunicaciones por parte de las víctimas. En México, como todos sabemos, las desapariciones forzadas comienzan con los conocidos levantones. El hecho más vigente en nuestro país es el hecho de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, en el municipio de Iguala. A consecuencia de esto, el director ejecutivo de Human Rights Watch ha declarado que las desapariciones representan una verdadera crisis de derechos humanos de enormes proporciones en México. La delincuencia organizada ha sido el chivo expiatorio del gobierno para encubrir y promover los actos de privación de libertad, que son conocidos como desaparición forzada y que tienen un elemento central, que es la participación del Estado en cualquiera de sus representaciones, sea una policía municipal, sea una policía estatal o sea la orden de un alcalde; pero ya sea que por un actor material o la orden de un elemento del Estado, se tipifica de manera internacional cuando menos la desaparición forzada. En México desgraciadamente el delito está incompleto, le faltan elementos importantes; elementos que tienen que ver precisamente con la permanencia de la desaparición forzada, siempre y cuando no se ubique el paradero de aquéllos que son desaparecidos y sobre todo la determinación o la tipificación del delito cuando el elemento del Estado no sea quien haya hecho materialmente el acto de la desaparición, pero que sí sea por orden de un elemento del Estado. Éstos son los elementos que le faltan a la tipificación del delito de la desaparición forzada y que son otros de los grandes pendientes que tiene la República Mexicana frente a las recomendaciones internacionales. La Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República ha declarado que hay 22 mil 322 personas desaparecidas. Éstas son las cifras oficiales, porque las cifras que se encuentran en las ONGs alcanzan más del doble de este monto. Son muchas las acciones jurídicas que nuestro país debe tomar para mejorar el marco jurídico en el tema de la desaparición forzada, pero éste es un paso importante y sobre todo una gran deuda que tiene México frente a la Comunidad Internacional y que definitivamente no va a quitar la mancha de lo que se ha convertido del momento mexicano a la pesadilla mexicana, pero que sí sería un gran avance para México reconocer ante la ONU y poder recibir las comunicaciones por parte de las víctimas y el reconocimiento de los derechos de las mismas en el tema de la desaparición forzada, específicamente en el caso más vigente, que es el caso de los 43 de Ayotzinapa. Muchas gracias, señora presidenta. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, diputada. No existe ningún otro orador u oradora registrada, por lo que le pido a la Secretaría consulte a la asamblea si es de aprobarse en los términos que fue presentado el dictamen.