El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: Con su venia, diputado presidente. El Poder Legislativo podrá transformar a México sólo si es capaz de transformarse a sí mismo. La transición democrática abrió felizmente el Congreso a la pluralidad política del país, pero esa riqueza intelectual, ideológica e, incluso, cultural, está lejos de rendir los frutos que podría, en virtud de su enorme potencial. Todos coincidimos en que tenemos un problema estructural de gobernabilidad en nuestro régimen político que pasa por la ausencia de mayorías estables que trasciendan la coyuntura y mantengan una visión de largo plazo. Por eso, un asunto pendiente y de primera importancia para esta Legislatura, es el de la reforma del Estado. Estoy seguro y convencido de que la abordaremos con absoluta seriedad. El rediseño institucional que necesitamos es muy ambicioso, pero podemos empezar con cambios modestos pero de fuerte incidencia e innegable importancia. Vengo a hacerles una propuesta que revolucionaría para bien el trabajo legislativo del Congreso. Estamos obligados a dar más y mejores resultados, y esta iniciativa pretende precisamente, que esa aspiración se haga realidad. Esta iniciativa consiste en que cada grupo parlamentario tenga la posibilidad de presentar hasta una iniciativa preferente por periodo ordinario de sesiones. Me parece correcto que el Ejecutivo tenga la facultad de presentar iniciativas, las ha tenido siempre, y que algunas de ellas sean tratadas con el carácter de preferente, pero dicha facultad no debe ser exclusiva. Y no lo digo por un prurito teórico o exceso de celo republicano, que, confieso sí padezco, sino por las ventajas que eso generaría en el trabajo legislativo, por una parte, y porque contribuiría a consolidar nuestra democracia. Me explico. Es verdad que por reglamento desaparecimos o desapareció de esta Cámara de Diputados la llamada congeladora, pero sigue quedando una enorme cantidad de iniciativas sin dictaminar, que terminan simplemente desechadas. Poner plazos fatales expeditos para que se dictaminen ciertas iniciativas dinamizaría, sin lugar a dudas, el trabajo en las Cámaras, pero la propuesta trasciende por mucho la productividad cuantitativa. El punto fundamental, su corazón, tiene un contenido político de enorme importancia; la construcción de la agenda nacional desde la pluralidad. Lo reitero; la construcción de la agenda nacional desde la pluralidad que aquí está representada. Frente a la discriminación de las ideas por la frialdad contundente del número, recuperemos el principio madre de la democracia, que es la igualdad de derechos, que sean los méritos y la capacidad política lo que determine el éxito de las iniciativas. Una iniciativa preferente no es garantía de ser aprobada, pero obliga a todas las fuerzas políticas a definirse frente a ella y concentraría atención pública para que ésta sea valorada también por la sociedad. De esta manera se desincentivan los afanes testimonialistas, pues todas las fuerzas representadas en la Cámara, incluso las minoritarias, tendrían la posibilidad palpable de incidir en las decisiones trascendentes del país. Además se generaría un círculo virtuoso, pues para ser aprobadas las iniciativas preferentes, mismas que expresarían las prioridades programáticas de los distintos partidos políticos, se requiere forzosamente de construir acuerdos con las demás fuerzas políticas, lo que significaría un estímulo notorio a la conformación de mayorías. La colaboración tendría un claro incentivo, pues lograr la aprobación de la iniciativa preferente propia sería reconocida como un éxito por la opinión pública, por la sociedad, por los ciudadanos. En cada iniciativa preferente los grupos parlamentarios tendrían que mostrar visión de Estado, porque estas iniciativas expresarían de alguna manera lo que consideran más apremiante y urgente para la nación, para el país. Los legisladores tenemos el derecho a iniciar leyes, pero carecemos del derecho a que nuestras iniciativas sean analizadas, discutidas y dictaminadas, ya sea a favor o en contra, no hay obligación para eso. Por eso propongo ampliar nuestro derecho a iniciar leyes y poner plazos determinados para que las iniciativas preferentes de estos grupos parlamentarios sean dictaminadas en un plazo determinado, 30 días, igual que las del Ejecutivo. Es verdad que tenemos pendiente reglamentar la iniciativa preferente, pero se ha avanzado en ello. Ayer mismo el diputado Francisco Arroyo Vieyra presentó una iniciativa al respecto que, de entrada considero valiosa. La pluralidad tiene voz y voto en este recinto, lo que sigue es que potenciemos su incidencia y contribuyamos a construir una dinámica que fomente la cooperación recíproca de las diversas fuerzas políticas, lo que sin duda es el reto fundamental de nuestra gobernabilidad democrática. A ello contribuirá decididamente esta iniciativa. Aspiro a convencerlos de ello. Es cuanto, señor presidente.