El diputado Emmanuel Reyes Carmona: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. No sé si vaya a caminar o no, pero al final del día era necesario presentarlo, porque ya estaba inscrito. Sin embargo, el día de hoy es necesario acentuar algunas cosas que al Grupo Parlamentario del PRD le parecen importantes. La reserva que en relación al dictamen en materia de fuero e inmunidad hoy venimos a presentar, garantiza que los servidores públicos sujetos a un proceso judicial le sean respaldados sus derechos al debido proceso legal. Si bien con la aprobación del presente dictamen se está alcanzando un objetivo que fue un reclamo social durante muchas décadas, como lo es la eliminación del fuero, no podemos dejar de lado las garantías procesales que deben estar presentes en todo el curso legal. A partir de las reformas constitucionales del año 2008, se reconoce por primera vez la presunción de inocencia como un derecho humano. Este derecho, junto con el derecho a la libertad, son garantizados por nuestro sistema de justicia. A este respecto, el artículo 19 constitucional contempla la protección de la libertad individual del sujeto, al determinar la procedencia de la prisión preventiva a un número acotado de supuestos. Con esta reserva se pretende que no se haga un abuso generalizado de la prisión preventiva, puesto que al dictarse esta medida, desde los primeros minutos del proceso se violenta el logro alcanzado en las reformas antes referidas. Debemos precisar que esta medida confunde a la opinión pública y dificulta la tarea de los jueces, afectando su imparcialidad, porque quien juzga no quisiera posteriormente tener que reconocer que tuvo un preso inocente, prefiriendo condenarlo condenarlo. Desde este punto de vista, es necesario dotar a la ley la garantía que el servidor público a quien se le haya iniciado un proceso judicial, pueda ser beneficiado del derecho de seguir su proceso en libertad, podrá ser beneficiado del derecho a seguir su proceso en libertad, cuando así lo amerite el caso, y de seguir en el ejercicio de sus funciones hasta en cuanto exista una sentencia ejecutoria. Quiero ponerles un ejemplo, con mucho respeto me dirijo al diputado Cipriano Charrez. Hace algunas semanas los diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados fijamos posicionamiento y más allá de las posturas políticas de cada uno de los grupos, pues mostramos y lo condenamos enérgicamente. Si no hubiese sido por esta parte, hoy el diputado no estaría entre nosotros y lo podemos ver entre nosotros, porque hoy él presume de inocencia y eso le permite ser aún todavía legislador. Él presume de esa inocencia de esos actos que se cometieron en el estado de Hidalgo y no podemos condenarlo, no podemos decir fue culpable, hasta que la autoridad demuestre lo contrario. Por eso, a mí me parece importante que esta reserva se tiene que considerar, porque hoy esta parte y esta posibilidad se vivió desde el grupo de Morena y el día de mañana a cualquiera de los legisladores le puede pasar. No porque yo tenga un obscuro pasado a mis espaldas, porque puedo decirles y puedo garantizarles que yo los puedo ver a la cara a cada uno de ustedes, porque yo no le he robado nada a nadie. Sin embargo, pudiera considerar que cualquier legislador, de cualquier grupo parlamentario puede estar sujeto a que alguien lo culpe sin ser culpable. Por ello, quiero considerar que el artículo 111 debe decir: la o el presidente de la República, las y los diputados y senadores al Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el fiscal General de la República, la y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerza su cargo ni ser separados del mismo, salvo que exista una sentencia ejecutoria en su contra. Los servidores públicos incluidos en este artículo son sujetos de proceso penal, de conformidad con lo siguiente: Nos brincamos al c) Cuando existe sentencia ejecutoria, el juez comunica el retiro de la inmunidad al órgano del cual forme parte el servidor público sentenciado, a partir de lo cual este cesa en sus funciones y queda a disposición de la autoridad correspondiente. d) Las y los gobernadores de los estados y la o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, quienes también gozan de inmunidad, son sujetos de proceso penal por la comisión de delitos federales. Cuando se dicta sentencia ejecutoria el juez comunica a la legislatura respectiva el retiro de la inmunidad y la separación del cargo.