La diputada María Victoria Gutiérrez Lagunes: Con su permiso, diputada presidenta. La suscrita María Victoria Gutiérrez Lagunes, diputada federal por Veracruz e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior, presento la siguiente Iniciativa que reforma la Ley General de las Personas con Discapacidad, modificando los artículos 29 y 30. Por unanimidad y un profundo compromiso con la sociedad y, en lo particular, con este sector de la población, demostrando la gran voluntad de las fracciones parlamentarias para dar respuesta a un reclamo social que representa la lucha por más de una década de las personas con discapacidad y sus organizaciones, las Comisiones Unidas de Salud; de Seguridad Social; de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos; Segunda y del pleno Senatorial, el 9 de diciembre de 2004, aprobaron el dictamen de los instrumentos enunciados en el anterior numeral, turnando la minuta ese mismo día a la Cámara de Diputados. La Ley General de las Personas con Discapacidad establece que el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es una instancia institucional, y es el encargado de elaborar la política pública para las personas con discapacidad. Sin embargo, lamentamos que esto no haya sido suficiente, ya que los beneficios no se han permeado en la vida diaria de las personas con discapacidad. Lo anterior, hace necesario que este consejo cuente con personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía de gestión. Es decir, que las personas con discapacidad, al igual que las personas adultas mayores, indígenas, jóvenes y mujeres cuenten con un organismo o un instituto nacional que les facilite incluso la designación de partidas presupuestales. Según el Censo General de Población y Vivienda, el INEGI, en el año 2000, en México vivían alrededor de 2 millones 200 mil personas con discapacidad. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad estima que de esta población, el 67 por ciento son analfabetos y el 48.5 por ciento es inactiva económicamente. Lo cual hace esta población, si bien es cierto, vulnerable. Éstas son las cifras que presenta el órgano encargado de la política pública para las personas con discapacidad, en su diagnóstico para el Programa Nacional para las Personas con Discapacidad [PRONADIS] 2007-2012, presentado en junio de 2008 ante la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables. Lo anterior, hace saber que la situación por la que atraviesan las personas con discapacidad en México, no son las mejores y que en estos tiempos de crisis, seguramente, serán los más golpeados por la carencia de oportunidades y aún más, por la necesidad de un empleo digno y remunerado, por sus necesidades de salud, educación, entre otras, y que no será fácil su inclusión social. En el desarrollo de mi trabajo en esta legislatura, y lo que hemos realizado en la oficina de Enlace Ciudadano, me he dado cuenta de la gran necesidad económica de las personas con discapacidad. Sin embargo, no quiero omitir las carencias con las que se vive en mi estado, en Veracruz, no sólo las carencias sino la miseria en la que vive este sector. Como hemos podido observar quienes fuimos electos por el principio de mayoría, y que nunca hemos dejado de recorrer nuestro distrito, no podemos dejar de lado a quienes menos tienen y más lo necesitan. Por todo lo anterior, someto a esta soberanía lo siguiente Proyecto de decreto Único. Se modifica el artículo 29, y se adiciona una fracción al artículo 30, para quedar como sigue Artículo 29. El Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Salud, con personalidad jurídica y patrimonio propio para su desarrollo y sus atribuciones. El consejo debe gozar de autonomía técnica y de gestión de igual manera, para dictar las resoluciones que en término de la presente ley se formulen. El consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. Artículo 30. El consejo tendrá las siguientes atribuciones: Fracción XIX. Deberá promover en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social, la compensación económica y humanista para las personas con discapacidad. Es cuanto, diputada presidenta.