La diputada Graciela Sánchez Ortiz: Con su venia, señor presidente. El día de ayer, con las facultades que nos otorga nuestra Constitución Política, la Ley del Congreso y el Reglamento de la Cámara de Diputados, se cumplió con el anhelo de millones de mexicanas y mexicanos. De quienes desean que los recursos públicos de nuestro país se utilicen con racionalidad, responsabilidad y eficacia, pero también con sentido social, solidaridad humana y fraternidad, ante la gravedad de los problemas que nos aquejan. Lo anterior se logró gracias a la crítica responsable y respetuosa de quienes no compartieron el proyecto, pero, sobre todo, de quienes lo hicieron posible, a las y los legisladores de Morena, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo, a ellos reconozco y felicito su espíritu pluralista democrático y con visión de futuro. Y a quienes no lo compartieron, reconozco su derecho a disentir, a pensar diferente, más allá de los colores o idearios ideológicos. La Comisión de Reforma Política Electoral, que me honro en presidir, aprobó el proyecto de dictamen que modifica diversos artículos de la ley General de Partidos Políticos y de la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ello con la finalidad de instituir el derecho potestativo de los partidos políticos a renunciar parcialmente o reintegrar el financiamiento de actividades ordinarias permanentes, para que sea utilizado en atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno que ponga a la sociedad en grave peligro. Efectos adversos, como los fenómenos antropogenéticos, astronómicos, naturales perturbadores, geológicos, hidrometeorológicos y microtecnológicos, sanitarios ecológicos y social organizativo, efectos adversos como la pandemia del Covid-19, que constituye un desastre y un fenómeno sanitario, porque ha cobrado millones de vida, que no solo han puesto en grave peligro a la población mexicana, sino a la humanidad entera, más allá de cualquier frontera posible. Efectos adversos como el temblor de 1985, que solo el recuerdo de este hecho nos hace reflexionar en la importancia de los valores sociales, cooperativos, de ayuda mutua y solidaridad de las y los mexicanos ante un desastre o un fenómeno natural perturbador. Pero, además de ello, el reintegro o renuncia de los recursos de los partidos contribuye al erario nacional, permite disminuir los efectos adversos mencionados y también manda un mensaje positivo a la ciudadanía de nuestro país e incluso más allá de las fronteras, donde hay millones de migrantes, impactaría positivamente en la función del Estado, en el diseño de las políticas gubernamentales, en materia de desastres o fenómenos que pongan a la sociedad en grave peligro, maximizaría una conducta de cumplimiento de la función partidista bajo las premisas de asegurar los recursos suficientes y necesarios, con una planeación ordenada y eficiente, se adelantaría hacia el ahorro y no hacia el derroche, promovería el monitoreo de la función entre los institutos políticos y la sociedad, relativo a las variantes y los retos, como los dineros-democracia, dinero-partidos políticos y dinero-política, reduciría la percepción de los altos costos que generan la participación política, las campañas electorales y la organización de las elecciones que, si bien fortalecen la democracia, no se puede negar que son onerosos. Reconfortaría el ámbito de derechos de los partidos políticos, pues tendrían la libertad de disponer de manera responsable del ejercicio del presupuesto que les corresponda por su influencia política-electoral, nacional y estatal. Fortalecería la certidumbre hacia los partidos políticos por parte de la sociedad, engrandeciendo su legitimidad, dado que cualquier medida de ahorro y planificación de los recursos públicos es una buena noticia para la población por las grandes brechas de desigualdad. Instituiría criterios de ponderación en la autoridad hacendaria, con la finalidad de precisar la orientación de recursos obtenidos por la devolución o renuncia parcial del financiamiento público permanente. Sin más, reitero mis gratitudes a las y los integrantes de la Comisión de Reforma Política Electoral, por su compromiso con el trabajo legislativo y su voluntad para construir los consensos que beneficien las libertades democráticas, los derechos fundamentales y el bienestar de nuestro país. Muchas gracias.