El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: acabamos de celebrar 93 años de vigencia de la Constitución de 1917. Se dice que hay Constitución cuando el marco jurídico establece garantías a los derechos humanos y contempla la división de Poderes. También se ha llegado a definir a la Constitución como la expresión jurídica de la historia de una sociedad o de un pueblo. En un Estado constitucional y democrático de derecho se dice que la Constitución entraña la organización democrática del poder público. En México desgraciadamente no tenemos una Constitución normativa; es decir, una Constitución que concilie la realidad con el deber ser de las normas, en donde coincida la realidad con lo postulado por la Constitución. Tenemos, en todo caso, una Constitución nominal o semántica. Esa realidad, el no tener una Constitución normativa, donde lo expresado en ella se realice en los hechos, es también expresión de nuestro subdesarrollo. Los problemas de nuestra transición a la democracia tienen que ver con el incumplimiento de la Constitución. ¿Por qué la transición a la democracia en México es insuficiente, frustrada o fracasada? Yo creo que solamente hay dos explicaciones para contestar a esa interrogante: una explicación nos diría que la Constitución en México no se cumple y no se cumple principalmente desde la instauración en el país, desde los años 80, de los gobiernos neoliberales. El neoliberalismo se ha apartado de la defensa del patrimonio de la nación. Se aparta cada vez más de la vigencia efectiva de los derechos sociales. El neoliberalismo no tiene nada que ver con la defensa de la soberanía nacional ni tampoco con la defensa y la realidad existencial y vívida de un Estado laico. Ésa es una explicación. Nuestra transición y el sistema político que tenemos obedecen a que la Constitución no se cumple. Otra explicación nos diría que en México necesitamos una nueva Constitución, una Constitución basada en un consenso sobre principios, sobre valores jurídicos, sobre valores políticos, no una alianza como la que ahora se pregona por distintas fuerzas políticas para repartirse migajas del poder público, para repartirse cuotas de poder. Una alianza auténtica sobre el proyecto de nación que requerimos. ¿Cuál es ese proyecto de nación que requerimos? Un proyecto de nación que garantice y respete el patrimonio de la nación, de los recursos naturales; que promueva la soberanía nacional frente a otros países, frente a otros Estados, frente a los poderes fácticos; que desarrolle también los derechos sociales. Un proyecto de nación donde los derechos económicos, sociales y culturales, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación, al empleo sean una realidad y contemos con instrumentos jurídicos que hagan posibles esos derechos. Un proyecto de nación donde el poder público, empezando por el Congreso de la Unión, se organice democráticamente. Un proyecto de nación en donde prevalezca el principio de supremacía constitucional y que no se aprueben normas, como las recientemente aprobadas en materia petrolera, que vulneran los principios constitucionales de los artículos 27 y 28 constitucionales. Un proyecto de nación donde cualquier ciudadano pueda lograr la defensa de los principios constitucionales. Un proyecto de nación que permita la convivencia entre la democracia representativa y la democracia participativa. Un proyecto de nación donde tengamos mecanismos vigorosos para combatir la corrupción. Finalmente, un proyecto de nación donde no exista un poder fáctico, sea el de la Iglesia Católica o el de los medios de comunicación electrónica o el de los sindicatos que estén por encima de las instituciones representativas del país. Ése es el tipo de Constitución que requiere nuestro país para enfrentar el siglo XXI. Tenemos que aspirar a ese nivel de desarrollo constitucional que hoy no tenemos. Muchas gracias, compañeros.