El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Compañeras y compañeros diputados. El derecho a la vivienda se recoge como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Nuestra Constitución señala en su artículo 4o, que toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para tal fin, la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, garantizando el derecho humano a la vivienda. Todos los beneficiarios del derecho a una vivienda adecuada deberían tener disponibilidad permanente a recursos naturales y comunes, como: el agua, la energía, el alumbrado, las instalaciones sanitarias y servicios de emergencia. Es por ello que la vivienda no se puede considerar como una mercancía, por el contrario, la vivienda constituye un derecho humano básico más allá de cualquier consideración legal y económica, su carencia constituye una injusticia estructural por depender de una inequitativa distribución del ingreso que hace cada vez más distante la brecha entre ricos y pobres. El derecho humano a la vivienda debe evolucionar en nuestra legislación para reconocer en un sentido más amplio la necesidad que existe de que los habitantes gocen de vivienda digna y decorosa. Incorporar conceptos como espacio mínimo habitable y espacio auxiliar básico en la Ley de Vivienda para la construcción de hogares de interés social ayudará a mejorar las condiciones estructurales mínimas que requieren los ciudadanos, pero no resuelve problemas significativos que enfrentan, como: la carencia del agua, las largas distancias de los desarrollos urbanos respecto a las fuentes de empleo, los negocios inmobiliarios basados en la construcción de casas abaratadas con mínimos estándares de calidad y la falta de ecotecnologías para la sustentabilidad. Aunado al hecho de que de acuerdo al censo de 2010 existen en el país alrededor de 5 millones de viviendas abandonadas, la gran demanda de sólo para la construcción de vivienda, la voracidad de los desarrollos inmobiliarios, la falta de planeación, así como la corrupción, son factores que han permitido el avance de desarrollos inmobiliarios logrando hacer ciudades sin condiciones mínimas donde las zonas residenciales se construyeron muy lejos de los centros urbanos y del trabajo. Es por ello que debemos abordar las causas del abandono de las viviendas, y de las cuales mencionamos algunas causas: el desempleo, que ha generado en nuestro país la pérdida del poder adquisitivo de las familias mexicanas; la construcción de desarrollos inmobiliarios lejanos a los centros urbanos; el costo de transporte y el tiempo de traslado; la carencia del agua; la inseguridad; las fallas estructuradas en la construcción, el cofinanciamiento con la banca comercial. Si bien amplia el concepto, resulta decoroso. Deberíamos preocuparnos más por garantizar soluciones, por ejemplo: enfaticemos el impulso a la producción social del hábitat y la vivienda digna, teniendo como objetivos crear comunidades y mejorar la calidad de vida; integrar procesos organizativos y formativos de alto nivel participativo; fortalecer la economía comunitaria; mejorar la convivencia social de las comunidades; contribuir a la gestión social de la ciudad y el manejo sustentable de los recursos económicos y ambientales; rescatar el sentido de pertenencia, identidad y generar una nueva cultura de participación y convivencia; fomentar e impulsar una nueva cultura de manejo sustentable y sostenible de los recursos naturales; impulsar el derecho a la vivienda. Por tanto, es necesario dotar el entorno de viviendas sociales con equipamiento e infraestructura que hagan de las zonas un espacio lo suficientemente habitable como para los moradores puedan tener una estadía agradable y funcional tanto dentro como fuera de sus hogares. En tal sentido, en este pleno deberíamos apresurar esfuerzos más allá de los alcances de esta propuesta legislativa que sólo representa un complemento necesario para fortalecer los instrumentos y mecanismos establecidos en el marco normativo del sector vivienda, sin que ello garantice una solución tangible para la eficacia del derecho a la vivienda. Al ampliar nuestro margen de intervención estaremos contribuyendo a mejorar los resultados de la política de vivienda que hoy sólo se limita a evaluar el número de créditos otorgados y los costos de construcción, ya que el impulsar de manera idónea el derecho a la vivienda digna, pues hoy vivimos indirectamente problemas de salud, violencia familiar, y estaremos fomentando nuevas formas de convivencia y participación ciudadana. Por lo anterior, las y los diputados de Morena apoyaremos las presentes reformas que se formulan a la Ley de Vivienda. Es cuanto, diputado presidente.