El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. "La corrupción es uno de los fenómenos que ha cobrado mayor relevancia en el ámbito mundial. Este fenómeno no tiene especificaciones de tiempo o lugar, es intemporal y si bien es un problema de los individuos que muestran conductas ilícitas, es también resultado de una sociedad que no está funcionando adecuadamente. "Combatir los fenómenos delictivos inherentes y afirmar el respeto al a norma legal como eje rector de todo acto de gobierno, es tarea que debe ser sustancial a la construcción de nuestro estado de derecho. "De igual manera, la educación y el ejemplo de quienes ocupan posiciones relevantes en la sociedad, tienen una importancia decisiva para asegurar la moralidad en la vida pública. "En esta tesitura, las acciones tendientes a combatir la corrupción y erradicar la impunidad, deben desarrollarse en varias vertientes y comprender la evaluación y fortalecimiento de los órganos de fiscalización. "Derivado de lo anterior tenemos que existe un doble interés en la verificación de los actos de gestión de la hacienda pública. Por un lado, los órganos del Estado, que desean asegurar el correcto manejo de los recursos públicos por parte de sus empleados y, por el otro, el pueblo que como titular de la hacienda pública legítimamente exige la correcta administración de los recursos por parte de sus representantes. "Así tenemos que es práctica común en los estados modernos, situar junto a los órganos que administran la hacienda pública, es decir, aquellos que son los encargados de la custodia, manejo y disposición de los recursos públicos, otros órganos destinados a verificar la corrección y eficacia con que se cumplen esas funciones. "En la fiscalización de los recursos públicos se presentan diversas modalidades, como la de carácter interno, cuyo control es para lo general de naturaleza administrativa y se desarrolla en el mismo escenario administrativo, y otra de naturaleza externa, a cuyo cargo a la fiscalización se encuentra en la Asamblea Legislativa, en este caso del Distrito Federal. "La fiscalización se realiza de manera sistemática, con enfoques diversos y su unidad básica es la auditoría o revisión. La fiscalización se realiza de manera programada, elaborando un plan de trabajo sustentado en los criterios referidos y que abarca la mayor parte de las unidades administrativas de la Administración Pública. La consecuencia de la fiscalización es el fincamiento preventivo de responsabilidades administrativas o resarcitorias, aquellos servidores públicos que no tuvieron cuidado con el manejo de los recursos, o bien, que actuaron con desapego a la ética. El fincamiento de responsabilidades da origen al proceso administrativo que la ley de la materia establece para desahogar la garantía de audiencia y en su caso, fijar la aplicación de sanciones. Os órganos legislativos desarrollan diversas funciones dentro del esquema de pesos y contrapesos que debe existir en el ejercicio del Poder público. Una de estas funciones que es mayoritariamente compartida, es la que refiere a la función presupuestaria o financiera respecto al Poder Ejecutivo. Esta función en nuestro Sistema Constitucional, por lo que se refiere al orden federal consiste en la aprobación por parte del Congreso de la Unión de la Le de Ingresos y del Presupuesto de Egresos la Revisión de la Cuenta Pública Anual, la aprobación de las Bases para la celebración or parte del Ejecutivo, de Empréstitos y para reconocer la paga de la deuda nacional. Ahora bien, dentro del ámbito del Distrito Federal, dada la naturaleza jurídica sui generis de esta entidad federativa, el órgano legislativo del mismo, la Asamblea Legislativa, lleva a cabo algunas de estas funciones, no escapándose de su ámbito de competencia la que tiene que ver con el llamado Control Legislativo o Parlamentario, que es a su vez un proceso de fiscalización externa y que se traduce en la Revisión de la Cuenta Pública. En efecto, en el Artículo 122 de la Constitución en su Base Primera, Fracción V, Inciso C) se establece como facultad de la Asamblea Legislativa, el revisar la Cuenta Pública del año anterior por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en la Fracción IV del Artículo 74, los que sean aplicables para el caso. En este contexto, la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, prevé como sujeto de fiscalización la Administración Pública del Distrito Federal, los órganos autónomos y todas aquellas personas físicas o morales que ejerzan o apliquen recursos en el Distrito Federal. De igual manera, este ordenamiento legal señala en su Artículo 10 , que s máxima autoridad lo es un órgano superior de Dirección integrado por tres miembros, los cuales son electos por la mayoría de los Miembros de la Asamblea Legislativa, presentes en el pleno. El Jefe de Gobierno, en términos de lo previsto por el Artículo 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, cuenta con órganos auxiliares para el cumplimento de sus funciones, dentro de los que se encuentra la Contraloría General del Distrito Federal, entidad que desempeña las funciones de Control Interno y que es responsable del control y evaluación de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades paraestatales. El Titular de la Contraloría General es nombrado y removido libremente por el Jefe de Gobierno, en virtud de que es un órgano auxiliar de este, pero el hecho de que esta entidad sea un órgano auxiliar, no significa en lo absoluto que deba actuar con discrecionalidad para el beneficio de algunos y para perjudicar a otros. La subordinación administrativa no debe implicar la subordinación política también. Y es que alrededor de las estructuras que componen el Gobierno del Distrito Federal, se han presentado muchas quejas al respecto, de la mala actuación de funcionarios públicos que incumplen con sus atribuciones legales y que incluso llevan a cabo numerosos actos de corrupción, todo esto sin que la Contraloría, aún con las denuncias requeridas y con los elementos de prueba necesarios, actúe para sancionara como es debido. Una actitud que lamentablemente ha caracterizado al Gobierno del Distrito Federal en los últimos años, es el nivel de corrupción que existe en prácticamente todas las estructuras del Gobierno capitalino. Resulta no sólo alarmante sino indignante, el que semejantes actos ilegales de funcionarios capitalinos aparezcan hasta en la televisión; sin embargo, este lacerante problema gubernamental no se eliminará mientras no se apliquen medidas de fondo para el combate a la corrupción en la ciudad. Resulta absurdo, que el órgano que fiscaliza e inspecciona el ejercicio del gasto público, el Gobierno no actúe con el estricto cumplimiento de sus atribuciones, utilizando así la discrecionalidad política en sus decisiones. La Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal debe ser ejemplo indiscutible de transparencia, legalidad y aplicación irrestricta de la ley. NO debe representar los intereses particulares del partido político en turno sino el interés general de los ciudadanos de la capital y su Titular, no debe actuar con la mira puesta en beneficiar a su superior jerárquico sino a la idea clara, de erradicar y sancionar aquellos funcionarios que se alejen del marco legal. La presente propuesta pretende contribuir a generar un mejor desempeño en las tareas que la Contraloría General del Distrito Federal competen, esto es a través de hacer más democrática y legítima la designación de su titular. Se considera necesario que en la designación del titular del Contraloría capitalina, no intervenga sólo el Jefe de Gobierno sino también la Asamblea Legislativa. El mecanismo propuesto es muy práctico, el Jefe de Gobierno propone un titular y la Asamblea, con el voto de dos terceras partes, una mayoría calificada que sería el resultado del consenso, lo aprueba. A través de este mecanismo, el titular de la Contraloría gozaría de la legitimidad necesaria, para que en el ejercicio de sus funciones, no exista la menor duda de habrá de trabajar para el beneficio de los ciudadanos y no para proteger los intereses del partido en el poder. En virtud de lo expresado y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución y el Artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, es que se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción bis del Artículo 42 y del 77 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es cuanto diputado presidente. Muchas gracias.