La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. Vengo a este pleno a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente Exposición de motivos Es indiscutible que uno de los grandes temas universales, de innegable reconocimiento y aceptación lo constituyen los derechos fundamentales, que son aquellos derechos que, en un momento históricamente dado, se consideran indispensables para asegurar a todo ser humano la posibilidad concreta de una vida vivida con amplia libertad y justicia. Es así como el derecho constitucional es inseparable de la formulación y defensa de esos, sus derechos subjetivos. Y una prueba de que ya se le concibió así, en los inicios del constitucionalismo, se le encuentra en el artículo 16 de la célebre Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que dice: un Estado sin derechos fundamentales y sin división de poderes no tiene Constitución. En este contexto los derechos se debían hacer exigibles frente al Estado, no así frente a los individuos, pues únicamente se reconocía la intraspasable esfera jurídica de libertad de las personas, la cual, tal como se indica, no podía ser afectada en ningún sentido por la actuación de las entidades estatales. De ahí que para garantizar procesalmente estos derechos de libertad, surgieran en México procedimientos constitucionales de relevante trascendencia mundial como lo es el juicio de amparo, que remonta su origen a la Constitución Política del estado de Yucatán, promulgada el 31 de marzo de 1841. El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de los derechos fundamentales establecidos en nuestra Constitución. A través de éste podemos protegernos de las leyes o actos de las autoridades que los violentan, más no así de los particulares. Es necesario insistir que nuestra Carta Magna otorga medios para defender los derechos fundamentales que le corresponden a todo ser humano por el sólo hecho de serlo. Sin embargo, nuestra Constitución no contempló las medidas necesarias parar evitar la violación de los derechos fundamentales consagrados en la misma, por parte de entes privados. Para describir lo anterior mencionaré tres ejemplos. El primero de ellos relativo a la discriminación ejercida en contra de alguna persona física cuando se le niega la entrada en algún centro de esparcimiento sin razón alguna. Otro ejemplo lo encontramos al advertir la enorme capacidad de destrucción del medio ambiente que tienen diversas empresas privadas. En este caso, ¿cómo se salvaguardan los derechos de particulares afectados por otros particulares? Y finalmente el relativo a ¿cómo nos podemos enfrentar ante las prácticas monopólicas de los grandes corporativos, que a través de los llamados "contratos de adhesión" nos someten a condiciones y cláusulas inequitativas e incluso leoninas, por decir los menos? Es preciso reconocer que, aún cuando en México no contamos con alguna disposición constitucional expresa para hacer valer los derechos fundamentales frente a particulares, sí tenemos antecedentes importantes vertidos en diversos comentarios realizados por expertos académicos en nuestra Carta Magna. Especialmente me refiero a lo dicho respecto al artículo 1o. constitucional, cuando se ha afirmado que el principio de no discriminación rige no solamente para las autoridades sino también, con algunos matices, para los particulares, pues como aquí lo he comentado, no es posible discriminar por motivos de raza o de sexo, lo cual significa, entre otras cuestiones que la prohibición de discriminar supone un límite a la autonomía de la voluntad y a la autonomía de las partes para contratar. Por ello, propósito esencial de esta iniciativa es el reconocimiento sustantivo de los derechos fundamentales frente a diversas actuaciones de entes privados que pudieran incurrir en su afectación, con lo cual lograríamos dar un paso significativo en la evolución del estado de derecho constitucional que nos lleve a garantizar jurisdiccionalmente los derechos fundamentales en México. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, me permito proponer ante este pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona un cuarto párrafo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Los derechos fundamentales son oponibles a todo acto u omisión de entes públicos y privados que lesione, restrinja, altere o amenace en cualquier medida esta Constitución y a las disposiciones legales que emanen de ella, así como a los tratados internacionales celebrados en términos del artículo 133 constitucional. Es cuanto, diputada Presidenta.