La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Gracias diputada presidenta, con su permiso; compañeros diputados; compañeras diputadas: El dictamen en sentido positivo que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presenta a consideración del Pleno, tiene por objeto derogar diversas disposiciones del Código Penal Federal, referentes a los delitos de injurias, difamación y calumnia, por considerar que deben ser jueces de lo civil quienes resuelvan si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro o fuera de la ley al difundir su información u opiniones; eliminado la pena de prisión a quien abuse de la libertad de expresión dejando abierta la posibilidad de demandar la reparación del daño causado a terceros, por la vía civil. Cabe resaltar la coincidencia de las iniciativas de los diputados integrantes de los diferentes grupos parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista y Convergencia. En estas iniciativas se propuso derogar diversos artículos del Código Penal Federal y reformar el Código Civil Federal, con el ánimo de hacer las adecuaciones pertinentes a los artículos 1916 y 196 bis, donde se contempla lo referente a la reparación del daño moral por quien en ejercicio del derecho de opinión, crítica y expresión o información, contravenga lo dispuesto en los artículos 6 y 7 constitucionales. Los diputados y las diputadas integrantes de la comisión que dictamina, consideran que efectivamente la libertad de expresión es considerada como uno de los derechos del ser humano consagrado en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano, proclamado en Francia el 26 de agosto de 1789. En la historia constitucional mexicana la primera referencia la encontramos en el decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, del 22 de octubre de 1814, donde se proclama la libertad de hablar, discurrir, de expresar opiniones por medio de la imprenta, siempre que no se acatare la fe, perturbar a la tranquilidad pública o se ofendiera el honor de los ciudadanos. Los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mencionan al respecto la manifestación de las ideas: No será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa sino en el caso de que ataque a la moral los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público el derecho a la información será garantizada por el Estado. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni exigir fianza los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. La expresión oral es utilizada en medios modernos de comunicación como la radio y la televisión. Estos deben ser considerados como técnicas que permiten la divulgación masiva de las ideas de la misma manera que se hizo hace muchos años por medio de la imprenta. De tal modo que la libertad de expresión tiene como límites los valores que la propia Constitución señala, como moral, los derechos de terceros, la seguridad de la vida comunitaria que se vería afectada con la comisión de un delito provocado como causa directa de la manifestación de ideas y el orden público. La formulación constitucional, como corresponde a las normas de esta índole es amplia y por lo tanto debe ser desarrollada en preceptos específicos que señalen cuando el uso de la libertad de expresión sí puede dar lugar a averiguaciones por haber transgredido alguno de los valores protegidos en el mismo precepto. En la legislación penal y civil existen algunos otros supuestos en los que se pone de manifiesto la posible interferencia de la libertad de expresión con otros valores jurídicos, tal es el ejemplo del delito de falsedad de declaraciones ante una autoridad. Si no existiera esta limitación jurídica, podría alegarse que se está haciendo uso de la libertad de expresión al dar a la autoridad expresiones falsas. Si bien es cierto el artículo 7 constitucional menciona que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia y que ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, también es cierto que refiere que la libertad de imprenta no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Es decir, la libertad de prensa tiene como límite el respeto a la vida privada, la moral y la paz pública por lo que en este sentido se encomiendan al legislador ordinario emitir las disposiciones necesarias para evitar delitos en la expresión de ideas, prensa o imprenta. Son muy apropiadas las propuestas planteadas por los autores de estas iniciativas para derogar las disposiciones del Código Penal Federal referentes a los delitos de injuria, difamación y calumnia para que sean los jueces civiles quienes resuelvan mediante sus resoluciones si los periodistas o comunicadores, o alguna otra persona lesionan derechos de terceros, cometen algún delito o perturban el orden público al difundir información u opiniones imponiendo una sanción económica y no de prisión como lo contemplan estos artículos. Quienes ven lesionada su personalidad en cuanto a su honor o decoro, verían con mayor interés que el sujeto activo del delito les haga la reparación del daño de tipo económico. Se consideran favorables las propuestas de los párrafos que se adicionan a los artículos 1916 y 1916-bis del Código Civil Federal en donde se contempla lo referente a la reparación del daño por quien en ejercicio del derecho de opinión crítica, expresión o información contravengan lo dispuesto por los artículos 6 y 7 constitucionales. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional siempre estará de acuerdo con reformas que realmente representan un gran avance y beneficio en esta materia. Falta mucho por hacer pero la Cámara de Diputados el día de hoy cumple con esta reforma. Le corresponde ahora a los señores medios de comunicación desarrollar su actividad de acuerdo a estas normas legales y con gran profesionalismo. El grupo parlamentario del PRI así como lo hizo en la comisión dictaminadora, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, votará a favor. Muchas gracias.