El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz (vía telemática): Buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo por este medio a nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para presentar el dictamen que reforma el artículo 533 y adiciona el 553 Bis de la Ley de Vías Generales de Comunicación, con el objetivo de brindar mayor certeza jurídica y garantizar el Estado de derecho en las vías generales de comunicación. Agradezco especialmente a la diputada Juanita Guerra y al diputado Elhier Cinta, que junto con un servidor somos los promoventes de dicha propuesta que consiste en sancionar a quien interrumpa la prestación del servicio, así como a quien restrinja de manera total o parcial el tránsito de los medios de transporte, algunos de ellos con afanes de lucro. Es del conocimiento de todos, el fenómeno que se está dando en todo el país sobre el bloqueo de casetas de cobro. ¿En qué nos afecta esto? En que mercancías de primera necesidad no lleguen a su debido tiempo, en casos externos paraliza la actividad económica, el incremento de los precios en algunos productos, y sobre todo se pone en riesgo la integridad y la seguridad de los usuarios de las mismas. Quiero dejar claro que los hechos que hemos visto, donde se bloquean las vías generales de comunicación, observamos a personas que son pseudo manifestantes. Esto con todo el respeto a los que legítimamente se manifiestan. Por ello, esta propuesta no pretende finalizar ni coartar el derecho a la libre manifestación. El presidente, en sus habituales conferencias mañaneras, ha manifestado la gravedad sobre los bloqueos que se llevan a cabo en casetas de cobro en distintos puntos del país. Con la nula actuación y la falta de normatividad aplicable de la Guardia Nacional, este fenómeno ha crecido exponencialmente. Si bien es cierto en fechas recientes se realizaron operativos para recuperar algunas casetas tomadas, esta propuesta pretende reforzar el actuar de la Guardia Nacional. Los bloqueos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Infraestructura Vial, durante 2019 y lo que va en el presente año, originaron pérdidas sectoriales cercanas a los 7 mil millones de pesos. Estos costos representan un golpe a las finanzas del Estado mexicano, de carácter directo en el caso de las concesiones al Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) y Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, lo que es el Capufe. Por otra parte, en el presente año los bloqueos a las vías férreas se han incrementado 119 por ciento respecto al año 2019 y en promedio su duración es de 12 días. Al paralizar puntos estratégicos se entorpece el traslado de mercancías y la actividad económica tan importante para el país en estos momentos. En esta Cámara, el objetivo es coadyuvar a dotar de herramientas necesarias para que los ciudadanos cuenten con mayor seguridad y se evite el desorden a fin de garantizar la seguridad y la integridad de los usuarios de las vías generales de comunicación. También, con el objetivo de permitir operar y atender este fenómeno que daña al Estado y a la sociedad. Por el establecimiento de las sanciones propuestas, quienes dictaminamos, entendemos que son proporcionales con la gravedad de la sanción, ya que tratan de compensar el perjuicio al patrimonio de la federación ocasionado por quienes realizan las acciones de bloqueo y que impiden el cobro por el derecho de peaje y por el uso de carreteras federales, las cuales, forman parte de los ingresos del país, al integrar el patrimonio de Capufe. Con esto, el actuar del Estado mexicano será de carácter imperativo para la imposición del orden y la paz social. El objetivo es fortalecer el orden para atacar el desorden y, sobre todo, que ya no existen pretextos para la actuación. El Estado tiene la obligación de garantizar y castigar aquellas prácticas que afectan las finanzas públicas y los derechos de terceras personas. Se busca que quien interrumpa la prestación del servicio u operación de carreteras, vías férreas, aeropuertos se le imponga un castigo, asimismo, se establecen agravantes para sancionar con mayor fuerza cuando tienen fines de lucro. También, la seguridad e integridad de los usuarios de carreteras de cuota se encuentran en un constante riesgo. En consecuencia, al no cubrir el pago de peaje, no se cuenta con una póliza de cobertura y, por lo tanto, no se encuentran protegidos ante accidentes viales. El bloqueo de los servicios de peaje es un negocio inmenso, es un nuevo huachicoleo como se ha mencionado. En promedio, grupos delincuenciales obtienen ganancias por 500 mil pesos en cinco horas. En casetas con mayor afluencia, como la de Tlalpan en la Ciudad de México, puede ser por arriba del millón de pesos. Por último, es necesario resaltar que este dictamen no criminaliza la libre manifestación, por ello, les comento que se estará presentando al consenso de las distintas fuerzas políticas parlamentarias en el sentido de reforzar el respeto a las garantías constitucionales establecidas en nuestra Carta Magna, en donde se mantienen las penas como se encuentran actualmente en la ley vigente. Además, el objetivo principal de este dictamen es castigar a quien con fines de lucro interrumpan el tránsito de los medios de transporte, es por ello que pido su voto a favor de este dictamen, para cuidar la seguridad e integridad de los usuarios y de la ciudadanía en general, la transportación de mercancías y, por ende, la economía nacional. Es cuanto, diputada presidenta.