El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Muchas gracias. Señoras y señores representantes de la nación: la iniciativa que voy a compartir con ustedes como proyecto de decreto que expide la ley para regular la emisión y cobro de tarjetas de crédito es fruto de un encuentro que tuve hace unos días con la Unión de Colonias de Jalisco, concretamente en la zona del nororiente de la ciudad de Guadalajara, y las propuestas son de la agrupación México Legal. La misma está amparada en lo que establecen los artículos 28, párrafos quinto y sexto, 73, fracción XVIII, y 117, fracción II, de la Constitución de la república. Tiene que ver con el abuso de instituciones crediticias, de que son parte millones de mexicanos tarjetahabientes, que inclusive no solamente son agobiados, son asolados, son exfoliados con cobros en demasía, con intereses sin ningún control; sino además por las modalidades últimas en que gran parte de sueldos, de salarios inclusive de los gobiernos, en distintas instancias públicas, son pagados mediante el sistema de cuenta-nómina que se les deposita directamente en las instituciones bancarias. Esas instituciones recientemente han incorporado la modalidad de cobrar sus créditos, descontando directamente a las cuentas de los ahorradores; esto es, se cobran a lo chino, se hacen justicia por su propia mano, sin recurrir a autoridad alguna, lo que vulnera los artículos 27 y 123 constitucionales haciendo nugatoria la protección jurídica al salario. Es por ello que se presenta esta iniciativa de ley, que entre otras bondades tiene las siguientes en su artículo segundo: Artículo 2. Queda prohibida a la institución de crédito disponer de fondos del acreditado depositados en cuentas-nómina o de cualquier otro tipo, para hacer pago de tarjetas de crédito propias o de terceros. Los contratos mediante los cuales el acreditado, el tarjetahabiente, haya autorizado a la institución de crédito para hacer disposiciones de sus cuentas para el pago de adeudos por concepto de tarjeta de crédito, se tendrán por no puestos a partir de la fecha de entrada en vigor de la presente ley. Otro artículo señala que solamente por determinación judicial podrá la institución de crédito retener o disponer de fondos del acreditante, exclusivamente para destinarlos a la finalidad que le haya sido ordenada por dicha autoridad. Otro tipo de protección para los tarjetahabientes son las siguientes ?sobre algo muy común, muy cotidiano que está ocurriendo?: Se necesita el consentimiento expreso del acreditado para que la institución de crédito le otorgue una o más tarjetas de crédito. El consentimiento del acreditado deberá constar mediante su firma autógrafa o electrónica. Se considera inexistente el consentimiento del acreditado otorgado por teléfono. Los consumos o cargos que aparezcan en una tarjeta de crédito que no cuente con el consentimiento del mismo no dan acción de cobro para la institución de crédito. El acreditado, el tarjetahabientes podrá cancelar la tarjeta de crédito en cualquier momento. La cancelación de la tarjeta de crédito acarrea, entre otras, las siguientes consecuencias: El saldo deudor del acreditado quedará estabilizado a la fecha de cancelación. A partir de la fecha de cancelación, el adeudo generará solamente el interés legal de 6 por ciento anual, únicamente sobre saldos insolutos. Los intereses no pueden capitalizarse, ni las comisiones generar intereses. El último de los títulos, que es una iniciativa muy breve, se refiere al procedimiento ejecutivo. También en la misma dirección de proteger al tarjetahabiente, pues hoy ocurre que a través de los procedimientos ejecutivos mercantiles puede ser embargado en sus bienes, antes de la resolución judicial. Esto ya no ocurrirá a partir de la entrada en vigor de esta ley que tiende a proteger el interés de millones de tarjetahabientes. En el 2007, de acuerdo a las cifras oficiales, circulaban en México, se usaban 25 millones de tarjetas. El Banco de México en su cifra oficial de este primer trimestre de 2009, afirma que se usaron casi 21 millones de tarjetas de crédito. Por ello es importante que esta representación atienda intereses de esta naturaleza en beneficio de nuestros representados. Entrego a la Secretaría, ciudadano presidente, el texto íntegro de esta iniciativa suscrita por el de la voz y por los legisladores Laura Itzel Castillo y Teresa Guadalupe Reyes. Muchas gracias por su atención.