El diputado Miguel Alonso Raya: Gracias, señor Presidente; con su permiso. Compañeras y compañeros: el diputado Rafael García Tinajero, diputada Clara Marina Brugada Molina, diputada Marcela Lagarde y de los Ríos, diputada Angélica Díaz del Campo, diputado Emilio Serrano Jiménez, diputado Francisco Javier Carrillo Soberón, diputada Rocío Sánchez Pérez, diputado Agustín Rodríguez Fuentes, diputada Marcela González Salas y diputado Amadeo Espinosa venimos a presentar, junto con su servidor, esta iniciativa de modificaciones de la Ley del Seguro Social, con la intención de contribuir a dar viabilidad financiera al Instituto, en virtud de que la última reforma que se realizó tiene hasta el día de hoy entrampado al Seguro Social. En todas las plazas que por jubilación se dejan siguen sin darse los nombramientos respectivos y la situación que se planteó que se resolvería con la reforma hoy está más complicada, más difícil, con más largas las colas y los tiempos de espera para la atención de los servicios en el Seguro Social. En 1995, la reforma de la Ley del Seguro Social modificó la estructura del seguro del régimen obligatorio, buscando adecuar su tratamiento financiero a la naturaleza de los riesgos. Por ello se separó el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte en dos nuevos seguros, el de invalidez y vida y el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Y, por ello, también se separó el financiamiento de los servicios médicos, quedando por un lado el respectivo a las prestaciones en dinero del seguro de enfermedades y maternidad y, por otro, el de las prestaciones en especie del mismo, particularmente de los pensionados y sus beneficiarios. Asimismo, se revisaron las cuotas de estos seguros, buscando alcanzar un equilibrio entre los ingresos, las presiones de gasto que enfrenta el IMSS y las posibilidades de incentivar la competitividad de las empresas registradas y el crecimiento económico. En el caso del seguro de enfermedades y maternidad, se distribuyeron las cargas entre los aportantes: empleador, trabajador y gobierno, aumentando la aportación del Estado y disminuyendo las cuotas obrero-patronales. Y, adicionalmente, se estableció un esquema de transición, con el objetivo de dar viabilidad financiera a este seguro en el largo plazo. También se modificaron las condiciones administrativas y operativas del IMSS, así como sus facultades, los criterios de acceso y los requisitos y condiciones para la vigencia de derechos. Entre los aspectos que buscó atender esa reforma, dos temas centrales fueron la inviabilidad financiera del régimen de pensiones y el déficit permanente del seguro de enfermedades y maternidad. Sin embargo, y con posterioridad a la reforma de 1995-97, los problemas que en estos seguros se han localizado y documentado plenamente refieren al menos tres situaciones que es necesario atender. En primer lugar, la estimación técnica de las primas, en especial en los seguros de invalidez y vida y riesgos de trabajo dado que, según diversos análisis de auditorías actuariales, son superavitarios en un margen importante, con cuotas significativamente por encima de las primas de equilibrio, lo que podría significar una opción para atender el déficit del seguro de enfermedades y maternidad en el capítulo de gastos médicos a pensionados. En segundo lugar, por razones de equidad y solidaridad, se propone incorporar una cuota social, a cargo del Estado, para el financiamiento de los gastos médicos a pensionados, como ocurre en el financiamiento de las prestaciones en especie, del seguro de enfermedades y maternidad para los trabajadores activos y sus beneficiarios, en el seguro de salud para la familia y en el Seguro Popular. Y, en tercer lugar, la legalidad y pertinencia técnica del régimen en que se basa el seguro de invalidez y vida, por un lado, y por otro la legalidad, constitucionalidad y pertinencia técnica del régimen de pensiones asignado al seguro de riesgos de trabajo, en tanto que en el financiamiento de las pensiones en ambos ramos se utilizan los saldos acumulados en las cuentas individuales del seguro de retiro, cesantía y vejez, de manera cruzada. En tal sentido, la iniciativa que ahora presentamos a consideración de este Pleno tiene como objetivos: 1. Equilibrar las primas de los seguros de riesgos de trabajo e invalidez y vida para trasladar el excedente al financiamiento de los gastos médicos a pensionados. Adicionalmente, se agrega una cuota social por pensionado a cargo del Estado, equivalente a la del seguro de enfermedades y maternidad y del seguro de salud para la familia. 2. Corregir el financiamiento cruzado para el pago de pensiones por riesgos de trabajo e invalidez y vida, dado que incluyen recursos de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, que son propiedad del trabajador, pero que se usan ilegal e inconstitucionalmente en el caso de riesgos de trabajo, dado que dichos riesgos son responsabilidad exclusiva del patrón e ilegalmente en el caso de invalidez y vida, dado que implica un subsidio cruzado. Los efectos esperados al equilibrar las primas habrían significado más de 10 mil millones de pesos en 2003 y 2004 a favor del financiamiento de gastos médicos a pensionados y para 2005, cercana a 11 mil 300 millones de pesos. Con esta sola medida se compensaría el déficit proyectado en estos años para gastos médicos a pensionados, haciendo posible la acumulación de reservas durante 25 años y retrasando los saldos deficitarios del seguro hasta después de 2040. Se reducirían en dos tercios los pasivos de gastos médicos a pensionados, a valor presente. No implicaría un desfinanciamiento de los seguros de riesgos de trabajo, invalidez y vida, dado que continuarían acumulando reservas aun a ritmos menores. Y, por lo que toca al régimen de pensiones de los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo, se busca corregir una injusticia y dar legalidad, así como restituir los legítimos derechos de los trabajadores y sus familiares beneficiarios. Por ello, la presente iniciativa plantea que la obligación de pagar las pensiones y demás prestaciones legales derivadas de riesgos de trabajo e invalidez y vida, según sea el caso, la asuma plenamente el IMSS con cargo a las cuotas obrero-patronales aportadas para tal efecto y que se contabilicen en el seguro de riesgos de trabajo otros recursos acumulados en las reservas del seguro de invalidez y vida. En consecuencia, se restituya al trabajador o a sus beneficiarios el derecho de disponer libremente de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía y vejez, para que decidan lo que a su interés convenga: retirar el saldo de una, o de una sola exhibición, contratar una cuantía mayor de la pensión o pagar una sobreprima para los seguros de supervivencia. Con esta propuesta de modificaciones de la Ley del Seguro Social en los seguros de invalidez y vida y de riesgos de trabajo, para lograr su equilibrio y la aportación de la cuota social a los gastos médicos de pensionados por parte del Estado mexicano, estaríamos visualizando una salida adecuada a los problemas financieros que enfrenta el seguro de enfermedades y maternidad del Seguro Social, que año con año presenta déficit por la carga que representan sobre todo las enfermedades crónico-degenerativas de los adultos mayores. Por ello, compañeras y compañeros, solicitamos su apoyo a esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias; muchas gracias, señor Presidente, por la atención prestada a la presente. Gracias.