La diputada Delfina Gómez Álvarez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el próximo lunes 19 de febrero se cumplirá un año más de la promulgación del decreto 1421, emitido por el XXII Congreso del Estado de Coahuila, mediante el cual se desconoció al general Victoriano Huerta como presidente de la República, cargo que llevó después de traicionar, encarcelar y finalmente asesinar tanto al presidente Francisco I. Madero como al vicepresidente José María Pino Suárez. Este decreto facultó al entonces gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza, para armar fuerzas que coadyuvaran a la recuperación del orden constitucional de la República. Con este mandato Venustiano Carranza y un grupo de políticos y militares afines redactaron y lanzaron el Plan de Guadalupe, documento en torno al cual se adhirieron los grupos inconformes con el usurpador Huerta y reiniciaron la Revolución. Como sabemos, el Ejército constitucionalista incorporó a sus filas a campesinos, pequeños propietarios rurales ferrocarrileros y demás personas de las clases bajas y medias de la sociedad porfirista. De ahí viene la aseveración de que el Ejército mexicano es el pueblo con uniforme. Así se ha considerado históricamente y así se considera en la actualidad. Una característica esencial de nuestro instituto armado es que reconoce al presidente de la República como su comandante supremo, por lo que ha estado siempre bajo el mandato del titular del Ejecutivo en turno y no ha tenido autonomía del sistema político. Esta característica ha sido uno de los factores de estabilidad del sistema político mexicano. Lo anterior quedó confirmado en el periodo de la alternancia inicial en el año 2000, cuando las Fuerzas Armadas no escatimaron lealtad y apoyo al nuevo presidente de la República. Por lo tanto, ocurrió en el sexenio siguiente en que aceptaron casi, prácticamente a ciegas, ir a una guerra contra el narcotráfico. Su lealtad a la institución presidencial no está a discusión y de ello no tenemos duda en Morena. En Morena compartimos la idea de que las Fuerzas Armadas deben cumplir funciones del Estado y no funciones de gobierno. Nuestro interés es preservar la esencia constitucional de las Fuerzas Armadas para que presten un mejor servicio a la patria. Sostenemos que los problemas que ahora combaten las Fuerzas Armadas no terminarán si no se atacan de fondo las causas que los generan. Los altos niveles de violencia son un problema de política económica, de política de seguridad pública, de política educativa, de política social y es ahí donde debe ponerse el acento, la intención y la atención. Igualmente, el Estado necesita resolver una cuestión fundamental, la modernización y eficiencia de sus sistemas de procuración y administración de justicia y de seguridad pública. Así, para combatir el flagelo de la inseguridad Morena ha propuesto restaurar la Secretaría de Seguridad Pública, dar plena autonomía a la Fiscalía General de la República, erradicar la corrupción y la impunidad de las corporaciones policiacas y, en general, brindar apoyo presupuestal, capacitación y entrenamiento a las corporaciones policiacas, federales, estatales y municipales. Así como promover un entorno social contra el crimen organizado. Estamos convencidos de que México requiere de un Estado democrático de derecho para alcanzar mejor desenvolvimiento de su sociedad. Ahora mismo el Estado mexicano no reúne esas cualidades, pues convive con un poder de facto que le disputa el control, tanto de territorios como de instituciones. Es desangrado por las acciones del crimen organizado, que no solamente trafica estupefacientes sino secuestra, desaparece y también hace trata de personas, sin perder de vista las extorsiones y los asesinatos sin piedad. Ello nos convierte en una nación vulnerable en la que sus habitantes viven con miedo. En respuesta a esta situación el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que fue aprobada por una apretada mayoría en esta Cámara de Diputados. La ley está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y habrá que esperar su fallo para saber a qué atenernos. En nuestra opinión, si la Ley de Seguridad Interior entra en vigor se vulnerará tal vez de manera irreversible la naturaleza misma de las Fuerzas Armadas, que son garantes de la soberanía y la seguridad nacional, y en aras de cumplir tareas que le son constitucionalmente ajenas. Por otra parte, consideramos que la altísima credibilidad que ha tenido y sigue teniendo el Ejército en la sociedad es un valor estratégico que debemos preservar a toda costa. A nadie le sirve unas Fuerzas Armadas desgastadas o percibidas como violadoras de los derechos humanos y en proceso de perder credibilidad, cuando esta debe ser una de las mayores fortalezas de la nación. Habrá que convenir entonces en que una democracia plena, sana y vigorosa es el camino para superar la problemática en la que se encuentra inmerso el Ejército. Ese es el compromiso de Morena en su camino hacia la Presidencia de la República, pues estamos conscientes de que necesitamos y requerimos Fuerzas Armadas modernas, profesionales, guiadas por una doctrina militar de pleno respeto a los derechos humanos. Concluyo señalando que el Ejército debe seguir cumpliendo las importantes funciones que la Constitución le mandata para preservar la integridad del Estado. Nuestro reconocimiento a los integrantes del Ejército, que como menciona Dan Millman: Piensen que un guerrero no renuncia a lo que ama, sino que encuentra el amor en lo que hace. México necesita seguir contando con esta leal institución, que es clave para el desarrollo independiente y democrático de nuestro país. Por su atención, mil gracias.