El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, señor Presidente. Vamos a presentar una iniciativa de reformas al Código Penal Federal del artículo 199, específicamente en materia de farmacodependencia. Esto lo hacemos precisamente porque la farmacodependencia representa hoy un problema tanto social como de salud pública, y lo es de salud pública precisamente por la escalada de nuevos adictos que hay en este país. La Organización Mundial de la Salud desde 1958 ha considerado la farmacodependencia como una enfermedad, esto es, requiere de un tratamiento médico específico. Desde luego que el crecimiento acelerado de farmacodependientes en nuestro país es, sin lugar a dudas, resultado de una mayor distribución de sustancias ilícitas. Dicha realidad genera grandes costos para el país que el Estado debe atender en dos sentidos. Por un lado la reducción de la oferta, situación en la que buscan responder los operativos implementados en las últimas semanas por el gobierno federal; pero también, por el otro, el aumento de la demanda, que representa ya hoy en día un problema de salud pública. El propio gobierno federal reconoce que carece de una estrategia definida para la prevención y atención de los farmacodependientes, así lo reconoció ayer aquí el procurador general de la República, el licenciado Eduardo Medina Mora. También el propio secretario técnico del Consejo Nacional Contra las Adicciones (Conadic), Cristóbal Ruiz Gaytán, reconoció que son pocos los recursos destinados a la prevención de las adicciones ya que mientras se destinan 16 pesos al combate de la oferta de las drogas, sólo un peso es para reducir la demanda. En opinión de los legisladores del Partido Verde, penalizar el consumo de sustancias adictivas no representa una solución, pues se trata de personas afectadas, víctimas finalmente de la presencia de las drogas en las calles. No se trata necesariamente de delincuentes; y son cada vez más los jóvenes, adolescentes y niños que por muchos factores acaban padeciendo una adicción a alguna droga con consecuencias devastadoras para sus oportunidades de vida y desde luego para su salud. Es por ello que se precisa atender este problema con medidas más estrictas. La Organización Mundial de la Salud calcula que en el año 2000 murieron al menos unas 200 mil personas a causa del uso indebido de drogas. En México el consumo de drogas ilegales, si bien aún no es tan alto como en otras naciones del mundo, lo más preocupante es que viene representando un gran aumento en el uso de diversos fármacos, especialmente en jóvenes y niños. En atención a la magnitud del problema se han considerado varias soluciones, de las cuales la más frecuentemente mencionada ha sido la legalización de las drogas, pues pareciera ser el camino para reducir los efectos nocivos del tráfico ilegal, con lo que aparentemente se podría controlar el problema de las adicciones. Desafortunamente la experiencia alrededor del mundo dice exactamente lo contrario; casi todos los países que han experimentado esquemas de legalización o de despenalización han regresado a sus regímenes anteriores de prohibición, al ver cómo se ha disparado el número de adictos. La excepción ha sido Holanda, pero al parecer va en el mismo camino, ya que después de despenalizar el uso de la marihuana en 1976 reportaron un incremento en el número de expendios de drogas solamente en 10 años, pasando de 30 a mil 500. Usar un esquema de fiscalización tampoco parece ser una solución. Hacer que los consumidores paguen impuestos por las drogas que usan, como sucede con el tabaco y con el alcohol, pues es hacer una economía dependiente del consumo de impuestos generados por un consumo que sólo favorece la degradación de la salud de las personas. Coincidimos en que los programas para combatir el narcotráfico deben ser una prioridad para el gobierno, como hasta ahora ha sido evidente en los primeros días del gobierno de la nueva administración del Presidente Felipe Calderón. No obstante, consideramos también que debe darse igual trato a los mecanismos de prevención y atención de la farmacodependencia. La farmacodependencia constituye un grave problema de salud pública que merece ser prevenido y atendido, con objeto de reducir la incidencia del consumo y los problemas que le vienen asociados, ya sea problemas económicos, disfunciones familiares, etcétera. Ante esta realidad, es innegable la urgente necesidad de ofrecer diversas alternativas de atención terapéutica para los adictos, que debido a la cronicidad de su problema requieren tratamientos que pueden incluir el internamiento o lo que le llaman los médicos rehabilitación ambulatoria. Estos tratamientos tienen por objeto suspender o reducir el uso de sustancias ilegales y disminuir los efectos nocivos sobre la salud, la familia y el entorno social. Se sabe que el tratamiento de rehabilitación de farmacodependientes, incluso de las rehabilitaciones obligatorias, son un proceso complejo en el cual las recaídas de los adictos son frecuentes, sin embargo, está comprobado que representa una estrategia efectiva en la reducción del consumo de drogas. Las personas que usan o son dependientes de estas sustancias requieren de un programa formal de tratamiento de rehabilitación, reinserción e integración social. Desafortunadamente una persona en estas circunstancias difícilmente por voluntad propia acude a atenderse, debido al estado físico y emocional en el que se encuentra y debido también a que las personas que son detenidas en posesión de algún narcótico en general no enfrentan consecuencias jurídicas derivadas de esta acción. Como parte del derecho de los mexicanos a la protección de la salud, el Estado debiera establecer las condiciones para que los farmacodependientes reciban un tratamiento oportuno y accesible, de manera que pueda ser atendido por gente profesional y personalizada a través de diferentes centros de rehabilitación legalmente establecidos y que cumplan, desde luego, con estándares mínimos formulados por la autoridad sanitaria. Consideramos pues que la intervención terapéutica supone la comprensión y conocimiento de la dependencia de las drogas, incluir esta reforma en el Código Penal Federal es necesario como un elemento para la reducción de la demanda, haciendo obligatorio para el farmacodependiente su rehabilitación, así como también la obligación de compensar económicamente a la sociedad por los gastos derivados de su tratamiento. Además de considerar como parte del proceso terapéutico, la retribución en horas de trabajo en el centro de rehabilitación en el que fue atendido y esto es algo que ya se aplica actualmente en los centros de integración juvenil con resultados muy favorables. El costo promedio de una rehabilitación en una institución pública oscila entre los siete y los 14 mil pesos y puede llegar hasta los 200 mil pesos en algunos centros de rehabilitación privada. Efectivamente es un tratamiento en algunos casos muy costoso, por lo que la compensación económica que se exigiría al farmacodependiente, en nuestra propuesta, representa una contribución a la salud pública, pero sobre todo la posibilidad de que el farmacodependiente deje de demandar drogas e invierta en su propia salud. Se ha identificado que esta estrategia resulta altamente exitosa en diferentes países. Es por esto que la reforma que proponemos requerirá también el concurso del gobierno federal para que en coordinación con los gobiernos estatales establezcan mecanismos de coordinación en materia de salubridad. Le vamos a aclarar que con la presente iniciativa no se promueve una sanción con penas privativas de la libertad en contra de los farmacodependientes, sino que se pretende alentar a éstos y, en su caso, obligarlos a que se rehabiliten. Lo que se busca es atender a los farmacodependientes, especialmente a los jóvenes y niños que comiencen en las drogas, para que se informen y atiendan en centros especializados de su elección y que una vez transcurrido el plazo que peritos médicos determinen, mismo que no podría exceder de un año, demuestran al juez de la causa que se han rehabilitado. Transcurrido el plazo determinado y en caso de que el farmacodependiente no acreditara haberse rehabilitado, el juez se encontraría facultado para ordenar su internación obligatoria en un centro de salud para que dicha rehabilitación se llevara a cabo. En el Partido Verde buscamos con esta iniciativa entonces, proteger a los jóvenes y niños que comiencen con la droga, para que de ser sorprendidos en posesión de sustancias ilícitas, pues puedan ser llevados a un centro de rehabilitación donde reciban orientación, información sobre los efectos que estas drogas pueden causar en el futuro. Buscamos también con esta iniciativa aportar instrumentos jurídicos útiles que permitan al Presidente y a su administración implementar con eficacia una estrategia de prevención y atención a las adicciones, que no solamente sea el combate a la oferta y los costos que podría ser en términos de violencia, sino también atender la parte de las adicciones. Solicito por ahí a la Presidencia, se inserte íntegramente la iniciativa en el Diario de los Debates para omitir la lectura del decreto.