La diputada Mayra Gisela Peñuelas Acuña: Al analizar el contenido del II Informe de Gobierno del Ejecutivo federal en materia de desarrollo social, queremos dejar constancia ?desde el principio? que en el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional no coincidimos con el enfoque de la política de desarrollo social practicada por este gobierno. Su característica principal es estar formada por una variedad dispersa de programas y una enmarañada red de normas operativas, dominó de tecnócratas que han convertido la política social en política de ventanilla, a la que sólo pueden acudir quienes reúnen requisitos de focalización, que no siempre son los más pobres, sino los más amigos. Creemos que establecer las metas de la política social, abordando con objetividad las limitaciones y carencias de bienestar que vive la mayor parte de la población, sólo es posible si se tiene una radiografía real, profunda y crítica de la situación del país. Pero ello no sucede en la autocomplacencia gubernamental. En las evaluaciones que se hacen del Presupuesto de Egresos de la Federación se percibe principalmente la evolución de gasto, pero es imposible medir el efecto real de los programas sociales, porque carecen de metas articuladas y sus indicadores no están orientados a medir su impacto. Por otra parte, no importa qué tan lejos lleguen los programas, cuál sea su cobertura o grado de focalización, las decisiones de diseño y aprobación, y las acciones de ejecución de la mayor parte de ellos se encuentran centralizadas, propiciando discrecionalidad, que es cada vez más el común denominador de los programas sociales de este gobierno federal. Hemos afirmado y lo reiteramos hoy, la única forma de acabar con el centralismo es que los tres órdenes de gobierno participen en el diseño, ejecución y seguimiento de los programas. El federalismo es el sustento indispensable de una política social de Estado. Pero esta propuesta no puede prosperar cuando los destinatarios de los programas se han convertido en capital político, celosamente resguardado. La difusión de los padrones de los beneficiarios, están sometidos a un rígido control. Se dan a conocer de manera parcial. Sólo se publica la información básica que la hace imposible ubicar a los beneficiarios de los programas, incumpliendo con la normatividad en la materia. La reticencia a difundirlos con todos los elementos que la conforman, pretextando carencia de información, entra en contradicción ?sí, compañeros, entra en contradicción? con la reciente campaña epistolar del titular del Ejecutivo federal, dirigida personalmente a cada beneficiario de los programas para dar a conocer las acciones de gobierno. Entonces, la información sí existe, sólo que está reservada para el uso político del gobierno federal. De ahí que la demanda a considerar en el próximo Presupuesto de Egresos sea que los padrones se den a conocer con la información necesaria para identificar a los beneficiarios, ubicarlos y conocer su verdadera situación económica y social. Con buena fe y compromiso social, durante esta legislatura apoyamos los incrementos presupuestales para que los programas tuvieran mayor cobertura posible y pudieran seguir operando de acuerdo a sus objetivos, pero como consecuencia de la gran discrecionalidad y centralismo con que se operan estos programas, el resultado de esos incrementos ha sido la formación de bolsas grandes para un manejo sesgado con intencionalidad político-electoral. En la misma línea de conducta, no han atendido la demanda reiterada de dar a conocer oportunamente los criterios en función de los cuales se distribuyen los recursos de los programas entre los estados, los calendarios de asignación, las transferencias y aplicación. La opacidad y el manipuleo son características de la política social de este gobierno federal, suponen que con ello adquieren ventajas para poder beneficiar a quienes quieren y no a quienes más lo necesitan. Lograr nuevas filas políticas es la motivación central de su nueva política social. Dos casos son suficientemente ilustrativos. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2007 y 2008 la Cámara de Diputados, en un esfuerzo solidario con el gobierno y comprometidos con los más pobres, incorporó programas que no estaban considerados en el proyecto del Ejecutivo federal, con el propósito de abrir nuevas vertientes de apoyo a quienes forman parte de grupos vulnerables y a los más desprotegidos que habitan en zonas de alta marginación. Tal fue el caso del Programa 70 y Más y de Apoyo Alimentario para Infantes y Madres Gestantes en las zonas de atención prioritaria. Sin embargo, lejos de haber asumido una actitud republicana con responsabilidad, que entrañaban estos nuevos programas, el gobierno federal desplegó una intensa campaña mediática para difundir como iniciativa personal del presidente Calderón la creación de estos programas, sin el menor reconocimiento al Poder Legislativo y a las otras fuerzas políticas en él representadas. La mezquindad política motivada por la preocupación de tener un nuevo fracaso electoral en las elecciones intermedias de 2009 le impide a este gobierno tener una visión de Estado, suponen que esta difusión abrumadora ahora sí marcadamente presidencialista, que invade los hogares de los mexicanos, beneficiará al partido político en el gobierno. Ni los beneficia como creen, ni mucho menos contribuyen a reducir la pobreza. La pobreza no desaparecerá por más cartas que la oculten o la soslayen. Reiteramos, no está demostrada la eficiencia de los programas, ni su impacto real en la reducción de la pobreza, porque la dispersión, el centralismo, la discrecionalidad, la opacidad, el manipuleo político son el sello de los programas sociales de este gobierno. Este II Informe de Gobierno informa parcialmente. Tiene serias omisiones y lagunas, y es verdaderamente autocomplaciente. Mientras carezca de visión de Estado para atender la problemática social, y específicamente para combatir la pobreza, seguirá presente, lacerando a casi la mitad de la población del país. Es cuanto, presidente.