El senador Jorge Legorreta Ordorica: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Para los legisladores del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México la especulación generada en torno al precio de la tortilla atenta, sin lugar a dudas, contra la economía de las familias mexicanas, especialmente en contra de las familias de menores ingresos, que son las que consumen una mayor parte de su ingreso en ese producto básico en su dieta diaria. Por lo anterior, es comprensible el creciente descontento social que el problema ha generado, situación que obliga al gobierno federal y a nosotros como legisladores, a tomar medidas urgentes y coordinarnos para resolver esta crisis. Sabemos cuál es la situación del precio internacional del maíz, que se ha incrementado por la creciente demanda para su uso en la producción de etanol, principalmente en los Estados Unidos. A principios del año 2006 la tonelada de maíz se cotizaba en mil 200 pesos y actualmente se negocia en dos mil 200 pesos. Ante esta situación la respuesta del gobierno ha sido aumentar los cupos de importación de maíz en 650 mil toneladas para este año, es decir, se podrá importar esta cantidad sin pago alguno de arancel. Sin embargo existen dudas sobre qué tan eficaz resultará la medida, ya que estos cupos representan tan solo el ocho por ciento del total de importaciones en 2006 y poco menos del tres por ciento de la producción nacional. Es decir, las 650 mil toneladas son un monto muy pequeño frente a la magnitud del mercado interno. En la determinación de la inflación, la tortilla de maíz tiene una ponderación importante, incluso superior a otros bienes de primera necesidad para el país, como lo son la carne, el pollo, el tomate, el frijol, el huevo y el pan. Esto quiere decir que el incremento del precio del maíz sí tendría un impacto en la inflación por ser un insumo básico para la producción de otros bienes. Por tal situación debemos dirigir nuestros esfuerzos en la realización de un cuidadoso análisis y una evaluación de la cadena productiva del mercado del maíz, y así concretar la eliminación de distorsiones económicas que se encuentran en la comercialización y distribución de tan importante grano. De esta forma y a través de decisiones firmes de políticas públicas podremos incrementar la eficiencia de la cadena productiva, eliminando prácticas desleales que impidan la competencia y la libre concurrencia, favoreciendo el funcionamiento de los mercados. Lo anterior no se contrapone a la necesidad de contar con mecanismos que, de ser necesario, amortigüen las variaciones en los precios del maíz. Un sistema de subsidios en el que las partes involucradas son corresponsables de sus acciones. Así, alcanzaríamos una convergencia entre la mano invisible del libre mercado y la mano de la justicia social que corresponde al Estado garantizar. Sería más costoso no hacer nada más que la propia instrumentación del subsidio que nos ocupa. La responsabilidad social del Estado debe de asegurar en el corto plazo un precio accesible y volumen suficiente, mientras que en el mediano plazo apoyar a los productores, asegurar un incremento en la oferta y articular nuevas cadenas de comercialización libres del acaparamiento y el coyotaje. Debemos de ver en los altos precios del maíz un área de oportunidad para el campo mexicano. En este tenor no debemos dejar de lado el fortalecimiento de la responsabilidad social que debe imperar. Tampoco podemos permitir la utilización del maíz genéticamente modificado en aras de abaratar el precio de la tortilla, pues de lo contrario, se perjudicaría la salud pública y el medio ambiente. La solución paliativa ocasionaría problemas igualmente graves, pero de un impacto permanente. Compañeras y compañeros. No podemos ni debemos olvidar que como mexicanos tenemos derecho no sólo a una tortilla económicamente accesible, sino de calidad y valor alimentario para la salud, biodiversidad y economía de los mexicanos. Por lo tanto, exhortamos al gobierno federal y a las autoridades a que se realicen las acciones legislativas concretas que permitan garantizar la soberanía alimentaria del país, para satisfacer las necesidades básicas de las personas para su desarrollo y bienestar y respetando en todo momento el medio ambiente. Por supuesto apoyamos el punto de acuerdo del Partido de la Revolución Democrática y también nos unimos a la petición del senador Carlos Lozano de la Torre, para que las dependencias que tienen concurrencia y qué ver con el tema comparezcan ante el Poder Legislativo. Muchas gracias, es cuanto.