La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Honorable asamblea, muy buenas tardes. La corrupción es un mal prolijo, que merece ser combatido por todos los frentes. Según datos proporcionados por el Instituto Mexicano de la Competitividad, la corrupción tiene un coste de 890 mil millones de pesos al año. Eso significa que cada mexicano sufraga 165 pesos diarios a favor de la descomposición social. Asimismo, de acuerdo con la encuesta sobre transparencia y rendición de cuentas, que dio a conocer el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, siete de cada diez mexicanos piensa que no se ha hecho nada por abatir la corrupción, por lo que no confían en presentar la denuncia correspondiente, pues sostienen que se protege a los corruptos. En mayo del 2015 se aprobó la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción y hace tan solo unos meses se expidieron cuatro leyes nuevas y se modificaron tres más. A saber, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización de Rendición de Cuentas de la Federación, Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, reforma al Código Penal Federal, y por último, reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con ello, sentamos las bases para la instrumentación del denominado sistema nacional anticorrupción. Sin embargo, la labor contra este terrible mal es diaria y nos corresponde a todos los mexicanos. Ante los importantes avances logrados en esta materia, hoy más que nunca resulta necesario insistir en que para que existan actos de podredumbre se ocupan dos, el que ofrece y el que recibe. Por tanto, es desde el sector público como desde la iniciativa privada, debemos seguir trabajando coordinadamente para combatir de manera efectiva todas las formas de corrupción, apuntando hacia un México más justo, en el que ante todo prevalezca el Estado de derecho, ya que no basta con que cambien los servidores públicos, el cambio está en todos nosotros, gobierno y sociedad juntos. Tengamos en cuenta que México se transforma gracia a la fuerza de sus ciudadanos y en la medida que esto se actúe con valores y con valor. Por ello, el papel de las cámaras empresariales y sus confederaciones cobra especial relevancia, pues al ser quienes representan los intereses de sus agremiados, deben de implementar cada uno de ellos principios y directrices de conducta pulcra, capacitando a sus afiliados en tan trascendental materia, maximizando así el rendimiento de los esfuerzos en el combate contra tan endémica forma de comportamiento. En ese sentido, la fracción parlamentaria de Encuentro Social respaldamos el espíritu y la letra del dictamen que hoy nos ocupa, pues mediante la modificación a la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones se hace posible que las cúpulas promuevan, entre sus afiliados, principios éticos y de rectitud, que vengan a prevenir acciones de corrupción en sus relaciones con el Estado y los particulares. En lo anterior, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 22 y 25 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, robusteciendo así el sistema normativo mexicano, a lograr importantes avances en materia política de integridad de las personas morales, acercándonos más como sociedad en tan anhelado deber ser de nuestro Estado mexicano. Compañeros diputados y diputadas, con leyes como la que hoy aprobamos estamos avanzando en la dirección correcta hacia un encuentro social. Es cuanto, presidente.