La diputada Nadia Haydee Vega Olivas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el próximo 8 de marzo todos y cada uno de los grupos parlamentarios subirán a esta tribuna a asegurar que están a favor de los derechos de las mujeres, de la equidad de género y de las acciones de gobierno a favor del sexo femenino. Escucharemos pues palabras emotivas, listas de buenos deseos y también se mencionarán los retos que millones de mujeres mexicanas enfrentan día tras día para salir adelante en este país. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos esperar a que se conmemore el Día internacional de la mujer para impulsar acciones y reformar los ordenamientos legales para seguir avanzando en el largo camino de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Por tal motivo, hoy vengo a presentar esta iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres en varios aspectos fundamentales para el desarrollo laboral de las mujeres y de sus familias. Y es que a pesar de que nuestra Constitución señala en su artículo 1 el reconocimiento de los derechos humanos, y el artículo 4 la igualdad de género, lo cierto es que nuestra legislación secundaria continúa con vacíos legales que no permiten abatir el problema de la brecha salarial, lo cual afecta a muchas mujeres que perciben ingresos menores a los de los hombres, a pesar de prestar los mismos servicios, y eso es por la razón de ser mujer. Diversos organismos internacionales estiman que en México la brecha salarial de las mujeres respecto a los hombres es de entre el 15 y el 20 por ciento, aun cuando ambos desempeñen trabajos iguales. Esto significa que la brecha salarial de todas las mujeres trabajadoras en México deriva en prejuicio de la calidad de vida no solo de la trabajadora sino también de los menores o familiares que dependen económicamente de ella. El porcentaje de la brecha salarial en México se incrementa hasta 40 por ciento cuando se trata de mujeres en puestos de alta dirección, de acuerdo con el documento Mejores prácticas de diversidad e inclusión laboral. Estos estudios demuestran que las actuales políticas públicas, así como el marco jurídico con el que contamos en México, han sido insuficientes para disminuir las inequidades contra las mujeres. Esto se origina porque tanto la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres como la Ley Federal del Trabajo establecen solo mecanismos parciales para preservar la igualdad sustantiva. Entre los citados mecanismos se encuentran las certificaciones de igualdad empresarial a las que se refiere el artículo 34 de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Norma Oficial Mexicana en materia de igualdad laboral y no discriminación que tiene como objetivo avanzar hacia un mecanismo acorde con el estado actual del marco jurídico. Otros documentos de planeación gubernamental reconocen a los centros de trabajo que cuentan con prácticas en materia de igualdad laboral, incluyendo la brecha salarial y no discriminación para favorecer el desarrollo integral de las trabajadoras y los trabajadores. Sin embargo, desde la expedición de la norma en 2008 solamente se han reconocido 220 empresas; es decir, un promedio de 31 empresas a favor de la equidad laboral por año. Por estos motivos, resulta imperativo dar certeza al marco jurídico para preservar la igualdad sustantiva y disminuir la brecha salarial, empezando por reconocer que el trabajo es un derecho humano. De igual forma, considero necesario dar claridad en la Ley Federal del Trabajo a la garantía de preservar la igualdad sustantiva al trabajo igual, desempeñado en puesto, jornada, eficiencia y salario, a través de una modificación al artículo 56. La tercera reforma de esta iniciativa va enfocada a que las empresas eleven la integración de su plantilla laboral a 50 por ciento para que se les expida certificados de igualdad y no al 40, como se establece actualmente. También se propone incrementar al 20 por ciento del total de la plantilla puestos directivos ocupados por mujeres. Para que esto se realice en la práctica, no podemos obligar a las empresas a incluir un mayor número de mujeres, pero sí podemos incentivar a las empresas otorgándoles beneficios económicos para contratar mujeres. Por ello, en las próximas semanas presentaré la iniciativa complementaria por la que se otorgan incentivos fiscales a aquellas empresas que decidan adoptar estas prácticas en materia de equidad. Probablemente algunos pensarán que estas medidas son excesivas, pero quisiera recordarles que en materia electoral este Poder Legislativo se vio obligado a establecer el 50 y 50 en candidaturas para mujeres, como la única forma de garantizar mayor inclusión de nosotras, tanto en las candidaturas como en las Cámaras. Gracias a esto, hoy somos la legislatura con más mujeres. Pero si analizamos cuantas mujeres nos desempeñamos en cargos de elección popular contra el número de mujeres que trabajan en la iniciativa privada, nos daremos cuenta de que es muy poco lo que hemos hecho en materia laboral por el género. Por lo cual, apoyar la iniciativa que hoy presento no sería más que una muestra de congruencia y una señal de que si en el servicio público estamos avanzando, la igualdad sustantiva, la iniciativa privada debe hacer lo propio. Por ello, porque es ahí donde mayormente las mujeres se desempeñan laboralmente. Espero el apoyo para esta iniciativa. Es cuanto, señor presidente.