La diputada Ruth Maricela Silva Andraca: Compañeras y compañeros legisladores, hoy debatimos una reforma crucial para el sistema de justicia de nuestro país, la modificación al párrafo segundo del artículo 19 de nuestra Constitución, con el objetivo de redefinir el alcance de la prisión preventiva oficiosa. Este no es solo un debate técnico, sino un compromiso con los principios que sustentan nuestra democracia: la presunción de inocencia, el debido proceso y los derechos humanos. El gobierno que encabezó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó el firme compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para devolver a la ciudadanía la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos los mexicanos. Por ello, entre las iniciativas de reforma constitucional enviadas el 5 de febrero de este año destaca la que nos ocupa el día de hoy, la cual busca fortalecer el marco normativo en materia penal, con el objetivo de combatir eficazmente las principales conductas delictivas que afectan el patrimonio, la seguridad y la salud de las personas. De acuerdo con datos oficiales, diversas conductas delictivas se han disparado de manera preocupante. Por ejemplo, la extorsión, un delito que ha crecido significativamente en nuestro país en las últimas décadas. Muchas personas en nuestro país han sufrido o conocen casos cercanos donde se les ha exigido el pago de derecho de piso, o han recibido llamadas telefónicas solicitando dinero, o la entrega de bienes a cambio de no alterar, no atentar contra la integración física o la vida de un familiar o de algún conocido. Otro ejemplo de actividades delictivas se aumentó con la producción, distribución y consumo de drogas sintéticas. La erradicación de estas sustancias se ha convertido en uno de los desafíos más preocupantes para las autoridades de nuestro país. Drogas, como el fentanilo, son elaboradas mediante la manipulación de sustancias químicas que provocan efectos negativos en el sistema nervioso central, mismos que pueden incrementarse de manera exponencial, causando incluso la muerte repentina, lo cual constituye un grave problema de salud pública. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador adoptó lo que el dictamen busca, es decir, restringir la prisión preventiva oficiosa a casos de verdadera gravedad y riesgos sociales, eliminando su uso indiscriminado en delitos menores. Se busca asegurar que solo quienes representen un peligro real sean privados de su libertad ante un juicio, evitando el daño irreparable que causa esta medida a personas inocentes. Este dictamen es necesario porque se ha sobrecargado nuestro sistema penitenciario, miles de personas están privadas de su libertad, no por haber sido encontradas culpables, sino porque el Estado les negó la posibilidad de enfrentar su proceso en libertad. Este dictamen es necesario porque hoy se impacta negativamente en las familias al separar a la madre, padre, hijos y perpetuar ciclos de pobreza y exclusión social. Esta iniciativa redefine los delitos para los cuales la prisión preventiva oficiosa será aplicable, enfocándose en aquellos que realmente representen un riesgo significativo en la sociedad. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar que el Congreso de la Unión no solo legisla, sino que escucha y responde a las demandas de justicia de nuestra sociedad. Votemos a favor de esta reforma, no solo porque quienes están privados de su libertad injustamente, sino por todos aquellos que sueñan con un México más justo, más humano y más equitativo. Sin, lugar a dudas, es necesario combatir los delitos que dañan nuestro tejido social. El deber fundamental del Estado es asegurar la vida, el patrimonio y la integridad de las personas. Por lo anterior, el Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.