La diputada Amparo Lilia Olivares Castañeda: Con su permiso, señor presidente. La reserva que presento es a los artículos 3, 20 y 99. Diputadas y diputados, hoy vengo a dar voz a miles de jóvenes de todo el país que están preocupados por el rumbo que se está tomando en su cuarta transformación. La reforma judicial propuesta por el presidente de la mano con ustedes es un golpe directo a la esencia de nuestra democracia y a la independencia de nuestras instituciones. El principio de la independencia judicial nos garantiza que, sin importar quien esté en el poder, las leyes se aplicarán de una manera justa e imparcial. Pero esta reforma representa un intento descarado de someter al Poder Judicial a los intereses del presidente. Esto no solo es peligroso para la justicia, sino que también demerita la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones. No podemos ignorar el impacto que un Poder Judicial debilitado podría tener en la protección de los derechos humanos. En un país en donde la impunidad sigue siendo un gran problema, necesitamos un sistema judicial fuerte e independiente, que verdaderamente defienda los derechos de todos y todas, pero especialmente de los más vulnerables. Lamentablemente, la reforma propuesta dejará a miles de mexicanos y mexicanas sin la protección efectiva que merecen, afectando el tejido social. Esta reforma prevé la eliminación del Consejo de la Judicatura para ser sustituido por el Tribunal de Disciplina Judicial, que se encargará de sancionar a funcionarios públicos, incluidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual puede impactar de manera negativa en los derechos tanto de los integrantes del Poder Judicial como de los ciudadanos. Con este diseño propuesto, existe un riesgo latente que las magistradas y magistrados electos tomen posturas extremas, una, encauzar los procedimientos disciplinarios para sancionar a las personas juzgadoras cuyas decisiones no se ajusten a las preferencias políticas del régimen en turno y la otra, en el sistema disciplinario se paralice ante la coincidencia y afinidades políticas entre los magistrados y funcionarios judiciales sujetos a escrutinio. Es necesario que la reforma judicial realmente garantice que los procedimientos disciplinarios no serán usados como medio para sancionar conductas que son materia de jurisdicción penal y evitar que se convierta en una herramienta para presionar a las personas juzgadoras a modificar sus decisiones y criterios judiciales. Si permitimos que el Ejecutivo controle el Poder Judicial, estará sentado en un precedente muy peligroso que podría ser explotado por futuros gobiernos para sus propios fines. El problema de la reforma judicial es que la elección popular de autoridades judiciales influenciados por intereses políticos, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso. México, México merece un Poder Judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, así como un sistema de procuración de justicia con una mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen utilizando pruebas sólidas y esta reforma se encuentra muy lejos de avanzar hacia esos objetivos para garantizar el acceso a la justicia en el país. En caso de ser aprobada nos alejará de la democracia y nos acercará a un régimen autoritario donde las decisiones se tomarán sin rendir cuentas a nadie. Como legisladores tenemos la responsabilidad de defender los principios fundamentales de nuestra Constitución, no podemos permitir que una reforma, como esta, avance sin analizar las consecuencias a largo plazo para nuestro país...