El senador Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias. Hago uso de esta tribuna para presentar ante el pleno de esta Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dos iniciativas en materia electoral. Estas iniciativas buscan afinar el marco legal para evitar la infiltración de recursos de procedencia ilícita en campañas electorales. Busca establecer mayores sanciones a funcionarios de todos los niveles de gobierno que incidan de manera ilegal en los procesos comiciales y quienes también, de alguna manera, obstaculicen el desarrollo de la jornada comicial. No obstante que la materia electoral en México ha sido importante y ha tenido un gran desarrollo, es necesario llevar a cabo una reforma que considere la descripción de conductas que afectan, dañan o ponen en peligro los procesos de elecciones a nivel federal en las instituciones democráticas, la afectación al desarrollo adecuado de la función pública electoral y el sufragio universal intransferible, personal, libre y secreto. En consecuencia, las conductas que se propone incorporar son precisamente aquellas que a la luz de la política criminal del Estado mexicano se deben tipificar por el daño que causan al proceso electoral y por vulnerar valores específicamente tutelados a nivel constitucional y en normas de carácter secundario. Asimismo, se debe prevenir la eventual infiltración y filtración de recursos provenientes del crimen organizado en los procesos electorales, que es una preocupación de toda la sociedad en general. Cabe destacar que en esquema procesal penal federal vigente, los probables responsables de delitos electorales tienen la posibilidad de llevar a cabo el proceso en libertad. Esto facilita, por supuesto, el tema de impunidad porque tienen derecho al beneficio de la libertad provisional bajo caución. Por tanto, también en esta reforma estamos proponiendo la modificación al Código Federal de Procedimientos Penales para que los delitos en donde haya participación del crimen organizado en candidatos y precandidatos en estos delitos, se consideren como graves para que no se tenga el derecho a la libertad provisional bajo caución. Ante ello, las reformas que estamos proponiendo son disposiciones que se corresponden al artículo 403 del Código Penal Federal, en donde se establecen sanciones de 10 a 100 días de multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien obstaculice e interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el escrutinio, el cómputo o cualquier otro acto de la jornada electoral, el traslado y entrega de paquetes y documentación electoral, así como la correspondencia que circule bajo franquicia del Instituto Federal Electoral. Esta pena se aumentará hasta el doble cuando se amenace o ejerza violencia física contra los servidores públicos electorales, con independencia de las sanciones que correspondan por otro u otros delitos cometidos. En este sentido, también la misma sanción es para quien recoja o retenga en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, una o más credenciales para votar con fotografía, que en el día de la jornada viole de cualquier manera y por cualquier medio el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto, impida de forma violenta la instalación de casillas o asuma dolosamente cualquier conducta que tenga como finalidad la instalación normal y ordinaria de las casillas. Es preciso destacar que si en la conducta participan personas armadas o utilizan o portan objetos peligrosos la pena también se aumentará. Se propone, por otro lado, la reforma al 407 del mismo Código, para imponer sanción de tres a nueve años de prisión a los servidores públicos que condicionen la prestación de un servicio al cumplimiento de programas gubernamentales federales, estatales o municipales que hayan sido financiados con recursos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación. Entre estas sanciones se busca frenar también, por otro lado, en el artículo 413, la infiltración de recursos de la delincuencia, de tal suerte que se plantea para este caso penas de cinco hasta 15 años de prisión para aquella persona que siendo candidato o precandidato reciba o destine a sabiendas aportaciones de dinero o en especie a favor de estos, de partido o partidos políticos, de coaliciones o agrupaciones políticas nacionales cuando los fondos tengan por supuesto un origen ilícito sin perjuicio de las penas que correspondan por otro tipo de delitos. A los miembros de organizaciones que tengan como fin cometer algunos de los delitos previstos y sancionados por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se impondrían de tres a ocho años de prisión, además de los otros delitos, cuando intervengan en el proceso de selección o incidan en los procesos de selección de precandidatos o candidatos de puestos de elección popular, así también cuando impidan la instalación o apertura de casillas electorales, obstaculicen de cualquier manera el proceso electoral. Por el otro lado, es importante establecer que las modificaciones que nosotros estamos planteando para que sean completas, integrales, no solamente inciden en el Código Penal Federal en el Capítulo, De los delitos electorales, sino también la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en el Código Federal de Procedimientos Penales. Y, por otro lado, me parece de la mayor importancia establecer una modificación al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Señor presidente, le recuerdo que estoy presentando dos iniciativas. Señor presidente, le recuerdo que pedí autorización a la Mesa Directiva para que me permitiera el tiempo y también le recuerdo que en cada iniciativa me permita hacer cinco minutos de exposición. Señor presidente, le pido tolerancia a mi exposición, si es tan amable. El Presidente senador José María Martínez Martínez: Señor senador, tiene cinco minutos por cada turno de iniciativa. Sin embargo, usted pidió hacer en un mismo turno la presentación de las dos iniciativas, por tanto tiene hasta cinco minutos. Le pido por favor que concluya.