EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Gracias señor Presidente. Comunicaciones. Oficio del Congreso del Estado de Baja California. H. CAMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNION. Presente.- Por este conducto nos permitimos hacer de su conocimiento que en Sesión Extraordinaria celebrada el día 10 de agosto del año en curso por la H. XVI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, se aprobó el siguiente Punto de Acuerdo: [5~PRIMERO.- Solicitar a la H. LVIII Legislatura Federal que iniciará su gestión el primero de septiembre del año 2000, que abrogue la Ley que Crea el Renave. SEGUNDO.- Túrnese a las Legislaturas de los Estados de la República, para que elaboren Puntos de Acuerdo, en términos similares. (Se anexa fotocopia del Punto de Acuerdo) Agradeciendo la atención que se sirvan otorgarle al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra consideración y respeto. DIP. JAIME JIMENES MERCADO, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL SEXTO PERIODO EXTRAORDINARIO DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. Honorable Asamblea En ejercicio de lo dispuesto por el Articulo 28 en su fracción I y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en correlación con los artículos 114, 115 y 116 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, los suscritos Diputados de esta H. Soberanía, proponemos Iniciativa de Acuerdo Económico en relación a la Ley Federal de Registro de Vehículos. todo esto bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El sistema de gobierno se sustenta en el principio de Soberanía, en virtud del cual solo al pueblo le corresponde su residencia y ejercicio, mediante el sufragio en las elecciones ordinarias. Los Diputados, como representantes del pueblo, asumimos el mandato popular bajo el imperio político de ser la voz de los electores para la toma de decisiones que permiten un equilibrio en las relaciones sociales y gubernamentales. El deber de los Diputados, consiste en una de sus fases en la visión, estructuración, conformación o modificación del orden jurídico, así como en la gestión de las demandas ciudadanas generales y de interés colectivo cuya fundamentalidad genera y acarrea al bien común. Por el elevado principio da orden, los legisladores estamos comprometidos no solo a procurarlo, sino a materializarlo, demandarlo y gestionarlo ante las autoridades competentes. Por ello, hoy nos ocupa un tema y proposición, delicada jurídicamente pero necesaria e insoslayable en lo social y político. Nos compete también una definición y reorientación de los postulados que rigen los fines mismos del gobierno, en cuando a su necesaria cooperación, armonía y coordinación, fundamentos torales de la columna vertebral de división de poderes. Hemos establecido que el Gobierno en su conjunto, debe ser solidario y subsidiario con las necesidades sociales de los ciudadanos. Bajo nuestra tradición pujante en lo parlamentario, hemos pugnado por la simplificación administrativa, que significa la prestación de servicios o trámites gubernamentales de forma tal que no perturben el ánimo de los ciudadanos. La simplificación administrativa implica también la necesaria existencia de una autoridad para cada materia, condición que debe alejar la dispersión de facultades entre diversos ordenes de autoridad, ya que ello, genera la sobre regulación y la confusión y cansancio para el cumplimiento de los más elementales deberes ciudadanos El Registro Federal de Vehículos, como modelo histórico, desapareció formalmente en 1989 a partir de las necesidades para no duplicar esfuerzos entre la [5~Federación y del Estado, condición que hoy es restablecida y reflejada en la Ley del Registro Nacional de Vehículos publicada en el Diario Oficial de la Federación del 2 de Junio de 1998, misma que fue Decretada por el Congreso de la Unión el 19 de Abril de 1998. La Ley aludida, bajo una consideración sumaria de su contenido, previene las siguientes bases normativas: El ordenamiento "tiene por objeto crear y regular el: registro nacional de vehículos y es de observancia general en todo el territorio nacional." Condición que se abstiene de prever que las entidades federativas ostentan especies de registros para vehículos, que implican la estructuración de procedimientos para el ejercicio del derecho al transito para la circulación de vehículos dentro de sus territorios. Por esto, el precepto general antes invocado no guarda congruencia con las disposiciones y regulaciones de las entidades federativas, situación que perturba el pacto federal, atenta contra la; libertad y soberanía de los Estados y produce perjuicios a los ciudadanos de estos. En su Artículo 3 la Ley en referencia dispone que, corresponde su aplicación al ejecutivo federal, por conducto de la Secretaria de Comercio y Fomento Industrial. Así entonces, destaca este mismo precepto que, para la correcta operación del registro, la secretaria tiene facultades para: I. Establecer las reglas a que se sujetara la recepción, almacenamiento y transmisión de la información del registro y, en general, la operación, funcionamiento y administración del servicio publico que preste; II. Operar y, en su caso concesionar y regular la operación del registro; III. Vigilar la debida aplicación de los precios, tarifas y contraprestaciones establecidas en ley de derechos relativas a la prestación del servicio publico del registro; IV. Celebrar convenios de coordinación con los gobiernos estatales y del distrito federal, a fin de facilitar la cobertura del registro, procurar su buen funcionamiento y efectuar intercambio de información; V. Realizar, en coordinación con la secretaria de relaciones exteriores, las actividades de cooperación con otros países para el intercambio de información relacionada con el registro; VI. Coadyuvar con el sistema nacional de seguridad publica para el cumplimiento de sus objetivos; VII. Verificar el cumplimiento de esta ley, y en su caso, sancionar las infracciones a la misma, y De las anteriores facultades de la SECOFI, se destacan las siguientes premisas: El precepto facultativa no respeta la autonomía de los Estados y no favorece con claridad los mecanismos de coordinación intergubernamental. El precepto permite la concesión de un servicio gubernamental cuya orientación jurídica en cuanto al manejo de las concesiones, implica la asunción por particulares de información administrativa al servicio y manejo de los Gobiernos. El numeral no enfatiza obligaciones ciudadanas, privadas o particulares que equilibren las facultades de la autoridad establecida o de los concesionarios. En cuanto, a la facultad y necesidad de la Federación, para celebrar convenios de coordinación con los gobiernos estatales, a fin de facilitar la cobertura del registro, procurar su buen funcionamiento y efectuar intercambio de información; lo cual también implica la existencia de bases de cooperación entre federación y estado para efectos de no duplicar los trabajos de ambos ámbitos de autoridad. Es claro, evidente y ostensible que tanto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, como los concesionarios escapa la intención, posibilidad y pretensión para dar vigencia y efectivo cumplimiento a esta disposición legal, condición que perturba la eficacia de la Ley y ha generado incertidumbres y el malestar de la población en general y de la sociedad organizada. Precisando funciones, el Registro Nacional de Vehículos según el Artículo 5 de la referida Ley, establece que: La operación del registro es un servicio publico a cargo de la secretaria, y tiene como fines la identificación de los vehículos que se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio nacional, así como la de brindar el servicio de información al publico. El registro contará con una base de datos, propiedad exclusiva del gobierno federal, la cual estará integrada por la información que de cada vehículo proporcionen las autoridades, fabricantes y ensambladores, comercializadoras, aseguradoras, particulares o cualquier otra fuente. Cualquier persona podrá consultar la información contenida en el registro, conforme al procedimiento y niveles de acceso que para la consulta de la información determine el reglamento. De lo anterior se desprende la necesidad de un mecanismo y sistema de cooperación entre autoridades estatales y autoridades del Registro Nacional de Vehículos para efectos del intercambio de información respecto a los datos del registro de vehículos. Condición y situación que no ha sido de interés de la autoridad encargada de materializar esta disposición. La Ley Federal en referencia establece en el Artículo 6, lo siguiente: La inscripción de los vehículos en el registro será definitiva o provisional, conforme a las siguientes reglas: I. Inscripción definitiva. Es la que se efectúa por una sola vez, y estarán obligados a solicitarla quienes: A) Fabriquen o ensamblen vehículos en territorio nacional y destinados al mercado nacional, y B) Importen vehículos destinados a permanecer definitivamente en territorio nacional, y II. Inscripción provisional, que estarán obligados a solicitar quienes: A) Importen temporalmente vehículos, y B) Importen vehículos en franquicia* De lo anterior es importante enfatizar que la Ley en comento, alude a los efectos y trámites del registro, sin embargo, omite preestablecer obligaciones particulares o específicas que establezcan los sujetos a la Ley, situación que llama mas a la existencia de un ordenamiento reglamentario u orgánico que a la posibilidad o delimitación de obligaciones legales y jurídicas. En cuanto a las disposiciones relacionadas con los métodos y lineamientos para el financiamiento del sistema de registro de vehículos es necesario señalar las siguientes disposiciones. El Artículo 14 de la Ley en comento, dispone que: "Las autoridades fiscales deben exigir la inscripción en el registro como requisito previo para cualquier tramite relativo al pago de los impuestos federales relacionados con vehículos. Para tal efecto, en los convenios que las entidades federativas adheridas al sistema nacional de coordinación fiscal celebren con la federación, se establecerán los mecanismos que garanticen que en la recaudación del impuesto federal sobre tenencia o uso de vehículos será requisito, entre otros, la inscripción de los vehículos en el registro." Asimismo el numeral 15, estipula que: "De los ingresos que la federación perciba con motivo de la prestación del servicio publico del registro, se podrá otorgar participación a las entidades federativas, en función de los convenios de coordinación que al efecto se celebren." Bajo estas directrices es importante establecer la inexistencia de convenios específicos en cuanto a coordinación de participaciones económicas entre federación y concretamente el Estado de Baja California, así como la también omisión del convenio a que refiere la Ley en cuanto a convenios para facilitar la cobertura del Registro, para su buen funcionamiento y efectuar intercambio de información. Condiciones bajo las cuales es defectible e imposible denotar la vigencia del referido ordenamiento. Todo lo anterior expuesto, constituye el marco jurídico mas trascendente encargado de regular al Registro Nacional de Vehículos, mismo del cual hacemos la respectiva anotación de sus deficiencias objetivas y sustantivas, toda vez que, haciendo eco de las demandas populares de los Bajacalifornianos así como de las condiciones jurídicas que delimitan y ensombrecen el tema del RENAVE, nos enfrentamos ante una Ley de evidentes discordancias jurídicas, derivadas de una regulación insuficiente que en principio de cuentas debió comprender las debidas atenciones al pacto federal que implica la existencia de respeto a las funciones que desempeñan las entidades federativas, mismas que no pueden subrogarse sin los debidos acuerdos, convenios y voluntades para su ejercicio. Por otra parte, la percepción de la sociedad sobre este tema, impresa y digitalizada en diversos medios, eleva las confusiones sobre la materia regulada, toda vez que los mismos concesionarios, bajo un notorio desconocimiento de la Ley, han advertido sobre la imperatividad de que todo ciudadano con vehículo deben pagar y registrarse. Según ha señalado el Coordinador del RENAVE en esta ciudad, se iniciaron operaciones en Mexicali el pasado 15 de junio. Afirmando que los propietarios de vehículos usados deberán dar de alta sus unidades, de acuerdo con información proporcionada por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI), dependencia que se encargará de regular los Centros de Registro. Condición que no se ha hecho ni se hizo sustentar en forma satisfactoria bajo elementos y disposiciones jurídicas. Por lo que corresponde a los costos en todo el Estado, para los vehículos nuevos el precio es de 375 pesos más 15% IVA, más 100 pesos de gastos de trámites, más 10% de IVA; en tanto que para los usados es de 100 pesos general con IVA de 15% porque se factura en D. F. En este sentido, es importante manifestar que el padrón vehicular de Baja California va a la vanguardia en el país, al tener bajo estricto control a un total de 662 mil automóviles, con un porcentaje de certeza superior al 98 %., condición que hace motivar la innecesariedad del referido ordenamiento federal. En otro orden de ideas, no resulta satisfactorio jurídicamente que la Ley en comento, o las derivaciones de esta, hubiesen pasado por alto, no solo la existencia de autoridades estatales encargadas del registro de vehículos, sino la sobre regulación en cuanto a la importación de vehículos o partes de estos que resultan de la exclusiva competencia de las autoridades de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, habida cuenta de que no encontramos justificación respecto de los datos que se integran mediante las importaciones y la necesidad de un ulterior registro, ya que es la misma autoridad quien tiene en sus manos detalladamente todos y cada uno de los datos que se pretenden incorporar al Registro de Vehículos duplicando funciones dentro de la misma esfera de gobierno y servicio público. Sin embargo, lo más insatisfactorio de todo esto, lo es la carencia de información veraz, fundada y motivada sobre este asunto, que sin duda por las afirmaciones de los encargados del RENAVE, se aleja del marco jurídico que establece el registro nacional de vehículos. Por otra parte, es aberrante que el RENAVE en Baja California pretenda exigir el registro y el pago de impuestos correspondientes sobre los vehículos propiedad de las autoridades del Estado, sin que medie convenio para el intercambio de información o acuerdos sobre la solventación de contribuciones, toda vez que hasta el momento, los vehículos propiedad del Gobierno Federal para uso oficial, no son obligados a cumplir con las disposiciones de la Ley. de Transito y Transportes del Estado en vigor, e inclusive los vehículos cuya documentación para circular en el Estado las expide la Secretaria de Comunicaciones y Transporte especialmente los de carga, los cuales ni se registran en la entidad, ni se les solicitan permisos, ni pagan contribuciones para el mantenimiento y conservación de vías públicas que notoriamente utilizan con una elevada incidencia diaria. El presente asunto, es un tema que implica una clara y notoria inobservancia del Estado de Derecho, así como actos de molestia y perjuicio público que deben ser atendidos de acuerdo al sistema jurídico en vigor, mediante la abrogación del referido ordenamiento. Con la presente iniciativa y en un ejercicio subsidiario de las responsabilidades públicas, atendemos la incesante demanda social que afecta gravemente la paz y tranquilidad de los mexicanos ante condiciones que se imponen sin el respeto al espíritu constitucional de división de poderes, así como de cooperación y armonía entre estos, por ello, los Diputados de la XVI Legislatura Constitucional del Estado de Baja California, hacemos hoy un ejercicio responsable, solidario de las facultades que nos confiere la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, para los efectos subsecuentes a que haya lugar. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción III y demás relativos y aplicables a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, los suscritos Diputados de esta Legislatura, nos permitimos someter a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA DE ACURDO ECONOMICO QUE PROPONE A LAS LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS SOLICITEN AL CONGRESO DE LA UNION LA ABROGACION DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE VEHICULOS. AL TENOR DE LOS SIGUIENTES PUNTOS DE ACUERDO PRIMERO: Que este Poder Legislativo envíe atento oficio a la LVIII Legislatura FEDERAL QUE INICIARA SU GESTION EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2000, para que abrogue la ley que crea el RENAVE. SEGUNDO: Túrnese a las Legislaturas de los Estados, para que elaboren puntos de acuerdo en términos similares. MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A LOS 10 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2000 ATENTAMENTE Por los Diputados de la XVI Legislatura del Estado de Baja California 1 Aguilar Kaiten Guillermo 2. Arango Pérez José Félix, 3. Avitia Nalda Sergio 4. Bahena Flores Alejandro 5. Baltazar Chiprés Héctor 6. Bastida Hernández Sócrates 7. Cano Jiménez Antonio Ricardo; 8.- Delfín Castro Miguel 9.- Domínguez Rocha Martín 10.- Esparza Herrera Héctor 11.- Fernández Bustamante Edgar Arturo 12.- Flores Muñoz Gilberto 13.- Gómez Mora Sergio 14.- Gutiérrez Piceno David 15.- Jiménez Mercado Jaime 16.- Loperena Núñez Sergio Javier 17.- Macías Lezama Efrén 18.- Magaña Mosqueda Héctor 19.- Martínez Veloz Jaime Cleofás 20.- Molina Rodríguez Juan Manuel 21.- Padrín Márquez Alejandro 22.- Ramos Rubio Manuel Alberto 23.- Ruvalcaba Flores David 24.- Villalaz Becerra María del Refugio Olivia 25.- Zazueta Villegas Ricardo EL C. PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------