EL C. DIPUTADO AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Con su autorización, Presidenta. Amigas y amigos: El debate que parece estamos a punto de dar, para ventura de esta Cámara, no es menor, es un problema filosófico, jurídico que viene incluso desde el constituyente de 1916-1917. ¿A quién representa el Ministerio Público?, ¿a la sociedad?, ¿al gobierno?, ¿a los agentes?, ¿cuál es la representación que ostenta? Quienes fuimos formados en la escuela jurídica tradicional, que nos enseñó en nuestras aulas que el Ministerio Público es una institución de buena fe que representa a la sociedad; que aquel que viola una ley no está lastimando al gobierno, no está lastimando a los legisladores que aprobaron esa ley, sino está atacando las bases mismas de la sociedad porque la ley, amigas y amigos, es precisamente eso: lo que nos permite vivir como personas civilizadas, es la existencia del derecho, el reconocimiento de que hay una norma o normas que rigen nuestra vida cotidiana y que si se vulneran, vulneran las bases todas de la sociedad y están atacando el sustento filosófico de la civilización contemporánea. Por eso el tema no es un tema baladí, es un tema que tiene que ver precisamente con esta razón filosófica de la acción de las autoridades a reprimir a aquellos que vulneran las bases de la convivencia social; por eso cuando un criminal asesina a una persona, está lastimando a toda la sociedad. Por ello no puede ser imparcial el Ministerio Público en su actuación, porque representa a la sociedad en contra de un individuo o individuos que se atrevieron a retar a las instituciones y a las sociedad y no aceptaron las reglas que esa institución y esa sociedad les impusieron. El problema es mayor porque no se establece en la exposición de motivos ninguna razón para establecer esos principios. Ciertamente, la exposición de motivos no es fuente de derecho en México, pero existen sentencias del Poder Judicial de la Federación que sí establecen que se acuda a la exposición de motivos de una ley para saber qué quería el legislador cuando aprobó esa ley; y por cierto, dice la sentencia que deben ser las dos Cámaras las que reiteren el argumento para que eso pueda servir como base de la interpretación jurídica. Tampoco se entiende por qué en una Ley Orgánica aparece ese principio; ciertamente estamos de acuerdo en los demás, pero no el de la imparcialidad. Sin embargo, he estado platicando con el Presidente de la Comisión de Justicia y el de Gobernación. Sabemos que este tema, porque los dos son abogados, no es un tema que se resuelve así de fácil. Cambiar la filosofía, cambiar la filosofía del Ministerio Público no debe hacerse así, de pasadita, sino entrarle a un gran debate para ver si eso es lo que quiere la sociedad. Sin embargo se ha establecido un compromiso que yo propongo a ustedes para ver si lo avalan: que se haga una adición o modificación al Código de Procedimientos Penales, que tengo entendido, se está en estos momentos analizando por las Comisiones, para que en ese código se pueda establecer que en la parte de la averiguación previa, realiza el Ministerio Público una función imparcial, porque hay una persona que va y se queja de que le cometieron un delito y hay otra que dice que no. Por lo tanto la averiguación es un procedimiento y es un momento en donde se requiere la imparcialidad. Si ustedes están de acuerdo con esta salida de compromiso, si la comisión lo acepta, daría yo por retirado este punto. Sin embargo, quiero dejar claro que no es un tema que se deba dilucidar de esta manera; que tenemos que ser muy cuidadosos en los temas como éste que implica soluciones de carácter más profundo, el mero detalle que estamos discutiendo. -PRESIDENTA: Su tiempo diputado -DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias presidenta. Tiene la palabra por las comisiones el diputado José Elías Romero Apis. -DIP. JOSE ELIAS ROMERO APIS: Con su venia señora presidenta: Hay una gran parte de razón fundamental en lo expresado por el diputado Amador Rodríguez Lozano. Estamos los mexicanos viviendo en este año, 85 años de un debate sobre la naturaleza del MInisterio Público de nuestro país. Tenenemos 85 años, y no es efectivamente un debate menor, discutiendo si el Ministerio Público es un representante de la sociedad, es un representante del gobierno, es un representante del Ejecutivo o es un representante de la ley. Al igual que el diputado Rodríguez Lozano, yo pertenezco a la generación de abogados mexicanos que abrazamos el mismo criterio del Constituyente en el sentido de que el Ministerio Público es y debiera ser, un representante de la sociedad. Digo que debiera, porque la realidad de estos 85 años nos ha demostrado lo contrario. Y éste no ha sido solamente una equivocación inocua; sino ha sido un equívoco verdaderamente caro y costoso para los mexicanos en su conjunto. En la creencia de que el Ministerio Público es una institución, o debiera ser, una institución representante de la sociedad, le dimos todas las facultades que difícilmente un orden jurídico le ha dado a una autoridad en el planeta, en los últimos mil años de vida jurídica. El Ministerio Público hasta hace 5 años, era absolutamente inimpugnable por cualquiera de sus resoluciones. Si determinaba acusar, es decir, consignar la averiguación previa ante los tribunales, no hay defensa jurídica del individuo, del ciudadano, frente a esa resolución. Todavía no la hay. No hay poder de impugnación, no hay materia de amparo frente al acto consignatorio. Es todopoderoso el Ministerio Público cuando consigna. Y cuando decidía no consignar, reservar o archivar el asunto, tampoco había y todavía es muy tenue, la posibilidad de impugnar la resolución del orden negativo del ejercicio de la acción penal. Una fuerte corriente nos dice hoy en día, que es necesario empezar a rectificar esto no en perjuicio, sino por el contrario, en beneficio de la sociedad. Y que el criterio de imparcialidad que debe prevalecer en la averiguación previa. Nadie está discutiendo que en el proceso el Ministerio Público es parcial. En la averiguación previa, es el principio de poder orientar normas que ajusten y controlen la actuación del Ministerio Público hoy repito, todopoderoso para determinar impulsos procesales, tiempos de actuación, aceptación de pruebas, autosinterlocutorios y al final de cuentas la resolución misma de la indagatoria criminal. El agregado que las comisiones hicieron al artículo 1º. es posiblemente una de las determinaciones más importantes que en materia de justicia haya tomado esta Legislatura hasta este momento. Es un principio de rectificación de los mexicanos hacia la naturaleza todo poderosa del Ministerio Público. Y bien dice Amador Rodríguez Lozano que esto es más materia procedimental que orgánica, y estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo que no hace daño esta declaración precisamente en la ley que regula la continencia del Ministerio Público. Hay, efectivamente, en la comisión de justicia documentos de trabajo en materia de reforma procedimental que atiende a esto y que desde luego están siendo ya puestas a consideración de todos los miembros de la Comisión, no sólo en las respectivas e iniciativas, que ya lo fueron, sino además en los documentos de trabajo. Estamos pues, afortunadamente coincido también en ello--, en un debate histórico que no es debate pero que sí son resoluciones históricas, rectificatorias de ocho décadas de penumbra y esperemos que esto nos sirva para el futuro. Muchas gracias, honorable asamblea. Es cuanto, ciudadana presidenta.