La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Buenas tardes. En apenas 144 días pasamos de la evolución a la demolición del sistema educativo mexicano. En los meses pasados luego de foros, consultas largas, horas de análisis, deliberación y aportación de la oposición a una reforma constitucional, la aprobamos, una reforma de avanzada que hoy violando la normatividad parlamentaria está a punto de ser eliminada con la legislación secundaria que no vela por el derecho de la niñez y la juventud, y mucho menos por los medios para garantizar la calidad que requiere la educación en este país. Estamos diciendo no, o estarían diciendo no a la infraestructura digna, no a la certidumbre laboral, a las reglas claras y transparentes para la carrera de las maestras y los maestros que, con su esfuerzo diario, con su enorme vocación de servicio sostienen nuestro sistema educativo. De aprobar los dictámenes que se acordaron a puerta cerrada en Palacio Nacional, y no de este Palacio Legislativo como corresponde, Morena y sus aliados van a hacer historia, estarán aprobando la mayor contrarreforma educativa de la historia del país. Sí, son mayoría, y la historia los juzgará uno a uno, por el secuestro y el desprecio al trabajo del Poder Legislativo porque lo que realmente están secuestrando hoy, es el destino de millones de niñas y niñas, particularmente de los más necesitados. Están negándoles la oportunidad de salir adelante gracias a su preparación, a su mérito, a su esfuerzo, a la oportunidad de recibir educación pública y gratuita de calidad, de excelencia como le cambiaron en la ley, porque necesitan ser competitivos en un entorno global y tener una profesión que les permita vivir con dignidad y con honradez. Quieren crear clientelas en lugar de oportunidades, centralizar el poder en lugar de democratizarlo, apostar a la opacidad y la obediencia en lugar de a la transparencia y la libertad. En su búsqueda de clientelas están quitándoles oportunidades a nuestros estudiantes condenando a las nuevas generaciones a sobrevivir de apoyos gubernamentales que sí son necesarios para millones de ellos, pero que deberíamos aspirar a que fueran temporales y a que fueran acompañados de las condiciones necesarias para que su educación sea de calidad y el día de mañana tengan un empleo formal y un salario digno que corresponda a su esfuerzo y no estén atenidos a dádivas gubernamentales. El Grupo Parlamentario del PRI presentará hoy numerosas reservas que pondrían un freno al retroceso que pretenden aprobar, ojalá las consideren, porque el día de ayer unas horas antes de que sesionara la comisión recibieron a una organización sindical, admitieron sus propuestas, pero no incluyeron en este dictamen la iniciativa que presentamos para respaldar las justas demandas de los asesores técnicos pedagógicos. Esto no es personal, es un asunto de interés nacional y nos preocupa y ocupa la incongruencia entre su decir y actuar. Para colmo de males, la discusión de estas leyes secundarias se les juntaron con el paquete económico de 2020, y ¿qué creen? Se desnudan sus verdaderas intenciones y la demagogia de sus discursos. Ahora entendemos por qué una y otra vez, las leyes que pretenden aprobar, por cierto sin presentar dictamen de impacto presupuestal, dicen que la asignación presupuestal es a suficiencia o a disponibilidad presupuestal. ¿Para qué hacer explícita en la constitucional la rectoría del Estado si las plazas magisteriales que se pagan con los impuestos de todos los mexicanos serán decididas en comisiones tripartitas? La nueva Ley General de Educación es ambigua, la desaparición del Inifed va mucho más allá de la emisión de lineamientos y obligaciones, qué grave, qué bueno que nos hicieron caso para dejar estos lineamientos, pero están dejando a las entidades federativas la responsabilidad de supervisar y también de hacer obra. Por eso estaremos presentando un transitorio, para que se mantenga la asignación de recursos del FAM y del FAIS para que las entidades federativas y los municipios no solo puedan hacer obra, tengan la capacidad económica de supervisar y garantizar la seguridad de los centros escolares. Esta Ley General de Educación también va a avalar la consulta a mano alzada. Ahora les llaman consultas de buena fe, enfocándose a nuestros pueblos indígenas, cuando la Constitución prevé los mecanismos necesarios para que haya consultas adecuadas y conforme a la ley. No estamos en contra...