La diputada Nancy González Ulloa: Con su venia, señor presidente. Diputadas y diputados, compañeros. Nuestro actual sistema de impartición de justicia en materia laboral surgió a raíz de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, cuando en su artículo 123 establecía como autoridad competente para resolver los conflictos obrero-patronales a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. El antecedente más remoto de estos órganos data de la denominada "legislación prerrevolucionaria", como lo fue la Ley del Trabajo, expedida por el general Cándido Aguilar, en Veracruz, el 19 de octubre de 1914, en la cual, entre otros aspectos, se establecen los tribunales del trabajo, denominándolos Juntas de Administración Civil. Uno de los argumentos más importantes para la creación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje fue que el derecho laboral era una rama nueva de la ciencia jurídica, de tipo social, alejada de la concepción clásica del derecho civil, de tipo individualista. Sin embargo, a más de 90 años de promulgada nuestra Constitución, y a más de 80 de que comenzaron a funcionar las Juntas de Conciliación, es opinión generalizada, de la academia y de las partes interesadas, que el derecho laboral ha tomado carta de naturalización dentro de nuestro sistema jurídico a través de la legislación, la doctrina y la jurisprudencia. El funcionamiento de las Juntas se ha visto obstaculizado por muy diversas causas, cuya solución, en todo caso, tiene que ser motivo de una reforma integral de todo el derecho laboral. Sin embargo, en la presente iniciativa que someto a su consideración, quiero abordar un aspecto concreto y específico, que permita la profesionalización de la representación en materia laboral, tratándose de abogados, asesores o representantes de las partes, los cuales tendrán que ser licenciados en derecho, con título profesional legalmente expedido y registrado por la autoridad competente. Para todos es sabido que las relaciones sociales cada vez se han ido haciendo más complejas, y que en las relaciones y contratos de trabajo, hoy en día intervienen factores mucho más complicados que los que existían en 1917. Así, según cifras del Inegi, de 1991 a 2006, de 1 millón 98 mil 367 asuntos laborales de jurisdicción local resueltos en todo el país por las 32 Juntas de Conciliación y Arbitraje que existen en el país, el 49.29 por ciento de los asuntos se resolvieron por convenio; en tanto que el restante 50.71 por ciento de los asuntos siguieron el juicio respectivo; de los cuales, en 6 de cada 10 casos, el trabajador se desistió. Esto refuerza la hipótesis de que existen arreglos externos y paralelos al procedimiento laboral entre el patrón y el trabajador, a través de su apoderado o abogado patrono, cuyo origen puede ser, por una lado, la presión que el patrón siente sobre el aumento desmedido, día a día, del probable pago que la Junta le ordenará realizar en concepto de prestaciones laborales y, por otro lado, la necesidad de terminar lo más pronto posible un proceso que debiendo durar unos cuantos meses puede prolongarse de manera indefinida. Esta situación se propicia, además, por la falta de profesionalización de la defensa de los trabajadores, debido a que la legislación laboral establece que la defensa de los trabajadores no requiere de cédula profesional que acredite la licenciatura en derecho. De esta manera, hay personas que se dedican a asesorar a los trabajadores de forma maliciosa, para con ello obtener mayores ganancias dentro del proceso. Esta realidad acarrea para los patrones el cumplimiento de resoluciones que, en muchos de los casos, resultan irrazonables a sus capacidades económicas, con lo que se frena el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas que son consideradas las principales fuentes y generadoras de empleo. Dado que el espíritu de la Ley del Trabajo tiende a buscar un verdadero equilibrio entre las partes que intervienen en un proceso laboral es por lo que considero adecuado se exija a quienes representen a las partes en un juicio, que acrediten tener cédula legalmente expedida para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Con lo anterior se garantizará la debida y técnica representación, por lo que todos aquellos que representen a cualquiera de las partes en un conflicto sea individual, colectivo, de naturaleza jurídica o en el procedimiento de huelga, deban acreditar su calidad de profesionistas autorizados. Por lo anterior considero que una importante contribución para el mejor funcionamiento de los órganos impartidores de justicia laboral es la profesionalización del representante, en materia laboral, añadiendo que dicha reforma no acarrea ningún costo al erario, por lo que tiene plena viabilidad financiera. Con base en los anteriores antecedentes y consideraciones, someto a esta asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo. Artículo primero. Se adiciona la fracción V al artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: El compareciente que actúe como apoderado para representar en un juicio con el carácter de abogado de persona moral o física, deberá acreditar ser licenciado en derecho y contar con cédula personal con efectos de patente expedida por la autoridad competente, para ejercer dicha profesión. El apoderado que no cumpla con este requisito solamente podrá oír y recibir notificaciones y valores. Transitorio Primero. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Solicito se inserte en el Diario de los Debates su texto íntegro.