La diputada Mariana Erandi Nassar Piñeyro: Compañeras y compañeros diputados. Saludos a todos los medios de comunicación y a las personas que nos ven a través de las redes sociales en este día. La discusión alrededor de este procedimiento para desaforar a Uriel Carmona, ha consistido en graves omisiones al proceso legislativo y diversas acciones de inconstitucionalidad. Como lo mencionamos en las pasadas intervenciones de nuestro Grupo Parlamentario del PRI, la ruta que se ha seguido para traer este tema a debate ha consistido en maniobras que están fuera del contexto legal y omisiones de carácter constitucional que deben ser atendidas en esta tribuna. En caso de que esta intención de violar la ley proceda, además, de generar daños directos al procedimiento legislativo podría causar efectos irreversibles para la federación y para la estabilidad de los titulares de las fiscalías en todo el país. Estos efectos se dividen en dos partes. La primera, es la que atiende a la trasgresión de la soberanía de los estados. Recordemos que este proceso se inició desde el Congreso de Morelos en el 2018, para denunciar una falta en el proceso administrativo del fiscal estatal. Sin embargo, la coyuntura política arrastró el tema hasta las instancias federales apenas en el 2020, detonando diversas interpretaciones por parte de esta Cámara de Diputados, así como en la correspondencia para darle solución a esta demanda. Al respecto, esta soberanía determinó que la solicitud de procedimiento no podía continuar debido a una interpretación legal del texto constitucional sobre el fuero de los titulares de los organismos autónomos en los tres órdenes de gobierno. En esta parte los efectos legales resultaron en que esta Cámara debía desechar la solicitud y esperar a que fuera el Congreso local del estado de Morelos el que, en pleno uso de sus facultades, procediera en contra del fiscal, con base en las acusaciones. En tanto, esta soberanía del orden federal no podrá proceder en ningún sentido, bajo ninguna interpretación. De hacerlo, además de sostener un juicio sin sustento legal, se estaría violentando un pilar fundamental del Estado federalista: la soberanía. La segunda parte tiene que ver con generar un precedente de intervención política para dirimir asuntos de otra trascendencia, violentando el pacto federal. Al respecto, en el PRI nos mantenemos en nuestra postura de no acompañar todo aquello que agreda o atente en contra del Estado de derecho. De continuar con esta aberración jurídica, se estaría mandando un mensaje de alerta a todas las instituciones, organismos autónomos y Poderes de la Unión de que el marco legal bajo el que nos desarrollamos es insuficiente para brindar certeza y garantizar el cumplimiento de la ley. Ello, bajo un nuevo vínculo, creado por la mayoría de esta Cámara, para ligar el clivaje político con interpretaciones subjetivas y procesos a modo. Compañeras y compañeros, esta legislatura no debe trabajar a la premura del reloj. Todo procedimiento debe estar debidamente analizado antes de pasar a su discusión y votación. Especialmente cuando hay de por medio un juicio en el que pretendemos hacer válidas nuestras facultades para eliminar el fuero de un servidor público. En el haber político todas las pretensiones de los integrantes de este pleno se deben apegar a los principios de legalidad y transparencia. Por ello no podemos caer en desconocimiento de la ley y de su aplicación, dado que no estamos aquí para dar juicios de valor, sino de acatar lo que nuestras normas y jueces dicten. Como grupo parlamentario, creemos que las relaciones entre los poderes de gobierno deben estar diseñadas con el ánimo de buscar un equilibrio. Que quede claro: nuestro partido mantiene su lucha de velar por los principios de la división de poderes como pilar fundador en la Constitución del Estado moderno. El equilibrio de poderes permite la legalidad de los actos del Estado democrático y es una forma de garantizar que las decisiones políticas, judiciales y legales no respondan a intereses políticos. En tanto, nuestra posición es y seguirá siendo a favor del cumplimiento de las leyes. Por su atención gracias. Es cuanto.