El diputado Antonio Ortega Martínez: El acuerdo del presidente López Obrador con la CNTE es una tragedia para nuestro país. Representa la abdicación del Estado mexicano ante los intereses de un poder fáctico. Es la claudicación de la rectoría del Estado en materia educativa establecida en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna. Es también el abandono del principio del interés superior de la niñez establecido en el artículo 4o. de nuestra Constitución. El contenido y la orientación del dictamen sobre la Ley General de Educación presentado a la consideración de esta soberanía por la Comisión de Educación trasgrede y está en abierta contradicción con la reciente reforma constitucional en materia educativa. También es inaceptable que el Ejecutivo federal violente las atribuciones del Poder Legislativo y al margen del proceso legislativo en curso y político de búsqueda de consensos que se establecieron a través del parlamento abierto para que se expresaran los puntos de vista de la sociedad en las mesas de diálogo entre los grupos parlamentarios, de toda la pluralidad expresada en el Congreso y los debates en la mesa de la Secretaría de Educación Pública. Insisto, es inaceptable que el Ejecutivo federal en el Palacio Nacional pacte acuerdos sobre normas que están en proceso de dictaminación y en abierta contradicción con el espíritu y la letra de la norma constitucional vigente. El dictamen de la Ley General de Educación presentado, perfila un neoestatismo que pretende ser rector de todo, resuelve equivocadamente el dilema de la necesidad del país de avanzar al futuro y al desarrollo a través de la calidad educativa por el deseo atávico de esta administración de volver a un pasado idealizado pero irrepetible, el revivir esquemas que posibilitan prácticas y conductas que no se pueden tolerar como el control y la venta de plazas. Se cede a grupos de interés el control de plazas para que se puedan asignar de manera discrecional al no existir mecanismos de promoción y evaluación por méritos. La tentación de volver al pasado también se aprecia en la intención de que el Estado se atribuya la obligación de garantizar por sí mismo la educación superior, cuando aún no se ha logrado construir un sistema de educación básica con un nivel aceptable. Esta decisión atomiza la acción educativa porque además va acompañada de la decisión de crear cientos de universidades nuevas y castigar el presupuesto de las actuales. Además, los apoyos educativos para el estudio de los universitarios se otorgarán a los individuos para su gasto personal en lugar de dárselas a las instituciones como gasto social y educativo. Ese tipo de políticas sólo evidencian el desorden mental de quienes quieren dirigir la educación de nuestro país. Está claro que al Ejecutivo sólo le importan dos cosas: el acuerdo, la alianza electoral con este grupo fáctico, porque quiere que le paguen los privilegios que pretende otorgar con votos para las próximas elecciones, y también quiere tener ocupados a los jóvenes en las escuelas aunque no aprendan, aunque no adquieran los conocimientos, las habilidades, las destrezas y las nuevas tecnologías que se requieren en el mercado laboral global, que cada día demanda personal mejor calificado, no le importa que al salir de la escuela n puedan acceder a empleos dignos y bien remunerados, no le importa la cancelación de oportunidades ni las frustraciones futuras de nuestra niñez y juventud, condenando a los más pobres a la marginación, el estancamiento y el atraso permanente. El Ejecutivo no entiende que sin educación de calidad no hay desarrollo. Por ello, no sorprende que sea tan bajo el presupuesto destinado a la educación este año, no solo la inicial prácticamente inexistente, sino a la básica, la media, y en especial a la superior. Como acostumbra, con esta iniciativa el Ejecutivo demuele políticas e instituciones ahora en educación, como lo ha hecho antes en Progresa, las estancias infantiles, los órganos reguladores, y lo piensa hacer también con el Seguro Popular. Hoy pondrán ganar, compañeros de Morena, una batalla, pero están muy lejos aún de ganar la guerra. Esto que están avalando claramente es inconstitucional, trasgrede el derecho de nuestra infancia a una educación, y sabremos llevar esta lucha hasta el final por el sendero jurídico. Gracias por su atención.