La diputada María del Rocío Corona Nakamura: La misoginia, el odio, el machismo y la violencia acosan y acorralan a la mujer. La tentativa de feminicidio no se puede seguir disimulando o disfrazando como otros delitos, es un delito grave y premeditado que se comete para atentar contra la vida de una mujer. Las mujeres no pueden ser ni seguir siendo revictimizadas por la impunidad que ampara a los agresores, por el intento de feminicidio y les permite seguir en libertad. Necesitamos por ello herramientas legales que las protejan de un segundo ataque, que sí sería mortal. Ninguna intención de feminicidio puede quedar sin castigo. Quienes atacan con violencia extrema a una mujer con el fin de asesinarlas y no lo logran no pueden estar libres, deben estar en la cárcel, deben estar presos. No castigar la tentativa de feminicidio pone a la mujer más cerca de la muerte que de la vida, porque libera al agresor y lo empodera para regresar e intentar consumar el asesinato. Después de un intento de feminicidio que no se castiga la única obsesión del agresor, al quedar rápidamente libre, es terminar con lo que no logró: matarla. Toda intención de feminicidio no castigada será la antesala de muerte para una mujer. La impunidad que recibe quien intenta un feminicidio y no lo logra es el boleto de vuelta para regresar a matar. En los últimos años la violencia feminicida se ha visibilizado en todo el mundo como una violación grave a los derechos humanos de las niñas y las mujeres. Tristemente, la realidad de nuestro país no es distinta, cada vez son más recurrentes las notificas sobre feminicidios. Todos los días en los medios de comunicación nos damos cuenta de lamentables casos de mujeres y niñas que se encuentran desaparecidas o han sido privadas de su vida por razones de género, situación a la cual es urgente poner un alto. Es inadmisible que miles de mujeres salgan de sus hogares sin la certeza de que volverán seguras o que no pueden realizar sus actividades cotidianas, sin la amenaza constante de sentirse acosadas. Por décadas, la omisión y los altos índices de impunidad ante la violencia contra las mujeres ha derivado en un incremento inaceptable en los niveles de feminicidio, por ello, hoy la violencia feminicida se ha convertido en un tema prioritario para el Estado. Necesitamos políticas públicas eficientes, diagnósticos serios los cuales permitan a las autoridades competentes actuar de forma oportuna, pero, sobre todo, requerimos de unión y cooperación. Los esfuerzos han sido significativos a lo largo de los últimos años. Se han presentado importantes reformas por parte de compañeras de distintos grupos parlamentarios con la única finalidad de fortalecer el marco normativo en la materia. En ese sentido, en diciembre del año pasado, una servidora presentó una propuesta de modificación al artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de incluir como causal de prisión preventiva oficiosa el delito de feminicidio en grado de tentativa. Agradezco el acompañamiento de mis compañeras diputadas Kathia Maria Bolio Pinelo y Melissa Estefanía Vargas Camacho, y, desde luego, de las diputadas Krishna Karina Romero Velázquez, Adriana Campos Huirache, Andrea Chávez Treviño, Irma Juan Carlos y Elizabeth Pérez Valdez, así como el diputado Héctor Chávez Ruiz, cuyas iniciativas también están consideradas en este dictamen. Esta modificación es fundamental, porque nuestro sistema de justicia penal exige certeza jurídica y requiere, por lo tanto, una mención expresa del delito al que debe aplicarse la medida cautelar de prisión preventiva. Sabemos que la prisión preventiva es una figura que se utilizó disimuladamente antes de la reforma al sistema de justicia penal, que incluso se llegó a considerar como una regla y no como una excepción. De igual forma, entendemos que la presunción de inocencia es una máxima del derecho penal, sin embargo, nuestro deber como legisladores es adecuar el catálogo de delitos a los que debe aplicarse la prisión preventiva, con el fin de incluir aquellas conductas que más lesional a nuestra sociedad y, sin lugar a duda, el feminicidio es una de ellas. En este sentido, coincidimos con el dictamen, el cual señala que existen suficientes pruebas para permitir determinar que de no adoptarse medidas cautelares adecuadas que garanticen la integridad de las víctimas, los potenciales feminicidas reinciden hasta lograr su cometido. En este mismo sentido, acompañamos la cancelación de beneficios como la libertad condicionada y anticipada para las personas que han sido condenadas por el delito y tentativa de feminicidio. Lo anterior es para dejar claro que como legisladores y sociedad no perdonaremos este tipo de conductas. No podemos ser ajenos a nuestra realidad, las mujeres atravesamos por una situación de emergencia que requiere acciones coordinadas por parte de todas las instituciones. Esta no es una lucha de colores e ideologías, es una lucha que debemos unir como mexicanos. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista votará a favor del presente dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.