La diputada Eloisa Chavarrías Barajas: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, reconocer el derecho al trabajo sin ningún tipo de discriminación se inscribe como uno de los pilares fundamentales sobre los cuales se apoya la consolidación de la justicia social a favor del principio de la dignidad inherente de cada ser humano. Para lograr este objetivo es necesario tener en cuenta la importancia que tiene el ejercicio de la sociedad como la contribución a favor del desarrollo, crecimiento y progreso de todos los seres humanos a partir de objetivos comunes en los cuales descansa la salvaguarda de la integridad de las personas. Bajo esta tesitura podemos mencionar a las sociedades de solidaridad social como una forma de organización mediante la cooperación entre socios, las cuales tienen como objetivo la creación de fuentes de trabajo. La práctica de medidas que tienden a la conservación y mejoramiento de la ecología. La explotación racional de los recursos naturales. La producción, industrialización y comercialización de bienes y servicios que sean necesarios. Lo anterior, con la finalidad de apoyar a las personas con menores posibilidades para realizar y llevar a cabo negocios, debido a la falta de infraestructura que existe en las regiones marginadas en las que habitan. Las sociedades de solidaridad social debidamente legalizadas tienen capacidad para recibir apoyos financieros, por tanto se pone de manifiesto la necesidad de ampliar la base que forman los socios para que padres de familia, personal docente y amas de casa puedan disponer de sus beneficios. Sin lugar a dudas, una de las principales características que nos encontramos en este tipo de sociedades radica en la obligación por parte de los socios, de construir e integrar con producto de su trabajo, un fondo de seguridad social el cual tiene aspectos fiscales. Por otro lado cabe mencionar, que la diversidad de figuras jurídicas asociativas derivadas de la legislación agraria y de desarrollo rural han propiciado que en la práctica se encuentre en este medio un doble o triple implicación de diferentes figuras asociativas, lo que inhibe o limita la puesta en marcha de proyectos que avancen en la apropiación de mayor valor agregado por parte de los productores. Además de la confusión por la diversidad de opciones de asociaciones de índole de fomento y empresarial existentes, muchos a veces los productos optan por constituir figuras más completas jurídica y económicamente como son las sociedades de producción rural y la sociedades anónimas en su modalidad de empresas integradoras. A consecuencia de esta realidad se presenta la siguiente propuesta de reforma a la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que fue creada en el año de 1974, y bueno estamos en el año 2015 y no ha sufrido alguna modificación al respecto. Con la finalidad de eliminar cualquier tipo de discriminación que impida el goce del derecho al trabajo, en donde además se establezca qué carácter colectivo del patrimonio sin fines de lucro, lo cual ratifica que por esta razón se le dan una serie de beneficios fiscales. Por otro lado, establecer como una responsabilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el llevar un registro de las sociedades constituidas y de aquellas que reciban recursos públicos para el fomento de sus actividades, garantizando así la transparencia y rendición de cuentas sobre acciones y recursos públicos. Asimismo, el eliminar la forma discrecional en que se otorgan los subsidios, franquicias y demás apoyos establecidos que serán públicos. Del mismo modo, establecer la responsabilidad de las sociedades que, en caso de recibir recursos públicos, deban sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia; así como disminuir el número de socios y actualizar a las leyes e instituciones vigentes que tienen atribución en la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Señoras legisladoras y señores legisladores, para Acción Nacional la solidaridad es esa voluntad de resolver los problemas comunes, es llevar el peso de los unos con los otros; por lo que no se puede organizar de cualquier manera. Se tiene que organizar con respeto a la dignidad de la persona humana y con miras al bien común. Por lo tanto, con la presente iniciativa se pretende instaurar las condiciones para la creación de riqueza por ciudadanos productivos y desde luego incluirlos en la seguridad social, que es tan necesaria para este tipo de personas, por los lugares donde habitan. Por su atención y su apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.