El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Sí, presidente. Nada más para una aclaración. No es exactamente en contra, sino es una abstención, presidente, y voy a explicar por qué es la abstención. Creo, como todas las compañeras que han subido aquí a tribuna, que el delito de trata de personas debe ser sancionado, sobre todo cuando se trata de menores de edad. También considero que la prostitución debiera ser sancionada, pero que el camino que tendría que seguir este Poder Legislativo debiera ser el camino de los suecos, es decir, sancionar penalmente al que compra servicios sexuales. Esto sería lo radical en este Congreso. Sancionemos a todos los hombres, a todas las personas que compran favores sexuales. Esto es lo que tendríamos que sancionar para tener un compromiso profundo con el respeto a la dignidad de las mujeres y de los hombres, para que los seres humanos no seamos instrumentalizados y tratados como objeto. Pero este dictamen no propone eso, no propone el modelo sueco, sancionar penalmente al que compra servicios sexuales. ¿Qué propone? Propone algo que ya está previsto en el propio artículo 5o. de la Ley de Trata. El artículo 5o. en su primer párrafo, de la Ley de Trata establece lo siguiente: Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entrega o reciba para sí o para tercero a una persona por medio de la violencia física-moral, el engaño, el abuso de poder para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud, etcétera. Es decir, aquí ya se está penalizando al que promueva la trata de personas. ¿Qué hace el párrafo segundo parte de este dictamen? Establece lo siguiente. La persona que contrate publicidad, por cualquier medio de comunicación, así como la persona que publique anuncios que encuadren en alguna de las conductas del delito de trata, será sancionada. Es decir, este párrafo segundo está remitiendo al párrafo primero. En ese sentido la visión que se propone es innecesaria. Y si no es innecesaria, es una adición excesiva. Esto es lo que me preocupa a mí, que sí puede criminalizar la libertad de expresión y la libertad de imprenta. También puede vulnerar el principio de proporcionalidad para los delitos y penas que establece el artículo 22 de la Constitución. No podemos perder de vista en este debate sobre trata de personas el contexto en el que nos encontramos. Hace unas semanas dos medios de comunicación, sobre todo uno de carácter televisivo, promovió un debate al respecto para cuestionar a otro medio de comunicación. Me refiero a la información que divulgó Televisa en su noticiero de mayor audiencia, por boca del locutor López Dóriga, para cuestionar la publicidad sexual que hacía otro medio de comunicación. Me refiero al periódico Reforma y específicamente al periódico Metro, que forma parte del Grupo Reforma. Entonces, también la respuesta que en su momento el Grupo Reforma dio a Televisa para señalarle que también Televisa en TV Notas hace publicidad de carácter sexual. Estamos enfrente de este conflicto de intereses. La adición que se propone al artículo 5o., la verdad, no añade nada porque ya es parte del tipo penal la promoción de trata de personas. Aquí lo que se está pretendiendo es, sobre todo, limitar la libertad de expresión y la libertad de imprenta. Ya el delito de trata de personas prohíbe en la redacción vigente del primer párrafo del artículo 5o. la promoción, promover la trata de personas. Eso ya es delito en México. ¿Qué se hace ahora? Pues inhibir. Inhibir a los medios de comunicación que publicitan información de carácter sexual. Eso puede, repito, limitar la libertad de expresión establecida y garantizada en el artículo 6o. de la Constitución. Para terminar, compañeras diputadas y compañeros diputados, quiero decir que debemos tomar medidas radicales, que tenemos que promover la libertad sexual y el trato digno de las personas. Que las personas no debemos ser...