El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con su venia, ciudadano presidente. Señoras diputadas y señores diputados. En atención a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Rosendo Radilla Pacheco, que ordena al Estado mexicano reformar la legislación para que los militares acusados de violaciones a los derechos humanos de civiles ante los tribunales penales ordinarios, he presentado una iniciativa de reforma que deroga dos artículos del Código de Justicia Militar que consideran a los delitos comunes cometidos por miembros del Ejército como delitos contra la disciplina militar. En el simposio Fuerzas armadas, justicia y respeto a los derechos humanos que el Grupo Parlamentario del PT llevó a cabo aquí el pasado 3 de marzo, expertos de la academia y la sociedad civil plantearon mayoritariamente acabar con el fuero militar para los casos en que los afectados por las operaciones de ellos sean civiles. De esta manera debe orientarse la actual discusión sobre la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hacia el respeto irrestricto de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares internacionales por parte del Estado mexicano. Cabe agregar que la sentencia de la Corte es de cumplimiento obligatorio, hasta un año a partir de la fecha de su emisión, el 23 de noviembre de 2009. Hasta la fecha el Estado mexicano no ha emitido ninguna señal sobre un proyecto de reforma, por lo que el Congreso debe asumir su papel en esta urgente tarea, hoy que la violencia desbordada ha tenido por resultado el crecimiento de la impunidad por varios elementos del Ejército y la Armada, responsables de violaciones a los derechos humanos. Es pertinente, a raíz de lo que votó ayer el Senado, que sea el Código de Justicia Militar el ordenamiento que regule la jurisdicción castrense, ya que sólo retirando la actual definición de los delitos comunes en contra de civiles como delitos contra la disciplina militar, es posible limitar la indebida extensión de la jurisdicción militar. La reforma del Código de Justicia Militar no es una concesión graciosa ni una moneda de cambio, como admitieron los senadores ayer. Las obligaciones del Estado mexicano ante instancias internacionales no están sujetas a negociación ni pueden pretender su cumplimiento por vías jurídicamente inaceptables y políticamente tramposas, como las que aprobó la mayoría del Senado ayer. La actualización de impunidad y el descontento social, así como la responsabilidad del Estado mexicano nos obliga a que la reforma del fuero de guerra sea el punto de partida y no una consideración secundaria en los debates de este Congreso. Por eso, la diputación del PT se opone y se va a oponer firmemente a legislar al vapor sobre las iniciativas como lo que aprobó ayer el Senado de la mal llamada Ley de Seguridad Nacional, que sólo son del interés de una camarilla en el poder de dudosa legitimidad y que degradan el papel del Legislativo, habiendo tantas propuestas que legislar en materia de derechos humanos, seguridad pública, defensa, entre otros. Es por esto que en el PT nos opondremos tajantemente a que se nos quiera convertir, a la Cámara de Diputados, como una simple oficialía de partes, si se pretende desahogar en 24 horas la mal llamada Ley de Seguridad Nacional. Por ello, presidente, le solicito que se inserte íntegro en el Diario de los Debates esta iniciativa que pongo a consideración de los diputados y las diputadas para derogar el artículo 57 y 58, del Código de Justicia Militar; y le solicito que por asepsia procedimental sea turnada la misma a la Comisión de la Defensa Nacional. Muchas gracias.