El diputado Francisco Pelayo Covarrubias: Compañeros y compañeras legisladores, saludo con mucho gusto, con mucho respeto, pero con mucho ánimo de hacer conciencia de lo que hoy está pasando en este país. Hoy vengo a este recinto para manifestar mi total rechazo a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, un dictamen que lejos de fortalecer la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas del ejercicio de los recursos públicos, abre peligrosamente la puerta a la corrupción, al derroche y a la discrecionalidad. Desde Acción Nacional sostenemos que México necesita más y mejores obras públicas, pero no a costa de mecanismos que fomenten la opacidad, el sobrecosto y la concentración de poder en una sola dependencia. Uno de los aspectos más alarmantes de esta reforma es la flexibilización en la justificación del aumento de costo en las obras públicas, se abre la posibilidad de que proyectos que inicialmente se presupuestaron con un determinado monto pueden después elevar sus costos sin control real sin ninguna sola sanción. Este modelo ya lo hemos visto con la refinería de Dos Bocas, una obra cuyo costo original fue de 8 mil millones de dólares y que hoy ha superado los 20 mil millones, sin que hasta la fecha se rindan cuentas claras sobre ese sobrecosto, o el Tren Maya que pasó de 150 mil millones de pesos a más de 500 mil. En lugar de garantizar que cada peso invertido beneficie a los ciudadanos, esta reforma blinda la posibilidad de encarecer obras sin consecuencias, permitiendo que el dinero de los mexicanos se diluya en la ineficacia y el amiguismo. Otro de los puntos más cuestionables de esta reforma es la concentración de atribuciones en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desplazando a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno y otros órganos encargados de vigilar y regular la fiscalización. La Secretaría de Hacienda no solo interpretará la ley a su conveniencia, sino que además conducirá y controlará el sistema de contrataciones públicas, esto significa que la misma autoridad que asigna los recursos será la que decida cómo se ejercen y quién los ejecute. En otras palabras, será juez y parte en los procesos de contratación, eliminando los contrapesos y la supervisión independiente. También es preocupante la preferencia que otorga a empresas con mayor capacidad financiera en las licitaciones. Esta medida excluye a muchos, micro, pequeñas y medianas empresas que, aunque tengan la experiencia y capacidad técnica, no pueden competir contra grandes corporativos que pueden absorber pérdidas iniciales o ajustar precios estratégicamente y a su conveniencia. La experiencia nos dice que los sistemas de contratación deben ser abiertos, auditables y accesibles para todos. La eliminación del Compranet es un retroceso grave que solo beneficia a quienes quieren esconder información y dificultar la rendición de cuentas. Por ello, en el Partido Acción Nacional decimos recio y quedito, sí, más obra pública, pero sin corrupción y sin despilfarro. México necesita más infraestructura, mejores carreteras, más y mejores hospitales, escuelas, sistemas de transportes, pero cada peso debe ser invertido con transparencia, con eficiencia, pero sobre todo, con mucha responsabilidad. Esta reforma no busca mejorar la obra pública, sino facilitar su uso como un botín político y financiero. Se protege a los favoritos del régimen, se eliminan contrapesos, se concentra el poder en una sola dependencia y se eliminan los mecanismos de control ciudadano. Desde Acción Nacional rechazamos los tratos en lo oscurito, la opacidad y las reglas diseñadas para el beneficio de unos cuantos. Es por ello, que vamos totalmente en contra de esta reforma. Muchas gracias. Es cuanto.