La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Uno de los temas más importantes respecto a la aplicación eficiente del orden jurídico es precisamente el del control de la actuación de los servidores públicos y, en su caso, el fincamiento de responsabilidades. La responsabilidad política de los servidores públicos contenida en el artículo 110 constitucional se sustancia a través del juicio político, el cual es un procedimiento desarrollado por el Congreso de la Unión a partir de la denuncia de cualquier ciudadano a través del cual se determina la responsabilidad de los servidores públicos en caso de que incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho. En términos del artículo 10 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Cámara de Diputados es la facultada para sustanciar el procedimiento de juicio político actuando en este caso, como órgano instructor y de acusación y la Cámara de Senadores fungir como jurado de sentencia. Asimismo, de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos, dicho procedimiento en la Cámara de Diputados se sustanciará en primer lugar, por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, quienes al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus presidentes y secretarios, por cada comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, y en segunda instancia por la Sección Instructora. Que con base en la naturaleza de sus funciones, el sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos servidores públicos una inmunidad procesal en materia penal que les protege legal y políticamente para evitar ser agredidos por poderes públicos o acusados sin sustento jurídico. Dicha inmunidad procesal puede retirarse a través del procedimiento de declaración de procedencia. Que la declaración de procedencia es un proceso de competencia de la Cámara de Diputados, que tiene por objeto poner a un servidor público a disposición de una autoridad judicial a fin de que lo juzgue exclusivamente por el delito o delitos cometidos durante su encargo y que han sido objeto de la solicitud. Así como el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos establece que la declaración de procedencia se sustanciará a través de la Sección Instructora. Que en un escenario de pluralidad, el vehículo para la construcción de las decisiones políticas se denomina "consenso", que suma las diferencias en beneficio de todos, no el que olvida las diferencias para salvar coyunturas. En este contexto es necesario que la Junta de Coordinación Política asuma su papel de órgano colegiado, expresión de la pluralidad de la Cámara y en consecuencia presente al Pleno de esta honorable Asamblea un acuerdo plural e incluyente con los nombres de los diputados que integran la Sección Instructora. Que con fundamento en lo dispuesto por la fracción V del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados declarar sí ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieran incurrido en delito en los términos del artículo 111 de la Carta Magna, así como conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de la Ley Suprema y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren. Que el proceso de madurez política que vive la sociedad mexicana es producto del esfuerzo de todos, para su consolidación es necesario que en todas las actuaciones de la sociedad civil y autoridades prevalezca el interés supremo de la nación y la cultura de la legalidad que nos dé certeza, confianza, equidad y libertad. En virtud de ello la Cámara de Diputados, en cumplimiento de las facultades otorgadas por la Ley Suprema debe salvaguardar el principio de igualdad ante la ley y la legalidad, por lo tanto es indispensable que en virtud de las solicitudes de procedencia y de juicio político que existen, se dé al cumplimiento de estudiarlas, analizarlas y dictaminarlas a efecto de que se desechen o se realicen las declaraciones de procedencia correspondientes con la finalidad de combatir la impunidad y el rezago legislativo. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo que establece el artículo 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a esta soberanía el siguiente Punto de acuerdo Primero. El Pleno de la Cámara de Diputados instruye a las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Derechos Humanos, para que en términos del artículo 10 de a Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos integren e instalen la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos. Segundo. Las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Derechos Humanos, y la Junta de Coordinación Política, garantizarán la pluralidad y la representatividad de los grupos parlamentarios en la conformación de la Subcomisión de Examen Previo de Juicios Políticos. Es cuanto, diputado Presidente.