La diputada Ingrid Krasopani Schemelensky Castro: Con la venia de la Presidencia, señoras diputadas y señores diputados. Desde su conformación en el año 1997, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal contempla, vía la Ley de Coordinación Fiscal, la posibilidad de que los municipios utilicen hasta un dos por ciento de los recursos que le corresponden por dicho fondo para instrumentar con ello un Programa de Desarrollo Institucional llamado PRODIN. Sin embargo, el uso del dos por ciento de los recursos del fondo para instrumentar un Programa de Desarrollo Institucional es opcional, por lo que más de la mitad de los municipios optan por no ocuparlo, lo que contrasta con las necesidades institucionales que muchos de ellos presentan. En febrero de 2015, la Auditoría Superior de la Federación presentó el diagnóstico de desarrollo institucional municipal donde se señala que en el 2013, de acuerdo con la información de la Sedesol, 453 municipios firmaron con esta dependencia el convenio para la realización de un Programa de Desarrollo Institucional Municipal, es decir que solo el 18.5 por ciento del total de los municipios del país. Para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, cada municipio debe de tener la facultad para que dentro de un marco general pueda dotarse por sí mismo de un estatuto congruente con las circunstancias geográficas, demográficas, sociales y económicas que le permitan mejorar su capacidad de gestión y potenciar sus condiciones para competir exitosamente en el entorno global, atrayendo con ello inversiones, conocimiento y tecnología. Para el incremento de las potencialidades de cada municipio es menester atribuirles la responsabilidad de la prestación de servicios públicos como lo son el educativo, de salud, de vivienda y de transporte con el fin de ofrecer a sus habitantes el desarrollo de sus capacidades, así como la generación de una infraestructura acorde con la vocación económica municipal. La inclusión de un programa de desarrollo institucional por concepto del gasto en el fondo, responde por consiguiente a la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas, organizacionales y administrativas de los municipios, a fin de alcanzar mejores resultados en su ejercicio de gobierno. Uno de los rubros en los que pueden invertirse los recursos del Prodim es en la capacitación de los funcionarios municipales. Al respecto el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegaciones 2013 publicado por el INEGI, muestra un universo de posibilidades ya que de los 39 mil 422 titulares de alguna dependencia municipal, nueve mil 276, equivalente al 23 por ciento, solo tienen estudios de hasta primaria o secundaria. Por otro lado en lo que respecta a la experiencia laboral, únicamente el 15 por ciento del total de los titulares de área habían trabajado previamente en el gobierno municipal. En materia de elaboración y actualización de planes municipales de desarrollo, es otro rubro al que podrían destinarse los recursos del Prodim. El mismo censo muestra que solo mil 943 municipios disponen de dicho instrumento primordial para la gestión municipal. En materia de reglamentación, el censo también expone un panorama de carencias en los municipios, ya que por enunciar algunos ejemplos, solo 37 por ciento de los municipios cuenta con reglamento interior del ayuntamiento, 21 cuenta con reglamento de transparencia, el 20 por ciento con reglamento de obras públicas, el 13 por ciento con reglamento de participación ciudadana y solo un 12 por ciento con reglamentos de recursos materiales y financieros. La distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social a los Municipios, no debería de propiciar en ellos el abandono de su capacidad para recaudar ingresos propios, especialmente el del impuesto predial. Para ello, es necesario que los municipios mantengan actualizado su catastro, así como las tarifas y el padrón de contribuyentes; acciones en las que también podrían invertirse los productos del Prodin. Actualmente solo 10 municipios tienen ingresos por concepto del impuesto predial equivalentes a 20 por ciento o más de sus ingresos totales, pero el promedio nacional apenas llega a 2.6 por ciento. Por todo ello, es necesario que esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para que los municipios y las demarcaciones territoriales dispongan obligatoriamente de hasta un 2 por ciento del total de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda a la realización de un programa de desarrollo institucional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Los recursos de este programa deberán utilizarse para la elaboración de proyectos con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio o demarcación territorial, de acuerdo con lo señalado en el catálogo de acciones establecido en los lineamientos del fondo que emita la Secretaría de Desarrollo Social. Es cuanto.