La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, el robo de hidrocarburos hoy es un tema de la máxima preocupación en gran parte del territorio nacional. Veracruz, Tamaulipas, Michoacán, estado de México, Hidalgo, Guanajuato, entre otros más, han sido entidades donde el robo de combustible se ha intensificado y donde se han detectado un mayor número de tomas clandestinas. Es un asunto que solo pudo crecer gracias a la complacencia, la negligencia y la corrupción de los gobiernos en complicidad con los extractores y distribuidores de este recurso que es de todos los mexicanos. Se trata, pues, de un asunto en el que la delincuencia organizada ha encontrado una forma muy ágil de hacerse de recursos, pero que pone en vilo a comunidades enteras que, aunque se han visto beneficiadas por la extracción clandestina de los combustibles, el hecho es que han abierto la puerta a una actividad y a grupos sumamente peligrosos para la vida y la paz de esas mismas comunidades. Lo que es muy grave es que este combustible robado sea puesto a la venta en las concesionarias autorizadas en las gasolineras y que las autoridades se hayan vuelto cómplices o hecho de la vista gorda ante la ilegal proveeduría de este combustible. Las y los diputados de Acción Nacional estamos a favor de este dictamen, al considerar que no se puede combatir la corrupción y todas las secuelas de este fenómeno delincuencial conocido como huachicol, en tanto no haya sanciones en contra de quienes ponen a la venta el combustible robado. En el PAN creemos que se trata de un delito que hay que cortar de raíz. Pero de nada servirán los esfuerzos que desde aquí hagamos, mientras haya autoridades coludidas con los grupos delincuenciales. De nada servirá establecer sanciones en las leyes si las autoridades de los distintos órdenes de gobierno no ponen de su parte para combatir este delito, que le cuesta miles de millones de pesos a todos los mexicanos. El problema, y hay que señalarlo, es que hoy no vemos una estrategia clara y no vemos cómo, en el corto plazo, las autoridades de los tres órdenes de gobierno participen de forma coordinada para combatir este lastre que involucra a muchas poblaciones, pero también a muchos intereses económicos. Así como todo el sexenio pasado denunciamos que no había una estrategia por parte del gobierno para combatir la inseguridad, hoy comenzamos a ver que el nuevo gobierno carece también de parámetros estratégicos mínimos para hacer frente a este fenómeno delincuencial. Y nos parece que las respuestas que hasta hoy se han dado han sido sumamente deficientes e ineficaces. Cerrar ductos y comprar pipas en Estados Unidos no resuelve el problema. Hay distintas experiencias internacionales que avalan otro tipo de estrategias y que han funcionado de manera correcta, tanto para combatir el delito como para combatir la inseguridad que este mismo genera. De ahí la importancia de lo que hoy estamos aprobando en este pleno. Los legisladores estamos allanando el terreno para que el Ejecutivo cuente con las herramientas para prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos. El hecho de añadir el decomiso en los términos del Código Nacional de Procedimientos Penales a sanciones tales como las económicas, la inhabilitación, la indemnización y la suspensión de actividades, es un paso de gran importancia para que aquellos que cuentan con el permiso del Estado para la venta de combustible lo hagan de manera legal y dejen la distribución del producto robado. En síntesis, compañeras y compañeros diputados, hoy nos encontramos ante la posibilidad de contribuir a que en México prevalezca el Estado de derecho y que las autoridades tengan mejores herramientas para combatir este delito que afecta a la nación entera. Es cuanto, diputado presidente.