La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: Señoras legisladoras y señores legisladores. Señor presidente de la honorable Cámara de Diputados. Constituye para mí un honor hablar a nombre de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias, señor coordinador. En medio de las conmemoraciones del bicentenario, del inicio de la guerra de la Independencia y del centenario del inicio de la Revolución Mexicana es pertinente mencionar que ambas gestas encauzaron la resolución de las luchas, levantamientos, de la guerra civil, de los enfrentamientos internos que parecían inacabables a través de la legislación. Así es. El pueblo de México, el de hace dos siglos, el de hace un siglo, ha encontrado en el acuerdo formal plasmado en el Decreto Constitucional para la libertad de la América Mexicana, signado en Apatzingán en 1814; posteriormente en la Constitución de 1824, y un siglo después en la Constitución General de la República de 1917, la síntesis, la amalgama de preceptos y propósitos que hizo posible superar la etapa cruenta de la Independencia y la etapa armada de la Revolución. Ha sido la ley el pacto básico de los mexicanos para superar los momentos críticos que han azolado a la patria, han sido la ley y la potestad de los legisladores. Por ello, reitero mi respeto y admiración por cada una y cada uno de ustedes, compañeros legisladores, a cada quien le avala una biografía de lucha y de representación, por encima de antagonismos e ideologías encontradas: Les aprecio por su opción por la política civil y civilista, por el robustecimiento de la democracia. Reivindico el papel del Poder Legislativo en la historia nacional y lo valoro en la época contemporánea como el espacio plural vivo que refleja las contradicciones reales que caracterizan a la sociedad mexicana actual y las distintas visiones de país. Una Cámara crítica, independiente, sujeta al mandato de las mayorías es valladar para los grandes intereses que aspiran a subordinar a todos los poderes. Una Cámara reflexiva, dialogante, capaz de aportar soluciones legislativas a los problemas que aquejan al país es indispensable en la construcción de la democracia mexicana del siglo XXI, que no puede ser la reproducción caricaturizada de la dinámica política del siglo XX, con un hiperpresidencialismo que sometía a los otros poderes. Coincido: el presidente debe venir a rendir su informe al seno del Congreso de la Unión. La capacidad de resolver democráticamente el proceso de transición mexicana radica, en buena medida, en vitalizar el equilibrio entre los poderes; generar una sinergia positiva a favor del desarrollo nacional y no un ejercicio sistemático de descalificación que no sólo socava al poder que lo padece, sino deteriora a la democracia representativa en su conjunto. Revisemos y perfeccionemos el funcionamiento del Poder Legislativo. Logremos legislar de manera más expedita. Vinculemos a la ciudadanía en las consultas y aportaciones; pero lo que verdaderamente acreditará a las Cámaras ante nuestro pueblo es ser fieles a su representación y a la defensa de sus intereses y expectativas. La agenda legislativa del Grupo Parlamentario del PRI está acordada y es producto de una reflexión colectiva. Actuaremos como lo que somos, una fuerza política responsable y comprometida con las causas de las mayorías nacionales, con la vigencia del estado de derecho y de la soberanía nacional. De los independentistas asumimos el legado del ideario de Morelos y de la estirpe liberal que hizo posible al México del siglo XIX, se alimenta nuestra convicción federalista y en favor del estado laico. Federalismo y laicismo animan nuestra visión en la legislación presupuestal y en la organización que debe darse en la reorganización a través de la reforma del Estado, del Estado nacional. Por los revolucionarios, ahora en el centenario del inicio de la Revolución, tenemos que levantar el rostro y denunciar con voz que taladre conciencias e indigne voluntades, que las condiciones de miseria y marginación de millones de mexicanos encrespan y exigen que el ideal de justicia social que dio sentido y razón al movimiento de 1910, siga siendo compromiso a cumplir. De ahí que resulte indispensable un cambio radical en la política social del poder público para incidir eficazmente en la erradicación de la pobreza -así se expresó en la plenaria del Grupo Parlamentario del PRI-, tal y como está diseñada la política social mexicana no combate la pobreza, no reduce la desigualdad, no eleva el desarrollo humano y no resuelve el contraste regional. Es inadmisible que en solo tres años y medio la pobreza se haya incrementado en más de 8 millones personas. Como verdadero homenaje a los héroes que nos dieron patria, más que el boato de los festejos y la presunta asunción de sus valores, porque aquellos cuyos ascendientes fueron quienes confrontaron los nobles ideales de nuestros próceres, propongo un ejercicio generalizado de políticas públicas y de asignación de recursos, para que se garanticen los niveles básicos de vida digna, de justicia social a toda la población mexicana, en lugar de asistencialismo, mínimos de bienestar garantizados como derechos exigibles para todos los mexicanos. Que se revise en esta era de la globalización cuáles decisiones claves de la política económica y migratoria socavan la independencia nacional para que, conscientes de los tiempos nuevos, no demos la espalda a aquéllos que lucharon por un México soberano, independiente, libre, digno y justo. Pugnemos por una estrategia económica y productiva que fortalezca las capacidades de los mexicanos de producir y competir, sin una política arancelaria desleal que avasalle la existencia de sectores productivos nacionales fuertes. Compañeras y compañeros legisladores, se ha pretendido concentrar el debate nacional en la problemática de seguridad. Es explicable por qué en ése ámbito estamos viviendo una situación trágica, sin precedentes, que lacere el ánimo general, pero también puede ser un subterfugio para que no discutamos los problemas estructurales de desempleo, de pobreza, de errores estratégicos en el desarrollo. Me atrevo a decir que estamos viviendo una situación trágica, entendiendo la fuerza de esa palabra, porque no existe registro de que en tiempos de paz hayan fenecido en el curso de cuatro años más de 28 mil personas, de entre quienes perecen en el combate valeroso de las Fuerzas Armadas por establecer el orden. Honor a quien procura la prevalencia de la legalidad y los que corresponden al saldo mortal por las vendettas entre bandas; o las víctimas civiles masacradas porque coinciden en medio de una balacera o el horror del asesinato a los migrantes, o las personas secuestradas para obtener recursos, extorsionadas y amenazadas para pagar tributo cotidiano a la delincuencia organizada. Mi bancada exige el esclarecimiento del homicidio de Rodolfo Torre Cantú y de quienes sucumbieron en el magnicidio perpetrado el pasado 28 de junio. Reclamamos desde luego, se aclaren las muertes de todos: autoridades municipales y ciudadanos, en general, que han sido victimados. Me pronuncio y deseo se rescate a Diego Fernández de Cevallos y a otros tantos secuestrados anónimos, cuyas familias padecen angustia infinita. Es obligación inherente al Estado salvaguardar la paz pública y procurar el ambiente social para que la convivencia se desarrolle con tranquilidad. Reconocemos el papel que han desempeñado las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina de México, que atendiendo instrucciones de su comandante supremo participan en el combate a la delincuencia organizada. He dicho en diversas ocasiones y hoy lo reitero: es deseable por la potestad del Ejército Mexicano y de la Armada, que esta participación sea coyuntural, corresponda a la etapa crítica que atraviesa el país y que una vez superada la emergencia y reestructuradas las policías, retornen a las funciones prioritarias que les encomienda la Constitución. Es obligación inherente a todo Estado democrático salvaguardar la paz pública en estricto apego al régimen de legalidad y respeto a los derechos humanos, que el derecho moderno ha establecido en la evolución de los pueblos y las instituciones. En eso creemos. Con ese espíritu ejercemos nuestra función legislativa. Ya se han aprobado diversos ordenamientos para fortalecer la capacidad del Estado mexicano, de las instituciones de procuración de justicia y las corporaciones de seguridad, para que tengan mayores instrumentos para enfrentar a la delincuencia. Nunca hemos regateado la acción legislativa de los priistas en esas materias. En el marco de un proceso legislativo complejo, con multiplicidad de actores, conscientes de la urgencia y también de nuestra responsabilidad para con la sociedad y para con la historia. Claro que en el PRI estamos indignados por la violencia y condenamos contundentemente a la delincuencia organizada. La diferencia, en relación a otras tácticas para enfrentar este grave problema, es que personalmente he sostenido que no es la retórica, por más enérgica o elocuente que sea, la fórmula pertinente para tener eficacia en esta materia. Otra diferencia es que nosotros decidimos no hacer política electoral con el tema. Se trata de actuar de acuerdo con atribuciones y responsabilidades; se trata de cumplir con la obligación que tiene la autoridad en el orden de gobierno que sea. Rechazo categóricamente cualquier expresión que pretenda vincular de manera orgánica al PRI con el crimen organizado y rechazo la generación de suspicacias sobre complicidades de autoridades priistas, porque la situación de inseguridad se ha exacerbado en sus jurisdicciones. Partidizar el juicio empaña la nitidez con la que se debe actuar en tema tan delicado y establece sospechas de posible manipulación política de un asunto que demanda la colaboración de todos los mexicanos de buena fe, para salir adelante. Ya lo dije y lo reitero: toda acusación debe sostenerse con pruebas y presentarse ante las autoridades competentes. Si no es así, sólo es una hipérbole o una intriga para deteriorar aún más la función pública. Bienvenida la evaluación del cumplimiento del Acuerdo Nacional para la Seguridad. Los legisladores merecemos saber qué se ha hecho con los recursos que multiplicaron el presupuesto en más de seis veces a las autoridades federales en esta materia. En la construcción y el ejercicio de una política de Estado para restablecer la seguridad pública en el país, las autoridades emanadas del PRI seguirán participando conforme a sus atribuciones legales, con compromiso y pasión, para reconstituir la legalidad en defensa del pueblo de México. No compartimos varias de las cifras expresadas en el Cuarto Informe de Gobierno, especialmente en lo relativo a la recuperación de empleos. En la glosa del informe tendremos oportunidad de dar el debate puntual sobre el sustento de esos números y realizar precisiones. Lo cierto es que en 2009 la economía mexicana tuvo el peor desempeño de toda América Latina. El desplome fue de 6.5 y el optimismo que escuchamos en torno a la recuperación de 2010 parece más un recurso discursivo que el análisis objetivo de los indicadores. Ha concluido mi tiempo, señor presidente. Voy a terminar y haré entrega del texto íntegro de mi intervención.