La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, señor Presidente. La que suscribe, diputada a la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa, de acuerdo a la siguiente Exposición de Motivos Desde mediados del Siglo XIX, la regulación de los bienes del clero forma parte de una política de estado de enorme importancia para el país. Las riquezas de la Iglesia como suposición en general, fueron analizadas y cuestionadas durante el Movimiento de Independencia y después cuando México llegó a ser una nación libre. La Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos de 1972, define por primera vez los lineamientos de protección y resguardo del patrimonio cultural; establece mecanismos fundamentales para la protección de bienes culturales, muebles e inmuebles, creando instituciones específicas como el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes. En el país, existen aproximadamente 100 mil sitios arqueológicos, de los cuales se encuentran registrados poco más de 35 mil y 120 mil inmuebles, considerados monumentos históricos, de los cuales 17 mil son de carácter religioso. El patrimonio de bienes muebles, se estima en más de 4 millones de obras. Es evidente todo este patrimonio, debe estar en custodia de los Institutos Culturales de Antropología e Historia y Bellas Artes, pero en algunas acciones fundamentales debe buscarse la vinculación con otras dependencias federales que ya ocurren en cierto sentido, pero excepcionalmente el detrimento de algunos aspectos sustanciales, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Procuraduría General de la República. La situación que guardan el saqueo, el robo, el fraude y el tráfico ilícito es preocupante; estudios recientes de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para educación, la ciencia y la cultura, señalan que México es uno de los 10 países en el mundo con mayor índice robo, saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales. La falta de sistemas de información que permitan ubicar los bienes culturales robados y documentar el robo y el saqueo de los bienes, nos muestra un estado de desamparo vulnerable a ciertas acciones ilícitas en contra de nuestro patrimonio nacional, aunado al contexto de la globalización que contribuye al desplazamiento ilegítimo de los bienes culturales. Según estudios recientes, realizados por la Organización de las Naciones Unidas para educación, la ciencia y la cultura, el saqueo y tráfico ilícito de bienes culturales se consideran de una gravedad tal como el narcotráfico. Lamentablemente en nuestro país, se encuentra según la INTERPOL- entre los primeros diez países con mayor índice de saqueo y tráfico ilícito. Consideramos que este hecho tan grave no ha sido atendido suficientemente, por lo que necesitamos actualizar nuestra legislación en la materia. La presente iniciativa tiene como finalidad regular la elaboración del catálogo de bienes culturales, muebles e inmuebles, propiedad de la nación, para identificar a las piezas robadas de colecciones, museos, instituciones y sitios de culto religioso. Se tiene el cálculo de más de 4 millones de piezas en bienes-muebles y de más de 100 mil inmuebles a registrarse y catalogarse. Este catalogo sería un instrumento fundamental para identificar los bienes culturales, muebles e inmuebles, que hayan sido robados o producto del saqueo o del tráfico ilícito. Lo cual obligaría que todo galerista, subastador o negociante de bienes culturales; estarían obligados a investigar la no procedencia ilícita de los bienes culturales negociados, de la misma manera que los propios compradores. Es de interés nacional el resguardo de nuestro patrimonio cultural por su importancia en la configuración de la identidad nacional, por el impacto que tiene en el tejido social de nuestras comunidades, por la paulatina participación del capital cultural en nuestra economía y por ser una vía fundamental en el desarrollo de México. Por lo anteriormente referido, me permito presentar a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa de ley, que modifica la Ley General de Bienes Nacionales y adiciona la fracción I al artículo 30, la fracción II y el artículo 150. "Artículo 30. En el Presupuesto de Egresos de la Federación, se asignarán recursos financieros necesarios al Instituto Nacional de Antropología e Historia, al Instituto de Bellas Artes y Literatura, a las entidades federativas; con el objeto de consolidar y actualizar el catalogo de bienes-muebles, culturales, artísticos, históricos y religiosos, mismo que será difundido trimestralmente en su página electrónica y de acceso al público en general. Las instituciones deberán destinar recursos necesarios para la implantación de cámaras de video con circuito cerrado, con la finalidad de resguardar y proteger dichos bienes. "Artículo 150. También se aplicará esta pena a quienes, roben, saquen o trafiquen ilícitamente con bienes muebles o inmuebles de la nación. Artículos Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las normas jurídicas que se opongan al presente decreto y que no sean compatibles con su contenido normativo. Es cuanto, señor Presidente.