LA C. DIP. CONCEPCIÓN CRUZ GARCIA: Con su venia, señor Presidente. Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción LV, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a la consideración del H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, como sigue: Diputados y diputadas: Hoy en día la mujer mexicana sigue manteniendo una condición social que limita sus derechos como ser humano, circunstancias tales como las diferencias económicas y educativas, la residencia urbana, la edad y su situación de salud, y su condición laboral entre otras, han configurado diversos esquemas que la excluyen y discriminan de diversos ámbitos del desarrollo nacional. En el ámbito laboral, las garantías sociales protegen y tutelan los derechos de las mujeres trabajadoras tales como la maternidad, la crianza de los hijos y la atención a la familia, de acuerdo con las costumbres del medio social, tal como señala el artículo 5º., de la Ley Federal del Trabajo, refiere al trabajo de las mujeres la igualdad de oportunidades implica sin tomar en cuenta el sexo, la edad, el estado civil, la gestión o las responsabilidades. Las mujeres trabajadoras ejercen sus derechos entre los que se encuentran ocupar una vacante y sea ascendida y promovida dentro de su empresa o centro de trabajo, a disfrutar de una beca dentro del Sistema Nacional de Empleo, a ser capacitada, adiestrada o a tener formación profesional, a participar en las comisiones mixtas que establecen las leyes y sindicalizarse y ocupar cargos en sus mesas directivas y a gozar de todas y cada una de las prestaciones laborales y de seguridad social, entre otras. En el Partido Acción Nacional hemos sostenido ya por mucho tiempo el impulso del trabajo legislativo en la materia que permita a las mujeres trabajadoras hacer realidad el acceso pleno a dichos derechos, que les permitan incursionar en el mercado laboral en condiciones igualitarias. En una sociedad que su marco jurídico confiere iguales derechos al hombre y a la mujer, es inaceptable la desigualdad educativa. La inequidad en esta materia contribuye a favorecer y a transmisión intergeneracional de la pobreza y la marginación, dado el papel que desempeña la madre en la educación, la asistencia a la escuela y el aprovechamiento escolar, así como la salud y bienestar de los hijos. Es por ello que la inversión en educación y capacitación de la mujer repercute no solo en su propio provecho, sino también en el de su descendencia y su familia, y en el de la sociedad en conjunto. A lo anterior habría que sumar el segundo en la encuesta nacional del empleo elaborado por el INEGI. Para el 2002 la población económicamente activa de nuestro país se ubica en alrededor de 41 millones de personas, de las cuales más de 14 millones eran mujeres. De éstas últimas casi 1 millón 200 mil no cuentan con ningún tipo de instrucción. Más de 1 millón 230 cuentan de uno a tres años de primaria, casi 700 mil cursaron entre 4 y 5 años de primaria y 2 millones 800 mil tienen la primaria terminada. En el caso de la secundaria existen alrededor de 520 mil mujeres que solo cursaron entre 1 y 2 años de este nivel educativo y 2 millones 400 mil cursaron la secundaria completa. Lo anterior da cuenta de un profundo rezago educativo que viven las mujeres trabajadoras en nuestro país. Por ello esta iniciativa busca establecer como una obligación del patrón el cobrar con las autoridades del trabajo y de educación para que de conformidad con las leyes y reglamentos respectivos las trabajadoras y los trabajadores reciban la educación obligatoria. Ello contribuirá a que la mujer fortalezca su papel cada vez mayor importancia en el mercado laboral, máxime cuando vivimos grandes desafíos producto de las nuevas exigencias de los procesos productivos y que buscan alcanzar altos niveles de productividad y calidad, competitividad que detone el desarrollo local nacional. Esta iniciativa propone que en la obligación que tienen los patrones de otorgar becas a sus trabajadores, éstas se distribuyan de manera proporcional al número de hombres y mujeres contratados por el patrón. Estas medidas fortalecen la presencia de la mujer en la actividad económica y le permite alcanzar un mayor grado de autonomía personal y participación en la toma de decisiones en los diversos ámbitos donde participa, que finalmente repercute en el desarrollo de nuestro país. Por otro lado, esta iniciativa busca que en la integración de las comisiones mixtas de capacitación y de adiestramiento la representación de los trabajadores sea proporcional entre hombres y mujeres, y que de acuerdo con la cantidad de empleados y empleadas con que cuente la empresa, lo que permite una mayor equidad en la instrumentación, operación del sistema y de los procedimientos que se implanten para mejorar la capacitación y el adiestramiento de las trabajadoras y trabajadores resulta un imperativo impostergable asegurar el acceso equitativo de las mujeres al empleo y a la capacitación y al adiestramiento en igualdad de condiciones y oportunidades con el varón. Por ello se atiende urgentemente la necesidad de establecer mecanismos para asegurar el respeto de los derechos de las mujeres trabajadoras y vigilando el cumplimiento de las normas laborales para evitar la discriminación de cualquier tipo. Se reconoce también que una sociedad verdaderamente democrática debe asegurar la igualdad de oportunidades de los mismos derechos de participación a todos sus ciudadanos, por lo que se busca de la equidad la justicia social y la dignidad para todas y todos los mexicanos. Ha sido el principio rector que orienta esta iniciativa, la cual parte también de reconocer los derechos de todas aquellas mujeres trabajadoras que en el proceso histórico se han convertido en seres vulnerables. Por ello se reitera en la iniciativa el principio expresado en el sentido que las mujeres deberán disfrutar de los mismos derechos y compartir las mismas obligaciones que los hombres. Por lo anterior expuesto, me permito someter a consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por el que se reforma y adicionan las diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo único.- Se reforma la fracción XIII y se adiciona la fracción XIV del artículo 132 y se adiciona con un segundo párrafo en el artículo 153-1o. de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: "Artículo 132.- "Fracción XIII. Colaborar con las autoridades del trabajo y de la educación, de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de que los trabajadores reciban la educción obligatoria. "XIV.- El acceso a las becas de capacitación deberá ser proporcional en el número de hombres y mujeres contratados por el patrón. "XV a XXVII. "El artículo 153-I.- La representación de los trabajadores y trabajadoras, deberán integrarse en número proporcional a la cantidad de hombres y mujeres empleados con los que cuente la empresa. "Transitorio. "Unico.- El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los quince días del mes de abril del dos mil cuatro". Por su atención, muchas gracias señores diputados. (aplausos) -PRESIDENTE. DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputada. Túrnese a las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Equidad y Género. Tiene la palabra el diputado Eugenio Mier y Concha Campos, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DIP. EUGENIO MIER Y CONCHA CAMPOS (PRI): Con su permiso, señor Presidente. "El suscrito diputado federal, Eugenio Mier y Concha Campos, miembro de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 57 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados, el proyecto de reforma constitucional que adiciona el párrafo sexto del artículo 27, bajo la siguiente "Exposición de Motivos "Nuestro país se caracteriza por su amplia riqueza en recursos naturales, recursos que en ocasiones no hemos aprovechado al máximo, entre otras cosas por la imposibilidad derivada de innumerables trámites administrativos en la excesiva centralización del Estado que hoy resulta obsoleta y frena asimismo el desarrollo sustentable, derramas tan importantes para la economía de México como es la pesca. Es en este sector donde existe uno de los mayores rezagos en materia administrativa. "Es imperante fortalecer el federalismo y lograr descentralizar a las entidades federativas, atribuciones específicas en la toma de decisiones a favor de grupos socialmente vulnerables, ya que de no ser así lo que se lograría, entre otras muchas consecuencias más, es perder el todavía existente aunque debilitado espíritu emprendedor característico de los mexicanos. "Se tienen registradas alrededor de 5 mil 655 organizaciones sociales que constituyen aproximadamente el 73 por ciento de la población dedicada a la pesa. Los grupos sociales que actualmente usufructúan la actividad pesquera, atraviesan una difícil situación de organización, debido en gran medida al hartazgo que acompaña al burocratismo, lo que conduce a un desmembramiento de sus organizaciones, falta de orden y deterioro del ambiente, donde se realizan sus actividades productivas. Lo anterior ha generado problemas en el uso, manejo y aprovechamiento de los recursos. "Es necesario revisar el marco jurídico que incide en el sector, dar seguimiento a las regulaciones, legislar con responsabilidad para en verdad tener impacto en el desarrollo del sector, para asegurar su consistencia con las orientaciones de política pesquera que contribuyan a lograr los objetivos necesarios y dar certeza jurídica a los productores del sector; promover modificaciones al marco legal que permitan una mayor participación de los estados en la administración y manejo de los recursos pesqueros y acuícolas en embalses y aguas continentales, así como la creación y fortalecimiento de las instituciones encargadas de estas funciones en los Estados. Hoy, el otorgamiento de los permisos de especie de escama está concentrado en los Delegados Federales de la SAGARPA, situación que si bien acerca a los grupos sociales a la explotación racional y sustentable de los recursos pesqueros de escama, también los limita al reconocimiento de las actividades que desarrollan por parte de estas autoridades y os gobiernos estatales no cuentan con la capacidad de respuesta que les permita orientar de manera pronta y expedita, la generación de actividades económicas alternativas dirigidas al sector social cooperativo, impulsar el establecimiento o consolidación de estructuras orgánicas que permitan la participación estatal directa en la administración de los recursos y fomento de la actividad, es nuestra obligación , así como la desconcentración de atribuciones y recursos que conduzcan a una actuación pública más eficiente, eficaz y con mejor atención a las necesidades de la ciudadanía, asunto de verdad urgente para el desarrollo de la economía de nuestro país. Es por eso que me permito presentar en esta tribuna la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto que Reforma y Adiciona el Artículo 27Constituciona, párrafo 6º para queda de la siguiente forma: "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes Sin embargo, en materia de Pesca y Acuacultura podrán descentralizarse a los Gobiernos de los Estados las atribuciones para el otorgamiento de permisos y el aprovechamiento de las diversas especies en cada entidad federativa conforme a lo que establezca la Legislación de la materia. Diputado Presidente, solicito sea insertado en el Diario de los Debates el texto completo de esta Iniciativa y turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y Pesca. Muchas gracias. (aplausos) -