El diputado José Mario Wong Pérez: Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: en mi carácter de diputado a la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y como integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta soberanía a presentar una iniciativa con carácter de decreto a efecto de adicionar el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de incorporar el concepto de la obligatoriedad del trabajo penitenciario como base para la readaptación social en los Ceresos que administre la federación. Lo anterior con base en la siguiente exposición de motivos. Las crisis recurrentes de tipo económico por las que atraviesa nuestro país, en conjunción con la falta de empleo y oportunidades de desarrollo en todos los niveles de la sociedad, son en parte causas por las que se ha incrementado de manera más que proporcional y a últimas fechas el índice delictivo nacional y es motivo de alarma que una de las formas como en el país se combate la delincuencia sea por medio de la construcción de nuevos centros de reclusión con el descuido eminente de las actividades y tareas que pudieran realizarse por medio de programas de prevención del delito. Por otro lado y en virtud de la situación mundial en donde la globalización es la principal característica de fines del siglo pasado y principios de este nuevo milenio, no hay empleo suficiente, las cárceles están saturadas y las autoridades de todos los órdenes de gobierno enfrentan un serio problema debido a la escasez de recursos para seguir construyendo y manteniendo estas infraestructuras penitenciarias. Para coadyuvar con la manutención de los reos del fuero federal, el gobierno establece una especie de cuota que se denomina como socorro de ley y que en muchos de los casos representa menos de la mitad de un salario mínimo diario por reo. Estas son sólo unas pocas de las múltiples razones para rediseñar y tomar enfoques que se adecuen a la realidad nacional con medidas de cooperación y colaboración y medidas de preliberación, libertad anticipada, así como un eficaz sistema de readaptación social a partir de la obligatoriedad del establecimiento del trabajo penitenciario y se pueda hablar de una auténtica reincorporación social de los excarcelados a la sociedad, con un oficio a desarrollar en su nueva vida productiva. Esta concepción parte de la premisa de que la readaptación social debe darse por medio del trabajo y la capacitación para el mismo, en la necesidad de crear fuentes alternas de empleo que tanto demanda la sociedad, el mejor aprovechamiento de los recursos existentes y a un esquema de colaboración interinstitucional para combatir frontalmente a la delincuencia y lograr la plena reincorporación de estos individuos a la sociedad como personas productivas, con bajos niveles de reincidencia. El hacer el trabajo penitenciario obligatorio y con acciones tendientes a beneficiar a la población de escasos recursos a obtener satisfactores, se sustenta a su vez en una premisa que debemos desarrollar hasta lograr los objetivos de una nueva política penitenciaria que aquí se sustenta: el interno debe producir al menos lo que consume. Partiendo de este corolario, se hace necesaria la instalación de proyectos productivos al interior de cada centro de reclusión, con una auténtica vocación social, productiva y de reinserción social, con seguimiento permanente a los excarcelados. Un primer esquema de Ceresos productivos es el que se refiere a la elaboración de ladrillo y block de concreto, el cual pudiera ser vendido a todas aquellas personas que acrediten ser de escasos recursos, no ser propietarios de bien inmueble alguno catalogado como vivienda y así partir de convenios de coordinación interinstitucional con entidades del sector público para que dediquen terrenos con servicios para que estas familias y bajo el régimen de autoconstrucción, supervisados por prestadores de servicio social de la Faculta de Ingeniería de nuestras instituciones de educación superior, se dediquen a la construcción de sus viviendas. Podemos destacar en este paso del proceso de autoconstrucción, es factible contar con asesoría de los diversos colegios de profesionistas que tengan que ver con la construcción, ya que en el artículo 5º., de la Constitución Federal se establece la obligatoriedad de estas agrupaciones de prestar un servicio social permanente a la comunidad. Estos profesionales de la construcción, también pueden darse a la tarea de diseñar, buscar o acopiar un manual de autoconstrucción absolutamente didáctico. Es decir, que sea totalmente entendible por persona de escasa cultura y por el más preparado de los ingenieros o profesionales de ese ramo productivo. Esta es sólo una de las múltiples opciones para lograr que el trabajo penitenciario tenga la oportunidad de ser productivo, remunerado y permanente. Aquí cabe hacer un paréntesis para realizar una reflexión en torno al contexto que enfrentan algunos reos que ante su incapacidad económica se encuentran prácticamente en una situación de indefensión, pues a pesar de haber compurgado su pena, no han tenido la capacidad de reparar el daño de manera pecuniaria. Esta es una auténtica oportunidad de retomar y aplicar a cabalidad la Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados de aplicación federal que en su artículo 10, párrafo tercero señala: "Los reos pagarán su sostenimiento en el reclusorio con cargo a la percepción que en éste tengan como resultado del trabajo que desempeñen. Dicho pago se establecerá a base de descuentos correspondientes a una proporción adecuada de la remuneración, proporción que deberá ser uniforme para todos los internos de un mismo establecimiento. El resto del producto del trabajo se distribuirá del modo siguiente: 30 % para el pago de la reparación del daño; 30 % para el sostenimiento de los dependientes económicos del reo; 30 % para la constitución del fondo de ahorro de éste y 10 % para los gastos menores del reo. México daría un paso gigantesco al iniciar en un nuevo milenio la construcción de un esquema diferente, rompiendo paradigmas, aprovechando la existencia de mano de obra permanente, en primer lugar, para reducir los excesivos gastos de manutención de la población penitenciaria. En segundo término, logrando beneficios para los que menos tienen, tratando de reducir las abismales diferencias entre los que no tienen absolutamente nada, y al final del procedimiento, para enseñar un oficio o actividad productiva a los internos para que una vez excarcelados se dediquen a actividades lícitas. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Carta Magna, someto ante el pleno de la Cámara de Diputados el siguiente proyecto con el carácter de decreto: Artículo Unico: Se adiciona el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar redactado de la siguiente manera: Artículo 18: "Sólo por delito que merezca pena corporal habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo penitenciario, con carácter de obligatorio La capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente". "Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres, para tal efecto". Transitorio Artículo 1º.- Conforme lo dispone el artículo 135 de la Constitución Política Federal, envíese copia de la iniciativa y de los debates del Congreso a las legislaturas de los estados o a las diputaciones permanentes en su caso y hágase el cómputo de los votos respectivos y la declaración de haber sido aprobada la reforma a la Constitución. Artículo 2º.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la ciudad de México, Distrito Federal, a los 20 días del mes de septiembre del año 2005. Atentamente, el de la voz, diputado federal José Mario Wong Pérez. Es cuanto, señor Presidente.