La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, un auténtico estado de derecho, democrático y social debe estar fundamentado en el pleno respeto y garantía de los derechos humanos, más aún cuando se trata de proteger a los sectores que están en una situación de vulnerabilidad. En este sentido, la reforma y adición al artículo 112 de la Ley de Migración es de suma relevancia, ya que establece la obligación del Instituto Nacional de Migración a que en los casos de las niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, se deberá dar aviso al consulado de su país brindándoles atención y estancia en lo que se resuelve su situación migratoria. Al mismo tiempo, el Instituto deberá avisar de inmediato a la Comisión Nacional y a las Comisiones estatales de Derechos Humanos, así como al Comité estatal del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de los Derechos del Niño en la entidad que corresponda, a efecto de que coadyuven en la garantía y protección de sus derechos. Para el caso de las niñas, niños y adolescentes migrantes nacionales no acompañados, corresponderá al Sistema nacional para el Desarrollo Integral de la Familia garantizar el eficaz retorno asistido del menor con sus familiares adultos, considerando las causas de su migración; reunificación familiar; en busca de empleo; violencia intrafamiliar; violencia e inseguridad social, entre otras. Con esas modificaciones nuestro marco jurídico responderá de manera positiva a la realidad de los 40 mil menores migrantes que fueron deportados por autoridades de Estados Unidos a México, de los cuales 18 mil viajaron solos en el año 2011, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, y que no contaban con una protección efectiva de sus derechos en el marco de la legislación vigente. La pobreza, marginación social, falta de oportunidades e incluso violencia intrafamiliar, son algunas de las causas que obligan a muchos infantes a emprender la travesía de migrar, ya sea en el interior del país o fuera de nuestras fronteras. Tenemos claro que es nuestra responsabilidad atender las causas de la migración, pero ante la realidad de esta problemática es necesario también adecuar las leyes para ampliar la protección de sus derechos, atendiendo el interés superior de la niñez y de los adolescentes. Con esta iniciativa se pretende, pues, atender las necesidades que sufren quienes migran en búsqueda de un mejor porvenir, pues en el intento por escapar de las penurias que se presentan en sus lugares de origen, se encuentran con las que les ofrece el trayecto de llegada a su destino final, las cuales, incluso, ponen en riesgo su existencia. Los riesgos a los que se enfrentan las niñas, niños y adolescentes al recorrer el país son frecuentes, pues son propensos a enfermar, sufrir desnutrición, malos tratos y a ser defraudados. La situación se puede agravar en caso de ser sujetos de grupos delictivos, pues los peligros de ser secuestrados, sufrir violaciones sexuales, caer en las redes de la trata de personas e incluso de morir, son una triste y lamentable realidad. Sin duda, la problemática es multifactorial y de difícil tratamiento con una reforma, sin embargo, con este mandato obligamos, a las autoridades encargadas, a velar por el interés superior de la niñez, al proporcionarles mejores condiciones de trato en las estaciones migratorias en tránsito a sus lugares de origen. Con esta visión, reafirmamos nuestro compromiso con el pleno reconocimiento de los derechos humanos de los migrantes y el interés superior de la niñez, ya que de esta forma cumplimos con los tratados internacionales en la materia, pero sobre todo, respondemos a un mandato y a un reclamo popular. Es cuanto, señor presidente.