La diputada Ana Ruth García Grande (vía telemática): Muchas gracias. Con el permiso de la audiencia, compañeros y compañeras, muy buenas tardes, el ... jurista Thomas Jefferson quien fue uno de los principales autores de la declaración de independencia, del vecino país del norte, legó una máxima que describe de forma concisa el principio de igualdad: derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno. Y, precisamente, para lograr que todos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones, es imprescindible que se instrumenten medidas tendientes a equilibrar el acceso a los mismos. Esa es justamente la materia central del dictamen que hoy tengo el alto honor de presentar a nombre de la Comisión de Justicia. El derecho al acceso a la justicia constituye uno de los principios fundamentales en la construcción de un Estado de derecho, puesto que permite a los ciudadanos acudir a los tribunales en aras de proteger sus derechos y libertades. Sin embargo, esta facultad cobra vital relevancia cuando se trata de salvaguardar la integridad de las víctimas más vulnerables, esto a fin de brindarles una asistencia adecuada, oportuna y especializada. En este sentido, existen aspectos que agravan la condición de vulnerabilidad de las víctimas, uno de ellos es la pertenencia a una comunidad indígena. En México, un poco más de 15 millones de personas indígenas enfrentan diariamente prejuicios y conductas discriminatorias que vulneran sus derechos humanos. Esto por diversos motivos, uno de ellos es la propia lengua indígena, según datos de Inegi, en nuestro país existen 68 lenguas originarias y se estima que el 10 por ciento de la población es monolingüe, es decir, hablan una lengua, pero no hablan el español. Bajo esta tesitura, los indígenas sufren frecuentemente diversas formas sistemáticas estructuradas e históricas de discriminación que tienden a su revitalización en el ejercicio de sus derechos fundamentales como el acceso a la justicia. Esto, toda vez que aún existe una profunda desigualdad derivada de ausencia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, situación que genera una serie de omisiones en la búsqueda de justicia, lo que ahonda de por sí su indefensión. Derivadas estas especificidades de nuestras diversas culturas, la autoridad, en este caso de los tres niveles de gobierno, se encuentra obligada a instrumentar y conducir juicios que sean sensibles a tales particularidades. Por tal motivo, resulta indispensable otorgar la asistencia de un defensor en forma paralela a la de un intérprete y un traductor. Pues esto es un mecanismo óptimo para asegurar una defensa adecuada y, por lo tanto, el pleno acceso a la justicia de nuestras comunidades indígenas. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos en la noble intención de este dictamen que estoy poniendo a consideración del pleno, que busca reconocer el derecho de las víctimas de contar con un traductor lingüístico gratuito y nombrado por la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional de Víctimas, a través de asesoría jurídica federal, por lo que saludamos, desde luego, el consenso que la Comisión de Justicia tuvo a este respecto. En estas circunstancias, el dictamen propone reformar la Ley General de Víctimas, para precisar que toda víctima deberá contar con un intérprete o traductor lingüístico cuando la víctima no comprenda el idioma español o tenga discapacidad auditiva, visual o verbal. Con esta reforma se reafirma la intención de todas y todos de legislar a favor de los derechos fundamentales de todas las personas y, particularmente, de los más vulnerables. Pues el derecho a la asistencia de intérprete en las actuaciones judiciales, así como la facilidad de obtener un traductor de los más esenciales, debe de estar garantizada por el Estado mexicano. Con ello se logrará que no solo existe discriminación, cada vez menos, a las personas indígenas, en este sistema de justicia y que se garantice el acceso a la misma en un entorno de verdadera igualdad. Esto, en razón de que hay números que nos hablan de que aún en la actualidad, los integrantes de las comunidades indígenas de México no cuentan con este elemento fundamental para su defensa y acompañamiento en los procesos judiciales en que lamentablemente son parte. Por eso la importancia del dictamen y por eso nuestra atenta rogatoria al pleno, para que nos dé su voto aprobatorio y podamos así generar una acción afirmativa más que verdaderamente materialice los derechos humanos fundamentales que las personas que se encuentran en estos grupos que de por sí, de forma histórica han sido objeto de discriminación. Por su atención, muchas gracias y, desde luego, exhortamos a que se vote a favor, de forma consensuada, el dictamen que estamos presentando. Gracias.