El diputado Ramón Galindo Noriega: El marco jurídico mexicano señala que le corresponde al Ejecutivo Federal la celebración de tratados internacionales y aprobarlos, al Senado de la República, sin embargo, se ha discutido si el Presidente de la República tiene la facultad de celebrar este tipo de tratados en cualquier área, o si está limitado a aquellas materias otorgadas a la Federación, conforme al criterio de división de competencias establecida por el artículo 124 constitucional, el cual señala que las facultades que no está expresamente concedidas a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados. A los tratados internacionales podemos definirlos como el acuerdo de voluntades entre sujetos de la comunidad internacional que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones. A pesar de esto, el Presidente de la República no está subordinado a la división de competencias del artículo 124 constitucional en lo referente a la celebración de tratados, ya que el artículo 133 de nuestra Carta Magna, que es la norma específica, no lo sujeta a ello. No obstante, esta amplia facultad del titular del Poder Ejecutivo Federal está limitada conforme a lo dispuesto por el artículo 133 y los artículos 15 y 18 constitucionales. Ahora bien. En el entendido de que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, tal y como lo establece el artículo 40 de nuestra Carta Magna, entendemos que este precepto constitucional se traduce en lo que llamamos federalismo. Asimismo, este precepto determina y precisa el funcionamiento del gobierno, siendo un elemento importante para la reafirmación de la democracia, ya que el federalismo es una forma de Estado cuyo gobierno se efectúa a través de los Poderes de la Unión, con diverso régimen competencial, federal, estatal y municipal. Debido a este pacto federal, al celebrar un tratado internacional se obliga a toda la nación a respetarlo, es decir, si el Ejecutivo federal celebra el tratado se sobre entiende que toda la Unión se sujeta a ésta, con base en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los problemas surgen ante la imposibilidad de cumplimiento al tratado por parte de una entidad federativa, ya que en nuestra actual legislación mexicana no se establece a quién le corresponde pagar las indemnizaciones generadas de algún incumplimiento al tratado, por lo que en diferentes casos lo ha tenido que pagar la federación y posteriormente descontar, parcialmente, de las arcas de la entidad federativa que cometió dicho incumplimiento. De igual forma hemos visto que en algunos cambios de gobierno se heredan deudas de gestiones realizadas erróneamente y quien tiene que pagar son las nuevas administraciones. Los Estados Unidos de Norteamérica han establecido en su legislación que cada condado debe contar con un fondo a fin de indemnizar en caso de una falta al acuerdo internacional. Sin embargo, México no ha previsto nada en este sentido. Con el propósito de evitar conflictos de esta índole, se propone que una vez que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público haya cubierto el monto reclamado se otorgue la posibilidad de que la Secretaría y la autoridad responsable negocien y acuerden la forma en que esta última restituirá el monto que la Secretaría de Hacienda tuvo que pagar a la autoridad o corporación extranjera. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un artículo 12 de la Ley sobre Celebración de Tratados y se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal. Primero. Se adiciona el artículo 12 para quedar de la siguiente manera. Las obligaciones contingentes o ineludibles que se deriven de las sentencias, laudos arbitrales o resoluciones jurisdiccionales con carácter de indemnizaciones, compensaciones o multas serán cumplimentadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con independencia de que el acto impugnado haya sido emitido por una dependencia del gobierno federal, de una entidad federativa o de un municipio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá consultar con la dependencia de gobierno, entidad federativa o municipio, según sea el caso, a fin de llegar a un acuerdo sobre los términos y condiciones bajo los cuales ésta restituirá a la Secretaría el monto que debió ser cubierto a razón de la obligación derivada de un tratado internacional. En caso de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la autoridad que emitió el acto impugnado no pudiesen llegar a un acuerdo en los términos antes descritos, esta Secretaría estará facultada para efectuar las retenciones y descuentos correspondientes a una entidad federativa o municipio respecto del presupuesto de la dependencia de gobierno en cuestión, en cuyo caso podrá hacerlo en subsecuentes ejercicios fiscales con el fin de no desequilibrar las finanzas de la dependencia de gobierno, entidad federativa o municipio correspondiente. Segundo. Se reforma el artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar de la siguiente manera. Articulo 9. Las participaciones que correspondan a las entidades y municipios son inembargables. No pueden afectarse a fines específicos ni estar sujetas a retención, salvo para el pago de obligaciones contraídas por las entidades o municipios, con autorización de las legislaturas locales e inscritas a petición de dichas entidades ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios a favor de la federación, de las instituciones de crédito que operen en territorio nacional, así como de las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. La salvedad anterior se aplicará igualmente respecto de las obligaciones que las entidades o municipios contraigan con la federación, según lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 12 de la celebración de tratados. De la misma manera como hemos estado insistiendo en la necesidad de apoyar la autonomía de los municipios y de los gobiernos estatales, de la misma manera hoy estamos impulsando este cambio en la legislación, de manera que las obligaciones contraídas por las autoridades locales también tengan que ser cubiertas por las mismas y no se deje al arbitrio accidental de los cambios de gobierno, en donde tengan que ser cubiertas estas obligaciones por la autoridad federal. Señor Presidente: Tomando en consideración que lo aquí expuesto es un extracto de la iniciativa solicito que sea inserta completamente la misma en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.