La diputada Maricela Contreras Julián: Con su permiso, diputado Presidente. Entre los abusos de poder, el abuso sexual infantil es el más repudiable y el más inhumano, se basa en el poder del adulto, en su superioridad física e intelectual en contra de un ser que ni siquiera tiene conciencia del daño sufrido. Fuera de las familias, el abuso sexual infantil es una de las tantas variantes del crimen organizado y también representa una parte de la trata de personas, donde niñas y niños dejan de ser vistos como seres humanos para comerciar con sus cuerpos y con sus vidas. El abuso sexual infantil se produce al amparo de las familias, del poder del dinero, del poder político, del poder espiritual. El abusador sabe que su delito se convertirá en el secreto más valioso de la víctima y que finalmente lo respaldarán su autoridad, su dinero, su prestigio o su cargo. Sabe que las leyes y la procuración de justicia mexicana convierten el abuso sexual infantil en entuerto tan grande que será casi imposible de probar. Es decir, el abusador sabe que tiene prácticamente ganada su impunidad. Los artículos 34 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que los gobiernos deben proteger a los niños y niñas de todas las formas de explotación y abuso sexuales y tomar todas las medidas posibles para asegurar que no se les secuestre, se les venda o se trafique con ellos. El Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, sirve de complemento a la Convención al exigir a los Estados una serie de requisitos precisos para poner fin a la explotación y al abuso sexuales de la infancia, entre otras obligaciones. Por mandato constitucional, México, al adoptar tanto el Protocolo como la Convención, debe proporcionar todas las garantías necesarias para que las niñas y niños se desenvuelvan en un ambiente propicio que les garantice su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad, garantizando la integridad física, sexual y mental. Compañeras y compañeros, el Congreso no es un ministerio público ni debe aspirar a sustituir a una agencia de investigación, pero sí debe tener un diagnóstico de los rezagos del país y actuar en consecuencia cuando la sociedad no denuncia, cuando la justicia no castiga y cuando no se vigila el cumplimiento de la ley nos convertimos en cómplices y abrimos más puertas para abusos futuros. La Cámara de Diputados no debe convertirse en cómplice y sí en el garante de respeto a un justo estado de derecho. Nuestro compromiso es legislar para que las investigaciones judiciales que se están realizando sean imparciales y apegadas a derecho, buscando justicia para las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de delitos sexuales velando siempre por su interés superior. Por lo anteriormente expuesto llamamos a su conciencia para conformar la Comisión Especial plural para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la explotación sexual comercial, pornografía, corrupción, trata de personas, lenocinio, pederastia y delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes vinculadas con la delincuencia organizada en la República mexicana. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo el siguiente Punto de acuerdo Primero. Se crea la Comisión Especial de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de la LX Legislatura para que conozca y dé seguimiento a las investigaciones relacionadas con la explotación sexual comercial, pornografía, corrupción, trata de personas, lenocinio, pederastia y delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes vinculadas con la delincuencia organizada en la República mexicana. El objeto de la Comisión Especial será el que se deriva de su denominación. La Comisión Especial atenderá las proposiciones que en materia de delitos sexuales contra niñas y niños y adolescentes se realicen por esta soberanía. La Comisión Especial funcionará de conformidad con los ordenamientos que en materia de las comisiones establece la Ley Orgánica del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones relativas. Contará con los recursos necesarios para el adecuado desempeño. Segundo. La Comisión Especial estará integrada por 30 legisladores pertenecientes a todos los grupos parlamentarios, de acuerdo con la propuesta que al efecto formule la Junta de Coordinación Política al Pleno de los diputados. Tercero. La Comisión Especial contará con un plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el Pleno de la Cámara de Diputados y, en su caso, ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Cuarta. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente, diputada Maricela Contreras Julián y 129 firmas de diputados de diferentes fracciones parlamentarias. Solicito que la versión íntegra se incorpore al Diario de los Debates, ya que leí un resumen del documento que estamos presentando.