La diputada Araceli Damián González: Gracias, diputada presidenta. La iniciativa que propongo persigue una reforma integral de la legislación electoral, destinada a prohibir que funcionarios públicos y algunos políticos participen en la entrega de beneficios asociados a programas sociales durante los seis meses anteriores al inicio de la veda electoral. Lo anterior busca, teniendo en cuenta la experiencia de irregularidades que hubo en el Estado de México en las pasadas elecciones, hacer que los procesos electorales sean transparentes y se erradiquen las legítimas prácticas de intervencionismo gubernamental en las elecciones y evitar la instrumentación electoral de los programas sociales. La iniciativa que impulso reforma en total tres leyes con el mismo objetivo: La Ley General de Procedimientos Electorales, la de Materia de Delitos Electorales, y la General de Desarrollo Social. La correcta operación de los programas sociales en ningún caso requiere de la intervención de funcionarios públicos, tampoco de políticos, senadores, diputados, secretarios o subsecretarios. Al contrario, la participación de estos agentes políticos en actos masivos y otros eventos pone en riesgo la democracia en México al prestarse a la manipulación de los programas sociales. La iniciativa propone prohibir y sancionar la entrega de beneficios vinculados a programas sociales por parte del mencionado grupo de servidores públicos durante esos seis meses anteriores. Hay un consenso social y político que necesita ser respaldado por los partidos políticos, para que no haya un uso fraudulento e ilegal de los programas sociales a través de la manipulación, coacción o la influencia de funcionarios públicos. Ahí tenemos el ejemplo del estado de México que se celebró este año. Las organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Ni un Fraude Más recibió 284 reclamaciones ciudadanas por irregularidades electorales, de las cuales se presentaron 10 denuncias ante la Fepade y 8 en quejas e impugnaciones ante instancias administrativas del INE, por ejemplo. Tenemos también lo que sucedió el 18 de marzo de 2017, a menos de tres meses de los comicios en el estado de México, el ex gobernador Eruviel Ávila regaló 5 mil computadoras a cambio de que los beneficiarios entregaran copias de sus credenciales de elector. Durante la campaña electoral a la gubernatura del estado se filtraron documentos y evidencias que mostraban la intervención directa de altos funcionarios, ahí estaba Narro, estaba Mikel Arriola, Meade, que estaban repartiendo, en diversos territorios, programas sociales, en fin, tenían encargo directo de territorios específicos. Esta iniciativa quiere prohibir y quiere que se sancione la práctica irregular que hacen constantemente estos funcionarios. La imparcialidad de los servidores públicos es un principio que está enraizado en la tradición jurídica de México, cuyo ordenamiento se expresa en el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución, el cual dispone con toda claridad que los servidores públicos tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia de los partidos políticos. Sin embargo, no existe forma alguna de que esto se logre. Los funcionarios públicos siempre están ahí tratando de coaccionar y comprar el voto. Morena propone esta reforma para que esto ya no sea posible. Ningún funcionario de nivel medio superior debe de participar en la entrega de programas sociales en ningún momento. Gracias.