La diputada Adriana González Carrillo: En nombre de los compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional vengo a presentar iniciativa para modificar el artículo 4o., de nuestra Constitución para incluir la pensión a personas con discapacidad, así como la creación del registro nacional que clasifique esa discapacidad y pueda apoyarse según corresponda. La atención a personas con discapacidad tradicionalmente se ha enfocado en el aspecto de salud de los individuos a través de la prevención, el tratamiento y la rehabilitación. Sin embargo Naciones Unidas hace ya varios años propuso un enfoque distinto al poner en el centro del debate la inclusión social de este grupo de la población. Con ello se genera una visión más amplia de lo que deben incluir las políticas dedicadas a las personas con discapacidad, las cuales además de los servicios de salud y rehabilitación y que incluyen el acceso a la asistencia social, educación y empleo. Asimismo dentro de este concepto se incluye a todos los actores involucrados en la inclusión efectiva de las personas con discapacidad a la sociedad; se reconocer a la familia tanto como medio de soporte económico, como de apoyo en el cuidado y la rehabilitación. Las redes sociales conforman el siguiente círculo de apoyo que muchas veces son vínculos informales y otras son instituciones establecidas dentro de la sociedad civil. La sociedad en su conjunto tiene un papel muy importante para la inclusión de este grupo de la población al evitar la discriminación y favorecer una efectiva inclusión en los distintos ámbitos sociales como son los espacios públicos y de esparcimiento, así como en escuelas y centros de trabajo. Como reconoce la ONU y especialmente la Organización Mundial de la Salud en el Informe Mundial sobre Discapacidad, esta condición genera costos económicos y sociales para las personas, familias, comunidades y naciones. Por ello resulta fundamental trabajar en dos frentes, el primero, el económico, buscando compensar a las familias por los costos adicionales que enfrentan; y el social, buscando una mayor conciencia en la población para evitar la discriminación y favorecer la inclusión en la sociedad. Esta iniciativa incluye particularmente esos dos elementos que cita el informe de la OMS. En dicho informe una de las propuestas que se hace es apoyar a este grupo de la población a través de programas de transferencias monetarias condicionadas. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud elaborada por la OMS, ha permitido clasificar a las personas en cinco grupos de discapacidad, además de incluir en cada uno de ellos el grado de independencia que puedan tener estas personas, de acuerdo a la severidad del problema. En varios países esta clasificación además de ser una herramienta para los servicios de salud, se ha empleado en compañías de seguros, esquemas de seguridad social, sistemas laborales, educación, política social, legislación y modificaciones urbanas. En México, a pesar de que la Ley General de Inclusión de las Personas con Discapacidad instruye al gobierno federal para que expidan cédulas que contengan esta clasificación, en la práctica no se ha llevado a cabo. La información de las personas con discapacidad en el mundo es muy variada, tanto por distintas formas de clasificar este grupo poblacional como por los procesos demográficos y sociales de cada país. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del año 2012, en México el porcentaje de personas con discapacidad era de 5.1 por ciento de la población. La discapacidad que se presenta con mayor frecuencia es la de caminar o moverse, que es el 58 por ciento, seguida de la discapacidad visual, del 27 por ciento, y la incapacidad de comunicarse o escuchar, del 21.3 por ciento Las principales causas de la discapacidad son las ya adquiridas ya sea por alguna enfermedad, por avanzada edad o accidente, mientras que las provocadas desde el nacimiento sólo representan el 16.3 por ciento de los casos. La distribución por edad de las personas con discapacidad es muy importante, ya que la intervención requerida es distinta. En 2010 el 41 por ciento de las personas con discapacidad tenía más de 60 años y otro 33 por ciento entre 30 y 59 años. Este fenómeno obliga a que la atención se concentre en la prevención de enfermedades y accidentes, así como en la readaptación social y laboral de estas personas. Al analizar la incidencia de pobreza entre las personas con discapacidad, se observa que en los hogares donde se encuentran estas personas aumenta la probabilidad de estar en situación de pobreza en 4 por ciento respecto a las personas que no tienen ningún tipo de discapacidad. Quienes tienen mayor porcentaje de personas en pobreza son los hogares con presencia de alguna persona que no puede poner atención o aprender, seguido de los que no pueden escuchar y quienes no pueden atender su propio cuidado personal. Estos grupos tienen a más del 59 por ciento de los hogares en situación de pobreza. Por un lado, la situación de discapacidad genera gastos adicionales en las familias de este grupo de la población, además de demandar mayor tiempo de cuidado, lo que a su vez provoca que tanto ellos como sus familiares dediquen menor tiempo a trabajar, lo que reduce aún más el ingreso disponible de las familias. El promedio de horas destinado al cuidado de familiares cuando los hogares tienen algún miembro con discapacidad puede llegar a ser igual que cuando hay niños menores de seis años 34 horas equivalen a la semana o adultos mayores, 24 horas semanales. En cambio, en hogares donde no hay niños menores de 6 años ni personas mayores de 65 el promedio de horas semanales dedicado al cuidado es de 18 horas. La Organización Mundial de la Salud, conjuntamente con el Banco Mundial, en el Informe Mundial sobre la Discapacidad propone a los países la creación de programas de transferencias monetarias condicionadas para las personas con discapacidad. En México este tipo de programas han sido ejemplo a nivel internacional; sin embargo, las personas con discapacidad no han sido consideradas dentro de ellos. Por ello se propone que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, lleve a cabo un programa con estas características y en justicia especialmente a quienes más lo necesitan y, siendo solidarias con las personas que tienen una persona entre sus miembros con alguna discapacidad, es urgente y necesario que consideremos esta reforma constitucional para poder ayudar a quienes más lo necesitan. Muchas gracias, señor presidente, y nuevamente muchas felicidades.