La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con su permiso, presidenta. Qué incongruencia estar en la legislatura de la paridad y tener una evidente mayoría que está votando en contra el discutir la creación de una Fiscalía Especializada en Delitos en contra de la mujer, de la trata de personas y del secuestro. En México, los feminicidios, el abuso sexual y la violencia contra la mujer, son delitos que se encuentran directamente relacionados con actos discriminatorios que atentan en contra del 30 por ciento de la población nacional y que son inadmisibles en la práctica y peor aún, en la letra de la nueva Fiscalía en manos de esta primera legislatura paritaria. De enero de 2015 al 30 de junio de 2018 se registraron 2 mil 68 feminicidios, en esas mismas fechas se reportaron 9 mil 229 violaciones y 171 mil 877 actos de violencia física contra mujeres. Por su parte, la trata de personas constituye el tercer negocio más lucrativo del crimen organizado, tan solo por debajo del narcotráfico y el tráfico de armas. Y qué decir de los secuestros. Tan solo en lo que va del año se han abierto 14 mil 925 carpetas de investigación relacionadas con delitos que atentan contra la libertad personal. A pesar de estos alarmantes datos, el dictamen que discutimos, atención diputadas, atención mujeres, este dictamen no contempla la existencia de fiscalías especializadas que investiguen estos delitos con autonomía técnica y de gestión. Por el contrario, limita los actos de investigación y los subordina a una coordinación con pocos recursos y sin personal especializado, lo cual no resuelve la magnitud de estas graves problemáticas. Además de que la Fiscalía no tendrá plena autonomía como exige la sociedad civil, también es claro el desconocimiento que Morena tiene de la investigación penal, y pareciera también desconoce de la función principal de la Fiscalía General de la República, que es defender los intereses del Estado y de la sociedad, por ende, de nosotras las mujeres. En el marco del sistema acusatorio adversarial, el fiscal debe contar con conocimientos especializados a fin de conducir una investigación diligente, que permita recabar los datos de prueba necesarios para judicializar los delitos. Para atender la incidencia delictiva se requiere especialidad técnica, perspectiva de género, enfoque de derechos humanos, conocimiento de atención a grupos vulnerables y técnicas de negociación. Por ello, la reserva que planteamos prevé la creación de una fiscalía de delitos contra la mujer, una fiscalía especializada en trata de personas y una más centrada en secuestro. Como legislatura nos hemos comprometido a respetar y defender los derechos humanos de todos los ciudadanos. Hoy tenemos la oportunidad de realizar un cambio trascendental en la investigación y persecución de estos delitos. La incorporación de esta fiscalía permitirá hacer frente a estos fenómenos de manera contundente. Si queremos, como dicen quienes me han antecedido en el uso de la voz de la mayoría, si queremos estar del lado correcto de la historia y en los hechos reivindicarnos con las mujeres y con las víctimas, como se ha dicho en esta tribuna por la mayoría, dejémonos de discursos, hagamos algo y votemos a favor esta reserva. Démosle sentido a esta, la primera legislatura de la paridad. Muchas gracias.