EL DIP. RODOLFO GONZALEZ GUZMÁN: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El suscrito diputado, Rodolfo Gerardo González Guzmán, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 55 fracción II, 52 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción III de artículo 121 y la fracción III del artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo en vigor, de la cual solicita se turne a la Comisión de Trabajo y Previsión Social para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión. Exposición de motivos. Es necesario señalar que el Congreso Constituyente de 1917 en nuestra Carta Magna concibió de manera manifiesta la necesidad de expresar el texto de la misma de los derechos que deben tener los trabajadores mexicanos. Nuestra historia consigna en sus anales toda una serie de injusticias a que se ha visto sometida la clase trabajadora en México, desde la época colonial hasta nuestro texto constitucional vigente. El pueblo trabajador había estado sometido a condiciones de explotación realmente atroces, éste había esperado con ansía y tristeza que fueran tomados en cuenta. Desde el constituyente de 1917 a la fecha, se han hecho 21 reformas a la Constitución Política en el artículo 123, las cuales siempre han mejorado las condiciones de los trabajadores y han sido promulgadas en beneficio de los mismos, promovida por el Ejecutivo Federal. En este sentido las normas de carácter fiscal que determina la Ley del Impuesto Sobre la Renta dan en su caso al propietario de los medios de protección mecanismos para ajustar los resultados fiscales de las empresas, baste apuntar a guisa de ejemplo las disposiciones en relación a los inventarios, compras de materia prima, cuentas pendientes por cobrar, compra de maquinaria para la modernización de la planta productora, compra de terrenos, etcétera. Estas normas dispositivas han permitido al empresario diluir las utilidades generadas mediante artilugios fiscales o contables que han generado en la práctica la elusión por parte del patrón, de pago de la utilidad real generada, siendo los más afectados en ese sentido los trabajadores, ya que mediante estos mecanismos se capitalizan las empresas al evitar el pago de utilidades a los trabajadores. Hay en la normatividad secundaria, en materia laboral, una inequidad ostensible que se manifiesta de manera correlativa en las disposiciones fiscales, en virtud de que las leyes en la materia posibilitan al empresario una serie de recursos jurídicos para hacerle frente al Estado, en el caso de que se vean lesionados en sus intereses. Estos beneficios otorgados a la parte representativa del capital se le niegan al trabajador. Esto es, el patrón puede impugnar al Estado en sus resoluciones, el trabajador no. La Constitución Política de 1917 rompe con la concepción liberal de que le mercado de trabajo se constituye por individuos aislados, que en condiciones de igualdad enfrentan al capital para reconocer los derechos del trabajador como derechos sociales que deben ser tutelados, entre ellos el del salario mínimo, jornada máxima, contratación colectiva, sindicalización, huelga y seguridad social. La norma que reglamenta de manera amplia el artículo 123 constitucional es la Ley Federal del Trabajo, la que desde su expedición busca sentar de manera expresa y amplia las disposiciones jurídicas que codifiquen las relaciones entre los factores de la producción. Las utilidades de las empresas son producto del esfuerzo de sus trabajadores, quienes tienen derecho a participar en esos beneficios como se determina en el texto constitucional dentro de una práctica que promueve la equidad, estimula la producción y fortalece la relación trabajador-empresario, consolidando el desarrollo de la empresa. La bonanza de las empresas está íntimamente vinculado a los trabajadores, son ellos con su esfuerzo los que en realidad generan la riqueza de las mismas empresa, por lo que es de justicia que éstos reciban parte de la fortuna que ellos mismos han generado, por lo que la disposición jurídica en comento lesiona de manera significativa la equidad que debe de prevalecer en las leyes para todos los ciudadanos sean iguales. Son los trabajadores los que han creado grandes fortunas, grandes conglomerados empresariales de las más diversas naturalezas, se han consolidado gracias al trabajo de sus operarios pero de manera inversa vemos a los obreros empobrecidos en las fábricas y si partimos del presupuesto de que los trabajadores generan la riqueza, el resultado es siniestro, empresas, empresarios ricos, fábricas y trabajadores pobres. De manera irónica, los panfletos internacionales consignan en sus análisis una pléyade de grandes y nuevos ricos, los cuales posan en pomposas revistas y uno mira a sus empresas y observa a sus obreros, los que generaron la riqueza publicitada se encuentran andrajosos con niveles de bienestar fuera de toda dignidad. Tal situación nos lleva a plantear... Voy a concluir, señor Presidente.