La diputada María de Fátima García León: Diputadas, diputados, en las últimas décadas el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de las y los mexicanos. En los últimos tres sexenios hemos observado un incremento constante del número de actos delictivos que atentan contra la tranquilidad, la seguridad y la vida de las y los mexicanos. Pero, si bien y como se ha repetido constantemente, la seguridad es responsabilidad de todos, lo es principalmente de quien cuenta con los recursos y las facultades legales para diseñar políticas de seguridad. Esas facultades y esos recursos los aprueba la Cámara de Diputados, por eso es muy importante que de manera responsable revisemos el dictamen bajo discusión. Equivocadamente se piensa que militarizando la seguridad pública se logrará la paz que todos anhelamos, pero la realidad nos ha demostrado que, a pesar de incrementar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, la violencia y los homicidios dolosos no han disminuido, al contrario, están en aumento. No debemos olvidar que el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, han sido diseñadas y están entrenadas principalmente para garantizar la seguridad nacional, no para garantizar la seguridad pública y ciudadana. El no tener la capacitación adecuada para las tareas de seguridad pública los lleva al uso excesivo de la fuerza en sus actividades. Para una adecuada atención de las tareas de seguridad pública se requieren policías municipales, incluidas las de las comunidades indígenas, estatales y federales, capacitadas y equipadas bajo estrictos controles de confianza que mantengan un contacto cercano y directo con la población de sus demarcaciones. Según diversos reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos, la intervención de las Fuerzas Militares en tareas de seguridad pública ha llevado a un incremento en las violaciones de los derechos humanos, especialmente cuando intervienen en comunidades indígenas, alterando su orden y convivencia social. Desde 2010, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, manifestó su preocupación por el creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses, y recomendó que las tareas relacionadas con la seguridad pública y las investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos, fuesen de competencia exclusiva de las autoridades civiles. Durante el presente sexenio se han argumentado que la mejor manera de acabar con la violencia y la inseguridad es atacando las causas, pero lo que no se quiere reconocer es que una de las principales causas es la impunidad que gozan los delincuentes, derivado de acuerdo o compromisos de carácter económico con el crimen organizado. Como integrante de la bancada naranja, estoy totalmente en contra de las tareas de seguridad pública, que las tareas de la seguridad pública se dejen de manera permanente en manos del Ejército, porque las Fuerzas del Ejército, debido a su entrenamiento y disciplina están más orientados a obedecer las órdenes de sus superiores, que obedecer las leyes que los obligan a respetar los derechos humanos. Con la reforma que se propone se le da al Ejército facultades legales permanentes para que realice tareas de seguridad pública, y con ello se abre la posibilidad de que no haya una distinción clara entre el Ejército y la Guardia Nacional, pues sólo basta un cambio de uniforme para que pasen de ser defensores de la soberanía nacional a protectores de la ciudadanía. Las tareas son diferentes, y, por lo mismo, la capacitación, el entrenamiento y la responsabilidad deben ser diferentes. Por lo anterior, considero que la Guardia Nacional debe continuar como una institución policial de carácter civil, separada del Ejército en su integración y en su mando. En consecuencia, propongo como reserva que se modifique el artículo 16 para que no se homologue la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, porque eso significa su militarización con todos los riesgos y consecuencias señaladas. Concretamente, propongo que en el último párrafo del artículo 16 se excluya a la Guardia Nacional como parte de la Fuerza Armada permanente y que se le prohíbe en todo tiempo alojarse en casa particular contra la voluntad del dueño e imponer prestación alguna. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que voten a favor de esta reserva para que las tareas de seguridad pública sigan en manos de civiles y no de militares. Es cuanto. Muchas gracias.