La diputada Edith Anabel Alvarado Varela: Con el permiso de la Presidencia. El combate frontal a la pobreza y la promoción y el fortalecimiento de las actividades productivas en las zonas más marginadas del país, se trata de un imperativo épico, pero también de un mandato constitucional. El artículo 25 de la Carta Magna señala al desarrollo económico nacional y concurrirán en sector público, privado y social, y que el impulso a las empresas de dichos sectores se hará bajo criterios de equidad social en beneficio general y cuidando los recursos naturales y del medio ambiente. El octavo párrafo del artículo referido dice, que la ley debe facilitar la organización y expansión de la actividad económica del sector social. En este orden de ideas, lo lógico es que el Instituto Nacional de la Economía Social, Inaes, pase a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social, para que sus acciones, directrices y políticas públicas tengan un mayor enfoque social. Desde su creación en enero de 2013, uno de los objetivos del Inaes ha sido apoyar a los pequeños productores del país mediante la instrumentación de políticas públicas y el acceso a financiamiento en beneficio del sector social de la economía, todo en aras de mejorar el ingreso de las personas en situación de rezago y pobreza extrema. Las reglas de operación del Inaes vigentes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación, en diciembre de 2014, señalan que con el propósito de dar cumplimiento a los objetivos y prioridades nacionales, el Inaes deberá identificar e implementar acciones que contribuyan al logro de los objetivos de la Cruzada Nacional contra el Hambre, dichas acciones atenderán a los hogares y a sus integrantes que se encuentren en situación de pobreza. Lo anterior, con base en los lineamientos de evaluación de condiciones socioeconómicas de los hogares, diseñados por la Secretaría de Desarrollo Social. Así pues, nadie sería más indicado ni tendría mayor infraestructura, información y capacidad de gestión que Sedesol para operar eficazmente los programas del Inaes, a fin de que se cumpla a cabalidad la política nacional de desarrollo social y el objetivo del gobierno federal de combatir eficazmente la pobreza y reconstruir el tejido social. Al pasar el Inaes a Sedesol, se orientarán los recursos públicos de manera más eficiente, lo que se traducirá en más y mejores beneficios para la ciudadanía. La transferencia de funciones y la fusión de acciones de índole social y económica que ahora tendrá el Inaes coadyuvarán a mejorar el ingreso de las personas en situación de vulnerabilidad, a los municipios de comunidades rurales y con población predominantemente indígena, les permitirá contar con opciones productivas para desarrollar proyectos sustentables y generar más fuentes de empleo. Se le cierra la puerta a la discrecionalidad y se asegura una mayor profesionalización del instituto en su funcionamiento, toda vez que las evaluaciones de los programas de acciones serán entregadas a las comisiones de desarrollo social de ambas Cámaras del Congreso de la Unión y serán sometidas al escrutinio público. También debe quedar claro, los derechos laborales de los trabajadores del instituto no serán afectados. Compañeras y compañeros, para el Grupo Parlamentario del PRI, el gran reto que tenemos por delante tiene que ver con estimular al sector social de la economía, con los ejidos, con las comunidades; alentar en zonas rurales e indígenas el diseño de más y mejores sociedades cooperativas y ofrecer a las que ya existen soluciones de largo aliento. Inaes señala que prácticamente la mitad de los organismos del sector social de la economía en México son ejidos y 15 mil son sociedades cooperativas. Por eso reubicar al Inaes dentro de la dependencia que instrumenta la política de desarrollo social de nuestro país es una acertada decisión de esta Cámara. Con esta medida respondemos a la inquietud constante de las organizaciones que forman parte del sector social, respecto a generar las condiciones que les permitan trabajar en el cumplimiento de sus objetivos. Con la aprobación de esta importante reforma al régimen institucional que ordena y regula la economía social en nuestro país, avanzamos en la implementación integral de una política social de nueva generación, acorde con los objetivos de alcanzar un México próspero e incluyente en los que la administración del presidente Enrique Peña Nieto ha trabajado desde el inicio de sus funciones. Enviamos, con la aprobación de esta reforma, un mensaje claro de la vocación social de la presente legislatura y de nuestro compromiso ineludible para trabajar por los mexicanos más vulnerables, los que día a día se esfuerzan por mejorar sus condiciones de vida y deben ser motivo principal de nuestra labor y esfuerzo. Es cuanto.