El diputado Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla: Como ya se ha expresado aquí, Movimiento Ciudadano está a favor de que se combata la defraudación fiscal. Pero una cosa es eso y otra cosa es la grave confusión en la que se incurre en la minuta desde el Senado de que la defraudación fiscal sea un delito de seguridad nacional. Equiparar la defraudación fiscal o cualquiera de sus posibilidades con delitos como el terrorismo u otros más que están tipificados en la Ley de Seguridad Nacional es verdaderamente un despropósito y una proporcionalidad que carece absolutamente de cualquier límite. Déjenme decirles que México tiene suscrito un conjunto de acuerdos multilaterales en materia de seguridad nacional. Cuando un delito es tipificado como un delito en materia de seguridad nacional pasa a formar parte de las convenciones internacionales de las que México forma parte, y así como cualquier Estado que detecte un problema de terrorismo tendría obligación de comunicarlo a todos los países que suscriben esa convención, de esa misma manera, por haberse tipificado este delito como delito de seguridad nacional, se tendría la obligación de reportarlo con toda su información y sus desagregados a todas las convenciones internacionales de las cuales México forma parte. Estamos hablando de la suscripción de la Carta de Naciones Unidas que se denomina el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el primero de ellos. El segundo de las Naciones Unidas que tiene que ver contra los actos que afectan la seguridad nación de las naciones. El Pacto de Bogotá, la Convención Interamericana contra el Terrorismo, entre otros, mandatan a México, como parte de estos instrumentos internacionales, a estas obligaciones. Entonces, cuando un defraudador fiscal o una persona que esté investigada por defraudación fiscal esté en manos de las autoridades, necesariamente tendrán que reportarlo en la lista de personas investigadas por delitos contra la seguridad nacional. Con toda franqueza, es una desproporción mayor que no tiene absolutamente ningún límite y que ahí sí va a afectar a diversos inversionistas que desean hacerlo en México, pero que esta tipificación inmediatamente combate la posibilidad de que lo hagan con todas las condiciones necesarias para cualquier inversión. Pero no solo es esto, es también el hecho de que, al ser tipificado como un delito de seguridad nacional, automáticamente se pasa a un listado de personas que pueden ser objeto de investigación en todos esos países. De manera tal que se convierte en una especie de internacionalización la persecución de esos delitos y, con toda franqueza, habría que meditar las consecuencias que en la inversión económica esto va a traer. Por esa razón es que nuestra reserva es para que se elimine la fracción XIII que se quiere agregar a la Ley de Seguridad Nacional, y que esa fracción, al ser eliminada también, elimine a la Ley de Seguridad Nacional del dictamen que se está proponiendo. Por eso, porque no estamos de acuerdo en que a través de esta disposición se pretenda abrir el secreto bancario, dándole una vuelta al conjunto de leyes y dándole una vuelta también a los procedimientos que se consideran de debido proceso, es que consideramos que es una desmesura y que incluso, por supuesto, estamos en toda la disposición de llevar a una acción de inconstitucionalidad. Muchas gracias.