La diputada Lorena del Carme Alfaro García: Con su venia, presidenta. Compañeros diputados y diputadas, en los últimos años se han consolidado diversas reformas estructurales, entre ellas la reforma energética y la reforma del combate a la corrupción. La primera pretender fortalecer las instituciones del Estado, encargadas de la dirección de la política energética para optimizar y potencializar la capacidad que tiene México en este rubro, garantizando el control que tiene el Estado en todas las etapas de la producción de hidrocarburos y generación de energía. Es así que se fortalecieron las atribuciones tanto de la Secretaría de Energía, como rectora de la política pública, como de las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía. Para ello también se transformaron a dos de las principales paraestatales del gobierno federal en empresas productivas del Estado, por lo que tanto Pemex como Comisión Federal de Electricidad, tienen ahora mayor independencia en su gestión, sin dejar de rendir cuentas al Ejecutivo federal. Por su parte y de manera fundamental, para generar desarrollo y sobre todo en los tiempos como los actuales, el manejo de los recursos energéticos debe llevarse a cabo con la mayor eficiencia y con total transparencia y responsabilidad. Es por ello que el día de hoy propongo ante esta tribuna que tanto los titulares de las empresas productivas del Estado como los comisionados que integran los órganos reguladores, coordinados en materia energética, sean sujetos de juicio político. Los titulares de las empresas productivas del Estado no deben quedar exentos de la vigilancia por parte de esta soberanía, y ello es lógico en atención a lo siguiente: Primero, las empresas productivas del Estado son del gobierno federal, y sus titulares son nombrados por éste y aunque tienen un régimen especial, el Congreso de la Unión no puede mantenerse ajeno al ejercicio eficiente sus funciones. Por otro lado, los comisionados de las Comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, fueron nombrados a propuesta del presidente de la República por el Senado, y ello implica una gran responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, pues de hecho son los árbitros en las diversas decisiones que deben tomarse para propiciar mayor y mejor competencia en el mercado de hidrocarburos y electricidad, y que se refleje en beneficio de los consumidores. En síntesis, la relevancia del trabajo que desempeñan estos servidores públicos y el impacto que tienen en el desarrollo nacional hacen necesario nuevos mecanismos de escrutinio público. De aprobarse esta propuesta, los comisionados que integran los órganos reguladores coordinados en materia energética, estarían sujetos a juicio político al igual que los comisionados del INAI, los encargados del banco central y los comisionados de la Comisión Federal de Competencia Económica. Señoras y señores legisladores, en Acción Nacional debemos señalar que la administración y la poca transparencia con la que se ha conducido el actual gobierno en lo relativo a la política energética, deja mucho que desear. Como ejemplo tenemos el caso del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya, quien durante su encargo se dedicó a sangrar la paraestatal a través de gastos excesivos y a todo lujo. Esto está documentado en el informe de la Auditoría Superior de la Federación del 2015, entregado a esta Cámara y al cual estaremos dando puntual seguimiento. En el PAN creemos que a la luz de las reformas en materia de combate a la corrupción, los entes públicos mencionados en el rubro energético no pueden quedar exentos de responsabilidades y menos de sanciones ejemplares por aquellas acciones u omisiones que llegaren a realizarse en perjuicio de los intereses públicos nacionales. En este sentido, la iniciativa que hoy presento cobra gran relevancia, porque constituye un acto que abona a la transparencia y a la rendición de cuentas. Es cuanto, presidenta.