EL DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ: Con el permiso del Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El acuerdo social post-revolucionario comenzó estableciendo la igualdad de todos los ciudadanos mexicanos bajo el esquema de garantías individuales, la constitución preservaba el acceso a los bienes y servicios mínimos y necesarios para el bienestar de la población. La educación, la salud, la vivienda, el empleo estable y bien remunerado, la seguridad social entre otros son derechos de todos los habitantes de nuestra República y su prestación, por lo tanto, es una obligación del Estado. Al paso del tiempo, nuestro marco jurídico fundamental precisó la obligación estatal de asumir la rectoría de un desarrollo nacional integral y sustentable que fortalezca a la soberanía de la nación y su régimen democrático. Sin embargo, esta obligación constitucional ha desviado el quehacer público al suplantarse por una política que subordina las necesidades sociales a un modelo económico excluyente y concentrador de la riqueza incapaz de generar el empleo y los ingresos que demanda la población. En fomento al crecimiento económico se ha divorciado de la generación de trabajo y empleo, a la par que la distribución social de ingreso y la riqueza han dejado de ser prioridad del desarrollo nacional. Para el neoliberalismo la especulación genera mayor riqueza que la producción social. El mercado es justo sólo por ser libre y se desentienden los intercambios desiguales que han sumido a la pobreza a más de 40 millones de mexicanos. Nuestra política económica sustentada en una política monetaria que promueve el apoyo irrestricto al capital especulativo ha provocado incapacidad en la estructura económica para ofrecer los satisfactores esenciales a toda la población de nuestro país. Al mismo tiempo nuestra economía promueve la concentración del ingreso hasta ser una de las más desiguales del planeta lo que polariza aún más las diferencias sociales que agobian a nuestra patria. El marco jurídico de los derechos sociales constitucionales carece de precisión. No existen aún mecanismos puntuales de exigibilidad o justiciabilidad con lo que el constitucionalismo social, rasgo original de nuestra tradición jurídica se reduce en no pocos casos a una declaración de principios generosa pero inobservada. Garantizar la equidad social dentro de la Reforma del Estado es prioridad para el Partido de la Revolución Democrática, por lo que hemos insistido en dar un lugar preponderante al derecho social dentro de la discusión legislativa. Hemos de recordar que fue iniciativa del grupo parlamentario del PRD en la LVI Legislatura la creación de una Comisión de Desarrollo Social en el Congreso de la Unión. Asimismo hemos presentado varias iniciativas de ley que promueven el establecimiento de un marco jurídico para el desarrollo social. Legislar en esta materia es prioritario para esta Legislatura, pues el punto se encuentra en las agendas legislativas de los principales grupos parlamentarios de esta soberanía por lo que consideramos impostergable en el marco de la Reforma del Estado tener a la reforma social como uno de los grandes ejes de discusión legislativa. Simultáneamente otros grupos parlamentarios han retomado la discusión y propuesto iniciativas sobre esta misma materia, como es el del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que presentó iniciativa de reforma constitucional al artículo 73 de voz del diputado Rubén Fernández en la LVII Legislatura, así la iniciativa de Ley de Desarrollo Social presentada en el Senado. Sin embargo el alcance de este esfuerzo se acota si no precisamos y ante reformas a nuestra Carta Magna, el establecimiento de las bases de concurrencia de esta iniciativa. Así encontramos la iniciativa de reformas al artículo 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para crear el marco constitucional del que derive una ley secundaria, que establezca las bases de coordinación de las acciones de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de desarrollo social, para la superación de la pobreza y la marginación, presentada por el diputado Amador Leal del grupo parlamentario del PRI, en la sesión del martes 30 de octubre del año 2001. Esta iniciativa de reforma constitucional retoma preocupaciones que, si bien no son exclusivas de un partido o grupo parlamentario, tienen un sitio privilegiado en el PRD. El diputado expone que es pertinente proveer adiciones a los artículos 73 y 115, en el afán de crear el marco constitucional pertinente, del que derive una ley secundaria, que establezca las bases de coordinación de las acciones de la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en materia de desarrollo social para la superación de la pobreza y la marginación. Y remata diciendo: "La lucha contra la pobreza, la marginación y la exclusión social, es un imperativo ético de la sociedad, es una obligación del Estado y una tarea que no admite demoras ni vacilaciones". Sabemos que los tiempos legislativos no siempre son suficientes para agotar las agendas, y que los debates sobre los grandes problemas nacionales no se consumen en el corto plazo, sin embargo, coincidimos con nuestro colega en que las prioridades son muy claras, y no hay nada que justifique la dilación de esta discusión dentro de los grandes rubros de la reforma del Estado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados integrantes de la LVIII Legislatura, solicitamos a esta presidencia envíe excitativa a las Comisiones de Puntos Constitucionales, para que emita dictamen sobre la iniciativa de reformas a los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Alberto Amador Leal, en la sesión del 30 de octubre del 2001. Firman la presente iniciativa el diputado Francisco Cantú Torres del Partido Acción Nacional, el diputado Alberto Amador Leal del Partido Revolucionario Institucional: y un servidor Esteban Daniel Martínez del Partido de la Revolución Democrática. -