La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados, presidente. El dictamen de la Ley de Ingresos señala en su artículo 13, de la Ley de Ingresos, lo siguiente: que los ingresos provenientes de la enajenación de bienes decomisados y de sus frutos, se destinarán a la compensación de las víctimas, cosa que todos aplaudimos, y prosigue diciendo que los recursos restantes o su totalidad se entregarán en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República, a la Secretaría de Salud y al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Nuestra propuesta es muy sencilla. Lo que Morena plantea con esta reserva es que los recursos que sean incautados a los criminales, después de reparar el daño a las víctimas, sean direccionados en su totalidad al Fondo de Ayuda de Asistencia y Reparación Integral de las Victimas, no una cuarta parte, sino el 100 por ciento, no a pedacitos sino todos los recursos excedentes se vayan al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de la Víctima. Parece que ya se nos olvidó la enorme deuda que el Estado mexicano tiene con la sociedad en general, y en particular con los cientos de miles de víctimas producto de la violencia, de delitos y violaciones a los derechos fundamentales. Solo para contextualizar, quiero señalar que el año pasado se cometieron 1 millón 511 mil 292 delitos de fuero común, según datos oficiales. Actualmente existe la obligación de dotar de un porcentaje fijo equivalente al 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Presupuesto Anual del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Adicionalmente queremos señalar que es equivocado que los recursos restantes o su totalidad se entreguen en partes iguales al Poder Judicial de la Federación, a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Salud. La reparación del daño proveniente del delito que deba ser hecha por el delincuente, debe de tener el carácter de pena pública. Es equivocado porque representa un abierto conflicto de interés. Por otra parte los tribunales, es decir, el Poder Judicial de la Federación, es el que se encarga de juzgar las conductas presuntamente delictivas. Entonces si dentro de la Ley de Ingresos de 2018 queda asentado que los recursos restantes o su totalidad se entreguen a estas partes mencionadas, queda la duda o queda la posibilidad de que los jueces y ministerios públicos tendrían un interés ilegítimo para quedarse con el dinero, los ranchos, las joyas, los autos, las residencias y todos los bienes que son producto de acciones delictivas. Esto distorsiona la labor de los órganos de procuración e impartición de justicia, además aumenta precisamente esa debilidad institucional y el desprestigio que tienen las instituciones. Por ello no deben de estar dentro de sus atribuciones el manejar recursos que ellos mismos persiguen y juzgan. Esto puede llevar al extremo de castigar interesadamente a una persona buscando su propio interés o beneficio. Por ello, considerando que la reparación del daño proviene del delito que deba ser hecha por el delincuente y tiene carácter de pena pública, mientras que en cambio un conflicto de interés es un cuando un interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de la persona servidora pública pueda afectar al desempeño imparcial, objetivo, de sus funciones. Por eso reiteramos y hacemos esa petición, que aprueben esta reserva y que se destinen todos los recursos provenientes de actividades ilícitas a quienes lo merecen, y por justicia se les debe de dar, que son las víctimas. Es todo, señor presidente. Gracias.