El diputado Alfredo Zetter González: Diputadas y diputados, en el Partido Acción Nacional defendemos los derechos e intereses de los trabajadores de México. Defendemos toda una vida de esfuerzo, trabajo, sacrificio y dedicación. El dictamen que hoy nos ocupa disfraza la realidad, argumentando que con estas reformas se garantizará el acceso de la población a una pensión digna, pero no es más que un robo disfrazado. Debemos tomar en cuenta que la cobertura de pensiones no puede garantizarse violentando el derecho a la seguridad jurídica, mismo que en el artículo 14 constitucional señala que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Las Afores serán confiscadas, los recursos por 40 mil millones de pesos beneficiarán a unos cuantos, quedando muchos trabajadores desprotegidos, ya que no podrán acceder a ello. Por tal motivo, las reservas del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional están encaminadas a no violentar los mandatos constitucionales. Además, con el establecimiento del comité técnico no hay certeza jurídica en cuanto a su conformación y al manejo de los recursos, y tampoco se establece que la devolución de los recursos retenidos tenga que ser de manera inmediata para evitar la menor perturbación posible a la población trabajadora y sus familias, pues si la reserva que prevén es suficiente, podrán cumplir con esta disposición. A su vez, si la retención de subcuenta será anualmente, se propone que la revisión del fondo de reserva también sea anual para realmente poder garantizar a la población mexicana que les sean devueltos sus ahorros. Se retira la reforma del transitorio cuadragésimo octavo de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, puesto que de mantenerse implica castigar los intereses que el instituto paga a favor de sus derechohabientes a su ahorro de vivienda, es decir, disminuir en cuantía el monto a pagar de manera anual, lo que significa un claro perjuicio a los trabajadores que a su vez son derechohabientes. La ley vigente tiene intención de cuidar la viabilidad financiera del Fondo de Vivienda y del instituto, y bajo el principio de progresividad y no regresividad. Esto se debe de continuar con la mejora de su operación, haciendo más eficiente la administración del Infonavit, mejorando entonces la colocación de crédito tanto en cuantía como en calidad, disminuyendo la cartera vencida apegados a la cobranza social, colocar de nuevo en favor de sus derechohabientes la vivienda recuperada como una solución más de crédito que permita formar patrimonio, por mencionar algunos. Es decir, todo aquello que durante esta administración no ha tenido los mejores resultados, por ello, con esta reforma se está transgrediendo a los trabajadores. Estos recursos que constituirán el Fondo de Pensiones para el Bienestar como fideicomiso público no se trata de obtener la pensión digna con la que quieren vender estas reformas. Tengamos en cuenta que estos saqueos ya los han hecho antes, como lo han hecho en los fideicomisos que ya extinguieron. Este dictamen es un engaño, es una transgresión a la Constitución y a los trabajadores de México. Nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las Afores no se tocan. Es cuanto, presidenta.