La diputada Lizbeth Rosas Montero: Compañeros diputados, diputadas, a mí me parece que este tema es fundamental, pero sobre todo, no es correcto y no es ético que estemos defendiendo aquí a nuestros gobernadores o presidentes municipales si cumplieron o no. Yo creo que ése no es el propósito. El asunto es que cumplan. Cuatro años tuvieron para llevar a cabo la certificación y ningún estado ha cumplido con esa meta. En lo particular a nosotros como grupo parlamentario nos preocupa mucho, precisamente, que no se están tomando cartas en el asunto sobre la revisión del propio modelo de certificación, que además de ser muy costoso, no tenemos ni siquiera los datos de cuántos elementos aprobaron este sistema de evaluación y aun así cometieron ilícitos en estos estados y en estos municipios. No hay transparencia ni siquiera de los nombres. Más allá de no saber quiénes son estos 30 mil o más policías que fueron dados de baja, ni siquiera sabemos, los que aprobaron, en qué condiciones se encuentran. Otro asunto que me parece relevante es, seguimos sin considerar a los elementos de seguridad privada, que además traemos una invasión de elementos de seguridad privada en todos los municipios, en todos los estados y que también traen autorización y licencia para la portación de armas de fuego. Me parece también que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara y éste es un exhorto a mi compañero debe de manera urgente armar una subcomisión de trabajo que le dé seguimiento a este tema, ¿por qué?, porque 10 meses van a ser insuficientes. Y se los estoy diciendo el día de hoy, en 10 meses ninguno va a cumplir, ni siquiera nos hagamos fantasía aquí; creo que debe revisarse el modelo, debe revisarse la temporalidad, pero también se debe transparentar la información. Y otro dato que me parece fundamental, todos esos procesos de certificación empezaron por los mandos superiores y mandos medios. Tenemos también datos de que hay en esa nata mucha corrupción, pero también muchas veces se esconde la información. Y esta área específica de seguridad pública, que se encarga de certificar, guarda la información a veces por años de los elementos o mandos que no cumplieron con los exámenes de certificación. Y después son utilizadas también políticamente para ir desacreditando a funcionarios o servidores públicos en los gobiernos que anteriormente o un año antes no pasaron dicho examen y que posteriormente se da a conocer. Creo que esa información debe ser pública, nos ayuda a todos para mejorar. Y en ello obviamente nosotros como diputados, compañeros, no podemos ser cómplices ni estarles corrigiendo lo que no hicieron a nuestros compañeros gobernadores o presidentes municipales. Debemos de exhortarlos a que cumplan más allá de lo que en un momento dado ellos puedan decir en la parte financiera, revisar cuál es la parte de los recursos que les tocaban y por qué no se aplicaron, tener una reunión de trabajo urgente con el área de finanzas. Pero tengamos mucho cuidado, compañeros diputados, de estar dando prórrogas y cheques en blanco. Se los digo porque desafortunadamente en este tema tenemos un gran vacío y una gran deuda pendiente con la población, ni hemos logrado tener una policía que está a la altura de las necesidades de la ciudadanía ni hemos logrado erradicar la corrupción de los cuerpos de seguridad en México. Es cuanto, diputado presidente.