EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En México operan actualmente 59 ingenios azucareros que se encuentran distribuidos en 15 entidades federativas y con influencia en 222 municipios. Esta industria transforma la materia prima que 160 mil productores cultivan en una superficie de 740 mil hectáreas, equivalente a poco más del 4% de la superficie cultivable del país. Cada año, en promedio, de la transformación de la materia prima, se obtiene una producción de 5 millones de toneladas de azúcar, para su proceso se requiere de mano de obra en el campo para la siembra, el cultivo y la cosecha y en el proceso industrial, los obreros, los empleados y todos aquellos que intervienen en el transporte, almacenamiento, comercialización y servicios financieros, entre otros, no menos importantes. Dependen de ella directamente, alrededor de 440 mil cañeros, obreros, jornaleros y transportistas, que en unión de sus dependientes económicos suman más de 2.5 millones de mexicanos. El valor del azúcar como producto terminado, es de 2,500 millones de dolares, lo que representa el 0.4% del PIB nacional y el 8.4% del sector alimentos, bebidas y tabaco. Situaciones de carácter comercial y financiero internacional y nacional, como elevados inventarios por importaciones efectivas de azúcar, ingreso al país de importantes volúmenes de alta fructuosa, reducido nivel de exportación a los Estados Unidos e América dentro del TLCAN, agroindustria en manos del sector privado con altos niveles de endeudamiento, desvío de recursos, falta de la inversión y falta de financiamiento para la operación de los ingenios en el campo y fábrica, llevaron al sector azucarero nacional a una crisis severa, económica y socialmente inaceptable. Por falta de respuestas a sus obligaciones, muchos ingenieros fueron tomados, lo mismo que oficinas del gobierno federal y las calles de la Ciudad de México por campesinos desesperados, ante la falta de pago a su producción. La inconformidad creciente de los productores de caña de azúcar, obligó al gobierno a intervenir urgentemente decretando la expropiación de 27 ingenios azucareros, propiedad de cuatro grupos industriales, el 3 de septiembre del 2001 con el argumento de que la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar son de interés público, pero sobre todo para asegurar con ello, entre otros, el pago de preliquidaciones y liquidaciones a los cañeros, el reordenamiento del mercado azucarero y garantizar la operación de los ingenios. Sin embargo, pese a que el gobierno ha venido pagando a los productores las preliquidaciones y liquidaciones, incrementó y revalorizó el mercado nacional del azúcar y el Poder Legislativo aprobó el cobro de IEPS, no ha podido cumplir plenamente con el objetivo central de su política nacional azucarera 2002-2006. Los amparos promovidos por los cuatro grupos de inversionistas dueños de los 27 ingenios expropiados han seguido su curso legal y se tienen ya dos definiciones: a) al grupo Kase se le ha negado el amparo y el gobierno seguirá administrando esos ingenios; el grupo GAM ha ganado el amparo y de sus seis ingenios otorga dos en pago de adeudos y recupera cuatro. c) los juicios de los otros dos grupos continúa y posiblemente sean, de igual forma, ganados por los propietarios. Esta situación jurídica ha creado una incertidumbre creciente entre los productores y obreros en el sentido de que no están seguros que sus preliquidaciones y liquidaciones y sus derechos laborales se realicen conforme al decreto cañero y al contrato ley, aun cuando el Poder Legislativo aprobó en el presupuesto de egresos de la federación 2004 un programa de apoyo a la cadena agroalimentaria de la caña de azúcar por 300 millones de pesos, y de igual forma para la seguridad social de cañeros asignó 250 millones de pesos. Por esas razones me permito elevar a esta honorable soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo: Primero. Que el gobierno de la República garantice el cumplimiento del decreto cañero y del contrato ley en la totalidad de los ingenios azucareros del país Segundo. Inicie el proceso de definición y concertación para mejorar la actual política azucarera nacional 2002-2006. Tercero. Utilice los programas y montos aprobados por el Congreso para los conceptos establecidos y para apoyar a los productores cañeros de todo el país, y Cuarto. Que los titulares de Agricultura, Economía y Hacienda presenten a esta soberanía un informe por escrito respecto al avance de la política azucarera nacional; asimismo, nos informen el resultado de negociaciones sobre la cuota de exportación de azúcar a Estados Unidos, nos den a conocer la situación legal que guardan los amparos interpuestos por los propietarios originales sobre los ingenios expropiados y finalmente expliquen las medidas que tomará el gobierno federal para cumplir el decreto cañero y el contrato ley en los ingenios expropiados, ahora recuperados por los propietarios originales y en el resto de los ingenios del país. Es cuanto, señor presidente.