La diputada Mónica Almeida López: Compañeros diputados, la declaratoria que hoy nos ocupa es de gran trascendencia, lo dijimos en la primera ocasión que la discutimos y lo repetimos posteriormente. En el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos convencidos de que esta es una reforma que no solo ayudará a recaudar más y mejor los impuestos, sino que contribuye a una distribución menos desigual de la carga contributiva y favorece la disminución de la brecha entre ricos y pobres. Para que constitucionalmente el Estado pueda cumplir con sus fines, es necesario que cuente con los recursos suficientes, los cuales provienen principalmente de la recaudación de la riqueza de los gobernados, con apego en la aplicación de la norma impositiva, de la administración de su patrimonio y de la erogación de los gastos necesarios para satisfacer las necesidades de la sociedad. A estos actos en conjunto se denominan actividad financiera, y es por ello que se debe actuar con probidad y evitar que se dilapiden los recursos nacionales. La prohibición general de otorgar condonaciones, establecida de manera constitucional, constituye una nueva etapa para regular las excepciones en las leyes secundarias, ya que ahora se rompe el principio de generalidad de los impuestos que forman parte de la justicia que exige el artículo 31, fracción IV de la Constitución. Es por ello que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también se ha pronunciado para regular los efectos esenciales, estableciendo con detalle los requisitos necesarios para su procedencia, mismos que a partir de este momento quedarán sin efecto alguno. Aunado a lo anterior, la autoridad hacendaria al otorgar la condonación de las deudas fiscales, esta presupone la desaparición real de la capacidad contributiva del gobernado. De ahí, la íntima relación que guarda con el principio de proporcionalidad tributaria, y por ende, también con dar un trato equitativo para evitar en la medida de lo posible su uso indiscriminado o injustificado entre sujetos obligamos como había sido hasta ahora. Si bien la facultad de condonar impuestos no se encontraba explícitamente concedida a través de las leyes de ingresos, se atribuye a las autoridades fiscales, por las mayorías parlamentarias, ahora el texto constitucional en su artículo 28, lo prohibirá de manera clara y contundente. Debemos ser claros, el Grupo Parlamentario del PRD concuerda con esta reforma no por constituir una bandera de propaganda política del presidente, sino porque estas condonaciones han representado una sangría extraordinaria para las finanzas públicas de nuestro país, y por ello su posición y su prohibición ha sido bandera histórica de nuestro partido. Debemos señalar que la condonación de impuestos es el perdón de una deuda fiscal, precisamente por no pagar impuestos, es decir, la Constitución de nuestro país nos obliga como ciudadanos a contribuir con las finanzas del Estado. Esas contribuciones deben ser equitativas, que paguen más los que más ganan, principio que era trasgredido cada vez que, a los amigos, los clientes o los grandes empresarios recibían un beneficio de esta naturaleza. Los servicios de educación, de salubridad, las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes y personas con discapacidad y todos los servicios proporcionados por el gobierno se financian con nuestras contribuciones. Algunos expresidentes instruían al Servicio de Administración Tributaria para perdonar esta obligación a grandes compañías, favoreciendo intereses políticos, clientelares o de amiguismo, que en una práctica de corrupción lesionaba el interés de todas y todos los mexicanos. Esto no se debe a los más de 400 mil millones de pesos que fueron condonados en los últimos 2 sexenios, o a los más de 260 mil millones de pesos, únicamente en el sexenio de Enrique Peña Nieto, según el SAT, sino que a estos miles de millones de pesos que no tenían un fundamento objetivo para ser condonados. Es decir, estas condonaciones eran absolutamente arbitrarias y discrecionales. Lo anterior quiere decir que en el sexenio anterior las empresas beneficiadas únicamente pagaron el 15 por ciento de lo que debían de pagar, de acuerdo a sus ganancias. Entre los casos más escandalosos, nos enteramos que Televisa logró evitar el pago de más de 3 mil 300 millones de pesos, y el del Grupo Mexicano de Desarrollo un monto de alrededor de 850 millones de pesos. Estamos convencidos de que medidas como esta coadyuvarán a la reactivación de nuestra maltrecha economía, que pasó de un prometido 4 por ciento anual de crecimiento, a un lamentable 0 por ciento, comprometiendo las finanzas personales de todas y todos los mexicanos. La condonación o cancelación de créditos fiscales es una práctica recurrente que se lleva a cabo en la sombra de la discrecionalidad y que mantienen afectando a quienes hoy deberían ser los beneficiarios. La discrecionalidad con la cual se otorgaban las condonaciones representaba un hálito de impunidad, generando desconfianza y corrupción. Y es por ello que promoveremos, además, que la Auditoría Superior de la Federación realice análisis respecto de este ejercicio durante lo que lleva el mandato de nuestro actual presidente del país. Esto, con el objeto de garantizar, que tal y como lo prometió, no se realice un uso discrecional de esta facultad, porque las cifras de estas condonaciones no han sido transparentes, ni hemos sido informados verazmente de las consecuencias de estos actos. Como lo expresamos anteriormente, y lo hemos sostenido innumerables veces, es necesario que este gobierno promueva medidas para garantizar las finanzas sanas, y evitemos que se utilicen fondos cuya finalidad ha sido diversa, como es el Fondo de Estabilización de los Ingresos presupuestarios, y que constituye una medida desesperada de frente a la caída estrepitosa de la recaudación fiscal. Es por ello que hemos propuesto en diversas ocasiones que las figuras que tienen que ver con los contribuyentes no se vean obligados a cumplir con sus obligaciones tributarias, sino que sean reguladas, con la finalidad de evitar este lamentable problema de la discreción. Entre otras cosas, hemos propuesto que en el procedimiento para su concesión intervengan diversas autoridades, entre ellas la Cámara de Diputados, debido a las facultades que en materia económica tiene esta honorable asamblea. Seguimos insistiendo en la necesidad de examinar que estas concesiones en materia tributaria puedan tener ciertas excepciones, entre ellas los desastres naturales que obligan a una acción urgente por parte del Ejecutivo para responder eficientemente y con prontitud a una circunstancia que pone en riesgo a la sociedad en su conjunto, siempre y cuando se cuente con el sustento técnico, jurídico, económico y social que permitan evaluar y garantizar la viabilidad y el beneficio para los mexicanos. Asimismo, estamos convencidos de que es indispensable la revisión del pacto fiscal para establecer una nueva relación entre las entidades federativas con sus municipios y la federación, de tal forma que tanto los municipios como los estados se encuentren fortalecidos en sus finanzas y cuenten con la capacidad institucional para responder a todas las obligaciones que la Constitución les otorga en beneficio de la ciudadanía. No obstante, es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD celebra esta declaratoria que contribuirá, sin lugar a dudas, a una mayor transparencia en el ejercicio público y para el desarrollo regional de nuestro país. Es cuanto, Muchas gracias.