El diputado Mario Delgado Carrillo: Gracias, presidenta. Déjeme decirle que, entiendo a los legisladores de la derecha que dicen dos años perdidos, y veo en su cara el desasosiego, la desesperanza. Seguramente se refieren a que llevan dos años perdidos sin moches, porque se acabaron los moches a los que estaban acostumbrados. Entiendo, entiendo además que traigan la pólvora en la piel, por los cañonazos que recibieron en la reforma energética. Decíamos que la pobreza que ustedes tanto impulsaron ha generado pobreza, atraso, violencia, marginación y muerte. La propuesta del presidente es erradicarla por completo, por eso empezamos por lo más elemental, por lo que sus mayorías nunca vieron: que la corrupción fuera un delito grave en la Constitución. Además, el viejo reclamo popular: que los corruptos devuelvan lo que se robaron, ahora es posible con las reformas a la extinción de dominio, para aplicar esa figura a los bienes obtenidos de manera ilícita. Con el nuevo Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se va a dedicar justamente a eso, a regresarle a la gente lo que le robaron de manera injusta. También modificamos la ley para perseguir a aquellos que le roban al pueblo, al evadir el pago de impuestos a través de la facturación falsa o las empresas fantasmas que permitía el robo a la nación en un negocio multimillonario. Los defraudadores fiscales son criminales que deberán pagar con cárcel por sus delitos. Agracemos a los grupos parlamentarios la aprobación, el acompañamiento para reformar la Ley de Adquisiciones, para erradicar la corrupción en una de sus versiones más crueles e inhumanas: la compra de medicamentos. La austeridad republicana no es un concepto administrativo o presupuestal, es un principio ético en la conducción del servicio público, porque no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Los recursos no son recursos del gobierno, son recursos de México. Por eso no pueden destinarse como ustedes lo hacían, a frivolidades, despilfarros o la corrupción. Hemos aprobado, también, la Ley de Remuneraciones para que nadie gane más que el presidente de la República y para que se recupere el principio juarista de que el servidor público debe vivir en la medianía del servicio. Terminamos con la burocracia dorada que ustedes propiciaron crecer. La ley que aprobamos permitirá que la austeridad republicana sea la característica principal de la administración pública a partir de este gobierno y va a ser muy útil para que en el futuro evitemos un Estado despilfarrador. Debemos alcanzar la honestidad como forma de vida y de gobierno, moralizar cada aspecto de la vida nacional para potenciar la gran riqueza material, social y cultural de México. El presidente con mayor legitimidad en los últimos años ha utilizado la gran autoridad que le ha dado el pueblo de México para transformar por completo la piedra angular del sistema político mexicano: la figura del presidente imperial, del presidente intocable, impune. La reforma constitucional para incluir la revocación de mandato obligará al primer mandatario a gobernar siempre del lado del pueblo, la eliminación de la facultad constitucional, en el artículo 28, que le permitía al presidente condonar discrecionalmente impuestos era el instrumento que permitió la nefasta simbiosis entre el poder político y el poder económico que alentó a niveles insospechados la corrupción. Se acabó, entonces, el presidente socio, el presidente compadre. El día de mañana aprobaremos la eliminación del fuero para que el presidente también pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano. En la cuarta transformación el presidente de la República está sometido a controles constitucionales que nunca antes había tenido; ahora es un funcionario público sin privilegios, responsable legalmente de los delitos que cometa y con la obligación de estar cercano al pueblo. Pero, sin duda, el mayor logro de esta legislatura es la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo al artículo cuarto constitucional, el salto más grande en materia de derechos sociales en nuestro país desde la aprobación de las instituciones de seguridad social el siglo pasado. Los programas del bienestar ahora son derechos sociales establecidos en la Constitución, como la pensión para adultos mayores, las becas para los niños y jóvenes, el apoyo para personas con discapacidad y, como nunca antes, este gobierno se decidió hacer exigible el derecho a la salud de todas y todos los mexicanos, con servicios gratuitos de calidad y con medicamentos incluidos.