El diputado José Antonio Almazán González: El suscrito, diputado José Antonio Almazán González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La creación de diversas figuras jurídicas en la contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica de 22 de diciembre de 1992, que amparan la generación por parte de particulares del fluido eléctrico, representa una aberración jurídica que violenta los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y que en el tiempo transcurrido desde su aprobación han venido ocasionando diversos y graves perjuicios al sistema eléctrico nacional. En razón de tiempo, no voy a mencionar lo que puntualmente aquí se enumeran a lo largo de 10 puntos, que hacen a estas consideraciones de perjuicios. Y quiero señalar que más allá de la retórica de corte ideológico, los hechos presentados en esta iniciativa significan una prueba contundente e irrefutable de que la intención de privatizar el servicio público de energía eléctrica es, además de absurda e irracional, un verdadero fraude. El crecimiento y fortalecimiento del sector eléctrico nacional desde el 1960 hasta 1992 hubiera sido inconcebible sin nacionalización y la intención gubernamental de cumplir con esa tarea. El fracaso de las políticas privatizadoras en otras latitudes es una experiencia que no podemos darnos el lujo de ignorar. En esos países los impactos de la privatización del sector eléctrico han sido sinónimo de grandes y prolongados apagones, deterioro de la infraestructura, accidentes, contaminación, altas tarifas, monopolización, fraudes y especulación financieros y la falta de operancia para establecer mercados eléctricos mayoristas. Cada vez un mayor número de investigadores sostiene que en general las experiencias de privatización del sector eléctrico en el mundo han resultado un fracaso y el hecho de que varios países: Argentina, Venezuela, Bolivia intentan recuperar el control de este recurso estratégico. Después de pagar un oneroso tributo a los dogmas neoliberales nos hace ver que el reto de modernizar y hacer más eficiente el funcionamiento del sector eléctrico nacional, no pasa por su privatización. El 24 de abril de 2002, el Senado de la República emitió un dictamen negándose a aprobar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal y por los Grupos Parlamentarios del Verde Ecologista de México y de Acción Nacional para reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía eléctrica. Dicho dictamen contiene sólidos alegatos que demuestran la inviabilidad de la privatización del sector eléctrico, tanto por los aspectos técnicos y económicos, así como por la nula utilidad o evidente fracaso de las privatizaciones realizadas en otros países. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 25 de abril de ese mismo año, ante una controversia constitucional promovida por el Congreso de la Unión en contra del presidente de la república, Vicente Fox Quesada, y de otras autoridades, declaró inconstitucionales las reformas presidenciales que, por la vía del decreto, permitirían la apertura del sector eléctrico a la iniciativa privada y ratificó que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer la energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, tal como establece el artículo 27 constitucional en su párrafo sexto. Ambas resoluciones asumen una dimensión histórica al ubicar al Senado de la República y al Poder Judicial del lado de la defensa de la soberanía nacional, y de la opinión de millones de mexicanos que estamos en contra de la privatización. En los últimos años en nuestro país se han realizado cientos de foros, debates, encuestas y movilizaciones, y en todos estos espacios ha sido abrumador el rechazo a la privatización de los energéticos. Esta Cámara de Diputados no puede poner oídos sordos a este reclamo y al creciente desastre energético nacional. Es necesario el restablecimiento de la legalidad constitucional en materia eléctrica derogando todas las reformas en las leyes secundarias que contravienen lo establecido en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, y al no ser necesario otorgar permisos de generación a particulares, eliminar las facultades que sobre esta materia posee la Comisión Reguladora de la Energía (CRE). La reforma que propongo a esta soberanía parte de la misma perspectiva histórica, de recuperar y fortalecer la soberanía nacional en materia energética, que en 1960 llevó al gobierno del presidente Adolfo López Mateos a adquirir la casi totalidad de los bienes de las dos grandes empresas eléctricas extranjeras que en ese momento operaban y que en octubre de ese año eleva a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en México. Las razones aducidas fueron semejantes a las de la nacionalización del petróleo, reconociendo el papel expoliador y ajeno al desarrollo económico independiente que la nación mexicana demandaba y al papel injerencista que las dos poderosas empresas eléctricas asumían en la vida interna de México. Al igual que en el caso de la nacionalización del petróleo, la razón para elevar a rango constitucional la nacionalización eléctrica fue con el propósito de cerrar el paso a cualquier tentación de que en el futuro regresaran las empresas privadas. En tal sentido propongo acotar las figuras de autoabastecimiento y cogeneración y eliminar las inconstitucionales figuras de productor independiente, de pequeña producción, de importador y de exportador de energía eléctrica, apegándonos, lo más posible, al texto original de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, del 22 de diciembre de 1975, y a la reforma de diciembre de 1983. Se trata de recuperar la legalidad constitucional y de evitar un posible rescate eléctrico, cuyo costo sería mucho más alto que los pasados rescates: bancario, carretero o azucarero. Así de sencillo, pero así de importante para el futuro de nuestra nación y el de nuestros hijos. Solicito, diputada Presidenta, la inclusión completa de esta iniciativa en Diario de Debates. Por su atención, muchas gracias.