La diputada Ana Yurixi Leyva Piñón: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La suscrita, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en uso de la facultad que confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos presento al Pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales con un numeral 18 para tipificar como delito grave el referido en el artículo 253 del Código Penal Federal, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La especulación y el acaparamiento injustificados son legal y moralmente condenables por ocultar y alterar el precio de un bien de consumo que en la alimentación y cultura de los mexicanos tiene un simbolismo que llega a la veneración. En los primeros días de enero del presente año, el precio de la tortilla se disparó de seis pesos hasta incluso 15 pesos por kilogramo. Este incremento ha lesionado la economía de los millones de mexicanos que viven con un salario mínimo y de los que no gozan de un ingreso permanente, toda vez que estas franjas de la población destinan poco más de la mitad de su ingreso mensual al consumo de alimentos. Sin embargo, el asunto no paró ahí. El aumento en el precio de maíz desató un efecto en cascada impactando el precio de otros alimentos como carnes, huevo, aceite, fécula y mieles, afectando severamente la economía de la mayor parte de la población mexicana, sobre todo en los estratos de clase media y baja. En los distintos ámbitos de la sociedad, ha sido casi unánime la condena a esta alza así como las causas que la originaron. El día 10 de enero, el gobernador del Banco de México atribuyó las alzas en los precios de la tortilla y el azúcar a los acaparadores y especuladores, exigiendo al gobierno federal su intervención para detener el incremento de los precios. En el mismo sentido se pronunció la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión en su sesiones del 10 y 17 de enero. En un reconocimiento explícito a la gravedad del alza, por sus impactos perniciosos, días después Felipe Calderón instruyó al secretario de Economía, a la secretaria de Desarrollo Social, al secretario de Agricultura y al titular de la Procuraduría Federal del Consumidor para poner en operación las medidas a su alcance para asegurar el abasto y contener los aumentos en los precios de los productos básicos. A pesar de ello la medida fue insuficiente, toda vez que no fueron tocados ni llamados a cuentas los especuladores y acaparadores; en buena medida porque en la legislación penal el acaparamiento que genera ondas especulativas, con el consecuente aumento de los precios de los artículos básicos de consumo, no está considerado como delito grave. El aumento en los precios del maíz es un problema de seguridad nacional por su importancia estratégica en la alimentación de los mexicanos y ante la situación de pobreza en la que se encuentra más de la mitad de la población total del país. Coincidimos en la necesidad de que las dependencias del Ejecutivo federal instrumenten las medidas administrativas que se estimen necesarias y que la Profeco sancione a quienes lleven a cabo prácticas desleales de comercio en detrimento de los consumidores, pero también es indispensable que se aplique la acción penal prevista en los artículos 253 y 254 del Código Penal Federal en contra de quienes resulten responsables de acaparar y especular con el maíz y otros alimentos básicos. No está por demás recordar que la madurez de un verdadero Estado democrático no se mide solamente por el ejercicio y respeto al sufragio universal. También se mide por su forma de impartir justicia, la que por cierto en nuestro país no goza de cabal salud por la discrecionalidad en su aplicación, pero los diputados en nuestro carácter de representantes populares tenemos la obligación legal de preservarla y vigilar su cumplimiento. Y como lo recomienda el filósofo-escritor Fernando Savater, "…desde el ejercicio de la función pública practiquemos una pedagogía de la ética… con información veraz y oportuna para que el ciudadano se convierta en un contralor permanente de los actos públicos que realizamos." De la mano de Savater agregamos que solamente de esta manera estaremos en posibilidades de guardar la observancia de la ley e incluso mejorarla, para que la norma no solamente parezca sino que también lo sea. Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita legisladora del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, someto a consideración de esta Asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, con un numeral 18, para tipificar como delito grave el referido en el artículo 253 del Código Penal Federal. Artículo único. Se reforma y adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, agregando un numeral 18 y recorriéndose los restantes en su numeración para quedar como sigue: Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: Fracción I. Del Código Penal Federal, los delitos siguientes: Del 1 al 17 quedan como están. Se agrega un nuevo numeral: 18. Contra el consumo y riqueza nacionales previstos en el artículo 253, fracción I. Y se recorren los restantes, según corresponda. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el 6 de marzo de 2007. Muchas gracias.