EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL QUINTANILLA RENTERIA: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La Universidad Autónoma de Nayarit a 33 años de su fundación, es la institución de educación superior más importante del estado. Atiende a 21 mil estudiantes en bachillerato, 25 programas de licenciatura y 30 de postgrado en tres campos. 15 dependencias de nivel medio superior y 12 de superior, ubicadas en 11 municipios de la entidad, con un personal académico de tiempo completo, del que 43% tiene estudios de postgrado y 47% participa en tutorías. En la búsqueda de responder con calidad a las demandas y retos de la sociedad contemporánea, ha iniciado un proceso de reforma integral en los aspectos académico, administrativo, relación con la sociedad y normativo, para lograr una institución de calidad, con un manejo racional y transparente de sus recursos, y que su personal cuente con alto grado de profesionalismo y compromiso. Este esfuerzo se ha visto obstaculizado por problemas estructurales, que arrastra desde hace décadas y ponen en riesgo su viabilidad. En lo financiero, la base de cálculo del subsidio federal y estatal, ha permanecido inamovible desde mediados de los 80s. mientras la institución ha crecido más de 55% en matrícula y 314 % en programas académicos, generando necesidades de personal, infraestructura y servicios en la misma proporción. Dentro del universo de las instituciones de educación superior, la Universidad de Nayarit, es de las que presentan uno de los menores gastos por alumno, la pobreza de su gasto corriente contrasta con los recursos para infraestructura y nuevos proyectos, que ha sido posible con el concurso del gobierno del estado e instancias del gobierno federal, cuyo apoyo alcanzó este año 50 millones de pesos que, como ha sido común, se han traducido en grandes obras y proyectos en marcha, pero también en problemas financieros para operar. La estructura de financiamiento data de 1986, cuando la Secretaría de Educación Pública estableció las plantillas de personal, que en los últimos diez años sólo ha atendido parcialmente las necesidades del sector académico, lo cual ha generado un déficit de 782 plazas. Hoy, la plantilla académica y administrativa, rebasa en un 30% a la que reconoce y autoriza la Secretaría de Educación Pública. Los incrementos de personal por nuevos programas, se han financiado afectando gasto de operación y salarios, el nivel medio superior y el cumplimiento de obligaciones fiscales, que desde el año 2000 se han traducido en un déficit operativo permanente. En la nómina, los jubilados, constituyen el 10% y las prestaciones rebasan la capacidad financiera de la institución, generando un enorme monto de pasivos contingentes. El pasivo contingente por jubilaciones representa una erogación anual de 27 millones de pesos, con un crecimiento explosivo para los próximos años, que lo elevará a más de 100 millones alrededor del 35% del costo de la nómina. Con el fin de corregir y prevenir esta situación, la Universidad de Nayarit, mantiene un compromiso por una mayor eficiencia en la obtención de ingresos propios, racionalización del gasto y la búsqueda de mayores apoyos estatales. En congruencia con este propósito, ha abierto sus cuentas a la sociedad a través de informes regulares al gobierno estatal, al Congreso local, al Congreso de la Unión, al Organo Superior de Fiscalización de Nayarit y a Auditorías externas y federales, además de los informes y fiscalizaciones a que obligan el Consejo Universitario, la Contraloría Interna, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda. En materia de ingresos propios incrementó la captación en 383%; en materia de rezagos de obligaciones fiscales redujo el pasivo con el Seguro Social a 9 millones de pesos y con el INFONAVIT reestructuró la deuda para quedar en 30 millones pagaderos a 4 años; se han recibido aportaciones extraordinarias del gobierno estatal que han elevado su contribución del 6 al 13%; no obstante, la Universidad de Nayarit sigue ubicada en el penúltimo lugar de la tabla nacional de participación estatal en el sostenimiento de las instituciones de educación superior y a pesar del porcentaje de recursos federales, es una de las que menos recibe tanto en términos absolutos, como en relación con programas académicos y por alumno. Conforme a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Educación Pública, para obtener recursos extraordinarios que permitan garantizar el derecho a la jubilación y la seguridad social del personal sin poner en riesgo la capacidad de cobertura y la calidad de los servicios, se puso en marcha un programa de reformas a las condiciones contractuales que representan una disminución del pasivo contingente del orden de 3 mil 414 millones.