El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muchas gracias, compañero Presidente. Queremos plantearles, compañeras diputadas y compañeros diputados, la posibilidad de que la definición del régimen laboral al cual se acogerán las relaciones laborales de los trabajadores del INEGI, no se definan en el texto de un artículo tercero transitorio de una modificación constitucional, en primera instancia, porque consideramos que este dictamen atenta contra los derechos de los trabajadores y se ubica en abierta contradicción con la jurisprudencia aprobada por unanimidad por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarando inconstitucional el artículo primero de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado por hacer extensivas las reglas del señalado Apartado B a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados conforme al razonamiento de nuestro máximo tribunal de justicia. Dicho apartado de excepción sólo es aplicable en el caso del Poder Ejecutivo, a las Secretarías de Estado y a los departamentos administrativos. Textualmente dice este apartado B que " estas relaciones laborales se establecerán entre los poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores". Tenemos el caso de organismos autónomos como las universidades, que han establecido sus relaciones laborales en base al apartado A de nuestro artículo 123 constitucional. Plantear en estos momentos, en este nivel del debate que en el texto de un artículo tercero transitorio establezcamos ya la pertenencia al apartado B, es atentar contra la libertad de afiliación sindical a la cual tienen derecho los trabajadores, y que por otro lado por supuesto que se tendrá que definir su régimen en la ley reglamentaria de estos artículos constitucionales que hoy estamos modificando. No estamos planteando entonces que el día de hoy definamos si los trabajadores del INEGI deben estar en el apartado A o en el apartado B, lo que estamos planteando como fracción parlamentaria del PRD es que estas relaciones laborales se definan en el texto de ley, no en un artículo tercero transitorio de un texto constitucional que por otro lado puede ser interpretado en demandas de otros trabajadores, en contra del interés de los trabajadores. De tal manera que estamos proponiendo suprimir la referencia explícita al apartado B en el artículo tercero transitorio, para que éste asunto en todo caso- se defina en la discusión de la ley correspondiente y diga entonces: "A la entrada en vigor de la ley a que se refiere el apartado B del artículo 26 de esta Constitución, los recursos financieros y materiales así como los trabajadores adscritos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transferirán al organismo autónomo creado en los términos del presente decreto". Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismos, de ninguna manera resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. Creemos que es de eminente responsabilidad de este Congreso el cuidar por preservar la interpretación de ley del apartado A del artículo 123 constitucional. Que hay, y sabemos y lo hemos visto, una actitud injerencista y represiva hay que decirlo así- de la presidencia del INEGI contra la dirigencia del Sindicato Democrático, al grado tal que ha despedido a todo su comité nacional, negándose a acatar resoluciones del tribunal laboral burocrático. Queremos también subrayar que cuando obligamos a estos organismos a irse al apartado B, abonamos por una cultura laboral que atenta contra el derecho de huelga de los trabajadores y se nos dice ¿por qué promover el derecho de huelga en estos organismos? No, contra lo que estamos es contra la cultura del paro ilegal que existe en el apartado B del artículo 123 constitucional. Todos hemos vivido, en nuestra calidad de funcionarios públicos, una cultura del paro en el apartado B, por no existir la cultura del emplazamiento a huelga que nos obliga la legalidad, nos obliga la previsión que obliga la huelga y al diálogo entre patrón y trabajadores. Este es entonces el argumento básico por el cual el grupo parlamentario del PRD plantea. No definamos en este momento y en este nivel de ley el apartado al cual se acogerán los trabajadores sino definámoslo en la ley reglamentaria y ahí debatamos cuál es en ése nivel la mejor perspectiva para los trabajadores de un organismo autónomo, pero tampoco atentemos contra el derecho ya consolidado de los trabajadores universitarios. Muchas gracias.