La presidenta María del Rosario Piedra Ibarra (vía telemática): Buenos días a todas y todos. Ciudadano diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión; ciudadana senadora Olga Sánchez Cordero Dávila; ciudadano senador José Alfredo Botello Montes y ciudadano diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante, vicepresidentes de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión. Ciudadanas y ciudadanos secretarios. Ciudadanas y ciudadanos diputados y senadores de todos los partidos. Acudo ante las y los representantes del pueblo a efecto de dar cumplimiento al artículo 102, Apartado B de la Constitución, así como a los artículos 15 y 52 de la Ley de Comisión Nacional de los Derechos Humanos y rendir cuentas de mi gestión durante el año 2021, cuyo texto íntegro ha sido integrado a la secretaría técnica de la Mesa Directiva en su versión escrita y electrónica, pero además se encuentra ya disponible en nuestra página institucional. 2021 fue un año más en el camino que nos propusimos recorrer para transformar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ponerla al servicio del pueblo, lo hicimos fortaleciendo los mecanismos de atención que ponen a las víctimas y posibles víctimas al centro de nuestra actuación, priorizando las acciones de protección y defensa de sus derechos humanos, reorientando un costoso aparato a la construcción de una auténtica defensoría del pueblo, más eficaz y menos costosa, como parte de los cambios para incidir de forma profunda en el acompañamiento de quienes han visto vulnerados sus derechos humanos por acciones u omisiones del Estado. Mantuvimos un cuidado escrupuloso en los fondos públicos de que disponemos. Avanzamos en la reordenación estructural y operativa y seguimos eliminando las prácticas de simulación y omisión que empañaron el desempeño de este organismo constitucional autónomo. A pesar de la contingencia sanitaria provocada por los virus relacionados con el Covid y gracias al compromiso y entrega del personal que la integra, esta Comisión Nacional no ha cesado ni un solo día de brindar a las víctimas y a quienes están en riesgo de serlo, la atención y orientación para un acompañamiento oportuno, cercano, humano y de calidad. Se ha logrado atraer e incidir en los casos de víctimas en más regiones del país, gracias al trabajo comprometido de las oficinas foráneas y se atienden todas las quejas, a todas las víctimas, procurando en todos los casos tener una respuesta. Es de mencionar que las puertas de esta institución han permanecido abiertas sin poner en riesgo la salud del personal, primero mediante un plan escalonado de asistencia y guardias presenciales y luego regresando de manera responsable al trabajo presencial, privilegiando en medida de lo posible el trabajo a distancia con el manejo de herramientas tecnológicas. En este contexto, me es muy satisfactorio decir que, si bien todavía nos falta mucho, hoy la CNDH sirve mejor que antes a las y los mexicanos. Las reformas que impulsamos nos están permitiendo reducir los tiempos de atención de quejas y conclusión de expedientes y además de hacer más recomendaciones, ir desahogando as que quedaron pendientes de cumplimiento. Tan solo al inicio de mi gestión recibimos 508 recomendaciones sin cumplimiento. Una, las más antigua, fue emitida en 2021, la de la guerra sucia; 6 en 2009 y 35 en 2013; 75 en 2017; 86 en 2018 y 94 en 2019. Están pendientes los hechos de San Fernando, de Nochistlán, de Tlatlaya y del caso Iguala y se han estado concluyendo expedientes de quejas que tenían al menos 5 años sin atención alguna. Además de eso, en 2021 emitimos un total de 155 instrumentos recomendatorios, 53 más que el año pasado y el más alto número histórico de recomendaciones emitidas por la CNDH desde que es organismo constitucional autónomo; 146 recomendaciones particulares; 7 recomendaciones por violaciones graves; y 2 recomendaciones generales. Como resultado de la emisión de estas recomendaciones se atendió a 22 mil 994 personas en situación de víctimas. De las cuales logramos tener un impacto en 60 de ellas a partir de las recomendaciones por violaciones graves. Y todas, absolutamente todas han sido integradas y emitidas teniendo presente el interés superior de las víctimas. Hoy no se emiten recomendaciones a modo o acordadas con la autoridad. Con ellas, con todas se procura el diálogo, la comunicación. Pero que quede claro, en esta nueva etapa la CNDH no tiene más compromiso que con el pueblo de México y con los derechos humanos. A la fecha se da seguimiento a 735 recomendaciones en trámite, de las cuales, derivado de las gestiones de esta administración, se logró que 50 recomendaciones alcanzaran un estatus con pruebas de cumplimiento parcial. En 2021 las autoridades recomendadas aportaron las evidencias necesarias para concluir un total de 43 expedientes de seguimiento, de los cuales 24 recomendaciones concluyeron totalmente y 19 concluyeron de manera parcial. Y lo más importante, que tanto las recomendaciones como su seguimiento han sido objetivos, imparciales y transparentes, para lograr que las autoridades cumplan con los puntos recomendatorios. Asimismo, como parte de las acciones de protección, en 2021 la comisión nacional presentó 115 demandas de acciones de inconstitucionalidad, número muy superior al que se emitían hasta hace 2 años. Basta mencionar que en el tiempo que lleva esta administración se han emitido casi el mismo número de acciones que en todos los 30 años de su historia. Y entre las emitidas en el periodo que se informa ha sido visible la relativa al decreto por el cual se modificaron diversos ordenamientos en materia de prisión preventiva oficiosa, al estimarse que pueden ser contrarios a nuestra Constitución y a los estándares internacionales en la materia. Bajo ese mismo criterio se impugnaron también diversas disposiciones de la Ley de la Fiscalía de la República federal y otros muchos ordenamientos, tanto locales. Con relación al trabajo de investigación sobre violaciones graves realizado, podemos mencionar las deficiencias que prevalecían en la resolución de las quejas de este tipo. Como referente tenemos el caso Iguala, la desaparición irresuelta de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgo, y el caso de Ernestina Ascencio Rosario, por hechos ocurridos en febrero de 2007, que la CNDH no abordó en su momento, por lo que este año se emitió la recomendación 45VG/2021, cuya aceptación, por cierto, estamos esperando con el objeto de garantizar el acceso a la justicia y a la verdad de ella y de sus familiares, y reparar así una omisión de las autoridades y de este organismo constitucional autónomo. Aunado a lo anterior, esta recomendación 48VG/21, derivada de la investigación realizada por la CNDH, con motivo de la queja interpuesta en febrero de 2021 por Mario Aburto Martínez y sus familiares, frente a lo cual consideraron procedentes los agravios cometidos por la Fiscalía General de la República y el órgano desconcentrado autónomo Previsión y Readaptación Social, manifestados por la víctima, de los que, por cierto, tenía conocimiento esta comisión desde abril de 1994. Incluso se tenía queja desde el año 1996, ya que se acreditó tortura y violaciones debido al proceso, sin haber obtenido atención adecuada a sus solicitudes por parte de la CNDH. Esta recomendación ha sido aceptada por las autoridades y estamos trabajando con ellas para su cabal cumplimiento. Además de la resolución de estas quejas, muy antiguas, por violaciones graves a derechos humanos y de otras que databan de 2017, cuyas víctimas seguían en espera de resolución, se ha procurado actuar con más diligencia respecto a las violaciones graves cometidas en la presente administración. Como la recomendación 44VG/2021, dirigida a la Fiscalía General de la República, a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, al gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, así como a la Fiscalía General de Justicia del estado de Tamaulipas por hechos acaecidos en febrero de 2019, denunciados por personas migrantes que fueron secuestradas o la recomendación 49VG/202, dirigida al órgano desconcentrado autónomo Prevención y Readaptación Social, con motivo de una denuncia interpuesta en octubre de 2020 por una persona recluida en el Cefereso 13 víctima de tortura. Para asumir públicamente nuestra posición ante la problemática de los derechos humanos en el país, la CNDH emitió durante 2021, 17 pronunciamientos. En el marco de la ley, la voz de esta Comisión siempre se ha dejado escuchar en defensa de las víctimas, lo mismo en lo que se refiere a las personas migrantes en tránsito por nuestro país, que en el caso de violaciones graves a derechos humanos que tuvieron lugar en el municipio de Amatán, para instar a las autoridades de Chiapas a aceptar la recomendación 39VG/2020. Quiero referirme particularmente a un pronunciamiento público en ocasión de la visita a nuestro país del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas en el mes de noviembre, el cual dio motivo a una reclamación de la Secretaría de Gobernación que nos permitió reiterar nuestro compromiso único con las víctimas y también nuestra plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades para lograr mejores resultados en las acciones de defensa de los derechos humanos en el país, lo que estamos haciendo hoy. Es pertinente señalar que el cumplir con su misión constitucional no significa que la CNDH sea enemiga de nadie, sino que estamos obligados a defender a toda aquella o aquel que interpone una queja y lo seguiremos haciendo porque para eso estamos aquí. Nosotros creemos en la validez del debate entre instituciones y aún en lo natural que es la existencia de diferencias, pero aquel será constructivo y estas serán mínimas, y autoridades y defensores de derechos humanos nos normamos por el mismo principio de servir al pueblo. Bajo esa premisa, todas las autoridades del país contarán siempre con nuestra disposición y buena fe para avanzar en soluciones. Como dije en la ocasión de la cuadragésima séptima sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública el 16 de diciembre pasado, si queremos, como estoy segura que queremos, construir un mejor país, esa es la mejor asociación para lograrlo, una Comisión Nacional de los Derechos Humanos autónoma, en plenitud de su ejercicio como garantía de la contención de los excesos del poder y una autoridad abierta al escrutinio y al juicio de quienes tenemos el deber de cuidar sus actos. Las autoridades de este país, todas, federales, estatales y municipales, pueden estar seguras de que tienen y tendrán en la CNDH una aliada siempre que se trate de garantizar el respeto y la vigencia para la plena vigencia de los derechos humanos en México, pero también que no dudaremos en recomendar y señalar todas aquellas desviaciones que cometan en su ejercicio, por el bien de todas las personas. Es de destacar que si bien en materia de protección y defensa las recomendaciones son el instrumento de nuestra Constitución Política, que nuestra Constitución Política otorga a esta Comisión Nacional, no son el único medio de solución de las quejas, por lo que precisamente gracias a la voluntad de diversas autoridades este año hemos logrado fortalecer también las vías más expeditas, como las conciliaciones y la solución a las quejas durante el trámite. En 2000 se solucionó durante su tramitación o conciliación, mil ocho expedientes equivalentes al 22.5 por ciento de las quejas. En 2019 el porcentaje de estas formas de resolución fue de 37 por ciento, o sea 4 mil 450 expedientes. En 2021 se resolvieron por esas vías el 46.6 por ciento de los expedientes, 5 mil 311, es decir que hoy somos más eficaces en la atención expedita de las quejas. Esto demuestra que estamos ejerciendo nuestras facultades a plenitud y en interés superior de las víctimas que acuden a la CNDH. Además de eso, en 2021 emitimos 409 medidas cautelares, se presentaron 238 denuncias, 60 de ellas penales y 178 administrativas y publicamos 10 informes especiales que son algunos otros de los instrumentos que nos permiten incidir en la mejor protección de los derechos humanos y los estamos desplegando. Destaco entre los informes especiales el Informe especial derechos de niñas, niños y adolescentes en México, diagnóstico y propuestas para su protección y garantía. Y, el Informe especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020, que encontró que en los últimos 10 años más de 70 mil personas migrantes han sido víctimas del tráfico y secuestro en México. Que las entidades con más casos son Chiapas, Nuevo León, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, y que las personas más afectadas son nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Cuba. Además, levantamos la Primera encuesta nacional en 48 estaciones migratorias sobre las condiciones de viaje en México 2021 de las personas de movilidad y también publicamos el informe especial de la CNDH sobre los Protocolos de Protección a Migrantes, MPP. Programa Quédate en México 2019-2021, análisis de su impacto de los derechos humanos de las personas en movilidad en México. En el mes de noviembre presentamos el diagnóstico sobre la situación de la trata de personas en México 2021, procuración e impartición de justicia con la finalidad de actualizar información del diagnóstico anterior emitido por este organismo nacional en 2019. Quiero ahora referirme al caso Ayotzinapa, el cual no hemos dejado de atender de la mano de los familiares de los 43 normalistas mediante acciones positivas. Entre otras, este año se participó en la jornada de búsqueda de información, convocada por los padres de los estudiantes desaparecidos, llevada a cabo del 19 al 23 de mayo de 2021 en los municipios de Huitzuco, Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Eduardo Neri, en el estado de Guerrero se llevaron a cabo al menos dos reuniones de trabajo con integrantes de la Comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa y la subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, con el propósito de coadyuvar en la coordinación interinstitucional. Y es de destacar que con motivo de la queja de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos, atendiendo a los informes y recomendaciones del Grupo Interdisciplinario, de expertos independientes al análisis del expediente CNDH/1/20146432/Q/UVG, y de la recomendación 15UVG/2018, entre otros elementos, se emitió el trámite de un nuevo expediente de presunta violación a derechos humanos del caso, lo que ha dado paso a un nuevo proceso de indagatoria, tomando en consideración las líneas de investigación propuestas e impulsadas por las víctimas y sus representantes y el GIEI, todo esto lo hemos hecho sin descuidar las acciones preventivas ni las de observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos, que de igual modo forman parte de las atribuciones de la CNDH y que no hemos dejado de cumplir, aunque con una orientación más social. Consideramos que uno de los mayores retos que enfrenta esta Comisión Nacional es la creación de una cultura de los derechos humanos, de la cual actualmente se carece. Es que se conoce poco lo que implican los derechos humanos y, por ende, su defensa y ante quienes exigirla. De acuerdo con la encuesta de Opinión Pública, en vivienda de este año, si bien el 50.7 por ciento de la población expresó identificar a la CNDH, 73 por ciento presentaron desconocimiento de cómo presentar una queja, y 86 por ciento expresaron desconocimiento de las recomendaciones emitidas por la CNDH. Por eso hemos iniciado una profunda reforma del área de difusión, por medio de la cual esperamos incidir en la sociedad en general y en las personas en particular, de manera que se asuman como sujetos de derechos y vivan los derechos humanos como una normalidad, no como excepción. En ese mismo sentido, la transformación que estamos instrumentando ha significado cambios estructurales y operativos que por primera vez se están atendiendo observaciones y recomendaciones de varios años atrás, tanto de la Auditoría Superior de la Federación como de la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANHRI, en aras de cumplir cabalmente con nuestra misión constitucional y contar con un sistema más ágil de atención a víctimas de violaciones de derechos humanos, además de tener un mejor aprovechamiento de los recursos institucionales. Se tenían manuales que databan de 2006 y procedimientos obsoletos que, entre otras cosas, alentaban las duplicidades operativas y mantenían a visitadores adjuntos haciendo tareas administrativas con el consecuente resultado de que descuidaban sus funciones sustantivas y, por ende, de alargaba el tiempo de respuesta a las víctimas. Eso motivó la revisión de las estructuras orgánicas de los órganos y unidades administrativas que conforman esta Comisión Nacional y es la razón fundamental por la que se impulsaron reformas al Reglamento Interno de la CNDH que, en muchos sentidos, contradecía a la propia Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre los principales cambios, el que consideramos de mayor alcance ha sido el fortalecimiento de la Dirección General de Quejas y Orientación y de las áreas de procedimientos al interior de las Visitadurías Generales, generando estructuras más acordes a cada función. Un tramo de coordinación interna que ayude a eliminar el rezago, que coadyuve al mejor cumplimiento de las tareas sustantivas en cada área y la eliminación de otras funciones ajenas a las que fundamentalmente y por ley, debían cumplir, tanto las Visitadurías como el área de Quejas. También se reforzaron las tareas de planeación, control y evaluación interna y se creó la Coordinación General de Especialidades Científicas y Técnicas, con el objeto de organizar, planear, analizar y evaluar de manera integrada y profesional los servicios de peritaje, dictaminación, requeridos por los órganos sustantivos. Además, mediante la creación de la Coordinación General de Administración y Finanzas hay mayor control del presupuesto y, sobre todo, se limitan las posibilidades de corrupción, particularmente en lo referente a adquisiciones y contrataciones. Resultado de esto hoy, a diferencia de lo que pasaba antes, se privilegia la licitación pública y solo el 8 por ciento del total de adjudicaciones fueron directas e se invitaron a cuando menos tres personas. La transformación de la CNDH, en un sentido más amplio, ha implicado dos cuestiones centrales, la reducción de un aparato administrativo desproporcionado de intrincados y abrumadores procedimientos internos y de mandos excesivos, perfiles deficientes y redes familiares de nepotismo y lo de fondo, la conversión de su vocación inicial no pocas veces meramente testimonial en una verdadera defensoría del pueblo, algo que no es caprichoso sino que responde a una realidad por años reclamada no solo por organismos públicos y privados en defensa de los derechos humanos, sino por las propias víctimas. Gracias a esta transformación es que hoy se destinan más recursos, acciones de protección y defensa que, al inicio de esta gestión, para este año representa el 66 por ciento, mientras que en 2018 fue del 51 por ciento. Se redujo en 14 por ciento el porcentaje por observancia y acciones de promoción, estudio y divulgación, lo que no ha impactado los resultados. Por otro lado, la reducción del gasto de operación para este año será del 21.4 por ciento, impactando gastos en papelería, viáticos, pasajes, servicios oficiales y servicios de arrendamiento y comunicación social y no hay aumentos en los salarios de los altos mandos, incluido el mío. Si bien no dejamos de reconocer que los retos son mayúsculos, creemos que estamos avanzando en sentido positivo y que esto es percibido por el pueblo. Quiero compartirles algunos de los resultados de la encuesta de opinión pública en vivienda de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que cada año se vienen llevando a cabo con el objeto de medir la opinión y percepción de la población sobre la CNDH y sus programas y que nos dan una idea de lo que hoy es esta comisión. De acuerdo con la encuesta sabemos que el 53.3 por ciento confía mucho o algo en la CDND y 10.1 por ciento no confía nada. El 65.4 por ciento tiene mucho o algo de confianza en la CNDH, mientras que el 10.4 por ciento le tiene mucha desconfianza. El 54.5 por ciento considera su trabajo más efectivo o efectivo, el 9.1 por ciento cree que nada efectivo. Sin embargo, hasta el 65 por ciento de los encuestados señalan que las autoridades de todos los niveles casi nunca o nunca acatan las recomendaciones de la CNDH. Un dato alentador es que el nivel de conocimiento sobre cómo presentar una queja y dónde acudir ha crecido de 2018 a la fecha, pasando de 19.5 por ciento a 27.4 por ciento e, de igual forma, de solicitar información, apoyo de la CNDH que en 2018 era de 21.3 por ciento y en 2021 fue de 27.5 por ciento. Además, la CNDH es percibida hoy por la ciudadanía, como una institución que protege mejor la cultura de la legalidad. En 2018 el porcentaje de encuestados que eso pensaba fue de 59.2 por ciento, hoy es de 73.5 por ciento y lo mismo con respecto a su contribución al respeto a las leyes. En 2018 era de 58.5 por ciento, hoy es de 70.7 por ciento. También se percibe que realizan mejor sus actividades para apoyar a los grupos en situación de vulnerabilidad. En 2018 el porcentaje fue de 59.8 por ciento, hoy es de 69.8 por ciento. Y un dato fundamental, hoy se percibe una CNDH más autónoma que en el pasado. En 2018 el porcentaje de encuestados que ahí la percibían era de 53.8 por ciento, hoy es de 67.2 por ciento. Y algo, por demás relevante, que se considera que la CNDH hoy protege y defiende mejor los derechos humanos contra los abusos del poder. En 2018 el porcentaje era de 65 por ciento, hoy es de 68.6 por ciento, también se percibe que atiende más a las víctimas. En 2018 el porcentaje era de 65 por ciento, hoy es de 68.6 por ciento, también se percibe que atiende más a las víctimas. En 2018 el porcentaje era de 63.4 por ciento, hoy de 68.2 por ciento y los encuestados creen igualmente que la CNDH defiende más a los indígenas y migrantes. En 2018 el porcentaje era de 62.4 por ciento, hoy es de 70.6 por ciento. En todo caso, el dato que nos ocupa es que nuestra calificación promedio hoy es de 3.4 de un máximo de 5. Del porcentaje que declara conocer a la CNDH han mejorado la opinión positiva, en 2018 era de 33.4 por ciento, en 2021 es de 55.1 por ciento. La percepción de que hoy se respetan más los derechos humanos en el país también ha crecido pasando de 14.5 por ciento, en 2018 al 17.5 por ciento en 2021. Y respecto a si ha cambiado o no cambiado la defensa de los derechos humanos, en 2018 el porcentaje de los que creían que había cambiado fue de 27.5 por ciento y en 2021 es de 45.6 por ciento. Es decir que nuestra transformación está siendo percibida por la ciudadanía. Esto demuestra que el esfuerzo no ha sido estéril. Que a pesar de la brutal campaña mediática que enfrentamos desde hace dos años, al pueblo no se le engaña. Todas nuestras acciones han sido orientadas en beneficio de las víctimas y se pondrán siempre con transparencia, porque buscamos resultados reales y contundentes que trasciendan al discurso. El reto, insisto, es enorme, como la demanda de atención. Para darnos una idea de su magnitud, simplemente decir que en 1990 el número de quejas que recibía esta comisión era de mil 343 y se atendió a 548 personas. En el año 200 el número de quejas se incrementó de 4 mil 473 a 50 mil 692, no contándose con registro del número de personas atendidas ese año. Solo en sus primeros 10 años de existencia la comisión nacional registró 75 mil 972 expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos. Este año el número de expedientes de quejas fue de 11 mil 521 y el número de víctimas 134 mil 516, y aun con esos números hoy se tienen mejores resultados. También en las acciones de promoción y divulgación tenemos mejores resultados. En 2021 la comisión nacional realizó en todo el país 3 mil 904 actividades de promoción, capacitación y formación, con lo cual se benefició a 1 millón 201 mil 810 personal. De este total, 2 mil 392 actividades se realizaron a distancia...