El diputado Rafael García Tinajero: Los suscritos, diputados federales integrantes de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión Miguel Alonso Raya, Clara Marina Brugada Molina, Marcela Lagarde y de los Ríos, Angélica Díaz del Campo, Emilio Serrano Jiménez, Francisco Javier Carrillo Soberón, Rocío Sánchez Pérez, Agustín Rodríguez Fuentes, Marcela González Salas y Petricioli y Rafael García Tinajero, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someten a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Exposición de Motivos La seguridad social es el mecanismo que la sociedad ha dispuesto para proporcionar a sus integrantes apoyos para subsistir en caso de darse una eventualidad que les impida obtener un ingreso propio. En nuestro país, ese derecho está consagrado en las fracciones XXIX del apartado A y XI del apartado B del artículo 123 constitucional. Mediante los Institutos Mexicano del Seguro Social, y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Estado organiza y aplica los preceptos contenidos en la Constitución y en las leyes para cumplir esa garantía. Además, estas disposiciones de carácter general coexisten con estos dos grandes modelos de atención, otros sistemas pensionarios que contemplan el reconocimiento de derechos y el otorgamiento de beneficios para diversos grupos de trabajadores. Estos regímenes propios o especiales se rigen por la contratación colectiva y la negociación bilateral de las condiciones de trabajo que, de forma característica, se encuentran signadas en condiciones generales de trabajo. No obstante estas disposiciones de carácter general, existen disposiciones de ley que permiten crear auténticas ínsulas de privilegio. Mientras millones de pensionados viven su retiro con ingresos mínimos, el Banco de México dispensa pensiones de privilegio a ex directivos, aunque éstos reciban ya un pago por su retiro, como es el caso de dos ex presidentes de la República Miguel de la Madrid y Ernesto Zedillo, y funcionarios actuales como el secretario de Hacienda y Crédito Público e incluso el actual gobernador del Banco de México, Guillermo Ortiz Martínez. A pesar de que millones de pensionados carecen de mínimos indispensables para subsistir y que sólo 18 por ciento de las personas adultas mayores cuenta con acceso a una pensión, prevalecen sistemas pensionarios de auténtico privilegio que no cumplen el propósito de ser un apoyo cuando no se está en posibilidades de seguir llevando una vida laboral activa. Además, esas pensiones se otorgan por acuerdo del órgano de gobierno del Banco de México, que legalmente tiene facultades para fijar las prestaciones y las condiciones de trabajo de los servidores públicos de mando de esa institución, con lo que se evaden requisitos fundamentales, como el tiempo de servicio para el otorgamiento de la pensión. Finalmente, el monto de las pensiones supera con mucho los límites establecidos en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y además, como en el caso de los ex presidentes de la República, la pensión que reciben, como ex funcionarios del Banco de México, se agrega a la que reciben por haber ocupado el puesto de titular del Poder Ejecutivo y que es equivalente al sueldo de un secretario de Estado, más prestaciones en especie y en dinero. En el contexto de la reforma de los sistemas de pensiones que se ha planteado en diferentes espacios, debe considerarse la modificación de estos regímenes especiales, que otorgan beneficios desproporcionados. El propósito de esta iniciativa es hacer que las pensiones de los altos funcionarios de la Administración Pública Federal sean congruentes con sus aportaciones, compatibles con una situación de cesantía por edad avanzada o incapacidad y que tengan un tope de acuerdo con las leyes de seguridad social vigentes. Para hacer efectivo ese propósito, se propone reformar la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para evitar la facultad discrecional de los órganos de gobierno de las mismas para fijar las condiciones de trabajo, salarios y prestaciones de los trabajadores de confianza del mando al servicio de dichas entidades. En la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se establece como incompatible recibir una pensión por uno de los regímenes especiales ya descritos y una pensión a cargo de cualquiera de estas dos instituciones. La posibilidad de construir un sistema de pensiones equitativo y financieramente sustentable pasa no sólo por revisar los sistemas de reparto que prevalecen: además, debe evaluarse la aplicación del actual sistema de capitalización individual y de sistemas de auténtico privilegio, como los de la banca de desarrollo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Artículo 1o. Se reforma la fracción XI del artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, para quedar como sigue: Artículo 58. Los órganos de gobierno de las entidades paraestatales tendrán las siguientes atribuciones indelegables: ... nombrar y remover, a propuesta del director general, a los servidores públicos de la entidad paraestatal que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la de aquél, así como a los demás que señalen los estatutos; concederles licencias y aprobar la fijación de sus sueldos y prestaciones, con excepción de la jubilación. Artículo 2o. Se reforma el penúltimo párrafo del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para quedar como sigue: Artículo 51. Las pensiones a que se refiere este capítulo son compatibles con el disfrute de otras pensiones o con el desempeño de trabajos remunerados, de acuerdo con lo siguiente: III. ... fuera de los supuestos legales enunciados, no se puede ser beneficiario de una pensión, incluyendo los regímenes establecidos en las entidades paraestatales. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 10 de marzo de 2005. Muchas gracias, compañeros.