La diputada Erika Laguerri Nagel: Muchas gracias. Con permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. El 6 de diciembre de 1977 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación la única reforma al artículo 6º constitucional mediante la cual se estableció que el derecho a la información será garantizada por el Estado. Derivada de un juicio de amparo interpuesto en 1983 por el doctor Ignacio Burgoa Orihuela, en el cual se dolía de que la Secretaría de Hacienda y Crédito no le proporcionó la información relacionada con los empréstitos que aumentan en la cantidad de 37 mil 600 millones de dólares, la deuda externa de México durante el gobierno que presidió López Portillo. En 1992, la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretó que el derecho a la información estaba restringido a ser considerado como una garantía de partidos políticos, para que éstos expusieran a la sociedad sus idearios, programas y plataformas a través de los medios masivos de comunicación. Afortunadamente en 1996 el máximo órgano jurisdiccional del país amplió los alcances del derecho a la información a resolver, entre otros, que tal es el derecho básico para el mejoramiento de una conciencia ciudadana que contribuirá a que ésta sea más enterada; lo cual es esencial para el provecho de nuestra sociedad. Si las autoridades públicas asumen ante estas actitudes que permitan atribuirles conductas, faltas de ética, al entregar a la comunidad una información manipulada e incompleta, condicionada a través de grupos o personas que le debe la posibilidad de conocer la verdad para poder participar libremente en la formación de la voluntad general, incurren en violación grave a las garantías individuales en términos del artículo 97 constitucional, segundo párrafo. De esta forma el Poder Judicial de la Federación determinó que el derecho a la información es una garantía individual y que el Estado tiene la obligación de informar verazmente, limitado por los intereses nacionales de la sociedad así como por los derechos a terceros. Las iniciativas que en este día propongo a esta Cámara de Diputados tienen como finalidad robustecer el derecho de acceso a la información pública en forma más sencilla y expedita, tanto para la Federación, las entidades federativas, los municipios, los correlativos en el Distrito Federal, léase las demarcaciones territoriales; y para toda persona física, moral, nacional o extranjera, que por cualquier motivo o título, por sí o a través de la interpósita persona haya administrado, aplicado, dispuesto, ejercido, manejado, recaudado, recibido, transferido o utilizado recursos públicos. En el ámbito federal se propone la creación de un organismo autónomo, encargado de garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posición de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, los organismos autónomos, incluyendo el que se propone a cualquier otro órgano federal Las resoluciones de dicho organismo serán definitivas para esos poderes, organismos u órganos, así como para aquellos que desempeñen otro empleo, cargo o comisión de los mismos. Es conveniente señalar que el acceso a la información pública del Poder Judicial Federal se realizará por conducto del Consejo de la Judicatura. El organismo estará integrado por cinco comisionados sujetos al Título Cuarto constitucional, nombrados por el Ejecutivo federal y aprobados por el Senado de la República o en su caso por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Los requisitos de elegibilidad de dichos comisionados, aspectos de remoción y período de encargo se establecen en la ley que también se presenta en este acto legislativo. Por lo que respecta a las partes integrantes de la Federación, también se propone que de cada una de las mismas exista un organismo especializado en materia de acceso a la información para garantizar que sus Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como la administración pública correspondiente municipal o de la demarcación territorial otorguen la información que las personas requieren. En este punto se señala que en ciertas entidades federativas una vez que se niega la información o se responde que la misma no existe, las personas deben de interponer recursos de reconsideración ante quien le respondió su solicitud de acceso. Si dicho recurso no es favorable para el peticionario de la información, debe de acudir a los Tribunales Contenciosos Administrativos para que, si aún cuentan con recursos económicos y si el caso lo amerita, impugnen ante el Poder Judicial de la Federación. Para minimizar los costos de transacción relativos a la obtención de la información, se propone: que al igual que en lo federal, las personas acudan directamente al instituto de la entidad federativa para recurrir las respuestas que les otorguen, para que de esa forma posterior si es el caso, se inicie el Juicio de Amparo. Por otra parte, de conformidad con las modificaciones constitucionales que se proponen, se plantea una nueva ley de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, la cual tendrá como finalidad proveer todo lo necesario para garantizar sea en castellano o en la lengua de nuestros pueblos y comunidades indígenas, el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los órganos constitucionales autónomos, con autonomía legal o cualquier otro federal, así como establecer las bases de concurrencia entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Algunos de los aspectos que se proponen en esta ley, entre otros son los siguientes: Que toda persona tiene derecho a solicitar y que le sean entregados por el Instituto Federal Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todas y cada una de las boletas electorales que contengan las votaciones en las que este Instituto o Tribunal, haya participado en su organización o calificación. Que esa información pública obligatoria, los nombres de aquéllos, así como también el de los que representan, que realicen acciones de cabildeo ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo federales, aquéllos de las entidades federativas, así como de los municipios y demarcaciones territoriales tendientes a promover o influir sobre reformas, adiciones o derogaciones a la Constitución, las leyes que emanen de ellas, a decretos, reglamentos, reglas de operación, acuerdos, convenios o cualquier otro acto administrativo, así como, según se trate, en la firma, ratificación o denuncia de los tratados internacionales. También se considerará como pública toda la información relacionada con los montos de recursos públicos sean en efectivo o en especie, que se entreguen por cualquier motivo o título a personas físicas y morales, ya sean nacionales o extranjeras. Que en casos de que no pudieran eliminar que los documentos de las partes o secciones clasificadas, los sujetos obligados deberán de elaborar y entregar versiones públicas de tales documentos a los solicitantes de la información. Por ningún motivo se podrán comercializar los datos personales que estén en posesión de los sujetos obligados; que las personas puedan interponer, que se admitan y resuelvan recursos de revisión sobre las posibles orientaciones que señalen los sujetos obligados y que no se viole la garantía de audiencia. Sólo se podrá clasificar la información como reservada por un período de cuatro años y dicho período se podrá ampliar únicamente por un año más. Se disminuyen los plazos para responder la solicitud de información, pasando de 20 a 10 días hábiles para entregar la información una vez que se haya cubierto la cuota correspondiente de 10 a cinco días hábiles. Para que el comisionado presente los proyectos de resolución a los recursos de revisión dentro de los 20 días hábiles posteriores de cuando se turnaron esos recursos, en vez de los 30 días hábiles que actualmente establece la ley. Para que el Pleno del Instituto resuelva los recursos de revisión en lugar de los 20 días antes que dispone la actual ley, dentro de los 15 días hábiles posteriores de cuando el comisionado potente haya presentado al Pleno del proyecto de resolución. En estos casos, la notificación de las resoluciones a las partes se llevará a cabo dentro de los tres días posteriores de cuando se adoptaron las mismas para minimizar el tiempo destinado al llamado engrose. Compañeras y compañeros legisladores. Fortalezcamos el derecho a la información para que las personas, de forma sencilla y expedita, cuenten con los elementos necesarios para evaluar el desempeño de la acción u omisión gubernamental. Al mismo tiempo, para transitar de una democracia representativa a una participativa, en donde todos y cada uno de los mexicanos, mediante el sistema de planeación democrática, manifiesten sus demandas y aspiraciones que conduzcan a un mejoramiento del bienestar de la sociedad en su conjunto. Señora Vicepresidenta, le solicito que las iniciativas, así como mi intervención, se integren íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.