El diputado José Javier Osorio Salcido (PAN): Con su venia, señor Presidente. El suscrito, diputado federal José Javier Osorio Salcido, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta en la siguiente: Exposición de Motivos. Uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país en la actualidad, es sin duda alguna, garantizar el desempeño transparente, honesto y ético, de todos y cada uno de los servidores públicos, sin excepción alguna, respecto al ejercicio de sus funciones, así como erradicar en la ciudadanía la percepción negativa y adversa del funcionamiento de nuestras instituciones públicas. Percepción que en gran parte ha sido propiciada por la indebida actuación de algunos servidores públicos, que valiéndose de las atribuciones inherentes a la función que desempeñan, han antepuesto intereses personales al interés público, social y nacional, al que están obligados a proteger y mejorar dentro de la esfera de sus facultades que integran la competencia constitucional o legal del órgano estatal al que representan. Esta situación a todas luces se torna reprobable, toda vez que se considera que la función pública, no debe en ningún momento ser usada para el beneficio privado, en virtud de que su finalidad esencial es promover el bien común de todos los gobernados, por lo que en este sentido, cualquier conducta de un servidor público que privilegie intereses facciosos en detrimento del bien común de la sociedad, debe ser sancionado de manera eficaz por el marco normativo existente para tal efecto. En virtud del establecimiento de un eficaz régimen legal en materia de responsabilidades de los servidores públicos, constituye una aspiración fundamental de nuestro sistema democrático, así como una de las características esenciales de un verdadero estado de derecho, toda vez que se considera que para propiciar un desempeño correcto y transparente de los servidores y evitar cualquier abuso en ejercicio de su función pública, es necesario que nuestro Sistema Jurídico Mexicano no sólo provea a los gobernados de medios jurídicos adecuados para impugnar la actuación arbitraria e ilegal de las autoridades, sino que además cuente con disposiciones legales específicas, claras y eficaces, encargadas de determinar los sujetos obligados a observar este tipo de normas y sancionar su indebida actuación en caso de ser necesario. Lo anterior es así, debido a que en todo estado de derecho la sujeción a la Constitución, así como a las leyes que de ella emanan y de inherente obligación de responder en caso de su incumplimiento, constituye un pilar fundamental en el que descansa la buena marcha y funcionamiento de nuestras instituciones públicas. Por lo tanto, se hace necesario pugnar porque en nuestro sistema normativo, concretamente desde nuestra ley fundamental, exista una verdadera delimitación jurídica del ámbito personal, la aplicación de la norma en materia de responsabilidades de los servidores públicos, así como de las funciones y atribuciones de los titulares de los órganos del gobierno sujetos al régimen de responsabilidades, previstas por el título cuarto de la Constitución, los cuales deberán basar su actuación con apego a la Constitución y a las leyes que derivan de ella. Cabe puntualizar que le corresponde al Poder Legislativo propugnar por la existencia de un marco jurídico acorde a la realidad actual por la que atraviesa el ejercicio de la gestión pública en donde se desenvuelva todo servidor público que reconozca sus derechos, pero que también le imponga obligaciones legales en el ejercicio de sus funciones, las cuales vayan enfocadas a la tutela de los derechos de los gobernados frente al actuar de cualquier autoridad, misma que le permita, cuando así sea necesario, exigir por la vía legal, la imposición de sanciones a que se haga acreedor el servidor público que traicione los principios de legalidad, lealtad y honradez e imparcialidad de la función pública e incluso exigir la rendición de cuentas de la gestión realizada por el servidor público durante su encargo y en caso de encontrar alguna irregularidad, fincarle la responsabilidad de acuerdo a lo que establezcan las leyes. Sin duda alguna, la delimitación del concepto del título cuarto de nuestra Carta Magna respecto a su ámbito personal de validez, es el resultado de la necesidad de identificar a las personas físicas que desempeñen un empleo, cargo o comisión para el Estado, para efecto de que con base al marco jurídico se pueda demandar el cumplimiento de las obligaciones que por disposición legal se está obligado a cumplir. Ante dicha situación, es necesario señalar que tanto la propia Constitución como los ordenamientos legales derivados de ella referente a las responsabilidades de los servidores públicos, no definen el término de "servidor público" como tal, pues lo únicamente que hace es señalar de manera enunciativa a quienes se otorga ese carácter, más no enuncian a quien se considera como servidor público. En tal virtud, con base a las anteriores consideraciones, se estima que los trabajadores pertenecientes al Poder Legislativo, al Poder Judicial, así como a los órganos autónomos el Banco Central y la Comisión de Derechos Humanos, al igual que los trabajadores desempeñan un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal o en el Distrito Federal, mismos que actualmente se encuentran considerados expresamente como servidores públicos por el texto constitucional con independencia de la naturaleza de sus funciones que desempeñan y de su nivel escalafonario por virtud del vínculo laboral existente con el Estado, concretamente con el poder integral del Supremo Poder de la Federación, tal como lo dispone el artículo 49 constitucional como lo es el Poder Legislativo o en su caso el Poder Judicial o bien el Poder Ejecutivo, deberán de ser considerados para todos los efectos legales como servidores públicos y por lo tanto sujetos al régimen de responsabilidades previstas en el título cuarto de la Constitución. Con esta iniciativa clarificamos el texto constitucional al establecer de manera expresa dicha previsión, sin tener que llegar a recurrir a diversas interpretaciones para dilucidar el alcance de la norma constitucional en cuestión. Los funcionarios y demás empleados del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, son considerados servidores públicos y por ende, es necesario clarificar dicha situación en el texto constitucional; esto estriba en el sentido de que la propia ley reglamentaria del título cuarto constitucional en materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos, atendiendo al espíritu perseguido por el Constituyente en el sentido de establecer un régimen general de responsabilidades aplicables a todos y cada uno de los servidores públicos, ha contemplado para efectos de su ámbito personal como sujetos obligados a observarla no sólo a los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional, sino a todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales en virtud, -resulta lógico- si para efectos legales serán considerados servidores públicos las personas que manejen o apliquen recursos públicos federales, con mayor razón serán los funcionarios y empleados de los Poderes de la Unión, como en este caso lo es el Legislativo, el Judicial y los órganos autónomos, en virtud de la formalización de su relación jurídica, laboral directa, con el poder referido, mediante un nombramiento previamente expedido por el órgano competente y que legalmente lo posibilite para desempeñar un empleo, cargo o comisión para éste. Compañeras y compañeros legisladores: Esta propuesta al prosperar haría coincidente y coherente lo establecido por la Constitución y sus leyes secundarias, en este caso el Código Penal Federal en su Apartado relativo a los delitos cometidos por los servidores públicos. Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Soberanía el siguiente: Proyecto de decreto que modifica el primer párrafo del artículo 108 constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO UNICO: Se modifica el primer párrafo del artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ARTICULO 108. Para las responsabilidades a que alude este título, se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal. Los funcionarios y empleados y en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión, de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el Poder Judicial Federal o en el Poder Judicial del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como los servidores del Instituto Federal Electoral, del Banco Central y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. TRANSITORIO UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro.