El diputado Juan Gerardo Flores Ramírez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: celebro que el día de hoy estemos en este pleno llevando a cabo un ejercicio republicano, un ejercicio previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos relativo a la Revisión de la Cuenta Pública. Lo celebro como un acto en sí mismo, pero no lo celebro por las serias implicaciones contenidas en el Informe del Resultado en la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010, y en este sentido coincido plenamente con la intervención de mi compañero César Augusto Santiago, quien señaló la implicación triste de estos resultados que nos arroja el informe presentado por el auditor superior de la Federación el pasado 15 de febrero. No nos engañemos, he escuchado en esta tribuna quejas o señalamientos de que esto pudiera ser aprovechado con un tinte político, no culpemos a los tiempos políticos que vive el país, el ejercicio que hoy llevamos a cabo es parte de una de las facultades que la Constitución Política atribuye de manera exclusiva a la Cámara de Diputados, es parte de la distribución de poderes. Resulta inconcebible que haya quienes en esta asamblea pretendan o se quejen como dije- del cariz político que pueda tener este debate. No somos un órgano técnico, somos un órgano de naturaleza política, representamos a los diferentes segmentos de la sociedad mexicana, mal haríamos en no utilizar argumentaciones o posicionamientos de carácter político. Ahora bien, el hecho de que el presidente de la República no asista o no acuda ante esta soberanía a rendir cuentas sobre el estado que guarda la nación, hace que actos o discusiones como la de hoy tengan una mayor relevancia que antes. Entrando en materia es altamente preocupante que de un total de mil 31 auditorías celebradas con relación a la Cuenta Pública del año 2010 la Auditoría Superior de la Federación nos informe que 297 de esas auditorías, es decir, el 28.8 por ciento del total tienen un dictamen negativo. Tal como han dado cuenta diversos medios, uno de los más escandalosos casos reportados es el del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, en particular nos encontramos con el contrato relativo a la administración y soporte de aplicaciones de cómputo, su desarrollo, calidad y beneficio para las áreas urbanas adjudicado por el IMSS en el año 2007. Ya desde el año 2009 la Auditoría Superior de la Federación había hecho señalamientos importantes sobre diversas deficiencias que rodearon al proceso de contratación de la empresa Tata Consultancy Services, a la que se adjudicó este contrato que por cierto fue por un monto mínimo de mil 228.6 millones de pesos y un monto máximo de 3 mil 71.5 millones de pesos. El informe que hoy nos ocupa advierte que derivado de ese contrato se estiman daños al patrimonio del IMSS por cerca de 100 millones de pesos. Ello, sin tomar en cuenta que anteriormente la propia Auditoría Superior de la Federación había estimado que los servicios contratados implican un sobreprecio de cerca del 60 por ciento. Pero igualmente escandaloso son otros indicadores que ha reportado la propia Auditoría Superior de la Federación, como es el caso que cada hora que factura esta consultoría contrata por el IMSS en el año 2007, equivale a como se hubieran facturado 248 horas efectivas de trabajo. Es lamentable que los mexicanos estemos pagando el precio de una seria deficiencia en el Instituto Mexicano del Seguro Social y porqué no, de actos que posiblemente sean violatorios de la ley. Resulta deplorable que no obstante esta contratación fue objeto de impugnación, y que a la empresa contratada le fue rescindido un contrato similar en Chile por la entonces presidenta Michelle Bachelet, por la forma fraudulenta en que fue adjudicado en aquél país. En México ni el entonces director general del IMSS Juan Molinar Horcasitas, ni el resto de los funcionarios de ése Instituto, tuvieron la estatura moral ni la determinación para tomar la decisión de rescindir este contrato que con el paso del tiempo ha quedado acreditado, que adolece de una deficiente ejecución y que ha causado perjuicio no sólo al IMSS sino a todos los mexicanos. Por ello no es exagerado que señalemos a Juan Molinar como un cínico, cuando hoy apertrechado en el Partido Acción Nacional se dedica a denostar a cuanto adversario político se atraviesa en su mira. Otro tema de gran preocupación, derivado de esta revisión de la Cuenta Pública del año 2010, es el relativo al seguro popular, que también ha sido ya referido por algunos de los compañeros que me antecedieron en el uso de esta tribuna. El tema es preocupante porque la Auditoría Superior de la Federación señala, sin ambigüedad, que la forma en que se están midiendo los indicadores de este programa, es una forma deficiente. De hecho, lo señalo de manera textual, la Auditoría Superior de la Federación nos señala lo siguiente: No existe vinculación entre los objetivos de propósito y los que miden los indicadores de los programas seguro popular y seguro médico para una nueva generación. Tampoco son de resultados porque únicamente se orientan a medir la incorporación de personas y niños sin seguridad social en salud respecto de lo programado. El tema es relevante justamente porque en estas fechas o a partir de marzo nos vamos a encontrar con una propaganda electoral que va a hacerle énfasis a todos los mexicanos de las bondades y de los éxitos del seguro popular. El problema es que tal como lo señala la Auditoría Superior de la Federación, el programa está deficientemente dimensionado en el sentido de que no se mide la calidad de los servicios que se están prestando, simplemente hay un criterio de estadística, un criterio del número de agremiados o de asegurados en este programa. Y como decía, no lo olviden, compañeros, es un programa insignia de la actual administración y va a ser un programa que se va a restregar en la cara de todos los mexicanos en la constante propaganda electoral que tendremos ocasión de ver y escuchar a partir de marzo de este año. Coincido, para finalizar, con lo expresado por el diputado Mario di Costanzo, quien propone que demos seguimiento a la brevedad a este tema, y en particular a lo que tiene que ver con las imputaciones a los funcionarios que se han visto involucrados en las deficientes actuaciones previstas o derivadas de esta revisión de la cuenta pública, como Cámara de Diputados tenemos la obligación de dar seguimiento y de actuar de manera oportuna para que las inconsistencias o incluso las violaciones a la ley no queden sin castigo. Los mexicanos no merecen este olvido. Es cuanto, señor presidente.