EL DIP. MIGUEL ANGEL GARCIA DOMÍNGUEZ: Gracias, señor Presidente. A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a la consideración de esta asamblea, la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma fundamentalmente el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y complementariamente los artículos 76, 78, 89, 102 y 110 de la propia Carta Magna. Como ya fue publicada la iniciativa en la Gaceta Parlamentaria, sólo leeré su justificación. A los órganos de procuración de justicia penal en México, les aquejan graves males: burocratismo, ineficiencia y corrupción; además se les acusa con justicia de constante violación de derechos humanos. En el Tercer Informe del Presidente Vicente Fox, se dice literalmente: "...la cantidad de delitos sin castigo es enorme, resulta lamentable que sólo se denuncie 30% de ellos, porque no existe confianza suficiente en el sistema de procuración y administración de justicia. Más grave aún, es que sólo 5% terminen en consignación y sentencia..." De ahí, que es de un 95% la impunidad en relación con los delitos denunciados, más la impunidad por la cifra negra. Tal impunidad es sin discusión la causa fundamental de los niveles de delincuencia y de inseguridad que hay en el país, y se debe a deficiencias de la Procuración de Justicia Penal. El artículo 21 constitucional establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará de una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. La policía, concepto que sustituyó al de policía judicial, no significa una corporación sino la función de policía de investigación que es la esencia del órgano de procuración de justicia. Por otra parte, investigar un delito es buscar las pruebas que acrediten los elementos del tipo y la responsabilidad del inculpado para presentarlas al juez, y pruebas es un concepto fundamental de derecho procesal. En las procuradurías de justicia en los estados, así como en la General de la República, existe en su estructura una corporación de policía que es inconstitucional, porque sus integrantes no están bajo la autoridad y mando inmediato del Ministerio Público, sino que la relación se encuentra mediatizada por una estructura paralela a la del Ministerio Público y las policías que la integran sólo están subordinadas al director o coordinador de dicha corporación y no lo están al Ministerio Público; pero además, la autonomía real de esa policía y la falta de trabajo institucional, ha dado como consecuencia que una gran cantidad de tiempos muertos lo dedique a actividades ilegales. Por lo anterior, la Policía Ministerial de Investigación Criminal o AFI como corporación paralela al ministerio público, además de que es inconstitucional, es una de las causas de la ineficiencia de la procuración de justicia. En relación con cada delito, el órgano de procuración de justicia penal debe ser quien realice la investigación, pero no lo hace; en efecto, el Ministerio Público se ha convertido en un mero burócrata levanta acta y manda oficios a la policía para que ésta sea la que investigue a su leal saber y entender y como no se obtienen resultados, el ministerio público envía las averiguaciones a las reservas. Adicionalmente, algunas veces la ineficacia y la impunidad, derivan de las decisiones políticas que tome el Ejecutivo y pone en práctica la Procuraduría. Es tal el desprestigio, que debe cambiarse hasta el nombre de los órganos de procuración de justicia penal; para ese efecto debe crearse también el servicio civil de carrera. Como consecuencia de lo antes expuesto, proponemos: Primero. Crear nuevos órganos de procuración de justicia penal que sustituyan a la Procuraduría General de la República y a la Procuraduría General de Justicia de cada entidad federativa. Estas instituciones serán organismos constitucionales con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con una estructura y una forma de designación similares a las de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Como consecuencia, el nombramiento del Fiscal General de la Nación lo haría el Senado, a partir de la terna que formule la comisión correspondiente de dicho órgano. En el caso del Fiscal General de cada entidad federativa, lo hará el Congreso Local también a partir de la terna que formule la comisión correspondiente. Se modificará la estructura orgánica del órgano acusador, el que conservará solamente a la policía científica, es decir, a lo que ahora se denomina "servicios periciales", pero la policía ministerial o la AFI, deben pasar a formar parte de lo que ahora se denominan "secretarías de seguridad pública", porque un órgano constitucional autónomo no debe tener mando de fuerza. Sin embargo, la policía deberá auxiliar al órgano persecutor en lo que éste le pida específicamente. A fin de combatir el burocratismo, la ineficiencia, la corrupción y la impunidad, el órgano de procuración de justicia, al recibir una querella o denuncia, estará obligado a hacer el análisis, diagnóstico y prognosis de cada caso, lo que se hará constar en el expediente. Igualmente deberá llevar una agenda y una bitácora en relación con cada delito. Programar las acciones de investigación en la agenda del caso y registrar las acciones que realice en cada bitácora. Desaparecerá el monopolio del ejercicio de la acción penal del ámbito de facultades de los órganos de procuración de justicia penal, para el efecto de que en el caso de delitos patrimoniales, que se siguen por querella, sea el propio ofendido el que ejercite la acción penal directamente ante el juez, supuesto en el que el proceso podrá concluir por convenio judicial. Los órganos de procuración de justicia penal quedarán impedidos, para desahogar pruebas ante sí, por lo que en adelante sólo estarán facultados para ofrecer y desahogar pruebas ante la autoridad judicial. Igualmente se eliminan las demás facultades jurisdiccionales que indebidamente se le habían ido asignando al Ministerio Público, como la de conceder al imputado libertad bajo caución y nombrarle defensor de oficio. Esto engarzará con otra iniciativa de reforma constitucional, que en breve habremos de presentar, para que el proceso penal inquisitorio se transforme en acusatorio. Señor presidente, en atención a que existe una iniciativa del presidente de la república presentada en la Cámara de Senadores que entre otras trata este tema, solicito que esta iniciativa sea trabajada en Conferencia con la Cámara Alta. Gracias. -