La diputada Irene García Martínez: Con el permiso de la Presidencia. El presente dictamen requiere de un mayor análisis por las consecuencias negativas que su implementación supondría que, si bien en cuanto a su fin es loable, la forma en la cual se busca retribuir económicamente a los autores de obras protegidas por esta ley no es la adecuada, e incluso la propia Secretaría de Economía del gobierno federal emite una opinión en contra de este dictamen. Por lo que, a nuestro parecer, si se aprueba este dictamen obedecería más a la voluntad de la mayoría que a una real intención de mejorar el marco jurídico en la materia en que todos los involucrados sean beneficiados. Para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, aprobar el dictamen que nos ocupa, en sus términos, podría implicar una carta adicional para los llamados obligados solidarios. Es decir, fabricantes, importadores y comercializadores de equipos, aparatos, soportes o instrumentos técnicos o cualquier otro que permita la reproducción sonora, visual o audiovisual en cualquiera de sus modalidades conocidas o por conocerse que sean idóneos para almacenar, copiar o reproducir cualquier tipo de obra literaria, artística, interpretaciones o ejecuciones, ediciones, fonogramas, videogramas y transmisiones protegidas en la Ley Federal de Derechos de Autor. Lo anterior, porque los obliga al pago de la remuneración compensatoria al ser exigible el pago a partir del primer acto de comercialización dentro del territorio nacional, lo cual nos parece un exceso en la regulación, ya que sanciona de alguna manera a quienes realizan una actividad lícita por la fabricación, comercialización y distribución de sus productos, por una supuesta actividad ilícita futura que ellos no realizarán materialmente. Un ejemplo muy sencillo, y adecuándolo a esta propuesta, sería querer legislar para exigir como obligados solidarios a las compañías fabricantes de automóviles en nuestro país, que por cada vehículo que ellos vendan y sea utilizado de manera ilegal en nuestro territorio para secuestrar a alguna persona y privarla de la vida en el mismo vehículo, el Estado lo acusaría como responsable solidario por cometer este acto. Lo cual, es ilógico y burdo. Y, es precisamente esto lo que se pretende hacer con estas reformas. El pago de la remuneración compensatoria sería en los hechos un pago adicional que las empresas tendrían que realizar con el propósito de poder introducir, vender o comercializar dentro del territorio nacional sus equipos, aparatos, soportes o instrumentos técnicos o cualquier otro que permita la reproducción sonora, visual, audiovisual, lo que contravendría con instrumentos comerciales internacionales firmados por nuestro país, al poder considerarse esta remuneración como un arancel. Es importante que en esta ley se establezcan las cuantías o pagos que deben hacerse por la remuneración compensatoria por parte de los comercializadores, distribuidores y fabricantes, apegándonos a las infracciones en materia de comercio que establece la ley, ya que deben ser racionales y proporcionales. Ya que algunas de estas no las va a determinar la institución encargada en materia de derecho de autor y derechos conexos sino la sociedad de gestión colectiva o los obligados respectivos, lo cual no abona a la transparencia de recursos y generará discrecionalidad y no abona en nada a la legalidad. Por otro lado, el dictamen da lugar a la incertidumbre jurídica, a partir de qué entender por copia privada, ya que su explicación es confusa, lo cual no da claridad en su conjunto y hace la propuesta inoperante desde su concepción. Por otro lado, la propuesta podría impactar el mercado mexicano y en los precios ofrecidos a los consumidores, por lo que en nada ayuda a la ya grave situación económica por la que atraviesa nuestro país. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del dictamen que analizamos. Gracias por su atención, es cuanto, señora presidenta.