El diputado Mario Sánchez Ruiz: Con el premiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Me corresponde argumentar a favor de la reserva para proponer una nueva redacción a la fracción XIII del artículo 129 del proyecto de nueva Ley de Amparo en los siguientes términos. Fracción XIII. Se vulnera el interés general al impedir u obstaculizar al Estado a la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes, dominios directos referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en aquellas condiciones que no estén vigentes por haber fenecido su término. La citada fracción propone que no se concederá la suspensión cuando se impide u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directos referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quizá no se pensó que toda concesión legalmente otorgada concede a particulares el aprovechamiento de benes públicos con fines de interés social y, en consecuencia, se impida al Estado su explotación directa. Por tanto, en un extremo y como se expresará más adelante por orden de ley se estaría dejando sin protección efectiva a concesionarios de bienes del dominio directo en todos los casos. Es decir, cuando haya justificación para hacerlo y cuando no la haya, sin que el juez pueda analizar las particularidades y circunstancias de cada concesionario. Tal decisión representa un grave atentado contra el desarrollo económico nacional en materia de concesiones, en la explotación y tratamiento de aguas, recolección y disposición de basura, utilización de transportes en general, minas, gas, energía, telecomunicaciones, radio y televisión, etcétera, afectando el crecimiento económico, la competitividad del país, los empleos, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la democracia. Al respecto, como legisladores debemos tener presente que la explotación de los bienes del dominio directo como las aguas, los mineras del subsuelo, los hidrocarburos o el espectro radioeléctrico, es una cuestión de interés social, por lo que debemos procurar su explotación uniforme y que no se vea desalentada por la falta de certidumbre jurídica o interrumpida por actos indebidos de las autoridades y se niegue, por la Ley de Tramitación, un juicio de amparo con la garantía procesal de sus suspensión. Por lo anterior debe modificarse la fracción XIII del artículo 129 del proyecto de nueva Ley de Amparo a fin de no entorpecer una política pública que impulse el sector de las telecomunicaciones, minero, energético y de cualquier concesión sobre bienes de la nación, siendo necesario dotar de condiciones de seguridad, protección jurídica y competitividad, a la actividad económica para lograr un mayor desarrollo social y no entorpecerlo desde el ámbito legislativo. El desarrollo económico no es por decreto, sino a través de la generación de inversiones y de empleos. Por tanto en materia tan importante para el desarrollo nacional, es necesario que el juicio de amparo siga tutelando de manera efectiva los derechos fundamentales, por lo que no se acepta que se vede la posibilidad de obtener la suspensión de actos reclamados de las autoridades. Una vez más reiteramos y enfatizamos que la suspensión del acto reclamado tiene como finalidad salvaguardar la integridad de la materia del juicio de amparo, teniendo en cuenta que si el juzgador no otorga suspensión, el acto o actos de las autoridades podrían seguirse realizando hasta consumarse de un modo irreparable, teniendo como consecuencia que el juicio quedaría sin materia, pues no habría acto de autoridad sobre el cual pronunciarse. En situaciones así el amparo se hace inútil y se niega a los mexicanos el acceso a la justicia efectiva y a los derechos garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales. Con este tipo de medidas castigamos el desarrollo nacional se atenta contra principios de debido proceso como es la equidad procesal de las partes en cualquier juicio, ya que al negar la suspensión por ministerio de ley, se inclina inexorablemente la balanza de la justicia a favor de la autoridad y se impide a los jueces proteger la apariencia de buen derecho que garantiza la Constitución recientemente reformada, al efecto. Señoras y señores legisladores, nos han elegido para proteger los intereses de la nación, del desarrollo económico y no así los intereses de las autoridades. Es más, la intención de un sistema jurídico democrático es controlar los excesos de poder de las autoridades y es claro que negar la suspensión de los actos de las mismas es ir en contra de tales propósitos. Asimismo, es importante considerar los siguientes elementos de razonamiento para emitir un voto informado y ponderado de la ciudadanía. 1. En caso de aprobarse el dictamen en sus términos, se permitiría al gobierno afectar indebidamente y de manera arbitraria al dejar a particulares sin el acceso debido a procesos en todos los actos relativos al uso de aprovechamientos de bienes de dominio directo, como son el agua, transportes públicos, autopistas, gas, telecomunicaciones por medio del espacio radio eléctrico, minas, entre otros, con independencia de si tienen apariencia de buen derecho, de si deja sin protección jurídica al particular y si la suspensión no afecta el interés social. 2. La nueva redacción busca que no proceda la suspensión en concesiones cuyo término de vigencia haya fenecido y en aquéllas que estén vigentes cuando, de concederse, se afecta el interés general, entendido como aquel beneficio que obtiene la colectividad del cual evidentemente se privaría de concederse la suspensión solicitada. Por tanto, solicito su voto a favor de aprobar la redacción propuesta para la fracción XII del artículo 129 del proyecto de ley en discusión. Es cuanto, señor presidente.