La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea y medios que nos acompañan. Para Encuentro Social es de suma importancia honrar nuestro compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución. Para abordar el dictamen que hoy nos ocupa hay que señalar que en su artículo 123, apartado A, fracción XXIV, nuestra centenaria Carta Magna dispone que los empresarios serán responsables de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten. Por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización correspondiente según que haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con las leyes que determinen. Para dar cumplimiento a dicho precepto, en la Ley Federal del Trabajo se previeron tablas de enfermedades de trabajo, valuación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Para 1931 se contemplaron 40 tipos de enfermedades; en 1956 se incorporaron 10 enfermedades más y en 1970 se reconocieron 161 padecimientos. A su vez, en 2012 se reformó la ley a fin de prever un nuevo mecanismo para que de manera más ágil la Secretaría del Trabajo y Previsión Social se encargar de la actualización de dichas tablas tomando en cuenta la opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, dado que la participación de los representantes patronales y de los trabajadores es indispensable. Sin embargo, dicha reforma generó una contradicción jurídica al conservar la disposición que confiere al presidente de la República la facultad de iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas. Es importante señalar que desde la reforma de 1970 no se ha modificado la tabla referida; es decir que por más de 46 años no ha habido actualización alguna, lo que genera rezago en la identificación de las enfermedades de trabajo por la exposición a agentes causales cuyos riesgos podrían evitarse. Destaquemos que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, cada año en el mundo tienen lugar más de 1.2 millones de accidentes laborales y 160 millones de casos de enfermedades profesionales, en virtud de los cuales los trabajadores deben tener derecho a una indemnización o incapacidad. En los últimos años el desarrollo industrial y tecnológico, así como las exposiciones a sustancias químicas, conllevan a nuestros agentes que afectan la salud y al incremento de accidentes laborales e incapacidades, por lo que los patrones deben tomar las medidas de prevención correspondientes contra tales riesgos. Conscientes de la importancia de brindar al trabajador la protección jurídica y médica a que tienen derecho, que debe incluir el pago por servicios de rehabilitación y asistencia médica, en Encuentro Social votaremos a favor del presente dictamen a fin de resolver la contradicción jurídica en comento al establecer que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al ser la autoridad competente en materia de seguridad y salud en el trabajo, conservará la facultad de actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de incapacidades permanentes resultantes de los riesgos de trabajo. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.