La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su permiso, diputada presidenta. La consulta ciudadana es un mecanismo de participación que sirve para ejercer el derecho constitucional, para votar en torno a temas de trascendencia nacional. Este instrumento democrático es el vehículo para que la sociedad, la ciudadanía puedan incidir en el debate y en las decisiones que adoptan los órganos representativos del Estado. El dictamen que se pone a consideración de este pleno propone realizar diversas adecuaciones normativas a la ley reglamentaria, con el objeto de no dejar al arbitrio de las autoridades, en la realización de la consulta popular, la interpretación del texto constitucional o el resolver posibles contradicciones entre los textos normativos, porque hacerlo de esta manera pondría en riesgo la seguridad jurídica de las personas que participen. Mediante la reforma constitucional del 9 de agosto del 2012 se introdujeron mecanismos directos de participación ciudadana, entre los que figuran la iniciativa ciudadana y la consulta popular, insertas en el artículo 35, fracciones VII y VIII de la Constitución federal, respectivamente. La regulación de la consulta popular se llevó a cabo hasta el 14 de marzo del 2014, es decir, existía un vacío legal de casi 2 años. A través de la creación de la Ley Federal de Consulta Popular, normativa que desde su nacimiento ya se encontraba desactualizada, a la fecha, únicamente han existido cinco intentos por iniciar una consulta popular. Sin embargo, todos han sido instrumentados desde los partidos políticos y el gobierno. Lo anterior nos muestra que la consulta popular en México no ha resultado exitosa, pues lejos de servir como un instrumento de participación ciudadana, ha sido utilizada para marcar la agenda de los partidos políticos, por lo que se debe erradicar la contaminación de este instrumento de participación ciudadana con una ley que no permita el uso electoral del mismo, que erradique la intervención del gobierno y la politización de los resultados, establecer límites insalvables para que no se convierta en una herramienta propagandística, o bien, como artilugio de manipulación para que la consulta popular sea eso, una consulta popular y no un espacio para el encono, la confrontación, la desacreditación entre los distintos actores políticos y la administración pública federal. En el Partido de la Revolución Democrática hemos luchado históricamente por garantizar y promover y proteger los derechos de la sociedad mexicana, a ser consultados para la toma de decisiones sobre asuntos de trascendencia nacional. En los distintos niveles de las representaciones legislativas de nuestro instituto político, siempre hemos trabajado para establecer las normas y principios que regulen la consulta popular y la iniciativa ciudadana, con el objetivo de promover y fortalecer la participación democrática de la ciudadanía. Es por ello que acompañamos el ejercicio legislativo que hoy debatimos y estamos convencidos, convencidas que debemos ampliar la reglamentación que cuide y preserve el derecho de la ciudadanía. Las consultas ciudadanas no deben ser un instrumento para posicionarse como defensores de una causa que se escuche muy fuerte en este pleno y que llegue hasta Palacio Nacional. Las consultas ciudadanas no deben ser una herramienta de propaganda ni un medio para la difusión de doctrinas y promesas, mucho menos un medio para generar afinidad y apego de la ciudadanía como cálculo o rumbo a los procesos electorales. Nuestro grupo parlamentario, el PRD, para nosotros resulta imprescindible que la consulta popular se convierta en un genuino mecanismo de empoderamiento ciudadano, para fomentar la transición de la participación electoral a la participación política activa y continua en los asuntos públicos de trascendencia social. Por ende, es necesario erradicar la injerencia de los partidos políticos y de la Presidencia de la República, se debe ciudadanizar la consulta popular a partir de la limitación de los actores políticos y del gobierno. Es cuanto, presidenta.