La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, a excepción de aquellos casos en que se ataque los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. El artículo 6o. constitucional destaca la imposibilidad de someter la manifestación de las ideas a inquisiciones de los poderes públicos, por una parte y a su vez, es la propia norma suprema la que fija los límites. En el Congreso Constituyente de 1856-1857, insignes diputados dieron cuenta de la manifestación de las ideas en su sesión del 25 de julio de 1856. Ignacio Ramírez, el Nigromante, sostenía que toda restricción a la manifestación de las ideas le parecía inadmisible y contraría a la soberanía del pueblo. En su opinión, prohibir al pueblo que exprese que las leyes son malas, cuando soporta su influencia, no solo sería atacar la libertad, sino arrebatarle al hombre hasta el derecho de quejarse. El creador de la Procuraduría de los Pobres, Ponciano Arriaga, concebía a la conciencia pública como la garantía suficiente contra las siniestras interpretaciones de la ley, cuando los jueces abusaban del texto de la ley, cuando imponían un castigo arbitrario, la conciencia pública, el espíritu del pueblo, condenaría a esos jueces, y recaería sobre ellos la infamia. Cuando se pronunciara una absolución escandalosa, cuando los empleados que robaban en una aduana marítima quedaban impunes, la conciencia pública, el espíritu del pueblo no los absolvería y los condenaría a ellos y a sus jueces. Guillermo Prieto declaraba que este derecho se refería a una de las más preciosas garantías del hombre, la de la idea, la del pensamiento, reflejo puro y brillante de la divinidad. Es muy bella la teoría de la conciencia pública, opinaba; sirve de fundamento a la institución del jurado, al juicio del pueblo por el pueblo, al sistema representativo, pero en el caso concreto no ofrece una garantía bastante, pues el hombre inocente a quien condenaba la justicia, no se le da consuelo ni reparación con decirle; la opinión te absuelve. Ignacio Ramírez, refiriéndose a Ponciano Arriaga, notaba que había asentado que todas las Constituciones y que el pueblo no, y se preguntaba; ¿Hemos declarar que un diputado vale más que el pueblo? Aseveraba que si un diputado requería inviolabilidad para ser libre la necesitaba el pueblo también, la necesitaban todos los individuos para poder dar a conocer sus opiniones y toda restricción que se pusiera era un ataque a la libertad. En su intervención creía que 300 años de esclavitud por los que pasó nuestro país nos habíamos acostumbrado a que la manifestación de ideas se hiciera precisamente en humildes representaciones, llenas de fórmulas vacías y escritas en papel sellado. Confirmaba que conquistada la independencia había declarado que el soberano era el pueblo y sin embargo para hablarle al pueblo no le escribían en papel sellado, y para que el pueblo les hablara le habían de imponer mil restricciones. Lo único que habría sería usurparle su soberanía. Los debates en el Congreso Constituyente sobre la manifestación de las ideas y sus restricciones siguen vigentes, el Constituyente de 17 sólo retomó el debate dado en el siglo XIX por la anterior asamblea constituyente y no abordó la discusión del artículo 6o de la Ley Fundamental. El 6 de diciembre de 1977 se publicó una segunda reforma al primer párrafo del artículo 6o del Código Político de 1917, para establecer que el derecho a la información sería garantizado por el Estado. Los razonamientos del Constituyente Permanente para modificar el artículo 6o constitucional fueron exiguos y se abocaron más a la reforma política de esa época. Hoy, a casi cuatro décadas de la última reforma al primer párrafo al artículo 6o constitucional, es pertinente plantear su modificación. Consideramos que la manifestación de las ideas no puede ser objeto ni ser sometida a ninguna inquisición judicial o administrativa, y además de garantizar el Estado el derecho a la información. Este deberá promover la formación de la opinión pública para el ejercicio de una democracia representativa. No hacerlo sería tanto como continuar usurpando la soberanía del pueblo por un derecho a quejarse. Es cuanto.