La diputada Josefina Salinas Pérez: Con su permiso, señora presidenta. Con la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, llegamos 24 años tarde a la cita de la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Si bien reconocemos que se avanza, no podemos dejar de mencionar que es una ley inacabada, que carece de las herramientas para ser aplicada, por lo que debemos de asumir el compromiso de dotarla de un presupuesto suficiente que permita a las instituciones encargadas de su ejecución, contar con los elementos necesarios para complementarla. “El interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño”, señala la Constitución. Sin embargo, miles de veces este instrumento ha sido invocado en el discurso, no así como política pública. Es tiempo ya de entender las necesidades y derechos de nuestra infancia. En el ámbito interno México tardó más de 21 años para elevar a rango constitucional el interés superior de la niñez contenido en el artículo 4, párrafos sexto y séptimo, y para facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general, según se observa en el artículo 73, fracción XIX de nuestra ley fundamental. 24 años para aprobar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ley por la cual votaré a favor; sin embargo, debemos seguir insistiendo en fortalecer la cobertura para que los niños puedan ejercer plenamente sus derechos. Ante la situación de alerta en que vivimos, es imperativo que el Estado mexicano actúe para generar políticas públicas de protección a los jóvenes. No más adolescentes desaparecidos en todo el país, no más jóvenes utilizados por la delincuencia organizada ante la falta de oportunidades, no más niñas y niños entre las cifras de los daños colaterales por la violencia en que vivimos. Esta ley, como ya dije, es inacabada y obstaculizada por grupos que insisten en permanecer en el oscurantismo. A esos grupos les decimos que no cederemos a presiones dogmáticas que impiden avanzar en la protección de la infancia. No podemos permitir que la sombra de las doctrinas del siglo XIX ensombrezca esta ley. Recordemos que México ha suscrito convenios internacionales como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, en el Cairo en 1994 y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijín 1995, en donde se definen las obligaciones del Estado para la protección, respeto y garantía del acceso a la educación, servicios de salud sexuales y reproductivos, es decir, México está obligado a cumplir estos acuerdos, como lo dispone el artículo 1o de la Constitución. En este dictamen de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes se ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño que implica, entre otras cosas, considerar aspectos relativos a garantizar proteger su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicaciones en todos los jóvenes, relativos a la vida del niño y de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre los Derechos de los Niños. Como dije anteriormente, votaremos a favor de este dictamen, a pesar de que su contenido no resuelve en esencia la salvaguardia de los derechos de niñas, niños y adolescentes porque a la fecha no hay programa alguno que permita a los tres órdenes de gobierno dar cumplimiento por falta de presupuesto. Por eso es importante asumir un compromiso al cual invito a todos ustedes tener congruencia en esta Cámara de Diputados, para que en este próximo presupuesto estemos destinando un presupuesto digno para poder ser aplicada esta ley que el día de hoy estamos aprobando. Muchas gracias, señora presidenta.