El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el día de hoy someto a la consideración de esta asamblea una iniciativa que busca enfrentar un problema que últimamente ha venido creciendo de manera alarmante y que es de los accidentes de tránsito en las carreteras de nuestro país. A nivel mundial este problema es de tal magnitud que la Organización Mundial de la Salud ya lo considera como un asunto de salud pública. Es cierto que este tipo de accidentes pueden ser causados por varios factores: humanos, mecánicos, por las condiciones de las vías de comunicación y climatológicos. Sin embargo, la estadística nacional nos dice que de cada 10 accidentes ocurridos en la red de carreteras federales aproximadamente el 93 por ciento de ellos son atribuibles al conductor como causa directa. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de esta soberanía señala que estos porcentajes resultan muy similares a las de otros países y aún cuando la causa directa del accidente haya sido relacionada con otro factor, generalmente un error del conductor o su conducta imprudente impide evitar el accidente y/o agrava las consecuencias del mismo. Haciendo un recuento de los accidentes más recientes en nuestro país, encontramos los ocurridos en este año en la carretera Huautla de Jiménez, en Oaxaca, en enero de este año, con un saldo de 33 muertos y 20 heridos. En la carretera Cancún-Chetumal, el 5 de marzo de este año, con 6 muertos. En la carretera costera del Golfo de México en Veracruz el 4 de mayo con 69 heridos. En la carretera Monclova-Cuatro Ciénegas, el 9 de septiembre, cuando un trailer con explosivos chocó, provocando la muerte de 28 personas. Asimismo, en la autopista Guadalajara-Puerto Vallarta, cuando un vehículo pesado chocó contra un autobús de pasajeros. Éstos son sólo algunos de los accidentes que destacan por ser muy aparatosos, pero todos los días y a todas horas suceden accidentes en los que muere 1, 2, 3 o múltiples personas que pasan desapercibidos y en los cuales la mayoría de las veces se debe a la conducta irresponsable o negligente de los conductores. Es por eso que el día de hoy presento esta iniciativa, que tiene como objetivo principal atender los factores humanos que son causa fundamental de los accidentes de tránsito en las carreteras federales y minimizar los riesgos para la seguridad vial en los caminos del país. En síntesis, lo que propongo es lo siguiente: elevar a rango de ley las estipulaciones básicas para el otorgamiento de licencias a los conductores de vehículos de autotransporte federal y que ésta se renueven cada ocho años con refrendos vía anuales, al otorgarse o renovarse la Secretaría de Comunicaciones y Transportes deberá vigilar que cada aspirante esté capacitado para conducir un autobús de pasajeros, un camión de carga o un tractocamión de carga especializada, y proceso que deberá ser verificado por la Secretaría de la Función Pública. Que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes lleve un registro público de las licencias que suspenda o cancele y no sólo de las que otorgue. Aquel que sea sorprendido con una licencia cancelada o suspendida, será sujeto de las responsabilidades administrativas y penales que correspondan, para lo cual también se hacen propuestas de reforma al Código Penal Federal. Otra propuesta consiste en que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en coordinación con la Secretaría de Salud, los concesionarios y permisionarios lleven a cabo pruebas de manera periódica, exámenes médicos y las pruebas sicotécnicas que sean necesarias para revisar las aptitudes mínimas de los conductores sobre la atención distribuida y concentrada, precisión para las diferencias de velocidad, coordinación de movimientos de ambos brazos, rapidez y regularidad de los tiempos de reacción o de inhibición. Que la ley disponga expresamente, que todo vehículo que preste el servicio de autotransporte que transite en caminos y puentes de jurisdicción federal, deba contar con un seguro para garantizar a tercero los daños que pudieran ocasionarse en sus bienes y personas, así como el camino a consecuencia de un accidente de tránsito. Se plantean reformas y adiciones al Código Penal Federal para modificar el artículo 60 en lo tocante a los actos u omisiones culposos, calificados como graves, que sean imputables al personal que preste sus servicios en una empresa de transportes, de servicio público, federal o local y se cause homicidio. Actualmente, se dispone que la penalidad será grave, cuando el homicidio culposo o imprudencial sea cometido en agravio de una, dos o tres o más personas. Considero que una, dos o tres más vidas tienen tal valor que no nos podemos basar en tasas o tabuladores cuantitativos. De ahí que se proponga aplicar esta sanción aun cuando se trate de una sola persona. Hoy en día, la sanción por la comisión de dicho ilícito oscila entre los 5 y los 20 años de presión, amenaza legal por la que no ha servido para erradicar la gran cantidad de muertes en las carreteras de nuestro país. Por lo tanto, propongo elevar la penalidad máxima a 40 años de prisión, aunado a las otras consecuencias relativas a la destitución del empleo, cargo o comisión o inhabilitación para obtener otros de la misma naturaleza. Éstas son algunas de las propuestas más importantes que propongo a esta iniciativa, la cual podrán ustedes leer completa en la Gaceta Parlamentaria y que, repito, tienen como finalidad hacer más seguras nuestras carreteras por el bien de los que las usamos, que somos la mayoría de los mexicanos. No es posible que por la irresponsabilidad de unos cuantos, se ponga en peligro la vida de miles de personas. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Solicito a la Presidencia se inserte el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.