El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la Constitución es el acuerdo básico que los ciudadanos se dan para organizarse, para procesar sus diferencias, para organizar el poder público y para perseguir sus anhelos. En palabras de Aristóteles, el filósofo griego, la gran casa común que tiene como finalidad el buen vivir, es el pacto fundacional y el instrumento básico en el que coincidimos para construir una nación y para vivir en libertad y que compartimos a pesar de los desencuentros y de las divergencias. El Constituyente de 1917 emprendió un proceso de reflexión ejemplar que persiguió justamente esos objetivos, plasmando una serie de principios fundamentales que le han dado carácter al Estado mexicano, el acceso a la educación gratuita, la defensa de los derechos individuales, el equilibrio de poderes, la defensa de la tierra, el derecho a un trabajo digno, la libertad de pensamiento y de expresión como piedras angulares de una organización política. Una Constitución entendida como el pacto fundacional de una nación, representa el puente entre el pasado y el futuro, el eslabón entre las aspiraciones que marcaron nuestro pasado y las tareas pendientes que tenemos con el porvenir. En Movimiento Ciudadano no compartimos la idea de que nuestra Constitución está rebasada o es obsoleta. Nosotros observamos que las grandes deficiencias de nuestro sistema político, las grandes promesas incumplidas de nuestro Estado y las profundas inequidades que han perpetuado nuestra forma de organización política, son producto de un conjunto de arreglos institucionales, de redes de complicidad y de reglas no escritas perpetuadas a lo largo del tiempo por un régimen que ha sido esencialmente funcional a un sistema de privilegios. Vale la pena recordar que Venustiano Carranza, en su discurso de presentación del proyecto de reforma el primero de diciembre de 1916, señaló –cito textual-: La Constitución de un pueblo debe buscar que la autoridad no pueda convertirse en contra de la sociedad que lo establece. Hasta aquí la cita. De tal manera que el gran reto que tenemos a un año de conmemorar un centenario de la Constitución Mexicana, es el de descifrar cómo hemos contribuido a derrumbar el puente que trazó el Constituyente de Querétaro convirtiendo al poder público en contra de los ciudadanos y qué podemos hacer para corregirlo. El rol de una Constitución, compañeras y compañeros diputados, en un Estado democrático es central porque define cuáles son los acuerdos básicos sobre los que fundamos nuestra organización social; cuáles son los derechos que defendemos, cuáles son los límites del poder, cuáles son los mecanismos de equilibrio y contrapeso entre poderes, cuáles son las relaciones entre los distintos órganos de gobierno, cuáles son las formas de administrar las diferencias políticas y la pluralidad, cuáles son las formas de procesar los conflictos para llegar a consensos, cuál es la definición elemental de justicia y cuáles son los anhelos y aspiraciones de los ciudadanos que el Estado hace propios. Estas cuestiones siempre serán vigentes porque dibujan no solo el núcleo de una Constitución, sino el corazón de un régimen político. Por eso antes de responder estas preguntas tenemos que reconocer que a casi cien años del Pacto Constitucional, muchos, muchos han contribuido a pervertir y derrumbar estos principios. Han contribuido a devaluar la letra de la Carta Magna, han llevado a oscurecerla para construir un régimen no derecho ni de derechos. No el régimen que el Constituyente pensó para el porvenir, sino un régimen funcional a los privilegios, al control del poder y a la manipulación. Un régimen que, como lo advirtió Carranza, desafortunadamente se convirtió en contra de la sociedad que lo estableció. Por ejemplo, ¿cuáles son los acuerdos básicos sobre los que fundamos nuestra organización social si el principal síntoma que tiene secuestrado a nuestro país y que parece ser el acuerdo implícito y aceptado es la corrupción? ¿Cuáles son los derechos que defendemos hasta el final si aún nuestro Estado no defiende libertades fundamentales, derechos colectivos de los pueblos indígenas y de las minorías, derechos de la mujer, entre otros? ¿Cuáles son los límites del poder y hasta dónde permitimos que se invada la privacidad del ciudadano si hay quienes se oponen a tener una red libre y reconocer el acceso a internet como un derecho cívico? ¿Cuáles son los mecanismos de equilibrio y contrapeso entre poderes si hoy lo que tenemos es un Poder Legislativo que funge como ventanilla de trámites del Poder Ejecutivo? ¿Cuáles son las relaciones entre los órdenes de gobierno y hasta dónde se puede interferir en cada uno de ellos, si con las reformas estructurales de los últimos tres años somos testigos de la escala centralista más abrumadora de los últimos 100 años, y de una pretensión de aniquilar al municipio mexicano con figuras como el mando único? ¿Cuáles son las formas de administrar las diferencias políticas y la pluralidad si hoy seguimos sin contar con mecanismos de participación ciudadana efectivos, tomando mientras tanto decisiones en cúpulas y pactos partidistas y con poderes fácticos que no representan a los ciudadanos? ¿Cuáles son las reformas y las formas de procesar los conflictos para llegar a consensos si hoy se tortura, si nos faltan 43 y nos faltan más de 25 mil que quizás piensan diferente? ¿Cuál es la definición elemental de justicia y cuáles son los anhelos y las aspiraciones de los ciudadanos que el Estado debería de hacer propios, si hoy seguimos padeciendo una profunda desigualdad y marginación que no sólo es injusta, sino que les impide a los mexicanos ejercer plenamente su ciudadanía? La pregunta no es en qué está fallando nuestra Constitución, sino en qué están fallando las personas que detentan el poder público y que han escamoteado la defensa de estos principios y convicciones constitucionales, traicionando el fundamento de nuestra Carta Magna que justamente es la justicia. La pregunta no es qué grandes reformas debemos hacerle a la Constitución, sino cómo eliminamos de la vida pública de México la idea de que la clase política tiene por patrimonio personal a las instituciones nacionales. Dicho de otro modo, México no puede tener una de las constituciones más reformadas del mundo sin que al mismo tiempo no hayamos procurado darle un sentido de comunidad, y por lo tanto de justicia a la norma fundamental de los mexicanos. Discúlpenme pero no podemos celebrar mientras tenemos este vacío de poder y este vaciamiento de los valores constitucionales y democráticos. Los diputados ciudadanos estamos convencidos de que para corregir el rumbo debemos regresar a algo elemental, que es la participación ciudadana. Para restaurar los principios y valores de un modelo democrático, plural y justo, debemos abrir las puertas de la vida pública a los ciudadanos, debemos de sacudir las instituciones para acabar con la corrupción y con la opacidad. Por ello, compañeras y compañeros diputados, a casi una centuria de la Constitución de Querétaro, el espíritu fundamental que debemos de tener para renovar la vida pública de México y para recuperar la dignidad de la política, consiste en devolverles a los ciudadanos su papel en la toma de decisiones y en la limpia del poder público. Hoy tenemos la oportunidad de contribuir a hacerlo tal como lo buscaron los constituyentes de 1917, tendiendo un puente entre los objetivos del presente y las aspiraciones del porvenir. Muchas gracias.