La diputada Angélica Reyes Ávila: A casi 10 años de la creación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aun carecemos de un sistema articulado para la implementación de políticas públicas. Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que someto a la consideración del pleno el día de hoy, tiene por objeto reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Nuestro propósito es articular y sistematizar las acciones del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, para coadyuvar efectivamente a la creación de políticas públicas que incidan en la reducción de la violencia contra las mujeres en todo el país. En Nueva Alianza somos promotores y defensores de la igualdad, la dignidad y la libertad de las y los ciudadanos del país. Estamos convencidos de que erradicar la violencia que sufrimos las mujeres, es una tarea que nos corresponde a todos, a la sociedad y al gobierno. Hemos pugnado por la erradicación de la violencia contra las mujeres, la eliminación de la discriminación y la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres para que se integren a todas las estructuras de la sociedad. Lamentablemente y a pesar de los esfuerzos que se han realizado, aún nos lastima ver que la violencia en contra de las mujeres y las niñas, es una circunstancia cotidiana en todo el país. Ley que hoy pretendemos reformar se exhibió con una finalidad específica: garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, ratificados por el Estado mexicano. Estamos a casi una década de que ese esfuerzo legislativo entró en vigor, y a la distancia podemos identificar que existen áreas que deben mejorarse, y sobre todo, articularse de forma más eficaz. El artículo 17 de la ley señala que el Estado mexicano garantizar la erradicación de la violencia contra las mujeres a través de entre otras acciones- el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias. Dicho banco tiene como objetivo general administrar la información procesada de las instancias involucradas en la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres, con el fin de instrumentar políticas públicas desde la perspectiva de género y derechos humanos. A pesar de la importancia que reviste a este instrumento para la consecución de los objetivos de la ley, ésta sólo se menciona de forma sucinta, otorgando la responsabilidad de su integración a la Secretaría de Seguridad Pública y sin establecer claramente una articulación entre las diversas instituciones que forman parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y las instituciones de gobierno de las entidades federativas. El Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, el Banavim, está actualmente en funcionamiento y arroja algunos datos que muestran sólo una parte de la dimensión del problema de violencia contra niñas y mujeres. Los datos más recientes refieren que a nivel nacional existen poco más de 129 mil expedientes únicos de víctimas. Asimismo, se pueden verificar datos de cada entidad de la República estableciendo tipo y modalidad de violencia. A pesar de lo anterior, las cifras que el banco pone a disposición del público parecen quedar en simples números que no tienen una repercusión en acciones sustantivas a favor de las mujeres. De acuerdo con la última encuesta respecto a este tema realizado por el Inegi en 2011, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han sufrido al menos un acto de violencia de cualquier tipo, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial o discriminación laboral. Aunado a lo anterior, y más grave aún, es el hecho de que 47 de cada 100 mujeres de 15 años y más, han tenido al menos un vínculo de pareja y han sido agredidas por él o, recientemente, por sus parejas durante esa relación. Lamentablemente estas cifras que datan de 2011, no tienen una efectiva vinculación de la información entre las diferentes instituciones que intervienen en el Sistema Nacional. El banco es una herramienta que debe coadyuvar para que nunca más se presente una alerta de género. Las cifras son historias que tienen nombre, apellido y familia. Los números no sirven si no existe la voluntad, vinculación y coordinación necesarias entre todas las instituciones, así como la colaboración y el trabajo decidido de todas las entidades federativas. Es por este motivo que para Nueva Alianza resulta indispensable establecer claramente en el marco de la ley la vinculación y articulación efectiva del Banavim y que con ello consigamos instrumentar políticas públicas eficaces para erradicar la violencia de género y promover el respeto irrestricto a los derechos humanos. Busquemos soluciones y empecemos con acciones. Es cuanto, señor presidente.