La diputada Antonia Natividad Díaz Jiménez: El pasado 30 de abril de 2019 presenté ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal, en el sentido de establecer que los progenitores determinen en común acuerdo el orden de los apellidos del hijo presentado para su registro y, a falta de acuerdo, lo determine el juez y oficial del Registro Civil. De igual forma, la Comisión de Justicia aprobó la iniciativa y añadió adecuaciones en las que se propone que en el decreto se incluya la reforma al párrafo cuarto del artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que los Congresos locales cuenten con un plazo de 120 días para armonizar su legislación civil. Se trata de una reforma que promueve acciones tendientes a generar igualdad. La paridad de género es un tema que ha venido tomando gran relevancia en el país. La igualdad entre el hombre y la mujer es fundamental para el adecuado desarrollo de la sociedad, por lo que es indispensable evitar la exclusión y la discriminación. Como bien lo menciona el dictamen de la Comisión de Justicia, el Poder Judicial de la Federación ha declarado la inconstitucionalidad del similar artículo 58 del Código Civil del entonces Distrito Federal, pues privilegiar el apellido paterno del hombre sobre el apellido de la mujer refuerza prácticas discriminatorias. Lo correcto e igualitario es que los padres puedan elegir de común acuerdo el orden de los apellidos de sus hijos. Asistimos, pues, a una necesaria reforma al Código Civil federal. Las nuevas disposiciones brindarán a todas las mujeres y hombres mexicanos el derecho de decidir de común acuerdo con su pareja o cónyuge, el orden de los apellidos de sus hijos. México ha suscrito tratados internacionales que obligan a respetar los derechos y libertades. A nivel internacional el 17 de julio de 1980 suscribió la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, el cual ha sido un instrumento importante que se estableció que los Estados deben adoptar medidas para eliminar discriminación en asuntos relacionados con el matrimonio y reconocer los mismos derechos y responsabilidades a los dos progenitores. Nuestra Constitución Política federal ya establece la igualdad del hombre y la mujer ante la ley, prohibe todo tipo de discriminación en el artículo 1o. y 4o., que refieren a la negación de la discriminación motivada por género, así como la igualdad jurídica entre el hombre, la mujer y el derecho a la identidad. Así, la redacción actual del artículo 58 de Código Civil federal contraviene el contenido de las normas internacionales, desconoce el principio de igualdad y reproduce una limitación al derecho de la mujer a determinar con su pareja el orden de la prelación de los apellidos. Para remediar esa situación es necesario que el pleno de esta Cámara de Diputados apruebe dicha reforma. El análisis de todas las normas a la luz de su impacto en la igualdad jurídica de hombres y mujeres es una tarea permanente del Poder Legislativo. El día de hoy esta asamblea estará cumpliendo con uno de los deberes más importantes para las mujeres y hombres mexicanos, que es garantizar en el Código Civil la igualdad jurídica, consagrada en nuestra Constitución. Muchas gracias.