El diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez: Diputados, diputadas de este honorable Congreso de la Unión, ahora resulta que los demagogos y los que por décadas han traicionado al campo de México, se cuelgan de este célebre revolucionario. Lo que nos dejan es un país destruido social, político y económicamente, y a cuatro meses de gobierno vienen a decirnos qué hacer. Eso es no tener vergüenza. Y estoy seguro, diputados y diputadas, que si Zapata viviera en esta cuarta transformación estuviera. Hoy estamos recordando el centésimo aniversario del asesinato de nuestro prócer agrario, el general Emiliano Zapata Salazar, solamente la traición podría vencer a un gigante que habría de traspasar las puertas de la historia, no solamente por sus hechos de armas, cuyas hazañas fueron muchas y muy importantes, sino por su compromiso con intereses del campesinado, por la claridad en sus ideas y por su enorme altura de miras. La elevada estatura moral de Emiliano Zapata sigue siendo hasta la fecha un deslumbrante y orientador faro de luz en el complicado enjambre de intereses sucios y mezquinos de esa misma clase social a la que combatió y que continúa manteniendo en la miseria a los campesinos mexicanos. La emboscada en la que fue asesinado, la traición artera del zapatismo y a los ideales de Zapata no solo se dio en la Hacienda de Chinameca, el 10 de abril de 1019, también se perpetró cobardemente por el expresidente Carlos Salinas de Gortari, en 1992, con la aprobación de la reforma al artículo 27 constitucional, reforma que puso las bases para la instauración del neoliberalismo depredador que hemos venido padeciendo en los últimos 30 años en todo el país, pero especialmente en el campo de México, el pretexto era la modernización del campo y el incremento en la productividad agrícola, quitándole al ejido y a la propiedad comunal su carácter de imprescriptible, inalienable e inembargable, para permitir la compra-venta, el arrendamiento y la hipoteca. En realidad, se trata de destruir la propiedad social de la tierra, para iniciar un nuevo proceso de reconcentración del territorio con el despojo brutal a las comunidades indígenas y campesinas. La instauración de nuevos latifundios para ponerlos al servicio de la producción agrícola intensiva, pero también para la explotación minera y el robo del agua a ejidos y comunidades, a las que se mantienen sumidas permanentemente en la miseria y en la marginación. Los megaproyectos de muerte, ampliamente denunciados por organizaciones campesinas de todo el país continúan implementándose a pesar de que ha sido demostrado que perjudican al medio ambiente, contaminan el agua y representan una seria amenaza para la población y sus formas de vida. Se trata de esas presas hidroeléctricas impulsadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto, que no se les olvide. Y que han sido tan repudiadas por las comunidades, por haber despojado de sus tierras y de los proyectos de las minerías a cielo abierto, que llevan a la deforestación y contaminación de los mantos acuíferos con sustancias venenosas. La perspectiva de extracción de hidrocarburos mediante el uso del fracking, tecnología prohibida en otros países, que amenazan a las comunidades con una eminente sequía, producto de la utilización del agua, de por sí escasa en cientos de pueblos de la sierra del norte de Puebla. Organizaciones como el Frente Indígena y Campesino de México han denunciado el avance del extractivismo minero y de los megaproyectos que están despojando a las comunidades y afectando su forma de vida, así como los asesinatos de dirigentes a las comunidades que se han opuesto a tales megaproyectos de muertes. Un caso muy reciente ha ocurrido el pasado 20 de enero en Amatlán, Chiapas, donde fueron asesinados Noé Jiménez Pablo y José Santiago Jiménez, dirigentes del Movimiento Campesino Regional Independiente Mocri, y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional CNPA MN. Apenas el año pasado asesinaron a otro dirigente, Andrés Jiménez Pablo, hermano de Noé. La exigencia del Frente Indígena y Campesino de México es que la Fiscalía federal atraiga esos casos porque no existe confianza en las autoridades locales. La exigencia del Movimiento Campesino es que se realice una investigación seria, eficaz e imparcial para que se conozca la verdad y haya justicia para las víctimas y para que se acabe con la impunidad que permea en todo el país. El reclamo de los campesinos mexicanos es que, desde esta soberanía, diputados y diputadas, trabajemos una ley de consulta indígena y campesina para que los megaproyectos se consulten previamente y los directamente afectados puedan tomar una decisión libre, informada y el resultado sea vinculatorio para el Estado mexicano. Y, para terminar, Emiliano Zapata cabalga de nuevo, Zapata cabalga en los horizontes clamando justicia por los campesinos, por los indígenas, por los oprimidos que en este nuevo milenio siguen esperando, aunque sea un mínimo de justicia social. Zapata vive, Zapata vive, Zapata vive y vive. Gracias, compañeros. Y aunque les duela.