El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Con su permiso, presidenta. Muy buen día tengan todos. Estado de derecho, cumplimiento de las leyes, certeza jurídica son conceptos que escuchamos constantemente y hoy, en el marco de los posicionamientos del Segundo Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, estos conceptos los entendemos como medios para llegar a un fin, para que en el país imperen las normas, que se fortalezcan las instituciones y se apunten en dirección de una política interior en la que los sectores público, social y privado coexistan en la mejor armonía social posible, siempre bajo el dominio de la ley. La percepción de la capacidad de un gobierno para que exista un mando con autoridad, con control, bajo el marco de la ley para guiar y dirigir, es uno de los métodos para evaluar el éxito de la política interior del país. Hay ciertos temas en la política interior que por su complejidad requieren de algo más allá de la observancia del Estado de derecho, como políticas públicas más complejas. Ejemplo de ello, las del combate a la corrupción, las de fomento y promoción de la democracia participativa o temas de entramado entre derechos humanos, gobernabilidad y su intersección, como la migración. Un país de migrantes donde salen, transitan o llegan al territorio personas de todo el planeta, requiere de una política migratoria compleja e interdisciplinaria que permita materializar el objetivo central de la política migratoria de este gobierno, que es garantizar a las personas migrantes el derecho al trabajo, vivienda, la seguridad, la educación y la salud. Finalmente, otros temas de gobernabilidad en nuestro país implican una interacción coordinada con otros entes públicos, como lo es la revocación de mandato y consulta popular y la intervención tanto de órganos constitucionales autónomos, como de otros Poderes de la Unión, como el Poder Judicial Federal. Nada es más importante en una democracia que gozar de la libertad y de los medios necesarios para ejercer los derechos fundamentales, garantizados por la Constitución y los tratados internacionales. Sin embargo, en México hoy nos encontramos con temas que impactan la gobernabilidad y representan un fuerte obstáculo para ello. Queremos hacer énfasis en la importancia de, en primer lugar, continuar con el fortalecimiento de las instituciones. Y en segundo, de respeto al sistema electoral y su jornada, con el fin de continuar en este camino de política interior y gobierno. Creemos que una manera de abordar y afrontar realidades complejas será en el fortalecimiento de las instituciones, bajo el marco de la seguridad jurídica. Y evidencia de ello es que en el combate a la corrupción hay un aliciente que impulsa a que otras áreas de la política pública sigan con esa misma exitosa línea. Es de reconocerse en esta materia lo que tanto en percepción como en resultados debe celebrarse, ya que, de acuerdo al Segundo Informe de Gobierno, cito, que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, publicada el 21 de mayo del 2020, entre 2017 y 2019 se duplicó la confianza de la población al gobierno federal, aumentando de un 25.5 a un 51.2 de los mexicanos. Ejemplo de otra política pública, al continuar bajo el mismo camino, es el ejercicio de las atribuciones y facultades de la Oficialía Mayor de Hacienda, en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. Este caso es muestra de una correcta modificación regulatoria, buscando la eficiencia, como se materializó con la celebración de diversos contratos marco, con la ventaja que tiene tanto para proveedores como para el Estado. Si duda, aun hay un camino que recorrer en cuanto a la gobernabilidad del país, para fortalecer a las instituciones. Sin duda trae solo beneficios un sistema de república democrática como el nuestro. Debe continuar fortaleciéndose instituciones para garantizar la protección de periodistas, de personas defensoras de los derechos humanos, de búsqueda de personas desaparecidas, de los organismos para erradicar la violencia de género, para combatir la discriminación y para promover la igualdad entre hombres y mujeres, entre otros. Deseamos que el éxito en las políticas públicas y acciones que han probado serlo, se replique de igual manera en el tema electoral, continuando el pleno respeto a la actividad y a las instituciones relacionadas. Tanto en la consulta popular como en la revocación de mandato se da esta interacción entre entes públicos, que deben perseguir un solo fin común, el de cumplir con el objeto de la Constitución y las leyes, que es el medio por excelencia para alcanzar la gobernabilidad. En representación del Partido Verde reitero nuestro compromiso de seguir trabajando para que a través del ejercicio de las atribuciones que tenemos como legisladores, logremos que las decisiones de gobierno impacten para bien en la vida de los mexicanos y podamos contribuir con ello a la construcción de un país más justo y respetuoso de la ley. Muchas gracias.