La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Muchas gracias, presidente. Las telecomunicaciones y la radiodifusión constituyen un medio estratégico para el desarrollo social y la modernización económica. Son un sector cuyo crecimiento y avance tecnológico resultan más dinámicos que la economía en su conjunto. Para que el sector responda a las necesidades de desarrollo de nuestra nación, es fundamental que se garantice la cobertura de estos servicios y que éstos se presten en un ambiente de calidad, pluralidad, competencia, bajo el principio constitucional de que la rectoría del desarrollo nacional le corresponde al Estado. Por estas razones se incorporaron a nuestra Carta Magna como adición al derecho a la información el derecho de acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, cuya prestación el Estado deberá garantizar que se dé en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, acceso libre y continuidad. Igual importancia reviste la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano constitucional autónomo que deberá regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del sector radioeléctrico, las redes y la prestación del servicio de radiodifusión y telecomunicaciones con facultades en materia de competencia en estos sectores. La Constitución dicta medidas de política pública para avanzar en el sector: transición digital terrestre, retransmisión de contenidos gratuitos en televisión restringida, declaración de preponderancia de concesionarios con poder sustancial del mercado, licitación de dos cadenas de televisión abierta, una política de inclusión digital universal, red troncal compartida de servicios de telecomunicaciones al mayoreo y un programa de banda ancha para alcanzar la cobertura universal, entre otras medidas. Fue hasta el 25 de marzo del 2014 cuando el Ejecutivo, casi tres meses después de transcurrido el término establecido en la Constitución para la expedición de la misma, envió al Senado una iniciativa de legislación secundaria. Esta iniciativa y el proyecto de dictamen que se presentó en la Comisión de Comunicaciones y Transportes, en el Senado, resultan contrarias a las medidas de avanzada que contiene la Constitución, destacando entre los puntos más importantes, por supuesto, el tema de la preponderancia, y es un tema que no podemos omitir. La preponderancia, la determinación de la preponderancia por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, a un agente económico que participe en los mercados de las telecomunicaciones y la radiodifusión, es uno de los principales aportes en los mercados de telecomunicaciones y la radiodifusión. Por consiguiente es imprescindible que dentro de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión contenga una definición más robusta del concepto. Y antes de presentar la propuesta de la redacción, quisiera dar algunos datos muy concretos de por qué es tan importante hablar, señalar, definir de manera clara, qué es o qué debe ser entendido como preponderancia, porque este Congreso no puede renunciar a su obligación política y moral de democratizar las estructuras de los medios de comunicación. Esta ley era justamente para abrir la competencia en los servicios públicos concesionados tanto de radiodifusión como de telecomunicaciones y desafortunadamente esos servicios públicos están monopolizados. Un tema fundamental, insisto, es la preponderancia. La Constitución señala que los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión deberán declararse preponderantes a los agentes económicos que concentren más del 50 por ciento del número de usuarios, del número de suscriptores, del nivel de audiencia, por el tráfico en sus redes o por su capacidad instalada. El dictamen que se propone es contrario a lo que señala la Constitución. El gobierno está apoyando claramente a consorcios televisivos y de manera específica a Televisa, a poder mantener su monopolio, su control. Al cierre del 2013 Televisa contaba con 8 millones 90 mil 365 suscriptores, el 55.2 por ciento; Cablecom contaba con 930 mil 461 que significa el 6.3 por ciento, Televisa es preponderante por sí sola en televisión restringida con el 55.2 por ciento. Rebasa el 50 por ciento señalado en la Constitución y no se le quiere declarar preponderante, pero acaba de comprar, como sabemos, Cablecom en siete mil millones de pesos. Podemos consultar todas las cifras y que finalmente sabemos que el hecho de no definir de manera clara cuál es la calidad de preponderante de un agente económico justamente favorece a ciertas empresas en nuestro país que han venido siendo favorecidas a lo largo de la historia. Este Congreso de la Unión no puede, no debe dejar de velar por el interés general que hace tiempo se olvidó y no debe estar sujeto a los poderes fácticos que desafortunadamente vienen dictando las leyes que se aprueban al interior de este Congreso. Por lo tanto, queremos proponer que la preponderancia sea definida en esta ley como la calidad de un agente económico en su razón de participación nacional en la prestación de los servicios en radiodifusión o telecomunicaciones, que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor al 50 por ciento, medido este porcentaje ya sea por el número de usuarios, suscriptores, audiencia o por el tráfico en sus redes o por la capacidad utilizada en las mismas, de acuerdo con los datos de que disponga el instituto en los términos del artículo 262 de esta ley y que por lo tanto se omita la posibilidad de que la calidad sea determinada por el instituto de si un agente económico es preponderante o no. Es cuanto, diputado.