La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, don Ernesto Cordero Arroyo, durante el tiempo que lleva esta comparecencia hemos escuchado de su parte una serie de planteamientos sobre avances y bondades de una política económica que sólo usted y el gobierno que representa perciben. Deseo expresarle la profunda preocupación que significa para el Grupo Parlamentario de Convergencia la obstinación del gobierno federal y concretamente a través de la Secretaría de Hacienda, de la cual usted es responsable. Continúan imponiendo una sola visión económica para el país que se apega a un modelo económico que lejos de impulsar el crecimiento y el empleo en México ha conducido a la pobreza y a la falta de oportunidades a amplios sectores de la población. Mientras economías como la de Chile, Brasil, China y la India crecen en un promedio anual de entre 8 y 9 por ciento, con una participación activa del Estado en la economía, promoviendo la inversión pública, el empleo y la demanda agregada, así como esquemas fiscales equitativos y progresivos, en nuestro país la situación es totalmente distinta. Durante los últimos tres lustros el gobierno federal ha apostado a la contracción del gasto público en todos los sectores de la economía y a la dependencia de los ingresos petroleros, como premisa fundamental del manejo de una política fiscal restrictiva. Las estimaciones del gobierno federal para el 2011, que plantean un crecimiento del producto interno bruto del 3.8 por ciento, una inflación del 3 por ciento y el precio del petróleo en 63 dólares por barril resultan inviables a la luz del manejo inadecuado de la política económica, que no sólo gasta mal, sino que mantiene grandes subejercicios y deficientes resultados. El denominado eufemísticamente presupuesto austero, que se presenta para el 2011, contempla sin ninguna vacilación el incremento en recursos, por ejemplo, para la seguridad pública, en detrimento de los programas sociales, así como los orientados la generación de empleos y a detonar un verdadero crecimiento económico. No debe bastarnos un engañoso incremento del 4.5 por ciento de la economía que se estima para el 2010, pasando por alto la severa afectación de la caída de la economía del 6.8 en 2009, pues se omite premeditadamente el establecimiento de una estrategia de largo plazo, orientada a resarcir tan pronunciado descenso. En el informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al segundo trimestre del presente año, encontramos que en 38 programas destinados a la superación de la pobreza, de un total de 64, no han sido ejercidos cerca del 50 por ciento de los montos aprobados. De acuerdo con datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, el subejercicio en que han incurrido las dependencias del gobierno federal durante el periodo enero-junio de 2010, asciende a poco más de 77 mil millones de pesos. Lo anterior, revela que el grado de desinterés por atender oportunamente los enormes requerimientos de los mexicanos en situación de pobreza extrema, un tema que no está en la agenda del gobierno federal, sino sólo a través de pronunciamientos y de actos protocolarios que revisten mediáticamente. Más allá del juego de cifras al que acude cada año el gobierno federal, conviene preguntarse acerca de las verdaderas razones que impulsan las prácticas de opacidad y discrecionalidad en que ha incurrido hasta ahora, contraviniendo la más elemental rendición de cuentas que debiera caracterizar a un régimen democrático. Convergencia no puede compartir ningún escenario optimista, promovido en oficinas como las del titular de la Secretaría de Hacienda, que simulan haber alcanzado avances cuando el peso de la realidad cuestiona cualquier aseveración contraria. A contracorriente de la ortodoxia, que impulsa el modelo económico aplicado hasta la fecha, sostenemos que hay vías alternativas para enfrentar la complejidad de la problemática, retomando experiencias exitosas que han tenido los postulados social-demócratas en otras latitudes, como la construcción y búsqueda de un Estado de bienestar que mejore las condiciones de vida de la población y enfrente de manera decidida las causas de la desigualdad. Consideramos que ésta es una excelente oportunidad para que nos diga usted: ¿cuál es la opinión del gobierno federal en relación a la propuesta planteada por Convergencia para finalizar con el trato preferencial vía consolidación fiscal, que beneficia acerca de medio millar de empresas? ¿Cree usted que la propuesta de Convergencia, de reducir el IVA, lejos de plantear una pérdida de ingresos tributarios para el sector público, sin incluir alimentos ni medicinas, es una iniciativa viable y urgente de instrumentar, que incentivaría el consumo y la demanda agregada? Y por último, en el rubro turismo, tenemos también subejercicios que dañan en gran medida al sector y el Ejecutivo no contempla esta actividad como un área prioritaria, pese al enorme ingreso de divisas que significa para el país. Le pregunto: ¿existen criterios que beneficien este año al sector turístico? ¿Cuáles son? Por su atención, muchas gracias.