La diputada María Wendy Briceño Zuloaga: Con el permiso de la presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo. Para nadie es un secreto que no podemos hacer cambios en lo sustantivo desde las instituciones, si no hay un compromiso por incidir en los espacios privados también, esos que en apariencia no le tocan al Estado. Pero, por supuesto que le toca al Estado a través de sus instituciones incidir y generar condiciones de igualdad y ejercicio pleno de los derechos en todos los ámbitos. Lo hemos dicho ya, lo personal es político. El año pasado presentamos una iniciativa junto a los diputados Ernesto Palacios, a quien acabamos de escuchar y a quien agradecemos mucho todas sus expresiones en relación con todo el planteamiento del dictamen, y con la diputada Paola González Castañeda, de Morena, para adicionar un párrafo decimoséptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho al cuidado y que establece el sistema nacional de cuidados, visibilizando las labores no remuneradas que constituyen cerca del 23.5 por ciento del producto interno bruto, representando alrededor de 5.5 billones de pesos por labores domésticas y de cuidados, de las cuales más del 70 por ciento son realizadas por mujeres. Datos, cifras que ya se han compartido, pero que tienen un importante impacto en la vida cotidiana de nuestro país y que, por décadas, por siglos en todo el mundo se ha invisibilizado. Ese que se ha denominado el trabajo reproductivo y al que se le ha pretendido dar menos valor. Con esta iniciativa impulsada también por otras compañeras legisladoras, que incluso han realizado foros y parlamentos abiertos, planteamos que toda persona tiene derecho al cuidado digno y al tiempo propio. De igual manera que el Estado promoverá o garantizará en este caso como quedará, posteriormente esta corresponsabilidad de hombres y mujeres en las labores de cuidados y serán de interés público. Se impacta positivamente a la niñez, a la adolescencia, a las personas mayores, a las personas con alguna discapacidad, a las personas en pobreza extrema y a las personas cuidadoras y sin remuneración, que como ya lo hemos dicho generalmente son mujeres. Por otra parte, se regulará la concurrencia entre federación, entidades federativas y municipios, para crear un sistema nacional de cuidados, el cual deberá incluir políticas de servicios públicos accesibles, pertinentes y de calidad, haciendo efectiva la corresponsabilidad entre hombres y mujeres en labores de cuidado, el cuidar, ser cuidado, cuidada, dejará de ser una labor asignada desde el estereotipo y la costumbre a las mujeres y a las niñas. Como lo decía la diputada Villavicencio, efectivamente, con el Covid han cobrado mayor agudeza y relevancia con toda esta pandemia, la otra pandemia que hemos vivido las mujeres. No podemos resolver mejores condiciones de bienestar desde el espacio público si no hemos atendido un problema que se nos presenta cada mañana, tarde y noche. ¿Quién cuida a las personas enfermas? ¿Quién alimenta? ¿Quién organiza a labores de las y los infantes escolares? ¿Quién tiene la carga mental de realizar pagos, compromisos, tareas? No podemos continuar con la dinámica de que la última persona en dormir en casa y despertar temprano siga siendo una mujer a costa de su propia salud física, mental y emocional. Reorganicemos las labores de cuidado y crianza y que el Estado responda con políticas públicas efectivas y a la altura de las circunstancias actuales. Reorganicemos como sociedad en conjunto nuevas relaciones equitativas al interior de nuestras familias. Ahí también se hace la revolución. De igual manera quiero resaltar que este mismo dictamen, en el artículo 4o. eleva a rango constitucional la Ley para la Prestación de Servicio para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, la que conocemos como Ley 5 de Junio, misma ley que se promovió por padres y madres víctimas de la más terrible tragedia infantil ocurrida en México, la de la guardería ABC, ocurrida en 2009 en Hermosillo, Sonora. Se eleva a rango constitucional para que se garantice a la niñez el derecho de contar con estos servicios, independientemente de cualquier situación laboral de sus padres y madres. Se busca, pues, la máxima protección. Reconozco en todo, el compromiso de Patricia Duarte y José Francisco García, madre y padre ABC, con quienes hemos trabajado esta propuesta. Reconozco también que la ley quede expresada con su nombre completo en la Carta Magna, y les comparto ahora mismo que madres y padres de ABC preparan un informe a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y este paso fundamental que estamos dando esta tarde y que enviaremos al Senado de la República, se plasmará en su informe como compromiso legislativo con la no repetición de la tragedia. Reconozco asimismo por partida doble, a la diputada presidenta de Puntos Constitucionales, mi compañera Aleida Alavez Ruiz, por su compromiso, por su sensibilidad, y reconozco a toda la Comisión de Puntos Constitucionales, porque de esta manera avanzamos en la agenda de los derechos de todas y de todos. Es por todo lo anterior, por muchas razones y por la perspectiva de justicia e igualdad que contiene este dictamen, compañeros y compañeras, que les invito, por supuesto a que votemos a favor. Hagamos historia. Muchas gracias. Es cuanto.