La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. En todos los regímenes democráticos y el nuestro no es la excepción, el financiamiento a partidos políticos es uno de los grandes temas de la agenda nacional. Existe consenso en el peso que debe guardar el financiamiento público sobre el privado para evitar la incursión del crimen organizado o de intereses particulares en los procesos electorales y en la vida interna de los partidos. Persiste sin embargo la insatisfacción entre los ciudadanos con los costos de la democracia. Esta paradoja ha impulsado a que los temas relacionados con la transparencia y rendición de cuentas del dinero en la política, hayan escalado en la agenda pública hasta alcanzar un primerísimo lugar. Respecto a la confianza en las instituciones, el Informe Latinobarómetro del 2011, muestra que en el conjunto de los países de América Latina los partidos políticos, junto con los sindicatos, se mantienen como las entidades que menor nivel de confianza generan entre la ciudadanía. Una de las consecuencias más preocupantes de esta tendencia, es la caída en la participación política, de la ciudadanía, misma que termina por restar legitimidad a partidos y procesos electorales. El escaso nivel de confianza de los ciudadanos hacia los partidos, se explica, en parte, por la opacidad que existe en torno a la utilización de los fondos que reciben. Debemos reconocer que el financiamiento público a los partidos políticos ha sido de enorme importancia para la ampliación y consolidación del sistema de partidos políticos, y por ende, para tener elecciones cada vez más competitivas. Pero ello no ha sido suficiente para consolidar la transición democrática del país, pues la otra parte de la ecuación, la cual tiene que ver con los niveles de desarrollo humano, no ha cambiado a la par. De ahí que propongamos una reforma para dar certeza a la ciudadanía sobre el empleo de los recursos que se otorgan a estas entidades de interés público, que se llaman: partidos políticos. A partir de la reforma electoral de 2007-2008, toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos, de conformidad con las reglas previstas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Cofipe, por sus siglas. A partir de estas nuevas reglas, la estructura, la organización administrativa, los sueldos, el esquema de financiamiento, los documentos y la plataforma política de los partidos, deben estar disponibles para la consulta de cualquier interesado. De acuerdo con la ley, esta información debe de hacerse pública a través de la página electrónica del Instituto Federal Electoral, que es, asimismo, la instancia ante quien los ciudadanos deben de presentar cualquier solicitud específica. Con estas medidas los partidos políticos se convirtieron en sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo se obvió dejarlo así asentado en dicha normatividad. De ahí que la reforma que proponemos sea orientada a subsanar la omisión mencionada, constituye un avance para robustecer nuestro marco legal. Así que Movimiento Ciudadano reconoce que el acceso a la información es una condición necesaria de la gobernabilidad democrática. De ahí que firmara en 2009 un convenio de colaboración en materia de transparencia con el Instituto Federal Electoral. En congruencia con nuestros principios y con las demandas de una ciudadanía con acceso creciente a computadoras personales y a Internet y cada día más consciente de que sólo con transparencia hay democracia efectiva, proponemos esta reforma a la fracción XIV, inciso f) del artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental para dejar asentado que los partidos políticos son sujetos obligados en la materia, como lo son los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los órganos constitucionales autónomos, los tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal. Es cuanto, señor presidente.