La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, Presidente. El artículo 6o. constitucional señala que toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fije la ley. No hace más que algunos meses esta Cámara de Diputados modificó este artículo 6o. para hacer extensivos tales principios a los gobiernos y a las entidades federativas. En aquella ocasión, cuando cuestionamos los alcances de dicha reforma, la respuesta reiterada fue que en la reforma electoral se incluiría el capítulo en materia de transparencia para el caso de los partidos políticos, lo que no se dijo es que en la reforma electoral se incluiría un capítulo de transparencia para sabotearlo. Me permito reiterar que los principios en el 6o. constitucional dicen que toda la información es pública, salvo en casos en que ésta sea confidencial o que sea en forma reservada. Si tales criterios se aplican a los órganos de Estado, no veo ninguna razón para que esos mismos criterios no se apliquen para los partidos políticos, entidades de interés público y que por vía de la reciente reforma constitucional prácticamente todos sus recursos provienen del erario. Sin embargo, el artículo 44 de la minuta propuesta violenta el 6o. constitucional, al establecer un régimen de excepción en el caso de los partidos políticos. Establece una categoría adicional injustificable por su pretensión de opacidad, crea la figura de la información no pública que no es ni confidencial ni es reservada, simplemente no es pública y nunca lo será, por lo que al no estar contemplada como información reservada nunca se podrá superar este obstáculo legal. Lo digo con toda honestidad, dicha categoría es un absurdo, porque gran parte de la información a la que hace referencia, perfectamente puede clasificarse o como información confidencial o como reservada. Por su parte, resulta obvio que las estrategias electorales de los partidos no puede ser una información que se divulgue durante el proceso electoral, pero me pregunto: ¿por qué no puede ser conocida después, clasificándola como reservada? A fin de cuentas dicha estrategia, encuestas, y demás, serán pagados con recursos públicos. Para tener una idea del despropósito del artículo en cuestión, sólo me remito a la Ley de Transparencia, en cuyos artículos 13 y 14 considera como información reservada aquella que comprometa la seguridad y defensa nacional o que dañe la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, pero incluso en estos casos, dicha reserva tendría en general un plazo máximo de 12 años. En una palabra, para quienes redactaron y han aprobado este artículo, las encuestas electorales son más relevantes que la propia seguridad nacional o la estabilidad financiera de este país. Esta redacción los viste de cuerpo entero sobre las motivaciones de quienes impulsaron esta iniciativa. Por todo lo anterior someto a su consideración la siguiente propuesta: el artículo 4o. que se considere de la siguiente manera: 1) Será considerada confidencial la información que contenga los datos personales o que se refiera a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar de los afiliados dirigentes y aspirantes y candidatos a cargos de elección popular. Se exceptúan de lo anterior los directorios establecidos en este capítulo y en las listas de aspirantes, candidatos a cargos de elección popular y afiliados, que solamente contendrán el nombre completo y otros datos personales que autorice el interesado. 2) Se considerara reservada la información relativa a los juicios en curso, de cualquier naturaleza, que los partidos políticos consideren, los procesos deliberativos de los órganos internos de los partidos, la correspondiente estrategia política y de campañas electorales y la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, en los términos que disponga el reglamento al que el efecto emita el Consejo General del IFE. Un mínimo ejercicio de congruencia de esta Legislatura, que aprobó a inicios del año una reforma constitucional para ampliar y fortalecer los procesos de transparencia y acceso a la información, exige aplicar estos mismos criterios a la legislación electoral aplicable a los partidos políticos. Gracias.