El diputado José Luis Muñoz Soria: Muchas gracias, diputado presidente; con el permiso del pleno. Presentamos hoy una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos treceavo y catorceavo del artículo 4o,, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 27 de septiembre de 1960, el presidente de la república Adolfo López Mateos nacionalizó la industria eléctrica, comprando con fondos públicos y deuda externa los bienes e instalaciones de las empresas transnacionales. El primero de septiembre de ese año, el presidente López Mateos anunció la reforma al artículo 27 constitucional a fin de que no se otorgaran concesiones a particulares para la prestación del servicio de energía eléctrica. El presidente Salinas de Gortari, sin reforma la Constitución, inicia la apertura de la industria eléctrica a los particulares mediante cambios a la Ley y Reglamento del Servicio Público de la Energía Eléctrica, incorporando las figuras de productor independiente, auto-abastecedor, cogenerador e importador exportador. Desde su creación los productores independientes tendrían un crecimiento exponencial en su capacidad instalada y en la producción de energía. En 1994 se expide el decreto por el que se crea el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propio, conformado por el que tenía la Compañía de Luz, en liquidación. El pasado 10 de octubre del 2009, por decreto presidencial Felipe Calderón declaró la extinción y liquidación de Luz y Fuerza del Centro. La generación de energía eléctrica del sector público está siendo desplazada por los permisionarios privados, dentro del servicio eléctrico nacional, lo que se considera es una de las causas del incremento exorbitante del precio de la energía eléctrica. Existen diversos instrumentos internacionales que hacen referencia de una forma u otra, de manera explícita o implícita, al derecho humano a la energía eléctrica, con lo que planteamos que el servicio eléctrico deje de ser considerado como una mercancía y pase a ser establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como un derecho humano y social, que debe de ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las ciudadanas y ciudadanos, circunstancias que además encuentran sustento en el propio artículo 27 constitucional. Tomando en cuenta que los derechos humanos están sujetos a su progresividad e interdependencia para su consecución efectiva, hay que enfatizar que la energía eléctrica es hoy una condición previa indispensable para el acceso de todas las ciudadanas y ciudadanos a la salud, al agua, a la educación, la información, el combate a la discriminación, los avances tecnológicos y científicos, es decir, a tener los medios para el libre desarrollo de su dignidad y la personalidad. Por tanto, consideramos que el acceso a la energía eléctrica es un derecho humano y exigimos que se reconozca en la Constitución, como sucedió con el derecho al agua reconocido como un derecho humano. Nunca a nadie más debe negársele el acceso a la energía eléctrica en su vivienda. Existen cientos de miles de quejas de usuarios ante la Procuraduría Federal del Consumidor por usuarios del servicio de energía eléctrica y se siguen multiplicando día con día, sin ser resueltas. Muchas de las facturas de luz son arbitrarias, exageradas y no tienen que ver con los consumos de energía eléctrica de la vivienda. En otros casos, hay cortes de energía sin aviso, variaciones de voltaje que causan daños en los aparatos domésticos, y falta de mantenimiento en la infraestructura de distribución de energía. Aunado a ello, los cortes masivos de energía eléctrica a barrios, colonias y comunidades muchas veces van acompañados de represión y violencia que constituyen violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como de sus derechos políticos y civiles y la criminalización de la protesta social. En tanto que la energía eléctrica constituya un derecho humano o elemento fundamental para el disfrute de los demás derechos, atendiendo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, el Estado mexicano debe asumir su obligación de reconocerlo como tal en la Constitución, para lograr con ello que la electricidad llegue a todas las comunidades mexicanas y que, por hacer uso de ella, se erogue sólo aquella cantidad que permita la realización de otros derechos. Esto significa que el acceso a la energía eléctrica como un derecho humano, además de constituirse en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe reflejar el efecto de su aplicación en una tarifa social justa, es decir, que el precio unitario que fija el Estado para el consumo de energía eléctrica por los diferentes sectores de la sociedad contribuya a la equidad social, encontrando sustento en el artículo 25 constitucional. Por las anteriores consideraciones proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los párrafos 13 y 14 del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo 13. Toda persona tiene derecho al suministro de energía eléctrica suficiente y de calidad. Párrafo 14. El Estado promoverá, respetará, protegerá y garantizará el suministro de la energía eléctrica a través de una tarifa social justa. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. En un plazo de 90 días se establecerá, de acuerdo a las leyes correspondientes, la tarifa social justa que deberá ser erogada por los usuarios del servicio público de energía eléctrica en sus viviendas. Es cuanto, diputado presidente.