LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, Diputada Chávez. Palacios. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales para que emita el dictamen correspondiente. En virtud de que es la segunda excitativa se fija, a más tardar, el día 4 de diciembre para que lo presente a la asamblea. Tiene la palabra la diputada Silvia América López Escoffié, en el capítulo de proposiciones, para presentar una proposición a nombre de integrantes de la Comisión de Equidad y Género, con punto de acuerdo para exhortar a las Legislaturas locales para que se implementen las medidas necesarias de carácter legal que favorezcan un procedimiento expedito en materia de alimentos contra el deudor alimentario. -DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE: Señora Presidenta; compañeros diputados, con su permiso. Por constitucional el Estado tiene un compromiso ineludible para que los integrantes del núcleo familiar, mismo que se traduce en la obligación de implementar las acciones necesarias tendientes a combatir, sancionar y prevenir a través de medidas protectoras en los planos de lo jurídico, económico, legislativo, político y social, toda práctica que atente o menoscabe sus derechos fundamentales, tales como la inobservancia de la obligación del acreedor alimentista, para suministrar los elementos necesarios para el adecuado desarrollo y ascendiente que así lo requiera, cuando éstos por alguna imposibilidad debidamente justificada no pueden allegarse de los elementos necesarios para tal fin, obligación consagrada en el derecho a los alimentos. En efecto, alimento, abrigo, techo, asistencia en caso de enfermedad, formación intelectual y en general los elementos necesarios para su subsistencia, constituyen elementos que necesita todo acreedor alimentista para sobrevivir. Es por ello que el derecho a los alimentos deriva del derecho a la vida que posee toda persona y que gravita en el núcleo familiar. Ahora bien, existen los procedimientos para ocurrir ante un juez de lo familiar y solicitar o demandar el pago de una pensión alimenticia, por no tener bienes o ingresos y estar imposibilitado para obtenerlos y asegurar la supervivencia. No obstante, éstos en muchos de los casos presentan deficiencias que impiden el ejercicio del derecho que se tiene a los alimentos, quedando desprotegidos, exponiendo la vida, la integridad, la salud y la seguridad. Al tenor de lo expuesto en los párrafos anteriores, es conveniente hacer la precisión de que lo que busca el acreedor alimentista son recursos para subsistir y si no tiene éstos, menos los tendrá para contratar los servicios de una persona especializada que pueda representarlo de la mejor manera posible, al igual que no puede cubrir el costo de las publicaciones necesarias en caso de que el deudor reemplazara su domicilio para no cumplir con los requisitos y formalidades establecidas en la ley para acceder a la justicia local. Es de mencionarse también que para resolver el problema del acceso a los juzgados familiares, para ver satisfechas las pretensiones, no basta con la supresión de formalidades y se deben contemplar otros aspectos como el hecho de que las instituciones que se dedican a la defensoría de oficio no proporcionan un servicio competente, eficiente, profesional y gratuito, en la mayoría de las veces por la deficiente actuación de estas instituciones. Menores de edad, discapacitados y otros han quedado expuestos a que sus derechos alimentarios se vean nulificados. No basta la norma sustantiva que reconoce un derecho, se necesita de una defensoría adecuada que reclame su cumplimiento. Por otra parte, no es desconocido que no siempre el deudor tiene ingresos fijos y periódicos por el desempeño de un empleo y lo que ha limitado que la acción jurisdiccional no sea lo suficientemente eficaz, ya que ante la omisión de un empleador o patrón cierto y determinado, hace que muchas de las veces no se pueda ordenar el descuento por parte de éste de las cantidades relativas a las pensiones alimenticias, por lo que es indispensable que se revise la conveniencia de establecer el aseguramiento del deudor alimentante, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones y que se realice por un periodo razonable para proteger a los grupos vulnerables. Al dejar de cumplir con las obligaciones alimenticias no se está sólo frente a un incumplimiento civil, pues las consecuencias del mismo implican exponer a un peligro a las personas más que bienes u otros derechos de los mismos, por lo que en este sentido la respuesta que se le dé al problema que nos ocupa debe ser bien estudiada, para que así se asegure la protección de los grupos vulnerables y se le den mejores condiciones posibles para su subsistencia y desarrollo. También que se inhiba el cumplimiento a las obligaciones alimenticias. Por lo anteriormente expuesto y por la importancia que representa la protección a os derechos familiares, se presenta el siguiente Punto de Acuerdo. PUNTO UNICO. Que esta Cámara de Diputados exhorte a las Legislaturas Locales con respeto a su autonomía para que dentro del ámbito de su competencia se implementen las medidas necesarias de carácter legislativo que: favorezcan un procedimiento ágil en materia de alimentos suprimiendo en su caso las formalidades establecidas en los mismos que obstruyen el cumplimiento del pago de las pensiones alimenticias y provocan el incumplimiento de esta obligación; que se constituya u organicen instituciones de Defensoría que proporcionen una adecuada y eficiente representación y asesoría a aquellas personas que la requieran para ejercer sus derechos alimenticios; que se prevean en las legislaciones adjetivas correspondientes las figuras de aseguramiento de bienes y en su caso del remate de los mismos para efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimenticias; que se tipifiquen dentro de las legislaciones penales correspondientes aquellas conductas en donde el deudor alimentante busca hacer fraude a la ley para no cumplir con la obligación impuesta por autoridad judicial consistente en proporcionar alimentos a su hacedor y si ya estuviera tipificado que se aumenten las sanciones correspondientes a efecto de trabajar los mecanismos necesarios e idóneos para que se gestione la asignación del presupuesto suficiente a las instituciones que fortalecerán en sus rubros de trabajo como el Poder Judicial Estatal específicamente encargada de la gestión, trámites de pensión alimenticia y otras que existen dedicadas a la atención de problemas jurídicos. Dejo el Punto de Acuerdo a esta Secretaría, muchas gracias por el tiempo recibido señora Presidenta. (aplausos) -LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputada. Publíquese íntegramente en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Tiene la palabra el Diputado José Francisco Yunes Zorrilla, del Grupo Parlamentario del PRI para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para revisar los cálculos para la asignación del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social de los Estados y Municipios de la Ley de Coordinación Fiscal. -