El diputado Óscar Gustavo Cárdenas Monroy: Compañeras, compañeros diputados, la protección civil es una acción solidaria y participativa que en consideración tanto de los riesgos de origen natural o antrópico, como de los efectos adversos de los agentes perturbadores prevé la coordinación y concertación de los sectores público y privado, así como del social en el marco del sistema privado y social del sistema nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable y privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como de sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente. Nuestra Carta Magna señala la obligación de la federación, las entidades federativas y los municipios de salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas. Las situaciones de emergencia por las que nuestro país ha atravesado, como el terremoto de 85 y de 2017, o más recientemente en el caso del huracán Otis en Acapulco, en donde la organización de los ciudadanos han realizado acciones que contribuyeron de manera espontánea, organizada y coordinándose para mitigar las carencias de las familias damnificadas. Con el presente dictamen proyecto de dictamen se limita la participación de los sectores social y privado a colaborar con la captación de donaciones en especie y su correcta distribución entre la población afectada, al establecer centros de acopio solamente autorizados. No se puede excluir y prohibir la solidaridad que a lo largo de nuestra historia ha demostrado la sociedad mexicana en situaciones de emergencia. Asimismo, el proyecto de dictamen impone a las entidades federativas y municipios obligaciones para prever recursos para atender a la población en situación de emergencia, además de contratar seguros y otros instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre, sin analizar el impacto que tendrá en las mermadas y precarias finanzas de los estados y los municipios. Si bien se establecen fondos de ayuda federal e instrumentos presupuestarios de gestión de riesgos no se regulan con precisión y transparencia en la asignación y distribución para llevar a cabo las acciones preventivas y atender los daños ocasionados por una amenaza natural. Es de resaltar que los foros realizados con especialistas y expertos en la materia se plantea una serie de recomendaciones que no fueron incorporadas en el proyecto de dictamen a discusión, entre otros como lo manifestó Roberto Guadalupe Cañas Pozos de la Asociación de Postgraduados en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil quien dijo, es necesario establecer criterios reales para contratar seguros, montos de cobertura mínima necesaria y especificaciones particulares para cada estado. Asimismo, la doctora Naxhelli Ruiz Rivera, investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, señaló que el proyecto solo aborda la protección civil y deja afuera la regulación y desarrollo de las diferentes etapas que son correctiva, prospectiva, reactiva y compensatoria que contiene la gestión integral de riesgos para tener la capacidad de respuesta idónea ante cualquier eventualidad climatológica. Compañeras y compañeros diputados, el PRI no apoyará este dictamen por ser una clara violación al proceso legislativo, además porque el contenido del dictamen vulnera la protección de la ciudadanía frente a las emergencias y busca eliminar la obligación constitucional del gobierno federal de atender a la población ante las emergencias y desastres de cualquier índole. Muchas gracias.