El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, Nueva Alianza, desde su conformación como instituto político al servicio de los ciudadanos mexicanos, ha puesto de manifiesto en su actuación cotidiana y legislativa su firme convicción por el respeto irrestricto de los derechos humanos. Con esta misma irrenunciable convicción hemos hecho patente la importancia que reviste la importancia la atención prioritaria de las víctimas de los delitos o de las violaciones a los derechos humanos que se presentan en nuestro país. Bajo un enfoque integral de justicia restaurativa comparable a las mejores prácticas de derecho internacional, hemos sido reiterativos de lo anterior porque conocemos y somos solidarios ante la dolorosa situación por la que, lamentablemente, atraviesan las personas que caen en manos de la delincuencia o, peor aún, cuando se ven violentados sus derechos fundamentales. Sus angustiosas narraciones y su búsqueda de ayuda no hacen más que recordarnos el largo camino que deben recorrer para reclamar y encontrar justicia, así como la necesidad de reparar el daño causado por estos delitos o violaciones. También sabemos que en muchas ocasiones, tal vez más de las que se supondría, no se obtiene un resultado favorable, quedando la persona doblemente victimizada. Por ello el clamor social de exigir justicia por y para todas las víctimas que ha generado la pasada estrategia de seguridad en contra del crimen organizado resultó en la necesidad de crear un ordenamiento jurídico, eficiente, pertinente, eficaz y con niveles de responsabilidad claramente establecidos. Lo que se demanda es muy claro y necesario, es que por medio de este instrumento se promueva, se haga respetar, se proteja, garantice y permita el ejercicio efectivo de las víctimas de los delitos o de violaciones a sus derechos humanos y también a resarcir en la medida de lo posible el daño ocasionado. Las diversas afectaciones a los derechos de las víctimas, derechos consagrados tanto en nuestra Carta Magna como en los tratados internacionales de derechos humanos han obligado al Congreso de la Unión a diseñar una legislación idónea que fortalezca el ejercicio de sus derechos fundamentales y responda, con la debida celeridad, a sus necesidades y reclamos. En este sentido, el Estado mexicano dio un paso muy importante al publicar en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero del año en curso la Ley General de Víctimas, como resultado de la voluntad por parte del Ejecutivo federal para que entrara en vigor dicha ley, al encontrarse pendiente de publicarse en función de la controversia constitucional interpuesta por la administración pasada. En Nueva Alianza estamos conscientes y resaltamos la importancia que ha revestido la entrada en vigor de la Ley General de Víctimas. Consideramos que representa un instrumento jurídico esencial para cumplir y garantizar los derechos de las víctimas. Sin embargo, esa norma contenía diversas inconsistencias que la hacían, en los hechos, inoperable e ineficaz. Como toda legislación, esta ley es perfectible, susceptible de ser mejorada y optimizada para tener un marco jurídico adecuado que cumpla con los objetivos establecidos y se adapte a las nuevas necesidades sociales. En este sentido, el dictamen de la minuta que se discute contiene elementos de gran relevancia para la operatividad y eficacia de esta ley tales como la definición clara del concepto de víctima, las adecuaciones a las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral, los claros mecanismos de funcionamiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas o la simplificación de los mecanismos de registro. También debemos resaltar la estructura operativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el establecimiento de una asesoría jurídica federal de atención a víctimas, medidas que en conjunto tienen como eje de actuación la debida atención a quien ha padecido o fue víctima del delito. Asimismo se modifica el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral como órgano elemental para garantizar la reparación del daño, definiendo con certeza el mecanismo para la obtención de los recursos con los que podrá allegarse, especificando los montos y las hipótesis concretas, así como su armonización con las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales y el procedimiento para extraer los recursos del fondo. Compañeras y compañeros legisladores: la ciudadanía nos exige la atención urgente de este tema y nosotros, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, votaremos a favor de este dictamen, sumándonos a los esfuerzos que sean necesarios para actuar en favor de las víctimas y en la defensa de los derechos humanos. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias.