El diputado Enrique Ibarra Pedroza: Señoras diputadas y señores diputados, me inscribí efectivamente para compartir con ustedes algunos puntos de vista sobre la privatización de la energía eléctrica en nuestro país. El artículo 27 constitucional establece, en relación con la industria eléctrica, que corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. La ley secundaria establece que esas funciones son exclusivas de la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, contraviniendo lo establecido en dicho artículo constitucional, empresas como Iberdrola Energía Monterrey, Generadora Eléctrica San Rafael, Distribuidora de Gas Natural, Mexhidro, CICSA, Quimobásicos, y otras transnacionales están en el comercio ilegal de electricidad, venden energía pirata. Éstas y otras empresas participan de una privatización silenciosa, furtiva, ilegal, que tiende a la desnacionalización de la industria eléctrica. En el 2008 las cifras oficiales reconocían que el 31.07 (70 mil 980 gigawatts/hora) de la capacidad total de energía eléctrica destinada al servicio público ya se encontraba en manos privadas. Sin embargo, hay estudios serios que establecen, con fundamentos, que prácticamente en la actualidad operan y generan el 50 por ciento de la energía eléctrica. ¿Cómo operan? ¿Cómo se está dando esa desnacionalización? En diciembre del 92, en la antesala del TLC, se publicaron reformas a la ley de electricidad mediante la creación de la Comisión Reguladora de Energía para una mayor atención y eficiente despacho de los asuntos de la competencia de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal. Detrás de esa verborrea se disfrazó la arquitectura que generó esa cosa malhecha denominada Comisión Reguladora de Energía, cuya finalidad es la de constituirse --y lo está haciendo-- en el brazo operador para desnacionalizar la industria eléctrica vía la privatización y el servicio de energía. En un principio las empresas privadas echaron mano de los artículos 36 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica, y del 135 de su reglamento, y mediante las figuras de autoabastecimiento y cogeneración, según las cuales las personas físicas o morales pueden producir energía eléctrica para destinarla a la satisfacción de sus necesidades propias; encontraron la venta de energía a través de lo que denominaban excedentes, de manera tal que si una compañía trasnacional generaba 500 kilowatts/hora y consumía 10 kilowatts podía vender el resto, los 490 kilowatts hora. Luego vino una ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional esa figura de los excedentes. Sin embargo, las empresas privadas no se han dado por vencidas y ahora han recurrido nuevamente, a través de ilegalidades, a la figura de los excedentes mediante el esquema de asociados o socios de a dólar. ¿En qué consiste este modus operandi? Ya no se venden excedentes, sino que se suministra electricidad a los socios de la empresa. Por ejemplo, Iberdrola invita como socio a diverso cliente al que se le obliga a comprar cuando menos una acción que vale un dólar y entonces ese copropietario, como dueño paga el autoabastecimiento, no la compra de electricidad. En la actualidad existen 24 permisos otorgados por la Comisión Reguladora, principalmente a empresas extranjeras. En un claro ejemplo de simulación tenemos el caso de la compañía citada, Iberdrola, que mediante un permiso que le dio la Comisión Reguladora, de 619.5 megawatts, que después, en el 2006 lo amplió a mil 189.3 megawatts tiene más de 150 socios y mediante ese permiso, esa compañía le vende energía eléctrica en la ciudad de Monterrey, entre otros grandes corporativos a Coca Cola, Colgate, Oxxo, FEMSA, Maseca, Protexa, Cementos Apasco, Cementos Mexicanos, Cervecería Cuauhtémoc y una lista innumerable de trasnacionales. Un ejemplo adicional es el que ocurre con Mexidro, esta trasnacional opera fundamentalmente con 15 socios y están llevando acabo la venta de electricidad a diversos organismos municipales, léase ayuntamientos y organismos públicos de estados como México, Jalisco, Aguascalientes, Morelos y Guerrero. Es el caso, por ejemplo, del ayuntamiento de Guadalajara, el ayuntamiento de esa ciudad es socio de a un dólar, puede ser consultado en Internet, ésa es su sociedad y le paga a Mexidro 5 millones de pesos mensuales por concepto de autoabastecimiento. En el valle de México desde 2001 empezó esta nefasta práctica de la Comisión Reguladora de Energía y a partir de ese año se otorgaron 145 permisos a favor de Telmex, Cinemex, Unilever, Nestlé, Mabe, Liverpool, Bryston, Firestone, Bimbo, Wal Mart, Laboratorios Abud, Gilsa y otras empresas, con lo cual evidentemente dejaron de comprar electricidad a Luz y Fuerza del Centro provocando, contribuyendo con ello a los números que se han mencionado. Por ello, necesitamos en esta Cámara ver, debatir y discutir cómo podemos revocar esos contratos que a todas luces están en la ilegalidad, porque contravienen expresamente lo que establece el artículo 27 constitucional. La invasión de empresas privadas de la industria eléctrica es un agravio a la nación que debe ser detenido vía la revocación de los permisos respectivos y se les debe exigir la reparación de los daños ocasionados a la industria eléctrica nacional. Es un tema que seguramente nos acompañará en estos 3 años y que tendremos que detener esa práctica silenciosa, furtiva e ilegal de privatizar la energía eléctrica en nuestro país y que tantos daños ha causado a empresas y lesionado a organismos sociales productivos como el Sindicato Mexicano de Electricistas. Muchas gracias.