La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. En 1993 comenzaron a denunciarse públicamente en Ciudad Juárez casos de mujeres adolescentes y jóvenes asesinadas de entre 15 y 22 años de edad. Obreras de maquilas con rasgos y características similares, la mayoría de ellas fueron ultrajadas y brutalmente asesinadas para posteriormente abandonarlas en el desierto o basureros y lotes baldíos. Han pasado 25 años y la violencia contra las mujeres se recrudece. Hoy en día, siete mujeres son asesinadas en nuestro país diariamente en medio de violencia extrema. Es por el alto índice de mujeres muertas ocurridas en Ciudad Juárez y la visibilización por parte de las madres, familiares y organizaciones de la sociedad civil, hicieron posible que el gobierno reconociera la violencia sistemática hacia las mujeres, teniendo como respuesta que el 18 de febrero de 2004 se publicara en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez. Posterior a ello, en el año 2006, se publicó la Ley General para Igualdad entre Mujeres y Hombres, en 2007 la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como su respectivo reglamento. Este nuevo marco legal reconoce que la violencia que enfrentan las mujeres en su vida cotidiana es sistemática, tiene ciertas especificidades y es un obstáculo para el libre desarrollo de su proyecto de vida, que la vida de las mujeres importa. El principal avance con la promulgación de estas leyes, es que el Estado mexicano reconoce que la violencia hacia las mujeres debe de ser atendida como un asunto de primer orden en la agenda política interior del Estado. Este nuevo marco legal mandata la creación de un Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que implica la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para atender de manera integral e interinstitucional la violencia hacia las mujeres. En ese sentido el primero de junio del 2009 surge por decreto presidencial la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Conavim, con el objeto de coordinar las acciones encaminadas a la prevención y disminución de la violencia contra las mujeres en el país, y para promover la igualdad de género, atendiendo de forma integral y transversal las causas que dan origen a esta situación, respetando los derechos humanos desde una perspectiva de género y la procuración y fomento, en todo momento, de una participación activa de las instituciones públicas y de la sociedad civil organizada. Algunas de sus funciones son: elaborar y dar seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que conjunta las acciones del gobierno de la República en materia de promoción de igualdad y condiciones de combate a la discriminación contra las mujeres y las niñas. Por otra parte, la Conavim es convocante del Protocolo Alba, mecanismo interinstitucional para la búsqueda de mujeres desaparecidas. Es de vital importancia el hecho de que tiene bajo su responsabilidad en la declaración y seguimiento de las alertas de violencia género contra las mujeres, de las cuales ya hemos dado cuenta en este pleno. Por eso, y ante una propuesta de reforma por parte del siguiente gobierno en materia de la Ley de la Administración Pública Federal, nos parece fundamental que la Conavim siga existiendo, y que ya no sea por decreto, sino que ahora forme parte la Ley Orgánica de la Administración Pública. Hay muchos cuestionamientos en el sentido de si ha habido resultados o no en materia del combate a la violencia de género y, sin duda, los resultados concretos es que hoy en día tenemos muchas más mujeres asesinadas en nuestro país, y las múltiples formas de violencia hacia las mujeres se han incrementado. Pero no podemos dejar de reconocer y de mencionar que toda la política institucional que nos hemos dado para el combate a las diferentes formas de violencia de género, tienen grandes vacíos y, entre otros, presupuestales Y por ello, no debemos intentar desaparecer estos organismos o minimizarlos, sino por el contrario, dejarlos en la ley, darles los instrumentos legales para que funcionen los instrumentos humanos para que también puedan operar, pero sobre todo, y eso corresponde a esta soberanía, darle los instrumentos presupuestales para que realmente el combate a las diferentes formas de violencia de género, pueda ser una realidad y nos permita disminuir este fenómeno tan lastimoso como son los asesinatos de mujeres en nuestro país. Por ello, desde el Legislativo nuestra obligación es velar, porque el marco jurídico avance y ser fortalezca para que sea útil, como eje rector de la política pública...