EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, señor Presidente. Solicitaría de antemano un acto de generosidad para concederme más tiempo, dado que no existe fundamento para que en la discusión en lo general se conceda a los oradores cinco minutos. Compañeras y compañeros diputados: Estamos discutiendo en lo general un conjunto de reformas a diversos ordenamientos legales que son muy complejos. Hace un momento el diputado que me antecedió solicitó un voto de conciencia. Yo pediría de ustedes un voto informado. Poder contar con un voto responsable que tuviera que ver con la información necesaria para que se conociera el alcance de las reformas que eventualmente se podrían aprobar en unos minutos. Eso nos llevaría a reconocer que ese voto debe de ser un voto consecuente y congruente con los intereses de nuestros electores. No puede justificarse la necesidad de un marco jurídico más benéfico del que ya existe a favor de los acreedores y muy especialmente a favor de los banqueros. ¿Qué tienen los banqueros en México, qué tiene la banca en México a su favor? ¿Apoyos fiscales? Sí los tiene. ¿Impuestos diferidos? También los tienen; subsidios, altos intereses a su favor en los créditos que otorgan; tasas de comisión para los servicios bancarios ¡las más altas del mundo! señores. Maneja el dinero de los ahorros de los trabajadores, todo el conjunto del ahorro de los trabajadores lo maneja la banca, coloca sus excedentes de dinero en instrumento de inversión pública y nosotros, a través de impuestos, les pagamos los rendimientos en sus inversiones de sus excedentes de dinero. Tiene el Fobaproa, señores, tiene el Ipab, tiene impunidad judicial, tiene el pacto de anatocismo a su favor y tiene, al parecer, diputados, diputadas, senadores y senadoras a su servicio. ¿Qué quiere más la banca en México) (Aplausos de la fracción parlamentaria perredista) Pero lo que ya se ha dicho acá, para no seguir en el discurso político y poder entrar a las precisiones jurídicas que el caso requiere, porque, efectivamente lo dije al principio, es un asunto muy complejo desde el punto de vista jurídico. En abono a ello y por el escaso tiempo que nos están dando para debatir un tema de tal importancia ¡y que sin fundamento nos han puesto cinco minutos!, diré lo siguiente: La iniciativa pone al servicio de las instituciones de crédito o de financiamiento toda una estructura normativa para garantizar la protección de sus intereses y sobre todo la pronta recuperación de sus créditos, poniendo incluso en riesgo el principio de igualdad de las partes en el juicio o privilegiando la posición de los acreedores en procedimientos extrajudiciales para aplicar el valor de las garantías al pago de los mismos. Bajo los principios de certeza, celeridad, transparencia, seguridad y claridad se introducen en el procedimiento extrajudicial de garantías, modalidades que desvirtúan las figuras jurídicas que la doctrina y la ley en vigor definen, como es el caso del contrato de fideicomiso. El procedimiento extrajudicial de ejecución de garantías puede ser, y lo es, atentatorio de la seguridad jurídica tutelada por la Constitución, ya que priva al deudor de la oportunidad de su defensa, de la que debe de gozar en un procedimiento antes de ser privado de sus propiedades o cesiones o derechos. Se originan lagunas en relación al régimen fiscal que originaría la transmisión de la propiedad del deudor a una institución fiduciaria en forma anticipada al hipotético incumplimiento en que aquél pueda incurrir. Se confunde la naturaleza jurídica de los contratos de préstamo y garantía con los de transmisión de la propiedad. Se elimina la intervención de los notarios públicos, originando un grave riesgo no calculado, ya que en la concepción de los contratos de alto grado de complejidad jurídica la función de los notarios públicos expertos en derecho garantiza que con posterioridad no surjan conflictos originados por la participación de fedatarios carentes del nivel técnico adecuado. La libre convencionalidad, como se ha dicho, puede poner a los deudores en desventaja en relación a los acreedores en la ejecución de las garantías y transformaría radicalmente los procedimientos para impartir justicia, violando principios fundamentales de la Constitución como la garantía de la existencia previa de tribunales y la del debido procedimiento. Y si bien se señala como opcional para el deudor y para el acreedor seguir los procedimientos sumarios para hacer efectivas las garantías, en la práctica las instituciones de crédito condicionarían el otorgamiento del mismo a que necesariamente se siga tal procedimiento. (Voces en el salón: "¡Tiempo!") Se establecen disposiciones de carácter penal que contienen el criterio no de sancionar la conducta presumiblemente delictiva que describe el tipo. Con pena se dan en razón. -