La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea: en una sociedad en que la brecha entre los más vulnerables y los que todo lo tienen, se hace cada día más grande una educación pública de calidad, representa la opción por excelencia para abatir esas ofensivas diferencias. En este sentido, una obligación del gobierno es la aplicación de la ley para garantizar el estado de derecho y así alcanzar una convivencia sana y armónica, una democracia concebida como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En un estado de derecho, los individuos ceden al estado la responsabilidad de garantizar su seguridad. No obstante, una de las paradojas de nuestros tiempos es que en un mundo caracterizado por el avance de la ciencia y la tecnología, resurgen a la par los fundamentalismos y los dogmas que pueden ser entendibles en el marco de la libertad de creencias de que goza cada quien en lo individual, pero inadmisiblemente cuando se trata de imponer la voluntad de pequeños grupos conculcando un derecho fundamental, que es el que tiene todo individuo a recibir educación, me refiero al caso de Nueva Jerusalén. El cumplimiento de la norma constitucional es un acto obligado para el gobierno mexicano. Más aún, cuando se pone en riesgo el bien jurídico más preciado, que es la vida de las niñas y los niños al tener que emprender una verdadera travesía para llegar a la escuela ante la actitud contemplativa de un estado, cuya falta de acciones contundentes le convierte en cómplice. Hoy más que nunca, los principios que sustenta la educación pública conforme al tercero constitucional cobran vigencia, pues contribuyen a proteger la dignidad de las personas, la convicción del interés general de la sociedad y evitar los privilegios de religión o de grupos, pues si el principio de laicidad en educación debe entenderse como que ésta permanezca ajena a cualquier doctrina religiosa, mucho menos se debe de permitir que con base en este tipo de convicciones, alguien niegue a los demás un derecho constitucional, más no es ésta la amenaza única que se cierne sobre los principios que rigen la educación pública. Hoy, ante los apetitos de quienes ven en el ámbito educativo un nicho ideal para la realización de jugosos negocios, ratificamos que la educación pública es un bien común y debe permanecer pública y gratuita. Por ello, debemos de estar alerta ante cualquier intento por comercializar lo que pertenece a todos los mexicanos. En este contexto, cabe recordar que los libros de texto gratuito han constituido una herramienta fundamental en la educación de las y los mexicanos a lo largo de generaciones y hoy cobran mayor importancia como fuente de información científica, pues es indispensable que exista información confiable para que las y los mexicanos podamos conocer nuestra realidad y ejercer con plenitud entre otros derechos el que todos tenemos a la sexualidad y a la reproducción de manera libre, informada y responsable. Reconociendo el importante papel de la educación en la transformación de las personas y de las naciones, se ha decidido desde hace algunos años compararnos con los países más avanzados del mundo. Lejos de tomar los resultados insatisfactorios de nuestros estudiantes en los exámenes de PISA como pretexto para sostener la posibilidad de una privatización educativa, debemos comparar también los insumos y los procesos. El país moderno que todos queremos pasa indubitablemente por las aulas de las escuelas públicas, si de verdad estamos convencidos de que podemos transformarlo tendremos la oportunidad de mostrarnos congruentes a la hora de discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza asumimos la responsabilidad de velar por la laicidad de la educación pública y vigilaremos que ninguna niña, niño o joven deje de ejercer el derecho a una educación de calidad con equidad. Con base en estas consideraciones, les solicito respetuosamente su voto a favor del presente punto de acuerdo de urgente u obvia resolución. Primero. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Educación Pública a que en el ámbito de su competencia, y ante la ofensiva de que está siendo objeto la educación pública, garantice su defensa y rechace toda intervención que pretenda vulnerar el principio de laicidad de la educación, así como toda pretensión de privatizarla, promoviendo las acciones pertinentes para su fortalecimiento. Segundo. La Cámara de Diputados reconoce que los libros de texto gratuito constituyen un instrumento fundamental para la equidad y calidad en la educación, que ésta constituye un derecho y es obligación del Estado garantizar el acceso de todos los mexicanos y mexicanas a una educación pública, laica y gratuita. A su consideración. Muchas gracias.