La diputada Diva Hadamira Gastelum Bajo: La problemática y la violencia familiar era un tema olvidado que se quedaba en la privacidad de un hogar sin tener cabida ante él, el Estado, como órgano encargado de sancionar a quienes cometen este tipo de conductas y trasgredían la ley. En efecto, las conductas de violencia familiar quedaban al amparo de una serie de mitos culturales, que sólo provocaban que muchas de éstas acciones y omisiones graves quedarán en total impunidad. El Estado como órgano encargado de brindar a sus miembros, protección y de garantizar la seguridad jurídica e igualdad entre mujeres y hombres, indispensable para cumplir con los fines derecho, quedaba al margen de cualquier intervención. En ese orden de ideas, las garantías individuales favorecen la armonía social y salvaguarda los derechos fundamentales de los individuos. Tal es el caso del artículo 14 de nuestra Carta Magna que protege contra posibles abusos de autoridad y refuerza la garantía de audiencia previa a la limitación o pérdida de cualquier derecho, dando una importante certeza jurídica. Justamente por ello debe relacionarse directamente con el tema de la protección inmediata y urgente, de quien es víctima de la violencia familiar, donde la intervención oportuna del Estado, puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Así, la presente iniciativa de reforma al artículo 14, pretende hacer una excepción temporal de protección a las víctimas de violencia familiar, al contemplar la salvedad de las ordenes de protección hasta por 90 días, que sin lugar a dudas permitirán esa inmediatez y oportunidad de acción del Estado y la gran posibilidad de evitar la comisión de delitos graves de imposible recuperación material. De no ser así, resultaría paradójico que un precepto constitucional protector y garante tan valioso, representará un obstáculo para la protección de la propia vida y garantía de seguridad, prevaleciendo consecuentemente el interés particular sobre lo general. Esta posibilidad, si bien es novedosa en el derecho mexicano, ha sido ampliamente explorada y empleada en diversos países de América con tradición jurídica similar a la nuestra, siendo de mayor congruencia con las convenciones: Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, Convención Belem Dopará y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres, CEDAU, suscritas y debidamente ratificadas por México. Por ello, en clara concordancia y congruencia con la propuesta de adición al artículo 14 constitucional, resulta procedente adicionar la fracción VII al apartado "B" del artículo 20 constitucional que facilita el otorgamiento de las órdenes de protección como una clara ampliación de los derechos victímales tan necesarios en nuestros días, permitiendo que sea la ley secundaria la que determine cuáles serán estas ordenes de protección. Dichas medidas permitirán garantizar la vida e integridad de las personas como parte fundamental de los derechos humanos, por lo que se pone a consideración el siguiente proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 14 y adiciona una fracción VII al apartado "B" del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Primero. Se adiciona el párrafo segundo al artículo 14 constitucional para quedar como sigue: Artículo 14. "... a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, salvo en el caso de las órdenes de protección que otorgue la autoridad administrativa o ministerial en materia de violencia familiar o violación, mismas que no podrán exceder de 90 días sin causa justificada en los juicios de orden criminal". Segundo. Se adiciona la fracción Séptima al apartado "B" del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 20, apartado "A". Del inculpado. La adición es la fracción VII, "...a que los sistemas de auxilio a víctimas, otorguen las órdenes de protección que la ley determine, dentro de las 24 horas siguientes al inicio de la averiguación previa, en los delitos de violencia familiar y violación". Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Gracias.