LA C. PRESIDENTA: Gracias, ciudadano diputado. Tiene la palabra a nombre de la Comisión, para fundamentar el dictamen, el diputado Armando Salinas Torre. -DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Con su venia diputada presidente: Previo a hacer uso del tiempo que tengo para la intervención, quisiera hacer del conocimiento de la Asamblea y de usted, la siguiente comunicación: "Distinguida diputada presidenta: "Una vez concluida la discusión y aprobación del dictamen que nos ocupa por parte de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, se ha formulado por algunos diputados una propuesta a la junta directiva de la propia comisión, con relación al dictamen mismo, la cual sometemos a consideración de este Honorable Pleno en los siguientes términos: "Se propone adicionar un enunciado de la fracción XI del artículo 7, para quedar como sigue: "Fracción XI.- El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los programas de subsidio, así como los padrones de beneficiarios de los programas sociales que establezca el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. "Agradecemos a usted se someta a consideración del Honorable Pleno de la Cámara de Diputados y hacemos propicia la oportunidad para hacerle llegar un respetuoso saludo. Suscribe la mesa directiva de la Comisión de Gobernación" -PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. Lo vamos a someter con este texto en la discusión en lo particular y el tiempo tomado para esta presentación no se computa en su presentación general. -DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Muchas gracias. Compañeras diputadas y diputados: El dictamen que nos ocupa es, muy probablemente, el legado jurídico de mayor trascendencia para la vida democrática del pueblo de México en la cotidianeidad. Es éste probablemente uno de los instrumentos de mayor trascendencia que pueda legar la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, la cantidad de información disponible en una sociedad, está directamente relacionada con su desarrollo y calidad de vida. Una comunidad informada es partícipe de la construcción de las soluciones de sus problemas y por tanto, en la transformación de su realidad. La información tiene un efecto positivo multiplicador porque orienta las decisiones particulares y de grupo, sobre la base de un mejor conocimiento de las oportunidades del entorno. La información sobre el empleo de los recursos públicos tiene un efecto cualitativo directo en la democracia; porque conduce hacia una efectiva rendición de cuentas, misma que se constituye en termómetro y brújula de la voluntad popular, manifestada no sólo a través del voto, sino de la participación diaria en los asuntos públicos. Pocas señales pueden ser tan claras, pueden ser claras muestras de la consolidación de nuestra democracia y avance continuo y definitivo hacia la superación del ejercicio arbitrario del poder, como la que hoy enviamos los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federales, así como la propia sociedad civil. Todos sabemos que el incremento de acceso a la información, es inversamente proporcional al autoritarismo. La decisión a favor de la transparencia que hoy nos ha llevado a una convergencia plena, clarifica la progresiva modificación en el concepto y sentido del uso del poder público en México. El derecho a la información es uno de los puntales del proyecto democrático moderno en todo el mundo; su correlato, la transparencia, es quizá el más importante ejercicio de control sobre el comportamiento del Estado y sin duda una de las más poderosas garantías hacia la maduración ciudadana. En la base de la ley que hoy sometemos a su consideración está nada menos que la modificación de las coordenadas de la relación entre gobierno y gobernados. Esto es así porque el acceso a la información y la apertura, fracturan el sostén mismo de la tradición vertical patrimonial y personal del ejercicio del poder. La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, es un instrumento propio del sistema de relación política que tienden hacia una horizontalidad. En ellos crecen los mecanismos y que contienen el poder de la autoridad y crecen los que amplían el poder del ciudadano. Estamos dando contenidos concretos y herramientas útiles para el cambio democrático que hoy en el proceso de construcción de esta ley, nos ha comprometido a todos. Damos vida a un instrumento que ofrece el camino y los recursos necesarios para la satisfacción del acceso a la información. El gobernado hará valer sus derechos sobre los poderes federales, los órganos constitucionales autónomos y en general cualquier persona que reciba recursos públicos a través de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. La aprobación de esta Ley constituirá un suceso cuya aportación a la consolidación de nuestra democracia es de tal envergadura que rebasa las mejores predicciones de todos los que hemos participado en su construcción. Inicio mis palabras destacando esto, porque en muchas ocasiones sucede que quieres son parte de un cambio histórico, me refiero a la sociedad mexicana de hoy, lo aquilatan sólo con el paso de la propia historia. No cometamos ese error. Con generosidad y humildad, demos a este logro el lugar que le corresponde. La Ley Federal de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, es valiosa en sus contenidos, pero también lo es en su proceso de creación. Con respecto a esto la sociedad debe saber que se trata de un producto resultado no sólo de la incorporación de tres proyectos distintos, provenientes tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo Federal, sino además de la aportación de actores de la propia sociedad cuyas actividades se ven directamente fortalecidas por nuestra propia norma. No me refiero a una intención abstracta e imprecisa de sumar opiniones, sino a un proceso específico que incluyó la decisión, por parte de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, de crear un grupo de trabajo en materia de transparencia gubernamental el cual sintetizo las iniciativas del Partido de la Revolución Democrática, del Ejecutivo Federal y de un grupo plural de diputados. Todas ellas coincidieron en el fondo, si bien divergentes en algunas formas. Pero además la Comisión llevó a cabo un proceso de diálogo continuo y cercano con representantes del Ejecutivo Federal, de los medios de comunicación, del sector académico especializado, de tal manera que nos condujo al acompañamiento de la construcción de la misma como un proyecto, artículo por artículo. Surgió como por supuesto un proyecto perfectible. Esto como lo son todos, pero surgió un modelo que, en ocasiones con enormes dificultades logra incorporar inquietudes más significativas de todos los sectores. Quiero insistir, la presencia de la sociedad en la construcción de esta norma, se ha dado por dos vías: Primero, por conducto de sus representantes populares, y Segundo, mediante su contribución directa. Hemos identificado tres ejes en la ley: El primero es la obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de los ciudadanos la información que les permite acceder al conocimiento directo de las funciones, acciones, resultados, estructura y recursos asignados. Se trata de información cuya disponibilidad será permanente. El segundo eje es el derecho de los particulares a requerir información a los sujetos obligados. El procedimiento para tal efecto está regulado a detalle con respecto a la Administración Pública Federal. Los Poderes Legislativo, Judicial, así como los órganos constitucionales autónomos y los tribunales administrativos, establecerán sus procedimientos de acceso que en todo caso deberán respetar, al menos, los derechos consagrados en el procedimiento descrito en la ley. El tercer eje se refiere a la creación de instituciones responsables de aplicar la interpretación. Habrá, en consecuencia, un instituto federal de acceso a la información pública. Además la norma que hoy cobra vida, si así lo decide la asamblea, prevé. en armonía con los estándares internacionales aceptados de manera común, ciertas reservas y confidencialidades en el acceso a la información que se justifican en el equilibrio entre el derecho a la información y la protección del interés público y la privacidad de las personas. La información reservada incluye hipótesis tales como aquella que ponga en riesgo la salud y la integridad física de las personas, la seguridad pública, la seguridad nacional, la defensa nacional, así como la información cuyo acceso pueda dañar la estabilidad económica del país. Para el acceso a la información cada entidad o dependencia de la administración pública federal, así como la Procuraduría General de la República, contarán con una unidad de enlace la cual será el canal de flujo de información entre gobierno y gobernados. El instituto mencionado será instancia de revisión ante la interposición del recurso por parte del particular, provocada por la negativa de su solicitud de información. Aún más, el particular podrá atacar la decisión del instituto por la vía del juicio de amparo ante el Poder Judicial de la Federación. Este instituto tendrá autonomía presupuestaria, operativa y de decisión y estará dirigido por cinco consejeros. Será el órgano regulador en la materia de información para el gobierno federal y resolverá, a la manera de tribunal administrativo, las controversias entre los particulares y la administración. Por último, hemos contemplado la inclusión de sanciones para los servidores públicos, para todos aquellos que utilicen, destruyan, oculten o alteren la información o bien actúen con negligencia, dolo o mala fe en la substanciación de las solicitudes, así como en la de denegar intencionalmente información pública. Se sancionará por igual a quienes entreguen información reservada o confidencial. Esta ley no resuelve todas las demandas de los actores que intervinieron en su construcción. Eso está claro. Pero de igual manera es ineludible y nadie puede dudar del valor del resultado alcanzado. En muchos temas, bien lo sabemos, las diferencias han imperado sobre la convergencia. Hoy ha sucedido lo contrario: después de un trabajo intenso, creativo, propositivo y al mismo tiempo complejo y difícil, todos y cada uno de los miembros de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública han hecho una labor ardua y responsable. Reconozco su compromiso y hago votos por ejercicios posteriores igualmente constructivos. Hago votos también por el reconocimiento a la voluntad democrática explícita por los iniciadores. Celebro además la inclinación del Ejecutivo Federal hacia una democracia donde la verdadera fortaleza esté en el ciudadano. Es cuanto, diputada Presidenta. (Aplausos) - LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Para fijar posiciones en la discusión en lo general, se han inscrito: El diputado José Manuel del Río Virgen a nombre de Convergencia Democrática. La diputada Beatriz Lorenzo Juárez a nombre del Partido Alianza Social. El diputado Gustavo Riojas Santana a nombre del Partido de la Sociedad Nacionalista, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por cinco minutos. El diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del PT, y El diputado Arturo Escobar y Vega, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quienes tendrán el uso de la palabra hasta por diez minutos. Se ofrece el uso de la palabra al diputado José Manuel del Río Virgen. -