La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. La práctica de legislar al vapor constituye un retroceso al actuar de esta Cámara de Diputados. Continuar bajo está lógica solo perpetuará la visión de que en esta soberanía se hace lo que el Ejecutivo manda y no lo que los mexicanos necesitan. En nuestra opinión, el dictamen a discusión requiere de un análisis profundo que reconozca los alcances y consecuencias que la reforma a la Ley de Seguridad Nacional tendrá a la cooperación internacional y en la seguridad interna de nuestro país. La construcción de política exterior mexicana, tarea ineludible correspondiente al Ejecutivo de este país, debe de buscar en todo momento que prevalezcan los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de amenazas o el uso de fuerza en relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacional. Atendiendo a estos principios se debe tener una defensa razonada en el actuar que tenemos con otros Estados, buscando el bien común entre las naciones. Consideramos que los cambios que se proponen analizar en relación a las actividades de enlace para el intercambio de información con autoridades mexicanas que desarrollan los agentes extranjeros en el territorio nacional no deben de realizarse en la Ley de Seguridad Nacional, ya que estas se enmarcan dentro de las relaciones entre los Estados y no exclusivamente en lo relacionado a la seguridad nacional, sus riesgos y amenazas. Por otro lado, se está sobre regulando el tema, consideramos que solo debemos actualizar el acuerdo de 1992, publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde nacen estas condiciones, no existe impedimento, lugar legal para hacerlo, no hay necesidad de estas reformas. Es claro que los cambios propuestos a la Ley de Seguridad Nacional buscan fortalecer el paradigma centralista a través de la Seguridad Nacional, donde el Estado estará al centro de las actividades que los agentes extranjeros realicen en territorio nacional. Sumado a ello, las proporciones normativas que se proponen burocratizan los procesos en la materia que se pretende regular e invaden la soberanía de las entidades federativas y municipios ya que se atenta en contra del pacto federal al establecer una subordinación a través de obligatoriedad de entregar una información de actividades que realicen con los agentes extranjeros al no realizarse mediante convenios de colaboración que eliminan, que alimentan a la red nacional de información que establece la Ley de Seguridad Nacional. De igual manera, el párrafo primero cede sus facultades en contra de todos los servidores públicos del país que se relacionen con los agentes extranjeros, no especificándose el objeto de esta, al cual quedarían sujetos a control del Consejo de Seguridad Nacional y podrían incurrir en responsabilidades penales y administrativas. Los cambios que se proponen solo refuerzan una posición anacrónica y ambigua, en donde todos seremos sospechosos de atentar contra la seguridad nacional. Al no tomar en cuenta las voces de todos los interesados y especialistas se está tirando a la borda la posibilidad de construir una porción normativa en la materia que busque la cohesión social alrededor de un proyecto de nación y no únicamente que responda a los intereses del gobierno en turno, más que a las necesidades que trasciendan éxitos presidenciales. En Movimiento Ciudadano defendemos el derecho a la privacidad y el hecho de que ser servidor público no implica renunciar a ese derecho, argumentando supuestas razones de seguridad nacional, ni tampoco pueden ser obligados a informar sobre las comunicaciones, las llamadas y encuentros con agentes extranjeros, independientemente de los temas que se traten con estos. Por otro lado, es una propuesta que obliga a otros a compartir toda la información que reciban en el ejercicio de sus funciones, pero no obliga textualmente al gobierno federal a ser recíproco y compartir con los agentes extranjeros toda información que este genere, con lo que la cooperación mutua deja de existir. Hay una evidente asimetría. El propio exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, ha dicho que el 90 por ciento de la información viene de fuera, mientras que México solo aporta el 10 por ciento. Casos como la captura del capo trasnacional, Joaquín Guzmán Loera, han sido gracias a la cooperación bilateral. La delincuencia organizada trasnacional se combate de manera conjunta y entendiendo que existe información que requiere de la mayor secrecía, a fin de evitar situaciones que puedan destruir un trabajo de meses, incluso años. Para Movimiento Ciudadano, los cambios a la Ley de Seguridad solo tendrán como efecto hacer que la cooperación entre los países sea más difícil al exterior y más burocrático al interior. Siempre estaremos de acuerdo en que los agentes del extranjero actúen en nuestro país dentro de los límites legales, incluyendo el intercambio recíproco de información que haga posible tener mayor cantidad de insumos para desarrollar estrategias conjuntas que permitan fortalecer la seguridad nacional. Claro que nos negamos rotundamente a ser permisivos de la comisión de arbitrariedades a las actividades extralegales generadas por los agentes extranjeros. No queremos más casos como el de Guillermo González Calderoni. Pero argumentar que es necesario contar con instrumentos legales para proteger la soberanía y romper con una historia de falta de institucionalidad de la actuación de agentes extranjeros en el país, sería desconocer la existencia de acuerdos en la materia. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra de ese dictamen, por la falta de consenso y análisis en un tema que requiere de mayor atención y profundidad. Es cuanto, señora presidenta.