El diputado Ernesto de Lucas Hopkins: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de esta honorable asamblea. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la LXI Legislatura en esta Cámara de Diputados desea expresar su posición con relación al encuentro sostenido ayer por la secretaria de Estado de Estados Unidos y diversos funcionarios relacionados con el tema de la seguridad, con el gobierno mexicano. En primer lugar, sin lugar a dudas queremos dejar en claro que la relación bilateral entre México y Estados Unidos es la más importante para la política exterior de nuestro país, y que cada vez es mayor su relevancia estratégica regional y global. De hecho es casi un lugar común referirse a la frontera entre México y Estados Unidos como una de las más complejas, de las de mayor tránsito de personas e intercambio comercial del mundo. También queremos hacer un reconocimiento de que la importancia que el trabajo y la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos de Norteamérica es esencial para el avance en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales; así como en el establecimiento de estrategias para enfrentar los problemas comunes entre los que sobresale, sin lugar a dudas, la lucha contra el narcotráfico. Compartimos la visión que hace unos momentos expresaron nuestros compañeros diputados del Partido Verde con respecto a lo lamentable de que la visita de la secretaria de Estado norteamericana, Hillary Clinton, se presente a tan sólo unas semanas del crimen cometido contra funcionarios vinculados al Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Chihuahua, sobre todo, habida cuenta de la antelación con que tal encuentro se había preparado precisamente para dar seguimiento a los acuerdos del Plan Mérida. Aquí en esta tribuna hemos expresado nuestra condena y hemos exigido que se investigue y esclarezca el artero crimen hasta sus últimas consecuencias. De la misma manera estamos convencidos de que es imprescindible reforzar la coordinación bilateral para enfrentar un flagelo que se ha hecho un fenómeno transfronterizo, dentro de la lógica regional y global que el tráfico de enervantes ha desarrollado en las últimas décadas. Es, desde luego, un problema de salud pública tanto para México como también lo debe ser para Estados Unidos; sin embargo, debe reconocerse que la demanda se genera dentro de la sociedad norteamericana; mientras que en México el mayor problema es el de la violencia organizada vinculada al tráfico de drogas, con destino a aquel país. Adicionalmente, es evidente que ligado estrechamente a este problema está el tráfico de armas, en sentido inverso, situación que hace más difícil la tarea de los cuerpos de seguridad mexicanos y mayor la responsabilidad del gobierno norteamericano para dejar en claro su compromiso de colaboración con nuestro país para detener dicho tráfico, que no sólo vulnera la soberanía de ambos países, sino que agudiza el conflicto entre los diversos cárteles de la droga y hace más sangrienta la disputa por el control de territorios y mercados. Resultado de este encarnizado enfrentamiento es el cada vez mayor número de víctimas inocentes que se ven inmolados por la desenfrenada lucha precisamente entre los cárteles de la droga. Es de desear que también se aproveche esta oportunidad para discutir otros temas relevantes de la agenda bilateral, aunque no se encuentren establecidos en la agenda del tan cacareado Plan Mérida; pero que desde luego estén vinculados con la seguridad en ambos lados de la frontera y que tienen que ver precisamente con la delincuencia organizada. La idea de que la violencia en territorio mexicano sea una amenaza que pueda derivar en violencia en territorio americano es un mito que requiere ser denunciado. No es como erróneamente señalan algunos altos funcionarios del gobierno norteamericano, que la delincuencia organizada en México sea un problema local. Urge que se reconozca la naturaleza trasfronteriza de los problemas y que prevalezca el principio de corresponsabilidad en la cooperación bilateral, como reconociera recientemente el subsecretario de Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Arturo Valenzuela. Sin duda, preocupados por los derechos humanos de los migrantes mexicanos, las partes deben aprovechar la ocasión para discutir y avanzar en la atención de nuestros connacionales. Se sabe, por ejemplo, que anualmente son deportados 17 mil menores no acompañados, sin que se notifique a las autoridades mexicanas con oportunidad. Si como lo declaró el subsecretario Valenzuela, uno de los objetivos de esta visita fue tener un diálogo fructífero para encontrar una vía de cooperación y fortalecer el imperio de la ley en México, y como una forma de mejorar la de por sí dinámica frontera bilateral para el siglo XXI, no se debe regatear el apoyo institucional ni logístico u operativo. Dado el alto nivel de la delegación que visitó nuestro país el día de ayer, en el Partido?