La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Compañeras y compañeros diputados, pareciera que no tuviera sentido el venir a plantear que se sostenga el artículo 41, en virtud de que se ha votado ya la reforma al 26 y con ello la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria. Pero si esa propuesta pasa, obligaría entonces a que se mantuviera. Voy a continuar con la segunda parte de mi intervención. El máximo órgano de interpretación constitucional en México, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pleno resolvió el pasado 14 de octubre del 2008, la controversia constitucional 66 2005 y que causó sentencia ejecutoria el primero de diciembre de 2008. La resolución fue que los acuerdos son inconstitucionales cuando las licencias de uso del suelo las autorice el gobierno del estado y no los municipios. No obstante esta sentencia ejecutoria del primero de diciembre del 2008, el gobierno del estado siguió autorizando las licencias de uso de suelo. ¿Cuáles licencias? El 90 por ciento de los 352 conjuntos habitacionales construidos en los años a los que hice mención del 99 al 2011, en el periodo de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, fueron los que emitieron acuerdos de autorización que son inconstitucionales, toda vez que las licencias de uso del suelo las autorizó el gobierno del estado de México y no los respectivos municipios de la entidad mexiquense, porque muchos de estos asentamientos humanos se construyeron en propiedad ejidal, concretamente en los ejidos de San Francisco, Santa María Tonanitla, San María Chiconautla, Santo Tomás, San Pablo y en los municipios de Tecamac y Tultitlán y sus barrios en Cuautitlán Izcalli. No obstante se han seguido autorizando licencias indebidamente. Los beneficiarios de esos desarrollos en el estado de México son Urbi Desarrollos Urbanos, Promociones de Vivienda Integrales, Consorcios de Ingeniería Ara, Desarrollos Inmobiliarios Sadasi, Comex Geo, entre otros, cometiendo el delito grave de fraccionadores porque enajenaron, vendieron y gravaron las viviendas sin tener el permiso previo para enajenar o vender esto por la instancia correspondiente. Todo ello fue con la finalidad de difundir la publicación de los conjuntos habitacionales en comento, teniendo permisos para enajenar, permisos que no fueron dados por la autoridad responsable, no cumplieron con los términos de autorización, no promovieron prórrogas para terminar las obras de urbanización y equipamiento de las viviendas. Se les devolvieron las fianzas al 100 por ciento a favor del gobierno del estado de México, sin que terminaran de construir y entregar las obras de urbanización, con la complicidad de los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano. En algunos municipios incluso no han realizado las actas de entrega total y definitiva de los citados conjuntos habitacionales, es decir, no están municipalizados. Simularon actas de entrega parciales, totales y definitivas. También simularon la supervisión de bitácoras de construcción. Ésta es la herencia que deja el actual presidente electo en el desarrollo territorial urbano que hoy nos quiere imponer a todos los mexicanos y beneficiar a los grandes desarrolladores. Esta reforma inconstitucional que extingue a la Secretaría de la Reforma Agraria son para intereses principalmente muy particulares de sus promotores y en específico del compadre incómodo del presidente electo, y me refiero al ex candidato perdedor de la alcaldía de Monterrey, Nuevo León, y ex diputado federal Felipe Henríquez, personaje que cuando fungió como secretario particular de la titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, María Teresa Herrera Tello, utilizó su puesto para apoderarse de predios de propiedades ejidales. Esta afirmación no es ninguna difamación. Existen incluso medios de comunicación que lo han destacado y uno de ellos es el Reporte Índigo del pasado 30 de mayo del 2012. Asimismo, se hace el señalamiento de que ex funcionarios de la Reforma Agraria adquirieron de manera ilícita tierras con litigios ejidales en la Isla Blanca del norte de Cancún, al poniente de Mérida, Yucatán, y en Tulum, Quintana Roo, en donde pretenden construir grandes complejos con la figura jurídica constitucional de los núcleos de población ejidal. Y así podría reseñar muchas otras cosas. El pasado 12 de noviembre también la periodista del diario La Jornada, Angélica, hizo la publicación del reportaje titulado Holbox: el paraíso del Caribe en peligro. Y bueno, como si lo anterior no fuera poco, ha sido publicado también la compra de tierras con sobreprecio por familiares del actual gobernador de Nuevo León. Compañeras y compañeros. Si se hubiese dado vista a la Comisión de la Reforma Agraria, esta discusión la hubiésemos hecho al seno de la comisión, pero no como se dio vista, tenemos que hacerlo aquí, en la tribuna, donde ustedes seguramente, incluso, muchos desconocen realmente cuál es el fondo de esta reforma que en un momento dado hoy nos ocupa. Compañeras y compañeros, éste es el verdadero espíritu de los desarrolladores inmobiliarios para extinguir la Secretaría de la Reforma Agraria. Por tal motivo solicito se quede como está el artículo 41 en comento. Diputado presidente, por su tolerancia, gracias.