LA MISMA SECRETARIA: ( Iniciativa del Congreso del estado de Chihuahua) Cumplida su encomienda, diputado Presidente. EL PRESIDENTE: Gracias, Secretaria. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene la palabra el diputado don Enrique Ariel Escalante Arceo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EL DIPUTADO ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO: Diputado Presidente, compañeras y compañeros legisladores: El concepto de una Federación parte de la idea de que diversas jurisdicciones autónomas o estados libres, ceden parte de su soberanía con la finalidad de enfrentar determinadas tareas o funciones en forma conjunta o federada, sin perder la potestad de tomar sus propias decisiones respecto a su régimen interior. Partiendo de ese concepto podemos afirmar que nuestro país ha recorrido todas las frecuencias en el cuadrante entre centralismo y federalismo, desde un México que antes de ser nación se convirtió en país, hasta el México de nuestros días, que siendo ya una nación sólida, con identidad, nos pronunciamos por promover el reconocimiento pleno de los alcances de la soberanía y la libertad de las entidades que conforman nuestra Federación. Con ese ánimo, he solicitado hacer uso de la tribuna para someter a la consideración del Pleno una iniciativa con exposición de motivos y proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 46, 105 y 117 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de impulsar nuevas facultades para las entidades federativas, haciendo a un lado prejuicios decimonónicos, que lejos de asegurar el Pacto Federal, coartan la libertad de los estados para desarrollar acuerdos o convenios entre sí, que permitan detonar proyectos comunes tendientes a crear espacios de bienestar en el territorio nacional. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, en su artículo 162, enclavado en el Título Cuarto, sección tercera, de las Restricciones de los Poderes de los Estados, prohibía expresamente en su fracción IV que los estados de la Federación entraran en transacción alguna con potencia extranjera; sin embargo, ese mismo artículo en su fracción V permitía a las entidades, previo consentimiento del Congreso General, entrar en transacción o contrato entre ellos. Asimismo esta fracción, en tratándose de acciones sobre arreglo de límites requería del consentimiento del Congreso General en forma posterior. La situación varió con el advenimiento de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, que en su artículo 111, fracción I prohibía taxativamente que los estados celebraran alianza, tratado o coalición con otro estado o con potencias extranjeras. No obstante, esta misma fracción ponderaba la excepción de la coalición entre los estados fronterizos para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros (sic). La Constitución vigente siguió considerando la prohibición de celebrar cualquier tipo de relación contractual entre los estados, en clara tendencia centralista, por el temor al separatismo, circunstancia histórica propia de la primera mitad del Siglo XIX. En la actualidad la posibilidad de la separación de un estado integrante de la Federación es remota e improbable, debido a la fortaleza y solidez de las instituciones mexicanas, al ambiente de paz que priva en la nación y a la seriedad con la que se conducen gran parte de los gobernantes y representantes populares. En el texto vigente de nuestra Carga Magna existen dos excepciones a la prohibición de suscribir convenios o acuerdos entre las entidades federativas, las cuales están previstas en los artículos 46 y 119. El primero, tratándose de convenios amistosos para el caso de problemas limítrofes, con la aprobación del Congreso de la Unión. El segundo es en materia judicial para el caso de persecución de reos, aunque en este caso no es necesario que sean sancionados por el Poder Legislativo de la Federación. Es menester dejar atrás el prejuicio histórico del conato separatista, para catapultar a los estados a nuevos espacios donde se cree una alternativa más de desarrollo regional a través de acuerdos o convenios que estén investidos de todos los efectos jurídicos para su debido y puntual cumplimiento. Por ello, esta soberanía debe considerar una adición al artículo 46 y reformar el artículo 117 fracciones I y II para destrabar viejos resabios y proporcionar la posibilidad a las entidades federativas de contraer convenios o acuerdos entre sí, pero conservando la facultad del Congreso de la Unión para autorizarlos. Esta media debe adoptarse no como medio para impedir una remota decisión del territorio federal, sino como una medida clarificadora de las atribuciones y facultades de las entidades federativas que se desprenden por exclusión de las atribuciones y facultades concedidas por la Constitución vigente a la Federación y a los municipios, evitando así cualquier tipo de confusión, controversia o duplicación de funciones. Por otra parte, será necesario reformar el artículo 105 y adicionarle una nueva fracción tercera con la finalidad de que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que, mediante un proceso de conciliación, medie entre las partes contratantes en los casos de incumplimiento, modificación o recesión de estos instrumentos de colaboración. Si esta reforma es avalada por el Constituyente Permanente, tendríamos que reformar en breve la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política vigente, a fin de instrumentar el procedimiento por el cual puedan ser ventilados estos casos cuyos fallos sean definitivos, obligatorios e inatacables. En las últimas dos décadas, nuestros gobiernos nacionales han desencadenado una agresiva e intensa labor a favor de las relaciones comerciales, de la cooperación económica y ayuda a terceros países a través de mecanismos de colaboración como tratados, convenios o acuerdos, cuyos fines han sido crear regiones de bienestar y desarrollo mutuo. Con ese mismo interés, los Poderes de la Federación deberán actuar al interior y estimular a las entidades federativas, para que bajo ese tipo de esquemas y en pleno ejercicio de sus facultades, creen sus propios espacios regionales acordes a su interés común. Esta reforma se inscribe en el marco del nuevo federalismo. Si esta iniciativa prospera bajo la voluntad mayoritaria de los representantes populares aquí congregados, habremos remontado el tabú manifiesto sobre estos temas que fue divisa de los que nos antecedieron en esta honrosa responsabilidad. En el Plan Puebla-Panamá, en su punto sobre orientaciones iniciales para un programa de desarrollo integral y sustentable de la región sur-sureste, establece que, la relación bilateral entre los gobiernos estatales y el Gobierno Federal, será complementada cada vez más por una relación regional, en la que los gobiernos de los estados acuerdan entre sí acciones interestatales y forman una base común de acuerdos con el Gobierno Federal. Dicho plan, continúa diciendo que el principio básico de este modelo es el impulso de la asociación voluntaria entre los gobiernos de los estados para definir y llevar a la práctica una estrategia integral de desarrollo sustentable y proyectos estratégicos regionales. Esta visión regional de desarrollo sustentable carecería de vigencia y seriedad si no estuviera sujeto a esquemas y mecanismos de carácter jurídico que permitan la asociación de estados entre sí, con la certidumbre de que serán respetados y cumplidos en todos sus puntos. El éxito de los convenios y acuerdos biestatales o pluriestatales sobre proyectos de visión regional, no pueden garantizarse a través de la simple asociación voluntaria, como propone el plan en comento; en esta clase de mecanismos donde pudieran estar en juego altos intereses de cada estado participante, además de considerables montos presupuestales, es necesaria la existencia de instrumentos de cooperación. Quizá algunos no perciban la riqueza en la seriedad de convenios y en la variedad de convenios y acuerdos que pueden desprenderse de esta reforma, pero aquellos que la comprendemos y que advertimos su alcance, debemos asumir la tarea de difundirla y defenderla, no sólo por el simple hecho de dejar atrás viejos temores, sino porque esta república en constante perfeccionamiento, merece la oportunidad de ser iniciada en nuevos ámbitos que aseguren su permanencia y su madurez plena". Y concluyo, diputado Presidente. En mérito de lo anterior y en ejercicio de la facultad que me otorga el artículo 71, fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara la presente iniciativa de reforma y adiciones a los artículos 46, 105 y 117 de nuestra Ley Fundamental, por lo que solicito a la Presidencia turne el caso a las comisiones competentes, ordene su publicación en la Gaceta Legislativa para mayor información de los diputados, y en su oportunidad, se turne al Senado para que proceda en términos en lo previsto por el artículo 135 constitucional. Procedo a entregar la iniciativa que nos ocupa a la Secretaría, para su debido trámite. -