El diputado Blas Ramón Rubio Lara: Con su permiso, señor Presidente. Con permiso, compañeras diputadas y diputados. Vengo ante esta máxima tribuna a fundamentar como ponente el dictamen de iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria para regular la administración de las parcelas escolares. La parcela escolar, como lo señalé anteriormente, viene siendo una institución histórica del derecho agrario que ha sido regulada por diversos ordenamientos jurídicos, desde el Código Agrario de 1940 y que actualmente la encontramos regida por el artículo 70 de la Ley Agracia del año de 1992. Al igual que los dos citados códigos agrarios, la vigente Ley Agraria de 1992 es omisa en cuanto a la aplicación de los productos generados por la parcela escolar, pues el artículo 70 remite al reglamento interno del ejido sobre el uso de la misma. En esta reforma al artículo 70 de la Ley Agraria, en cuanto al uso y destino del usufructo de la parcela escolar, el principal objetivo es que se aproveche con más eficiencia y más transparencia la aplicación de dichos recursos económicos y que se destinen éstos a mejorar las instalaciones, conservación y mantenimiento de los edificios escolares. En esta tribuna hemos escuchado intervenciones no sólo una vez, sino en varias ocasiones sobre el mal estado en que se encuentran las escuelas rurales del país y que requieren de manera urgente rehabilitar su infraestructura en general, pero hay que reconocer que contamos también con instituciones en buen estado y de buena calidad. Por eso nace esta iniciativa, ya que en la actualidad cuenta la gran mayoría de las escuelas rurales del país con un gran patrimonio como lo es la parcela escolar. No es posible que a través de tantos años no se hayan destinado más recursos a la infraestructura escolar como lo contempla la ley, además que no se siga aprovechando a los alumnos en las prácticas agrícolas como lo establece la misma. También precisa esta reforma, que sean los órganos de representación ejidal a través del presidente, el secretario, el tesorero y el consejo de vigilancia respectivamente, quienes administren dichos recursos económicos obtenidos de dicha parcela. En este sentido hacemos vigente las disposiciones jurídicas de la Ley Agraria, que en sus artículos 32 y 33 dice: son facultades del comisariado ejidal representar, administrar, todos los bienes del ejido, enfrentar pleitos y cobranzas, y de cuidar los intereses de todos los ejidatarios, entre otras. Quiero agradecer de manera muy especial a mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de la Reforma Agraria, y de manera anticipada agradecer a todos ustedes, diputadas y diputados, su respaldo y apoyo a favor de esta reforma que dice: decreto por el que reforma el artículo 70 de la Ley Agraria. Artículo Único. Se reforma el artículo 70 de la Ley Agraria para quedar como sigue: Artículo 70. En cada ejido la asamblea podrá resolver sobre el deslinde de las superficies que considere necesarias para el establecimiento de la parcela escolar, la que se destinará a la investigación, enseñanza y divulgación de las prácticas agrícolas que permitan un uso más eficiente de los recursos humanos y materiales con que cuenta el ejido. La propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar corresponde al ejido y será administrada por los integrantes del comisariado ejidal y comunal, y por el consejo de vigilancia, actuando conjuntamente quienes podrán contratar los créditos respectivos y otorgar en garantía el usufructo parcelario sin requerir acuerdo previo de la asamblea a la cual informarán anualmente. El 100 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que generen la parcela se destinarán a través del comisariado ejidal a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de la que se trate, así como la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos. En caso de agotarse el dominio pleno sobre la parcela escolar, tendrá preferencia en el derecho del tanto la Secretaría de Educación Pública del gobierno federal, por regla general tampoco podrá enajenarse de los derechos parcelarios de la misma; sin embargo, por cambio de destino podrá permutarse por acuerdo de asamblea. El contrato de permuta se celebrará con el ejidatario, posesionario o avecindado del ejido que determine la asamblea; se otorgará por escrito sin intervención de testigos ni notificar ni renunciar al derecho del tanto que señala el artículo 80 de esta ley y será ratificado ante notario. El Registro Agrario Nacional cancelará los certificados parcelarios de los permutantes y les expedirá los nuevos certificados parcelarios. El certificado que se expedirá a favor del ejido deberá especificar que la tierra estará destinada a la parcela escolar. Preferentemente, la parcela escolar será explotada directamente por el ejido, no obstante ello, por acuerdo de la asamblea podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso, aparcería, asociación en participación o cualquier contrato traslativo de uso. En todos los contratos, actos y trámites previstos por esta u otras leyes en las que sea parte el ejido, incluyendo los señalados en este artículo, se tendrá por acreditada la existencia y personalidad del núcleo de población mediante la documentación agraria del ejido y la representación del comisariado con el acta de asamblea en la que fue electo, inscrita en el Registro Agrario Nacional. Cuando se requiera facultad especial de la asamblea, deberá exhibirse el acta respectiva. Transitorio Artículo único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Gracias, presidente.