EL DIP. JAIME CERVANTES RIVERA: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: La pobreza entre países desarrollados y en vías de desarrollo se ha ampliado en la última década, así como entre ricos y pobres en cada una de las naciones. Los índices de pobreza y el número de éstos se ha incrementado, y los niveles de ingreso de los sectores medios han decrecido en nuestro país, como resultado de las políticas predominantes en el actual proceso de globalización. Según estadísticas recientes del Banco Mundial, México se encuentra entre los países de mayores contrastes entre pobreza y riqueza. Las políticas neoliberales y la globalización han actuado en detrimento de la esfera productiva y del empleo a nivel mundial, con excepción de Estados Unidos, que ha sido el gran victorioso de este proceso, siendo un gran beneficiario también el sector financiero, lo cual ha acentuado los niveles de concentración de riqueza y los de miseria. Los procesos de ajuste que se han instrumentado en cada una de las crisis recurrentes que el país ha enfrentado, han traído como consecuencia deterioros permanentes en las cadenas productivas, así como los salarios reales en el empleo y la desatención creciente de las necesidades básicas de la población. El saldo de las políticas neoliberales se observa cuando vemos que el empleo productivo ha disminuido en términos relativos y la problemática bancaria continúa, no obstante la cuantiosa cantidad de recursos que el gobierno ha transferido a dicho sector, la cual se da como consecuencia de los problemas de acumulación que enfrentan el sector industrial y la agricultura, a raíz de la apertura comercial generalizada, acompañada de una política fiscal y monetaria contraccionista. El crecimiento económico alcanzado de 1996 a la fecha, no ha disminuido el número de pobres ni ha mejorado los niveles de vida y el bienestar de la población. Ello evidencia que el crecimiento económico en si mismo no es el mejor medio para reducir la pobreza y mejorar las condiciones de vida; hace falta acompañarlo de una política firme de redistribución del ingreso, para impedir que al lado de un puñado de ricos coexista una enorme masa de pobres. Comúnmente la pobreza se concentraba en zonas rurales; sin embargo, en las últimas décadas se ha esparcido en las grandes ciudades ante la falta de oportunidades de empleo productivo bien remunerado, como consecuencia del proceso de destrucción de la industria nacional a partir de los crecientes coeficientes de importación conjuntado con la reducción de los insumos nacionales que se utilizan en los procesos productivos, tanto para el mercado interno como para la exportación. No podemos ignorar que si la economía de Estados Unidos, de la cual dependemos en gran medida, deja de mantener su dinámica económica, el nivel de pobreza en México y en el mundo será mucho más alto. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la reducción de la pobreza frente a cualquier otro objetivo, deberá constituirse en el principal reto y tarea a encarar por el próximo gobierno, por lo que la formulación de políticas deben colocarla en el centro. Ha quedado plenamente constatado que el empleo no se incrementa con la reducción de salarios reales ni con la flexibilización del mercado de trabajo; se requiere de la expansión del gasto y de la inversión, así como de la protección de los sectores productivos menos competitivos sin que ello implique sacrificar los niveles de productividad del país. Para proteger a los grupos más marginados, es preciso instrumentar políticas macroeconómicas que permitan el manejo de la política fiscal monetaria y crediticia que jueguen a favor del Sector Agrícola industrial y que favorezcan a la vez, canalizar la afluencia de capital externo hacia estos sectores, en la perspectiva de reconstruir las cadenas productivas que se han perdido; ampliar y mejorar la infraestructura, así como crear un entorno que permita que los adelantos tecnológicos sean accesibles para los pequeños agricultores, talleres industriales y los pobres de las zonas urbanas para incrementar la productividad a favor de la competitividad como los salarios reales. La política fiscal y crediticia que apoye a los sectores productivos, debe otorgar acceso preferencial sobre todo a los más marginados, para que tales políticas tengan mayor impacto en la erradicación de la pobreza. Es preciso mejorar la participación de los sectores más afectados en el acceso a la tierra, a los recursos crediticios y a la infraestructura y a los servicios públicos. La economía del país necesita urgentemente el incremento de la productividad laboral, así como del crecimiento de la producción agrícola para mejorar el poder adquisitivo, tanto del campesinado como los salarios reales de los trabajadores de los centros urbanos. Es necesario incrementar la inversión en infraestructura agrícola para expandir la frontera de producción, aumentar la productividad y diversificar los cultivos; además se precisa revisar las políticas de apertura comercial que han afectado y descapitalizado muchos cultivos, lo que ha reducido la generación de empleos, los niveles de ingreso, el crecimiento de la producción y el sector externo. No podemos dejar de mencionar que la pobreza en nuestro país, ha pasado de ser también un fenómeno urbano asociado al proceso de destrucción de la pequeña y mediana industria que ha tenido como causa a la apertura externa indiscriminada, lo que ha acentuado la caída de los salarios reales y los empleos productivos. También debe encararse la problemática del Sector Bancario Nacional para poder contar con recursos financieros a favor del desarrollo, así como para elaborar planes de crédito para pequeños propietarios. De no haber mejores condiciones crediticias, no se podrá incrementar la inversión, ni el empleo ni los salarios y niveles de actividad de las grandes mayorías; además de con figurar condiciones de empleo e ingresos a favor de los pobres, se tiene que realizar mayor gasto e inversión en los servicios más básicos de salud, nutrición, educación y vivienda, los cuales deben ser colocados como asunto prioritario de política pública. A esto último deben incorporarse programas de transferencias bien orientados a favor de los sectores más excluidos y vulnerables de la sociedad, tales como ancianos, enfermos, niños e indigentes que puedan no beneficiarse de las medidas antes señaladas; a los grupos étnicos, se les debe de atender con programas específicos de desarrollo regional a través de inversiones de infraestructura y el establecimiento de empresas que aprovechen los recursos naturales ahí existentes. La lucha contra la pobreza es una tarea de toda la política económica Mientras prosiga la política económica de liberalización y de regularización económica, la disciplina fiscal, la prestación cambiaría y las políticas monetarias fiscales y crediticias contraccionistas, seguirá recrudeciéndose el problema de la miseria. Por lo que ningún programa de educación y de combate a la miseria extrema, serán capaces de frenar el número de pobres. Tenemos claro que si no se aminora la carga de la deuda pública interna y externa, no habrá recursos para destinarlos al combate a la pobreza extrema. Si se frena la actividad económica de Estados Unidos, es evidente que los términos de intercambio caerán y con ello tendremos menos recursos para destinarlos al gasto social. En este contexto los países desarrollados deben entender que la miseria mundial cada vez adquiere dimensiones abrumadoras que para poderlas encarar deben aceptar otorgar mejores tratos comerciales, financieros y tecnológicos a favor de los países en vías de desarrollo, así como de aquéllos que viven el mayor grado de atraso. Compañeras y compañeros diputados: estamos seguros que el combate frontal a la pobreza y la pobreza extrema, sólo será posible con un nuevo modelo de desarrollo que oriente sus políticas a favor de los más necesitados, conjuntando con el apoyo de los organismos internacionales, que también deben de modificar sus orientaciones en materia de política económica. Por lo que el problema de la pobreza en México y el mundo, se ha convertido en una seria limitación para la estabilidad política y social del sistema económico contemporáneo. Es cuanto señora presidenta. C. PRESIDENTE: Gracias don Jaime Cervantes Rivera. Tiene el uso de la palabra el diputado Esteban Martínez Enríquez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. DIP. ESTEBAN MARTINEZ ENRIQUEZ: Compañeras y compañeros diputados: Uno de los mandatos constitucionales del Estado Mexicano, es el proporcionar las condiciones para el pleno desarrollo de la sociedad. En la Constitución se consagran garantías de equidad y derechos de todos y cada uno de los mexicanos a la salud, a un medio ambiente adecuado, a la educación y vivienda digna y decorosa. Ante la incapacidad del sistema económico neoliberal para garantizar que el trabajador pueda adquirir con sus ingresos los bienes que él y su familia necesitan, la acción del estado lejos de pugnar por salarios reales y dignos para el sustento de los trabajadores mexicanos, limita su acción gubernamental al mantenimiento y subsistencia de los mexicanos que se encuentran sumidos en la pobreza. Para el grupo parlamentario del PRD, las políticas públicas deben poner en el centro la dignificación de los trabajadores del campo y la ciudad, como la máxima expresión del combate a la pobreza. Para efectos estadísticos, el gobierno saliente registró como fuente tolerada de ingresos, como actividad económica a la franja de autoempleados y ambulantes de la economía informal, que no tienen acceso a seguridad social alguna. Los trabajadores pobres y las formas más variadas de subsistencia se han oficializado. Mientras el salario sea insuficiente para la manutención de la familia, el consumo de bienes y servicios entendido como la inserción del trabajador pobre al mercado intimo, debe ser un compromiso del gobierno mexicano. Abatir la pobreza sin calificativos y entendida como la incapacidad de acceder al bienestar y desarrollo humano, debe ser en materia social prioridad de las políticas sociales para el próximo gobierno. Hasta ahora el combate a la pobreza en México se ha reducido a estrategias tendientes a garantizar la subsistencia de aquéllos que se consideran en extrema pobreza, perdiendo de vista el combate a las causas de la precaria situación en que viven, buscando solamente la reducción de sus efectos. Bajo esta limitada óptica corremos el peligro de que los programas asistenciales sean el centro de la política social del próximo gobierno. Lejos de atacar el fondo de la pobreza, políticas de asistencia social como éstas, solo reducen el impacto de la desigualdad económica, educativa y de salud sobre el resto de la población. El gobierno mexicano debe incrementar recursos para el gasto social y reconocer como objetivo primordial de las políticas públicas el abatimiento de la creciente desigualdad económica, que tienen sumidos en la pobreza extrema a más de 30 millones de mexicanos en calidad de trabajadores pobres a otros 20 millones más. Los índices de desempleo y pérdida del valor adquisitivo del salario van en aumento. Si el salario se fortaleciera y el producto del trabajo garantizara lo mínimo para vivir no habría en el país merece dores del apoyo a la alimentación ni subsidiarios del campo y la ciudad a los que el Estado por sus trampas y recortes presupuestales ha dejado de promover y orgullosamente informa haber limitado el gasto social. Yo pregunto: ¿En beneficio de quién? Para la mayoría de los pobladores de nuestro país su salario, la forma de acceder a los bienes y servicios, triplicó su valor numérico en seis años, más no su valor adquisitivo. Mientras en 1994 con 1. 6 salarios mínimos y 13 horas de trabajo diario se compraba el total de la canasta básica, en julio de este año 2000 se necesitan 2.4 salarios mínimos y 19 horas de trabajo al día para comprar los mismos productos. Es por eso que esta Legislatura debe pugnar porque el diseño de la política social basada en el asistencialismo se minimice, reivindicando los derechos sociales que son realmente garante del combate a este grave problema. Para luchar contra la pobreza y en particular contra la pobreza de las mujeres, es necesario que se desarrollen procesos y políticas públicas que atiendan a los factores que inciden sobre los 'niveles de pobreza y promuevan su empoderamiento, les ofrezcan seguridad económica y social, y amplíen sus oportunidades desarrollando programas integrales que permitan el desarrollo pleno de las potencialidades del ser humano. Por ello demandamos que sea modificada la normatividad de programas como el Progresa, porque atentan contra los derechos de la mujer. Para el combate a la pobreza requerimos del desarrollo de la sociedad, requerimos de la dignificación personal que da el trabajo y la educación para todos los mexicanos. El verdadero combate a la pobreza requiere del beneficiario como principal actor, su participación reivindicará la independencia económica de autoestima que hace de la especie humana un ser creativo y de alta evolución. A juicio del grupo parlamentario del PRD, una vez alcanzada la alternancia en el poder, el país requiere orientar el desarrollo social al combate de la pobreza y no al combate de sus efectos. A partir de una reforma general que propicie políticas de Estado, democráticas y equilibradamente consensadas por los actores legítima mente involucrados y beneficiados, nos acercará más al combate de la desigualdad, la injusticia y a la pobreza. Por su atención, muchas gracias.