El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (PVEM): Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Ante la preocupante degradación de los elementos que conforman nuestro entorno social, cuyos efectos día con día se hacen más evidentes y que son consecuencia necesaria, sin duda alguna, de las legislaciones imperfectas que rigen a los estados de la Federación en materia penal, debemos asumir una posición de compromiso para evitar que éstas continúen y sucedan nuevamente. Debemos de tratar de erradicar esas prácticas no sólo desentivando las acciones que producen estas conductas, que perjudican el equilibrio del sistema jurídico nacional sino también homologando los tipos penales en todo el territorio nacional, sancionando a los responsables de los actos ilícitos que dañan el entorno social de las comunidades y de sus pobladores. En este sentido y como conducta típica y antijurídica está el delito del secuestro, el cual en nuestro país ha alcanzado un nivel sin precedentes, debido principalmente a una cuestión y ésta es, la impunidad, para cometer dicha conducta. Así también uno de los factores más influyentes en este alto índice es, sin duda alguna, la ineficacia de nuestros ordenamientos penales así como la relativa a lasitud de nuestro sistema de procuración de justicia. Los tipos penales y las acciones de la delincuencia organizada, que no son más que la descripción de una determinada conducta que debe ser sancionada por el Estado, muchas veces pueden ser franqueados o esquiviados por los delincuentes, sobre todo si no existe una clara homogeniecización en todas las entidades de la república. Nosotros, como legisladores, tenemos la obligación de mantenernos al tanto de estas figuras delictivas y no tener oídos sordos ante el reclamo de la sociedad, sino que debemos hacer uso de las facultades que nos han sido concedidas para el efecto de poner un alto a esta situaciones. De igual forma, la función medular del Poder Legislativo, es la elaboración de las leyes generales, abstractas e impersonales, encaminadas a procurar el bienestar de la sociedad, a través de la regulación de conductas y actividades de una sociedad. En lo que se refiere a las materias señaladas en el Artículo 73 de nuestra Carta Magna, atienden básicamente a la soberanía nacional en lo exterior así como al desarrollo de la federación en lo interior, esto es, se concede al Congreso de la Unión la facultad para legislar en todas aquellas materias que son esenciales para el desarrollo y progreso de nuestro país. Con esto en mente, los legisladores del Partido Verde Ecologista de México, estamos preocupados porque nuestra Constitución asegure las medidas adecuadas para lograr un sistema de procuración de justicia, capaz y efectivo, que inhiba de manera contundente las conductas antisociales, que hoy laceran nuestra convivencia humana. De esta manera y en términos de las fracciones XXI y XXX del Artículo 73 Constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultades para establecer los delitos contra la federación y conocer de los delitos del fuero común, cuando estos tengan conexidad con delitos federales. Y por otro lado, también tiene atribuciones para expedir todas las leyes que sean necesarias, con la finalidad de hacer efectiva dicha facultad. El carácter de las disposiciones referentes a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, permiten a nuestro gobierno establecer reglas para la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por los delitos cometidos por algún miembro de la delincuencia organizada, sus disposiciones de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional. Por ello, la soberanía penal federal depositada en el Congreso de la Unión no debe soslayarse sino al contrario impulsar un adecuado sistema penal, por otro lado, se limita su falta de aplicación a la norma jurídica, por estar ésta dispersa en distintas jurisdicciones. Aunado a lo anterior, la poca nula o deficiente actuación de los Ministerios Públicos locales, persecutores de los delitos de delincuencia organizada en primera instancia, han agravado esta situación. El grupo parlamentario de mi partido, considera que esta presente iniciativa, puede y debe evitarse, que los crímenes, como el secuestro, sigan aconteciendo y aumentando en su cantidad, pero también que dependerá en gran medida de la adecuación y actuación de los Ministerios Públicos Federales que investiguen la realización de las conductas delictivas, evitar tales conductas con una investigación correcta y pertinente que realice. La legislación penal federal debe cumplir fundamentalmente, luego de establecer clara los tipos penales respectivos, con dos objetivos prioritarios, en primer término, señalar las sanciones a las que se harán acreedor quienes realicen esas conductas tipificadas. En segundo, reprenderá a los que tengan la firme intención de beneficiarse con la dispersión jurídica en los estados, perjudicando con ello a la ciudadanía de que existen severas sanciones que les serán aplicabas si concretizan sus objetivos. Con la presente iniciativa se pretende hacer una serie de reformas a diversos preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. Para cumplir con los objetivos señalados que la legislación debe hacer frente adecuadamente a castigar la conducta del delincuente en lo que hace al medio (¿) como la obtención de sus intereses particulares, así como de las personas que están involucradas en el mismo. Creemos que el secuestro, así como otros delitos, deben federalizarse para que la autoridad, en un esfuerzo nacional, pueda castigar los actos antijurídicos. Visto lo anterior, resulta imperativo que nosotros como legisladores mantengamos nuestros ordenamientos punitivos lo más actualizado posible, con el fin de evitar que las modalidades delictivas proliferen. En este sentido destacamos que la reforma busca evitar el que se transfieran diversos bienes jurídicos tutelados por la norma penal, como son la seguridad de la familia y la integridad personal, circunstancia que confirma su viabilidad. Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de ley: Decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 2 y 3 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. En virtud de la limitación del tiempo omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la Presidencia, ordene su inserción plena en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto diputada Presidenta.