La diputada Edith Villa Trujillo: Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. Saludo a mis compañeros diputados de bancada y a mis compañeros Maricela Serrano Hernández, Hersilia, Córdoba Morán, Héctor Javier Álvarez, Telésforo García Carreón y Juan Manuel Sales Aguirre. Asimismo, saludo a un compañero exdiputado de la LXII Legislatura y luchador social, el doctor Brasil Acosta Peña, quien preocupado por la problemática del líquido vital, ha venido realizando foros por la problemática del agua en el municipio de Texcoco, con la participación de especialistas de talla nacional e internacional. La escasez del agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están enfrentando numerosas sociedades de todo el mundo. México no es la excepción. A lo largo del último siglo el uso y consumo de agua creció a un ritmo dos veces superior al de la tasa de crecimiento de la población. Y aunque no se puede hablar de escasez hídrica a nivel global, va en aumento el número de regiones con niveles crónicos de carencia de agua. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo sexto, menciona que: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Por ello, debemos procurar la creación de un sistema financiero fuerte y vigoroso, en el cuerpo normativo actual en el que esta honorable asamblea apruebe por mandato constitucional que garantice la armonía normativa, con conceptos claros, codificado que evite remisiones a otros ordenamientos jurídicos y cuando resulte necesario hacerlo, que dicha remisión sea clara, práctica, sin hacer nugatorio el ejercicio de los derechos al agua, así como su protección, que se privilegie sin lugar a dudas el interés público sobre el interés particular. Es responsabilidad del Estado garantizar el ejercicio y el respeto del derecho humano al agua, pero todos, como la vida misma debemos cuidarla. La prestación del servicio de agua potable y alcantarillado por medio de los comités viene a corroborar el gran desfase existente entre los lineamientos establecidos en el marco legal y la capacidad con la que se cuenta para atender el reto de la gestión del agua. La solución demanda incremento de presupuesto, voluntad política, construcción de capacidades locales, apertura de canales de participación social, transparencia y compromiso ciudadano. Desde la perspectiva económica, se debe contar con un recurso suficiente para el financiamiento de un programa que lleve el agua a las zonas más pobres y de alta marginación y que se renueven los sistemas más deteriorados de la red para control de fugas y de más desperfectos. Desde la otra perspectiva se debe invertir en el mejoramiento de la capacidad institucional para hacer efectivos los compromisos en materia de obligaciones de dotación del servicio con relación a la legitimidad y rendición de cuentas, que debe darse además un diálogo sistemático y continuo con los usuarios del agua a fin de generar consensos y compromisos sobre las responsabilidades, derechos y obligaciones en materia de dotación del servicio. La sostenibilidad financiera representa uno de los mayores retos de la federación, estados, entidades federativas y municipios, dado sus elevados costos operativos y baja eficiencia, por lo que se necesita poner en marcha, entre otras estrategias, programas integrales para reducir las fugas y mejorar la facturación. Un buen suministro de agua puede pagarse mediante las cuotas de los usuarios con subsidios cruzados, de modo que los mayores consumidores paguen proporcionalmente más y posibiliten de esa manera un pago accesible a los pobladores más pobres. Nuestra principal preocupación es robustecer el sistema de financiamiento del sistema de agua con el fin de garantizar el derecho humano al agua recargando los mantos acuíferos, acción que para tal fin es indispensable la presente iniciativa que propone que la federación destine anualmente el uno por ciento del producto interno bruto del país, tomando en consideración que para 2016, de acuerdo a los precriterios de la política económica, éste será de 19 billones 203 mil 900 millones de pesos, de manera que el uno por ciento del producto interno bruto equivale a 192 mil 39 millones de pesos, recursos necesarios aunque no suficientes para realizar la recarga de los mantos acuíferos y así estar en condiciones de respetar de manera plena y al más alto nivel por parte del Estado el derecho humano al agua. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración de los diputados de esta LXIII Legislatura el siguiente proyecto de decreto...