La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con la venia de la asamblea. Es obligación del Estado mexicano actuar en sintonía con todas sus partes para lograr el propósito del desarrollo nacional. Con esta intención es que propusimos en la Comisión de Reforma Agraria, la modificación al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue aprobada por la mayoría de sus integrantes y sus secretarios, lo cual me honra decir que fue aprobada porque hay una coincidencia de fondo en esta propuesta. La modificación que solicitamos a nombre de nuestra comisión tiene que ver con poner en sintonía las funciones y atribuciones que desde hace años viene desarrollando la Secretaría de Reforma Agraria, ahora Sedatu o Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, atendiendo no solo la dotación, expropiación, regulación y reversión de la propiedad social, sino también con el diseño e implementación de las políticas de desarrollo agrario en materia de desarrollo de capacidades, de financiamiento y de desarrollo de tecnología para la explotación productiva de la tierra. Desgraciadamente las políticas públicas destinadas a capacitar, formar, orientar, financiar y acompañar a los ejidatarios y comuneros no fueron ni sostenidas, ni sustentables; México pasó de contar con una seguridad alimentaria del 80 por ciento de la producción propia de sus alimentos en los años 80 a las cifras alarmantes actuales, en donde nuestro país produce solamente el 55 por ciento de los alimentos que consumimos, y nuestra reservas alimentarias alcanzan a lo sumo para una semana en caso de ocurrir una catástrofe ambiental. Lo estamos viendo ahorita en el país. Entre los estados más afectados por las inundaciones están los principales productores agrícolas, forestales y pecuarios como Michoacán, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Guerrero. Si bien no hay cifras reales, por lo menos en Oaxaca se han afectado ya 23 mil hectáreas; y en el caso de Veracruz, el Fondo Agropecuario que fue creado entre las instancias estatales y federales, sólo asciende a 95 millones de pesos, pero aún no se precisan los recursos para el resto de los estados afectados. Por lo mismo, mis compañeros diputados de la Comisión de Reforma Agraria, hemos pensado que es necesario diseñar y modificar las leyes que permitan a los sujetos agrarios y a sus familias volver a mirar el trabajo de la tierra como una manera digna de desarrollarse económica, social y culturalmente. El problema agrario hoy no sólo es el problema de la tenencia de la tierra, sino con mayor énfasis el desarrollo humano de quienes viven en los ejidos y comunidades del país. Además, en las próximas décadas la realidad mundial nos obligará a ver lo que por décadas también hemos abandonado. La producción agroalimentaria de México. Las próximas guerras no van a ser por el petróleo; van a ser por los alimentos, por el agua. El desafío hoy es si México tiene visión de futuro y apoya a sus productores o si México se conforma con depender de naciones extranjeras para alimentarse. Los números en el sector agrario en México son alarmantes. El 73 por ciento del financiamiento que otorga el Estado mexicano se dirige la agroindustria, quienes no lo necesitan. Incluso muchas veces los agroindustriales optan por importar alimentos comprometiendo la soberanía alimentaria de manera más profunda. Cinco estados del norte del país concentran el financiamiento que otorga Financiera Rural y tres de las cuatro principales entidades productoras no pintan en la derrama del financiamiento al campo. Aunque parezca increíble, los fideicomisos instituidos en relación al campo mexicano FIRA- otorgan mucho más financiamiento a la banca privada en lugar de a la Financiera Rural. Se ha abandonado el extensionismo rural. En nuestro país la unidad de medida para apoyar el campo es la hectárea en lugar de la tonelada producida por hectárea, lo que desestimula la productividad. Los más afectados desgraciadamente son ejidatarios y comuneros. Debido a esta realidad y preocupados porque en el 2014 existan ya las políticas públicas de desarrollo agrario, es que hemos diseñado un programa muy sencillo de apenas nueve puntos que hemos denominado Programa Nacional Agrario. Éste abarca tres ejes de políticas públicas para el sector. El primero es la transformación profunda de las reglas de operación de los programas dirigidos al sector y la creación de nuevos programas para que los sujetos agrarios y los pequeños productores no sólo se desarrollen, sino que lo hagan en un marco de productividad haciéndolas más simples y eliminando la exclusión que en ellas se hace a los productores más pequeños. El segundo es el otorgamiento de financiamiento dirigido específicamente a los sujetos agrarios y pequeños productores a través de un fondo de garantías líquidas y subsidio a las tasa de interés, a fin de poder acceder a créditos adecuados a su capacidad. Esto pasa por alinear la Banca de Desarrollo del País. México no puede permitirse el lujo de que sus sustituciones crediticias se autoexcluyan. Por ello requerimos apenas el uno por ciento del PEC. El desarrollo del extensionismo rural a gran escala, proponemos que cada año a partir de 2014 incorporemos 3 mil extensionistas por año hasta llegar a 9 mil, para que éstos se dediquen a desarrollar las capacidades de los sujetos agrarios. Dicho programa ya lo estamos comentando en otras comisiones del sector, para lo cual se los haremos saber. Esperamos contar con su apoyo. Por ello es que esta propuesta es una propuesta de desarrollo agrario, no una propuesta de reforma agraria. Es necesario, es urgente realizar el cambio de nombre, de denominación de la Comisión de Reforma Agraria por comisión de desarrollo agrario, pero también dotarla de todos los instrumentos y financiamientos necesarios a la secretaría, para que se cumpla con el desarrollo agrario en el país. Es cuanto, muchas gracias.