La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez (vía telemática): En la siguiente reserva que es a los artículos 4, 60 y 61 se propone que para los programas de reconstrucción no sea el presidente el que diga cuándo sí y cuándo no habrá un programa de reconstrucción, sino que se establezca un comité de evaluación de daños para determinar y cuantificar los mismos, quien tendrá hasta 30 días hábiles para esto, y el gobierno federal verificará en un lapso no mayor a 10 días naturales que la cuantificación de daños corresponda a la declaratoria. La siguiente reserva es el artículo 63, sobre las alertas tempranas, y tiene como objetivo que quede claro que los particulares también puedan emitir o hacer sistemas para este fin, no solamente apoyar, y esto en apego a lo que establezca la norma oficial mexicana correspondiente que se propone. La reserva al artículo 67 y 74 tiene la finalidad de evitar la ambigüedad y que se garantice que para la oportuna atención de las declaratorias de emergencia y de desastre, el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público provea los recursos financieros necesarios y no solamente estén sujetos a disponibilidad, ya que es responsabilidad del Estado mexicano atender a la población que está en estas circunstancias. Así se garantiza que el gobierno otorgará los subsidios a estos programas de prevención y atención de desastres, ya que sutilmente sustituyen la palabra otorgará por podrá, dejando a los estados y municipios como únicos obligados para aportar recursos, lo cual no debe ser. Con respecto al artículo 73, en el que solo hacen responsables a las entidades federativas sin el apoyo de la federación, de atender emergencias y desastres de origen natural que ocurran dentro de su jurisdicción, consideramos también que esto no debe ser así, ya que no hay capacidad financiera, ni operativa, para esto en las entidades. Por lo tanto, se propone que dichos programas tengan como finalidad la capacitación, equipamiento y sistematización de las coordinaciones, no la atención, prevención y reducción de riesgos, ya que un tema fundamental es el de los recursos para la prevención y atención de los desastres. Como ya desaparecieron el Fonden y el Fopreden, ahora los quieren sustituir por programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, en forma muy ambigua y a cargo de las entidades y municipios, a quienes también les redujeron los recursos en el presupuesto del próximo año, al más puro estilo de quienes no se hacen cargo de sus responsabilidades. Por último, en la reserva en relación al artículo 77. Se propone eliminar el párrafo donde se centralizan los donativos en la Tesorería de la Federación, ya que por un lado el gobierno no quiere hacerse responsable de otorgar los recursos necesarios en un desastre, pero sí quiere recibir los donativos, sin garantizar que su entrega no será arbitraria. Así, se busca que los gobiernos del estado también puedan recibir donaciones como esas ahora. En conclusión, esta ley traslada la atención de emergencias y reducción de riesgos a los estados, pero se queda con los recursos a nivel central, privilegiando la opacidad y la discrecionalidad. México requiere una ley preventiva, no solo reactiva, con definiciones claras y que garantice el establecimiento de la gestión integral de riesgo. Por ello, compañeras y compañeros, los invito a votar a favor de estas reservas. Concluyo con una frase del Dalái Lama: Nuestro principal propósito en la vida es ayudar a otros y si no los puedes ayudar, al menos no les hagas daño. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.