El diputado Marko Antonio Cortes Mendoza (PAN): Con su venia diputada Presidente. Honorable Asamblea: El suscrito diputado Marko Antonio CortÃ©s Mendoza, integrantes del Partido AcciÃ³n Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artÃ­culos 71 fracciÃ³n II, 72 pÃ¡rrafo Primero y 73 fracciÃ³n XXX de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, asÃ­ como 55 fracciÃ³n II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideraciÃ³n del Pleno de esta Honorable CÃ¡mara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman diversos artÃ­culos de la Ley Aduanera con base en la siguiente ExposiciÃ³n de Motivos La situaciÃ³n que existe en nuestro paÃ­s respecto a vehÃ­culos y equipos de emergencia para desastres, tales como carros bomba, pipas especiales para los servicios de bombero, carros todo terreno para protecciÃ³n civil, trajes de bombero, mangueras y equipos mÃ©dicos, entre otros, son insuficientes para enfrentar desastres naturales y contratiempos. Lo anterior, debido esencialmente a la falta de presupuesto para adquisiciÃ³n de nuevos y mejor equipos. Lamentablemente, esta situaciÃ³n no es la Ãºnica, toda vez que cuando otros paÃ­ses deciden donar sus equipos, los cuales fueron dados de baja no por estar en mal estado, sino porque sus leyes asÃ­ lo exigen y que la mayorÃ­a de estos estÃ¡n en mejores condiciones que los que actualmente contamos, se ven ante la situaciÃ³n de que en MÃ©xico, los trÃ¡mites para la importaciÃ³n de los mismos son excesivos, tardados y que al cabo del tiempo les generan un gasto excesivo tanto a ellos como a las instituciones que los requieren, acabando por donarlos para su aprovechamiento a otros paÃ­ses que no les exigen tantos requisitos y trÃ¡mites. Aunado a lo anterior, varios de los documentos que se exigen por parte de la SecretarÃ­a de Hacienda, asÃ­ como de la SecretarÃ­a de EconomÃ­a, son los mismos, lo cual hace que la donaciÃ³n pueda llegar a tardar hasta un aÃ±o. Durante este tiempo, los vehÃ­culos quedan bajo resguardo de las aduanas, llegando a ser destruidos o daÃ±ados, haciÃ©ndose inservibles y poco funcionales, una vez que son liberados, lo cual vuelve a generar un gasto por parte de las instituciones que se habÃ­an visto beneficiadas por dicha donaciÃ³n. Otra situaciÃ³n que complica aÃºn mÃ¡s el proceso de donaciÃ³n es la realizaciÃ³n de los trÃ¡mites. Se ha dificultado de gran manera dicho proceso con normas complejas y procedimientos excesivamente largos, lo cual es inadmisible. Si consideramos que estos equipos son necesarios para estas instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, sino de salvaguardar la vida, de servir y de proteger a los que habitamos esta RepÃºblica. Es tan complejo y tan poco clara la realizaciÃ³n del proceso de donaciÃ³n, asÃ­ como la falta de informaciÃ³n para llevar a cabo el mismo, que inclusive es necesario contratar un agente aduanal para la realizaciÃ³n de Ã©ste, posiciÃ³n que no tiene sentido toda vez que sÃ³lo realiza el trabajo de mediador entre los donantes y las instituciones beneficiarias de la donaciÃ³n, lo cual genera un gasto innecesario para las instituciones beneficiadas de la donaciÃ³n. Con base en la exposiciÃ³n de motivos, someto a la consideraciÃ³n de este Ã³rgano colegiado los siguientes CONSIDERANDOS Primero.- Que es lamentable que en nuestro paÃ­s existan tantos trÃ¡mites innecesarios para importaciÃ³n de vehÃ­culos y equipos, donados por otros paÃ­ses para las instituciones sin fines de lucro encargadas de la protecciÃ³n civil, seguridad pÃºblica y emergencia, haciÃ©ndolos muy largos, complejos y que sÃ³lo conllevan a que los donantes prefieran entregarlos a otros paÃ­ses, los cuales simplifican sus procesos para el beneficio de su poblaciÃ³n. Segundo.- Que es inadmisible que los costos por dichas donaciones sean tan elevados para las instituciones beneficiarias, asÃ­ como para los donantes, debido esencialmente por el pago de impuestos, agentes aduanales, asÃ­ como la operaciÃ³n para la importaciÃ³n de vehÃ­culos y equipos. Tercero.- Que la fracciÃ³n I del artÃ­culo 61 de la Ley Aduanera establece que: "No se pagarÃ¡n los impuestos al comercio exterior por la entrada del territorio nacional o la salida del mismo de las siguientes mercancÃ­as: FracciÃ³n I. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importaciÃ³n y de exportaciÃ³n y a los tratados internacionales, asÃ­ como las mercancÃ­as que importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional o seguridad pÃºblica. En dicha fracciÃ³n, no quedan exentos los vehÃ­culos ni equipos destinados a la protecciÃ³n civil y de bomberos sin fines de lucro, por lo cual, se propone la modificaciÃ³n a dicha fracciÃ³n para quedar como sigue: ArtÃ­culo 61 FracciÃ³n I. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importaciÃ³n y de exportaciÃ³n y los tratados internacionales, asÃ­ como las mercancÃ­as que se importen, con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional, seguridad pÃºblica, protecciÃ³n civil y desastres naturales y de bomberos sin fines de lucro. Cuarto. Que por su parte el artÃ­culo 96 de la Ley en comento refiere que: Se entiende por rÃ©gimen de importaciÃ³n definitiva la entrada de mercancÃ­as de procedencia extranjera para permanecer en territorio nacional por tiempo ilimitado. Quinto. De ese mismo modo el artÃ­culo 95 de la ley antes mencionada refiere que: Los regÃ­menes definitivos se sujetaran al pago de impuestos al comercio exterior y en su caso, cuotas compensatorias, asÃ­ como al cumplimiento de las demÃ¡s obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de las formalidades para su despacho. Del artÃ­culo que antecede, se desprende que no quedarÃ¡n exentas de los impuestos al comercio exterior, cuotas compensatorias y demÃ¡s obligaciones. Los vehÃ­culos y equipos utilizados para defensa nacional, seguridad pÃºblica, protecciÃ³n civil y bomberos sin fines de lucro, contraviniendo el artÃ­culo 61 de esta ley, toda vez que estas, dichas donaciones tienen el carÃ¡cter de definitivas de acuerdo a la definiciÃ³n establecida en el artÃ­culo 96 antes citado. Por lo cual se propone una adiciÃ³n a dicho artÃ­culo para quedar de la siguiente manera: ArtÃ­culo 95. De dichos pagos quedarÃ¡n exentas las mercancÃ­as destinadas a finalidades de defensa nacional, seguridad pÃºblica, protecciÃ³n civil y desastres naturales y bomberos sin fines de lucro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideraciÃ³n del pleno de esta Honorable CÃ¡mara de Diputados, la siguiente iniciativa. Ãnico. Se reforma la fracciÃ³n I del artÃ­culo 61 y se adiciona un pÃ¡rrafo segundo al artÃ­culo 95 de la Ley Aduanera para quedar como sigue: ArtÃ­culo 61 fracciÃ³n I. Las exentas conforme a las leyes de los impuestos generales de importaciÃ³n y de exportaciÃ³n y a los tratados internacionales, asÃ­ como las mercancÃ­as que se importen con objeto de destinarlas a finalidades de defensa nacional, seguridad pÃºblica, protecciÃ³n civil, desastres naturales y bomberos sin fines de lucro. ArtÃ­culo 95. De dichos pagos quedarÃ¡n exentas las mercancÃ­as destinadas a finalidades de defensa nacional, seguridad pÃºblica, protecciÃ³n civil y desastres naturales y de bomberos sin fines de lucro. Transitorios. Primero. El presente decreto entrarÃ¡ en vigor al siguiente dÃ­a de su publicaciÃ³n en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n. Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se antepongan al contenido del presente decreto. Es cuanto, diputada Presidenta. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricoli: Muchas gracias, seÃ±or diputado CortÃ©s Mendoza. TÃºrnese a la ComisiÃ³n de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico. Damos la mÃ¡s cordial bienvenida por la visita que tenemos entre nosotros de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara y del municipio de Zapotlanejo, Jalisco, que estÃ¡n aquÃ­ con nosotros. Bienvenidos. (Aplausos) La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricoli: Tiene la palabra el diputado Omar BazÃ¡n Flores, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal para la AdministraciÃ³n y EnajenaciÃ³n de Bienes del Sector PÃºblico. El diputado Omar BazÃ¡n Flores (PRI): Con permiso, seÃ±ora Presidenta. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricoli: Adelante, seÃ±or diputado. El diputado Omar BazÃ¡n Flores: El 19 de diciembre del aÃ±o 2002, fue publicada la Ley Federal para la AdministraciÃ³n, EnajenaciÃ³n de Bienes del Sector PÃºblico, abrogÃ¡ndose la anterior Ley Federal para la AdministraciÃ³n de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Con esta nueva ley se alcanzÃ³ un importante objetivo, por humanizar y controlar el destino de todos aquellos bienes asegurados, decomisados y abandonados, mediante la creaciÃ³n del Servicio de AdministraciÃ³n y EnajenaciÃ³n de Bienes, mejor conocido como el SAID. Dicha entidad pÃºblica es la responsable de recibir todos aquellos bienes que de acuerdo con la legislaciÃ³n vigente, pueden recibir por diversos medios, sea proveniente de procesos penales, federales, procesos relacionados con la aplicaciÃ³n de la legislaciÃ³n en materia aduanera, los recibidos en daciÃ³n (ÃÂÃÂ¿) cuando se trata de cubrir crÃ©ditos al Gobierno Federal, los embargados o abandonados a favor del Gobierno Federal, los que pasan a ser propiedad del fisco federal o aquellos provenientes de tÃ­tulos o valores de activos susceptibles de enajenaciÃ³n. Lo anterior significa un cÃºmulo de diversos tipos de bienes que de acuerdo a la ley que los regulan, son transferidos al SAI (ÃÂÃÂ¿) para afectar sobre ellos algunas de las siguientes acciones: Su administraciÃ³n, enajenaciÃ³n, destrucciÃ³n o donaciÃ³n segÃºn el tipo de caracterÃ­sticas de los mismos. Asimismo, esta ley faculta al SAI (ÃÂÃÂ¿) en el artÃ­culo la aplicaciÃ³n de dos procedimientos para la enajenaciÃ³n de los bienes: La donaciÃ³n a los gobiernos de los estados, los municipios y el Distrito Federal, asÃ­ como a las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles en los tÃ©rminos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, misma que de acuerdo a datos de la SecretarÃ­a de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico, existen registradas en el directorio de donatarios autorizados un total de 5 mil 472 instituciones. El segundo procedimiento autorizado al SAI es la compraventa que incluye la permuta y cualquier otra forma jurÃ­dica de transmisiÃ³n de la propiedad a travÃ©s de licitaciones pÃºblicas, subastas o remates o adjudicaciÃ³n directa. Sin embargo, siendo uno de los objetivos de la ley coadyuvar al fortalecimiento de aquellas instituciones sin fines de lucro, especialmente las dedicadas a la asistencia social con las donaciones de bienes que le permitan aminorar el impacto ante la escasez de recursos econÃ³micos para mantener su permanencia y actividad en beneficio de sectores sociales vulnerables, una gran mayorÃ­a de estas instituciones reclaman el poco o mÃ­nimo apoyo que existe desde hace aÃ±os por parte de las autoridades responsables de canalizar las citadas donaciones de bienes. De acuerdo con datos recientes publicados en la pÃ¡gina de internet del SAI, hasta julio de este aÃ±o se han donado 491 entidades, la mayorÃ­a municipios; un millÃ³n 16 871 unidades, Ãºnica y exclusivamente tres tipos de mercancÃ­as: juguetes, adornos de cerÃ¡mica y 35 vehÃ­culos; el resto de reportes del destino de bienes se desglosa en 273 398 unidades que han sido devueltas y 62 millones 570, 580 unidades han sido destruidas, lo que representa un conjunto en una operaciÃ³n equivalente a 4 millones 924 733 millones pesos. De esta informaciÃ³n podemos identificar que las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles del Impuesto Sobre Renta, son las que menos son favorecidas por el procedimiento del SAI, ya que de acuerdo con el procedimiento del SAI hasta el 31 de julio de este aÃ±o, cuentan con 100 millones 413 mil 844 millones de unidades de bienes asegurados o decomisados en procedimientos penales federales. Asimismo, debemos analizar por quÃ© aÃ±o con aÃ±o sÃ³lo se destina un tipo de bien comÃºn como son los juguetes, cuando todos conocemos que por lo menos en los almacenes del Distrito Federal existen mercancÃ­as por mÃ¡s de 2 mil millones de pesos y sus diversidades abarcan desde electrodomÃ©sticos, ropa nueva, alimentos enlatados, medicinas, materiales quirÃºrgicos y de hospital, computadoras, etcÃ©tera. Considerando que debe existir un mayor apoyo a las instituciones que prestan servicios de asistencia en todo el paÃ­s que en su mayorÃ­a atraviesan por una serie de carencias para el cumplimiento de su objetivo social, el grupo parlamentario del PRI, por mi conducto, presenta a esta soberanÃ­a la propuesta para modificar la ley que provee al SAI de facultades que le permitan destinar al menos el 50% del total de los bienes que le son transferidos al procedimiento de donaciÃ³n, modificando el artÃ­culo 31 y estableciendo un sentido de equidad entre los bienes que son enajenados vÃ­a la compraventa o los que son donados. AdemÃ¡s proponemos la modificaciÃ³n del artÃ­culo 4ÃÂÃÂº. para que todas las instituciones interesadas cuenten con claridad y transparencia de la informaciÃ³n sobre los bienes que son susceptibles de donaciÃ³n mediante una publicaciÃ³n bimestral que emita el SAI y que dicha informaciÃ³n le sea proporcionada previa solicitud en un plazo no mayor de tres dÃ­as hÃ¡biles. Dado que el artÃ­culo 16 seÃ±ala el origen de los bienes que serÃ¡n susceptibles de donaciÃ³n, destrucciÃ³n o enajenaciÃ³n, proponemos que en dicho artÃ­culo se incluya los bienes que pasen a ser propiedad del fisco federal seÃ±alados en la fracciÃ³n VI del artÃ­culo 1ÃÂÃÂº. de la ley. Parte fundamental de la reforma propuesta radica en la modificaciÃ³n del texto actual que comprende el artÃ­culo 34, ya que a la letra seÃ±ala que en casos excepcionales, los bienes podrÃ¡n ser donados, lo que puede interpretarse como una condicionante que permite la discrecionalidad de la autoridad para decidir cuÃ¡nto o a quiÃ©nes benefician la donaciÃ³n, perdiÃ©ndose el espÃ­ritu de la ley en un concepto que debiera ser considerado equitativo y de beneficio para todas aquellas instituciones que cubren con las obligaciones fiscales y que ademÃ¡s colaboran con asistencia social en este paÃ­s. Finalmente proponemos que el artÃ­culo 35 de las entidades solicitantes de donaciÃ³n, recibidas por el FAIS, tengan respuesta pronta y expedita en un plazo no mayor de 15 dÃ­as hÃ¡biles considerando que al dÃ­a de hoy pueden pasar meses que las instituciones incluso el propio gobierno estatal o municipal, sean informados por el FAIS, sobre el curso o resoluciÃ³n de sus solicitudes. Por lo anteriormente expuesto se propone a esta SoberanÃ­a la aprobaciÃ³n de la presente iniciativa con proyecto de decreto en el artÃ­culo Ãºnico de reforma al artÃ­culo 4, 16, 31, 34 y 35 de la Ley Federal para la AdministraciÃ³n y EnajenaciÃ³n de Bienes del Sector PÃºblico para quedar como sigue: ARTICULO 4o. El FAIS entregarÃ¡ una base de datos de carÃ¡cter pÃºblica con el registro de bienes que podrÃ¡ ser consultados por la autoridad judicial federal, la ProcuradurÃ­a de las dependencias y entidades de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal autorizada y del fuero comÃºn encargadas de la procuraciÃ³n e imparticiÃ³n de justicia. Las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, asÃ­ como por las personas que acrediten el interÃ©s legÃ­timo para aquÃ©llos. Reforma: El FAIS integrarÃ¡ una base de datos de carÃ¡cter pÃºblico, con el registro de bienes, que podrÃ¡ ser consultada por las autoridades judiciales, federales, la ProcuradurÃ­a de las dependencias o entidades de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal autorizadas, del fuero comÃºn encargados de la procuraciÃ³n e imparticiÃ³n de la justicia, las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles asÃ­ como las personas que acrediten un legÃ­timo, para ellos, las instituciones autorizadas para recibir donativos deducibles, podrÃ¡n recibir un ejemplar de dicha publicaciÃ³n, previa solicitud que deberÃ¡ ser resuelta por el FAIS en un plazo no mayor de 3 dÃ­as. ARTICULO 16 dice: Los bienes a que se refiere la fracciÃ³n V del artÃ­culo 1o. de esta ley y los que sean incosteables serÃ¡n donados, destruidos o enajenados por el FAIS a travÃ©s de los procedimientos previstos en el artÃ­culo 4o. de esta ley. Reforma: Los bienes a que se refiere la fracciÃ³n V y VI del artÃ­culo 1o. de esta ley y los que sean incosteables serÃ¡n donados, destruidos o enajenados por el FAIS a travÃ©s de los procedimientos previstos en el TÃ­tulo Cuarto de la ley. ArtÃ­culo 31. Reforma. Los procedimientos, la enajenaciÃ³n previstos en la ley son de orden pÃºblico y tienen por objeto enajenar de forma econÃ³mica, eficaz, imparcial y transparente, los bienes que sean transferidos al FAIS, asegurando las mejores condiciones en la enajenaciÃ³n de los bienes a obtener el mayor valor de la recuperaciÃ³n posible de las mejores condiciones de la oportunidad, asÃ­ como la reducciÃ³n de los costos administrativos y custodia a cargo de la entidad transparente. Los procedimientos de enajenaciÃ³n serÃ¡n los siguientes: donaciÃ³n y compraventa que incluye la permuta y cualquier otra forma jurÃ­dica de transmisiÃ³n de las propiedades a travÃ©s de la licitaciÃ³n pÃºblica, subasta, remate o adjudicaciÃ³n directa. Del total de los bienes que se refiere el artÃ­culo 5 y 6o. del artÃ­culo 16 (no se entiende) se destinarÃ¡ en forma equitativa el 50% al procedimiento de donaciÃ³n. Para la realizaciÃ³n de la enajenaciÃ³n a que se refieren las fracciones anteriores del FAIS, tendrÃ¡ todas las facultades u obligaciones en el mandato de pleitos y cobranzas, actos administrativos, actos de dominio y para otorgar suscripciones y tÃ­tulos de crÃ©dito. Los terceros a que se refiere el artÃ­culo 38 de la ley a quienes el FAIS encomienda la enajenaciÃ³n de los bienes, tendrÃ¡n en su caso las facultades generadas en el artÃ­culo 13 fracciÃ³n I y III de este ordenamiento, sÃ³lo las que mencionadas el organismo descentralizado les otorgue. TratÃ¡ndose de bienes de la TesorerÃ­a de la FederaciÃ³n a sus auxiliares legalmente facultades obtendrÃ¡ una donaciÃ³n en pago y se transfieren para su enajenaciÃ³n a su aplicaciÃ³n de plazo a que se refiere la Ley de Servicio, de la TesorerÃ­a de la FederaciÃ³n. ArtÃ­culo 34. Dice: En casos excepcionales la conformidad cuando establezca para tal efecto la disposiciÃ³n aplicable y previsto cumplimiento de los requisitos que en estos casos prevÃ©n las mismas, tales como los relativos a ANELMUN. Para estos efectos se pide tambiÃ©n un transitorio primero. El presente decreto entrarÃ¡ en vigor al dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n. Segundo. Las autoridades de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal en sus respectivos Ã¡mbitos de competencia, contarÃ¡n con un plazo de 60 dÃ­as a partir de la vigencia del presente decreto, para modificar las disposiciones reglamentarias a fin de lograr su cabal cumplimiento. SalÃ³n de Sesiones de la CÃ¡mara de Diputados de esta LIX Legislatura. Dip. Omar BazÃ¡n Flores. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricoli: Muchas gracias diputado BazÃ¡n Flores. TÃºrnese a la ComisiÃ³n de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico. Tiene la palabra la diputada Evelia Sandoval UrbÃ¡n, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma y adiciona los artÃ­culos 3o., 7o., 133, 422 y 992 de la Ley Federal del Trabajo . La diputada Evelia Sandoval UrbÃ¡n (PRI): Con su venia, seÃ±ora Presidenta. Los principios sociales y democrÃ¡ticos que configura el estado mexicano, previstos en nuestra norma fundamental, deben garantizar que los poderes pÃºblicos aseguren que el derecho al trabajo gozarÃ¡ de la protecciÃ³n de las leyes, las que asegurarÃ¡n bajo cualquier circunstancia al trabajador, condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagadas, redistribuciÃ³n justa, salario mÃ­nimo, igual remuneraciÃ³n por igual tarea, participaciÃ³n en las ganancias de las empresas, organizaciÃ³n sindical libre y democrÃ¡tica, y de manera especial la protecciÃ³n del acceso al trabajo, asÃ­ como la protecciÃ³n contra el despido y la estabilidad del empleo. Es una realidad que en MÃ©xico, como en las demÃ¡s naciones, sobre todo en aquellas que se sitÃºan bajo esquemas de desigualdad y pobreza, millones de personas ven cÃ³mo se les deniega literalmente un puesto de trabajo, se les confina a determinadas ocupaciones o se les ofrece un salario mÃ¡s bajo Ãºnicamente por razÃ³n de su edad, sexo, religiÃ³n o color de su piel, cualesquiera que sean sus capacidades o los requisitos de trabajo. Negar la posibilidad de acceder a un empleo, es un acto de discriminaciÃ³n. AsÃ­ lo establece la declaraciÃ³n de principios y derechos fundamentales en el trabajo. El desempleo en nuestro paÃ­s alcanzÃ³, en junio del 2004, de acuerdo con la tasa de desempleo abierto establecido por el INEGI en la encuesta nacional de empleo urbano, el tres punto setenta y ocho por ciento de la poblaciÃ³n econÃ³micamente activa, cifra superior a la registrada en igual mes del 2003. De tres punto veintisiete por ciento, el indicador por sexo muestra que la tasa de desempleo abierto para las mujeres aumentÃ³ de tres punto sesenta y dos por ciento, a tres punto setenta y siete por ciento; mientras que la de los hombres pasÃ³ del tres punto cero siete por ciento, al tres punto setenta y ocho por ciento. El tres punto setenta y ocho por ciento, es la mayor cifra en cuatro aÃ±os del sexenio del presidente Vicente Fox. Esto significa que la desocupaciÃ³n real estÃ¡ llegando a niveles crÃ­ticos. La importancia del problema sin embargo, no se ha visto reflejada en una acciÃ³n realmente eficaz para combatirlo. A los funcionarios del actual gobierno federal, sÃ³lo se les ha ocurrido aplicar la continuidad de una soluciÃ³n del pasado: arrojarle dinero al problema. La conformaciÃ³n de estos datos, hace evidente la ausencia de una polÃ­tica laboral de las autoridades federales que atienda el problema en todas sus variantes. La aplicaciÃ³n de mayores recursos no garantiza detener la discriminaciÃ³n en el acceso al empleo. Esta situaciÃ³n se ha venido complejizando preocupantemente en los distintos miembros de la sociedad. Cada vez es mayor aquella franja de ciudadanos que se ubica entre los 35 y 45 aÃ±os de edad, que se ven expuestos a mayores limitaciones para obtener un empleo a pesar de haber acumulado un importante nivel de experiencia que los hace potencialmente productivos en cualquier puesto de trabajo. Pero dÃ©jenme decirles que el problema va mÃ¡s allÃ¡. Los recientes informes de poblaciÃ³n estÃ¡n marcando la tendencia de envejecimiento de la poblaciÃ³n y, por otro lado, de manera peligrosa se estÃ¡n modificando los parÃ¡metros de edad para la jubilaciÃ³n. Si esto es asÃ­, tenemos que fÃ­sica y psicolÃ³gicamente, entrar al rango de edad de 35 a 45 aÃ±os implica estar social y econÃ³micamente excluido, y por lo tanto, discriminado de los beneficios establecidos en nuestra ConstituciÃ³n PolÃ­tica. El problema planteado no es un asunto menor, debemos legislar no sÃ³lo para articular una polÃ­tica econÃ³mica que sirva a los grandes agregados econÃ³micos. Debemos, de manera inmediata, legislar para orientar un conjunto de polÃ­ticas especÃ­ficas que garanticen a los individuos acceder a un trabajo digno en las empresas; asimismo debemos garantizar la permanencia en su puesto de trabajo, no podemos permitir la discriminaciÃ³n por ningÃºn motivo. De igual manera, legislar en materia de discriminaciÃ³n implica establecer las prohibiciones necesarias a los patrones para evitar se imponga cualquier tipo de polÃ­ticas, normatividad interna o cualquier otro instrumento de carÃ¡cter legal o administrativo que implique promover la discriminaciÃ³n contra trabajadores o para despedirlos. Por lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurÃ­dicos expresados en el proemio, me permito poner a la consideraciÃ³n de esta soberanÃ­a la siguiente iniciativa de decreto de reforma y adiciones a la Ley Federal del Trabajo, como se seÃ±ala a continuaciÃ³n al tenor de la siguiente PROPUESTA DE DECRETO ArtÃ­culo 3o.: No podrÃ¡n establecerse condiciones que impliquen discriminaciÃ³n, tanto directa como indirectamente entre los trabajadores, asÃ­ como aquella que niegue a los individuos, la oportunidad de acceder a un empleo conforme loe establece la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos. Se entenderÃ¡ por discriminaciÃ³n cualquier distinciÃ³n, exclusiÃ³n o preferencia basada en motivos de edad, raza, color, sexo, religiÃ³n, embarazo, maternidad, opiniÃ³n pÃºblica, capacidades diferentes, estado civil, participaciÃ³n polÃ­tica, ascendencia nacional u origen social y Ã©tnico que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades para acceder al trabajo o de trato al trabajador activo o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, el empleo y la ocupaciÃ³n. ArtÃ­culo 7o.: Asimismo toda empresa o establecimiento deberÃ¡ emplear un porcentaje proporcional por grupo de edad de trabajadores mexicanos conforme lo distribuye el Instituto Nacional de EstadÃ­stica y GeografÃ­a en los Indicadores de Desempleo. La empresa o establecimiento deberÃ¡ informar a la SecretarÃ­a de Trabajo y PrevisiÃ³n Social bimestralmente, el cumplimiento de lo establecido en el pÃ¡rrafo anterior. Asimismo publicarÃ¡ las listas al interior del centro de trabajo. Lo establecido en este artÃ­culo deberÃ¡ observarse en los contratos colectivos de trabajo. ArtÃ­culo 133: Queda prohibido a los patrones, pÃ¡rrafo segundo: Imponer y aplicar cualquier tipo de polÃ­ticas, disposiciÃ³n interna o cualquier otro instrumento de carÃ¡cter legal o administrativo que implique promover la discriminaciÃ³n directa o indirectamente. ArtÃ­culo 422: Queda prohibido establecer en el Reglamento Interior de Trabajo, cualquier tipo de polÃ­ticas, disposiciones, o cualquier otro instrumento de carÃ¡cter legal o administrativo que implique promover la discriminaciÃ³n directa o indirectamente. ArtÃ­culo 992: Se considerarÃ¡n violaciones muy graves las decisiones del patrÃ³n que impliquen cualquier tipo de discriminaciÃ³n por los motivos establecidos en el artÃ­culo 3o., de esta Ley. ArtÃ­culo Transitorio. UNICO.- Este decreto entrarÃ¡ en vigor a partir del dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n. Palacio Legislativo de San LÃ¡zaro, 14 de septiembre del 2004. Atentamente, diputada Evelia Sandoval, y se adjuntan varias firmas. Diputada Presidenta: Le solicito se inscriba Ã­ntegramente esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates, ya que esto es solamente una sÃ­ntesis. Es cuanto. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricoli: Muchas gracias, diputada Sandoval. InsÃ©rtese el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates y publÃ­quese en la Gaceta Parlamentaria. TÃºrnese a la ComisiÃ³n de Trabajo y PrevisiÃ³n Social. En virtud de que el Partido Revolucionario Institucional ha solicitado que se posponga para la siguiente sesiÃ³n la Ley Federal para las VÃ­ctimas y Ofendidos del Delito, asÃ­ como el Partido AcciÃ³n Nacional ha solicitado tambiÃ©n que para la prÃ³xima sesiÃ³n se posponga la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del CÃ³digo Penal Federal en Materia de Delitos Cometidos en Contra de la FunciÃ³n PÃºblica. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan JosÃ© GarcÃ­a Ochoa, del Partido de la RevoluciÃ³n DemocrÃ¡tica, para tratar la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos y del CÃ³digo Penal Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. El diputado Juan JosÃ© GarcÃ­a Ochoa (PRD): Con su permiso, seÃ±ora Presidenta. CompaÃ±eras y compaÃ±eros Legisladores: "El dÃ­a de hoy venimos a presentar, a nombre del Partido de la RevoluciÃ³n DemocrÃ¡tica, una propuesta de reformas a la ConstituciÃ³n y de reformas al CÃ³digo Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo que serÃ­a nuestra posiciÃ³n sobre el tema del voto de los mexicanos en el exterior, atendiendo los siguientes "Motivos: "El Informe que hace unos dÃ­as se presentÃ³ en MÃ©xico del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo define como uno de sus variables, como uno de sus indicadores mÃ¡s importantes del avance de la democracia en nuestros paÃ­ses, el derecho que tengan los ciudadanos de cada paÃ­s a poder ejercer sus derechos polÃ­ticos cuando se encuentre fuera del territorio nacional. Es pues un consenso del sistema multilateral y de las propias Naciones Unidas el que los residentes de un paÃ­s en el exterior puedan ejercer sus derechos plenos. Todos los partidos en MÃ©xico se han pronunciado en distintos momentos a favor de garantizar el derecho de los mexicanos a votar en el exterior, pero tambiÃ©n ha sido cierto que el conjunto de observaciones y de objeciones particulares que se ha hecho a las modalidades de votaciÃ³n en el exterior conforman en su conjunto una objeciÃ³n general al tema. "Por eso nosotros queremos hoy contribuir haciendo un resumen en esta iniciativa de los proyectos que ya han presentado distintos legisladores del Partido de la RevoluciÃ³n DemocrÃ¡tica y de la opiniÃ³n de nuestros comitÃ©s del PRD en los Estados Unidos para que ayudemos en el debate y la dictaminaciÃ³n en la ComisiÃ³n de GobernaciÃ³n de la iniciativa y de la ley para que se pueda votar en el exterior. "No queremos como partido ser un obstÃ¡culo, y asÃ­ lo queremos decir con toda claridad, un obstÃ¡culo para que avance la iniciativa en materia del voto de los mexicanos en el exterior; por el contrario, queremos fortalecer el debate que se estÃ¡ dando dentro de esa ComisiÃ³n de GobernaciÃ³n. "En nuestra iniciativa proponemos en resumen lo siguiente: "Primero la introducciÃ³n del ejercicio al voto tanto en el territorio nacional como en el extranjero por los siguientes medios: "Voto por casilla, voto por correo, por telÃ©fono y voto electrÃ³nico. "El establecimiento del mecanismo de que a travÃ©s de la integraciÃ³n del listado nominal de electores el IFE y los partidos polÃ­ticos determinarÃ¡n los medios con los cuales habrÃ¡ de votarse en el extranjero, respetando siempre los principios de que el voto sea personal, secreto e intransferible. "Estableciendo el establecimiento de mecanismos para facilitar la credencializaciÃ³n de los mexicanos en el exterior. "Garantizar a los mexicanos que residen en el exterior el derecho a votar no solo por Presidente de la RepÃºblica, sino tambiÃ©n por Senadores y por Diputados Federales. "Garantizar tambiÃ©n el derecho de los mexicanos residentes en el exterior a tener una representaciÃ³n como comunidad propia en la CÃ¡mara de Senadores y en la CÃ¡mara de Diputados, creÃ¡ndose para tal efecto nuevas circunscripciones. "La dotaciÃ³n al Consejo General del Instituto Federal Electoral de nuevas atribuciones que le permitan emprender las obligaciones que se proponen. "Definiciones expresas y claras de los ciudadanos mexicanos que residen en el extranjero y de los ciudadanos que solo estÃ¡n en trÃ¡nsito en el extranjero delimitando los derechos del voto en cada categorÃ­a. "CreaciÃ³n de una Junta Especial para el voto de los mexicanos en el extranjero y de un Consejo Especial que durante los procesos electorales habrÃ¡ de vigilar la organizaciÃ³n para el extranjero. "La creaciÃ³n y la definiciÃ³n clara del listado nominal de electores en el extranjero. "La prohibiciÃ³n expresa del financiamiento a partidos que provengan del exterior, asÃ­ como la contrataciÃ³n directa de propaganda por parte de los partidos polÃ­ticos y la regulaciÃ³n de actos de campaÃ±a en el exterior. "En general la regulaciÃ³n de las campaÃ±as electorales en el extranjero. "MÃ©xico es un paÃ­s de migrantes, es un paÃ­s en el que todos migran de una u otra manera. Los movimientos de poblaciÃ³n han complicado enormemente las polÃ­ticas pÃºblicas en MÃ©xico, diseÃ±adas para una poblaciÃ³n estÃ¡tica que no cambia de domicilio. Tampoco existen sistemas en MÃ©xico de mediciÃ³n integral del fenÃ³meno migratorio. QuizÃ¡s millones de mexicanos, especialmente los jÃ³venes, migran de una u otra manera constantemente. Los estudiantes de provincia que viajan a las capitales a estudiar, los trabajadores de las maquiladoras fronterizas, los jornaleros agrÃ­colas, temporaleros en los estados de Sinaloa, Sonora o Baja California; los trabajadores de las obras pÃºblicas y las empresas pÃºblicas que se trasladan a plataformas marinas, pozos petroleros, construcciÃ³n de presas, puentes, carreteras, etcÃ©tera; los profesionistas y trabajadores que se trasladan incluso a diario de una ciudad a otra, a ver clientes, a hacer negocios, a emplearse en trabajos temporales, etcÃ©tera. TambiÃ©n lo son los aproximadamente 23 millones de mexicanos que se encuentran fuera del territorio nacional. La costumbre generalizada en las familias mexicanas es la costumbre de la migraciÃ³n y casi todos los servicios: polÃ­ticas pÃºblicas, instrumentos de seguridad social y, por supuesto, el sistema electoral, estÃ¡n fincados en el supuesto de que la gente no se mueve. La globalizaciÃ³n ha hecho posibles y necesarias las migraciones masivas y nosotros seguimos teniendo leyes e instituciones asentadas en lo territorial, en lugar de estar asentadas en los derechos de las personas. Nuestro sistema electoral estÃ¡ basado en el ejercicio territorial de los derechos polÃ­ticos, esto ha dejado en la prÃ¡ctica fuera a muchos ciudadanos del ejercicio de sus derechos. QuizÃ¡s una buena razÃ³n para explicar el creciente abstencionismo en las elecciones, es que la gente simple y sencillamente no estÃ¡ el dÃ­a de la elecciÃ³n en el domicilio que dice su credencial de elector, estÃ¡ en otra ciudad, en otro paÃ­s o quizÃ¡ por uno o dos dÃ­as, quizÃ¡ por un mes, quizÃ¡ por un aÃ±o, pensando en ser residente permanente en otra ciudad o en otro paÃ­s. Esto no significa que el ciudadano no quiera votar, sino que bajo nuestro sistema electoral no puede votar. Y no estamos hablando de unos cuantos, sino de millones de mexicanos y mexicanas. Tan sÃ³lo en los Estados Unidos se calcula que cualquier dÃ­a del aÃ±o, el dÃ­a de hoy por ejemplo, existen medio millÃ³n de ciudadanos mexicanos con calidad de visa de turista de manera temporal, que no son residentes, que estarÃ­an por muy corto tiempo y que seguramente tienen bienes, familia o amigos e incluso trabajo en MÃ©xico; ellos no podrÃ­an votar el dÃ­a de la elecciÃ³n. Existen en el exterior entonces, pues, una comunidad que es parte de MÃ©xico, que tambiÃ©n se identifican con nuestros sÃ­mbolos, que se identifican con nuestro sistema polÃ­tico y que no han podido conformar la autoridad mexicana, no han podido formar parte de la soberanÃ­a nacional, porque ha prevalecido en nuestro sistema legal la visiÃ³n y la idea de quien sale de su territorio no tiene derechos, cuando MÃ©xico estÃ¡ conformado por mexicanas y mexicanos que todos en lo individual son depositarios de derechos polÃ­ticos, econÃ³micos y sociales. Por eso tambiÃ©n nuestra insistencia en la defensa de los mexicanos en el exterior en materia social y econÃ³mica, porque tambiÃ©n no sÃ³lo siendo depositarios de derechos polÃ­ticos tienen derecho a la protecciÃ³n de su estado, de su gobierno. Muy diferente serÃ­a el destino de los migrantes mexicanos si pudieran participar en quiÃ©nes integran tambiÃ©n este Congreso y quiÃ©nes los gobiernan en el paÃ­s y en los estados. Sin duda alguna serÃ­a la clase polÃ­tica mexicana mucho mÃ¡s activa en su defensa, si implicara que con ello tendrÃ­a respaldo electoral. Hoy a los mexicanos solamente les pedimos solidaridad y apoyo, a los mexicanos en el exterior, y sin duda alguna en muchos estados sus remesas reactivan nuestra economÃ­a. LlegÃ³ el momento de darles ese derecho, pero tambiÃ©n de cambiar nuestra mentalidad y de sentirnos parte todos los mexicanos, los que nos identificamos con el Himno que acabamos de cantar, de identificarnos con MÃ©xico, con el sistema polÃ­tico mexicano y con la transiciÃ³n democrÃ¡tica y el avance de la democracia que nuestro paÃ­s requiere. Por eso presentamos, seÃ±ora Presidenta, esta iniciativa que esperemos sea considerada por las demÃ¡s fracciones parlamentarias, para que dictaminemos en este periodo legislativo, el derecho de los mexicanos a votar en el extranjero. Muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricoli: Muchas gracias al diputado GarcÃ­a Ochoa. En virtud de que esta iniciativa no ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria publÃ­quese e insÃ©rtese el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates y tÃºrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de GobernaciÃ³n. Tiene la palabra el diputado QuintÃ­n VÃ¡zquez GarcÃ­a del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa que reforma el ArtÃ­culo 134 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado QuintÃ­n VÃ¡zquez GarcÃ­a (PRI): Con su permiso compaÃ±era presidenta. CompaÃ±eras y compaÃ±eros diputados. El suscrito diputado federal por el Distrito No. 9 con cabecera en Guadalajara, Jal., QuintÃ­n VÃ¡zquez GarcÃ­a, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Congreso de la UniÃ³n con fundamento en lo establecido en el ArtÃ­culo 71 fracciÃ³n II de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad por lo previsto en los ArtÃ­culos 55 fracciÃ³n II, 56, 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pone a consideraciÃ³n de esta soberanÃ­a, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el ArtÃ­culo 134 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente ExposiciÃ³n de Motivos En el origen de nuestra ConstituciÃ³n no se preveÃ­a ningÃºn precepto que se refiriera a los contratos de obra pÃºblica ni a las adquisiciones o arrendamientos que llevara a cabo el gobierno o los paraestatales, fue en la SexagÃ©sima Primera SesiÃ³n Ordinaria celebrada el 25 de enero de 1917 que la ComisiÃ³n de ConstituciÃ³n presentÃ³ a la Asamblea un dictamen que cito: "Ciudadanos diputados. Al tÃ­tulo de la ConstituciÃ³n que contiene las prevenciones generales, la ComisiÃ³n ha creÃ­do conveniente agregar un artÃ­culo, que tiene por objeto asegurar todos los concursos de todos los trabajos pÃºblicos, para obtener asÃ­, para el servicio de la naciÃ³n, las mejores utilidades posibles, evitando los fraudes y los favoritismos, bien conocidos del antiguo rÃ©gimen. El artÃ­culo que se agrega, por ser el Ãºltimo de las prevenciones generales llevarÃ¡ el No. 131, pero como puede haber modificaciones en la numeraciÃ³n, la ComisiÃ³n de Estilo lo coloca en el lugar que le corresponde en la serie. La ComisiÃ³n se permite proponerlo en los siguientes tÃ©rminos a la aprobaciÃ³n de esta H. Asamblea: ArtÃ­culo 131.- Todos los contratos que el gobierno tuviere que celebrar para la ejecuciÃ³n de las obras pÃºblicas, serÃ¡n adjudicados en subasta pÃºblica, mediante convocatoria y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que serÃ¡ abierto en junta pÃºblica. Sala de Comisiones. QuerÃ©taro de Arteaga, 25 de enero de 1917. Paulino Machorro. Heriberto Jara. Arturo MÃ©ndez. Hilario Medina."" El proyecto presentado fue aprobado casi sin discusiÃ³n, y sin mayor trascendencia fue aprobado con el No. 134 y estuvo vigente hasta 1982. El texto original del ArtÃ­culo 134 de la ConstituciÃ³n Mexicana fue el siguiente: Todos los contratos que el gobierno tenga que celebrar para la ejecuciÃ³n de obras pÃºblicas, serÃ¡n adjudicados en subasta mediante convocatorias y para que se presenten proposiciones en sobres cerrados que serÃ¡ abierto en junta pÃºblica."" Este artÃ­culo asÃ­ permaneciÃ³ hasta el 28 de diciembre de 1982, fecha en que se publicÃ³ en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n su texto actual que a la letra se cita: "Los recursos econÃ³micos de que dispongan el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal asÃ­ como sus respectivas administraciones pÃºblicas paraestatales, se administrarÃ¡n con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estÃ¡n destinados. Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaciÃ³n de servicios de cualquier naturaleza y la contrataciÃ³n de obra que realicen, se adjudicarÃ¡n o llevarÃ¡n a cabo a travÃ©s de licitaciones pÃºblicas mediante convocatoria pÃºblica para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que serÃ¡ abierto pÃºblicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demÃ¡s circunstancias pertinentes. Cuando las licitaciones a que hace referencia el pÃ¡rrafo anterior no sean idÃ³neas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerÃ¡n las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demÃ¡s elementos para acreditar la economÃ­a, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos econÃ³micos federales se sujetarÃ¡ las bases de este artÃ­culo. Los servidores pÃºblicos serÃ¡n responsables del cumplimiento de estas bases en los tÃ©rminos del TÃ­tulo Cuarto de esta ConstituciÃ³n. El artÃ­culo 134, junto con los artÃ­culos 25, 26, 27, 28 y 131 de la ConstituciÃ³n Mexicana constituyen lo que la doctrina mexicana denomina el CapÃ­tulo EconÃ³mico de la ConstituciÃ³n. En su forma actual, el artÃ­culo de marras se puede diferenciar en dos partes fundamentales: En la primera se establecen los principios bÃ¡sicos que deben observarse en la administraciÃ³n de los recursos econÃ³micos de que dispongan los servidores pÃºblicos responsables del Gobierno Federal y del Distrito Federal, asÃ­ como de las entidades paraestatales. Estos principios son: Eficiencia, eficacia y honradez. Algunos estudiosos incluyen un cuarto principio, que serÃ­a idoneidad del gasto, derivado del mandato constitucional de satisfacer los objetivos a los que estÃ©n destinados. La segunda parte establece el procedimiento que debe de seguirse para la adjudicaciÃ³n de los contratos sobre adquisiciones, arrendamientos y enajenaciÃ³n de todo tipo de bienes, prestaciÃ³n de servicios de cualquier naturaleza y la contrataciÃ³n de obra que en cumplimiento de sus objetivos deberÃ¡ llevar a cabo el Sector PÃºblico Federal, incluyendo a las empresas y organismos paraestatales. El jueves 30 de diciembre de 1993 fue publicada en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n la Ley de Adquisiciones y de Obra PÃºblica que reglamentÃ³ al artÃ­culo 134 y abrogÃ³ la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y PrestaciÃ³n de Servicios relacionados con bienes muebles de 1985. El aspecto de las licitaciones internacionales de esta ley incluye la observancia de los tratados internacionales que MÃ©xico ha signado en la materia, como es el GATT, el TLC, Ronda de Uruguay, etc. Con la publicaciÃ³n el 11 de junio de 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la InformaciÃ³n PÃºblica Gubernamental, se abriÃ³ un espacio inexistente hasta el momento, excepto quizÃ¡ por lo prescrito por el artÃ­culo 8ÃÂÃÂº constitucional, que obliga a la autoridad a contestar acerca de la informaciÃ³n que se le requiera mediante las formalidades establecidas, pero que de ninguna manera tiene el alcance que esta nueva ley logra, pues al poner toda la informaciÃ³n generada por el Gobierno Federal a disposiciÃ³n de cualquier particular, a excepciÃ³n de aquella que por su esencia ponga en riesgo la seguridad nacional o lesione a terceros, abre espacios inÃ©ditos a la ciudadanizaciÃ³n de la cosa pÃºblica. No obstante, al no encajar exactamente en un precepto constitucional que le dÃ© sustentaciÃ³n y que, al mismo tiempo le provea carÃ¡cter permanente y le sustraiga los vaivenes polÃ­ticos, es necesario desde mi punto de vista, incluir la cuestiÃ³n amplia de la transparencia en el artÃ­culo 134 constitucional. La transparencia en tanto concepto, empata con el espÃ­ritu que late en lo normado en dicho artÃ­culo y aunque en principio sÃ³lo hacÃ­a pÃºblico lo referente a contratos, licitaciones, arrendamientos, etc., ante los interesados y quienes acudieran a la junta pÃºblica en esencia, se buscÃ³ evitar arreglos extralegales o francamente ilegales y su consecuente daÃ±o al Erario PÃºblico, al dinero de todos los mexicanos y sus impuestos. La idoneidad, menciona en el cuerpo del citado artÃ­culo 134, viene al caso respecto de la transparencia, pues serÃ­a una extensiÃ³n natural de dicho artÃ­culo incluir el derecho a saber, a inquirir y la obligaciÃ³n de informar y transparentar las cuestiones pÃºblicas no sÃ³lo financieras, sino operativas, legales y organizacionales. En virtud de lo anterior, resulta necesario elevar a rango constitucional el concepto y la praxis de la transparencia y para ello se debe modificar al artÃ­culo 134 de la ConstituciÃ³n General de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto, someto a consideraciÃ³n de esta soberanÃ­a la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artÃ­culo 134 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos. ArtÃ­culo Ãnico.- Se reforma el artÃ­culo 134 de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes tÃ©rminos: Los recursos econÃ³micos de que dispongan el Gobierno Federal y el Gobierno del Distrito Federal, asÃ­ como sus respectivas administraciones pÃºblicas paraestatales, se administrarÃ¡n con eficiencia, eficacia, honradez y transparencia para satisfacer los objetivos a los que estÃ©n destinados, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaciÃ³n de servicios de cualquier naturaleza y la contrataciÃ³n de obra que realicen, se adjudicarÃ¡n o llevarÃ¡n a cabo a travÃ©s de licitaciones pÃºblica mediante convocatoria pÃºblica para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que serÃ¡ abierto pÃºblicamente a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demÃ¡s circunstancias pertinentes, la informaciÃ³n de todo esto es accesible a cualquier ciudadano mexicano que lo solicite. Cuando las licitaciones a que hace referencia el pÃ¡rrafo anterior no sean idÃ³neas para asegurar dichas condiciones, la Ley establecerÃ¡ las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demÃ¡s elementos para acreditar la economÃ­a, eficacia, eficiencia, imparcialidad, transparencia y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. El manejo de recursos econÃ³micos federales se sujetarÃ¡ a las bases de este artÃ­culo. Los servidores pÃºblicos serÃ¡n responsables del cumplimiento de estas bases en los tÃ©rminos del tÃ­tulo Cuarto de esta ConstituciÃ³n. Transitorios Ãnico.- El siguiente decreto entrarÃ¡ en vigor al dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n. Dado en el Palacio Legislativo de San LÃ¡zaro, en el mes de septiembre del 2004. El de la voz. Muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricoli: Gracias, diputado VÃ¡zquez GarcÃ­a. Y tÃºrnese a la ComisiÃ³n de Puntos Constitucionales. Tiene ahora la palabra el diputado JosÃ© Antonio Cabello Gil, del grupo parlamentario del Partido AcciÃ³n Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el primer pÃ¡rrafo del artÃ­culo 1ÃÂÃÂ° de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reconocimiento de garantÃ­as individuales. El diputado JosÃ© Antonio Cabello Gil (PAN): Con el permiso de la Presidencia. CompaÃ±eras y compaÃ±eros diputados: Los derechos humanos, su reconocimiento, su respeto y promociÃ³n, constituyen condiciÃ³n indispensable en cualquier rÃ©gimen democrÃ¡tico. No podremos aspirar a una verdadera democracia si estos derechos no se convierten en el rasero sobre el cual Ã©sta debe ser medida. Sin embargo, hay que seÃ±alar que estos derechos humanos y garantÃ­as individuales que las personas tenemos, asÃ­ como su concreciÃ³n jurÃ­dica en nuestra ConstituciÃ³n, tiene que expresar con precisiÃ³n la realidad antropolÃ³gica que subyace. A saber, la de que estos derechos humanos y su traducciÃ³n en garantÃ­as individuales, se tienen por el simple hecho de ser persona y nunca, nunca son otorgados por autoridad alguna. El afirmar que estos derechos y garantÃ­as son otorgados por alguien, implica que Ã©stas no se tienen esencialmente, lo cual evidencia un profundo desconocimiento de la naturaleza humana y de la eminente dignidad personal. De una visiÃ³n como Ã©sta, se pueden derivar consecuencias y actitudes de carÃ¡cter autoritario que amenazan el rÃ©gimen de libertades que los mexicanos vivimos. Es por ello que en uso de las facultades que me confiere la legislaciÃ³n vigente, hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa de decreto que reforma el artÃ­culo 1ÃÂÃÂ° de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "En los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozarÃ¡ de las garantÃ­as que reconoce esta ConstituciÃ³n, las cuales no podrÃ¡n restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece". Solicito a la Presidencia inserte el texto integro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricoli: Muchas gracias diputado Cabello Gil. Y a solicitud del proponente, insÃ©rtese el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates y publÃ­quese en la Gaceta Parlamentaria, asimismo tÃºrnese a la ComisiÃ³n de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado Ãlvaro Burgos Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar una iniciativa de Ley para regular el envÃ­o de remesas del extranjero a la RepÃºblica Mexicana.