La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. El dictamen que se presenta a la consideración de esta honorable asamblea, corresponde a una iniciativa presentada en la LXI Legislatura, en la Cámara de Senadores, el 3 de marzo de 2010. Fue aprobada por mayoría el 12 de abril de 2011 y se envió a la Cámara de Diputados, en donde la entonces Comisión de la Función Pública aprobó el dictamen el 11 de abril de 2012 y lo remitió a la Mesa Directiva para continuar el proceso legislativo ante el pleno de la Cámara. Con motivo del cierre del último periodo de sesiones de la LXI Legislatura, dicha iniciativa quedó pendiente de resolución, por lo que al iniciar la LXII Legislatura, la Mesa Directiva acordó turnar a las comisiones correspondientes los dictámenes pendientes que no se discutieron en el pleno, de la legislatura anterior, para realizar un nuevo dictamen. Es así, que el 3 de diciembre de 2013, dictaminamos por unanimidad en sentido positivo y sin modificaciones la minuta proveniente del Senado, y es en nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que presentamos el presente dictamen. La corrupción es un fenómeno que hemos padecido en México a lo largo de muchos años. Es una práctica que humilla a los mexicanos al forzarlos a pagar sobornos a funcionarios para que hagan el trabajo que les corresponde. Se arruina al comerciante honesto, que propicia la asociación de empresas o empresarios sin escrúpulos y servidores públicos deshonestos. Que se burla del esfuerzo de la población por pagar sus impuestos y se propaga como un cáncer para infestar todo lo que es decente en la sociedad. Es tan grave el daño, que les puedo asegurar que la corrupción mata. Mata cuando una empresa soborna para obtener el permiso de comercialización de carne no apta para el consumo humano. Mata cuando el funcionario solicita dinero para prestar un servicio al que el ciudadano tiene derecho gratuito. Mata cuando el médico utiliza vacunas que no cumplen con los niveles de calidad escogidos por la autoridad sanitaria. Como legisladores tenemos la responsabilidad de crear las leyes que coadyuven a construir un gobierno honesto y democrático, que se someta en todo momento al escrutinio y evaluación de la sociedad y que cuente con principios de honestidad, responsabilidad, eficiencia, transparencia y sobre todo, que rinda cuentas. Este dictamen que hoy se somete a consideración de esta honorable asamblea, sin duda reforzará el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción. A continuación me permito exponerles su contenido. Instituye como objeto de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentar las disposiciones tendentes a la protección de los denunciantes y personas que aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos. En México, la ciudadanía no denuncia, y a pesar de eso, un gran porcentaje de los procedimientos administrativos se originan con una denuncia. Precisamente, esta disposición fortalece este mecanismo y se convierte en una acción útil y confiable de la que pueden hacer uso los órganos facultades para sancionar a los servidores públicos que realicen acciones de corrupción. Esto mejorará el servicio público y fomentará la denuncia ciudadana, que es la mejor herramienta para identificar actos de corrupción. Plantea como obligación de los servidores públicos abstenerse de inhibirse por sí o por interpósita persona a los posibles quejosos o denunciantes, así como a cualquier persona que pudiera aportar información en los procedimientos administrativos. Asimismo, establece que el incumplimiento de dicha obligación será considerado por la autoridad competente como grave. Con estas medidas se asegura la protección de los servidores públicos o particulares que denuncien actos de corrupción, evitando posibles represalias en su contra. Por primera vez se trae al cuerpo de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, la posibilidad de presentar quejas o denuncias de manera anónima. Esta medida tiene como objetivo hacer que la autoridad, con facultades de investigación, no pueda desechar una denuncia por el solo hecho de que ésta sea anónima, en este sentido tendrá la obligación de verificar si la misma contiene los elementos que permitan iniciar el procedimiento correspondiente, sin importar si tiene o no el nombre del denunciante. Instruye a la Secretaría de la Función Pública que establezca normas que regulen la forma de atención y resolución de las quejas y denuncias que se presenten, previendo aspectos como los procedimientos y plazos aplicables, las instancias de recepción, la forma en que se deberán de comunicar con los denunciantes o informantes, las disposiciones relativas a la protección y los estímulos conforme a los principios señalados en la ley que se analiza. Con esto se facilitará a la ciudadanía la formulación de quejas, denuncias e inconformidades, otorgando seguridad jurídica a los denunciantes. Establece los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes, con el objetivo de poder contar con mayores elementos que permitan presumir la comisión de conductas irregulares para dar inicio a las investigaciones correspondientes y lograr así incrementar el buen resultado de las mismas. Estipula que en el caso de infracciones graves se impondrán de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la sanción o destitución, con esto se endurecen las sanciones. Hoy en día el límite de años de inhabilitación es de 10, con esta reforma se aumentará a 20 años lo cual sirve para inhibir las conductas irregulares de los servidores públicos; prevé que entre los elementos que las autoridades considerarán para individualizar la sanción estará la colaboración del servidor público en la identificación de los hechos o en la acreditación de la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos. Vinculado con el punto anterior, considera que en el caso de que un servidor público de manera voluntaria haga del conocimiento de las autoridades competentes sobre su responsabilidad o proporcione información que permita acreditar la responsabilidad administrativa de otros servidores públicos, antes del inicio del procedimiento disciplinario. Las autoridades sancionatorias podrán disminuir entre un 50 y 70 por ciento la sanción correspondiente, siempre que no se haya producido beneficios o lucro o que no se hubiere causado daños o perjuicio. Estas medidas tienen por objetivo incentivar la denuncia de los servidores públicos que han actuado en coordinación con otros funcionarios en la comisión de diferentes irregularidades. La experiencia nos ha demostrado que en muchos casos los actos de corrupción se realizan por redes de funcionarios públicos que han venido cometiendo actos ilícitos con gran impunidad a través de los años dentro de las propias instituciones. Instaura que la Secretaría de la Función Pública podrá otorgar, con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos a favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación de conductas que rigen en el servicio público. En el caso de que la información sea otorgada por un servidor público, éste se hará acreedor a un reconocimiento de carácter no económico. De esta forma, se apuntala la denuncia de los ciudadanos como una estrategia eficaz en el combate a la corrupción. Estamos convencidos que el papel de los denunciantes es fundamental. Por esta razón se incentiva la presentación de denuncias con recompensas económicas para volverlas atractivas, esperando que aumente la frecuencia con que los particulares y servidores públicos las presentan. Modifica el procedimiento que realiza la Secretaría de la Función Pública de llevar a cabo investigaciones que verifiquen la evolución del patrimonio de los servidores públicos, así como para realizar aclaraciones pertinentes con relación a las incongruencias detectadas. Las modificaciones que esta reforma realiza al procedimiento de evolución patrimonial son con el afán de hacerlo más rápido y efectivo, lo que permitirá que la Secretaría de la Función Pública y la PGR puedan actuar con mejores resultados y en un menor tiempo. Como pueden ver, este dictamen constituye un paso importante para cerrar los espacios a las acciones irregulares cometidas por funcionarios públicos, fomenta la participación ciudadana y fortalece el marco jurídico en el combate a la corrupción. Es compromiso de todos nosotros el proteger y asegurar el Presupuesto que tiene el gobierno federal, el cual es dinero que el pueblo de México le confía al gobierno para que lo traduzca en bienes y servicios que permitan mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Compañeras y compañeros diputados, es importante mencionar que esta reforma constituye un complemento fundamental de la Ley Federal Anticorrupción en contrataciones públicas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2012. Con ese marco legal integral tendremos mayores elementos para combatir los actos de corrupción, por un lado a través de la prevención y sanción de conductas irregulares en materia de contrataciones públicas y por otro a través del constante escrutinio de la población mexicana por medio de la denuncia. Además con su aprobación estaremos dando cumplimiento a diversas convenciones internacionales suscritas por el Estado mexicano en materia de combate a la corrupción y de protección al denunciante. La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, en su Grupo de Trabajo sobre Cohecho, recomendaron a México contar con una legislación de protección a denunciantes de actos de corrupción. La Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos a través del mecanismo de seguridad de la implementación de la Convención de la Corrupción que recomendó a México fortalecer los sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe actos de corrupción. Por estas razones y a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, solicito a ustedes su voto aprobatorio a este dictamen para así reforzar el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y el combate a la corrupción. Que no quepa duda que con esta reforma ganan los ciudadanos al contar con la denuncia como elemento útil y confiable que les brinda la seguridad de que cualquier servidor público que realiza conductas para perjudicarlos con motivo de la denuncia, será sancionado. Ganan las familias porque al inhibir la corrupción el Estado se vuelve más eficiente y brinda mejores servicios, lo que se traduce en bienestar social y una mayor calidad de vida. Ganan los servidores públicos porque se salvaguarda su integridad y su empleo al protegerlo de posibles represalias por denunciar conductas ilícitas de otros funcionarios públicos. Con esta reforma gana México y ganamos todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.