El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Mucho se ha estado comentado, hemos estado insistiendo varios legisladores en qué puede pasar si esta acción de extinción de dominio es mal utilizada y se encauza contra aquel tenedor, aquel propietario de una finca que la renta y que tiene algún grupo de la delincuencia que la convierte en casa de seguridad y qué va a pasar con estas personas. Y a mí me preocupa todavía un tema adicional, ¿qué pasa con la propiedad social? Y lo dije en la comisión, ¿qué pasa con la propiedad agraria? ¿Qué pasa con ese campesino que llegaron y le invadieron su tierra y le quitaron su parcela y la están utilizando para sembrar amapola? ¿Qué pasa con ese ejidatario, ese campesino? Los funcionarios de la Fiscalía y del SAE, que quiero reconocer que muy amable, inclusive aquí andan en la Cámara de Diputados ofreciéndonos la información de las dudas que podamos tener sobre este dictamen. Tuvimos a bien preguntarles, ¿cómo garantizábamos el que no se cometiera un abuso, el que no pudiera ser susceptible este grupo vulnerable, de que no pudiera defenderse y que pudiera perder sus bienes o en este caso la posesión que tiene de la propiedad ejidal o social, colectiva, como se llama? Y ellos nos contestaron, que ese ejidatario, ese campesino tendría que acudir ante la representación social, a decirle que le quitaron su parcela por la fuerza y que además de quitársela, están haciendo actos indebidos ahí. ¿Qué campesino en su sano juicio, después de una amenaza de muerte a su familia, después de decirle que lo van a matar, de decirle que es la delincuencia organizada, va a acudir al Ministerio Público a denunciar? Por supuesto que no lo va a hacer, por supuesto que este campesino o este poseedor, este propietario de la finca, de la casa, del inmueble, del vehículo, pues al ver que se trata de la delincuencia organizada, lo más seguro es que lo deje por la paz y hasta se esconda, porque no va a poder ejercitar esta defensa legal para demostrar, en la carga de la prueba demostrar que él tiene la posesión legítima o la propiedad legítima. Pero luego, además, tuvimos a bien preguntarles, ¿cómo podemos garantizar como fiscalía y como autoridad que esta ley no pueda dar paso a que se utilice esta figura de extinción de dominio en contra del enemigo político, del compadre empresario que quiere participar políticamente y luego ahí le hago un procedimiento de extinción de dominio? Y entonces, con la simple amenaza de que le voy a quitar sus bienes, pues probablemente hasta lo bajo del ring político. Y nos contestó también la fiscalía y los funcionarios del SAE, nos dijeron: por supuesto que no, el Estado no va a destinar a sus ministerios públicos ni a todo el aparato gubernamental para ir a atacar a esas personas, lo va a hacer contra los grandes delincuentes y contra los capos de la delincuencia y los delincuentes de cuello blanco. ¿Pero cómo garantizamos esto? Y nos dijeron, está el artículo 226, que dice entre otras cosas que los bienes sujetos a procedimiento de extinción de dominio deberán presentar un interés económico para el Estado, por lo que dichos bienes deberán contar con un valor pecuniario susceptible de administración, que sean generadores de beneficios económicos y utilidad para esto. ¿Pero quién determina eso? Ellos mismos, el gobierno. ¿Quién va a determinar que son de interés o que van a tener un beneficio para el gobierno? Ellos mismos, cuando ellos lo decidan. Por eso, en la reserva que presento el día de hoy, es una adición a este artículo 226, donde ellos mismos reconocieron ante nosotros que queda a la presunción o a la buena fe del gobierno y esto no es un acto de buena fe. Nosotros decimos que el texto adicional de este artículo debe decir que el interés económico para el Estado, así como el valor pecuniario susceptible, debe ser determinado, fundado y motivado por el Ministerio Público en la petición que realice al juez de la causa. Así, tendremos oportunidad de que, si no se funda y se motiva bien este interés del Estado y el beneficio económico, podamos tener recursos legales para combatir esta solicitud de juicio o de procedimiento de extinción de dominio. Es cuanto, señora presidenta.