EL C. DIP. FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, IPAB; fue creado para atender y dar solución a la carga financiera del muy discutido y poco transparente rescate bancario, el cual ha abierto muy graves heridas en la sociedad que en vez de cicatrizar, cada día se abre más. La actual situación por la que atraviesa el Instituto es inaceptable pues además de que no ha cumplido con sus objetivos, ha venido acumulando irregularidades cada vez más graves llegando al extremo de que funcionarios de primer nivel se encuentran bajo investigación. El IPAB ha venido trabajando con una total falta de transparencia, es intolerable la sombra de la sospecha que rodea al IPAB tras el arraigo de su aún secretario adjunto jurídico, acusado de lavado de dinero que habría sido recibido para una gestión relacionada con la reestructuración de un crédito. Es intolerable observar que la Secretaría de la Contraloría ha abierto procedimientos administrativos contra la mitad de los vocales independientes a quienes se acusa de conflicto de intereses. Es igualmente intolerable la inaudita venta de Bancrecer, al equivalente a 170 millones de dólares, cuando el analista más pesimista esperaba 600 millones de dólares, el balance arroja un saldo que difícilmente alcanzaría el calificativo de mediocre. De igual manera la venta del complejo turístico Las Hadas que fue comprado en 15 millones de dólares y revendido el mismo día en 17 millones, cuando había un postor que ofrecía 18millones de dólares, pero sobre todo es el colmo que a más de dos años del inicio de sus operaciones el organismo no ha cumplido el mandato de ley de canjear los pagarés FOBAPROA con los cuales se pactó el rescate de los bancos y peor aún, a más de dos años de entregado el informe final del auditor canadiense Michael Macky a esta Honorable Cámara de Diputados no se ha cumplido el mandato de ésta de devolver a los bancos los préstamos que se asumieron por el FOBAPROA en contra de la regla señalada. Y por inaudito que parezca, apenas hace unos días se dieron los primeros pasos para transparentar la actividad los activos de los bancos intervenidos a su férula con miras a su liquidación. Por ello, el esclarecimiento y sanción de estas operaciones resulta obligado por varias razones. En primer término, para recupera fondos públicos que actualmente se encuentran en manos privadas y también para sancionar conductas ilegales por parte de funcionarios o exfuncionarios del FOBAPROA-IPAB, de banqueros o exbanqueros y de particulares. Exigimos el irrestricto cumplimiento de la ley del IPAB y la salvaguarda de las instituciones, esto es necesario en un país en el que la aplicación de la ley se cuestiona constantemente y donde las instituciones son muy frágiles. El gobierno tiene una ineludible responsabilidad en promover el cumplimiento de la ley, en este caso la que ya existe para regir la actuación del IPAB. También debe salvaguardar a la institución que finalmente está obligada a velar por los intereses de los ahorradores y recuperar las pérdidas del quebranto bancario, incluyendo el caso de devolver las deudas a los bancos y cobrarle a los accionistas. Esta es la transparencia que se nos prometió y que requiere el nuevo entorno político del país. El IPAB requiere urgentemente una transformación a fondo, que a su vez garantice la continuidad de un proceso transparente en la enajenación de activos producto del rescate bancario, de la recuperación de la mayor cantidad de recursos públicos y de la efectiva protección al ahorro de todos los mexicanos. Ha llegado el momento de que quien tiene esa responsabilidad cumpla con su trabajo, por eso es urgente tomar medidas al respecto. Asimismo, el IPAB ni siquiera ha informado la proyección de ingresos que tiene para éste y los siguientes años, esta cifra es fundamental para poder elaborar una reforma fiscal responsable, este instituto al cual se destinará un monto muy importante de recursos, ni siquiera es capaz de planear una comercialización adecuada de los bienes que tiene en su poder. Esperemos que estos bienes no sean enajenados a través de terceros a las mismas personas a quienes les fueron embargadas, porque sólo ellos saben cuántos y cuáles son los bienes que tiene en su poder este instituto. Señoras y señores diputados: ¿Cómo podemos aprobar una reforma fiscal cuando ni siquiera conocemos los montos de ingreso que tienen calculados el IPAB? ¿Cómo pueden algunos siquiera estudiar la posibilidad de aumentar impuestos, cuando algunos de estos pueden ser sustituidos fácilmente por la venta eficiente de los activos que tiene en su poder el IPAB? Por lo anteriormente expuesto solicitamos a la mesa directiva de esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, verifique si se encuentra en poder de esta soberanía los documentos e información que se solicitan en los cardinales del presente punto de acuerdo. En caso contrario, solicitar al IPAB entregue la información que se establece en los mismos. Primero. Que el IPAB entregue a esta soberanía toda la información completa de los bienes muebles e inmuebles en la República Mexicana, y en su caso en el extranjero, que tiene en su poder, así como su ubicación y avalúo. Segundo. Que el IPAB entregue a esta soberanía la proyección de ingresos que tiene programado para los próximos cinco años, desglosado de forma anual por concepto de enajenación de bienes. Firman el presente punto de acuerdo el coordinador y diputado del Partido Verde Ecologista de México, el coordinador y diputado del Partido Revolucionario Institucional, el coordinador y diputado del Partido de la Revolución Democrática, el coordinador y diputado del Partido del Trabajo, así como diputados del Partido Acción Nacional, Partido Alianza Social, Partido de la Sociedad Nacionalista y Partido Convergencia por la Democracia. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, cede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 30 días del mes de octubre del año 2001. Muchas gracias.