El diputado Israel Beltrán Montes: Con su permiso, diputada Presidenta. Al presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que someto a la consideración del honorable Pleno, le solicito atentamente se sirva ordenar la publicación del texto íntegro en el Diario de los Debates conforme se encuentra inserto en la Gaceta Parlamentaria. Señoras y señores legisladores. El suscrito, diputado Israel Beltrán Montes, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia conforme a las siguientes Consideraciones Al promulgarse el 15 de enero de 2002 la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia tuvimos un avance significativo en el proceso de regular el crédito y minimizar el riesgo crediticio, porque al proporcionar información que ayuda a conocer el comportamiento en el pago de empresas y personas físicas, otorga determinadas garantías al cliente deudor contribuyendo a formar la cultura del crédito entre la población e impulsar el desarrollo general del país. No obstante experiencias previas y posteriores a su vigencia han demostrado que siguen existiendo desequilibrios e iniquidades en perjuicio del sector de los deudores. La economía del presente se caracteriza, de manera significativa, en una masificación del crédito, entre las manifestaciones distintivas de la globalización y el vertiginoso desarrollo tecnológico en que vivimos. Es común el uso de dinero de plástico, como se denomina al crédito que se ejerce mediante tarjetas de crédito y la comercialización a través de los medios electrónicos y televisivos, cada día más intensa. Estos procesos, lo podemos constatar, se han visto acompañados de prácticas abusivas y crisis cíclicas que ponen en peligro no sólo la economía de los deudores, sino la economía nacional en su conjunto. La crisis económica que sufrió nuestro país en 1994 —según opinión de los expertos— tuvo entre sus causas el crecimiento desmesurado del crédito a través del uso de tarjetas de crédito, práctica que no obstante haber coadyuvado a que los efectos de la devaluación de ese año no fueran tan desastrosos, también puso en claro que la insolvencia generalizada de millones de familias generó, a su vez, la crisis en todo el sistema bancario. Pudo así confirmarse que el crecimiento desmedido y sin salvaguardas del dinero de plástico puede crear la ilusión de una mejoría en el nivel de vida hasta que se llegue al nivel de incapacidad de pago, que puede degenerar en la quiebra real o virtual de los deudores y, según el grado de su alcance, causar un efecto catastrófico en la economía nacional como el de 1994 que impactó nuestro desarrollo económico durante varios años; experiencia que no puede ser olvidada. A principios del año en curso, el Banco de México reveló que el saldo de la cartera vencida en tarjetas de crédito creció desmesuradamente al pasar de dos mil 114 millones de pesos en noviembre de 2000 a 12 mil 131.8 millones de pesos en 2006, casi seis veces más, mostrando un crecimiento exponencial. Estamos inmersos en una agresiva política de oferta de créditos por instituciones financieras y empresas comerciales que con hábiles promociones de mercadotecnia como son las ofertas de productos en pagos mensuales sin cargo de intereses, tarjetas de crédito y otro tipo de concesiones crediticias, prácticamente sin exigir requisitos, imprimen una dinámica de consumo excesivo que deriva, como lo confirman las cifras del Banco de México, en la morosidad en el pago entre los usuarios de tarjetas de crédito; fenómeno que muestra índices de crecimiento como no se contemplaban desde 1994. Lo anterior propicia campañas no sólo agresivas sino amenazantes y ofensivas contra quienes —seducidos por la ilusión del crédito— han caído en la desgracia de la morosidad en los pagos, pues basta el incumplimiento de una mensualidad para que se pongan en operación por un sistema de grabaciones telefónicas repetidas hasta el cansancio, advertencias que hacen empleados adiestrados en la manipulación personal, la presión psicológica y la amenaza; o bien, recordatorios por vías telegráfica o postal. Agregado a todo lo anterior, el cobro exagerado de comisiones, intereses moratorios, gastos de cobranza que agravan todavía más la situación crediticia y crítica, y posición en desventaja de los deudores que así son explotados sin medida, sin ética y muchas veces impunemente. El 12 de febrero un periódico Uno más Uno consigna: "El abuso en el cobro de comisiones por uso de servicios bancarios dejó a los bancos y otras instituciones financieras ingresos por 12 mil 520 millones de pesos, lo que representó el 27.8 por ciento de sus ingresos totales, y que los ingresos por comisiones netas por las actividades de intermediación arrojaron utilidades de 402 millones de pesos en el mismo periodo. Todo ese capital, en detrimento de los usuarios". Lamentablemente la ley en la materia es un mecanismo pensado, creado y operado para el beneficio de las entidades financieras y las empresas comerciales, que sólo marginal y tibiamente se ocupa de la tutela y salvaguardar de los derechos de los deudores. Al registrarse en el Buró de Crédito el adeudo vencido de un cliente deudor, sin que él haya tenido participación alguna en el proceso, sin haber sido notificado o escuchado para hacer las aclaraciones pertinentes, además de que pasa por alto la aplicación de derechos importantes como son los relativos al secretario financiero y al aspecto de confidencia que se está causando un daño evidente, porque además de ocasionarle desprestigio personal e impedirle acceder a más créditos, se afecta su economía y desempeño. Le suplicaría, si me puede extender un minuto más su tiempo.