EL DIP. OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas: El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LVIII Legislatura del Congreso, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política, y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable pleno una iniciativa de decreto de reformas a la fracción XXVIII del artículo 73 y a la VI del artículo 89 de nuestra Constitución Política, para otorgarle al Congreso Federal la facultad de legislar en materia de seguridad nacional, y al titular del Ejecutivo para otorgarle también en materia de seguridad nacional, facultades de conformidad a la presente iniciativa. Garantizar la seguridad, la defensa y soberanía y territorio de un Estado, y mantener la estabilidad de las instituciones que conforman sus sistema político, económico y social, son conceptos que desde hace algún tiempo se han venido identificando con el significado de la seguridad nacional. Desde principios de los años 80 se ha percibido importantes esfuerzos por desarrollar y esclarecer el concepto de seguridad nacional. Durante un largo periodo, la noción de seguridad tuvo un uso secundario que derivó en un abandono teórico, lo que provocó que posteriormente fuera descartada por su imprecisión. En América Latina, como en otras partes del mundo, el fin de la Guerra Fría modificó y amplió de manera importante la discusión en torno a la seguridad nacional que se ha venido alejando de las concepciones tradicionales que la anclaban a los aspectos estrictamente militares, para incorporarla a un horizonte más amplio dentro de la vida de un Estado. Para desarrollar la presente iniciativa hicimos un análisis dentro de lo que había ocurrido en nuestro país a lo largo de todo el siglo pasado, en materia de seguridad nacional, y también un estudio comparativo de lo que se ha hecho en esta materia en diversos países del mundo. Para efectos de esta exposición solamente citaré algunos, el documento irá íntegro al Diario de Debates. En Argentina se concibe el término de seguridad nacional como la situación en la que un Estado se encuentra resguardado contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, otorgándole libertad de acción para proseguir su propio desarrollo y progreso. En el caso de Chile, se define como la condición alcanzada por un país como consecuencia del desarrollo armónico de su poder nacional y de haber adoptado previsiones y acciones tendientes a atenuar o eliminar sus vulnerabilidades de modo que se pueda asegurar el logro de los objetivos nacionales pese a los riesgos y amenazas internas o externas. Para Costa Rica la seguridad nacional se ve descrita en el precepto de la Ley General de Policía, que dice: "Al Presidente de la República y al Ministro del ramo les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país así como las que aseguran la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas". También el empeño en conseguir una adecuada concepción de seguridad nacional entre países desarrollados no ha cedido. Para Estados Unidos el concepto de seguridad nacional significaba la defensa nacional y de las relaciones exteriores, la cual estaba conformada por un sistema de seguridad llamado Consejo de Seguridad Nacional presidido por el Director de la Agencia Central de Inteligencia, oficina creada desde año del 47 y esta situación cambió sustancialmente después de los ataques del pasado 11 de septiembre, los que evidenciaron que esta superpotencia del mundo no era inmune a la vulnerabilidad en su seguridad nacional. Como reacción a estos lamentables sucesos, los Estados Unidos se vieron forzados a realizar diversas reformas en materia de seguridad nacional para renovar urgentemente lo que llamaron las armas anticuadas con las que trabajaban las fuerzas de seguridad de ese país, ya que, según aseveran sus leyes en la materia, no guardaron ninguna relación con los avances de la tecnología, lo que supuso un enorme obstáculo para hacer frente a los hechos que se suscitaban en su territorio. Las acciones que implementaron incluyeron la creación en su gabinete de la Oficina de Seguridad Interna que ahora coordinará las labores de seguridad a nivel nacional incluyendo los servicios de inteligencia del FBI y de la CIA, junto con los militares, los responsables de los servicios de emergencia y los gobiernos estatales y locales; la aprobación de una ley de visas para informantes, también de la Ley sobre Seguridad Aérea, de la Ley Antiterrorista que entre otras cosas permite mayores facultades de acción al servicio de inmigración y naturalización y eliminan restricciones a los procedimientos de acceso a la información, escuchas telefónicas y órdenes de arresto, situaciones que al no haberse previsto con anticipación y por la celeridad con las que se aprobaron, fueron calificadas por muchos congresistas estadounidenses como atentatorias de las libertades civiles. En el caso español, el concepto de seguridad nacional se traduce en la protección al conjunto de bienes y condiciones que integran la nación. En su Constitución señala: que corresponde a las Fuerzas Armadas constituidas en el Ejército de tierra, la Armada y el Ejército de Aire, garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Pasando al caso de nuestro país. En México el tratamiento que se le ha dado al tema no ha sido homogéneo, lo que ha dado como consecuencia el arraigo en concepciones parciales o erróneas sobre la naturaleza y alcances de la seguridad nacional. Desde la génesis de nuestra actual Constitución, en el año de 1917 el espíritu del Constituyente no contempló estas ideas que esbozan la conceptualización moderna de la seguridad nacional debido a obvias razones que tenían que ver con la priorización de los temas que preocupaban con mayor intensidad a los legisladores y que marcaban el momento histórico que vivía nuestra patria. De 1929, año en el que encontramos el primer antecedente de un mecanismo que permita monitorear y analizar los problemas que pudieran afectar la conducción del país y hasta el día de hoy la definición y la práctica de la seguridad nacional se ha manejado como subsidiaria de la seguridad del estado. La falta de una política real de seguridad nacional a o largo de los años ha provocado que se desatiendan verdaderas amenazas que permiten el crecimiento de la delincuencia organizada, la corrupción, el desarrollo regional desequilibrado, la desigualdad social y la destrucción ambiental, entre otros aspectos importantes que merecen mayor atención. De estos fenómenos que han crecido a la par de los conflictos y rezagos políticos, económicos, sociales y culturales, por su impacto en la sociedad, el más notable ha sido la gran dosis de violencia e inseguridad pública, que se ha generado debido a un incremento inédito de la delincuencia y de las manifestaciones violentes asociadas a la misma. Delitos como el narcotráfico, el secuestro, el robo de vehículos, el tráfico de armas, entre otros, constituyen un grave atentado a la vida social y son delitos que hoy no conocen fronteras, y que han cobrado tal incidencia en nuestro país y en muchos otros, que actualmente están mereciendo un tratamiento de seguridad nacional, en las estrategias desarrolladas por las instituciones de seguridad pública, lo que también ha propiciado que ambos conceptos sean confundidos y muchas veces equiparados. Pero si a la seguridad nacional la entendemos, como aquella que deberá preservar las condiciones de paz, libertad y justicia, en que se sustenta el orden jurídico constitucional, permitiendo el desarrollo soberano de un país, se deduce que ambos temas, el de la seguridad pública y el de la seguridad nacional, son distintos, pero están íntimamente relacionados, ya que la seguridad pública viene a ser un arista más de las que conforman el ámbito de competencia de la seguridad nacional. Los diversos acontecimientos que durante los últimos años recientemente se han suscitado en el plano nacional e internacional, hacen que en México sea aun más patente la necesidad de conceptuar, delimitar y regular, todos aquellos aspectos relacionados con la seguridad nacional. Los movimientos sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el crecimiento del narcotráfico, los incidentes sobre las intervenciones telefónicas así como los recientes acontecimientos, que pusieron en evidencia la fragilidad de los sistemas de seguridad nacional del país más poderoso del mundo, hacen urgente que nuestro país cuente con una sólida estructura jurídica en materia de seguridad nacional, que le permita corregir y hacer frente a situaciones que pongan en peligro las condiciones de paz, libertad y justicia en que se sustenta el orden jurídico constitucional, así como su sano desarrollo democrático y soberano. La ausencia de un concepto definido y de una adecuada y suficiente legislación y de un marco normativo en esta materia amplia, abre la posibilidad de que se presente un alto grado de riesgo y un alto grado de discrecionalidad, en la estrategia de la defensa de la seguridad nacional y en la toma de las decisiones derivadas de esta situación, las que de no cuidarse, podrían incurrir en violaciones flagrantes a las garantías individuales y a los derechos humanos. Es precisamente en este tema, en el de la seguridad nacional, en el que no debemos permitir y nunca debe ocurrir, que vele por la seguridad del régimen en turno y por proteger intereses particulares vinculados solamente al poder, debemos evitar caer en la confusión, entre el interés nacional y el interés de grupos, que puede pervertir la función de los organismos encargados de identificar los riesgos que afectan a la seguridad de nuestra nación. En agosto de 1985, cuando el Ejecutivo federal crea la Dirección e Investigación y Seguridad Nacional DISEN, la cual opera hasta 1989, fecha en que se establece el Centro de Investigación y Seguridad Nacional CISEN, ambas oficinas dependientes de la Secretaría de Gobernación, y que por lo menos en su nombre ya albergan el concepto de seguridad nacional. Actualmente el organismo, con algunas facultades normativas específicas, que desarrolla actividades de inteligencia para la seguridad de nuestra nación, es precisamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Dicho organismo desconcentrado, según el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, tiene como atribución el establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país, recabar y procesar la información generada por el sistema señalado y determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica, y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes. Realizar los estudios de carácter político, económico y social que se relacionen con sus atribuciones y realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de interés nacional. Estas importantes atribuciones de las cuales actualmente ningún país puede prescindir de ellas, encuentran su marco jurídico y normativo sólo en la fracción XXIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que se refiere a las funciones de la Secretaría de Gobernación y en el ya referido artículo 33 y 34 del Reglamento Interior de esta misma Secretaría. También de alguna manera, inherente a sus atribuciones, dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la de Marina, la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República vienen realizando funciones de investigación e inteligencia ligadas a la seguridad nacional; pero de manera específica no encontramos en ninguna parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la referencia al término "seguridad nacional", lo que pone de manifiesto que en México nos estamos quedando rezagados y al margen de la evolución jurídica que ha impulsado los acontecimientos nacionales y mundiales, por lo menos en los últimos diez años. Estos organismos que realizan funciones de seguridad nacional, actúan dentro de un vacío constitucional que es imperativo llenar para acabar y evitar distorsiones y deformaciones estructurales y funcionales, que puedan derivar en la posible arbitrariedad y absoluta discrecionalidad en su operación. En el artículo 89 constitucional que se refiere a las facultades del Presidente de la República, la fracción VI le otorga al presidente la facultad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea del Ejército Terrestre, la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. Pero como se deriva de los conceptos vertidos en esta exposición de motivos, la visión contemporánea de la seguridad nacional se refiere a aspectos más amplios que sólo el ámbito militar. Abarca la protección de los elementos constitutivos del Estado, gobierno, territorio y población frente a las agresiones externas o internas que lesionan o ponen en peligro la soberanía y la estabilidad o el desarrollo armónico de las instituciones sociales y políticas. La seguridad nacional ahora se integra de una visión amplia y consistente, que se basa en la democracia y en la estabilidad, en la convivencia pacífica y en la concordancia social, incluyendo también un modelo económico que ofrezca un sistema productivo que promueva el desarrollo sostenido. No obstante que el Ejecutivo Federal deriva sus facultades en esta materia a través de los Artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los Reglamentos de la Secretaría de Gobernación a los que se hizo referencia, consideramos necesario incluir dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República la facultad de preservar la seguridad nacional, lo que vendría a fortalecer y dar fundamento constitucional a las funciones que en la materia realizan las dependencias del Ejecutivo. Como hemos explicado, los conceptos que abarca la seguridad nacional como seguridad económica y financiera, seguridad ecológica y ambiental, seguridad alimentaría, terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, el narcotráfico, el crimen organizado y la contrainteligencia, implican una enorme responsabilidad en la que todos los mexicanos debemos ser copartícipes. Como han demostrado claramente los acontecimientos internacionales, ni la integridad territorial ni la paz social están garantizadas permanentemente, ya que en cualquier momento pueden verse vulneradas por situaciones internas o externas, por lo que trabajar ahora en el fortalecimiento del fundamento y marco jurídicos de la seguridad nacional, es avanzar en la reducción de los riesgos que implica el afrontar situaciones y actividades que pueden afectar a los intereses de nuestra Nación. En México debemos aspirar a desarrollar verdaderos procedimientos de investigación y análisis de inteligencia estratégica, táctica y operativa que generen información privilegiada para la toma de decisiones. Esto supone en principio que a través de la regulación normativa de la seguridad nacional logremos mejorar las capacidades del sistema y en particular del control de las actividades de búsqueda de información y de contrainteligencia, de la coordinación en inteligencia estratégica, de la calidad de los análisis de la racionalidad del uso del presupuesto, de la optimización de la formación y de la capacitación del personal dedicado a estas tareas. En esa labor el Poder Legislativo compañeros, no puede mantenerse al margen. Esta soberanía en la que se encuentra representada la voluntad popular, no puede ni debe de estar ajena a la problemática que en México presenta el tema de la seguridad nacional en la que de manera urgente se requiere que todos participemos en la conformación de un sólido marco normativo y de una legislación moderna y especializada para enfrentar los dinámicos riesgos a los que nos enfrenta la vida nacional e internacional contemporánea. Debido a que la seguridad nacional tiene un carácter eminentemente estratégico para la continuidad y desarrollo de la Nación, se hace indispensable otorgar la facultad de legislar en materia de seguridad nacional al Poder Legislativo, anteponiendo el principio de equilibrio entre Poderes como una de las condiciones para garantizar la consolidación democrática y el fortalecimiento del estado de derecho en que vivimos los mexicanos. Estamos convencidos que únicamente con el balance entre Poderes, se puede garantizar un ejercicio de gobierno responsable en materia de seguridad nacional, capaz de satisfacer las nuevas expectativas sociales que en esta materia esperan todos los mexicanos. En México las labores de inteligencia se han regulado en decretos y reglamentos administrativos; en otros países la tendencia es cambiar este tipo de instrumentos por reformas y legislación que den permanencia, legitimidad y legalidad a tan importante función. Otorgar facultades en materia de seguridad nacional a nivel constitucional a los Poderes Legislativo y Ejecutivo, es la gran oportunidad que tiene la LVIII Legislatura de esta Cámara, de dar el primer paso necesario e indispensable para crear la base donde se inicie la edificación jurídica sólida, que dé certidumbre a México y a los mexicanos en este cada vez más delicado e importante tema de la seguridad nacional. Estas razones compañeras y compañeros diputados, nos llevaron a la necesidad de poder establecer a rango constitucional el tema de la seguridad nacional. Es por ello que pedimos el apoyo de todas las fracciones parlamentarias y de todas las señoras y señores diputados de esta Cámara, para poder hacer dos modificaciones fundamentales en los términos que han sido referidos: La primera y fundamental es que el Ejecutivo Federal tenga atribuciones para preservar la seguridad nacional que hasta el día de hoy en el artículo 89 de la Constitución y en otros ordenamientos no vemos. Asimismo reformar el artículo 73 para que este Congreso tenga facultades de legislar en la materia. En ninguna de las fracciones del artículo 73, ni siquiera en la última fracción que es la que abre un amplio marco de acción para el Poder Legislativo, vemos reflejada esta facultad. Por eso compañeras y compañeros diputados, les pido su comprensión, su apoyo, para que esta iniciativa sea analizada con el mayor cuidado y que permita que nuestro país en breve cuente con una legislación en la materia, digna de los mexicanos y a nivel de las mejores del mundo. Muchísimas gracias. Es cuanto señor presidente. Iniciativa de decreto de reformas a la fracción, XXVIII de] artículo 73, y a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el Diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Compañeras y compañeros diputados: el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos, y con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno la presente: Iniciativa de decreto de reformas a la fracción XXVIII del artículo 73 y a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle al Congreso Federal la facultad de legislar en materia de seguridad nacional, y al titular del Ejecutivo Federal facultades en materia de seguridad nacional, de conformidad con la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Garantizar la seguridad, la defensa y soberanía del territorio de un Estado, y mantener la estabilidad de las instituciones que conforman su sitiería político, económico y social, son conceptos que desde hace algún tiempo, se han venido identificando con el significado de la seguridad nacional. Desde principios de los años, ochenta, se han percibido esfuerzos importantes por desarrollar y esclarecer el concepto de seguridad nacional. Durante un largo periodo, la noción de seguridad tuvo un uso secundario, que derivo en un abandono teórico, lo, que provocó que posteriormente fuera descartada por su imprecisión. En América Latina, como en otras partes de[ mundo, el fin de la guerra fría modifico y amplio de manera importante la discusión en torno a la seguridad nacional, que se ha venido alejando de las concepciones tradicionales que la anclaban a los aspectos militares, para incorporarla a un horizonte más amplio dentro de la vida de un Estado. Así, actualmente en Argentina se concibe al término de seguridad nacional como la situación en la que un Estado se encuentra resguardado contra agresiones militares, presiones políticas o coerciones económicas significativas, otorgándole libertad de acción para proseguir su propio desarrolle, y progreso. En Chile se define como la condición alcanzada por un país como consecuencia del desarrollo armónico de su poder nacional, y de haber adoptado previsiones y acciones tendientes a atenuar o eliminar sus vulnerabilidades, de modo que se pueda asegurar el logro de los objetivos nacionales, pese a los riesgos y amenazas internas y externas. Para Costa Rica, la seguridad nacional se ve descrita en el precepto de la Ley General de Policía que dice "al Presidente de la República y al ministro del ramo, les corresponde tomar las medidas necesarias para garantizar el orden, la defensa y la seguridad del país, así como las que aseguren la tranquilidad y el libre disfrute de las libertades públicas También el empeño en conseguir una adecuada concepción de seguridad nacional entre los países desarrollados, no ha cedido. Así, para los Estados Unidos el concepto de seguridad nacional significa la defensa nacional y de las relaciones, exteriores, la cual, estaba conformada por un sistema de seguridad llamado consejo de seguridad nacional presidido por el director de la Agencia Central dé Inteligencia (CIA), oficina creada desde el año de 1947. Esta situación, ha cambiado sustancialmente después de los ataques del pasado 11 de septiembre, los que evidenciaron, que esta superpotencia del mundo, no era inmune a la vulneración de su seguridad nacional. Como reacción a estos lamentables sucesos, los Estados Unidos se vieron forzados a realizar diversas reformas en materia de seguridad nacional, para renovar urgentemente lo que llamaron las "armas anticuadas" con las que trabajaban las fuerzas de seguridad de ese país, ya que, según aseveraron, sus leyes en la materia, no guardaron ninguna relación con los avances de la tecnología, lo que supuso. un enorme obstáculo para hacer frente a los hechos que se suscitaron en su territorio. Las acciones que implementaron, incluyeron la creación en su gabinete, de la oficina de seguridad interna que ahora coordinará las labores de seguridad a nivel nacional, incluyendo los servicios de inteligencia del 17131 y de la CIA, junto con los militares, los responsables de los servicios de emergencia, y los gobiernos estatales y locales; la aprobación de una ley de visas para informantes; de la ley sobre seguridad aérea; y de la ley antiterrorista, que entre otras cosas, permite mayores facultades de acción al Servicio de inmigración y naturalización y elimina restricciones a los procedimientos de acceso a la información, escuchas telefónicas y ordenes de arresto, situaciones que al no haberse previsto con anticipación y por la celeridad con las que se aprobaron, fueron calificadas por algunos congresistas estadounidenses como atentatorias de las libertades civiles. Para España, el concepto de seguridad nacional se traduce en la protección al conjunto de bienes y condiciones que integran a ¡a nación, en su Constitución señala que 99 corresponde a las fuerzas armadas, constituidas en ejercito de tierra, la armada y el ejercito de aire, garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional . En Australia, la seguridad nacional se define como la protección del Estado y de las personas, así como de otras entidades y territorios en contra de: I. Espionaje; II. Sabotaje; III. Violencia políticamente motivada IV. Provocación de violencia comunitaria, y V. Actos de interferencia extranjera. En México, el tratamiento que se le ha dado al tema, no ha sido homogéneo, lo que ha dado como consecuencia. el arraigo en concepciones parciales o erróneas sobre la naturaleza y alcances de la seguridad nacional. Desde la génesis de nuestra actual Constitución, en el año 1917, el espíritu del constituyente no contemplo estas ideas que esbozan la conceptualización moderna de la seguridad nacional, debido a obvias razones que tenían que ver con la priorización de temas que preocupaban con mayor intensidad a los legisladores, y que enmarcaban el momento histórico que vivía nuestra patria. De 1929, año en el que encontramos el primer antecedente de un mecanismo que permitía monitorear y analizar los problemas que pudieran afectar la conducción del país, y hasta el día de hoy, la definición y la práctica de la seguridad nacional, se han manejado como subsidiarias de la seguridad del Estado. La falta de una política real de seguridad nacional, a lo largo de los años, ha provocado que se desatiendan verdaderas amenazas que han permitido el crecimiento de la delincuencia organizada, la corrupción, el desarrollo regional desequilibrado, la desigualdad social y la ,destrucción ambiental, entre otros aspectos importantes que merecen mayor seguimiento y atención. De estos fenómenos, que han crecido a ¡a' par de conflictos y rezagos políticos, económicos, sociales y, culturales, por su impacto en la sociedad, el más notable ha sido la gran dosis de violencia e inseguridad pública que se ha generado debido a un incremento inédito de la delincuencia y de las manifestaciones violentas asociadas a la misma. Delitos como el narcotráfico, secuestro, robo de vehículos, tráfico de armas, entre otros, constituyen un grave atentado a la vida social, y son delitos que hoy, no conocen fronteras, y que han cobrado tal incidencia en nuestro país y en muchos otros, que actualmente están mereciendo un tratamiento de seguridad nacional en las estrategias desarrolladas por las instituciones de seguridad pública, lo que también ha propiciado que ambos conceptos sean confundidos y muchas veces equiparados. Pero si a la seguridad nacional la entendemos como aquella que deberá preservar las condiciones de paz, libertad y justicia en que se sustenta el orden jurídico constitucional, permitiendo el desarrollo soberano de un país, se deduce que arribos temas, el de la seguridad publica y el de la seguridad nacional, son distintos, pero están íntimamente relacionados, ya que la seguridad pública viene a ser una arista más de las que conforman el ámbito de competencia de la seguridad nacional. Los diversos acontecimientos que durante los últimos años y recientemente, se han suscitado en el plano nacional e internacional, hacen que en México sea aún más patente la necesidad de conceptuar, delimitar y regular, todos aquellos aspectos relacionados con la Seguridad Nacional. Los movimientos sociales en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, el crecimiento del narcotráfico, los incidentes sobre las intervenciones telefónicas, así como los recientes acontecimientos que pusieron en evidencia la fragilidad de los sistemas de Seguridad Nacional del país más poderoso del mundo, hacen urgente que nuestro país cuente con una sólida estructura jurídica en materia de Seguridad Nacional, que le permita corregir y hacer frente a situaciones que pongan en peligro las condiciones de paz, libertad y justicia en que se sustenta el orden jurídico constitucional, así como su sano desarrollo democrático y soberano. En México la ausencia de un concepto definido y de un adecuado y suficiente marco normativo en la materia, abre la posibilidad de que se presente un alto. grada de discrecionalidad en la estrategia de la defensa de la Seguridad Nacional y en la toma de las decisiones derivada de esta situación, las que de no cuidarse, podrían incurrir en violaciones flagrantes a las garantías individuales y a los derechos humanos. Es precisamente en este tema, el de la Seguridad Nacional, en el que no debemos permitir y nunca debe ocurrir, que ésta vele por la seguridad del régimen en turno y por proteger intereses particulares vinculados al poder. Debemos evitar caer en la confusión entre el interés nacional y el interés de grupos, que puede pervertir la función de los organismos encargados de' identificar los riesgos que afectan la seguridad de nuestra nación. Es en agosto de 1985, cuando el Ejecutivo Federal crea la Dirección General de Investigación y Seguridad Nacional (Disen), la cual opera hasta 1989, fecha en que se establece el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), ambas oficinas dependientes , de la Secretaria de Gobernación y que, por lo menos, en su nombre, ya albergaban el concepto de seguridad nacional. Actualmente el organismo con algunas facultades normativas específicas, que desarrolla actividades de inteligencia para la seguridad de nuestra Nación, es precisamente el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen). Dicho organismo desconcentrado, según el artículo 33 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, tiene como atribución, el establecer y operar un sistema de investigación e información para la seguridad del país; recabar y procesar la información generada por el sistema señalado, determinar su tendencia, valor, significado e interpretación específica y formular las conclusiones que se deriven de las evaluaciones correspondientes; realizar los estudios de carácter político, económico y social que se relacionen con sus atribuciones y realizar encuestas de opinión pública sobre asuntos de interés nacional. Estas importantes atribuciones, de las cuales, actualmente ningún país puede prescindir de ellas, encuentran su marco jurídico y normativo, sólo en la fracción XXIX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se refiere a las funciones de la Secretaría de Gobernación y en el ya referido artículo 33 y el 34 del reglamento interior de esta misma Secretaría. También de alguna manera, inherente a sus atribuciones, dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de la República, vienen realizando funciones de investigación e inteligencia ligadas a la seguridad nacional. Pero de manera específica, no encontramos en ninguna parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la referencia al término seguridad nacional, lo que pone de manifiesto que en México, nos estamos quedando rezagados y al margen de la evolución jurídica que ha impulsado los acontecimientos nacionales y mundiales, por lo menos en los últimos 10 años. Estos organismos que realizan funciones de seguridad nacional, actúan dentro de un vacío constitucional, que es imperativo llenar, para acabar y evitar distorsiones y deformaciones estructurales y funcionales que puedan derivar en la posible arbitrariedad y absoluta discrecionalidad en su operación. En el artículo 89 constitucional, que se refiere a las facultades y obligaciones del Presidente de la República, la fracción VI le otorga al presidente la facultad de "disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación". Pero como se deriva de los conceptos vertidos en esta exposición de motivos, la visión contemporánea de la seguridad nacional se refiere a aspectos más amplios que sólo el ámbito militar; abarca la protección de, los elementos constitutivos del Estado: gobierno, territorio y población, frente a las agresiones externas o internas que lesionan o ponen en peligro la soberanía y la estabilidad o el desarrolló armónico de las instituciones sociales y políticas. La seguridad nacional, ahora se integra de una visión amplia y consistente que se basa en la democracia y en la estabilidad, en la convivencia pacífica y en la concordancia social; incluyendo también un modelo económico que ofrezca un sistema productivo que promueva el desarrollo sostenido. No obstante que el Ejecutivo Federal deriva sus facultades en esta materia a través de los artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de los del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, a los que se hizo referencia, consideramos necesario incluir, dentro de las facultades y obligaciones del Presidente de la República, la facultad de preservar la seguridad nacional, lo que vendría a fortalecer y dar fundamento constitucional a las funciones que en la materia realizan las dependencias del Ejecutivo. Como hemos explicado, los conceptos que abarca la seguridad nacional, como seguridad económica y financiera, la seguridad ecológica y ambiental, la seguridad alimentaria, el terrorismo internacional, la proliferación de armas de destrucción masiva, el narcotráfico, el crimen organizado y la contra inteligencia, implican una enorme responsabilidad en la que todos los mexicanos debemos ser coparticipes. Como han demostrado claramente los acontecimientos internacionales, ni la integridad territorial, ni la paz social están garantizadas permanentemente, ya que en cualquier momento, pueden verse vulneradas por situaciones internas o externas; por lo que trabajar ahora en el fortalecimiento del fundamento y marco jurídicos de la seguridad nacional, es avanzar en la reducción de los riesgos que implica el afrontar situaciones y actividades que puedan afectar los intereses de nuestra nación. En México, debemos aspirar a desarrollar verdaderos procedimientos de investigación y análisis de inteligencia estratégica, táctica y operativa que genere información privilegiada para la toma de decisiones. Esto supone, en principio, que a través de la regulación normativa de la seguridad nacional logremos, mejorar las capacidades del sistema, y en particular, del control de las actividades de búsqueda de información y de contrainteligencia, de la coordinación en inteligencia estratégica, de la calidad de los análisis, de la racionalidad en: el uso de¡ presupuesto, de la optimización de la formación y de la capacitación de¡ personal dedicado a esas tareas. En esta labor, el Poder Legislativo Federal, no puede mantenerse al margen. Esta soberanía, en la que se encuentra representada la voluntad popular, no puede, ni debe, estar ajena a la problemática que en México presenta el tema de la seguridad nacional; en la que de manera urgente, se requiere que todos participemos en la conformación de un sólido marco normativo y de una legislación moderna y especializada para enfrentar los dinámicos riesgos a los que nos enfrenta la vida nacional e internacional contemporáneas. Debido a que la seguridad nacional tiene un carácter eminentemente estratégico para la continuidad y desarrollo de la nación, se hace indispensable otorgar la facultad de legislar en materia de seguridad nacional al Poder Legislativo, anteponiendo el principio de¡ equilibrio entre poderes, como una de las condiciones para garantizar la consolidación democrática y el fortalecimiento del estado de derecho en el que vivimos los mexicanos. Estamos convencidos, que únicamente con el balance entre poderes, se puede garantizar un ejercicio del gobierno responsable en materia de seguridad nacional, capaz de satisfacer las nuevas expectativas sociales que en esta materia, esperan los mexicanos. En México, las labores de inteligencia se han regulado en decretos y reglamentos administrativos. En otros países, la tendencia es cambiar este tipo de instrumentos por reformas y legislaciones que dan permanencia, legitimidad y legalidad a tan importante función. Otorgar facultades en materia de Seguridad Nacional a nivel constitucional a los poderes Legislativo y Ejecutivo, es la gran oportunidad que tiene la LVIII Legislatura de esta Cámara, de dar el primer paso necesario e indispensable para crear la base donde se inicie la edificación jurídica sólida que de certidumbre a México y a los mexicanos en este, cada vez más delicado e importante, tema de la seguridad nacional. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política- de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción II del artículo 55, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno el presente PROYECTO DE DECRETO De reformas a la fracción XXVIII del artículo 73 y a la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para otorgarle al Congreso Federal la facultad de legislar en materia de Seguridad Nacional y al Presidente de la República facultades en materia de seguridad nacional. Artículo primero. Se reforma la fracción XXVIII de¡ artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 73. . . XXVIII. Para legislar en materia de seguridad nacional. Artículo segundo. Se reforma la fracción VI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 89. . . VI. Preservar la seguridad nacional y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente o sea del Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. ARTICULOS TRANSITORIOS Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D.F., a 8 de noviembre de 2001. Diputado Omar Fayad Meneses. PRESIDENTE: Muchas gracias al diputado Omar Fayad Meneses. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La siguiente iniciativa a presentarse es la que formula el diputado Francisco Salvador López Brito, del grupo parlamentario de Acción Nacional, y es referente a la adición a un artículo 100bis y reforma al artículo 465 de la Ley General de Salud. Para tal efecto se le concede la palabra al diputado Francisco Salvador López Brito. DIP. FRANCISCO SALVADOR LOPEZ BRITO: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados. "Los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional (LEYO. INSERTESE) PROPUESTA Preliminar para prohibir la clonación de se es humanos. Los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 constitucional y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 100-bis y se reforma el artículo 465 de la Ley General de Salud con la finalidad de prohibir la clonación humana, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Es un hecho universalmente aceptado, que a través de los conocimientos científicos y tecnológicos surgidos de la medicina y la biología del desarrollo, el hombre ha sido capaz de modificar genéticamente las características de los organismos vivos, que el conocimiento generado y acumulado le ha posibilitado lograr en experimentos genéticos, la obtención de animales y plantas con mayor producción, mayor resistencia al trabajo, resistencia a las plagas y otras cualidades que han permitido generar mayores alimentos y de mejor calidad. Asimismo, que en los últimos lustros, gracias al conocimiento generado por el descubrimiento de la estructura molecular de los genes y los mecanismos de duplicación y transmisión de los caracteres hereditarios, y con esto la capacidad de modificar la expresión de las proteínas, se ha logrado la posibilidad de modificar y manipular los genes. Que los avances de las ciencias biomédicas y la biotecnología, posibilitan el mejorar la calidad de la vida y de la salud de los seres humanos, pero que también estos logros pueden ser utilizados en contra de la vida humana, de la dignidad de la persona y de los derechos humanos, lo que obliga a todos, pero especialmente a los legisladores, en la responsabilidad que el voto de los ciudadanos les ha conferido, el generar las leyes y normas jurídicas que por un lado propicien la investigación clínica y la investigación científica, que apoyen el desarrollo de las técnicas y las tecnologías biológicas para contribuir a elevar los niveles de calidad de vida y salud, atendiendo a conductas éticas y deontológicas de clínicos e investigadores y que en este marco se establezcan métodos que permitan valorar las posibles consecuencias que deriven del conocimiento científico y sus aplicaciones. Derivado de todo lo anterior, a continuación se sentarán las bases jurídicas, científicas, tecnológicas y éticas, para prohibir que se practique este procedimiento en seres humanos: La clonación humana es una forma de reproducción asexual, éste procedimiento se basa en la transferencia de material nuclear de una célula somática, en un óvulo enucleado, la cual será implantada. Es decir, en la clonación, no intervienen la presencia de los dos gametos; el óvulo y el espermatozoide. De lo cual se puede entender, que sin la presencia de dos gametos, que aportan igual número de cromosomas, y dan como resultado que el ser formado, tenga una información genética proporcionada casi en partes iguales por cada uno de los progenitores, mientras que un animal clonado resulta ser, casi una réplica de su antecesor. Esta última precisión es imprescindible para entender que en la clonación la información genética proporcionada al nuevo ser, resulta en que como ya ha sido señalado, éste sea, casi una réplica del donador, ya que es quien aporta casi la totalidad de la información, tan sólo hay que recordar que el Acido Desoxiribonucleico (DNA) nuclear contiene una información de 3 mil millones pares de bases y el DNA mitocondrial del óvulo o célula receptora tiene tan sólo 16 mil 596 pares de bases. La evolución de la clonación en mamíferos, tiene solamente un antecedente, la clonación de una oveja, por un grupo de científicos en Escocia, encabezados por Ian Wilmut, este experimento demostró que el proceso de especialidad por diferenciación que sufren todas las células, puede a su vez desdiferenciarse y dar origen a una célula totipotencial, y que el ser producido a través de este procedimiento es casi una réplica de su antecesor, salvo la poca información contenida en las mitocondrias de la célula receptora. El procedimiento se realizó utilizando células somáticas de un animal adulto, que han estado expuestas a carcinógenos, radiaciones y otros elementos agresivos, lo que explica el porqué en los experimentos, se presentaron mutaciones, malformaciones, embarazos anormales y en el único producto logrado, predisposición a enfermedades que no tuvo su antecesora. Es preciso entender que aun y cuando teóricamente es posible la clonación en seres humanos usando las mismas técnicas y tecnologías, que anteriormente fueron utilizadas en otros mamíferos, la eficiencia de este procedimiento es bajísima, ya que para el único éxito de clonación registrado en mamíferos, se requirieron 277 intentos, de los cuales 248 terminaron en abortos, y de los 29 que se convirtieron en embriones, sólo uno nació aparentemente sano, pero que sin llegar a la adultez, padeció enfermedades que no tuvo su antecesora., que todos los animales, hembras, que se requirieron para igual número de intentos, en este experimento, tuvieron que ser sometidas a intensos cambios hormonales y alteración de la fisiología normal, durante un largo periodo, desde antes del intento de clonación y durante todo el tiempo de éste, lo que sin duda provocó cambios de la fisiología normal en toda la vida de estos animales. Con todas las anteriores :consideraciones, resulta necesario establecer que: De entre los argumentos científicos que hay que destacar para prohibir la clonación, está el hecho irrefutable de que la evolución y especialización de las especies, se ha dado por diversos factores, sobresaliendo de entre todos, el principio del azar genético, éste constituye para los biólogos antropólogos, el elemento esencial de la naturaleza de los seres vivos y, en el caso específico de los seres humanos, es con el que se logran, la hominización (paso de la simple animalidad a la racionalidad) y la humanización, con lo cual explican además los biólogos, que la evolución obedece a un plan de la naturaleza, en que la mezcla armónica de material génico favorece la evolución de las especies. No parece haber ninguna duda en que la investigación científica y tecnológica, deba ser apoyada por todos, gobierno y sociedad, y que los legisladores deben asumir su parte en ésta, que es una responsabilidad social, pero, el apoyar su expansión y progreso, debe darse en un contexto de respeto a los derechos humanos y a la dignidad de la persona, por lo que la responsabilidad y ética de los legisladores no les puede permitir que renuncien al análisis de todos los factores, no tan solo científicos y tecnológicos, sino culturales, éticos y morales de todos los mexicanos. Por lo tanto, es preciso preservar y defender la dignidad humana y los derechos humanos y el consiguiente valor de la vida, sobre todo en sus características de unicidad, éstas son las tareas y actividades esenciales y el objetivo principal y de la actividad legislativa, y en este sentido es obligación ética de permanente asentarlo en la Legislación de nuestro país. Una vez confrontado el procedimiento con criterios. científicos, tecnológicos, éticos y legales, procediendo a los principios del interés general y del bien común, respondiendo a los anteriores puntos y de conformidad con los preceptos constitucionales, puede ser asumida con responsabilidad y pleno conocimiento de que la permisión de la clonación humana vulnera las normas constitucionales. Respetar la dignidad humana es reconocer el proyecto vital de cada individuo, es hacer referencia al bienestar individual, es defender y preservar la integridad genética de cada individuo, lo que constituye su individualidad biológica, es respetar los derechos del hombre desde su gestación, los anteriores enunciados no se oponen a diversas concepciones filosófico-jurídicas, ya que en todas las formas de interpretación de la realidad, se asume la libertad del hombre y su preeminencia sobre cualquier interés colectivo. Así, entonces tenemos que, las principales consideraciones en contra de la clonación humana son de carácter filosófico-jurídico, humanísticas, éticas y culturales, a las que hay que añadir las de carácter científico y tecnológico, así como las objeciones que resultan de las normas constitucionales y del análisis de la Ley General de Salud, la cual establece la obligación del Estado a la protección y acrecentamiento de los valores que cuadyuven al disfrute de condiciones de salud. Así entonces, en el análisis legislativo, las consideraciones emanadas de diversas concepciones e interpretaciones de la realidad, ya sean por, razones, que argumentan diferentes religiones y culturas con criterios sociales o morales, no pueden ser obviados, ni desestimados, mucho menos denostados. Congruente con lo anterior, el 11 de noviembre de 1997 la Unesco señala en la declaración universal del genoma humano, en su artículo 11, al cual se ha adherido nuestro país: "no deben permitirse las prácticas que sean contrarias a la dignidad humana, como la clonación de seres humanos... Por las consideraciones anteriormente expuestas, y en ejercicio de nuestras facultades constitucionales, los suscritos diputados de Acción Nacional a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados sometemos ante esta Asamblea la siguiente: INICIATIVA Con proyecto de decreto por la que se adiciona un artículo 100-bis y se reforma el artículo 465 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Artículo 100-bis. Toda investigación, manipulación o intervención que tenga como fin realizar cualquier tipo y forma de clonación humana, se considerará contraria a esta ley. Se entenderá por clonación humana: la reproducción asexual a través de la introducción de material nuclear de una célula somática humana dentro de un oocito fertilizado o sin fertilizar cuyo núcleo haya sido removido o inactivado para producir un organismo vivo en cualquier etapa de su desarrollo. Artículo 465. Al profesional, técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud y, en general, a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de investigación, manipulación o intervención clínica en seres humanos o células, tejidos o fluidos humanos, sin sujetarse a lo previsto en el Título Quinto de esta Ley, se le impondrá prisión de uno a ocho años, suspensión en el ejercicio profesional de uno a tres años y multa por el equivalente de 100 a 2 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate. Si la conducta se lleva a cabo con menores, incapaces, ancianos, sujetos privados de libertad o, en general, con personas que por cualquier circunstancia no pudieran resistirse, la pena que fija el párrafo anterior se. aumentará hasta en un tanto más. ARTICULO TRANSITORIO Primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 60 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias. Diputados Juan Alcocer Flores, Silvia Alvarez Bruneliere, Salvador Escobedo Zoletto, Hilario Esquivel Martínez, María Eugenia Galván Antillon, Manuel Wistano Orozco Garza, Rafael Orozco Martínez, Francisco Salvador López Brito, Martha Patricia Martínez Macias, Luis Miguel Santibáñez García, Carlos A. Valenzuela Cabrales y Juvenal Vidrio Rodríguez. El C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado López Brito. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Salud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación.