EL DIP. FRANCISCO JAVIER FLORES CHAVEZ: Con permiso de la Presidencia y solicitándole atentamente, en virtud de que solamente expondré una parte de esta iniciativa, solicito atentamente sea inscrita íntegramente en el Diario de los Debates y publicada en la Gaceta Parlamentaria. Compañeras y compañeros diputados: El suscrito diputado federal Francisco Javier Flores Chávez, como miembro de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto al pleno de esta H. Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 constitucional, con el fin de suprimir la aprobación de la asamblea al momento de otorgar el dominio pleno sobre tierras parcelas, conforme a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Con la reformas de 1992,que es el texto vigente el párrafo 4° de la fracción VII del artículo 27 constitucional establece: "que la ley fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal, otorgará al ejidatario el dominio pleno sobre su parcela" Con frecuencia el ejido ha sido perjudicado por la corrupción y la ineficiencia en la medida en que los caciques locales y los agentes de gobierno aprovechan la estructura jurídica en su propio provecho a expensas del ejido. Ahora, las llamadas "tierras parcelas" que se le asignan a cada ejidatario en lo individual y que éste puede usar, aprovechar y disfrutar de manera exclusiva, aunque estas tierras en principio no son propiedad del ejidatario, que aunque es titular de ellas, sólo las puede usar y aprovechar, el ejidatario puede transmitir sus derechos parcelarios a otros ejidatarios o avecindados, pero debemos tener presente que no está transmitiendo un derecho de propiedad sobre las tierras parceladas, sino tan sólo el derecho a usar y disfrutar de la tierra. En este sentido la asamblea del ejido, con una mayoría especial, una vez que se hayan cubierto varios trámites y bajo ciertas formalidades, puede resolver con criterios muy subjetivos que los ejidatarios puedan a su vez adquirir el dominio pleno de sus parcelas, es decir, que se conviertan en propietarios de ellas. Ejemplo de ellos es que algunos comisariados ejidales solicitan al ejidatario que desea adquirir el dominio pleno de sus parcelas, un porcentaje del valor comercial estimado de la misma. En el caso de Jalisco este porcentaje se encuentra entre 5 y 10% del valor comercial estimado. Esta situación resulta sumamente lesiva para el ejidatario, ¿por qué ha de pagar costo adicional al administrativo sobre su propia parcela y que ni siquiera en muchos casos ingresa en la tesorería del ejido? Esta iniciativa permitirá suprimir éstas prácticas indeseables y costosas para el ejidatario y que hoy benefician a unos cuantos a costa de la mayoría de sus propios compañeros ejidatarios. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales no implica cambio alguno en la naturaleza jurídica de las demás tierras ejidales ni significa que se altere el régimen legal estatutario o de organización del ejido. Los diputados de las comisiones agropecuarias de seta LVIII Legislatura hemos luchado juntos porque México tenga un campo productivo, competitivo, sin pobreza generalizada, de oportunidades y con calidad de vida, de forma que satisfaga las necesidades nacionales y compita en el mercado internacional. Asimismo, con esta iniciativa, Acción Nacional hace patente su compromiso por lograr que la inseguridad de la tenencia de la tierra deje de ser un lastre que impida a los productores nacionales acceder a mejores oportunidades que les permitan aprovechar al máximo las potencialidades de este sector de la economía. La certidumbre jurídica en la tenencia de la tierra es una variable muy importante, pues con ella se pueden lograr mayores flujos de inversión en el campo, realizar transacciones crediticias con la banca privada, celebrar contratos de aparcería o asociación en participación y lograr mayor seguridad, tanto para el inversionista como para el ejidatario. Es importante avanzar por el camino iniciado con las reformas al 27 constitucional en 1992, es fundamental que voluntariamente el ejidatario pueda convertir su posesión en una verdadera propiedad, reconociendo al ejidatario como un sujeto capaz de tomar sus propias decisiones respecto a su parcela. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración de esta soberanía por conducto de la Honorable Cámara de Diputados, el siguiente decreto que reforma la fracción VII del artículo 27 constitucional, con fin de suprimir la aprobación de la asamblea al momento de otorgar el dominio pleno sobre tierras-parcelas. Artículo único. Se reforma el párrafo IV de la fracción VII del artículo 27 constitucional, para quedar redactado en lo sucesivo de la siguiente manera: "La ley con respecto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela. Asimismo, establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el Estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras. Y tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población. "Igualmente, fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales se garantice al ejidatario adoptar de manera libre y voluntaria el dominio pleno sobre su parcela. En caso de enajenación de parcelas, se respetará el derecho de preferencia que prevea la ley". Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Hasta en tanto se reforme la Ley Agraria, se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al contenido del presente decreto. Es cuanto, señor Presidente.