El diputado Ramón Bañales Arambula: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con el permiso de la Presidencia y de la Mesa Directiva, vengo a fijar la postura de mi partido. En una sociedad segura y de leyes, la justicia debe aplicarse con firmeza y sin distingos. México enfrenta el reto de forjar una política de Estado que esté presidida por la justicia como virtud y como servicio público que garantice la verdad y reparación a las víctimas, así como la sanción a los victimarios. Que brinde confianza en las instituciones de conformidad con los postulados de la Constitución y el respeto a los derechos humanos. Como lo advertimos en nuestro programa de acción, los priistas reconocemos que el país enfrenta graves problemas derivados de la violencia y la inseguridad que obliga a reorientar los sistemas de prevención, procuración y administración de justicia. Asimismo en nuestra plataforma electoral nos comprometimos a consolidar una sociedad segura y de leyes, un México en paz, con vigencia plena del Estado de derecho. La sociedad mexicana exige un sistema penitenciario que contribuya a la readaptación social del infractor y logre la reinserción a la vida productiva nacional. Por eso legislamos para construir un sistema penitenciario moderno y eficaz que elimine las formas de autogobierno y reduzca la posibilidad de actos delictivos. Basar el sistema de readaptación social en valores y hábitos positivos para que los internos estén aptos para su reinserción social, una vez purgada su condena. Los mexicanos exigimos la vigencia plena del Estado de derecho, es decir, el respeto pleno a los derechos humanos y el combate absoluto contra las expresiones de impunidad ante la justicia. Gracias al gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy 100 de los 122 objetivos relevantes de la delincuencia organizada, han sido neutralizados. Los delitos de alto impacto han disminuido considerablemente: 21.7 por ciento de los homicidios; 25.7 por ciento los secuestros y 30.7 las extorsiones. La Iniciativa Mérida, Acuerdo de Cooperación Bilateral de Seguridad entre México y los Estados Unidos, está trabajando para la acreditación de todos los centros federales de readaptación social para el 2017, y a mayor plazo, para los estados y municipios. Por otro lado, para contribuir al robustecimiento de nuestro sistema de justicia y del México en paz que deseamos los mexicanos, los diputados hemos aprobado la Miscelánea Penal que reformó 232 artículos de 10 leyes para armonizar la legislación en materia de justicia penal, robusteciendo al modelo de justicia penal acusatorio. La ey Nacional de Ejecución Penal que reestructura al sistema penitenciario con base en la reinserción social y el respeto pleno a los derechos humanos. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para procurar e impartir justicia de manera digna a los menores. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que fortalece el sistema jurídico para que sea eficaz en el combate contra el crimen organizado. El Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las víctimas puedan remitir sus pruebas directamente al juez sin necesidad que sean valoradas por el ministerio público. Votaremos a favor del presente dictamen para fortalecer la administración de la justicia y el cumplimiento de las resoluciones judiciales, eliminando la posibilidad de que los familiares que hubiesen facilitado la evasión de un familiar detenido, procesado o condenado, queden exentos de responsabilidad penal. Asimismo, nuestro voto será en positivo para incrementar el castigo a los servidores públicos que hubieren participado en el delito de evasión de presos, aun cuando los mismos colaboren en la reaprehensión del evadido. Votaremos a favor del presente dictamen porque impone más años de cárcel a quien está privado de su libertad, se fugue incrementando dicha pena en un tercio cuando la persona obre concertadamente con otra u otras personas privadas de su libertad o ejerza violencia. Cabe precisar que actualmente esta conducta no se sanciona, salvo cuando el prófugo obra en concierto con otras personas o use violencia para conseguir su objetivo. Aquél recluso que evade el cumplimiento de la pena impuesta por el Estado, atenta contra el imperio de la ley y la voluntad soberana. Ante la inseguridad la sociedad exige paz y justicia, que se haga valer el Estado de derecho. Nos corresponde a nosotros legislar en beneficio de la seguridad y justicia para la paz, porque sólo con justicia plena la democracia en nuestro país también será plena. Es cuanto, presidenta.