El diputado Andrés Lozano Lozano: Con su venia, diputado presidente. Agradezco a los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política la sensibilidad que han tenido para poder presentar el día de hoy estas ocho iniciativas que presenta el Grupo Parlamentario del PRD, que tienen que ver con este reclamo de la sociedad, con esta unidad que pide la sociedad, pero respecto de propuestas muy concretas. El pasado 21 de agosto se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y ahí los diputados nos comprometimos a llevar a cabo las modificaciones necesarias para impulsar un régimen que fortalezca a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Es obvio que los índices de criminalidad en el país han llegado a niveles insospechados y, en muchas ocasiones, con asombro e impotencia hemos visto que los delincuentes son las mismas personas, a veces, que las que deben de estar combatiendo este flagelo social. Por eso, y en principio, presentamos la iniciativa de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que pretende regular al servicio civil de carrera en instituciones de seguridad pública, que tiene el objeto de que el ciudadano vuelva a recuperar la confianza en el policía y que propone que sea este sistema el encargado de llevar a cabo los procedimientos de certificación de estas instituciones y de sus integrantes. La incorporación de la participación ciudadana y de la comunidad para la seguridad pública. Se propone la integración de una base nacional de información sobre seguridad conformada a partir de datos criminalísticos y de personal de las instituciones de seguridad pública. Queremos saber en dónde están trabajando los policías, cuáles han sido cesados, cuáles son los motivos y que no aparezcan éstos de un estado a otro, pasemos del discurso a la integración de una base. También la creación del Registro Nacional de Armamento y Equipo de estas instituciones para saber exactamente en dónde están radicados. Otra iniciativa es la Ley que Regula el Uso de la Fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal. Se propone el uso de la fuerza cuando sea estrictamente necesario y en la medida en que lo requiera el desempeño de las tareas, con el sentido de crear y mantener una condición ideal de seguridad pública. Hay que generar un equilibrio entre este papel de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. También presentamos una iniciativa que modifica diversos artículos sobre las normas mínimas de readaptación social en sentenciados. Esta ley tiene más de tres décadas de haber sido emitida y en ése periodo se han presentado numerosos cambios. Es necesario adecuarla a la conformación actual de la administración pública y también dar vida legal al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública. No podemos quedarnos en el retraso. Otra iniciativa es la que refiere al combate al crimen organizado y que crea la Ley sobre la Responsabilidad Civil que genera el daño social causado por los miembros de la delincuencia organizada. Tiene que haber en la delincuencia organizada una consecuencia directa que tenga como objetivo el que se repare el daño ocasionado, que se ataque a los prestanombres y encubridores que contribuyen a fabricar una pantalla de licitud a las empresas de la delincuencia organizada. Hay que fincar responsabilidad civil derivada de la comisión de los delitos y, por tanto, responder solidariamente, el sentenciado y la organización delincuencial al pago de la reparación del daño que han causado a las víctimas y que han causado también a las comunidades. Este procedimiento deberá llevarse por el Ministerio Público y que, como hoy no sucede, se puedan asegurar los productos directos, los frutos y aprovechamientos de la delincuencia organizada. También es necesario cambiar el Código Federal de Procedimientos Penales para que se establezca esta facultad de investigación de la policía. Los policías certificados deberán desarrollar esta investigación de los delitos, las bases para recabar los elementos de prueba, la realización de las primeras diligencias y se informará también al Ministerio Público de las mismas. Muy importante para el éxito de las investigaciones es, que el policía sepa preservar la escena del delito, la identificación de autores y partícipes del mismo. Una sexta iniciativa es la que refiere a la Ley Federal de Extinción de Dominio. Atacar contra la estructura financiera del Estado. Mientras sigamos persiguiendo delincuentes y no ataquemos en donde más les duele, que es en su ingreso y que es en sus negocios ilícitos, no podremos acabar con este flagelo. Por eso es importante que se cree un juicio independiente al del ámbito penal, en el que se dictará la pérdida del derecho patrimonial sobre bienes de personas físicas o morales a favor del mismo, sin contraprestación alguna para su titular. Evitar que los bienes que haya recogido el Estado a los miembros de organizaciones delictivas sean regresados a familiares o prestanombres. Una séptima iniciativa es la que modifica artículos al Código de Procedimientos Penales, Ley Orgánica de la PGR y Ley de la Policía Federal Preventiva que establece el registro de detenciones. Se obliga al agente policiaco a respetar los derechos fundamentales del probable responsable, desde el momento de su detención, y a utilizar la fuerza, si ésta es necesaria, de manera proporcional a las circunstancias específicas de la situación que enfrenta. Deberá comunicarse el policía a una central para informar de la detención y proporcionar datos generales del detenido, circunstancias, modo, tiempo y lugar, y los propios datos de él mismo para con esto evitar y atacar también actos de corrupción. Lo mismo para el Ministerio Público, que está obligado a indicar el lugar del detenido, adónde deba ser remitido. Se impone también la obligación, al policía, de informar el tiempo aproximado del traslado, para evitar los frecuentes "paseos"; y en segundo lugar, también proteger a los agentes policiacos de una acusación infundada cuando se realicen detenciones en lugares apartados. Octava, y última iniciativa. Una propuesta complementaria a la anterior, que es la que refiere al Código Penal Federal y a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para sancionar precisamente con mayor fuerza, tanto a los policías como a los Ministerios Públicos que no acaten lo antes expresado. Es evidente la debilidad ante la que se encuentra el Estado frente a los delincuentes. Este paquete de iniciativas cumple, en el caso del Partido de la Revolución Democrática, con nuestra propuesta clara para lograr de manera integral la articulación del sistema de seguridad pública y de justicia. Hay que reconocerlo: el sistema nacional no funciona. Necesita de preceptos claros, que den orden y que obliguen a la participación de gobernadores, procuradores, secretarios de Seguridad Pública, y que no quede nada más en la intencionalidad política; por eso desde este momento, toda la fuerza a esta propuesta. Estamos abiertos a la discusión y, por supuesto, seguiremos presentando las iniciativas que ayuden a cumplir con este reclamo de la sociedad, con este reclamo a tener una vida en paz, una vida digna, y que también es responsabilidad de este Congreso actuar en consecuencia. Aquí está nuestra propuesta, aquí están nuestras iniciativas y estamos listos para la discusión que se tenga que dar respecto de las mismas. Es cuanto, diputado presidente.