EL DIP. ARTURO HERVIZ REYES: Con su permiso ciudadana Presidenta. El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y Secretario de la Comisión Especial de la Industria Azucarera, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudo a esta tribuna para proponer el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Consideraciones: Los efectos sociales que produjo la actual crisis estructural de la industria de la caña de azúcar son muy altos. Los productores y trabajadores, como siempre, son la parte más débil de la cadena productiva. Sus niveles de vida son de pobreza y repercuten severamente en alimentación, educación, salud y vivienda de las familias del campo cañero. Estos efectos no fueron previstos en las políticas del Plan Nacional de Desarrollo 8994 en donde la llamada modernización salinista del campo azucarero fue un mito genial. Los fundamentos del decreto cañero publicados en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 1991, fueron letra muerta. El decreto que declaró de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha y la industrialización de la caña de azúcar, en ningún momento benefició a los productores y trabajadores del campo cañero. Estos cumplieron al pie de la letra el decreto, suministrando año con año a los ingenios con caña de azúcar. Los empresarios , sin embargo, retrasaron de manera dolosa las liquidaciones de la zafras, que son los graves problemas que vivimos precisamente en esta zafra pasada. Nunca se cumplió uno de los principios torales del decreto cañero, que sostenía era necesario que la política comercial permitiera asegurar el abasto permanente de la azúcar y que era conveniente ligar el precio de la caña con el precio de la azúcar, a fin de otorgar equidad a todos los participantes dentro de la cadena productiva. Por todo esto estamos dispuestos en profundizar las causas que llevaron a la crisis estructural del campo cañero. Una primera aproximación la ubicamos en el origen ilícito del proceso de privatización de los ingenios realizada en el año de 1991, el hecho de realizar un estudio minucioso es para que no se socialicen las pérdidas del sector y se carguen nuevamente a los productores y trabajadores de la caña de azúcar. Los costos de la crisis de la industria cañera del país son muy altos. Los ingenios se encuentran en quiebra, con una capacidad instalada convertida prácticamente en chatarra y un quebranto calculado en casi 25 mil millones de pesos. La expropiación de los 27 ingenios del pasado 3 de septiembre, sólo representa una respuesta parcial al problema de fondo de la actual crisis de la caña de azúcar, ya que este criterio le quitó la responsabilidad a los empresarios y se la cargó precisamente a los contribuyentes. La Secretaría de Hacienda concluyó la transferencia de 2 mil 110 millones de pesos a la Secretaría de Agricultura el pasado 8 de noviembre, recursos que se utilizaron para la liquidación a productores de caña y operación de los ingenios. Estos recursos millonarios no se reflejan en los mejores niveles de vida de las familias del campo, del campo cañero; al contrario, la actual crisis estructura por la que atraviesa el sector dificulta para que los productores puedan cumplir con sus compromisos de seguridad social, concretamente el de salud, en virtud de que el precio a la caña de azúcar no ha sufrido aumento alguno en la presente zafra. También hay que considerar los incrementos de un 40% de los insumos como fertilizantes, pesticidas, abonos, plaguicidas, así como también los aumentos a las cuotas que dan derecho a las prestaciones completas del IMSS teniendo un incremento del 20% para la presente zafra. Este panorama se hace más incierto por el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, porque en los hechos representa una caída drástica en el gasto social y que viene disminuyendo en un 12%. En sentido contrario, se tiene previsto asignarle unos 45 mil millones de pesos, o sea 9.9% más que el 2001 al rescate de los bancos, a través del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, en cambio se presupuestó para el Sector Salud sólo 19 mil 845 millones y a desarrollo social 15 mil 645 millones de pesos. Por esto solicitamos la intervención de esta H. Cámara de Diputados, para que en las modificaciones que realicemos al proyecto de Egresos de la Federación 2002, se asigne un subsidio para que los productores del sector cañero puedan cumplir los convenios de aseguramiento y pago de las cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social en el esquema de seguridad social que comprenden riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez, vida y retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Por todo lo antes expuesto y fundado, proponemos el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Único. Que el Gobierno Federal subsidie del gasto público del 2002, el 20% del costo para cubrir el aseguramiento y pago de cuotas de los productores de caña de Azúcar al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuyo monto es de 131 millones de pesos. Signamos este punto de acuerdo un servidor Arturo Herviz del PRD, Miguel Ortiz del PRI, Antonio Magallanes del PRD, Esteban Daniel del PRD, Ramón León del PRD, Petra Santos, Bonifacio Castillo, Mario Cruz Andrade, Auldárico Hernández, del PRD todos ellos; José Yunes del PRI, Arnulfo Márquez del PRI, Adela Granel, Alejandro Gómez, Jesús Garibay, Rafael Hernández, Ricardo Moreno, María de los Ángeles Sánchez del PRD, Eduardo Andrade, Marcos López Mora, Nemesio Domínguez, Francisco Ríos Alarcón, Eduardo Leines, José Rodríguez, Jaime Rodríguez, Jesús Reyes todos del PRI; Héctor Sánchez, Rafael Servín del PRD; José Escudero del PVEM, Jaime Cervantes y Juan Carlos Regis Adame del PT; Rosa Delia Cota, también del PT; José Manuel del Río, de Convergencia; Enrique Herrera, del PRD; Beatriz Lorenzo Juárez, del PAS; Rodrigo Carrillo, Elías Martínez, Tomás Torres, Francisco Patiño , todos ellos del PRD. Esto es todo señora presidenta. PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado Arturo Herviz. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del Orden del Día, presentación de un Punto de Acuerdo, para que se destine mayor presupuesto a CONACYT, el grupo parlamentario perdón, el siguiente punto del Orden del Día, relativo al subejercicio del presente año vinculado con el adeudo por el consumo de energía eléctrica en el Estado de Chihuahua, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, ha solicitado se posponga para próxima sesión. Así como el relativo al presupuesto a CONACYT, el grupo parlamentario del PRD, ha solicitado se posponga para próxima sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En tal virtud se concede el uso de la palabra al diputado Miguel Bortolini Castillo, para presentar un Punto de Acuerdo, relacionado con el Plan Puebla-Panamá. El diputado Bortolini Castillo, pertenece al grupo parlamentario del PRD. DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso señora presidenta; El suscrito, integrante del grupo parlamentario del PRD, de esa H. Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite presentar a esta Honorable Asamblea, una proposición con Punto de Acuerdo, para que la H. Cámara de Diputados, solicite al Titular del Ejecutivo Federal, que se someta a discusión, análisis y consulta, los programas de desarrollo regional de la región sursureste del país y que en dicho proceso se tome en cuenta, en consideración la opinión de la Cámara de Diputados, del Congreso de la Unión al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: Uno, el sursureste del país, salvo en enclaves económicos derivados de la explotación del petróleo y el turismo, se ha distinguido por su evidente rezago. En estas entidades se concentran las mayores proporciones de población en condiciones de pobreza y pobreza extrema, con escasos servicios, ingresos y escolaridad, así como tasas elevadas de mortalidad infantil y desnutrición. Además, en la región sursureste, se asienta cerca del 80% de la población indígena del país y es esta población indígena, la que dentro de la región padece el mayor rezago social. Dos, la región integrada por los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán no sólo concentra en su conjunto los mayores índices de pobreza y rezago social del país, también reviste una importancia funcional para las nuevas necesidades de acumulación del capital financiero nacional e internacional, porque a éste le representa el dominio y control geoestratégico de recursos naturales tales como los yacimientos de petróleo y uranio, las cuencas hidrológicas y la biodiversidad. La región sursureste del país integrada con países centroamericanos, representa el segundo banco de recursos biogenéticos en el mundo. Del transporte intermodal transoceánico de mercancías a través del Ferrocarril del istmo y de los corredores carreteros Veracruz Acapulco y Matamoros Minatitlán, Villahermosa y la disponibilidad de mano de obra barata para la instalación de empresas maquiladoras y agroexportadoras. La estrategia de desarrollo regional impulsada por el gobierno federal a través de la iniciativa Sur Sureste, la Marcha hacia el Sur, muy en particular el Plan Puebla Panamá, representa un riesgo para la soberanía nacional y para la permanencia y articulación del tejido social de las comunidades mayormente indígenas, que son finalmente los espacios donde atraviesan los proyectos gubernamentales. Es en este sentido que el Plan Puebla Panamá pretende poner al servicio de los poderosos grupos económicos los recursos de una de las principales reservas naturales del planeta, lo que significará, en un corto plazo, que la biodiversidad, aguas, recursos minerales y energéticos sean sometidos a la lógica depredadora del gran capital. Para eso el Plan buscará despojar de esos recursos naturales a las comunidades indígenas. Con ello logrará también tener a disposición una reserva de trabajo para la construcción de infraestructura y para el corredor de maquilas que pretende establecerse en la región. La base inicial del Plan Puebla Panamá se concentra en la creación, reactivación y modernización de infraestructura de transportes, comprometiendo para los próximos 6 años montos de inversión pública por más de mil 500 millones de dólares que representan el 82% de la inversión total de este sector en la región. Una vez más se financia con recursos públicos la acumulación privada en proyectos que, lejos de favorecer el desarrollo social de las comunidades, atenta contra la propiedad de sus tierras y el derecho al uso y disfrute de sus recursos naturales. El Plan subordina el desarrollo local al mercado global, apostando a un crecimiento económico basado únicamente en el fomento del sector exportador, sin articularse con el mercado nacional. Además, su viabilidad dependerá de los flujos de inversión predominantemente extranjera, lo que en la actual coyuntura económica internacional obligará al gobierno federal a flexibilizar aún más el marco jurídico vigente, por ejemplo, en materia ecológica y laboral para garantizar la llegada y permanencia de este tipo de inversiones. Las motivaciones del Plan Puebla Panamá no son exclusivamente económicas. También pretenden constituir un dique a los movimientos sociales e insurgentes que se han gestado en el sursureste del país y en el Istmo Centroamericano. En este sentido, uno de los proyectos del Plan Puebla Panamá es muy específico. Nos referimos al centro integralmente planeado Palenque Cascadas de Agua Azul, que pretende desarrollar un corredor turístico a través de las lagunas de Catazajá y la reserva de la biósfera de Montes Azules. Este proyecto buscará el control político, económico y militar de la región, eliminando cualquier posibilidad de que las comunidades indígenas tengan, en la autonomía, la herramienta indispensable para reconstruirse como pueblos y usufructuar sus riquezas naturales. De ahí el contenido de la actual Ley Indígena. Una implacable crítica que ha recibido el Plan Puebla Panamá es que ha marginado en su diseño a las autoridades municipales y estatales, congresos locales y representaciones sociales y no ha sido sometido a ningún tipo de consulta en las comunidades que pretende beneficiar. Florencio Salazar Adame, Coordinador General del Plan Puebla Panamá, ha reiterado que en aquellas comunidades que se opongan a éste el Plan simplemente no pasará ni se instrumentará. Nada más demagógico y falso. En el Municipio de Tepeaca, Puebla, los productores indígenas se han resistido a la expropiación de sus tierras y a la construcción de la autopista Tecamachalco Tepeaca, que forma parte del Proyecto Milenium, un brazo articulador del Plan Puebla Panamá, y lo que han recibido como respuesta a su rechazo es la persecución y la represión. Nosotros, por el contrario, proponemos un esquema de participación por estado, municipio, comunidad y pueblos indios y que éstos no tengan sólo una función consultiva, sino también coordinadora y de supervisión. Todo proyecto de inversión debe de ser consultado y aprobado por las propias comunidades y municipios antes de ponerse en marcha, es la mejor manera, ésta, de hacer que la inversión se traduzca en beneficios para la gente. El sursureste del país no podrá aprovechar los esfuerzos propios o los que lleve a cabo el conjunto del país para desarrollarlo si no se toman en cuenta las condiciones de vida, necesidades y expectativas de los pueblos y comunidades indígenas. Creemos que es necesario garantizar la participación de los pueblos indios en la definición de su destino y en particular en el diseño de los planes de desarrollo regional, de la única manera posible, es decir, incorporando a la Constitución a los derechos de los pueblos indios en los términos en que fueron negociados en San Andrés y formulados en la llamada: Ley COCOPA. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta H. Cámara el siguiente Punto de Acuerdo. UNICO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta al Presidente de la República a someter a un amplio proceso de consulta y análisis y discusión las políticas de desarrollo regional destinadas a la región Sur Sureste del país entre los diversos actores y sectores sociales y económicos involucrados, particularmente las comunidades indígenas y que en dicho proceso se considere la opinión de las comisiones respectivas de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuya materia se relaciona con dichas políticas. Es cuanto, señora Presidenta.