La diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz (vía telemática): Gracias, diputada. Quiero iniciar mi intervención dejando en claro, como ya lo han manifestado mis compañeras y compañeros, que en Acción Nacional estamos a favor de un trato digno a los trabajadores y de que le sean garantizadas todas y cada una de las prestaciones sociales a las que tienen derecho por ley, en lo que no estamos de acuerdo es en solapar las mañosas intenciones escondidas en este dictamen, de quienes siguen legislando desde las rodillas y que su gran ignorancia los lleva a líneas discursivas, sin sentido, sin razón, titubeantes y de las cuales ni idea tienen de lo que es generar un empleo y aquí vienen a levantarse el cuello a favor de las y los trabajadores. Que sigue jugando con el dolor de las y los mexicanos, dolor que se podría evitar y sin embargo lo permiten, esperando que los mexicanos les agradezcan, cuando es un derecho de todas y todos los mexicanos, como es el derecho a la salud. Hoy somos parte de las estadísticas de los países que en forma tardía tomaron acciones pertinentes en la pandemia por Covid-19 y que ha costado muchas vidas. Lamento mucho que nuestros compatriotas sigan escuchando los diálogos incitando a la separación y agresión por parte del grupo mayoritario y de sus seguidores. Y regresando al dictamen en comento consideramos que en el dictamen existen inconsistencias que perjudicarán a miles de negocios y a las familias que dependen de ellos. Sin duda, hoy más que nunca es indispensable reactivar la economía, es urgente recuperar las fuentes de empleo después de haber perdido en 2 meses del 2020, más de 12 millones de empleos entre trabajos formales e informales, según cifras del IMSS e Inegi. Sin embargo, pareciera que en esta administración y las legislaciones a modo propuestas por Morena van en sentido contrario. Con este tipo de iniciativas se desincentiva el desarrollo y la inversión, y con esta reforma le pintamos de nueva cuenta una raya más al tigre. Les ponemos más cargas administrativas a las pequeñas y medianas empresas que luchan día a día por subsistir y no desaparecer. Esta nueva normativa, aunada a la crisis sanitaria y económica que vive México, lejos de promover el empleo, enviará a la informalidad a más empresas por incumplir con los requerimientos generados y generará una mayor pobreza. Como empresaria les quiero decir que es muy fácil legislar desde un escritorio sin pensar en el daño que traerá para todas y todos los mexicanos, será aún más difícil para esos pequeños empresarios que sufren por mantener sus negocios abiertos. Aquí no estamos pensando en los patrones que están preocupados por otorgarles a sus empleados, por pagar a proveedores la renta, los servicios, el Seguro Social y las cuotas patronales y que, en ocasiones, no tienen el recurso para pagar a tiempo. Yo soy testigo de esto porque se han acercado a mí pequeños empresarios, que lamentablemente están perdiendo sus empresas y han llorado por esta situación que estamos viviendo el día de hoy en nuestro país. La crisis por coronavirus ha disminuido la población económica activa en 2.8 billones de personas y uno de los grandes retos de México es reducir la informalidad que representa casi el 23 por ciento del producto interno bruto. Es necesario señalar que las personas que trabajan en el mercado informal no cuentan con ninguna prestación ni seguridad social. En este contexto el gobierno federal, líderes empresarios y sindicales llegaron a un acuerdo para prohibir en la ley la subcontratación de personal y regular la subcontratación de servicios especializados distintos al objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante. Sin embargo, con la limitación de la figura del outsourcing, se provocará incertidumbre jurídica y el aumento de la informalidad laboral a través del pago por honorarios o la liquidación de empleados subcontratados, para integrarlos sin contrato en las mismas empresas para las que trabajan. Lamentablemente los más afectados serían, principalmente, las mujeres y los jóvenes. Si bien es cierto celebramos el acuerdo entre el gobierno federal, los líderes empresariales y sindicatos, pero también hay que insistir que la Cámara de Diputados no es una oficialía de partes. Para eso se dividieron los Poderes. Aquí venimos a legislar por el bien común y no a recibir órdenes presidenciales. Por eso digo que vamos en sentido contrario. No se trata de cambiar la ley, se trata de obligar a su cumplimiento y vigilar que se aplique. Respetar y hacer respetar los marcos jurídicos. De acuerdo con una encuesta de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, aproximadamente 60 por ciento de los dueños de empresas encuestados señalan que, en el caso de que se elimine la figura de subcontratación, integrarían a sus empleados por honorarios o asimilados a salarios. Además, uno de cada cinco empleos por subcontratación que se ha generado a lo largo de los últimos cinco años está relacionado de forma directa con el turismo, hotelería, restaurantes, servicios y comercio, principalmente. En ello las mujeres representan el 54 por ciento de su fuerza laboral, lo que genera en la industria una gran responsabilidad para trabajar en la consolidación de la igualdad de género, así como en la eliminación de los estereotipos y malas prácticas hacia ellas. Es por lo anterior que mis propuestas de reservas a los artículos 12, 13, 14 y 15 A de la Ley Federal del Trabajo van en el sentido de que se mantenga en la ley el régimen de subcontratación vigente. Las Pymes son la razón de la economía de nuestro país y no podemos fallarles. Es cuanto, señora presidenta.