El diputado Javier Corral Jurado: Compañeras y compañeros diputados, en el momento actual que vive el país, en donde se enfrenta un serio problema de inseguridad, de violencia y de delincuencia, la emisión de esta minuta, de este proyecto de decreto que presenta a su consideración la Comisión de Gobernación, es de suma relevancia. Hoy presentamos a su consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se crea, por el que se expide la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La iniciativa fue presentada el 10 de diciembre de 2009, por la diputada Alma Carolina Viggiano Austria, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que, junto con la iniciativa presentada por el diputado Humberto Benítez Treviño que proponía la creación del Instituto Nacional de Prevención del Delito, constituyeron los documentos esenciales de los cuales la Comisión de Gobernación partió para el dictamen que ahora les presentamos, y que persigue impulsar tres grandes ejes de esta nueva legislación: Crea un marco normativo para impulsar políticas públicas consistentes en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia; establecer la prevención de la violencia y la delincuencia como el eje fundamental de las políticas públicas diseñadas e implementadas para combatir la inseguridad; y, la participación ciudadana como principio rector de las políticas públicas en materia de seguridad pública. Se trata de una nueva ley de carácter general para la prevención social de la violencia y la delincuencia, que cuenta con 34 artículos divididos en 7 capítulos. En su capítulo II el dictamen como proyecto de decreto se ocupa de establecer el marco general de la prevención social, señalada en el artículo 6o. como la prevención social de la violencia y la delincuencia, considerando ámbitos de intervención social, comunitaria, situacional y con enfoque psicosocial. En el capítulo III se establece lo relativo a los órganos encargados de la prevención social de la delincuencia, los cuales son básicamente cuatro: el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Comisión de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, y el Secretariado Ejecutivo. Así, los órganos encargados de operar el sistema de seguridad y de prevención serán, por supuesto, el consejo nacional, que no es otro que el Consejo Nacional de Seguridad Pública previsto precisamente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; el Secretariado Ejecutivo, que es el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que se refiere la misma ley, y el centro nacional, que es precisamente el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, dependiente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el artículo 19 del proyecto de decreto que ahora presentamos a su consideración se establece que para el cumplimiento de sus funciones, el centro podrá convocar a dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno; investigadores, académicos especialistas en el tema, así como otros actores coadyuvantes en la prevención social de la violencia y de la delincuencia, empero, además, a distintas dependencias y entidades, tales como la Secretaría de Desarrollo Social, obviamente la de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Educación Pública. Lo anterior, a fin de garantizar que las políticas públicas que se diseñen e implementen en las materias propias de la ley, efectivamente, cumplan con el propósito de la misma, que es transversalizar la actividad que se desarrolle en los tres órdenes de gobierno. Se trata precisamente de dictaminar la idea básica presentada por la legisladora, en el sentido de que la prevención del delito tenga un sentido más abarcativo no sólo desde el punto de vista de la estrategia policíaca o militar, sino fundamentalmente de la estrategia también social, educativa, cultural y de participación ciudadana. La ley ha optado por denominarse de la Prevención Social a la Delincuencia y la Violencia, como fenómenos más abarcativos que el simple señalamiento de prevención del delito, porque partimos de la conciencia de que hay un conjunto de condiciones que van generando esa comisión precisa de un delito específico tipificado, pero que hay otro conjunto de condiciones, de hechos, de conductas sociales, individuales, que preconfiguran ese ambiente, que generan ese ambiente. Se considera prevención social de la violencia y la delincuencia al conjunto de políticas públicas orientadas a reducir factores de riesgo que favorecen la generación de violencia, conductas antisociales y la delincuencia, así como influir en sus distintas causas y manifestaciones. Fruto del trabajo colectivo de la pluralidad que trabaja en la Comisión de Gobernación de cara al interés público, hemos votado por unanimidad el proyecto de decreto para que hoy mismo pudiera convertirse en minuta; e incluso poder llamar a nuestros compañeros del Senado de la República a valorar, en este justo momento, la pertinencia de darle al país un nuevo instrumento para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Agradezco, como siempre, a todos los grupos parlamentarios que tienen participación en la Comisión de Gobernación; al grupo de especialistas y asesores que acompañaron el dictamen en esta materia; y a todos y cada uno de ustedes, les pido su respaldo y su voto a favor de este dictamen que entregará, en esta última etapa de nuestro segundo periodo ordinario, un bien jurídico más, un producto legislativo que vendrá a beneficiar al conjunto de la sociedad mexicana. Por su atención, muchas gracias. Esperamos su voto a favor.