La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos: Gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el número de divorcios en nuestro país parece estar encaminado a aumentar. Esto de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las cuales precisan que: para el 2009 se llevaron a cabo 84 mil 302 separaciones; en 2010, 86 mil 42; y en 2011 alcanzaron la cifra de 91 mil 285. Con base en esto es que tenemos que voltear a ver las implicaciones que se derivan de esta enorme cantidad de separaciones, ya que cuando se lleva a cabo un divorcio y la pareja que lo está promoviendo ha procreado hijos estos se ven envueltos en medio de un conflicto que les causa daño en su bienestar físico y emocional. La disputa que surge en un juicio de divorcio para decidir cuál de los padres se quedará con el menor ha sido causa de batallas, en las que muchas de las veces cada una de las partes intenta poner al menor en contra de alguno de sus progenitores. Esto pese a que los niños las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una sana convivencia con sus progenitores y familiares, independientemente de que habiten en un domicilio distinto. Debemos recordar que nuestras leyes han sufrido diversas reformas con la intención de preservar el interés superior del menor, lo que se traduce a un deber a cargo del Estado, así como de los particulares, entre los que se incluye a los padres, para que salvaguarden el desarrollo del menor y el ejercicio pleno de sus derechos. Las reformas que hoy tenemos a nuestra consideración representan un avance en la protección de los derechos de los menores, ya que al establecer que será obligatoria la práctica de periciales de trabajo social y de psicología familiar cuando no sea posible llegar a un acuerdo para determinar quién de los padres ejercerá la guarda y custodia del menor, permitirá a los juzgadores determinar de mejor forma sobre la guarda y custodia de los menores. Con el dictamen que hoy se pone a consideración de la asamblea se reformará la normatividad civil y adjetiva para que, a falta de acuerdos para determinar quién de los padres ejercerá la guarda y la custodia del menor, será obligatoria la práctica de periciales de trabajo social y de psicología familiar en los procedimientos de derecho familiar y sobre el estado civil de las personas, con el objetivo de proteger los derechos de las niñas, los niños y de los adolescentes frente a sus padres y de todos aquéllos que puedan ejercer la guarda y custodia en un determinado momento. Tal y como se establece en el dictamen que nos ocupa, las pruebas antes descritas serán útiles, ya que no incluirán las práctica de otras que se necesiten para resolver los conflictos que se generen sobre este particular. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la separación de las parejas, aunque nunca deseable, resulta mejor para muchas familias que así tienen la posibilidad de reconstruirse y fortalecer sus lazos; lo cual de ninguna manera debe traducirse en demérito de los derechos de los menores, quienes deben seguir siendo atendidos conforme lo marca la ley, pese la disolución del vínculo que alguna vez mantuvo juntos a sus padres. Por eso hoy el del Grupo Parlamentario del PRI dará su voto a favor del presente dictamen, siempre en apoyo y en beneficio de quienes más lo necesitan: los niños, las niñas y los adolescentes de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.