El diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez: Gracias, diputada Presidenta. Antes de iniciar debo aclararle que la iniciativa que voy a presentar se encuentra signada también por mi compañera Valentina Batres y al final de mi exposición le haré entrega para que sea este documento el que sea turnado a las comisiones respectivas. El problema de las adicciones es un tema que afecta a todos los países, México no es la excepción. Se trata de un grave problema que ataca principalmente a niños y jóvenes. Las encuestas nacionales y regionales demuestran que casi la mitad de la población que consume drogas tiene menos de 19 años, habiendo iniciado su consumo entre 10 y los 14 años. Cerca de 80 por ciento de los que consumen drogas lo hace a diario, pocos son los que acuden a centros de rehabilitación o desintoxicación y quienes lo hacen acuden en su mayoría pasados los 35 años de edad. Es decir, mucho tiempo después de haber iniciado el consumo de drogas. Los anteriores son datos son duros, pero sirven para constatar que existe un grave problema, que ataca a nuestra población, un problema cuyas consecuencias abarcan desde efectos de salubridad general hasta sociales, como la desintegración familiar, deserción escolar y la delincuencia juvenil. El combate a las adicciones se ha convertido en un problema derivado del tráfico de drogas y, por ende, en una cuestión de seguridad nacional. Miles de jóvenes se ven inmersos cada año en el abismo de la farmacodependencia, convirtiéndose en un mercado importante para aquellos que se dedican a traficar drogas. Lo anterior se convierte en un círculo interminable: los traficantes buscan adictos para vender sus drogas, mismos que, a su vez, se convierten en vendedores para obtener recursos y poder comprar más droga y saciar su adicción. Es necesario emprender acciones contundentes para terminar con ese ciclo destructivo. El gobierno federal ha llevado a cabo políticas y estrategias que, en conjunto, constituyen una batalla frontal al narcotráfico y al crimen organizado a través de organismos especializados, nuevos cuerpos de seguridad que, en conjunto con el Ejército y grandes inversiones en tecnología, se ha buscado atacar el crimen organizado y restituir el orden social en nuestro país. Sin embargo, el problema de las adicciones no ha sido aún atacado en el enfoque que se ha dado a la lucha contra el narcotráfico, y siendo éste la consecuencia más devastadora en términos sociales, es de vital importancia abordarla cuanto antes. Por lo anterior, reconociendo la obligación del Estado de salvaguardar la seguridad y salubridad nacionales, debemos considerar también que el Estado mexicano se haga responsable solidariamente con su población en el combate al problema del narcotráfico y del crimen organizado a través del combate a las adicciones. Y esto sólo se puede lograr mediante una incursión dura y directa para erradicar este problema ofreciendo oportunidades para rehabilitar y desintoxicar a los farmacodependientes. En ese sentido, también los estados y el Distrito Federal deben unirse y contribuir a este esfuerzo. La propuesta que hoy presentamos se enfoca a elevar a rango constitucional el derecho de las personas a vivir en un ambiente libre de adicciones. A su vez, proponemos obligar al Estado, en sus distintos y respectivos niveles de gobierno, a contribuir en lo necesario para lo consecución de este objetivo. En ese sentido, el texto que se propone se traduce en que la federación haga una aportación al esfuerzo del combate a las adicciones y, por consiguiente, a la erradicación del narcotráfico. Se enfoca también a dotar a los padres de familia, a los profesores, y a la sociedad en general, de herramientas que permitan hacerlos partícipes de la lucha contra las adicciones. Con ello será posible obtener un triple resultado: ayudar a los niños y a los jóvenes de México a librar el infierno de la farmacodependencia, combatir un claro y grave problema de salud que aqueja a nuestra población y, finalmente, aportar un esfuerzo más a la lucha contra el narcotráfico. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de Decreto Único. Se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 4o. Los primeros tres párrafos sin cambio, y el cuarto: "Toda persona tiene derecho a desarrollarse en un entorno sano y libre de adicciones. El Estado proveerá lo necesario para garantizar este derecho". Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a diciembre de 2007. El de la voz, Juan Enrique Barrios Rodríguez, y mi compañera, Valentina Valia Batres Guadarrama. Gracias, señora Presidenta.