La diputada María Magdalena Olivia Esquivel Nava: Honorable asamblea, la Constitución Política de nuestro país es clara. En su artículo 1o. señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por ello, y de conformidad con el principio de progresividad señalado en el mismo artículo de nuestra Carta Magna, hoy presento el dictamen a la iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en materia de paridad de género y atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables, suscrita por la diputada Mónica Becerra Moreno. De acuerdo con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de esta Cámara de Diputados, el concepto de vulnerabilidad se aplica a aquellos sectores o grupos de la población que con su condición de edad, sexo, estado civil y origen étnico se encuentran en condición de riesgo y que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. En este sentido, el Coneval establece seis sectores como grupos vulnerables: adultos mayores, mujeres, personas con discapacidad, población indígena, niños, niñas y adolescentes y jóvenes. Debemos tener claridad en la importancia de la capacitación de los elementos de seguridad para cumplir cabalmente con las tareas de prevenir y atender la violencia contra los grupos en situación de vulnerabilidad. La ONU establece a través de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, han hecho hincapié en la necesidad de promover la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial, entre las directrices que establecen señalan la necesidad de fomentar en los cuerpos policiales el reconocimiento y respeto a todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, así como de proporcionar un marco de referencia para la acción, evaluación y rendición de cuentas, también señalan la importancia del rol educativo a la policía hacia el interior de la institución y hacia la comunidad. El dictamen que hoy presento a nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana tiene por objetivo la coordinación entre las instituciones de seguridad pública de la federación, las entidades federativas y los municipios con la finalidad de promover la realización de acciones y programas de capacitación en materia de paridad de género, atención de calidad para personas con discapacidad y grupos vulnerables, mismas atribuciones con las que contará el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, deberá prevenir la violencia infantil, juvenil y contra la mujer. Promover la erradicación de la violencia, especialmente, la ejercida contra niñas, niños, jóvenes, mujeres, indígenas, adultos mayores, personas con discapacidad, dentro y fuera del seno familiar. Y, finalmente, las instituciones de seguridad pública tendrán la obligación de asistir y participar en las capacitaciones que se lleven a cabo en relación con programas de paridad de género, atención de calidad para personad con discapacidad y grupos vulnerables. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la seguridad es un derecho fundamental, reconocido en diversos instrumentos internacionales y consagrado en nuestro orden constitucional, que se vincula directamente con la libertad y con la igualdad sustantiva. Se requiere de cuerpos de seguridad pública con perspectiva de género y con una capacitación en materia de derechos humanos y atención a grupos vulnerables, que garanticen la seguridad pública integral y que además sea protectora de la dignidad y de los derechos humanos. Por lo tanto, por lo antes mencionado, pido su voto a favor de este dictamen, que permitirá garantizar el derecho a la seguridad de aquellos grupos que históricamente han sido vulnerados y que hoy ante la ley deben gozar de igualdad de condiciones. Es cuanto.