La diputada Blanca Maria del Socorro Alcalá Ruiz: Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se pone a consideración es muestra de que, cuando se antepone el interés de la mayoría, es posible construir acuerdos y avanzar en el perfeccionamiento de nuestro marco jurídico para atender demandas sensibles o enfrentar problemáticas de la sociedad. En las causas y en la agenda de las mujeres ponderamos la importancia de tender puentes y de construir acuerdos con todos los grupos parlamentarios. El dictamen también es un ejemplo claro para recordar que, dejando a un lado posiciones ideológicas y de grupo, podemos sumar y dar mejores resultados para México. Abordaré mi intervención a partir de tres consideraciones. Primero, del reconocimiento a esa grave realidad de violencia que aquí ya se ha señalado, que en sus más diversas manifestaciones viven cientos de miles de personas en el país, principalmente de las mujeres, de la situación de niñas, niños y adolescentes a los que se les priva del derecho más elemental, el de la alimentación. De conductas agresivas que se han normalizado como patrones de comportamiento, de relaciones jerárquicas, de poder y sumisión que, por décadas, permitieron la constitución de una sociedad abusiva y desigual que aqueja a más de la mitad de la población de este país. Esa realidad que duele, que alarma al revisar las cifras, que preocupa al estudiar las causas, que tiene nombre y apellido y que se multiplican en miles que no podemos tolerar más y que debemos cambiar. Segunda, al colocar en su justa dimensión el acto jurídico que nos ocupa, la suspensión de derechos a violentadores y aprobar este dictamen en el mes de marzo de las actividades conmemorativas que exige de todas y de todos los actores políticos congruencia entre el decir y el hacer. Tercera, de asumir la responsabilidad que como integrantes de esta soberanía tenemos frente a la sociedad que representamos y de las que formamos parte. No se trata de ocurrencias, mucho menos de estridencias, se trata de una propuesta seria que nos llevó a analizar con rigor la problemática, a revisar una y otra vez los planteamientos, a vencer inercias, a superar resistencias, a arrastrar el lápiz en colectivo y con colectivos, a debatir entre nosotras, a debatir al interior de nuestros grupos parlamentarios y en su momento con el diputado presidente y los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales para modificar la ley, la Ley Suprema de nuestro país, sí, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Conscientes de todo ello, nos fijamos como meta sacar adelante la iniciativa del tres de tres contra la violencia a partir de un proyecto plural, en cuya construcción se involucraron, como ya han señalado quienes me han antecedido en el uso de la voz, muchas de las iniciativas. Del mismo modo, tuvimos una revisión puntual en su dictaminación y por su trascendencia y sentido de justicia lograr este día nos proponemos el respaldo de dos terceras partes de los integrantes de este Congreso. Estas sanciones no tienen dedicatoria a una, dos o tres personas, tienen como destinatario a todas las y los representantes e integrantes del ejercicio público. La tres de tres contra la violencia deberá ser norma en los tres Poderes de la Unión, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Es tres de tres, porque deberá impactar en el gobierno federal, en el estatal o en el municipal. Nunca más permitiremos que un agresor, un violentador o un deudor alimentario llegue a un cargo que implique, aún en su mínima expresión, el ejercicio del poder público. La tres de tres busca recuperar la é tica pública en cada actuación y en cada relación. A partir de estos enunciados compartiré de forma muy breve algunas de las razones por las que en el Grupo Parlamentario del PRI nos orientaron para promover y hoy solicitar la aprobación de este dictamen. La revisión mínima de cualquiera de las cifras nos señalan, compañeros, que el uso de la violencia se ha convertido no solamente en una violencia cotidiana, sino que se arraiga en patrones socio-culturales que debemos erradicar de forma estructural. Al concluir la jornada de este día, al menos 20 mujeres habrán sufrido algún tipo de violencia, y 11 de ellas perderán la vida por feminicidio. Nuestro país, desafortunadamente, ocupa el segundo lugar en la región de América Latina con más feminicidios. De ese tamaño es el reto que tenemos. La iniciativa presentada por el grupo plural propone cero tolerancia a la violencia para quienes pretendan formar parte de las instituciones o aspirar a representar a la sociedad en un cargo de elección. Se trata de uno de los atributos y requisitos que califique idoneidad o elegibilidad, sea no haber incurrido en conductas violentas. En todos los casos exigiremos que las personas se conduzcan en la vida privada y en la pública, en un marco de libertad, pero al mismo tiempo de observancia de la ley. De esta forma se busca que las conductas violentas en cualquiera de sus manifestaciones, sean desterradas, de lo contrario serán causales de la suspensión de derechos. Este mandato aplicará por igual para quien aspire a ocupar la más alta esfera de toma de decisiones o el más modesto encargo público. Como se ha señalado, la iniciativa que hoy se dictamina dio seguimiento al ejercicio iniciado en la LXIV Legislatura, retomó la conformación y dinámica del trabajo del grupo plural por la igualdad sustantiva. Asimismo, recuperó la plataforma impulsada por el colectivo Las Constituyentes MX, en el año 2020, el antecedente de los lineamientos aprobados por el INE que no me detendré, aquí ya han sido explicados. La propuesta también se enriqueció con la visión ciudadana de diversos colectivos de mujeres que se sumaron a este esfuerzo. Concentró y sumó la experiencia y disposición del presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y de todos sus integrantes que mostraron apertura para enfrentar la violencia que viven muchas de las mujeres en nuestro país. La propuesta, en síntesis, es modificar el artículo 38 para adicionar una fracción VII, precisando conductas que sustentarán la suspensión de derechos, no me referiré a ellos, han sido ya señalados de manera clara. Pero quienes se ubiquen en alguno de estos supuestos descritos, no podrán ser registrados como candidatas y candidatos para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrados para empleo, cargo o comisión del ejercicio público. Y una vez que el constituyente permanente realice la declaratoria de aprobación, estaremos atentas a que el titular del Poder Ejecutivo haga su promulgación. El proceso, amigas y amigos, exige el cumplimiento puntual de cada etapa para que se concluya en forma, pero también en tiempo y en oportunidad, de cara al proceso electoral 2024. Me siento, permítanme decirlo, honrada de estar aquí, al lado de mujeres valientes, comprometidas y luchadoras sociales dispuestas a escribir una línea en la historia de nuestro país, impulsando esta trascendental reforma constitucional. Pero me sentiría más plena como representante popular cuando la mayoría de las y los legisladores lo hayamos aprobado e inicie su vigencia. Y más orgullosa aún, cuando las cifras, estas cifras vergonzosas de inseguridad y violencia queden en el pasado. Este, este es un paso importante, sí, necesario también, pero insuficiente por sí solo. Es una de las muchas acciones que debemos asumir, exigir que se vigile su cumplimiento, de predicar con el ejemplo para que podamos, efectivamente, desterrar las causas que dieron origen a la violencia. Tiene razón quien me antecedió en una de las intervenciones, si no desterramos la violencia, si no le asignamos presupuestos pertinentes y suficientes, tampoco estaremos avanzando. Pero es uno de los pasos, los demás también están en facultades de esta soberanía. Compañeras y compañeros legisladores, México es un país que como he expresado en otras oportunidades, enfrenta múltiples desafíos, entre ellos, conducirnos como un Estado democrático de oportunidades, diverso en su conformación poblacional por sexo, por edades, es pluricultural, pero al final compartimos crudas realidades, esas realidades de nuestro tejido social frente a las cuales no podemos ni debemos cerrar los ojos. Las democracias modernas, la libertad es ciertamente un atributo indispensable, pero en sí mismo insuficiente para lograr la integración política de los individuos, ya que de la manifestación de su ejercicio se cimbra un poder colectivo que debe ser administrado de manera racional y apegado a los principios de justicia. En el Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor de este dictamen y de seguir impulsando la estructuración de un marco jurídico que permita enfrentar, con eficacia, las problemáticas más sensibles y de manera prioritaria la violencia hacia las mujeres. Que lo escuchen bien y que lo escuchen fuerte, no más agresores en el poder público, ningún agresor al poder. La mujer, la mujer no es un dato, las mujeres somos una historia de vida y en todas tenemos mucho qué aportar. Muchas gracias.