La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las iniciativas en materia energética que remitió el presidente de la República a la Cámara de Senadores y que hoy se someten a la consideración de la Cámara de Diputados constituyen un agravio al pueblo de México y, por lo tanto, esta soberanía tiene la facultad plena de rechazarlas. El presidente de la República tiene la potestad que le otorga la fracción I del artículo 71 constitucional de iniciar leyes o decretos, pero su contenido no puede contravenir los altos fines que persiguen los preceptos de la Constitución y por eso sus iniciativas son cuestionables. Por una parte, es evidente que las iniciativas que se someten a nuestra consideración no se sujetan al principio de legalidad contenido en el primer párrafo del artículo 16, al que toda autoridad debe sujetarse. El presidente va más allá, al disponer unilateralmente de los bienes de la nación sin haber consultado previamente al pueblo de México, como lo prevé la fracción VIII del artículo 35 constitucional, por tratarse de un tema de trascendencia nacional. Pero además, el principio de legalidad está siendo violentado por el presidente Peña Nieto, porque a partir de la reforma al artículo 1o. de la Constitución General de la República debe observarse también a la luz del principio pro-persona. Es decir, sin restringir la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. Las iniciativas de Peña Nieto, por tanto, deben ser consideradas formalmente violatorias de ambos preceptos constitucionales. ¿Por qué señalo que estas iniciativas ignoran derechos fundamentales que contiene el artículo 27 constitucional? Porque en la parte que interesa la Constitución señala y cito: tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos en el subsuelo, la propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones, sólo podrán otorgarse -dice el texto constitucional- con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación, por supuesto, en el que ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción de petróleo y demás hidrocarburos, mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la ley reglamentaria. De lo expresado, se deduce que las leyes secundarias en materia energética son contrarias a la Constitución, pues por una parte, la nación continúa ejerciendo un derecho de propiedad del que no ha sido despojada a través de ningún decreto expropiatorio, y por otra, las iniciativas no nos justifican el caso de excepción que el propio texto constitucional considera, de poder otorgar concesiones cuando el Estado requiera ingresos que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Si el argumento fuera, que por desarrollo de largo plazo de la nación se entiende el dotar a los mexicanos de los medios necesarios para proporcionarles una educación de calidad, garantizarles el derecho a la salud, a la vivienda, a la alimentación, a un medio ambiente sano, al empleo o para proteger cualquier otro derecho contemplado en la Constitución, estaríamos entrando a un tema que al día de hoy con la reforma al artículo 1º constitucional, al que he aludido, no podemos separar y que se refiere a la protección de los intereses fundamentales de los mexicanos. El derecho del pueblo mexicano a la subsistencia ha sido omitido en las iniciativas presidenciales, enviadas a nuestra consideración, porque al residir en la nación y no en el presidente la propiedad del petróleo y de los hidrocarburos, el presidente de la república carece de facultades para poner en riesgo los recursos referidos que son de los mexicanos. El artículo 89 de la Constitución General de la República, que está obligado a respetar el presidente de la república, le señala sus facultades y obligaciones, entre las que no se encuentra derecho alguno de poner en riesgo la subsistencia de cada mexicano y de nuestros descendientes, cuyo desarrollo está ligado aún de manera preponderante a los ingresos petroleros. Recordemos que nuestro orden constitucional señala en su artículo 14 que nadie, repito, nadie, y en el nadie está inmersa la nación, puede ser privado de su propiedad, posesión o derecho, si no es mediante juicio seguido ante tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad. Y yo les pregunto, ¿en qué momento y en cuál tribunal se ha llevado a efecto algún juicio en contra de la nación mexicana para despojarla de su propiedad? Pues evidentemente que ninguno, pero las iniciativas en comento sí llevan implícito ese riesgo que en otras épocas nos ha causado, inclusive, la invasión del territorio por parte de potencias extranjeras. Como lo expresa claramente el artículo 27 constitucional: los derechos sobre el petróleo y los hidrocarburos están tutelados a favor de la nación. Y las iniciativas Peña Nieto en materia energética violan flagrantemente el interés legítimo de los mexicanos, pues hay una norma constitucional que está regulando el derecho de una colectividad, la nación, a que se mantenga como propietaria de los bienes a que alude el texto del artículo 27 constitucional. A fin de evitar el agravio al pueblo de México, pero sobre todo, con el ánimo de que quien suscribe las iniciativas que se someten a nuestra consideración, nos explique el alcance de las mismas, solicito a esta soberanía se admita esta moción suspensiva y se cite al ciudadano Enrique Peña Nieto que venga aquí y nos explique el por qué dispone de los bienes de la nación que no le pertenecen. Es tiempo de entender que los principios constitucionales y los derechos fundamentales son el límite en su calidad de normas constitucionales sustanciales, a una política legislativa que debe basarse en el respeto de los intereses de las mayorías a las que representamos. Que uno de los principales derechos sociales es el derecho a la subsistencia y que las iniciativas atentan contra este derecho. Pero lo que debe quedar bien claro es que ninguna mayoría, ni la que se puede conformar en este órgano colegiado, puede legítimamente decidir la violación de un derecho de libertad de no decidir la satisfacción de un derecho social. Es por lo aquí sostenido que el Partido del Trabajo, desde esta tribuna, hace un llamado a los consumidores a unirse en torno a la defensa de sus derechos tutelares por la propia Constitución y promoverán los amparos necesarios para defender el interés legítimo que nos asiste. Es cuanto, diputado presidente.