La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Quisiera comenzar puntualizando, que toda fiscalía que presuma tener a su cargo el combate a la corrupción, tiene forzosamente que contar con facultades sólidas y un andamiaje institucional fuerte que le permita contribuir en el combate a la impunidad en este álgido tema para la ciudadanía. Es por ello, que como Grupo Parlamentario Nueva Alianza juzga que la transformación al interior de la Procuraduría General de la República, que derivará de la reforma que se encuentra a discusión en este momento, resulta prioritario para el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción. Como todos saben, el 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que tenía como objeto, entre otras cosas, dotar de autonomía al Ministerio Público a través de la creación de la Fiscalía General de la República. Es de resaltar que la Fiscalía General contaría con dos fiscalías especializadas, una en materia de delitos electorales y la otra en materia del combate a la corrupción, que es la ley que hoy nos ocupa. En congruencia con dicho proyecto, y en cumplimiento con lo que establece el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de combate a la corrupción, nuestra colegisladora elaboró las reformas objeto de este dictamen. En función de ello coincidimos en la necesidad de modificar la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República en lo que se refiere a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, armonizando las competencias de dicha Fiscalía con lo establecido a nivel constitucional, garantizando su autonomía e independencia técnica y estableciendo las competencias, facultades y límites propios de una institución como la esperada. Además, se constituye a esta Fiscalía Especializada como un órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los delitos que la ley considera como delitos en materia de corrupción. La reforma faculta a la Fiscalía para participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y es de subrayar que se le otorgan atribuciones para coordinar y supervisar la actuación de la Policía de Investigación. Una institución con las atribuciones de esta Fiscalía no debe ser un ente aislado. Por ello reconocemos las atribuciones que le confieren para instrumentar mecanismos de colaboración con este diseño e implementación de estrategias, líneas de acción, proyectos, estudios y programas permanentes de información y fomento de la cultura de la denuncia y de la legalidad. Nueva Alianza no pasa por alto la capacidad que se le confiere para conducir líneas de investigación que contribuyan a la obtención de datos o medios de prueba vinculados con los delitos de prevención, de corregir y de sancionar en materia de corrupción. No es de menor importancia que en él se establezcan los requisitos para ser titular de la fiscalía y señalar que tanto él como su personal de confianza, agentes y peritos miembros que se encuentren ahí adscritos estarían sujetos a su régimen especial, con excepción de las previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En apego a nuestra convicción de fortalecer el ejercicio cotidiano de la transparencia, con nuestro voto a favor contribuiremos a la consolidación del sistema nacional anticorrupción, a través del ejercicio afianzado de una fiscalía como la que hoy aprobaremos. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.