La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la glosa de un informe de gobierno como ejercicio de rendición de cuentas, implica realizar un análisis exhaustivo más allá de cifras alegres que maquillan realidades que no gustan. Es decir, es una oportunidad para examinar con responsabilidad los resultados obtenidos para corregir lo que todavía hoy no funciona. Al respecto, antes debe recordarse que una de las promesas más importantes del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, avalado por la mayoría legislativa de esta soberanía, fue alcanzar un crecimiento del 6 por ciento, así como un promedio anual del 4 por ciento. Sin embargo, en los primeros nueve meses de esta administración federal pasamos del 2 por ciento al nulo crecimiento. Como si esto no fuera suficiente, varios especialistas estiman un crecimiento menor a 1.3 por ciento para el siguiente año fiscal 2020. El estancamiento de nuestra economía no es casualidad, tiene su origen en las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo en sus primeros meses de gobierno. Hablo de decisiones que en esta misma tribuna ya he señalado anteriormente, como la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; la centralización de la compra de bienes y servicios; el freno excesivo al gasto gubernamental; la adjudicación directa de tres de cada cuatro contratos; la cancelación de programas claves para la participación laboral de nosotras las mujeres, como estancias infantiles; diminución de obra pública en estados y municipios, así como el recorte presupuestal a rubros esenciales, como ciencia y tecnología, cultura, economía y desarrollo rural. Además del cero crecimiento, los otros datos que nosotros tenemos también indican que la generación de empleos de enero a agosto presenta una baja de 47 por ciento en comparación al año pasado. No solo eso, el desempleo creció de 3.3 a 3.5 por ciento, así como la subocupación que incrementó de 7 a 7.6 por ciento, según el Inegi. Por otra parte, los 197 mil millones de pesos de subejercicios han impactado negativamente la inversión. Por ejemplo, la reducción del 16 por ciento del gasto en infraestructura pública. En los primeros seis meses de este año se ha reflejado en el peor semestre para la industria de la construcción desde 2009, con una caída del 5.6 por ciento, también según datos que tiene el Inegi a junio de este año. A pesar de toda esta evidencia, todavía no vemos un giro de timón. Hace unos días recibimos el paquete económico 2020. Sin embargo, en un primer análisis encontramos nuevamente decisiones preocupantes, vemos reducciones presupuestarias a desarrollo rural, con el 32 por ciento menos; en economía, 34 por ciento menos; infraestructura, turismo. Incluso, se recorta nuevamente la mitad de los programas que favorecen a los trabajadores y a las trabajadoras, como Escuelas de Tiempo Completo. El gasto federalizado también es menor, lo que impactará en el desarrollo de proyectos para estados y municipios en materia de educación, infraestructura social y seguridad pública. Señoras y señores legisladores, si no hay gasto público, si no se incentiva la inversión ni se estimula la creación de empleos, no habrá crecimiento económico y, por lo tanto, no habrá desarrollo ni justicia social. Porque si no se genera riqueza, ¿qué vamos a distribuir? Aún estamos a tiempo de corregir el rumbo en la discusión del paquete económico 2020, para construir un presupuesto que permita atender las necesidades más profundas de los habitantes de este país, en el que no se descuide la educación, la ciencia y tecnología, la seguridad, el gasto social y, por supuesto, ni la infraestructura que es parte determinante para el desarrollo económico de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.