La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias presidente. Pues dicen que van a agilizar los procedimientos para realizar juicios políticos o declaración de procedencia a los servidores públicos y eliminar los privilegios de responsabilidad penal del presidente de la República. Sin embargo, hoy Morena y sus aliados violentan una vez más la ley. Una vez más le mienten al pueblo, porque ambas afirmaciones son falsas y están muy lejos de lograr ese objetivo. La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982 ha sido modificada unas 11 veces desde entonces. La última en 2016 en el marco de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que derogó diversos artículos relacionados con la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, dejándola únicamente vigente para aquellos procedimientos relacionados con el juicio político y la declaración de procedencia. Están pretendiendo actualizar una ley que contiene procedimientos previstos hace más de 30 años y eso requeriría un análisis serio a la luz de la legislación actual. Lo que nos están poniendo sobre la mesa es una copia de la ley vigente, con adecuaciones que, en vez de agilizar procedimientos, solo generan incertidumbre, pero también reflejan su intención de usar la figura de juicio político y declaración de procedencia como herramientas de persecución política. ¿Por qué lo menciono? Veamos el proyecto. Atentan abiertamente contra el federalismo con una redacción inconstitucional, quieren imponer a los Congresos locales lo que su mayoría decida, violentando la autonomía de los estados. Pretenden que el juicio político y la declaración de procedencia se inicien con datos o indicios como elementos de prueba y esto vulnera principios elementales como la presunción de inocencia, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos. En su afán autoritario pretenden que el pleno actúe como órgano revisor de la Sección Instructora, la cual decide con base en procedimientos y pruebas establecidos en la ley. Ah, pero si la Sección Instructora resuelve que no hay pruebas suficientes para determinar la responsabilidad, el pleno con su mayoría podría cambiar esta resolución vulnerando así garantías procesales a las que toda persona tiene derecho. Pretenden también eliminar el riguroso turno que obliga a la Sección Instructora a resolver en el orden en el que le son turnados los asuntos. Y ustedes quieren dejarlo a capricho. Pretenden que todas las actuaciones del procedimiento del juicio político y la declaración de procedencia sean inatacables y esto vulnera la tutela jurisdiccional efectiva, pues evitaría que las personas puedan defenderse de esas arbitrariedades, si ustedes, que casi no les pasa, ¿verdad?, notifican mal o realizan procedimientos erróneos. Por lo que se refiere al procedimiento para acusar penalmente al Ejecutivo federal, pretenden mantener esta mentira que han construido de que hoy el presidente no tiene fuero. Eso es mentira, la Constitución establece que, para proceder contra él, primero se realiza un procedimiento aquí en la Cámara y luego en el Senado, que con sus dos terceras partes tendría que decidirlo. Eso, señoras y señores se llama inmunidad procesal. Preocupa también que su proyecto de dictamen ni siquiera está acorde con nuestra legislación actual. ¿A qué me refiero? En 2013 se aprobó la Ley General de Víctimas, con el objetivo de visibilizarlas, reconocer sus derechos. Y, en 2014, se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, con una visión garantista y que procura salvaguardar el derecho de las víctimas. Este dictamen ni siquiera lo menciona. Pareciera que se les pasó, a pesar de que hace poco un diputado federal, por cierto, de la mayoría, violentó a un menor y hoy está preso. También, a pesar de que la elección consecutiva se realizó apenas este año, el dictamen que nos presentan no menciona nada sobre aquellos funcionarios que logran su reelección. Compañeras y compañeros, los diputados del PRI votaremos en contra de este dictamen, porque creemos que, en un sistema democrático e institucional, es inadmisible aprobar un instrumento político cuyos vacíos legales y deficiencias representan un riesgo para la vida política y la gobernabilidad del país. Estamos aquí para crear leyes que sirvan a la gente, bien pensadas, debatidas, producto de deliberaciones y de parlamentos abiertos. No nos prestamos a legislar con el sello de la sumisión, que caracteriza a la mayoría oficialista, aprobando leyes hechas a modo, con prisas, con errores, que las convierten en normas impugnables y, por tanto, inservibles.