El diputado Ramón Bañales Arambula: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Un saludo a los que nos ven por el Canal del Congreso, el día de hoy vamos a presentar una iniciativa de interés para todos los mexicanos. Quiero agradecer a mis compañeras diputadas y diputados que suscribieron la presente iniciativa. Con la venia de la Presidencia y de la Mesa Directiva, el día de hoy vengo a presentar esta iniciativa que es producto de una inquietud personal, pero también del reclamo de muchas personas que día con día trabajan en la vida privada del país y que buscan mejores condiciones laborales para ellos. En fechas recientes se ha señalado que diversos funcionarios públicos y algunos representantes populares derrochan el dinero del erario público sin control ni rendición de cuentas. Cuando el gasto de los recursos públicos es ilegal, se debe combatir hasta llevar frente a la justicia a quienes han traicionado la confianza de la gente. Sin embargo, el ocasiones el malgasto de los recursos públicos se genera a través de entramados legales que permiten el otorgamiento de bonos, pagos extraordinarios y demás prerrogativas que superan considerablemente que se otorgaría a cualquier trabajador en el servicio privado o, digámoslo más claro, el que se otorga al personal operativo de las propias dependencias públicas. Por ello, es urgente tomar medidas que pongan fin a estos fenómenos que solo muestran una profunda indolencia ante la situación económica que padece la mayoría de los mexicanos. Es cierto, ante la compleja situación económica que vive México y el mundo, muchas instancias de gobierno federal, estatal y algunos organismos públicos descentralizados o autónomos, han tomado medidas de austeridad extraordinarias. Estos esfuerzos sin duda son plausibles y de reconocerse, pero son insuficientes. Por mencionar solo algunos datos, la revista Expansión publicó recientemente que las prestaciones extraordinarias de los trabajadores, sin contar con los sueldos, equivalen a dos por ciento del gasto total del gobierno, que es del orden de 95 mil 260 millones de pesos. Estas percepciones extraordinarias se insertan en rubros que la mayoría de los trabajadores no pueden presumir como ayuda económica para uso de vehículo, ayuda para juguetes, dote matrimonial o incluso compensación por vida cara. No obstante, nuestra Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y los lineamientos que establecen medidas de austeridad en el gasto de la administración pública federal dispone que el gasto deberá enfocarse para cumplir en tiempo y de modo eficiente los objetivos de los programas. Estos instrumentos reiteran que el ejercicio del Presupuesto debe considerar medidas de racionalización del gasto que se destina a las actividades administrativas de apoyo sin que sea afectado el cumplimiento de los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos. Con los lineamientos se han tenido avances: se limitaron los viáticos nacionales e internacionales, pasajes, gastos de alimentación, telefonía celular, congresos, convenciones y otros eventos de las dependencias y entidades de la administración pública. No obstante, en un contexto de austeridad la ley también debería de establecer mecanismos de mesura en todos los planos de la operación con recursos del erario. Por eso la iniciativa que presento persigue el objetivo de reformar la fracción V del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para eliminar el otorgamiento de bonos y percepciones extraordinarias a los mandos medios y superiores que laboren dentro de la administración pública federal. Por supuesto, no se pretende afectar derechos laborales adquiridos ni mucho menos al personal operativo de la administración. En este último caso, serían autorizadas las percepciones consistentes en incentivos y pagos relacionados con el cumplimiento de metas sujetas a evaluación, y por supuesto, pago de horas de trabajo extraordinario. En otras palabras, le permitiría el otorgamiento de estímulos e incentivos de productividad, justificados por los resultados obtenidos, y por supuesto, limitado a los servidores públicos de carácter operativo. Insisto, esto lo quiero dejar muy claro, mi propuesta es para disminuir los costos de la burocracia de alto rango en el Poder Ejecutivo de nuestro país; en ningún sentido afecta a los trabajadores. Por ello la nueva normatividad cree aplicable a las nuevas contrataciones de la administración pública a fin de no afectar en ningún sentido los derechos y la estabilidad laboral de los funcionarios contrataos con anterioridad a la eventual aprobación de esta propuesta. Compañeras y compañeros, debemos continuar con las medidas que equilibren los ingresos de los funcionarios y la alta burocracia; debemos de impulsar medidas incluyentes y progresivas por la equidad y justicia laboral; debemos reducir la brecha entre mandos y operativos para dignificar la función pública. Por ello agradezco el apoyo que pudieran dar a esta propuesta, y los invito a suscribir esta iniciativa que sin duda vendrá también a dar respuesta a lo que la gente allá afuera cuando caminamos en nuestros distritos, nos demanda. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.