El diputado Rodrigo Chávez Contreras: Con su venia, diputado presidente. Yo me voy a referir solo al dictamen en discusión. Compañeras diputados y compañeros diputados, el derecho a la vivienda se recluye como uno de los derechos humanos fundamentales en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Se establece el concepto del derecho a una vivienda digna y adecuada, es decir, que estas viviendas se ubiquen en espacios plenamente equipados, dotados de servicios urbanos, accesibles, con espacios que le permitan la comunicación vecinal y que sean habitables, funcionales y seguros. Derivado de la constante migración del campo a las ciudades, el número de habitantes de localidades urbanas ha ido en aumento en las últimas décadas. De acuerdo con el Inegi, desde el año 2010, el 78 por ciento de la población en México, habita en zonas urbanas, mientras que el promedio mundial se ubica alrededor del 50 por ciento. Un reporte del programa de Naciones Unidas, para los asentamientos humanos publicado el año pasado, arroga datos preocupantes, afirma que la población urbana en México se duplico en los últimos 30 años, pero la superficie de sus ciudades creció 7 veces en promedio. El crecimiento desordenado de la vivienda en las ciudades nos ha llevado a construir zonas urbanas disfuncionales, que generan espacios marginados y en completa miseria. La gran demanda de suelo para la construcción de vivienda, la ocupación irregular de la tierra, la voracidad de los desarrollos inmobiliarios, la falta de planeación, así como la corrupción, son factores que han permitido el avance de desarrollos inmobiliarios, muchos ellos, carentes de la suficiente infraestructura y equipamiento urbano para la salud, educación cultura, deporte, transporte, recreación, incluso, los más elementales servicios como es el agua. Estos constituyen los principales ejes de la problemática, para lograr un desarrollo urbano más equitativo y sustentable. Lo anterior, ha permitido asentamientos en zonas de reserva ecológica, incluso, en áreas de recarga de mantos acuíferos y tierras dedicadas para la agricultura, con lo que se reduce la permeabilidad del suelo e incrementa el volumen de los escurrimientos, los cuales, frecuentemente generan grandes inundaciones. Un claro ejemplo de ello, de esto, es lo que ocurrió tras el paso de los fenómenos naturales Ingrid y Manuel el paso mes de septiembre. En varias entidades del país, quedo en evidencia el desorden, la mala planeación urbana, la falta de control y desconocimiento de las zonas en que se han otorgado permisos de construcción, probando con esto, no solo daños en la naturaleza, sino que ponen en riesgo la integridad física de los habitantes de estas poblaciones. Otro ejemplo, es el crecimiento de la zona metropolitana de Toluca, cuya población se incremento en tres puntos tres veces en los últimos 30 años, de 534 mil habitantes a un millón 471 mil habitantes. Mientras que la mancha urbana, creció 25.3 veces, de mil 295 hectáreas a 32 mil 755 hectáreas. Esta falta de planeación, ha traído también consecuencias económicas y sociales, tal es el caso que ocurre a lo largo del territorio nacional, donde según cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda, existen más de cinco millones de viviendas abandonadas en el país debido a varios factores: Lejanía de su fuente de trabajo, la falta de servicios básicos y por riesgo e inseguridad que muchas de ellas representan, así como de la incapacidad de pago de quienes adquieren una vivienda a través de un crédito. Hoy en día es imprescindible una adecuada planificación impulsando la creación de ciudades sustentables que generen el menor impacto ambiental posible. En este contexto es necesario crear, convenir y coordinar políticas y acciones en materia de uso de suelo, ordenamiento territorial, planeación urbana y vivienda digna entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios, procurando el aprovechamiento y explotación racional de los recursos naturales y en las ciudades del medio ambiente, así como también fortaleciendo la participación ciudadana. El presente dictamen apunta en ese sentido, pues pretende incluir en los objetivos de la política nacional de vivienda la corrección de disparidades regionales derivadas del crecimiento desordenado de las ciudades, la coordinación entre zonas urbanas y vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, así como fomentar la colaboración entre municipios y entre instancias de distintos órdenes de gobierno. Por lo anteriormente expuesto, los diputados de Movimiento Ciudadano estamos a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Vivienda. Es cuanto, diputado presidente.