El diputado Marcelino Castañeda Navarrete: Las funciones parlamentarias de control sobre otros Poderes y organismos autónomos del Estado son de la mayor relevancia. Una de estas funciones es precisamente el control jurisdiccional que las Cámaras del Congreso ejercen a través del juicio político y la declaración de procedencia. Corresponde al Poder Legislativo fiscalizar y controlar las acciones que ejerce el gobierno a través de los servidores públicos. El Título Cuarto constitucional especifica cuál es la atribución del Congreso en materia de responsabilidad política y penal, compartimos la intención de actualizar estas normas, agilizar la aplicación de los procedimientos que ahí se describen e incorporan disposiciones acordes con el sistema penal acusatorio. Por supuesto, también estamos de acuerdo en la necesidad de fortalecer estos procedimientos para hacer efectiva la función de control de este Congreso. Sin embargo, esta actualización no puede avasallar el proceso legislativo por el que debe de conducirse la creación normativa ni contener disposiciones contrarias a las normas supremas consagradas en nuestra Constitución y precisamente de ahí viene nuestra oposición al presente dictamen por los vicios, los procedimientos de origen pues no debieron de tratarse en este pleno sin haber pasado por alguna comisión de esta legislatura. La Constitución en el artículo 110 establece que son sujetos de juicio político los Ejecutivos de entidades federativas, diputados locales, así como los miembros de los organismos a las que las constituciones locales les otorgue autonomía por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de los recursos federales se enfatice que en este caso la resolución será una meramente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponde. De forma análoga el 111 constitucional, dice que para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Ejecutivos de las entidades las declaraciones de procedencia serán para efecto de que se comunique a las legislaturas locales para que en el ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponden. Sin embargo, en los artículos 22 y 35 del dictamen señale que la legislatura local debe de proceder en estricta observancia de lo decretado por la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, de aprobarse el dictamen en el sentido propuesto, el Congreso de la Unión violará estas competencias en las declaratorias de procedencia y en los juicios políticos de servidores públicos de gobiernos locales, así como los principios del federalismo. Por esta razón, el PRD votará en contra de este dictamen, en congruencia con la protesta formulada en la sesión constitutiva de esta legislatura. Sabemos la reacción de este partido en el gobierno a la crítica. Que este partido no acepta el diálogo ni el razonamiento. Nuestro partido está firmemente comprometido a luchar por erradicar la corrupción, pero no de manera discrecional ni para solapar a parientes ni amigos. Nuestra lucha es porque prevalezca el Estado de derecho y acabar con la impunidad, pero siempre al amparo de la ley y en estricta observancia del Estado de derecho. No a la elaboración de leyes por consigna. No a la persecución política, porque la justicia no se aplica de forma selectiva. Es cuanto.