El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El pasado 4 de noviembre, frente a integrantes de su gabinete legal ampliado y a muchos legisladores de su partido, el todavía presidente presentó su iniciativa y habló maravillas, al igual que en la presentación pública que hizo, el discurso demagógico sobre la competitividad y la transparencia en la obra pública tuvo una existencia efímera. Dos días después de la presentación de la iniciativa, es decir el 6 de noviembre, se dio cuenta de ella este pleno. Ese mismo día inexplicablemente todavía, el gobierno mexicano revocó de manera sorpresiva el fallo de la licitación del tren de alta velocidad México-Querétaro, ganada por un consorcio liderado por la empresa china Right Way Construction Corporation, propiedad del gobierno chino, y en el que figuraban tres empresas mexicanas vinculadas estrechamente al PRI y al todavía presidente, destacando la constructora Teya, que pertenece a Grupo Higa, a la cual se le asignaron obras millonarias por el gobierno del estado de México, a cargo del que todavía es presidente de México. El resto de la historia, incluyendo el cuento de la Casa Blanca obtenida a base de sudor y lágrimas, es ampliamente conocida por todo el pueblo de México. Es importante decir que en el 1 Bis, obviamente, aunque hablan de que van a incrementar eficiencia, eficacia y transparencia en la contratación ejecución de obra, nosotros lo que vemos es mentira y encubrimiento de la discrecionalidad y corrupción a través de la función legislativa utilizada en forma amafiada. Miren ustedes, dentro de las diversas reformas a la Ley de Obras Públicas destacan en este artículo 1 Bis el ámbito de aplicación de esta ley y a pesar del Compranet que tanto aquí publicitan, no se va a aplicar a las obras que se realicen para las obras y servicios relacionados con las mismas que contraten las empresas productivas del Estado y sus empresas subsidiarias, esto es Pemex y la CFE. Tampoco se va a aplicar a obras que requieran la prestación de nuevos servicios concesionados, entre los que se pueden mencionar el nuevo aeropuerto, telecomunicaciones y radiodifusión, mucho menos se va a aplicar a obras y servicios relacionados con las mismas, financiadas con fondos provenientes de créditos externos, otorgados al gobierno federal o con sus garantías por organismos financieros regionales o multilaterales. Tampoco se va a aplicar a obras que deban ser ejecutadas o prestadas en el territorio nacional, cuyos procedimientos de contratación y contratos sea necesario realizarlos en el extranjero. Ahí está la trampa en el 1 Bis y basta nada más revisar el Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 del todavía presidente, donde se puede ponderar la magnitud y alcance de la ley que hoy se aprueba en este mismo artículo 1 Bis. De la misma se determina su no aplicación en los sectores de comunicaciones y transportes, salud, desarrollo urbano, vivienda, turismo, sector hidráulico, como ya ha apuntado también a las inversiones a Pemex y a la CFE. Transparencia y competitividad que se abordan con la práctica discrecional de la asignación de obra, ¿a quién? A los amigos, a los socios encubiertos. Es el pago de la compra de la elección presidencial de 2012. Ninguna ley culmino, presidente bastará para garantizar la transparencia y competitividad, en tanto quien la impulse y la aprueba forma parte del juego, de la corrupción y del encubrimiento, en el cual el motor principal es Enrique Peña Nieto. Por eso no se puede votar esta ley a favor. Los diputados que estén a favor de eliminar la corrupción culmino, presidente la tienen que votar en contra. Es cuanto.