La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Para nadie es desconocida la situación que atraviesa el periodismo en México configurándose, en 2019, como el país de América Latina más peligroso para ejercer el periodismo, incluso, en peores condiciones que Afganistán y Paquistán, conforme al reporte la libertad de prensa en el mundo de 2019, de la organización internacional Reporteros sin Fronteras. Las personas que se dedican al periodismo o son defensoras de derechos humanos son víctimas de intimidaciones y corren el riesgo de ser asesinados a sangre fría, en medio de total impunidad. Por ello, y con la convicción de que debemos asumir la responsabilidad que cada uno tiene frente a esta tragedia, iniciamos en la Comisión de Gobernación un proceso legislativo de la mano de organizaciones y especialistas para revisar el marco legal, fortalecer el mecanismo de protección, derogar figuras anacrónicas y sentar las bases para garantizar realmente la libertad de expresión. Este proceso inició con la inscripción, el día 30 de abril de 2019, de la iniciativa de la Ley General para Respetar, Proteger, Garantizar y Promover los Derechos de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, presentada por las y los diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Población. A partir de ese punto, la comisión promovió la realización de audiencias de parlamento abierto, con siete mesas en las que se presentaron un total de 68 ponencias en las que se trataron temas tales como medidas de protección, medidas sociales, de prevención, acciones reactivas del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, actuaciones de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión y, sobre todo, la atención a las víctimas que han sido desplazadas de sus hogares para ser reubicadas en distintas zonas del país y poder recibir la protección del mecanismo. En ella se dio cuenta de las opiniones y propuestas presentadas por las personas académicas, especialistas, servidores públicos, integrantes de la sociedad civil organizada y ciudadanas y ciudadanos que acudieron a algunas de las reuniones que se celebraron entre julio y septiembre de 2019. Finalmente, el 12 de febrero de este año se entregó la relatoría y conclusiones del parlamento abierto que se llevó a cabo los meses de julio y agosto de 2019, de común acuerdo con la Comisión de Gobernación y Población y las organizaciones de la sociedad civil se consideraron realizar las modificaciones necesarias a la ley vigente y declinaron expedir una nueva ley. Esto, sin duda, es un verdadero proceso de parlamento abierto donde todos los actores involucrados nos sentamos en torno de una mesa, nos escuchamos y, además, incorporamos sus opiniones y, por ello, es muy importante reconocer en esta tribuna el trabajo realizado por la presidenta de la Comisión de Gobernación, la diputada Rocío Barrera y todo su equipo técnico que siempre ha tenido la voluntad para impulsar procesos de este tipo. Ese mismo día se planteó la ruta para la modificación de un paquete de 12 reformas a diversas leyes para garantizar la libertad de expresión y fortalecer la expresión de activistas y periodistas que fue presentado y del cual hoy nos encontramos frente a los dictámenes y a las reformas de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Un tema pendiente, fundamental en el paquete de reformas presentado, que fue turnado a la Comisión de Justicia y que será muy importante trabajar de la mano con nuestros compañeros legisladores, son las modificaciones al Código Civil en materia de daño moral, para que esta figura no sea utilizada para limitar la libertad de expresión de quienes hacen periodismo, como lo hemos visto en el caso del doctor Sergio Aguayo. Confío en que pronto alcancemos el consenso para que salga también ese dictamen. Finalmente, el 22 de septiembre de este año en curso, se aprobó al interior de la comisión el dictamen que hoy se presenta al pleno. Es muy importante señalar que, desafortunadamente, este dictamen se vio retrasado por una discusión que simple y sencillamente no debería haber tocado este dictamen, por todo el trabajo que tiene que ver con la desaparición de fideicomisos. Como ustedes saben, el pasado 6 de abril se publicó finalmente en el Diario Oficial el dictamen con el cual se eliminan los fideicomisos y, con ello no se deja un compromiso firme en garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Sin embargo, compañeras y compañeros legisladores, debe ser compromiso de esta Cámara de Diputados que cada año se asignen los recursos suficientes para que el mecanismo realmente pueda garantizar los derechos de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, porque eso es un trabajo, es fundamental para la democracia en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.