La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Compañeras y compañeros legisladores, las niñas y los niños son un grupo que por sus características, derivadas de su edad, se encuentran en condición de vulnerabilidad. Esta situación se demuestra en el grado de dependencia y el cuidado especial que requieren para desarrollarse de manera adecuada y sin que su vida u otros de sus derechos corran peligro. Dentro de las situaciones que agravan la condición de vulnerabilidad de nuestra niñez se encuentra la condición de migrantes. En ese sentido, sabemos que las niñas y los niños deben estar protegidos durante su infancia por sus familias, por la sociedad y por el mismo Estado, en virtud de que es necesario que se desarrollen en un entorno que les proporcione las herramientas y condiciones básicas para que puedan lograr una vida digna, así como garantizados todos sus derechos. Para nuestro instituto político, garantizar que la niñez mexicana tenga acceso a una educación de calidad que goce de buena salud, se desenvuelva en un ambiente libre de violencia y de explotación laboral, física o sexual es tarea fundamental. Y son solo algunos de los derechos que el Estado mexicano debe garantizar. Sin embargo, cada año aproximadamente, 300 mil niñas y niños abandonan sus comunidades de origen para emigrar con sus familias a otras entidades del país en busca de trabajo y mejores ingresos, son hijos de jornaleros agrícolas quienes trabajan de manera temporal en el campo. Muchas de estas niñas y niños tienen que trabajar en los campos para contribuir con el sustento familiar. Se estima que un 44 por ciento de los hogares de jornaleros agrícolas cuentan con al menos un niño o una niña trabajadora, lo que representa el 41 por ciento del ingreso familiar; dicha situación está relacionada de manera directa con la calidad de vida de los menores. Cifras revelan que alrededor del 42 por ciento de los niños y niñas que desarrollan estas actividades padecen algún grado de desnutrición; la mayor parte de las hijas e hijos de jornaleros agrícolas proviene de comunidades indígenas, por lo que la migración a los estados del norte del país representa para ellos cambios en sus costumbres, cultura e idioma, además de que debido a la constante movilidad no pueden contar con una educación de calidad. En Nueva Alianza estamos convencidos de que la educación es la base del desarrollo de una nación, siendo primordial garantizar el acceso a la misma de las y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, ya que muchos de ellos si es que asisten a la escuela, suspenden sus estudios debido a las complicaciones que significa el cambiar constantemente su lugar de residencia, lo que ahonda sin duda el rezago educativo en el país. Es por ello que nuestro grupo parlamentario votaremos a favor del presente dictamen, que pretende establecer la obligación de la Secretaría de Educación Pública, de diseñar, implementar y ejecutar un modelo integral de inclusión educativa para las y los hijos de jornaleros agrícolas migrantes, como un derecho humano de los mismos. Acceder a los servicios educativos provistos por los sectores público y privado, porque es nuestra obligación garantizar sus derechos y darles la oportunidad de desarrollarse plenamente con acceso a una educación que les permita detonar su pleno potencial. Es cuanto, presidente.