La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Gracias, presidenta. La pandemia del Covid-19 ha obligado a los gobiernos de todo el mundo a llevar a cabo una reestructuración en las finanzas públicas en un entorno de crisis de salud, de crisis de seguridad, y ante la evidente falta de recaudación tras el aislamiento y la parálisis financiera por la que atraviesa la economía. En México llegamos a la pandemia después de un 2019 con cero crecimiento, y con golpes certeros de apoyos a diferentes sectores y familias en situación de vulnerabilidad. Igual, niñas y niños con cáncer que jefas de familia o madres trabajadoras, que víctimas, que mujeres violentadas, que defensores de derechos humanos o campesinos, todos, todos fueron recortados con la misma tijera. Sin la garantía de un presupuesto federal, la última alternativa se tiene en los programas, en las obras públicas o en las acciones que emprenden los estados y los municipios. En estos primeros dos años de gobierno las participaciones de estados y municipios se han visto afectadas, limitando su actuación en un afán centralista, pero también violentando el pacto de coordinación fiscal. Sinaloa, tierra productiva y de gente de bien, a la cual tengo el honor de representar en esta Cámara, sufrirá si así se aprueba aquí una disminución de casi 2 mil millones de pesos en gasto federalizado, más lo que se sume en los Ramos 28 y 33, lo que impactará negativamente y con ello se vendrán abajo muchos de los programas que opera el gobierno estatal y con ello el beneficio a muchas miles de sinaloenses. Como todos los estados de la República, será la sociedad la que resentirá este impacto y frenará su necesario crecimiento y desarrollo. Las participaciones a estados y municipios no corresponden a las necesidades de las entidades, ni de la sociedad, e imposibilita fortalecer su capacidad de respuesta en educación, en salud, en infraestructura básica, entre otros. Es decir, tenemos un gobierno federal que ni trabaja, pero tampoco deja trabajar a los estados y a los municipios. Y por si fuera poco, irresponsable también resulta el hecho de que en medio de uno de los momentos más violentos que se han vivido en nuestro país, cuando el gobierno federal está presenciando un 2020, un nuevo récord de homicidios dolosos, una pandemia que, por cierto, que es la violencia, que no ha descansado en esta crisis sanitaria, con la penosa cifra de 161 mil 157 homicidios dolosos. En lo que va del año nada más van 704 feminicidios, más de 50 mil víctimas de robo, 1 millón 361 mil 735 delitos, tan solo en este año, 234 mil 42 víctimas. Y con todo este contexto deciden eliminar el Fondo de Seguridad, abandonando así a su suerte a los municipios. Hoy gobierna la indolencia, gobierna la incapacidad, la soberbia y el hambre del poder por el poder. Casi 20 años tuvieron para diseñar un buen proyecto de nación y hoy de cara a México no saben cómo dar resultados. Pareciera que viven en una realidad alterna, ciegos, ante las múltiples desigualdades que sus acciones profundizan día con día. Y además pretenden amagar financieramente a las 32 entidades federativas, a los 2 mil 458 municipios, y dejando sin recursos a los primeros niveles de gobierno, a los que están más cercanos a la gente, a los que mejor conocen sus necesidades. Porque no es lo mismo planear y decidir desde un escritorio que atender en el territorio las verdaderas necesidades de la gente. Este presupuesto es una irresponsabilidad más. Los estados y los municipios ya no aguantan más. Es por ello que propongo una modificación al decreto de Presupuesto de Egresos 2021 para subsanar los recortes realizados a las entidades federativas, a través de un instrumento que permita reorientar los subsidios no ejercidos por la federación hacia las entidades federativas. Esto es como una medida que va a ayudar a los gobiernos locales a incrementar sus ingresos y lograr, al menos, obtener los mismos ingresos federalizados que tuvieron durante este año. Además, propongo dotar de recursos a los subsidios en materia de seguridad pública, por un monto de 6 mil millones de pesos. Es decir 2 mil millones más de los que se están ejerciendo en este 2020. Finalmente. Si queremos proteger a las y los mexicanos debemos fortalecer las finanzas públicas de estados y de municipios. Y en materia de seguridad necesitamos fortalecer las policías estatales y las policías municipales, no desmantelarlas. Es cuanto, presidenta.