EL DIPUTADO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS (P.T.): Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna a plantear un Punto de Acuerdo en torno al espionaje telef6nico que se viene practicando en nuestro país con claros propósitos de chantaje e intimidación. Obtener informaci6n por medios ilícitos se ha convertido en un instrumento favorito para quienes tienen los recursos y la tecnología ligada a tales fines; no les ha importado el escándalo ni el rechazo de la poblaci6n a estas acciones, está claro, su interés más inmediato es sacar ventajas a los competidores en todos los ámbitos, se trata de obtener ganancias económicas y pol7ticas del asunto en cuesti6n. No hay dudas, el espionaje telef6nico se ha convertido ya en un uso común y generalizado en la sociedad mexicana, la seguridad en el área de las telecomunicaciones se ha vulnerado pero al mismo tiempo se ha vuelto un negocio jugoso para quienes tienen acceso al equipo electrónico correspondiente con fines de monitoreo y espionaje. Sin embargo, frente al quebranto de la Ley vigente, estamos obligados a dar una respuesta firme e inmediata para desterrar este proceso que amenaza con volverse una práctica nefasta que si la dejamos continuar terminará por coartar la privacidad de los ciudadanos mexicanos y dará ventajas a unos cuantos, Justo es decirlo, los gobiernos priístas han sido los primeros en violar la ley al haber iniciado el espionaje telefónico a través del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN dependiente de la Secretaría de Gobernación, con objetivo de control político por medio de la intromisión sistemática a los medios de comunicación propiedad de particulares violando en ello el derecho constitucional a la intimidad de todos los mexicanos, Como el espionaje telefónico es un evento que va creciendo rápidamente en nuestro país es importante que el Congreso de la Unión elabore y apruebe leyes que regulen la venta de aparatos electrónicos destinados al monitoreo y espionaje electrónicos. Las seguridades de las telecomunicaciones se vuelve hoy más que nunca una exigencia nacional para evitar que unos cuantos obtengan beneficios de todo tipo a costa del resto de la población. No podemos dejar de mencionar que las propias decisiones de los gobernantes corren el peligro de ser influ7dos por los grupos de presión a través del oportunismo de la información que proporciona el chantaje. Los recientes escándalos provocados por la intervención telefónica al equipo de colaboradores del Presidente Electo de México así como las intervenciones realizadas en el Estado de Tabasco a figuras públicas que tenían el claro propósito de obtener informaci6n privilegiada para influir en el proceso electoral de esta entidad muestran que en el chantaje político y la dominación del rival pueden arrojar beneficios políticos inmediatos que se traduzcan en coacción y sometimiento del competidor. Paradójicamente a los objetivos políticos que persiguen las intervenciones del gobierno para controlar a la población, también hemos visto cómo entre la propia tecnocracia gobernante existe el espionaje con propósitos definidos de tomar ventajas en el reparto del pastel burocrático de la Administración Pública. La conversación telefónica de la familia Salinas de Gortari difundida a través de la televisión mexicana, es una muestra evidente de que el espionaje telefónico opera hasta entre las altas esferas del poder político del país, pero también pone en evidencia que el resto de la población no puede ser ajena a estas prácticas ilícitas, Por todas las consideraciones señaladas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete al pleno de esta soberanía, con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente Punto de Acuerdo. Artículo Primero. Se propone al pleno de esta soberanía solicitar a las autoridades correspondientes prohiban la venta y el uso de los aparatos destinados al monitoreo y el espionaje electrónico, por violar la seguridad que debe existir en las telecomunicaciones de nuestro país. Artículo 20. Exigir a la Procuraduría General de la República la investigación de estos delitos y que integre las averiguaciones previas correspondientes para castigar a los culpables de tales ilícitos. Gracias compañeros diputados. (aplausos)