El diputado Socorro Sofío Ramírez Hernández: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, como representante de una de las regiones más pobres de este país, allá en la región de la montaña, donde se encuentran los municipios de menor índice de desarrollo humano, Metlatónoc, Cochoapa, por citar algunos ejemplos, vengo a expresar frente a ustedes y a compartir con ustedes la preocupación sobre el tema de los pueblos y comunidades indígenas. La lucha de los pueblos indígenas ha sido escrita a través del tiempo como una historia de despojos, de marginación, de olvido; como una historia donde se han reflejado las voces colectivas que no han sido escuchadas y que siguen clamando ese espacio de justicia; justicia social para los pueblos y comunidades más pobres, de mayor marginación de este país. Existe una realidad que no podemos ocultar, una creciente desigualdad y discriminación social que ha hecho altamente vulnerable a los pueblos y comunidades indígenas, mismos que se encuentran en condiciones de extrema pobreza, así también con educación de baja calidad. Niños que no tienen oportunidad de ir a la escuela; niños que no tienen la oportunidad de una alimentación sana; niños que tienen que emigrar con sus padres a los estados del norte en búsqueda de oportunidades para trabajar para el ingreso de sus familias; niños que por muchos años han sido olvidados y que consideramos que es el momento oportuno de regresar una mirada, una mirada generosa a los pueblos y comunidades indígenas. El artículo 2o. de nuestra Constitución Política refiere la necesidad de garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe intercultural. La Asamblea General de la ONU aprobó el 13 de diciembre de 2007 la Declaración Universal de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento internacional que debe armonizarse con nuestro marco jurídico, y que nos permita, en materia de educación indígena, mayores oportunidades para los pueblos y comunidades de la región de la montaña, del estado de Guerrero, y de todas las entidades federativas de nuestro país. También, compañeras diputadas, compañeros diputados, como lo refiere el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo en el capítulo educativo, está garantizado que la educación debe ser un derecho para todos y para todas, donde se preserven las lenguas, los usos y las costumbres. Más de 500 años de lucha nacional y seguimos esperando los espacios de oportunidad, de justicia social y oportunidades para los pueblos y comunidades indígenas. Las interrogantes son claras y es tiempo de preguntarnos si en realidad todos los pueblos indígenas de este país tienen acceso a la educación, en términos de igualdad y sin discriminación, ¿qué tanto contamos con términos y condiciones que faciliten la participación de los diferentes grupos sociales, con necesidades culturales y lingüísticas especiales en todos los niveles educativos? ¿En qué medida hemos incorporado en los planes y programas de estudio, la historia, la tradición, los usos y costumbres de nuestros pueblos originarios? El problema relacionado con la diversidad cultural y la educación indígena en México sigue imperando. Es necesario, compañeros diputados, que orientemos el desarrollo de las políticas públicas y de fomento a la interculturalidad. Es necesario que promovamos el reconocimiento pleno de los pueblos y comunidades indígenas. Las fuerzas políticas de nuestro país deben superar los tiempos de confrontación y amenazas de ruptura nacional, reconociendo que es el Congreso de la Unión la instancia suprema para encauzar las grandes transformaciones de nuestro país, el Poder Legislativo, tiene una gran responsabilidad histórica en la conformación de la educación actual, particularmente para la educación de los grupos sociales de menor índice de desarrollo humano, donde se encuentra la miseria desmedida sin oportunidades de vida. Ahí se encuentran los pueblos y comunidades indígenas y es tiempo de luchar por una educación digna. No debemos permitir la fragmentación social que acabe con la diversidad cultural de nuestra nación mexicana. Sigue pendiente la necesidad de superar múltiples problemas y limitaciones de los pueblos como la marginación, la pobreza, el olvido, el racismo, la exclusión de los diferentes programas sociales. Consolidemos las formas necesarias al marco legal en el tema educativo, comenzando por revisar el artículo 3o. constitucional. Por una mayor oportunidad de educación indígena en sus diferentes niveles de escolaridad, debemos fortalecer la creación de las universidades y preparatorias interculturales. Es tiempo, compañeras diputadas y compañeros diputados, de impulsar una verdadera educación indígena que respete y aproveche la sabiduría de los pueblos. Una educación indígena que facilite el acceso a los campos del conocimiento. Una educación que mejore nuestras perspectivas de desarrollo y eleve la calidad en nuestras filas. Una educación que respete la rica diversidad cultural y reivindique como parte de la identidad nacional la lengua, los usos y las costumbres. Una educación contra la explotación. Una educación contra la dominación cultural y contra la discriminación racial. Una educación que revalore nuestra cultura. Una educación indígena que ofrezca mayores oportunidades. Compañeras diputadas y compañeros diputados, como un referente comparto con ustedes una gran preocupación. La educación indígena ha tenido una disminución alarmante en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por citar un referente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2008, tuvo por este Congreso un presupuesto de 443 millones de pesos para la Dirección General de Educación Indígena. En el 2009, de manera inexplicable, el presupuesto lo disminuyeron a 261 millones de pesos. Y todavía en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el 2010, como una grosería y una bofetada a las esperanza de los pueblos y comunidades indígenas, el Presupuesto de Egresos, en el PEF, en el anteproyecto 2010, se está contemplando una disminución a 213millones de pesos. Consideramos, compañeros diputados y compañeras diputadas, que debemos sumar esfuerzos para que el Presupuesto de Egresos a la educación indígena, no quede en la propuesta del Ejecutivo de los 213 y quede, como un mínimo, en 443 millones, como estaba en el 2008. Compañeras diputadas y compañeros diputados, devolvamos a los pueblos y comunidades indígenas lo que les ha sido negado a través de los años: oportunidades de educación como parte de su desarrollo humano y consolidación de sus libertades. Queremos que la educación forme ciudadanos indígenas como Altamirano y Vicente Guerrero, originarios del estado de Guerrero ?por cierto?, que sean capaces de engrandecer y desarrollar al país en que vivimos. Muchas gracias.