La diputada Guadalupe García Velasco: Gracias. Con su venia, señor Presidente. La que suscribe, Guadalupe García Velasco, diputada de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre de integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos, y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Hacienda y Crédito Público para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de ley. El objetivo de esta iniciativa es establecer las modificaciones necesarias en la Ley del Impuesto sobre la Renta, para hacerla consistente con las disposiciones contenidas en el artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que permita la inversión en empresas dedicadas a realizar el reciclaje de residuos sólidos peligrosos y biológicos infecciosos, a la vez, que se impulse un uso más eficiente de los recursos naturales. La necesidad de una reforma fiscal ambiental como parte de una política sustentable de Estado, es indispensable para prevenir y revertir el deterioro y agotamiento de los recursos naturales en México; desafortunadamente no se ha podido avanzar más allá del enfoque tradicional de permisos, inspecciones y sanciones, esquemas regulatorios y no se han instrumentado de manera relevante la aplicación de instrumentos económicos, sin los cuales no será posible ejecutar los objetivos de política ambiental nacional. La adopción de los instrumentos económicos de forma integral con el resto de los instrumentos de la política ambiental, permitirían una mejor distribución de los costos y beneficios asociados al aprovechamiento de los recursos naturales. Esta iniciativa pretende formar parte de una nueva política ambiental que tiene además fundamento en el capitulo 8 de la Agenda 21, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, durante la Cumbre de Río de 1992, en la que se establece la necesidad de llevar a cabo planes económicos eficientes, socialmente justos y responsables y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas ambientales y de desarrollo, las que servirán como una estructura de planeación económica e igualdad de los mercados. Un desarrollo sano y equilibrado como parte integral del desarrollo sustentable, requiere el uso más eficiente de los recursos; la ecoeficiencia sólo es viable dentro de un sistema de mercado abierto y competitivo, en los cuales los precios reflejen, tanto los costos del medio ambiente, como los de otros recursos. Existen tres mecanismos que pueden ser utilizados para motivar al sector empresarial a internalizar los costos ambientales o limitar el daño al medio ambiente a través de otros medios como: las normas y controles, la auto regulación y los instrumentos económicos, éstos últimos tienen que ver con la intervención del gobierno en el mercado mediante mecanismos como impuestos y cargas a la contaminación, permisos de contaminación comercializables, sistema de depósito para devolución, bonos de rendimiento, créditos para el ahorro de recursos, precios diferenciales y provisiones especiales para amortizaciones. Para hacer efectivo el cumplimiento de los principios perseguidos en la Legislación Ambiental Nacional, relativos a que las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección al medio ambiente, así como el que establece: que quién realice obras u actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, están obligados a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique. Es condición necesaria incentivar a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales, a través de estímulos o compensaciones. La iniciativa que hoy se presenta sería complementaria de los instrumentos de regulación directa o también llamados de "comando y control", a fin de impulsar la aparición de industrias dedicadas a lograr una mayor eficiencia energética, realizar inversiones necesarias en equipo, cambio de tecnología y nuevos procesos que les permitan llevar a cabo un uso más eficiente del agua, reciclar desechos industriales y reducir o evitar emisiones a la atmósfera y de residuos sólidos y peligrosos, así como adoptar tecnologías más amplias para la generación de energía eléctrica por medio de fuentes alternativas. Teniendo en cuenta los compromisos ambientales internacionales adoptados por nuestro país, al haber firmado y ratificado, entre otros, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de Brasilia sobre el Manejo de Desechos Peligrosos y el Tratado de Libre de Comercio de América, esta iniciativa pretende dar los incentivos para una mayor participación del sector privado en la tarea ambiental. La reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1996, incorpora los instrumentos económicos dentro del capítulo de "instrumentos de política ambiental". La presente iniciativa no pretende abarcar todos los instrumentos económicos posibles previstos en la ley y se circunscribe exclusivamente a los incentivos fiscales sobre esta materia la ley establece. Artículo 21. "... se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios". Con excepción de la depredación acelerada de equipos anticontaminantes establecidos en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, debemos reconocer que no se han adoptado por parte de la federación iniciativas específicas con este propósito. Es decir, no se han diseñado y aplicado instrumentos económicos de carácter fiscal que incentiven la participación privada en materia de tratamiento de aguas residuales, reciclaje de residuos sólidos y municipales, generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas, entre otros. Esta iniciativa se encamina a promover las inversiones en la prevención, control y reversión de los efectos ambientales adversos, así como evitar el agotamiento de los recursos naturales. A continuación hacemos un breve diagnóstico del estado que guarda el deterioro ambiental en diferentes medios, que justifican las medidas propuestas en esta iniciativa: Suelos. Manejo y disposición de residuos sólidos municipales. De acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología, la generación de residuos sólidos municipales para el año 2000 era aproximadamente de 34 millones de toneladas, de las cuales 11 millones se localizan en ciudades de más de 100 mil habitantes. En 1996 se manejaron 8 mil 573 toneladas por día en sitios controlados. Es decir, únicamente el 10 por ciento del total de residuos municipales, ha tenido un tratamiento primario. Es lamentable la poca conciencia ambiental de la población y de las autoridades no solamente respecto de los riesgos para la salud derivados del manejo deficiente de la basura, sino además del desconocimiento de las posibilidades económicas para que cuando menos este manejo sea autofinanciable. Se encuentran registrados a la fecha 63 sitios para el manejo y acopio de los residuos peligrosos y no existe a la fecha solicitudes para la instalación de plantas con tecnología moderna como plasma o pirolisis; asimismo existe únicamente un solo confinamiento para la disposición final de estos residuos. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, menciona en su artículo 22 aquellas actividades que merecen ser consideradas como prioritarias para ser beneficiarias por estímulos fiscales. A pesar de que la legislación ambiental señala la conveniencia de establecer estos estímulos fiscales, no ha habido respuesta de parte de las autoridades ambientales, preocupadas fundamentalmente en políticas recaudatorias. Por ello, pongo a su consideración el decreto que adiciona disposiciones transitorias a la Ley del Impuesto Sobre la Renta: Artículo 1. "A partir del primero de enero del año 2006, se exime del pago de Impuesto Sobre la Renta durante un período de tres años a las personas físicas o morales que realicen de manera exclusiva o preponderante las actividades siguientes: 1). Acopio de residuos para su reciclado. 2). Reciclado y tratamiento de residuos sólidos y urbanos de manejo especial. 3). Actividades de remediación de suelos, tratamiento de residuos peligrosos biológico-infeccioso y/o tóxicos. 4). Todas aquellas consideradas prioritarias como contempladas en el artículo 22 bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La afección a que se refiere el primer párrafo será del 40 por ciento durante el primer año, 40 por ciento el segundo año y 20 por ciento en el último, tiempo durante el cual el beneficiario de esta deducción no podrá cambiar de giro o actividad. En caso de que dicho cambio sea a una actividad no incluida en los incisos anteriores, será acreedora a los créditos y sanciones fiscales establecidas en el Código Fiscal de la Federación. No se considerará la exención para efectos del cálculo de las utilidades de los trabajadores. Es cuanto señor presidente.