La diputada Ana Ruth García Grande: Muy buenas tardes tengan todos y todas ustedes. Con el permiso del pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para fijar posición respecto al dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativas al funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Estamos ante lo que se asume, como una reforma de gran calado. Una reforma relevante, dado que su data más inmediata de cambios constitucionales es el año de 1994. De ahí que destaquemos los cinco ejes temáticos en los que descansa la misma que son, a saber, el fortalecimiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como Tribunal Constitucional, el de cerrar el nepotismo, el tráfico de influencias, la corrupción y los conflictos de interés al interior del Poder Judicial, impulsar la carrera judicial y fortalecer la capacitación de sus integrantes, fortalecer la defensoría pública, un apéndice muy olvidado del sistema judicial, así como garantizar la paridad de género en la designación de juzgadores para abatir el desequilibrio actual. Aun cuando se ha dicho que trata de ser una reforma de gran envergadura, creo que no debemos dejar de lado los grandes temas que se recopilaron en las jornadas de parlamento abierto. Grandes temas nos pudieron dar la oportunidad de llegar a un producto más acabado, porque no son cosa menor. Destaco el caso de matizar la concentración del poder en la cúpula del Poder Judicial. Reglamentar la desvinculación del nombramiento del personal por parte de los jueces de distrito y qué decir del tema de la rendición de cuentas. Aun considerando, como ya se ha dicho acá, que pudimos haber hecho un ejercicio para una propuesta más acabada. Tenemos que decir que nos congratula el hecho de que se haya tocado este tema y que nos hayamos dado la oportunidad del análisis en las comisiones unidas, que fue amplio, que fue vasto y que se vio nutrido por la opinión de los especialistas. Porque si bien el presente proyecto nos propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga funciones propias, como ya se dijo en el tribunal constitucional y que conozca de manera exclusiva las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales como operan actualmente, dejando el tema de la resolución de los amparos en revisión a otras instancias, bueno, consideramos que esto viene y le da vigor al tema de la expedites en la justicia. Se precisa que en la Constitución lo que ya establece la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, en relación con la obligación de respetar los precedentes en el pleno o las salas, que emitan en sus sentencias. Esto consideramos que traerá como consecuencia una mayor claridad respecto del contenido de alcance que la interpretación del Poder Judicial realice en estos medios de control constitucional. Un tema que ha generado gran inquietud en la sociedad es el relativo a la reforma mediante la cual son designados los juzgadores. Y por ello creemos que resulta relevante el que se detalle en la Constitución que el ingreso a la función del juzgador será mediante el acreditamiento de los cursos que al efecto imparta la escuela judicial. Si bien es cierto que desde 1994 así ha operado, lo real y así ha trascendido en medios, es que no siempre se ha actuado de esta manera. Por lo que es necesario ser sumamente cuidadosos en que los exámenes de obtención del cargo juez de distrito no se vendan o se filtren a los interesados, pues ello, desde luego que genera inequidad respecto a otros participantes. Así, consideramos también que la Escuela de Formación Judicial, que sustituirá al Instituto de la Judicatura, no será más que un cambio de nombre si el Poder Judicial no cambia sus vicios y viejas prácticas. El mérito de esta reforma consiste en restablecer de manera expresa la facultad de los órganos para interponer controversia constitucional, y que no sea ya como ha ocurrido, por interpretación que el pleno, la Corte o las salas realizan para tenerlos como sujetos legitimados del ejercicio de este medio de control constitucional. Aun cuando en el Partido del Trabajo, en la fracción parlamentaria, consideramos que es un avance, también insistimos en que hay temas que requirieron mayor enfoque. Y vamos a darle seguimiento, en todo caso, a su implementación una vez que esto se avale, como se considera que va a suceder en esta sesión. Muchas gracias por su atención.