El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. Nuestro país tiene una gran experiencia en la organización de servicios de salud. Esto es cierto tanto para el caso de los servicios personales como para aquellos de orden colectivo, pero también para los públicos, los privados o los correspondientes al sector social. El mayor desarrollo de los servicios se ha dado en el sector público que cuenta con una amplia infraestructura y varios miles de trabajadores responsables de los programas de salud pública y los de atención individual. Existe una gran segmentación de las instituciones prestadoras de servicios y por lo tanto a la población a la que están dirigidos sus esfuerzos. Como es bien sabido las principales instituciones son la Secretaría de Salud y los Servicios Estatales de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE; pero existen otras de tipo federal, como es el caso de los servicios de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina o el servicio de Pemex, así como otras de tipo estatal y municipal, además de aquéllas del sector social, señaladamente la Cruz Roja Mexicana, con servicios primordialmente destinados a la atención de urgencias. Esta estructuración segmentada hace ineficiente el sistema, ya que existen distintos niveles de organización, aparatos burocráticos y administrativos duplicados e hipertrofiados y obviamente una enorme dificultad para establecer la coordinación que se requiere para este servicio. Consecuencia inmediata de esto es que no existe todavía cobertura universal, ni siquiera en el caso de los servicios esenciales y menos en los de hospitalización que, por otra parte, en ocasiones son subutilizados; a esto hay que añadir que existen casos en que alguien tiene derecho a los servicios de dos o tres instituciones y que además se utilizan los destinados a la población abierta. Además de este panorama, emerge el tema crucial de la portabilidad ciudadana y el derecho a la salud, así como la falta de precisión constitucional que este derecho tiene cuando se busca concretarlo como un derecho de todos, es decir, efectivamente ciudadano y universal y con firmes propósitos de redistribución y equidad. El sistema tal y como ha evolucionado hasta el presente ha impedido que esta circunstancia de universabilidad y equidad se vislumbre como una realidad, aunque sea de manera progresiva. Ha confundido la discusión central que debería ser la referente precisamente a los caminos para hacer operativa dicha universabilidad. Por lo que respecta a la atención médica proporcionada por los servicios privados de salud, recordemos que con frecuencia se trata sólo de atención curativa de tipo episódico, esto es, sin continuidad. Por otra parte, en el sector privado también se dan importantes deficiencias, entre las que sobresalen la enorme heterogeneidad en la calidad, sus costos, la baja cobertura que se alcanza y la tendencia creciente al modelo conocido como medicina administrada, el cual genera una distorsión de la realidad médico-paciente, con un predominio de los factores financieros y administrativos por encima de los de orden médico. Hay que agregar que hoy se dan la mano servicios de alta calidad numerosos, gastos catastróficos y un creciente uso de la medicina privada por parte de todos los sectores sociales. La automedicación y la dependencia de servicios no regulados y sin calidad redundan en el mayor empobrecimiento de los pobres que no tienen acceso a la seguridad social. Si bien es cierto que la mitad del gasto que en salud se efectúa en el país se origina en el sector privado, esto no corresponde con la fuerza de trabajo ni con la infraestructura disponible ni con el número de servicios que se prestan. Por cada cuatro médicos y enfermeras que se disponen en el sector público, existe uno en el privado. El número de egresados hospitalarios del sector privado asciende a menos del 40 por ciento del notificado en el sector público, en tanto que las cirugías únicamente representan el 28 por ciento. La dimensión del sistema público de atención a la salud salta al recordar que en las instituciones laboran 141 mil 865 médicos y 193 mil 770 enfermeras. Estos profesionales de la salud se distribuyen en miles de centros de trabajo en todas las entidades del país para la aplicación de los programas sanitarios y se cuenta asimismo con cerca de 20 mil unidades de salud, 18 mil 664 destinadas a la consulta externa y mil 150 para la hospitalización de pacientes. Ahora bien, y como ya lo hemos mencionado, el acceso a la salud se constituye como derecho fundamental consagrado en la Carta Magna, y por ello, el garantizarlo por parte del Estado debería de ser uno de los temas de mayor relevancia en su agenda de gobierno. La Ensanut reportó que la carencia social más prevaleciente en la población mexicana fue la falta de acceso a la seguridad social que para el 2012 aumentó en un 4 por ciento de lo reportado por el Coneval en el 2010. La Encuesta Nacional de Nutrición y Salud de 2012 identificó un decremento del 32 por ciento en la aproximación estimada del porcentaje de la población con carencia por acceso a la salud y del 31.7 reportado por el Coneval en el 2010, al 21.4 en el 2012. La reforma en esta materia establece que las cuotas familiares y reguladoras, que en su caso se establezcan, serán recibidas, administradas y ejercidas por los servicios estatales de salud a través de los regímenes estatales de protección social en salud conforme a lo dispuesto en las disposiciones reglamentarias de esta ley. La modificación abona una discrecionalidad en el uso de los recursos públicos en moneda o en especie, dejando la puerta abierta a la aplicación que determinen las disposiciones reglamentarias sin agotar que este gasto es solo para destinarse, específicamente al abasto de medicamentos, equipos y otros insumos de salud. Es cuanto, señor presidente.