La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados. El derecho a la vivienda ha sido históricamente reconocido en nuestro país y cuenta con profundas raíces y fundamentos que llevaron a plasmarlo en el propio cuerpo de la Constitución; primero, en su artículo 123, fracción XII, y posteriormente ya en una etapa de urbanización y desarrollo industrial más avanzada se crearon los principales organismos nacionales de vivienda. En 1963 el gobierno federal constituyó en el Banco de México el Fondo de Operación y Financiamiento Bancario a la Vivienda, Fovi, como una institución promotora de la construcción y de la mejora de la vivienda de interés social que otorgaba créditos a través de la banca privada. En febrero de 1972, con la reforma al artículo 123 de la Constitución, surgió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. En mayor de ese mismo año se creó por decreto el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, Fovissste, para otorgar créditos hipotecarios a los trabajadores del Estado, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, fue hasta 1983 cuando el derecho a la vivienda se elevó a rango constitucional y se estableció como una garantía individual, consagrándolo en el artículo 4o de la Constitución, en donde permanece desde ese entonces y ha adquirido la calidad de derecho humano. El derecho a la vivienda digna es de tal importancia que nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 25 hace mención expresa al derecho a la vivienda. No obstante, pese a los avances obtenidos no podemos mantenernos estáticos, pues este derecho no es una realidad para la mayoría de la población en nuestro país. Conforme cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su informe, el impulso al sector vivienda casi 36 millones de personas carecen de una vivienda digna en México. En su informe, la dependencia indicó que la tercera parte de la población del país carece de acceso a vivienda digna y más de dos millones de personas viven en hacinamiento. Ante estas preocupantes cifras se debe garantizar que el derecho a la vivienda se mejore, de tal manera que si la cobertura aún no se aplica de manera universal a toda la población, por lo menos se garantice que atienda la totalidad de los derechohabientes que lo requieren. El otorgamiento de un segundo crédito garantiza que quienes ya han sido beneficiados con un crédito inicial y obtuvieron una vivienda puedan mantenerla en óptimas condiciones, sobre todo si se considera que hay personas que recibieron este beneficio hace 30 o 40 años. En este sentido, no debemos olvidar que el eje de las políticas públicas en materia de vivienda debe tener un carácter predominantemente social, buscando ampliar el acceso especialmente a las familias de menores recursos, atendiendo sus necesidades, preferencias y prioridades a lo largo de su ciclo de vida. La propuesta del dictamen de la Comisión de Seguridad Social por el que se modifican los artículos 167 y 179 de la Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado, a fin de otorgar un segundo crédito a los derechohabientes cuando se cubra el primer empréstito y se tenga más de 18 meses de cotización al Fondo de la Vivienda, y que en todo momento respete el derecho de prelación de quienes no han disfrutado este beneficio sobre quienes ya lo han aprovechado, garantiza la operatividad financiera del Fovissste así como el efectivo cumplimiento del mandato constitucional para los trabajadores al servicio del Estado. En Movimiento Ciudadano creemos y apoyamos el derecho a las y los trabajadores de obtener una vivienda digna y que una vez obtenido cuenten con los medios necesarios para mantener su patrimonio con dignidad y en plena seguridad. Es por ello que las diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano apoyamos el sentido del dictamen mediante el cual se reforma la Ley del ISSSTE en sus artículos 167 y 179, porque de esta manera se amplía el ejercicio de los derechos de los trabajadores en materia de seguridad social, pues consideramos que es un paso importante hacia una verdadera implementación del derecho humano a la vivienda digna. Para terminar, compañeros, debo reconocer mi alegría y emoción por este logro para los trabajadores al servicio del Estado. Gracias por su atención. Es todo, diputado presidente.