El diputado Luis Carlos Campos Villegas: Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la asamblea. El suscrito, diputado federal Luis Carlos Campos Villegas, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía, iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 82 y los párrafos primero y tercero del artículo 84, ambos de la Ley Agraria, solicitándole, señor presidente, desde este momento, se sirva insertar íntegra la iniciativa en el Diario de los Debates, toda vez que presento en este momento solamente un resumen. Exposición de motivos Antecedentes Como es de su conocimiento, el 6 de enero de 1992 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la Asamblea Ejidal podría otorgar a los ejidatarios el dominio pleno sobre sus parcelas, previniendo que en el caso de la primera enajenación se respetaría el derecho de tanto o de preferencia. La Ley Agraria vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 26 de febrero de 1992, en sus artículos 81, 82 y 84 reglamenta la norma constitucional relativa, estableciendo el procedimiento mediante el cual se desincorporarían del régimen ejidal las parcelas, se otorgaría el dominio a sus titulares y, consecuentemente, del régimen de propiedad social pasarían a un régimen de propiedad privada regulado por el derecho civil. Consideraciones La nación y el campo mexicanos se enfrentan al reto de modernizarse para tener niveles competitivos mínimos, que le permitan resolver el enorme rezago del empleo y las desigualdades que subsisten en el medio rural. Es indispensable fortalecer a aquellas instituciones y mecanismos del derecho agrario que den seguridad y certeza jurídica a los ejidatarios y a los pequeños propietarios agrícolas para que puedan hacer productivas sus tierras. Con tales propósitos consideramos importante revisar los artículos 82 y 84 de la Ley Agraria vigente, en virtud de que su interpretación y aplicación han generado incertidumbre, contradicciones y conflictos que es necesario superar. El artículo 82 establece que una vez que la asamblea hubiere adoptado la resolución de que una o varias parcelas pasen al dominio del o de los ejidatarios, los interesados podrán, desde luego, asumir el dominio pleno sobre sus parcelas y solicitarán al Registro Agrario Nacional que las tierras de que se trate sean dadas de baja de dicho registro. El segundo párrafo del citado artículo establece literalmente: A partir de la cancelación de la inscripción correspondiente en el Registro Agrario Nacional, las tierras dejarán de ser ejidales y quedarán sujetas a las disposiciones del derecho común. En la práctica esta disposición ha generado interpretaciones y aplicaciones distintas en los diversos estados de la república, principalmente en cuanto se refiere al régimen patrimonial a que quedará sujeto el adquirente en virtud de su matrimonio civil, pues algunas autoridades han considerado que la adquisición inicial del dominio fue a título gratuito, por lo que no ingresa al régimen de sociedad conyugal, en tanto que otras estiman que la asunción del dominio pleno fue a título oneroso y en consecuencia, forma parte del patrimonio común de los consortes. Resulta a todas luces procedente modificar el texto del segundo párrafo del artículo 82, para aclarar y precisar que el dominio pleno de las parcelas se adquiere a título gratuito, facilitando así la aplicación del derecho común y del régimen patrimonial a que en su caso el adquirente esté sujeto en su vida matrimonial y conforme a la legislación civil de cada entidad federativa. Por lo que se refiere al artículo 84 de la Ley Agraria vigente, que reglamenta el derecho de preferencia consagrado en el artículo 27 constitucional para el caso de primera enajenación de parcelas sobre las que se hubiere adoptado el dominio pleno, esta disposición adolece de falta de precisión, que genera nuevamente problemas de interpretación jurídica y potencializa conflictos legales innecesarios entre los miembros del núcleo ejidal de población. Compañeros diputados, la iniciativa que pongo a su consideración busca agilizar el trámite del derecho de preferencia o del tanto que consagran la Constitución y su ley reglamentaria, en materia de primera enajenación de bienes que fueron ejidales y que están entrando al dominio pleno. Esta disposición se justifica por el fin de la legislación agraria de preservar y fortalecer los núcleos de población ejidales, pero que requiere con urgencia de precisiones y adecuaciones para hacerla operativa y que no constituya una carga de trámites excesivos y hasta imposibles de cumplir, que se traducen en detrimento de la productividad y bienestar de las comunidades. En mérito de lo expuesto, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión el siguiente Proyecto de decreto Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 82 y los párrafos primero y tercero del artículo 84, ambos de la Ley Agraria, para quedar como sigue: En el artículo 82, en su párrafo segundo, en la parte final, únicamente se agregaría la oración: entendiéndose para todos los efectos legales que el dominio pleno se adquiere a título gratuito. En cuanto al artículo 84, en su primer párrafo, se precisaría que la notificación que se menciona en dicho párrafo es la que se regula en el párrafo tercero del citado artículo 84 y en este párrafo tercero se indicaría y se corregiría, precisando que la notificación de referencia se hace al presidente del comisariado ejidal. Es cuanto, señor presidente.