El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: Muchas gracias, diputado presidente. Los derechos fundamentales garantizados en la Constitución, las posibilidades plenas e iguales de los ciudadanos y la participación en el gobierno de la república, es una base de la democracia y un ejercicio de la práctica republicana. Con este principio, eje rector del movimiento liberal, la principal preocupación del Congreso Constituyente del 57 fue la de garantizar el respeto a los derechos fundamentales del pueblo, adaptándose el reconocimiento de las garantías individuales como expresión fundamental de un Estado que pretendía proteger y fomentar los derechos y las libertades. El juicio de amparo se convertiría en el instrumento procesal que daría expresión y respuesta concreta a este diseño constitucional. Con la promulgación de la Constitución del 17, nuestro país incorpora el reconocimiento de derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales. Los derechos sociales hallaron un espacio de vital importancia en nuestra Norma Fundamental. Algunos de ellos fueron obteniendo en forma paulatina mecanismos y procesos especiales para su salvaguarda y defensa, como en los casos en materia laboral y agraria. Sin embargo ?y muy a pesar de sus méritos?, la Constitución social, como se conoce a nuestra Carta Magna, contiene una serie de insuficiencias que son incongruentes con la realidad actual y los postulados del constitucionalismo moderno. Me refiero a que los inspiradores del juicio protector de amparo en todo momento tuvieron presentes los derechos individuales, el ser humano en lo individual. Ése era el sujeto obligado de la garantía. Ésta, que había surgido para obtener un alto fin social, ahora sirve de fundamento para interpretaciones restrictivas a la hora de juzgar los derechos colectivos o difusos. Al considerar al ciudadano como individuo, únicamente así, como ajeno a otros, se restringen sus derechos al negar la posibilidad de asociarse y a exigir respeto a un entorno ecológico, a una acción del Estado o a un abuso de comerciantes, banqueros o corporaciones, porque se requiere de él una participación individual aún cuanto existan otros ciudadanos afectados por la misma o las mismas acciones. La norma actual resulta insuficiente para dar solución a esta nueva clase de fenómenos. Se deben construir nuevos mecanismos para defender los derechos de los ciudadanos que son agredidos o afectados en conjunto o de manera colectiva. Con el derecho de amparo no es posible en la actualidad hacer frente a diversas acciones que suceden cotidianamente. No hay poder hasta ahora que defienda tales derechos. Sin lugar a dudas las insuficiencias de nuestra Carta Magna tienen que ver también con lo relativo al acceso a la justicia. Este es un tema fundamental de la que ningún legislador puede apartarse. Esta expresión representa los medios gracias a los cuales los derechos se hacen efectivos. La aspiración legítima de un mayor acceso a la justicia está íntimamente relacionada con problemas sociales fundamentales, como son los que conciernen a la igualdad y el poder en una sociedad. Aspiración y exigencia enarbolada por la izquierda mexicana, que entiende que la tutela y protección jurídica de los derechos es el resultado de mucho más que un legado o un precepto. Es un compromiso del ser humano, que sus formas cambian en el transcurrir del tiempo, que la conciencia y el ejercicio de los derechos garantizados modifican los alcances de la democracia. Estas premisas nos llevan a señalar lo ineficaz que es actualmente el sistema legal. Su complejidad constituye una carga para el común de los ciudadanos y el de sus familias. Y con frecuencia induce a la parte económicamente más débil a aceptar injusticias o transacciones desventajosas. O bien, el costo del litigio inhibe con frecuencia a los ciudadanos a ejercitar sus derechos, ya que existe una gran desproporción con el objeto de la reclamación. Nuestro sistema judicial, lento, complicado, costoso y con frecuencia incomprensible para el ciudadano común, no es adecuado para enfrentar los conflictos de interés que enfrenta nuestra sociedad en el siglo XXI. El día de hoy, de corroborar ?como lo señalaron los grupos parlamentarios? estaremos dando un paso muy importante para la defensa de los derechos que, agrupados de manera colectiva, podrán defenderse. Quisiera terminar esta intervención haciendo un reconocimiento al doctor Juventino Castro, que fue pionero en lo que él llamó el amparo social. Y que sentó las bases para empezar esta discusión que hoy fructifica, así lo esperamos con la aprobación de la reforma de este artículo constitucional, que le permite a los mexicanos tener mejor y mayor acceso a la justicia. Muchas gracias.