El diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias. La Ley de Amnistía es una visibilización al estado de indefensión de las personas jurídicamente imposibilitadas para ejercer un derecho procesal porque se le negó la obligatoria constitucional de las garantías de audiencia y de legalidad. Es un salvamento sumario resarcitorio a la persona humana víctima del viciado sistema de justicia a lo que me he referido. Desde la cuarta transformación rechazamos la distorsión calumniosa por señalamientos de una abundante liberación de delincuentes, aducen hasta 300 mil, y entre más señalen, así será la magnitud del problema que vamos a resarcir. No permitiremos que un discurso político, lleno de mezquindad y antagonismo conservador desinforme e injurie permaneciendo ajeno a un sistema injusto y pretendiendo rescatar un posicionamiento opositor cada vez más agotado de argumentaciones. Esta es mi convicción. Mis convicciones no impiden que ejerza mi facultad para presentar la siguiente reserva. Sin duda, compañeras y compañeros diputados, nuestra Legislatura, la LXIV, es la que mayormente ha creado y formado leyes a favor de los pueblos indígenas y afromexicanos. Siempre voy a referirme con orgullo a lo que representa nuestro sistema de justicia indígena de la Costa Montaña de Guerrero, también a mi región Costa Chica, al ser la de mayor población afrodescendiente de México. Pues bien, de donde vengo hay gente y pueblos organizados. Es una región en la que a pesar de la diversidad de ambas culturas, podríamos decir que la Costa Montaña es una región entre el mar y la cordillera que conviven. Allá en los pueblos, la gente presta servicio para dar seguridad; han resistido el embate de la delincuencia y están amprados en la Ley de Reconocimientos, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas número 701, que a su vez constituye un sistema de justicia de derechos consuetudinarios que el gobierno de Guerrero busca abolir, por las mismas razones; es decir, por no converger con esa norma, a la que han llamado Caballo de Troya, en Guerrero han sido imputados cientos de indígenas y afromexicanos. Entre los casos más sonados por estos motivos están Arturo Campos, Gonzalo Molina y la propia Nestora Salgado, hoy senadora de la República. A pesar de recomendaciones de las Comisiones Nacional de Derechos Humanos y la Interamericana, además de criterios de los altos tribunales del país, que han resuelto que deben ser liberados los procesados que actuaron al amparo de la Ley 701, en su carácter de autoridad comunitaria indígena, apegada al sistema de usos y costumbres, reconocido constitucionalmente. La entrada en vigor de la Ley de Amnistía, que ya aprobamos, es la gran oportunidad para resarcir la persecución y la incertidumbre jurídica en que se encuentran quienes desde el 2011, abril de 2011, al entrar en vigor la mencionada ley decidieron actuar bajo su articulado, pero que unos todavía están presos y otros podrían estarlo en el momento en que se ejecute alguna orden de detención. Por lo que en casos así, bien podrían ser beneficiados por la amnistía. Es en razón de lo siguiente que mi reserva agrega, además: quien haya sido imputado por algún delito derivado de la actividad de brindar seguridad a su comunidad, apegado a sus sistemas de usos y costumbres. Es cuanto presidenta. Muchas gracias.