La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con su venia, señor presidente. Debido a que en las últimas décadas México ha sufrido un acelerado proceso de transformación a través del cual pasó de ser un país fundamentalmente rural a uno urbano y se incrementaron considerablemente los flujos migratorios del campo a la ciudad, la expansión desordenada de los centros de población urbana hizo cada vez más evidente y problemática la necesidad de regular este fenómeno que nos llevó a proponer reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con la finalidad de dar una respuesta a esta situación. Con la reforma en comento, se estableció que la Secretaría de la Reforma Agraria se transformaría en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Además, se determinó que la recién creada secretaría seguiría teniendo la responsabilidad de resolver los conflictos agrarios del país, vigilar el debido desarrollo de la propiedad agraria y mantener las políticas de conciliación con grupos campesinos en conflicto, del mismo modo que impulsaría, en todo el país, políticas para el crecimiento. La nueva secretaría tiene atribuciones para resolver los conflictos del campo, pero también deberá estar atenta a los conflictos que surjan en las ciudades, en las que por la falta de reserva territorial que aqueja a muchas localidades, el crecimiento urbano invade ejidos y comunidades, con lo cual se genera especulación y corrupción. Es decir, además de la materia agraria, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano se le transfieren las atribuciones que antes correspondían a la Secretaría de Desarrollo Social en materia de asentamientos humanos. En este tenor, los cambios descritos han implicado, de modo directo, en todo el contexto del orden jurídico, por lo cual se hace necesario sistematizarlo para darle coherencia. Tradicionalmente se expresa que toda norma prevista en el orden jurídico, que tenga carácter general, como es el caso de las leyes federales, leyes locales, los tratados o reglamentos, o bien tenga carácter particular, como por ejemplo, las circulares o decretos, deben contar con un respaldo, el cual será su fuente de validez. En este sentido, las normas deben ser siempre consistentes, siendo la norma inferior una que tendrá apoyo argumentativo en la superior y ésta en otra, y así sucesivamente hasta llegar a la Carta Magna. Así pues, para garantizar la coherencia y sistematización del derecho se deben establecer cambios específicos en las normas cuya validez fue afectada por las modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública. Por lo anteriormente expuesto, mi grupo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista expresamos nuestra total conformidad con el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, con la finalidad de armonizar lo establecido en ésta con las demás disposiciones jurídicas en las que se atañe a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Humano, con ello se adecuarían lógica y sistemáticamente las normas en comento, con los cambios realizados a la Ley Reglamentaria de la Administración Pública Federal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.