La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, el trato degradante con el objetivo de afectar y menoscabar la integridad moral y psicológica de una persona es una acción que debe ser tratada en la legislación mexicana, para poder desarrollar los elementos jurídicos óptimos que permitan coadyuvar en la cultura de la paz y la sana convivencia de las personas que interactúan en la relación institucional. El maltrato físico y psicológico continuado es una práctica que desafortunadamente en los últimos años ha tenido un instrumento en su violencia, hecho que ha alarmado a las autoridades judiciales y escolares, pues sus consecuencias sobre quienes la padecen son graves, las cuales van desde improductividad, problemas de identidad, de comportamiento social, traumas y lesiones, llegando en algunas ocasiones al subsidio de la víctima. Esta práctica se advierte principalmente en menores de edad que acuden a algún centro educativo. Sin embargo, sus vertientes pueden ser identificadas tanto en el ámbito laboral o cualquiera donde exista una colectividad. En el espacio escolar esta práctica es mejor conocida como el bullying, mientras que en el mundo laboral se le reconoce como el mobbing. Por otro lado, la directora del Centro de Atención a Víctimas del Delito de la Fiscalía Especial de los Delitos de Violencia contra las Mujeres y la Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, señaló que existen tres vertientes de bullying, las cuales pueden aplicarse en el mobbing, éstas son: física, psicológica y sexual. Las causas de este fenómeno son diversas, así como sus efectos entre los que destacan la desvaloración personal, el bajo rendimiento, la depresión, la inseguridad, somatización, afecciones físicas y problemas psicológicos irreversibles. Por tal motivo han surgido diversas propuestas provenientes de la sociedad civil e incluso de autoridades gubernamentales tales como la PGR, la cual a través de su director general de Prevención del Delito promovió el pasado 31 de mayo la tipificación de este delito en la legislación nacional. Lo anterior hace evidente la necesidad de adecuar la legislación mexicana, con el objeto de poder eliminar este tipo de prácticas, proteger a las víctimas y sobre todo prevenir y evitar conductas que desemboquen en consecuencias irreversibles. Para ejemplificar lo anterior hay que observar las siguientes cifras, las cuales exponen que este tipo de violencia la ejercen 8.8 por ciento de los niños en escuelas primarias, 5.6 por ciento en secundarias, además del 16.5 por ciento; de los jóvenes víctimas de este fenómeno termina suicidándose. De hecho, en el 2009, 190 adolescentes se quitaron la vida. Por otro lado, en lo que se refiere al área laboral preocupa el hecho de que entre 10 y el 15 por ciento de los trabajadores sufren violencia psicológica, según la Organización Internacional del Trabajo. Esta situación hace imperante una reforma legislativa que no sólo tenga un carácter punitivo, sino que prevea mecanismos preventivos en la Ley General de Educación. Lo anterior, reconociendo los esfuerzos realizados por esta Legislatura, que el 13 de abril de este mismo año aprobó una serie de modificaciones a la Ley General de Educación, las cuales tuvieron por objeto que los criterios, atribuciones, modalidades y principios del Sistema Educativo Nacional promovieran la cultura de la paz y previnieran los casos de violencia. Sin embargo, es pertinente que la legislación educativa contemple mecanismos que garanticen que los planteles educativos velen por los derechos de aquellos que forman parte de la comunidad escolar y que aseguren su sana convivencia. Este tipo de reformas legislativas han sido evidentes después del incremento de la violencia en los casos de delitos contra la integridad moral en distintas partes del mundo. Naciones como Chile, Colombia y España han logrado reformas legislativas integrales que les han permitido integrar este tipo de delitos en su legislación local. Por lo anteriormente expuesto, propongo a esta honorable asamblea el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación y del Código Penal Federal, relacionado con el maltrato psicológico. Artículo primero. Se reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación para quedar como sigue. Artículo 55. Las autorizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios... Fracción IV. Contar con un reglamento de orden interno que establezca las normas mínimas de conducta de las y los integrantes del plantel educativo, lo cual deberá garantizar su integridad física y psicológica, así como el justo procedimiento en caso de que se contemplen sanciones y dicho reglamento no podrá contravenir con lo establecido en la presente ley. Diputado presidente, como se me agotó mi tiempo, le solicito que el texto íntegro de la iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates. Por su atención, diputadas y diputados, muchas gracias.