El diputado Obdulio Ávila Mayo: Con la venia de la Presidenta, misma a quien le pido que se sirva insertar de manera íntegra la presente iniciativa, en virtud de estar ya publicada en la Gaceta Parlamentaria. El de la voz, diputado federal de la LX Legislatura del honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción II del artículo 71 de nuestra Carta Magna y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55, fracción II, y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de regular el denominado veto de bolsillo del Ejecutivo federal. El veto de bolsillo tiene vigencia en nuestro marco jurídico, en tanto que la Constitución no le establece al Ejecutivo federal la obligación de promulgar o regresar en un plazo determinado el proyecto de ley discutido y aprobado por el Congreso. En palabras más sencillas, se presenta cuando el Ejecutivo guarda en su bolsillo un proyecto de ley o de reformas como si ignorase haberlo recibido. A pesar de que en el tecnicismo jurídico el veto presidencial es considerado como el principal contrapeso del Ejecutivo frente al Legislativo, también es cierto que la falta de una regulación adecuada mantiene el riesgo latente de provocar que el ejercicio de este derecho se desvirtúe y se convierta en una costumbre perniciosa al Congreso de la Unión en rehén del Ejecutivo. La presente iniciativa coadyuvará para que la posibilidad de ejercer el veto de bolsillo no se constituya pues en una práctica nociva que confronte e impida la relación entre ambos Poderes y que en última instancia, deje en incertidumbre la publicación de proyectos de ley o de reformas que sean necesarios para el mejoramiento del orden jurídico nacional. Que la Suprema Corte de Justicia ya se manifestó en el sentido de que los congresos locales u órganos legislativos no restarían poder a los gobernadores o al jefe de gobierno, en el caso del Distrito Federal, se ordena la publicación de leyes o decretos cuando el Ejecutivo hago uso del denominado veto de bolsillo y no publica en los periódicos o gacetas oficiales las leyes o decretos de reforma que le envía el Legislativo. Además, debe tomarse en cuenta que varios países latinoamericanos tienen disposiciones constitucionales expresas sobre el veto suspensivo. Es decir, una ley que no ha sido vetada por el Poder Ejecutivo y que, sin embargo, no ha sido promulgada. Las constituciones de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá, Perú y Venezuela facultan al Presidente del Congreso, del Senado, para llevar a cabo la promulgación y la publicación, transcurridos los términos señalados en las mismas de aquella ley en la que se ha actualizado el supuesto. Los términos que estos países señalan oscilan desde las 48 horas que dispone la Constitución de Brasil, hasta los 30 días que delimita la Constitución de Panamá. El resto de los países que prevén esta disposición se pueden tomar, como un común denominador, los 10 días que tiene el presidente para llevar a cabo la promulgación y la publicación. El planteamiento esgrimido en el proyecto de reforma se encuentra inserto dentro del proceso de reforma del Estado, ya que su aprobación conlleva a la consolidación democrática, la cual exige necesariamente poderes públicos fuertes mediante una acción firme en el fortalecimiento de nuestras instituciones dentro de las mismas. En efecto, resulta justificable la necesidad de reformar el artículo 72 constitucional a fin de prevenir el acto suspensorio del Ejecutivo federal al no promulgar un decreto. Y por ello será necesario facultar al Presidente de la Cámara que lo remitió, a que ordene su publicación en aras de dar seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas. En este tenor, el proyecto de decreto que hoy presento establece la facultad de este Honorable Congreso General pueda llevar a cabo la publicación de ley o decreto cuando el titular del Ejecutivo federal, una vez ejercido su derecho de veto y siendo nuevamente aprobada la ley o decreto por el Honorable Congreso de la Unión, no publique la determinación de esta soberanía o, habiendo sido aprobado un decreto o ley, y no habiendo ejercido su derecho de veto, no haga la publicación correspondiente. En específico, la iniciativa establece que de no publicar el Ejecutivo federal una ley o decreto de reformas en un plazo de 10 días hábiles a partir de que la reciba, el Congreso de la Unión ordenará la publicación en lugar del presidente de la república. Lo anterior con el fin de darle certidumbre jurídica a las resoluciones que emita el Poder Legislativo y su entrada en vigor. Se trata de respetar el derecho que tiene el Ejecutivo federal y que éste respete las determinaciones que emita el Congreso de la Unión, que finalmente el presente proyecto de decreto previene y regula el acto suspensorio del Poder Ejecutivo de no promulgar un proyecto de ley aprobado por el Congreso, y podría aportar en generar un reequilibrio en las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Es cuanto.