EL C. DIPUTADO JULIO BOLTVINIK KALINKA: Con su venia señor presidente. El dictamen de la Minuta del Senado conteniendo Proyecto de Ley General de Desarrollo Social que hoy votaremos en este pleno, es fruto de un proceso político de negociación, llevado a cabo con la voluntad de llegar a un consenso entre todos los partidos políticos, tanto en la pasada Legislatura como en éste, y ello se refleja en su aprobación unánime tanto en el Senado como en la Comisión del Desarrollo Social de esta Cámara. Aunque el resultado está lleno de claroscuros las luces predominan sobre las sombras y, por tanto llamo a todos ustedes, diputadas y diputados de todos los partidos, a que hoy apoyemos unánimemente este dictamen. Destaco algunas de las luces más significativas que a pesar de las sombras, de las que sólo destacaré una al final, me lleva a dar mi voto favorable y a pedirles el suyo. En los Artículos 18, 20, 22 y 23 se establece que los programas, fondos y recursos para el desarrollo social no podrán sufrir disminuciones en sus montos presupuestales, que el presupuesto federal destinado al gasto social no podrá ser inferior, en términos reales, al del año fiscal anterior, y que se tendrá que incrementar cuando menos en la misma proporción en que se prevé al crecimiento del PIB. Además de limitar las reducciones y los recortes, la ley también limita las transferencias, al establecer en el Artículo 22 que las partidas para los programas de desarrollo social en el presupuesto, no podrán destinarse a fines distintos. Estos candados reflejan la lucha del sector social por protegerse de las arbitrariedades del todopoderoso sector económico. Estas formas presupuestarias constituyen una de las luces más brillantes de la naciente ley, de la presión de Cámara dependerá que estas normas, se conviertan en normas vivas y si no quedarán como letra muerta. Una segunda luz del proyecto que hoy votaremos, aparece en el Artículo 36 que señala: "Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la Definición, Identificación y Medición de la Pobreza, son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social". Esta disposición pondrá fin a la multiplicidad de métodos de identificación de los pobres que utiliza la Sedesol y que son al menos tres diferentes entre sí y contradictorios. El texto acierta también al establecer que las mediciones que lleve a cabo el Consejo Nacional de Evaluación deben hacerse cada año, a nivel de entidad federativa y cada 5 a nivel municipal, imponiendo al INEGI la obligación de proveer la información necesaria al efecto. Una tercera luz del proyecto que nos ocupa es la creación de dos organismos de coordinación: la comisión nacional de desarrollo social en la que participan los tres órdenes de gobierno y el Poder Legislativo y la comisión intersecretarial de desarrollo social, algo así como el gabinete social que integra a las dependencias más importantes del Ejecutivo en materia económica y social. Quiero destacar el carácter obligatorio para las dependencias del Ejecutivo Federal, de los acuerdos de la comisión intersecretarial y dos funciones muy importantes que a ésta se le asignan: recomendar medidas orientadas a hacer compatibles las decisiones vinculadas con las políticas de desarrollo social y las económicas y la segunda función: proponer las partidas y montos del gasto social que se deben integrar en el anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. En estas dos funciones está la simiente, sólo la simiente de la más radical reforma estructural , que ésta sí requiere el país, el fin del sometimiento de lo social a lo económico. Pero quizá la mayor luz de este proyecto radique en la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo descentralizado cuyo objeto es normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecuten las dependencias públicas y establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Tanto en la iniciativa de Ley de Desarrollo Social, que presentó la diputada Clara Brugada, de la LVIII Legislatura, como en la que presentó la senadora Leticia Burgos, en la LVIII Legislatura, ambas del PRD, se incluía una reforma constitucional para crear un organismo plenamente autónomo que se encargara de la medición de la pobreza y de evaluación de los programas sociales. Estas actividades debe llevarlas a cabo una institución autónoma para que puedan ser objetivas y neutrales. Las autoevaluaciones en cualquier actividad pero mucho más en la esfera política, se tiñen del interés propio y de la vanidad humana. Ser bien evaluado en la actividad que ha conducido, es percibido por todo político como condición para continuar exitosamente su carrera. Las autoevaluaciones ayudan por tanto muy poco a mejorar los programas sociales. La experiencia de las evaluaciones del PROGRESA y del OPORTUNIDADES, muestran también que no basta que quien lleva a cabo la evaluación sea un organismo independiente, un centro de investigación o una universidad por ejemplo, sino que además quien contrata al evaluador, el cliente, debe ser también un organismo neutral y no el ejecutor del programa. De otra manera, el ejecutor y cliente impone a través de la agenda por ejemplo, su propio interés. Algo similar pero a mayor escala, ocurre con la medición de la pobreza, la evolución de ésta se ha convertido en nuestro tiempo en el indicador más importante después del crecimiento del PIB para normar el juicio de la opinión pública sobre la calidad de la gestión gubernamental. La tésis de la autonomía plena del organismo encargado de esas tareas, sostenida sistemáticamente por el PRD, tiene fundamentos sólidos, seguiremos peleando por ella. Los diputados y diputadas del PAN y del PRI, no aceptaron la idea de la autonomía. Entre los polos de la autoevaluación y la autonomía plena, la solución de consenso a la que se llegó en el Senado, fue la de un organismo descentralizado cuyo órgano de gobierno estará integrado por el titular de la SEDESOL y por 6 investigadores académicos, miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Esta institución operará más cerca de la autoevaluación o de la autonomía, dependiendo del procedimiento con el cual estos académicos sean designados, ya que el procedimiento puede determinar su dependencia o independencia de la SEDESOL. En la Minuta aprobada en el Senado, se señalaba que la designación la haría la Comisión Nacional de Desarrollo Social a propuesta de la SEDESOL, con ello el balance se inclinaba a la autoevaluación al favorecer la designación de académicos cómodos para la Secretaría. para contrarrestar este sesgo y el peligro de que la designación se degradase como ocurrió en los consejeros del IFE, en la fracción del PRD propusimos un procedimiento que incluía un concurso de oposición mediante convocatoria pública y que la selección entre los candidatos la hiciese el Comité de Ciencias Sociales del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, con ello se buscaba garantizar que fuesen los más capaces los elegidos y su neutralidad respecto a la SEDESOL. También propusimos que los académicos se denominasen consejeros, que fuesen de dedicación exclusiva y que pudieran ser reelectos; naturalmente estas sugerencias generaron resistencia y solo una parte de ellas fueron aceptadas en el consenso final que incluyó a los senadores integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión competente. Se logró un consenso en torno a la convocatoria pública y a la designación por parte de la Comisión, eliminando la frase a propuesta de la SEDESOL en cuanto a la reelección se acordó que hasta la mitad de los académicos podrán ser reelegidos. El resultado final es mejor que el texto original recibido del Senado pero no garantiza plenamente la independencia del Consejo ni la transparencia del proceso. A pesar del riesgo involucrado, los diputados y diputadas del PRD decidimos respaldar este dictamen por todos los avances que significa, hoy ratifico mi apoyo a este proyecto en esta la más alta tribuna de la nación. Una vez que la ley sea promulgada los diputados y diputadas del PRD reiniciaremos la lucha por avanzar en todos los temas que quedaron en el camino y en la vigilancia, para que los logros alcanzados no se pierdan en los pasos siguientes: En primer lugar, estaremos pendientes de la elaboración y publicación del reglamento de la ley, que aunque es competencia del Ejecutivo tenemos la convicción que las dos cámaras del legislativo participaremos muy ampliamente en su elaboración, la Secretaría de Desarrollo Social ha prometido que así será. Es una hora para celebrar, ojalá que el consenso alcanzado se repita en muchas otras ocasiones en esta Legislatura ¡felicidades!. (Aplausos). -