El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados. La seguridad social es un término que comprende todas las medidas que permitan proporcionar a los integrantes de la sociedad los medios que permitan abatir aquellas contingencias económicas o sociales que se deriven de alguna situación emergente. Internacionalmente la seguridad social se ha visto como uno de los derechos humanos denominados de segunda generación, el cual implica la instrumentación de acciones, programas y estrategias que permitan lograr como todas las prerrogativas de esta clase- un estado de bienestar en el ser humano. En atención a todo lo anterior y al ser el propio Estado garante de los mínimos esenciales que permitan el desarrollo social y humano de los mexicanos, la inclusión del derecho de los adultos mayores a contar con una pensión universal que los apoye a cubrir sus gastos más elementales de manutención durante su vejez, es una obligación por demás añeja. Sin embargo, el hecho de que este derecho se sume al conjunto de todos los consagrados en nuestra Carta Magna, se constituye como una especie de justicia social. Sobre todo, cuando en el país de conformidad con los datos del Centro Nacional de Población, hoy por hoy el sector poblacional de adultos mayores asciende a 10.5 millones; es decir, que 10 de cada 100 habitantes tienen 60 años o más. Además, el 43.2 por ciento de este sector poblacional se encuentra en situación de pobreza multidimensional, carente de al menos de alguno de sus derechos sociales y de los ingresos suficientes para adquirir los bienes y servicios básicos, según reportó el Instituto Nacional de Geografía y Estadística en el Estudio Nacional de Salud y Envejecimiento. Aunado al hecho de que 7 de cada 10 adultos mayores son vulnerables socialmente al no tener acceso a los servicios de salud o seguridad social, esto significa en números reales que apenas 2.2 millones se encuentran sujetos a algún sistema de seguridad social. No obstante lo anterior, consideramos que tal y como la evidencia ha demostrado el hecho de que eleve a rango constitucional un derecho social, no es garantía para que éste se cumpla en la práctica, y para el caso particular del presente dictamen es aún menos probable cuando la propuesta en uno de sus transitorios contempla que sólo podrán ser demandantes de este programa aquellas personas que cumplan 65 años de edad a partir del año 2014. En definitiva, lo antes mencionado es una restricción, de no ser modificada dejará fuera de este beneficio a todos los ciudadanos que hoy tienen 65 años o más, o peor aún, se estará fincando en su perjuicio un grave acto de discriminación aproximadamente a unos 5 millones de mexicanos, sin una pensión por el simple hecho de haber llegado a esta edad de 2013 hacia atrás. Resulta claro que este programa dista mucho de apostar a un verdadero sistema de seguridad social universal, pues la pensión de adultos mayores planteada tiene un alcance limitado y poco transparente. Como se desprende de la redacción del párrafo segundo del artículo segundo transitorio del dictamen, que de permanecer el texto propuesto se estará yendo incluso en contra del propio objeto de la legislación, al excluir de este beneficio a un número muy importante de adultos mayores. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva al párrafo segundo del artículo segundo transitorio del dictamen, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal. Único. Se modifica el párrafo segundo del artículo segundo transitorio del dictamen, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de seguridad social universal, para quedar como sigue. Artículo segundo transitorio. El Congreso de la Unión preverá que todos los adultos mayores de 65 años residentes en el territorio nacional que requieran apoyo para sufragar sus gastos básicos de manutención durante su vejez, reciban una pensión a partir del término contemplado en el párrafo anterior. Asimismo, preverá que periódicamente se revise dicha edad para que, con base en los estudios demográficos que determine la ley, dicha edad se incremente en función de la esperanza de vida de la población. Es cuanto, señor presidente.