El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señor Presidente Ciudadanas Diputadas, ciudadanos Diputados. Comparezco ante esta soberanía en mi carácter de diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 61 fracción II de la Constitución General de la República, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a la consideración de esta H. Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal al tenor de la siguiente Exposición de Motivos. En la actualidad ha venido proliferando en todo el país una nueva figura delictiva llamada narcomenudeo, que aun no está tipificada en el Código Penal Federal y consiste en la conducta de una persona o personas que comercian o suministran enervantes o sicotrópicos que por la cantidad, presentación y embalaje de las porciones, se determina que son para su distribución en dosis individuales, sin que su posible extensión represente un golpe al narcotráfico. Este problema constituye en la actualidad un clamor recurrente de la sociedad, sin que las reformas a los Artículos 18 y 21 Constitucionales, que crearon el Sistema Nacional de Seguridad Pública hayan logrado solucionarlo, no obstante que ello originó la reorganización de las estructuras policíacas, con base en los Artículos 9, 10 y 11 de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Para terminar con el narcomenudeo, desde el enfoque de la seguridad pública, debemos dar mayor participación a las entidades federativas, para consolidar el Consejo Nacional de Seguridad Pública y hacer uso de las facultades implícitas conferidas por el Artículo 124 de la Constitución General de la República, para que en ejercicio de la jurisdicción local, contribuyan con una eficiente y eficaz política de colaboración fundada en los convenios suscritos con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que garantice resultados para abatir este mal de nuestro tiempo. El marco competencial de las entidades federativas, se encuentra subordinado a la coordinación del Poder Ejecutivo Federal conforme a lo establecido por el Artículo 73 fracción XXIII de la le fundamental, sin embargo, no se define con claridad en el Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece las facultades de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Lo anterior, porque el párrafo cinco fracción I de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República señala que éste es el órgano, que en los hechos dicta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal como ejercer sus atribuciones en materia de cooperación, derivadas de la colaboración entre los estados, municipios y el Distrito Federal para la persecución de los delitos federales. El origen de la deficiente capacidad de respuesta de las autoridades estatales y la federación en el combate a la delincuencia organizada, estriba en la falta de coordinación, porque tienen un marco legal limitado. Asimismo este problema obedece en buena medida a que el Artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no faculta a la Secretaría de Seguridad Pública Federal para participar directamente en la coordinación de estrategias de reacción conjunta con los estados, sin que esto implique subordinar a ninguna. Debemos recordar el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2001-2006 establece que el gobierno federal, impulsará el desarrollo de acciones coordinadas e integrales para combatir la delincuencia, por ello, las instituciones deben adaptar su legislación a las necesidades presentes, frente a esta nueva figura delictiva, para que las dependencias locales también combatan la delincuencia organizada derivada del narcomenudeo, mediante el incremento de sus facultades contenidas en los acuerdos de colaboración entres los órganos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, por lo que resulta necesaria esta modificación propuesta a la fracción XX del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en la que se establezca la facultad de la Secretaría de Seguridad Pública Federal para celebrar convenios de colaboración con las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal, para que a través de sus corporaciones policiacas coadyuven en acciones que dicte la Procuraduría General de la República en el combate al narcomenudeo. Debemos reconocer que en México las agrupaciones dedicadas al narcomenudeo han venido actuando impunemente, porque gozan de un margen legal y temporal inusitado por la ausencia de leyes congruentes que articulen normas capaces de combatir con éxito este mal social que afecta a todo el país, llegando a especializarse en la distribución y el comercio de las drogas en las llamadas "narco tienditas" a menor escala de la cocaína, el éxtasis y la marihuana, como mercancías de mayor demanda en el mercado permanente, dirigido principalmente a los jóvenes y en muchos casos los vendedores amplían su cartera de clientes en las escuelas, convirtiendo en adictos a menores de edad, lo que provoca el incremento de actividades delictivas y el consecuente rompimiento de la armonía, la paz y la tranquilidad social. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 30 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: Artículo 30 Bis. "A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Fracciones de la I a la XIX se conserva su texto... Fracción XX: "Celebrar convenios de colaboración en el ámbito de su competencia y en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, para establecer una política de auxilio a la Federación en la persecución de delitos contra la salud y el combate a la delincuencia organizada, así como suscribir acuerdos de colaboración con instituciones similares, en los términos de los tratados internacionales conforme a la legislación". Transitorio Artículo único. "El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 19 de abril del 2005. Solicito de manera atenta, señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.