El diputado Mier ingenuamente contestó: es legal, porque desde mi punto de vista decía él con el transitorio no se está modificando la Constitución, no se va a reelegir dijo Mier se está ampliando simplemente el plazo para ejecutar concretamente esa reforma que todos aprobamos. Entonces, ¿quién la va a ejecutar? Es decir, se pregunta ¿quién la va a ejecutar? La conclusión es obvia, el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Se está legislando para él. De aprobarse esta ley estaremos pasando sobre la obligatoriedad de la norma que es su carácter imperativo atributivo, es decir, que siempre hay una voluntad que manda, que somete y otra que obedece. La ley impone sus mandatos, incluso en contra de la voluntad de sus destinatarios. Se viola además otra característica de la ley que es su permanencia, porque la Constitución dejará de tener vigencia sin que su dispositivo haya sido abrogado, subrogado, modificado o derogado por una ley posterior. Este ilegal procedimiento está siendo observado con preocupación en el mundo entero. Preocupa a nuestros socios comerciales de Norteamérica. Preocupa a la comunidad europea. Le preocupó al relator de la ONU, Diego García-Sayán. Preocupa a Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal de Morena que, en reproche a su partido político, que reprocha a su partido político, la naturaleza de la inconstitucionalidad inherente a la reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual pretende, de acuerdo con él, sentar las bases de un régimen autoritario con miras a la hegemonía en el 2024. Reitero mi denuncia, se va a cometer un fraude a la ley y a la Constitución. Se entiende que hay fraude a la ley cuando por actos reales, no simulados y voluntarios, si se crea de hecho una situación aparentemente lícita y conforme a la ley, pero que tiene como efecto violar el espíritu de la ley o infringir normas determinadas. Está constituido por aquellos procedimientos en sí lícitos o en maniobras jurídicas, a veces ingeniosas, que tienen la apariencia de legalidad y que, sin embargo, permiten realizar lo que la ley prohíbe, o no hacer lo que la ley ordena. El fraude a la ley es un abuso del derecho. Ambos se hallan vinculadas en una relación de género o especie, distinguiéndose el fraude a la ley por el hecho de que el ilícito no se manifiesta a primera vista, a diferencia de lo que ocurre en el abuso. De este modo se ha podido sostener jurídicamente que el fraude a la ley y el abuso del derecho expresan en el fondo lo mismo. En el ejercicio abusivo de un derecho se está ejerciendo una atribución que el sujeto tiene reconocida, pero donde hay una extralimitación que produce un efecto de daño a terceros. En cambio, en el fraude a la ley se busca un derecho a través de una norma que no merece ser aplicable y que, sin embargo, se intenta ampliar fraudulentamente para dejar de aplicar otra que se ha resuelto eludir. Las consecuencias en cuanto a gravedad son muchas y mayores, y el daño será más extendido en el fraude a la ley al burlar una norma imperativa incluida en el orden público. Termino. En el fraude a la ley hay un ánimo, un elemento subjetivo que es la intención malévola de evadir una legislación a la cual ordinariamente se debe estar sometido. Termino con el tuit del vicecoordinador de los diputados federales de Morena, Pablo Gómez, que no está. Hasta hace unos minutos no está, extrañamente. Pablo Gómez termino, Pablo Gómez Álvarez dice, refiriéndose a esta ley: No podría transitar...