La diputada María del Carmen Escudero Fabre: Vengo a esta tribuna a referirme al dictamen que se discute en este acto con respecto a la reforma del artículo 15 octavus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de esta legislatura y en vísperas de que se concluyan los trabajos de la misma, hemos sido testigos de la brecha existente para que las comunidades indígenas y afromexicanas en nuestro país tengan garantía plena y efectiva de sus derechos humanos. Ante esta situación, resulta necesario recordar que el derecho internacional de los derechos humanos ha reconocido ampliamente los derechos de los pueblos indígenas tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los Pueblos Indígenas y Tribales y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, los cuales han sido pilares del derecho internacional para reconocer constitucionalmente el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas. Siguiendo estas ideas, el ordenamiento jurídico nacional establece en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que la nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas, a las cuales define, como aquellas comunidades integrantes de un pueblo indígena que conformen una unidad social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconoce autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres precisando en el apartado c) que reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Asimismo, la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas establece en su artículo 3o. el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos del derecho público. Sin embargo y a pesar del reconocimiento de nuestro marco normativo, aún no se logra que en la práctica se encuentren garantizados plenamente los derechos de los pueblos indígenas y sus comunidades en México, pues estos han denunciado la permanencia de violaciones de derechos a la libre determinación a través de la implementación de mecanismos legales vigentes. De acuerdo con datos del INEGI, en nuestro país se tiene registro de la existencia de 23 mil 0.2 millones de personas de 3 años y más que se autoidentifican como indígenas. Esta cifra representa, en términos porcentuales, el 19.4 % de la población total de este grupo etario. De igual manera, el instituto contabilizó 2 millones 858 mil 588 hogares censales indígenas, los que traduce en un 8.1 % del total de hogares censales en México. Asimismo, el instituto ha contabilizado que en México viven 2 millones 576 mil 213 personas que se reconocen como afromexicanas, cifra que representa el 2 % total del país. Se destaca que la mayor concentración de la población afromexicana se encuentra distribuida entre 6 entidades federativas, Guerrero, estado de México, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México y Jalisco. En este sentido, el artículo 4 de la Constitución reconoce las comunidades indígenas y afromexicanos, por lo que continuar llamándoles afrodescendientes resulta contrario a la norma suprema, al igual que omitir a las comunidades indígenas. En este contexto, el presente dictamen considera pertinente armonizar los preceptos existentes e incluirlos de manera correcta en la legislación vigente en beneficio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, a fin de garantizar su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas. Lo anteriormente señalado resulta de suma importancia, pues permite ampliar las consideraciones y alcances de la ley para salvaguardar sus derechos para que los mexicanos tengan un mayor, una mayor y más amplia esfera jurídica al momento de contemplar sus derechos, por lo que agradezco a las compañeras y compañeros diputados que nos acompañen con su voto a favor de tan importante dictamen. Es cuanto.