La diputada Rosi Orozco: Compañeros y compañeras, las víctimas que han padecido la trata de personas realmente han vivido una tortura muy grande en cuando a cada vez que han enfrentado el proceso, saber que la persona que las torturó estaba amenazando a su familia, amenazando a sus hijos, amenazando la vida de ellas. Sus nombres, sus apellidos estaban siendo expuestos y por eso hoy es un día tan especial. Porque no solamente es la reforma al artículo 73, sino también estas reformas al artículo 19 y 20 que protege la identidad de las víctimas, que protege a las víctimas de que las personas que han hecho el daño estén en una precisión mientras se resuelve cada uno de los juicios. Una de las conductas que más ha lastimado a la humanidad es el privar de la libertad a los ciudadanos y a las ciudadanas en esta indignante actividad que es la trata de personas. Nuestra función parlamentaria, entre otras tareas, implica asumir la protección de nuestro pueblo mediante la generación de marcos normativos que den solución a la existencia de delitos crueles que esclavizan y dañan la dignidad de las personas, así como el sano desarrollo de la sociedad. Asumiendo esa responsabilidad lograremos conferir a quienes en este momento representamos las condiciones necesarias para garantizar su seguridad y convivencia armónica. Por eso, más allá del quehacer político, debemos enfocar nuestra tarea legislativa a generar instrumentos que sean eficaces y conformen esas condiciones necesarias en salvaguarda de los bienes jurídicos de la sociedad, que es a quienes representamos en esta máxima tribuna. Por lo anterior me refiero a este dictamen presentado por la Comisión de Puntos Constitucionales y nuestra compañera Araceli Vázquez Camacho, el cual tiene como objeto precisamente contribuir a otorgar a nuestros ciudadanos la paz, seguridad y armonía social que cada día reclama le sea provista y cuyo cumplimiento compete a las instituciones de los distintos órdenes de gobierno. Al respecto agradecemos a los procuradores que firmaron a favor de esta iniciativa en la pasada Conferencia Nacional en noviembre del 2010. Para nuestro grupo parlamentario, acción nacional, y nuestros compañeros diputados y diputadas de la LXI Legislatura, ha sido prioridad esforzarnos en trabajo continuo y generar acciones ejecutables para prevenir y combatir la trata de personas, así como todas aquéllas que tengan como objeto otorgar la protección de los derechos y dignidad de los grupos más vulnerables, como son los niños, las niñas, los migrantes, las personas marginadas por pobreza o expuestas a orfandad. Mucho se ha dicho sobre el flagelo lacerante de la sociedad y la humanidad en general que representa la trata de personas, que aun en pleno siglo XXI es una forma de esclavitud, lo cual atenta contra lo más valioso para el ser humano: la libertad y dignidad, bienes que le son inherentes por naturaleza y que deben constituirse como un derecho universal. Es prioridad la inserción social de las víctimas y sus familias, ofreciendo a éstas la oportunidad de un nuevo comienzo. Al aprobar este dictamen estaríamos plasmando en la norma constitucional la facultad del Poder Legislativo para crear una ley general para prevenir y sancionar la trata de personas, mediante la cual se dará pauta a señalar claramente las competencias, ámbitos de acción y la forma en que deberán coordinarse las distintas instituciones de gobierno para su prevención, protección y atención a las víctimas de trata en aras de erradicar este fenómeno que hoy es una amenaza latente a nuestra seguridad nacional. No olvidemos que recientemente, en mayor o menor medida, con nuestra aportación se logró expedir la Ley General en Materia de Secuestro y hoy nuevamente se nos da la oportunidad de hacer la diferencia, trabajando unidos para lograr la creación de esta ley general en materia de trata de personas. Las personas que sufren un secuestro pagan con un recurso económico o un recurso material, pero las personas que sufren la trata de personas son secuestradas y pagan con su propio cuerpo, con su propia vida. Señores y señoras legisladores: seamos sensibles. Yo sé que hoy seremos sensibles a este dictamen que permitirá elevar a rango constitucional las medidas mínimas de atención y protección a las víctimas de este delito, teniendo la posibilidad real de combatirlo y erradicar esta terrible conducta que forma parte del crimen organizado. Trabajemos unidos haciendo la diferencia y recordemos que una nación es tan grande y fuerte como lo es el respeto a los derechos humanos y en especial cuando se trata de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.