La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con su permiso, señora presidenta. Me permito presentar a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano el análisis de la glosa en política social. Para la Organización Mundial de la Salud, el derecho a la salud significa que toda persona debe tener acceso cuando y donde lo necesite, sin tener que hacer frente a dificultades financieras. En el mismo sentido, el artículo 4o. constitucional de nuestra Carta Magna, reconoce como derecho humano a la protección de la salud de todas las personas. Sin embargo, en seis años del gobierno federal, fue incapaz de aumentar la cobertura de protección social en salud. En su VI Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto reconoce que cuando inició su cuestión el sistema de salud cubría a 52.9 millones de mexicanos y al terminar su gestión solo avanzó en 400 mil afiliados. Representando un incremento de apenas 0.8 por ciento, es decir, en seis años la cobertura no incrementó ni en un punto porcentual. A este ritmo necesitaríamos 20 sexenios para alcanzar la cobertura universal a los servicios de salud de la población mexicana, pues el propio secretario de Salud en el actual gobierno federal, el doctor José Narro Robles, en noviembre pasado reconoció que más de 20 millones de mexicanos no cuentan con acceso a servicios de salud. De estos mexicanos sin acceso a la salud, aproximadamente 8.3 millones son jóvenes. Esta realidad no solo constituye una gran desigualdad social, por la incapacidad del Estado mexicano para garantizar este derecho humano, sino que representa una alta carga económica para millones de familias mexicanas, que ante eventualidades de salud deben destinar hasta un 45 por ciento de sus ingresos para pago de medicinas y atención médica, por falta de dicha cobertura. En comparación con otros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el gasto público de salud en México es el más bajo, pues en promedio destina 3 por ciento del producto interno bruto para financiar la atención de la salud, mientras que en promedio en cualquier otro país de la OCDE se invierte el 6.6 por ciento. Pero no solo es que en nuestro país se destinen menos recursos, sino que además el sistema de salud mexicano no está trabajando de la manera más eficiente, pues el gasto administrativo representa casi el 10 por ciento del presupuesto nacional de salud, siendo el más alto de la OCDE. También nuestra Constitución establece el derecho de toda persona a recibir educación, estableciendo la obligatoriedad de la educación primaria desde 1917; la de educación secundaria desde 1992; la de preescolar desde 20002 y la educación media superior adquirió carácter de obligatoria desde 2012. Sin embargo, a inicios de la presente administración el país no había logrado garantizar la cobertura educativa para la totalidad de las niñas, niños y adolescentes. Así, en el ciclo escolar 2010-2011 el país tenía una cobertura en preescolar del 69.7 por ciento, en secundaria del 78.8 por ciento y en media superior de 50.4. Al final del presente sexenio, la cobertura en educación preescolar aumentó en 6 puntos porcentuales, para alcanzar el 75.7 por ciento, lo que significa que aún falta cubrir un 25 por ciento más. Asimismo, la cobertura de educación secundaria es actualmente del 84.5 por ciento, lo que se traduce en que más del 16 por ciento de los niños que concluyen la primaria no se registran en la secundaria. Esta falta de cobertura en la realidad se traduce en que más de 4 millones de niños y adolescentes mexicanos entre 3 y 17 años de edad no asisten a la escuela, cancelando sus posibilidades de desarrollo, pues está comprobado que la educación constituye el mejor detonante de movilidad social. Para concluir esta reflexión y crítica constructiva al verdadero diagnóstico en materia de derechos básicos a los mexicanos, invito a todos, en el recinto, a la congruencia para actuar y decidir nuestro voto a favor de la ampliación de los servicios indispensables como la mejor inversión. Mejorar la cobertura de estos servicios, no solo es cuestión de buenos deseos, es cuestión de eficientar los recursos, priorizar la operatividad de los mismos para mejorar la calidad de vida de millones de mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.