El diputado Danner González Rodríguez: Honorable asamblea: la pesca y la acuicultura son actividades que permiten un amplio desarrollo económico y social del país. Como ustedes saben, desde el año 2007 contamos con una Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables que en el artículo 17, inciso 1) establece que el Estado mexicano reconoce que la pesca y la acuacultura son actividades que fortalecen la soberanía alimentaria y territorial de la nación, que son asuntos de seguridad nacional y son prioridad para la planeación nacional del desarrollo y la gestión integral de los recursos pesqueros y acuícolas. Por eso es que estas actividades deben ser vistas como productoras de alimento de alto valor nutricional en beneficio de la población. Esta ley establece las bases jurídicas para orientar, fomentar y regular el aprovechamiento sustentable de los recursos acuícolas y pesqueros mediante el manejo integral de la pesca y la acuacultura. Establece los principios que deberán observarse en la elaboración de programas y la regulación reglamentaria y administrativa. Sin embargo, hay que decirlo, existen deficiencias en cuanto a temas ambientales, administrativos, de comercialización, de investigación y en cuanto al marco jurídico que son urgentes de subsanar para las necesidades de este sector a corto, mediano y largo plazo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el sector pesquero y acuícola afronta serios problemas que impiden su desarrollo: la falta de inversión en la infraestructura de procesamiento para que el pescador no pierda la venta; la falta de planes de manejo y recuperación de recursos pesqueros; la poca promoción para el desarrollo de los centros acuícolas; la escasa inversión en flota pesquera en infraestructura y servicios básicos; la nula capacitación a los pescadores; la inexactitud de un Registro Nacional de embarcaciones pesqueras con o sin registro. En suma, hace falta una adecuada planeación para el desarrollo como en muchos otros sectores estratégicos del país. La rectoría económica del Estado carece de rumbo. El objetivo de esta reforma, que nosotros apoyamos, es dotar de facultades a la autoridad competente para que realice visitas de inspección y vigilancia, haciendo claro el procedimiento y dotando de legalidad y herramientas a los pescadores para que cuenten con una defensa eficaz. Actualmente muchos pescadores no tienen los permisos legales para ejercer esta actividad, de allí la necesidad de orientar respecto a las repercusiones de la pesca ilegal. Las imprecisiones dentro de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables han afectado gravemente a pescadores formalmente establecidos a consecuencia de las multas o servicios legales, en muchas ocasiones son protagonistas de procedimientos administrativos que los dejan indefensos. Con esta reforma se les otorga la oportunidad de acudir a las autoridades, ofrecer y desahogar pruebas para no tener un menoscabo en su patrimonio y en su medio de sustento. Creemos, compañeras y compañeros, en Movimiento Ciudadano, en la importancia de detonar el desarrollo económico del país y en darle herramientas adecuadas para su defensa a los pescadores y a los acuicultores. Por eso votaremos a favor de esta reforma para proporcionar mayor certidumbre jurídica en la regulación de inspección de la actividad pesquera. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.