EL C. DIP. JESUS MORALES FLORES: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El ejido ha sido, en forma sistemática, blanco de ataques por quienes desconocen a esta institución como una unidad económica de producción que tiene rentabilidad productiva a pesar de la falta de créditos, de organización y asistencia técnica. El ejido es producto de un movimiento nacional, con gran contenido social que cristaliza con la primera Ley Agraria del 6 de enero de 1915, de Venustiano Carranza. Ni la contrarreforma llevada a cabo en 1992 al cambiar el sentido del artículo 27 constitucional y la Ley Agraria cuyo objetivo era la privatización del ejido, pudieron acabar con el. A doce años, hemos visto que el ejido se encuentra arraigado en la mente y el corazón de los campesinos de México. La idea privatizadora de los tres últimos gobiernos no ha prosperado. Los diputados del sector agrario tenemos por lo tanto la obligación de revalorarlo con nuestra acción e impulsarlo para hacerlo productivo, debemos modernizarlo para que sea una palanca de desarrollo nacional. Sostenemos los diputados del sector agrario que junto con la propiedad privada, el ejido coadyuva para no depender en materia alimentaria del exterior. Sostenemos que el ejido es garante de la soberanía alimentaria y por consecuencia garante también de la paz, de la tranquilidad social y de la estabilidad del país, por eso hoy presento esta iniciativa con proyecto de decreto que consiste en una adición al primer párrafo del artículo 94 de la Ley Agraria, solicitándole al señor Presidente se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. A saber: El programa de certificación de derechos ejidales y titulación de solares que se puso en marcha en el año de 1993, cuya finalidad consiste en que cada núcleo ejidal o comunal delimite conforme a la ley y su superficie, con base a las normas técnicas emitidas y publicadas por el Registro Agrario Nacional y aplicadas por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, se reconozca como propiedad privada a los solares de asentamientos humanos, la asamblea ejidal asigne las parcelas individualmente a los ejidatarios y posesionarios, así como los porcentajes de aprovechamiento que les corresponda a las tierras de uso común. Concluido el proceso de regularización de la tenencia de la tierra bajo las bondades de este programa, el registro agrario nacional emite y entrega los certificados parcelarios y títulos correspondientes con los que el ejido queda certificado. Se ha culminado la regularización de 24,792 núcleos agrarios equivalentes al 83% del total nacional, para los cuales se han expedido 7 millones, 768,267 certificados de derechos agrarios que benefician a 3 millones, 520,832 personas, así como la certificación y la titulación de 68.8 millones de hectáreas. En sentido estricto, para poder sostener este proyecto de decreto en los términos planteados, es un requisito de procedibilidad que el ejido o comunidad a expropiar se encuentre formalmente parcelado y certificado para poder configurar la enajenación que contempla el artículo 80 de la Ley Agraria que sólo puede darse entre ejidatarios o avecindados del mismo núcleo ejidal, pues podría ser anulada la venta si para la validez de la enajenación no se cumple con los requisitos de ley. Bajo esta perspectiva, la acción agraria de expropiación por causa de utilidad pública planteada por el o los promoventes ante la Secretaría de la Reforma Agraria, podría versar sobre parcelas en lo individual o sobre tierras de uso común; en ambos casos, el criterio debe prevalecer en la Comisión Nacional de Avalúos, que se trata de un ejido o comunidad ya certificado y por ende, el valor comercial debe ser calculado en base al derecho civil y no en base al derecho agrario. En la práctica, los legisladores que conformamos el sector agrario hemos intervenido para mejorar el monto de las indemnizaciones y hemos mejorado las condiciones de los ejidos. Por eso, esta intervención se hace generalmente al margen de los avalúos que practica la CAMIN, que generalmente son irreales e injustos, pues no toma en consideración que a través del tiempo esos terrenos ya no pueden permanecer en las mismas condiciones en cuanto a su vocación original; muchas veces por la dinámica del crecimiento de los centros de población y en muchas ocasiones generalizando el criterio y omitiendo fenómenos como la conurbación, la ubicación en áreas de crecimiento de los centros de población, etcétera. La injusta aplicación de estos criterios provoca casi siempre estallidos sociales en los ejidos, cuando las causas de la utilidad públicas es para el establecimiento de servicios públicos. El más reciente caso fue de intento fallido en la construcción del aeropuerto en terrenos ejidales, desde Salvador Atenco en el Estado de México, en donde el avaluó por metro cuadrado era de 7 pesos, cuando el valor real era de aproximadamente 300. Lo mismo sucede, cuando la causa es la creación de unidades de producción de bienes y servicios de indudables beneficios para la comunidad, como fábricas, maquiladoras, reservas territoriales para el crecimiento de los centros de población, centrales camioneras, corredores industriales, en donde invierte el sector privado para adquirir esos terrenos como propiedad privada, a precios que se cotizan en el mercado inmobiliario en el libre juego de la oferta y la demanda, en detrimento del ejido propietario de las tierras a expropiar. Destacamos el hecho de que cuando la mayor parte de las parcelas de un ejido hayan sido delimitadas y asignadas a los ejidatarios la asamblea general es el órgano supremo del ejido, podrá resolver que los ejidatarios que así lo deseen, puedan a su vez, adoptar el dominio pleno sobre dichas parcelas. La adopción del dominio pleno sobre las parcelas ejidales, se cambia al régimen legal del ejido, sujetándolos por ende, a la disposición del derecho común y se produce un desmembramiento legal de la parcela del régimen ejidal, en estas circunstancias, ya como propietarios sus titulares podrán incuestionablemente vender, hipotecar o ceder sus parcelas libremente, sin que el objeto de la presente iniciativa se aplique respecto a la propiedad privada, en cuyo caso es prioritaria la negociación sobre una compra venta; en otras circunstancias se optará por la expropiación como acto de autoridad por causa de autoridad pública como única opción constitucional. La exposición de estas consideraciones, inspiradas en criterios de aplicación de la justicia distributiva a la sociedad rural, nos lleva a solicitar de esta soberanía su solidaridad institucional y legal para aprobar esta iniciativa con proyecto de decreto que contempla una adición al primer párrafo del artículo 94 de la Ley Agraria, considerando que el monto de la indemnización será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales o el organismo competente, atendiendo al valor comercial de los bienes a expropiar, bajo el criterio legal de que se trata de una propiedad privada regulada por del derecho civil y no contemplarla como propiedad social. Por las consideraciones expuestas, la diputación federal del Sector Agrario del grupo parlamentario del PRI, presenta a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona y amplía el párrafo primero del artículo 94 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: Artículo Único.- Se adiciona el párrafo primero del artículo 94, para quedar en los siguientes términos: La expropiación deberá tramitarse ante la Secretaría de la Reforma Agraria, deberá hacerse por decreto Presidencial que determine la causa de utilidad pública y los bienes por expropiar y mediante indemnización. El monto de la indemnización, será determinado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes expropiados. Para la determinación del valor comercial se tomará en cuenta el destino final de los bienes expropiados, tratándose de ejidos ya certificados, la Comisión para los efectos del avaluó los considerará regulados por el derecho común. Artículo Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación el Diario Oficial de la Federación. Gracias. -