El diputado Rodrigo Chávez Conteras: Con su venia, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, en todas las esferas democráticas del mundo existe una creciente preocupación por hacer realidad los preceptos plasmados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad, derechos y libertades, sin distinción alguna de origen nacional o social, cuestión económica o cualquier otra condición. Todos somos iguales ante la ley y tenemos derechos a igual protección y a la no discriminación. Cabe resaltar que en esta década nuestro país se comprometió a suscribir ante las Naciones Unidas la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en marzo de 2007. Dichos acuerdos quedaron plasmados en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, publicada en noviembre de 2012. En ese contexto nos queda mucho trabajo por hacer, ya que la sociedad tiene una importante responsabilidad en materia de inclusión, equidad, justicia y participación con este sector de la población considerado altamente vulnerable. Un ejemplo importante es el tema relacionado con la vivienda. Nuestra Constitución señala en su artículo 4o., que “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa. Para tal fin la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, procurando eliminar las costumbres y prácticas asistencialistas o discriminatorias”. Para ello los responsables de ejecutar dicha ley deben considerar el establecimiento de políticas públicas y programas que consideren la accesibilidad económica, espacial, cultural y social, estructural, que se requiera para proveer a las personas con discapacidad de una vivienda digna y adecuada a sus necesidades tanto individuales como familiares y así mejorar sus condiciones de vida y a la vez que se establezcan aspectos de justicia y de equidad. En nuestro país5 millones 739 mil 270 habitantes, es decir, el 5.1 por ciento de la población total, tienen alguna discapacidad. Pese a este significativo porcentaje el colectivo de personas con discapacidad sigue constituyendo uno de los grupos con mayor situación con fragilidad, por lo que es de suma importancia crear los mecanismos para la protección, equidad, justicia y defensa, que les permita el derecho a un alto estándar de vida en referencia a la salud para un tratamiento médico, psicológico y funcional. De igual manera a una rehabilitación médica, social y otros servicios necesarios para el máximo desarrollo de las capacidades, habilidades y autoconfianza. En base a lo anterior reitero la importancia de implementar políticas públicas y acciones que garanticen una vivienda digna a las personas con discapacidad, por lo que resulta fundamental adoptar las medidas necesarias que aseguren su accesibilidad económica, montos adecuados a su nivel de ingresos, créditos blandos y subsidios para la adquisición o remodelación de la vivienda. Espacial: áreas adecuadas para su movilidad dentro y fuera de la vivienda. Estructural: eliminación de barreras y obstáculos, accesos accesibles y seguros. Social: mecanismos de protección, desarrollo social e individual, ejercicio pleno de sus derechos, desarrollo de habilidades y capacidades. Culturales: reconocimiento, accesibilidad a la cultura y a todas las expresiones sociales. Tenemos el compromiso de ser consecuentes como legisladores promoviendo las medidas legales que den fortaleza a las acciones en materia de accesibilidad e inclusión a personas con discapacidad a una vivienda digna y adecuada a sus necesidades. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano está a favor de apoyar el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de la Vivienda en materia de seguridad a la misma a personas con discapacidad de la Comisión de Vivienda de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, diputado Presidente.