La diputada Flora Tania Cruz Santos: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la educación es el proceso cultural y de aprendizaje a través del cual desarrollamos nuestras capacidades cognitivas, habilidades físicas y fundamentamos los valores y creencias que nos permiten actuar como buenos ciudadanos. El objetivo general de la educación es el desarrollo integral de los individuos a fin de que puedan desenvolverse en la sociedad, ser críticos, propositivos en función del bienestar de la comunidad y de crear sociedades más justas. Por el papel fundamental que tiene en la sociedad, la educación se encuentra inscrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El derecho a la educación es tan relevante que se utiliza como indicador del desarrollo de los países y actualmente es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deben alcanzarse para el año 2030. Aunado a la obligación convencional que tiene el Estado mexicano también tiene la obligación constitucional de garantizar que la educación sea de excelencia, como lo señala el artículo 3o. constitucional que a la letra dice: el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Además, en el inciso i): será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral constante que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento de los lazos entre escuela y comunidad. Comprender el papel fundamental de la educación requiere entender el papel protagónico con el que cuentan los docentes como agentes de transformación social, algo que en la reforma educativa que se promovió desde este cuerpo legislativo, en 2019 y las leyes secundarias se estableció la Ley General del Sistema de la Carrera de las Maestras y los Maestros. En el derecho internacional se establece que no solo se debe garantizar el acceso a la educación también que sea de calidad y en la reforma antes mencionada fuimos más allá y promovimos la excelencia como palabra para definir el esquema que debe perseguir el Estado para promover la justicia social en nuestro país. Sin embargo, los artículos 35, 39 y 40 de la Ley General de las Maestras y los Maestros ha generado una mala interpretación que se vio plasmada en los criterios excepcionales para el proceso de admisión al sistema 20202021 que estableció dos listados: el A, para normales públicas, egresados de la Universidad Pedagógica Nacional y los Centros de Actualización del Magisterio y la lista B, para el resto de los aspirantes. Esto promueve la discriminación de los docentes por ser egresados de instituciones privadas o universidades, ignorando su buena valoración en el proceso multifactorial inscrito en la misma ley y alejando a los mejores maestros de las aulas. En el caso de mi entidad, en el estado de Veracruz, el último puntaje de la lista A, con una valoración de 15 puntos, se encuentra por arriba de un docente que con mucho esfuerzo obtuvo una valoración de 90 de la lista B y, sin embargo, en la lista de prelación se encuentra en el lugar 594, para acceder a una plaza en el sistema. Lo anterior se hizo justificando la prioridad para el fortalecimiento de las escuelas normales, misma que se puede dar de otra manera, sin comprometer la excelencia educativa. Se debe fortalecer a las normales con presupuesto, mejores prácticas administrativas y pedagógicas. El problema no es con las escuelas normales, pero la implementación de esta ley mal comprendida ha generado un serio problema social y se debe de ajustar para prevenir esta mala práctica. Los mejores docentes deben estar frente a las aulas, sin discriminación, y es responsabilidad del Estado fortalecer a las escuelas normales, sin afectar los derechos del resto de los maestros. Es por lo anterior expuesto y fundamentado, que presento esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto.