La diputada Ana María Ramírez Cerda: Con su permiso, señora Presidenta, buenas tardes compañeros y compañeras legisladores. El deterioro del medio ambiente a nivel global fue advertido desde los años 70 en la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. En esa época se sitúa al medio ambiente como una de las bases del desarrollo humano y de su salud, ya que la protección del medio ambiente depende en gran medida del ser humano. Sin embargo, hoy en día el manejo inadecuado de los materiales peligrosos en las distintas fases de su ciclo de vida ha traído consigo, entre otras consecuencias, la contaminación de los suelos y de los cuerpos de agua. Ya sea como resultado de eventos inesperados que han provocado su vertimiento accidental o por su liberación continua al ambiente, debido a prácticas indeseables que se traducen en fugas, derrames, emisiones al aire, descargas al agua y sobre todo por la disposición irracional de todo tipo de residuos incluyendo a los peligrosos. La pérdida de la fertilidad de los suelos, de su capacidad biodegradadora y otras funciones asociadas a dicha contaminación es una de las más grandes amenazas para la supervivencia de la flora y fauna que dependen directamente en estos procesos e incluso para los seres humanos, dadas las estrechas interrelaciones entre los diferentes elementos que constituyen a los ecosistemas. Al fenómeno anterior se agrega el deterioro creciente de las fuentes de abastecimiento de agua, ya sean subterráneas o superficiales. Lo más grave es la dificultad y el enorme costo que representa para la sociedad la remediación o restauración de los suelos y cuerpos de agua contaminados y deteriorados, haciéndose patente que resulta más caro remediar que prevenir. Asimismo, hace aproximadamente 10 años los trabajos de prospección del subsuelo, realizados para la extracción de agua potable, revelaron su contaminación en nuestro país. Han demostrado así que la contaminación del suelo es un factor significativo desde diversos puntos de vista, como son el ecológico, el económico y el social entre otros. Derivado de lo anterior tenemos que, a la fecha no es posible hacer un diagnóstico certero respecto de la dimensión real del problema de sitios contaminados. No obstante, dada la gran cantidad de materiales peligrosos en uso y la generación de residuos de toda índole, así como a la falta de infraestructura para el tratamiento y disposición de éstos, se sospecha que existe una cifra muy alta de sitios en donde se requiere efectuar acciones de remediación. Por su parte, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente reporta que en el bienio 95-97 se tenían 105 sitios abandonados e ilegales contaminados con residuos peligrosos. Sin embargo, estudios independientes señalan la existencia de 955 sitios potencialmente contaminados por materiales y residuos peligrosos, de los cuales 719 se deben al derrame accidental de sustancias químicas en el periodo de 92 a 96; 102 son sitios e instalaciones con depósito y almacenamiento inadecuado de materiales peligrosos; 134 son sitios de disposición clandestina o inadecuada de residuos peligrosos. La regulación para la prevención y control de la contaminación de los suelos, así como para su remediación, se contempla en varios artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Sin embargo, esta ley establece lineamientos generales por lo que el Estado deberá desarrollar instrumentos normativos, como reglamentos y normas afines, que garanticen el cumplimiento de esta disposición jurídica. Otro aspecto muy importante para el desarrollo de políticas de remediación de los sitios contaminados es la determinación del cómo obtener suficientes fondos y recursos que paguen la remediación de suelos contaminados. Se deben de considerar dos aspectos: las empresas e individuos que causaron la contaminación deben pagar por su limpieza; el principio, el que contamina paga; que el gobierno pague con fondos de las contribuciones o aprovechamientos. No obstante los problemas de instrumentación, hay un amplio soporte político a la idea de que los contaminadores que se beneficien causando contaminación deben seguir siendo los responsables. Desafortunadamente, los gobiernos no siempre pueden identificar y ubicar las firmas e individuos que causaron la contaminación. Y aun cuando los contaminadores son identificados, pueden ser incapaces ellos de pagar por la limpieza. Por todo lo antes expuesto y a fin de contribuir a la prevención y el control de la contaminación del suelo impidiendo su contaminación por materiales y residuos peligrosos, residuos sólidos municipales e industriales no peligrosos, promoviendo la remediación de los suelos contaminados y fomentando la valorización de los suelos remediados a fin de evitar y reducir los riesgos al ambiente, los ecosistemas y la salud humana, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 168, segundo párrafo; y 173, tercer párrafo, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la cual hago entrega a la Mesa Directiva y por estar publicada en la Gaceta Parlamentaria solicito respetuosamente se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.