El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su venia, diputado presidente. Antes que nada quisiera felicitar a mis compañeras y compañeros legisladores que aún se encuentran aquí en el salón de sesiones cumpliendo con la responsabilidad que nos fue conferida por parte de todos los ciudadanos. Compañeras y compañeros ciudadanos, la compra y venta de piratería es un delito que atenta contra los principios de la propiedad intelectual y el comercio formalmente establecido, constituye un acto de violación a los derechos de autor, de artistas, escritores, escultores, músicos, pintores, fotógrafos, cineastas, productores, etcétera. Este fenómeno no solamente perjudica las finanzas de la industria legalmente establecida, sino también a la Hacienda del Estado mexicano. De acuerdo con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, se estima que únicamente por concepto de contrabando y piratería, México en el 2010 dejó de recaudar 80 mil millones de pesos lo que equivale al 0.80 por ciento del producto interno bruto. Las ganancias de los productos apócrifos son altamente rentables, pues como lo señala la Concanaco-Servytur, éstas ascendieron durante el mismo año al billón de pesos; es decir, casi una tercera parte del total del Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el Ejercicio Fiscal de la Federación 2012. Lo anterior, se debe a que un amplio estrato de la sociedad compra de manera regular mercancías de procedencia ilícita, pareciera en algunos casos que es parte de la cotidianeidad y de la cultura. Por ello, es común observar que en mercados, corredores, calles, plazas públicas, tianguis sobre ruedas, transporte colectivo, o inclusive en algunos establecimientos formales, se vendan mercancías ilegales sin ninguna posibilidad de que sea perseguido y sancionado este delito atentando directamente contra los derechos del autor. De acuerdo con el Centro Mexicano de Protección y Fomento de los Derechos de Autor, 2 de cada 10 libros que se ofrecen en el mercado nacional son piratas, circunstancia por la cual la industria editorial mexicana pierde anualmente 500 millones de pesos y 110 millones por conceptos de regalías para los autores. Por su parte, la Asociación de Protección de Cine y de Música en México, señala que 9 de cada 10 películas que son adquiridas por los mexicanos son de procedencia ilícita. Mientras que 7 de cada 10 discos no son originales, generando pérdidas anuales a la industria cinematográfica y musical, superiores a los 600 millones de pesos. La piratería de software es un problema que va en aumento día con día; en promedio 5 de cada 10 programas que se venden a nivel nacional son apócrifos, circunstancia por la cual la industria anualmente registra pérdidas económicas superiores a los mil 200 millones de pesos. Por si fuera poco la Asociación Mexicana de Internet estima que 1 de cada 5 usuarios de Internet descargan de manera gratuita música grabada y videos musicales. Datos de la tercera encuesta de hábitos de consumo, de productos piratas y falsificados, elaborada por American Chamber, el 88 por ciento de los mexicanos admite haber adquirido una mercancía apócrifa, aun cuando se reconoce que es un acto ilegal. Resulta anecdótico que el 64 por ciento de quienes cometen este ilícito cuentan con poder adquisitivo para comprar en forma regular los productos en el mercado formal y establecido. Estos datos lo que nos revelan es que la compra ilegal de música, libros, software para computadoras, películas y cualquier obra protegida por las leyes, no tiene que ver con el bajo o alto poder adquisitivo en algunos de los casos de las mexicanas y de los mexicanos, sino con la falta de una cultura por el respeto de los derechos de autor. Es momento que tengamos conciencia los mexicanos que la piratería es un delito y es fundamental adoptar mayores y mejores políticas para prevenir la comisión de estos ilícitos y concientizar al público en general en torno al daño que ocasionan a la industria al adquirir estos productos. Considero impostergable modificar el artículo 209 de la Ley Federal de Derechos de Autor, a fin de otorgar mayores facultades técnico-administrativas al Instituto Nacional de Derechos de Autor, que consideren la promoción de programas y proyectos para difundir entre todos los estratos de la población una cultura por el respeto de los derechos de propiedad intelectual y creativa. También ampliar la responsabilidad del instituto en coadyuvar con las autoridades de procuración de justicia en denunciar los ilícitos de los que tenga conocimiento. Diputado presidente, por economía parlamentaria, le solicito de la manera más atenta que el texto íntegro de esta iniciativa quede inscrito en el Diario de los Debates. Y asimismo quisiera solicitarle que mis iniciativas agendadas en el punto 27, 39, 45 y 46 del orden del día, pudieran ser reagendadas para la próxima sesión. Por su atención compañeras y compañeros, muchas gracias.