La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, diputado presidente. Honorable asamblea. La Constitución de 1917 en el momento de su promulgación fue pionera mundial en lo que se refiere a los derechos sociales y la protección del hombre y del ciudadano. Los constituyentes del 17 nutrieron su visión de la sociedad, del Estado y de la vida, de la Revolución de 1910. Este movimiento significó un avance histórico para México, pues destruyó las bases de la dictadura porfirista, reivindicó a las masas y realizó auténticas acciones de justicia social. Estos ideales tienen arraigo desde los Sentimientos de la Nación, de Morelos. Nuestra Carta Magna representó a la vez un pacto y un proyecto. Un pacto porque reflejó aspiraciones de los distintos sectores de la sociedad y permitió así superar la lucha armada. Un proyecto porque superando la tradición constitucionalista de la época en la Constitución de 1917 se estableció un proyecto de nación para el siglo XX. Un proyecto basado en la obligación del Estado de garantizar educación, salud, trabajo, seguridad jurídica, soberanía sobre nuestros recursos naturales, libertad y democracia para todos. Una manera de hacer honor a la Constitución consistiría en fortalecer las decisiones fundamentales que contiene, por ejemplo lo establecido en el artículo 3o, haciendo de la educación un asunto de alta prioridad en la agenda nacional, asignándole crecientes recursos y ofreciendo educación media superior y superior a los millones de jóvenes que buscan una oportunidad para superarse. En materia social, nuestra Carta Magna obliga a garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales de los mexicanos. Sin embargo, el año pasado perdimos casi medio millón de empleos y seis millones de mexicanos más pasaron a la condición de pobreza extrema, situación que plantea un serio desafío al conjunto de la sociedad. Asimismo, construir un Estado de derecho ha sido una de las aspiraciones de los mexicanos que está plasmada en la Constitución. Esto significa un Estado donde el cumplimiento de la ley en todos los ámbitos sea la norma, no la excepción. En el actual contexto el respeto a la ley y su aplicación estricta se constituye como uno de los retos que demandan mayor atención. Compañeras y compañeros diputados, las leyes deben cambiar para no quedarse al margen de la realidad, por ello ahora que los grandes problemas nacionales se presentan de manera tan profunda, tenemos que voltear a ver la Constitución de 1917 con ojos críticos para ver si el proyecto de nación que planteó está vigente. La Constitución de 1917 dio cauce a las exigencias de libertad y democracia al establecer una serie de principios políticos fundamentales como la soberanía popular, elección popular de los gobernantes, la no reelección del presidente, la forma de gobierno democrática y republicana, la no participación política del ejército y las iglesias. Hoy discutimos una reforma política necesaria para que nuestro sistema político tenga la capacidad de procesar decisiones trascendentes, de realizar los cambios y reformas que traigan bienestar social integral y gobernabilidad democrática. No hay que olvidar que para lograrlo hace falta voluntad, generosidad, imaginación y visión política. Para reivindicar la vigencia de nuestra Carta Magna debemos emprender la construcción de un proyecto de nación para el siglo XXI, que incorpore los anhelos de todos los mexicanos; un proyecto que garantice el bienestar social, la democracia, la gobernabilidad, la justicia, el imperio de la ley, la soberanía popular, el reconocimiento de las diferencias, el carácter laico de las instituciones públicas, la educación de calidad con equidad, entre otros muchos objetivos históricos que nos harán un mejor país. Muchas gracias, presidente.