El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y para lo cual me permito presentar esta exposición de motivos. Como ustedes saben, el problema de seguridad pública es el que más aqueja a la sociedad mexicana. Y no solamente eso, es el problema más sensible hoy en día. Se han hecho esfuerzos por parte de la federación en capacitación, en Centros de Control de Confianza, en dar mayor número a los policías federales; los estados, los municipios han hecho su esfuerzo, algunos más, algunos menos. El Congreso de la Unión también ha dotado de leyes al Ejecutivo año con año en el Presupuesto de Egresos. Ha aumentado el presupuesto en los diversos programas que van destinados a los estados, a los municipios y, por supuesto, a la federación. El 2 de febrero de 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, abrogándose la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque el fenómeno de seguridad pública, el gran problema de seguridad pública, a pesar de todo los esfuerzos que se han hecho, como ustedes saben, no ha sido abatido. Por ello dice la propia ley, y de manera precisa el artículo 2, que la seguridad pública es una función a cargo de la federación, del Distrito Federal, los estados y los municipios, y que tiene como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos, y la reinserción social del individuo. Se estableció en esta ley, entre otros, como distribución de competencias, el Consejo Nacional de Seguridad Pública, la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública, o sus equivalentes, siendo el Consejo Nacional la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas. El artículo 12 de la ley dice: El Consejo Nacional de Seguridad Pública se integra por el presidente de la República, quien lo preside, el secretario de Gobernación, el secretario de Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, hasta hoy, el Procurador General de la República, el jefe de Gobierno, y el secretariado ejecutivo del sistema. Tendrá como facultades: Establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objeticos y fines de la seguridad pública. Promover la homologación y desarrollo de los modelos ministerial, policial y pericial. Formular propuestas para los programas nacionales de seguridad pública, de procuración de justicia y de prevención del delito en términos de la ley. Solamente por citar algunos de los más importantes. Todas estas funciones, amigas y amigos, no pueden ser ajenas a las actividades y responsabilidades del Congreso de la Unión, por lo que es necesario que el Poder Legislativo se adentre más en este tema y no solo dar seguimiento a través de puntos de acuerdo, preguntas parlamentarias o al momento del análisis de la Glosa del Informe de Gobierno. Por eso es que propongo reformar el artículo 10 y 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para quedar como integrantes del consejo y esté participando un senador y un diputado en cada Cámara que designe la misma. Por ello y como ha quedado expuesto, consideramos que es procedente incorporar al Consejo de Seguridad Pública a un representante de cada Cámara. En razón del tiempo, señora presidenta, pido a usted sea tan amable de turnar la presente iniciativa y ordenar se incorpore íntegramente al Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.