La diputada María Guadalupe García Almanza: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de la revisión del Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación nuestro grupo parlamentario en esta ocasión desea destacar las siguientes inconsistencias y anomalías: En el rubro de seguridad alimentaria la Auditoría Superior de la Federación señala que, la revisión de las políticas públicas enfocadas al sector agropecuario ha mostrado que los subsidios federales no han logrado reactivar la producción ni elevar la productividad, tampoco han incidido en la mejora del ingreso de los productores ni en capitalizar las unidades productivas rurales, situación que ha provocado el aumento de las importaciones de productos básicos: soya, maíz, trigo y arroz, así como de carne bovina, porcina y aves. Lo anterior influyó de manera determinante en el déficit de 104.02 millones de dólares de la balanza comercial agropecuaria en 2010, lo que representó un incremento de 344.7 por ciento respecto del 2009. Para revertir esa tendencia deficitaria de los últimos cinco años debe mejorarse la focalización de los subsidios, adecuar los esquemas de financiamiento al campo y establecer mecanismos que aseguren la correcta interacción de las entidades públicas responsables de conducir la política de ese sector. Presentamos al pleno de esta Cámara de Diputados una ley de seguridad alimentaria, donde el derecho a la alimentación debe ser parte de una estrategia nacional para contrarrestar nuestra dependencia alimentaria del exterior. La recuperación de nuestra soberanía alimentaria responde a un tipo de modelo económico diferente al que desde ya varias décadas prevalece en nuestro país. Es preciso transformar las políticas liberalizadoras y globalizadoras que ponen a la alimentación en manos de multinacionales. En materia de soberanía energética la Auditoría Superior de la Federación señala que los avances en materia de exploración y producción de hidrocarburos han sido insuficientes, ya que las reservas no se han restituido al ritmo de su extracción, lo cual ha ocasionado el decremento de la exportación de petróleo crudo y de la producción de petrolíferos. La capacidad para satisfacer las necesidades energéticas futuras está comprometida, ya que las reservas probadas se agotarán en 10 años en las condiciones actuales de explotación. Esta perspectiva obliga revisar la política energética y el régimen fiscal de Pemex, así como a realizar las inversiones que permitan explotar racionalmente los yacimientos en correlación directa con la constitución de reservas, modernizar las refinerías con base en el análisis costo-beneficio de la producción e importación, y operar conforme a los estándares de la industria. En ciencia y tecnología, la Auditoría Superior de la Federación establece que en materia de ciencia y tecnología, además de que se ha incumplido con los niveles de asignación de recursos establecidos en las disposiciones legales, tampoco se ha logrado su vinculación con el sector productivo de manera que contribuyan a detonar la actividad económica. México invirtió en ciencia y tecnología el .44 por ciento del producto interno bruto nacional, lo que lo ubicó en el último lugar de los 34 países miembros de la OCDE. Paralelamente es urgente impulsar las políticas públicas que vinculen la actividad científica y tecnológica con los problemas inherentes al desarrollo económico y social, ya que en 2010 sólo se ejerció el 36.6 por ciento de los recursos disponibles en los 18 fondos sectoriales para investigación, debido a la carencia de proyectos. En el campo del combate a la pobreza la Auditoría Superior de la Federación concluye que entre el 2008 y 2010 aumentó en términos absolutos el número de personas en condición de pobreza. La patrimonial pasó de 52.3 millones a 57.7; la de capacidades de 27.8 millones a 30; y la alimentaria de 20.2 a 21.2 millones. De 1.6 millones de hogares que fueron recertificados después de seis años de permanencia en el Programa Oportunidades, sólo el 5.7 superó su condición de pobreza. Estos resultados hacen patente la necesidad de revisar los instrumentos de distribución de los bienes, servicios y apoyos, así como de articular la intervención de las instancias participantes y la complementariedad de los diversos programas, tanto federales como estatales para romper el ciclo intergeneracional de la pobreza. Por ello el Movimiento Ciudadano, con las fuerzas progresistas de este país, acompaña un proyecto alternativo de nación que nos permita a todos salir de la decadente economía en que nos encontramos. Muchas gracias.