El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Con su permiso, señor Presidente. Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados. Sin duda alguna tienen razón quienes señalan que una ley no cambia la realidad social por sí misma. Los mexicanos nos hemos equivocado en algunas ocasiones cuando hemos creído que el solo cambio de la realidad jurídica cambia la realidad social, y las graves equivocaciones llevaron, en el siglo XIX, a tener una revolución social en el siglo XX, pensando que la sola modificación de la ley cambiaba la realidad social. Esta ley no es la excepción. El delito de secuestro no es más que la expresión de la evolución criminal que genera un gran desgaste en las instituciones, que genera un gran desgaste en la sociedad. El delito de secuestro se combate evitando la evolución criminal, haciendo que se detenga a los criminales cuando empiezan su carrera delictiva, antes de que se conviertan en delincuencia organizada. Esta ley tiene muchas bondades y es donde hay que poner el acento. Primera, porque se le da importancia al tema a nivel nacional; segunda porque se señalan con claridad competencias y cargas de trabajo para las instituciones. Es un reto enorme que en materia penal se haga una ley general porque la materia penal es una materia de coordinación y un delito o es federal o es local, pero no tienen concurso de delitos federales y locales. Pero sí es un buen esfuerzo que en una ley general se establezcan y se delimiten competencias. Qué cosas tiene esta ley que podríamos resaltar y que vale la pena hacerlo cada vez que podamos. Primera, se introducen algunas mejoras como el capítulo de coordinación en el que se señalan con mayor claridad las facultades que competen a cada nivel de gobierno en la prevención, en la investigación, en la persecución y en la sanción del delito de secuestro. Segunda, se definen con claridad las competencias de las autoridades preventivas y de las investigadoras en la materia. Tercera, se distribuye con claridad la competencia de las autoridades procuradoras de justicia federal y local, tanto en materia de políticas públicas como en la materia de protección a víctimas. Cuarta, se establece la obligación de las autoridades locales y federales de desarrollar programas de prevención social del delito de secuestro y de evaluar sus resultados. Quinta, se establece la competencia de las autoridades municipales, a través de sus órganos de seguridad pública, en la prevención del secuestro y en el apoyo a autoridades estatales y federales en operativos de presencia e inhibición de delito. Sexta. Se especifican los derechos de las víctimas, de los ofendidos y testigos de cargo para obtener información sobre la indagatoria o causa penal para recibir asesoría por parte de autoridades ministeriales o judiciales y para solicitar a la autoridad judicial medidas precautorias o cautelares. Y en el artículo 35, se enfatiza la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido, así como la atención médica, psicológica y la atención a menores en desamparo. Son cosas bondadosas y buenas de la ley, y esta legislatura demostró capacidad para poder adecuar una ley aprobada y modificarla cuando había necesidad de hacerlo. Estoy seguro que temas pendientes también tendrán que ser objeto de evaluación, como el tema de la imprescriptibilidad del delito, como el tema de la prisión vitalicia o como el tema de la gravedad de la conducta versus la gradualidad de la pena. Pero eso, que es un tema que se deberá, ahí sí en la realidad, no altera las bondades de una ley, no altera el trabajo de una comisión, no altera el esfuerzo de su presidente de la Comisión de Justicia, el doctor Benítez Treviño, por sacar adelante este tema ni el resultado de un grupo interdisciplinario de miembros diputados de la Comisión de Justicia por tener un mejor instrumento jurídico que repito por sí mismo no cambia la realidad, pero es un poderoso instrumento para modificar el cambio que requiere la sociedad mexicana en el delito de secuestro. Por su atención, muchas gracias.