La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, México vive hoy una encrucijada histórica que definirá el rumbo de nuestra nación en las próximas décadas. Nuestro país se encuentra en un proceso de modernización impulsado por una serie de reformas estructurales cuyo propósito es consolidar un nuevo modelo de desarrollo nacional. Sin embargo, al mismo tiempo vivimos una etapa marcada por la violencia, por una crisis institucional que genera desconfianza hacia las autoridades y donde los actos de barbarie se convierten en parte de la cotidianeidad. Ante esta situación, estamos obligados a tomar decisiones de largo aliento penando en el futuro de las próximas generaciones y no con base en cálculos políticos. En medio de este clima de zozobra resulta alentador que hoy analicemos y discutamos un asunto pendiente de la agenda nacional, que sin duda era una deuda que teníamos como parte del Estado mexicano en materia de derechos humanos; expedir una nueva ley que garantice los derechos de las niñas, niños y adolescentes en México. La minuta que hoy se pone a su consideración significa un avance sustancial para hacer efectivo el compromiso del Estado mexicano con sus niñas, niños y adolescentes. El proyecto plasmado en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las reformas propuestas a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, buscan ampliar la atención a la infancia y adolescencia. El propósito fundamental es migrar hacia una visión más allá de un enfoque asistencialista, para establecer a la niñez y adolescencia como titulares indiscutibles de derechos que el Estado debe garantizar en condiciones prioritarias y universales, integrales y sostenibles. Bajo este paradigma nos colocamos a la ruta de consolidar una sociedad que abone a establecer la vida democrática de la nación, como lo mandata nuestra Carta Magna. Es por eso que la creación del Sistema Nacional de Protección Integral, que se encargará del diseño y la implementación de políticas públicas, así como una Procuraduría Federal de Niñas, Niños y Adolescentes con sus representaciones locales, es sin duda un gran avance de la ley. Un derecho fundamental de nuestra niñez es, que no quepa la menor duda, el derecho a la educación. Es en consecuencia que consideramos un acierto que la norma cuente con acciones concretas a fin de lograr la anhelada calidad educativa. Con este precepto normativo se obliga al Estado mexicano a dotar del equipamiento y acceso a la infraestructura adecuados para todas y todos los alumnos, independientemente de su condición física o sus necesidades especiales. Obligación que por mandato constitucional no puede ni debe ser regateada. El derecho a la educación es, además de infraestructura física y condiciones adecuadas al proceso de aprendizaje, que nuestras niñas, niños y adolescentes reciban una educación libre de prejuicios en los que la directriz sea el interés superior de la niñez. Sabemos que el avance social dictará nuevos requerimientos, que las necesidades a cubrir serán amplias y muy variadas, por lo que continuaremos trabajando para que los recursos destinados al sector sean progresivos, etiquetados y evaluados. Uno de los derechos más importantes de niñas, niños y adolescentes es el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, particularmente al Internet. Por ello, quiero reconocer la sensibilidad de las y los diputados integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, por aprobar incorporar al presente dictamen la reserva que al respecto presentó el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, a fin de que ese derecho quede consagrado en el artículo 13 de la nueva ley. La ONU ha calificado el acceso a Internet como un derecho humano fundamental indispensable para realizar otros derechos fundamentales, como la educación o la salud, en un contexto como el mexicano, donde dos de cada tres estudiantes de educación básica no tienen acceso a Internet, la modificación propuesta por Nueva Alianza contribuirá a redoblar los esfuerzos del Estado para garantizar el acceso universal y así cerrar la brecha digital que alimenta aún más la desigualdad social. En materia educativa aún es necesario establecer procesos adecuados para la población con discapacidad y avanzar en la obligatoriedad de la educación inicial pública, así como el problema que hoy representan los embarazos entre adolescentes. Compañeras y compañeros, en nuestro grupo parlamentario nos parece que no podemos aspirar a construir una nación próspera, a menos que atendamos de manera prioritaria a nuestras niñas, niños y adolescentes. Los países con economías avanzadas lo han logrado, porque han atendido la base de su estructura poblacional, su niñez y su juventud. Los que han seguido esa ruta no es por una graciosa concesión, sino por un principio de justicia social. En consecuencia, nuestro grupo parlamentario votará a favor del proyecto en lo general, porque consideramos que estamos avanzando en el propósito fundamental de garantizar los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes y responde al interés superior de la niñez. Es cuanto, presidente.