La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Gracias, presidente. Felicito al diputado Héctor Gutiérrez de la Garza por la presentación de esta iniciativa que hoy acompañamos. Uno de los mayores problemas en este país es que hemos construido una cultura que fomenta los actos de corrupción en nuestro actuar cotidiano. De ello da cuenta el Informe 2013 de Transparencia Internacional, el cual añadido al Índice de Percepción de Corrupción nos ubicó en el lugar 106 de 177, junto con países como Argentina y Gabón. Nuestro país obtuvo 34 puntos dentro de una escala donde con el cero se mide el mayor nivel de corrupción y con el 100 el menor, con lo cual quedamos a 87 lugares de Uruguay, que fue el país mejor ubicado en América Latina al colocarse en el lugar 19. Sobre los factores que se miden para determinar el nivel de percepción de corrupción, el citado organismo internacional cuantifica las percepciones sobre corrupción en el sector público, y al argumentar sobre este problema esta organizar anota: la corrupción en el sector público sigue siendo uno de los mayores desafíos a nivel mundial, especialmente en áreas como los partidos políticos, la policía y los sistemas judiciales. Las instituciones públicas deben tener mayor apertura con respecto al trabajo que desarrollan y los funcionarios deben ser más transparentes sobre sus decisiones, investigar y juzgar la corrupción sigue siendo una tarea manifiestamente difícil. Ante los resultados obtenidos en los niveles de corrupción que existen en nuestro país, la Organización Transparencia Mexicana ha hecho recomendaciones respecto a que para combatir la corrupción se requiere un nuevo régimen de responsabilidades para los servidores públicos y mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Otra recomendación es la de avanzar en la implementación de una reforma en justicia penal para reducir los espacios de impunidad, justo en este marco de tomar medidas para combatir un mal que ya asemeja ser endémico en este país, se presenta el dictamen de la Comisión de Justicia que reforma los artículos 222 y 222 Bis del Código Penal Federal, a fin de hacer más viable la acreditación del tipo penal para armonizarla con la figura vigente de cohecho genérico. La definición del delito de cohecho que en los tratados internacionales especialmente en la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción ha sido definido como el requerimiento o la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto, de valor pecuniario u otros beneficios de dádivas, favores, promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas, así como el ofrecimiento u otorgamiento de estos beneficios directa o indirectamente o para un tercero. Ésta es una de las obligaciones que derivadas de la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de derechos humanos tenemos como legisladores. Debemos ser conscientes de la gravedad del asunto. En nuestro país la aprobación pública de los funcionarios de los tres niveles de gobierno resulta, por decirlo menos, cuestionable. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática dará su voto a favor del presente dictamen para poder abonar en que este delito tan común lamentablemente en nuestro país y que tanto nos lesiona como sociedad, por el tipo de prácticas que han implicado escándalos locales e internacionales, como los sobornos que ya mencionó la diputada Lilia Aguilar en el caso Walmart por parte de funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia para que esa cadena se instalara en el perímetro de la zona arqueológica de Teotihuacan, situación que fue hecha pública por el diario The New York Times. Otros casos como el del exdirector de operación de la Comisión Federal de Electricidad, Néstor Moreno Díaz, quien solicitó sobornos que le permitieron comprarse un yate de 1.8 millones de dólares, un Ferrari de 297 mil dólares y mantener a su hijo estudiando en una universidad inglesa. Compañeros y compañeras, combatamos también en nuestro quehacer cotidiano esta práctica y fomentemos en nuestro entorno inmediato acciones que vayan en contra del cohecho en todos los niveles de gobierno. Agradezco su atención y estoy segura que todos respaldaremos acciones que nos permitan combatir estos actos también desde el marco legal que nos corresponde adecuar para poder contar con una justicia más eficaz. Gracias.