El diputado Francisco Javier Calzada Vázquez: Gracias, diputado presidente. Es una iniciativa que reforma diversas disposiciones de las leyes del Banco de México y de instituciones de crédito, a cargo del diputado Juan Guerra, del Grupo Parlamentario del PRD. En la última década, los mexicanos hemos pagado un rescate bancario que importó enormes sacrificios, no sólo en detrimento de la necesaria infraestructura del país, sino al restringir los gastos de salud, educación e incluso en materia de seguridad pública. Los intereses asociados a este rescate y las erogaciones derivados de los costosos esquemas financieros diseñados por el gobierno federal implicaron desde 1998, que el presupuesto federal se encontrase comprometido en porcentajes sustantivos, dejando un limitado margen de maniobra para nuevos proyectos sociales, así como para el fomento de la actividad agropecuaria y de apoyo efectivo a las Pymes, y muchas otras áreas del desarrollo social, las cuales cedieron ante la gravedad de la situación en la que colocaron a la república autoridades financieras tolerantes, auditores contables complacientes y funcionarios financieros inexpertos. El público usuario pasó de ser mero espectador de las grandes decisiones del mundo financiero, a ser obligado responsable, deudor y víctima del desastre. La discrecionalidad con la que se otorgaron los apoyos financieros y la opacidad con la que se llevaron a cabo las auditorías por parte del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario no permitieron identificar a los responsables de los quebrantos y permitieron una indebida concentración de los subsidios canalizados al sistema financiero. Las multimillonarias sumas sólo alcanzaron a remediar la problemática de las clases privilegiadas y se decidió, en forma torpe e inadmisible, extremar las presiones de cobro, aplicando la cultura de pago a los de abajo, pero no a quienes dolosamente acumularon enormes pérdidas de capital. Los intermediarios no pedían, sino exigían un trato que no estaban dispuestos a dispensar a los deudores. Por tanto, es preciso dotar al Banco de México con facultades y atribuciones para observar el comportamiento del diferencial entre las tasas activas y pasivas en los sistemas financieros de nuestros principales socios comerciales. Desde luego, se asumen las diferencias y características particulares de esos sistemas del exterior; sin embargo, es de concluir que resulta inusitada, improcedente e inadmisible la disparidad del margen financiero prevaleciente en nuestro país. En tanto que en otras latitudes la retribución que se hace al ahorro, a la inversión, no guarda distancia de las operaciones de financiamiento en proporciones mayores a cinco o siete puntos; en nuestro país llegan a darse diferenciales superiores a 40 puntos, siendo esta injustificada diferencia el origen de las altas rentas que los bancos reportan a sus matrices en el extranjero, y no la eficiencia o habilidad de los administradores bancarios. Es por ello que tras la observación del mercado internacional, de las particularidades de los agregados monetarios nacionales, de la demanda de crédito, de las abundantes reformas legales hechas a favor del sistema bancario y de los principales riesgos a que está expuesto el cobro de crédito en nuestro país, debe moderarse la pretensión de los agentes financieros en el cobro por accesorios financieros. Por ello, se propone facultar al banco central para hacer efectivo el mandato contenido en el artículo 28 de la Constitución en materia crediticia, y promover el efectivo combate a los monopolios e indebidas prácticas, según lo señalado en el mismo precepto. Previendo además las conductas típicas que atentan contra la formación de acciones justas de financiamiento, es importante que, no obstante que hace más de 10 años que se dotó al Banco de México con facultades constitucionales para regular la moneda, el crédito y los cambios, el público usuario ha sido abandonado a las fantasiosas leyes del mercado, que ya han hecho estragos en las principales economías del mundo, y que debemos abandonar para moderar los efectos del libertinaje financiero. En consecuencia, se somete esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican la Ley del Banco de México y la Ley de Instituciones de Crédito, conforme a los artículos siguientes: Artículo 1o. Se reforman los artículos 26 y 51 de la Ley del Banco de México, agregando un segundo párrafo al precepto primeramente indicado, y una fracción IV al segundo dispositivo legal, para quedar como sigue: Ley del Banco de México Artículo 26. ... En protección de los intereses del público, el banco recabará información de los intermediarios bancarios a efecto de determinar el margen financiero existente entre las operaciones activas y pasivas que realicen en territorio nacional. Al efecto se emitirán, conforme a lo previsto en el artículo 24 de esta ley, normas de carácter general para la recepción de los datos informativos respecto de las operaciones causantes de pasivos a corto, mediano y largo plazo segmentados por importe, distinguiendo personas morales de personas físicas, así como respecto de los financiamientos al consumo, hipotecarios y al sector agropecuario. El Banco de México, con base en la información señalada en el párrafo que antecede, publicará los diferenciales o márgenes existentes entre los promedios de las tasas pasivas y los promedios de las activas que, efectivamente, se ofrezcan en sucursal por cada institución de crédito autorizada para operar en el país. ... Artículo 51. ... Fracciones I a III ... IV. En marzo de cada año, un informe respecto de la evolución de los márgenes financieros de la banca en territorio nacional por institución de crédito. Artículo segundo. Se reforman los artículos 48, 106 y 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, y se adiciona un artículo 113 Bis, numeral 5, al mismo ordenamiento, para quedar en los términos siguientes: Ley de Instituciones de Crédito Artículo 48. Las tasas de interés, comisiones, premios, descuentos, márgenes u otros conceptos análogos, montos, plazos y demás características de las operaciones activas, pasivas y de servicios, así como las operaciones con metales preciosos y divisas, que realicen las instituciones de crédito y la inversión obligatoria de su pasivo exigible, se sujetarán a lo dispuesto en la Ley del Banco de México, con el propósito de atender necesidades de regulación monetaria y crediticia. Ya termino, presidente. Artículo 106. A las instituciones de crédito les estará prohibido: ... Establecer condiciones en las que los márgenes diferenciales entre las operaciones activas de financiamiento se aparten significativamente de las tasas pasivas promedio que ofrezca al público, atendiendo las referenciales que publique el Banco de México. Artículo 113 Bis, numeral 5. Se impondrá sanción de 3 a 9 años de prisión a quien pretenda cobrar intereses o accesorios financieros usurarios, entendiendo por tales aquellos que resulten de aplicar tasas que se ubiquen quince puntos porcentuales por encima de las tasas y accesorios promedio que el intermediario pague efectivamente por operaciones pasivas al público en general, a través de instrumentos colocados en sus sucursales. La Procuraduría General de la República requerirá de la opinión del Banco de México, o de la Comisión Federal de Competencia, para proceder a la consignación del expediente motivado por la acusación formulada por el afectado, en el supuesto previsto en el artículo 113 bis, numeral 5, del presente ordenamiento. Le solicito a la Presidencia que el contenido de la presente iniciativa sea publicado íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.