El diputado Jesús Alberto Cano Vélez: Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas, compañeros diputados, tras 12 años de administración panista, el partido que alguna vez se autoproclamó como el promotor de la honradez y la transparencia, nos ha mostrado su verdadera cara, corrupción, ineficiencia y derroche son el sello distintivo de las últimas dos administraciones. Los ciudadanos leen día con día noticias indignantes: irregularidades en la adjudicación de contrato del seguro social, el ISSSTE; gastos excesivos en la realización de los juegos panamericanos, desvíos en los apoyos al campo, irregularidades en Enciclomedia y, por supuesto, en hoyo negro en que se convirtió la celebración del Bicentenario. En el gobierno federal hay una ineficiencia y torpeza en el manejo de las Finanzas Públicas que no tiene límite. La auditoría considera que el gobierno federal no presentó en la Cuenta Pública los siguientes aspectos: el destino de la totalidad de los ingresos excedentes, el detalle de los resultados sobre el objetivo del Programa Nacional de Reducción del Gasto, las reasignaciones derivadas de los subejercicios y economías registradas al cierre de cada uno de ellos, la información completa sobre la clasificación geográfica del gasto y el desarrollo regional, el total de las plazas ocupadas en el sector público y la vinculación de la información del desempeño con las decisiones presupuestarias. La auditoría señala categóricamente que no se informa con claridad sobre los montos reales del subejercicio, ya que se tienen recursos no ejercidos por 72 mil millones de pesos y tramposamente se le llama economía. ¿Con qué cara el gobierno federal presume sus resultados cuando sabemos que no se ejerció el 30 por ciento de los recursos del programa de apoyo al inventario? Nada más devastador que el discurso de las administraciones panistas que el saber que tan solo el 6 por ciento de las familias, que son beneficiarias del programa Oportunidades, superan la pobreza después de seis años de ayuda. El gobierno federal destinó más de 58 mil millones de pesos adicionales a fideicomisos, mandatos y contratos análogos para poder manejarlos a discreción y redujo fíjense bien sus disponibilidades en más de 65 mil millones de pesos sin dar cuentas claras. Tal es el caso del fondo de apoyo a la reestructuración de pensiones que no se pudo comprobar que se utilizaran para el pago de pensiones más de 10 mil millones de pesos, o los recursos para importantes obras como ya se mencionó- como el túnel emisor, el Parque Bicentenario, que no fueron ejecutadas, a través del presupuesto, sino mediante este tipo de figuras para sacarle la vuelta a la ley. Los gobiernos panistas se han caracterizado por su derroche. Entre 2000 y 2010 tuvieron recursos excedentes totales por un millón 857 mil millones de pesos, tan solo en el año 2010 los excedentes fueron de más de 163 mil millones de pesos. Estamos hablando que ni entre nosotros, aquí en noviembre de cada año discutimos, negociamos, nos peleamos por algo así como 100 mil millones de pesos año con año, el gobierno de la república tiene más de 163 mil millones de pesos promedio que los maneja discrecionalmente. Se dirá que esos recursos se ejercen de acuerdo a la Ley de Presupuesto, pero no es del todo verdad. La Auditoría señala con claridad que los 71 mil millones de pesos provenientes del derecho para el Fondo de Estabilización, que debieron utilizarse para inversión, no fueron utilizados con ese fin. Eso lo dice la Auditoría. En los últimos tres años no ha habido ingresos excedentes de la llamada bolsa general, porque Hacienda compensa con faltantes de otros ingresos, excluye los aprovechamientos de sus mediciones, juega con los calendarios y al final de cuentas no utiliza los recursos con los fines establecidos en la ley. Más aún. La Auditoría reporta que de 2008 a 2010 los gastos se incrementaron en 3.3 por ciento, mientras que los ingresos disminuyeron en 2.3 por ciento. ¿Cómo estamos financiando esto? Mis compañeros diputados del PAN subirán o están subiendo a esta tribuna nuevamente para criticar la deuda de los estados de la República. Ojo, ya lo dijo mi compañero Flores Rico, solamente representa el 2.4 por ciento, cuando la deuda del gobierno federal es de 34 por ciento del PIB, del PIB. Se ha incrementado en 4 billones de pesos, 4.8 billones de pesos la deuda en el sexenio del presidente Calderón. Estamos hablando de 6 puntos porcentuales adicionales. El problema también es que así lo dice, pero ya nadie les cree. 12 años después siguen mostrando las mismas torpezas; no saben gobernar; no saben administrar los recursos, incurren en falta en la ley y toleran la corrupción. Tomémosle la palabra al auditor y mejoremos el marco legal de la fiscalización. La aplicación de sanciones no puede seguir estando en manos de la Secretaría de la Función Pública definitivamente, esa dependencia altamente politizada que sirve más para obstaculizar el gasto en programas prioritarios, que para sancionar a funcionarios corruptos y deshonestos. No por nada el propio secretario de la Función Pública puede darse el lujo de presumir que el 99.4 por ciento de las acciones están solventadas. Solventadas, como lo decía mi compañero, es un problema de otra naturaleza. Es un problema de que el problema debe ser un problema de empleo o un problema de crecimiento económico, un problema de seguridad pública, un problema de pobreza, y eso es justamente lo que no ha hecho este gobierno. El crecimiento económico y la satisfacción de los desheredados de este país, aquellos que están queriendo, sobre todo los jóvenes que quieren empleo, quieren seguridad, quieren estudiar, quieren becas; quieren todo aquello que sea satisfacción social. Eso es el gran problema de este gobierno. Seamos críticos en nuestra propia labor, compañeros diputados. ¿Qué alcance tiene aprobar o reprobar la cuenta pública? ¿El trabajo de la Auditoría o esta Cámara ha hecho el gasto más eficiente, o ha logrado castigar a quienes dañan el patrimonio de los mexicanos? Necesitamos reformar nuestro obsoleto sistema de fiscalización. Muchos de los datos en materia hacendaria que da la auditoría ya los conocíamos desde hace más de un año. Estamos discutiendo cosas que ocurrieron hace ya dos años y luego aprobaremos un dictamen que no va a servir tal vez de mucho. Ya se dijo aquí, no se han aprobado los dictámenes de Fox, del 2002 al 2006 y del presidente Calderón el que aprobamos aquí o reprobamos, mejor dicho, no lo ha publicado el Ejecutivo federal, la del 2007. Tenemos que replantearnos seriamente el principio de anualidad de la fiscalización y la del propio presupuesto, que rige la misma, para adoptar más revisiones frecuentes, diría yo, tres meses, aprobemos por cada tres meses, en las legislaturas siguientes, lo que está sucediendo en el ejercicio de recursos, para cuando revisamos el ejercicio de la cuenta pública de un año ya pasó mínimamente un año y medio, o tal vez dos. Los ciudadanos quieren ver lo que está pasando en el momento, busquemos una reforma de fondo que provoque el artículo, que la Constitución nos da a nosotros los diputados para revisar permanentemente y frecuentemente la cuenta pública y el ejercicio de los mismos. Por eso yo los convoco a que revisemos ello ojo, veamos el tema de la anualidad de la fiscalización y de la anualidad del presupuesto, de ser necesario, reformemos la Constitución, para que verdaderamente se respete la facultad fiscalizadora de esta Cámara y tenemos que optar insisto por una fiscalización preventiva, con una verdadera participación ciudadana. Los mexicanos, pero sobre todo los desheredados -decía yo-, los que no tienen empleo, los que sufren por la sequía y los desastres naturales, los lastimados por la enorme inseguridad provocada por este gobierno ineficiente, caro y malo, mismo que debe dejar de ser una opción, porque así lo están pidiendo ya todos los mexicanos. Muchas gracias.