El diputado Yerico Abramo Masso: Con su venia, compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, a dar el posicionamiento respecto a la Ley de Disciplina con proyecto de decreto, que expide la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y reforma las Leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y en general de Contabilidad Gubernamental, presentada por el señor presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Antes que nada, quiero destacar el enorme esfuerzo realizado por todas las y los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de los distintos grupos parlamentarios con representación en esta Cámara de Diputados, para la concreción de este dictamen. Fueron largas jornadas de trabajo, de discusión y de debate, pero debate respetuoso, para llegar finalmente al dictamen que hoy se presenta en este pleno. La aprobación de este dictamen, representa un anhelo largamente acariciado por la ciudadanía en general, que da forma reiterada, ha demandado una mayor transparencia y eficiencia de las autoridades municipales y estatales en el manejo de los recursos públicos. El objetivo de esta nueva ley, es establecer una regulación en materia de responsabilidad hacendaria, que permita a las entidades federativas y municipios conducirse bajo criterios y reglas que aseguren una gestión responsable y equilibrada de sus finanzas públicas, generando siempre condiciones favorables para el crecimiento económico y la estabilidad del sistema financiero. La nueva ley permitirá homologar el manejo de las finanzas públicas en su conjunto y el uso responsable del endeudamiento como instrumento para financiar el desarrollo de nuestro país. Para cumplir con este objetivo la iniciativa basa sus acciones en cinco componentes. Uno. A través de reglas de disciplina financiera que promuevan el sano desarrollo de las finanzas públicas mediante principios de responsabilidad hacendaria. Ejemplo de ello es la limitación de ejercer gasto que este fuera del presupuesto determinado por ley o con cargo al ingreso excedente. Se limita el crecimiento de servicios personales a un tres por ciento real. Esto, amigas y amigos, es un gran logro porque por fin se va a poner orden a los ayuntamientos y estados para que las nóminas no crezcan indiscriminadamente y eso genere una deuda que no se pueda controlar, dejando fuera seguridad pública y gastos del sector salud a través de un sistema de alertas vinculado a los niveles de endeudamiento de servicio de la deuda y de las condiciones de liquidez que permita una detección oportuna del riesgo de endeudamiento. También regula a través de la contratación de financiamientos y obligaciones bajo principios de transparencia y eficiencia de forma que su contratación se realice al menor costo financiero, siempre destinando los recursos obtenidos a inversión pública. Lo anterior garantiza que la deuda sea destinada a inversión pública productiva, refinanciamiento, reestructura. Dicha deuda deberá ser autorizada por dos terceras partes de los Congresos locales analizando la capacidad de pago y destino. Respecto a las obligaciones de corto plazo no se requerirá autorización cuando representen menos del seis por ciento de los ingresos totales aprobados en las Leyes de Ingresos sin incluir financiamiento, y serán destinadas exclusivamente para cubrir insuficiencias de liquidez temporal la deuda estatal garantizada a través de la cual la federación, de acuerdo a la autorización constitucional, otorgará su aval con el único objetivo de apoyar los estados y sus municipios para reducir la tasa de interés de sus créditos. Lo anterior a cambio de generar convenios de disciplina financiera con estados y municipios. Dicha deuda estará limitada al 3.5 por ciento del PIB y respaldará deuda hasta el 100 por ciento de los ingresos disponibles del estado o municipio, el registro único para inscribir y transparentar la totalidad de las obligaciones y deuda de los gobiernos. No más deudas cajoneras, compañeras y compañeros legisladores. Esto pone alto a las deudas del cajón que cada que termina una administración, independientemente de cualquier partido político o los tiempos, se terminarán las deudas de que ya se fue el alcalde o el gobernador, y el que llega se lleva la sorpresa de que no había registro de los pagos a proveedores y eso lleva el riesgo a veces de un endeudamiento no registrado que pone en riesgo las finanzas públicas. Esto es una de las acciones más importantes de esta ley, se acaba la simulación financiera, se fortalece el estado de derecho, se fortalece la transparencia y da a las y los ciudadanos, la rendición de cuentas más clara que nunca se haya tenido en este país. Cabe destacar, que el cumplimento de las disposiciones de esta ley por parte de la autoridades estatales y municipales, será sancionado de acuerdo con la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como otras sanciones penales y el pago a la indemnización correspondiente. Finalmente, con la aprobación de este dictamen aportamos mayores elementos para una administración pública estatal y municipal más transparente y con mayor eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Así con responsabilidad, las y los diputados que estamos aquí, daremos una gran respuesta a la ciudadanía mexicana que hoy nos pide respuestas, y hoy con esta ley estamos cumpliendo. Muchas gracias, compañeras y compañeros legisladores.