El diputado Ernesto Vargas Contreras (vía telemática): Muchas gracias presidenta. Pues agradecer a los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, agradecer la mención que hace con respecto a mi persona el diputado Montalvo, agradecer al presidente de la comisión, el diputado Óscar González Yáñez y sumarme a este pronunciamiento de su pronta recuperación y agradecerles por haber dictaminado esta iniciativa la cual promoví, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 201 y 206 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Promoví esta iniciativa, compañeras y compañeros, porque la transparencia es un elemento fundamental de un gobierno responsable, es una cualidad, incluso, porque está asociada con la honestidad. La transparencia implica que los funcionarios públicos tengan el deber de actuar de manera visible y abierta ante los ciudadanos. Actualmente, los ciudadanos exigen con mayor frecuencia información y mayor participación en la toma de decisiones, es decir, que reciban información detallada y de forma rápida respecto a los que ocurre en las instituciones públicas. Es indispensable que lo anterior se lleve a cabo de forma amplia y permanente para conseguir un mínimo nivel de equidad social y eficiencia económica, y para que los ciudadanos no queden desprotegidos en uno de sus derechos fundamentales, el derecho a la información, el derecho a saber. Sin embargo, algunos organismos encargados de la transparencia funcionan pues más como oficinas de relaciones públicas que como autoridades responsables de asegurar que los ciudadanos mantengan información sobre sus actividades. Yo, desconozco cuántos de ustedes han solicitado información, pero, con frecuencia se permite a las autoridades extender los plazos para entregar la información solicitada y, de esta manera, solicitar información a las autoridades sin tener una respuesta favorable es una práctica habitual en nuestro país. Esto sucede principalmente por la ambigüedad de los términos legales, por ejemplo, se observa que en el primer párrafo del artículo 201, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra contenida la palabra podrá como ya se mencionó en el enunciado que hace referencia a la imposición de medidas de apremio para los sujetos obligados. Y, el artículo 206 expresa como parte de su párrafo primero, el siguiente texto: contemplarán como causas de sanciones por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la materia de la presente ley. Esto, en relación a la facultad que se les brinda a los colegiados de transparencia, a nivel nacional y de las entidades federativas, referente a las sanciones que se les aplicarán a los sujetos obligados que incumplan con la ley de la materia. Podrán y contemplarán, son palabras que abren posibilidades interpretativas y dan oportunidad de excusarse bajo todo tipo de argumentos. Por el contrario, términos como deberán y establecerán, limitan a dar cumplimientos sin pretexto a las autoridades responsables. Para que se verifique el derecho a la información que tenemos todos los mexicanos es importante que no exista la opción de contestar o no las solicitudes de información que los ciudadanos hagan, porque la mayoría de los ciudadanos que solicitan información y no reciben respuesta, no dan seguimiento al proceso de acceso a la información presentando un recurso de revisión para reclamar su derecho y los que sí damos seguimiento, pues, sabemos que no será sancionado el sujeto obligado por ser omiso a contestar aunque se marcan los plazos y términos estos, por supuesto, no son respetados. Debido al texto actual de los preceptos mencionados se deja abierta una laguna interpretativa mediante la cual los comisionados de transparencia, por ejemplo, aquí en el caso de Nuevo León, la aprovechan para de manera discrecional hacer una interpretación ad hoc que favorece a los sujetos obligados que incumplen con los plazos marcados para dar respuesta a las solicitudes de información y, de esta manera, no los multan y, por el contrario, a los ciudadanos sí les aplican las sanciones por no cumplir con los plazos para dar vida e impulso a sus solicitudes. Con todo respeto, quisiera decir que esto atenta contra la garante constitucional de acceso a la información de los mexicanos. Es por esta razón que la Ley de Transparencia debe ser totalmente clara en sus preceptos y evitar términos que se presten a interpretaciones favorables para los sujetos obligados. Las palabras tienen tras de sí una construcción de un significado bastante amplio, por eso, como legisladores, es nuestro deber analizar cuidadosamente las que se utilicen en las leyes para así garantizar el derecho de todos los ciudadanos. Por lo anterior, les agradezco nuevamente, a la Comisión, al presidente de la Comisión, Óscar González, a todas las compañeras y compañeros, diputados y diputadas, su voto a favor de garantizar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información. Por su atención y por su voto a favor, muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta.