El diputado Mario Alberto Maza Quintero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, los derechos de la mujer son, ante todo, una conquista lograda a lo largo de un sinnúmero de esfuerzos. Sin embargo reconocemos que aún existe mucho por hacer, y que lo logrado hasta aquí, constituye una conquista irrenunciable sobre la que es necesario continuar trabajando. En nuestro país, para lograr una plena igualdad en lo géneros, se requiere un trabajo pleno y comprometido de todos los sectores sociales, tanto de parte de la sociedad en general, como de las propias dependencias públicas a fin de estimular una cultura de la igualdad. Una cultura de igualdad requiere un cambio de manera de entender nuestra realidad, despejando de la misma aquellas barreras expresadas en fanatismos, prejuicios, estereotipos y demás manifestaciones culturales que puedan lacerar la dignidad del ser humano. A nosotros como legisladores nos compete una labor de optimización normativa a fin de dotar a nuestro sistema jurídico de los más altos estándares en materia de derechos humanos, y para lograrlo, también se requiere de un trabajo de depuración normativa a fin de expulsar de nuestro ordenamiento aquellas disposiciones que sencillamente no encuentran cabida en un estado democrático y de derechos humanos. Esa labor de depuración la debemos realizar memorizando nuestras leyes y sacando de ellas contenido que son discriminatorios, sexistas que tiene prejuicios o que parten de equivocadas ideas sobre a realidad social. Corregir estas leyes es un trabajo de gran importancia, porque el lenguaje que se utiliza al redactarlas, es un reflejo de nuestra cultura. En México, la Suprema de Corte de Justicia de la Nación ha señalado que las normas constituyen a construir un significado social de exclusión o degradación, las leyes no solo regulan conductas, sino que también transmiten mensajes. Por tanto, es posible presumir que el Estado toma posición sobre determinados temas. El presupuesto inicial es que las palabras contienen significados y que el lenguaje es peyorativo. El significado social que es transmitido por la norma no depende de las intenciones de su autor, sino que es función del contexto social que le asigna ese significado. Por esta razón, concretamente buscamos derogar el artículo 486 del Código Civil Federal, que a la letra dice: el marido es tutor legítimo y forzoso de su mujer, y esta lo es de su marido. Este artículo vulnera diversos derechos fundamentales de la mujer, así como principios esenciales como lo son la igualdad y la no discriminación. De inicio, como se ve, no tiene una consideración igual para el hombre. Por tanto, no parte de un equilibrio, quizá de tiempo se podría considerar como un suceso social vigente porque la norma es de 1928. Sin embargo, hoy día la existencia de derechos fundamentales reconocidos por el Estado, entre ellos la plena igualdad y la no discriminación, no permiten en modo alguno la persistencia de un lenguaje como el antes indicado, menos aún ante imperativos como la protección más amplia del ser humano y la progresividad de los derechos humanos. Al incluir el carácter de forzoso, el artículo no considera la libertad de la mujer para decidir quién pueda ser su tutor, las circunstancias en las que se puede desarrollar una relación, el derecho a la decisión sobre el cuerpo y los bienes, así como el libre desarrollo de su personalidad. Asimismo, respecto de la figura de la tutoría, debe señalarse que dicha figura tiene como prioridad la protección de la persona considerada como incapaz, sea en sus bienes patrimoniales como en los cuidados personales. Se contempla en esta figura jurídica a personas menores de edad o mayores con enfermedades irreversibles por alguna alteración física, sensorial o mental. Por ello, al decir que el hombre es su tutor legítimo es también una forma de lastimar la dignidad de la mujer. Compañeros diputados, ser legislador no solo conlleva a las grandes y trascendentales reformas, sino también la visión crítica para identificar cambios en donde deben realizarse. Una labor fundamental es la corrección del lenguaje normativo que utilizamos, porque el lenguaje que empleamos contiene una enorme carga histórica, ideológica y cultural. Corregir esas normas discriminatorias, creo yo, es también una reforma trascendental. Es cuanto, señor presidente.