El diputado Raymundo García Gutiérrez: Mediante tres resoluciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió reducir de 25 a 10 el salario mínimo general vigente, el tope de las pensiones del seguro de invalidez, vejez, cesantía y muerte que se otorguen conforme a la Ley del Seguro Social de 1973. Sin embargo, la tesis afecta derechos adquiridos de los trabajadores y es inequitativa que los asegurados, al momento de solicitar su pensión, la Ley del Seguro Social vigente desde el primero de julio de 1997 estableció como tope para todos los seguros, 25 veces salario mínimo. Esto significa que el tope de 10 salarios mínimos para el seguro la Ley del 73 no es vigente, los trabajadores que han cotizado para sus pensiones por arriba de ese tope desde 1997. De aplicarse de manera generalizada este criterio, los trabajadores que hayan cotizado las últimas 250 semanas por arriba de 10 minisalarios, verían reducido el monto de su pensión hasta en un 60 por ciento. La última de estas resoluciones, la tesis 164/2019, publicada el viernes 24 de enero de 2020, dice claramente que el límite superior que se debe aplicar, el salario promedio de las 250 semanas de cotización que sirve de base para cuantificar las pensiones de los asegurados del régimen transitorio que optaron por el esquema pensionario de la Ley 73. La tesis no es nueva, pues fue precedida por otras similares en 2010 y 2016. Sin embargo, en esta última fecha la Dirección General del IMSS manifestó que no aplicarían el tope de 10 salarios mínimos, manteniendo el pago de pensiones al amparo de la Ley 73, con el tope de 25 mínimos. Queda claro que la posición de la decisión del IMSS ha cambiado, pues desde el año pasado decidió litigar contra los pensionados que solicitaron la aplicación del tope máximo de pensión de hasta 25 salarios mínimos. Si no es así ¿por qué tomó la Corte este asunto y resolvió en contra de los asegurados? La decisión del IMSS al litigar este asunto fue ahorrar al gobierno la liquidación de pensiones en curso de pago pues, de acuerdo a la ley, quien paga estos beneficios es el gobierno federal y no el Instituto. Más allá de que el director del Seguro Social haya declarado que la jurisprudencia no obliga al IMSS, que se va a respetar el esquema de transición de los trabajadores que cotizaron 25 salarios mínimos y que se seguirá calculando tomando como base 25 salarios mínimos, lo cierto es que como en 2016 la decisión depende de la dirección en turno, por esa razón se requiere precisar esto en ley. Hoy se hace imperante que el Congreso llene esta laguna legal, reestablezca la equidad entre aportaciones y beneficios para los asegurados al momento de pensionarse y no sacrifique los derechos adquiridos de los trabajadores que cotizan al Seguro Social. La reforma que proponemos a su consideración es pertinente, pues la reducción que impuso la Corte de que perdieron el litigio es inequitativa, pues los asegurados tienen como límite para cotizar el criterio de la ley vigente de 1997, pero para recibir beneficios se les impone el criterio de la Ley 73. Aportaron hasta 25 salarios mínimos, pero solo pueden recibir beneficios por un máximo de 10 salarios mínimos. Lo correcto debiera ser que el Poder Legislativo elimine la incertidumbre o el capricho del gobierno y determine con claridad el método para la determinación de las cuantías de las pensiones que se otorgan al amparo de la Ley 73. La propuesta que ahora sometemos a consideración de esta honorable asamblea consiste en establecer con claridad en el artículo vigésimo quinto transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, en el caso de los pensionados, por el seguro de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte la Ley 73. El salario diario que se tome para determinar la cuantía de la pensión sea el salario que dé cotización promedio de las últimas 250 semanas. Con una reforma legal en el sentido anterior este Poder Legislativo contribuiría a evitar la incertidumbre que podría crear una decisión del director del IMSS en turno, de asumir el criterio de la Suprema Corte. No es castigando a los pensionados como va a resolver el gobierno su incapacidad recaudatoria. No es sacrificando derechos adquiridos como el gobierno va a extraer los recursos que necesita para cumplir las promesas de una campaña que parece no tener fin. Los trabajadores no tienen por qué empeñar su futuro y seguir condenados a una vejez de abandono y miseria. Aspirar a pensiones remunerativas no es un lujo, es la garantía de un futuro más justo y digno. Es cuanto.