El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Compañeras, compañeros, la minuta que se pone a consideración ante este pleno, esta que estamos discutiendo, ha seguido como sabemos, un largo proceso legislativo en ambas Cámaras. Se trata de una reforma para incrementar la eficiencia, pero sobre todo la celeridad de las acciones del Estado en materia de detección y de combate de los delitos de lavado de dinero y de financiamiento ante el terrorismo, pero observando en todo momento la garantía de seguridad y el debido proceso, que son derechos humanos esenciales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que nuestro país forma parte. Durante el periodo neoliberal y su manto corruptor, el combate de estos delitos, particularmente el lavado de dinero, fue una simulación. Estos delitos se cometían al amparo del poder no solo con la complacencia de los servidores públicos, sino lo que es peor, con su participación. No solo se hacían de la vista gorda, sino que se beneficiaban de ellos, y como el neoliberalismo es un sistema tan voraz, tan depredador, siempre buscó asegurarse su propia subsistencia y para ello construyó alrededor de estos esquemas de corrupción un andamiaje legal a modo, no solo para garantizar su impunidad, sino para que ni siquiera se pudiese garantizar la investigación de mediana eficiencia. Pero este gobierno ha dado la vuelta al timón. El lavado de dinero se combate hoy en día de verdad. A pesar de que los gobiernos anteriores dejaron una economía altamente impactada por dinero proveniente de actividades ilícitas, con esta reforma buscamos romper esas barreras legales a modo para la corrupción, esas barreras que la corrupción del pasado construyó para asegurarse su impunidad. Pero no lo hacemos arbitrariamente, sino que establecemos un procedimiento que hace efectiva la garantía de audiencia de toda persona que sea incluida por la Secretaría de Hacienda a esta lista de personas bloqueadas. Decía que esta minuta ha seguido un largo trayecto legislativo, compañeras y compañeros. El centro del desacuerdo entre ambas Cámaras se ubicaba en quién debe realizar la notificación del congelamiento de la cuenta. En este proyecto nos estamos allanando al razonamiento del Senado de la República para que sean los bancos quienes informen al cuentahabiente bajo una lógica de inmediatez de oportunidad, pero también porque como bien lo señala el dictamen la Unidad de Inteligencia Financiera no cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo esta clase de notificaciones personales, toda vez que es un área de inteligencia que no desarrolla funciones de campo. Compañeras y compañeros, les informo que el Partido del Trabajo refrenda su apoyo al titular del Ejecutivo federal en estas acciones para combatir el lavado de dinero. Que los corruptos gobiernos del pasado desafortunadamente permitieron que crecieran a niveles descomunales y tal como lo señaló recientemente el American Enterprise Institute el año pasado en su informe denominado Enfrentando las amenazas a la prosperidad, la seguridad en relación México-Estados Unidos, cuando señalaron que el enfoque de López Obrador en el combate al lavado de dinero es apropiado dada la prominencia de esta actividad en México. Recordemos que según algunas estimaciones en México se lavan alrededor de 50 mil millones de dólares cada año. Cierto es que esta reforma, compañeras y compañeros, no acabará con el problema por sí sola, pero sin duda eso pensamos en el Partido del Trabajo será una herramienta de gran utilidad para potenciar los esfuerzos del gobierno. Por eso, el PT votará a favor de esta reforma y que la voten en contra quienes no quieren terminar con el lavado de dinero, quizá será porque se siguen beneficiando de él. Es cuanto, diputada presidenta.