El diputado Eduardo Olmos Castro: Con su permiso, señor Presidente: de conformidad con los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, diputado Eduardo Olmos Castro, en nombre del grupo parlamentario del PRI, presenta a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma el artículo 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, en el Ramo del Petróleo; que reforma el artículo 1 y adiciona un párrafo al numeral 7 del artículo 3 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía; y adiciona un párrafo al artículo 1o. y reforma los artículos 7, 25, 31, numeral 10, y 34, numeral 8, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Exposición de Motivos México atraviesa por un acelerado crecimiento en la demanda energética, registrando tasas superiores a los indicadores demográficos o a los económicos. El gas natural es un producto que ha venido creciendo en su demanda en todo el mundo. De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Energía, el consumo de energía crecerá en México los próximos 10 años con una tasa promedio anual de 6 por ciento, mientras que el consumo de gas natural crecerá a 10 por ciento anual. Un crecimiento en la demanda energética es característico de países con economías emergentes, en donde existe un rezago en infraestructura. Este crecimiento se refleja también en el consumo del sector industrial y social; o sea, el doméstico. Este crecimiento tan acelerado provocará que la demanda nacional de este energético enfrente un grave problema. La oferta de gas crecerá en el mismo periodo a una tasa de 7.1 por ciento, lo que se traduce en un déficit de gas natural, que será cubierto con importaciones, que representarán 23.7 por ciento de la demanda total. La construcción de ciclos combinados de gas natural en la producción de electricidad es uno de los principales factores que han acelerado el crecimiento del consumo de este hidrocarburo. Actualmente, se encuentran en proceso de construcción o programados alrededor de 14 gigawatts, de los cuales 85 por ciento utilizará gas natural como combustible. En nuestro país, desde 1995 el Congreso de la República aprobó la reforma de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, permitiendo que el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural sean llevados a cabo por los sectores social y privado y que podrán construir, operar y ser propietarios de ductos, instalaciones y equipos, en los términos de las disposiciones reglamentarias, técnicas y de regulación que se expidan. Esta medida fue complementada con la asignación de nuevas funciones y atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía y con la expedición del Reglamento de Gas Natural. En noviembre de 1995 fue esto. Este organismo, de acuerdo con la ley, es el encargado, entre otras cosas, de regular y promover el desarrollo eficiente de las ventas de primera mano de gas natural y gas licuado del petróleo; el transporte, almacenamiento y distribución de gas natural también. Éste tendrá, entre otras atribuciones, la de expedir las metodologías para la determinación de sus precios, salvo que existan condiciones de competencia efectiva, a juicio de la Comisión Federal de Competencia. Estos dos parámetros, la regulación y las tarifas, son el eje central de la propuesta de la iniciativa de reforma de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, así como de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Cuando se habla de regular un sector de la actividad económica, es dable pensar que esto signifique suprimir todo tipo de normas y dejar liberado el funcionamiento de dicho sector a las reglas del mercado. No siempre desregular significa dejar actuar libremente las reglas de mercado, y no significa esto porque las condiciones específicas y naturales del lugar y algunas actividades del sector hacen que el mercado pueda en ocasiones mostrar imperfecciones importantes que lo hacen por sí solo incapaz de regularse con eficacia. La nueva regulación ha incorporado a los objetos clásicos nuevos conceptos, que tienden a evitar aquellos efectos no deseados. Se pide que, a mediano plazo, el área regulada cumpla ciertas metas de inversión que acompañen el crecimiento del mercado y que logren mayor eficiencia. La innovación tecnológica en el sector regulado debe ser tarea prioritaria que la regulación fomente para que ésta no se trasforme o no se convierta en un factor limitante de la evolución del sector. La política energética del gobierno debe ser una política de Estado que elabore reglas del juego que den seguridad jurídica a los regulados: la coherencia entre política energética y normas regulatorias es condición necesaria para que un sistema regulatorio alcance sus objetivos. Esta iniciativa introduce un nuevo elemento en la Administración Pública Federal, que son las autoridades reguladoras autónomas por ley. Tradicionalmente, los órganos reguladores han venido apareciendo como auxiliares del Estado en las diferentes áreas prioritarias; es decir, energía, comunicaciones, simplificación administrativa, competencia, etcétera, y han cumplido las tareas necesarias de regulación, principalmente en estas áreas, que son fundamentales para el país. Sin embargo, la participación de estos órganos ha sido limitada, principalmente por las condiciones de su naturaleza, al estar sujetas a condiciones financieras que limitan su tarea, y a la falta de autonomía para poder arbitrar entre el monopolio del Estado y los intereses del sector privado y también el desarrollo con bienestar de la nación. Es decir, convertir la Comisión Reguladora de Energía en una autoridad reguladora por ley, cuyas decisiones adquieran esta naturaleza, a manera de intervenir con la fortaleza que se requiere, pero al mismo tiempo puede ser sujeta a la ley, en cuanto a las decisiones de autoridad en beneficio de los usuarios, de los servicios regulados, con la responsabilidad de garantizar el dominio inalienable de los recursos energéticos por parte del Estado pero, a su vez, promover el fortalecimiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país. Ésa es la intención de esta reforma. Se requiere fortalecer la Comisión Reguladora de Energía como una autoridad reguladora, dotándola de patrimonio propio e independencia financiera, permitirle formar, permitirle evaluar y contratar a su personal técnico, permitirle también el uso de los autogenerados y la posibilidad de contratación de sus especialistas en los diferentes ramos necesarios para realizar esta función tan importante. Sólo contando con un órgano regulador que enfrente los retos que se avecinan podemos garantizar el uso eficiente de los carburos y la eficiencia necesaria en la infraestructura para el desarrollo del país y el beneficio de la población. México cuenta con abundantes reservas de gas natural seco y asociados, con los costos de producción más bajos de Norteamérica y con inversiones en gas muy rentables, con márgenes muy elevados que no tiene ningún consumidor del país. Sin embargo, las ventajas de su riqueza petrolera no se han aprovechado en las últimas dos décadas para impulsar el desarrollo del país. Por el contrario, se han limitado al mínimo la exploración y la producción del gas y se ha seguido una fórmula de precios con serias fallas y con limitaciones, lo cual ha puesto en una situación vulnerable al país, así como el riesgo de desmantelamiento de diversas cadenas productivas, con los correspondientes efectos negativos para nuestra economía. Sin un mercado libre en México, los precios fueron establecidos con base en los del sur de Texas, reflejando estacionalidad y especulación ajenas a México. Actualmente, bajo este mecanismo, y a pesar de contar con los costos más bajos, México se encuentra entre los países con los precios más elevados del mundo. En 2001, las empresas firmaron un convenio con Pemex, en el cual garantizaban durante tres años un precio fijo del gas natural a cuatro dólares el millón de unidades térmicas británicas, para blindarse ante el aumento energético, pero en octubre de 2004 los precios de referencia del canal naviero de Houston fueron de 5.39. Esto nos sujeta al comportamiento errático del mercado en Estados Unidos, sobre todo cuando las condiciones climáticas son extremas, además de que la capacidad productiva de Estados Unidos alcanzó su máximo en 2001 y hasta 2003 había bajado casi 3 por ciento. En cuanto a Canadá, de cuyas importaciones ha dependido el gran consumo estadounidense, su producción llegó al máximo en 2002 y desde entonces bajó 2.2 por ciento, lo que seguramente encarecerá el producto. En la Laguna, las propias circunstancias nos han puesto en el centro de este debate, sobre todo por el conflicto generado entre el proveedor y los empresarios organizados en la Canacintra y en Torreón, Coahuila; y, por otro lado, tener en este subsuelo una gran reserva de gas natural en la cuenca de Burgos. Esto último nos plantea una contradicción ya que, como otros estados productores de energéticos, estaremos enfrentando un aumento de tarifas, como el que se está proyectando a nivel nacional. Concluyo, señor Presidente: solicito a esta Presidencia que esta iniciativa se integre en su totalidad, dado que el tiempo no es suficiente para practicarla, en el Diario de los Debates. Muchas gracias.