La diputada Marcela Guerra Castillo: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el 4 de diciembre de 2006 se publicó en la reforma el artículo 73 de la Constitución de nuestro país, la cual estableció como un argumento fundamental para la misma que la Secretaría de la Función Pública y los órganos internos del Poder Ejecutivo tienen actualmente las facultades para vigilar, acusar, investigar y determinar responsabilidades e incluso imponer sanciones a los servidores públicos, lo cual evidentemente los convierte en juez y parte. Se concluye con esto que en la actualidad impera una inadecuada impartición de justicia en materia de responsabilidades administrativas de todos los servidores públicos, primero, porque no es un tribunal el que administra la justicia a los servidores públicos, y segundo porque es la misma autoridad la que acusa, la que investiga y sustancia los procedimientos y sanciona. Por esta razón se propuso que los procedimientos disciplinarios a través de los cuales se apliquen las sanciones administrativas a todos aquellos servidores públicos que delincan o que ofendan a la hacienda pública o de otra forma obstaculicen la función de fiscalización, pasen de un autocontrol administrativo a un control jurisdiccional en donde un tribunal, o sea, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sea el encargado de impartir justicia, garantizándose con ello a los servidores públicos que en sus conflictos y controversias tendrán en las instituciones de justicia el marco adecuado para su justa resolución. En este nuevo esquema se garantiza el equilibrio que debe de existir entre el bien jurídicamente protegido por el Estado a saber, el de prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de las obligaciones de los propios servidores públicos que obstaculicen, como ya lo dije hace un momento, el adecuado funcionamiento de la administración pública y la tutela de los derechos de los servidores públicos durante el desarrollo de los procedimientos sancionatorios para evitar actos que restrinjan o vulneren las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de nuestro país. Para dar cumplimiento al mandato constitucional que en virtud de la reforma dispuso que el Congreso tiene la facultad para expedir leyes que instruyan a los tribunales de lo contencioso administrativo y dotarlos de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo, además de dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares y es menester el de reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para suprimir la facultad de la Secretaría de la Función Pública, de aplicar las sanciones a los servidores públicos que corresponda. Es decir, es la Secretaría de la Función Pública quien actualmente es la que sanciona a los propios funcionarios que pertenecen al Poder Ejecutivo. Por eso es esta reforma y les pido para ello la consideren y la apoyen. Para tal propósito, se propone reformar también la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, a fin de facultarlo legalmente para que él imponga las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa que determine la propia Ley Fiscal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como para que conozca mediante los medios de impugnación correspondientes, de las resoluciones que se dicten al respecto. De esta manera se propone que sean las salas regionales de estos tribunales las que impongan las sanciones administrativas a los servidores públicos y que sea la Sala Superior la que revise sus resoluciones a través de los medios de impugnación establecidos por la propia ley. De lo anterior y en atención a la configuración actual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en razón de que las salas han adquirido ya una experiencia al resolver los juicios en donde la Administración Pública Federal impone sanciones a todos los servidores. Y finalmente para reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para suprimir la facultad de la propia Administración Pública Federal, de imponer las sanciones administrativas a todos los servidores públicos. El conjunto de elementos contenidos en la propuesta que se efectúa, ofrece una respuesta que equilibra los intereses de todas las administraciones públicas y a las garantías de la imparcialidad del servidor público, en efecto, en cumplimiento del objetivo del Estado para sancionar a los servidores públicos que con sus conductas hayan obstaculizado la prestación eficiente de un servicio público. Por otro lado, la actuación especializada de la instancia jurisdiccional en el marco de la división de poderes sienta entonces las condiciones para la unificación de criterios y de procedimientos ahora diversos como garantías para el gobernado y para el servidor público. Por lo expuesto, someto a consideración de la asamblea el proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de la Justicia Fiscal y Administrativa y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Ésta, compañeros, es una iniciativa de mi partido, el Revolucionario Institucional. Muchas Gracias, muy buenas tardes.