La diputada Laura Hernández García: El Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 establece directrices que dan continuidad al proyecto político que se autodeterminado cuarta transformación, la cual insiste que es una transformación política y social desde 2018 que está consolidándose en un modelo de desarrollo basado en el humanismo mexicano. Y, aunque este documento no solo contiene planteamientos ideológicos, carece de elementos que incluyan todas las problemáticas de todas las personas en el país para que realmente pudiera traducirse en un plan que tuviera políticas públicas sólidas, con presupuesto que ofrezca resultados palpables para la ciudadanía, en donde la garantía y el ejercicio a los derechos humanos debería de ser fundamental. Es por eso que hoy vengo a esta tribuna, no solo como representante ciudadana o diputada ciudadana, sino también como una mujer diversa, como una persona defensora de los derechos humanos, como activista por los derechos humanos de las personas con VIH, para expresar que las necesidades y las causas que se requieren ser atendidas para estos sectores no se ven reflejadas ni en los objetivos ni en las estrategias de este documento. Y, también para dejar constancia de este documento de planeación está construido solamente con una sola visión. De la revisión de este Plan se puede identificar que no hay un diagnóstico ni una consulta en el tema LGBTQ+. Solamente hay una mención en el eje 2 de igualdad sustantiva, las poblaciones, la diversidad sexual formamos parte de todos los sectores sociales y etarios, como son las personas jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas indígenas y afrodescendientes, que eso es cierto. Sin embargo, era fundamental que se abordara de forma explícita una consulta con todas nuestras poblaciones, gays, lesbianas, bisexuales, trans, no binarias, queer y no se hizo así. Entonces, no hubo un diagnóstico certero, real, que se conocieran las necesidades de primera mano de nuestras poblaciones en materia de salud, trabajo, acceso a la justicia, a la vivienda, entre otros muchos. Y, en consecuencia, pues se establecieran dentro de los objetivos y estrategias políticas públicas específicas que permitieran mejorar la calidad de vida de nuestras poblaciones y garantizar realmente nuestros derechos humanos, principalmente, el derecho a la no discriminación y a la vida. Y atender este gran problema de impunidad que nos afecta con los crímenes de odio. En materia de salud existe una incongruencia explícita entre lo que se propone en el Plan Nacional de Desarrollo y el presupuesto aprobado, al menos para este año, como lo muestra la reducción de 133.6 mil millones de pesos en el presupuesto del sector salud respecto a lo aprobado en 2024, 11 % en términos reales. Con este insuficiente presupuesto no se puede garantizar el acceso universal a los servicios de salud ni políticas de prevención ni mucho menos acceso gratuito a medicamentos. En todo el país falta infraestructura, insumos y condiciones dignas para el personal médico que realice su labor y para que los usuarios de los servicios de salud realmente sean atendidos. Les invito a que vayan a los institutos nacionales que están funcionando con lo mínimo y que no tienen los insumos para poder hacer tomografías. Estoy hablando del Instituto Nacional de Cancerología. Estoy hablando del Instituto Nacional de Cardiología. También, de Nutrición. Véanlos cómo están. Por otro lado, hay que entender que el derecho a la salud no solamente es atender a las personas que padecemos una enfermedad crónico degenerativa, sino también la ausencia de enfermedad es parte del derecho a la salud. Y la prevención en este país no se está llevando a cabo y aquí lo digo específicamente en VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Tampoco existen objetivos y estrategias que permitan atender este asunto de salud pública...