El diputado Rubén Cayetano García: Bueno, los argumentos legales, jurídicos, fundados, motivados en la impugnación se encuentran precisamente en el acuerdo, en el contenido de lo que vamos a aprobar. Están debidamente estructurados, son exactos, tiene sustento legal, constitucional, formal y son procedentes, así deberá calificarlos la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de manera inequívoca, porque se pretende salvaguardar, precisamente, la legalidad, la soberanía y las atribuciones que la Constitución establece, tanto para el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, y el Congreso local de Tamaulipas. Sobre la misma interrogante, compañero diputado, voy a argumentar lo siguiente. El pasado mes, la Fiscalía General de la República presentó, ante esta Cámara de Diputados, una solicitud de declaratoria de procedencia en contra del ciudadano gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Con ello se inició un procedimiento, comúnmente conocido como desafuero, días después el Congreso del Estado de Tamaulipas, hábilmente, con ventaja, aprobó bajo el método también denominado comúnmente fast track. De todas formas, exhibiendo un atropellamiento, una reglamentación interna por la que regula el procedimiento que la propia Legislatura local seguiría, en caso de que esta Cámara de Diputados les remita alguna resolución por la que se le retire al propio gobernador la inmunidad procesal penal que le confiere la Constitución federal. Es decir, el fuero. En otras palabras, lo que hizo el Congreso local es que se amarraron el dedo antes de cortárselo y se curaron en salud. Tú como médico lo sabes, lo que significa. Con esa acción, el Congreso local intenta otorgar al gobernador una garantía de impunidad. Esto fue una reacción. Si no hubiese habido la denuncia, el inicio de un procedimiento en la Comisión Instructora, el Congreso de Tamaulipas ni se hubiese esmerado en llevar a cabo este comedimiento legislativo. Así actúan los cacicazgos locales, al más viejo estilo del régimen derrotado en julio de 2018. Nosotros no prejuzgamos respecto de la responsabilidad o no del Ejecutivo de esa entidad federativa sobre los ilícitos que le atribuye la Fiscalía General, el Ministerio Público. El procedimiento de declaración de procedencia seguirá su curso, como lo señala la Constitución y la ley, y eventualmente esta Cámara estará tomando una decisión sobre el caso, misma que deberá estar debidamente fundada y motivada. Pero, la Legislatura local, al parecer, sí prejuzga sobre el resultado de tal procedimiento. Son medios saurinos, pues ha sido muy presurosa en otorgar la patente de corso al Ejecutivo. El día 2 de marzo pasado, fue presentada la iniciativa, dispensada en todos los trámites, escasamente discutida, aprobada por el pleno de ese Congreso y remitida velozmente para su publicación al periódico oficial, lo que sucedió al día siguiente. Pero dicen que el comedido siempre queda mal, ¿qué dispone ese argumento? Básicamente que al recibir una resolución de desafuero emitida por esta Cámara de Diputados contra el Ejecutivo local, el Congreso del estado podrá determinar que no se aplique, que se conserve el fuero, aún frente a la presunta comisión de delitos federales y que el gobernante se mantenga en su cargo. Ello, es irregular, agrede a este Congreso General al oponerse al ejercicio pleno de nuestras atribuciones de una de nuestras Cámaras. El artículo 111 constitucional dispone que diversos servidores públicos con alto grado de responsabilidad podrán ser sujetos a proceso penal por la presunta comisión de delitos federales, únicamente si esta Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder. En eso consiste la inmunidad procesal penal que confiere nuestra Constitución a los altos cargos públicos, y por ser un acto de plena soberanía, la resolución que tome esta Cámara sobre el retiro de la inmunidad es categóricamente definitivo. El propio artículo 111 establece, en su párrafo sexto, que las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados son inatacables, inapelables, inimpugnables e irrevertibles, como le quieran decir, ni siquiera el Poder Judicial puede revocarlas. Y así lo ha confirmado la Suprema Corte en diversas tesis jurisprudenciales, entre las que destaca la que tiene el siguiente rubro: Declaración de procedencia, los actos emitidos por la Cámara de Diputados y la Sección Instructora durante el procedimiento relativo son inatacables, incluso a través del juicio de amparo. En esta tesis o criterio, jurisprudencia o como lo quieran calificar, se aduce que el Poder Constituyente facultó a esta Cámara para resolver soberana y discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público, con el fin de que sea juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen. En atención a esa finalidad reitero son inatacables, incluso a través del juicio de garantías, todas las resoluciones emitidas en el procedimiento de declaración de procedencia, es decir, no solamente el último, sino los que van durante el procedimiento. Ahora bien, el párrafo quinto del mismo artículo 111 establece que cuando la Cámara resuelva el retiro de la inmunidad de un gobernador, entre otros servidores públicos locales, esta deberá comunicarse a la legislatura estatal para que, en ejercicio de sus atribuciones, proceda como corresponda. Por supuesto, en el caso de los funcionarios estatales se precisa que la intervención de las legislaturas locales, como forma parte de colaboración entre poderes y respecto... y respeto, respeto del pacto federal. Por ello, no significa que la legislatura estatal pueda dar reserva a la resolución de esta Cámara federal. No puede constituirse en una segunda instancia o instancia revisora, menos, o mucho menos cuando se trata de una investigación por delitos federales. Al respecto, la Suprema Corte, compañero legislador, al resolver sobre el papel que podía jugar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el caso del desafuero del jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado un esquema en el que pueden convivir las atribuciones tanto del Legislativo federal como de las legislaturas locales al expresar lo siguiente: La participación de la Cámara de Diputados es definitiva, porque así lo dispone la Constitución, de ahí que sea órgano terminal en ese sentido. Amén de que, en su caso, se constriña en desaforar y dejar al funcionario en aptitud de ser juzgado penalmente por delitos federales y amén de que las legislaturas locales puedan eventualmente proceder a determinar su separación del cargo. Queda claro, entonces, que la legislatura del estado de Tamaulipas ha excedido sus atribuciones. Miren, qué casualidad, igual que el INE, igual que algunos jueces en el tema de la reforma por la Ley de Energía Eléctrica. Pero eso, ese exceso, va en detrimento de las potestades soberanas de esta Cámara federal y que estamos defendiendo a través del acuerdo que se discute. A ello corresponde precisamente que hoy discutamos la necesidad de acudir a la Suprema Corte, mediante la presentación de la controversia constitucional que estamos comentando, para defender las atribuciones constitucionales de este Congreso y para revertir, mediante los instrumentos jurídicos, republicanos y democráticos, un acto de poder que promueve la impunidad, resabio del régimen de corrupción que hemos derrotado y que vamos a erradicar. No sabemos cuál será el resultado del desafuero. No prejuzgamos sobre la responsabilidad que pueda o no tener el Ejecutivo de esa entidad federativa en los hechos que le imputa la Fiscalía General. Sin embargo, vemos con seria preocupación que el Legislativo local se apresura a brindarle un manto de impunidad. Qué vergüenza. Con esto termino mi respuesta, presidenta Sauri. Y voy a concluir mi intervención.