La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores, el dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea constituye, sin duda alguna, un primer gran paso para la atención de uno de los fenómenos más graves que se han producido en nuestro país, debido al incremento de los índices delictivos, y consecuentemente, de la violencia. Este es, sin duda, un movimiento en la dirección correcta. Sin embargo, a pesar de que existe una preocupación real por este fenómeno, no existe una política eficaz destinada a la atención de quienes son orillados por la violencia que experimentan en su vida diaria. Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a nivel mundial la cifra de personas víctimas del desplazamiento forzado era en 2015 de 65.3 millones, de los cuales 40.8 millones eran desplazados internos. Lo que representa una crisis humanitaria a la que la mayoría de los Estados no le ha dado la importancia ni la atención que merece. En México no se cuenta con cifras oficiales, pero organizaciones civiles reportaron en 2016 más de 287 mil 356 personas en esta condición. De estas personas desplazadas, 80 por ciento son mujeres, doble y hasta triplemente victimizadas, debido a sus condiciones de vulnerabilidad. A pesar de que no existe un estudio gubernamental sobre el fenómeno, sí podemos señalar que la violencia generalizada, los conflictos sociales y políticos, la discriminación e intolerancia social, los megaproyectos de infraestructura, disputas entre tierras de recursos naturales, así como los desastres ambientales son las principales causas que originan los desplazamientos forzados. Según lo señalado por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, los estados que más personas desplazadas registran son: Chiapas, Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Guerrero y Veracruz. Lo anterior, sin duda alguna se ve agravado por la situación de México, como un país de tránsito hacia Estados Unidos, fenómeno que se ha visto incrementado en los últimos meses y que se ha manifestado en forma de caravanas de migrantes en busca de un permiso laboral para trabajar en el país vecino, y que en muchas ocasiones terminan quedándose en México, con las consecuencias humanitarias que esto significa. La desintegración familiar, la pérdida patrimonial, la falta de oportunidades laborales, la pérdida de una educación sistemática, la afectación de los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la alimentación, la vivienda y la salud, así como la ruptura de lazos sociales con sus comunidades de origen y la pérdida de arraigo son algunas de las consecuencias que se tienen del desplazamiento forzado interno. Es urgente, en congruencia, que el Estado mexicano atienda las recomendaciones de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en el sentido de emitir a la brevedad una ley que atienda de manera integral el fenómeno que hoy nos ocupa. En tanto, celebramos el amplio consenso del que goza el dictamen que hoy nos ocupa, dado que se trata de una construcción colectiva de todos los diputados integrantes de los grupos parlamentarios de la Comisión de Justicia. Este nuevo tipo penal establece que el delito de desplazamiento forzado interno puede ser cometido de manera individual o colectiva contra una persona o un grupo de personas con la consecuencia de que estas abandonen su hogar de residencia. Es por todo lo anterior, que ampliamente comprometidos con los derechos humanos, el Grupo Parlamentario del PRD, expresa su voto a favor de este presente dictamen y empeña su mayor esfuerzo para la construcción de una ley que nos permita la atención integral de este gravísimo fenómeno. Es cuanto, presidenta.