La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: En los primeros días de julio de 2019, ante el personal del hospital rural de Mapastepec, Chiapas, el presidente de la República prometió que trabajará para que en México exista un sistema de salud como el que existe en los países nórdicos. Sinceramente no creo que haya alguien que se niegue a esa aspiración. Dudo mucho que alguien se atreva a decir que no. Considero incluso que todos los mexicanos al unísono debemos pedir al gobierno federal que nos presente el plan que tiene para lograr un sistema de salud como el de Dinamarca, Noruega y Suecia. Pero lo que le faltó decir al presidente de la República es que para tener un sistema de salud como el de los países nórdicos es necesario tener también una economía como la de ellos, un sistema de derecho similar, un gobierno parecido y una cultura de la legalidad como la que practican sus ciudadanos. En pocas palabras, todo el sistema de salud universal y todo el sistema de derechos sociales universales requiere de un sistema económico que la sustente, de un Estado fuerte que garantice su aplicación y de una política pública que la ordene y la ejecute como un derecho de ciudadanía. Es por todos sabido que garantizar derechos sociales en la Constitución tiene la finalidad de que tales derechos y las partidas presupuestales que les correspondan no estén sujetos a los vaivenes de la política para que tales derechos sean reconocidos independientemente de la ideología del gobierno que sustituya al que promueve su constitucionalización. Apoyamos la constitucionalización de derechos sociales de las personas, porque contribuye a reducir las desigualdades sociales que se originan y se reproducen con la desigual distribución de la riqueza, con la existencia de millones de trabajadores y trabajadoras que no alcanzan el salario suficiente para adquirir los bienes que requiere una familia para su bienestar. Pero al Grupo Parlamentario del PRD nos preocupa que al elevar el rango constitucional los nuevos derechos suceda lo mismo que ha sucedido con el derecho al salario remunerador y suficiente para el bienestar de la familia, con el derecho a la vivienda digna, con el principio de trabajo igual, salario igual, entre muchos otros derechos. Es decir, que el reconocimiento constitucional de los nuevos derechos quede en letra muerta y por consiguiente se reduzca a puro discurso esperanzador y al final nada cambie. Para que esto no suceda, el gobierno tiene que resolver de manera urgente uno de los principales obstáculos al cumplimiento de los derechos de las y los mexicanos. Nos referimos al escaso presupuesto público ante la magnitud de los recursos que exige el cumplimiento de todos los derechos sociales en nuestra Constitución. Por eso decimos que a la aspiración presidencial le falta considerar y adoptar varios elementos que poseen los Estados nórdicos, y con los cuales garantizan el ejercicio de los derechos sociales de su ciudadanía. El principal de esos elementos es el de la política fiscal mediante la cual se proporciona sustentabilidad financiera a tales derechos, y el reto es enorme, porque mientras en los países nórdicos la recaudación fiscal supera el 40 por ciento del PIB, en México, como ha reconocido la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dicha recaudación es de apenas del 13 por ciento del PIB. En estas condiciones de pobreza fiscal debe entenderse nuestra preocupación de estar bordando en el aire los nuevos derechos sociales. Todo el mundo reconoce que nuestra pobreza fiscal es el principal freno para el cumplimiento de los derechos constitucionales de la ciudadanía mexicana, pero nadie se atreve a poner en la agenda de prioridades nacional la realización de una profunda reforma fiscal progresiva que le permita al Estado cumplir con sus responsabilidades sociales ante la ciudadanía. Con tales advertencias, el Grupo Parlamentario del PRD apoyará la constitucionalización de los derechos sociales que presenta el dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Salud. Sin embargo, queremos plantear algunas consideraciones al dictamen y proponer cambios en el mismo. En primer lugar, el dictamen carece de una perspectiva de género, por lo tanto, los derechos que se proponen amparar en la nueva redacción del artículo 4o. constitucional deberán complementarse. En el PRD también hemos puesto en el centro la importación de la consagración de los derechos políticos, sociales, civiles, sexuales y reproductivos. Desde hace más de dos décadas hemos generado y apoyado políticas sociales que han permitido una acumulación de derechos que se traduzcan en un robusto marco jurídico. Hoy tenemos una necesidad de contar con un marco constitucional, acorde a la realidad y a las exigencias sociales del México desigual en el que vivimos. Vivimos en un país con más de 60 millones de pobres, esta situación de vulnerabilidad refleja que vivimos en una asimetría social, económica, cultural y política donde es ineludible buscar los mecanismos que permitan reducir estas brechas de inequidad, atendiendo con mayor énfasis a la población en una situación de pobreza y pobreza extrema y bajo este contexto coincidimos en que una política social es necesaria. Nuestra Carta Magna no puede quedar ciega frente a las desigualdades fácticas y, al contrario, tiene que incluir un catálogo de formas que redunden en la mejora de la situación de atraso de los grupos en situación vulnerable. Aunque coincidimos con esta propuesta, lo que nos deja una enorme preocupación es la falta de políticas públicas integrales, los apoyos económicos por sí solos no resuelven la problemática de desigualdad y de violencia estructural, hace falta la generación de políticas públicas que verdaderamente fortalezcan y permitan construir un Estado de bienestar. El reto fundamental de los derechos no se encuentra en establecerlos, sino en los modos efectivos en que pueden y deben de ser garantizados. Como el propio dictamen lo menciona, las reformas que se han hecho al artículo 4o. constitucional han buscado garantizar una serie de derechos. Sin embargo, esta reforma busca constitucionalizar un instrumento, como lo son las transferencias económicas, en lugar de dotar de obligación al Estado de garantizar esos derechos, y es una visión claramente limitativa. La reforma que se propone, en materia de apoyos económicos, no es lo único que debe de hacer el Estado mexicano, ya que aunque son necesarios no resuelven la situación de desequilibrio y de falta de acceso a los derechos y servicios imperantes en nuestro país. Consideramos también que establecer en la Constitución estos nuevos derechos sociales permitirá apoyar a la población en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, queremos recalcar que es necesario dotar la obligatoriedad del Estado mexicano de garantizar el derecho universal de todos los derechos humanos, es decir, se requiere de un Estado activo, a través de la canalización de los recursos públicos suficientes. En nuestro país se requiere generar capacidades para que una persona pueda ser agente de desarrollo. Combatir la pobreza implica compromiso y dedicación, que se puede lograr con políticas y estrategias multidimensionales. No solo es la falta de recurso económico lo que impide que las personas accedan a estos derechos, sino diversas circunstancias que no pueden ser solucionadas con una pensión. Y es importante decir que la creación de este nuevo derecho que hoy discutimos, no sustituye de ninguna manera, ninguno otro de los derechos reconocidos en nuestra Constitución ni en las leyes. Bajo este contexto, en el PRD votaremos a favor de este dictamen, pero presentaremos una serie de reservas que permitan fortalecer dicha propuesta y redunde en verdaderas políticas que incidan en el cambio social. En la fracción parlamentaria del PRD seguiremos firmes en el propósito de construir los verdaderos mecanismos que sirvan para proteger los derechos, obligando al Estado a actuar de manera eficiente, con los recursos, con las estructuras y con las facultades necesarias para llevar a cabo su tarea irrenunciable. Muchísimas gracias por su atención.