El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Gracias, diputado presidente. Hago uso de esta tribuna en nombre de diversos legisladores de los grupos parlamentarios aquí presentes, tanto del Senado de la República como de la Cámara de Diputados. Es de todos ustedes conocida la necesidad de generar una estabilidad financiera en el país, principalmente en lo que corresponde a la deuda de estados y municipios. Ha sido un debate constructivo el que se ha tenido entre Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, un debate que fue fortaleciendo una iniciativa que nos ha llegado como minuta del Senado y en su momento como minuta de Cámara de Diputados. Quisiera recordar que aquella diferencia sobre la Comisión Bicameral ha quedado superada, que eso es lo más importante. Recibimos, una vez concluido nuestro período ordinario de sesiones, una minuta del Senado de la república, minuta que, en opinión de todos los que suscribimos esta iniciativa, reúne sin lugar a dudas lo que se busca: la estabilidad financiera del gobierno de la república, de los estados y de los municipios. Existe una discusión sobre si esto implica o no una violación al artículo 72 constitucional. Antes de entrar a discusiones bizantinas, debemos de ser muy efectivos sobre lo que buscamos, que es dar certeza a la deuda de estados y municipios, certeza y transparencia a la deuda de todos los estados y de todos los municipios del país. Para ello hemos hecho propia la minuta recibida del Senado de la república; está exactamente en los términos recibidos por el Senado de la república y que fue aprobada por unanimidad. La gran diferencia es que esta iniciativa es suscrita tanto por diputados como por senadores como una muestra de que existe el acuerdo y la voluntad para avanzar en el tema. Solicito respetuosamente al Presidente de la Mesa Directiva de esta Permanente que sea turnada de inmediato esta iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde sabemos porque nos consta que hay y existe toda la intención para que durante el receso sea aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales. Recogemos los principios de estabilidad de las finanzas públicas, fortalecemos la posibilidad de refinanciamiento o de reestructura de deuda, siempre y cuando sea en las mejores condiciones de mercado. Esto se replica no sólo en los artículos correspondientes al 73, es decir, aquellas facultades del Congreso de la Unión, sino que se replica en el 117 de aplicación para estados y municipios. Se faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General, relativa al endeudamiento de estados y municipios, con cuatro principios fundamentales, límites y modalidades parta afectar las participaciones en garantía. Un registro público único de deuda pública de estados y municipios, la creación de un sistema de alerta sobre el manejo de la deuda pública y, por último, sanciones a aquellos servidores públicos que incumplen con esta visión. Y, en específico, en la aprobación del endeudamiento de estados y municipios se replica la posibilidad de que sea para refinanciamiento o de restructura, esto abre en este momento grandes oportunidades de reestructura de la deuda en condiciones fijadas por la propia ley que emitamos en el Congreso de la Unión con los límites conducentes. Por otro lado, se le da sustento constitucional a la participación de los Congresos locales para las garantías estatales en los créditos municipales. Obviamente queda perfectamente claro que de ninguna manera puede haber la contratación de deuda para gasto corriente, sólo para inversión pública productiva, como existe ya en nuestra Constitución. Para la aprobación de un endeudamiento en estados y municipios se requiere las dos terceras partes de los integrantes de los Congresos locales. Es decir, se requiere mayoría calificada, buscando mejores condiciones de mercado, destino de recursos, capacidad de pago y establecimiento de la fuente de pago o del otorgamiento de garantía. Y algo que ha sido escuchar sobre todo a muchos alcaldes, que llegan toman posesión y se topan con grandes cantidades de deuda a corto plazo, deuda con proveedores, para decirlo de manera mucho más coloquial. Existe la obligación constitucional para que todas las obligaciones a corto plazo sean liquidados tres meses antes de la conclusión del cargo y a su vez la prohibición de contratar financiamiento público adicional durante esos últimos tres meses. En consecuencia, de igual modo, se fortalecen las atribuciones del Congreso de la Unión para en un respeto en autonomía de cada uno de los órdenes de gobierno, legislar para que la autorización del endeudamiento público de estados y municipios sea en base a datos objetivos, que nos ayuden en esa comisión legislativa bicamaral a realizar un análisis a detalle de cada una de esas solicitudes cuando se dé en garantía participaciones federales, que es donde tendrá intervención esta comisión legislativa bicamaral, que en consecuencia, a su vez, tendrá un plazo fatal de 15 días para emitir la resolución correspondiente. En los ocho transitorios previstos en esta iniciativa está total y absolutamente previsible que hasta en tanto se resuelva el fondo y la propia Ley de Endeudamiento emitida por este Congreso de la Unión, se reciba la información puntual para que el Congreso de la Unión esté en posibilidad de tomar las decisiones más acertadas y objetivas posibles. Como pueden ustedes escuchar, esta iniciativa de reforma constitucional, que requiere la aprobación cuando menos de las dos terceras partes de este Congreso de la Unión, va por buen camino y, en consecuencia, todos debemos de hacer el compromiso, que durante el mes de febrero y de ser posible en la primera quincena de febrero se haya concluido con el proceso legislativo en el Congreso de la Unión, a fin de que las legislaturas locales estén en la posibilidad, como Constituyente Permanente, de hacer lo propio. Muchísimas gracias, presidente.