El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: La Comisión de Puntos Constitucionales presenta a esta soberanía su dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El objeto del dictamen es la reducción del 50 por ciento del financiamiento público otorgado a los partidos políticos, modificando con esto la fórmula actualmente establecida en el texto constitucional. Reconocemos en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional la necesidad de reducir el costo de los partidos y de nuestro sistema electoral, pero lo que debe privilegiar la discusión es el cómo y no el desmantelamiento de instituciones, dañando a la democracia o eliminando las condiciones de equidad en la competencia política. El argumento esencial utilizado por la Comisión de Puntos Constitucionales para la elaboración del dictamen es: mediante la reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos, se incentiva el uso racional de los recursos y la confianza ciudadana. El Partido Acción Nacional en legislaturas anteriores ha impulsado, a través de diversas iniciativas, tanto la reducción como la eliminación del financiamiento público otorgado. Esto es, no es una bandera genuina ni exclusiva del grupo parlamentario mayoritario ni del actual presidente de la República. En dichas iniciativas, las cuales no se encuentran mencionada en el dictamen de la comisión, Acción Nacional justificó la eliminación o reducción del financiamiento público de los partidos políticos basado en los siguientes puntos: Establecer un régimen de austeridad para los partidos políticos, en atención a la exigencia de diversos sectores. Ahorrar recursos para ser destinados al erario y que estos mismos sean utilizados en atención a necesidades prioritarias del Estado mexicano. Disminuir el alto costo de nuestro sistema democrático. Generar mejores condiciones de equidad en la competencia electoral para cumplir con el mandato constitucional de garantizarle a las y los ciudadanos mejores instrumentos para el ejercicio de su voto. Transparentar el uso de recursos públicos de los partidos políticos, comprometiéndolos a tener finanzas sanas y responsables. Obligar a los partidos políticos a realizar ajustes financieros que nos permitan que el financiamiento público para la realización de actividades ordinarias sea menor. Como podemos observar, el Partido Acción Nacional, de forma responsable, ha planteado que la reducción de los recursos públicos destinados a los partidos políticos realmente se lleve a cabo considerando un uso racional de los recursos y que nuestro sistema electoral cumpla con su objetivo. No obstante, esto no es así en el dictamen presentado a esta soberanía, el cual es un mecanismo más, utilizado por el grupo mayoritario y el titular del Ejecutivo federal, para asfixiar hasta el exterminio nuestro sistema de partidos políticos. El Partido Acción Nacional ha señalado la importancia de contar con un sistema democrático, fortalecido, que impida se establezca nuevamente un partido político hegemónico, auspiciado desde el Ejecutivo federal. Asimismo, hemos destacado la importancia de contar con un sistema de partidos plural y participativo, con condiciones de equidad durante la competencia. Sin embargo, constatamos una vez más que al grupo mayoritario le es más cómodo retornar a un sistema de partido hegemónico, contraviniendo con cualquier principio democrático e instalando un nuevo presidencialismo, el cual le resulta ahorita, en este momento, oportuno al titular del Ejecutivo por seguir atacando a todo lo que no piense de la misma manera que él. Lo anterior, es el verdadero argumento que persigue este dictamen, el grupo parlamentario mayoritario y el presidente de la República. Y nuestra preocupación no es para menos, por citar un ejemplo, en el paquete económico 2020, aprobado hace unas semanas de forma opaca, a escondidas y fuera de este Palacio Legislativo, el 64 por ciento del gasto social está destinado a programas sin reglas de operación. En efecto, en el proyecto de Presupuesto de Egresos incluyeron 63 programas, de los cuales 13 son de nueva creación por la actual administración, por lo que se busca gastar más de 130 mil millones de pesos en subsidios sin ninguna regla de operación. Que el presupuesto 2020 esté diseñado para financiar nuevos programas, sin reglas de operación, es signo de discrecionalidad en el manejo de recursos públicos y lo que es más grave aún, de opacidad. Y solo hasta que la sociedad ejerza presión es que se corregirá tal circunstancia. En cambio, con el pretexto de la austeridad han debilitado instituciones y contrapesos que no controlan, como la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa lo desaparecieron y van también por el Instituto Nacional Electoral, a quien le redujeron mil millones de pesos, justo cuando tendrá que preparar la elección más grande de su historia y que también pretenden desmantelar. Con los recursos que recibimos, los partidos difundimos la cultura política, hacemos cursos, promovemos la capacitación de jóvenes y mujeres, publicamos libros y revistas, organizamos actividades políticas. Y lo más importante, señores, estos son objeto de fiscalización, tanto por el Instituto Nacional Electoral, como por la Auditoría Superior de la Federación. Se trata, entonces, de un ataque desde el poder a nuestro sistema de partidos, en el que nada tiene que ver el ahorro de recursos, porque para malgastar el dinero de los mexicanos el presidente se pinta solo. Ahí están los ejemplos de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que nos costará 120 mil millones de pesos adicionales a los 100 mil millones de pesos que ya fueron pagados por dejar una obra inconclusa por un berrinche presidencial. O el avión presidencial, que supuestamente no lo tenía ni Obama, por el cual para el 2019 se presupuestaron 416 millones de pesos para seguirlo pagando en este próximo ejercicio de 2020, 431 millones de pesos para el ejercicio del 21, del 22. En total serán 2 mil 297 millones de pesos con lo que se acabaría de pagar esta aeronave. Esto, más los 14 millones de pesos anuales, el lavado especial, servicios y revisiones, por mencionar algunos otros gastos. Derivado en el desuso y embodegado en Estados Unidos. Y el propio titular del Ejecutivo federal en la impugnación que presentó en el estado de Yucatán en el 2017, en contra de la reducción al financiamiento público señaló: atribuir a los partidos políticos un financiamiento público ordinario para actividades permanentes, pero sustancialmente disminuido, sería tanto como desconocer la dinámica de las actividades que de esa índole realizan los partidos políticos. No obstante que es notorio que la actividad política y social se extiende y realiza todo el tiempo, en que dichas entidades de interés público conservan su registro y está signado por el actual titular del Ejecutivo federal. Resulta entonces incongruente que el día de hoy, habiendo logrado la Presidencia de la República, nuevamente, como en múltiples ocasiones, cambia su discurso y pretenda avasallar a la oposición, buscando el exterminio de los partidos políticos. Compañeras diputadas y diputados, el partido mayoritario no quiere que haya competencia, derivado del fracaso con el que han conducido al país. Si se baja el financiamiento público, habría que explorar la posibilidad de aumentar el financiamiento privado, y ahí entraríamos en un terreno bastante más riesgoso. Vamos a dejarlo claro, con peras y manzanas, que es la única manera en la cual ustedes entienden. El actual grupo en el poder no necesita del financiamiento público para su partido, porque ha creado una estructura electoral paralela en cada estado con cargo al presupuesto público, a través de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, que depende directamente de la Presidencia de la República, conformada por un súper delegado, con otros 300 más y por distrito electoral, y 18 mil servidores de la nación, quienes levantan un censo de bienestar sin ningún criterio metodológico ni jurídico o supervisión alguna. Entregan apoyos a los beneficiarios y promueven la imagen del presidente, violando con ello el artículo 134 constitucional. No se trata de suposiciones ni aceptaremos que nos vengan a decir que eso ya no existe en la transformación de cuarta. La propia presidenta de Morena ha dicho que estructuras del gobierno federal, así como el uso de recursos públicos están al servicio de otros de sus compañeros para incidir en el resultado de su proceso interno para la renovación de su dirigencia. Si entre ustedes mismos se hacen trampa, ¿qué podemos esperar en los procesos electorales los ciudadanos y los demás partidos? México requiere un contrapeso, con una oposición clara, fuerte y firme. Con capacidades para ir a contiendas democráticas, en donde finalmente la gente decida con su voto, pero en equidad de circunstancias. Modificar el texto constitucional con efectos inmediatos tomando como referencia la elección federal del 2018, claramente solo beneficia al partido en el poder y representa una ventaja competitiva indebida en un sistema democrático, como el que todavía tenemos y debemos salvaguardar. Es del dominio público que desde la oposición el actual titular del Ejecutivo federal ha planteado por años el debilitamiento de instituciones y autoridades del Estado mexicano. Hoy, desde el poder público ha venido ejecutando ese debilitamiento mediante críticas infundadas, incorporando a sus cercanos en las estructuras y con la disminución de presupuestos, como lo es ahora. Claramente esta es una propuesta del grupo mayoritario únicamente para desviar la atención y generar una cortina de humo, en momentos en que la economía está al borde de una recesión, la violencia está rebasada, y el presidente no ha sido capaz de dar resultados a un año ya de su gestión. Es por ello que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra del dictamen que se encuentra en discusión, debido a que se atenta una vez más, como se ha realizado desde el inicio de la actual administración contra instituciones y sistemas democráticos, que se han conseguido a cambio de grandes esfuerzos y sacrificios. Es cuanto, diputada presidenta.