El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Estimadas y estimados diputados, el tema del dictamen en turno, aunque a menudo se discute, rara vez se siente en el corazón de nuestra sociedad. La prisión preventiva oficiosa en México, esta práctica que debería de ser una excepción, se ha convertido en un cimiento de nuestro sistema penal y merece una reflexión profunda y urgente. La prisión preventiva oficiosa fue concebida como una herramienta para proteger a la sociedad de aquellos que cometen delitos graves. Sin embargo, según el Censo Nacional de Gobierno del 2021, más del 80 % de la población penitenciaria en prisión preventiva no tiene a la fecha sentencia definitiva. Esta cifra es alarmante y revela un sistema que, en lugar de ofrecer justicia, perpetúa la incertidumbre y el sufrimiento de las personas que ingresan por una prisión preventiva oficiosa. Permítanme compartir con ustedes la historia de un padre de familia, un trabajador honesto, que un día se vio envuelto en una acusación que cambiaría su vida para siempre. Sin pruebas concretas, fue arrestado y le aplicaron la prisión preventiva oficiosa. Desde ese momento, su vida se convirtió en una desgracia. El padre de familia enfrentó un sistema que no le ofrecía la posibilidad de demostrar su inocencia en libertad. Como bien saben, la prisión preventiva oficiosa afecta principalmente a la clase más desprotegida debido a que no pueden acceder a una defensa adecuada. A medida que el tiempo pasaba, los días se concretaban en meses y el padre de familia se dio cuenta de que su vida estaba destruida. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que el tiempo promedio de espera en prisión preventiva es de nueve meses, pero muchos han pasado más de dos años sin una resolución. Durante este tiempo, la salud mental y física del padre de familia se deterioró y su familia sufrió las consecuencias de su ausencia. Compañeras y compañeros diputados, ¿es esta la justicia que deseamos para nuestro país, para las mexicanas y los mexicanos? La prisión preventiva oficiosa, aunque diseñada para protegernos, a menudo se convierte en un mecanismo de abuso. En el año del 2020, el 75 % de las personas en prisión preventiva no habían sido condenadas. Se está llegando al imaginario colectivo de que entre más cárcel y penas más altas es sinónimo de justicia, pero la experiencia nos ha demostrado todo lo contrario. La presunción de inocencia es un principio fundamental de nuestro sistema de justicia y se ve socavada por la práctica que no nos ha dado ningún resultado positivo. Es crucial que entendamos que la prisión preventiva oficiosa no solo afecta a quienes están tras las rejas, sino que también tiene un impacto devastador en sus familias y comunidades. La justicia no debería de convertirse en un castigo ilegal que afecte a miles de familias mexicanas. Es importante recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el expediente del caso García Rodríguez vs. México, del 2023, declaró a la prisión preventiva oficiosa inconvencional y, no obstante, se continúa aplicando a todos los mexicanos y mexicanas. Por esta razón, Movimiento Ciudadano votará en contra el presente dictamen. La seguridad pública es esencial, pero, no puede ser a expensas de los derechos humanos y la dignidad de las personas. La Organización de las Naciones Unidas ha instado a los países a revisar sus leyes sobre la prisión preventiva, señalando que su uso excesivo puede llevar a violaciones graves en los derechos de las personas. Se trata de una sanción de cárcel anticipada a personas que legalmente son inocentes debido a que no han tenido un juicio legal. Necesitamos un sistema que garantice la seguridad sin sacrificar la justicia. Movimiento Ciudadano, impulsa los buenos gobiernos basados en los derechos de los humanos, por ello, sabedores de la complejidad del fenómeno de la criminalidad, apoyamos el fortalecimiento y la capacitación de las fiscalías y Ministerios Públicos a fin de realizar investigaciones municionas y aplicar medidas cautelares que permitan a los acusados enfrentar su proceso en libertad, garantizando así su comparecencia ante la justicia, que cada padre de familia, cada mujer, cada madre o joven en nuestras cárceles tengan la oportunidad de defenderse en libertad, que cada ser humano sea tratado con dignidad y que la justicia no se convierta en un sinónimo de castigo sin razón. Movimiento Ciudadano seguirá luchando por un sistema de justicia más justo y equitativo es nuestra responsabilidad al compartir una ideología social demócrata por un México donde la libertad y la justicia sea derecho de todos. Es cuanto.