El diputado Carlos Fernando Angulo Parra: Gracias, presidente. Bueno, el corazón de los problemas de inconstitucionalidad que hemos estado visualizando a lo largo de estas sendas horas están en este artículo 262 y en el Noveno transitorio de la última ley citada por el presidente de esta asamblea. Y me voy a explicar, porque es un asunto un poquito complicado, es complejo entenderle muchas veces, pero voy a empezar por el artículo Octavo transitorio del decreto de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. Este artículo tiene una redacción que prácticamente es igual, no digo idéntica, porque hay unas adecuaciones de forma pequeñas al 262 de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión. ¿Y en qué estriba la diferencia de fondo entre esos dos artículos? No hay diferencia de fondo. Lo que hay es una maña que se utiliza para poderle dar una visión totalmente diferente de interpretación a la realidad y al espíritu del legislador. Y el espíritu del legislador empezó en la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, la cual su servidor es integrante y funge como secretario. ¿En qué consiste? En que hace un proemio, el tercero transitorio y el 262, de la siguiente manera, y voy a leer el 262: El instituto deberá determinar la existencia de agentes económicos preponderantes en los sectores de radiodifusión y de telecomunicaciones. Esta primera parte es un enunciado no regulatorio sino es un enunciado para establecer los ámbitos de acción para determinar la preponderancia, que son los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Dentro de ese género próximo, que es el sector de telecomunicaciones y el sector de radiodifusión, existen herencias específicas y ésas vienen establecidas en el propio artículo 262, en su segundo párrafo. Para efectos de lo dispuesto en esta ley se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de los servicios de radiodifusión o telecomunicaciones a cualquiera que cuente directa o indirectamente con una participación nacional mayor. Primero habla de sectores, luego habla de servicios, luego habla de una participación mayor al 50 por ciento, medida esta participación en, medido este porcentaje, ya sea por el número de usuarios, por suscriptores, por audiencia, por el tráfico en sus redes o, y ese o involucra a cualquiera de los anteriores por la capacidad utilizada de las mismas. Es decir, para determinar la preponderancia de un agente se tiene que medir por estos servicios en cuales quiera de cada uno de estos parámetros que acabo de enunciar. Hasta ahí vamos muy bien. El problema es que luego en las definiciones, que más o menos se encuentran involucradas en alrededor de 20 artículos a lo largo de la ley, habla de sectores y no habla de servicios. La propuesta es que como una ley secundaria no debe repetir literalmente lo que dice la Constitución sino que debe entrar a especificar más para el caso concreto y para la implementación en la aplicación de la ley, estamos sugiriendo que en 262, donde en la minuta habla de sectores de telecomunicaciones y radiodifusión se hable de los servicios desde entonces, desde el principio. Y luego, más adelante tenemos una situación aún más mañosa, voy a llamarle así, porque verdaderamente es inexplicable cómo se ha añadido el artículo noveno transitorio de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Y ese artículo noveno transitorio dice lo siguiente: en tanto exista un agente económico preponderante en los se4ctores de telecomunicaciones y radiodifusión regresa a la terminología de sectores con el fin de promover la competencia y desarrollar competidores viables en el largo plazo, no requerirán de autorización del Instituto de Telecomunicaciones las concentraciones que se realicen entre agentes económicos titulares de concesiones. Y me voy a explicar. Tenemos en la realidad la determinación por el Instituto Federal Electoral de la preponderancia o la dominancia conforme a la Ley de Competencia Económica, de América Móvil en el sector de telecomunicaciones y resulta que la televisión de paga por cable no es radiodifundida; no. Se transmite a través de ondas hertzianas, a través de espectro radioeléctrico, forma parte del mundo de las telecomunicaciones, ergo todo el sistema de Televisa que es eminentemente por servicio preponderante bajo los criterios de la Constitución y del 262 que acabo de enunciar va a poder tener impunemente la posibilidad de ampliar su participación en el mercado comprando otras empresas de una manera ilimitada sin necesidad de recibir autorización del Ifetel, ni tener la necesidad alguna ni siquiera de notificar la concentración. Qué bonito, verdad. Bueno pues ahí no para la cosa, ahora resulta que América Móvil se aprovecha de esa interpretación de sectorización para reducirse a menos del 50 por ciento a nivel sector porque se siente libre de seguir siendo monopolio en los diversos servicios de telefonía fija, de telefonía celular, de Internet, etcétera. Qué bonito se completa y se redondea lo que no queríamos que sucediera, que con la ley secundaria se hiciese nugatoria la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica en el sector económico de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Ahora, para terminar quiero mencionar que hice reservas en el artículo 14 y en el artículo cuadragésimo primero, en el artículo 14 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión, respecto de la Junta de Gobierno del Sistema Público de Radiodifusión en donde el artículo 14 de la minuta señala que se conforma con un representante de la Secretaría de Gobernación; esto atenta contra la reforma constitucional ya que es una facultad exclusiva para el Ifetel y así lo estamos enunciando y proponiendo. Por último el artículo cuadragésimo primero de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión menciona que las instituciones de educación superior de carácter público, que a la fecha de entrada en vigor del presente decreto cuenten con medios de radiodifusión a que se refieren los artículos 67, fracción II y 76, fracción II, no recibirán presupuesto adicional para ese objeto. Qué bonito que una ley secundaria ahora reforme la Constitución y elimine las facultades constitucionales que esta Cámara de Diputados tiene otorgada por la Carta Magna en exclusiva. Entonces se propone eliminar por completo ese artículo transitorio. Es cuanto, señor presidente.