La diputada Dolores de María Manuell-Gómez Angulo: Con su venia, señor Presidente. La autoridad es el medio necesario para que la comunidad civil cumpla con la legalidad vigente en nuestro marco jurídico, y así poder obtener una sana convivencia y alcanzar a vivir en el tan anhelado estado de derecho. La legalidad es la que debe regir a los regímenes políticos de cualquier sociedad y es precisamente la autoridad el medio de garantizar la convivencia y el goce de los plenos derechos dentro de la vía legal. Para hablar de modificaciones que incumben al Ministerio Público, a la Policía Judicial y en general al cuerpo judicial penal, debemos remitirnos indudablemente a lo que establece el artículo 21 constitucional, el cual al calce establece: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato". Es conveniente hacer una breve referencia a la creación y desarrollo de esta institución de seguridad. En primera instancia, el nombre con el cual se designa corresponde en la actualidad sólo en mínima parte a las funciones que desempeña, pues dicho nombre se originó en el derecho francés, de acuerdo con la concepción del juez de instrucción, ya que éste tiene la dirección y autoridad sobre la citada policía, en combinación con el Ministerio Público, pero en un nivel jerárquico superior. De ahí la citada denominación. El nombre de la policía judicial fue otorgado en el ordenamiento mexicano por los códigos de procedimientos penales que se aplicaron durante la vigencia de la Constitución federal de 1957, no a un cuerpo especializado de investigación penal sino a una función que se otorgó de manera indiscriminada a los cuerpos de seguridad, al Ministerio Público y al juez de instrucción. La policía es el poder administrativo que persigue a los delincuentes mediante su órgano, que es el agente del Ministerio Público. Dicho agente desempeña esta función con los auxiliares que tiene al efecto, es decir, el cuerpo policiaco que se le haya dotado para tales efectos. La reforma consiste en acabar con la amalgama que habían hecho las leyes anteriores, conservando al Poder Judicial enteramente independiente de poder administrativo descentralizado de sus funciones, al convertirse en inquisidor de todos los hechos que ameritan la aplicación de una ley penal. Luego entonces, el nombre de policía judicial proviene de influencia francesa que se confiere en el proyecto constitucional; se advierte en la creación de un cuerpo de seguridad de carácter técnico para la investigación de los hechos delictuosos, inspirada en el derecho de los Estados Unidos. La transformación que ha experimentado la institución de la policía judicial en principio y como un concepto provisional, podemos concebirla de acuerdo con las funciones que le atribuyen el citado artículo 21 de la carta federal, las diversas leyes orgánicas del Ministerio Público y las que regulan las procuradurías con el organismo técnico que depende del Ministerio Público y que tiene como atribución esencial la de investigar, bajo la dirección del primero, los hechos que puedan ser constitutivos de delito y reunir los elementos necesarios para demostrar la responsabilidad de los imputados. En estricto sentido no habría de calificarse como policía judicial, sino como policía de investigación o ministerial, ya que el constituyente bajo la denominación europea inspirada en la legislación anterior, en realidad pretendió establecer un órgano policiaco similar al norteamericano. El ejemplo claro de ello es la modificación que se dio en el propio artículo 21 constitucional, donde se han derogado las palabras policía judicial por los problemas técnicos y procesales que esto contempla, y ahora da alusión a una policía que se sujetará bajo los mandatos del Ministerio Público, cumpliendo con las labores auxiliares de persecución e investigación de sus asuntos. El objetivo principal de esta iniciativa es, por un lado, actualizar la denominación de la instancia auxiliar directa del Ministerio Público en la investigación y persecución de los delitos en tanto que, por otro lado, el poder erradicar la percepción inquisitiva que se tenía respecto de la llamada policía judicial para poder transitar hacia una percepción de una policía investigadora basada en el método y procedimiento científico que aseguren su adecuada actuación. Aunado a ello, en la mayoría de las entidades federativas, a las corporaciones policíacas, antes denominadas judiciales del estado, se les han cambiado las siglas y ahora son llamadas policías ministeriales. El cambio sustancial radica en las funciones que desempeñan y exige una mejor comprensión de las tareas a su cargo. Estoy consciente de que esta reforma sólo representa una pequeña parte de la reforma y modificación de nuestro marco jurídico penal; sin embargo, sé que será una modificación que deberá ser tomada en cuenta al momento de la dictaminación de la reforma integral. Asimismo, el cambio en nuestro sistema normativo deberá dar resultado desde sus primeros avances. Sin embargo, debemos tener en cuenta la importancia de la presente iniciativa, ya que el cambio que se propone es quitar el nombre del Código Federal de Procedimientos Penales de una policía que se ha quedado sin efectos tanto denominativos como funcionales. Lo anterior, a efecto de tener congruencia con lo establecido en nuestra Carta Magna y lo que en muchos estados de la república se ha modificado. Por lo anteriormente expuesto, y fundada en las potestades conferidas por nuestra Constitución federal y demás ordenamientos, me permito poner a la consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Señor Presidente, le solicito se publique en la Gaceta Parlamentaria íntegramente la iniciativa completa. Muchas gracias.