El diputado Othón Cuevas Córdova: Con su permiso Presidenta. Las y los legisladores del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente Proposición con punto de acuerdo El pasado 4 de mayo, en el poblado de San Salvador Atenco, Estado de México, se realizó un operativo represivo denunciado por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, que derivó en diversas violaciones, algunas de ellas reconocidas como de lesa humanidad, como la tortura enmarcada en el abuso sexual a mujeres en calidad de detención, a las garantías y derechos humanos de cientos de ciudadanos y ciudadanas mexicanas e incluso de cinco extranjeros. En estricto cumplimiento a sus facultades constitucionales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió la Recomendación 38/2006 al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en ese entonces, Eduardo Medina Mora, actual Procurador General de la República; al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto y al Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Hipólito Treviño. En ella determinó la participación de autoridades estatales y federales en la comisión de violaciones a la dignidad de las personas en cuanto a la vida, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la integridad física. Dicha recomendación ha sido rechazada por el titular en ese entonces, Secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, a través de un documento dirigido al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos el doctor José Luis Soberanes, en el que niega que los elementos de la Policía Federal Preventiva hayan cometido abuso de fuerza o tortura. En una defensa inaceptable, señala que los agentes policíacos respondieron en legítima defensa a las agresiones que les infligían los manifestantes y que salvaguardaron la seguridad de la población en general y de ellos mismos. Llama la atención el cinismo de negar lo que vimos los mexicanos y el mundo a través de las imágenes difundidas por la televisión comercial, la negativa a aceptar la recomendación supone que no hubo retenciones ilegales, abuso y violaciones sexuales, detenciones arbitrarias, tortura, violación al debido proceso, allanamientos de morada y la muerte de un joven a causa de la explosión de una granada de gas lacrimógeno. El propio gobierno federal a través de la Fiscalía Especializada contra la violencia hacia las mujeres dependiente de la Procuraduría General de la República, denunció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que se cometieron actos de tortura y no sólo de abuso sexual contra 26 mujeres agredidas por los elementos policíacos. Hasta en los momentos postreros de la administración foxista y en lo que va de este nuevo sexenio, la contradicción entre sus funcionarios quedará como una marca distintas de su ineficiencia. Pareciera ser que el extitular de Seguridad Pública Federal, desearía que esta historia de impunidad y corrupción se repitiera y que hemos visto durante décadas y cuyo saldo más dramático es el que dejó el terrorismo de estado durante las décadas de los 60, 70 y 80 en nuestro país. Se le olvidó al señor secretario que cualquier sistema democrático debería investigar, juzgar y sancionar a quienes ejercen la función pública y el monopolio de la fuerza, violentando los principios constitucionales e internacionales de respeto a las garantías y derecho de las personas. Más aún cuando a nivel internacional se pregonan los avances que en materia de derechos humanos se han logrado supuestamente en México. Es imperativo que las palabras se correspondan con los hechos y que el Ejecutivo Federal dé una muestra de voluntad política y democrática al atender una de las más graves denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos meses y se acepte la Recomendación 38/2006, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos e investigue y sancione conforme lo establezca la ley, a los responsables intelectuales o materiales que desde su función pública federal violentaron las garantías y derechos protegidos por nuestra Constitución. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo que señala el Reglamento para el Gobierno Interior del Honorable Congreso de la Unión en su artículo 58, se somete a su consideración la siguiente Proposición de punto de acuerdo Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo Federal para que en cumplimiento de los tratados internacionales signados y ratificados por México y a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gire instrucciones para que se acepte la Recomendación 38/2006 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en relación con la investigación de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas del orden público federal en San Salvador Atenco, Estado de México. Por el grupo parlamentario, su servidor Othón Cuevas Córdova. Es cuanto, señora Presidenta.