El diputado José Antonio Almazán González: Con su permiso, compañero diputado Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, pareciera innecesario comenzar subrayando lo que todos los oradores que me han antecedido han precisado: hoy se cumplen dos años, dos años y la justicia no llega para castigar a quienes aquí en esta Cámara de Diputados el 4 de octubre del año pasado, conforme al informe final que se presentó por parte de la Comisión Especial para conocer sobre esta tragedia de la Mina de Pasta de Conchos, se señalaron a los autores intelectuales y a los autores materiales. Hoy, con algunos chivos expiatorios, se pretende acallar y con los oídos sordos de las autoridades se pretende resolver la demanda fundamental de los familiares y viudas, que es el rescate de los restos mortales de los mineros que fueron asesinados en esa mina. En ese largo peregrinar, en esas fechas, ese 4 de octubre aquí los familiares y las viudas obtuvieron un espacio de solidaridad. Aquí hubo un pronunciamiento a favor de que se realizara el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos y aquí fue designada, por el pleno de esta soberanía, una comisión de diputados para que acompañara a los familiares y viudas ante los oídos sordos que, en ese entonces, hizo el actual secretario del Trabajo y Previsión Social. Qué ha pasado de esa fecha a este momento. Tenemos pleno conocimiento, conforme lo establece la Ley Minera, que el día 30 de noviembre de 2007, una vez que concluyeron las diligencias resultado del emplazamiento para que se diera cumplimiento a una de las consideraciones del Foro consultivo, científico y tecnológico, que determinó que si bien en ese momento no existían las condiciones de seguridad e higiene para rescatar los cuerpos, sí planteaba que se realizaran obras y trabajos pertinentes en ese sentido que dieran garantía a futuro. Por supuesto, la empresa minera incumplió este emplazamiento, pese a que en dos ocasiones se realizaron diligencias en este sentido. De tal manera que el 30 de noviembre la empresa Industrial Minera de México fue formalmente notificada que corría un plazo de ley de 45 días, para que pudiera inconformarse frente al dictamen de suspensión definitiva. ¿En qué condiciones estamos actualmente? Conforme a lo establece el artículo 55 de la Ley Minera, en la fracción II, en donde se establece el nivel de sanciones, se dice que se sancionará con la cancelación de la concesión minera cualquiera de las infracciones siguientes y cita en la fracción II: no ejecutar y comprobar las obras y trabajos previstos en esta ley en los términos y condiciones que señalan la misma y su reglamento. Es decir, debe de ser retirada la concesión en lo que hace a la explotación en esta área que circunda a la mina ocho de Pasta de Conchos. Pero el problema fundamental sigue pendiente. Es decir, una vez que no hay un tercero que se haga responsable de lo que es un derecho humano fundamental, como lo plantean las viudas y los familiares, debe ser el Estado mexicano y sus instituciones quienes recojan y den posibilidad y cauce a esta demanda fundamental, que hoy, que se cumplen dos años de este homicidio industrial, levantan como demanda fundamental los familiares y las viudas de Pasta de Conchos. Por lo mismo, compañero Presidente, quiero someter a la consideración de este pleno, atendiendo a lo que ha sido una práctica parlamentaria, el siguiente Punto de acuerdo Primero. Esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión se pronuncia a favor de que se realice el mayor esfuerzo para lograr el rescate de los cuerpos. Segundo. Que una comisión de diputados, de los diversos grupos parlamentarios, acompañen a los familiares a la Secretaría de Gobernación del Ejecutivo federal, a efecto de poder ser recibidos por su titular, el secretario Juan Camilo Mouriño. Repito y propongo, compañero Presidente, como punto de acuerdo, atendiendo a la práctica parlamentaria, para que sea sometido en este momento a este pleno de esta honorable Cámara de Diputados. Es cuanto. Muchas gracias.