El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. A nuestro juicio el enfrentamiento entre trabajadores de la sección 65 del Sindicato de Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, con agentes de la policía estatal y federal en Cananea, Sonora, que tuvo un cargo de 5 detenidos y cerca de 40 lesionados, es un evento que muestra una vez más la falta de prudencia y de manejo inteligente de parte de la autoridad laboral. Estos hechos ocurrieron después de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje notificó la declaración de inexistencia de la huelga estallada el 30 de julio de 2007. Sobre el asunto sorprende la celeridad con que la autoridad laboral procedió a ejecutar la resolución con la que declare inexistente la huelga. Debemos tener presente que el emplazamiento y posterior estallido de la huelga derivan del ejercicio legítimo de los trabajadores de la empresa Grupo México, de revisar sus condiciones laborales. Por ello, nos preocupa profundamente que la Secretaría del Trabajo haya procedido de manera irresponsable al solicitar de inmediato el apoyo de la fuerza pública para recuperar las instalaciones de la empresa. Con esta medida del uso de la fuerza, el secretario del Trabajo demuestra una vez más que ha renunciado a ejercer su calidad de árbitro para resolver asuntos de esta naturaleza y evidencia una actitud parcial para conducir este conflicto, cuando debiera serlo por medio del diálogo. Este asunto se suma al lamentable y recurrente comportamiento de la autoridad laboral, similar al adoptado por el entonces titular de la Secretaría del Trabajo, Francisco Javier Salazar, de proteger al Grupo México después de omitir cumplir con su obligación de verificar las condiciones de inseguridad con que laboran los mineros en Pasta de Conchos y que dejó como saldo 65 mineros muertos. Ahora, Javier Lozano Alarcón, con la misma posición de defender los intereses del Grupo México, actuó de tal forma que nos hace pensar en un posible contubernio con la empresa para defender sus intereses con la Secretaría del Trabajo a través de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ni siquiera esperó a que feneciera el término legal para la promoción del juicio de amparo ante la declaratoria de inexistencia. Prueba de ello es que el Juzgado VI de distrito en materia del trabajo otorgó suspensión provisional derivada y el juicio de amparo que el Sindicado Minero promovió. Insistimos, el gobierno federal ha sido incapaz de llegar a un acuerdo en el caso de la mina de Cananea y con sus acciones ha generado un clima de confrontación y de posibles futuros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y trabajadores de la minera. Por eso nos parece que es fundamental que es indispensable que esta actitud y esta política que ha seguido la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y su titular, en especial, se modifique. Como aquí ha sido reiterado en esta tribuna, es indispensable que este conflicto se supere por la vía del diálogo, y de la concertación, y no a través de la fuerza y de tratar de imponer condiciones que lastiman a los trabajadores y lastiman la conciencia social de nuestro país. Por eso es que Convergencia votará a favor de este punto de acuerdo.