El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea son instituciones a las que en tiempos de emergencia se les conceden amplias facultades para la defensa del país. Sin embargo, dichas facultades son limitadas por la propia Constitución en tiempos de paz para evitar riesgos de que extralimiten sus facultades, los cuales pueden ser instrumentos de violación a los derechos humanos. El Ejército actual tiene sus orígenes en el segundo Estado nacional, es decir, en el que se consolidó a raíz del movimiento armado de 1910. En una primera etapa el marco regulador del Ejército quedó establecido en nuestra Constitución. En ella se delimitó el mandato de las Fuerzas Armadas. Ahí está el artículo 13 que establece los límites de la justicia militar, el 89, fracción VI que subordina a los mandos castrenses bajo el poder de la autoridad civil representada por el Ejecutivo federal. Y el 129, norma que ordena que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que aquellas que tengan conexión con la disciplina militar. Posteriormente se reconoce la figura del fuero militar creado mediante decreto presidencial en el año de 1933. Dicha disposición trajo consigo evidentes contradicciones entre la ley civil y militar. Se han cumplido ya más de 70 años que entró en vigor el Código de Justicia Militar, pero la contraposición entre los ordenamientos antes mencionados ha cobrado mayor relevancia hoy que nunca. El fuero militar o fuero de guerra constituye una jurisdicción o potestad autónoma y exclusiva de los tribunales militares para juzgar a los miembros adscritos a dichas instituciones por faltas o delitos que cometan con motivo del propio servicio o cargo que desempeñan. Durante las últimas dos décadas la situación de inseguridad y violencia en México se ha agravado exponencialmente. Hemos sido testigos de múltiples manifestaciones del dominio de la delincuencia organizada en un sinnúmero de contextos. Ante este panorama, las dos administraciones pasadas y la presente han delegado en miembros del Ejército funciones policiales como parte de su estrategia para el combate al crimen organizado. Sin embargo la presencia en las calles ha tenido impacto en la protección de los derechos humanos. Una de las principales obstáculos que impiden poner a los responsables de violaciones a derechos humanos a disposición judicial, es el hecho de que hasta ahora todos los casos en que hay implicados, militares implicados en servicio activo, se han tratado dentro del sistema de justicia militar en vez de la vía civil. En 2011 la Suprema Corte de Justicia de la Nación inició una discusión en torno a la aplicación de la justicia militar en el país, la corte estableció entonces la prohibición expresa de que bajo ninguna circunstancia la jurisdicción militar puede ser válida cuando se encuentran involucrados civiles a violaciones a los derechos humanos. Durante agosto de 2012, la Suprema Corte retomó la discusión sobre los alcances de la jurisdicción militar, tras el análisis de 28 casos que se encontraban ante tribunales militares, ese poder sentó el precedente jurídico de que todos los casos de violaciones a derechos humanos cometidos por militares donde se encuentren involucrados civiles deberán ser competencia civil; en uno de los casos la corte declaró la inconstitucionalidad del artículo 57 del Código de Justicia militar, y aun cuando no se ha sentado jurisprudencia sobre este tema, es por ello oportuno las modificaciones que se proponen en el dictamen a discusión. En atención a lo anterior, en Movimiento Ciudadano consideramos adecuado los cambios propuestos por el presente dictamen al Código de Justicia Militar, al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley de Readaptación Social de Sentenciados al establecer que los militares que cometan cualquier delito que afecte a ciudadanos, deberán ser procesados por la justicia civil y no por tribunales castrenses como ocurre actualmente. En virtud de ello convocamos a este pleno a votar a favor del dictamen en cuestión. Gracias por su atención. Gracias, presidente.