El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: Con el permiso de mis compañeras diputadas y diputados, a la memoria de nuestro compañero diputado Benito Aguas Atlahua. En la reforma constitucional del Poder Judicial, se planteó el objetivo de hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática, por lo cual los legisladores de la coalición que conformamos el Partido Verde, Morena y el Partido del Trabajo, nos comprometimos desde el primer día de esta legislatura a sacarla adelante y hoy nos congratulamos por haberlo logrado. El régimen transitorio de la reforma constitucional señaló el deber del Congreso de la Unión para realizar adecuaciones a las leyes que correspondan en un plazo de 90 días naturales. De esto deriva la necesidad de expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, una nueva Ley de Carrera Judicial y la adecuación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que hoy se encuentra a discusión. La Ley Orgánica del Poder Judicial tiene como objetivo establecer disposiciones relativas a la estructura, integración, funcionamiento y competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal, en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de los Tribunales Colegiados de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Esto implica mejoras en la estructura del sistema para armonizarlo con la elección de jueces y magistrados que prevé nuestro texto constitucional. Además, se precisa detalladamente la estructura, composición y atribuciones del nuevo órgano de administración judicial. Y se le dota de las atribuciones necesarias para gestionar eficazmente los recursos materiales, humanos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial. Del mismo modo se establece la estructura, integración y ámbito competencial del Tribunal de Disciplina Judicial, que se instituye como un órgano responsable de velar por la independencia, integridad y honestidad en la función. Como todos sabemos, este tribunal tendrá a su cargo la investigación, sustanciación y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas cometidas por personas que desempeñan funciones jurisdiccionales. Debido a que nos encontramos ante un momento histórico muy importante para fortalecer y modernizar nuestro Poder Judicial, quiero resaltar dos aspectos del régimen transitorio que tiene como objetivo garantizar una evolución ordenada y orientada hacia un sistema de justicia más transparente y funcional. Se propone la creación de una comisión de transición, en cargada de asistir al Consejo de la Judicatura Federal en la sesión de recursos materiales, humanos y financieros, presupuestales hacia los órganos del Poder Judicial de la Federación correspondientes. Por otro lado, se aborda la extinción de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral y plantea su función con la nueva Escuela Nacional de Formación Judicial. Nuestro país requiere de un sistema educativo judicial, que desarrolle el conocimiento especializado en temas que son fundamentales para nuestra democracia. Esta incorporación debe realizarse con plena atención a la continuidad y calidad en la enseñanza, consolidando un espacio que forme a las futuras generaciones de expertas y expertos en la impartición de justicia. Por otro lado, la nueva Ley de Carrera Judicial tiene como objetivo establecer disposiciones relativas a los procesos de selección, ingreso, promoción, permanencia y remoción del servicio público jurisdiccional. Con este instrumento reafirmamos nuestro compromiso con un sistema imparcial que valore a quienes dedican su vida a la justicia, pero que también exija altos estándares de integridad y responsabilidad. La Ley de Carrera Judicial será un pilar para fortalecer la legitimidad de los órganos jurisdiccionales, con un enfoque que priorice la igualdad sustantiva y la justicia social. Este proyecto incorpora de manera transversal la perspectiva de género, promoviendo la igualdad real entre hombres y mujeres en el ejercicio de sus derechos, y establece un compromiso firme para combatir la violencia institucional, compromiso... implementando medidas de prevención, atención, y reparación que garanticen un entorno libre de violencia. En el mismo sentido, quienes formen parte de la carrera judicial deberán contar con conocimientos sólidos en derechos humanos, habilidades para interpretar jurídicamente con un enfoque de interseccionalidad. Y también deberán aplicar métodos de juzgamiento con perspectiva de género y justicia social. Otro gran avance es la integración por planillas para ocupar distintos cargos en los órganos jurisdiccionales, para lo cual se deberá observar el principio de paridad de género. Asimismo, se propone un marco robusto para combatir el nepotismo, mediante medidas específicas que impidan nombramientos cruzados, triangulados o cualquier práctica que comprometa la transparencia y la ética en los procesos de selección. De igual manera, el título cuarto en la ley contiene disposiciones claras para prevenir, sancionar y erradicar el hostigamiento y el acoso sexual dentro del Poder Judicial. La carrera judicial representa más que una trayectoria profesional, representa un compromiso ético con la verdad y la legalidad. Los jueces son guardianes del Estado de derecho y su labor influye directamente en la confianza que la sociedad deposita en las instituciones democráticas. El derecho evoluciona y los desafíos sociales se diversifican. Por ello, el conocimiento jurídico debe actualizarse continuamente, acompañado de una profunda sensibilidad ante los problemas sociales. Éstas son sólo algunas de las modificaciones que contiene el presente dictamen. Pero estamos seguros que tendremos un Poder Judicial más inclusivo, legítimo y capaz de responder a las necesidades de una sociedad que exige igualdad y justicia. Por lo que respecta a las modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se armoniza el régimen de responsabilidades de las personas servidoras públicas del Poder Judicial federal y local con los nuevos órganos creados. Y se da coherencia y sistematicidad en su integración, así como los plazos, términos y esquemas disciplinarios que se establecieron en la reforma constitucional. Dentro de las modificaciones con mayor relevancia se encuentra la incorporación del principio de uso racional de los recursos públicos, la llamada austeridad, lo cual es congruente con el artículo 134 de nuestra ley suprema. En el mismo sentido destaca establecer como falta administrativa el incumplimiento de las obligaciones que contengan el Código de Ética y los diversos códigos de conducta, con la intención de fortalecer el sistema de supervisión y sanciones, así como la creación del esquema de responsabilidades de las personas servidoras públicas respecto a su deber de informar sobre su situación patrimonial, incluyendo la relativa a las sociedades de convivencia. Las sociedades públicas son representantes del Estado, no debemos olvidar, por lo tanto, deben actuar con integridad y vocación de servicio. Más allá de cumplir normas, deben comprender que su trabajo impacta directamente en la vida de las personas. Los servidores públicos con funciones jurisdiccionales protegen derechos, resuelven conflictos y muchas veces sus decisiones definen el patrimonio y la vida de las personas. El poder que se les confiere exige una gestión ética e imparcial, estrictamente apegada a la legalidad. La adecuada gestión de estos servidores implica algo más que competencia técnica, requiere de integridad, compromiso con la justicia y un profundo sentido de responsabilidad social. Por ello, es imperativo contar con un régimen disciplinario que asegure que quienes administran justicia lo hagan con rectitud y transparencia. La rendición de cuentas no se trata de trámites burocráticos, sino de principios que fortalecen la democracia y el bienestar. Por eso, para garantizar la administración pública responsable es imprescindible contar con un régimen disciplinario de responsabilidades administrativas, claro y preciso, como el que se propone en este dictamen. Hoy más que nunca necesitamos consolidar un régimen disciplinario que no solo sancione, sino que también prevenga y promueva una gestión pública eficiente y ética. Quienes ocupan cargos jurisdiccionales deben ser modelos de integridad y compromiso con el servicio público, porque su labor no solo impacta el presente, sino que también puede definir el futuro de muchas personas. La justicia no debe ser percibida como un poder lejano e inalcanzable, sino como un servicio esencial que este a la mano de todos y que responda a necesidades reales de la sociedad. Nunca olvidemos que detrás de cada expediente, de cada caso hay personas que merecen un trato justo y digno. Por ello, la justicia social no debe ser una aspiración sino una tarea urgente que requiere nuestro esfuerzo constante. Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde reconocemos el trabajo de la Comisión de Justicia para lograr que estos dictámenes se encuentren hoy a discusión. Y, de la misma forma, anunciamos que votaremos a favor de los mismos. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.