El diputado Luis Edgardo Palacios Diaz: Compañeras y compañeros diputados, en días pasados la dirigencia nacional del PAN entró al centro del debate público al exigir, tanto al gobernador de Coahuila como a la dirigencia del PRI, cumplir con el acuerdo político-electoral 2023-2024, pactado entre ambas cúpulas partidistas. El dirigente del PAN señaló al actual gobernador de Coahuila de no cumplir con lo acordado en torno a postular a un abanderado de ese partido, para encabezar la candidatura por la presidencia municipal de Torreón, en Coahuila. Motivado por el impulso de defender sus intereses, a pesar de los turbios que estos resultan, decidió hacer público en sus redes sociales los documentos firmados tanto por los dirigentes nacionales del PAN y del PRI, como por el actual gobernador de Coahuila. En los documentos filtrados por Marko Cortés, se puede apreciar con claridad la forma en que ambas dirigencias nacionales acordaron la repartición de un centenar de cargos públicos, los cuales van desde notarías, direcciones de instituciones educativas, oficinas del Registro Civil, hasta la ratificación de un magistrado, posiciones dentro de las secretarías estatales de infraestructura y obras públicas, fiscalización y medio ambiente, así como cargos en los órganos descentralizados y desconcentrados. Igualmente, en el documento se aprecia la manera en que fueron repartidas las alcaldías y los distritos federales que estarán en juego en los comicios electorales de este año. Más allá de lo natural que puedan representar los acuerdos alcanzados entre los partidos políticos, sobre todo entre aquellos que participarán coaligados en un proceso electoral resulta vergonzosa la manera en que descaradamente los líderes de la oposición se reparten y disponen a su antojo de posiciones y cargos como si fueran un botín, especialmente aquellos cargos que nada tienen que ver con la conformación de un gobierno que comparte valores, posturas ideológicas, a los relativos a la construcción de una mayoría legislativa que, sobre la base de esos mismos valores, se juntan para sacar adelante una agenda en común. Resulta inaceptable e incongruente que la oposición pretenda presentarse ante la ciudadanía como una verdadera opción de cambio en la forma de hacer política y ejercer el poder cuando desde el inicio de los procesos electorales se reparten posiciones sin considerar ni importarles que para la selección de todos los cargos públicos que descaradamente se repartieron, existe una normatividad que marca los requisitos y procedimientos para su designación. Sabemos que la negociación, los acuerdos políticos pactados, los convenios son normales y naturales en cualquier democracia, sin embargo, disponer de una forma tan descarada de los espacios públicos resulta inadmisible. ¿Qué relación guarda una alianza o coalición electoral entre partidos con la repartición de notarías, magistratura del Poder Judicial local, posiciones en los órganos de fiscalización y de acción de instituciones educativas? Obviamente la respuesta es que ninguna, sobre todo si se parte de la idea de que debe existir una auténtica división de Poderes y que el poder político debe estar separado del poder económico, como hemos venido insistiendo en la Coalición Juntos Haremos Historia. Entre el PRI y el PAN se repartieron en Coahuila las posiciones del gabinete, en donde es posible hacer negocio, en donde pueden imponerse los intereses privados por encima del interés público, y ya solo les falta dejar por escrito en qué empresas les entregarían tal o cual obra, o incluso qué porcentaje les corresponde de moche. No lo hicieron, pero son capaces. El acuerdo referido los pinta de cuerpo entero, es esa su visión de la política y del ejercicio del poder. A un día de cerrar la primera etapa de la contienda electoral y con el próximo inicio de una de las campañas presidenciales más importantes en la historia de nuestro país, resulta fundamental que la ciudadanía tenga claro lo que....