EL C. DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: En acatamiento del mandato constitucional que rige nuestra vida parlamentaria, el día de hoy culmina el Primer Período Ordinario de Sesiones de la LIX Legislatura. En este lapso, complejo y arduo, hemos sido testigos y protagonistas de un proceso inédito en el que la representación plural y diversa que caracteriza al perfil de esta Asamblea, ha confrontado ideas y convicciones, ha contrastado y debatido iniciativas y posiciones; todos ellos encuentros y desencuentros que si bien son signo inequívoco de un ejercicio democrático pleno y expresión también de las libertados y derechos políticos inherentes a la época y circunstancia que compartimos, no siempre han arribado a los consensos que la sociedad reclama de nuestra función legislativa ni tampoco han concretado los acuerdos que el Estado Mexicano exige como condición para la reforma urgente y pertinente del Poder Público y de sus instituciones. El saldo de este proceso crucial, crucial para el avance democrático de México, a pesar de la buena voluntad o de las intenciones constructivas y legítimas que podamos interponer en defensa de nuestra labor, es la de no haber correspondido a las altas expectativas que al inicio de nuestros trabajos despertó en la ciudadanía la posibilidad de inaugurar una etapa en la que se privilegiara el valor de los acuerdos parlamentarios, superando el clima de divergencias y de confrontaciones. Frente a esta verdad compacta y adusta, nuestra responsabilidad es ahora mayor, para demostrar que el tiempo transcurrido no ha sido infructuoso e infecundo, y que de la experiencia acumulada en esta etapa, deberá emerger una conciencia madura y socialmente comprometida. Nada de lo expresado es ajeno al punto que ocupa nuestra atención, la aprobación del dictamen de una iniciativa que tiene su origen en la sociedad, que ha sido impulsada por actores y organizaciones de la sociedad y cuyas definiciones confieren certidumbre legal a la labor altruística, solidaria y ejemplar de un movimiento creciente que la sociedad a favor de la propia sociedad. A lo largo de una década esta iniciativa ciudadana ha avanzado a contrapelo, abriéndose paso contra la incomprensión burocrática y la insensibilidad, de quienes en distintos momentos han considerado que el desarrollo creciente del llamado Tercer Sector es una amenaza contra el monopolio del estado benefactor. Esta iniciativa ha confrontado, en efecto, la oposición de quienes cuestionan la capacidad de la sociedad para organizarse y contribuir a la atención de las verdaderas causas ciudadanas, las de la asistencia social, apoyo a la alimentación, las de carácter cívico y de participación ciudadana, apoyo al desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, promoción de la equidad de género y a favor de grupos con capacidades diferentes, las de desarrollo comunitario, las de promoción y defensa de los derechos humanos, las de promoción de la salud, el deporte, fomento educativo, cultural, artístico, científico y tecnológico. Las de desarrollo sustentable y aprovechamiento de los recursos naturales y protección del ambiente, así como todas aquellas actividades para mejorar la economía familia y de protección civil. Todos estos asuntos, que son parte sensible y sustantiva de la agenda social, esta eclosión de acciones y objetivos que han merecido el aporte de las organizaciones civiles, son reconocidos por esta iniciativa como meritorias del fomento y la promoción del gobierno federal, a partir de un esquema de registro y autorregulación, que respeta la autonomía de las organizaciones, alienta su desarrollo y estimula su labor solidaria y de servicio a la comunidad y a los grupos más vulnerables de nuestro tejido social. No debemos soslayar el hecho de que la iniciativa a debate en su tránsito de consenso ciudadano, se formuló a partir de una consulta promovida por las más representativas organizaciones civiles, en todas las regiones del país. Por lo que respecta a su promoción legislativa, como aquí se ha recordado, correspondió a la LVIII Legislatura aprobarla por la unanimidad de esta Cámara de Diputados, y en esta LIX Legislatura fue ratificada con equiparable consenso por la Cámara de Senadores. Nos encontramos, en consecuencia, en la fase final del proceso legislativo, ante la oportunidad de aprobar el dictamen emitido por la Comisión de Participación Ciudadana, que le ha conferido el refrendo y el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias representadas en dicha Comisión. Persuadidos de que la primera responsabilidad que nos asiste como representantes de la nación, es velar porque nuestras instituciones jurídicas no caminan a la zaga de los cambios y de las transformaciones de la sociedad, ya que la ley de adaptación es ley de la vida, pero es también la vida de la ley, a nombre del grupo parlamentario de Convergencia, nos pronunciamos a favor del dictamen de la Ley de Fomento a las Actividades realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil. En lo personal, he sido un convencido de la trascendencia de este nuevo ordenamiento, en distintos momentos y a través de diversas instancias de participación, he compartido con el movimiento de las organizaciones civiles en México, el anhelo de un marco legal y regulatorio, que hoy podremos ver cristalizado, con lo que deseamos vivamente sea un voto unificado de los distintos grupos parlamentarios representados en esta sesión. Es oportuno reconocer el interés de diversas instancias del Poder Ejecutivo para respaldar esta iniciativa, particulamente al Instituto de Desarrollo Social que en los últimos años ha dado cauce ininterrumpido, persistente y denodado a un sueño social que ha logrado traducirse en proyecto e iniciativa para estar ahora en ocasión de elevarse a la jerarquía de una ley federal llamada a ser promotora del cambio social. Culmino saludando la presencia en este Recinto de los representantes de organizaciones civiles dentro de los que destaca la presencia de quienes como promotores ciudadanos de esta gran cruzada, comprometieron su determinación y su empeño infatigable en la construcción de este proyecto. Para ellos nuestro invariable reconocimiento. Pero sobre todo estoy cierto, el esfuerzo desplegado merece y merecerá la gratitud de quienes no están presentes en esta sesión pero son los destinatarios y beneficiarios finales de esta trascendental iniciativa. En efecto, es la hora y el momento de que en el silencio interior escuchemos señoras y señores diputados, la voz del México desheredado, aquél que en las grandes urbes se retrata en la pupila de un niño de la calle y en las azules montañas en el rostro de un niño indígena. Es la voz de quienes sufren abandono y orfandad; de las víctimas de la violencia intrafamiliar; de los enfermos terminales de escasos recursos; de las personas con capacidades diferentes; de los enfermos de alcoholismo y otras adicciones; de nuestras mujeres y hombres de la tercera edad. Esa voz, esa voz nos conmina a solidarizarnos con la redención de su pobreza ancestral y nos recuerda, nos recuerda hoy y aquí, que un voto a favor de este dictamen es un voto contra la desigualdad y contra la exclusión. Gracias. -PRESIDENTA: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos, del Partido del Trabajo. -DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: El poder comunitario, el poder del pueblo, ha sido nuestra divisa. Nos congratulamos como partido y como organización social, de que la representación del pueblo en este Pleno considere el dictamen que nos ocupa. Tenemos que transitar de la democracia representativa a la democracia participativa y éste es un paso que nos lleva a esa meta. México está ávido de participación, nuestro pueblo está apto para hacer suyo el derecho a expresarse y a ser oído y para actuar, para decidir por si mismo. Estos son los logros que desde 1997 venimos impulsando cuando esta Soberanía representante del pueblo no tiene una mayoría absoluta y corporativa. El esfuerzo que durante años han mantenido los organismos políticos independientes, autónomos, de izquierda, está dando sus primeros frutos. Pensar que un proyecto de decreto como el que se presenta en esta soberanía fuera aprobado en el antiguo régimen, era simplemente utópico. Hoy la utopía como toda utopía por la que se lucha y se persevera, es realidad. Asimismo debemos reconocer que este proyecto de ley cubre el vacío legal y que brindara certeza jurídica a las organizaciones que trabajan a favor de los grupos y sectores marginados de la sociedad mexicana. Como dice el dictamen en comento, la ley que se propone coloca a la participación ciudadana organizada en una condición privilegiada que siempre debió tener. Las organizaciones civiles tienen derecho a constituirse y a llevar a cabo su labor porque nuestra norma fundamental, en el primer párrafo del artículo 9, garantiza el derecho a la libre asociación con base en un objeto lícito. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo el presente dictamen es un paso de justicia y equidad al gran reclamo de la sociedad para que su opinión, su participación en las decisiones de la vida pública sean tomadas en cuenta. Queremos reafirmar en este momento que nuestro instituto político lucha por esto y más. Por eso, en lo que es la democracia participativa para la reforma del Estado, hemos considerado seguir apoyando los siguientes aspectos. El presupuesto participativo, la consulta ciudadana, la afirmativa ficta, gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno, rendición de cuentas, auditoría social, ejecución de obra ciudadana, iniciativa popular, revocación de mandato, referendum, plebiscito, licitación abierta y derecho a la voz ciudadana. Con ello lograremos el propósito que nos hemos fijado. Por las consideraciones antes expuestas, nuestro grupo parlamentario vota a favor del dictamen en comento. Muchas gracias.