La diputada Amalín Yabur Elías: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros: El dictamen en sentido positivo que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos presenta a consideración del pleno, tiene por objeto fortalecer el marco de atribuciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y evitar que los servidores públicos o autoridades obstaculicen la investigación a su cargo. Con la presente reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá la facultad de dar seguimiento a las actuaciones y diligencias en las averiguaciones previas, procedimientos penales y administrativos iniciados con motivo de su intervención, y la posibilidad de solicitar la aplicación de sanciones penales a los servidores públicos que rindan informes falsos. La reforma de los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, obedece a la necesidad de hacer compatible su contenido con la reciente reforma al primer párrafo del artículo 65, para que el informe anual que rinde el ombudsman sobre las actividades realizadas en el periodo comprendido entre 1º de enero y el 31 de diciembre del año inmediato anterior, sea que en el mes de enero, la Comisión Nacional se presente ante el Congreso de la Unión. Asimismo, las reformas a los artículos 72 y 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 214 fracción V del Código Penal Federal, obedecen a la necesidad existente de sancionar aquellas conductas de los servidores públicos que al rendir su informe puedan apartarse de la verdad o en forma total o parcial. Con la reforma al artículo 8º fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, los órganos internos del control de cada dependencia, a solicitud de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá dar trámite a las quejas por las infracciones en que incurran los servidores públicos por omitir proporcionar la información que se requiera para la investigación de presuntas violaciones de los derechos humanos. En este sentido, cabe resaltar que en el marco jurídico aplicable a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue creado con la idea que la defensa de los derechos humanos pudiera servir como freno a las arbitrariedades de algunos servidores públicos. De ahí que la protección no jurisdiccional de los derechos humanos busque alternativas para el restablecimiento del goce de un derecho en comparación con aquellas a la que se puede recurrir por la vía jurisdiccional o bien mediante procedimientos administrativos. Por ello, la defensa y promoción de los derechos humanos demanda de instrumentos jurídicos que faciliten y garantice la labor de los organismos públicos. Esta misma Comisión Dictaminadora expresa que los requerimientos de informe, así como la realización de diligencias en lugar de los hechos, tanto al momento en que están ocurriendo, como una vez que éstos sean presentados, constituyen elementos fundamentales para consolidar el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos, cuando se pretende limitar u obstaculizar la labor de investigación de un organismo público de derechos humanos, utilizando las instituciones del propio Estado, mediante el temor, la intimidación o bien otras prácticas de regímenes autoritarios que se atenta contra el estado de derecho. El ejercicio de las facultades actualmente reconocidas en la ley a favor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tales como el requerimiento de información, la presentación de quejas o denuncias y la solicitud de aplicación de consecuencias jurídicas a servidores públicos, renuentes a colaborar demandan la existencia de reglas claras, para evitar que éstos al ejercer sus funciones, limiten, obstaculicen o entorpezcan las tareas de investigación relativas a violaciones a derechos humanos, aprovechando la laguna existente en unas legislaciones que en los hechos han dado muestras de un rezago. Como consecuencia propician que el abuso en el ejercicio de las funciones de servidores públicos, se mantenga la impunidad, al no estar legitimada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para intervenir de manera activa en el seguimiento de denuncias y quejas administrativas, así como adolecen de la falta de previsión y consecuencia jurídica alguno de los casos de falsedad de informes que rinden los servidores públicos investigados por el ombudsman nacional. Los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos reconocemos que en la actualidad la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos prevé la posibilidad de presentar denuncias o bien de poner quejas con motivo de los hechos que tengan conocimiento, así como solicitar a los superiores de los servidores públicos, responsables de alguna infracción administrativa, la imposición de alguna medida administrativa. Sin embargo, a la fecha, el marco jurídico es insuficiente, toda vez que no existe la posibilidad de identificar con infracción administrativa como delito, cuando se presenta un incumplimiento del deber inmerso en el artículo antes mencionado por los dichos actos u omisiones. Aun cuando resultan contrario a la ley no generan consecuencias jurídicas algunas para el servidor público responsable, lo cual evidentemente redunda en una pérdida de eficacia de la norma y un obstáculo para lograr la plena esencia de la ley. Pues, si bien, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos en su artículo 8º. fracción XIX incluye el deber a cargo de todo servidor público de proporcionar en forma oportuna y veraz toda información, datos solicitados por la institución a la que legalmente le compete a la vigilancia y defensa de los derechos humanos. Existe una insuficiencia de facultades legales para poder actuar en contra de la negativa de la autoridad a colaborar, lo cual representa un serio obstáculo para el adecuado desarrollo de las tareas de investigación. De ahí que el contenido de la propuesta se refiere a la adición de un nuevo párrafo al artículo 72 de la Ley de la Comisión Nacional, el cual considere como infracción administrativa, el que los servidores públicos impidan, entorpezcan u obstaculicen el trabajo de la Comisión Nacional, y dichas acciones u omisiones se homologan en la fracción contenida en el artículo 8º. fracción XIX de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, con lo que los órganos internos del control de cada dependencia a solicitud de la Comisión Nacional, podrán dar trámite a las quejas con la infracción al deber antes mencionado y poder aplicar las consecuencias jurídicas respectivas. Finalmente, la creación de un nuevo tipo penal que se equipara al delito de falsedad comentado a una autoridad, cuando el servidor público que en respuesta a una solicitud de informe de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, afirme una falsedad o falta a la verdad en todo o en parte, cuya descripción se contempla insertar hasta la ley de una adición y de una fracción V al artículo 214 del Código Penal Federal, no parece atendible la intención de dar vigencia como delito a esta nueva conducta, no configurada en materia federal en el derecho positivo mexicano. Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente decreto que reforma y adiciona los artículos 15, 52, 72 y 73 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derchos Humanos, 8 de la Ley Fedral de Responsabilidades Administrativas y los Servidores Públicos, y el 214 fracción V del Código Penal Federal. Muchísimas gracias y apoyamos enteramente esta propuesta. Muchas gracias.