La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Gracias. Compañeras y compañeros, un par de horas pueden hacer la diferencia entre un gobernador y un gobernador en fuga; entre una alcaldesa y una alcaldesa en fuga. El INEGI reporta 41 millones de usuarios de Internet. Navegan diariamente un promedio de 4 horas y 9 minutos. Esas son las horas que los mexicanos realmente tienen para ejercer su derecho de acceso a la información; ellos no tienen tiempo de salir a la oficina de Transparencia de su municipio y pedir la información en un formato que en el mejor de los casos tardará 72 horas en llegar. Según un estudio académico, en la legislatura LXI, sólo el 34 por ciento de los legisladores tenía cuenta de twitter. Pregunto, a tan sólo un año ¿quién no tiene una cuenta de twitter? Los mayores tuiteros, por cierto, el Partido del Trabajo, el Verde Ecologista y el PRI. Felicito la reforma para disciplinar a municipios y estados en su endeudamiento, pero, señores gobernadores y alcaldesas, sabemos que los recursos a su disposición son insuficientes, eso lo entendemos. Pero también conocemos las consecuencias de la oscuridad en la que ustedes han tomado sus decisiones de endeudamiento. La reforma que discutimos hoy, que lee en su numeral tercero, fracción VIII del artículo 73: “la obligación de inscribir y publicar la totalidad de empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único, y ojo, de manera oportuna y trasparente”. ¿Qué diablos es esto de “manera oportuna y transparente”? Es indispensable la reforma pero no es suficiente. La reserva que hoy presento requiere indicar explícitamente que este registro deberá y podrá ser consultado en una plataforma de información digital en línea abierta y de acceso gratuito, mejor y vulgarmente conocido como Internet. Requerimos información en un formato donde las horas que transcurren entre la generación de información, esto es, de la solicitud u otorgamiento del empréstito y su publicación en línea pueden hacer la diferencia entre firmar o no firmar la autorización para recibir o utilizar el empréstito. La sociedad hace el resto. Por qué empujar, compañeros y compañeras –especialmente a los abogados, me dirijo a ustedes– por qué empujar en poner esto en el texto de la Constitución. Por qué no esperar a la ley secundaria, dirán los abogados y algunos de mis compañeros congresistas. Es demasiado importante. Porque es dejar a la Constitución en la época del papel; sólo si le damos fuerza desde el punto de partida, que es esta reforma constitucional, estaremos reconociendo una nueva realidad social que los ciudadanos ya enfrentan. Internet no es un teorema, es un axioma que no debe ni puede ser demostrado. Todos sabemos de lo que estamos hablando. Y repito la pregunta para mis compañeros que se han opuesto a que esto vaya a la Carta Magna. ¿Tiene el nivel, la calidad para estar inscrito en la Carta Magna? Les invito a que salgan y chequen la realidad. Entiendo que hay información sensible que no puede ser liberada sino en plazos de ley. Pero la información de nuestro dinero público no puede ser cautiva de alcaldesas y gobernadores. Justicia que no es aquí ni ahora no es justicia. La información que no está aquí y ahora y en línea abierta digital de acceso gratuito no es una información oportuna y mucho menos transparente. Dejémonos de atavismos; perdámosle el miedo a las palabras tecnológicas. La Constitución debe dejar atrás el momento del papel e incorporar la realidad de la información digital. Gracias.