El diputado Fernando Belaunzarán Méndez: En efecto quise priorizar, sólo hablaré de este artículo 308 y luego, por supuesto, los transitorios que es importante, la Ley de Derechos de Autor, pero esas son cosas que estén por separado en el debate. ¿Cuál es el punto en este 308? Es la intervención de la Secretaría de Gobernación en este proceso. Parte de la reforma constitucional y que se había dicho es que dábamos las facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones que fortalecíamos a este órgano autónomo, y sin embargo, ahora por la ley secundaria se vuelve a apolar la Secretaría de Gobernación, a verificar contenidos. Cuando explícitamente dimos esa facultad de contenidos al IFT, y cuando se hace este debate, después de que se presenta la iniciativa de Javier Lozano, parece ser que la discusión fue darle autoridad de contenidos tanto a IFT como a Gobernación, cuando lo correcto hubiera sido quitar a Gobernación y dejar al IFT como está. Pero lo más grave es no sólo que le den supervisión a Gobernación, sino que Gobernación puede establecer sanciones a los concesionarios, y puede establecer sanciones de acuerdo a los contenidos, etcétera, a los concesionarios a discreción, y dígname, eso no es una forma de control del gobierno sobre los medios de comunicación, o no podía ser; la importancia de darle al IFT la posibilidad de que ellos sean los que verificaran contenidos y sancionaran en su caso, era que no hubiera control político o forma de control político del gobierno sobre los medios de comunicación como una forma de salvaguardar la libertad de expresión. Pero no, el IFT puede poner sanciones por contenidos, pero la Secretaría de Gobernación también. Y me parece que eso no debiera ser, esta duplicidad. Y por lo mismo lo que estoy proponiendo en esta reserva es que estas sanciones que están planteando que puede imponer la Secretaría de Gobernación a los medios de comunicación que sean puestas por quien decidimos nosotros en la reforma constitucional que fuera el órgano rector de esos contenidos y, por lo tanto, pasen al Instituto Federal de Telecomunicaciones, donde deben estar. Y, por lo tanto, quien puede sancionar por infracciones en contenidos no sea la Secretaría de Gobernación, sino sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Se dice equívocamente que estamos fortaleciendo al IFT, en parte dicen: es que miren cómo estamos fortaleciendo. Bueno, aquí le quitaron esa facultad y están fortaleciendo a la Secretaría de Gobernación metiendo un gancho o una entrada del gobierno federal sobre los medios de comunicación, lo cual me parece que sí es una amenaza a la libertad de expresión y se abre la puerta al control político del gobierno sobre los medios de comunicación que debieran ser absolutamente libres para expresar sus opiniones y no tener esa duda, ¿por qué?, pues nadie se engaña, claro que los medios de comunicación juegan un papel político. Bueno, aquí el punto, para no extenderme más del tiempo, es que como dice la Constitución sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones quien establezca las sanciones a los concesionarios en caso de infracciones y no la Secretaría de Gobernación, que significa un retroceso y da pauta a hablar de una regresión autoritaria como ya lo habíamos denunciado en muchas otras ocasiones. Éste es un aspecto que acredita que sí hay una regresión autoritaria por lo menos al darle esas facultades a la Secretaría de Gobernación que no debiera tener. Es cuanto, presidente.