EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Con su permiso, Señora Presidenta. Compañeros diputados, diputadas: nuestro sistema público de seguridad social, integrado por el IMSS, el ISSSTE, el ISFAM y los ISSSTE estatales no han conseguido la cobertura universal de una pensión de vejez para los mexicanos. De conformidad con nuestros cálculos, apoyados en cifras oficiales, apenas entre el 18 y el 21 por ciento de la población mayor de 65 años goza de una pensión de vejez o de jubilación. Es decir, solo entre 850 mil y 1 millón de personas adultas mayores, de un total de 4 millones 750 mil registradas por el INEGI en el Censo General de Población y Vivienda 2000 gozan de ese derecho. El resto de los ciudadanos de ese grupo nunca fue acogido por algún sistema de seguridad social o fue expulsado por el mercado formal de trabajo sin alcanzar o reunir los requisitos exigidos por la ley para disfrutar de una pensión de vejez. El propósito de alcanzar la cobertura universal del régimen de seguridad social ha sido una demanda de la sociedad. La necesidad es mayor por cuanto es en esta etapa de la vida cuando los ciudadanos están más expuestos a las enfermedades crónico degenerativas, la atención de la salud se carece y sus capacidades y habilidades disminuyen, así como sus oportunidades de empleo y son víctimas de discriminación laboral e incluso abandono. Dadas las condiciones de acceso al régimen de seguridad social, que cubre apenas el 37.5 por ciento de la población económicamente activa de un total de 43 millones de mexicanos en condiciones de trabajar, es muy difícil pensar en universalizar la pensión en el corto plazo, a menos que se modifique la arquitectura legal y el régimen financiero de nuestro sistema de pensiones. Lo anterior presupondría adoptar un modelo de pensión universal ciudadana, sostenido con recursos fiscales crecientes, debido a que el número de ciudadanos adultos mayores en nuestro país va en aumento. Las diversas reformas de corte privatizante a nuestro sistema de pensiones emprendidas durante la última década e iniciadas con la introducción del Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992, no han resuelto este desafío de política pública ni siquiera se lo han propuesto. La adopción de un modelo sustitutivo en el régimen de pensiones del Imss, en 1997, cuya característica principal es la capitalización individual y administración privada de los fondos, dejó sin resolver este asunto relevante para un sector de la población altamente vulnerable y empobrecido, contrariamente a lo que ocurrió en otros países de la misma América Latina con reformas similares. En México no contamos con este derecho social. Solo algunos gobiernos estatales como el del Distrito Federal han puesto en marcha programas asistenciales dirigidos a los adultos mayores de 70 años. No obstante la generosidad y visión social de quien los aplica, este tipo de programas son focalizados, están sujetos a las erogaciones presupuestales y a los ahorros generados durante el año. También pueden ser suspendidos temporalmente por diversas causas. En el orden federal, el Insen es la institución que procura atención al sector de la población de 60 años y más, a través de diversos programas asistenciales de cobertura limitada, a la que se le destinó un presupuesto para el año 2001 de 143 millones 321 pesos; insuficiente para cubrir las necesidades de apoyo a la senectud. Otros programas federales atienden a jubilados, quienes ya cuentan con una fuente de ingresos, aunque insuficiente, estable como el de maestro jubilado de zonas marginadas, que reciben 850 pesos mensuales si participan en el programa, cuya cobertura es de apenas 7,013 estímulos para este año. El Dif por su parte incluye dentro de sus programas aquellos dirigidos a la tercera edad. El Titular del Poder Ejecutivo Federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa para reformar la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro que, entre otras cosas, busca inducir un sistema único de pensiones, en el que estén incluidos los trabajadores que cotizan al Imss, Issste, los Issste estatales, los empleados de los estados y municipios, los trabajadores que cuentan con planes ocupacionales de seguridad social, así como trabajadores por cuenta propia con capacidad de ahorro. Sin embargo, quedan fuera de este esquema los adultos mayores ubicados en la completa marginalidad, aquellos excluidos de los beneficios del desarrollo y de las prestaciones y servicios de la seguridad social. Por tanto, ninguna reforma al sistema de pensiones será completa si no considera la inclusión en este universo de ciudadanos mexicanos. El sistema único de pensiones al que aspira la iniciativa presidencial será excluyente si no incorpora a los adultos mayores que no cuenten con un ingreso propio para sobrevivir con dignidad y con independencia. Pensar solo en los ciudadanos con capacidad de ahorro como lo propone la iniciativa presidencial, refleja una perspectiva social, excluyente y elitista, y desconoce las recomendaciones en materia de adultos mayores de los organismos internacionales de los que México forma parte. Una de las dificultades más importantes para materializar esta iniciativa es su costo fiscal, que se sumaría a costo fiscal de la reforma a la Ley del Seguro Social, al costo que significa sostener la nómina de pensiones del ISSSTE y a la deuda implícita de los ISSSTE estatales, así como de los planes ocupacionales de pensiones, que de entrar en insolvencia financiera buscarán la garantía del Estado. Por ello, la reforma al régimen de pensiones y la creación de una pensión asistencial orientada a instaurar la pensión universal básica en nuestro país, que tendría iguales condiciones de acceso para toda la población y beneficios similares, debería estar asociada a la reforma fiscal integral, una parte de cuyos ingresos adicionales se destinarían a este propósito. Llevar la propuesta a discusión en el marco de la reforma fiscal y del Presupuesto de Egresos 2002, tendría, además, la virtud de alentar el debate sobre la situación actual de nuestros adultos mayores y de evaluar los instrumentos con que cuenta el Estado para hacer de su última etapa de vida un tránsito menos penoso. Arribar a un esquema de pensión universal básica de condiciones de acceso y beneficios similares para todos los mexicanos, financiada con ingresos fiscales, no contributiva y no sujeta a una relación laboral, exigiría acabar con la fragmentación en nuestro sistema de seguridad social, uniformar derechos y beneficios, así como revisar la eficacia del modelo de pensiones, basado en la capitalización individual para conseguir este objetivo. Empero el Congreso de la Unión podría crear la pensión asistencial para adultos mayores que nunca tuvieron acceso a los beneficios de la seguridad social como un primer paso. Es decir, la propuesta más viable sería fortalecer simultáneamente los derechos de los adultos mayores hasta hoy desprotegidos, con varias medidas legislativas como la de elevar a rango constitucional el derecho de una pensión de vejez para los mayores de 65 años que la requirieran y reforzar en la legislación secundaria sus derechos; ambas propuestas presentadas ya por el PRD en tribuna. Al mismo tiempo, que se impulsen las medidas compensatorias a cargo de las instituciones del Estado y de la sociedad, que les permitan una vida con menos sobresaltos, es una medida de política social inaplazable. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores suscritos solicitamos se turne a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto y Cuenta Pública y Seguridad Social de esta Cámara de Diputados, el siguiente PUNTO DE ACUERDO "PRIMERO.- Como parte de los trabajos de la reforma fiscal integral en estudio y en el marco de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acuerda crear un Programa de Pensión Asistencial para los Adultos Mayores de 65 años que no gozan de ninguna pensión y que sus condiciones socioeconómicas la requirieran. El programa sería sujeto de reglas de operaciones transparentes, claras, objetivas, verificables, que no dieran margen a la discrecionalidad y al clientelismo, cuyos recursos serían escrupulosamente fiscalizados por los beneficiarios y por esta soberanía. "SEGUNDO.- Este programa social sería el punto de partida para instaurar una pensión universal y consistiría en brindar un apoyo mensual de medio salario mínimo mensual general equivalente en el Distrito Federal, a todos aquellos ciudadanos mexicanos de 65 años y más que lo requirieran y comprobaran su necesidad. Los recursos se ejercerían a través del Ramo 20 del Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente a la función de desarrollo social. "TERCERO.- El costo de introducir este programa sería cubierto por los ingresos adicionales recaudados como resultado de la reforma fiscal y su cuantía estaría determinada por el universo de beneficiarios". Esta proposición con Punto de Acuerdo, lo firman diputados de casi todas las fracciones, diputados del PRI, del PRD por supuesto, de Convergencia por la Democracia, del Partido del Trabajo y del diputado independiente Humberto Mayans Canabal. Les dejo una copia. Muchas gracias. Gracias señora Presidenta. LA C. PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias ciudadano diputado. Sobre el mismo tema han solicitado hacer uso de la palabra hasta por cinco minutos, el diputado Víctor Antonio García Dávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, y el diputado Librado Treviño Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.