La diputada Leticia Quezada Contreras: Gracias, con su venia señor diputado. El presente punto de acuerdo es con motivo del pasado proceso electoral en el Distrito Federal y derivado de las atribuciones conferidas a la autoridad electoral. El Instituto Electoral del Distrito Federal ejerció sus atribuciones de fiscalización, investigando los gastos efectuados por los candidatos y los partidos políticos durante las campañas electorales y, posteriormente, el Tribunal Electoral de la capital emitió sendas resoluciones anulando las elecciones en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo. Estas resoluciones fueron emitidas principalmente por irregularidades graves y rebase en los topes de campaña, por parte de los candidatos del Partido Acción Nacional. Los antecedentes, todos los conocemos muy bien. Ambas resoluciones, la de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, fueron emitidas por los órganos jurisdiccionales competentes, cuyas atribuciones son conferidas por mandato de ley. Un estado de derecho se basa en principios fundamentales, uno de ellos es la legalidad, entendida ésta como una razón superior en la que descansan nuestros procesos electorales y las instituciones. Tal parece que el Partido Acción Nacional, a través de sus representantes en esta Cámara y sus candidatos, hoy sancionados, quiere hacernos creer que son parte de la voluntad popular: la violación de la ley, las campañas inequitativas y el dispendio. No importando si los resultados obtenidos por sus candidatos, en sí irregulares, fueron producto del gasto excesivo, de las amenazas o intimidación a los electores, como consta en diversas averiguaciones previas en el caso de Cuajimalpa, es éste parte del doble discurso y la doble moral. Son, pues, parte de las contradicciones en las que incurren. Es por lo anterior que surge la necesidad de solicitar a los actores políticos que intervinieron en el proceso electoral pasado, a las y los legisladores de esta Cámara, que eviten las descalificaciones y manifestaciones que tienen por objeto cuestionar la legalidad e imparcialidad de las resoluciones emitidas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, con el falso argumento de defensa de la voluntad popular. Las resoluciones que emitió el Tribunal Electoral de la capital determinaron anular las elecciones en dichas demarcaciones territoriales, debido a que se acreditaron irregularidades graves de los candidatos. Desconocerlas y pretender influir desde este órgano legislativo no tiene otro objetivo que tender una cortina de humo y presionar políticamente cuando no existen argumentos jurídicos para su defensa. Por lo anteriormente expuesto presento esta proposición con Punto de acuerdo Único. Se exhorta a los partidos políticos representados en esta honorable Cámara de Diputados a respetar y a acatar las resoluciones del Instituto Electoral del Distrito Federal y del Tribunal Electoral respecto de las elecciones para jefes delegacionales en las delegaciones Cuajimalpa de Morelos y Miguel Hidalgo, del Distrito Federal. Por economía parlamentaria solicito se reproduzca íntegramente el presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.