La diputada Tomasa Vives Preciado: Con su permiso, Presidente. Hoy, gracias al esfuerzo de diversos actores políticos y sociales, contamos con un marco institucional a través del cual se norma la coordinación entre la federación, las entidades federativas y los municipios para regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Contar con marcos normativos como éstos es reflejo de que en nuestro país se están gestando transformaciones culturales importantes a favor de la igualdad y contra la discriminación que por décadas hemos sido objeto las mujeres mexicanas por el simple hecho de ser mujeres. Cada uno de estos ordenamientos jurídicos, como sabemos, instituyen una serie de instrumentos y mecanismos a fin de hacer real el ejercicio de los fines que persiguen. Así, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres establece, como uno de los instrumentos de la política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres, al sistema nacional para la igualdad entre mujeres y hombres como un conjunto orgánico, articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y procedimientos, donde hasta ahora sólo confluyen, según la ley, diversos actores de la administración pública federal, local y las organizaciones sociales. Por su parte, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia instituye el sistema nacional de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres que tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, el cual en su integración es una dinámica parecida al Sistema Nacional para la Igualdad. Considero que estos mecanismos tienen un papel de importancia trascendental en el logro de los objetivos para la igualdad entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Ambos sistemas tienen la importante tarea de condensar, conformar y materializar las políticas públicas y las acciones gubernamentales que hagan posible el ejercicio real de los derechos humanos de las mujeres. Por tanto, es necesario que en ello participen no sólo los poderes Ejecutivos federal y locales, sino el conjunto de los poderes del Estado, es decir, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, a través de una representación de ellos con derecho a voz pero sin voto. Compañeros y compañeras: hoy más que nunca debemos ser capaces de reconocer que para atender el problema de la violencia contra las mujeres y eliminar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el acceso a las oportunidades de una mejor calidad de vida en nuestro país es necesaria sin duda la participación de todos los ámbitos de gobierno y la intervención de los tres poderes de la unión en el ámbito de su respectivas competencias. Como representante del Grupo Parlamentario del PAN y con la convicción de que la suma de esfuerzos imprime la fuerza necesaria para lograr el fin último por el que fuimos elegidos como representantes de la ciudadanía: velar y mejorar el ejercicio de sus derechos, los invito hoy a apoyar la aprobación del dictamen a su consideración que tiene como único fin instituir como invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto a los poderes Judicial y Legislativo en los sistemas de las leyes referidas, en aras de contribuir a la coordinación de acciones entre los tres poderes de la unión. Muchas gracias.