El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Estoy totalmente en contra de lo que dijo aquí el diputado Pablo Escudero. No es verdad que la Visitaduría Especial en Asuntos Indígenas esté en la ley. Lo que está en la ley es la existencia de una Visituaduría General, la Cuarta Visitaduría en donde en un reglamento específico existe un área administrativa que atiende los asuntos indígenas; pero no hay una visitaduría especial de asuntos indígenas en la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Las razones por las que estoy en contra de lo dicho por el diputado Pablo Escudero, son jurídicas, son sociales y son históricas. Jurídicas porque este Congreso de la Unión no puede delegar su atribución legislativa. De acuerdo con el artículo 102, apartado b) de la Constitución, corresponde a este Congreso de la Unión legislar en materia de derechos humanos. No tenemos por qué delegar una atribución, una facultad, que es nuestra. En segundo lugar, todos sabemos que las autoridades están obligadas a salvaguardar el principio de legalidad. Es importante, para el ejercicio de cualquier función pública, que las autoridades tengan sus atribuciones expresamente previstas en la ley para no vulnerar el principio de legalidad. Actualmente las atribuciones del área administrativa que atiende asuntos indígenas, están previstas en un reglamento, no en una ley en sentido formal y material. Para no vulnerar el principio de legalidad, conviene que las atribuciones y las competencias de la visitaduría en materia indígena estén en la ley. Otra razón jurídica y presupuestal por la que conviene que esta visitaduría especial se encuentre recogida en disposiciones legales y no reglamentarias, es que obligaría esa previsión legal, a que la Cámara de Diputados cada año al aprobar el Presupuesto, estableciera recursos específicos para esa Visitaduría Especial en Materia Indígena. Finalmente, hay otra razón jurídica muy importante. Al estar prevista el área indígena en un reglamento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es obvio que el Poder Ejecutivo puede derogar esa área porque está en un reglamento. En cambio, al prever esta figura en la ley, el Poder Ejecutivo no podría hacer su real gana, como lo hizo el día de ayer u hoy al nombrar a la nueva fiscal especializada en materia de delitos electorales. Es decir, el Congreso asume su potestad soberana y no delega una atribución al Ejecutivo para que en un reglamento se establezcan las competencias de un área tan importante. Éstas son las razones jurídicas. Las razones sociales. Estamos hablando de más de 13 millones de mexicanos que son los más pobres, los más olvidados, los más marginados de este país y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe atender con prontitud, con puntualidad las reivindicaciones, los reclamos de estos grupos indígenas del país. Los grupos indígenas del país deben tener el reconocimiento jurídico pleno, reconocimiento jurídico pleno que el Estado mexicano les ha escatimado. Se los escatimó con la reforma constitucional de 2011, se los escatimó al no querer aprobar íntegramente los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, se los ha escatimado al vulnerarles sus derechos previstos en el convenio 169 de la OIT. Hay muchas razones jurídicas, sociales históricas. Este pueblo de México tiene una deuda histórica con los indígenas. Desde que fueron conquistados, desde la Colonia, desde el México independiente los indígenas en México nunca han sido mexicanos de primera; han sido mexicanos de segunda y hasta de tercera. Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debe tener un área específica tutelada, prevista en la ley, con suficientes atribuciones y presupuestos para garantizar los derechos de millones de indígenas de este país. Estas son las razones, diputado Pablo Escudero, por las que estoy en contra de usted.