El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias. Es muy importante destacar en esta reforma que ha sido nominada Sistema Nacional Anticorrupción, una serie de aspectos que son fundamentales de la historia de nuestro país. Éste es un rubro que desde hace 33 años no ha sido tocado en profundidad o a fondo en nuestra Constitución. Si revisamos la historia de México, podemos percatarnos que desde aquella fecha y hasta este momento, no ha habido una reforma de fondo en la república mexicana a nuestra Constitución, para enfrentar las causas que motivan la corrupción en México, que ha sido anunciado con toda claridad que tanto la ausencia de un diseño institucional como la impunidad, son las dos causas que motivan lo que hoy denominamos corrupción, esa consecuencia que está afectando seriamente a las familias de todos los mexicanos. Quiero decir que como antecedente, aquello que sucedió en 1982 con Miguel de la Madrid, y que obviamente desde su nacimiento ha impedido enfrentar esta problemática, es algo que debe de ser analizado a profundidad para evitar venir a decir a esta tribuna mentiras alevosas que tienen el único fin de manchar una propuesta de reforma tan importante para el país. Allá en 1982 el presidente de la república propuso una reforma a la Constitución para crear nuevos tipos de responsabilidades; estableció la creación de la primera contraloría en nuestro país una contraloría que nació –en su origen– con dos deficiencias. La primera de ellas era la dependencia jerárquica que tenía del presidente de la república, una dependencia con características que van en contra de una relación jerárquica entre un superior y un inferior. En esta relación jerárquica derivan poderes, el poder de nombramiento, el poder de remoción, el poder disciplinario, el poder para resolver conflictos de competencia, entre otros. Ahí había una inconsistencia en el diseño institucional que impedía ejercer las libertades de manera adecuada a quien ejercía el cargo de contralor en México. El segundo de los errores cometidos en el 82 fue que a la Contraloría le asignaron dos competencias que son incompatibles; la primera de ellas, la función de auditar y, la segunda, la función de fincar responsabilidades administrativas. En 1977, cinco años antes de que se diera esta reforma en México, allá en Lima, Perú, se habían reunido los más importantes especialistas en el mundo para firmar lo que llamaron la Declaración de Lima, la carta fundamental de los derechos en materia de fiscalización, y ahí se estableció un compromiso para que en todo el mundo se evitara cometer errores vinculados a este tipo de supuestos. En Lima, el principal lineamiento establecido fue que un órgano encargado de practicar auditorías y fincar responsabilidades, por ningún motivo podía depender del órgano auditado del órgano encargado sujeto a responsabilidades. Esas dos inconsistencias del año 82 las llevamos durante estos 33 años que han generado que hoy el problema de corrupción sea el segundo más importante en la mente de los mexicanos que tiene que resolverse. Estoy convencido que el diseño institucional que hoy se propone con esta reforma permitirá enfrentar y resolver esa problemática. No puedo estar más en desacuerdo con quienes han subido a esta tribuna a mentirle a los mexicanos, a decir particularmente en lo relativo a la creación del nuevo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sea un órgano que carezca de los elementos para enfrentar ese problema de corrupción en la tercera etapa del proceso de fiscalización que es el de la sanción. Hoy se está proponiendo crear un tribunal en México que permita enfrentar esa problemática sin tener dependencia jerárquica del Poder Ejecutivo, y que el resultado de lo que generen las auditorías internas y las auditorías de la Entidad Superior de Fiscalización finalmente no recaigan en el órgano de control interno con dependencia jerárquica de ese poder, sino que vayan a otro órgano distinto, que es un Tribunal con características relevantes. Primero, es un órgano autónomo, un órgano con relevancia constitucional, un órgano cuyos magistrados serán inamovibles por 15 años, una nueva composición de tribunal que pasará de tener 11 magistrados a 16 integrantes, que permitirán la conformación de tres salas que atenderán los rubros relativos al régimen fiscal, al administrativo y al disciplinario. Ahí radica una gran transformación que vale la pena mencionarlo hoy en esta tribuna, que este tribunal tiene como su antecedente único la existencia de un tribunal municipal de responsabilidades administrativas allá en el municipio de Querétaro y que tuve el honor de presidir y encabezar. Ese tribunal ha dado nacimiento a esta propuesta, y vale la pena decirlo con claridad a esta asamblea. Quiero agradecer la capacidad política que ha mostrado el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Miguel Alonso Raya; el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Manlio Fabio Beltrones; y muy especialmente reconocer al coordinador de mi grupo parlamentario, a Ricardo Anaya Cortés, en la búsqueda de una construcción de un consenso sobre un tema de vital importancia para nuestro país. Es muy fácil subir a esta tribuna a destruir, lo más complejo se ha agotado en estos dos años construyendo lo que hoy será el Sistema Nacional Anticorrupción. Luchemos para del Senado se consolide esta propuesta y que las Legislaturas de los estados cumplan con el adeudo de los mexicanos. A los coordinadores mis respeto, reconocimiento y agradecimiento. Es cuanto, señor presidente.