EL PRESIDENTE: Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra, hasta por diez minutos, para formular sus preguntas, el señor diputado don Enrique Burgos García, del Partido Revolucionario Institucional. -DIP. ENRIQUE BURGOS GARCIA: Con su anuencia señor presidente: Honorable Asamblea Legislativa; señor licenciado Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación: El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional por mi conducto exponemos al señor Secretario de Gobernación, algunas consideraciones sobre el tema de Política Interior en el contexto del Tercer Informe de Gobierno presentado por el Ejecutivo Federal al Congreso de la Unión. Señor Secretario: Este acto republicano dentro del desenvolvimiento político-jurídico del análisis del Tercer Informe de Gobierno, es oportunidad de pasar revista, al menos en una importante aproximación, a una de las tareas centrales del Ejecutivo, como lo es la política interior. Compartimos la Cámara de Diputados y un representante del Poder Ejecutivo, un evento de gran relevancia: el acto de comparecer, de informar y dar cuenta a la representación nacional. Sin duda es también la afirmación de que el principio de división de poderes es el factor equilibrador que a través del principio de colaboración, reconstituye la indispensable unidad del Estado y previene contra la acción desarticulada de los tres órganos del Poder Público. El análisis del capítulo de Política Interior, del Tercer Informe, nos lleva necesariamente a formular cuestionamientos y requerir explicaciones, a plantear nuestras divergencias; nuestros señalamientos; pero también para contribuir con propuestas en todo aquello que nos incumbe. Lo hacemos con respeto y cortesía republicana, indispensables para la convivencia de la pluralidad política. Al abordar la política estamos internándonos a un ámbito esencial e integral de la actividad colectiva, acaso el más relevante, en tanto fundamento de organización, de convivencia y definición de horizontes de las sociedades. Y al inscribirla como Interior la advertimos sólo como expresión de espacio sin que se merme ni su naturaleza, ni sus alcances. Por eso suscita un señalado interés el ahondar en el qué, el por qué y el para qué de la instrumentación de la política interior por parte del Ejecutivo Federal. Es cierto que hemos accedido a una democracia más elevada. También es cierto que no surge de manera espontánea, ni está exenta de riesgos; surge del gran torrente de nuestra historia con encuentros y desencuentros que con todo, cincelaron un país de instituciones que forjaron y precedieron esta etapa de nuestra democracia. Actualmente el rasgo dominante de es la diversidad. Somos un país esencialmente plural; lo somos en lo económico, en lo cultural, en lo ético y lo somos desde luego en lo político. El nuevo tiempo político mexicano es el de la pluralidad de la nación. Decíamos que la democracia enfrenta riesgos. La democracia es encuentro y desencuentro; que sólo podemos trascender a través de los acuerdos. Ahora mismo ninguna fuerza política tiene mayoría absoluta. La gobernabilidad es pues, una hazaña cotidiana que hay que apuntalar día con día. Pero el riesgo mayor de la democracia es ese formalismo gubernamental que impide ver su objetivo último. La democracia no es un fin en si mismo, es un medio, un instrumento para promover las libertades, para distribuir los satisfactores que la propia sociedad genera. Resulta insuficiente la democracia si no se traduce en justicia distributiva. Si no somos capaces de lograr que la democracia devenga en justicia, estará latente su precariedad y rondarán los fantasmas de la inconformidad y la desesperación. Tampoco podemos negar la interdependencia y la globalización de la economía. Es tangible y es de extremos o la enfrentamos construyendo nuestras propias fortalezas o quedamos marginados y confinados dentro de las naciones inviables. La globalización es un camino de oportunidad. Pero también da nombre a una avidez que amenaza con instaurar un reino de nuevas servidumbres. Nuestras fortalezas descansan entonces en construir como lo ha señalado mi partido, una nueva generación de reformas para el siglo XXI. Es una expresión con conceptos identificables con la denominada Reforma del Estado. Esa reforma del Estado probablemente encuentra su vertiente principal en el federalismo, en un nuevo federalismo que además de buscar el equilibrio y el desarrollo entre lo nacional y lo regional, sea esencialmente un federalismo para la eficacia y la eficiencia social, un federalismo que asegure que el ámbito competencial de la federación y el de cada una de las entidades es supremo en su orden y uno y otro subordinados a la Constitución, un federalismo que impulse un replanteamiento de atribuciones entre los dos órdenes de gobierno. Las insuficientes económicas de los estados federados y las reversiones políticas y sociales que tienen que enfrentar agudizan la urgencia de nuevos equilibrios básicos del pacto federal. La fortaleza del Estado federal descansa en la fortaleza de los estados integrantes del pacto de unión. Advertimos con el mayor interés el impulso que se genera desde los estados para la realización de una convención nacional hacendaria, pero en todo caso el nuevo federalismo que seamos capaces de impulsar tiene que partir del concepto y sentido político del federalismo, es decir, una innovación política e integral del pacto. Sólo así podrá ser conducible el federalismo fiscal, el federalismo educativo, etcétera. Si los estados tienen esquemas fiscales o políticos débiles no podrán construir políticas sociales. Se percibe en la sociedad la importancia que concede a la democracia electoral, a los partidos y a las instituciones que a ello contribuyen, pero también se advierte su inconformidad con los altos costos que representan las campañas prolongadas, que postergan o condicionan otras actividades; más aún cuando las condiciones económicas y sociales de la gran mayoría del pueblo de México es de pobreza o de insuficiencia. No se trata en este acto de asumir posiciones tomadas por anticipado en las que por un lado todo se vea bien o por el otro todo se vea mal, sino advertir lo que a flor de piel angustia a millones de mexicanos y asumir a plenitud de la construcción de propuestas viables, a partir del ámbito de responsabilidad política y jurídica que a cada órgano del poder público le asigna la Constitución. En ese sentido, señor secretario, el grupo parlamentario del PRI formula por mi conducto los siguientes planteamientos: Al inicio de la actual administración pública federal uno de los temas reiterados fue la reforma del Estado. Cómo concibe el gobierno federal esta reforma y en qué consiste. Cuáles son los avances de los trabajos a este respecto. ¿Existen propuestas concretas? ¿Se esperan formas más acabadas de su presentación? A tres años de la actual administración ¿tendrá el tiempo y las condiciones para su implementación? ¿Qué efectos, alcances, transformaciones y resultados, en su caso, esperarían de dicha reforma? En suma, qué ha ocurrido con el tema de la reforma del Estado. Cómo conciben al federalismo desde la óptica del gobierno federal. Cuál es el grado de desequilibrio entre el orden central y un orden regional. Cuál sería el esquema para abordar el cambio hacia un nuevo federalismo, con qué actores, con qué profundidad, con qué tiempos, con qué resultados. ¿Creé que la Secretaría de Gobernación tenga alguna responsabilidad en la falta de acuerdos? ¿Cuántas iniciativas ha enviado el Ejecutivo al Legislativo sobre las reformas estructurales que el país requiere? ¿Cuál es el nivel de consenso que éstas han alcanzado en la Secretaría a su digno cargo, habiendo incluso creado una Subsecretaría de Enlace Legislativo? ¿Quisiera explicarle al Congreso ese recurrente discurso al pasado como fuente de todos nuestros problemas y el presente como un promotor de todos nuestros avances como nación? Cuál es la postura del gobierno federal con relación al costo de la democracia electoral, misma que no se traduce en un mayor desarrollo. En concreto, cuál es su opinión al financiamiento de los partidos políticos, la homologación del calendario electoral de la República, el porcentaje mínimo requerido para el registro de un partido político y el destino que deben tener los activos y recursos públicos de aquéllos que perdieron su registro. Igualmente qué opinión le merece la asignación presupuestal que actualmente se otorga al Instituto Federal Electoral. Gracias por sus comentarios anticipados.