El diputado Rafael Plácido Ramos Becerril: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el suscrito, con las facultades que me otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Existe un constante reclamo en nuestro país: el raquítico monto que por concepto de pensión reciben la inmensa mayoría de los derechohabientes de las instituciones de seguridad social, por lo cual con la misma no pueden satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas. Son, en suma las pensiones, una puerta que conduce directamente a la pobreza. Esta situación forza a los pensionados a reemplearse para obtener ingresos complementarios; sin embargo, después de haber conseguido un trabajo venciendo múltiples dificultades son presionados por las instituciones de seguridad social para que dejen el nuevo empleo bajo la amenaza de ver suspendida su pensión. Es decir, en nuestro país los pensionados se ven imposibilitados de completar sus raquíticos ingresos con la obtención de un salario ya que existen disposiciones legales que le prohíben desempeñar un trabajo. Esto es insostenible no sólo por la injusticia social que representa sino por su abierta inconstitucionalidad. Este concepto general tiene sus modalidades según se trate del IMSS o del ISSSTE, existiendo avances y retrocesos. Para la mejor comprensión del problema veamos algunos antecedentes. El artículo 123 de la Ley del Seguro Social hasta antes del decreto de reformas del 28 de diciembre de 1984, establecía que el pago de las pensiones de invalidez, de vejez o de cesantía de edad avanzada se suspenderían durante el tiempo en que el pensionado desempeñara un trabajo comprendido en el régimen del Seguro Social. Complementariamente se señalaba que cuando el pensionado reingresara a un trabajo sujeto al régimen obligatorio del Seguro Social, si la suma de su pensión y su salario no fueran mayores a la que percibía al pensionarse, no regirá la suspensión antes referida. Contrariamente, si la suma de la pensión y el nuevo salario sea mayor al último que tuvo el pensionado, la pensión se disminuiría en la cuantía necesaria para igualarse a éste. Preceptos como éstos se oponen a la realidad, no pueden dar mucho. Es más, este precepto absolutamente inconstitucional desde el momento en que viola las garantías al trabajo y la libertad del trabajo, pero sobre todo, los derechos humanos a la vida y la salud, esto equivalía a una condena de hambruna para los pensionados y sus familias. En la práctica se acudía a la simulación para evadir esta prohibición absurda, contratarse por honorarios, declarar un salario menor, entre otras. Finalmente, en diciembre de 1984 se reformó el artículo 123 de la Ley del Seguro Social, suprimiéndose en lo general la procedencia de la suspensión de las pensiones, desde el momento en que se establecía que ya no regiría tal suspensión cuando el pensionado por invalidez ocupara con diversos salarios, un puesto distinto a aquel que desempeñaba al decretarse ésta. De igual forma, no se suspendería la pensión por vejez o cesantía en edad avanzada cuando el pensionado reingresara a un trabajo sujeto al régimen obligatorio del Seguro Social, con patrón distinto al que tenía al pensionarse, y siempre y cuando hubiesen transcurrido seis meses de la fecha en que se haya otorgado la pensión. Desde luego este beneficio no sólo es pasado, pues todavía es aplicable a los asegurados actuales que hayan cotizado en el marco de la Ley del 73 y que al momento de ir a solicitar su pensión optan porque ésta les sea otorgada conforme a la ley anterior y no en apego a la nueva Ley del Seguro Social, lo que siempre es recomendable. En cuanto a la nueva Ley del Seguro Social, es decir, la que entró en vigor en julio de 1997, señala en materia de suspensión de pensiones, lo que por cierto sólo tendrá una aplicación a futuro, en la medida en que se comience a otorgar pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada, conforme al nuevo sistema de pensiones. a) Pensión contratada por el trabajador con una aseguradora. En su artículo 196 la nueva Ley del Seguro Social, con relación a las pensiones de cesantía y vejez señala que cuando el pensionado se reemplee en el régimen obligatorio, se le abrirá una nueva cuenta individual en el Afore que elija y anualmente, en el mismo mes en que adquirió el derecho a la pensión podrá el asegurado transferir sus ahorros a la aseguradora que esté cubriendo su pensión, a efecto de que se le incremente ésta. Es decir, no sólo se suspende la pensión por razón de trabajo sino que se crea un mecanismo para que se pueda incrementar ésta. b) Pensión mínima garantizada. Recordemos que esta pensión es la que entregará el IMSS con recursos al gobierno federal en los casos en que el trabajador, aun cubriendo los requisitos de edad y número de cotizaciones necesarias para una pensión de cesantía o vejez, no tenga ahorros para contratar una pensión en una aseguradora, pensión garantizada será equivalente a un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Y bien, la solución establecida por el artículo 173 de la Ley del Seguro Social sobre la compatibilidad entre pensión garantizada y trabajo es diferente a la anterior, ya que sí se suspende la pensión si el trabajador ingresa al régimen obligatorio del Seguro Social. Es decir, tratándose de las pensiones subsidiadas por el gobierno, que serán la absoluta mayoría de las que se otorgue a los trabajadores ante el desfalco de las Afore, recibirán un trato jurídico involutivo y se vuelve al texto del artículo 123 de la Ley del Seguro Social anterior al decreto de l984, pero más restrictivo, ya que no importa que la remuneración mas la pensión rebasen o no el salario que el trabajador tenía al pensionarse, reduciéndose en consecuencia una pensión-derecho a beneficencia pública. Violatorio además de las garantías al trabajo y a la vida, pudiéndose interponer el amparo contra la resolución de suspensión de la pensión, llegado el caso. Conclusión No sólo hay incompatibilidad entre pensión y trabajo sino que ambos integran un derecho humano fundamental, proyectando esta situación muy por el contrario, lo que debe ser el futuro de los pueblos, cada vez más dominados por personas de tercera edad: combinación permanente de trabajo, pensión y estudio. En tal virtud, los preceptos de las leyes del IMSS y del ISSSTE que se oponen a esta solución deben ser derogadas en la parte que prohíben el trabajo a los pensionados. Es decir derogarse la parte conducente de los artículos 173 de la Ley del IMSS y el 51 de la Ley del ISSSTE. Con base en todo lo expuesto y fundado someto a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de ley, que deroga el primer párrafo del artículo 173 de la Ley del Seguro Social; asimismo, se deroga el inciso c) de la fracción II y se reforma el antepenúltimo párrafo, ambos del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en los siguientes términos: Artículo primero. Se deroga el primer párrafo del artículo 173 de la Ley del Seguro Social. Artículo 173. Se deroga. Artículo segundo. Se deroga el inciso c) de la fracción II y se reforma el antepenúltimo párrafo, ambos del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 51, fracción I, II, inciso a), b) y c), se deroga. Se queda la fracción III. Cuando algún pensionista reciba otra pensión deberá dar aviso de inmediato al Instituto. El incumplimiento de lo anterior dará causa fundada al Instituto para suspender la pensión. Transitorio Único. Este decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, gracias.