El diputado Armando Enríquez Flores: Señoras diputadas. Señores diputados. Honorable Asamblea. Con la venia de la señora Presidenta es que someto a la consideración de la honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, en base a la siguiente Exposición de motivos Hasta antes de la reforma constitucional del 94 la seguridad pública era concebida como la función de vigilancia preventiva, encomendada principalmente a las policías municipales. Hoy en día la seguridad pública no sólo es concebida como una función que comprende las actividades ejecutivas de prevención, sino también las acciones de investigación y persecución de los delitos, así como la sanción y la readaptación de los delincuentes. Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 a la seguridad pública como función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, que deben coordinarse en los términos de la Ley Reglamentaria para establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública. Si bien históricamente los gobiernos municipales se han hecho cargo de la seguridad pública, particularmente en sus aspectos preventivos, no fue sino hasta las reformas constitucionales de 99 en las que les fue reconocido el carácter de orden de gobierno, teniendo entre otras funciones la de seguridad pública. El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública está regulado por el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se aprecian —desde luego— claros errores de diseño constitucional, partiendo de la base establecida por el artículo 21 de la Carta Magna, que organiza el Sistema Nacional de Seguridad Pública a cargo de los tres órdenes. Dicho fondo está diseñado en la Ley en comento para ser entregado a los estados sin ninguna previsión para que existan transferencias directas a los gobiernos municipales o por lo menos para que los gobiernos estatales distribuyan parte alguna de estos recursos a los municipios. Además, los gobiernos municipales de por sí no participan en la instancia superior del sistema. Hoy no tienen la oportunidad de incidir en los criterios que el Consejo Nacional debe dictar para la distribución de los recursos de dicho fondo. En dicha Ley se establecen con claridad los criterios que deben tomarse en cuenta para la distribución de los recursos que integran el fondo entre las entidades federativas, el número de habitantes, el índice de ocupación penitenciaria, la tasa de crecimiento anual de indiciados y sentenciados y el avance en la aplicación del programa Nacional de Seguridad Pública. De esta manera, los gobiernos municipales constitucionalmente corresponsables de la seguridad pública en el país no participan del financiamiento del sistema, sino que deben invertir recursos propios o los que casuística y discrecionalmente se conceden en cada entidad federativa, sin que esto obedezca a una política de Estado, como es la naturaleza del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, es que esta iniciativa está orientada a promover la participación de los gobiernos municipales de todo el país respecto del fondo de aportaciones para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal, para dar certidumbre a los gobiernos municipales del país respecto de estos recursos con que podrán contar para atender cuestiones en materia de seguridad pública preventiva. De esta manera, el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal quedaría como sigue: Artículo 44, párrafo cuarto. Los estados, con base en los criterios que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determine de los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Seguridad Pública calcularán las distribuciones del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal, corresponsables y correspondientes a sus municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos oficiales de difusión dentro del primer bimestre del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología justificando cada elemento. Es de resaltarse ese acuerdo que emana de la Conferencia Nacional de Municipios de México, en donde desde todas las corrientes políticas, los alcaldes de nuestro país en base a esta urgente necesidad reclaman estos recursos. Por encontrarse publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente, señora Presidenta, se inserte en su totalidad en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta y por su atención, muchas gracias.