La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío: Agradezco a la diputada Gabriela Sodi Miranda, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, por hacerme el honor de permitirme pasar a hablar a nombre de la comisión para posicionar el dictamen. El día de hoy presento a esta soberanía el dictamen de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a la iniciativa que nuestra compañera integrante de la comisión, la diputada Federica Quijano, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Con este dictamen, específicamente, se reforma la fracción I del artículo 2o. y la fracción II del cuarto párrafo del artículo 16 de la ley, para reconocer como parte del derecho a la accesibilidad, el acceso y la permanencia de las personas con discapacidad que en igualdad de condiciones con las demás. Con esta modificación en el concepto general de accesibilidad se amplía la garantía que tienen todas las personas para que, sin importa las características de la persona, esta pueda permanecer en un espacio público sin discriminación y con las medidas pertinentes que aseguren la igualdad de condiciones. La permanencia en el espacio público es sin duda una garantía mayor que el simple acceso. Igualmente, con la modificación a la fracción II del cuarto párrafo del artículo 16 se amplían las facultades del Consejo para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conavis), que ahora podrá supervisar la aplicación de las normativas que garanticen tanto el acceso como la permanencia de las personas con discapacidad en las instalaciones públicas o privadas de uso público. Ojalá pronto se cuente con la designación del titular que se ha postergado por casi cuatro años. Con esta reforma se pretende ir más allá del derecho establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, porque ahora la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad facultará a la autoridad a ver el derecho de acceso con un alcance más amplio que el instalar una rampa para que la persona pueda entrar. Con esta reforma, los establecimientos públicos o privados de uso público deberán contar con los ajustes razonables que se requieren para que todos podamos permanecer en el espacio público en condiciones de dignidad y seguridad. La Agenda 2030, con sus objetivos del desarrollo sostenible reconoce las necesidades para que nadie quede atrás, para que todas podamos formar parte de los procesos económicos, laborales, educativos, de salud y un largo etcétera, que se traduce en la participación social de los sectores que han sido excluidos históricamente. Estas reformas y acciones se traducirán en una mejora de la calidad de vida y en una mayor independencia de quienes diariamente se enfrentan a barreras impuestas por el entorno, porque obligaremos a quienes no viven con una discapacidad a tomar en consideración las necesidades de los otros que sí enfrentan las dificultades. Estos cambios propuestos por la comisión de la que tengo el gusto de formar parte, se tomaron por consenso de los integrantes y reflejan la preocupación que se tiene desde la Cámara de Diputados para garantizar la inclusión plena y en igualdad de condiciones de más de 20 millones de mexicanos que presentan dificultades para desarrollar determinadas actividades y desenvolverse con libertad y plenitud. Las personas con discapacidad exigen al Poder Legislativo que impongan condiciones para que puedan formar parte de los procesos económicos, sociales, políticos y culturales de nuestro país. Ante esta exigencia, los integrantes de la Comisión a Grupos Vulnerables resolvimos esta modificación a la ley que ojalá sea votada de forma favorable por la mayoría. Es cuanto, presidenta. Gracias.