El diputado Steve Esteban del Razo Montiel: Compañeras y compañeros diputados, hoy hacer valer la justicia en un sistema democrático es un reto, una meta y una condición indispensable para la defensa y garantía de los derechos humanos. Recordemos que durante el periodo neoliberal el marco jurídico nacional estuvo divorciado de principios básicos, como el de legalidad y seguridad jurídica. El poder político corrupto que imperaba en las anteriores administraciones impuso formas de procedimientos sancionadores que escamoteaban a las personas el ejercicio de su derecho al debido proceso y, por ende, a su derecho a la defensa. Sin embargo, la justicia no es un valor etéreo, no es una utopía, sino que se encarna en la aplicación de prácticas cotidianas de las acciones gubernamentales de la cuarta transformación. En tal sentido, resulta trascendental que las leyes del ordenamiento jurídico nacional estén armonizadas a los mejores estándares de actuación procedimental, para que las autoridades administrativas, competitivas de vigilancia y sanción tengan un límite en su actuación. El dictamen que nos ocupa propone una serie de modificaciones en los procedimientos administrativos, seguidos en forma de juicio, que se encuentran previstos en las leyes que regulan el sistema financiero nacional. Entre ellos destacan la caducidad de la facultad sancionadora, el derecho de audiencia, el ofrecimiento y desahogo de pruebas, el periodo de alegatos y cierre de instrucción, así como el plazo de resolución. Las instituciones financieras en nuestro país tienen gran relevancia, pues con su actividad contribuyen al crecimiento económico, al incremento de empleos y a la mejora continua de la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Las autoridades sancionadoras en las instituciones financieras desempeñan una labora muy importante al preservar el Estado de derecho y sancionar conductas ilícitas en este ámbito. Sin embargo, en una revisión exhaustiva de las leyes que rigen el sistema financiero nacional nos percatamos que existen incongruencias que pueden atentar en contra de la seguridad jurídica y de la certeza en los procedimientos. De ahí que las reformas que nos ocupan son necesarias, son pertinentes, son urgentes. Prevén una reglamentación clara en cuanto a los procedimientos administrativos, definiendo las etapas dentro del mismo y garantizando el acceso a estas. Como legisladores, una de nuestras principales misiones en la creación y modificación de las leyes es garantizar en todo momento la certeza jurídica. Porque las y los gobernados deben conocer la consecuencia jurídica directa de sus actos y el procedimiento al que serán sometidos. Siempre con la seguridad de que todos sus derechos serán respetados siempre. La cuarta transformación se ha propuesto recuperar el Estado de derecho en México. El cumplimiento de la normativa legal por parte de las autoridades ya no es optativo o discrecional. Así hemos podido recuperar la confianza de la población en las instituciones. Los servidores públicos hoy son respetuosos de las leyes, por eso es que las leyes deben contener altos estándares legales de actuación. Les invito a votar a favor del dictamen, a favor de que la legalidad no sea nunca más la excepción a favor de la certeza jurídica y de la justicia. Muchas gracias. Es cuanto.