EL C. DIP. DON JUAN FERNANDO PERDOMO BUENO: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros: Los suscritos diputados federales de todas las fracciones parlamentarias y un servidor, integrante del grupo parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento a lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Asamblea, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Exposición de motivos. Dentro del constitucionalismo moderno, es común establecer como principio general dentro de las constituciones la división de poderes; nuestra Ley Suprema vigente establece en el artículo 49 que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un individuo. La fórmula de la división del ejercicio del poder, consagrado en este artículo, tiene cuatro objetivos principales: atribuir preferentemente una función a uno de los tres poderes constituidos, sin excluir la posibilidad que los restantes poderes participen de ella; permitir la posibilidad de que los poderes se neutralicen entre sí; establecer la colaboración o cooperación que perfeccione un acto jurídico y señalar mecanismos, en virtud de los cuales uno de los poderes se defienda de la acción de los otros. Con base en estas consideraciones, queda claro que los órganos del poder sólo deben actuar conforma a las facultades expresas que la Constitución y las leyes le señalen y que la ampliación de esas facultades, mediante la interpretación extensiva de la norma, contraviene postulados centrales del Estado de Derecho, el principio de legalidad y seguridad jurídica. En materia hacendaria, los poderes constituidos federales ejercen las facultades que la Constitución les otorga, así como las contenidas en la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos, la Ley de Presupuesto, Contabilidad de Gasto Público, la Ley de Planeación, entre otras. Sin embargo, a pesar de las disposiciones constitucionales y la doctrina jurídica en materia hacendaria y presupuestal, existe un vacío legal que afecta al Gasto Público, en virtud de la invasión de competencias del Ejecutivo Federal al Legislativo por lagunas en la ley, que ha contribuido que el primero, de manera unilateral recorte o modifique el presupuesto, olvidándose del interés social y por supuesto del decreto que la Cámara de Diputados ha sancionado como representantes y defensores de los intereses de la nación. Este tipo de vicios derivados del excedo el poder deben de ser suprimidos. El presupuesto es uno de los instrumentos fundamentales de la política económica y social del gobierno, es el medio más eficiente para la planeación social y para la implementación del orden justo en la distribución del ingreso nacional. El Presupuesto de Egresos de la Federación será el que contenga el decreto que apruebe la Cámara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo para extensar durante el periodo de un año a partir del lo. de enero, las actividades y las obras y los servicios públicos previstos en los programas a cargo de las entidades que en el propio presupuesto se señale. En este orden de ideas el Presupuesto de Egresos de la Federación es un acto del Poder Legislativo que realiza la Cámara de Diputados en ejercicio de su facultad exclusiva, establecida en la fracción IV del artículo 74 constitucional para examinarlo, para discutirlo y aprobarlo, previa aprobación de las contribuciones que deben decretarse para cubrirlo. Desde una perspectiva jurídica el presupuesto es un mandato del Legislativo al Ejecutivo mediante el que se le marca cuánto y en qué gastar, sentando las bases de la disciplina en la gestión financiera durante el ejercicio de su vigencia. Asimismo constituye la autorización indispensable para que el Poder Ejecutivo efectúe la inversión de los fondos públicos y la base para la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo. En ese sentido, en Convergencia consideramos que para llegar a una verdadera racionalidad, transparencia y eficacia plena en el manejo de la hacienda pública, la Cámara de Diputados debe participar en el conocimiento completo del proceso de elaboración, asignación del presupuesto; pero también de sus modificaciones. Ahora bien, desde un punto de vista formal y orgánico, el presupuesto es un acto legislativo, por lo que tiene la característica de ser un decreto. Es indebido la delegación de facultades que suele hacerse para que el Presidente de la República, la Secretaría de Hacienda, modifiquen el presupuesto, pues ello es competencia exclusiva de la Cámara de Diputados. Es cierto que pueden existir muchas razones económicas que hagan variables las condiciones previstas en el decreto Presupuesto de Ingresos, que obligan de inmediato al replanteamiento del gasto. Sin embargo, dentro del marco de respeto institucional debe de quedar claro que los ajustes que sean necesarios al Presupuesto de Egresos, deben de pasar por la aprobación de la Cámara de Diputados y en todo caso justificarse plenamente las causas que motivan esos cambios y las decisiones adoptadas; porque entraña una inobservancia de lo dispuesto por el órgano constitucionalmente facultado para definir el destino de los recursos que se obtienen de los contribuyentes. De tal suerte que por ejemplo, no basta aducir una simple baja en la recaudación, para fundar en ello un ajuste al Presupuesto de Egresos, porque ello también tendría que ser reflejo de una ineficiencia del aparato recaudador y consecuentemente de una responsabilidad directa del titular. Sobre el particular propongo que se adiciones un párrafo octavo a la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de acotar la facultad discrecional con la que cuenta el Ejecutivo Federal, de autorizar las adecuaciones presupuestales a los diferentes programas, en virtud de que el decreto de presupuesto ya fue aprobado previamente por la Cámara de Diputados, lo que permitirá que se cumplan todas las metas y programas señalados en el decreto inicial para la satisfacción de necesidades sociales. De aprobarse esta reforma se fortalecería la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados respecto a la dirección y discreción del gasto público. En ese orden de ideas, se propone que el Ejecutivo Federal deberá presentar a la Cámara de Diputados, para su discusión y en caso aprobación, los montos presupuestales cuando éstos representen individualmente una variación mayor del 10% en alguno de los ramos que comprende el presupuesto o cuando represente un monto mayor al 1% del gasto programable. Por supuesto exceptuando su obligatoriedad cuando existan situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales: plagas, epidemias, etc. Por otro lado en virtud de que el Pleno de la Cámara sólo funciona como cuerpo colegiado, durante los dos periodos de sesiones ordinarios propongo que durante los recesos de ésta y en caso de un evento económico que haga impostergable la reducción o la modificación al presupuesto, el Ejecutivo realice los ajustes correspondientes, con la obligación de hacer llegar el primer día hábil en que se reúna la Cámara, un documento pormenorizado en que explique las causas que lo originaron y las modificaciones hechas para que los diputados lo analicen y lo aprueben en su caso. Compañeras y compañeros legisladores: El avance democrático de México requiere de poderes constituidos autónomos, constituidos de facultades necesarias para poder llevar a cabo una eficiente y equilibrada conducción del poder. Resulta evidente que una verdadera y real división de poderes y de facultades, así como el respeto irrestricto de nuestra ley suprema es necesaria para el desempeño eficaz de la nación que tiene cada uno de los tres poderes. Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Artículo 1. Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos para quedar en los siguientes términos. Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, siempre que a juicio del Ejecutivo federal existan causas graves o extraordinarias que ameriten la modificación o reducción del presupuesto de egresos aprobado por la Cámara de Diputados, corresponderá a ésta, en forma exclusiva, determinar si procede la modificación y, en su caso, el monto que habrá de operar tal reducción, siempre que se justifiquen fehacientemente las causas que lo origen. Cuando se invoque la no recaudación deberán comprobarse plenamente los motivos de ella. En caso contrario, será causa de responsabilidad. Corresponderá a la Cámara de Diputados aprobar las adecuaciones que el Ejecutivo federal pretenda llevar a cabo al decreto de presupuesto cuando éstas representen una variación mayor del 10 por ciento en alguno de los ramos que comprende el presupuesto o cuando represente un monto mayor al uno por ciento del gasto programable, exceptuando dicha obligatoriedad cuando existan situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales, plagas, epidemias, situación de emergencia que aplique total o parcialmente el territorio nacional. Transitorios: Artículo 1. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Firman diputados de diferentes partidos. Todos los de Convergencia; por el PRI, Enrique Escalante, Alberto Jiménez, Carlos Blackaller y Luis Madrigal. Por el PAN, Francisco Salazar Díaz de Sollano, Tomás Trueba Gracián; por el PRD, René Arce, Manuel Camacho Solís y Eduardo Espinosa; por el Verde Ecologista, Manuel Velazco y Cuauhtémoc Ochoa y por el PT, Alejandro González, Francisco Andrade Espinosa y Joel Padilla. Es cuanto, señor presidente.