La diputada Martha Laguette Lardizabal (PRI): Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco ante esta honorable asamblea a presentar la siguiente iniciativa de decreto mediante la cual se pretende modificar el artículo 5º. de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Lo anterior con fundamento en la siguiente exposición de motivos. Señor presidente, con su permiso procederé a dar lectura a una versión resumida de la iniciativa en comento, por lo cual le solicito atentamente se publique íntegramente el texto de la misma en la Gaceta Parlamentaria y se integre al Diario de Debates. Gracias. Los derechos humanos han estado presentes prácticamente en toda la historia de México, pero ha sido a partir de la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en 1990, que fuera elevada a rango constitucional en el 92 y posteriormente reconocida su autonomía frente a cualquier poder del Estado como los avances en la protección y promoción de estos sublimes derechos que han rendido sus primeros frutos. La defensa de los derechos humanos poco a poco ha sido aceptada en el ánimo de la sociedad como una tarea de todos: gobierno, partidos políticos, organizaciones y ciudadanía en general, en la que se debe trabajar para ampliar la gama de derechos y garantías fundamentales sujetos a la tutela de las leyes, pues sólo así se podrá garantizar que todos los miembros de la sociedad, sin discriminación de credo religioso, raza, sexo, posición social o política, puedan disfrutar de las oportunidades de desarrollo personal, social y económico que la nación ha logrado a lo largo de su historia. En este sentido, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece, en su artículo 2º., que dicha entidad es un organismo que cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios y tiene por objeto esencial la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. Por su parte, el texto actual del numeral 5º. del citado ordenamiento jurídico preceptúa que la Comisión Nacional se integrará con un presidente una secretaria ejecutiva, hasta cinco visitadores generales, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional, técnico y administrativo, necesario para la realización de sus funciones. La Comisión Nacional además, para el desempeño de sus responsabilidades contará con un Consejo". Dentro de esta importante estructura, un papel insustituible y sumamente relevante, lo juegan los visitadores generales, quienes de acuerdo a la legislación federal que los regula, tienen atribuciones como recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades presentadas por los afectados, sus representantes o los denunciantes ante la Comisión Nacional; iniciar a petición de parte la investigación de las quejas e inconformidades que le sean presentadas o de oficio; discrecionalmente aquellas sobre denuncias de violación a los derechos humanos que aparezcan en los medios de comunicación; realizar las actividades necesarias para lograr por medio de la conciliación, la solución inmediata de las violaciones de derechos humanos que por su propia naturaleza así lo permita; realizar las investigaciones y los estudios necesarios para formular los proyectos de recomendación o acuerdo que se someterán al Presidente de la Comisión Nacional para su consideración, entre otras más. En resumidas cuentas, estos miembros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, están investidos de facultades que son pieza clave para la defensa integral, eficiente y eficaz de los derechos humanos, por lo que los visitadores generales se constituyen hoy por hoy, como verdaderos procuradores en la observancia y tutela de estos legítimos derechos. Sin embargo en cuanto a la designación de estos agentes, encontramos que el artículo 23 de la Ley en mención, dispone que: "Los visitadores generales de la Comisión Nacional deberán reunir para su designación, los siguientes requisitos: "Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos. "Mayor de 30 años de edad el día de su nombramiento. "Tener título de licenciado en derecho, expedido legalmente. "Tres años en el ejercicio profesional, y "Ser de reconocida buena fama". Como sucede, para cualquier ordenamiento jurídico encontramos que en el precepto aludido se hace alusión a características especiales en los visitadores generales de la comisión Nacional de los Derechos Humanos, indispensables para el cumplimiento de sus funciones, pero sin distingo alguno sobre su origen étnico, de lo cual se colige que cualquier mexicano, cumpliendo satisfactoriamente los requisitos señalados, podrá tener el carácter de visitador, incluso un indígena. Sin embargo la sola y remota posibilidad de que un indígena acceda a un cargo de esta naturaleza respaldada por la igualdad y la generalidad de la ley, ha sido insuficiente. Baste revisar en los archivos del organismo demérito para constar el número de indígenas que a la fecha hayan ocupado el loable cargo de Visitador General. Cuando se habla de derecho social, se tiene que empezar abordando un principio básico en esta materia, que va más allá de la igualdad y quiero referirme con esto a la equidad entendida como tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. Si realmente estamos convencidos de lo indispensable que es la tutela de los derechos de los pueblos indígenas, debemos garantizar que frente a estos derechos, exista alguien que se involucre directamente en su defensa y no es que los Visitadores Generales no lo hagan o por lo menos que no estén obligados a hacerlo, pero lo ideal será que dentro de los mismos Visitadores, que son cinco, cuando menos uno sea de origen indígena, pues que mejor que quien ha emergido de una realidad económica, política y social diferente a la nuestra, que quien ha vivido, gozado y sufrido sus beneficios y sus adversidades, para entender y velar por los intereses de su origen. Que si lo anterior es justificable, creo que eso no está en tela duda, cualquier inquietud al respecto es despejada cuando nos damos cuenta de que un alto porcentaje de la población en México es de origen indígena, extendida a lo largo y ancho del territorio nacional, en más de 62 étnias que aún claman un poco de justicia y trato digno para los suyos. En conclusión, la presente iniciativa de decreto pretende modificar el artículo 5º., de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a efecto de incorporar obligatoriamente como visitador, a cuando menos una persona cuyo origen sea precisamente el de un grupo étnico indígena. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto para modificar la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para quedar redactado en los siguientes términos: "Decreto: "Artículo Único.- Se reforma el artículo 5o. de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar redactado de la siguiente manera: Artículo 5o. La Comisión Nacional se integrará con un presidente, una secretaria ejecutiva, hasta cinco visitadores generales de los cuales cuando menos uno deberá de ser indígena, así como el número de visitadores adjuntos y personal profesional técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. La Comisión Nacional para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con un consejo. "Transitorios "Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 5 días del mes de noviembre del año 2004. "Atentamente, "Marta Laguette Lardizabal". Es cuanto, señor Presidente. Por su atención muchas gracias. (Aplausos)