El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nos han explicado el dictamen por su letra, pero no nos han explicado este dictamen por sus sentidos, con la interpretación de los sentidos de este dictamen. Bien podríamos señalar que este dictamen podría ser avalado por el ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari. Le podríamos llamar a este dictamen Ay, Salinas, no te rajes. Es un dictamen que tiene por propósito continuar en este sendero de privatización del ejido mexicano. El dictamen consiste en transmitir el pleno dominio, o sea, la propiedad, al ejidatario, a título gratuito, cierto, para que después lo pueda transmitir a terceros. Es decir, transformar la propiedad colectiva, la propiedad social en propiedad particular, en propiedad privada. Es una piedra más, es un elemento más para poner fin al carácter social del ejido mexicano. No debemos olvidar, compañeras y compañeros diputados, que el ejido, junto con las reivindicaciones en materia educativa, de trabajo y de separación Iglesia-Estado fue uno de los móviles de la Revolución Mexicana de 1917. Es también un elemento fundamental de la Constitución de 1917. Podríamos decir que el ejido mexicano, parafraseando a Carl Schmitt y a Mario de la Cueva, constituye una de las decisiones políticas fundamentales del constitucionalismo mexicano. Pues bien, esa decisión política fundamental del constitucionalismo mexicano es ahora eliminada o es ahora vulnerada, no a través de una reforma a la Constitución, no por voluntad de otro constituyente originario, sino mediante disposición de una ley secundaria. Esto ya se viene haciendo una costumbre en el derecho mexicano. Cómo se vulneran las decisiones políticas fundamentales a través de la ley secundaria. En 2008, cuando se aprobó la reforma en materia petrolera, asistimos a una experiencia de este tipo, por la vía de la ley secundaria, y ahora por la vía de reglamentos, de modelos de contrato, se desvirtúan los sentidos de la Constitución. Considero, que esta reforma constituye una suerte de fraude a la Constitución mexicana, por la vía normativa, por la vía secundaria se despoja de majestad a la Constitución mexicana, al carácter social del ejido. Debemos señalar también –y esto lo digo para finalizar–, que las decisiones políticas fundamentales en el derecho constitucional comparado, constituyen un núcleo muy duro de las Constituciones, un núcleo intangible, que para poder ser sustituidas, estas decisiones políticas fundamentales por otras, requerirían no solamente de la presencia o de la intervención del constituyente permanente, sino de un Constituyente originario. De este nivel, a este grado, es a lo que nos conduce esta reforma alegal. Está trastocando los principios del constitucionalismo social mexicano. Está trastocando los orígenes y los motivos de la Revolución Mexicana. Es hora que ya le pongamos un alto a Salinas de Gortari y a sus reformas privatizadoras de los años noventa y que defendamos los principios de la Constitución Mexicana del 17, que no vulneremos, que no menoscabemos esos principios y esos objetivos sociales de la Constitución del 17. Por eso nos oponemos en nuestro grupo parlamentario, a aprobar una reforma que limita el sentido social del ejido, que privatiza el ejido y que vulnera la Constitución mexicana en su artículo 27. Por su atención, muchas gracias compañeras diputadas y compañeros diputados.