El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Compañeras y compañeros legisladores, la política fiscal y la aplicación de los impuestos representan componentes fundamentales para que el gobierno federal lleve a cabo las acciones que permitan un crecimiento económico sostenido y una política social que reduzca la desigualdad y contribuya al mejoramiento del bienestar de nuestra población. En este contexto, el pago de impuestos constituye una fuente de ingresos de gran relevancia para que el Estado mexicano pueda con sus distintas obligaciones constitucionales y legales. Sin esta fuente primordial de recursos no será posible hacer efectivo el cumplimiento de los derechos fundamentales de los mexicanos en materia de seguridad, salud, educación, inversión pública, seguridad social, así como la provisión de diversos bienes y servicios públicos. Por ello, nuestra ley fundamental establece que estos recursos deben administrarse bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, de ahí la relevancia de garantizar de nuestro marco jurídico y constitucional, condiciones equitativas de pago de impuestos, ya que de no ser de esta manera se generarán afectaciones al patrimonio nacional, a las arcas públicas, pero, sobre todo, al crecimiento económico y al desarrollo nacional. El propósito de acabar con el uso discrecional de las condonaciones no es un asunto menor, representa una práctica que lesiona al erario público y a los asuntos de mayor relevancia para el bienestar de todos y de todas las mexicanas. La reforma al artículo 28 de nuestra Constitución tiene una gran virtud, pero también tiene varios defectos. ¿Qué vamos a hacer en caso de un desastre natural o una epidemia? ¿Cómo estimular los proyectos de inversión, sobre todo, que generen empleo y que hoy hacen tanta falta a nuestro país? Estamos de acuerdo en que el pago de contribuciones deba ser equitativo y justo. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, como legisladores, pensar en los casos de excepción de esta misma ley. El Grupo Parlamentario del PRI estamos de acuerdo en el fortalecimiento de nuestro marco legal y en acabar con el uso discrecional de las condonaciones. Sin embargo, lo que se requiere es un verdadero cambio en el manejo de la política fiscal, que garantice a los contribuyentes que sus derechos están resguardados por la Ley Fundamental, pero, sobre todo, que cada peso que pagan los contribuyentes se invierta en proyectos productivos y en programas sociales que mejoran su calidad de vida. Hoy, nuestra Constitución establece, de manera clara, que todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir al gasto público de la federación a través del pago de nuestros impuestos. Y por lo que es fundamental garantizar que nuestra legislación tutele esta obligación bajo los principios de proporcionalidad, equidad y transparencia. Tenemos la gran oportunidad de asegurar un piso parejo y equitativo para todos los mexicanos y, particularmente, generar un marco jurídico que inhiba los privilegios, pero que asegure la contribución de todas las personas en favor de México. Compañeras y compañeros legisladores, estamos de acuerdo en contribuir un andamiaje jurídico que evite el uso discrecional de las condonaciones y que impacte negativamente en las finanzas públicas y, con ello, en el bienestar y la calidad de vida de la población. El propósito central de esta reforma constitucional, de esta envergadura, debe contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas para que el Estado mexicano cuente con mayores recursos para programas sociales de alto impacto, y de esta manera, hacer frente a las necesidades básicas de nuestra sociedad. De ninguna manera estamos a favor de medidas que afecten a los contribuyentes cumplidos, al federalismo, al desarrollo nacional y al bienestar de las familias mexicanas. Sin embargo, estamos plenamente convencidos en que esta representa una oportunidad inigualable para el diseño e implementación de una política fiscal integral en beneficio del desarrollo económico y social y, por supuesto, de las poblaciones más pobres y vulnerables de México. Resulta indispensable revisar a profundidad nuestro sistema fiscal y empezar a construir condiciones de cara a una necesaria reforma fiscal profunda y progresista, que garantice la generación de recursos suficientes para dar cumplimiento a la agenda social progresista de manera sostenible. Para alcanzar los anteriores objetivos, el gobierno federal debe recaudar recursos suficientes e invertirlos en los sectores de la población y áreas prioritarias y hacerlo de manera justa, progresiva y sostenible. No es un tema político ni de interés electoral, es un tema de justicia social. Esta es la mejor manera para que nuestro país acceda a mejores estadios de crecimiento económico, de desarrollo social y de bienestar de todas las familias mexicanas. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos dispuestos y listos para trabajar con las diferentes fracciones representadas en esta Cámara de Diputados y juntos construir esta reforma que le dé certidumbre, la dé confianza y siga poniendo a México como las mejores naciones del mundo. Muchas gracias.