El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Muchas gracias. En el marco de la lucha contra la impunidad, actualmente las y los servidores públicos, como establece el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, están sujetos a responder por sus acciones. En el caso de la comisión de delitos por decisión de sus pares, pierden la inmunidad constitucional que los protege contra actos arbitrarios de índole puramente política. En este sentido, cuando una persona se encuentra ejerciendo un cargo de los señalados en el artículo 111 constitucional, si comete un delito durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados, previa solicitud de la autoridad judicial competente, deberá discutir el retiro de la protección constitucional para que esta persona pueda ser sujeta a proceso penal. A este proceso se le denomina declaración de procedencia y es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. Para el caso de la declaración de procedencia, el órgano que practica las diligencias conducentes para establecer la existencia del delito y sustanciar el proceso correspondiente, es la Sección Instructora, que se conforma actualmente por cuatro integrantes de la Comisión Jurisdiccional, electos por el pleno de esta. La Sección Instructora tiene la responsabilidad de dictaminar si es adecuado proceder penalmente contra la persona acusada que ejerce el cargo público. La ley federal vigente que establece la responsabilidad de los servidores públicos fue reformada por última vez en 2016 para crear una ley específica que atendiera las responsabilidades exclusivamente administrativas que pudieran surgir ante una falta grave por parte de quienes integran el servicio público en México, o para aquellos particulares que tienen una relación comercial o laboran con el mismo. La reforma señalada separó las sanciones administrativas a cargo de las contralorías u órganos internos de control de los delitos, faltas u omisiones contempladas en juicios políticos o declaraciones de procedencia que deben ser revisados y calificados por el Congreso de la Unión. Sin embargo, no se previó armonizar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos con la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos ni establecer en la segunda un procedimiento específico para las dos facultades exclusivas que tiene. En ese sentido, al observar el artículo 70 constitucional, se establece que el Congreso de la Unión expedirá la ley que regule su estructura y funcionamientos internos al considerar que los procedimientos para juicio político y declaración de procedencia solo están regulados en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y señalan actos, procesos y órganos propios del Congreso, es evidente que deberían estar normados en la Ley del Congreso, misma que ostenta una jerarquía superior por ser aquella que organiza legalmente a uno de los Poderes de la federación. Por tanto, en la presente iniciativa se pretende definir la conformación y comportamiento probo de quienes integran el órgano en el que recaen atribuciones exclusivas del Congreso de la Unión, a fin de que este tenga un mejor funcionamiento y pueda, por ser ese su objetivo, coadyuvar en el combate de la impunidad. Derivado de lo anterior, esta iniciativa busca atender tres cuestiones específicas y necesarias para dar certeza a la integración y funcionamiento de la Sección Instructora. Uno, modificar la integración de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora para establecer un número impar en su integración y que sus resoluciones solo puedan ser a favor o en su contra de un asunto. Dos, que su conformación esté sujeta estrictamente al principio de proporcionalidad. Y, tres, establecer el impedimento de conocer y participar en los asuntos que se turnen a la Sección Instructora a quien pueda tener conflictos de interés o ser parte del asunto a resolver. En tal contexto, la iniciativa propone modificar el artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. En aras de promover la pluralidad y proporcionalidad de la Comisión Jurisdiccional, esta iniciativa propone modificar el número de sus integrantes, por ello, se plantea una integración de cinco legislares, de entre quienes conformen la Comisión Jurisdiccional, garantizando que uno de esos lugares sea ocupado por la Presidencia de la Comisión Jurisdiccional y los otros sean designados bajo el principio de proporcionalidad. Finalmente, se propone la obligación de excusarse a las o los legisladores que pudieran ser parte involucrada o tener conflicto de interés en algún asunto, competencia de la Sección Instructora. Todo sea en el ánimo de que haya un verdadero Estado de derecho, que se combata la impunidad y que no haya simulación en los procesos internos que son facultad del Congreso de la Unión, en específico, de esta Cámara de Diputados. es cuanto, diputada presidenta.