La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a lo largo de la presente semana he presentado diversas mociones suspensivas consciente de la dificultad de que pudieran proceder, ya que los partidos progresistas no conformamos la mayoría de esta Cámara de Diputados; pero convencida de que sí representados el sentir mayoritario de la población. Fiel a mis principios y a mis convicciones, he denunciado desde esta tribuna mi oposición a que los mexicanos seamos despojados del petróleo, de los hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos. Me he pronunciado en contra del uso de la técnica del fracking para extraer el gas shale, porque está demostrado que contribuye a la contaminación del ambiente y atenta contra la salud de los mexicanos. Me expresé también en contra de la transformación de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad en empresas privadas, y hoy no puedo dejar pasar la oportunidad de manifestar mi repudio al dictamen que se somete a la consideración de esta asamblea parlamentaria porque, en concordancia con los dictámenes que han sido avalados por quienes han instaurado una dictadura partidista también afectan al pueblo de México. Ello lo sostengo porque, si bien las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal afirman buscar fortalecer la progresividad en los términos económicos a favor del Estado mexicano, para contar con mayores ingresos por otra parte se consigna en el título sexto, relativo a disposiciones finales, la prohibición de que las utilidades de los contratistas y asignatarios se repartan entre sus trabajadores. ¿Qué significa ello? En lo jurídico, una violación flagrante al artículo 123 constitucional, que en su fracción IX garantiza a los trabajadores el derecho a una participación de las utilidades de las empresas; y en lo político, un desprecio por la clase trabajadora de este país. No basta con el hecho de que el artículo 62 en su segunda parte contemple la posibilidad de que conforme a la legislación laboral pueda otorgarse a los trabajadores incentivos, compensaciones, bonos, gratificaciones o comisiones por el desempeño de su labor, para considerar que ello redituará un beneficio adicional a los trabajadores que empleen los asignatarios o contratistas, pues bien sabemos que esas canonjías son para unos cuantos y están sujetas a criterios de discrecionalidad. El Partido del Trabajo no puede admitir este atropello a los trabajadores. Es injusto, discriminatorio y contrario a los derechos humanos y solamente beneficia a los dueños del capital. Los trabajadores tienen derecho a recibir los beneficios de su trabajo para gozar de una vida digna para ellos y sus familias y el dispositivo enunciado les coarta esta posibilidad. El derecho a un salario justo y a recibir utilidades es una parte fundamental del derecho al trabajo y es acorde con el marco jurídico internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 23. 3 dispone: Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquier otros medios de protección social. Por su parte el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce el derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial una remuneración que se proporcione como mínimo a todos los trabajadores y un salario equitativo igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie. En el mismo sentido podríamos señalar otros tratados suscritos por México y que a partir de la reforma al artículo 1o. constitucional son de observancia obligatoria en el territorio nacional. Por lo expuesto, es inconcebible admitir a discusión un dictamen a todas luces contrario a la Constitución General de la República y a los tratados internacionales. Baste el análisis de esta causal para señalar la improcedencia del dictamen y, por lo tanto, el Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la moción suspensiva a fin de que se devuelva a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Energía, y se corrija este agravio a los trabajadores de México. Es cuanto, presidente.