La diputada Patricia Terrazas Baca: Compañeras y compañeros diputados, en Acción Nacional tenemos claro la importancia de contar con los ingresos suficientes para que el Estado mexicano pueda cumplir con sus funciones sustantivas en materia de desarrollo social, desarrollo económico y seguridad. Por lo que los ingresos que provienen de fuentes como el pago de impuestos deben cumplir a cabalidad con los principios que establece la nueva Constitución, a fin de que sean proporcionales y equitativos. No obstante, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en materia de planeación e impulsar el desarrollo nacional, los diversos gobiernos federales a lo largo del tiempo han establecido algún tipo de exención de impuestos, bajo los supuestos previstos en las leyes de la materia. Esto es, sabemos que nuestras leyes fiscales nos permiten aplicar exenciones para promover medidas necesarias para el país, por ejemplo, para acelerar la transición energética, como es el caso de la compra de activos, con base en energías limpias y renovables. También tenemos casos que por mandato legal el Congreso de la Unión decide establecer determinadas exenciones y beneficios fiscales, como sucede con las leyes específicas al respecto. En el caso claro, es cuando se expidió la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales para impulsar el crecimiento económico sostenible, a fin de reducir la pobreza en las regiones del país que presentan mayores rezagos en el desarrollo social. Dicha ley dispone el fomento a la inversión para personas físicas o morales que operen en zonas económicas especiales, como administradores integrales o inversionistas y puedan recibir de forma temporal beneficios fiscales, aduanales y financieros, así como facilidades administrativas e infraestructura competitiva, entre otras condiciones especiales en términos de la ley. Desafortunadamente, el presidente por apoyar su cuestionable proyecto del corredor transístmico decidió cancelar los apoyos y la inversión público-privada que implica esta ley aún vigente. Sin embargo, como bien se expresa en el dictamen, la figura de la exención se utilizó e incluso se pervirtió por favorecer unos cuantos. Sin embargo, establecer de manera expresa la prohibición de las condonaciones fiscales, a fin de que tengan un carácter excepcional, cuando exista plena justificación de su aplicación y siempre y cuando cumplan con los términos establecidos en nuestras leyes, y es un hecho que así se deben de realizar acciones de gobierno sobre los temas de exenciones de manera general. Es decir, las exenciones, como las condonaciones de impuestos, deben ser en función de las necesidades y características que se requieran, como sucede en situaciones de desastre, de salud pública, por crisis económica. Por ejemplo, exitosos por los beneficios que se lograron, son los que implementó en la crisis de 2009 para generar inversión y crecimiento del país. Así, aun cuando el actual marco jurídico del Poder Ejecutivo debe justificar las condonaciones y que en las mismas disposiciones legales ya está acotada la discrecionalidad. Coincidimos que debemos elevar a rango constitucional los límites que ya existen en la legislación federal para establecer prácticas de exención y condonación de impuestos, eliminando así suspicacias, en relación a que se han otorgado por medio de decisiones arbitrarias que en nada abonan a la justicia y la legalidad establecidas. Acción Nacional considera apoyar este dictamen y votar a favor, toda vez que nos permite perfeccionar nuestro marco jurídico para asegurar que las prácticas de condonación de impuestos se apliquen en los términos y condiciones que fijan las leyes. Es cuanto, señora presidenta.