El diputado Ricardo Ramírez Nieto: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, me dirijo a ustedes a efecto de referir que el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, la adición, reforma y derogación de diversas disposiciones legales, propone que esa nueva norma establezca delitos y sanciones aplicables en materia de la industria petrolera, con el objetivo de salvaguardar la seguridad energética, la economía de ese sector, la seguridad de la población y el medio ambiente. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRI está convencido que la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos viene a llenar un grave vacío que había en la parte general del Código Penal Federal. Con la expedición de esta nueva ley se dota a las autoridades encargadas de procurar y administrar justicia de los instrumentos legislativos necesarios, pues al contemplarse la serie de modalidades de participación en las conductas ilícitas, como delitos graves, se estará en condiciones, sin lugar a dudas, de aplicar las sanciones correspondientes restableciéndose así un verdadero Estado de derecho, que en la materia por una falta de adecuada legislación se adolecía. Es importante mencionar en este momento y se debe de aclarar, que en ningún momento ningún legislador ha dicho en esta tribuna que esta ley tiene como único objetivo sancionar por sancionar. Lo que se ha dicho es que esta ley especial se justifica, porque en ella se describen las conductas típicas de manera más clara y se tipifican las especies de participación para comprender a toda la estructura de las organizaciones criminales, sin necesidad de acudir a interpretaciones forzadas, para aplicar, por ejemplo, la Ley de Delincuencia Organizada. Uno de los principales deberes del Estado es la de brindar seguridad a los ciudadanos, los delitos cometidos en materia de hidrocarburos afectan directamente el bienestar de la población. No podemos seguir permitiendo el saqueo de un bien nacional, como lo es el petróleo, máxime que de acuerdo con los reportes de inteligencia con los que se cuenta, los ingresos derivados de la comercialización ilícita de combustible sirve para financiar otras actividades del crimen organizado. Esto no puede continuar así. De acuerdo con especialistas, el robo de combustible empezó como una actividad marginal y secundaria, a la que con posterioridad comenzaron a dedicarse bandas del crimen organizado. Hoy en día esta actividad ha llegado a convertirse en una de las principales fuentes para la obtención de recursos, a la que se dedican mucho de esos grupos. No estamos hablando de una simple asociación delictiva, orientada a la sustracción ilegal de gasolinas, estamos hablando del desarrollo, capitalización, gerenciamiento y expansión de redes de detección, sustracción, transporte, comercialización y venta de hidrocarburos. De acuerdo con cálculos oficiales, el daño patrimonial por la realización de estas actividades pudo haber ascendido a más de 40 mil millones en este último año. Si tomamos en cuenta que apenas hace unas cuantas semanas todas las fracciones parlamentarias, con representación en esta Cámara, estábamos enfocados en encontrar las economías que nos permitieran de dotar de presupuesto a actividades prioritarias, sin lugar a dudas que el quebranto patrimonial por las conductas ilícitas que se cometen en perjuicio de su patrimonio, impidió de alguna manera que estos recursos obtenidos por el crimen organizado no fueran destinados para impulsar aún más el desarrollo del país en sus diferentes vertientes. Pues bien, con la expedición de esta nueva ley tenemos una respuesta, ya que con la misma se trata de erradicar en lo posible que se continúe con estas prácticas delictivas en comento. Compañeras y compañeros legisladores, hay momentos en que los proyectos e iniciativas de ley, que están en discusión, concentran un anhelo de justicia y una esperanza para amplios sectores de la sociedad. Me atrevo a decir que esta nueva Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en contra de la Industria Petrolera, encarnan fielmente este sentimiento. El Grupo Parlamentario del PRI está convencido que la adecuación del marco legal en esta materia, es el principio de la solución largamente esperada por parte de la industria petrolera y de la sociedad en general. En el Grupo Parlamentario del PRI somos los primeros en reconocer la posible corrupción que pudiera existir de funcionarios públicos. En respuesta a esta hipótesis, la nueva ley contempla duras sanciones a todos los que pudieran estar involucrados en la comisión de los ilícitos antes mencionados. Ha pasado demasiado tiempo que esta iniciativa fue presentada en la Cámara de Senadores, se han escuchado muchas voces, se han incorporado las opiniones de los legisladores, de los partidos con representación en ambas Cámaras. Hemos contado en todo momento con el acompañamiento de funcionarios de Petróleos Mexicanos, de la Procuraduría General de la República. No podemos dejar más tiempo, compañeras y compañeros legisladores. Lo que está en juego es la seguridad de las personas que corren el riesgo de perder la vida por las inminentes explosiones derivadas de la ordeña ilícita de ductos. Y baste con recordar solo una de las tantas desgracias que se han suscitado, como la ya citada aquí, de San Martín Texmelucan, Puebla, donde hubo más de 30 personas fallecidas. Y qué decir de las constantes evacuaciones de comunidades enteras para evitarles un mal mayor. Lo que está en juego, compañeros, es el patrimonio de todos los mexicanos que se ve mermado por el robo de una de las principales fuentes de financiamiento de programas y proyectos para el desarrollo social. Lo que está en juego, compañeros, es la preservación de nuestro entorno natural que se ve seriamente afectado con el derrame de combustible, producto de la realización de perforaciones ilegales de ductos. Lo que está en juego, compañeros, es el cabal cumplimiento de una de las principales responsabilidades que le fue conferida a esta soberanía. La actualización y generación de un marco que favorezca la sana convivencia y fortalezca el desarrollo de nuestro país. El gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto se caracteriza por decir haciendo. Hoy se somete a consideración de este pleno una iniciativa de ley que sin duda será una referencia obligada para otros países con vocación petrolera. Los medios de comunicación, a quienes les agradecemos la atención puntual que brindan a los trabajos de esta Cámara han estado muy al pendiente de toda la ruta legislativa que ha seguido esta ley para que pueda ser promulgada. Yo invito a todas las compañeras y compañeros diputados a que asuman esta ley como propia, independientemente de que haya sido el Grupo Parlamentario del PRI quien la promueva y el suscrito la posicione en su nombre. Pues al final la misma ha sido enriquecida por las aportaciones de los diputados de todos los partidos políticos. Todo ello ante la apertura del presidente de la Comisión de Justicia, diputado Álvaro Ibarra Hinojosa, a quien le reconozco su capacidad y compromiso para sacar adelante este dictamen. Creo que en eso consiste el trabajo legislativo para encontrar las coincidencias que nos permitan seguir moviendo a México. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen porque estamos seguros de que es un instrumento que nos redituará beneficios para todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.