La diputada Norma Xóchitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras, compañeros legisladores. De la revisión y análisis del dictamen hemos llegado a la conclusión de que es necesario fortalecer la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. La creación de un nuevo artículo 10 Ter contempla las facultades de la Fiscalía, sin embargo tales facultades se encuentran acotadas, lo que llevaría a contar con una institución destinada al fracaso. La fracción V del citado artículo señala como facultad la propuesta del nombramiento de agentes del Ministerio Público, la cual no implica mayor requisito que la anuencia de la Procuraduría General de la República, por lo que se estima que para evitar la discrecionalidad de los nombramientos y para efectos del correcto funcionamiento de la Fiscalía, ésta requiere la adscripción de elementos que cuenten cuando menos con 10 años de experiencia profesional certificada en materia de persecución de delitos relacionados con la corrupción. La fracción VIII refiere a la facultad de diseñar e implementar estrategias y líneas de acción que permitan combatir los hechos delictivos en materia de corrupción. Consideramos que dicha facultad se halla acotada y debe de ser reforzada por la creación de estrategias que permitan no sólo combatir, sino perseguir de manera profesional y en su caso castigar las acciones y omisiones que las leyes tipifiquen como delitos en materia de corrupción. La fracción IX faculta a la Fiscalía a implementar planes y programas destinados a detectar la comisión de delitos, sin embargo se considera necesaria la adición del fundamento legal que permita generar planes y programas que redunden no sólo en detectarlas, sino en sancionarlas de manera profesional. La fracción X faculta a la Fiscalía para instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades, lo cual consideramos queda bastante corto, ya que la colaboración debe llevarse a cabo por todas y cada una de las dependencias de los tres ámbitos de gobierno. El segundo párrafo de la fracción XI estipula que los acuerdos, circulares, instructivos, pases y demás normas administrativas emitidas por la fiscalía, en ningún caso podrán contravenir las normas administrativas emitidas por la Procuraduría General de la República, lo cual asume de manera tácita que las resoluciones de la Procuraduría siempre están apegadas al principio de legalidad. Por tal motivo, se propone que estos acuerdos y demás normatividad administrativa debe estar apegada a la Constitución, a los tratados internacionales y a las leyes del Congreso de la Unión y que en caso de discrepancia o contradicción se esté atento al principio pro persona y a la interpretación conforme, ambos establecidos en el artículo 1o. constitucional. Con respecto a la fracción XV, se estipula de manera legal el plazo para la remisión de la documentación que la fiscalía requiera a las diversas instancias del gobierno, a efecto de promover celeridad en la resolución de los procesos que este instrumente. Por último, se propone la modificación de la fracción XXVI, a efecto de que los recursos económicos y materiales asignados a la fiscalía se empleen con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficacia, eficiencia, economía, racionalidad, transparencia, control y rendición de cuentas. Lo anterior, a efecto de subsanar la redacción que alude al uso responsable de los recursos, sin que exista una definición objetiva sobre el significado de responsabilidad. Con todas estas modificaciones propuestas se abona al fortalecimiento y profesionalización de la institución jurídica. De no aprobarse en sus términos, la fiscalía podrá ejercer funciones con personal no calificado, no tendría facultades legales para exigir la celeridad y podría emitir normatividad que atente contra los principios constitucionales. Es cuanto.