El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, permítanme empezar por decirles que celebro, en el Partido Verde celebramos de hecho el pertenecer a esta LXII Legislatura, en la que hemos logrado identificar un tema que es apremiante para todos los mexicanos y le hemos podido dar la celeridad que desde luego éste merece, y es el tema de la reforma educativa y la necesidad de que los maestros sean evaluados, y el instituto que lo haga el que promueva su integración, su inmersión a la actividad docente, su permanencia o su promoción, goce de la autonomía necesaria para erradicar este vicio que ha tenido que ver con su mantenimiento en la lucha por el poder. Basta de que sean ellos la moneda de cambio, tratándose de personas que son tan importantes para el futuro del país. Permítanme utilizar parte de mi tiempo, en primer lugar para desmentir esta visión contumaz, desde luego cerrada con relación a la interpretación del artículo quinto transitorio de la reforma al artículo 3º constitucional. Es falso que en cualquier parte de la redacción de este artículo se hable de las contribuciones que habrán de hacer los padres. Es absolutamente falso que vaya a haber en el futuro el cobro de cuotas para ingresar a las escuelas o para mantenerse en ellas. Desde luego que a la luz de la fracción IV del artículo 3º constitucional se mantiene la gratuidad en la impartición escolar. Basta ya de que sigamos sembrando, a través de un discurso radical esta discordia, que solamente abona a la diferencia entre los mexicanos. El progreso de México depende de un pueblo unido, y la unión de los mexicanos sólo podrá lograrse en la medida en la que erradiquemos los rezagos que distancian la calidad de la educación de unos con relación a otros. Las reformas en materia de educación gestadas durante la historia nacional, así como las políticas públicas que se han encaminado darle eficacia práctica a este derecho social básico, lamentablemente no han atendido con todo el rigor y la visión institucional necesaria a aquellos aspectos que se han significado como un obstáculo para el desarrollo de la calidad educativa. Los vicios que hoy sufre el sistema educativo son producto de una larga cadena de deficiencias legales e institucionales. En la lucha por el poder se ha utilizado a los maestros como moneda de cambio, y esta situación no sólo merma su integración, su permanencia y seguridad en el ejercicio de la digna actividad que han elegido, sino que afecta a la niñez y el futuro de México. El apoyo al marco federalista de la educación mediante el ejercicio efectivo de la rectoría nacional en materia de educación es crucial, es mediante la consolidación de la autonomía del órgano que evaluará el desempeño profesional y la auténtica actualización del conocimiento de los maestros, que lograremos con esta reforma y la Ley General de Educación el cumplimiento de un anhelado objetivo primario en la búsqueda de la erradicación de la desigualdad, y sobre todo el mejoramiento en la calidad de vida de todos los mexicanos. Nuestra colegisladora consideró y saludamos la implantación de la educación como una obligación de los mexicanos hacia sus hijos, sus hijas y pupilos. Coordinaremos como una obligación establecida constitucionalmente, un sistema de capacitación superior curricular común para el sistema educativo en el federalismo. Haremos todos los esfuerzos que sean necesarios para garantizar que en la consumación de nuestros propósitos, la diferencia en la educación de los mexicanos no constituya un factor de discriminación al momento de buscar empleo. Apoyaremos la reforma y las modificaciones que contiene la minuta que nos ha sido remitida por el Senado, porque entendemos el carácter apremiante del tema que nos interesa. El artículo quinto transitorio, por último, no contiene sino la inclusión de los padres, de los alumnos y de los directivos en lo que va a venir a ser una autonomía de gestión de las escuelas. Es necesario, que en el futuro los padres intervengan en la educación de sus hijos y logren, mediante la identificación de sus potenciales, mejorar su calidad educativa. Es falso, por consiguiente, que a través del vocablo participación, que debe entenderse como una intervención o como una coordinación de los padres de familia en las actividades que a ellos les interesa y que tienen que ver con la educación, con la capacitación de sus hijos para el futuro, haya de cobrárseles un centavo. Nos mantenemos con la gratuidad de la educación, y desde luego, reprobamos cualquier interpretación del artículo quinto transitorio, que con este carácter obtuso insiste en darle al vocablo participación una calidad de contribución, que desde luego no le corresponde y en cualquier ejercicio de interpretación jurídica futura jamás podría tener cabida. Es cuanto, diputado presidente. Muchísimas gracias.