El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. Con la finalidad de darle un carácter más operativo al conjunto de instituciones administrativas y judiciales, para poder sancionar el delito de cohecho, tanto en su vértice activa como pasiva, la Comisión de Justicia elaboró el dictamen que tenemos en este instante en nuestra consideración. Así las cosas, la modificación atiende a una serie de disposiciones halladas en los tratados internacionales, en particular la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ambos dispositivos internacionales prevén instrumentar, en las legislaciones nacionales, al delito de cohecho como tipo penal con específicos alcances. El cohecho fue instaurado como tipo penal en el año 1999. Sin embargo, históricamente ya existían antecedentes propios en nuestra latitud, por ejemplo, en la Ley Décima de Nezahualcóyotl, donde se ordenaba que los jueces a quienes se averiguase haber cometido cohecho, muriesen degollados, en caso de que el monto del cohecho fuera alto. Para el caso de montos menores únicamente eran destituidos de su cargo. En la Recopilación de Indias, en su Libro Octavo, Título Cuarto, mediante decreto del 24 de marzo de 1813 se expresó que si un empleado prevaricase por soborno o por cohecho, sería castigado en idénticos términos que los jueces. Posteriormente, se introdujo este tipo penal en los códigos de 1871, del 29, del 31 y en 1983. La modificación propuesta en esta ocasión complementa el tipo penal de mérito. Implica que cometerá el cohecho quien le ofrezca al servidor público dinero o cualquier otra contraprestación para que haga u omita un acto relacionado, no solo con sus funciones sino también con respecto a su empleo, cargo o comisión. De este modo se actualizan mayores supuestos a los de las simples funciones. Por lo que se pretende sancionar una conducta de modo exhaustivo, circunstancia que de no aclararse podría ser utilizada como argumento por los abogados de los probables responsables, alegando la exacta observancia de la institución penal, toda vez que no puede aplicarse pena alguna sin la ley específica que describa la conducta precisa. Por otro lado, el acto modificatorio trasciende a la relación actual, pues ahora con la reforma incurrirá también en cohecho quien deje de realizar un acto relacionado con sus funciones, circunstancia que en la actualidad no se prevé en la redacción. La comisión también amplía el margen para evitar el cohecho a los servidores públicos internacionales, cuando a quien con el propósito de obtener o retener por sí o para otra persona ventajas indebidas en el desarrollo o conducción de transacciones comerciales internacionales ofrezca, prometa o dé por sí o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva, ya sea en bienes o en servicios a un servidor público extranjero en su beneficio o el de un tercero para que gestione la tramitación de cualquier asunto. Por último se prevé en cambio a una ley, cuya promulgación aconteció apenas en junio del año 2012, la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, en donde se estipula que el Programa Federal de Protección a Personas tendrá aplicación, entre otros casos, cuando un tratado internacional así lo imponga. De esta manera, los tratados se rigen en régimen jurídico superior, tal como lo señala el artículo 136 de nuestra Carta Magna. Por todas las consideraciones vertidas, la bancada del Partido Verde Ecologista de México emitirá favorablemente el voto al presente dictamen. Es cuanto, señor presidente y gracias a la asamblea por su atención.