El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba (vía telemática): Honorables compañeras y compañeros legisladores, como les había comentado en mi primer posicionamiento, nos encontramos ante un asunto de la más alta importancia jurídica y social, lo cual demanda un análisis minucioso debido a las repercusiones potenciales sobre el espectro de los derechos humanos. Este análisis es particularmente crítico en lo que concierne a la autodeterminación de las personas en relación con su identidad de género y las interacciones cotidianas que esto conlleva. Nuestra Constitución ampara de forma incondicional el derecho al libre desarrollo de la personalidad. No obstante, la propuesta actual omite distinciones cruciales, especialmente con respecto a la capacidad jurídica de menores de edad en comparación con individuos mayores de edad. Tal distinción no es trivial, es un asunto central que subyace a la aplicación de normas y principios jurídicos, incluyendo el respeto a la opinión de los menores en asuntos que afectan directamente su vida, en consonancia con la tutela responsable de sus derechos y el interés superior de la niñez. Es vital que cualquier legislación futura excluya la posibilidad de criminalizar las acciones de padres, madres o tutores que en la esfera de su libertad de expresión y creencia buscan orientar a los menores bajo su cuidado, la penalización debe ser reservada para actos que efectivamente transgredan la integridad o la libertad de los individuos. Por consiguiente, nos enfrentamos a la creación de tipos penales con un espectro demasiado amplio que no discriminan suficientemente entre las variadas conductas y sus respectivas consecuencias. La falta de precisión en verbos rectores cómo impacta u obligue contribuye a esta incertidumbre generando un potencial solapamiento de acciones y la posibilidad de una doble sanción en ciertos contextos, particularmente, cuando la violencia ya es de por sí un factor agravante. Este exceso de amplitud, un exceso francamente en la definición de los delitos provoca una preocupante falta de seguridad jurídica y complica la correcta imputación penal en los procesos judiciales que podrían derivarse. Dado estos defectos fundamentales y en defensa de la certeza legal que debe regir nuestro ordenamiento jurídico el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional que represento, presenta la siguiente reserva: En el artículo 209 Ter, debe de quedar claro que cualquier servicio, práctica en los que se emplee violencia física, moral o, así como tratos inhumanos y degradantes con el propósito de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir las preferencias sexuales siempre que no haya expresado su consentimiento informado. Esta reforma le daría certeza jurídica a la aplicación como señalaba. Y también en el tercer párrafo dejar explícito que no se aplicará pena al padre, madre y tutor de persona menor de edad que solicite tratamiento, terapia, servicio o práctica relacionada con la exploración de las preferencias sexuales siempre que éstas respeten de forma íntegra su dignidad y no impliquen violencia física, moral o psicoemocional o tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana. Proteger también el término de los profesionales de la salud y que puedan ser sancionados siempre y cuando cualquier profesional de salud emplee violencia física, moral o, así como tratos inhumanos y degradantes con el propósito de obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar, anular o suprimir las preferencias sexuales en los términos que marca la propia Constitución, siempre que no haya referido su consentimiento informado, es decir, a favor de la sanción cuando ocurra esto, no dejarlo en un término amplio. Estimados legisladores, El mapa y el territorio es una obra maestra y quiero utilizar esta parábola donde se destila la esencia de la condición humana y paradójicamente la búsqueda de un significado en un mundo saturado de artefactos y simulacros. Explora la atención en el mapa, es decir, las ideas y representaciones conceptuales que tenemos del mundo y el territorio la cruda y a menudo... realidad con las consecuencias jurídicas. De no aceptar esta reserva para dar certeza jurídica, el mapa idealizado en la ley o en su cabeza, quedará solo en su privada imaginación, porque la ley, la minuta dice otra cosa. Y con esa minuta en el territorio quedará la cruda realidad de criminalizar potencialmente a padres, madres, familia y profesionales por guiar y orientar a sus hijos, hijas, hermanos, lo cual me parecería un grave error. Ojalá acepten la reserva. Gracias por su atención.