La diputada Ana Isabel Allende Cano: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El secuestro es uno de los delitos que más ha impactado en el país y en el que por desgracia se han visto afectados miles de mexicanos en la última década, ya que según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos 10 años las denuncias de secuestro se han incrementado en un 245 por ciento. En 2003 se registraron 413 casos de este delito, mientras que en noviembre de 2013 la cifra aumentó a mil 583 plagios en el país. Por su parte, la Organización México Unido Contra la Delincuencia presentó una encuesta en la cual se observa que el 90 por ciento tiene mucho temor a ser víctima del secuestro. No podemos permitir que año con año la frecuencia de este delito crezca. Es por ello que el Ejecutivo federal, en coordinación con las diversas autoridades y organismos, se ha encargado de crear y fortalecer herramientas a través de las cuales se combata este ilícito. Tal es el caso de la Coordinación Nacional Antisecuestros creada en enero del presente año. En materia legislativa, el Congreso de la Unión se ha dado a la tarea de establecer un marco jurídico a través del cual se suma a esta campaña antisecuestro del país. Hemos creado leyes como la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas, para la Protección y Asistencia de las Víctimas del Delito, la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia y por supuesto la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro. Sin embargo resulta menester reconocer que aún queda mucho por hacer. Por ello, debemos fortalecer nuestro marco jurídico en materia penal con penalidades aún más fuertes que sancionen rigurosamente la comisión de este delito. A través del presente dictamen se propone un aumento sustancial de las penas corporales para aquéllos que cometan el delito de secuestro, dándose así respuesta a las demandas expresadas de nuestra sociedad. Recordemos que lo único que se desea es salir a las calles sin miedo a ser privado de la libertad, y que los padres de familia puedan estar tranquilos sin la inquietud de que sus hijos puedan ser víctimas de las bandas delincuenciales. Lo que se nos está exigiendo es que le arrebatemos las calles a los delincuentes y se las devolvamos a los ciudadanos. Obrar con sordera ente este reclamo sería irresponsable y carente de sensibilidad. Debemos reconocer también que a pesar del natural deseo para que todos los sentenciados puedan reintegrarse adecuadamente a la sociedad a través de los diversos programas y actividades aplicadas en las cárceles del país, muchas personas debido a sus características criminológicas están impedidas para lograr este fin, por lo que al salir de prisión recaen en la comisión del mismo delito. Esta reforma constituirá una herramienta importante para el combate al delito de secuestro, ya que quienes incurran en esta conducta física purgarán una pena mayor, pensando acorde a los daños que sufren no solo las víctimas sino sus familiares y la sociedad en su conjunto. El fortalecimiento de la penalidad no solo es una facultad constitucional y legal contemplada para esta Cámara, perfectamente interpretada por el Poder Judicial de la Federación, sino que es una obligación política del más alto nivel ante las demandas de la sociedad. Es por todo esto que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votaremos a favor del presente dictamen. Gracias.