El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Presidenta, con su permiso. Muy buen día tengan todos ustedes. Mucho hemos hablado ya de la perversión de la que ha sido objeto en nuestro país la figura del fuero, instituida con el fin de proteger a legisladores y funcionarios de la persecución judicial de la cual pudieran ser objeto derivado del cumplimiento de sus funciones. Desgraciadamente esta salvaguarda, que tiene su origen en el principio republicano de separación e independencia de los poderes, ha sido aprovechada por algunos malos servidores públicos para cometer ilícitos y evadir la acción de la justicia. En el imaginario de los ciudadanos el fuero es percibido como un incentivo para el incumplimiento de la ley, a la cual tiene acceso una clase privilegiada como lo es la clase política. Creo que todos estamos de acuerdo en que hoy en nuestro país se viven tiempos de cambio y que ya no hay cabida para los privilegios. La exigencia ciudadana es que nadie se encuentre por encima de la ley, de modo tal que el acceso a un puesto de elección popular ya no pueda significar que quienes lo ocupen estén exentos del castigo por los ilícitos que llegaran a cometer. Si bien el problema con el fuero no es la figura en sí misma sino el abuso que se ha hecho de ella, lo cierto es que en un país como el nuestro, con tanta sed de justicia y tan lastimado por la prevalencia de la impunidad, es indispensable generar los incentivos necesarios para que las conductas de los servidores públicos sean ejemplares y se sujeten a los principios de honestidad, decoro y ética con los que deben conducirse siempre. Como ya lo dije en su oportunidad, en el Partido Verde tenemos la convicción de que las posiciones de gobierno y representación popular deben ser ejercidas sin la menor suspicacia o sombra de duda sobre la probidad y honradez de quienes las ocupan. Por ese motivo, el 27 de octubre pasado votamos a favor de la aprobación del dictamen que proponía reformar los artículos 108 y 111 constitucionales, con objeto de precisar que el presidente de la República puede ser acusado por actos de corrupción, delitos electorales y por los ilícitos contenidos en el artículo 19 de la Carta Magna. Con lo anterior, sería posible juzgar al titular del Ejecutivo federal por la comisión de delitos que tanto han lastimado a nuestra sociedad, como los actos de corrupción y los delitos electorales y no únicamente por la traición a la patria, demostrando con ello que nadie ni siquiera quien ha accedido a la más alta magistratura de un país puede estar por encima de la ley. No obstante lo anterior, la colegisladora consideró que al quitar a senadores y diputados de la nueva redacción del artículo 108 constitucional se estaba descafeinando el decreto aprobado en el Senado de la República en abril pasado y reduciendo con ello sus alcances para acabar auténticamente con los privilegios indebidos de la clase política, esta decisión de los senadores es lo que nos tiene hoy aquí discutiendo de nuevo lo que previamente aprobamos el 27 de octubre pasado. Pareciera que estamos en una disputa por ver quién puede más o bien quién es el que a final de cuentas el que termina corrigiéndole la plana a la colegisladora. Yo invitaría a no verlo así porque no es una conducta sana. De lo que realmente se trata es de crear leyes que le sirvan al país, que cumplan cabalmente con su propósito y que satisfagan las exigencias de la ciudadanía. Sostenemos que en este asunto a la Cámara de Diputados le asiste la razón y quiero explicar por qué. La minuta que nos envió el Senado de la República en abril pasado no les quitaba el fuero a los legisladores, sino que, por el contrario, lo reforzaba porque la condición jurídica del presidente es distinta a la de los legisladores. De acuerdo a la redacción actual del texto constitucional, para juzgar al presidente hay que quitarle el fuero, pero solo se le puede juzgar por un número reducido de delitos: traición a la patria y delitos graves del orden común. En cambio, los legisladores podemos actualmente ser juzgados por cualquier delito. Sin embargo, con la redacción del artículo 108 constitucional que propone el Senado, se reduce dramáticamente el número de ilícitos por los cuales podríamos ser juzgados los legisladores. Lo que dice la minuta que recibimos del Senado en abril es que los legisladores solo podemos ser juzgados por traición a la patria, por fraude electoral, por corrupción y por los delitos graves que establece el artículo 19, es decir, que se aumenta el número de delitos por los cuales el presidente puede ser juzgado, pero se disminuye al mismo tiempo el espectro de ilícitos por los cuales los legisladores podríamos ser acusados. Es este desliz el que intentó corregir la Comisión de Puntos Constitucionales al proponer modificaciones a la redacción del decreto aprobado por los senadores y es el mismo que subsistiría si se aprueba la redacción planteada por la colegisladora. Como ya lo señalé, en el Partido Verde sostenemos que este asunto le asiste la razón a la Cámara de Diputados y ratificamos nuestro voto a favor de la redacción aprobada el 27 de octubre pasado. Muchas gracias.