El diputado Pedro Vázquez González (PT): Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: La iniciativa que sometemos a su consideración tiene el propósito de modificar el mecanismo de designación de los titulares de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos y de sus organismos subsidiarios y que esta facultad sea ejercida por la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión. En términos de lo que establece el artículo 51 constitucional, la Cámara de Diputados se compone con representantes de la Nación, es decir que si Petróleos Mexicanos es de todos, consecuentemente y si el recurso natural también es de todos los mexicanos, resulta procedente que los representantes de la Nación puedan contar con la facultad de designación de los titulares de los organismos por medio de los cuales se explota la riqueza del subsuelo que a todos los mexicanos pertenece, además de que es imperativo democratizar los procedimientos administrativos de la paraestatal para evitar que ésta continúe siendo la "cueva de Alí Babá". De manera simultánea a la designación de los directores generales por parte de la Cámara de Diputados, proponemos un mecanismo consistente en que la Cámara hará una auscultación entre los colegios de profesionistas, escuelas y facultades de ingeniería del país para conformar una terna de entre la cual y por mayoría calificada de dos terceras partes del total de los integrantes de esta Cámara, se designará a los directores generales y en caso de que ninguno de los propuestos obtuviera esa mayoría, se integrará una nueva terna y que en caso de que ninguno de los integrantes de la segunda terna obtenga la mayoría calificada, entonces la Cámara mediante el proceso de insaculación de las seis personas, designará a cada director general. El artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la forma en la que se divide la administración pública, misma que será centralizada y paraestatal. En términos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, forman parte de la administración pública centralizada las secretarías de estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica. La administración pública paraestatal se integra por los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito e instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos. Ahora bien, en el sistema presidencial mexicano, el Presidente de la República ejerce funciones de Jefe de Estado y de Jefe de Gobierno. En esta última función como Jefe de Gobierno, es el jefe de la administración pública tanto centralizada como paraestatal. La Doctrina de Derecho Administrativo establece a la denominada "centralización administrativa" y es a la que se define como la "centralización"; es una forma de organización administrativa en la cual los entes del Poder Ejecutivo se estructuran bajo el mando unificado y directo del titular de la administración pública. Ahora bien, esta centralización administrativa que se da a favor del Jefe de Gobierno o titular de la administración pública, tiene una serie de características entre las que se encuentra el poder de nombramiento, esto es que el Jefe de Gobierno o Presidente de la República tiene la facultad de designar a sus más cercanos colaboradores y a los directores de las empresas públicas. Asimismo, el titular de la administración pública tiene la facultad, prevista ésta en la Constitución General de la República, para hacer nombramientos; tal es el caso del nombramiento y remoción de los secretarios de despacho y nombramientos y remoción libre de los demás empleados de toda la Federación, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes. En consecuencia, encontramos que el Presidente de la República puede hacer nombramientos conforme se prevea en la Constitución y conforme a lo que se prevea en leyes específicas. Es el caso de la materia de la presente iniciativa, en la que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a consideración de este honorable pleno esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios para eliminar la facultad del Presidente de la República de designar al Director General de Petróleos Mexicanos y a los directores generales de los organismos subsidiarios bajo los siguientes principios: Petróleos Mexicanos es la empresa pública más importante del país, Petróleos Mexicanos explota en términos de lo que dispone el artículo 28 constitucional, párrafo quinto, el área estratégica de la economía del petróleo y de los demás hidrocarburos. En el mismo artículo 28 párrafo sexto, se establece que el Estado contará con los organismos y empresas que requiera para el más eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde de acuerdo con las leyes participe por si o por los sectores social y privado. Además hay que recordar que según el artículo 27 de nuestra Norma Fundamental, en su párrafo cuarto, corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales que se encuentren en el subsuelo del país, entre ellos el petróleo y todos los demás carburos de hidrógeno sólidos. Además en el párrafo séptimo del artículo 27 se establece que tratándose de petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos. Con lo anterior se acredita fehacientemente que tanto el Constituyente originario como el Constituyente permanente, han dado una singular importancia a los bienes sobre los que la Nación ejerce dominio directo y además dispone que estos bienes sean considerados áreas estratégicas en la economía y el propio Estado contará con organismos públicos encargados de explotar estas áreas. Ahora bien, hay verdades que resultan manifiestas, como la que Petróleos Mexicanos es el organismo público descentralizado más importante del país y que Petróleos Mexicanos es el principal contribuyente de este país y que Petróleos Mexicanos ha tenido pésimos administradores de nuestra riqueza petrolera. Basta tan solo recordar que la gestión presidencial de José López Portillo, cuando -entre comillas- nos debíamos de preparar para administrar la abundancia, se dieron en perjuicio de Petróleos Mexicanos grandísimos actos de corrupción, mismos que hasta la fecha en mayor o en menor medida se siguen cometiendo. En días pasados se acreditó fehacientemente que el entonces director de PEMEX pagó con dinero de la paraestatal una cirugía plástica, una cirugía estética de su esposa. Esto es, se ve a Petróleos Mexicanos como un botín donde todo mundo puede meter mano o como la caja chica en donde el gobierno en turno puede obtener recursos para financiar otros gastos no autorizados por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Esta situación en nuestra opinión, deriva por la falta de controles eficientes y porque el director general del organismo y de sus subsidiarias son nombrados directamente por el Presidente de la República y éste es al único al que le rinden cuentas de su actuación. Señor presidente le solicito respetuosamente que el texto íntegro de la iniciativa que entregaré a los secretarios de esta mesa directiva, se inserte en el Diario de los Debates y a su vez sea publicada en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto diputado presidente.