El diputado Francisco Javier Pinto Torres: Con el permiso de la Presidencia. El presente dictamen es de la más alta prioridad para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, al ser parte fundamental de este nuevo andamiaje jurídico, considerado en su aplicación, será un total para conseguir los objetivos de sí mismo. Como sabemos, derivado de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se dispuso que el Congreso de la Unión debería aprobar las leyes generales respecto a este tema. Entre las disposiciones se encuentran las que hoy nos ocupan. A saber, la nueva Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; la Ley de Coordinación Fiscal; y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. A fin de construir el marco jurídico necesario para dar pleno funcionamiento al Sistema Nacional Anticorrupción, es preciso establecer claramente el principio de la fiscalización superior de la gestión y recursos públicos, así como los entes facultados para ello. Es decir, estamos en la antesala que fortalecerá el ejercicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación de esta Cámara de Diputados, así como de las entidades de fiscalización en las entidades federativas, vigorizando los principios y alcances de la fiscalización y rendición de cuentas en las facultades que tienen para analizar las cuentas públicas, formular las observaciones correspondientes a las entidades fiscalizadas, rendir los informes que correspondan y generar la actuación que competa a otras autoridades en materia de investigación de presuntos ilícitos penales y administrativos. Todo ello, en armonía con el Sistema Nacional Anticorrupción. Estos últimos aspectos incluidos en la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, así como la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a efecto de precisar coadyuvancia entre las entidades fiscalizadoras locales con la Auditoría Superior de la Federación en este proceso de fiscalización. Vemos con beneplácito que entre otros aspectos, la fiscalización comprenderá el escrutinio de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos. En cuanto a la deuda pública comprenderá la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales y toda la información financiera contable, patrimonial, presupuestaria, y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en las mismas. De esta manera, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará de manera directa las operaciones que involucren recursos públicos federales en prácticamente todas sus modalidades, sea a través de contrataciones, subsidios, transferencias, fideicomisos o cualquier otra figura jurídica. Otra de las nuevas facultades de la Auditoría consiste en la atribución que le confiere para investigar, sustanciar y promover ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la imposición de sanciones por la comisión de faltas administrativas graves, en especial aquellas que se adviertan del ejercicio de sus funciones fiscalizadoras, y que deriven en el daño al erario público, que es lo que tanto nos exigen nuestros compatriotas mexicanos. También podrá denunciar ante los órganos internos de control la comisión de faltas administrativas no graves y, de este modo, sancionar efectivamente a los servidores públicos que cometan faltas graves, principalmente aquellas que deriven, insisto, en un daño al erario público. En el mismo sentido, otro aspecto fundamental que nos gustaría subrayar consiste en que en concordancia con los reclamos provenientes de la sociedad mexicana, que es a quien nos debemos, la Comisión de Vigilancia podrá recibir y procesar solicitudes de la sociedad civil en relación al Programa Anual de Auditorías, que realiza esta instancia fiscalizadora, así como de su funcionamiento. Esto otorga a la ciudadanía la oportunidad de participar, aportar y contribuir a mejorar el funcionamiento de este ente fiscalizador. Sin duda fortalece la estructura de fiscalización del país en aras de contribuir a la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción. Para concluir, si buscamos dignificar el servicio público es indispensable hacer una revisión de las normas jurídicas que lo tutelan, a fin de construir un andamiaje que nos proporcione las herramientas que mejora el control del cómo y en qué se gastan los recursos públicos. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas, sabemos que estas son poderosas herramientas para combatir la corrupción, por lo que movidos únicamente por el bien de México tenemos toda la intención de votar a favor de este dictamen y estaremos atentos a la adenda que se acaba de hacer mención hace unos momentos. Es cuanto, señor presidente.