La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. En el 2014 este Congreso aprobó la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, cuyo objeto es, por una parte, reconocerlos como titulares de derechos de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad de los derechos humanos, garantizando su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción. Y, por otra, crear y regular un Sistema Nacional de Protección de Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales cuando estos derechos hayan sido vulnerados. Déjenme comentarles que en días pasados, la Comisión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, todos sus integrantes tuvimos una reunión con el secretario ejecutivo del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en donde se exteriorizó la preocupación por la grave situación que enfrentan quienes tienen menos de 18 años, derivado de la pandemia que ha generado un impacto negativo sin precedentes a nivel económico y social, incrementando desigualdades y agudizando carencias y condiciones adversas que ya enfrentaron diversos sectores sociales, principalmente los grupos, históricamente discriminados en situación de vulnerabilidad, como las que tienen las niñas, niños y adolescentes. Se señalaron en la reunión las prioridades para la atención de este grupo poblacional. Se dijo que era necesario contar con recursos para la atención primaria en la salud pública, de asegurar recursos necesarios para la atención de las violencias y de estas violencias en contra de niñas, niños y adolescentes, de asegurar recursos para el acceso a la procuración de justicia de adolescentes en conflicto con la ley, para la prevención del embarazo juvenil, para la atención de niñas y madres embarazadas, para la erradicación del embarazo infantil y la protección de población migrante y garantizar la accesibilidad de la población infantil en mayor pobreza, a una alimentación adecuada para su desarrollo. Se señaló también la necesidad de recursos suficientes para la Estrategia Nacional de Atención a la Primera Infancia que recientemente ha sido presentada por el Ejecutivo, que beneficia a 13.1 millones de niñas, niños y adolescentes, pero que no le inyecta los recursos necesarios para su aplicación. De igual forma coincidimos con el Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de la importancia de restituir los programas de atención a la diversidad de la educación indígena y atención educativa de la población escolar migrante, ya que con su eliminación como se está planteando se violenta el derecho de acceso a la educación y participación de un sector en situación de vulnerabilidad, como los indígenas, jornaleras y jornaleros agrícolas y migrantes, y quienes históricamente no han tenido acceso al ejercicio pleno de sus derechos, lo que se ha visto agravado por distintas condiciones como la edad, el origen, el sexo y la movilidad, por lo que se requiere la creación de políticas públicas específicas y focalizadas que brinden atención para el ejercicio y la cobertura efectiva de sus derechos. El Comité de los Derechos del Niño, emitió la observación general número 19 sobre la elaboración de presupuestos públicos para hacer efectivos los derechos de la niñez. México forma parte de la Convención de los Derechos del Niño y está obligado al cumplimiento de esta observación. Esta observación establece que entre las medidas legislativas que los Estados partes están obligados a asegurar es que los presupuestos sean bastante cuantiosos, como para hacer efectivos los derechos del niño a nivel nacional y subnacional, y asimismo determina que todos los poderes, niveles y estructuras de gobierno son responsables de promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En este documento que se nos presentó, por parte del Secretariado de la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en esta reunión de trabajo se coincidió en que era necesario fortalecer la perspectiva de niñez y adolescencia en el Presupuesto 2021. Este documento establece además que algunos programas de atención directa a niñas, niños y adolescentes tienen menos recursos que en años anteriores, y otros programas aparecen sin presupuesto. Es así que en términos reales, el presupuesto destinado a este grupo poblacional ha venido disminuyendo sin poder recuperarse. Es decir, el presupuesto designado para garantizar la atención de niñas, niños y adolescentes en el 2018 fue de 797 mil 726 millones de pesos, mientras que para el proyecto presupuestal que hoy discutimos es de 791 mil 684 millones de pesos. Es decir, el presupuesto total para atender a niñas, niños y adolescentes en México ha tenido un decremento anual del orden de 3.5 por ciento en promedio. Sin embargo, en términos reales la asignación para el Anexo 18 en el Presupuesto 2021 será de 714 mil 987 millones de pesos. Lo que significa que, en comparación con el 2018, se asignará en términos reales una disminución de más de 82 mil 739 millones de pesos menor para la atención de niñas, niños y adolescentes. Diputadas y diputados de la mayoría, el texto constitucional y los instrumentos internacionales en materia de niñez son muy claros: debemos cumplir y garantizar el interés superior de la niñez. Por lo que tenemos un gran compromiso y desafío para la implementación de las políticas públicas tendientes a coadyuvar, subsanar, mitigar carencias, insuficiencias y necesidades que les impiden un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y efectivas que permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo de bienestar. Por todo lo anterior, es importante asegurar que los programas presupuestales de educación, salud, alimentación, procuración de justicia y atención de niñas y jóvenes embarazadas cuenten con recursos para la atención de la población infantil y juvenil. Cuidar que los presupuestos asignados a los diferentes programas aseguren la operación de los servicios, que solo el Estado puede y debe proporcionar a ellas y ellos. A todo ello, por todo esto nos encontramos obligados ética, legal y constitucionalmente, como Cámara de Diputados y como legisladoras y legisladores. Independientemente de la afinidad política que tengamos. Porque las niñas, niños y adolescentes de nuestro país exigen a gritos los esfuerzos de todas las fuerzas políticas empeñados en dotarles de una vida digna. Y para eso, para eso se requieren recursos, de lo contrario, es pura demagogia de la cuarta transformación. No quiero retirarme, por otra parte, de esta tribuna sin dejar de mencionar, sin dejar de exteriorizar mi solidaridad y mi respaldo al gobierno de Jalisco, que legítimamente exige los recursos para atender las necesidades y garantizar los derechos de las y los jaliscienses. Desde el Grupo Parlamentario del PRD seguiremos respaldando las preocupaciones de la Alianza Federalista, en defensa de un pacto fiscal justo y, sobre todo, en defensa de la república. Es cuanto, presidenta.