La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con la venia de la Presidencia. Mucho se ha hablado de la perversión de la cual ha sido objeto nuestro país, una figura como la del fuero, instituida con el fin de proteger a legisladores y funcionarios de la persecución judicial de la cual pudieron ser objeto derivado del cumplimiento de sus funciones. Desgraciadamente esta salvaguarda que tiene su origen en el principio republicano, de la separación e independencia de los Poderes, ha sido aprovechada por algunos malos servidores públicos para cometer ilícitos y evadir la acción de la justicia. En el imaginario de los ciudadanos, el fuero es percibido como un incentivo para el incumplimiento de la ley, al cual tiene acceso una clase privilegiada, como es la clase política. Creo que todos estamos de acuerdo en que hoy en nuestro país se viven tiempos de cambio y que ya no hay cabida para los privilegios. La exigencia ciudadana es que nadie se encuentre por encima de la ley, de modo tal que el acceso a un puesto de elección popular o bien a un cargo, empleo o comisión pública de alta jerarquía, ya no puede significar que quienes lo ocupen estén exentos de castigos pos los ilícitos que llegaran a cometer. Si bien el problema con el fuero no es la figura en sí misma, sino el abuso que se ha hecho de ella. Lo cierto que en un país como el nuestro, con tanta sed de justicia y tan lastimado por la prevalencia de la impunidad. Es indispensable contar con los mecanismos necesarios para que las conductas de los servidores públicos sean ejemplares y se sujeten a los principios de honestidad, decoro y ética con los que deben conducirse siempre. En el mismo sentido, debemos asegurarnos de mantener actualizado el procedimiento legislativo que tiene como propósito sancionar a los servidores públicos de alta jerarquía por actos que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales, por violaciones graves a la Constitución, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Nuestro orden jurídico cuenta, además de lo dispuesto en nuestra Carta Magna, con la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que norma los procedimientos relativos al juicio político y declaración de procedencia. Sin embargo, se debe aceptar que se trata de una ley desactualizada, pues fue expedida hace 39 años, y en ese lapso han tenido lugar diversas reformas constitucionales y transformaciones en las instituciones que intervienen en los procesos que esta regula. Sin duda alguna el cambio constitucional más importante que ha ocurrido en los últimos años en materia de fuero ha sido incluir la posibilidad de juzgar al titular del Ejecutivo federal por la comisión de delitos que tanto han lastimado a nuestra sociedad, como los actos de corrupción y los delitos electorales, y no únicamente por traición a la patria, demostrando con ello que nadie, ni siquiera quien ha accedido a la más alta magistratura de un país puede evadir la justicia. Este cambio trascendental no se refleja aún en la norma que regula los procedimientos ante el Congreso de la Unión en materia de juicio político y declaración de procedencia, lo cual representa un claro ejemplo de que debe ser actualizada, a fin de responder, a mejorar su objetivo. Tampoco debemos pasar por alto, como lo expresé al principio de mi intervención, que se viven tiempos de cambio. La dinámica política se ha transformado en nuestro país y hay una mayor disposición de las instituciones para comprometerse con la consolidación de un régimen que combata frontalmente a la corrupción y la impunidad, y sin cabida para los privilegios. En este contexto, los procedimientos relacionados con el juicio político y la declaración de procedencia deben ser vistos como algo cada vez más común. Durante mucho tiempo, desde 1945 y hasta el inicio de la pasada legislatura, hubo menos de una decena de casos en los cuales...