El diputado Gustavo Ildefonso Mendívil Amparán: Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reconocemos que el agua es un recurso estratégico y fundamental para el desarrollo económico, social del país y representa un tema de seguridad nacional. De ahí la importancia de proveer una legislación adecuada para regular su explotación, uso o aprovechamiento, su distribución y control así como la preservación de su calidad y cantidad para alcanzar su desarrollo integral sustentable. Es por eso que la Ley de Aguas Nacionales debe ser revisada y, en su caso, reformada con minuciosidad profunda para que sus disposiciones respondan a las necesidades y problemática que la gestión integrada del recurso hídrico presenta. A nivel nacional la problemática del agua es grave. La sobreexplotación de las aguas superficiales y subterráneas y la contaminación de los mantos acuíferos devienen del uso indiscriminado del recurso a causa, entre otros factores, de la falta de control por parte de las autoridades responsables, de los volúmenes del recurso autorizado para su explotación, mediante las concesiones y asignaciones otorgadas, así como la falta de vigilancia sobre la explotación que se realiza sin contar con la autorización correspondiente y a la falta de supervisión de volúmenes y calidad del agua residual autorizados en los permisos de descarga. Los priístas reconocemos los esfuerzos realizados por el Legislativo federal para darnos un ordenamiento jurídico que permita la conjugación de esfuerzos de la autoridad del agua con la participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipios, así como de los usuarios y la sociedad en general para desarrollar políticas, programas y acciones tendientes a lograr la gestión integrada del recurso en un proceso de descentralización de dicha gestión, que tenga como unidad básica de la administración la región hidrológica administrativa por cuenca hidrológica. No obstante, reconocemos también que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, de abril de 2004, aunque originalmente fue concebida para un esquema de descentralización en el cual la Comisión Nacional del Agua se transformaba en una entidad paraestatal y se creaban los organismos de cuenca, como órganos desconcentrados de dicha entidad, terminó manteniendo un esquema de desconcentración administrativa que mantiene a la Conagua como órgano desconcentrado de la Semarnat, y a los organismos de cuenca como unidades administrativas de dicho órgano desconcentrado. De tal manera, la Ley de Aguas Nacionales vigente presenta serias incongruencias, principalmente en la distribución de atribuciones a la Conagua y a sus organismos de cuenca, ya que sus disposiciones atributivas no corresponden a la naturaleza jurídica de dichos órganos. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI reconoce las bondades de la reforma que hoy discutimos, en la que destacan, entre otros aspectos de importancia, los siguientes: Primero. Redefine las atribuciones de las autoridades del agua para hacerlas congruentes con la naturaleza jurídica de éstas. Segundo. Atiende la realidad económica, financiera, de los usuarios del agua, ajustando a la baja los montos de las multas por infracciones a la ley. Tercero. Fortalece el registro de derechos de agua, convirtiéndolo en un registro nacional operado por la Conagua a través de una unidad administrativa especializada con fe pública registral. Cuarto. Redefine las atribuciones del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, adecuándolas para favorecer la coadyuvancia de estas instituciones, con la autoridad del agua, en la materia de sus respectivas competencias, conforme a las leyes que las rigen. Quinto. Amplía la transmisión de derechos para que ahora proceda la transmisión temporal de derechos de concesiones, asignaciones y permisos, aunque la transmisión de asignaciones no permite que los volúmenes se dediquen a usos diversos del uso público urbano o el uso doméstico establecido en los títulos de asignación. Para el Grupo Parlamentario del PRI la reforma que hoy discutimos y aprobaremos no es la solución completa que pretendemos dar a la problemática del agua en el país. Sin embargo, representa un avance importante para alcanzar dicho objetivo, en virtud de que permitirá el tránsito hacia la revisión y reforma integral de la legislación en materia hídrica con una autoridad del agua que realice sus funciones con los instrumentos jurídicos apropiados, para darle eficiencia a su desempeño y eficacia a sus resultados. Por otra parte, favorece la gestión integrada del recurso hídrico, fortaleciendo la participación de entidades federativas y municipios, así como organizaciones de usuarios, y sociedad civil en general, en la toma de decisiones para impulsar el desarrollo económico y social de todos los mexicanos. Por todo lo anterior, y seguros de que estamos en el camino de una legislación enfocada hacia la descentralización de la administración del agua en el país, las legisladoras y los legisladores integrantes del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor del proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, e invitamos a todos ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a emitir el voto a favor del proyecto de decreto y en beneficio de la sociedad mexicana. Muchas gracias.