La diputada Margarita Gallegos Soto: Con su venia, señor presidente. Los suscritos diputados David Hernández Vallin y Margarita Gallegos Soto, integrantes de la Coordinación del estado de Aguascalientes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la honorable LXI Legislatura, de la Cámara de Diputados, con base a las facultades que nos confiere el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a consideración de esta soberanía proposición con punto de acuerdo, de conformidad con los siguientes considerandos. Primero. En términos de lo establecido por el artículo 3o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado además de impartir la educación preescolar, primaria y secundaria señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y modalidades educativos; incluyendo a la educación inicial, así como a la educación superior, en virtud de que son necesarios para el desarrollo de la nación, razón por lo cual apoyará a la investigación científica y tecnológica, además de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. La universidad pública mexicana es la respuesta del Estado para llevar la educación superior a los jóvenes que pertenecen a las clases económicamente débiles, quienes no tienen otra opción para cursar sus estudios. Históricamente en la universidad pública se han formado los hombres que han dado rumbo y destino a esta nación. No obstante lo anterior, uno de los principales problemas que enfrenta la universidad pública es el financiero y para su subsistencia depende en gran medida de las participaciones que le asigne el gobierno federal y los gobiernos de los estados. En cuanto a la participación federal que se otorga a las universidades, la asignación de las cantidades específicas que le corresponden a cada una de ellas se hace sin tomar en cuenta criterios de equidad y proporción, el grado de consolidación que tenga la institución, la tasa de crecimiento anual, la superación académica y la inflación, pues en la mayor de las veces, los criterios en los que se basan son políticos o con base en la presión que ejercen para la distribución de los mismos. Segundo. Las universidades públicas y en general, la educación superior, corren el serio peligro de que las funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión del conocimiento no sólo se estanquen, sino que sufran un severo retroceso ante el anuncio hecho por el secretario de Hacienda, en el sentido de que el subsidio que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, presentado al Congreso de la Unión, destinado a la educación superior sufrirá una reducción considerable en comparación con el ejercido en el ejercicio fiscal de 2009, con lo cual se pone de manifiesto el escaso o nulo interés que el Ejecutivo federal tienen por la ciencia y la tecnología, elemento fundamental para el progreso de nuestro país. Es incuestionable que en los últimos años el gobierno federal ha cerrado los ojos no sólo a la educación pública superior, sino a la educación pública en general. Asimismo, evidentemente ha sido la falta de apoyo para la educación media superior y superior en donde es preocupante el número de jóvenes que no alcanzan lugar en las instituciones públicas, por lo que en muchos casos abandonan su formación educativa. Tercero. El Estado, política y socialmente está obligado a cumplir con la formación educativa de los jóvenes de México, por lo que debe aportar los recursos necesarios para mantener y sobre todo elevar la cobertura de la demanda estudiantil, la cual derivada de la crisis económica que padece nuestro país. Sin duda alguna se habrá de incrementar al carecer de recursos económicos para inscribirse en una universidad privada, por lo que hoy más que nunca tienen la responsabilidad histórica de apoyar con mayor subsidio a la educación superior en todo el país. Cuarto. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, como la mayoría de las universidades públicas, enfrenta el enorme crecimiento de la matrícula, la cual no ha sido acompañada con incremento similar en el presupuesto que recibe del Estado, lo que origina que no pueda atender la alta demanda estudiantil que anualmente pretende ingresar a cursar alguna carrera; situación que se irá agravando si no se le apoya con el financiamiento necesario. Durante el presente ejercicio presupuestal la UAA recibió de la federación el 58.23 por ciento de su presupuesto ordinario, el 18.70 como subsidio por parte del gobierno estatal, el 16.66 por ingresos propios y el 6.41 corresponde a su déficit presupuestal. Como se podrá observar la UAA es de las universidades públicas del país que aporta el más alto porcentaje de ingresos propios para su sostenimiento. Hasta antes de la reforma a su Ley Orgánica, ocurrida en diciembre de 2007, la universidad recibía un 15 por ciento de subsidio estatal. No obstante, es recurrente el déficit anual que la universidad padecía, por lo que las autoridades universitarias se convirtieron en gestores de recursos extras para mantener la oferta educativa y tener la oportunidad de incrementar la misma. Ante esto, la LX Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes acordó incrementar el porcentaje, que por ley recibe un 25 por ciento, lo cual manifiesta el espíritu de apoyo de los miembros de esta legislatura a los jóvenes que carecen de recursos para ingresar a una universidad privada. Sin embargo, este año solamente recibió el 18.7 por ciento. El incremento en el subsidio a la Universidad Autónoma de Aguascalientes obedece, dentro de otros aspectos, a que ha crecido el número de docentes de educación parcial o exclusiva, personal administrativo, así como la ampliación de la planta física para ofrecer mejores laboratorios y espacios académicos. Además de que es necesario consolidar las carreras a nivel licenciatura, fortalecer los posgrados e impulsar la creación de otros, así como para que la investigación que realiza la universidad se incremente y responda a las necesidades sociales e incida directamente en el sistema productivo. En una palabra, que las funciones básicas sigan teniendo como fin último la excelencia académica que le permita formar profesionistas de la más alta calidad, para que sean competitivos al egresar y se conviertan en elementos claves de cambio y progreso dentro de la sociedad. Por lo expuesto sometemos a su consideración el siguiente Punto de acuerdo Primero. Se exhorta al gobierno federal y al del estado de Aguascalientes, con la finalidad de que cumplan a cabalidad con lo que les establece el artículo 25 de la Ley General de Educación que expresamente señala que: El Ejecutivo federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública de los servicios educativos. El monto anual que el Estado ?federación, entidades federativas y municipios? destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos no podrá ser menor a 8 por ciento del producto interno bruto del país, destinando de este monto, al menos el 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior pública. Únicamente se requiere la aplicación de la ley en su sentido estricto y voluntad política del gobierno federal y del gobierno del estado. Segundo?