La diputada Ana Priscila González García: Con su permiso, diputada presidenta. Hace un año, en esta Cámara de Diputados se discutía la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, enviada por el Ejecutivo federal, remitida con la finalidad de regularizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, utilizando el concepto de seguridad interior como un eufemismo, pues claramente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 21, establece que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, disciplinado y profesional. En contravención con la Constitución, la Ley de Seguridad Interior pretende legitimar la subordinación de autoridades civiles a mandos militares, escondiéndose en ello la suplantación discrecional de un régimen democrático por un Estado de excepción en aquellas entidades, municipios o territorios que unilateralmente decida el presidente de la República. En este contexto, en 2017 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Oficina, en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hicieron un llamado al Estado mexicano, de no aprobase la Ley de Seguridad Interior, pues su redacción presentaba aspectos que vulneraban los derechos humanos. En el mismo sentido, diversas comisiones estatales de derechos humanos, como las de la Ciudad de México, Veracruz, Nuevo León, Oaxaca, Yucatán, Jalisco, Aguascalientes y Baja California respaldaron el llamado de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos y de la CNDH. También organizaciones no gubernamentales y ciudadanos agrupados en el colectivo Seguridad sin Guerra, manifestaron siguiente: nos oponemos categóricamente a la expedición de una ley que permita a las autoridades federales, estatales y municipales continuar evadiendo sus responsabilidades constitucionales en materia de seguridad pública. Y solicitaron que se abriera a un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México. Los rectores de las universidades, como la UNAM, la Universidad de Guadalajara y la Iberoamericana se pronunciaron también en contra de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. No obstante, las múltiples críticas y sensibles observaciones realizadas por especialistas, académicos, organismos nacionales e internacionales de derechos humanos y legisladores de oposición, con la mayoría entonces conformada por los diputados y senadores del PRI, Partido Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017. Por lo que el 18 de enero de este año, los diputados federales de Movimiento Ciudadano, Morena, PAN y PRD presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior. Asimismo, organismos constitucionales autónomos como la CNDH y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, junto con al menos 10 municipios de 5 entidades federativas y el gobierno del estado de Chihuahua, también promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales en contra de la Ley de Seguridad Interior. En sus alegatos el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, señaló que la ley invade esferas de competencia de las fuerzas de seguridad estatales, pues basta que el presidente de la República autorice la intervención de las Fuerzas Armadas federales, Ejército, Marina Armada y Policía Federal, sin que medie solicitud del gobierno estatal. Al respecto, diversos artículos de la Ley de Seguridad Interior violan el principio de salvaguarda federal que establece el artículo 119 de la Constitución, que en casos de trastorno interior serán las legislaturas locales y el gobernador, si aquellas no estuvieran reunidas, las que solicitarán la intervención y protección de las fuerzas federales. La ley viola este principio al facultar al presidente a disponer de las fuerzas federales y armadas a intervenir ante amenazas a la seguridad interior, así como realizar tareas permanentes en materia de seguridad interior. La discrecionalidad otorgada al presidente y a las Fuerzas Armadas viola el artículo 119 de la Constitución. Viola también el derecho a la información previsto por el artículo 6, al establecer que la información que se genere será siempre considerada de seguridad nacional. También atenta contra la libertad al establecer que solo las movilizaciones político-electorales pacíficas no serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, lo que abre la puerta a la criminalización de la protesta social. Por todo lo anterior, aunque a la fecha la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad parcial o total de la Ley de Seguridad Interior, en Movimiento Ciudadano consideramos que dicha ley carece de controles y contrapesos institucionales por parte de los Poderes Legislativo y Judicial. Y que su instrumentación conlleva mecanismos más propios...