EL C. DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. ¡El cambio en México nadie lo para! La reversa, también es cambio. Conmemoramos LXXXVI Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917. La Constitución que nos rige es producto de la lucha armada de nuestro pueblo y que dio lugar al nuevo pacto social que se expresa en nuestra Carta Magna. Las aportaciones de los diputados constituyentes se reorientaron a la modernización del aparato político y administrativo de nuestro país. Entre otras aportaciones podemos destacar las siguientes: El sistema federal, la división de poderes, el reconocimiento de los derechos sociales consagrados en el artículo 3º y 123 constitucionales, el surgimiento del municipio libre y la propiedad originaria de la nación sobre nuestros recursos naturales que hasta ahora se han mantenido inalterables y así deben permanecer. Nuestra Constitución ha sido objeto de infinidad de reformas, muchas de ellas han sido reformas profundas; otras, han sido pegotes que no han contribuido a mejorar la situación de las grandes mayorías marginadas de nuestro país y otras son altamente reaccionarías como la reforma salinista, al artículo 27 Constitucional en 1992. Si bien es cierto que en nuestra Constitución están dadas las bases para establecer el proceso de reformas constitucionales, este mecanismo parlamentario no ha servido en la mayoría de las veces para mejorar nuestra vida institucional, sino para proponer reformas que han ido en contra de los intereses de nuestro pueblo y traicionando el espíritu de justicia social del texto original de nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo se manifiesta en contra de la intención del Titular del Ejecutivo Federal, por abrir a la inversión privada el sector eléctrico y petrolero. Para el Partido del Trabajo tanto electricidad, como petróleo deben seguir siendo y manteniéndose como áreas estratégicas de la economía tal y como lo establece nuestra Constitución. Abrir el sector energético a la inversión extranjera constituiría un traición histórica a la gran gesta que el pueblo y el gobierno mexicano encabezó en marzo de 1938, bajo la Presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río, o desconocer e ignorar, que es peor, el proceso de compra por parte del Gobierno Mexicano de las empresas eléctricas privadas a las que únicamente alentaba la obtención de ganancias, sin importar la prestación del servicio en las zonas alejadas de los centros industriales, que culmina plenamente con su nacionalización el 27 de septiembre de 1960, durante la gestión del Presidente Adolfo López Mateos. El Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la búsqueda de mecanismos, que permitan la capitalización de las empresas del sector paraestatal, las que por el ramo de actividad económica en que se encuentran son ampliamente rentables. Sí así no fuera, los inversionistas privados no pretenderían apoderarse de ellas ¿Acaso alguien pensaría que con la privatización bajarían las tarifas y mejoraría el servicio? Esto, sólo es un ardid publicitario para justificar los cambios a la Constitución. Reiteramos, nuestro partido rechaza cualquier intento de abrir a la voracidad el capital privado, particularmente el del exterior del sector energético. Otro ejemplo de cambio constitucional negativo para el país y altamente riesgoso, fue el haber permitido la participación del capital privado en el sistema bancario, lo que provocó que en la actualidad casi todos los activos bancarios sean extranjeros y lo que es peor el Gobierno Mexicano continúa apoyando con transferencias vía el IPAB. El grupo parlamentario del Partido de Trabajo está convencido de la necesidad de impulsar propuestas de reforma constitucional, que alienten la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos, que el pueblo sea factor fundamental de la determinación de su destino; en este sentido nosotros coincidimos en que es necesario que nuestra norma fundamental se incorpore al mecanismo de democracia semi-directa como la iniciativa popular y el referéndum, al igual que el plebecito y la revocación de mandato, tal y como lo propusimos en la Honorable Cámara de Diputados en la LVII Legislatura el 6 de noviembre del 1997. Compañeras y compañeros legisladores. Indudablemente el mejor homenaje que los mexicanos podemos rendir a la obra de los Constituyentes de 1916 y 1917, es cumplirla y velar por su cumplimiento, esto compete a los tres Poderes de la Unión, pero en este momento particularmente al Ejecutivo Federal, el cual debe cumplir la estricta observancia de las funciones que el pueblo le otorgó con su voto. El Presidente de la República debe recordar que cuando el 1° de diciembre del año 2000, protestó guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, la protesta suponía el cumplimiento irrestricto de la Ley, no la omisión y el desinterés en su cumplimiento en el que se incluye también a todo su gabinete. En el ámbito de la administración pública la ineficiencia es también una forma de corrupción. El Presidente Fox, no debe olvidar ni dar la espalda a una de sus promesas de campaña. Es cuanto.