La diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Compañeras y compañeros diputados, poner a su consideración de esta soberanía el dictamen que reforma el artículo 35 de la Ley Agraria permitirá armonizar la Ley Agraria con el principio constitucional de paridad de género, por lo que los consejos de vigilancia de los comisariados ejidales se regirán ahora por dichos principios, además de avanzar en el reconocimiento de la personalidad jurídica, de los núcleos de población ejidal y comunal, en donde se protege la propiedad de la tierra. Dado que México es un país con gran extensión territorial agraria, con múltiples formas de diversidad biológica y étnicas, son tierras que tienen una protección jurídica especial por mandato constitucional y se constituyen como propiedad social, con características estructurales de la sociedad, la economía, la educación y la política que han permitido reproducir una cultura basada en modelos patriarcales de exclusión, lo que coloca en un alto grado de vulnerabilidad a las mujeres, particularmente en el ámbito rural, con 27.4 millones de personas que viven en zonas rurales, definidas como localidades de menos de 2 mil 500 habitantes y la mitad de ellas son mujeres, que también constituyen una cuarta parte de la población femenina nacional. Estas desigualdades se agravan en el caso de las mujeres, especialmente en lo relativo a la ocupación de cargos de representación y tomas de decisión en los órganos de dirección y de vigilancia de los ejidos que afectan el goce y el ejercicio de sus derechos. Tras más de 100 años de la revolución, sin evolución, da respuesta a esas causas a las mujeres del campo, atendiendo el espíritu con el que fue creado, se crea el ejido. Son estos territorios mayormente rurales de propiedad social, ejidos y comunidades agrarias en las que encontramos la mayor riqueza natural y cultural, pero es también donde se encuentran las mayores condiciones de pobreza, injusticia, desigualdad, discriminación y exclusión. A estas mujeres que no solo se les reconoce como conocedoras de sus territorios, de sus recursos, de su manejo de conservación y uso, así también del patrimonio familiar. Hoy la Ley Agraria no establece todavía el principio de paridad de género para la integración de candidaturas del comisariado ejidal y del Consejo de Vigilancia, esto es que las mujeres, quienes histórica y sistemáticamente han sido excluidas a ocupar este tipo de puestos, se encuentran en situación de franca desigualdad frente a los hombres. Con esta motivación, la iniciativa que hoy se está dictaminando da paso a la feminización del campo. La perspectiva de género y la justicia agraria deben ser el ancla que permita a las mujeres desarrollarse y que ellas también decidan. Un acto de justicia con las mujeres del campo y con el campo mismo, conquistar la igualdad de género es lo correcto y la base fundamental para terminar con estructuras de discriminación. Por lo anterior, invito a esta asamblea a votar a favor, reconocer a las mujeres rurales a empoderar su participación y, por supuesto, a la toma de decisiones. Detrás de esta reforma habrá rostros e historias de mujeres, muchas qué contar. Y también por eso, desde la bancada naranja, hemos y estamos comprometidos con las mujeres mexicanas. Compañeras y compañeros diputados, les invito a sumarse a esta iniciativa para que la paridad de género sea una realidad en todos los ámbitos de la vida social de nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.