La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño por la asamblea general de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, representa el esfuerzo colectivo realizado durante décadas para que los niños y niñas fuesen reconocidos como sujetos de derecho. La importancia de esta convención radica en que es el primer instrumento internacional que reconoce que los niños y las niñas necesitan protección y cuidados especiales y no son propiedad de la familia ni objetos sino seres humanos, titulares de sus propios derechos, cuyo cumplimiento ya no es una opción para los Estados parte sino una obligación. La Convención constituye una aportación fundamental al marco internacional de los derechos humanos y se basa en cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior de la infancia, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo y el respeto por los puntos de vista de la infancia. Es el primer instrumento internacional que regula todos los derechos humanos de la infancia, económicos, políticos, civiles, culturales y sociales. La comunidad internacional ha utilizado este instrumento para proteger los derechos de los niños y las niñas, que aun cuando a más de 20 años de haber entrado en vigor se han logrado avances importantes, todos los años siguen muriendo cerca de 9 millones de niños antes de su quinto cumpleaños. Más de 140 millones de niños menores de 5 años sufren de desnutrición. Alrededor de 100 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria se hallan desescolarizados. Y según estimaciones de la OIT, cerca de 215 millones de niños trabajan en el mundo, de los cuales más de la mitad se encuentran expuestos a las peores formas de trabajo infantil. De acuerdo con la Unicef, los progresos han sido desiguales en el mundo y algunos países se encuentran más atrasados que otros, para ver la importancia que merecen a los derechos de la infancia, consagrados en tan importante instrumento internacional. Por su parte, en México, desde el 21 de septiembre de 1990, fecha en que se ratificó la convención, se ha impulsado la promoción y defensa de los derechos de niños y niñas, alcanzando aciertos importantes como haber logrado una de las tasas más altas de matriculación en niños de cuatro años de edad entre los países de la OCDE o la disminución de la mortalidad infantil por enfermedades respiratorias e infecciosas. No obstante los múltiples avances logrados por México en la protección de los derechos de la infancia aún existen muchos retos que hay que atender. Por ejemplo, aun cuando en materia educativa la cobertura en la educación primaria ha llegado a casi universal todavía 5.5 por ciento de la población, de cinco a 14 años no asiste a la escuela. Por tanto no se le da un cumplimiento a la obligatoriedad de la educación preescolar. Esta población infantil en edad escolar no matriculada para nosotros no representa un número, sino niños y niñas cuyo derecho a la educación aspecto fundamental para su desarrollo y bienestar no se atiende cabalmente. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario, promoveremos en la discusión del presupuesto que se dé cumplimiento a la inversión educativa para alcanzar el 8 por ciento del producto interno bruto, establecido en la Ley General de Educación, para cumplir con la cobertura, mejorar la calidad y equidad en el servicio educativo que se imparte. Otro aspecto de mi grupo parlamentario es que observa con preocupación la migración infantil. Si bien la presente administración tuvo avances importantes en la atención de menores no acompañados a través del DIF Nacional la estrategia de prevención y atención a niñas, niños y adolescentes migrantes y repatriados no acompañados, y los Oficiales de Protección a la Infancia, conocidos como OPI, los retos no son menores, ya que tan sólo en el 2011 Estados Unidos deportó a 11 mil 519 menores mexicanos no acompañados. Y durante 2012 en julio ya se habían deportado 8 mil 256 menores no acompañados. La niñez tiene derecho a la integridad física y psicológica, a ser protegida contra toda forma de violencia. La Convención sobre los Derechos de los Niños, en su artículo 19, obliga a los estados parte a adoptar las medidas para proteger al niño contra toda forma de abuso. Las cifras que demuestran la constante violación de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes en temas como pobreza alimentaria, trabajo infantil, explotación sexual, trata, adicciones, los principios contenidos en la Convención sobre los Derechos de los Niños sólo será en realidad cuando autoridades, sociedad y familia trabajemos conjuntamente y transformemos nuestras actitudes en relación con la infancia. Es cuanto, señor presidente.