El senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Con su venia, presidenta, muchas gracias. Compañeras, compañeros legisladores. Yo provengo de Durango, una zona con gran riqueza forestal, entre otras más. Quiero manifestar que en este preciso momento en el que estoy yo aquí compareciendo ante ustedes, hay decenas de brigadas de talamontes, que clandestinamente están acabando y de manera arbitraria con este recurso natural que nos pertenece a todos, con los daños al medio ambiente, con los daños a la biodiversidad que esto conlleva, por eso es el motivo de la presente iniciativa. Me voy a permitir leérselas. El sustento de la política ambiental y, por ende, de la persecución de los delitos ambientales se encuentra establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., y establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, siendo este un derecho garantizado por el Estado y cualquier daño, deterioro ambiental que genera responsabilidad a quien lo provoque en términos de lo dispuesto en la ley. De acuerdo con el Informe de la Situación del Medio Ambiente en México, realizado por la Semarnat en 2015, el cambio climático, la pérdida de los ecosistemas y de su biodiversidad, así como la escasez y contaminación de los recursos hídricos son de gran importancia y es necesario actuar para enfrentar estos problemas que afectan a la esfera ambiental, social y económica en nuestro país. Según el informe de actividades de 2017 de la Profepa, las denuncias recibidas en este año fueron 5 mil 461, de las cuales 3 mil 487 fueron admitidas en la Procuraduría. Del total de denuncias recibidas, en términos absolutos se concluyeron 3 mil 721 de las 3 mil 487 denuncias que fueron concluidas en esta institución. De las denuncias recibidas a nivel nacional en 2017 en las materias fueron: la forestal, con 2 mil 91; la fauna, con 704; el ordenamiento ecológico e impacto ambiental, con 704, y la contaminación atmosférica, con 568 denuncias. En el ámbito de la responsabilidad ambiental de carácter penal existen también diversas disposiciones de los Códigos Penal, Federal y de Procedimientos Penales. Las autoridades encargadas de su garantía en nuestro país son la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Profepa, y actualmente la Fiscalía Federal de la República cuenta con una unidad especializada en investigación de delitos contra el ambiente, previstos en las leyes especiales, adscrita a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales. En el ámbito de su competencia, a través de agentes del Ministerio Público de la Federación, se encargan de representar a la sociedad en la investigación y persecución de los delitos con los principios que garantiza el desarrollo integral del Estado de derecho. Además de ello, esta unidad, dentro de sus funciones, se encarga de investigar los delitos previstos en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos. La finalidad de la creación de la citada ley es proteger, conservar y restaurar los monumentos arqueológicos artísticos e históricos, así como las zonas de monumentos de nuestro país. Lejos de beneficiar el trabajo en favor de la preservación del medio ambiente y de la persecución de los delitos ambientales de carácter federal, esta dualidad de facultades diluye sus capacidades aumentando la carga de trabajo de los ministerios públicos y provoca que los recursos materiales, financieros y humanos con los que se cuenta en dicha unidad, se dispersen reduciendo la efectividad del impacto de sus acciones. Es por eso que estamos proponiendo a momento esta iniciativa que se presentó a esta Comisión Permanente, una comisión, una fiscalía especializada en delitos ambientales. Es cuanto, presidenta, compañeros colegisladores.