La diputada Rosi Orozco: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. En las últimas décadas ha cobrado especial importancia el tránsito de personas que se dirigen a los Estados Unidos, quienes enfrentan diversas condiciones de riesgo que vulneran sobre todo a mujeres, niñas, niños y adolescentes y les expone al riesgo de ser víctimas de trata de personas, principalmente con fines de explotación sexual y laboral. El delito de trata ha ido en incremento convirtiéndose en un negocio de alta rentabilidad que atenta directamente contra la dignidad de las personas, demeritando la calidad del ser humano, pues lastima el sentido más profundo de su libertad y sometiéndolas a la explotación laboral o sexual, siendo ésta una modalidad contemporánea de esclavitud que no puede ser tolerada por ninguna persona ni institución y mucho menos por el Estado mexicano o entidades federativas. Ahora bien, a nivel mundial la Organización Internacional para las Migraciones calcula que 2.5 millones de personas son víctimas de trata, de las cuales el 80 por ciento son mujeres y niñas. En nuestro país, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Inegi, calcula entre 16 mil y 20 mil niños que son víctimas de trata con explotación sexual, de los cuales el 80 por ciento tienen entre 10 y 14 años. Por lo que respecta a la explotación laboral, muchas veces ignorada, es una más de las modalidades de trata, sobre todo en países como el nuestro donde 24.7 millones de niños y niñas viven en pobreza extrema. De acuerdo con el diagnóstico generado el año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se calcula que de 40 mil a 100 mil trabajadores migrantes agrícolas, en su mayoría guatemaltecos, laboran en condiciones de explotación en cosechas en Chiapas y en otros estados del sur. Por otro lado, en las procuradurías estatales únicamente existen 235 averiguaciones previas, integradas por los probables delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, pero sólo 24 presuntos delincuentes han sido consignados y sólo uno ha sido sentenciado recientemente por este delito. Felicidades en esto al procurador Mancera y al juez 24 del Distrito Federal. Las cifras que he mencionado resultan alarmantes y reflejan la imperante necesidad de intervención y atención no sólo de los organismos internacionales, sino también de los tres órdenes y niveles del gobierno de nuestro país y de la sociedad. Por ello, esta soberanía debe hacer un llamado a las entidades federativas para armonizar su legislación en la materia, según el Protocolo de Palermo, para prevenir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Por tanto, señores diputados y señoras diputadas, someto a su consideración los siguientes Puntos de acuerdo Primero. Que la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión solicite respetuosamente al titular de la Procuraduría General de la República y de la Secretaría de Seguridad Pública para que, en su calidad de miembros de la Comisión Intersecretarial para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, continúen llevando a cabo las acciones pertinentes en conjunto con los demás miembros de la comisión, dé protección y asistencia a las víctimas de este delito, e impulsen programas en forma permanente con el propósito de prevenir dicho ilícito. Segundo. Se exhorta a los Congresos de las entidades federativas para que incluyan en su legislación el delito de trata de personas, y a las que ya cuentan con ordenamientos legales en la materia, para que realicen las reformas pertinentes a fin de que su legislación sea homologada con la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Tercero. Se exhorta al titular de la Comisión Intersecretarial?