La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Compañeras y compañeros diputados. ¿Cuánto vale la vida de un trabajador minero? ¿Cuánto vale la vida de cada uno de los 419 trabajadores mineros que han muerto en las instalaciones de Grupo México? ¿Cuánto vale la salud de los pobladores de la cuenca del Río Sonora? ¿Cuánto vale la producción y el sustento de los productores rurales del norte de mi estado? ¿Cuánto valen las fuentes de suministro que proveen agua para los más de 24 mil pobladores de los siete municipios afectados por la contaminación del Río Bacanuchi y Río Sonora? Hay cosas que se pueden pagar, para todo lo demás existe la impunidad de Grupo México. Por esta razón, tanto el Grupo Parlamentario del PRD como los diputados que integramos esta Comisión Especial, consideramos firmemente que el problema de la contaminación por el derrame de por lo menos 40 mil metros cúbicos de lixiviados que contenían sulfato de cobre, arsénico y metales pesados, responsabilidad de la compañía Minera Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, no pueden reducirse a sólo un asunto de indemnizaciones y dádivas. Dádivas que incipientemente ha comenzado a otorgar la compañía minera tratando de lavar su imagen. Todos estos hechos, la magnitud del derrame, los daños a la salud de los habitantes y a la economía regional, las graves afectaciones al suministro de agua, los engaños y las falsas declaraciones de la compañía minera, han podido constatarse y acreditarse por esta comisión especial, tal y como lo expresa éste primer informe que hoy se presenta ante ustedes, compañeros y compañeras diputadas. Nos preocupa de sobremanera que se ignoren o se diluyan los asuntos que tienen que ver con la responsabilidad civil y penal, con la suspensión de operaciones y con el retiro de la concesión que están planteados como parte de las recomendaciones de esta comisión especial. Con el anuncio que se hiciera por parte del propio gobierno federal de la creación de un fideicomiso que se integra por un monto de dos mil millones de pesos, de los cuales cabe decir que es necesario garantizar un manejo transparente de los recursos, sin tintes electorales y sin desviarse de la finalidad de apoyar a los afectados por esta tragedia ambiental. La propia cantidad de recursos pudiera parecer significativa y sin embargo no lo es, ya que si se aplicara de manera efectiva y transparente, de cualquier modo serían insuficientes para resarcir las pérdidas de los productores rurales de la zona afectada y para restaurar el equilibrio ecológico y las condiciones para la obtención de agua de calidad en los Ríos Bacanuchi y Río Sonora. Vale decir que estos dos mil millones apenas representan el seis por ciento de los ingresos que anualmente genera Grupo México. Pero como señalamos, el asunto no debe reducirse a indemnizaciones parciales bajo la perversa práctica de pagar por contaminar. Se deben analizar las condiciones que propiciaron la generación de esta tragedia. Es por eso que consideramos que esta comisión debe extender el alcance de su análisis no sólo al seguimiento de las consecuencias –toda vez ocurrido el derrame de tóxicos-, sino también a las responsabilidades y complicidades de los funcionarios que han solventado y permitido la operación irregular de las minas de Grupo México en el país. Quisiera mostrarles las imágenes de un diario de circulación regional en el estado. Como podemos observar, aparecen aquí algunas imágenes muy, pero muy similares a las que hemos visto recientemente documentados a través de los distintos medios de comunicación. Las imágenes guardan completa similitud que a las que hemos conocido; pero éstas se tratan de imágenes que muestran la contaminación de sulfato de cobre y por metales pesados en el río Sonora, en noviembre de 2008, como podemos constatar en su portada. Esto ¿qué quiere decir? Que el derrame ocurrido el día 8 de agosto del 2014 no es un hecho aislado. Este testimonio periodístico es también prueba de que las fallas estructurales en las piletas de lixiviados y las fugas que vierten elementos químicos tóxicos en el río Sonora, se producen de manera frecuente con la complicidad de la autoridad, especialmente de quien de manera sistemática ha autorizado las diversas manifestaciones del impacto ambiental. Estamos, compañeras y compañeros diputados, ante la reiterada, flagrante y sistemática violación al marco jurídico vigente. Resulta claro que en todo este tiempo se ha tratado de salvaguardar la operación de Grupo México y se ha tratado también de encubrir a los funcionarios que se han coludido con ese grupo empresarial. Es menester iniciar en todo el país una revisión de las autorizaciones de impacto ambiental expedidas a las compañías mineras que en sus procesos utilicen la técnica de lixiviación para la decantación y beneficio de minerales, así como las condiciones de operación y funcionamiento de las instalaciones de las explotaciones mineras. En este sentido es también urgente y necesario tal y como lo propone la comisión especial, propiciar un paquete de reformas que fortalezcan al Estado en su función reguladora y sancionadora. Hemos podido percatarnos del marco legal que se tiene para la regulación de esta actividad tan importante en nuestro país, que es muy laxo, que es muy insuficiente para la situación que hemos decidido hoy. Hemos dado cuenta del monto mayor al que ascienden las probables multas y es de verdad indignante. Debe ser una tarea de esta Cámara de Diputados lograr reformar todas las leyes vinculadas al desarrollo de esta actividad y endurecer y tener la posibilidad de que el Estado regule verdaderamente esta actividad. Por supuesto suscribimos las recomendaciones que hace esta comisión, la creación de un fondo de desarrollo para la atención inmediata de la región afectada, por 5 mil millones de pesos a cargo de Grupo México. Es importante recalcar que el fideicomiso tiene que administrarse con un enfoque humano y priorizar la reparación del daño a la población; garantizar el abasto suficiente y oportuno del agua. Hacer valer la ley exigiendo que se haga uso de todas las acciones legales, civiles, penales y administrativas que pudiesen tomarse en consideración ante este grave problema. Por último quisiera desde esta tribuna hacer un enérgico exhorto al gobierno federal y al gobierno estatal para que atiendan su responsabilidad, la responsabilidad fundamental de buscar, de lograr una solución integral a la problemática del río Sonora; que dejen de lado diferencias, conflictos políticos, partidarios que tienen hundida a nuestra entidad, el estado de Sonora, en un conflicto muy serio; que se dejen de cosas y que atiendan lo principal, lo prioritario, que es resolver la situación tan grave, tan crítica, tan lamentable de los pobladores que habitan en la región del río Sonora y del río Bacanuchi. Esperamos que atiendan este exhorto y actúen con madurez y con responsabilidad. Es cuanto, Presidente.