EL C. DIPUTADO EFRÉN NICOLAS LEYVA ACEVEDO: Con el permiso de la Mesa. Compañeros legisladores: Quien niega y no reflexiona la historia, está sentenciado a cometer los mismos errores que se han cometido. Hoy, hablar aquí de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recordar la obra del Constituyente de Querétaro, quien tuvo el privilegio de formular el documento constitucional de tal manera ajustado a las aspiraciones de la República que nos ha dado el período de paz social más prolongado de la historia. De la Carta de Querétaro se dijo que era la más moderna de su siglo y muchos la imitaron incorporando a su norma suprema los agregados constitucionales, materia de escándalo y de controversia con constitucionalistas de viejo cuño; pero no sólo por ello la Constitución mereció reconocimiento universal, lo hizo por su humanismo indiscutible que no se agota en la protección de los derechos individuales y sociales, sino que va mucho más allá con un mecanismo de defensa orgullo de los mexicanos: el derecho de amparo, capaz de proteger los fueros de la persona humana y anular los actos arbitrarios de la autoridad. En materia de ingeniería constitucional, el Constituyente de Querétaro con una sensibilidad que nunca será suficientemente reconocida, definió las decisiones políticas fundamentales del pueblo en cuanto la organización del Estado como república democrática y federal. Y con base en el municipio libre dispuso la propiedad originaria de la nación sobre el suelo y los productos del subsuelo,la rectoría estatal en materia económica hoy motivo de agresiones de todos los puntos cardinales, de la ambición y de las ansias de expansión imperial. El documento fundamental que nos entregaron los Constituyentes hace 85 años, posee las dimensiones suficientes para estimular el tránsito victorioso del pueblo. No hay disposición alguna en su texto, que cierre el paso a los anhelos de superación individual y colectiva; ni norma que conspire en contra de la independencia y de la nación. Lo suyo es estimular el desarrollo de todas las potencialidades y dar salida a todos los ideales de perfección. Pero ninguna Constitución es un dogma, ni generación alguna tiene derecho para imponer a las venideras camisa de fuerza de género alguno. Además, el derecho debe ajustarse a la dinámica social y no la dinámica social al derecho. Eso explica muchas de las reformas que la Constitución ha sufrido; no todas afortunadas ni toda plausibles. Con todo, reiteremos: la Constitución tiene del pueblo dinámica y fortaleza; principios vigorosos para orientar la convivencia de todos los intereses y para resolver todos los conflictos que la vida democrática planea. No la condenemos sólo para dar vía libre a las dominaciones mundiales que se sienten estrechas en el planeta e injustificadas todas las barreras para su ambición. En un nuevo aniversario de su promulgación, convoquemos a los mexicanos a honrarla cumpliéndola, en la seguridad de que es mucho más todavía lo que vive de ella que lo que es obsoleto o ha muerto. Hoy se habla insistentemente de la necesidad de una nueva Constitución para que estimule una transición que no sea la trazada por la impunidad. Se habla de oídas porque se ignora cuanto es capaz nuestro texto constitucional de hacer en favor de la vigencia del estado de derecho, que es el norte por donde todo delito debe ser, sin excepción, castigado; por donde toda ilegalidad debe ser sancionada. Por lo demás toda transición hacia una mayor y mejor democracia, tiene que ser consensada entre todas las fuerzas políticas organizadas de la nación para precisar su inicio, definir sus metas y modalidades. Pero también para saber los tiempos de su conclusión o término. Para eso tenemos en marcha un proceso de reforma del estado, que debe merecer toda nuestra atención y compromiso. Ahí, sin salirnos un solo ápice de las disposiciones constitucionales, será preciso profundizar en la reforma por el rumbo de las facultades constitucionales de la presidencia de la República, para reducirlas exclusivamente al mandato constitucional e impedir liberalidades que únicamente exhiben nuestro subdesarrollo; proceder en los términos del mandato que hemos recibido del electorado cumpliendo estrictamente con nuestras funciones como representantes populares; no únicamente formulando el derecho, sino controlando el ejercicio del Ejecutivo, que no es función secundaria ni accesoria sino fundamental o dando el debate de la nación a profundidad para que la ciudadanía actúe en consecuencia en una siempre próxima consulta electoral. Para eso y para fortalecer al Poder Judicial, porque bien sabemos que sin control político del poder del estado no hay democracia. Tampoco hay estado de derecho sin control jurisdiccional. Es para lo que necesitamos impulsar la reforma del estado. Si procedemos con sabiduría y patriotismo y si actuamos con diligencia y responsabilidad, necesidad habrá de introducir las reformas convenientes a la Constitución. Estaremos entonces procediendo de acuerdo a su mandato que no nos condena a observarla como fetiche, sino como faro que ilumina el sendero de un pueblo con afanes de superación permanente. A 85 años de promulgada la Constitución del 17 vive como toda obra humana, adolece de deficiencias y muchas de sus reformas han incurrido en incongruencias con los principios. Pero no es eso lo que muchos desean corregir; hablando de la Constitución nueva lo que ambicionan, venimos de decirlo, es abolir soberanías sobre nuestro patrimonio más entrañable como forma de cumplir compromisos inconfesables cerca de los amos del poder globalizado. Lo que en suma anhelan, es abolir todas las trabas para llevar adelante su proyecto de dirigización de la vida nacional; desmantelando instituciones y normas desde donde el pueblo ha avanzado y orienta sus potencialidades creadoras . Reformas a la Constitución, sí, por supuesto, como ocurre en todas las demás de su género en el mundo, las consuetudinarias incluidas, pero sólo para hacer más firme su normatividad, mayormente accesibles al pueblo la protección de sus derechos, el pleno ejercicio de sus libertades. Sí, es bueno mirar por el mirador de otros sistemas políticos y meditar sobre la conveniencia de proceder como hacen otras formas presidencialistas de gobierno, legislando sobre la funcionalidad de un gabinete, haciéndolo responsable ante el Legislativo como medio de estimular una eficacia que hoy por hoy, entre nosotros, brilla por su ausencia. Sería bueno también diseñar diversas acciones como medio de fortalecer al Legislativo y de lograr su profesionalización para que haga bien lo que le corresponda y se alcance el viejo anhelo del equilibrio de poderes. No estaría mal ver porque el Judicial acceda a los mayores niveles con suficiencia económica y elevándolo al nivel de los otros en que el supremo poder de la nación se ubica. Serían éstas, a no dudar, algunas de las acciones que muy bien podemos poner en ejecución desde el ámbito del proceso de reforma del Estado, que no debemos retrasar si consideramos la importancia de las acciones esbozadas y de muchas más que es posible instrumentar con el ánimo de impulsar el desarrollo de México. Qué poco, qué poco se honra a la Constitución cuando el jefe del Ejecutivo, aprovechando el marco de esta gran festividad, descalifica, reta y arremete a instituciones políticas que han contribuido al desarrollo social, político y económico del país. Qué perdida de tiempo cuando señala que hoy se trata de transar para cumplir con la transición. No entendemos a qué componendas de refiere, al menos que sea aquel pacto que firmaron los partidos políticos, que es el acuerdo político nacional, cuyo autor es el propio Presidente de la República. Pero el pueblo, al contrario de lo que pregona y propone la oficialidad presidencial, no aspira ni urge a una reforma constitucional para que los políticos nos repartamos el poder y disfrutemos de su ejercicio. El pueblo exige que la legitimidad del ejercicio del poder se base en el cumplimiento de sus exigencias, de la protección de los derechos que constitucionalmente le corresponden. El pueblo pide que se cumpla hoy su Constitución política con sentido social, con mecanismos democráticos, con principios de derecho, con propósitos humanistas. La Constitución puede reformarse, sí, sin duda, pero ante todo debe cumplirse. En lo que implica como proyecto de nación, la Constitución sigue siendo decisión fundamental, pacto político y compromiso histórico. La Constitución nos define como Estado, nos identifica como nación y nos organiza como pueblo. En todos los casos la Constitución es proyecto y programa que todos tenemos el deber de cumplir y de luchar por realizarlo. Nunca hemos solicitado prebendas ni mucho menos simpatizado con la impunidad. La corrupción debe ser aniquilada y somos los primeros en exigir que esto se haga, como también somos los primeros en reconocer y fortalecer la división de poderes. A cada poder le corresponde ejercer las funciones que la Constitución le ha otorgado. Lo que nunca vamos a estar de acuerdo es en señalar o acusar sin elementos, con el único objetivo de descalificar al contrario. La Constitución ha sido el cauce adecuado para propiciar los cambios que el país necesita; nunca ha sido un obstáculo. No requerimos de otra norma suprema, como otros pretenden. Lo que requerimos es una nueva constitucionalidad, reivindicar el auténtico estado de derecho. La nueva constitucionalidad sería una nueva forma de concebir la Constitución por todos, ciudadanos, jueces, partidos y políticos. Ante el argumento de que sus preceptos no se cumplen, la respuesta es encontrar mecanismos para hacerla cumplir y exigir su vigencia. Es ahí también, en la Constitución, donde se consagra la facultad del Estado para intervenir en los procesos y dictar las disposiciones que permitan distribuir, con justicia, la riqueza pública y puntualiza que es el Estado quien debe dirigir, en función del interés público, la productividad y distribución equitativa de la riqueza,