El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Gracias, diputado Presidente. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La existencia en nuestro país de los fueros fue sin duda una de las causas que originaron la desigualdad social, arrojando una sociedad dividida por estancos, teniendo por un lado unos pocos privilegiados y por el otro, una inmensa mayoría que no gozaba de ninguna prerrogativa. Al alcanzar nuestra vida independiente se conservaron varios de ellos, entre los que se contempla el privilegio de la inmunidad legislativa, pero desde entonces existía una tendencia a su acotación, a su acotamiento y desaparición, lo que es significativo puesto que la transición política que se llevó a cabo producto del movimiento independentista, reconoció en los fueros uno de los vestigios más claros del orden colonial, que debía ser eliminado para dar paso al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, primicia fundamental de las proclamas de Hidalgo y Morelos y de innumerables pensadores y libertadores. El espíritu del Constituyente al establecer esta figura, la del fuero, fue únicamente de proteger a los servidores públicos, incluido los legisladores, de persecuciones, de presiones económicas, atropellos e incluso del encarcelamiento. En Nueva Alianza consideramos que la interpretación, uso y abuso de la figura del fuero ha causado una gran molestia en la sociedad que sólo ha visto cómo se utiliza para burlar la acción de la justicia o para satisfacer con beneficios y preferencias los intereses particulares de quienes lo detentan bajo el manto de la impunidad. México ha avanzado en su democracia, por lo que podemos afirmar que hoy existe una verdadera división de poderes, lo que nos permite arribar hacia los planteamientos como la presente iniciativa, para proponer mejoras a las disposiciones constitucionales que regulan el procedimiento de declaración de procedencia. La credibilidad en los políticos y en las instituciones públicas se ha demeritado. La sociedad se muestra totalmente escéptica respecto a que la justicia se aplique con exactitud en contra de los altos servidores públicos que han cometido algún ilícito penal. Ello se debe al actuar irresponsable y deshonesto de algunos funcionarios gubernamentales que han quebrantado reiteradamente el principio democrático elemental que es el estado de derecho. El fuero constitucional es visto como un instrumento de exagerada protección para los servidores públicos de alto rango, muchos de los cuales al amparo de este privilegio o prerrogativa han desvirtuado la noble tarea del servicio público, distorsionándolo en cuanto a su fin y pervirtiéndolo en cuanto a su contenido y alcance; evadiendo así responsabilidades de carácter penal que merecen el reproche de la sociedad y sus sanción mediante la imposición de una pena. En este sentido es urgente replantear cuales son los alcances de esta figura y para esto es preciso atender, actualizar y acotar el concepto del fuero constitucional, para que retome su verdadera naturaleza y esencia y se utilice en los términos en los que fue concebido, para que realmente sea una herramienta de protección para el mejor desempeño del servicio público y no una situación de privilegio. En algunos países como Brasil, España, Panamá, Bélgica, entre otros, se ha establecido que la inmunidad o fuero constitucional no aplica cuando se trata de delitos cometidos en flagrancia, traición, crimen contra la paz y delitos graves. Incluso las legislaciones más avanzadas sólo otorgan inmunidad en los trayectos a la Cámaras y durante el tiempo que duran las sesiones. Esta prerrogativa o privilegio se ha venido limitando porque inmunidad no significa ilegalidad y mucho menos impunidad. El problema actual es la incorrecta interpretación del sentido primigenio del fuero, al llevarlo al extremo de amparar al individuo que no al cargo, respecto de delitos de los fueros común y federal. Por lo que hoy su existencia, considerando también las fallas administrativas, antes que fortalecer al servicio público lo debilita. De ahí la urgencia del acotamiento de esta figura jurídica. En un sistema jurídico-político realmente republicano no existe necesidad de que los altos servidores públicos gocen de inmunidad aun cuando ésta por la compleja aplicación de la ley, conlleva frecuentemente a la arbitrariedad, porque deben desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, equidad y eficiencia y de lo contrario deberán ser responsables por sus actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. En el año de 82 se realizó la última reforma significativa al artículo cuarto constitucional relativo a las responsabilidades de los servidores públicos. La declaración de procedencia constituye una determinación de la Cámara de Diputados que implica la separación del cargo del servidor público imputado, suspendiéndolo de su función y sometiéndolo a la autoridad que conozca del asunto. No obstante, es necesario ubicar en su justa dimensión el alcance de esta institución constitucional, debiendo interpretar al fuero con la más completa responsabilidad a efecto de evitar excesos que en determinados casos propician impunidad. Cada vez es más común escuchar a la sociedad demandando serios castigos a los servidores que han hecho mal uso del ejercicio del poder público, dejando de lado la función que se les encomendó. Las disposiciones contenidas en la norma fundante de nuestro sistema jurídico y político, quedan incompletas si no se aterrizan en la Ley Secundaria que le da operatividad, como es la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuyo contenido contempla el procedimiento del juicio político y el de declaración de procedencia. Por ello es preciso adecuar la norma secundaria mediante la adición de un párrafo cuarto al artículo 25 de la aludida ley, para establecer que no es necesaria la declaración de procedencia cuando se actualicen los supuestos previstos en el correlativo artículo 111 constitucional. Cuando se trate de delitos graves cometidos por los servidores públicos, sean éstos del fuero común o federal o en flagrancia; es decir, que se sorprenda al funcionario público en el momento mismo de la perpetración del delito. Se entienden como delitos graves aquellos que afectan de manera importante los valores fundamentales de la sociedad. Por lo antes expuesto, se propone a la aprobación de esta honorable soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En virtud del tiempo permitido, solicito a la Presidencia se publique íntegra la presente iniciativa y exposición en el Diario de los Debates de la Cámara. Por su atención, a todos ustedes, muchas gracias. Es todo, señor Presidente.