El diputado Rogelio Rueda Sánchez: Con la venia de la Presidencia. Los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional nos pronunciamos a favor del dictamen a discusión, pues coincidimos en que se otorgue a la Comisión Nacional de Derechos Humanos la facultad de promover la acción de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, y que esta misma facultad sea ejercida por los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Esto es así, pues al conceder la facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y sus equivalentes en los estados, la posibilidad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación que consideren necesarias para que ésta última determine si una ley es violatoria de las garantías individuales se está cumpliendo cabalmente, y con todas las herramientas posibles, la función que su misma denominación hace explícita, "preservar las garantías individuales del pueblo mexicano". La fracción parlamentaria del PRI, reconoce la labor de la dictaminadora, de impulsar esta reforma constitucional, ya que la facultad para ejercer acciones de inconstitucionalidad, se encuentra limitada a la fecha, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión, a las entidades federativas a través de sus Legislaturas estatales, al Procurador General de la República e integrantes de la Asamblea Legislativa del DF y a los partidos políticos con registro ante el IFE. Con esta reforma que se presenta a consideración del pleno, se fortalece nuestro sistema de control constitucional. La Suprema Corte ha acreditado, a resolver las acciones de inconstitucionalidad presentadas en los últimos años, su valor como garante de la Norma Suprema que los mexicanos nos hemos dado. Ahora, se amplían las opciones para aprovechar este sistema de control constitucional que ha demostrado dar buenos resultados. Con esto se fortalece a las instituciones y la vigencia misma de los derechos humanos en nuestro país, así como también en lo correspondiente con la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues es un reconocimiento al ejercicio de su independencia y soberanía, como tribunal garante último de la Constitución. Por ello, los diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, reconocemos también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a sus equivalentes en los estados y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la legitimación para ejercitar las acciones de inconstitucionalidad cuando leyes o tratados contravengan las garantías individuales, dentro del ámbito de su competencia, pues en atención a su desempeño, han sabido ganarse el respeto y el reconocimiento de la mayoría de los sectores de la sociedad mexicana. Sabemos que esta reforma les otorga un derecho, una facultad, pero también una responsabilidad a la Comisión Nacional y a las comisiones estatales y del Distrito Federal, Derechos Humanos, que confiamos sabrán ejercer con responsabilidad y honrando esta facultad que el Constituyente Permanente les habrá de otorgar. Muchas gracias. (Aplausos)