El diputado Josué Cirino Valdés Huezo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy se pone a su consideración reviste características de suma importancia para nuestro país. Se trata de una reforma legislativa que toca ocho ordenamientos legales que tienen que ver con el fenómeno delictivo del secuestro. Dicho dictamen propone expedir la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, así como la reforma, adición y derogación de diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley de la Policía Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El secuestro, sin lugar a dudas, es uno de los delitos más graves que puede cometerse, por sus modos comisivos, por la violencia con que se lleva a cabo, por la angustia que genera a la víctima y a sus familiares, así como también por las secuelas que propician en quienes lo sufren y en la sociedad. Es necesario considerar que el secuestro ha dejado de ser un delito cometido en agravio solamente de potentados o millonarios, ya son blancos de él todas las clases sociales. El enfoque que se ha dado al combate contra la delincuencia en los últimos años ha elevado exponencialmente la cifra de secuestros cometidos en nuestro país. Ante esta situación, el Congreso de la Unión no podía permaneces omiso y por ello, el Constituyente Permanente mandató en la fracción XXI del artículo 73 constitucional para expedir una ley general antisecuestro. El proceso legislativo, que hoy concluye con el dictamen que se pone a su consideración, se caracterizó por la dificultad para llevar a consensos que permitieran el tránsito de esta ley. Fueron muchos los foros, reuniones de trabajo, en el Senado y en la Cámara de Diputados trabajamos en conferencia, se analizaron y consultaron a expertos en la materia, autoridades policiales, ministeriales, judiciales y señaladamente a miembros de la sociedad civil, interesados en estos temas, que nos permitieron normar el criterio para arribar al dictamen que hoy se propone. Reconocemos la voluntad política y la sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para llegar a acuerdos, que permitieron la aprobación unánime de este dictamen en la Comisión de Justicia y la aprobación mayoritaria en la Comisión de Seguridad Pública. Dentro de los méritos que contiene esta propuesta destacan los siguientes. Se trata de una ley general que distribuye competencias entre los distintos órdenes de gobierno, que los obliga a coordinarse y cooperar; que fija con precisión el ámbito de sus atribuciones, estableciéndose en términos prácticos la federalización del combate al secuestro; se tipifican diversas conductas, materia de secuestro, distinguiéndose cada una de ellas y graduándose su penalidad de acuerdo a la gravedad, sin llegar a excesos, como cadena perpetua o pena de muerte; se establecen atenuantes que miran en todo momento a preservar la vida de la víctima y agravantes para casos delicados, como aquellos en que los miembros de instituciones de seguridad pública traicionan a la sociedad, así como casos en que se mutile o se prive de la vida a la víctima del secuestro. Se obliga de manera más precisa a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones a colaborar de manera pronta y expedita con las autoridades persecutoras de estos delitos; se delinean programas de protección de personas y de apoyo a víctimas; se crea el fondo de apoyo para las víctimas y ofendidos del delito, que se integrará con una partida que deberá aprobar esta soberanía del Presupuesto de Egresos de la Federación y con recursos decomisados, abandonados o producto de procesos de extinción de dominio relacionados con averiguaciones en materia de secuestro. Se hace enfática la obligación de las procuradurías de crear y operar unidades especiales para la investigación de conductas de secuestro, con personal que deberá ser sujeto a rigurosos análisis en cuanto a su perfil. Se precisa de manera muy contundente que la investigación de este delito no quede sujeta a ninguna negociación que desconozca la autoridad, obligando al Ministerio Público a realizar las investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos sin que proceda la reserva del expediente. Se obliga a la autoridad judicial a que en todo caso la sentencia condenatoria contemple la reparación del daño a las víctimas. Compañeras y compañeros legisladores, la sola aprobación de esta ley no es garantía suficiente de que los índices de secuestro se reduzcan, pero consideramos que es un instrumento valioso que tendrá la Procuraduría General de la República para combatir este delito, tal como en su momento lo pidió el Ejecutivo federal en una de las muchas iniciativas que se analizaron para arribar a este dictamen. Es por lo anterior que los invitamos a votar a favor del mismo. Por su atención, muchas gracias.