El diputado Héctor Pedraza Olguín: Muchas gracias, diputado presidente. Honorable asamblea. De conformidad con lo que establece la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, los indígenas son parte integral del patrimonio cultural y lingüístico nacional. La diversidad de las lenguas indígenas es una de las principales expresiones de la composición pluricultural de nuestra nación. Asimismo, la ley en comento señala en su artículo 5o. que el Estado, a través de sus tres órdenes de gobierno en el ámbito de sus respectivas competencias, reconocerá, protegerá y promoverá la preservación, desarrollo y uso de las lenguas indígenas. Lo anterior es de especial relevancia cuando se trata del tema de justicia. Sabemos y conocemos de las dificultades que enfrentan diariamente numerosos hermanos indígenas para atender procesos jurisdiccionales en una lengua que entienden poco y de un derecho que entienden menos. Organismos internacionales y nacionales, como la OEA, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Desarrollo para Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de las Mujeres coinciden en señalar que los pueblos indígenas se enfrentan a un sistema judicial con graves deficiencias que los detienen, acusa, sentencia con un criterio discriminatorio y racista. Además de la fabricación de pruebas, torturas, aplicación de máximas penas, sin considerar sus usos y costumbres y, aunado a ello, falta de traductores e intérpretes en sus lenguas maternas. La OEA en 2007 manifestó en un reporte público que los indígenas sujetos a juicio penal se encuentran normalmente desamparados, en medio de un proceso que no entienden porque no hablan español y no cuentan con intérpretes. No obstante que nuestra Carta Magna reconoce y garantiza el derecho de los pueblos indígenas, tomando en cuenta sus usos y costumbres, y enfatiza que los pueblos indígenas tienen en todo el tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Para cumplir con este precepto constitucional en el año 2009 se reformó la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. No obstante todo lo anterior, lejos estamos de propiciar un verdadero marco legal a los pueblos indígenas. Si bien, se han reconocidos ciertos derechos, no existen estrategias específicas de nuestras instituciones para ejercerlos o, en su defecto, no se aplican por desconocimiento o por falta de voluntad política, y quienes sufren y padecen estas situaciones críticas son nuestros pueblos indígenas. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo al artículo 11 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Artículo 11. ? Las instituciones educación superior que impartan la carrera de derecho, deberán incorporar programas académicos para garantizar la especialización de alumnos y profesionistas en la cultura indígena y en las lenguas maternas de sus regiones, en un porcentaje proporcional de egresados al de la población indígena de su localidad. Asimismo, otorgar anualmente el premio al defensor de los derechos de los pueblos indígenas, en colaboración con las instituciones jurisdiccionales para alentar y motivar que tengamos mayores traductores e intérpretes indígenas. Por su atención gracias. Señor presidente, solicito que se inserte al Diario de los Debates de manera íntegra la presente iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto, diputado presidente.