El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros, presento reserva a la modificación del artículo 79, fracción I de la Constitución. En primer lugar, con toda claridad manifiesto mi respaldo a la transparencia, el combate a la corrupción y el incrementar responsabilidades de los servidores públicos. Por ello voté a favor del dictamen en lo general, pero así como por algunos casos de malos manejos en la deuda de las entidades no hicieron necesario conculcar las facultades de los estados para enfrentar las debilidades en la fiscalización estatal, no es correcto acabar con el federalismo ni invadir el ámbito de todos y cada uno de los municipios ni de las 32 entidades. Insisto, la objeción es sólo al artículo 79, fracción I. Por supuesto que hay casos como los de Moreira o los de Granier, pero no por eso se debe destruir el pacto fiscal. La reforma propuesta violenta el conjunto del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, se entromete en el régimen interno de las entidades y municipios, por lo cual pido que ese rubro sea suprimido del dictamen. Todos sabemos que en el diseño constitucional vigente, las participaciones son parte de los ingresos de las entidades y municipios. A las entidades les corresponde utilizarlos para atender las necesidades de la población, y ello incluye su registro y fiscalización por los órganos locales. Ahora bien, el dictamen no propone una mejora en la fiscalización local, que sin duda es necesaria, ni define nuevos criterios para fortalecer la independencia profesional o el distanciamiento de los auditores respecto de los gobernantes en turno. Simplemente se invade la competencia de las entidades y se señala que las participaciones podrán ser fiscalizadas desde la federación. En vez de mejorar la fiscalización de las entidades se opta por suplantarla. Estoy a favor, como la mayoría de ustedes, por un Sistema Nacional Anticorrupción, eso requiere que la reforma haga énfasis en lo sustantivo, mejorar las capacidades de cada nivel de gobierno para que en conjunto enfrentemos el problema de la corrupción. Eso es mucho mejor a que una de las partes, en este caso la federación, invada a 32 entidades, a los 2 mil 440 municipios y las 16 delegaciones del DF. Recordemos que el Pacto Fiscal se expresa en la firma de un convenio entre la federación y las entidades federativas. Las entidades federativas ceden facultades recaudatorias y tributarias para recibir a cambio la participación correspondiente, de ahí que la naturaleza de las participaciones son recursos propios que debe fiscalizarse localmente. Técnicamente es incorrecto e inviable fiscalizar las participaciones del ramo 28 como si fueran aportaciones del ramo 33. De esta manera la reforma implica invertir una definición constitucional, según la cual las participaciones son fiscalizadas por los órganos fiscalizadores locales, como es normal que haga cada entidad en el marco de un régimen federal. La reforma debe respetar el régimen interno de cada nivel de gobierno, para que cada uno apoye y mejore sus acciones para prevenir o sancionar conductas delictivas asociadas a la corrupción desde su ámbito de facultades. Lo que propongo es sencillo de entender, mejoremos las capacidades locales en vez de suplantarlas. Eso es construir un federalismo moderno. Si se requiere que todos contribuyan a la transparencia, a la fiscalización y a la independencia profesional de los auditores, entonces hagámoslo, pero no nos vayamos por la ruta equivocada de querer suplantar lo que deben hacer las entidades. Termino, señor presidente. La reforma tiene grandes virtudes: crea bases de coordinación, establece un tribunal especializado, faculta la intervención en tiempo real, incluye nuevas responsabilidades de los servidores públicos, mejora la transparencia, alienta la denuncia ciudadana y en general mantiene un enfoque correcto como sistema nacional, pero no mandemos el mensaje equivocado sobre las participaciones y no centralicemos su control ni fiscalización. Por su atención, muchas gracias.