El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el Congreso de la Unión está obligado a implementar las medidas legislativas que sean necesarias a efecto de fortalecer el espíritu de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Esto implica realizar un diagnóstico exhaustivo a nuestras legislaciones a fin de perfeccionar el alcance progresivo de las mismas. Desde su creación constitucional en 1999, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye el principal elemento del Estado mexicano que vela por el respeto irrestricto de los derechos fundamentales de las y los ciudadanos. Este máximo órgano de protección de los derechos humanos con el paso de los años ha ido logrando importantes avances en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, alcanzando su máxima cúspide hace dos años, cuando el Constituyente Permanente elevó a rango constitucional el reconocimiento de los derechos humanos y su goce para todas las personas, estableciendo tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales en la materia ratificados por el Estado mexicano. Así las cosas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido pieza fundamental en este largo recorrido que han efectuado los derechos humanos en nuestro país. Como integrante del Estado mexicano, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, autonomía de gestión y presupuestaria, la comisión se encarga de velar por el respeto de los derechos humanos conociendo de los actos u omisiones provenientes de cualquier servidor público que vulnera el ejercicio de estos derechos emitiendo recomendaciones, denuncias y quejas con el fin de salvaguardarlos. La presidencia de este importante órgano recae en el llamado ombudsman, persona dotada de investidura institucional fundamental que ejerce las facultades de representación de la comisión. Actualmente la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no cuenta con un mecanismo legal para el supuesto de la falta de este servidor público que habría de ocupar la presidencia de la comisión cuando éste ha concluido su período constitucional, y cuando la Cámara de Senadores no emite el nombramiento correspondiente. El dictamen que se discute propone subsanar esta laguna al dotar a este instrumento legal el mecanismo idóneo que habrá de seguirse en caso de que la Cámara Alta no emita en tiempo y en forma la designación de la persona a la que habrá de recaer tan importante cargo, delegando la suplencia de sus funciones en los visitadores generales en el orden progresivo respectivo. Asimismo, el presente dictamen contiene la propuesta de que en casos urgentes, las personas podrán presentar las quejas de las que conoce la comisión por vía telefónica, a efecto de tener que ratificarlas en un período de tres días. Con ello, se hace más accesible el derecho que tiene la ciudadanía de presentar este medio de defensa a sus derechos fundamentales haciendo más accesible el uso de los servicios y la protección de este órgano autónomo ante la vulneración de sus derechos. Nueva Alianza considera que estas medidas legislativas contenidas en este presente dictamen resultan pertinentes, toda vez que se otorga la certeza jurídica requerida a la legislación que regula este órgano protector de los derechos humanos. Asimismo, el dotar de una mayor accesibilidad a la ciudadanía para presentar sus quejas por vía telefónica en casos urgentes, constituye una reforma progresiva que abonará en la promoción y protección de nuestros derechos fundamentales. Nueva Alianza votará a favor de este dictamen, pues consideramos que esta propuesta fortalece el desempeño de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y permitirá dar continuidad y operatividad a sus trabajos, cuestión que sin duda beneficia a la ciudadanía en la protección de sus derechos fundamentales. Por su atención, muchas gracias, compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.