La diputada Abril Alcalá Padilla: Le agradezco a la Secretaría de la Mesa Directiva y a usted, señora presidenta, la lectura del citado artículo. Como pueden observar, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe varios de los actos que pretenden introducir al Código Fiscal federal. Coincido en que se deben de perfeccionar los métodos y los instrumentos con los que cuenta la autoridad fiscal, sin embargo, no podemos olvidar al principio elemental del derecho fiscal mexicano, que es la autodeterminación. Es decir, que sean los ciudadanos por su propio derecho y en cumplimiento de sus deberes, quienes acudan a cubrir sus obligaciones fiscales. Con el esquema de tributación del presidente López Obrador lo que se provoca es castigar al que paga y perdonar e inclusive olvidar impunemente, a la gran mayoría de personas que no tributan, quienes lo hacen por diferentes razones. Le damos garrotes a Hacienda para quienes en principio cumplen, pero, a los que tienen una baraja completa de impunidad para seguir evadiendo sus impuestos, y además los premian con alguna beca. Bonito sistema fiscal estamos construyendo, señoras y señores diputados. Las lesiones a la seguridad jurídica que se provocan con los cambios propuestos al artículo 45 y 22 del Código Fiscal federal lo único que provocarán es una lluvia de amparos para variar, puesto que el abuso de autoridad es evidente. Una cosa es que se lleve a cabo la visita al domicilio fiscal del contribuyente al que se le pretende controlar, y se le exijan los documentos fiscales requeridos, y otra muy diferente es que las autoridades del SAT puedan documentar con fotografías o videos todo lo que consideren evidencia. Hacienda lo sabe, si no, ¿por qué hicieron una modificación a la redacción propuesta por el Ejecutivo en el sentido de que los datos estén debidamente protegidos? Por la simple y sencilla razón de que saben que su propuesta del artículo 45 viola, tanto el primero como el segundo párrafo del artículo que amablemente nos dio lectura la Secretaría, y que dicha modificación pertenece a una especie de paraguas para protegerse de la lluvia de amparos producto de dicha reforma. Por tal motivo, es necesario desecharla, no cumple con lo que establece el artículo 16 constitucional. Por otro lado, la reforma al artículo 22 del Código Fiscal federal pretende restringir un derecho, el derecho de percibir la devolución a los impuestos mal cobrados o retenidos sin justificación, y constituye otro abuso de autoridad al no otorgar a los contribuyentes ni el tiempo ni los mecanismos adecuados para resolver dicha falla. La Secretaría de Hacienda argumenta que esto lo propone para que sus bases de datos se mantengan actualizadas y puedo entender esto, pero no puede ser bajo la fuerza, bajo la coerción que la autoridad perfeccione su actuar. Digo, ¿acaso la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no tenía un fideicomiso con recursos para mejorar sus procesos administrativos y fiscales? Supongo que dicho fideicomiso a estas horas ya no existe, por lo que están obligados a verse creativos a costa de los contribuyentes mexicanos. Les propongo lo siguiente: entonces, diputados y diputadas, modifiquemos la política de terror fiscal y transitemos a un esquema de cooperación, colaboración y corresponsabilidad. A diferencia de lo que muchos aquí presentes creen, México no es una invención del 1o. de diciembre de 2018. México existía, funcionaba y aunque con muchísimas áreas de oportunidad se tenían menos problemas de los que se tienen ahora. La política de terror fiscal y de policías fiscales no llevará a mayor recaudación, al contrario, el mismo sistema que plantean provocará mayor evasión fiscal o simplemente que la gente que produce riqueza, empleos y recursos que circulan en nuestra economía buscarán mejores naciones donde producir porque su nación les haya dado la espalda. Reconsideren, diputados y diputadas de la mayoría, y de verdad estamos a pocas horas de hacer esta votación y a estas horas sinceramente los veo cansados, pero estamos todavía muy a tiempo de hacer algo bueno por México. Es cuanto, diputada presidenta.