La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su anuencia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, presento a su consideración una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México necesita volver a confiar en sus políticos. Los problemas sociales propios de una alternancia incompleta, además de los económicos en los últimos años, han creado una ruptura palpable entre la ciudadanía y sus representantes. Según el latinobarómetro en México, sólo el 40 por ciento de los mexicanos considera que la democracia es la mejor forma de gobierno, cuando en el 2005 ése porcentaje llegaba a un 59 por ciento de la población; algo anda mal. Nuestra democracia no ha funcionado y es momento de que cada quien asumamos nuestra responsabilidad en el asunto. La Cámara de Diputados es el espacio para lograr la deliberación y comunicación de todas las expresiones ciudadanas y políticas donde se construyen los acuerdos políticos para resolver las demandas sociales, y en ese sentido es el espacio natural para que la democracia florezca. Según una encuesta reciente, la imagen de los diputados y legisladores en México de 2008 a la fecha, la confianza de los ciudadanos en nosotros ha descendido de un 6.7 por ciento a un 5 por ciento de la población. Este porcentaje refleja el deterioro de nuestra relación con la ciudadanía. Es inadmisible que cerremos los ojos ante esta realidad que se nos presenta, realidad que nos exige renovar nuestras instituciones y con ellas la confianza de los ciudadanos en la democracia. Como parte de este proceso de transformación y de recuperación, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza busca la dignificación de la política, es por eso que hoy venimos a proponerles, compañeras y compañeros diputados, la derogación de la figura del fuero a nivel federal en caso de delitos graves, y recordemos que la implementación del fuero se remite a la Constitución de Cádiz de 1812, en los albores de la instauración del México independiente. En ella se establecía que los diputados serán inviolables por sus opiniones y en ningún tiempo ni caso ni por ninguna autoridad podrán ser reconvenidos por ello. En las causas criminales que contra ellos se intentara no podrán ser juzgados, sino por el tribunal de las Cortes. Esto está establecido desde 1812 y nos preguntaríamos entonces, compañeras y compañeros, ¿cómo podemos regularnos por una norma que se fundó en las condiciones de un Estado mexicano casi inexistente? La protección a la libertad de expresión de los diputados debe ser innegociable, estamos de acuerdo, sin embargo este derecho ha sido confundido por muchos como licencias para delinquir o bien para protegerse de un manto de impunidad. Ésa es la percepción al menos que tiene la ciudadanía, y si queremos recuperar la confianza de las mujeres y hombres de México en sus instituciones debemos de demostrar en los hechos que estamos dispuestos a ejercer la representación popular atendiendo las preocupaciones de la sociedad y atendiendo también el interés colectivo, y no protegiendo nuestros intereses particulares. Con la aprobación de esta iniciativa de reforma constitucional lo que se busca es generar las condiciones de igualdad y justicia para todos los servidores públicos a los que se nos ha conferido una tarea de suma relevancia, de tal forma que respondamos ante la justicia como cualquier ciudadano en apego al espíritu de nuestra Carta Magna en su artículo 4º, donde se establece la igualdad de todos ante la ley. Es por todas estas razones que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone en esta iniciativa de reforma constitucional que los servidores públicos, como los diputados; senadores; ministros de la Suprema Corte; magistrados; consejeros de la Judicatura; secretarios de Estado; consejeros electorales, así como el procurador general de la República, sean llevados ante la justicia mexicana para que respondan por los delitos que cometan durante el tiempo en el cual ejerzan el servicio público, tales como la comisión de delitos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos por medios violentos como arma y explosivos, en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud, por lo que el Grupo Parlamentario Nueva Alianza proponemos la adición del párrafo cuarto al artículo 111 constitucional, que diría: No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a los que se hace referencia en el párrafo primero de este artículo cometa cualquiera de los delitos previstos en el artículo 19, párrafo segundo, de este ordenamiento, sea flagrante o no. En estos casos, responderán de manera directa ante las autoridades competentes. Necesitamos responder así positivamente a una ciudadanía que necesita que sus representantes actúen con responsabilidad para restaurar su confianza en las instituciones y construir hoy el país que las y los mexicanos demandan. Es cuanto, señora presidenta.