El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con su permiso, Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, sin lugar a dudas que el asunto del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, seguirá dando de qué hablar. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo sí se actualizan las violaciones a la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos y a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como la actualización de las conductas presuntamente constitutivas de delito de tráfico de influencias. Desde el gobierno y desde el PAN se ha pretendido vender la imagen de un servidor público ejemplar y con visión de futuro. Nada más falso. El señor Mouriño violó distintas leyes federales con el claro propósito de beneficiar los negocios privados de su familia; que se relacionan con contratos con Petróleos Mexicanos. Pero además, estas conductas han echado por tierra uno de los dogmas que el PAN que usó para criticar a los gobiernos priístas, en el sentido de que no se debían usar los cargos públicos para obtener beneficios privados. Qué lejos están estas conductas de los principios éticos que el PAN dice defender. Qué lejos están de ser el gobierno de las manos limpias, cuando se acuerdan en la defensa unánime de uno de los suyos. Ahora, con cinismo exigen que los legisladores que en el ejercicio del derecho que nos confiere el artículo 93 constitucional, párrafo tercero, solicitamos la creación de la comisión investigadora de los contratos que firmó el señor Mouriño, como apoderado legal de la empresa Ivancar, con Pemex refinación, ahora aportemos pruebas suficientes para acreditar nuestra afirmación. ¿Qué mayor prueba quieren que el conocimiento del propio señor Mouriño, de que las actividades ilícitas que se le imputan son ciertas? Como se desprende de todos y cada uno de los contratos firmados por su parte cuando era servidor público, diputado federal de la LVIII Legislatura de este Congreso de la Unión y presidente de la Comisión de Energía de esta Legislatura, coordinador de asesores del Secretario de Energía y subsecretario de esa misma dependencia. Nos piden que probemos nuestro dicho. Bien, entonces los contratos, cotejen las fechas en que se efectuaron, verifiquen quién los firma y en calidad de qué y confronten esto con lo que dispone el artículo 47, fracción XV de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que señala el artículo 8o, fracción XI de la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y lo dispuesto en los artículos 220 y 221 del Código Penal Federal, en relación con los delitos de ejercicio abusivo de funciones y tráfico de influencias. Si actúan con objetividad, imparcialidad y con sujeción a lo que disponen las leyes, llegarán a la conclusión hoy, de que el secretario de Gobernación firmó los contratos que están ampliamente difundidos cuando era servidor público y, en consecuencia, estaba legalmente impedido por la naturaleza de los cargos que desempeñaba para poder firmarlos. Salvo una pequeña excepción prevista en la fracción XI, segundo párrafo del artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidad Administrativa de los Servidores Públicos y que consiste en que por escrito haya informado a su superior jerárquico, el entonces Secretario de Energía, Felipe Calderón, hoy responsable de la administración pública federal y de nueva cuenta superior jerárquico del señor Mouriño. Es decir, que de manera directa y en su debido tiempo, Juan Camilo Mouriño hubiera presentado su informe de manera formal dando cuenta de tales actividades a su jefe inmediato, Felipe Calderón. Más aún, Pemex refinación también incurrió en una práctica ilegal, pues no debió haber efectuado la contratación respectiva, ya que sabía del cargo público que desempeñaba Mouriño. Es decir, también tienen responsabilidad los funcionarios de la paraestatal. No cabe duda, de nueva cuenta se hace fehaciente la muestra de una enorme falta de oficio político y de una preponderante arrogancia del Ejecutivo federal para su presunta responsabilidad encubridora. De las últimas noticias proporcionadas por Mouriño destaca la de haber entregado a la PGR unos documentos con los que supuestamente dice probar que desde hace algunos años dejó de ser accionista del Grupo Energético del Sureste, persona moral que a su vez es accionista de Transportes Especializados Ivancar. Por último, lo que no puede probar el personaje en comento, es que sigue siendo apoderado general de Ivancar, que es la sociedad que celebró los contratos con Pemex Refinación. En otras palabras, la doble personalidad con la que actúo sigue siendo motivo de conflicto de intereses, tráfico de influencias y abuso de autoridad que hace necesaria su remoción inmediata. Es cuanto, señor Presidente.