La diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar: Con su venia, señora presidenta. Durante los últimos 20 años los organismos internacionales como la FAO en el nivel nacional, el Coneval, el Inegi y la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros, nos han alertado sobre la pobreza alimentaria y el hambre existente. Millones de personas no tienen qué comer. Esta lastimosa situación ha quedado opacada, pero latente debido a las difíciles condiciones de vida provocadas por las crisis económicas. Los datos siguientes son reveladores. Desde el 2008, el 14 por ciento de los hogares no podía adquirir la canasta básica. Para el 2010, eran ya el 18 por ciento. Desde entonces, en el 15 por ciento de los hogares se dejó de desayunar, comer o cenar, y en el 10 por ciento, los menores de 18 años comieron una vez al día. De acuerdo al Coneval, en 2010 había 51 millones 993 mil personas en pobreza; 40 millones 280 mil en pobreza moderada; 11 millones 713 mil en pobreza extrema. En este 2013 los datos son alarmantes e indican que 21 millones padecen carencias alimentarias o hambre, y que por esta causa mueren al día 23 personas, de las cuales el 75 por ciento son adultos mayores de 65 años. Los datos indican que un millón 200 mil niños padecen desnutrición y que 3 millones 600 mil menores de cinco años tienen alguna carencia alimentaria; el 12.7 por ciento se encuentran en zonas urbanas y el 25.6 por ciento en zonas rurales. Y que 70 de cada 100 familias tienen carencias alimenticias. De cada 8 hogares sólo en 7, cuando comieron dejaron de sentir hambre. Y donde hay menores de 18 años, en 7.6 por ciento al menos, un menor de edad no comió cuando sintió hambre. Esto es vergonzoso, no podemos seguir así. Es indignante, el hambre debe erradicarse para que millones de mexicanos disfruten de sus derechos humanos, sociales, económicos, culturales, ambientales e, incluso, políticos. Es el momento de dar a los pobres de los pobres una adecuada representación política. Es urgente revertir esta situación. Apeguémonos a los principios y libertades constitucionales que nutren nuestra vida en democracia. Tenemos la obligación de cumplir con el artículo 4o constitucional que a la letra dice: toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Y respecto a nuestra infancia menciona que el Estado velará por el interés superior de satisfacer su alimentación. Por su parte, el artículo 27 constitucional, fracción XX menciona: El desarrollo rural integral y sustentable tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca. Este párrafo obliga al Estado a impulsar políticas de soberanía y seguridad alimentaria, por tanto, para las instituciones es ineludible y de urgente implementación. Sin embargo, por alimentos básicos debe entenderse aquellos de calidad que contienen proteínas, minerales, vitaminas, carbohidratos y fibra que aporten los nutrientes necesarios, ya sea de origen vegetal, marino o animal, e incluso industrializados, a fin de evitar la desnutrición, el raquitismo, el colesterol o la diabetes, entre otras enfermedades de complejo y largo tratamiento, que lastiman la dignidad y los escasos recursos de los más pobres. Las diputadas y los diputados no podemos estar ajenos al sufrimiento de quienes no pueden alimentarse y dar a sus hijos la comida que requieren para ir a la escuela. Actuemos con firmeza ya. Es el momento de aprobar esta ley como lo recomienda la Declaración Universal de los Derechos Humanos; la Convención sobre Derechos de los Niños; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria y la Observación General número 12 de la FAO, en el sentido de que toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada, que le asegure el más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual y que para erradicar la desnutrición los Estados deben perfeccionar su legislación, producción, aprovisionamiento y distribución. La misión del Estado al respecto consiste en erradicar el hambre de acuerdo a los compromisos adquiridos con los objetivos del milenio. Por todo lo anterior, ante ustedes presento la iniciativa de Ley General para garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre, para crear un sistema interinstitucional y transversal que lo garantice y que permita a 21 millones de personas superar la pobreza alimentaria. Como hemos mencionado, esta ley se sustenta en los instrumentos internacionales, los artículos 1o, 4o y 27, a fin de garantizar la implementación, evitar la aplicación de impuestos innecesarios y su especulación. De la Ley General de Salud retoma la facultad de elaborar y desarrollar programas de nutrición y promover la participación de los organismos nacionales e internacionales de los sectores sociales. Asimismo, se sustenta en la Ley General de Desarrollo Social, artículos 6y 14, al retomar que la alimentación es un derecho para el desarrollo social, así como la prioridad de la nutrición materno-infantil y de abasto social. De la Ley de Desarrollo Rural Sustentable retoma los artículos 7 y 178, para procurar el abasto de alimentos a los menos favorecidos. Con esta ley se ataca el problema desde diferentes dimensiones, como la económica, la política, la social, institucional, jurídica y tecnológica para hacer más efectiva su erradicación. Por ello se ha estructurado de la siguiente manera: Del artículo 1o al 7o establece que toda persona tiene derecho a la alimentación de calidad, variada, sana y nutritiva, y se presentan definiciones conceptuales para facilitar su interpretación. El título segundo, de los artículos 8 al 10, establece las competencias y la coordinación interinstitucional. El capítulo II, del artículo 11 al 13, se establece las facultades y alcances en la conducción de la política alimentaria y la nutrición. El título tercero, del artículo 15 al 24, incorpora los alcances, el fomento y la planeación de políticas de alimentación y nutrición, define al sistema, el programa y su observancia. Del artículo 25 al 30, se definen los objetivos y mecanismos y se marcan los instrumentos de la política nacional para su erradicación. En la parte final, el título quinto, se faculta a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a otras instituciones, para coadyuvar en el seguimiento, evaluación y monitoreo de las políticas y realidades existentes. A partir de lo anterior, es urgente universalizar la alimentación con enfoque de derecho y evitar su focalización, para lograr la accesibilidad, la transparencia, la participación social, la equidad y la no discriminación. Finalmente, agradezco a los expertos, organizaciones, universidades, que coadyuvaron en esta LXII Legislatura. En estos momentos será histórica esta legislatura al establecer como una política de Estado la seguridad alimentaria. Por lo anterior, les invito a emitir su voto positivo y observaciones constructivas para garantizar el derecho humano a la alimentación y erradicar el hambre. Es cuanto. Muchas gracias.