El diputado Javier Carrillo Soberón: Muchas gracias señor Presidente. Compañeras Diputadas y compañeros Diputados: Si algo podemos afirmar con plena convicción es que el empecinamiento del gobierno en seguir religiosamente una cierta evolución de las principales variables macroeconómicas, ha dado como resultado el agotamiento total del modelo económico con él asociado y que se refleja con un magro crecimiento del 0.8 por ciento por producto interno per cápita de nuestro país. Aunado a esto los diferentes sectores y segmentos que componen la economía nacional no han superado el problema de su escasa vinculación sinérgica, lo que impide que cuando un sector encuentra una coyuntura propicia al crecimiento arrastre a otros sectores en un círculo virtuoso y sostenido de desarrollo. Este gobierno ha querido elevar la caridad a nivel de política pública. Se le olvida que todo derecho reconocido a una persona en el ámbito de lo político constituye una deuda pública para ella. Bajo esta perspectiva, cuando se desarrolla un verdadero mercado de trabajo, la deuda pública toma la forma universalista de seguridad social. Esta deuda se conforma entonces por el conjunto de gastos de educación, salud, etcétera, que permiten el mantenimiento y la mejora del capital de vida de la población y por lo mismo de su capacidad laboral y del valor del mercado de su fuerza de trabajo. A su vez, esta validación por el mercado del gasto público, es la fuente de una dinámica de crecimiento endógeno del Estado-providencia, al asegurar éste su autofinanciamiento. Su reproducción se asegura con el aumento de ingresos públicos producidos por los efectos del gasto sobre la producción y la masa salarial. Este es el círculo virtuoso que se puede establecer entre altos ingresos fiscales, fuerte gasto público y elevado crecimiento económico. Sin embargo, las políticas monetaristas del Estado, providencia tan profunda como el régimen mismo de acumulación del capital. Así en materia de política social la característica del actual gobierno es el no cambio. De acuerdo con la ley, el Consejo Nacional de Evaluación debió quedar constituido e instalado en julio de 2004. Hace catorce meses empero, el decreto de creación del mismo apenas fue publicado por el Presidente hace quince días. Peor aún, en lugar de constituir el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, organismo público descentralizado, encargado de establecer los criterios oficiales para la definición, identificación y medición de la pobreza, el cual mandata crear la Ley General de Desarrollo Social, el Ejecutivo Federal en forma irresponsable sigue midiendo la pobreza según su conveniencia. Es claro que el Ejecutivo no quiere una medición realizada por un Consejo de Evaluación con autonomía técnica, no quiere respetar la Ley General de Desarrollo Social, que obliga a medir la pobreza a partir de ocho indicadores y no sólo a partir del indicador "ingreso", el cual no da cuenta de la evolución del bienestar de las familias. En el Informe de Gobierno se afirma que ha habido un incremento permanente en términos reales al presupuesto de la SAGARPA. Para el 2005 refiere que el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados fue de 48 mil 396.1 millones de pesos. Sin embargo, esto se logró gracias al incremento que decretó la misma Cámara de Diputados, pues la cifra propuesta por el Ejecutivo apenas alcanzaba el presupuesto de 2002, con lo cual demuestra su profundo desprecio por el sector agropecuario. Además, el Ejecutivo no hace mención del recorte que realizó la Secretaría de Hacienda, mayor a 4 mil millones de pesos en junio de este año, aduciendo simples reajustes para pagos de deuda. Tampoco refiere los programas y reportes que ha provocado la controversia que interpuso. En lo relativo a cultura, el Informe de Gobierno del Presidente Fox dista mucho de las expectativas que presentó en el Programa Nacional de Cultura "La cultura en tus manos". Sus cifras año con año se repiten y mezclan los programas y las cifras de años anteriores, lo que hace poco fiable el registro de sus logros. No quiero ser injusto, los esfuerzos de las instituciones culturales son muy importantes, por lo que aunado a los esfuerzos de la sociedad civil la cultura sigue siendo viable para los mexicanos. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo, es contundente el desastre que el foxismo ha provocado para la cultura en nuestro país, por su incapacidad para generar políticas culturales de Estado, como en el caso de la industria cinematográfica, que pese a ser una de las más dinámicas expresiones artísticas, la golpea al reducir sus recursos, por su política en el presupuesto cultural que se ejerce discrecionalmente y se dilapida en proyecto son prioritarios, como la Biblioteca José Vasconcelos, por la entrega de los bienes culturales de la nación a empresarios, al clero y a la industria del espectáculo, como lo constatan el Wal-Mart de Teotihuacan, la ilegal entrega del antiguo Oratorio de San Felipe Neri al clero y el uso comercial de la infraestructura cultural en beneficio de la industria del espectáculo. Mientras grandes artistas nacionales e internacionales esperan presentarse en Bellas Artes, Televisa programa sus productos comerciales con el beneplácito de Fox y las autoridades culturales y se insiste en su inversión desmedida de recursos a las televisoras, mientras anuncia grandes resultados de su programa de Fomento a la Lectura hacia un país de Lectores, el cual es imposible de asociar al gobierno de un presidente que denosta la palabra escrita, promueve entre las personas que acudan a la televisión como medio exclusivo de información. Quisiéramos abordar finalmente las observaciones presidenciales al nuevo régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. En la página 308 de lo que es propiamente el Informe de Gobierno, se lee que entre otras iniciativas el Ejecutivo Federal publicó en Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Federal de Derechos que aprobamos en el Congreso y que constituyen el nuevo régimen fiscal de PEMEX. A lo largo del texto, en diversas formas y con base en la manipulación y falseamiento de cifras, la dramatización semántica y de plano uno que otro ataque a la inteligencia, se reiteran las tesis centrales que la Secretaría de Hacienda ha machacado durante los últimos meses, a saber que el nuevo régimen fiscal de PEMEX significa un enorme sacrificio fiscal, distribuido en forma directamente proporcional entre los tres niveles de gobierno. Que PEMEX podría seguir incrementando el volumen de producción de crudo aún sin cambio en su régimen fiscal y que por lo mismo la reforma puede supeditarse a cambios en ámbitos ajenos a lo fiscal y cuya realización no dependen de PEMEX. Que al establecerse para los primeros cuatros de vigencia del nuevo régimen fiscal el límite de deducción por costos de 6.50 dólares por barril de crudo, al agotarse ese lapso dicho límite podría aumentarse en forma desproporcionada. Que se pretenden garantías irracionales con penalizaciones a PEMEX si no se alcanzan mínimos de producción. Y sin embargo el texto no menciona que si bien en función del precio del crudo la diferencia en términos nominales entre 30 y 27 dólares, los ingresos fiscales, entre el régimen vigente y el aprobado, se ubican en el orden de 30 mil millones de pesos en términos proporcionales, oscila en torno al 5% de lo que actualmente entera PEMEX al Fisco, lo que representa un valor cercano al 2% de la recaudación federal total. Asimismo el reparto de los impuestos petroleros varía en favor de entidades y municipios debido, entre otras cosas, a que tanto la tasa de derecho ordinario como la proporción de ese que se considera participable, aumentan conforme lo hace el precio del petróleo. A pesar de que el Congreso se encuentra desde hace varios meses trabajando en temas de autonomía de gestión, se pretende que condicionemos y se subraya que el asunto de la eficiencia y la regulación en el organismo público como PEMEX no pueden medirse y establecerse. No podemos comparar a PEMEX con las empresas privadas transnacionales sujetas por lo demás a regímenes fiscales definitivamente más onerosos, si alguien le apuesta la privatización, se encontrará de frente con el muro de las regalías que son el 50% de lo que otorga PEMEX y son lo que ellos pagan a sus gobiernos. En vez de transcurridos los primeros cuatro años de vigencia de la reforma, el limite superior de las (?)deducciones no quedaría como se ha sugerido insistentemente por Hacienda, al libre arbitrio de PEMEX, sino que sería revisado por el Congreso. En fin, condicionar la entrada en vigor del nuevo régimen fiscal a cualquier tipo de reforma en otras leyes, nos parece un atentado a la inteligencia de este Congreso, de tal manera que queremos reclamar al Ejecutivo Federal, que en su análisis que hizo del nuevo régimen fiscal de PEMEX, reitera su visión de que México debe ser mono exportador de crudo, de que México debe agotar su crudo con su gasto público y no observar el ingreso petrolero como un ingreso eventual que nos ayude a industrializar nuestro país ya desarrollando esa sociedad, una sociedad en la que la solidaridad recíproca sea un valor jerárquicamente superior a la libertad económica y a la igualdad política, en la articulación de los diferentes órdenes autónomos de relaciones sociales, de manera que ni los intereses de mercado ni los intereses de Estado deben imponerse al conjunto de las esferas de la vida social. Esa es nuestra propuesta, muchas gracias. (aplausos).