El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Compañero presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, este dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales constituye el primer producto legislativo de esta Comisión tan importante para los trabajos de esta Cámara y del Congreso de la Unión. Nosotros vemos adecuada esta reforma a los artículos 25 y 26, porque establece como un principio constitucional la competitividad para hacer de la economía de nuestro país, una economía en crecimiento, una economía que permita que haya satisfactores para la población. Desde luego, que éste es un postulado constitucional y habría que convertirlo en realidad, pero nos parece que esta definición conceptual no riñe con la rectoría económica del desarrollo que plantea ese capítulo económico de la Constitución ni riñe tampoco con el sistema de planeación democrático. Creemos, además, que al estar en esta parte de la Constitución, permitirá también que fortalezcamos el modelo de desarrollo nacionalista, para que después no haya sorpresas con reformas constitucionales que busquen la privatización de Petróleos Mexicanos. Esta reforma y este dictamen también nos permiten hacer algunas reflexiones. Esta iniciativa de origen en la Cámara de Senadores, fue propuesta por un diputado que anteriormente era senador, el diputado Eloy Cantú, y fue el día 22 de febrero de 2011, y esto nos permite ver todo el proceso legislativo que tiene que seguir una iniciativa de un legislador, para contrastarlo con lo que resulta de una iniciativa promovida por el Ejecutivo federal. Podemos decir que hay un doble rasero. Una ruta larga, que a veces es infructuosa para los legisladores, y una vía fast track para el Ejecutivo, y este caso lo estamos viviendo actualmente con la reforma al artículo 3o. y al artículo 73 constitucional, que están planteando una reforma expedita a la educación del país. Este doble rasero no lo podemos permitir, porque pareciera que quieren convertir al honorable Congreso de la Unión en la honorable Oficialía de Partes de la Unión, con una reforma al vapor que en menos de 30 horas ya se aprobó en lo general, una reforma de amplio espectro como es la educación de nuestro país. Ya no hablamos de una iniciativa preferente como lo establece el artículo 61 constitucional, sino de una iniciativa ultrapreferente, pero lo que es más grave, en nuestra ley fundamental, en la Constitución del país. Por eso, nosotros creemos que es tiempo de que todos los legisladores, independientemente de los partidos y particularmente los partidos mayoritarios, tienen el deber constitucional de honrar su función. No podemos ser ni mandaderos ni tampoco hacer del Congreso un Congreso que legisle por consigna presidencial, que viole procedimientos parlamentarios para poder permitir que el titular del Ejecutivo satisfaga sus ansias de legitimidad política. Nosotros vamos a dar la pelea y nos parece que no es estar en contra de iniciativas que sean razonables y que sean producto de una deliberación como es la que nos ocupa y que planteó el diputado Eloy Cantú. Nos parece que en este doble rasero queda claro que hay una actitud de sumisión al presidente de la República o a quien ocupa, en este caso, el Poder Ejecutivo, porque nosotros no le reconocemos ese carácter. Nosotros no fuimos a pactos de simulación, que como quedó de manifiesto en la discusión del dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública, hay una esquizofrenia política, porque por un lado el PRI aprueba o se abstiene para que pase la reforma, y por otro lado, anuncia ya una acción de inconstitucionalidad. Nosotros vamos a actuar siempre en congruencia y vamos a honrar a los millones de votos que optaron por un cambio verdadero en nuestro país. No a los pactos de simulación y no al entreguismo y no hacer de la Cámara de Diputados y del Congreso de la Unión una oficialía de partes donde cualquier iniciativa, por absurda que sea y venga del Ejecutivo, se apruebe sin ningún debate. Es cuanto.