El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras diputadas, buenos días, compañeros diputados. Creo que en esta ocasión, y como lo ha expuesto el diputado Benítez Treviño, presidente de la Comisión de Justicia, este dictamen propone una nueva ley para proteger a los testigos, pero no solamente para proteger a los testigos, sino también proteger a todas las personas involucradas en la intervención o en los procesos de carácter penal, desde las investigaciones del Ministerio Público hasta propiamente el proceso penal. Es una ley, desde luego que me parece encomiable, es novedosa, es innovadora en el derecho mexicano, porque tiende a proteger no solamente a testigos, sino también a las víctimas o a los propios servidores públicos que intervienen en la investigación, en la persecución o en el procesamiento de los delitos. Es una ley que, hay que decirlo, deviene del derecho internacional, la Convención de Palermo que ha sido ratificada por nuestro país el 13 de noviembre del año 2000, cuyo nombre completo es Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional. Establece en su articulado la figura del testigo protegido. También las propias Naciones Unidas han estimulado desde hace algunos años la existencia de leyes, de testigos o de protección de testigos en América Latina, y en el mundo entero existe por parte de las Naciones Unidas una ley modelo sobre la protección de testigos. ¿Cuál es el objetivo de la ley propuesta por nuestros compañeros diputados de distintos partidos? Como ya lo señalaba la protección de testigos, de víctimas y de servidores públicos, protegerlos en su vida, en su integridad personal cuando corran riesgo tanto su vida como su integridad personal. Esta ley propone la creación, en la Procuraduría General de la República, de un Centro Federal de Protección a Personas; ése centro tendrá a su cargo la realización de estudios técnicos para determinar y para graduar la existencia de los riesgos. En ese centro va a haber expertos tanto del ámbito jurídico, como de la psicología, del trabajo social, etcétera. Es decir, la protección de las personas, tanto de testigos, como de víctimas, o como de servidores públicos no va a estar confinada o conferida exclusivamente al Ministerio Público o a los jueces, aunque la ley también establece para el Ministerio Público y para los jueces algunas competencias de carácter legal. Será este centro el que elaborará el programa de protección. En ese programa de protección se establecerán los requisitos de ingreso para ser considerado persona protegida. Se establece en ese programa también los casos de terminación de la protección a las personas y los mecanismos de protección. También se establecen ayudas de carácter presupuestal para que las personas sujetas al programa de protección cuenten con condiciones mínimas condiciones básicas de vida para su protección. Es muy importante en la ley cómo se clasifican las medidas de protección. Se clasifican en medidas de asistencia y medidas de seguridad. También se establece que puede haber medidas provisionales para que el Ministerio Público pueda tomar en casos urgentes de riesgo, algunas actividades de protección a las personas, a los testigos o a las víctimas que están siendo parte de una investigación de carácter judicial. El juez también tendrá competencias durante el proceso penal y creo, en general, que se trata de una ley muy innovadora. Yo diría que el éxito de esta ley va a depender de su aplicación, del profesionalismo de los servidores públicos y, desde luego, del respeto que tengan estos servidores públicos que integrarán el Centro Federal de Protección a Personas en el respeto a la dignidad de las personas, ya sea de víctimas, de testigos o de servidores públicos. Por su atención, compañeros, les agradezco y también pido el voto a favor de esta importante ley.