El diputado Sabino Bautista Concepción: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Es de todos conocido que históricamente los pueblos indígenas han sido objeto de formas de subordinación, desigualdad y discriminación, al grado de colocarlos en una situación estructural de pobreza, explotación y exclusión política. Han persistido frente a un orden jurídico, cuyo ideal ha sido la homogeneización y asimilación cultural. Es trascendental que este órgano del Poder Legislativo comience a cambiar esta realidad. Para ello se requiere de acciones profundas, sistemáticas, participativas y convergentes por parte del gobierno y de los legisladores a fin de lograr una verdadera inclusión de nuestros pueblos indígenas. A una década de la reforma constitucional que otorgó algunos derechos colectivos y definió obligaciones a las autoridades de los tres niveles de gobierno y materias de atención prioritaria para superar las desigualdades de que han sido y son objeto los pueblos originarios, los diversos estudios y sus indicadores señalan que en los pueblos indígenas se siguen concentrando la pobreza y la falta de oportunidades. Una a causa de esta situación es que las políticas públicas y acciones de gobierno carecen de pertinencia y no atienden los preceptos contenidos en la Constitución que establece que deben de ser diseñadas y ejecutadas con ellos. La principal desatención se debe a que en las unidades administrativas responsables del diseño y ejecución de las políticas y programas, no son encabezados por indígenas. Sólo basta observar las estructuras de los diversos órganos que conforman la administración pública en donde uno de los titulares de las 12 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal que participan en los ramos que integran el presupuesto federal destinado a la atención de los pueblos indígenas, es indígena, éste es el director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Otro claro ejemplo es la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde ninguno de los puestos de mayor jerarquía y por consiguiente de responsabilidad, es ocupado por indígenas, como tampoco lo son los directivos encargados de las áreas educativas responsables de este servicio para los indígenas. Ante la falta de mecanismos de participación de los indígenas en el diseño y ejecución de las políticas públicas, los resultados de la política indigenista federal es calificada como inoperante en función de contar con funcionarios capaces en razón a su falta de conocimiento del tema, esa incapacidad es producto de su falta de vivencia y aprecio por la vida y cultura indígena. Por otro lado la ausencia de indígenas en la dirección de las instituciones indigenistas, constituye un acto de discriminación hacia los indígenas por parte del gobierno federal, pues no obstante de existir destacados profesionales indígenas con experiencia en la administración en niveles de mandos medios, no tienen la oportunidad de dirigir las instituciones. Al no ser atendida la demanda de que las áreas enfocadas a la materia indígena sean dirigidas por indígenas, presento la propuesta a fin de transformar el ordenamiento legal, a fin de que quede plasmado en ley la obligación de contar con indígenas en las áreas de la administración pública, que sean encaminadas a la atención o ejecución de los programas destinados al tema indígena. Con este diseño institucional, los programas y políticas indígenas propiciarán la superación de las desventajas y oportunidades para los indígenas contribuyendo a un mejor funcionamiento del Estado mexicano democrático. Es cuanto, señor Presidente, le solicito sea integrada mi iniciativa al Diario de los Debates. Muchas gracias.