La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, presidente. Compañeras, compañeros legisladores, para tener una idea comparada y en perspectiva de la dimensión del horror que estamos viviendo, baste sólo un dato. En los peores 10 años de lucha contra la mafia en Italia murieron, en ajuste de cuentas, mil personas. En el último año de este gobierno han muerto más de 4 mil personas, sólo en un año en México han muerto cuatro veces más personas que en 10 años en Italia, en su lucha contra la famosa mafia siciliana. Este horror ha llevado a la sociedad a la impotencia y al miedo, a un repliegue en el desánimo y la desconfianza. Lo advertimos hace más de dos años en esta tribuna y es de esa situación de ese intenso miedo social que surge una proliferación de medidas desesperadas literalmente dictadas por el miedo en el caso de la sociedad o de la impotencia y la demagogia de la ausencia facilona de una reflexión seria sobre la naturaleza de la situación actual en el caso de los políticos. Medidas como la pena de muerte son parte de esa suma entre la desesperación social y la irresponsabilidad política, como es el contexto de éste nuestro debate hoy. Anuncio que mi grupo parlamentario no tiene ningún problema en que se abra este debate y se le dé cauce a la inquietud social, como estuvimos siempre por abrir el debate público informado, razonado y razonable sobre otros temas como la despenalización del aborto, el uso de la Cannabis, la eutanasia, los matrimonios y las familias de homosexuales, y cualquier otro tema. Sólo la sociedad en democracia tiene derecho a decidir sobre todos estos temas. Nadie está por encima de ella. Nadie debe hacer demagogia con estos temas. Todos estamos obligados a opiniones informadas y con fundamento serio, jurídico, científico, sociológico, psicológico y estadístico. Mi grupo parlamentario no tiene ningún problema, siempre que se agregue a esta discusión el tema de la corrupción y la impunidad política, que es la que verdaderamente ?no seamos cínicos, compañeros? está detrás de la corrupción y la impunidad policiaca. ¿Quieren discutir sobre la pena de muerte? Muy bien. Discutamos también sobre la corrupción de los políticos y su impunidad eterna, porque frente a esta grave situación hay posiciones equivocadas. Una posición dice: aumentaré las penas, elevaré los castigos, seré muy duro; llegaré hasta la pena de muerte. Ésta es la solución. Quien dice esto no ha entendido nada. Nuestro problema en México no es que tengamos leyes blandas, algunos casos habrá, por ejemplo la sanción para violadores a niños y mujeres. Pero nuestro problema principal no está ahí. Está en poder sancionar, de verdad, a los delincuentes que se capturan para aplicarles las leyes que ya tenemos, que son, algunas, muy duras. Como sabemos, casi siempre los expedientes están mal hechos, a veces intencionadamente tan mal hechos que nuestros policías honestos ?que los hay? dice el presidente: uno de cada dos deben sufrir la burla del delincuente capturado al que no se le puede retener y castigar legalmente. Subamos las sanciones, incrementémoslas, matemos, fusilemos, acuchillemos o asfixiemos, señor gobernador de Coahuila. Salte usted públicamente sobre el cadáver de los así sancionados como un Fujimori cualquiera, señora gobernadora. ¿Y saben qué? Todo va a seguir igual. Miren, Estados Unidos es el reino de la pena de muerte, especialmente para los negros y los migrantes de origen mexicano, y todo sigue igual, porque ahí no está el problema. Esto significa que no debemos endurecer las penas. No. Algunas deben ser mucho más duras de lo que hoy son; pero curiosamente nadie habla de ellas, porque las penas que hay que endurecer son aquellas que se cometen con cuello blanco, lavado de dinero, corrupción, impunidad política, protección y complicidad legislativa. ¿Hemos hablado alguna vez de ello en serio? No seriamente. Es decir, no con leyes a fondo sobre este tema. Otra posición dice: "Combatiré la pobreza y crearé el empleo, y poco a poco dejará de haber delincuencia". Eso suena muy bien en el mundo de largo plazo; pero hoy es un error. La inseguridad y la violencia que padecemos la genera, en más de 90 por ciento, el crimen organizado y, muchas veces, el crimen internacionalmente organizado. Este crimen es una empresa transnacional, una rama industrial que da servicios a una sociedad enferma, que consume drogas, pornografía infantil, armas, mujeres y trabajadores indocumentados. ¿Quiere decir esto que no debemos crear empleos y no colocar la lucha contra el crimen organizado en el horizonte preventivo de mejor educación, mejor salud, mejores empleos y expectativas de vida para nuestros jóvenes? No. Todo ello hay que hacerlo, desde ahora, pero el reto del crimen organizado no se agota sólo con esto, con todo lo indispensable que son estas medidas. ¿Dónde está el problema? En que tenemos un sistema esquizofrénico. No hay prevención, no hay sanción, no hay rehabilitación. El resultado es el siguiente: quienes deben detener; detienen. Se pasó de un promedio de 7 mil a 27 mil detenidos. ¿Con qué calidad de expedientes? Eso no importa. Se cumplió la cuota. El juez dictará, cuando pueda, sentencia. Pero, ¿hará justicia? No. Pero cumplirá con la cuota. Y quien dirige las cárceles: ¿aplicará una política de liberación de detenidos para quitarle las presiones a las cárceles, sancionará, o mejor aún, rehabilitará? No. Pero no tendrá problemas en su penal. Nuestro sistema de seguridad pública está hecho para cumplir metas políticas, números, protección de compadrazgos, comisiones por las compras, complicidad rentada con el crimen; no para crear seguridad y justicia. Extraña que en la exposición de motivos del dictamen que hoy discutimos no haya ni una palabra sobre por qué las reformas generales de nuestro sistema de procuración de justicia que se intentaron antes. Específicamente en 1995 no funcionaron. Ninguna palabra de balance, ninguna. La ausencia es sintomática. Sin balance damos soluciones falsas, y me temo que dentro de unos años otra legislatura estará reprobando nuestra irresponsabilidad; como lo hacemos hoy. Sin un balance y un diagnóstico preciso de gobiernos del pasado remoto o reciente, que se dedicaron a la administración pactada del crimen organizado, aunque sea por omisión. ¿Hay soluciones? Sí, las hay, claramente una. Reformar nuestro sistema, pero no al modo en que lo estamos haciendo hoy, sin una conciencia verdadera de la urgencia del problema, sin un plan consistente e integral, con un criterio político general y de Estado, de velar por la seguridad pública con respeto a los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos, con la sabiduría que éste es esencialmente un proceso técnico y no de política menor, y esto es justamente lo que estamos haciendo; no estudiar y presentar un paquete conjunto, articulado de iniciativas, sino empezar por lo que nos parece menos complicado y grillezcamente posible, justo lo que la sociedad crítica no quiere: poner por delante los intereses grupales de gobernadores o partidos y no los de la sociedad agredida, y claro, para ocultar esto gritamos: arriba la pena de muerte. ¿Cuáles deben ser los criterios que deben orientar esta reforma? La reforma debe ser sistémica, cada medida debe ser congruente una con la otra. No podemos hacer ahora, en este trabajo posibilista, como lo hacemos con medidas contradictorias. La reforma debe ser un proceso integral, no se puede reformar todo al mismo tiempo, debemos ir por partes, pero dentro de un plan. La reforma debe ser un proceso eminentemente técnico y no político. No político en el sentido de la política menor, la grilla de los partidos o de los gobernadores por proteger sus cotos de poder y en algunos casos, de complicidad. Aquí los conceptos clave son la subrogación y la subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Primero, que el problema lo enfrenta quien está más cerca de él. Segundo, que el problema pasa a otro nivel cuando no se puede enfrentar así. Cuando el municipio no puede, entra el estado; cuando el estado no puede, entra la Federación. ¿No es ésa la situación que vivimos hoy, no hay estados que están totalmente rebasados por el crimen organizado, pero que defienden su impotente autonomía sin hacer caso de la realidad? ¿No hay municipios, que ya son territorio sin ley, donde la palabra particular del crimen organizado es justamente la ley? Esta Ley General del Sistema Nacional de Seguridad es débil y de resultados inciertos. Mientras no tengamos el paquete completo y estemos seguros en qué dirección vamos, nos parece que sólo estamos entreteniendo a una opinión pública que presiona, y con razón. Coordinar en un sistema asambleístico nacional lo que está podrido hasta la médula, ¿sirve de algo? Claro, sirve para coordinar 32 podredumbres y una federal, si es que no hay conjuntamente iniciativas tendientes a separar la paja del trigo, o mejor dicho, las manzanas podridas de las sanas, y esto francamente no lo vemos claro, no sólo con esta iniciativa, que es muy consensuada, pero por sí sola absolutamente insuficiente, porque este trabajo no abre la posibilidad de discutir otros temas. Por ejemplo, ¿por qué le tenemos tanto miedo a discutir la creación de una policía nacional única, acuartelada, militarizada, con capacidad para investigación criminal y bajo el mando de las Fuerzas Armadas mexicanas? Que, por cierto, es la única institución confiable hoy en día, en materia de seguridad, pero sí queremos entrarle a otros temas, como el debate en la pena de muerte. Por eso, hoy mi grupo parlamentario se abstiene. Muchas gracias.