La diputada Mariana Dunyaska García Rojas (vía telemática): Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en la obra Leviatán, una referencia necesaria para la teoría política y del Estado, Thomas Hobbes expuso algunos apuntes relativos a la doctrina en materia penal. Una de las mayores tesis que sostiene, está relacionada con el establecimiento de agravantes y atenuantes, bajo la lógica que un mismo acto no puede tener el mismo valor, de acuerdo a las circunstancias y cualidades de quien lo comete. Así, el fraude cometido contra particulares es menos severo que el que se comete contra el Estado y, en esta misma lógica, un robo cometido contra una persona rica es menos grave que el cometido contra una persona pobre. El contenido del dictamen que hoy tengo el honor de presentar en este pleno a nombre de la Comisión de Justicia, está íntimamente relacionado con la última reflexión, pues propone considerar el robo de cosechas como una de las conductas que actualicen el delito de robo equiparado. Este fenómeno delictivo que aun no ha sido abordado por la legislación, sin duda afecta con mayor severidad a uno de los sectores más marginados de nuestra población, las y los campesinos. Sancionar esta conducta plantea un análisis jurídico importante, pues contra lo que podría pensarse, actualmente no es posible perseguir esta conducta dado que no configura ninguno de los delitos previstos en la legislación penal. Para dar mayor contexto, resulta pertinente mencionar que el tipo penal de robo sanciona el apoderamiento de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella, con arreglo a la ley. El caso de los frutos o productos de un cultivo plantea el problema jurídico de no tratarse de bienes muebles, sino de un bien inmueble. Así lo establece el Código Civil Federal, en la fracción II del artículo 750. Bajo el principio de estricta aplicación que rige al derecho penal, se comprende que los bienes utilizados para el cultivo de cualquier especie agrícola son considerados bienes inmuebles por la legislación civil. Lo cual impide que el hurto o apoderamiento ilegal actualice el tipo penal de robo y, en consecuencia, estas conductas pueden realizarse en total impunidad. La falta de una tipificación penal para este fenómeno impide tener acceso a mayor evidencia empírica. Pero, sirve como ejemplo ilustrativo el caso del estado de Veracruz, en el cual la diversificación de las actividades criminales de la delincuencia organizada se ha traducido en el hurto de cultivos completos, particularmente aquellos frutos cuyos precios aumentan. Es el caso de productos agrícolas como los cítricos, particularmente el limón, el limón persa y el café De acuerdo con el Congreso Agrario Permanente de Veracruz, generalmente los autores materiales de los hechos son también quienes se dedican a actividades selectivas relacionadas con el sector agropecuario, como el abigeato. De acuerdo con diversos testimonios, los hechos tienen lugar durante la noche, cuando los delincuentes allanan los campos para recolectar los frutos o productos del cultivo, frente a lo cual poco pueden hacer los campesinos, quienes tampoco pueden disponer de medidas de seguridad para proteger sus campos ante el elevado costo que ello representa. Como consecuencia de este fenómeno, también es factible que los campesinos dejen de cultivar sus tierras, o bien tiendan a cambiar los productos agrícolas lícitos por el cultivo de plantíos ilegales que resultan más atractivos económicamente y por los cuales reciben protección de grupos de la delincuencia organizada. Como se puede observar, este fenómeno delictivo no tiene solamente consecuencias más graves en las personas marginadas, sino también es parte de una cadena de ilícitos que alimenta la espiral de violencia e impunidad que azota a nuestro país. Por ello, en la Comisión de Justicia hicimos eco a esta atinada propuesta de la diputada Adriana Espinosa de los Monteros, en aras de proteger a las y los campesinos que subsisten honradamente y padecen el acoso de los grupos delincuenciales. Por estas razones, los invito a votar a favor de este dictamen, que no represente una medida para propiciar la justicia social en nuestro país, sino que también está encaminada a contribuir con el fortalecimiento del Estado de derecho, el combate frontal a la impunidad y la construcción de un entorno de legalidad, aspectos indispensables para la construcción de un país más justo y más próspero. Es cuanto, diputada presidenta.