El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito presentar a ustedes iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal. Como bien saben ustedes, uno de los derechos más sagrados que tenemos los seres humanos sin duda es aquellos que nos reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos bajo la denominación de la seguridad pública que consagra en su artículo 21, en el cual convergen las instituciones de la prevención, procuración, administración de justicia y reinserción social. A través este derecho fundamental se protege desde el derecho primigenio como es al de la vida misma, la de nuestros seres queridos, de nuestros bienes y propiedades. Para ello el Estado mexicano bajo sus instituciones tiene la obligación constitucional, legal y moral de protegerlos y tutelarlos sin excepción alguna. Lo cual a todas luces no es así, predominando la ineficacia en dichos servicios. La eufemísticamente llamada lucha contra el narcotráfico ha pretendido ser justificada en aras de la bandera de la seguridad, no obstante que hasta el momento ha provocado el efecto contrario; se ha erosionado el tejido social y se ha violentado el estado de derecho. La contratación de nuevos elementos, así como la evaluación para las fuerzas armadas y para los cuerpos de seguridad pública como la Policía Federal, ha sido una medida prioritaria para el gobierno. Sin embargo, los procedimientos de evaluación de control de confianza tanto para el ingreso como para la permanencia de estos elementos, no han sido idóneos. Hay una necesidad impostergable de revisar a conciencia la manera de llevar a cabo las evaluaciones de control de confianza que se aplican en las instituciones gubernamentales. Para ello se ha tratado bajo las pruebas de evaluación determinar que los elementos reúnan el perfil de toda institución de seguridad pública a través de cinco exámenes, el psicológico, físico, toxicológico, de entorno social y del polígrafo con los resultados hasta ahora obtenidos. Miles de verdaderos servidores públicos por no haber acreditado el polígrafo, se ven ahora sin su fuente de empleo y de servicio, e incluso boletinados a nivel nacional, y por el contrario, verdaderos hampones siguen delinquiendo amparados en un cargo público. Quienes aplican el polígrafo en México son algunas veces profesionales de la salud, pero en su mayor parte son técnicos sin grado universitario que intentan determinar en un ambiente intimidatorio y adverso a los intereses del examinado, que tan diferentes resultan sus reacciones fisiológicas cuando se le preguntan ciertas preguntas neutrales en comparación con la reacción ante preguntas comprometedoras. La única certeza científica que se obtiene derivada del uso del polígrafo es que arroja datos sobre el grado de reacción psico-fisiológica de los individuos, las cuales son cardiaca, galvánica de la piel y neumológica. Al poner énfasis en la practicidad con que deben desarrollarse las evaluaciones de control de confianza a los cuerpos policiacos de nuestro país, se ignoran las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, que descalifican completamente el uso de pruebas poco confiables o carentes de rigor científico en la evaluación. Por todo lo anterior, la iniciativa de reforma a los artículos 22, 25 y 27 de las leyes General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Policía Federal, respectivamente, tienen como finalidad el provocar que las evaluaciones y controles de confianza se basen en normas técnicas que garanticen la cientificidad y objetividad de los procesos apegados a los derechos humanos, y del respeto a la dignidad de los mismos. Señor presidente, le solicito que esta iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.