EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputados. Los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, nos reservamos para su discusión en lo particular el artículo 2º. fracción II inciso b) y el artículo 3º. fracción XIII y artículo 18, que los tres tienen mucha relación con el dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Nosotros consideramos que la intención de buscar mecanismos para allegar recursos al gobierno federal, no debe llegar al extremo de promover gravámenes que sean lesivos para importantes franjas de la población mexicana. Esta no es la primera vez que se ha intentado imponer un impuesto al servicio telefónico con el objetivo de generar mayores ingresos para la Hacienda Pública; basta recordar que en la gestión del Presidente Zedillo, se propuso al Poder Legislativo la creación de un impuesto telefónico rechazado en aquellos tiempos por todas las oposiciones. Ahora estamos en una situación en la que se pretende establecer gravámenes no en una política recaudatoria, sino francamente confiscatoria de los recursos de los particulares y toda esta política surge por no querer gravar el capital financiero que nos daría muchos recursos al país, como lo ha propuesto nuestro grupo parlamentario. Se van a lo más fácil, a lo más antinacionalista. Todos los legisladores estamos conscientes de que es pertinente dotar al Estado de los recursos suficientes para cumplir con los fines que tiene encomendados, pero no a costa de sangrar los exiguos bolsillos de los mexicanos. El actual Gobierno Federal ha demostrado ineptitud e ineficacia en hacer más eficiente el sistema de impuestos, por lo que existe una exorbitante evasión fiscal. Nuevamente vuelven a ser los causantes cautivos los que resienten el pago de los impuestos. En el caso que nos ocupa, rechazamos categóricamente el IEPS en el servicio telefónico, ya que consideramos que estaríamos incurriendo en la hipótesis de establecer el pago de un impuesto sobre otro impuesto, ya que como todos lo sabemos, el servicio telefónico se encuentra gravado con una tasa del 15% del IVA. Es aberrante que por el hecho de rebasar un límite de consumo de este servicio, el usuario tenga que pagar un excedente de gravamen sobre el cual no hay una contraprestación adicional que justifique el cobro de dicho impuesto adicional; antes al contrario, no por pagar más el deplorable servicio de las compañías de telefonía, proporcionan mejoría. La integración económica y el fenómeno de la globalización mundial, fomentan día a día el uso de la telefonía como una herramienta básica de comunicación; no obstante, México tiene un nivel de cobertura de servicios de telefonía bajo, comparado con la media mundial. Aunado a lo anterior, la modernización conlleva a la conexión de las redes de comunicación como es la Internet, que requieren de ampliar las líneas telefónicas que tiene un país; de esta forma imponer un gravamen de este tipo, frena el crecimiento y consolidación de esa tecnología, lo que impacta en otras áreas del conocimiento y desarrollo de la humanidad. Por las consideraciones antes señaladas, nuestro grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone a esta soberanía la eliminación del artículo 2º., fracción II, inciso B); artículo 3º., fracción XIII y artículo 18 del dictamen en comento. Finalmente queremos denunciar la presencia de funcionarios del Gobierno Federal que están ejerciendo una presión sobre los legisladores, con el objeto avieso de convencerlos de sus posturas. Creemos que este es un hecho grave que vulnera la división de Poderes de nuestro país, es una falta de respeto al Poder Legislativo. Nos preguntamos ¿los funcionarios del Gobierno Federal permitirían que asistiéramos a sus reuniones de gabinete, con el propósito de influir en sus decisiones? Hacemos un llamado a la Presidencia de la Mesa Directiva para que tome cartas en el asunto y se proceda a lo conducente. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. LA C. PRESIDENTA. Gracias, diputado. El artículo 2º., fracción II, inciso B), ha sido reservado por el diputado Emilio Goicoechea Luna. EL C. DIPUTADO EMILIO RAFAEL JOSE GOICOECHEA LUNA. Muchas gracias, señora Presidenta. Durante los últimos cinco años el sector de las telecomunicaciones ha mostrado un extraordinario dinamismo impulsado por un proceso de liberalización y apertura a la competencia. En el 2000 el PIB de las telecomunicaciones creció un 28% y en los primeros nueve meses del año 2001, el INEGI estima un crecimiento del 17% con respecto al mismo año anterior. Por su parte la inversión total en el sector ha crecido de 1800 millones de dólares en 1996, a cerca de 5 mil millones en los últimos dos años. Con la nueva Ley de Telecomunicaciones que estamos creando, se considera a la telefonía y al Internet como un servicio básico al igual que el agua, la luz y el drenaje. Y se podrán dar inversiones en los próximos años, en los próximos 5 años por 30 mil millones de dólares en infraestructura y que se van a traducir en 15 millones de nuevas líneas telefónicas con conectividad a Internet, precisamente a gente que hoy no tiene teléfono. Sin embargo, estos avances han sido claramente insuficientes para cerrar la brecha existente de disponibilidad de servicios no sólo frente a países desarrollados sino también ante otros países latinoamericanos con un desarrollo similar al nuestro. Sin embargo, los costos mayores no serán aquellos que se puedan estimar para el corto plazo con relativa facilidad, sino los correspondientes a la evolución de la industria en el futuro, al desenvolverse en un contexto más desfavorable, en particular para los nuevos operadores que recientemente se han incorporado al mercado. La incidencia de este impuesto será definitivamente más perniciosa sobre los nuevos entrantes, a que sobre Teléfonos de México no tendrá ese impacto. Los planes de negocios de todos los nuevos operadores dependen de capturar parte del crecimiento del mercado. Además, para iniciar sus operaciones han requerido de grandes inversiones que en el mejor de los casos apenas empiezan a generar flujos de operación, positivos. El amplio proceso de consulta llevado a cabo por la conferencia parlamentaria para la Ley de Telecomunicaciones muestra de manera inequívoca la altísima prioridad que los nuevos operadores le otorgan a la consolidación de un nuevo marco jurídico que dé mayor seguridad y propósito a estas nuevas inversiones. La aplicación del impuesto pudiera ahuyentar las inversiones que se tienen contempladas y hacer nugatoria la posibilidad de que muchísimos mexicanos se puedan integrar con los mexicanos que actualmente cuentan con los servicios. Desde una perspectiva más amplia la aplicación del impuesto conlleva a que el estado extraiga una cantidad importante de recursos de un sector fundamental para el desarrollo del país, para destinarlo a un gasto aún indeterminado, que incluso puede cubrir necesidades del gasto corriente, en el mejor de los casos bajo distintos criterios la creación de infraestructura es una prioridad para este país para poder tener posibilidad de integración nacional. La pérdida de eficiencia económica se sumaría a la menor disponibilidad de nuevos capitales internos y externos para la creación de esta infraestructura, lo que representaría sin duda una pérdida neta para el país en su conjunto. Privar a la industria de estos recursos necesarios para su expansión, es condenar a la mayor parte de las familias mexicanas a mantenerse al margen por mucho más tiempo, de los servicios de telecomunicaciones; lo que significa finalmente cancelar la posibilidad de salir más rápidamente del estado de pobreza en que se encuentran. Estas palabras que resumo de un documento, las elaboré hace una semana cuando se nos había informado que el impuesto telefónico sería del 20%. El día de hoy ocurrimos como invitados a la Comisión de Hacienda y se lograron importantes avances que sin embargo, sigo pensando que la industria de telecomunicaciones, el espíritu que ha creado la conferencia parlamentaria para poder crear en México la integración de todos los mexicanos de poder contar con 25 teléfonos por cada 100 habitantes, de 12 ó 13 que hoy tenemos, creo todavía que la puede afectar. Sin embargo, debo reconocer que la reducción al 10%, la eliminación o exención de la telefonía rural, de la renta básica, de la larga distancia internacional, ya que causaría lo que se llama en inglés el call back o la facturación en los Estados Unidos. El haber dejado exento el prepago en materia del celular, donde de los 19 millones de aparatos existentes 17 millones son de prepago. Donde se ha dejado fuera la renta del Internet, el hospedaje de Internet, la interconexión entre las empresas, la telefonía pública, los servicios de emergencia, y además presentaremos mañana un fondo para crear el servicio universal por mil 500 millones con el objeto de que se puedan crear los incentivos para llevar más teléfonos a las zonas rurales de este país. Sin duda alguna, mis amigos, un impuesto de este tamaña y con permanencia en el tiempo frenaría a un sector que es pilar y es el motor de la propia economía mexicana. En esto a mí, como parte de la Conferencia Parlamentaria para la nueva Ley de Telecomunicaciones, que buscamos que la telefonía, el Internet sea un servicio básico, que buscamos inversión, que buscamos que los nuevos teléfonos se coloquen en las zonas donde no hay teléfonos, me causa un dilema. Por un lado, la necesidad del Estado mexicano y del gobierno de obtener recursos y, por el otro, de poder integrar a todos los mexicanos. Mi voto será de conciencia. Esta Cámara es la conciencia de la patria, espero que la utilicemos.