La diputada María Wendy Briceño Zuloaga: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Reportada como desaparecida. Se halló su cuerpo. Salió a trabajar y no volvió. Víctima de feminicidio. Se volvieron titulares cotidianos de nuestros medios locales y nacionales. La violencia contra las mujeres se ha recrudecido cada día con poco o nulo avance en investigaciones, con actuaciones precarias de gobiernos y fiscalías. Ser mujer se volvió un peligro de muerte y se ha convertido en una pandemia. De acuerdo con ONU Mujeres, 14 de los 25 países con las más altas tasas de feminicidio se encuentran en América Latina y el Caribe. En nuestro país nueve mujeres son asesinadas diariamente. Una Antimonumenta en la Ciudad de México mantiene en la memoria colectiva nuestra deuda pendiente con niñas, adolescentes y mujeres. Erradicar la violencia contra todas es un requisito para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, a los que las líderes y los líderes del mundo se comprometieron para el 2030. Pero más allá de un compromiso internacional, debemos ser conscientes de estar enfrentando una emergencia que ha dejado en la orfandad a las víctimas y sus familias, cegando la vida de miles de mujeres. El sistema de justicia históricamente ha sido indolente. Las fiscalías, incluidas sus instancias de investigación y las instituciones de administración de justicia han sido la primera barrera de acceso a la justicia para las víctimas, siendo la violencia institucional contra las mujeres la regla. Esto debe parar. A lo largo de este periodo hemos avanzado desde distintos ámbitos, hemos legislado sobre la violencia obstétrica, la violencia digital, la temporalidad en las medidas de protección, los ataques y lesiones en razón de género. Las históricas votaciones unánimes que las han acompañado y respaldado son muestras de que en el Congreso de la Unión podemos construir consensos, perfeccionar estrategias, dotar de herramientas y construir en conjunto nuevas formas de vivir libres, sin miedo y sin ningún tipo de discriminación. Dotamos de herramientas necesarias al Estado para erradicar esta emergencia que no distingue clase social ni raza, que cruza todo el país y nos atraviesa a todas las personas, pero de forma más atroz, a las mexicanas. Actualmente en México hay 410 municipios en 19 entidades con declaratorias de alertas por violencia de género. Actuar se torna indispensable. A lo largo de 2019, desde la Comisión de Igualdad de Género, de manera articulada con distintas instancias del Ejecutivo, entre las que destacan: la Secretaría de Gobernación, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres, y con la sociedad civil que trabaja a favor de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas mexicanas, hemos promovido la actualización del mecanismo y el propio sentido de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia respecto a la alerta de violencia de género contra mujeres. En este contexto, celebramos el Foro de los Diálogos hacia la Igualdad y Seguridad de Todas, con la presencia de las y los encargados de la estrategia de prevención de violencia hacia las mujeres, por parte del Ejecutivo federal. Asimismo, se realizaron tres mesas de trabajo, en las que se recopilaron análisis y reflexiones que fortalecen el dictamen correspondiente, con la participación de las organizaciones sociales. Todo ello se ha recogido en este dictamen, junto con las siete iniciativas que nos han sido turnadas al respecto, con el claro objetivo de que dicho dictamen y sus modificaciones deben de servir para atender y erradicar la violencia contra las mujeres. Así, este dictamen expresa que la alerta de violencia de género es el conjunto articulado de acciones y mecanismos de protección de emergencia y temporales que concentran las acciones coordinadas de los tres órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal, y de los Poderes del Estado, según sus facultades y atribuciones, para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad, tanto en el espacio público como en el privado. Dentro de nuestras aportaciones al dictamen se plantea articular entre autoridades de todos los órdenes de gobierno y en todos los Poderes de la Unión, para hacerle frente a la emergencia. Durante todo el proceso, el mecanismo de alerta y violencia de género se reconocerá y garantizará la participación activa de los organismos y organizaciones solicitantes. Mejorará la difusión una vez declarada la alerta. Investigar todas las violaciones a derechos humanos, vinculadas a la violencia feminicida, sancionar a los responsables y reparar el daño. Contra, asimismo, con la suficiencia presupuestal en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La transparencia y rendición de cuentas de dichos recursos, fijar plazos entre la declaratoria e indicadores en el cumplimiento y seguimiento. Para este último punto de alta relevancia para el cumplimiento, es necesario que las reglas de operación de las alertas se homogenicen y armonicen los indicadores de impacto y resultados. En el mismo sentido, reconociendo parte del problema, desde la Comisión de Igualdad de Género, emitimos una opinión respecto a que los indicadores deben de tener perspectiva de género, misma que fue aprobada en el pleno. Por otra parte, si hacemos un análisis interinstitucional, comprobamos que vamos en el sentido correcto, de acuerdo con las observaciones sobre el sexto informe y periódico de México ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicado, el Comité reconoce los esfuerzos institucionales adoptados por México, para hacer frente a la violencia contra las mujeres. Sin embargo, continúa preocupado ante el aumento progresivo de las violencias. Por ello, requerimos también actuar coordinadamente con municipios y estados, perfeccionar las medidas nos permite nos permite abordar, no solo los síntomas más visibles del problema, sino atacar las causas estructurales y la instrumentación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas encaminadas a erradicar la violencia contra las mujeres desde la responsabilidad conjunta que tenemos. Este día debe de reescribirse. Esta legislatura debe ser contundente al fortalecer y actuar con capacidad de respuesta ante la violencia feminicida. Por ello, me permito solicitarles, compañeras, compañeros, su voto a favor de este dictamen. Y no cerrar los ojos al terror, pues su laberinto podría devorarnos. Ya lo dice la poeta Gísela López: seamos intolerantes al silencio, para que ni una más sea despojada de abril, del viento y de la lluvia. Ya basta de feminicidios. Vivas nos queremos. Gracias a todas las proponentes para que llegáramos hoy a este dictamen. A todas las organizaciones de la sociedad civil y a las instituciones participantes. Es cuanto. Muchas gracias.