La diputada Elba Lorena Torres Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Honorable pleno, dentro de los compromisos internacionales signados por el Estado mexicano se encuentran los objetivos de desarrollo sostenible, los cuales contemplan en todas sus dimensiones a la igualdad de género. En este sentido, nuestro país está obligado en los tres órdenes de gobierno, a construir leyes, instituciones y políticas públicas transversales con perspectiva de género para garantizar una sociedad con bienestar y desarrollo, donde las niñas y las mujeres pueden acceder con igualdad de circunstancias a sus derechos sociales, políticos, económicos y culturales, respectivamente, siempre privilegiando su seguridad e integridad física. Estos objetivos se deben alcanzar para el año 2030, donde se puntualiza la necesidad de que las niñas y las mujeres son interdependientes y su realidad no puede atenderse de manera aislada, sino integral y transversal, a través de mecanismos que garanticen sus derechos previniendo alguna desigualdad y castigando oportunamente algún ilícito en contra del sector femenino. Al respecto, el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público descentralizado, con autonomía jurídica y de gestión, coadyuva con las instancias gubernamentales y autoridades en fortalecimiento de las niñas y las mujeres de nuestro país a través de las atribuciones siguientes: Coordinar el cumplimiento de la política nacional en materia de igualdad sustantiva, coadyuvar con la erradicación de violencia contra las mujeres, y asegurar el pleno desarrollo de las mujeres. Garantizar el ejercicio del goce de sus derechos humanos y libertades fundamentales de igualdad y de condiciones con los hombres. Promover y fomentar las condiciones que den lugar a la no discriminación, igualdad de oportunidades y trato entre los géneros. Es por ello que el Instituto de la Mujer en cada entidad federativa que cuentan con autonomía jurídica, técnica, administrativa y presupuestal operativa y de gestión, son de suma importancia para que a través de estos mecanismos y de coordinación, puedan articular y orientar las políticas públicas de igualdad y respeto a las niñas y las mujeres. Por este motivo, Encuentro Social está en contra del decreto que abrogó la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extinguió a dicho Instituto, ya que es un retroceso de política pública que deja en el estado de indefensión a las niñas y mujeres de Jalisco. La decisión que tomó el gobernador Enrique Alfaro hace lenta y opaca la ejecución de los recursos públicos dirigidos a operar política estatal en materia de igualdad sustantiva, erradicación de violencia contra las mujeres, de no discriminación y de igualdad de oportunidades. Esto es grave, ya que los datos del Inegi señalan que desde 2011 a 2018 han aumentado de manera grave los delitos en contra de las niñas y mujeres en el estado de Jalisco. De 2011 a 2016 la entidad federativa pasó de un octavo lugar de violencia contra el sexo femenino, a ocasionar un tercer sitio y esto a activar en Alerta de Género en ocho municipios de Jalisco. Al respecto, el secretario ejecutivo de Seguridad Pública en 2017 indica que se registraron más de 112 homicidios dolosos contra mujeres, mientras que en 2018 la cifra casi se duplicó, pues se elevó a más de 211 homicidios dolosos contra mujeres. Queda de manifiesto que la desaparición del Instituto Jalisciense de Mujeres empeora este lamentable panorama que viven en Jalisco, e incumple con los objetivos de desarrollo sostenible de 2030 de la Convención de Eliminación contra las Formas de Discriminación contra las Mujeres.