La diputada Paulina Rubio Fernández: Estimados diputados y diputadas, vengo a presentar el día de hoy una iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 93 constitucional, para establecer que los servidores públicos federales deberán presentar un informe final de su encargo ante este Congreso de la Unión y la correspondiente Cámara. Tendrán un plazo hasta de 90 días posteriores a la conclusión de su encargo señalado para solicitar, además, la comparecencia del servidor público saliente. Además, los servidores públicos que ya hayan sido titulares de algún órgano del ámbito federal encargado de proteger o salvaguardar derechos humanos también presentarán un informe final y comparecerán ante cualquiera de las Cámaras. Lo anterior, bajo la siguiente argumentación. El sistema constitucional de contención del poder divide el poder o sus funciones en tres: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Esta división y la contemplación de pesos y contrapesos, así como de controles, tiene como objetivo la protección de la democracia, inhibir el abuso del poder y garantizar el funcionamiento adecuado de las instituciones. De aquí deviene la importancia de tener una rendición de cuentas del Estado mexicano, la cual se refiere en diversas ocasiones en el texto constitucional como un principio democrático que, además, permite el equilibrio entre los poderes. La rendición de cuentas es el deber que tienen las instituciones públicas de administrar recursos públicos, de informar, justificar y explicar ante la autoridad y la ciudadanía sus decisiones, funciones y el uso de fondos asignados, así como los resultados obtenidos. El artículo 93 constitucional dispone diversas reglas que obligan a los secretarios de Estado, a los directores y administradores de las entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos a rendir cuentas, específicamente ante cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión mediante informes o mediante comparecencias. Además, se establece expresamente que las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal mediante pregunta por escrito. Sin embargo, nos parece que existe una omisión relevante que es el caso cuando un servidor público concluye su encargo, especialmente si de manera anticipada lo hizo a la conclusión de la administración federal sexenal a la que pertenece, es decir, no tiene la obligación de presentar un informe final del estado en que queda su dependencia tras su salida. Tal fue el caso, por ejemplo, de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que en medio de una crisis abandonó la institución y jamás supimos cuál fue el resultado de su trabajo o el estado que guardaba esta problemática tan importante que enfrentamos hoy en nuestro país. Es decir, la salida de algunos servidores públicos puede responder a un mero reajuste de la estructura del gobierno federal, pero en otras ocasiones responde a una crisis en el área en cuestión, a fallas, a errores o a hechos que incluso pueden implicar responsabilidad en el servicio público. Por ello, nos parece fundamental que, en un acto de rendición de cuentas, los servidores públicos rindan un informe final de su encargo ante el Congreso y, en su caso, cualquiera de las Cámaras pueda solicitar su comparecencia para que, bajo protesta de decir verdad, expongan el informe referido aun cuando se hayan separado del cargo. Pero, además, incorporamos a los servidores públicos encargados de órganos o dependencias no incluidas en el listado vigente, cuya competencia involucra la protección o salvaguarda de los derechos humanos, y esto es por la importancia que tiene hoy en día justamente este tema en nuestro país. En este caso, se contemplan órganos desconcentrados, descentralizados o especializados de cualquier dependencia de la administración pública federal o dentro de organismos autónomos que hayan tenido como competencia central asuntos en materia de derechos humanos. De esta forma se busca no solo que el Poder Legislativo con la representación popular que le atañe conozca las razones de la salida del servidor o la servidora pública, si estas fueran relevantes para el interés público, sino conocer la situación en que queda la institución, que finalmente y con independencia de su titular, debe de servir a la ciudadanía eficiente y eficazmente. Por lo anterior, diputadas y diputados, espero que la presente propuesta tenga un visto bueno en las comisiones y eventualmente su anuencia en el pleno, en beneficio de la democracia de nuestro país. Es cuanto, muchísimas gracias.