La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Diputadas y diputados, el artículo 123 constitucional menciona que los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden de materia social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando además las condiciones distintas de distintas actividades económicas. Por lo anterior, la principal fuente de ingresos de la mayoría de los mexicanos es el trabajo asalariado, y es el único medio con el que cuentan millones de personas para cubrir sus necesidades básicas y mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, después de ver los resultados de la unidad de cuenta del aún Distrito Federal y el aumento desmesurado de las multas tenemos que la duda razonable que esta declaratoria de paso adelanta para recuperar el poder adquisitivo del salario como hemos constado no será así. El salario mínimo se estableció en el artículo 123 constitucional en 1917, terminada la Revolución Mexicana, con el objeto de indicar la cantidad de dinero mínima que debe recibir una persona por su trabajo. Pero, aunque algunos funcionarios digan que con 73.04 pesos diarios alcanza para casa, coche y escuela, esto no es verdad. La realidad es otra. Los ingresos de los trabajadores han perdido relación con el mandato constitucional, porque desde hace más de 30 años se ha aplicado una política de restricción salarial con argumento de evitar la inflación, que significa en todo caso vender mano de obra barata a empresas del exterior. Hoy la política, ésa, es la causa verdadera de la desigualdad, la pobreza y la descomposición social, fuente de muchas malas y que postran al país en la violencia. Una política salarial de hambre que permite un sindicalismo pasivo, que le quita sus derechos a los trabajadores, el derecho a una vida digna, y condenando a sus hijos a la pobreza, el desarraigo y la delincuencia. Solo se explica que casi 70 millones de personas viven en el umbral de la pobreza, de acuerdo al Coneval. Esta política de depresión o contención salarial impacta en la calidad de vida, en el desarrollo y fortalecimiento del mercado interno. Y, a pesar de existir consensos incluso en el sector empresarial por aumentarlo, esta medida ha sido aplazada año con año, con el argumento de provocar que provocaría inflación. Dicha afirmación es falsa, ¿por qué?, primero porque el aumento salarial no provoca inflación si se atiende a su productividad, y en México la productividad ha aumentado. Por ejemplo, del 2005 al 2012 el salario retrocedió 3.2 por ciento en términos reales, mientras que la productividad formal aumentó 4.1 y 4.4 por ciento de acuerdo al Inegi, porque aunque aumentando la productividad no se ha incrementado el salario mínimo. Los datos internacionales lo confirman; Chile, que tiene una productividad laboral comparable con la de México, otorga un salario mínimo tres veces mayor que el nuestro, en cambio, a pesar de tener una productividad cuatro veces mayor que países como Bolivia y Nicaragua, los salarios en México son similares a los de esos países. Estamos muy lejos de Estados Unidos, donde el trabajo por tres horas equivale a un día de trabajo en México, Canadá y la Unión Europea. La segunda razón para retrasar el aumento del salario mínimo era porque todas las multas, infracciones o indemnizaciones establecidas en las leyes del país se fijaban en función al salario mínimo, pero los artículos 21 y 22 de nuestra Constitución nos indican que no se podrá ser sancionado con multa mayor del importe de su jornal o salario de un día, y el artículo 22 dice que quedan prohibidas las penas de muerte, mutilación, infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otra pena en este tema. Por ello Morena acompañó a otros partidos el 11 de septiembre de 2014, una reforma constitucional que establecía una nueva unidad de medida y que fue aprobado. Sin embargo, ésta fue frenada en la Cámara para evitar un incremento salarial en 2015, y lo que provocó que el Ejecutivo lo limitara a un incremento de dos pesos, historia que en este 2016 también se repitió y se incrementó sólo tres pesos. En este sentido, la verdadera exigencia en el ámbito laboral consiste en que el gobierno actúe con responsabilidad social y establezca políticas que recuperen el poder adquisitivo de los salarios. Estos aumentos son insuficientes, por ello es una prioridad dar seguimiento real al aumento salarial y a la recuperación del poder de compra, para acabar de una vez por todas con los salarios de hambre que mantienen a nuestro país en cifras y niveles de pobreza indignantes. En Morena seguiremos impulsando reformas para que toda la ciudadanía pueda contar con un salario digno y justo. Es cuanto.