El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los hidrocarburos son bienes del dominio público. Esto implica que los recursos nacionales están o deben estar revestidos de un régimen supremo de protección, pues están vinculados con el interés nacional. No obstante, el contexto legal, apreciamos en los hechos personas que comenten actos ilícitos en perjuicio del patrimonio nacional apropiándose de combustibles o materias primas del ámbito energético e, incluso, de instalaciones y de medios de transporte que ponen en peligro nuestra vida diaria. Con el paso de los años, las personas dedicadas a este tipo de labores burdas se han ido especializando cada vez más para realizar sus hurtos, ya no solamente si traen gasolina o diésel, sino también insumos diversos, los cuales afectan a la economía nacional. En torno a las ciudades descritas creemos conveniente no sólo aceptar la regulación vigente, sino incluir en la redacción normativa más conductas que identifiquen los hechos de los que usualmente los criminales realizan en perjuicio de todos los mexicanos. Así entonces, en la actualidad no se contemplan en el Código Penal Federal verbos rectores tales como almacenar, transportar, ocultar, enajenar, suministrar o distribuir, los cuales son actividades impropias y sin embargo hasta el presente no se sancionan, pues no se actualiza la exacta figura tal como lo exige la teoría penal y nuestra propia Constitución. De igual manera, al ver en este rubro la descripción objetiva de las sanciones, apreciamos que las mismas tal y como están en el presente, no contribuirían a disuadir estas conductas ilícitas y delictivas que laceran a la sociedad. Sin embargo, ahora con el dictamen sujeto a su consideración vemos una progresividad en las penas derivadas de la cantidad de litros de combustible que sean sustraídas o se posean de manera ilícita. Así las cosas ahora la cantidad de 300 litros o menor se castigará con pena de prisión de seis meses a dos años y de 100 a 500 días de multa, y si la cantidad es igual o mayor a 2 mil litros se sancionará con pena de prisión de 4 a 11 años y de mil 200 a 13 mil días de multa. Otro acierto que debemos reconocerle, tanto al proponente o a los proponentes de esta iniciativa y a los integrantes de la Comisión de Justicia, que están dictaminando a favor y que están sometiendo a consideración de este pleno este dictamen, es trascender no sólo al lucro del combustible, sino ahora ir en contra de quienes atenten en contra de las instalaciones enfocadas a la producción petrolera y sus derivados, así vemos ahora que el proyecto reconoce sancionar a quienes sustraigan o alteren los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera. De igual modo, en el proyecto sujeto a votación se ve plenamente el carácter proteccionista del Estado, que no atenta en este caso contra el régimen liberal ni de libertades, al asegurar que en caso de ser necesario tanto el Ministerio Público como el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes intervendrán con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa afectada pase a la administración de aquellas dependencias que mencioné y así continuar prestando el servicio público y satisfaciendo así las necesidades de la población, viendo así el cumplimiento de las leyes y lo que en la doctrina administrativa se reconoce como incumplimiento de la función de protección a la sociedad. Esperamos que el apoyo a este dictamen sea de gran mayoría, cuando puede repercutir en la adquisición de la propiedad por parte del Estado por la realización de conductas delincuenciales. Para ello, además de la regulación penal, debe intervenir el contexto administrativo, tal como se propone acertadamente en el artículo 13 de la Ley Federal de Extinción de Dominio, cuando menciona que el Ministerio Público o el juez podrán asegurar un establecimiento mercantil relacionado con el robo de combustible y se le notificará al Servicio de Administración y Enajenación de Bienes con la finalidad de que el establecimiento mercantil o empresa asegurada pase a su administración y, en su caso, continúe prestando el servicio. Desde el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México por supuesto que apoyamos el presente dictamen, felicitamos de nuevo a los proponentes y a la Comisión de Justicia, y votaremos a favor del mismo. Gracias.