El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la tenencia de la tierra en México ha sido resultado de un conjunto de reivindicaciones políticas, económicas y sociales y uno de los procesos de mayor trascendencia para la sociedad mexicana. El catastro en México tiene sus orígenes desde la época colonial y ha sido utilizado a lo largo del tiempo como la principal herramienta para la distribución de la tierra, así como para la determinación del uso y modalidades de la misma. Es decir, si ésta se constituye como propiedad privada, ejidal o comunal. Empero a lo largo de la historia el tema catastral ha carecido de un equilibrio a nivel federal, ya que esta figura es regulada directamente por la Ley de Catastro de cada entidad federativa o municipio y sus respectivos reglamentos, según se encuentre total o parcialmente centralizada esta función. En cuanto a la clasificación de la propiedad inmobiliaria para efectos catastrales, existen diversos criterios plasmados en las diferentes legislaciones de cada uno de los estados, sobresaliendo por lo general la división en dos tipos de predios, rural y urbano, además de un tercero denominado suburbano. Por esta misma razón, es que el catastro conceptual y operativamente se concibe de diferente forma, sin embargo en términos generales la normatividad vigente le asigna funciones y características comunes, como son, la conformación y conservación de los registros sobre los predios y construcciones que se ubican en cada una de las regiones, los cuales permitan obtener los elementos técnicos, estadísticos, jurídicos y fiscales para cada bien inmueble. En los últimos 50 años la población ha crecido de manera desigual y desordenada dentro del territorio, lo que ha llevado a obtener diferencias en cuanto a las operaciones de control y registro inmobiliario en los tres órdenes de gobierno, provocando afectaciones a la población, ya que cada uno trabaja de acuerdo a un marco jurídico y administrativo propio. Una de las principales inconsistencias de los sistemas de información es que las propiedades se encuentran desvinculadas y contienen información incongruente sobre la misma, como por ejemplo, cambios de nomenclatura de calles, errores de medición, abreviaturas usadas en nombres y apellidos, celebración de contratos privados, construcciones no declaradas a la autoridad competente. Y qué decir de inconsistencias mucho más graves, como es la proliferación de asentamientos irregulares, donde además de la nula certidumbre en la tenencia de la tierra, quienes construyen y viven ahí, viven en condiciones deplorables por la falta de servicios elementales. Indudablemente, la protección a los derechos de propiedad es una condición necesaria para el crecimiento y desarrollo económico en una sociedad, pues a través de éste se genera un ambiente favorable para la realización de transacciones, además de dotar de certidumbre jurídica sobre la prelación de derechos y obligaciones de bienes inmuebles y empresas. Cuando más firme es el conjunto de derechos de propiedad, más eficiente será el funcionamiento de la economía. Mientras más eficaz y fácil sea ejercer los derechos de propiedad existirá el incentivo para regular derechos y situaciones, fortaleciendo la economía formal y todos los beneficios que se derivan de ella. La economía mexicana se ha visto afectada y continuamente se ha producido una obstaculización de la democratización de la propiedad y el crecimiento económico. En ese entendido, la reforma hoy planteada se sustenta en la necesidad de reordenamiento urbano y de vivienda que impera tanto a nivel federal, estatal y municipal en el país, además de dotar de mayor seguridad jurídica respecto a la titularidad y tenencia de la tierra. La necesidad de cambio, modernización y actualización en que se encuentra inmerso el catastro en México, surge no solo como la exigencia de optimizar sus rendimientos tributarios sobre la propiedad inmobiliaria, tema muy valioso en sí mismo, ya que nuestro país experimenta una de las tasas, efectivamente, más bajas de recaudación predial en América Latina. Dicho esto, que son precisamente los motivos y las razones positivas para pensar en la conveniencia de esta reforma que se propone, tendremos que añadir que si bien son muchos los beneficios que se obtendrían de esta medida, como ya fueron también comentados por quienes nos antecedieron, también tendremos que decir que si de certeza jurídica se habla, necesitamos empezar por respetar el marco jurídico que nos marca precisamente los procedimientos al interior de esta soberanía, mismos que, como bien lo apuntó nuestro coordinador, no fueron respetados. No dejamos de reconocer que trae esta iniciativa muchas cosas positivas, sin embargo, en función de no haber respetado el procedimiento, por un lado, que de antemano por la práctica que se ha dado aquí en esta Legislatura, que en muchas ocasiones se ha hecho, sin embargo hay algo que todavía nos preocupa más, como es precisamente el quitarle facultades a la administración pública municipal, atribuciones que le corresponden única y exclusivamente a la misma. Quienes tuvimos la oportunidad de ser presidentes de nuestro municipio sabemos que en los escasos recursos con los que cuenta el mismo es precisamente la recaudación catastral, la predial, la que aporta lo más significativo de los recursos de un municipio. Dicho esto tendremos nosotros que dejar muy claro que –aunque reconocemos muchas bondades de esta iniciativa, sin embargo, por estos dos motivos: uno de procedimiento y el otro que va precisamente contra la autonomía y las atribuciones del municipio– no estamos a favor. Votaremos en contra por las razones anteriormente expresadas. Es cuanto, señor presidente. Gracias.