La diputada Aurora Denisse Ugalde Alegría: Con la venia de la Presidencia. La Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 y 45, numeral 6, incisos e) y f) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 80, 157 numeral 1, sección primera, 158 numeral 1, sección cuarta y 167, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados, presenta a la consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados el presente dictamen en sentido positivo al proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Al seno de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables llegaron varias iniciativas de diputados de diversos grupos parlamentarios que coincidían en su objetivo fundamental de reconocer y proteger los derechos y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Por ello, la comisión procedió al análisis de dichas iniciativas y elaboró el presente dictamen en sentido positivo. Con las reformas, adiciones y derogaciones a la ley en cita se busca el reconocimiento, protección garantía y aplicación de los derechos humanos de las personas con discapacidad en todos los campos del acontecer nacional. Mediante estas reformas se reconoce, protege y garantiza el derecho a una educación inclusiva, la cual propicia la integración de las personas con discapacidad al sistema educativo nacional de manera integral y de acuerdo a sus propias condiciones, con equidad social y con perspectiva de género. Se garantizará la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles del sistema educativo nacional a través de programas institucionales específicos y se brindará una educación equitativa y con calidad. De igual manera se establece que todos los niveles y todos los poderes de la federación son responsables de dar cumplimiento y vigencia a la ley, llevando a cabo las medidas legislativas, administrativas y judiciales que se requieran, de conformidad con el artículo 133 constitucional y a las convenciones internacionales en la materia. Se dispone también que la administración pública pondrá especial atención a los casos de las personas con discapacidad expuestas a un mayor grado de discriminación y vulnerabilidad. Sin impactar las finanzas públicas, se protege el presupuesto destinado a los programas sociales de personas con discapacidad, precisando la responsabilidad del Ejecutivo federal, de incluir en el Presupuesto de Egresos de la Federación los recursos para las políticas públicas derivadas del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Se armoniza la responsabilidad de todos los niveles de gobierno para que implementen las políticas públicas en la materia. Se fomenta la integración social de las personas con discapacidad a través del reconocimiento, ejercicio y goce de sus derechos humanos, civiles y políticos. La Secretaría de Salud, en coordinación con el Consejo, emitirá y actualizará periódicamente la clasificación nacional de discapacidades con base en los lineamientos establecidos con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, la cual estará disponible al público y deberá ser utilizada en el diseño de políticas públicas. Se dota también de facultades a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de diseñar, ejecutar, evaluar y promover políticas públicas para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en el sector público o privado, atendiendo a sus competencias laborales que protejan la capacitación, empleo, contratación y derechos laborales de las personas con discapacidad. Se dispone que los tres órdenes de gobierno garanticen el acceso de las personas con discapacidad a los beneficios de la política nacional de vivienda, así como la accesibilidad de las personas con discapacidad a los edificios públicos y privados, a la infraestructura básica y a los servicios urbanos en instalaciones de acceso público. Los programas de vivienda del sector público o privado tienen la obligación de observar la normatividad en materia de accesibilidad y diseño universal en los proyectos arquitectónicos de construcciones y de modificación a la vivienda. Se establece el derecho que tienen las personas con discapacidad, hacer uso del transporte público con sus animales guía o de compañía. Por otra parte, se deberá incorporar en la programación de radio y televisión contenidos de sensibilización, concientización y formación sobre la materia, fomentando la participación de las personas con discapacidad bajo las premisas de dignidad y respeto. La Conade garantizará el derecho de las personas con discapacidad al deporte. Las personas con discapacidad tendrán derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales, respetando sus derechos humanos, contando con asistencia gratuita y de acuerdo a su condición. El Conadis actuará como órgano de consulta, capacitación, asesoría de los tres órdenes de gobierno, así como de los sectores social y privado, con el fin de promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. En virtud de los cambios realizados en la administración pública federal, la Secretaría de Desarrollo Social es cabeza de sector, y por tanto deberá encabezar la junta de gobierno del Conadis. Los integrantes destinados a la asamblea del Consejo deberán ser miembros de organizaciones de o para personas con discapacidad. Se incluye a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con nuevas responsabilidades en programas sociales, para transversalizar la perspectiva de discapacidad. La Junta de Gobierno del Consejo será presidida por la titular de la Secretaría de Desarrollo Social. Se amplía la elección de los integrantes de la mesa de la asamblea, al secretario y al escrutador, ampliando los cauces democráticos. Asimismo, se faculta a los gobiernos estatales y al Conadis para celebrar convenios que les permitan dar y recibir respectivamente aportaciones económicas o en especie. Se incluyen las bases de la convocatoria de elección para la asamblea consultiva en el Estatuto Orgánico del Consejo, lo cual constituye un principio de certeza democrática. Compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen es muy noble en sus objetivos y metas, representa un paso fundamental para lograr por medio de una plena inclusión e integración a la sociedad, cambios profundos en la vida de las personas que viven con algún tipo de discapacidad en nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias.