El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Con su permiso, ciudadano presidente. Honorable asamblea, las bibliotecas públicas son pilares del desarrollo nacional. El estado que guardan es un indicador importante para evaluar las posibilidades que tiene México de ser cada vez más competitivo en el contexto internacional. Las bibliotecas tienen un papel preponderante en la educación, la innovación y el desarrollo científico y tecnológico, la toma de decisiones al más alto nivel, la promoción de la lectura y la cultura y el acceso a bienes públicos. La Ley General de Bibliotecas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1988, fue en su momento el principal instrumento para conformar la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, hoy día en todo el país existen 13 mil 363 bibliotecas públicas en 2 mil 281 municipios. No obstante, las grandes diferencias que hay entre las bibliotecas de las regiones del país conlleva retos de gran magnitud en el que se refiere a la conservación de materiales documentales y al equipamiento y a la infraestructura, que son necesarios para garantizar que las colecciones sean pertinentes y que todos los servicios sean de calidad. En la Ley General de Bibliotecas prevalece una visión centralista que privilegia la toma de decisiones de autoridad educativa federal. Este centralismo es insostenible, por lo que es necesario invertir la lógica del desarrollo bibliotecario para hacer del municipio el eje de las políticas públicas en la materia. Es en las bibliotecas municipales donde se reflejan los grandes problemas del sistema bibliotecario nacional y en donde se pueden enfrentar los retos que hoy día tenemos como nación. El Censo de Población y Vivienda de 2010 refleja un panorama perturbador ya que el analfabetismo es de 6.9 por ciento de la población, estamos hablando de millones de mexicanas y mexicanos que no tienen acceso a bienes culturales esenciales. La Encuesta Nacional de Lectura de 2012 refleja otro problema igualmente grave, que es el del analfabetismo funcional. Según esta encuesta, en el 2006 al 2012, en México cada persona lee en promedio 2.9 libros al año, lo que nos ubica en el vergonzoso penúltimo lugar de América Latina. La situación actual de los servicios bibliotecarios y las crecientes demandas de una población cada vez más comprometida con el progreso educativo, cultural y científico, hace necesario realizar una reforma integral y profunda del marco jurídico que regula las bibliotecas públicas de México, a efecto de relanzar la política bibliotecaria nacional, fortaleciendo la Red de Bibliotecas, y de manera importante, dándole a las bibliotecas municipales el énfasis y la relevancia que requiere, para que sean vehículos de la transformación de sus comunidades. En consecuencia, la iniciativa propone como objetivos de la ley, la contribución al fomento del hábito de la lectura y la mejora de nivel educativo y la cultura de la población. Además de la conservación del patrimonio cultural de las comunidades, lo que permitirá mantener vivas las tradiciones orales y escritas de nuestra nación, rescatándolas del olvido para que sean consignadas en formatos digitales y conservadas en repositorios. Se propone la adición de un artículo 1 Bis que establezca los principios que habrán de regir la política nacional del desarrollo bibliotecario. La iniciativa revitalizará el enfoque municipalista de la planeación y el desarrollo, haciendo que las bibliotecas municipales sean la base del sistema. En consecuencia, se propone como objetivo de la ley fortalecer los principios del sistema federal y consolidar su aplicación en la prestación de los servicios bibliotecarios. Adicionalmente, se propone un nuevo artículo 8 Bis que prevé las atribuciones de los gobiernos de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Estas modificaciones son acordes con el espíritu de una nueva ley general en la materia y se orientan a la realización de ciertas funciones mínimas, todo ello en el marco del pleno respeto a la autonomía municipal. Por primera vez en la historia se prevé el establecimiento de una política pública en materia de desarrollo bibliotecario, para lo cual se establece la expedición de un programa nacional de desarrollo bibliotecario, alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. También se fortalece la representación del gremio bibliotecario en el Consejo de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y se prevén nuevas atribuciones en función de la importancia que este órgano consultivo debe tener. Además, establece que el sistema deberá mantener un directorio de bibliotecas públicas que contengan los datos como ubicación, servicios, horarios y características de las mismas colecciones que ahí se presentan. En función de las anteriores consideraciones solicito, a nombre de mis compañeros diputados Jorge Herrera Delgado y de Celia Gauna Ruiz de León y del mío propio, que las comisiones dictaminadoras de ambas cámaras consideren a fondo y con toda seriedad las propuestas aquí vertidas, con la convicción de que del futuro de la bibliotecas públicas depende, en buena medida, el futuro de nuestro país. Por su atención, muchas gracias.