La diputada Raquel Jiménez Cerrillo: Gracias. Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a toda la asamblea. Como ayer ya entraba la madrugada, comentó en esta tribuna la diputada y compañera de mi bancada, la diputada Esther Quintana: el presidente de México, Enrique Peña Nieto, tiene una deuda muy importante con la nación, y es una deuda en el tema de transparencia, de no corrupción y de rendición de cuentas. Hace casi dos años se extinguió la Secretaría de la Función Pública y es hora que no se establece ninguna secretaría que realice las funciones de ésta. Y hoy en la Ley de Petróleos Mexicanos, en la Ley de Pemex, se establece un consejo de administración cuya composición y cuyas funciones y ya lo han mencionado algunos diputados y diputadas que me han antecedido en el uso de la voz, quedan fuera de la observancia de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y de cualquier otro ordenamiento aplicable. Este consejo está integrado por 10 personas. Dos de ellos secretarios de la nación: el secretario de Hacienda y el secretario de Energía, como presidente del consejo. Tres más integrantes también designados por el presidente de la república, y cinco más designados a propuesta del presidente de la república y ratificados por el Senado. Pero ninguno, ninguno de estos 10 integrantes del consejo, de acuerdo al artículo 30 de la Ley de Pemex, estarán sujetos a la Ley de Responsabilidades, y se los voy a leer: Los consejeros y no hace ninguna distinción entre funcionarios, servidores ni integrantes independientes, dice los consejeros, con relación al ejercicio de sus funciones como miembros del consejo de administración, serán responsables exclusivamente en términos de lo dispuesto en esta ley, por lo que no serán sujetos al régimen de responsabilidades establecido en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos o en cualquier otro ordenamiento o disposición aplicable en general a los servidores públicos de carácter federal. Es decir, este artículo 30 dispensa a los 10 integrantes del consejo incluyendo al secretario de Energía y al secretario de Hacienda y Crédito Público, de cualquier decisión que tomen al interior del consejo. Y las funciones que tienen no son nada fáciles ni tampoco tienen que ver con cuestiones sencillas ni que no tengan que ver con dinero. Prácticamente de las 30 fracciones que contempla el artículo 13 donde establece las funciones de los consejeros, tienen que ver con recursos económicos de esta nación y si ellos manejan mal o toman una mala decisión, no tendrán ninguna responsabilidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 30. Una vez más se está protegiendo a los funcionarios públicos, en este caso y de manera muy particular al secretario de hacienda y al secretario de energía, como integrantes de este consejo. La propuesta es que se anule este artículo 30 y que se establezca que todos los integrantes tendrán que regirse no bajo el régimen que establece la ley, sino bajo el régimen de la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos de este país. De qué se trata, a quién quieren encubrir. Se ha mencionado ya aquí que esta iniciativa tiene todavía algunas lagunas y el Partido Acción Nacional ha estado señalando algunas. Presentaremos iniciativas que vengan a remediar esto, toda vez que esas reservas no están siendo tomadas en cuenta. Cuál es la necesidad de proteger al multicitado; ¿queremos que quienes manejen Pemex, filiales y subsidiarias no tengan responsabilidad alguna por las decisiones que tomen? ¿Eso es lo que queremos? No. Por el contrario, queremos que todas las decisiones que tomen estén respaldadas por la ley y que cualquier decisión mal tomada y que genere el que los recursos de este país se vean una vez más violentados y robados y se vayan a los bolsillos de gente ruin y que no piensa en esta nación sean castigados por la ley. Eso es lo que queremos, ésa es la deuda que Peña Nieto tiene al haber desaparecido la Secretaria de la Función Pública. Es cuanto, señor presidente.