El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: En esta ocasión hago uso de la tribuna para la presentación de un dictamen como presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, y también como promovente quiero agradecer a la diputada Juanita Guerra, en su calidad de presidenta de la Comisión de Seguridad de esta Cámara. También quiero agradecer a la Comisión de Comunicaciones y Transportes, a todos sus integrantes; al senador Higinio Martínez y Lucía Trasviña, que nos han acompañado en la construcción del presente dictamen. El dictamen de hoy nos convoca y atiende una problemática que aqueja al sector de autotransporte, principalmente en lo que es el robo de unidades. Si bien el rastreo satelital de vehículos previene la comisión del delito de robo de vehículos, existen diferentes medios tecnológicos para bloquear las señales de radio comunicación. Uno de los métodos más utilizados son los inhibidores o bloqueadores de señal, también conocidos como jammer, que emiten una señal más potente que las señales celulares en la misma frecuencia. El delito de robo a autotransporte se ve facilitado con este dispositivo, debido a que bloquea la señal GPS, haciendo imposible conocer la ubicación del vehículo. En ese sentido es de suma importancia señalar que los bloqueadores de señales son altamente utilizados por los grupos delincuenciales para el robo de autotransporte. Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Empresa de Rastreo y Protección Vehicular, de enero a noviembre de 2018 se registraron 2 mil 569 robos a nivel nacional, y en más del 75 por ciento de estos, los delincuentes usaron estos aparatos. De la misma manera, de acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2018, el robo de autotransporte en México se incrementó en un 81 por ciento. Asimismo, según registros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, la Canacar, este delito creció casi 90 por ciento tan solo de 2017 a 2018, y se elevó un 168 por ciento en el período del 2012 al 2018. De igual manera la Canacar estima que los costos incurridos por la inseguridad en el transporte durante el año 2017 ascendieron a 92 mil 500 millones de pesos, lo que representa el 0.5 por ciento del producto interno bruto a nivel nacional. Estas cifras sin duda, reflejan la gravedad del problema y la urgencia de fortalecer el marco jurídico en esta materia. El robo de autotransporte representa un gran impacto en la economía nacional, pues implica consecuencias para todos los involucrados con la comercialización de las mercancías que son transportadas y por lo que hace a los clientes del servicio de autotransporte, implica que estos pierdan la confiabilidad en el nivel de servicio y de desabasto de mercancías en el mercado. Nuestro país enfrenta problemas de inseguridad que permean en todos los sectores económicos por igual, y la industria del transporte de carga es una de las principales afectadas, industria que representa el 5.9 por ciento del producto interno bruto. Con esta propuesta se propone adicionar los artículos 190 Bis a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y el 168 Ter al Código Penal Federal, para que de esta manera quede prohibida la fabricación, la comercialización, la adquisición, así como la instalación, portación y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen las señales de la telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen. Asimismo se impondrá una pena de 12 a 15 años de prisión por este delito y, en caso de que el delito fuera cometido por servidores públicos sin autorización expresa escrita debidamente acreditado por su superior inmediato, se le impondrá la pena de 15 a 18 años de prisión. Es importante señalar que instancias de seguridad pública federales y de seguridad nacional, por el desempeño de sus actividades, hacen uso de dispositivos jammer por lo que se establece una excepción para estas autoridades en su utilización. De igual manera, se estipula que los particulares que poseen estos dispositivos deberán de entregar los mismos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para en su caso proceder...