El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros, compañeras diputados, diputadas. Como lo dijo la presidenta, por economía de tiempo legislativo voy en un solo acto a presentar estas dos iniciativas. La primera está relacionada con un tema que ya ha sido abordado en este recinto en años anteriores, ya se ha discutido, y se refiere a la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para elegir libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente. Desde hace varios años México ha venido preocupándose por profesionalizar la administración pública y dotar de calidad a los servicios que presta el Estado. En este sentido, coincidimos en la necesidad de incluir el tema en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la administración pública federal. La iniciativa que hoy propongo se centra en consolidar el servicio profesional de carrera, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente. Nuestra administración pública nuevamente requiere que dicho puesto sea nombrado por libre designación, pues es necesario que se cuente con servidores públicos que además de los ya establecidos por la legislación, garanticen la confianza, responsabilidad y celeridad que requieren las decisiones estratégicas en materias de planeación financiera, económicas, monetarias, transacciones que se realicen con confidencialidad y reserva, cuidando siempre claro el interés público. Cabe destacar que la presente iniciativa ya había sido abordada aquí y data del año 2006. Fue presentado a esta soberanía e incluía propuestas de todas las fracciones parlamentarias. El 30 de octubre de 2007, la Cámara de Diputados, con el consenso de la gran mayoría de los legisladores aprobó esta iniciativa con 332 votos en pro, 5 en contra y 6 abstenciones. El dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8 y se deroga el inciso a) del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, en sesión ordinaria celebrada el día 6 de noviembre de 2007, se remitió a la Cámara de Senadores la minuta en comento. El día 21 de noviembre de 2012, las comisiones unidas aprobaron el dictamen de la minuta referida y el 22 de noviembre se publicó, de primera lectura, en la Gaceta Parlamentaria. Como se puede observar, la minuta en comento cumplió con el proceso legislativo, pero aún se desconoce las causas que motivaron a que fuera retirada del orden del día. Como lo he mencionado, esta iniciativa por el que se deroga el inciso a) del artículo 5 y se reforma el artículo 8 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, tiene la finalidad de consolidar un servicio profesional de carrera en la administración pública federal competitivo y eficiente, pero con la necesidad legítima que tienen los altos funcionarios para designar libremente a personas de su plena y total confianza en los niveles jerárquicos de director general o su equivalente. La segunda iniciativa que presento pretende reglamentar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la facultad que tiene el Instituto Nacional Electoral para realizar las consultas ciudadanas. En nuestro país recientemente se han implementado nuevas formas de participación ciudadana, a través de la aprobación de la Ley Federal de Consulta Popular. En ella se defienden los mecanismos de esta importante demanda. Con su aprobación, el Poder Legislativo decidió que la organización de la misma corresponde al Instituto Nacional Electoral, quien debe aprobar el diseño de las papeletas y las actas de escrutinio, así como asegurarse de que las urnas especiales se distribuyan en todo el país. El INE, además, debe utilizar sus tiempos de radio y televisión para difundir el ejercicio y llamar a la ciudadanía a participar en él. No obstante, la importancia que tiene la vida democrática, esta iniciativa no se ha cumplido a cabalidad, ya tenemos un ejercicio en el año 2015 donde se intentó por varias fuerzas políticas impulsar una consulta popular, pero los resultados no fueron los esperados por la ciudadanía. Fueron rechazadas estas iniciativas, la gente se desmoraliza al firmar, al apoyar una consulta y no se puede aprobar, no llega la consulta a donde se pretende que la ciudadanía tenga el espacio público para poder abordar estos temas. Por eso creemos que la consulta popular debe ser una figura relevante para la participación, informada y responsable de la sociedad en los asuntos públicos. Para el asunto en comento, quisiera destacar que el tema de la consulta popular dejó un vacío constitucional al no incluir la consulta popular en el artículo 41 de la Constitución, en el que se refiere a las atribuciones del Instituto Nacional Electoral. Es necesario que la legislación dote de certeza de ejercicio al INE, la consulta popular debe estar diseñada para devolver a los ciudadanos la confianza, pero ello solo se logrará en la medida en que se cuente con un marco legal apropiado. De ahí pues nuestra propuesta, que pongo a su consideración de esta soberanía, para hacer la adición al mencionado artículo 41 de nuestra Carta Magna, para incluir las facultades que tiene el Instituto Nacional Electoral en materia de consulta popular. Es cuanto, muchas gracias.