El diputado José Javier Osorio Salcido: Con su venia, compañera diputada Presidenta: el suscrito, diputado federal José Javier Osorio Salcido, miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se modifican los artículos 23, 41 y 69 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Lo anterior, conforme a la siguiente Exposición de Motivos El pueblo mexicano ha sido golpeado por una serie de crisis económicas, causadas por devaluaciones cíclicas del peso, lesionando gravemente la economía de las familias mexicanas, que no han podido prever los efectos causados por estos sucesos económicos. Existen varias iniciativas de ley actualmente en comisiones, en el sentido de incluir el principio jurídico de la teoría de la imprevisión en el Código Civil Federal y el Código de Comercio, con la finalidad de proteger de mejor forma al pueblo mexicano de futuros acontecimientos económicos súbitos que puedan afectar el patrimonio de los mexicanos. Esta reforma del Código Civil Federal beneficiaría de manera directa la protección del patrimonio de los mexicanos, que con la actual legislación ven amenazados sus bienes por no poder prever asuntos que se encuentran fuera de su alcance. La crisis económica que han padecido los mexicanos ha provocado que muchos de ellos se hayan visto orillados a dejar de cumplir sus obligaciones. La creación de las sociedades de información crediticia obedeció a la crisis económica de diciembre de 1994, para disponer de un registro confiable que permitiera a las instituciones financieras y a cualquier otro agente económico que otorgue créditos contar con los antecedentes crediticios de sus potenciales clientes para tomar la decisión de otorgar o no los créditos solicitados. La función que llevan a cabo estas instituciones es necesaria, pero no siempre justa, ya que en muchas ocasiones se inscribe en estos registros a personas que, sin ánimo doloso, no pudieron pagar a sus acreedores debido a la situación económica que aquejó y que sigue afectando el país. La mayoría de las personas no deja de cumplir sus obligaciones crediticias por complacencia u omisión; únicamente se ven obligadas a dejar de cumplirlas cuando no cuentan con los medios económicos necesarios para poder hacerles frente. Muchas de las personas se encuentran inscritas en los registros de las sociedades de información crediticia. Lo están por créditos de muy poco monto que no pudieron pagar por la situación económica en que se encontraban al momento del vencimiento de sus créditos y, en otros tantos casos, por desconocer la existencia de tales adeudos. Por lo anterior, de aprobarse esta iniciativa, se estaría beneficiando a la población más necesitada del país, exigiendo a las sociedades de información crediticia la eliminación en 18 meses de los registros de los créditos inferiores a mil Udi. Si bien actualmente la ley exige que se eliminen los adeudos inferiores al equivalente a mil Udi, la eliminación de dichos créditos por acuerdo del Banco de México sólo puede proceder al borrar del historial crediticio cuatro años después de que el crédito haya sido declarado cerrado. La ley, como actualmente se encuentra redactada, no es justa ni equitativa para los deudores con créditos inferiores a mil Udi ya que, de hecho, las personas están boletinadas por ocho años por lo menos, por lo que es injusto que en muchas de las ocasiones la persona no es requerida para el pago por parte del acreedor debido a que resulta más oneroso el trámite administrativo, ya no digamos el judicial. Ante esta realidad, el acreedor lo único que hace, y de manera dolosa, es inscribirlo en el Buró de Crédito. Por tanto, se hace necesario reformar el artículo 23 de la citada ley, a fin de exigir a las sociedades de información crediticia que no puedan mantener por más de 18 meses los registros de créditos inferiores a mil Udi. Lo anterior beneficiaría a deudores de montos menores, al ser borrados de los historiales crediticios en un periodo más razonable, atendiendo a las cuantías de la deuda. De esta forma, la ley sería más equitativa. Por otro lado, en muchos casos las personas nunca se enteran de que han sido inscritas en el Buró de Crédito y, sólo años más tarde, se enteran de que se encuentran boletinadas cuando solicitan un crédito y éste les es negado por tener adeudos inscritos en el Buró. Debido a lo anterior, se hace necesario legislar para obligar a las instituciones de información crediticia a informar anualmente al deudor del estado que guarda su historial crediticio, por lo que con la reforma del artículo 41 se pretende obligar a las instituciones de información crediticia a mandar, vía correo o mensajería, el estado de la información crediticia de todas las personas físicas inscritas en sus registros. Dicho reporte será anual y a cargo de la sociedad respectiva. Por lo que se refiere a los deudores que han reestructurado una deuda y con objeto de inscripción en los registros de la sociedad de información crediticia, éstos son objeto de un trato injusto. Se presume que el acreedor y el deudor transigieron para llegar a acuerdos en donde ambas partes tuvieron que ceder en beneficio de la contraparte. Es equitativo que se dé derecho al acreedor para inscribir el crédito reestructurado en la sociedad de información crediticia. Si bien la ley señala que la inscripción irá en el sentido de informar que la deuda de la persona inscrita fue reestructurada, esta anotación afecta la calidad crediticia del deudor y, por lo mismo, la inscripción es injusta. Si las partes, como antes señalo, negociaron y acordaron el pago de nuevos términos, se está dejando la posibilidad al acreedor de afectar el prestigio y la posibilidad de obtener un nuevo crédito a su cliente. La ley, tal como hoy se encuentra redactada, no atiende el principio de equidad: el deudor, cuando acepta la reestructuración de su deuda, muestra fehacientemente su ánimo y voluntad de hacer frente a sus obligaciones; y el acreedor, cuando propone una quita de intereses o la reestructuración de los pagos, lo hace no con el ánimo altruista, únicamente lo hace porque sabe que el deudor no podría hacer frente a la deuda contraída originalmente y está consciente de la necesidad de ceder un poco a favor del deudor, para facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Transigir ha sido una práctica ancestral en las relaciones humanas y no tiene por qué la ley dar a una de las partes un medio para afectar a su contraparte. Como ya mencioné, el acreedor no concede quitas o pagos accesibles por generosidad sino, únicamente, por conveniencia. Además, no hay que olvidar que cualquier empresa comercial o entidad financiera sensata considera esos imprevistos e inconvenientes en el costo de sus servicios, por lo que en realidad la mayoría de las instituciones no negocian por debajo de un tope que, de excederlos, les implicarían pérdidas. Por lo antes expuesto, se hace necesario reformar la ley para acotar el plazo en que pueda permanecer la anotación del crédito reestructurado. El plazo que se pretende establecer es el de 18 meses, y únicamente aplicaría para créditos de las personas físicas. Con base en lo anterior, presento la Iniciativa de decreto que reforma la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia Artículo 1o. Se reforman los artículos 23, 41 y 69 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue: Artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar la información que les sea proporcionada por los usuarios, relativa a las personas físicas, durante un plazo de 84 meses, con excepción de los créditos menores de mil Udi. Para estos créditos, el plazo será de 18 meses, a partir de que se otorgó el crédito; para el resto de los créditos, el plazo empezará a contar a partir de la fecha en que... De la fracción I a la IV, igual. Tratándose personas físicas, las sociedades deberán eliminar de su base de datos la información relativa a las operaciones respecto de las cuales el plazo antes mencionado haya transcurrido, una vez que el usuario correspondiente les haya notificado dicha circunstancia. Ultimo párrafo, igual. Artículo 41. Los clientes recibirán anualmente, vía correo o mensajería, su reporte de crédito especial. Lo anterior, con cargo a las sociedades. Ultimo párrafo, igual. Artículo 69. Si un cliente y un usuario, con motivo de atraso en el cumplimiento de las obligaciones del primero. celebran un convenio, en virtud del cual se reduzca, modifique o altere la obligación inicial, el usuario deberá hacerlo del conocimiento de la sociedad, a fin de que se haga la anotación respectiva, con la leyenda "reestructurada", en la base de datos y, en consecuencia, en los reportes de crédito que emitan. Tratándose de personas físicas, las sociedades están obligadas a conservar la anotación con la leyenda "reestructurado" sólo por 18 meses. Al final del plazo, será eliminada del registro crediticio. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, marzo de 2005. Muchas gracias, señor Presidente.