El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. Estos tres artículos, el 290, el 303 y el 305, son quizás el núcleo más duro, más autoritario, más violatorio de los derechos humanos de este Código Nacional de Procedimientos Penales. Estamos hablando, en el 290, de una disposición que permite el ingreso a los domicilios sin que medie mandato judicial. Y esto es violatorio de nuestra Constitución, porque el artículo 16 establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Sin embargo, en este artículo se está legitimando el ingreso a un local cerrado, a un domicilio sin un mandato judicial. Nos parece en Movimiento Ciudadano que éste solo artículo, por lo que implica de la violación a la privacidad, al domicilio, al resguardo y a la intimidad de las personas, ameritaría a votar en contra de este código. Por ahí algunos decían: es que trae efectivamente esto y lo de los teléfonos, pero hay cosas buenas. Para nosotros éste solo hecho amerita votar en contra, porque esto es propio de un régimen diazordacista, de un régimen fascista, autoritario, que les da un valor de objeto a las personas. Y para nosotros no hay derechos humanos a medias, los derechos humanos son hoy quizás la asignatura más importante de un Estado democrático de derecho. Y este código está abriendo la puerta con esta imposición del artículo 290 a los peores atropellos y a las peores atrocidades. Y si lo sumamos al artículo 303, donde un procurador va a poder decirle a las compañías de telefonía, a Telcel, Iusacell, Movistar, o cualquiera, le diga dónde está ubicado tal o cual persona sin que medie orden judicial evidentemente estamos viviendo un régimen totalitario. Y nosotros, como lo decía al votar en el dictamen en lo general, nos parece que esto no es un hecho aislado, se ha estado prefigurando un Estado autoritario en el país, dictatorial con medidas de terrorismo fiscal, con las listas negras del SAT, con la cárcel a deudores, con la criminalización de las protestas, con el asesinato de líderes sociales, pues no podemos simple y sencillamente ignorar estos artículos y pensar que son hechos aislados de un código procesal. Por esa razón nosotros estamos planteando que se establezca que haya la necesidad de un mandato judicial en el caso del artículo 303, porque nos parece que no podemos caer en este tipo excesos. El procurador simplemente por su leal saber y entender o por una decisión autoritaria esté mandando este tipo de persecuciones; que sea el big brother, como decíamos hace un rato, pero no solo será Murillo Karam, serán los gobernadores de los estados y hay gobernadores sátrapas que han estado violando los derechos humanos, que han estado persiguiendo políticamente a sus adversarios y no hay autonomía genuina del Ministerio Público en el paso, Por esa razón vamos a ver a procuradores persiguiendo vía, los teléfonos celulares, los dispositivos móviles, a líderes sociales y líderes políticos. Y nos imaginamos casos como el del gobernador de Quintana Roo, Jorge o como el ex gobernador de Coahuila, Moreira o como Duarte o como varios gobernadores que van a estar utilizando arbitrariamente este procedimiento. Por eso no podemos estar de acuerdo y, sobre todo, cuando no se hizo caso en la Comisión de Justicia, porque la diputada Zuleyma Huidobro, que es secretaria de la comisión, insistentemente estuvo haciendo estos planteamientos y no fueron atendidos porque es una consiga, es estar vigilando a los ciudadanos, a los líderes sociales para que se sientan perseguidos, se sientan vigilados, se sientan hostigados, más que ser un código adjetivo, de justicia penal, es un código para la persecución política y por eso no podemos estar de acuerdo. Y sobre todo también cuando la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado actuando de manera omisa, nosotros le enviamos una carta abierta hace una semana al doctor Raúl Plascencia Villanueva, que nos informará de una serie de contradicciones, de recomendaciones parciales, como en los casos de la UNAM, como en los casos de Tamaulipas con San Fernando, como en los casos de la Conagua y no ha habido respuesta y nosotros queremos que comparezca el presidente de la Comisión de Derechos Humanos para informar sobre estos casos. Si tenemos una Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos negligente, omisa y carente de ética y tenemos un código que permite todas estas arbitrariedades, hacia adónde nos enfilamos. Por eso no podemos estar de acuerdo, compañeras, compañeros diputados y nos parece una mayúscula irresponsabilidad que ustedes estén permitiendo que se establezca esta violación a la intimidad de las personas con el pretexto de perseguir delincuentes. No hay ninguna restricción, estamos dando un cheque en blanco a las arbitrariedades del Ministerio Público y si ya está la figura perniciosa del arraigo, donde primero se detienen y luego se investiga, ahora vamos a darles nuevas herramientas de violación a los derechos humanos a estas autoridades ministeriales. Por esa razón estamos planteando estas reservas, porque no queremos ser cómplices de esta violación grave a los derechos humanos, porque queremos dejar testimonio; porque sabemos que mecánicamente van a rechazar nuestras reservas pero no queremos, frente al juicio de la historia, pasar como los que aprobamos este estado policíaco país, así como no queremos -y por eso votamos en contra- ser traidores a la patria en el tema del petróleo, no queremos ahora ayudar a construir un estado totalitario en el país. Hoy que se está celebrando un aniversario más de la Constitución, nosotros ratificamos nuestro compromiso con los derechos humanos. Es cuanto.