El diputado Francisco Javier Borrego Adame: Con el permiso de la Presidencia. La justicia en México no puede, ni debe estar sujeta a formalismos innecesarios que frenen el acceso a la verdad y la impartición de justicia. El sistema penal acusatorio debe regirse por principios de prontitud, eficacia y protección de los derechos de las víctimas. Sin embargo, en la práctica aún persisten rezagos normativos que permiten que actos burocráticos generen impunidad y desalientan la denuncia de los delitos. Uno de esos rezagos es la exigencia de ratificación de denuncias en diversas Fiscalías del país, una práctica que no solo no está contemplada en el Código Nacional de Procedimientos Penales, sino que además se ha convertido en un obstáculo indebido para la persecución de delitos, en especial aquellos que afectan al sector del autotransporte de carga, un pilar fundamental de nuestra economía. Las cifras son contundentes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2023 se registraron más de 9 mil denuncias por robo a transportistas, de los cuales más del 80 % ocurrieron con violencia. Sin embargo, muchas de estas denuncias no prosperan debido a la intimidación y amenazas que sufren los operadores para que puedan ir a ratificar sus declaraciones, lo que impide que las investigaciones continúen y se pueda fomentar la impunidad. Es por ello, que la presente iniciativa propone una adición al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de establecer de manera expresa que la ratificación de la denuncia no sea necesaria cuando esta se haya presentado de manera presencial. Con esta reforma se eliminará una barrera artificial en el acceso a la justicia y se fortalecerá la protección de los derechos de quienes con valentía deciden denunciar un delito. Además, esta iniciativa se alinea con el mandato constitucional establecido en el artículo 17 de nuestra Carta Magna, que garantiza a toda persona el derecho a una impartición de justicia pronta, completa e imparcial. También responde a compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que obligan al Estado a garantizar recursos judiciales efectivos sin dilaciones indebidas. Con esta reforma reafirmamos nuestro compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y con una procuración de justicia accesible, eficiente y libre de prácticas innecesarias que solo benefician a quienes buscan evadir su responsabilidad ante la ley. Compañeras y compañeros, los invito a respaldar esta propuesta con el único propósito de garantizar que ninguna víctima de delito se vea frustrada en su búsqueda de justicia por tecnicismos que carecen de sustento legal. Es momento de fortalecer el sistema judicial penal más ágil y más eficaz, y sobre todo para que se conserven los derechos de los ciudadanos. Compañeros diputados y diputadas, decirles que cada operador que es asaltado en las carreteras del país son amenazados, después de que ya hicieron la denuncia, los vuelven a llamar para que vuelvan a ratificar esa denuncia y ahí es cuando entra la amenaza del Ministerio Público, fíjense bien, del Ministerio Público para que no ratifique y también entran los que los asaltaron con amenazas y todo. En ese sentido es imposible que se pueda ratificar esa denuncia. Además, también de estos temas tenemos otros temas que han afectado mucho al transporte nacional y que debemos sumarnos para que verdaderamente los transportistas tengan seguridad en las carreteras nacionales. Esta iniciativa sirve para que verdaderamente se pueda llevar a cabo su denuncia, pero más que nada debemos de trabajar para que tengamos seguridad en las carreteras nacionales. Este es un tema de todos los ciudadanos, de todos los diputados y diputadas, que prevalezca la seguridad nacional a favor de los mexicanos. Es cuanto, presidente.