El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, buenos días. Creo que estamos refiriéndonos a uno de los asuntos más trascendentes en el país, que tiene que ver con el combate a la pobreza y la manera en que se fiscalizan los programas sociales orientados a combatir la pobreza. No comparto desgraciadamente el punto de vista de la diputada del Partido Acción Nacional, que me antecedió en el uso de la palabra. Es verdad que en México existe una pobreza ancestral, pero los gobiernos neoliberales tanto los gobiernos del PRI, como los del PAN, han incrementado los índices de pobreza en este país. Me parece escalofriante, por ejemplo, que la Auditoría Superior de la Federación concluya que hay 5 millones de pobres en México, en pobreza alimentaria. Es decir, estamos hablando de personas, de ciudadanos, de niños, de mujeres, que no tienen para comer. Eso debiera motivar la acción más enérgica de esta Cámara y de las instituciones públicas para combatir la pobreza efectivamente en México. Creo que el error del modelo económico neoliberal es que no se toma en serio que los derechos a la alimentación, a la vivienda, a la salud, a la educación, son auténticos derechos humanos. Es decir, esa visión asistencialista de la caridad, que proviene de la formación cristiana, de que damos lo que nos sobra a los pobres, no. Los derechos económicos, sociales y culturales son auténticos derechos. Son derechos universales, son derechos indisponibles, son derechos imprescriptibles, son derechos inalienables. No están sujetos a la negociación ni a lo que nos sobre, y el Estado tiene que crear las instituciones públicas, tienen que realizar todas las acciones necesarias para que esos derechos sean exigibles. Considero que el debate que se debe hacer en esta Cámara --además de señalar el fracaso de la política social del gobierno calderonista-- es establecer los mecanismos de remedio a esta situación. Y desde mi punto de vista, los mecanismos de remedio a esta situación, unos tienen que ver con el mediano plazo, con el diseño de mejores instituciones y otros tienen que ver con el corto plazo. Comienzo con los del mediano plazo. Es importante que legislemos en este Congreso para entender que estos derechos, como lo decía hace un momento, deben ser justiciables, es decir, no atender la política social solamente con programas sociales, sino establecer los mecanismos jurídicos ante tribunales, con acciones jurídicas, para que el incumplimiento del gobierno federal o estatal o municipal pueda ser exigible, pueda ser reclamable ante un tribunal. Otro asunto que se desprende de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación al analizar la política social tiene que ver la ineficiencia e ineficacia del gobierno federal. Esa ineficiencia y esa ineficacia en instituciones como el Seguro Social, por ejemplo, o en la Secretaría de Desarrollo Social, tienen que ver con algo que se discute mucho y que no hacemos nada en esta Cámara sobre cómo profesionalizar a los cuadros del servicio público, cómo profesionalizar a la administración pública de este país. Estamos obligados a revisar el marco jurídico del Servicio Civil de Carrera, para que realmente contemos en México con servidores públicos de carrera en nuestro país. También tenemos que fortalecer indudablemente a la Auditoría Superior de la Federación para que realice un ejercicio concomitante de revisión del gasto, y no solamente un ejercicio a posteriori de revisión del gasto público. Estamos obligados a reformar la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para transparentar, en todas las etapas, el ejercicio del gasto público en México. Pero sobre todo estamos obligados, y aquí confluyen las medidas de mediano plazo y de corto plazo, a modificar el sistema de responsabilidades. Mi compañero Mario Di Costanzo decía: Bueno, si tenemos 56 auditorías negativas y 45 están sujetas a salvedades, una vez que concluya el procedimiento ante la Auditoría Superior de la Federación, lo primero que tiene que hacer esta Cámara es exigir las responsabilidades administrativas, las responsabilidades penales, las responsabilidades políticas de los servidores públicos involucrados. Y desde luego estamos obligados, una vez que concluya el procedimiento de auditoría, a no aprobar la Cuenta Pública de 2008, y exigir estas responsabilidades. Éstas son las tareas de la Cámara, no solamente venir a lamentarnos de esta pésima situación?