La diputada Layda Elena Sansores San Román: Compañeras, compañeros, a mí me rebela la simulación de donde venga. En Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, Andrés Lozano fue el más ferviente defensor de esta reforma judicial. Plantearon hace unas horas algunos argumentos que se consideraron durante cuatro horas y se les dio respuesta puntual. Ahora resulta que ya salieron nuevas inquietudes. ¿Por qué no son más honestos y nos dicen que esto es una estrategia para usar como moneda de cambio la reforma judicial tan importante para la vida del país, para que se puedan escoger consejeros que a ustedes les convenga? Yo creo que esto es lo que no se vale. Nosotros no podemos exponer una reforma de justicia tan importante, por intereses de partido o por malas estrategias y malas negociaciones que se hicieron. Creo que es una reforma trascendente. En lo que se refiere a juicios orales es un parteaguas en la vida del país. Se va a hablar antes y después de estas reformas y que claro, a todos nos quedan inquietudes. Nosotros estamos en contra de que se haya constitucionalizado el arraigo. Nos molestó muchísimo que no se haya contemplado, porque no preocupa, porque era un punto fundamental, que no se haya contemplado en el proyecto la audiencia de control de la detención. Porque ¿qué pasa? Aquí en México lo que necesitamos es que cuando a una persona se le detenga, inmediatamente se le lleve al juez. Aquí se le lleva al ministerio público y ya sabemos cómo se la gasta el Ministerio Público. Tienen tan poca credibilidad, casi tan poca como la que tenemos los diputados. No se preocupe que todavía no nos gana. Pero entonces ellos son juez y parte y en México nosotros no podemos pedir menos que lo que ya se aprobó en las convenciones internacionales de derechos humanos desde 1956. No tenemos por qué llevar al Ministerio Público para que durante 48 horas, si así se les da la gana, puedan torturar a los detenidos. Las encuestas que se llaman cárceles de 2005, del CIDE, muestran que el 43 por ciento de la gente fue coaccionada en el Ministerio Público y el 39.81 dice que confesó porque fue torturado o porque fue presionado. Creemos que era muy importante tener los jueces de control. Esto será tema para adelante. Seguiremos insistiendo. Pero entendemos que éste fue un producto de largas discusiones y que había que sacar un promedio y manejarse la teoría de los inconvenientes. Y se sacó el promedio entre la iniciativa del Ejecutivo que tenía verdaderas aberraciones contra los derechos humanos y la que expusieron académicos y gentes responsables, que fueron motivadores en esta permítame terminar reforma. En Convergencia nos quedamos con lo mejor de este esfuerzo y nos motiva que esta iniciativa tiene un color ciudadano. Y esto tiene que ser ejemplo y contagio para otros grupos ciudadanos que tienen inquietudes. Y quiero mencionar, porque es un acto de justicia, a quienes fueron el carburante que movió voluntades en muchos puntos del país: al ministro Juventino Castro, al ex ministro Miguel Ángel Garcíam, Luis Maldonado, Ernesto Canales, Miguel Ángel Treviño, Ana Laura Magaloni, Lucy Thatcher, Miguel Sarre, Emilio Rabasa, Miguel Carbonel, Carlos Ríos, Roberto Hernández, Layda Negrete. Y a César Camacho le valoro su vocación de tejedor de consensos políticos. Y ya para terminar quiero decir que esta reforma tiene omisiones, en algunos casos debilidades y decisiones tibias, pero es un avance; es un paso importante que termina con la injusticia o terminará con la injusticia institucionalizada en nuestro país. Creo que es lo más luminoso que nos hemos dado los diputados en esta legislatura. Enhorabuena.