EL DIP. ABRAHAM BAGDADI ESTRELLA: Con su permiso, señor Presidente. Daré lectura a una breve exposición de motivos. Por falta de tiempo voy a pedir que se integre la totalidad de la iniciativa al Diario de los Debates, por favor. El suscrito, diputado Abraham Bagdadi Estrella, miembro de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de la asamblea la presente iniciativa que reforma el párrafo II del artículo 14 y el último párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con base en la siguiente exposición de motivos: La democracia política más perfecta, representativa o directiva, sería un régimen absoluto y totalitario si el poder del pueblo fuese en ella ilimitado. Sus reglas son sin duda las mejores para quién puede decir y cómo debe decidir, pero no bastan para legitimar cualquier decisión o ausencia de decisión. Ni siquiera por unanimidad puede un pueblo decidir que un hombre muera o sea privado sin culpa, de su libertad. El día de hoy vengo ante esta honorable asamblea para que juntos todos, legisladoras y legisladores, demos de una vez punto final a la mancha que significa para nuestra Carta Magna el hecho de tener inscrita la permisibilidad de la pena de muerte, paradójicamente en el capítulo de las Garantías Individuales del Máximo Ordenamiento Legal del país. En México la historia de la pena capital no es reciente y su discusión mucho menos. Si bien es cierto que la Constitución de 1824 no habla al respecto, tampoco la garantía de su ausencia de aplicación está inscrita en la Ley, por consecuencia, el legislador ordinario en cualquier momento podría prescribirla. Es hasta la Constitución de 1857 cuando se realiza una mención específica de la pena capital, es así que el artículo 23 de dicho ordenamiento legal cita: "Para la abolición de la pena de muerte queda a cargo del poder administrativo establecer en la mayor brevedad el régimen penitenciario, entre tanto, queda prohibida para los delitos políticos y no podrá extenderse a otros casos mas que para el traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación y ventaja, a los delitos graves del orden militar y a los de piratería que definiere la ley". En la Constitución de 1917 el cuarto párrafo del artículo 22 prohíbe la pena a quien cometa delitos políticos, sin embargo, faculta al legislador, tanto federal como el del fuero común, a sancionar con pena de muerte al traidor a la patria en guerra extranjera, al parricida, al homicida con alevosía, premeditación o ventaja, al incendiario, al plagiario, al salteador de caminos, al pirata y a los reos de delitos graves del orden militar. Considero que es clara y precisa la voluntad del legislador de 1857 y de 1917 al imponer la pena capital para casos especiales; se traducía que en ese momento histórico nuestro país no contaba con un sistema penitenciario capaz de rehabilitar a los delincuentes. A efecto de ofrecerle con mayor claridad esta apreciación, cito textualmente las palabras que expresara el diputado Arriaga el 25 de agosto de 1856: "La pena de muerte es necesaria mientras no existen penitenciarías con qué sustituirla. Ya es bastante adelanto abolir la pena capital para los delitos políticos. Compañeros y compañeras legisladoras: si bien es cierto que la readaptación social es un escollo que no hemos podido superar en México, también es cierto que la aplicación de la pena de muerte en el país ha sido suprimida en todos los ordenamientos penales del país. Hoy en día nuestra nación forma parte del grupo de 21 países del mundo que se consideran abolicionistas de hecho; sin embargo, ya es tiempo que demos una muestra clara de nuestra tendencia a favor de la legalidad y congruencia. No es comprensible que un país como el nuestro que en reiteradas ocasiones se ha manifestado en contra de las cerca 54 sentencias de pena capital a nuestros compatriotas en los Estados Unidos de Norteamérica, siga difiriendo la abolición de nuestro marco constitucional de la pena de muerte. Se ha dicho, con razón, que un pueblo únicamente puede progresar cuando cuenta con un buen gobierno y es evidente que un buen gobierno se funda siempre en un auténtico orden jurídico, un derecho justo. La experiencia nos enseña que no son útiles ni duraderas porque antes o después, más bien que en el orden desembocan en la revolución. Un país como el nuestro que presume refrendar el estado de derecho tiene necesariamente, que garantizar el pleno respeto de los derechos humanos ya que ninguna nación puede disponer de la vida de cualquiera de sus ciudadanos aunque éstos hayan cometido conductas delictivas graves. Otorgar al estado la potestad de disponer libremente de la vida, nos pondría de nueva cuenta en la antesala de la tortura y las penas inhumanas. Aquellos que estamos en contra de la pena de muerte, nos asiste la razón jurídica y la razón moral. La razón jurídica, porque si bien es cierto que el artículo 22 de nuestra Constitución la admite para casos especiales, también es cierto que nuestro país ha firmado tratados internacionales que la prohíben, tales como la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, la cual expresa en su artículo 3°: "No se reestablecerá la pena de muerte en los países que la han abolido", y hoy en día, ningún ordenamiento del país se encuentra establecida ya que todos los estados de la República fueron desechándola de sus legislaciones locales de manera sucesiva en el transcurso del tiempo. Cabe aclarar que los tratados internacionales, de conformidad con el artículo 133 de la Constitución Política Mexicana, tienen carácter en nuestro país de Ley Suprema. Por consecuencia, en ningún estado se podría legislar en la materia porque contravendría nuestra Constitución. De igual manera, la razón moral nos asiste ya que como hemos expresado en líneas anteriores, el sentimiento del legislador del 57 estaba únicamente fundado en el hecho de que no existía un régimen penitenciario en el país y hoy en día sí lo hay. Si bien es cierto, hay que reconocer que la readaptación social es uno de los retrasos en la agenda nacional, este problema, a más de un siglo, no puede ser culpa del gobernado sino del que ostenta el poder, ya que es una obligación del estado garantizarla en los términos del segundo párrafo del artículo 18 constitucional que expresa: "Sólo por delito que merezca pena corporal, habrá lugar a previsión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados. "Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal, en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto". El fin primario de la pena es el reestablecimiento del orden externo en la sociedad; para lograr este fin se requiere que se reúna las siguientes características: ejemplar, intimidatoria, coercitiva, justa y eliminatoria. No hay cabida para la corrección en la pena de muerte, porque el individuo acusado no tiene la oportunidad de probar su inocencia y nunca podrá demostrar que puede rehabilitarse en la sociedad. Por lo tanto, la pena de muerte no es una pena por no reunir los requisitos necesarios para ella ni pretende el reestablecimiento del orden externo de la sociedad y lo que es peor, provoca un desorden interno terrible que conmueve las conciencias. La pena de muerte no forma ni formará parte de la esencia de un estado democrático, su sola mención en el marco de su legislación, habla de un régimen represivo, incapaz de formular políticas públicas capaces de dignificar al individuo. Es por lo anterior que propongo ante esta Honorable Asamblea, que reformemos el segundo párrafo del artículo 14 y el último párrafo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto, se presenta el siguiente proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 14 y el párrafo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 14. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 22. En los Estados Unidos Mexicanos, queda prohibida la pena de muerte. Artículo transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente. -