El diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer: Gracias. Compañeras y compañeros legisladores, la importancia y relevancia del tema que nos ocupa el día de hoy, nos obliga a hacer una breve reflexión, consecuente de una autocrítica en materia legislativa, esto debido a que nuestras decisiones tienen efectos y la que hoy se discute afecta de manera directa a más de 51 mil trabajadores del Poder Judicial, ya que sus derechos se verán perjudicados con la aprobación de este dictamen. En representación de las diputadas y los diputados que integran la fracción parlamentaria de Acción Nacional, les adelanto que este dictamen lo votaremos en contra, por las razones siguientes. Se votará en contra este dictamen, ya que debilita nuestra democracia y atenta contra uno de los tres Poderes que comprometen el Estado. Se votará en contra, ya que es inconstitucional, carece de fundamentación normativa suficiente para ejercer de manera efectiva los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna. Porque un acto legislativo no puede extinguir un negocio jurídico bancario legalmente constituido, como son los fideicomisos creados para un fin específico. Se votará en contra, puesto que se violó el proceso legislativo correspondiente, ya que la comisión a la que se le asignó el estudio de esta propuesta es incompetente para dictaminar esta iniciativa. En ese sentido, se debió haber modificado el turno por no ser materia de su competencia. Además, la iniciativa que se discute, reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y sus artículos transitorios, siendo competencia de la Comisión de Justicia y, en su caso, al conocer las afectaciones a derechos laborales le correspondería a la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Cabe señalar que los 13 fondos y fideicomisos que se pretenden extinguir, se han constituido también con recursos de los trabajadores del Poder Judicial, no solo con recursos públicos que derivan en asignaciones presupuestales. Se votará en contra de este decreto ya que contraviene el principio de progresividad y afecta de manera directa e indirecta los derechos laborales, sociales de todos los trabajadores del Poder Judicial. Se votará en contra de este dictamen ya que es contradictorio a lo establecido en el artículo 9 y 12 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que faculta la creación de estos instrumentos jurídicos a los Poderes Legislativo, Judicial y entes autónomos. Asimismo, fundamentar el dictamen exclusivamente en las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación y Gestión de Recursos Públicos, no resulta suficiente, que no establece de manera clara el destino de los recursos que actualmente tienen esos fondos y fideicomisos en caso de ser aprobado este decreto. Cabe mencionar lo que sí debe estudiar y, en su caso, prever la comisión dictaminadora, es que el Presupuesto de Egresos para el 2024 sea suficiente y acorde a las recomendaciones internacionales para el Poder Judicial. El recorte presupuestal de más de 15 mil millones de pesos a este Poder, no tiene una justificación lógica ni democrática. Se sabe que la intención de ese tipo de acciones es asfixiar a un contrapeso, cuya encomienda es velar, guardar y hacer guardar la Constitución con el único propósito de proteger los derechos humanos de todas y todos los mexicanos. Esto no es una acción de austeridad, es una acción de retroceso. No es para beneficiar a la gente, sino para afectar de manera directa a los ministros de la Corte, a los magistrados, a los jueces, porque ellos con su resolución y sus sentencias, han hecho justicia ante las acciones ilegales del gobierno actual. Pero no solo ellos son los trabajadores afectados, sino también los secretarios, proyectistas, actuales, personal administrativo y auxiliares, que se verán afectados ellos con sus familias. Sabemos que en caso de ser aprobado será motivo de una gran cantidad de amparos y la promoción de mecanismos de defensa constitucional. Tenemos claro que el Poder Judicial es garante del cumplimiento de la legalidad...