EL SECRETARIO DIP. MANUEL MEDELLIN MILAN: De la diputada Raquel Cortés López, del grupo parlamentario del PRD, con la que presenta proposición con punto de acuerdo sobre las políticas de asistencia social del Gobierno de la República. Honorable Mesa Directiva de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las suscritas diputadas y diputados a la LVIII Legislatura, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos a esta Soberanía el presente Punto de Acuerdo con base en lo siguiente: Compañeras Diputadas. Compañeros Diputados: Antes de iniciar con la proposición de punto de acuerdo que me trae a esta Alta Tribuna de la Nación me declaro una mujer respetuosa de toda creencia religiosa y de las agrupaciones que permiten el desarrollo de estás. Y creedora de un Estado de Derecho, respetuosa de las instituciones de la República y convencida en que la democracia es el instrumento para alcanzar la justicia social. La lucha del pueblo de México por revestir al Poder Ejecutivo con el principio laico ha pasado por varios episodios; entre ellos las persecución, el encarcelamiento, el hostigamiento y hasta el derramamiento de sangre de muchos mexicanos y mexicanas. Desde la época colonial la iglesia ha tenido una importante participación en la vida nacional, en ella prevaleció su visión sobre la actividad pública del Estado. La Santa Sede en 1836 reconoció a México como Estado. La lucha por el control político origino la pugna entre el poder civil y el eclesiástico que había de culminar en la Guerra de Tres Años y en expedición de las Leyes de Reforma. De ahí se dio una lucha: el 15 de enero de 1847 Valentín Gómez Farías expidió un Reglamento para bienes de manos muertas, el 25 de junio de 1856 el Presidente Comonfort promulgó la ley de desamortización civil y eclesiástica, el 23 de noviembre de 1855 se ordenó la supresión del fuero eclesiástico en materia civil y su posible renuncia en lo criminal. Sobre la Carta de 1857 la iglesia estimó que hería sus intereses y los sentimientos del pueblo mexicano. El Papa Pío IX censuró las disposiciones y el Arzobispo de México Lázaro de la Garza y Ballesteros, prohibió a los católicos, bajo pena de excomunión, jurar la nueva Carta. Esta lucha se llevó a los terrenos legislativos expidiéndose las siguientes leyes: Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos (12 de julio de 1859); Ley del Matrimonio Civil (28 de julio de 1859); Ley Orgánica del Registro Civil (28 de julio de 1859); decreto de secularización de los cementerios (31 de julio de 1859); decreto que declara qué días deben tenerse como festivos y prohibe la asistencia oficial a las funciones de la iglesia (11 de agosto de 1859); Ley sobre Libertad de Cultos (4 de diciembre de 1860); disposiciones que a su triunfo adicionó con la que ordena la secularización de los hospitales y establecimientos de beneficencia (2de febrero de 1861) y la relativa a la extinción de las comunidades religiosas (26 de febrero de 1863). La legislación, consumó en México la separación de Estado e Iglesia A mis manos llegó un oficio de la Secretaria de Gobernación, concretamente de la Subcomisión de Asuntos Religiosos, fechado el primero de marzo del presente en el que el Doctor Javier Moctezuma Barragán, por instrucciones del Licenciado Santiago Creel Miranda, Secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo de la Nación solicita a la Sra. Ana Teresa Aranda Orozco, Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, para que se le otorguen todas las facilidades que se requieran para que las instituciones religiosas puedan ofrecer servicios espirituales" en centros de readaptación social, de salud y de asistencia social. Así mismo le pide haga extensiva esta petición a los sistemas DIF e informe trimestralmente los avances de su petición. El asunto es delicado y debe ser tratado con la seriedad y el respeto que merece. Aquí, cabe hacer las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. De acuerdo con el Articulo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal, a la Secretaria de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos; fracción XVI. Conducir, en el ámbito de su competencia, las relaciones políticas del Poder Ejecutivo con los partidos y agrupaciones políticos nacionales, con las organizaciones sociales, con las asociaciones religiosas y demás instituciones. Pero en ningún momento señala que le dará todas las facilidades que requieran estás para el cumplimiento de sus fines SEGUNDO. El oficio está dirigido a la Presidencia del DIF, cuando lo que le solicita, si llegase a considerarse legal, debería de ser turnado a la Secretaría de Salud, en virtud de lo preceptuado por el articulo 3 de la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal fracción I; en el que faculta a la Secretaría para establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general y la fracción VI para planear, normar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Salud. TERCERO. Preocupante, que a más de 100 días el Gobierno de la República aún no dé a conocer su Plan Nacional de Desarrollo en esta materia; ya que el oficio en cuestión el Subsecretario consigna la existencia de una nueva estrategia religiosa que los mexicanos aún no conocemos. CUARTO. Después de analizar la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal no encontramos fracción alguna que otorgue a la Secretaría competencia en el asunto en cuestión. Además, desconocemos si el Poder Ejecutivo tenga ya en documentos oficiales conceptuando el término SERVICIOS ESPIRITUALES, en virtud de que se presumiría la legalidad de esta actividad pública. QUINTO. La Secretaría de Gobernación no es competente para incidir en la política pública emanada y desarrollada por los centros de readaptación social, de salud y de asistencia social; ya que de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Publica Federal corresponde a las Secretaría de Salud, fracción VII, planear, normar y controlar los servicios de atención médica, salud pública, asistencia social y regulación sanitaria que correspondan al Sistema Nacional de Salud y de acuerdo con la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social corresponde al DIF brindar la asistencia social. SEXTO. El funcionario muestra su poco conocimiento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en virtud de que la Ley sólo reconoce asociaciones, agrupaciones religiosas e iglesias y la figura de INSTITUCIONES RELIGIOSAS no existe en el cuerpo de la ley. De acuerdo con el "Glosario de Términos más usuales en la administración pública federal", publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Subsecretaría de Egresos define institución como: establecimiento, empresa o persona moral fundada con aspiraciones de permanencia cuyos intereses son independientes de los de las personas físicas que la integran y asociación como: contrato en virtud del cual varios individuos convienen en reunirse de manera permanente para la realización de un fin común. Como podemos desprender de lo anterior se está haciendo uso de una figura que no existe y que es diferente, desde su concepción, de las que reconoce la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el articulo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SÉPTIMO. El Subsecretario solicita a la Directora del DIF que le comunique trimestralmente le informe sobre esta situación y a su vez gire a los sistemas estatales esta petición. Esta petición no toma en cuenta lo que preceptue la constitución local y las leyes secundarias de los estados integrantes de la Federación; así como la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social que cuenta con una Junta de Gobierno que toma las decisiones del Sistema. Aquí no acaba el asunto. Con oficio número 200 100 00 0086/2001 la Secretaría Particular de la Dirección General del DIF y fecha 7 de marzo del 2001, ejecuta la petición de la Subsecretaría. A lo anterior, caben las siguientes consideraciones: 1. De acuerdo con el artículo 19 de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social el Organismo contará con los siguientes órganos superiores: Patronato, Junta de Gobierno y Dirección General. En ningún artículo del cuerpo de la Ley existe la figura del Secretario Particular de la Dirección General y mucho menos existe precepto alguno para facultarlo a girar notificaciones de la envergadura del oficio en cuestión, soslayando la legislación en la materia. 2. El Subsecretario de Gobernación envió oficio el 1 de marzo y la Secretaría Particular de la Dirección General del DIF fecha la ejecución en oficio fechado 7 de marzo, es decir, seis días después de la petición, cuando la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social en su artículos 25 y 26 señala que la Junta de gobierno se reunirá bimestralmente para discutir, aprobar acciones del organismo en el marco de la Ley. En consecuencia, no hay sesión en la que se apruebe la ejecución de esta medida. 3. El oficio es en atención a los Directores Generales de los Sistemas DIF estatales, sin tomar en cuenta la legislación local, el Congreso Local y los Secretarios de Gobierno de los estados libres y soberanos. CONCLUSIONES 1. La Secretaria de Gobernación, por conducto de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos invade competencias de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 2. El DIF en sus artículos 9, objetivos y 11, atribuciones, no contempla se autorice a personas morales con fines religiosos a prestar servicios espirituales en los centros de asistencia social y salud. 3. La medida podría representar una violación a las garantías individuales de los sujetos señalados por el artículo 4°. de la Ley Sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, enfermos y sujetos a procesos penales recluidos en los centros de readaptación social, en virtud de que el Estado se encontraría invadiendo su privacidad al otorgar permiso a asociaciones religiosas a brindar servicios espirituales. ¿Harán uso de los servicios en mención los católicos en presencia de un pastor evangelista, o viceversa? 4. De acuerdo con datos del XII Censo General de Población y Vivienda 2000 que publicó en noviembre del año 2000 el INEGI, se desprende que el 88.2% de los mexicanos profesan la religión católica, un 5.2% son protestantes y/o evangélicos, un 3.5 no tienen religión y finalmente un 2.5% profesan otra religión diferente a las anteriormente señaladas. En base a esta composición religiosa, ¿qué debemos de entender por servicios religiosos?. 5. No se está respetando la soberanía de los Estados, de los Congresos Locales y sobre todo de las constituciones locales y los marcos jurídicos de las entidades en materia de asuntos religiosos. 6. Se requiere de un estudio a fondo para establecer si estas medidas constituirían una violación al párrafo primero del artículo 24 constitucional. Esta Soberanía debe atender cuidadosamente esta proposición, en virtud de que la medida solicitada por la Secretaria de Gobernación va dirigida a grupos en situación de vulnerabilidad física, económica y social. Ciudadano Presidente, anexo copia de los oficios de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos y el de la Secretaría Particular de la Dirección General del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en apego a lo previsto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante el Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el presente PUNTO DE ACUERDO PRIMERO. Que en el ámbito de sus atribuciones, la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, solicite a la Secretaría de Gobernación se sirva presentar un informe de la situación expuesta SEGUNDO. La cámara de diputados del H. Congreso de la Unión hace un respetuoso llamado a las autoridades competentes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para que suspenda las medidas solicitadas por la Secretaría de Gobernación en tanto no se sustenten en los ordenamientos aplicables. Es cuanto Ciudadano Presidente, y le solicito turne la proposición a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que emita el respectivo dictamen en los tiempos que establecen nuestros ordenamientos jurídicos. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de abril del año 2001.