El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidente. Este punto de acuerdo que hoy presento es una de las demandas más sentidas de los trabajadores mexicanos de las últimas décadas y tiene que ver con el acceso a una justicia laboral objetiva, imparcial y expedita. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto presentó la propuesta de iniciativa el 28 de abril de 2016, con objeto de consolidar la autonomía y eficiencia en la impartición de justicia. Esta reforma proponía tres premisas fundamentales: 1. Impartición de la justicia laboral por órganos del Poder Judicial de la Federación o local, según correspondía. 2. Replantear la función conciliatoria y centrar este cometido a nivel local en los centros de conciliación. 3. Revisar el sistema de distribución de competencias federales y locales para fortalecer el ejercicio de las libertades de negociación colectiva y de sindicación creando un organismo descentralizado de la administración pública federal. Esta reforma constitucional fue aprobada en las dos Cámaras y en 20 estados y su publicación en el Diario Oficial de la Federación fue el 24 de febrero de 2017, estableciéndose el término de un año para su reglamentación. En diciembre pasado, dos senadores priistas representantes de la CTM y la CROC presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que ha generado una gran inconformidad pública, no solo por parte de especialistas, abogados y sindicalistas, sino también por las mismas centrales obreras a las que ellos pertenecen. Esta iniciativa modifica integralmente el modelo laboral y adquiere un carácter sumamente regresivo, sin precedente en toda la historia laboral del país y aunque su fin es recomponer el sistema de justicia laboral, en ella se incluyeron temas que no tienen nada que ver con este objetivo y que son totalmente lesivos a los trabajadores. Lo más perjudicial, la liberación del outsourcing, que ya no tendría limitantes con lo que se abaratará aún más el costo de la mano de obra, facilita el despido injustificado al derogar la obligación patronal de comunicarlo por escrito al trabajador, señalando sus motivos. En caso de terminación de las relaciones colectivas de trabajo se crean nuevas reglas que liberan al patrón de la obligación de justificar ante la autoridad el despido masivo en determinadas situaciones. Sin fundamento válido se reducen las indemnizaciones en caso de reajuste o separación colectiva sustituyendo la obligación de pago conforme al salario vigente por el de la unidad de medida y actualización. Lo mismo ocurre con las indemnizaciones en caso de riesgo de trabajo, muerte e incapacidad. Impone obstáculos jurídicos imposibles de cumplir a los sindicatos autónomos, tanto para su registro o para cambiar el de sindicato, violando el derecho a la libertad de sindicación y fortaleciendo así los contratos de protección patronal. Se viola el estado de derecho al otorgarle funciones desmedidas y de carácter jurisdiccional al Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral y a los centros estatales de conciliación, tareas que deberían ser propias del Poder Judicial al cual se le otorga un carácter marginal en materia de derechos colectivos. Cabe observar la indebida gestión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ante las Legislaturas de los estados para que legislen creando las nuevas leyes de los centros estatales de conciliación, respondiendo al indebido carácter tripartito que el gobierno federal pretende para crear así una situación de hecho que adquiera un carácter irreversible en clara violación a la condición estructuralmente autónoma de estos órganos, tanto a nivel federal como estatal. Es necesario que esta propuesta de iniciativa se analice y discuta con todos los actores involucrados para elaborar un proyecto de reforma equitativa y justa, por esto proponemos que el Poder Legislativo impulse, con participación de las diferentes expresiones políticas y con el apoyo de algunas instituciones como el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE; el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, una nueva iniciativa que sea congruente con los altos fines de la reforma constitucional y sea un factor de equilibrio, desarrollo productivo, justicia y paz social. Gracias.