El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: La presente iniciativa surge de un ejercicio de derecho comparado, ya que lo que hoy voy a plantear, es derecho vigente ya en otros países latinoamericanos y tiene como objeto fundamental abordar el quebranto de los derechos de los menores cuando han sido declarados acreedores alimentarios. Es decir, cuando se ha determinado que tienen derecho a una pensión económica por parte, principalmente, de su progenitor. Pues sucede que aun cuando la autoridad jurisdiccional ordena se pague la pensión de alimentos, en muchas, pero muchas ocasiones, esta no se lleva a cabo en la realidad, dejando en estado de indefensión a millones de niñas y niños. Esto se da, porque buscan las argucias legales que permitan al deudor alimentista incumplir con su obligación no solo legal, sino moral y ética. En fechas recientes esta legislatura ha hecho un esfuerzo digno para tal fin, con las reformas y adiciones a la Ley Federal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en materia de pensiones alimenticias, conocidas como la Ley 3 de 3, creando el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, cuyo objeto es concentrar la información de deudores alimentarios. Derivado, de dicho registro, que sí pondrán ciertas limitaciones a quienes se encuentre en la calidad de deudor. Se limitará el registro para solicitar licencia de conducir, pasaportes o documentos de identidad o para trámites ante notario referentes a la compra-venta de inmuebles y a la constitución o transmisión de derechos reales o bienes para participar también como candidato en la elección de un proceso electoral. En efecto, a los que formen parte de este padrón, se les negará su registro para competir por alguna de las 20 mil candidaturas, que en el 2024 estarán a disputa. A criterio de su servidor, estoy firmemente convencido de que dichas medidas no alcanzan con su propósito de un efectivo real y material pago de la pensión alimenticia. Por ejemplo, de las 20 mil candidaturas en disputa, 10 mil serán para mujeres, reduciendo a 10 mil potenciales infractores la aplicación de la medida, lo que no es nada de un país de 129 millones de habitantes y donde se cuentan por docena de miles a los deudores alimentarios. Es por eso que estoy proponiendo una serie de reformas a diversas leyes, para que la autoridad jurisdiccional pueda ordenar la retención de fondos de los deudores alimentarios, donde quieran que se encuentren aquellos, ya sean los dineros depositados en cuentas bancarias y cuentas de ahorro o fondos de inversión y, en general, todos los instrumentos financieros y/o de inversión que nuestro sistema financiero contemple. Para algunos, estas medidas podrán chocar con el principio de privacidad y secreto bancario, resguardado por los artículos 14 y 16 constitucionales. Sin embargo, como lo sostengo a lo largo de la iniciativa, valoro de mayor jerarquía la defensa y protección del interés superior de los menores, en comparación a los derechos que se pudieran afectar. Simplemente, los alimentos implican la sobrevivencia de un ser humano y de ahí se deriva el incumplimiento de muchos derechos, en este caso de los menores. Por ejemplo: derecho a la identidad, derecho a no ser discriminado, derecho a la igualdad sustantiva, derecho a una vida libre de violencia, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la libertad de expresión y, principalmente, derecho al libre desarrollo de la personalidad. Es por eso que se proponen reformas y adiciones diversas al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, a la Ley de Instituciones de Crédito, a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, a la Ley de Uniones de Crédito, a la Ley de Fondos de Inversión, entre otros, con el propósito de darle facultades a los jueces a que emitan medidas cautelares o definitivas para la intervención de los dineros de los deudores alimentarios y alcanzar en materia de responsabilidad parental el pago efectivo de pensiones alimenticias. En este país todos los días hay miles, por no decir millones, de mujeres que se levantan diariamente a hacer los tamales, a hacer las empanadas para la venta para poder pagar las necesidades de sus hijos en las escuelas. Y cuántos niños y niñas y cuántos jóvenes no frustran sus estudios simplemente por que hay un padre irresponsable que no paga su pensión alimenticia. Nunca más niñas ni niños ni jóvenes que frustren sus estudios y su futuro por la irresponsabilidad de sus padres. Es cuanto, diputada presidenta.