La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidenta. Qué curioso, la pasada legislatura en el Senado detuvimos la discusión de esta norma a petición de muchos de ustedes, para ponderar si debíamos modificar el 102 constitucional. Pero a partir del día primero, y me refiero a la mayoría, ya no podrán repartir culpas, por eso sugiero muy respetuosamente, compañeras y compañeros, que admitan la responsabilidad que como partido en el gobierno están asumiendo. De aprobarse esta ley, el nuevo fiscal General de la República será nombrado y será removido con la intervención directa del presidente de la República, quien por cierto tiene mayoría en ambas Cámaras. Sin embargo, están a tiempo de mejorar al menos un poco la decisión que han tomado de tener un fiscal a modo. Voy a presentar en conjunto y ruego a la Presidencia considerar el tiempo, espero no tardar más de los tres minutos previstos, porque voy a presentar las reservas a los artículos 15, 16, 21 y 56 del dictamen. Qué bueno, nos felicito que estemos atendiendo al fin este pendiente legislativo. Ojalá recapaciten, ojalá exista de verdad apertura para crear de inicio una Fiscalía fuerte, eficaz y autónoma, pues de seguir aprobando normas que se contraponen unas a otras, que se contraponen a la realidad e incluso a la misma Constitución, tengan la certeza de que haremos historia, vamos a pasar como la legislatura de los remiendos legislativos y no creo que todos estemos en esa tesitura. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, establece que los Estados deben implementar medidas y políticas efectivas contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y demuestren los principios de Estado de derecho, tales como la integridad, la transparencia y la responsabilidad. Así, en el artículo 15 propongo que el fiscal general sea nombrado y removido, haciendo prevalecer el límite constitucional a fin de que el cargo sea estrictamente por nueve años sin posibilidad de reelección. Por otra parte, recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que las disposiciones que prevén requisitos más laxos a los establecidos en la Constitución, para ocupar dicho cargo, son inválidas. Hoy queremos pedir a la mayoría que no abra las puertas de la nueva Fiscalía a personas con buenas intenciones, es que eso no está a discusión, todos aquí tenemos muy buena intención, pero tenemos una responsabilidad. No podemos admitir que lleguen a las instituciones, y menos en casos como este, personas sin el perfil y la experiencia, ya lo hicieron en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, eliminaron de tajo todos los requisitos que había dispuestos en la ley para nombrar a los delegados federales en los estados. No pretendan volver a hacerlo. En el mismo artículo 15 y el artículo 16 la propuesta es muy clara, respetemos los principios de transparencia, publicidad, participación ciudadana, igualdad y no discriminación, pero incluyamos el principio de idoneidad, porque quien ocupe la Fiscalía General de la República debe contar con los elementos técnicos, académicos, aptitudes probadas y la capacidad para desempeñar un trabajo calificado. Debe reunir pues, las características necesarias para ejercer su función dentro de los procesos en materia de corrupción. Desde nuestra perspectiva el fiscal debe tener experiencia certificada en materia de derecho penal, pues un eje rector del Sistema Nacional de Anticorrupción es precisamente la materia penal. También quiero pedir que no caigamos en la tentación de hacer lo que tanto criticaron, la suplencia o representación del fiscal no puede exceder de 30 días naturales, no podemos dejar por tiempo indefinido el manejo de un órgano autónomo y con facultades de investigación nacional e internacional a un coordinador general que no fue sometido a un proceso constitucional. Y por favor, no den pauta a los trabajos vitalicios. Hoy que tanto revuelo, que tanta incertidumbre han causado en el servicio público, no pretendan que haya servidores públicos de primera y otros de cuarta. Establezcamos en el artículo 56 la legalidad y el respeto a los derechos laborales, que los procesos de ingreso, desarrollo, evaluación, promoción, separación y reincorporación de quienes integren la Fiscalía no establezcan la inamovilidad del cargo, y mucho menos otorguen inmunidad respecto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta es una norma ambigua. Si quienes emiten el dictamen señalan que la Suprema Corte de Justicia refiere como válida la inamovilidad judicial, quiero decirles que esta se refiere a quienes ejercen un cargo temporal previsto en la Constitución, por ejemplo, los magistrados, no es una referencia general. No abramos la puerta a conflictos de interés. Me faltan tres líneas y termino. Les recuerdo que estoy presentando reserva hasta de cuatro artículos.