EL C. DIPUTADO EMILIO ZEBADÚA GONZÁLEZ (PRD): Con su permiso señor diputado Presidente. Señoras y señores Diputados: Necesitamos hoy de una reforma electoral que tenga el acento en el control y la trasparencia del dinero en la política. Durante el periodo llamado de la transición democrática la ciudadanía depositó su confianza en un sistema electoral que ha tenido como vectores fundamentales, por una parte, a un sistema de partidos políticos, cuya finalidad es promover la participación en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso al ejercicio del poder público; y por otra, a autoridades independientes en sus decisiones y funcionamiento, encargadas de organizar las elecciones y vigilar el funcionamiento de los propios partidos. Es necesario destacar que en el actual diseño institucional los partidos políticos sustentan su viabilidad, su desarrollo y oferta política en el financiamiento público, dentro de un sistema mixto de financiamiento, lo que les ha garantizado su funcionamiento y presencia en el ámbito del Estado nacional. El país ha estado dispuesto durante estos años a invertir literalmente miles de millones de pesos, para darse a sí mismo en un plazo de menos de una década, un régimen plural de partidos competitivos que permitieran la alternancia democrática en los tres niveles de gobierno y dentro del marco de la legalidad. Para ello se confirió en la fracción I del artículo 41 constitucional el carácter de entidades de interés público a los partidos políticos y los dotó además de recursos para participar en las campañas electorales y de dinero para sostenerse año con año como organizaciones permanentes, con el compromiso de trabajar en beneficio de la sociedad. La ciudadanía también les entregó, según lo establecido en el artículo 41 del Cofipe, prerrogativas adicionales como franquicias postales y telegráficas y acceso permanente a los medios de comunicación. Y por si fuera poco, la ley les permite recaudar fondos privados con solo algunas restricciones en cuanto al origen y a los montos del financiamiento privado. A la autoridad electoral, al IFE, no solo se le otorgaron personalidad jurídica y patrimonio propios, sino que se les dotó de autonomía presupuestal, misma que ha representado recursos en abundancia para administrarse a sí misma y para desarrollar los sistemas y programas más avanzados de credencialización, de validación del padrón electoral, de capacitación de funcionarios de casilla y en general para la organización de las elecciones. El pacto político y el entendido implícito en este esquema y diseño institucional ha sido que el financiamiento mixto debe garantizar recursos suficientes para la viabilidad y funcionamiento de un sistema de partidos políticos competitivos, con un árbitro independiente. En este diseño, el control del dinero público y privado en los circuitos de la competencia electoral se entendió, desde su origen en la reforma de 1996, como la clave para mantener la actuación y la competencia política dentro del marco de la ley. Para ello se creó la Comisión de Fiscalización del IFE y se establecieron controles al origen y destino de los recursos de los partidos. Los instrumentos jurídicos de control se fueron afinando paulatinamente en estos años y se conocieron en ese proceso sus límites y sus alcances, principalmente en torno a los casos de PEMEX-Gate, Amigos de Fox y los partidos negocio. Sin embargo, el legislador no pudo prever en 1996 que los instrumentos de control serían insuficientes frente a los recursos creativos de quienes se proponen burlar la ley y obtener ventajas a toda costa, ni que las fórmulas legales para el cálculo del financiamiento tanto del IFE como de los partidos políticos, generaría, como lo ha hecho, una espiral de gasto desmedido, de dispendio y hasta de corrupción de quienes han abusado de la confianza de la ciudadanía. En el año 2003, el presupuesto total autorizado al Instituto Federal Electoral rebasó los 11 mil millones de pesos, esto significó que el IFE contó con más de 5 mil millones de pesos para gastos de operación, mientras que los partidos políticos obtuvieron otro tanto para financiamiento público. Tomando en cuenta sólo este financiamiento destinado a los partidos y considerando la participación ciudadana en el último proceso electoral federal, puede calcularse el costo del voto en casi 200 pesos por ciudadano, cifra indudablemente elevada. Solamente los tres partidos que perdieron su registro en el 2003 utilizaron más de 275 millones de pesos durante el año. Con esto queda de manifiesto, por si fuera necesario, la necesidad de repensar y replantear el sistema electoral que queremos y necesitamos. Hoy coinciden en esta Cámara y en este momento, por lo menos dos iniciativas muy amplias y ambiciosas, construidas a partir de la experiencia acumulada en los últimos años sobre el financiamiento y funcionamiento real del dinero en la política, así como de los límites y alcances del sistema de fiscalización en los procesos electorales. Acabamos hoy mismo también de conocer de una nueva propuesta adicional por parte del Partido del Trabajo, a la que le damos la bienvenida y como nos recordó nuestro colega del Partido Verde Ecologista de México, hay en efecto ya presentadas en esta y anteriores Legislaturas, un número muy importante de iniciativas específicas en materia de reforma electoral que deberemos recoger. Celebramos pues la existencia de las coincidencias entre todas estas iniciativas y por ende de un consenso potencial en torno a por lo menos cuatro grandes ejes que tienen como común denominador la relación entre el dinero y la política y el esfuerzo por hacer de este vínculo una relación más transparente y con mayores controles de parte de la autoridad electoral y, por consiguiente, de la ciudadanía. Me refiero a las propuestas que bajo distintas fórmulas se establecen para la regulación de las precampañas, mismas que deberán regirse bajo reglas claras y límites expresamente acordados. También a la coincidencia sobre la necesidad de reducir los tiempos de campaña para los cargos de elección popular. Además, el dotar al Instituto Federal Electoral de mayores y más eficaces instrumentos para la fiscalización de los recursos de candidatos, partidos y particulares, incluyendo de manera destacada el acceso del IFE a la información financiera y hacendaria que requieren los procedimientos de fiscalización, para así establecer mejores sistemas de control sobre las aportaciones privadas de fuentes a veces dudosas. Y, finalmente, la voluntad de disminuir sustancialmente el monto del dinero público que se destina al financiamiento de los partidos políticos y de la propia autoridad electoral federal. En este sentido y obedeciendo a la lógica de una reforma completa e integral, es necesario trabajar conjuntamente con las distintas fracciones parlamentarias, para lograr un redimensionamiento de la autoridad electoral y del sistema de partidos en función de la realidad y del propio análisis que realice esta soberanía. Pero este nuevo diseño para el funcionamiento de la democracia mexicana y de la relación entre el dinero y la política, requiere que como piedra angular de la misma se fijen nuevas reglas en cuanto a las atribuciones del IFE, en relación a la contratación de los medios de comunicación. No es por lo mismo un exceso decir que para que esta reforma electoral sea viable, debemos reducir el financiamiento de los partidos y en forma paralela asegurarles a ellos, a los candidatos y a los programas políticos, acceso suficiente y equitativo en la radio y televisión, siendo éstos no sólo un vehículo fundamental de difusión de la cultura democrática en los sistemas desarrollados, sino cada vez más un actor con voz propia que, confiamos, comparte también esta misma voluntad general por introducir en estos momentos y en esta coyuntura en vísperas del proceso electoral del 2006, mayor racionalidad y eficiencia a nuestra democracia de partidos. En los próximos días en las Comisiones Unidas a las que se han turnado estas y otras iniciativas en materia de Reforma Electoral, el Partido de la Revolución Democrática buscará alcanzar los acuerdos que aún se requieren para contar con una propuesta específica y detallada de reformas a la Constitución y a la Ley Electoral. Nuestro objetivo, como ya se ha dicho, es racionalizar el uso del dinero en la política electoral, logrando con ello el futuro desarrollo de nuestra joven democracia y a la vez, la posibilidad de recuperar la confianza en los partidos , sus dirigentes y los representantes electos A pesar de las grandes coincidencias y de los consensos previos ya construidos, debemos reconocer que el tramo final aún requiere de un esfuerzo técnico, jurídico y político que nos permita plasmar de manera congruente una nueva fórmula en la Constitución y en el COFIPE por medio de lo cual los partidos presenten sus ofertas políticas a los electores, realicen sus actividades ordinarias y lleven a cabo las campañas de quienes aspiran a un puesto de elección popular. La nueva Reforma Electoral debe devolver la confianza y la credibilidad de la ciudadanía en el Sistema de Partidos Políticos y en los procesos electorales. Para ello, se necesita que esta reforma logre transparentar a la vez y ejerza nuevos controles sobre el dinero en la política. Confiemos que se concluyan en estos días y en estas comisiones los acuerdos que restan. Muchas gracias. (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Gracias Diputado. Tiene el uso de la voz el Diputado Francisco Barrio Terrazas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional -EL C. DIPUTADO FRANCISCO BARRIO TERRAZAS. Con su venia, señor Presidente. Compañeras Diputadas y compañeros Diputados. La actual realidad democrática de México, no es producto de la casualidad ni concesión de gobierno alguno. Si hoy contamos con elecciones confiables, es por los esfuerzos que partidos políticos y organizaciones, respaldados por amplios segmentos de la sociedad civil, realizamos durante muchos años En esta materia, nadie nos ha regalado nada, hemos sido nosotros, los mexicanos, quienes día a día, luchando en distintos frentes hemos.conquistado la democracia como procedimiento que hiciera realidad la vieja demanda de Madero de hacer efectivo el sufragio, de hacer que el voto de cada ciudadano cuente y se cuente con apego absoluto a la ley. En el marco venerable de esas luchas históricas los Legisladores de Acción Nacional queremos asumir con responsabilidad y con visión de Estado, la tarea de contribuir a que nuestras normas electorales respondan mejor a la realidad del México de hoy. Hacemos nuestra la Iniciativa de Reforma Legal y Constitucional presentada por el Ejecutivo Federal y nos pronunciamos por concretar avances en tres ejes fundamentales: Primero: abatir los costos de la democracia, los mexicanos ya tenemos elecciones confiables, necesitamos que ahora sean también eficientes, esto es, que garanticen esa confiabilidad y una plena transparencia al menor costo posible, la sociedad cree en la democracia pero no acepta procesos electorales que implican un derroche de recursos puesto que somos un país con una lista abrumadora de carencias y rezagos. No es válido, pues, que sigamos erogando sumas exorbitantes de dinero en campañas políticas y por ello los Diputados del PAN proponemos reducir el financiamiento público a los partidos y el tiempo de las campañas, ya que su duración actual deriva en costos excesivos, en un desgaste político de los partidos y, lo peor de todo, en un hartazgo ciudadano. En ésa misma línea de hacer menos oneroso nuestro sistema electoral, proponemos que los partidos que pierdan el registro reintegren al Estado los bienes adquiridos con dinero público y avanzar en la construcción de un esquema concurrente de elecciones que permita llevar a cabo elecciones federales y locales en la misma fecha, racionalizando así los costos de las mismas. Segundo eje de nuestra propuesta.- Transparencia y rendición de cuentas. La política sufre en nuestro país de un desprestigio profundo, somos los actores políticos los primeros responsables de devolverle con nuestro trabajo, con nuestra conducta y con nuestras actitudes y expresiones su noble dignidad. Estamos hoy más que nunca obligados a fortalecer y reivindicar el espíritu republicano y democrático, a combatir con decisión toda posibilidad de que en su nombre se haga mal uso de los recursos del pueblo o se incurra en prácticas poco éticas. Aunque no es el único factor que incide en las campañas, cada vez pareciera haber una mayor relación entre los recursos económicos invertido en ellas y los resultados obtenidos en las elecciones. No podemos permitir como país que el dinero sea el que nos gobierne y mucho menos tratándose de dinero ilícito. Es pues, indispensable garantizar que los recursos que se gastan en las campañas procedan de fuentes legítimas, que estén adecuadamente regulados y que se apliquen correctamente; tenemos que dar a la sociedad una mayor certeza de que los mecanismos y procedimientos que utilizamos en los partidos políticos para obtener el voto se apegan a la ley pero no solo a la ley, sino también a la justicia y a los más sólidos principios de la ética social y garantizar a la ciudadanía que los recursos de los partidos se utilizan no para beneficiar intereses particulares o de grupos sino para consolidar nuestro marco democrático y fortalecer al sistema de partidos. A eso queremos apostarle porque los partidos no son sólo escándalos, porque hay en todos ellos gente de bien, individuos honorables de los que la república puede sentir fundado orgullo; porque ha habido en los partidos gente como Heberto Castillo, como Luis Donaldo Colosio y como Manuel Clouthier (aplausos). Porque el PRD cuenta entre sus filas a un Carlos Payán y el PAN a un Luis Alvarez, y el PRI a un Enrique Burgos y porque como ellos, muchos, muchísimos otros hombres y mujeres realizan al interior de los partidos un trabajo político responsable, serio y honorable nos pronunciamos por imprimirle una mayor transparencia a la vida de los partidos poniéndolos más a la vista de los ciudadanos. Proponemos para ello, reforzar las facultades de la autoridad electoral para fiscalizar el financiamiento y los gastos de las organizaciones políticas; obligar a instituciones financieras, autoridades y personas en general a dar información relacionada con esta fiscalización y regular las precampañas y los procesos internos de los partidos para la elección de sus candidatos. El tercer eje de nuestra propuesta tiene que ver con la generación de condiciones que faciliten el diálogo y los acuerdos. Al respecto, proponemos ir estableciendo elecciones concurrentes que además de repercutir en un ahorro de recursos públicos y en un menor desgaste del quehacer político y de los ciudadanos, también facilitarían entablar negociaciones que dieran como resultado acuerdos substanciales puesto que las fuerzas políticas no estarían sometidas durante tanto tiempo al juego electoral. Estos son, en grandes líneas los aspectos más relevantes de la iniciativa presentada por el Ejecutivo y que nosotros asumimos como propia. Al convocar a nuestros compañeros legisladores de todas las fracciones a analizarla con actitud receptiva, tomando de ella lo que tenga de positivo, quiero también expresar nuestro ánimo de escuchar nuestra disposición de considerar y valorar las distintas propuestas para quedarnos con lo mejor de cada una. En ese ánimo, en ese ánimo de escuchar, de dialogar en forma constructiva, extiendo una invitación formal, para que uno o varios representantes de cada uno de los otros grupos nos acompañen en alguna de las reuniones plenarias de nuestro grupo parlamentario, a fin de que nos expongan sus propuestas y sus argumentos, a favor o en contra de los diversos temas y si nosotros somos invitados a sus reuniones internas, desde luego acudiremos. Queremos con ello, poner nuestra parte para generar un ánimo conciliador, una ambiente de encuentros constructivos, de acuerdos que nos permitan entregar a la sociedad los resultados que está esperando de nosotros. Confio en que seremos capaces entre todos de catalizar nuestros esfuerzos y de armonizar nuestros puntos de vista en torno a estas iniciativas, no sólo en aras de una mayor eficiencia de nuestro quehacer legislativo, sino a efecto de configurar un marco legal, que refleje la pluralidad de nuestro país y al mismo tiempo la voluntad política de todos los que pese a nuestras diferencias, nos esforzamos sinceramente en alcanzar objetivos y en construir nuevos y más eficaces esquemas legales en beneficio de México. Es cuanto. -