La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, señor diputado presidente. Esta ley es para todas las mamás jefas de familia, independientemente de su estado civil en el que se encuentren. En México, de acuerdo al censo de población y vivienda del Inegi, 25 de cada 100 hogares mexicanos tienen como principal sustento a la mujer. Es decir, son jefas de familia cerca de 7 millones de mujeres mexicanas. De esta población, el 59 por ciento son asalariadas y el 41 por ciento trabajan por su cuenta. En ese rincón de abandono institucional viven o sobreviven miles de familias, donde las mujeres deben dividirse para ser proveedor y hacer pie de casa para sus hijos. Es la madre de familia la que suele hacerse responsable de una doble carga, que es muy difícil de sobrellevar. Enfrentan solas las responsabilidades que implican sacar adelante a la familia. En este bregar por la vida, muchas de ellas sufren con toda crudeza no sólo el hecho de ser marginadas, sino ser discriminadas por su situación socioeconómica y su condición de madres solas. Ante la falta de ingresos económicos, los menores de edad se ven obligados a abandonar la escuela para ponerse a trabajar en lo que sea. Prueba de ello es que en el país casi 4 millones de niñas y niños de entre 5 y 15 años de edad están en las calles, expuestos a caer en las drogas o en la delincuencia, tratando de ganar algunas monedas para ayudar al gasto familiar. Los números no mienten, son fríos, de vez en cuando crueles pero no se equivocan. Nos permiten anticipar el futuro porque marcan tendencias sobre una situación en particular. Tenemos una deuda con todas estas mujeres que contra viento y marea desafían toda clase de obstáculos, luchan por sus hijos con lo que tienen y como pueden, en condiciones verdaderamente paupérrimas. En este ejercicio legislativo se pretende traer su voz para que su realidad sea, primero conocida, después comprendida y finalmente, atendida. Son mujeres que viven al día, la comida de su mesa depende de su trabajo diario. Son mujeres que no tienen derecho a enfermarse, mucho menos a morir. Viven en estrés constante. Llegan a su casa preocupadas, cansadas pero orgullosas del deber cumplido. Su presencia, su trabajo y sus cuidados, aunque precarios, básicos e insuficientes, son la única esperanza de vida para sus hijos, que no tienen a nadie más quien vea por ellos. Tenemos que proponer las instituciones legales y administrativas que, cuando menos, alivien la situación de estas mujeres y sus hijos, que no tienen la fuerza de opinión pública para hacerse escuchar por ellas mismas. Una legislación compensatoria. Una norma social y humanitaria que significará aligerarles un poco la carga. Las madres jefas de familia tienen un 70 por ciento más de riesgo de morir prematuramente en comparación con las que tienen pareja. Además, son en mayor medida las que tienen un nivel de educación más bajo y están empleadas en trabajos manuales de baja remuneración. Estas mujeres suman, restan y calculan todo el día la mejor fórmula para cumplir con el papel de madre y de trabajadora. Muchas veces se ven en la necesidad de optar por trabajos con menores ingresos que les permitan asegurar un ingreso mensual estable o que les permita pasar más tiempo con sus hijos. Son madres mexicanas que merecen ser tomadas en cuenta por la sociedad a la que pertenecen. Ése es un problema social que existe y que no se puede tapar el sol con un dedo. Forman parte de una estadística que nadie quiere ver. Con su abandono, la sociedad estará firmando una sentencia que condenará a sus hijos a una vida de marginación, enfermedad y violencia. Estos niños, de madres de jefas de familia, algún día serán el futuro de México. En sus ojos, en su mirada está en parte el porvenir de nuestro país. Dicen que cuesta caro meter dinero público en su apoyo, les aseguro que cuesta más ignorarlos que apoyarlos. Presento esta iniciativa de Ley General para la Protección y Apoyo de las Madres Jefas de Familias a nombre de las mujeres que necesitan apoyo para ellas y sus hijos, que están solas y se sienten solas, que en nada les dice tener un gobierno de instituciones y leyes que respetar. Sabemos que la pobreza supera el recurso, los dineros de los que dispone el Estado son limitados, por lo que estamos proponiendo que este apoyo sea otorgado a las mujeres con mayor nivel de marginación económica y que la ayuda se distribuya hasta que sus hijos alcancen una edad de 18 años. En nuestro país es muy difícil ser mujer. Ser mujer cabeza de familia es doblemente difícil. Ser mujer cabeza de familia desempleada es tres veces más difícil; pero ser mujer cabeza de familia desempleada en medio de una severa crisis económica es verdaderamente terrible. Mientras no volteemos la mirada hacia esas mujeres pobres, mientras no sepamos cómo viven y subsisten, las políticas de género quedan simplemente en el discurso. Ya no se puede ser indiferente, las madres jefas de familia han sido marginadas por la sociedad, no han tenido el respaldo debido conforme a su situación, que es diferente a la de una pareja. Y esta ley entra en su auxilio, obliga a que se le proporcionen apoyos para que no tengan tantas dificultades. Este ordenamiento exigirá de las finanzas públicas un extraordinario esfuerzo de austeridad, a fin de dejar un guardadito para lidiar un poco la carga de las madres jefas de familia a cambio de que ellas se aseguren de llevar a sus hijos e hijas a la escuela y hagan el mayor de sus esfuerzos para que se mantengan como alumnos regulares. Que quede claro, no son los derechos de los adultos los que se pretenden proteger, sino el de las niñas y los niños que viven en el precario amparo de su madre sola. En los derechos de esta ley se busca preferentemente que las madres jefas de familia y sus hijos tengan la atención médica y psicológica gratuita, derecho a educación básica, a becas y programas educativos, a los programas de asistencia social, gozar de acceso a oportunidades de trabajo y a programas de capacitación, para que puedan tener un ingreso económico propio. Proponemos crear un Consejo Nacional para la Protección de las Madres Jefas de Familia como un órgano honorífico y cuyo objetivo sea la elaboración de propuestas y la evaluación de las políticas, programas y acciones en materia de protección con el fin de mejorar sus condiciones de vida y la de sus hijos e hijas. Las mujeres tienen menores salarios que los hombres, pese a que realizan los mismos trabajos. Según el INEGI los trabajadores hombres ganan en promedio 2.5 salarios mínimos, en contraste las trabajadoras mujeres perciben en promedio 1.9 salarios mínimos lo cual denota que existe la idea de que las mujeres valen menos que los hombres. Debemos apostarle a la aplicación de programas a favor de las mujeres. He aprendido que la política es servicio, el gobierno se debe ejercer para beneficio de la gente. Los invito a que den su apoyo a este proyecto, es un ordenamiento de profundo sentido social y de aplicación práctica en beneficio de las madres jefes de familia que reclaman de su gobierno la atención que merecen. Logremos la solidaridad y comprensión para sacar adelante un instrumento que abra la puerta al apoyo económico, educativo y social, a las mujeres que tienen la dicha de ser madres, pero cargan con la pesada losa de la marginación social. Por su atención, muchas gracias. Ruego, señor diputado presidente, se transcriba íntegramente el contenido de dicha iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.