El diputado Víctor Valencia de los Santos: Con el permiso de la honorable Asamblea. Solicito a la Presidencia sea considerado el texto íntegro en el Diario de los Debates en virtud de que es algo extensa la exposición de motivos. El suscrito, diputado Víctor Valencia de los Santos, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, de acuerdo con la siguiente Exposición de motivos El artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su primer párrafo. "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca de los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales". Con fundamento en la disposición constitucional citada, hasta hace poco tiempo prevaleció el criterio de que la cadena perpetua o la prisión vitalicia eran consideradas penas inusitadas y trascendentales. La legislación penal mexicana ha establecido un límite a través de la figura de la pena máxima. Así, el artículo 25 del Código Penal establece lo siguiente: Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a 60 años y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitencias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva". En los últimos años, principalmente en las últimas dos décadas en que la criminalidad ha tenido un crecimiento explosivo y lacerante para la sociedad mexicana, los criterios han tenido que sujetarse a un proceso de revisión y rectificación. El desarrollo del crimen organizado, el narcotráfico y el secuestro, así como delitos ominosos como los homicidios dolosos de mujeres y niños; la corrupción de menores de edad, que incluye la prostitución y la pornografía infantil; el concurso real entre conductas delictivas como el secuestro y el homicidio de mujeres y menores; la violación y la corrupción, que incluyen la adicción de las drogas de infantes y menores; por sólo citar algunos ejemplos, ha hecho reflexionar a la sociedad mexicana sobre la validez de los principios prevalecientes y ahora se proyecta con fortaleza la convicción de que el valor jurídico y social a proteger en diversos delitos de gravedad especial y que ofenden y lastiman sensiblemente a nuestra sociedad, es la preservación y, en su caso, la restauración del orden jurídico y la seguridad pública. Esta tendencia se está consolidando en relación a delitos que ofenden de manera sensible y trascendente a la sociedad; tal es el caso de la Legislatura del estado de Chihuahua, que reformó el artículo 27 de su Código Penal de aquel estado, mediante algún decreto publicado en el Diario Oficial de la entidad el 27 de agosto de 2003. Dicho artículo quedó redactado de la siguiente manera: "La prisión consiste en la privación de la libertad, que podrá ser de tres meses a 60 años, recluyendo al sentenciado en la institución que designe el Ejecutivo del estado. Tratándose del delito de homicidio doloso en perjuicio de mujeres o de mejores de edad o del delito de secuestro, deberá imponerse tema por cada delito cometido, aun y cuando ello se exceda al máximo de la pena de prisión". Dicha reforma fue materia de una acción de inconstitucionalidad, promovida por algunos diputados locales. Afortunadamente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, el 6 de septiembre de 2005, en el expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 20/2003, que la reforma al Código Penal chihuahuense antes comentada no era inconstitucional, por la consideración fundamental siguiente. De una interpretación armónica de los preceptos constitucionales en comento, se infiere que la pena debe considerarse como una medida aflictiva para el delincuente, pero necesaria para la coexistencia pacífica y armónica de los miembros de la sociedad. La sanción penal adquiere, por otra parte, el carácter de preventiva, al inhibir la proliferación de conductas antisociales, al mismo tiempo que restablece el orden jurídico que se ve perturbado por la comisión de los delitos. Desde esta perspectiva, la pena forma parte de la defensa social, que responde de manera proporcional a la gravedad del ilícito cometido, independientemente de que su finalidad sea también la readaptación social del delincuente, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación para que pueda convivir en la comunidad a que pertenece. Así, pues, la pena privativa de la libertad de por vida no es inusitada ni trascendental, dado que lo proscribe el artículo 22 constitucional. Al respecto; es el contenido mismo de la pena, esto es, que se convierta en una práctica inhumana como en forma ejemplificativa lo que destaca el propio precepto de prohibir las penas de mutilación y de infamia, los azotes, los palos y el tormento de cualquier especie, así como que sean trascendentales, esto es, que afecten a la familia del delincuente. Se concluye que la pena de prisión vitalicia o de cadena perpetua no contraviene a la naturaleza de la pena, pues ésta —como ya se dijo— debe atender a la gravedad de la conducta delictiva en correlación con el riesgo social y la necesidad de preservar el orden jurídico. El hecho de que sea precisamente en el estado de Chihuahua en donde se haya aprobado esta reforma al Código Penal estatal, modificando el criterio tradicional que se sustenta en el carácter prioritario de la readaptación del delincuente, para dar mayor valor a los principios que inspiran el orden y la seguridad pública, la vida e integridad de los miembros del conjunto social, se explica porque en esta entidad sufrimos de manera sensible incidencias criminales graves, que ofenden y lesionan particularmente a la sociedad chihuahuense, al igual que como seguramente sucede en otros estados de la República, como son los homicidios de mujeres y menores y diversos delitos relacionados con el narcotráfico. En el estado de Chihuahua tuvimos que revalorar en la escala de valores jurídico-sociales el respeto a la vida y la tranquilidad de las personas frente a las garantías constitucionales de los delincuentes. Por ello, propongo una reforma al artículo 25 del Código Penal Federal en la que se ratifica como principio general, que la duración de las penas serán de tres días a 60 años, pero ampliamos la excepción legal que el límite máximo de la pena, es decir, 60 años podrá rebasarse además del caso del delito en reclusión que prevé la norma vigente en el caso de concurso de delitos o la acumulación de penas, cuando una o más de las conductas delictivas configuren los tipos penales siguientes: tráfico de estupefacientes, corrupción de menores, violación de menores y discapacitados, abuso sexual y violación de menores y de discapacitado por parte de padres, tutores o responsables; homicidio calificado en contra de menores, mujeres, personas adultas mayores y discapacitados o cuando se cometa a propósito de una violación, privación de la libertad o robo, por el sujeto activo de éstos, que es la privación de la libertad y el tráfico de menores. En estos casos se propone que no sea aplicable el principio del límite máximo de la pena y que por consecuencia se aplique la pena por cada delito cometido, aún cuando la acumulación de ellas exceda del máximo de la pena en prisión establecido en el propio articulo. Con ello estamos abriendo la posibilidad de que los jueces, en respuesta a los reclamos urgentes por parte de la sociedad en general, de seguridad y defensa social contra la delincuencia, puedan aplicar a una misma persona, penas que en su conjunto rebasen los 60 años y que signifiquen prácticamente la prisión vitalicia o la cadena perpetua. En mérito de lo expuesto con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente Proyecto de decreto Decreto único. Se reforma el artículo 25 del Código Penal Federal, para quedar redactado como sigue: "Artículo 25. La prisión consiste en la privación de la libertad corporal. Su duración será de tres días a 60 años y sólo podrán imponerse penas cuya acumulación rebase el límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión o se trate de concurso de delito previsto en el artículo 18 de este Código, en los que deberá imponerse pena por cada delito cometido, aún cuando excedan del máximo de la pena en prisión. Cuando una o más de las conductas delictivas configuren alguno de los siguientes tipos penales: tráfico de estupefacientes a que se refiera el artículo 194; corrupción de menores; violación de menores y discapacitados; abuso sexual y violación; homicidio calificado; privación de la libertad; tráfico de menores a que se refiere el artículo 366. "Y tampoco se aplicará la regla del límite máximo establecida en el primer párrafo de este artículo, cuando la gente de la comisión de cualquiera de alguno o de algunos de los delitos mencionados en los incisos 1) y 7º) anteriores, utilice o se sirva de persona menor de 18 años de edad o persona de cualquier edad que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho. "La prisión se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen en las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la resolución judicial respectiva. "En los casos previstos de la fracción I a la VII de este artículo, la pena se compurgará preferentemente en centros de readaptación social federal, para máxima seguridad". Artículo transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente, el de la voz. Gracias.