La diputada María Guadalupe Román Ávila: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, pueblo de México. Estamos a un mes de la conmemoración del Día Mundial del Agua, el día 22 de marzo, establecido por la ONU como un medio para centrar la atención en la importancia de la gestión sostenible de este recurso y tomar medidas para hacer frente a la crisis mundial del vital líquido. El agua puede crear paz o desencadenar conflictos, cuando el agua escasea o está contaminada, o cuando las personas tienen acceso desigual o nulo puede aumentar las tensiones entre las comunidades y los países, lo que conlleva a la problemática de ingobernabilidad, como lo vemos en varios estados del país que se acentúan en las zonas metropolitanas. A medida que aumenta los impactos del cambio climático crece la población, existe la necesidad de crear medidas y políticas para proteger y conservar nuestro recurso más preciado. Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dentro del paquete de iniciativas constitucionales que envió el pasado 5 de febrero, propone la iniciativa en materia de derecho a la alimentación, medio ambiente y agua, la cual tiene como objetivo garantizar el uso doméstico del agua y no otorgar concesiones en zonas con baja disponibilidad en cantidad y calidad. El Ejecutivo federal sí ha sido contundente en la necesidad no solo de cuidar el recurso, sino de realizar reformas legislativas que permitan la correcta administración para revertir el agua, el problema del agua. La Comisión Nacional del Agua informó que el 60 % del territorio nacional está en condiciones de sequía y que 395 municipios es extrema. Tan solo en este año se prevé que el sistema Cutzamala quede sin agua en el mes de junio dada la escasez de la lluvia, por lo cual es vital que se modifiquen las disposiciones legales a efecto de proteger la infraestructura hidráulica, para evitar que las personas sin escrúpulos dañen, sobreexploten y comercialicen con el vital líquido. Por ejemplo, la mayoría de las 500 mil familias que habitan en Ecatepec, así como quienes acuden a realizar alguna labor cotidiana a las zonas industriales, comerciales y de servicios de la localidad, padecemos la tragedia de no contar con el servicio del suministro del agua potable en red. En las viviendas, inmuebles la escasez que se menciona, con temor, en las noticias, a nosotros nos alcanzó desde hace 20 años y se ha acentuado durante los últimos cinco años por falta de mantenimiento a la infraestructura, ni el gobierno estatal saliente ni el actual gobierno municipal pudieron coordinarse para hacer frente a este grave problema. La ciudadanía realiza tres veces el pago del acceso al agua, realiza el pago del impuesto al municipio y a los derechos del agua, el pago al agua purificada y también allegarse del vital líquido por medio de la compra de pipas, que ha generado con esto un negocio fructífero para organizaciones y grupos que rompen y manipulan las tuberías y válvulas para poder ordeñar esa infraestructura. Investigaciones realizadas por especialistas encontraron que desde 2019 hasta septiembre de 2022 se había detectado 131 mil 603 tomas clandestinas en ductos de agua públicos, en 239 municipios de México. Además, la misma investigación dio cuenta que en este mismo periodo 8 fiscalías estatales habían abierto un conjunto, alrededor de 100 carpetas de investigación, siendo Chihuahua, Baja California las entidades con mayor número de registro, seguidos por el estado de México, Baja California Sur y la Ciudad de México. Por lo anterior, es necesario tomar las medidas contundentes que solucionen la raíz de los problemas. Como legisladora federal del distrito 17 de la denominada quinta zona de Ecatepec, la región con mayor problemática de desabasto de agua, considero fundamental proponer iniciativas que beneficien a la población y, no solo en cuanto, pues la carencia del agua en red se ha vuelto una de las causas de empobrecimiento de nuestros habitantes. Esto no puede seguir sucediendo, no es factible ni permisible que se lucre con la necesidad de la gente, más cuando hoy por hoy nos encontramos en un desabasto histórico del vital líquido. Por ello se propone esta iniciativa que tiene como objetivo reformar el Código Penal Federal para adicionar el Capítulo VI denominado Delitos contra el Servicio Público del Agua Potable, a fin de tipificar la extracción, distribución, almacenamiento del agua, cuando no se cuente con los permisos, licencias y concesiones respectivas. Debemos procurar que el agua, a través de mecanismos legales, se garantice el acceso a este derecho humano consagrado en el artículo 4o. constitucional y en tratados internacionales...