La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Sin respeto a los derechos humanos no hay justicia. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El mayor reto de la incorporación del nuevo sistema penal acusatorio es el plazo constitucional para su implementación a nivel nacional, el cual vence el próximo año. En Nueva Alianza sabemos que nos encontramos en un momento sin precedentes en la historia jurídica de México, ya que del éxito de la transformación del sistema penal depende en gran medida el futuro de nuestro país. La adecuada transformación de nuestro sistema penal es una empresa que implica una nueva manera de entender la forma en la que se ejerce justicia. Debemos enmendar los errores que nos han conducido a los niveles de impunidad que hoy padecemos. En ese sentido, y dado que se cuenta con la experiencia de que en algunas entidades federativas ya han iniciado la implementación del nuevo sistema penal, resulta necesario realizar una revisión y hacer algunas precisiones de modo que se respeten plenamente los derechos humanos de los imputados. Por ello es indispensable empezar por poner la palabra penal en el artículo 13 del código, pues no podemos confundir ni confundirnos. No es lo mismo responsabilidad penal que civil o administrativa. Los derechos de los imputados están contenidos en el artículo 152 del código que se pretende reformar, pero a pesar de dicha disposición encontramos en la redacción del código algunas limitantes a estos derechos, las cuales impiden que el proceso se lleve a cabo con total apego y respeto a los derechos humanos. Por este motivo estamos convencidos de que el nuevo sistema penal acusatorio debe necesariamente descansar en el respeto irrestricto a los derechos humanos. Consideramos pertinente hacer algunas reformas para que así se refleje en el ordenamiento el objeto de esta reforma. No abundaré en cada una de las modificaciones propuestas por obviedad de tiempo, pero considero que el espíritu de la reforma descansa en que el imputado no vea vulnerados sus derechos humanos durante el proceso penal. Por ejemplo, se propone reformar el artículo 18 del código en mención, a fin de que las autoridades intervengan, velen por que tanto el imputado, la víctima o el ofendido conozcan sus derechos y la forma de ejercerlos durante todo el desarrollo del procedimiento, y no como actualmente se menciona, solo al inicio del mismo. La iniciativa no descuida a las víctimas u ofendidos, ya que se incluye en la definición del artículo 108 no solo a su persona como sujeto pasivo, sino que incorpora la afectación que resiente directamente sobre sus bienes y derechos jurídicamente tutelados producidos por la conducta delictiva. En el tenor de poner como centro del procedimiento penal el respeto irrestricto a los derechos humanos, cabe destacar la adición de un párrafo al artículo 114, referente a la declaración del imputado, por medio del cual se busca contribuir a terminar con las confesiones obtenidas por medios violatorios a los derechos del imputado. Se busca adicionar un tercer párrafo que incluya la prohibición expresa de obtener la declaración del imputado mediante métodos o conductas que transgredan sus derechos fundamentales, así como el requisito de que la misma se debe otorgar de forma libre, espontánea y con estricto apego a la ley. Que a nadie se le torture para obtener una confesión, eso es lo que aún no ha quedado claro en la redacción del nuevo Código Penal. Del mismo modo, se pretende erradicar el llamado coyotaje, proveyendo a los imputados de una defensa jurídica adecuada y que se cuente con un registro de los profesionales del derecho que se dediquen al litigio de la materia. De igual forma, para que el acusado pueda tener una buena defensa, empecemos por dejar que el abogado y el imputado se conozcan y platiquen con libertad, sin prohibiciones y sin limitaciones de ley. Estas son algunas de las modificaciones que buscamos incorporar al Código Nacional de Procedimientos Penales. Sí, pueden decir que exageramos, que somos minuciosos; pero el texto vigente nos queda a deber mucho en cuanto al respeto de los derechos humanos de los acusados. En Nueva Alianza creemos que los derechos humanos son para todos. Si luchamos por la igualdad no podemos ser desiguales al momento de aplicar las penas para quien comete un delito. Un código único que cumpla con las expectativas que de él se tienen, no sólo que armonice las penas, sino que obligue a los ministerios públicos a apegarse a la ley y eviten la interpretación que les convenga, que se capture a los culpables y se libere a los inocentes, libres de corrupción y apegados a los derechos humanos. Ese es el objetivo. Muchas gracias.