El diputado Lázaro Arias Martínez: Con su permiso diputado presidente; compañeros diputados: Lázaro Arias Martínez, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo establecido en los artículos 56, 62, 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esa Soberanía la siguiente: INICIATIVA DE LEY, que modifica los artículos 123 primer párrafo, fracción II, segundo párrafo fracción X y fracción XI, artículo 124 primer párrafo, artículo 125, 127 primer y tercer párrafo, artículo 128, 129, 130 y 131, 132 primer párrafo, 133 segundo párrafo, 134 y 135 primer párrafo, 136, 139, 140, 141 y 145. Reforma a la fracción III del artículo 132, adiciona con un segundo párrafo el artículo 145 bis, contenidos en los capítulos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del Título Primero del libro segundo del Código Penal Federal, correspondiente a los delitos contra la seguridad de la nación y adiciona la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, de conformidad con la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El Código Penal Federal en vigor, dedica el Título Primero de su Libro Segundo de tipificación y sanción de delitos, cuya ejecución implica la realización de actividades que atentan contra la independencia, soberanía e integridad de la nación, para someterla a grupos o gobiernos extranjeros. Igualmente prevé cuando esta clase de actividades las ejecutan grupos nacionales armados, dirigidos y asesorados por extranjeros, así como las conductas de hostilidad contra la nación, mediante acciones bélicas. Atendiendo al grado de participación cuando se trate de civiles nacionales, que se agravan si llega a intervenir personal militar, quedando regulada también la ejecución de actos de espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo, sabotaje y conspiración. El Código Penal Federal es resultado de la preocupación del legislador por adecuar permanentemente a la realidad social las medidas impositivas que contiene; siempre dentro de un marco de respeto irrestricto a las garantías individuales y a los derechos fundamentales de todo ser humano. Cierto es que la promulgación de este Código data de 1931 y que se establecen sanciones pecuniarias de cantidad determinadas en pesos y que a la fecha el mismo código citado en su artículo 29 establece que la multa consiste en el pago de una cantidad de dinero al Estado, que se fijará por días-multa, por lo que es necesario modificar las penas contenidas en el articulado a que me refiero en esta propuesta. Asimismo han surgido numerosas conductas constitutivas de ilícitos imprevistos en la legislación, cuya sofisticada índole debido al uso de tecnologías cada vez más avanzadas, han dado origen a diversas reformas y adiciones, así como a la creación de nuevas figuras delictivas. Cabe recordar que la etapa revolucionaria existente cuando se promulgó el código punitivo en comento, la sociedad mexicana tenía otra noción del Estado y la preservación del orden social y la seguridad interna. Por lo que el tratamiento de los delitos y la imposición de penas, fueron muy diferentes a los conceptos que hoy en día se rigen. Por ello, en 1970, después de una amplia consulta a los distintos sectores de la sociedad, se reformó el entonces Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal, hoy Código Penal Federal, a fin de regular la comisión de los llamados delitos políticos. Dicha reforma además de actualizar las penas de los delitos ya existentes, clasificó el de conjunto de ilícitos dentro del título denominado "Delitos contra la Seguridad de la Nación", previniendo las conductas que pueden originar ilícitos con ese fondo, como traición a la patria, espionaje, sedición, motín, rebelión, terrorismo y conspiración, con objeto de proteger los intereses públicos y sociales que el Estado está obligado a preservar, los cuales son acordes con la defensa de nuestra Soberanía, la conservación de la paz interna, la gobernabilidad y la salvaguarda del orden jurídico y político del Estado Mexicano. El motín y la sedición y la rebelión previstos como delitos previstos en nuestro Código punitivo federal guardan un denominador común en virtud de que su naturaleza subjetiva, merced a la participación de varias personas que con su actuar pretenden de alguna forma alterar la estabilidad social y trastocar el orden legal establecido, por lo que sus penalidades son severas. El delito de sabotaje, por su parte, catalogado como delito contra la seguridad nacional, ha sido interpretado con suma ambigüedad, dado que sanciona conductas que infligen a daños o entorpecen ilícitamente vías de comunicación, servicios públicos, funciones de dependencia del Estado, de organismos públicos descentralizados, de empresas de participación estatal, instalaciones y plantas siderúrgicas, eléctricas o industrias básicas y centros de producción y distribución de artículos de consumo o implementos bélicos, actividades todas que puede realizar el infractor con claros y deliberados propósitos políticos, en pro de una causa determinada por cuenta de un país o potencia extranjera y que pueden arrojar como resultado que se trastorne o afecte la economía nacional o la capacidad de su defensa. Hogaño, no es raro que servidores públicos de cualquiera de los tres órdenes de gobierno echen mano y fabriquen los delitos de motín y sabotaje para rechazar las peticiones o reclamaciones que consideran opuestas a sus intereses, mediante la intervención de las instituciones de procuración e impartición de justicia y hacer éstas porque se formulen de manera individual por algún grupo de personas con intereses afines o por sus representantes gremiales en demanda del reconocimiento de sus derechos a la solución de alguno de sus problemas socioeconómicos o jurídicos e inclusive para el cumplimiento de acuerdos previamente establecidos que se vinculan con sus actividades. Cuando esto sucede, es decir, cuando los delitos de motín y sabotaje son utilizados indebidamente como medidas correctivas o represivas en contra de los gobernados, propician que éstos se amedrenten y hasta desistan de sus justos reclamos, lo cual resulta a todas luces un arbitrio a lo ilegal. Cabe mencionar que aunque el Código Penal Federal prevé y sanciona los delitos contra la seguridad nacional, recientemente se promulgó la Ley de Seguridad Nacional, a la que se califica de amenaza contra la misma, la comisión de ilícitos, entre otros el sabotaje, la rebelión y el genocidio, facultando al Ejecutivo federal a intervenir las comunicaciones privadas, previa solicitud de autorización por parte del órgano jurisdiccional. Por tal razón hay que dejar perfectamente claro que las autoridades no deben usar ni abusar de los supuestos contemplados en el Código Penal Federal y en la Ley de Seguridad Nacional para inhibir el ejercicio del derecho que los gobernados tienen para que, en lo individual o en la calidad de representantes gremiales, exigir el cumplimiento de aquéllos que legalmente le corresponden. Por ningún motivo podemos permitir que las autoridades sofoquen las peticiones, demandas o iniciativas de los ciudadanos pacíficamente planteadas, utilizando para ello delitos como el motín o el sabotaje. No debe confundirse la comisión de delitos con el ejercicio de un derecho consagrado en la Constitución. El respeto irrestricto a las garantías individuales de los ciudadanos representa una condición indispensable para la convivencia pacífica de la nación; por tal motivo, se proponen las modificaciones y reformas adicionales al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales que a continuación se presentan. Los artículos 123, 124 y 125 y del 127 al 136 y del 139 al 141 y el 145 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Compañeros diputados, para obviar tiempo, todo el articulado ya está publicado en la Gaceta Parlamentaria. El artículo 2 se reforma en la fracción III del artículo 132 del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Artículo 132, inciso III. Separar o impedir el desempeño de su cargo a algunos de los servidores públicos mencionados en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 145 bis, para quedar como sigue: Para todos los efectos legales, solamente se consideran de carácter público los delitos consignados en este título. No procede sanción alguna de las previstas en este título cuando el particular, ya sea de manera individual o como grupo de personas con intereses afines a través de sus respectivos gremiales, realicen sus peticiones en forma respetuosa, pública y pacífica ante los servidores públicos, funcionarios o empleados y en general toda persona que desempeñe un empleo o cargo de cualquier naturaleza en la administración pública federal, estatal o municipal o del Distrito Federal, cuya finalidad sea el reconocimiento de sus derechos, cumplimiento de acuerdos, atención e intervención a la solución de la problemática social, económica, jurídica vinculada a las actividades agrícolas, pesqueras, pecuaria, minera o forestal, en cualesquiera de sus formas de producción, de explotación, de transformación, de comercialización, conexas y relacionadas. Termino, diputado Presidente. El artículo 4º., adición la fracción I del artículo 194 para quedar como sigue. Fracción I: "El Código Penal Federal con la excepción prevista en el segundo párrafo del artículo 145 bis". Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado Presidente. Muchas gracias.