EL C. DIPUTADO ALBERTO AMADOR LEAL (PRI): Muchas gracias. Compañera Presidenta; Compañeras y compañeros Diputados: En nombre de los compañeros diputados José Feliciano Moo y Can, Javier García González, Concepción González Molina, Jaime Alcántara Silva, Víctor Díaz Palacios, Roberto Fuentes Domínguez, Cutberto Cantoran Espinosa y Ángel Mixueiro González y del suscrito, y en fundamento de las facultades constitucionales y legales presentamos esta iniciativa de reformas a los artículos 61 y 65 de la Constitución y a los artículos 4º, 28, 46, 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer el papel y el ejercicio de las facultades del Congreso de la Unión. Quisiera hacer entrega del documento completo y solicitar a la Presidencia sea turnado a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Régimen Parlamentario. Y al mismo tiempo hacer una breve reflexión sobre las motivaciones de esta iniciativa. El avance democrático del que son fenómenos correlativos el pluralismo y el gobierno compartido del Congreso de la Unión es resultado de un largo proceso de reformas derivadas de la determinación y el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en esta asamblea. Con todo y que la alternancia en el Ejecutivo Federal y el relevo de administración se dieron en un marco de estabilidad y gobernabilidad, la consolidación de las instituciones democráticas es una tarea sin concluir. Partimos ahora de que la sola alternancia de partido en la titularidad del Poder Ejecutivo no equivale a un cambio de régimen y que por ende es apremiante una amplia reforma del Estado que añada certidumbre al cambio político y a la construcción de las bases materiales del desarrollo y el bienestar. Los instrumentos para impulsar la consolidación democrática están ahí, pero debemos reconocer que aún son frágiles y provisionales. El proceso de ajuste de los partidos a las condiciones actuales, la urgencia del Ejecutivo por dar resultados, la estrategia mediática que se impone sobre la conducción política responsable, el peso de la crisis nacional e internacional, la presión de los grupos de interés y la inseguridad en la vida de las personas y las familias introducen tensión y riesgo a la gobernabilidad y a la capacidad de respuesta de las instituciones. En todo caso los Poderes Ejecutivo y Legislativo sin demérito del trascendente papel del Poder Judicial, hoy por cierto agraviado, son los entes del supremo poder de la federación en los que recae la responsabilidad mayor de dar rumbo y perspectiva al conjunto de transformaciones indispensables, para dar respuesta a las demandas y necesidades urgentes y a la vez retomar la larga y compleja agenda del crecimiento con justicia y equidad en el que todos estamos comprometidos. Ha llegado el momento, compañeras y compañeros diputados, de revalorar el concepto de división de poderes y de adecuar el marco institucional que rige la separación y equilibrio a la nueva realidad política que experimenta el país. El tema es de tal importancia, que no debemos dejarlo al juego de intereses que se expresan difusamente en los medios. Tampoco la discusión debe trascender el debate recurrente, ahora debe trascender el debate recurrente sobre cuál poder tiene más o menos responsabilidad en la situación prevaleciente. Nuestra revaloración del esquema de división de poderes debe tener como propósito esencial la garantía de un régimen de libertades y rendición de cuentas mediante la vigilancia recíproca y efectiva entre poderes. Proponemos a las fuerzas políticas aquí representadas, partir de la convicción genuinamente democrática de que las instituciones ejecutiva y legislativa deben ser fortalecidas y renovadas para estar a la altura de los retos que el momento político nos impone y de las aspiraciones y exigencias legítimas del pueblo. Claramente cada uno de los Poderes de la Unión enfrenta su propio desafío en el desempeño de las facultades que la Constitución le confiere. Cada poder es responsable ante la nación y ante la historia, del grado de determinación política y el compromiso ético con que se enfrentan día a día las disyuntivas que plantea el desarrollo y la convivencia armónica de la sociedad. México posee un sistema presidencial puro, que se apoya todavía en las mismas bases normativas y legales que dieron paso a un Ejecutivo Federal fuerte, que durante varias décadas permitió al país avanzar en la elevación de niveles de vida en un contexto de estabilidad. Sin embargo, en el nuevo escenario político, el sistema presidencial prevaleciente, con sus facultades constitucionales y metaconstitucionales, podría representar obstáculos para la consolidación democrática, especialmente en lo que se refiere al equilibrio de poderes, en sus vertientes de colaboración y limitación recíproca. La preeminencia de un solo partido en ambas Cámaras, aseguró por varias décadas un alto nivel de unidad y coherencia en la acción pública, tal preeminencia ha concluido y nuestros arreglos institucionales deben ser adaptados a la nueva realidad. Si bien las divisiones, por ejemplo legislativas, entre las bancadas de los partidos de oposición, fortalecen la postura del Presidente en la aprobación del presupuesto, el inmenso aparato burocrático y los vastos recursos financieros y humanos todavía centralizados en manos del Ejecutivo Federal, lo dotan adicionalmente de un enorme poder de negociación. El Presidente trasciende la fragilidad de sus facultades legislativas, mediante el uso estratégico de sus capacidades regulatorias y de sus amplias facultades de remoción y nombramiento. El aparato administrativo del Estado y los recursos económicos a su disposición, le proveen grandes ventajas al Poder Ejecutivo en los procesos de negociación frente al Poder Legislativo y esencialmente en la inducción de corrientes de opinión pública. Actualmente el partido que ganó la Presidencia de la República no posee la mayoría absoluta calificada en ninguna de las Cámaras el Congreso, pero tampoco poseen este tipo de mayorías las otras bancadas partidistas. Esta situación es la razón fundamental por la que ha sido activado el principio de división de poderes en algunas de sus facetas. ¿En qué términos el Ejecutivo Federal ejercería el poder y practicaría la política de no existir este Congreso con gobierno dividido? El mensaje del último debate que se dio en esta asamblea, respecto de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo y de éste con los medios, nos indica que tal evento hubiese producido situaciones por lo menos imprevisibles. Según la teoría liberal, aquellos gobiernos que ejercen las tres funciones de gobierno unificadamente, corren el riesgo de convertirse en regímenes despóticos e ineficaces. La ausencia de pesos y contrapesos al interior del Gobierno amplía excesivamente los márgenes de discrecionalidad de las autoridades públicas y ante la ausencia de frenos o límites a las facultades de tales autoridades la probabilidad de tomar decisiones injustas desde un plano normativo o ineficiente, desde un plano técnico aumentan significativamente. Hoy por hoy compañeras, compañeros Diputados se reconoce no obstante que tal división de poderes no es ni puede ser absoluta que no es útil al interés general la confrontación o la polarización de posiciones políticas al grado que los poderes se anulen totalmente entre sí. La soberanía de cada una de las Cámaras tampoco es absoluta, es relativa en cuanto a que existe interdependencia en algunas de las resoluciones en las que es indispensable el voto de ambas Cámaras o tratándose de reformas constitucionales de la mayoría de los Congresos de los Estados También la Constitución otorga facultades al Ejecutivo Federal que limitan las resoluciones del Congreso. SE reconoce también que sin equilibrio no puede haber división real de poderes, tal equilibrio tiene que ver con las condiciones jurídicas y políticas para que ambos poderes ejerzan a plenitud sus facultades constitucionales. Este es quizá el problema central de la ingeniería institucional del Estado Mexicano, existe el equilibrio de poderes en México sólo parcialmente, ya que el Poder Legislativo enfrenta dificultades para ejercer sus facultades formales y desempeñar eficazmente su papel político de mediación representación. Por lo que atañe al primer punto por ejemplo la Fiscalización del Poder Ejecutivo es aún sub óptima y por lo que atañe al segundo punto, su presencia en el debate nacional a través de los medios escritos y electrónicos de comunicación es decir de los legisladores, está aún muy por debajo de la que corresponde a su papel en un sistema democrático. La revisión responsable del principio de separación y equilibrio de poderes deberá darse en relación con los siguientes temas que nos parecen centrales; Primero, la revisión a la facultad de veto que otorga el Artículo 72 al Titular del Poder Ejecutivo Federal dado que en el conjunto de las disposiciones que contiene obliga a la votación calificada para aprobar una ley o decreto que en principio haya sido rechazado u objetado por el Ejecutivo Federal. Segundo, el fortalecimiento de la Entidad de Fiscalización Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la cual está funcionando con evidentes limitaciones jurídicas y materiales la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, órgano administrativo de control del Ejecutivo posee numerosas ventajas para desempeñar sus funciones de fiscalización superior frente al órgano de la Cámara de Diputados. El tema es fundamental ya que el control del Legislativo sobre el Ejecutivo tiene uno de sus componentes centrales en la rendición de cuentas si el Congreso compañeras y compañeros, no asume a plenitud esta función, como sucede, la división y equilibrio de poderes tendrá un déficit permanente que en última instancia afecta negativamente la consolidación democrática. Tercero, la reorientación en la competencia exclusiva de la Cámara de Diputados para definir el presupuesto anual de la Federación y del Distrito Federal, de tal manera que se eviten excesos burocráticos, se fortalezca el gasto social y se consolide el federalismo. Nuestro desempeño tiene desde luego que sea responsable y de entendimiento con el Ejecutivo pero no al grado de quedar a merced de posiciones fundamentalistas en la estrategia macroeconómica del Ejecutivo o de pugnas de sus agencias burocráticas por el control de los recursos. Cuarto, la organización de la vida interna del Congreso que está enfrentando enormes dificultades, sea por el impacto del pluralismo o por la excesiva centralización de funciones a que da lugar una novedosa Ley Orgánica del Congreso que en principio ha puesto más atención en los controles y en la cuestión interna de las fracciones que en el despliegue pleno y creativo de las iniciativas de los legisladores. A este efecto ya los diputados Ricardo García Cervantes, Juan Manuel Carrera López, José Feliciano Moo y Can, David Rodríguez Torres, Alfredo Hernández Raigosa y Luis Miguel Barbosa Huerta, han presentado sendas iniciativas con propuestas razonadas y valiosas, que deben ser el punto de partida para construir una reforma de consenso que mejore la organización y el desempeño de la Cámara de Diputados en lo particular. Quinto. Vinculado a lo interior, la revisión de las condiciones jurídicas, institucionales y materiales para que el Congreso como órgano colegiado y los diputados y senadores como representantes populares desplieguen sus facultades constitucionales y su derecho de representación y de opinión, de tal manera que se dignifique el papel del Poder Legislativo como tal y de los legisladores en su labor de mediación entre la sociedad, los órganos de Gobierno y de supervisión y vigilancia frente al Poder Ejecutivo. La iniciativa con proyecto de decreto que hoy presentamos, tiene que ver con este último tema de la agenda que proponemos, para vigorizar la división de poderes y acercarlos a un equilibrio acorde a la nueva realidad política y sobre todo a las expectativas que han depositado los electores y los representantes populares que integramos el Congreso de la Unión. En torno a lo anterior, dice Norberto Bobbio: "La práctica parlamentaria, por su necesidad intrínseca de reciprocidad, de comportamientos, de comunicaciones intercambiables, de colaboraciones y de favores mutuos, es un factor que puede concurrir a determinar un fondo de cohesión entre las fuerzas políticas, de tal modo que trascienda las divergencias y pueda servir para contra balancear los impulsos centrífugos que nacen inevitablemente de la dialéctica política. Naturalmente, para que el parlamento pueda desarrollar con eficacia este papel, no es suficiente la existencia pura y simple de su esqueleto institucional y jurídico. Es necesario también que este órgano político esté dotado de una vida institucional propia y real. Tenemos la impresión de que este no es el caso del Congreso mexicano. En sí mismo, el esqueleto jurídico institucional y la propia estructura sobre la que se desenvuelve la vida interna de las Cámaras, como ya hemos mencionado, está sujeta a revisión. Por otro lado, tanto la legislación como la cultura parlamentaria, tienden hacia el concepto clásico y casi único de observa más a los procesos legislativos y sólo de manera marginal, a los de representación popular. De esta forma se desatienden dos funciones que nos parecen básicas en la vida del Congreso y en el papel de los legisladores: el ejercicio real del derecho de opinión y la mediación social y política que es parte substantiva de las exigencias y demandas legítimas de la ciudadanía. Es en este contexto, que se propone la iniciativa de reforma al artículo 61 de nuestra Constitución. Hoy la influencia de los medios impresos y especialmente de la radio y la televisión obligan a complementar este mandato referido al derecho a la opinión y al fuero constitucional, ya que la sola garantía de libertad de expresión de los legisladores no es suficiente para difundir las propias actividades legislativas y las opiniones de los diputados y senadores sobre los grandes problemas nacionales; tampoco es suficiente para hacer valer la opinión, la riqueza de los debates de las Cámaras en toda bibliografía de los 300 Distritos electorales que conforman la representación nacional. No es momento de abundar en el tema, pero es evidente que el mayor poder e influencia del Ejecutivo Federal y algunos grupos de interés sobre los medios electrónicos, dejan en desventaja al Congreso en su capacidad de información y de inducción de la opinión pública. Es común que las resoluciones y los debates del Congreso, que el trabajo de las comisiones o en las comparecencias de los servidores públicos, del Ejecutivo, las opiniones de los legisladores son consideradas secundarias y frecuentemente son apreciadas con escasa objetividad. Además de que la discrecionalidad que otorga la Ley Federal de Radio y Televisión al Ejecutivo en el otorgamiento de concesiones crea una interdependencia natural respecto a la ponderación del trabajo del Ejecutivo y del Legislativo. Es por ello que proponemos agregar a este artículo 61 de nuestra Constitución el siguiente párrafo, la ley establecerá lo necesario para que los diputados y senadores difundan las actividades del Congreso y sus opiniones mediante el acceso a los medios de comunicación escritos y electrónicos, el uso de medios oficiales y a través de los medios que opere directamente el Congreso. Esta propuesta se complementa con una adición al artículo 46 de la Ley Orgánica, a efecto de establecer un comité de comunicación social en la Cámara de Diputados responsable de programar y proponer las actividades de difusión de cada uno de los legisladores en sus distritos correspondientes. Además se propone una reforma integral al artículo 131 referida a la difusión de las actividades legislativas que quedaría en los siguientes términos. "El Congreso de la Unión para la difusión de sus actividades y de las opiniones de los diputados y senadores y de acuerdo con la legislación en la materia contará con los canales de radio y televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables. Dispondrá de las retransmisoras necesarias para tener cobertura en los 300 distritos uninominales que integran la representación nacional; tendrá acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión y dispondrá del presupuesto necesario para que los diputados y senadores accedan a las estaciones de radio y televisión comerciales de mayor impacto en las demarcaciones que representan. "En el caso de los canales culturales, ambas cámaras celebrarán convenios en los términos de la legislación aplicable". La segunda parte de la propuesta tiene que ver con el tema de la representación y la mediación política, ésta es diversa, según se trate de regímenes presidencialistas, parlamentarios o mixtos o bien se trate de formas de elección directa, de representación proporcional o mixta. Lo cierto es que en nuestra realidad los diputados uninominales y los senadores por ser de elección directa, especialmente sin que ello no implique la misma situación en la elección de representación proporcional, quizá por su contacto vivo y permanente que mantienen con la ciudadanía y por las tradiciones políticas vigentes que han tomado fuerza a lo largo del tiempo, están sujetas a una fuerte presión social que es a la vez responsabilidad y compromiso. La explicación simple y formal y en cierta forma ortodoxa, de que el papel principal de los diputados tiene que ver sólo con mantener el orden y la estabilidad a través de la buena ley o de la eunomía en términos de la filosofía griega, no sólo es incomprensible para el pueblo, sino antipolítica y contraria a las expectativas ciudadanas que se generan en los procesos de elecciones democráticas. Es por ello que se propone un agregado al artículo 65 que tiene que ver con los períodos normales de sesiones de la Cámara en los siguientes términos: "En los períodos de receso los diputados y senadores acudirán a los distritos y entidades federativas para conocer la situación que guardan, atender las demandas de la ciudadanía, dar trámite a las mismas ante las autoridades competentes e informar de sus actividades". En complemento a lo anterior, en el cuerpo de las reformas que se proponen a la Ley Orgánica, se establece que en el Presupuesto de la Cámara se dispondrá lo necesario para establecer oficinas de representación en las cabeceras de cada uno de los distritos electorales federales que estarán a cargo de los diputados uninominales. Por otro lado, se establece también que el Comité de Información, Gestoría y Quejas tendrá la facultad de presentar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública una propuesta para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación se considere una partida presupuestal que será ejercida por las dependencias y entidades que correspondan, de acuerdo a las prioridades que establezcan los diputados en cada uno de los distritos electorales federales. No se trata desde luego de violentar el orden interno de los estados o atentar en contra de la libertad municipal, sino por el contrario, de dar cauce legal a una realidad que no debe estar sujeta al capricho o a la discreción de las autoridades ejecutivas, cualesquiera que éste sea su nivel de gobierno o su origen partidista. Quiero también recordar a este respecto que ya en la sesión del 8 de noviembre, diputado Víctor Díaz Palacios, en sintonía con esta propuesta presentó una iniciativa de reforma al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal, que entre otras cuestiones propone que el 10 por ciento del Fondo de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea ejercido por los estados y el Distrito Federal, de acuerdo a las prioridades propuestas por los diputados federales. Compañeras y compañeros diputados: La facultad constitucional para que el Congreso diseñe, reforme y promulgue su propia ley orgánica es un mandato que tiene que ser asumido en momentos como el que hoy vivimos, con convicción y sentido de futuro. Seamos consecuentes, no hagamos de la aparente modestia presupuestal ante la sociedad y ante los medios, un acto de falsa fe republicana que termine por conducir al Congreso y a los propios legisladores a un espacio marginal, inasible, desierto e indigno para la alta responsabilidad que nos ha sido encomendada. Convocamos a los coordinadores de las fracciones parlamentarias y a toda la asamblea, a que prevalezca el buen juicio y la capacidad de renovación y de acción que nos anima, que el legislador vea reflejado su proyecto y sobre todo el de sus representados, en la grandeza del Congreso y en la trascendencia de las decisiones legislativas, de las funciones de vigilancia y fiscalización, de asignación presupuestal y de aquellas que derivan de la mediación política y social. El futuro del Congreso Mexicano, compañeras, compañeros diputados, depende de su capacidad de adaptación, de su renovada vocación para desempeñar con dignidad y transparencia su nuevo papel de contrapeso y elemento equilibrador en un sistema político abierto y pluralista, y sobre todo de ser un interlocutor eficaz y receptivo entre la sociedad y el gobierno. Respondamos, compañeras y compañeros diputados, a esta expectativa de quienes nos han dado la encomienda de representarlos en esta asamblea. Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Los suscritos, diputados federales, integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el articulo 70 y en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracción II del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 61 y 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 4o., 28,.46, 131 y 132 de la Ley Orgánica de¡ Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. EXPOSICION DE MOTIVOS El avance democrático del que son fenómenos correlativos el pluralismo y el Gobierno compartido del Congreso de la Unión es resultado de un largo proceso de reformas derivadas de la determinación y el acuerdo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Asamblea. Con todo y que la alternancia en el Ejecutivo Federal y el relevo de administración se dieron en un marco de estabilidad y gobernabilidad, la consolidación de las instituciones democráticas es una tarea sin concluir. Partimos, ahora, de que la sola alternancia de partido en la titularidad del Ejecutivo Federal no equivale a un cambio de régimen y que, por ende, es apremiante una amplia reforma del Estado que añada certidumbre al cambio político y a la construcción de las bases materiales del desarrollo y el bienestar. Los instrumentos para impulsar la consolidación democrática están ahí, pero debemos reconocer que aún son frágiles y provisionales. El proceso de ajuste de los partidos a las condiciones actuales, los nuevos términos de las relaciones entre ordenes de Gobierno, la urgencia del Ejecutivo por dar resultados, la estrategia mediática que se impone sobre la conducción política responsable, el peso de las crisis nacional e internacional, la presión de los grupos de interés y la inseguridad en la vida de las personas y las familias introducen tensión y riesgo a la gobernabilidad y a la capacidad de respuesta de las instituciones. En todo caso, los poderes Ejecutivo y Legislativo, sin demérito del trascendente papel del Poder Judicial, son los entes del supremo poder de la Federación en los que recae la responsabilidad mayor de dar rumbo y perspectiva al conjunto de transformaciones indispensables para dar respuesta a las demandas y necesidades más urgentes y retomar la larga y compleja senda del crecimiento con justicia y equidad, en la que todos estamos comprometidos. Ha llegado el momento de revalorar el concepto de División de poderes y de adecuar el marco institucional que rige la separación y equilibrio de poderes a la nueva realidad política que experimenta el país. El tema es de tal importancia que no debemos dejarlo al juego de intereses que se expresan difusamente en los medios. Asimismo, la discusión debe trascender el debate recurrente sobre cuál poder tiene más o menos responsabilidad en la situación prevaleciente. Nuestra revaloración del esquema de División de Poderes debe tener como propósito esencial la garantía de un régimen de libertades y rendición de cuentas mediante la vigilancia recíproca y efectiva entre poderes. Proponemos a las fuerzas políticas aquí representadas, partir de la convicción, genuinamente democrática, de que las instituciones ejecutiva y legislativa deben ser fortalecidas y renovadas para estar a la altura de los retos que el momento político nos impone y de las aspiraciones y exigencias legitimas del pueblo. Claramente, cada uno de los poderes de la Unión enfrenta su propio desafío en el desempeño de las facultades que la Constitución le confiere. Cada poder es responsable ante la nación y ante la historia del grado de determinación política y compromiso ético con que enfrentan, día a día, las disyuntivas que plantea el desarrollo y la convivencia armónica de la sociedad. México posee un sistema presidencial puro que se apoya todavía en las mismas bases normativas y legales que dieron paso a un Ejecutivo Federal fuerte que durante varias décadas permitió al país avanzar en la elevación de sus niveles de vida en un contexto de estabilidad. Sin embargo, en el nuevo escenario político, el sistema presidencial prevaleciente, con sus facultades constitucionales y metaconstitucionales, podría representar obstáculos para la consolidación democrática, especialmente en lo que se refiere al equilibrio de poderes en sus vertientes de colaboración y limitación recíproca. La preeminencia de un solo partido en ambas cámaras aseguró por varias décadas un alto nivel de unidad y coherencia de la acción pública. Tal preeminencia ha concluido y nuestros arreglos institucionales deben ser adaptados a la nueva realidad. Sin el control de su partido sobre la toma de decisiones en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo ha perdido la capacidad de efectuar cambios con la verticalidad y la rapidez con que acostumbraba en el pasado. En el renglón presupuestario, actualmente los diputados de los partidos de oposición pueden, no sólo vetar la propuesta presupuestal del Presidente sino proponer un proyecto presupuestal alternativo. La introducción del ramo 33 y el notable crecimiento de los recursos asignados a los gobiernos estatales y municipales a partir de 1997 sólo se explican por el fortalecimiento de la posición negociadora de la oposición ante un Poder Ejecutivo que necesita aliados para aprobar su presupuesto. Sin embargo el poder de control de gasto público por parte de la Cámara de Diputados sigue siendo limitado, pues se observa una gran discrepancia entre el gasto aprobado por los legisladores y lo ejercido por las agencias burocráticas del Ejecutivo Federal. Y si bien las divisiones legislativas entre las bancadas de los partidos de oposición fortalecen la posición del Presidente en la aprobación del presupuesto, el inmenso aparato burocrático y los vastos recursos financieros y humanos todavía centralizados en manos del Ejecutivo Federal, lo dotan adicionalmente de un enorme poder de negociación. El Presidente trasciende la fragilidad de sus facultades legislativas mediante el uso estratégico de sus capacidades regulatorias y de sus amplias facultades de remoción y nombramiento. El. aparato administrativo del Estado y los recursos económícos a su disposición le proveen grandes ventajas al Poder Ejecutivo en los procesos de negociación frente al Poder Legislativo. Actualmente, el Partido que ganó la Presidencia de la República no posee la mayoría absoluta o calificada en ninguna de las cámaras del Congreso, pero tampoco poseen este tipo de mayorías las otras bancadas partidistas. Esta situación es la razón fundamental por la que ha sido activado el principio de división de poderes en algunas de sus facetas. ¿En qué términos el Ejecutivo Federal ejercería el poder y practicaría la política de no existir este Congreso dividido? El mensaje del último debate, que se dio en esta Asamblea, respecto de las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo y de éste con los medios, nos indica que tal evento hubiese producido situaciones imprevisibles. Así, el principio de división de poderes adquiere actualmente una peculiar significación. En su versión básica, la doctrina liberal de la separación o división de poderes supone que las tres funciones esenciales del Estado moderno la hechura de leyes, la aplicación de las políticas públicas y el juicio de los delitos o las diferencias entre particulares deben ejercerse por tres órganos diferentes de Gobierno el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, respectivamente. Las constituciones liberales atribuyen a cada uno de los poderes y en especial a los órganos de Gobierno que les corresponden tareas específicas e intentan establecer un equilibrio entre ellos a fin de que actúen coordinadamente a pesar de su autonomía relativa. Según la teoría liberal, aquellos gobiernos que ejercen las tres funciones de gobierno unificadamente corren el riesgo de convertirse en regímenes despóticos e ineficaces. La ausencia de pesos y contrapesos al interior del Gobierno amplía excesivamente los márgenes de discrecionalidad de las autoridades públicas y ante la ausencia de frenos o límites a las facultades de tales autoridades, la probabilidad de tomar decisiones injustas (desde un plano normativo) o ineficientes (desde un plano técnico) aumenta significativamente. En México el principio constitucional según el cual la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo y que, por lo tanto, todo poder público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio, funda la división del Supremo Poder de la Federación en Legislativo, Ejecutivo y Judicial como órganos institucionales para su ejercicio. Así la Constitución mexicana localiza y precisa las diversas funciones del Estado mexicano en tres órganos distintos e independientes, como principio de limitación y colaboración de un poder de la Federación, mediante fórmulas constitucionales de competencia, función y equilibrio de los citados órganos. Nuestra Constitución Política denomina al primer capítulo de su Título Tercero, "De la división de poderes" y establece en su artículo 49: "El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación A lo largo de la historia, el tema ha sido motivo de amplios estudios teóricos, de tentativas diversas en los modelos de Gobierno y ha evolucionado, manteniendo la esencia que le dio origen. Desde la antigüedad, los filósofos abordaron el tema, pero fueron quizás Maquiavelo y Montesquieu quienes precisaron su incidencia en la estructura del Estado y las formas de Gobierno, aun con ópticas diferentes. A principios del Siglo XVI Maquiavelo, con una visión pragmática, decía que "en la actualidad, entre los reinos bien organizados, cabe nombrar el de Francia, que cuenta con muchas instituciones que están al servicio de la libertad y de la seguridad del rey, de las cuales la primera es el parlamento. Como el que organizó este reino conocía, por una parte, la ambición y la violencia de los poderosos y la necesidad de tenerlos como de una brida para corregirlos y, por otra, el odio a los nobles que el temor hacia nacer en el pueblo temor que habría que hacer desaparecer dispuso que no fuese cuidado exclusivo del Rey esa tarea, para evitarle los inconvenientes que tendría con los nobles si favorecía al pueblo y los que tendría con el pueblo si favorecía a los nobles. Creó entonces un tercer poder que sin responsabilidad para el Rey castigase a los nobles y beneficiase al pueblo. Es decir, para Maquiavelo la división de poderes obedecía a una separación de funciones, a efecto de restar cargas y presiones al príncipe sobre aquellos asuntos y decisiones que, inevitablemente, afectarían a uno u otro grupo de la población restando popularidad y apoyo al dignatario. Quizás Maquiavelo no estaba muy distante de las interpretaciones que hoy parecen darse en algunas esferas, sobre la división de poderes. A mediados del Siglo XVIII, Montesquieu, propiamente el arquitecto de la estructura del Estado liberal profesó un planteamiento más formal, estableciendo por encima de todo, los principios de bienestar del pueblo y la libertad de los ciudadanos. El amor a la libertad hace necesario dividir el poder del Estado en Ejecutivo, Legislativo y Judicial a efecto de evitar la tiranía y la degeneración en el ejercicio del poder. El conjunto de pesos y contrapesos, equilibrios y limitaciones mutuas, interferencias y frenos, factores de moderación y contención; han dado evolucionado con matices diferentes, ya sea en sistemas parlamentarios o presidencialistas. Hoy por hoy, se reconoce que tal división de poderes no es ni puede ser absoluta. Que no es útil, al interés general, la confrontación o la polarización de posiciones políticas al grado que los poderes se anulen totalmente entre sí. La soberanía de cada una de las cámaras tampoco es absoluta. Es relativa en cuanto a que existe interdependencia en algunas de las resoluciones en la que es indispensable el voto de ambas cámaras o tratándose de reformas constitucionales de la mayoría de los congresos de los estados. También la Constitución otorga facultades al Ejecutivo Federal que limitan las resoluciones del Congreso. Se reconoce, también, que sin equilibrio, no puede haber división real de poderes. Tal equilibrio tiene que ver con las condiciones jurídicas y políticas para que ambos poderes ejerzan a plenitud sus facultades. Y este es quizá el problema central de la ingeniería institucional del Estado mexicano. ¿Existe el equilibrio de poderes en México? Sólo parcialmente, ya que el Poder Legislativo enfrenta dificultades para ejercer plenamente sus facultades formales y desempeñar eficazmente su papel político de mediación. Por lo que atañe al primer punto, por ejemplo, la fiscalización del Poder Ejecutivo es aún subóptima y, por lo que atañe al segundo punto, su presencia en el debate nacional, a través de los medios escritos y electrónicos de comunicación, está aún muy por debajo de la que corresponde a su papel en un sistema democrático. La revisión responsable de¡ principio de separación y equilibrio de poderes deberá darse en relación con los siguientes temas que nos parecen centrales: Primero. La revisión a la facultad de veto que otorga el articulo 72 al titular del Poder Ejecutivo Federal dado que, en el conjunto de las disposiciones que contiene, obliga a la votación calificada para aprobar una ley o decreto que en principio haya sido rechazado u objetador por el Ejecutivo Federal. Segundo. El fortalecimiento de la entidad de fiscalización superior de la Federación de la Cámara de Diputados, la cual está funcionando con evidentes limitaciones jurídicas y materiales. La Secretaria de Contraloria y Desarrollo Administrativo, órgano administrativo de control del Ejecutivo, posee numerosas ventajas para desempeñar sus funciones de fiscalización superior frente al órgano de fiscalización de la Cámara de Diputados. El tema es fundamental ya que el control del Legislativo sobre el Ejecutivo tiene uno de sus componentes centrales en la rendición de cuentas. Si el Congreso no asume a plenitud esta función como hoy sucede la división y el equilibrio de poderes tendrán un deficit permanente que, en última instancia, afecta negativamente la consolidación democrática. Tercero. La reorientación en la competencia, exclusiva de la Cámara de Diputados, para definir el Presupuesto anual de la Federación y del Distrito Federal, de tal manera que se eviten excesos burocráticos, se fortalezca el gasto social y se consolide el federalismo. Nuestro desempeño tiene, desde luego, que ser responsable y de entendimiento con el Ejecutivo, pero no al grado de quedar a merced de posiciones fundamentalistas en la estrategia macroeconómica del Ejecutivo o de pugnas de sus agencias burocráticas por el control de recursos. Cuarto. La organización de la vida interna del Congreso que está enfrentando enormes dificultades, sea por el impacto del pluralismo o por la excesiva centralización de funciones a que da lugar una novedosa Ley Orgánica del Congreso, que en principio ha puesto más atención en los controles y en la cohesión internas de las fracciones que en el despliegue pleno y creativo de la iniciativa de los legisladores. A este efecto, ya los diputados Ricardo García Cervantes, Juan Manuel Carrera López, José Feliciano Moo y Can, David Rodríguez Torres, Alfredo Hernández Raigosa y Luis Jerónimo Barbosa Huerta, han presentado sendas iniciativas con propuestas razonadas y valiosas que deben ser el punto de partida para construir una reforma de consenso, que mejore la organización y el desempeño de la Cámara de Diputados. Quinto. Vinculado a lo anterior, la revisión de las condiciones jurídicas, institucionales y materiales para que el Congreso, como órgano colegiado y los diputados y senadores, como representantes populares, desplieguen sus facultades constitucionales y su derecho de representación y de opinión de tal manera que se dignifique el papel del Poder Legislativo como tal, y de los legisladores en su labor de mediación entre sociedad y órganos de gobierno y de supervisión y vigilancia frente al Poder Ejecutivo. La iniciativa con proyecto de decreto que hoy presentamos, tiene que ver con este último tema de la agenda que proponemos para vigorizar la división de poderes y acercarnos a una ecuación, acorde a la nueva realidad política y, sobre todo, a las expectativas que han depositado los electores en los representantes populares que integramos el Congreso de la Unión. En torno a lo anterior, dice Norberto Bobbio que "la práctica parlamentaria, por su necesidad intrínseca de reciprocidad de comportamientos, de comunicaciones intercambiables, de colaboraciones y de favores mutuos, es un factor que puede concurrir a determinar un fondo de cohesión entre las fuerzas políticas, de tal modo que trascienda las divergencias y pueda servir para contrabalancear los impulsos centrífugos que nacen inevitablemente de la dialéctica política. Naturalmente, para que el parlamento pueda desarrollar con eficacia este papel no es suficiente la existencia pura y simple de su esqueleto institucional y jurídico; es necesario, también, que este órgano político este dotado de una vida institucional propia y real." Tenemos la impresión que este no es el caso del Congreso mexicano. En sí mismo, el esqueleto jurídico e institucional y la propia estructura sobre la que se desenvuelve la vida interna de las cámaras, como hemos mencionado, está sujeta a revisión. Por otro lado, tanto la legislación como la cultura parlamentaria tienden hacia el concepto clásico de observar más a los procesos legislativos y sólo, de manera marginal, a los de representación popular. De esta forma, se desatienden dos funciones que nos parecen básicas en la vida del Congreso y en el papel de los legisladores: el ejercicio real del derecho de opinión y la mediación social y política que es parte sustantiva de las exigencias y demandas legitimas de la ciudadanía. En este contexto, la iniciativa. propone modificaciones constitucionales y legales para dar cauce positivo a esta contradicción entre el texto de la norma y la realidad política que, como hemos visto, tiende a poner en entredicho, injustificadamente, la vocación fiscalizadora y mediadora del Congreso y de quienes, honrosamente lo integramos. En el anexo se presenta un análisis comparativo de los artículos que se reforman y adicionan. En primer término, se propone modificar el artículo 61 de nuestra Constitución, el cual establece en su primer párrafo que "Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas". El espíritu de este mandato, junto con el del segundo párrafo del mismo artículo, relativo al fuero constitucional y a la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, son parte de una larga tradición que se observa en el derecho constitucional comparado y, en particular, en la Carta Magna mexicana, tradición que tiene sus orígenes en el artículo 128 de la Constitución de Cádiz de 1812 y que fue refrendada en los mandatos constitucionales originales de 1824 y en los subsecuentes. Hoy, la influencia de los medios impresos y, especialmente, de la radio y la televisión obligan a complementar este mandato, toda vez que la sola garantía de la libertad de opinión y expresión de los legisladores no es suficiente para difundir las propias actividades legislativas y las opiniones de los legisladores sobre los grandes problemas nacionales, sobre los temas de debate con el Ejecutivo o sobre los asuntos que interesan a la ciudadanía en cada uno de los 300 distritos que integran la representación nacional. No es momento de abundar en el tema, pero es evidente que el mayor poder e influencia del Ejecutivo Federal y algunos grupos de interés sobre los medios electrónicos dejan en desventaja al Congreso en capacidades de inducción de la opinión pública. En la difusión pública de las resoluciones y los debates del Congreso, del trabajo de las comisiones o de las comparecencias de los servidores públicos del Ejecutivo, las opiniones de los legisladores son consideradas secundarias, y frecuentemente son apreciadas con escasa objetividad. Además, la discrecionalidad que permite la Ley Federal de Radio y Televisión en el otorgamiento de las concesiones crea una interdependencia natural entre los beneficiarios de las mismas y el Poder Ejecutivo, aspecto que por cierto también habría que revisar como una parte toral del proceso de democratización nacional. Es por ello que se propone agregar al primer párrafo del articulo 61 lo siguiente: "La ley establecerá lo necesario para que los diputados y senadores difundan las actividades del Congreso y sus opiniones mediante el acceso a los medios de comunicación escritos o electrónicos, el uso de tiempos oficiales y a través de los medios que opere directamente el Congreso". Esta disposición se complementa con la agregación del numeral 4 al artículo 46 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión (que se refiere a los comités), en los siguientes términos: Artículo 46 4. Para difundir adecuada y ampliamente las actividades legislativas y de atención ciudadana de los diputados federales, se formará el Comité de Comunicación Social que deberá integrar, a propuesta de cada uno de los diputados, un proyecto de programa y de presupuesto que permita a los Legisladores el acceso, de manera equitativa y permanente, a los tiempos oficiales de Radio y Televisión, y a los medios electrónicos y escritos comerciales y culturales , de mayor impacto en las demarcaciones que representan. En consecuencia, se plantea la reforma al artículo 131 y 132 del Título quinto que en esencia propone lo siguiente: Artículo 131. 1. El Congreso de la Unión, para la difusión de sus actividades y de las opiniones de los diputados y senadores y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con los canales de radio y televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables; dispondrá de las retransmisoras necesarias para tener cobertura en los 300 distritos uninominales que integran la representación nacional; tendrá acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión y dispondrá del presupuesto necesario para que los diputados y senadores accedan a las estaciones de radio y televisión comerciales de mayor impacto en las demarcaciones que representan. En el caso de los canales culturales, ambas cámaras, celebrarán convenios en los términos de la legislación aplicable. El resto del articulado se adecua ya que en el vigente sólo se había del canal de televisión del Congreso. Se trata, en suma: 1) de hacer realidad la libertad de expresión y el derecho de opinión de los legisladores estableciendo los mecanismos y disponiendo lo necesario para el acceso a todo tipo de medios; 2) que se difundan los trabajos del Congreso y de las cámaras como órganos colegiados, tanto como las opiniones y actividades de representación de los legisladores; 3) se propone la posibilidad de que el Congreso cuente, no sólo con el canal de televisión que ya tiene, sino también con un canal de radio y con las repetidoras necesarias para abarcar el ámbito de representación nacional; 4) se fortalece y asegura el acceso a los medios comerciales, (para lo cual deberá disponerse sin vacilaciones del presupuesto necesario) a los tiempos oficiales y a los canales de radio y televisión culturales. La segunda parte de la propuesta está vinculada con el concepto de representación política que, junto con las tareas legislativas de fiscalización superior y rendición de cuentas, constituye la esencia de las funciones del Congreso y, por ende, de los Legisladores y las fracciones parlamentarias en las que están agrupados. A nuestro. juicio, la representación política involucra tareas que realiza determinado sujeto a nombre de otro u otros. El artículo 51 de la Constitución Política otorga a los integrantes de la Cámara de Diputados el carácter de representantes de la nación, quienes realizan acciones de mediación social y política para atender demandas ciudadanas y conflictos específicos. La noción de representación es diversa según se trate de regímenes presidencialistas, parlamentarios o mixtos, o bien se trate de formas de elección directa, de representación proporcional o mixta. Lo cierto es que en nuestra realidad los diputados uninominales por ser de elección directa, por el contacto vivo y permanente que mantienen con la ciudadanía y por tradiciones políticas que han tomado fuerza a lo largo del tiempo, están sujetos a una fuerte presión social, que es a la vez responsabilidad y compromiso. La explicación simple y formal y en cierta forma ortodoxa, de que el papel principal de los diputados tiene que ver sólo con mantener el orden y la estabilidad a través de la buena ley o de la eunomía en términos de la filosofía griega, no sólo es incomprensible para el pueblo sino antipolítica y contraria a las expectativas ciudadanas que se generan en los procesos de elecciones democráticas. Actualmente, el desempeño de la función de representación tiene en su contra no sólo la rigidez de la ley, sino también obstáculos propios de la competencia política. Por ello, no puede dejarse al arbitrio de las autoridades ejecutivas la atención digna y el trato justo que debe darse a la gestión de los diputados y senadores. De aquí que se proponga agregar al artículo 65 de la Constitución, (que establece los tiempos de los periodos ordinarios de sesiones), un cuarto párrafo que diga lo siguiente: "En los periodos de receso, los diputados y senadores acudirán a los distritos y entidades federativas, para conocer de la situación que guardan, atender las demandas de la ciudadanía, dar tramite a las mismas ante las autoridades competentes e informar de sus actividades." En complemento de lo anterior, se incorpora un numeral 5 al Artículo 4o. de la Ley Orgánica del Congreso acotando esta obligación para los diputados y senadores que no formen parte de la comisión permanente o tengan encomiendas específicas de las mesas directivas. Se agrega, también, cómo procede en términos de ley que las demandas ciudadanas se, tramiten ante las autoridades municipales, estatales y federales o del Poder Judicial, según corresponda. También se agrega el numeral 2 al artículo 28, relativo al presupuesto asignado a las fracciones parlamentarías, para asegurar un presupuesto apropiado justo para que los diputados estén en posibilidad de desempeñar con dignidad y eficacia las tareas legislativas y de atención a la ciudadanía. Derivado de lo anterior y como parte central de esta iniciativa, se agregan dos párrafos al numeral 2 del artículo 46. En el primer párrafo se establece la obligación de incluir en el Presupuesto de la Cámara: "Lo necesario para establecer oficinas de representación en las cabeceras de cada uno de los distritos electorales federales que estarán a cargo de los diputados uninominales". Se trata de fortalecer la presencia institucional del Congreso en cada uno de los distritos tal y como sucede en diversos parlamentos, incluyendo algunos en el ámbito local. Esta representación de la Cámara de Diputados, además de apoyar el trabajo de los legisladores, podría tener servicios de acceso a la información parlamentaria. En el segundo párrafo de ese mismo numeral, se asigna al Comité de Información Gestoría y Quejas la facultad de: "Presentar a la Comisión de Presupuesto v Cuenta Pública una propuesta para que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se considere una partida presupuestal que será ejercida por las dependencias y entidades que corresponda, de acuerdo a las prioridades que establezcan los diputados en cada uno de los distritos electorales federales." No se trata, como seguramente podrían decir los ortodoxos, de que el legislativo invada el ámbito de responsabilidad del Ejecutivo Federal ni, menos aún, de una agresión a la soberanía de los estados o a la libertad municipal. Se trata, simplemente de proveer de soporte jurídico a una realidad política vinculada con la función de mediación y gestoría de los legisladores. Esta es una práctica normal en muchos parlamentos. Cierto que algunas experiencias en legislaturas de los estados han sido controvertidas. Esto ha sido así, justamente porque no existe el marco jurídico apropiado, quedando la gestoría de los diputados sujeta a la discrecionalidad de la autoridad ejecutiva, no obstante su transparencia y legitimidad. A mayor abundamiento cabe destacar que, en sintonía con la propuesta que hoy sometemos a consideración de esta Asamblea, en la sesión del 8 de noviembre pasado, el diputado Víctor Díaz Palacios, en representación de un grupo plural de legisladores, presentó una iniciativa de reformas al artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal que, entre otras cuestiones, propone que el 10% del Fondo de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas sea ejercido por los estados y el Distrito Federal, de acuerdo a las prioridades propuestas por los diputados federal. La distribución de esta porción del fondo sería asignado, por partes iguales, a cada uno de los distritos uninominales que integren la representación nacional en cada Estado y en el D. F." Compañeras y compañeros: quiero concluir esta exposición de motivos, aludiendo al intenso y profundo debate que se dio en este recinto el pasado 6 de noviembre, a propósito de lo que aquí se calificó como agresiones a la majestad y dignidad del Congreso. En esta ocasión, los coordinadores de los grupos parlamentarios que hicieron uso de la palabra asumieron, entre otras, las siguientes posiciones: "Sin duda alguna hay que fortalecer este Congreso. Nosotros siempre hemos manifestado, yo estoy convencido de que gran parte de ello tiene que empezar haciéndose por nosotros y desde adentro. El trabajo del Congreso ha sido superior al de las legislaturas anteriores pero no es óptimo. Hay que reconocerlo y hay que buscar mejorar en ese sentido. Hay que actuar aquí con la verdad y no hay que vaciar las cosas por su origen. A veces pareciera que la falta de directrices por parte de los grupos parlamentarios le quita institucionalidad a la Cámara de Diputados" Diputado Bernardo De la Garza Herrera "Esta discusión sobre la critica al Ejecutivo, sobre la libertad de expresión, se entrelaza también con las nuevas responsabilidades del Poder Legislativo porque en el fondo la capacidad critica del Poder Legislativo en el cumplimiento de una de sus atribuciones que es la de ser contrapeso en este pais, coincide esencialmente en la capacidad critica de los medios de comunicación que vigilan el quehacer de todos aquellos que tenemos responsabilidad pública. Diputado Marti Batres Guadarrama "Es inconcebible, es triste cuando menos que una reforma por ejemplo, una ley como la de Desarrollo Rural que implicó cientos de horas el trabajo de comisiones y miles de horas de trabajo de los diputados si se miden individualmente, no hayan merecido el mínimo reconocimiento de la opinión pública. La misma ley que hoy aprobamos o reformamos en materia de derechos humanos ignoro que suerte corra mañana, pero sé que habrá más interés por lo que no hacemos y las deficiencias que tenemos, que por lo que construimos. "A mi me parece que lo que está verdaderamente en juego es este cambio republicano y democrático, pleno y completo y que va más allá de fracciones parlamentarias o partidos. Va más allá de divisiones entre mexicanos. Creo que la salida es que generemos un espíritu constructivo de nuevo país, antes de que cedamos a la tentación de la confrontación interminable, de la ruptura y de la división entre los mexicanos". Diputado Felipe Calderón Hinojosa "La sabiduría de la humanidad a lo largo de los siglos fue construyendo sistemas de gobierno distintos en búsqueda de la mejor condición para la vida, del hombre y dentro de ellos, aquellos sistemas en los que priva la división de poderes, destacaron y permitieron que los pueblos se desarrollaran plenamente, porque evitaron que el poder público se concentrara en un solo individuo o en una solo institución y dieron históricamente una batalla contra las áranias y las dictaduras". "Por esa razón nos ofende el agravio, nos ofende que se califique al Congreso negativamente; nunca se había visto calificativos de tal naturaleza que nos lleven hasta la paradoja de considerarnos, por una parte, como un conjunto de legisladores que actúan y trabajan al vapor con excesiva premura y por otra, que nuestra tarea es lenta y tediosa Diputado Rafael Rodríguez Barrera Estas opiniones de legisladores distinguidos hacen evidente la unidad y la convergencia de varias fracciones parlamentarias. No, obstante,, la compleja y contradictoria realidad nos señalan que hoy no bastan la elocuencia y la contundencia de las declaraciones políticas, todas ellas enunciadas con convicción, sentido de la historia,, y comprometidos con el progreso y bienestar de la República. Estamos llamados a actuar y asumir un compromiso justo y trascendente. Apenas unas semanas después de que los partidos aquí representados suscribieron un pacto que pretende ser eje para esfuerzo y las iniciativas nacionales, se desdobla, desde el poder ejecutivo, un conjunto de señales y acciones contradictorias. Apenas unas horas después de la declaración del Congreso sobre las relaciones con el Ejecutivo y respecto de la agenda legislativa, la estrategia mediática que dio origen al diferendo fue reiterada y reforzada ahora por gerentes del capital o por voceros oficiosos que en las puertas de la Cámara dieron muestra de su cortedad de miras y de la estrechez política que los distingue. La facultad constitucional para que el Congreso diseñe, reforme y promulgue su propia Ley Orgánica, es un mandato que tiene que ser asumido en momentos como el que hoy vivimos. Seamos consecuentes, no hagamos de la aparente modestia ante la sociedad y ante los medios un acto de fe que termine por conducir al Congreso y a los propios Legisladores a un espacio marginal, desierto e indigno para la alta responsabilidad que nos ha sido encomendada. Convocamos a los coordinadores de las fracciones parlamentarias y a toda la Asamblea a que prevalezca el buen juicio y la capacidad de renovación y de acción que nos anima. Que el legislador vea reflejado su proyecto y el de sus representados en la grandeza del Congreso y en la trascendencia de las decisiones legislativas, de las funciones de vigilancia y, fiscalización, de asignación presupuesta¡ y de aquellas que derivan de la mediación política y social. El futuro del Congreso Mexicano depende de su capacidad de adaptación, de su renovada vocación para desempeñar con dignidad y transparencia su nuevo papel de contrapeso y elemento equilibrador en un sistema político abierto y pluralista, y del ser un interlocutor eficaz y receptivo entre la sociedad y el gobierno. En consecuencia de lo anterior, proponemos a esta Asamblea la siguiente iniciativa con PROYECTO DE DECRETO Que adiciona los artículos 61 y 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y los artículos 4o, 28, 461 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. DECRETO Artículo primero. Se adiciona el primer párrafo del artículo 61 y un cuarto párrafo al artículo 65 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 61. . . . La Ley establecerá lo necesario para que los diputados y senadores difundan las actividades del Congreso y sus opiniones mediante el acceso a los medios de comunicación escritos o electrónicos, el uso de tiempos oficiales y a través de los medios con que opere directamente el Congreso. Artículo 65. . . . En los periodos de receso, los diputados y senadores acudirán a los distritos y entidades federativas, para conocer de la situación que guardan, atender las demandas de la ciudadanía, dar tramite de las mismas ante las autoridades competentes e informar de sus actividades. Artículo segundo. Se adicionan: el numeral 5 al Articulo 4o; al numeral dos al artículo 28; dos párrafos al numeral dos del artículo 46 y se agrega un numeral cuatro a este mismo artículo; y finalmente, se reforman los artículos 131 y 132 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 4o. 1 al 4. . . . 5. En los periodos de receso, los diputados y senadores que no formen parte de la Comisión Permanente o tengan encomiendas especificas de las mesas directivas, conocerán del Estado que guardan las demarcaciones que representan y atenderán a la ciudadanía, debiendo presentar y difundir ampliamente un informe anual de actividades legislativas, de gestión y de representación en las que hubiesen participado. En todo caso, darán tramite de las demandas ciudadanas ante las autoridades municipales estatales, federales o del Poder Judicial, según corresponda. Artículo 28. 1. . . . 2. En el presupuesto anual de egresos de la Cámara de Diputados, se dispondrá lo necesario para que los diputados estén en posibilidad de desempeñar con dignidad y eficacia las tareas legislativas y de atención a la ciudadanía, así como para su amplia difusión en las demarcaciones que representan. Artículo 46. 1 al 2. . . . En el presupuesto de la Cámara, se dispondrá lo necesario para establecer oficinas de representación en las cabeceras de cada uno de dichos distritos electorales, que estar a cargo de los diputados uninominales. El comité presentará, anualmente, a la Comisión Presupuesto y Cuenta Pública, un propuesta para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se considere una partida presupuestal que será ejercida por las dependencias y entidades que corresponda, de acuerdo a las prioridades que establezcan los diputados en cada uno de los Distritos Electorales federales. 3. . . . 4. Para difundir adecuada v ampliamente las actividades legislativas v de atención ciudadana de los diputados federales, se formará el Comité de Comunicación Social que deberá integrar, a propuesta de cada uno de los diputados, un proyecto de programa y de presupuesto que permita a los legisladores el acceso, de manera equitativa y permanente, a los tiempos oficiales de Radio v Televisión, y a los medios electrónicos escritos comerciales y culturales, de mayor impacto en las demarcaciones que representan. TITULO QUINTO De la difusión e información de las actividades del Congreso y de las opiniones de los diputados y senadores. Artículo 131. 1. El Congreso de la Unión., para la difusión de sus actividades y de las opiniones de los diputados y senadores, y de acuerdo con la legislación en la materia, contará con los canales de radio y televisión que le asigne la autoridad competente, de conformidad con las normas técnicas aplicables; dispondrá de las retransmisoras necesarias para tener cobertura en los 300 distritos uninominales que integran la representación nacional; tendrá acceso a los tiempos oficiales de radio y televisión; y dispondrá del presupuesto necesario para que los diputados v senadores accedan a las estaciones de radio v televisión comerciales de mayor impacto en las demarcaciones que, representan. En el caso de los canales culturales. ambas cámaras celebrarán convenios en los términos de la legislación aplicable. 2. Los canales tienen por objeto reseñar y difundir la actividad legislativa y parlamentaria que corresponda a las responsabilidades de las cámaras del Congreso, de la Comisión Permanente diputados y senadores; así como contribuir a informar, analizar y discutir pública y ampliamente la situación de los problemas de la realidad nacional vinculadas con ¡.a actividad legislativa y de representación de los legisladores federales. Artículo 132. 1. Para la conducción de las actividades que desarrollan los canales, se constituye la comisión bicamaral de los canales de Radio y Televisión del Congreso de la Unión. 2 al 4. . . . 5. La organización y funcionamiento de los canales se sujetarán a las disposiciones legales aplicables y a las reglamentarias especificas que al efecto dicte el Congreso de la Unión, así como a las políticas internas de orden general y programas de trabajo que apruebe la comisión bicamaral. ARTICULO TRANSITORIO Único. Las presente adiciones y reformas entrarán en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Palacio Legislativo, San Lázaro, a 13 de noviembre de 2001. Diputados: José Moo y Can, Javier García González, Víctor E. Días, Alberto Amador Leal, Concepción González Molina. Jaime Alcántara Silva, Roberto Fuentes A., Cutberto Cantorán Espinosa, Angel Meixuiero González, Jaime Larrazábal, Eréndira Cova Brindis, Agustín Trujillo, Rebeca García Farías, Marcos P. López Mora. Muchas gracias.