El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Buenos días compañeras diputadas, compañeros diputados, ustedes se preguntarán cuáles son las razones de mi voto en contra a un dictamen que parece tan positivo. Y es verdad, el dictamen parece muy positivo, porque establece excepciones al libre alumbramiento de las aguas nacionales. En este punto, simplemente yo diría, que tal como en su momento presentamos una iniciativa el diputado Fernández Noroña y su servidor, debiera en nuestro país prohibirse totalmente el alumbramiento de aguas nacionales haciendo la reforma correspondiente, como lo propusimos en esa iniciativa al artículo 27 de la Constitución. Aquí en este dictamen, se va a en ese sentido, se encamina a ese sentido, no al de prohibir, pero si al de excepcionar, al de limitar el libre alumbramiento de las aguas nacionales y eso me parece, desde luego, muy positivo para resguardar los mantos acuíferos de nuestro país. Sin embargo yo tengo una diferencia con el dictamen, que no tiene que ver con el contenido, con el propósito, sino tiene que ver con algo que esta Cámara y el Congreso de la Unión en General ha admitido con mucha ligereza. Hemos admitido con mucha ligereza, que el Ejecutivo federal, el titular del Poder Ejecutivo delegue facultades reglamentarias en otras autoridades de la administración pública. Conforme al artículo 89 de la Constitución, en su fracción I, solamente le corresponde al titular del Poder Ejecutivo la facultad de emitir reglamentos. Lo que ha ocurrido, sobre todo a partir de la globalización, de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, de la aparición de las normas oficiales mexicanas; lo que ha ocurrido es que este Congreso y el propio Ejecutivo a veces, a través de reglamentos delega a otras autoridades de la administración pública centralizada o descentralizada, facultades reglamentarias que esas autoridades no tienen. En este dictamen se está delegando en la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que no tiene facultades reglamentarias, porque éstas corresponden solamente al presidente de la República en los términos del artículo 89, fracción I de la Constitución, la posibilidad de alumbrar estas excepciones a los alumbramientos de aguas nacionales a la Conagua, y es una delegación indebida que hace este Congreso, que pretende hacer esta Cámara y el Congreso, de facultades reglamentarias a una autoridad que no las tiene. Decía hace un momento que en los años 90 esta tesis que yo estoy expresando aquí, los años 90 del siglo XX, se había mantenido más o menos durante el siglo XX en el derecho mexicano, se había preservado la facultad reglamentaria, exclusivamente, en el presidente de la República. Decía hace un momento yo, que con la aprobación del Tratado de Libre Comercio, con la globalización, con las normas oficiales mexicanas, se comenzó a permitir que otras autoridades de la administración pública comenzaran a reglamentar, a dictar acuerdos generales, y esto en franca contravención a nuestra Constitución. Y lo que es peor, no solamente el Congreso de la Unión ha incurrido en esta deficiencia o en esta contradicción constitucional, sino la propia segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha avalado la reglamentación vía normas oficiales mexicanas, vía acuerdos generales por autoridades que desde luego no constituyen, no son parte, no son el titular del Poder Ejecutivo federal. Entonces, me opongo a este dictamen, no por sus sentidos, que son muy positivos, no por su finalidad, no por su propósito, sino me opongo a este dictamen porque este dictamen vulnera la letra y el espíritu del artículo 89, fracción I, de la Constitución, que solamente concede al titular del Poder Ejecutivo la facultad reglamentaria. Por eso votaré en contra de este dictamen. Por su atención compañeros diputados, compañeras diputadas, muchas gracias.