La diputada Rocío Barrera Badillo: Con su venia, diputada presidenta. Diputadas y diputados, el dictamen que presento a nombre de la Comisión de Gobernación y Población busca establecer el principio de igualdad entre hombres y mujeres en la designación de titulares e integrantes de los órganos de gobierno, de órganos descentralizados, fideicomisos, instituciones de crédito del Estado, seguros y empresas de participación estatal mayoritaria, particularmente estableciendo criterios de lenguaje inclusivo con perspectiva de género. La minuta que recibimos del Senado de la República refleja la motivación de la proponente que en la carta expositiva da cuenta de la imperiosa necesidad de establecer condiciones igualitarias entre hombres y mujeres, por ministerio de ley, en la administración de las entidades del gobierno federal. Por otro lado, el presente dictamen elimina un elemento de exclusión que fue impuesto en 1998, señalando que los directores de las entidades paraestatales tienen que ser necesariamente mexicanos por nacimiento. En 1998 se promulgó la nueva Ley de Nacionalidad que establecía, entre otras cosas, la posibilidad de que los mexicanos pudieran contar con dos nacionalidades y se otorgara a los mexicanos, por naturalización, derechos políticos plenos y sociales iguales a los que gozan los mexicanos por nacimiento. Sin embargo, junto con este decreto el Ejecutivo federal emitió otro decreto que modifica 31 leyes que establecen el requisito para ocupar la titularidad del cargo en una entidad federativa, solo a quienes tuvieran la nacionalidad por nacimiento. Lo anterior era una contradicción, porque mientras en el decreto de ley otorgaba derechos a los mexicanos tanto por nacimiento como por naturalización, conforme a los tratados internacionales y nuestra Constitución Política, en otro decreto se impusieron candados para impedir el ejercicio de los derechos políticos. Al respecto debe señalarse que nuestra Constitución establece cuáles son los cargos que sí requieren que su titular tenga la nacionalidad por nacimiento: presidente de la República, diputados, senadores, fiscal general, secretario de despacho, ministro de la Suprema Corte de Justicia o gobernador de un estado. También los cargos que señala en el artículo 28 como áreas estratégicas y para lo cual se entiende que quienes estén al frente sean mexicanos por nacimiento. Sin embargo, muchos cargos que no están señalados en la Constitución tienen la restricción para impedir a los ciudadanos naturalizados ejercer un cargo directivo. En un ejercicio constitucional comparado es pertinente señalar que la Constitución de la Ciudad de México no señala el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser diputado local ni para ocupar la jefatura de gobierno. Asimismo, permanecen pendientes de dictaminación propuestas que buscan eliminar este requisito, cuando menos para los legisladores en un acto de congruencia con nuestras pretensiones y justas demandas. Al paso del tiempo, nueve cargos de titulares de las entidades paraestatales ya han eliminado el requisito de nacionalidad por nacimiento: siete por la expedición de nueve leyes que abrogaron las anteriores y otros dos casos por resolución de la Corte, como resultado de inconstitucionalidad impuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la Procuraduría General de la República, señalando que los mexicanos naturalizados tienen derechos plenos. Viendo que nuestro máximo tribunal ya en reiteradas ocasiones ha señalado que la diferenciación entre mexicanos por nacimiento y por nacionalización constituye una distinción discriminatoria que vulnera el principio de igualdad de las personas y se aparta de lo establecido en el artículo 1o. constitucional que prohíbe que toda forma de discriminación, siendo justificable únicamente en aquellos casos en que la salvaguarda de la soberanía y la seguridad nacional lo amerite. En este sentido, en el ámbito parlamentario el principio de igualdad se traduce en una limitante al legislador, consistente en la prohibición de que en el ejercicio de su creación normativa emitan normas discriminatorias, evitando establecer distinciones que menoscaben los derechos de los gobernados. Bajo la misma línea argumentativa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló en la Opinión 1803, solicitada por México, que las restricciones que se impongan a los derechos fundamentales no deben ser discriminatorias y deben atender a cuestión de necesidad y proporcionalidad en una sociedad democrática, para lo cual debe optarse por elegir aquellas que restrinjan en menor medida el derecho protegido y guarden proporcionalidad con el propósito que se tiene. Entonces, los ciudadanos mexicanos naturalizados no deben ser discriminados, menos aún considerando que históricamente han aportado a México conocimientos, experiencia, inteligencia y virtudes, al igual que los mexicanos por nacimiento. Incluso, hay naturalizados que han hecho grandes aportaciones a la ciencia, a la literatura, a la música y a la docencia. En una sociedad global democrática y justa, estas restricciones ya no tienen cabida. La reforma que se presenta con este dictamen permitirá que la determinación de las personas susceptibles de dirigir las instituciones públicas se tome una decisión sobre un universo más amplio, por supuesto, a partir de la trayectoria de vida de la persona afín a un cargo dentro de la administración pública y de acuerdo con el perfil del puesto, pero sin sujetarnos a disposiciones anticuadas y discriminatorias. Mexicanos por nacimiento o por naturalización deben encontrarse en condiciones de igualdad jurídica, es decir, recibir el mismo trato que se da a aquellos que se encuentren con situaciones de hechos similares. Es cuanto, diputada presidenta.