La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Toda ley y toda institución es perfectible. Desafortunadamente esta reforma es un claro retroceso, una violación a la autonomía, a la especialización de un órgano jurisdiccional. No es válido querer hacer reformas sin dar tiempo adecuado para escuchar, para discutir, para reflexionar, sobre todo, escuchar a la sociedad civil, a los expertos, a los académicos, a todos los que tienen interés en mejorar las instituciones mexicanas. Estamos discutiendo un dictamen que va más allá de una reforma a la estructura y organización de un órgano jurisdiccional de la mayor relevancia para llevar justicia a las y los mexicanos, y no es una reforma sobre paridad de género, es mucho más que eso, es un asunto de otra naturaleza. Lo que se pretende aprobar aquí es el debilitamiento, el sometimiento, la vulneración del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en detrimento del Estado mexicano. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene 86 años de vida, data del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Esto ha permitido durante todos estos años protección de la justicia para los particulares ante los actos de autoridades fiscales y administrativas y, más recientemente, para el combate a la corrupción. Durante casi nueve décadas ha tenido muchas reformas para mejorarlo, incluso se le han encomendado mayores responsabilidades. Sin embargo, para el estudio de esta reforma solo se hizo una mesa de análisis, no un parlamento abierto, como podría ameritarse. Esta reforma no puede pasar, porque es una reforma tendenciosa y privativa. En esta reforma están ausentes muchos temas en los que sí urge legislar para mejorar de manera real, seria y profunda el sistema de justicia administrativa. Este dictamen no incluye todas las voces que expresaron claramente su preocupación ante la ruta que ha decidido emprender este gobierno, para someter a este tribunal a sus intereses, así como lo está haciendo con otros órganos autónomos del Estado mexicano. Una mayoría que dice que representa al pueblo debería abrir el diálogo, escuchar más. Parece que la práctica para atentar contra los órganos autónomos es aplastar, es cerrar los oídos. Rechazamos categóricamente que esta práctica se instale en esta soberanía. ¿Cuál es la urgencia de aprobar esta reforma? ¿Por qué no esperar que sea en el mes próximo, cuando se elija primero a quién debe presidir el tribunal y después hacemos una reforma que es tan importante? ¿En qué beneficia esta reforma a los mexicanos, al Estado mexicano? En nada, al contrario, atenta contra su autonomía, independencia, especialización. Y también no ayuda a combatir la corrupción, por el contrario, debilita el sistema, porque es contradictoria en sí misma. El Tribunal conoce de la materia administrativa, fiscal y de responsabilidades de los servidores públicos, por lo que la ley actual exige conocimiento en todas estas materias. Desafortunadamente este dictamen le resta a esta especialización y para el actual régimen será suficiente que solo se conozca una de estas materias, porque lo que realmente importan es que el otro 90 % sea de sumisión y de lealtad. ¿En qué ayuda esto al mejoramiento del Sistema Nacional Anticorrupción? En nada, absolutamente en nada, por el contrario, viola el principio de autonomía y especialización del Tribunal e introduce un elemento político ajeno al desempeño que se espera de dicha instancia jurisdiccional. En el Grupo Parlamentario del PRI no apoyaremos reforma alguna que debilite a las instituciones del Estado mexicano, que permita que el poder se apropie de instituciones autónomas que hemos construido todas y todos durante muchas décadas. Hoy requieren mejorarse, pero no debilitarse y mucho menos destruir y retroceder. El PRI ha fundado, defendido y apoyado el fortalecimiento de muchas instituciones, más allá de coyunturas políticas, la historia nos coloca como lo defensores de nuestras instituciones y ahora de este Tribunal en materia administrativa. Por eso, por eso votaremos en contra. Es cuanto presidenta.