La diputada Cynthia Iliana López Castro: Gracias, presidenta. Nos encontramos una vez más ante una reforma que es abiertamente contraria a la Constitución y a los principios generales de derecho. Es anticompetitiva y busca elevar las barreras de entrada a las actividades de procesamiento industrial, transporte, almacenamiento, distribución y comercialización de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. E inclusive, busca revocar arbitrariamente los permisos de quienes ya invirtieron. Conviene recordar que el otorgamiento de permisos para llevar a cabo estas actividades, es necesario por consideraciones de seguridad. Debido al alto grado de especialización y competencia técnica que requieren, el Estado debe asegurarse de que las empresas tienen la capacidad de hacerlo sin representar un riesgo. Todos los que cumplen con los requisitos de operatividad, deben poder obtener un permiso correspondiente, esto significa que el Estado no puede aferrarse y tener facultades de administración de la competencia de diversos mercados mediante el otorgamiento o la suspensión de permisos. Al hacerlo atenta contra la competencia y la certeza jurídica y abre espacios para la corrupción y el abuso y la arbitrariedad. Este proyecto, compañeros, presenta tres atropellos fundamentales y por eso presento estas reservas el día de hoy, contra la certeza jurídica, la competitividad en el sector energético. El principal atentado contra la certeza jurídica de la inversión es la introducción de una causal para la suspensión de permisos tan vaga que prácticamente cualquier cosa podría acomodarse en ella. Dice el artículo 59 Bis del proyecto, que las autoridades podrán suspender permisos ya emitidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética o para la economía nacional. En este caso, en ningún lugar se definen los escenarios o los criterios mediante los cuales se podrá verificar semejante peligro, lo cual vuelve a esta aplicación de esta norma, totalmente impugnable y la vuelve un cheque en blanco para la arbitrariedad. Básicamente, el mensaje que se está mandando a las empresas es que el gobierno puede tomar por asalto sus operaciones en cualquier momento y por cualquier motivo. Esta propuesta desfonda la certeza jurídica necesaria para atraer inversiones en segmentos con requisitos relativamente altos en capital. Esto equivale, compañeros, a poner un anuncio espectacular en todos los puntos de entrada de nuestro país que diga: no inviertan en México. El segundo atropello que quiero mencionar es la obligación de demostrar capacidades de almacenamiento previamente a la obtención de cualquier permiso, no solamente pasa por alto que no todas las actividades reguladas están relacionadas con las actividades de almacenamiento, sino que es redundante, puesto que los permisionarios para la comercialización y la distribución de petrolíferos ya tienen obligaciones de mantener inventarios mínimos. Esta propuesta no agrega valor, pero sí atenta contra la competencia y la inversión. Genera un sobrecosto innecesario en la entrada y exige que las empresas interesadas que quieran invertir en desarrollar capacidades de almacenamiento no tengan certeza jurídica y no puedan recibir el permiso para operar. Eso introduce claramente un sesgo en contra del consumidor final, que tendrá menos opciones y tendrá que pagar precios más altos. Además, estos transitorios que emplazan a las empresas permisionarias a cumplir con los nuevos requisitos en tiempo récord, bajo la amenaza de expropiación, son claramente violatorios al principio de no retroactividad. No soportan la prueba de la risa y además serán objetos de impugnaciones y suspensiones en masa en los tribunales. Finalmente, el gobierno reconoce, una vez más, su incompetencia y busca evadir su responsabilidad con el cambio de la afirmativa ficta en la cesión de permisos. La ley actual establece que las autoridades deben responder a cualquier solicitud de permiso en un plazo de 90 días naturales y, en caso de no responder, el permiso se entenderá como otorgado. La ley propuesta cambia esta garantía de certidumbre por una negativa ficta al término del mismo plazo. Es decir, que el gobierno, por mala fe o por mera incompetencia, puede quedarse sentado sobre las solicitudes de nuevos permisos. Esta obsesión nacionalista y trasnochada con el sector energético es particularmente perniciosa, pues es un sector con requerimientos altos de capital que un gobierno en crisis no puede asumir, pero con suficiente atractivo para inversionistas privados. Cerrarle la puerta a la inversión y a los empleos con iniciativas como esta es cerrarle la puerta a México, y es darse un tiro en el pie. Muchas gracias.