El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, acudo a esta tribuna en mi calidad de presidente de la Comisión de Justicia de esta Cámara de Diputados, a fin de fundamentar tres dictámenes que se someten a la consideración de este pleno para su discusión. Estos dictámenes son referente a las minutas enviadas por el Senado de la República en relación a los proyectos de decreto, por lo que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes; y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Los proyectos antes mencionados forman parte del marco normativo que llevan a fortalecer un camino iniciado hace ocho años con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación e 18 de junio del año 2008 en esta aspiración de exigencia social de cambiar la realidad en el ámbito penal para transitar de una justicia escrita e inquisitiva, hacia una justicia oral y adversarial. En este nuevo sistema la prioridad es el respeto irrestricto de los derechos humanos, la garantía de un debido proceso para los imputados y sobre todo la atención del derecho de las víctimas. El día de hoy, estando a cuatro días de iniciar a nivel nacional con esta nueva historia en la vida jurídica y en la vida de todo ciudadano, estamos cumpliendo con el compromiso que nos marcó el Constituyente Permanente, de darle a los mexicanos antes del 18 de junio del presente año, las herramientas que permitan hacer realidad en las leyes secundarias los principios consagrados en la Ley Suprema. Por el inminente plazo y ante la responsabilidad que tenemos como legisladores, quiero primeramente agradecer la voluntad de mis compañeras y compañeros diputados de todos los grupos parlamentarios que forman parte de la Comisión de Justicia, ya que se han sumado al esfuerzo de aprobar los proyectos en sus términos, con el objetivo de permitirles a todos los mexicanos el acceso a la justicia con las garantías del debido proceso. Ahora bien. En el marco de las legislaciones que hoy se ponen a nuestra consideración, me permito exponerles algunos puntos principales de cada uno de ellos. Sobre la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el objetivo de las reformas es armonizar dicha norma al nuevo sistema de justicia penal, así como los parámetros de la Convención de Palermo para hacer más eficientes la investigación y persecución de los delitos. Con lo anterior logrando los siguientes beneficios: Hacer más eficiente la investigación de los delitos fortaleciendo las operaciones encubiertas, la vigilancia electrónica y la colaboración de informantes y usuarios simulados, entre otros. Esto con el fin de lograr el debido equilibrio entre la investigación eficaz y el respeto a los derechos humanos. Para la recabación de información en lugares públicos y la vigilancia electrónica, se prevé necesariamente la autorización de un juez antes de su procedencia. También, compañeras y compañeros diputados, se tipifican nuevos delitos, como el desvío de precursores químicos para el cultivo, el narcomenudeo, el de uso de moneda falsificada a sabiendas y el contrabando de bienes en sus modalidades de importación y exportación ilegal. Se armoniza la intervención de comunicaciones privadas, las informaciones anónimas y la colaboración de miembros de la delincuencia organizada con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Respecto a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el objetivo es precisar las normas que deben observarse durante la presión, ya sea esta de manera preventiva o compurgando una sentencia, buscando siempre respetar en todo momento los derechos humanos de quienes se encuentren en estas situaciones bajo el principio de reinserción social. Entre las características principales de esta nueva ley, e encuentra la definición de las atribuciones y alcances de la figura el juez de ejecución, para garantizar que la privación de la libertad de las personas procesadas y sentenciadas sean aplicadas sin abusos ni privilegios. Se contemplan también permisos humanitarios de salida, cuando se justifique con enfermedad terminal o fallecimiento de padres, hijos, cónyuge, concubina o concubino. Se brinda respeto a los derechos de las mujeres privadas de su libertad, alineándose a las reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas. Se brinda la posibilidad a los reos de acceder a las acciones administrativas y recursos jurisdiccionales para que se garantice el respeto de sus derechos, mientras dure su internamiento. Por último, contiene un novedoso enfoque de justicia restaurativa, contemplado en los programas de tratamiento de adicciones, reinserción en libertad, justicia colaborativa o restitutiva. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. El objetivo fundamental de esta nueva legislación es permitir que exista en el territorio nacional un instrumento jurídico especializado que pueda aplicarse a las personas menores de edad, de entre 12 y menores de 18 años, que cometan o hayan cometido algún delito. Este ordenamiento a favor de los menores de edad, tiene como principales los siguientes elementos. Implementar y fomentar el uso de los acuerdos preparatorios y de la suspensión condicional del proceso como salidas alternas a los procedimientos. Establecer los procedimientos para que se garanticen los derechos humanos de los menores que han cometido un delito, de acuerdo a las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores, velando en todo momento por el interés superior a la niñez. Marca que la sanción de prisión sea de máximo 5 años, utilizando esta como una medida extrema de último recurso, privilegiando otras medidas para su reinserción, como sesiones de asesoramiento colectivo, supervisión familiar, libertad asistida, entre otras. Asimismo, esta ley busca fortalecer el vínculo del adolescente con su familia, ya que la hace partícipe para que acompañe al adolescente en todo su proceso. Estos ordenamientos vienen a complementar los ya aprobados en la miscelánea penal y dejan constancia que desde el ámbito legislativo concordamos con los esfuerzos del presidente Enrique Peña Nieto, para llevar a cabo las reformas necesarias que permitan a todos los mexicanos acceder a una justicia que sea pronta y expedita y, sobre todo, que responda el legítimo reclamo de la sociedad de una justicia clara, accesible y oportuna. Quiero agradecer de nueva cuenta a todos los integrantes de la Comisión de Justicia, a la sociedad civil, especialmente a la Red de Juicios Orales quienes estuvieron siempre involucrados en todo el proceso legislativo, así como también a los operadores del sistema, ya que estamos claros que somos todos los involucrados quienes fortalecemos el sistema jurídico en su conjunto. Compañeras y compañeros diputados, los convoco a aprobar estos tres proyectos de decreto en los términos que propone el Senado de la República, para consolidar la reforma al sistema de justicia penal con mejores ordenamientos y mejores instituciones. Votemos conscientes que nuestra tarea y comisión con esta causa no termina aquí, el marco jurídico es progresivo, evoluciona y se transforma, por lo que nuestra labor legislativa continúa y lo seguirá haciendo como hasta ahora, escuchando a la sociedad civil y a todas las fuerzas políticas. El día de hoy tenemos la oportunidad de seguir contribuyendo con el cambio más importante de nuestro país, con respecto a la procuración e impartición de justicia de las últimas décadas. Votemos a favor de un México más justo. De un México garante de los derechos humanos. De un México que proteja a las víctimas y sancione de manera eficaz cualquier hecho que se ubique fuera del marco de la ley. Muchas gracias.