La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: Compañeras diputadas y diputados y, por supuesto, querido pueblo de México. Quiero comentarles a quienes me han antecedido que ya dejemos de politizar el tema del Poder Judicial. De pronto yo sé que les resulta un poco difícil, porque entiendo a los intereses a los que ustedes se deben. Sin embargo, hay que hablarle con la verdad al pueblo de México y tenemos que decirle que esta reforma a los artículos 228 y 243 de la Ley de Amparo, que además son reglamentarios de los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, en nada afecta las costas judiciales. En nada se violenta el principio de gratuidad, en nada se violenta el tema de principios de que la justicia sea pronta y expedita. ¿Por qué? Porque simplemente lo único que vamos a hacer, vamos a fortalecer una de las instituciones más importantes de nuestro país, que ahora se llama fin a bien, porque ahora el Poder Judicial se va a hacer cargo de sus pagos, de sus comunicaciones judiciales, que así debería ser. ¿Y por qué comento que en nada va a afectar la operación del Poder Judicial? Porque el Poder Judicial tiene un presupuesto para el año 2023 de más de 68 mil millones de pesos, o sea que lo que va a pasar para este 2023, al momento de que el Poder Judicial se haga cargo de sus comunicaciones judiciales es completamente nada de acuerdo al presupuesto que ellos van a ejercer este año que viene. También quiero comentar que la Suprema Corte ha determinado bajo qué criterios y qué conceptos los justiciables van a realizar algunos pagos. Y así como determina quién y de qué forma van a realizar algunos pagos, también este tribunal determina qué pagos no se tienen que realizar, o qué es lo que no les tiene que costar a las y a los ciudadanos. Así que para nada esta reforma es gravosa. Insisto, no se afecta ni se altera ninguno de los principios. Y me gustaría comentar otra cosa. El juicio de amparo y la Suprema Corte fueron creados como un medio de control constitucional, pero ahora ya no están funcionando como un medio de control constitucional. ¿Por qué? Porque ahora han sido o son juez y parte en la toma de algunas decisiones. Y, para muestra, basta un botón. Revisemos lo que acaba de pasar este fin de semana con una resolución que emite el Poder Judicial. Por lo que yo considero que tenemos que ir en 2024 por una reforma judicial profunda, por una reforma judicial consistente y que verdaderamente sea accesible al pueblo y que atienda a sus necesidades. Quiero decirles que en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo coincidimos con el plan de austeridad de nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y que, por cierto, el Poder Judicial ha puesto de verdad suma resistencia. No estamos de acuerdo en la resistencia que ha puesto el Poder Judicial de la Federación a este plan de austeridad y, sobre todo, es falso que se quiera dejar inoperante este poder, ya que cuenta con los recursos suficientes para poder funcionar. Estamos en contra del despilfarro y de las malas costumbres que aún imperan en la cúpula de este poder. A favor de las y los trabajadores que son los beneficiarios, que son los beneficiarios... que no son los beneficiarios, perdón, de esos grandes privilegios y que hacen que este poder funcione de manera adecuada. Estamos en contra de la manipulación de la información, estamos a favor de la verdad y del manejo transparente del dinero del pueblo. A favor de una reforma judicial que limpie a este poder y lo haga accesible al pueblo. A favor de la razón y la justicia, pero con conciencia, porque en algún momento la verdad nos hará libre, estamos esperando a que solamente el tiempo nos dé la razón. Por un Poder Judicial honesto, transparente y libre de corrupción, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos pronunciamos por un segundo piso de esta gran transformación. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Muchas gracias.