El diputado Gerardo Gaudiano Rovirosa: Con su venia, señor presidente. México es un país que aún tiene una gran deuda social con su población en materia de empleo formal. Por ello no es lógico permitir la competencia desleal de empresas extranjeras que no reinvierten en México para crear fuentes de empleo y obtienen grandes ganancias que les permiten los incentivos fiscales y las lagunas existentes en el marco jurídico que las regulan. En concordancia con la línea política de nuestro partido y de la fracción del Partido de la Revolución Democrática en esta honorable Cámara de Diputados, rechazamos tajantemente seguir aceptando que las actuales leyes de aviación civil y de aeropuertos, permitan las prácticas de cabotaje a permisionarios extranjeros privados que prestan servicios de transporte aéreo comercial en el territorio nacional. Nuestra fracción parlamentaria está totalmente de acuerdo en discutir y aprobar las adecuaciones necesarias a estas leyes de aviación civil y de aeropuertos, que impidan a estas empresas extranjeras continuar explotando el espacio aéreo nacional sin corresponder con inversiones productivas que creen fuentes de empleo para nuestros connacionales. Actualmente en nuestro país tenemos registradas cerca de mil 600 aeronaves matriculadas como taxis aéreos, por lo que es necesario realizar una revisión a fondo no sólo de los permisionarios extranjeros, sino también de los nacionales para poder incorporarlos a la reglamentación modificada que se ha propuesto. La iniciativa presentada por el compañero legislador Juan Manuel Carbajal Hernández, representa además una buena oportunidad para revisar la antigüedad de la flota aérea comercial privada y también la no comercial, para incorporar la creación de figuras jurídicas que contemplen su renovación, como medida indispensable de seguridad para el espacio aéreo mexicano. A nuestro grupo parlamentario le parece de suma importancia que se impongan sanciones ejemplares a los permisionarios extranjeros que practiquen el cabotaje en México, ya que muchas veces sus aviones tienen más de 20 años de servicio y como en Estados Unidos sí tienen estrictos controles en ese sentido, se vienen a nuestro país ante la complacencia del actual marco jurídico que regula el uso del espacio aéreo, a prestar este servicio, poniendo en riesgo la integridad física de las personas, además de afectar al sector nacional por la diferencia en los precios. Con esta propuesta que imponen sanciones ejemplares en caso de infringir la nueva ley, se estará protegiendo a todos los mexicanos. Anteriormente sólo se les imponían multas muy significativas por lo que nunca les importó infringir la ley. Las prácticas llevadas a cabo por las empresas que ofrecen servicio de taxi aéreo han generado diversas tragedias en los últimos años, por lo cual su situación debe de ser revisada y su actuación regulada plenamente. Es una exigencia de los usuarios para salvaguardar su seguridad y la de la tripulación. Las modificaciones que nuestra fracción propone son las siguientes: fomentar políticas públicas que impulsen el crecimiento de la aviación privada en México, simplificando los procedimientos administrativos para el otorgamiento de permisos, ofreciendo certidumbre que elimine la corrupción. Readecuar los altos costos regulatorios. Evitar la doble tramitación y homologar las regulaciones con nuestro principal socio comercial que es Estados Unidos. Además nuestra fracción sugiere que el certificado de aeronavegabilidad se amplíe a sólo dos años de duración y no de forma permanente, ya que esto puede fomentar la corrupción, siempre y cuando se acredite que la o las aeronaves se encuentran en condiciones óptimas de funcionamiento para realizar operaciones de vuelo, acreditando los mantenimientos preventivos y correctivos que exige la ley, de acuerdo a los estándares internacionales vigentes. De igual manera, la fracción del PRD se adhiere al punto presentado en la referida iniciativa que establece la necesidad de que los talleres aeronáuticos y los centros de capacitación ubicados en el extranjero sean reconocidos por la autoridad aeronáutica mexicana con el objetivo de no causar más costos a la aviación en general, que actualmente se estiman en más de 50 millones al año. También coincidimos en las reformas propuestas a la Ley de Aeropuertos con el objeto de facilitar la tramitación de los permisos para obtener aeródromos civiles en zonas alejadas y la disminución de los trámites para los aeródromos o helipuertos alejados al menos a una distancia de 10 millas náuticas del punto de referencia del aeropuerto más cercano con el objetivo de disminuir el alto nivel de corrupción al solicitar trámites innecesarios e inútiles. Sin embargo, no coincidimos en que la vigencia de la licencia del personal técnico aeronáutico sea permanente, pues la revalidación periódica de la licencia es el principal medio del que dispone actualmente la autoridad aeronáutica mexicana para asegurarse del mantenimiento de la competencia y del cumplimiento de los requisitos relativos a la experiencia reciente del titular de una licencia de piloto. Por estas razones creemos que la duración de la licencia debe de ser de dos años. Los diputados del PRD consideramos que las sanciones propuestas en la iniciativa deben de imponer sanciones como la revocación de permiso, multas ejemplares y que incluso la inmovilización de la aeronave pueden ser incluidas en las reformas propuestas a las leyes de aviación civil y de aeropuertos. Muchas gracias, señor presidente.