La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, el debate sobre este dictamen que hoy estamos teniendo, lo que se está viendo es que es una batalla entre dos grupos con intereses particulares: por un lado, están quienes se comprometieron con lo que se aprobó en la reforma energética del 2013. Y, por otro, quienes hoy desean revivir un modelo energético obsoleto tal y contaminante. En ningún lugar de este dictamen se está velando por los mexicanos y las mexicanas, que como usuarios finales de energía serán quienes resientan los costos de lo que hoy se modifique. La generación de energía eléctrica es una de las actividades más contaminantes del mundo, pero también una necesidad irrenunciable en pleno siglo XXI. En el caso de México es, además, una demanda insatisfecha, pues como lo ha destacado el propio Programa de Desarrollo Eléctrico Nacional, presentado en la Secretaría de Energía. Hasta 2019, un millón 800 mil habitantes no tenían servicios de electricidad. Sin embargo, las políticas energéticas que se han empleado en el pasado han alejado al país no solo de una autosuficiencia y soberanía energética, sino también de una transición hacia energías limpias. Hoy el escenario parece peor. Se anhela una política incongruente para dar salida al combustible sucio, sin tener en cuenta que la gente pagará los platos rotos, como precios más altos en la luz y con estragos, por supuesto, en la salud de las personas. Vemos con preocupación la propuesta del Ejecutivo, no solo por ir en sentido contrario a las tendencias internacionales en la materia, sino porque en el camino se va a atropellar a golpe los compromisos que el Estado mexicano ha contraído desde hace más de dos décadas y que hoy están vigente en el Acuerdo de París, como ya se ha dicho anteriormente. El dictamen de hoy repite errores del pasado, tal es el caso del uso de conceptos incluidos en los decretos emitidos por la Secretaría de Energía y que se encontraban dentro de las políticas que, cabe decirlo y mencionarlo, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el pasado 10 de febrero, pues estos afectan a productores privados de fuentes renovables y se realizan sobre criterios de seguridad energética y no de eficiencia económica. Los cambios de las preferencias de despacho que se proponen tendrían como consecuencia un incremento proyectado del costo de abastecimiento de 15 mil millones de pesos, de dólares, perdón, entre el año 2022 y 2026, lo que implicaría un incremento al costo para el suministro básico del 17 por ciento aproximadamente. De igual manera, dicha reforma ya no obliga a la Comisión Federal de Electricidad a adquirir energía y certificados de energías limpias a través de las subastas, por lo que la Comisión Federal de Electricidad podrá decidir de forma opaca a quien comprar, no importando si es más caro, completamente contrario a lo que se dice todos los días en Palacio Nacional. Esta reforma es incongruente, da pasos hacia atrás, atenta contra la seguridad energética, al no apostar por la diversificación energética ocasionando costos más altos para todos los usuarios finales. Ya lo hemos dicho aquí, sin energías limpias ni transparencia, no habrá energía barata, señoras y señores. México necesita que veamos hacia el futuro. México necesita un mejor trato para todas y para todos. No se puede respaldar este dictamen a costa del bolsillo de los mexicanos y las mexicanas. Debemos privilegiar la generación sostenida de energías limpias y un trato en el que la luz les cueste a los mexicanos y mexicanas cada vez menos, no cada vez más, como se dijo en el 2013 y se está reafirmando el día de hoy. No dejemos que esta reforma apague el futuro, las inversiones, la energía limpia. Pero, sobre todo, no dejemos que esta reforma atente contra todos los mexicanos y las mexicanas en materia de salud y en materia económica. Es cuanto, diputada presidenta.