El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Sí. Estas siete abstenciones saben a en contra y van a ver que ahorita muchos más van a entender, los que no han leído. En el segundo párrafo del artículo 22 de la propuesta de modificación, adenda que presentan, proponen que los mayores de 15 y menores de 16 años necesitan autorización de sus padres o tutores y, a falta de ellos, del sindicato al que pertenezcan, la Junta de Conciliación y Arbitraje, del inspector del trabajo o de la autoridad política. Ante la falta de padres o tutores o la autorización de estos para el trabajo, mayores de 15 y menores de 16 años, quien debe estar facultado para emitir dicha autorización debe contar con perfil y conocimiento que garantice el interés primordial de los adolescentes. El Congreso de la Unión recientemente aprobó la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El artículo 5 de dicha ley determina que son niños y niñas los menores de 12 años, y adolescentes las personas entre 12 años cumplidos y menos de 18. El 120 del mismo ordenamiento determina que al Sistema Nacional, DIF corresponde proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en los términos de la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y de las demás disposiciones aplicables. Por otra parte, los artículos 121 y 122 de la misma ley determinan que para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes la federación dentro del sistema DIF contará con procuradurías de protección, las que tendrán atribución para procurar protección integral de niños, niñas y adolescentes; que prevé la Constitución tratados generales y la Ley General y demás disposiciones aplicables. Acorde con esta Ley General y del Sistema de Protección de los derechos de los adolescentes, se propone que la autoridad competente para otorgar la autorización para el trabajo de mayores de 15 y menores de 16 sean las procuradurías de protección de los sistemas nacionales y estatales del DIF en términos de la Ley General mencionada. El sindicato puede presentar conflicto de intereses, el inspector del trabajo tendría que atender a un perfil más especializado y la generalidad de referir a la autoridad política genere incertidumbre a quien sería el responsable. Sé que como están en esta sesión y como no les interesa nada de lo que ocurre en la realidad, evidentemente van a votar en contra; porque además así se los mandatan sus principios de doblez cervical que siempre tienen. Y como es mi obligación tener que proponer y de insistirles con un mínimo de esperanza de que despierten a las consignas y acuerdos de la partidocracia que aquí manda, en la otra reserva insisto en que, de aprobarse así, ya es violatoria de derechos fundamentales. De quedar en sus términos los artículos 23 y 995 Bis, se abre una puerta más para la práctica de la extorsión por parte de las autoridades del trabajo y de los ministerios públicos hacia las personas que contraten trabajos de menores de 15 años. No quiero pensar que en la perversión de ustedes lleguen a ese extremo de legislar para procurar esta extorsión que ya una diputada del PRD lo anunciaba, ¿verdad? Pero quién sabe. Luego con los del PRI hay que tener cuidado, luego los que le siguen; no vaya a ser que ése sea el fondo del asunto. En el 995 Bis proponen que al patrón que infrinja lo dispuesto en el artículo 23 se le castigue con prisión de 1 a 4 años y multa de 250 a 5 mil veces el salario mínimo general, y obviamente, en el 23 explican cómo va a funcionar esto. La reforma obviamente no garantiza el derecho de audiencia del patrón para acreditar la ilegalidad de la contratación de un trabajador menores de 15 años de edad, siendo sujeto a una sanción penal en forma directa. Sé que ustedes son partidarios del mátenlos en caliente, lo están reflejado en cada acción de protesta social que así actúan: primero matan, luego averiguan. Pero aquí se va a abrir la extorsión de los que ya anunciaba la diputada que he mencionado. Determinar como delito la contratación de menores no resuelve una realidad social del país, mismas que todos conocemos en forma directa, puesto que el trabajo de menores de 15 años no es ajeno a nuestra realidad inmediata. He dicho que ustedes han dado datos de cómo está esta situación y ahí mismo ustedes afirman que al erradicar el trabajo infantil, se obliga a nuestro país a fortalecer políticas públicas, programas y acciones que amplíen las posibilidades de niños, niñas y adolescentes para que puedan acceder a condiciones de una vida digna y al disfrute pleno de sus derechos. Es de obviedad que la pobreza en nuestro país, al igual que la inseguridad y la delincuencia no se elimina por decreto, es necesario como afirman los proponentes de una de las iniciativas implementar políticas públicas, programas y acciones para asegurar una vida digna de los menores por su condición de trabajo. Pero, ¿qué creen? Que en la reciente aprobación del Presupuesto de Egresos no se contemplan programas específicos que tengan por objeto atender la necesidad de menores de 15 años, que por sus condiciones de pobreza o extrema pobreza se encuentran ante la imperiosa necesidad de trabajar y abandonar la idea o posibilidades de estudiar. Por eso estamos proponiendo estas modificaciones, para establecer una resolución administrativa que determine la ilegalidad del trabajo de un menor de edad cuyo incumplimiento a su observación daría paso a la sanción penal y con ello se atiende en parte el problema social de pobreza y se garantiza el derecho del patrón. Pero obviamente como aquí lo que les urge es ya irse a atender otros asuntos y obviamente no les interesa reflexionar, no leen absolutamente nada, la indolencia total, aquí nada más a ver qué les dijo Peña Nieto, ya lo vimos ahora con este periodo extraordinario que quieren proponer. Puras cosas también que son obviamente demagogia, porque nadie les cree, esto no va a cambiar nada, ¿obviamente ustedes aquí qué van a hacer? Pues van a votar en contra de estas propuestas que están reflexionadas, que están razonadas, que tenemos la razón y la seguiremos teniendo, como cuando desde hace tres o cuatro meses les dijimos que Enrique Peña Nieto está calificado con un cuatro de calificación. Y los diputados y diputadas, sobre todo los del PRI y sus adláteres andan peor.