El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el Sistema Registral Mexicano constituye una tradicional institución jurídica de nuestro país, no sólo en la regulación de los fundamentales temas civiles relativos a la propiedad inmobiliaria, sino en temas torales de derecho público como lo es el impuesto catastral, la certeza en la titularidad de la propiedad inmobiliaria y los derechos y modalidades inherentes a ésta, que permite la organización administrativa del Estado en estas materias. El Registro Público Inmobiliario, institución de competencia del ámbito local, asocia igualmente aspectos de relevancia estatal como la determinación de políticas públicas de vivienda y de organización territorial, diseño de programas sociales y de seguridad pública, entre otros. Sin embargo para el ciudadano la importancia esencial de la institución es la seguridad jurídica sobre un derecho tan próximo y altamente valorado como lo es la propiedad inmobiliaria. De este modo podemos señalar el valor fundamental de la actividad registral pública y éste lo constituye precisamente la seguridad y legalidad en la detentación de la propiedad y en las modalidades, derechos y condiciones que afectan a la misma y por ende, la seguridad en la traslación de los derechos inherentes a los bienes inmobiliarios, sin lo cual no podría constituirse un sistema jurídico esencial en cualquier Estado. La iniciativa que presenta la adición de una fracción XXIX-Q al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de registro público inmobiliario y catastros, propone una atribución de relevante importancia para el Legislativo federal a fin de otorgar a éste la facultad de dictar normas generales con el propósito de normar, homologar y modernizar la organización y el funcionamiento de la institución registral de la propiedad inmobiliaria: el Registro Catastral y el Registro de Personas Morales, en las entidades federativas. La reforma propuesta resulta acorde a los nuevos desafíos y alcances que proyecta el Estado mexicano y en los que es partícipe y promotor de manera preponderante el Poder Legislativo. A través de la expedición de una ley general que concede igualmente precisión, uniformidad, facilidad de acceso y publicidad y eficacia y eficiencia en la tramitación de los derechos inherentes a las materias que abordamos. El fortalecimiento de la función registral permitirá igualmente fortalecer la potestad estatal y realizar cambios institucionales que propicien el desarrollo del país, además de brindar a los ciudadanos en todo el territorio nacional el acceso a servicios registrales en igualdad de condiciones, aspecto que resulta esencial bajo los principios de igualdad y justicia social. Es conocida la diversidad de condiciones, de recursos y eficiencia que reportan los registros inmobiliarios en las distintas entidades federativas, lo que motiva que los ciudadanos tengan acceso al servicio en distinto grado y por tanto su derecho no sea el mismo, dependiendo del territorio, situación que deberá ser superada al uniformarse las instituciones que la iniciativa promueve. Por supuesto, inicialmente la reforma vendría a beneficiar el sistema registral en sí dando mayor certeza a la titularidad y al comercio inmobiliario, por lo que destacamos un aspecto importante correspondiente a la mayor y más eficaz publicidad de la información registrada acorde a la transparencia y apertura de un gobierno moderno y eficiente. La reforma igualmente da cumplimiento a lo prescrito por el párrafo inicial del citado artículo 121 de nuestro ordenamiento constitucional supremo que dispone: el Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros, al referirse a los actos públicos como son los inherentes a las instituciones referidas en esta reforma. Cabe insistir de manera expresa, superando cualquier objeción al respecto, que la facultad constitucional que se promueve no vulnera o afecta de ningún modo la soberanía de las entidades federativas, toda vez que se refiere estrictamente a disposiciones generales que la propia Constitución política concede a la autoridad legislativa federal, correspondiendo al ámbito local en cada caso determinar las normas específicas que regulen la ejecución y modo de cumplimiento de los citados principios generales. Es importante señalar que la reforma impactará positivamente a la institución catastral y la recaudación que este impuesto genera, por lo que su aplicación tenderá a ser más justa, precisa y equitativa en la aplicación de un nuevo marco regulatorio. Esta reforma permitirá establecer las bases legales para la constitución de modernas, eficientes y confiables bases de datos registrales de la propiedad inmobiliaria y de las personas morales, de las que se beneficiarán tanto entidades públicas como ciudadanos, eliminando los registros ineficientes e incluso anacrónicos que aún subsisten. Reconocemos la importancia de la labor legislativa en llevar a cabo las reformas normativas que marchen acordes al desarrollo del país, fundamentalmente aquéllas que impactan favorablemente y decisivamente en distintas instituciones esenciales de la estructura jurídica y social, como es el caso de la reforma a la cual hoy nos referimos. Por lo señalado anteriormente, en Nueva Alianza expresamos nuestra coincidencia y aprobación con la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales, conviniendo la importancia y la procedencia de la reforma propuesta y su respeto a las competencias federal y local en una integración armónica. Es cuanto, señor presidente.