El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con el permiso. A pesar de ver cómo la mayoría mecánica, instaurada desde hace un cuarto de siglo por el salinato, sigue triturando las propuestas por mínimas que sean, los que venimos del Movimiento de Regeneración Nacional estamos dispuestos a seguir luchando porque las leyes que se hagan sean en beneficio del pueblo. Miren, ser de este Movimiento de Regeneración Nacional es ser combativo y ser combatido, porque obviamente tiene uno aquí que decir las verdades. Muchos diputados se acercan en corto a plantearnos éntrale fuerte, duro, porque no les dan la oportunidad en sus partidos de actuar en conciencia. Tan sólo este artículo, el 79 que me reservé, es para votar en contra, y vean por qué. La política cuando se usa para servir a los intereses de los dueños del capital, en perjuicio de la población más vulnerable, se convierte en un acto de corrupción, pues se usan las formas legales para afectar derechos fundamentales. En la implementación de una política económica de depredación de los gobiernos del Partido Acción Nacional y de hoy del Partido Revolucionario Institucional, de los recursos naturales que se encuentran en propiedad social de ejidos y comuneros, resulta la continuidad de la política agraria, implementada por Salinas de Gortari, para garantizar el despojo de tierras en ejidos y comunidades indígenas. El dictamen que se presenta manosea el orden y contenido de la Ley de Amparo vigente, para afectar las garantías de defensa de la propiedad ejidal y comunal, que se ha defendido y opuesto a la política depredadora del sistema político y económico que sirve a los intereses de las minorías de los que se ostentan como dueños de este país. En la Ley de Amparo vigente, se establece en el 227, que procede suplir la deficiencia de la queja y la de exposiciones, comparecencias y alegatos en los juicios de amparo en que sean parte como quejosos o como terceros perjudicados, las entidades o individuos que menciona el diverso numeral 212 del mismo ordenamiento. Esta suplencia tiene una finalidad resarcitoria en la defensa de los derechos de comuneros y ejidatarios, atendiendo una finalidad de justicia social para los sectores productivos más vulnerables de nuestro país. En el dictamen que se presenta, se elimina la suplencia de la queja en el caso de los comuneros o ejidatarios, actúen como quejosos o terceros perjudicados, la protección amplia de la justicia federal se elimina para dejar en estado de indefensión a los comuneros y campesinos. Las limitaciones con las que se presenta la suplencia de la queja para los comuneros y campesinos de este país, violenta en forma grave la fracción VII del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se señala, y cito textualmente, que se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población, ejidales y comunales, y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para las actividades productivas. La ley, termino, protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas y tiene un párrafo, además, donde regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento, necesarias para elevar el nivel de vida de los pobladores. Miren, diputados y diputadas, no nos engañemos con una falsa reforma que pretenda proteger los derechos humanos cuando uno de los objetivos es terminar con los medios de defensa que por ley corresponden a los comuneros y ejidatarios. La eliminación de la suplencia de la queja deficiente que se regula en lo que hoy se conoce como amparo agrario, es contraria al espíritu del Constituyente del 17. Espero que los representantes del sector campesino de los partidos y todos los diputados que dicen representar a la sociedad se apunten para la defensa de la propiedad comunal y ejidal y no participen en estas instrucciones que les da Carlos Salinas de Gortari.