El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Diputadas y diputados, sólo para aclarar que es una reforma constitucional a la defensoría pública, al sistema de defensoría pública de nuestro país. La defensoría de oficio tiene sus orígenes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del año 1857, en la cual se dispuso en el artículo 20, en su fracción V lo siguiente “En todo juicio criminal el acusado tendrá las siguientes garantías: que se le oiga en defensa por sí o por persona de su confianza, o por ambos, según su voluntad. En caso de no tener quién lo defienda, se le presentará lista de los defensores de oficio para que elija el que o los que le convengan”. Fue de esa forma como nación formalmente en nuestra nación la figura del defensor de oficio, exclusivamente en materia pernal, como una garantía para que todo acusado, sin excepción, tuviera la representación o asesoría de un profesional de derecho. Actualmente el artículo 20 constitucional dispone en la fracción VIII de su inciso b), lo siguiente: De los derechos de toda persona imputada. Fracción VIII. “Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado al cual elegirá libremente, incluso desde el momento de su detención, si no quiere o no puede nombrar un abogado después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y este tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera”. Esta garantía constitucional únicamente está vinculada en la materia penal, y en ese sentido una de las razones que esta propuesta tiene, es ampliar esa garantía a otras áreas o materias. Retomando la referida reforma constitucional del 18 de junio del 2008, tenemos que en lo relativo al artículo 17 se estableció la obligación para que tanto la federación como los estados, y ahora la Ciudad de México, contaran y garantizaran a la ciudadanía los servicios de defensoría pública, de calidad, esto a través de las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. No obstante lo anterior, a pesar de que en las diversas entidades del país se han hecho reformas o creado las leyes, la realidad es que ello no es suficiente, pues no existe uniformidad en la cantidad ni en la calidad de los servicios de defensoría pública porque considera importante y de vital trascendencia, el crear un sistema nacional de defensoría pública en el que se garantice la existencia de defensorías públicas estatales debidamente capaces de prestar los servicios necesarios para tal efecto. Del análisis profundo a la reforma anteriormente señalada, se puede colegir con meridiana claridad la importancia y necesidad que sigue existiendo en nuestro país de seguir perfeccionando la figura del defensor público, también conocido como defensor de oficio, para volverlo más profesional, más capaz, más preparado y más comprometido con los intereses de los ciudadanos que por sus necesidades no puedan pagar asesoría y representación legal ante los tribunales. De este estudio se desprende que México es uno de los países de Latinoamérica con mayores carencias y deficiencias en materia de defensoría pública, tanto en el marco regulatorio constitucional y legal que rige dicha figura, como de sus instituciones, especialmente las locales y estatales. En ese sentido, con la presente propuesta se busca garantizar y defender la plena vigencia y eficacia de los derechos humanos y las garantías reconocidas tanto en nuestra Constitución Política como en las normas de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de tal forma que se pueda proveer en todo el territorio nacional la asistencia necesaria y representación de las personas y los derechos de los justiciables que permitan una amplia defensa y acceso a la justicia con la debida calidad y excelencia cuando ésta sea requerida. Si las cosas, de aprobarse esta reforma la consecuencia directa será que las legislaturas locales realicen las reformas necesarias en sus entidades para que se respeten y hagan efectivas las garantías contempladas en la Carta Magna, en los tratados internacionales como he dicho, a través de un sistema nacional de defensoría pública en los términos constitucionales propuestos en esta iniciativa. Compañeras y compañeros diputados, lo que se pretende en esta iniciativa es que las personas que no tienen acceso al sistema de justicia, por no contar con los recursos necesarios, puedan tener una defensoría técnica, de calidad y profesional, pero también los defensores públicos tengan la remuneración adecuada para tener el nivel de profesionalismo que se necesita en este caso. Es cuanto, presidenta.