La diputada Mónica Almeida López: Compañeros diputados, nuestro Grupo Parlamentario del PRD considera que, a partir de la nueva recomposición del poder político, derivado de las elecciones del primero de julio pasado, deberemos mantener un equilibrio entre los poderes públicos, fortalecer los controles democráticos y la descentralización de la vida pública. Sin embargo, la minuta que hoy discutimos produce el efecto totalmente contrario. Lo que hoy se nos presenta se trata de una reforma altamente regresiva y concentradora de las facultades de las dependencias directamente en una figura, la presidencial. Es el caso de comunicación social, las unidades de administración y gestión que sustituyen a las oficialías mayores de las secretarías o las delegaciones de programas para el desarrollo, así como las unidades de apoyo jurídico de las dependencias y entidades de la administración pública federal, como ya lo habíamos señalado. Todas estas instancias que en cada dependencia desarrollan un trabajo especializado dependerán de un poder central y sus figuras más cercanas, debilitando con esto al Congreso de la Unión como contrapeso. Esta minuta hace modificaciones a la propuesta de legalizar la cuestionada figura de los representantes estatales que eventualmente operarían los programas sociales, lo cual atenta en contra del federalismo y de la autonomía de las autoridades locales, como ya se ha señalado, múltiples gobernadores así lo han manifestado, contradiciendo, compañeros diputados, el propio texto de la Constitución que en su artículo 40 dispone: es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental. Lamentamos que en el proceso de discusión de esta minuta no se haya posibilitado la construcción para que quedara más claro si es de interés continuar con la propuesta de los delegados estatales, definir y clarificar la relación entre estos, las atribuciones y la coordinación en los tres niveles de gobierno. La minuta que se pone a nuestra consideración refuerza las funciones para la conformación de una estructura centralizada de ejercicio de funciones dentro del gobierno federal, entre ellas se encuentra la función jurídica, que será dirigida por la Consejería Jurídica de la Presidencia, la de Comunicación Social y, desde luego, el ejercicio del gasto y la aplicación de programas sociales. En este sentido, si bien es cierto que lo que se pretende es un adelgazamiento de la estructura gubernamental para realizar un redireccionamiento del gasto público, también es importante señalar que se requieren implementar medidas de control y fiscalización que redunden en la eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos públicos. No podemos dejar de señalar que la minuta no contiene el estudio de impacto presupuestal contrariamente al objetivo de reducir o redirigir los esfuerzos de la aplicación de los recursos públicos, esto de acuerdo a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su artículo 18. Es decir, que no sabemos cuánto va a costar la implementación de estas reformas y que en vistas de la aprobación de presupuesto para el año fiscal 2019, es una de las cuestiones que deberíamos tener claras. En conclusión, las reformas propuestas centralizan funciones sustantivas del ejercicio del gasto. Dos. No se establecen controles y contrapesos a la acción de los delegados que superponen, incluso, a los gobernadores, violentando con ello la Constitución y el pacto federal. Tres. Las modificaciones legales que se proponen no contemplan mecanismos de profesionalización. Y en la materia de energía se violenta la autonomía técnico-operativa de gestión de la Comisión Reguladora, disminuyendo la garantía del goce del derecho a una democracia energética. Tenemos la responsabilidad, compañeros, de dar fuerza al diálogo y al consenso, a la construcción de una nación con un Estado de derecho, garantizando, sobre todo, el equilibrio y la distribución de atribuciones. Es cuanto. Muchas gracias.