La diputada Ernestina Godoy Ramos: Buenas tardes. Con su venia, diputado presidente. A todos los ciudadanos que nos ven en el Canal del Congreso. A pesar de la buena fe que pudieran tener los legisladores que propusieron la adopción del código de ética sujeto a discusión. De una lectura cuidadosa de su contenido se desprende un tufo conservador que se orienta a vulnerar el principio deliberante que nos caracteriza y a lesionar nuestro derecho humano a la libre expresión y a la libre manifestación. El código de ética que se presenta desvirtúa su naturaleza. Se impone un código disciplinario a cargo de un comité de salud pública tipo Robespierre, que busca castigar y censurar a la disidencia política. Se imponen reglas que limitan la libertad de expresión. Es un código que se sobrepone al Reglamento y que denota una búsqueda del orden sobre la libertad de expresión de las y los legisladores de este Congreso. Es un código que no busca honrar a esta Cámara del Congreso de la Unión. Este bando de policía, mal llamado código de ética, no tiene como objeto expulsar de este Congreso a los corruptos. No busca detener el tráfico de influencias que ahora es práctica extendida en este Congreso. No intenta parar y castigar a los que desvían cientos de millones de pesos para financiar ilegales campañas publicitarias en medios electrónicos, a los que hacen actas de los muertos notariales de los muertos a los que se enriquecen con los moches de los recursos destinados a obras públicas y a acciones sociales, los que han transformado la discusión y votación de la principal atribución en materia económica que es el Presupuesto en un multipartidista y transversal mecanismo para robarse el presupuesto público. Ni siquiera se alude a los legisladores o corrientes políticas que se transformaron en constructores y ejecutores de acciones del Presupuesto. No busca que se aclare el origen de los recursos, de los costosos departamentos de Miami, de uno de los legisladores de esta Cámara; no busca excluir a los que golpean a sus esposas y luego las meten a la cárcel. Eso no se toca, eso no representa un conflicto ético para los legisladores de esta mayoría. Ha sido muy difícil remover viejas prácticas y conflictos de interés que el régimen autoritario introdujo en el funcionamiento del Poder Legislativo. Por ejemplo apenas en la pasada legislatura los medios de comunicación identificaron a la telebancada en esa Cámara, y a pesar de solicitud expresa de Morena, ningún diputado se excusó de discutir y votar la nueva Ley de Telecomunicaciones, a pesar de que varios de ellos habían ocupado cargos directivos en prominentes medios de comunicación e incurrían en evidente conflicto de interés. Lo que persigue es callar a la disidencia, censurar, reprimir y excluir; busca el orden para seguir con lo mismo, para mantener los privilegios. Este es un código a la vieja usanza. Es una curiosa combinación del autoritarismo caracterizado de la derecha, combinado con los totalitarismos estalinistas y el siempre autoritario PRI. Estas disposiciones son inconstitucionales. Contravienen el artículo 61 de nuestra Carta Magna que expresamente dice que los diputados y senadores somos inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellos. La garantía de inviolabilidad es la garantía de ejercer con libertad nuestro encargo. Es claro que este Código de Salud Pública o Bando de Policía, no es un instrumento para transformar a este Congreso en un referente ético y moral de la nación. Ninguno de la larga lista de los aludidos en esta intervención va a renunciar a su curul o ser castigado por la comisión Robespierre. Pese a que este código señala que los legisladores se abstendrán de tener privilegios, ninguno de los diputados del PRI o del PAN va a renunciar a sus seguros privados de gastos médicos, ninguno irá al ISSSTE al igual que millones de trabajadores al servicio del Estado. Esa es la esencia de nuestros cuestionamientos. Por ello Morena votará en contra de este documento que no tiene ninguna relación con la ética pública, la honradez y el servicio a la patria. Cumplir con este ideal sería tanto como solicitar su extinción. Es cuanto, diputado presidente.