La diputada Claudia Villanueva Huerta: Con el permiso de la Mesa Directiva, con su venia, señor presidente; legisladores y legisladoras, amigos todos. Subir a esta tribuna representa una enorme responsabilidad porque nuestra palabra se convierte en la voz no solo de aquéllos que votaron por nosotros, sino en la de aquellos mexicanos que tenemos la obligación de representar. Por ello es necesario entender que no podemos subir a esta tribuna sin una causa justa que defender y no bajar de ella sin la satisfacción del deber cumplido. Es por eso que he decidido impulsar esta iniciativa de ley en la cual pretendemos que el mecanismo de defensa de los derechos humanos empiece a dar sus primeros pasos en el tema de tenencia comunal y ejidal de la tierra. Hablar de la propiedad agraria es hablar de un sector que no solamente acapara la importancia alimentaria. Además también estamos hablando de un sector que representa a una buena parte de la población de nuestro país. Según datos arrojados por la Sedatu, el 51 por ciento del territorio nacional está compuesto por núcleos agrarios, mismos que representan a un número superior a los 31 mil, ya sea ejidos o comunidades. En este marco de ideas tenemos una primera aproximación del universo de personas al que puede proteger esta iniciativa. Sin embargo debemos entender que el objetivo de la presente reforma no recae solamente en los actuales habitantes de la comunidad agraria, también en el número de potenciales migrantes que pueden llegar a residir en estos núcleos, mismos que deben de disfrutar de la protección de los derechos que les reconoce la Constitución Política de nuestro país. En el año 2010, datos obtenidos por el INEGI, más de tres millones de ciudadanos trasladaron su residencia de un estado a otro dentro de nuestro país,, de los cuales casi el 60 por ciento lo hicieron por motivos laborales, situación suficiente para que una familia completa deje su lugar de origen y se vea en la necesidad de adaptarse a un entorno totalmente diferente al que estaba acostumbrado. De acuerdo a estudios realizados en el tema de migración, es muy alto el número de migrantes que se ve afectados a adaptarse a sus nuevos entornos, toda vez que cambiar los hábitos de vida de una persona no es una tarea fácil y se dificulta aun más cuando el entorno se muestra receptivo a la llegada de un nuevo habitante. Es aquí en donde surge la necesidad de proteger a los migrantes en el ejercicio de sus derechos humanos. El fenómeno de la discriminación es una tarea pendiente por erradicar en el contexto social mexicano, es por ello que debemos sumar esfuerzos para evitar que los derechos de nuestros connacionales puedan verse vulnerados debido a malas interpretaciones de la ley, así como buscar salvaguardar el espíritu constitucional del derecho del ejercicio de los usos y costumbres. En este tenor de ideas es que presento esta iniciativa de reforma y adición a la Ley Agraria de nuestro país, reforma que pretende que alguno de los que ejercen sus derechos comunales o ejidales, frenen sus actitudes discriminativas hacia miembros de la misma comunidad. Al respecto de la iniciativa que se impulsa, debemos precisar que centra en dos artículos básicos de la ley en comento, me refiero al artículo 10 y al artículo 101, procurando en todo momento por la protección a los derechos humanos de los miembros de los núcleos agrarios. Compañeros, los invito a que revisemos el tema agrario, pues estudiarlo significa fortalecer al campo mexicano, un sector al que estamos aún a tiempo de tenderle la mano, y que nuestra obligación histórica es apoyar, pues un país que es incapaz de generar la mayoría de sus alimentos, es un país que está a merced de las voluntades más extrañas y caprichosas del entendimiento humano. Es cuanto, señor presidente.