El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente y lo felicito por su conducción. Quizás esta sesión hubiera acabado antes con su presencia. Vamos a presentar reserva al artículo 99, párrafo tercero; al 100, párrafo segundo; y al cuarto transitorio. Quiero que se inserten íntegras al Diario de los Debates y en tal virtud vamos a fundamentar su contenido en el marco de la ley que hoy se discute. Según el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en el país no asisten a la escuela 3.3 millones de niñas y niños, de los cuales la mayoría proviene de familias en condición de pobreza; familias también indígenas y de comunidades rurales donde la situación es todavía más dramática. Quiero señalar cómo los tentáculos de la delincuencia organizada han afectado a este sector de suyo vulnerable y sujeto a estas condiciones de pobreza. Es un tema que no se ha abordado, pero es una realidad que hoy, debido a este clima de inseguridad, de violencia, de criminalidad, es un sector que también tiene que ser tutelado. La presencia de los grupos delincuenciales vinculados con el narcotráfico, masacres, trata, secuestros, desapariciones y reclutamientos forzados ha hecho visible el aumento de la violencia en México, misma que ha tenido un impacto significativo al violentar los derechos y las vidas de miles, de cientos de miles de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La pobreza y la falta de oportunidades en distintas regiones de México, unidos a la ola de sangre que ha traído consigo la fallida estrategia de Estado en materia de seguridad, tanto con Felipe Calderón como con Enrique Peña Nieto, han invisibilizado a miles de niñas, niños y adolescentes que viven día a día esquivando las constantes amenazas, extorsiones de organizaciones del crimen organizado que acuden a todo tipo de actos de violencia para forzar y así ingresar incluso a sus actividades ilícitas a este sector tan vulnerable de la población. La Red Nacional de Derechos de la Infancia calcula que entre 20 y 30 mil niñas, niños y adolescentes sufren en la actualidad lo que se conoce como narcoexplotación. Es decir, menores de edad que no sólo están siendo explotados sino que son objeto directo de beneficio para grupos criminales. Jóvenes y niños que se mantienen prácticamente esclavizados por estos grupos delincuenciales. La organización Save the children argumenta que los niños, adolescentes y jóvenes que son absorbidos por la delincuencia están en el rango de víctimas por el sólo hecho de ser niños y adolescentes, y las bandas criminales han encontrado el medio para obligarlos a realizar trabajos forzados, a ser esclavos del narco, ya sea vía rapto, engaño, coerción, acompañados en gran parte de violencia física y emocional. Sin embargo, existe otro tipo de reclutamientos favorecidos por las complejas condiciones sociales que incluyen la omisión de los adultos, incluso de sus familiares, de la obligación de protegerlos. Por eso consideramos que se tienen que tomar en cuenta también hacia el futuro los niños que son azotados por la delincuencia, que son reclutados para hacer trabajos, para ser halcones o para servir a organizaciones delictivas. De igual manera tenemos que involucrar en la legislación el tema de refugiados y la protección a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Nuestras propuestas, compañero presidente, van en esa dirección. Consideramos que hoy, este sector como parte de todo el país, vive una hora difícil, una hora de incertidumbre, una hora de crisis económica, social y delictiva en todo el país. Consideramos que la concordia nacional no es nada más cambio de nombres en los cargos públicos, es cambiar el modelo que está desangrando al país. Lo mismo en Guerrero, lo mismo en Chiapas, en Oaxaca, en el estado de México que en Michoacán, Tamaulipas, Puebla o Chihuahua; en todo el territorio nacional hay un pasto seco que puede ser utilizado para prenderlo si no se busca la concordia. Consideramos que de cristalizarse el cambio en el Ejecutivo de Guerrero, es hora de que el gobierno federal reflexione, que es parte también de las consecuencias que hoy vive esa entidad, como es el hecho de no haber actuado con oportunidad contra la delincuencia organizada, que es un delito federal. También considerar que el delito de las desapariciones forzadas, que es un delito de lesa humanidad, también es un delito de carácter federal. Podrán cambiar los hombres y las mujeres, pero si siguen las causas que dieron origen a la degradación política en Guerrero y en México, seguirán los problemas. Hoy en Guerrero, mañana podrá ser el estado de México, porque el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, reconoció o dijo, cuando los hechos de Tlatlaya, que había sido un enfrentamiento, y felicitó por el asesinato de 22 personas, y la propia Comisión de Derechos Humanos que hemos cuestionado, ya al calor de la ratificación o cambio de su titular, señaló también las omisiones y la falsificación de pruebas de parte de la Procuraduría y del Ministerio Público del estado de México. La pregunta sería, si en esta hora de cambios de personajes, como seguramente acontecerá en Guerrero, también debe haber un cambio de gobernador en el estado de México. No incendiemos al país, y no generemos que el México bronco se prenda. La responsabilidad social también de la movilización de la CETEG y de todo el magisterio en Guerrero, es porque están cobrando la factura de la reforma educativa. Señoras y señores legisladores, ya basta de reformas regresivas, ya basta de narco política, ya basta de complicidades. Si va a haber una limpia en el país, que sea en todos los partidos, que sea en todos los niveles de gobierno, empezando por la Presidencia y los gobernadores de los estados. No se nos olvide el caso de Sonora, que ya pasó al olvido con la propiedad que adquirió, con la desviación de recursos. No se nos olviden las deudas criminales de gobernadores, no se nos olviden las masacres en varios estados del país. Es el futuro de la niñez, y el futuro de la niñez empieza por construir un mejor país. Es cuanto.