EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: no tenemos la menor duda de que las grandes transformaciones económicas que han venido experimentando el mundo y particularmente nuestro país desde hace dos décadas conllevan también la exigencia de realizar cambios institucionales en relación entre el Estado mexicano y el sector productivo, la sociedad civil y en la gestión de las empresas públicas. Sin embargo, tenemos claro que estos cambios no pueden hacerse al estilo de la administración priísta que gobernó a México durante varias décadas. Son cambios que entrañan la participación directa de los distintos sectores involucrados, como son trabajadores, los empresarios y el propio gobierno, máxime que se trata del destino de uno de los recursos más importantes para el desarrollo económico de nuestra nación: los hidrocarburos. En ese sentido nos referimos al camino de la administraci6n que el Presidente Vicente Fox pretende imprimir a la paraestatal más importan te para nuestro país, Petróleos Mexicanos, al proponer modificaciones en la integración de su Consejo de Administración, con los cuales se violenta la normatividad vigente en lo concerniente a las Leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Orgánica de PEMEX y a la Federal de Entidades Paraestatales, las cuales van más lejos de lo que el propio Presidente ha anunciado, la modernización de la paraestatal, Como sabemos, al integrarse el nuevo Consejo de Administración el día 13 de los corrientes, de los seis que corresponde designar al Presidente como representantes del Estado, se incorporó a cuatro prominentes empresarios en el órgano de gobierno de la paraestatal con derecho a voz y voto. Consideramos que el Presidente de la República da una interpretación errónea de las distintas disposiciones jurídicas que regulan la vida interna de Petróleos Mexicanos. El artículo 7° segundo párrafo de la Ley Orgánica de PEMEX señala que en el órgano de gobierno habrá seis representantes del Estado y de esos seis el Ejecutivo Federal designará a cuatro miembros de la iniciativa privada. Quizás su deseo era que los seis representantes del Estado provinieran de la iniciativa privada. Para su desgracia, el propio artículo en comento se lo impedía. La Ley Federal de Entidades Paraestatales establece en su Capítulo Segundo, artículo 18, la composición de los órganos de gobierno, específicamente de los organismos descentralizados. Quizá en donde el Ejecutivo pudo encontrar fundamento para sus designaciones es en el artículo 17 fracción IV del Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que a la letra establece: "También podrán fungir como miembros del órgano de gobierno representantes de los sectores privado o social que por su experiencia vinculada con la producción de los bienes o la prestación de los servicios objeto de la entidad, puedan contribuir al logro de los objetivos de la misma. En tales casos éstos constituirán una minoría significativa en el seno del órgano de gobierno. " !)e lo anterior desprendemos que el Ejecutivo Federal se basa en un ordenamiento jurídico de carácter secundario, como es el reglamento de la ley que se señala, sin embargo no lo acata completamente, puesto que los empresarios no tienen experiencia vinculada con la producción de los bienes o la prestación de los servicios objeto de la entidad y en caso de que así fuera, por ser empresarios en activo queda más que claro el posible conflicto de intereses por el conocimiento previo de las decisiones que deben tomar en términos del artículo 10 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos en relación con el artículo 4° del reglamento de la ley antes citada. Aunado a lo anterior, es pertinente destacar que el párrafo cuarto del artículo 28 constitucional establece cuáles son las áreas estratégicas de nuestra economía, entre las que incluye al petróleo y los demás hidrocarburos. Además, el párrafo quinto del mismo artículo establece que el Estado contara con los organismos y empresas que requieran para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo. Petróleos Mexicanos es un organismo público descentralizado, encargado de la explotación de una de las áreas estratégicas de la economía más importantes que al Estado Mexicano corresponde desempeñar, por lo que la intervención de agentes económicos privados en el órgano de gobierno de esta entidad es contraria al texto expreso en la ley y de su interpretación jurídica, aunado a los principios históricos de dichos ordenamientos. Por tanto y con fundamento en los ordenamientos legales antes citados, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo exige al Presidente de la República revoque la designación de los cuatro empresarios por él designados para integrar el Consejo de Administración de PEMEX, En la práctica se está proponiendo de manera formal y material la privatización de esta paraestatal que forma parte del patrimonio de los mexicanos, en una empresa que entra de lleno a ser moldeada con criterios empresariales que tienen que ver con la competencia, la eficiencia y la búsqueda de mayor rentabilidad derivada de la enorme riqueza petrolera que posee México; sin embargo tenemos que tener claro que los problemas de PEMEX no se resolverán con modificaciones que parecen solo formales como es el caso de incorporar en su Consejo de Administración a los empresarios mexicanos; lo primero que se debe entender es que este hecho constituye un atropello a la legislación correspondiente al funcionamiento de las empresas públicas estratégicas las cuales deben ser manejadas y controladas por funcionarios públicos. Es cuanto.