El diputado Nazario Norberto Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se ha realizado una profunda reflexión en torno a la iniciativa que propone un mecanismo de procedimiento judicial, para poner a la consideración de los tribunales mexicanos acciones de tipo colectivo. Entiendo que es preciso enfatizar ?para quienes no están adentrados en el campo de derecho procesal? que ahora desde la Constitución se han consagrado los derechos fundamentales del individuo como tal, siguiendo el ideario que surgió durante el siglo XIX, ello ha justificado que todo acto que permite poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, tanto del fuero común, como federales, tenga como fundamento la adhesión a un derecho personal y directo. Quiero señalar que este ideario de justicia es correcto, pues tiene su razón de ser en cuanto se trata de administrar la justicia y ha representado, no sólo en términos jurídicos, sino también económicos, en la cumplimentación del respeto de los derechos ciudadanos. Me percato, que de forma atinada, la iniciativa que ahora nos toca analizar habla de que la Constitución mexicana de 1917 elevó a rango de máxima ley los derechos sociales, principalmente los que se refieren a las prerrogativas de los trabajadores, los ejidos, las comunidades agrarias; reconociendo, en el primer caso, el derecho de los trabajadores a la libre asociación y la formación de agrupaciones sindicales para la mejor defensa de sus intereses colectivos. En el segundo, la explotación de la tierra en forma común para su mejor aprovechamiento, tanto de la sociedad mexicana como de los grupos campesinos favorecidos con donación de tierras, consagrándose el principio de que esos bienes sean imprescriptibles, inembargables e inalienables. El esquema jurídico en cuanto a los derechos sociales queda claro, pero los requisitos para poner en movimiento los órganos judiciales todavía siguen siendo estrictos y dejando al margen otro tipo de necesidades colectivas, que indispensablemente necesitan ser tuteladas como bienes jurídicos, susceptibles de ser garantizados obligatoriamente a través de las soluciones judiciales. Pues bien, la incorporación de un sistema procesal dirigido desde la Carta Magna a las leyes secundarias para permitir el reclamo de derechos que atañen a la colectividad para que sean protegidos por los órganos jurisdiccionales permitirá, de inicio, la salvaguarda de los mismos, porque actualmente no existe un mecanismo que legitime al ciudadano, particularmente considerado para ejercitar al derecho a la defensa en materias referentes a la gama de situaciones que afectan al pueblo en general. Debo precisar que si bien, ciertamente, toda obra humana es perfectible, el paso que ahora se está dando desde el Congreso General, con la aprobación de esta iniciativa, que pondrá otra vez a México a la vanguardia mundial junto con otros países en la protección efectiva de los derechos fundamentales de la sociedad, marca significativamente edicto de mayores logros, que sin duda traerán los beneficios que estamos pensando obtener, logrando la óptima convivencia y la armonía entre las personas. La construcción de una mejor sociedad permitirá también el desarrollo exitoso del individuo, que forma parte esencial de la misma, edificándose así un México nuevo, lleno de oportunidades, mirando siempre la salvaguarda de una ciudad digna y constante perfeccionamiento. Por todas estas razones, el Partido de la Revolución Democrática se suma con beneplácito a la iniciativa de adición a la Constitución, para que no sólo quede en el discurso el efectivo acceso a la justicia, sino que se haga palpable en la realidad y nuestros conciudadanos perciban que las instituciones del gobierno se encuentran cada vez más cerca respondiendo con resoluciones judiciales efectivas, de cumplimiento obligatorio para todos y dándoles la intervención directa en el reclamo de justicia social que necesita el pueblo de México. Muchas gracias.