El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el ejercicio de un gobierno democrático entraña una actitud respetuosa, de madurez y de ponderación de todas las ideas, por diferentes que sean de las nuestras, y una convicción real de que el diálogo y la concertación son los medios fundamentales para llegar a acuerdos. A los resabios personales, partidistas o de intereses particulares, quien gobierna tiene que anteponer una visión de estadista con una imagen de futuro que desea alcanzar y lo tiene que hacer a partir de las convicciones democráticas que todo hombre de Estado debe tener. México vive una evolución del sistema presidencial al de uno de equilibrio de los Poderes del Estado. El unipersonalismo del Ejecutivo, el pluralismo del Congreso y la colegiación del Poder Judicial, nos obliga a todos a encontrar mecanismos de coordinación y colaboración con espíritu republicano. El Poder Legislativo es un contrapeso legítimo al Ejecutivo. Por ello rechazamos el propósito de disminuir las atribuciones del Congreso de la Unión. Tampoco estamos de acuerdo con vulnerar la soberanía de los estados y debilitar su capacidad de operación. La división de poderes no significa debilitar al otro. Por el contrario, se trata de fortalecer y hacer eficiente nuestra vida institucional. Los modos, las formas, tienen un contenido substancial que no debe abandonarse. Es insensato querer doblegar a los interlocutores con andanadas mediáticas y, con ello, pretender anular la libre expresión de sus ideas y el ejercicio de su responsabilidad pública. El enfrentamiento y las descalificaciones conducen a la parálisis del desarrollo nacional. Hay que usar las palabras para construir, no para confundir. El jefe del Ejecutivo debe saber que estafar es sabotear deliberadamente los acuerdos. Estafar es la preeminencia de la intolerancia. Es dejar el papel que al gobernante le otorga la Constitución para convertirse en un simple vocero partidista, abandonando su responsabilidad como jefe del Estado mexicano. La actual legislatura, la conmemorativa de la Independencia y la Revolución, nos brinda una espléndida oportunidad para reflexionar sobre nuestra responsabilidad histórica frente a los grandes rezagos nacionales y para conjurar todas las intentonas de intolerancia que replantean conflictos ya superados por los mexicanos. Esta conmemoración demanda del jefe del Ejecutivo un discurso constructivo y tolerante, que promueva la reconciliación nacional, que honre nuestra historia. Le demanda también a él, alejarse de quienes le recomiendan la confrontación como ejercicio del poder. Las modificaciones hechas a las iniciativas enviadas por el Ejecutivo no son una afrenta, derivan del ejercicio responsable de cualquier quehacer legislativo. Compañeros, atajemos todas las pretensiones de insistir en fundamentalismos. Por el contrario, promovamos la creatividad y la participación ciudadana. Que nada debilite a las instituciones o pretenda encaramar a poderes fácticos, mucho menos utilizando los derechos ciudadanos como ardid para ellos. Nuestro partido, el PRI, rechaza la retórica y la publicidad oficial que pretende ocultar la realidad con arengas, discursos erráticos y acciones desarticuladas. Hoy somos un pueblo más pobre, más desigual, con más violencia, con más injusticia. La inseguridad es una realidad que nos amenaza día a día. Ante la realidad nacional, nuestra agenda legislativa contempla la ratificación constitucional del carácter laico del Estado y la responsabilidad de los servidores públicos, los partidos y los ministros de culto de respetar y hacer respetar dicha decisión política fundamental que el pueblo mexicano resolvió hace más de 150 años. A las fuerzas democráticas de esta soberanía les proponemos restituir la obligación del Ejecutivo de presentar personalmente su informe anual en la apertura del Congreso General. El informe presidencial es una rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, depositario de la soberanía de la nación. No es válido, no es dable, que sea en otras instancias donde se presente. Cumpliremos cabalmente, como lo exige la sociedad, con la obligación constitucional de dictaminar todas, todas las cuentas públicas pendientes. Esperamos el informe respecto al cumplimiento eficaz y oportuno del compromiso que obliga al Ejecutivo federal a disminuir su gasto corriente y liberarlo oportunamente para la inversión pública. Impulsaremos la vigilancia y sanción de los subejercicios; expediremos normas para la reasignación de dichos recursos por parte de esta Cámara, para evitar que sean funcionarios menores los que ejerzan una atribución que por su naturaleza corresponde a la soberanía popular. Presentaremos iniciativas para reformar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que las políticas de gasto público compensen las variaciones de los ciclos económicos. Con los resultados que obtenga la Comisión de Gastos Fiscales vamos a diseñar propuestas para reordenar este tema y contribuir a una política fiscal que haga efectivos los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad. Queremos una Hacienda Pública fuerte y justa. Fortaleceremos el federalismo fiscal y la descentralización del gasto social para garantizar la auténtica soberanía de los estados en el ejercicio de sus recursos. Propondremos modificaciones legislativas para adoptar una política industrial moderna, que aproveche las ventajas competitivas y comparativas del país; que impulse a los sectores estratégicos; que responda al nuevo perfil de los mercados internacionales; que integre cadenas productivas, desarrolle y proteja el mercado interno. Promoveremos una banca de desarrollo moderna que reactive la producción y el empleo; que impulse a la inversión y promueva el desarrollo regional y que respalde a las pequeñas y medianas empresas. Compañeros, a pesar de los cuantiosos volúmenes de los recursos públicos autorizados para el desarrollo social, los resultados son deplorables. De ello dan cuenta los más de 50 millones de pobres. Por ello impulsaremos una iniciativa de ley que dé autonomía al Coneval, a fin de que éste rinda cuentas de la política social a esta Cámara, para que aquí se conozca y califique la eficacia de los programas sociales. Igual haremos con los programas agropecuarios. El PRI ratifica su compromiso histórico con el campo mexicano, como quedó demostrado en la aprobación del presupuesto 2010. Propondremos normas para eliminar la discrecionalidad de las delegaciones federales que propicien el abuso de los programas asistenciales y el uso inadecuado de los padrones de beneficiarios. La seguridad social es una responsabilidad de la que el Estado no puede sustraerse. Por ello habrá que garantizar que entidades independientes y de reconocida probidad certifiquen cualquier acto de subrogación en la prestación de los servicios. Vamos a presentar una reforma para que el sistema nacional de seguridad pública rinda cuentas trimestrales ante esta Cámara. Las reuniones palaciegas sirven más para el cultivo de la imagen que a la crítica demostrativa y constructiva. El consumo de drogas no es sólo un tema de seguridad; es un problema de salud pública, por lo que proponemos la elaboración de un programa para combatir las adicciones. Reconocemos el valor universal de los derechos humanos y la labor que tiene el Estado de apoyar sin reservas a las víctimas de la delincuencia. Advertimos, sin embargo, que el fin no justifica los medios, y si no, recuerden Michoacán?