EL DIP. JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS (PT): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados; señor Procurador: A los mexicanos nos indignó terriblemente la masacre de Aguas Blancas, realizado el 28 de julio de 1995, tuvo que ser un vídeo presentado en la televisión privada, el motivo para que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ejerciera la facultad de investigación de estos hechos que constituyeron una grave violación a las garantías individuales. No obstante que gran parte de las fuerzas políticas y de organizaciones no gubernamentales, levantamos nuestra voz para exigir esta investaci6n, la Procuraduría General de la República se mantuvo inactiva, una vez que los ministros dieron a conocer su informe contenido en el expediente 396, en el acuerdo tercero visible en la página 152, dice: "Se concluye que de dicha violación resultan responsables los licenciados Rubén Figueroa Alcocer, José Rubén Robles Catalán, entre otros". a estas dos personas no se les fincó responsabilidad alguna y hoy se encuentran libres paseando vergonzosamente la impunidad que los protege. Por otro lado, los delitos contra la salud se han incrementado notablemente, la producción de enervantes en nuestro territorio y que se exporta ilegalmente a los Estados Unidos junto con la que por diferentes vías proviene de Colombia u otros países, encuentran a nuestro territorio como paso natural hacia los Estados Unidos. Este último es un país de consumidores y aquí las leyes del mercado resultan inobjetables, mientras haya consumidores, habrá productores, pero las tareas a su cargo deben centrarse más en combatir la producción nacional y la que ilícitamente entra a México. Hoy son más los jóvenes mexicanos que consumen diferentes tipos de drogas ante la dificultad para pasar las drogas a los Estados Unidos ahora la venden en cualquier esquina del país, sin ir más lejos, señor Procurador, aquí cerca en el barrio de Tepito, se tiene conocimiento de que operan bandas de distribución de drogas, el famoso Cartel de Tepito. Nos preocupa de sobremanera la forma en que las instituciones Policiales encargada de combatir el narcotráfico han sido permeadas por la delincuencia, desgraciadamente el enemigo no se encuentra fuera sino dentro de la propia casa, agentes Policíacos, comandantes y recientemente miembros de alto rango del Ejército Mexicano han sido consignados por estar vinculados y proteger a las organizaciones delictivas, Algunos narcotraficantes han sido detenidos y sentenciados, pero muchos más están libres. Amado Carrillo murió, pero sin antes ser detenido y sus vínculos con las altas esferas del poder político y económico aún no ha sido debidamente investigados. El Cártel de Tijuana, organización delictiva de los hermanos Arellano Félix, no se ha desarticulado del todo. Cuando se tuvo la oportunidad de aprehenderlos estando en la residencia del Nuncio Papal en México, no se les quiso detener, según las declaraciones del exProcurador Capizo y éstas resultan contundentes. Por ello la captura de algunos de estos delincuentes hacen que como cabeza de hidra surjan muchos más. Otro aspecto que nos preocupa e indigna, dado que se afecta la esfera privada de los particulares, es el de la intervención de comunicaciones privadas. Quienes militamos en la oposición al régimen priísta, siempre nos quejamos de que nuestras llamadas telefónicas eran intervenidas o que en nuestras oficinas se colocaban micrófonos. De eso mismo se quejó el gobernador de Oaxaca el imputó la responsabilidad al exgobernador del estado, actual Secretario de Gobernación. Recientemente los medios de comunicación difundieron comunicaciones del señor Vicente Fox con algunos de sus colaboradores. Esta situación es grave porque nos demuestra que la Procuraduría no investiga la comisión de estos delitos y que ante su pasividad cualquiera, contando con los aparatos necesarios lo puede hacer. El Poder Legislativo Federal ha dotado a la Procuraduría General de la República de los instrumentos jurídicos necesarios para combatir a la delincuencia. Sin embargo ¿como combatir la delincuencia externa cuando no ocurre lo mismo con la interna? Nos referimos específicamente a la muerte de su exoficial mayor Manuel Izabal Villicaña. Señalamos esto porque las facultades que a la Oficialía Mayor otorga el Reglamento Interior de la Procuraduría General de la República, son amplísimas y evidentemente las cantidades de dinero encontradas en las cajas de seguridad no correspondían a las percepciones ilícitas de dicho exfuncionario. Al parecer dentro de la Procuraduría no se hizo nada por investigar las evidentes vinculaciones con organizaciones delictivas que propiciaron el amasar estas grandes sumas. Por ello consideramos que las pruebas toxicológicas, la investigación de la situación patrimonial y la aplicación del polígrafo, deben ser aplicados a todo el personal de la Procuraduría sin que ningún cargo, aun el del Procurador, quede excluido. Nuestro país no debe de seguir siendo un lugar en donde el ocupar un cargo público sirva para enriquecerse. Los estudios internacionales establecen que México es uno de los países más corruptos del mundo, Aunado a lo anterior tenemos el caso no aclarado todavía del exDirector de Bienes Asegurados Francisco Miranda Noricumbo, quien abandono, huyó, se fue o lo fueron y por el monto de los recursos económicos y de los bienes muebles e inmuebles que manejó se presumen gravisimos desvíos, El Poder Legislativo aprobó la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados cuya vigencia inició en agosto del año pasado, según dispone dicha norma, Debe existir una fluida comunicación entre la Procuraduría y el Servicio de Administración de dichos bienes. Sin embargo, si bien es cierto que en el Informe del Ejecutivo se detallan los inventarios de algunos bienes, no existe una cuantificación precisa respecto a cuánto asciende el valor de casas, vehículos, joyas y aeronaves, entre otros, considerando en unos casos la depreciación natural y en otros el incremento de esos precios de su valor en el mercado, Señor Procurador: Miles de mexicanos enfrentan el problema de no poder disponer del patrimonio que constituyeron vía los depósitos en las cajas de ahorro de la Unión de Crédito Regional, Al ser incautados los bienes de esta Unión y del señor Cirilo Ocampo se impidió la disposición de los recursos por parte de los depositantes, En tal virtud exigimos que se liberen los bienes decomisas para que a la brevedad posible puedan pasar al fideicomiso ya constituido, con el propósito de que se enajenen y en consecuencia estar en posibilidades de devolver dichos ahorros. El motivo de la incautación de los bienes de Ocampo Verdugo fue el que en esas cajas de ahorro se lavaba dinero. Probablemente sea cierto, pero no en el caso de los depositantes que se encuentran bien identificados. Donde se lava dinero proveniente del narcotráfico, es en el sistema financiero en donde las facultades de inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes, no han sido debidamente ejercidas y la comisión de delitos no se ha detectado oportunamente y en los casos en los que si' ha ocurrido, la Procuraduría Fiscal no ha actuado oportunamente. Por ello nuestro grupo parlamentario reivindica el contenido de la iniciativa presentada por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la LVII Legislatura, en el sentido de eliminar el requisito de procedibilidad de que a la Procuraduría Fiscal se querelle previamente para que el Ministerio Público Federal pueda conocer e investigar la comisión de estos delitos. Consideramos que a la situación antes comentada es contraria a las atribuciones constitucionales y legales que la Procuraduría posee como órgano persecutor de los delitos. Señor Procurador: Usted tiene fama en el medio académico, de ser un buen investigador, especialmente en lo que se refiere al derecho constitucional. En tal virtud conoce perfectamente el contenido de lo que dispone el artículo 133 de nuestra Norma Fundamental, esto es, la jerarquía normativa en donde toda ley secundaria debe encontrar su fundamento de validez en la Norma Constitucional. De igual forma se sabe que es facultad exclusiva de esta soberanía la aprobación del Decreto de Presupuesto de Egresos, documento en el cual se establecen expresamente las partidas a ser erogadas en un ejercicio fiscal. También sabemos que el Artículo 126 constitucional dispone que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto o determinado por ley posterior, Por ello el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le exige inicie una averiguación previa en contra del Secretario de Hacienda y Crédito Público José Angel Gurría Treviño, y de quienes resulten responsables por la comisión del delito de peculado establecido en el artículo 223 del Código Penal Federal. La sociedad mexicana exige transparencia en el manejo de los recursos públicos, la transición democrática, una de cuyas etapas se realizó el 2 de julio exige claridad en las conductas que los principios correspondan a lo que se dice y esto a las acciones. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, exige que cualquier disposición de recursos no contenido originalmente en el presupuesto, se haga siguiendo el procedimiento constitucionalmente previsto. Señor Procurador, el balance de las acciones realizadas por la Procuraduría en estos seis años no es favorable, siembra de osamentas y compra de testigos para confirmar presuntas responsabilidades. Inadecuada investigación de los crímenes políticos, infiltración de la delincuencia organizada al interior de los cuerpos policíacos encargados de combatirlos, sensación creciente de inseguridad en la población, incapacidad para combatir la delincuencia. En síntesis, que desde las más altas esferas del poder público se genera la impunidad, Aguas Blancas, Acteal, El Charco y otros más son palpable ejemplo de ello. Si en materia económica el gobierno presume de logros que no llegan al bolsillo de los mexicanos, es materia de procuración la impartición de justicia, el balance le resulta totalmente deficitario. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el ámbito de nuestra competencia, seguirá proponiendo alternativas jurídicas, que contribuyan a abatir la delincuencia y a procurar la seguridad jurídica, aspiramos al cumplimiento estricto del estado de derecho. Muchas gracias compañeros. (Aplausos)