El diputado Miguel Ernesto Pompa Corella: Con su permiso, señor presidente. El suscrito, diputado federal de la LXI Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados proposición con punto de acuerdo al tenor de la siguientes Consideraciones La determinación en torno al cierre del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro entraña diversas acciones por parte de la Cámara de Diputados, especialmente en cuanto al conocimiento puntual del detalle relativo a la aplicación de diversas partidas presupuestarias destinadas a dicha empresa pública, así como respecto al destino de importantes sumas que aparentemente no fueron ejercidas durante el último trimestre del ejercicio de 2009, con motivo de la referida extinción. Cobra especial relevancia la revisión de las erogaciones realizadas por las instancias liquidadoras, así como de las contrataciones extraordinarias, adjudicaciones, pago de remuneraciones ordinarias, extraordinarias y la correcta y debida aplicación de los importes devengados hasta la fecha en que se decretó la liquidación. Debe aclararse que el ejercicio de las facultades constitucionales de esta Cámara son independientes de las funciones y atribuciones de fiscalización correspondientes a la Auditoría Superior de la Federación, dado que en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo esta Cámara de Diputados se encuentra facultada para realizar reasignaciones y transferencias presupuestarias. Más aún, que tras el paquete de ajuste realizado hasta el mes de agosto de 2009, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es posible considerar que se ejercieron, en todo su alcance y extensión, las facultades para la realización de ajustes en términos de la normativa aprobada por el Congreso General. Dado que los excedentes y remanentes deben de ser reasignados por parte de esta soberanía, debe citarse a los funcionarios involucrados en la toma de decisiones respecto a la debida salvaguarda de cuantiosos recursos que no fueron aplicados a su destino constitucional, tal y como sucedió con el gasto corriente del organismo, incluyendo salarios, prestaciones y otras remuneraciones. De igual forma, diversos programas de mantenimiento, construcción e infraestructura destinados a Luz y Fuerza no son de considerarse de libre disposición, como tampoco lo son aquellos importes relacionados con el pago de subsidios y transferencias que se hicieran a la Comisión Federal de Electricidad. El ejercicio y aplicación de tales sumas se encuentran pendientes, y esta Cámara debe optar por diversas medidas en el alcance del marco constitucional, considerando que prácticamente el 25 por ciento de las partidas presupuestarias autorizadas al descentralizado extinto ya no pudieron ser ejercidas por el mismo. Es preciso evitar que tales sumas queden en un estado de indefinición regulatoria, integrándose a fondos o cuentas de las conocidas impropiamente como disponibilidades; o peor aún, sean manipuladas discrecionalmente por instancias no destinatarias de tales recursos al margen de las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados. Los límites y restricciones para la realización de transferencias dentro de una entidad o dependencia no resultan aplicables a transferencias a otras entidades, o entre éstas y las dependencias, por los que los importes, materia de preocupación, no pudieran ser entregados a la Comisión Federal de Electricidad sin contar con la anuencia de esta soberanía, no al menos sin violentar el artículo 126 de la carta fundamental. Debe insistirse que los reportes e informes, entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dan cuenta de enormes reasignaciones hasta el tercer trimestre del ejercicio de 2009, que en primera revisión sugieren excesos a los porcentajes de ajustes administrativos autorizados al Ejecutivo federal. Tan importantes movimientos presupuestarios resultan contundentemente impactados por un movimiento de incidencia presupuestaria como la liquidación de un organismo de las dimensiones de Luz y Fuerza del Centro. Llama poderosamente la atención que existen múltiples indicios de que conceptos legalmente exigibles de manera incondicional como los aguinaldos, supuestamente no fueron pagados. Tales sumas tampoco son de libre disposición por lo que seguramente se ha implementado algún mecanismo o cuenta en la que se han depositado tales sumas de pago irrecusable, sin que se haya dado aviso o participación a la Cámara de Diputados. En tal concepto existe la preocupación en cuanto a los posibles rendimientos o accesorios que pudiera generar el pago tardío o demorado, así como los riesgos y costos presupuestarios asociados al impago o incumplimiento de partidas debidamente autorizadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, que no pueden ser destinadas para otro fin o propósito. Debe despejarse toda duda en cuanto al manejo discrecional de bienes activos, sumas y otros afectos, parte del servicio de administración y enajenación de bienes, dado que resulta inadmisible las sospecha que prevalece en la opinión pública, que se ha venido disponiendo de mobiliario y equipo de oficina en provecho de municipios o instancias respecto de activos que aún son susceptibles de aprovechamiento en la prestación del servicio público al que estaban afectos. Debe eliminarse toda sospecha que se han venido contratando. Sin concurso o con él, empresas que entrañan elevados costos para suplir la falta de instalaciones, equipamiento o mobiliario con el que cuenta o contaba Luz y Fuerza del Centro. La situación que emerge con motivo del decreto de extinción no encuentra claros referentes en la legislación nacional, ya que el referido instrumento supone la transmisión patrimonial a título universal, tal régimen supone la asociación de obligaciones de carácter laboral a los bienes y activos a disposición del patrón, por lo que resulta urgente conocer las determinaciones, estrategias y planeación diseñada y desarrollada por el SAE, para disponer o distraer bienes a pocos meses de su recepción, ante la existencia de diversos pasivos directos o contingentes relacionados con la subsistencia de la materia de trabajo, así como de diversas obligaciones de previsión social derivadas del contrato colectivo. Resultaría especialmente preocupante que no exista un detallado programa de atención a los costos asociados a la liquidación o prestación del servicio, especialmente si ya se hubieren donado o entregado bienes por parte del SAE. De igual forma es importante conocer los inventarios, avalúos, clasificaciones y resguardo de bienes, considerando que la empresa en marcha contaba con oficinas y equipamiento suficiente para la atención de los usuarios y que no resultaría pertinente sustituirlos por gravosos contratos con el sector privado. Tal situación demanda un cuidadoso manejo?