La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, diputado presidente. Señoras, señores legisladores, para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza los derechos de los ahorradores y en general de todos los usuarios del sistema financiero, han constituido un eje fundamental de acción, así como el fomento de la educación e inclusión financiera en todos los sectores de la población. El caso Ficrea que hoy nos ocupa se trata de un fraude inaceptable, por más de 5 mil 900 millones de pesos. Existen más de 6 mil 800 ahorradores que depositaron sus recursos y su confianza en Ficrea y podríamos decir, en el sistema financiero mexicano. Hoy estos ahorradores viven la precaria situación de un procedimiento de liquidación lento y complicado, lo que castiga día con día el valor de los activos y con ello la posibilidad de que recuperen cabalmente sus ahorros, ya que el fondo de protección correspondiente ampara solamente el monte tope de 25 mil UDIS, es decir aproximadamente 130 mil pesos. Ese problema nos plantea la necesidad de revisar a fondo la capacidad regulatoria del Estado mexicano. A poco más de un año de vigencia de la reforma financiera no podemos tolerar que se presenten casos como el de Ficrea y mucho menos que prevalezca la impunidad. Es necesario actuar en todos los ángulos que presenta esta situación. Coincidimos plenamente con el punto de acuerdo en discusión, porque es necesario que las autoridades informen cuáles entidades públicas invirtieron recursos en Ficrea y que se deslinden responsabilidades, a fin de establecer si dichas entidades públicas violentaron alguna normatividad al realizar esas inversiones. Se trata de que todos los involucrados en el fraude de Ficrea asuman las consecuencias de sus actos con apego irrestricto a la ley. De tal manera que nadie salga impune en esta investigación. Estamos obligados a enviar un mensaje enérgico a la sociedad y respaldar a los ahorradores defraudados. Lo justo sería que en la reparación del daño y la recuperación de los ahorros defraudados se diera prioridad a las personas particulares por encima de las entidades públicas que hicieron inversiones sin estar autorizadas para ello. Por lo tanto resulta imprescindible conocer por parte de las autoridades competentes si los responsables de haber comprometido los recursos de los tribunales superiores de justicia del Distrito Federal y de Coahuila, que es el patrimonio de sus trabajadores, incurrieron en alguna irregularidad o hicieron uso indebido de recursos públicos. Lo mismo en las entidades públicas de los tres niveles y Poderes federales. Por ello es indispensable que se hagan los exhortos del punto de acuerdo en discusión. Mi grupo parlamentario afirma que si existió alguna omisión o negligencia por parte de las autoridades involucradas tiene que castigarse ejemplarmente, a fin de evitar otro caso más de impunidad. Cabe señalar que en el acercamiento que hemos tenido los legisladores con los ahorradores existe una constante, en la mayoría de los casos señalan haber tenido contacto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Condusef previo a tomar la decisión de invertir en Ficrea. Lo que obtuvieron los ahorradores de dichas autoridades fue la recomendación de invertir en esa sociedad financiera popular, cuando desde 2012 se tenía conocimiento que Ficrea registraba una serie de anomalías, entre las que se destaca que operaba en el nivel 4, cuando en la ley sólo estaba autorizada o le autorizaba para operar en el nivel 1. Para Nueva Alianza el combate a la corrupción es un reclamo ciudadano que debe atenderse sin reservas y el castigo a los responsables de abusos o negligencias, como las ocurridas en Ficrea, son indispensables para reconstruir la confianza en las instituciones, que tanta falta le hace a México. Gracias, señor presidente.