EL DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Cuando se registren las estadísticas de esta Legislatura, va a ser la más productiva de todas las que han integrado el Congreso Mexicano. El mérito de seguir presentando iniciativas, es dejar insertos los temas en la discusión nacional, establecer un trabajo metódico de diferentes visiones de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara, respecto a diversos ordenamientos y sobre todo de nuestra Carta Magna. Esta iniciativa es de reformas al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para reconocer el derecho de iniciativa de la Suprema Corte de Justicia en asuntos de su competencia, es decir, en asuntos de administración de justicia y lo hago al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos Dos son los principios fundamentales que se instituyeron en la Constitución de 1917, para protección de los gobernados, uno el de división de poderes, el otro el de legalidad. La existencia del Judicial fue concebida así como la presencia de un órgano del Estado necesario y esencial para alcanzar un auténtico equilibrio de poderes en el sistema formal de pesos y contrapesos y en el desarrollo de un sistema democrático. En el delicado balance entre las atribuciones que el Ejecutivo detenta frente a aquellas que la ley asigna al Legislativo, el Poder Judicial debe funcionar como el justo punto del equilibrio de poderes, en su carácter de único órgano estatal con facultades para hacer efectiva la supremacía de las leyes a través del control de la legalidad y del control de la constitucionalidad. Los tribunales no sólo son el medio de que disponen los ciudadanos para hacer valer sus derechos frente al resto de los gobernados, sino que además constituyen el órgano de control por excelencia del poder político. ¿De qué serviría que el Congreso formara las mejores leyes sin un órgano que les diera validez al aplicarlas? Sin un órgano que al individualizarlas les otorgue su real contenido social por justo y bien concebido que éste, un ordenamiento legal, ninguna eficacia tendrá para la vida de un pueblo si su realización no está en manos de tribunales que ejerzan su ministerio con independencia de criterio, libres de ataduras con los poderes políticos y cuya única guía sea el espíritu de la ley. Mas aún, existen autores como Duglas North, quienes aprecian un vínculo indisoluble entre el éxito de cualquier economía y la existencia de determinadas instituciones jurídicas, cuya efectividad depende en última instancia de que exista un Poder Judicial capaz de asegurarles absoluta realidad y validez. En el sistema político mexicano y a pesar de los innegables avances de los últimos años, el Poder Judicial no ha asumido a plenitud el papel de fulcro o punto de apoyo del equilibrio de poderes, entre otras causas porque en la legislación no se han contemplado aún los mecanismos jurídicos que le otorguen plena fortaleza. Como lo enfatiza Alexander Hamilton en su obra "El Federalista", el Judicial cuyo poder deriva únicamente de la razón y que es el llamado a proteger los derechos de las personas frente a los actos arbitrarios de los otros poderes del Estado, necesita y merece especial protección para subsistir como poder independiente. La vigencia de un estado de derecho exige de una judicatura independiente, independiente en una doble dimensión: hacia adentro y hacia fuera, la neutralidad política como obligación de conciencia de los propios jueces y por otro lado la existencia de una magistratura institucionalmente protegida de la intervención de los otros poderes, de la intromisión e intervención del Legislativo y del Ejecutivo por medio de las salvaguardas necesarias. Por ello, presento esta iniciativa que ha sido un reclamo de los poderes judiciales en los estados, ya reconocido en algunas entidades pero que no ha sabido ser valorada ni reconocida a nivel federal: la facultad de iniciar leyes por parte de la Suprema Corte de Justicia en asuntos de su competencia, es decir en asuntos de administración de justicia. Muchas gracias, señores.