El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su venia, presidenta. En Movimiento Ciudadano destacamos la importancia de que los gobiernos tanto a nivel local como federal tengan las herramientas necesarias para combatir y desarticular la delincuencia organizada, los hechos de corrupción por parte de los servidores públicos y los delitos que se deriven en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, es decir, que a través de esta figura de extinción de dominio, se permita incautar y disponer de los bienes que son producto y fueron utilizados para cometer ilícitos. Hoy lo que planteamos en esta tribuna, que ya fue discutido por la colegisladora en materia de extinción de dominio, es un avance para combatir de manera más efectiva por el Estado mexicano, los actos y hechos ilícitos e ir en contra de los altos niveles de inseguridad, y sobre todo, la corrupción con mayor eficacia. Estamos frente a un nuevo procedimiento que se llevará por cuerdas separadas, es decir, con un tribunal de naturaleza civil y especializado en dicha materia, que tendrá como elemento principal la existencia de un hecho ilícito, la existencia de algún bien de origen o destinación ilegal, el nexo causal de estos dos elementos y el conocimiento de quien pueda tener el titular del derecho o del producto ilícito. Dicho procedimiento será autónomo de la vía penal, lo que implica una diferencia con lo civil en la individualidad de la punible persecución de los bienes patrimoniales. Además, de tener un contexto más amplio de las autoridades que administren los bienes sujetos de la extinción de dominio. Movimiento Ciudadano reconoce las bondades y los avances de esta legislación en materia de extinción de dominio, pero además reconocemos la bondad de que las legislaciones locales puedan armonizar sus legislaciones estatales del presente dictamen que hoy se presenta. Sin embargo, así como vemos virtudes, también advertimos que la ampliación del catálogo de delitos para poder ejecutar esta acción, deja en la sola presunción o la buena fe, el que se pueda ejecutar este tipo de actos señalados en el artículo 226 que dice: que será de interés nacional y que podrá ser en contra de la condición desfavorable o vulnerable de algunas personas. Es decir, si este dictamen, si esta ley es en contra de aquellos que tienen acumulado gran poder económico por los hechos delictuosos de corrupción, también es cierto que podrá encaminarse a la gente que tiene menos capacidad económica y menos capacidad para defenderse. Es decir, que podemos caer en que aquellos que tienen más dinero, podrán tener más dinero también para defenderse y para poder manipular la ley y justificar la licitud de sus bienes. Esto podría ser un problema grave porque tendríamos entonces el que las personas que menos se puedan defender, puedan perder sus bienes en estos procedimientos de extinción de dominio. También advertimos que además de lo anterior, con respecto a la retroactividad, es un tema el que debemos revisar puntualmente, es un fenómeno que se presenta en situaciones que ya están bajo un proceso con la norma anterior y cuyos efectos jurídicos no pueden, no se han consolidado hasta el momento. De tener vigencia esta nueva ley en el caso que nos ocupa, tendremos que definir y tendremos que ir a analizar la reforma del artículo 22 constitucional para ver cómo se aplicaría la retroactividad de la ley para los casos anteriores y para los casos actuales. Concluyo y dejo sobre el análisis a mis compañeras y compañeros legisladores, sobre el tema de la indemnización que pudiera surgir de aquellas acciones de extinción de dominio que no obtengan una sentencia favorable. Es decir, cuando se haga la venta anticipada de estos bienes, por su condición o su naturaleza o el costo de su administración, que hayan sido liquidados antes de la sentencia, ¿qué va a pasar para la reposición de estos bienes? ¿Cómo se va a fijar el precio o el costo estimativo? ¿Cómo se va a establecer la vía del recurso que va al fondo de reserva, y sobre todo cuál es el tiempo para la reposición de dicho bien? Dicho lo anterior, y a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, lo decimos claramente, estamos a favor de la ley, pero presentaremos reservas. Queremos perfeccionar esta legislación para que le sirva a México, para que le sirva a los ciudadanos para combatir la corrupción, para combatir la delincuencia, porque nuestro compromiso en Movimiento Ciudadano está claro. Sí estamos de acuerdo en ir a la extinción de dominio, pero no queremos afectar a los grupos más vulnerables económicamente. Vamos contra los del dinero, vamos contra los que tienen capacidad de defenderse y de manipular la ley para seguirse quedando con sus bienes. Es cuanto, señora presidenta.