La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias. Con su venia, diputado presidente. El pasado 30 de septiembre nos enteramos, a través de un reportaje publicado en la cadena estadounidense Univisión, que algunas de las armas que fueron utilizadas en la masacre de 16 jóvenes de Villas de Salvárcar, Ciudad Juárez, estaban registradas en el denominado programa Rápido y Furioso, implementado por la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, pertenecientes al Departamento de Justicia mediante el cual se permitió el ingreso legal de miles de armas a territorio mexicano bajo el pretexto de que dicho ingreso serviría para rastrear las armas mediante localizadores satelitales asegurando con ello el intercambio de información sobre la localización de grupos criminales. Cuando dicho operativo fracasó, los funcionarios de la Agencia ATF, en particular el fiscal general de los Estados Unidos, reconoció que no podrían rastrear dichas armas y que las armas perdidas durante esta operación continuarían apareciendo en escenas de crímenes a ambos lados de la frontera. Efectivamente esas armas junto con otras miles que ingresan de manera cotidiana a nuestro país han cobrado la vida de mexicanas y mexicanos inocentes, sin que hasta la fecha se haya realizado una investigación profunda por parte de las autoridades para deslindar las responsabilidades pertinentes y para sancionar a los servidores públicos mexicanos que permitieron, toleraron o consintieron que dichas armas llegaran a manos de grupos criminales. La Procuraduría General de la República anunció el pasado 21 de septiembre, que inició el análisis del informe del inspector general del Departamento de Justicia relativo al operativo Rápido y Furioso, de la oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, a pesar de que este operativo inició sus actividades desde 2009 y que fue denunciado por medios de comunicación estadounidenses desde hace más de 2 años. Por medio de un comunicado de prensa la dependencia federal señala que la introducción de armas hacia territorio nacional, sin cumplir los requisitos de la ley de la materia constituye un delito, por tanto, corresponde al Ministerio Público de la federación determinar si como consecuencia del operativo Rápido y furioso se cometió dicho ilícito. Es decir, dos años después y a pesar de que se ha acreditado el ingreso ilegal de las armas y su utilización en diversos crímenes, como el del Villas de Salvárcar o el asesinato del agente de la Oficina de Migración y Aduanas de Estados Unidos, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, en 2011 la PGR informa que todavía no determina si existe la comisión de algún delito, mientras en Estados Unidos el Congreso de Representantes citó a varias comparecencias al titular del Departamento de Defensa, Eric Holder, quien estuvo a punto de ser inhabilitado y sometido a juicio político. En nuestro país apenas se está analizando la información remitida por las autoridades estadounidenses, desconociendo, desde luego, toda información relacionada con la investigación de este operativo y las lamentables consecuencias, pues ni la PGR ni la Secretaría de Relaciones Exteriores han compartido con la sociedad nacional dicha información. La obligación de difundir información que no comprometa aspectos de seguridad es un compromiso de todo el Estado mexicano y en estos casos tan sensibles debe ser un compromiso con todas las víctimas mortales y con sus familiares, pues ellos tienen el derecho inalienable de acceder a la justicia, de conocer la verdad y de ser reparados integralmente. Las armas que privaron de vida a los 16 jóvenes, en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, no entraron solas a nuestro país, tampoco se distribuyeron y se infiltraron en los grupos criminales de manera autómata. En este operativo participaron, de manera directa e indirecta, muchas personas, mismas que hasta el día de hoy se encuentran gozando de total impunidad. Y es precisamente la razón sustantiva de este punto de acuerdo, la lucha contra la impunidad, la que nos mueve a solicitar que se den a conocer las investigaciones que se realizan y que realizan las autoridades mexicanas. No podemos quedarnos de brazos cruzados y permitir que se continúe con la cultura de la opacidad y el encubrimiento, ejemplos sobran. Recientemente se cumplieron 44 años de la masacre de Tlatelolco y las promesas de esclarecimiento sólo quedan en eso, en promesas. De igual manera, en el Instituto Federal Electoral, con una prisa cínica acordaron destruir el material electoral de las elecciones 2006 y 2012, antes que permitir el escrutinio público. Por lo que en aras de que la sociedad mexicana conozca la información disponible, de que se garantice a las víctimas el derecho a la verdad y que se rompa con el eterno círculo de la impunidad se emite el siguiente Punto de acuerdo Único. La Cámara de Diputados, por considerarlo un asunto de interés nacional exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Procuraduría General de la República para que a la brevedad hagan pública toda la información que tengan disponible en relación al operativo denominado Rápido y Furioso, incluyendo aquélla que se hubiere generado en las instancias estadounidenses y se haya remitido a las autoridades mexicanas. Es cuanto, diputado presidente.