La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeros, compañeras diputadas, somos muy pocos, pero este debate que estamos dando aquí es muy importante para todas y todos los mexicanos, porque ellos son los que nos van a escuchar y nos van a votar cuando les toque. La iniciativa que presento el día de hoy es para reformar la fracción III del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las y los diputados ciudadanos hacemos eco de las demandas de la población y esta es el combate a la corrupción en los ámbitos público y privado. Diversos estudios demuestran que la corrupción causa un grave daño a la economía del país y es necesario realizar políticas públicas para erradicarla, encaminadas a prevenir y, en su caso, sancionar estas prácticas nocivas. Dentro del marco de creación del sistema nacional anticorrupción previsto en nuestra Norma Fundamental, según se desprende de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015, se destaca que se sancionarán los actos de corrupción cometidos tanto por particulares como por autoridades. Sin embargo, en el caso de estas últimas y no obstante que el sistema de responsabilidades administrativas actualmente en vigor prevé a los servidores públicos que incumplen con las obligaciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades y que encuentran su reflejo en las leyes locales de las entidades federativas, cuando eventualmente como consecuencia de que se acredite su responsabilidad, llegan a ser destituidas e inhabilitadas para ocupar empleo, cargo o comisión en el gobierno federal. Es muy fácil entonces que burlen esta disposición, pues pueden ser contratados en gobiernos estatales o municipales. Consideramos que es pertinente establecer en nuestra Constitución que ningún servidor público que sea inhabilitado para desempeñar empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, estatal o municipal, pueda volver a desempeñarse en ninguna de ellas por el tiempo en que dure la inhabilitación. Los diputados y las diputadas ciudadanas estamos convencidas de que todos los mexicanos debemos contribuir a eliminar la corrupción y un elemento de los muchos que deben estar incluidos en las leyes es el que propone la iniciativa que hoy les vengo a presentar. Al saber los servidores públicos, de cualquier ámbito, que sin son inhabilitados no podrán trabajar en ningún espacio gubernamental, se cuidarán de no incurrir en actos de corrupción. La reforma propuesta es a la fracción III del artículo 109 y propone lo siguiente. Se aplicarán sanciones administración a los servidores públicos por los actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanciones de dichos actos y omisiones. Ningún servidor público que haya sido destituido e inhabilitado podrá, durante el tiempo que dure esta, desempeñar empleo, cargo o comisión en los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial de la federación de los estados o de los municipios ni en órganos constitucionales autónomos a los correspondientes a los estados. Es cuanto, muchas gracias.