La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos: El envejecimiento de la población y la reversión de la pirámide poblacional conocido como invierno demográfico, está alcanzando a todos los países del mundo. Actualmente, de acuerdo con los datos del Inegi, en México hay 15.4 millones de adultos mayores, de los cuales 54.6% son mujeres y el 46.4% son hombres. En 2030 esta cifra puede aumentar a 10 millones, mientras que para 2050 se estima que alcance los 34 millones de personas. Los adultos mayores han sido de los grupos poblacionales más afectados por la pandemia. Actualmente, el 23% de los mayores de 60 años en nuestro país tiene un empleo, de ese porcentaje, el 43% lo hace en actividades que presentan una tasa alta de desempleo. Una persona adulta mayor que no tiene empleo o que pierde su trabajo y no está protegidos por una pensión pasa a depender únicamente de la Pensión para el Bienestar para los Adultos Mayores que otorga el gobierno federal, y aunque esta representa un valioso apoyo, el monto de la misma no es suficiente para cubrir las necesidades de alimentos, medicinas y cuidados que requiere este grupo poblacional. En este contexto, la inclusión de una persona en el buró de crédito puede agravar una situación que de por sí es de especial vulnerabilidad económica y social en el caso de los adultos mayores, ya que la información crediticia que resguarda y que es consultada por las instituciones financieras genera un mayor obstáculo para obtener un crédito o un préstamo. Actualmente, la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia establece un plazo de 72 meses contados a partir de la fecha de liquidación, para el resguardo de la información crediticia de una persona que ha incumplido con el pago de algún crédito. El plazo señalado en el artículo 20 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia es un término razonable para una persona de edad promedio en etapa productiva y que tiene relativamente pocos gastos médicos, pero en el caso de los adultos mayores dicho plazo representa una desventaja injustificada habida cuenta de su propia vulnerabilidad en el contexto de un programa poco propicio para la inclusión financiera. Lo anterior, en el entendido de que la cantidad de enfermedades y la magnitud de los gastos médicos, entre los adultos mayores, se presenta como un reto para el bienestar integral de dicho grupo poblacional, el cuál puede solventar sus carencias, principalmente materia de gastos de salud mediante el acceso a créditos en condiciones favorables. No es correcto que los adultos mayores en el contexto de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, del alto porcentaje del desempleo que nos afecta y de las carencias que muchos de ellos tienen de una pensión, le sea aplicable el mismo plazo de una persona de edad productiva para el resguardo de su información crediticia en caso de incumplimiento en el pago de un crédito. En nuestro país, según datos de la empresa reparadora Resuelve tu deuda, únicamente el 7 % de la población tiene seguro de gastos médicos. En el mismo sentido, dicha empresa indica que el número de créditos activos para financiar gastos médicos asciende a 138 mil pesos, representando uno de los 5 conceptos más comunes para endeudarse. Al margen de la información crediticia contenida en el buró de crédito la mayoría de los rechazos se deben a la falta de ingresos o a la insuficiencia de las garantías, esta situación sumada a la baja productividad o a la informalidad laboral origina un círculo vicioso de pobreza y marginalidad que afecta sobre todo a las personas adultas mayores. Desde el sistema formal la mayoría de los programas de acceso de crédito, específico para las personas mayores, son ofrecidos por entidades públicas y consiste en préstamos de bajo monto relacionados al valor de la jubilación mensual, una de las principales barreras en materia de que las personas mayores no poseen cobertura provisional son excluidas entonces del sistema y se ven obligadas a solicitarlos a instituciones privadas como bancos sin tasas preferenciales ni otros beneficios. Por lo que, en este contexto, proponemos reformar la Ley para Regular Sociedades de Información Crediticia para establecer que, en los casos de los historiales crediticios de personas mayores de 60 años, el plazo establecido para el resguardo de información por haber incumplido con el pago de un crédito sea reducido a la mitad, es decir, de 72 a 36 meses, a efecto de facilitarles el acceso a un nuevo crédito o préstamo. Es cuanto, presidenta.