El diputado Trinidad Secundino Morales Vargas: Gracias, compañera presidenta. Con el permiso de la asamblea. El periodo pasado el Congreso pasó por un episodio poco enorgullecedor al presentarse algunos probables casos en ambas Cámaras de conflicto de intereses. Esto, en torno a las reformas y a las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones en donde se solicitó pública y formalmente la excusa de varios legisladores y legisladoras, de los cuales sólo dos hicieron lo pertinente. Es por eso que siendo congruentes con lo que se solicitó en su momento, presento esta iniciativa en la que no queda a criterio de quien debiera excusarse de hacerlo, sino que estaría obligado por el Reglamento y no cabría interpretación o duda alguna de su actuar. La presente iniciativa necesariamente está ligada al sistema anticorrupción; debiera incluirse en la discusión que dará el Congreso en los próximos días, ya que busca establecer claramente en el Reglamento de la Cámara de Diputados la obligación de los diputados de informar y excusarse, en aquellos asuntos en los que se estuviere incurriendo en conflicto de intereses, toda vez que los proponentes es que dentro de la sección tercera correspondiente a las obligaciones de los diputados y diputadas, se incluya la de informar de los asuntos en los que se tenga interés o se puedan obtener beneficios personales y excusarse de participar en la promoción, gestión, recomendación, discusión y votación de los mismos. Asimismo proponemos adicionar una sección cuarta al título primero del capítulo tercero denominada: Impedimentos, incompatibilidades y responsabilidades parlamentarias de las diputadas y los diputados. Esta sección corresponde a lo que como servidores públicos estamos obligados según lo dispone la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores públicos y con esto armonizar ambos ordenamientos jurídicos. En el caso del Poder Legislativo los legisladores pueden favorecer sus pretensiones personales influyendo una discusión a su cargo, lo cual es absolutamente trascendental, ya que es determinante para que exista un conflicto de intereses porque la decisión que tome el legislador estaría orientada no por el interés público, sino por el interés personal. De la misma manera podríamos citar otro supuesto, el de los legisladores que litigan en contra del Estado, aprovechando la posición privilegiada en la que se encuentran, obteniendo así millonarias indemnizaciones en perjuicio del erario público. Actualmente el Reglamento que nos rige contempla de cierta manera la excusa y los conflictos de interés, pero al estar debidamente desarrollados, se han presentado en diversos momentos denuncias que han caído en el vacío por no existir un procedimiento claro para desahogarlas; eso es justo lo que proponemos en esta reforma. En el grupo parlamentario del PRD proponemos que se incorpore en el Reglamento de la Cámara de Diputados una sección cuarta que establezca claramente los impedimentos, incompatibilidades y responsabilidades parlamentarias de las diputadas y diputados, en la búsqueda de combatir los posibles fenómenos de corrupción a través de los conflictos de intereses. El día de hoy por ejemplo volvió a los focos de atención el titular del Ejecutivo federal debido a la publicación de una nota en el Wall Street Journal en el que se exhibe de nueva cuenta la compra de una lujosa casa a nombre de un contratista del estado de México, encontrándose en el supuesto sin lugar a dudas de conflicto de intereses. Creo que todos los grupos parlamentarios estamos a favor de evitar y combatir la corrupción y, como dice el dicho, un buen juez por su casa empieza. Como diputados y sabiendo que nuestro propio reglamento carece de claridad en cuanto a nuestras facultades y obligaciones sobre el tema, nuestro deber es hacer lo conducente en esta reforma. Es cuanto, compañera Presidenta. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados para dictamen. La Presidenta senadora Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz: A continuación le solicitaría al diputado José Angelino Caamal Mena, del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, se sirva presentar la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 23 Bis a la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores.