El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, estamos discutiendo una reforma regresiva al artículo 91 de la Ley del Seguro Social. No debemos olvidar que de acuerdo a nuestro artículo 4o. constitucional, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Esto significa, entre otras cosas, que se trata de un deber a cargo del Estado. Repito, un deber a cargo del Estado para satisfacerlo. Es el Estado el que debe satisfacer plenamente el abasto de medicamentos en el Seguro Social y no empresarios, no particulares. Como se trata de un derecho fundamental correlativamente existe el deber del Estado de salvaguardar este derecho social. Nos llama mucho la atención haber observado hoy en la mañana, al director del Seguro Social apostando y hablando a favor de esta reforma ante varios grupos parlamentarios. El propio director del Seguro Social desmantelando el estado del bienestar, desmantelando a la institución que representa, por ese simple hecho debiéramos llamarlo a cuentas y exigirle su renuncia inmediata. No debemos olvidar también, como lo exponíamos en la sesión anterior, que el abasto de bienes y servicios socialmente necesarios es una competencia del Congreso de la Unión en la reforma que propone el Partido Verde, se faculta al Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social para que este Consejo Técnico regule el abasto de los medicamentos. Es una facultad que no puede delegar el Congreso de la Unión. Si delegamos esa facultad del Congreso de la Unión, estamos violentando facultades del Congreso y estamos violando el principio de reserva de ley. Es una facultad que este Congreso no debe delegar en el Consejo Técnico del Seguro Social. También estamos violentando el artículo 28 de la Constitución porque su párrafo tercero claramente indica que es deber del Estado evitar la intermediación innecesaria o excesiva en el abasto de bienes de consumo popular. Estamos violando otro precepto constitucional. Se trata de bienes de consumo popular, de bienes socialmente necesarios que corresponde al estado, vía el Instituto Mexicano del Seguro Social, salvaguardar, y vía este Congreso, también, garantizar plenamente. Como ya se dijo aquí, jamás ha existido un estudio completo, amplio, del impacto presupuestal de esta medida. Y hay que decir, también, compañeros, que existe jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece la posibilidad de impugnar decisiones del Congreso cuando no se respeta el proceso legislativo; el proceso legislativo no se ha respetado. No ha existido un dictamen de la Comisión de Seguridad Social en los términos que establece la ley y el reglamento para el Congreso Interior. Y estas decisiones, aunque las tome el pleno, aunque se piense que pueden ser compurgadas por el pleno, las nulidades y los vicios, esta decisión puede ser impugnada ante los tribunales federales. Quiero decir, también, que como se aprobó una adición al artículo en cuestión, al artículo 91 de la Ley del Seguro Social, esa adición, en los términos del artículo 125 del Reglamento para el Gobierno Interior, debe ser remitida a la Comisión; es decir, no acaba aquí esta discusión y este debate parlamentario porque el pleno aprobó una adición que debe pasar en los términos del artículo 125 del Reglamento, a la Comisión de Seguridad Social. Finalmente, compañeros, como ya lo han dicho los anteriores oradores en contra, aquí está en juego el modelo de estado que queremos. Está en juego la existencia de negocios y de corrupción. Esta reforma, si se aprueba, traerá consigo incalculables negocios para las empresas farmacéuticas nacionales y extranjeras; generará corrupción entre las autoridades del IMSS y las farmacéuticas, y además este Congreso está abdicando a sus obligaciones constitucionales. Estamos incurriendo en la figura que se llama en la doctrina constitucional “inconstitucionalidad por omisión”, porque estamos permitiendo que el Estado no cumpla con el abasto de medicamentos y estamos permitiendo que particulares intervengan en el abasto de medicamentos, tarea que es exclusiva del Estado. No a la privatización del Seguro Social. No a la privatización del abasto de medicamentos. Por su atención, muchas gracias.