EL PRESIDENTE: Se le va a conceder a usted la palabra hasta por cinco minutos para hechos. Quiero simplemente someter a consideración de la Cámara el criterio también que está haciendo la Mesa Directiva: la excitativas son asuntos internos, de trámite interno que no se presta a debate; si estuvieran instaladas las comisiones, es un simple trámite que se turnaría a las comisiones correspondientes y ahí se agota el tema. Al no estar instaladas en este momento las comisiones, se ha permitido a un diputado de la fracción del Partido Revolucionario Institucional responder, y ahora a un miembro de Acción Nacional, pero no es interés de esta Mesa Directiva que se siga en un debate en un tema que técnicamente no se presta a ello. Señor diputado, tiene usted la palabra hasta por cinco minutos. EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO VALENZUELA CABRALES. Con su permiso, diputado Presidente. Quiero decirles, compañeros, compañeras diputados, que desde luego hay un interés personal como lo hay en cualquier legislador que sea del estado de donde el gobernador en este caso, está siendo acusado de juicio político; pero también quiero recordarle al diputado que me antecedió, compañero Feliciano Calzada, que Roberto Madrazo no es el pueblo de Tabasco. Actualmente y no voy a entrar en honduras, en las preferencias electorales de su partido..... EL C. DIP. FELICIANO CALZADA PADRON, (desde su curul). Señor Presidente, quiero aclararle al señor diputado que en el pueblo de Tabasco... EL C. PRESIDENTE. Espéreme, señor diputado. Señor, no están autorizados tipo de diálogos y de planteamiento; yo le ruego respetuosamente ceñirse a la normatividad que nos rige. Continúe, señor diputado. EL C. DIPUTADO CARLOS ALBERTO VALENZUELA CABRALES. Quiero decirles, compañeros diputados, que el Partido Acción Nacional en ningún caso va a soslayar que de las denuncias de juicios políticos presentados ante esta honorable soberanía y que se hayan derivado de ellas acciones y omisiones que puedan derivar o redundar en actos ilícitos o del orden penal, jamás serán soslayados por nuestro partido, y queremos hacer una aclaración, la aclaración es la siguiente: La procedencia del juicio político/ para nuestra coordinación, todavía está viva y quiero nombrar, quiero nombrar el artículo doceavo de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, aunque no obsoleta, pero sí inadecuada y que debemos adecuar en tiempo, en el tiempo conducente, quiero decirles que no ha prescrito el juicio político ni los demás juicios políticos presentados que hayan quedado atorados en la Subcomisión de Examen Previo por lo siguiente: El artículo 12 determina en su inciso c) lo siguiente: La Subcomisión de Examen Previo, procederá en un plazo no mayor de 30 días hábiles a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 2o. de esta ley, como también el artículo 110 en sus fracciones I, párrafos, perdón, primero y segundo; así como si la denuncia contiene elementos de prueba que justifiquen que la conducta atribuida corresponde a las enumeradas en el artículo 7o. de la propia ley y si los propios elementos de prueba permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por tanto, y esto es importante, amerita la incoacción del procedimiento; el procedimiento no fue completamente sustanciado ni ratificado por el pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, debido a las prácticas dilatorias de Sadot Sánchez Carreño, que nunca sesionó la Comisión de Justicia. Quiero decirles que el juicio todavía procede porque la incoacción es la iniciación prácticamente del juicio y el juicio no fue ratificado. Esta es una postura puramente jurídica basada en la Ley de Responsabilidades de los servidores Públicos. Es cuanto, ciudadano Presidente. (aplausos) EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias. EL C. DIP. RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA, (desde su curul). Señor Presidente. EL C. PRESIDENTE. Sí, señor diputado. EL C. DIP. RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA. Señor Presidente, solicito la palabra para hechos. EL C. PRESIDENTE. Mirén.... EL C. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO, (desde su curul). Señor Presidente. EL C. PRESIDENTE. Señor diputado, dígame, adelante. EL C. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO, (desde su curul). Para una moción de orden; solicito se dé lectura a al segunda parte del artículo 114 de..... EL C. PRESIDENTE. ¿La Secretaría tiene el documento que solicita el señor diputado? EL C. SECRETARIO, DIPUTADO MANUEL MEDELLIN MILAN: Artículo 114, después de punto y seguido dice: los demás asuntos que sean económicos de cada Cámara, bastará que hablen tres en cada sentido, a no ser que esta acuerde ampliar el debate. Servido, señor. EL C. PRESIDENTE Yo reitero ... DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO (desde la curul) Señor presidente en ese sentido la moción de orden es que han hablado ya sobre este tema tres diputados, de tal manera que en los términos de la última parte del 114, usted debe solicitar a la asamblea si se continúa el debate o no. Inclusive, permítame plantearlo en estos términos, técnicamente este tema de haber estado instaladas las comisiones, se hubiera agotado con el turno correspondiente. PRESIDENTE: Hemos, por criterio e interpretación de la norma, permitido a un diputado del Partido Revolucionario Institucional formular su planteamiento para hechos; otro tanto ha hecho un compañero diputado del Partido Acción Nacional y yo quiero someter a la consideración del Partido de la Revolución Democrática, lo siguiente: el tema se inició por la excitativa planteada por la compañera diputada. El Partido de la Revolución Democrática en este tema ya fijó su posición en el contenido de la formulación de la excitativa correspondiente. En ese contexto y no siendo el lugar para el debate en este momento, yo asumo la responsabilidad, que debemos de seguir a otro tema y en otras condiciones proceder al debate de acuerdo con la normatividad vigente. El siguiente punto del Orden del Día, es la intervención en relación al fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a los diputados de representación proporcional de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Segunda Legislatura. Para abordar este tema tiene la palabra el ciudadano diputado Gustavo Riojas Santana, del Partido de la Sociedad Nacionalista, hasta por 10 minutos. DIP. RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA (desde la curul) Señor presidente, he pedido la palabra por dos veces. PRESIDENTE: Está negada señor diputado. Con el fundamento de que no es en una excitativa el tema para debate, sino simplemente para turnarse. Ya habló el Partido de la Revolución Democrática planteando el tema, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional. Seguimos con el Orden del Día. Adelante señor diputado. DIP. UCC-KlB ESPADAS ANCONA (desde la curul) Señor presidente, usted no debe actuar a su arbitrio, según sus propias palabras, sometió a debate un asunto que no debió someterse a debate y ahora ... PRESIDENTE: Señor diputado con todo respeto, es facultad de la mesa directiva realizar la interpretación de las normas. Con base en esta atribución se ha hecho. El artículo 20 da esa atribución a la mesa directiva: realizar la interpretación de las normas. Señor, en términos de la excitativa ya tomó una decisión esta autoridad con base en la normatividad le ruego la respete. Por favor señor diputado, tiene usted la palabra. DIP. GUSTAVO RIOJAS SANTANA: Gracias señor presidente. Antes que todo quisiera hacer una pequeña aclaración: el Partido de la Sociedad Nacionalista había solicitado la presentación de esta intervención la semana pasada, a solicitud de algunos compañeros de otras bancadas. Decidimos presentarla en este día, porque tengo entendido que también iba a hacer alguna intervención al respecto. No veo nada en la Orden del Día, pero de cualquier manera queríamos dejar claro el por qué de la presentación en estos momentos, que para algunos pueden considerar extemporáneo. La posición de nuestro partido en relación al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para el Partido de la Sociedad Nacionalista, después de su creación como organización política y desde la primera búsqueda de su registro primero como partido político estatal; posteriormente como agrupación política nacional y finalmente como partido político nacional, los acontecimientos vividos en relación a los medios de impugnación que hemos interpuesto, así como .a los medios de impugnación que hemos interpuesto, así como los diferentes dictámenes y pronunciamienos que ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sido un aprendizaje permanente y al parecer interminable. Esto fue confirmado el pasado 9 de septiembre de este año donde el electorado del Distrito Federal y los partidos políticos fuimos sorprendidos por un fallo de dicho Tribunal a todas luces injusto, inverosímil e inesperado, puesto que la mayoría de los magistrados tomaron atribuciones que sentimos más allá de las facultades que tiene dicho Tribunal. Esto en referencia al asunto de la asignación de diputados del Distrito Federal por el principio de representación proporcional, en donde la litis era la aplicación de la cláusula de gobernabilidad que invocaban para sí dos partidos políticos: el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática. Inicia cuando el Partido de la Revolución Democrática, el cual participó en su lista de representación proporcional en candidatura común con el Partido de la Sociedad Nacionalista, interpone recurso en contra del fallo del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal por la aplicación de la cláusula de gobernabilidad otorgada al Partido Acción Nacional. Este recurso es interpuesto ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal, el cual resuelve, por mayoría, dar la razón a la autoridad electoral. Posteriormente, el Partido de la Revolución Democrática interpone la impugnación o recurso ahora ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Democracia Social actúan como terceros interesados, pero incluyendo otra demanda, es decir, diferente litis de la que se estaba resolviendo. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechaza los argumentos y presentación del recurso de dichos partidos: PRI y Democracia Social, desechándolos por improcedentes. Pero en una maniobra interpretativa declara antidemocrática la cláusula de gobernabilidad y determina que aun existiendo una lista de representación proporcional que fue votada por la ciudadanía del Distrito Federal y que, de acuerdo a los votos de cada partido político, alianza o candidatura común, de saben de aplicar directa y proporcionalmente al porcentaje obtenido por los mismos con las diputaciones plurinominales correspondientes. Contrariamente a toda lógica, el Tribunal determina la aplicación de la asignación de representación proporcional pura a sabiendas que no existe en ninguna legislación electoral del país dicha fórmula pues esto supondría desaparecer las asignaciones de diputados por el principio de mayoría relativa y, en su caso, distribuir el total de los legisladores de cada congreso de acuerdo al porcentaje obtenido por cada partido político. En otras palabras y en esta dinámica: bien pudo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y no lo hizo, aplicar esta fórmula de asignación pura a la elección federal, dictaminando antidemocrática la existente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y otorgarle a la Alianza por México alrededor de 100 diputaciones por el casi 20% de votos obtenidos en la correspondiente elección federal. En el Partido de la Sociedad Nacionalista, en el caso que nos ocupa, considera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación actuó no sólo como acusador y juez sino también como legislador e interprete de la voluntad de los electores, que sólo le dieron en votos de la lista de representación proporcional el 22% al PRI y el 4.8 a Democracia Social. Resulta para nosotros incongruente e inequitativo que de 26 diputados plurinominales a distribuir, se le asignen a la Alianza por el Cambio con 1 millón 531 mil 891 votos, que corresponden al 35 por ciento de la votación, solo 4 diputaciones. Que a la candidatura común PRD-PCN con 1 millón 347 mil 367 votos, que corresponden al 31 por ciento de la votación, solo 3 diputaciones. ¡En cambio al PRI, con 961 mil votos, el 22 por ciento de la votación, 16 diputaciones, que corresponden al 62 por ciento del total de los diputados a distribuir! A Democracia Social, con 211 mil 727 votos, el 4.8 por ciento de la votación, 3 diputados; mismos que al PRDPCN que obtuvo 1 millón 135 mil 640 votos. Es decir, los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación corrigen en su dictamen a los electores del Distrito Federal, les dicen: "Se equivocaron, se equivocaron al votar". Y en lugar de determinar otorgarle 5 diputados al PRI y 1 diputado al PDS, les indican e interpretan que lo que en realidad querían era darle 16 diputados al PRI, que corresponden al 62 por ciento de los diputados plurinominales y 3 diputados a Democracia Social, que corresponden al 12 por ciento de los diputados a repartir. Resulta también sorprendente que los partidos más afectados en cuanto a esta decisión del Tribunal, que implica que 1 3 diputados con sus constancias respectivas, fueron excluidos de su cargo otorga do por la ciudadanía. Y que estos partidos no hayan presentado protesta alguna, inconformidad o explicación por parte de dicho organismo colegiado. El Partido de la Sociedad Nacionalista considera que el señalamiento de los errores, extralimitación de facultades e interpretaciones sui géneris no implican ni anulan la respetabilidad de los ciudadanos magistrados, que como toda persona pueden incurrir en equivocaciones. El problema principal y la gravedad que el dictamen encierra en nuestra opinión, es que la composición de la Cámara de Diputados del Distrito Federal la dictaminó y conformó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y no la ciudadanía a través de su voto libre, secreto y universal. Adicionalmente el que el Partido de la Sociedad Nacionalista no haya participado como tercero interesado en la litis original es porque, como lo establece nuestra Constitución, nadie está obligado a lo imposible y en ese sentido no pudimos imaginar que los Magistrados pensaban crear una nueva y diferente litis, legislar y decidir cuantos diputados se le asignaban a cada partido, alianza o candidatura común. Porque aceptando sin conceder, que este fuera el procedimiento para salvaguardar nuestros derechos, tendríamos que intervenir como terceros interesados en todos y cada uno de los litigios que se ventilaran en dicho tribunal, y adivinar que litis diferente de las original mente interpuestas pudieran tomarse en cuenta. Quiero solicitarle un minuto, para terminar mi exposición. Si me lo permite.