El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su permiso, señor presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es muy clara al hablar sobre el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, incluidos aquellos para la determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como de las garantías del debido proceso con las que contamos las y los mexicanos. Respecto a la libre determinación de los pueblos indígenas plasmados en el artículo 2o., constitucional, se destaca el propio reconocimiento de las comunidades integrantes de un pueblo indígenas, como aquellas que por el simple hecho que formen una unidad social, económica y cultural, que se encuentren asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El artículo 2o también señala en el inciso a), el Apartado A, fracción V. Conservar y mejorar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras en los términos establecidos en esta Constitución; acceder con respeto a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y a las leyes de la materia. Respecto a las garantías del debido proceso con las que contamos las y los mexicanos, los artículos constitucionales 14 y 16 señalan las formalidades esenciales a las que la autoridad deberá de apegarse en todo proceso judicial. Para la presente proposición de acuerdo es de mencionarse que en el estado de Jalisco, al igual que en todo el país, se encuentran registrados diferentes violaciones graves a los derechos humanos de los pueblos indígenas, y que recientemente la detención del líder indígena Miguel Monroy, por parte de la Fiscalía del Estado, no es más que un eslabón de una cadena de injusticias y arbitrariedades contra la comunidad náhuatl del sur de Jalisco. La Fiscalía giró una orden de aprehensión, por supuesto delito de despojo cometidos por Miguel Monroy, y lo hizo a pesar de que aún no termina un juicio agrario que será quien determine quién es el verdadero dueño de esas tierras. La comunidad náhuatl asentada en la sierra de Manantlán, es blanco de una persecución del Estado para favorecer los intereses de las mineras que al menos desde el 2007, extraen hierro en tierra del ejido de Ayotitlán, dichas compañías, además de afectar a la población originaria, están poniendo en riesgo un ecosistema único, cuna del maíz criollo protegido mediante la declaratoria de la reserva de biósfera de Manantlán. No podemos permitir que se sigan violentando los derechos humanos de comunidades indígenas y que se asedien a sus líderes. La Fiscalía no ha cumplido con su trabajo, sigue sin resolver la desaparición de otro líder indígena de esa región como lo es el señor Celedonio Monroy, y hasta la fecha, se presta de tener a otro indígena beneficiando con esto sólo a intereses particulares. Miguel Monroy y Gaudencio Mancilla han encabezado desde 2007 las protestas de la comunidad náhuatl contra los mineros. Movimiento Ciudadano ha demostrado un compromiso firme con la defensa de los derechos humanos, no seremos aval de un gobierno que cierra los ojos ante poderosos intereses y se ensaña contra los más pobres. Exhortamos a las autoridades estatales a liberar inmediatamente a Miguel Monroy a Marciana de los Santos López, quienes fueron ilegalmente detenidos. Por último, pedimos y exigimos que las acciones de las autoridades de los funcionarios públicos contribuyan al pleno desarrollo de las comunidades indígenas, respetando en todo momento su autonomía, sus tradiciones y sus costumbres. Es cuanto, presidente.