La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México los indicadores estiman que aproximadamente un 60 por ciento de las madres solteras no reciben pensión alimenticio como consecuencia de diversas argucias de las cuales se valen los deudores alimentarios para evadir esa responsabilidad, argucias que incluso llegan al extremo del cambio de residencia con el pretexto de hacer uso de la garantía que les es conferida por virtud del artículo 11 de la Carta Magna, en el que señala que toda persona tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudarse de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, dicho precepto legal de igual manera establece las restricciones al referido derechos de tránsito, el cual por principio se encontrará subordinado a las facultades de las autoridades judiciales y administrativas, seguido de las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la república, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. De igual forma, como bien apunta la iniciativa que hoy se somete a votación en esta soberanía, en otra de las limitaciones de dicho derecho encuentran su fundamento en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 12 señala que el derecho a la libre transitabilidad no podrá ser objeto de restricciones, salvo cuando éstas se hayan previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente pacto. Para lo anterior, también resulta aplicable por analogía lo pronunciado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis correspondiente en la novena época, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, página 2788, que señala que en la concurrencia y tensión entre derechos fundamentales, como son el de la libertad de comercio y los relativos a la protección de la salud y a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar, lo que amerita es utilizar el método de proporcionalidad en la ponderación para resolver la controversia. Dicho método implica respetar una correspondencia entre la importancia del fin buscado por la ley y los efectos perjudiciales que producen en otros derechos e intereses constitucionales. Así, el objetivo es que el resultado del balance entre ventajas y desventajas siempre derive en un resultado positivo, entendiendo que el beneficio supere al daño a partir de un equilibrio entre las razones pertinentes y que se atiendan en la medida de lo óptimo posible para casos concretos. Es precisamente en estos aspectos fundamentales a los cuales debe atender ese principio de proporcionalidad, cuya observancia es obligatoria en toda controversia de carácter alimentario. Muchos son los argumentos que pueden exponerse para determinar la ponderación entre derechos fundamentales. Como ya se ha dicho, habremos de sujetarnos a los elementos específicos de cada situación. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Verde estamos seguros de que no existe elemento alguno que indique que el derecho al libre tránsito se encuentra por encima del derecho a la satisfacción de las necesidades de los niños y de los adolescentes, necesidades que no recaen en otra cosa que no sean elementos básicos de subsistencia y desarrollo, como lo son: los alimentos, la salud y la educación. Dicha obligación tiene su origen en un deber ético, el cual con posterioridad fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de interés social y de orden público, por lo que esa obligación jurídica al no cumplirse tendrá una sanción que será la condena al pago de una pensión alimenticia, fijada por el juzgador. Sabemos que el problema no radica en la determinación de la obligación ni en la determinación del sujeto obligado a otorgar los alimentos. Lo que la iniciativa a votación sugiere, es garantizar que estos últimos no se sustraigan de la ley y de su cumplimiento. Que el derecho al libre tránsito, e incluso cambio de residencia, no se pondere nunca por encima de un derecho vital. Por ello, las diputadas y los diputados de mi bancada nos pronunciamos a favor de la adición de una fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración, la cual implica el impedimento de salir del país a los mexicanos que dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos por un periodo mayor de 60 días; adición, que además de necesaria, resulta fundamental para fijar precedentes, no sólo en el tema de alimentos, sino en todas aquellas garantías que se encuentran controvertidas y que requieren de modificaciones a la legislación aplicable para la debida garantía de su cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.