El diputado Jaime del Conde Ugarte: Con su permiso, diputada Presidenta. No puedo negar que en nuestro país la aplicación actual del derecho para la solución de controversias pasa por muchos formulismos que retardan la decisión judicial, lo que provoca de manera general gran falta de confianza en la administración de justicia, independientemente del elevado costo económico que generan dichos procedimientos jurisdiccionales. Por ello es indiscutible que en la época actual se requiere un derecho que penetre en forma más efectiva en todas y cada una de las áreas de la vida social. Debe haber y otorgarse seguridad jurídica con la misma velocidad que se presentan los fenómenos sociales. Se requiere un derecho que sea más capaz, más humano, más justo; un derecho que no segregue sino que, por el contrario, se reintegre, que tenga mayor capacidad en la solución de controversias y que, de esta forma, pueda establecer un clima de tranquilidad y confianza en la ciudadanía. Sabemos que el ciudadano no puede concebir que para la solución de un problema humano que se lleva hasta los tribunales deban transcurrir uno o varios años para llegar a la solución formal de dicho conflicto. Tampoco puede entender cómo los procesos judiciales deben ser manejados por personas diferentes de ellas mismas. Me refiero a la necesidad de contratar a un abogado para que patrocine o represente al sujeto real del problema jurídico, situación que se traduce en la necesidad de contratar un profesional competente y sagaz, pero incuestionablemente con el alto costo económico que esto significa. Es difícil reflexionar por qué la fórmula jurídica, sus procedimientos y sus decisiones sólo toman en cuenta el aspecto material y externo de la vivencia humana, olvidando o haciendo a un lado el aspecto intelectual y, sobre todo, emocional. En consecuencia, nace la urgente y real necesidad de encontrar otros métodos de solución de controversias con ventajas para que el sistema judicial sobrecargado y para los ciudadanos comunes que no tienen acceso al mismo o que por distintos motivos no pueden sobrellevar la pesada carga que impone un juicio. De tal suerte, todos estos argumentos nos permiten observar y afirmar categóricamente que el derecho no está respondiendo de manera suficiente a las necesidades de la sociedad actual, situación por la cual es menester la construcción de nuevas alternativas que nos ayuden a revertir el proceso de percepción social sobre la insuficiencia del derecho y de las instituciones que tienen relación con la procuración y administración de justicia. El procedimiento que se propone en la presente iniciativa buscará en el menor tiempo posible la terminación de la controversia por el camino más corto, más rápido y más sencillo. Sin embargo, cabe hacer mención de que con la presente iniciativa no se intenta romper con lo que bien se ha hecho sino, por el contrario, retomamos con gusto del pasado, para vivir con intensidad el presente y construir nuestro futuro. Hecho que iniciamos reconociendo que el sistema judicial es necesario para vivir en armonía. Sin embargo, debemos reconocer que no ha sido capaz de cumplir su objetivo y que tampoco es la única vía porque existen otros caminos, instrumentos distintos del judicial, para resolver conflictos de índole ya sea familiar, civil, penal o mercantil. Para ello es imprescindible transitar hacia una nueva cultura de pacificación social. Y la mediación es el instrumento idóneo para lograr ese propósito, ya que la mediación como mecanismo de resolución de conflictos tiene por objeto alivianar y agilizar la solución de cualquier problema de carácter jurídico, dando una justicia restauradora a las relaciones de los factores del litigio. Su objetivo, las bondades que ofrece este sistema serán sin duda alguna positivos, toda vez que promueven la adopción de una justicia reparadora, por encima de una represiva; no es sin duda la máxima expresión de un entorno civilizado. No obstante convertirse en un medio eficaz para restaurar las relaciones sociales derivadas de la convivencia cotidiana, no exenta de fricciones, pues ante la necesidad de cambiar la manera de brindar el servicio de justicia, la mediación se constituye en una alternativa ideal para conseguirlo, su propósito es lograr un acuerdo si los costos en tiempo, dinero y esfuerzo que llevaría un proceso judicial y sin contienda legal alguna, que rompa aún más con la armonía social. Se trata de una instancia voluntaria, a la que se podrá acudir con o sin el patrocinio de un abogado, con objeto de impulsar un acercamiento entre las partes en conflicto, con la asistencia de un mediador, de manera que aun cuando no se logre un acuerdo, se abran entre las partes caminos de entendimiento y se esgriman alternativas de solución, que puedan ayudar a lograr la mejor solución a la problemática jurídica planteada. La mediación y la conciliación constituyen vías de solución de conflictos que han tomado gran auge en nuestro país y que han demostrado eficacia, según lo revelan las estadísticas que al caso se han elaborado en las entidades federativas en que se encuentran reglamentadas. Asimismo, un sistema de negociación asistida, mediante el cual las partes involucradas en un conflicto intentan resolverlo por sí mismas, con ayuda de un tercero imparcial, que actúa como favorecedor y conducto de la comunicación. Los interesados asumen su protagonismo en la búsqueda de alternativas posibles de solución y controlan por sí mismos el proceso en su desarrollo; es rápido e informal. La decisión a la que eventualmente arriben es elaborada por ellas mismas y no por un tercero, como en el caso de un pronunciamiento judicial, siendo la mediación en este contexto un procedimiento no adversarial y pacífico de resolución de conflictos. Los conflictos, sin duda alguna, serán superados si la conciliación tiene carácter obligatorio como fase procesal, si contiene fórmulas resolutivas, si se convence y capacita a los operadores del sistema judicial de sus bondades y de su eficacia, para que a su vez éstos persuadan a las partes a optar por ese mecanismo. Por eso, la nueva arquitectura procesal que se propone en la presente iniciativa introduce nuevos sistemas, modifica los ya existentes a fin de resolver los litigios, utilizando los sistemas alternos, que permitan mejorar la prestación pública de justicia, dando preeminencia al arreglo consensual, al dotar a las partes en litigio de elementos que agoten una fase conciliatoria previa a la fijación de la litis, con el ánimo de dirimir sus controversias, procurando establecer reglas sencillas y claras que faciliten la solución del asunto, evitando pérdida de tiempo y de recursos. En líneas generales, sin perjuicio de sus particularidades propias, estas formas de resolución de disputas tienen ventajas de ser rápidas, confidenciales, informales en el sentido de que si bien existen procedimientos, debe insistirse en el escaso formalismo que las rige, flexibles, económicas y, por su naturaleza justa, han demostrado ser exitosas. Lo característico del sistema de mediación es la inclusión de una tercera parte del mediador, que actúa para ayudar a las dos partes disputantes a alcanzar un acuerdo, pero cuyas intervenciones no tienen la obligatoriedad de ser aceptadas por los disputantes. En la medicación se trata de evitar que haya ganadores y perdedores, y aumenta la creatividad en la medida que no hay ningún límite externo, salvo lo que se establezca en la mediación para crear el acuerdo. De todo lo anterior se puede afirmar que la figura de la mediación encierra un procedimiento valioso y no adversarial que, sin menoscabo de la actuación convencional de la autoridad judicial y con sustento en los principios de voluntariedad, colaboración, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, flexibilidad, cooperación y creatividad, contribuye a favorecer la cultura de la paz y satisfacer los intereses de los mediados. Este medio alterno puede ser un importante auxiliar del Pode Judicial de la Federación en la solución de conflictos, reduciendo las cargas de trabajo, los costos materiales, los tiempos y, sobre todo, que las partes construirán la solución de sus problemas ganando ambas con una solución real, afectiva, consecuente con su decisión e interés. Asimismo, se propone que la operación de los medios alternos de justicia debe quedar a cargo de profesionales debidamente capacitados para el restablecimiento de la comunicación entre las personas en conflicto, subrayando que los procesos mediadores se pueden llevar a cabo antes, durante o después de los procedimientos judiciales, como instrumentos de pacificación social y familiar más efectivos que los desgastantes y violentos procesos judiciales, estableciéndose la posibilidad de que los jueces suspendan los procedimientos para remitir a las partes al órgano de mediación, para lo cual los mediadores y conciliadores tendrán el carácter de auxiliares del Poder Judicial, correspondiendo al Consejo de la Judicatura velar por el correcto funcionamiento del centro. Por lo anteriormente expuesto, el suscrito, diputado Jaime del Conde, somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, del Código Federal de Procedimientos Penales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Solicito, señora Presidenta, que el documento de que en este momento hago entrega a esta Mesa Directiva sea el que se publique íntegramente en el Diario de los Debates, toda vez que el publicado hoy en la Gaceta Parlamentaria contiene errores de forma. Es cuanto, señora Presidenta.