El diputado Antonio Ortega Martínez: Con su permiso. Ajena a toda lógica y racionalidad, la mayoría pretende de un plumazo borrar los principios de libre mercado, competencia y concurrencia económica, así como el de la regulación asimétrica que están tutelados por nuestra Carta Magna, principios que tienen como finalidad limitar a los monopolios y, en el caso que nos ocupa, el dominante poder monopólico de la empresa productiva Petróleos Mexicanos. La concurrencia y la competencia son elementos constitutivos y premisas básicas de una economía de mercado dinámico, que asigna eficientemente los recursos escasos, en tanto que la presencia de monopolios públicos y privados o de prácticas monopólicas da lugar a modalidades de asignación de recursos que a su vez generan importantes costos sociales. Sin temor a equivocarme, se puede afirmar que una sociedad en donde rige una genuina competencia económica, esta contará con una vigorosa innovación y progresivo crecimiento de la masa de bienes y servicios productivos. Por el contrario, mantener los monopolios y las prácticas monopólicas permite perpetuar un sistema de privilegios que se mantiene sobre la base de ganancias extraordinarias, que el resto de los actores económicos pierde a través de mayores precios, reforzando así la concentración del ingreso. Desde el punto de vista jurídico el desatino es mayúsculo. A la mayoría no le importa que las recientes reformas a la Ley de Hidrocarburos se encuentren en litigio ya, en tribunales, a través de los múltiples amparos y controversias constitucionales. La mayoría es omisa al hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún no ha emitido posición final y ya se da una vuelta más a la tuerca, pues con este transitorio se pretende anular la esencia de la reforma energética en materia de hidrocarburos yvalidar el marco constitucional vigente que establece un régimen de competencia en la cadena de valor de los hidrocarburos que decidió alentar la libre competencia y concurrencia en un mercado dominado por un monopolio estatal. Con este dictamen, el actual gobierno está tratando de modificar reglas vitales para cambiar el sistema económico, de uno primordialmente con características de mercado, a uno con mayor intervención gubernamental. El autor de la iniciativa tramposamente afirma que en la Ley de Hidrocarburos no prevé ninguna medida de regulación asimétrica para ningún otro agente económico, pero olvida que la controvertida ley en realidad ha otorgado, como a ninguno de los secretarios o directores de las épocas monopólicas, un enorme poder discrecional a Rocío Nahle y a Manuel Bartlett como cancelar permisos, imponer barreras adicionales a viejos y nuevos permisionarios, expropiar, intervenir activos, extorsionar, asfixiar hasta la quiebra, bloquear o desplazar cualquier proyecto privado en desarrollo que considera ajeno o competitivo y no se alinee. Pero ni la ley ni este transitorio tienen un basamento constitucional y si en verdad insisten en esta aberración, pues cambien la Constitución. No hay argumento de la mayoría, solo escuchamos insultos, estigmatizaciones y generalizaciones de corrupción y en lugar de incentivos, amenazas de cancelación de los permisos de las gasolineras privadas para que no delincan ni especulen y se apropien del subsidio a la gasolina que otorga Hacienda. Sin embargo, el problema que padecemos en la actualidad, gasolina cara, no tiene nada que ver con los concesionarios, sino con los subsidios y la incompetencia de Pemex. La opinión que emitió la Cofece el pasado 8 de abril sobre la Ley de Hidrocarburos sigue conservando toda su actualidad y autoridad, a pesar de la soberbia e ignorancia de un legislador que la quiso demeritar como una consultora sin facultades legales. La Cofece tiene a su cargo prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y goza de autonomía para dictar sus resoluciones. Dichas observaciones se aplican totalmente al transitorio a debate. En particular, los conceptos sobre la afectación a la libre concurrencia y competencia, de que la naturaleza de un régimen de permisos no es limitar su número, sino únicamente someter la participación en una actividad a ciertos requisitos. Y sobre la integración del precio final, de venta al público de gasolinas y diésel, en las estaciones de servicio se refleja la suma de los costos de toda su cadena de valor. Es decir, en todas las etapas, de tal forma que concluye una barrera a la entrada, restricción de oferta en alguno o varios de los eslabones. Genera concentración de mercado a lo largo de la cadena de valor. Esto otorgaría poder de mercado a ciertos agentes, permitiéndoles incrementar su precio y su margen, generando una cadena de marginalizaciones, lo que afecta a los consumidores finales, que son las familias y las empresas mexicanas. El Grupo Parlamentario del PRD votará en contra de este dictamen. Esta reforma está condenada al fracaso, es un retroceso al pasado que erige a Pemex, en lugar de los consumidores, como la razón de ser y la finalidad de la industria petrolera. Gracias, presidenta.