La diputada Dora María Guadalupe Talamante Lemas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, como es de su conocimiento, el tema que más expectativas y opiniones controvertidas ha generado a lo largo de los últimos meses es sin duda la creación de la Ley del Servicio Profesional Docente. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza lo señaló desde el inicio de la discusión, garantizar el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad, no tiene por qué traducirse en una violación de los derechos adquiridos ni suponer acciones punitivas en contra de los maestros. No son los docentes quienes atienden desde el ámbito escolar la formación y el desarrollo de las niñas, los niños y jóvenes, por lo tanto, son los principales promotores del respeto y reconocimiento al derecho humano, a la educación de calidad, como base para el pleno ejercicio de las libertades fundamentales. La revaloración de la formación docente debe tener implícito el reconocimiento del papel fundamental de los maestros como actores preponderantes del sistema educativo, que involucra instituciones, autoridades, mecanismos. En fin, debe reconocer que el proceso que se inscribe en coordenadas socioeconómicas, que lo influyen, lo determinan y que desde ningún punto de vista se pueden evadir, como tampoco se puede eludir el hecho de que el progreso de la educación depende en gran parte de la formación inicial y continua del profesorado, así como de oportunidades de desarrollo profesional, las cualidades humanas, pedagógicas y vocacionales de cada maestra, de cada maestro en el aula, así como el acompañamiento y el apoyo de quienes atienden las funciones directivas y de supervisión. En el proyecto de decreto de esta ley se deben reconocer los derechos humanos, laborales, profesionales definidos en los tratados internacionales y ratificar expresamente la certeza jurídica que otorga el derecho laboral mexicano en concordancia con el compromiso asumido por el señor presidente de la República, el secretario de Educación Pública y las más numerosas fuerzas políticas representadas en esta Cámara. Solo así se dará cabal cumplimiento a la palabra empeñada y se sentarán las bases para garantizar que quienes dirigen el sistema educativo, los centros escolares, y de manera particular, quienes imparten conocimiento en el aula se incorporen al servicio debidamente formados, cuenten con oportunidades gratuitas, idóneas, pertinentes y certificadas de formación continua, actualización de conocimientos y desarrollo profesional que les permitan mantenerse acordes de las competencias profesionales necesarias. Es necesario que en el proyecto de decreto se reconozca también que la evaluación del desempeño docente significa ir más allá de la valoración del liderazgo pedagógico de los profesores en el aula. Tendría que llevar implícita la magnitud de otorgar el servicio educativo a un nuevo marco de corresponsabilidad federalista. Por ello, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza estaremos atentos a la revisión del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal que propone el Ejecutivo federal. Deberá atender, además de revisión de la fórmula, que garantice ejercer los recursos con criterios de equidad. Es impostergable definir la distribución de las responsabilidades y financiamiento para garantizar el derecho humano a la educación pública de calidad que involucra, claro, los adeudos que existen con los gobiernos de los estados. Las adecuaciones necesarias con las que se atenderán las nuevas responsabilidades que se derivan de la evaluación obligatoria y la necesaria desincorporación de los recursos destinados a las escuelas normales y a la Universidad Pedagógica Nacional, para transparentar y fortalecer los que se asignan a la formación y al desarrollo profesional docente, directivo y de supervisión. La contribución educativa de las maestras y los maestros de México está históricamente acreditada en los hechos. Con claridad han sido partícipes de manera individual y colectiva, de la más importante transformación de este país. Compañeras y compañeros diputados, la reforma educativa será letra muerta si las medidas que se ponen para elevar la calidad de los servicios educativos no incluye decisiones firmes y el presupuesto necesario para responder a las altas expectativas que se han generado. Garantizar la gratuidad de la educación pública significa que cada escuela cuente con la infraestructura, el equipamiento, los materiales y los recursos económicos para su sostenimiento cotidiano, en condiciones de seguridad, salud e idoneidad con los objetivos que nos proponemos alcanzar. Que nadie se confunda, las maestras y los maestros no están en contra de la evaluación, mucho menos le temen, porque han sido los primeros en proponerla, por vocación realizan un esfuerzo extraordinario para mejorar cotidianamente los logros educativos de sus alumnos en las escuelas, más allá de la obtención de los estímulos económicos, profesionales e individuales que contribuyan a mejorar su calidad de vida de sus familias. Están aún pendientes de concretarse las acciones que permitan que se haga realidad en todas las regiones, y sobre todo con los más pobres, una escuela que garantice a las niñas, los niños y los jóvenes su derecho al conocimiento, al asenso social y a una vida digna. Por congruencia y compromiso, por deber moral con la sociedad mexicana, las diputadas y los diputados de Nueva Alianza asumimos la responsabilidad de dotar de contenidos legislativos a la reforma educativa. No tenemos la menor duda que esta ley representa un enorme reto a la disposición transformadora de gobernantes, liderazgos, partidos políticos y legisladores, a la capacidad del Congreso de la Unión, para encarnar real y efectivamente la representación nacional de velar por que sean plenamente respetados los derechos humanos, laborales y profesionales de las maestras y de los maestros de México. Es cuanto, señor presidente.