La diputada Laura Arizmendi Campos: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. De la revisión de la Cuenta Pública 2010 se desprenden varios aspectos que deben llamar nuestra atención y servir de base para instrumentar acciones urgentes que reviertan muchas de las tendencias seguidas hasta ahora, las cuales nos colocan ante un futuro nada promisorio. Uno de los aspectos a los que nos referiremos es el incremento en poco más de 42 por ciento de la deuda de los estados respecto a 2008. Nuestro Grupo Parlamentario ha señalado los riesgos que representa el crecimiento de la deuda subnacional, por lo que presentó ante esta soberanía una iniciativa de ley para fortalecer la transparencia y la fiscalización de los créditos contratados por entidades federativas y municipios. Contratados por municipios que han endeudado, como en el caso de Guerrero, solamente Acapulco por cerca de mil millones de pesos. En el informe de resultados de 2010, la Auditoría Superior de la Federación apuntala la necesidad de transparentar la deuda pública local y el resto de los pasivos financieros. Sin embargo, la deuda subnacional es sólo uno de los componentes potencialmente riesgoso de una ecuación a la que se suman los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, IPAB, y el endeudamiento avalado por el gobierno federal, los famosos Pidiregas y los pasivos de los sistemas de pensiones frente a un sistema fiscal que recauda poco y mal. Que mantiene una alta dependencia de los ingresos petroleros y que compensa los déficit presupuestales con endeudamiento. De persistir los actuales esquemas de recaudación y de gasto, estaremos abonando a crear las condiciones para que se genere nuevamente un clima de inestabilidad que nos colocaría en el umbral de una nueva y fuerte crisis financiera. Otro tema de especial interés para nuestro grupo parlamentario, es el referente al sector agropecuario, por las implicaciones que nuestra creciente dependencia alimentaria que el exterior tiene para la seguridad nacional. Los precios de los alimentos seguirán a la alza durante los próximos años, con lo que se verá afectado el poder adquisitivo de la población, en especial de la que vive en condiciones de pobreza, y a si a ello le sumamos que entre 2008 y 2010 se incrementó en términos absolutos el número de personas en estado especial de pobreza, que las importaciones de productos básicos continúan a la alza y que los efectos del cambio climático mantendrán sus efectos negativos sobre las tierras de cultivo, nos estamos enfrentando a un escenario potencialmente riesgoso. Movimiento Ciudadano ha denunciado que el modelo que actualmente se aplica al sector primario es regresivo, pues tiende a favorecer a los agricultores y a las entidades más ricas del país, cuyos productos están destinados al mercado externo. En este tema hemos formulado una iniciativa para la creación de una Ley de Seguridad Alimentaria. Sobre las revisiones de los fondos para el campo, las revelaciones de la Auditoría Superior de la Federación en cuanto a las irregularidades en los recursos otorgados a diversas organizaciones sociales, las cuales no han podido comprobar la prestación de servicios por los que se les destinaron recursos federales, muestran las debilidades de nuestros sistema de rendición de cuentas. Por otro lado, es de llamar la atención que en los gastos realizados con motivo de la conmemoración de las fiestas del bicentenario, de acuerdo con la cuenta pública 2010, no existió una planeación ni una programación adecuada de las actividades y los recursos destinados para ello no se administraron, ni con eficiencia ni eficacia ni economía. Además, las adjudicaciones se hicieron por regla general de manera directa, y ya lo vimos en la presentación del grupo parlamentario anterior, del Partido Verde, indirecta hasta en cinco veces. De forma particular, resulta lamentable la actuación del gobierno federal ante el proyecto Estela de Luz, por lo que apoyamos la recomendación hecha por la Auditoría Superior de la Federación para que no se realice el finiquito por la construcción del monumento, en tanto no se esclarezca la totalidad de las observaciones formuladas por el órgano fiscalizador. Nos llama la atención que en un país con el nivel de rezago educativo que tiene el nuestro, que el ramo de educación pública se encuentre entre las entidades con el menor grado de cumplimiento en las metas de sus indicadores, con 19.6 por ciento tan sólo respecto del total. Citaremos como ejemplo el caso del Programa Enciclomedia, que a siete años de haber iniciado operaciones continúa con deficientes mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los bienes y servicios contratados para su operación. De acuerdo con la cuenta pública 2010, la Secretaría de Educación Pública no acreditó la aplicación de penalidades a los prestadores de servicios que excedieron los tiempos máximos de tolerancia para reponer las aulas que sufrieron daños o robos. En cuanto a los subejercicios y economías, hace falta transparentar las operaciones presupuestarias que resultan de su reasignación, pues no se tiene evidencia sobre los criterios empleados en la distribución de aproximadamente 35 por ciento de los pocos más de 2 mil 631 millones de pesos destinados para la atención de contingencias por desastres naturales. En el caso de las observaciones formuladas a la Comisión Nacional del Agua, nos interesa detenernos en las irregularidades detectadas en torno a la realización del plan hídrico integral de Tabasco, el cual debería estar concluido este año, en beneficio de poco más de 670 mil habitantes y una superficie de 46 mil hectáreas. El dictamen emitido por el órgano fiscalizador resultó negativo, toda vez que la Conagua no diseñó ni implementó el Plan Hídrico Integral de Tabasco de conformidad con la normatividad establecida, éste solo dato debe llamar la atención, que no es el único, pues ante la falta de un documento técnico integrador sobre las acciones y las metas del mencionado plan, crece la vulnerabilidad de Tabasco ante fenómenos hidrometeorológicos. Como puede apreciarse, la Cuenta Pública es un documento de gran utilidad para observar que metas expresadas en programas y subprogramas autorizados no han sido alcanzadas, y las razones que subyacen tras esa condición de atraso. Así lo hemos entendido en Movimiento Ciudadano, por lo que continuaremos dando seguimiento a todos aquellos asuntos detectados por la Auditoría Superior de la Federación, que por su importancia ponen en riesgo el adecuado funcionamiento de la nación. Es nuestra obligación constitucional hacerlo, así como proponer acciones cristalizadas en iniciativa de ley, que esperamos que ustedes compañeros las acepten, para transformar el estado de las cosas de México. Es cuanto, señor presidente.