El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a la LX Legislatura del Congreso de la Unión. Con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, al tenor de la siguiente: Exposición de motivos El artículo 31, fracción IV de nuestra Ley Suprema, establece que es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos; así de la Federación como del Distrito Federal o del estado o municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Esta disposición juega un papel muy importante en el derecho tributario mexicano, ya que el mandato constitucional establece la exigencia de que las contribuciones que se impongan solamente se harán por medio de una ley, la cual se traduce en el principio de legalidad en materia tributaria. Con base al principio de legalidad tributaria, es necesaria una ley formal para el establecimiento de los tributos, lo que satisface la exigencia de que sean los propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas fiscales que deben soportar; así como que el contribuyente pueda conocer con suficiente precisión el alcance de sus obligaciones fiscales, de manera que no quede margen a la arbitrariedad. En el principio de división de Poderes, el acto legislativo es la facultad del Congreso de la Unión, razón por la cual sólo él podrá emitir leyes en sentido formal y material. Sin embargo, nuestro sistema constitucional prevé dos excepciones al principio general: cuando se trate de situaciones de emergencia que pongan en grave peligro la seguridad del país, y cuando el Ejecutivo sea autorizado por el Legislativo para dictar leyes a fin de regular la economía del país y el comercio exterior. En estos casos el Ejecutivo podrá ejercer facultades legislativas emitiendo los llamados "decretos ley", que son formalmente decretos del Ejecutivo y materialmente normas jurídicas generales, impersonales y abstractas. En este contexto también se enmarca la llamada "miscelánea fiscal", la cual aunada a los reglamentos administrativos, la jurisprudencia, los tratados internacionales, los principios generales de derecho, la doctrina, la costumbre, los tratados internacionales, es fuente formal del derecho tributario, toda vez que son reglas de carácter general que derivan del mandato del Legislativo sin estar previstas en la Constitución, pero sí en el Código Fiscal. Tenemos que el legislador ordinario, a través de la ley ha facultado a la autoridad administrativa en los artículos 33, fracción I, inciso g); 35 y 39 del Código Fiscal de la Federación a emitir documentos, prescripciones, normas o disposiciones, ya sean generales o particulares que involucren obligaciones que incumplidas generen infracciones sancionadas por leyes, reglamentos o cualquier otra disposición, existiendo el principio legal de que las prescripciones, normas, reglas o disposiciones generales no podrán transgredir el principio de legalidad tributaria, los elementos esenciales de las contribuciones, así como tampoco establecer disposiciones que incrementen obligación tributaria de los contribuyentes y únicamente derivarán derechos de los mismos cuando se publique en el Diario Oficial de la Federación. Por otra parte, el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación establece los supuestos normativos sobre los cuales el Ejecutivo federal emite las reglas de carácter general en materia fiscal, las cuales se clasifican en tres tipos: de emergencia, administración e incentivadoras fiscales. Estas últimas exceden el principio de legalidad porque el uso de estas facultades es discrecional y puede originar una situación de ventaja entre un contribuyente de igual capacidad contributiva a otro, otorgándosele un incentivo fiscal bajo el amparo de fines extrafiscales. La administración tributaria cuenta con más facultades discrecionales para interpretar y aplicar la norma tributaria. Lo anterior es así en virtud de que la fracción III del articulo 14 de la Ley del Servicio de Administración Tributaria en relación con el artículo 33 fracción IV, inciso g); y 144 de la ley Aduanera faculta al presidente del SAT a expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera. Dado que no hay una claridad en las disposiciones fiscales al definir cuál es el carácter propio de estas supuestas reglas de carácter general, pueden ser malinterpretadas, como actualmente sucede por las autoridades fiscales y el mismo Poder Legislativo. Actualmente la baja recaudación fiscal se explica por varios factores que continúan presentes, como las amplias exenciones fiscales, la excesiva dependencia de los ingresos petroleros, los altos niveles de evasión, elusión fiscal, las fallas administrativas, ineficiencias institucionales, lagunas legales, expansión creciente de la economía informal, la deficiente cantidad y calidad en la provisión de bienes y servicios públicos, y por último, los factores políticos. Por ello resulta indispensable que el Congreso de la Unión legisle en la materia estableciendo los alcances y los límites de la miscelánea fiscal. El principio de seguridad jurídica en relación con la emisión de la misma, debe manifestarse en su doble aspecto: certeza en la aplicación del derecho y la eliminación de la arbitrariedad de la autoridad. Por ello se propone que sólo se puedan emitir dos modificaciones a las resoluciones de miscelánea fiscal al año para eliminar la inseguridad jurídica para el contribuyente, ya que anualmente en promedio se publican 50 resoluciones misceláneas. Asimismo se plantea eliminar la facultad del Ejecutivo federal para que pueda determinar o autorizar regímenes fiscales de manera individual o grupal y que pueda conceder subsidios o estímulos fiscales sólo cuando lo disponga expresamente la Ley de Ingresos de la Federación. Por lo anteriormente expuesto se propone lo siguiente: Artículo primero. Se reforma el artículo 33, fracción I, inciso g); el 36 Bis y 39, fracción III, del Código Fiscal de la Federación en los términos que está planteado en la iniciativa, misma que fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y por lo tanto le pido, diputado Presidente, que en obvio de tiempo se inserte esta iniciativa tal como fue publicada en la Gaceta, en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado.