El diputado Hugo Eric Flores Cervantes: Sin perjuicio de reanudar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. En concordancia con el citado artículo, la obligación legal de la Sección Instructora es en primera instancia analizar minuciosamente si la admisión de la solicitud es procedente o no. Para ello debe cumplirse con los requisitos de admisibilidad previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por cierto, hay que decir que hoy trabajamos con una legislación obsoleta que data de inicios de 1980. Del contenido de dichos artículos se desprende que para proceder penalmente en contra de un servidor público se deberán satisfacer los siguientes requisitos: 1. Que se trata de un servidor público previsto por el primer párrafo del artículo 111 constitucional, 2. Que se debe a la comisión de un delito durante el tiempo de su encargo, 3. Que el delito se cometa durante el tiempo en que el servidor público no se encuentre separado del cargo, 4. Que el servidor público ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo de los enumerados por el artículo 111, 5. Que el delito no haya prescrito, 6. Que se presente denuncia o querella por particulares o requerimiento del Ministerio Público, y 7. Que se hayan cumplido los requisitos respectivos para el ejercicio de la acción penal. Referente a este último requisito es importante señalar que el acuerdo que se pone a consideración de este pleno contiene diversos criterios de jurisprudencia, que fundamentan el contenido de la carpeta de investigación, que no fue debidamente integrada. Asimismo, se expone ampliamente que la carpeta carece de investigación técnica y profesional, bajo los principios de lealtad y objetividad, pues no se apegó al protocolo del Ministerio Público para la investigación de delitos sexuales en perspectiva de género del estado de Morelos, que entre otras cosas señala que el Ministerio Público tiene el deber de aplicar la perspectiva de género en cada una de sus diligencias ministeriales, tendientes a recabar pruebas, dictar medidas, realizar diligencias y, de manera muy especial, en los pedimentos de los dictámenes periciales y en la valoración que de ellos se hagan para presentarlos a la autoridad jurisdiccional, con respaldo científico de la acusación, así como los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los estándares del derecho convencional. En consecuencia, y de acuerdo con la carpeta de investigación, no existen datos de prueba que permitan a esta Sección Instructora proponer retirar la inmunidad constitucional. Lo anterior, debe señalarse, dado que en la carpeta de investigación únicamente se aprecia que la institución ministerial recibió la denuncia, realizó su ratificación; sin embargo, no se realizaron las diligencias pertinentes e idóneas para acreditar el hecho delictuoso y la presunta responsabilidad. Nos referimos a la técnica pericial para recabar mayores datos de prueba, a un informe detallado del lugar de los hechos, la intervención de un perito en materia criminalística, la inspección ocular del lugar donde presuntamente se cometió el delito. Así como tampoco se observa ningún otro dato de investigación para acreditar la conducta, y que era responsabilidad única y exclusiva del Ministerio Público a cargo de la investigación. Lo único con lo que cuenta la carpeta son dos dictámenes periciales en psicología, que resultan contradictorios, ya que en uno de ellos señala en sus conclusiones que la víctima no presenta un daño psicológico como consecuencia de un delito de carácter sexual. Y, el segundo, con dos meses posteriores al primero...