La diputada Adriana Rodríguez Vizcarra Velázquez: Compañeras y compañeros legisladores. A nombre de los integrantes de la Comisión de Economía, acudo a esta alta tribuna para poner a su consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. El objetivo general de la política de protección al consumidor es evitar que los consumidores celebren transacciones desventajosas. Usualmente ese objetivo se trató de conseguir mediante la aplicación de medidas dominadoras y hasta represivas; sin embargo, factores de diversa índole como la pluralidad, el diálogo y el entendimiento han orientado esa política hacia un enfoque preventivo más saludable para los factores económicos que participan en una relación de consumo. El presente dictamen se origina desde el 14 de marzo del 2005, fecha en la que se presentó en esta soberanía la iniciativa que suscribieron los ciudadanos diputados Francisco Arroyo Vieyra y Eduardo Alonso Bailey Elizondo, dictaminada y aprobada el 14 de diciembre del 2005 y el 26 de abril del 2007 en el Senado de la República, pasando al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Posteriormente, el 3 de septiembre del 2007, el ciudadano presidente de la república remite a esta soberanía observaciones al decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, apoyándose, entre otros elementos, en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe mencionar que el Ejecutivo coincidió en parte con el decreto aprobado. Posteriormente, el pasado 24 de septiembre del 2008, la Comisión de Economía, después de un ejercicio de intenso análisis dictaminó y aprobó el dictamen que hoy se somete a su consideración, en el cual se coincidió con las observaciones planteadas por el titular del Poder Ejecutivo federal y se modificó el proyecto extendiendo la protección legal a los consumidores, principalmente en lo que respecta a quienes adquieran bienes inmuebles, puesto que en muchas ocasiones se trata del bien con mayor valor dentro del patrimonio de los mexicanos. Lo anterior coincidiendo y salvaguardando las conquistas obtenidas con la reforma integral de la Ley Federal de Protección al Consumidor de 2004. En la Comisión de Economía estamos convencidos de que el diseño de una política de protección al consumidor debe atender las transformaciones de la economía global de mercado y sus repercusiones específicas en nuestro país para incidir adecuadamente sobre el escenario en el cual se efectúa la operación de consumo, procurando corregir las fallas que genere el mercado. Entre las más importantes características de este dictamen está lo referente a las medidas cautelares, es decir, aquéllas de carácter preventivo y que tienen como finalidad evitar que se cause daño a un bien jurídico considerado de importancia para una colectividad de consumidores. Se elimina la posibilidad de que el proveedor pueda evadirse de sus responsabilidades cuando no entregue el inmueble en el plazo pactado. Se aclaran las garantías para el consumidor en la adquisición de vivienda, respetando su opción a la restitución de su dinero o que se le otorgue otro inmueble. Se armonizan las sanciones del decreto con las contenidas en el resto de la ley. Los integrantes de la Comisión de Economía hemos considerado que el decreto en su conjunto fue fortalecido y enriquecido para no despojarle de sus virtudes a la reforma integral de 2004 que produjo cambios valiosos en materia de protección a los consumidores, incorporando temas que ahora vuelven a revisarse en el texto aprobado, cuidando que no se vean afectados aquellos beneficios conquistados. Es por lo anterior que los diputados integrantes de la comisión dictaminadora los invitamos a optimizar el marco jurídico nacional en aras de la protección de los consumidores. Es cuanto, señor presidente.