El diputado Manuel Portilla Diéguez: Con su permiso, diputado Presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o., establece el derecho a recibir educación gratuita y laica. Asimismo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación y deberá ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La educación es el motor del desarrollo de cualquier país, debido a que incrementa la calidad de vida de la población al momento de obtener una mejora del ingreso por el pago de un trabajo calificado, ya sea técnico o profesional. En las comunidades rurales y marginadas contribuye a eliminar el rezago educativo y el acceso a mejores fuentes de empleo. Asimismo, la educación desde temprana edad fomenta la sana competencia entre los estudiantes hasta el momento de su incursión en la vida laboral. Un mayor nivel educativo influye en el comportamiento social, debido a que fomenta y refuerza el civismo, la democracia, la equidad de género y contribuye a disminuir las tasas de delincuencia y corrupción. La formación de los estudiantes desde la educación básica debe ir de acuerdo con las necesidades que exige el mercado laboral de cada región, aunado a la creación de nuevas carreras técnicas y profesionales que desahoguen la sobresaturación en las licenciaturas como derecho, administración de empresas, psicología y contaduría, entre otras. Por ende, para combatir el rezago educativo no basta con tener una amplia red de cobertura, sino incrementar la calidad de la educación para agilizar el desarrollo del país. Existe una gran concentración de nichos educativos en muy pocas ciudades y municipios del país, provocando el incremento de la brecha educativa entre estados y regiones, aunado a la desigualdad en el acceso a recibir educación de calidad. En ese sentido, no cabe duda que la educación es un tema fundamental para el desarrollo del país y cuando por alguna circunstancia se violenta temporal o definitivamente la garantía constitucional relativa al derecho a la educación, por una parte se propicia una deficiencia en los estudiantes. Lo que sin duda, a largo plazo, se verá reflejado en el acceso a la planta laboral con un salario bajo. Toda vez que no cuentan con los conocimientos necesarios que le permitan competir en un mercado laboral altamente demandante. Lamentablemente, en nuestro país hemos sido testigos de circunstancias que aun sin proponérselo han violentado la garantía educacional consagrada en el artículo 3o. constitucional. Por ejemplo, con el ausentismo de personal y las constantes huelgas en las escuelas, aun cuando la fracción X del apartado B del artículo 123 de nuestra Carta Magna dice que los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, así como hacer uso del derecho de huelga. Por tanto, no podemos ignorar que este derecho constitucional, de asociarse en defensa de sus intereses comunes, ha sido utilizado en detrimento de los alumnos que ven cancelada la impartición de las clases. Del mismo modo, la forma en que se ha manejado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ha provocado corrupción dentro de la organización y ha reflejado en la sociedad misma el poco nivel educativo con el que cuenta nuestro país, dejando a un lado el objetivo primordial que es el de la educación de los alumnos. Al respecto, es importante aclarar que no nos oponemos al derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes, pero no tolerar por ello que se afecte el futuro de los niños y jóvenes que representan el progreso de este país. Por tanto, se busca a través de la presente iniciativa de reforma erradicar la impunidad en los centros de enseñanza por parte de algunos trabajadores de la educación. Debido a que lo establecido actualmente en la Ley General de Educación, en el último párrafo del artículo 75, cobija y entorpece la aplicación de sanciones e infracciones a elementos que no cumplan con sus obligaciones laborales. Por tanto, para combatir la impunidad, actos de corrupción, ausentismo injustificado, falta de transparencia, negación a sistemas de evaluación, entre otros, es necesario el cumplimiento de la Ley General de Educación, a través de la aplicación de un sistema de sanciones e infracciones que sea justo y equitativo, en donde se pueda corregir a los que prestan servicios educativos sin excepción, dando como resultado una mayor eficiencia de calidad del personal que imparte educación en las escuelas del país. Es cuanto, diputado Presidente.