El diputado Jesús Sesma Suárez: Compañeras y compañeros diputados, como todos sabemos el sistema de propiedad industrial es un conjunto de leyes, reglamentos, decretos y ordenamientos administrativos que la autoridad en la materia aplica con el propósito de proteger las invenciones e innovaciones, indicaciones comerciales a través de las patentes, registros de modelos de utilidad, diseños industriales como son los dibujos y los modelos, así como los esquemas de trazado de circuitos integrados, serán registrados y estarán protegidos en términos del Título Quinto Bis de la Ley de la Propiedad Industrial, registro de marcas, avisos comerciales y publicaciones de nombres comerciales, incluidas las denominaciones de origen. La propiedad industrial es el derecho exclusivo que otorga el Estado para usar o explotar en forma industrial y comercial las invenciones o innovaciones de aplicación industrial o indicaciones comerciales que realizan individuos o empresas para distinguir sus productos o servicios ante la clientela en el mercado. Este derecho confiere a su titular la facultad de excluir a otros del uso o explotación comercial de su propiedad si no cuenta con su autorización. La protección en nuestro país sólo es válida en el territorio nacional; su duración depende de la figura jurídica para la cual se solicita su protección. La propiedad industrial es uno de los elementos esenciales de influencia en el impulso de la tecnología, el desarrollo y la innovación que refleja el esfuerzo de modernización de las empresas y la competitividad de la economía de un país. La propiedad industrial aúna un conjunto de derechos exclusivos que protegen tanto la actividad innovadora manifestada en nuevos productos, procedimientos o diseños como la actividad mercantil, mediante la identificación en exclusiva de productos y servicios ofrecidos en el mercado. Estos derechos, que se articulan con la libertad del comercio y de la industria, tienen un fundamento ético ya que los creadores deben ver reconocida y protegida su calidad de autor y recibir por ello el reconocimiento moral y material, y un fundamento económico dado que garantizan la exclusividad y aseguran la lealtad en las relaciones industriales y comerciales. Es, pues, un factor de desarrollo y de progreso. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en la materia, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tiene como principal objetivo promover las actividades económicas del país al proteger los derechos de propiedad industrial en materia de signos distintivos, en contra de presuntas infracciones, teniendo la obligación de recibir y tramitar las soluciones relativas a patentes y registros, y atender las solicitudes de servicios directamente, entre otras consignadas en el ordenamiento aplicable. Una de las principales tareas de promoción del IMPI se basa en la capacitación de recursos humanos, que consiste en fomentar entre las personas, empresas e instituciones de investigación, el conocimiento y el alcance de esta protección para incentivar la creatividad, las invenciones y signos distintivos en beneficio de la actividad industrial y comercial. Es por esto que el IMPI desde su creación, el 10 de diciembre de 1993, constituye un factor importante para el desarrollo económico y tecnológico de México, en su carácter de órgano público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Desde su creación, el Instituto se ha enfrentado a grandes retos, como la insuficiencia del personal para atender el número de solicitudes que se presentan, la homogeneización de los criterios para la realización de los dictámenes de viabilidad del registro de marcas, la capacitación de los abogados en materia de propiedad industrial, la facilitación de las consultas de los expedientes y/o trámites administrativos y que las delegaciones del IMPI resuelvan directamente las solicitudes del registro. Además, cabe resaltar que desde su creación el IMPI ha estado a cargo de un solo director, sí, un director general, por lo que para superar esta situación se propone que el director general del IMPI sea nombrado por el Ejecutivo federal, pero con ratificación de dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores, con el fin de que el IMPI cuente con normas de información transparente y rendición pública de cuentas. Además, se propone que el nombramiento sea por un periodo máximo de cinco años, pudiéndose reelegir por un periodo de cinco años más. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el presente. Decreto mediante el cual se reforma el artículo 7 Bis, primero, de la Ley Federal de Propiedad Industrial. Artículo único. Se reforma el artículo 7 Bis de la Ley Federal de Propiedad Industrial, para que quede de la siguiente manera: El director general es el representante legal del instituto y es designado a propuesta del Ejecutivo federal y aprobado por las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Senadores y, en sus recesos, por la misma proporción de integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, por un periodo máximo de cinco años, pudiéndose extender en el cargo por cinco años más. Transitorios Primero. El Ejecutivo federal deberá enviar a la Cámara de Senadores su propuesta de director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, dentro de los 90 días posteriores a la entrada en vigor del presente decreto. Segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por su atención.