La diputada Graciela Saldaña Fraire: Un estado dominado por el PRI en el que se ha legalizado el rebase de tope de campañas en un 10 por ciento diputados y ayuntamientos el 15 por ciento y gobernador como se ha dicho. Éste es el caso, diputadas y diputados, como es el grupo de Hidalgo, que quiere imponer a nivel nacional en los ámbitos federal y local, norma con la que se han eternizado en el poder al no poder anular elecciones en dicho estado por el derroche de dinero y recursos que se cometen ahora. En el apoyo del PAN buscan imponer su modelo en todo el país. Ese modelo, si bien formalmente no es inconstitucional, sí es profundamente irracional y profundamente inequitativo violentando el principio constitucional de las elecciones que deben ser auténticas, ya que propicia que quien rebase los topes de campaña tenga un margen de rebase, y quien los rebase en exceso y obtenga una ventaja mayor del cinco por ciento, quede total y completamente impune. Eso lo pueden checar en el artículo 41 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral. Por lo anterior, la propuesta de modificación va en el sentido de que no se toleren violaciones a la ley y en todos los casos en que se susciten irregularidades éstas puedan ser causa de nulidad, lo que decididamente inhibirá las conductas ilícitas de los actores en los procesos electorales, sino que sólo el hecho de cometer violaciones graves y dolosas, daría acción a todos los interesados para pedir la nulidad de elección. Voy a eliminar el artículo 116, ya que también ya fue comentado y últimamente comento lo que es el artículo 41, fracción II, inciso C), segundo párrafo; 116, fracción IV, inciso H), respecto al rebase del límite del 10 por ciento sobre la representación, ya que establece la eliminación del límite anual del financiamiento privado del 10 por ciento del tope de gasto establecido para la última campaña presidencial para el ámbito federal, y de gobernador en el ámbito local. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su tesis con clave de identificación P/J12-/20110 y cuyo título es Financiamiento público, el principio de preeminencia de este tipo de financiamiento sobre el privado es aplicable tanto en el ámbito federal como el estatal, y señala que la razón fundamental de establecer la preeminencia de financiamiento público sobre el privado, se sustenta en la preocupación social de qué intereses ilegales o ilegítimos a través del dinero puedan influir en la vida de los partidos y en curso de las campañas electorales. Por lo cual en la reforma constitucional mencionada, en primer lugar se estableció un nuevo modelo de comunicación entre los partidos políticos y la sociedad basado en diversos ejes, entre ellos el relativo al nuevo esquema de financiamiento público y privado destinado a los partidos políticos. De ahí que se diga que la reforma en lo fundamental no está creando un nuevo modelo de financiamiento ni de comunicación política como en 2007 y por lo tanto la eliminación de este límite en combinación con las causas de nulidad aprobadas, son bastante, son básicamente la forma perfecta para crear las condiciones de impunidad que se requieren para que el dinero y no la política, sean las que incidan en las elecciones. Es por eso que se propone se restituyan los límites del 10 por ciento de financiamiento privado total y se garantice con eso prevalencia al financiamiento público sobre el privado. Concluyo, señor presidente. Peña Nieto y sus aliados están legítimamente, a través de estas reformas, la impunidad con la que llegaron al poder, no debemos permitirlo, diputadas y diputados, y acompañarlos ni perredistas ni priistas. Debemos garantizar elecciones auténticas y libres. El octavo transitorio, el artículo octavo transitorio establece una contradicción con lo señalado en el artículo 41, fracción XXV que establece que el INE estará a cargo en las elecciones federales y locales de la capacitación, lo que implica un doble gasto, un uso de la doble estructura ocurriendo lo mismo con respecto a la ubicación de las casillas y designación. Prevalecer el texto constitucional por encima del texto del transitorio, es por ello que por simple técnica jurídica y para dar claridad al INE, es que se solicita sea derogado. Muchísimas gracias, señor presidente, diputadas y diputados.