El senador Roberto Gil Zuarth: Con su permiso, señor presidente. Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, vengo a esta tribuna con sentido de honor, no solamente a respaldar la propuesta que ha hecho el diputado Ricardo Monreal, de que se realice una profunda investigación a cargo de una comisión plural de diputados, en torno a las imputaciones que recientemente se han hecho en los medios de comunicación. Desde temprana hora, desde el primer momento en que esas imputaciones fueron realizadas, todas ellas sin ningún elemento probatorio que me incriminase o me involucrara, he salido a dar la cara, a dar paso a cada una de estas acusaciones. Y precisamente por eso vengo hoy a esta tribuna, al Congreso al que pertenezco, no solamente a respaldar esas investigaciones, sino a someterme a las investigaciones que este Congreso determine. Precisamente por eso haré entrega, en este momento, al Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, de un oficio, una carta de autorización, para que el Congreso, cualquiera de sus comisiones que realice una investigación, tenga pleno acceso a mis cuentas bancarias y que no sea oponible ninguno de los secretos que ampara a una persona ni el secreto fiduciario ni el secretario bancario ni el secreto fiscal. Pongo a disposición esta autorización, para que la Comisión Permanente acuerde lo conducente. No solamente es necesario que se aclaren esas imputaciones, sino también que se prueben esas imputaciones. La única manera de que la verdad salga a flote, es que las autoridades que tienen facultades para investigar lo hagan. No solamente he planteado una demanda por daño moral contra la persona que me ha acusado sin pruebas, para que acuda ante un juez y las presente y acredite cada uno de sus dichos. Hoy vengo a solicitar a esta Comisión Permanente, que la comisión de investigación que se quiera formar, tome conocimiento y asuma como objeto las imputaciones que personalmente se me han hecho, y no solamente eso, en el momento en el que sea yo señalado en alguna investigación por una autoridad distinta al Congreso, ministerial o administrativa, no me escudaré en el fuero para enfrentar esas acusaciones. Pero creo que lo que ha surgido en los últimos días debe llamarnos a una reflexión mayor. Debemos investigar, con total profundidad y claridad, el estado que guarda la industria del juego con azar en nuestro país, no solamente los supuestos permisos que se otorgaron en último momento o los que se generaron en administraciones recientes. Es necesario revisar la regularidad jurídica de cada uno de los permisos que hoy están vigentes en nuestro país. Los que se otorgaron antes y los que se otorgaron durante las administraciones recientes, saber quiénes son los propietarios, quienes son los operadores, cuáles son las redes de protección política que tengan y también si alguno de esos permisos fue producto de algún acto de corrupción. Debemos revisar, con total profundidad, desde el Congreso mexicano, cada uno de estos permisos, desde Baja California hasta Quintana Roo, sin ninguna excepción y sin ninguna excusa, y sólo a partir de esa investigación tendremos entonces ocasión como Congreso y también como autoridad del gobierno de la república, para poder modificar y definir las reglas a las que se va a someter esa actividad económica, que por supuesto, por su relevancia e implicaciones, está sujeta a controles públicos. En consecuencia, la investigación tiene que ser profunda sobre el estado que guarda esa industria desde sus orígenes, su evolución y su estado actual. Todos y cada uno de los permisos tienen que ser revisados con total profundidad. Difiero de que el único problema que tenemos que resolver y exhortar es que la Suprema Corte de Justicia resuelva la modificación al Reglamento realizada en el mes de agosto. La bancada de Acción Nacional en la Cámara de Diputados respaldó la interposición de la controversia constitucional, porque no tenemos ningún motivo para evadir que ese juicio constitucional se haga sobre ese Reglamento. Pero la solución de fondo, dado el nivel de preocupación que existe en nuestro país sobre la forma de operación de los casinos y los juegos con azar, la verdadera solución de fondo es que se suspenda la vigencia del Reglamento de la Ley de Juegos y Sorteos. De manera tal que no haya posibilidad procedimental alguna para que se otorgue un nuevo permiso o se abra un nuevo establecimiento. El exhorto de la Comisión Permanente debe ser, declarar una moratoria a la vigencia del Reglamento de Juegos y Sorteos hasta determinar el estado actual de esa industria y que el Congreso decida las reglas a las que vamos a someter ese mercado. Concluyo, señor presidente, diciendo, estoy cierto, confiado porque la verdad saldrá a flote. No me he escondido ni me esconderé nunca frente a ninguna imputación. Puedo ver de frente a mis compañeros y puedo asumir con honor mi responsabilidad de legislador. En las manos de este Congreso está el resultado de las investigaciones pero también la exigencia a quienes han hecho imputaciones, sin probarlas, a que demuestren cada uno de sus dichos. Muchas gracias, señor presidente.