La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Gracias, presidente. Diputadas, diputados, en sesión celebrada por la Cámara de Diputados, del honorable Congreso de la Unión, con fecha 22 de febrero de 2011, se dio cuenta con la minuta en estudio, mediante el cual la Cámara de Senadores reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esa misma fecha y después del análisis a la minuta, remitida por la Cámara de Senadores, las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública consideraron procedentes y adecuadas la reforma y adición a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria, como les decía, de la fracción XXI del artículo 73. Estas reformas sin duda darán certeza jurídica al gobernado y obligarán a las autoridades encargadas de aplicarlas, a respetar la garantía de exacta aplicación de la ley. El acatamiento a la seguridad jurídica no debe soslayarse de ninguna manera por las leyes emanadas del Congreso de la Unión, deben de estar redactadas de forma clara, precisa y exacta, en atención a la citada garantía que instituye la prohibición de imponer penas que no estén establecidas por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate, provisión que es reconocida por el principio de derecho penal nula pena sine leye. De los antecedentes relatados en el contenido de la minuta que se estudió, se advierte que en el proceso legislativo se omitieron disposiciones en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, que tienen que ver con la claridad, precisión y exactitud de la norma, con la finalidad de no violar la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, crea incertidumbre la aplicación de la pena y por consiguiente, transgrede la garantía de seguridad jurídica, ya que la omisión a dicha ley puede permitir actos arbitrarios de la autoridad encargada de aplicarla o de otras autoridades, quienes con base en interpretaciones contrarias a lo dispuesto por el artículo 14 constitucional, pueden presumir que se trata de la pena de prisión o bien de otras que también son susceptibles de medirse en el tiempo. En ese sentido es loable la minuta propuesta por la Cámara de Senadores en relación a las reformas que se plantean en los párrafos primero y cuarto del artículo 12, y la adición de un tercer párrafo en el artículo 2 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, pues como ha quedado señalado, como señalamos en estos momentos, las leyes emanadas del Congreso de la Unión, deben de estar redactadas de forma clara, precisa y exacta, para crear certeza jurídica a favor de los gobernados. Es de explorado derecho que el principio de legalidad contiene los siguientes supuesto: no hay pena sin ley estricta; no hay pena sin ley previa y no hay pena sin ley cierta. En ese sentido y respecto al último supuesto, se entiende como la prohibición en la creación de tipos penales y penas indeterminadas, es decir, el legislador debe establecer perfectamente el supuesto de hecho, mandato o prohibición, así como su consecuencia jurídica, por lo que resulta procedente la adición al primer párrafo del artículo 12. Mismas consideraciones se deben tomar en cuenta para precisar los extremos del plazo que el juez deberá considerar al individualizar la pena que se imponga para determinar el espacio temporal durante el cual se aplicará la colocación de los dispositivos de localización y vigilancia como medida de seguridad adicional a la pena de prisión y a la multa que se decrete cuando a la víctima del delito se le hubiera causado alguna lesión. Y por último, establecemos la obligación del juez de sujetar a prisión preventiva durante el proceso penal, a los imputados por la consumación de algunos de los delitos previstos en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18, de la Ley General que se reforma y adiciona, y con esto se hace que sea armónica con la fuente suprema de nuestro régimen normativo que es la Constitución, norma fundamental del Estado. Por todas estas consideraciones las Comisiones Unidas de Justicia y de Seguridad Pública, solicitan a este pleno, su aprobación o la aprobación de este decreto. Gracias, señor presidente...