EL C. DIP. ROBERTO ANTONIO MARRUFO TORRES: Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos diputados jaliscienses integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Mexicanos y el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Honorable Congreso de la Unión, ponemos a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la ley para que se inscriban y regularicen los vehículos automotores de carga y pasaje de procedencia extranjera, misma que se fundamenta y motiva en la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s : "Circulan en el país un gran número de vehículos automotores de procedencia extranjera, cuya condición irregular propicia actos de corrupción por parte de las diferentes autoridades federales, estatales e inclusive municipales, además del riesgo inminente de verse privados de su propiedad quienes los poseen y los conducen. "Esta situación permite que juntos con quienes de buena fe y por las necesidades de su actividad productiva se ven en la apremiante necesidad de adquirir estas unidades en razón de su capacidad adquisitiva. Existen otras personas que utilizan estas circunstancias para realizar actividades delictivas al amparo de la dificultad que existe para identificar de manera oportuna y eficaz a los responsables de realizar ilícitos en este tipo de vehículos. "La situación económica que impera en el país y marcadamente en el campo obliga a reconocer estas herramientas de producción como bienes de capital a los campesinos mexicanos y a quienes deben facilitársele los medios indispensables para realizar su cometido en la producción primaria. "La depreciación acelerada a que se someten los vehículos nuevos transitando por los caminos de las áreas rurales del territorio nacional, cualquiera que sea el origen de su fabricación, elevan considerablemente los costos de producción agropecuaria, por lo que resulta prohibitivo la utilización de unidades nuevas nacionales o importadas. "A pesar de los múltiples intentos de terminar con esta situación de irregularidad, no ha sido posible por las diferentes limitaciones en el nivel operativo por parte de quienes tienen esa encomienda de ejecutar las disposiciones emanadas por la autoridad correspondiente. "Como ya se mencionó, la estancia irregular de estos vehículos provoca actos de corrupción de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno y seguridad para todos los ciudadanos, por lo que se hace necesario generar las disposiciones legales que propicien la incorporación de todos estos vehículos al régimen de derecho al que estamos obligados todos los mexicanos y a dar certidumbre y estabilidad al patrimonio familiar de todos los compañeros que se encuentran en esta situación. "Bien sabida es la preocupación de la Confederación Nacional Campesina para que de una vez por todas se den las facilidades sin restricciones para subsanar esta situación en que por necesidad incurren nuestros compañeros campesinos. "En las diferentes acciones que se han tomado se han excluido vehículos que cumplen con las características para ser utilizados en las actividades agropecuarias y la única diferencia ha sido la capacidad de carga o el número de plazas, como es el caso de la denominada pick-up y ocho birlos, que de ninguna manera puede ser considerada como de lujo o deportiva. "Por la resistencia de algunos funcionarios de los gobiernos estatales para cumplir cabalmente con los ordenamientos de esta soberanía y específicamente el decreto del 27 de diciembre del año 2000, fueron rechazados miles de solicitudes de inscripción, a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con los requisitos exigidos por la disposición aludida, haciendo así ineficaz la intención de resolver el problema de que se trata. "En algunos casos se les negó el beneficio pretendido por falta de licencia para conducir, cuando es conocido que muchos campesinos por discapacidades propias de la edad o habilidades no adquiridas no cuentan ni contarán nunca con este documento, pero se entiende que será algún familiar quien lo conduzca. En otros casos se negó ese derecho sin ninguna justificación, dejando en total estado de indefensión. "Una gran cantidad de estos vehículos son adquiridos por la vía de la donación, motivada por vínculos familiares entre los que radican en los Estados Unidos de Norteamérica y sus padres o hermanos arraigados en su parcela. "Es necesario propiciar la capitalización del sector agropecuario y garantizar el transporte oportuno de los insumos y productos de esta actividad, así como de los mismos proveedores de mano de obra en un marco de seguridad y de legalidad. "Por lo antes expuesto pongo a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados para su aprobación el proyecto de decreto por el que se crea la Ley para la Inscripción y Regularización de Vehículos Automotores de Carga de Procedencia Extranjera: "Artículo 1o. Para efectos de esta ley serán considerados propietarios de vehículos automotores de procedencia extranjera las personas que acrediten con título de propiedad este derecho, acta testimonial ante un juzgado de primera instancia o acta notarial certificada. "Artículo 2º.- Serán objeto de inscripción los vehículos automotores con las siguientes características: los vehículos automotores pick-up en todas sus modalidades, vagoneta con capacidad hasta de 12 pasajeros, camionetas doble rodada, rabones, quinta rueda y otros automotores destinados a la actividad de transporte de pasajeros, de gasolina o diesel. "Los vehículos incluidos en el inciso anterior, serán considerados siempre y cuando hayan sido internados al país hasta el 31 de diciembre del año 2003. "Todas las marcas y modelos correspondientes hasta 1997, con excepción de los considerados deportivos y de lujo. "Artículo 3º.- Las organizaciones del Congreso Agrario Permanente presentan ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el listado de unidades empadronadas en un plazo no mayor de 180 días naturales posterior a la fecha de la publicación de esta ley, con la finalidad de que se tramite pedimento de importación dentro del plazo establecido, por conducto de agencia aduanal y por la aduana que elija el interesado. "El padrón de vehículos inscritos deberá contener los siguientes datos: nombre completo del solicitante, marca, año, modelo, tipo y número de serie. "Artículo 4º.- No podrán ser objeto de inscripción ante las organizaciones del Consejo Agrario Permanente, los vehículos de 1998 en adelante, ni los vehículos de 1974 y anteriores, los considerados de lujo y deportivos, los introducidos al país a partir del 1º de enero del año 2004, los que se encuentren en la franja fronteriza de 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte del país. "Artículo 5º.- Los interesados en inscribir los vehículos deberán pagar el Impuesto Sobre Tenencia o uso de vehículos que corresponda de acuerdo al modelo del automotor. "Artículo 6º.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se coordinará con la Secretaría de Economía, para en un plazo no mayor a 30 días después de publicada la presente ley en el Diario Oficial de la Federación, establezcan los mecanismos de recaudación y tramitación aduanera, quienes deberán informar oportunamente a las organizaciones del Congreso Agrario Permanente, sobre las formas, plazos y documentación necesaria para el fiel cumplimiento de esta ley. "a) Si no se cumple con la acreditación de la propiedad del automotor o se falsea la información respecto al modelo y tipo de vehículo, requisitos señalados en esta ley, el pago de impuesto de los automotores que no hayan sido inscritos, será devuelto al interesado previa presentación del original del recibo de pago. "Artículo 7º.- Los impuestos que deberán cubrirse con motivo de la importación definitiva de la unidad, serán conforme al siguiente tabulador, cuyo origen fue la regla 3.5.25 de la resolución de la Miscelánea de Comercio Exterior para el año 2000, que especifica el valor de la unidad en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, de acuerdo al año y modelo del vehículo". Se presenta el tabulador, pero por obviedad lo dejo pendiente y pido sea inscrito en el Diario de Debates. "Sobre estos vehículos se determinará y pagará el 20 por ciento de arancel, 15 por ciento de IVA y 8 por ciento al millar del trámite aduanero, conforme a la tarifa del Impuesto General de Importación. "Transitorios: "Primero.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su vigencia será hasta la conclusión de los trámites inscritos en el padrón presentado por las organizaciones del Congreso Agrario Permanente. "Segundo.- Los vehículos no podrán ser objeto de inscripción y contarán con un plazo señalado en el artículo anterior para sacarlos del país y borrarlos al fisco federal, entidades federativas o municipios. En todo caso el interesado quedará liberado de la responsabilidad relacionada con el pago de las contribuciones y la ausencia del permiso de importación. "Tercero.- Procedencia. La inscripción de vehículos embargados, cuando esta medida corresponda a créditos fiscales vinculados en función directa en su internación al país y en cuyo caso se levantará el embargo para que el propietario pueda llevar a cabo el trámite de inscripción, quedará cancelado el crédito fiscal de referencia y por ende levantado definitivamente el embargo, devolviendo el autor el automotor a su propietario". Es cuanto señor Presidente. Firman los diputados jaliscienses. Gracias. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres. Túrnese la iniciativa de referencia a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Economía. Tiene el uso de la palabra la diputada Maki Esther Ortiz Domínguez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma la Ley General de Educación, para vincular los contenidos de la educación con la educación de la salud y para evitar la discriminación de los menores en el ámbito educativo. Adelante diputada. -DIP. MAY ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ (PAN): Con su permiso, señor Presidente. "El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a través de la suscrita diputada, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 Constitucional y la Fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto bajo la siguiente Exposición de Motivos. La igualdad, ante la Ley y la no discriminación, son prerrogativas garantizadas por nuestra Constitución Política, estos principios generales deben expresarse en forma clara y precisa en disposiciones jurídicas que prohiban y sancionen conductas y a la vez quien le obligue a las autoridades a emprender acciones que garanticen un acceso pleno a la oportunidad de desarrollo personal y social. En este marco, es indispensable el cumplimiento al derecho a la protección de la salud contenido en el Artículo 4º. de la Carta Magna. Esta disposición considera no sólo la atención médica y la restauración de la salud sino también la prevención de las enfermedades. La mejor manera de proteger la salud es evitando que esta se deteriore, es ahí que la prevención y el auto cuidado de la salud, constituyen elementos básicos de su protección. En los últimos 20 años se ha demostrado que la salud puede mejorarse actuando sobre los determinantes de la salud de las personas, mucho antes de que las enfermedades y sus factores de riesgo aparezcan, la promoción y fortalecimiento de hábitos y valores en la niñez y la juventud disminuyen la probabilidad de contraer enfermedades y padecer futuros trastornos y padecimientos al tiempo que favorecen una mejor calidad de vida. En estas etapas, se delinea nuestro futuro no sólo en términos del carácter o preparación para enfrentar la vida adulta sino también en el desarrollo de conductas que ens u momento inciden favorablemente en nuestra salud, o bien afectan, de manera grave, arraigando factores de riesgos que se manifiestan en enfermedades crónico degenerativas en la etapa adulta, la pérdida de valores y un desconocimiento por parte de niños y jóvenes sobre los efectos de las adicciones, el ejercicio desinformado e irresponsable de la sexualidad, el sedentarismo y una alimentación desequilibrada, entre otros factores, han aumentado el riesgo de padecer algunas enfermedades de las llamadas emergentes. En este sentido, en concordancia con la filosofía de mi partido y hacer de la educación un proceso sustentado de valores que ayuden a las personas no sólo a adquirir conocimientos académicos sino de que las forme para enfrentar los problemas individuales y colectivos que fomenten la responsabilidad personal, que promuevan hábitos de vida saludable y que generen actitudes de auto cuidado de salud, se propone establecer en la Ley General de Educación, la promoción de la Educación para la Salud como parte de las finalidades de la Educación que imparte el Estado en los términos que establece la Ley General de Salud. Con ello, esperamos proveer de certidumbre y continuidad a los contenidos y programas en materia de Educación para la Salud; además, se fortalece el marco legal que sustenta la coordinación y colaboración de las autoridades de Educación y de Salud en la promoción de la salud de la población en las escuelas y los centros de reunión. Por otro lado, parte de nuestra labor como Legisladores, consiste en estaablecer disposiciones claras y armónicas en el marco jurídico que norman las relaciones y conductas de todos los mexicanos; por ello es que resultan inadmisibles las violaciones al derecho de acceso libre e igualitario a la educación en los casos de niños contagiados con SIDA sin que exista una justificación relacionada con riesgos a la salud de las personas con las que se convive en clase. La presencia de actos discriminatorios en el acceso a los servicios de educación de estos niños, en parte por una ignorancia sobre los mecanismos de transmisión del virus y la falta de claridad en la ley que norma la materia, motivan establecer la prohibición de discriminación en el acceso, goce y permanencia en el ejercicio del Derecho a la Educación. De ahí que se propone establecer de manera específica nuestra Legislación Secundaria, los derechos consagrados en nuestra Carta Magna para quienes padecen una enfermedad, la igualdad ante la Ley y no discriminación consagrada en el Artículo 1º de nuestra Constitución, deben ser de plena vigencia y observancia en todos los ámbitos de la vida social y productiva. Alentemos la formación de personas responsables de sus acciones, conscientes de los problemas individuales y colectivos que tengan la capacidad de superarlos en interacción con autoridades respetuosas de los derechos de los ciudadanos. Para Acción Nacional, el ejercicio consciente y responsable de la libertad en la democracia, conducirá a la justicia y a la igualdad de oportunidades. Las leyes que emitamos en este órgano colegiado que ordenan la convivencia social y que definan la relación de los individuos con la comunidad, deben estar orientadas a la consecución del bien común y a una efectiva protección de los derechos humanos. En consideración de lo expuesto, a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito someter a la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Educación. UNICO.- Se reforma la fracción X del artículo séptimo y se adiciona un párrafo al artículo segundo de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: Artículo Segundo.- Ningún estudiante será objeto de discriminación, sanción o expulsión motivada por su origen étnico, género, condición social, religión, capacidades diferentes, afecciones físicas o condiciones de salud, preferencias o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. Artículo Séptimo.- La educación que imparte el Estado, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validad (sic) oficial de estudios tendrá además de los fines establecidos en el segundo párrafo del artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los siguientes: . Fracción X.- Desarrollar actitudes solidarias en los individuos para crear conciencia sobre la preservación de la salud, la planeación familiar y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios y así como promover la educación para la salud en los términos del capítulo segundo del título séptimo de la Ley General de Salud. Transitorios.- Unico.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Es cuanto señor Presidente. Gracias. (aplausos) - EL C. PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias diputada. ---- Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Tiene el uso de la palabra el diputado don Ramón Galindo Noriega, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma el artículo diez de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Adelante, diputado. -