La diputada Fatima Almendra Cruz Peláez: Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, datos en la encuesta nacional de seguridad pública urbana, del Inegi, revelan que somos las mujeres las que conforman el porcentaje más alto de percepción sobre inseguridad pública a nivel nacional, siendo ellas quienes más sufren algún tipo de acoso y/o violencia sexual. Dentro de las conductas más reiteradas de acoso y/o violencia sexual que sufre la población de 18 años o más, encontramos en primer lugar los piropos groseros u ofensivos de tipo sexual, seguido de mensajes, insultos o insinuaciones sexuales mediante redes sociales, hasta llegar a la violación en los casos más extremos. La violencia contra las mujeres es un problema que ofende a la sociedad en su conjunto. Lamentablemente los casos de mujeres que han sufrido agresiones físicas, emocionales, económicas y sexuales se han convertido en una constante en nuestro país, lo cual tiene graves consecuencias, no solo por ser víctimas directas, sino también para sus familias e incluso para comunidades enteras. Son varios los esfuerzos encaminados a reducir y, en su caso, erradicar la violencia en cualquiera de sus expresiones y contra de cualquiera en su persona. Sin embargo, debemos poner especial énfasis en las que sufren las mujeres por haber alcanzado cifras y formar... que podemos tolerar. El actual gobierno de la República ha puesto especial atención, no solo en lograr el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la inclusión de la verdadera perspectiva de género en las distintas políticas contra la inseguridad. No obstante, seguimos siendo testigos de distintos tipos de abuso y violencia contra las mujeres, lo cual nos obliga a redoblar esfuerzos y a mejorar, desde el ámbito legislativo, las leyes que permitan contar con un sistema de seguridad y de justicia, capaces de poner un alto a la impunidad de la que hoy gozan quienes agreden a las mujeres. Como Poder Legislativo y siendo esta Legislatura de la paridad, estamos obligados a revisar todos aquellos ordenamientos en donde sea necesaria una reforma con la finalidad de que los distintos órdenes de gobierno se coordinen mejor para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, adolescentes y niñas en nuestro país. Uno de estos ordenamientos es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que regula la integración, organización y funcionamiento de las instituciones encargadas de la seguridad pública, a nivel federal, local y municipal, en el cual encontramos un área de oportunidades para integrar la obligación de las entidades federativas y municipios de contar con institutos policiales especializadas en la materia. Consideramos necesario fortalecer un rubro importante que hoy aun muestra debilidades, la falta de especialistas dentro de las instituciones de seguridad, por lo que se busca que las entidades federativas y municipales tengan instituciones de seguridad pública especializadas en la respuesta y atención a los casos de violencia contra las mujeres. Legisladoras y legisladores, esta propuesta tiene como objeto materializar la perspectiva de género en la legislación en materia de seguridad pública como eje transversal del modelo del desarrollo policial que permita la vinculación con la sociedad civil y dar repuesta inmediata al fenómeno de la violencia hacia las mujeres en coordinancia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Estrategia Nacional de Protección Integral a Mujeres y que viven violencia basada en el género y el molde nacional de la política de la justicia cívica, así como los estándares internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Con lo anterior, no solo armonizamos nuestra legislatura, sino además se busca garantizar la seguridad de las mujeres a través de la profesionalización de los cuerpos policíacos especializados en casos de violencia de género, contando con elementos suficientes en las entidades federativas municipales para atender este problema que, sin duda, se ha convertido en uno de los más importantes de la agenda pública. Cabe mencionar que diversas entidades ya cuentan con unidades policiales especializadas en la atención de delitos de género, como es el caso de la Ciudad de México, el estado de México, Guerrero, Michoacán, Morelos y Tabasco. Sin embargo, sigue siendo insuficiente y no cuentan con protocolos homologados para la atención de delitos cometidos contra las mujeres. Por ello, proponemos esta reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Resulta fundamental que asumamos la responsabilidad de erradicar toda forma a la violencia en razón de género a través del fortalecimiento de nuestras leyes e instituciones encargadas de garantizar la seguridad de las y los mexicanos. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.