EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Gracias señor Presidente. Hago uso de esta tribuna para poner sobre la mesa uno de los temas más polémicos derivados de la aprobación del Psresupuesto de Egresos del 2003, me refiero a la disposición y uso que se hicieron de los recursos de los trabajadores de México sin su consentimiento por parte del Gobierno Federal a través de un mecanismo un tanto turbio en lo que se refiere al objeto de su definición como es el rubro de los aprovechamientos por los que dispuso de los 20 mil millones de pesos que se tomaron de la Cuenta Concentradora que administra y que son propiedad de los trabajadores y responsabilidad del Gobierno Federal. Dicha medida fue tomada en función del Decreto por el que se reforman el Artículo 9º Transitorio del Decreto de Ley de los Sistema de Ahorro para el Retiro y de Reformas y Adiciones a las Leyes Generales de Instituciones de Sociedades Mutualistas de Seguros para regular las agrupaciones financieras de instituciones de crédito del Mercado de Valores y Federal de Protección al Consumidor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1996, así como los Artículos 2º. Y 3º Transitorios del Decreto por el que se Reforma y Adiciona la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Diciembre de 2002 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 24 de Diciembre del 2002, Decreto que fue publicado por el Ejecutivo Federal el 24 de Diciembre del 2002. Uno de los grandes problemas que dicho Decreto reforma se encuentra en la distorsión que se hace de la definición y el concepto de los aprovechamientos porque de considerar a las agrupaciones de los trabajadores como aprovechamientos contradiciendo la misma definición de Hacienda para la cual los aprovechamientos se consideran como los ingresos ordinarios provenientes de las actividades de Derecho Público que realiza en el Gobierno y que recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas o como cualquier ingreso no clasificable como imppuestos, aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras, derechos o productos. El debate sobre la definición no es menor porque de considerarse a las aportaciones de seguridad social como aprovechamientos, nada impediría que las demás aportaciones hechas a los fondos de pensiones, AFORES, fueran expropiados o decomisados bajo la misma justificante, debate que en principio no tendría razón de ser si consideramos que los recursos que se encontraban en la cuenta concentradora ni en las AFORES, no califican como actividades de derecho público y que tampoco son recursos que el Gobierno recibe en forma de recargos, intereses moratorios o multas. En cambio, en sentido estricto podrá clasificarse como contribuciones o aportaciones de seguridad social por lo que de ninguna forma califican como aprovechamientos. Compañeras y compañeros legisladores, el rubro por el que se decidió distribuir y hacer uso de los 20 mil millones de pesos por parte del Gobierno Federal, no fue el de deuda pública tal y como debería haber sido, deuda pública interna que el Gobierno Federal asumió con los trabajadores de México. Señoras y señores legisladores, todo indica que con la forma como se asumieron así como la forma en que se asignaron y distribuyeron dichos recursos, se abre la posibilidad de que se desvíen los supuestos objetivos a los que se pretende destinar. En este sentido, me refiero tanto a los recursos que se asignaron, tanto a la financiera rural, once mil millones de pesos, como a los ocho mil millones de pesos que en teoría se destinarán a SAGARPA. Nadie niega la necesidad que se tiene para financiar y fortalecer al desarrollo agrícola nacional, sólo que como representantes de la sociedad, de una sociedad que hoy más que nunca nos exige transparencia y probidad en el manejo de los recursos, requerimos impulsar y fortalecer el sistema de fiscalización de la Administración Pública Federal. En tal sentido existe una preocupación social clara que se refiere a la necesidad de determinar exactamente hacia dónde, a qué rubros y programas se destinarán los ocho mil millones de pesos que fueron asignados a gasto social, al igual que los once mil millones de pesos destinados a la financiera rural en donde queda la interrogante de a qué sector del agro se destinarán los créditos al campo y a los campesinos. Son en conjunto una serie de interrogantes los que se derivan de los recursos que acaba de incautar y expropiar el Gobierno Federal, como el hecho de que una gran cantidad de dichos recursos podrían desviarse para financiar campañas políticas del 2003 y que los créditos de la financiera rural servirán tan sólo para financiar a los grandes terratenientes del país, entre los que se encuentra el mismo Secretario de Agricultura, el señor Usabiaga. Las excusas por parte de la Administración Pública Federal, van desde que no existe un registro adecuado de todos los trabajadores que aportaron parte de su esfuerzo y de sus ingresos a la cuenta concentradora y tan sólo existen sobrenombres por parte de los beneficiarios, como es el caso de muchos trabajadores de la construcción, hasta el hecho de que las cuentas son tan pequeñas que van de los cero hasta los dos mil pesos y que saldría más cara su notificación y administración. Excusas que como ustedes pueden apreciar no tienen mucho fundamento y significado en un régimen justo, responsable y equitativo porque sobre todas las cosas, se encuentra la responsabilidad y el compromiso del Gobierno Federal para con la claridad y transparencia en el uso y manejo de los recursos de los trabajadores y trabajadoras del país. Es por lo anteriormente expuesto y fundado que el suscrito, diputado integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo: Primero.- Esta Comisión Permanente cita a comparecer al señor Secretario de Hacienda y Crédito Público, señor Francisco Gil, con el propósito de que explique el destino puntual del dinero tomado de la cuenta concentradora del SAR 92, es decir de los 20 mil millones de pesos. Segundo.- Que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente se pronuncie y haga un llamado así como una invitación al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Hacienda se publique a la brevedad posible en los principales diarios de difusión nacional, en un suplemento especial, todos los nombres y los números de cuenta que conforman la cuenta concentradora del SAR 92 con el propósito de que todos aquellos que así lo deseen, dispongan de sus ahorros. Tercero.- Esta Comisión Permanente, cita a comparecer al Director General de la Financiera Rural, para que especifique los criterios, normas y parámetros con los que se manejarán los 11 mil millones de pesos, por parte de dicha Financiera. Es cuanto señor Presidente.