La diputada Irma Sinforina Figueroa Romero (PRD): Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados: La epidemia del virus de la inmunodeficiencia humana provocó que grupos radicales dieran una connotación moral equivocada a esta enfermedad, y que desde su inicio se presentaran actitudes de discriminación contra quienes sufrieron los contagios por VIH-SIDA, obstaculizando adecuadas condiciones de diálogo y reflexión entre los diversos actores involucrados. En nuestro país esto se pone de manifiesto con la insuficiencia de políticas sanitarias que apoyan con suficientes recursos los programas de prevención y tratamiento a los enfermos atacados por ese mal. La intolerancia y la discriminación que injustamente sufren ellos y ellas, sus familiares, allegados y amigos, la falta de medicamentos antirretrovirales en las instituciones gubernamentales, el rechazo en las escuelas, clubes, asociaciones e incluso en los hospitales, el despido injustificado de quienes se les diagnostica la enfermedad y muchas otras situaciones inaceptables. Propongo a través de esta iniciativa crear las condiciones normativas que permitan que impere la reflexión inteligente, el diálogo respetuoso y respeto irrestricto a la persona, con el fin de contribuir a que todas las instancias sociales involucradas en esta enfermedad, especialmente quienes la padecen, así como los sectores de mayor riesgo, estén debidamente protegidos en sus derechos y se garantice su tratamiento oportuno y efectivo. Con esta iniciativa se dará certidumbre jurídica y una tutela efectiva a los derechos de quienes padecen esta terrible enfermedad. Está dirigida a que las escuelas no vuelvan a rechazar o negar la matrícula a los niños afectados por ésta o a los hijos de quienes la padecen. Lo mismo que en los centros de trabajo donde han sido vejados por despidos, a los sectores de la sociedad que discriminan a los portadores, lo que constituye una violación a los derechos y a la dignidad de la personal. Actualmente, en este país, el VIH-SIDA es la tercer causa de mortalidad en el grupo de edad entre 20 y 45 años. Han aumentado los casos de mujeres infectadas, lo que se ha descrito como feminización de la enfermedad, así como el de niños afectados por este síndrome y una expansión de la epidemia entre grupos heterosexuales. Lo que pone de manifiesto que el VIH-SIDA es un problema social grave, que no solamente afecta a un sector de la sociedad y que no ha sido adecuadamente frenado el crecimiento de esta pandemia, a lo cual sin duda ha contribuido la calificación y componente moral que indebidamente se ha dado a esta enfermedad y por supuesto a quienes la padecen. Por las consideraciones anteriormente expuestas y en ejercicio de las facultades constitucionales, la suscrita diputada federal integrante de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, somete ante esta honorable Asamblea, la siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley General de Educación, de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados. Artículo primero. Se adiciona un capítulo IV Bis al Título Tercero de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Capítulo IV Bis. Artículo 60 Bis 1. Las personas con VIH-SIDA tienen derecho a la atención médica integral y al tratamiento oportuno y de calidad, que implica no sólo la distribución de antirretrovirales, sino de los estudios de carga viral, cuantificación de linfocitos y el apoyo clínico y psicológico correctos, conforme a sus condiciones clínicas y a los recursos médicos y tecnológicos correspondientes. La Secretaría de Salud garantizará la disponibilidad de los medicamentos antirretrovirales necesarios y el suministro de los mismos se dará conforme a las indicaciones médicas y de manera gratuita. Artículo 60 Bis 2. Las pruebas para el diagnóstico clínico de la infección por el VIH serán voluntarias y requerirán del consentimiento informado del paciente, salvo en los siguientes casos: cuando exista, según el criterio médico, necesidad de efectuar la prueba en beneficio de la salud del paciente o de aquél expuesto accidentalmente, a fin de contar con un mejor fundamento de tratamiento; cuando exista una orden de autoridad judicial competente o cuando se trate de donación de sangre, hemoderivados, leche materna, semen, órganos y tejidos. Los resultados de las pruebas por el diagnóstico clínico de la infección por VIH, serán confidenciales. El personal de salud deberá informar el caso de una manera expedita y sin información agregada. La investigación en seres humanos en materia de VIH-SIDA se ajustará a lo dispuesto en el Título Quinto de la presente ley. Artículo 60 Bis 3. Las personas con VIH-SIDA deberán ser respetadas en el desarrollo de sus actividades civiles, familiares, laborales, profesionales, educativas, afectivas y sexuales, estas últimas de acuerdo con las respectivas recomendaciones de protección. Ninguna institución pública, social, privada, cultural, empresarial, deportiva, religiosa o de cualquier otra índole, podrá solicitar pruebas y dictámenes médicos sobre la infección por el VIH, como requisito de ingreso o permanencia. Quienes contravengan lo dispuesto en el párrafo anterior, serán sancionados conforme a lo establecido en esta ley y a los demás ordenamientos jurídicos aplicables. Artículo 60 Bis 4. La Secretaría de Salud desarrollará un programa integral de prevención y control del VIH-SIDA, así como campañas de sensibilización y no discriminación dirigidas a toda la población. Artículo segundo. Se reforma el artículo 420 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Artículo 420. Se sancionará con multa de mil hasta 4 mil pesos el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenida en los artículos 60 Bis 1, 60 Bis 2, 60 Bis 3, 75, 121, 127, 142, 147, 149, 153, 198, 200, 204, 233, 241, 258, 265, 267, 304, 306, 307, 308, 315, 341, 348 tercer párrafo, 349, 350 Bis, 350 Bis 1, 350 Bis 2, 350 Bis 3, 373, 376 y 413 de esta ley. Artículo tercero. Se adiciona un párrafo al artículo 2 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: Artículo 2. Ninguna persona podrá ser discriminada por raza, nacionalidad, género, edad, opción política, religiosa o sexual, posición social, situación económica, estado civil o por algún padecimiento de salud o enfermedad. Artículo cuarto. Se adiciona una fracción XII al artículo 75 de la Ley General de Educación y se recorre la numeración de las subsecuentes, para quedar como sigue: Artículo 75. Son infracciones de quienes prestan servicios educativos: Fracción XII. Por suspender, excluir, excusar o despedir a algún estudiante, docente, trabajador de centro educativo por ser portador del VIH, estar enfermo de SIDA o cuando alguno de sus familiares o allegados resulte infectado. Fracción XIII. Infringir cualquiera de los demás preceptos de esta ley, así como las disposiciones expedidas con fundamento en ella. Artículo quinto. Se adicionan las fracciones II y XIII del artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: Artículo 133. Queda prohibido para los patrones: Fracción XII. Todo acto de discriminación laboral en contra de cualquier trabajador con VIH-SIDA. Quien en caso de desarrollar alguna enfermedad que le impida continuar con sus actividades habituales, recibirá el trato establecido en la legislación Laboral vigente. Fracción XIII. Solicitar dictámenes o certificaciones médicos a los trabajadores sobre la infección por VIH-SIDA para obtener un empleo o conservarlo. El trabajador no estará obligado a informar a su patrón, ni compañeros de trabajo acerca de su estado de infección de VIH. Cuando sea necesario, podrá informarlo a su patrón, quien deberá de guardar la debida confidencialidad y, en su caso, procurar el cambio en las condiciones de trabajo para el mejor desempeño de las funciones, según criterio médico. Artículo sexto.-Se adiciona un párrafo quinto al artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de los Sentenciados, para quedar como sigue: Artículo 13. Se prohíbe la segregación, el aislamiento y cualquier acto de discriminación en contra de los internos infectados por el VIH-SIDA. El reglamento interior de cada reclusorio establecerá las modalidades para hacer efectivo el derecho de los internos a la atención médica y al tratamiento adecuado. Transitorios Artículo primero. Este decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. El Ejecutivo Federal en un plazo no mayor de 60 días realizará las adecuaciones correspondientes en las disposiciones reglamentarias. Es cuanto, señor Presidente.