La diputada Sarai Núñez Cerón (vía telemática): Señoras y señores legisladores, el dictamen que hoy se discute preocupa mucho al Grupo Parlamentario del PAN. Como se expuso en la Comisión de Salud y durante el parlamento abierto, por los múltiples problemas que este representa. Preocupa el dictamen porque se observa recurrentemente por parte del Ejecutivo federal y su partido, Morena, una falta absoluta de seriedad, responsabilidad y sensibilidad a las necesidades que la población requiere en materia de salud. Y no estamos hablando de la mala gestión de la pandemia por Covid-19 ni la falta de una adecuada estrategia. Ya tenemos hoy 2 millones de contagios oficiales y más de 174 mil lamentables fallecimientos. Además, por supuesto, las afectaciones en economía, educación, la convivencia de miles de familias. Estamos hablando prácticamente de que todas las iniciativas presentadas por el Ejecutivo federal, como por su partido y aliados, han profundizado la crisis en el sector salud. No existe un Sistema de Salud para el Bienestar, no opera el Insabi, no hay abasto de medicamentos, no hay suficientes pruebas para Covid. Hay retraso en las licitaciones ante organismos internacionales y no contamos con vacunas de todo tipo, no solo las de la Covid. Y me remito a las pruebas. Es así que este dictamen nos confirma una vez más que existe falta de conocimiento e insensibilidad sobre la materia que se busca regular, en este caso, una muy importante: la salud mental. Un tema tan importante como es la salud mental en el ámbito educativo, laboral, familiar y social, como lo estamos observando ahora por los efectos del confinamiento derivado de la pandemia, y que no se trata de forma integral. Hoy, en lugar de considerar que cualquier persona en algún momento de su vida puede tener una dificultad psicosocial, y que el derecho a la salud mental es de todas las personas, esto se busca regular como un trastorno, una discapacidad mental e incluso se confunde con una adicción. En lugar de considerar que hace una semana aprobamos un dictamen para que se ejecuten programas preventivos relacionados con afectaciones a la salud mental derivadas de la práctica deportiva. Esto nos indica simplemente una amplia gama de situaciones que existen en esta materia. Por ello, no podemos aprobar este dictamen, que presenta una visión completamente reduccionista de la salud mental, como si fuera una discapacidad social, y que incluye también adicciones como si se tratara de lo mismo, lo que fomenta estigmas e incluso discriminación. La reforma no considera el derecho al consentimiento informado en el internamiento de una persona adicta para su tratamiento, y esto está previsto en el derecho internacional de los derechos humanos, como lo ha declarado el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su última revisión. Tampoco consideró las múltiples observaciones de expertos, organizaciones y colectivos en parlamento abierto, ni las demás iniciativas presentadas por otros grupos parlamentarios, que se dice mencionan, como sucedió en la iniciativa, que incluso su servidora propuso, pero en realidad ni se analizan ni se discuten y, mucho menos, integran el decreto. Y, peor aún, no incluye un presupuesto para que se haga efectivo el contar con tratamientos de calidad, públicos, gratuitos y basados en evidencia, así como presupuesto etiquetado para que en el primer nivel de atención se cuente con especialistas, unidades y personal de salud suficientes para toda la población que quiera atender un problema de salud mental o para las personas con uso problemático de sustancias. Por estas razones, las y los legisladores del del Grupo Parlamentario de Acción Nacional no podemos acompañar, desafortunadamente, este dictamen y votaremos en contra al coincidir con las voces de expertos que señalan será desafortunadamente, insisto, un retroceso de lo que la propia ley ya considera en materia de adicciones y salud mental, como la protección de sus derechos humanos. Es cuanto. Muchas gracias.