El diputado Oscar Guillermo Levin Coppel: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la crisis económica que hoy atravesamos, es la expresión del agotamiento del modelo económico que marcó la vida de México desde la década de los 80. El impacto que recibimos del exterior fue sólo el detonante de las consecuencias de la falta de actuación en los años recientes. Desde entonces, no supimos incorporarnos al proceso de globalización económica y libre mercado que vivía el mundo. Los recursos y las fuerzas económicas con las que contábamos fueron mal movilizados, mal acomodados e incluso se dilapidaron. Hubo cambios pero se hicieron mal y a destiempo. En los últimos 10 años las decisiones tomadas en materia económica desaprovecharon grandes oportunidades para despegar. Apenas ayer el Ejecutivo federal nos propone cambios que no dejan de ser generalidades en una política económica para salir de la crisis, algo que el Partido Revolucionario Institucional está promoviendo desde tiempo atrás: cambiar de raíz la dirección de la política económica. México ha sido, sin duda, la nación más vulnerable de toda América Latina a los choques de la crisis financiera global. Errores y deficiencias convierten a México en uno de los países más afectados. Sólo competimos en la caída con Lituania, Estonia e Islandia. Es por ello que hoy la crisis nos avasalla y cancela nuestra capacidad de crecimiento interno. Pero el problema no se reduce a ello, es mucho mayor, mucho más profundo y preocupante por su impacto social y el rezago que conlleva. Es así como 3 millones de mexicanos estarán en el desempleo al final de este año, como hoy en día un millón 800 mil personas viven en el subempleo y cerca de 2.8 millones de personas se ven forzadas a trabajar sin remuneración. Pero eso no es todo, en la informalidad se han establecido más de 12 millones de personas que no encuentran alternativas de trabajo. De ahí que México se haya convertido en uno de los países con los índices más elevados de desigualdad. Por ello, para la mayoría de los mexicanos los problemas del día a día, de la salud, la educación, la comida y la vivienda, se convierten en dramas difíciles de superar. El drama del desempleo se recrudece por la grave situación del campo y el cierre de oportunidades para los migrantes. El exiguo crédito, la falta de mercados y precios estables han destruido la productividad del campo y propician el abandono de cultivos y tierras. Si acaso hay un sector exportador rico que convive con una mayoría de agricultores abandonados. Si construyéramos un campo eficiente, tendríamos la suficiencia alimentaria y serían mejores los precios de la canasta básica. Hoy millones de mexicanos viven en la pobreza y cada día son más y más pobres. A este panorama económico se suma la ineficiencia de las principales instituciones sociales del país, el sistema de salud en el que hemos dejado de invertir, el sistema educativo. El sistema de seguridad social está rebasado, no alcanza y lo que alcanza es profundamente deficiente. Hoy la mayoría de los mexicanos no tiene ni la salud que merece su familia ni la educación que necesita para sus hijos. Esta realidad explica la destrucción del tejido social y la destrucción de los valores fundamentales de la convivencia entre los mexicanos; explica también la destrucción de las estructuras básicas del país. A fin de cuentas, es el trasfondo de la delincuencia y de la inseguridad. La propuesta que hoy presentamos implica el acuerdo, no sólo de las fuerzas políticas aquí representadas, requiere el acuerdo de los distintos sectores que componen la sociedad mexicana. Es indispensable la voluntad del Poder Ejecutivo, los empresarios, los sindicatos, las organizaciones sociales, en fin, el consenso de los mexicanos. De nada serviría una aprobación unilateral. Es por ello que la propuesta que hoy entregamos en detalle a la Mesa Directiva es la de un cambio de política económica; una alternativa que articula y moviliza las capacidades que tiene el país. No se trata de un pronunciamiento elegante, sino la respuesta responsable, coherente y viable que la sociedad exige; que se funda en los siguientes ejes: Política de inversión que incentive el empleo y el uso intensivo de mano de obra e impulse la construcción de infraestructura y vivienda. Política de empleo que supere la descoordinación evidente de los programas de actual apoyo a las Pymes. Movilizar recursos y la fuerza de la economía mexicana, y reacomodarlos para crecer desde dentro y lograr el crecimiento del mercado interno. Menos dependencia de la economía norteamericana. Inversión en infraestructura, con participación efectiva de las entidades federativas para generar empleo. Garantizar la soberanía alimentaria, políticas para el campo; garantía de financiamiento a pequeños y medianos productores, acompañada de una política de precios y medidas para poner al alcance de los productores la tecnología agrícola y el mercado. Una política social que garantice un sistema universal de salud. Una política de construcción de vivienda social con nuevas formas de promoción. Seguro de desempleo para quienes lo pierdan, en el sector formal de la economía. Ante la entrada ilegal de productos extranjeros que tanto daño hace a los productores nacionales, promoveremos un nuevo sistema de control aduanero. Mecanismos que obliguen al sistema bancario nacional a financiar al sector productivo. Una reforma de la banca de desarrollo con objeto de que pueda realizar operaciones de primer piso, concentrar fondos dispersos y prestar más. Propuesta de un balance presupuestal estructural para facilitar la aplicación oportuna de políticas anticíclicas y comprometer al gobierno a liquidar la deuda con los superávit que se obtengan en la recuperación. Proponemos un cambio estructural que permita la reducción del costo de operación del Poder Legislativo y exigiremos a los Poderes Ejecutivo y Judicial, y a los órganos autónomos realicen un esfuerzo de igual naturaleza. No se trata de un simple recorte de gastos; se trata de un cambio de logística de operación de los Poderes de la Unión. Un presupuesto basado en una democracia financiera federalizada que garantice el desarrollo de las distintas regiones. En cuanto a la reforma tributaria no compete a la oposición hacer una propuesta de aumentar impuestos. Esperaremos la que haga el Ejecutivo federal para evaluarla, dictaminarla y modificarla, de ser necesario. Esperamos que la propuesta económica del Ejecutivo haga viable la reducción de la brecha fiscal. Reiteramos nuestra negativa a aumentar el IVA en alimentos y medicinas por ser en tiempos de crisis un impuesto particularmente recesivo y afectar drásticamente la economía familiar de millones de mexicanos en condiciones de pobreza. Hasta hoy es indudable que existen esfuerzos por conducir al país a una salida de la crisis y un presupuesto anticíclico. Pero lo que es cierto es que, enfrascados como estamos en lo ortodoxo económico, no hemos podido encontrar una opción que genere la voluntad y los incentivos para que los diferentes factores de la producción encuentren de manera decisiva una salida de la crisis. Es por eso que el PRI, desde su campaña política, ha hecho un esfuerzo por abrir un camino alternativo. La propuesta que hoy presentamos ante este pleno tiene un carácter de medidas urgentes inmediatas y, algunas otras, de mediano plazo. Hoy lo importante es que nuestra gente tenga un empleo, un seguro de desempleo si los despiden, y acceso a un sistema de salud eficiente. Para los hombres y mujeres del campo lo importante es tener acceso al financiamiento que les permita en el siguiente ciclo agrícola sembrar. En este momento de gravedad extrema, lo poco o mucho que hagamos, será reconocido o sancionado por los mexicanos. Diputados senadores y el PRI, en su conjunto, hacemos esta propuesta. Aquí estamos los priístas para poner de nuevo a México de pie. Es cuanto.