El diputado Héctor Padilla Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta. Hago uso de esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario, del Partido Revolucionario Institucional, ante la apertura comercial por efecto del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que tendrá plena vigencia a partir del 1 de enero del próximo año. Dentro de 20 días se eliminan totalmente las barreras arancelarias para la importación de maíz, frijol, leche y azúcar procedente de Estados Unidos y Canadá, prevista en dicho tratado. Para la población rural el TLC ha tenido efectos desastrosos. A partir de su firma las condiciones de miseria y marginación se acentuaron en el campo porque los supuestos que se esperaban para reactivarlo económica y productivamente no sucedieron. La historia todos la sabemos, sólo quienes se tapan los oídos y los ojos no se dan cuenta de la realidad. Soportados con enormes subsidios en los Estados Unidos, los precios de los granos se fueron a la baja y el precio de la tortilla a la alza. Y, en cambio, los insumos para la producción agrícola, como los fertilizantes, ahora importados, las semillas mejoradas de empresas trasnacionales, la maquinaria y los pesticidas se incrementaron en forma desorbitada. El campo entró, por efectos del TLC, en la crisis más aguda de su historia, empujando a su población a la pobreza, donde se ubican 24 millones de personas, o a la expulsión a Norteamérica, a donde han emigrado más de tres millones de mexicanos en los últimos seis años. Ante la destrucción de la estructura productiva del campo se incrementaron las importaciones de los productos que nos daban buen margen de soberanía alimentaria, como trigo, sorgo, soya y arroz. En maíz, como ejemplo, en 1994 importamos 3 millones de toneladas, el año pasado llegamos a 10 millones de toneladas. Según el Banco Mundial, los resultados por la aplicación del TLC en el sector agropecuario han sido decepcionantes. Se tiene un campo en regresión, estancado económicamente, falto de competitividad, en constante despoblamiento y abandono de tierras, con espacios ocupados por cultivos ilícitos, hasta convertirse en un problema de seguridad nacional por la acción de la delincuencia y los riesgos de estallidos sociales. En relación con el empleo, en 1991 se ocupaban en el campo 9.9 millones de mexicanos, en 2006 apenas 4.9. En esta dramática aventura sólo han ganado un 3 por ciento de productores empresariales de pequeños nichos geográficos del país, principalmente dedicados a la producción y exportación de hortalizas y frutales. Y hay otros ganadores con el TLC, se propició la creación de oligopolios en el país que controlan el acopio y la comercialización de los alimentos que consume la sociedad. En maíz, cuatro empresas controlan el comercio del grano y dos en la producción de tortillas. En trigo, una empresa es la poseedora del mercado. En huevo, tres empresas. En leche tres y una en café. Para revertir estos desequilibrios, organizaciones de productores y actores políticos propusimos la necesidad de renegociar el capítulo agropecuario del TLC, pero el gobierno federal prefirió subordinarse a los intereses de Norteamérica y contemplar la destrucción del tejido social y productivo del campo. Así llegamos a 2008, para la apertura total sólo faltan 20 días y no hay una propuesta concreta del gobierno de la república para enfrentarla. Ya no es sólo el interés de los productores rurales y la estabilidad de la nación por la inseguridad en el abasto de alimentos básicos lo que está en juego; es un asunto de seguridad alimentaria y de seguridad nacional. Ante este grave escenario, la Cámara de Diputados ha estado a la altura de las circunstancias. Se han aprobado recursos crecientes para el campo que lamentablemente se entrampan en los ductos de la burocracia. También se aprobaron las Leyes de Sanidad Animal y Vegetal, para fortalecer la supervisión de las importaciones y la aplicación de medidas no arancelarias. Se aprobó un punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal a sumarse a la demanda mundial contra Estados Unidos por el dumping al maíz, y no hizo caso. Hace unos días se aprobó el exhorto para que se instrumentara una salvaguarda temporal por el impacto destructivo de las importaciones de carne de cerdo en la porcicultura nacional, y la actitud de la federación ha sido omisa. Se aprobó la constitución de la Subcomisión para el Seguimiento de los Efectos del TLC. Son medidas de trascendencia, pero insuficientes. Ante la actitud contemplativa del gobierno federal esta soberanía debe avanzar en la creación de políticas públicas para fortalecer a la nación en los productos que se desgravan en unos días y para reconstruir el resto del campo. Debemos presionar para que el abundante Presupuesto de 2008 se ejerza con oportunidad, con corresponsabilidad con los estados, con amplia participación de los habitantes rurales. Por eso, las reglas de operación que propone el Ejecutivo federal son inaceptables, extremadamente complicadas, concentradoras, discrecionales, lejanas a la realidad. Hay que fortalecer el financiamiento, especialmente en la agricultura de temporal y zonas marginadas. Hay que construir un sistema de almacenamiento con participación de los productores para que no estemos en manos de los especuladores de granos. Hay que cumplir con la función fiscalizadora de esta honorable Cámara de Diputados, para que el Ejecutivo cumpla con los mandatos que el honorable Congreso de la Unión le asigna en materia presupuestal y en el cumplimiento de las leyes particulares aprobadas para este sector. Hay que construir, desde esta honorable soberanía, políticas públicas con visión de largo plazo para darle certidumbre a la población de que los alimentos básicos están asegurados al margen de los vaivenes del mercado. Necesitamos elevar al grado de soberanía alimentaria y seguridad nacional la producción y el abasto del maíz, el frijol, la leche y el azúcar por ser los alimentos indispensables para la alimentación de la población, especialmente para la de menores ingresos. Es cuanto, señora Presidenta.