La diputada Silvina Luna Rodríguez: Con permiso de la Presidencia. Compañeros legisladores, México no cuenta con una política social que demuestre ser realmente eficaz para compensar el deterioro del bienestar y la calidad de vida de millones de mexicanos. Esta situación se torna más grave en un escenario como el actual, ante los impactos negativos de la crisis financiera internacional, sobre el crecimiento de nuestra economía. La restricción del crédito y las altas tasas de interés son dos de los elementos que mejor distinguen el sistema bancario en la actual crisis, situación que limita su cobertura, dejando fuera de ésta al sector social y a los pequeños empresarios. La incertidumbre y los pronósticos negativos sobre el crecimiento de la economía, reconocidos por el Banco de México como por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, nos demanda poner atención especial, desde el Legislativo, para buscar mecanismos y políticas complementarias que ofrezcan posibilidades de financiamiento a los sectores a los que los bancos les han cerrado las puertas. En este contexto adquiere relevancia el desarrollo y el fortalecimiento del sistema de ahorro y crédito popular, como una alternativa que, por su perfil y profundo sentido social, ya ofrece servicios que satisfacen las necesidades de ahorro y de financiamiento oportuno y barato en zonas y regiones apartadas de nuestro país. Por ello, potenciar socialmente el desarrollo de estos intermediarios de ahorro y crédito con amplio sentido social es una política que debemos apoyar. Debemos ponernos como objetivo fortalecer el desarrollo de la economía social, sobre todo a la luz de experiencias internacionales exitosas, en donde este tipo de entidades crecen y se fortalecen, potenciando con ello sus beneficios sociales. Así lo demuestran los casos de España y Argentina, en donde este tipo de empresas, con gran compromiso social, crecen, y sus beneficios sociales generalmente se destinan al sector educativo. Éste es uno de los sentidos de la reforma que propongo, sin olvidar que las sociedades cooperativas y las sociedades financieras populares son entidades con responsabilidad y solidaridad social. Debemos habilitarlas para que amplíen su impacto social en los estados y municipios, en especial en el ámbito educativo, posibilitando la creación de un fondo destinado a fortalecer la educación y, con ello, el capital humano que nuestro país tanto necesita. Las cooperativas y sociedades financieras son empresas sociales en donde la maximización del capital tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la comunidad o comunidades en las que actúan. A partir del reconocimiento del cooperativismo como un valor que propicia la consolidación de una sociedad más equitativa, justa y democrática, y en pleno conocimiento de que han tenido un importante crecimiento, estimo urgente y necesario promover reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Propongo, con esta reforma, que el Estado mexicano genere condiciones que promuevan la economía social y el ahorro. Por lo anterior, propongo iniciativa que reforma el artículo 12 y crea un nuevo artículo 13 Bis, a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Es cuanto, señora presidenta.