El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: Vengo a presentar iniciativa con Proyecto de Decreto para reformar el artículo 83 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, bajo las siguientes CONSIDERACIONES El artículo 186 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por mandato de la Carta Magna, confiere al Tribunal Electoral la capacidad de resolver en forma inatacable, las impugnaciones sobre la elección de Presidente de la República, así como formular la declaración de validez de dicha elección y la declaración de Presidente electo, a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección. El mencionado precepto dice a la letra: "Segundo.- Resolver en una sola instancia y en forma definitiva e inatacable, las impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; una vez resueltas las que se hubieren interpuesto, la Sala Superior a más tardar el 6 de septiembre del año de la elección, realizará el cómputo final, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Presidente electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. "La declaración de validez de la elección y la de Presidente electo formulada por la Sala Superior, se notificará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados para el mes de septiembre del año de la elección, a efecto de que esta última ordene de inmediato, sin más trámite, la expedición y publicación del bando solemne a que se refiere la fracción I del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Fin de la cita. Frente a lo anterior, la pregunta que se hacen muchos mexicanos y personas informadas del extranjero es: ¿Por qué existen casi tres meses entre la declaratoria de Presidente electo y la toma de posesión? ¿Por qué existen casi cinco meses entre el día de la elección y la asunción del nuevo mandatario? En efecto, se trata de una vieja costumbre mexicana que probablemente tuvo alguna justificación cuando el país estaba muy mal comunicado y los procedimientos electorales eran complicados, pero cuando la propia ley vigente impone un plazo al Tribunal Electoral fijado por el 6 de septiembre, no existe la más mínima explicación aceptable para tan largo lapso entre la elección y la rendición de protesta del nuevo Presidente. Más allá del 6 de septiembre, nada justifica la demora en el cambio de gobierno, más que un día, el 7 de septiembre en que la Cámara de Diputados debe recibir la notificación y mandar publicar, sin más trámite el bando solemne. Al día siguiente del mandamiento de la Cámara, el nuevo Presidente de la República debería asumir sus funciones. La República resultaría beneficiada con un cambio de fecha para la rendición de protesta, los tres meses de innecesaria espera, no pueden dejar nada bueno para el gobierno saliente, pues éste ya debería estar preparado para abandonar sus funciones y entregar el poder, toda vez que en México no existe reelección presidencial. En esos tres meses son tiempo perdido para la función gubernativa. Para el nuevo Presidente de la República tampoco sirve la prolongada espera, ya que es de suponerse que como candidato ha tenido el tiempo suficiente para preparar sus proyectos y estar en condiciones de nombrar a los secretarios del despacho. Tan larga espera sólo sirve para dar rienda suelte a las especulaciones políticas y preparar toda clase de presiones dirigidas al nuevo gobierno. El Proyecto de Reforma de la Constitución que se propone a través de la presente iniciativa debió haberse aprobado hace ya varios años, pero por circunstancias eminentemente partidistas y quizá en consideración a lo inusitado que resulta recortar tres meses el mandato del Presidente saliente; el Congreso de la Unión prefirió modificar la fecha de la elección, pero poco después se tuvo que volver al primer domingo de julio, manteniéndose la diferencia de casi cinco meses entre ésta y la protesta del nuevo Presidente. Ningún país del mundo tiene un lapso tan grande espera política y por consiguiente, ningún candidato triunfador tiene que aguardar tanto tiempo. Por último, ningún pueblo está sujeto a un plazo tan grande para lograr que el voto mayoritario se convierta en realidad de poder. Bajo las condiciones políticas actuales, un plazo de tres meses entre la elección y la rendición de protesta que se propone en la presente iniciativa, sería todavía largo, pero es el tiempo calculado por el sistema de leyes electorales, con que cuenta el país; así el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tiene que concluir el proceso el 6 de septiembre. Es decir, dos meses después de la elección, lo que permite sobradamente el análisis de las impugnaciones, además el Presidente saliente debe informar al Congreso por última vez, el 1° de septiembre. La presentación de los proyectos de Presupuesto de Egresos y de Ley de Ingresos fijada por la Constitución para el 8 de septiembre de cada año, podría hacerse el día en que el nuevo Presidente de la República, tomará posesión de su cargo, como es el deseo del Senado en reciente proyecto aprobado en esa Cámara y enviado para su revisión a la Cámara de Diputados. En la actualidad es posible elaborar proyectos fiscales con la información disponible, sin necesidad de que el gobierno tomé parte, como lo ha acreditado la propia labor legislativa llevada a cabo desde la Cámara de Diputados en los años recientes. Así, con la modificación que ahora se presenta, la Cámara de Diputados podría recibir el proyecto de presupuesto el mismo día 8 de septiembre y contar con los 68 días de plazo para aprobar el decreto correspondiente, sin necesidad de exponer al país a tener dos presupuestos sucesivos, como lo está proponiendo el Senado; uno al aprobarse hasta el 15 de diciembre sobre la base del proyecto del gobierno saliente, el cual ya no tendrá nada que ver con el gasto público y dos, el modificado por la Cámara, si acaso ésta manifiesta acuerdo con el gobierno entrante antes del 31 de diciembre del mismo año. Con la aprobación del proyecto del Senado, el país tendría un lapso demasiado grande de incertidumbre en cuanto al ingreso gasto federal. Es decir, aquél que va del 15 de noviembre al 31 de diciembre, un mes y medio. En cambio con la reforma que yo propongo, las fechas ordinarias de cada año, se mantendrían de tal manera, que habría un solo presupuesto en el momento ahora prevista en la Constitución para los años en los que no se produce cambio de gobierno. Bajo tales consideraciones, presentó iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que éste quedé de la siguiente manera: Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su cargo el 8 de septiembre y durará en él seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Transitorios. Primero. El Presidente de los Estados Unidos Mexicanos elegido para el periodo 2000-2006, dejará su cargo el 8 de septiembre del año 2006, al momento en que asuma el Poder Ejecutivo de la Unión, quien haya resultado elegido para el periodo 2006-2012. Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 22 de marzo de 2006. Diputado Pablo Gómez Alvarez. Es cuanto, ciudadano Presidente.