La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, el Poder Judicial es quizá el poder la Unión que tiene un menor grado de interacción directa con la ciudadanía, y en este sentido es muy relevante analizar el origen de la legitimidad de los poderes, pues mientras los integrantes de los Poderes Ejecutivo y Legislativo son electos directamente por los ciudadanos, el Poder Judicial se conforma por integrantes provenientes por medio de la selección de los congresos federales y locales con altos criterios técnicos. Por ello, esta legitimidad, la legitimidad del Poder Judicial está ligada a la claridad y calidad de las resoluciones judiciales. El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, señaló atinadamente que las sentencias de la Suprema Corte, como las de cualquier tribunal mexicano en general, se distinguían por el uso de un lenguaje oscuro y en ocasiones arcaico. Esas características explican parcialmente por qué en muchas ocasiones existe una gran distancia entre los gobernados y quienes están encargados de impartir justicia, la necesidad de tener acceso a las resoluciones judiciales y que éstas estén escritas en un lenguaje accesible para la ciudadanía, no es una concesión graciosa. Se trata del reconocimiento y la garantía de por lo menos dos derechos fundamentales: el derecho de acceso a la información y el derecho a un debido proceso. Con respecto al derecho de acceso a la información, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que este tiene una doble vertiente: como derecho en sí mismo y como un instrumento para el ejercicio de otros derechos. En este orden de ideas, además del valor intrínseco como derecho, su valor instrumental radica en ser la base para que la ciudadanía ejerza un control sobre el funcionamiento de los poderes públicos y de esta forma constituye un límite al manejo exclusivo de información por parte de la autoridad y consecuentemente una exigencia fundamental del Estado de derecho. El artículo 6o. de nuestra Constitución, como sabemos, establece esta garantía del derecho de acceso a la información bajo el principio de máxima publicidad. Y en este sentido la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que en materia de derecho a información pública, la regla general en un Estado democrático de derecho debe ser el acceso y la máxima publicidad de la información. Sin embargo, con la reforma en materia de transparencia derivada de la reforma constitucional y de la propia Ley General de Acceso a la Información en 2015, trajo como consecuencia que de alguna manera se redujera la obligación de la Judicatura en cuanto a la cantidad y calidad de las sentencias que deben ser publicadas, pues ahora solo existe obligación de elaborar versiones públicas de aquellas sentencias que sean de interés público, y el interés público sujeto a la interpretación de los propios tribunales, pues el establecer este término tuvo el efecto de que no se publiquen sentencias debido a la ambigüedad del concepto jurídico de interés público. De hecho, la página del Poder Judicial de la Federación sí contiene en su plataforma las sentencias, pero hay que saber el tribunal y el número de expediente para tener acceso a ellas. Sin embargo, en el caso de las entidades federativas el panorama todavía es peor, puesto que muchas entidades federativas que tenían ya armonizadas sus páginas para hacer públicas sus sentencias, la modificación a estas normas hizo que se modificara también el acceso a la información de las mismas, y en algunas otras entidades ni siquiera se tiene a cabalidad el cumplimiento de estas obligaciones de transparencia. Por otro lado, hay sentencias que no solamente deben ser publicadas, sino también difundidas, y esto tiene que ver con sentencias que son relevantes para la protección de derechos. Por ejemplo en el caso de mujeres, la obligación de juzgar con perspectiva de género, que sigue siendo una asignatura pendiente, pero aquellas sentencias que pueden servir a otras mujeres para defender sus derechos, no solamente deben ser publicadas sino también difundidas. Por ello, hoy proponemos una modificación al artículo 73 de la Ley General de Acceso a la Información Pública para que, primero, se establezca con claridad que estas sentencias deben ser publicadas y, segundo, que en aquellos casos en los que estas sentencias sean relevantes por cuestiones de interés social o político, deben difundirse ampliamente por distintos medios. Es por ello que los invitamos a conocer esta iniciativa y, en su momento, aprobar la misma. Demos un paso adelante para seguir construyendo y consolidando un país con justicia abierta para todos. Es cuanto.