El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la trata de personas, como lo hemos advertido en los últimos minutos, es evidentemente un delito que viola derechos humanos fundamentales e impacta negativamente al tejido social de las naciones. La ONU estima que cada año son traficadas más de 800 mil personas en el mundo. Cerca de 20 mil niños mexicanos y centroamericanos son sujetos de distintas formas de abuso en nuestra frontera sur; 16 mil son sometidos a explotación sexual en Cancún, Acapulco, Tijuana y el Distrito Federal, según datos del INEGI. Es inaceptable que en el presente siglo se sigan perpetrando conductas tan lesivas para la dignidad de las personas, consideradas incluso formas contemporáneas de esclavitud. El carácter transnacional de este crimen muestra que los países de origen, tránsito y destino deben trabajar en conjunto para evitar la trata de personas, proteger a sus víctimas y procesar a los responsables de la misma. Se trata, ciertamente, de un delito complejo, que en ocasiones opera a través de sofisticadas redes de comunicación e intercambio, que obtienen ganancias por cierto sólo superadas por otras formas delictivas como el tráfico de armas y el de narcóticos. La experiencia internacional sugiere una estrategia ad hoc que entienda al fenómeno en su integralidad. México, desafortunadamente no está exento de este fenómeno delictivo del cual hasta hoy se habían presentado esfuerzos aislados por combatirlo e implicaba, en fin, una deuda legislativa en esta importante materia. Por ello los legisladores de todos los partidos hoy cubrimos este pendiente y, comprometidos con la protección de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, unánimemente presentamos a esta soberanía una ley, nueva ella, para prevenir y sancionar la trata de personas. Con ella el Estado mexicano podrá combatir enérgica y eficazmente esa conducta reprobable. Esta ley es por supuesto necesaria y oportuna, vanguardista e integral, amplia y protectora. Cubre un espectro de protección mayor al que se cubriría con la sola tipificación de la conducta en el Código Penal. La ley abarca el tema desde tres vertientes fundamentales: la prevención, la sanción y la atención a las víctimas. Millones de personas, la mayoría mujeres y niños, son engañados, vendidos, coaccionados o sometidos a diferentes formas de explotación laboral, sexual o de servidumbre; responde entonces al compromiso internacional de nuestro país y a nuestra propia convicción nacionalista, el crear un marco legal que atienda especial e integralmente el fenómeno. Establece de forma prolija la forma en que deberá cubrirse la reparación del daño a las víctimas de este delito, cuando esto sea posible. Tutela, por supuesto, un bien jurídico superior que es el libre desarrollo de la personalidad y tipifica la conducta delictiva con enorme cuidado y escrúpulo, promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir para sí o para un tercero a una persona por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder, para someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes. Establece también la ley, una política preventiva y una política criminal adecuadas. La primera a cargo de una Comisión Intersecretarial encargada de elaborar un programa de prevención, encargada de celebrar convenios de colaboración interinstitucional y de coordinarse con todas las dependencias que haya necesidad. Y en la segunda, en la política criminal, responsabiliza a diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, a la Procuraduría, a los organismos públicos autónomos e incluso y esto me importa destacarlo a representantes de la sociedad civil y a especialistas. En fin. Con ella, compañeras y compañeros, el Estado mexicano reivindica la esperanza de miles de personas, aquellas con derechos violados de manera grave por conductas que atentan contra su libre desarrollo. De esta manera, el Estado mexicano previene, protege y castiga severamente a quienes sin escrúpulo pretenden medrar contra el valor más importante de las personas: su dignidad. El gobierno se pone de su lado. Por ello, compañeras y compañeros diputados, respetuosamente pido su voto aprobatorio para poner en marcha este mecanismo, este instrumento jurídico que a todos nos hará mucho bien. Gracias.