El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta. La descentralización administrativa es de importancia trascendental; asimismo, posibilita que la relación entre gobernantes y gobernados sea amplia, directa y fluida. La base fundamental de la descentralización la constituye la distribución del poder, es decir, por medio de ella los gobiernos locales tienen la posibilidad real de fungir como centros de decisión, sobre todo por el traslado de atribuciones, recursos y decisiones. Ello descongestiona el proceso de gobierno y permite la igualdad jurídica y política que exige nuestro federalismo. Se dice que el concepto de República federal democrática y representativa es una utopía, algo que todavía no es un hecho, pero que es necesario hacer realidad. En este tema nos tenemos que esmerar. El federalismo frente al centralismo debe crear contrapesos institucionales sanos, que eviten la desigualdad en el ejercicio del poder, a efecto de que el desarrollo regional sea la base del desarrollo integral del país en el presente y en el futuro. El impulso a sinergias regionales, circuitos económicos y financieros locales y la construcción de estructuras reales de gobierno, a tono con el federalismo, nos permitiría generar un mayor crecimiento económico y una mejor distribución de la riqueza, sin contar la posibilidad de que el desarrollo local fomente el arraigo de las empresas y de las personas para evitar el creciente flujo de la emigración a otros países y de la centralización asfixiante en pocos centros urbanos, principalmente la Ciudad de México, si fortalecemos las regiones posiblemente disminuyan los 500 mil mexicanos que se van anualmente a Estados Unidos. Efectivamente, en los tiempos actuales los desequilibrios regionales no han variado a pesar que desde 1982 se realizó una reforma municipalista que pretendió transformar nuestra estructura vertical de gobierno. Como entonces, el 40 por ciento del producto interno bruto se sigue produciendo en el centro del país y la relación de recursos entre los tres niveles de gobierno continúa dejando inertes a los gobiernos estatales y municipales para atender nuestras carencias. Mientras en las naciones desarrolladas la descentralización de recursos ha logrado que poco más del 40 por ciento del producto interno bruto se ejerza en las regiones, en nuestro país el 80 por ciento del gasto público lo ejerce la Federación, el 15 por ciento los estados y sólo el 5 por ciento los ayuntamientos. Resultando que para el gobierno local, el total del producto interno bruto es apenas del 5 por ciento; es decir, una proporción de 8 a 1 frente a sistemas federalistas como Alemania y Canadá, o unitarios, como España y Francia, países que entre otros han encontrado en la descentralización de los mercados y las comunidades locales, la fuente de la prosperidad y el desarrollo. Sumado a esta desproporción de recursos que desdice que seamos realmente una nación federal se erige un pesado aparato burocrático en estructuras de gobierno central que prácticamente sustituyen a las legítimas representaciones locales al tener en sus manos el control de más del 80 por ciento de los recursos y de las decisiones. Se conforman por un amplio grupo de delegaciones y representaciones llamadas de muchas maneras, con recursos materiales, humanos y financieros que duplican el trabajo de los órganos locales que inflan artificialmente el presupuesto federal al que todos contribuimos. Por otro lado, cabe señalar que en los últimos años las delegaciones y representaciones federales en los estados han constituido un medio de intervencionismo ilegítimo en los procesos electorales, desviando recursos públicos a favor de partidos políticos, al margen de la ley. Así lo reconoció el Tribunal Federal Electoral en el dictamen que calificó la elección presidencial del pasado 2006. Por ello es imperativo crear estructuras administrativas que garanticen la imparcialidad necesaria y que respeten la soberanía popular de los estados. Se requiere avanzar en la descentralización administrativa y la descentralización política. Eliminar tales estructuras que muchas veces más que representaciones públicas llegan a parecer centros operativos del partido en el gobierno. Existen antecedentes importantes en materia de descentralización que han sido positivos y que deben ser la base para avanzar con mayor celeridad en esa dirección; el principal ejemplo se encuentra en el sector salud. El segundo caso importante de descentralización es el de la educación. Un tercer caso lo ofrece el área de desarrollo social que transfiere importantes recursos a las entidades y a los municipios, aunque los programas especiales contra la pobreza como han sido Pronasol, Progresa y Oportunidades, de carácter federal, han sido la parte medular, pero también los gobiernos locales en cuanto a la cantidad y destino de los recursos. En las demás áreas de administración pública prácticamente no ha habido avances, de manera que la centralización es su característica predominante, en detrimento de las capacidades locales. Hay razones administrativas, históricas, económicas y políticas para realizar un corte y darle un nuevo impulso a la descentralización: el fortalecimiento al federalismo y la eliminación de las estructuras que representan a la Federación en los estados, mismas que generan duplicidad, sobrecarga, complejidad administrativa, limitación a las soberanías de los estados y distanciamiento entre las necesidades locales de los programas públicos. Esta iniciativa hace eco del reclamo de mayor participación política, fiscal y financiera, a favor de las entidades federativas y de los municipios; de la demanda de respeto a la autonomía local y de una mejor distribución de los beneficios. En ese sentido esta iniciativa propone otorgar facultades expresas de descentralización a las secretarías de la Función Pública y de Hacienda y Crédito Público; generar un órgano de coordinación intersecretarial; obligar a la elaboración de un programa específico de descentralización y establecer criterios legales para que la descentralización sea integral y que uno de sus objetivos precisos lo constituya el traspaso de las estructuras y recursos de las delegaciones y representaciones federales de los estados hacia el nivel local, dando carácter prioritario a las áreas de desarrollo social, agricultura, ganadería, pesca, economía, salud y educación, que son fundamentales para combatir la pobreza e impulsar el desarrollo productivo y que no tienen justificación para que se ejerzan a nivel central. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXV, recorriendo las subsecuentes al artículo 31 y se adiciona una fracción VII, recorriendo los subsecuentes al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Artículo primero. Se adiciona una fracción XXV, recorriendo las subsecuentes al artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: Artículo 31. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Décimo quinto: Realizar estudios, programas, convenios y acciones en materia de descentralización hacia las entidades federativas, bajo criterios de racionalidad administrativa, eliminación de estructuras y puestos que dupliquen el servicio público y el fortalecimiento de los recursos humanos, materiales y financieros de la misma. Artículo segundo. Se adiciona una fracción VII, recorriendo las subsecuentes al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: Artículo 37. A la Secretaría de la Función Pública, corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Séptimo. Impulsar la descentralización de atribuciones, facultades y recursos a las entidades federativas y municipios, bajo los criterios de racionalidad administrativa, orientación al ciudadano y fortalecimiento institucional de los servicios públicos locales. Para ello, en el marco de sus atribuciones estudiará y estimará la eliminación de estructuras, puestos, empleos, cargos, encargos y comisiones federales que dupliquen u obstaculicen, o reduzcan la capacidad de actuación de las administraciones públicas, estatales y municipales. Transitorios Artículo primero. En los términos de esta ley, el Ejecutivo federal deberá integrar una comisión intersecretarial de descentralización. A la misma se podrá invitar a dependencias y entidades que aporten información y recursos necesarios para articularlos en el proceso de descentralización. Artículo segundo. El Poder Ejecutivo Federal deberá formular y publicar un programa nacional de descentralización y fortalecimiento del federalismo que incluya objetivos y metas cuantificables con un calendario de ejecución que contemple acciones anuales para trasladar estructuras, recursos y decisiones a los gobiernos estatales y municipales. Dicho programa deberá incluir un apartado específico de eliminación de las delegaciones, representaciones u homólogos de las dependencias y entidades federales de los estados, en las áreas en donde los gobiernos locales y municipales puedan ejercer sus funciones, trasladándoles sus estructuras y recursos. Este programa deberá establecer como prioridad y con un calendario preciso, el traslado de la responsabilidad federal a cargo de las delegaciones. Artículo tercero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 17 de abril de 2007. Muchas gracias.