La diputada Claudia Pastor Badilla: Gracias, presidenta. En uso de la facultad del artículo, lo haré en cada intervención y hablaré únicamente en esta ocasión del artículo 1o. de esta ley. Que todos estamos a favor de la extinción de dominio, está firmado. Aquí votamos la reforma al artículo 22 constitucional para que esta figura se pusiera en la Constitución. Y ahí ordenamos que el Congreso expidiera la ley reglamentaria. Así que la litis sobre la extinción de dominio no existe. ¿Bajo qué contexto se da la extinción de dominio? México acudió a la Convención de Palermo y en la Convención de Palermo se estudió cuál era el comportamiento de lo civil y lo que denominaron incivil. Y ahí analizaron cuáles son las conductas que internacionalmente están causando estragos sociales. Entendieron como civil la tolerancia, el pluralismo, la aceptación de diversos pueblos, el papel que juega la sociedad civil, los grupos ciudadanos, las empresas, los sindicatos, los partidos políticos. Y entendieron como incivil el narcotráfico, la trata de personas, la delincuencia organizada, el lavado de dinero, la corrupción. Bajo estos escenarios de excepción, los países que acudieron a la Convención de Palermo analizaron cómo operan las figuras de presunción de inocencia y carga de la prueba y quedaron claros que la materia penal, como estaba, no alcanzaba para dar un golpe certero, financieramente, a conductas de esta índole. Reitero: narcotráfico, delincuencia organizada, lavado de dinero y encubrimiento de estas tres conductas. Así, se estableció un catálogo de conductas excepcionales, en las cuales se revertiría la carga de la prueba. Es decir, a quienes estén acusados o estén investigados por delincuencia organizada o por narcotráfico, a ellos les correspondería acreditar en una instancia civil la posesión lícita de sus bienes. Sin embargo, la ley que nos presentan no tiene acotado a estas cuatro conductas lo ilícito. Ponen más de 250 conductas por las cuales un Ministerio Público puede ir contra la ciudadanía. Permítanme ponerles un ejemplo. ¿Cuántas personas no reciben en su casa a familiares? ¿Cuántas personas, para ayudarse en los ingresos no rentan un cuarto de su propiedad? Muchísimos, muchísimos mexicanos y mexicanas hacen esto. Bueno, con la ley, como nos la proponen, si esa persona que llega a su domicilio hubiera cometido un ilícito, en ese momento el Ministerio Público puede ir contra el bien inmueble de esa ciudadana o ciudadano por ser un bien de instrumento del delito. Y, además, ustedes tendrían que ir a probar frente a la maquinaria del Estado que son inocentes. Es decir, en materia penal le corresponde al Ministerio Público probar la delincuencia, probar el hecho ilícito. Con lo que nos proponen, esa persona que rentó el cuarto, por acusar a quien recibió de un ilícito, puede llevarla a perder su casa. Además, en la etapa preparatoria, antes de llegar a un juez, el Ministerio Público puede pedir una medida cautelar para la cual tiene cuatro meses en los que puede suspenderles la disposición del inmueble. Y, además, si mantener su casa cuesta más de 15 mil pesos, puede venderla. Es decir, vamos a someter a la ciudadanía a que vaya a demostrarle al Ministerio Público su inocencia, sin que pueda tener sus bienes. ¿Dónde va a vivir esta persona? De ese tamaño está lo que nos están presentando. La extinción de dominio es una consecuencia patrimonial de actitudes ilícitas a favor del Estado, pero lo que hoy nos proponen releva al Ministerio Público de probar la vinculación entre una conducta ilícita y las conductas de excepción de Palermo, versus los bienes y productos o instrumentos de la ganancia de la ciudadanía. Esto constituye un atentado a la propiedad privada, al generalizar a las mexicanas y mexicanos como narcotraficantes, es decir, están instaurando un Estado policial que contraviene el artículo 1o. constitucional, el propio 22 constitucional y la Convención de Palermo. Por favor, recapaciten y corrijamos esto. Gracias.