El secretario Arturo Herrera Gutiérrez: Muchas gracias, diputada. Decía que estoy convencido que mi comparecencia aquí es un elemento fundamental de la vida democrática del país. Un diálogo abierto y constructivo entre los Poderes es sin duda la ruta más adecuada para abordar los problemas más acuciantes de la nación. Esto es cierto en cualquier momento, pero lo es aún más en las situaciones más retadoras. Hoy es uno de esos momentos. Estamos viviendo una situación inédita. Usualmente, las crisis económicas se detonan por la falla en algún mercado, una burbuja especulativa, un desequilibrio en las finanzas internacionales, etcétera. Esta es la primera vez en la historia en que el impacto en la economía se da por una decisión consciente de los ciudadanos y gobiernos, que impulsaron el confinamiento social como mecanismo para evitar el contagio de la pandemia. Por ello, también es la primera vez que tanto la trayectoria de la economía como la duración de la recesión están determinados por la duración y trayectoria de la pandemia. La historia reciente ha probado que cuando aparece un nuevo virus, se trata de inferir su comportamiento a partir de los casos tempranos y de las características de virus similares. En el caso del Covid-19, Wuhan representaba el caso temprano y la AH1N1 representaba el ejemplo más cercano de virus al Covid. Esta información inicial, más la trayectoria de los primeros casos ayudaron a identificar riesgos y respuestas a nivel global. El riesgo inmediato mas grave, como lo evidenciaron Wuhan, Madrid, Lombardía y Nueva York, fue la saturación de los sistemas de salud. La respuesta fue un confinamiento duro y el escalamiento de la capacidad hospitalaria, en particular, la de las unidades de terapia intensiva y la del equipamiento médico y personal. Los expertos en salud fueron muy enfáticos en el sentido de que mientras más drásticos fuera el confinamiento, más exitosa sería la lucha contra el Covid, pero, todos sabíamos que esto tiene un costo: mientras más drástico es el confinamiento, mayor es el impacto en la actividad económica. Las medidas establecidas para proteger a la población y administrar el impacto sobre los servicios de salud, dieron lugar a una reducción profunda de la actividad económica que en nuestro país representó una contracción anual de 18.7 por ciento del PIB en el segundo trimestre de 2020. En particular, el impacto del confinamiento ha sido más severo para los sectores que dependen de la interacción física de clientes y proveedores, como el transporte, el turismo y algunas ramas del comercio. Por eso, aunque todos estamos expuestos al Covid, quienes están más expuestos son quienes no pueden realizar trabajo a distancia y un número importante de estas personas vulnerables deben realizar un trabajo diario. Por eso, el Covid afecta más a los más pobres, a los que tenían menos recursos para palear el confinamiento y a los que no se podían dar el lujo de trabajar desde casa. Por eso, la respuesta en materia de política económica no tenía solo que ver con garantizar la estabilidad financiera y mantener en orden las finanzas públicas, la respuesta tenía que pasar forzosamente por la red de protección social. Es decir, los programas que atienden a los adultos mayores, los programas de becas, etcétera. Aún cuando se ha tratado de generalizar la respuesta óptima a la pandemia, no puede ser la misma en un país como Alemania, que tiene un ingreso per cápita cercano a los 50 mil dólares por año y prácticamente sin trabajo informal ni pobreza, y que enfrenta tasas de financiamiento negativas a las de países como Haití y Burundi, con un ingreso per cápita de 790 dólares y 271 dólares, respectivamente, que tiene la mayor parte de su población en condición de pobreza y sector informal. México, como el conjunto de los países de ingresos medios, se encuentra justo entre esos dos extremos del especto económico. Las tareas emprendidas por el gobierno de México durante 2020 y la propuesta contenida en el paquete económico 2021 tienen como propósito apoyar, por un lado la atención a la población mediante un sistema de salud con capacidades más amplias y robustas, y por otro impulsar un conjunto de acciones en materia de política social y de inversión e infraestructura que apuntalen las capacidades de la economía y den tracción a una recuperación sostenida. No resulta una tarea sencilla cuantificar el impacto económico del Covid ni en México ni en el resto del mundo, pero nuestro país operó fundamentalmente a través de cuatro canales. En el orden en que fueron apareciendo fueron: en primer lugar, impactos en el sector financiero y de tipo de cambio en el mes de marzo, después en el sector petrolero en el mes de abril. A partir del mes de abril, cuando empezó la jornada de Sana Distancia, impactos en la economía en general mediante la contracción económica y la pérdida de empleos, y finalmente el conjunto de estos tres canales generó una presión sobre las finanzas públicas. Permítanme ahondar en cada uno de estos cuatro impactos. En primer lugar, se incrementó abruptamente la incertidumbre a nivel global sobre el panorama económico de corto plazo con efectos inmediatos sobre la estabilidad financiera y la operación de los mercados bursátiles. Así, se originó una reasignación de inversiones efectiva, relativamente más seguros, fundamentalmente el dólar y euro, impulsando una creciente volatilidad en los mercados de capitales y deuda en todo el mundo. Esta recomposición de portafolios afectó duramente a las economías emergentes con un impacto importante en sus mercados de deuda soberana y en la depreciación de sus monedas. Un importante apoyo para suavizar las condiciones de los mercados financieros fue la respuesta coordinada de las autoridades monetarias y fiscales. La inyección de liquidez y la disminución de las tasas de interés de referencia que realizaron los bancos centrales resultaron muy oportunas. En nuestro país, la coordinación entre el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se orientó a estabilizar el mercado de cambios mediante subastas de coberturas de dólares y liquidadas en pesos. Asimismo, con los diversos reguladores del sector financiero se trabajó en un conjunto de medidas para proveer liquidez a los hogares y empresas al permitirles posponer pagos de capital, de intereses en sus créditos bancarios, aunque esta pareciera ser una medida menor de carácter contable ha sido aprovechada en una proporción mayor, incluso a la que nosotros esperábamos. Al cierre de agosto, alrededor de 9 millones de créditos de familias y de empresas se han reestructurado aprovechando esta facilidad. En segundo lugar, la incertidumbre respecto a los requerimientos globales de hidrocarburos en un entorno donde hay una menor oferta y demanda de bienes y servicios, poca claridad respecto al tamaño de dicha disminución y su duración, con lo cual los principales productores de petróleo ante una perspectiva muy difícil de valorar que incluso dificultó su coordinación en el seno del grupo de la OPEP Más y llevó los precios del petróleo por primera vez en la historia a registrar niveles, incluso, negativos por un breve periodo a mediados de abril. En tercer lugar, la drástica reducción de la actividad económica puso las finanzas públicas bajo estrés, particularmente, lo relacionado con el reducido dinamismo de los ingresos tributarios y el aumento como proporción del PIB de la deuda pública. En este sentido, ha sido necesario establecer medidas para proteger la estabilidad macroeconómica y no comprometer la sustentabilidad de las finanzas públicas en el largo plazo. La lucha contra la corrupción y el compromiso del gobierno de México con los principios de austeridad han permitido contar con fuentes extraordinarias de ingreso para financiar acciones en materia de bienestar y generación de infraestructura. En particular, las atribuciones con las que el Congreso de la Unión ha dotado a la autoridad fiscal para luchar contra la evasión y la simulación fiscal, han permitido que aun en condiciones difíciles, como las actuales, el Estado mexicano cuente con los recursos suficientes para atender los temas más urgentes. Por ejemplo, con la eliminación de la compensación universal se ha asegurado mayor control sobre los montos devueltos que ahora están sujetos a esquemas de revisión más estrictos. Durante el periodo enero-julio, la compensación universal generó recursos por 33 mil millones de pesos, la eliminación de la compensación universal. Y podría representar una ganancia de alrededor de 56 mil 400 millones de pesos para todo el año 2020. Por otra parte, con la entrada en vigor de la reforma fiscal, en enero de este año, misma que equipara como delincuencia organizada la defraudación fiscal, algunos contribuyentes con irregularidades han optado por alcanzar acuerdos con la autoridad. En cuarto lugar, la atención de la emergencia sanitaria ha requerido la ampliación del gasto en salud, así como incremento sustancial del gasto orientado a las funciones de desarrollo social y económico, con el propósito de apoyar la economía de los hogares y las empresas, especialmente de aquellos más vulnerables a los efectos de la pandemia, por lo limitado de sus capacidades financieras y productivas, para enfrentar de manera prolongada un choque de esta naturaleza. De entrada, un conjunto importante de la población y de las microempresas no desempeñan actividades que pueden realizarse de manera remota o que aprovechen plataformas electrónicas de comercialización de bienes y servicios. De tal suerte que puedan prescindir total o parcialmente de su presencia en el lugar de trabajo o en la producción, distribución o comercialización de bienes y servicios. Al mismo tiempo, muchos de estos mismos hogares y no incluyo a empresas, cuentan con reservas financieras relativamente menores como para hacer frente al deterioro sostenido de sus fuentes de ingresos. Por ello, el fortalecimiento de los elementos de la red de protección social, como son los programas empujados a los adultos mayores y a los jóvenes, así como las becas, microcréditos y los apoyos a productores agrícolas han sido el eje principal para contrarrestar los efectos perniciosos de la... La realidad financiera... que da marco a la operación de la deuda en México es muy distinta de las economías avanzadas, por eso la respuesta es diferente. Permítanme darles algunos ejemplos. Por ejemplo, si esta semana el gobierno federal emitiera un bono a 10 años, este tendría que pagar un cupón de aproximadamente 5.6 por ciento por año. En Canadá, el mismo bono sería emitido con un cupón anual de solamente .25 por ciento, es decir, un cuarto de punto porcentual. Y probablemente, la tasa de interés real asociada a ello sería negativa. Para nosotros, la emisión de un monto de alrededor del 20 o el 30 del PIB que hicieron las economías avanzadas, representaría el pago adicional de intereses de 350 mil millones de pesos. Ustedes se preguntarán si esta es una cantidad manejable o no, déjenme ponerla en contexto. Esta cifra equivale al presupuesto del IMSS distinto a las pensiones. Es mayor al total del gasto dedicado a la educación media superior y superior. Es decir, el costo sería extraordinariamente alto para el país. A esta diferencia en el costo de financiamiento hay que agregar que nuestra recaudación de impuestos, como proporción del PIB, es significativamente menor a la registrada en los países de ingresos altos, por lo que el margen de maniobra es mucho menor y nos obliga a ser prudentes en la gestión del endeudamiento. Esta condición llama fuertemente la atención respecto de las capacidades de financiamiento de nuestra economía y la necesidad de robustecer varios elementos de la estructura tributaria. Si bien la coyuntura actual no es propicia para incrementar el catálogo de impuestos por y elevar sus tasas, particularmente cuando amplios sectores de la sociedad están viendo mermados sus ingresos, es una gran oportunidad para reflexionar con gran responsabilidad sobre la estructura tributaria que nos permitirá avanzar hacia una sociedad más equitativa y hacia un país con menores desigualdades entre los lugares y entre las regiones. Con respecto al paquete 2021, en este año, durante el 2021, la atención de la pandemia continuará determinando la ejecución de la política económica en un marco de estabilidad macroeconómica y un manejo de las finanzas públicas, que no comprometa su sostenibilidad de largo plazo Algo que se ha reconocido en los últimos meses es que no hay disyuntiva entre la salud y la contención de la pandemia y la economía. Si la pandemia no se mantiene contenida, la economía no puede crecer de manera constante. Esto es lo que llevó hace unas semanas a Barry Eichengreen, un reconocido economista de la Universidad de California, en Berkeley, a caricaturizar la situación, señalando que la salida de esta crisis la pueden predecir mejor los epidemiólogos que los economistas. En relación con lo anterior, justo esta semana vamos a dar los primeros adelantos para la adquisición de las vacunas para el Covid 19, la derivada del marco COVAX, dos contratos con empresas farmacéuticas y dos contratos bilaterales adicionales con países. Anticipamos que la distribución de la vacuna inicia durante el primer trimestre del 2021. La reactivación asimétrica iniciado en la segunda mitad del 2020 tomará ímpetu conforme la contención del Covid 19 en México y en el mundo permita la remoción paulatina de las medidas de confinamiento y, por tanto, una mayor utilización de la capacidad productiva instalada y una creciente demanda efectiva por bienes y servicios. No hay disyuntiva, como decía, entre economía y salud. La economía solo crecerá de manera sostenida, si mantenemos contenida la propagación del SARS-CoV-2. En particular, es fundamental que el sector financiero continúe impulsando condiciones para captar y orientar el financiamiento hacia los hogares, empresas y proyectos productivos. Asimismo, resulta primordial que la inversión pública y privada en infraestructura impulse la generación de empleos y derrame ampliamente sus efectos sobre el resto de los sectores públicos. Las proyecciones de finanzas públicas de 2021 utilizan una tasa de crecimiento del PIB del 4.6 por ciento. Asimismo, emplean un precio de la mezcla mexicana de exportación de 42.1 dólares por barril, en línea con la evolución reciente del precio spot y de los futuros y con estimaciones de analistas para los crudos WTI y Brent. Además, se utiliza una plataforma de producción de petróleo de un millón 857 mil barriles diarios que considera el nuevo entorno de demanda y precios, así como el renovado énfasis de la eficiencia en la producción de petróleo y de abastecimiento de combustibles por parte de Pemex. Es importante destacar que la producción de agentes privados se estima en 61 mil barriles diarios, la cual es mayor en 28 mil barriles diarios a la estimada para el cierre de 2020. Bajo este rubro se consideran los contratos de licencia y producción compartida adjudicados en las dos rondas de licitaciones. Por último, se prevé una inflación anual de 3 por ciento en línea con las proyecciones o el objetivo del Banco de México, y una tasa de interés del 4 por ciento, lo cual supone una reducción adicional de 50 puntos base durante 2020, y estabilidad de la política monetaria durante 2021. Un tipo de cambio promedio de 22.1 pesos por dólar, por lo que se asume una trayectoria decreciente a lo largo de 2021 en línea con la recuperación económica. La iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación 2021, refuerza el marco vigente para optimizar las tareas de recaudación, aprovechar los recursos no renovables con los que cuenta nuestra nación y usar los recursos financieros que se han acumulado en el tiempo para hacer frente al mayor reto de salud y en materia económica de la historia reciente. Para 2021, se estiman ingresos presupuestarios por 5 billones 538 mil millones de pesos, magnitud menor en términos reales en 3 por ciento respecto a los ingresos presupuestarios aprobados en 2020, pero superiores en 6.4 por ciento respecto a los estimados para el cierre del año, una vez que se excluyen los ingresos no tributarios y no recurrentes. Este incremento real se explica principalmente por la tasa esperada de crecimiento de la economía, la estrategia reforzada de combate frontal a la simulación y evasión fiscales y el aumento esperado en la producción y precio del petróleo, así como las ventas de combustibles. Esto último conforme se normalicen las condiciones de movilidad y tránsito de personas y mercancías. En materia de política de ingresos, no es el momento de extender el catálogo de impuestos o incrementar las tasas vigentes. Lo que sí buscamos es facilitar y transparentar la aplicación del marco tributario, así como establecer los mecanismos que hagan más eficaz el proceso de recaudación. En este sentido, la miscelánea fiscal contiene únicamente precisiones menores. No pretendemos que la política fiscal tenga un carácter procíclico como en episodios previos de crisis financiera de finanzas públicas, así impulsamos medidas tributarias que no presionen la posición financiera de los hogares y las empresas, mientras que en materia de gasto fortalecemos lo relacionado con la red de bienestar social. En lo relacionado con el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2021, se ha privilegiado una conformación balanceada y sensible respecto a la red de protección social, que debe reforzar para beneficiar a los grupos más vulnerables de la población. La configuración propuesta atiende la emergencia sanitaria, soporta e impulsa la recuperación económica y sienta las bases para un desarrollo más equitativo y durable. En este sentido y durante 2021 continuará el fortalecimiento de los recursos humanos y físicos del sistema de salud, con el propósito de potenciar las capacidades del sector y reducir el déficit en materia de acceso y servicios a la población. El presupuesto del sector Salud tiene un crecimiento en términos reales de 9.2 por ciento, respecto al aprobado en el año 2020. La crisis del Covid-19 ha requerido reescalar los servicios de salud del país mediante la reconversión de hospitales, la construcción en nuevas unidades médicas y la contratación adicional de 50 mil profesionales de la salud. Asimismo, a partir de enero próximo el país empezará a preparar el doble de los especialistas de lo que se hace hasta ahora, ampliando los espacios para residencias en México y las becas al extranjero. En materia de educación se mantendrán las becas a niños y jóvenes de todos los niveles escolares y se orientarán los recursos necesarios para que la operación del sistema educativo, en su conjunto, incremente su calidad y eficiencia determinadas. El presupuesto de las universidades públicas no será afectado. Permítanme repetirlo, el presupuesto de las universidades públicas no será afectado. Los ajustes necesarios en el presupuesto serán en otro rubro, de tal forma que las universidades públicas mantengan, en términos reales, su presupuesto del año 2020. Por otra parte, el proyecto de presupuesto considera recursos para robustecer los programas para el bienestar de las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, mediante los cuales no solo se resuelven temas de justicia social, sino que se liberan recursos de los hogares para atender diversas necesidades. Se potencia la inversión en infraestructura para dos objetivos principales: vigorizar la recuperación mediante la mejora de la conectividad interna y con el exterior, particularmente en la región Sur-Sureste. Dos, asegurar la continuidad y asequibilidad de los recursos energéticos, elementos que continuarán siendo el principal motor de la economía global en las décadas por venir. En este sentido, el gasto en inversión se incrementa en 5.3 por ciento en términos de reales. Con estos recursos se mejora el sistema de carreteras, aeropuertos e instalaciones marítimas, necesarios para impulsar un mayor crecimiento en el futuro y para que en el presente se dinamice el sector de la construcción, su generación de empleo y su derrama sobre el resto de los sectores productivos. Al día de hoy se han recuperado casi 180 mil empleos en el sector construcción, la parte formal de los que se habían perdido durante la etapa del cierre duro de la pandemia. En términos reales, el PIB de 2021 se compara al PIB que registramos en 2016, toda vez que los sectores que por su efecto en el bienestar de la población se han protegido en el proyecto de presupuesto, ya sea con incrementos o mantenimiento en términos reales, una asignación similar a la del año previo, los recursos orientados al resto de los rubros han sufrido una contracción significativa. Por último, es importante señalar que casi un 30 por ciento de todo el gasto va dirigido a estados y municipios, por un monto de 1.8 billones de pesos. Es decir, más del 50 por ciento de la recaudación federal participable. Así, el paquete económico 2021 evidencia un esfuerzo sustancial orientado a fortalecer el nivel de transferencias a las entidades federativas y los municipios. En materia de federalismo fiscal, es importante destacar que en esta coyuntura se han hecho importantes esfuerzos por parte del gobierno federal para mantener el nivel de las transferencias. En concreto, se ha ampliado la capacidad de las reservas del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas, el FEIEF, y se ha transferido a las entidades federativas la administración del 100 por ciento del impuesto sobre la renta por enajenación de bienes inmuebles, a fin de establecer los incentivos económicos adecuados en materia de recaudación y control de obligaciones. Asimismo, se mantiene una colaboración muy estrecha y cercana con los gobiernos estatales y municipales, para fortalecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno y acompañar directamente desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los esfuerzos que se están llevando a cabo para reactivar el crecimiento desde el ámbito local. En su conjunto, el gasto programable neto aumenta 1.3 por ciento en términos reales, respecto al gasto aprobado en el año 2000. Los mayores ingresos tributarios y petroleros que se esperan en el 2021, respecto al cierre de este año, permiten que las participaciones, aportaciones y otros rubros de gasto orientados a estados y municipios representen el 29.7 por ciento del gasto neto total. Por su parte, la disminución de las tasas de interés y el manejo eficiente de los pasivos públicos permiten que el costo financiero se reduzca 2.5 por ciento respecto a la estimación de cierre para el 2020, 3.8 al considerar la cifra aprobada para este año. Así, el gasto no programable en su conjunto disminuye 4.6 por ciento en términos reales, respecto al aprobado en el 2020. De manera prudente decidimos prefinanciar la mayor parte de las necesidades de deuda en moneda extranjera. Así, cuando la pandemia golpeó ya teníamos contratado más del 80 por ciento de las necesidades de financiamiento externo para 2020. En el mes de enero de este año, emitimos bonos en los mercados internacionales por 2 mil 300 millones de dólares y mil 750 millones de euros. Estos recursos fueron contratados con las tasas de interés más bajas que se tenga registro en toda la historia del país, tanto en dólares como en euros. En el mes de marzo, la crisis de Covid y las condiciones de alta volatilidad que se registraba en los mercados financieros nos obligaron a ajustar nuestro programa anual de financiamiento. Decidimos reducir temporalmente el financiamiento en pesos y aumentar el financiamiento en dólares, sin exceder el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso. Así, en el mes de marzo hicimos una colocación por 6 mil millones de dólares, la emisión más grande hecha por el gobierno mexicano, con una demanda de 4.75 veces sobre el monto colocado. Asimismo, el pasado 14 de septiembre finalizamos la contratación de financiamiento externo con la emisión del primer bono soberano, ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, por un monto de 750 millones de euros. Cabe mencionar que este bono fue recolocado a una tasa cupón; es decir, una tasa de interés de solo 1.35 por ciento, la segunda tasa más baja registrada en la historia del gobierno federal. La demanda por este bono fue de más de 6.4 veces el monto colocado, lo cual refleja la enorme confianza que los inversionistas internacionales tienen en México. Por último, quisiera mencionar que este constituye el primer bono soberano en el mundo, ligado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Con ello, México reafirma su compromiso con la Agenda 2030 y confirma su liderazgo con la emisión de instrumentos innovadores en los mercados internacionales. En resumen. El Paquete 2021, al tiempo que fortalece el gasto en las principales funciones que ayudan a la recuperación y al desarrollo de largo plazo, plantea un balance primario en equilibrio y una reducción en los requerimientos financieros del sector público de 4.7 por ciento, 3.4 por ciento del PIB. Condición que permite disminuir el saldo histórico de los requerimientos financieros de 54.7 por ciento del PIB en 2020 a 53.7 por ciento en 2021, con base en las proyecciones actuales de las principales variables macroeconómicas. Y colocar este indicador más amplio de la deuda en una senda decreciente a partir de entonces. Por último, y con el propósito de asegurar la disponibilidad de recursos que se requieren en esta etapa de reactivación económica, se propone un balance público, sin incluir la inversión del gobierno federal y de las empresas productivas del Estado, en déficit por 0.7 del PIB, magnitud consistente con la disminución proyectada del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público. Esto permitirá dar un impulso a la economía y reducir la brecha respecto al potencial de la economía, que está sustentada en la evolución esperada de los ingresos tributarios y la perspectiva de los precios del petróleo, conforme a lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y su reglamento. En concordancia con lo dispuesto en dicha ley, se prevé una trayectoria descendente durante el resto de la administración para el balance solicitado, hasta regresarlo al equilibrio. Esta evolución corresponde con cinco factores: uno, la eventual normalización de la actividad económica tras la disponibilidad de una vacuna contra el Covid-19. Dos, las mejores condiciones en el mercado petrolero. Tres, los beneficios de corto y largo plazo derivados del desarrollo de infraestructura. Cuatro, el impulso que brindará el Tratado de Libre Comercio al comercio y la inversión; y, finalmente, la profundización del sector financiero asociado al crecimiento del ahorro que, se espera, genere la reforma de pensiones. Respecto a esta iniciativa de reforma, reconocemos que es perfectible, y queremos trabajar con el Congreso de la Unión para conformar un instrumento que permita a las generaciones de trabajadores acrecentar de manera sostenida los recursos para disfrutar de una pensión digna. La economía mexicana enfrenta actualmente el reto más complejo desde la gran depresión en materia de protección del bienestar social e impulso a la actividad económica. La respuesta a este reto debe ser amplia y contundente. En materia de política de ingresos, reitero que no es el momento de extender el catálogo de impuestos o incrementar las tasas de interés. No obstante, por un principio de justicia social, equidad y eficiencia económica, resulta fundamental facilitar y transparentar la aplicación del marco tributario, así como establecer los mecanismos que hagan más eficaz el proceso de recaudación. Ningún país es responsable de la crisis sanitaria, pero sí somos responsables de que el impacto sea el menor posible dado los recursos disponibles. Debemos aprender a convivir con el virus, garantizando primeramente los recursos que nos permitan mantener los niveles de holgura en hospitales y camas de terapia intensiva que hemos alcanzado. En materia de gasto, las iniciativas para 2021 privilegian el gasto esencial para el bienestar, el presupuesto en materia de salud, el de los programas sociales y el gasto en infraestructura crece en términos reales, mientras que el gasto en educación y el apoyo al campo y los sectores productivos, mantienen su magnitud en términos reales. Este es un esfuerzo significativo una vez que se considera que la proporción del presupuesto para tal sobre que el gobierno federal puede modificar asignaciones es, de apenas, de alrededor del 19.5 por ciento. Casi el 81 por ciento restante, representa gastos de cumplimiento obligatorio o caen fuera de las atribuciones del sector central federal. La posición estructural de las finanzas públicas no permite márgenes de maniobras amplias. Si bien, no hay presupuesto perfecto, por medio de esta Paquete Económico 2021 el gobierno de México presenta una propuesta que refuerza el marco de estabilidad macroeconómica y responsabilidad fiscal, y tiene una marcada vocación social al establecer las bases para ampliar la red de protección social del país, particularmente en salud y construir capacidades que permitan acelerar la recuperación de la economía. La pandemia impone una fuerte carga sobre las capacidades del sistema de salud, el bienestar de los hogares y condiciones de dinamismo de las actividades productivas. Por ello, es importante trabajar para salir de esta difícil situación, pero esto también pasará. Nosotros estamos en la mejor disposición de trabajar en múltiples frentes con los Poderes de la Unión, las entidades federativas, los empresarios, el sector social de la economía y la academia para establecer las condiciones que fortalezcan al sistema de protección social y amplíen, profundamente, las capacidades del aparato productivo impulsando la creación de empleo y permitan un crecimiento sostenido en los ingresos de los hogares. Por último, el paquete económico que se analiza es una de las tantas herramientas que permiten llevar a cabo estas tareas de fortalecimiento económico. La Constitución Política y las instituciones que emanan de ella, ponen a nuestra disposición diversas herramientas normativas y operativas para coordinar tareas y abonar a la construcción de un país donde la prosperidad y el bienestar sean amplios y compartidos. Yo estoy convencido desde hace mucho que la responsabilidad fiscal no está peleada con la conciencia social. Por eso, hemos implementado acciones para proteger principalmente a los que menos tienen y para apuntalar las capacidades productivas de la economía. No podemos perder de vista que la lucha contra el Covid tiene que ser la principal prioridad de la política pública el próximo año, pero, también hemos aprendido que el Covid no es asunto de unas cuantas semanas, como pensaban los epidemiólogos a nivel mundial a principios de marzo, sino es algo con lo que tendremos que convivir en el mediano plazo. Justo porque reconocemos que es un tema de mediano plazo, tenemos que hacer dos cosas: la primera, adaptar la economía y los espacios de trabajo y la convivencia diaria para ajustarlos al Covid, y la segunda, tenemos que retomar ya la agenda que ayude a construir un México más próspero y justo, mediante el fortalecimiento de las redes de protección social, un sistema financiero incluyente y profundo y un país que dé oportunidades reales a todos; a la población urbana, a la población del campo, a los jóvenes, a los adultos mayores, a los indígenas y en particular a las mujeres. En la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tenemos la plena disposición para colaborar con el Congreso de la Unión y avanzar en una discusión productiva de las prioridades que en materia de política pública debe atender el país. En este sentido, quedo atento de sus comentarios y con la plena disposición para clarificar ampliamente cualquier duda. Muchísimas gracias.