El diputado Carlos Alberto García González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: los hechos ocurridos los pasados 26 y 27 de septiembre de este año, donde lamentablemente se produjo la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, seis ejecuciones extrajudiciales, torturas y demás violaciones graves a los derechos humanos no sólo de las víctimas directas o indirectas de estos delitos, sino en sí constituye una herida abierta al pueblo mexicano. Un Estado que se precie de ser democrático y de derecho no puede permitir que estos delitos se cometan en contra de persona alguna. Además, debe generar los instrumentos legales y las políticas públicas que sean capaces de anticiparse y remediar estas graves violaciones. En este caso desafortunadamente se dieron todas las condiciones para que estos hechos se pudieran prevenir; una entidad federativa con una evidente debilidad institucional, con la mayor incidencia en delitos como homicidio doloso por cada 100 habitantes, con una fuerte desigualdad social y económica. Los lamentables hechos ocurridos en Iguala pudieron, compañeras y compañeros, haberse evitado. El contexto enrarecido por nexos de grupos del crimen organizado con autoridades políticas no son nuevos; desde el 2011 existen averiguaciones previas y diversos señalamientos y acusaciones que fueron ignorados por funcionarios de todos los órdenes de gobierno. En Acción Nacional siempre nos hemos pronunciado por el respeto a la dignidad humana. No sólo nos preocupan los desaparecidos en Iguala. No debemos olvidar, compañeros, que de conformidad con las cifras oficiales, existen más de 22 mil desaparecidos en este país, personas con nombre y apellido que no son ni deben ser tratadas como números; son seres humanos que pertenecen a sus familias y a sus comunidades, personas con dignidad que queremos de vuelta. En el PAN nos pronunciamos porque las inconsistencias en las investigaciones y procedimientos periciales, así como la deficiencia en la atención y protección a las víctimas no se repitan, porque no vuelva a haber omisiones en la calificación de delitos como éste, que es la desaparición forzada de competencia. Para ello, este Poder Legislativo tiene mucho que hacer. Todos debemos de considerar la creación de una ley general contra la desaparición que incluya la homologación y aplicación de protocolos de búsqueda y localización de personas desaparecidas, incluyendo la regulación de procedimientos de exhumación de los seres humanos. Estamos ahorita en el momento para garantizar que las partidas presupuestales sean consecuentes con los objetivos nacionales de alcanzar de a de veras el derecho a la verdad y el acceso a la justicia. En ese sentido vemos con preocupación que las partidas a la Unidad Especial de Investigación para Personas Desaparecidas de la PGR, sólo se le otorgue en el proyecto de Egresos 15 millones de pesos. En Acción Nacional no vamos a lucrar con el sufrimiento de las víctimas, pero tampoco permitiremos que prevalezca la impunidad de los actores de los órdenes de gobierno involucrados y velaremos porque los responsables tengan la jerarquía que tengan, sean llevados ante la justicia. Abogamos porque se encuentre a los 43 jóvenes desaparecidos con vida. Exigimos que las víctimas indirectas, los familiares, estudiantes y comunidad en general sean debidamente atendidas por el Estado mexicano. Trabajaremos porque estas gravísimas violaciones a los derechos humanos sean sancionadas y, sobre todo, que no vuelvan a repetirse en nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Por su atención a todas y a todos los diputados, muchas gracias.