La diputada Silvia Oliva Fragoso: Compañeras diputadas y compañeros diputados. Con la fundamentación correspondiente, presento la iniciativa con proyecto de decreto de reformas a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública en Materia de Adolescentes, al tenor de la siguiente Exposición de motivos El pasado 12 de diciembre de 2005 tuvo verificativo un hecho sobresaliente en la historia reciente del derecho penal mexicano: el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación, después de discusiones en las Cámaras, una reforma constitucional que modificaba por completo la manera en que el Estado mexicano concebía a sus jóvenes en conflicto con la ley penal. Bajo esta nueva perspectiva, ya no se les llamaría más "menores infractores". Las modificaciones fueron al artículo 18 constitucional, estableciendo en los párrafos cuarto, quinto y sexto un nuevo sistema de justicia integral para adolescentes. Dicha reforma, tanto por lo que hace a la forma como al fondo, tuvo un par de momentos: primero, el 12 de marzo de 2006, y segundo, el 12 de septiembre del mismo año. En la primera fecha, tanto la denominación de los adolescentes como las distinciones etarias para establecer las consecuencias jurídicas de su responsabilidad entraron en vigor tanto a nivel federal como estatal y del Distrito Federal, quedando tan sólo pendiente para la segunda fecha, la creación de las leyes, instituciones y órganos que se requerirían para la aplicación del nuevo sistema, obligación por cierto que, de manera por demás incongruente, no aplica para la federación, tan sólo para las entidades federativas. En este orden de ideas, en estas fechas, las disposiciones penales federales y locales deben estar acorde con el texto constitucional, pues de lo contrario se encontrarían en franca contraposición con la reforma constitucional puesto que a diferencia del eje de la especialidad, la diferenciación estaría debió observarse desde el 12 de marzo de 2006 para todos. No solo para las entidades federativas y el Distrito Federal, sino también para la federación. Al respecto el máximo tribunal del país se ha manifestado en ese sentido. Por otro lado, el vocablo menor ya es un término que se encuentra superado. Del latín minor-minoris, que significa pequeño. El término menor, según el Diccionario de la lengua española, quiere decir "el que es inferior a otra cosa en cantidad, intensidad o calidad; o menos importante con relación a otro del mismo género", entre otras acepciones. Se hace además la distinción de tratarse de un adjetivo y no de un sustantivo. Por lo que en su caso lo correcto es decir "persona menor de edad". Si bien el término menor se utiliza sin un ánimo peyorativo y forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, inclusive de nuestra propia formación jurídica; es interesante conocer que el origen de dicho término sí obedece a criterios de discriminación hacia los niños a partir del análisis que desde la doctrina de la protección integral de los derechos de la infancia se determinó el origen histórico del término. Desde el derecho romano, la infancia era considerada objeto de propiedad al pertenecer a ese grupo de personas bajo la tutela del pater familia, lo que se traducía en la objetivización de la persona, y un sentido de propiedad del titular de la familia respecto de sus tutelados. En un principio los hijos de familia, al igual que los esclavos, estaban privados de la capacidad de goce y de ejercicio. En otro capítulo más reciente de la historia encontramos que se refuerza esa visión adulta respecto de la "incapacidad" de la infancia, cuando a finales del siglo XIX aparece el sistema de los menores en situación de riesgo. Este sistema surge con la creación de una justicia especializada para personas menores de edad. En 1899 en la ciudad de Chicago se establece el primer tribunal para menores. Lo que se buscaba que era una facultad protectora del Estado hacia ciertos niños que quedaban expuestos por motivos de la imperiosa necesidad de los padres de familia de salir a buscar un modo de subsistir en el contexto de la gran depresión que atravesaba Estados Unidos, lo que se convirtió en un eufemístico sistema de violación a sus derechos ya que se confundía lo asistencial con lo penal. Cabe mencionar que antes de esto, para efectos penales, los niños eran tratados como adultos, lo cual tampoco se considera una mejor práctica. Con la creación del tribunal de Illinois se desarrollan en todo el mundo los llamados sistemas tutelares de justicia para menores, basados en la doctrina conocida como de la situación irregular, en la cual las personas menores de edad eran concebidas como objetos de tutela, y definidas de manera negativa y segregativa como incapaces. La esencia de este sistema se resume en el establecimiento de un marco jurídico que en aras de la protección legitima una intervención del estado ilimitada y discrecional sobre las personas menores de edad para efectos de institucionalizarlas y con ello violar de manera sistemática sus derechos. México no fue la excepción en incluir ese sistema y su doctrina al régimen interno. Para 1940 se habían instaurado en todo el país sistemas tutelares de justicia administrativa, permaneciendo vigentes a la fecha en un importante número de estados de la república. No fue sino hasta mediados del siglo XX que estos sistemas comenzaron a ser cuestionados. El control sociopenal que el Estado ejercía sobre las personas menores de edad alcanzó límites inaceptables que restringían y vulneraban severamente sus derechos fundamentales en una medida mucho mayor que en el derecho penal de adultos. Las críticas a los sistemas tutelares pusieron de manifiesto su falta de legitimidad jurídica y social, lo que llevó a la urgente necesidad de replantear los fundamentos de tan importante materia en todo el mundo. Es así que la tendencia mundial en este tema va siendo la de implantar un sistema que garantice el respeto de todos los derechos a las personas menores de edad (12, 18 años) que se encuentran en conflicto con la ley penal. De tal manera que no sólo por razones teórico doctrinales sino por cuestiones constitucionales, la utilización del vocablo menor es una inconsistencia con el estado actual de las cosas, tal y como lo ha sostenido nuestro más alto tribunal. Siendo así, los artículos 3o., párrafos segundo y cuarto, y 40 de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que utilizan el vocablo menor, deben ser modificados, para adoptar este nuevo concepto constitucional, máxime que no se trata de una ley cualquiera sino de una ley marco que debe ser observada tanto por la federación como por las entidades federativas. En ese sentido, la propuesta es que se cambie el sustantivo menor por adolescente, y que se haga en todo lo que corresponde a la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es cuanto, diputado Presidente.