El diputado Alejandro Agundis Arias (PVEM): Con su venia, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La legislación de amparo establece en su artículo segundo la aplicación de manera supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando no exista disposición expresa en dicha ley. Sin embargo, consideramos que el código que regula el juicio constitucional debe tener su propia ordenación para no acudir a la supletoriedad que le impone el precepto de mérito. Lo anterior obedece a que el artículo 150 del cuerpo de norma citado, prescribe que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra le derecho. De lo antepuesto se deriva la parquedad de dicho precepto, al no establecer las pruebas que sí son admisibles en el proceso de garantías. Consideramos la importancia que tiene dicho juicio, porque es el garante de la constitucionalidad y de la legalidad de los actos de autoridad. El juicio de amparo, en virtud de su naturaleza, resulta ser muy técnico en toda su extensión, al grado tal que en materia de pruebas se deben cumplir ciertos requisitos, de tal forma que se tienen que anunciar con una antelación de cuando menos cinco días hábiles, sin contar el día de su ofrecimiento ni el día de la celebración de la audiencia constitucional, según lo proviene el Artículo 151 de la ley citada, de lo que resulta que si no se satisfacen tales exigencias, la consecuencia legal es que no serán admitidas por el juzgador. Por ello, el Legislador debe de dotar de medios de prueba a la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La prueba es el motor que impulsa el proceso, por lo que el órgano jurisdiccional debe reunir los elementos indispensables, que le permitan tomar la decisión correspondiente, por lo tanto, sin las pruebas sería imposible dictar sentencia. La Ley de Amparo contiene normas jurídicas de carácter sustantivo y de índole adjetiva, de tal suerte que en el campo procesal los elementos capaces de producir un estado de certidumbre en la mente de quien la ley ha autorizado para valorar esos elementos, siempre en relación directa de un hecho que se repunta violatorio de las garantías del gobernado. Por eso, es dable decir, que probar es evidenciar algo, permitiendo que mediante un razonamiento lógico y jurídico, se pueden concatenar hechos diversos que en un momento dado, permitan establecer la relación causal, entre el acto de autoridad que el gobernado reclama por considerar que vulnera su esfera jurídica y el resultado que se pretende enlazar con la actuación de la potestad pública. La prueba no ha sido congruente en su evolución con los adelantos culturales o científicos de la humanidad, podemos decir que son los cambios políticos los que han impregnado su evolución y retroceso. En épocas remotas se dejaba a cargo de la voluntad divina el señalamiento del culpable, como en los Juicios de Dios, bordalias, posteriormente se otorgó a los jueces la obligación de formarse por sí mismos un juicio sobre determinado hecho, destacando la capacidad intelectual como medio para tal fin. Hoy en día, los avances científicos, permiten dotar al juzgador de medios que utilizan novedades técnicas y científicas, de ahí, que las pruebas periciales revistan importancia que se les otorga, pero toda evolución no debe olvidar que el objeto supremo del derecho es la persona, quien deberá gozar en el proceso de un marco de respeto y reconocimiento de sus derechos. Existe un principio lógico que tiene su origen en los medios de prueba de que dispone el hombre para hacer que en los demás seres surja la certeza, sostiene este principio que al aparecerse un hecho positivo y uno negativo, obliga a probar al que afirma, toda vez que si el hecho positivo tiene a su favor las pruebas directas e indirectas, quien niega no tiene posibilidad de probar. Por ello, en el juicio de garantías prevalece el principio de quien afirma tiene la carga de la prueba, lo que significa que el quejoso va a tener siempre que probar la existencia del acto que reclama la autoridad, y además que dicho acto es violatorio de las garantías individuales de aquel. En síntesis, todas las pruebas deben estimarse en cuanto a contenido en un órgano de prueba, que es la persona física que a través de su testimonio aporta elementos de ánimo de convicción en el juzgador, de tal suerte que para el juicio de amparo lo será el testigo, persona que por medio de su testimonio ilumina el criterio del juzgador al tomar su determinación en definitiva, en tanto, el medio de prueba son los que se proponen en cuanto a adiciona a la legislación de amparo, en el Artículo 150 Bis, es decir, los medios de prueba son las mencionadas en el precepto que se pretende adicionar con la presente iniciativa. El objeto de la prueba alude a lo que se pretende probar, es decir, la finalidad que persigue el oferente de la prueba, al proponer su admisión y posterior desahogo ante la figura del juzgador. Los sistemas jurídicos, en cuanto a la confección o el diseño de la norma jurídica, han utilizado diversas y variadas formas, de tal manera que en múltiples ocasiones, se vuelven confusas para los sujetos a quienes va dirigida, por ello proponemos que el artículo 150 Ter contenga numerales que le den claridad para entender más fácilmente el valor jurídico que cada una de las pruebas debe tener, tanto en lo individual como en lo colectivo, mismas valoraciones que el juzgador debe considerar al emitir la resolución correspondiente. Con todo lo anterior, la presente iniciativa viene a imprimirle mayor comprensión en el rubro de las pruebas a la Ley de Amparo para los abogados litigantes, jueces, magistrados, estudiantes, docentes y público en general, en virtud de que se encuentra condensado en un artículo 150 Ter, clasificado en 7 numerales para que se pueda ver de manera integral, es decir, se indica el valor jurídico que cada una de las pruebas goza por ministerio de ley y que el órgano jurisdiccional se debe de sujetar en sus resoluciones. La iniciativa que se propone va abundando en el camino para otorgar el procedimiento del juicio de garantías, elementos racionales, como es el caso de los medios de pruebas para que no se recurra a la supletoriedad que le impone el precitado artículo 2º de la Ley de Amparo. Esto es así porque no debemos soslayar que uno de los principios generales del derecho es imprimirle seguridad y certeza jurídica a las partes procesales, además representa para el juzgador arribar a una administración de justicia pronta y expedita. Una vez expuesto lo antes dicho y desde ese punto de vista, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México propone al pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los artículos 150 Bis y 150 Ter a la Ley de Amparo. Por obviedad de tiempo no leeré el articulado, por lo que solicito a la Presidencia sea publicada de manera íntegra esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.