La senadora Lydia Madero García (PAN): Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: Como ha sido expuesto en la propuesta a discusión, es evidente que los legisladores mexicanos no podemos consentir el contenido de la Ley 200 del Estado de Arizona, misma que recientemente entró en vigor y cuyo contenido pone en riesgo los derechos humanos de los cientos de mexicanos que residen en ese estado de la Unión Americana. Reconocemos el derecho soberano de los estados a imponer las normas jurídicas que consideren necesarias para garantizar la convivencia de los ciudadanos, sin embargo rechazamos las disposiciones cuyo contenido expresan actitudes xenofóbicas y discriminatorias que deben ser eliminadas precisamente porque atentan en contra de los derechos humanos de las personas y en este caso, de nuestros hermanos mexicanos. La Ley 200 es una disposición que refleja una postura que ha venido ganando terreno en algunas localidades de Estados Unidos y a la que debemos oponernos enfática y sistemáticamente, que estamos conscientes que no representa una tendencia generalizada en ese país ni una respuesta al incremento de la población de origen latino en nuestro país vecino, pero es suficiente para generar nuestro rechazo absoluto a la misma. Esta medida responde a una tradición particular enraizada en el estado de Arizona en donde vive un importante grupo de personas que no reconocen la enorme contribución que inmigrantes de todo el mundo hacen a la integración, economía y cultura de los Estados Unidos y que desconocen que mucho del bienestar del que goza esa nación descansa en el trabajo cotidiano de los millones de personas de origen extranjero que residen en ese país. Con la entrada en vigor de la reforma, a partir de este año, el gobierno de Arizona solicitará a cualquier persona que su calidad migratoria la hace elegible para recibir ciertos beneficios de programas de asistencia social, estatal y local, en los que no intervengan recursos federales, aunque, según información de la Procuraduría de Arizona, los servicios de educación básica y de salud, de emergencia, quedan fuera del ámbito de aplicación de esta medida. Es bastante lamentable que las autoridades de Arizona crean que con esta última salvedad los mexicanos estaremos de acuerdo en el trato que se da a nuestros connacionales en esa entidad de la Unión Americana y que para defender los derechos de sus connacionales sea necesario violar los derechos de los extranjeros. Nunca como ahora el gobierno mexicano ha asumido la defensa de nuestros connacionales en el territorio americano y defendido el respeto a sus derechos humanos. Ya nuestro compañero César Raúl Ojeda ha hecho referencia a las acciones emprendidas por el gobierno de la República, que constituyen el inicio de una amplia estrategia gubernamental que contribuirá a reducir los efectos del estado de Arizona ha dispuesto a través de la Ley 200,en pleno ejercicio de su soberanía, según esas autoridades. Estamos conscientes que nada será suficiente hasta no alcanzar el pleno respeto y vigencia de los derechos humanos de la población mexicana que reside en Estados Unidos. Por lo anterior, nos sumamos a la propuesta presentada por nuestros compañeros Sadot Sánchez y César Raúl Ojeda y obviamente votaremos a favor. Muchas gracias.