El diputado Benjamín Ernesto González Roaro: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, esta LX Legislatura ha avanzado, probablemente, como ninguna otra, en materia de claridad, certeza y calidad del ejercicio del gasto público. Recordemos, para iniciar, que esta legislatura reformó el artículo 6o. constitucional en materia de transparencia y que de igual manera hemos establecido reformas dirigidas a fortalecer la vigilancia del gasto público y su fiscalización, lo que nos lleva a que hoy el gasto público se ejerza bajo un sistema de evaluación del desempeño y al amparo de una Ley General de Contabilidad Gubernamental. Todas estas reformas, además de modernizar la administración pública, cerrarán las puertas a la corrupción. Durante esta legislatura en la Comisión de la Función Pública recibimos siete iniciativas de fiscalización de integrantes de distintas fracciones parlamentarias. Todas estas iniciativas fueron consideradas para presentar el dictamen que hoy ponemos a su consideración. Quiero reconocer el esfuerzo de todos los diputados que presentaron iniciativas, que son los diputados Enrique Cárdenas del Avellano, Octavio Martínez Vargas, Hugo Eduardo Martínez Padilla, Elías Cárdenas Márquez, Antonio Valladolid. Particularmente los diputados Raúl Cervantes, Javier Guerrero, Jesús Ramírez Stabros, Horacio Garza Garza, así como al diputado Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, ya que lo expuesto en sus iniciativas y comentarios, al ser tratados de manera integral, forma parte central del dictamen que hoy se presenta. Uno de los aspectos particulares que presenta este nuevo dictamen que hoy les proponemos consiste en dotar de facultades a la Auditoría Superior de la Federación, para solicitar información de otros ejercicios cuando sus investigaciones lleven a necesitar esta información; esto sin perjuicio del principio de anualidad. Por otro lado, las entidades fiscalizadas deberán llevar el control y registro contable patrimonial y presupuestario, de acuerdo a lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental. De igual manera, se le otorga potestad a la Auditoría Superior para realizar auditorías sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, así como fiscalizar directamente los recursos de la federación que administren o ejerzan los estados y los municipios, y aquellos que se destinen y que se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a los fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica. También se incorpora de manera importante el programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado, cuyo objeto será fortalecer el alcance, la profundidad, calidad y seguimiento de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior al ejercicio de los recursos federales transferidos a los órdenes de gobierno locales. Otro punto relevante es la facultad que se le otorga a la Auditoría Superior para fincar responsabilidades resarcitorias a funcionarios y a particulares que dañen la hacienda pública y el patrimonio nacional. Asimismo, podrá aplicar multas para sancionar irregularidades que sustente en el proceso de revisión de la cuenta pública. Agradezco a la Comisión de Vigilancia su interés para que este proyecto fuera una realidad. Quiero destacar que la mayor parte de sus aportaciones fueron incluidas en este dictamen, así como las aportaciones de los diputados iniciantes de estas diversas iniciativas que hoy se están dictaminando. De igual manera es de resaltar que se integró en el articulado la figura de la Contraloría Social, a través de la cual la sociedad podrá participar y contribuir para mejorar el funcionamiento de la revisión de la cuenta pública. Compañeras y compañeros, con la aprobación de esta ley se contará con un proceso de fiscalización eficiente que se verá reflejado en una efectiva rendición de cuentas al transparentar el uso de los recursos públicos con el firme propósito de satisfacer la demanda ciudadana, de contar con un gasto público sujeto al escrutinio puntual y que cumpla con los resultados esperados. Es por eso que solicito a esta soberanía su voto favorable para aprobar el dictamen que contiene proyecto de decreto que expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y abroga la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, solicitando, nuevamente, su voto a favor. Muchísimas gracias.