La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, quiero compartirles una historia real. Parada frente a su casa, María del Carmen Navarro, vecina de la colonia Del Mar, en Tláhuac, relata cómo el pasado 19 de septiembre las grietas que antes había en el suelo se marcaron más, y los predios se asentaron. La construcción que tenía María del Carmen presentó varios daños que simplemente tuvo que ser demolida. Ese día, describe otra vecina, Mercedes García, parecía que habían bombardeado la colonia, estaba terrible. Estos y otros testimonios fueron recogidos y publicados en el trabajo de investigación realizado por Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, denominado ¿Por qué se cayó mi edificio? Y cito unas líneas más de este trabajo de investigación. Desde los años ochenta se detectó que algo sucedía con los suelos de Iztapalapa, pero fue hasta 2007, cuando los socavones se hicieron más visibles y profundos, que las autoridades pidieron ayuda a la ciencia. Investigadores de la UNAM identificaron fracturas en el subsuelo y advirtieron sobre la vulnerabilidad del área. La llegada de nuevos delegados, como suele ocurrir ante la falta de continuidad en nuestro país, cambió las prioridades. Se canceló el presupuesto para el monitoreo de terrenos, se hizo de lado la colaboración con los científicos y se permitió que siguiera la construcción desordenada. Los sismos de septiembre de 2017 desempolvaron estas omisiones. También mostraron que el problema se extiende a Tláhuac y a Xochimilco. Hoy, en esa zona hay por lo menos 5 mil casas dañadas. La ignorancia, la omisión, pero sobre todo la corrupción y la impunidad matan. Y si eso ocurre ignorándose el Reglamento de Construcción de la capital del país, ¿qué nos esperamos en estados como Oaxaca, como Chiapas, como cualquier otra de nuestras entidades? Es una realidad que permea a los tres ámbitos de gobierno, que no distingue ideologías y que estamos obligados a frenar. La Ley General de Protección Civil, en su artículo 84 considera –ojo– como delito grave la construcción, edificación, realización de obras de infraestructura y los asentamientos humanos que se lleven a cabo en una zona determinada sin elaborar un análisis de riesgos, sin definir las medidas para su reducción y sin considerar la normatividad aplicable o que, simplemente, no cuenten con la autorización de la autoridad correspondiente. ¿Pero qué creen? Este precepto es letra muerta en nuestro país, porque no está sancionado en la legislación penal federal. Simplemente es inaplicable. No es casualidad que actualmente en México se destinen 5 mil millones de pesos más para el Fondo de Desastres Naturales que para el Fondo de Prevención de estos mismos desastres. Ejerzamos, compañeras y compañeros, la responsabilidad que nos toca. La creación de tipos penales es una facultad nuestra. Materializar en el Código Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras y los asentamientos humanos en zonas de riesgo representa una medida idónea para proteger el derecho a la vida, a la vivienda, a la seguridad, a la integridad que tenemos las personas en nuestro país. Quiero darles algunos datos para que advirtamos el riesgo en el que estamos. Hoy solo nueve estados de la República tienen una tipificación de alguno de estos supuestos. Y dos, solo 165 de los casi 2 mil 500 municipios que tenemos en el país tienen un reglamento de construcción como lo informó el Centro Nacional de Prevenciones de Desastres este 19 de septiembre. Hoy les presento una iniciativa que propone imponer penas de 2 a 10 años de prisión y de 300 a 3 mil días de multa...