EL DIPUTADO ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señor Procurador General de la República Licenciado Jorge Madrazo Cuéllar. La procuración de justicia es pieza fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier nación, es obligación de cualquier gobierno que se diga ser eficiente en garantizarla. En el transcurso del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, nos hemos visto envueltos en una persecución de la delincuencia contra la sociedad sin precedentes, dicho enfrentamiento le ha costado la vida a un sinnúmero de personas inocentes, es evidente que el problema de la inseguridad es el más severo que tenemos en nuestro país. La mayoría de los ciudadanos hemos perdido la confianza en la autoridad, pero más grave aun la consideramos en muchos de los casos como el sujeto activo en la acción del delito. La procuración de nuestra justicia ha llegado a niveles lamentables, los cuales se reflejan en la amplia impunidad, en la persecución de los hechos delictuosos, la constante corrupción e injustificada burocracia, traducida en la falta de preparación por parte de la autoridad persecutoria. Los datos sustentados en la glosa del Informe, reflejan una realidad total de la vida cotidiana del ciudadano, el establecer siquiera que se está combatiendo el crimen con legalidad, eficiencia y honradez, constituye una burla a la sociedad entera, quien padece la incapacidad y corrupción de la autoridad de forma directa. Si bien es conocido que el próximo Ejecutivo federal pretende evitar la de por si cada día más marcada inseguridad pública, no es posible que la actual administración entregue las cuentas de procuración de justicia en este estado. Es obligación de la autoridad procurar y otorgar a la ciudadanía, seguridad en el desarrollo de su actividad diaria, con objeto de que no se vea amenazado en su integridad personal, familiar, trabajo y medio ambiente. El Partido Verde Ecologista de México lamenta la falta de seriedad en la persecución de los delitos ambientales, delitos evidentemente minimizados por la Fiscalía Especial, ya que las autoridades encargadas de la procuración de justicia han sido rebasadas y superadas, lo que deja a la garantía constitucional de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar en letra muerta. La actualización y capacitación de los servidores públicos encargados de la procuración de justicia deja mucho que desear, no obstante que en la glosa del Informe Presidencial se nos señala que en este año se han llevado a cabo más de 30 cursos de formación y profesionalización, 14 maestrías y un doctorado para 6 personas. Esperemos que los cursos estudiados empiecen a reflejar lo antes posible en el trabajo de los funcionarios de la Procuraduría. La falta de tecnología moderna en el combate al crimen organizado, ha sido la constante en esta administración, sin embargo, en la glosa del Informe Presidencial se establece que la inversión en este tipo de equipo ha permitido mejorar los procesos de investigación y persecución de los delitos. El combate al crimen organizado no ha funcionado; el narcotráfico está en auge, al igual que los secuestros, los cuales han sido muy populares dentro de la Policía Judicial; la participación del Ejército en el combate al narcotráfico ha tenido un impacto negativo en la opinión pública, la detención de otros dos generales de alto rango y recordando la singular respuesta que ante la Honorable Cámara de Senadores dio el Secretario de Gobernación, licenciado Diódoro Carrasco el pasado 19 de septiembre, al ser cuestionado sobre el nombramiento de estos generales como responsables del combate a ese problema, pese a que se relacionaba desde antes con esa actividad ilícita, cito: "suponer que antes de detenerlos se conocía sus nexos o su participación en temas vinculados al narcotráfico. . . " es una extrapolación del buen sentido. Es evidente el alto precio pagado por el ejército al intervenir en los aspectos más turbios de la gobernabilidad, como son la seguridad, el narcotráfico, la contrainsurgencia, por lo que el desgaste institucional y desprestigio que genera la corrupta actuación de algunos de sus miembros, debe considerarse seriamente para evaluar la conveniencia política de seguir utilizando a las fuerzas armadas en funciones de seguridad e inteligencia. Ante todo, se advierte la voluntad de la cúpula militar para aplicar la ley con todo rigor en asuntos de narcotráfico; la cuestión sería, señor Procurador, si también serán sancionadas las violaciones de la milicia mexicana en cuestión de los derechos humanos de grupos guerrilleros, y si también serán llevados los generales Acosta y Quiroz al penal federal de Almoloya de Juárez, junto al también desprestigiado general Gutiérrez Rebollo. Dentro del intercambio de información ente nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica, la Procuraduría General de la República ha insistido en la existencia de una relación de asistencia bilateral. Sin embargo, es paradógico que en los Estados Unidos de Norteamérica se consignen expedientes de notorios narcotraficantes mexicanos con mucho más agilidad que en nuestro país. Señor Procurado, en virtud de que existen tan amigables relaciones ¿no seria conveniente solicitarles la información que tengan sobre los delincuentes mexicanos, a efecto de tratar de allegarnos de los elementos necesarios para consignar, aprehender o simplemente intercambiar información relevante? Dicha cooperación se refleja en la participación de la DEA en el caso de las tumbas de Ciudad Juárez; esto por carecer la Procuraduría General de la República del equipo técnico adecuado para detección y análisis de restos humanos. En cuanto a la actuación de la Procuraduría General de la República en los recientes acontecimientos relacionados con el fracaso del RENAVE, quisiéramos conocer qué tipo de estrategia moderna, qué sistema de seguimiento y captura tan eficaz fue aplicado para detener, en menos de 24 horas al delincuente y torturador Ricardo Cavallo, cuando todos sabemos que la Procuraduría General de la República no ha tenido éxito ante las fugas anunciadas de otros prestigiados presuntos delincuentes como Mario Villanueva y Oscar Espinosa Villarreal, por tanto, mucho reconoceríamos de su gestión el saber cómo es posible que el exGobernador de Quintana Roo pueda seguir evadiendo la justicia, supuestamente dentro del territorio nacional. En relación con el tema de las Cajas de Ahorro, el titular de la Fiscalía Especializada, Mariano Herrrán, acaba de declarar que sólo son 200 mil los ahorradores afectados y no el millón y medio que se estimó inicialmente, esto es, que la diferencia la constituyen ahorradores ficticios y montos muy superiores a lo que en la realidad la gente aportaba. Señor Procurado, ¿cómo es posible que durante dos años y con antecedentes similares en otras cajas de ahorro, la institución a su cargo, y particularmente la unidad responsable de la detección de lavado de dinero, haya sido incapaz de intervenir oportunamente, no obstante existir evidencias de una relación directa con la banda de los hermanos Amezcua. Señor Procurador, hablar de eficacia oportuna en las funciones de la inteligencia de la Procuraduría a su cargo es complicado. Lamentando el tener que recordar un episodio trágico, quisiéramos conocer su razonamiento respecto a los deficientes mecanismos de control aplicados en la administración de los bienes incautados por la Procuraduría a su digno cargo, pues es de suponer que detrás de la muerte del señor Juan Manuel Izábal Villicaña, se encuentra la errónea discrecionalidad con la que han manejado lo s bienes inmuebles, muebles, hoteles, restaurantes, autos extranjeros de lujo y blindados, lo que es evidente que provocó la corrupción que salió a la superficie. Señor Procurador, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México está convencido que usted ha trabajado con honestidad durante su gestión, lamentablemente esta realidad ha sido insuficiente para garantizar la seguridad de las personas. La monumental corrupción existente en la Procuraduría General de la República, debilita en gran medida el estado de derecho de la Nación. Los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez consagrados en nuestra Carta Magna, parecen no ser aplicables a una gran cantidad de funcionarios de esta dependencia. Señor Procurador, en la seguridad de las personas no puede existir un doble discurso; la lamentable corrupción al interior de la Procuraduría ha llevado a los delincuentes a mandar en nuestras vidas. Los mexicanos no merecemos esta inseguridad. Lo exhorto a que nos hable con la verdad y se someta sin prejuicios a los señalamientos de esta soberanía. Muchas gracias. EL PRESIDENTE. Gracias, diputado Arturo Escobar y Vega. Para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra por diez minutos el diputado Alfredo Hernández Raigosa. EL DIPUTADO ALFREDO HERNANDEZ RAIGOSA. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados; señor Procurador General de la República. Una de las responsabilidades fundamentales del Estado, es la de proporcionar seguridad y procurar justicia a los habitantes de una nación, atribución que le corresponde al Ejecutivo y específicamente a usted, quien debió velar durante su gestión para que se respetaran nuestros derechos fundamentales vigilando que prevaleciera el estado de derecho y se previniera y se erradicara la impunidad, garantizando que al cumplir con esas obligaciones se respetaran los derechos humanos y las garantías individuales. El Presidente Zedillo se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo, hacer efectivas estas premisas al aspirar a un estado de derecho y a un país de leyes; es por lo cual su comparecencia, señor Procurador, no puede estar ajena a un balance sexenal en esta materia. La situación imperante en nuestro país nos muestra que la aspiración del Presidente y de Usted, al frente de la Procuraduría no se cumplió. Hoy tenemos un desbordado crecimiento de la delincuencia cada vez más agresiva, más diversificada, más sofisticada en sus métodos, más poderosa en sus recursos, cada vez con mayor poder de infiltración de las instituciones y con mayor capacidad para corromper. Fueron infructuosas todas las acciones para garantizar una debida procuración de justicia a la población. Acciones como la tortura, la persecución por ideas, la inseguridad, la corrupción, la impunidad, son realidades que marcaron a esta administración. Recuerdo con claridad que el Presidente Zedillo se ufanaba en decir "fallamos pero no fracasaremos". Sin embargo, uno de los ejes centrales del gobierno del señor Zedillo, reiterado enfáticamente en todos sus informes de gobierno, fue el de otorgar seguridad jurídica a la población. El mismo Presidente aceptó su debate al declarar lo siguiente: "la gente espera que el Estado le brinde seguridad pública y justicia; con gran pesar reconozco que el Estado aún no ha cumplido esta demanda de los mexicanos. ¿Cómo podría lograrse la tan anhelada seguridad jurídica en este país, si en lo que va de este sexenio el narcotráfico se constituyó en el principal problema de seguridad pública y de seguridad nacional? Nuestro país pasó de ser un productor y transportador de drogas, a un país de consumo a escala creciente. En 1993 y 1998, el consumo de drogas, especialmente la cocaína, creció de 1. 4 millones a 2.5 millones de personas, especialmente afectando el sector de los jóvenes, según datos del sector salud. Como consecuencia del avance del narcopoder en México, se han desarrollado actitudes vergonzantes del Ejecutivo Federal, orientadas a evitar la desertificación, más para agradar a los Estados Unidos y quitarse de encima sus presiones, que para evitar verdaderamente el flujo y consumo de drogas en el territorio nacional ¡ así como la abierta y hasta complaciente actitud para que agentes norteamericanos del FBI y de la DEA, realizan investigaciones en nuestro territorio, como en los casos de las narcofosas en Ciudad Juárez o el operativo Casa Blanca, violando flagrantemente la jurisdicción de las autoridades nacionales y la soberanía del país. No olvidemos que el embajador estadounidense Jeffrey Davidow declaraba el 25 de febrero de este año: "Es un hecho que la sede del mundo del narcotráfico está en México". Señor Procurador por todo esto, en el PRD creemos que en su gestión y la del señor Zedillo, los cárteles de la droga se han fortalecido como organizaciones criminales, con un poder gigantesco que han logrado crear brazos armados para su protección, así como penetrar y corromper diversas instituciones del país, han creado sofisticados sistemas financieros para el lavado de dinero producto de esta actividad ilícita. Han instaurado sistemas de inteligencia para infiltrar las corporaciones Policíacas a los jueces y al ministerio público. Poco o nada se ha realizado para evitar que este mundo del narco, con dinero mal habido y que todo lo corrompe, penetrara las estructuras del Estado, que van desde los niveles más altos de la clase política en el poder, hasta los mandos medios e inferiores de seguridad pública, procuración de justicia e impartición de la misma y del ejército. Baste señalar que en la propia nariz de la PGR, el célebre señor Mario Villanueva Madrid, vinculado con el narco, se sustrajo de la acción de la justicia. Otros casos en el que por cierto consideramos que era un error que las fuerzas armadas se involucraran en las tareas del combate al narcotráfico, son los de los militares Gutiérrez Rebollo, acusado de pertenecer al cártel de Amado Carrillo o el de Acosta Chaparro y Quiroz Hermosillo, tentados por el poder del narco. Demostrando éstos, el fracaso rotundo de esa decisión del Presidente Zedillo. La incapacidad de la Procuraduría para detectar la penetración de la corrupción y el crimen organizado en los altos mandos de ésta, quedaron de manifiesto al perpetrarse el raro suicidio de su Oficial Mayor, el señor Izábal Villicaña y del sospechoso dinero de este funcionario, depositado en el City Bank o la rapidez de la autoridad, por demás sospechosa, para decretar como suicidio la muerte de Ramos Tercero, en el maloliente caso Renave, Heminio, Cavallo. Licenciado Madrazo, en su gestión al frente de la PGR se advirtió la ausencia de una auténtica política criminológica que articulara a todas las instituciones de los tres órganos de gobierno bajo un conocimiento científico de la conducta delictiva que de manera integral atendiera aspectos preventivos, punitivos y readaptativos. En fin, creemos que todos los arrestos y decomisos que aquí se han enunciado, resultaron insuficientes para modificar lo esencial. La PGR se vio desbordada por la corrupción y la impunidad; impunidad que sellará por siempre este gobierno pues durante él se cometieron hechos denigrantes de la vida y dignidad humana, toda vez que se toleraron y proliferaron grupos civiles y paramilitares armados, como Paz y Justicia, los Chinchulines, Los Antorchos, las Lobas, etc., que al amparo y protección de las altas esferas del poder político y económico actúan por encima de la ley asesinando, torturando y cometiendo impunes genocidios como el de Acteal, El Charco, El Bosque, o la emboscada de Aguas Blancas en Guerrero, donde policías del Estado asesinaron toda alevosía y ventaja a 17 campesinos indefensos. Hoy prevalecen las dudas en la sociedad y en la opinión pública en torno a los magnicidios del Señor Colosio, del Señor Ruíz Massieau y del Cardenal Posadas. Las contradicciones en que incurrieron los encargados en las diversas investigaciones contribuyeron a generar en la sociedad un clima, Señor procurador, de desconfianza y de miedo. El terror también que se manifestó en la PGR para no investigar a fondo el caso Cabal y de Banca Unión por estar involucrado el inefable Gobernador de Tabasco Roberto Madrazo y el propio Presidente Zedillo. Señor Procurador, los resultados de la política criminal en este sexenio saltan a la vista. No obstante que se produjeron reformas constitucionales y se crearon instituciones, dependencias y programas en los cuales la Procuraduría contaría con un mayor radio de operación, coordinación y efectividad, éstos fueron nulos y provocaron el descrédito y la desconfianza de la sociedad en todo lo que huele a procuración de justicia. Son todas estas razones las que en el grupo parlamentario del PRD nos obligan a hacer un balance sexenal en esta materia de procuración de justicia, concluyendo que en ésta se dieron los más estrepitosos fracasos de la actual administración, rotundo fracaso que, Señor Procurador, reconocido aquí hace unos días por el propio Presidente Zedillo en su último informe de gobierno. Este fracaso nos vuelve al estado de naturaleza que describía Hobbes en el cual cada hombre vive por su cuenta y debe procurar su defensa, por lo que este estado termina en una guerra de todos contra todos. Es lamentable, Señor Procurador. Por todo lo expuesto, el grupo parlamentario del PRD exhorta a todas las fuerzas políticas del país y de la Cámara de Diputados a construir una procuración de justicia independiente, ajena al poder del narco, al poder económico y al poder político, al cáncer de la corrupción y a la lacerante impunidad. Y al Presidente electo Vicente Fox lo exhorto a que devuelva el dinero que le están pagando; lo exhorto a que le cumpla al pueblo de México con los compromisos en campaña en materia de procuración y administración de justicia. Esta tanto, Señor Presidente. (APLAUSOS)