La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas. Con fundamento en las atribuciones que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración del Pleno iniciativa con proyecto de decreto en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México. El fortalecimiento de nuestro régimen democrático ha sido un objetivo y una tarea permanente, tanto de los actores políticos como sociales, que hicieron posible la alternancia en el poder y, en consecuencia, el derrocamiento de un autoritarismo marcado por la discriminación y la exclusión de las minorías opositoras y de los grupos marginados. A partir de ese logro histórico, tenemos la oportunidad invaluable e irrepetible de acercarnos al ideal de la democracia como proceso de inclusión, de pluralismo, de tolerancia, de apertura política, de legalidad, de justicia, pero sobre todo de reconocimiento y respeto de las diferencias de condición, de cultura y de pensamiento entre ciudadanas y ciudadanos iguales dentro de un estado de derecho. A pesar de los avances en la renovación de nuestras instituciones y en la participación de organizaciones de la sociedad civil, existe un gran pendiente del Estado mexicano al que no se le ha puesto atención y que por lo pronto se refleja en una posible crisis de participación, de representación y, por lo tanto, de legitimidad: la inclusión de los pueblos y comunidades indígenas en los puestos de elección popular y de participación política. El discutir y abordar el tema sin prejuicios, sin reticencias ni intereses que no sean más que los de la soberanía popular puede contribuir, precisamente, el fortalecimiento de nuestra democracia a la construcción de un estado de nación que incluya el reconocimiento de la diversidad de los pueblos y que garantice un mínimo de ciudadanía civil, social, política y étnica. El levantamiento de un movimiento armado en enero del 94 en el estado de Chiapas puso en entredicho la estructura del diseño institucional y las políticas públicas del Estado mexicano. Fue evidenciada la impostergable defensa del reconocimiento de los derechos y la cultura indígena. A pesar de sentar las bases mínimas para el diálogo, a través de los acuerdos de San Andrés Larrainzar, el 18 de julio del 2001 se decretó una reforma constitucional limitada, parcial y contraria a los principios fundamentales que motivaron a miles de indígenas de nuestro país a recurrir a la lucha armada. Sin embargo, a pesar de sus orígenes y de sus limitaciones, la reforma constitucional del 2001 reconoce una de las tantas deficiencias de nuestro sistema electoral y, por lo tanto, de los mecanismos de representación y participación política de los pueblos indígenas. Al respecto, en su artículo 2o. la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece como componente fundamental de nuestra nación y como agente externo a ella, la composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquéllos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, culturales y políticas o parte de ellas. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. En cuanto a las condiciones sociales de los pueblos indígenas, el mismo artículo de nuestra Constitución, en el inciso b) establece que la Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Es decir, en México se reconoce la contribución, las aportaciones y la importancia de los pueblos indígenas en la construcción de nuestra nación, pero no se ha contemplado en la legislación electoral ninguna regla o normatividad que garantice su participación en los puestos de elección popular ni en la ocupación de los escaños en el caso del Senado de la República o curules para el caso de la Cámara de Diputados. Los dos únicos y limitados intentos por atender esta problemática no incluyen ninguna garantía de cumplimiento de lo establecido por nuestra Carta Magna, por lo que se convierten en letra muerta hasta el día de hoy. Me refiero primeramente a la reforma del 2001, que en su artículo tercero transitorio que a la letra dice: "Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales, deberá tomarse en consideración, cuando sea factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas, a fin de propiciar su participación política". En segundo lugar, el IFE, en consecuencia de este mismo mandato constitucional y en coordinación con la Conadepi, aprobó el 11 de febrero del 2005 una nueva demarcación territorial de los 300 distritos electorales federales uninominales en que se divide el país, a fin de que, tal como lo argumenta el Instituto, se permita que el voto ciudadano tenga el mismo valor en cada uno de los distritos federales del país. De no haberse llevado a cabo, se correría el riesgo de distorsionar el peso del voto. Como es de notarse, el objetivo principal de la nueva demarcación territorial es garantizar el equilibrio de los votos emitidos y no así garantizar que las personas con derecho a votar y ser votadas sean legítimas representantes de los distritos con mayor porcentaje de población indígena. Es decir, aun siendo mayoría no se garantiza que las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas en esos distritos, participen en los puestos de elección popular y mucho menos que accedan a un puesto de representación política. Veamos este Congreso como muestra. Es por ello que la propuesta de reformas y adiciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que planteo, tiene como objetivo hacer tangibles —en nuestra legislación— los compromisos firmados por México ante organismos de incidencia internacional, como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, así como una posible crisis en la participación, la representación y por lo pronto, en la legitimidad motivada por la exclusión de los pueblos y comunidades indígenas en los puestos de elección popular y de participación política. Por tal motivo, propongo adicionar al artículo 38 del Capítulo Cuarto del Cofipe un nuevo inciso, a fin de que se garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de los pueblos y comunidades indígenas, en lo que el propio Instituto Federal Electoral denomina: "distritos indígenas". Así, se intentará de manera transversal cumplir con los principios de igualdad y equidad en los procesos electorales que el artículo 4, en su numeral primero, del Cofipe, considera como obligación y derecho. Además, se propone la adición de un párrafo segundo al artículo 175-A, del Título II del Capítulo Primero del Cofipe, referente al procedimiento de registro de candidatos, con el objetivo de que los partidos políticos nacionales, garanticen la participación de mujeres y hombres representantes de la población indígena, en cuyos distritos electorales constituyan el 40 por ciento o más de la población total. Las reformas y adiciones propuestas se fundamentan en los principios de representación y participación, una democracia incluyente de los sujetos de derecho, pero diferenciados en su identidad. Así como en el derecho internacional, la cuestión indígena ha ido tomando nuevas dimensiones, también tendría que tomarlo aquí en este país. Legislar sobre temas como la multiculturalidad y la multietnicidad, nos permite avanzar hacia el fortalecimiento de nuestra democracia. "La única ley verdadera es aquélla que nos conduce a la libertad". Por lo antes expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del Pleno la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto Por el cual se adiciona un inciso al numeral 1, del artículo 38, recorriéndose los demás, así como un segundo párrafo al artículo 175-A, del Cofipe, en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas de México Artículo 1º. Se modifica el inciso t) y se adiciona el inciso u) al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue —concluyo: "Artículo 38, numeral 1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales: t) Garantizar la participación de mujeres y hombres pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas en cuyos distritos electorales constituyan el 40 por ciento o más de la población total; y el u) Las demás que establezca este Código. Artículo Segundo. Se modifica el primer párrafo y se adiciona un segundo al artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: "Artículo 175-A. En aquellos distritos electorales en donde los pueblos y comunidades indígenas constituyan el 40 por ciento o más de la población total, las solicitudes de registro para cargos de elección popular en el Congreso de la Unión, tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, deberán incluir mujeres y hombres indígenas representantes de sus respectivos pueblos y comunidades. Este decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Solicito, ciudadano Presidente de la Mesa Directiva, turne la presente iniciativa a las Comisiones Unidas de Gobernación y Asuntos Indígenas y se publique el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.