El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, esta intervención tiene por objeto proponer una nueva redacción para la fracción XI del artículo 129 del proyecto de la nueva Ley de Amparo, en los siguientes términos. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, siempre que sean necesarios para la protección de público ahorrador y para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad. Compañeros, compañeras, debo recordar que el referido artículo 129 contempla aquellos supuestos donde la suspensión del acto reclamado no procede, porque se estima que se siguen perjuicios al interés social o se trastoca el orden público. El proyecto de dictamen indebidamente propone que no proceda la suspensión cuando se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras. Ello resulta sumamente grave, ya que dada la importancia y complejidad de la regulación de las entidades financieras, y sobre todo, el impacto económico que tiene o podría tener, implicaría una grave afectación con un efecto en cascada y transversal para todo el aparato económico y financiero. Igualmente, debemos recordar que el artículo 129 del proyecto versa sobre las reglas generales concernientes a la suspensión del acto reclamado y a este respecto podríamos mencionar que la suspensión del acto reclamado tiene como finalidad salvaguardar la integridad de la materia del Juicio de Amparo, teniendo en cuenta que si el juzgador no otorgara provisionalmente dicha suspensión con efectos, hasta en tanto emita sentencia, el acto reclamado podría seguirse realizando hasta consumarse de un modo irreparable, teniendo como consecuencia que el juicio quede sin materia, con los consiguientes efectos económicos que podría tener la quiebra o concurso mercantil de una institución financiera, donde sin duda miles de ahorradores e inversionistas podrían verse afectados. En pocas palabras, de no rectificar, insisto, estaríamos poniendo al sistema bancario en un inminente riesgo en perjuicio, principalmente, del público ahorrador o inversionista. En seguimiento, al negarse el beneficio de la suspensión por disposición expresa de la ley, se viola el principio de equidad procesal en perjuicio de los quejosos promoventes del amparo, en razón de que se otorga al juzgador la facultad de prejuzgar sobre el fondo del asunto al estar impedido por la propia ley para conceder la suspensión del acto reclamado, lo cual, obviamente, resulta gravemente violatorio de dicha garantía procesal que debe prevalecer en la sustanciación del juicio. Asimismo, de incorporar la redacción de la fracción XI del artículo 129 del dictamen, estaríamos violando, en perjuicio de los particulares, el principio de libertad económica, el cual refiere que el Estado no podrá intervenir en las actividades de los particulares, a menos que persigan un fin que atente claramente contra el orden público y la paz social. De lo anterior se propone que sean las circunstancias del caso concreto y la potestad autónoma e independiente del juez de amparo, las que decidan, modulen, maticen los efectos de la suspensión del acto reclamado en los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, todos, término, señor presidente, pido la razón y su voto en pro para aprobar la reserva a la fracción XI del artículo 129 del dictamen en estudio y con ello salvaguardemos al público ahorrador e inversionista del sistema financiero y garanticemos la estabilidad del sistema de pagos al país. Es cuanto, señor presidente.