El diputado Edgar Guzmán Valdéz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Cuánta razón tenía Carlos Marx cuando dijo que el poder público viene a ser, a veces, pura y simplemente un consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa. Y es que así había venido siendo, pues fue al amparo del poder que le dieron sustento legal a este régimen legal de subcontratación a costa de los derechos históricamente adquiridos. Pues en décadas recientes hemos atestiguado cómo los derechos laborales de las y los mexicanos se han vulnerado, en lugar de beneficiar al trabajador, se ha beneficiado a empresarios abusivos que, violentando las leyes, eluden responsabilidades y simulan relaciones con el único fin de engordar sus bolsillos. Esta problemática se ha incrementado y materializado bajo la figura de la subcontratación en su modalidad ilegal. Esta modalidad transgrede los derechos laborales, como la inscripción del trabajador en el IMSS, con el salario mínimo. Reduce la cantidad del crédito de vivienda a otorgar y la obtención de una pensión precaria al momento de jubilarse, en caso de que aún entren en ese esquema de retiro. ¿Qué decir de la discontinuidad laboral derivada de contratos temporales? Una de las peores formas de explotación laboral para el pueblo, pues con alevosía y ventaja los empleadores solamente ofrecen contratos precarios y con una temporalidad mínima, bajo un argumento irrisorio denominado tiempo de prueba. En la modalidad más agresiva de este esquema no se registra al trabajador en el IMSS y, por ende, no cuenta con prestaciones, como el seguro médico y de vivienda. No genera antigüedad, truncando su futuro, pues no tendrá acceso a una pensión digna, en caso de que aún pueda acceder a ella. Tampoco existe una liquidación al finiquitar la relación y no se cuenta con esquemas productivos de ahorro para el retiro. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social nos pronunciamos a favor de este dictamen. Estamos seguros de que hacemos lo correcto al reivindicar los derechos laborales en todos los esquemas y modalidades de contratación, porque los vacíos en las leyes permiten que se violenten los derechos laborales del pueblo de México. La figura de subcontratación, hay que recordarlo, se incorporó en el año 2012 a la Ley Federal del Trabajo. Pero como mucho de lo realizado en gestiones anteriores, fue también insuficiente. La reforma de 2012 no evitó y mucho menos previno las malas prácticas que han afectado a los derechos de millones de mexicanas y mexicanos. Posteriormente, en 2019, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en coordinación con el IMSS, el SAT, la Procuraduría Fiscal, el Infonavit y la Unidad de Inteligencia Financiera realizaron un operativo de inspección a la subcontratación, con objeto de supervisar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo. Y vieran qué pasó, se detectó que 83 por ciento de las empresas inspeccionadas tenía subcontratado al total de su plantilla. Se constató que el 29 por ciento de las empresas inspeccionadas impone la renovación mensual de contrato a su plantilla laboral, lo cual transgrede el derecho a generar antigüedad. Con datos al 2020 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, existen cerca de 6 mil empresas de subcontratación que han estado afectando los derechos de personas trabajadoras y evadiendo un monto aproximado de 21 mil millones de pesos por año. Para el PES estos esquemas de simulación laboral también ocasionan un grave impacto al fisco federal. Ahora con esta reforma se prohibirá la subcontratación de personal, tanto en el sector público como en el privado. Y solo estará permitida en servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económicamente preponderante. La empresa que subcontrata y el contratista serán responsables solidarios con las y los trabajadores. En el caso del sector público, se estará regulando la posibilidad de que las dependencias, órganos y entidades recurran a la contratación de servicios especializados que no formen parte de sus actividades esenciales, de carácter administrativo ni para la prestación de servicios públicos. Termino. La persona física o moral que proporcione estos servicios de subcontratación deberá registrarse ante la Secretaría del Trabajo y deberá estar al corriente deberá estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de seguridad social, renovando sus permisos cada tres años. Compañeras y compañeros legisladores, pasemos de las palabras a los hechos, marquemos la diferencia y demostremos que a nosotros sí nos importan los derechos laborales. Vamos a favor de este dictamen, pues se beneficiarán millones de personas trabajadoras en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Y muchísimas gracias.