La diputada Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Estimadas compañeras y compañeros diputados. No cabe duda que el poder nos cambia, y quienes apostaron junto con las organizaciones de la sociedad civil y conmigo hace unos cuantos meses para defender una fiscalía verdaderamente autónoma, que implica necesariamente, como lo acaba de decir impecablemente la diputada Rojas, modificar la Constitución, ahora que están en el poder han cambiado su percepción. Ahora resulta que le llaman fiscalía autónoma a una institución donde el fiscal puede ser nombrado y removido por el presidente de la República, sin contrapeso de otros poderes, y mucho menos controles ciudadanos. Lo que se aprueba hoy no es una fiscalía autónoma, y esto manda una pésima señal a los mexicanos, más atole con el dedo en esta cuarta transformación. Lo que estamos aprobando el día de hoy, es el modelo de procuración de justicia constitucional propuesto por el PRI y el expresidente Peña Nieto. ¿Esta es la cuarta transformación? ¿No que queríamos una reforma constitucional al 102 juntos? Vengo a presentar dos reservas: una de fondo y otra de forma, que al mejor estilo autoritario sé que votaran en contra. El plan de persecución penal pareciera un tema accesorio o sin relevancia dentro de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Sin embargo, estimadas compañeras y compañeros, este será uno de los documentos fundacionales en la persecución de los delitos en nuestro país, pues ahí se establecerán las prioridades y líneas de desarrollo de las actividades que realizará este nuevo órgano que es autónomo solo en el nombre. Debemos recordar que uno de los principales objetivos de los órganos legislativos, es el de crear leyes sin contradicciones o lagunas, es decir, vacíos normativos que permitan actos de discrecionalidad absoluta que hagan caer a la autoridad en la arbitrariedad. En el caso del artículo 6o. estamos incumpliendo este objetivo, pues no se establece principios o directivas que guíen al fiscal en la construcción del plan de persecución penal, confiriéndole una discrecionalidad absoluta para determinar qué es importante y qué no lo es. ¿Qué debe ser programáticamente privilegiado en la persecución del delito y qué no? Por ello el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional considera relevante establecer mínimos que limiten la discrecionalidad con la que cuenta el fiscal general para confeccionar el plan de persecución penal. Esta honorable Cámara debe completar la redacción del artículo 6o. del dictamen que hoy nos ocupa para determinar las líneas sobre las cuales se debe diseñar el plan de persecución penal. Las líneas que proponemos, que se incluyen en la redacción del artículo 6o., están basadas en la propia naturaleza de la Fiscalía General, que es privilegiar la investigación y persecución de delitos complejos, de alto impacto, de severa agresividad social, de alto impacto social y de cuantías significativas. Por otro lado, propongo también que se incluya en la redacción del artículo 7o. no solo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sino también a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Fiscalía General se dice en esta ley que es un órgano autónomo y por lo tanto su ley orgánica debería hacer referencia no solo a la ley general, sino también a la Ley Federal de Transparencia, puesto que ambas leyes le son aplicables en el tema de derecho de acceso a la información. Es cuanto, señor presidente.