La diputada Sandra Paola González Castañeda: Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados y diputadas, uno de los principales cánceres que azotan a las instituciones del Estado en nuestro país, sin lugar a dudas es la corrupción en todas y cada una de sus manifestaciones. Hablar de corrupción no es un acto aislado o producto de una catarsis propia de nuestro sistema. Lo cierto es que nos indigna la complicidad, la negligencia, la impericia o lo que es aún peor, la impunidad que emerge desde los principales actores públicos. Por eso, una de las áreas más sensibles para consolidar y garantizar las políticas públicas de nuestro país es el tema de la fiscalización de los recursos, concretamente en el tema de la recaudación fiscal. En los últimos años la evasión fiscal que ha enfrentado nuestro país representa el 5 por ciento del producto interno bruto, según los análisis del propio sistema de la administración tributaria. A su vez la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente estima que el crecimiento de la recaudación por el impuesto sobre la renta, viene a la baja desde el año 2015. El organismo identificó que al cierre fiscal del ejercicio del 2017 se han identificado alrededor de 70 mil empresas fantasmas que han facturado más de 900 mil millones de pesos. Según lo relatado por Osvaldo Santín Quiroz, jefe del SAT, las verificaciones domiciliarias que realiza la autoridad para la identificación legal de la constitución de las empresas resultan ser ficticias. Cabe destacar que el señalado sistema de administración tributaria ha reconocido dicha problemática recaudatoria y ha puesto en operación estrategias según las cuales llega a detecta el modus operandi de estos organismos fraudulentos. El punto de esta vergonzosa red de complicidades alcanza su máxima expresión cuando las estimaciones más conservadoras tanto del SAT como de la Prodecon indican que el 70 por ciento de los usuarios de comprobantes apócrifos son parte del sector público. Con eso ha quedado al desnudo una corrupción a gran escala que explica la inacción legislativa por parte del gobierno que usted representa para denunciar esas prácticas, así como la nula voluntad política de las anteriores legislaturas para discutir sobre el tema. Es altamente grave que existan contribuyentes que no cumplen con su obligación de aportar a la hacienda pública, de acuerdo a la aprobación tributaria de estos, tal como lo señala el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de nuestro país, con la finalidad de contar con mejores servicios públicos en el país. Lastimosamente es más grave que este país ha sido testigo en los últimos años de ejemplos como los casos de Coahuila, Veracruz o Chihuahua, que se han endeudado por varias generaciones a través de estafar al propio erario que ellos juraron velar para su estricta aplicación y lo hicieron con la complicidad de empresas fantasmas, teniendo como resultado lógico la violación a los derechos sociales de los ciudadanos, producto de la ausencia de políticas públicas, por la falta de presupuesto que ellos mismos han saqueado de forma miserable. Es por eso, señor Secretario, que pedimos que nos responda puntualmente por favor, sin evasivas, las siguientes preguntas: ¿Cuáles han sido las medidas legales que la dependencia a su cargo ha aplicado en contra de funcionarios públicos de más alto nivel en la investigación, persecución, fincamiento de responsabilidades y reparación del daño ocasionado a los presupuestos del estado por estas prácticas...