El diputado Omar Bazán Flores (PRI): Con su permiso, compañera Presidenta. En el contexto de la reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001, se incluyó en el artículo 1º un párrafo que consigna la prohibición de la discriminación, con la siguiente redacción: El artículo 1º, (párrafo 3º): Queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atenta contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En el mes de abril de 2003, con el voto unánime de los legisladores presentes, las Cámaras de Diputados y de Senadores del honorable Congreso de la Unión aprobaron la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, cuyo Capítulo IV crea el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y norma su denominación, objeto, domicilio, patrimonio, atribuciones, órganos de administración, asamblea consultiva, órgano de vigilancia, de trabajo y de prevenciones generales. El artículo 16 de la citada ley define al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación como un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Gobernación, con personalidad jurídica y patrimonio propio para el desarrollo de sus atribuciones. El Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; de igual manera, para dictar las resoluciones que en términos de la presente ley se formulen en los proyectos y en las reclamaciones o quejas el Consejo no estará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. De la lectura del objeto y atribuciones del Consejo establecidos en el artículo 17 y 20 de la ley, respectivamente, se desprende con claridad la función dual del Consejo. Por un lado, la de promover el desarrollo social de los grupos vulnerados por razones de carácter económico, laboral, físico, cultural, educativo, etcétera y, por otro lado, el tutelar los derechos de los individuos objeto de discriminación, mediante acciones de asesoría, orientación, investigación de presuntos actos y prácticas discriminatorias, recepción de quejas, reclamación y presentación de denuncias por actos que pueden dar lugar a responsabilidades legales de diversas naturalezas. Las ideas que conducen la política moderna del Estado orientan al combate de la discriminación, han trascendido la visión original que circunscribe las acciones estatales de la protección interinstitucional de los derechos humanos para hacer énfasis en la necesidad de optar por políticas que promuevan el desarrollo de los grupos sociales tradicional e históricamente víctimas de actitudes o conductas de discriminación. La evolución de los instrumentos internacionales en la materia acreditan lo dicho. En nuestro país, el informe general de la Comisión Ciudadana de Estudios sobre la Discriminación y la exposición de motivos de la iniciativa federal para prevenir la discriminación, presentada por el señor Presidente de la República al honorable Congreso de la Unión, hace patente esta tendencia internacional. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación fue concebido como un órgano de Estado encargado de promover estrategias e instrumentos legales y administrativos adecuados para prevenir y eliminar toda forma de discriminación, superando la posición reduccionista de concebir las acciones del Estado con estos propósitos, como lo necesario para brindar y proteger a los derechos humanos y se inscribe en el concepto integral de la lucha contra la discriminación, entendida no sólo como una protección de derechos fundamentales de toda persona, sino como un camino de libertades y titularidades de bienestar que va más allá de los derechos y las libertades civiles a la participación en la esfera pública de la sociedad para culminar con el acceso del bienestar material. En síntesis, la discriminación y las atribuciones del Consejo forman parte de la agenda del Estado que comprenden por igual a la protección de los derechos humanos como a los derechos sociales. En cuanto a la promoción de políticas públicas específicas por grupos vulnerables, tendentes a definir acciones afirmativas o medidas compensatorias, para contribuir, eliminar o disminuir las causas que generan este fenómeno. La determinación legal en el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, desectorizar al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación a la Secretaría de Gobernación se ha traducido en una limitación para la asignación de recursos presupuestales para este órgano bajo el argumento, que desde luego compartimos, de la necesidad de privilegiar el gasto social por sobre otras erogaciones gubernamentales. La adopción del criterio forma, deformar la sectorización para otorgar determinado tratamiento presupuestal al Consejo, con una naturaleza real de las funciones que tienen asignadas. La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 48 establece la obligatoriedad y la responsabilidad que le da al Ejecutivo Federal para agrupar a las entidades, a las secretarías de Estado y a los departamentos administrativos en sectores. Es pertinente revisar la competencia que a la Secretaría de Desarrollo Social le asigna el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para percatarnos que ésta guarda una estrecha relación con las atribuciones del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Por lo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de la misma Ley Orgánica, es recomendable sectorizar al Consejo, a la Secretaría de Desarrollo Social. En adición al argumento esgrimido con el punto anterior, conviene tomar en cuenta lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social. En conclusión, si vinculamos el objeto y atribuciones de los citados artículos, 17 y 20 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación que otorgan al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con las funciones competentes de la Secretaría de Desarrollo Social, le encomienda el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y lo establecido en la Ley General de Desarrollo Social, encontramos que el mayor número de las atribuciones del Consejo coinciden con la esfera de competencia de la Secretaría de Desarrollo Social y encuentran en el objetivo de la Ley de Desarrollo Social y en los principios que lo rigen. Por las razones expuestas los suscritos diputados federales sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que reforma el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Unico. Se reforma el artículo 16 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para quedar como sigue: Artículo 16. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en adelante el Consejo, es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social con personalidad jurídica, patrimonio propios. Para el desarrollo de sus atribuciones, el Consejo gozará de autonomía técnica y de gestión; de igual manera, para dictar las resoluciones en los términos de la presente ley se formule con el procedimiento de reclamación o queja, el Consejo no quedará subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia. Transitorio.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Suscribimos la presente iniciativa los diputados: diputado Alejandro González Yánez, diputado Angel Buendía, diputado Emilio Chuayffet Chemor, diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, diputado Manlio Fabio Beltrones, diputado Manuel Velasco Coello, diputado Federico Madrazo, diputado Pablo Gómez y diputado su servidor Omar Bazán. Muchas gracias.