EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: ponemos a su consideración esta iniciativa de ley que modifica el artículo 1º., 4º. y 5º. del artículo 400 bis del Código Federal de carácter Penal. Exposición de motivos: El lavado de dinero es la forma en que los delincuentes tratan de asegurarse de que al final de cuentas el delito pague. Este requisito demanda que los delincuentes, bien sean narcotraficantes, secuestradores, terroristas, traficantes de armas, chantajistas o estafadores con tarjetas de crédito, disfracen el origen de su dinero ilegal para evitar que sea evitado y que se les enjuicie cuando lo utilizan. El lavado de dinero es esencial para lograr el funcionamiento efectivo de prácticamente toda forma de delincuencia transnacional y organizada. Los esfuerzos para combatirlo que tienen por objeto impedir o limitar el desarrollo de la capacidad de los delincuentes de utilizar ganancias mal obtenidas son un componente tan básico como eficaz en la lucha contra el delito. Esta actividad ha evolucionado mucho. La revolución en las comunicaciones, las nuevas tecnologías que han transformado la forma de hacer negocios han sido utilizados por el crimen internacional para su beneficio. Actualmente se pueden transferir ganancias ilícitas hacia jurisdicciones con menos obstáculos legales o pueden usar una variedad de mecanismos financieros como las compañías "escudo" para encubrir la posesión de bienes y ocultar su verdadero origen y destino. El Fondo Monetario Internacional estima que hay más de un millón de corporaciones anónimas de este tipo en el mundo. Este mismo organismo calcula que las transacciones de lavado de dinero equivalen del 2 al 5% del producto interno bruto global, o sea de cerca de 300 mil a 400 mil millones de dólares anuales, lo cual representa cerca del 8% del valor total del comercio internacional. Aparte del incalculable costo social que genera, impone una peligrosa cuota de corrupción en los mercados financieros y en los sistemas políticos, que socava instituciones democráticas, ignora el estado de derecho y destruye el orden cívico con impunidad. Pero sus nefastos efectos no acaban ahí. El lavado de dinero tiene serias consecuencias económicas que afectan a la comunidad internacional, cambios inexplicables en la demanda de dinero, riesgos a la estabilidad de los sistemas bancarios, efectos contaminantes a transacciones financieras legales y una mayor volatilidad de los flujos de capital internacional y de los tipos de cambio, son sólo algunas de ellas. "A pesar de que tiene muchas variantes, se realiza en tres pasos fundamentales: El trasladar el dinero ilícito para alejarlo del lugar de donde se cometió el crimen. Disimular la ruta y finalmente ponerlo de nuevo a disposición de los criminales tras haber ocultado su origen ilegal. "México no es ajeno a este problema. La operación más grande de su tipo en la historia policial estadounidense, la llamada: "Operación Casablanca", sacó a la luz a los banqueros mexicanos que blanqueaban millones para los cárteles colombianos y mexicanos; más de cien personas fueron detenidas y millones de dólares incautados en mayo de 1998. "En nuestro país las disposiciones contra el lavado de dineros e encuentran contenidas en dos ordenamientos federales: El Código Penal Federal, en su artículo 400 bis; y en el artículo 29 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. "A pesar de que la inclusión de esos artículos en los ordenamientos correspondientes ha satisfecho las exigencia del Fondo Monetario Internacional, su aplicación ha sido difícil y poco clara, a grado tal que el primer informe del mecanismo de Evaluación Multilateral sobre Drogas en la Organización de los Estados americanos, en el capítulo sobre México, se señala que en 1999 sólo fueron condenadas tres personas por el delito de lavado de activos de un total de 121 personas procesadas. Dicha cifra representa sólo el 2.47 %. "Dos razones explican esos resultados y esos van desde la corrupción existente en diferentes esferas gubernamentales, hasta la falta de claridad en las disposiciones legales en cuanto a las entidades encargadas de su aplicación, supervisión e investigación. "Así podemos mencionar los siguientes: Limitación de responsabilidades. El artículo 400 bis establece claramente que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de establecer las denuncias correspondientes, y en la práctica es la Procuraduría Fiscal de la Federación quien funge como el abogado de la nación en materia financiera. Sin embargo la mayor parte de la supervisión bancaria, está a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien además es un organismo desconcentrado de la misma Secretaría de Hacienda con autonomía técnica y facultades ejecutivas. "Luego entonces surge la pregunta de ¿Por qué si la Comisión Nacional Bancaria y de Valores posee autonomía técnica y facultades ejecutivas, no puede establecer denuncias sobre delitos financieros o de lavado de dinero más aún si este organismo es el encargado directo de la supervisión bancaria y del Mercado de Valores? "Segundo. La descoordinación de las autoridades encargadas de la investigación de delitos financieros. Para la investigación de delitos financieros y lavado de dinero, se cuenta con cuatro unidades básicas e independientes que muchas veces actúan de manera dispersa y descoordinada. De esta manera el gobierno cuenta con la Dirección General de Delitos Financieros y de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; la Procuraduría General de la República cuenta con dos unidades que tienen que ver con los delitos financieros y el lavado de dinero. "De esta manera el complicado burocratismo, la multiplicidad de unidades gubernamentales que actúan en la investigación de los delitos financieros y de lavado de dinero, sin capacidad legal para requerir información iniciar denuncias, provoca errores y omisiones que imposibilitan la construcción de casos sólidos jurídicamente, que hacen prácticamente imposible la eficiencia y eficacia en la consignación de esos delincuentes. "Por o anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 155 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración la siguiente iniciativa de ley que modifica el artículo 1º., 4º., y 5º., del artículo 400 bis del Código Penal Federal. "Párrafo primero dice: "Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: Adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero, o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento que proceden o representen el producto de una actividad ilícita con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes o alentar alguna actividad ilícita. "Párrafo primero, debe de decir: <<Se impondrá de 15 a 25 años de prisión y de 10 mil a 20 mil días de multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas>> y viene la transcripción antes señalada. "El párrafo cuarto, dice: ´En caso de conductas previstas en este artículo en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero para proceder penalmente, se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público´. "El párrafo cuarto, debe decir: <<En caso de conductas previstas en este artículo en las que se utilicen servicio de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder legalmente se requerirá la denuncia previa de cualquier institución que forme parte de los órganos federales de supervisión bancaria y financiera o de las unidades de investigación de la Procuraduría General de la República>> "El párrafo quinto, dice: ´Cuando dicha Secretaría en ejercicio de sus facultades de fiscalización encuentre elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respeto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar hechos que probablemente pueda constituir dicho ilícito´. El párrafo quinto, debe decir: <<Cuando dichos entes supervisores o investigadores en ejercicio de sus facultades de fiscalización encuentren elementos que permitan presumir la comisión de los delitos referidos en el párrafo anterior, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y, en su caso, denunciar y actuar en hechos que probablemente puedan constituir dicho ilícito>> Es cuanto, diputado Presidente. Si me permite quisiera pedirle, rogarle, que se pueda publicar en la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro de esta iniciativa. Me parece que es importante que se conozca en ese documento y es cuanto y muchas gracias, diputado Presidente. -