La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, define como huérfano al menor de edad que ha perdido a uno o ambos progenitores, cifra que alcanza los 132 millones de menores en el mundo, de los cuales 13 millones se encuentran en total desamparo y sin algún familiar a quien recurrir, por lo que viven en instituciones de asistencia social o en la vía pública. Fenómenos como las guerras, las enfermedades, el desplazamiento poblacional, el abandono y víctimas colaterales de la delincuencia, son sólo una parte de las causas que contribuyen a que los menores de edad se encuentren desamparados quedando en la indefensión total. Para su atención, los gobiernos han establecido instituciones públicas y han permitido la instalación de organismos privados en los que se puede atender a los menores de edad en esta situación. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia ha contribuido a la protección de los menores de edad mediante diversos instrumentos que buscan brindar protección jurídica a fin de fomentar políticas públicas acordes con su pleno desarrollo. Como parte de este compromiso, el cuarto convenio de Ginebra, en 1949, solicitó a sus países miembros la protección civil durante conflictos armados, y muy especialmente a los niños, lo que dio paso a la Declaración de los Derechos del Niño diez años después. A partir de esto, se han generado 24 documentos relativos a la protección del derecho de los menores de edad. México ha hecho eco de estas preocupaciones, las cuales se han consagrado en el artículo 4o de nuestra Constitución Política y la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Actualmente nuestro país cuenta con 81 leyes locales en materia de protección a la niñez y adolescencia, así como de la creación de diversos organismos gubernamentales para dar atención a estos mandatos, labor a la que se ha sumado el sector académico y múltiples organismos de carácter no gubernamental, vigilantes y preocupados por el problema. Se trata entonces de establecer compromisos por hacer prevalecer el interés superior de la niñez y que ningún niño, niña o adolescente sea vulnerado en sus derechos humanos. Sabemos que hay mucho por realizar, pues en nuestra sociedad cada día se presentan nuevos problemas a los que debemos hacer frente e incluso adelantarnos a aquellos que pueden presentarse, a efecto de propiciar un desarrollo óptimo en pro de estos menores de edad. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que para 2010 existían 28 mil 107 menores de edad bajo el cuidado de instituciones de asistencia pública y privada en todo el país, cifra que dista mucho de la realidad imperante. Sabemos de los esfuerzos del Estado y la sociedad civil para proporcionar cuidados óptimos a los menores que se encuentran en situación de completa indefensión o de riesgo, sin embargo y lamentablemente, hemos conocido casos de abusos y violaciones a los derechos de la niñez, propiciadas por una legislación que permite la operación descoordinada de estos organismos y que en el pasado han propiciado también delitos en contra de estos menores. A fin de establecer los lineamientos jurídicos para que la población de estas instituciones reciba los cuidados óptimos, con la presente iniciativa proponemos adicionar la fracción XXIV al artículo 27, recorriéndose las actuales de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que la Secretaría de Gobernación sea la encargada de dirigir los esfuerzos de las instituciones públicas y privadas encargadas de atender a menores de edad en situación de desamparo, con la visión de construir y vigilar la reglamentación adecuada aplicable en estos casos. Lo anterior, debido a que actualmente no existe instancia gubernamental que supervise y vigile la actuación de las instituciones públicas y privadas de asistencia social que brindan servicios asistenciales o cuidados especiales a las niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o abandono. De igual manera, proponemos la creación de la Ley General del Sistema Nacional de Vigilancia y Supervisión de las instituciones públicas y privadas de asistencia social, en las que se encuentran niñas, niños y adolescentes, norma que considera la actualización de las reglas para atender a esta población mediante la construcción de un censo, estados de salud constantemente actualizados y rendición de cuentas oportuna ante la autoridad federal. Con esta medida el Estado se asegurará que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños desamparados cumplan con las normas establecidas, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. La norma también prevé la suspensión definitiva en aquellas instituciones públicas y privadas que pongan en riesgo o hayan violado los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo o afectados, criterio que se fundamenta en el principio de cero tolerancia a quienes atenten contra los grupos sociales más vulnerables. Esta medida evitará que se presenten casos extremos como la sustracción de menores e incluso la posibilidad de actuar rápidamente en la localización de un menor extraviado. Con la obligación de actualizar constantemente los datos de estos menores y de reportarlos a la autoridad federal, sabremos el paradero de cada uno de estos menores a nivel nacional y hacer efectivo el derecho fundamental de protección a la niñez y juventud. Compañeras y compañeros diputados, es una realidad la poca atención que hemos dado a los menores, que se encuentran en casas de atención por no contar con familiares e incluso a quienes no pueden estar en compañía de sus familiares por procesos legales. Desde este grupo parlamentario reiteramos nuestro compromiso inalienable con la niñez mexicana, por lo que con nuestra propuesta pretendemos atender una necesidad, que para muchos es una triste y lamentable realidad. No existe viabilidad de futuro como nación si no atendemos y protegemos a nuestras niñas, niños y adolescentes, por ello solicito, respetuosamente, su sensibilidad y apoyo para aprobar esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.