La diputada Lily Fabiola de la Rosa Cortes: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Hoy discutimos el dictamen de la Comisión de Energía por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. Se ha establecido que la presente iniciativa es una actualización y una armonización en la relación a los permisos y no un cambio de paradigma en el sector energético. Ahora bien, de acuerdo con el marco jurídico vigente, es tarea de la Comisión Reguladora de Energía fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Respecto a la Secretaria de Energía, en el marco jurídico vigente refiere que corresponde al despacho de los siguientes asuntos: establecer, conducir y coordinar la política energética del país, así como supervisar su cumplimiento con prioridad en la seguridad y diversificación energéticas, el ahorro de energía, la protección del medio ambiente y promover la participación de los particulares en las actividades del sector, sea en los términos de la legislación y las disposiciones aplicables. Hoy, en la práctica, esos objetivos no se cumplen. En el marco jurídico quedó por un lado y las autoridades no están atendiendo los objetivos con claridad. Que la Secretaría de Energía, en específico la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial, lleva ya un año sin recibir evaluaciones de impacto social a los interesados en desarrollar proyectos de hidrocarburos. Y después de un año sin recibir evaluaciones de impacto social, el pasado 12 de abril informó, violentando la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que va a recibir evaluaciones de impacto social, pero que solo será recibido un solo proyecto con su representante legal y este último únicamente acudirá a nombre de su empresa. Es decir, primero la Dirección General de Impacto Social y Ocupación Superficial de la Secretaría de Energía dijo, por un año, que por razones de pandemia no recibía evaluaciones de impacto social. Es importante decir que solo hasta junio del 2020 publicó en el Diario Oficial de la Federación, estableciendo e informando a la ciudadanía, cuáles eran los días inhábiles. A partir de ahí, no publicó, ni informó a la ciudadanía cuándo iba a recibir esas evaluaciones de impacto social. Hoy en día dicha dirección de la Secretaría de Energía establece que solo se recibe con cita y que los interesados en invertir en proyectos de hidrocarburos, como Yucatán, Coahuila, Sinaloa, etcétera, vengan a la Ciudad de México a presentar evaluaciones de impacto social, a pesar de la pandemia. ¿Por qué tienen que presentar evaluaciones de impacto social? Porque así lo mandata la ley, así lo establece el artículo 121 de la Ley de Hidrocarburos. Es bien sabido que en la presente administración la Comisión Reguladora de Energía cuenta con un rezago importante por falta de personal, por cambios en el interior, por indicaciones. La realidad es que el día de hoy estas dos autoridades no dan certeza jurídica a los interesados en obtener un permiso en el sector de hidrocarburos. Hoy esos interesados queremos decirles que la reforma en el artículo 53, que aun cuando los permisos se encuentren vigentes, que el cedente cumpla con todas sus obligaciones, que el cesionario reúna los requisitos y se haya cumplido formalmente con todo, la autoridad va a resolver en sentido negativo. Hay quienes estén interesados en invertir en el sector hidrocarburos, de reformar este artículo y están y estarán en total incertidumbre, ya que las autoridades podrán hacer lo que quieran porque la incertidumbre de particulares y, por ende, empleos que de ellos dependen. Con la aprobación de dicho artículo el mensaje que se les dará a los inversionistas, a aquellos que generan empleos en esta época tan crítica de la pandemia, que contratan personal experto mexicano, que es correcto que las autoridades no trabajen un año y que no fundamenten ni motiven su actuar. En esta administración se habla de combatir la corrupción. ¿No es corrupción el no establecer reglas claras del juego y que la ley diga que se promueve la participación de los particulares en las actividades del sector, pero que en la realidad solo se está favoreciendo a unos cuantos? La competencia ha favorecido a la ciudadanía. El día de hoy lo podemos ver en la gasolina que Pemex vende a las y a los mexicanos. Es la más cara y eso absolutamente es comprobable en todas las entidades del país, y para ello traemos una prueba de que la competencia ha favorecido. Estos son los costos que nos da la competencia a nuestros consumidores, aquí los traemos. De varias de las empresas, se tomaron recientemente en el estado de Coahuila, particularmente en Saltillo. Ustedes pueden verificarlo. Estos son los costos, traemos lo que ofrece la competencia. Esta es una más. Traemos una más. Cualquier autoridad, cualquier ciudadano puede ir y verificar los costos que ofrece la competencia y también, desde luego, aquí tenemos otro costo más que ofrece la competencia. Ha permitido que los ciudadanos, las ciudadanas que consumen los productos de gasolina puedan elegir la mejor opción. Estos son los costos de Pemex. El día de hoy en Coahuila y en muchas de las entidades del país Pemex ofrece la gasolina más cara. Pemex es nuestro, la gasolina es nuestra, sin embargo, nuestra empresa es quien hoy ofrece los precios más caros a la ciudadanía y a los consumidores. ¿Esto es lo que se pretende con esta iniciativa? ¿Romper con la competitividad y romper con la válida oferta que se pueda ofrecer a los consumidores? Se habla de la explotación de nuestros recursos, de soberanía de los mismos recursos. Dónde queda el compromiso con nuestras generaciones futuras, dónde queda el desarrollo sostenible. Es por eso, compañeras y compañeros, que estas reservas que hoy presentamos a nombre de nuestro grupo parlamentario tienen como objetivo dar certeza a los interesados. Desde luego, además de dar certeza a los interesados, no permitir que haya más pérdida de empleo y desde luego que se favorezca la competitividad, que desde luego ha favorecido a los usuarios. A la gente en la calle que consume esto productos de gasolina no les interesa muchas cuestiones legales, a ellos les interesa cuánto paga cada ciudadano por un litro de gasolina...