El diputado Carlos Madrazo Limón: Con su permiso, señor Presidente. Los que suscriben, Carlos Madrazo Limón y Ruth Zavaleta Salgado, diputados federales en la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos, al tenor de lo siguiente. En su paso por la tierra, el hombre siempre ha tenido la obsesión de dejar testimonio de sus actos, incluso de los más cotidianos. Esta necesidad de perpetuar su memoria histórica nos ha dado los elementos para la investigación puntual de su desarrollo en todos los aspectos de su coexistencia con la naturaleza y otros grupos humanos. Los testimonios que ha dejado desde las etapas primigenias de la evolución de su pensamiento son los documentos que elaboró, utilizando los soportes que tuvo a su alcance. La trascendencia de los testimonios documentales es tan grande que con ellos nació la historia misma. Sólo a partir de que el hombre deja documentos en sus actos se habla de historia; se habla de un pasado de la humanidad. Hoy en día la historia no se hace exclusivamente con documentos escritos; el pasado se reconstruye con los datos procedentes de las excavaciones arqueológicas, con los testimonios que se conservan en los museos y en los laboratorios científicos; con encuestas y testimonios orales; con las imágenes trasmitidas por los más diversos objetos y más recientemente con las imágenes del cine, la televisión y por supuesto el Internet. Sin embargo, puede decirse que estos cambios y enriquecimientos no han disminuido la importancia de los archivos como sus conservadores y trasmisores de la memoria histórica. La riqueza documental acumulada en los archivos nacionales, provinciales, locales, eclesiásticos y privados; la secuencia histórica que los articula y la posibilidad de aplicar en esa cuantiosa información las nuevas técnicas de análisis que continuamente ensayan los investigadores, los mantiene como uno de los fondos más ricos, homogéneos y confiables para estudiar el pasado. El documento es el registro, prueba y memoria de los actos del hombre y de los hechos de la naturaleza. De ahí la importancia de establecer criterios que nos resulten útiles para el manejo adecuado de los millones de documentos cuya conservación y acceso incumbe a los archivos del país. La iniciativa que se presenta ante esta soberanía parte de la premisa de que es necesario replantear en forma sencilla y moderna el papel que deben de desempeñar los archivos no exclusivamente como guardianes del patrimonio sino como centros de información y cultura para así contribuir de manera eficiente al desarrollo de la cultura nacional. Es importante destacar los siguientes elementos para la evaluación de la presente iniciativa: Primero. Que el Congreso de la Unión está facultado para legislar en la materia, como se desprende de la obligación de crear instrumentos legales que garanticen el derecho al acceso a la información, contenida en el 6o. de la Constitución General. Segundo. Que la responsabilidad de esta soberanía para legislar en materia de regulación de archivos en posesión de los órganos inmediatos y mediatos de la Federación es impostergable, dado que debe crearse una política de Estado respecto a la protección, la preservación, conservación y difusión de los archivos en función de todos los órganos federales y no únicamente unos lineamientos sobre el manejo de los mismos en poder del Ejecutivo federal. Debe hacerse notar la importancia que reviste el establecimiento de la definición del patrimonio documental de la nación, sin duda un instrumento legal del que podría hacer uso el Estado para poder custodiar de mejor manera los archivos tanto públicos como privados que por su relevancia deben de ser protegidos en términos de la ley. Cuarto. Que la iniciativa es consistente, armónica y complementaria con las disposiciones existentes en el orden jurídico nacional, como las contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Ley General de Bienes Nacionales, Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas, entre otras más. Quinto. Que si bien es cierto que la naturaleza jurídico-administrativa del Archivo General de la Nación es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, se ha estimado pertinente brindar certeza jurídica y permanencia, vía ley, a este ente y convertirlo —con pleno respeto a los demás órganos federales y órdenes de gobierno— en el eje sobre el cual debe girar la política de Estado en materia de conservación y difusión de archivos. Sexto. Que en todo caso, la iniciativa deja a salvo para su reglamentación por la vía de disposiciones generales o reglamentos, la conservación, difusión, acceso y consulta de archivos que detenten los demás órganos federales distintos al Poder Ejecutivo. VII. Se reconocen los adelantos tecnológicos actuales y los que estén por venir, previéndose que los documentos pueden estar incorporados en cualquier forma o soporte. VIII. Se dispone de la necesidad de preservar en territorio nacional aquellos documentos que no sean fácilmente sustituibles. Dicha medida deberá abonar a la conservación de nuestra memoria histórica, evitando así las ventas de diversos documentos históricos como ha acontecido en tiempos pretéritos. IX. Un elemento básico de la presente iniciativa lo constituye el reconocimiento que le da la ley al Archivo General de la Nación. Si bien se considera que la actual forma de organización administrativa del Archivo General de la Nación es la más adecuada para desarrollar sus actividades y por lo mismo se conserva ésta, el avance de este hecho lo podemos medir a través de dotar de permanencia y seguridad jurídica a dicho órgano desconcentrado al ya no depender su existencia de la voluntad y discreción del titular del Ejecutivo en turno. X. Se instruye a Archivo General de la Nación, como el eje rector del Poder Ejecutivo Federal, para la administración de los archivos e incluso, dada su experiencia, sus brazos técnicos se expandirán en otros terrenos y ámbitos orgánicos, fortaleciendo de esta manera la política del Estado sobre la materia. XI. Es creado un cuerpo colegiado que, además de los órganos de administración y de gobierno del Archivo General de la Nación, coadyuvarán de manera sería y razonada sobre las políticas a implementarse en materia de administración de archivos, dado que su conformación contará con servidores públicos, académicos y especialistas de las disciplinas vinculadas con las funciones del Archivo General de la Nación. XII. Se pretende plasmar, vía ley, la obligación de registrar los archivos que los sujetos obligados posean, así como de manera potestativa las personas y organizaciones privadas y del sector social. Con esa medida deberá de tenerse certeza sobre el universo de archivos que deben protegerse, así como las medidas a instrumentarse para ello. XIII. Por último, si bien es cierto y tal y como se ha señalado en este documento, operativamente ya existe un Sistema Nacional de Archivos, coordinado por el Archivo General de la nación, a través de este proyecto de cuerpo legal se pretende establecer las bases y su permanencia como requisito básico para hablar de una verdadera política de Estado en materia de administración de archivos. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de este órgano del Poder Legislativo federal, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Archivos. Agradecemos la disposición del personal del Archivo General de la Nación, y en especial al maestro Jorge Ruiz Dueñas, por su participación. Señor Presidente, le solicito sea tan amable de integrar en el Diario de los Debates el documento íntegro. Asimismo le solicito turnarlo a la Comisión de Gobernación. Muchas gracias.