El diputado Luis Maldonado Venegas (CONVERGENCIA): Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 14 segundo párrafo, establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad, de sus propiedades posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Sin embargo, esta garantía individual que los gobernantes al tomar posesión protestan guardar y respetar, no se cumple a plenitud en la actualidad, sino que se llega a violar en perjuicio de los gobernados por parte de algunas autoridades administrativas y el propio Ministerio Público. Tal es el caso concreto del gobierno de Morelos, entidad federativa de la cual el grupo parlamentario de Convergencia ha recibido evidencias de diversos ciudadanos de que el ministerio público se ha extralimitado en sus funciones por órdenes del gobernador Sergio Estrada Cagigal Ramírez y de quienes han ocupado la Procuraduría de Justicia, pues sin tener facultades para ello, han ordenado la restitución de bienes inmuebles, sin que exista un proceso instaurado por un juez y a pesar de que los afectados, inclusive cuentan con una determinación emitida por la propia procuraduría morelense de que la posesión de sus inmuebles es legítima. Este tipo de arbitrariedades perpetradas por autoridades administrativas, como lo es el gobernador de un estado y el Ministerio Público, se generan cuando existe un interés especifico y personal en determinados asuntos y el influyentismo que sigue agraviando al pueblo de México, aflora y las autoridades administrativas y el ministerio público intervienen influenciados por una recomendación, a pesar de no tener facultades legales para ello, como a continuación lo acreditaré. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en el caso de delitos continuos como lo es el despojo, la única autoridad competente para determinar si existe, si alguien ha cometido el delito, lo es el juez competente, previo proceso que debe instituirse por éste, no por el Ministerio Público y sólo en este supuesto es que el juez puede proceder en consecuencia de acuerdo con sus facultades, pero el Ministerio Público carece de atribuciones para obrar de propia autoridad con sólo la denuncia de la comisión de un delito de despojo, pues su existencia de ser cierta ya se ha consumado. Asimismo, se fundamenta la iniciativa que hoy someto a la alta consideración de ustedes, en otro argumento de la Corte relacionado con el delito de despojo y que señala que aún en el caso de no justificarse la posesión y de que se tratare de un despojo de cosa-inmueble, no son las autoridades administrativas las capacitadas para ordenar la desocupación del mismo, ya que no son autoridades judiciales, ni existe ninguna ley que fundamente y motive un procedimiento administrativo para dictar la orden de desocupación de un inmueble por parte de ellas. Estos elementos jurídicos que se señalan deberían ser suficientes para que la Procuraduría General de Justicia del Estado de Morelos y todas las procuradurías del país, incluyendo a la General de la República, se abstuvieran de emitir acuerdos para restituir bienes inmuebles, pues dichos acuerdos que suscriben los ministerios públicos no tienen sustento jurídico, además de que no se les da vista a los indiciados, por lo que se les deja en total indefensión, como son los asuntos documentados por la fracción parlamentaria de Convergencia. Las arbitrariedades de la procuraduría morelense y del Ministerio Público, llegan al extremo de implementar lanzamientos de los ciudadanos, de sus domicilios particulares y de no entregarlos sus bienes, muebles y enseres personales, trasgrediendo el estado de derecho. Este tipo de conductas no puede seguir siendo tolerado, por lo tanto proponemos de esta máxima tribuna de la nación, cambios que reclama la sociedad mexicana a la Carta Magna, que contribuyan a proteger a los ciudadanos. Gobernantes como Sergio Estrada Cagigal, olvidaron que al ejercer los cargos públicos, se deben respetar todas y cada una de las garantías individuales que consagra la ley cimera del país, como es la de la seguridad jurídica, contenida en el artículo 14 constitucional y a la que hice referencia al inicio del mi exposición, pues del precepto constitucional en cita, se desprende el deber que tiene toda autoridad de observar y cumplir las formalidades esenciales del procedimiento como requisito de validez para privar a los gobernados de los bienes jurídicamente tutelados por las normas y no a través del uso primitivo de actos de violencia. Dichas normas adjetivas son en las que deben basarse las autoridades para dar cause a la resolución de todo conflicto o situación jurídica que se presente y deben respetarse cada una de las normas aplicables que rigen los respectivos procedimientos para emitir la decisión que corresponda, ajustándose además, a los extremos de la norma sustantiva que regule la materia en cada caso concreto. Los legisladores no podemos permitir que en pleno siglo XXI la autoridad pública perturbe a los ciudadanos en sus posesiones haciendo caso omiso de las normas jurídicas que le tutelan. Por ello, el de la voz considera indispensable hacer más preciso y exacto el texto constitucional que se propone adicionar a fin de combatir la enorme corrupción que existe en los ministerios públicos y evitar el abuso de autoridad de los malos gobernantes. Por lo anteriormente expuesto compañeras y compañeros legisladores, someto a consideración de este Pleno la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el tercer párrafo del artículo 21 constitucional para quedar como sigue: UNICO. ARTÍCULO 21 TERCER PÁRRAFO. Las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal, podrán ser impugnadas por vía jurisdiccional en los términos que establece la ley. Se agrega: El Ministerio Público y las autoridades administrativas carecen de facultades para obrar de propia autoridad en el caso de delitos relacionados con las propiedades, posesiones o derechos de la persona. Por lo anteriormente expuesto agradeceré a usted señor presidente que publique esta iniciativa en el Diario de los Debates y al propio tiempo se dé turno a las Comisiones de Puntos Constitucionales, Es cuanto señor presidente.