El diputado Néstor Octavio Gordillo Castillo: Señoras legisladoras y señores legisladores, de acuerdo con la exposición de motivos del presente dictamen el derecho a recibir alimento se define como la facultad jurídica que tiene el acreedor alimentista para exigir al deudor alimentario lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo del matrimonio, del divorcio y del concubinato, que el artículo 303 del Código Civil Federal establece la obligación de los padres de dar alimentos a los hijos; el 165, que este derecho es preferente sobre los ingresos y bienes de quien tenga a su cargo el sostenimiento económico de la familia y podrán demandar el aseguramiento de los bienes para hacer efectivos estos derechos. Que en los términos del 308, alimentos, comprende la habitación, la comida, el vestido, la asistencia médica, en caso de enfermedad, y además respecto de los infantes y adolescentes también comprenden los gatos de educación para proporcionarles un oficio o profesión honestos conforme a sus circunstancias personales, destacando que la obligación alimentaria es un deber de interés social y orden público. El derecho de alimentos puede definirse como aquel que tiene todo individuo para obtener todo aquello que es necesario para vivir plenamente. Así que no es el derecho alimentario la posibilidad que tiene una persona para recibir alimentos propiamente dichos, significa mucho más. Incluye lo necesario para estar bien nutrido, para vestirse, para tener un techo, para recibir la educación y para tener asistencia médica. Merece la pena mencionar que el derecho a una alimentación adecuada está inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana, y es indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Es también inseparable de la justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales y sociales adecuadas en los planos nacional e internacional orientadas a la erradicación de la pobreza y al disfrute de los derechos humanos. En términos generales el derecho a recibir alimentos recae en la persona que no puede proveérselos por sí mismo, sea por su incapacidad física, mental o por ser menores de edad, así como también tiene derecho a pedirlos quien a su vez los proporciona por ejemplo en el caso de una pareja, casados o no, los cuales contribuyen en común al sostenimiento del hogar. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 25 y 11 respectivamente, reconocen al derecho de alimentos como un derecho fundamental del hombre. Esto resalta la importancia y el objeto que la obligación alimentaria tiene respecto de los menores y que quedan de manifiesto en la Constitución, en las leyes nacionales y en los instrumentos internacionales suscritos y ratificados por México en esta materia. Entre esos instrumentos internacionales que podemos mencionar, se encuentran la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre la Obtención de Alimentos en el Extranjero y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, por lo que hace que la convención sobre el derecho del niño, consideramos importante destacar, que en su artículo 3o., que establece que en los Estados, parte en este sentido, se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley y, con el fin, tomarán en sí todas las medidas legislativas y medidas adecuadas. Esto es muy importante y el objetivo de la presente modificación a la Ley Nacional de Migración consiste en impedir que las personas que se encuentren en mora en el pago de alimentos salgan de territorio nacional hasta en tanto no cubran el total de su adeudo; por lo tanto, busca la salvaguarda del derecho humano a la alimentación y, en consecuencia, del derecho humano a la vida. Como lo establece, el segundo resolutivo del dictamen en este sentido, correlaciona la suspensión del derecho al libre tránsito que recaería sobre un deudor alimentario. En un amplio análisis y profundo debate se expresó, para llegar a tal situación, que tendrían que cumplirse varios supuestos, porque no estamos atentando contra el libre tránsito, tiene que ver lo siguiente: que quien pretende viajar es deudor alimentario, que ha sido moroso por más de 60 días, que ha sido denunciado por el acreedor alimentario, que un juez ha conocido su caso, que ha sido vencido en su juicio, que a pesar de ello continúe incumpliendo y desee ausentarse del país; dándose todos y cada uno de los supuestos anteriores, de manera indiscutible el que debe prevalecer es el derecho a recibir alimentos en los términos que expresan las leyes. En este sentido, la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, propone que en su artículo 48, la fracción VI quede como sigue: Las personas que en su carácter de deudoras alimentarias dejen de cumplir con las obligaciones que impone la legislación civil en materia de alimentos, por un periodo mayor de 60 días, previa solicitud de la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las excepciones previstas por la legislación civil aplicable, así como de aquellas conductas consideradas como delitos por las leyes penales correspondientes, para efectos de esta fracción y tratándose de extranjeros, el instituto definirá su situación migratoria y resolverá con base a lo que se establezcan en otros ordenamientos y en el reglamento de esta ley. Señoras y señores legisladores, el derecho a la alimentación es universal. La omisión de esta responsabilidad pone en serio peligro a la salud, así como la integridad física de la persona e incluso de sus posibilidades a un desarrollo integral. Por su apoyo, y sobre todo Acción Nacional, apoya este dictamen para sobre todo salvaguardar los derechos humanos en el Estado mexicano. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.