El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, la situación en el estado de Guerrero es un asunto que atenta contra la dignidad nacional. En México no podremos estar tranquilos hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos el 26 de septiembre en Iguala, Guerrero. Desde esta tribuna condenamos y lamentamos el secuestro y homicidios de los jóvenes normalistas. Sabemos que ésta no es la única causa de desasosiego en nuestro país, pero ofende especialmente la circunstancia con que esto se presenta. Es indignante que desaparezcan 43 estudiantes, producto de un presunto ataque del crimen organizado, al parecer en contubernio con la autoridad política, y como sabemos, el día de hoy todavía no sabemos dónde están. El proceder de las autoridades del estado de Guerrero no sólo ha dejado mucho qué desear, sino que ha mostrado indolencia y profunda incompetencia, si tomamos en cuenta que Guerrero es la entidad federativa que registra más homicidios dolosos, tanto en el 2013 como en el 2014. Es decir, por cada 100 mil habitantes, Guerrero tiene 30.37 en 2014, cuando la media nacional es de 9.43. ¿Negligencia o irresponsabilidad? ¿O ambas? Es lo que está pasando hoy en Guerrero. Hay una omisión evidente de las autoridades para actuar en consecuencia, si como se ha dicho se tenía ya conocimiento y antecedentes del proceder del presidente municipal y del terrible clima de inseguridad, que priva no solamente en Iguala, sino en todo el estado de Guerrero. Exigimos a las autoridades un proceder apegado a derecho, una investigación en la que priven los criterios científicos, de transparencia y claridad en la información, pero sobre todo un trato digno y humano a las familias de las víctimas. Es ofensivo el manejo mediático que se pretende dar a este caso. No se ponen de acuerdo ni cuántos son los desaparecidos ni cuántos han vuelto ni cuántas fosas clandestinas o de los cuerpos encontrados en ellas ni se tiene aún, por cierto, todavía quiénes han perdido la vida. La respuesta del gobierno federal también ha sido inconsistente. Recordemos que a finales de abril de este año enviaron a Guerrero 2 mil elementos de la Policía Federal, además de los que ya estaban adscritos. Esto no es cosa menor, si tomamos en cuenta que debemos apostar, como dice el gobierno federal, a la inteligencia más que a la reacción. Tenemos mucho qué hacer en materia de prevención, tenemos que recapitular lo que se está haciendo, el presupuesto asignado, las acciones, los municipios y las consecuencias. De 300 en 300, la Gendarmería va a terminar dispersándose por todo el territorio nacional, más con una respuesta tardía que con una garantía de incertidumbre. Cómo es que Abarca Sánchez, ahora alcalde con licencia, Abarca Velázquez, se le ha permitido sustraerse de su responsabilidad política como lo hizo. La autoridad le haya perdido la pista. El paradero de José Luis Abarca Velázquez no debe ser otro que estar frente al Ministerio Público para ayudar a esclarecer este asunto. Nos debe quedar claro, no podemos tener directores de seguridad pública y policías honestos mientras las autoridades políticas que les dan los nombramientos y órdenes sean corruptos o delincuentes. Y no habrá instituciones de policía fuertes si en vez de fortalecer sus capacidades sigue reinando la impunidad. En los últimos años como nación hemos avanzado en la concientización sobre las necesidades de que nuestros cuerpos de policía deben ser más confiables y más profesionales. Pero debemos preguntarnos cómo están haciendo las autoridades las certificaciones y pruebas de control de confianza, si con estas aprobaciones vamos a contar con policías como los que tenemos hoy en Iguala, Guerrero. Reiteramos, los normalistas de Ayotzinapa no son solamente un asunto de agenda política, un tema mediático o crisis de inseguridad. Son ante todo un problema humanitario. Los desaparecidos no le pertenecen a nadie más que a sus familias, que hoy sufren la angustia de desconocer el paradero de sus hijos. Ni la opinión pública ni los legisladores ni las familias queremos una verdad a medias. Ni hallazgos sin un sustento objetivo y científico. Instar a las autoridades competentes de todos los órdenes de gobierno a resolver esta tragedia con justicia y con verdad. Lo que pasa ahora en Guerrero es un caso de dolor evitable. Las autoridades no deben alegar ignorancia en asuntos que si se dedicaran a gobernar y servir a la sociedad, no solo deberían conocerlos sino resolverlos. Independientemente, como se ha dicho aquí en tribuna, de quién presida esta comisión, el presidente no tiene más voz y más poder que los miembros de la comisión y mucho menos que esta asamblea, que este parlamento democrático. Así lo he demostrado en la Comisión de Seguridad Pública que presido. Trabajo para bien de la sociedad de México. Un trabajo democrático e imparcialidad; esto es lo que se debe hacer en este asunto que a todos nos apena y que todos debemos de apegarnos a derecho. Por su atención, muchísimas gracias.