La presidenta María del Rosario Piedra Ibarra: Ciudadanas y ciudadanos legisladores, he escuchado con atención sus posicionamientos, he tomado debida nota de los cuestionamientos que se me han planteado y me comprometo a enviar mañana mismo a la Mesa Directiva información detallada acerca de ello. Entendemos que la dinámica de México hoy es compleja, sobre todo en el marco de transformaciones que vivimos y de la resistencia para que estas se hagan, pero no vamos a hacer o decir lo que algunos quisieran y descalificar a las instituciones solo porque no se avienen a agendas políticas, conlleva graves riesgos, respetuosos como somos de la libertad de expresión hemos dicho y lo reitero que no permitiremos que se use a la CNDH como pretexto para batallas personales o partidistas y que enfrentamos, y que enfrentaremos y combatiremos la desinformación con la verdad y con transparencia, porque esa es la exigencia de las y los mexicanos. Sostenemos nuestra postura frente a la política nacional de seguridad pública porque creemos en la estrategia de participación y no en la guerra, y estamos listos para vigilar el respeto a los derechos humanos por las y los integrantes de las Fuerzas Armadas, ofreciendo mejores programas de capacitación y emitiendo las recomendaciones que tengamos que hacer, así como coadyuvando para que la Guardia Nacional no pierda su carácter civil. Para eso es el Plan Estratégico de Cultura de Paz y Derechos Humanos que regirá nuestra actuación este año. Y sostenemos también nuestro compromiso con el fortalecimiento de nuestra democracia, porque nos hacemos eco del clamor ciudadano por tener elecciones libres y confiables. No hubo violación a la ley cuando emitimos la recomendación general 46/2022, porque no calificamos ninguna elección ni recomendamos su reposición, pero es nuestro deber defender el derecho a la democracia del pueblo y estamos a la espera de que la Suprema Corte lo refrende así al resolver la controversia constitucional que emitimos en el mes de noviembre. Repito que todo lo que aquí se ha dicho se ha atendido puntualmente y la información enviada por escrito el día de mañana, independientemente de que en mi mensaje inicial he abordado ya alguno de los temas y que también están en el informe que he entregado, pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para hacerles un respetuoso exhorto y pedir su apoyo, porque la defensa y observancia de los derechos humanos en nuestro país es un asunto de corresponsabilidad. Ustedes saben que uno de los mayores problemas de los derechos humanos son las limitaciones que actualmente se le imponen. Una de ellas, quizás la más sensible, el que prevalezca la voluntad de las autoridades para aceptar o rechazar una recomendación. Necesitamos, entonces, activar los mecanismos de exigibilidad existentes, me refiero a que el Senado de la República debe cumplir con el mandato que le otorga el artículo 102, apartado B de nuestra Constitución política y llamar a las autoridades a explicar sus razones de incumplir una recomendación. Hemos enviado nueve solicitudes al Senado, sin respuesta hasta la fecha. Y tenemos más, que estaremos enviando el día de mañana. Mi petición, que la hago en nombre de las víctimas, es que apoyen a la CNDH para que se cumplan nuestras recomendaciones. De igual modo, recuerdo que tenemos pendiente la elección de cuatro integrantes del Consejo Consultivo y los integrantes del Comité Técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. Y otro exhorto, igual de respetuoso, junto con el informe, estoy entregando a la Cámara de Diputados y mañana lo haré al Senado, una propuesta de iniciativa de ley para reformar a la CNDH y elevarla al rango de defensoría del pueblo, superando el esquema neoliberal que heredamos y apelando a lo mejor de nuestra tradición humanista, a la Procuraduría de los pobres, pero, sobre todo, para que esté a la altura de las transformaciones del país y de lo que necesitan y reclaman las víctimas. Les pido la revisen, analicen, discutan y mejoren. Se trata de crear nuevos mecanismos de exigibilidad, que aseguren la vigencia de los derechos humanos en el país y que no dejemos al arbitrio de las autoridades, que estos se respeten, observen y reparen. Existe ya un Programa Nacional de Derechos Humanos, es el primero en su tipo que tiene entre sus objetivos mejorar la capacidad de gestión y respuesta de la autoridad federal para la protección y garantía de los derechos humanos. Un gran avance, pero el problema está en las autoridades locales, principalmente que se niegan a hacerlo. Entonces, si en este país no son obligatorios los derechos humanos, ¿qué garantía tenemos de que imperen? Si desde 2011 es obligatorio para toda autoridad del Estado respetar los derechos humanos, ¿qué justifica dejar que ellas decidan si aceptan o no una recomendación? La práctica y la sinergia son tan fuertes que a estas alturas imagínense hay autoridades que todavía ponen en duda las funciones de la CNDH y el alcance de su misión. Para darnos una idea, la actual gestión heredó 508 recomendaciones sin cumplimiento y, a la fecha, con las nuevas emitidas se tiene un total de 984 recomendaciones en trámite, lo que plantea que no han sido sancionadas ni resarcidos los efectos de las violaciones de derechos que las motivaron. Si este no es un dato que mueve a la reflexión y a la acción para revertirlo, ¿qué otra cosa podría plantearse para asumir que ha llegado la hora de hacer cambios en ese sentido? En lo que respecta a la reparación integral del daño, el principal obstáculo es la falta de presupuesto de las autoridades recomendadas para generar acciones de reparación del daño. Y esto se refleja en el estado que guardan muchas recomendaciones en trámite estando pendiente su conclusión por falta del pago. Entonces, ahí también necesitamos su apoyo. Quiero decirles que nosotros hemos dado ya pasos firmes, en la medida que nos permite la ley, reformando nuestro reglamento interior y nuestros manuales para fortalecer las áreas sustantivas, tanto en lo funcional como con personal más calificado para el contacto directo con las víctimas y la ejecución de nuestras funciones. Lo cual era una demanda de la ciudadanía desde las organizaciones y muy particular de las víctimas, pero también observaciones que desde 2015 y hasta 2019 había venido reiterando la Auditoría Superior de la Federación. Aunado a ello, desde 2016 la Alianza Global de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, GANHRI, alertó a la CNDH de procesos obsoletos y deficiencias en la calificación, investigación y emisión de los diferentes instrumentos recomendatorios, recomendando que tenían que modificarse para asegurar una mayor efectividad en el cumplimiento de su misión. Gracias a las reformas hemos afirmado la autonomía de la Comisión, garantizando la pluralidad y paridad de género en su integración y replanteando los procesos de atención de quejas e integración de expedientes para hacerlos más expeditos. Renovamos el funcionamiento de las Visitadurías Generales, incluidos los programas especiales. Creamos la Coordinación General de Oficinas Regionales, para que estas atiendan todos los asuntos que se les sometan y refuercen su capacidad de respuesta a la población. Creamos la Dirección General de Supervisión de la Progresividad, para orientar nuestras acciones, acorde al mandato que otorga al Estado mexicano el artículo 1 constitucional y dar un seguimiento más puntual de las recomendaciones generales y creamos un sistema de seguimiento de las recomendaciones y sentencias internacionales. Pero es un hecho que necesitamos otra ley que nos rija, una que dé mayor alcance a nuestras transformaciones y que con sentido de progresividad nos permita llevar hasta sus últimas consecuencias el mandato que otorga al Estado el artículo 1o constitucional en el sentido de la obligatoriedad que tienen todas las autoridades...