El diputado Jesús Lomelí Rosas (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Este será el posicionamiento de apoyo de mi fracción, del Partido Revolucionario Institucional, a la adición de la base 6ª al Apartado C del artículo 122 constitucional. En virtud de que este tema, además de muy controvertido, se ha manipulado interesada y dolosamente ante la opinión pública nacional, es necesario hacer algunas precisiones: No se trata de una medida política instrumentada como reforma legal, con el propósito de perjudicar una entidad federativa, en este caso el Distrito Federal, por el contrario; se trata de una reforma que responde a principios y propósitos auténticamente federalistas; se trata de sujetar al Distrito Federal a las mismas reglas, derechos y obligaciones que las otras entidades que forman parte de la Federación No es válido pretender que no obstante que al Distrito Federa se le reconozca la calidad de entidad integrante de la Federación casi con todas las características y estatuto jurídico de los estados de la República y que por otro lado se combata el que asuma obligaciones similares o equivalentes a las que tienen éstos últimos. El problema del Distrito Federal mexicano se origina en el hecho de que para la sede de los órganos federales no se creó una zona especial determinada, como lo hicieron otros Estados federales, sino se ubicó en la Ciudad de México, capital de raigambre centralizada desde la consolidación del poder azteca y del posterior dominio español, principal centro económico, financiero, político, religioso y social del país, alrededor del cual se formarían mercados nacionales y sistemas de comunicaciones y transportes. La Constitución de 1824 facultó al Congreso de la Unión para elegir el lugar que sirviera de residencia de los supremos poderes de la Federación, sin embargo, el propio Congreso de la Unión anticipó la decisión eligiendo mediante decreto del 18 de noviembre de 1824 a la Ciudad de México. Las Constituciones de 1836, 1843 conservaron la Capital de la República en la Ciudad de México, ésta misma decisión fue tomada por el Acta de Reformas de 1847 y al estallar la Revolución de Ayutla por el Plan de Acapulco. En el Constituyente de 1856 y 1857 se produjo un fuerte debate entre quienes proponían cambiar la residencia de los poderes federales y quienes insistían en la Ciudad de México como capital. Se decidió el punto, una transacción consistente en mantener la capital en la Ciudad de México, pero previniendo su cambio eventual, cambio que nunca ocurrió. La Constitución de 1917 estableció en el artículo 43 al Distrito Federal como parte integrante de la Federación y en el artículo 73, la facultad del Congreso de la Unión para legislar todo lo relativo al Distrito Federal. El enorme crecimiento de la Ciudad de México, que junto con la población de la zona conturbada constituye el área urbana más poblada del planeta, ha presentado un serio reto al planteamiento teórico de los distritos federales tradicionales que había venido siguiendo México; se desbordó un sentimiento de mayor autonomía en la ciudadanía que fue respondiendo por el Gobierno y por el Congreso. El resultado fue el diseño actual del Distrito Federal, que es uno de los capítulos más complejos de la Constitución vigente; se debe a una serie de reformas iniciadas en 1987 con la creación de una Asamblea Legislativa y continuadas para integrar el artículo 122 vigente en 1993 y 1996. El Distrito Federal, antes de las reformas mencionadas, gozaba y sigue gozando de prebendas en el Presupuesto de Egresos Federal, que van desde beneficios con los productos de los impuestos federales hasta enormes privilegios en el gasto, que no tienen igual con otros estados de la Federación. Por esto, la capital de la República, tiene un Presupuesto que supera en el doble al estado que le sigue y tiene requerimientos de gasto por la mitad de los conceptos que obligatoriamente pagan el resto de las entidades del país. Es necesario corregir esta situación en términos de equidad, ya que se está contribuyendo al desarrollo social de una entidad federativa a costa de los demás estados federales. El artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no otorga obligación, atribución o facultad al Distrito Federal para la prestación del servicio de educación básica. Actualmente, este servicio se ha venido prestando en la capital de la República con cargo a recursos federales. No son recursos del Distrito Federal, es un subsidio que ya no se justifica como otros muchos más. El sistema de Coordinación Fiscal tiene como objetivo que el Distrito Federal, Estados y Municipios reciban recursos de manera equitativa, proporcional a sus necesidades, esto implica la adecuada y justa distribución de éstos a las entidades federativas y municipios para que éstos puedan cumplir con sus obligaciones y proporcionar los servicios que requiere la población. También busca redefinir responsabilidades en la recaudación fiscal y en el ejercicio del gasto público, reafirmar la responsabilidad que cada orden de gobierno tiene de proveerse de sus propios ingresos para el sostenimiento de su gasto; con objeto de este propósito, desaparece la dependencia del Distrito Federal, respecto de las participaciones y aportaciones federales. En este sentido, deberán garantizarse suficientes recursos para aplicarlos en educación, pues su adecuada distribución impedirá desequilibrios en las finanzas públicas de los estados. No se trata de un recorte presupuestal como se ha pregonado a diestra y siniestra por las partes interesadas, se trata de una reforma urgente para desaparecer un privilegio que favorece inequitativamente a una de las 32 entidades integrantes de la Federación; se trata de una reforma urgente a fin de actualizar la normatividad aplicable al Distrito Federal, al grado de avance en el proceso de fortalecimiento del estatus y de las potestades soberanas o casi soberanas de la entidad particular que es, al mismo tiempo, la capital de la República. Lo que pretende la reforma constitucional en cuestión, es permitir que se apliquen al Distrito Federal las mismas reglas que se aplican a los 31 estados de la República. Son reglas técnicas que promueven un equilibrio equivalente al gasto medio nacional de aportación federal y estatal que se ajustará anualmente, en función del crecimiento de la matrícula compuesta por alumnos de la educación básica obligatoria. Tales medidas no modifican el régimen ni los porcentajes de aportaciones del Gobierno Federal y las entidades federativas para el rumbo de la educación, sino que de un mismo régimen general y un porcentaje igual, se tase a todas las entidades con un mismo rasero. Falso que sea un atropello como aquí se dijo. No es cierto que se estén retirando al Gobierno del Distrito Federal las aportaciones federales para la educación básica, ya que las aportaciones federales en este rubro seguirán fluyendo de la Federación al Gobierno del Distrito Federal, pero ahora vendrán etiquetadas y no podrán ser utilizadas para un fin distinto al que fueron asignadas; es decir, sólo se podrán utilizar en la educación básica. Lo cierto es también, que los recursos destinados a la educación en el Distrito Federal, se transfieren del ramo 33 al ramo 25, donde se etiquetan todos los fondos federales; es decir, se saca de un fondo para ponerlo adecuadamente en otro. De ninguna manera puede admitirse o inferirse que la reforma que estamos comentando tengan la intención o el propósito de afectar al gobierno del Distrito Federal con fines políticos, partidistas o electorales, todo lo contrario. La reforma tiene el propósito de realizar un principio sustancial del federalismo, que es dar trato igual a los pares, por lo tanto es necesario reconocer la necesidad de adicionar una base 6° al Apartado c) del artículo 122 constitucional, a efecto de que se establezca la obligación al Distrito Federal de participar en el gasto de educación básica obligatoria. Es cuanto, señor Presidente.