El diputado Luis Fernando Antero Valle: Con su venia, diputada presidenta. Hoy es un buen día para el Partido Acción Nacional porque éste ha sido el promovente de la iniciativa que el día de hoy discutimos y que votaremos en este dictamen sobre la Ley de Sociedades de Solidaridad Social. Por cierto, primera reforma que tendrá esta ley desde su expedición en el año de 1976. Pero cabe destacar que, gracias a la iniciativa presentada por nuestra compañera Eloisa Chavarrías Barajas, es a quien agradecemos a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional como promotora de esta nueva reforma. Esta ley tiene como propósito fomentar la organización de las sociedades de solidaridad social, para: crear fuentes de trabajo; conservar el medio ambiente; explotar racionalmente los recursos naturales; y producir, industrializar y comercializar bienes y servicios particularmente en beneficio de ejidatarios, en beneficio de comuneros, en beneficio de campesinos sin tierra y parvifundistas, a través todo ello de un Fondo de Solidaridad Social que se integra por la aportación de socios y donativos de parte de instituciones oficiales, personas físicas y personas morales. De ahí que sea necesario flexibilizar la integración de este tipo de organizaciones, disminuyendo el número de integrantes para su constitución, así como actualizar diferentes preceptos que en términos de nuestro marco jurídico y las políticas públicas establecidas han cambiado de denominación, como es el caso de la secretaría responsable de los sujetos agrarios; o también, el tema de la sustentabilidad, que el día de hoy demandan acciones integrales de diversos frentes, que en este dictamen se privilegia como uno de los objetivos de estas organizaciones. Sin duda uno de los aspectos fundamentales que propusimos reformar es el relativo a la transparencia y la rendición de cuentas, tema en el que nuestro Partido Acción Nacional ha estado insistiendo en la gran mayoría de iniciativas que hemos presentado como una demanda que exige la ciudadanía, pero también como una obligación que tiene el Estado mexicano de informar sobre el destino de los recursos públicos. No es posible que esta ley mantenga en una de sus disposiciones que los subsidios, franquicias y demás apoyos que les otorgue el Ejecutivo federal se den de forma discrecional. Por lo que propusimos eliminar esta fuente de opacidad y establecer la responsabilidad que tienen las sociedades de solidaridad social de sujetarse a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en materia de transparencia y rendición de cuentas, de los recursos públicos. Asimismo, este dictamen retoma la inquietud de conocer cuántas organizaciones de solidaridad social existen, quiénes reciben diversos beneficios fiscales y cómo los utilizan, así como conocer qué tipo de actividades se están actualmente desarrollando. De tal forma que se establece que el acta y las bases constitutivas de cada sociedad, el uso y resultados de los recursos públicos se conozcan a través del registro que para tal efecto lleve la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. En suma, con estas reformas logramos una ley que nos permita incidir en uno de los grupos de población más vulnerables; los grupos agrarios, a quienes les debemos mejores leyes, más apoyos y sobre todo políticas públicas efectivas que incidan en su bienestar y en elevar la calidad de vida de sus familias y de sus comunidades. Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, quiero reconocer el responsable trabajo de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, a los diputados integrantes de la misma y en particular al cuerpo técnico de la misma, que propuso modificaciones relevantes en aras de no generar un impacto presupuestal y mejorar la técnica legislativa. Es cuanto, señoras presidenta.