El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas, diputados, el país enfrenta grandes retos que no se pueden poner en espera. Uno de ellos es, sin duda alguna, la impunidad y la corrupción en el sistema de impartición de justicia. Desde 1994 no habíamos abordado una reforma sistemática al Poder Judicial, lo que lo había dejado rezagado en el proceso de modernización institucional que hemos llevado a cabo en los últimos años. Debemos señalar que existen problemas que deben atenderse de manera urgente para dar respuesta a las necesidades de la sociedad que la reclama, principalmente en la impartición de justicia, en donde se tenían graves vicios, vacíos legales que con la presente reforma se pretende dar respuesta. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidos que hablar de un régimen democrático implica hablar de adaptación. Hoy, nuestro principal objetivo es de tutela y garantía de los derechos humanos, no podemos vislumbrar un régimen democrático sin derechos humanos. Y un derecho humano fundamental es el acceso a la justicia. Es por ello, por lo que consideramos que el fortalecimiento de la carrera judicial es un acierto que profesionaliza la función jurisdiccional. La propuesta que hoy votaremos ampliará el catálogo de cargos que forman parte de la carrera judicial, lo cual es una apuesta por el mérito y la paridad entre los géneros. Se busca que se acabe el compadrazgo y cambiarlo por la meritocracia, dejando atrás el nepotismo y la corrupción. De igual importancia, el dictamen que analizaremos propone una nueva escuela federal de formación judicial, pues toda la experiencia de nuestras juzgadoras servirá para formar a los futuros impartidores de justicia, preparándoseles profesionalmente para los actuales y nuevos retos, dando certeza jurídica a las decisiones que emanen del órgano jurisdiccional, y confianza. La escuela judicial será una institución académica seria, moderna, de excelencia, en sintonía con los avances de la ciencia jurídica. Su misión será la de formar jueces con pensamiento crítico y que con herramientas argumentativas que les permitan dar soluciones sencillas, claras y justas. Por otro lado, con estas reformas se combate la corrupción, pues el primer acto de corrupción es que un servidor público acepte un cargo para el que no está preparado. Debemos señalar que la impartición de justicia conlleva la responsabilidad de decidir sobre el destino de otras personas, por ello al someter las promociones y generar un sistema escalafonario en el que los concursos de oposición sean las que determinen los ascensos y no los compadrazgos, limitaran la discrecionalidad para nombrar a jueces y magistrados. Otro flagelo en la defensa de los derechos de las y de los ciudadanos recaía en las y los que menos tienen. Por ello, voltear a ver las grandes necesidades y deficiencias que se tenían en la defensoría pública, es un gran avance para transformar un verdadero organismo. Al acercar la justicia a la sociedad y generar los mecanismos para que esta no constituya un privilegio, es uno de los principales objetivos de esta reforma. En palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia: es una apuesta para establecer un nuevo perfil de defensores públicos. Que los defensores públicos se constituyan en verdaderos abogados de los pobres. Que logremos llevar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre y más necesitada, más olvidada, más discriminada, aquella que ha perdido la esperanza y tenemos la obligación de devolverles la esperanza en la justicia. Adicionalmente, debemos resaltar el proceso de consolidación de nuestro máximo tribunal jurisdiccional como tribunal constitucional, cuyo impacto debe ser eje rector en las decisiones de todos los organismos jurisdiccionales. Esta situación se verá reforzada por el cambio en el sistema de precedentes en la jurisprudencia, ya que hoy en día se exige, al menos por la vía de la reiteración, cinco sentencias resueltas en el mismo sentido, sin ninguna en contra y con una mayoría calificada, para que el criterio de la Corte sea obligatorio. De ahí que en uno de los cambios más significativos del dictamen que discutimos, sea modificado el sistema de jurisprudencia. De tal forma, que las razones que justifican una sentencia aprobada por ocho votos o más, resulten obligatorias para todos los jueces federales y locales. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor del presente dictamen, que constituye desde nuestro quehacer legislativo una base sustancial en el fortalecimiento del derecho de acceso a la justicia, que no se ha presentado desde hace más de 25 años. Es cuanto, diputada presidenta.