El diputado Victoriano Wences Real: Con su venia, presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, uno de los problemas más recurrentes que presenta la población indígena en nuestro país, que se encuentra sujeta a procesos penales, es tener un servicio de defensa pública con defensores que no hablen una lengua originaria, por lo que la falta de esto genera mucha injusticia a este sector. Los argumentos que soportan la procedencia jurídica por el que se adicionan los párrafos octavo y noveno del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está sustentada bajo la siguiente exposición de motivos. El artículo 17 de nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la defensa pública gratuita. La población penitenciaria indígena debe merecer una atención significativa, en razón de que muchos de ellos han sido sentenciados de manera injusta. Lo anterior, derivado de una mala defensa jurídica. Esto debido a que los abogados que están al frente de su defensa, además de no hablar alguna lengua originaria, no conocen el entorno social en que se desenvuelve su defendido. Esto es, desconocen su cultura, sus costumbres y otras características peculiares de dicho sector. En México se estima que la población penitenciaria es alrededor de 260 mil personas, de las cuales el 3.4 por ciento se estima que es una población indígena. Hace falta contar con abogados litigantes que hablen alguna lengua originaria, para que de esta forma pueda existir una mejor comunicación con los indígenas que son sometidos a procesos penales, esto resulta vital para ejercer una defensa jurídica adecuada que garantice el respeto irrestricto a los derechos humanos y las garantías individuales del sector indígena. La iniciativa de decreto por el que se adiciona un párrafo octavo y noveno al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es la siguiente. Único. Se adiciona un octavo y noveno párrafo al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose el último párrafo para quedar como sigue. Artículo 17 continúa igual, del párrafo uno al siete continúa igual. Octavo. Tratándose de población indígena, la federación y los estados garantizarán que el servicio de defensoría pública se brinde en las lenguas que hable el ciudadano solicitante del servicio. Noveno. Tratándose del fuero federal, la federación garantizará el servicio de defensoría pública de la población indígena a través de un instituto autónomo especializado, cuyos defensores deberán de autoadscribirse como indígenas y hablar alguna lengua indígena. De la misma forma los estados, tratándose del foro común, garantizarán este derecho. Asimismo, la federación garantizará que dicho instituto tenga peritos especializados y preferentemente sean indígenas o hablen alguna lengua originaria. Compañeros diputados, compañeras diputadas, aprovechar este espacio de la máxima tribuna de la nación para comentar lo siguiente. Es de todos nosotros conocido la marginación y el abandono en que viven nuestros pueblos originarios, por ello debemos encaminar las políticas públicas para poder mitigar esta brecha social que existe en contra de este vulnerable sector de la población, y es que resulta lacerante que el gobierno federal pretenda en el proyecto de presupuesto 2017 quitarle a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, más del 52 por ciento del presupuesto, por lo que resulta imperativo unir esfuerzos para salvaguardar los derechos de los que menos tienen, ya que lo anterior resulta, por ende, una acción por demás incoherente, ventajosa, discriminatoria para nuestros hermanos indígenas. Compañeros diputados y diputadas, pedirles su apoyo, su sensibilidad a esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.