El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Gracias compañero presidente. Y me da gusto, fíjese usted, quién lo diría, que vuelva a la conducción de estas sesiones. En Movimiento Ciudadano estamos en contra de este proyecto por la irrelevancia de la modificación frente a todas aquellas reservas que en su momento se presentaron en este pleno y que fueron, todas ellas, rechazadas. Lamentablemente, el Senado no corrigió esas incontables deficiencias que aquí se plantearon y que como ya es rutina, decía, no se aprobó absolutamente ninguna de ellas. Estamos en contra de los cambios, reiterando que el marco jurídico aprobado es, en conjunto, sumamente deficiente y autoritario. Dada la coyuntura que vive el país hablaré solo de las irregularidades en la fase de investigación que generarán grandes violaciones a los derechos humanos: la investigación seguirá siendo el eslabón más débil del proceso penal en general porque no regula la conducta de la policía. Podemos asegurar desde ya, que seguiremos presenciando muy poca capacidad para interrogar y cada vez más testigos falsos. Seguiremos viendo la fabricación de culpables, como está pasando en este momento con los jóvenes arbitrariamente detenidos y enviados de manera expedita a penales de alta seguridad; seguirán los testigos identificando sospechosos sin los controles adecuados, las personas aprehendidas a las que se les impute alguno de los delitos del amplio catálogo previsto en el código, por los que se amerite prisión preventiva oficiosa, pasarán varios meses por decir lo menos antes de que logren probar su inocencia a pesar de que la letra de la ley establece que se presume la inocencia del detenido en tanto no se pruebe lo contrario. Estamos en contra porque es un código que promueve la opacidad de los procesos judiciales, porque no permite la videograbación de interrogatorios policiales y porque prohíbe la cobertura televisiva de juicios. Consideramos grave que como alternativa la prisión preventiva, el juez pueda embargar los bienes del acusado, inmovilizar sus cuentas bancarias, prohibirle que salga del país u ordenarle que suspenda el ejercicio de su actividad profesional y hasta obligarlo a portar un localizador electrónico. Todas estas medidas, todas estas disposiciones violatorias de los derechos humanos. La disposición que ordena la prisión preventiva oficiosa, no solo es una excepción el principio de presunción de inocencia, es una medida excepcional en los países en donde se implementa actualmente el sistema de enjuiciamiento penal; sin embargo en México es la regla. Estos son algunos de los elementos para que el periódico Le Monde titulara a la información sobre la movilización estudiantil en nuestro país, como la revuelta contra el Estado mafia. Por ello aun cuando este cambio pudiera ser aprobado, nos oponemos al contenido general de este marco jurídico que fortalece la capacidad del gobierno para cometer arbitrariedades como las que tienen hoy en prisión a un grupo de manifestantes, mientras los encapuchados violentos gozan de cabal salud gracias a la protección del gobierno, mediante la cual pretenden desacreditar las movilizaciones estudiantiles que hoy, afortunadamente, tienen arrinconado al gobierno. Gracias a todos por su atención.