El diputado Manuel Alexander Zetina Aguiluz: Buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, han pasado más de dos años de la aprobación de la reforma más trascendente que el país ha experimentado en materia educativa. Es evidente que la transformación será paulatina, pero ya pueden percibirse algunos cambios que hace algunos meses parecían improbables. A pesar de lo anterior en diferentes entornos socioeconómicos implica retos que dificultan la puesta en marcha de tan ambiciosas reformas. En este tenor la fracción III del artículo quinto transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia educativa establece la obligación de adecuar el marco jurídico con la finalidad de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno, que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que alumnos, maestros, padres de familia bajo el liderazgo del director se involucren en la resolución de los retos que cada escuela enfrenta. Esta autonomía implica la desconcentración de responsabilidades que corresponden a la administración de los servicios educativos, hasta ahora atendidos por las autoridades educativas en sus respectivos ámbitos de competencia dentro del plantel escolar. Sin embargo, esta desconcentración de funciones significa que en cada centro escolar se asuman funciones y responsabilidades que en un principio correspondían a determinadas instancias de la administración pública y que ahora se atenderán directamente en la institución bajo la supervisión de las autoridades educativas. En este sentido es indispensable no confundir la decisión de acercar la toma de decisiones a la escuela con una descentralización de atribuciones para la cual no están preparadas. Se deben asumir en cambio las posibilidades de que los centros escolares desde la perspectiva de directores y docentes, considerando que la responsabilidades que hoy se les confiere en el espacio de decisiones deberán estar acompasadas por la propia autoridad para la respectiva toma de decisiones y la actualización de los docentes y desde luego del acompañamiento permanente que deben tener. Es decir, se hace necesario establecer las bases normativas a partir de las cuales se habrán de relacionar directivos, docentes y padres de familia dentro del centro escolar y la manera en que se vinculara este con su entorno, desde las autoridades educativas, inmediatas como lo son los supervisores escolares y los jefes de sector hasta las autoridades federales y locales que se vinculan con las escuelas a través de programas y un gran número de acuerdos, lineamientos y normas que inciden en el funcionamiento de las mismas. En cumplimiento del precepto referido, en Nueva Alianza queremos poner a consideración de esta honorable asamblea la creación de una norma específica para la gestión escolar. El objetivo fundamental que se persigue con la expedición de esta ley es el integrar en un solo cuerpo normativo las funciones y competencias que deben asumir los actores internos y externos de los centros educativos, así como sus órganos colegiados en materia de gestión escolar. Buscamos, pues, fortalecer, jerarquizar y profesionalizar la gestión escolar en las instituciones de educación básica del sistema educativo nacional. Queremos escuelas que puedan decidir y tomar medias en beneficio de los alumnos. Todo esto con la colaboración efectiva de maestros, directivos y padres de familia, ya que la educación es una tarea que nos involucra a todos. La decisión de dotar a las escuelas de autonomía de gestión, cuyo mandato emana de la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia educativa promulgada el 26 de febrero de 2013, no puede significar dejarlas a la deriva; por el contrario, implica repensar, mejorar y fortalecer las formas de interacción y comunicación dentro de los centros escolares y de éstos hacia el exterior. Esperar que la autonomía de gestión mejores por sí misma las condiciones en que se desarrolla el hecho educativo, es dejar de lado que no todas las personas que integran una comunidad escolar tienen la misma información ni los mismos conocimientos ni los recursos necesarios para mejorar o avanzar a la misma velocidad. Por ello la descentralización de este tipo de acciones lejos de contribuir a superar el rezago educativo, favorece la profundización de la brecha entre quienes pueden ejercer la facultad de tomar las decisiones y quienes no tienen los recursos para hacer uso de esta facultad. Desde esta perspectiva, resolver las deficiencias de aprendizaje requiere contar con estrategias de recuperación, de regularización y métodos de enseñanza adecuados cuya atención no puede restringirse a los recursos individuales de las escuelas y de sus docentes; se requiere crear una estrategia institucional que brinde a cada escuela los conocimientos, herramientas y ministraciones necesarias para la solución de los problemas de rezago. Fortalecer la autonomía de gestión requiere necesariamente que las autoridades de educación provean a las escuelas de educación básica de un conjunto de recursos, instrumentos, programas y soluciones que se pueden utilizar de manera flexible, de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas. Este debe de ser el sentido de la gestión escolar. Las autoridades educativas federal y locales, están obligadas a incluir en el Proyecto de Presupuesto que sometan a la aprobación de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales, los recursos económicos suficientes para dotar a las escuelas de materiales, recurso humano, así como de instrumentos, programas y soluciones que puedan utilizar de manera flexible, de acuerdo a las necesidades de cada una de ellas, para el cumplimiento de sus responsabilidades en materia de gestión escolar y en general con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en esta ley, así como las autoridades locales deberán suministrar los recursos correspondientes a las escuelas antes de que inicie el ciclo escolar correspondiente. La determinación y el compromiso de Nueva Alianza son claros e inmutables. Queremos contribuir a consolidar la reforma educativa. Con una eficaz gestión escolar se garantiza que lleguen los recursos necesarios para equipamiento, mantenimiento y materiales que eviten cobrar aportaciones voluntarias a los padres de familia. En Nueva Alianza tenemos la convicción de que la movilidad social pasa forzosamente por la educación, porque sabemos que esta es la herramienta más poderosa del desarrollo humano. Es cuanto, gracias.