EL DIP. ARMANDO SALINAS TORRE: Con su venia, diputada Presidente. El pasado 5 de abril del año 2001 fueron presentadas en el pleno de la Cámara de Diputados, diversas iniciativas en materia de responsabilidades de los servidores públicos. La Comisión de Gobernación y Seguridad Pública entonces emitió el dictamen correspondiente a las iniciativas, de la creación de una nueva Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, así como una adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal. El 26 de abril del 2001 el pleno de esta Cámara de Diputados aprobó el dictamen de referencia y fue remitido al Senado de la República para su discusión, y en su caso aprobación. Fue el 29 de noviembre del 2001 cuando la Cámara de Senadores aprobó el proyecto del decreto remitido por la Cámara de Diputados como Cámara de origen. Se aprobó en los términos en el que la Cámara de Diputados lo había planteado y decidido. Hecho posterior, con fundamento en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Presidente de la República realizó observaciones al decreto aprobado por el Congreso de la Unión, remitiendo las mismas a la Mesa Directiva de esta Cámara y turnado a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. ¿De qué estamos hablando y cuál es el dictamen que hoy pone a consideración la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, de lo siguiente: El artículo sexto transitorio no era del todo preciso. Era sujeto de mejor redacción para aclarar, con mayor precisión, que los procedimientos iniciados a funcionarios públicos, a servidores públicos, con la aprobación y entrada en vigor de una nueva ley, podía crear confusión respecto a qué ley debería de aplicarse por los actos, omisiones, hechos, conductas y trámites dentro de los procedimientos administrativos ante la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Es así que el Ejecutivo Federal, ante la revisión previa de la publicación, hace una respetuosa sugerencia al Congreso de la Unión planteando una redacción alternativa que pueda precisar con mucho mayor claridad, que aquellos procedimientos, hechos, acciones, omisiones y en general todo acto de servidor público, de funcionario público hasta previa la entrada en vigor de la nueva ley aprobada por el Congreso de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, concluyera en su tramitación y su aplicación con la actual Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es así que la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, dictaminadora de esta observación, consideró prudentes y pertinentes, con el único fin de que en materia de combate a la corrupción, dé rendición de cuentas y en tratándose de servidores públicos, de funcionarios públicos, quedase el artículo sexto transitorio con una más afortunada redacción. Esto da muestra, a juicio de un servidor y de los integrantes de la Comisión que me honro en presidir, de que el sistema legislativo en México y que el estrecho, franco y respetuoso trabajo legislativo entre los Poderes, rinde y debe seguir rindiendo frutos que garanticen la permanente revisión del derecho que aplican los mexicanos; por el contrario, el texto que hoy se propone y para el cual solicitamos en el dictamen sea aprobado, es un instrumento que clarifica mucho más a la autoridad competente para aplicar esta nueva ley y da mucho mayor certeza a los funcionarios públicos y al pueblo de México en general en el combate a la corrupción. Por su atención, muchas gracias. -