La diputada María Gloria Hernández Madrid: Buenas tardes. Con el permiso del diputado presidente, de mis compañeras y compañeros diputados. Saludo con respeto a los medios de comunicación. La reforma constitucional del 18 de junio del año 2008, modificó trascendentalmente el contenido del artículo 22 constitucional respecto al criterio para la imposición de sanciones penales en nuestro país. Con la inclusión del texto Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado, transitamos del derecho penal de autor al derecho penal de acto, por el que se busca determinar cuál es la pena justa que el autor debe soportar por su hecho, más que centrarse en buscar con la pena influencias en el propio autor o en terceros. Ahora bien, para que la disposición aludida sea aplicable a cada caso concreto, es necesario que las normas u ordenamientos penales que fijen parámetros de punibilidad respecto de los hechos calificados por la ley como delito, así como aquellos que contengan circunstancias o figuras que incidan en la justipreciación de la pena individualizada para el sentenciado o condenado sean revisadas y, en su caso, armonizadas con el referido principio de proporcionalidad. Una de las circunstancias que permiten a la autoridad determinar el quantum de la pena a imponer es la reincidencia, prevista y descrita en sus elementos por el artículo 20 del Código Federal y estrechamente vinculado con los relativos 21, 65, 85 y 90, entre otros del mismo cuerpo legal. Con esta figura jurídica la autoridad jurisdiccional establece la individualización de la pena proporcional, en base a dos elementos fundamentales; el primero, por la consideración misma de la gravedad del hecho ilícito por el que se habrá de sentenciar condenatoriamente, y el segundo, que es atender a las disposiciones jurídicas establecidas por el legislador en la Ley Penal como mecanismo de política criminal, determinadas por el deber que el Estado tiene al ejecutar su función de tutela jurídica, de procurar el orden que queda perturbado por la actividad delictiva de quien tras haber violentado la ley, decide nuevamente infringir el orden jurídico normativo del Estado, momento a partir del cual se genera la conducta reincidente. La reincidencia como figura de consideración jurisdiccional para determinar la pena proporcional, fue concebida para los delitos de conducta dolosa toda vez que el delincuente conoce con exactitud la antijuridicidad de su propio hacer y, por tanto, es mayor la reprobación que el hecho merece en relación a la conducta desplegada. No obstante, el texto del artículo 20 del Código Penal Federal establece: Hay reincidencia: siempre que el condenado por sentencia ejecutoria dictada por cualquier tribunal de la república o del extranjero, cometa un nuevo delito, si no ha transcurrido, desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma, un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las excepciones fijadas en la ley. Como puede apreciarse, la redacción de este artículo no distingue entre quien comete delitos dolosos y quien obra culposamente, y con ello rompe el principio constitucional de proporcionalidad de las penas al permitir que quien actuó con falta de precaución sea igualmente considerado de quien voluntariamente ha delinquido, sin que puedan justificarse como iguales para efectos de pena proporcional, toda vez que en el segundo caso el nivel de reproche sobre el injusto no se funda en el grado de culpa, sino en su gravedad, derivada de falta de previsibilidad del resultado dañoso. Además de la problemática abordada, el citado artículo 20 es impreciso respecto al momento en que el sujeto activo debe ser considerado reincidente, pues si bien establece que debe de tratarse de una persona previamente condenada por sentencia ejecutoria, esta característica no subsiste para la segunda conducta, pues tan sólo establece que quien cometa un nuevo delito, dejando en consecuencia la discrecionalidad de la autoridad, considerar esa nueva comisión de delito desde el momento en que el sujeto es detenido en flagrancia, o bien, se ha dictado sentencia. La importancia procesal de esta precisión se deriva en el contenido del artículo 85, fracción III, del Código Penal Federal, a partir del cual es posible negar la libertad preparatoria a quienes incurran en segunda reincidencia de delito doloso o sean considerados delincuentes habituales. Es por ello, que la precisión legislativa del momento a partir del cual se debe considerar la reincidencia es necesaria, justificada y protectora de los derechos humanos y procesales de quienes pudieran vincularse con esa hipótesis jurídica. Finalmente, las precisiones aludidas conllevan a la necesaria modificación del texto del artículo 21 del Código Penal Federal, relativo a la delincuencia habitual. En la que su contenido refiere el término infracciones, que en precisión legislativa debe adecuarse por el término delitos, que corresponde con la realidad jurídica respecto de los hechos que sancionan las leyes penales y se limitan expresiones como misma pasión o inclinación viciosa. Por los razonamiento y argumentos vertidos, propongo reformar los artículos 20, 21 y 90 fracción primera del Código Penal Federal, para que la reincidencia se configure siempre que el condenado por delito doloso sea sentencia ejecutoriada dictada por cualquier tribunal de la república o del extranjero, y que sea condenado por nuevo delito doloso si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la condena o desde el indulto de la misma un término igual al de la prescripción de la pena, salvo las acepciones fijadas en la ley. Y para que el delincuente habitual sea aquel reincidente que en el mismo género de delitos es condenado por un nuevo delito doloso, siempre que la sentencia que haya dictado no sea mayor de un periodo de 10 años. Es cuanto, diputado presidente.