La diputada Ana Estela Durán Rico: Gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nadie duda de que el tema, motivo del Día Interamericano sobre el Derecho a Decidir hizo visibles aspectos coyunturales y sustantivos de los derechos de las mujeres. A lo largo de muchos meses, conforme se aprobaba en los estados el endurecimiento de las penas al ejercicio consagrado ya en la Constitución, irrumpía en la opinión pública, incluidos partidos y organizaciones de la sociedad civil, la histórica dicotomía entre el Estado laico y la iglesia. El PRI contempla en su Declaración de Principios y su Programa de Acción, el compromiso de hacer valer los de no discriminación, igualdad de género, respeto a la diversidad y derechos humanos, entre otros. Por supuesto que incluye la atención integral de la salud de las mujeres, particularmente la salud reproductiva y el derecho que tienen a decidir el número de hijos. El PRI propone fomentar la cultura de prevención de embarazos no deseados, entre otros muchos valores de tolerancia, fraternidad y respeto entre hombres y mujeres. El Estado moderno se sustenta en la separación iglesia-Estado que protege los derechos del individuo y separa la actividad social y política de las creencias individuales o las convicciones religiosas. Lo anterior configura la esencia de lo republicano. El Estado laico garantiza la libertad, la igualdad, la no discriminación y la libertad individual de creencia. El tema sobrepasa las tareas partidarias y se instala en la corresponsabilidad de las instituciones y la ciudadanía. No es raro que frente a contiendas electorales surjan las posiciones antagónicas que se repiten cíclicamente, su dimensión no sólo es federal, sino que constituye un tema mundial. Esto es, ¿pueden las mujeres ejercer su derecho a decidir? ¿Tienen la mayoría de edad para asumir responsabilidades? ¿Puede algún diputado, funcionario o gobernante atropellar los derechos de las mujeres? ¿Qué está detrás de esto? ¿Líderes de opinión? ¿Relaciones de poder? ¿Dictados detrás de las esferas eclesiásticas? ¿Líneas conservadoras recurrentes? ¿Confrontaciones personales? ¿Decisiones individuales producto de convicciones o creencias, o simplemente una confusión prohijada que ha distorsionado el verdadero debate pretendiendo que es un conflicto entre quienes defienden la vida y quienes pretenden apoyar a la muerte? Nada más falso que este debate. Tampoco podemos olvidar los orígenes de los hechos, las causas y la escasez de políticas públicas preventivas de este problema. Las decisiones de los legisladores no pueden basarse en encuestas o presiones de líderes de opinión, pues la actividad legislativa requiere de conocimiento profundo de la historia del país y sus regiones, de los procesos sociales y políticos que han generado el avance institucional, de las filosofías políticas en que se han sustentado las orientaciones dadas a la vida nacional. La opinión pública es un factor a considerar, que en efecto, difícilmente es neutra. Existen algunos temas en los que las sociedades son hipersensibles y es fácil generar interpretaciones para manipular y polarizar a la sociedad. Está sucediendo así con el debate que se ha suscitado en torno a la despenalización del aborto. Se ha pretendido hacer creer que el tema es básicamente un asunto del PRI. Preguntamos también, ¿y los otros partidos? No es un asunto nada más de los partidos. Los partidos somos las expresiones de los ciudadanos, pero no somos la conciencia individual de ellos. Si hemos reconocido que colocar en la agenda política nacional el tema de la interrupción del embarazo no deseado se lograría sólo si la ciudadanía lo exige. Si hemos reconocido que ello requiere del más amplio consenso nacional. Si también reconocemos la autonomía de ley de los estados de la república y la urgente necesidad de instaurar la equidad de género como visión política de cada legislador y cada funcionario de gobierno de cualquier nivel, entonces avanzar responsablemente en el ejercicio de los derechos de las mujeres, entre ellos el derecho a decidir, es reconocer a las mujeres mexicanas ?ni más ni menos la mitad de la población? como ciudadanas sujetas de derechos civiles, políticos y sociales. Las mujeres hemos también hecho nuestra tarea. Las actitudes políticas solidarias para respetar nuestros derechos forman parte de la agenda pendiente. El derecho a decidir no está sujeto al arbitrio ni voto de nadie. Es un asunto personal y de conciencia. El PRI es un partido democrático que respeta instancias federalistas y las características del debate regional. Que respeta, asimismo, la libertad y madurez de los legisladores locales para legislar sobre iniciativas diversas. No aceptamos que circunstancias o intereses varios sean motivo para confundir sobre dónde está la verdadera batalla, ni para dejar de reconocer la necesidad de propugnar por un cambio cultural profundo que evite la manipulación de las buenas conciencias, con una distorsión interesada del debate, que acaba por lesionar a las mujeres en el PRI; respetando la heterogeneidad de nuestra gran organización política. Las mujeres progresistas seguiremos luchando porque se respete el derecho a decidir y la equidad de género. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.