El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: el delito de desaparición forzada de personas es considerado en el derecho internacional como un crimen de lesa humanidad. El solo hecho de desaparecer a una persona constituye ya una conducta que atenta directamente contra sus derechos humanos, fundamentalmente el derecho a la vida, a la libertad, a su integridad física y sicológica. En la comisión de este delito se suma el agravante de que la conducta es cometida por agentes del Estado mediante la planeación, orden, ejecución y supervisión de funcionarios públicos cuyo deber primordial debiera ser la protección de la ciudadanía. La desaparición forzada crea incertidumbre sobre la suerte de la víctima, El apelar a la acción por parte de las autoridades de procuración de justicia en esta situación suele convertirse en una petición casi imposible, dado que la detención no ha sido reconocida oficialmente y se mantiene intencionalmente en secreto. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2005 al año 2013 la cifra de personas desaparecidas ascendió a dos mil 443. En otros 24 mil expedientes que integra la CNDH no descarta tampoco que se trate de desapariciones forzadas. Este organismo protector de los derechos humanos ha emitido 12 recomendaciones al respecto que demuestran plenamente la intervención de servidores públicos en dichas desapariciones. La impunidad es un patrón crónico en los casos de desapariciones forzadas. Una muestra evidente es que no se están realizando los esfuerzos suficientes para determinar la suerte o el paradero de las personas desaparecidas para sancionar a los responsables o para garantizar el derecho a la verdad. El 23 de noviembre del 2009 la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el expediente Radilla Pacheco contra los Estados Unidos Mexicanos al sentenciar al Estado mexicano como responsable de desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del Ejército, dejando clara la existencia de evidentes violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Parte de esta importante resolución señala que el Estado mexicano debe adoptar en un plazo razonable las medidas legislativas pertinentes a fin de compatibilizar el delito de desaparición forzada a los estándares internacionales en la materia y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por lo anterior, Nueva Alianza, comprometido por garantizar el absoluto respeto de los derechos humanos, presenta ante esta honorable asamblea la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones al Código Penal Federal en materia de desaparición forzada de personas, a fin de dar cabal cumplimiento con lo establecido en la sentencia emitida por este alto tribunal protector de los derechos humanos en nuestro continente. Como integrantes del Congreso de la Unión y respetuosos del estado de derecho, debemos asumir con total responsabilidad los compromisos internacionales que tenemos con los mandatos establecidos en las sentencias emitidas por este cuerpo colegiado interamericano de los derechos humanos. Nueva Alianza es un firme aliado de las acciones de gobierno que abonen en el principio de progresividad de los derechos humanos al ampliar el andamiaje jurídico que protege los derechos fundamentales de la ciudadanía, posicionamos a México como un estado democrático, y al defender las libertades y la dignidad de nuestro pueblo, enaltecemos también nuestra labor como representantes de la nación. Por su atención, muchas gracias compañeros diputados y senadores. Muchas gracias, diputada presidenta. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, para el dictamen correspondiente. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Proceda la Secretaría a dar cuenta con un acuerdo de la Mesa Directiva.