El diputado Isael Villa Villa: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Honorable Asamblea. El suscrito diputado Isael Villa Villa, integrante de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto por la que se modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales para garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones y el acceso a cargos de elección popular para obtener representación política en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Exposición de motivos: México es un país pluri-étnico donde la población mestiza co-existe con los pobladores que habitan el territorio nacional antes de la llegada de los españoles. Cada uno de estos grupos conserva algunos de sus rasgos culturales precolombinos; se caracterizan por tener formas particulares de organización social, ciclos festivos, tradiciones, costumbres y una lengua propia que los distingue del resto de la población. De acuerdo con los resultados del segundo conteo de población y vivienda 2005 en nuestro país, residen poco más de 6 millones de personas de 5 y más años que hablan alguna lengua indígena, lo que representa el 6.6 por ciento de la población de dichas edades. La mayoría de los hablantes viven en los estados del sur y sureste del territorio nacional, aunque también se encuentran montos importantes en los estados del centro y en los de las costas del Golfo y del Pacífico. Las entidades federativas con mayor presencia de población indígena, son Yucatán y Oaxaca. Las lenguas indígenas con mayor número de hablantes son el náhuatl, el maya, el mixteco, el zapoteco y el tzotzil. Las estadísticas indican que la población hablante de la lengua indígena tiene condiciones sociales más desfavorables que la población nacional en su conjunto, un alto porcentaje monolinguístico, de 12.3 por ciento, en tanto que la tasa de asistencia escolar para los hablantes de seis a 14 años es del 88.7 por ciento, es menor para el total de la población de la misma edad. El porcentaje de los hablantes de 15 años y más, que no saben leer y escribir, es de 31.7 por ciento, más del triple que el registro para el total de la población en edad, del 8.4 por ciento en su promedio de escolaridad es de 4.5 años y de 3.5 menos que el total de la población de 15 años, que fue de 18 años. Si bien la década de los 40 marcó para los pueblos indígenas el inicio de una serie de avances significativos en materia de instrucción, respeto, diálogo intercultural y reconocimiento de las diferencias, debemos reconocer que estos avances han sido insuficientes, ya que aún faltan muchas cosas por realizar, para poder garantizar a los pueblos indígenas una vida plena, digna y satisfactoria, en donde abatir el rezago, la pobreza, la marginación y la discriminación de los pueblos indígenas sigue siendo un reto. Es claro que los pueblos indígenas no cuentan con una auténtica representación en la vida pública del país. El abandono en el campo, el crecimiento de la población y las políticas que el gobierno ha implementado en el medio rural han dado lugar a un éxodo de indígenas en distintos puntos de la República mexicana. Desde 1992 la Constitución mexicana define al país como nación pluricultural, en reconocimiento de los pueblos indígenas que habitan en su territorio. En este sentido, podemos decir que sólo el desarrollo pleno de los pueblos indígenas se podrá consolidar con la democracia de la nación. Es por esto que se hace necesario que la Legislatura regule todo lo relativo a los procesos electorales, así como las instituciones responsables de su cumplimiento, que forman parte del sistema electoral del país, puedan ser mejoradas en orden a su perfeccionamiento. Los partidos políticos, al ocupar un lugar de primer orden en un sistema político democrático como intermediarios entre la sociedad civil y las autoridades, deben cumplir funciones que trasciendan el hecho de representar únicamente candidatos a cargos de elección popular. En 1998 se recogió una demanda de casi un centenar de comunidades que aspiraban a su propuesta de reforma del derecho a un puesto de elección popular, por ello son las Constituciones y las leyes de los estados, las que en forma natural, deben hacer el reconocimiento de unos y otros, de acuerdo con sus circunstancias particulares. El racismo y la discriminación racial se manifiestan con actitudes de desprecio y rechazo para los indígenas, los perjuicios en contra de diversos aspectos de su cultura, tales como la espiritualidad, el uso de su idioma y un panorama generalizado de desventaja en el acceso a los beneficios del desarrollo y la participación político-social. Un ejemplo tangible es que dentro de la naturaleza de su organización y visión, los partidos políticos manifiestan un claro cierre de espacios. Debido a esto sólo se les permite ejercer el derecho a votar, escasamente tienen la oportunidad de ser votados. En lo que corresponde a la participación política de los pueblos indígenas, el Estado tiene que reconocer que los partidos políticos no han asumido el rol de incorporar con igualdad a líderes indígenas en su estructura interna. Por lo anterior, es claro que la composición del Congreso de la República no es congruente con la realidad de representación étnica y sociopolítica del país. Asimismo, en la conformación de entes estatales por nombramiento se da, en una forma simbólica y en muchos de los casos no representativos de las justas aspiraciones de los pueblos indígenas. Esta situación debe atenderse para poder solventar la situación extremadamente difícil en la que se encuentran los pueblos indígenas. Si bien su realidad ha cambiado paulatinamente, éstos pugnan por el fortalecimiento y ampliación de su participación ciudadana donde el Estado propicie las condiciones para que éstas se den. Sin embargo, sigue prevaleciendo la escasez de participación indígena en instituciones de gobierno, manteniéndose la situación de desigualdad y de discriminación social y opresión. Actualmente el Estado mexicano enfrenta situaciones adversas como la violencia, la intolerancia y la exclusión social. Estos aspectos que para su superación requieren el esfuerzo conjunto de la sociedad civil y de los sectores económicos y políticos para dar prioridad a la problemática social y de interés común, así como de una activa y positiva participación ciudadana para avanzar en la construcción de una nación intercultural y democrática que en la construcción de la paz busque su propicio desarrollo y reconozca su diversidad y promueva una cultura de respeto de los derechos humanos de todos los pueblos indígenas. En cuanto al derecho de votar y ser votado, el cual es un principio constitucional, se avanza en la participación indígena con debilidades de los partidos políticos que limitan la elección de dirigentes indígenas en puestos de elección popular. Por lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto. Único. Se adiciona un inciso t), reconociendo al actual, para quedar como b), al artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, quedando de la siguiente manera: t) Garantizar la participación de los pueblos y comunidades indígenas en la toma de decisiones y acceso a cargos de elección popular para obtener representación política en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Las demás que establezca el código. Transitorios Primero. Quedará sin efecto cualquiera de las disposiciones que se oponga al presente ordenamiento. Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo, a los 6 días del mes de febrero. Muchas gracias.