La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Muy buenas tardes. Con su venia, señor presidente. La corrupción es un mal que deja una estela de conductas que daña a las instituciones, trasgrede derechos y condiciona el crecimiento económico, social y político. La corrupción es sistémica, pone en constante riesgo al Estado de derecho, corrompe los valores y principios del servicio público, valores como legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, imparcialidad y la integridad. Como consecuencia, tenemos malos gobiernos, desconfianza y una ruptura entre los servidores públicos y los ciudadanos, creando así una crisis social y disminuyendo la calidad de vida de las personas. Esta realidad alcanza proporciones preocupantes en nuestro país y no hay negociación ante ello, sino una actuación puntual por parte del gobierno federal, legisladores, académicos y sociedad civil. En este sentido, la construcción de instituciones y mecanismos contra la corrupción no debe tomarse como una bandera de oportunismo político, sino como una acción integral y conjunta de la sociedad, gobierno y legisladores. Es en este contexto que la reforma constitucional de mayo de 2015 estableció las bases para crear este Sistema Nacional Anticorrupción, y para su efectiva operación se contempló crear leyes que dan vida a instituciones democráticas y procedimientos con principios apegados a las mejores prácticas de ética en el servicio público. Estas tres leyes que están en este dictamen, que ya se han referido, serían, son, primero, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, en esta ley tenemos las bases, se detallan y se establecen con claridad las bases de coordinación de los tres órdenes de gobierno, donde se deben de prevenir, investigar y sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. A través de esta coordinación, el sistema deberá combatir la corrupción a través de políticas públicas de prevención, detección, control y sanción. Hacer eficiente la prestación del servicio público con bases y principios que fomenten la cultura de la legalidad e integridad en el servicio público, garantizando la transparencia, rendición de cuentas, fiscalización y el control de recursos. Estas acciones estarán en todo momento acompañadas de la participación de la sociedad civil, y esto es un reflejo del cambio del paradigma en el actual del servidor público y su relación con el ciudadano. La segunda ley contemplada en esta minuta, es la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que es el eje principal de este Sistema Nacional Anticorrupción, porque incluye una iniciativa ciudadana, lo cual refleja una renovada cultura democrática en nuestro país. Y también, porque además se establece la distribución de competencias de los tres órdenes de gobierno, que reestructuran las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, las obligaciones en el desempeño del servicio público, las sanciones por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones y que estuvieran vinculadas con particulares, y los procedimientos para su aplicación. Esta es una ley muy amplia que contiene toda la regulación en el tema de las responsabilidades administrativas con sus respectivas sanciones, y es lamentable que se reduzca solamente a la famosa Ley Tres de Tres, que es una parte muy importante pero no lo es todo, la ley va mucho más allá. Podríamos estar o no de acuerdo, pero la realidad es que se tomó en cuenta a la sociedad civil, se escuchó en el Senado, en el proceso legislativo, a todas las voces que se tenían que escuchar, y así es como fue aprobada en la Cámara de origen. Ahora bien, para dar certeza jurídica al funcionamiento de este sistema nacional y a los procedimientos de actos u omisiones de los servidores públicos y particulares vinculados a las conductas de corrupción, debe haber sanciones para todo aquel que viole la ley, y es ese tenor que se expide la tercera ley que forma parte de esta minuta, que es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que este tribunal actualmente existe, solamente se transforma para estar en congruencia con este Sistema Nacional Anticorrupción. Se conserva su competencia actual en la materia fiscal y administrativa, se adiciona una nueva competencia en la materia de imposición de sanciones a las responsabilidades administrativas graves, a servidores públicos de la federación, de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales, así como a particulares involucrados en faltas administrativas graves. Esta ley contempla, como su nombre lo dice, es una ley orgánica, contempla todo su posicionamiento, la estructura, competencias y atribuciones, las salas ordinarias, auxiliares, especializadas, mixtas, todos los requisitos para ser magistrados, entre otros. Es así que su trabajo será relevante, toda vez que va a imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas consideradas como graves y a los particulares que participen en actos vinculados en dichas responsabilidades. También tiene la facultad de fincar responsabilidades en el pago de indemnizaciones y sanciones económicas que deriven de los daños y perjuicios que afectan a la hacienda pública o el patrimonio de los entes públicos federales. Señores legisladores, es evidente que tenemos en nuestras manos un producto legislativo construido con mucho debate, pero también con muchas coincidencias. Es por ello que en el grupo parlamentario del Partido Verde vamos a votar a favor de este dictamen para fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la seguridad jurídica. Estamos a favor de la cultura de la legalidad, de la imparcialidad y de la honradez. Por tal motivo votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.