La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Con su permiso, presidenta. Dejo a los indígenas en el mismo estado de civilización, libertad y felicidad, siendo lo más sensible la indiferencia con que los han visto los congresos, según se puede calcular, por las pocas y no muy interesantes sesiones en que se ha tratado sobre ellos. Fernández de Lizardi, testamento. Nuestra labor como legisladores es mantener el Estado de derecho mediante la actualización del marco jurídico del país, para que éste responda a la realidad de la sociedad mexicana que se transforma día a día. La redefinición constitucional de nuestro país como una nación pluricultural en el año de 1992 constituyó el primer gran acuerdo nacional, que establece explícitamente uno de los ejes fundamentales que deben guiar la transformación y adecuación de instituciones nacionales hacia la cristalización de un nuevo proyecto nacional mexicano. A pesar de los grandes avances en las adecuaciones realizadas al marco normativo, y que han producido un impulso jurídico y político en materia de derechos indígenas, no han sido suficientes para conseguir mayor presencia de representantes indígenas en este Congreso de la Unión. En la actualidad la idea de que en democracia lo único decisivo es la opinión de la mayoría y que la fuente del derecho no puede ser otra cosa que las convicciones de la mayoría de los ciudadanos está rebasada. La democracia como gobierno de las mayorías exige igualmente que la dignidad y los derechos del hombre y de las minorías sean respetados. La esencia del sistema democrático moderno supone tanto la participación de los ciudadanos en el nombramiento de representantes como una representación de mayorías y minorías para el ejercicio justo, efectivo, legal y legítimo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este contexto, nuestro sistema político se encuentra ante la necesidad de evolucionar hacia un nuevo estadio. Y, en consecuencia, la representación política como un derecho fundamental internacionalmente reconocido debe favorecer la inclusión de los pueblos indígenas, facilitando la participación política de los mismos. En este orden de ideas, a partir del reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas por parte del Estado mexicano, aceptando con ello la composición pluricultural de la nación, estamos obligados como parte de un poder constituido a modificar las instituciones que lo componen, a fin de adaptarlas al marco constitucional. En este sentido corresponde al Poder Legislativo, como depositario por excelencia de la representación popular, la obligación de plantear reformas legales que garanticen a los pueblos indígenas el acceso a la cosa pública, particularmente en la composición particularmente en la composición del Congreso de la Unión mediante una representación derivada de la conciencia de su identidad indígena como criterio fundamental, mediante una acción afirmativa. México es el segundo país con las desigualdades más grandes entre los países de la OCDE. Las estadísticas más recientes señalan que el 10 por ciento más pobre de la población de México percibe alrededor del 1.3 del ingreso por ciento del ingreso total disponible, mientras que el 10 por ciento más rico recibe casi el 36 por ciento. Esto es un obstáculo para el crecimiento y desarrollo del país. En nuestro país 871 municipios son considerados indígenas o cuentan con presencia de población indígena. De esos, 295 se encuentran en un grado muy alto de marginación, condición que obstaculiza el desarrollo de aproximadamente el 13.35 por ciento de la población total nacional. El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México afirma que para alcanzar la igualdad de oportunidades es necesario reconocer las desigualdades de los diversos grupos de la población y analizar el impacto diferenciado de la política pública sobre la condición de los indígenas. Para lograr este cometido es importante la adecuada representación política de los pueblos indígenas, lo que permitirá traer al Congreso de la Unión las voces que expresen demanda y aspiraciones desde la conciencia de identidad indígena. La propuesta de reforma al Código Electoral que se presenta ante esta soberanía, busca dotar a los pueblos indígenas de una representación política justa, real, efectiva, legal y legítima al interior del Congreso de la Unión, tomando como base el principio de representación proporcional, haciendo extensivos sus alcances a los indígenas. Así, la iniciativa que presento contempla incorporar en la legislación electoral que la integración de la lista para la elección de diputados de representación proporcional señale un número mínimo de candidatos indígenas que la conformen, estableciendo para los partidos políticos la obligación de incorporar en sus listas de candidatos, por el principio de representación proporcional, por lo menos el número mínimo equivalente al porcentaje de la población indígena que exista en cada una de las circunscripciones electorales. Consolidar la representación política de los pueblos indígenas es uno de los retos que como legisladores tenemos en frente, ardua y difícil tarea sin duda, pero a todas luces posible. Si ante todo anteponemos la altura de miras y la visión de Estado, para dar pasos hacia una democracia más efectiva, con mayor representación y con una legitimidad acrecentada. Le solicito presidente, que se incorpore el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.