EL DIPUTADO TOMAS TORRES MERCADO (P.R.D.): Con su permiso, señor Presidente. Debo de entrada, ciudadanas Diputadas, ciudadanos Diputados, Miembros de esta Legislatura, que el Punto de Acuerdo que ahora externo ha sido en el carácter de Diputado Miembro de la Fracción Parlamentaria. El tema que contempla el documento. es en este momento de análisis y de cuestionamiento en el foro judicial y en el foro de la postulancia de este país. En esta tribuna, compañeros Diputados y en mesas de trabajo he reiterado que a título de profesional del Derecho reiteraré siempre el deber de guardar el reconocimiento al Poder Judicial de la Federación y particularmente en lo que hace al aspecto de control de la Constitución Política, es decir, a nuestra responsabilidad de pretender inc61ume la norma, de normas en este país. En ese contexto, específicamente he nominado el Punto de Acuerdo como una proposición con Punto de Acuerdo relacionado con leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. CONSIDERANDOS: 1. La Constitución Política de nuestro país y es de todos conocido, establece la clásica división de poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 2. El Poder Legislativo tiene la misión de crear y actualizar las normas jurídicas que respondan a las complejas necesidades sociales y con ello sentar las bases para una convivencia justa y pacífica. 3. Al Poder Judicial de la Federación le corresponde que se respete irrestrictamente la Constitución. Bajo esta premisa, además de conocer controversias o asuntos jurisdiccionales ordinarios como lo hacen los jueces en cada Estado, el Poder Judicial Federal conoce del juicio de amparo para proteger las garantías individuales de los gobernados que consagra nuestra Constitución Política. Para preservar las competencias que reconoce la propia Constitución a los órganos de los tres niveles de gobierno, a partir de 1995 y según lo establece el artículo 105 de la Constitución Federal, en la Ley Reglamentaria por cierto de las fracciones I y II, se establece el procedimiento para conocer y resolver controversias constitucionales así como las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la probable contradicción entre algunas normas jurídicas secundarias para con la Constitución. De acuerdo con las bases que establece la Constitución Federal y que reproduce la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación al través de sus resoluciones tiene facultad de crear jurisprudencia de observacia obligatoria tanto para la Suprema Corte cuanto para los niveles todos federales y estatales de aplicación de la Ley. Sin embargo, conforme un principio conocido, remontándonos a los orígenes del juicio de amparo como formula Otero (?), en este momento la jurisprudencia que emana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que tiene el carácter de obligatorio y que declara la inconstitucionalidad de una ley, tiene por una parte en cuanto a sentencia, obligatoriedad y efectos vinculativos para quienes hayan promovido el amparo y por lo que hace a la jurisprudencia, observando sus reglas de obligatoriedad en aquellos asuntos en donde deba interpretarse normas que aborde la Constitución, En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo juzga la aplicación de leyes soberanamente dictadas por el Congreso de la Unión, sin pronunciarse sobre la conveniencia o la justicia de que esas mismas leyes conserven o no su vigencia dentro del orden jurídico mexicano, pues como quedó expresado líneas arriba, ello incumbe única y exclusivamente a los órganos legislativos, De acuerdo con lo anterior, esta Cámara, compañeros diputados, compañeras diputadas, debe plantearse cuál es la solución en todos los casos en los cuales se siga injustamente aplicando a todos los gobernados que no han tenido acceso o no han promovido el juicio de amparo a su favor, una ley declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; seguramente la respuesta será unánime, en el sentido de que debe ser modificada o abrogada a fin de que se garantice la supremacía de la Constitución. Esta responsabilidad ha sido tradicionalmente desestimada, incluso ha sido argumento para afirmar que la Cámara ha actuado con negligencia. Por ello y con el propósito de que no se trastoque el ejercicio constitucional de las facultades de los poderes del estado, de que esta Cámara asuma su responsabilidad social y jurídica ante el pueblo de México, en el sentido de ir adecuando el orden jurídico positivo conforme alas cambiantes necesidades de esta sociedad cada vez más compleja, además con el objeto de que se institucionalice esta responsabilidad al interior de la Cámara y de los grupos parlamentarios, con fundamento en el Artículo 39, Fracción I de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración al pleno de esta Honorable Cámara el siguiente punto de acuerdo. UNICO: Que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con la periodicidad que la propia Comisión determine, dé cuenta al pleno de la Cámara de Diputados con las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tengan evidentemente el carácter de obligatorias, que hayan declarado la inconstitucionalidad de leyes federales o se hayan interpretado directamente algún precepto de la Constitución Federal con el objeto de que de estimarse procedente se plantee la iniciativa para la reforma que en su caso corresponda. Dicho de otra manera, que preserve esta Cámara la facultad que por ley y por mandato del pueblo le corresponde, como la tribuna más alta para discutir y debatir las fuentes formales o reales que debe generar ese adecuamiento en el orden jurídico nacional. Muchas gracias por su atención. Gracias, señor Presidente.