El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, permítanme dar lectura, antes de iniciar mi intervención de los dictámenes. Derechos de las diputadas y diputados. Artículo 6 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Asistir con voz y voto a las sesiones del pleno. Participar en los debates, votaciones y cualquier otro proceso parlamentario para el que se encuentre facultado. Usted, presidenta, en dos ocasiones ha violado este derecho de las y los diputados, incluso apagándoles el micrófono, porque ojalá pronto se corrija. Con su venia, presidenta. Quiero iniciar mi participación haciendo un reconocimiento a los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social por su compromiso con la niñez y adolescencia en nuestro país, el cual se vio manifiesto en la aprobación de la presente iniciativa. Desde nuestra visión, para aspirar a un México con una niñez sana y feliz, a una adolescencia plena y una juventud participativa y consciente de su realidad, tenemos que realizar acciones legislativas que posibiliten el acceso a mejores condiciones de vida y desarrollo de los infantes. En México, la protección de los derechos humanos de la niñez y adolescencia es fundamental y prioritaria, lo cual quedó manifestado con la reforma constitucional en materia de derechos humanos el 10 de junio de 2011, mediante la cual se dio un paso trascendental en el reconocimiento y protección de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en la que se reconoce la obligatoriedad del respeto de los derechos humanos establecidos en nuestra carta magna y demás ordenamientos jurídicos nacionales, así como los tratados internacionales de los que México forma parte. Por ello, al hablar de protección especial de la niñez y adolescencia y del principio del interés superior, nos remite a toda una agenda programática en pro de los derechos de la infancia y adolescencia en México, los cuales se ven materializados en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que impacta de manera directa a los poco más de 43 millones de niñas y niños, así como adolescentes menores de 19 años, que representan el 36 por ciento de la población total de nuestro país y que entre sus principales logros reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos plenos de derechos y garantiza su pleno ejercicio, respeto, protección y promoción, poniendo fin al régimen tutelar. Incorpora un catálogo de derechos humanos en la materia y dispone la creación, la regulación, integración y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección, prevención y restitución integrales de los derechos de ese sector que hayan sido vulnerados. Dicho lo anterior, considero que incluir el principio de interés superior de la niñez en la Ley General de Desarrollo Social como uno de los ejes rectores, a los cuales se deben sujetar las políticas de desarrollo social en conjunto con los principios de libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, entre otros, vendrá a fortalecer las acciones que el Estado genera en esa materia. Desde esta perspectiva, el objetivo del concepto de interés superior del niño y de la niñez, es garantizar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos reconocidos por la convención y el desarrollo holístico del niño. Y es la observación general número 14, en donde se definen los requisitos que se deben considerar, los procesos de elaboración de leyes, políticas, planes y programas, así como presupuestos relativos a niñas, niños y adolescentes. Compañeras y compañeros, hoy más que nunca reviste una mayor importancia este precepto, pues las consecuencias de los lamentables acontecimientos naturales suscitados en el mes de septiembre, hace necesario que, a partir de este momento, toda política pública que se pretende implementar para las tareas de reconstrucción y apoyo a las comunidades afectadas, estén pensadas fundamentalmente sí en las necesidades de la población en general, pero tomando particular énfasis en la población de niñas, niños y adolescentes. Basta mencionar un dato, de acuerdo a la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, al menos 12 millones de niñas y niños en las entidades que se vieron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, sufren el estrés postraumático, falta de vivienda, falta de alimentación y, además, más de 5 mil inmuebles, según datos de la Secretaría de Educación Pública, 5 mil inmuebles escolares tienen algún daño estructural, por lo cual está en perjuicio directo de este sector. De ahí la relevancia de esta reforma, pues sienta las bases para que las políticas públicas que se generan para la atención de la población afectada sean articuladas y con visión transversal, incluyendo por ello el principio del interés superior de la niñez, a efecto de garantizar la restitución de los derechos de esta población en las zonas que resultaron con mayores afectaciones.