La diputada Sofía Carvajal Insunza (vía telemática): Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El principio de legalidad para las autoridades las sujeta a realizar solo aquello que la ley expresamente les faculta. Este principio es un recordatorio permanente para que quienes ejercen el poder público se preocupen por la prevalencia de los derechos en sus encomiendas y no de su voluntad personal. Las facultades discrecionales son excepciones al principio de legalidad que se depositan en autoridades cuyas funciones requieren de un mayor margen de actuación y de la posibilidad de decidir conforme a su criterio. Las situaciones que se les presenten y de la posibilidad de decidir conforme a su criterio las situaciones que se les presenten, perdón. Lo cual implica un menor formalismo en pro de una mayor celeridad en la ejecución de sus procesos y de una mayor flexibilidad cuando lo ameriten los asuntos. El peligro de las facultades discrecionales es que si su aplicación se desvirtúa y se realiza bajo criterios personalísimos que carezcan de argumentos objetivos y razonables, se cae en el extremo de la arbitrariedad, quedando sujetas las determinaciones a la voluntad personal de las autoridades. Las autoridades migratorias cuentan con un amplio catálogo de facultades discrecionales para decidir sobre el ingreso, permanencia o estancia de extranjeros en el país. Al ser determinaciones relevantes y trascendentales en la vida de otras personas, deben tomarse basándose en criterios objetivos y razonables, libres de toda idea que atente contra la dignidad de las personas extranjeras. Desafortunadamente, bajo argumentos discrecionales indebidamente aplicados, se han suscitado episodios en los que se vulneran los derechos humanos de las personas extranjeras. Como lo sucedido el 19 de enero de este año en el Aeropuerto Internacional de Cancún, donde indebidamente fueron retenidos por autoridades migratorias cerca de 80 venezolanos que deseaban ingresar al país con motivos turísticos y de visita familiar, bajo el argumento de que necesitaban presentar un visado cuya disposición aún no entraba en vigor sino hasta dos días después, es decir, el 21 de enero. O lo acontecido el 19 de diciembre del 2021, en donde también venezolanos que pretendían visitar a sus familiares por Navidad denunciaron haber sido retenidos durante varios días en oficinas migratorias del Aeropuerto de la Ciudad de México sin que conocieran el motivo de su detención ni se les permitiera acreditar su documentación aun contando con ella. O como las determinaciones regulatorias de la Agencia Federal de Aviación Civil Mexicana, de reducir los vuelos procedentes de Venezuela, bajo el razonamiento de que al menos un tercio de las personas que proceden de ese país se mantienen en México de manera ilegal. Estos casos son una muestra de una política de rechazo previa y generalizada hacia una nacionalidad en específico que, sin duda, atenta contra los derechos humanos de los extranjeros, al realizar una distinción de trato tomando en cuenta solo su nacionalidad y sin una justificación objetiva y razonable de sus determinaciones. Estos criterios pueden ser calificados de xenofóbicos cuando no se pretende siquiera revisar la documentación de los extranjeros que desean ingresar en nuestro país. Es por ello, que propongo acotar las facultades discrecionales de las autoridades migratorias, estableciendo en la Ley de Migración, de manera expresa, que toda determinación y trámite migratorio deberá realizarse de manera fundada y motivada bajo criterios de derechos humanos, libres de toda discriminación. Que la ley impere para proteger los derechos humanos de todas las personas. Muchas gracias. Es cuanto.