La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala: Honorable asamblea, desde esta tribuna deseo someter a la consideración de la asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 68 de la Ley General de Turismo. La iniciativa tiene por objeto que las secretarías de Turismo y de Hacienda y Crédito Público determinen que un porcentaje que no sea menor al 25 por ciento de las multas e infracciones se destinen a la adaptación de la infraestructura turística en entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México que contribuya a lo relativo con el turismo accesible, previsto en el artículo 4o. de la Ley. Lo anterior en congruencia con el artículo 30 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, el cual establece que las personas con discapacidad tienen derecho al acceso e igualdad de condiciones a actividades recreativas, de descanso, de esparcimiento y deportivas. Los Estados parte deben adoptar todas las medidas pertinentes para asegurar la disponibilidad de actividades culturales como el cine, el teatro, los museos y los monumentos en formatos accesibles. También establece que se deben tomar todas las medidas pertinentes para que las actividades culturales se celebren en lugares accesibles para las personas con discapacidad. Adicionalmente a lo invocado, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en su artículo 27, señala que la Secretaría de Turismo deberá promover el derecho de las personas con discapacidad para acceder a los servicios turístico, recreativos o de esparcimiento. ¿Cómo cumplir con esta obligación si no se cuenta con recursos etiquetados para este fin? Sin recursos la ley se vuelve letra muerta. Asimismo, en la Ley General de Turismo se encuentra regulado el turismo accesible para la población con discapacidad, estableciendo que la Secretaría de Turismo promoverá la prestación de servicios turísticos con accesibilidad que tengan por objeto beneficiar a la población con alguna discapacidad. Es por ello que se propone que un porcentaje del monto de las multas e infracciones se destine a la adaptación de infraestructura turística de entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México, que contribuya al turismo accesible para las personas con discapacidad. En México para 2014 se estima que 7.1 millones de habitantes del país tienen alguna discapacidad. En nuestro país el 47.3 por ciento de las personas con discapacidad son adultos mayores y el 34.8 por ciento tienen entre 30 y 59 años de edad; 3.8 millones son mujeres, frente a 3.3 de varones. Ellas y ellos tienen derecho a disfrutar de una práctica turística con el menor número de obstáculos posibles. La Organización Mundial del Turismo recomienda que en materia de turismo la accesibilidad en los entornos y servicios contribuya a mejorar la calidad del producto turístico e incremente la competitividad general de los destinos. Por lo tanto, la accesibilidad debe ser parte intrínseca de cualquier política y estrategia de turismo responsable y sostenible. Un precedente jurídico de lo que se propone resulta el artículo 29 de la Ley de Movilidad y Transporte de Jalisco, que establece que de los ingresos totales que el estado y los municipios obtengan efectivamente de multas por infracciones de vialidad y tránsito señaladas en la ley y reglamento, de procurará que el 45 por ciento de lo recaudado sea para construir y generar infraestructura y equipamiento para movilidad no motorizada. Un México incluyente es posible, hagámoslo nosotros. Es todo, muchas gracias, presidenta.