La diputada María Roselia Jiménez Pérez: Ixuke winike, diputado, diputada. Tsómanotik, sáan. Muy buenas tardes, agradezco mucho su atención. Saludo a los pueblos de México. Aquí estamos, llenos de esperanza para calmar tanto dolor y tantas lágrimas. Es por eso que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, acudo a esta tribuna a fijar posición respecto del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforma el artículo 155 de la Ley General de Víctimas. En principio, quiero señalar que los derechos de la víctima o del ofendido por la comisión de algún delito, están contenidos en el apartado C del artículo 20 de la Constitución General de la República, en los que en 7 fracciones se prevén los derechos de las víctimas, en particular en la fracción VI se establece el derecho para solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Por otro lado, en la fracción XXIX-X, de la propia Constitución, donde se establece la facultad para el Congreso de la Unión de expedir la Ley General en Materia de Derechos de las Víctimas, el artículo 155, materia del presente dictamen, forma parte del Título Octavo, que se refiere al fondo de ayuda, asistencia y reparación integral. El capítulo IV se refiere a la reparación, esto es, a la reparación del daño de manera subsidiaria, a lo que como resultado de la sentencia se pudiera condenar al sujeto activo en la comisión del delito. Las víctimas del delito tienen la posibilidad jurídica de solicitar la reparación del o los daños causados. Sin embargo, aunque materialmente tienen derecho a ello, en el texto vigente del artículo 155 de la Ley General de Víctimas no se prevé un plazo para que la autoridad pueda cubrir a la víctima la reparación pecuniaria. Por ello, el mérito del presente dictamen consiste en reformar el primer párrafo para eliminar el pago en especie de la reparación del daño y adicionar un segundo párrafo donde se establece un plazo perentorio de no más de 120 días, contados a partir de la resolución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, para que se cubra el pago. En la Ley General de Víctimas se prevé, en los artículos 26 y 27, el derecho a la reparación integral como parte de esta, y podrá determinarse el acceso a la reparación pecuniaria. En la propia ley, en el artículo 84, se prevé la existencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y entre sus facultades, conforme a lo que se dispone en el artículo 88, fracción XXIII, lo referente a establecer medidas que contribuyan a garantizar la reparación integral, efectiva y eficaz de las víctimas que hayan sufrido un daño como consecuencia de la comisión de un delito o de la violación de sus derechos humanos. En nuestro país existe impunidad casi total que opera en favor de la delincuencia. Casi todas las estimaciones consideran que del 100 por ciento de delitos cometidos, aproximadamente 94 por ciento quedan en la impunidad porque no son denunciados. En el resto los indiciados son absueltos en juicio porque el órgano acusador no fue capaz de probar adecuadamente la imputación. Muy pocos de los delitos cometidos son sancionados. En consecuencia, las víctimas padecen una doble afrenta: la del delincuente que les causó un agravio en su persona o patrimonio, y la de la incapacidad del Estado mexicano para aplicar la justicia. Por eso, resulta muy importante que se establezca un tiempo perentorio para que la autoridad competente, dentro de un plazo no mayor a 120 días, repare el daño causado a los agraviados. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, PT, consideramos que los aspectos de prevención, persecución y sanción de la delincuencia deben operar adecuadamente. Para ello, en la presente legislatura hemos aprobado ordenamientos de gran relevancia para preservar la seguridad jurídica de los mexicanos. Si se cumple adecuadamente el diseño institucional, los delincuentes serán sancionados y serán ellos los responsables directos de reparar el daño causado.