El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, señora Presidenta. Señoras y señores diputados. Abrir de par en par las puertas del poder le da confianza a la gente. La forma republicana da paso al gobierno de las voces múltiples, de las responsabilidades compartidas y de la intensa participación ciudadana. En la República, informar es práctica cotidiana. Dijo Kant: "para hacer avanzar a la sociedad, se debe hacer uso público de la razón". De esa suerte, la gente bien informada de los asuntos públicos participa mejor en la toma de decisiones públicas; así se construye más ciudadanía. La República es proclive a la democracia como ésta lo es a la información pública. Cada día más esto forma parte de la cultura política que estamos consolidando. Por momentos pareciera olvidarse que en la democracia el poder público se instituye para servir a la comunidad y el gobernante al gobernado. La relación entre ambos debe ser edificante. Al mandante debe tenérsele al tanto de los asuntos que le atañen y le preocupan, explicándole cómo se ha cumplido con la confianza que depositó. El mandatario, esto es, aquél que trabaja a nombre del Estado mexicano en todas sus manifestaciones debe cumplir la ley y, por convicción ética, ofrecer explicaciones, esgrimir razonamientos, justificar decisiones. Adicionalmente, el ejercicio democrático del poder obliga a la eficacia. Ésta legitima cotidianamente la responsabilidad pública si se entregan buenos resultados, si cambia positivamente el nivel de vida de las personas. El servidor público que actúe así no sólo cumplirá con la ley, sino que le resultará motivo de orgullo informar que lo hizo bien; rendirá cuentas, puesto que es su obligación, pero también porque está orgulloso de su tarea. Ésta es la moneda de cambio de la democracia. A la confianza depositada deben corresponder buenos dividendos, apetecibles y demostrables. Si la sociedad conoce lo que el gobierno hace sin confrontarse con éste, llega eventualmente a contenerlo, le ayuda a no incurrir en errores ni excesos, ejerce el poder ciudadano. Mostrando los resultados de la gestión pública, se evita la suspicacia que proviene de la cerrazón, se alcanza la certeza en virtud de la claridad, se cierra el paso a la sospecha provocada por la confusión. Rendir cuentas es esclarecer. Donde hay transparencia no se incuba la corrupción que ofende e indigna y que ha mermado peligrosamente la confianza de los mexicanos y que puede llegar a desgarrar el tejido social. Todas las medidas a favor del control gubernamental son positivas, pero la mejor es, sin duda, colocar en una vitrina a quienes autorizan exenciones, asignan contratos, otorgan concesiones y deciden el destino de los recursos públicos. Ya Zeneca lo anticipaba: "considérense felices los servidores públicos cuando puedan vivir a la vista de todos". Esta adición constitucional contiene méritos y proporciona ventajas; con ella se hace más pública la vida pública. La pluralidad política que desató este trabajo legislativo muestra claramente que el asunto es de la mayor importancia para México, precepto constitucional que amplía las garantías individuales de los mexicanos, pues establece con claridad el derecho de acceso a la información pública y la obligación del Estado de proteger la vida privada así como los datos personales. Es por su origen y sus efectos doblemente federalista. Ha sido una materia ampliamente desarrollada en algunos estados de la República. Y al aprobar esta iniciativa se revierte una tendencia histórica demostrando que hay buenas lecciones que van de la periferia al centro. Además esta adición no avasalla a los estados, deposita en sus soberanías la confianza de construir un derecho ciudadano a la medida de sus necesidades locales, establece un piso y amplios márgenes de libertad, armoniza dos principios que parecerían incompatibles: el de la máxima publicidad para la información pública derivada del interés general en los asuntos a cargo del gobierno; y el principio de reserva de la misma, dada la naturaleza de los asuntos o por razones de Estado. Es una medida mesurada, pues evita que llevado el extremo, el derecho de acceso a la información pública pudiera poner en riesgo la vida privada de las personas o atentar contra la confidencialidad de los datos personales. Por cierto, esta plausible adición constitucional preludia un debate hasta ahora postergado acerca precisamente, del delicado tema de los datos personales que sintetizan la dignidad de cada uno. Obliga también a discutir sobre la inaplazable necesidad de contar con archivos actualizados, responsabilidad del Estado mexicano, cuya falta de regulación ha dado origen a una práctica que recurrentemente obstruye el acceso a la información. Esta decisión legislativa fortalece a la sociedad y al gobierno y ratifica nuestro carácter republicano y democrático. Iluminar, iluminar es lo que se necesita ahí donde estaba oscuro y para ello se debe informar, observar con una lente que no refracta, sino que atraviesa lo que era un cuerpo opaco. En virtud de esta adición, el servidor público que haya cumplido su trabajo al dar la cara con orgullo y rendir cuentas con satisfacción, recibirá de los ciudadanos no sólo aprecio sino su invaluable respeto. El ciudadano mexicano por su parte, cobrará mayor poder frente al gobernante, asumirá su responsabilidad que le corresponde como el gran protagonista que debe ser del Estado nacional. Enhorabuena.