La diputada Araceli Ocampo Manzanares: Honorable asamblea, hago uso de esta tribuna para defender el contenido del dictamen a discusión que incorpora la figura de comisiones de gobierno para concretar las políticas públicas comprometidas por nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en beneficio de las víctimas. En el caso Ayotzinapa nadie puede quedar conforme hasta que conozcamos la verdad de los hechos, y se sepa el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de la Norma Rural Isidro Burgos, y decimos que nadie está satisfecho porque los padres de familia, a través de su representación legal, Centro Agustín Pro de derechos humanos, ha rechazado la versión oficial de que los jóvenes hayan sido cremados en el basurero de Cocula. También el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en su primer informe sobre los hechos ocurridos a los estudiantes el 6 de septiembre del año 2015, señaló que no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada con base en testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero de Cocula el 27 de septiembre del 2014. Por su parte, la CNDH en su informe sobre el caso determinó que la investigación sobre el caso Iguala no ha concluido, y en su oportunidad formulará el pronunciamiento definitivo atinente al fondo del caso en el ámbito de derechos humanos. Asimismo, el mecanismo especial de seguimiento a la medida cautelar otorgada a favor de los estudiantes de la escuela normal rural y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario en su segunda visita a México, entre el 3 y el 5 de septiembre del año 2018, señaló la importancia de construir una nueva narrativa tomando en cuenta el compromiso de agotar todas las líneas de investigación. Informó que el Estado se comprometió a atender los asuntos pendientes identificados por la CIDH, que permita evaluar resultados en materia de investigación, búsqueda y atención de víctimas. Adicionalmente, expresó que la PGR manifestó que continuará trabajando y sosteniendo reuniones de seguimiento con los representantes de los familiares. Por otra parte, el Poder Judicial de la Federación a través del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito concedieron el amparo y protección de la justicia federal a los padres de los 43 normalistas, ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear la Comisión de la Investigación para la Verdad y la Justicia, al establecer que la investigación no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial por parte de la PGR, como lo exige la jurisprudencia de la CIDH, así como los protocolos adoptados por la ONU. En sentencia, los magistrados señalan la necesidad de cumplir con el derecho fundamental de acceso a la justicia a las víctimas, prevista en el artículo 17 constitucional, cuyo objetivo es llegar a la verdad y que se pueda garantizar que no se repita este tipo de graves violaciones de derechos humanos. Incluso, y quiero dejar claro, el propio ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha reconocido que la investigación no ha concluido y que nadie puede estar satisfecho sobre ello. Entonces es claro que nadie está conforme con esa investigación. El Estado mexicano tiene la obligación jurídica y ética de llegar a la verdad. Por tal motivo es necesario la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia en el caso Ayotzinapa. Vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Es cuanto.