El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, efectivamente, es lindo ver que todos nos ponemos de acuerdo, aunque coincidimos en que esto finalmente es un asunto de trámite. Pues como ya lo han dicho otros compañeros, la importancia que para México tiene la creación de la Secretaría de Cultura, como un organismo que facilite y reforme los modos y maneras en que se han realizado la promoción de la cultura tanto material como inmaterial de nuestra nación, así como la protección de los patrimonios material, natural e intangible, nos mueve como legisladores a buscar que las leyes que guíen y regulen las actividades cultuales se hallen libres de cualquier ambigüedad, que permita el uso discrecional de las mismas por parte de algunos individuos o grupos inescrupulosos, tanto en los sectores públicos como en el privado. El pasado 8 de septiembre de 2015, dentro del paquete económico que presentó el Ejecutivo federal se incluyó una iniciativa de ley para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con el propósito de crear la Secretaría de Cultura. En dicha iniciativa se transfiere a la nueva dependencia la totalidad de atribuciones del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y las responsabilidades de la Secretaría de Educación Pública en materia cultural. Dentro de dicho paquete de reformas no se incluyó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos que establece las competencias de las dos instituciones emblemáticas dentro de los ámbitos cultural y patrimonial en México. El Instituto Nacional de Bellas Artes y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Cuando la Comisión de Cultura y Cinematografía dictaminó sobre la propuesta presidencial señaló dentro de los transitorios correspondientes que en las leyes que no se modificaran se entenderán como atribuciones de la Secretaría de Cultura las disposiciones que en esta materia anteriormente correspondían a la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, nos parece pertinente reformar la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para evitar confusión tratándose del patrimonio como materia cultural, artística, histórica o monumental. Y por tanto, dividir los conceptos y señalar claramente la responsabilidad de la Secretaría de Cultura, que deja de ser competencia de la Secretaría de Educación Pública. Efectivamente, en esta ley y en la Ley General de Bienes Nacionales se asientan atribuciones de la Secretaría de Cultura, pero a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Letras. Las ambigüedades han permitido que se afecte el patrimonio arqueológico nacional con algunos gobiernos estatales, como ha sido recientemente el caso de Cholula y las obras de infraestructura efectuadas dentro de la poligonal perteneciente a la zona arqueológica, que todo fue hecho conforme a la interpretación de la ley y fue administrativamente correcto pero afectó nuestro patrimonio arqueológico por la emisión de permisos de un departamento del INAH al que no necesariamente le correspondía. Como legisladores de Morena nos corresponde estar con México en la elaboración de leyes que nos beneficien a todos. Pero más importante, verificar a cada paso que estos pequeños huecos aparentemente despreciables sean eliminados para que la interpretación que se haga de cualquier ley no sea en favor de algunos y en detrimento del pueblo mexicano en general. Es por esto que apelo al voto favorable al presente dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricos. Es cuanto, presidente.