La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Con su permiso. El artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en su artículo 18, que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para el efecto prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Traigo a colación esta disposición porque nos pone de manera muy clara cuál es el objeto del sistema penitenciario en nuestro marco jurídico constitucional, que justamente su objetivo se centra en la reinserción social. Y es importante hacer esta reflexión al presentar el dictamen que hoy ponemos a nombre de la Comisión de Justicia a su consideración. Porque cuando hablamos de reinserción, hablamos también de libertad, de las privaciones que se viven en la privación de la misma y de la esperanza que produce recuperarla. En sentido abstracto, son algunas de las premisas que explican la motivación y la relevancia de la reinserción social, que es la materia central que aborda este dictamen que hoy fundamento como presidenta pero también como promovente de dicha reforma. Desde la reforma constitucional de 2008 que dio origen al nuevo Sistema de Justicia Penal, quedaron inscritas en nuestra norma fundamental diversos principios rectores para la persecución de las conductas delictivas. Dicha reforma, que se perfeccionó con su plena entrada en vigor en 2016, significó un parteaguas en la concepción del fenómeno criminal y en los fines que persigue un Estado mexicano en cuanto a personas sentenciadas. Uno de los cambios más significativos fue el reconocimiento de la reinserción social como derecho y como principio rector del sistema penitenciario. Después de una época en la cual los centros de reclusión eran parte de un sistema agotado y de cuyas debilidades quedó constancia en investigaciones como el documental Presunto culpable, el nuevo paradigma persigue que el centro penitenciario sea un espacio donde, quien cometa un delito pueda adquirir conocimientos y experiencias que sustenten su convicción de no volver a cometer estos ilícitos. Este cambio es el enfoque del sistema penitenciario, que también impactó aspectos como lo que antes eran conocidos como beneficios de libertad anticipada y que luego de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal se conocen como beneficios preliberacionales, entre estos se encuentra la libertad condicionada, la libertad anticipada, la sustitución y suspensión temporal de penas, entre otros. En este caso me referiré específicamente al caso de la libertad condicionada, un beneficio mediante el cual se otorga la libertad a la persona sentenciada, pero debe permanecer sujeto a un régimen de supervisión que contempla el cumplimiento de diversas obligaciones que son impuestas por el juez de ejecución. El artículo 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la posibilidad de que dichas obligaciones puedan reducirse en el caso de haberse dedicado a actividades productivas, educativas, culturales o deportivas no remuneradas. Con ello, la intención del legislador fue establecer un incentivo para que, durante su tiempo preliberacional, las personas sentenciadas puedan aprovechar el tiempo para adquirir habilidades y aptitudes, así como conocimientos que le permitan llevar un modo honesto de vivir cuando cumplan con su sentencia condenatoria. Sin embargo, la redacción vigente contiene la disposición que dice: de forma exclusiva. Con lo cual se condena que las personas que gocen de este beneficio preliberacional no puedan dedicarse a alguna otra actividad, si esta es remunerada. En muchos de los casos las personas sentenciadas son al mismo tiempo jefes o jefas de familia, por lo cual sus remuneraciones representan la principal fuente de ingresos y resultaría contradictorio que su libertad y derecho al trabajo puedan verse restringidos por esta disposición. En este orden de ideas, podría considerarse que esta disposición es una medida de discriminación indirecta, pues la norma en cuestión parece distinguir entre las formas idóneas para reinsertarse a la sociedad, ya que al disponer de forma exclusiva otorga mayor peso al hecho de realizar actividades no remuneradas en beneficio de la sociedad, como si el trabajo remunerado no fuera parte del propio proceso de reinserción en atención a los principios constitucionales. Por estas razones, propuse eliminar la porción normativa de forma exclusiva, pues con ello la norma permitirá que todas las personas que estén bajo el régimen de libertad condicionada puedan buscar reducir sus obligaciones mediante la realización de actividades no remuneradas, además, el poder incorporarse exitosamente al mercado laboral. Adicionalmente a estas consideraciones, es preciso señalar que dicha porción normativa ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tanto, esta reforma además permitiría armonizar esta, nuestra legislación, para eliminar esa porción normativa que ya ha sido señalada como inconstitucional. Por ello, quiero agradecer a las y los compañeros legisladores que integran la Comisión de Justicia, por el consenso que se pudo llevar a cabo para que fuera aprobado este dictamen, que representa una oportunidad para que las personas sentenciadas puedan tener una efectiva reincorporación a la sociedad y, con ello, se cumplan los objetivos que persigue nuestro sistema de justicia penal. Por eso invito a esta asamblea a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.