La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva, señoras y señores legisladores, dentro de los magros resultados del gobierno de Enrique Peña Nieto, al lado del persistente y elevado nivel de corrupción, destaca en su VI Informe de Gobierno el limitado acceso a la justicia, que deviene en creciente impunidad, violencia y abandono de las víctimas. Abundan los datos que ilustran esta situación, verbigracia, durante esta administración en materia de impunidad ocupó la primera posición en América y el cuarto lugar a escala global. Más de dos terceras partes de la población consideran que la inseguridad y la delincuencia son el principal problema del país. Además, que del total de los delitos cometidos solo se denuncia un 10 por ciento y poco más del 3 por ciento llegan a concluir su proceso. Asimismo, es notorio en el periodo de este VI Informe el aumento de los delitos de alto impacto, los crímenes cometidos contra periodistas, la persistencia de la incidencia y reducido acceso a la justicia en materia de desapariciones forzadas e involuntarias y la falta de fortalecimiento en las instituciones policiacas federales. De manera alarmante se registra una tendencia creciente en el asesinato y desaparición de periodistas, mujeres y niños. Aunado a lo anterior, este gobierno queda en deuda en relación a la implementación del nuevo sistema de justicia penal, siendo omiso en establecer una estrategia clara y una planeación integral a nivel nacional que se tradujera en una política pública efectiva que impidiera el estancamiento de dicho proceso. Las cifras relativas a la Procuraduría General de la República, dadas a conocer en el VI Informe, señalan que dentro del sistema de justicia tradicional y mixto, de un total de 84 mil 812 averiguaciones previas en trámite, solo un poco más del 2 por ciento se consignaron. El panorama en el sistema de justicia penal acusatorio no es mucho mejor, ya que de 140 mil 352 carpetas de investigación en trámite solo se presentaron 13 mil 602 al órgano jurisdiccional, la mayor parte es indetenido. Así pues es notorio, señala que el rezago de la PGR en la implementación del nuevo sistema ha provocado que la mayor parte de las carpetas de investigación iniciadas esté pendiente de determinación y que del total sólo el 0.18 por ciento llegó a juicio oral y el resto se resolvió por otras vías. Las propias cifras del VI Informe revelan el fracaso de este gobierno en garantizar un sistema de justicia penal expedito, eficaz y transparente. En vez de trabajar para allegar los recursos necesarios para la adaptación y mejora de las instituciones de seguridad y procuración de justicia, intentó de manera reiterada manipular los procesos, proponiendo leyes socialmente riesgosas como la Ley de Seguridad Interior, así como nombramientos a modo en la Fiscalía General de la República y en el Sistema Nacional Anticorrupción, con el propósito de proteger en esta administración a los que han incurrido en escandalosos actos de corrupción. Los saldos en materia de acceso a la justicia que nos deja este gobierno son funestos. No solo entrega un país más inseguro, violento y saqueado, sino que también deja una certeza social de que quien la hace no la paga. Se negó la posibilidad de que el Estado de derecho fuera el canal conductor para llegar a la verdad. De juzgar a los delincuentes y reparar a las víctimas. No se respondió de manera legítima y eficaz a las violaciones de los derechos fundamentales y se dejaron de observar principios generales, tales como el derecho al acceso a la justicia, la imparcialidad del juzgador, la igualdad procesal de las partes y la ejecutoriedad y efectividad de las decisiones de los tribunales. El Grupo Parlamentario del PRD señala que este gobierno no fue capaz de garantizar el acceso a la justicia y la reparación a las víctimas. No se logró abatir el entorno caracterizado por los binomios de inseguridad y violencia. En el PRD consideramos que para recuperar la tranquilidad y la legalidad de nuestro país es necesario actuar en todos los frentes, y principalmente en todos los niveles de gobierno. Es cuanto.