La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, diputado presidente. Estimados compañeros diputados y compañeras diputadas. El artículo 3 Constitucional señala a la educación como un derecho de todos los mexicanos y las mexicanas. En el caso de la educación para los adultos, el artículo 43 de la Ley General de Educación señala que ésta se encuentra destinada a individuos de 15 años o más que no hayan cursado o concluido, la educación primaria o secundaria. A pesar de los servicios que se brindan para la educación de los adultos, en el país existen aun 33.4 millones de personas mayores de 15 años sin educación básica completa, que constituyen el 44.8 por ciento de la población adulta. Cabe destacar que la cifra total de personas adultas que no han concluido la educación básica es levemente mayor al de total de estudiantes inscritos en los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo nacional, en el ciclo escolar 2006-2007, los cuales ascendieron a 32 millones 955 mil 143. Anualmente se incorporan a la demanda de educación para los adultos 768 mil jóvenes, que son excluidos del sistema educativo nacional. Frente a dicha demanda los servicios instalados son insuficientes. Diversas investigaciones han demostrado que la educación para las personas adultas en nuestro país ha obtenido resultados limitados. Entre los factores principales que inciden en estos resultados son: que frecuentemente los educadores son personas con bajos niveles de escolaridad; que en el mejor de los casos son sujetos que trabajan a su vez en otros campos educativos, lo cual supone poca especialización en el trabajo con personas adultas o que incluso carecen de formación específica sobre campo educativo y de la experiencia docente. A sus perfiles educativos se suma que las personas que realizan esta labor reciben una escasa capacitación y formación, lo cual se limita a cursos breves, que son instrumentales para poder operar los programas específicos. Estos bajos perfiles responden a la poca prioridad que otorga el Sistema Educativo Nacional al campo, de la educación para adultos, respecto a la educación de niños, niñas y jóvenes. Situación que a la vez da cuenta de la orientación compensatoria y remedial desde la que se trabaja en éste, misma que refuerza la baja calidad y pobres resultados de las acciones. La limitada calidad de muchos de los servicios de educación para personas adultas se manifiesta en que los educadores voluntarios improvisan formas de trabajo educativo y, en pocas ocasiones, crean procesos educativos grupales relevantes que respondan a las necesidades e intereses de los participantes y que favorezcan, entre ellos y ellas, el intercambio de conocimientos y experiencias. Aunado a lo anterior, los educadores y educadoras de adultos cuentan con muy poco reconocimiento, escasos e insuficientes apoyos y baja remuneración por su trabajo, así como limitadas o nulas oportunidades de desarrollo profesional en sus instituciones. Lo anterior tiene que ver con que el concepto de solidaridad social que se maneja en el artículo 43 de la Ley General de Educación, el cual no se encuentra definido y, por lo mismo, ha dado pie a ambigüedades respecto a las oportunidades de formación y a las condiciones de trabajo que se les brindan a los educadores y educadoras en este campo educativo. Requerimos brindar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de estos agentes, que estén vinculadas con su formación específica sobre este campo educativo, con el acompañamiento a su labor educativa, y con el mejoramiento de los apoyos económicos que reciben, así como de los esquemas mediante los cuales se les otorgan. A través de esta iniciativa propongo que, atendiendo al artículo 3o. constitucional, se reformen los artículos 20, 21, 43 y 44, de la Ley General de Educación, para que el Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública y en coordinación con los institutos Nacional para la Educación de los Adultos, las primarias nocturnas, las secundarias para trabajadores, los centros de educación extra escolar, los centros de educación básica de los adultos, las misiones culturales y las secundarias a distancia, abran una puerta para que a los educadores y educadoras de personas adultas, se les brinden las posibilidades de formación, capacitación y desarrollo profesional de manera sólida, específica y pertinente sobre este campo educativo. Asimismo, se les reconozca como trabajadores y perciban un salario digno, al igual que los otros educadores y educadoras del Sistema Educativo Nacional en la perspectiva de su desarrollo profesional, con la finalidad última de brindar educación de calidad a la población adulta de nuestro país. Debemos tomar en cuenta que la educación para personas adultas es la puerta para el ejercicio de otros derechos y un factor también de justicia social. Pido, diputado presidente, que pueda incorporarse el texto completo de la iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias, por su atención.