La diputada Eunice Monzón García: Muchas gracias, presidenta, y con su permiso. El bienestar animal es sin duda una de las deudas históricas que como humanos tenemos con los animales de los que no solo recibimos acompañamiento, sino en muchos de los casos también nos aportan servicios ambientales en beneficio de nuestro planeta eterno. Año tras año hemos buscado evolucionar y convertirnos en una sociedad mucho más respetuosa y responsable con todas las manifestaciones de vida, cada vez somos más los que enfocamos nuestro trabajo para diseñar acciones que se implementan en beneficio de la protección animal. A pesar de que como integrantes del Congreso de la Unión no contamos con la facultad constitucional para legislar en materia de bienestar animal, en el Partido Verde no hemos dejado pasar la oportunidad de coordinar nuestras acciones con aquellos que sí las tienen para lograr el objetivo. Desde el Legislativo hemos sido uno de los principales impulsores de las leyes que protegen a los animales silvestres, pero también hemos definido las directrices para que las entidades en el marco de sus atribuciones diseñen y ejecuten la normatividad que ponga fin al maltrato animal. En este sentido, hoy se materializa una propuesta cuyo objetivo es seguir robusteciendo la legislación para lograr un adecuado trato a los animales. Ha habido avances significativos que marcan la pauta no solo para reconocer a los animales como sujetos de derechos, sino también para establecer reglas mínimas de trato digno y respetuoso para garantizar que toda aquella persona que tenga bajo su cuidado un animal garantice el bienestar y la protección del mismo. Como lo refiere el dictamen que discutimos, casi el 70 % de los hogares en México cuenta con algún tipo de mascota, lo que significa que alrededor de 80 millones de mascotas tienen en nuestros hogares mexicanos. Esto nos lleva a que los poseedores o propietarios de estos ejemplares son personas responsables y empáticas con los animales. Y, por supuesto, que la mayoría es así. Sin embargo, existen excepciones que muestran una realidad distinta, dejando en evidencia que a pesar de los avances alcanzados existen muchas personas que no tienen conciencia sobre la responsabilidad de tener a cargo un animal. Tan solo en la Ciudad de México, 8 de cada 10 perros y gatos son comprados por impulso y no a través de una decisión previamente analizada, provocando que un gran número de estos animales terminen abandonados y viviendo en las calles. La falta de información ha llevado a que sigamos observando casos de maltrato, abandono, incluso crueldad. Por ello, hoy nuestra legislación ha incluido en su texto los requerimientos mínimos que deben cumplirse para garantizar el trato digno y respetuoso hacia un animal, destacando el suministro de atención médica preventiva y, en caso de enfermedad, brindar el tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario. En este sentido, los propietarios y poseedores de animales están obligados a brindar dicha atención, sin embargo, se debe reconocer que en ocasiones la atención especializada por un veterinario genera gastos que no pueden ser solventados y menos aún cuando existen casos de personas que tienen más de una mascota, producto de rescates o albergues, en donde la erogación de gastos sale del presupuesto de las personas que lo realizan. En virtud de ello, la propuesta que se realizó y que fue avalada por la comisión dictaminadora, busca que las entidades federativas en coordinación con los municipios y, en su caso, las alcaldías de la Ciudad de México promuevan el establecimiento de clínicas veterinarias públicas. Sabemos que es un reto muy grande, no obstante, debemos trabajar para que ninguna pierda la oportunidad de ser atendida con prioridad. Nuestras mascotas actualmente en algunas entidades ya tienen y cuentan con este tipo de acciones, ejemplo de ello es la clínica veterinaria gratuita en el municipio de Tijuana, Baja California, que opera desde febrero de 2020, garantizando la atención de más de 11 mil animales por año. Acciones como estas contribuyen a la armonización legal de nuestra legislación, pero, sobre todo, abona a consolidarnos en una sociedad más respetuosa en su entorno y con todos los componentes que la integran. A nombre de mi compañero el diputado Luis Arturo González Cruz, proponente de la iniciativa que da origen al presente dictamen, agradezco su atención, esperando al mismo tiempo contar con el respaldo de todas y todos. Es cuanto, muchas gracias, presidenta.