La diputada Adriana de Lourdes Hinojosa Céspedes: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados: la iniciativa que presento a nombre propio y de los diputados federales del grupo de Acción Nacional, en la Cámara de Diputados, tiene por objeto fortalecer la capacidad de las autoridades ministeriales y judiciales del país, para enfrentar dos de los delitos que afectan con mayor gravedad a la sociedad mexicana. El secuestro y el tráfico de menores. Se trata en esta ocasión no de aumentar las penas o de elevar aún más la gravedad de estos delitos que ya consigna el Código Penal Federal. Se trata de establecer una disposición complementaria para evitar el último resquicio de impunidad que pudiera darse en los casos de secuestro y robo de menores, el de la prescripción. Propongo a esta soberanía que en el caso de estos delitos previstos en los numerales 366, 366 Bis, 366 Ter, 366 Quáter del mencionado Código, no opere la prescripción. Esta medida deberá ser un elemento disuasivo. Los delincuentes que pretenden someter a una familia a la tragedia psicológica de arrebatarle a uno de sus seres queridos, ya sea para el tráfico de personas, la venta ilegal de órganos o para privarlo de la libertad para exigir un rescate en efectivo, deberán saber que no sólo deben enfrentar la acción del Estado que considere este ilícito como grave y con penalidades que equivalen, muchas veces, a permanecer el resto de su existencia en la cárcel, sino que, además, a partir de ahora no habrá impunidad con el paso del tiempo. El delito no prescribe y las imputaciones perduran aún cuando hayan transcurrido 10 o 20 años después de que se hayan cometido. En la exposición de motivos de este proyecto que pido a la Presidencia se inserte íntegro en el Diario de los Debates, expresamos claramente nuestra preocupación porque en el caso de los secuestradores, dada la forma en que actúan en la comisión del delito, sin ningún tipo de respeto por la vida y dignidad de la persona humana, el ilícito resulta altamente dañino para la cohesión social, porque amenazan y torturan psicológicamente a las familias, sin remordimiento de las consecuencias ocasionadas para las víctimas, familiares y las personas cercanas. En otras palabras, el secuestro es uno de los delitos más graves que afronta hoy en día nuestra sociedad, y con un elevado grado de afectación al bien jurídico tutelado por la ley, que en ciertos casos, no pocos desafortunadamente, es la propia vida del secuestrado. Tanto en este caso como en el del tráfico de menores, las afectaciones van mucho más allá del eventual daño patrimonial que los delincuentes causan a las familias; en muchas ocasiones los hogares quedan destruidos, los vínculos familiares desechos. La convivencia social y en la comunidad es afectada, tanto por la secuela de los propios secuestros o por el robo de menores, como por la amenaza latente de que ocurran nuevos delitos en contra de familias que pierden por completo el sentido del porvenir, por la acción de un grupo de delincuentes que reducen la dignidad personal y la de la familia a un simple monto económico, que nada tiene que ver con el daño social que provocan estos crímenes. Estoy convencida, señoras y señores legisladores, que ustedes serán especialmente sensibles a la aprobación y la importancia de esta iniciativa. Todos nosotros estamos comprometidos a legislar para coadyuvar y elevar los niveles de seguridad pública en el país y combatir a la delincuencia y al crimen organizado. Esta medida contribuye definitivamente a conseguir ese objetivo y pido a todos ustedes que podamos analizar y votar lo antes posible esta iniciativa, para que brindemos a las instituciones de procuración de justicia este nuevo elemento que le permita perseguir con mayor eficacia los delitos de secuestro y el tráfico de menores, por el bien de la sociedad mexicana a la que todos representamos. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.