El diputado Héctor Franco López: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: indudablemente el cambio climático ha agudizado la problemática de la gestión de los recursos hídricos a nivel global. La escasez de este recurso en nuestro país genera problemas sociales y ambientales diversos que reclaman una reflexión profunda sobre los mecanismos que ayuden a mejorar la gestión de este vital líquido. Es asunto prioritario y de seguridad nacional garantizar a la población un manejo integral y sustentable de los recursos hidráulicos. Por este motivo, a nombre de la Comisión de Recursos Hidráulicos, fundamento ante ustedes el dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 7 Bis y 18 de la Ley de Aguas Nacionales. Este dictamen incluye reformas cuyo objeto es proporcionar instrumentos jurídicos que permitan combatir de manera frontal la sobreexplotación de los acuíferos de nuestra nación y garantizar el compromiso de nuestro país con la sustentabilidad ambiental. El dictamen de la comisión versa sobre reformas que atienden a la problemática de la principal reserva de agua dulce de nuestro país: las aguas subterráneas. Hoy, 75 millones de mexicanos dependemos de ellas para nuestro consumo y 70 por ciento del volumen del agua que se suministra a nuestra población proviene de esta fuente. Sin embargo, 173 acuíferos de nuestro país se encuentran gravemente sobreexplotados siendo en el norte donde esta problemática se agudiza. Esta crisis no sólo nos enfrenta a la escasez del recurso, sino también a una pérdida de la calidad del mismo. La sobreexplotación debido a la concentración de minerales, presentes de manera natural en el subsuelo, compromete la calidad del agua, por lo que un acuífero sobreexplotado es también un acuífero contaminado. Así, encontramos que en diversas ciudades de nuestro país el agua que se proporciona a la población no corresponde a estándares de calidad que garanticen la salud de la misma. Como un claro ejemplo de esta circunstancia podemos mencionar lo que sucede en nuestra querida Comarca Lagunera, en donde el denominado acuífero principal sufre de una sobreexplotación, la cual ocasiona que, específicamente en la ciudad de Torreón, 65 de los 76 pozos que surten de agua potable a la ciudadanía rebasen los límites de concentración de arsénico establecidos por las normas internacionales, por lo que consumir agua de éstas representa un riesgo para la salud. Reconociendo la importancia del tema y buscando revertir esa problemática el dictamen de la Comisión de Recursos Hidráulicos considera dos reformas trascendentes. La primera adiciona una fracción XI al artículo 7 Bis y establece la sustentabilidad ambiental y la prevención de la sobreexplotación de los acuíferos como de interés público, lo cual se ajusta a lo establecido en el artículo 27 constitucional. La segunda, modifica al artículo 18 para evitar que las aguas nacionales del subsuelo puedan ser libremente alumbradas cuando, por causa de interés o utilidad pública, el titular del Ejecutivo federal establezca una zona reglamentada de veda o de reserva; o bien, suspenda o limite provisionalmente el libre alumbramiento, mediante acuerdos de carácter general. Las reformas al artículo 18 proporcionan herramientas al Ejecutivo para hacer más eficiente la gestión de los aprovechamientos de agua. Con la actual legislación el tiempo actúa en contra de una regulación efectiva ya que entre la publicación de los estudios técnicos que revelan la sobreexplotación de un acuífero y el decreto de una posible veda, pasan hasta tres años, lo cual ocasiona daños irreversibles. El decreto del dictamen establece mecanismos que atienden a la protección del recurso hídrico, tanto en su calidad como en su cantidad, y proporciona instrumentos que permiten administrar, regular, controlar y proteger nuestras aguas nacionales. Además, la adición en el artículo 18 otorga la facultad, al Ejecutivo, de establecer acuerdos de carácter general como una herramienta preventiva y que, a través de esto, sea posible suspender o limitar el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo, en el supuesto de que, derivado de los estudios técnicos de disponibilidad realizados por la autoridad en la materia, se observe que se encuentre en riesgo la sustentabilidad de los acuíferos. A este respecto es importante mencionar que la reforma no limita la participación ciudadana ya que dichos acuerdos tendrán siempre un carácter provisional y su vigencia estará supeditada a la publicación de los decretos por los que se establezcan las zonas reglamentadas de veda o de reserva. Las reformas anteriores facultan al titular del Ejecutivo federal para que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 constitucional pueda, como una forma de reglamentación, suspender o limitar el libre alumbramiento de las aguas del subsuelo, pero sin dejarlo a su completo arbitrio, ya que esto sólo se podrá realizar en casos específicos. Compañeros, el presente dictamen establece disposiciones de carácter preventivo que permitirán garantizar la disponibilidad del recurso hídrico y disminuir la vulnerabilidad de un bien del dominio público que es vital y finito. Yo los invito a votar a favor. Por su atención, muchas gracias.