El senador Miguel Sadot Sánchez Carreño (PRI): Muchas gracias ciudadano Presidente. A nombre del grupo parlamentario del PRI nos sumamos a los argumentos que se han expuesto para que pueda ser aprobada, en ese trámite de urgente y obvia resolución, la propuesta que se ha leído. Hace unos momentos recibimos la visita y escuchamos el mensaje del señor Peter Schieder, que es el Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Y nos comentaba en su mensaje la defensa universal que se hace de los derechos humanos, esta universalización de los derechos humanos impide que bajo ningún pretexto se apliquen medidas domésticas que vulneren los derechos elementales del hombre. La legislación que se acaba de aprobar en Arizona, recordarán que el 2 de noviembre en virtud de las elecciones se incluye en el referéndum esta Propuesta 200, que es aprobada. Posteriormente un juez federal decide suspender los efectos de esta ley y apenas el 21 de diciembre otra autoridad judicial federal levanta esta suspensión y consecuentemente la gobernadora Napolitano tiene que expedir esta ley. Esta ley resulta sumamente peligrosa y delicada no solamente por los efectos que tiene en sí, basta comentar algunos de sus aspectos que pueden producir, como aquí se ha señalado, actitudes racistas y xenofóbicas. Esta ley establece que todos los funcionarios públicos que conozcan de la situación migratoria, es decir, que conozcan si existen indocumentados, estarán obligados a denunciarlos. Si no lo hacen, si omiten esta denuncia, estos funcionarios pueden ser sancionados, castigados incluso con la cárcel. Establece también, entre otras restricciones esta ley, que para solicitar servicios, aunque se hacen excepciones, lo grave es que no puedan interpretarse esas excepciones que para solicitar servicios de salud, de educación, incluso el ingreso a ciertas instalaciones como son las bibliotecas públicas, los parques, deberán identificarse como residentes quienes soliciten esos servicios. Se establecen también limitaciones -repito con excepciones, pero la regla general es esa- para que también tengan que identificarse aquellos que solicitan servicios para guarderías infantiles e incluso para las vacunas de los niños. Los efectos de esta ley rebasan incluso lo que en su momento fue la propuesta 187 de California y que fue afortunadamente resuelta por los vicios de inconstitucionalidad y no entro en vigor. Los efectos de ésta van más allá. Por ello es importante que la Comisión Permanente, que es la voz que puede defender a los mexicanos de allá y que no se sientan solos, apruebe las propuestas que se han comentado aquí, primero rechazando esta propuesta, porque además de los alcances que tiene, puede servicios como ejemplo a otros estados, y ya tenemos ahí los anuncios que se piensan hacer en Georgia, en Carolina del Norte y que podrían generar toda una legislación antimigrante. Pero además, y se expresa aquí en la propuesta que se hace, se solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como ya lo ha hecho México en dos ocasiones, y hemos tenido resoluciones favorables, que emita una opinión consultiva. De ninguna forma el Parlamento, el Congreso Mexicano, los senadores y diputados, podemos tener una actitud injerencista. No se trata de que estemos en contra de la legislación interna de los Estados Unidos. Coincidimos con ellos en que deben de brindarse medidas de seguridad, pero de ninguna forma admitiremos que legislaciones de otros países, incluyendo la de Estados Unidos y las locales de los estados, vulneren, ataquen los derechos fundamentales de los mexicanos. Reconocemos también que en esta lucha se han sumado voces de los propios legisladores de Estados Unidos. La misma gobernadora de Arizona, que ha demostrado no solamente en el discurso sino con hechos, la gobernadora Napolitano, ha señalado una serie de acciones que permiten contribuir a que caminemos hacia unos acuerdos a nivel estatal y a nivel nacional. Repetimos, no estamos en contra de una legislación ni en contra de una opinión que sabemos no es generalizada en los Estados Unidos. Pero si es necesario que el Congreso Mexicano, sumado con el Poder Ejecutivo, que en esto tenemos un solo frente común: la defensa de los derechos humanos; y aquí l o han expresado los diferentes grupos parlamentarios, nos permite unificar nuestro esfuerzo y nuestra lucha. Por ello, el Partido Revolucionario Institucional considera importante, urgente y determinante el que aprobemos esta propuesta, para que los mexicanos que se encuentran sobre todo en el estado de Arizona, que es el estado que traslada el mayor número de cadáveres y de mexicanos, de connacionales muertos en ese estado. Lo que se llama el desierto, que es "el corredor de la muerte", ha significado para muchas familias, que los mexicanos regresen únicamente como restos mortales. Es importante que el Estado Mexicano, con todas las instituciones, el Ejecutivo y el Congreso, se sumen en esta lucha en defensa de los derechos humanos de los migrantes. Muchas gracias.