El diputado Edgar Emilio Pereyra Ramírez: Con su venia, señor presidente. El diseño constitucional que se aprobó en materia de transparencia tuvo como uno de sus principales ejes articuladores la generación de un espacio de competencias concurrentes en transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, en el que confluyen tanto la esfera de temas que se mantienen vigentes de orden federal, como los temas que se integraron de la esfera local entre el IFAI y los órganos garantes locales dentro del instrumento normativo que se desarrolla en la ley general en materia del presente decreto, que preserva la vigencia de la ley federal y de las correspondientes leyes locales de las entidades federativas, mismas que deberán actualizarse conforme al texto del presente decreto. Conforme a todo este nuevo marco jurídico y a la propuesta del presente decreto por el que se expide la ley general en la materia, se pretende establecer las bases de un Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un conjunto orgánico que coordinará y evaluará las acciones relativas a la política transversal en la materia. Cabe señalar, que este sistema conserva una importante articulación, vinculación y correspondencia normativa con el Sistema Nacional Anticorrupción, aprobado por un amplio consenso por la Cámara de Diputados, por lo que hace indispensable la existencia de ambos, para que se constituyan como los pilares básicos de la política pública en materia de respeto de esos derechos fundamentales y del combate a la corrupción. De ahí, la importancia de que ambos se aprueben por ambas Cámaras durante el presente periodo legislativo. Se dispone la creación de una plataforma nacional de transparencia, que contendrá la información debidamente organizada sobre los procesos de toma de decisión de los sujetos obligados, las solicitudes de acceso a la información, los procedimientos y medios de impugnación, así como las obligaciones de transparencia de los órganos garantes. Se definen con mayor precisión las obligaciones de los Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos y sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos en los tres órdenes de gobierno. Cabe destacar, que los sujetos obligados deberán documentar todos sus actos, tratándose del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones, por lo que no podrá darse un solo acto de autoridad sin que esté debidamente fundamentado, motivado y documentado, reduciendo con ello los márgenes de discrecionalidad de la autoridad, con lo que se hace indispensable la elaboración de una nueva Ley General de Archivos. En este sentido, siendo sumamente delicado todo lo que se relaciona al sector energético, después de que el gobierno y sus aliados el PRI y el PAN, optaron por abrirlo a la inversión extranjera, creo pertinente hacer una adición al artículo 83, para que no quepa duda en relación a los contratos celebrados, incluyendo en la redacción los contratos con la especificación de cual sea su modalidad e incluyendo también en esta redacción a los convenios y las autorizaciones. En congruencia con esta propuesta, es de enfatizar ya en el presente dictamen se definen unas series de obligaciones específicas en materia de energía, estableciendo que se deberá garantizar la máxima publicidad en los contratos, asignaciones, permisos, alianzas estratégicas y comerciales y demás actos que el Estado, como las empresas productivas del Estado, subsidiarias y filiales lleven a cabo. En este orden de ideas, también estoy presentando una reserva al artículo 209, para esclarecer que ante probables infracciones relacionadas con fideicomisos o fondos públicos agreguemos en la redacción los mandatos y contratos análogos, para evitar maniobras en el cumplimiento de estas normas. Es cuanto.