El diputado Irineo Molina Espinoza: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras diputadas y diputados, quiero aprovechar mi tiempo para presentar dos iniciativas inscritas en el orden del día. La primera es para establecer la figura del nepotismo en el Capítulo II del Título Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que prevé las faltas administrativas graves de los servidores públicos, por lo que se consideraría a este tipo de hecho de corrupción como causa de responsabilidad administrativa grave, como lo ha establecido Transparencia Internacional, al considerarlo como el uso indebido del poder otorgado para el beneficio personal. La segunda iniciativa pretende resolver una problemática que enfrentan las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales, debido a que los lineamientos para la aplicación de las participaciones federales no permiten su disposición para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura social, que resultan dañadas o destruidas como consecuencia de los desastres naturales. México está catalogado como uno de los países de mayor actividad sísmica en el mundo, experimentando anualmente más de 90 sismos, con una magnitud de 4 o más en la escala de Richter. En el año 2017, los sismos del 7 y 19 de septiembre nos recordaron que estamos expuestos a los embates de la naturaleza, por lo que es necesario estar preparados y organizados para hacer frente a tales eventualidades, así como disponer recursos económicos para la toma de decisiones con la finalidad de disminuir la posibilidad de pérdida de vidas humanas. Como si esto no fuera suficiente, aproximadamente el 40 por ciento del territorio mexicano y más de una cuarta parte de su población estamos expuestos a tormentas, huracanes e inundaciones, derivado de la ubicación geográfica y por el cambio climático. En mi estado de Oaxaca muchos municipios frecuentemente se ven afectados por lluvias torrenciales atípicas que afectan las vías de comunicación, como son los caminos, puentes, carreteras e interrumpen los servicios básicos, como agua y energía eléctrica. Un dato importante es que en los últimos cinco años nuestro país ha enfrentado los embates por lo menos en 117 fenómenos naturales que alteraron la vida de más de 9 millones de personas. Si bien es cierto, México cuenta con mecanismos de protección civil y de fondos económicos para hacer frente a estas contingencias, como lo es el Fondo de Desastres Naturales, dichos recursos se establecen anualmente y se destinan para atender a las comunidades, municipios o estados que resultan afectados. Los apoyos del Fonden se activan a través de una emisión de declaratoria de emergencia o desastre, realizada por la Secretaría de Gobernación y es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien autoriza la disposición de los recursos del citado fideicomiso. Del año 2013 al año 2018 se han emitido por lo menos 433 declaratorias de emergencia y 177 declaratorias de desastres, de acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Gobernación. Tomando en consideración que los recursos del Fonden no son infinitos y que muchas veces el número de declaratorias sobrepasa a los montos autorizados, es necesario que las autoridades estatales y municipales puedan disponer de las participaciones federales para la atención de las contingencias, que no siendo posible esto debido a que los lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, emitido por la dependencia coordinadora, no lo permiten. Dichos lineamientos ya se han modificado, en octubre de 2017 la Secretaría de Desarrollo Social, como dependencia coordinadora del FAIS, autorizó que los recursos en el periodo del primero de septiembre al 31 de diciembre de dicho año se utilizaran para realizar acciones como la reconstrucción o rehabilitación de infraestructura social básica. Con este antecedente y ante la alta probabilidad de que nuestro país vuelva a sufrir un desastre natural, resulta pertinente incluir en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal dichas excepciones al uso del FAIS, en el ejercicio fiscal en que se susciten los desastres naturales. Por ello, compañeras y compañeros, propongo el presente proyecto de decreto para adicionar un segundo párrafo y reformar la fracción II del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, para posibilitar a que los estados y municipios o demarcaciones territoriales que se encuentren incluidos en el declaratoria de emergencia o declaratoria de desastres naturales puedan disponer hasta el 100 por ciento del total de los recursos federales disponibles para realizar obras y acciones de reconstrucción o de rehabilitación de los servicios básicos, vivienda o edificios necesarios para la prestación de los servicios públicos. Con esa excepción al uso y destino del FAIS, las entidades federativas, municipios...