La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Las reservas que vengo a presentar son para la eliminación del artículo cuarto transitorio y el artículo vigésimo primero. Hasta el día de hoy, Pemex ha sido considerada una de las empresas más grandes y ricas del mundo, orgullosamente mexicana, pública y estatal, que se dedica a la extracción y comercialización del petróleo. Como es de suponerse, la región del Golfo de México es una de las zonas más ricas en petróleo de América. En el caso particular de Pemex, la extracción y el refinamiento tanto de petróleo como de gas, es lo que ha permitido convertirse en una de las empresas más importantes del mundo. Hoy en día cuenta con ganancias anuales de alrededor de 106 mil millones de dólares al año y solventa a 140 mil empleados, lo cual nos muestra su alcance en términos de riqueza y poder, y al mismo tiempo su profunda importancia a nivel social debido a la cantidad de gente que mantiene empleada. Su importancia también reside en el hecho que es la responsable de proveer con productos petrolíferos a un sin fin de actividades; sin embargo, dicha riqueza ha captado la avaricia de unos cuantos, quienes pretenden la apertura del sector energético a la inversión privada. Con la reforma energética pretenden que el Estado celebre contratos con particulares nacionales o extranjeros para la producción de energéticos, con el discurso tan estudiado de que es con el propósito de obtener ingresos que contribuyan al desarrollo a largo plazo de la nación. Lo que bien nos queda claro es que estos rufianes lo que quieren es vender nuestra principal fuente económica y de empleos. Es un completo saqueo a nuestro país, pues ahora sólo tendremos acceso a las actividades de exploración y extracción mediante asignaciones a empresas productivas. Es decir, a Pemex no le queda nada. El cambio representa un giro de 180 grados en retroceso respecto de la legislación vigente desde hace 75 años, pues como bien sabemos ha marcado de orgullo nuestra historia mexicana la expropiación petrolera que se decretó en 1938 por el entonces Presidente Lázaro Cárdenas del Río, en la que estableció que esas tareas fueran exclusivas del Estado. Además, desde esa época el petróleo es uno de los principales símbolos de nacionalismo mexicano. Esta propuesta privatizadora contempla que el Estado ceda su control sobre el territorio y pague a los particulares con recursos estratégicos. El 13 de agosto de 2013 el secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, en entrevista con Carmen Aristegui, expuso que el gobierno había optado en la reforma energética por contratos de utilidad compartida, debido a que en éstos, todo el petróleo lo recibe el Estado, lo vende y comparte sus utilidades. En contraste, de acuerdo con lo que el secretario argumentó, en un contrato de producción compartida se le paga a una empresa con petróleo por lo que la reforma energética no propondría este tipo de acuerdos debido a que se estaría compartiendo la renta petrolera. Es por esto que nos resulta asombroso que se proponga a través de un transitorio que, entre otras modalidades de contraprestaciones, deberán regularse las siguientes. Uno. En efectivo para los contratos de servicios. Dos. Con un porcentaje de la utilidad para los contratos de utilidad compartida. Tres. Con un porcentaje de la producción obtenida para los contratos de producción compartida. Cuatro. Con la transmisión onerosa de los hidrocarburos una vez que hayan sido extraídos del subsuelo para los contratos de licencia; o Cinco. Cualquier combinación de las anteriores. Esto quiere decir que se está reconociendo a través de un simple régimen transitorio que la privatización del patrimonio de todos los mexicanos sí se está realizando. Que es verdad lo que durante meses hemos denunciado. El petróleo dejará de ser de los mexicanos para acumularse en las manos de unos cuantos intereses particulares y extranjeros. ¿Qué estamos entregando con esas modificaciones? Se está regalando a los privados el 40 por ciento de la recaudación fiscal, el 33.7 de los ingresos federales, 7.6 por ciento del producto interno bruto y una producción de dos mil 561 miles de barriles diarios. Cuando se le preguntó a Videgaray si Pemex se encontraba en quiebra, él respondió que dependía si se analizaba antes o después del pago de impuestos. Si el problema se encuentra en la carga fiscal impuesta, ¿por qué no se resolvió este vicio en lugar de incluir a particulares que si bien compartirán riesgos, también serán parte de las utilidades? ¿Por qué dentro de la lógica de los tecnócratas obedecen- no se limitó la incorporación de terceros a los proyectos de aguas someras sin licitar y se les permitió incursionar en yacimientos convencionales en los que Pemex domina la tecnología y que tienen una altísima rentabilidad y muy bajo riesgo, cuando de estos yacimientos proviene prácticamente el 100 por ciento de la renta petrolera? Con los artículos transitorios se abre la posibilidad a todo tipo de contratos y licencias que estaban prohibidos anteriormente, como la discrecionalidad del total, podemos inferir que las empresas productivas del Estado pagarán mucho más que los particulares, generando condiciones desfavorables de competencia para Pemex. Con el dictamen que nos compete se disipan todas las dudas; se ponen las cartas sobre la mesa y esas cartas dicen que estamos ante el atraco del siglo, un robo que se ha fraguado desde hace muchos años y en el que la corrupción y otros serán los factores que permeen en la asignación de contratos. En movimiento ciudadano no olvidamos las lecciones de historia y bien valdría la pena recordarles a los impulsores de esta reforma que esta lucha ya se vivió, que cuando Porfirio Díaz abrió el mercado petrolero a compañías extrajeras, la industria no dejó nada más que muchas fortunas fuera del país. Aún estamos a tiempo para corregir, porque no sólo se robarán el petróleo, sino roban el sueño de los mexicanos y su fe en este país. Muchas gracias.