La diputada Aleida Alavez Ruiz: Una sociedad que se desentiende de sus miembros más débiles y desvalidos rompe el principio de empatía, instaura la ley del más fuerte y acaba en un total envilecimiento. Así sentencia el Plan Nacional de Desarrollo que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a este Congreso y aquí aprobamos. Damos la más cordial bienvenida al Grupo de Adultos Mayores de diversas colonias de Iztapalapa, estudiantes de la Facultad de Derecho de Aragón, que nos acompañan esta mañana. Esta reforma es para y por ustedes. El dictamen que estamos por aprobar es un dictamen de justicia, que cierra el círculo virtuoso de protección a los más necesitados y el que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo. Los programas sociales son ya un derecho constitucional y con eso debería bastarnos para saber que esa protección es suficiente. Sin embargo, la realidad nos mostró que intereses ajenos al bienestar de la población vulnerable pueden servirse de ellos para lucrar de manera indebida. Lo que hoy estamos haciendo es elevar a rango constitucional la total protección de los recursos provenientes de programas sociales que garanticen a los beneficiarios la salvaguarda de este recurso. Esta reforma acabará con los cobros a lo chino, que hasta ahora instituciones financieras realizan indebidamente sin agotar el debido proceso. Esta reforma no pretende evitar el cobro de deudas, lo que busca es que las instituciones financieras no utilicen los fondos de que como sociedad aportamos a personas vulnerables, cuya finalidad es cubrir sus necesidades más apremiantes. El derecho al mínimo vital, previsto en nuestra Constitución, es para los grupos más vulnerables de la sociedad, como lo son: las personas con discapacidad permanente, adultos mayores, los que pertenecen a comunidades indígenas y estudiantes que no cuentan con medios económicos suficientes para hacer frente a necesidades más básicas. Y es precisamente por eso que los recursos provenientes de los apoyos económicos a estas personas deben contar con una protección especial, incluso en la Constitución. De manera que es indispensable generar las condiciones necesarias para brindar la mayor protección posible a esos recursos e incluso evitar que sean empleados para el cobro sin el debido proceso legal previo, insisto, sin el debido proceso legal previo de cualquier tipo de deuda. Permitir que se haga, como está ocurriendo a la fecha, equivale a permitir el embargo de bienes por un particular sin la intervención de las autoridades judiciales a las que legalmente se les ha conferido la labor de autorizar esa clase de acciones. El cobro de deudas sin juicio previo utilizando como garantía de cobro los recursos provenientes de programas sociales coloca a la persona vulnerable en un estado adicional de vulnerabilidad, pues se genera un daño económico que afecta a su subsistencia y de su núcleo familiar. Los recursos que se emplean para garantizar estos derechos fundamentales deben contar con la protección constitucional particularmente de las garantías procesales que en ellas se consignan. El Poder Judicial federal mexicano se ha pronunciado en relación con casos en los que se han visto involucradas personas en condiciones de vulnerabilidad y por consiguiente de desventaja social que han afirmado que las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. El presente dictamen se relaciona con esta protección y partió de las varias realidades incontrovertibles como las siguientes: 1. Que las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social frecuentemente son víctimas por prácticas o cláusulas abusivas contenidas en los contratos que ofrecen instituciones financieras para sus servicios, las cuales por una parte dejan a sus clientes en estado de indefensión y a la par generan fenómenos sociales como la cartera vencida de créditos al consumo. 2. Que es práctica común de instituciones financieras incluir en sus contratos la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo sin importar el origen de estos recursos ya sea que provengan de salarios los cuáles están protegidos por la Constitución y por la Ley contra los Embargos o de Programas Sociales. En esa razón, a todo lo antes expuesto se propone establecer a nivel constitucional un esquema de protección de los recursos que el Estado transfiere a los sectores más vulnerables para evitar que esos recursos sean embargados sin juicio previo. Ese es el fondo del asunto. Agradezco a todos los grupos parlamentarios su sensibilidad para acompañar esta reforma constitucional que, como ya dije, complementa de manera integral la política social de apoyo a los más vulnerables a través del blindaje contra embargos indebidos. Un gran logro de esta legislatura el proteger así los apoyos a los adultos mayores, a las personas con discapacidad y a los estudiantes. Enhorabuena diputadas y diputados.