El diputado Herminio Corral Estrada: Con el permiso de la Presidencia; compañeras diputadas y compañeros diputados. El 12 de noviembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera, relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno, el cual se erigió en un marco de estricto apego a la Carta Fundamental y al Pacto federal, respetando la autonomía de los estados, de los municipios, el Distrito Federal y sus demarcaciones e impulsando la coordinación de estos a través del Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano en el que participa la federación, las entidades federativas y los municipios. Aquella reforma buscaba resolver diversas problemáticas en los entes públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de administración eficiente, eficaz y transparente de los ingresos y gastos públicos, introduciendo incentivos adecuados para promover estos objetivos. Asimismo, se buscó la homologación en los diversos órganos de gobierno de la presentación de la información financiera, con lo cual se incorporaron reglas que llevaran a los entes públicos de los tres órdenes de gobierno a actuar de manera más ordenada y transparente en la administración de los recursos públicos. Posteriormente el 26 de mayo de 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios. Esta reforma fue formulada a partir del intenso análisis que el Congreso llevó a cabo a los distintos problemas financieros que presentaban las entidades federativas y donde quedó de manifiesto el problema de la deuda de los gobiernos subnacionales. En esa virtud se consideró la necesidad impostergable de reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar en el mediano y largo plazos un manejo adecuado de las finanzas públicas con el fin último de generar condiciones que permitan el crecimiento de nuestra economía en beneficio de la población. Conforme a dicha reforma constitucional, el Congreso de la Unión tiene facultad para establecer en las leyes las bases generales para que los estados, el Distrito Federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento, los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno pueden afectar las participaciones que les correspondan para cubrir los empréstitos y obligaciones de pago que contraigan, la obligación de los mismos de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago de manera oportuna y transparente en un registro público único, un sistema de alertas que califiquen el nivel de endeudamiento de dichos entes. La posibilidad de otorgar el aval federal a la deuda de los estados y municipios, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con tales disposiciones. Por tal razón, los miembros de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, realizamos en las semanas recientes, diversos trabajos para analizar y proponer varios ajustes a la iniciativa que se dictamina, respaldados por consultas con los distintos actores políticos del país, a efecto de generar una legislación responsable y benéfica para todos los gobiernos locales. Lo anterior, dio como resultado un proyecto que recoge la pluralidad de las opiniones que todos los grupos parlamentarios expresaron, y promueve mejores condiciones para la posición de las finanzas públicas de los gobiernos estatales y municipales. En este sentido, el primer objetivo que la Comisión de Hacienda plasmo en el proyecto de decreto que se pone a consideración de esta asamblea, es el de generar finanzas públicas locales sanas y la certeza del uso de los recursos de los cuidadnos. Para ello, el proyecto de decreto establece un marco que genera reglas en materia de responsabilidad hacendaria y financiera, para garantizar el manejo sostenible de las finanzas públicas, de las entidades federativas y los municipios. De igual forma, se establecen reglas para el correcto uso de los recursos públicos en el ámbito local, de manera análoga a lo mandatado para el gobierno federal por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, la ley que se propone expedir sienta las bases generales para que los entes públicos puedan incurrir en endeudamiento responsable, señalando los límites de afectación, de participaciones y las modalidades de contratación de empréstitos y obligaciones. Lo anterior, consideramos que apoya a la estabilidad de las finanzas públicas locales. Se creará un registro público único de deuda, el cual deberá registrar todos los empréstitos u obligaciones de todos los entes públicos, detallando como mínimo la información relativa al deudor, al acreedor, el monto, la tasa de interés, el plazo, el tipo de garantía o fuente de pago, así como los que se determinen necesarios para fortalecer la transparencia. El gobierno federal podrá otorgar su garantía a los estados y municipios que deseen celebrar un convenio, en el cual se establecerán las estrategias de ajuste para fortalecer sus finanzas públicas. El aval federal reducirá el costo de financiamiento para los estados y municipios. Por otra parte, los integrantes de todos los grupos parlamentarios que integramos la Comisión de Hacienda y Crédito Público consideramos necesario la existencia de una comisión bicameral para dar seguimiento puntual al endeudamiento de los estados y municipios que cuente con la garantía federal. La comisión analizará y revisará los convenios, teniendo la facultad de emitir las observaciones pertinentes. Además, se establece un sistema de alertas para medir el endeudamiento, dicho sistema constituirá un instrumento clave para el seguimiento sobre el uso de los recursos provenientes de financiamiento. A su vez, el sistema de alertas establecerá un techo de financiamiento autorizado a todo ente público. Por lo que respeta a la transparencia y rendición de cuentas de los recursos de los estados y municipios, la Comisión de Hacienda y Crédito Público propone establecer que todo ente público tendrá la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y de sus obligaciones de pago en un registro público único de deuda de manera oportuna, pero también de manera transparente. El registro será público y estará a disposición de cualquier ciudadano a través del portal de internet de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A nivel constitucional, se establece la obligatoriedad para que las legislaturas locales cuenten con entidades estatales de fiscalización. De igual forma, la ley establece sanciones tanto para los servidores públicos responsables del manejo indebido de los recursos y de la deuda pública. Por su parte, la comisión considera que las nuevas obligaciones que se incluyen en el nuevo ordenamiento, los estados y municipios manejarán de forma eficiente sus recursos para destinarlos a proyectos productivos en beneficio de los ciudadanos. También se señalan los requisitos necesarios para que las entidades federativas contraten obligaciones, destacando la obligación de requerir el voto de dos terceras partes de los Congresos locales, previo análisis del destino y capacidad de pago. Y, en relación a las obligaciones de corto plazo, éstas se podrían usar para cubrir necesidades de liquidez, pero se señala que ellos no podrán representar más del 6 por ciento de los ingresos totales. También se regula la obligación de obligaciones bajo un esquema bursátil, siendo necesario compararlos con un esquema de financiamiento bancario. Compañeras y compañeros, el endeudamiento es una forma de financiamiento que hace posible realizar proyectos, que con los ingresos propios u ordinarios no pueden lograrse, aunque es obvio que si no existe una adecuada planeación o se presenta una mala administración puede producir consecuencias lesivas en las finanzas de los estados y municipios. El dictamen que se pone a su consideración busca generar condiciones más adecuadas para que las obligaciones y empréstitos contratados por los estados y municipios estén encaminados al interés colectivo, generando directa e indirectamente beneficios en favor de la sociedad que impulsen el crecimiento de la economía de los respectivos entes públicos y que, en su caso, permitan la generación de ingresos con los que se pueda amortizar los créditos contraídos dentro de los plazos pactados y que redunde en el uso responsable del endeudamiento público a costos más bajos. Muchas gracias por su atención, y con permiso de la Mesa Directiva.