La diputada María Gabriela González Martínez: Con su permiso, diputada Presidenta. La suscrita, diputada federal de la LX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II de los artículos 71 y fracciones I y IV del Apartado A del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la iniciativa de decreto que faculta a las delegaciones del Distrito Federal a tener el manejo exclusivo del impuesto conocido como predial para el mejor ejercicio de sus atribuciones, al tenor de la siguiente Exposición de motivos El Distrito Federal presenta características muy particulares en cuanto a su forma de gobierno. A diferencia de las entidades federativas, el Distrito Federal no cuenta con una Constitución ni con un Congreso. Las referencias directas a éstas son el Estatuto de Gobierno y la Asamblea Legislativa. El estatus jurídico del Distrito Federal se encuentra definido en los artículos 44 y 122 constitucionales. En este último se señala que su gobierno estará regido por un Estatuto de Gobierno, el cual es aprobado por el Congreso de la Unión. Con respecto al marco legal que rige actualmente, es importante señalar que las facultades legislativas y reglamentarias que tiene la Asamblea Legislativa y el jefe de gobierno del Distrito Federal, así como el propio Poder Legislativo Federal, están definidas en el artículo 122. Los ordenamientos jurídicos del Distrito Federal no son jurisdicción exclusiva de las autoridades electas del Distrito Federal, no obstante que las principales leyes a las que están sujetos los ciudadanos de la capital son emitidas por la Asamblea Legislativa. Otro aspecto que marca una gran diferencia con respecto a las entidades federativas es que mientras los estados se encuentran divididos política y administrativamente en municipios, los cuales tienen personalidad jurídica conforme a lo establecido en el artículo 115 constitucional, el Distrito Federal está dividido en delegaciones. Los órganos político-administrativos, genéricamente llamados delegaciones, a diferencia de los municipios, no disponen de un cabildo ni poseen facultades para emitir normas ni reglamentos. Todas las facultades reglamentarias recaen en el jefe de gobierno, mientras que los jefes delegacionales tienen poder de decisión solamente en aspectos meramente administrativos. El fortalecimiento financiero de las delegaciones es uno de los propósitos fundamentales de los diputados de Acción Nacional en la Cámara de Diputados. El presentar una reforma que apoye la autonomía financiera de estos órganos coadyuvaría al impulso de sus atribuciones para que, de manera integral, puedan satisfacer sus necesidades sociales a través de la promoción, el desarrollo y crecimiento sostenido de su productividad. Bajo esta perspectiva, es imprescindible que el marco normativo financiero contribuya a consolidar la autonomía a las delegaciones, con el objeto de que mantengan las finanzas públicas sanas, proporcione mayor certidumbre en los ingresos, amplíe el padrón de contribuyentes, otorgue equidad y proporcionalidad al contribuyente y reoriente los ingresos hacia la atención de sus necesidades más apremiantes, procurando una menor dependencia de los recursos externos distribuibles. Para el logro de los objetivos indicados, es necesario que la normatividad actual permita a la delegación un campo de acción más amplio, procurando que exista congruencia entre las diversas disposiciones y ordenamientos legales, de tal forma que esté reglamentado el ejercicio adecuado y oportuno de sus atribuciones y el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la ciudadanía. Las delegaciones, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno, son órganos político-administrativos, que formalmente tienen asignadas tantas o más funciones de gestión del territorio local y de los servicios que los municipios, pero no reciben recursos por conceptos de participaciones federales y tienen competencias muy limitadas para generar recursos propios. Las capacidades que tienen actualmente estas demarcaciones para actuar como gobiernos locales, en los hechos son extremadamente limitadas. Uno de los debates actuales se centra en si las delegaciones deben transformarse en municipios. En el actual esquema de organización política del Distrito Federal, las delegaciones sólo reciben los recursos presupuestales que decide asignar el jefe de gobierno con aprobación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. A diferencia de los municipios del país, la delegación no tiene derecho a participar en la distribución de recursos fiscales que le aseguren ingresos mínimos, como tampoco de obtener ingresos propios por vía del impuesto predial o de la operación de servicios públicos; fuentes de ingreso a las que sí tienen derecho los municipios del país. Por las consideraciones anteriores, resulta injusto que una demarcación trabaje en la captación de recursos, cuando todos son concentrados de manera centralista por el gobierno de la ciudad y el reparto presupuestario a cada una de las demarcaciones, no es conforme a lo generado por cada una de ellas, lo que hace que la delegación esté supeditada a las bondades y a un presupuesto virtual que se le otorga para la satisfacción de sus necesidades. Conforme al artículo 117 del Estatuto de Gobierno, señala que los jefes delegacionales tendrán competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones, en la materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y demás que señalan las leyes, lo que nos hace suponer que teniendo los jefes delegacionales tantas responsabilidades, es indispensable que también tengan facultades presupuestarias plenas, en donde manejen de manera integral un ingreso que les permita el mejor desempeño de sus atribuciones. De lo anterior se desprende que toda vez que es reconocido en el artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, tienen competencia dentro de sus respectivas jurisdicciones y toda vez que la fracción II del multicitado artículo señala que es atribución de los jefes delegacionales prestar los servicios públicos y realizar obras atribuidos por la ley demás disposiciones aplicables, dentro del marco de sus asignaciones presupuestarias, se requiere forzosamente que el jefe delegacional pueda ejercer el ingreso captado en su demarcación, lo que llevaría a una corresponsabilidad primera de preocuparse por lograr que el contribuyente pague sus impuestos y, por otro, saber que con los recursos recaudados pueda cumplir tareas fundamentales en la demarcación. Más aún, en términos del artículo 112 del Estatuto, las delegaciones informan al jefe de gobierno del ejercicio de sus atribuciones presupuestales, para los efectos de la Cuenta Pública, de conformidad con lo que establece el propio ordenamiento y los ordenamientos aplicables. También las delegaciones ejercen autonomía de gestión, más no del ejercicio pleno de los recursos captados, observando las disposiciones legales y reglamentarias, y pueden sin duda realizar transparencias presupuestarias que no afecten programas prioritarios, informando únicamente del ejercicio de esta atribución al jefe de gobierno en forma trimestral. Sin duda son muchas las demandas que se requieren satisfacer en la ciudad de México, empero si no existe una real reforma administrativa financiera en la ciudad, las delegaciones quedan limitadas a facultades que les impiden el pleno ejercicio de gestión y de calidad en los servicios que prestan a la ciudadanía. Son muchas las tareas que cada una de las 16 delegaciones que conforman el Distrito Federal deben realizar. Sin embargo, si no se les faculta a éstas de la posibilidad de generar recursos y manejar sus ingresos, seguirán dependiendo del presupuesto que el gobierno central considere necesario para la realización de sus objetivos. Esta reforma inspira la imperiosa necesidad de la autonomía financiera de las delegaciones, sin embargo consideramos que aunque todavía falten acuerdos para una reforma política integral en la entidad, es necesario que desde esta tribuna se realicen esfuerzos para comenzar la transformación del Distrito Federal. Por ello, la presente iniciativa propone la captación de recursos a través del impuesto predial a las delegaciones políticas, otorgando a su titular la posibilidad de actuar en nombre de la institución a su cargo, según las necesidades de ésta y las de aquellas personas que viven dentro de la demarcación. Por las consideraciones expuestas es que someto a consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Artículo Único. Se adiciona la fracción II al párrafo tercero del artículo 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal para quedar como sigue: Artículo 117, fracción II. "Percibir las contribuciones que establezca el Gobierno del Distrito Federal sobre la propiedad inmobiliaria de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora; así como los que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles". Es cuanto, diputada Presidenta.