El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Honorable asamblea, pongo a consideración de ustedes, compañeras y compañeros diputados, la iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Minera y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que tiene como propósito garantizar los derechos de los pueblos indígenas a los procesos de adjudicación, de concesiones mineras y la protección del patrimonio ambiental de los ecosistemas ubicados en los territorios indígenas. La industria minera ha incrementado su participación en el desarrollo de nuestro país porque el Estado procuró leyes, instituciones y políticas que fomentaron la explotación de esta riqueza. Hoy el sector minero metalúrgico en México contribuye con el 4 por ciento del producto interno bruto nacional, según el Inegi. Por otra parte, la Secretaría de Economía informa que México ocupa el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial y se ubica en los 10 principales productores de 16 diferentes minerales. En la actualidad, cerca del 30 por ciento del territorio mexicano se encuentra concesionado a empresas mineras extranjeras, la mayor parte de capital canadiense. En el 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que en el país hay 635 lugares contaminados, los cuales son principalmente ríos y lagos, esto resultado del mal manejo de residuos tóxicos, derivados por actividades mineras. Entre los pueblos indígenas y sus habitantes el daño ha sido muy grande, cada vez con mayor frecuencia los medios de comunicación, así como las investigaciones académicas informan que las empresas mineras destruyen sus territorios, ocupan sus tierras por medio de concesiones, sin consultarles ni explicarles los usos que le darán ni los efectos secundarios que de ello se deriva. Como la contaminación de los mantos friáticos, del suelo, agua y del medio ambiente, la destrucción de sus espacios sagrados, espirituales y culturales y, en general, a la pérdida del control de los espacios vitales para su existencia como pueblos. El Estado mexicano no ha cumplido su obligación de garantizar el goce de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos en los tratados internacionales de los cuales forma parte. Que como ha quedado de manifiesto anteriormente, son violentados con la actividad de la industria minera. Así que una legislación minera como la actual, que deja en indefensión a los pueblos indígenas, significa agravar la problemática de la desigualdad social de México. Esta iniciativa busca garantizar que la actividad minera no atente contra la existencia de los pueblos indígenas. De la misma manera, pretende establecer los mecanismos para que se garantice la preservación de sus tierras y territorios, así como los recursos incluidos, los minerales. En congruencia con lo anterior, esta iniciativa tiene cuatro ejes fundamentales: el primero es adicionar un capítulo a la Ley Minera para garantizar en esta materia el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta libre, previa e informada, con objeto de tomar acuerdos con la autoridad. El segundo es la derogación de los párrafos de los artículos 13 y 13 Bis de la misma Ley, que establecen como condición para entregar una concesión minera a los pueblos indígenas que estos por lo menos igualen la postura económica de las empresas que también compiten por la concesión. Condiciones que de suyo son un contrasentido e insulto a los pueblos indígenas, porque debido a la pobreza e inequidad en que viven nunca podrán igualar la oferta económica de las empresas. Tercero. Se propone una adición al artículo 42 para que se considere causa de nulidad de las concesiones o asignaciones mineras en territorios indígenas la contaminación grave del hábitat y recursos naturales de dichos territorios. Y cuarto, considero necesario adicionar un artículo, que será el 28 Bis de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para establecer que la evaluación del impacto ambiental para las actividades mineras incluya componentes como el grado de afectación que dichas obras pueden tener sobre las formas de vida de los pueblos indígenas y sus comunidades. Es por ello que hago un llamado a mis compañeros y compañeras legisladores, para que seamos conscientes de la situación en la que se encuentran nuestras comunidades indígenas ante la lucrosa industria minera y que por medio de mecanismos legales garanticemos sus derechos, ya que es la consigna de los que hoy somos mayoría en este Congreso. Luchemos por la igualdad y el bienestar de nuestros pueblos indígenas. Es cuanto, señor presidente.