EL DIP. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: He pedido la palabra para proponer a esta soberanía una iniciativa de ley que incluya en nuestra Constitución, el derecho a la alimentación. Lo hago en el marco de dos conmemoraciones establecidas por las Naciones Unidas, que tienen un profundo significado para la humanidad y nuestro país; me refiere al Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora cada 16 de octubre y al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza fijado para el 17 del mismo mes. Es de una gran trascendencia social el hecho de que la organización de la Naciones Unidas haya convocado a la Comunicad Internacional a unir sus esfuerzos para combatir estos graves fenómenos que atentan contra la dignidad de las personas. Porque el hambre es, sin duda, un producto de la pobreza y ambos la expresión descarnada de injusticia y de graves e intolerables desigualdades sociales. Esas conmemoraciones, establecidas para movilizar las conciencias, nos motivan una sencilla pero profunda reflexión. ¿Cómo lograr que la sociedad entera tome conciencia sobre las dimensiones de problema alimentario en el mundo y desarrolle el sentido de la solidaridad nacional e internacional en la lucha contra la pobreza y sus funestas consecuencias? ¿Cómo resolver el problema moral que tiene la terrible y paradójica coexistencia de la miseria y la abundancia y asegurar el más sagrado de los derechos humanos, el derecho a la vida y por lo tanto al sustento? Las metas fijadas por la FAO, por disminuir en sólo dos decenios un 50% de los 840 millones de seres humanos que padecen hambre en el mundo, se han quedado en el terreno de los buenos propósitos. La realidad, es que cada día va aumentando el número de personas que carecen de alimentos para sobrevivir; es una paradoja que mientras las modernas tecnologías de producción agrícola nos permiten producir alimentos con un mínimo de dos mil 700 calorías diarias per cápita para 12 mil millones de seres humanos, casi el doble de los seis mil 200 millones que hoy pueblan el planeta, nos encontremos ante la más dramática realidad de la injusta distribución de la riqueza que demerita ese esfuerzo productivo y tecnológico. Otra cifra trágica nos muestra que cada año más de 30 millones de personas mueren de hambre en el mundo. En México, según cifras oficiales, en comunidades rurales de entre 300 y tres mil 500 habitantes, se da una incidencia de más del 60% de niños que padecen algún grado de desnutrición. Se estima que cada año 870 de estos menores fallecen a causa de la desnutrición o como consecuencia de la misma. El problema del hambre en México no es, como hemos visto, una cuestión de insuficiente producción de alimentos, sino el resultado de su deficiente distribución y del injusto reparto del ingreso. Por eso, es urgente e indispensable ubicar el problema de la pobreza y el hambre como un compromiso irrenunciable del gobierno y de toda la sociedad, para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria de los mexicanos. Por eso es imperativo en México proponer acciones y políticas de Estado, que asuman con el rango de interés público, la obligación de ofrecer estímulos y apoyos suficientes a los sectores productivos del campo. Hasta ahora, los programas asistencialistas no han solucionado el problema de los pobres, porque no combaten las causas, sino maquillan la enfermedad. Hoy más que nunca, por eso urge elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación y nos corresponde a nosotros como legisladores asumir con responsabilidad el más importante imperativo ético de nuestro tiempo. Este imperativo supone una política de Estado que haga más productivo y eficiente el campo mexicano, implica avanzar con pasos firmes en los apoyos para su reconstrucción y activas su economía. Incluye, también, una mejor distribución del ingreso y la riqueza que comprenda, sobre todo, a los pueblos indios que hasta ahora son los que más padecen hambre y desnutrición, injusticia, indiscriminación. Pero si bien es cierto que la pobreza de México se concentra hoy en el campo, también golpea con fuerza a las ciudades del país. No podemos ignorar la íntima relación que existe entre la violencia y la inseguridad que hoy campean en las ciudades, con su brusco crecimiento propiciado principalmente por el éxodo rural y con su convulsión social ocasionada por el desempleo, la insolidaridad y las escasas oportunidades para asegurar un futuro digno. Hasta ahora, la dura realidad del desempleo que se percibe en el cierre de 300 empresas diarias en nuestro país en los últimos meses y la impotencia de las políticas y programas gubernamentales para enfrentar el gramo social de la pobreza, no es sólo ciertamente en nuestro país, sino es un fenómeno mundial. Las mediciones de la pobreza indican que mil 200 millones de personas viven con menos de un dólar diario, 100 millones de niños no van a la escuela debido a la pobreza, 854 millones de adultos son analfabetas, de los cuales 543 millones son mujeres. En América Latina 225 millones viven en condiciones de pobreza extrema y en nuestro país más de 53% sufre sus consecuencias; 24 millones de mexicanos perciben menos de un dólar y medio diario en el campo y por tanto, sufren pobreza alimentaria. Frente a estas cifras, no puede pasar desapercibido otro dato que golpea nuestra conciencia, las tres personas más ricas del mundo poseen un afortuna superior a la suma de los productos internos brutos de los 48 países más pobres; es decir, de la cuarta parte total de los estados en el mundo. Este panorama sombrío plantea desafíos inescapables a todos los gobiernos ya la sociedad entera de todas las naciones. Pienso que ha llegado el momento de no quedarnos en las simples reflexiones. Por eso vengo a proponer a esta Soberanía una iniciativa de ley que propone llenar un gran vacío incorporando a la Constitución un mandato que obligue a nuestros gobiernos en sus tres órdenes, cualquiera que sea su signo político y partidario, a emprender y mantener acciones efectivas para erradicar definitivamente el hambre, la mal nutrición y sobre todo, las causas fundamentales de esos flagelos; la pobreza y las extremas desigualdades sociales. Es una iniciativa que convierte en mandato constitucional el derecho a la alimentación, es decir, el derecho de todos y de cada uno de los mexicanos, de contar con los recursos necesarios para gozar de una alimentación suficiente en calidad y cantidad, para garantizar su existencia y su desarrollo pleno y saludable. Incluye la obligación del Estado de garantizar por todos los medios a su alcance, la seguridad y la soberanía alimentaria de la Nación, por encima de cualquier circunstancia, tratado internacional o interés que atente contra las mismas. Creo compañeros diputados, que ésta es hoy la mejor contribución que podemos hacer los mexicanos al esfuerzo de las Naciones Unidas en su lucha para asegurar la alimentación para todos. Por eso hoy, para conmemora el "Día Mundial de la Alimentación" y el de la "Erradicación de la Pobreza", planteo en mi iniciativa que se adicione en el artículo 4o. constitucional el siguiente párrafo: "Todos los mexicanos tienen derecho a una alimentación sana y suficiente para garantizar su existencia y su pleno desarrollo físico y mental. El Estado proveerá lo necesario y tomará las providencias pertinentes, estableciendo políticas públicas que atiendan esta garantía, con prioridad sobre otras necesidades colectivas". Hago entrega de esta iniciativa a la secretaría señor presidente. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputados. Túrnese a la Comisión de Desarrollo Social. Continúe la secretaría. -DIP. SECRETARIO MARCOS MORALES TORRES: (Oficio de la Secretaría de Gobernación que remite copia de la contestación del Coordinador de Proyectos Interinstitucionales de la Dirección de Vinculación Social de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León) -PRESIDENTE: Remítase copia a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento. -DIP. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: (Oficio de la Secretaría de Gobernación de los CC. Alfa Sol Ceceña Castro Arturo Martínez Avila Ignacio Cortés Llamas Magdalena Mendoza Mendoza Edith Islas Pineda Gabriela E. Mucharraz Gómez Marco Antonio Serrano Sánchez Liliana Rocha Guerrero) -PRESIDENTE: Por lo que se refiere a las solicitudes de permiso, recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnense a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. En relación con la iniciativa presentada por el señor diputado Luis Antonio Ramírez Pineda, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y por tratarse de una reforma constitucional se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Roberto Antonio Marrufo Torres, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que se exhorte al Ejecutivo Federal y a la Comisión Nacional del Agua a que cumplan en sus términos con el trasvase correspondiente, según acuerdo pactado en la reunión del Consejo Técnico de la cuenca Lerma-Chapala, el pasado noviembre de 2002, por la cantidad de 280 millones de metros cúbicos.