La diputada Paulina Rubio Fernández: Quisiera primeramente destacar la labor de la Comisión de Justicia en este ejercicio en el que de manera unánime aprobamos esta iniciativa que fue propuesta por el diputado Elías Lixa, por la diputada Lizbeth Mata y por la diputada Amairany. Creo que es un gran paso el que estamos dando y yo quisiera resaltar tres puntos importantes, miren, el primero de ellos es que quisiera resaltar la importancia que reviste hoy más que nunca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la función que hacen como garante de la Constitución y de los derechos de los ciudadanos es sumamente relevante, por lo que desde aquí, desde esta tribuna, le enviamos nuestro agradecimiento y nuestra felicitación a la ministra Norma Piña, quien por supuesto que ha desempeñado su función con total apego a la ley. El segundo de ellos, el segundo de los puntos, es que me gustaría que analizáramos el contexto en el que se da esta iniciativa y la aprobación, bueno, esta iniciativa viene a razón de la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para declarar inconstitucionales estos artículos. Estos artículos que fueron contenidos en una iniciativa de reforma absoluta a la Ley de la Fiscalía General de la República y a otros ordenamientos en donde justamente se aprobó, así como estamos ahorita unos días antes de que terminara la legislatura pasada, la Legislatura LXIV. En ese entonces, esta reforma votada por mayoría con Morena y sus aliados y por Movimiento Ciudadano en donde no advirtieron que se estaba contraviniendo un derecho humano, el derecho a la privacidad, a la privacidad a la que todos tenemos derecho. Entonces, entramos en materia de cuál es el contenido de esta iniciativa y de este dictamen que hoy se está aprobando. El tema es el siguiente, resulta que se le quitó el candado que tenía en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley de Instituciones de Crédito para que las fiscalías requirieran información bancaria y que no mediara una orden judicial de por medio. Es decir, las fiscalías en cualquier momento y a cualquier hora podían solicitar de manera administrativa información bancaria de los ciudadanos para conjuntar el expediente de los procedimientos penales. Por supuesto que esto vulnera, vulnera el principio de privacidad de los ciudadanos y sobre todo nos preocupaba mucho porque no podemos mentir, las fiscalías han estado siendo utilizadas con fines de persecución política y por supuesto que este era un grave, grave error y una invasión en la privacidad de las personas y, por supuesto que tenía que arreglarse. Así que esta iniciativa lo que hace es devolver, justamente, la necesidad de que medie una orden judicial para que entonces la Fiscalía pueda solicitar cualquier información bancaria por parte de las ciudadanas y los ciudadanos. Por eso es que aplaudo mucho que se restituya esta protección a todos nosotros y a todas nosotras, porque era justo y necesario. Sabemos que, en muchos de los casos, las fiscalías han sido utilizadas y bueno, pues han salido también de ahí fiscales que han sido candidatos, que ahora están postulándose por algún partido político y, por supuesto que necesitamos tener la certeza de que la información de las y los mexicanos no iba a ser utilizada con fines políticos. Así que aplaudo mucho que hoy vayamos a aprobar esta iniciativa, que se le restituya la protección a las y los ciudadanos y que entonces, para solicitar esta información se requiera una orden judicial y si no, no puede solicitarse. Es cuanto. Muchísimas gracias.