La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, hablar de la política social es hablar de la población más desafortunada y vulnerable del país. Existen importantes carencias en amplios sectores de la población, lo que representa un reto para la política social del gobierno. Se reconocen avances, pero un ejercicio efectivo de los derechos sociales requiere de un desarrollo integral que requiere México y debe superar las visiones asistenciales si queremos superar los umbrales de la pobreza que existen actualmente. La actual situación nos obliga a adquirir un compromiso de trabajo mayor y permanente de los órdenes de gobierno para mejorar e incentivar el bienestar y los accesos de los distintos derechos sociales de nuestra población. No podemos menospreciar el trabajo que durante un año ha realizado la presente administración federal como fue la implementación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, de la permanencia del Programa de Desarrollo Humano Oportunidades, del Programa de Grupo de Atenciones Prioritarias, del Programa de Seguro de Vida para Jefas de Familia, entre otros. Pero debemos reconocer que aún falta mucho por hacer, por lo que tenemos que aprovechar cualquier momento para la reflexión. Ello nos permitirá identificar las necesidades que prevalecen sobre la política social. No perdamos de vista a analizar la veracidad de información para una mejor toma de decisiones y preguntémonos todo: ¿qué hemos logrado? ¿Qué se debe mejorar en materia de desarrollo social? Y ¿qué nos falta por hacer? La política social se conforma de programas estratégicos delineados que permitan mejorar la educación, la vivienda, la salud, la seguridad social, el medio ambiente, las condiciones sanitarias y disminuir la discriminación entre nuestra sociedad. Reitero, los retos en materia de desarrollo social existen, por lo que es insuficiente que existan diversos programas y acciones gubernamentales si esto no se traduce en una mejor política pública. El derecho a la alimentación es una obligación del Estado mexicano reconocido en el artículo 4o. constitucional, pero sobre todo en un principio de elemental justicia social que siete millones de mexicanos padezcan de pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación. Es un claro síntoma que en modelo de la política social implementada hasta ahora, ha sido un rotundo fracaso. Por ello, Nueva Alianza reconoce la importancia de la Cruzada Nacional contra el Hambre como un mecanismo de coordinación y colaboración entre los tres órdenes de gobierno, que atiende a la población en esta condición. Sin embargo, consideramos que dicho programa ha generado más dudas y enconos que expectativas reales de poder acabar con la desnutrición de millones y millones de mexicanos. Atender este grave problema requiere más que un programa de corte asistencial, la política social debe proporcionar los satisfactores que permitan una verdadera movilización social que mejore la calidad de vida de todos y cada uno de los mexicanos. El aumento de la población en situación de pobreza entre 2010 y 2012 sitúa en esta condición a 53 millones de mexicanos, además de que 40 millones más están en peligro de caer en la pobreza por sus bajos ingresos o por carecer de accesos a la salud, la educación, la alimentación o la seguridad social. Esta realidad lacerante debe cuestionar no sólo al gobierno, sino como sociedad, lo que hemos hecho para llegar a este punto de depresión social que tenemos hasta el momento. El desempleo, la carestía en los alimentos y la falta de una política social integral deben servirnos para cuestionar la eficacia de la política social. Para el Grupo Nueva Alianza es evidente que el desarrollo social integral es una de las asignaturas pendientes en la agenda nacional. Esto se acentúa en la atención a ciertos grupos de la sociedad, como las mujeres, los indígenas, las personas con discapacidad y los jóvenes. En el caso de las mujeres, la violencia, la falta de atención médica, las escasas oportunidades laborales y educativas siguen siendo asignaturas pendientes en la agenda de género. Algunos datos ilustran esta situación. 47 por ciento de las mujeres de 15 y más han sido víctimas de un incidente de violencia por parte de su novio, compañero o esposo, en algún momento de la relación. En 2012 se cometieron 2 mil 774 homicidios de mujeres; 13 por ciento de nacimientos son de adolescentes entre 15 y 19 años; el 37.8 por ciento de los jóvenes y mujeres no estudian ni trabajan. La realidad de los indígenas muestra la ineficacia de la política social de inclusión. En México la población indígena asciende a 11.3 millones, de los cuales 8.2 se encuentran en situación de pobreza y el 57 por ciento no tienen acceso a instituciones de salud, y el 27.3 por ciento es lamentablemente analfabeta. Por su parte, las personas con discapacidad padecen además de discriminación de la sociedad, el olvido de las políticas sociales. Pobreza y discapacidad se han convertido en los últimos años en un binomio que refleja la omisa realidad en la que vive la mayoría de los 4.5 millones de personas con discapacidad. Entre 2010 y 2012 se presentó un crecimiento absoluto del número de personas con discapacidad en pobreza, al pasar del 2.9 millones a 3.5 millones en pobreza extrema; de 800 mil a mil personas; en rezago educativo se pasó de 3.4 a 3.8 millones; sin seguridad social de 2.9 a 3.1 millones; y sin acceso a alimentación de 2 a 2.2 millones en el mismo periodo. Un futuro sin optimismo es lo que perciben los jóvenes mexicanos y no es para menos, 41 millones de menores de 18 años están en condición de pobreza, 12 millones en pobreza extrema, 13 millones de jóvenes entre 15 y 24 años no van ni asisten a la escuela. Ésta es la realidad imperante en el país, reconocerlo es un primer paso para diseñar políticas eficaces, eficientes e integrales que contribuya a mejorar las condiciones de vida de todos los mexicanos. Un factor fundamental en la política social es la educación, como factor de movilidad social el acceso y la permanencia en el sistema educativo es la clave para el desarrollo nacional, por ello coincidimos y apoyamos el propósito de lograr un México con educación de calidad. La reforma educativa reciente aprobada por el Congreso de la Unión, tiene que privilegiar el objetivo de mejorar la educación, restituir su potencial de agencia transformadora en la realidad. Una verdadera calidad educativa se refleja cuando millones de jóvenes que hoy se encuentran excluidos de la educación media superior y superior tengan la oportunidad de estudiar una carrera universitaria, un posgrado o una especialidad. Una verdadera calidad educativa será una realidad cuando la formación y la realización de los jóvenes sean producto de un proyecto educativo nacional y no un esfuerzo individual que destaca la capacidad como lo ha sido hasta este momento. Compañeras y compañeros legisladores, las políticas aplicables en materia han tenido la orientación exclusiva de pretender y resolver los problemas existentes, haciendo caso omiso de la prevención de los mismos, tampoco se ha enfocado a combatir las causas que le dan origen, y por tanto resulta inútil pretender resolver un problema si no se ataca simultáneamente la causa, pues al no hacerlo evidentemente habrá de perseguir nuevamente. Lo anterior, para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reitera la necesidad de aplicar una visión integral y de prevención, para dar soluciones de fondo, definitivas y permanentes para combatir la pobreza que sufren todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.