La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Señor presidente, honorable asamblea: Hace unos días fue publicado una serie de reportajes en el diario El Universal, con testimonios estremecedores de humildes jornaleros mexicanos que soportan en silencio jornadas de hasta 16 horas, muchas veces con temperaturas que les causan insolación y muerte. Son crónicas que golpean nuestra conciencia, pues denuncian la dura realidad de más de 4 millones de mexicanos que salen expulsados de sus tierras empobrecidas, para vender su fuerza de trabajo. Es el trágico destino de 400 mil mexicanos que cada año buscan cruzar la frontera del miedo para trabajar en Estados Unidos y Canadá, y a costa de cualquier sacrificio con tal de ayudar a paliar la miseria de sus familias rotas. No es un ánimo tremendista el que me ha traído a esta tribuna, sino la convicción de no callar, ni guardar silencio ante la explotación, el despojo de la dignidad y el desprecio de la vida de nuestros compatriotas; por cierto, los más pobres, los más vulnerables y los menos protegidos por las políticas públicas y los programas gubernamentales en todos sus niveles. Los más de 12 millones de nuestros compatriotas que ahora viven en Estados Unidos aportan con sus remesas un gran alivio a sus familias, pero también a la economía nacional. Los cerca de 20 mil millones de dólares que envían anualmente, aunque por la recesión hayan disminuido este año hasta un 36 por ciento, son el segundo generador de ingresos para México, después del petróleo. Reconociendo esa realidad, lo que es imposible aceptar es la explotación y el trato discriminatorio y xenofóbico de que son objeto. Sufren trato vejatorio e inhumano que atenta gravemente contra su salud y sus vidas en total indefensión. Para nuestra patria el costo humano es muy alto. En cada emigrante nuestro país está expulsando a sus mejores recursos humanos. Es lamentable que aquí, en nuestra tierra, no les hayamos podido encontrar alternativas y opciones sabiendo lo que podrían aportar a nuestro desarrollo, como lo hacen para la economía de Estados Unidos. Durante el 2008 los migrantes mexicanos pagaron en Estados Unidos 53 mil millones de dólares en impuestos directos e indirectos, monto que representa más del doble de las remesas que enviaron a México en el mismo periodo. La causa social de los jornaleros que trabajan en los campos agrícolas de México, de Estados Unidos y Canadá llama hoy a nuestra sensibilidad social y a nuestra responsabilidad como representantes del pueblo que somos. Ha llegado el momento de revisar a profundidad el marco jurídico que tutela los derechos de los trabajadores del campo. Estamos al mismo tiempo, ante la gran oportunidad para reiniciar una nueva relación con nuestros colegas, los legisladores norteamericanos, y buscar un acuerdo migratorio que reconozca, entre otras cosas, la aportación de los trabajadores mexicanos al desarrollo y crecimiento de la economía norteamericana. Por todas estas razones, señor presidente, me permito presentar el siguiente Punto de acuerdo Único. Solicitar a la Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara de Diputados la creación de una Comisión Especial, y plural, que se encargue de revisar de manera integral la legislación nacional relativa a los jornaleros agrícolas, a sus condiciones de trabajo y a sus derechos que es impostergable proteger y, al mismo tiempo, solicite a las Secretarías de Gobernación, y de Relaciones Exteriores, un informe amplio sobre las acciones que el gobierno mexicano realiza para proteger los derechos de nuestros compatriotas en los campos agrícolas de Estados Unidos, y el avance que se lleva en la negociación de un acuerdo migratorio. Es cuanto, señor presidente.