La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Con su venia, señora Presidenta. La explotación sexual comercial de niños implica el abuso sexual de niños que involucra ventajas financieras para una o varias de las partes que intervienen en la actividad sexual y que puede ser de dos tipos: primero, involucra la transferencia de dinero de un adulto a un niño en intercambio por sexo; y, segundo, involucra la provisión en especie o servicios que un adulto intercambia por sexo con un niño. Cada año, según cifras de la UNICEF, un millón de niños en todo el mundo pasan a engrosar las filas de las víctimas de este comercio. Nuestro país no ha quedado a salvo de este tipo de problemática; hoy en día se estima que en México la cifra de menores de edad víctimas de alguna forma de explotación sexual oscila entre los 16 mil, ubicándose en mayor número en lugares con fuerte migración, zonas turísticas, zonas fronterizas importantes, ciudades grandes y medias que se caracterizan por un bajo nivel de integración y desarraigo de sus habitantes, aunado a un contexto de corrupción y una débil aplicación de las leyes y la existencia de una cultura de permisividad. La prostitución infantil ha llegado a ser considerada como el tercer delito que más riqueza genera en el mundo. Así las cosas, cabe acotar que dicha problemática ha sido bandera de diversas instancias y organizaciones tanto públicas como privadas concentradas en su combate; e incluso ha sido objeto de diversos foros internacionales en donde existen pronunciamientos enérgicos por el combate y denuncia de ésta clase de actos deplorables, inclusive nuestro país ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales al respecto, destacando por ejemplo la Convención de los Derechos del Niño, en el cual se hace presente la condena a la explotación y el comercio sexual de niños. En ésta se establece el compromiso de protegerlos contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Al respecto no se desconoce que con fecha 27 de marzo de 2007 se publicaron diversas reformas y adiciones al Código Penal Federal en materia de explotación sexual infantil, mismas que fueron aprobadas por unanimidad por el Congreso del Unión, con la finalidad de perfeccionar el contenido y alcance del marco jurídico en materia de explotación sexual infantil, sancionando más severamente este tipo de delitos. No se desconoce que dichas reformas constituyen un paso importante en la consolidación de un marco jurídico acorde con la protección legal que necesitan los menores de edad e incapaces, por su condición de vulnerabilidad que presentan; inclusive, cabría decir que dicha reforma es el resultado de diversas propuestas legislativas presentadas por varios grupos parlamentarios, incluido el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Sin embargo, se estima necesario seguir abonando en la construcción de una protección óptima de los menores de edad, presentando reformas legislativas que vengan a complementar y a enriquecer el marco jurídico existente al efecto, a fin de contar con leyes más integrales en la materia. Por lo anterior se estima necesario plantear una serie de adecuaciones al Código Penal Federal, a efecto de perfeccionar las medidas de combate y sanción de este tipo de delitos que afectan el adecuado desarrollo psicosexual de los menores de edad así como, en su caso, de las personas que no tienen la capacidad para conocer el significado del hecho o que no tienen capacidad de resistirlo. Por eso se plantea adicionar un artículo 202 Ter, a efecto de sancionar penalmente a quien realice práctica sexual con persona menor de dieciocho años de edad o quien no tiene la capacidad para comprender el significado del hecho, o capacidad para resistirlo, mediante el pago de dinero, entrega de una cosa o cualquier otro beneficio, sancionando la llamada prostitución infantil. Lo anterior en virtud de que, si bien en la reforma del pasado mes de marzo quedó establecida como delito, en el artículo 203 Bis la realización de cualquier tipo de actos sexuales, reales o simulados, con una o varias personas menores de 18 años de edad, o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo. Dicho tipo penal lo circunscribe a la actualización del llamado turismo sexual, en virtud de que supedita la actualización de los elementos descritos a que éstos hayan sido consecuencia de realizar el turismo sexual, tipificado en el artículo 203 del Código Penal Federal vigente. En este sentido se plantea un tipo penal autónomo e independiente del delito equiparado de turismo sexual, en donde no tenga que acreditarse previamente el mencionado turismo. Para actualizarse la conducta penal bastará, en todo caso, que se realice práctica sexual con personas menores de edad o personas que no tengan capacidad de comprender el hecho o capacidad para resistirlo, a cambio de un pago o cualquier otro beneficio. Por su parte, se adiciona un artículo 278 Bis al Código Penal Federal, a fin de sancionar penalmente a todo aquél que gestione para que una persona que ejerce la patria potestad o la tutela sobre un menor de 18 años de edad preste su consentimiento para la adopción del menor incapaz, sin que se cumplan las disposiciones legales o los tratados internacionales de los que México sea parte, debiéndose imponer una pena de uno a seis años de prisión. Asimismo, se amplía la tutela del menor de edad al sancionarse el tráfico de menores de 18 años de edad, en lugar de 16 años, a fin de otorgar mayor protección jurídica a todos los menores de edad y dar cumplimiento a lo previsto por el Convenio 182 de la OIT, que incorpora al tutor como posible sujeto activo del tráfico de menores de edad o de personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. Con esta reforma se subsana una omisión considerable en la reforma realizada al efecto el mes de marzo de 2007. Consecuentemente, resulta necesario plantear reformas al Código Penal Federal, al Código Penal Federal de Procedimientos Penales, así como a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para adecuar los reenvíos normativos respectivos. En virtud de lo señalado con anterioridad, el grupo parlamentario del PAN, preocupado por garantizar a los menores de edad y a las personas que no tienen capacidad de comprender el significado del hecho ni capacidad para resistirlo, se pronuncia por toda reforma legislativa que tenga por efecto fortalecer la tutela y el respeto de los derechos fundamentales que les aseguren a este sector vulnerable un desarrollo pleno e integral; así como la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad, toda vez que consideramos que éstos, por su falta de madurez física y mental, necesitan protección y cuidados especiales, incluso la debida protección legal. En razón del tiempo, solicito a la Presidencia se inserte íntegro el texto del decreto en el Diario de los Debates.