La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Muchas gracias. La discusión de hoy en torno al Sistema Nacional Anticorrupción es sin duda un avance para que las malas costumbres que se han arraigado dentro de nuestro sistema político, aunque éstas van más allá de esta reforma constitucional. La problemática en torno al tema recae en la impunidad, la falta de moral política y la insensibilidad social. Antecedentes históricos tenemos muchos: tenemos un país construido a base de grandes prestanombres, mafias cobijadas y protegidas por el mismo sistema político y cupular de México, tenemos a funcionarios acobijados por el mismo fuero que nosotros otorgamos, mientras se siguen saqueando las arcas de los que menos tienen apantallados por sindicatos, como el petrolero, y otros mecanismos que a propósito ignoramos. Desde el mismo Congreso atropellamos los procedimientos legales, en donde en esta misma Legislatura los albazos legislativos se han hecho una característica vergonzosa. Sin duda alguna estamos ante una crisis de credibilidad institucional, derivado del clientelismo y escándalos de corrupción que han inundado la agenda pública de este gobierno federal. Hoy tenemos ejemplos muy claros: los 13 millones de pantallas que se están repartiendo en las zonas de prioridad electoral para el PRI y además los grandes programas sociales que los delegados de Sedesol están repartiendo a diestra y siniestra en los estados donde hay procesos electorales; reformas estructurales que sólo han perjudicado a la sociedad, evidente en su descontento, como el Sindicato de Maestros, como el sindicato petrolero, que en mi estado hoy se prepara un despido de 6 mil trabajadores –eso sí duele y lastima profundamente–, y las cuales generarán grandes negocios no sólo para las esferas cercanas al poder e imposibilitando a los pequeños y medianos empresarios, y los van marcando en un camino a la desaparición con una reforma fiscal que hoy los tiene pegados contra la pared, en donde el gobierno federal está centralizando las grandes licitaciones y está pegándole a las Pymes y a las Mipymes. Si bien es cierto la generalidad de este mal hace suponer a nuestros ciudadanos mexicanos que dichos actos abarcan y llegan a permear a todas las instancias posibles, desde las jerarquías menores hasta la de los altos mandos que llevan a cabo el ejercicio de sus funciones, de tal manera que parecería que nuestros órganos normativos, instituciones y personal incurren en actos de corrupción. Es tiempo de que nuestra Carta Magna disponga de reformas que delimiten lo que anteriormente ha permitido el sistema de quienes, abusando del que suponen es poder, no asuman consecuencias de sus actos y no sean acreedores de las sanciones de las que se hacen merecedores por actividades ilícitas. Consideramos que esto puede ser un buen avance en este largo camino hacia la consolidación de una democracia plena, más no hay que quitar el dedo del renglón ni querer tapar el sol con un dedo; hay que empezar a limpiar las cañerías y las arterias de México sin omisiones ni permisiones y que estos avances en materia constitucional se vean también reflejados en fundamentos secundarios para que su ejercicio permita cerrar el círculo de un estricto, punitivo y efectivo Sistema Nacional Anticorrupción. Para acabar con la corrupción y la impunidad en este país se necesita voluntad, mucha voluntad con mayúscula. Es cuanto, señor presidente.