El diputado Camilo Ramírez Puente: Con su venia, señor presidente. En el 2008 se reformó el texto de la Constitución para convertir a nuestro sistema de justicia en una verdadera figura protectora de las garantías de todos los mexicanos. De esta forma, el arraigo es una herramienta que por mandato constitucional solo puede autorizar la autoridad judicial y siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Asimismo, es importante señalar que la misma Constitución establece que el arraigo procede cuando se trate de delitos de delincuencia organizada. Sumado a esto, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que existe delincuencia organizada cuando tres o más personas se organicen para cometer en forma permanente o reiterada delitos como: terrorismo, acopio y tráfico de armas, tráfico de indocumentados, tráfico de órganos o corrupción de personas menores de 18 años de edad. No obstante, es necesario que nuestras instituciones evolucionen y avancen para que de ninguna manera puedan quedar atrás de las organizaciones criminales, hacer ello, quedarnos atrás rezagados, bien sería así la clara demostración de no responder a las exigencias de nuestro pueblo. Por ello, el dictamen que ahora nos ocupa pretende que la autoridad jurisdiccional pueda decretar el arraigo como condición temporal de permanecer en lugar determinado a una persona señalada como imputada a solicitud del Ministerio Público de la Federación, con las modalidades de lugar, tiempo, forma y medios de realización que estime pertinentes siempre que la persona sobre quien se solicite el arraigo no sea detenida en flagrancia, que sea necesario para el éxito de la investigación, para la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia, sin que esta medida pueda exceder de 40 días y se realice con la vigilancia de la autoridad, la que ejercerá el Ministerio Público bajo su conducción y mando en la investigación. Deseo señalar en este apartado lo siguiente: la figura del arraigo -estoy también convencido, tal y como lo ha hecho el compañero Pedro Vázquez- tiene también sus aristas. No podemos dejar de reconocerlo. Aquí estamos y estaríamos hablando del mal menor en este punto. Creo que ello hay que reconocerlo para no entrar en una discusión que verdaderamente tiene sus pros y sus contras. Creemos que es un acto de responsabilidad de esta Cámara sacar esta figura del arraigo para dar esas garantías. Y por último, sí quisiera ser enfático en que esta Cámara –termino presidente, por favor–. Quisiera ser enfático en que esta Cámara ha dado claras muestras de responsabilidad en este tema. Y así como estamos sacando esta figura de arraigo en este momento, también hace algunos días en sesión previa hemos aprobado también que se juzgue y se sancione a los ministerios públicos que eluden su responsabilidad verdaderamente llevando a cabo investigaciones en las cuales a sabiendas de que no existe un delito o todas las pruebas necesarias, consignan y mantienen detenidos a los sujetos. Esas claras muestras de respeto nos dicen que tenemos nosotros también en este momento la posibilidad que aquellos que decreten arraigos injustificados, podrán ser sancionadas penalmente. Muchas gracias. Gracias presidente.