El diputado Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y Lazo de la Vega: Ciudadano presidente, me permito recordarle que en un parlamento las decisiones no se imponen; se debaten. Y que, conforme al artículo 58 del reglamento debió haber concedido la palabra al diputado que la solicitó y abrir la lista de oradores en pro y en contra de la propuesta que la Mesa presentó. Honorable Congreso de la Unión, expreso mi respeto por todos los legisladores, con independencia de lo que cada uno representa y de la calidad de los procedimientos electorales que los trajeron a este recinto. Hago votos porque seamos dignos de una encomienda histórica. Hace doce años éste fue el epicentro de una democracia naciente. La inconsistencia de los gobernantes, cuando no la traición, condujo a la postración del Estado frente a la oligarquía, a la pérdida de su jurisdicción sobre su territorio y a una agonía económica terminal. El Poder Legislativo se ha hecho, en ocasiones, cómplice de esta tragedia. Por acción o por omisión fue incapaz de remodelar el marco institucional y concretar el equilibrio de poder en rendición de cuentas para abolir las ignominias del pasado. A veces ha encubierto y compartido una corrupción desaforada. Entonces abolimos la hegemonía de un solo partido; hoy no podríamos consentir su restauración clandestina. Jamás acertamos a reconducir al país por una vía de progreso y auténtica libertad; actos secretos descarrilaron la transición, ahondaron la desigualdad e instalaron la supremacía del crimen, el mercantilismo y la desvergüenza. A despecho de los oropeles nos precipitamos en la pendiente de un Estado fallido; irrefutables índices lo demuestran. La ausencia del Ejecutivo, además de ser un desacato constitucional, evidencia el divorcio de los Poderes y el colapso del régimen presidencial. La capacidad remanente de decisión se ha trasladado al Congreso; habremos de ejercerla con serenidad responsable. Enormes tareas nos aguardan: primero, la reconstrucción de la república; el Estado laico es la garantía de nuestras libertades, debemos preservarlo con arrojo y perseverancia. Disponemos de una masa crítica de propuestas culpablemente abandonadas que permitirían la reforma cabal de las instituciones. Si volviésemos a fallar habría que reconvocar a una asamblea constituyente. La distorsión del sistema representativo nos impone restituir el poder a la sociedad, sanear los organismos y procesos electorales e instaurar el debate político y la información objetiva como ejes de la vida democrática; atajar en definitiva los abusos y contubernios de los imperios mediáticos. Perdámosle el miedo al lobo feroz. Establezcamos en la Constitución una entidad autónoma que democratice las concesiones de radio y televisión y regule sus contenidos conforme a los valores e intereses del país. Sólo la creación de ciudadanías y la práctica de una democracia directa podrían disuadir revueltas incontenibles. El referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular, la contraloría social y la revocación del mandato han sido consagrados en ordenamientos estatales. Es urgente implantarlos a nivel nacional. De igual modo, la revisión del pacto federal, las atribuciones soberanas de los municipios y el pleno respeto a las potestades originales de los pueblos indígenas. Innumerable es la lista de pendientes: la creación de un tribunal constitucional, la autonomía del Ministerio Público y de la Auditoría Superior de la Federación, la Constitución del Distrito Federal y remozamiento de la impartición de justicia. Lo esencial es la implantación del estado de derecho y el término de una cadena intolerable de impunidad. Asistimos al naufragio del orden jurídico. Acteal somos todos y los niños calcinados son nuestros. Estamos atrapados en un estado de sitio hipócrita y mortífero. El gobierno reproduce a la delincuencia para compensar vacíos de legitimidad. Se empeña en una guerra perdida, corrompe la función del Ejército y condona los delitos cometidos desde las altas esferas del poder. Trastoca nuestra insigne tradición internacional por un papel de gatilleros mendicantes. Renuncia a nuestro derecho de replantear el Tratado de Libre Comercio en aras de una supeditación económica y estratégica que apenas aplazaría el último estertor. Los vientos de América Latina soplan a favor del cambio en el planeta por una globalidad más justa y en los países emergentes, por espacios combinados de autonomía de realización. Quienes nunca obedecieron el dogma han resistido la intemperie. Sólo México, por desgracia, adolece de proyecto y se ha desvanecido en la competencia mundial. La caída de la economía es vertiginosa e irrefrenable. No se trata de un agujero fiscal, sino de un hoyo negro en la producción y en la moral pública. Mal haríamos en mercadear nuevos impuestos a cambio de baratijas presupuestales. El reto es la clausura del ciclo neoliberal y la instauración de un nuevo modelo de desarrollo. Hemos adelantado una propuesta alternativa y lo haremos en todos los asuntos. No nos degradaremos en arreglos subterráneos. Encarnamos la posición a un bloque retrógrada, respondemos al mandato de un vasto movimiento social. El Partido del Trabajo y las izquierdas consecuentes no sabrán defraudarlo. El dinero hay que tomarlo donde abunda. No arrebatarlo a los desposeídos y negarlo hasta a los braceros. Sino a las grandes empresas que eluden los impuestos, a la banca desnacionalizada, a la alta burocracia que ofende a la sociedad y a los fondos ociosos de las arcas públicas. Empecemos por nuestra propia casa. Reduzcamos concupiscencias y votemos con trasparencia nuestras prerrogativas. La reforma hacendaria es integral, reparto equitativo de fuentes tributarias entre los componentes de la federación, restitución a los municipios de competencias irrenunciables, administración estricta de las cobranzas, supresión de excesos y redundancias, reorientación del gasto por prioridades y sanciones ejemplares a los depredadores del erario. El salvamento comprende la reordenación del sistema bancario y financiero, la reinversión de la infraestructura, el impulso a la agricultura y el despliegue industrial, el ensanchamiento del mercado interno, el combate a los monopolios, la defensa y transformación de los hidrocarburos y recursos primarios, la reconversión energética, la sociedad del conocimiento y las alianzas estratégicas transversales. México demanda un nuevo pacto social, revertir la despoblación migratoria por el empleo formal, el salario en ascenso, la libertad sindical, la exigibilidad de los derechos a la salud, la vivienda, la alimentación, las pensiones y el bienestar, la incorporación de los marginados, la equidad de los géneros, la asunción de la diversidad y la educación universal verdadera y redentora. Sobreviviremos por el valor agregado de la ciencia y la tecnología, la recuperación de nuestro patrimonio físico y cultural, y la defensa vital de la naturaleza. Dejaremos un legado responsable a nuestros hijos por la voluntad de confrontar la desintegración nacional y clausurar la inercia ancestral de la sumisión. Compañeros legisladores, el informe no fue recibido como la ley manda. Todas las constituciones de nuestra historia, incluyendo la vigente, indican la presencia del Ejecutivo el día de apertura del periodo ordinario de sesiones. Su texto exudará probablemente cinismo y resulta irrelevante. Los saldos de la administración son todos negativos, un número de muertos equivalente al de Irak y una proporción de miserables y potentados sin paralelo sobre la Tierra. Increpar aquí los días que vienen a los actores subordinados del desastre sería estéril. Mejor instaurar una profunda reflexión colectiva sobre las causas de la decadencia y sus posibles soluciones, si las hay todavía. Ésta debiera ser el ágora del futuro, abierta a la pluralidad genuina del pensamiento, en modo alguno, la pista de infértiles futurismos personales o regionales. Una clase dirigente ha periclitado. Propiciemos su reemplazo de cara a la juventud y a un mundo desafiante de amenazas y de promesas. Cancelar la esquizofrenia política. El Estado carece de poder; el Ejecutivo, de liderazgo; el Congreso, de competencias; el ciudadano, de representación eficaz. Vivimos un parlamentarismo de hecho que no acabamos de plasmar en la ley. Para reparar los entuertos comencemos, en vez de una aplicación silenciosa, por la dimisión formal de quien ostenta la investidura presidencial. La Constitución prevé en ese caso la formación de un gobierno de mayoría, con capacidad suficiente de convocatoria para sortear la catástrofe, enderezar el rumbo y garantizar, mediante elecciones libres y pacíficas, la devolución del poder a su legítimo titular: el pueblo de México. Conjurar la explosión social y abrir un tiempo nuevo en la historia por el entierro de la simulación y el rescate del orgullo, la identidad y la grandeza nacionales. Un umbral transitable y claro de nuestras celebraciones centenarias. Es todo.