El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Gracias, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados. Quisiera en primer término dejar claro, que vengo a esta tribuna a razonar mi voto en contra del dictamen, mi voto personal, eso no obsta para que reconozca el trabajo que se realiza al interior de las comisiones de este Congreso y en particular el trabajo de la Comisión de Puntos Constitucionales y de su presidente. Hoy, lo que estoy haciendo es hacer uso de mi legítimo derecho como diputado a disentir y a votar en contra de un dictamen que me parece que va en contra evolución histórica. Mi primera pregunta sería ¿por qué renunciamos? Este Congreso de la Unión, ¿por qué renuncia a sus facultades y las transmite gratuitamente al Poder Ejecutivo federal? Lo que hoy estamos discutiendo, el artículo 37 de Nuestra Constitución, en la prohibición expresa de aceptar condecoraciones extranjeras tiene su antecedente más remoto hasta la propia Constitución de Cádiz de 1812. Decía la Constitución de Cádiz de 1812 en su artículo 24, fracción II que se perdía la calidad de ciudadano por admitir empleo de otro gobierno. Después, en el México independiente, paradójicamente entre las innovaciones que tuvieron las Siete Leyes Constitucionalistas nos encontramos que clarifica cómo se pierde la nacionalidad en su artículo 12, y señala en la fracción III que es por alistarse en banderas extranjeras y, en su fracción IV, por aceptar empleos de otro gobierno. Pero dice el artículo 13 de aquellas Siete Leyes Constitucionales que se pierde la cualidad de mexicano, pero que puede obtener rehabilitación por el Congreso en los casos y con los requisitos que establezcan las leyes. Es la primera vez que en nuestra historia constitucional se habla de la participación del Congreso en el caso de la ciudadanía. Posteriormente en las bases orgánicas de 1846, el artículo 16 también señala la pérdida de nacionalidad en su fracción III por aceptar empleo o condecoración de otro gobierno sin permiso del Congreso –dicen aquellas bases orgánicas de 1846. Y al igual que lo hacía su antecesora centralista, las Siete Leyes Constitucionales, en el artículo 17 vuelve a establecer la facultad del congreso para rehabilitar la calidad de ciudadano. Posteriormente –como aquí lo ha dicho de manera muy clara el diputado Monreal- en la Constitución de 1857 se establece este artículo 37 que hoy estamos debatiendo. Decía aquél artículo 37 en su fracción II: Por servir oficialmente al gobierno de otro país o admitir de él condecoraciones, títulos o funciones sin previa licencia del Congreso federal, exceptuándose los títulos literarios, científicos y humanitarios que pueden aceptarse libremente. Como ven ustedes, estamos frente a la reforma de un artículo que tiene una génesis en nuestra historia constitucional. Aquí se viene a argumentar de manera frívola con cifras, porque dicen que es demasiada la carga de trabajo de las comisiones. Si vamos a empezar a caer en esas frivolidades en ese Congreso, a la mejor mañana desaparecemos la glosa del informe porque es mucho el papel que se gasta haciendo los documentos. Decir con las cifras que de 400 solicitudes que se presentaron en las Legislaturas anteriores sólo una fue rechazada, es no decir la verdad, porque una de esas condecoraciones, de esos permisos para portar condecoraciones, que se negó, fue al titular del Poder Ejecutivo federal. Tal vez por eso la prisa de hacer esta reforma, una reforma caprichosa que va en contra de nuestros antecedentes históricos. Si la Constitución de 1837 preveía la rehabilitación de la ciudadanía por el Congreso, era el reconocimiento a que era la soberanía popular en este Congreso la que tenía que definir sobre un tema tan importante. Y la evolución que vimos en 1857 era una medida preventiva para no perder la ciudadanía que fuera el propio Congreso federal el que se pronunciara por permitir que se usara una condecoración o que se sirviera a un gobierno extranjero. Es una pena que estemos aprobando una reforma que limita las facultades de este Congreso, que las transfiere, sin argumentación mayor al Poder Ejecutivo y que permite la subordinación de ciudadanos mexicanos de manera literal, a potencias, a naciones extranjeras por el uso de condecoraciones o títulos sin haber pasado por este Congreso que es depositario de la representación popular y que indirectamente a través de nosotros eran las ciudadanas y los ciudadanos mexicanos quienes otorgaban su venia y su beneplácito para el uso de estas condecoraciones. Qué lamentable. Por eso mi voto va a ser en contra. Es cuanto, ciudadano presidente.