El diputado Joel Padilla Peña: Con el permiso de la Presidencia; señor secretario de Gobernación; compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna con el propósito de formular una serie de reflexiones sobre los acontecimientos ocurridos en el país en los últimos días. En primer lugar, nos preocupa que personas vinculadas con el crimen organizado tengan la capacidad de infiltrar las áreas más cercanas a las actividades del Presidente de la República desde la Secretaría Particular. Entendemos que el narcotráfico es una actividad que tiene la capacidad de retar al Estado mexicano, y esto es algo que no podemos permitir. La Ley de Seguridad Nacional define como amenazas contra la seguridad nacional los actos que impidan a las autoridades actuar contra la delincuencia organizada. Por tanto, al ser usted secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional le corresponde informar a esta soberanía de la capacidad de respuesta que tiene el Estado mexicano para combatir el narcotráfico y derrotarlo. No podemos soslayar el hecho de que miles de jóvenes mexicanos son adictos y que México ha pasado de ser un país productor de estupefacientes a gran consumidor de estos productos. Queremos que nos responda puntualmente: ¿qué medidas están instrumentando para evitar que desde el servicio público se pueda favorecer, como ha ocurrido, a un grupo de narcotraficantes? Las instituciones encargadas de combatir esta delincuencia fueron infiltradas y ahora lo es la propia Presidencia de la República. ¿Nahum Acosta fue el único o hay más? Nos interesa saber qué medidas están tomando para evitar la internación en nuestro país de armas tan sofisticadas que se encuentran en poder de las organizaciones delictivas y que, por su capacidad de fuego, son un reto hasta para el propio Ejército Mexicano. Señor secretario: en estos tiempos políticos de sucesión presidencial adelantada es necesario que usted aclare a la sociedad si en su papel de secretario de Gobernación actúa como responsable de la política interior, o bien, como precandidato presidencial. Espero que a mí sí me responda lo que al orador anterior no pudo responder y si los recursos institucionales de que se dispone desde la Secretaría de Gobernación son usados para la realización de una función pública, o bien, como en el caso del Cisen, para realizar tareas de espionaje contra los actores políticos. Por otro lado, estamos seguros de que la tarea emprendida desde el gobierno para intentar inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República será en detrimento de la consolidación democrática de este país. No podemos soslayar el hecho de que la Procuraduría General de la República es la que formalmente solicita a esta soberanía el retiro de la protección constitucional del jefe de gobierno y que esta solicitud será después de una reunión del Presidente de la República con el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro, usted nos dirá que la resolución final está en manos de los diputados, pero debemos recordarles que fue el Gobierno Federal el que inició esta persecución política. ¿Cómo creer en una Reforma del Estado impulsada desde el gobierno cuando a millones de mexicanos se pretende impedir su derecho al sufragio a favor de Andrés Manuel López Obrador, si la pretensión del gobierno es inhabilitarlo para contender como candidato en la próxima elección presidencial? El grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera que aún hay tiempo de impulsar reformas que democraticen la democracia, aún hay tiempo de dotar a la ciudadanía de elementos de control sobre quienes ejercen la función de gobierno. Creemos que aún es posible impulsar de las varias figuras de la democracia semidirecta al menos la iniciativa popular y el referéndum. Transitamos hacia el proceso electoral del año 2006 en una plena sucesión adelantada. En el marco electoral, es pertinente reformar el Cofipe para establecer con precisión un control más eficaz de los recursos con que operan las precampañas: no podemos permitir que fuentes de financiamiento irregular con intereses inconfesables sean las que impongan a los candidatos. Legalidad y legitimidad son dos premisas fundamentales para acceder al poder público. Sin ellas, de origen, cualquiera que gane en 2006 iniciará mal su mandato. Señor secretario: a la dependencia que usted representa corresponde conocer de las demandas de múltiples organizaciones ciudadanas por la insensibilidad gubernamental para atender las demandas que ellas presentan. En particular, nos referimos a las marchas que miles de campesinos de diferentes zonas del país han realizado para protestar por incumplimiento de los compromisos gubernamentales en el Acuerdo Nacional para el Campo. México no tendrá paz si no hay paz en el campo mexicano. México no tendrá un desarrollo adecuado si los campesinos mexicanos viven en la miseria. Por eso le solicitamos que la Secretaría de Gobernación reciba con la mayor brevedad a los representantes de las ocho organizaciones campesinas y que se instale en la Secretaría de Gobernación una mesa de análisis y seguimiento de los compromisos para el campo y, sobre todo, que se cumplan dichos acuerdos. Ustedes tienen la responsabilidad de instrumentar en la esfera administrativa muchas medidas que tiendan a paliar los graves problemas que afrontan nuestros productores. Señor secretario: al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo corresponde participar en el proceso legislativo. Por ello es necesario que estos dos poderes públicos trabajen coordinadamente en la definición de una agenda legislativa común que permita a la sociedad contar con instrumentos jurídicos adecuados, que resuelvan problemáticas concretas. Debemos superar ya la etapa de la denostación. A fin de cuentas, el Poder Legislativo cumple en estricto sentido su responsabilidad constitucional de aprobar leyes, pero no puede ser que el Legislativo sea continuamente desacreditado desde el gobierno. Estamos seguros de que si instrumentamos los mecanismos de comunicación adecuados, tendremos un mejor trabajo legislativo, pero reiteramos para ello es necesaria la comunicación permanente. No se vale que el Ejecutivo primero anuncie en foros internacionales o nacionales las reformas que pretende impulsar y después envíe formalmente a las Cámaras del Congreso proyectos bajo la premisa de que "si no los apruebas, no contribuyes al desarrollo del país". Señor secretario: esperamos que su comparecencia ante esta soberanía sea el inicio de una mejor relación entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo. Por sus respuestas, muchas gracias.