El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: No, no es indefendible, compañero. El asunto es que estamos aquí conociendo de un dictamen incompleto. Según el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, lo que tiene que hacer o lo que tendría que haber hecho la Sección Instructora sería lo siguiente: Primero. Determinar si el servidor público, el legislador goza o no de fuero. Dos. Si las conductas las realizó durante su encargo. Tres. La existencia del delito, y Cuatro. La probable responsabilidad. Si uno revisa este dictamen, no hay por parte de la Sección Instructora una motivación, una argumentación jurídica en torno a la existencia del delito o a la probable responsabilidad del infractor; hay un incumplimiento con el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. También, como lo decía en su última parte de la intervención el diputado Encinas, debe haber en este tipo de dictámenes, consideraciones para determinar si las imputaciones, en este caso de la Procuraduría General de la República, son políticas o son jurídicas, porque la institución del desafuero es para proteger a los legisladores, proteger su independencia, su libertad frente a las asechanzas del poder del Ejecutivo, y no hay una sola consideración en el dictamen a este respecto. No hay un análisis si estas imputaciones son de carácter político o son jurídicos, y esto es muy importante porque debemos analizar el caso dentro de un contexto. Los hermeneutas dicen que los textos se leen desde un contexto. Yo me pregunto, por qué solamente en un estado como Michoacán se da el michoacanazo. Yo me pregunto por qué se da esto, este asunto del desafuero en un clima de una gran presión mediática y social, y por qué desde la alternancia en el poder presidencial, los únicos sujetos a procesos de desafuero que han procedido, han sido políticos orientados y pertenecientes a la izquierda de este país. ¿Por qué no hay un procedimiento de desafuero que haya procedido desde la alternancia en el poder presidencial, en contra de un priista, de un panista? ¿Por qué siempre los sujetos imputados de los procedimientos de desafuero son de izquierda? ¿Será que los únicos que cometen delitos son los políticos de izquierda? ¿Y los políticos del PAN no cometen delitos? ¿Y los políticos del PRI no cometen delitos? Vamos a continuar, compañeros. El dictamen es lamentable. Si ustedes lo leen, si lo han leído, hay una cita, una referencia a una tesis aislada de la Suprema Corte que no constituye jurisprudencia, en donde los autores del dictamen sostienen que lo que debe hacer la Sección Instructora y este pleno, son ponderaciones políticas. Esto no es una ponderación política. Esto es o constituye un acto de autoridad; y los actos de autoridad, como tales, deben fundarse y motivarse. Si ustedes revisan el dictamen, compañeros, no hay una valoración de las pruebas por parte de la Sección Instructora. La Sección Instructora en el dictamen repite, transcribe la valoración que hace la Procuraduría General de la República y transcribe la valoración de las pruebas que hace el imputado. Pero por parte de la Sección Instructora sí hay una relación, un índice que aquí está –que quién sabe quién lo habrá leído completo- de las pruebas ofrecidas por las partes, pero estas pruebas no son valoradas. De acuerdo al artículo 17 de la Constitución, en su párrafo segundo, las resoluciones de las autoridades administrativas, legislativas o jurisdiccionales; las resoluciones de autoridad, deben ser completas y exhaustivas. Este dictamen carece de la exhaustividad, de la plenitud que nos demanda el artículo 17 de la Constitución. ¿Les parece poco eso? Dice aquí el diputado César Augusto Santiago que se trata esta decisión de un acto administrativo. ¿Cuál es el fundamento del diputado César Augusto Santiago para decir que se trata de un acto administrativo el procedimiento de desafuero? La cita de un autor. Éste es un acto no administrativo. Esto es un acto constitucional. Deviene del artículo 111 de la Constitución y, por lo tanto, los integrantes de este pleno debemos actuar en consecuencia, actuar constitucionalmente. No es una resolución de trámite. Afecta derechos de una persona. Ciertamente, no podemos prejuzgar en este pleno sobre la responsabilidad o no del diputado Godoy Toscano, pero debemos actuar con responsabilidad y creo que no estamos actuando con responsabilidad. Nadie de nosotros, por lo menos 496 diputados de este pleno, no hemos leído las 40 mil fojas del expediente a las que alude el diputado César Augusto Santiago. ¿Cómo puede una autoridad resolver un asunto sin conocer el expediente, sin haberlo leído, sin haberlo estudiado, sin haberlo valorado?