La diputada Leticia Amparano Gamez: Con su permiso, señora presidenta. Señoras, señores, compañeros diputados y diputadas, el consumo de drogas es un problema de salud pública y representa un desafío para todas las instituciones de salud y procuración de justicia, por el grave impacto social que representan. El uso de sustancias psicoactivas provoca graves consecuencias, no sólo para el individuo que las consume, sino también para la sociedad y la seguridad pública, por sus implicaciones en la comisión de delitos. Lamentablemente el consumo de drogas ha aumentado significativamente en los últimos años, por lo que es urgente ampliar la política de prevención y tratamiento, principalmente hacia los jóvenes, sin olvidar al resto de la población que representa problemas en adicciones. Y para que nos quede muy claro la importancia de esta propuesta, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, el uso de drogas entre los jóvenes entre 12 y 17 años aumentó el 125 por ciento, mientras que las mujeres del mismo rango de edad incrementó el 222 por ciento, un incremento brutal que nos está obligando a hacer propuestas, propuestas de vanguardia, propuestas que realmente vengan a trabajar y a coadyuvar en el esfuerzo de atención en la salud, en las adicciones, para las personas que usan las sustancias psicoactivas. Esta preocupante situación ha propiciado en buena medida que los delitos cometidos por jóvenes hayan aumentado en tres dimensiones principales, infracciones a la ley, delitos que se cometen bajo la influencia de alguna droga y delitos que se cometen para la compra de dichas sustancias. Afortunadamente, hoy en día el enfoque de salud pública a nivel nacional e internacional está basado en la protección de derechos humanos, marcos regulatorios innovadores y participación de la sociedad civil. Una de las estrategias más efectivas que ha demostrado su efectividad para responder a las necesidades de quienes se encuentran en conflicto con la ley y cuyo problema de origen es el consumo de sustancias psicoactivas, lo constituye el programa de justicia terapéutica. La justicia terapéutica es una estrategia alternativa al enjuiciamiento y a la prisión que permita fortalecer los factores de protección para la prevención social de la violencia y la delincuencia, así como incidir en las causas y los factores que la generan, a través de propiciar la cohesión comunitaria y el fortalecimiento del tejido social. La justicia terapéutica integra los servicios de justicia, seguridad pública y salud en la reinserción social efectiva, disminuyendo el consumo de sustancias psicoactivas y la reincidencia delictiva. Abona a la aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversias, mediante una efectiva derivación a servicios de tratamiento integrales, individualizados e interdisciplinarios con énfasis en el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Atiende el consumo de sustancias como un problema de salud, se respeta el derecho de los consumidores de acudir a tratamiento voluntariamente, favoreciendo la adopción de alternativas procesales para consumidores en conflicto con la ley, a través de las cuales se admita que estos consumidores pueden optar por recibir intervenciones y/o tratamiento en lugar de ser procesados, o en su caso, enviados a prisión a purgar penas por su mera posesión o por delitos menores relacionados al consumo de estas sustancias. Por ello, compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que el día de hoy someto a su consideración, por lo que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud, del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ley Nacional de Ejecución Penal y Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes en Materia de Sustancias Psicoactivas, busca consolidar la aplicación efectiva de los mecanismos de justicia terapéutica en todo el país. Buscamos optimizar los procesos de atención y tratamiento por parte de las instancias de procuración y administración de justicia, a través de una efectiva coordinación entre los sistemas de salud y el sistema penal. Queremos evitar que los individuos relacionados con un procedimiento jurídico se conviertan en una carga económica del Estado y, por el contrario, formar ciudadanos económicamente activos, sanos, socialmente responsables. Su aplicación favorecerá la disminución de la reincidencia delictiva, la reincidencia en el consumo de sustancias en esta población y la integración social de al menos 5 mil personas con problema de uso de drogas en conflicto con la ley durante el primer año. Se trata de una iniciativa en favor de los jóvenes, de los jóvenes de México. A favor de una sociedad, una sociedad más sana, pero también más justa. Les pido su valoración a favor de estas reformas para hacer del nuestro un país en donde no se criminalice a las personas por el consumo de ciertas sustancias, sino que hagamos que la justicia opere a favor de ellas con alternativas como las que hoy estoy poniendo sobre la mesa. Queremos un país donde se respete y se haga valer la dignidad de todo. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.