La diputada Yary del Carmen Gebhardt Garduza: Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Asamblea, la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones La Comisión Nacional del Agua, órgano desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, expidió las reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, los cuales se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de abril del año 2003, mismas que fueron modificadas y publicadas respectivamente con fecha 1 de septiembre y 24 de diciembre del 2003. Dichas reglas de operación para los programas de infraestructura hidroagrícola y de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se establecieron con la finalidad de responder a las necesidades de la población rural de México, teniendo como principal objetivo incrementar la cobertura de los servicios de agua potable y saneamiento mediante la construcción de infraestructura con la participación comunitaria organizada, a fin de inducir la sostenibilidad de los servicios. De tal manera que en la regla IV.4.4 denominada Componentes generales de apoyo señala que el apoyo federal, en lo general, podrá ser hasta del 50 por ciento de la inversión convenida con los gobiernos estatales y se complementará con los recursos provenientes de éstos y en su caso de los municipios participantes, hasta alcanzar el 100 por ciento de la inversión requerida. Para las localidades de alta y muy alta marginación, dicho apoyo podrá incrementarse hasta el 60 por ciento del costo. Incluso se prevé que en los casos que la Comisión Nacional del Agua determine —previa justificación del ejecutor y previo dictamen técnico del gerente estatal o regional de la CNA— problemas para la salud de los habitantes por tracoma o de contaminación asociada a contenidos altos de arsénico, los 50 municipios con menor índice de desarrollo humano, reciban el apoyo federal hasta del 100 por ciento y en sus casos y a solicitud del estado y de la CNA, podrá ejecutar las obras. No obstante, el contenido de dicha regla es muy limitado pues en el país existen entidades federativas y municipios con un presupuesto muy reducido, lo que genera que si llegan a ser considerados en dicho programa, no cuentan con los recursos económicos suficientes para completar el costo de las obras hidráulicas, lo que obliga a que sean reintegrados a la Tesorería de la Federación los recursos federales que se encuentren autorizados y no sean devengados al 31 de diciembre de cada año. Acorde a lo establecido por el artículo 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación, esta situación ya ha ocurrido en nuestro estado, Chiapas, uno de los más pobres del país, en donde se regresaron 90 millones de pesos por esta limitación, este último año. Con lo anterior, millones de pesos que se encuentran etiquetados para atender las necesidades de varias comunidades indígenas pobres del país se deben reintegrar a las arcas públicas. Esta situación es inadmisible si tomamos en cuenta que según diversos informes sobre Desarrollo Humano, entre los que destaca el realizado por el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo, se tiene que los municipios indígenas de México presentan grados de subdesarrollo similares a los países más pobres de África; y si a lo anterior le agregamos que los pocos recursos destinados a mejorar la vida de dichas comunidades no son ejercidos, la situación se vuelve caótica y lamentable. Por lo anterior, es evidente la necesidad de reformar la regla cuarta 4.4 en el apartado relativo a los componentes generales de apoyo, contenido en el apartado cuarto 4.4 en su párrafo segundo y tercero, para poder incluir en el apoyo federal de hasta un 100 por ciento del programa a los 100 municipios con menor índice de desarrollo humano, así como darle prioridad a los gobiernos estatales de mayor marginación, proponiéndose para tal efecto el siguiente texto: El apoyo general federal, en lo general podrá ser hasta del 70 por ciento de la inversión convenida con los gobiernos estatales de mayor marginación y se complementará con los recursos provenientes de éstos y en su caso, de los municipios participantes, alcanzará el 100 por ciento de la inversión requerida para localidades de alta y muy alta marginación. Por lo tanto, como diputados federales es nuestro deber ser garantes de los intereses del pueblo y atender esta problemática, ya que las condiciones en las que viven las comunidades indígenas de nuestro país son indignantes. Por lo anterior, ponemos a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de acuerdo Único. Exhortar al titular del Ejecutivo federal para que instruya a la Semarnat, a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Nacional del Agua, para que se modifique la regla cuarta 4.4, relativa a los componentes generales de apoyo por lo que compete al Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales, en los términos contenidos en las consideraciones de este punto de acuerdo. Es cuanto, señora Presidenta.