La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Con su venia, señor presidente. En junio de 2009 el presidente Calderón anunció la activación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana. La falta de claridad sobre aspectos esenciales de esta iniciativa generó de inmediato diversas inquietudes por parte del Poder Legislativo, órganos autónomos, partidos políticos y sociedad civil. Se afirma desde entonces, con razón, que la medida desconocía la nueva realidad política del país implicando una innecesaria e inexplicable duplicidad de esfuerzos, recursos y experiencia con el de otras instituciones y que evidenciaba una discrecional y poco entendible urgencia por agilizar el proyecto. El Congreso de la Unión siendo sensible a la expresión de estas inquietudes generó sendos exhortos para que el gobierno federal retuviera la implementación de esta iniciativa. Más aún. El pleno de la Cámara de Diputados decidió la constitución de un grupo plural de trabajo a efecto de escuchar todas las posturas sobre el tema y de esta forma impulsar los cambios legislativos pertinentes. Sin embargo, la Secretaría de Gobernación anunció en días recientes que el proyecto de emisión de la cédula de identidad personal es un proyecto autorizado, en proceso de ejecución y que en el plazo más breve iniciará su emisión. Anunció también que cuenta con un presupuesto autorizado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011 que le habrá de permitir la emisión, en una primera etapa, de la cédula de identidad para los menores de entre 4 y 16 años. Este anuncio ha generado serias dudas en amplios sectores sociales. El proyecto de cédula de identidad personal es, en efecto, una atribución que la Ley General de Población, desde sus reformas de 1994, encomendó a la Secretaría de Gobernación y que esta atribución no se ha podido ejercer, ante la problemática social que representa el garantizar el manejo confidencial de la información de este registro que, sin duda, será el más importante en el país. Los instrumentos de identificación personal con los que hasta el momento cuenta ahora el país son múltiples y se han generado y evolucionado de una manera desorganizada y carentes de instrumentos, de coordinación y unicidad de metas y objetivos. Iniciar un nuevo registro poblacional debe considerar los avances y problemas que enfrentan otros registros de similar naturaleza, objetivos y efectos, como son los registros civiles, de competencia local, los registros de vacunación, los registros de extranjeros, el Registro Único de Población, los registros de la cancillería y el Registro Federal de Electores, entre otros. A modo de ejemplo, baste decir que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos ha hecho públicos una serie de argumentos que subrayan los riesgos de avanzar en la línea propuesta en este programa gubernamental. Por lo que se refiere al Instituto Federal Electoral, su situación es similar con respecto a la cédula de identidad personal. Al IFE le preocupan varios temas y así lo han externado y no pueden dejarse de lado como son: la duplicidad de esa cédula, con la credencial de elector para votar con fotografía, el doble gasto que implicaría la emisión de una nueva herramienta de identificación personal y la preocupación porque la nueva cédula pueda desplazar la importancia de la credencial de elector, afectar el padrón de nacional de electores y, desde luego, el impacto que en materia de ejercicio de sus derechos políticos pueda tener la cédula para los ciudadanos. Por otro lado, la Secretaría de Gobernación ha anunciado que el costo aproximado de la expedición de la cédula para menores de edad será poco más de 300 millones de pesos. Esto último llama poderosamente nuestra atención, pues en el Presupuesto de Egresos para este año, los diputados federales no aprobamos dichos recursos. Desde el 2010 en el marco de análisis, modificación y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, los diputados reasignamos los recursos que el gobierno federal proponía originalmente para el proyecto de la cédula. El Congreso de la Unión, a través de la Comisión Permanente, reitera que este tema debe pasar por una integral, profunda, razonada y responsable deliberación centrada en los aspectos vinculados con el ejercicio de las funciones del Estado y la distribución competencial que hace la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de ella. Reiteramos nuestra coincidencia plena con la necesidad de fortalecer los documentos de identificación. Sin embargo, insistimos en la necesidad de no incurrir en conductas unilaterales que conduzcan a la improvisación y que arrastren a una implementación irresponsable de uno de los proyectos más importantes para el Estado mexicano. Por lo anteriormente expuesto se somete a la consideración de esta asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Primero. Se exhorta respetuosamente al Ejecutivo federal por conducto de la Secretaría de Gobernación para que se abstenga de implementar, instrumentar y aplicar cualquier medida tendiente a la puesta en marcha del proyecto de la cédula de identidad ciudadana, hasta en tanto no haga llegar a ambas Cámaras del Congreso de la Unión toda información técnica, jurídica, económica y administrativa necesaria sobre el tema, incluyendo las proyecciones de impacto social presupuestal y jurídico. Segundo. Cita a comparecer al ciudadano licenciado Francisco Blake Mora, secretario de Gobernación ante la Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión, para que informe a esta soberanía sobre los avances, alcances, fases de implementación y en general, respecto a todo aspecto social jurídico y técnico relacionado con la implementación del proyecto de la cédula de identidad ciudadana. Suscriben el presente punto de acuerdo los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo. Por lo anterior, señor presidente, con fundamento en el artículo 59, solicito y le ruego ponga a consideración del pleno que este punto de acuerdo sea despachado como de urgente u obvia resolución.