La diputada Brenda Velázquez Valdez: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. A partir de una investigación publicada por el periódico The New York Times, con información de Citizen Lab, que demuestra el uso del Malware Pegasus con el objetivo de espiar los teléfonos móviles de periodistas activistas y políticos de oposición. En meses pasados un grupo de periodistas y comunicadores presentaron pruebas sobre el espionaje ilegal que sufrieron ellos e inclusive miembros de su familia por parte del gobierno federal. Según la investigación de Citizen Lab, la mayoría de los nombres de dominio de la infraestructura de la empresa NSO, quien comercializa dicho malware, se encuentran vinculados a México, lo cual en conjunto con otras evidencias presentadas en esta investigación, reafirma que autoridades mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, son clientes de NSO, y que personas en México han sido objetivo de esta forma de vigilancia. El gobierno está facultado para adquirir y utilizar equipo de espionaje bajo los supuestos del artículo 16 constitucional, la Ley de Seguridad Nacional y con la orden judicial correspondiente, la cual nos lleva a que cualquier servidor público que realice, ordene o consienta la realización de intervención de comunicaciones privadas sin recabar la autorización judicial federal correspondiente, debería ser sancionado de manera ejemplar. Es por ello que propongo primero que se dupliquen las sanciones previstas en el Código Penal Federal. Y, segundo, que el espionaje ilegal sea castigado también dentro del Sistema Nacional Anticorrupción, específicamente dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con diversos mecanismos que buscan prevenir los actos de corrupción a través de códigos de ética, protocolos de actuación y mecanismos de autorregulación. La intención de mi propuesta de reforma es adicionar como una falta administrativa grave de los servidores públicos responsables por el uso ilegal de los instrumentos con los que cuenta el Estado mexicano para intervenir comunicaciones privadas para uso exclusivo de la protección de la seguridad nacional, y con el procedimiento estipulado por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. El Sistema Nacional Anticorrupción fue creado como una instancia ciudadana para ejercer una fiscalización independiente al gobierno. Por lo tanto, me parece de la mayor relevancia que esta instancia dirigida por ciudadanos, colabore para detectar y castigar a los servidores públicos que incurran en espionaje ilegal. No podemos permitir que el gobierno federal siga intimidando a los periodistas y a todas aquellas personas que señalen públicamente los actos de corrupción. Tenemos una obligación moral y política de terminar con el gobierno espía por el bien de la democracia y por el bien de la libertad de expresión en México. Es cuanto. Diputada presidenta, le pido de favor si puede ser también turnada para opinión, a la Comisión Especial de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación. Es cuanto.