La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchísimas gracias. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, la maquila es un importante motor para la economía mexicana, para mi estado, Tamaulipas, es fundamental. Y gracias a los beneficios que ofrece a las empresas con mano de obra capacitada y la cercanía con el mercado estadounidense. Hasta noviembre de 2018, existían más de 6 mil maquiladoras con operaciones en territorio nacional, de las cuales, casi el 90 por ciento de ellas se ubican en la frontera norte, según el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index). La propuesta de reforma elimina la referencia a la que la resolución APA no es necesaria para satisfacer los requisitos para operar bajo el régimen de maquiladora, con el supuesto fin de evitar interpretaciones indebidas para los contribuyentes. Sin embargo, tanto la exposición de motivos como el texto de la disposición legal parecieran señalar que en todos los casos las maquiladoras deberán obtener una APA, lo cual consideramos no es la intención, y debiera aclararse. Lo único que estaríamos logrando de no hacerlo, es estropear la generación de empleos en nuestro país. Ahora voy a la reserva al artículo 45 del Código Fiscal. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto lo dice nuestra Carta Magna. Por lo que la reforma que se propone al artículo 45 no solo resulta inconstitucional, sino también inconvencional, y representa otra instauración de terror fiscal del derecho del enemigo al pretender normalizar lo que debería ser excepcional respecto de la intervención del Estado y el cumplimiento de sus funciones. Es importante destacar que las modificaciones sobre las visitas de la autoridad del SAT y las capacidades nuevas que se pretende dotar, al adquirir a través del uso de la tecnología para documentar visualmente la evidencia, vulnere el domicilio, la propiedad privada y genera incertidumbre sobre el aprovechamiento de herramientas que no han sido aseguradas por la ley para emplearse. Consideramos, compañeras y compañeros, que previo a la implementación de esta nueva posibilidad, resulta necesario que se establezcan controles muy claros que permitan salvaguardar la integridad y confidencialidad de los datos personales que se obtengan a través de los medios tecnológicos, como el que únicamente sea a través de medios electrónicos, propiedad del SAT y no personales de los visitadores. Que la información se encuentre protegida en un servidor de la misma institución, que se tengan políticas de asignación de equipos que impidan que existan riesgos a la seguridad de dicha información y que quede perfectamente claro de quién será la responsabilidad si llegará a divulgar esta información, violando el derecho de todas y todos los mexicanos a la intimidad. Estamos seguros de que se puede llegar a un consenso sobre el tema si le otorgamos mayor deliberación y estudiamos experiencias de otros sistemas del mundo que han buscado modernizarse atendiendo al derecho comparado. Pero, sobre todo, compañeras y compañeros, que no vuelva a ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien nos ordene enmendar la plana por violar reiteradamente la Constitución y los tratados internacionales de los cuales México es parte. Es cuanto, diputada presidenta.