El diputado Joel Padilla Peña: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Diputados. Por supuesto que deben votar los mexicanos que se encuentran en el extranjero, por supuesto que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está de acuerdo con la extensión de la democracia más allá de nuestras fronteras, por supuesto que deben de participar en las elecciones y al mismo tiempo, las declaraciones hechas por el Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el Senado de la República y las realizadas por el Secretario de Relaciones Exteriores, demuestran que la posición del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo era correcta y que el P.P. tiene la razón; es decir, el voto de los mexicanos que en el exterior es necesario y en la actual coyuntura electoral completamente inviable ya que no tiene un debido soporte legal, presupuestal ni de infraestructura electoral. El propósito de esta reunión, fue que las señoras y los señores Senadores conocieran el punto de vista de la autoridad electoral respecto de la Minuta de la Cámara de Diputados que defendió y que contiene el Proyecto por el que se Reforman y Adicionan diversas Disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en lo que al voto de mexicanos en el exterior se refiere. El 22 de Febrero pasado esta Soberanía aprobó el Dictamen presentado por las Comisiones de Gobernación y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconoció aquella ocasión el derecho que tienen nuestros connacionales que viven fuera del país para poder participar ejerciendo su derecho al sufragio en la elección del Titular del Poder Ejecutivo Federal. Es un derecho legítimamente ganado, ya que millones de nuestros compatriotas que viven fuera, particularmente en los Estados Unidos de América no se fueron de este país por gusto, lo hicieron porque aquí, en este país, en su patria, el modelo de política económica aplicado desde la década de los ochentas, los obligó a buscar otras fuentes de trabajo que aquí no había, pero nuestros connacionales en el exterior no están desarraigados del país, con las remesas que envían sostienen a sus familias y dan desarrollo a los poblados de donde son originarios. Por desgracia, para México, Estados como Zacatecas, Michoacán, Puebla, Jalisco, entre otros, producen grandes cantidades de migrantes, pero repetimos, estas personas siguen manteniendo estrechos vínculos con México y con sus familias. Por eso reconocemos plenamente el derecho que tienen para votar, ellos merecen todo nuestro respeto y merecen también que se les hable con la verdad. En tal virtud, en la sesión en la que se votó el dictamen en comento, alertamos sobre las serias dificultades que implicaría poner en la práctica las reformas aprobadas. En primer lugar, señalamos que la reforma aprobada tenía todas las características de una Ley extraterritorial y esta característica nos hacía dudar de que otros países del mundo pudieran aceptar que en su ámbito territorial se aplicara una ley de otro estado, máxime que los mexicanos nos hemos opuesto reiteradamente a diversas leyes que tienen esta característica, aprobadas particularmente por el Congreso Norteamericano. Además consideramos inconsistente, el que se dotara al Consejo General del IFE de la facultad para seleccionar en qué países y de éstos en qué ciudades mexicanos en el exterior podían votar. El Artículo 41 cuarto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sufragio universal, libre, secreto y directo. Estamos ciertos de que al contar el IFE con la facultad de seleccionar en qué países y en qué ciudades se pudiera votar, el sólo hecho de seleccionar algún país o ciudad, automáticamente eliminaba a otros mexicanos, el derecho de poder elegir a sus gobernantes, con lo cual se violentaba el principio de sufragio universal. Además , la propia norma fundamental, establece en el Artículo 41 fracción III los principios rectores del IFE, que son: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, y que tal y como quedó en lo aprobado por esta Cámara, dichos principios rectores de la actividad electoral se verían menguados, ya que el IFE carece de la capacidad para actuar, fuera del ámbito territorial del Estado mexicano. Incluso el dictamen aprobado así lo reconoce, en el Artículo Transitorio Segundo que establece: El Instituto Federal Electoral a través de las autoridades nacionales competentes, iniciará las negociaciones con las autoridades extranjeras responsables para establecer los acuerdos necesarios, para realizar la jornada electoral en el extranjero. Esto es, finalmente, el IFE estaría supeditado a que la Secretaría de Relaciones Exteriores, iniciara negociaciones con otros países, para poder aplicar en su territorio una norma jurídica, aprobada por los órganos competentes del Estado mexicano. Aunado a lo anterior, el dictamen, tal y como fue aprobado, no permite una fiscalización objetiva de los recursos gastados en el extranjero, lo que podría llegar a permitir, el que recursos no necesariamente lícitos, pudiera utilizar en este proceso. Pero hay un elemento que destaca de manera trascendente y es el que se refiere a la capacidad del Instituto Federal Electoral, para hacer que casi 10 millones de mexicanos que se encuentran en el exterior pudieran votar. En México la Sección Electoral es, según establece el Artículo 155 Numeral Dos del Cofipe, la fracción territorial de los distritos electorales uninominales, para la inscripción de los ciudadanos en el padrón electoral y la lista nominal de electores, en consecuencia, la Sección Electoral es la cédula básica del sistema de organización electoral en este país. En cambio, se propone en el dictamen aprobado para el extranjero, el modelo de centro de votación, y en este modelo no se tiene una ubicación precisa de Secciones Electorales, máxime que sería difícil o imposible para el UFE contar con una adecuada cartografía electoral. Imaginámonos las dificultades para el IFE de tener credencializar y elaborar listas nominales de electores, de aproximadamente seis millones de mexicanos en los Estados Unidos de Norteamérica además de las dificultades para ubicar los centros de votación y contar con los funcionarios electorales, en un número de casi 170 y dos mil personas, para capacitar, para cubrir aproximadamente 13,500 casillas. El costo que tendría la organización de un proceso electoral en el exterior, según cifras del propio IFE, sería de poco más de 3,557 millones de pesos, 1,338 millones serían para el presente ejercicio fiscal y 2, 219 millones para el presupuesto de 2006. Es pertinente recordar que sólo para 2005 se asignó al IFE una partida especial de 200 millones de pesos, para tomar las acciones necesarias, para organizar el voto de los mexicanos en el extranjero. La desigualdad económica de lo que se requiere respecto de lo aprobado, es más que manifiesta. Compañeras y compañeros legisladores: Nuestro grupo parlamentario, junto con otras fuerzas políticas, fue un firme impulsor de las reformas constitucionales que en 1996 abrieron la puerta para que los mexicanos en el exterior pudieran votar. Como resultado de esta reforma constitucional, el artículo 36 fracción III estableció en el COFIPE que el IFE estudiaría las modalidades para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran ejercer el derecho del sufragio en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos Mexicanos. Desafortunadamente el grupo parlamentario del Partido del Trabajo no consideró ni considera que lo aprobado en esta Cámara y que se encuentra en la colegisladora, haya sido la respuesta adecuada que nuestros connacionales esperaban. Aquí fuimos testigos del júbilo de ellos al declararse aprobada la reforma al COFIPE. Sabemos que con este deseo de muchas décadas de poder participar en la elección del Presidente del país no se debe jugar, por eso resulta de vital importancia que lo que se apruebe en materia de voto de mexicanos en el extranjero sean medidas legislativas que puedan ser aplicadas de manera eficiente. En consecuencia, el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario en esta Cámara de Diputados se pronuncia porque se otorgue a quienes viven fuera del país, en cualquier parte del mundo, el derecho a votar en las elecciones presidenciales del 2006 y subsecuentes, sin embargo, queremos ser enfáticos en que la norma electoral debe facilitar el proceso de elección y no hacerlo faragoso (¿), como finalmente quedó en el dictamen aprobado por esta soberanía. Debemos dotar al IFE de una norma jurídica que sea capaz y que facilite para todos los actores políticos el proceso electoral. Por ello coincidimos con los comentarios emitidos por el Consejo Presidente del IFE; creemos que aún hay tiempo de reencauzar el otorgamiento efectivo del derecho al voto de los mexicanos que se encuentran fuera del territorio nacional. Hacemos un llamado a nuestros compañeros legisladores, a que con madurez iniciemos las reformas legislativas que hagan transitable este propósito. Muchas gracias.