La diputada Mirna Esmeralda Hernández Morales: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro sistema de procuración y aplicación e impartición de justicia enfrenta muchos retos para garantizar la igualdad y equidad de todos los mexicanos y mexicanas para acceder a él. Es cierto que muchos de esos retos se deben a la corrupción, pero también lo que es la situación de que muchas leyes no han sido actualizadas y armonizadas con la rapidez y prontitud deseada. Es por ello que este día el Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, la Comisión de Justicia, a quien agradezco al señor presidente, Ricardo Fidel Pacheco y a todos los integrantes de la misma Comisión de Justicia la oportunidad de estar en esta tribuna, pudiéramos estar presentando esta propuesta. En esa ruta es que avanza el proyecto de modificaciones legales que se presenta en la máxima tribuna del país en esta tarde, y que busca volver obligatorias las medidas de atención que se dejaban al sentido común de los ministerios públicos, jueces y demás autoridades de la aplicación de la ley. Si bien en México cinco de cada 100 habitantes sufren algún tipo de discapacidad, lo que equivale al 5 por ciento de los 113 millones de mexicanas y mexicanos, también lo es que muchas de las leyes no contemplan esta realidad y dejan en desventaja a quienes padecen algún grado de discapacidad auditiva, visual o del habla. Veintisiete por ciento de este 5 por ciento de mexicanas y mexicanos de este porcentaje corresponde a una discapacidad visual, el 12 por ciento a una discapacidad auditiva y el 8 por ciento a una discapacidad del habla o silente. Por ello, mediante la modificación de 17 artículos de los Códigos Penal Federal; Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles, se asegura que las personas con discapacidad auditiva, silente y/o visual tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que las demás. Con estas modificaciones se vuelve obligatorio algo que hasta el momento se dejaba al sentido común y al libre albedrío de las diversas autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, como lo es garantizar el derecho de todo mexicano y mexicana con alguna discapacidad a que sean asistidos gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua o forma de comunicación y traduzcan fielmente las preguntas y contestaciones que haya que transmitir. Asimismo se estipula como condición agravante el hecho de que la discapacidad sea objeto de atentar contra la dignidad humana o se anule o menoscaben los derechos y libertades de las personas. En la Comisión de Justicia estamos seguros que estas modificaciones son de vital importancia para garantizar la equidad para nuestro actual sistema de impartición de justicia y que puedan completar y contemplar los medios de citación y de audiencias adecuadas para las personas que padecen alguna de estas discapacidades. Por ello, en el artículo 74 del Código Federal de Procedimientos Penales se propone contemplar otros medios de citación, en los casos que involucren a personas con discapacidad visual, como lo es mediante el sistema de escritura Braille. Asimismo, en el artículo 87 se propone contemplar la asistencia de un intérprete en las audiencias de declaración preparatoria, en las que sea parte una persona con discapacidad silente o auditiva, dejando en claro que sin la presencia del intérprete no podrá llevarse a cabo dicha audiencia. Se trata, compañeras y compañeros, diputados y diputadas, de un acto de justicia a favor de todas las mexicanas y mexicanos, pues recordemos que ninguno de nosotros estamos exentos de sufrir un accidente o enfermedad que menoscabe nuestras capacidades. Por ello les pedimos, compañeras y compañeros en este pleno, su absoluta confianza para que estas reformas redunden en beneficio de cada uno de los habitantes de nuestro querido país. Muchísimas gracias, por su atención.