El diputado Javier Manzano Salazar: Gracias, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: el dictamen emanado de las Comisiones Unidas de Desarrollo Social, y de Asuntos Indígenas que hoy se presenta nos permite reflexionar sobre las posibilidades y los límites con que se encuentra el trabajo legislativo en algunos temas. En razón de una lógica jurídica impecable, las reformas constitucionales deben dar pie a modificaciones en las leyes reglamentarias, de manera que la reforma en materia indígena decretada en agosto de 2001, mediante la cual se reconocieron y establecieron una serie de derechos relacionados con los pueblos indios de nuestro país, debiera iluminar coherentemente la revisión de la Ley General de Asentamientos Humanos. Además de reproducir, en la fracción III Bis del artículo 2 de la ley en comento, la definición de comunidades integrantes de un pueblo indígena establecida en el artículo 2o. constitucional, los puntos en que se ha considerado pertinente realizar adecuaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos son 1. Establecer el interés público en los programas para mejorar las condiciones de las comunidades integrantes de pueblos indígenas y sus espacios para la convivencia y recreación. 2. Determinar que las entidades federativas y los municipios que promoverán dichos programas lo hagan en consulta con las comunidades mencionadas. 3. Fijar que las entidades federativas convengan con la Federación y los municipios la ejecución de programas especiales de mejoramiento y desarrollo urbano en comunidades integrantes de un pueblo indígena con la consulta a dichas comunidades. 4. Facultar a los municipios para suscribir convenios y acuerdos con las comunidades indígenas en materia de asentamientos humanos. Hay que reconocer que desde las posibilidades del ordenamiento constitucional vigente, estas adecuaciones son viables e incluso positivas, toda vez que intentan ampliar los sujetos de la propia ley haciendo eco del reconocimiento de derechos ya señalado. Pero no olvidemos que el objeto principal de esta ley es asegurar la concurrencia de los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el territorio nacional. En este tenor, recordar que en el debate nacional suscitado por la reforma constitucional de agosto de 2001, amplios sectores de la sociedad, entre ellos diversos sectores indígenas, reclamaron el retroceso en el reconocimiento de derechos colectivos de los pueblos ya plasmados en el ámbito internacional y, en particular, el acotamiento del derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, que hizo de la autonomía una materia de decisiones locales quedando a criterio de los estados su eventual reconocimiento. Los pueblos indígenas requieren históricamente el reconocimiento pleno de sus derechos de libre determinación para representarse y gobernarse como ellos lo desean y para ejercer sus derechos territoriales en igualdad de condiciones con los ámbitos gubernamentales existentes. Desde esta óptica, establecer el interés público en los programas para las comunidades y los pueblos indígenas es insuficiente respecto al reclamo de que se reconozcan los pueblos como entidades de derecho público. Su personalidad jurídica para convenir se limita y se queda como una simple consulta no vinculatoria subordinada a las decisiones de los niveles de gobierno que, como la historia reciente nos enseña, dan prioridad al desarrollo urbano destructor de los territorios, el ambiente y las culturas en que los pueblos han existido. En general, se trata de imponer a los pueblos indígenas el desarrollo urbano, lo cual colisiona negativamente con la cultura de los pueblos indígenas. Por eso, mi postura, el sentido de mi voto y de todo mi grupo parlamentario, responde al compromiso que tenemos con los pueblos indígenas, pero también quiero dejarlo en claro soy respetuoso de las decisiones de mis compañeras y compañeros diputados de la Comisión de Asuntos Indígenas. Cualquier democracia se fortalece con el equilibrio de las mayorías y de las minorías, y el demócrata fortalece su espíritu respetando la decisión de la mayoría sin desgarrarse las vestiduras de mentalidades propias de la anarquía. Desde esta tribuna, diputados y diputadas de los grupos parlamentarios integrantes de la comisión, reitero mis respetos a su actuar político y al sentido de su voto. Muchas gracias.