La diputada Maiella Martha Gabriela Gómez Maldonado: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados. Es muy cierto que donde hay poca justicia es un peligro tener razón; y si no hay razón tampoco hay libertad. Este dictamen, como bien dice su denominación, trata sobre justicia laboral y libertad sindical, y es indudable ante todos que la justica debe existir no sólo dentro del centro de trabajo, entre trabajadores y patrones, son también dentro de las mismas organizaciones sindicales. La justicia se alcanza cuando se respeta y se garantiza adecuadamente un derecho, y por ello celebro que en este dictamen se haya incorporado expresamente que se deben respetar los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso de los trabajadores cuando su sindicato pretenda fincarles algún tipo de responsabilidad, y con el objetivo de construir mejores escenarios de protección a sus derechos humanos, me permito proponerles una complementación al artículo 358 de la Ley Federal del Trabajo, previsto en este dictamen que refuerza el espíritu de justicia sindical. Expongo brevemente el contexto: Hoy en día es sabido que en las organizaciones sindicales existen órganos encargados de investigar y sancionar cualquier infracción de sus estatutos, sin embargo, su normativa no es clara ya que en ocasiones no existe un procedimiento de investigación y sanción ordenado que garantice una defensa adecuada del agremiado ni cuenta con una redacción detallada y limitada de las conductas que puede consistir una infracción. Lo anterior únicamente permite que los agremiados encuentren en riesgo de ser sancionados arbitrariamente al no existir una norma interna que les otorgue certeza jurídica sobre su actuación. Por estos motivos el Poder Judicial de la Federación ha confirmado que los sindicatos deben observar principios constitucionales cuando pretendan iniciar procedimientos sancionadores en contra de sus agremiados, ya que las consecuencias jurídicas que genera como lo son modificar o extinguir sus derechos sindicales de forma unilateral y obligatoria, no deben ser consecuencia de actos arbitrarios, sino de actos en los que se dé la oportunidad al afectado de defenderse de manera adecuada. En otras palabras, para que un órgano sindical pueda aplicar de manera justa una sanción, es indispensable que el trabajador afectado sea previamente oído y vencido en juicio en el cual se cumplan los requisitos esenciales de todo procedimiento como bien señala el dictamen de manera genérica. Atendiendo a ello, la finalidad de esta reserva es precisar primero cuáles son esos requisitos mínimos que deben prever en los estatutos sindicales, y segundo, adicionar la exigencia consistente en que se precisen las conductas que serán sancionadas, buscando generar seguridad jurídica al trabajador y restringir cualquier abuso de esta facultad por parte del sindicato para utilizarlo con fines ajenos a los laborales. En lo que hace a los elementos mínimos que deben garantizarse en todo procedimiento sancionador, se toma como base lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los criterios jurisprudenciales, con lo que se propone: 1. El derecho a ser notificado del inicio de procedimiento y que se le informen los hechos que lo motivaron, así como las pruebas, en las cuales se sustenta la acusación. 2. Un plazo razonable a favor del agremiado para que, a partir de la notificación de la investigación, pueda ofrecer y desahogar oportunamente las pruebas en las que finquen su defensa. 3. La oportunidad del agremiado de alegar. 4. La resolución que dirima las cuestiones debatidas, así como el derecho a impugnarla ante órganos internos de la organización sindical. Como segundo elemento de la reserva se exige que precise con detalle qué conductas consideran infracciones de los estatutos, ya que en muchas ocasiones se establecen como graves tales conductas que el mismo Sindicato considera graves sin detallarlas, lo cual es meramente subjetivo. Y, por ende, cualquier conducta contraproducente a los intereses del grupo de poder dentro de un sindicato, puede considerarse una infracción y motivar a una investigación y sanción en contra de una persona. Es por lo anteriormente expuesto y con la única pretensión de contribuir a una democratización de la justicia sindical como circunstancia indispensable para el disfrute de los derechos fundamentales de los agremiados, es que someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados esta reserva. Muchísimas gracias.