La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores y a quienes nos ven a través de la señal del Canal del Congreso. La presente iniciativa tiene por objeto incentivar al empleador a que regrese a la práctica común de otorgar diversas prestaciones de previsión social a sus trabajadores, sin que esto represente una pérdida para su empresa. Con la reforma fiscal del año pasado se aprobó limitar prestaciones de seguridad social otorgadas por los patrones en favor de sus trabajadoras y trabajadores y las aportaciones a fondos de pensiones. Antes de la reforma, los gastos de previsión social eran 100 por ciento deducibles. Después de esta reforma del año pasado, como todos recordaremos, los pagos de estos que constituyen ingresos exentos para el trabajador y las aportaciones a fondos de pensiones, son gravables para efectos del ISR hasta en un 53 por ciento. Como medida para evitar que se eliminaran o disminuyeran las prestaciones por parte de los patrones, se estableció que cuando el contribuyente disminuyera de un ejercicio a otro las prestaciones exentas otorgadas a sus trabajadores, la deducción sería únicamente del 47 por ciento, como lo establece el artículo 28, fracción XXX. Un tema tan noble como la previsión social, se ha convertido en una carga extraordinaria para los empleadores, lo cual va en detrimento de las prestaciones de previsión social de los empleados. Además, un efecto paralelo de la medida adoptada para 2014, es la inhibición de la creación de empleos, que todos hemos visto. Mario de la Cueva definió a la previsión social como el apoyo económico otorgado a los trabajadores, así como a sus familias en caso de sobrevenir la falta de medios para subsistir por motivos naturales o involuntarios, derivados de accidentes, enfermedades, paros forzosos, invalidez, vejez o fallecimiento. En el derecho mexicano la previsión social emanó como un capítulo del derecho laboral y complementario del derecho individual del trabajo, como se corrobora en el artículo 123 de nuestra Carta Magna. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó en todo momento un impacto positivo de las llamadas reformas estructurales, que se aprobaron en esta Cámara el año pasado, en beneficio del producto interno bruto nacional, pero como lo hemos visto, este no ha sucedido, estas reformas no han traído, hasta el día de hoy, estas grandes reformas estructurales que ya tiene el presidente Peña Nieto, beneficios reales en el bolsillo de las y los trabajadores y de los mexicanos en general. Considero que los potenciales impactos que ha tenido, incluso han sido negativos. Las cifras totales de empleo 2014 no mienten, se redujeron 123 mil plazas, no sólo no se crearon empleos, y claro, eso explica por qué no pudimos también crecer, como se esperaba, y este año al primer trimestre tuvimos pérdidas de 17 mil empleos a marzo, evidentemente algo se está haciendo mal. La política fiscal es muy importante, es crítica, es fundamental para estimular la inversión, pero desgraciadamente con esta reforma fiscal del año pasado se castiga a la inversión y además, evidentemente, también prestaciones tan importantes para los trabajadores, como de las que estamos hablando. En este orden de ideas cabe destacar que la función que cumple la previsión social, en un contexto donde los salarios han perdido su capacidad de compra y así lo ha demostrado la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi y además muchos otros estudios como los del Centro de Análisis Multidisciplinario, de la Facultad de Economía, que señalan que en los últimos 25 años el salario mínimo ha perdido más del 76 por ciento de su poder adquisitivo. Esta situación, aunada con la pérdida de prestaciones que encuadran el contexto de la previsión social, merma la capacidad de los trabajadores de acceder a bienes y servicios que les son no solo útiles sino necesarios. Por eso, es menester plantear el límite de deducción de dichas prestaciones, por lo cual se propone otorgar un crédito al impuesto a cargo de las empresas por el equivalente al impuesto resultante de la no deducción de estos conceptos y hasta por el impuesto retenido de las empresas por sueldos y salarios, con lo cual fomentaremos el empleo bien remunerado. Por lo anteriormente expuesto someto a su consideración el decreto por el que se reforma el título séptimo de la Ley de Impuesto sobre la Renta, adicionando un capítulo VIII y recorriendo los artículos subsecuentes para quedar como sigue: Capítulo VIII de la previsión social. Artículo 196. El patrón que otorgue previsión social a sus trabajadores, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7, párrafo quinto, podrá acceder a un crédito en razón del 53 por ciento del impuesto sobre la renta a los recursos destinados a previsión social en el ejercicio fiscal del que se trate. Decía hace una semana el secretario de Hacienda que esta Cámara, qué barbaridad, que esta Cámara no aprobara más impuestos. Yo diría, sabemos quiénes los mandaron. A la gente no se le engaña. Quienes están allá afuera saben quién los aprobó y qué bancadas los aprobaron. Hoy tenemos la misión histórica de revertir algunos de esos daños que se han hecho a la economía de los trabajadores y a la previsión social. Es cuanto, señora presidenta. Amigas y amigos diputados.