El diputado Martín Sandoval Soto: Con el permiso del pueblo de México. Honorable asamblea, la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio del 2020 es un ordenamiento jurídico que tiene el objetivo de fijar y desarrollar las bases de la política industrial, por medio de actividades de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología. Esta ley tiene importantes implicaciones para lograr asegurar la calidad de los bienes, productos y servicios comercializados en el territorio nacional, tales como la fabricación, la importación, reparación, venta y uso de instrumentos. Además, en el contexto internacional, esta ley impulsa la competitividad de las empresas mexicanas al adoptar estándares internacionales. Es importante señalar que con la aprobación del decreto que se expidió en la Ley de Infraestructura de la Calidad en el año 2020 se abrogó la Ley Federal sobre Metrología y Normalización de 1992. Y con ésta se derogaron todas las disposiciones que se opusieron al nuevo ordenamiento. Sin embargo, las referencias a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización siguen encontrándose presentes en algunos de nuestros ordenamientos jurídicos vigentes, particularmente en la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta situación genera confusión entre todos aquellos que no son expertos en la materia o que no se encuentran familiarizados con la normatividad relacionada a los procesos de metrología y normalización. Por ello, que se haga necesaria la armonización tanto legal, jurídica, en un contexto en que las relaciones comerciales tienen un peso muy importante para la satisfacción de las necesidades de los individuos y consumidores. Se trata de un ordenamiento técnico en donde se encuentran las medidas precautorias y de procedimiento que puedan adoptar las autoridades en caso de que los productos o servicios cumplan con las especificaciones correspondientes contempladas en la norma oficial mexicana. Ello da como resultado beneficios tangibles para la protección de los derechos de los consumidores, tales como recibir información precisa y clara, mantener estándares de seguridad y calidad, así como proteger la salud de los consumidores mismos. De ahí que sea indispensable no sólo procurar que nuestras disposiciones se encuentren actualizadas conforme a los ordenamientos jurídicos vigentes para cualquier persona que los consulte y tenga claridad sobre esto y sobre la norma, sino también se vuelve indispensable reformar el artículo 25 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que hace referencia al artículo 57 de la abrogada Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Dentro de esta exposición se contemplaba una serie de medidas y procedimientos precautorios en caso de que los productos o servicios no reunieran las especificaciones correspondientes, mediante la inmovilización de los productos en algunos casos o la enajenación de los mismos. Y se contemplaban procedimientos a seguir en caso de que el incumplimiento de la norma pudiera dañar significativamente la salud de las personas, animales, plantas, ambiente o ecosistema. De esta manera, el artículo 147 de la Ley de la Infraestructura de la Calidad, hoy en día vigente, recupera el espíritu del texto legal abrogado y se refiere a algunas de las medidas precautorias que pueden desprenderse de actos de verificación, donde también se contempla la inmovilización de bienes, así como la toma de providencias necesarias. Al aprobarse este dictamen que el día de hoy estamos presentando ante esta soberanía, se garantiza la coherencia y la homologación de nuestros ordenamientos jurídicos para favorecer a los procesos de calidad en las relaciones entre consumidores, comerciantes y las autoridades encargadas de substanciar los procedimientos precautorios. Antes de concluir, reconozco finalmente y de manera muy especial el apoyo brindado por todos los integrantes de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad para que esta propuesta y dictamen avancen en el proceso legislativo. Y concluyo diciendo, dejando a ustedes a consideración de esta honorable asamblea este dictamen, que resulta favorable para el efectivo ejercicio de los derechos de los consumidores y de nuestra sociedad. Es cuanto, presidenta.