El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: El II Informe Presidencial del Ejecutivo federal intenta posicionar, a través de los medios de comunicación, una imagen por demás debilitada y cuestionada de la responsabilidad que no ha podido asumir con eficacia. La realidad aplasta cualquier intento de triunfalismo. En lo que va de la actual administración, particularmente en éste segundo año de gobierno, los resultados son francamente preocupantes. La política económica se encuentra atrofiada, esto se puede constatar con el crecimiento de 2.69 por ciento obtenido en el primer semestre de 2008, cifra por debajo del crecimiento estimado de 3.60 por ciento establecido en los criterios generales de política económica para 2008. Esta dinámica de la economía mexicana se explica por el menor crecimiento de la demanda externa, pero también por el menor crecimiento en la demanda interna, por la reducción de la generación de empleos, la marginal recuperación del salario y el menor crecimiento de la inversión, así como un déficit en la balanza comercial. Como aquí ha sido puesto en evidencia, hay una insuficiente creación de empleos, sólo se colocaron en un puesto de trabajo productivo y formal 445 mil personas, cifra que representó aproximadamente la tercera parte del total de personas incorporadas al mercado de trabajo, mientras que alrededor de 600 mil personas ingresaron a la informalidad, que comprende ya cerca 12 millones de mexicanos. No se avanza en la creación de los empleos necesarios y por si fuera poco, el país retrocede en competitividad empresarial, al pasar del lugar 44 al 56 en el ranking de ambiente para hacer negocios. Además, debido al pobre desempeño del sistema tributario, México se ha colocado en el lugar 149 de 181 economías en materia de facilidad para cumplir obligaciones fiscales, lo que complica la apertura de negocios y con ello la generación de nuevos empleos. Por otra parte, el incremento en la tasa de inflación anual, al cierre de junio fue de 5.26 por ciento. Es decir, 2.26 por arriba de lo estimado en los criterios generales de política económica. Los indicadores económicos muestran cifras muy apartadas del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, para alcanzar un mayor nivel de desarrollo humano sustentable. La política de redistribución del ingreso ha dado aprobadas muestras de su deficiente planeación y aplicación, en virtud de que la asignación de los recursos y distribución de los programas demuestran que los criterios de selección a través de áreas geográficas dejan fuera a miles de familias que requieren de apoyos, observándose una mayor concentración de beneficios en zonas urbanas y no en las rurales en donde se presentan los mayores índices de pobreza. En términos generales, podemos señalar que el desempeño en la ejecución del gasto dista mucho de los resultados optimistas que nos presenta el Ejecutivo, a todas luces es evidente su falta de eficacia. Lo anterior queda evidenciado con los subejercicios, que al primer semestre ascendieron a un total ?de acuerdo con cifras oficiales, ya haremos algunos comentarios de lo que está pasando en la realidad? de 17 mil 422 millones de pesos, en donde el 86.6 por ciento del subejercicio se concentró en cuatro ramos: Comunicaciones y Transportes, con cuatro mil 981.5 millones de pesos, esto es el 45.3 por ciento del monto total reportado; Educación Pública, con cuatro mil 702, equivalentes al 27.6 por ciento; Semarnat, con mil 32; y Sagarpa, con mil 13 millones de pesos. Uno de los principales problemas de estos subejercicios radica en el deficiente diseño y ejecución de las reglas de operación que no toman en cuenta las necesidades de los beneficios y se basan en modelos rígidos de gestión gubernamental. En el caso de Sagarpa es sorprendente. Se le autorizó para 2008 un presupuesto de 64 mil 447 millones de pesos, al campo 204 mil en el marco del Programa Especial Concurrente, de los cuales no se ha ejercido una parte importante, ya que utilizando la figura de fideicomisos los recursos no han llegado a los destinatarios. Los recursos, la Secretaría de Agricultura, tramposamente los ha metido en fideicomisos a nivel local para oficialmente decir que se han ejercido, pero si uno va a los estados, me tocó estar el fin de semana pasado, el viernes, en Hermosillo, Sonora, con los compañeros de las comisiones del Campo y con varios secretarios de agricultura de los estados del país, y se quejan de que en muchos casos hay un subejercicio del 90 por ciento. Es obvio que ante esta situación se han generado inconformidades muy serias, que están originando todo un movimiento campesino de rebelión en contra de estas disposiciones, que son francamente injustas y atentatorias del desarrollo y de la justicia que debe prevalecer en el campo mexicano. Así pues, el manejo deficiente de las políticas públicas y el ejercicio del gasto, no sólo se mantiene, sino que han acrecentado problemas como la impunidad que deviene de un poder político que la propicia. Reconozcámoslo, el responsable del secuestro y homicidio de Fernando Martí hubiera quedado sin castigo de no haber ocurrido la movilización que obligó a la firma del acuerdo nacional por la seguridad, la justicia y la legalidad, y al asumir el reto de, "si no pueden renuncien". Al estar los responsables de este homicidio en las entrañas mismas de la AFI, se les otorgaba un manto de protección que hubiera inhabilitado a la Procuración General de Justicia del DF para reclamar a los culpables a los culpables. Otro hecho que nos evidencia cómo opera el poder político a favor de la impunidad de la PGR, que ha incubierto a los responsables de la tragedia en la plataforma petrolera Usumacinta, que con todo cinismo contestó al Congreso de la Unión que no podía entregar la información de los peritajes a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque se dijo estar impedido legalmente para informar, no está facultada para atender su solicitud y porque tiene la obligación de la reserva de las actuaciones a todo servidor público responsable de la integración de la averiguación previa. Con ello la PGR no sólo muestra poca disposición para que la verdad del accidente en la plataforma Usumacinta se conozca, sino que al evadir su responsabilidad le está dando largas a este asunto para impedir que se aplique la ley contra los responsables, cuando a un año de distancia bien podría acelerar la investigación y concluirla para que se castigue a los responsables de la tragedia en la que murieron 22 trabajadores. En el caso de Pemex vemos también que los directivos hacen y deshacen sin que nada pase. Incumplen metas; compran barcos viejos a precios exorbitantes; esconden más de 70 mil contratos de operaciones cuya legalidad está en duda; efectúan múltiples operaciones que protegen incumplimientos y demoras que le cuestan mucho a Pemex; hacen proyecciones que no se cumplen y donativos en uso de facultades discrecionales que lastiman el patrimonio de la nación. Como se ve, padecemos de un gobierno altamente deficiente e ineficaz; ah, pero eso sí, un gobierno de cuates al que no le importa pisotear los intereses nacionales. Si el sexenio de Fox destacó por su frivolidad pasándole al país la factura de un crecimiento desmedido en narcotráfico ?como estoy siendo crítico, sí me pasan el aviso de que se concluyó mi tiempo, no en los casos anteriores?, hoy padecemos un gobierno autoritario que no ve ni oye, que se niega a escuchar la voz de la sociedad organizada y de los otros Poderes, como en el evidente caso de la agricultura, con la protección a la impunidad y que busca sacrificar el patrimonio nacional para entregarlo a particulares y empresas transnacionales. Es cuanto, presidente.