El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en relación con el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sentencias y se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en Materia de Ejecución de Sentencias, me permito, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo formular los siguientes comentarios. El 18 de junio de 2008 fue publicado en el Diario oficial de la Federación el decreto de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destacando, para el tema que nos ocupa, la reforma al artículo 18 en su segundo párrafo, y el tercer párrafo del artículo 21. Más aún, el artículo transitorio quinto del decreto de reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 estableció que el nuevo sistema de reinserción entraría en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria correspondiente, sin que se pueda acceder al plazo de tres años. A la fecha esta soberanía lleva nueve meses de retraso en la expedición de dicha ley. El presente dictamen por el que se expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones tiene su fundamento en los artículos constitucionales ya citados, al igual que el transitorio quinto. El propósito central del dictamen en discusión es establecer un sistema penitenciario, en el que se puedan cumplir las finalidades que la Constitución establece para reinsertar al delincuente a la sociedad y evitar que reincida en sus conductas contrarias a la sociedad. El propósito de lograr la reinserción será a través del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, así como el respeto a los derechos humanos. En tal virtud esta nueva ley establece todo lo correspondiente al manejo de los penales federales, así como los principios fundamentales que regirán el sistema penitenciario con sujeción a lo que la propia Constitución establece. Por primera vez un juez denominado de ejecución es al que le corresponde entre otras cosas ser el responsable del cómputo de la duración de las penas o su modificación. Debemos destacar la importancia de la existencia de este juez, integrante del Poder Judicial de la Federación, que va a sustituir a las autoridades administrativas que se encargan hasta la fecha de esta importante tarea. Podemos establecer una saludable división de funciones en esta materia, por un lado al órgano jurisdiccional imponer las penas, al juez de control manejar lo correspondiente a la modificación de las mismas y a las autoridades administrativas encargarse de la administración y funcionamiento de los centros penitenciarios. Nos parece muy acertado el contenido del artículo 5o., que establece que los servicios de seguridad, administración, dirección y de más, que correspondan prestar a la secretaría de los complejos centros e instalaciones penitenciarias, no podrán ser subrogadas en forma alguna. Éste es un aspecto que lo compartimos y lo apoyamos en sus términos. Sin embargo, con el propósito de impedir que particulares pudieran participar en funciones del manejo penitenciario, propusimos solamente que los asuntos relacionados con la alimentación y vestimenta de los internos pudieran ser contratados hacia particulares. Con excepción de estos dos temas no habrá mayor intervención de particulares en las cárceles federales, por desgracia en muchos penales a lo largo y ancho del país permea la corrupción y los directores y custodios de dichos centros son más bien empleados de la delincuencia. Los centros federales en mayor o menor medida no están exentos de esta situación. La fuga del Chapo Guamán del penal de Puente Grande es prueba fehaciente de ello. Con esta nueva ley se tendrá que eliminar el autogobierno de los penales y que las autoridades federales ejerzan las atribuciones que esta nueva ley les está otorgando. De igual forma nos parece conveniente la clasificación o características que se hacen de lo complejos y centros penitenciarios, dado que no es conveniente mantener reunidos a reos de baja peligrosidad con los reos peligrosos o de la delincuencia organizada. Para concluir, queremos insistir en que estamos de acuerdo en que la educación y el trabajo son aspectos fundamentales para lograr la reinserción de las personas en sociedad, al igual que la salud, que tienen que ser debidamente proporcionados a todos los internos. Por tanto, coincidimos en lo general con la propuesta contenida en el presente dictamen y no podemos pasar por alto que el Sistema Penitenciario es la respuesta que el Estado pretende brindar a la sociedad para garantizar que los delincuentes purgarán sus condenas en las cárceles; pero para ello hay que abatir los altos niveles de impunidad de los que goza la delincuencia. Es cuanto, señor presidente; por su atención, muchas gracias.