La diputada Yulma Rocha Aguilar: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. La iniciativa enlistada es producto de un grupo de trabajo encabezado por la diputada Carolina Viggiano, además de aprovechar y reconocer en esta tribuna el trabajo de la Comisión de Igualdad y de su presidenta, la diputada Laura Plascencia. Es común escuchar testimonios de mujeres que tienen que pelear en los juzgados por la pensión para sus hijos y, aunque en la mayoría de los casos los pagos son mínimos, los padres se resisten a pagar. Renuncian a su trabajo o cambian del mismo, no reportan el dinero que realmente ganan y así puede pasar mucho tiempo; cuando bien va, la pensión es mínima. El mecanismo utilizado para obtener el pago de alimentos, parte del descuento vía nómina, o bien la legislación permite que los jueces calculen el importe de la pensión alimenticia y que obliguen al deudor a su pago mediante una orden judicial que en muchos casos tampoco se cumple. Es por ello que se considera pertinente crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos, de carácter público, que contenga los datos de las personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Existen ya en algunos estados de la república registros estatales, sin embargo consideramos que este mecanismo debe de ser de alcance estatal y así generar homogeneidad para que este derecho sea más fácilmente exigible en todo el país. Con esto se busca que el deudor tenga conciencia de la responsabilidad que significa el otorgar alimentos a sus hijos y a sus hijas. Y si bien es cierto es un mecanismo de presión social y civil, da cuenta de que el pago de alimentos no es un acto ni de solidaridad ni es un acto de caridad, es una cuestión de derechos y es una cuestión de obligaciones. De acuerdo al INEGI, en nuestro país hay 30 millones de mujeres que son madres. De ellas el 18 por ciento vive sin el apoyo de una pareja. También de acuerdo con la Primera Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tres de cada cuatro hijos de padres separados, no reciben pensión alimenticia, y el 67 por ciento de los hogares sostenidos por madres solteras, tampoco reciben algún tipo de pensión alimenticia. Esto es resultado de acciones que los deudores alimentarios implementan para evadir su responsabilidad, y que hacen que muchas mujeres desistan del procedimiento o simplemente no lo inicien; piensan que tienen perdida la batalla con antelación; se les amenaza con que se les van a quitar a sus hijos o porque simplemente no saben a dónde ir. Aunque la reforma planteada busca salvaguardar el interés superior de los niños, también tiene que ver con igualdad de género, pues aunque la obligación de dar alimentos también incluye a las mujeres, por supuesto. Prácticamente todas las solicitudes de pensiones van para los hombres, y esto tiene que ver con violencia económica, ya que en la negativa del pago de pensiones alimenticias existen factores culturales, sociales, así como estereotipos de género, ya que a partir de los roles socialmente asignados, el cuidado de los hijos recae principalmente en las mujeres, inclusive datos de la ONU indican que el tiempo invertido por las mujeres es de 2 a 10 veces más en el cuidado de sus hijos, y esto hace que la lucha por la pensión alimenticia sea una lucha contra el sexismo, el machismo y contra estereotipos altamente discriminatorios. Esto se vuelve más complicado para las mujeres que dedicaron toda su vida al hogar, que no cuentan con ingresos propios o que sus ingresos son mínimos. Esto hace que el Estado deba garantizar el cumplimiento de las obligaciones de pensión por parte de los deudores alimentarios, lo que hace necesario sí, por supuesto, actualizar el marco jurídico, pero también eficientar los procesos con una perspectiva de derechos, y con ello dar paso a la construcción de una sociedad cada vez más igualitaria y más justa. Es cuanto, presidenta.