El diputado Eric Luis Rubio Barthell: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados presentes y los que están en Comisiones, aquí en este Palacio Legislativo de San Lázaro. En 1824, con la primera Carta Constitucional de nuestro país se establece, entre otros acontecimientos, la Independencia de México, ordenando la división de Poderes de la Unión. En la misma Constitución se estableció que el poder supremo de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y que jamás podrán reunirse dos o más de éstos en una corporación o persona, ni depositarse en el Legislativo en un solo individuo. De igual forma, es preciso señalar que un elemento diferenciador de los regímenes democráticos hoy en día es la vigencia de los controles parlamentarios sobre el Poder Ejecutivo, es decir, el conjunto de instrumentos que con base en las Constituciones permiten al Congreso ejercer una supervisión legislativa más detallada de las actividades del Ejecutivo. En este sentido, aunque los controles sobre el Ejecutivo mexicano se han ido ampliando tanto por la vía de reformas constitucionales como por la vía de la pluralidad, en los órganos de representación popular aún subsisten imprecisiones que deben ser corregidas. Por lo anterior, es preciso mencionar que de conformidad con el catálogo constitucional actual se establece que el Ejecutivo federal tendrá la atribución de nombrar servidores públicos, los cuales serán en cierta medida los responsables de la ejecución de políticas, planes y programas de la administración pública federal. Esta facultad de nombramiento se encuentra consagrada en el artículo 89. Concomitantemente a dicho catálogo de atribuciones presidenciales, la facultad de ratificación del Senado de la República es con base en la facultad que le concede el artículo 76, fracción II, de nuestra Carta Constitucional. De lo anterior se deduce que la facultad del presidente de la República en lo referente al nombramiento de algunos servidores públicos señalados es limitada por el Senado de la República al sujetar tales nombramientos a su aprobación, advirtiendo que con ello se ejerce un control constitucional para con ello llevar al Poder Ejecutivo federal a elaborar una detenida y cuidadosa reflexión, no sólo de las aptitudes del candidato sino de las necesidades del cargo que va a desempeñar. Por lo anterior y considerando que resulta imprescindible que quienes tienen a su cargo el combate a los monopolios, concentraciones indebidas y prácticas anticompetitivas, las de regulación económica para promover la inversión, la fijación de precios de insumos básicos como la electricidad, la expansión de las redes, el desarrollo tecnológico y la competencia efectiva entre prestadores de servicios de telecomunicaciones; la protección de derechos de usuarios y consumidores; y control y supervisión de servicios financieros y los responsables de la información cuenten con los instrumentos necesarios, pero sobre todo, con la autonomía operativa e independencia política para actuar con absoluto rigor técnico en la atención de sus respectivas materias. Que uno de los aspectos fundamentales para lograr ese objetivo descansa en la pertinencia de que los nombramientos de los comisionados de los órganos reguladores de la administración pública federal centralizada, sean cuidadosamente realizados bajo una óptica responsable que permita encomendar a cuerpos colegiados, debidamente seleccionados por el Ejecutivo federal pero sujetos a la ratificación del Senado de la República, tal y como ocurre con los casos ya señalados y existentes en la Constitución. Que esta propuesta esté orientada a seleccionar los mejores cuadros para dichas posiciones regulatorias, dado el perfil técnico y especializado que en todos los casos se requiere, cuidando que los nombramientos no obedezcan a coyunturas políticas ni ambiciones de grupo, evitando con ello la discrecionalidad en la toma de decisiones y sustentando las resoluciones de tales organismos a criterios rigurosos y ajenos a vaivenes de otra índole. Es por eso que sometemos a esta asamblea esta iniciativa, pues acaba de tener un claro ejemplo con el nombramiento del comisionado de la Cofetel, la falta que hace que pase por el Senado de la República. Artículo único. Se reforma el artículo 76, fracción II, y 89, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado:... II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda –y le adicionamos-, comisionados de los organismos reguladores de la administración pública federal que tengan el carácter de órganos desconcentrados u organismos descentralizados; coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; Artículo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:... IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los Coroneles y demás oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, y los empleados superiores de Hacienda, así como a los comisionados de los organismos reguladores de la administración pública federal que tengan el carácter de órganos desconcentrados u organismos descentralizados; Solicito al señor presidente se inscriba la iniciativa completa en el Diario de los Debates, y pedimos a todos los señores diputados su apoyo a este cambio a nuestra Constitución. Muchas gracias.