La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados, el ejercicio de la autoridad tiene por fin la realización del bien común que intrínsecamente implica la justicia, la seguridad, la defensa del interés colectivo, el respeto y la protección a la dignidad de cada una de las mexicanas y los mexicanos. Es uno de los pilares que debe guiar las acciones de todo gobierno. Es por ello que hoy estamos fortaleciendo el sistema jurídico de protección a las víctimas del delito. Esta ley tiene como objeto garantizar sus derechos humanos, en especial el derecho de atención, de protección, de restitución del daño y todos los demás consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de que México es parte. Ante la relevante importancia del tema es que nuestro grupo parlamentario se ha pronunciado por un marco legal que considere la existencia de organismos encargados de la protección de las víctimas y que, además, especifique las obligaciones de todas las autoridades, dependiendo de su ámbito de competencia. Sabemos que toda legislación es perfectible, por ello consideramos que las reformas que se realizan a la reciente expedida Ley de Víctimas solventan algunas de las deficiencias que en su momento se hicieron notar. Además, destacamos la necesidad de contar con un marco jurídico integral que complemente la protección de las víctimas del delito. De ahí la necesidad de aprobar lo antes posible el Código Federal de Procedimientos Penales. Debemos continuar llevando acciones que permitan, además de atender a las víctimas, erradicar la violencia que genera la comisión de delitos; desde acciones preventivas hasta la aplicación de la ley sin impunidad, exigiendo a los gobiernos locales que atiendan efectivamente el problema de la inseguridad pública y persigan de manera contundente a las organizaciones delictivas que operan en sus estados y municipios. Es obligación de los tres órdenes de gobierno poner alto a la impunidad con que opera la delincuencia organizada. Sólo con un combate eficaz al crimen organizado lograremos proteger la integridad de las personas y devolveremos la tranquilidad a la sociedad. Los legisladores del Partido Acción Nacional tenemos muy claro que un juicio expedito, una pena proporcional al daño causado y el cumplimiento de una sentencia de quien ha visto afectados sus derechos son la mejor retribución que una víctima puede tener, y no solamente ella, sino toda la sociedad, pues cuando se comete un delito, los ofendidos somos todos porque se ha violentado el estado de derecho. Por ello hacemos propio el dolor de las víctimas del delito y de sus familias. Reconocemos el esfuerzo de la sociedad organizada que ha dado una gran lucha por reivindicar los derechos de las víctimas, aunque cabe resaltar que ni ésta ni ninguna otra ley que pretenda proteger a las víctimas del delito será suficiente si antes no contamos con jueces que cumplan la ley en beneficio de las víctimas, con funcionarios públicos y ministerios públicos con espíritu de servicio, con humanidad, con conocimiento de la ley, con sentido de justicia que les permita cumplirla a cabalidad. Es lo mínimo que esperan los ciudadanos de sus autoridades. Por ello nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor Presidente.