La senadora Lydia Madero García (PAN): Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras, compañeros legisladores: Hemos llegado al final del año 2004, un momento significativo para la economía de nuestro país, pues los trabajadores asalariados disponen de su aguinaldo, que destinan al ahorro, al pago de compromisos o a la satisfacción de alguna necesidades. El aumento de circulante durante el mes de diciembre genera una mayor demanda de bienes y servicios, factor que incentiva a la economía como en ningún otro momento del año. La industria y el comercio nacionales lleva a cabo planes e inversiones para satisfacer el incremento de la demanda que caracteriza a este período e incluso, llevan a cabo contrataciones adicionales de personal y adquieren compromisos financieros a fin de aumentar sus inventarios. El sector empresarial finca amplias expectativas en esta época del año. De los buenos resultados que obtengan dependerá en buena medida la planeación del año siguiente, la cantidad de empleos que mantengan vigentes, la adquisición de maquinaria y bienes inmobiliarios, la contratación de nuevos servicios y la expansión, etcétera. A diferencia de otros años, el crecimiento de nuestra economía en el año 2004 ha mostrado una tendencia al crecimiento más sólido que en el pasado; se estima que podemos alcanzar al final de este trimestre alrededor de un 4% Sin embargo, las expectativas económicas favorables para este ciclo, que podrían representar la oportunidad de consolidar muchas de las actividades empresariales que se desarrollan en nuestro país, se ven limitadas por el creciente aumento de la informalidad en todas sus manifestaciones, me refiero a la proliferación del contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a transportes y comercios y la distribución ilegal de estas mercancías en las calles de todo el país y en ocasiones en recintos establecidos. Según las organizaciones empresariales, como consecuencia de la comercialización en la vía pública de productos introducidos ilegalmente al país, falsificados e incluso robados, los empresarios de los giros textil, vestido, accesorios, calzado, juguetes, videogramas y fonogramas, videojuegos, software, vinos y licores, libros, etcétera, registran pérdidas conjuntas de alrededor de 110 mil millones de pesos. Sólo en el Distrito Federal se dejan de captar impuestos en un orden de nueve mil 600 millones de pesos anuales por la comercialización de productos en puestos fijos y semifijos de vendedores ambulantes. El problema es de gran relevancia para nuestra economía. Cabe señalar que según datos del INEGI el tamaño de la economía no estructurada, mal llamada informal, representa el 12.5% del Producto Interno Bruto de nuestro país y según el Consejo Coordinador Empresarial el 20% de las operaciones comerciales del total nacional se realizan en las calles, en puestos que no ofrecen ninguna garantía a los consumidores, violando todas las disposiciones en materia de derechos al consumidor que ha generado a lo largo de estos años. Además, las mafias que tienen empleadas a las personas que por diferentes motivos no han podido incorporarse a la economía formal, les niegan toda prestación de derechos laborales y de salud que cualquier trabajador merece, por el hecho de serlo. Con independencia de ello, los empresarios legalmente establecidos que cumplen con sus obligaciones fiscales, que pagan las contribuciones laborales que les corresponden y las tarifas por los servicios de renta, luz, agua, predial, etcétera se enfrentan a una competencia desleal de una cadena de ilícitos que elude el pago de cualquier contribución, que se apropia de las calles para distribuir sus mercancías, que dispone arbitrariamente los servicios públicos que venden mercancía, muchas veces producto de actividades ilegales como el contrabando, la piratería o simplemente el robo. Nadie puede competir en tales circunstancias; el empresario mexicano no sólo tiene que enfrentar la competitividad de nuestros principales socios comerciales sino la economía estructurada a partir de actividades ilícitas. La Cámara de Comercio de la Ciudad de México ha señalado recientemente que en los últimos cinco años, tan solo en el Distrito Federal el ambulantaje ha ocasionado el cierre de 3 mil negocios y la pérdida de alrededor de 15 mil empleos. Que la autoridad de cualquier orden de Gobierno Federal, Estatal o Municipal mantenga una actitud permisiva con el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de comercios y transportes y la distribución de tales productos en la vía pública, atenten contra el bienestar de los trabajadores, del desarrollo empresarial, de la economía nacional y del estado de derecho. El fenómeno de la economía ilegal es expresión de los terribles problemas estructurales de nuestra economía. No obstante deben crearse los mecanismos para reducir de manera significativa este fenómeno, en primer lugar castigar a quienes medran y lucran con la necesidad de cientos de miles de personas que se dedican a la economía legal, sólo en el ambulantaje se estima la participación de alrededor de un millón 500 mil personas en el país. En segundo lugar, se deben crear condiciones propicias para que las personas que tienen vocación empresarial, puedan acceder a la formalidad mediante créditos, reducción de trámites, estímulos fiscales, capacitación, etcétera. En este período tan importante de la economía como lo es el mes de diciembre, es necesario que las autoridades de todos los órdenes de gobierno redoblen sus esfuerzos para combatir el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancías a comercio y transportes y sobre todo la venta de estos productos que se distribuyen en la vía pública para su comercialización y que representan, como ya dijimos, una competencia desleal al comercio establecido. Por las razones expuestas, me permito someter a consideración de los integrantes de este órgano legislativo, la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Único.- Que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría Federal del Consumidor, informen a este órgano del Poder Legislativo, las medidas que para este período tan importante, para la economía nacional han dispuesto para reducir el contrabando, la falsificación de marcas, el robo de mercancía a comercio y transporte y su venta a la vía pública. Por la naturaleza de este tema, es importante que este mensaje sea escuchado de inmediato por las autoridades responsables, así como por los ciudadanos de quienes también depende el fortalecimiento del comercio legalmente establecido y organizado y el respeto al estado de derecho en nuestro país. Deberá ser de igual manera estudiado y analizado por la Comisión Permanente, por esta Comisión Permanente, por lo que solicito sea turnado a la Comisión correspondiente. Muchas gracias.