El diputado Alejandro Domínguez Domínguez: Hay un dicho popular en el mundo del derecho que justicia tardada es justicia negada. Y: La justicia es la reina de las virtudes republicanas, pues en ella se sostiene la igualdad. Simón Bolívar. En una democracia como la nuestra la justicia debe apuntalar hacia la igualdad plena, pues solo con esta la democracia será plena. En el Grupo Parlamentario del PRI, particularmente en nuestros documentos básicos, en nuestro programa de acción, ratificamos nuestro compromiso con la defensa de las conquistas sociales y reiteramos nuestra convicción de que es necesario crear las condiciones mínimas para que todo mexicano tenga acceso a ellas sin restricciones. Es fundamental, pues, impulsar las reformas que aseguren el acceso a todos a una justicia pronta y expedita, la cual se establece en nuestro texto constitucional de manera subrayada para los grupos más vulnerables. Se trata este dictamen de garantizar que México sea un país de iguales, donde todas y todos puedan ejercer plenamente sus derechos. En 1998, se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública, encargado de garantizar el derecho a la defensa pública, con el objetivo de superar las desigualdades sociales y consolidar un estado de derecho bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo; sin embargo esta ley requiere especificidad para reconocer la existencia de los más vulnerables. En el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, comprometido con un México incluyente que combata las brechas de desigualdad y contribuya a crear un piso de oportunidades para las personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad se han generado diversas acciones. Primero, se creó el seguro de vida para jefas de familia que protege a 6.2 millones de hogares en condiciones de vulnerabilidad; se redujo de 70 a 65 años la edad mínima para recibir una pensión no contributiva. Amplió el programa de pensión para adultos mayores a 5.5 millones de personas, 2.5 millones más que en el 2012. Extendió la afiliación de jóvenes al IMSS a más de cinco millones de ellos; se creó el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación Contra las Mujeres. A los diputados nos corresponde contribuir en este esfuerzo para garantizar todos los derechos de los mexicanos. El artículo 17 constitucional señala que toda persona tiene derecho a defenderse por sí misma, por un abogado o por persona de su confianza; sin embargo, si no puede designar defensa se le permite nombrar a un defensor público con la finalidad de garantizarse dicho derecho. La defensoría pública regula una figura indispensable para hacer efectivo este derecho, el asesor jurídico. Éste, a diferencia del defensor público, es el encargado de prestar servicios jurídicos para asuntos no solo penales sino administrativos, civiles y fiscales. Al respecto, atención especial merecen los grupos vulnerables, a quienes la Ley General de Derecho Social define como aquellas personas o núcleos de población que por diferentes factores o que por la combinación de ellos se enfrentan a situaciones de riesgo o discriminación, impidiéndoles alcanzar un mejor nivel de vida. Es por lo anterior, que nosotros votaremos a favor del presente dictamen, con el propósito de establecer que los asesore jurídicos presten sus servicios de manera preferente a aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. La propuesta de justicia cotidiana planteada por el presidente de la República y en la cual nosotros nos hemos sumado de manera decidida, busca no solo atender a los justiciables en los temas en materia penal, sino atender a los justiciables en los problemas del orden civil, del orden familiar, del orden administrativo y hacer que la justicia sea más pronta y más expedita. Porque ¿cuánto dura una persona para tramitar una pensión alimenticia; cuánto dura un juicio para poder promover un desahucio? ¿Cuánto dura un juicio para poder garantizar el cumplimiento de las causales de un divorcio? Por eso se busca generar que el asesor jurídico brinde una atención de manera preferente a aquellos grupos que están en una circunstancia de vulnerabilidad. Coincidimos, pues, con Nelson Mandela en que una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que menos tienen o a los que nada tienen. Es cuanto, señor presidente.