El senador José Antonio Aguilar Bodegas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: El pasado lunes 16 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo sobre un tema que en innumerables sesiones de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como en el seno de sus comisiones, diputados y senadores siempre expresaron que era un paso inadecuado: la expropiación de los ingenios azucareros. Aunque seamos reiterativos, hay que insistir en que la agroindustria de la caña de azúcar es estratégica para nuestro país, pues el valor de la producción nacional asciende a los 30 mil millones de pesos; representa un poco más del 0.5 del Producto Interno Bruto Nacional; participa con el 13.5% del valor de la producción agrícola nacional; genera alrededor de 2.5 millones de empleos directos e indirectos y utiliza más de 700 mil hectáreas de cultivo. Se trata de una actividad que genera trabajo en 59 ingenios azucareros, los cuales irradian beneficios en 227 municipios de 15 entidades federativas donde residen 12 millones de mexicanos. Por tanto, todo aquello que el Ejecutivo ha dejado de hacer o ha hecho mal, ha repercutido negativamente tanto social, económica como políticamente en extensas regiones de México y en un gran número de sus habitantes. Tengamos presentes casos concretos, como cuando ante el establecimiento del IEPS a la fructuosa, el Ejecutivo intentó su abrogación mediante un decreto administrativo en el año 2002, mismo que el Poder Judicial Federal consideró inconstitucional; igualmente, el decreto del 14 de enero del año 2005, con el que la SAGARPA informó la decisión presidencial de abrogar el Decreto Cañero, eliminando con ello la única reglamentación existente para ordenar la producción y el mercado de un cultivo estratégico, como lo establece la Constitución o bien, de los intentos de veto, los juicios de amparo y de las acciones de inconstitucionalidad contra la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, emanada del propio Congreso para llenar la laguna jurídico-productiva creada por el Presidente de la República. Al plan del Ejecutivo de reducir los aranceles de la importación azucarera, así como de establecer cupos de importación de la misma, mediante licitación pública para satisfacer la demanda nacional e incentivar la baja de los precios, hay que añadir la impericia con que manejo la expropiación de los ingenios azucareros. Ahora resulta que la solución que se había encontrado para aliviar la crisis de la agroindustria, concluyó en un fiasco jurídico y administrativo de consecuencias inmensurables. En efecto, la expropiación selectiva de 27 de los 59 ingenios azucareros el 3 de septiembre del año 2001, que aportaban entonces el 47% de la producción nacional para supuestamente ordenar el mercado azucarero y revenderlos a más tardar en marzo del año 2003, se ha convertido en otra acción inútil y sin fundamento constitucional, de acuerdo con lo resuelto en estos días por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es evidente entonces que la política azucarera aplicada por el gobierno del Presidente Vicente Fox, no ha servido para dar ordenamiento y transparencia al mercado y que por falta de pericia jurídica y sensibilidad para solucionar los múltiples problemas laborales, productivos, competitivos y sociales del sector. Hoy dichas acciones se revierten, el gobierno tuvo que destinar alrededor de 3 mil millones de pesos, para mantener en operación los ingenios expropiados y ahora tendrá que sumar el costo que implica la indemnización y los daños y perjuicios. No podemos soslayar que el responsable de haber iniciado este tipo de decisiones equivocadas, fue en su momento el Secretario Javier Usabiaga, que incluso abandonó su cargo dejando en crisis el sector cañero en busca de un cargo de elección popular. Como si el ayer no fuera aleccionador el día de ayer, desde Washington, el actual Secretario Francisco Mayorga, declaró que la decisión de la Suprema Corte de Justicia contra la expropiación de los ingenios azucareros, sólo aceleró su eventual regreso a manos privadas, es decir, para él no hay repercusiones. Con esto el actual Secretario demuestra ser otro desconocedor de la materia y confunde las figuras jurídicas, como la intervención que se pudo haber utilizado, ya que aunque no fue su decisión, él era parte de ese equipo de trabajo en la Secretaría de Agricultura. La gran diferencia al expropiar, son los costos asociados que ésta operación implica y que son cuantiosos, así como la eventual recuperación que se originaría con su venta y sobre todo, el atropello al estado de derecho, del cual debe ser garante el mismo gobierno. Ante las recientes determinaciones del Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión... El Sen. Presidente Jorge Zermeño Infante: Señor senador, le suplico concluya. El Sen. José Antonio Bodegas: Concluimos. ...Ante las recientes determinaciones del Poder Judicial de la Federación, el Congreso de la Unión tiene que llamar nuevamente a cuentas a los funcionarios involucrados, pues además de éstos amparos perdidos por el gobierno, debemos saber la situación de los otros casos. Los medios de comunicación dan cuenta de que los 27 ingenios expropiados, 2 se han desistido de la demanda contra el gobierno, 11 han pasado a manos de éste, 4 tienen que ser devueltos y que los otros 10, pueden correr la misma surte de ser perdidos. Es necesario saber también, lo que ha ocurrido con la gestión pública de estos ingenios, pues recordemos que la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría especial al fondo de empresas expropiadas del sector azucarero, en la que documentó que en el año 2002 había encontrado diversas insuficiencias en sus registros contables y en el control de los recursos fiscales transferidos y ministrados a los ingenios. Ante este revés del Ejecutivo, que genera incertidumbre y provoca suspicacias en el sector y en toda la sociedad, se hace necesario que comparezcan ante este Poder Legislativo los señores Secretarios de Agricultura y el Titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero para que informen al Poder Legislativo de la Unión el estado que guardan los procedimientos judiciales respectivos, así como la situación administrativa, financiera, laboral y productiva de estos ingenios. Concluyendo. Toda vez que este tema se ha venido tratando por el Senado de la República desde la LVIII Legislatura, en la que se constituyó incluso una comisión especial para los asuntos relativos a la agroindustria azucarera, nos permitimos solicitar atentamente a la mesa directiva de esta Comisión Permanente que la presente proposición con punto de acuerdo se turne a la Cámara de Senadores para que dictamine la procedencia del mismo y comparecencia solicitada. Pasamos pues a la proposición con "Punto de Acuerdo: "Único.- Con motivo de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las cuales invalidan las expropiaciones de ingenios azucareros realizados por parte del Poder Ejecutivo en el año 2001, se cita a comparecer a los señores Secretarios de Agricultura, Francisco Mayorga Castañeda, y Titular del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, para que informen al Poder Legislativo de la Unión el estado que guardan los procedimientos judiciales respectivos, así como la situación administrativa, financiera, laboral y productiva de dichos ingenios" Dejamos en poder de la mesa directiva la petición del presente punto de acuerdo. Por su atención muchas gracias. El Presidente senador Jorge Zermeño Infante: Gracias Senador Aguilar Bodegas. Túrnese a la Comisión de Agricultura y Ganadería del Senado de la República. Tiene la palabra el diputado Mario Zepahua Valencia para presentar proposición con punto de acuerdo para exhortar al Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que aplique con seriedad las políticas pertinentes para erradicar la práctica de medidas discriminatorias en contra de los transportistas mexicanos, suscrita por el diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por cinco minutos.