El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Presidenta, muchas gracias. Muy buen día a todos. Sobre el tema que nos ocupa es necesario hacer dos valoraciones. La primera tiene que ver con el contexto y la segunda con los méritos de la reforma que se propone. Sobre el contexto, simplemente decir que es una pena que una buena reforma se vea manchada por comentarios fuera de lugar de un servidor público, que si bien es un hombre que sabe, es también un hombre que claramente demostró no tener la inteligencia emocional para ocupar la posición para la que fue propuesto. Sobre los méritos de la reforma que hoy nos ocupa el Partido Verde votará a favor de la misma por las razones siguientes. Primero. La presente reforma maximiza derechos políticos de los ciudadanos, por tanto, es una reforma que debería ser apoyada por todas las fuerzas políticas aquí representadas. Me resulta difícil entender que el contexto pueda más que la maximización de derechos políticos de los ciudadanos. Segundo. La presente reforma cumple con los tratados internacionales que México ha firmado, en particular los artículos 2, numeral 1 y 25, inciso c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, suscritos por el Estado mexicano, el cual establece en forma expresa lo siguiente. Cada uno de los Estados parte del presente pacto se comprometen a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. Tercero. La presente reforma armoniza el texto legal con el artículo 1o. de la Constitución, que establece que todas las personas, sin distinguir nacionalidad, gozan de Los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales. Las y los legisladores estamos obligados a salvaguardar el principio de igualdad y no crear leyes discriminatorias, tal como lo resolvió la Suprema Corte de Justicia en la acción de inconstitucionalidad, 20/2011. En su último párrafo dicha disposición constitucional prohíbe toda forma de discriminación motivada por el origen nacional, los mexicanos naturalizados, tal como lo establece la propia Constitución, tiene la calidad de ciudadanos mexicanos con lo cual dicha calidad solo puede restringirse de forma directa por la norma fundamental y no así por otra disposición legal. Cuarto. Por las razones anteriores debemos tener perfectamente claro que, de no haberse presentado esta reforma, los órganos jurisdiccionales federales tendrían todos los elementos para inaplicar el texto de la actual Ley de Entidades Paraestatales, por lo que resulta ocioso no aprobar una reforma que armoniza nuestra legislación con la Constitución y con los tratados internacionales que México ha firmado. Como legisladores tenemos la obligación de proteger de la manera más amplia los derechos humanos e interpretar las normas relativas a dichos derechos conforme a la Carta Magna y los tratados internacionales de la forma que más favorezcan al ciudadano y con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, así como prohibir la discriminación motivada por su origen nacional. De conformidad con lo anterior, la fracción I del artículo 21 de la Ley de Entidades Paraestatales debe ser armonizada con la Carta Magna y ampliar la protección de derecho humano tutelado en el artículo 35, fracción VI para que cualquier ciudadano mexicano sea nombrado para desempeñar cualquier empleo o comisión del servicio público. Bienvenida esta reforma y cualquier otra reforma que maximice los derechos políticos de los ciudadanos. Muchas gracias.