El diputado Javier Casique Zárate: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, me permito hacer uso de esta tribuna a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. El tema que nos convoca a esta discusión sigue complicándose, sobre todo porque ha alterado el curso de la acción legislativa y eso indudablemente nos ha generado una coyuntura política en los últimos meses. Pero, son precisamente en este tipo de asuntos, que genera polémica y posiciones encontradas, los que nos permiten generar un buen debate. Y este es el caso, el proceso para desaforar al ciudadano Uriel Carmona Gándara, como fiscal general del estado de Morelos, se ha convertido en una serie de atropellos a la ley, generando un entorno de inestabilidad jurídica y falta de certeza a los Poderes de la Unión. Lo digo con claridad: No se defiende a ninguna persona. Se está a favor del debido proceso que debe imperar en todo momento y en toda circunstancia. Es nuestro deber advertir de los peligros a la vida institucional del país, pero más a los principios constitucionales establecidos. En primer lugar, la intención de desaforar a Uriel Carmona quebranta la resolución de la jueza Érika Torres, del Cuarto Distrito del estado de Morelos, donde argumenta que esta Cámara no podrá emitir ninguna resolución respecto a la declaratoria de procedencia. No podrá. Es decir, que en tanto el juzgado competente de Morelos no resuelva lo contrario, esta soberanía no tiene facultad para intervenir en el proceso. De hacerlo, estaremos generando un problema que deberá ser resuelto por el máximo tribunal del Poder Judicial, ya que quebrantaríamos un amparo en la materia, cometeríamos un delito establecido en la fracción III del artículo 262 de la Ley de Amparo. Y no está por demás recordar que vulnerar un amparo puede conducir directamente a un proceso de desafuero. Proceder de esa manera significaría una crisis para el orden de los Poderes, estaríamos generando un precedente en contra de la autonomía constitucional de los fiscales de este país, creando un vínculo directo con la conjetura política y las mayorías legislativas. Cuando violentamos el Estado de derecho, no solamente estamos contra el orden legal, el daño más severo se refiere a la credibilidad de las instituciones y eso es irreparable. En segundo lugar, también debemos señalar que el trato que esta Cámara le está dando al tema es contradictorio, porque no se ha establecido un criterio específico sobre cómo atenderlo, incluso, a pesar de que fue rechazado por la anterior legislatura. Levarlo a cabo el día de hoy, implicaría una violación a los procedimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas vigentes hasta este momento. Este es el tema que las y los priistas hemos defendido a partir de la discusión de su abrogación y la creación de la Ley de Juicio Político. Siempre fuimos puntuales sobre la necesidad de dejar muy claras las facultades que se le otorgan a esta Cámara de Diputados y a otros organismos para atender casos similares. En este sentido y tratándose de un tema de acatamiento legal, el seguimiento a esta acción que busca que la Cámara se erija como juicio de procedencia, se encuentra completamente infundada. Por último, y como tercer punto, es nuestro deber señalar que este procedimiento se corre el riesgo de que la legislatura viole las leyes que estamos creando. Ahí es donde radica el problema de fondo, en que la mayoría busque, por todos los medios, atajos para burlar la ley y desacatar un ordenamiento judicial, con el único fin de montar una persecución política que de facto resulta altamente preocupante. Eso no abona en nada a la construcción de consensos. Compañeras y compañeros, la postura de las y los diputados federales del PRI es clara. Estar de lado del estricto cumplimiento a lo ordenado por el Poder Judicial y de la función legislativa y por respetar el principio constitucional del debido proceso, tanto en la discusión de la Ley de Juicio Político, como en la Ley de Revocación de Mandato, la tentación de construir puentes para lograr resoluciones por encima de la ley ha estado presente y lo hemos advertido. Nosotros haremos lo que esté a nuestro alcance y un poco más, para garantizar que se cumpla de manera estricta el procedimiento legal y se defina el desarrollo de nuestras instituciones. Debemos defenderla, al final lo que debe prevalecer es la certidumbre del proceso, la soberanía de los poderes y a la determinación del federalismo como eje rector de la vida pública de México. En este sentido, reitero que nuestro compromiso es de conducirnos de forma congruente con la ley del Estado de Derecho.