La diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (PRD): Gracias señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores. Es para mí motivo de especial satisfacción someter el día de hoy a la consideración de esta soberanía, el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, el cual fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El presente dictamen parte de la iniciativa presentada por una servidora a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y tiene por objeto fortalecer los derechos de los contribuyentes y alentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales. Por décadas, nuestro país ha sufrido como uno de sus males un grave divorcio entre contribuyentes y autoridades hacendarias. La sucesión de regímenes de gobierno que no han satisfecho adecuadamente las necesidades y demandas públicas y sociales, los escándalos de corrupción, el enriquecimiento ilícito y uso indebido de recursos públicos que han ensombrecido desde hace ya tiempo nuestra vida democrática, aunado todo ello a la gran complejidad de las disposiciones fiscales, han originado el desaliento crónico de los ciudadanos y ciudadanas a contribuir para los gastos públicos de la Nación, como lo mandata el artículo 31 de fracción IV de nuestra Carta Magna. Así, México es uno de los países con más bajo porcentaje de recaudación derivado de ingresos tributarios, en comparación con los países de la organización para la cooperación y desarrollo económico que oscilan en promedio de 27.9 respecto al PIB, en México contamos con un porcentaje que no llega al 12% en el mejor de los casos. Pese a las múltiples facultades de comprobación con que cuentan las autoridades fiscales, éstas no han sido lo suficientemente efectivas para lograr una mayor recaudación y las denominadas evasión y elusión, son graves dolencias que inciden y perjudican la salud y solidez del sistema fiscal. Paralelamente, en otros países con índices avanzados de recaudación, la tendencia actual no es precisamente la de acosar a los contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones sino la de establecer y definir sus derechos, darles posibilidades para su regularización y fortalecer asimismo los derechos de información, transparencia y rendición de cuentas como único medio para incrementar de manera efectiva y permanente la recaudación. En este nuevo orden de cosas, la relación jurídico tributaria no debe verse ya únicamente como una relación unilateral de sujeción, en la que el gobernado solo tiene el derecho de contribuir de la manera que señalen las leyes, sino como una relación donde se adviertan cada vez mayores aspectos de bilateralidad y reciprocidad por parte del Estado hacia el contribuyente. Dentro de este marco se inscribe la nueva ley que el día de hoy, a través del dictamen respectivo sometemos a su amable consideración. En esta tesitura el objetivo de la ley, es reconocer y enunciar de manera sencilla y clara los principales derechos y garantías de los contribuyentes en sus relaciones con las autoridades fiscales. La ley enlista así, como derechos del contribuyente, entre otros que conviene destacar, el derecho a ser informado y asistido por las autoridades fiscales en el cumplimiento de sus obligaciones, así como acerca del contenido y alcance de las mismas, el derecho a conocer la identidad de las autoridades fiscales, bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos en que tengan condición de interesados, el derecho a que las actuaciones fiscales que requieran su intervención, se lleven a cabo de la forma que les resulte menos onerosa, el derecho a ser informados al inicio de las facultades de comprobación, sobre sus derechos y obligaciones en el transcurso de tales actuaciones. Cabe destacar entre este catalogo, dos derechos de carácter procesal que van más allá de lo previsto actualmente por el Código Fiscal, el derecho a ofrecer como prueba el expediente administrativo del que derive el acto impugnado y el derecho a señalar en el juicio contencioso como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en cualquier parte del territorio nacional, salvo cuando tengan su domicilio en la jurisdicción de la sala competente. Otro aspecto importante de la ley, es el referente a información, difusión y asistencia al contribuyente, en el cual se establece expresamente la obligación de las autoridades para realizar campañas de difusión a través de medios masivos de comunicación, generando y fomentando en la población mexicana la cultura contributiva. La ley contiene todo un capítulo dedicado a la auto corrección fiscal, a través de cuyas normas los sujetos pasivos podrán dar por concluidas las auditorías o las facultades de comprobación si corrigen su situación fiscal. Así, iniciada una revisión el visitado podrá transcurridos tres meses, darla por terminada de manera definitiva, si presenta la declaración en que regularice su situación por los impuestos y periodos revisados, con el incentivo adicional de que ya no se podrán determinar créditos fiscales adicionales por esos motivos. Otro logro importante de la ley, es que los incentivos para el procedimiento de corrección, se refuerzan con la introducción de una multa mínima del 20% de la contribución omitida, si la auto corrección es antes del cierre del acta final y del 30% si es antes de la resolución determinante del crédito. Finalmente, la ley también establece disposiciones claras, en el sentido de que la actuación de los contribuyentes se presume en todo caso como realizada de buena fe, por lo que será la autoridad hacendaria la que tendrá que probar los agravantes para la imposición de multas. Con esta ley se garantiza y se hace más transparente la información relacionada con los procedimientos y trámites fiscales, no requiere de la creación de nuevos órganos administrativos, lo que no es un beneficio menor dado lo menguado de las finanzas públicas . La definición clara de los derechos de los contribuyentes, la implementación sistemática de las campañas masivas para difundir la cultura contributiva, las facilidades para la auto corrección y otras novedades que contiene la ley, se estima que incidirán de manera favorable, no solamente en la nueva relación o pacto fiscal entre el Estado y los gobernados, sino que pueden propiciar progresivamente el incremento en los índices de recaudación, pues no es a través de la política del garrote fiscal, de la intimidación y del acogotamiento de los contribuyentes, como se logran mejor tales fines, sino que debe priorizarse la convocatoria al pueblo mexicano, al civismo tributario y a la contribución y solidaridad sociales, piedras fundamentales de toda gran nación. En este marco se inscribe la nueva ley que hoy sometemos a la consideración de esta soberanía. Demos pues inicio, compañeros y compañeras legisladores, a un nuevo enfoque de las relaciones jurídico-tributarias en beneficio de los gobernados y por el engrandecimiento de México. Me permito proponer a esta soberanía asimismo, a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, algunas modificaciones al texto de la Ley publicada en la Gaceta Parlamentaria y que son las siguientes: En el artículo 17, reducir la multa del 40 al 30% si se paga antes de la resolución determinante del crédito y en el artículo 19, para cumplir con la obligación constitucional de motivar adecuadamente, agregar al final que cuando la autoridad realice comprobación sobre diversos conceptos, deberá en todo caso la orden por las que se ejerzan las facultades de comprobación, deberá estar debidamente motivada con la expresión de los nuevos conceptos a revisar. Entrego al efecto, documento firmado por miembros de la Mesa Directiva de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Igualmente entrego fe de erratas firmada por el Presidente de la Comisión, por errores de carácter mecanográfico. Gracias por su atención. Gracias, señor Presidente. -