La diputada Norma Angélica Aceves García: Los programas sociales consistentes en la transferencia directa de recursos económicos a la población en general, permiten a los beneficiarios resolver cuestiones cotidianas y, con ello, mejorar sus condiciones de vida. En el 2017, a través del programa social Prospera, se iniciaron las transferencias directas de recursos económicos a las personas con discapacidad. Fue un programa exitoso que ha tenido réplica en la actual administración y ahora se encuentra consagrado en el artículo 4o. constitucional. En la legislatura pasada, los grupos parlamentarios del PRI apoyaron esta reforma constitucional por dos razones: La primera, como ya se ha mencionado, fue en el sexenio pasado cuando a través del programa Prospera se iniciaron este tipo de transferencias y somos congruentes con nuestro pasado. La segunda razón, es que poner estos programas en la Constitución los hace permanentes y que nadie, nadie pueda condicionar a los beneficiarios. Por eso hoy, esta iniciativa pretende que todas las personas con discapacidad del país tengan acceso a este beneficio. Actualmente en México viven 20 millones de personas con discapacidad con alguna limitación o alguna condición mental. Sin embargo, el actual programa de transferencias directas solo tiene un padrón de un millón de beneficiarios, es decir, solo atiende a menos del 5 % de este grupo social, mientras que otros grupos como las personas adultas mayores tienen una mayor cobertura de este tipo. Para ponerlo en números, la pensión para personas adultas mayores representa 451 mil millones de pesos en el próximo ejercicio fiscal, en cambio las transferencias directas para personas con discapacidad equivalen únicamente a 27 mil millones de pesos. Sin duda estas cifras reflejan una injusticia social que debemos corregir. ¿Podríamos acaso igualar el gasto presupuestal para ambas poblaciones? Sin duda todos reconocemos estas necesidades al recorrer nuestros municipios. Las personas no queremos nada más que lo que por derecho nos corresponde. Nosotros no tenemos asignados ni siquiera el 1 % del presupuesto federal y representamos al grupo en situación de vulnerabilidad más grande en nuestro país. Enfrentamos desventajas en el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación y al ingreso, porque la población con discapacidad en extrema pobreza se ha incrementado del 2018 a la fecha, ubicándose actualmente en 10 millones de personas. Vivir con discapacidad tiene un mayor costo. Estamos enfrentando una crisis en el sistema de salud, por lo que medicamentos y materiales de curación están escaseando. De igual forma en materia de movilidad no se están desarrollando transportes públicos accesibles, como por ejemplo el Cablebús o el Tren Interurbano a Toluca, quedando las personas con discapacidad en la necesidad de seguir pagando taxi u otro servicio de alquiler. En materia de empleo las cifras siguen evidenciando rezagos históricos, ya que el 56 % de la población con discapacidad no cuenta con un ingreso superior o igual a un salario mínimo, por lo que transferencia universal de recursos podría solventar el desempleo de millones de personas. Finalmente, este año los libros de texto en braille o en macrotipo no han llegado a las escuelas, los asesores del CAED, los profesores de los CAM o de la Usaep, no han recibido en meses sus salarios. Escuelas como el Instituto para la Rehabilitación de Niños Ciegos en la Ciudad de México está viviendo recortes presupuestales y sobrecupo ante el cierre de estas instituciones consideramos que las transferencias directas son importantes. Quizá una transferencia universal para estas familias podría ayudar a que niñas y niños con discapacidad tengan la oportunidad de seguir estudiando y poder comprar materiales o pagar la cooperación voluntaria. Tenemos que construir una sociedad con justicia social, pero si no hay inclusión este anhelo es solo una ilusión. Las personas con discapacidad tenemos una mano levantada, pero no estamos pidiendo una dádiva, queremos únicamente lo que por derecho nos corresponde. Le pregunto a esta asamblea soberana: ¿Acaso las personas con discapacidad no merecemos el 1 % del presupuesto? Es cuanto, presidenta.