El diputado Antonio Lorenzo Castro Villarreal: Con su permiso, presidenta. Soy parte de una generación que enfrenta enormes dificultades para conseguir una casa propia, por lo que muchos de nosotros, me incluyo, seguimos viviendo en casa de nuestros padres, no por elección, sino por necesidad. Para la mayoría de los jóvenes mexicanos tener una vivienda propia es un sueño lejano. El 98 % de los jóvenes mexicanos ganan menos de lo necesario para solicitar un crédito que les permita comprar una vivienda de precio promedio, ya que el costo de la vivienda ha subido mucho más rápido que los salarios. Pero esta situación no es un accidente ni es un error, es el resultado de políticas neoliberales que durante décadas han transformado la vivienda en un instrumento de especulación y enriquecimiento para unos pocos. El derecho a una vivienda digna ha quedado subordinado a las ganancias empresariales. Hoy quiero agregar un punto particularmente grave que afecta a mi estado Coahuila, y que refleja un problema general que vivimos en México, la fusión de intereses entre el poder político y el poder económico. En Coahuila el caso es emblemático y desafortunado, ya que puede decirse, sin exagerar, que una empresa inmobiliaria gobierna el estado de Coahuila. El gobernador Manolo Jiménez, priista, antes de ser un funcionario público es un empresario inmobiliario. Y esto tiene efectos concretos, toda la política pública, las obras urbanas, las regulaciones, están diseñadas para maximizar la ganancia de las empresas constructoras, sacrificando el bienestar del pueblo de Coahuila. Esta situación no es un problema ético nada más, es una dinámica que afecta directamente las condiciones de vida de los coahuilenses. Cuando las decisiones de gobierno se toman para beneficiar al sector inmobiliario, en lugar de atender las necesidades de la ciudadanía, los más afectados son los jóvenes, las familias de bajos ingresos, pero también la clase media. Hoy, quienes buscan comprar una casa se encuentran con viviendas más pequeñas, más caras y en peores condiciones. El aumento desmedido del costo de la vivienda golpea a todas y a todos. Este encarecimiento no responde a las leyes del mercado, es producto de la concentración del poder que ha permitido que unos pocos controlen el acceso a uno de los derechos fundamentales, el derecho a un hogar digno. Coahuila es el ejemplo extremo, pero esta dinámica se repite en muchas otras partes del país y es precisamente el sistema en que la reforma al Infonavit pretende corregir. La reforma al Infonavit implica transformar el sistema actual en un modelo más justo y accesible. Se permitirá que el Infonavit participe directamente en la construcción de viviendas, rompiendo con la lógica de dependencia exclusivamente del sector privado. Además, se implementará un sistema de arrendamiento social con opción a compra, tras un año de cotización de los trabajadores podrán acceder a una vivienda de renta social y después de 10 años tendrán el derecho de adquirirla. También se dará prioridad a los trabajadores que, a pesar de haber cotizado al fondo durante años, aún no tienen una vivienda propia. Esta reforma busca devolver al Infonavit su papel garante del derecho a la vivienda digna. Se ampliará el acceso a la vivienda para jóvenes, trabajadores de bajos ingresos y la clase media. La construcción de vivienda por parte del Infonavit es la opción y la opción de arrendamiento social diversificará la oferta y hará más accesible este derecho. Esto contribuirá a la recuperación del derecho a la vivienda digna para todas y todos los mexicanos. El encarecimiento de la vivienda, producto de la especulación, la concentración del poder y las políticas neoliberales del PRI y del PAN es un problema que afecta a todos, pero sobre todo a los más vulnerables de este país. La reforma al Infonavit que estamos discutiendo hoy es un paso adelante para corregir este sistema injusto. Es una reforma que pone a las personas en el centro de la política de vivienda...