El diputado Edgar Castillo Martínez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la materia que estamos posicionando en esta tribuna son de vital importancia para la vida jurídica de México, en su conjunto los tópicos que nos ocupan quedan agrupados en lo que el presidente Enrique Peña Nieto ha denominado justicia cotidiana, forma parte de un paquete de iniciativas de las cuales se ha aprobado una más y el día de hoy esperemos se aprueben cuatro. La iniciativa del Poder Ejecutivo considera necesaria las modificaciones al texto constitucional, particularmente reformando o adicionando fracciones del artículo 73, para que el Congreso de la Unión expida leyes generales en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante y registro civil, buscando con ellas exista una regulación general nacional que establezca principios y bases que regirán en el país, permitiendo homogeneizar ordenamientos y criterios, protegiendo los derechos humanos de las y los mexicanos, así como lograr que las atenciones recibidas por parte de los servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno sean mejores y más efectivos, impactando en la confianza de las instituciones públicas, pero, sobre todo, en el bienestar de las personas. La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional emitirá su voto a favor del dictamen, haciendo suyos los argumentos presentados por el Ejecutivo federal, quien apegado al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 contempla la estrategia para hacer de México una sociedad de derechos, en donde los mexicanos tengan acceso efectivo a todas las prerrogativas que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, específicamente, el eje denominado México en paz, mismo que propone la consolidación de un Estado democrático a través de instituciones sólidas e incluyentes que aseguren el respeto y garantía de los derechos humanos, y dicho propósito sea obligado para todas las autoridades como una práctica cotidiana. Asimismo dicho Plan Nacional establece como una de sus metas nacionales para alcanzar un México próspero, garantizar la emisión de reglas claras que incentiven el desarrollo de un mercado interno competitivo. Para lograr el texto de las iniciativas que hoy se presentan como proyecto de decreto, se tomó en cuenta al Centro de Investigación y Docencia Económica, por sus siglas CIDE; al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; así como la opinión vertida en la instrumentación en el año 2015, de los denominados: Diálogos por la justicia cotidiana, con la participación de más de 140 juristas, académicos y representantes de la sociedad civil. Con lo anterior, el Poder Ejecutivo federal planteó las iniciativas de mérito, buscando los siguientes propósitos fundamentales. Primero. En materia de mecanismos alternativos de solución de controversias. Que el Estado facilite a las personas mecanismos alternativos sencillos, ágiles y confiables, para obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas y controversias en materias diversas al ámbito penal y sin necesidad de recurrir a instancias jurisdiccionales, con retraso en tiempo y los consabidos gastos que ello genera. Segundo. En materia de mejora regulatoria. Contar con una ley general integral, que facilite un mejor ambiente económico y además propicie la competitividad nacional, satisfaciendo los principios de transparencia, la participación ciudadana, la responsabilidad pública, la rendición de cuentas y la eficiencia en la acción gubernamental, involucrando, desde luego, a los distintos órdenes de gobierno. Tercero. En materia de justicia cívica e itinerante. Facultar al Congreso para expedir una ley general en la materia, que establezca las bases y principios que adoptarán las autoridades en los tres órdenes de gobierno en materia de justicia cívica, la cual además tendrá como objeto recobrar la confianza ciudadana y acercar a las personas los órganos de impartición de justicia, previendo desde luego la denominada asistencia temprana, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y justicia cívica. Cuarto. Finalmente en materia de registro civil y en concordancia con la redacción del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. Es necesario facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general que armonice y estandarice formatos, prácticas, simplificación de procedimientos de corrección, rectificación y aclaración de actas, así como utilización de técnicas para resguardo y consulta, desde luego, con la atención a los grupos vulnerables. En conclusión, compañeras diputadas y diputados, la fracción parlamentaria que represento respalda el sentido del dictamen presentado al conservar la esencia de las iniciativas presentadas por el presidente de la República y sustentadas en los motivos y argumentos defendidos. Con estas reformas consolidamos una justicia más eficaz, accesible y de calidad para todas y todos los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.