La diputada María del Pilar Torre Canales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Al tiempo que la dinámica de la realidad mundial exige respuestas claras e inmediatas, nuestro país ha atravesado en los últimos años por una coyuntura interna que ha complicado de manera general el estado de la política exterior y al sistema de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. No obstante, la experiencia histórica, la tradición diplomática y los vínculos políticos, económicos y culturales que México ha construido con el resto del mundo, a poco más de 45 meses de ejercicio de la actual administración, la política exterior está lejos de servir como palanca para mejorar los niveles de vida de las y los mexicanos que viven dentro y fuera del territorio nacional, y para hacer del país una nación atractiva y segura para invertir, como lo indica el Plan Nacional de Desarrollo. La falta de un verdadero estado de derecho, la fragilidad institucional, la inseguridad, la falta de crecimiento económico, la pérdida de competitividad y la incapacidad del gobierno de proteger y promover los intereses de sus ciudadanos en el tema migratorio ha hecho que la conducción de la política exterior esté llena de propósitos que parecen más formar parte de hechos coyunturales que de una visión con objetivos definidos. Si bien podemos reconocer avances como la estrategia de gobierno para normalizar y fortalecer las relaciones con América Latina, la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad Nacional de las Naciones Unidas, y el número de resoluciones adoptadas, así como la moción Amigo de la Corte presentada por México y apoyada por 11 países latinoamericanos puede suspender provisionalmente la entrada en vigor de algunas de las disposiciones de la Ley SB1070, en términos generales el papel de México en esta materia no es tan eficiente y responsable como la Cancillería expresa. Más México en el mundo, y más mundo en México. Ése era uno de los fines planteados desde el 2009. Hoy podemos reiterar que sí hay más México en el mundo, pero no de la manera en que desearíamos. Por un lado, cada vez son más los países que emiten alertas a sus ciudadanos para viajar a México, y la percepción internacional es que estamos en guerra, una guerra que ha alcanzado incluso ya a las ciudades más seguras del país. Señal contundente de que la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado se ha extendido en los enclaves más ricos del país. Esto según expuesto por el Wall Street Journal. Por el otro lado, tenemos la imagen distorsionada de un gobierno y una Cancillería que recalcan que la protección a los migrantes mexicanos y a aquéllos de otros países que cruzan en el territorio para llegar a Estados Unidos ocupa un lugar prioritario en los objetivos y estrategias de la agenda nacional. Cuando los ejemplos de lo contrario sobran. En el último año, las medidas antiinmigrantes en los Estados Unidos tuvieron un incremento importante, lejos de que las reuniones y los diálogos dieran frutos, se proclamó la Ley SB-1070, la cual tuvo una gran aceptación para muchos norteamericanos y a pesar de la actuación del gobierno federal, se prevé que este tipo de legislaciones sigan multiplicándose. El asesinato de los 72 migrantes en el estado de Tamaulipas es otro hecho que muestra la indiferencia del gobierno mexicano y el descuido que la frontera sur y la migración interna padecen desde hace años. Un estado que no actúa es responsable de omisión de los delitos que se cometen en su territorio. Aún cuando se supone que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con instancias para la protección de los connacionales en el extranjero, el pasado mes de febrero fue considerada por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública como negligente, al no contar con la información del número de mexicanos fallecidos en el Centro de Atención Migratorio, en Estados Unidos, de 2000 al 2009. En materia de promoción y protección a los derechos humanos también encontramos graves incongruencias, que no se mencionan a la hora que el gobierno enaltece su compromiso con la cultura de derechos humanos y que se convierten en importantes obstáculos para lograr avances sustanciales y reales. Las ratificaciones pendientes a instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la ausencia de firma en algunas convenciones, la existencia de reservas sustanciales a ciertos tratados y la falta de armonización e implementación de los estándares internacionales, son obstáculos importantes para lograr la máxima eficacia de los derechos humanos y sus mecanismos de protección. Ejemplo de ello, es el cuestionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el tema de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por el caso Rosendo Radilla, cuando ésta, de acuerdo a la convención firmada por nuestro país, es vinculatoria. Por su parte, los hechos e informes sobre violaciones de derechos humanos perpetrados por miembros del Ejército y a manos de la policía federal, estatal y municipal, en varios estados, como detenciones arbitrarias, ejecuciones y homicidios causados por daños colaterales, siguen presentes en la realidad de nuestro país. La muerte de dos personas, acontecida el domingo pasado, en la carretera de Monterrey, Laredo, a manos de efectivos militares, es el último episodio de esos casos y que de ninguna manera pueden justificarse. Las amenazas, agresiones y secuestros contra defensores de derechos humanos y periodistas, han agravado seriamente el clima. La obligación de garantizar progresivamente los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, es uno de los grandes pendientes del gobierno mexicano. La pobreza y la creciente desigualdad social que polariza cada vez más a la sociedad, provocan que millones de mexicanos y mexicanas continúen sin acceso a sus derechos básicos. La falta de acceso a la salud, las deplorables condiciones laborales, la falta de calidad y equidad en la educación, el deterioro ambiental y sus repercusiones para el cambio climático, tema de gran trascendencia por la cercanía de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que se celebrará en Cancún en noviembre próximo, cuestionan severamente el papel del Estado para garantizar el desarrollo humano sustentable al que se comprometió llegar. Resulta obvio que este panorama no se acerca en nada a una política exterior activa, responsable y eficaz y a un gobierno verdaderamente comprometido con la defensa y protección de los derechos humanos. Si bien sabemos que las graves repercusiones de la crisis económica y financiera, aunada a la crisis de inseguridad que golpea a la gobernabilidad y la estabilidad social y política del país, han dado como resultado que México enfrente también graves déficits. Estamos también conscientes de que debemos empezar por aceptar los errores y las omisiones en estas materias para generar un real cambio. Son muchos los retos y desafíos que el país tiene por delante. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, es imperativo en estas materias impulsar permanentemente el fortalecimiento de nuestra democracia, precisando los objetivos y las cualidades de desarrollo con base en auténtico interés nacional que incluya y permita el crecimiento con desarrollo económico de calidad y respeto de los derechos. Se deben conciliar el creciente número de intereses e integrarlos de manera coherente y armónica para que logremos la articulación de una política exterior unificada hacia el exterior, pero representativa de las preferencias y necesidades de cada uno de los actores nacionales. Hoy nos despertamos con un dato que sea falso o no sea falso, lo queramos aceptar o no, pero fue un dato grave que dio la secretaria del parlamento estadounidense, Hilary Clinton, en el cual compara a México con la violencia y la inseguridad que tenía Colombia hace 20 años. Éste es un dado que, como mexicanos, nos debe dejar ciertamente muy preocupados. Por su atención muchísimas gracias. Es cuanto.