LA C. DIP. PETRA SANTOS ORTIZ: Con el permiso de la Presidencia, buenas tardes. Antes de comenzar la glosa del Primer Informe de Gobierno del Presidente Fox, en lo que corresponde a la acción desarrollada por la Secretaría de la Reforma Agraria, es necesario reflexionar profundamente sobre la situación por la que atraviesa el campo mexicano. Para nuestro partido que ha comprometido su propuesta política y económica con los campesinos mexicanos y para quienes dentro del mismo hemos compartido con ellos sus penurias y anhelos, despunta en el campo la nueva insurgencia campesina, no sólo en la lucha por la tierra y libertad zapatista, sino también por su incesante búsqueda de apropiación del valor en sus productos, confiriéndole a ésta no sólo un propósito meramente reivindicativo, sino también la finalidad de poseer un espacio en la economía y sociedad de nuestro país, espacio que le ha sido negado en los últimos 20 años de nuestra patria. El estar tan de moda el hoy, y con esto inicio la glosa al Informe Presidencial, la lucha agraria en el campo comienza a manifestarse nuevamente, no obstante que los gobiernos de corte neoliberal, tricolores en el pasado reciente y matizados de azul actualmente, la nieguen y aun más, la coloquen en el baúl de los recueerdos confinadas al pasado histórico que para muchos, entre ellos quienes nos gobiernan, ya no se corresponden con la vida democrática de lo que hoy presumimos al mundo. Esa concepción sobre el problema agrario que comienza a ser desmentida por el México profundo, es la concepción que ha hecho de la Secretaría de la Reforma Agraria, una entidad que sólo existe y se justifica para administrar y dar fin al problema agrario. Por ello aunque la dependencia que usted dirige nos entrega cuentas alegres sobre el cumplimiento de las metas establecidas en este periodo, como nos lo hace saber en el cuerpo del informe que esta Secretaría le corresponde, en este sentido el cumplimiento de dichas metas, en muy poco contribuye al impulso del desarrollo social y económico de los campesinos, no sólo porque su impacto es muy reducido en relación con la profunda problemática, que afecta a los hombres y mujeres del campo, la mayor parte, ejidatarios y comuneros, sino porque con los recursos empleados en el año por su Secretaría, ni siquiera puede enfrentar uno de los principales problemas, que determinan la situación actual del campo mexicano, que por cierto tiene que ver con una de las atribuciones que le confiere la ley, la Secretaría que usted dirige, y que se refiere a la organización campesina. La reforma, del nefasto Salinas, al artículo 27 Constitucional, y particularmente a la Ley Agraria, inauguraron abierta y formalmente una concepción gubernamental de la problemática del campo mexicano, eminentemente pragmática y utilitaria, del cual no solamente se continúa en el sexenio siguiente, sino que da muestras evidentes, de no variar en el actual, y cuyo encuadre se define con bases en objetivos exclusivos de redituabilidad económica, orientados al aprovechamiento empresarial de las supuestas ventajas comparativas, de nuestras producciones en el mercado mundial, deslindándose tajantemente de la perspectiva social, colectiva, comunitaria y autosuficiente del desarrollo rural. En esa perspectiva, la reforma agraria, en su expresión política, al declararse el fin del reparto de la tierra, va a ignorar procesos y dinámicas, que no solamente tienen que ver con la solución por decretos a viejos problemas y profundos rezagos, sino sobre todo con la emergencia y profundización de nuevos procesos, dentro de los cuales destacan un nuevo latifundismo, provocado por las nuevas formas asociativas, por el acelerado rentismo y por la especulación predial, un proceso incontenible de proletarización rural, derivados del empobrecimiento profundo de los sujetos sociales, la consecuenta emigración de la población, la descomposición y destrucción de sus organizaciones de base, abandono de sus comunidades, y, en consecuencia, el agotamiento absoluto de las potencialidades y capacidades productivas del campo mexicano. Una lectura cuidadosa al Informe, como la que hemos hecho, nos permite documentar lo aseverado. No hemos encontrado los resultados de una gestión, supuestamente comprometida con el cambio, con nuevos rumbos en la atención al campo, encontramos, eso si, en las palabras huecas de siempre, los datos y cifras y no queda más que en eso, en puras cifras. Afirmar que se han certificado más de un millón de hectáreas en el período, y que se han llevado a cabo reuniones de trabajo y con las organizaciones campesinas, no refleja para nada las acciones que requieren los campesinos mexicanos. Vemos en el Informe, cuando mucho buenas intenciones pero no hechos concretos, por si fuera poco, se informa de lo que no se ha hecho, como es el caso del Programa Sectorial Agrario, el cual ni siquiera está considerado como obligatorio en el Plan Nacional de Desarrollo, o al menos no aparece en el Anexo que instruye su elaboración. Las acciones realizadas en el período y de manera insustancial, se presentan en el Informe, no son muy diferentes, de ahí a la continuidad de hace un año o dos años o cinco, se informa sobre los mismos programas, las mismas metas, cumplidas y rebasadas. Por cierto, en estas condiciones, yo me pregunto: ¿cuál es el cambio?, ¿cuál es la propuesta novedosa de que nos sirve saber cuál es la estructura orgánica de las dependencias sectorizadas, si no se explica la trascendencia de sus acciones? Finalmente, se hace referencia a 100 millones de pesos, que la Secretaría de Hacienda autorizó para un fondo de apoyo, a proyectos productivos y procesos de organización, y no se nos explica cuáles han sido los criterios y las reglas de operación de los mismos, lo que han provocado que un buen número de organizaciones queden excluidas, al condicionarse la entrega, a aquellas que ya tuvieron un acuerdo agrario referido al reconocimiento del fin del reparto agrario, famoso finiquito agrario de también tan recordado Zedillo, y asuntos de organización y fomento. Tomando como base los planteamientos anteriores, que destacan por un lado la situación de crisis que vive el campo mexicano y la profunda miseria de sus moradores, y por otro lado la inoperancia, la incapacidad de la Secretaría de la Reforma Agraria, para contribuir de manera efectiva la resolución de estas problemáticas, el PRD se pronuncia: por recuperar la función de la Secretaría de la Reforma Agraria en lo que corresponde a los grandes problemas relacionados con la posesión de la tierra, en las medidas que aún existen muchas concentraciones de tierra que se pueden catalogar como ilegales o latifundios y que no han sido reconocidas como tales, a pesar de la sangre derramada por innumerables generaciones de hombres y mujeres del campo, además del rezago agrario resuelto de manera unilateral pero que son focos permanentes de conflicto social en muchas regiones del país, sobre todo en el sur de México, aunque no exclusivamente. Además se le deben de incorporar a esta Secretaría nuevas funciones que le permitan participar en la promoción, organización y fomento de la producción ejidal y comunal. Impulsar la superación de la grave crisis que existe en el campo a partir de la búsqueda de la autosuficiencia alimentaria, verdadera necesidad estratégica del desarrollo nacional, en la cual la Secretaría de la Reforma Agraria, debe de jugar un papel más que importante al promover la organización de los hombres del campo, la capacitación de los haberes relacionados con lo tecnológico y lo productivo y en el impulso a la estrategia de desarrollo social de los campesinos. Propugnar por una nueva reforma agraria que tenga como eje un nuevo artículo 27 constitucional que fortalezca realmente la gestión campesina, sus procesos productivos y la naturaleza social de las formas de propiedad mayoritarias en el país, es decir, la propiedad ejidal y comunal y se nos tome en cuenta a las mujeres rurales. No siga con sus elefantes rosas de oficina; exigimos solución a las viejas demandas de los campesinos; no nos asustemos después de un estallido social en el campo; no culpemos al atraso y a los campesinos de ser la causa del mismo. Reflexionemos, las políticas públicas para el campo serán que hoy, hoy, no existe y los hombres y mujeres del campo también para este Fox, el gobierno, tampoco existen hoy. -PRESIDENTE: Muchas gracias señora diputada Petra Santos. Tiene el uso de la palabra el señor diputado Rafael Ramírez Sánchez, del Partido Acción Nacional. -DIP. RAFAEL RAMIREZ SANCHEZ: Muchas gracias. Con el permiso de esta presidencia; honorables Comisiones de Reforma Agraria y Desarrollo Rural; señora Secretaria Ma. Teresa Herrera Tello: Desde la perspectiva de Acción Nacional y su razón histórica dentro de los temas agrarios fundados en los ideales de don Francisco I Madero, quien en el Plan de San Luis expresó lo siguiente: Abusando de la Ley de Terrenos Baldíos, numerosos pequeños propietarios en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos por acuerdo de la Secretaría de Fomento y por fallos dictados en los tribunales de la República Lo que desde Madero a la fecha fue el pilar y fundamento de la Revolución Mexicana, el reparto de la tierra y su justa y equitativa distribución parece no haber encontrado eco en sus propios gobiernos revolucionarios. Siendo entonces hasta 1992, por iniciativa de Acción Nacional, que impulsan leyes como la reforma al artículo 27 constitucional, que termina con el reparto agrario y sienta las bases para un ordenamiento real y equilibrado. Sin embargo, en Acción Nacional estamos conscientes de que las normas deben ser respaldadas por las instituciones y más bien intencionadas leyes de 1992, que encuentran su respaldo en la administración a su cargo. Creemos que falta mucho por hacer y que urge se reordenen funciones y funcionarios. Sin embargo, vemos con agrado en usted su experiencia jurídica y en asuntos agrarios que garantizan alcanzar las metas fijadas por esa Secretaría a su cargo. Porque sólo con conocimiento de causa se puede dar certidumbre jurídica sobre la tenencia de la tierra. Esto no es fácil si tomamos en cuenta los vicios del pasado que se niegan a aceptar la nueva realidad en materia agraria. Señora Secretaria: hemos leído muy cuidadosamente el informe en la materia que nos ocupa, por lo que debemos reconocer que hay avances y una gran voluntad de servir. En cuanto hace al ordenamiento y regularización de la propiedad rural, estamos seguros se seguirá avanzando teniendo en cuenta que apenas se empieza a ordenar lo que no estaba ordenado y lo que se ordenó en forma equivocada. Una de las lecciones que podemos sacar de los acontecimientos mundiales de los últimos años es que aquellas naciones que no emprenden soberana y responsablemente las reformas de sus instituciones públicas y privadas y la modernización de sus fundamentos productivos verán ensanchar sus diferencias con las naciones desarrolladas. En este tenor hoy vemos que se hace más con menos y confiamos en la disminución de la burocracia en la Secretaría para seguir en este camino de eficientar la administración pública. El registro agrario nacional, que cumple con una misión de catastro rural, creemos se debe innovar su función a fin de poder concluir el programa Procede, incluso donde existen conflictos por cuestión de la tenencia de la tierra, capturando así la información y certificación en la totalidad de la superficie del país. Quiero hacer hincapié y referencia especial a la procuración de la justicia agraria. Estamos seguros, desde Acción Nacional, que podemos coordinar esfuerzo para que esta noble institución que busca la conciliación de los intereses agrarios pueda convertirse en el ombudsman de los campesinos que le preste garantías al sujeto agrario, defendiendo los alcances que la ley le confiere, observando el principio de imparcialidad de justicia, orientando en el aspecto jurídico a los derechohabientes del campo que tantas veces han sido atropellados por los tribunales agrarios, que con el pretexto de ser autónomos violentan el estado de derecho en agravio de los propios campesinos, con sentencias injustas y en ocasiones infundadas. La existencia de este ombudsman es responsabilidad de todos los poderes de la unión, toda vez que nuestros hermanos del campo mexicano son hombres de buena fe que no entienden de leyes ni de políticas gubernamentales pero con mucho corazón se entregan a la tierra que poseen para hacerla producir y producen con más eficacia cuando saben que esta tierra les pertenece. Por último, Acción Nacional externa su posicionamiento en pro del consenso, encontrando puntos de coincidencia para dar certidumbre jurídica al campo mexicano y fomentar el desarrollo de los proyectos productivos. Exhortamos a los demás grupos parlamentarios a encontrar esos puntos de coincidencia para rendirle cuentas a México sin protagonismos políticos o personales. De igual manera le decimos, Señora Secretaria, que estamos pendientes en apoyar la creación de leyes que beneficien a nuestro campo, pero también estamos vigilando que nadie utilice las leyes de México para sacar un lucro político o personal de nuestro campo. Por su atención muchas gracias.