El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con su permiso, señor presidente. Ya los ex senadores que ahora son diputados, dirían los abogados a confesión de parte, relevo de pruebas. Y vemos cómo probablemente en la votación por venir retomaremos esas consignas revolucionarias de mátalos y ya luego viriguamos. No cabe duda que el día de hoy está demostrada la inconstitucionalidad de esta reforma en el mismo debate. No hay que abundar más. Yo particularmente sostenía en nota aparte cómo se ven estas inconstitucionalidades o cómo rebajamos la fuerza de la Cámara o de las cámaras con estas supuestas reformas y yo decía: como Cámara tenemos derecho a llamar a cualquier servidor público, no es una concesión que nos digan que van a ir los responsables, el secretario de Gobernación o el jefe de la policía cada seis meses a entregarnos cuentas. Y cuando decíamos sobre la política criminal que van a hablar de eso también resulta que violentan la Constitución. La Ley General del Sistema de Seguridad Pública establece la distribución de competencias y las bases de coordinación entre la federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. La ley determina en su artículo 10, fracción I que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será la instancia superior de coordinación y definición de políticas públicas. Dicho consejo es presidido por el presidente de la república. El Consejo Nacional podrá funcionar en pleno o en las comisiones previstas por dicha ley. El pleno se reunirá por lo menos cada seis meses, a convocatoria de su presidente, quien integrará la agenda de los asuntos a tratar. Y ya el artículo 14 de dicha ley determina las atribuciones del Consejo Nacional de Seguridad, entre las que se encuentra la de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, etcétera. De toda esta lectura lo que resulta es la modificación para que el secretario de Gobernación sea el responsable de informar sobre la política criminal, exige congruencia con la regulación de seguridad pública que deriva del 21 constitucional y de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública con el objeto de evitar contradicciones e incongruencias en las atribuciones que le da la Constitución y la propia ley que determinan ya para el Consejo Nacional de Seguridad con las nuevas atribuciones que en la materia les quieren asignar a la Secretaría de Gobernación. Nosotros hemos planteado en el PT y un servidor está convencido también que son necesarios los acuerdos políticos, pero esto del Pacto por México es algo que realmente ni a sus propios partidos les han informado, ni a los diputados les informan; nada más los traen por ahí: ahora les mandamos ésta, vótenla, y les damos 24 horas y córranle y apúrense. Dónde queda la sociedad, cuándo la han consultado, qué representan estos que están firmando, si son producto de la ilegitimidad cuando menos porque ya la legalidad la cubrieron a través del control que mantienen en los órganos electorales. Yo digo, a qué nos llaman ¿a firmar pactos por México para reprimir el 1º de diciembre? ¿Pactos por México para que una persona esté en estado de coma? ¿Pactos por México para que un joven pierda un ojo? Pactos por México ¿para qué? ¿Para que existan desaparecidos políticos? ¿Pactos por México para que existan 14 presos en la cárcel? ¿Quieren esos pactos? A eso no vamos a ir. Y ojalá fuera congruente el Partido Revolucionario Institucional, y estas acciones de inconstitucionalidad las llevaran más a fondo, cuando les propusimos en la reforma laboral ir, ¿acaso van? Van a conveniencia, como siempre es el PRI, ya los sabemos. Nosotros vemos, para finalizar, que esta reforma es parte de los mandatos de la reprogramación política salinista que está dándose en este país. Por desgracia algunos ya se fueron con el canto de las sirenas. Y ahí van, y ahí seguirán, Dios los bendiga. A nosotros los tigres con pies de papel no nos dan miedo. Por más propaganda política que estén generando. Nosotros vemos que están creando un monstruo, un monstruo de dos cabezas con esta administración que están generando. Y obviamente ya iremos platicando qué más vemos de lo que están haciendo en la administración pública, pero en la calle la tristeza social continúa, la incredulidad política crece y eso ustedes lo saben. Peña Nieto subió del 40 por ciento de ilegitimidad, se traduce el pueblo, cree que hubo fraude electoral, al 61 por ciento. Lean bien lo que está ocurriendo en la calle, el pueblo de México no les cree, y por eso les va a creer menos si están haciendo leyes que perjudican a la población como ésta que está legitimando lo que ustedes hicieron el primero de diciembre, reprimiendo a los jóvenes. Muchas gracias.