El diputado Odilón Romero Gutiérrez: Con su venia, señor Presidente. El que suscribe, diputado federal Odilón Romero Gutiérrez, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática de esta LX Legislatura, vengo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, a proponer punto de acuerdo de urgente u obvia resolución por el que se exhorta al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Educación Pública para que atiendan y doten de infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena, del sur-sureste de nuestro estado, bajo las siguientes Consideraciones El pasado día 2 de marzo la titular de la Secretaría de Educación Pública, Josefina Vázquez Mota, anunció que esta dependencia destinará 700 millones de pesos para rehabilitación de escuelas urbanas pobres. Es de suponer que estos recursos se destinarán para atender los rezagos de infraestructura para dos mil 300 escuelas primarias y secundarias de todo el país, ubicadas en zonas de pobreza urbana, con lo que se busca renovar las instalaciones eléctricas hidrosanitarias y el mantenimiento de techos y fachadas. Se anunció también que el programa se aplicará en las 32 entidades de la República de forma proporcional al número de escuelas que tengan en zonas de pobreza urbana. Sin duda es una buena intención; sin embargo, se excluyeron a las escuelas en zonas rurales indígenas, particularmente de los estados más pobres y de mayor atraso social del sur-sureste de nuestro país. A lo largo de la historia de la educación indígena, México transita aún por el camino de la segregación social. Persisten estigmas racistas y discriminatorios. Todavía hay ciudadanos de segunda y de primera: unos que lo tienen todo y otros que carecen de lo elemental. Las niñas, niños y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, fundamentalmente, tienen serias dificultades para elevar su nivel intelectual, profesional y moral y prácticamente su futuro se encuentra secuestrado; y es que sufren mortalidad infantil, desnutrición crónica y la necesidad de trabajar desde pequeños, ya sea en actividades agropecuarias o en otras, lo que constituyen signos de alarma y tragedia nacional. En general, la niñez y la juventud indígena de las tres entidades federativas en referencia se encuentran desprovistas de oportunidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida en un corto plazo. De mantenerse los altos niveles de pobreza rural y de marginación social y cultural, resulta previsible el incremento de la migración y como consecuencia de ello, el secuestro del futuro de las niñas, niños, jóvenes y mujeres indígenas. En estas condiciones es necesario y urgente replantear las políticas públicas en el ámbito educativo y especialmente por un reparto equitativo de los recursos públicos, ya que las escuelas indígenas representan el 5.6 por ciento del total de las escuelas públicas del país. Ahora, de acuerdo con datos oficiales, ocho mil 615 escuelas primarias de educación indígena se encuentran en condiciones materiales muy deplorables y en un ambiente desolador. No hay aulas, sino galeras construidas de madera; otras están hechas de enramadas e incluso algunos alumnos indígenas reciben clases a la sombra de los árboles. Asimismo, aunado a todo esto, el 50 por ciento de la población indígena de 15 años y más, no tienen educación primaria. Resulta importante, en consecuencia, reconocer que el Gobierno federal y las entidades garanticen una educación pública de calidad para las niñas, niños y jóvenes indígenas con nuevas modalidades que garanticen la igualdad. Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo Único. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Educación Pública, incluir a las escuelas de las zonas rurales indígenas en el Programa de Fortalecimiento y Dotación de Infraestructura que permita el óptimo servicio de la educación básica indígena de los niños, niñas y jóvenes indígenas de los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, del sur-sureste de nuestro país. Asimismo se solicita que, en un plazo de 30 días a partir de la aprobación de este punto de acuerdo, la Secretaría de Educación Pública informe a esta soberanía de los planes, el ejercicio y la distribución de los recursos asignados para infraestructura básica de las zonas rurales indígenas, particularmente en el sur-sureste de nuestro país. Se solicita, señor Presidente, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.