La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, después de escuchar la primer ronda de nuestros compañeros diputados, con tan distintos señalamientos tan delicados sobre el manejo de los recursos y sobre todo del informe que da la auditoría de la Cuenta Pública de la federación, del ejercicio 2010, uno de los temas, por demás sensibles en nuestro país, lo representa la inadmisible situación que enfrenta el Instituto Mexicano del Seguro Social, afectando por las estrategias de abandono, iniciada desde los últimos gobiernos del Revolucionario Institucional, misma que continúa por los gobiernos de Acción Nacional. Las condiciones que prevalecen en dicho instituto merecen ser denunciadas en el ánimo de adoptar las medidas conducentes para mejorar sus servicios, concebido desde sus orígenes como un organismo encargado de procurar el bienestar a poco más de 46 millones de derechohabientes y 10 millones también al servicio de los trabajadores del Estado sufren hoy en día los errores de una estrategia fallida y malas prácticas administrativas que los dejó a su suerte sin reparar en el grave daño que esto significa. Hoy, más de 50 millones de mexicanos se encuentran sin ninguna protección social, lejos de incorporarlos a la seguridad social que brinda tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social como el ISSSTE se ha optado por el abandono, la desprotección. Nunca como hoy, en la historia, el desastre y la indiferencia han pagado un tan alto costo. Además de las inseguridades del denominado Seguro Popular y que en los hechos no brinda ni seguridad social integral a ningún mexicano. Siendo la salud uno de los derechos fundamentales de rango constitucional, ha sido inadvertido por una política consistente en abandonar las más elementales responsabilidades del Estado, como lo es garantizar el derecho a la salud. Y así lo reporta la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2010. Del uso inadecuado de más de 3 mil millones de pesos. Lo anterior se ha traducido en la reducción de calidad en los servicios que ofrecen la escasez de medicamentos, el insuficiente número de camas y de personal médico y ni qué decir de las necesidades en materia de infraestructura hospitalaria, lo que genera el hacinamiento de pacientes, derivado también esto del fraude y saqueo y daño patrimonial de más de 36 millones de pesos a las finanzas públicas de esta institución. De acuerdo con el resultado de la Cuenta Pública presentaron 5 mil 424 quejas relacionadas con los servicios médicos que otorga esta institución. De éstas, 71.5 por ciento se presentaron en las unidades médicas, pese a lo cual, en el Instituto Mexicano del Seguro Social no dispuso de información sobre el número de quejas que fueron procedentes e improcedentes ni las causas que lo motivaron. Además, se han denunciado una y otra vez casos de corrupción que no han sido investigados y mucho menos sancionados. Afecta aún más la salud financiera del organismo. Ante este escenario, las autoridades del Instituto, en complicidad con un sindicato a modo quiere atribuir los problemas de atención a los trabajadores, fincándoles presuntas responsabilidades que no les corresponden en lo absoluto, cuando detrás de ello están los contratos asignados a empresas extranjeras y otras mexicanas. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, al igual que otras fuerzas progresistas, consideramos que lo fundamental es preservar la viabilidad del Instituto Mexicano del Seguro Social, a fin de que pueda remontar sus problemas y cumpla con las responsabilidades que está llamado a atender. Siempre nos pronunciaremos por la transparencia, por la rendición de cuentas y sobre todo, por la no impunidad a los abusos y usos discrecionales de los recursos de todos los mexicanos. No podemos permitir ni mucho menos aceptar el desmantelamiento del sector salud y bursatilizando el dinero de los pensionados de forma discrecional para beneficio personal de quien estuvo a cargo de esta institución, y una vez más atenta contra la calidad de vida de los mexicanos. No podemos permitir más impunidad. Nos pronunciamos también en contra de la simulación en que ha incurrido el gobierno federal con programas fantasmas, como el Seguro Popular, pues tenemos la certeza de que se trata de una estrategia orientada a distraer los graves problemas que existen en el sector salud, de encubrir las dificultades que padece el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ya lo hemos señalado. Además nos preocupa el desinterés del gobierno federal en lo que respecta a la inversión del gasto social que se reduce año tras año, mientras en otros rubros se incrementan los recursos asignados, como lo es a la Secretaría de Seguridad Pública, que a todas luces sigue siendo una estrategia fallida, con resultados que vemos que se han acrecentado en los últimos años con las más de 50 mil muertes, y qué decir de todos los sucesos que están dándose en este país. Un aspecto especialmente sensible para la población tiene que ver con la calidad y seguridad de las guarderías operadas por el IMSS. La revisión de la Cuenta Pública muestra una vez más el incumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la prestación de este servicio, debiendo entre otras razones que el instituto programó visitas de supervisión y seguimiento. A sabiendas de las irregularidades detectadas en las guarderías nunca se dio cuenta de ello, lo que propició el gran suceso que a todos los mexicanos nos duele que se ha presentado. Resulta claro que en México el Estado incumple con una tarea esencial, como ya lo hemos señalado, de ofrecer servicio eficiente de atención a la salud de calidad a la mayoría de los mexicanos, quienes se encuentran impedidos de acudir a hospitales de atención privada por razones estrictamente económicas. Nos pronunciamos por vigilar y sancionar y, en su caso, a quien lucre en forma político electoral, un simulado rescate que luego se destine a promover campañas de salud con tendencia electoral. En Movimiento Ciudadano reiteramos no avalar las imputaciones que el gobierno federal quiere hacerle a los trabajadores como responsables de las desastrosa situación actual, cuando esto es producto de negociaciones. En otro orden de ideas nos interesa destacar que ante la revisión del estado del ejercicio del presupuesto de la Secretaría del Medio Ambiente, correspondiente al programa presupuestario P005, Programa Especial de Cambio Climático, de los 82 mil 514 millones de pesos aprobados la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, únicamente ejerció el 15 por ciento, de los cuales 9 millones 500 mil pesos se destinaron a la ejecución de proyectos y acciones ambientales en Sonora, conforme a lo presupuestado modificado del 6.5 por ciento para la creación de una oficina de cambio climático y energía en el estado de Chiapas, así, todo esto marcado en el anexo 34 del Presupuesto de Egresos. ¿Qué más nos espera encontrar en todo este análisis? Por eso es urgente ver que esto cambie, si faltan dos años más por venir en el análisis. Lo que necesitamos y que requiere México es un cambio verdadero. Es cuanto, diputado presidente.