El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Muchas gracias. Con la venia, diputada presidenta. Compañeros diputados y compañeras diputadas, continuando con el análisis de las Cuentas Públicas de 2002 y de 2003, sin duda, un informe relevante para el análisis de la gestión financiera que rinden de manera consolidada los Poderes de la Unión y los entes públicos federales sobre la administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos. Los dictámenes que estamos discutiendo ahora, las Cuentas Públicas de 2002 y de 2003, coinciden en verificar en forma reiterada y común las siguientes observaciones: Casos de incumplimiento de los principios de contabilidad gubernamental. Casos de cancelación de créditos fiscales. Casos de revisión minuciosa del cumplimiento de metas macroeconómicas. Se deja constancia del incumplimiento de metas macroeconómicas en los dos años de este análisis. Sin duda, el primer caso implica reconocer la indisoluble necesidad de contar con información oportuna y confiable para juzgar adecuadamente el cumplimiento de las funciones del gobierno. En el segundo caso, empero, se trata de establecer mecanismos eficaces, recursos humanos y financieros suficientes para que las entidades de fiscalización no se dobleguen ante cualquier interés; en continuar con políticas de fracaso por parte de los ejecutores del gasto; y en el tercero, se trata de buscar la defensa del mejor ejercicio del gasto, de implementar un sistema ad hoc de indicadores de gestión y racionalidad financiera acorde a los resultados que se demandan en la sociedad. Debe señalarse que para la revisión de la Cuenta Pública de 2003 se revisaron y atendieron 134 solicitudes de intervención de la Comisión de Vigilancia, las que en relación con las 36 y 64 solicitudes recibidas para la revisión de las Cuentas Públicas de 2002 y 2003, representan un incremento promedio anual de 192 por ciento. Es decir, en tres años las peticiones se han multiplicado cuatro veces. Otra área que ha sido seriamente afectada por la opacidad corresponde a la de fideicomisos, fondos, mandatos y contratos análogos que ejercen cuantiosos recursos públicos federales. Al cierre de 2003, existían mil 353 figuras de este tipo, cuyos activos ascendían a 662 mil 7 millones de pesos. La Auditoría Superior de la Federación, en los informes de resultados de las revisiones de las Cuentas Públicas de 2000, 2001 y 2002 ya había advertido la apremiante necesidad de transparentar su operación, y hoy por hoy se sigue privilegiando desde el Ejecutivo, la creación de millonarios fideicomisos. Otra área de opacidad del año 2003, fue la operación de los Proyectos de impacto diferido en el registro del gasto ?Pidiregas?, porque su configuración se presta a iniciar proyectos que no cumplen con la normatividad. Los recursos públicos financian a particulares trastocando los propósitos para los que fueron diseñados. Por ello, no es de extrañar que con el 8.6 por ciento de ingresos adicionales al Presupuesto del año 2003, provenientes de los excedentes petroleros, no se haya hecho nada trascendente por este país, porque se dedicaron a privilegiar el gasto y no a la inversión. De esta forma se abandonó al país. Es un hecho que el que no sabe en qué va a gastar o en qué debe invertir, no posee una visión ni conoce ?o puede entender? la oportunidad que se le escapó en esta etapa, en la que hasta el Banco Mundial reconoce que todas las economías del mundo contaban con un sano crecimiento en su producto interno bruto. Da tristeza decir que ni en el año 2002 ni en el 2003 hayamos podido corregir el rumbo. Pareciera que la máxima de la planeación era solamente formar una amalgama entre parentesco y malos manejos. Durante el periodo que se reporta en estos dictámenes de los años 2002 y 2003, encontramos suficientes evidencias para demostrar que son indispensables los contrapesos entre los Poderes de la Unión. El tema fundamental es que las finanzas públicas deben analizarse a la luz de los destinos que a propuesta del Ejecutivo y voluntad manifiesta de los diputados dieron a dichos recursos públicos. Sabemos que como consecuencia inmediata de los hechos y resultados de la revisión de la cuenta, se fincarán o determinarán responsabilidades. En ello esperamos que la ciudadanía se erija en un actor central del ejercicio público. Este es el camino para que la ciudadanía participe y recupere la confianza en las instituciones. Esta semana revisaremos las cuentas 2002 y 2003, que posiblemente en los medios de comunicación queden de lado por la visita del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Aún faltan muchas más en las que tendremos que ir a fondo y darle a conocer a la ciudadanía de qué forma se ejerció el gasto que desde este Congreso de la Unión se destinó de manera seria y responsable, buscando una mejoría para nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta.