La diputada Marisela Garduño Garduño: Compañeras y compañeros legisladores. Acudo a esta tribuna para hablar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, a favor del dictamen a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano que nos presentan las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Defensa Nacional. Esta ley define la responsabilidad de las instancias gubernamentales en lo que se refiere a la salvaguarda del espacio aéreo mexicano, tan es así que en el artículo 5o, fracción XI se encuentra la definición del espacio aéreo mexicano que a la letra señala: el situado sobre territorio nacional con la extensión y modalidades que establece el derecho internacional. Este tema legislativo es de vital importancia para brindar el espacio aéreo mexicano de incursiones y organizaciones delictivas en el trasiego de drogas hacia México y otros países. En el pasado se sabía del aterrizaje de aeronaves en pistas clandestinas e, incluso, se llegó a asegurar muchas toneladas de drogas a dichas organizaciones delictivas. Hoy, con esta nueva ley dotamos al gobierno de un gran instrumento legal que le permitirá, con la debida coordinación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adicionalmente se prevé la existencia de un Consejo Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo que preside el titular del Ejecutivo Federal cuyas facultades son, entre otras, establecer los procedimientos de actuación para la detección, identificación, intercepción aérea y seguimiento de aeronaves que deriven de un alertamiento aéreo. Toda aeronave que pretenda ingresar al espacio aéreo mexicano o salir de él, requiere de previo registro, denominado Pan de Vuelo. Resulta evidente que, si una aeronave que es detectada por el sistema de radares no corresponde a alguna previamente registrada, su incursión en nuestro espacio aéreo es ilegal y, en consecuencia, en esta nueva ley se dota a las autoridades administrativas de las facultades para hacerla descender o evitar su despegue, según sea el caso. Para tal efecto se plantea la existencia del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo y que en el artículo 20 de la presente ley, se definen sus funciones, siendo entre estas, la de operar los medios de detención, identificación e intercepción aérea y el salvamento puestos a su disposición de conformidad con la normatividad aplicable. También es oportuno mencionar, que la aplicación de la presente ley no genera impacto presupuestal adicional, toda vez que en su transitorio tercero a la letra nos dice: las erogaciones que generen con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores del gasto responsable para que el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no se incrementarán su presupuesto regularizable y no se autorizarán recursos adicionales para que el ejercicio fiscal del que se trate. Por todas las consideraciones antes mencionadas, reiteramos el voto a favor del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo al presente dictamen. Reiteramos, además, nuestro compromiso a las y a los mexicanos, nosotros no les fallaremos. Unidad nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto, presidente.