El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias. Convendrá usted conmigo, compañera diputada, que el derecho no es una ciencia exacta y que es opinable. Yo opino que sí. Mire, claro que hay una necesidad en este momento en el país, a la vista de todos, que las Fuerzas Armadas permanentemente continúen haciendo lo que están haciendo, con permiso de este Congreso. Y por un tiempo más allá del año 24, como ha propuesto y seguramente más tarde el señor presidente va a turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales la iniciativa del Grupo Parlamentario del PRI, para que se prorrogue ese plazo y ayude en el curso del tiempo a la gran consolidación de la Guardia Nacional. Y el Ejército se pueda convertir en una gran fuerza de administración y de trabajo civil para el país. Creo que la proporcionalidad está en función del tamaño de la amenaza que hay de la seguridad nacional por parte del crimen organizado. Creo que la regularidad consiste en el permiso que dé este Congreso, si es el caso, en la temporalidad, en la sujeción a las leyes civiles, desde luego. Creo, finalmente, que todo este conjunto de elementos nos deja ver que es no idóneo sino lo único posible en este momento, por tanto, idóneo, para la suerte del país en esta acechanza tan grave que hay. Mire usted, la Corte Internacional tiene jurisdicción sobre México porque México quiere. Los tratados internacionales no son igual a la Constitución. Esa es una percepción equivocada de los abogados iusnaturalistas, seguidores de santo Tomás de Aquino, con el bien común y los derechos inmanentes al nacimiento de las personas. Es la sociedad la que otorga los derechos. Se cambió la redacción del primero y ahí que quede, no es la discusión, pero los tratados internacionales están sujetos a estar acordes con la Constitución, eso dice el 135. El 1o. es relativo nada más a derechos humanos. Yo opino que no existe ningún derecho humano ni de ninguna naturaleza que sea absoluto. Opino también que si un tratado internacional es firmado por el Ejecutivo y votado por mayoría por una sola Cámara no tiene la misma jerarquía y efectos jurídicos y prelación que una reforma a la Constitución que vota esta Cámara por dos tercios, la Cámara de Senadores por dos tercios y las legislaturas de los estados. No son lo mismo la Constitución y un tratado internacional y los tratados internacionales duran mientras los países quieran. Y miren ustedes, no nos preocupa tanto desde el fondo jurídico el escrutinio que pueda hacer la Suprema Corte de Justicia, que últimamente está muy excedida, debería preocuparnos más a todos lo que significa como afrenta para el Congreso que la Corte proponga desaplicar una parte de la Constitución. Significa eso que los tribunales de amparo y los jueces de amparo ya no tendrán la obligación de aplicar la prisión preventiva oficiosa que merece un estudio muy importante y a fondo aquí en el Congreso, no en la Corte, no en la casa de esos 11 ministros que han sido designados por el Congreso a propuesta del presidente y que no pueden tener la misma jerarquía de Poder constituyente, son un Poder constituido por los otros dos Poderes constituyentes electos por el pueblo de México. No son lo mismo. Miren lo que acaban de hacer y lo que hizo el Tribunal Electoral, ¿ya se nos olvidó? Por más que estemos a favor de un partido o de otro, sin perjuicio y que no se sienta el Movimiento Ciudadano porque no fue contra ellos, no puede el Tribunal Electoral decirles a los diputados cómo voten. Se atreve a decirnos que votemos a favor de un determinado criterio esa sentencia. Si este Poder no obedece una sentencia es un conflicto entre Poderes. No caemos en un desacato como cualquier otra entidad o cualquier otra persona. Miren, algunos países, fíjense lo que voy a decir, en algunos países las resoluciones de los tribunales constitucionales son superables por el Poder Legislativo. ¿Sabe usted qué pasa cuando el Ejecutivo veta una ley del Congreso, que es votar en contra y no promulgarla y no publicarla? Puede suceder si quiere el Poder Legislativo que le haga caso a las observaciones del Ejecutivo, pero puede suceder y lo permite la Constitución, que por dos tercios supere el veto del Ejecutivo, porque la representación popular, la legitimidad absoluta, la soberanía de la nación está en el Congreso, en sus dos Cámaras y en las legislaturas de los estados. ¿Por qué ocho votos para declarar inválida una sentencia? ¿Qué representan los ministros para que estén contando aritméticamente sus votos? Yo creo que para dejar inválida una ley del Congreso, las dos Cámaras debería votar por unanimidad el pleno de la Corte. En otros países con el voto de las dos terceras partes se supera una declaratoria de invalidez, se supera una declaratoria de invalidez constitucional. Fíjense en eso, nosotros no tenemos eso porque le dimos toda la facultad a la Corte para que juzgue las leyes de este Congreso y las confronte con la Constitución, pero no para que diga que un artículo de la Constitución riñe con otro y decida cuál de los dos ya no aplica. Eso no lo puede hacer la Corte. Ninguna facultad tiene en la Constitución ni en la ley reglamentaria del 105. Yo le estoy diciendo nada más lo que pasa en otros países y lo está inspirando. Miren ustedes, si hemos venido aquí a tratar de esta manera con urgencia y con rapidez estas iniciativas, tiene que comprender que es un recurso legal que está en la Ley Orgánica, está en el Reglamento y que lo puede usar la mayoría de la Cámara frente a la moratoria de la minoría de la Cámara. Si no hubieran declarado, no se hubieran declarado en esa actitud reacia que anuncia votar todo en contra de lo que venga del Presidente, no estaríamos en esto. Normalmente las mociones de urgencia u obvia resolución se concertan entre los grupos parlamentarios, pero si no estamos en condiciones de concertar porque hay una posición tajante, tiene que la otra parte mayoritaria del Congreso utilizar los instrumentos legales a los que tiene derecho. Termino, señor presidente. En suma, hay un presidente civil que nombra el comandante civil. Hay una Secretaría de Seguridad Pública que dirigirá la estrategia nacional de seguridad pública, elaborará los programas y la política criminal y dirigirá al gabinete de seguridad y hay una Sedena que va a operar, a operar, a operar en el funcionamiento y la organización de la Guardia Nacional por un tiempo determinado. Hoy, hoy hasta marzo del año 24, si esa iniciativa del PRI se aprueba, si la aprobamos, entonces se prorrogará -creo yo para bien de México- ese inter que hoy le permite al Ejecutivo tener con tres Secretarías el despacho para la función tan importante que es la de la seguridad pública. Y, sobre los datos de criminalidad, a ver, ¿no sé qué cuentas han estado haciendo?