La diputada Ana Lucia Riojas Martínez: Muchas gracias, presidenta. Saludo a todas y todos mis compañeros. La legalización y despenalización de sustancias es una de las deudas históricas con las personas más vulnerables. Las comunidades indígenas, las poblaciones marginadas de las grandes ciudades, los vendedores, los consumidores, los marginados de este país que han sido encarcelados por no tener otros medios para sobrevivir. Las víctimas de este sistema y de esta guerra. Nos preocupa que la reforma que se ha discutido y que se intenta aprobar no ataca las razones fundamentales de la legalización: la justicia social. Que ese no sea el eje fundamental de esta reforma, que la reintegración de los presos por venta al menudeo y que las comunidades indígenas y campesinas que siembran, tanto marihuana como amapola, no tengan otras formas viables para vivir si quisieran, o seguir dedicándose a la producción de estos cultivos en condiciones dignas y seguras, sin temer por su vida, que estos aspectos fundamentales para que los derechos humanos no se encuentren siquiera enunciados, refleja muy bien cuál es el espíritu de lo que aquí se quiere imponer. En el mismo sentido, nos parece que las condiciones en las que quedamos las consumidoras no tienen el alcance para que se construya una nueva relación con el Estado. Esta reforma no es suficiente para que se deje de perseguir a quienes, desde una posición personal, hemos decidido ser consumidoras. No queremos más represión en contra del libre desarrollo de la personalidad ni más limitaciones en las decisiones sobre nuestro cuerpo. Necesitamos dejar bien clara la línea entre lo que el Estado puede decidir sobre nuestros cuerpos y lo que no. Este dictamen no tiene el sentido de protección a los derechos humanos y no protege a quien más ha afectado la guerra contra el narcotráfico. No va hacia la construcción de la paz y no va en el sentido de resarcimiento de las víctimas de las Fuerzas Armadas. Tampoco desincentiva la persecución a las comunidades productoras ni a las consumidoras. La esencia de este dictamen es punitivista y no tiene la perspectiva del futuro que este país necesita. Nos preocupa mucho que se permita la integración vertical, dejando el camino libre a las grandes empresas extranjeras y obstaculizando el camino a productores de las comunidades. El dictamen busca convertir el uso de sustancias en un negocio y no en un derecho. Al no suceder de esta manera, se pone en riesgo también a las comunidades cercanas, a los cultivos, ya que se construirán las simetrías económicas que hoy no existen, explotación laboral, expropiación de agua y acaparamiento de tierras y, sobre todo, mucha violencia. Debemos dar prioridad a las comunidades que hoy en día ya están en los circuitos de siembra y cosecha como parte del resarcimiento histórico que este Estado nos debe. Hoy deberíamos de haber avanzado en la construcción de la paz y haber dado un paso importante en el comienzo del fin de la guerra. Sin embargo, como ha sucedido en esta Cámara, durante los últimos años, se le dio la espalda a quienes confiaron en ustedes, el grupo mayoritario, y, sobre todo, a las víctimas. Desde esta tribuna agradecemos a Regulación por la Paz, al Instituto Ria, a México Unido contra la Delincuencia, y a todas las organizaciones y personas que no han dado ni un paso atrás en la búsqueda de una política de drogas justa, digna y con libertad. Habiendo dicho todo esto, no deja de ser un buen momento para recordarles que la reforma que merecemos llegará y tarde o temprano terminará esta guerra y su prohibición. Igualmente, con este debate, abrimos esa gran, gran pregunta: ¿Qué relación queremos que el Estado tenga con nuestros cuerpos? ¿Qué le vamos a permitir al Estado hacer o no en nuestros cuerpos? Mientras tanto nosotras, las usuarias, seguiremos fumando y resistiendo en búsqueda de una política de drogas digna, e insisto, con libertad. Muchas gracias.