El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su permiso, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores. Uno de los sucesos de más triste memoria en materia de derechos humanos en el pasado reciente del país, y al cual diversos intereses políticos y económicos han intentado enterrar en el olvido, es el que ocurrió a la periodista Lydia Cacho. Este caso resulta paradigmático de lo que significa el abuso del poder. A las denuncias derivadas del trabajo de Lydia Cacho con el Centro Integral de Atención a las Mujeres de Cancún relacionadas con la trata de personas y la pederastia, lo que siguió fue no la persecución de los delincuentes sino el acoso a la señora Cacho desde los rincones oscuros de los poderes del dinero y del crimen. El momento más trágico ocurrió cuando agentes policiales del estado de Puebla, por órdenes del entonces gobernador Mario Marín, viajaron hasta Cancún, detuvieron ilegalmente, secuestraron literalmente a la señora Cacho para llevarla hasta la ciudad de Puebla y procesarla por una denuncia de difamación entablada por el empresario Kamel Nacif. No olvidamos los vergonzosos momentos revelados el 14 de febrero de 2006, cuando la opinión pública conoció la grabación en la que Kamel Nacif agradeció a Mario Marín el favor de pisotear la dignidad y los derechos de Lydia Cacho, empleando un lenguaje de delincuente, protegido del poder y beneficiario del mismo, que le hizo ganar el triste mote de Góber Precioso. Las denuncias por pederastia eran ciertas, ya hay procesados. Sin embargo, ¿donde está Mario Marín? Lamentablemente, lo acabamos de ver en fotografías junto al precandidato único del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto, en donde trascendió por cierto, que el ex gobernador estaba buscando la protección del fuero federal. El nombre de Mario Marín está indisolublemente asociado a la corrupción, a la intimidación y a la pederastia y su administración está indisolublemente vinculada al desvío de recursos, a las redes de protección y compadrazgo, a la política de los amigos que remite si acaso a pensar en un guión para película de mafias políticas que no estaría mal que rescatara algún día el cine mexicano. Pero por si esto no bastara, hace apenas unos días el juzgado octavo de lo penal dictó formal prisión a Alfredo Arango García, ex secretario de Salud de Puebla de Zaragoza, por cierto compadre de Mario Marín, quien es acusado del delito de enriquecimiento inexplicable, y sabemos que varios otros ex funcionarios están siendo también investigados. Es por ello que los legisladores del Partido Acción Nacional, nos manifestamos en contra de que las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos queden en el olvido. En el mes de marzo de 2009, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió recomendaciones donde consideró que fueron violadas las garantías fundamentales de Lydia Cacho, cuya responsabilidad señaló a los gobernadores Mario Marín, de Puebla, y Félix González Canto, de Quintana Roo. De la misma forma, nos manifestamos a favor de fortalecer la rendición de cuentas vinculada a los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres, durante cuya administración por cierto se triplicó la deuda estatal. En este sentido es que proponemos el siguiente punto de acuerdo: Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que actualice los supuestos de la recomendación 16/2009 en las que el ex gobernador del estado de Puebla Mario Marín Torres no ha reparado el daño causado a la señora Lydia Cacho y no se han tomado las medidas destinadas a establecer programas para prevenir la tortura y promover el respeto de las garantías fundamentales y a la libertad de expresión. Segundo. La Comisión Permanente exhorte respetuosamente a la Procuraduría General de Justicia del estado de Puebla a fortalecer las investigaciones en contra de los ex funcionarios del gobierno de Mario Marín Torres. Es cuanto.