La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Presentación del dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 58 del Código Civil Federal. Honorable asamblea, en 1980 se suscribió la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación en contra de la Mujer, instrumento que en su artículo 5o. establece la obligación estatal de modificar patrones socioculturales para eliminar prejuicios y prácticas consuetudinarias basadas en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos. Asimismo, en el artículo 16 se establece que los Estados parte deben adoptar medidas para eliminar la discriminación en contra de la mujer y reconocer los mismos derechos y responsabilidades como progenitores y los mismos también derechos personales como marido y mujer, entre ellos el derecho a elegir el apellido. Sin embargo, el orden de prelación en la legislación civil contraviene este derecho a la igualdad de género, por lo que la diputada Natividad Díaz, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, promovió la iniciativa de dar mérito a fin de generar igualdad y evitar la discriminación en contra de las mujeres mexicanas, toda vez que es indispensable evitar reproducir roles y estereotipos de género que motiven la exclusión. La Comisión de Justicia que preside la diputada Pilar Ortega Martínez, coincide con la importancia de lo que significa en la práctica asentar primero el apellido paterno estableciendo una prioridad jurídica para la preservación de los apellidos del varón. De acuerdo con las estadísticas de natalidad de 2018, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, de México, ocurrieron más de 2 millones de nacimientos, es un número aproximado de nuevas personas registradas cada año en nuestro país, y quienes están en aptitud de reproducir involuntariamente ese esquema de discriminación. En este dictamen se proponen disposiciones, acorde con lo establecido en la Constitución y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Recordemos que el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho de toda persona al nombre propio y a los apellidos de sus padres, sin establecer ninguna distinción acerca del orden de prelación. Lo mismo acontece en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención sobre los Derechos de las Niñas y los Niños. Cabe mencionar que en la jurisprudencia no existen elementos objetivos que respalden esta costumbre de asentar el primer lugar el apellido paterno. No obstante, se trata de una práctica común. La anteposición del apellido al de una mujer es inconstitucional, toda vez que retira el prejuicio y discrimina y disminuye el rol de la mujer en el ámbito familiar, motivo por el cual la Corte estableció que el orden de los apellidos debe pactarse en común acuerdo entre los progenitores. En tal virtud, las y los integrantes de la Comisión de Justicia proponen una reforma integral al artículo 58 del Código Civil federal y la correlativa en el artículo 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para armonizar con ello todas las disposiciones relacionadas con el orden de los apellidos, en conformidad con el acuerdo de los progenitores y, en caso de no haberlo, como determine el oficial del Registro Civil. Asimismo, se propone que el orden convenido se considere para los demás hijos del vínculo, y que estas disposiciones también serán aplicables a los hijos fuera del matrimonio. Finalmente se prevé que los Congresos locales armonicen la legislación civil con este decreto en un plazo de 120 días a partir de su publicación. Por lo antes expuesto les solicitamos, compañeras y compañeros legisladores, su voto a favor para este dictamen que hoy nos ocupa. Es cuanto, diputado presidente.