La diputada Norma Rocío Nahle García: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, esta iniciativa es para prohibir cualquier disposición que restrinja la soberanía nacional y los derechos fundamentales de los mexicanos. Los Congresos Constituyentes del siglo XIX contemplaron la supremacía del legislativo en torno a la aprobación de los instrumentos internacionales, así como sostener la independencia nacional y no celebrar convenios que socavaran los derechos humanos de los mexicanos. El Congreso Constituyente del XVI y del XVII sólo otorgó al Senado el aprobar los tratados internacionales y las convenciones diplomáticas con las potencias extranjeras, y es hasta 1977 que se le confiere la facultad de analizar la política exterior emprendida por el presidente de la República. Al Congreso de la Unión, especialmente al Senado de la República, le corresponde controlar la actividad internacional del Ejecutivo en materia de tratados internacionales, así lo dispone la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica. Sin embargo, la Cámara de Senadores lejos de requerir información a los secretarios de despacho, así como a los directores de los organismos descentralizados, que son competentes sobre la negociación, celebración y aprobación de tratados relacionados con el comercio de mercancías, servicios, inversiones, transferencias de tecnología, propiedad intelectual, doble tributación, cooperación económica, entre otras, han permanecido al margen de las negociaciones del Acuerdo Transpacífico. El Acuerdo de Asociación Transpacífico, que es conocido como el TTP, es un acuerdo en el que actualmente negocian varios países: Estados Unidos, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Malasia, Brunei, Singapur, Vietnam, Canadá, y países latinoamericanos como México, Perú y Chile. El tratado impone diversos derechos y obligaciones en materias económicas para los países miembros, todas tendentes a liberalizar las economías de la región. Acuerdo que se presenta como una propuesta totalmente diferente en el sentido de que más allá de su contenido jurídico comercial, sus planteamientos, los posibles países firmantes, pero sobre todo la competencia global en que se ve inmerso, lo alejan de experiencias comerciales anteriores y lo enfrentar a un reto histórico que demandan muchos análisis e interpretaciones. La negociación del Acuerdo de Asociación Transpacífico es la más importante ofensiva que el capital transnacional ha emprendido en décadas en contra de la soberanía de las naciones y los derechos de los trabajadores, los ciudadanos y los consumidores. La historia de los tratados comerciales suscritos por México ha sido muy predecible, las grandes empresas multinacionales y los cooperativos han incrementado su capital ampliando sus mercados, generando niveles alarmantes de desempleo, altos índices de desigualdad social, un deterioro ambiental acelerado y niveles de pobreza que aumentan considerablemente. México no puede ni debe aceptar acuerdos con otros países en donde para la solución de controversias o conflictos entre los estados y empresas internacionales, se restrinja la soberanía nacional y los derechos humanos de los mexicanos, amén de las atribuciones de los Poderes de la Unión y de las entidades federativas. Es por ello, que planteamos que los instrumentos internacionales tiene prohibido cualquier disposición que restrinja la soberanía nacional, los derechos fundamentales de los mexicanos o arbitraje privado alguno como medio para la solución de conflictos o controversias entre los estados y las empresas. Hoy, los tribunales internacionales están por encima de la Constitución, y lo hemos permitido, lo ha permitido el Ejecutivo y lo ha permito, sobre todo, el Legislativo. Y todavía nos dicen que con esto vamos a ser más ricos, van a llegar inversiones, y todos estos espejitos que nos vendieron desde hace 500 años los españoles. Esperamos compañeros que aprueben está iniciativa. Es cuanto, señor presidente.