La diputada Cindy Winkler Trujillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañero diputados y diputadas, la pobreza no se combate con oficinas paralelas ni con estructuras burocráticas que encarecen solamente al Estado. Se combate con resultados medibles, con información clara, con información técnica, objetiva, generada con rigor en el marco de una política de austeridad republicana, donde el individuo es el centro de toda la acción pública. Cada peso del erario se destina a lo que realmente importa, reducir la pobreza, cerrar brechas de desigualdad y mejorar la calidad de la vida de quienes más lo necesitan. Por ello, como integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, mi voto es a favor de la transferencia de las funciones de la medición de la pobreza y evaluación de la política social del Coneval al INEGI, un instituto técnico confiable, reconocido, nacional e internacionalmente por su independencia, capacidad, operatividad y rigor metodológico. Esta decisión no debilita la medición de la pobreza, al contrario, compañeros, no se confundan, la fortalece y la hace más eficiente, no se trata de tener más instituciones solamente por tenerlas, sino de tener las mejores y más adecuadas, con las atribuciones, instrumentos y experiencia para generar los resultados útiles y verificables. El INEGI ya produce la información base, ya cuenta con la capacidad técnica, operativa y legal. Centralizar estas funciones elimina redundancias, ahorra recursos y mejora la calidad del análisis. No se pierde en ese rigor, se gana una coordinación más eficaz. Hoy el INEGI asume de manera formal las siguientes responsabilidades: mide con precisión la pobreza en México. Evalúa integralmente los programas y proyectos y acciones en materia de desarrollo social. Emite los lineamientos y criterios técnicos, claros, objetivos y comparables. Publicar oportunamente la información y garantizar el acceso público a estos resultados. Todas estas responsabilidades serán parte del INEGI con esta gran reforma. Esto significa que el pueblo contará con datos más confiables para juzgar si los programas sociales en los que actualmente estamos legislando van a contar al 100 % con su función. La política social no puede evaluarse con discursos, debe medirse y con eficiencia. El INEGI también actualizará los criterios técnicos de medición de la pobreza, garantizando que los indicadores se mantengan comparables en tiempo útil y de avances reales. Esta información no se archivará ni se reservará, se difundirá con transparencia para que la ciudadanía consulte, compare y, sobre todo, exija. Ustedes se han de estar preguntando, ¿por qué el Inegi? La respuesta es muy clara, porque no hace política, hace estadística, porque tiene la capacidad, la experiencia, la legitimidad institucional para garantizar que la información sobre la pobreza y desarrollo social sea técnica, objetiva y transparente. Esta es la decisión responsable y coherente de nuestros principios de un buen gobierno, en las cuales está reducir el tamaño del Estado para liberar recursos e invertir en un bienestar para el pueblo, fortalecer instituciones técnicas por encima de las estructuras políticas. Por eso, les hago otra pregunta, ¿qué ganamos con esta reforma? Contar con un solo canal de información profesional, verificable y accesible, un ahorro real al erario y, sobre todo, una medición más clara, más eficiente y más funcional para diseñar funciones públicas. Como miembro, como secretaria de la Comisión de Presupuesto, mi objetivo es que cada peso donde debe ir es donde más se necesita, reducir la pobreza, combatir la desigualdad, mejorar la vida de las personas. Esta reforma no debilita al Estado, compañeros, fortalece donde más no importa, su capacidad para transformar la realidad a través de los datos más confiables. Es cuanto.