La diputada Caritina Sáenz Vargas: Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Como es del conocimiento de todos nosotros, el delito de trata de personas representa hoy en día el segundo negocio más lucrativo para la delincuencia organizada en el mundo, tan sólo por debajo del tráfico de drogas y el de armas. Por ello resulta de manera fundamental sentar las bases legales que permitan desarrollar una política de colaboración y sensibilización con los medios de comunicación, a fin de evitar la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que lacera de manera especial a los grupos más vulnerables de la sociedad. La lucha contra la trata de personas rebasa las fronteras y exige cooperación para la prevención, atención, protección a la víctima y combate y sanción al tratante. Por ello las estrategias que apuntan a prevenir este delito deben tener en consideración que la demanda constituye una causa fundamental. Cabe destacar que la gran mayoría de los países del Continente Europeo han regulado sus marcos normativos a fin de prohibir en la prensa escrita anuncios de prostitución que denigran la imagen y la dignidad de las mujeres, además de que estos anuncios fomentan los estereotipos sexistas y la explotación sexual. Por otra parte debemos reconocer que la masividad de los medios impresos y electrónicos de comunicación, es un factor determinante en el mundo globalizado en el que vivimos. De manera especial los anuncios publicitarios en los medios de comunicación escrita, ya sean periódicos o revistas, se han convertido en una herramienta efectiva para atraer a los diferentes consumidores potenciales. Por lo tanto los anuncios publicitarios de prostitución de estos medios constituyen una forma de promoción, difusión y facilitación de la actuación de las redes del crimen organizado, pues quienes utilizan estos medios publicitarios a fin de llevar a cabo la práctica del delito de trata de personas, fomentan la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos, es decir, la trata de personas. La conquista de la igualdad y el respeto a la dignidad humana y la libertad de las personas, tiene que ser un objetivo prioritario en todos los niveles de socialización. Cabe destacar que recientemente por parte de diferentes fracciones parlamentarias, se han presentado ante esta tribuna, diversas iniciativas y puntos de acuerdo a fin de mitigar esta problemática y a las cuales nos sumamos. Adicionalmente, la diputada Lorena Corona Valdés y la de la voz, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, proponemos adecuar la ley para prevenir y sancionar la trata de personas a fin de adicionar un inciso e) a la fracción III del artículo 13 de esta ley para que de manera preventiva sean monitoreados los medios impresos y que las autoridades implicadas en la materia de trata de personas coadyuven a la prevención del delito, así como la incorporación de un capítulo V denominado publicidad haciendo prohibitivo publicitar contenidos que directa o indirectamente repercutan en la comisión de este delito. Todo ello porque consideramos imperativo establecer legalmente las medidas preventivas necesarias que inhiban la trata de personas, delito que afecta principalmente a niñas, niños, adolescentes y mujeres de escasos recursos y de zonas rurales, que son víctimas frecuentes de las organizaciones criminales. La presente reforma tiene dos vertientes sobre la publicidad. En un primer aspecto, la publicidad ilícita, cuyo objeto es prohibir la contratación de publicidad que explote a las víctimas de la trata de personas y en un segundo aspecto que se refiere a esta publicidad que engaña a la persona para que acuda a presentarse a un trabajo con ciertas características y realmente se trata de un trabajo para la explotación sexual o cualquier otro que denigre a la persona, que en muchas de las veces es abusada en virtud de su condición de ignorancia o en ese momento forzada a desempeñar una actividad ilícita. Por ello los legisladores del Partido Verde Ecologista de México consideramos fundamental que todas las fuerzas políticas aquí representadas sentemos las bases legales que permitan desarrollar una política de prevención, atención, colaboración y sensibilización a fin de evitar la promoción, difusión y facilitación de esta práctica delictiva que afecta de manera especial a los grupos más vulnerables de la población. No dejemos que este problema siga lacerando a nuestra sociedad. Esperamos, señores y señoras legisladores, contar con el apoyo de todos y cada uno de ustedes para la aprobación de esta importante iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.