El Presidente Manlio Fabio Beltrones Rivera: Gracias a usted señora diputada. Túrnese a la Comisión de Salud. Tiene la palabra el señor diputado Federico Doring Casar, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma los artículos 6º, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado Federico Döring Casar (PAN): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: En nuestro país el perfeccionamiento de la vida democrática de la nación atraviesa por una etapa crucial y definitoria. Un reto fundamental ha sido asegurar la participación ciudadana en el escrutinio público, contribuir a esta tarea fue un compromiso de Acción Nacional y el primer Gobierno Federal que encabeza ha cumplido al establecer las bases congruentes y consistentes con esa demanda social. Desde el inicio de su mandato el Presidente de la República envió al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, instrumento legal inédito que aprobó el Congreso de la Unión, lo que permite por primera vez asegurar la transparencia en el funcionamiento de las instituciones gubernamentales y garantizar el ejercicio del derecho de los ciudadanos para acceder a la información que da cuenta del mismo. Por décadas México padeció de un sistema político cerrado y excluyente así como gobiernos que operaron con opacidad, márgenes amplísimos de discrecionalidad e impidiendo el escrutinio público acerca de su operación y desempeño. Bajo el régimen del partido hegemónico predominó una visión patrimonialista de los bienes públicos y un diseño institucional del Estado incapaz de dar causa a la diversidad social y la pluralidad política de la nación. Bajo ese modelo de comportamiento el Estado Mexicano, el Presidente de la República dictaba decisiones de gobierno e iniciativas legales en una mayoría monolítica de su propio partido, que simplemente las acataba en el Congreso de la Unión. En ese contexto, tanto la representación política como la participación democrática de la ciudadanía fueron inhibidas, modificadas y perdieron su sentido. Con la transición democrática y la primera alternancia política del país, México tiene ante sí el reto de hacer efectivo el ejercicio del derecho a la información pública, base del escrutinio público cuyo desarrollo debe tener lugar con apego a la ley y dentro de las instituciones democráticas. El acceso a la información es un indicador real, concreto y medible del grado de transparencia con que funcionan las instituciones públicas y los servidores que se desempeñan en ellas. En la medida en que el ciudadano conozca el funcionamiento y los órganos del Estado, estará en condiciones para evaluar la eficacia de los mismos, el desempeño de los servidores públicos y los resultados de la acción pública, que debe sujetarse a los principios de legalidad, celeridad, veracidad, publicidad, certeza, honradez e imparcialidad. Para hacer efectivo ese derecho a la información que se requiere de un órgano con capacidad efectiva de vigilancia de su ejercicio. Por eso es imprescindible dotar de autonomía de decisión al órgano publico encargado de hacer efectivo el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública, de lo que depende la imparcialidad de sus decisiones y una operación técnica eficaz. Estar sometido al escrutinio público no es una opción para ningún órgano estatal, sino una obligación que da sentido a la democracia. Por eso debemos promover que ese mismo criterio se establezca en el caso de todas las entidades federativas, para asegurar que el funcionamiento y los órganos estatales encargados de acceso a la información pública sea equiparable en términos de los niveles de eficacia e imparcialidad que son requeridos actualmente. Más allá de la libre elección de quienes gobiernan representan a la sociedad, la democracia depende y comprende el derecho de la ciudadanía a evaluar la manera en que se desempeñan en el encargo. La transparencia gubernamental da certeza a la inversión privada, nacional y extranjera, propicia una mayor y más informada participación de la ciudadanía en los asuntos públicos que le conciernen y afectan y así se contribuye al desarrollo nacional. Las reformas a la Constitución Política que aquí se proponen se dirigen a garantizar la imparcialidad del órgano encargado de vigilar el acceso a la información pública al convertir al actual Instituto Federal de Acceso a la Información en un órgano autónomo constitucional. Señor Presidente, por economía parlamentaria no daré lectura a toda la exposición de motivos pero le suplico que sea insertada de manera íntegra, así como el cuerpo del decreto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Hago entrega de la iniciativa.