La diputada Dulce María Sauri Riancho: Gracias, señor presidente. No nos dejan más remedio. Una buena causa, como es el combate frontal a las empresas fantasmas y a las fábricas de facturas falsas, hoy divide profundamente a esta asamblea. Apenas hace seis meses, el 8 de abril, por unanimidad de 417 votos, todos los grupos parlamentarios aprobamos el nuevo artículo 13 Bis del Código Fiscal para castigar con particular rigor a quienes expiden y venden facturas falsas. ¿Qué pasó desde entonces? Ignoro cuáles fueron los motivos para promover este conjunto de reformas, que lejos de concentrarse en enfrentar este delito, se vuelve una especie de pistola que el fisco pone en la sien de todas y todos los contribuyentes de este país. Van cinco posibles razones, mismas que expresaré puntualmente: 1. El gobierno y Morena se quedaron cortos con la reforma publicada el 16 de mayo pasado. Ni siquiera se dieron la oportunidad para comprobar la eficacia del nuevo ordenamiento del Código Fiscal. No hubo evaluación de por medio. No consideraron el resultado de las listas negras de empresas fantasmas publicadas en el Diario Oficial para desalentar y reducir esta práctica hasta su eliminación. Menos dieron respuesta a la pregunta de por qué si saben quiénes son, por qué no van por ellos. 2. A meter a todos a la cárcel. Primero actúas y después viriguas. Ahora, al gobierno de la cuatro T le resulta fácil promover la prisión preventiva oficiosa, que es meter a la cárcel a las personas para que desde ahí intenten defenderse aplicando la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Se trata de exprimir a las y los contribuyentes. Se trata de amagar a las y los emprendedores con proceder en su contra y amenazarlos con expropiar su patrimonio mediante la Ley de Extinción de Dominio. Hace casi 8 meses, el 19 de febrero, aprobamos la terrible regresión del artículo 19 constitucional bajo el pretexto que encarcelando a los presuntos culpables se iban a disminuir los delitos del huachicol, feminicidios, robo de automóviles, etcétera. Nada de eso ha sucedido, lo único cierto es que con esta reforma disminuirán aún más la inversión, el empleo y la confianza en el desarrollo del país. 3. Puerta trasera para entrar a la Constitución. Es tal la sequía recaudatoria que el gobierno del presidente López Obrador está enfrentando, que está dispuesto a utilizar el arma nuclear por excelencia de su arsenal legislativo, es la Ley de Seguridad Nacional, esta misma que garantiza la protección e integridad de la nación mexicana. La misma que se dedica a combatir el terrorismo, la sedición, la agresión de alguna nación extranjera, entre otras graves amenazas. La misma que desde su publicación en 2005, no ha tenido cambio alguno. Equiparar la defraudación fiscal y la fabricación de facturas falsas, es, por decir lo menos, un verdadero despropósito que contradice abiertamente las convenciones internacionales en materia de derechos humanos. Solo se puede entender si a través de esa puerta trasera pretenden darle constitucionalidad a lo que es claramente inconstitucional. 4. Facturas falsas como excusa para cazar causantes. Los delitos de defraudación fiscal no ameritan prisión preventiva oficiosa. Sí necesitan la máxima severidad en su persecución y castigo. Para lograrlo se requiere efectividad en la investigación por parte de las autoridades responsables: Procuraduría Fiscal y Fiscalía General de la República. De poco va a servir seguir acumulando delitos y penas, si no funciona adecuadamente la procuración de justicia. No es igual ser parte de una banda dedicada al tráfico de cocaína hacia el norte, que ser un o una consumidor de drogas. La ley establece la diferencia y castiga con distinta intensidad. Esto no sucede en el caso de las facturas falsas, el mismo rigor se aplica a quienes las elaboran, expiden y venden, que a aquellos que las compran y utilizan. Ambos merecen castigo. Para los primeros, verdaderos delincuentes organizados dedicados a expedir comprobantes de operaciones simuladas, que se les aplique la Ley Contra la Delincuencia Organizada, a los demás compradores y usuarios de las facturas falsas, con una rigurosa aplicación del Código Penal basta, así como está la minuta que llegó del Senado es intransitable su aprobación para el Grupo Parlamentario del PRI. Una y otra vez mi grupo presentará reservas para recuperar su enfoque original, aquél de abril de este año que nos unió en el esfuerzo común de combatir la expedición y venta de facturas falsas. Muchas gracias.