La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, diputado presidente. Apreciados, diputadas y diputados, el salario es un innegable instrumento de justicia social, es por eso que la Ley Federal del Trabajo establece que el trabajo digno es aquel en el que entre otras condiciones se accede a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. Los resultados del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza de Coneval, publicados en agosto de 2015, advierten que el ingreso laboral per cápita ha perdido su valor adquisitivo real. El salario en su aspecto remunerador integral al que alude el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo considera que la retribución comprende cualquier otra cantidad o prestación conocida como previsión social. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis de jurisprudencia señala que la previsión social comprende la atención de futuras contingencias que permitan la satisfacción de necesidades de orden económico del trabajador y de su familia, ante la imposibilidad material para hacerles frente y en una acepción complementaria el otorgamiento de beneficios para que el trabajador pueda llevar una existencia decorosa y digna. Fiscalmente la Ley del Impuesto sobre la Renta considera que si bien la previsión social incrementa positivamente el patrimonio de los trabajadores tales ingresos deben quedar exentos de gravamen. Los patrones con esta medida buscaban incrementar los conceptos de previsión social de manera que incidieran directamente en la calidad de vida del trabajador y en correlación podían deducir estas erogaciones incentivando su otorgamiento en beneficio de los trabajadores y cumpliendo el objetivo del salario integral remunerador. A partir de la reforma fiscal vigente en 2014 la previsión social y su incidencia en los trabajadores fue totalmente soslayada, pues se anuló su deducibilidad total a los patrones aludiendo a un principio de simetría fiscal y, en un ámbito de voracidad recaudatoria, el gobierno federal manifestó que si los conceptos de previsión social no pagaban el impuesto a la renta los patrones no debían deducirlos en forma total, sino solo en un 47 por ciento, omitiendo el hecho de que están estos intrínsecamente vinculados a la retribución de la fuerza de trabajo. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis de jurisprudencia consideró que existen deducciones de carácter estructural que el legislador debe reconocer en acatamiento al principio de proporcionalidad tributaria, para que el impuesto resultante se ajuste a la capacidad contributiva de los causantes, mismas que están relacionadas con los gastos en que incurren los contribuyentes para generar los ingresos respecto de los cuales deberá pagarse un impuesto. Al no reconocer el total de las erogaciones que realiza un patrón por concepto de previsión social, sino solamente un porcentaje no obstante que se trata de deducciones estructurales, es evidente que el causante contribuye al levantamiento de las cargas públicas de forma totalmente desproporcional, lo que deriva en la inconstitucionalidad de la disposición normativa. Tan es cierto que al resolver los juicios de amparo interpuestos por contribuyentes, los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación han concluido que los gastos de previsión resultan indispensables y necesarios para la obtención de los ingresos, dado que se refieren a conceptos que integran el salario en el sentido amplio al que refiere la propia Ley Federal del Trabajo y que por ende el contribuyente debe estar en posibilidad de deducirlos en su totalidad. Compañeros legisladoras y legisladores, en un ejercicio democrático de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión esta soberanía no pueden mantenerse indiferente ante la inconstitucionalidad de una norma jurídica. El mandato de supremacía constitucional y de irrestricto respeto a los derechos fundamentales de los gobernados nos obliga a que, mediante la facultad de creación legislativa puedan ser modificadas las disposiciones normativas que son contrarias a la Carta Magna, velando no sólo por el cumplimiento de los postulados rectificadores de la justicia distributiva y conmutativa, sino también por los intereses de los ciudadanos a quienes representamos. En este contexto, compañeros, esta iniciativa plantea reformar la fracción I del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para conservar la redacción que tenía antes de 2014 y permitir la deducibilidad de las aportaciones al IMSS a cuenta del trabajador, pagadas por el patrón, y derogar la fracción XXX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para permitir la deducibilidad al 100 por ciento de las erogaciones por concepto de previsión social. Es cuanto, diputado presidente.