El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, señor presidente. La madrugada del sábado 16 de enero fueron destruidas 57 hectáreas, lo que es equivalente a destruir el 10 por ciento del bosque de Chapultepec o una quinta parte del Central Park del manglar de Tajamar en Cancún, Quintana Roo. Las zonas de humedales, en particular los manglares y por lo tanto Tajamar, son ecosistemas de incuestionable relevancia respecto del equilibrio ecológico, de la conformación del patrimonio biocultural del que todos tenemos el derecho a participar y a vernos beneficiados por él la seguridad ciudadana de los habitantes, pues el manglar es un medio de contención a fenómenos naturales como son los huracanes que en dicha zona conocemos el grado de afectación económica y social que pueden llegar a ocasionar. Por lo tanto gozan, los manglares, de un esquema jurídico de especial protección nacional e internacional que imponen obligaciones específicas al Estado mexicano. No obstante, las autoridades locales y federales dieron prevalecencia al potencial desarrollo económico y no al de la comunidad, no al de la ciudadanía, sino al de las empresas constructoras. Las omisiones en las que incurrieron dichas autoridades son contrarias a sus obligaciones constitucionales contenidas en el artículo 1o. y 4o, párrafo quinto, que imponen al Estado y a sus autoridades la obligación de proteger y garantizar los derechos humanos y por supuesto garantizar un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, así como las obligaciones internacionales como es la de proteger los derechos humanos resguardada en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, incluyendo el medio ambiente y cualquier condición que pudiera supeditar la dignidad humana. No cabe duda que las autoridades conciben al patrimonio biocultural como un instrumento de libre disposición para beneficios personales o de terceros en lo individual, no como un objeto de protección, y por lo tanto bienes protegidos por los derechos de los que todos somos titulares. Al día de hoy la controversia no se ha resuelto. Las instancias involucradas han dado respuestas esquivas y carentes de argumentos, y la realidad es que estos hechos nos privaron de un ecosistema fundamental para garantizar la biodiversidad en nuestro país. Por lo tanto los diputados de Acción Nacional exigimos al gobierno federal tomar las medidas necesarias para detener de manera inmediata el daño ambiental que vamos a sufrir todos los mexicanos. Sin duda habrá quien afirme que esta administración no otorgó el permiso y que lo único que están haciendo es dejar que en realidad es dejar de hacer respetar un permiso otorgado hace 11 años. A esas voces les respondemos que el argumento resulta pueril. El ejercicio delo poder público trae aparejada una gran responsabilidad tener el valor de hacer lo correcto, cosa que no siempre sucede. Dese aquí exigimos a los servidores públicos que cumplan con su obligación constitucional de respetar los derechos humanos. Existen recursos legales para detener este ecocidio sin tener que pagar indemnizaciones millonarias, como por ejemplo el juicio de lesividad, argumentando que la manifestación de impacto ambiental se trata de un derecho precario; es la figura jurídica que los tribunales mexicanos resumen como aquella que tiene una vigencia y se adapta a las necesidades colectivas imperantes en diferentes condiciones y tiempos, por lo tanto puede ser sujeta de revocación. Es cuanto, señor presidente.