La diputada Olimpia Tamara Girón Hernández: Gracias, presidenta. Desde hace años se implementó en México una nueva forma de impartir la justicia penal. Según se dijo, en aras de lograr una despresurización de un sistema tanto procesal como penitencial, por la gran cantidad de asuntos, de irregularidades, de lento avance, de corrupción a los presos. Pensando que dicha transformación integral de la Constitución Política traería una mejoría en la forma en cómo se administraba la justicia en el país, para ello se creó toda una infraestructura administrativa, financiera y de personal, así como de adecuaciones legales, entre las que destacaron la elaboración y entrada en vigor de un Código Procesal Penal que, por ser homogéneo para todo el país, redundaría en una aplicación horizontal de las leyes, amén de que se adopte y se haga público el inicio del sistema acusatorio en cada estado de la federación. En cambio, ocasionó, como es natural, que se formaran criterios de interpretación distintos, ya que la forma en como se visualizaba la aplicación de la norma no es igual en el norte como en el sur del país, lo que hasta ahora se ha observado con relación a la forma en cómo se imparte la justicia en cada jurisdicción territorial, creando una interpretación distinta por parte de los jueces de control de cada estado cómo se interpreta el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual es normal por los cambios que surgieron a raíz de la creación del sistema procesal penal, siendo el Poder Judicial de la Federación, a través de sus sedes constitucionales, la que emite criterios a seguir cuando existen discrepancias notorias en la interpretación y aplicación de la norma general a efecto de generar jurisprudencia o tesis aisladas bajo la óptica de derechos humanos y equidad de género. Es menester el aclarar que dicha forma de terminación anticipada deviene de un espíritu constitucional que en la fracción VII del apartado A del artículo 20 que a la letra dice, Artículo 20: El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación de los principios generales. La esencia del procedimiento abreviado es que el imputado reconozca su participación en el hecho con apariencia de delito que se le imputa, para que el hecho que acepte este sea aceptada su sanción y el Estado le imponga la misma a través del juzgado, claro, con ciertos beneficios al aceptar su responsabilidad. También se originarían beneficios socioculturales de toda la sociedad, esto en virtud de que las personas acepten la consecuencia jurídica de su actuar contrario a las normas que producen un resultado negativo en su conducta y que, por ello, debe de recibir una sanción sea cual sea, pero consciente de que la merece. Por ello, se somete a la determinación que determina el juez penal. Es importante precisar que en la sociedad ha sido el sueño de todo gobierno que las personas que forman parte de la misma vivan en armonía y que aquellas que rompen las reglas que se fijaron para todos enfrenten las consecuencias jurídicas que ello traerá, pero que confíen en que serán juzgadas de forma correcta dentro de un debido proceso que no deje a dudas que la sanción que se le imponga lo es porque no quedó duda razonable que la persona que lo hizo que dicen, ello habla de un principio de igualdad procesal. El inculpado tiene derecho, no existe un folio del Ministerio Público y es el inculpado quien debe de tener el derecho también de solicitar este procedimiento abreviado, porque existen tres elementos, el reconocimiento de su responsabilidad, y además una cuestión en donde queremos justicia y para ello debemos de implementar normatividad nosotros, los legisladores, no el Poder Judicial. Agradezco su atención y espero contar con su apoyo. Muchas gracias.