El diputado Miguel Alonso Raya: Gracias. Con su permiso señor presidente: Como es conocido compañeras y compañeros, de todos ustedes, en la madrugada de este domingo una explosión de gas grisú provocó un derrumbe al interior de la mina carbonífera Pasta de Conchos ubicada en el municipio de San Juan Sabinas en el Estado de Coahuila. De acuerdo a la información disponible, el derrumbe impidió la salida de 65 mineros y provocó lesiones en once de sus compañeros que se encontraban en la boca de la mina. Desde ese momento las labores de rescate continúan con la presencia de familiares y vecinos de la comunidad que esperan con angustia los resultados de las labores de rescate que se dan en condiciones difíciles y con el tiempo en contra, pues lo que se ha revelado en los medios, la posibilidad de supervivencia de esos trabajadores son mínimas. Esta situación no sólo es conmovedora en sí misma y debiera mover a la solidaridad inmediata y unánime de este cuerpo colegiado sino que además mueve a la reflexión sobre la situación que enfrentan los trabajadores de este país. Según reportes de la Organización Internacional del Trabajo, la globalización económica se ha construido sobre las espaldas de millones de personas debido al elevado índice de muertes y accidentes de trabajo en todo el mundo, sobre todo en los países en vías de desarrollo donde la clase obrera se encuentra más vulnerable. Alrededor de 2.2 millones de personas fallecen cada año víctimas de riesgo de trabajo. Esto se agrava en países como el nuestro en que menos de la mitad de los trabajadores gozan de seguridad social, al crecimiento del trabajo informal y a la inobservancia de normas de seguridad e higiene en las empresas formales con datos hacia el 2001. América Latina y El Caribe reportan un promedio de 39 mil accidentes mortales al año, 34 por ciento más que los reportados en el ’98. En nuestro país, según la Secretaría del Trabajo los índices de siniestralidad en las unidades productivas se han mantenido estables en los últimos cinco años con un promedio de 2.3 casos de accidentes y enfermedades laborales por cada cien trabajadores. Sin embargo, las propias autoridades reconocen que estos riesgos sólo abarcan a las empresas formalmente establecidas y con registro en el Seguro Social, por lo que este indicador está subestimado, tomando en cuenta que de una población económicamente activa de 43 millones de personas, poco más de trece millones están asegurados en el régimen obligatorio. Según testimonios recogidos en el lugar del desastre, estamos no sólo ante una tragedia personal y humanan sino ante un evento que pudo evitarse. La presencia de los familiares a la puerta del establecimiento no es casual. Los rescates se realizan a puerta cerrada, la información fluye con lentitud. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió recomendaciones en enero, sin que se sepa si fueron atendidas. Incluso una de las personas que participó en la inspección, en estas quedaron atrapadas e incluso el propio titular de la dependencia declaró en el lugar de los hechos, no sabe qué pasó con la inspección. Los familiares denunciaron los bajos salarios, la falta de medidas de seguridad y la falta de inscripción de los trabajadores en el Seguro Social y el ocultamiento de información sobre estos lamentables sucesos. Por todo ello, compañeras y compañeros, estamos solicitando se apoye los puntos de acuerdo ya informados por esta Secretaría de esta Mesa Directiva, para que de inmediato se proceda a que las autoridades informen a este cuerpo colegiado detalladamente sobre lo acontecido en la mina y qué ha pasado con las condiciones y la supervisión y el resultado de la misma en el caso de este accidente tan lamentable que se ha dado esta mina de carbón. Por su atención, muchas gracias a todos ustedes.