La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias, presidenta. Hoy celebramos el 103 aniversario de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en el Poder Legislativo tenemos mucho que decir al respecto. Este mensaje no es para nosotros exclusivamente, los legisladores, es una misiva que queremos sea comunicada y conocida por la ciudadanía en el marco de una cultura de cercanía y relación real con la sociedad. Una constitución puede ser definida de muchas maneras, entendida desde las más diversas apreciaciones académicas e intelectuales. Puede ser una aspiración, un deseo de identidad, lo que creemos que somos o podemos ser como mexicanos. Es también un conjunto de normas, reglas, principios y marcas personales que nos individualizan como país y que nos permiten explicar, frente a otros, qué o quién es México. Las dos conferencias pronunciadas ante agrupaciones ciudadanas en abril y noviembre de 1862, por Ferdinand La Salle, fueron recopiladas en la obra Qué es una Constitución, en la que el autor enuncia conceptos generalmente aceptados, como que la Constitución fuese un pacto jurado entre el rey y el pueblo, que establece los principios básicos de la legislación y del gobierno dentro de un país. O que la Constitución es la ley fundamental proclamada en el país, en la que se echan los cimientos para la organización del derecho público de esa nación. La Constitución para La Salle es la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. Si se toman estos factores reales de poder se extienden una hoja de papel, se les da expresión escrita y, a partir de este momento, incorporados a un documento, ya no son simples factores reales de poder sino que se han erigido en derecho en instituciones jurídicas y quien atente contra ellos atenta contra la ley y es castigado. Si una constitución omite dar expresión a esos factores reales de poder que imperan ante la realidad social no tienen entonces ningún valor. Quiero compartir qué es lo que pienso cuando leo el primer artículo de nuestra Constitución, que establece que está prohibida la esclavitud, que las personas extranjeras que entran al territorio nacional alcanzarán, por esto solo hecho su libertad y las protecciones de nuestras leyes. Me hace pensar que somos un país donde nos reconocemos derechos humanos, entendidos como las potestades o prerrogativas inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. El solo hecho de reconocer la validez de los derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales que celebramos, muestra en la teoría y en la intención un mensaje poderoso, que somos un país que prioriza las libertades, donde queremos que las personas crean que todo es posible, que pueden vivir la vida que anhelan, que sueñan y desean, y que las invasiones, obstáculos o limitaciones que podamos encontrar del gobierno o de los ciudadanos que violan la ley, serán procesadas y castigadas con justicia, para así lograr el equilibrio social que nos permita vivir con plenitud, buscando libremente el propósito de nuestra existencia. Que este sea el mensaje que nos queremos decir a nosotros mismos y a los demás, provoque grandes emociones y sentimientos. Sin embargo, somos críticos y es cierto que no siempre se cumple con el conjunto de estas normas o reglas dadas en la realidad. Desde la promulgación de la Constitución hasta el inicio de este periodo ordinario, la Constitución ha tenido 741 reformas constitucionales. Los artículos que más se han reformado son el 73, con 82 reformas; el 123, con 27 modificaciones, y el 27, con 20 cambios, como lo establece el estudio Constitución, Ley y Justicia, Perspectiva sobre la cultura de la legalidad en México, de Visor Ciudadano, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, coordinado por Zamora Sáenz. En este estudio encontramos el resultado de tres levantamientos de la encuesta nacional de cultura constitucional, realizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de 2013 a 2016, que entre sus conclusiones hay una que muestra una paradoja profunda, la mayoría de la población encuestada opina que en nuestro país se respeta poco o nada la ley, aunque asume que ella misma sí la respeta. Citando el referido estudio, la ciudadanía considera que quienes no cumplen la ley son otras personas, pero ellas mismas sí lo hacen. Si esto fuera cierto, que la mayoría de las personas cumple y respetan la ley, entonces no habría bases para tener una percepción tan negativa en términos estructurales. Esto lo podemos ver en el sentir diario de la gente, de la frustración con la corrupción, con la inseguridad, con el abuso de autoridad y de poder, y con las exigencias y expectativas de los gobiernos en turno. Vale la pena sondear aún más qué es para la mayoría de la población la Constitución o qué representa. Históricamente fue el sello o el acta de nacimiento de México independizado de España. En nuestra primera Constitución, que entró en vigor el 4 de octubre de 1824, creamos nuestra convicción como forma de Estado, la República federal. La percepción de esta Constitución y de las posteriores es que han sido producto, consecuencia de movimientos políticos y sociales necesarios para reinventarnos, modificarnos y transitar hacia nuevas etapas. Desde pequeños nos cuentan que el valor de la Constitución del 57 radicó en la separación de Estado e Iglesia y reconocernos como un estado liberal. Que las siete leyes constitucionales o de régimen centralista del 36, fueron la derrota parcial de los liberales y el triunfo temporal de los conservadores y que hemos ignorado por razones complejas. Casi todos relacionamos desde nuestra educación escolar que el valor de la Constitución del 17 giró en torno al reconocimiento de los derechos sociales, de la libertad de trabajo, a la búsqueda de un régimen de equidad e igualdad, en contraposición al abuso por parte de grupos de poder, principalmente económicos, dominantes y abusivos de la población trabajadora en general. Hoy, a 103 años nos tenemos que seguir preguntando qué representa la Constitución para el ciudadano en general. ¿Significa un documento máximo mediante el cual ponemos freno y defensa a la autoridad, o le exigimos a esta el cumplimiento de diversas obligaciones, garantías y derechos fundamentales? Parafraseando al doctor Soberanes, la Constitución en nuestro país tiene su fundamento en que fue la voluntad del pueblo soberano darse este texto para limitar el poder de la doble faceta que señala el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en los derechos de las personas oponibles o gobernantes y en la división tripartita del poder. El Estado, en la teoría clásica está compuesto por territorio, población y gobierno. Este gobierno entendido como una creación jurídica a través de las leyes consiste en que los servidores públicos representantes de los Poderes de la Unión y de los organismos constitucionales autónomos, este aparato gigante y complejo está compuesto por personas, humanos, sujetos al principio de legalidad en donde solo puede hacer aquello que la ley les permite y les está prohibido todo aquello que no está expresamente permitido. Hoy es cotidiano escuchar cómo un primer acercamiento natural a la Constitución, los artículos 14 y 16 que reconocemos que el gobierno no nos puede privar de la libertad o de nuestras propiedades, sino que en virtud de mandamiento escrito y de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Hoy entendemos estos derechos fundamentales de seguridad jurídica como el mínimo que podemos oponer frente a los gobernantes para disfrutar de nuestra libertad. Hoy nos seguimos haciendo cuestionamientos sobre nuestra Constitución. ¿Sí funciona o no? ¿Sí responde a las necesidades colectivas de las mayorías y sí está a la altura de los requerimientos de las minorías que hay que proteger y privilegiar? ¿Sí es este el mejor conjunto de reglas posibles para crecer y desarrollarnos, aprovechar nuestras riquezas, respetar los derechos ajenos y sí podemos seguir haciendo pequeñas modificaciones que atiendan a ciertas modificaciones de figuras o elementos de nuestro mundo jurídico o si es el momento de volver a empezar a tener una nueva Constitución? Sin duda, somos los mexicanos los que somos por y gracias a la Constitución lo que hoy tenemos. Como legisladores, estamos prestos para lo necesario y no para producir y modificar sin cambiar sin racionalidad, sino para ser proactivos y representativos de quienes nos eligieron. Reitero y me uno a lo dicho hace un año por mi compañero de bancada, el diputado Oscar Bautista Villegas, en que es momento de consolidar a la democracia como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo que, aunque contamos con un sólido cuerpo legal e institucional para generar progreso...