El diputado Rubén Aguilar Jiménez: Con su permiso, señora Presidenta. En virtud de lo extenso de la iniciativa, me voy a permitir solicitar se inserte íntegra en el Diario de los Debates y me voy a permitir hacer solamente una presentación. Con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y del artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esa soberanía, iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 1, 2, 3, 4, 7, 12, 15, 17, 19, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Lo anterior con base en lo siguiente. A diferencia de otras naciones de Latinoamérica, en nuestro país el derecho de acceso a la información pública por disposición expresa de la ley no fue una realidad hasta principio del presente siglo. Además de tratarse de derechos fundamentales, el acceso a la información pública y la protección de los datos de carácter personal son de suma importancia para la construcción de un Estado moderno, y de la ciudadanía, fundamental en un país con una arraigada historia y opacidad en la función pública. Frente a esta realidad el fortalecimiento de los órganos garantes del derecho de acceso a la información en las entidades federativas, y al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, es imprescindible en este sentido la búsqueda de la autonomía del IFAI. Favorece además la apertura de los anquilosados sistemas de gobierno y el contrapeso de Poderes, característica esta última, de los países democráticos. Las características más sobresalientes de esta iniciativa serían las siguientes. Claramente determina que es derecho de los mexicanos la información en poder del Estado, que actualmente no se dice y parece una concesión del mismo. Se hace énfasis a que uno es dueño de su información personal en poder del Estado, y uno sabe qué hacer con ella. Por ejemplo: la información de los desaparecidos políticos, la información que se encuentra en el Registro Público de la Propiedad o la información de los hospitales del Estado. Amplía el espectro de los sujetos obligados a proporcionar información en la idea de que uno de los principales sentidos de las leyes de Acceso a la Información tiene que ver con el seguimiento a los recursos públicos como herramienta eficaz para inhibir la corrupción. En este sentido se especifica la obligación de sindicatos, partidos y agrupaciones políticas y de los entes privados a dar información a las personas sobre el uso de dichos recursos. La imposibilidad de clasificar como reserva la información que tenga que ver con investigaciones cuando se trate de crímenes de lesa humanidad o violaciones a los derechos humanos a fin de evitar que las leyes respectivas en cualquiera de los ámbitos sirvan como herramienta para la opacidad de cuestiones de interés público y se desvirtúe el sentido que se pretende sobre la reserva de información. En este caso, por supuesto, no puede existir un conflicto entre el interés público y el daño probable, presente y específico, derivado de la publicidad de información por el mismo interés público que reviste la protección de los derechos fundamentales por sobre cualquier otra consideración. La sencillez para el acceso a la información es sin duda uno de los principios que permitirá que los sistemas de información pública sean en la práctica una herramienta para que los ciudadanos puedan mejorar su calidad de vida. La obligación de legislar en todos los ámbitos en materia de archivos públicos pues la ausencia de esta normatividad es en gran parte la causa de la inaccesibilidad de la información, lo que se traduce en inoperabilidad de los sistemas de información pública. Es decir, los entes ponen como pretexto que como no tienen la información organizada, no la pueden dar. La autonomía constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, y por supuesto, la designación de los comisionados por las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. Esto es por supuesto fundamental para mejorar el accionar del instituto, pues no es posible que aún sean nombrados los comisionados por el Poder Ejecutivo, del cual también dependen la mayoría de las entidades públicas, que son por supuesto, sujetos obligados por la ley. La facultad del instituto de reformar el reglamento de la ley, y en su caso, de expedir los reglamentos de las leyes en la materia, de archivos y protección de datos personales, una vez creadas. Es importante señalar, además, que hay que destacar que esta iniciativa se da en ocasión de una circunstancia más o menos de concurrencia de lo siguiente: Fue presentada hace un año por los diputados del PRI de Chihuahua, lo que llamaron la Iniciativa Chihuahua. Ésta fue criticada ampliamente por muchos senadores, pues decían que le daba demasiada importancia a la transparencia y que esto no era importante para países como el nuestro, donde apenas estamos en reformas de derechos de primera generación, como son los derechos humanos. La transparencia tiene un impacto directo en la democracia, pues permite lo que se llama contraloría social, es decir, permite que los ciudadanos sepan qué, cómo, cuándo, por qué y con qué está haciendo el gobierno. Así se supone en países como Suiza, donde este sistema existe hace 300 años. Esto ha generado que los ciudadanos tomen decisiones informadas sobre su gobierno y quien lo ejerce en lo que se refiere específicamente a irregularidades, hechos de corrupción o acciones de gobierno específicas. La transparencia va directamente ligada a la rendición de cuentas. La primera se refiere al derecho ciudadano a la información; la segunda a la obligación que tienen los entes obligados a informar verazmente. La transparencia es considerada un derecho de tercera generación. Los de primera generación son los que garantizan los derechos humanos, los de segunda son los derechos de la generación de garantías electorales y los terceros son de garantías democráticas. La transparencia no es un sistema big brother, no genera el derecho de los ciudadanos a saber la vida personal de los funcionarios; ésta está protegida por otro derecho que se llama habeas data o información privada o íntima. La información puede ser clasificada y reservada para que se denomine así: información reservada. Esto sucede cuando la información dañe la seguridad nacional o el derecho de intimidad o derecho íntimo de las personas. Esta reserva debe darse por un órgano autónomo que no dependa de ningún poder para que no ayude a que el poder haga trampa, como sucede ahora con el IFAI, y la reserva que hizo Fox, por ejemplo, con el escándalo del gasto de las toallas conocido como toallagate. Para poder reservar la información en poder del gobierno que no sea información íntima, será necesario que quien reserve la información pruebe cuál es el daño que causa. Muchas gracias.