La diputada Susana Monreal Ávila: Compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna a exponerles la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los primeros antecedentes de la evaluación en la gestión pública en México surgieron en 1976, con la creación de la Secretaría de Programación y Presupuesto, a través de la Subsecretaría de Evaluación, duplicándose sus funciones con la llamada Coordinación de Evaluación creada en la Secretaría de la Presidencia en 1977. Jurídicamente el Sistema de Evaluación de la Gestión Pública tiene su fundamento en los artículos 69, 79 y 93 de nuestra Constitución donde se faculta al Congreso de la Unión a evaluar cuantitativa y cualitativamente la actuación del Ejecutivo. En materia de evaluación externa se registraron avances significativos en 1999, después de modificar los artículos 73, 74, 78 y 79 constitucionales, cuando se sustituyó la Contraloría Mayor de Hacienda por la Auditoria Superior de la Federación de esta soberanía, convirtiéndose en una instancia superior de revisión y auditoría con objeto de superar las limitaciones de su antecesora. En esta Legislatura, recibimos la propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto del sistema de evaluación al desempeño. En consecuencia, se realizaron diversas reuniones en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se organizó una mesa redonda para analizarla. Luego, de manera unánime, los integrantes de esta Comisión emitimos el documento denominado: Opinión en torno a la propuesta del sistema de evaluación al desempeño, donde exhortamos que se reconsiderara la propuesta, ya que no era procedente impulsarla bajo los términos presentados. Actualmente, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público concentra el proceso de evaluación, actuando nada más y nada menos, que como juez y parte, generando así una supersecretaría de Hacienda que controla y fiscaliza los recursos para las demás secretarías, sin que alguna instancia, excepto la Secretaría de la Función Pública, que carece de poder económico y ese pretendido consejo, fiscalicen a su vez a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En relación al impacto presupuestal, señalaban que la administración pública ha determinado aprobar un sistema de presupuesto basado en resultados, y recortar aquellos programas que no fueran eficientes o eficaces; es decir, si en la Secretaría de Educación Pública los resultados como hasta hoy son deficientes o por debajo de muchos otros países, aplicando al sistema de evaluación y desempeño, se tendrá que recortar el presupuesto. Por ejemplo, el sector educativo, en vez de fortalecerlo. No se ha mencionado el costo que significará al erario la contratación de evaluados externos, con la finalidad de cumplir con las medidas de austeridad y racionalidad en el gasto público. El artículo 24 del decreto de Presupuestos de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 prevé las evaluaciones de los programas federales para que se lleven a cabo en términos del Programa Anual de Evaluación, dicho programa es un acto unilateral del Ejecutivo federal. Asimismo, las dependencias y entidades responsables de los programas deberán observar una serie de requisitos en el último párrafo del citado artículo, que señala a la letra: "que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estará a cargo, normará y coordinará las evaluaciones en materia de desarrollo social, existiendo así una laguna jurídica en virtud de que el citado consejo sólo está facultado para evaluar los programas exclusivamente en materia de desarrollo social y los otros programas quedarían fuera. En el decreto y en la propia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no regulan un tope de costo de la contratación para las evaluaciones externas, además de aplicar una autoevaluación en la difusión de sus indicadores, sus metas y avances. Debemos fortalecer las facultades de la Cámara de Diputados para que, junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y las entidades, se establezcan modificaciones legales pertinentes y se evite así la concentración de atribuciones en una sola instancia. Por lo anteriormente expuesto, propongo fortalecer las facultades de la Auditoría Superior de la Federación y que sea la institución que vigile la gestión, el control y evaluación para lograr un mejor desempeño de la administración pública federal, ya que a partir de 2001 realiza ya auditorías de desempeño. Además, considero necesario que se regulen los mecanismos para la participación de esta Cámara de Diputados que deberá aprobar la matriz de indicadores de desempeño en cada uno de los ámbitos de su competencia. Asimismo, que el programa anual de evaluación sea sometido a consideración de esta Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, a fin de que emita recomendaciones. Este tema implica que afectemos muchos intereses de particulares que se aferran a centralizar el poder, por ello debemos lograr que la transparencia tenga un avance significativo. Las evaluaciones son necesarias en la administración pública federal. Los funcionarios públicos deben estar conscientes que su actuar debe ser transparente y eficiente. Eso es lo que los mexicanos queremos. No se trata de condenar o recortar programas sociales, que mucha falta nos hacen. Se busca fortalecerlos y subsanar las deficiencias del sistema. Los nuevos tiempos nos exigen respuestas claras, vigilar mejor la aplicación de los programas públicos y su eficacia; medir y auditar y lo que no funcione, cambiarlo. Es cuanto, señora Presidenta. Por último le solicito, con todo respeto, que se integre el texto íntegro de esta iniciativa al Diario de los Debates.