LA C. DIPUTADA ROSARIO TAPIA MEDINA: Gracias señor Presidente, compañeras y compañeros Legisladores. En la presente Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Ley de Ciencia y Tecnología y a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está vinculada al hecho de la dictaminación que realizamos el año pasado en Abril de 2002 por parte de ambas Cámaras para modificar y crear prácticamente la nueva Ley de Ciencia y Tecnología sobre la base de Iniciativas del Ejecutivo y otras iniciativas de Legisladores que se presentaron previamente. Hay que reconocer que en este Decreto de Ley sobre la base de las iniciativas mencionadas, se hicieron y se lograron muchísimas cosas benéficas para el desarrollo de la Ciencia y Tecnología en nuestro país y, sobre, todo, para el sector de la investigación. Podemos ratificar, con esta nueva Ley, que de las cosas positivas que se lograron fue la desectorización de CONACYT de la SEP y la autonomía y capacidad del Consejo de CONACYT para articular , coordinar y promover políticas y sobre todo tener injerencia en el gasto y el desarrollo tecnológico del país. Asimismo logramos con esta nueva Ley, el fortalecimiento de Centros Públicos de Investigación mediante un nuevo tipo de autonomía de gestión tanto administrativa como académica y obviamente de investigación sobre todo en relación a los que estaban dentro del sistema CONACYT. Sin embargo, hay que reconocer también que dentro de estos aspectos positivos y el grupo parlamentario del PRD así lo considera, que este esfuerzo que se hizo no fue suficiente . Consideramos que estos nuevos ordenamientos necesitan ser perfeccionados y al mismo tiempo creemos que se necesita también buscar un re-dimensionamiento estratégico, obviamente en el marco legislativo a fin de poder reunir y generar condiciones necesarias, básicas, para que podamos contar a mediano plazo con una verdadera política de Estado en torno al desarrollo de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, que consideramos que no está contenida en esta nueva Ley. Debemos señalar auto-críticamente que tanto en la Cámara de origen como en la Revisora faltó profundizar en el análisis , en la discusión y en la aprobación de este Dictamen. Una crítica generalizada por parte de toda la comunidad científica mexicana es la que se refiere al poco tiempo que se tuvo para la consulta y el análisis de las iniciativas de ley que existían. Ustedes recordarán que el mecanismo para realizar la consulta consistió en el envío de propuestas en el plazo de un mes y por vía electrónica, mecanismo que resultó obviamente muy limitado, no hubo tiempo para que pudiera convocarse a la realización de foros de debate para poder escuchar las propuestas de los amplios sectores de investigadores dedicados a la Ciencia y a la Tecnología en nuestro país. En este caso esta prisa llevó a que se dictaminara la Iniciativa de manera muy rápida, desde nuestro punto de vista y en donde veíamos que de alguna manera se estaba pues a lo mejor politizando ya la Iniciativa de elaborar este Dictamen y hubo necesidad de legislar de alguna manera rápido. ¿Qué pensamos nosotros que hay que corregir? En primer lugar hay que re plantear el asunto de lo que se entiende por Politica en materia de Investigación y Ciencia y Tecnología , nosotros pensamos que el establecimiento de cualquier política pública nos obliga a definir con precisión en la Ley en qué términos se está utilizando esta idea de Política pues es importante recordar que su sentido primordial es el de acciones a favor de la mayoría. En la Ley de Ciencia y Tecnología que aprobamos, la idea de Políticas científicas no queda muy claramente orientada a una política nacional cuyo beneficio sea realmente para toda la nación . Debe quedar claro que no se trata de lograr beneficios para un gremio o para un sector social , en este caso ni siquiera pera los investigadores en lo particular, ni tampoco para los empresarios; en todo caso, que sirva para que los investigadores y los que desarrollan la ciencia y la tecnología puedan desarrollar mejor su actividad y que esto redunde en una mejoría evidente de las condiciones de vida de toda la sociedad. En este sentido, pensamos que en México es indispensable la creación de una política de Estado en materia de investigación científica y tecnológica, con una visión de largo plazo que permita generar un mayor número de científicos de alto nivel en las diferentes áreas del conocimiento, vinculados directamente al desarrollo de diversas zonas del país a fin de que su desempeño tenga un mayor impacto en la sociedad, de ahí que proponemos en esta iniciativa el señalamiento explícito de estrategias para generar ese desarrollo e innovación tecnológica. De la misma manera, compañeras y compañeros legisladores, proponemos buscar formulas para contribuir al desarrollo regional y a no crear por sí solo el desarrollo científico como si él sólo lo fuera a lograr, como se señala de alguna manera en uno de los artículos específicamente en el segundo- de la Ley que aprobamos el año pasado. Queremos comentar asimismo, que una cuestión grave que se plantea en la ley que aprobamos el año pasado, tiene que ver con un asunto muy crítico sobre cómo se afecta a las relaciones y a los derechos laborales del personal académico que labora en los centros públicos de investigación. En el artículo 56 fracción XII, donde se habla de los órganos de gobierno que tendrán estos centros de investigación, se especifica y así lo aprobamos- que estos centros tienen la atribución no delegable en ningún sentido, de fijar escuchen solamente esto- fijar los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico, sin señalar de manera explícita que con ello o más bien que ello se tendrá que hacer respetando los derechos laborales acordados en los contratos colectivos de trabajo específicos de cada centro de investigación que ya existen y obviamente los que consagra la propia Ley Federal del Trabajo y nuestra Constitución en el artículo 123. A este respecto, todos debemos saber que desde que fue promulgada la Ley, ésta fue impugnada en este artículo mencionado, en el 56, por varios sindicatos ya de centros públicos de investigación. Sus agremiados se ampararon ante el Poder Judicial previniendo una aplicación dolosa de la ley por parte de las Juntas de Gobierno en estas instituciones. El grupo de sindicatos que solicitaron el amparo de la Justicia Federal, está integrado por trabajadores de la industria nuclear, del Centro Superior de Antropología Social, el CIESAS (?), del Colegio de México, de la frontera norte, etc., etc., etc. Compañeras y compañeros; Queremos con esta iniciativa- que tengamos muy claro que el sentido de otorgar autonomía a los mencionados centros, debe asumirse como la capacidad legal para poder promover de manera completa tanto al personal técnico como académico y que le sean respetados sus derechos laborales, insisto, contenidos en sus contratos colectivos, en la Ley Federal del Trabajo y en el 123 constitucional. Consideramos que las reformas que presentamos en esta iniciativa pueden mejorar, enriquecer, la ley que aprobamos el año pasado, que podemos mejorarla, que podemos hacerla de mucho más beneficio para toda la población. Por ello mismo estamos presentando esta iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley de Ciencia y Tecnología pero también a la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Hacemos entrega señor Presidente, a la Secretaría, de esta iniciativa y le solicitamos que por favor sea publicada en el Diario de los Debates de manera íntegra y en la Gaceta Parlamentaria. Muchísimas gracias. -