La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea. Las políticas públicas en México deben de estar enfocadas al aprovechamiento máximo del potencial de las energías renovables con la que cuenta nuestro país. Es necesario disminuir y evitar el impacto ambiental, económico y social en el desarrollo de proyectos de generación energética. Con el contenido en el dictamen de la Ley de Transición Energética, sin embargo, no se genera un impulso para lograr que el proceso de transformación energética se acelere y se cubra con fuentes alternativas, con la finalidad de evitar la degradación ambiental que sufre actualmente el mundo entero. México está muy lejos de ser el ejemplo latinoamericano de medidas cautelares con principios ambientalistas que promuevan el derecho de toda persona a vivir el medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. La manera en que podemos combatir el cambio climático será a través de leyes que generan obligación y responsabilidad por parte del Estado, pero también de los particulares. El Estado porque es el encargado de lograr cambios reales y tangibles dentro del proyecto de transición energética, así como por parte de los generadores de energía eléctrica, quienes bajo un esquema de obligaciones e incentivos actúan en consecuencia de una responsabilidad vigilada. Mientras no existan compromisos que impliquen la acción firme del Estado, no se podrá avanzar y menos aunque el sector energético ha cambiado permitiendo la entrada de participantes privados en áreas restringidas sin obligaciones mayores. Ya existen antecedentes sobre los temas que abarca esta ley en las disposiciones que se derogarían con la aprobación de este dictamen, los cuales han sido simples códigos de recomendaciones que no ha sido fructíferos para cumplir con los fines establecidos, dejando únicamente alrededor del 15 por ciento de la generación eléctrica, provenientes de fuentes primarias de energía no fósil. Prever, facilitar, y promover son palabras que no generan obligación y responsabilidad ni para el Estado ni para los participantes. Las palabras que necesitamos en este país deben de ser las de garantía y lograr, sólo de esa manera se podría recriminar la actuación de los privados y de los encargados de regular el sector y así generar las situaciones de combustibles fósiles por energías renovables, lo cual tiene que ir aunado al uso adecuado y eficiente de los recursos energéticos. Por ello, es importante tener una relación fiable y detallada de cuántos y dónde pueden ser explotados estos recursos. Las energías renovables tienen impactos ambientales mucho menores que los que obtenidos a través de recursos fósiles, primordialmente en la generación de gases de efecto invernadero, y por ello, la importancia en su uso y la existencia de una regulación con mayores alcances. El objetivo que se plantea en el dictamen que crea esta nueva ley, el cual se menciona la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la promoción de fuentes limpias para generar electricidad, queda a la deriva, ya que busca reducir el impacto ambiental, pero no a costa de la eficiencia económica del sistema eléctrico nacional, lo cual es evidente que resultaría en muchos de los casos en una contradicción. Sin embargo, la adenda que se ha anunciado ni siquiera ha sido del conocimiento al menos no de la bancada del Partido del Trabajo y no sabemos, en este momento, si estará en nuestras curules y si les dará el tiempo a todos los legisladores para saber exactamente las adecuaciones que se han presentado frente a este dictamen. Para prueba de esto, el dictamen que al menos conocemos la mayoría de nosotros, considera la reducción de la generación de emisiones contaminantes en la generación de energía eléctrica, así como la de eficiencia energética, solo bajo condiciones de viabilidad económica. Lo que al final de cuentas no es vinculante y no obliga a que existan medidas y sacrificios verdaderos que contribuyan a la creación de un espacio de producción energética que cuide el medio ambiente. Nuevamente se privilegia lo económico por encima de todo. Por otro lado, tampoco busca que sea el Estado quien tome las decisiones que justificando un contexto de sector energético, donde impera la libre concurrencia en las actividades de generación y comercialización, cuando debe suceder justamente lo contrario, resultado esto en un absurdo contra cualquier esquema de planeación y regulación con apertura. No se ha comprendido que no existen límites en un sistema en donde lo que priva son las ganancias atraídas por las rivalidades del capitalismo y de un mercado abierto. De poco servirá obligar a contribuir el cumplimiento de las metas energéticas limpias a los integrantes de la industria eléctrica. En el Partido del Trabajo tenemos claro que mientras no asumamos un compromiso como legisladores cuya función es representar los intereses de las personas y no de los capitales para promover la intervención de grupos sociales y comunidades interesadas en la participación, en el mercado de energías alternativas, no mejoraremos las condiciones de vida de los ciudadanos residentes en zonas potenciales. Es imperativo transformar nuestro modelo energético por uno más sostenible, no uno basado en la ganancia, no uno basado en la rapacidad económica. Uno basado en el ahorro, la eficiencia y la utilización de energías limpias que contribuyan a poner en marcha una verdadera revolución verde. Por estas razones expuestas y muchas otras que este dictamen no da tiempo para poder explicar, es que hemos decidido en el Partido del Trabajo votar en contra de este dictamen porque va en contra de los intereses públicos fundamentales de nuestro país, que en este discurso hemos dejado ya claro. Muchas gracias, señor presidente.