El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: No coincido con los oradores que me han antecedido, no coincido con mi amigo presidente de la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, y con quien hizo uso de la palabra, se viene a hablar del apoyo a la incorporación de la mujer, pero que sigan el camino largo. Yo no sé lo que va a pasar porque no tengo una bolita mágica, pero lo que sí sé es que es obligación nuestra abrir espacios lo más pronto posible para la participación de las mujeres. Y, digo esto, compañeras, compañeros, porque la cuarta transformación de la vida pública de nuestra nación sin duda que se ha caracterizado por su incansable búsqueda de la igualdad, de la equidad y de la transparencia, de ahí que hoy se propugna por integrar esa igualdad, esa equidad en uno de los tribunales efectivamente más importantes de nuestro país en materia de impartición de justicia, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sí aquí se ha dicho su importancia radica en la necesidad de contar con una jurisdicción específica para la resolución de casos relacionados con el fisco y la actuación de la administración pública federal. Pero, resulta igualmente trascendente gracias al cambio ocurrido en el 2016 a la Ley Orgánica que hoy precisamente perseguimos modificar. Dicha reforma, hay que recordarlo, significó un rediseño institucional, un rediseño institucional orientado a utilizar los procedimientos de prevención, de investigación y de sanción de actos de corrupción, dotando así de nuevas competencias al Tribunal de Justicia Administrativa. Así, se consolidó y así también la implementación de este nuevo esquema legal permitió la integración del Tribunal al Sistema Nacional Anticorrupción. Y con ello se le dotó, compañeras y compañeros, de la facultad de conocer las resoluciones definitivas por las que se imponen sanciones administrativas a los servidores públicos por faltas consideradas graves. Y, aunado a lo anterior, el Tribunal conoce de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares, vinculados con faltas graves promovidas en la Secretaría de la Función Pública. Reitero, así se consolidó como el órgano competente de conocer de sanciones a los servidores públicos, para lo cual se creó, efectivamente, la tercera sección en la Sala Superior y en cinco salas especializadas en materia de anticorrupción. Y, gracias a esto se ha permitido blindar la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno, con la finalidad de prevenir y de detectar, de sancionar las faltas administrativas y los hechos de corrupción. Y, por ende, la labor del tribunal y, en específico de la tercera sección de la Sala Superior, resulta, pues de suma importancia, ya que desarrolla una parte fundamental dentro del esquema de responsabilidades de los servidores públicos y particulares, la sancionadora. Esto, pues no es un tema menor, compañeras y compañeros, dado que se refiere a los esquemas punitivos para quienes infringen la ley, así como la importante labor de disuasión de los actos de corrupción. Por eso es que hoy se pone a consideración de este pleno un dictamen congruente, un dictamen acertado, votado así por la mayoría de las comisiones unidas. Porque propone, compañeras y compañeros, modificaciones que solo pueden redundar en el correcto funcionamiento y en el perfeccionamiento de los procesos internos del Tribunal. Y, al mismo tiempo, garantiza la estabilidad y equidad de los derechos de las y de los juzgadores. Así, compañeras y compañeros, con la finalidad de asegurar la igualdad de oportunidades y la equidad entre las y los magistrados del tribunal, se propone habilitar a las personas integrantes de la referida tercera sección para que puedan ser electas para presidir este órgano jurisdiccional. Además, se amplían a cabalidad sus derechos, para formar parte de los órganos de dirección y con esto, compañeras y compañeros, se termina con las condiciones de inequidad y se permite que sean superadas con claridad las lagunas legales y, asimismo, se eliminan inconsistencias y prohibiciones, con lo que el criterio técnico de especialización por el que se les excluía a las y a los magistrados...