El diputado Salvador Zamora Zamora: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Hoy en día el Ejecutivo federal tiene la obligación de hacer entrega a esa soberanía del informe de gobierno cada primero de septiembre en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión; además de otro informe sobre el estado que guarda la administración pública en el mes de marzo, esto con fundamento en el artículo 6 de la Ley de Planeación. El informe anual de gobierno contempla el ejercicio de recursos del primero de septiembre del año anterior al 31 de agosto del año siguiente. Sin embargo, en el contenido del mismo se divide la información en dos plazos. El primero de ellos, del primero de septiembre del año anterior al 31 de diciembre de ese mismo año, y en un segundo plazo, del primero de enero del año en que se entrega el informe al 31 de agosto de ese mismo año. Es por ello que presento esta iniciativa que pretende establecer que el informe anual de gobierno abarca un ejercicio fiscal completo; es decir, del primero de enero al 31 de diciembre del año inmediato anterior, con la finalidad de que esta representación popular pueda analizar a cabalidad los resultados de un ejercicio fiscal y administrativo completo, llevando a cabo un verdadero ejercicio de fiscalización. La situación actual implica un conflicto que se deriva principalmente del período reportado, toda vez que como el propio informe lo describe, corresponde al estado general que guarda la administración pública federal, las acciones realizadas y los resultados obtenidos del primero de septiembre de un año al 31 de agosto del siguiente año, encontrándonos con dos escenarios. El primero de ellos correspondiente del primero de septiembre al 31 de diciembre del año anterior, apartado que resulta meramente informativo y no representa datos generales del ejercicio fiscal y administrativo completo, situación que pudiese permitir ocultar los datos reales de los resultados con los avances que se han obtenido de enero a agosto el siguiente año, creando una cortina estadística que no permite dilucidar claramente los resultados entre un año y el año que sigue. El segundo escenario es el que corresponde a un ejercicio fiscal y administrativo incompleto del primero de enero al 31 de agosto del siguiente año, situación que nuevamente impide a esta soberanía detectar a tiempo las problemáticas y ejecutar acciones tendientes a apoyar a la administración pública federal a ejercer de manera idónea el presupuesto que en esta Cámara aprobamos. Además, las comparecencias de los servidores públicos que como marca nuestra Constitución se basan en resultados incompletos, toda vez que al cuestionar a la mayoría de los secretarios que comparecen en esta Cámara de Diputados, ellos responden con datos derivados de un ejercicio que aún no concluye presentando expectativas y escenarios futuros que por la temporalidad de las comparecencias, son aseveraciones sobre futuros inciertos. Un ejemplo claro de éstos son las acciones que se otorgan derivadas del apoyo a la comercialización del campo, puesto que a pesar de que los recursos tienen una temporalidad para ser ejecutados, se han ejecutado curiosamente antes de la comparecencia del servidor público en turno responsable y evidentemente perdiendo una gran parte del efecto para el cual fue presupuestado, ya que la oportunidad de pago obedece a los tiempos que marca la cosecha y no a las comparecencias. Lo mismo sucede con el tema de los recursos provenientes de subsidios federales, donde no se da una explicación clara del por qué no se cumple con la programación de este ejercicio, ya que a la fecha del informe aún quedan pendientes de ejecutar. Por lo anterior, resulta indispensable tener las comparecencias de los servidores públicos en tiempos idóneos que nos permitan analizar la ejecución de acciones y apoyar a la administración pública federal en el ejercicio de los programas. Es por ello que se propone mediante la presente iniciativa modificaciones a la Constitución, a la Ley de Planeación y a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de que se modifique el periodo del informe de gobierno federal, así como su fecha de presentación para quedar el 1o. de febrero de cada año. Por lo que hace al informe sobre el estado que guarda la administración pública del país, descrito en el artículo 6 de la Ley de Planeación, se propone que éste sea entregado el 1o. de septiembre del ejercicio fiscal en curso al Congreso de la Unión, temporalidad ideal para analizar el cumplimiento de las metas y por lo tanto programar el presupuesto del ejercicio fiscal del año siguiente; no sólo para mejorar la vigilancia de la administración pública federal, sino para también contribuir a la transparencia del ejercicio de las acciones del gobierno federal. Además de lo anterior proponemos la posibilidad de que en el primer informe que corresponda a cada presidente éste haga del conocimiento a esta soberanía del resultado real, del estado real de cómo recibió la administración pública federal y, en su defecto, iniciar con las acciones correspondientes legales en contra de quien o quienes resulten responsables por una mala administración, además de acreditar los elementos a la Auditoría Superior de la Federación. Por su atención muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados. Gracias, presidenta.