La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Con la declaratoria de guerra de Felipe Calderón, se dio un intenso y excesivo uso de las Fuerzas Armadas, por lo que se descuidó el saneamiento y la profesionalización de los cuerpos policiales. Ahora, tras los deplorables resultados de la estrategia, en lugar de ratificar el camino se pretende legalizar la desnaturalización de las tareas constitucionales y sociales de los militares, mediante la redacción de la ley propia de un Estado totalmente autoritario. En la propuesta no se establece un control de autoridades civiles ni mecanismos reales de rendición de cuentas o medidas de supervisión y control por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, tampoco hay medidas para la protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, mucho menos medios para que la población pueda denunciar violaciones sin poner en peligro su vida. Por ello, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro mencionó que existen muchos pronunciamientos internacionales en contra de la extensión de la participación castrense en las tareas ajenas a su mando, debido principalmente a esta desnaturalización de su función y a las repercusiones sociales que conlleva, y basta recordar que en la última década se han presentado más de 10 mil quejas por violaciones a los derechos humanos y solo se han emitido 146 recomendaciones. Asimismo, la ley presenta una afrenta a las recomendaciones emitidas por diversos organismos internacionales que niegan la experiencia de estos 10 años que han demostrado que el despliegue militar ha sido riesgoso para la población y poco efectivo. Como si lo anterior fuera poco, no existe evidencia científica de que el despliegue militar haya reducido la violencia. Todo lo contrario, se han gastado a las Fuerzas Armadas en tareas, insisto, que no les corresponden constitucionalmente y para la que no fueron preparadas ni diseñadas, generando un círculo vicioso en el que, ante la necesidades de reformar policías estatales, los gobiernos locales prefieren mantener a las Fuerzas Armadas en lugar de asumir sus responsabilidades. La ley parece un producto de reasignación de facto, que implica que las autoridades civiles no puedan aplicar una reforma política integral, que nunca contaremos con policías confiables y profesionales, que los militares ejercerán su labor de manera indefinida y que las violaciones a derechos humanos no disminuirán. La ley no toma en cuenta que las Fuerzas Armadas tienen un régimen jurídico especial al otorgarle facultades de investigación, prevención, sanción y persecución del delito, forzosamente tendrían que incluirse en un régimen de responsabilidad civil. Se pretende otorgar a las Fuerzas Armadas un marco legal que perpetua su labor en tareas de seguridad pública y mayores márgenes para actuar sin vigilancia y con mayores riesgos. Para variar, quedaron también sin cumplir las promesas de campaña de Peña Nieto, con respecto a Apostar por la Prevención cuyos programas sociales tampoco cuentan con los recursos necesarios. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que en el régimen autoritario el concepto de seguridad está asociado a conceptos de seguridad interior, con referencia a la seguridad del Estado y no a las personas. Una ley así tendría por ello serios problemas de incovencionalidad, por ser contraria a los compromisos internacionales que México ha suscrito en materia de derechos humanos. Para el Grupo Parlamentario de Morena la debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el destierro de la corrupción, la efectiva y real autonomía de los ministerios públicos, el combate al tráfico de armas, el replanteamiento del sistema penitenciario, la modernización y el replanteamiento de los sistemas de inteligencia y el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en materia debe de ser el camino para ofrecer la seguridad, no solo al Estado sino a la población en general. Por ello nos oponemos a esta ley que implica el uso discrecional del Ejército por parte del Poder Ejecutivo. Es cuanto.