El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros. Con su venia, presidenta. La importación de alimentos ha aumentado 400 por ciento en los últimos 15 años. El fondo del problema es el abandono de las tierras cultivables, la falta de insumos, asesoría técnica, desarrollo social y un modelo que haga eficiente la cadena económica. Necesitamos una visión de justicia social y recuperar la soberanía alimentaria. Ante las sucesivas crisis del maíz, derivadas de una crisis mundial de alimentos y la mala política interna, la respuesta del sistema neoliberal ha sido la apertura de los cupos de importación por resultar más fácil aplicar un modelo de compra, incluso, maíz transgénico de mala calidad. El campo de México está constituido por una red de pequeños productores, casi 300 millones de mexicanos y mexicanos viven de estas actividades agrícolas y lo hacen en un modo de producción artesanal y en un modelo de trabajo que incluye al núcleo familiar. Sin embargo, el producto final de su trabajo, el valor agregado de la dura faena no se ve recompensando. El modelo de intermediación, el coyotaje y la falta de priorización de compra de su cosecha por parte del Estado mexicano condenan a la pobreza y a la extinción al pequeño productor. El campo mexicano históricamente ha carecido de apoyos y se recrudece más por las drásticas reglas de operación y el diseño de aplicación geográfica que resulta en botín político, como pretenden hacer con el programa asistencialista, electorero, la Cruzada Nacional contra el Hambre, en donde lo van a implementar en los estados en donde habrá elecciones para seguir lucrando con la pobreza de nuestras comunidades indígenas. Los campesinos apoyamos cualquier programa, pero que estos lleguen a los verdaderos productores, pues estamos hartos de la demagogia y la falsa retórica. Dignificar a los campesinos de las comunidades indígenas debe ser un imperativo. Reivindicar la propiedad de sus tierras. Defender la soberanía nacional requieren también de una revisión profunda del tema agrario. Y los tratados internacionales que han lacerado profundamente la economía nacional. No han sido pocas las veces que los expertos en el tema agrario y los representantes de las fuerzas progresistas, pero las fuerzas progresistas coherentes con lo que dicen y lo que hacen, digan que en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte debe hacerse una revisión profunda en lo que respecta al sector del campesino. Se deben eliminar las inequidades existentes, garantizar una producción interna, suficiente y un modelo de protección económica. Se debe pues reorientar y transformar el gasto en programas de desarrollo rural, en verdaderas inversiones que fomenten el cooperativismo y aporten infraestructura a las comunidades. Por todo esto nos parece pertinente exhortar a la Secretaría de Economía para que determine los apoyos a productores nacionales del maíz como una alta prioridad. Con esta acción se garantiza la seguridad alimentaria y el sustento económico de las familias mexicanas. Esto además va a permitir transitar por una nueva ruta de entendimiento entre el campo y la ciudad, que es tan necesaria e impostergable. Deben eliminarse las asimetrías que se han impuesto y se establecerá un precio justo en las operaciones comerciales. También apoyamos el exhorto a la Sagarpa para que analice las políticas aplicadas en los últimos años y haga un verdadero trabajo de reingeniería de los programas de apoyo al campo y entienda su papel en la globalidad y en lo local. Debe aplicarse una política territorializada, una distribución geográfica que fortalezca la propiedad social, entendiendo los nuevos retos para garantizar que el destino de los recursos públicos de los diversos programas de apoyo al campo deben reflejarse en la vida cotidiana, no en una simulación para seguir utilizando como botín político y comprando elecciones a favor de los poderes fácticos, debe reflejarse en una disminución en la pobreza extrema de nuestras comunidades y nuestros pueblos originarios. Es cuanto, compañeras y compañeros.