La diputada Elizabeth Martínez Álvarez: Con la venia de la Mesa Directiva. Buenas tardes compañeras y compañeros. Hoy vengo a esta tribuna a dar voz a todas y todos los pacientes, a todas las organizaciones que representan diversos grupos vulnerables, en especial a todas las organizaciones con las que he venido trabajando en mi estado en Aguascalientes. A nuestros adultos mayores, a toda persona que enfrenta alguna discapacidad o tema de salud mental. A nuestras niñas, niños y adolescentes de nuestro país. Compañeras y compañeros, hoy nos reunimos para abordar una cuestión fundamental en la agenda nacional destinada a garantizar desde nuestro marco jurídico nacional el bienestar, la dignidad y el bien común de nuestra sociedad. La salud, la salud mental, la atención de las diferentes discapacidades y la seguridad pública son derechos fundamentales que, sin duda, deben ser garantizados por el Estado. Sin embargo, la legislación actual nos ha demostrado que hay una laguna que limita la capacidad para contar con personal profesional especializado e invertir en estos rubros a estados y municipios. La Ley de Disciplina Financiera en las Entidades Federativas y los Municipios, promulgada en el año 2016, buscaba reducir el costo de financiamiento y moderar el endeudamiento. Sin embargo, su contenido actual genera una disonancia legal que impide invertir en la contratación de personal especializado para atender temas de salud, salud mental, atención de las diversas discapacidades y en temas de seguridad pública. Por ello, este trabajo parlamentario propone medidas concretas para proteger estos derechos fundamentales y garantizar un futuro más seguro y saludable para todos. Beneficia a los y las alcaldes y a los gobernadores de todo el país, sin distinción de la extracción partidista de donde provienen. Por eso propongo una reforma de armonización que modifique la fracción I del artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera y modifique el artículo sexto transitorio de la misma. Esta reforma busca garantizar la seguridad pública y la salud como derechos fundamentales, armonizar la legislación vigente para evitar contradicciones y barreras, fortalecer la capacidad del Estado para invertir en tener suficiente personal especializado en materia de atención y las discapacidades, a la seguridad pública y toda la agenda de salud en nuestro país, proteger los derechos humanos y garantizar la dignidad de la persona humana. No podemos permitir que por una redacción ineficaz e insensible se les impida a los estados y especialmente a los municipios, que son el primer contacto de todas las personas para avanzar en la protección de los derechos y las necesidades de la ciudadanía. Pongámonos en los zapatos de quienes padecen día a día estos problemas. No podemos permitir que la falta de inversión en salud, atención a las discapacidades y seguridad pública nos cueste vidas y bienestar. Les pido a todas y todos ustedes, a todos los grupos parlamentarios, que nos unamos para analizar esta situación y que le demostremos a la ciudadanía que estamos comprometidos con la dignidad, el bien común y el bienestar de todas las personas. Les pido su apoyo a esta iniciativa, porque si escuchamos a las organizaciones, a las y los pacientes, a las personas con discapacidad, a las personas de la tercera edad, a nuestras niñas, niños y adolescentes, y escuchamos y atendemos las necesidades de las y los gobernadores, así como los ediles de nuestro país, podemos construir un futuro más seguro, más saludable y más próspero para todos. Muchas gracias. Es cuanto.