El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, se está sometiendo a su consideración esta Ley de Justicia para Adolescentes. Quisiera empezar por comentarles que de alguna manera todos, poco a poco y sin que esto pudiera suponerse como una aceptación o un apoyo para que un Estado autoritario pudiera imponerse, desde luego que no, ante todo estamos de acuerdo en que el Estado tiene que permitir las expresiones más libres de nuestra democracia, pero todos hemos sido tolerantes y de alguna manera hemos ido construyendo este estado de barbarie en el que nos encontramos. ¿Por qué? Porque las violaciones más mínimas a la ley, las violaciones más absurdas e inocentes que puedan ustedes pensar, como puede ser una violación a un Reglamento de Tránsito se van sumando y sumando y de repente esta serie de gotas acaban por llenar el vaso y llega el momento en el que el vaso nos demuestra la realidad de adolescentes que acaban siendo, quizá, de entre todas aquellas personas que cometen conductas tipificadas como delitos, los más violentos. Tenemos que hacer algo desde luego nosotros como legisladores, nuestro estado para remediar este estado de violencia en el que estamos nosotros inmersos. No se trata de ser intolerantes, sino que se trata de que reconozcamos de una vez por todas que las normas jurídicas son típicamente coercitivas y en ocasiones el ejercicio de la fuerza pública acaba siendo perfectamente legítimo, inclusive para corregir a los adolescentes cuanto estos han sido participes en alguna conducta tipificada como delito y están siendo sujetos de medidas para su reintegración social y familiar. Este estado de violencia, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha dejado familias desintegradas. Ha provocado que muchos padres de familia, madres de familia, tengan que emigrar hacia otros países con el objeto de lograr su sustento. Ha provocado que muchos padres de familia, madres de familia queden desamparados en el desempleo y esto ha vulnerado a la familia como principal núcleo de nuestra población. ¿En qué se ha traducido también esto? En una grave pérdida de valores. Y la pérdida de valores ha tomado como principal víctima a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestro futuro. Tenemos que reaccionar. Celebramos desde luego que, muy a pesar de que esta ley no tuvo la posibilidad de discutirse en esta Legislatura, se abra ahora esta ocasión para que nosotros nos posicionemos con relación a sus alcances. Es una ley que permite tener instrumentos para que autoridades especializadas del orden administrativo o judicial traten este fenómeno y acaben por individualizar las medidas más adecuadas de acuerdo con el artículo 18 constitucional para dar tratamiento a la violencia, a la falta de rumbo en la que se ven muchas inmersos nuestros adolescentes cuando cometen delitos. Les estamos dando certidumbre jurídica a los adolescentes en primer lugar, como sujetos de estos procesos. Estamos abriendo un proceso que se apega al 18 constitucional y que entra desde luego dentro de la ventana de temporalidad a la que se refiere nuestra nueva justicia adversarial en el 20 constitucional. Se va a respetar garantías fundamentales de todo gobernado como sujetos de un debido proceso legal. ¿Qué es lo que pensamos nosotros? Es un primer paso, desde luego es un paso insuficiente, si tomamos en consideración que el fenómeno que estamos nosotros presenciando es sumamente complejo y tiene distintas aristas. Nosotros tendríamos que impulsar también desde aquí otro tipo de políticas, para resolver la problemática atendiendo a la educación de los menores. Atendiendo, sí, desde luego, a la posibilidad de que se cultiven y de que participen activamente en todo tipo de actividades culturas y deportivas. Tenemos también, por último, que hacer algo por recuperar los espacios públicos. En la medida en la que el crimen siga avanzando, desde luego que nuestros jóvenes van a ser las primeras víctimas que van a tener que enfrentar la desocupación, el desempleo y, con ello, ésta grave pérdida de valores que ha venido progresando. No dejamos de ver desde luego que no obstante los beneficios que podría traer aparejada la Ley de Justicia para Adolescentes, hay un par de disposiciones que acaban por dejar un hueco por cuanto a la forma en que las unidades especializadas para la imposición de las medidas para el tratamiento de los adolescentes, habrán de fundar sus resoluciones y sus proposiciones, como también la manera en que los centros de internamiento habrán de organizarse para permitir precisamente que los mayores de 14 años y los menores de 18, logren una reintegración efectiva a la sociedad de la familia. ¿A qué nos obliga esto, sobre todo pensando en la futura interpretación obligada de la ley por parte de nuestros tribunales? No obstante que no existan directrices claras con relación a esto, sí queremos hacer un enfático señalamiento en el que toda decisión que dicten los tribunales apegándose a las recomendaciones de las unidades especializadas, deberán ser de acuerdo con las características individuales de cada uno de estos sujetos responsables de la comisión de una conducta tipificada como delito, sustentada en bases científicas. No podríamos nosotros suponer que las unidades especializadas puedan ir recomendando aquello que de acuerdo con un libre albedrío pudieran ir suponiendo. Lo mismo sucede con relación a los centros de internamiento. Nos opondríamos ante todo a que estos centros de internamiento pudieran equipararse a cualquier reclusión o sanción en contra de los adolescentes. Apoyaremos la iniciativa desde luego y esperamos, desde luego también, poder debatir en el futuro sobre otro tipo de medidas integrales vinculadas. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente.