El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Durante los últimos años el fenómeno de la delincuencia organizada en nuestro país ha experimentado un crecimiento exponencial. Los grupos delincuenciales que operan en la república obtienen ingresos superiores a los 30 mil millones de dólares anuales. Alrededor de 450 mil personas pertenecen a su estructura operativa y en el Tercer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón se destaca que durante su administración se han capturado a 80 mil presuntos miembros del crimen organizado. Los delitos que cometen las organizaciones delictivas lesionan fuertemente la economía del país y provocan alarma y crispación social. Por ello se ha hecho indispensable perfeccionar los mecanismos de reacción y prevención, para combatir más eficientemente este flagelo. Así han surgido nuevas figuras jurídicas como el arraigo en centros oficiales. En junio de 2008 se reformó el artículo 16 constitucional, para instituir formalmente el arraigo como una de las medidas cautelares en materia penal, por lo que cualquier debate respecto a la constitucionalidad de esta figura ya está zanjado. Sin embargo, ha quedado pendiente establecer fórmulas congruentes al mandato constitucional, señalando reglas claras para su tramitación. Un aspecto de varios hasta hoy no reglamentados respecto al arraigo es el de su levantamiento, extinción o supresión individualizada de sus efectos. En la práctica forense, cuando durante el periodo concedido por el juez las causas que le dieron origen desaparecen o el Ministerio Público no logra recabar elementos para la debida consignación de la averiguación previa, el arraigo se levanta por el mero transcurso del término concedido por el juez o por disposición unilateral del Ministerio Público. En el primero de los casos no existe problema o inconveniente alguno. En el segundo de los casos sí hay una problemática, puesto que es frecuente que el Ministerio Público omita dar aviso de levantamiento del arraigo al juez que lo decretó, con lo que éste pierde el control del expediente relativo, en perjuicio de la eficiente administración de justicia. Esto representa una constante y no un caso aislado, el arraigo está siendo una práctica que se está usando al extremo. En tan sólo nueve meses la solicitud de arraigo, demandas y demás medidas cautelares se han convertido en un bum legal, inundando de trámites a los tribunales federales especializados. Sólo apenas en julio pasado el Consejo de la Judicatura Federal debió acordar la creación de un juzgado más en la materia, luego que después de seis meses los seis primeros juzgados creados en enero de este año se vieran saturados de asuntos de esta índole. Por ello, si la práctica permanece sin ser debidamente regulada, en poco tiempo estará afectando negativamente a la administración judicial. De persistir el manejo discrecional del Ministerio Público sobre el levantamiento del arraigo, la función judicial en la materia quedará trunca, incompleta, contradicha y desordenada. En esa virtud, antes de que el tiempo avance y el problema se agrave, es necesario corregir la práctica indicada, estableciendo en la ley disposiciones para que sólo quien decrete el arraigo pueda levantarlo. Por lo anterior, formulo la iniciativa siguiente. Se adicionan los artículos 133 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales, y 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue: El levantamiento del arraigo, en todo caso, será facultad del juez que lo decretó, quien resolverá en forma inmediata y por cualquier medio las solicitudes correspondientes del Ministerio Público. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor presidente, solicito que el texto de esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto. Señoras legisladoras y señores legisladores, muchas gracias.