El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Muy buenos días. Con su venia, señora presidenta. Durante el extenso periodo de hegemonía unipartidista el esquema empleado para subordinar al Poder Judicial a los vaivenes del poder político era una combinación de falta de independencia interna, así como de independencia externa. La alineación de la mayoría parlamentaria con el presidente aseguraba la designación de ministros de la Suprema Corte partidarios o al menos de ministros aceptables para el partido que actualmente gobernaba. Dentro de la transición de las instituciones el Poder Judicial, o mejor dicho, los poderes judiciales muestran un profundo rezago. La oscuridad y la ausencia de fundamentación de las decisiones judiciales, las sospechas de cercanía con los poderes políticos y la notoriedad de la defensa de sus privilegios e intereses corporativos han resultado, lamentablemente, en la deslegitimación de la actuación del Poder Judicial y difícilmente podrán contribuir a mejorar su imagen ante la ciudadanía. Es decir, se han convertido en una oficialía del poder político. El Poder Judicial adeuda un enorme pasivo con la sociedad y requiere reconstruir la legitimidad de la actuación del Poder Judicial, para que pueda dejar atrás las sombras de un pasado de ausencia de independencia con respecto al poder político. Como Poder del Estado, la actuación del Poder Judicial puede y debe ser objeto de la evaluación crítica de la sociedad, de la ciudadanía. Esto requiere del control y supervisión de la misma hacia la Judicatura. El Poder Judicial solo podrá ser independiente cuando menor sea o se reduzca la influencia del poder político sobre el mismo. La injerencia o la probabilidad de que las decisiones judiciales se vean determinadas por los intereses o las preferencias o los deseos de otros órganos del Estado, como por ejemplo, el presidente o el Congreso o alguna Cámara de ésta, o bien por los intereses, preferencias o deseos de grupos que tienen intereses en el Poder Judicial para satisfacer mezquindades. En muchas entidades federativas el panorama es idéntico o peor al que se campeaba en el Poder Judicial cuando estaba el año de 1994. Concluyo, señora presidenta. No se honraron los ejemplos de postergación de la ratificación de los jueces de manera de evitar que se consolide su inamovilidad y mantener pendiente la amenaza de remoción en caso de una supuesta indisciplina. Tenemos tristes ejemplos, mencionaré unos cuantos. Apenas en noviembre de 2016, ésta misma Cámara de Diputados aprobó ampliar un periodo de magistrados en el Tribunal Electoral, en una clara muestra de cooptación política el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro caso, es el de Edgar Elías Azar, quien desde el año 2008 pasó a ocupar la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del DF hasta el año 2012, para después reelegirse hasta el primero de enero de 2016 y posteriormente de manera ilegal se reeligió nuevamente para un periodo hasta el año 2018. En un caso inédito en el Poder Judicial Mexicano, ahora propuesto por el presidente de la República, como embajador de México en los países bajos, es decir, pudo ocupar el cargo de presidente del tribunal y presidente del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México durante nueve años, a pesar de que la Base Segunda, de la fracción II del artículo 122 de la Constitución, señala de manera expresa que los consejeros durarán cinco años en su cargo y serán sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. Estas acciones en nada ayudan a la legitimización del Poder Judicial y en cambio dañan severamente la credibilidad e independencia en los tribunales. La legitimidad de la actuación judicial está vinculada con aceptación de sus resultados o la ciudadanía, parte de la legitimidad de la actuación judicial está cifrada en la aceptación de sus decisiones, de su imagen y de su conducta por parte de la ciudadanía. El correcto ejercicio de sus funciones, compañeros, y de la virtud y la sensatez política por parte de los jueces, de ahí que en contextos de ausencia o corrupción de las instituciones representativas o de notoria ausencia de su legitimidad de ejercicio, el papel activista y políticamente oportuno del Poder Judicial, tienda a ganar legitimidad a la ciudadanía. Por su atención muchas gracias y que tengan una excelente tarde.