La diputada Laura Patricia Contreras Duarte: Las reservas que hoy presento versan en modificar el artículo 32-A, el artículo 52, fracción III, artículo 91-A primer párrafo y eliminar la fracción III del artículo 96, todos del Código Fiscal de la Federación. Según la definición del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, el contador público como miembro de una profesión depositaria de la confianza y la transparencia, no solo procura la confiabilidad de la información financiera, sino que está inmerso en un proceso de congruencia frente a la sociedad y asume el firme compromiso de ejercerla con sustento en valores éticos y un alto sentido de responsabilidad y honestidad, con el propósito de que su desempeño será útil para la colectividad. Son sumamente preocupantes las modificaciones al Código Fiscal de la Federación que presenta el Ejecutivo dentro de la Miscelánea Fiscal, lo anterior ya que se pretende que el contador público que realice dictámenes sobre los estados financieros de los contribuyentes, sea responsable de encubrimiento cuando no dé aviso a la autoridad de una conducta delictiva que hubiera conocido en el desempeño de su encargo, violentando a todas luces los principios de no autoincriminación y de no trascendentalidad de sanciones. De lo anterior, al intentar incorporar una conducta penal al auditor por encubrimiento, afecta sustancialmente su objetividad e imparcialidad, aunado a que el contador público no tiene las certificaciones, conocimientos, habilidades ni facultades para detectar la comisión de un delito fiscal. Otro punto que se debe evitar es la evaluación de los auditores, que debe estar bajo normas internacionales de auditoría, tomando en cuenta que el contador público no está certificado como perito en el Código Aduanero, lo que imposibilita cumplir con la labor de detectar el incumplimiento de obligaciones en la materia. Asimismo, el Consejo Mexicano de Contadores señala que el Código Fiscal de la Federación que se pretende aprobar, establece que el plazo para presentar los dictámenes será antes del 15 de mayo, cuando anteriormente era el 15 de julio, siendo este un plazo muy corto, que se debe quedar como está en el Código vigente. Esta reforma va en contra del Código de Ética Profesional de los Contadores Públicos, violando su autonomía e independencia, y además pone en evidencia de manera reiterada, la obsesión por criminalizar, culpar y perseguir a las personas trabajadoras que se esfuerzan día con día por cumplir con su trabajo, culpándolos de encubrimiento y hasta mandarlos a la cárcel. Solo por la incapacidad del gobierno federal de asumir su responsabilidad como Poder Ejecutivo para actuar, sancionar y castigar a quienes incumplen o cometen delitos fiscales. Es la autoridad hacendaria la responsable de denunciar ante el Ministerio Público para que califique la probable comisión de un delito y que un juez tome la última decisión. Sin embargo, se prefiere con esta reforma transferir a la contaduría pública una responsabilidad del contribuyente, que es quien debe implementar el control interno de su empresa para generar información financiera y evitar cualquier incumplimiento de las disposiciones fiscales. De forma errónea se le atribuye al contador público facultades propias de profesionales de derecho. Esta reforma reprime y pone en riesgo la libertad de las personas, dañando su independencia e imparcialidad. Ya basta de perseguir y de cometer abusos reiteradamente a la clase trabajadora, que con base en su esfuerzo han sacado adelante a este país y a sus familias y que han tenido que sufrir las graves consecuencias de un gobierno omiso, autoritario o ineficiente. No a la criminalización de contadores públicos. Es cuanto, presidenta.