La diputada Julieta Macías Rábago: Gracias, presidente. Desde su origen el Sistema Nacional de Planeación Democrática ha replicado un vicio que se interpone con la eficaz consecución de sus objetivos. Los instrumentos se elaboran con visión de corto plazo, lo cual limita el potencial de desarrollo de nuestro país, al carecer de continuidad y previsiones transexenales. Es en ese contexto que se cristaliza la trascendencia de la decisión que en esta soberanía vamos a tomar el día de hoy. Durante días pasados hemos sido partícipes de un proceso de Parlamento abierto, en el que académicos, especialistas, representantes de la sociedad civil, trabajadores, empresarios,¿ junto con legisladores, analizamos la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, formulada por el Ejecutivo, y en congruencia con la relevancia de la tarea, la mayor parte de quienes participamos hicimos un análisis exhaustivo del contenido, la estructura y los criterios que esta Cámara debe tomar en cuenta de acuerdo con la ley, para votar el instrumento. El artículo 21 de la Ley de Planeación otorga a esta Cámara la facultad de devolver el instrumento al titular del Ejecutivo, con el propósito de que sea adecuado. Es decir, complementado y mejorado de forma que, efectivamente, permita alcanzar los objetivos dispuestos en el artículo 26 constitucional. Esto es, imprimir solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Y por ello, las opiniones, aportaciones y conclusiones vertidas durante los foros de análisis, resultan invaluables, por lo que me permito retomar algunas que fundamentan la pertinencia de que hoy votemos por la devolución del instrumento al Ejecutivo. Iniciaré haciendo referencia a tres importantes deficiencias que reiteradamente fueron señaladas en todos los foros realizados. La primera es la ausencia absoluta de las previsiones sobre los recursos que serán asignados a los fines dispuestos en el plan, requisito contenido en el párrafo quinto del artículo 21 de la Ley de Planeación, que al haberlo omitido impide determinar la viabilidad de las estrategias planteadas. La segunda es la omisión de objetivos, indicadores y metas requeridos por el artículo 21 Ter de la Ley de Planeación y necesarios para dar seguimiento a los resultados producto de la ejecución del plan. Seguimiento, por cierto, en el que esta Cámara tiene también la facultad de formular las observaciones que se estiman pertinentes conforme al artículo 5o. de la misma ley. La tercera es la determinación de enfocar la discusión únicamente hacia el contenido del primer documento, es decir, el más deficiente, cuando el segundo está en mejores condiciones de cumplir con las características que la ley dispone. Pero más importante aún, estaría en mejores condiciones de ser una base sólida para los programas transversales, especiales, sectoriales, regionales e institucionales que habrán de derivar de él. En relación a temas particulares, doy ejemplos para muestra de las más amplias oportunidades de mejora señaladas en los foros. En materia de medio ambiente, si bien el documento hace referencia a los Objetivos de la Agenda 2030, el maestro Tabaré Arroyo señala que no es ni ambicioso ni contundente en sus planteamientos, específicamente los enfocados a las medidas para combatir el cambio climático. Y es que este PND muestra como estratégicos a proyectos como la refinería Dos Bocas, que no solo resulta perjudicial para el medio ambiente, sino que da continuidad a una política energética basada enteramente en fuentes contaminantes, a la vez que se relega la transición energética. Y cito textualmente: para cubrir la demanda eléctrica en pequeñas comunidades aisladas que carecen de ella. Nuestro planeta se encuentra en un momento crítico y la comunidad científica nos ha alertado de la necesidad de tomar medidas drásticas y urgentes para limitar el aumento de temperatura, producto de las emisiones contaminantes, antes de que el daño sea irreversible. Y como ejemplo de las consecuencias, tenemos ya la problemática que enfrentan nuestras costas por el sargazo, cuyo crecimiento se ha visto favorecido precisamente por el aumento en la temperatura de los mares y está perjudicando a un sector tan relevante como lo es el turístico, causando afectaciones económicas y ambientales, pues ya se documentó la muerte masiva de 72 especies de animales. Además, fue señalado por el maestro Gustavo Alanís, de Cemda, y el doctor Andrés Ávila, de Polea, que el verdadero reto no está en incluir grandes metas y objetivos, sino en plantear estrategias efectivas que permitan alcanzar esas metas, algo en el que el PND puede y debe ser adecuado y complementado. Consideren también la necesidad de otorgar a la protección y conservación del patrimonio natural de nuestro país una prioridad mucho más alta, con estrategias que permitan alcanzar las metas y compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano en medio ambiente, lo cual no estaremos en condiciones de lograr si seguimos ignorando la importancia de ello y reduciendo los presupuestos para atenderlo. En materia de derechos humanos, llama poderosamente la atención que en el plan se opta por un enfoque general y homogeneizador en la atención de grupos sociales diversos y con necesidades específicas. Al respecto, Suhayla Bazbaz señaló que a pesar de que todos los integrantes de la sociedad son iguales en dignidad y derechos, ninguno de ellos tiene las mismas características y necesidades. Por lo que resulta imposible plantear una democracia participativa que no se conciba a partir de la multiplicidad, pluralidad y diversidad de todos los integrantes de la sociedad. Asimismo, la doctora Clara Jusidman destacó la trágica pérdida de conocimientos y experiencia que implica el desprecio del gobierno federal hacia las organizaciones de la sociedad civil, que tienen largas y fructíferas trayectorias de colaboración con las autoridades para atender poblaciones específicas y apoyar en la solución de múltiples problemas. En el caso de los pueblos originarios, a quienes el PND los concibe como sujetos de asistencialismo y no como sujetos de derechos, los despersonaliza al pretender incluirlos implícitamente en políticas generalizadoras. Desconoce su derecho a la libre determinación, su derecho a ser consultados en términos del artículo 169 de la OIT, que no puede ser confundido ni mezclado con otros métodos de consulta ciudadana. Se falla, pues, en reconocer su capacidad para planear, decidir e incluso ejercer presupuesto en forma directa. Situación igualmente grave enfrentan los menores y sus madres, a quienes el PND ni siquiera menciona. Hecho denunciado con preocupación en una cara abierta de la iniciativa ciudadana Pacto por la Primera Infancia. Omisión y desinterés que, por cierto, se suma a la decisión de desaparecer las estancias infantiles sin ofrecer una alternativa viable. Muy preocupante también son las limitadas e incompletas consideraciones en el PND respecto a la política migratoria. A decir del doctor Florian Hoepfner, requiere ser reorientada con un enfoque en derechos humanos que genere la participación de todas las instancias del Estado para lograr un sistema integral de protección a las personas, así como el cumplimiento de los compromisos internacionales, hay que decirlo, ningún ser humano es ilegal. Por otro lado, los planteamientos sobre combate a la corrupción y al dispendio disponen estrategias incompletas y contradictorias. Incompletas. Porque los recortes presupuestarios encaminados a terminar con los dispendios, no pueden hacerse sin tomar en consideración las particularidades de cada sector afectando el cumplimiento de las funciones sustantivas del Estado, situación que lamentablemente ya está presente en el sector salud, cuya circunstancia ya de por sí precaria se ha agravado alarmantemente por la falta de personal y medicamentos en los hospitales de todo el país. Contradictorias. Porque el texto del PND señala explícitamente la necesidad de prohibir las adjudicaciones directas. Sin embargo, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reveló que durante los pasados meses el gobierno federal ha utilizado el método de adjudicación directa en 74 por ciento de sus contrataciones y el de invitación restringida en siete por ciento, por lo que solamente 18 por ciento de los contratos se han hecho a través de licitaciones públicas, es decir, más del 80 por ciento de las contrataciones de la actual administración se han efectuado en condiciones de opacidad y discrecionalidad. En cuanto a desarrollo económico, al PND le hace falta integrar la Banca de Desarrollo. Algunas comisiones de esta soberanía han señalado otras carencias, por ejemplo, para comunicaciones y transportes existe una falta de planeación integral de largo plazo en la construcción de infraestructura; para educación se hace una mención muy somera respecto a los derechos laborales del magisterio; para juventud y diversidad sexual, el PND no habla de programas para atender sus necesidades prioritarias, incluso no se menciona el término LGBTTI más; para medio ambiente, sustentabilidad; cambio climático y recursos naturales; el proyecto de infraestructura tren Maya, tiene el potencial riesgo de desaparecer ecosistemas completos. Compañeros, el PND que nuestro país requiere no puede quedarse en una lista de buenos deseos que no se van a implementar, no puede plantear estrategias ambiguas que terminen por causar más daño del que pretenden enmendar, cuando se es gobierno se necesita un verdadero plan de gobierno, no solo discursos. Por eso es indispensable adecuar el instrumento que tenemos en nuestras manos para que cada planteamiento esté acompañado de estrategias específicas, de objetivos, indicadores, metas y previsiones presupuestarias, para que todas las instituciones y dependencias tengan claro qué deben hacer y cómo lo van a lograr. Termino.