El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. A dos años de ocurrido el colapso en la mina ocho, Unidad Pasta de Conchos, la empresa y los gobiernos federal y local han incumplido los compromisos con las 65 familias de los obreros que perecieron e imponen el cierre definitivo de la mina. De esta manera, pretenden abandonar los 63 cuerpos que permanecen bajo los escombros y con ello la posibilidad de un peritaje que deslinde responsabilidades por la explosión de la mina, ocurrida el 19 de febrero de 2006. A pesar de las múltiples pruebas encontradas por el equipo nacional de Pastoral Laboral, de la Conferencia del Episcopado mexicano, así como por instancias gubernamentales que demuestran la culpabilidad del Grupo México, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y Siderúrgicos de la República Mexicana, éstos no han sido cabalmente sancionados ni se ha resarcido el daño a las familias de las víctimas. De nada han valido protestas de las más de 40 esposas y familiares de los trabajadores muertos frente a las instalaciones de la transnacional Industrial Minera México. Desde el principio hasta hoy, la denuncia es la misma: nos han engañado todo el tiempo y no es verdad que les interese encontrar a los cuerpos, como no les interesa hacer justicia ni retirar la concesión a quien ha cometido crimen industrial. A veces en broma y muchas veces en calificación de una realidad apabullante, hemos escuchado la frase coloquial de que en México vivimos en el país de no pasa nada. Ni la evidencia ni el clamor de la verdad ni la justicia parece mover las conciencias de quienes no asumen o que son responsables de esta tragedia. Para todos quienes formamos esta legislatura, para quienes desde sus distintos ámbitos han sido testigos de la tragedia, para aquellos y aquellas que han vivido en carne propia y para quienes a nivel mundial han sabido, por la magnitud de la explosión, lo que ocurrió ese 19 de febrero, las incógnitas siguen siendo las mismas. ¿Por qué no hay responsables? ¿Qué se está haciendo para prevenir nuevos accidentes? ¿Cuál es la responsabilidad de la empresa y cuál la de las autoridades? La lista de cuestionamientos es interminable, tan perpetua como la negligencia y la irresponsabilidad de autoridades y empresarios. Somos representantes populares y, por ello, más allá del color de nuestra ideología, podemos y debemos representar aquellos y aquellas que merecen justicia. Familiares de los trabajadores, quienes han recibido no sólo la muerte de sus familiares sino la ignominia como respuesta, porque es ignominioso que además de suspender la búsqueda de los restos te digan que no tienes interés jurídico en el asunto, de acuerdo con la resolución que ayer dio el juzgado XV de distrito, a solicitud de amparo para que se reanude la búsqueda. En el grupo de Alternativa sabemos que la mayor de las responsabilidades es el silencio, por ello es indispensable y urgente exigir que los hechos se aclaren no mañana, sino hoy. Exijamos a las autoridades respuestas inmediatas, el conocimiento de la verdad, la entrega de los restos a sus deudos, el pago de indemnizaciones y pensiones fundadas en la justicia y no en la necesidad de acallar voces y conciencias. Así como el castigo justo a quienes resulten responsables, antes, durante y después de la explosión. Todas estas demandas se encuentran respaldadas institucionalmente por las recomendaciones que la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos, de esta Cámara de Diputados, presentó en su informe publicado en la Gaceta Parlamentaria el pasado 31 de julio de 2007, y cuyo seguimiento se hace necesario. Finalmente, es necesaria la revisión del primer informe elaborado por el Equipo Nacional de Pastoral Laboral Pasta de Conchos, Una tragedia que debió evitarse. En él se consignan, con mayor amplitud, las conclusiones que, desde la sociedad civil, contradicen los informes oficiales, que únicamente tienen como propósito sepultar en el tiempo las esperanzas de justicia de las familias agraviadas. Es cuanto, diputada Presidenta.