El diputado Juan José García Ochoa: Muchas gracias Presidente. "El suscrito, diputado federal de la LIX Legislatura, integrante del grupo parlamentario del PRD, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente "Exposición de Motivos: "En toda actividad humana se habla de la necesidad de que prevalezcan los elementos constitutivos del estado de derecho. Para Tena Ramírez el estado de derecho es aquel cuyo poder se encuentra determinado por preceptos legales, de tal modo que no pueda exigir de sus miembros ninguna acción u omisión que no tenga su fundamento en la existencia de una norma jurídica preestablecida. Por consiguiente, el estado de derecho se erige como punto relevante de la agenda de los procesos de transición, normalización y consolidación en los países. Su construcción es un proceso que involucra a todos los actores políticos relevantes y a la ciudadanía, y no se agota en la edificación de un sistema jurídico constitucional. En el estado de derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de caprichos y fobias de los hombres, al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de todos los ciudadanos. De esta forma, el estado de derecho democrático debe de estar abierto al pluralismo, a la tolerancia y al cambio social. Por ello, la preservación del mismo es un patrimonio común que debe ser creado, protegido y consolidado responsablemente por todos los actores políticos dentro de los cuales nos encontramos como Poder Legislativo, encargados de la creación de la legislación que nuestro país requiere. Las leyes son producto de la acción de los hombres y por más firmemente establecidas que estén pueden ser transformadas por la propia acción humana. Por ello, el derecho es consustancial a la vida social, ya que donde se haya desarrollado algún tipo de colectividad o conducta humana, habrá aparecido también alguna forma de regulación colectiva que impone obligaciones y asigna derechos a los individuos. Al ser resultado de la vida comunitaria, el derecho no puede limitarse a expresar el marco social que lo circunda, más bien tiene que constituirse en un elemento ordenador de este marco social, tiene que corregir los elementos negativos de la vida comunitaria y alentar el desarrollo de sus elementos positivos. Las leyes, por consiguiente, son normas cuyo objetivo fundamental es regular el espacio público de la sociedad. Dicho de otro modo, las leyes son los principios que permiten y promueven la convivencia de los hombres, no como individuos aislados, sino como miembros de una colectividad. En este sentido y como reclamo de varios sectores de la población, es indispensable que las leyes regulen cuestiones tan importantes como la orientación sexual de los ciudadanos, tema que sin lugar a dudas reviste una gran carga moral, religiosa y política, pero que a todas luces constituyen una necesidad a observarse a ser regulada. Las leyes no son creadas para normar o garantizar lo que un individuo puede o no puede hacer de manera independiente, sino lo que puede hacer u omitir como integrante de una sociedad. Por ello y pese a que existe una rama del derecho denominada derecho privado, sólo lo es cuando que el mismo derecho define lo que es privado y lo que es público. De este modo, incluso lo particular; lo privado, lo estrictamente individual, sólo es tal en términos jurídicos, si está reconocido a un nivel público por la forma jurídica correspondiente. Ahora bien, en el marco legal de este sistema democrático de instituciones, es la Constitución. Las Constituciones se han convertido en la ley suprema de las sociedades modernas, pero esta supremacía sólo puede ser legítima si expresa los principios fundamentales del estado de derecho. Sin embargo, no es necesario rechazar que las Constituciones sean fuente de las demás leyes, sino sólo recordar que son en sí mismas el elemento de vinculación de la experiencia moral y política de las sociedades, con su experiencia de codificación racional de las leyes. En efecto, si bien las Constituciones son un resultado de debates, luchas y cambios sociales, se han convertido también en recursos para plantear demandas sociales. El reconocimiento y estudio de la sexualidad ha sido poco explorado y la difusión de los conocimientos relativos a la misma hoy en día sigue siendo motivo de polémica e incomodidad para muchos sectores de la sociedad que ven a este tema como un tabú y no como una realidad social. De ahí que la presente iniciativa establece el principio de la no discriminación a la orientación sexual, entendiéndose esta última como tal, a la atracción duradera, emocional, sexual o afectiva hacia otra persona, la cual se presenta en un conjunto de gamas que van desde la homosexualidad exclusiva hasta la heterosexualidad exclusiva e incluye varias formas de bisexualidad. Por lo tanto, el tema de la orientación sexual se erige como un tema indispensable a tratar y difundir en nuestra sociedad, el cual debe de abordarse con interés y con la claridad necesaria, ya que no podemos de ninguna forma desconocer que un sector de la población le sea reconocido en nuestra Legislación el derecho a la No discriminación por la orientación sexual. La libertad sexual de los individuos, garantizada en nuestra Carta Magna, debe ser el fundamento principal que de origen al reconocimiento de los derechos inherentes al hombre, en el caso de la decisión por alguna orientación sexual y al respeto de esta última no pueden ser la excepción. La orientación de los seres humanos en cuanto a sus relaciones afectivas y su sexualidad, no pueden ni deben, en ningún caso, ser motivo alguno de discriminación, por lo que el Estado debe de garantizar que este precepto se cumpla. La presente Iniciativa de Reforma al párrafo 3º, del Artículo 1 Constitucional, promueve y establece como obligación el fomento al respeto a la orientación sexual de las personas a través del establecimiento del principio de la No-discriminación por esta orientación sexual. La sexualidad humana debe ser abordada en nuestras leyes de una manera integral, considerando su libre ejercicio, conocimiento, orientación y diversidad, como una respuesta a las demandas de grupos de hombres y mujeres que, dentro de la evolución de los Derechos Humanos, exigen el reconocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos, como parte de las garantías que reconoce el Estado a sus integrantes Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma el tercer párrafo del Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo Primero.- Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional , del género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias , la orientación sexual, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Transitorio. Unico.- El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias. (aplausos)