El diputado Humberto Dávila Esquivel: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el desarrollo de nuestra vida democrática ha traído consigo una evaluación más rigurosa del desempeño de nuestras instituciones y de quienes las representamos o formamos parte de éstas. Las mexicanas y los mexicanos exigen al Estado el cumplimiento de las funciones que le corresponden, promover y asegurar los bienes públicos más preciados, como los son: el bienestar social, la estabilidad, la paz, la civilidad y la convivencia pegada al derecho; para esto debe servir el Estado. El desaliento e inquietud social es evidente, ante el incremento de la violencia e inseguridad en nuestras calles. La polarización de las fuerzas políticas en torno a un asunto de importancia estratégica, como es la reforma de Pemex, el incremento de precios en las materias primas y alimentos, con su consecuente impacto en el empobrecimiento de millones de mexicanos, y la irresponsabilidad de quienes alientan el conflicto en un momento en que es fundamental unir esfuerzos para construir soluciones a los desafíos que amenazan la gobernabilidad. Millones de mexicanos demandan y esperan acciones que alivien su actual situación. Quienes desempeñemos cargos públicos deberemos asumir plenamente la esencia del mandato que se nos otorgó, con las correspondientes obligaciones de dar cuenta pública y periódica de nuestra gestión. En este sentido es imperativo recuperar la confianza de la gente, base social del buen gobierno. Hoy las mexicanas y los mexicanos muestran, con justa razón, su inconformidad e indignación ante políticos y gobierno, tal como lo refiere la encuesta publicada el día de ayer. Si realmente queremos prestigiar la actividad política, los servidores públicos debemos comenzar por honrar nuestros compromisos. En muchos momentos nos hemos preguntado ¿qué tan lejos podemos llegar como nación? Ahora debemos plantearnos, con igual convicción, qué tan cerca podemos estar de la gente a la que servimos. Garantizar seguridad, empleo, educación, vivienda y salud para todos es una obligación que el Estado no puede eludir. El estancamiento en nuestra economía y las pobres expectativas de crecimiento para el próximo año son factores que tendrán como consecuencia inmediata la pérdida de empleos, salarios por debajo de la necesidad de los trabajadores y un clima laboral de marcado conflicto. Ante este escenario las instituciones responsables de garantizar la ley deben actuar de manera imparcial. El conflicto que enfrenta el sector aeronáutico y, en particular, la Asociación del Sindicato de Sobrecargos de Aviación de México, es una oportunidad para que el Estado muestre su voluntad de conciliar y encontrar soluciones que satisfagan a trabajadores y a empresas. Es tiempo de eliminar, de la ley, la prerrogativa que tiene el gobierno de la toma de nota pues este mecanismo se convierte en una forma de control inaceptable en una sociedad democrática. Para Nueva Alianza los esfuerzos del gobierno federal deben orientarse a impulsar políticas que generen empleo, a fortalecer instituciones e impulsar el desarrollo regional. La gobernabilidad pasa por el bienestar y la creación de oportunidades de desarrollo para los ciudadanos. La desigualdad y la pobreza amenazan la cohesión de nuestra sociedad. Sólo con un crecimiento económico sustentable y la aplicación de políticas que promuevan la igualdad de oportunidades y de acceso a los servicios básicos podremos dar pasos firmes para superar este rezago social. Qué mejor manera de combatir la pobreza, la desigualdad y la inseguridad, que impulsando a la educación. Con una sociedad más educada se promueve una cultura democrática más tolerante, crítica y participativa. Una sociedad educada exigirá a sus gobiernos cuentas claras y buenos resultados. Una sociedad educada ejercerá un voto más informado. Una sociedad educada fortalecerá nuestras instituciones y nuestra democracia. En materia de derechos humanos, el Estado no ha mostrado la capacidad ni la voluntad de hacer efectivo su pleno respeto. De igual manera