El diputado Francisco Escobedo Villegas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y diputados, a partir de la reforma de seguridad pública y justicia penal de 2008 se estableció en la Constitución, concretamente en el artículo 21, que la seguridad pública es una labor que comprende desde la prevención de los delitos hasta la investigación, la persecución y sanción de estos. Con esta reforma nuestro sistema de justicia penal se ha transformado en beneficio de la población, garantizando y velando por el cumplimiento de los derechos humanos. La actuación de las instituciones de seguridad pública debe regirse por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo y honradez. Nuestra Carta Magna determina que las instituciones encargadas de estos temas formularán políticas públicas tendientes a prevenir la delincuencia. La Ley General de Víctimas instituye dentro de sus principales objetivos las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral. En este sentido, estoy cierto que el gobierno federal, así como el Congreso de la Unión han realizado excelente trabajo con las reformas constitucionales y la creación, precisamente, de la Ley General de Víctimas. Sin embargo, es justo comentar que a nivel nacional y de acuerdo al estudio realizado por el Inegi en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2015, se determinó que durante 2014 hubo 22.8 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual arroja una tasa de 28 mil 200 personas por cada 100 mil habitantes, lo que representa 1.5 delitos por víctima. La Ley General de Víctimas garantiza un efectivo ejercicio del derecho de estas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso. El artículo 7 del ordenamiento en cita, en su fracción VIII, determina la protección del Estado a la privacidad de la víctima, estableciendo un capítulo en este tema. A pesar de lo expuesto, no existe en la ley de manera explícita ordenamiento que cubra los derechos de las personas que puedan ser revictimizadas, sobre todo en el proceso penal. Por eso, amigas y amigos, la razón de la presente iniciativa a se trata, pues, diputadas y diputados, de brindar seguridad procesal a toda persona para que no sea revictimizada. La propuesta que hoy estoy sometiendo a su consideración consiste en anexar la fracción XIV al artículo 12 de la Ley General de Víctimas, a efecto de establecer el derecho de la persona para proteger y resguardar su identidad en cuyos delitos o acciones puedan ocasionar una revictimización. En consecuencia, se sugiere omitir en actas, autos, sentencias, resoluciones o cualquier tipo de acto jurídico los datos personales, sensibles o no, que pudieran servir para identificar a víctima por su agresor, emanados por la autoridad interviniente. En el Grupo Parlamentario del PRI tenemos como objetivo coadyuvar con el gobierno federal, conscientes y convencidos de que la seguridad de los mexicanos nos corresponde a todos; no solo al titular del Ejecutivo. Es tarea de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales, de los tres Poderes de la Unión, de la sociedad en su conjunto. Por ello, mi partido, el Revolucionario Institucional, pone especial énfasis en la seguridad de los mexicanos y sobre todo en las personas que lamentablemente fueron víctimas de algún delito. Compañeras diputadas y compañeros diputados, de aprobar la presente iniciativa estaremos armonizando la Ley General de Víctimas con la realidad que se vive en nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.