El diputado Hugo Héctor Martínez González: Con su permiso, señor diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me presento ante ustedes para exponerles una iniciativa con proyecto de decreto que tiene por objetivo principal el de eximir a los notarios públicos de ser catalogados como agentes económicos dentro de la Ley Federal de Competencia Económica. Los notarios públicos han sido sujetos de investigación por presuntas prácticas monopólicas por parte de la Comisión Federal de Competencia (CFC) en diversas ocasiones. Está comisión sólo se puede ocupar de regular agentes económicos, como se establece en el artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica. Este artículo ha motivado grandes controversias toda vez que la ley en cuestión no define quiénes son los agentes económicos, y sí en cambio, hace una lista de quiénes deben considerarse como tales, pero sin definir el concepto referido. Las investigaciones realizadas por la Comisión Federal de Competencia han tenido que ser sobreseídas en razón de no encontrarse elementos que sustenten la presunción. Compañeros, no debemos dejar inadvertido que la falta de elementos se constriñe a una razón, que es: que los notarios públicos no son agentes económicos, y en este sentido se han promovido juicios de amparo mediante los cuales se defiende la naturaleza de los mismos y se establece que éstos no pueden ser considerados agentes económicos, toda vez que ésta es una función propia de los Ejecutivos estatales y es delegada a particulares y por tal razón no se encuentra sujeta a las reglas del mercado, sino por el contrario, se apega un tabulador de aranceles que cada ley estatal contempla. Nuestro máximo tribunal así lo ha determinado en su tesis que a la letra dice: Notarios públicos. No son agentes económicos para efectos de la Ley Federal de Competencia Económica. El notario público es aquel funcionario investido de fe pública que realiza como función primordial la de autenticar instrumentos en que se consignen actos y hechos jurídicos; esto es, se trata de un fedatario público que con motivo de esa actividad está facultado para exigir de los interesados los gastos que hubiera erogado, y cobrar honorarios conforme al arancel correspondiente, pero sin que sus funciones deban considerarse compatibles, entre otras, con las de comerciante o agente de cambio y; por otro, que por agente económico, para los efectos de la Ley Federal de Competencia Económica, se entiende aquella persona que participa de manera directa en la producción, distribución, intercambio y consumo de artículos necesarios que inciden directamente en la estructura económica de un estado y que sin lugar a duda persigue un lucro. Se concluye que el citado funcionario al ser un fedatario público no realiza actos mercantiles o de comercio y, por ende, no es agente económico sujeto a la última ley citada. Debemos privilegiar el diálogo entre poderes. Por ello, resulta conveniente por parte de este Legislativo al escuchar los criterios sustentados por el Judicial, a efecto de plasmarlos en la ley y evitar controversias futuras sobre la materia. Por tanto, se propone que el artículo 3o. de la Ley Federal de Competencia Económica quede como sigue: Artículo 3o. Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas físicas o morales, con o sin fines de lucro; dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, asociaciones, cámaras empresariales, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos, o cualquier otra forma de participación en la actividad económica. Para efectos de esta ley, los notarios públicos, dada la función pública que desempeñan, no serán considerados como agentes económicos; serán responsables solidarios los agentes económicos que hayan adoptado la decisión y el directamente involucrado en la conducta prohibida por esta ley. Solicito, señor presidente, que se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.