EL C. PRESIDENTE: Por nada diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene el uso de la palabra el diputado Fernando Guzmán Pérez Peláez del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una proposición con Punto de Acuerdo para exhortar a las Legislaturas de los Estados, a fin de que cumplan con su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. -DIP. FERNANDO ANTONIO GUZMAN PEREZ PELAEZ: El que suscribe su servidor Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en esta Legislatura, con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente Punto de Acuerdo, para exhortar a las legislaturas de los estados de la República, para que cumplan con su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. CONSIDERACIONES: Jurídica y filosóficamente la reforma constitucional del 14 de julio el año de 2002, mediante la cual se insertó un párrafo en el artículo 113 constitucional, se sentaron las bases de la responsabilidad patrimonial del Estado. Está esta reforma plenamente justificada por significar en si misma un esfuerzo más para concretar en nuestro país un verdadero y pleno estado de derecho. Esta reforma fue producto del descontento cada vez más generalizado de la sociedad, ante la irresponsabilidad con la que históricamente se ha conducido la Administración Pública Mexicana, con respecto a los particulares. Por lo que coincidimos en lo expuesto por don Fernando Garrido Falla, quien señaló que esta institución jurídica, la responsabilidad patrimonial del Estado, se ha conformado paso a paso, a golpe de leyes o de decisiones jurisprudenciales. Parte importante de la actuación de la LIX Legislatura, así como de las legislaturas locales, consiste en garantizar el fortalecimiento del estado de derecho frente a las nuevas situaciones que plantean los cambios vertiginosos por los que atraviesa hoy en día nuestra sociedad y nuestro gobierno, en los ámbitos federal, estatal y municipal. La actual etapa de la vida democrática nacional, alcanzada después de innumerables luchas sociales, políticas y jurídicas, intenta cristalizar los genuinos ideales de equidad y justicia social ya consagrados en nuestra Carta Magna, tarea que sin duda se verá reforzada con el ejercicio eficaz de la institución que aquí nos ocupa. Cierto estoy que esta nueva institución concebida como la más amplia y progresiva en la materia, contribuirá de manera contundente y trascendental, al desarrollo de nuestro estado de derecho, el cual prevé como requisito sine qua non la confianza por parte del pueblo de México, en que el actuar de nuestras autoridades sea debidamente fundado y motivado. Y en aquellos casos en los que se afecte el patrimonio de un particular, sin observar la garantía de legalidad y seguridad jurídica referidas, dicho particular contará con el mecanismo idóneo para exigirles afrontar la responsabilidad producto de un acto injustificado, injusto e ilegítimo. Esta nueva institución representa un paso trascendental en las relaciones gobernantes y gobernados, que concilia en mucho el poder del Estado en la responsabilidad del mismo para justo beneficio de los gobernados. El cambio en la concepción sobre la actuación del Estado y sobre la responsabilidad que deriva de un ejercicio indebido de las atribuciones que le han sido conferidas, conlleva a reconocer como un deber constitucional del propio Estado, el resarcir los daños y perjuicios causados a los particulares, con motivo de un mal ejercicio de sus funciones. A pesar, compañeros diputados y diputadas, de que está por transcurrir el plazo que el 1o. de enero de 2004 vence y que se otorgó en la reforma constitucional, solamente los estados de Jalisco y Aguascalientes, hasta donde tenemos noticia, han dado cumplimiento a la reforma. Por lo que me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara, el siguiente Punto de Acuerdo. UNICO. Que esta Honorable Cámara de Diputados exhorte a las legislaturas de los estados que no han cumplido su obligación constitucional de legislar en materia de responsabilidad patrimonial, para que den cumplimiento a dicho mandato y de esta manera se fortalezca nuestro estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.