El diputado Ricardo Monreal Ávila: Señor presidente, ciudadanos legisladores, si dirigimos nuestra atención a la composición del producto minero de México, veremos que de acuerdo a las estadísticas está constituido por 27 diferentes metales y 45 tipo de minerales no metálicos; que existen operaciones mineras en 22 de 32 entidades federativas del país y que ocupan más de 200 mil trabajadores, que son el 2 por ciento de la fuerza del trabajo nacional. Sin embargo representan el 30 por ciento del territorio nacional las concesiones otorgadas en casi 25 millones de hectáreas del país. En 60 años México perdió su capacidad metalúrgica; heredó pueblos fantasmas, de lo que antes eran pueblos mineros; vio reducida su capacidad de planeación y posiblemente de progreso social, al perder fuentes de trabajo local que obligaron a la emigración masiva de sus habitantes a las grandes ciudades. En fin que ahora se contemple este impuesto, este recurso, me parece correcto. Y también podría decirles que al hablar de la minería mexicana, deberemos referirnos al aspecto legal. El artículo 27 de la Constitución, promulgado desde el 17, trata sobre la posesión de las tierras, aguas y riquezas del subsuelo, definiendo que lo anterior es patrimonio puntual básico de la soberanía mexicana. No se puede definir su creación como una conquista solamente de la Revolución Mexicana, sino más bien sería el producto final de una tradición centenaria que se alimenta con los conceptos jurídicos propios desde los aztecas. Tanto en la España monárquica como en el imperio azteca, recordamos, tuvieron como principios básicos el de la propiedad real de las riquezas del subsuelo. En ese momento, tanto el tlatoani como el rey de España eran, como representantes del Estado, los propietarios de las minas y sus productos. Se puede concluir que la relación costo-beneficio, auspiciada por el actual sistema, dejó muy pocos dividendos para la nación mexicana, pero inmensas ganancias para unos cuantos grupos corporativos de la industria minera que al mejor estilo porfirista se han incrustado en las altas esferas del gobierno para asegurar la protección de sus intereses estrictamente oligárquicos; corporaciones que le dan un trato predador a nuestro país, que hacen patentes los múltiples señalamientos de politólogos, quienes critican al sistema neocolonial en materia minera, que implica la explotación desmedida y el ataque al medio ambiente de los recursos de nuestro país. De 1521 a 1830, en 300 años, las minas de nuestro país produjeron 191 toneladas de oro y 33 mil de plata. Fíjense ustedes, en 300 años 191 toneladas de oro y 33 de plata. En 10 años, del 2000 al 2010, se han extraído 419 toneladas de oro y 56 mil 144 de plata; son datos de un investigador serio que ha escrito un artículo sobre este tema y que me parece muy importante rescatarlo. Pero ¿sabes cuánto pagan las empresas mineras por hectárea? De cinco a 111 pesos por hectárea. Estas empresas, además de pagar estos ridículos precios por hectárea a los dueños originarios, piden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anualmente créditos fiscales, tienen concesiones por 50 años renovables y pagan los salarios más bajos de Latinoamérica. Esto se debe a las reformas a la ley minera de 1992, las cuales acabaron con el régimen de propiedad social de la tierra, y a lo anterior se adicionan los cambios a la Ley de Inversión Extranjera que equivocadamente han permitido la entrada del 100 por ciento del capital foráneo en estas empresas. Como consecuencia, el 30 por ciento del país se encuentra concesionado, con la amenaza de que 800 proyectos a futuro puedan tener más hectáreas. La situación ha degenerado en casos en los que las transnacionales se valen de redes mexicanas de corrupción para operar de manera ilegal y con toda impunidad explotan despojan de tierras a los ejidos y comunidades. Por eso vamos a votar a favor. Sin embargo, la desproporcionalidad del sistema recaudatorio mexicano que se propicia es inmensamente dispar. Voy a plantear, ciudadano Presidente, que plasme íntegro un documento que preparamos sobre este tema. Yo provengo de un municipio que muchos de ustedes conocen: Fresnillo. Fresnillo, Zacatecas, donde está el santuario donde se venera al Santo Niño de Atocha, ahí tiene 450 años explotándose la mina más importante de los últimos centenarios de años, es la mina Peñoles, de Fresnillo. Es tan enorme la riqueza que se ha extraído y la pobreza que en mi pueblo existe, que un poeta zacatecano, Cabral del Hoyo y con esto concluyo- Cabral del Hoyo decía: Fresnillo, si tu suerte no fuera tan ingrata, tus banquetas y calles serían de oro y plata. De ese tamaño es la injusticia de nuestro pueblo. Por esa razón sé que muchos de ustedes también provienen de sectores mineros, y qué bueno que estamos aprobando; que es insuficiente, porque el 5 por ciento, realmente queda el 3.5, porque el 1.5 es por deducciones. Y esta iniciativa, debo de decirlo, la presentamos en el Senado. El presidente ahora de la Cámara, presentó esta iniciativa y muchos la suscribimos, del 5 por ciento. En ese momento no pasó. Hoy espero que sí pase, porque la presión de las empresas mineras, de la oligarquía económica, es enorme contra esta decisión que la Cámara hoy está tomando. Por tal virtud, nosotros votaremos en favor.