EL PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, licenciado Francisco Gil Díaz, hasta por diez minutos. EL LIC. FRANCISCO GIL DIAZ: Muchas gracias señor Presidente. Señor diputado Efrén Leyva Acevedo, Presidente de la Comisión de Hacienda de la Comisión Permanente del Honorable Congreso; senador Benjamín Gallegos, Secretario de la Comisión de Energéticos del Senado; diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, Presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados; señoras y señores legisladores: Me es muy grato participar en esta reunión a la que asisto a solicitud de esta Comisión Permanente para explicar los motivos de la medida tendiente a reducir los subsidios aplicables a las tarifas eléctricas del sector residencial. Dicha medida fue publicada el pasado 7 de febrero a solicitud de la Secretaría de Energía y a instancias de la Juntas de Gobierno de la Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro y con apego a las facultades que las diversas disposiciones legales confieren a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La reducción de subsidio a las tarifas eléctricas surge como resultado de la necesidad de hacer frente a la insuficiencia presupuestaria de la Comisión Federal de Electricidad. En la iniciativa de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Ejecutivo Federal, ante un presupuesto severamente limitado distribuyó de la mejor manera posible los recursos entre los distintos programas y dependencias. El Ejecutivo señaló en dicho documento que los recursos asignados al gasto programable de la Comisión Federal de Electricidad, si bien eran suficientes para mantener los niveles de operación en un rango similar al del 2001, no lo eran para cubrir gastos de mantenimiento y menos aún para realizar inversiones. Asimismo quedó plasmado que de mantener la estructura tarifaria actual, era previsible la necesidad de transferir recursos fiscales a esa paraestatal. Era, como es evidente, prerrogativa de la Cámara de Diputados asignar parte de los recursos derivados de la Reforma Fiscal a este propósito. El Presupuesto de Egresos aprobado por la Cámara de Diputados no contempló un incremento al techo presupuestario de la Comisión Federal de Electricidad. Por tal motivo y para ser frente a la insuficiencia señalada, el Ejecutivo procedió conforme a sus atribuciones a instrumentar una medida de reducción de subsidios, única alternativa jurídica para cubrir los faltantes presupuestarios de la Comisión Federal de Electricidad. Actualmente los subsidios generalizados que obtiene la población a través de las tarifas eléctricas residenciales suman el orden de 40 mil millones de pesos. Con la medida recientemente puesta en vigor se logra corregir una fracción del problema; en efecto la medida generará recursos por aproximadamente 5 mil 700 millones de pesos en el año en curso, es decir, permitirá reducir el subsidio en un 15%. Por otro lado, para complementar los recursos necesarios para que la Comisión Federal de Electricidad atienda sus programas de mantenimiento de plantas y realice inversiones indispensables, se procedió a incluir en el paquete tarifario un ajuste a las tarifas aplicables a la Administración Pública Centralizada y Paraestatal, que otorgará recursos adicionales a la Comisión Federal de Electricidad por 4 mil millones de pesos. Debe tenerse presente que el incremento tarifario a las dependencias y organismos públicos cumple también con otro objetivo, a saber, la necesidad de racionalizar el uso de la energía eléctrica, logrando con ello modificar los hábitos de consumo de las mismas y generando así ahorros permanentes en el sector público. En cuanto a la tarifa eléctrica residencial permítanme señalar que la medida fue diseñada con criterios de equidad y proporcionalidad. Siguiendo dicha directriz, se mantiene el subsidio a la gran mayoría de la población, es decir al 75% con menor consumo; se reduce para el siguiente 20% de los usuarios y se elimina únicamente para el 5% de los usuarios con mayor consumo de energía eléctrica. Para ilustrar lo anterior, permítanme proporcionar un par de indicadores: En primer lugar, la contribución por decil de usuarios a los ingresos adicionales. Mientras que los primeros siete deciles de ingresos no aportan a los ingresos adicionales señalados, el octavo decil de usuarios aporta el 10%; el noveno decil el 34% y el decil número 10, es decir, aquél con mayor consumo aporta el 56% de los ingresos adicionales. En segundo lugar, la reducción porcentual en el subsidio. Mientras que los primeros siete deciles de la población no experimentan reducción alguna en el subsidio, en el octavo decil la reducción es del 9%; en el noveno decil del 26% y en el décimo la reducción del subsidio alcanza el 43%. Desde luego, aun dentro de este último, la reducción es proporcionalmente mayor mientras mayor es el consumo, siendo del 100% la eliminación del subsidio para el último 5% de los usuarios. Lo anterior muestra claramente que el Ejecutivo federal buscó en todo momento que la reducción necesaria en el subsidio fuera una medida progresiva. Por +ultimo, permítame referirme al programa de financiamiento que mediante Nacional Financiera, será aplicado en las regiones con temperaturas más extremas a las que aplica la tarifa 1E. Como es sabido por ustedes, las familias en esas zonas del país, emplean de manera muy intensa los equipos de aire acondicionado, estos equipos en muchas ocasiones son viejos y tienen un altísimo consumo de energía eléctrica, al mismo tiempo que una muy baja eficiencia térmica. Asimismo en la mayor parte de los casos, las viviendas no cuentan con aislamiento térmico. Existe un programa de financiamiento que otorga crédito a los usuarios, para aislar su vivienda y adquirir equipos nuevos de aire acondicionado. Estos programas permiten a las familias reducir el consumo de energía eléctrica en más de un 50% y su factura en un porcentaje todavía mayor, como se ha evidenciado en todos los casos en que se ha aplicado. No obstante estos programas se han circunscrito a un par de ciudades y han contado con recursos muy limitados. Por lo anterior, el Ejecutivo federal ha considerado conveniente reestructurar este programa de financiamiento y canalizar los recursos a través de Nacional Financiera. El nuevo programa tiene las siguientes características: amplía el monto de recursos de 100 millones de pesos a 3 mil millones de pesos; amplía su cobertura para abarcar a más de 50 municipios, es decir, a todos aquellos en los que se aplica la tarifa 1E en lugar de la situación actual, en la que sólo se aplica en un municipio; mejora las condiciones de plazo y de tasa de interés. Con estas acciones los usuarios en esta región del país, podrán disminuir los pagos en su recibo eléctrico, aun cuando vean reducidos su subsidio. Señoras y señores legisladores, esta administración se ha propuesta emprender las acciones necesarias para mejorar la gestión pública, una de las áreas en la que debemos centrar nuestra atención es la energética. Hemos sido testigos de experiencias negativas en países que han descuidado su sector eléctrico. Estamos a tiempo de tomar las medidas necesarias, para garantizar que la falta de energía eléctrica no se constituya en un obstáculo para el crecimiento de nuestra economía y para la generación de empleos. Ante la insuficiencia presupuestaria para que la Comisión Federal de Electricidad atienda sus necesidades mínimas, encaminadas a garantizar la suficiencia y calidad el servicio que presta, la única medida responsable de tomar por parte del Ejecutivo, era la reducción del subsidio. Se optó por emplear como criterio para este propósito, el principio de progresividad, retirando al 5% de la población de mayor consumo al tiempo que se mantiene el beneficio para el 75% de los usuarios. Muchas gracias. -