El diputado Héctor Joel Villegas González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, de conformidad con el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde exclusivamente al Ministerio Público. En términos de lo expuesto, la investigación y persecución de los delitos en nuestro país solo corresponde al Ministerio Público, sin importar si se trata de nacionales o extranjeros. Por ello, el artículo 151 del Código Nacional de Procedimientos Penales dispone que el Ministerio Público y la policía deberán informar a quien lo solicite, previa identificación, si un extranjero está detenido y, en su caso, la autoridad a cuya disposición se encuentre y el motivo. Con estas disposiciones constitucionales y legales se establece con claridad el ámbito de competencia del Ministerio Público. Por su parte, el Instituto Nacional de Migración es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional. Le corresponde vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación, así como presentar en las estaciones migratorias a los extranjeros en situación irregular, respetando en todo momento sus derechos humanos. De lo expuesto, se desprende con claridad que las funciones del Instituto Nacional de Migración no son de investigación y persecución de los delitos. Atendiendo a ello, el dictamen a discusión tiene por objeto reformar el artículo 93 de la Ley de Migración, para establecer que el instituto solicitará información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de los delitos, solo para efectos de control, verificación o revisión migratoria y que cuando los particulares presenten denuncias ante él, deberá informar a los particulares que no es la autoridad competente para conocer y enviará de forma inmediata al particular ante la autoridad competente para que se presente la denuncia correspondiente. Esta reforma permitirá que el Instituto Nacional de Migración no se arrogue facultades que no le corresponden y que por ende pudieran resultar violatorias de los derechos humanos de los migrantes, pues es un principio que debe sustentarse en la política migratoria de los Estados Unidos Mexicanos el respeto irrestricto de los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuera su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria. Nuestro país por su ubicación geográfica ha sido históricamente un país importante para migrantes, siendo un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, pues alberga una de las fronteras más grandes con aproximadamente 3 mil kilómetros de distancia de un extremo a otro y con mayor afluencia migratoria en el mundo. Ante esta realidad no podemos desconocer las caravanas de migrantes que han estado ingresando las últimas fechas a nuestro territorio nacional. Si bien se dice que los migrantes son objeto de delitos por su condición vulnerable, también hay extranjeros que ingresan al país y permanecen en él para cometer ilícitos, prueba de ello es que tan solo en la Ciudad de México hay 576 personas extranjeras sujetas a proceso durante los años del 2013 al 2018. Al ser una realidad que migrantes cometen delitos en nuestro país, resulta fundamental la colaboración del Ministerio Público y del Instituto Nacional de Migración con pleno respeto a sus ámbitos de competencia y, en este sentido, es primordial la reforma a la Ley de Migración que contiene el dictamen a discusión. Por ello, en Encuentro Social votaremos a favor. Es cuanto, presidenta.