El diputado Jesús Serrano Lora: Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con el permiso de la Mesa Directiva. Que una economía nacional cuente con mayores y mejores leyes e instrumentos en mejora regulatoria, constituye sin duda un acierto. En México, los múltiples, heterogéneos y hasta caprichosos trámites que debe cumplir una empresa para poder iniciar actividades, implican tiempos y costos excesivos, que en muchas ocasiones llevan a los emprendedores, principalmente de las micro, pequeñas y medianas empresas a abandonar su proyecto. Si la mejora regulatoria que se propone corrige eficientemente muchas de las fallas que hasta ahora se tienen, estaremos hablando de un incremento en la productividad, de la toma de mejores decisiones de los consumidores y, en una disminución de la corrupción, la impunidad y la inoperancia del gobierno mexicano, que es la característica de Enrique Peña Nieto. No obstante, consideramos que el dictamen presenta serios problemas desde la concepción de la iniciativa, impulsa un aparente mayor regulación, cuando lo que se observa es la intención de una nueva ola de desregulación, cuyo objeto es que los mercados funcionen libremente, concepción de desarrollo con la que no coincidimos en absoluto, por implicar la continuidad en el abandono de las políticas que buscan un desarrollo económico sostenido, equilibrado e integral, que persiguen contrarrestar las fuerzas del mercado, las cuales llevan a la hiperconcentración de la riqueza y el ingreso. Por ello, el dictamen propone que las regulaciones no impongan barreras al comercio internacional, a la libre concurrencia y a la competencia económica, dejando de lado de manera sorprende el impulso al mercado interno y suponiendo, erróneamente aun cuando la evidencia lo contradice, que el comercio internacional es la única opción para el desarrollo de nuestra economía. Si bien no proponemos un regreso al proteccionismo, no debemos olvidar que países como Estados Unidos, Inglaterra e Italia están perfilando su política al proteccionismo de su economía. En el mismo sentido, el dictamen presenta por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos, sin delinear cuáles serán los criterios a aplicar y olvidando una vez más que el Estado debe garantizar el interés general y no sólo de un grupo favorecido por el mercado. Como ejemplo de lo anterior, observamos que los invitados especiales del Consejo Nacional, representantes del sector empresarial, cuentan con una amplia participación a través de sus confederaciones, cámaras, asociaciones, colegios y barras. En tanto, que para el sector social el dictamen solo considera la participación de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de consumidores. Es decir, que no concibe al sector social como un sector productivo viable. Por ello, el Grupo Parlamentario de Morena propone considerar a todas las formas de organización social que la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, entre ellas, ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades y empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores. Asimismo, se verifica que el dictamen propone, en varios de sus artículos, modificar el orden de los sectores productivos que participarán en el desarrollo económico. En el artículo 25 de la Constitución se señala al sector público, al sector social y al privado, en ese orden, sin menoscabo de otras formas la actividad económica, como los sectores que concurrirán al desarrollo de la nación. De igual manera, es necesario señalar que el sector académico no es un sector productivo, en consecuencia Morena propone corregir en el dictamen el orden de los sectores productivos y eliminar al sector académico como uno productivo. La participación ciudadana a través del Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria supone un avance democrático, sin embargo el Consejo Nacional, el encargado del nombramiento de los cinco ciudadanos que conformarán la actividad de los integrantes es confusa, debido a que el dictamen dispone que no podrán tener empleos, salvo cargos o comisiones académicas o de investigación científica, al tiempo que señala que la participación de los integrantes será honoraria. Adicionalmente, el dictamen deja como atribución de los integrantes del observatorio excusarse de seguir participando en el caso de que se presentara un conflicto de interés cuando se requieren garantías en esa instancia. Desde nuestro punto de vista, el observatorio debería contar con más herramientas, más dientes para poder cumplir con un papel más crítico y más efectivo. De manera inquietante se observa en el dictamen una marcada intervención de entidades de la administración pública que no se justifica, y que en cambio implicaría un retroceso en la vida democrática de nuestro país. El dictamen propone que sea la Secretaría de Gobernación y no la de Economía, la responsable de administrar y de publicar la información en el Registro Nacional de Regulaciones. Empero, ese criterio resulta extremadamente parcial si recordamos que al mismo tiempo la libertad de las fuerzas del mercado es el objetivo mayor, y que estas no sean parciales. Por lo anterior, y a pesar de muchas inconsistencias, el Grupo Parlamentario de Morena votará el dictamen a discusión a favor, debido a que si bien es necesario dar coherencia y homogeneidad al conjunto de medidas y disposiciones que requiere el desarrollo económico, el dictamen a discusión no conforma una regulación que garantice el desarrollo integral y equilibrado que dice buscar. Es cuanto.