El diputado Ariel Castillo Nájera: Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Señor secretario, muy buenas tardes. Se ha abordado tal vez demasiado el tema de la reforma del Estado, sin embargo es prioritario para nuestro país. La sociedad necesita que se convierta en una realidad, es un asunto que no puede esperar más. Hoy más que nunca, el diálogo y los consensos deben prevalecer para lograr una práctica política efectiva, elemento indispensable para poder construir la democracia a la que aspira nuestra sociedad. Para hacer posible las reformas estructurales, por otro lado, el Ejecutivo federal debe optar por apuntar a las coincidencias que tiene con las demás fuerzas políticas y mantener un acercamiento permanente con el Poder Legislativo. Por otro lado, no debemos desmayar que el intercambio de ideas y los acuerdos, en un ambiente de concordia, son pilares invaluables de toda democracia; y los momentos actuales nos indican que nos encontramos alejados de dichas premisas, me refiero específicamente al problema del movimiento social de Oaxaca. Al respecto, Nueva Alianza precisa de manera contundente, en el proceso electoral reciente, no queramos ver fraude. En el conflicto de Oaxaca, no hay ni vendettas ni perfumes, ojalá los hubiera, sólo hay tufos de corrupción, incompetencia y frustraciones políticas. Asumamos nuestra propia responsabilidad, no hagan responsables a otros de sus propios fracasos. El gobierno federal no debe utilizar el doble discurso, es real. Por un lado se mete una convocatoria de conciliación a todos los actores y sectores sociales del estado, decisión acertada. Pero por el otro, aeronaves militares surcan por los cielos de la capital oaxaqueña y desembarcan elementos de las fuerzas armadas en sus costas. Estos actos, lejos de crear un ambiente para lograr acuerdos, enrarecen el clima político del país. El discurso político del Ejecutivo debe ser congruente con sus acciones, es decir, el Ejecutivo federal no solamente está obligado a hacer prevalecer el estado de derecho, sino también a dar certeza a la población, mediante la ejecución directa de las acciones contenidas en sus planteamientos cotidianos hacia la población. Por eso señor secretario, a pesar de que ya lo comentó, ¿usted cree que el Presidente Vicente Fox Quesada, es congruente, ha sido congruente con su cotidiano discurso político de diálogo y acuerdos y las acciones de fuerza pública que se están desplegando en Oaxaca? En Nueva Alianza apostamos por la conciliación antes que la represión y condenamos por lo mismo la violencia como forma de solución de los conflictos. Los temas que conciernen a la política interior son complejos, variados y multifactoriales, como es la promoción de la justicia, la paz, la seguridad pública y la gobernabilidad. La oleada de crímenes en varios estados y municipios del país—asunto también ya sumamente abordado—, ha conmocionado a la sociedad mexicana, por lo que se han generado fuertes reacciones por parte de organizaciones no gubernamentales. La sociedad civil vive en un ambiente de inseguridad y constante zozobra por temor a sufrir un daño personal, en su familia o en su patrimonio. Frente a esto la reacción del gobierno federal tiene que ser contundente. Debe haber una respuesta inmediata para combatir el crimen organizado. Por lo que el gobierno debe escuchar, atender y dar solución a los reclamos de la sociedad. Entendemos que la tarea no es fácil, sin embargo, no podemos ver con indiferencia e insensibilidad el problema. Por ello nos preocupa que no se estén tendiendo los puentes de comunicación y coordinación entre las distintas autoridades que intervienen en las acciones para combatir a las organizaciones criminales, porque la percepción general es que no hay avances sustanciales al respecto. La actuación del gobierno federal para combatir el crimen organizado debe ser en un marco de respeto y civilidad, con estricto apego a la legalidad, siempre en observancia efectiva de los derechos humanos; que el acato a este tipo de derechos incluye la implementación de políticas públicas eficientes, eficientes sistemas de justicia, seguridad pública, derechos civiles, derechos de las mujeres, derechos de los pueblos indígenas y derechos económicos, sociales y políticos. Un Estado democrático es aquel que se somete al orden constitucional, donde el respeto a la dignidad humana es un principio y una práctica generalizada en el que no sólo se privilegie la legalidad, sino también la justicia social y la equidad. En ese tenor, señor Secretario, ¿cuánto se ha avanzado en recursos humanos y qué caso se ha hecho a las recomendaciones que han emitido los organismos internacionales en dicha materia, de conformidad con los tratados que México ha firmado? Por su atención, muchas gracias.