El diputado Nazario Norberto Sánchez: Muchas gracias, diputado presidente, con su permiso. En relación con la propuesta de reforma al párrafo segundo del artículo 97 constitucional, que consiste esencialmente en la supresión de la facultad que actualmente tiene conferida la Suprema Corte de Justicia de la Nación para realizar la investigación de violaciones graves a las garantías individuales, debo mencionar que he observado que se han expresado diversidad de comentarios y opiniones, pero también advierto que poco de ellos tienen una base jurídica que nos dé la información precisa para conocer el contenido y alcance de tal función, que tiene encomendado el máximo tribunal del país. Debemos destacar en principio que es la propia Suprema Corte a quien la Constitución le otorga la facultad de interpretar sus normas y por ese motivo es correcto que sea ella quien fije o interprete los alcances de dicha facultad investigadora. Se ha emitido jurisprudencia, en el sentido de que la Suprema Corte de Justicia, como tribunal constitucional, tiene a su cargo la interpretación de la Carta Magna, y consecuentemente es el único organismo facultado para declarar la inconstitucionalidad de actos de autoridad y de las leyes. En tal virtud, debo manifestar mi disenso con el sentido de la reforma que tiende a suprimir la facultad de investigación de violaciones graves a las garantías individuales que actualmente se encuentran conferidas a la Suprema Corte, para trasladar esa atribución a un organismo autónomo como lo es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución ésta última que no tiene otorgada una función semejante, es decir la de interpretar las normas de la Carta Fundamental. No me opongo a la búsqueda de nuevas soluciones que repercutan en una mejor y más adecuada aplicación de la Constitución a la vida cotidiana en el país, pero sí propugno porque las atribuciones que nuestra Constitución entrega bajo un sistema competencial a los poderes e instituciones de la república, guarden congruencia con el desempeño de cada uno de ellos. Esto no significa de ninguna manera que es menoscabe o demerite la función que desempeña la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estamos hablando simplemente de que en el actual sistema constitucional ha sido la Suprema Corte la depositaria de la función de la interpretación constitucional, y la atribución investigadora diseñada en el párrafo segundo del artículo 97 fue depositado en la Suprema Corte desde el Constituyente de 1917. De este modo, no debe perderse de vista que la violación grave implica necesariamente un ejercicio de interpretación, situación que no se encuentra salvada en la reforma propuesta. Me explico. Sólo la Corte tiene facultades para interpretar la Constitución, y en ello no cambia con la reforma que se analiza y aún cuando la facultad de que es habla no es de naturaleza jurisdiccional, en tanto que la Suprema Corte es un tribunal eminentemente jurisdiccional, todavía no se encuentra una razón debidamente fundada para entregar a una institución diversa esta función, porque sobre todo ello tenemos el inminente peligro de interpretación que lleve a resultados diferentes en hipótesis similares, en evidente menoscabo de la certeza jurídica que debe buscarse para los cogobernados. Más allá de la discusión jurídica, en mi opinión resulta indispensable que la ciudadanía sea informada con claridad y amplitud, porque el ciudadano común no tiene la preparación jurídica para comprender a cabalidad el empleo de los sistemas de interpretación jurídica, y en concreto los de interpretación constitucional, pero ello no quiere decir que los funcionarios gubernamentales de cualquier institución estén relevados de la obligación de informar con sencillez del desempeño de sus funciones y de los motivos que los llevan a tomar ciertas determinaciones. Para finalizar, pongo como ejemplo el caso de Aguas Blancas. Se llevó a cabo una investigación por parte de la Comisión de los Derechos Humanos, quien emitió recomendaciones que en principio fueron recabadas por las autoridades, con base a ello se inició una averiguación previa por la Procuraduría General del estado de Guerrero. Se negó una queja a la Comisión Nacional y ésta emitió una opinión. Se designó por parte del Ejecutivo estatal una fiscalía especial cuyo titular ejerció acción penal por los delitos de homicidio, lesiones, abuso de autoridad, ejercicio indebido y abandono de la función pública, y recordamos que no obstante todo ello, el Ejecutivo federal pidió la intervención de la Corte porque no se habían alcanzado los fines pretendidos. Éstos son los motivos, compañeras diputadas y compañeros diputados. Ésos son los motivos que en mi concepto sustentan mi oposición a que se suprima del marco de atribuciones a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad a que se ha hecho alusión. Es cuanto, diputado presidente.