La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Muy buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. El grupo parlamentario del PRD saluda el acuerdo de la Junta de Coordinación Política que llama a las autoridades competentes a efecto de realizar un nuevo dictamen para proceder el rescate de los 63 restos mortales de los mineros víctimas de la explosión en Pasta de Conchos. Del 19 de febrero de 2006 a la fecha los restos de los mineros víctimas de la explosión de la mina Pasta de Conchos siguen esperando ser rescatadas como un acto de justicia y por un ordenamiento de la ley. Lo exigen sus familiares pero también el pueblo de México. Es un hecho inédito en la historia de nuestro país que una empresa Grupo México, mantenga su oposición para rescatar los restos de los 63 mineros que murieron el 19 de febrero de 2006 en la tragedia de esta mina. Simplemente Industrial Minera México está aferrada a que no se llegue al lugar de la explosión argumentando pretextos de seguridad y de carácter ecológico. La razón pareciera ser su responsabilidad en ese grave incidente como algunas opiniones así lo señalan e indican como argumento la explotación comercial del gas grisú, con el desenlace fatal de todos conocido. Esa es una clara violación a los derechos humanos de las víctimas. Un recurso utilizado por Grupo México consistió en ampararse frente al inminente inicio de los trabajos de rescate, para lo cual la Secretaría de Trabajo y Previsión Social sólo esperaba el peritaje de la PGR sobre los términos en que se iban a llevar a cabo los trabajos relativos. Y en un hecho aún más condenables, el Poder Judicial Federal le concedió de entrada a esa suspensión a Grupo México, deteniendo por el momento la realización de las tareas de rescate y hacer pasar tiempo valiosísimo que pudo haberse aprovechado. La familia de Pasta de Conchos y el pueblo de México, llevan ya ocho años esperando rescatar los restos de esos mineros, esperando justicia frente a uno de los homicidios industriales más evidentes y dolorosos. Habría bastado solamente con el cumplimiento con las normas en materia de seguridad e higiene de parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y del Grupo México, para que se hubiera evitado la muerte de estos 63 mineros. A ocho años de aquel 19 de febrero ¿con qué nos encontramos? Primero, no se ha llevado a cabo el rescate de los mineros fallecidos que aún permanecen en los socavones de la mina de Pasta de Conchos. Incumplieron la recomendación 26-2006 de la Comisión de Derechos Humanos; también incumplieron con el informe final de la Comisión Especial de esta Cámara de Diputados, en la LX Legislatura, donde se hizo muy claro, evidente y contundente que no se estaba respetando la normatividad nacional aplicable y diversos instrumentos internacionales de los que México forma parte. Qué más nos encontramos en estos momentos. La PGR se sigue negando a proceder en contra de los auténticos responsables: empresarios y funcionarios de cuello blanco. Se han evitado las reformas legales indispensables que impidan repetir este tipo de riesgo. Aún más, la contrarreforma laboral recordemos del pasado 30 de noviembre del 2012 reduce las facultades de la Secretaría del Trabajo frente a un riesgo inminente para la vida de los trabajadores mineros. Entre otros, continúan los decesos de mineros en la zona carbonífera de Coahuila y en todo el territorio nacional, y eso debe de ser una gran preocupación y debemos de estarlo lamentando, pero también encontrar soluciones. Frente a tanta ilegalidad, debemos nuevamente rememorar el rescate de los mineros de San José de Chile, donde bastaron 17 días después de la tragedia, que fue en agosto del 2010, para que empresarios y gobierno se unieran en uno solo, en una gran jornada más significativa en materia de humanismo y acatamiento a sus respectivas responsabilidades. Los derechos humanos serán una ilusión en nuestro país si, entre otros deleznables, la autoridad se deja vencer por la posición del Grupo México que pretende mantener bajo toneladas de tierra a estos cuerpos que al fallecer su única tarea era cumplir con su trabajo en beneficio del lucro desmedido. En tal virtud, se hace un llamado a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a la PGR, a la Comisión de Derechos Humanos, al Poder Judicial federal y al gobierno del estado de Coahuila para que, en el ámbito de sus respectivas facultades, adopten las decisiones necesarias para el inmediato rescate de los restos de los 63 mineros que aún permanecen en la mina de Pasta de Conchos, asumiendo con mucha responsabilidad el llamado que esta Junta de Coordinación Política hace en exhorto a la PGR para el nuevo peritaje y tener la forma para ya por fin pueda rescatarse lo que quede, lo que esté, pero que quede la satisfacción de esas familias que sus muertos están todavía bajo tierra por irresponsabilidades de la Secretaría del Trabajo y del Grupo México. Gracias. Es cuanto, presidente.