El diputado Rigoberto Salgado Vázquez: Con su autorización, señor presidente. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, expresamos nuestra absoluta solidaridad con los mineros y al pueblo de Cananea, que es este momento resiste en los embates y la represión de la minera México, en complicidad con el gobierno de Calderón. La política social de Felipe Calderón es un absoluto desastre y un crimen contra el pueblo de México, el cual padece los peores índices de desempleo, la pérdida del poder adquisitivo del salario, educación deplorable, violencia creciente y discriminación, por lo que el Legislativo federal debemos implementar y presionar a la adopción de medidas de emergencia para alcanzar niveles mínimos de bienestar a favor del pueblo de México. A partir de que Calderón llegó al gobierno federal, 39 por ciento de las familias de nuestra nación consumen menos alimentos, en tanto que la canasta básica de alimentación incrementó su costo en un 93 por ciento al pasar de 80 pesos a casi 157 pesos, lo que significa una profunda pérdida de las condiciones de vida de nuestro país; esto contra el incremento de sólo el 17 por ciento del salario mínimo. Los resultados muestran claramente la política salarial que se ha impuesto a los trabajadores condenándolos a enfrentar un sistemático y cada vez mayor deterioro en el nivel de vida y de su trabajo. La gestión de Felipe Calderón Hinojosa a más de tres años, ha agravado el problema de la precarización de las condiciones laborales de los trabajadores. Para 2010 la población desocupada es de 2 millones 485 mil 925; la población disponible, es decir, desocupada porque ya no busca empleo, asciende a 5 millones 597 mil 546 trabajadores. Trabajadores no remunerados alcanzan la cifra de 2 millones 991 mil 22 empleados, para dar un gran total de 11 millones 74 mil 493 desempleados. El salario de la población ocupada... asciende a 5 millones 996 personas que perciben solamente un salario mínimo, 10 millones de personas reciben de uno a dos salarios mínimos y 9 millones de 2 y hasta 3 salarios. Más del 28.6 por ciento de la población económicamente activa, son trabajadores informales, esto es, 12 millones de personas. Existen además, 3 millones 970 mil trabajadores subocupados; la tasa de desocupación en junio de 2010, es del 5.05 por ciento, cuando en junio de 2008 era de 3.55 por ciento. Lo anterior, sin menoscabo de los 800 mil jóvenes que cada año se integran a la población económicamente activa. El Cuarto Informe de Gobierno de Calderón señala que al mes de julio de 2010, sólo seis huelgas han estallado, es decir, el punto 1 por ciento cumpliendo la meta establecida. Como si las huelgas fueran un producto que se puede manejar al antojo del funcionario en turno y que por tanto no dependieran de las condiciones de legalidad de cada lucha dada por los trabajadores por sus derechos. Lo que no señala en torno a esta paz laboral es que ésta se ha logrado como consecuencia de la aplicación del terror, la represión y la ilegalidad como política laboral del actual gobierno federal, que se ha traducido en el desmantelamiento de sindicatos y contratos colectivos, en el rompimiento del derecho de huelga mediante todo tipo de chicanadas jurídicas. Y cuando una huelga excepcionalmente estalla, su muerte jurídica está decretada de antemano, vía la declaración de inexistencia o la ilicitud de la huelga. Es lo más parecido a la paz de los sepulcros en la época porfirista. Por otra parte, estimaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México señalan que en el país son alrededor de 7.5 millones de jóvenes en edad productiva que pertenecen a un sector que por la situación de exclusión no pueden estudiar ni trabajar y que hoy, de manera discriminatoria, se les conoce como la generación nini, es decir, que ni estudian ni trabajan. Quiero estudiar, soy perseverante, cuántas becas. Siete años he pedido una beca y nadie me la ha dado. Éste fue uno de los múltiples reclamos que recibió Felipe Calderón en su primera visita a Ciudad Juárez a raíz de los lamentables acontecimientos en los que 16 adolescentes fueron masacrados por un grupo armado en la madrugada del 1º. de febrero. El reclamo viene de uno de los sectores que han sido duramente golpeados por la crisis de violencia, inseguridad económica y política en todo el país: los jóvenes. En este caso se trataba de un adolescente que vive en una comunidad muy pobre y no cuenta con posibilidades para poder continuar sus estudios. El olvido de estos siete millones y medio de jóvenes, además de representar una violación masiva de sus derechos humanos, implica condenar al país a la inmovilidad, a cortar de tajo su desarrollo futuro. No debe olvidarse que la mayor riqueza de un país es su capital humano, especialmente el contenido en los jóvenes, por lo que urge aplicar, en el marco del presupuesto de egresos de la federación 2011, los recursos necesarios para su rescate. Más dolorosos aún son los más de tres millones de niñas y niños que tienen que trabajar en las peores condiciones para poder sobrevivir. En materia de vivienda, la vivienda que es un derecho humano que debiera tener un profundo sentido social, sigue siendo un gran negocio de constructoras, grupos financieros y tráfico de influencias, a lo que debe sumarse la insuficiencia de opciones de crédito para la inmensa mayoría de la población. De acuerdo al Cuarto Informe de Gobierno sigue en aumento la cartera vencida en Infonavit, a junio de 2010, en 5.61 por ciento; en tanto en Fonhapo, a junio de 2010, 98.1 por ciento. Esto muestra la precariedad que sufre el grueso de la población mexicana, comenzando con el empleo y con el salario. En materia de educación, por cuarto año consecutivo Calderón apuesta una vez más a las supuestas bondades de la Alianza para la Calidad en la Educación, que dice, firmó con los maestros. El gobierno federal hace cuentas alegres de supuestos logros en la educación del país que no corresponden con la realidad. La realidad ampliamente documentada en evaluaciones nacionales e internacionales desdicen el triunfalismo educativo del gobierno de Calderón. Por supuesto, no hay una sola autocrítica de las pésimas cuentas educativas del desempeño de los escolares mexicanos, que en las más recientes evaluaciones continúan en los últimos lugares de aprovechamiento, en competencias de lectura, escritura, matemáticas y actividades científicas. En el PRD vemos con alarma que pese a todas las cifras y eventos organizados la violencia contra las mujeres continúa incrementándose en todas sus expresiones. En México la muerte de mujeres por violencia son más que las causadas por la delincuencia organizada. Son 43 de cada 100 mujeres, de 15 años y más, las que han vivido la violencia emocional, económica, física, institucional o sexual, a lo largo de toda su vida. En cuanto al sistema nacional de pensiones, el señor Calderón se limita a elogiar las contrarreformas a la seguridad social que han venido a perjudicar de manera criminal los derechos de los trabajadores. Mención aparte requieren las estancias infantiles a cargo de Sedesol, las cuales tienen operación 8 mil 809 unidades, lo cual fundamentalmente nos hace dudar sobre la calidad del servicio y la seguridad brindada a los menores. Esto especialmente después del incendio en la guardería ABC. Sobre este programa el Partido de la Revolución Democrática mucho antes de la tragedia de la guardería ABC, de Sonora, señaló enfáticamente el riesgo que se corría con acciones de regateo a la seguridad social, desde los primeros 100 días de la actual administración. El Partido Revolucionario Institucional indicó que el Programa de Guarderías, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, deja totalmente de lado la creación de programas de atención integral que requieren las niñas y los niños en México; resumiéndose en la aplicación de un Programa Nacional de Guarderías e Instancias infantiles, que no garantizan las condiciones mínimas de seguridad ni el acceso a una atención profesional y de calidad, pues se pone en riesgo la formación psicomotriz y emocional de los menores. Hoy, reiteramos la necesidad y nuestra demanda de contar con un modelo educativo, de Centros de Desarrollo Infantil, donde el niño y la niña sean una unidad bio-psicosocial que requerirá de estimulaciones sistematizadas y organizadas, que serán la base de su proceso de desarrollo, para lograr en forma equilibrada el óptimo crecimiento de los niños y de las niñas durante su periodo de vida, comprendido entre los 40 días de nacidos y los seis años de edad. Concluyendo, la política social del presente gobierno es deficitaria en todos los aspectos; es más, los resultados son tan pobres que podemos decir que no existe más que en la medida que favorece los mezquinos intereses electoreros del Ejecutivo federal. Nuestro grupo parlamentario hace un llamado al pueblo de México para que se organice y exija la construcción de una política social que vele por los más pobres; lo que es indispensable para lograr un verdadero desarrollo nacional; insistiendo, compañeras diputadas y compañeros diputados por el bien de todos; primero los pobres. Es cuanto, diputado presidente.