El diputado Cruz Pérez Cuéllar: Con su permiso, señora Presidenta. Debo iniciar haciendo un reconocimiento, señoras y señores legisladores, al grupo de trabajo y a los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales, de la Función Pública, que hacen de este un día muy importante para la transparencia en México. Los principios y bases en materia de acceso a la información encuentran no solo sustento en el derecho internacional y en la doctrina y jurisprudencia mexicana sino también en las mejores prácticas que al respecto han instrumentado los gobiernos tanto federal como de las entidades federativas en nuestro país, plasmando normas que reflejan su amplitud y alcance. De esto ha derivado la coexistencia de una ley federal y leyes locales en todos los estados de la República; y tener diversos diseños no ha sido malo, al contrario, dicho esquema ha permitido el enriquecimiento de las disposiciones en materia de acceso a la información. Al respecto, habría que recordar que antes de que existiese una legislación federal en materia de acceso a la información, entidades federativas como el estado de Jalisco ya contaban con su propio ordenamiento en la materia, con lo que se convirtieron en vanguardia en el tema. Hay que recordar también que diversos gobernadores, entre ellos el de Chihuahua, firmaron esta iniciativa. Sin embargo, debe reconocerse que la normatividad que existe actualmente inspirada en un esquema federal, cuenta con debilidades derivadas precisamente de la diversidad, pues el federalismo no implica concepciones idénticas de las cosas, sino que permite que cada entidad federativa, de acuerdo con sus aspectos sociales, culturales y de diversa índole, adopten diferentes formas. Estas debilidades consisten, y esto es importante, en el hecho evidente de que dependiendo del lugar de residencia del ciudadano es la forma en como éste puede hacer efectivo el derecho de acceso a la información. Los órganos responsables de tutelar dicho derecho, la calidad con la que reciban la información e incluso la forma en que pueden apelar las decisiones que toman las administraciones públicas de las entidades federativas para tener o no acceso a esos documentos, a esas decisiones, a esos datos producidos por los poderes públicos. De lo anterior, se desprende en obviedad que cuando se está enfrente de un derecho fragmentado, a efecto de dotarlo de eficacia, se tiene que acudir a una solución en nuestro marco constitucional que fortalezca el derecho de acceso a la información, y que al mismo tiempo, preserve e imprima nueva fuerza a nuestro esquema federal. Esto es lo que hoy tenemos que destacar —aparte de todo lo que han destacado nuestros compañeros—, es que la reforma que estamos por aprobar el día de hoy, hace que no importe, que no deba importar en qué lugar se habite, en qué lugar se resida o se encuentre una persona para tener las mismas condiciones, los mismos derechos y los mismos procedimientos para acceder a toda la información que se produce por los órganos públicos en nuestro país; motivos todos ellos que justifican la aprobación de las presentes adiciones al artículo 6o. de la Constitución general. Así las posibilidades que cada una de las entidades federativas tiene para hacer efectivo el derecho de acceso a la información, a partir de principios y bases mínimas consagradas en la Constitución, redundará en beneficio y fortalecimiento de nuestra democracia; máxima publicidad que cualquier persona —sin tener que acreditar el interés jurídico— pueda acceder a la información, que sea gratuito, que se tenga un sistema informático que permita el acceso de manera remota y también gratuita a la información pública; el deber de publicación mínima, es decir, una serie de datos que deben ser publicados y deben estar al acceso de todos los ciudadanos sin que medie la solicitud; un mecanismo ágil, sencillo y expedito y para ver si la reserva a la información es correcta o no en cualquier parte del país y tutelar los datos personales. Es decir, este paso hace que todos los ciudadanos, que todos los mexicanos, tengamos el mismo derecho a la información, no sólo frente al nivel federal sino frente a los niveles estatales y municipales. Sin embargo compañeras y compañeros diputados, esto debe ser sólo el inicio. Los gobiernos del ámbito federal, estatal y municipal están obligados a observar y cumplir principios y bases mínimas en materia de acceso a la información. Y la ciudadanía está obligada a cuestionar, demandar y en suma, hacer valer su derecho para fortalecer nuestro Estado democrático, porque esta reforma tiene un destinatario: los ciudadanos de este país. Es cuanto, señora Presidenta.