La diputada Aleida Alavez Ruiz: El combate a la corrupción en nuestro país se ha convertido en el principal reto que ha de enfrentar no sólo el gobierno federal, sino nuestra generación. A casi un año de gobierno podemos ver el desastre en el que se encuentra la nación. Adonde se mire bota la corrupción. El saqueo a la nación tuvo consecuencias catastróficas. Hay 60 millones de mexicanos que viven en la extrema pobreza; es decir, que viven con menos de un dólar al día. Eso es una emergencia nacional. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece nuestro Estado como democrático, considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica y de régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. La defensa de la hacienda pública es la defensa de la democracia. La Ley de Seguridad Nacional en su artículo tercero dispone que por seguridad nacional se entienden las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano. Es decir, es una premisa fundamental la preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes. El pago de contribuciones para los gastos públicos es una obligación de todas y todos de manera proporcional y equitativa, como lo dispongan las leyes. Pretender eludir de manera indebida esta obligación ciudadana es un ataque a la hacienda pública y, por consiguiente, a la sociedad. Insisto, la defensa de la hacienda pública es entonces la defensa de la democracia. En México, según datos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Secretaría de la Función Pública, el costo por la corrupción oscila entre 5 y 10 por ciento del producto interno bruto, cuando la media internacional es del 5 por ciento. El PIB nacional es de alrededor de 1.5 billones de dólares. Es decir, con las cifras de la ONU, en México cerca de 2 billones de pesos están vinculados a las actividades de corrupción. Sólo para contrastar, el presupuesto anual del gobierno federal es de 5.7 billones de pesos. Cabe hacernos la pregunta: ¿dónde estuvo el Estado? ¿Los críticos de la técnica legislativa dónde estaban? El presente dictamen pone los puntos sobre las íes. Este dictamen cierra la puerta a la porosidad fiscal y castiga severamente a quien atente contra la hacienda pública, porque eso daña a la gente y sus oportunidades de desarrollo. Ya lo dijeron aquí mis compañeros, a cuánto estamos significando las pérdidas por esta defraudación fiscal. Apoyamos este dictamen porque ya no permitiremos que se siga saqueando la riqueza del pueblo, porque queremos un país diferente, con prosperidad y de Estado de derecho. Esta medida servirá para fortalecer los servicios públicos en todo el país. No habrá lugar para la defraudación fiscal. Ya no habrá espacio para las componendas en las altas esferas del poder. Ya cerramos la puerta a la condonación y la extensión de impuestos, ahora, a la defraudación fiscal y al uso de facturas falsas serán delitos que ameriten prisión preventiva por el alto costo social que implica. Es una medida de excepción en condiciones excepcionales de vulneración del Estado de derecho. En 2016 inicio un nuevo sistema penal en México, antes de esa fecha, quién cometió un delito fiscal grave enfrentaba su proceso penal en cárcel, prisión preventiva, por lo tanto, esta figura no es nueva para los delitos fiscales. Con el nuevo sistema todos los delincuentes fiscales llevan su proceso en libertad, lo que provocó que perdieran el miedo a cometer estos delitos. Coincidentemente con la eliminación de la prisión preventiva durante los últimos tres años, de manera importante, la compraventa de facturas falsas para no pagar impuestos creció, creándose empresas fantasmas dedicadas exclusivamente a esta actividad, los llamados factureros. Estos utilizan y se aprovechan de personas de escasos recursos o de bajo nivel educativo para crear las empresas fantasmas, registrarse ante el SAT y abrir cuentas bancarias. Los verdaderos dueños de este negocio criminal no aparecen en ningún documento que los incrimine. Estos factureros no solo evaden al fisco, sino que prestan sus servicios a lavadores de dinero, narcotraficantes y funcionarios públicos corruptos, generándose ganancias multimillonarias. El SAT ha identificado la existencia de 9 mil empresas fantasmas que han emitido en los últimos años facturas falsas por un valor equivalente a 1.6 billones de pesos, cifra que supera el presupuesto público de muchos países. Todas estas preocupaciones que se hicieron valer en diferentes audiencias que se tuvieron en las comisiones unidas están consideradas en el dictamen y por eso creemos importante, necesario, como medida excepcional pero urgente habilitar ya estas medidas para inhibir el que quieran defraudar al fisco y, por lo tanto, defraudar a la democracia, es cuanto.