La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, la viabilidad de un estado se sustenta en el sentido social de sus leyes, en su operatividad económica y en la construcción eficaz de políticas públicas que otorgan a las y a los ciudadanos la certeza de que sus gobernantes trabajan para solventar las necesidades de la población mediante el uso responsable y transparente de los recursos públicos. El trabajo que realizamos en esta representación popular por constituir un Presupuesto de Egresos acorde a las necesidades y retos que enfrenta la población mexicana, requirió del conocimiento y visión de todos y cada uno de nosotros, a fin de focalizar y atender las grandes prioridades de la nación. A partir de la reflexión y el análisis, nuestro Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha escuchado a través de sus representantes populares, las más sentidas demandas que hacen a diario millones de mexicanas y mexicanos con el propósito de plasmarlas en nuestras leyes. Así con esta visión llegamos al trabajo en comisiones y hoy en este pleno vemos como resultado el proyecto de dictamen de gastos que se pone a consideración. Es por eso que consideramos que el presente proyecto privilegia el criterio rector del impacto social en beneficio de los diversos sectores sociales, ya que contempla alternativas para reducir los índices de pobreza, marginación y desempleo, con el que se busca evitar que los mexicanos opten por el espejismo que representan la delincuencia y la violencia. Asimismo, es de reconocer el trabajo conjunto que los integrantes de la presente legislatura hemos realizado, porque se ha privilegiado la construcción de iniciativas con responsabilidad social, las cuales se traducen en reformas que dan a México un impulso que hace varias décadas no teníamos como nación y que en este dictamen presupuestal confiamos se traduzcan en mejores condiciones de vida para todos. Convencidos de la necesidad de avanzar, dimos cauce a la conformación de cambios estructurales que se necesitan. Con la reforma educativa y hacendaria se pretende dar un impulso al crecimiento competitivo de nuestros recursos humanos en un entorno económico de oportunidades, justo y progresivo. Por ello nos preocupamos y ocupamos para que en el cuerpo del decreto en discusión quedara plasmada la puntual aplicación de los recursos, su debido seguimiento y la total transparencia y rendición de cuentas que exige el pueblo de México. La situación por la que atraviesa nuestro país da como resultado que actualmente millones de habitantes padezcan algún grado de pobreza que les impide alcanzar sus metas como individuos, familia y sociedad. En esta situación se encuentran más de 8 millones de jóvenes que nunca han conocido momentos de bonanza, pues nacieron y crecen rodeados de pobreza, los mismo que hoy no cuentan con un lugar en el sistema educativo nacional o con un empleo que les permita sortear las vicisitudes de una economía nacional que los encadena a los vaivenes de las crisis recurrentes. Ante este panorama, como representantes populares estamos obligados a dar una respuesta puntual, nuestro compromiso y obligación ética y política es revertir las condiciones a que nos ha llevado esta situación. También sabemos que es impostergable seguir trabajando arduamente para que el bienestar económico llegue al hogar de cada familia mexicana, lo que implica generar fuentes de empleo y remuneraciones de calidad, destinar mayores recursos para la salud, el campo, la educación, la construcción de un medio ambiente sano. Una gran labor nos espera en la empresa de restaurar el tejido social. Ante la disyuntiva de cambio debemos encarar la incertidumbre económica y hacer frente a reformas de gran calado que en las próximas sesiones de esta legislatura deberemos abordar para redefinir el futuro de nuestro país. Estamos abiertos al cambio en pro de la sociedad, pero responsables de los riesgos que implicarán estas acciones. Con esta visión nuestro Grupo Parlamentario ha buscado dotar a la población mexicana de un presupuesto que reconocemos no suficiente, pero responsable, que acompañe los esfuerzos y consensos alcanzados por el Poder Legislativo en torno a reformas de gran calado en materia educativa; social; laboral y seguridad pública, entre otras que aquí hemos aprobado. De siempre existe un amplio consenso para transformar la educación pública, así quedó de manifiesto en la aprobación de la reforma educativa. Por ello la necesidad de asignar mayores recursos a este rubro se inscribe en el objetivo de llevar a México a su máximo potencial, teniendo como una de sus metas brindar a todos una educación de calidad con equidad. La reforma educativa en marcha, trae consigo retos fenomenales que es indispensable atender desde las bases, desde sus cimientos, la evaluación, la formación y el desarrollo profesional docente, la autonomía de gestión, así como la dotación de las condiciones y los recursos indispensables para garantizar a las niñas, a los niños y a los jóvenes, el pleno ejercicio de su derecho a una educación de calidad, motivo que nos compromete a seguir realizando una esfuerzo extraordinario para hacer realidad lo dispuesto en la Constitución. La reforma educativa plantea resolver una de las asignaturas pendientes, la cual tiene que ver con la carencia de infraestructura física educativa, ya que de las más de 227 mil escuelas de educación básica del país, 25 por ciento carece de salones de clase con techos, pisos y vidrios, algunos no tienen sanitarios ni agua potable y ya no digamos el equipamiento básico, como bancos, pizarrones, luz eléctrica y espacios deportivos. Por ello, puntualizamos la importancia de asignar recursos suficientes a este sector, mismos que permitan alcanzar la meta establecida en el artículo 25 de la Ley General de Educación, la cual establece que debe ser al menos del 8 por ciento del producto interno bruto, ya que si bien en el proyecto se registra un incremento real del 4.2 por ciento en el presupuesto del próximo año, lo cierto es que se mantiene en el 3.7 por ciento del PIB. Estamos conscientes que nunca es suficiente cuando se trata de construir oportunidades de desarrollo y de mejorar efectivamente la calidad de vida de todos. Sin embargo, los retos son ineludibles, ya que si las medidas que se proponen para elevar la calidad de los servicios educativos no cuentan con el presupuesto necesario para responder a las altas expectativas que se han generado, corremos el riesgo de que la reforma educativa sea letra muerta. Por ello, garantizar la gratuidad y la calidad de la educación pública significa fortalecer, efectivamente, las oportunidades de desarrollo profesional docente, las cualidades humanas pedagógicas y vocacionales de cada maestra y de cada maestro en el aula, que cada escuela cuente con la infraestructura, el equipamiento, los materiales y los recursos económicos para su sostenimiento cotidiano, en condiciones sociales, de seguridad, saluda e idoneidad para el logro de los objetivos que nos proponemos alcanzar. Compañeras y compañeros diputados, sin dejar de reconocer las carencias que impiden alcanzar mejores niveles de bienestar para todos, debemos aceptar que las grandes transformaciones sociales son producto de procesos amplios y complejos, la falta de recursos para encarar los retos de la pobreza, la marginación y la exclusión social, sólo pueden subsanarse con una visión de largo plazo, responsable y sostenible. En nuestro Grupo Parlamentario consideramos que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2014, que presenta la Comisión de Presupuesto, es un primer paso en la ruta trazada, más allá de posturas partidistas o ideológicas, nuestra responsabilidad como representantes populares es velar por mejorar las condiciones de la gente. Por ello, nuestro voto será a favor del presente dictamen, porque consideramos que la orientación que se ha dado al gasto público servirá para detonar el crecimiento económico que requiere el país. Con nuestro voto a favor también insistimos en la necesidad de dar seguimiento a la aplicación del mismo, y la necesidad de no perder de vista los problemas pendientes y el logro de objetivos que normen los criterios para la toma de decisiones. Finalmente, quienes integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza suscribimos nuestro compromiso con la agenda de México, con la agenda de la justicia social y con la agenda de las familias mexicanas. Muchas gracias.