La diputada Blanca María Villaseñor Gudiño: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, es un hecho que las posibilidades de alcanzar el crecimiento, el desarrollo y el bienestar económico se vinculan íntimamente con la disponibilidad a la energía. De manera particular, el nivel de acceso a la energía eléctrica se presenta como un indicador fundamental, que condiciona las posibilidades de inserción de amplios sectores de la población al desarrollo. No hay duda que los tiempos que nos están tocando vivir son de profundas transformaciones. Los avances constantes en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, particularmente el desarrollo de dispositivos móviles que puede estar interconectados en tiempo real, están abriendo nuevas posibilidades para acercar a sectores de la población antes excluidos, lo que puede contribuir a su mayor bienestar social y económico y así reducir la pobreza y la marginación. Por estas razones, los Estados nacionales deben asegurar las condiciones necesarias para garantizar el acceso seguro y confiable a la infraestructura de generación, transmisión y distribución de electricidad. Desafortunadamente, para el caso de México, nuestra empresa pública eléctrica, la Comisión Federal de Electricidad, que durante muchos años fue garante del enorme desafío de electrificar un país en desarrollo, ya no es capaz, por sí sola, de cumplir con el mandato que le fue asignado. Los cada vez mayores costos de operación de la empresa que se materializan en los multimillonarios subsidios a los costos de electricidad obligan al Estado mexicano a distraer recursos que debieran ser utilizados para atender otras urgencias nacionales, tales como el combate a la pobreza. Así, el marco jurídico e institucional actual de la CFE no solo limita la operación y el potencial productivo de la hasta hoy paraestatal, sino que le impide aprovechar al máximo sus ventajas competitivas. Por ello y debido a que el aumento de la demanda de energía eléctrica será una realidad para nuestro país en los próximos años, es necesario y urgente fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, reducir sus pérdidas técnicas y hacer más eficientes sus servicios. De esta manera, el dictamen que hoy analizamos dota a la CFE de un régimen especial flexible en materia de presupuesto, deuda, contrataciones, bienes, remuneraciones y de empresas subsidiarias y filiales. Además, le otorga autonomía técnica, presupuestal y de gestión de acuerdo a las mejores prácticas de gobierno corporativo. En el mismo sentido, el sistema de incentivos y estímulos económicos, incluidos en la nueva ley, garantiza la retención de talento en la empresa, establece mecanismos efectivos para formar y capacitar a nuevos cuadros técnicos y especializados, así como actualizar de manera intensiva a los existentes. Finalmente, el nuevo entramado institucional de la nueva empresa productiva del Estado genera incentivos para combatir y sancionar enérgicamente la corrupción. En materia de transparencia la nueva ley pone a disposición del público información que permita conocer la situación de la empresa, sean subsidiarias o filiales, en los mismos términos que las empresas que cotizan en el mercado de valores. Compañeras y compañeros legisladores, la CFE seguirá siendo un orgullo para todos los mexicanos. Su nueva configuración como empresa productiva del Estado la liberará de ataduras e inercias destructivas, sucedidas en años recientes, lo que le permitirá transitar hacia un nuevo modelo de generación eléctrica más eficiente, moderno y descentralizado, en aras de una competencia exitosa con otras empresas que participarán en el nuevo modelo. Es cuanto, presidente, muchas gracias.