El diputado Jesús de León Tello: Con su venia, señor Presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas. Vengo a solicitarles su voto favorable a la aprobación del dictamen con proyecto de decreto en el cual reformamos diversos artículos de la Ley de Concursos Mercantiles por las siguientes Consideraciones. Primero. Las reformas que hoy discutimos tienen como objetivo la de dotar de mecanismos legales tanto a los comerciantes como a sus acreedores, de poder llegar a convenios en cualquier etapa del proceso y no sólo en la etapa de conciliación y así poder finiquitar los créditos contraídos por el comerciante, logrando el mantenimiento de la fuente de trabajo. Otro de los puntos positivos de esta reforma es que se debe entender que un comerciante ha incurrido en el incumplimiento generalizado a sus obligaciones cuando no tenga activos para hacer frente a sus obligaciones por lo menos en el 80 por ciento, a la fecha de la presentación de la demanda. Y si uniforma este criterio conforme a los incisos a), b), c) y d) del artículo 10 en comento, que se establecía un momento diferente para considerar los activos existentes del comerciante y se cuantificaban al momento de la admisión de la demanda. Esta uniformidad en el criterio, tiende a evitar que el demandado pueda simular que cuenta con bienes propios suficientes para hacer frente a sus obligaciones, evitando que sea sujeto a este tipo de procesos que puede concluir en la quiebra del comerciante. Igualmente encontramos aclaraciones en el sentido de que las excepciones de incompetencia y falta de personalidad se tramitarán en vía incidental, sin esperar a que el juez se pronuncie sobre las mismas en la sentencia definitiva; por el contrario, será en una sentencia dentro del incidente en donde se pronuncie al respecto. Igualmente, el juez tendrá la obligación de precisar si en el escrito inicial de demanda encuentra irregularidades y en vez de desechar la misma, tendrá la obligación de precisar cuáles son esas irregularidades que él ha detectado y prevenir a la parte actora para que la subsane en un plazo no mayor a 10 días. Así, a lo largo de la reforma podríamos comentar muchas más como la vista al Ministerio Público respecto del dictamen del visitado, el fortalecimiento al Instituto Federal de Concursos Mercantiles. Pero lo más importante es que damos respuesta a un perfeccionamiento de esta ley subsanando lagunas, contradicciones, incorporando criterios del Poder Judicial con la finalidad de que la misma sea clara, moderna y que no quede rezagada por la realidad que vive nuestro país. Recordemos que son normas que el legislador en el año de 2000 entendió la necesidad de regular este proceso de una manera más sencilla, con especialistas en la materia, ya que la anterior Ley de Quiebra y Suspensión de Pagos no obedecía a la realidad de nuestro país. Por el contrario, hacía sumamente difícil poder llevar un procedimiento en donde las partes pudieran encontrar mecanismos de negociación y especialistas que pudiera emitir opiniones de cómo lograr un acuerdo entre las partes sin que esto implicara el cierre de la fuente del empleo. Por otra parte, la participación del Ministerio Pública está garantizada en la reforma y en el mismo cuerpo de la Ley de Concursos Mercantiles. No podemos interpretar una disposición aislada con el conjunto del articulado de la ley. En el artículo 24 de la misma ley se establece que el Ministerio Público puede iniciar, detonar la instancia demandando el concurso mercantil en contra de un comerciante. Y todavía va más allá, le exenta de la obligación de garantizar los honorarios del visitador en mil 500 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, garantizándole así al Ministerio Público la potestad de poder iniciar los juicios de suspensión y de quiebra en contra de cualquier empresa, de cualquier comerciante que se encuentre en los supuestos de la misma ley. Pero no obstante, si la preocupación es de que se puede dar un fraude en contra de acreedores, la misma Ley de Concursos Mercantiles establece que el juez de distrito, que es el que tiene la competencia para conocer de este tipo de procedimientos, tendrá la obligación inmediatamente de que detecte, de acuerdo al dictamen que emita el visitador o de las constancias en el proceso, tendrá la obligación no solamente de darle vista el Ministerio Público para que inicie las acciones penales que él considere, sino también a las autoridades fiscales para que inicien los procedimientos correspondientes. En caso de no hacerlo, el mismo juez de distrito estaría incurriendo en una responsabilidad en términos del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la fracción XXXVI de la misma ley. Creo que está garantizada la participación del Ministerio Público en este tipo de procesos porque es una facultad potestativa del mismo, conocer de todos los juicios y sin duda, prevenir que se vaya a dar una figura del fraude de acreedores. Por eso, desde el artículo 1o., también de la Ley de Concursos Mercantiles, se estableció que era de interés público conservar la empresa y evitar que el incumplimiento generalizado de las obligaciones de pago, ponga en riesgo la viabilidad de las mismas y de las demás, con las que mantenga una relación de negocios. De esta disposición se desprende que lo importante es armonizar los intereses de las partes procurando en principio una conciliación en donde no se afecte a la parte actora en cuanto a sus créditos, pero también no se concluya con las actividades del comerciante demandado. Esta reforma obedece a una modernización de la ley. Compañeros legisladores, no olvidemos que al final el contenido de las leyes es la conducta humana. Es cuanto, señor Presidente.