La diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez: El dictamen con proyecto de decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un paso más en la destrucción del Estado de Derecho de nuestro país, así como de sus instituciones. Asimismo, representa una amenaza grave para la promoción y protección de los derechos humanos, a pesar de ser una obligación del Estado mexicano y de todas las autoridades, incluyendo a esta Cámara y al Congreso de la Unión. En tal razón, el voto de las diputadas y diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos en contra de este dictamen. El dictamen, como se advierte en su contenido, es la continuación de la reforma del Poder Judicial, que únicamente responde a la propuesta del anterior presidente de centralizar el poder y debilitar los contrapesos democráticos y politizar la justicia. Asimismo, significa un claro desmantelamiento del control constitucional y convencional que nos rige. El juicio de amparo, considerado como una de las principales herramientas de protección de los derechos fundamentales en México, enfrenta hoy un ataque frontal por parte de los grupos parlamentarios del oficialismo. La estrategia para debilitarlo radica en la delimitación de sus efectos y alcances, con el único propósito de satisfacer la visión autoritaria de una persona que tuvo en sus manos la oportunidad histórica de consolidar las instituciones democráticas del país, pero la desaprovechó al imponer un modelo unilateral, restrictivo y autoritario del ejercicio del poder. El dictamen establece que en los juicios de amparo en los que se resuelve la inconstitucionalidad de normas generales, en ningún caso las sentencias podrían fijar efectos generales. Esta disposición contradice de manera flagrante la naturaleza progresiva del derecho y limita la capacidad del Poder Judicial para emitir criterios de protección que beneficien a la colectividad. Las consecuencias de esta restricción son alarmantes, pues se vulnera el artículo 1o. de la Constitución que establece el principio pro-persona, además del artículo 25 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, el cual garantiza el acceso a recursos efectivos de protección. Con ello se impide que los precedentes judiciales generen impactos colectivos, restringiendo la capacidad del Poder Judicial para establecer estándares de protección de los derechos fundamentales. Particularmente preocupante es el efecto que esta reforma tendrá sobre grupos en situación de vulnerabilidad, quienes históricamente han dependido de criterios jurisprudenciales para la defensa y garantía de sus derechos. Al impedir que las sentencias de amparo tengan efectos generales, se eliminan avances cruciales en la protección de derechos humanos, generando un sistema judicial fragmentado e incapaz de ofrecer soluciones estructurales a problemáticas que afectan a la sociedad en conjunto. Este retroceso ignora la obligación del Estado de garantizar la progresividad de los derechos humanos conforme a lo establecido en el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se trata en esencia de una reforma que no solo limita el ejercicio de los derechos fundamentales, sino que socava la función esencial del Poder Judicial que garante de la Constitución y del Estado de derecho mexicano. Asimismo, lo hemos dicho en diversas ocasiones, se trata de una más de las consecuencias de la centralización del Poder y debilitamiento del Poder Judicial prevista en la multicitada reforma a ese órgano constitucional. Las consecuencias por la limitación de los efectos del juicio de amparo también serán producto de la disminución del número de personas ministras integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a nueve y por la eliminación de sus salas, lo que claramente se trata de una restricción a la pluralidad y diversidad en la interpretación de la Constitución, así como de criterios jurisprudenciales. Al mismo tiempo, por la creación de los órganos de administración y disciplina judicial que bajo la órbita de mayorías políticas debilita la autonomía e independencia judicial y disminuirá la capacidad de juicios de amparo para mantenerse como instrumento de control constitucional ante exceso de las autoridades. Finalmente, la esencia o naturaleza del juicio de amparo está en riesgo por el proceso de elección de personas juzgadoras por voto popular que se ha caracterizado por la improvisación de vulneración de derechos y la falta de transparencia y rendición de cuentas. Se trata de un mecanismo que vulnera la imparcialidad judicial sometiendo al ámbito jurisdiccional e intereses electorales y mayorías políticas contraviniendo principios reconocidos en instrumentos internacionales y convencionales. Es por ello, que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional manifiesta su oposición contundente al contenido del dictamen como anteriormente lo hizo durante la discusión y votación de la deforma del Poder Judicial. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional continuará promoviendo propuestas legislativas y acciones legales para fortalecer el Poder Judicial y restaurar la independencia judicial, continuaremos estando al lado de organizaciones de la sociedad civil para asumir la defensa de la autonomía, para contar con un sistema judicial fuerte, imparcial y libre de presiones políticas. El mantener la naturaleza del juicio de amparo hará que prevalezca el Estado de derecho en nuestro país. Es cuanto.