El diputado Gerardo Aranda Orozco: Con su venia, señor Presidente. Los grupos parlamentarios aquí presentes en reiteradas ocasiones hemos expresado nuestra preocupación por la situación de nuestros connacionales en el extranjero. De esta forma ha sido una constante el externar en la máxima tribuna de la nación, asuntos que requieren la atención del gobierno mexicano ante situaciones que amenazan el bienestar de nuestros connacionales. En ese sentido es que exponemos el siguiente punto de acuerdo, ante una situación que podría afectar a miles de mexicanos, no sólo en los Estados Unidos, sino en nuestro propio país. Recientemente el Procurador General de Arizona, Terry Godar, ordenó incautar la transferencia de dinero de 29 estados de la unión americana hacia Sonora, realizada a través de la compañía Western Union, en la que consideraba una lucha contra el tráfico de personas y drogas, pues según el Procurador, una parte del dinero enviado a México, a Sonora en este caso, se usa para pagar a traficantes de personas e incluso como parte de operaciones de narcotráfico. Dicha medida involucra congelar las transferencias de dinero en comento de 500 dólares o más, a unas docenas de sucursales de la compañía de transferencias de Western Union en Sonora. Por su parte, la compañía Western Union interpuso un recurso judicial ante el procurador de Arizona, para evitar la retención de dichos envíos, alegando violaciones a cláusulas de comercio, garantías jurídicas y protección igualitaria de la Constitución de Estados Unidos. Como parte del litigio se tiene programada una audiencia en la Corte Suprema del Condado Maricopa, el 30 de octubre de este año, donde habrá de dirimirse este asunto. Sin duda el combate al narcotráfico, el lavado de dinero y tráfico de personas constituyen una asignatura de importancia fundamental para la procuración de justicia en ambos países, motivo por el cual compartimos la preocupación de combatir eficazmente este tipo de fenómenos. Tan es así que el Estado mexicano ha colaborado constantemente con autoridades de los Estados Unidos, conscientes de la conjunción y articulación de los esfuerzos que requiere la lucha contra este tipo de ilícitos. Sin embargo, resulta preocupante que como parte de esta lucha se vean afectadas miles de personas inocentes que esperan y necesitan el envío de dinero que sus familiares hacen desde los Estados Unidos. A nadie extraña la importancia que tiene el envío de remesas para millones de personas en nuestro país. Muestra de ello es el creciente monto y número de transferencias que se realizan año con año al mismo. Reconocemos que la Procuraduría de Arizona, al ser la encargada de investigar y perseguir ilícitos, goza de completa independencia en el desempeño de su actuación; hecho ante el cual se manifiesta respetuosa esta soberanía, pues cualquier conducta que suponga un delito o que lesiones bienes jurídicos, debe ser investigada y, en su caso, castigada. Sin embargo, no se pueden afectar derechos fundamentales bajo el pretexto de actuar contra el crimen. Es necesario revisar si las acciones de confiscación que hasta el momento se han tomado, toda vez que resultan cuestionables, están violentando previsiones constitucionales tanto a la seguridad jurídica de las personas en su patrimonio, como del comercio interestatal e internacional. Todo lo anterior resulta imprescindible y es sin duda un gran reto que la lucha contra estos delitos no dañe a personas inocentes, pues de aplicarse tal medida se estima que seis mil transferencias de dinero podrían ser retenidas indefinidamente y, lo que es peor, con pocas posibilidades de ser recuperadas, según lo manifestó el propio portavoz de dicha compañía. De aplicarse tal medida, la propia compañía ha señalado que habría daños y pérdidas incalculables. Nosotros sabemos que su efecto tendría múltiples efectos negativos, miles de personas documentadas o no, verían perdido el dinero que con tanto esfuerzo envían a sus familiares en México. Por su parte, dichas familias, que dependen en gran medida de dicho envío para su sustento, se ven gravemente afectadas. Por ello, los diputados federales manifestamos nuestra preocupación por la posible retención de transferencias de dinero hacia el estado de Sonora, medida que daña gravemente la situación económica de miles de familias mexicanas. Por su atención, es cuanto.