La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho: Muchas gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero platicarles rápidamente una historia. Martha es madre soltera de María, de ocho años. Un día conoció a Manuel de quien se enamoró, después de tres meses se fueron a vivir juntos, él era un taxista que constantemente cambiaba de empleo. Ella trabajaba como empleada en un comercio. Desafortunadamente, durante la pandemia, mientras estaban las escuelas cerradas, no tuvo más que dejarle encargada a su hija con su pareja, mientras ella trabajaba. Ella empezó a notar cambios de comportamiento en su hija y su pareja solo le decía que eran berrinches de la niña. Desafortunadamente, dos meses después, un día llegó a su casa y encontró a su hija muerta y violada. Su pareja está desaparecida. Manuel tenía antecedentes de agresiones y violencia sexual con niñas y ella nunca se enteró. Esta historia desafortunadamente cada vez más es más común en nuestro país, las cifras así lo muestran. La UNICEF estima que, en México, el 62 pro ciento de las niñas y de los niños han sufrido maltrato en algún momento de su vida y 5 por ciento han sido víctimas de violencia sexual. Los datos del sistema de justicia penal muestran que, alrededor del 50 por ciento de los delitos cometidos contra las niñas, niños y adolescentes, se relacionan con actos que atentan contra su integridad física, lesiones, abusos sexuales, violaciones y homicidios. Y, al observar las diferencias por sexo, las mujeres fueron las principales víctimas de abuso sexual, amenazas y violación. Y los hombres, los niños, principalmente por lesiones. Además, una cantidad significativa son obligados a trabajar, a prostituirse o a realizar prácticas pornográficas o algunos desafortunadamente también son víctimas de tráfico humano. Durante los últimos años, México se ha enfrentado a un incremento de la violencia infantil. No hay pruebas de que estas tasas estén disminuyendo, las agresiones contra los niños aumentan cuando son pequeños, pues son más vulnerables a ser lastimados, aún incluso con la simple violencia emocional. Somos el país de América Latina más violento con las niñas y con los niños. La violencia contra las mujeres y los niños es la otra pandemia, pero déjenme decirles algo peor, esta es la pandemia que nadie quiere ver, la violencia contra los niños y las niñas. Y nadie la quiere ver porque muchos de estos casos se dan al interior de la familia, en complicidad o en el silencio de los propios familiares. Muchos de los agresores son padres, hermanos, primos, tíos y por eso cuando esto se genera entre la propia familia, se minimiza el hecho, se tapa o se olvida, dejando a los niños y a las niñas graves secuelas emocionales, físicas e, incluso, terminando con su vida. Si la impunidad por la violencia contra las mujeres es grave, la impunidad por la violencia para los niños y niñas es doblemente grave. En México, los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes son difícilmente denunciados, ya sea por temor al agresor, por la exposición pública, la estigmatización, por la desconfianza a las autoridades o por desconocimiento de los derechos. Pero lo peor es que ni siquiera tampoco tenemos un registro único nacional de cuántos niños han sido agredidos en México, ya que los datos son escasos, incompletos y se encuentran fragmentados. Pero hay algo más triste, no tenemos ni siquiera un registro de agresores que nos permita seguirlos, señalarlos de manera puntual, por lo que es altamente probable que reincidan en total impunidad. Por ello proponemos contar con el primer registro nacional de niños, niñas y adolescentes, víctimas de la violencia, el cual tendrá dos vertientes: Apartado 1. Registro privado de datos de niñas, niños y adolescentes agredidos, el cual va a permitir evitar la revictimización y será privado. Tendrán acceso a él las dependencias que por su naturaleza atiendan a las víctimas. Y, el apartado 2. Un registro público de agresores y agresoras a los niños, niñas y adolescentes que hayan sido sentenciados por violencia física, tráfico de menores, pornografía infantil, abuso sexual, violación, abandono o por deudor alimenticio. Los agresores de niños y niñas son altamente peligrosos para la sociedad. Por ello es urgente contar con un registro de agresores de niñas, niños y adolescentes que permita a todas las instituciones contar con algún mecanismo que nos permita saber dónde están y quiénes son. En este sentido y para reforzar lo anteriormente preparado y presentado hace unas horas por el Partido Revolucionario Institucional, esta iniciativa se suma a la Ley Quemón, en la cual estamos proponiendo prácticamente tres registros: registro público nacional de agresores de niños, niñas y adolescentes; registro público nacional de agresores de mujeres y; registro público nacional de deudores alimenticios. A los agresores hay que señalarlos, hay que identificarlos, para saber dónde están y así evitar que se acerquen a nuestros hijos y a nuestras hijas. Es nuestro deber defender a los niños y niñas de este país, porque solo así vamos a defender a México. Sí, compañeros, sí es posible hacerlo. Muchísimas gracias.