El diputado Miguel Alva y Alva: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Buenas tardes compañeras y compañeros, diputadas y diputados. Quiero pedir a este pleno de la honorable Cámara de Diputados, que considere esta iniciativa como una pieza clave para construir un camino institucional digno para la migración mexicana en Estados Unidos. Convencido de que la complementariedad de los mercados laborales de América del Norte encuentran un camino acorde con los derechos humanos en la regulación de los programas de trabajadores huéspedes, donde los gobiernos nacionales asumen un liderazgo y conducción que brinde confianza y seguridad a los empleadores, a los trabajadores y a sus familias. Hay que recordar que cuando inició la discusión sobre una posible reforma migratoria, durante la administración del presidente Barack Obama, los senadores demócratas y republicanos tomaron como referencia el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales, México-Canadá. Como ustedes saben este programa es un modelo de movilidad laboral en el mundo y desde hace 43 años los gobiernos de México-Canadá se han empeñado en perfeccionar este esquema de política pública ejemplar. Es conveniente que como legisladores que tendemos la actualidad de la relación de México con Estados Unidos avancemos en la construcción de marcos legales y políticas públicas que brinden protección y seguridad y dignidad a los trabajadores que cumplen un rol fundamental en la economía de los Estados Unidos principalmente, pero también de Canadá. Es por ello que propongo a consideración de ustedes los siguientes argumentos. El servicio nacional del empleo con corte al mes de julio de 1917 señala en su resumen de los servicios de vinculación laboral que las solicitudes de visa para programa de trabajadores agrícolas temporales de Canadá, fue de un total de 25 mil 297 y que los eventos de colocación fueron de 23 mil 308. El informe de proyectos de jornaleros Safe, jornaleros mexicanos en Estados Unidos con visa –los modernos olvidados– señala que los trabajadores huéspedes, importados principalmente de las áreas rurales de México a través del programa de visas H2A, constituyen uno de los pilares de la seguridad nacional ya que proporcionan a los Estados Unidos seguridad alimentaria. En ausencia de estos trabajadores, los consumidores norteamericanos dependerían de la importación de productos agrarios, sin embargo la seguridad alimentaria estadounidense se asienta sobre la sobreexplotación de los jornaleros foráneos cuyos bajos salarios muchas veces se condicionan a niveles mínimos de rendimiento laboral. Paradójicamente la emigración de jornaleros con visas H2A incrementa la inseguridad alimentaria en México que se ha tomado como dependiente de la importación de alimentos. Por su parte, el Global World Justice Alliance en su informe de reglas de reclutamiento– países de empleo–, el reclutamiento de migrantes de la región de México y Centroamérica para el trabajo temporal en los Estados Unidos y Canadá, concluye que la estructura de los sistemas de visas de trabajo temporal ha permitido el abuso del trabajador migrante durante el reclutamiento en sus países de origen. La vulnerabilidad a la explotación se ve agravada por la absoluta falta de transparencia, permitida por el diseño de estos programas. El hecho de que ni los Estados Unidos ni Canadá regulen el reclutamiento internacional, permite la continuación de esta realidad. En el mes de diciembre de 2016 el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida y la directora del Consejo CCJ –siglas– de Estados Unidos, Laura Safer Espinoza, firmaron un acuerdo que permite garantizar una migración laboral legal, ordenada y segura de jornaleros mexicanos elegidos para trabajar en granjas del vecino país del norte. Ambas partes se comprometen a que los derechos de los empleados elegibles con visa H2A que deseen contratarse con granjeros afiliados en el programa CCJ no sean violados por terceros en el proceso de reclutamiento y que la movilidad laboral se realice en conformidad con las leyes mexicana y estadounidenses. El artículo 1 de la Constitución Política establece que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales que el Estado mexicano sea parte, así como la garantía para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta...