El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidenta. Muy buen día a todos. Uno de los asuntos considerado de la mayor relevancia para la vida pública es el de la seguridad, pues un Estado que no es capaz de garantizarle a su población paz y tranquilidad está incumpliendo con uno de sus fines principales, lo cual en muchos casos desemboca en molestia y en un peligroso desencanto de los ciudadanos hacia sus instituciones. Para nadie es un secreto que nuestro país vive en la actualidad una grave crisis de inseguridad y violencia que en diversas regiones les restringe a los ciudadanos el ejercicio pleno de sus libertades y de sus derechos. Impide el buen funcionamiento de las instituciones, limita el desarrollo de las personas y obstaculiza el progreso de la sociedad. Puede haber diferencias en la percepción que unos y otros tenemos sobre la magnitud de la crisis a la cual nos enfrentamos dependiendo del lugar en donde se resida, pero el miedo, los asesinatos, los secuestros, las extorsiones y la violencia se han convertido lamentablemente en realidades cotidianas en casi todo el territorio nacional. Hoy nos encontramos en un momento decisivo, pues las constantes agresiones de delincuentes hacia la sociedad y a las instituciones requieren de una respuesta contundente para resolver de modo efectivo y definitivo un problema que nos agobia desde hace dos sexenios. En el Partido Verde creemos que hoy tenemos mucho que celebrar entre nosotros. Lo más importante es que pudimos ponernos de acuerdo en una modificación al texto constitucional que finalmente atenderá una problemática que tenía al menos 12 años sin poder ser atendida a cabalidad, sobre todo por la falta de consensos entre las diversas fuerzas políticas aquí representadas. El Partido Verde votará a favor del presente dictamen por las razones siguientes: Primero. Finalmente se provee un marco legal de actuación al Ejército para su colaboración en labores de seguridad pública. Se da un paso firme hacia la desmilitarización de la seguridad pública que comenzó en el 2006 cuando el presidente Calderón decidió que el Ejército participara en labores de seguridad sin reglas de actuación y sin garantías mínimas de respeto a los derechos humanos de los ciudadanos. Hoy finalmente se corrige ese error. Se establece un plazo cierto de cinco años para que los militares regresen a sus cuarteles. Se armoniza la reforma con lo dispuesto en el artículo 129 de la Constitución y con la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Hoy tenemos un mando civil. Se reconocen garantías mínimas en beneficio de los ciudadanos respecto de la actuación de los integrantes de la guardia nacional y de las demás policías involucradas en labores de seguridad. Se establecen fechas ciertas para expedir la legislación secundaria que dará sustento a la guardia nacional, así como otros instrumentos legales que son necesarios para una operación eficiente de la misma, como lo es: el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública, la Ley Reglamentaria del Uso de la Fuerza y la Ley Reglamentaria del Registro de Detenciones. Y finalmente dejamos de simular que la labor del Ejército en labores de seguridad tiene un asidero constitucional cuando actualmente no es así. No obstante lo anterior, debemos mencionar que si bien tenemos mucho que festejar, no podemos olvidar que esta no es la primera vez que se busca crear una policía federal para atender labores de seguridad pública. Hace 20 años cuando se creó la Policía Federal Preventiva, se buscó un esquema similar al que hoy nos ocupa y desde entonces no hemos podido generar una institución civil con las capacidades suficientes para encargarse de la seguridad pública en el ámbito federal. Hoy esta reforma es acorde a nuestra Constitución y refleja lo que debe ser y a lo que debemos aspirar para atender el tema de la seguridad pública a nivel federal. Sin embargo hoy la realidad nos pone muy lejos de lo que se puede proyectar en el plano ideal. Hoy la seguridad pública en el país se encuentra en manos de las Fuerzas Armadas y resulta imposible considerar en un corto plazo su retiro de estas tareas. Por lo anterior debemos, primero, reconocer que la participación de las Fuerzas Armadas ha sido fundamental para que la crisis de violencia e inseguridad no sea peor. Nuestras Fuerzas Armadas han cumplido a cabalidad el compromiso de defender a la población frente a las agresiones de bandas delincuenciales. Por ello quiero expresar a nombre del grupo parlamentario que represento, nuestra gratitud y reconocimiento para quienes hace más de 12 años se juegan la vida todos los días para salvaguardar la integridad de las y los mexicanos. En segundo lugar, debemos comprometernos con avanzar en la generación de instituciones que se fortalezcan año con año para evitar vernos en la necesidad de recurrir otra vez a la salida fácil de pedir el auxilio de las Fuerzas Armadas para atender un tema que deberá ser competencia exclusiva de civiles. Tenemos cinco años para dar pasos firmes hacia una solución auténtica, efectiva y duradera para el problema de la seguridad pública en México. No tenemos mayor plazo para ello. En tal virtud, no podemos regatear ninguna reforma encaminada a fortalecer la actuación de la Guardia Nacional. El tema de la seguridad pública en el país debe ser atendido de forma integral por todos los órganos que conforman el Estado mexicano y no exclusivamente por el gobierno o por el partido gobernante. Se trata de un asunto de Estado cuya atención fortalece y legitima el pacto social. Solo si así lo entendemos, podemos generar un cambio verdadero en la materia. Es por lo anterior que el Partido Verde apoya la conformación de la Guardia Nacional y promoverá cualquier iniciativa que abone a brindar seguridad a todos los mexicanos y que contribuya a poner fin, y de una vez por todas, a la pesadilla que ha significado para México el crimen organizado. Muchas gracias.