El diputado José Guillermo Velázquez Gutiérrez: Honorable asamblea, compañeras diputadas y compañeros diputados, después del análisis a que fue sometida la iniciativa en cuestión resulta obligado establecer las siguientes precisiones con la que se fundamenta el presente dictamen. En primer término es necesario señalar que la finalidad de la iniciativa que se dictamina es prescribir en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos un rango mínimo y máximo de sanción a imponer al servidor público que no presente su declaración de conclusión del encargo, obligación establecida en el artículo 37 de dicha ley. La importancia de esta iniciativa radica en el argumento de máxima fuerza jurídica de que la facultad conferida a la autoridad sancionadora no puede ser producto de una actuación caprichosa o arbitraria sino que debe ser justificada para la evaluación de toda la circunstancias que rodean la situación de hecho advertida por la autoridad y que se concretiza mediante los elementos de convicción aportados en el curso del procedimiento respectivo, en el que el servidor público tiene oportunidad de rendir las pruebas que estime pertinentes, en concordancia con las normas que regulan el ejercicio de esta facultad sancionadora. Por otra parte, en la redacción actual del sexto párrafo del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, no establece un rango mínimo y máximo para establecer la sanción a imponer, en el caso de que un servidor público no presente su declaración patrimonial de conclusión del encargo. En dicho artículo solamente se establece que: "para el caso de omisión, sin causa justificada, en la presentación de la declaración de conclusión del encargo, se inhabilitará al funcionario por un año". De modo tal que, para imponer la sanción, en el caso que un servidor público omita presentar la declaración de conclusión del encargo, no se toma en consideración en lo establecido en el artículo 14 de la misma ley, en lo que se refiere a los elementos que la autoridad debe tomar en cuenta para la imposición de las sanciones. En el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos establece que: "para la imposición de las sanciones administrativas se tomarán en cuenta los elementos propios del empleo, cargo o comisión que desempeñaba el servidor público cuando incurrió en la falta". Entre los que podemos encontrar los siguientes: La gravedad de la responsabilidad en que se incurra y la conveniencia de suprimir prácticas que infrinjan, en cualquier forma, las disposiciones de la ley a la que se dicten con base en ella. Las circunstancias socioeconómicas del servidor público. El nivel jerárquico y los antecedentes del infractor, entre ellos la antigüedad en el servicio. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. La reincidencia en el incumplimiento de obligaciones; y El monto del beneficio, lucro o daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones. Mediante el estudio realizado a esta iniciativa por esta Comisión, se determinó que, efectivamente, en la redacción actual del artículo 37 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no se toman en cuenta los lineamientos que establece el artículo 14, por lo que la reforma planteada por el iniciante es jurídicamente congruente y adecuada para actualizar nuestra legislación. De igual modo se determinó la imperiosa necesidad de establecer un rango en la sanción que se imponga a los servidores públicos que hayan omitido la presentación de su declaración de conclusión del encargo, en razón de que la autoridad administrativa debe ceñirse a lo establecido por el artículo 14 para imponer las sanciones relativas en el ámbito de su competencia, atendiendo estos criterios para sancionar, en cada caso concreto y adecuado a las circunstancias del mismo. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en tesis jurisprudencial que dada la similitud y la unidad a la potestad punitiva en la interpretación constitucional de los principios del derecho administrativo, sancionador, puede acudirse a los principios penales sustantivos, aún cuando la traslación de los mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento administrativo sólo es posible mediante que resulten compatibles con su naturaleza. De donde resulta que, la razón de ser de fijar límites mínimos y máximos de sanción es que la autoridad atienda a criterios específicos establecidos en la propia legislación, para determinar la sanción correspondiente a cada caso concreto. De manera tal que, relacionando lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia citada, con lo estipulado por el artículo 14 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos podemos concluir que la forma planteada resulta atinada, razón por la que la Comisión de la Función Pública de esta LX Legislatura de la Cámara de Diputados presenta a la consideración de esta honorable asamblea el dictamen a favor de la iniciativa referida. Es cuanto, diputada Presidenta.