El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la gente que votó por nosotros, la gente que representamos mantenía entonces, como ahora, tres grandes expectativas de nuestro quehacer legislativo, tenían la esperanza que hiciéramos algo para combatir la inseguridad, la desigualdad y la pobreza, la corrupción y la opacidad, y es evidente que todos esos flagelos siguen lastimando hoy al conjunto de la sociedad y a nuestros representados. Urge ya que demos respuesta. Con la aprobación de este dictamen damos un paso en la dirección correcta para atemperar la opacidad y, en consecuencia, la corrupción del sistema nacional; para asentar las bases jurídicas que nos den herramientas para erradicar estos vicios de la entraña del Estado mexicano. La reforma constitucional en esta materia fortaleció los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales y delineó como ejes principales el fortalecimiento al derecho de acceso a la información, la transparencia y rendición de cuentas, consolidó un sistema nacional y estableció nuevas facultades para el INAI. Pero, ¿cuáles son los avances que logramos en esta ley federal? A propuesta del Partido de la Revolución Democrática garantizamos la transparencia en materia energética e incluimos a las empresas productivas del Estado, filiales y subsidiarias, para saber qué características y alcances tendrán los contratos, a efecto de inhibir potenciales actos de corrupción y transparentando todo este proceso, obligando a que se cumpla con las disposiciones específicas en materia de transparencia energética. Establecimos la preeminencia del principio de máxima publicidad, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a los tratados internacionales, para evitar que se clasifique información antes que esta se solicite o sea generada. Logramos establecer que ninguna autoridad como sujeto obligado pueda reservar información, tratándose de violaciones graves a los derechos humanos, a delitos de lesa humanidad o actos de corrupción. Con esta ley y sus instituciones, como la PGR, la Secretaría de Gobernación o los gobiernos de los estados, no podrán justificar actos de corrupción escudándose en la omisión de la ley o en la opacidad de la misma. Ejemplo de lo anterior, es que garantizando el acceso a los expedientes, como los de Iguala o de San Fernando, se podrá identificar la responsabilidad del Estado y establecer consecuentemente la reparación del daño. Incorporamos como prioridad la noción de gobiernos abiertos, que implica el establecimiento de obligaciones para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que deberán instrumentar políticas y promover prácticas que permitan la participación ciudadana y el adecuado desarrollo del ciclo de información pública para rendición de cuentas. Establecimos obligaciones específicas de transparencia para todos los sujetos obligados, federales y órganos autónomos, a efecto de que pongan a disposición del público la información y la mantengan actualizada en los respectivos medios electrónicos, así como la obligación de adoptar criterios de interpretación pro persona en su protección más amplia, en situaciones de vulneración de derechos, a efecto que se garantice la mayor efectividad del derecho de acceso a la información. Lo anterior, permitirá que el INAI acote aquellas resoluciones que avalen los órganos garantes de carácter local cuando los sujetos obligados pretexten, por ejemplo, la inexistencia de la información. Puntualizamos que para que un sujeto obligado clasifique como reserva de información, tendrá que presentar una prueba de daño que justifique que al divulgar tal información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional. Este ordenamiento también define la estructura orgánica, las facultades y atribuciones del Inai, evitando con ello espacios de discrecionalidad que podrían afectar la toma de decisiones de este organismo. Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario considera que si bien es cierto que toda ley es perfectible, esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública representa un avance significativo en la construcción de un sólido edificio institucional en materia de transparencia, información y rendición de cuentas, lo cual se vendrá a completar con el Sistema Nacional de Anticorrupción. En ese sentido, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática reivindica su compromiso con la sociedad, atendiendo una de sus más sentidas preocupaciones que es el combate a la corrupción y la opacidad, y por ello votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.