El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Vengo a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción a fundamentar el dictamen por el cual se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares y una reforma al artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Este dictamen fue aprobado por mayoría en una discusión plural en la comisión que me honro presidir. Solicito se inscriba este texto en el Diario de los Debates. El dictamen armoniza la legislación secundaria en materia de transparencia, en concordancia con los artículos 6o. y 16 de nuestra Carta Magna, referente a la tutela y garantía del ejercicio ciudadano, de los derechos humanos, de acceso a la información pública, protección de datos personales, asegurando mecanismos que faciliten su ejercicio más amplio, sin que ello implique gastos onerosos, duplicidades o burocracias privilegiadas. Estas propuestas reflejan una transformación profunda de la administración pública nacional, especialmente en los ámbitos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Se busca consolidar un gobierno más eficiente, cercano a la ciudadanía, potenciando principios fundamentales, como la máxima publicidad, la rendición de cuentas y el fortalecimiento institucional. Este nuevo esquema implica la creación de 18 autoridades especializadas, según el ámbito del sujeto obligado, lo que permitirá una gestión más eficiente y precisa de cada solicitud ciudadana. Por tanto, se descentraliza el poder de acceso a la información y se trasladan las funciones del Inai a múltiples autoridades especializadas. La administración pública se volverá más ágil y cercana a las necesidades específicas de los ciudadanos. A fin de dar certeza jurídica respecto a la autoridad que revisará las solicitudes de acceso a la información por parte de los sujetos obligados de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, la nueva Ley General de Transparencia se define dicha atribución, será competencia de los órganos encargados de las contralorías u homólogos en los Poderes Ejecutivos de las entidades federativas. De igual forma, cada Poder del Estado, así como los órganos autónomos como el INE para el caso de los partidos políticos, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para los Sindicatos, contarán con autoridades especializadas en transparencia, potenciando la rendición de cuentas y la cultura democrática. Este modelo también reforzará el control y vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos, combatiendo posibles casos de corrupción y fortaleciendo la cultura ciudadana de transparencia. La reforma implica cambios importantes en la administración y operación de la plataforma nacional de transparencia que es del Estado mexicano, no es de ningún particular y que pasará a ser gestionada por la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno. La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno será la nueva autoridad encargada de la Protección de los Datos Personales en poder de los particulares, en sustitución del INAI. De igual forma, uno de los aspectos más positivos de esta nueva ley es la creación del órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Anticorrupción denominado Transparencia para el Pueblo. Este ente resolverá los recursos de inconformidad que interpongan las personas particulares en contra de las resoluciones emitidas por las otras autoridades garantes federales o de las entidades federativas siempre que la solicitud se encuentre relacionada con el uso de recursos públicos. La Secretaría Anticorrupción absorberá el 80 % del trabajo del INAI, pero solamente con el 35 % del costo de su estructura, lo que equivale a un ahorro anual para todas y todos los mexicanos de casi mil 100 millones de pesos. Este ahorro, junto con la eficiencia administrativa consolida la reforma como un avance hacia un modelo de gestión pública más racional, eficiente y enfocado en el bienestar colectivo. Concluyo, presidente. Estas leyes se sustentan en principios constitucionales robustos y garantizan el pleno respeto de los derechos humanos, especialmente en términos del derecho a la privacidad y el acceso a la información. Estas reformas representan un avance trascendental hacia una administración pública moderna y sensible a la demanda social, se fortalece la transparencia, se mejora el acceso a la información pública y se garantiza una protección más efectiva y especializada de los datos personales. Por tanto, pongo a consideración del pleno el presente dictamen con proyecto de decreto, esperando el voto favorable de esta asamblea. Es cuanto, presidente.