El diputado Juventino Víctor Castro y Castro: Con su venia, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, compañeros todos. La madrugada del 15 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla proclamó la Independencia y autonomía de México y se dirigió desde Dolores, donde se encontraba, a la ciudad de Guadalajara, la cual ocupa de inmediato y hace, ante todo, la primera declaratoria de que “todos los dueños de esclavos deberán darles libertad dentro del término de 10 días, so pena de muerte”. Desde entonces México es una república con gobierno autónomo, compuesto de habitantes libres. Bajo este signo libertario, nace a la vida la independencia mexicana. Esto es el símbolo del nuevo país, la libertad, empezando por la personal. Desde ese día la propiedad de un ser humano por otro, concluye totalmente. Quien prive de su libertad de acción a otro ser humano, realiza un ilícito que penalmente debe de ser sancionado. En ese sentido México debe ser considerado como un pionero, pues para destacar declaratorias abolicionistas similares, debemos de tomar en cuenta que los Estados Unidos la decreto en 1865, a iniciativa del presidente Abraham Lincon y la Organización de las Naciones Unidas, la ordenó en 1948, al incluirla en la Declaración de los Derechos del Hombre. Así es como siguiendo una política libertaria tradicional de nuestra cultura, el párrafo segundo del artículo 1o. de nuestra Constitución Política prohíbe la esclavitud y añade en su proclividad libertaria que los esclavos del extranjero que entran al territorio nacional alcanzarán, por ése sólo hecho, su libertad y la protección de las leyes mexicanas. Pero la esclavitud, como autorización para que los seres humanos sean sometidos a otras personas, quizá ha concluido definitivamente en el mundo civilizado. Actualmente privan ilícitos que pueden sujetar a los seres humanos a una restricción personal que es similar a la esclavitud. Pongo como ejemplos al lenocinio y a la trata y comercio de personas, sancionando a quienes promuevan, faciliten, trasladen o entreguen a una persona para someterla a cualquier tipo de explotación, sexual, laboral o con fin de disponer de sus órganos, tejidos o cualquier otro de sus componentes para practicar trasplantes rápidos; la explotación o perversión infantil o cualquier forma de disposición no autorizada por la persona cuya libertad de ve atacada, así como cualquier tipo de secuestro que atente contra la libertad personal, etcétera. Pero la tipificación legal para el castigo de los infractores que atenten contra la libertad personal en nuestro país está lejos de alcanzarse en su amplitud y debe procurarse perfeccionarla para beneficio de nuestra sociedad y de sus componentes. Es por ello que la diputada Araceli Vázquez presentó iniciativa ratificada por las diputadas María Dina Herrera Soto, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo y Mary Telma Guajardo Villarreal, en la que proponen a esta soberanía la reforma y adición a diversos artículos constitucionales, para así establecer con toda claridad el delito de trata de personas, que por lo demás coincide con la anuencia en ese sentido de nuestro país en tratados multilaterales que ha ratificado el Senado de nuestra República. Se llama la atención como fundamento de la iniciativa de aquellos criterios jurisprudenciales en el mismo sentido propuesto, dictados por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión de Puntos Constitucionales, que me honro en presidir, somete a consideración del pleno de la Cámara su dictamen en sentido positivo, que se discutirá y votará hoy, y que no dudo será aprobado en los artículos 19, 20 y 73, pues la reforma constitucional que ha sido propuesta otorga la posibilidad de crear una ley general en materia de trata de personas, en la que concurren en su combate los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. Sin esta reforma constitucional, ninguna ley secundaria tendrá su fundamentación sólida. Muchas gracias.