La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia del presidente. Compañeras, compañeros diputados, vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 76, fracción I; 89, fracción X; artículo 105, fracción IV y 135 constitucionales. Desde el Constituyente de 1856-57, no se han modificado en lo fundamental las normas constitucionales en materia de celebración de tratados, las normas sobre la materia fueron adoptadas siguiendo el modelo de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica de 1787. Hoy ya no cabe sostener como antaño, que el problema de las relaciones entre el derecho interno y el internacional es esencialmente teórico, los textos constitucionales se han ido abriendo a la enumeración, definición y amparo de los derechos y libertades individuales o colectivos, subrayando su carácter normativo y aplicabilidad directa de dichos preceptos. También los procesos de integración y el derecho internacional, comercial internacional exigen un replanteamiento del tema y por tanto modificación de las normas constitucionales. Dentro de este tenor ubicamos que el artículo 89, fracción X de la Constitución reguló como facultad y deber del presidente de la república, celebrar los tratados internacionales. El haber optado por un sistema presidencialista necesariamente llevó a depositar esa función en él. Por lo tanto, conforme al régimen actual, dicha facultad es indelegable mediante ley, decreto, acuerdo, orden o poder. Sin embargo, una revisión de los tratados celebrados evidencia que en la práctica son pocos los tratados muy pocos que son firmados por el presidente de la república sin existir control en el ejercicio de esta facultad que puede poner en riesgo incluso la soberanía nacional. Frente a la anterior situación se propone modificar el texto del artículo 89, fracción X, para permitir el ejercicio de dicha facultad mediante el otorgamiento de plenos poderes del presidente de la República a los funcionarios que desee que lo representen, en el ejercicio de esta función, sin eximirlo de la responsabilidad que conlleva la celebración de los instrumentos internacionales mencionados. Aunado a lo anterior se ha privado al Senado de la República de la facultad de que goza de aprobar los tratados de conformidad con el artículo 76, fracción I, con la reciente Ley General sobre Celebración de Tratados ley inconstitucional aprobada precisamente por la anterior Legislatura, al regular dicha ley los acuerdos interinstitucionales y los ejecutivos, cuya naturaleza material es precisamente la de tratados por cuanto son instrumentos de derecho internacional regulados por el este ordenamiento. Cabe precisar que con los llamados acuerdos interinstitucionales o ejecutivos se pueden violar disposiciones constitucionales al no quedar sujeta su celebración a la aprobación del Senado. Además, como efecto directo, es imposible su incorporación a nuestro sistema jurídico, por cuanto no constituyen ley suprema de toda la Unión de conformidad con el artículo 133 constitucional, con lo cual, no están obligados a darle cumplimiento en el ámbito interno ninguna autoridad federal o local, y con ello se puede generar responsabilidad internacional por su inaplicabilidad en el territorio nacional y el incumplimiento de las obligaciones internacionales vigentes. Por las razones antes expresadas, y ante el riesgo de que resulte inaplicable en nuestro sistema jurídico un tratado conforme a la Convención de Viena sobre del Derecho de los Tratados denominado acuerdo interinstitucional o ejecutivo en la legislación, se propone modificar el texto del artículo 76, fracción I, para sujetar a la aprobación del Senado de la República todo instrumento internacional sin importar la denominación que se le dé a dichos instrumentos, sea tratado, protocolo, convención, estatuto o acuerdo. Aunada a la problemática de la incorporación de los tratados a nuestro sistema jurídico, se encuentra la relacionada con su aplicación y recepción. Debiendo regularse de forma clara las cuestiones vinculadas con los ámbitos de validez de las normas contenidas en los tratados. Dentro de estas cuestiones ubicamos: la entrada en vigor de las normas contenidas en los tratados, las normas de interpretación que le son aplicables y la publicación de dichos instrumentos. Para lo cual se sugiere modificar el Título Octavo de la Constitución y denominarlo De los tratados internacionales. Título en el que se definiría el término de tratados, la entrada en vigor de dichos instrumentos, las normas de interpretación que le son aplicables y la forma de publicarlos. Finalmente, vinculado con el tema de la supremacía de la Constitución ubicamos la problemática del control constitucional de los tratados, que actualmente es posterior a su celebración, pudiendo dar origen a este proceso a la no aplicación de un tratado en el ámbito interno y con ello, la correspondiente responsabilidad internacional por la no aplicación del instrumento internacional. Varios países para evitar la celebración de tratados inconstitucionales han adoptado un sistema de control constitucional previo. Dentro de ellos cabe citar a España, Chile, Guatemala, Portugal, Venezuela y Colombia. Si bien es cierto que el control constitucional, previsto en el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es adecuado, resultado necesario completar el sistema mediante la revisión previa de la constitucionalidad de los tratados celebrados por el presidente de la República, con anterioridad, incluso en la aprobación del Senado. Este recurso tiene por finalidad no incorporar en el orden jurídico interno cualquier norma jurídica contenida en un tratado que sea incompatible con la Constitución. Solicito a la Presidencia que incorpore el texto completo de la iniciativa en el Diario de Debates y en aras al tiempo que me ha sido asignado le doy las gracias. Es cuanto, señor presidente.