EL C. DIPUTADO RODOLFO ESCUDERO: Con el permiso de la presidencia. Compañeros legisladores: Es injustificable que hoy en día la excesiva normatividad con la que trabajan los puertos de nuestro país, aquí en México, sea la causa principal de limitar el desarrollo y el crecimiento de los puertos, sea la causa principal que también los costos del manejo de la mercancía sean sumamente altos y sea causa también de que muchos de los importadores y exportadores prefieren mejor dirigirse a puertos internacionales, en este caso aquí en México prefieren irse a los puertos de Houston o a los puertos de Brounsville, debido a la excesiva normatividad con la cual trabajan nuestros puertos. Nosotros, como legisladores, podemos hacer leyes, podemos reformarlas, podemos hacer lo mejor que se puede para el bien del gremio de los puertos; sin embargo, nos olvidamos muchas veces de lo fundamental: la normatividad con la que van a trabajar estos puertos en sí. Les podría dar un ejemplo. Podemos, por decir, fabricar el mejor carro, un Bently, vamos a decir, en su perfección cien por ciento. Pero si le ponemos unas ruedas de patineta, ese carro no va a ir a ningún lugar. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros al no cambiar las normatividades y hacerlas más funcionales para nuestros puertos, para el crecimiento también de nuestro país. Por eso es que el Partido Verde Ecologista de México ocurrimos a solicitar se turne a la Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Consideraciones: Los puertos mexicanos deben ser considerados como uno de los activos más importantes de la nación, debido principalmente a que son una de las vías más importantes para el desarrollo y prosperidad del comercio nacional, en beneficio de millones de mexicanos. Los puertos del país se encuentran administrados en su mayoría por empresas paraestatales que cuentan con una concesión del Gobierno Federal para s planeación, su operación, su comercialización y el desarrollo. Sin embargo la excesiva normatividad por la cual se rigen actualmente, obstaculiza su operación y funcionamiento de acuerdo a los requerimientos que demanda el comercio exterior. Los puertos mexicanos no son simplemente el punto de enlace entre el transporte marítimo y el terrestre, a parte de desarrollar una serie de funciones, en él están ubicadas unas industrias concretas que consideramos que forman parte de la infraestructura del transporte marítimo, ya que sin ellas tal transporte sería imposible y con repercusiones directas al intercambio de mercancías en detrimento del comercio nacional. El desarrollo económico de los puertos al influir estos sobre el desarrollo regional de muchos municipios de la República, hace necesario que estos se perfeccionen y mejoren para un verdadero desarrollo integral del país, que permita costos bajos de transporte interior y facilitar el establecimiento de las industrias. También es preciso señalar que las administraciones de puertos integrales son empresas de la Administración Pública que en la actualidad han realizado un esfuerzo eficaz para cumplir las necesidades que hoy en la actualidad requieren los puertos en esta era de globalización para poder competir con los puertos internacionales. La calidad portuaria y el manejo eficiente de los productos en tránsito por los puertos mexicanos, se sustentan en la libertad operativa y en el aparato gubernamental encargado de coadyuvar en el esfuerzo de miles de trabajadores por competir y ser eficientes, no impidan que una normatividad caduca y de difícil aplicación limite el crecimiento y desarrollo de esta tan importante actividad económica. En las administraciones portuarias se realizan varias actividades para el que no se limita a la carga y descarga como son: transporte al costado del buque, a un almacén, manipulación y apilado de la mercancía en el almacén, desapilado y manipulación, transporte desde el almacén hasta el costado del buque, carga hasta la bodega y estiba. Cada una de estas operaciones puede realizarse de diferentes formas y su costo puede ser muy elevado, hasta el extremo de que en muchos casos, el costo de todas estas manipulaciones es superior al flete marítimo. De ahí la importancia de una buena organización portuaria que permita reducir estos costos. Bajo la normatividad y el marco legal, actualmente existen diversos problemas en los puertos, sobre todo en lo concerniente al manejo de las mercancías y la inspección de éstas, así como los trámites a realizar y sobre todo, el horario de las dependencias encargadas. Casos concretos son: las revisiones de las mercancías por parte de la Procuraduría General de la República, son todo lo contrario a ágiles, con daños a la carga y muy importante señalar, sin ninguna coordinación con los procesos de operación del puerto, el horario restringido de la aduana, ya que muchos puertos trabajan las 24 horas los 365 días del año. Sin embargo las instalaciones de reconocimiento aduanero solamente operan en horarios de 9 a 21 horas de lunes a viernes y de 9 a 14 horas los sábados, excesiva regulación por parte de la Secretaria de Economía en el etiquetado de las mercancías, propiciando la descomposición de la mercancía y alto costo por la revisión, ya que ésta es de manera manual y el robo de las mismas porque son expuestos al pillaje. "Las regulaciones portuarias para transporte terrestre están dirigidas al autotransporte y no así al servicio ferroviario con grandes afectaciones en la productividad de dicho sector y su interacción con el puerto. Corrupción generalizada con deficiencia en la intervención de las autoridades competentes por el desconocimiento jurídico de la materia marítimo portuario. Las autoridades administrativas y judiciales en materia federal se declaran incompetentes para conocer de ilícitos que susciten en el recinto portuario. "Ante este panorama es necesario que los diversos entes involucrados en la administración, en la operación y fiscalización de los puertos, se obliguen a realizar los cambios necesarios a la normatividad en la materia, con el consenso y la decisión indeclinable para realizar lo adecuado en beneficio de los puertos sin menoscabo de la soberanía nacional, la seguridad interna y el desarrollo sustentable de esta actividad económica y sus ramificaciones. "Nosotros como legisladores debemos proponer, a través de este punto de acuerdo, tales modificaciones y a su vez realizaremos, por medio de iniciativas, las adecuaciones legales correspondientes. "Anteriormente a la existencia de las administraciones portuarias integrales, las inversiones nacionales y extranjeras estaban muy limitadas debido a la gran inseguridad financiera y jurídica propiciada por el marco legal obsoleto con el que funcionaban los servicios portuarios del país, en un franco retroceso al desarrollo de la actividad económica de todos los estados y municipios que integran la federación. "Ahora debemos de dar certidumbre a los procesos internos de los puertos mexicanos y evitar que se conviertan en un cuello de botella para el comercio de mercancías, en perjuicio absoluto de empresas mexicanas, de millones de compatriotas y del mercado internacional. "Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscriben la presente proposición nos permitimos someter a consideración de esta honorable asamblea el siguiente " P u n t o d e A c u e r d o: "Primero.- Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la Procuraduría General de la República, para que se homologuen los horarios de atención a los usuarios con las operaciones portuarias. "Segundo.- Se exhorta a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Comunicaciones y Transporte, de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Pesca y Alimentación, de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como también a la Procuraduría General de la República, para que realicen reuniones intergubernamentales con la participación de las administraciones portuarias integrales con el fin de concretar los cambios necesarios a la normatividad vigente en materia de puertos. "Dado en el salón de Legisladores de la República, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los seis días del mes de febrero del año dos mil dos". Hago entrega del punto de acuerdo a la Presidencia. Muy amables por su tiempo. - EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN (PRI): Tratándose de un asunto que incumbe a distintas dependencias, esta mesa directiva turna a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el senador Ricardo Gerardo Higuera, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la producción de roca fosfórica en el estado de Baja California Sur. -SEN. RICARDO GERARDO HIGUERA: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores: Vengo a esta tribuna a presentar una preocupación, una preocupación de una entidad federativa, una gran preocupación del pueblo de Baja California sur, por la difícil situación que están enfrentando un significativo número de trabajadores y de sectores productivos, con motivo del problema por el que está pasando una de las empresas de corte nacional, de importancia nacional, Minera Rofomex, S.A. de C.V., misma que por muchos años ha sido un puntal para la generación de empleos en Baja California Sur y para la economía de esta zona. A continuación voy a leer algunas consideraciones. "Minera Rofomex es una empresa dedicada a la extracción de mineral de roca fosfórica, elemento fundamental de la producción de fertilizantes, ingrediente básico de la actividad agropecuaria nacional y es la única empresa dedicada a este ramo en el país, lo que la constituye en una empresa estratégica de la cadena productiva nacional, ya que la suspensión de sus actividades obliga a nuestro país deba importar ese recurso y a la posibilidad del desabasto del mercado nacional, con el riesgo implícito que significa para la actividad agrícola de México. "Esta empresa está constituida por capital privado, así como por una importante participación del gobierno federal y desde el inicio de sus operaciones en 1975, se ha constituido en la empresa extractiva más relevante de la zona sur de Baja California Sur y la segunda a nivel estatal después de la empresa Exportadora de Sal, de la salinera más grande del mundo, y es base de la actividad económica regional, empleando actualmente a casi 700 trabajadores, los cuales generan más de 3 mil empleos indirectos, agrupados fundamentalmente en acarreo de materiales, mantenimiento, transporte de personal, entre otros". Como consecuencia de los daños sufridos por el huracán Julliette en el mes de septiembre pasado, en las instalaciones de esa empresa se interrumpieron sus operaciones, llegándose a un convenio con los trabajadores para suspender temporalmente las labores durante los meses de diciembre del 2001 y enero del 2002. Asimismo se acordó que al término de este plazo y en el caso que no se hiciera posible reanudar las labores en la empresa, se revisaría la situación de esa industria con los trabajadores. Actualmente, a partir del 1º de febrero se venció el plazo de dicho convenio y existe una gran incertidumbre, sobre todo en los trabajadores de ésta, porque hasta hoy no existen visos de solución del problema, pues no se han iniciado las labores de reparación y rehabilitación de la infraestructura perdida, que originalmente se señaló como la causa de suspensión de las actividades. Por su parte la empresa había realizado en meses anteriores a la suspensión de labores, una fuerte inversión estimada en 80 millones de dólares, orientada a elevar su producción de un millón a dos millones de toneladas anuales de roca fosfórica, evidenciándose con esto la total factibilidad de esta empresa y creo que eso es sumamente importante. Sin embargo después de los daños ocasionados por el Huracán Juliette que motivó la suspensión de las actividades, la empresa no ha realizado ninguna acción encaminada a la reanudación de estas y por el contrario, la terminación del convenio de suspensión de labores con los trabajadores ha provocado una gran inquietud de la planta laboral por el destino de la empresa. Nos preocupa además de la situación de los trabajadores, el impacto que la suspensión indefinida de la empresa traería a la población de Baja California Sur agregándose a otros factores adversos tales como la disminución de los ingresos del turismo por la situación económica nacional y mundial, entre otras. Creemos que el Gobierno Federal, como responsable de la política minera del país y en su calidad de socio de la empresa Roca Fosfórica Mexicana, debe disponer de acciones inmediatas a fin de que se resuelva este problema social y económico que vive el Estado. La primera acción que debe atender la gestión del Ejecutivo Federal, es la reapertura inmediata de las actividades de la empresa, con lo que se resolverá, además de un problema económico que tiene que ver con la industria minera y la producción agropecuaria, un conflicto social que ya se ha manifestado en la Entidad. Por todo lo anterior y con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 78 Fracción III de la Constitución General de la República. 116, 122 y 123 de la Ley Orgánica del Congreso de la Unión y los Artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, solicito a esta Comisión Permanente su aprobación como de obvia y urgente resolución. El Punto de Acuerdo es el siguiente: UNICO.- Esta Comisión Permanente acuerda solicitar al ciudadano Presidente de la República su intervención para que las Secretarías de Energía, Economía y del Trabajo y Previsión Social realicen las gestiones y tomen las decisiones pertinentes que permitan la reapertura inmediata de la empresa minera ROCOMEX, S. A. De C. V., en Baja California Sur, orientadas a mantener esa importante fuente de empleo de ingreso para miles de familias sud californianas y asegurar el abasto al mercado nacional de un importante insumo para la industria y la actividad agropecuaria de nuestro país. Yo les pido su apoyo, compañeras y compañeros Legisladores, para que este Punto se apruebe de obvia y urgente resolución porque un día que pase, un día que pase en las actuales circunstancias de la empresa, son pérdidas económicas muy grandes y todavía se agrave más y se dificulta más la puesta en operación de esta empresa. Yo les quiero decir que este Punto está obviamente firmado por un servidor, Ricardo Gerardo Higuera pero está avalado y firmado por los legisladores de Baja California Sur, de la diputada Rosa Delia Cota Montaño del Partido del Trabajo, del Senador José Carlos J. Osuna del PRI, del Senador Rodimiro Amaya del PRD, de la diputada Magdalena Martínez Monreal del PRD, del senador Francisco Fraile García del Partido Acción Nacional, del senador Juan José Rodríguez Prats del Partido Acción Nacional, del senador Ernesto Gil Elordy del Partido Revolucionario Institucional, del senador Sadot Sánchez Carreño, del Partido Revolucionario Institucional; del senador Cesar Camacho Quiroz, también del Partido Revolucionario Institucional; y del senador Armando Chavarría Barrera, del Partido de la Revolución Democrática. Yo les pido su apoyo. Sabemos que el criterio de los puntos de urgente y obvia resolución ha sido discutido y ha sido ponderado, sin embargo yo creo que en estos casos así como esto es cuando se requiere de que se apruebe de obvia y urgente resolución. Yo les pido su apoyo y hago entrega a la mesa del punto de acuerdo debidamente signado por los compañeros senadores y diputados. Muchas gracias. -