El diputado José Jacques y Medina: Hace unos días Carmen Aristegui en su programa de radio denunciaba que en la frontera sur, 50 por ciento de las mujeres que por ahí cruzan son violadas, asaltadas, humilladas y muchas veces, falsamente justificadas por leyes vigentes como ésta que hoy intentamos modificar con algunos artículos que van a derogarse por la criminalidad que le dan a la migración. Con su venia, señora Presidenta. La Ley General de Población que actualmente nos rige fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, sus más de 30 años de vigencia dejan ver que los fenómenos que se presentan en la actualidad en materia de población y migración no corresponden ya a las disposiciones del ordenamiento vigente. México es un país de origen, tránsito y en menor medida, destino de migrantes. Por tanto, el fenómeno de la migración afecta tanto a los mexicanos que se desplazan hacia el norte como de los extranjeros que atraviesan nuestro país con el mismo objetivo, buscando mejorar sus condiciones de vida. El tráfico de personas se ha convertido en el segundo negocio legal más lucrativo de México. Existen señalamientos de organizaciones civiles y derechos humanos de que las corporaciones mexicanas reciben generosas compensaciones por dejar fluir el tráfico humano por carreteras, aeropuertos, vías marítimas y férreas. La legislación vigente que impone severas penas a los inmigrantes indocumentados es utilizado por las autoridades para extorsionar a dichos ciudadanos. En el mismo sentido resulta absurdo que por un lado, las autoridades nacionales critiquen a Estados Unidos por su política antimigratoria y que, por otro lado, se trate como delincuentes a quienes llegan a otros países a México. No podemos estar ejerciendo una doble moral al actuar como policías persecutores de inmigrantes en México y al mismo tiempo demandando a nuestro vecino del norte un trato respetuoso para nuestros connacionales. Los inmigrantes indocumentados sufren un sinnúmero de abusos por autoridades federales, estatales y municipales. Por tanto, es de elemental congruencia que las leyes y programas nacionales en materia migratoria, sean armonizados con los instrumentos internacionales de los que México forma parte, tales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Políticos, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, entre otros. En este sentido, en años recientes la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, llevó a cabo una serie de recomendaciones sobre la situación de los derechos humanos en nuestro país, destacando por su importancia en el que nos ocupa, la que tiene que ver con destipificar las actividades inherentes a la migración, eliminando los tipos penales que criminalizan al migrante. Por lo anterior, en la presente iniciativa proponemos eliminar los tipos penales que criminalizan al migrante. Lo anterior, atendiendo a que las penas que operan actualmente no sancionan una conducta ilícita, sino que criminalizan la pobreza, el desempleo, las necesidades económicas, políticas y sociales que hacen a los trabajadores de los países vecinos trasladarse a los Estados Unidos, con el necesario tránsito por nuestro país. Adicionalmente, la detención de un extranjero, por los tipos penales incluidos en la Ley de Población Vigente, retrasa su repatriación, aumenta el gasto de las autoridades mexicanas procuradoras e impartidoras de justicia y genera gastos en los centros penitenciarios durante el tiempo de estadía. Por lo tanto, proponemos derogar los artículos incluidos en la Ley General de Población vigente en México que criminalizan diversas conductas de los inmigrantes extranjeros en nuestro país, a saber: el artículo 118 impone una pena de hasta 10 años de prisión y multa hasta de cinco mil pesos al extranjero que, habiendo sido expulsado, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido acuerdo de readmisión. Igual sanción se aplica al extranjero que no exprese o que oculte su condición de expulsado para que se le autorice y obtenga nuevo permiso de internación. Otros artículos, como el 122, imponen pena hasta de cinco años de prisión y multa de hasta cinco mil pesos al extranjero que dolosamente haga uso o se ostente como poseedor de una calidad migratoria distinta que la que la Secretaría de Gobernación le haya otorgado. El artículo 123 impone pena hasta de dos años de prisión y multa de 300 a cinco mil pesos al extranjero que se interne ilegalmente al país. El 124 menciona que el extranjero que para entrar al país, o que se haya internado, proporcione a las autoridades datos falsos en relación con su situación migratoria, se le impondrán las sanciones previstas en el Código Penal. Por lo tanto, estamos proponiendo derogar todos los artículos arriba mencionados con el fin de ser congruentes con nuestra posición respecto de nuestros connacionales en Estados Unidos y con los acuerdos suscritos por México al nivel internacional. Por lo tanto, éste es un decreto por el cual se reforman y derogan los diversos artículos de la Ley General de Población. Artículo primero. Se derogan los artículos 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 127 y se reforma el artículo 125, todos de la Ley General de Población. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Es cuanto, señora Presidenta.