El diputado Miguel Humberto Rodarte de Lara: El dictamen que hoy nos ocupa sí tiene una injerencia directa en la autonomía del Poder Judicial de la Federación. Este ataque viene planeado desde Palacio Nacional, donde el presidente de la República ha orquestado una nueva envestida contra instituciones que no puede controlar. Así fue antes con el INAI y con el INE, usa la misma estrategia, iniciar la narrativa desde la mañanera, utilizar los voceros y medios que dependen del régimen, inundar las redes sociales con comentarios negativos y tendenciosos, para después presentar el golpe final aquí en el Congreso. Todo esto utilizando los recursos y el enorme poder que le da la Presidencia. Una vez aquí la bancada oficialista prepara y ejecuta las instrucciones del Ejecutivo, pero lo hace violando las normas que regulan el proceso legislativo. La iniciativa de mérito se turnó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que a todas luces es incompetente en el tema, ya que solo debe tratar lo relacionado directamente con el Presupuesto de Egresos y con la Cuenta Pública, en todo caso, correspondía a la Comisión de Justicia y, adicionalmente, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para, en su caso, opinar sobre la viabilidad de los posibles ingresos extraordinarios por la obtención de extinguir los fideicomisos públicos que hace referencia este dictamen. Lo hace también sin sustento legal. Impulsa la instrucción presidencial con calzador, aun cuando conlleve la implicación incorrecta de las disposiciones legales. Compañeras y compañeros, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria otorga a los fideicomisos públicos que constituyan los Poderes Legislativo y Judicial una naturaleza jurídica excepcional, precisamente para salvaguardar la autonomía que la Constitución les otorga y que esta ley claramente protege, respeta y se limita a establecer normas que enmarcan su operación y que son principalmente de carácter informativo y de publicidad. Por lo anteriormente expuesto, este nuevo ataque del presidente y ejecutado por la bancada mayoritaria se volverá a estrellar con pared, más pronto que temprano esta reforma será controvertida y declarada inconstitucional. No habrá sorpresas, habrá coraje y más descalificaciones desde Palacio Nacional. La incorrecta desaparición de los 13 fideicomisos sí afecta los derechos laborales de las y los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, como se ha dicho, principalmente del personal operativo que representa más del 60 % de la plantilla. Sí vulnera obligaciones patronales, cuyo cumplimiento constituye en derechos de las y los trabajadores, tanto laborales como de seguridad social, pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro. Sí representa derechos adquiridos reconocidos por la Constitución y por la Ley Federal al Servicio de los Trabajadores al Servicio del Estado y en disposiciones generales emitidas y publicadas en le Diario Oficial de la Federación. Sí afecta directamente a la implementación de las reforma constitucionales y legales, aprobadas por esta Cámara; y, por lo tanto, a los compromisos del Estado mexicano. Sí son transparentes y auditables los fideicomisos, basta tan solo con revisar los informes trimestrales y las Cuentas Públicas de los diferentes ejercicios. No existen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Las recomendaciones emitidas en 2018 y 2019 fueron solo en el sentido de modificar los cálculos actuariales de los fideicomisos, lo cual se hizo. No se ha transferido recursos a ninguno de estos fideicomisos en los últimos seis años, a excepción del 2021, cuando mediante una adecuación presupuestaria derivada de ahorros y economías se instruyó a que se depositaran al fideicomiso que está orientado a la implementación de las reformas aprobadas por este Congreso. No constituyen prestaciones adicionales, sino derechos adquiridos de las personas trabajadoras en el Poder Judicial de la Federación, que ya cumplen con los requisitos establecidos en las reglas de operación de cada fideicomiso, así como de quienes eventualmente cumplirán con ellas. No son para el pago de prestaciones de ministras y ministros. Explicado lo anterior, la reserva que pongo a consideración de este pleno propone la continuidad de dichos fideicomisos, ajustando su marco jurídico para darles disposiciones específicas, fundamentadas en su esencial naturaleza jurídica...