La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Gracias, presidente. Señoras y señores diputados, integrantes de este pleno, me permito poner a su consideración el dictamen a la minuta con proyecto de decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de prisión preventiva oficiosa, turnada para su análisis el 11 de diciembre de 2018 a la Comisión de Puntos Constitucionales. Este dictamen se aprobó con modificaciones en reunión de la Comisión el pasado 15 de enero y el día 16 de ese mismo mes fue publicado para efectos de declaratoria de publicidad. Durante su estudio se observaron las siete iniciativas con proyecto de decreto y propuestas de senadores de diferentes grupos parlamentarios: del PT, del PRI, del PAN y Morena, en las que se expresa un interés plural de acrecentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, incluyendo nuevas conductas delictivas y punitivas en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. Uso de programas sociales con fines electorales. De armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Robo de casa-habitación. Robo a transporte de carga, en cualquiera de sus modalidades. Abuso o violencia sexual contra menores. Feminicidio y desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Así por una parte, la minuta tuvo como finalidad adicionar en la nomenclatura delictiva constitucional las nueve conductas punitivas y delictivas mencionadas, y el dictamen elaborado por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados planteó disminuirlas a tres. Uno, hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Dos, corrupción, tratándose de enriquecimiento ilícito y el ejercicio abusivo de funciones. Y tres, uso de programas sociales con fines electorales. Durante el estudio de este asunto es importante informar que esta Comisión al elaborar el dictamen de la minuta, en cumplimiento con el Reglamento de la Cámara de Diputados, decidió considerar en sus argumentaciones, y como fuente de conocimiento, las ocho iniciativas que fueron presentadas en la actual legislatura al 15 de enero, al coincidir con la materia. En ese sentido se identificó que muchas de esas propuestas legislativas, además de coincidir o no con la prisión preventiva oficiosa, atestiguan la pluralidad de voces e intereses de diversos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, para actuar en consecuencia al reclamo nacional y poner fin a la impunidad, corrupción y falta de eficacia en las esferas institucionales de procuración y aplicación de la justicia. No obstante lo anterior, la comisión refrendó que la prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar que tiene como objeto evitar que las personas imputadas puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social, la cual no se establece de manera arbitraria. También coincidió con los criterios analizados por la colegisladora, en el sentido de que la aplicación de esta debe darse en circunstancias excepcionales y que, en el mismo sentido, debe aplicarse de manera casuística, que no sea una regla general y en la que solo se recurra a ella como último recurso y teniendo en cuenta la investigación del supuesto delito. En ese orden de ideas, como lo establece el artículo 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en el marco de las Naciones Unidas el 23 de marzo de 1981, la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe de ser la regla general. De la misma manera, las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, entre paréntesis, Reglas de Tokio, adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 45/110, el 14 de diciembre de 1990 establecen en su artículo 6o. que en el procedimiento penal solo se recurrirá a la prisión preventiva como último recurso, teniendo debidamente en cuenta la investigación del supuesto delito y la protección de la sociedad y de la víctima. En lo que respecta al ámbito nacional, esta comisión también coincide en dar cuenta del proceso del sistema penal en México, como lo hizo la colegisladora, al describir una breve remembranza de la reforma de 2008, en la que surge el nuevo sistema de justicia penal que dispone un catálogo de delitos que para quien los comenta inicie su proceso en prisión. En este sentido se hace referencia a los supuestos que se instituyeron en el artículo 19 constitucional para indicar prisión preventiva oficiosa que se derivan de otras medidas cautelares que no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad. También se aclara la condicionante de que el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado antes por la comisión de un delito doloso, y se hace referencia al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa como: delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos. Respecto al incremento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, la comisión consideró que el Estado debe contar con mayores instrumentos para proteger los derechos de la seguridad de las personas, sobre todo ante la situación de violencia e impunidad que afecta al país desde hace más de una década y que ha rebasado el espíritu garantista del nuevo sistema de justicia penal. Este dictamen tiene como finalidad disminuir la alta incidencia en la comisión de algunas conductas delictivas altamente lesivas para las instituciones, así como atender de manera eficaz los problemas de impunidad e inseguridad en los que hoy en día está inmerso el pueblo y el Estado mexicano. Se trata de incentivar un cambio de circunstancias para proteger a las personas contra el riesgo de seguir siendo víctimas de algunos de estos delitos, que buscan incorporar el segundo párrafo del artículo 19 constitucional, lo cual se pondera como una excepción transitoria y como una medida para proteger los derechos de la sociedad mexicana. Esta dictaminadora también es consciente de que diferentes organismos de la sociedad mexicana e internacional, así como especialistas en la materia, expresaron que el incremento del catálogo de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa afecta la esfera jurídica de las personas. No obstante ello, la comisión consideró el mínimo posible de afectación a esa perspectiva de los derechos humanos y ponderó que la situación en México es de emergencia, debido a que se encuentra en un entredicho de su propia naturaleza de Estado constitucional de derecho y de sus instituciones, por los altos niveles delictivos y la falta de eficacia institucional para detenerlos. Somos nosotros quienes representamos a los ciudadanos los que tenemos la obligación de salvaguardar su integridad y garantizar el derecho a su seguridad. Por lo anterior, con base en las premisas de la minuta de los asuntos legislativos que la detonaron de la observancia de los asuntos presentados en la Cámara de Diputados, el estudio de la problemática, la finalidad y alcance de su contenido, así como las coincidencias y propuestas vertidas en las audiencias públicas, la comisión resolvió: modificar la minuta en mérito de la Cámara de Senadores para incorporar en el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exclusivamente las siguientes conductas punibles. 1. El uso de programas sociales con fines electorales. 2. La corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones. 3. Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. Lo anterior porque se consideró particularmente que esas conductas delictivas afecten la riqueza nacional del pueblo mexicano, el patrimonio del Estado, la transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio público gubernamental y los modelos de democracia representativa y directa. Con respecto a los cinco artículos transitorios esta dictaminadora resolvió dejarlos en sus términos, de acuerdo a la minuta con proyecto de decreto de la Cámara de Senadores debido principalmente porque otorgan armonía al sistema jurídico y penal mexicano y porque se establece que la prisión preventiva oficiosa deberá evaluarse para determinar la continuidad de su aplicación a partir de los cinco años cumplidos de la vigencia de este decreto. Existen ciertos delitos que por su gravedad y el peligro que representan para la sociedad, merecen las medidas de mayor fuerza con las que se cuenta el Estado y es precisamente en la Constitución donde deben establecerse los supuestos de prisión preventiva para el tratamiento de esos delitos. Vale la pena resaltar que el mismo día en que se publicó la Gaceta Parlamentaria este dictamen para sus efectos de declaratoria de publicidad, el Senado de la República envió un comunicado a la Junta de Coordinación Política que posteriormente remitió a la comisión en el que se expresa posición congruente de los senadores frente a las modificaciones a la minuta que realizó la Comisión de Puntos Constitucionales. En este documento los coordinadores de los grupos parlamentarios, a excepción del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, manifestaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y cito textualmente: Solicitamos respetuosamente sus buenos oficios para que no se dé marcha atrás a los acuerdos ya logrados, ello tras la disminución de los delitos en el dictamen. Otro hecho importante fue que el 29 de enero cuando la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados realizó una mesa de trabajo denominada análisis en el marco de la discusión de la reforma al artículo 19 constitucional con el objeto de analizar el tema, concluyendo lo siguiente. Se demanda con urgencia el reconocimiento del feminicidio dentro del catálogo de delitos que cuentan con prisión preventiva oficiosa, toda vez que debe garantizarse la seguridad de las víctimas, la seguridad de los testigos y/o de la comunidad que se encuentra en riesgo inminente por la comisión del tipo penal, tal como se reconoce en el artículo 19 constitucional. En este escenario de preocupaciones, los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios integrantes de la Junta de Coordinación Política de esta Cámara de Diputados, convencida de la pluralidad que le caracteriza y en el marco del parlamento abierto, acordó la celebración de audiencias públicas del 6 al 8 de febrero a fin de escuchar a los interesados en el tema. En las audiencias públicas sobre prisión preventiva oficiosa se abordaron cuatro ejes temáticos en los que se analizó el fundamento constitucional, la seguridad y justicia, el sistema penal y las libertades e investigación. Todo ello en el contexto de su implementación. Se trató de un evento plural, inclusivo y transparente con vocación de intercambio de opiniones. Participaron al menos 60 ponentes entre magistrados, abogados penalistas, académicos, representantes de organizaciones, defensores de los derechos humanos nacionales e internacionales, organizaciones sociales, activistas víctimas del delito, también decenas de legisladores de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados. Lo anterior representa un gran esfuerzo de discusión y análisis que enaltece la apertura de esta Legislatura a la sociedad, Legislatura que día a día fortalece su convicción democrática. Este esfuerzo merece ser considerado por este pleno que analizará y, en su caso, aprobará el día de hoy el presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.