El diputado Nazario Norberto Sánchez: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. En el PRD estamos convencidos de que es necesario hacer congruentes las normas jurídicas, tanto en el orden constitucional como en el orden de las leyes secundarias; es así que en el caso concreto que planteamos en el Código de Comercio, el cual fue reformado en el 2008, si bien es cierto que dicha reforma fue acertada, también lo es que todos y cada uno de los preceptos legales del ordenamiento citado deben contar con la armonía jurídica para su debida observación, por eso es que resulta necesario que se tenga la concordancia legal entre cada uno de los preceptos para su debida aplicación. De acuerdo con lo previsto en el artículo 104, fracción I, de la Carta Magna, existe una jurisdicción concurrente entre los tribunales de la federación y los tribunales locales, entre los cuales se encuentran aquellos que integran el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ya que tratándose de controversias que se susciten entre el incumplimiento y aplicación de las leyes federales que sólo afecten intereses de particulares a la elección del elector, pueden ser conocidos y resueltos por los jueces y tribunales del orden común, tanto de las entidades federativas como federales. Por eso, advierto concretamente que, en lo que se refiere al artículo 1396 del Código de Comercio se ha omitido el deber legislativo de hacer la adecuación del enlace textual que culmine de manera correcta con la reforma del artículo 1399, ya que éste establece que dentro de los cinco días siguientes al requerimiento de pago, al embargo, y, en su caso, al emplazamiento, el demandado deberá contestar la demanda. Como podemos observar, mientras en el artículo 1396 concede un término de ocho días para hacer el pago llano de la suma reclamada o para poner excepciones, lo que sólo procede en el acto de contestación de la demanda, el artículo 1399, que existe en el capítulo que norma el procedimiento del juicio ejecutivo mercantil, establece el término para contestar la demanda únicamente cinco días, lo que vuelve incongruente la multicitada reforma al artículo 1396. Los artículos 1396 y 1399 del Código de Comercio presentan la incongruencia conceptual que motiva indudablemente las confusiones en la aplicación correcta, expedita y concreta de las reglas del procedimiento, toda vez que, tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, cuyo conocimiento y resolución por virtud de la jurisdicción concurrente corresponde a los juzgados y salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, donde es obviedad que se tendría que dejar en manos del criterio del juzgador el aplicar una u otra norma propiciando así las arbitrariedades por falta de congruencia entre los citados artículos, resultando que en la práctica quede a libre elección del juez la concesión del plazo de cinco o de ocho días para que la parte justiciable o reconvenida exhiba su contestación a la demanda, limitando o ampliando, sin razón, el ejercicio de derecho constitucional a la defensa. Por tanto, con el objeto de que se haga una real concordancia, sin que de manera alguna se vulneren las garantías individuales, me permito poner a su consideración la presente iniciativa, a efecto de que sea reformado el artículo 1399 del Código de Comercio para que en forma expresa señale que el demandado cuenta con el término de ocho días para dar contestación a la demanda, dándole armonía legal a los artículo 1396 y 1399 del Código de Comercio. Muchas gracias, diputado presidente. Es cuanto.