El diputado Elmar Darinel Díaz Solórzano: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El inmediato 13 de noviembre pasado, ocurrió un enfrentamiento en la selva de Chiapas entre lacandones y grupos invasores con motivo de la disputa por la propiedad de un predio. Según reportes oficiales, ocurrieron dos muertos y resultaron dos personas heridas por arma de fuego aunque organismos no gubernamentales señalan que pudieron haber muerto 11 personas y que es mayor el número de heridos, incluyendo también los daños a los derechos territoriales, la integridad, la paz y la vida de las comunidades enteras. Estos hechos reflejan la lamentable situación en que viven los indígenas de nuestro país y en este caso, de los habitantes de Chiapas. El abandono, el olvido y la pobreza, se suman a los engaños por parte de las autoridades que predican la solución de sus problemas pero faltan frecuentemente a su palabra, sin considerar que el valor de la palabra está unida al honor entre nuestros pueblos indígenas. Indudablemente que la falta de certeza jurídica con relación a la propiedad, además de otros temas importantes como el registro civil, devienen en el debilitamiento del estado de derecho, el conflicto, el rencor y el encono entre pueblos que pretenden resolver por propia mano los conflictos que por décadas han dejado inalterables el paso de múltiples autoridades locales, estatales y federales. Señalamos que las comunidades indígenas no atentan contra la riqueza de nuestros recursos naturales. Al contrario, la etnia lacandona guarda un respeto reverente hacia la naturaleza, por ello es quien se ha encargado de vigilar y preservar la flora y la fauna de la reserva de la biosfera y de montes azules, resintiendo un proceso largo de invasiones y amenazas tanto de otros grupos como de las autoridades en un clima de inseguridad y temor permanentes. Los hechos de la madrugada del 13 de noviembre no son aislados, son una expresión de un problema agrario que tiene más de 30 años, derivado del decreto presidencial de 1972 que dotó a 60 familias de lacandones de alrededor de 614 mil hectáreas, muchas de las cuales ya estaban ocupadas por otros grupos. Como consecuencia de la larga inseguridad agraria, la comunidad lacandona ha sufrido múltiples despojos. En el año de 1989, se afectó la reserva de la biosfera y de montes azules con 52 mil hectáreas, lo que no sólo no solucionó el problema, sino que permitió más invasiones desoyendo las propuestas de la comunidad lacandona. Además de las frecuentes invasiones y despojos, han suscitado múltiples agresiones físicas, secuestros y asesinatos, dañando gravemente la armonía y la seguridad de estos pueblos ancestrales, de los que se han ocupado mucho los intelectuales y los artistas, pero muy poco nuestras autoridades y nuestras instituciones. Después de años de tensión, conflicto y de gestiones interminables por los interesados y por sus organizaciones, los gobiernos estatal y federal firmaron el 21 de noviembre de 2005 un acuerdo con 28 poblados de la zona, entre ellos el Viejo Velasco Suárez, en el que se otorgó reconocimiento y regularización agraria; no obstante a los ojos de los indígenas, se develó el engaño y la falta de cumplimiento de la palabra empeñada. Cuatro meses después los gobiernos federal y estatal desconocieron los compromisos suscritos y presionaron a dicho poblado y a otros como Ojo de Agua, Tzoltzil, Flor de Cacao y San Jacinto Lacanjá, para obligarlos a su reubicación forzosa, llegando al extremo de amenazarles con el despojo por medio de la fuerza pública. A todas luces es evidente la responsabilidad de las autoridades estatales y federales que perdieron la confianza de las comunidades indígenas. Como consecuencia de esas anomalías, los indígenas lacandones intentaron desalojar a los habitantes del poblado Viejo Velasco Suárez, municipio de Ocosingo, resultando el lamentable enfrentamiento en el cual fue hecho prisionero de modo injusto y arbitrario el señor Felipe Díaz López. La denuncia que se formula en esta alta tribuna, también tiene el propósito de señalar el estado de indefensión e incumplimiento y ambigüedad jurídica hacia los indígenas de Chiapas, situación común a muchos grupos indígenas en todo el país, lo que amerita un pronunciamiento claro, contundente, para que no se alargue más la solución a estos conflictos en el que están en riesgo la vida, el patrimonio y la estabilidad política de nuestras regiones indígenas. Por lo expuesto, someto a su consideración el siguiente Punto de acuerdo Primero. Se hace un exhorto al gobierno del estado de Chiapas para que continúen las medidas precautorias necesarias para que se evite la posibilidad de nuevos enfrentamientos entre comunidades indígenas en el municipio de Ocosingo, derivadas del conflicto agrario por el decreto presidencial de 1972. Segundo. Asimismo se solicita que las autoridades agrarias, estatales y federales, intervengan para delimitar en definitiva, con los documentos legales pertinentes, la propiedad agraria en esa zona y poner fin a un conflicto que tiene más de tres décadas, así como para detener los continuos despojos de que son objeto las comunidades lacandonas. Tercero. Instamos a las autoridades de ambos niveles para que eviten represalias de cualquier tipo contra las autoridades de la comunidad lacandona y que se suspenda el arraigo ordenado contra el señor Felipe Díaz López. Cuarto. Exhortamos a los tres niveles de gobierno a sumar esfuerzos para dar una mayor atención a las necesidades económicas y sociales de los pueblos indígenas del estado de Chiapas, ya que éstas son las que originan los conflictos por la marginación y la pobreza…