El diputado Norberto Antonio Martínez Soto: Con tu permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, actualmente vivimos una crisis en nuestro sistema político parlamentario, estamos plagados de criterios facciosos, de simulación, de mezquindad, de vetos parciales y de correcciones de plana. No hay un verdadero debate, no hay contrapeso, tampoco hay seriedad ni congruencia. Apenas hace 20 días, la mayoría en este recinto estaban convencidos ciegamente de que los empresarios debían ser sujetos obligados, al igual que los servidores públicos. Pero les pueden más las órdenes del presidente de este país, que incluso lograr que se contradigan. Desde la discusión inicial señalamos las incongruencias del artículo 32 y sus correlativos. Que se hubiera podido resolver desde este Congreso y así, con integridad, se hubiera resuelto el hartazgo que tienen las ciudadanas y los ciudadanos sobre el tema de la corrupción en este país. Pero no, se esperaron a que se negociara y se reivindicara. Esperaron a que se enviaran las observaciones del Ejecutivo federal, que no han solo quedado cortas y lastiman la credibilidad de este Congreso. Más allá no se resuelven los temas de justicia que el país necesita. Estas reservas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas se las propongo a ustedes, legisladoras, legisladores, aunque no escuchen, no se cuestionen, no se debatan, pero también las expongo para que los miles, los cientos de mexicanos vía el Canal del Congreso, la televisión abierta, escuchen que el Grupo Parlamentario del PRD hace dichas observaciones. Por qué no aceptar en este momento que están obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de interés no solo los servidores públicos, también los particulares que ejecutan una obra pública de infraestructura o de servicios públicos solo respecto de los recursos que reciban por estos contratos con la federación las entidades federativas, el Estado y los municipios. La falta de un debate verdadero ha ocasionado violencia en el aterrizaje de las reformas. Ha ocasionado que se mienta en la alza de tarifas de la electricidad y la gasolina, y ahora en la falta de discusión real y a una falta de respeto a las más de 600 mil firmas que claman acabar con el cáncer llamado corrupción. Y no hay que equivocarse, no pretendemos castigar o perseguir a las empresarias, a las empresas o a los empresarios honestos. Es un tema de acabar con la corrupción y no acabar con el motor que mueve a México. Lo que buscamos es para los contratos amañados millonarios plagados de corrupción: el de Monex, el de Higa, el de OHL, de las grandes televisoras; frenar el intercambio de favores entre el gobierno y los grupos oligárquicos de los poderes fácticos. Convencido de que la corrupción es el mal que tiene hundido a nuestro país en la miseria y en la desigualdad en que estamos en este momento de crisis nacional en el ámbito financiero, político y social es que propongo a esta soberanía la reserva al artículo 4o. del presente dictamen, para que cualquier persona física o moral que contrate con el gobierno, que reciba y ejerza dinero del pueblo, ya sean servidores públicos o particulares, el sistema nacional anticorrupción dé seguimiento a sus ingresos, patrimonio y a las grandes ganancias a costa de todos los ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.