El diputado José Ricardo López Pescador: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Estado constitucional de derecho democrático es aquél que reconoce y garantiza los derechos humanos fundamentales sin que esto signifique una concesión graciosa por parte de la clase gobernante, toda vez que la fuente que legitima el poder radica en la voluntad popular y no en deidades o entes metafísicos, por lo menos desde el nacimiento del Estado moderno. Por eso, el fin último del Estado se convierte en algo muy tangible y real, que es garantizar los derechos de la población que se organiza políticamente con el propósito de tener una convivencia pacífica y civilizada, donde todos sus integrantes tengan un espacio propicio para realizar sus actividades cotidianas, interactuar y obtener los beneficios que garanticen su bienestar y desarrollo en los ámbitos económico, social y cultural. El Estado debe asumir una posición imparcial en la aplicación del derecho para lograr condiciones de equidad, interviniendo a favor de un sector sólo de manera extraordinaria, cuando las desventajas evidentes exijan compensar los desequilibrios generados por las condiciones de desigualdad o para hacer respetar la ley cuando ésta se infrinja, a fin de restituir a las víctimas en el goce de sus bienes y así restablecer la paz interrumpida. Por eso, aún en estas intervenciones del Estado se entienden como necesarias para lograr la vigencia plena de los derechos humanos fundamentales, de ahí que sostenga que éste es su fin último y su razón de ser. Uno de los derechos humanos de la primera generación reconocidos desde la Declaración de los Derechos del Hombre de 1786, en Francia, fue el de la libertad religiosa, misma que pasó a los distintos instrumentos internacionales. A pesar de la obligación de respetar en el derecho interno la libertad religiosa por motivos de naturaleza política, histórica o social, ajenos al derecho, se ha regateado la vigencia plena del derecho fundamental de referencia. Por ello resulta necesario asumir el compromiso para reconocerlo en el texto constitucional, y así brindar los mecanismos de protección y garantía para su vigencia jurídica plena. Hace unas semanas esta soberanía aprobó, como una característica adicional a la forma de organización política que ha decidido construir el pueblo mexicano, el de laicidad. El Estado constitucional democrático, sin lugar a dudas, debe de ser laico. Esto es, un Estado no confesional, que respeta las decisiones que sus habitantes toman en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, tanto en lo relativo a tener o no tener una religión, como en lo relativo a manifestarla públicamente en forma individual o colectiva. El Estado laico no ignora ni desprecia la religiosidad del pueblo, manifestada en la libertad de creencias. Antes bien, la asume como un hecho social o cultural, que toma en cuenta el momento de legislar o gobernar para que la norma tenga eficacia. Por eso admite que todos los ciudadanos, creyentes o no creyentes, puedan opinar, emitir y difundir sus juicios acerca de los actos de gobierno, de las políticas públicas o las leyes y que lo puedan hacer, como es natural, partiendo de sus propias convicciones, para enriquecer el debate y así la clase gobernante adopte mejores decisiones por el bien de México. El Estado constitucional democrático es laico y por ello no debe despreciar o ignorar las convicciones personales o religiosas. Por eso, con la finalidad de ser consecuentes con la reforma aprobada recientemente por esta soberanía al artículo 40 y respetar el contenido de los pactos internacionales de los que México es parte, se propone reformar el artículo 24 constitucional, con el objeto de reconocer expresamente la libertad religiosa en los mismos términos en que la reconocen y protegen los tratados de derechos humanos vigentes en México, especialmente el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta de reforma no implica ningún privilegio o discriminación a favor o en contra de alguna agrupación o asociación religiosa, es simplemente el reconocimiento de un derecho fundamental de todos los habitantes. No implica tampoco ninguna modificación al artículo 3o constitucional ni tampoco ninguna contradicción, pues sigue plenamente en vigor la prescripción de que la educación que imparta el Estado es laica. En conclusión, compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa representa la ampliación de los derechos fundamentales de los ciudadanos en la medida en que se eleven a rango constitucional los derechos reconocidos en materia de libertad religiosa en diversas disposiciones vigentes de nuestro orden jurídico. Por su atención, muchas gracias.