El diputado Juan Enrique Barrios Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. La seguridad pública es una función primordial que, conforme a lo que establece la Carta Magna, recae tanto en la federación como en los estados, municipios y en el Distrito Federal. Dicha función tiene como objetivo salvaguardar la integridad de las personas y preservar el orden público. En este sentido, es labor del Estado proporcionar los elementos necesarios para procurar y mantener un eficaz sistema de seguridad pública. La seguridad pública la ejerce el Estado a través de las autoridades de Policía Preventiva, Ministerio Público, de los tribunales, de las responsables de la previsión preventiva, ejecución de penas y tratamiento de menores infractores, de los encargados de la protección de las instalaciones y servicios estratégicos del país, así como por las demás autoridades, que en razón de sus atribuciones deben contribuir directa o indirectamente a realizar funciones encaminadas a esta actividad. En virtud de esta función el Estado protege a los individuos de los ataques directos a sus derechos y persona, a través de la tipificación de ciertas conductas en delitos. Imponiendo, en consecuencia, una pena misma que tiene como fin restablecer el orden social. Asimismo, y particularmente en tiempos recientes, el Estado ha destinado grandes esfuerzos a combatir al crimen organizado, que ha cobrado fuerza alterando en gran medida la tranquilidad de la ciudadanía. Es por ello que aquél debe —a su vez— aportar elementos suficientes para quienes dedican su trabajo a proteger la integridad de las personas y del orden y paz públicos, vean protegida y salvaguardada su propia integridad, en especial cuando esa lucha que tiene lugar en contra de la delincuencia organizada les ha costado la vida a muchos elementos de los cuerpos de seguridad pública. En ese orden de ideas, los ciudadanos debemos reconocer el trabajo que día a día llevan a cabo los policías y agentes que buscan salvaguardar la seguridad y el orden sociales. Debemos valorar como una labor loable aquella que realizan los elementos de los cuerpos de seguridad, quienes desempeñan su labor en condiciones precarias en cuanto a herramientas y recursos, en comparación con el tipo de criminales a los que se enfrentan. Todo lo anterior aún en riesgo de perder su propia vida. Por lo anterior, en el ánimo de reconocer y proteger dichas funciones en la mayor medida posible y empleando los elementos que nuestro orden jurídico nos proporciona para tal efecto, considero necesario y de gran importancia castigar con penas más severas a aquellas personas que comentan actos, no únicamente encaminados a alterar la paz y el orden públicos, sino a vulnerar la integridad física y, más aún, la vida de los integrantes de los cuerpos de seguridad. En ese sentido, si bien el Código Penal Federal prevé un tipo penal subordinado, en el que se castiguen en forma más severa a quienes comente delitos contra funcionarios públicos, sin embargo es notorio que constituye un hecho de mayor gravedad y amerita ser tratado con severidad, un delito cometido contra un servidor que realiza funciones de seguridad pública. Por lo anterior, en la presente iniciativa propongo modificar el artículo 315 Bis, contenido en el Capítulo de "Reglas comunes para lesiones y homicidio", a fin de considerar como calificativa que el sujeto pasivo sea un integrante de los cuerpos de seguridad pública. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de decreto. Único. Se adiciona un párrafo al artículo 315 Bis del Código Penal Federal para quedar como sigue: Se impondrá la pena del artículo 320 de este código, cuando el homicidio sea cometido en contra de servidores públicos que se encarguen de la administración o procuración de justicia y de agentes policiales, en el acto de ejercer lícitamente sus funciones o con motivo de ellas. Tratándose de lesiones se aplicará la pena prevista en el artículo 298 de este código. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2007. El de la voz, Juan Enrique Barrios Rodríguez. Es cuanto, señora Presidenta.