La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Compañeras y compañeros diputados, la reforma que se nos propone es claramente centralizadora de las decisiones y concentradora del poder en solo pocos funcionarios públicos. Tal es el caso de la modificación que se propone a la fracción XXII del artículo 31, al buscar que sea la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que designe o renueve a los nuevos titulares de las unidades de administración y finanzas, que son sustituidos en todo a los oficiales mayores en las entidades y dependencias. En total, la Secretaría de Hacienda tendrá que evaluar y nombrar en lo inmediato a mil 79 funcionarios que ocupan las plazas de oficial mayor conforme el analítico de plazas para el 2018. Por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación existen 58 plazas con este nivel y en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público 49, en la Secretaría de Comunicaciones 108, para nombrar las más importantes. A todas luces las decisiones se concentran en una dependencia, la selección del personal administrativo más importante en toda la administración pública será a través de cuotas y cuates. La modificación pone en riesgo los avances en la construcción del sistema profesional de carrera y a todos los esfuerzos de profesionalización de las áreas administrativas de alta especialización en cada una de las dependencias y entidades de la administración pública federal. Son los oficiales mayores los responsables de manejar los recursos humanos y financieros de acuerdo con las especialidades de cada una de las áreas, es por ello que proponemos que se elimine esta modificación a la fracción XXII del artículo 31. Presento otra reserva en la que se reforma la fracción XXIV del artículo 37 de la misma ley mencionada. Esta ley hace un pésimo diseño institucional, porque está fundada en la ignorancia y en la desconfianza, daña a México y a los mexicanos y atenta contra las leyes fundamentales del país. La instancia encargada de fiscalizar la Cuenta Pública es la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con el artículo 74 de la Constitución Política de México es facultad de esta Cámara de Diputados evaluar el gasto público de la administración pública federal. Es precisamente por ello que la Secretaría de la Función Pública cuenta solo con algunas facultades limitadas de fiscalización, a fin de que no invada las atribuciones del Poder Legislativo. La reserva de la fracción XXIV pretende eliminar la frase en casos excepcionales, porque genera discrecionalidad en el ejercicio de la función pública. ¿Por qué solamente en casos discrecionales? Esto es, porque no se especifica cuáles son los casos excepcionales en que la Secretaría de la Función Pública podrá ejercer tales facultades, en cualquier momento y no solo en casos de excepción. La redacción de la fracción atenta contra la transparencia y abre la puerta para que la dependencia federal concentre actividades que, de acuerdo con la Constitución, corresponde a los órganos internos de control. Todo ello modifica y debilita la conformación del Sistema Nacional de Fiscalización, lo cual desvirtúa una de las estructuras más importantes y que permite atender la transparencia y rendición de cuentas y acabar con la corrupción. Es cuanto, señora presidenta.