La diputada María Leticia Chávez Pérez: Muchas gracias. Buenas noches, compañeras diputadas, compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano sabemos de la problemática que existe en el país en materia de trata de personas y donde los datos son relevantes, ya que de 2015 a 2022 se abrieron 5 mil 561 carpetas de investigación del fuero común por este delito, donde la capital del país tiene la mayor incidencia con mil 484, de ahí le sigue el estado de México, sin omitir la cifra negra que dista mucho de la realidad. En las agendas de todos los grupos parlamentarios coincidimos con atender y revertir las consecuencias negativas en las personas que sufren de ella y los terceros que también se vuelven víctimas y, en especial, mujeres y niñas, ya que la incidencia es más alta en estos grupos. Una política adecuada de carácter nacional debe atender los orígenes que la generan, ya que en varios de los casos destacan las necesidades económicas, la condición migratoria irregular y la violencia familiar, entre otros. El dictamen que hoy se nos presenta pudo ser un producto consensado, robusto y estudiado a fondo, pero en Movimiento Ciudadano tenemos ciertas preocupaciones, ya que lo propuesto no va a generar una incidencia en la materia. Una de estas es lo relativo a tipificar conductas, ya que se debe proponer una redacción clara y precisa que deje en claro cuáles son las conductas sancionables y se evite la inconstitucionalidad en las mismas, sin omitir el principio de proporcionalidad en las sanciones, sin omitir que se agreguen como grupos vulnerables a las personas pertenecientes a pueblos y a comunidades indígenas y afromexicanas, las cuales no son las únicas que se encuentran en esta situación, cuando por el contrario la redacción vigente contempla a todas las personas lo que es pertinente. El dictamen establece que, bajo ninguna circunstancia, se albergue a víctimas nacionales o extranjeras en refugios para mujeres víctimas de violencia familiar y esto, esto es un grave error, ya que independientemente de qué tipo de violencia sufran las mujeres, estas son víctimas y sufren la violación de un derecho y, al no permitir su protección a través de un refugio, se revictimiza. Negar el acceso a un mecanismo para su atención es una vulneración a sus derechos humanos y, lo más importante, se omite su consentimiento, si ella quiere o no acceder a él. Es entonces que la trata de personas es un tipo de violencia y, por lo tanto, en los refugios para mujeres víctimas deben proteger a todas las mujeres. Es entonces que la propuesta sería contraria a lo estipulado a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Les solicito que seamos reflexivos en el tema y lo atendamos con prioridad que se requiere, a fin de atender la problemática de trata de personas en el país, pero lamentamos que en el Presupuesto 2024 que se votará en próximos días, en este mismo pleno, se reduzcan los recursos para la CNDH para proteger y defender el respeto de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de trata de personas, lo cual no lo podemos entender. Reiteramos que en la bancada naranja queremos otorgar los mejores mecanismos legislativos para todas y todos. Queremos revertir la trata de personas, pero hagámoslo de la mejor manera, esto debe ir acompañado de una política clara, de los recursos necesarios y con una visión única en el país. Si queremos resultados distintos no hagamos siempre lo mismo. Es por eso que en la bancada naranja siempre ponemos a las personas al centro y sus causas al frente. Es cuanto, presidenta.