La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Con su permiso, señora Presidenta. El pasado mes de diciembre presenté un punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados solicitara al Instituto Federal Electoral redujera el financiamiento público a los partidos políticos. Ese punto de acuerdo no pretendía suplir la necesidad de reforma al marco legal que regula dicha prerrogativa. Hoy presento una propuesta de reforma constitucional que precisamente busca atender esa problemática; próximamente habré de hacer lo propio al Código Electoral para concretar y ampliar los alcances que hoy propongo. El excesivo financiamiento público que se otorga a los partidos políticos deriva de los elementos descritos en el artículo 41 constitucional, pero sobre todo deriva de la lógica con que fue concebido dicho artículo, orientada a ver el problema del financiamiento público de los partidos desde la exclusiva óptica del gasto siempre creciente y en volúmenes excepcionales. No es causal que la fórmula para determinar dicho financiamiento tenga como factor base un elemento denominado precisamente costo mínimo de campaña, el cual hace caso omiso de la precariedad de los recursos públicos para cubrir ese costo. Incluso resulta paradójico que el costo de campaña sirva para determinar un financiamiento federal en años en que no hay campañas políticas. Sumado a lo anterior encontramos que la atribución otorgada al Consejo General para modificar los costos mínimos de campaña resulta en los hechos letra muerta. Toda vez que las únicas ocasiones en que ha ejercido esa atribución derivó de la decisión de esta Cámara, al reducir el presupuesto al propio Instituto. La tendencia hacia el aumento del financiamiento público a los partidos políticos es una constante. Un ejemplo, mientras que el incremento ponderado de la inflación de 1998 a la fecha ha sido del siete por ciento, el aumento ponderado al financiamiento a los partidos ha sido del doble. Una somera revisión desde la perspectiva del derecho comparado nos demuestra la incongruencia de nuestra legislación electoral al respecto. En primer término, en ningún país de América Latina se determina el financiamiento a los partidos desde la lógica propia del gasto partidario, como se hace en México. Y si hablamos de montos la comparación resulta terrible para el sistema electoral y para el costo que en nuestro país asignamos a la actividad política. Dejando de lado a los países latinoamericanos que no otorgan financiamiento público permanente, tenemos que en los países que resultan comparables, el financiamiento público a los partidos es entre un 50 y un 90 por ciento inferior al que erogamos en México. Efectivamente —y sólo para ejemplificación—, mientras que en Ecuador y Bolivia se gastan la mitad que lo erogado en nuestro país; en Perú y Argentina gastan entre una tercera a una décima parte de lo que gastamos en México. Caso paradigmático lo constituye Brasil, país que no obstante tener una población y un producto interno bruto significativamente superior al nuestro, eroga a lo sumo una tercera parte de lo que se gasta en México para el financiamiento a partidos políticos. Incluso desde la perspectiva teórica y desde 1996 se determinó la actual fórmula del financiamiento. Los especialistas habían advertido sobre las consecuencias, el riesgo que se corre del financiamiento en grandes cantidades de aportes públicos resulta en la estatificación de los partidos políticos. La consecuencia no puede ser otra que el financiamiento partidista se disocie del gasto de los propios partidos; de ahí que la propuesta que ahora presentamos asocie el financiamiento público de los partidos a un monto equivalente al 0.05 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación del año próximo pasado. El principio que sustenta lo anterior es por demás evidente. El financiamiento a los partidos políticos debe correr con la misma suerte que las finanzas públicas y el desarrollo global de la economía, de la manera que ocurre con todos los mexicanos. Dicho porcentaje coloca a nuestro país en un nivel similar a lo que se otorga en otros países de América Latina e incluso todavía por encima de ellos. Para conocer los efectos de dicha medida bastará señalar lo siguiente; de haber aplicado la formula que hoy se propone, el sexenio anterior, hubiera significado un ahorro aproximado a las finanzas públicas de 11 mil millones de pesos; sin embargo tal criterio no debe plantearse de manera aislada. Por eso, en dicha reforma que estoy presentado hoy, se consideran otros aspectos que por jerarquía normativa los presento de la siguiente forma: Primero. Se establece un régimen transitorio para que la reducción del financiamiento se realice de manera paulatina a partir del próximo año, a efecto de que año con año y de manera gradual dicho financiamiento se vaya reduciendo hasta alcanzar el citado porcentaje en el presupuesto de egresos. Dos. Distinguen el rubro de financiamiento de campaña, elecciones generales de elecciones intermedias. Tres. Es una reforma con perspectiva de género en tanto que dentro del rubro conocido como "financiamiento por actividades específicas" establece un financiamiento adicional del 10 por ciento otorgado por actividades ordinarias permanentes, por concepto de representación política femenina en cualquiera de las Cámaras del Congreso. Cuatro. Establece desde la norma constitucional la obligación para que cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno, así como para cualquier persona física, moral u organización o ciudadano deba atender a los requerimientos de información que solicite el Instituto Federal Electoral en materia de fiscalización de partidos políticos y Cinco. Prohíbe que cualquier entidad pública de los tres niveles de gobierno realicen promoción institucional durante todo el período que abarque la campaña electoral. En suma, esta reforma constitucional que Alternativa presenta comprende varios de los principales pendientes del sistema electoral mexicano en materia de financiamiento, fiscalización de recursos, equidad en la contienda y perspectiva de género. Es obvio que los planteamientos expuestos no agotan la agenda electoral ni lo pretenden, pero difícilmente la próxima reforma electoral podrá considerarse de fondo si se dejan de lado los asuntos que hoy estoy exponiendo. Muchas gracias.