La diputada Lourdes Alonso Flores: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados y compañas diputadas. Acudo a esta tribuna para fijar la postura en torno al voto que emitirá el Grupo Parlamentario del PRD para la reforma de la Ley de Aguas Nacionales. La construcción de un acuerdo para presentar este dictamen resultó ardua y no fue sino hasta el último momento que el PRD decidió apoyarlo sólo si se respetaban y fortalecían las funciones de control, inspección y sanción que en materia de aguas se le han otorgado a la Profepa y que en la minuta del Senado se pretendían eliminar. Del mismo modo sucedía en el dictamen con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en donde se pretendía eliminar todas sus funciones en la ley, lo que nos parecía inadmisible por completo. Afortunadamente, en este dictamen y a propuesta de nuestro grupo parlamentario, se han clarificado las funciones del IMPTA en lugar de eliminarlas. A propuesta del PRD se evitó que se cancelara la autonomía de los organismos de cuenca, garantizando con ello que sean las entidades federativas las que establezcan los mecanismos de designación de su representación, acorde al pleno respeto que debe observar la soberanía de los estados. También se clarificaron los criterios para ajustar a la baja las multas e infracciones y mantener aquellas que la ley considera sumamente graves, como lo es la contaminación intencional del acuífero y el acaparamiento del agua, tal y como esta soberanía lo había acordado casi al finalizar la pasada Legislatura. La incorporación de estos puntos mínimos, pero de gran relevancia, nos conmina a otorgar nuestro apoyo a este proyecto de reformas, sin embargo, expresamos nuestra reserva crítica porque consideramos que las nuevas adecuaciones a la Ley de Aguas Nacionales implican un retroceso en el ámbito administrativo, comparado con la última reforma que en el 2004 experimentó la ley. El fondo de este asunto tiene que ver con el carácter administrativo y diseño institucional que se necesita para la Conagua y los 13 organismos de cuenca que formalmente operan la política hidráulica del país. Desde luego que este dictamen es entendible y aceptable jurídicamente, puesto que existía una incompatibilidad jurídica entre el texto de la ley vigente, su reglamento y las disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Como igualmente aceptable hubiera sido otorgar a Conagua la categoría de órgano descentralizado. Esto hubiera redundado en una mayor consistencia jurídica y en un beneficio para la operación de los organismos de cuenca, implicando también un mayor beneficio en la gestión democrática y regional de los recursos hídricos, a través de los consejos de cuenca. Por ello nuestra reserva crítica al aprobar este dictamen. Nuestro voto como segunda fuerza parlamentaria —que se escuche muy bien—, no es un cheque en blanco, otorgaremos nuestro voto favorable, con el compromiso de todos los grupos parlamentarios de impulsar una reforma integral de la Ley de Aguas Nacionales, en la que en el primer lugar de la agenda estará el garantizar el derecho social irrestricto de acceso al agua; estará el eliminar las cláusulas de privatización; estará el aclarar el carácter público de los bancos de agua; el aprovechamiento del agua de lluvia y ampliar la participación de la sociedad en la gestión del recurso hídrico. Es bajo estas condiciones y bajo este acuerdo, que aprobaremos este dictamen. Compañeras diputadas y compañeros diputados, son ustedes hombres y mujeres de palabra, confiamos en ella. Muchas gracias por su atención.