El diputado Fernando Morales Martínez: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados. La protección civil es una de las prioridades que cada año cobran mayor relevancia en la agenda nacional. El día 2 de marzo los medios de comunicación reflejaron la preocupación de que estamos en estado de alerta en materia de sismos. Los especialistas afirman que México es un serio candidato para un próximo terremoto después de lo sucedido a nuestros hermanos de Haití y Chile. Por eso urge prepararnos. En los últimos años hemos presenciado el deslizamiento de taludes y laderas; desbordamiento de ríos y presas; deslaves por lluvias, sequías y demás desastres naturales que han provocado la pérdida de vidas humanas y de bienes materiales. Entre ellos está lo sucedido recientemente en el estado de México, en Angangueo, Michoacán, y en el Distrito Federal. Hemos observado eventos catastróficos causados por la negligencia, la corrupción y la torpeza humana, como fue el caso de la discoteca News Divine, Lobombo o la Guardería ABC en el estado de Sonora. Con el cambio climático los fenómenos tienden a incrementarse sustancialmente, afectando sobre todo a aquellas poblaciones que no cuentan con la infraestructura necesaria y los recursos financieros para hacerles frente. Cada evento o desastre en el país trae consigo un retroceso en los esfuerzos por alcanzar el desarrollo o bienestar social. Cada desastre arrasa en pocas horas con los esfuerzos del gobierno federal, estatal y municipal. Podemos asegurar que realmente no existen los desastres, sino la no prevención de los fenómenos naturales. Es precisamente el reto que tenemos: convertir el círculo vicioso en un círculo de gestión preventiva y de responsabilidad, ya que al invertir en materia de planificación y mitigación, nuestra sociedad será menos vulnerable y los daños económicos, sociales y ambientales causados por los desastres serán menores, al igual que los gastos de rehabilitación y reconstrucción. En esta iniciativa deseamos incorporar una tendencia adoptada por muchos países. La gestión integral del riesgo es un nuevo enfoque que ha llegado desde hace tiempo y, por ello, la fuente de nuestro conocimiento y atención no debe de ser la ocurrencia de los desastres, sino que debe centrarse en el detonador original del hecho. Lo que nosotros le llamamos riesgo. Lo que abre enormemente el área de oportunidad e intervención de las instancias de protección civil de cualquier nivel, puesto que el análisis del riesgo se sustenta en diferentes fases: previsión, identificación, mitigación, preparación, atención de la emergencia, recuperación y reconstrucción. Esta iniciativa integra el trabajo que han desarrollado las entidades federativas y el gobierno federal en el desarrollo de ideas y principios que dan cuerpo al sustento de una nueva Ley General de Protección Civil. Tienen más de 3 años trabajando a través de sus coordinaciones regionales y de la Comisión de Protección Civil de la Conferencia Nacional de Gobernadores, encabezada por el gobernador del Puebla y el gobernador de Guanajuato. De igual manera, el trabajo de los titulares de protección civil en las entidades federativas que han venido desarrollando desde el año 2004 en la integración de esta nueva ley. En esta iniciativa se crea el Fondo de Protección Civil como el instrumento mediante el cual de manera coordinada el gobierno federal y las entidades federativas formarán y administrarán este instrumento financiero, cuya finalidad será el promover la inversión en capacitación, equipamiento y sistematización de las unidades de protección civil de las entidades federativas, municipios o delegaciones. Si bien es cierto, es ampliamente conocido que por cada dólar que se invierte en prevención se ahorran 20 en daños, cuando existen los desastres. No obstante las constantes modificaciones y ajustes a las reglas, procesos, estructura y mecanismos del Fonden, este fondo no ha podido evolucionar al ritmo que demandan las catástrofes de los últimos años. Por ejemplo, del año 2005 al 2009 se ejercieron 34 mil millones de pesos en desastres naturales, siendo que solamente se habían autorizado 4 mil 700 millones. Para concluir, esta iniciativa presenta una nueva visión de la protección civil en el país: la gestión integral del riesgo, que creemos se convertirá en el común denominador de las políticas públicas en materia de protección civil para México. Pero sobre todo, esta iniciativa representa un claro ejemplo acerca de que sí puede haber consensos y acuerdos en beneficio del país, independientemente de los colores partidistas. La protección civil no debe ser solamente acciones heroicas y de auxilio en caso de desastre o emergencia. Esta iniciativa de ley propone a la protección civil como una política de Estado, que estructure las acciones para que estemos preparados para las emergencias que puedan venir y fortalecer a nuestro país. Muchas gracias.