El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros, uno de los aspectos más relevantes que han motivado el cambio de paradigma en materia de la justicia penal ha sido la corrupción del Ministerio Público. De acuerdo a datos recabados por la OCDE, las principales causas de la corrupción en el MP radican en la falta de un salario competitivo de los funcionarios, la falta de tecnología e infraestructura en las agencias de procuración de justicia, así como la discrecionalidad de actuación de los agentes. De las cuestiones arriba mencionadas se destaca la discrecionalidad que hasta hoy priva en el ejercicio de los agentes del Ministerio Público, pues a la fecha se encuentran incluso facultades para el desistimiento de la acción penal. Esta indebida libertad en la procuración de justicia ha sido un espacio para que prolifere la corrupción, que ha dificultado de manera grave la impartición de justicia y la protección de las víctimas de los delitos. De acuerdo al barómetro de corrupción publicado el año pasado por la Asociación Transparencia Internacional, 80 por ciento de los mexicanos estimamos que los órganos de procuración y administración de justicia son corruptos o muy corruptos. El 90 por ciento cree que los órganos policiacos son corruptos y 87 por ciento afirma que los funcionarios y servidores públicos concurren en esa misma característica. La percepción ciudadano no ocurre por casualidad, tiene un sustento en la realidad, donde el ejercicio judicial del Ministerio Público ha dejado muchas dudas respecto a su viabilidad y apego a la legalidad. Hoy que se discute la implementación de un Código Nacional Procesal Penal, debemos cerrar esos espacios de corrupción, reduciendo las facultades discrecionales del Ministerio Público. En este código se plantea la existencia del procedimiento abreviado, en el cual bajo la condición de declaración de culpabilidad se puede negociar con la autoridad la solicitud de una pena menor, permitiendo que el Estado reduzca el costo de los procesos. Esta figura no es más que una expresión de otras reconocidas en diversos países, en que se faculta a la fiscalía para que pueda negociar con los infractores, obteniendo beneficios por ambas partes. Al establecer en el artículo 202 que el ministerio público pueda ser el único legitimado para solicitar el procedimiento abreviado, sitúa a los acusados en un ámbito de dependencia absoluta hacia la autoridad procuradora, lo que abre la puerta a resquicios donde la corrupción seguirá floreciendo, ya que se crea el incentivo para que el ministerio público ejerza este derecho solicitando un beneficio económico al acusado. Por ello se propone que sea el propio acusado, y ya no el ministerio público, quien solicite la aplicación del proceso abreviado. Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva: Único. Se reserva el artículo 202 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales para quedar como sigue: Artículo 202. Oportunidad. El acusado podrá solicitar la apertura del procedimiento abreviado después de que se dicte el auto de vinculación a proceso y hasta antes de la emisión del auto de apertura a juicio oral. Es cuanto, señor presidente.