El diputado Omar Ortega Álvarez: Con la venia del presidente. Diputados y diputadas: la iniciativa que hoy ponemos a su consideración tiene que ver con el objeto de modificar el artículo 29 constitucional a fin de que el fiscal general de la República, los secretarios de Estado, junto con el presidente de la República, presenten un proyecto de decreto para la suspensión de garantías al Congreso de la Unión para su análisis. En todos los estados, una premisa fundamental la constituye el mecanismo por el cual se suspende o se restringe el ejercicio de algunos derechos humanos, atendiendo que en la premisa fundamental y que no permite recesión, tiene que ver con el tema de la vida, garantía constitucional y derecho humano que se encuentra establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma constitucional en materia electoral que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de febrero de 2014, señalaba tres ámbitos de acción pública: la política social, la política electoral y la política que tiene que ver con la procuración y la impartición de justicia. De manera evidente, en esta legislación se ve aunado y protegido las dos políticas fundamentales del tema social y electoral, maneja controles constitucionales dedicados que permiten de manera clara su exacta observancia. Por lo que hace a la impartición de justicia, se logró un tema fundamental: darle autonomía a la procuración de justicia. Ahora el Ministerio Público es un órgano autónomo, donde cambian el nombre para que sea Fiscalía Generan de la República. Ello a fin de dotar de esa autonomía y de ese equilibrio de poder. Siendo un acto de autoridad que conlleva a mayor responsabilidad para el Estado mexicano la restricción o suspensión de garantías contaba con tres filtros fundamentales, que estos eran de manera histórica y se venían presentando desde la Constitución de 1857. El primero de ellos es el acuerdo del titular del Ejecutivo con los secretarios de Estado y el procurador de Justicia de la Nación. Se presentaba ante el Congreso de la Unión el proyecto de decreto para que fuera este el que determinara el alcance y la aprobación del mismo. Y había un poder adicional, que era la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien se encargaba de velar por la constitucionalidad y legalidad de dichos decretos. Hoy, de manera impensable, se da la facultad al fiscal general de la República para que sea un órgano autónomo. Y la facultad de restringir o suspender las garantías constitucionales queda en manos del Poder Ejecutivo. El decreto del 10 de febrero de 2014 cambia la naturaleza y señala el código vigente, el texto vigente, que solamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías. Es decir, esta reforma otorga autonomía constitucional al Ministerio Público, añeja demanda de la izquierda mexicana, y al mismo tiempo elimina el único contrapeso efectivo que podría tener el titular del Ejecutivo federal. Dentro de su gabinete, en el momento de tomar las decisiones, es tal el problema de esta reforma constitucional que hoy en día el Congreso, las propuestas que presentara el Ejecutivo pasarían sin más trámite en este Congreso de la Unión. Siguiendo los lineamientos internacionales contenidos en los Principios de Siracusa, emitidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en los cuales se determina de manera clara y concreta cuál va a ser el control que tendrán los Estados para no vulnerar el estado de derecho y la garantía y los derechos de sus gobernados, señala un principio de participación democrática que en los hechos no acontece en el artículo 29 de la Constitución, motivo por el cual, congruentes y comprometidos en la construcción de un Estado social de derecho y plenamente convencidos de que para garantizar la vida de todos los habitantes del territorio nacional, constituye la mayor de las obligaciones del Estado siempre y cuando establezcan los mecanismos democráticos de rendición de cuentas y equilibrio entre los Poderes de la Unión. Es por ello que hacemos esta presentación a la Cámara de Diputados, a fin de que tenga el cauce adecuado y se pueda aprobar en su momento oportuno. Solicito a la Presidencia se transcriba la presente, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates, de la presente iniciativa. Por su atención, muchas gracias.