La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la muy notada ausencia de la asamblea y de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el II Informe de Gobierno deja claro que el culto a la personalidad presidencial y a la tradición del PRI de rendirse y supeditar al titular del Ejecutivo ha revivido con la gestión de Enrique Peña Nieto. Tanto el mensaje presidencial como el propio informe de gobierno adolecieron de la absoluta falta de autocrítica de la gestión gubernamental y, por el contrario, se enmarcaron en una narrativa triunfalista envuelta en un gran despliegue mediático y propagandístico, que lejos, muy lejos está de ser considerado un acto republicano de rendición de cuentas. Para poner al día nuestro régimen político tenemos que construir un nuevo formato para el informe presidencial, el cual permita una auténtica interacción entre Poderes, basados en la civilidad, el respeto y la diversidad ideológica que nutre la democracia. Justamente al Ejecutivo le resulta incómoda esta pluralidad, ya que no le gusta el debate y ahora en su afán por reinstaurar el viejo régimen, Peña Nieto promueve la desaparición de las diputaciones y senadurías de representación proporcional, con la intención de generar mayorías artificiales y autoritarias. Hoy más que nunca urge defender la pluralidad conquistada por las y los mexicanos en el proceso de democratización del país, al tiempo de fortalecer las facultades del Poder Legislativo para que éste cuente con mecanismos más eficaces y pueda llamar a cuentas al gobierno a impedir que la corrupción y los poderes fácticos sean los que capitalicen las reformas. Necesitamos máxima eficacia para impedir que todo el contratismo que viene derivado de la reforma en materia energética y de telecomunicaciones, principalmente, se convierta en una fuente inconmensurable de corrupción y enriquecimiento ilícito, tanto de funcionarios públicos como de particulares allegados al gobierno. El regreso del poder, del PRI al poder, de ninguna manera se ha traducido en consecuencias favorables para la población. Por el contrario, los magros resultados en lo económico, el desmantelamiento del Estado de bienestar social y el fracaso en garantizar seguridad a la sociedad han traído desilusión y desesperanza entre las y los mexicanos. Debemos velar por la austeridad y eficacia en el gasto público y, sobre todo, procurar el carácter social del presupuesto, garantizando los mínimos de bienestar social en educación, salud y cultura, y dejando de lado el gasto asistencialista y clientelar del gobierno. Tenemos que orientar la inversión en las instituciones de seguridad social y salud pública y en aquellas que impulsen el mercado interno y la generación de trabajo digno para hombres, mujeres y jóvenes. Por tales motivos, instamos al PRI y al PAN y a las demás fuerzas políticas de este Congreso, para que aprobemos la creación del órgano anticorrupción, preferentemente autónomo, pero con plenas atribuciones de sanción a los actos de corrupción. En materia de seguridad pública y procuración de justicia, Michoacán y Tamaulipas son el ejemplo claro de que la estrategia implementada por el gobierno federal sigue careciendo de resultados y acciones contundentes, que ayuden al restablecimiento de la paz social y el Estado de derecho. Las cifras emitidas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública en agosto de este año, indican que durante los primeros seis meses, en los que Alfredo Castillo Cervantes se ha desempeñado como comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, los homicidios dolosos en esta entidad han crecido 35.3 por ciento respecto al mismo lapso del año anterior, pasando de 394 casos entre febrero y julio de 2013, a 533 en el mismo periodo de 2014. Las extorsiones pasaron de 139 a 196 casos denunciados en el mismo periodo de referencia. En total, Michoacán acumula 4 mil 819 hechos delictivos en seis meses y contrastan con los 4 mil 165 casos del 2013. Por lo tanto, la creación de esta figura de poder alterna del comisionado, además de que le viola la autonomía del Estado e invade las funciones del gobernador, no ha sido lo suficientemente efectiva y en consecuencia tampoco ayuda a comprender bien a bien las razones por las que el gobierno de la República anunció que nuevamente invertirá en el 2015, 45 mil millones de pesos para el Plan Michoacán, cuando ése no ha tenido los resultados esperados por la ciudadanía ni dichos recursos se han traducido en mejoras sustanciales. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD exige la salida del Alfredo Castillo, de Michoacán, antes de que empiece formalmente el proceso electoral en aquella entidad. Esta demanda se la haremos saber al secretario de Gobernación en su próxima comparecencia, si es que a bien tiene venir a cumplir con su obligación. Otro caso ilustrativo de la inseguridad que priva en el país es lo que ocurre en el estado de Tamaulipas, el cual no solo encabeza la lista de secuestro a nivel nacional con el 22 por ciento del total, sino que hasta julio de este año, los homicidios dolosos habían aumentado un 28 punto 95 por ciento, la extorsión a un 9 punto 09 por ciento, el robo con violencia a 2 punto 52 por ciento, y el robo a vivienda 2 punto 38 por ciento. Todo ello pese a la puesta en marcha de la estrategia de seguridad del gobierno federal. En el ámbito federal, según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cifra de secuestros aumentó en 15 por ciento. Es decir, pasó de los 2 mil 374 con Calderón, en los últimos 20 meses de su gobierno, a los 2 mil 735 durante 20 meses de gestión de Peña Nieto. En tanto que las extorsiones tuvieron un alza de 24 por ciento, pasando de 10 mil 187 a 12 mil 634 en este mismo lapso comparativo. Otro de los aspectos en los que la falta de claridad ha sido una constante en la administración de Peña Nieto, es en lo relativo a los derechos humanos. En el apartado del Informe dedicado al tema, el Ejecutivo se centra en hacer mención de ordenamientos como la Ley General de Víctimas, el Programa Nacional de Derechos Humanos, la nueva Ley de Amparo y otras modificaciones legales, pero no señala las acciones emprendidas por su administración ni tampoco explica qué se está haciendo para combatir el grave problema de la impunidad. Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil han evidenciado la ausencia de transparencia y precisión en el manejo de las cifras oficiales. Por ejemplo, de acuerdo a datos ofrecidos por la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales de la PGR, el 21 de agosto de este año el número de personas no localizadas era de 22 mil 322. Sin embargo, existe confusión respecto a cómo se obtuvo dicha cifra, pues de ninguna manera se relaciona con los datos manejados el 22 de mayo por la Secretaría de Gobernación. Cuando se mencionaba que eran alrededor de 8 mil personas las desaparecidas, mientras que para el 16 de junio explicaron que en realidad la cifra correcta rondaba en las 16 mil personas. Por si fuera poco, tampoco existe información clara sobre el número de personas que de esos datos puede considerarse como víctima de una desaparición forzada. Otro rubro que nos parece muy preocupante son las 476 agresiones contra comunicadores, que la Casa de los Derechos de Periodistas tienen documentadas en lo que va del sexenio. Así, pese a que México es considerado el octavo país más peligroso del mundo para quienes ofrecen esta profesión, Peña no dedicó ni una sola línea en su informe a este tema tan importante. A propósito de derechos humanos en el PRD hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas representadas en este Congreso de la Unión, para que dentro del marco de nuestras posibilidades y responsabilidades implementemos alternativas de ayuda para la solución de la crisis humanitaria de las niñas y los niños migrantes no acompañados. Porque independientemente de que 11 mil 577 de los 46 mil 188 menores detenidos en Estados Unidos durante los últimos ocho meses hayan sido niñas y niños compatriotas, México no debe dar la espalda a su tradicional política de apoyo a los países del mundo, en especial a los de América Latina. Por otra parte, el gobierno federal ha fallado ya en lo tocante a la precisión que se refiere en el accionar de la división de gendarmería nacional. La ausencia de atribuciones detalladas en el Reglamento de la Ley de la Policía Federal nos hacen pensar que la improvisación y la falta de planeación siguen siendo parte de la estrategia de seguridad, pues la creación de esta unidad parece más el cumplimiento de una promesa de campaña que una verdadera acción encaminada a resolver los problemas que aquejan el país; sobre todo porque la Gendarmería no cumple una labor que no fuera ya responsabilidad de otras agrupaciones policiacas. Por el contrario, con su puesta en marcha se evidencia la visión centralista que se tiene al problema de la seguridad y con ello se deja de lado el proceso de reconstitución de las policías locales. Compañeras y compañeros legisladores, como hemos demostrado en esta legislatura, no somos un partido que se oponga en automático a los cambios y a las reformas que puedan beneficiar al país; pero como oposición somos conscientes de que es posible construir un modelo alternativo de desarrollo político, social, económico, cultural y de seguridad basado en la pluralidad, el diálogo, la horizontalidad de la construcción de acuerdos, así como la importancia de los argumentos y el debate como bases de la confrontación democrática de las ideas. La preocupación por tener una sociedad más justa y equitativa es la mayor aspiración del progresismo y la izquierda que representamos. En el PRD asumimos nuestro papel de manera responsable en la expresión plural de fuerzas del país. Por ello, continuaremos exigiendo al gobierno soluciones claras y reales a los problemas de México, al tiempo que seguiremos evidenciando y denunciando las deficiencias y falacias de esta administración, y haremos todo lo que está en nuestras manos para impedir que se consolide la vuelta al pasado, que desde la Presidencia se le quiere imponer a nuestro país. Es cuanto, diputado Presidente.