El diputado Víctor Manuel Torres Herrera: Con su venia, señora Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados. En el sexenio pasado el presidente Fox declaró al agua como un asunto de seguridad nacional éste y otros motivos orillaron a los integrantes de la Comisión de Recursos. Hidráulicos de la LVIII Legislatura de ambas Cámaras a revisar el marco legal de la gestión del agua, debido a que la Ley de Aguas Nacionales vigente ya no respondía a la realidad nacional y la crisis en el sector hidráulico empezaba a generar conflictos y problemas sociales. Bajo este contexto se llevaron a cabo foros regionales de consulta en materia de agua, con la participación de autoridades federales, estatales y municipales, así como usuarios, investigadores y académicos interesados en aportar ideas para preservar y modernizar el uso del vital líquido en México. Así se formuló la primera reforma integral a la Ley de Aguas Nacionales, aprobada por unanimidad en abril de 2003 por ambas Cámaras; misma que fue revisada por el Ejecutivo y remitida nuevamente al Senado con observaciones para que después fuera finalmente aprobada, con las enmiendas y adiciones, y publicada en el Diario Oficial de la Federación en abril de 2004. En virtud de que toda ley es perfectible y dado que las reformas al entrar en vigor denotaron algunas omisiones e incongruencias que generaron problemas no sólo a la propia Comisión Nacional del Agua, sino también a los organismos operadores del agua y sobre todo a los derechos de los usuarios en general, la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado de la República de la LIX Legislatura procedió nuevamente a revisar a fondo el marco legal para subsanar dichos errores, destacando entre ellos los relacionados con las prórrogas para la solicitud de concesiones y asignaciones, así como las elevadas tarifas en el cobro de multas por violaciones a la ley, entre otros temas trascendentes. El 26 de abril de 2006, casi al final del periodo legislativo, el Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen, mismo que siguiendo el proceso legal, fue turnado como minuta a la Cámara de Diputados de la anterior legislatura y que, en razón de tiempo ya no fue posible dictaminar. Hoy, los diputados integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos hemos llegado a importantes consensos. En el primero nos comprometimos a revisar minuciosamente el contenido de la presente minuta, enriquecerla con nuevas consideraciones para darle más operatividad a la ley, dictaminarla y presentarla al pleno para su discusión y aprobación lo más pronto posible. El segundo compromiso asumido por los diputados del Partido Acción Nacional y los demás grupos parlamentarios, una vez aprobado el presente dictamen, ha sido el de iniciar, en el marco de los trabajos de la reforma del Estado, una profunda revisión del marco jurídico en materia de aguas nacionales que garantice, en primer término, avanzar hacia un desarrollo sustentable del recurso hídrico que contribuya a disminuir la sobreexplotación de los acuíferos y la degradación de la calidad del agua; impulsar a través de las instituciones educativas responsables, una oportuna y eficaz cultura del agua, cimiento necesario para alcanzar el desarrollo hídrico sustentable que asegure también el acceso al agua en cantidad y calidad y que éste sea un derecho inalienable de todos los mexicanos. Esto permitirá que el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento llegue hasta los rincones más marginados de nuestra nación. Compromiso también asumido, tal y como lo ha manifestado el presidente Felipe Calderón, y que se encuentra contenido en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional Hídrico, por lo que será necesario que se establezca, como mandato supremo, el principio de subsidiaridad en las reglas de operación de los programas federales para la construcción de obras para el servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento, así como las acciones correspondientes a la modernización de los sistemas de riego agrícola. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de impulsar, con la colaboración del Consejo Consultivo del Agua, instituciones académicas y de investigación y asociaciones de usuarios, un minucioso análisis de los aspectos jurídicos, técnicos, operativos y financieros que nos permitan definir la viabilidad de que el órgano rector de la gestión del agua, es decir la Conagua, pueda convertirse en un organismo público descentralizado, con las facultades y atribuciones que esto conlleva, pero sobre todo con la participación de representantes de todos los niveles de gobierno. Compañeras y compañeros diputados, con la aprobación del presente dictamen le aportaremos a la Comisión Nacional del Agua un importante instrumento jurídico que dará viabilidad a la Ley de Aguas Nacionales vigente, reformas que se requerían urgentemente para una adecuada gestión hídrica nacional. Con este trabajo nos sentimos satisfechos al quedar demostrada la capacidad de los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias, de buscar consensos y construir acuerdos. Esta es la actitud que nos demanda la sociedad y éste es precisamente el papel que hoy hemos asumido. Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario de Acción Nacional votará a favor del presente dictamen. Muchas gracias.