La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con el permiso del señor presidente. Buenos días, compañeras y compañeros, a los medios de comunicación. La población hablante de lenguas maternas en México es de 15.7 millones de personas pertenecientes a 62 pueblos indígenas, dispersos a través de toda la geografía nacional. Aunque distintos en sus tradiciones, prácticas, culturas, la mayoría de estos hombres y mujeres viven en nuestro país, comparten las problemáticas, carencias e intereses que aquejan a sus comunidades. El común denominador de todos ellos es la pobreza y la falta de acceso a la justicia y la democracia. Cuando falta la ley, cuando la justicia está al servicio de unos cuantos, cuando la Constitución es letra muerta, cuando el Estado queda ausente de la protección de sus derechos y garantías de nuestros pueblos originarios, los usos y costumbres que tanto orgullo nos significan a todas y a todos, se transforman muchas veces en abusos y costumbres. En México, la ley y la justicia hablan una sola lengua. Es triste saber que en un país con casi 16 millones de personas que hablan cientos de variantes, la justicia sólo hable el idioma español. O como decimos en mi pueblo, la ley habla en castilla, no habla nuestra lengua madre. Si bien la vulnerabilidad y la exclusión de los grupos indígenas se perciben en diversos campos, en el de la procuración y la administración de justicia es en donde se aprecia con mayor gravedad este problema. En las cárceles mexicanas, por ejemplo, más de 8 mil indígenas se encuentran presos por delitos del orden federal, como la siembra de mariguana o por infracciones del fuero común, relativas a robos o secuestros, según cifras recientes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, muchos de ellos fueron encarcelados sin contar con un debido proceso y sin conocer o comprender el motivo de su reclusión. Más grave aún, la mayoría son auténticos líderes comunitarios que defienden su tierra, sus recursos, sus tradiciones, sus familias, su lengua en contra de los intereses autoritarios de caciques, de autoridades locales o de poderosas empresas trasnacionales. El mayor delito de los indígenas en México es la pobreza, y paradójicamente, el ser propietarios de la mayor parte de la riqueza natural de nuestro país. La falta de asesoría jurídica y apoyo institucional han propiciado que muchos indígenas sean víctimas de injusticia, situación que se agudiza en las grandes ciudades ante la ausencia de defensores de oficio o traductores que asesoren a nuestras hermanas y hermanos indígenas. Por ello, cobra relevancia el dictamen que hoy vengo a presentar a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas que me honro en presidir. Habida cuenta que se trata de una visión a la Ley General de Derechos Lingüísticos aprobada en el año 2003, y cuya modificación más reciente data desde hace 3 años. Esta comisión dictaminadora consideró de gran relevancia el proyecto de decreto contenido en la que inicia, que nos ocupa. Razón por la cual fue discutida y aprobada por unanimidad. Las legisladoras y los legisladores estamos convencidos que el Estado mexicano, sin distinción del orden de gobierno del que se trate debe propiciar políticas públicas tendentes a garantizar a las y a los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado. Por lo anteriormente expuesto pongo a consideración de este pleno el proyecto de decreto que reforma la fracción XI del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos para quedar como sigue: Articulo 13. XI. Apoyar la formación y acreditación profesional de defensores públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacional y español. Juntos, hombres y mujeres, podremos enfrentar los abusos y excesos de quienes de manera autoritaria muchas veces se valen de los resquicios de este régimen de derecho. Si la política no puede estar al servicio de nuestras comunidades, si no son beneficiaros de las decisiones que amparan la protección de los derechos de los extranjeros que vienen a delinquir en México, entonces forjemos un pacto a favor de nuestras hermanas y hermanos indígenas. Hagamos que la ley se ponga al servicio de los menos favorecidos. Es cuanto, señora presidenta.