El diputado José Antonio Almazán González: Muchas gracias. Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados, diputadas, con fundamento en lo que disponen los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, 63 y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta Asamblea una iniciativa de decreto que reforma el artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, bajo las siguiente: Consideración Todos hemos escuchado las denuncias hechas por los trabajadores sobre el carácter usurero e impagable de los créditos del Infonavit; por lo que como legisladores debemos impulsar las reformas que permitan que el Instituto regrese a sus causes constitucionales, dejando de ser fuente inagotable de utilidades para las empresas constructoras. O, lo que es lo mismo, acabar con la ilegal privatización de que en los hechos ha sido víctima el Instituto, haciendo que incumpla su elevada función social, de hacer realidad el derecho humano a la vivienda a favor de los trabajadores. El primer paso para acabar con el actual e intolerable estado de cosas es suprimir el otorgamiento de estos créditos en veces salarios mínimos. Hasta el 24 de febrero de 1992, la Ley del Infonavit no señalaba que los créditos debían otorgarse en veces el salario mínimo, por lo que se otorgaban en pesos o monetario. En veces salarios mínimos, significa que el saldo del crédito aumenta en el porcentaje en que aumentan los salarios mínimos, conforme al incremento del salario mínimo general que rija en el Distrito Federal. Esto también provoca que al aumentar el saldo, conforme a esta mecánica, aumente el monto de los intereses, pues este saldo es su base de cálculo. No se requiere pensar mucho para comprender que lo previsto en este artículo 44, agravado por la permanente pérdida del poder adquisitivo del salario y el desempleo en el país, ha llevado a que los créditos del Infonavit, se vuelvan impagables. En los últimos meses el Instituto ha publicitado como un gran triunfo el haber quitado miles de casas a los trabajadores por falta de pago. Esto contrasta con las incalculables ganancias que el Infonavit empresa deja para las constructoras y el tráfico de influencias. Esto acarrea al propio tiempo que conforme a la legislación actual, los créditos se amorticen en lo doble, 30 años. Por lo que urge también modificar este término expoliador de tres décadas. Lo evidente es que los créditos en veces el salario mínimo respondieron a épocas de inflación galopante; para suprimir esta razón debe cambiarse la disposición. La anterior legislación se cambió para no saquear el Infonavit, ahora se debe cambiar para no seguir saqueando a los trabajadores. Por tal motivo, lo justo es que se reforme el artículo 44 de la Ley del Instituto, para que los créditos se otorguen en pesos con pago de justo interés. Hasta los bancos, ante el cambio de la realidad económica, con todo y su usura, han cambiado sus políticas y vienen otorgando crédito con pagos fijos, a 20 y 30 años. Apoyar esta iniciativa que presento equivale a dar un espaldarazo a la legalidad y poner fin a la actual política de usura del Infonavit, que se apoya en última instancia en el referido artículo 44. Por todo lo que he expuesto, y en virtud del tiempo, no cuento para fundamentar lo que aquí está presentado en esta iniciativa, paso a la parte relativa de iniciativa de ley que reforma este artículo 44 del Infonavit, para quedar como sigue: Artículo 44. El saldo de los créditos otorgados a los trabajadores a que se refiere la fracción II del artículo 42 permanecerá fijo durante todo el plazo de su otorgamiento, el Consejo de Administración por ningún motivo podrá determinar lo contrario, en general deberá respetar las disposiciones de esta ley sobre el otorgamiento de los créditos. Asimismo los créditos citados devengarán interés sobre el saldo fijo a la tasa que determine el Consejo de Administración, dicha tasa no será menor de 4 por ciento ni mayor de 9 por ciento anual sobre saldos insolutos. Los créditos se otorgarán a un plazo no mayor de 20 años. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 19 de abril de 2007. Por su atención, muchas gracias. Gracias, diputada Presidenta.