El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: La política de desarrollo urbano, la depredación minera y la explotación y uso irracional de las cuencas hidrológicas exigen acciones que mitiguen el impacto en ecosistemas y alteración irreversible del medio ambiente. Todos y cada uno de nosotros en ejercicio de las facultades que nos otorgaron los ciudadanos y las ciudadanas de este país a través de las elecciones, estamos comprometidos a atender las necesidades y los problemas reales de la población mexicana. Somos y seremos responsables del país desgarrado y saqueado que estamos tolerando por la falta de compromiso con la población, más unos que otros evidentemente. La propuesta que hoy se presenta, de acuerdo con la exposición de motivos tiene por objeto la previsión de incidencias meteorológicas en zonas de mayor vulnerabilidad en el país, subraya la existencia de millones de personas en condiciones de riesgo en las que los más afectados son las personas en situación de pobreza. Se reconoce el crecimiento desordenado de las ciudades sin atender a los programas de desarrollo urbano y las leyes, reglamentos y normas emitidas por las autoridades competentes para la regulación de asentamientos humanos. En síntesis, podemos afirmar que es un mal parche legislativo que en sus términos y con las vaguedades que presenta predecimos su inoperancia y la demagogia legislativa y el uso político de su contenido. Veamos las razones de esta conclusión. 1. El 19 de diciembre de 1013, el comisionado nacional de Áreas Protegidas, Luis Feyo McDonald estimó que la reparación de los daños ocasionados por el Ingrid y Manuel se estimaban en un monto de entre los 40 mil y 50 mil millones de pesos, daños que no hubieran sido tan graves si los hoteles y el crecimiento desordenado de zonas habitacionales hubiesen respetado los manglares y las playas, a las que se agrega la construcción desordenada en zonas bajo el nivel del mar y cuencas de ríos. 2. En la propuesta de reforma no se presenta una visión integral de las zonas de riesgo, se implementan medidas administrativas que pretenden regular la autorización de asentamientos humanos en zonas consideradas de alto riesgo, dejando la carga para acreditar la viabilidad de los asentamientos en los usuarios. 3. De igual forma, no se consideran procedimientos de consulta y de participación responsable de los sectores afectados, buscando en todo momento cumplir con el derecho constitucional de acceso a una vivienda digna. 4. De igual forma, no se define la responsabilidad administrativa, penal y civil de las autoridades federales, estatales y municipales que permitan, toleren o fomenten los asentamientos en zonas consideradas de alto riesgo o de riesgo, a partir de la clasificación establecida en el Atlas Nacional, Estatales y Municipales de Riesgo, por lo que la línea de corrupción y tolerancia a la ilegalidad queda intocada. En el fondo la intensión de la reforma, podemos afirmarlo, es establecer normas imprecisas para justificar acciones de gobierno en los asentamientos irregulares, sin resolver el problema de fondo. Reconsiderando los efectos de los fenómenos meteorológicos que se presentaron en el país en 2013 y las medidas burocráticas para atender los daños y las víctimas de los mismos, así como la impunidad de autoridades federales, estatales y municipales que no actuaron con diligencia y prevención ante las alertas del Sistema Meteorológico Nacional, el dictamen con proyecto de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos carece de fundamentos técnicos y científicos que soporten medidas administrativas viables para la prevención de desastres en zonas de alto riesgo. Es un mal parche legislativo que no atiende las deficiencias regulatorias y la falta de planificación. Además, hay que decirlo en forma clara y precisa, no se ataca la corrupción que se presenta en el desarrollo de los asentamientos humanos, considerando no sólo aquellos que se etiquetan de irregulares, por ser en donde vive la población pobre, con necesidades de vivienda y que logra asentarse, sino también aquellos en los que formalmente cuentan con los permisos, licencias y dictámenes de las autoridades federales, estatales y municipales, pero que sin embargo no atienden a la conservación del medio ambiente ni a los ciclos naturales regionales, como lo son las cuencas hidrológicas, los ecosistemas impactados y el cambio climático. En síntesis, en esta Cámara como en todo el régimen, de aprobarse esta ley, es más de lo mismo y cada vez peor. Legislar de esta manera es irresponsable y una falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Compañeros diputados, no se la crean, el único movimiento que están haciendo del país es hacia el precipicio. Salgan a la calle y pregunten qué piensa la gente de ustedes, de algunos de nosotros. Piensen y pregunten qué piensan del presidente de la República, del Gabinete y obtendrán la calificación al trabajo. Un dato nada más que está en encuestas, para que se enteren. Es de sabios cambiar de opinión. El 50 por ciento de los ciudadanos que votaron por el PRI están arrepentidos. Esto nos alienta a pensar que la patria un día contará con autoridades, con diputados que realmente legislen a favor del pueblo. Por lo tanto, evidentemente, nuestro voto será en contra. Es cuanto, presidente.