El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente. "Compañeras y compañeros diputados: Pongo a consideración la siguiente iniciativa, que reforma el artículo 14, faltas a la verdad, violación grave al derecho constitucional a la información, y su respectivo artículo 224 Bis, al Título Décimo del Código Penal Federal, atento a la siguiente "Exposición de Motivos "Primero. Como lo he expuesto en anteriores intervenciones, existe en mí y en muchas personas más la percepción lógica de que para poder avanzar en la consolidación de una sociedad progresiva, coherente, madura, unida y sistemáticamente funcional y sustentable, se debe avanzar con pasos firmes y decididos en la construcción y adopción de una nueva cultura social, como el vehículo idóneo que nos permita abordar el correcto y exacto rumbo a la transición democrática, esa transición democrática que hoy por hoy no existe más que en lo virtual y que se ve rezagada y opacada por algunos grupos de poder que aún prefieren gobernar un pueblo inculto y desinformado, donde todo es confusión, engaño, desconfianza palpable. Prefieren seguir siendo los pescadores que se aprovechan de ese río revuelto de manera ventajosa pero insostenible porque, a este paso, no hay sistema ni sociedad que agente tanto. "Segundo. El artículo 247 del Código Penal Federal señala como delito la falsedad en declaraciones judiciales, en informes dados a una autoridad, haciéndolo de tal forma que para mayor explicación se transcribe dicho artículo de manera textual: "Artículo 247. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 100 a 300 días de multa al que, interrogado por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad; al que, examinado por la autoridad judicial como testigo o perito, faltare a la verdad sobre el hecho de que se trata de averiguar aspectos, cantidades, calidades u otras circunstancias que sean relevantes para establecer el sentido de una opinión o dictamen, ya sea afirmando, negando u ocultando maliciosamente la existencia de algún dato que pueda servir de prueba de la verdad o falsedad del hecho principal; aunque aumente o disminuya su gravedad o que sirva para establecer la naturaleza o particularidades de orden técnico o científico que importen para que la autoridad pronuncie la resolución sobre la materia cuestionada en el asunto donde el testimonio o la opinión pericial se viertan, la sanción podrá ser hasta de 15 años de prisión para el testigo o peritos falsos que fueran examinados en un procedimiento penal, cuando al reo se le imponga una pena de más de 20 años de prisión por haber dado fuerza probatoria al testimonio o peritajes falsos. "Tercero. Al que soborne a un testigo, o a un perito o a un intérprete para que se conduzca con falsedad en juicio o los obligue o comprometa a ello intimidándolos o de otro modo. "Cuarto. Al que con arreglo o derecho con cualquier carácter, excepto el de testigos, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negándose a ser suya la firma con que hubiese suscrito el documento o afirmando un hecho falso alterando o negando un verdadero o circunstancias sustanciales. Lo prevenido en esta fracción no comprende los casos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en que se estima una cosa cuando tenga el carácter de acusado. "El testigo, perito o intérprete que se retracte espontáneamente de sus falsas declaraciones rendidas ante cualquiera autoridad administrativa o judicial, antes de que se pronuncie la resolución o sentencia, sólo pagará una multa de 10 a 200 pesos, pero si faltare a la verdad al retractar sus declaraciones, se le aplicará la sanción que corresponde con arreglo a lo prevenido en este capítulo, aumentando la pena de tres a seis meses de prisión. "Quinto. Al que en juicio de amparo rinda informes como autoridad responsable en lo que afirmare una falsedad o negare la verdad en todo o en parte. Por la integración de los delitos de falsedad en declaraciones y en informes dados a una autoridad, se requiere la existencia de los siguientes elementos: "A) Que una persona sea interrogada formalmente por una autoridad en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas; "B) que esa persona falte a la verdad u oculte maliciosamente alguna circunstancia que pueda probar la verdad o falsedad del hecho principal, o aumente o disminuya la gravedad. "Según la apreciación doctriniana expresada en el libro Código Penal anotado, de Carrancá y Trujillo y Carrancá y Rivas, de la editorial Porrúa, por sus propios autores y respecto al citado artículo, se asienta en la nota 789, página 65, en la cual establece lo siguiente: "El objeto jurídico del delito es el interés de la colectividad social y, por tanto, el Estado que da la fe pública, no sea burlada, la falseare, la verdad, ante un funcionario público en el acto de ejercer sus funciones. "Para que el hecho sea punible, se requiere que la falsedad produzca o pueda producir el juicio, la alteración de la verdad carente de efecto perjudicial, sólo es un falso enunciado del dominio de la moral, no del derecho penal. "A mi parecer, de manera respetuosa considero que no solamente es del interés social el que no se vea burlada la fe pública, toda vez que la citada fe pública siempre permanecerá sin desvirtuarse en su esencia, toda vez que ésta sólo constituye la constancia de la existencia de un acto o un hecho jurídico que bien puede ser cierto o falso, en tanto que, por otra parte, lo que puede sufrir una alteración lógica y grave es la verdad jurídica en el texto de la realidad histórica y que puede llegar a no ser coincidente entre éstas, lo cual afecta gravemente en las consecuencias y acciones emanadas de la autoridad y de la propia sociedad que, a su vez, nos sumerge en el error y con ello en un retroceso social inherente, como otras tantas de las consecuencias lógicas. "El Tribunal, en su sesión privada celebrada el 24 de junio en curso, aprobó con el número 89 de 1996 la tesis que antecede y determinó que la votación es idónea para integrar las tesis de jurisprudencia de México, DF, a 24 de junio de 1996." De todo lo anterior, se colige que es tan es importante tutelar la verdad que requiere la autoridad para que su buen funcionamiento y objetividad que garantice el bienestar social como lo es, quizá en un mayor grado de importancia, que quienes están a cargo de la autoridad y su naturaleza humana que nos hace susceptibles de cometer errores al igual que el gobernado y que es sancionado también, se hace necesaria dentro de este nuevo contexto una cultura revolucionaria que cambie el esquema de gobierno impositivo y autoritario por uno de ejemplo y de congruencia. Sexto. En conclusión, es evidente que ante la falta de una figura delictiva que intimide, inhiba y reprenda las conductas antiéticas que se han cometido en costumbres recurrentes dada su impunidad y que tanto afectan la imagen de las autoridades, generando con ello un escenario de desconfianza y apatía colectiva en nuestra sociedad, lo que a su vez dificulta el avance hegemónico, decidido y solidario de nuestra nación hacia una verdadera democracia y la consolidación y goce social del bien común. Por ello se propone la adición de un nuevo Capítulo XIV y del artículo 224 Bis al Título Décimo del Código Penal Federal, que tipifique y sancione las faltas de probidad a las autoridades en ejercicio de sus funciones, o con motivo de ellas, de manera dolosa, consistente en la intención de alterar y manipular la realidad mintiendo, ocultando información verídica de interés público. Esta iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona el Capítulo XIV, como "Faltas a la Verdad, Violación Grave al Derecho Constitucional a la Información", y el respectivo artículo 224 Bis al Título Décimo del Código Penal Federal, para quedar de la siguiente forma: Artículo Único. Se adicionan el Capítulo Décimo Cuarto, "Faltas a la Verdad, Violación Grave del Derecho Constitucional a la Información", y el respectivo artículo 224 Bis al Título Décimo del Código Penal Federal. A todo el funcionario previsto en el artículo 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que en juicio político rinda informe y defensa en lo que afirmara una falsedad o negare la verdad todo o en partes. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las imposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero de 2005. Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado Presidente.