La senadora María del Rocío Pineda Gochi: Pues muchas gracias. Compañeras, compañeros legisladores, en nombre de la senadora Yolanda de la Torre vengo a presentar esta iniciativa. Ya han pasado diez años desde que México suscribió la Convención para el Respeto de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Una iniciativa que fue promovida por nuestro país ante las Naciones Unidas, en especial por una de las personas más comprometidas con esta noble causa, como lo fue don Gilberto Rincón Gallardo. Sin duda, este documento es una guía que nos ha permitido modernizar nuestra legislación, a efecto de que las personas con discapacidad puedan acceder a una educación de calidad, a una vivienda y trabajo digno, a una vida digna de discriminación, a la salud, entre otros aspectos importantes. Por supuesto sabemos que, si bien la adhesión al tratado internacional es un paso importante, también estamos conscientes de que aún falta mucho camino por recorrer. Más aún cuando en nuestro país existen un poco más de 7.6 millones de personas que no tienen un acceso real a todos los derechos que consagra nuestra Constitución. No podemos ignorar que existen muchos mexicanos con discapacidad que enfrentan la marginación y la exclusión social, más grave aún que su discapacidad los condena a la pobreza y en muchos casos a la mendicidad. Por desgracia, es más fácil ver a una persona con discapacidad pidiendo limosna en las calles que en la escuela, el trabajo o en una actividad productiva. Aplaudimos todos los esfuerzos del gobierno federal, de las autoridades estatales y de múltiples organizaciones de la sociedad civil que por casi dos décadas han trabajado incansablemente para cambiar eta realidad. También debemos reconocer que hay un Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad, así como un Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público. Las diversas acciones realizadas por el Infonavit y la Sedatu para garantizar una vivienda digna a este sector poblacional. No pocas cosas son los esfuerzos realizados por la Secretaría de Educación Pública en el marco del programa Escuelas al Cien, los estímulos fiscales entregados a empresas que promueven su contratación, o simplemente mencionar la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación, las cuales han servido de base para asegurar los mismos derechos a todos los mexicanos, principalmente de este sector que históricamente ha sido vulnerable. El Estado mexicano siempre ha reafirmado su compromiso de impulsar políticas en favor de la igualdad, los derechos humanos y la inclusión de personas con discapacidad. De ahí la importancia de eta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad que tiene el noble objetivo de seguir ampliando los derechos en un marco de respeto a la dignidad de las personas, a fin de asegurar su plena inclusión en la sociedad. Esta iniciativa pretende continuar avanzando en atención, promoción y seguimiento de los compromisos suscritos por el Estado mexicano en la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además de fortalecer el compromiso de los tres órdenes de gobierno, los sectores público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos autónomos para generar condiciones de igualdad y equiparación de oportunidades entre la población con discapacidad. A través de esta iniciativa promovida por nuestra amiga senadora Yolanda de la Torre, buscamos reconocer que todas las autoridades del gobierno asuman su responsabilidad en proteger sus derechos de este sector de la población, más aún con un principio de inclusión y sin una perspectiva asistencialista, en todo momento se persigue el empoderamiento de las personas con discapacidad, en todos los ámbitos de la vida cotidiana y nacional, incluso como fuente de opinión y consulta ante los gobiernos. Un aspecto que resulta importante es facultar a la Secretaría de Salud para promover la asistencia personal, residencial o la prohibición de internamientos voluntarios en centros de asistencia social, así como la esterilización forzada o con engaños de los cuales tenemos conocimiento que han sucedido ya en muchos casos. Con esta propuesta por primera ocasión queremos reconocer el derecho de las personas con discapacidad a una infraestructura digna a sus necesidades y a la movilidad, a recibir apoyos gubernamentales para la compra de ayudas técnicas para desplazarse, incluyendo la adquisición de animales de asistencia. En el Grupo Parlamentario del PRI les solicitamos a todos ustedes, a las comisiones encargadas de dictaminar este proyecto de decreto, su solidaridad y sensibilidad con la propuesta que hoy estamos exponiendo. Sin duda, necesitamos robustecer nuestra legislación hacia este sector de la población, la cual en corto plazo nos permita ser congruentes y progresistas con las metas y objetivos que suscribimos ante las Naciones Unidas, en este tema tan importante y crucial para alcanzar un México más justo e igualitario. Por su atención, muchas gracias.