El diputado Alejandro Sánchez Camacho: Con su venía, diputado presidente. El posicionamiento del dictamen que hoy se presenta, deriva de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 73, fracción XXI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo objetivo es facultar al Congreso de la Unión, para legislar en materia de desaparición forzada y de tortura. Aprovecho la oportunidad para saludar la presencia de Alan García, representante de la Unidad Jurídica del alto comisionado de la ONU, así como de familiares de personas desaparecidas. Derivado del estudio de esta modificación, nos referimos a las convenciones internacionales que México ha suscrito en esa materia, y específicamente con los compromisos derivados de la ratificación de la Convención Internacional sobre Desaparición Forzada de Personas y Tortura; así como de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Esta reforma permitirá adecuar en una ley general los tipos penales de desaparición forzada de personas y tortura, acorde a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, lo cual permita una armonización entre ellas mismas, y de esta forma responder a una catastrófica realidad que ha privado en nuestro país desde la época de la Guerra Sucia hasta nuestros días. Una de las miles de desapariciones forzadas y tortura que resalta en nuestro sistema jurídico actual, ha sido el caso Rosendo Radilla, el cual, al acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha permitido el reconocimiento por parte del sistema jurídico mexicano a que aplique además del control de constitucionalidad, el control de convencionalidad tal como lo prevé la reforma al artículo 1o de nuestra Carta Magna, del año 2011. En este orden de idea esta reforma nos permite reivindicar tan solo un poco a todas aquellas víctimas de la guerra sucia que se desarrolló durante la administración de los gobiernos federales que van del año 1964 a 1982. En esos sexenios, cientos de ciudadanos mexicanos tanto civiles, inocentes como militantes armados fueron asesinados o desparecidos por fuerzas militares y de seguridad. Miles más, fueron torturados, ilegalmente detenidos o sujetos a hostigamiento y vigilancia por parte de las autoridades. Así consta en un informe del propio gobierno mexicano. Durante la guerra sucia, en nuestro país, según datos del Comité Eureka, un grupo conformado por familias de los desaparecidos en la década de los setentas, contabiliza 557 desapariciones forzadas y tortura. Por cierto, un reconocimiento a todas esas familias, pero en particular, a la señora Rosario Ibarra de Piedra. En relación en la guerra contra el narco, se han aportado diferentes datos por instituciones públicas como es la subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, la cual anunció que derivado de ese conflicto se han contabilizado la desaparición forzada de 26 mil 121 personas en el período que comprende del 1o de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012. Y por desgracia, no son los últimos, pero sí uno de los hechos más indignantes que ha conmocionado a todo el país, la desaparición de normalistas, en la cual diferentes órdenes de gobierno y de diversas competencias, así como la omisión de otras fuerzas de seguridad, desparecieron a 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sin que a la fecha se tenga el resultado legal científico y social adecuado. Por tal motivo resaltamos la reforma que hoy se plantea y se discute, será un parteaguas en materia de impartición de justicia y plena observancia, respeto y promoción de los derechos humanos; y nos faculta a abrir un marco constitucional histórico que investigue y busque a nuestros desaparecidos, a nuestros compañeros y familiares, siendo una responsabilidad y compromiso para la próxima Legislatura dictar una legislación secundaria cuyos elementos básicos serían los siguientes: La homologación de tipo penal de los delitos de desaparición forzada de personas y tortura, conforme a las orientaciones de los tratados internacionales de derechos humanos en materia de desaparición forzada y tortura. Se realice una búsqueda metodológica y técnica de las personas desaparecidas, partiendo con la expectativa de un principio de vida y no sólo estigmatizar en buscar aquellas personas que les han privado de la vida y libertad. Que la impunidad en materia de desaparición forzada de personas y tortura sean disminuida y se realice la investigación de los desparecidos; y evitar actitudes de los investigadores fiscales, impartidores de justicia, con la sentencia sumaria que dictan de forma oral: ya ni los busquen. Que se promueva que en los Códigos Civiles locales se hagan las reformas correspondientes con el efecto de agilizar la declaración de ausencia por desaparición forzada, reduciendo los respectivos términos, con el objeto de que las víctimas indirectas puedan realizar sus trámites familiares y administrativos en forma ágil. Por todas estas razones y por todos estos motivos quiero compartir con ustedes que en la reunión efectuada el día de hoy hace unas horas en la Comisión de Puntos Constitucionales se aprobó por unanimidad esta reforma constitucional. Y por ello los quiero invitar, compañeras diputadas y compañeros diputados, integrantes de todos los grupos parlamentarios, a materializar un instrumento para la obtención de justicia derivada de la lucha de miles de personas cuyo objetivo es poder encontrar a las víctimas de esos hechos. Es importante reconocer y resaltar la constante batalla de asociaciones, organismo no gubernamentales nacionales y extranjeros, así como de particulares que durante mucho tiempo no han tenido voz, sólo sufrimiento. Esperamos su voto a favor de esta reforma constitucional. Es cuanto, señor presidente.