La diputada Ma Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, señor presidente. Desde hace muchos años Movimiento Ciudadano ha tenido una agenda muy clara: la protección de los derechos humanos. Hace dos legislaturas su paradigma ha ido más allá de las ideologías, una defensa a ultranza en la que ha asumido una posición de autonomía en el espectro político, manifestándonos en contra de una herramienta usada cada vez más con frecuencia e indiscriminadamente: la prisión preventiva oficiosa. Una figura que justifica la omisión o la falta de una debida investigación, que le otorga un tiempo a la autoridad que, de facto, no tendría por qué tenerlo. Nuestro lado tiene que estar con quienes son víctimas de este sistema y terminan por pagar quienes hoy están en prisión, sin un juicio debido. En nuestro país hay libertades tan elementales de las personas, como el derecho a ser inocente hasta que una autoridad judicial, mediante sentencia definitiva declare su inocencia, una vez que se ha llevado un juicio imparcial. Lamentablemente, aquí es al revés. Se encarcela primero y se investiga después. Se encarcela primero y se condena y posteriormente se decide la culpabilidad. Estamos haciendo que la prisión sea la regla. Tan solo el año pasado la tasa de personas encarceladas creció al ritmo más alto de los últimos 15 años. Este aumento por encarcelamientos sin investigación, por la prisión sin juicio y sin sentencias se hace desde la prisión preventiva. Esto es aún más increíble cuando se trata de la política de un gobierno que criticó fuertemente las políticas en materia de derechos humanos de los gobiernos pasados cuando era oposición. La disputa por ese derecho a la inocencia y la libertad frente al Estado no es nueva ni porque esté de moda, es una de las batallas más antiguas de la humanidad y auténticamente liberales, pues se trata de la defensa del individuo ante el poder. Llevamos dándole demasiados beneficios a la autoridad en detrimento de las garantías de las y los ciudadanos. Sin embargo, esto no se ha traducido en un sistema más equitativo y más justo porque atenta directamente en contra de la presunción de inocencia, la consecuencia es evidente. En materia de acceso a la justicia, aunque ha habido avances con distintas reformas, seguimos sin tener medios efectivos y accesibles para la mayoría de la población y eso termina por favorecer a los operadores del sistema jurídico. Esto nos debe avergonzar como país, más aún cuando lo estipula el artículo 1o. constitucional, que es obligación de toda autoridad de la nación garantizar los derechos humanos. Eso debería comenzar por las más elementales de las garantías que es la libertad. Justamente por esa razón acompañamos la más reciente y congruente y valiente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque limita la discrecionalidad del Estado en materia penal, debe siempre terminar con ensanchar la libertad de los individuos, porque volver estricto el catálogo de delitos que ameritan la prisión preventiva oficiosa fortalece la presunción de inocencia. Esto no es impunidad como algunos nos quieren hacer creer, es Estado de derecho. Celebramos por ese motivo los votos razonados y argumentados de quienes tienen un historial y vida que han tomado una posición política consistente en proteger a los individuos, por eso es que en nombre de la bancada naranja presentamos esta iniciativa, para eliminar la prisión preventiva oficiosa porque refrenda nuestro compromiso con los derechos humanos y acata la resolución de la Corte. No es la primera vez que presentamos algo así, no es solamente coyuntural. En la LXIII Legislatura nuestro coordinador, Jorge Álvarez Máynez, también presentó una iniciativa para eliminar esta figura.