EL DIP. LUIS HERRERA JIMÉNEZ: Gracias diputado Presidente. Para el partido de la Revolución Democrática, la participación en la ciudadanía en asuntos públicos, es fundamental. La importancia de los retos que enfrenta nuestra nación requiere del concurso activo de toda la sociedad en un contexto de democracia, equidad y transparencia, en especial alcanzar un desarrollo equitativo, justo e incluyente demanda la participación cada vez más activa de la ciudadanía en las decisiones más fundamentales de la nación. Nuestro grupo parlamentario ha planteado la necesidad de que se involucre, efectivamente a la ciudadanía en la planeación, gestión y evaluación de servicios públicos y en el diseño de políticas de desarrollo. En este sentido nos hemos pronunciado por abrir cauces cada vez más amplios a la participación ciudadana y vigorizar las instituciones existentes. Para el PRD es sumamente importante la creación de instrumentos de fomento a las iniciativas ciudadanas, las que hasta ahora han sido relegadas a niveles inocuos de consulta y contraloría, por lo tanto nos parece significativo aprobar esta ley para construir un ordenamiento que establezca las bases sobre las cuales la Administración Pública Federal fomente las actividades de las organizaciones dirigidas a mejorar el bienestar de la población y a emprender iniciativas de desarrollo social. Reconocemos los aciertos de la comisión para concretar un esfuerzo que lleva más de una década a fin de crear un ordenamiento de este tipo, no obstante, por la importancia del tema nos parece insoslayable hacer una reflexión sobre el dictamen que hoy se discute en este pleno. Nuestra intención ha sido asumir que esta Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles sea el punto de partida de un proceso cada vez más amplio e inclusivo de participación ciudadana en el desarrollo social, por eso nuestro voto, aunque favorable, será fundamentalmente un voto crítico y razonado. Es asimismo importante señalar que a propuesta del grupo parlamentario del PRD, la Primera Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó en abril del 2002 la Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal, con un objeto similar al que trata la Ley Federal ahora en discusión. En este sentido nos parece fundamental resaltar que preceptos constitucionales que rigen el desarrollo nacional no ocupan el lugar debido en el dictamen que aquí se presenta. Recordemos como efecto nuestra ley fundamental que establece en el primer párrafo del artículo 25: "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y del empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución". Lo anterior significa la obligación del Estado para ocupar un papel de conductor del desarrollo no subsidiario respecto a lo que no pueden realizar las familias, los individuos o el sector privado. Esto no significa exclusividad o monopolio del Estado en la participación del desarrollo; el tema de los retos del mismo exige una política que incorpore a todos los agentes sociales en el mismo, por eso en el párrafo 3º del precepto invocado establece: "al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación". En ese esquema resulta pertinente establecer una legislación para que organizaciones no lucrativas participen en el desarrollo social. En las dos últimas décadas para este tipo de políticas como salud, educación, empleo estable, vivienda digna, etc., no son derechos como lo establecen en las leyes, sino mercancías que se pueden adquirir en el mercado vía el esfuerzo y las capacidades individuales. En consecuencia, la intervención del Estado se dirige a atenuar la desigualdad en determinadas regiones, grupos o familias en los que el mercado no es un regulador adecuado del bienestar. El desarrollo social es el proceso permanente de mejoramiento económico y social de la población mediante la ampliación de capacidades, por eso en la discusión de este dictamen hubiera sido más conveniente introducir este concepto en la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones Civiles. Esperemos que en el dictamen de la Ley General de Desarrollo Social, cuya discusión está en marcha, superen este tema, el que ahora presenta la Comisión de Participación Ciudadana. Sin embargo, para el Partido de la Revolución Democrática los términos en que se presenta este dictamen al pleno nos parecen un importante punto de partida que en un futuro cercano dote a la participación ciudadana de instrumentos idóneos para coadyuvar en el desarrollo de nuestra gran nación. Gracias.