La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: Con su venia, señora Presidenta. Compañeros diputados. Como todos ustedes saben, el artículo 71 de la Constitución General de la República otorga únicamente el derecho para iniciar leyes, al Presidente de la República, a los diputados y senadores del Congreso de la Unión y también a las legislaturas de los estados. Sabemos que conforme al principio de división de poderes, el Estado mexicano en nuestro sistema federalista divide sus funciones en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; sin embargo, aunque cada poder tiene típicamente una de esas atribuciones, los otros poderes lo ayudan en menor o en mayor grado, tal es el caso del procedimiento legislativo. El procedimiento para la formulación de leyes no se agota en la presentación de una iniciativa, sino que, con posterioridad a ésta, todos sabemos se realiza la discusión en la Cámara correspondiente, la aprobación, sanción, promulgación y publicación de la misma, según sea el caso, iniciando su vigencia dentro del plazo señalado en ésta. En este proceso no solamente interviene el Poder Legislativo sino que el Ejecutivo tiene derecho de iniciativa de ley e interviene también en la sanción, promulgación, publicación de la ley y en la ejecución de la misma cuando es competente, para tal efecto tiene, inclusive, el derecho de veto. Por igualdad de razón, el Poder Judicial también debía estar facultado para presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión, lo que no ocurre en la actualidad, a pesar de que existen diversos antecedentes respecto de dicha atribución inclusive en anteriores legislaturas, varios de nuestros compañeros han presentado iniciativas relacionadas con el tema. Entre los antecedentes que han estado vigentes en el Estado mexicano tenemos a la tercera de las leyes constitucionales de 1836; el voto particular formulado por el diputado José Fernández Ramírez; el primero y segundo proyecto de la Constitución Política de la Revolución de 1842, las bases orgánicas de 1843. Asimismo, en sus diferentes constituciones varios países contemplan el derecho de iniciativa para el Poder Judicial, tal es el caso de Noruega, España, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Panamá, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Guatemala. En el mismo sentido, cada uno de ustedes sabe que en diferentes entidades federativas existe este derecho, a veces muy amplio para el Poder Judicial de los estados, a veces limitado a la ley orgánica de este Poder y a veces a los procedimientos jurisdiccionales. Las razones principales por las que algunos constitucionalistas consideran que el Poder Judicial no debe tener esta facultad es porque, según su dicho, atenta contra el equilibrio entre poderes, señalan que el Poder que está facultado para aplicar la ley no debería de concurrir e intervenir en su formación, lo que generaría una confusión entre el diseño de la norma y su aplicación concreta, manifestando que precisamente ahí descansa el principio de la división de poderes. Los anteriores razonamientos son contradictorios con la realidad, ya que el hecho de que el Poder Judicial pueda iniciar leyes y también ejecutarlas, no implica una invasión de esferas, y lo estamos viendo precisamente en el caso del Poder Ejecutivo. Quién mejor que el órgano que se encarga de ejecutar las leyes, para poder presentar iniciativas, señalando cuáles son las lagunas, cuáles son los procedimientos que pueden mejorarse en la ley que es materia de su competencia. Por otro lado, tenemos que la Suprema Corte de Justicia desde su creación ha demostrado que es un órgano calificado en las materias propias de su competencia, debido al constante ejercicio que tiene como máximo tribunal de la República, en su interpretación y en su aplicación, para resolver cada uno de los asuntos que se le someten a su consideración, y también en la elaboración de la jurisprudencia. Tampoco puede considerarse que el Poder Judicial tenga plena autonomía, mientras no esté facultado para presentar iniciativas de ley para regular su organización, estructura y funcionamiento. Por último, es innegable la alta calidad técnica y de experiencia de los ministros del máximo tribunal de nuestro país, en tal virtud, además de las razones de equilibrio entre poderes, existen motivos de interés público de la nación, para dotar de facultades en la materia al más alto tribunal de la federación, seguramente con su propuesta oportuna incida en el mejoramiento de la legislación en materia de justicia, lo que es relevante en la actualidad, ya que uno de los mayores cuestionamientos que realiza la ciudadanía a los juzgadores es que dicten sus resoluciones apegándose en leyes muchas veces obsoletas, injustas, e inclusive, inconstitucionales. Ahora bien, por razón de especialización, dicha facultad de iniciar leyes debe circunscribirse a la materia de procedimientos jurisdiccionales de la competencia del Poder Judicial Federal y a su organización, estructura y funcionamiento, ya que en esa área es de esperarse que surjan iniciativas de alta calidad profesional y realizadas con las necesidades prácticas que surgen en el momento oportuno. Por lo anteriormente argumentado y expuesto, someto a la consideración de esta Cámara, la siguiente Iniciativa de decreto, que adiciona y reforma el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I.a III. IV. Al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de las leyes que establezcan procedimientos jurisdiccionales. Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las legislaturas de los estados o por las diputaciones en las mismas, pasarán desde luego a comisión. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto.