La diputada Madeleine Bonnafoux Alcaraz: Y gracias por la consideración del tiempo. El día de hoy no tengo dudas que se está tratando de perpetrar un atentado contra el futuro de México, con algo tan elemental como es la educación. Primero que nada, están pasando por encima del Reglamento de la Cámara de Diputados, directores y directoras de escuelas, padres y madres de familia, estudiantes, maestros y maestras: si encuentran uno o varios artículos que contravengan sus derechos existe la motivación jurídica para su defensa, pues este dictamen se está aprobando de manera ilegal. Así no, compañeras y compañeros, ya basta de estar aplicando el Reglamento a conveniencia, a modo. Les recuerdo que ya se ganaron varios amparos con el tema de las estancias infantiles y no tengo duda que la acción jurídica que se interponga por este tema también se ganará porque la autoridad ya avaló que el interés superior de la niñez está sobre cualquier ley. La educación particular también es parte del sistema educativo en México, tiene inscritos al 33 por ciento de la matrícula en el país y esta Ley General de Educación no articula las opiniones de directores y directoras de escuelas particulares, por eso vengo aquí a presentar reservas a la ley, a nombre de mis compañeras y compañeros de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, respecto a la educación particular, para su consideración. En el artículo 1o, mencionan que esta Ley de Educación tiene por objeto regular la educación que imparta el Estado, federación, estados, Ciudad de México y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, lo cuales se considera un servicio público y estará sujeta a la rectoría del Estado. Escucharon bien, diputados y diputadas, se está considerando un servicio público, la impartición de la educación particular. Y aquí les hago la siguiente pregunta, ¿en qué momento creen que las escuelas privadas brindan un servicio público? En el párrafo segundo está equivocado en su redacción, ya que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3o. menciona que los particulares podrán impartir educación con autorización del poder público, más por ningún motivo se puede considerar un servicio público, toda vez que los recursos económicos provienen de un contrato de contraprestación entre particulares y en ningún momento se manejan recursos que provengan del Estado. Inclusive es al contrario, la educación particular es un rubro de la actividad económica con los mayores índices de impuestos en nuestro país no sólo por la tributación de quien presta el servicio particular y a su vez es con los impuestos que continúan fondeando la educación pública de quien no utiliza este servicio. Por eso propongo añadir el siguiente texto al final del artículo 1o. Y se considerará un servicio público cuando estas últimas reciban apoyo económico del municipio, estados, Ciudad de México, federación, y se sujetarán a la rectoría del Estado. Es muy importante que aclaremos este punto en esta ley. La siguiente reserva es al artículo 146 que plantea lo siguiente. Los particulares podrán impartir educación considerada como servicio público otra vez se menciona en términos de esta ley en todos sus tipos y modalidades con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado. En ningún caso con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación derivada de la educación que se imparta en términos de este artículo, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, de manera especial de las niñas y niños, incluyendo la retención de documentos personales y académicos. Se solicita modificar el artículo para quedar así. Artículo 146. Los particulares podrán impartir educación en los términos de esta ley en todos sus tipos y modalidades con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios que otorgue el Estado. En ningún caso con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación se podrán retener documentos personales y documentos que acrediten calificaciones o trabajos devengados y correctamente pagados por el tutor o adulto que ejerza la patria potestad de estudiante. Para la suspensión del servicio por falta de pago de colegiaturas, el particular deberá regirse por lo estipulado en los acuerdos vigentes publicados por las entidades reguladoras anteriores a la Procuraduría Federal del Consumidor, o por las que esta misma publique. Como ven no hay claridad, hay mucha ambigüedad en el supuesto de este artículo. Me parece muy delicado que se quiera estigmatizar a la educación privada, y que, además, sea dicho de paso, es mejor calificada por la OCDE en nuestro país. No quieran hacer pública la educación privada, mejor súbanle el nivel a la educación pública. Apuéstenle a la capacidad de los maestros y las maestras, que hay muchas y muchos muy capaces y comprometidos en este país, en lugar de apostarle a regalar las plazas a los sindicatos. Es cuanto, presidenta, gracias.