El diputado José Francisco Yunes Zorrilla: Con su permiso, diputado presidente. Con el permiso de las señoras diputadas y los señores diputados, poco hay que agregar. Quien abusa del tiempo y de las reglas, quien abusa de la tribuna y de las normas, abusa también del lenguaje y del comentario. La mejor respuesta a lo aquí escuchado la dan los mexicanos que viven en condiciones de pobreza alimentaría: 19.5 millones. No sé qué tendría que decir para ellos quien me antecedió en el uso de la voz. No sé que tendría que decir para ellos que en el usufructo de un gobierno federal, no solo ha sacado provecho electoral de las políticas de combate a la pobreza, sino que también lo han hecho de manera patrimonial y de manera familiar. Me da muchísimo gusto hablar aquí, con toda tranquilidad y limpieza, sobre el análisis del Tercer Informe de Gobierno. Ese análisis, compañeras diputadas y compañeros diputados, en su mejor expresión lo tienen los 26 millones de connacionales incapaces de solventar sus necesidades básicas de educación y de salud, o los 50.5 millones de personas sin acceso a vestido, a vivienda y a transporte. La mejor opinión sobre el Tercer Informe de Gobierno la tiene el 47.4 por ciento de la población nacional, para quienes el mañana no ilusiona porque el presente hiere demasiado, mata sus esperanzas y entierra los mejores momentos de su vida. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional fija su posición, en materia de política social, con una clara definición a favor de los grupos vulnerables de la sociedad. Aquellos que no vemos en el informe, diputado, aquellos que son marginados de los procesos productivos, aquellos que son desplazados del sistema educativo y que son castigados por la desnutrición y la morbilidad. Son ellos los olvidados de unos, quienes convocan el trabajo de los diputados del PRI en esta Legislatura. A su llamado acudimos con la convicción de no fallarles y con el compromiso de encontrar acuerdos y resultados, aun ante las mentiras y las descalificaciones. La glosa del Tercer Informe de Gobierno arroja conclusiones determinantes. Ilustra el fracaso del gobierno de la república en materia económica, fracaso con grandes repercusiones en la calidad de vida de la población. La pobreza se combate con crecimiento económico, con distribución del ingreso y con esquemas del desarrollo regional, temas que no forman parte ni de la agenda ni del informe gubernamental. La pobreza crece más allá de las políticas públicas diseñadas para su contención, más allá del esfuerzo de quienes encabezan las dependencias encargadas de su abatimiento como consecuencia de un gobierno federal, incapaz de encontrar alternativas para un modelo económico rebasado. No sé qué más se puede decir cuando ese modelo económico rebasado produce 2.3 millones de desempleados, que mantiene a 12 millones de mexicanos ocupándose en la informalidad y que empuja a 1.8 millones de personas a subsistir en el subempleo. Los programas sociales cumplen la función de mitigar los efectos de la marginación económica, y alivian la condición de vida de muchas familias, pero los programas sociales no son la solución a la pobreza, mucho menos cuando tenemos un gobierno de la república que con una mano da poco y con la otra quita mucho, en perjuicio de la población más desprotegida. Con una mano, julio beneficia el consumo de leche a través del programa Liconsa, aunque con la otra, debido a la importación de leche en polvo, presione a los productores lácteos nacionales a un escenario de competencia desleal que amenaza con devastarlos. De seguir así seguramente pronto dejarán de producir, para engrosar las listas de beneficiarios de ese programa. Con una mano, otorga un apoyo de 120 pesos mensuales a las familias inscritas en el programa de apoyo alimentario de Diconsa; pero con la otra, en pocos meses, permite el aumento de los precios de los productos de la canasta básica hasta 2 veces, en el mejor de los casos, y autoriza el alza constante en las tarifas de luz eléctrica y en los precios del gas y los combustibles. Cómo combatir así la pobreza. Con una mano, compañeros diputados y compañeras diputadas, beneficia a 5 millones 200 mil familias con el programa Oportunidades; pero con la otra, castiga al poder adquisitivo de la clase trabajadora que debe conformarse con sólo 2.2 por ciento de aumento a su salario; ante la falta de crecimiento económico expulsa a más de 300 mil compatriotas a buscar en el extranjero, con todos sus riesgos, lo que en sus lugares de origen no pueden darles por falta de empleo, inversión e infraestructura. Ciertamente el México desigual, que irrumpe todos los días, podría estar en peor situación, sin el gasto en desarrollo social, que en esta soberanía aprueban año con año. Habrá que analizar con buena disposición la propuesta presupuestal para el 2010. Los programas sociales forman parte proporcional del sustento de quien menos ingreso tiene. Pero los diputados del grupo legislativo del PRI pedimos a cambio un esfuerzo de transparencia en su aplicación. Mayor transparencia implica facilitar el acceso al padrón de beneficiarios de los programas de desarrollo social. Implica, también, integrarlo y coordinarlo, con el nivel de gobierno estatal. No más programas sociales instrumentados en territorio municipal sin conocimiento de las autoridades locales. No más facilitadores de programas federales facultados para empadronar con clara militancia partidaria o con antecedentes inmediatos en procesos electorales. Al grupo legislativo del PRI lo anima participar en la construcción de una sociedad que responda a criterios de justicia social. Precisamente, no hace muchos días, diputadas del grupo legislativo de mi partido convertían su voz en la expresión insatisfecha de miles de beneficiarios del Seguro Popular, quienes transitan con su enfermedad entre la falta de equipo y el desabasto de medicinas. De nada sirven los 43 mil millones de pesos asignados al programa si el servicio se limita al simple diagnóstico; no obstante, la invariable entrega de doctores y enfermeras. Lo mismo sucede en el ámbito educativo. Todos anhelamos una mejor educación. La Alianza por la Calidad de la Educación representa un buen comienzo, pero debe acompañarse con mayores recursos presupuestales, mejores espacios educativos, retornar a las Normales como centros de formación magisterial y revisar el programa del Sistema Nacional de Formación Continua y Superación Profesional, para que su instrumentación deje de ser escalonada. Compañeras y compañeros diputados, el tiempo pasa y muchas cosas permanecen igual. Después de 9 años hay una política social vinculada a un ambiente macroeconómico que ha agraviado a la sociedad de este país.