El diputado Sergio López Sánchez: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los recientes casos de corrupción relacionados con la empresa OHL, han dejado en evidencia el alcance de los malos manejos que particulares y servidores públicos realizan con dinero del erario. Sabemos también que no son los únicos casos. Más allá de la politización de este tipo de situaciones creemos en la necesidad de que todos los actores políticos y sociales debemos de emprender un esfuerzo mayor para que este tipo de acciones se dejen de presentar con tal magnitud. Es bajo este contexto de corrupción rampante entre el gobierno federal y los grandes consorcios internacionales que presento esta iniciativa que pretende fortalecer la transparencia en el tema de las licitaciones públicas, que son en mucho el origen para que se gesten actos de corrupción en detrimento de los recursos públicos. En términos generales, la licitación pública es un procedimiento relativo al modo de celebrarse determinados contratos cuya finalidad es la determinación de la persona que ofrece a la administración pública las mejores condiciones. Consiste en una invitación a los interesados para que, sujetándose a ciertas bases, formulen propuestas de las cuales la administración selecciona y acepta la mejor adjudicación con lo que el contrato queda formalizado. Todo el procedimiento se inspira para alcanzar la finalidad de deseada en dos principios. Igualdad de todos los licitantes ante la administración pública y el cumplimiento estricto de todas las cláusulas de las bases. Sin embargo vemos algunas deficiencias que observamos en estos dos ordenamientos jurídicos y que han generado de forma sistemática irregularidades en los procedimientos de contratación en sus diferentes vertientes. Son las siguientes. Se han creado especie de monopolios entre los concursantes que tienen experiencia previa en las licitaciones con cierta entidad de la administración pública, con lo que puede suponer la comisión eventual de actos de corrupción. Se han limitado la competencia entre los proveedores, siendo inexistente un juego entre oferta y demanda; se han usado en exceso y de manera discrecional las figuras de adjudicación directa o invitación a cuando menos tres personas, cuando la regla general es el uso del procedimiento de licitación pública. La información que se envía al sistema Compranet no incorpora las justificaciones por las que en lugar de convocarse una licitación pública se opta por el procedimiento de adjudicación directa o invitación restringida a cuando menos tres personas. Las disposiciones no contemplan que los servidores públicos encargados de enviar información a la Secretaría de la Función Pública para su inserción en el sistema Compranet, sean sujetos a responsabilidad alguna en caso de incumplimiento. En virtud de lo anterior es que nos propusimos atacar estas deficiencias con el objeto de acotar la presentación de este tipo de vicios en los procedimientos de contratación mediante el fortalecimiento de los mecanismos de transparencia que disponen las leyes que nos ocupan. En adición a lo anterior buscamos que el servidor público, ante factores que lo obliguen a transparentar cada vez más sus actuaciones, quede acotado por razón de ley para que no tenga margen para realizar acciones corruptas que ante la responsabilidad de subir toda la información de la que dispone a los sistemas diseñados para tales efectos, no hay oportunidad de encontrar algún resquicio que le permita transgredir sus atribuciones para obtener algún tipo de beneficio particular en detrimento de los recursos públicos. Es cuanto, diputado presidente.