El diputado Ernesto Herrera Tovar (PAN): Con su venia, ciudadano Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El de la voz, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II; 72, párrafo primero; y 73, fracción XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de conformidad a la siguiente exposición de motivos: La Ley de Amparo Reglamentaria de los artículo 103 y 107 constitucionales establece en su artículo 158 lo siguiente: "El juicio de amparo directo es competencia del Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI del artículo 107 constitucional y procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no procede ningún recurso ordinario por el que pueden ser modificados o revocados, ya sea que la violación se cometa en ellos o que cometida durante el procedimiento afecte a las defensas del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo, y por violaciones de garantías cometidas en las propias sentencias, laudos o resoluciones indicados." Para los efectos de este artículo será procedente el juicio de amparo directo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio dictados por tribunales civiles, administrativos o del trabajo. Cuando sean contrarios estos a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a sus principios generales de derecho, a falta de ley aplicable, cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto de juicio o cuando no las comprendan todas por omisión o negación expresa. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones que no sean de imposible reparación sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, sólo podrá hacerse valer el del amparo directo que proceda en contra de la sentencia definitiva, laudo o solución que pongan fin al juicio. El artículo 158 de la Ley de Amparo encuentra su base constitucional directa en el artículo 107, fracción V, inciso c) que determina que todas las controversias de que habla el artículo 103 constitucional se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: Fracción V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley del Poder Judicial de la Federación en los casos siguientes: a) En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean estos federales, del orden común o militares. b) En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictado en tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún juicio o medio ordinario de defensa legal. c) En materia civil cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales. De la comparación de los textos citados en ambos artículos encontramos una aparente contradicción, lo anterior debido a que por una parte el texto constitucional nos señala que el amparo directo o uniinstancial será procedente en materia civil sólo contra sentencias definitivas. Por su parte la legislación secundaria estima que el amparo directo será procedente en materia civil contra sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio. El artículo 158 de la Ley de Amparo fue reformado en 1987 y publicado en el Diario Oficial el 1º de febrero de 1988. Dicha reforma estableció la competencia de los tribunales colegiados para conocer del amparo directo por resoluciones definitivas que ponen fin al juicio. Debemos entender y concluir que los motivos que el legislador tomó en cuenta para la citada reforma se derivaron directamente de una equiparación que realiza de las resoluciones que ponen fin al juicio con las sentencias definitivas. Sin embargo, la citada reforma presenta 2 problemas: Uno, el texto constitucional no prevé la procedencia del amparo directo en materia civil en contra de resoluciones que pongan fin al juicio. Dos, existe un exceso en el artículo de la ley secundaria por hacer genérica la procedencia del amparo directo, debiendo concretarse su procedencia únicamente a las sentencias definitivas respecto de las cuales no procede recurso ordinario alguno por el que pueden ser modificadas o revocadas. Ahora bien, con el propósito de intentar buscar una posible solución a la controversia que se analiza, en el sentido de establecer si es constitucional o no que las resoluciones que pongan fin al juicio dictadas principalmente en materia civil puedan ser combatidas a través del juicio de amparo directo o convalidar o resarcir el supuesto exceso que existe en la Ley de Amparo en cuanto que ésta sí establece, a diferencia de la Constitución, de manera textual la procedencia del amparo directo respecto a las resoluciones que pongan fin al juicio, estimamos que lo conveniente en este caso es adicionar el inciso c) de la fracción V del artículo 107 constitucional el supuesto de las resoluciones que ponen fin al juicio, con lo cual se lograría lo siguiente: 1. Se estaría otorgando mayor certeza jurídica tanto a los gobernados como a los impetrantes de garantías. 2. De esta manera se estaría fortaleciendo la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucional al establecer en la propia Carta Magna el supuesto de procedencia del juicio de amparo directo tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio. Se convalidaría el supuesto exceso que existe en la Ley de Amparo al establecer nuestra Constitución de manera textual la procedencia del amparo directo tratándose de resoluciones que ponen fin al juicio. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso c) de la fracción V del artículo 107 constitucional para quedar como sigue: Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: Fracción V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda conforme a la distribución de competencias que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en los casos siguientes: c) En Materia civil, cuando se reclaman sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas en los juicios del orden federal o en los juicios mercantiles, sea federal o local, la autoridad que dicte el fallo o juicios del orden común. Es cuanto, señor Presidente. Y solicitaría que se incluyera el texto íntegro de este documento en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.