El diputado Carlos Octavio Castellanos Mijares: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el proceso de consolidación del Estado de derecho en nuestro país exige el establecimiento de las medidas necesarias para ofrecer a los ciudadanos condiciones de seguridad jurídica, tendientes a garantizar la propiedad y la posesión de bienes. Para ello es imprescindible la existencia de un marco normativo que defina con claridad los derechos de propiedad, así como las prerrogativas y obligaciones de todos aquellos que intervienen en la actividad económica y social del país. No obstante, tanto una regulación excesiva, como la falta de reglamentación suponen en muchas ocasiones un obstáculo para el desarrollo económico de las naciones, sobre todo en un mundo en el cual la realización de inversiones depende en buena medida de un marco regulatorio que no imponga costos innecesarios a la actividad económica de los ciudadanos. Para ser un país competitivo es prioritario, entre otras cosas, contar con un gobierno eficiente que promueva el crecimiento económico, mediante el mantenimiento de la seguridad jurídica y la estabilidad. Parte esencial de lo anterior es, a su vez, una regulación de calidad e instituciones eficientes, que diseñen y apliquen dicha regulación. Por este motivo se hace necesario instaurar ordenamientos que además de brindar certeza jurídica a los gobernados se adapten a los requerimientos actuales de la economía mundial. Asimismo la modernización de instituciones constituye un elemento esencial para que el Estado, de manera eficaz y eficiente, con sus funciones regulatorias, sin entorpecer la reactividad productiva puedan garantizar esta seguridad jurídica. La tierra es uno de los recursos fundamentales de cualquier comunidad, por ello, desde la antigüedad hasta nuestros días, el hombre ha realizado múltiples esfuerzos orientados a su estudio, clasificación y registro. Al mismo tiempo, las sociedades han establecido diversos impuestos ligados a la propiedad de la misma como una forma de financiar la realización de las tareas que al Estado le corresponden. En tiempos recientes el papel que juega la tierra en la producción se ha transformado paulatinamente; si bien ésta ha cedido terrenos frente a avances de otros factores como el conocimiento, lo cierto es que sigue siendo muy importante para la promoción del desarrollo económico y en este sentido la protección de los derechos de propiedad es una pieza fundamental para crear un clima propicio para la inversión. En México, como en todo el mundo, el Registro Público de la Propiedad y los catastros constituyen la piedra angular en el establecimiento de la protección de los derechos de propiedad. Pero además de lo anterior, estas instituciones cumplen con una importante función de proveer de un banco de información muy valiosa, al cual se pueden dar diferentes usos, tanto en el ámbito político como en el privado. Una ciudad o región que cuenta con información clara y sistematizada sobre los derechos de propiedad brinda certeza jurídica a los ciudadanos, al tiempo que promueve la realización eficiente de toda clase de actividades productivas, las cuales van desde la creación de empresas hasta la transferencia de bienes o la obtención de créditos. En el México contemporáneo la función catastral había estado reservada a las entidades federativas hasta la década de los años ochenta del siglo pasado, cuando con la finalidad de fortalecer el régimen municipal en nuestro país, se realizaron reformas al artículo 115 constitucional, en virtud de las cuales la gestión catastral y la administración de los impuestos inmobiliarios se transfirieron a la esfera de los ayuntamientos. Más tarde, en 1999, una nueva reforma otorgó a los municipios la facultad de llevar a cabo la valuación catastral, con lo cual se aceleró el proceso de transferencia de funciones desde los estados a los ayuntamientos. Sin embargo, para muchos municipios asumir estas nuevas funciones supuso un gran dilema, pues se enfrentaron en un principio a la insuficiencia de funciones, de funcionarios públicos debidamente capacitados en la realización de labores propias del catastro, lo cual ha redundado en la generación de diversos problemas que alejan a nuestras instituciones registrales de aquellas que se mantienen a la vanguardia a nivel internacional. Un funcionamiento inadecuado de las instituciones registrales provoca que el país no cuente con la información necesaria para diseñar mejores políticas públicas, sobre todo en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Además se debe señalar que la evaluación catastral es un dato fundamental para la fijación de impuestos que a final de cuentas recalan en las haciendas municipales, por lo que una variación en los valores catastrales tiene una incidencia directa en los recursos con los que cuentan los ayuntamientos para llevar a cabo sus funciones. Hoy en nuestro país existen muchos predios que reciben servicios públicos en una zona urbana, pero gracias a la falta de actualización de los datos catastrales siguen pagando impuestos como si aún fueran rústicos, lo cual implica un déficit significativo en la recaudación de las haciendas municipales. Ante estas situaciones es evidente la necesidad de realizar propuestas de modernización en materia de registros públicos inmobiliarios y de catastros. Para garantizar un buen funcionamiento, la permanente actualización de sus instituciones sobre la base de mejoras continuas en sus procesos, en su infraestructura, que se vea reflejado positivamente en la sociedad y en la economía. El proyecto de reforma que hoy discutimos tiene la finalidad de reformar nuestra Ley Fundamental para dar pie a la expedición de una norma general que regule el funcionamiento de los registros públicos y de las normas catastrales. Lo anterior incluirá de manera directa en la creación de empresas así como en el establecimiento y desarrollo de infraestructura, las cuales representan actividades sobre las que se detona la riqueza al resto de los sectores del país y en los cuales tenemos todavía un largo camino por andar. El hecho de que las haciendas municipales se hagan de una mayor cantidad de recursos redundará en la evaluación, en la elevación de los niveles de bienestar de la población que podrá acceder a más y mejores servicios públicos. Asimismo, las propias dependencias de los diferentes órdenes de gobierno podrán realizar una planeación urbana y la administración de servicios más eficientes. Finalmente la bancada del Partido Verde Ecologista de México quiere dejar en claro que la reforma propuesta busca la coordinación entre el ámbito federal y los gobiernos de los estados y los municipios. Así es, pues, que ya con anterioridad en este pleno aceptamos la modificación al texto constitucional... al dictamen, perdón, para que se tome en cuenta la opinión de las entidades federativas en la generación de la ley reglamentaria que derivada de esta reforma constitucional se vaya a implementar. Los gobiernos locales son los mejores conocedores de la realidad física, urbanística y económica de su comunidad por lo que constituyen un agente de colaboración imprescindible que no puede ser excluido de las funciones catastrales. Por su atención, compañeros, muchas gracias.