El diputado Víctor Manuel Lizárraga Peraza: Gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nadie podrá negar que el ciudadano mexicano siente una profunda identidad con sus orígenes, sus tradiciones, sus costumbres y su cultura. Por ese rasgo que le distingue desde hace siglos, le preocupa la protección y la utilización adecuada de los bienes que constituyen su patrimonio nacional. Pero remitiéndonos a las excepciones, es preciso reconocer que cuando la conciencia popular ha llegado a demostrar su incongruencia con tales principios, entonces la autoridad se ha visto en la necesidad de recurrir a la creación de medidas regulatorias que impongan límites a determinadas conductas atentatorias, y con el tiempo, a actualizarlas o formular nuevas, de acuerdo con los requerimientos de cada época. Derivado de lo anterior, hoy día en el terreno cultural contamos con leyes importantes que rigen las actividades correspondientes a esta materia. Disponemos, por ejemplo, de una Ley General de Bibliotecas, que establece lineamientos relativos, entre otros, a la Red Nacional de Bibliotecas; contamos con una Ley Federal del Derecho de Autor, que protege a los autores y editores; y tenemos un decreto que desde 1991 dispone la obligación de editores y productores de materiales bibliográficos y documentales, de entregar ejemplares de sus obras a la Biblioteca Nacional de México y a la Biblioteca del honorable Congreso de la Unión. Al respecto es posible que ustedes se pregunten para qué crear entonces la Ley de Depósito Legal si ya contamos con una ordenanza en este sentido. La respuesta es muy clara. Con fecha 19 de febrero de 2009 los diputados de esta legislatura, que integramos la Comisión de Educación y Servicios Educativos, pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, propusimos la creación de esta ley porque al analizar la iniciativa presentada en septiembre de 2002 por el diputado Juan Alcocer Flores, del Grupo Parlamentario del PAN de la LVIII Legislatura, el proceso legislativo quedó inconcluso; entonces vimos la necesidad de retomarla ya que contiene puntos dignos de consideración. Ante esto, es importante destacar que en el decreto vigente, el de 1991, no se mencionan específicamente los materiales que se producen en México. Tampoco se toma en cuenta el avance tecnológico ni se responde a las necesidades actuales del propio depósito, significando todo esto que el tiempo y la tecnología han rebasado el alcance de ese decreto y que, por consiguiente, requiere de la debida actualización; y además con mayor certeza jurídica. Por lo anterior, consideramos que a la comunidad autoral de México le será muy estimulante ver que sus obras, al pasar a formar parte del acervo de las dos bibliotecas depositarias más importantes del país, podrán trascender en su entorno original, a todo el ámbito nacional. Asimismo, inferimos que los investigadores y demás personas interesadas tendrán la oportunidad de recurrir sin más dificultades a la consulta o lectura de las obras que se editan en todo el país, a efecto de documentar sus trabajos personales y de cumplir los demás fines culturales que ellos persigan. Por estos motivos, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los convocamos a no permitir que se limite por más tiempo el derecho que tienen nuestros hermanos del sur del país a conocer los frutos editoriales de sus hermanos del norte o del centro, ni que se prive a los del este del derecho de conocer los bienes culturales que producen los del oeste, y viceversa. Antes bien, propiciémoslo con una Ley de Depósito Legal a la altura de los tiempos actuales. Derivado de lo expuesto, en nombre de mis compañeros iniciantes y firmantes del dictamen de la comisión, emitido el 5 de marzo del actual, les solicito amablemente su respaldo a nuestra propuesta. La cultura de la nación y los actores culturales del presente y del futuro nos lo agradecerán, que no nos quepa la menor duda. Muchas gracias, diputado presidente.