La diputada Esther Quintana Salinas: Gracias. Desde el 2008 este Honorable Congreso de la Unión se comprometió con los habitantes de este país a dotar a las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia de un marco jurídico idóneo que mejorara su actuación frente a la comisión de algún hecho delictivo. Estas reformas son originadas por la situación que atraviesa nuestro país, por lo que es conveniente destacar que una de las situaciones que legitima un Estado de derecho es que el Estado garantice de una forma efectiva y contundente la prestación pronta y accesible de justicia a cualquier persona. Es por ello que se decide cambiar de un sistema penal inquisitorio a uno aplicatorio. De sobra es conocido por nosotros que el anterior proceso penal contenía una serie de defectos que entorpecían la procuración y administración de justicia, como por ejemplo el interminable papeleo que limitaba la espontaneidad y la libre valoración de la prueba, así como el nulo contacto con el juez o el inexistente acceso de las víctimas al proceso y a la reparación del daño, los procesos penales lentos y el abuso de la prisión preventiva con la consecuente saturación de los establecimientos penitenciarios. Al parecer, la preocupación de tener un sistema de justicia penal que cumpla con los requerimientos actuales no sólo se ha dado en nuestro país, sino que ha traspasado fronteras y ha adquirido singular importancia en países hermanos, latinoamericanos, como por ejemplo Chile y Colombia, quienes son pioneros en el tema y cuentan con verdaderos modelos a seguir dentro de su administración. Es conveniente plantear, estimados colegas, que las reformas que se han aprobado por este Congreso han sido necesarias para implementar de manera eficiente y eficaz el nuevo sistema de justicia penal, pero estos ordenamientos se deben concebir como un paquete de reformas que se complementan entre sí y no como ordenamientos aislados en la materia. Por lo que, derivado de lo anterior, la aprobación del dictamen de la minuta por la que se expide la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal resulta trascendental y necesaria para cumplir con el objetivo antes mencionado. Es imperante acotar que la Comisión de Justicia ha estado abierta al diálogo respecto de las inquietudes de los diputados que formamos parte de dicha comisión respecto al tema, incluso en lo particular la propia Procuraduría General de la Republica expuso los razonamientos que consumaban las observaciones de esta servidora de ustedes. Estas acciones de disposición al diálogo generaron un consenso entre los diputados de la comisión para sacar adelante esta reforma en lo particular. Esta ley suma a lo ya aprobado en el Código Nacional de Procedimientos Penales y se funda en la reforma del artículo 17 constitucional, que dicta que las leyes deberán prever los mecanismos alternativos de solución de controversias, aunado por supuesto a la reforma que se llevó a cabo en 2013, en la que faculta al Congreso de la Unión a legislar en esta materia. Esta Ley Nacional de Mecanismos Alternativos tiene varias aristas que descongestionarán la carga de trabajo que tiene el Poder Judicial, ya que se espera que una gran parte de los asuntos se solucionen a través de alguno de los medios alternativos de solución de conflictos. En la Ley se instauran tres mecanismos alternativos de solución en materia penal: la mediación, la conciliación y la justicia restaurativa. También se debe señalar que se contempla que el órgano, ya sea de naturaleza judicial o administrativa, debe contar con un área exclusiva que le dé seguimiento, monitoreo e impulse los acuerdos establecidos por los intervinientes; por lo que genera obligatoriedad para las partes involucradas, ya sea la víctima o el imputado. Reforzando esta idea, se establece en el mismo ordenamiento que en caso de incumplimiento del imputado, la autoridad competente lo hará del conocimiento del juez, quien ordenará levantar la suspensión del trámite del proceso y continuará con el procedimiento como si no se hubiese celebrado acuerdo alguno. No me cabe duda que la visión de reparación de daño que se manifiesta en la Ley Nacional tiene como objetivo la reconstrucción del tejido social del país, que se encuentra tan dañado actualmente. Otra parte toral de este ordenamiento es que se basa en la voluntad de los intervinientes, es decir, no se les obliga a ceñirse a estos mecanismos sino que ellos manifiestan su voluntad de manera fehaciente para participar de ellos. Algo a favor también que tenemos que destacar es que en algunas entidades federativas de nuestro país ya se han implementado mecanismos alternos para la solución de controversias, inclusive no solo en materia penal sino en otras áreas. Existen ya centros de mediación en los Poderes Judiciales de Aguascalientes, de Baja California Sur, de Chihuahua, de mi estado, Coahuila, de Colima, del Distrito Federal, de Guanajuato, de Jalisco, de Michoacán, de Nayarit, de Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco y Tamaulipas. Sin embargo, con esta ley deja abierto que la autoridad, para llevar a cabo algún mecanismo son la Procuraduría General de la República, o bien, el órgano judicial, dependiendo de la etapa del proceso en la que se decida invocar la solución de la controversia por un mecanismo alternativo. Elegir un mecanismo alternativo de solución es sinónimo de que se atenderá a las soluciones particulares de cada caso con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se trata de un proceso definitivamente más humano. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional manifiesta, por mi conducto, que votaremos a favor del dictamen que se encuentra en discusión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias.