El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Compañeras y compañeros diputados. Nuestro sistema jurídico se sustenta esencialmente en los preceptos que los sujetos encargados de expedir normas nos otorgan. De ahí que cualquier ordenamiento legal tiene fuerza vinculatoria para todos los sujetos. Porque en cualquier sociedad civilizada el convencionalismo y el orden en el que todos participan y de común reafirman en su convivencia, establecen parámetros para sancionar u obligar a aquellos que de alguna manera transgreden el orden social. Los principios o fundamentos de las normas de derecho deben, en todo momento, prevalecer sobre la actuación libre y voluntaria de los sujetos. Nuestra Constitución Política, como resultado de nuestro pacto social más allá de sus orígenes revolucionarios, o teorías que explican su estructura, es la norma máxima en que los sujetos —todos, todos— deben sujetar su actuación. Las garantías individuales como instrumento de defensa de derechos humanos nos permiten hacer frente al actuar arbitrario de la autoridad. De ahí su importancia como medio procesal pero no único frente a la violación de los derechos fundamentales como la vida, la propiedad privada, la libertad, entre otros. El Estado mexicano como estado de derecho debe en cualquier momento actuar conforme a sus facultades, siempre velando por el respeto y protección de las personas humanas y de sus derechos. Como elemento del Estado, el pueblo, el individuo, el centro de imputación normativa, el sujeto de derecho, en suma, la persona humana, es el elemento esencial o existencial de aquel que por ello deben salvaguardarse sus derechos en lo individual y en lo colectivo frente al ejercicio del poder público a través de sus entidades u órganos, quedando clara la importancia de los medios de defensa que nos ha otorgado. Es necesario entender la obligación constitucional que el Estado tiene de otorgar seguridad pública a sus ciudadanos. El Estado, a través del gobierno, tiene a su cargo diversas acciones a fin de mantener el orden y la paz social. De ahí que con la evolución de la sociedad se determinó que un tercero, al que se le dotara de autoridad y poder, dirimiera las controversias, defendiera, y en su caso, sancionara a quien o quienes actuaran fuera de lo pactado. De este compromiso entre las partes se determinó que el monopolio de la aplicación de la fuerza quedara reservado al Estado. Ejemplo claro de esto lo encontramos en el artículo 17 de nuestro máximo ordenamiento cuando el Constituyente determina que —artículo 17— ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Así fundamento esto del monopolio de las fuerzas por parte del Estado, que por ende, tiene la obligación de aplicar justicia y de proteger a través de las fuerzas de seguridad pública a los ciudadanos. Hoy día el índice de delincuencia ha ido aumentando peligrosa y alarmantemente. El Estado y los instrumentos legales que tradicionalmente ha tenido para hacerle frente a dicho fenómeno ya no son suficientes. En ocasiones, en aras de cumplir con su obligación de proteger y garantizar la seguridad personal de las personas, actúa extralimitándose en su facultad, acción ésta de gran peligro para cualquier sociedad moderna, pues basta recordar los hechos sucedidos en Argentina y en Chile, en los setenta, para entender el riesgo de que el Estado, el gobierno, sobrepasa su actuación. Las Fuerzas Armadas de un país deben actuar siempre apegadas a las leyes y al bienestar de la nación. Es así que en nuestro país el actual régimen ha considerado necesario el utilizar al Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México en su lucha en contra del crimen organizado. Su razón ha sido el cumplir y garantizar la salvaguarda de los mexicanos y sus derechos. Sin embargo, en años recientes la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha puesto en duda los operativos de seguridad implementados por el gobierno a fin de abatir el incremento de la violencia y de conductas delictivas realizadas por los cárteles de las drogas. Así, derivado del ejercicio de la acción de amparo en contra de la detención realizada por el Ejército a través de un operativo en vías generales de comunicación, en donde resultó la detención de un conductor de un vehículo de transporte terrestre federal a quien a través de una inspección realizada en un retén, le fueron encontrados en su vehículo diversos paquetes que contenían estupefacientes. Por ello cuando el asunto llegó a nuestro más alto tribunal, diversos ministerios cuestionaron la constitucionalidad de los operativos o retenes y de los resultados y efectos que estos puedan tener durante la indagatoria y el proceso penal en contra de un indiciado o procesado. Así, la ministra Olga Sánchez Cordero se pronunció por otorgar el amparo y protección de la justicia federal, en virtud de considerar que en el pacto administrativo realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional violentaba las garantías de legalidad y debido proceso, pues la legalidad de las pruebas obtenidas en dichos operativos queda en duda, pues conforme la propia Constitución, el Ministerio Público es quien integra la averiguación previa y se allega de los medios probatorios necesarios y suficientes para la consignación y sujeción en un proceso de un presunto delincuente. Derivado de lo anterior y dado que nuestro sistema constitucional no faculta al Ejecutivo federal para la utilización de las Fuerzas Armadas en operativos policíacos ni tampoco permite la violación del derecho de libre tránsito, pretexto de la realización de investigación contra el crimen organizado es que se pretende la reforma de diversos numerales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos…