El diputado Juan Carlos Velasco Pérez: Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos diputados Juan Carlos Velasco Pérez y Erick López Barriga, diputados federales a la LX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática respectivamente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, 72, inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la fracción XX del artículo 32 y el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de servicio de comedor y comida para los trabajadores. Exposición de motivos En el mercado laboral mexicano, en términos generales, el salario mínimo y en alto porcentaje los salarios contractuales resultan claramente insuficientes para satisfacer las necesidades normales del trabajador y su familia y menos aún para adquirir la canasta básica en materia de alimentación; de lo que se deriva que quienes tienen estas remuneraciones, como únicos ingresos, están en los umbrales de la pobreza extrema. El cálculo más conservador sobre el total de asalariados indica que son más de 18 millones de trabajadores en todo el país los que se encuentran en la categoría de pobreza alimentaria, debido a las bajas remuneraciones que perciben. México presenta la mayor erosión salarial de toda América Latina, ya que se encuentra entre los países de la región que más drásticamente han reducido sus niveles salariales en las últimas dos décadas. Además de que la mitad de la población económicamente activa se emplea en el sector informal; por lo cual resulta fundamental resaltar que a través de una política fiscal adecuada se puede disponer no sólo de un instrumento de compensación social sino, más aún, de los incentivos y las motivaciones reales que ayudan a la creación de empleos, la productividad y sobre todo a elevar el poder de compra de los trabajadores. La política fiscal aplicada en las últimas décadas ha contenido elementos contrarios al de procurar una igualdad y equidad fiscal y aun social, ya que conlleva una tendencia clara y directa a la afectación del salario al gravamen de las prestaciones de los trabajadores que como causantes cautivos son la base principal del sistema tributario, lo cual contrasta con la política de flexibilidad que se ha otorgado a la mediana y gran empresa. Ante ello, el movimiento obrero a través de la negociación contractual ha buscado como estrategia negociar el otorgamiento de prestaciones que cubran necesidades que el salario no ha alcanzado a cubrir, como son alimentación, salud, vivienda, transporte, recreación y cultura, entre otras. Es importante señalar que las prestaciones que han sido una auténtica conquista de los trabajadores se han reducido en su alcance y limitado en su extensión, ya que originalmente estaban exentas en su totalidad. Sin embargo, con las adecuaciones impuestas su exención se ha limitado de tal forma, que en la actualidad se pagan impuestos por todas las prestaciones, incluyendo la previsión social cuando los ingresos del trabajador superan los siete salarios mínimos. En años recientes las organizaciones sindicales han logrado incorporar nuevas prestaciones en sus contratos colectivos de trabajo, destacando dentro ellos el servicio de comedor que ha servido parcialmente para compensar la caída del poder adquisitivo del salario. Estas prestaciones tienen una gran ventaja, toda vez que al ser presentaciones en servicio; es decir, instrumentos de trabajo, no se consideran como ingresos en bienes para efecto de impuesto, por lo cual, no causa impuesto alguno. No obstante, es de señalar que estas prestaciones sólo se pueden otorgar a aquellos trabajadores que laboran en empresas que dentro de sus instalaciones tengan comedores y a través de ellos, se otorgue la comida. Ello derivado de los altos costos de inversión y más aún, de mantenimiento, lo cual ha limitado a los trabajadores principalmente de la mediana y pequeña empresa a obtener los beneficios que a través de esta disposición se otorgan. Es importante destacar que el principal objetivo de la presente iniciativa es eliminar la iniquidad que existe entre los trabajadores que actualmente cuentan con el servicio de comedor en sus empresas y aquellos que no cuentan con este servicio. Asimismo, también para aquellos trabajadores que por la naturaleza del trabajo que desarrollan, al ser itinerantes, no tienen acceso a esta ayuda de alimentación, o bien porque los costos de este servicio de comedor sobrepasan la capacidad de la empresa. Por lo tanto, es importante lograr una mayor equidad entre los trabajadores independientemente de la naturaleza de su trabajo o el tamaño de la empresa en la que presten sus servicios. Esta equidad se lograría si se establece un incentivo para que las empresas que no cuenten con servicio de comedor puedan otorgar alimentación a sus trabajadores por medio de un tercero. En efecto, se considera necesario readecuar esta disposición de ley para permitir que todos los trabajadores que laboren puedan, en su caso, obtener vía negociación contractual, acceso a la alimentación o comida independientemente de si su centro de trabajo cuenta o no con comedores propios. Ello podría ser un estímulo de la parte patronal para otorgar alimentación a sus trabajadores, conscientes de que una buena alimentación coadyuva a una mayor productividad. En efecto, la ayuda para alimentación o comida, está asociada a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y está vinculada al propósito de incrementar la productividad y competitividad en las empresas y, finalmente, asociada a los cambios experimentados en la nueva cultura laboral. La alimentación de calidad es un derecho de todo ser humano y es deber del Estado crear las condiciones para que los trabajadores puedan efectivamente disfrutar de ese derecho, estableciendo para ello las condiciones fiscales adecuadas y la seguridad jurídica en su otorgamiento. El artículo 123 constitucional consagra el derecho de los mexicanos al trabajo y a obtener a cambio un salario remunerador, entendiéndose como tal aquel que permite satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, siendo la primera de éstas la adecuada alimentación de él y de su familia. El movimiento obrero reconoce y pugna por una adecuada y correcta alimentación de los trabajadores, ya que ello incide en una mayor productividad, generando una reducción de atrasos y falta de rotación y de accidentes de trabajo, tiempos de recuperación de éstos y de pérdidas en los procesos productivos e incrementa la capacidad productiva del trabajador, lo que genera un mayor rendimiento. Buscando la competitividad del empleo remunerado, un incremento en la recaudación y una disminución del gasto social, se propone una reforma a la normatividad en materia de alimentación para que, a través de incentivos fiscales a las empresas, genere que los patrones del país propicien una correcta alimentación a sus trabajadores y a su vez, reactive a un sector importante de pequeñas y medianas empresas dedicadas a la elaboración y preparación de alimentos. Por lo anterior, se propone la modificación de la fracción XX del artículo 32 y el último párrafo de la fracción VII del artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para establecer que los servicios de comedor y comida, proporcionados a los trabajadores se consideren ingresos en servicios, aún cuando estos últimos se suministren en las instalaciones propias o en su caso, por carecer de éstas, dados los altos costos de inversión y mantenimiento, se otorguen a través de establecimientos de consumo de alimentos contratados por la empresa o que formen parte de una red administrada por terceros, que les permitan su adquisición, proponiéndose para su deducibilidad los límites ya establecidos en la ley. Señor Presidente, es cuanto y le solicito atentamente que esta iniciativa se turne a las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.