La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Gracias, presidenta. Un gobierno que surge a través de un proceso democrático tendría que actuar en democracia, con compromiso apreciable con los derechos constitucionales y sin tendencias autoritarias que correspondan a un Estado totalitario. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI hemos actuado con responsabilidad y actuaremos hacia las reformas que se presenten ante esta soberanía. Asumimos esta responsabilidad para señalar todo lo que se puede mejorar en la iniciativa presentada el día de hoy por el gobierno electo. Esta reforma hemos visto que tiene varias deficiencias, y por ello, por nuestra responsabilidad ética, política, legal es de señalar que se están comprometiendo hacia cometer serios errores que atentan contra los fundamentos mismos del federalismo y de la gobernabilidad. Estamos de acuerdo que todo gobierno tiene el derecho de organizarse como mejor le convenga para lograr las metas y compromisos que ha contraído con la nación, pero no tiene el derecho a dañar a México y las mexicanas. Este derecho a organizar su gobierno no incluye el derecho a violar la Constitución, no incluye ignorar leyes, no incluye violentar el Estado de derecho, no incluye pasar por alto nuestro federalismo y la soberanía de los estados. No incluye la incongruencia, no incluye comprometer el futuro del país, no incluye destinar a México y a los mexicanos a un abismo. El derecho que tiene un gobierno para organizarse no es el derecho para destruir lo que sí funciona y poner en riesgo la gobernabilidad del país. Utilizar el poder para minar gradualmente el régimen vigente, desconociendo voces opositoras, es revertir a la democracia vendiendo bienestar y generando malestar. Las modificaciones propuestas apuntan a la concentración del poder en el gobierno federal, invadiendo atribuciones de estados y municipios. Impone un pésimo diseño institucional porque está fundado en la ignorancia del ejercicio de gobierno y en la desconfianza de los colaboradores del próximo presidente, que buscan la revancha política. Esta reforma es un retroceso en los avances democráticos del país, restaura la concentración del poder en la figura presidencial, no ofrece un diseño institucional que permita desarrollar una nueva estrategia de seguridad a la altura de las necesidades de las y los mexicanos. Por el contrario, tiene graves confusiones conceptuales sobre seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior. Con esta reforma se pretende instaurar un sistema de inteligencia policial persecutor por parte del gobierno y construir un estado policiaco. Vemos con preocupación que la seguridad nacional queda subordinada a la seguridad pública, lo que pone en riesgo el orden social, la estabilidad, el desarrollo, la esencia, la gobernabilidad que permite el ejercicio pleno de las libertades. Recordemos que el primer argumento para impulsar esta reforma fue lograr una mayor austeridad, sin embargo, se crean más unidades administrativas y se concentran funciones y decisiones con esquemas opacos de operación. Tal parece que se buscará aumentar los subsidios y compensaciones materiales a los grupos que apoyan y legitiman al nuevo gobierno, para que no se conviertan en sus opositores. Si el objetivo de la reforma es fomentar el clientelismo y el control electoral de los usuarios de los programas sociales, entonces la reforma va por buen camino. Tal parece que, más que organizar el gobierno, se busca instrumentar una maquinaria político-electoral afín a los intereses. Estos llamados superdelegados, como una estrategia de operación electoral, algunos aspiran a construir la cuarta transformación que va directo a lograr la gran recesión de la República. El dictamen significa un grave retroceso. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las y los diputados del PRI dejamos constancia de que con el diseño institucional de esta reforma el próximo gobierno está destinado a fracasar. Lamentamos porque somos una crítica informada, con visión de Estado y pedimos que esta soberanía sea responsable también para no aniquilar la democracia imponiendo un poder central y un Estado totalitario.