El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. No voy a repetir otra vez los argumentos acerca de que este proyecto de dictamen, como el anterior, proponen opiniones sobre reglas de operación, en este caso de las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados, como en el otro caso fue de la Comisión Nacional de Desarrollo Social. Creo, sin embargo, asiento el argumento de que no basta la opinión, las reglas de operación son parte del presupuesto. El presupuesto no solamente está integrado por las autorizaciones correspondientes de gasto, sino por los procedimientos y las reglas que dicen cómo debe ejercerse el gasto. Eso lo establece toda la doctrina jurídica en materia de derecho presupuestal, cuando se concibe al presupuesto como un acto jurídico complejo. No me voy a referir a eso, porque ya me refería en las ocasiones anteriores. Ahora me voy a referir a la ideología jurídica y a la ideología política que está detrás de este dictamen. Entender como lo hemos entendido en México, desde mi punto de vista equivocado, equivocadamente, que los derechos sociales, que los derechos económicos y culturales deben garantizarse a través de programas sociales. Creo que en México ni siquiera hemos avanzado lo suficiente para que los programas sociales sean de carácter universal; pero ahí no está el punto, creo que habría un avance si los programas sociales fuesen de carácter universal. El punto, la base de la discusión tiene que ver con la manera en la que garantizamos los derechos económicos, sociales y culturales, los garantizamos en México o los intentamos garantizar con estos programas sociales. Programas sociales que, como todos nosotros sabemos, están sujetos al clientelismo político, al corporativismo político, al uso electoral. ¿Por qué este tipo de temas generan debates tan vivos en el pleno de la Cámara de Diputados? ¿O por qué son tan importantes en el Poder Ejecutivo? Porque los programas sociales son el instrumento para, electoralmente, manipular a la sociedad mexicana, a los sectores más débiles de la sociedad mexicana. Este dictamen no solamente se queda corto cuando le pide a las comisiones ordinarias de la Cámara opinión, sino es un dictamen que se queda corto porque no hace lo suficiente para transparentar los programas sociales, para transparentar los padrones sociales, para establecer mecanismos de monitoreo a los programas sociales, para que ya no se utilicen los programas sociales con fines electorales que inciden en estos programas sociales, en la equidad, en la autenticidad del sufragio. Son instrumentos para decirlo en pocas palabras- para la compra y coacción del voto. Y este dictamen es totalmente omiso respecto a este tema. Los programas sociales debieran tener mecanismos de transparencia, de monitoreo, para evitar que los programas sociales se utilizaran con fines electorales, y debiéramos reformar a la par el Código Penal para que fueran delitos graves sin libertad bajo fianza, sin derecho a la libertad bajo fianza, el que los funcionarios públicos utilizaran los programas sociales para manipular, para coaccionar o para comprar el voto. Tenemos que presentar proyectos de dictamen integrales. No solamente para establecer la facultad de opinión de las comisiones ordinarias de la Cámara, sino para transparentar estos programas sociales y sus padrones y para evitar que los programas sociales se utilicen con fines electorales. Como este dictamen no contiene nada de lo anterior, votaré en contra del mismo.