El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: En representación de varios diputados, diputadas de diferentes fracciones parlamentarias que conforman esta soberanía, y además en obvio del tiempo vengo a presentar una iniciativa que modifica el artículo 76, 78 y 89 constitucionales. El tema de la reforma del Estado y más concretamente, las reformas que se pretenden hacer a nuestra Constitución, no pueden ser discutidas sin tomar en cuenta el problema de la seguridad pública. Hoy acudimos a esta alta tribuna para exponer una cuestión que consideramos de la mayor relevancia, máxime cuando hablamos de un área estratégica y vital para el desarrollo de nuestra nación. No debemos perder de vista que uno de los elementos cardinales que permiten la formación de un Estado democrático y de derecho es la preservación de la seguridad de la población en sus diferentes modalidades. En este tema está comprobado que el Poder Legislativo es una instancia fundamental que debe de participar en la toma de decisiones aún aquellas consideradas de mero trámite o simplistas. La cuestión aquí radica, en entender que la sociedad merece y exige la participación activa de sus representantes; por eso se nos ha conferido la facultad de realizar diversos actos, no sólo como hacedores de leyes, sino también como "garantes del control constitucional". Aquí entramos a los mecanismos de control con que actualmente cuenta el Poder Legislativo. Entrarían las comparecencias que solicitamos a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal; los informes que pedimos a los funcionarios gubernamentales; la vigilancia en el ejercicio de los recursos; pero también aquellas acciones que tienen que ver con los nombramientos de las personas que son llamadas por el titular del Ejecutivo para colaborar en el desarrollo del mandato constitucional que le fue dado en las urnas. Sabemos todos que no es un tema reciente, de hecho, este tipo de control ha estado presente desde los inicios de nuestro constitucionalismo, salvo un caso de excepción encontrado por los estudiosos del derecho en 1843, referente a los nombramientos de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda. En sí mismo, este mecanismo de control ha demostrado su funcionalidad a lo largo de la historia y en diferentes latitudes, ya sea que hablemos de sistemas parlamentarios, semiparlamentarios o presidencialistas. En cualquiera de estos casos su operatividad varía; sin embargo, su esencia gira en torno a garantizar un ejercicio del poder de forma responsable y legítima. Nuestra Constitución vigente contempla varios supuestos de los cuales la Cámara de Senadores está facultada para ratificar los nombramientos de determinados servidores públicos; en particular nos referimos a los artículos 76, fracción II, 78, fracción V y 89, fracción IX. En todos ellos existe una ausencia que no debe continuar. Nos referimos a la ratificación del secretario de Seguridad Pública, área relevante del gobierno que en cualquier democracia moderna está sujeta a la vigilancia del Legislativo. La reforma que hoy presentamos actualiza nuestra Constitución e incorpora dentro de los supuestos del control al secretario de Seguridad Pública, cargo que, al igual que el señor procurador general, deben ser ratificados por un órgano del Congreso, siendo para el caso concreto y respetando nuestra tradición constitucional, la Cámara de Senadores. La reforma que expongo en representación de mis compañeras y compañeros diputados, busca terminar con una laguna legal que desfasa y debilita el papel del Legislativo en materia de seguridad pública. No debemos dejar esta ausencia normativa sin un tratamiento, ya sea que entremos de lleno a la llamada reforma del Estado y modificamos nuestro sistema de gobierno, o ya se que sólo reformemos nuestra Constitución y modernicemos el sistema de seguridad pública. Cualquier camino que tomemos, debemos de tener presente la propuesta legislativa que hoy hacemos, máxime cuando es parcialmente una realidad la unificación de las policías bajo un solo mando. Este hecho que está próximo a discutirse en esta honorable Asamblea, nos debe sensibilizar sobre el gran poder que se concentrará en una sola Secretaría y la importancia que esté bajo el control constitucional del Poder Legislativo. Dejo a la fina reflexión de este Pleno y de aquellos legisladores que participarán en su dictaminación la aprobación de esta reforma. No hacerla traería consecuencias que hoy podríamos y deberíamos prevenir. Recordemos que las circunstancias sociales dan la pauta para ampliar y reforzar las facultades que le confiere la Constitución al Legislativo. Por ello, la facultad de control debe ser ampliada a otras áreas del gobierno que por alguna razón no fueron contempladas ni por el Constituyente ni por el legislador permanente. Para concluir, quiero recordar el ofrecimiento hecho por el titular del Poder Ejecutivo el pasado 5 de febrero de 2007 en Palacio Nacional. Hagamos valer los principios constitucionales de 1857 y de 1917: "renovemos el derecho desde el derecho, para adecuar los órganos del Estado". Yo añadiría: "seamos actores y no espectadores de nuestro presente, porque la historia será la actora y no espectadora de nuestro pasado". Atentamente, diputado Jesús Reyna García, diputado Alfonso Izquierdo, diputada Mayra Peñuelas, diputado Gilberto Ojeda, diputado Rodrigo Medina, diputado Jorge Godoy, diputado Armando Barreiro, diputada Guadalupe García, diputada Pilar Guerrero, diputado Francisco Elizondo, José Luis Aguilera, Ramón Valdés, Elías Cárdenas, Martha Tagle, Juan Abad de Jesús, José Manuel del Río, Layda Sansores, Robinson Uscanga, José Luis Varela, Juan Guerra, María Soledad López, Antonio Ortega, Mario Enrique del Toro, Martín Zepeda, Daniel Amador Gaxiola. Señor Presidente, ruego que se inserte esta participación completa en el Diario de los Debates, debido a que se sumaron algunos legisladores adicionales. Muchas gracias. Es cuanto.