El diputado Alfonso Ramírez Cuellar: Muchas gracias señor presidente. En la Constitución Federal de 1824 apareció por primera vez en el Artículo 165 la forma en la que se indicaban como debían resolverse las dudas que ocurrieran sobre la inteligencia de los artículos de la ley fundamental de ese mismo año, del año de 1824. En la sesión del 9 de junio de 1824 se dio la discusión del Artículo 64 en cuanto a la interpretación o modificación o derogación de las leyes o decretos, estableciéndose que se guardarían los mismos requisitos que se prescriben para su establecimiento. Durante esta sesión, se llevó a cabo un debate que tenía como fin, la argumentación, tanto a favor como en contra de la aprobación de la interpretación legislativa. En esta discusión se escucharon argumentos de todo tipo, dentro de los que destacan los de los diputados, como Florentino Martínez, quien manifestó, que si en la interpretación de las leyes intervinieran las dos Cámaras, podía darse el caso que una interpretara de una forma y la otra de manera distinta, y no pudiendo convenir ambas, quedando así la ley incierta o confusa- O como la de Crescencio Rejón, que argumentó, que si corridos lo trámites correspondientes, resultaba desechada la interpretación dada por una Cámara, se podrían dar otras hasta que se aprobara alguna, siendo imposible que se dejara de hacer, porque las Cámaras no podrían dar interpretaciones exóticas e inadmisibles, entre otros tantos legisladores interesados en este tema y cuyos argumentos fueron de los más destacados para aprobarse la interpretación legislativa en el Constituyente de 1824. Como antecedentes a la discusión sobre esta interpretación legislativa, podemos mencionar la sesión ordinaria del 6 de diciembre de 1836, en donde se aprobó por unanimidad de votos el Artículo 5º. que establecía, que sólo al Congreso General toca resolver las dudas de los artículos constitucionales, facultad que se estableció en la Ley Septima de las Siete Leyes Constitucionales de 1836. En el dictamen del Supremo Poder Conservador del 16 de octubre de 1839, se reitera que sólo al Legislativo corresponde la interpretación y declaración auténtica de sus leyes fundamentales, de ahí que debía pasarse todo el expediente a la Cámara de Diputados a fin de que el Congreso General dictara la declaración correspondiente interpretando algún artículo de la Constitución de 1836. A mayor abundamiento sobre la importancia de este tema, el ensayo de una Constitución publicado en Puebla en 1841, denominado "Ocios de un Mexicano", analiza y establece en el título 2º, artículo 1º, referente al derecho de seguridad individual, que en las declaraciones de duda de ley la declaración odiosa no retrocederá a su efecto sobre hechos consumados y si la favorable para sólo reponer lo que por mala inteligencia haya fuera gravosamente ejecutiva, pero si cualquier de los extremos produce gravamen a una u otra parte, no tendrá efecto alguno lo que era de dudosa inteligencia, sino desde la declaración de su sentido. De lo anterior inferimos que las entidades federativas ya conocían de las dudas de ley. Ahora bien. En el proyecto de Constitución del 25 de agosto de 1842, signada por Francisco F. Ramírez Díaz y Pedro Ramírez Guevara, dentro de las atribuciones de la Corte de Justicia se estipulaba en la fracción VIII del artículo 112, el oir las dudas de los tribunales sobre la inteligencia de alguna ley general y juzgándolas fundadas, consultar sobre ellas al Congreso iniciando la declaración conveniente. Es decir, se imponía la obligación a las Corte Suprema de consultar las dudas sobre la inteligencia de una ley general. Aunado a lo antes expuesto, correspondió al Senado resolver definitivamente las dudas que les propongan los gobernadores en el caso de la fracción II del artículo 148. Si el Senado no diere su resolución dentro de los 15 días de su recibo, quedará deferida aquella a la Cámara de Diputados. Artículo 63. El artículo 63 de las bases orgánicas de la República, de 1843, estipulaba que en la interpretación, modificación o revocación de las leyes y decretos se guardarán los mismos requisitos que deben observarse en su formación aprobándose por unanimidad de votos, el 28 de abril de 1843. La facultad interpretativa que nos ocupa fue suprimida en la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos sancionada por el Congreso General Constituyente el 5 de febrero del 57, pero se restablece con la reforma del artículo 71 el 13 de noviembre de 1874 y posteriormente se vuelve a plasmar en la Constitución Política el 5 de febrero de 1917 hasta nuestros días. Ahora bien. Actualmente nuestra Carta Magna en el artículo 70 establece que toda resolución del Congreso tendrá carácter de ley o decreto y que la facultad prevista en el artículo 72 Inciso F, de la Ley Fundamental, se erige como un mecanismo de control incluso superior a la jurisprudencia, por ello, en razón de que la obligatoriedad de ésta última se encuentra limitada por ley, en cambio la interpretación del Poder Legislativo tendrá formalmente el rango de ley, ya que sus actos pueden adoptar la forma de ley o decreto y por ende sería obligatoria para todos los órganos que la aplican, así como para los gobernados que deben de cumplirla. El Congreso de la Unión al ejercer la facultad referida se convierte en el auténtico intérprete, tanto de las leyes federales como de la Constitución. En este último caso la comparte con las asambleas legislativas locales en sus respectivos ámbitos. El procedimiento contenido en el Inciso F del artículo 72 de la Carta Fundamental es conocido como duda de ley, mismo que se sigue el procedimiento de formación legislativa y con la cual se caracteriza al Congreso de la Unión como intérprete auténtico, no obstante la facultad contenido en el citado Inciso F del artículo 72 de nuestra Constitución, mediante la cual erige al legislador ordinario en intérprete vinculante, son nulas las veces que se recurre a ella. El motivo del presente decreto es ejercer la facultad anteriormente expuesta, con el único propósito de interpretar el primer párrafo del artículo 72 constitucional. El aludido primer párrafo del artículo 72 de la Constitución establece que todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones. El primer párrafo del artículo antes aludido establece, en cuanto al proceso legislativo, el procedimiento a discusión tanto en la Cámara de origen como en la revisora sujetándose las disposiciones del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. La hipótesis antes señalada nos refiere el procedimiento legislativo de leyes o decretos en donde participan la Cámara de Diputados y la de Senadores como Congreso de la Unión, atendiendo a las facultades que otorga el artículo 73 de la Ley Suprema. De lo anterior se infiere que tratándose de resoluciones que sean exclusivas de alguna de las Cámaras, se entenderá lo dispuesto en los numerales 74 y 76 del Código Político de 1917. Así las observaciones a que se refiere el inciso b) del artículo 72 constitucional, serán formuladas únicamente en las materias en que el Congreso de la Unión ejerza las facultades contenidas por el artículo 73 de la Ley Fundamental. Luego entonces las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados y de Senadores contenidas en los artículos 74 y 76 del Código Político del 17, así como las previstas por el inciso j) del artículo 72, no estarán sujetas a la hipótesis contenida en el inciso b) del artículo 72 constitucional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración y aprobación del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de Decreto interpretativo del primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único.- Que el primer párrafo del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiera a las resoluciones del Congreso de la Unión, exceptuando las facultades exclusivas establecidas en el inciso j) del artículo 72, así como las contenidas en los numerales 74 y 76 constitucionales. Artículos Transitorios.- El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente: diputada Rosa María Avilés, diputado Francisco Javier Carillo, diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Muchísimas gracias.