La diputada Olga Patricia Chozas y Chozas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La acelerada transformación de la sociedad, los nuevos conceptos relativos a los derechos universales del hombre, los avances científicos y tecnológicos, así como los cambios profundos de reordenamiento privatizador han provocado el surgimiento de nuevas profesiones a fin de satisfacer las exigencias de nuestro país. Así, a 62 años de la promulgación de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y después de solo dos reformas en el 74 y en 1993, la conocida Ley de Profesiones que rige en toda la República en asuntos del orden federal resulta obsoleta para la realidad de la nación. Por ello, ante un México inmerso en los procesos de la globalización y el constante cambio es esencial una revisión urgente de la Ley de Profesiones respecto de uno de sus temas centrales que es el acreditamiento profesional. A través del acreditamiento es posible asegurar el nivel de conocimientos y habilidades que poseen los profesionistas para salvaguardar el patrimonio, salud e integridad de las personas e instituciones a las que sirven. Por otro lado, incrementa la eficiencia terminal de la educación superior en México, así como impulsa la certificación profesional. Esta última, definida como una evaluación externa que no solo reconoce los conocimientos de profesionistas sino que garantiza a nivel nacional e internacional que el mismo cuente con una capacidad técnica de mayor calidad y actualizada asegurando su libre movilidad en el extranjero. Actualmente, la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativa al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal y que es aplicable para asuntos de orden federal, establece en su artículo segundo que las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional, determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio. Si bien la normatividad contempla la exigencia de una cédula profesional para el ejercicio de las actividades profesionales, la misma es limitada y discrecional. Los riesgos son reales. Si consideramos que no sólo existen algunos mexicanos mal preparados y que ejercen sin título ni cédula correspondientes, sino también extranjeros que ejercen sus servicios profesionales sin contar en muchas ocasiones con la acreditación y calidad necesarias. Cuando el gobierno no actúa mediante una regulación adecuada, la sociedad genera formas de organización del ejercicio de las profesiones que no siempre están apegadas al marco legal e incluso están de manera extra legal. Es por esto que a partir de la perspectiva de los derechos de los consumidores y su relación con los prestadores de servicios profesionales, la acreditación se convierte en un elemento fundamental para la defensa del consumidor. Por ello consideramos que el marco jurídico para la regulación profesional es insuficiente y demanda no sólo cuidadosas reformas sino también nuevas disposiciones, entre ellas la aplicación del número de profesiones bajo regulación, así como establecer un esquema de responsabilidad legal mucho más claro y un sistema de acceso a los tribunales expedito y sencillo para quienes puedan verse afectados por un profesional. La presente iniciativa pretende llenar el vació legal que tiene la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, respecto de la reglamentación de las ramas o especialidades profesionales que necesitan título y cédula para su ejercicio. Bajo nuestra perspectiva, el artículo 2o. de la mencionada ley enmarca a muy pocas profesiones para que le sea exigible el acreditamiento oficial para su ejercicio. Consideramos que no se puede limitar esta disposición a las pocas profesiones para las cuales sí existe una ley que reglamenta su campo de acción; tampoco puede expedirse una lista rígida de profesiones que deben apegarse al acreditamiento oficial obligatorio para su ejercicio. En momentos de la creación de nuevas carreras es una constante. Así, proponemos que la disposición debe extenderse a toda la profesión que se encuentre registrada ante la Dirección General de Profesiones y aquéllas que impacten y se relacionen directamente con el patrimonio, salud e integridad de los particulares para los cuales se lleva a cabo el ejercicio profesional. Con ello, se pretende incentivar la eficiencia terminal de nuestro sistema de educación superior, elevando el número de profesionistas que ha probado tener los conocimientos y habilidades necesarias para poder proporcionar sus servicios a cualquier usuario o institución. Adicionalmente, la obligatoria acreditación de las profesiones para poder ejercerse pretende contribuir a que nuestros profesionistas, en un futuro, puedan obtener la certificación a nivel internacional que les permita aprobar su competitividad y tener acceso en igualdad de condiciones a los mercados laborales de otros países. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión el presente decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 2o. de la Ley Reglamentaria del artículo 5o. constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, para quedar como sigue: Artículo 2o. Las leyes que regulen campos de acción relacionados con alguna rama o especialidad profesional determinarán cuáles son las actividades profesionales que necesiten titulo y cédula para su ejercicio. A falta de las leyes mencionadas en el párrafo anterior, las actividades que necesitarán título y cédula para su ejercicio profesional, serán las que I. Tengan repercusión directa sobre el patrimonio y la salud física y mental de las personas para quienes se lleve a cabo el ejercicio profesional. II. Tengan impacto sobre el patrimonio nacional, medio ambiente y recursos naturales. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, por su atención, gracias.