EL C. DIPUTADO ALBERTO ANAYA GUTIERREZ: Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. Señoras y señores. Iniciamos hoy los trabajos de la LVIII Legislatura, la cual repite su conformación pluripartidista, sin que alguna fuerza política por si misma tenga la mayoría absoluta en ninguna de sus Cámaras. Tenemos como reto concretar la plena vigencia de la división de poderes que por tantos años fue letra muerta. La anterior Legislatura dio los primeros pasos hacia una relación de mutuo respeto con el Poder Ejecutivo, ahora nos toca convertirla en una realidad irreversible. En esta sesión el Presidente Ernesto Zedillo habrá de rendir su último Informe de Gobierno, son momentos muy especiales para el país, luego del mandato ciudadano de concluir el prolongado régimen priísta de más de siete décadas y comenzar la construcción de un México mejor, con base en la democracia, la justicia social y la soberanía popular. No obstante, como en similares ocasiones, hoy habremos de presenciar lo que el pueblo ha denominado "la danza de los millones", es decir la mención interminable de cifras sobre supuestas acciones en favor de la sociedad mexicana y un discurso que tratará de convencernos del promisorio futuro que tenemos casi al alcance, en la mano. El Partido del Trabajo reconoce lo positivo, pero no comparte las cuentas alegres de la tecnocracia, que nos hablan de una economía aparentemente sana cuando la mayoría de la población está sometida a la pobreza y a la marginación. Reconocemos el crecimiento del Producto Interno Bruto, la estabilidad cambiaría, el descenso de las tasas de inflación, el equilibrio en las finanzas públicas, el crecimiento de las exportaciones y el aumento en las reservas monetarias internacionales. Sin duda son indicadores económicos positivos, pero no los aceptamos como reflejo de una economía sana, cuando constatamos que la mitad de la población está al margen de los beneficios de este crecimiento, cuando vemos descender continuamente el poder adquisitivo de los trabajadores del campo y de la ciudad. No aceptamos, en suma, una política económica neoliberal que ha generado un crecimiento económico en favor de unos cuantos a costa de la vivienda, el vestido, la educación, la alimentación y la salud de la mayoría de los mexicanos. Tampoco aceptamos que ese crecimiento sea sinónimo de desarrollo nacional, cuando contemplamos el desmantelamiento de la infraestructura básica del país, cuando tenemos un sistema financiero al margen del sector productivo, cuando asistimos al colapso del campo, cuando importantes ramas económicas se encuentran en peligro de desaparecer, cuando el pequeño y mediano empresario no pueden salir adelante. México no puede seguir por ese camino. La votación del 2 de julio fue un claro mandato por el cambio del rumbo nacional, primordialmente en lo relativo a la política económica; fue una sanción categórica para que el gobierno que termina, para un gobierno que se va dejando graves y grandes saldos sexenales. En lo político, el gobierno de Ernesto Zedillo cierra envuelto en escándalos, fruto de una política errática que ha ido del autoritarismo a la ausencia del mando en el ejercicio del poder. Desde su primer discurso el Presidente Zedillo prometió una reforma electoral definitiva que desterraría la inequidad de los comicios; prometió asimismo alcanzar la paz digna en Chiapas y realizar la reforma democrática del Estado. La reforma electoral quedó muy lejos de ser definitiva; la inequidad en las contiendas electorales prevaleció en los hechos como razón de estado y pasó a la agenda por venir. Se dio un paso importante con la autonomía de los órganos electorales, que favorecieron la celebración de comicios auténticos, pero nada se avanzó en el ámbito de la democracia participativa. Será imperativo honrar los ofrecimientos realizados durante las campañas, al calor de la voz, de la búsqueda del voto ciudadano; tendrá que iniciarse una reforma que admita sin regateos el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato, la iniciativa popular, la afirmativa ficta, el gobierno comunitario como cuarto nivel de gobierno y la voz ciudadana en los cabildos. En Chiapas el Ejecutivo Federal no buscó realmente la paz. Del rechazo a los acuerdos de San Andrés Larráizar se pasó al pisoteo de la Ley de Concordia y Pacificación, al rompimiento traicionero de la tregua pactada, a la ocupación militar de la zona de conflicto y a la promoción de grupos paramilitares. Ahora, tendrá que retomarse la senda pluralmente trazada para alcanzar la concordia y la pacificación con dignidad, desterrando la tentación de aplicar soluciones de fuerza que ya demostraron su rotundo equívoco. El camino más promisorio pasa por restablecer el dialogo directo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con base en el reconocimiento de los Acuerdos de San Andrés, el retiro de la ocupación militar y la plena rehabilitación de la COCOPA. Será indispensable avanzar hacia una verdadera reforma de Estado que permita profundizar y consolidar la democracia; el espíritu republicano, la división de Poderes y la constitución de una sociedad justa y generosa con sus hijos más desprotegidos. Los mexicanos sufrimos la violencia cotidiana del crimen organizado, que se ha convertido en delincuencia de Estado; en no pocos casos, alimentada por altos mandos de los cuerpos policíacos federales y estatales. Sufrimos las consecuencias de un narcotráfico convertido en problema de seguridad nacional, cuyos tentáculos visibles alcanzan a gobernadores y altos mandos del Ejército Mexicano. El Partido del Trabajo, está convencido que la seguridad pública no es un asunto policíaco, sino un problema complejo, cuyo sustento radica en dos graves flagelos: la corrupción y la impunidad. Sostenemos también que la solución a la inseguridad pública, pasa necesariamente por el saneamiento de fondo de las estructuras de Estado, tarea imposible si no se lleva a cabo con la participación de toda la sociedad. La impunidad y la corrupción, solapadas desde la misma Presidencia de la República, hoy salen a la luz pública con los recientes escándalos vinculados a la administración federal. Lo vemos con el exsecretario de Turismo, otrora encargado de las finanzas de su campaña Presidencial, convertido hoy en prófugo de la justicia. Lo vemos también con el Secretario de Comercio y Fomento Industrial, al que le estalló en las manos el escandaloso caso del RENAVE, verdadero ejemplo de complicidad política y absoluta irresponsabilidad social. La renuncia de Herminio Blanco, es lo menos que debe de proceder en este caso. (aplausos) Por otra parte, a la lista de matanzas nunca aclaradas como la de Aguas Blancas y Acteal, se suman ahora los recientes y trágicos enfrentamientos de Chimalhuacán, donde vimos enfrentarse al PRI contra el PRI. Además, están pendientes los juicios contra gobernadores y exgobernadores, frenados anteriormente por un Poder Presidencial que ya no da para más, Pareciera que de repente se agolpa en la escena el elenco principal de la impunidad, reinante en el sexenio por concluir. Oscar Espinosa Villarreal, Carlos Caval Peniche, Víctor Cervera Pacheco, Jorge Carrillo Olea, Roberto Albores, Rubén Figuero y Mario Villanueva; el propio Ernesto Zedillo, tendrá problemas para explicar el origen de recursos de su campaña, presuntamente inscritos hoy en el FOBAPROA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en una acción sin precedente falló en favor de la Honorable Cámara de Diputados; la controversia constitucional que obliga al titular del Ejecutivo a presentar la información de los fondos del FOBAPROA. Bajo el disfraz de apoyar al ahorrador, el FOBAPROA se convirtió durante el sexenio que termina, en el megafraude del siglo; monumento a la impunidad y a la corrupción en nuestro país. Hablamos de una gigantesca suma que se convirtió en deuda pública por las complicidades del Gobierno Federal, los pasados legisladores del PRI y del PAN. Se trata a todas luces de una carga injusta, inmoral y perniciosa que habrán de pagar los que menos tienen las deudas de quienes más tienen, que en muchos casos se llevaron a cabo mediante actos ilícitos realizados con la complicidad de las autoridades correspondientes. Hablamos de un verdadero saqueo de magnitudes históricas que alcanza más de 70 mil millones de dólares, en el que falta contabilizar todavía otro saqueo, el de la Banca de Desarrollo, del cual aún no sabemos la suma de los recursos públicos transferidos ilegalmente a bolsillos privados. Entre ambos saqueos seguramente superarán los 83 mil millones de dólares de la deuda pública externa acumulada hoy en el país. Si a todo esto le sumamos los 45 mil millones de dólares reconocidos como deuda pública interna, hablamos de una deuda pública total que nos heredará el actual gobierno, muy superior a los 200 mil millones de dólares. El Fobaproa evidencia así el verdadero rostro de rapiña del modelo económico neoliberal que privatiza las ganancias y socializa las pérdidas privilegiando la especulación y el dinero fácil a la sombra del contubernio entre el poder económico y el poder político. Junto a lo anterior el saldo social que deja el actual gobierno resulta por demás indignante. Hablamos de los 50 millones de pobres, 20 millones de ellos reconocidos en situación de pobreza extrema; hablamos del empobrecimiento y de solución de las clases medias y del salario que no alcanza para lo indispensable; hablamos de la gran desnutrición infantil; del deterioro de la seguridad social; del déficit de viviendas; de la deserción escolar y de la explosiva explosión que alcanza a la niñez mexicana. A pesar de esta realidad lacerante, el gobierno actual redujo sus programas destinados a los sectores más desprotegidos. En compensación despegó enormes campañas publicitarias. El ofrecimiento bienestar para la familia, lema central de Zedillo, quedó nada más en la promesa. Solamente unas cuantas familias privilegiadas fueron las que se beneficiaron. Hoy se habla de querernos imponer de nuevo el IVA, desde esta tribuna señalamos que nos vamos a oponer al aumento del IVA en alimentos y medicinas. A esta política económica rapaz, el Partido del Trabajo no le concede ni el beneficio de la duda. La hemos combatido desde las trincheras porque ha sido la causante del empobrecimiento de nuestro pueblo y la seguiremos haciendo aunque ahora venga con la máscara del cambio. Ante el pueblo de México el Partido del Trabajo refrenda aquí su compromiso de luchar por un México verdaderamente democrático, libertario, justo y soberano. Muchas gracias. PRESIDENTE: Se concede el uso de la palabra al Senador Jorge Emilio González Martínez, del Partido Verde Ecologista de México.