El diputado Rodrigo Abdala Dartigues: Gracias, presidente. Los cambios a la minuta son insuficientes, mantiene, obviamente, la idea de dejar al Ejército en las calles y que asuman las tareas de seguridad pública en contravención con el mandato constitucional. Las modificaciones no generan ningún control adicional ni mecanismos extraordinarios de supervisión en materia de derechos humanos, que fue lo que propusieron los organismos internacionales, las organizaciones civiles y las instituciones académicas. El cambio al artículo 1o. de la ley, en el que se expresa su vinculación con la Constitución, es un intento de encubrir la inconstitucionalidad de la minuta. El cambio al artículo 9 de la minuta y que el propio INAI ha calificado de transgredir el principio de máxima publicidad, es un cambio superficial, no atiende al verdadero planteamiento en el sentido de que ese artículo fomenta la opacidad al establecer implícitamente que toda información de seguridad interior será, en los hechos, confidencial y de reservas. La aprobación a esta ley será más que un error histórico del gobierno de Peña Nieto, del PRI y de todos sus aliados. Será una traición al pueblo mexicano. ¿Por qué tanta cerrazón? ¿Qué es lo que persiguen? Porque está claro que no es el bienestar de los ciudadanos ni la seguridad pública interior o nacional. ¿Por qué a unos meses de que se realice la elección? El día 13 de diciembre la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la oficina en México del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en México, hicieron un urgente y estremecedor llamado para no apoyar el proyecto, y a continuación leo textualmente: Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano para que atendiendo a sus obligaciones constitucionales y convencionales relativas a la preservación y defensa de los derechos humanos, se abstenga de aprobar el proyecto de Ley de Seguridad Interior que se someterá a consideración de las comisiones dictaminadoras del Senado, el día de ayer –el día de hoy, obviamente, así lo dice– y en su lugar abra un diálogo nacional sobre el modelo de seguridad en México bajo un esquema que, sin inhibir la actuación legítima del Estado, preserve y garantice los derechos fundamentales de las personas. Aun cuando se han hecho públicos algunos cambios que se aplicarían al proyecto de ley originalmente planteado, el mismo sigue presentando aspectos altamente preocupantes para la vigencia y respeto de los derechos humanos en México. La vasta mayoría de las observaciones hechas al proyecto original se mantendrían vigentes en tanto las eventuales modificaciones no implicarían cambios sustantivos. Además, las observaciones son de tal envergadura y las voces en contra que se han manifestado de tal diversidad, que resulta indispensable la materialización de una deliberación amplia, honesta e inclusiva que atienda de manera efectiva los múltiples señalamientos formulados en el marco del respeto a la dignidad humana. Esto significa un contundente rechazo a la inminente aprobación de esta ley. Lo que se está a punto de aprobar, un es un peligrosísimo escenario de violaciones a derechos humanos en México en total opacidad y falta de información de las acciones militares realizadas en nombre de la seguridad interior y de las hipotéticas amenazas a la seguridad nacional, cubrirán completamente de impunidad todos los actos realizados por los cuerpos castrenses y de seguridad. Dicho en términos sencillos, adiós a los avances en materia de derechos humanos alcanzados en la reforma del 2011. Con la aprobación de esta ley, de un plumazo terminarán con el sistema penal acusatorio y todas sus bondades.