EL DIP. GERARDO SOSA CASTELAN: Gracias señor Presidente. Distinguidos colegas: Mis compañeros de la fracción priísta pensamos que el fuero constitucional es una figura que histórica, doctrinal y legalmente tiene una naturaleza y función muy claras: proteger a los legisladores de posibles abusos o arbitrariedades provenientes de otro poder. Es cierto que el fuero también permite proteger al legislador de eventuales persecuciones realizadas por particulares, que pueden pretender atacarlos a fin de causarles un daño político a partir de una denuncia que no se justifique. Todos ustedes saben que el fuero comprende dos dimensiones fundamentales: Una denominada "inmunidad absoluta" o "inviolabilidad", por virtud de la cual el legislador jamás puede ser reconvenido por las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo. Esta institución protege la absoluta libertad de expresión de los parlamentarios para evitar que se pretenda perseguirlos por lo que opinen o señalen en el ejercicio de su función. La segunda dimensión es la llamada "inmunidad relativa", que impide la apertura de un proceso penal en contra de un legislador, sin que previamente la Cámara de Diputados haya levantado la inmunidad mediante la declaración de procedencia, y en ambos casos es incuestionable lo que esta figura protege: la función, no al funcionario, por lo que es evidente que el fuero constitucional no constituye una patente que coloque a los diputados y senadores por encima de la ley, permitiendo atropellar a otras personas, o pretender que el fuero le permita a algún miembro de las Cámaras entrar por la fuerza a una propiedad particular. Ni siquiera en la hipótesis no admitida de que se estuviese perpetrando un delito, puede un diputado o un senador arrogarse funciones de autoridad que la ley no le da y esgrimir el fuero como un pretexto para atacar los derechos de un tercero. Si un servidor público provisto de una inmunidad constitucional, ataca a una persona o trata de allanar su propiedad, los particulares están en todo su derecho de repeler la agresión, y las consecuencias sufridas por el mismo funcionario no pueden catalogarse de ningún monto como una violación a su fuero constitucional. Este privilegio no es ilimitado, se refiere a la libertad que goza el legislador para sus actividades parlamentarias dentro y fuera del recinto, pero no abarca sus actividades particulares. Más aún, en algunos países la inviolabilidad está sujeta a ciertas medidas disciplinarias internas. Pretender argumentar ante la Cámara que se ha violentado el fuero por el hecho de que una persona, ejerciendo su legítimo derecho a defenderse, hubiese causado un daño o una lesión a un legislador, eso es desnaturalizar completamente la institución jurídica. Ni el Presidente de la Cámara, ni la asamblea como tal pueden solidarizarse con la pretensión de emplear el fuero como instrumento para realizar conductas que violen derechos de particulares, inclusive tales particulares tienen el derecho de presentar su denuncia ante el Ministerio Público por los delitos cometidos por los legisladores que quieren tomar la justicia en propia mano, y que no están exentos de que previamente se levante una averiguación correspondiente y se les pueda iniciar el proceso de declaración de procedencia, para que, en caso de haber incurrido en ilícitos penales, respondan ante las autoridades competentes una vez que se les levante la inmunidad relativa de la que disfrutan. Sería esta misma autoridad, la Cámara de Diputados, la que tendría en su caso que estudiar dicha procedencia, siempre en el entendido de que el fuero constitucional protege al legislador de acciones que indebidamente pretendan ejercerse en su contra, pero no de aquellas que tengan sustento jurídico, ya que dicho fuero no se instituye para permitir a los funcionarios cometer delitos impunemente. Por último recordemos diputados y diputadas, que en un estado de derecho nadie esta por encima de la ley. Gracias. (aplausos)