La diputada Lorena Piñón Rivera: Con su venia, presidente. Quiero adelantar que el voto del Grupo Parlamentario del PRI será en contra de este dictamen. La creación de la Guardia Nacional en el 2019 se dio en el marco de un gran consenso en todas las fuerzas políticas para hacer frente a la grave crisis de inseguridad que se vive en el país. Ello se sustentó en tres elementos fundamentales. Uno, que la Guardia Nacional mantuviera en todo momento un carácter civil. Dos, que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública tenía que ser temporal, otorgando un plazo de cinco años mientras se consolidaba la Guardia Nacional con elementos civiles. Y, tres, establecer mecanismos que permitieran fortalecer a los cuerpos policíacos estatales y municipales. El Grupo Parlamentario del PRI en el 2019 votó a favor de esa estrategia con la finalidad de brindarle al gobierno federal una herramienta que le permitiera hacer frente a la violencia, pero, sobre todo, brindarles paz y seguridad a las familias mexicanas. En el 2022, la situación en materia de seguridad en México continuó agravándose con más de 130 mil asesinatos, feminicidios, extorsiones, robos y delitos cometidos por el crimen organizado. Nuestro grupo parlamentario fue sensible ante la situación de que cinco años no serían suficientes para que la Guardia Nacional funcionara sin el acompañamiento de las Fuerzas Armadas. Entendimos que la consecuencia la pagarían las y los ciudadanos. Por ello, el PRI propuso ampliar el plazo de cinco a nueve años para permitir la consolidación institucional de carácter civil de la Guardia Nacional. Además, esta ampliación fue condicionada con elementos claves para el fortalecimiento de los cuerpos policiales de carácter civil. Se incluyó en la reforma, uno, la creación de una comisión bicameral de seguimiento a las tareas que realizan las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública. Dos, la obligación del Ejecutivo de remitir un informe semestral sobre el uso de las Fuerzas Armadas y, tres, la creación de un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública. El Grupo Parlamentario del PRI no puede acompañar esta reforma porque el Estado mexicano se aleja de los estándares internacionales en materia de seguridad pública, las sentencias de tribunales internacionales y las recomendaciones de mecanismos de protección de derechos humanos, porque esta propuesta contraviene la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Alvarado Espinoza, y otros contra México que establecen que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe de ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. Porque con esta reforma la Guardia Nacional pierde su carácter civil y se convierte en un cuerpo policial militar. Porque con esta reforma la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública deja de ser excepcional y complementaria para convertirse en una función permanente. Porque los elementos de la Guardia Nacional dejan de estar subordinados a mandos civiles y pasan a formar parte de la estructura de la Secretaría de la Defensa. Porque el dictamen no establece un régimen de fiscalización de la Guardia Nacional con carácter militar. Porque con esta reforma se permite la jurisdicción militar para elementos de la Guardia Nacional que se desempeñan en actividades de seguridad pública y porque esta reforma impacta en el modelo de seguridad pública y el modelo de Defensa Nacional, desdibujando los límites de ambos modelos. Con esta reforma se podría exacerbar las violaciones en materia de derechos humanos relacionados con la Guardia Nacional. La seguridad pública se enfoca en la protección de los ciudadanos, en la prevención del delito y en la preservación del orden público, esa es una tarea que requiere un enfoque comunitario, cercano a la población con profundo respeto a los derechos humanos y conocimiento de las dinámicas sociales locales. Por otro lado, la seguridad nacional se ocupa de proteger la integridad, la estabilidad y permanencia del Estado mexicano frente a amenazas externas o internas de gran magnitud. Al militarizar permanentemente la Guardia Nacional estamos borrando esa distinción crucial, esto no solo pone en riesgo la eficacia de la seguridad pública, sino que también expone innecesariamente a los militares. Permítanme ser clara, nuestras Fuerzas Armadas merecen todo nuestro respeto y reconocimiento, su labor en la defensa de la patria es invaluable. En mi estado, Veracruz, hemos sido testigos de su dedicación y sacrificio. Sin embargo, es precisamente por este respeto que debemos de evitar involucrarlas de manera permanente en tareas que no les corresponden. Además, insisto, esta reforma deja sin resolver cuestiones cruciales, yo les pregunto, ¿cómo se fiscalizará a una Guardia Nacional militarizada?, ¿qué pasará con la jurisdicción en casos de abusos contra civiles?, ¿cómo garantizaremos que no se erosione la confianza entre la población y las fuerzas de seguridad? Colegas diputados, les hago un llamado urgente a la reflexión, esta reforma no sólo contradice los acuerdos que alcanzamos en el 2019 y en el 2022, sino que representa un retroceso. Los que están a favor de esto tomarán otra mala decisión, que desfigurará aún más el rostro de la seguridad en México por generaciones. Como dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan: no puede haber paz sin desarrollo, y no puede haber desarrollo sin paz y no puede haber paz ni desarrollo sin derechos humanos. Esto nos recuerda que la verdadera seguridad sólo se logra a través de un enfoque integral, que respete los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Permítanme plantear algunas preguntas que debería inquietarnos a todos e insisto, son preguntas. ¿Qué papel le quedaría a la Secretaría de Seguridad Pública federal cuando se le arrebata su herramienta operativa más importante?, ¿es intencional que la quieran reducir a un mero membrete, un cascarón burocrático, sin sustancia ni poder de acción real? ¿Es este el plan para la seguridad de México?, ¿convertir a una Secretaría Federal en un espectador impotente mientras los militares asumen el control de la seguridad pública?, ¿a quién beneficia tener una Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana famélica en sus mecanismos institucionales?, ¿estamos acaso frente a una estrategia para hacer de la Secretaría Civil un chivo expiatorio?, ¿se busca acaso tener un ente testimonial al cual culpar cuando las cosas salgan mal mientras el verdadero poder de seguridad pública se ejerce en otro lado? No sólo propone militarizar la seguridad pública, sino desmantelar las instituciones civiles que tanto nos ha costado construir. Reitero, la creación de la Guardia Nacional en el 2019 fue un acto de buena fe, un intento de todas las fuerzas políticas para abordar la crisis de la seguridad, pero lo que hoy se nos presenta es una traición a ese espíritu de colaboración. Qué diremos a nuestros ciudadanos cuando pregunten por qué entregamos el control de la seguridad pública a las fuerzas armadas, cómo justificaremos haber dejado a la Secretaría de Seguridad Pública como un adorno burocrático, ¿esta es la visión de seguridad que queremos para México? Donde nuestras calles se convierten en un campo de operaciones militares permanente, ¿en serio eso quieren? ¿Qué pasó con el concepto de temporalidad que tanto defendimos? ¿Acaso cinco años, luego nueve y ahora un para siempre? ¿Es este el nuevo estándar de temporal en nuestro léxico político? Compañeros, les pido que reflexionen qué tipo de mensaje le estamos enviando al mundo, ¿qué México es incapaz de mantener la seguridad sin recurrir a una militarización permanente acaso? ¿Qué nuestras instituciones civiles son tan débiles que debemos entregarlas al control militar? Permítanme una reflexión histórica que coloca en perspectiva la gravedad de lo que se nos propone. Recordemos que fueron los propios militares aquellos que consolidaron nuestra Revolución y sentaron las bases de las instituciones gubernamentales modernas, quienes optaron por retirarse de la escena pública en los años 40 del siglo pasado y dejar al paso al gobierno civil, ¿por qué tomaron esta sabia decisión? Porque entendieron que un México en paz no necesitaba a sus Fuerzas Armadas patrullando las calles, comprendieron que su papel era defender la soberanía nacional, no perseguir delincuentes comunes. Estos militares forjados en el fragor de la batalla tuvieron la visión y la humildad de reconocer que su lugar estaba en los cuarteles dedicados a la disciplina militar y preparados para defender a la nación de amenazas externas o en apoyo a la sociedad víctima de catástrofes. Entendieron la diferencia fundamental entre la seguridad nacional y la seguridad pública, ¿acaso hemos olvidado esta lección tan crucial? Y uno de los militares de vanguardia que abandonaron al arribo del gobierno civilista fue el propio general Lázaro Cárdenas. La disciplina militar tiene de manera inherente el uso de la fuerza letal como último recurso, lo que es fundamentalmente distinta de las habilidades necesarias para la seguridad pública que requiere un enfoque comunitario de prevención y de respeto a los derechos humanos en situaciones cotidianas, ¿es justo exponer a nuestros militares a estos dilemas diarios? ¿Será prudente pedirles que cambien su entrenamiento de defensa nacional por el de persecución de delincuentes del fuero común? El Grupo Parlamentario del PRI no puede y no debe acompañar esta reforma, no podemos ser cómplices de este desmantelamiento institucional disfrazado de estrategia de seguridad pública. Trabajaremos juntos en fortalecer nuestras instituciones civiles, en mejorar las condiciones sociales que generan violencia y en construir un México donde la paz y la seguridad sean el resultado de una sociedad justa y un Estado de derecho fuerte, no de la omnipresencia militar. Les pregunto, finalmente, ¿estamos dispuestos a ser la generación de políticos que entregó la seguridad pública de México a los militares? Esta propuesta no solo ignora las lecciones de nuestra historia, sino que también pone en riesgo, tanto a nuestras Fuerzas Armadas como a la población civil. ¿Estamos realmente dispuestos a borrar de un plumazo la sabiduría acumulada de generaciones de líderes militares y civiles que entendieron la importancia de esta separación? La respuesta, compañeros, debe de ser un rotundo no. Defendamos nuestras instituciones civiles y honremos el papel originario de las Fuerzas Armadas. Rechacemos esta reforma. Es cuanto.