La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder en la toma de decisiones en los mecanismos de participación, representación social y política, y en las relaciones familiares, las relaciones sociales, económicas, políticas y culturales, que constituyen una meta para erradicar la exclusión estructural de la mujer. En México hemos logrado avances normativos, como el derecho al voto en 1953, la igualdad jurídica con el hombre en 1974, y más reciente, en el 2014 la incorporación de la paridad de género, que vino a impulsar una mayor participación en elecciones de legisladoras federales y locales. Celebramos que nuestro país, con 211 compañeras diputadas en la LXIII Legislatura, se encuentre entre las cinco naciones del continente con una notable transformación y representación femenina en sus congresos, que también es visible en nuestros congresos locales. Sin embargo, a pesar de los logros, principalmente de la reforma constitucional en materia de paridad de 2014, así como la creación de nuevas legislaciones en materia político-electorales, en el Grupo Parlamentario del PRI tenemos claro el compromiso de seguir uniendo esfuerzos para lograr la inclusión e igualdad sustantiva que nuestras mujeres siguen demandando, especialmente para garantizar su verdadera participación en la toma de decisiones de nuestra sociedad mexicana. Luego entonces, uno de los espacios de gobierno donde resulta necesario e inaplazable impulsar el empoderamiento de las mujeres es, sin duda, en los procesos de elección e integración de las candidaturas a presidencias municipales. Cabe señalar que en 2014, de los 2457 municipios existentes en todo el territorio nacional solo 192 eran representados por presidentas municipales, mientras que en el 2015 esta cifra se redujo a 178. Evidentemente que por interpretación de algunas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de la Ley General de Partidos Políticos se reconoce parcialmente la paridad de género. No obstante a ello, la falta de claridad normativa sigue generando la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales de justicia electoral para proteger los derechos político-electorales, especialmente para respetar la paridad horizontal y vertical en la postulación de candidatas y candidatos en elección de ayuntamientos de diversas entidades del país, que se supone ya tienen garantizados las mujeres mexicanas. En este contexto, el magistrado Flavio Galván del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha considerado necesario incluir en la Constitución la obligatoriedad de paridad de género vertical y horizontal en la integración de ayuntamientos, señalando que la paridad de género debe cumplirse a cabalidad por los partidos políticos. Por ello, consideramos que llevar la paridad de género a nuestros municipios del país constituye una herramienta fundamental para combatir las desventajas, violencia, invisibilidad y estereotipos que hoy en día, además de menoscabar la autonomía de nuestras mujeres están generando una inmensa brecha de desigualdad que impacta el desarrollo y el progreso de nuestro Estado mexicano. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, como representantes de la población mexicana tenemos el compromiso de unir esfuerzos legislativos para fortalecer el empoderamiento de las mujeres, para que también nuestras mujeres puedan desarrollarse integralmente, ejerciendo sus derechos humanos en igualdad de oportunidades. En ese sentido es inaplazable fortalecer y garantizar desde el texto constitucional la obligatoriedad de paridad de género, vertical y horizontal, en la integración de los ayuntamientos. Es cuanto.