El diputado José Armando Ortiz Rodríguez: Arriba. Que todo aquel que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. José María Morelos y Pavón. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, por el que se nos proponen reformas al artículo 12 y 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios. Conforme a lo que se dispone en el artículo 27, fracción XIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano para administrar la justicia agraria debe contar con tribunales especializados en esta materia. En la ley orgánica correspondiente se establece la forma de integración y las atribuciones de dicho órgano jurisdiccional en materia agraria. En el caso del artículo 12 se nos propone la reforma a la fracción III, para que quienes aspiren al cargo de magistrado o magistrada agraria acrediten una práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria. Esta reforma es importante, porque pudiera ser el caso de que haya quienes cumplan con el requisito actual de cumplir una práctica profesional mínima de cinco años, pero no necesariamente el conocimiento especializado en materia agraria. A las diputadas y diputados del Partido del Trabajo nos interesa que quienes imparten la justicia agraria sean profundos conocedores de lo que es la propiedad social, en su vertiente ejidal y comunal, que son justamente el tipo de litigios que se resuelven por este órgano jurisdiccional. En el caso de la reforma al artículo 17, el texto vigente de la ley establece en su primer párrafo la inamovilidad de los magistrados cuando terminen su encargo original de seis años y si son ratificados se vuelven inamovibles. En el Partido del Trabajo coincidimos con la propuesta de este dictamen que en el caso de los magistrados de tribunales unitarios agrarios y supernumerarios, se nos propone que duren en el cargo los 6 años que ya prevé la ley y que puedan ser propuestos por un segundo periodo de 9 años, que son improrrogables. Además, se señala que en el ejercicio del cargo no podrán durar más de 15 años y se adiciona un tercer párrafo, en donde se respeta la disposición constitucional contenida en el artículo 27, fracción XIX, párrafo segundo, en donde se indica que el presidente de la República hará las propuestas de designación a la Cámara de Senadores o, en los recesos de esta, ante la Comisión Permanente, pero además el Ejecutivo está obligado a acompañar una justificación de la idoneidad de las propuestas. Esta disposición es importante, porque la idoneidad en este párrafo tercero del artículo 17 está vinculado a la reforma de la fracción III del artículo 12, donde se debe acreditar la práctica profesional mínimo de 5 años en materia agraria. A quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no nos pasa por alto que el derecho agrario y el derecho laboral son derechos de clase y que, por tanto, el Estado mexicano está obligado a proveer los medios legales idóneos para una adecuada impartición de la justicia agraria. Por último, señalamos que el derecho agrario es producto de la Revolución Mexicana y que se regula en el artículo 27 constitucional y en las leyes secundarias correspondientes. Expresamos que consideramos viable esta modificación legal, por tanto, el voto de las y los diputados de nuestro grupo parlamentario será a favor, a favor de la justicia para los campesinos, de la justicia para los ejidatarios, de la justicia para los comuneros. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Es cuanto.