La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. El IV Informe evidencia la ausencia de los temas importantes, omite la inconformidad en contra de la mal llamada reforma educativa. No mencionan las protestas, movilizaciones y represión a miles de trabajadores que exhibieron el tinte administrativo laboral y punitivo de la reforma. No se aprecia la mención de los errores técnicos en la configuración de exámenes estandarizados, creados por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ni las fallidas mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación. El informe es la descripción de un país que no existe, de un gobierno que se niega a aceptar los errores cometidos y a mencionar su incapacidad para que todas y todos disfrutemos de los derechos consagrados en la Constitución. Solo se dedica a emitir propaganda institucional. Por ello, honrando el mandato constitucional y la base lógica que lo funda, esta alta tribuna debe ser empleada con respeto y dignidad. Nuestra función no debe estar relacionada con alabanzas basadas en filias partidistas. Por lo anterior, en materia de desarrollo social, me parece prudente plantear algunos cuestionamientos. ¿En cuatro años de gobierno se aprecia de manera significativa un desarrollo social en el país? ¿Las políticas y programas sociales han cumplido con su cometido? ¿Es correcta la forma de medición de la pobreza? ¿Se asigna y ejecuta de manera correcta el presupuesto a este rubro? Por desgracia, para los 53 millones de personas en pobreza, según Coneval, o 48 millones, según el Inegi y sus nuevos estándares, las preguntas anteriores tienen respuestas negativas. Lo expongo no sólo desde la perspectiva pragmática de la oposición como suele desdeñarse y descalificarse todo lo que no sea un halago, lo digo con base en datos fundados. Basta recordar que hace algunos días se presentó el Informe de Desarrollo en México, donde se menciona que no se ha logrado el incremento de la actividad económica ni el crecimiento de la actividad productiva, debido a la falta de inversión y a la deficiente distribución del ingreso, por lo que se aprecia el incremento de pobreza en 2 puntos porcentuales. Lo anterior es síntoma de la tremenda incapacidad para gobernar en ésta y en todas las materias. Evidencia la errónea percepción sobre la pobreza, sobre la multiplicidad de factores que originan y sobre las acciones requeridas para disminuirla. No es aventurado aseverar que el gobierno actual medra con la pobreza, de ahí que no asuma la responsabilidad de reducirla. La requiere como aliada para conseguir votos a cambio de despensas o de incorporarse a un programa. Tal es el caso de Prospera y la Cruzada Nacional contra el Hambre, que en palabras de la Auditoría Superior de la Federación, no cumple con los objetivos debido a las fallas en el diseño de la estrategia, las deficiencias de la implementación, focalización y coordinación de acciones que no permiten verificar en qué proporción se garantizó el acceso de alimentación a los demás derechos sociales de más de 7 millones de personas que viven en condiciones extremas. Se evidenció que los parámetros establecidos no son los estipulados en la Ley General de Desarrollo Social. Para efecto de lo anterior es necesario recordar que algunas semanas se hizo pública la crítica del Coneval sobre la modificación del Inegi que llevó a cabo al Módulo de Condiciones Socioeconómicas, con la intención de disminuir la pobreza. De un tajo, un grupo ya ganó más de 3 mil pesos. Se han desperdiciado cuatro años donde no se han establecido criterios sólidos y consistentes para abatir y no sólo sostener la pobreza. Se han anulado las medidas que favorezcan el crecimiento económico, la sustentabilidad ambiental, la implementación de un régimen de bienestar universal basado en el ejercicio de los derechos sociales. Debemos detener la simulación, en contraposición recalcamos la urgencia de aprobar la ley de austeridad propuesta por Morena. Es vergonzoso que solo se haya asignado al gasto corriente más de 2 billones de pesos, mientras que para la operación de programas sociales, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, se le asignaron solo 71 mil millones de pesos. Menos del 3 por ciento, y en el caso de la economía social se le recortaron 950 millones de pesos. La disminución de los recursos tiene que enfocarse en el gasto corriente no prioritario, no se deben afectar los programas sociales, los servicios públicos o la inversión en materia de infraestructura. El futuro es desolador en materia presupuestal...