El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas (vía telemática): Con su permiso, diputada presidenta. Desde su fundación el Partido Acción Nacional ha sido una organización política que ha tenido en su centro de acción la defensa y maximización de los derechos de todas las personas. Para el PAN las libertades y los derechos son el eje alrededor del que deben girar la democracia y la política. Y hay que admitir que el derecho es un producto cultural que se va transformando conforme van cambiando los tiempos. La evolución normativa tiene que ir aparejada con los de la sociedad, pues cuando no existe sincronía entre ambos factores, se desatan conflictos que pueden poner en riesgo la estabilidad del cuerpo social. Por ello, las grandes luchas de Acción Nacional se han caracterizado por una constante: impulsar el fortalecimiento y la expansión de los derechos de todas las personas. Es por eso que me parece que esta reforma a diversas leyes con el objetivo de regular de mejor manera la subcontratación laboral, comúnmente llamada outsourcing es relevante, pues entra en esa arena de avances en materia de derechos. Nadie en su sano juicio puede negarse a que los trabajadores contratados por esta vía, que actualmente no cuentan con todos los derechos laborales que deberían, debido a que la incipiente se ha utilizado para desnaturalizar la figura, accedan a mayores protecciones laborales y a mejores escenarios en prestaciones y seguridad social. Pero tampoco podemos satanizar la figura, pues si la ubicamos en su contexto, hay que advertir que desde el 30 de noviembre de 2012, cuando se adicionó a la Ley Federal del Trabajo, ha permitido incrementar el empleo a nivel nacional. Esta figura está en evolución, al igual que todo el derecho. Por ello, coincido en que ya vamos tarde en el objetivo de optimizarla para garantizar de mejor manera los derechos laborales de casi 5 millones de personas. A pesar de esto, debe subrayarse que no todo es miel sobre hojuelas con esta reforma, pues se estima que provocará probables afectaciones a sus derechos laborales a más de 862 mil trabajadores. Esto puede deberse a las altas cartas en trámites y a los esquemas tan rígidos y a las muy considerables que se plantean en caso de incumplimiento a la norma. Por ello, con esta reforma pongo a su consideración corregir uno de estos últimos casos, que puede encontrarse en el artículo 82, fracción XLI, del Código Fiscal de la Federación. Esta fracción impone una multa de 150 mil a 300 mil pesos para el contratista que incumpla la obligación de entrega de información y documentación que se agregue en el artículo 81, fracción XLV del mismo código. Y bueno, hay una serie de cuestiones tanto para el tema de requisitos de la Ley del Impuesto sobre la Renta como requisitos sobre la Ley del Impuesto al Valor Agregado que se exigen, que creemos que es una carga excesiva en ambos casos. Y creemos que esto puede desincentivar que las empresas puedan seguir contratando a miles y miles de trabajadores en este país. Este incumplimiento no necesariamente significaría que no se esté cumpliendo con las obligaciones fiscales, laborales o de seguridad social, sino que es muy fácil que un mero error humano, la falta de personal suficiente e incluso un imprevisto ocasione el retraso o la falta de la entrega de la información. Pero el código asume que cualquier omisión de entrega es de tal gravedad, que la sanción parte de los 150 mil pesos por cada falta de entrega y termina en los 300 mil pesos. Esto otorga un parámetro muy alto en materia de sanciones y se corre el riesgo de que el remedio sea más dañino que la enfermedad. Por ello propongo esta reforma al artículo 82 del Código Fiscal de la Federación, que el piso de la sanción baje de 150 mil a 50 mil pesos. Que sigue siendo una multa alta, pero suficiente, y puede ser suficiente para desincentivar las violaciones en este rubro. Pero que permite que la autoridad tenga un espectro más amplio para sancionar, de acuerdo con su gravedad, cada omisión. Así la sanción tendría un piso mínimo de 50 mil y uno máximo de 300 mil pesos para los casos que realmente lo ameriten. Los invito a que reflexionemos este punto y que, con el afán de facilitar que este esquema sea una oportunidad para los trabajadores de tener una mejor calidad de vida, voten a favor de esta reserva. Es cuanto, diputada presidenta.