El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su permiso, diputada presidente. En México alrededor del 40 por ciento de las muertes violentas en accidentes, suicidios u homicidios están relacionados con el consumo del alcohol, pero este fenómeno no se circunscribe sólo a esos escenarios. De cada 100 personas, 66 consumen algún tipo de producto alcohólico; seis de ellos ya son dependientes o alcohólicos y lo más alarmante es que 17 de cada 100 son jóvenes de 12 a 18 años, mismos que refieren un comportamiento errático, hostil y agresivo con su familia o amigos por el consumo de bebidas alcohólicas. Esta sustancia es capaz de producir hábito y por la facilidad del consumo figura entre los principales problemas de salud pública del mundo dada su alta propensión, alterar el funcionalismo de órganos y sistemas, así como la destrucción de tejidos provocando graves trastornos hepáticos, cerebrales o fetales, entre muchos otros. Asimismo, por su fácil acceso, es la primera sustancia enervante de consumo de todos los sectores de la población mexicana, como ha revelado la Encuesta Nacional de Adicciones. Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición nos proporciona elementos de análisis que debemos considerar para diseñar políticas públicas efectivas que conlleven a disminuir el alto grado de consumo en el país. Nos preocupa de sobremanera que sean los niños y adolescentes con un mayor patrón de consumo inicial, ya que es, entre los 12 y los 18 años la edad que se tiene el primer contacto con el alcohol. Resulta por demás alarmante el incremento de mujeres que ingirieron de manera diaria, semanal, mensual u ocasional más de dos copas de alcohol, aumentando esta proporción de un 18.5 por ciento en el 2006 a un 41.3 por ciento, según se observa también en la última medición realizada en el año de 2012. También es pertinente señalar que el daño potencial del consumo de alcohol aumenta a medida que se suman otros factores de riesgo como conducir, tener sexo sin protección, consumir otras sustancias psicoactivas o la adopción de conductas violentas. El abuso y dependencia del alcohol no sólo es una enfermedad psicológica, sino que provoca trastornos socioculturales que trascienden al individuo y genera importantes daños a nivel social, por ello la Secretaría de Salud ha impulsado programas para la prevención y atención del alcoholismo. Si bien esas medidas han logrado algunos objetivos en materia de protección de la salud de las mexicanas y de los mexicanos, la realidad es que estamos ante un panorama nacional que nos obliga a transformar ese enfoque y transitar hacia un modelo de tratamiento integral destinado a la prevención y atención al abuso del alcohol, y no sólo los efectos del alcoholismo en la población. Estamos de acuerdo con estas reformas de ley general de salud porque se fortalecen los instrumentos normativos en la materia, y ello permitirá que las autoridades gubernamentales responsables del sector instrumenten políticas públicas eficientes y eficaces desde una perspectiva integral, educativa y preventiva. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos la importancia que tiene la salud de las mexicanas y de los mexicanos para lograr un verdadero bienestar social. Resulta insuficiente establecer en las normas principios y derechos sociales si estos no se materializan en políticas y programas que prevengan enfermedades como el alcoholismo. Disminuir la ingesta de bebidas alcohólicas no es un asunto moral, de lo que está bien o mal, es un tema de salud pública. Somos respetuosos de la libertad de cada persona que decide el consumo, la frecuencia y cantidad de alcohol que ingiere, pero es obligación de las instituciones diseñar programas efectivos de prevención que alerten a la población de las consecuencias físicas, sociales, familiares y hasta económicas de un consumo excesivo de bebidas alcohólicas. Las libertades traen consigo responsabilidades personales y familiares, pero también con la sociedad por las consecuencias que tienen la vida de otras personas. El alcoholismo no sólo afecta el cuerpo y la mente de las personas, tiene consecuencias con su entorno y perjudica la convivencia social. Es cuanto, diputada presidenta.