El diputado Ramón Pecheco Yáñez: Gracias, compañero Presidente. Compañeras diputadas y diputados. En atención a diversas disposiciones constitucionales y legales, voy a someter a consideración de este Honorable Congreso la iniciativa con proyecto que decreto que deroga, reforma y adiciona diversos artículos de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, conforme a la siguiente Exposición de motivos El tema de las tarifas eléctricas es sin duda uno de los más sensibles en la sociedad, el pago de recibo de luz tiene alto impacto en el presupuesto de la mayoría de las familias, de igual modo la competitividad de los productos mexicanos en los mercados internacionales se ve influida por el alto costo del insumo eléctrico. Del buen cálculo de las tarifas depende la viabilidad financiera del servicio público, el cual es prestado como bien sabemos por la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro en el marco del artículo 27 constitucional. La electricidad es un bien fundamental para el desarrollo económico y el bienestar social, el derecho a la electricidad, que los legisladores debemos de inscribir en la Constitución, significa la posibilidad de conectarse y consumir. En ese sentido el precio debe ser el más bajo posible, pero cubriendo todos los costos para que el servicio sea sustentable. Además, la mayor parte del financiamiento debe basarse en recursos propios y no en endeudamiento como ocurre en la actualidad. La modernización y expansión del servicio debe recaer en los propios usuarios independientemente del operador y de la estructura de la industria eléctrica. Las tarifas deben entonces fundarse en criterios técnicos y económicos. Al tener la nación la exclusividad en el servicio público de energía eléctrica, el óptimo colectivo exige tarifas basadas en los costos de desarrollo, los cuales incluyen los de corto y largo plazo. Sin embargo no basta con cumplir principios económicos fundamentales, también se deben tomar en cuenta al menos tres objetivos sociales: equidad para realizar la mejor asignación de costos entre los usuarios; transparencia para contar con reglas claras y conocidas y; simplicidad, ya que aunque las tarifas sean complejas en su cálculo, a veces se abusa deliberadamente de esta situación para que el usuario ni pueda calcular ni comprenda las tarifas que tiene que pagar. Como la electricidad es un bien de primera necesidad —pero existen ciudadanos cuya situación económica no les permite pagar la totalidad del servicio— se justifica entonces el otorgamiento de subsidios que nosotros proponemos sean aprobados por este Congreso de la Unión. Ahora bien, el sistema de tarifas eléctricas que aplica actualmente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es deficiente, poco transparente y de enorme discrecionalidad. De esta manera existen tarifas muy baratas y otras muy caras, de todos modos los usuarios lo resienten y esta asimetría de precios al consumidor final da origen a subsidios cruzados que son injustos en el plano social y que son ineficientes desde el punto de vista económico. A partir del 6 de febrero de 2002, día en que se decretó un fuerte aumento de tarifas domésticas argumentando una reducción de los subsidios, se ha generado un grave problema social que perdura hasta la fecha. Durante el sexenio pasado, el precio de la electricidad que consumen los hogares aumento entre 43 y 323 por ciento. Entre 43 —repito— y 323 por ciento en términos reales, dependiendo del nivel de consumo. Las tarifas por arriba del costo contable son utilizadas para cubrir tarifas deficitarias; tarifas deficitarias ineficientes y para pagar un superávit primario que la CFE debe cumplir por instrucciones de Hacienda con el aval de este Congreso. Dicho superávit es equivalente a un impuesto que no se utiliza para mejorar ni la confiabilidad ni la calidad del servicio. Ahora bien, el costo contable es muy alto porque incluye un pesado aprovechamiento, equivalente al nueve por ciento de los activos de la CFE. Para que los usuarios puedan pagarlos, el gobierno otorga un subsidio. Sin embargo, ambos rubros, tanto el subsidio como el aprovechamiento, son virtuales, no generan flujo de efectivo y sólo aparecen en estados contables; de tal forma que el Congreso no aprueba ni los ingresos que se generarían por el aprovechamiento ni los subsidios que saldrían del tesoro público. Lo más grave es que la relación subsidio aprovechamiento está debilitando las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad pues la diferencia entre uno y otro se registra en cuentas patrimoniales con signo negativo, descapitalizando al organismo. Es necesario aclarar que las tarifas que pagan los usuarios en la actualidad alcanzan para cubrir la totalidad de los costos variables y de capital, así como el superávit primario exigido por Hacienda. En consecuencia, sería un abuso todavía hacer efectivo el cobro del aprovechamiento previsto en la ley. Los costos y las tarifas pueden reducirse sensiblemente eliminando ineficiencias, reduciendo la carga tributaria y disminuyendo el precio de compra de los combustibles que se usan para generar electricidad. Finalmente debo señalar dos ejemplos de como las tarifas son utilizadas con fines políticos y al margen de los preceptos constitucionales. En primer lugar, recordar que Luz y Fuerza del Centro está obligada a vender a los usuarios por debajo del precio que tiene que pagarle a Comisión Federal de Electricidad, cuando lo normal sería que recibiera un margen de utilidad por cada kilowatt-hora recibido y suministrado. En otras palabras, a través de las tarifas el gobierno mantiene deliberadamente a Luz y Fuerza del Centro en números rojos. En segundo lugar, las tarifas del servicio público, que son excesivas, incentivan el comercio ilegal e inconstitucional de electricidad que se ha estado desarrollando al amparo de los permisos de autoabastecimiento y cogeneración, otorgados de manera irregular por la Comisión Reguladora de Energía. El objetivo central de esta reforma es, entonces, coadyuvar al desarrollo del país estableciendo acciones de impulso a la productividad y competitividad de las empresas y al aumento de bienestar de los hogares mexicanos. Nuestra propuesta respeta principios básicos. En primer lugar, salvaguardar el interés de los usuarios, garantizando que la reforma no implicará aumento efectivo de tarifas para nadie; en cambio un altísimo porcentaje verá una notable disminución en su recibo de luz. La esencia de la propuesta consiste, entonces, en crear dos capítulos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y por otro lado en el régimen fiscal. En tanto, compañeras y compañeros diputados, solicito a la Presidencia que la presente iniciativa se incluya íntegra en el Diario de los Debates para su trámite correspondiente. Muchas gracias por su atención.