La diputada Martha Laguette Lardizábal: Con su permiso, señor Presidente: el derecho a la información se consagró en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde 1977. A través del mismo se refuerza la legitimidad de las instituciones creadas por el Estado y, por ende, se alimenta el espíritu democrático del gobierno a que todos aspiramos. En junio de 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con la que se llenaría el vacío legislativo que existía al respecto y se atendería el reclamo social de garantizar el ejercicio de un Estado transparente, sujeto a la supervisión de la ciudadanía, abierto a la rendición de cuentas de los poderes públicos, en el que los asuntos del gobierno sean efectivamente del pueblo. Entonces, con la expedición de la ley de mérito, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, como el órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información, y de resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger los datos personales en poder de las dependencias y entidades. Existe confusión respecto a la verdadera naturaleza de este ente público, pues si bien es cierto que está establecido como un ente, con autonomía presupuestaria, operativa y de decisión, no es un ente verdaderamente autónomo y está sujeto a la Administración Pública Federal. Para garantizar lo establecido en el artículo 6o. de nuestra Norma Suprema, se debe tener un órgano suficientemente confiable que permita a particulares interesados el acceso a dicha información, para todos los casos en que las autoridades requeridas se nieguen indebidamente a suministrarla, el que deberá de gozar de autonomía constitucional para evitar que factores de índole externa interfieran en su función y la desprestigien. Esto es: en la actualidad, en materia de acceso a la información pública existe un instituto creado para tal efecto que, si bien cuenta con las características señaladas, es un organismo de la Administración Pública Federal que aparentemente no subordina sus resoluciones a autoridad alguna, pero no contar con la característica de ser un órgano constitucional autónomo sin duda no le permite en realidad funcionar adecuadamente. Al respecto, el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública establece, en su artículo 2o., que el mismo es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio legal en la Ciudad de México, lo que verdaderamente constituye una gran irresponsabilidad, pues se atribuye la naturaleza de un organismo en un reglamento. Es imperante, pues, que el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) esté dotado de autonomía constitucional que le permita actuar de manera imparcial y objetiva en sus determinaciones y dejar de estar en el absurdo de ser un ente descentralizado del Poder Ejecutivo federal, lo que lo convierte en una verdadera falacia. Debemos tener claro que existen órganos como el señalado que, por su particular naturaleza, no pueden ser encasillados dentro de los tres poderes típicos y tradicionales que fueron concebidos en la teoría de Montesquieu de la división de poderes. No son pocos los entes públicos de tales características que expresamente están consignados en la Carta Magna, como son el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Nacional Autónoma de México. El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública debe concebirse, entonces, como un órgano coadyuvante en el equilibrio constitucional y político, de acuerdo con el principio de inmediatez a que alude Manuel García Pelayo, donde sus funciones sean reconocidas y garantizadas desde la propia Carta Magna, con la posibilidad de emitir actos definitivos, pues esto es indispensable para garantizar el Estado constitucional de derecho, donde sus relaciones con los poderes sean en condiciones de igualdad y no de supra a subordinación, conservando su libertad orgánica, funcional y presupuestaria. Así pues, es menester que el órgano encargado de velar por el debido cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la información sea elevado a la categoría de órgano constitucional autónomo; esto es, que se consagre su existencia no únicamente en la legislación y reglamentación, sino que quede establecido expresamente en la Carta Magna como garantía de que dicho ente estará siempre presente, sin sujeciones de ninguna índole, para hacer efectivo el derecho de todos de acceder a la información pública y de contar con gobiernos y autoridades efectivamente transparentes en su actuar. Se propone al respecto la reforma del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que el órgano constitucional autónomo encargado de salvaguardar el ejercicio del derecho a la información se denomina Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el cual cuenta con autonomía en su actuación, personalidad jurídica y patrimonio propio y que su integración, organización y facultades estarán dispuestas en la ley. En su caso, una vez aprobada la reforma constitucional objeto de esta iniciativa, promoveremos las reformas conducentes de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, a efecto de establecer en esta ley reglamentaria la autonomía constitucional del órgano referido y hacer las adecuaciones pertinentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito proponer a esta representación popular el siguiente proyecto, con el carácter de Decreto Único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar redactado de la forma siguiente: Artículo 6o. El primer párrafo queda igual, en el sentido de que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial y administrativa, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Segundo párrafo, se adiciona: "El órgano autónomo encargado de salvaguardar el ejercicio del derecho a la información se denominará Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el cual contará con autonomía en su actuación, además de personalidad jurídica y patrimonio propios. Su integración, organización, funcionamiento y atribuciones estarán establecidos en la ley". Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los diez días del mes de marzo del año en curso, 2005. Atentamente, Martha Laguette Lardizábal. Muchas gracias por su atención.