La diputada Ana Georgina Zapata Lucero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Resguardada tras la intimidad de los hogares, la violencia de género constituye un tema que se hablaba poco fuera por vergüenza o resignación, una práctica lamentablemente común, pero que laceraba la vida de las familias y el desarrollo de personas sin que para ello importara edad, solvencia económica o ubicación geográfica. A diferencia de lo que ocurría hace años, actualmente se aborda este problema de forma pública con la finalidad de resistir cualquier intento por mantener una sumisión a las mujeres por causa de sexo, construir nuevas formas de relación entre los mexicanos y establecer desde los hogares un nuevo paradigma de respeto e inclusión. Si bien es cierto, cualquier forma de violencia de género debe ser motivo de preocupación, no lo es menos que ésta adquiere mayor relevancia cuando es su naturaleza física pues es a través de ella que se busca provocar un daño corporal que puede llegar a ser irreversible. La violencia de género puede traducirse o escalarse a violencia feminicida, la expresión más inhumana de este tipo de violencia, la cual se ha venido desplazando infortunadamente de la vida hacia los espacios públicos. Ello no significa que debamos desatender la violencia que tiene verificativo en el ámbito del hogar al seguirse dando en más de alrededor del 50 por ciento de las viviendas de México, pues sus secuelas trastocan el desarrollo y protección de los menores hijos, y que es precisamente hacia donde va enfocada la presente iniciativa que someto a consideración de esta soberanía. La violencia que se ejerce en contra de las mexicanas corre el riesgo de perpetuarse y si no hacemos algo para que la podamos prevenir y sancionar, siendo un fenómeno que pudiese reproducirse inmensurablemente. No hay racionalmente hablando motivo para suponer que la violencia feminicida de género es un tema irresoluble o atribuible a la cultura machista que todavía impera en nuestro país. Por ello, es que se vuelve necesario idear nuevos mecanismos que protejan a las mujeres de la violencia que se ejerce en su contra, pero también a sus hijos que quedan en orfandad cuando es el padre autor de la muerte de su madre y su responsabilidad está plenamente comprobada. Una manera de proceder para atender este fenómeno, tiene que ver con el régimen de pensiones de nuestro país, pues hemos encontrado que no existen disposiciones que den respuesta amplia a la situación de vulnerabilidad y desamparo absoluto en que se encuentran aquellos hijos menores, hijos de víctimas mortales de la violencia feminicida y padre agresor. En el caso de la Ley del Seguro Social, el hijo de la víctima mortal de violencia de género sólo tendría derecho a percibir una pensión equivalente al 20 por ciento de la pensión de invalidez que la madre asegurada estuviese gozando al fallecer o de la que hubiera correspondido suponiendo realizando el estado de invalidez. Sin embargo al ser el propio padre el causante de la muerte de la madre, hace que la situación del hijo menor resulte huérfano de ambos padres, pues no sólo pierde a su madre a consecuencia de la violencia feminicida, sino que psicológicamente ilegalmente también pierde a su padre. Esto infortunadamente es muchas veces una realidad que conlleva grandes consecuencias para el hijo menor huérfano al verse agravado su sufrimiento, indefensión y desprotección, lo que le acarrea un daño emocional terrible, circunstancias suficientes para que como representantes populares incorporemos en la legislación, medidas de protección especial para evitar que los menores sufran esta situación de orfandad absoluta que los hace sumamente vulnerables. De ahí que bajo razones de proporcionalidad y justicia social, estamos proponiendo una reforma a la Ley de Seguro Social a fin de incorporar que se considerará como huérfano de madre y padre cuando el padre haya privado de la vida a la madre del hijo menor a causa de la violencia de género, para que consecuentemente tenga derecho a recibir una pensión de orfandad, igual al 30 por ciento. En este tipo de tragedias ambas de gran daño psicológico, los menores sufren un daño económico, más cuando habrá de verse inmiscuido en diversos procedimientos de tipo administrativo y judicial, tanto para gestionar el pago de la pensión, como por el nombramiento de tutor o para la sucesión de derechos, entre otros. La reforma busca ir acorde con el interés superior del niño previsto en los tratados internacionales de los que México forma parte, y de nuestra carta fundamental, pretendiendo preservar su derecho a la seguridad social, y como consecuencia de ello, a su sano desarrollo económico y emocional. Pretendemos se dé protección, apoyo y asistencia a aquellas víctimas de violencia de género feminicida, hasta ahora casi invisible. Las niñas y niños huérfanos por motivos de esta violencia y a quienes se les debe facilitar las mejores condiciones posibles para que puedan hacer sus vidas. Como complemento a la protección especial que se propone, consideramos oportuno también, se establezca que no obstante que la asegurada o pensionada haya alcanzado a cotizar ante el IMSS, el mínimo de 150 semanas, el hijo menor quedado huérfano tenga derecho a esta pensión especial, pues si bien resulta entendible, el que se fije un piso de semana de cotización para que se pueda recibir la pensión de orfandad, esta situación se encuentra más que justificada. Cualquier acto u omisión que tenga finalidad para realizar daño en contra de cualquier persona por cuestión de género debe ser repudiado fuertemente, no importando su naturaleza sea física, sexual o psicológica, pues lo que se pretende es limitar el ejercicio de libertades y derechos gozando el punto por las mujeres. Es cuanto, señor presidente, pidiéndoles se sumen a esta iniciativa de gran calado. Muchísimas gracias.