La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario Encuentro Social vengo a posicionar el dictamen de la Comisión de Justicia, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal que adiciona las fracciones 35, 36, 37 y un quinto párrafo y se reforma el tercer párrafo del artículo 225 del Código Penal Federal. Con la Ley Nacional de Ejecución Penal se habrán de sentar las bases del nuevo sistema penitenciario nacional, el cual tiene como único fin la efectiva readaptación del sentenciado y su reinserción social. Además, el nuevo ordenamiento contribuirá a garantizar de manera efectiva el debido proceso y la integridad física de los procesados que se encuentran en prisión preventiva, así como la salvaguarda de los detenidos con fines de extradición. En Encuentro Social estamos convencidos de la urgente necesidad de contar con una ley única en materia de ejecución penal que se encargue de homologar las medidas de seguridad, internamiento y gobernabilidad de los centros de readaptación social del país. Y asimismo, garantizar las condiciones de vida digna y segura de todos los internos. La falta de un marco jurídico adecuado ha permitido el autogobierno y el abuso de las autoridades carcelarias en prejuicio de los internos, que se encuentran vulnerables ante los abusos de la autoridad y los grupos delincuenciales que operan en nuestras cárceles; para lo cual la nueva legislación busca la exacta aplicación de la pena, lo que se traduce en el debido proceso penitenciario. En ese sentido y con la entrada en vigor de esta ley se regularán las facultades del juez de ejecución, con la finalidad de reforzar la preeminencia y la responsabilidad de la autoridad judicial en la ejecución penal. Otra de las aportaciones de este ordenamiento es que se busque crear las condiciones diferenciadas para que mujeres y hombres que se encuentren privados de su libertad. Al respecto, las autoridades de las cárceles deberán garantizar que los servicios de educación, salud, alimentación, trabajo, actividades artísticas y recreativas, cursos y talleres atiendan las necesidades propias de cada género. En este sentido se establecen condiciones de atención médica para las embarazadas privadas de la libertad, las cuales deberán contar con la atención médica obstétrico- ginecológica y pediátrica, antes, durante y después del parto. Y que, de igual manera, se garantice la alimentación especial para la interna y el infante. Resulta revelador conocer que 40 por ciento de la población penitenciaria de nuestro país no ha sido sentenciada, por lo cual la nueva legislación establece que los centros penitenciarios se dividirán en dos secciones: una, para la extinción de penas; la otra, para la prisión preventiva. Para cada una de estas contará con una autoridad responsable y su comité disciplinario. Por otra parte, la ley prevé que las sanciones administrativas que se impongan a los internos transgredan el ámbito de la visita personal, familiar, íntima, religiosa, humanitaria o existencial. Así como la comunicación con sus defensores, organismos públicos, de protección de los derechos humanos y el mismo Ministerio Público. Nuestras autoridades penitenciarias contarán con un plazo de cuatro años, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para capacitar, adecuar y modernizar las infraestructuras carcelarias conforme a los parámetros señalados en ese nuevo ordenamiento. De igual forma, se deberá modificar la estructura orgánica existente y adecuada en la que se mandará la norma. Es importante señalar que el régimen transitorio de los presentes, en esta ley se establece el beneficio de la libertad anticipada y de todos los presidiarios que hayan sido sentenciados por robo cuando no haya mediado violencia y el valor de lo robado, o sea mayor a 80 salarios mínimos. Igualmente tendrán derecho al beneficio de los sentenciados por posesión de cannabis, siempre que fueran menos de cinco kilogramos, no hubieran mediado violencia y no existiera la concurrencia de más delitos. Por lo antes expuesto las y los diputados de Encuentro Social, habremos de votar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, pues consideramos necesarios dotar a nuestro sistema penitenciario del marco legal que garantice el pleno respeto de los derechos humanos de los internos y su efectiva reinserción social. Es cuanto, señor presidente.