La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. En México, 9 de cada 10 delitos que son denunciados se quedan sin resolver en completa impunidad, sin castigo para los responsables y, por supuesto, sin ningún tipo de reparación de daño sufrido por las víctimas. Estos datos aportados por diversas organizaciones de la sociedad civil exhiben una triste y penosa realidad: en nuestro país, la comisión de delitos es para muchos delincuentes 100 por ciento redituable porque, lamentablemente, en muchos casos, no hay consecuencias, ya que las posibilidades de evadir la justicia son muy altas. Las razones de lo anterior son múltiples: van desde la alta incidencia en la insuficiencia probatoria, por la falta de confianza en nuestras instituciones que logren garantizar la seguridad de quienes colaboran como testigos, hasta la falta de personal para atender los casos, ya por el desconocimiento técnico adecuado de la ley o de sus reglas básicas por parte de los responsables para aplicarlas, lo que redunda en una deficiente integración en las carpetas de investigación. Así lo revelan los registros correspondientes, pues tan solo en 2018, una de cada cinco detenciones fue anulada por los jueces debido a violaciones procesales. Del mismo modo, se detectó que las agencias del Ministerio Público en realidad mandan al archivo hasta el 60 por ciento de los casos que aparecen resueltos. Es evidente que nuestro sistema de procuración de justicia no está funcionando como debiera, a pesar de que desde 2014 se rediseñó con el propósito de darle al Ministerio Público la autonomía necesaria para cumplir con su labor. En efecto, con la autonomía del Ministerio Público, aspiramos a generar las condiciones de imparcialidad y dotar de mayor fortaleza no solo en la persecución de los delitos, sino para garantizar la realización de las diversas acciones que le corresponden de manera más eficiente. No obstante, lo anterior, y a pesar de que desde hace casi tres años este Poder Legislativo expidió la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, sigue pendiente la consolidación de un modelo de procuración de justicia, que realmente sirva para transformar la realidad imperante en la materia, la cual impide a muchas mexicanas y mexicanos acceder a una adecuada reparación del daño cuando son víctimas de algún delito. Derivado de lo anterior, el titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, ha venido impulsando un cambio en el modelo de procuración de justicia que permita la mejora normativa e institucional de la Fiscalía General de la República, lo cual se materializa con la propuesta de decreto que hoy se pone a nuestra consideración. Se expide así, una nueva Ley de la Fiscalía General de la República, con el propósito de permitir una mejor integración y funcionamiento de la institución en concordancia con su naturaleza, como órgano público, autónomo, establecido en la Constitución. Se busca mejorar la calidad y el funcionamiento del Ministerio Público, en cuanto representante de la sociedad, y se crean unidades especiales de investigación del delito, que contarán con autonomía técnica y de gestión. La ley contempla la formación de equipos de investigación y litigación, coordinados entre el personal de distintas unidades de la institución y de otras fiscalías o procuradurías, para combatir fenómenos de diferente índole delictiva. Se instituye un nuevo modelo de gestión, mediante la ventanilla única que permitirá la canalización de asuntos de manera oportuna, a efecto de agilizar el desahogo y atención de casos, evitando así rezagos en la procuración de justicia. Asimismo, se crea un Servicio Profesional de Carrera, fijando claramente requisitos de ingreso, permanencia y terminación, así como un mecanismo de certificación continúa, que corresponde así, de esa manera, orientar y fomentar la estabilidad laboral y la identidad institucional, garantizando que la institución cuente en el futuro con el personal idóneo para el desempeño de sus funciones. Asimismo, se incluye el principio de paridad de género, muy importante en los procesos de selección del personal del Servicio de Carrera. En cuanto al tema de recursos necesarios para el adecuado funcionamiento de la Fiscalía, se dota de esta facultad al elaborar un anteproyecto de presupuesto anual, que deberá ser remitido a la Secretaría de Hacienda para incorporarlo al Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Por último, se fortalece la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones de la Fiscalía, privilegiando su participación al establecer un consejo ciudadano como órgano especializado de consulta y al señalar que las opiniones de la ciudadanía deberán ser tomadas en cuenta para la elaboración del Plan Estratégico de Procuración de Justicia. Por todo lo anterior, mi grupo parlamentario votará a favor del dictamen, porque sus objetivos es consolidar un sistema de procuración de justicia eficiente y con credibilidad que garantice a nuestra sociedad la preservación del Estado de derecho. Es cuanto, presidenta.