La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hace dos meses discutíamos las reformas que hoy reciben la declaratoria de constitucionalidad, para dar una nueva cara al Poder Judicial y fortalecer la autonomía e independencia de la que deben gozar las y los juzgadores, sin sometimiento alguno ni compromiso preestablecido. De tal forma que el acceso a la justicia sea un derecho que nos iguale y no que ahonde las ya de por sí enormes diferencias entre ricos y pobres, entre el ciudadano y el poderoso, entre gobernantes y gobernados, haciendo de México una patria más justa para todas y todos los mexicanos. Esta reforma tiene por objeto modificar aspectos fundacionales, funcionales del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el quehacer jurisdiccional y la carrera judicial, buscando incrementar su legitimidad ante la sociedad, para garantizar una justicia de calidad dentro de un esquema de fortalecimiento institucional y acercamiento de los juzgadores con la sociedad. En este sentido, el pacto fundacional del Estado mexicano, erigido a partir de la renuncia al derecho natural por el que toda persona se hace justicia por sí misma, ha consignado en el artículo 17 de la Constitución la garantía de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que estos le administren justicia pronta y expedita. La reforma que hoy se declara como constitucional nos pone a la vanguardia del siglo XXI, ya que mandata la creación de una Ley de Carrera Judicial a fin de ordenar el ingreso, movilidad, ascensos y adscripciones en su interior, y para el efecto establece la Escuela de Formación Judicial, favoreciendo a la profesionalización de las y los juzgadores. Adicionalmente, instaura la defensoría pública en favor de las personas como un órgano del Estado encargado de procurar la defensa gratuita de las y los ciudadanos, evitando que quienes deben evitar un proceso judicial afronten una situación de empobrecimiento. Asimismo, se plantea una modificación al sistema de jurisprudencia para fortalecer los precedentes de la Corte, con la finalidad de que la doctrina constitucional marque la labor de todos los órganos jurisdiccionales del país. Es decir, que las sentencias dictadas por el pleno de la Suprema Corte, por mayoría de ocho votos y por sus salas, por mayorías de cuatros votos, sean obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales. En relación con las sentencias de amparo, se establece la posibilidad de denunciar su incumplimiento ante el órgano jurisdiccional que haya emitido la sentencia y no únicamente ante la Suprema Corte de Justicia, haciendo expeditos estos procedimientos. Acatando la reforma constitucional en materia de paridad entre los género, esta reforma garantiza que hombres y mujeres tengan igualdad de oportunidades al ingreso y ascenso de puestos dentro del Poder Judicial de la Federación, lo cual incentiva una cultura incluyente y participativa, y genera con ello un compromiso exigible de estas acciones, permitiendo que el Poder Judicial de la Federación se constituya como una institución democrática y plural interesada en establecer acciones afirmativas en favor de las mujeres. Hoy la justicia en nuestro país enfrenta grandes retos debido a las brechas de desigualdad en el derecho de acceso a la justicia. El mandato constitucional que nos fue otorgado por la ciudadanía nos obliga a garantizar los derechos humanos y el funcionamiento e instituciones. Es por ello que nos esforzaremos por fortalecer la división de Poderes, con el objeto de que las y los mexicanos puedan afrontar el embate y la estigmatización del diseño emprendido desde Palacio Nacional. Es por ello que respaldamos el llamado de diversas organizaciones de la sociedad civil, que sostienen que la Constitución garantiza la defensa de los particulares y esta en ningún caso implica la realización de actos contra la independencia, soberanía o integridad de la nación, como se ha pretendido hacer creer en relación con la reforma energética que se analizará el día de hoy. Ninguna persona es traidora por el único motivo de expresar su individualidad o por ejercer su profesión, en este caso la de la abogacía, a pesar de lo que diga el presidente, y esto lo garantiza el pluralismo de nuestro sistema democrático. Por lo anterior, nuestro grupo parlamentario se congratula de esta declaratoria, toda vez que se garantiza el acceso a la justicia pronta y expedita, la profesionalización del Poder y del personal judicial y la paridad, construyendo un Poder Judicial moderno e innovador, al tiempo que hacemos votos para que el nuevo semblante de la justicia de nuestro país sea el de la autonomía y la independencia, y no el del sometimiento y la obediencia al poder imperial que habita en Palacio Nacional. Es cuanto, presidenta.