El diputado Juan Carlos Natale López: Con su venia, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, reconocemos la gravedad en que subyace la economía nacional y la capacidad financiera con la que cuentan los diversos órdenes de gobierno para poder mitigar los efectos de la crisis, y a la vez cumplir con sus funciones de garantizar bienes y servicios como condición para una adecuada calidad de vida humana. En este sentido, este presupuesto tuvo para bien plasmar el espíritu federalista entre nuestras instituciones de Estado, más aún cuando necesitamos de instituciones eficaces que promuevan e impulsen el desarrollo y bienestar de nuestros estados, municipios, pueblos y comunidades sin distinción de partidos y sin ningún otro interés que retribuirles por el sacrificio de mantener soterrados por el centralismo burocrático y las injusticias sociales. Sabemos bien que la asignación de recursos por sí misma no propicia acciones y políticas concretas, ni mucho menos eficaces; pero sí cumplimentan, la responsabilidad social de ejercer un gasto público oportuno, puntualizado, las necesidades prioritarias de diversas demarcaciones político-territoriales del país. Debemos dejar en claro que a pesar de tener un sistema presidencialista no hemos incidido en crear prácticas sólidas de manera clara y acorde con las funciones de representación política y social. De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución, los diputados federales somos representantes de la nación. En tal sentido, nuestras responsabilidades ante los electores trascienden la actividad meramente legislativa. En efecto, el concepto de representación tiene que ver, además de lo legislativo, por lo menos con la mediación social, la representación política y las funciones de fiscalización, control e investigación y las de opinión y difusión de las ideas, entre otras. En tal tesitura y con base en el propósito de la presente propuesta, la capacidad de atención y mediación social como función extra legislativa es un tema que amerita una debida reflexión y un debate a prontitud, ya que es un asunto oportuno para el fortalecimiento de la figura de los legisladores que integramos este Congreso de la Unión y por ende, de los propios grupos parlamentarios y de los partidos políticos. Es por eso que cada vez que asumimos nuestro papel de representantes populares a través de nuestras habituales convivencias con la ciudadanía, esta labor tiene un fuerte contenido de responsabilidad social, dado que es constante que en cada distrito se solicite ayuda para resolver problemas o apoyar acciones colectivas de grupos organizados, tanto en colonias, barrios, comunidades y pueblos. Por tanto, el aspecto crucial de la atención de la demanda social y ciudadana, independientemente de los órdenes, esferas y órganos de gobierno que las realicen, consiste en la capacidad de respuesta para enfrentar los problemas sociales, principalmente en las localidades con evidente rezagos sociales. Por lo anterior, lo más deseable y conveniente es que los cuerpos legislativos, los legítimamente facultados y responsables de examinar, discutir y modificar y aprobar anualmente el paquete económico que el Ejecutivo le presenta, pueda instituir y distribuir anualmente una partida presupuestal que pueda garantizar el desahogo, cumplimiento que la gestión social representa para cada distrito electoral. Sin embargo, estamos conscientes del actual panorama económico y productivo del país, que aún pende sobre expectativas débiles e inciertas con respecto a la recuperación y crecimiento para el siguiente año. En tal sentido, sin el afán de afectar las finanzas públicas federales ni de los estados y así como una medida de racionalidad, congruencia y sensibilidad, me es pertinente proponer a los integrantes de esta soberanía el destinar el 10 por ciento de nuestra dieta bruta para fines socialmente productivos y de asistencia colectiva en las demarcaciones territoriales que representamos, sin que ello limite o excluya a los legisladores de representación proporcional. Para tales efectos, la Junta de Coordinación Política creará un fideicomiso público que tendrá la responsabilidad de administrar, vigilar, transparentar, distribuir y aplicar los recursos recaudados por la reducción de las dietas de nosotros, los diputados, que estamos comprometidos y que le vamos a entrar con nuestra gente. Asimismo, éste se extinguirá con el cumplimiento de sus fines o por decisión de mayoría de los representantes de los fideicomitentes que conforman la Junta de Coordinación Política y ésta última delimitará las facultades expresamente relacionadas con el objeto a cada uno de los integrantes del fideicomiso. De esta forma, estimando que el 10 por ciento de la dieta bruta mensual asciende a 7 mil 750 pesos por legislador, de los 500 legisladores se obtendrían al año 46 millones 500 mil pesos, mismos que representan un ahorro de inversión significativo si se es destinado a acciones sociales. Si verdaderamente queremos contribuir al desarrollo y crecimiento del país y asumir a plenitud nuestro papel de representantes populares y mediadores de asuntos públicos, debemos de iniciar un proceso de ahorro voluntario que permita orientar parte de lo recaudado a acciones concretas de beneficio social en forma institucional. Es cuanto, señor presidente.