El diputado Fernando Donato de las Fuetes Hernández: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional apoya decididamente el trabajo realizado por las comisiones de Justicia y de Derechos Humanos, de este dictamen, porque consideramos que se hizo con responsabilidad, precisión técnica y con conocimientos sólidos en la materia. Uno de los grandes aciertos de las modificaciones realizadas para enriquecer la propuesta de reforma del Senado de la República, es la sistematización de los delitos en materia de trata de personas y el esclarecimiento de su naturaleza, a partir de un reordenamiento del artículo 10 que contiene las definiciones de trata de persona y su inter crimines que es el camino que sigue el delito para concluirse. Podemos entender en esta justa dimensión cada uno de estos delitos objeto de esta ley. En primera instancia queda claro que el delito principal es la explotación de una persona en las modalidades específicas en las fracciones I a XII, las cuales, por otra parte, sólo pueden concretarse a través de la comisión de delitos como conseguir, captar, enganchar, transportar, trasladar, alojar, recibir, retener, entregar, ocultar, reclutar o transferir. La enorme importancia de la modificación hecha al artículo 10, es que nos permite entender la trata como un camino delictivo que va desde conseguir y captar hasta explotar a una persona. Queda así claro en primera instancia, que no toda explotación es trata, pero toda trata de persona es una explotación. La explotación en las modalidades descritas en la ley, es el delito final porque es además el que lesiona directamente el bien jurídico tutelado, en tanto que los delitos que llevan como finalidad solamente la trata son evidentemente previos y de peligro concreto. Ciertamente la ley modelo contra la trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito da carácter facultativo a la explotación respecto de la trata de personas. Es decir, los países pueden tipificar o no como trata. Contiene diversos ejemplos de legislaciones nacionales que ilustran el uso de esta facultad y señalan que en todo caso lo irreductible es que se haga de manera armónica por la legislación nacional. Aún más, indica textualmente: “La ley modelo no puede ser aplicada en forma aislada y para que sea efectiva es esencial contar con la legislación nacional sobre aplicación de la convención”, refiriéndose a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Internacional. En México esta Convención se ha concretado a través de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Así pues, la ley en materia de delitos de trata no puede aplicarse separadamente de aquélla. Por cierto que ésta no contempla la explotación por sí misma dentro de los delitos de la ley del crimen organizado. Así pues, la explotación sin trata quedaría como un delito aislado de naturaleza penal indefinida, lo que le restaría operatividad a la ley en materia de trata de personas y efectividad de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. De ahí que para su comprobación sólo deba acreditarse el dolo genérico, es decir, el conocimiento de la antijuridicidad y el tipo penal. Es importante hacer hincapié en que con la nueva redacción del artículo 10 se hace evidente que los delitos previos conforman un camino del delito que pueden o no ocurrir y que pueden ser realizados por uno o por varios individuos, es decir, para sí o para un tercero. La importancia de comprobar que estos delitos sean cometidos por un tercero radica en que de esta manera puede alcanzarse plenamente a las redes del crimen organizado. Una vez establecida la naturaleza de los delitos de trata de personas en el nuevo artículo 10 podemos advertir la penalización y el modus operandi específico de estos delitos previos. En este caso encontramos el artículo 18 en promoción del turismo sexual, el 19 con contratos engañosos, el 32 en contratar un espacio publicitario con publicidad ilícita o engañosa con el fin de captar víctimas y el 33 difundir dicha publicidad. Penaliza asimismo delitos subsecuentes a la explotación de una persona como la pornografía proveniente de la trata en sí misma en una cadena delictiva sancionada en los artículos 15, 16 y 17. Se penaliza finalmente un delito asociado a la trata como el arrendamiento o comodato de un bien inmueble con conocimiento de que será usado para la comisión de cualquiera de los delitos previstos en la ley. El segundo gran acierto del dictamen a consideración del Grupo Parlamentario del PRI es avalar las reformas del Senado en materia de protección y atención a víctimas. En materia de protección las comisiones unidas consideran pertinente maximizar el privilegio de la dignidad humana, de todos los derechos humanos como bien jurídico tutelado. En segundo lugar, se hicieron modificaciones respecto al derecho de la víctima a un eventual período de estabilización física y psico-emocional antes de rendir su declaración. En este caso, la protección de la víctima se hará efectiva mediante un peritaje especializado que corroborará su salud. En lo que a la ayuda, asistencia y reparación del daño respecta, las víctimas de delitos de trata de personas serán atendidas en los términos de la Ley General de Víctimas. Las ventajas de la Ley General de Víctimas es que cubre todos los aspectos contemplados en la ley vigente sobre derechos de trata de personas, pero lleva la reparación del daño a una dimensión integral que abarca la restitución, la rehabilitación, la compensación, satisfacción y garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Además la Ley General de Víctimas privilegia a las víctimas de trata de personas de acuerdo al enfoque diferencial y especializado de su artículo 5o. Por otra parte, el fondo destinado a asistir, apoyar y a resarcir el daño de las víctimas del delito de trata de personas, se integra al fondo contemplado en la Ley General de Víctimas, otro gran cierto, ya que cuenta con recursos dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y las víctimas de los delitos de trata serán sujetos de un tratamiento privilegiado no sólo por la ley, sino que operativamente a través de la gestión de un comité especializado y les dará un tratamiento diferenciado. Por esto y por todo lo anterior, el PRI votará este dictamen en sus términos a favor. Muchas gracias.