El diputado Marino Miranda Salgado: Compañeras y compañeros diputados, el mes de junio del pasado 2011 fue una fecha histórica para la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país. A través de la reforma constitucional al artículo 1 de nuestra Carta Magna se le brindó la más alta jerarquía y reconocimiento a los derechos humanos consagrados en ella y en los distintos instrumentos internacionales que han sido signados y ratificados por nuestro país. A partir de esa fecha son innumerables los retos que enfrenta nuestro marco legal y nuestro sistema de justicia para hacer vigentes dichas modificaciones y llevarlas a la práctica. Un caso particular y emblemático que ha pugnado y esperado desde hace ya varias décadas por contar con garantías que les permitan hacer exigibles sus derechos humanos más básicos, en nuestra región es el de los migrantes, que cruzan por nuestro país como indocumentados. Diversas voces provenientes de los propios migrantes, como las de diversas organizaciones civiles, han señalado y denunciado la serie de vejaciones de las que son objeto este sector, que lo convierte en uno de los grupos sociales más vulnerables, condición que se acentúa si el migrante es mujer o infante. Y es que nuestro país se encuentra en un punto estratégico dentro de la geografía migratoria mundial, ya que por su ubicación s una nación de origen, tránsito y destino de migrantes que comparte una de las fronteras más grandes del mundo, con una de las principales potencias económicas global. En este sentido, de acuerdo a la Organización Internacional para la Migración, cerca de 400 mil indocumentados centroamericanos cruzan cada año territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos, y en el trayecto sufren con frecuencia vejaciones, maltrato, persecución, discriminación o abusos, y el cual de acuerdo con Amnistía Internacional constituye uno de los trayectos más peligrosos del mundo. Esta situación es por demás irónica, incongruente, discriminatoria e insoslayable. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es por todos conocido que los migrantes centroamericanos son víctimas de delitos por parte de la delincuencia común, de la delincuencia organizada, pero también de las propias autoridades migratorias o de cualquier otro orden, que en coadyuvancia o autoría llevan a cabo vejaciones en no pocas ocasiones, superan en atrocidad aquellas que nuestros connacionales sufren del otro lado de nuestra frontera, cuya defensa hemos asumido de manera férrea. Esta situación se ha agudizado durante los últimos años en el marco de la lucha que la anterior administración denominó la guerra contra el narcotráfico, debido a la propia acción policiaca, como aquellas derivadas de las acciones de la delincuencia organizada que requieren de colaboradores que ingresen a sus filas. Por ello a nuestro país le corresponde ser garante de los derechos que exige para sus connacionales del otro lado de la frontera, máxime cuando posee un discurso y un marco constitucional prograrantista, que ya es hora que se vea reflejado en los hechos. En este contexto, compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy se encuentra a discusión y que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor plantea diversas disposiciones dentro de la Ley de Migración, tendientes a ser visibles, concretas y específicas las normas relativas al respeto, protección a los derechos humanos de los migrantes. Específicamente circunscribir la política migratoria a la aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de los migrantes. Llevar a cabo acciones que garanticen la seguridad de los migrantes en el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo. Hacer del conocimiento de estos el régimen de responsabilidad de los servidores públicos para facilitar la queja o denuncia, una vez que han sido presentados. Asegurarles el contacto con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en las estaciones migratorias, constituyen acciones que representan un mínimo para garantizar la protección de este sector tan altamente vulnerable. Éstas desde luego que son algunas de las reformas que requiere la Ley de Migración, pero desde luego que hacen falta otras más para garantizar que los derechos humanos de todos los que están o transitan o son mexicanos estén debidamente respetados. Muchísimas gracias, señor presidente.