La diputada Ana Lilia Garza Cadena: Con el permiso de la Presidencia. Quiero aprovechar esta oportunidad en tribuna para destacar algunos de los beneficios económicos que el paquete de leyes energéticas traerá a todos los mexicanos. En primer lugar tenemos que reconocer que esta reforma energética al igual que muchas otras reformas estructurales que hemos aprobado en esta Legislatura, tiene su origen en una legítima aspiración del pueblo mexicano de contar con unas condiciones de vida mejor. Para responder a estas necesidades desde su campaña, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo la visión de proponer cambios estructurales profundos y en concreto de transformar el sector energético para sacarlo de su estancamiento. Hay que recordar que desde la expropiación petrolera tuvieron que pasar 20 años para que México pudiera tener una Ley Reglamentaria al artículo 27 constitucional y que a esta ley solo se le han hecho seis reformas a lo largo de su 56 años de vida; por su parte, la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fue expedida en 1975 y hoy a sus casi 39 años solo ha tenido siete reformas. Con estos dos ejemplos se puede dejar claro que el marco jurídico del sector energético está obsoleto, está atrasado de la realidad; es urgente un cambio de fondo, que permita a nuestras empresas energéticas competir en condiciones equitativas con las compañías extranjeras y responder así a una competencia global a la par de desarrollar una industria en beneficio propio para México, una industria de y para México. La entrada de compañías privadas al sector energético, no implica como se ha hecho tratar de hacer creer que este sector se privatice o que sea entregado a manos extranjeras; si esto fuera así países como Cuba o Venezuela nunca hubieran permitido estos modelos en sus leyes, ya que como todos sabemos estos países, Cuba o Venezuela, son países con gobiernos de corte profundamente izquierdista. Por esto es que en el Partido Verde sabemos que el dictamen que hoy estamos discutiendo es una parte muy importante de la reforma, ya que toca la parte fiscal y de recaudación de sus ingresos. Este dictamen prevé la expedición de dos nuevas leyes: por una parte la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo y también la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos; la primera es reflejo de esa visión internacional de la que hablé anteriormente. México ha sabido voltear a ver las mejores prácticas internacionales y aprender de los casos de éxito de otras potencias petroleras; en caso de esta ley hemos tomado la experiencia exitosa de Noruega, adaptando nuestro marco jurídico, el esquema de fondo operándolo como un fideicomiso. Por su parte la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos busca concentrar todas las disposiciones relativas al régimen de ingresos que obtenga el Estado por estas mismas actividades. Para cerrar mi intervención, deseo expresar que el país necesita que su desarrollo energético vaya acorde con la agenda internacional, no debemos seguir estancados en modelos obsoletos que llegaron al final de su ciclo de vida. En 1938 era necesario que el país tuviera un monopolio en la extracción y en la exploración; hoy, 76 años después la realidad de nuestro país ha cambiado, como también ha cambiado la realidad global. En este entorno actual competitivo y globalizado no podemos rezagados. Estamos conscientes de que esta reforma es solo el inicio y que su puesta en práctica arrojará los puntos que deban y puedan corregirse. Sabemos que toda ley es perfectible, pero también tenemos la certeza de que el esfuerzo legislativo que hoy estamos llevando a cabo en esta Cámara, sienta las bases para que la transformación sea real en el sector energético termino, señor presidente para que México alcance el mismo nivel competitivo de las potencias extranjeras mundiales. Por estas razones el Grupo Parlamentario del Partido Verde, anticipa su voto a favor del presente dictamen. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias.