La diputada Anabel Acosta Islas: Nuestro compromiso es con México, y hoy nos encontramos en un momento crítico que demanda la aplicación de criterios técnicos y estratégicos para salvaguardar la soberanía y la justicia energética en nuestro país. La propuesta del dictamen que estamos discutiendo se resume como una herramienta histórica, diseñada para implementar un sistema eléctrico robusto, estable y eficiente mediante la adopción de políticas que garanticen precios competitivos y predecibles. La reafirmación del papel del Estado en la planeación y gestión de la energía no obedece a posturas ideológicas, sino a un enfoque pragmático fundamentado en experiencias exitosas, como las de Noruega y Brasil, en donde la administración estatal de recursos ha permitido un desarrollo industrial sostenido. Con la adaptación de esta normativa México se posiciona para replicar estos resultados, estableciendo procesos de planificación energética a mediano y largo plazo, y asegurando un marco regulatorio que responda a las exigencias técnicas y de factibilidad operativa. Actualmente, cerca del 60 % de la generación eléctrica en México depende del gas importado, y con esta normativa se contemplan medidas técnicas y operativas que permitirán reducir esta dependencia, evitando crisis similares como la que se vivió en Europa en 2022, cuando los aumentos de los precios obligaron a las familias a pagar hasta 10 veces por el precio de la energía. Este proyecto fortalece la función de nuestras empresas públicas: Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, consolidándolas como pilares fundamentales para que la energía sea administrada como un bien de desarrollo estratégico y no meramente como una mercancía. Ese enfoque es esencial para erradicar la pobreza energética, para garantizar la soberanía del sector y para asegurar que cada decisión se basa en criterios técnicos, de eficiencia y de seguridad. También se han desarrollado mecanismos de mitigación de riesgos que responden a las inquietudes del sector industrial, permitiendo la existencia armónica entre el sector público y el sector privado. Estas medidas garantizan un entorno regulatorio favorable para la inversión, porque fomentan la competitividad sin sacrificar la seguridad energética nacional. Así, tanto la industria, como la población se benefician de un ambiente de crecimiento y de desarrollo continuo. Por ejemplo, en el régimen de autoabastecimiento se eleva el límite para la generación exenta de permisos, que pasa de hoy de 0.5 a 0.7. Y se establece un rango para consumo propio entre 0.7 y 20 megawatts. Esta es una innovación normativa que fortalece de manera muy importante a los pequeños productores y a los actores privados. Este ajuste facilita la integración estratégica de generadores a pequeña escala y emprendedores, promoviendo el dinamismo económico regional y potenciando la diversificación de la matriz energética. La aprobación de esta legislación no solo representa un avance técnico y normativo en el sector energético, sino que sienta la bases para la innovación, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible. Es una apuesta estratégica por el bienestar del pueblo mexicano y por la consolidación de un futuro en el que la energía se consagre como un derecho fundamental y motor del desarrollo nacional. Desde esta tribuna quiero reconocer la visión y el gran trabajo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que junto al gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo, y con el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum, han atraído inversiones estratégicas a nuestra entidad, como la central fotovoltaica de Puerto Peñasco, consolidando a Sonora como un referente en energías renovables, pues esta planta está considerada la más grande de Latinoamérica y la tercera más importante del mundo, aprovechando un recurso natural del que gozamos en mi tierra y que históricamente había sido desestimado, el sol. Por ello, en nuestro grupo parlamentario vamos a votar a favor de la iniciativa de la doctora Claudia Sheinbaum y los invito, compañeros y compañeras, a respaldar esta legislación secundaria para consolidar la prevalencia estatal en un sector estratégico y asegurar que el legado de soberanía y justicia energética se cumpla en beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.