La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo: Gracias, presidenta. Me sumo a la bienvenida a los futuros legisladores de este país. Hoy quiero contarles algunas historias, la de Virginia, mujer indígena mazahua que pasó en prisión 16 años de su vida acusada de haber asesinado a su nieta, siendo que falleció por un golpe accidental en la cabeza. Su delito, no saber hablar español. Gonzalo García, Juan Luis López y Héctor Muñoz, después de 7 años y medio en prisión, acusados del supuesto delito de secuestro, el cual nunca se logró acreditar. Salieron libres gracias al documental Duda razonable, que viralizó su caso generando que la Suprema Corte de Justicia les concediera su liberación inmediata. Justicia y seguridad son las demandas más sentidas de la sociedad mexicana. Necesitamos que quien la hace la pague, que quien cometa un delito sea sancionado, más aún cuando hoy los delitos graves van en aumento y el sentimiento de inseguridad se generaliza en el país. > Hay que decir que este clamor de justicia va acompañado de un gran reclamo social que exige a las autoridades que no existan más Virginias, Gonzalos o Juanes en prisión quienes por ser pobres o no tienen los medios para defenderse, y probar su inocencia, resultan víctimas de fallas en el sistema y son acusados injustamente.> > A pesar del principio de presunción de inocencia vigente, en nuestro sistema de justicia, desde 2008 y reforzado con la reforma constitucional en materia de derechos humanos en 2011, hay que decir que en la actualidad medidas cautelares como el arraigo y la prisión preventiva oficiosa se mantienen en nuestra Constitución y se han convertido en una gran contradicción en nuestro sistema penal porque en esencia son violatorias de derechos humanos.> > Es nuestra responsabilidad como legisladoras y legisladores corregir estas fallas del sistema para resolver primero en la ley y después en la realidad este grave problema.> > Las cifras no mienten de enero a septiembre de 2022, en México, hubo un promedio de 225 mil 628 personas privadas de su libertad, de las cuales 41 % lo fue por prisión preventiva. En promedio, solo de enero a septiembre de 2022, estamos hablando de 93 mil 227 personas en la cárcel sin una condena.> > El censo nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales revela que del 100 % de la población en centros penitenciarios 12.6 % de mujeres llevaban 2 o más años esperando sus sentencias, mientras que 14.2 % de hombres llevaban el mismo periodo de espera por una determinación penal.> > El problema aquí es que estas cifras no son solo números en informes se tratan de vidas, se trata de historias, de personas, familias que por la deficiencia del sistema no tienen certeza ni garantías de un debido proceso.> > La Corte Interamericana de Derechos Humanos hace pocos días sentenció a nuestro país para quitar de nuestro marco jurídico el arraigo y la prisión preventiva oficiosa.> > Hoy, por eso, presento esta iniciativa que, por cierto, compañeras y compañeros de bancada desde de la LXIII y LXIV Legislaturas como Mariana Rodríguez Mier y Terán, Dulce María Sauri, René Juárez, César Camacho han presentado iniciativas que hoy retomo la voz, el conocimiento de expertos en esta materia, porque necesitamos eliminar la figura del arraigo del texto constitucional y cambiar la de prisión preventiva oficiosa por la de prisión preventiva justificada.> Se trata de que demos facultades al ministerio público para solicitar al juez la prisión preventiva y que sea después de un análisis individualizado y con base en los elementos aportados por el ministerio público, de manera fundada y motivada, resuelva sobre la procedencia o no de la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Salgamos ya del falso dilema de que los militares en la calle y más gente en las cárceles, así sea sin sentencia, van a resolver el problema de seguridad y justicia que vive nuestro país. Esta reforma es un primer gran paso para comenzar a corregir lo que no está funcionando. Necesitamos que en materia de justicia logremos, como Estado mexicano, que quien la hace la pague. Basta de impunidad y de injusticias.