El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su venia, diputada presidenta. El dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno por parte de la Comisión de Justicia constituye meramente una adecuación de las penalidades impuestas a estos delitos, así como el cambio de denominación de las veces de salario mínimo por la hora vigente unidad medida y actualización. Y es en virtud de eso que el Grupo Parlamentario del PRD, haciendo un análisis responsable del problema del robo de combustibles en nuestro país y en particular el combate que tenemos que hacer contra estos grupos de la delincuencia organizada, que hoy se denominan huachicoleros, votaremos a favor del dictamen. Sin embargo, resulta indispensable señalar que en su origen esta ley tiene múltiples vicios. El robo de hidrocarburos es un delito federal que debe ser perseguido por las autoridades federales. Ante la inacción y la simulación gubernamental el pueblo de México espera una respuesta inmediata del Legislativo, por ello es el momento de tomar decisiones. Este ilícito causa a Pemex un daño patrimonial de cientos de millones de pesos al día, y desgraciadamente las autoridades federales se encuentran rebasadas. Los requerimientos que impone la vigilancia de más de 40 mil kilómetros de ductos superan por mucho las posibilidades que tienen los efectos militares, que adicionalmente realizan labores de seguridad pública y auxilio a la población en situaciones de desastre. Ésta es una situación que se ha ido agravando día con día y que requiere una atención integral, que permita que ahora que la reforma energética se encuentra en curso sean los privados quienes generen sus propios sistemas de vigilancia para evitar la distracción de la fuerza del Estado. Lo hemos dicho con anterioridad, la reforma energética que entregó los recursos del subsuelo a particulares resulta cuestionable desde cualquier punto de vista. Sin embargo, en el punto que nos ocupa, el de la seguridad, es particularmente riesgos entrar a un proceso de privatización sin haber resuelto los problemas de seguridad que nos atañen. Desde nuestro punto de vista, lo señalamos en su momento, las empresas energéticas solo tienen tres opciones: la primera es que sea el propio Ejército Mexicano quien resguarde sus instalaciones, incluyendo los ductos, y esto es la renuncia del Estado para el control del ejercicio del uso legítimo de la fuerza, permitiendo que sean los particulares quienes puedan dar órdenes a las fuerzas armadas. La segunda, igual de peligrosa para nuestra soberanía, es la contratación de compañías militares privadas que ya operan en otros países, como Irak, y que comúnmente se conocen como mercenarios. En este caso debemos señalar que la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas ha señalado a estas empresas como entidades de alto riesgo, que pueden generar violaciones graves a los derechos humanos, entre las que se han producido despojos de comunidades indígenas y múltiples asesinatos que en la vía de los hechos quedan en la impunidad. La tercera es la asociación con la delincuencia organizada, proveyéndola del financiamiento que necesita y fortaleciendo a los grupos criminales que al final del día están restando al Estado, gozando de un alto grado de impunidad. Lo hemos señalado con anterioridad y lo refrendamos en este momento; la entrega de los recursos de la nación a privados supone múltiples riesgos para nuestro Estado y la viabilidad de México como país independiente y soberano. Es justamente la seguridad nacional que se encuentra en riesgo. Compañeras y compañeros diputados, si seguimos atacando el problema de robo de hidrocarburos en nuestro país con el solo incremento delas penalidades, que en congruencia con un derecho penal democrático la pena debería de ser la última ratio, quizá tenga tanto éxito como ponerle una venda a un leproso. Debemos fijar y exigir al gobierno federal el empleo de todos los medios que otorga el Estado para erradicar por completo a las organizaciones criminales dedicadas al robo de energéticos en nuestro país. Sólo así podremos llegar a buen puerto en el combate contra este ilícito. Hoy le estamos dando de nueva cuenta instrumentos y herramientas al Ejecutivo federal, en particular a la institución del Ministerio Público de la Federación y a los jueces de control, para evitar precisamente que estos delincuentes evadan la acción de la justicia, pero reitero, hay que hacerlo de manera responsable. El peso de este problema, hay que aclararlo, no está en el Legislativo, el peso de este problema está en la falta de inacción gubernamental y eso es lo que estaremos diciendo y lo que estaremos nosotros promoviendo en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Es cuanto, diputada presidenta.