EL C. SEN. ESTEBAN ANGELES CERON: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras, compañeros legisladores. En nombre de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional en esta Comisión Permanente, vengo a presentar un punto de acuerdo sobre la relación México-Estados Unidos en materia de transporte. La relación bilateral entre México y Estados Unidos, históricamente ha estado definida por la asimetría entre ambos países. Dada la frecuente falta de reciprocidad en el trato y cumplimiento de lo acordado, este componente ha sido motivo de incertidumbre y desencuentro; sin embargo, resulta inaceptable que México deba permanecer como espectador ante las constantes vicisitudes de una agenda bilateral a todas luces compleja. Los acontecimientos recientes, sin duda reclaman alzar la voz ante la imposición de voluntades caprichosas. Muestra evidente de la intransigencia de nuestro vecino ha sido el reciente fallo de una corte de apelaciones en la ciudad de San Francisco el 16 de enero del presente año, el cual determinó que Estados Unidos de ninguna manera puede abrir sus fronteras en forma indiscriminada a los autotransportes mexicanos, no obstante que con ello reitera la falta de compromiso de ese país para respetar y cumplir las obligaciones contraidas con la firma del Tratado de Libre Comercio en donde claramente se estipula que los camiones mexicanos podrían ingresar a territorio estadounidense sin ninguna restricción desde el 18 de diciembre de 1995. El pasado 27 de noviembre, el presidente George Bush autorizó que los transportistas mexicanos podrían ingresar a territorio de Estados Unidos más allá de las 20 millas permitidas y pudieran programar servicios regulares de transporte desde y hacia destinos de México y Estados Unidos. A pesar de que dicha decisión no eliminaba todos los procesos de inspección en la frontera y que se trataba de una medida temporal ya que exigía nuevas revisiones después de 18 meses, representó sin embargo una acción que sentaba un importante precedente en las relaciones comerciales entre los dos países. Sin embargo, haciendo evidente una vez más la práctica común de la doble agenda y del doble discurso, la Corte concluyó que la decisión ejecutiva, la decisión de Bush no entraría en vigor porque violaba la normatividad en materia de ambiental al no haber promovido antes la realización de un estudio sobre el impacto que dicha medida tendría en el medio ambiente de ese país; más aún, el fallo añadió que el Gobierno del presidente Bush actuó de manera arbitraria y caprichosa al decidir abrir las fronteras. Compañeras y compañeros legisladores. Hoy en día los transportes mexicanos, al igual que su personal operativo, son sometidos a largas revisiones y sin embargo el compromiso compartido que se ha ido construyendo a ambos lados de la frontera en esta materia, lejos de cimentar un escenario de cooperación que encauce a ambas sociedades a ser partícipes comunes de los beneficios del tratado comercial bilateral, al parecer ha sido tomado como el consentimiento del Gobierno Mexicano, de las políticas y prácticas evidentemente discriminatorias que ponen en marcha en ese país. Aunque la propia Legislación Norteamericana, en particular la Ley del Medio Ambiente, establece que el gobierno antes de pronunciarse por una decisión, debe de realizar una evaluación sobre el impacto ambiental de la misma, este tipo de acciones transgrede los principios de derecho internacional más básicos, al justificar a través de una argumentación doméstica la violación de una obligación internacional. La Corte de San Francisco concluyó explícitamente, que las obligaciones que impone el TELECAN, no privan sobre las leyes medio ambientales de ese país, por lo que la decisión del Presidente Bush, de ninguna manera es válida. Este tipo de acciones legaloides, definitivamente no pueden ser aceptables ya que van en contra de la letra y el espíritu del tratado. Honorable Asamblea, el devenir de las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos no puede estar sujeta a los intereses políticos y posiciones gremiales como las que han sido evidentes en la adopción de esta medida, mucho menos debemos aceptar que las presiones de organizaciones de transportistas trasnacionales, sean punta de lanza para continuar vulnerando los compromisos pactados en el acuerdo comercial bilateral. No es válido convertir el Tratado de Libre Comercio firmado de buena fe, en el tratado del embudo, ancho para los transportistas norteamericanos y angosto para los transportistas mexicanos, no es justo, no es legal, no es moral. México solicitó hace más de cuatro años, en septiembre 22 de 1998, la conformación de un panel para resolver la controversia, en vista de las múltiples restricciones que a todas luces violaban el tratado. Su decisión, la decisión de este panel, fue favorable a México, sin embargo las determinaciones de este panel no fueron aceptables para Estados Unidos, ya que sus conclusiones no sólo han sido ignoradas del otro lado de la frontera. En los hechos respondieron el 16 de marzo del 2002, imponiendo una serie de reglas que pretenden regular técnicas, aspectos técnicos, operativos y de seguridad, inaceptables para México por ser unilaterales, discrecionales, discriminatorios y proteccionistas. En todo momento México ha tratado de encontrar fórmulas satisfactorias, que permitan seguir dándole continuidad y vigencia a los propósitos que dieron origen al Tratado de Libre Comercio, no obstante ante la falta de compromisos serios por alcanzar un acuerdo en esta materia, las fracciones parlamentarias del PRI en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, no pueden dejar de pronunciarse sobre este nuevo ardid, que sólo busca mantener en el letargo obligaciones ya convenidas. Consideramos que México ha hecho esfuerzos por tratar de preservar el respeto al espíritu y letra del Tratado Comercial con Estados Unidos y como respuesta, sólo tenemos su trasgresión sistemática, que para los transportistas mexicanos significa en los hechos, quedar limitados a circular solamente en las zonas comerciales fronterizas de Estados Unidos, donde nuestros camioneros están obligados a transferir su carga a sus homólogos estadounidenses, para que la llevan a su destino final. Por estas razones y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a su amable consideración la siguiente proposición con punto de acuerdo: 1º.- Se solicita a la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, en su carácter de administradora del TLCAN, de conformidad con las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, informe a esta soberanía de las actuaciones realizadas con motivo del informe final del panel arbitral establecido en términos del Capítulo 20 del TELECAN, de fecha 6 de enero del 2001, en el caso de las restricciones de Estados Unidos en materia de servicios transfronterizos e inversión en el sector transporte de carga, toda vez que las partes contendientes deberán convenir la solución de la controversia y notificar a sus secciones del secretariado toda resolución acordada en virtud de lo establecido por el artículo 2018 del TELECAN. Segundo. Se solicita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, informe al H. Congreso de la Unión la relación, el número y las características de las solicitudes presentadas por transportistas extranjeros interesados en prestar el servicio en territorio nacional y la de connacionales presentadas a Estados Unidos, con el propósito de prestar servicios en ese país, y Tercero. Toda vez que se han excedido el plazo de 30 días de la recepción de la resolución final del panel, esto es el 6 de enero del 2001, no se ha convenido la solución de la controversia, inacción del Gobierno Federal que está afectando de manera grave a los transportistas mexicanos, hacemos un exhorto al Ejecutivo Federal para que suspenda la aplicación de beneficios de efecto equivalente a la parte demandada y se impida el ingreso de transportes estadounidenses a nuestro país hasta en tanto no se asuma por parte de Estados Unidos una actitud de respeto a lo señalado en el Tratado de Libre Comercio, o en su caso nos informen de los inconvenientes de tomar esta medida a la que tenemos derecho. Señor Presidente, dejo un ejemplar del punto de acuerdo leído para que se sirva por favor ordenar se incluya en la Gaceta Parlamentaria. Gracias. EL VICEPRESIDENTE, BERNARDO BORBÓN VILCHES: Con mucho gusto. Gracias senador. Pasamos al capítulo de agenda política, en donde está registrado un punto por parte del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y tiene la palabra el diputado Ramón León Morales para exponerlo: comentarios sobre la situación económica y presiones al tipo de cambio.