La diputada Irma Juan Carlos: Buenas tardes. Con su permiso, diputada presidenta. El día de hoy vengo a presentar una reserva, misma que tiene que ver con una adición al artículo 533 Bis contenido en el dictamen de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, respecto a la Ley de Vías Generales de Comunicación. A continuación, expongo mis motivos. La toma de casetas y la exigencia de una cooperación a los automovilistas es una práctica de largo tiempo, heredada por los gobiernos de regímenes autoritarios que no atendieron los problemas del pueblo en su momento, gobiernos que sistemáticamente violentaron nuestros derechos, lo que generó el aumento en la frecuencia de estas prácticas, así como la toma de carreteras en localidades que no necesariamente cuentan con casetas de peaje. Esto también da pie a la sospecha de que no todas las acciones son espontáneas o que respondan a circunstancias locales injustas, sino que detrás de algunas de ellas, se encuentran intereses inconfesables de mero lucro y aprovechamiento económico. Esta reserva plantea la necesidad de discernir entre las expresiones auténticas de movimientos sociales que recurren a la toma de carreteras o casetas como único medio de visibilización de sus demandas y de los grupos que simplemente buscan apropiarse de los recursos del erario público mediante toma de casetas, generando un doble robo, porque por un lado impiden que el dinero llegue a la caja de las taquillas y, por el otro, extorsionan a los usuarios con el cobro de cuotas, además del quebranto económico que ello supone, existe un desafío al Estado por los embotellamientos generados por estas prácticas que obstruyen el derecho al libre tránsito. En esa coyuntura, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, históricamente hemos ejercido la resistencia mediante una manifestación pacífica ante la ausencia de los gobiernos y de políticas públicas que coadyuven a su desarrollo y a la resolución de nuestras demandas, porque nadie puede negar que los gobiernos neoliberales o de regímenes autoritarios que tuvimos, sistemáticamente violentaron nuestros derechos, despojaron nuestros territorios y recursos naturales. Para ilustrar al pleno, actualmente en 29 estados de México, hay 335 conflictos indígenas activos sin resolver, entre los cuales destacan 50 en materia agraria, 45 de proyectos mineros, 30 de temas políticos sociales, 28 de proyectos de infraestructura, 28 de programas y servicios gubernamentales, 26 de proyectos hidráulicos, 21 de seguridad y justicia, 20 de medio ambiente, 16 de proyectos carreteros, entre otros, según datos de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas. Asimismo, de acuerdo con la información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, hasta el año 2019, la población indígena interna en los centros penitenciarios del país eran 8 mil 412 personas, de estas, 7 mil 728 pertenecen al fuero común y 684 al fuero federal, y en cuanto al género, 286 son mujeres y 8 mil 126 son hombres. Esta cifra nos da una idea, pues, de las condiciones de desigualdad e injusticia que los habitantes de comunidades y pueblos indígenas y afromexicanas han vivido. Estas son las razones por las que en los años pasados y en la actualidad con frecuencia vemos actos de protesta pacífica en señal de resistencia para exigir ser visibilizados y contar con una solución de nuestros diversos conflictos heredados de los gobiernos pasados. Sobran razones, mencionaría, por ejemplo, el otorgamiento de concesiones para explotación y exploración de minas, aguas, gas, petróleo, luz, entre otros, sin el consentimiento de las comunidades. Es por ello que es importante valorar los derechos de los usuarios al libre tránsito y, por otra parte, el derecho a la libre manifestación. Por eso, con esta reserva pretendemos armonizar dicha situación. Es así que proponemos la siguiente adición, excluimos de estas sanciones a los habitantes de comunidades indígenas y afromexicanas que se manifiesten de manera pacífica, justificada y sin fines de lucro en las vías de comunicaciones aledañas a sus comunidades. Es decir, únicamente nos queremos asegurar que se garanticen los derechos de libre manifestación, históricos y legales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como para proteger la justa lucha de nuestras comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos sin criminalizar estas acciones de protesta pacífica. Por su atención y su apoyo, muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.