El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: El suscrito diputado federal a la LX Legislatura e integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 en su apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Durante el proceso electoral del 2 de julio de 2006, los mexicanos fuimos testigos de cómo se violentaron los principios de certeza, legalidad e imparcialidad a los que están obligados a tutelar todos los órganos electorales por mandato constitucional y legal. Hasta el momento, los delincuentes electorales que en ella intervinieron no han sido sancionados conforme a la ley. La implementación de la campaña de odio a través de spots y correos electrónicos, las campañas promovidas por el Consejo Coordinador Empresarial, el intervencionismo del presidente de la república, la utilización de los programas sociales con fines electorales, los excesivos gastos en medios de comunicación, el rebase de topes de gastos de precampaña y campaña de los partidos políticos, la participación e intromisión de extranjeros en el proceso, son tan sólo una muestra de la impunidad en materia de delitos electorales. Sin embargo, el tema de los delitos electorales en nuestro país ha sido poco abordado y menos aún lo relativo a la persecución y consignación ante las autoridades de aquellos que cometen estos ilícitos. El pasado 13 de noviembre, en el marco de la reforma del Estado, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en materia electoral, no obstante los avances de la misma, consideramos que no puede haber una verdadera transformación electoral sin que se dote de autonomía constitucional a la actual Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, que actualice las realidades de nuestro país, conductas que afecten los valores de la democracia y del sufragio universal libre, directo y secreto, ya que hasta el momento en su actuar como responsable de atender en forma institucional especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales, contenidos en el título vigésimo cuarto del Código Penal Federal, podemos decir que ésta ha sido una de las dependencias con mayores recursos en los últimos años y con los más bajos índices de eficiencia; su propia estadística así lo demuestra. De la propia información de la Procuraduría General de la República, se desprende que en el transcurso de 2007 el número de consignaciones de la Fiscalía es mínimo en relación con las averiguaciones previas en trámite. Lo mismo sucede con las sentencias emitidas por los jueces, las cuales desde el año de 1999. Para muestra en el proceso electoral de 2006 y hasta junio de 2007, las consignaciones suman 0 y el total de consignaciones en todos esos años suman 11. Por tanto la iniciativa que ponemos a la consideración de esta soberanía, propone la creación de una procuraduría electoral, con jerarquía constitucional autónoma, contra la injerencia de algún poder del Estado, donde el nombramiento de su titular se realice por el Senado de la República, previa convocatoria, con una permanencia transexenal en su cargo. Es decir, contará con una duración de ocho años para su ejercicio y sólo podrá ser removido de su encargo en los términos del título cuarto de nuestra Constitución. Por tanto para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, no puede haber reforma electoral sin una transformación de quien se encarga de investigar, perseguir y consignar los delitos electorales, misma que hasta el momento ha sido ineficiente e ineficaz. Por lo antes expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 102 en su apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se adicionan los párrafos sexto, séptimo y octavo, recorriéndose el actual párrafo sexto para quedar como noveno, al apartado A del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue. Artículo 102, apartado A. La Procuraduría Electoral es un organismo público autónomo en sus decisiones, dotado con personalidad jurídica y patrimonio propio. En su carácter de Ministerio Público es responsable de la investigación y persecución de los delitos electorales. El procurador electoral deberá guardar reservas en el ejercicio de su competencia. La ley establecerá su organización y funcionamiento. El procurador electoral será nombrado por el voto de las dos terceras partes del Senado de la República y en los recesos de éste por la Comisión Permanente con la misma votación calificada mediante convocatoria pública en los términos que establezca la ley. El procurador electoral durará en su encargo ocho años y sólo podrá ser removido del mismo en los términos del título cuarto de esta Constitución. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta.