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El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: De la Junta de Coordinación Política. Acuerdo Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al gobierno federal, a través de las Secretarías de Gobernación, de Reforma Agraria y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a los gobiernos de los estados de Oaxaca y Chiapas para que coordinadamente realicen todas las acciones que sean necesarias para conciliar y resolver, a la brevedad, el conflicto agrario y de límites que existe entre las comunidades de los Chimalapas, Oaxaca y Cintalapa, Chiapas. Segundo. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta, respetuosamente, al gobierno federal a través de las Secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que revisen exhaustivamente los permisos, concesiones y/o autorizaciones de explotación forestal que pudieron haber expedido a favor de ejidos, comunidades o particulares en la zona de conflicto entre los Chimalapas, Oaxaca y Cintalapa, Chiapas. Y en su caso, para que las revoque o suspenda en tanto es posible resolver el conflicto agrario y de límites que en ésta se presenta. Tercero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a los gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca para que realicen todas las acciones a su alcance para evitar el clima de violencia en la zona y ayudar a la solución definitiva del conflicto entre los Chimalapas, Oaxaca y Cintalapa, Chiapas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene el uso de la palabra, hasta por 3 minutos, el diputado Heliodoro Díaz Escárraga.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores diputados, Santa María y San Miguel Chimalapas, los Chimalapas, son dos comunidades indígenas oaxaqueñas ubicadas en el istmo de Tehuantepec, desde hace más de seis décadas y por defectos en la dotación de tierras, derivados de resoluciones presidenciales, éstas enfrentan con el municipio de Cintalapa, Chiapas graves conflictos agrarios. Los Chimalapas mantienen una disputa histórica por la posesión de 41 mil hectáreas de tierra dotada a ejidos de ambas entidades federativas. Este conflicto en diversas ocasiones ha derivado en violencia, que hoy puede recrudecerse y provocar la pérdida de vidas humanas. Urge, por tanto, utilizar todos los medios disponibles para atajar la confrontación y resolver mediante el diálogo la conciliación y la aplicación de la ley este diferendo. Por eso en nada ayudan las actitudes de ciego nacionalismo y de parcialidad autoritaria del gobierno chiapaneco, que ha asumido en torno al tema. Un ejemplo de esa conducta es la creación del municipio de Belisario Domínguez, decretado por el Congreso de Chiapas con asignación de un territorio en disputa que se encuentra bajo el análisis de la ley y la indefinición. Esa determinación sin duda constituye un acto de provocación que asimismo atenta en contra de la constitucionalidad y la legalidad, principios que debieran ser observados por toda autoridad. Un acto antitético a la serenidad, a la prudencia, el tacto y el ánimo conciliador que debieran regir al tratar un asunto tan delicado y tan complejo. Estudiosos del conflicto en y de los Chimalapas atribuyen sui géneris y desarrollo a la explotación irracional y con fines mercantiles de los bosques de madera tropicales de alta calidad por empresarios chiapanecos, por una parte, y a la defensa de los indígenas oaxaqueños a su entorno, a su biodiversidad y a lo que consideran su patrimonio y medio de vida por otra parte. Los Chimalapas, en este caso, considero que el asunto debe ser analizado y resuelto por órganos imparciales e independientes, con apego a la normatividad agraria y, en su caso, a la constitucional con las armas de la experiencia de los recursos presupuestales disponibles de la mediación y del convencimiento. No podemos permitir que un conflicto de esta naturaleza provoque enfrentamientos entre hermanos y estados limítrofes. Por eso pido que este punto de acuerdo que ha asumido la Junta de Coordinación Política se asuma de manera afirmativa por todos ustedes. Es cuanto, señor presidente.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de esta Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Consulte la Secretaría a la asamblea en votación económica si se aprueba.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de esta Presidencia, se consulta a la asamblea en votación económica si se aprueba el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes están por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Adelante con los puntos de acuerdo. De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Víctor Manuel Castro Cosío, del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades estatales y federales para que respeten el estado de derecho en el marco de la disputa por la construcción del Acueducto Independencia en Sonora.
El diputado Víctor Manuel Castro Cosío: Compañeras y compañeros. Es una exposición muy precisa la que queremos hacer sobre la construcción del acueducto que pone en riesgo el agua del Valle del Yaqui, afectando diversas poblaciones que se encuentran en este importante valle agrícola de nuestro país, particularmente en el municipio de Cajeme hay una controversia jurídica por el uso del agua de este valle. La construcción del acueducto Hermosillo-Valle del Yaqui, ha sido dos ocasiones amparada y la detención de esta obra, sin embargo las autoridades estatales mantienen el criterio de continuarla pasando por encima de la ley. Este asunto es un asunto controvertido que ha generado -no solo en la población de Sonora, sino en todo el país- la parte legal, jurídica, en la que nosotros, nuestra fracción plantea con toda claridad que se respete el Estado de derecho, que se respeten los amparos para que esta obra se detenga y se defina con toda prontitud el carácter, la importancia y la trascendencia que tiene para la población del Valle del Yaqui y la de Hermosillo. Hemos insistido que el gobierno del estado respete el derecho, respete lo que las autoridades jurídicas, judiciales han establecido para que esta obra se detenga. No ha sido así, por lo tanto exhortamos a las autoridades locales y federales para que se respete este acuerdo judicial en donde la obra no debe de continuar. Hay, en el estado de Sonora particularmente, un proyecto que no pone en riesgo el agua del Valle del Yaqui, que es de salar el agua, fue detenido, no construido este proyecto y hay esta importante controversia. Llamamos pues a las autoridades de Sonora y a las autoridades federales a respetar la ley y evitar que se siga construyendo este acueducto para que el Valle del Yaqui no sufra las consecuencias de una obra que ha sido sumamente controvertida. Cuando menos exigimos pues, que haya voluntad de las autoridades estatales y federales para que esta obra sea detenida de manera inmediata.
El Secretario Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de esta Presidencia se consulta a la asamblea en votación económica, si se considera de urgente resolución el acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I, del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados: diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo, hasta por tres minutos.
El diputado José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, desde el año pasado si mal no recuerdo compañeros diputados del PRI, dentro de ellos el compañero Pompa, varios de la fracción de Sonora, en el momento que se discutió el presupuesto plantearon este tema y comentaron que no debería autorizarse recursos para la realización de ese acueducto. Quedó un candado ahí para que no se usara más que bajo ciertas condiciones y no fue respetado. La construcción del Acueducto se continuó, que está dejando o busca dejar sin agua al Valle del Yaqui, un valle muy próspero, y además, está generado un negocio de pingües ganancias. Se ha vuelto ya una costumbre en Conagua de hacer obras públicas, entregado a particulares que se convierten en negocios más que rentables. Está el propio caso en Hidalgo, en esta zona donde se opusieron a un basurero tóxico y después Zimapán, y después encontraron ahí un muy importante origen de agua que está yendo a Querétaro, un acueducto que se privatizó, en un año recuperan la inversión los particulares y dejaron sin agua a la gente de Zimapan. Lo mismo se está plateando para el Valle del Yaqui. La verdad es que es, sin duda, un problema serio el abasto de agua en varias ciudades y Hermosillo no es la excepción, pero no es llevándose el agua del Valle del Yaqui como se va a resolver este problema. Se ha planteado la construcción de desalinizadoras para abastecer de agua a la ciudad de Hermosillo, que tiene un costo importante, pero no tiene los efectos devastadores que la construcción del acueducto generaría para toda la gente del Valle del Yaqui. Además, la propia gente de la zona, las etnias que ahí tienen su tierra original, han estado oponiéndose con toda firmeza a la realización de esta obra. Por estas razones nosotros no debemos permitir que continúe este atropello y sumo mi voz al planteamiento que ha hecho aquí el compañero Víctor Castro, en el sentido de que no se realice esta obra, de que se generen salidas diferentes para el abasto de agua a la ciudad de Hermosillo, y que se pare el negocio que está queriendo hacer el gobernador del estado en detrimento de los habitantes de esta zona, además agrícola, muy próspera, como lo es el Valle del Yaqui. Por su no atención, muchas gracias compañeros diputados y compañeras diputadas.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Leonardo Arturo Guillén Medina, del Partido Acción Nacional, hasta por tres minutos.
El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina: Gracias diputado presidente. Agradezco aquí el interés que se manifiesta por el estado de Sonora, pero yo llamo a los compañeros diputados a que estemos informados. Su servidor es de San Luis Río Colorado, de Sonora. Soy orgullosamente sonorense, y este proyecto del Sonora sí, que contempla las obras del Acueducto Independencia, presa Los Pilares y distintas obras en el proyecto que solucionará el problema de suministro y distribución de agua potable, es un proyecto muy ambicioso. Entonces vemos con bastante preocupación, que mientras ciudades tan importantes como la ciudad de México viven y se desarrollan por la generosidad que hay entre las distintas entidades federativas que lo rodean, nos quieran limitar a los sonorenses de poder tener agua. Yo no sé qué sería de esta ciudad si no se trae el agua de los estados que están colindando con el Distrito Federal. Yo no sé qué sería de Baja California, si el agua del Río Colorado no se distribuye entre las distintas ciudades, específicamente ciudades hermanas, como Mexicali, comparten el agua, que es de la nación, hay que aclararlo, con la ciudad de Tijuana, donde se vive un problema de abastecimiento de agua. Aquí el problema se los digo de frente es un problema de algunos que están en esa banca final, que se oponen al desarrollo de Sonora, que le apuestan a los problemas entre los sonorenses y esto no se debe permitir. El año pasado esta presa, en la que hoy se quiere distribuir de mejor manera el agua en Sonora, se tuvo que abrir y desperdiciar el agua que Hermosillo requería para ocho años, ¿por qué? Porque aquí nos oponemos; constantemente en esta Cámara de Diputados se ha procurado ponerle trabas a esta obra. Se los digo muy claro, así como no dudo de la autonomía del Poder Legislativo, no hay que dudar de la autonomía del Poder Judicial; si el Poder Judicial, en una sentencia definitiva llega al punto a determinar, a resolver que hay indicaciones, que hay causas, que hay argumentos para prohibir la realización de esta obra, dejémosle esa tarea al Poder Judicial, pero no politicemos aquí una obra que va a ser de beneficio para todos los sonorenses. No limitemos todos los demás, que son de otras partes del país el desarrollo de una sociedad, de una población, que lo único que quiere es tener el vital líquido para sobrevivir. En meses anteriores, en semanas anteriores se ha discutido en esta Cámara termino, presidente, porque es un tema importante, en semanas anteriores se ha discutido aquí el derecho constitucional si no, preguntémosle a los integrantes de la Comisión respectiva, el derecho constitucional a tener agua, a que los mexicanos tengamos agua, y hoy ustedes aquí quieren negarle el derecho al agua a los sonorenses; estamos totalmente en contra, y totalmente a favor de que en Sonora se respete el Estado de derecho, pero se respete la autonomía de todos los Poderes. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado José Luis Marcos León Perea, hasta por tres minutos.
El diputado José Luis Marcos León Perea: Con su permiso, señor presidente. Qué bonito es venir a gritar aquí y decir puras mentiras; nosotros no estamos en contra, los diputados federales del PRI en Sonora no estamos en contra de que Hermosillo no tenga agua; primero, se tienen que corregir las fugas que existen en Hermosillo, que son un 40 por ciento de fugas; segundo, existen otras fuentes donde podemos obtener agua cerca de Hermosillo, sin perjudicar al agua que está por el sur de Sonora. Mi postura es a favor, porque hemos sido participantes directos en el problema, defendiendo el agua, que no alcanza; sin embargo, el problema no solamente es el agua, sino también un tema ecológico, social y de justicia, y es la justicia a la que el gobernador Guillermo Padrés Elías, y lo digo con todas las palabras, Guillermo Padrés Elías pretende eludir desacatando las instrucciones de una juez federal, quien otorgó primero una suspensión provisional desde antes de licitar la obra y que en agosto de este año se dio la suspensión definitiva. Para todas estas acciones, el gobernador Padrés, en un claro desprecio a las leyes que juró cumplir y hacer cumplir cuando tomó protesta, ha repetido que nadie va a parar la construcción del acueducto Independencia, como si viviéramos en un estado sin derecho. El año pasado, en esta misma tribuna subió el diputado Díaz Brown, poniendo un exhorto para que se cumpliera con todos los requisitos legales para otorgarle 400 millones de pesos del Presupuesto de 2011, y a pesar de no cumplir con el clausulado el Ejecutivo federal, por medio de una de las instancias soslayó lo que aquí firmamos en consenso. Además, de manera extraordinaria la Secretaría de Hacienda la otorgó 952 millones de pesos adicionales. Con lo anterior, el gobernador de Sonora, en contubernio con el gobierno federal, se burla también de este Poder con su irrestricto apoyo al desacato. No podemos permitir que se burle de dos de los tres Poderes que constituyen el Estado mexicano, Padrés está en claro desacato y el presidente Calderón lo avala y lo encubre. Como si esto fuera poco, en Sonora el clima que ha despertado este gobierno en desacato ya va más allá de lo preocupante; empresarios hostigados; notarios públicos amenazados; ciudadanos auditados e inspeccionados sistemáticamente, así como una amenaza anónima de muerte a la juez que lleva el caso, y que le iban a entregar a sus hijos en pedazos. Por esto mismo, y además de pedir lo que mi compañera diputada Claudia Anaya expuso desde esta tribuna, le exijo al gobierno de Sonora que cese con las intimidaciones, porque esa manera de gobernar no va acorde con el espíritu democrático que debe prevalecer en este país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Señor diputado Guillén, ¿quiere formularle una pregunta al orador? ¿La acepta?
El diputado José Luis Marcos León Perea: No, no acepto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Está bien. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Por instrucciones de esta Presidencia, se consulta a la asamblea, en votación económica, si se encuentra suficientemente discutido el punto de acuerdo. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa favor de manifestarlo (votación). Quienes estén por la negativa favor de manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Suficientemente discutido. Para los efectos del artículo 113, numeral 1, fracción III, del Reglamento, se pide a la Secretaría dé lectura al punto de acuerdo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Proposición con punto de acuerdo. Primero. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión hace un llamado al ciudadano gobernador constitucional del estado de Sonora, a que instruya al director del organismo público descentralizado del gobierno del estado de Sonora, denominado Fondo de Operación de Obra Sonora Sí, a que acate el mandato judicial de suspensión de la obra Acueducto Independencia, hasta en tanto no haya resolución definitiva. Segundo. Se exhorta al titular del Ejecutivo federal a mantenerse al margen por conducto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Comisión Nacional del Agua, del litigio entre el estado de Sonora e integrantes del Movimiento Ciudadano por el Agua, por la construcción de la obra Acueducto Independencia. Tercero. La Cámara de Diputados solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público suspender las ministraciones pendientes de transferir la obra Acueducto Independencia establecida en el artículo vigésimo tercero transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2011, en virtud del procedimiento judicial en curso. Cuarto. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a desistirse de la denuncia penal en contra los opositores a la construcción del Acueducto Independencia, quienes bloquearon la carretera federal 15 México-Nogales, en el poblado de Vícam, municipio de Guaymas, Sonora. Quinto. La Cámara de Diputados exhorta a la Procuraduría General de la República a realizar las investigaciones sobre el desacato del gobernador de Sonora y, en su caso, dar vista a esta Cámara para procesar lo que en derecho corresponda. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría abrir el sistema electrónico por tres minutos para proceder a la votación del punto de acuerdo.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos, para proceder a la votación. (Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia da la más cordial bienvenida a la Cámara de Diputados a estudiantes de primaria del Instituto San Agustín, del Distrito Federal, invitados por la diputada María del Carmen Guzmán Lozano. Hace lo propio con alumnos de la licenciatura en Derecho de las universidades Albert Einstein e Insurgentes, ambas del municipio de Chalco, estado de México, invitados por el diputado Eduardo Yáñez Montaño. Sean todos ustedes bienvenidos. Diputado Téllez.
El diputado Ignacio Téllez González (desde la curul): Gracias, presidente. Sólo agradecerle mucho el que el día viernes haya usted hecho un llamado al presidente de la Comisión del Trabajo para que pueda cumplir con lo establecido en el Reglamento. Le agradezco mucho la atención que le dio a la solicitud de un servidor.
El Secretario diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Ciérrese el sistema electrónico. Señor presidente, tenemos 207 votos a favor, 104 en contra y 5 abstenciones.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 76, fracción IV del Reglamento de la Cámara de Diputados, tiene la palabra el diputado Carlos Cruz Martínez del Grupo Parlamentario del PRD, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que transmita al gobierno de los Estados Unidos de América el enérgico rechazo que hace esta soberanía para todas las operaciones realizadas en territorio mexicano. Hará uso de la palabra hasta por 5 minutos.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor orador. Tiene usted una pregunta de parte de Cárdenas Gracia. ¿Acepta?
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Sí, cómo no.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (desde la curul): Gracias, señor diputado Marcos Cruz. Estoy de acuerdo con su punto que me parece muy trascendente. De hecho al inicio de esta sesión en la mañana- el diputado Muñoz Ledo y su servidor señalábamos que era importante un rechazo enérgico, frontal del gobierno mexicano a la actitud injerencista de agentes norteamericanos en territorio nacional. Me parece también muy importante que se haya incluido el tema de lavado de dinero, producto del crimen organizado, en donde según el New York Times esos recursos se lavan en instituciones financieras y bancarias de los Estados Unidos. La pregunta que quiero hacerle es si no sería también conveniente no solamente que interviniese la Cancillería mexicana, sino que también la Procuraduría General de la República iniciara averiguaciones previas por todos estos hechos, señor diputado. ¿Qué opina usted?
El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Yo lo que le diría sería que aquí habría varias dependencias y varios secretarios involucrados. Estaría el secretario de Gobernación, como responsable de la seguridad interna. Estaría por supuesto la PGR. Estaría el director de Aduanas, porque por algún lado pasaron las armas. Y por supuesto que estaría la secretaria de Relaciones Exteriores que, por cierto, a pesar de los constantes exhortos que se le han hecho para que se presente, para que asista y dé un informe a esta soberanía, no ha concurrido seguramente porque la política exterior mexicana ha sido una política exterior sumisa; ha sido una política entreguista; ha sido una política errática que nos hemos aislado de América Latina, que hemos perdido liderazgo en América Latina y en el mundo precisamente por esta política de alineación a los intereses de los Estados Unidos. Por cierto, no viene desde ahora esta política. Viene desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio. Yo pudiera enunciarle aquí un recuento de la política errática exterior mexicana.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, tiene la palabra, hasta por tres minutos, el diputado Porfirio Muñoz Ledo, del Partido del Trabajo. Perdón, licenciado, un minuto. Señor secretario, consulte a la asamblea, de acuerdo al artículo 100 del Reglamento, en votación económica, si se considera de urgente resolución el punto.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Para los efectos del artículo 100 del reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación); las diputadas y los diputados que estén por la negativa sírvanse manifestarlo (votación). Mayoría por la afirmativa, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del reglamento, se han registrado para hablar sobre el tema los siguientes diputados y diputadas. Diputado Porfirio Muñoz Ledo.
El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Gracias, Presidente. Es de obvia y hace rato urgente resolución. Basta ya de alimentar con el circuito financiero de las armas y el financiamiento de las drogas una guerra sin sentido. El consentimiento expreso del gobierno de México, a través de la Procuraduría General de la República, para esta absurda operación llamada Receptor abierto, en su nombre lleva la fama. México es un receptor abierto que recibe todo lo que nos mandan de basura del otro lado y es un hecho extremamente grave. El tema del narcotráfico tiene tres vertientes: el financiamiento que proviene de la venta, que asciende a 36 mil millones de dólares que ingresan al país; el financiamiento de las armas, que asciende a 24 mil millones de dólares, que el ejército, la policía, la sociedad y el crimen organizado o común compran para mantener actividades ilícitas. En el otro extremo está la seguridad pública porque el origen es la demanda del estupefaciente y ese otro tema tampoco se ha combatido. Quiero decir que si alguna función tiene la Secretaría de la Defensa Nacional es justamente la defensa nacional, es a la defensa nacional a la que le corresponde parar el ingreso de armas prohibidas al país, para que no nos ocurra como en la guerra apache, entre 1830 y 1833, que infestaron el país de armas para después alentar la sublevación en Texas. Quiero simplemente, por el tiempo, hacer un complemento a este exhorto. La negativa del gobierno de los Estados Unidos a la venta de armas y su estímulo con el pretexto de que van a localizar, a través de ellas, a los narcotraficantes, cosa que nunca ha ocurrido, es una negativa que el gobierno de México no debiera aceptar. México tiene un argumento mayor. Estados Unidos ha suscrito y ha votado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas nueve embargos totales de armas que lo obligan, porque son embargos universales. El primero a Sudáfrica en 1977 y el último en Libia, apenas en febrero del año anterior, y ahí no invocamos ni la Enmienda 2, ahí no ha invocado su posibilidad de parar la venta de las armas de asalto. Simplemente el hasta aquí al crimen organizado, el hasta aquí al derramamiento de sangre es una posición firme del Ejecutivo de la Unión. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Tiene la palabra el diputado Pablo Escudero Morales, hasta por tres minutos.
El diputado Pablo Escudero Morales: Gracias, señor presidente. Sin duda alguna México vive la época más violenta en su historia contemporánea. La violencia en México sería difícil, o muy difícil, de entender sin las armas que se trafican en nuestro país y que la gran mayoría provienen de Estados Unidos. El Programa denominado Rápido y Furioso que se desarrolló entre 2009 y 2010 permitió la compra ilegal de armas, así como el operativo de dispersor abierto. Nos hemos quedado con más de 2 mil armas, inclusive fusiles de asalto AK-47 (cuerno de chivo) y de alto poder como las Barrett calibre 50 que se enviaron a nuestro país. Y no podríamos hacer este reclamo, este exhorto sin preguntarnos, ¿cuántas de estas armas nos mandó Washington y cuántas han cobrado la vida de niños, de mujeres, de hombres, de inocentes? ¿Cuántas de esas armas han servido para matar a soldados, a policías federales, a estatales y a municipales? La preocupación la hemos hecho manifiesta en esta Cámara, inclusive hemos ido más allá, hemos presentado denuncias penales ante la PGR, mismas que hemos ratificado con el objeto de buscar justicia. John Dodson, uno de los agentes estadounidenses que participó en el operativo de Rápido y Furioso, señaló la existencia de dicho operativo y el conocimiento de parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Darren Hill, agregado de la ATF en la embajada de México y muchos otros funcionarios reconocieron plenamente estos operativos. Finalmente, nos acabamos de enterar que este sábado se entregaron más de mil páginas de correos electrónicos, detallando las discusiones entre los funcionarios que llevaron a cabo este operativo y los de la procuración de justicia. En estos mensajes los funcionarios de la oficina de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos, la cual llevó a cabo la operación, se ponen de acuerdo con los funcionarios del Departamento de Justicia sobre cómo responder a las explicaciones que exigió en marzo el senador Charles Grassley, quien acusó a la ATF de permitir la venta ilegal de miles de armas. No podemos seguir permitiendo esta situación. Es el momento de exigir el reclamo, primero a la Secretaría de Relaciones Exteriores y luego a Estados Unidos. Inclusive, acudir a algún tribunal internacional buscando se pronuncie en favor de esta situación que no podemos permitir. Por eso venimos a votar a favor y pedimos el voto de todos para acompañar este punto de acuerdo del PRD. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Gustavo González Hernández, del Partido Acción Nacional. No se encuentra en la sala. Tiene... Ya llegó, ya llegó en este momento. Perdón, no te veíamos a la derecha.
El diputado Gustavo González Hernández: Con su permiso, señor presidente. Nosotros consideramos que este punto de acuerdo debe ser un exhorto para que se amplíe la investigación que ya está realizando en la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, y estos son los argumentos. El primer argumento es de carácter jurídico. Si nosotros nos vamos a la Ley de Seguridad Nacional en su artículo 56, dice claramente que las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional están sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo por conducto de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional. Atendiendo a este texto, podemos deducir que esta Comisión Bicameral de Seguridad Nacional es una comisión que se le delega la potestad del Poder Legislativo para que por conducto de ésta, se realice la evaluación de las políticas y acciones de seguridad nacional. Pero ¿por qué se dan este tipo de mecanismos dado que ya suma México 38 países con mecanismos en los cuales se hace rendición de cuentas a puerta cerrada? Hay un fundamento teórico de Jeremy Bentham, quien decía que todos los actos de los parlamentos tienen que ser públicos; tiene que haber publicidad. Pero algunos actos o discusiones que tienen que ver con el enemigo o la seguridad nacional, tienen que ser reservados en cuanto a su discusión de carácter público. Un segundo argumento es un hecho que nosotros, yo como presidente de la Comisión Bicameral Nacional que fui durante un año, ya habíamos citado al doctor Poiré a principios del año que está corriendo, en enero del 2011. Y él ya había rendido un informe sobre el tema de Rápido y Furioso. Y segundo, en agosto de este mismo año también compareció ante esta Comisión Bicameral de Seguridad Nacional el secretario de Gobernación y la secretaria de Relaciones Exteriores por ordenamiento de la Comisión Permanente, con el fundamento que les estoy indicando. Luego entonces, desde mi punto de vista deberíamos sí, hacer un exhorto pero para que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional nuevamente vaya actualizando esta información máxime que ya existe una investigación de carácter criminal en la PGR. Si nosotros seguimos dejando a un lado la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional cuando es una comisión de potestad delegada plena, estaríamos anulando las instituciones que nosotros estamos creando por ley. Muchas gracias.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Heliodoro Díaz Escárraga, hasta por tres minutos.
El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. La fracción el Partido Revolucionario Institucional, a favor de este punto de acuerdo, para que en los términos en lo que se ha decidido se proceda a cuestionar, analizar y tomar medidas respecto a estos programas del gobierno norteamericano, como Rápido y Furioso, sin lugar a dudas, hemos tenido en este tipo de ejemplos elementos suficientes para sacar conclusiones, en las que esta honorable representación no puede ser ajeno. El primero de ellos, es que quienes manifiestan combatir el crimen organizado transnacional, con apego en la ley, son los primeros en violar la ley; oficinas de combate al tráfico de armas implementaron un programa, tomando a nuestro país a ciencia y paciencia de nuestras autoridades como conejillo de indias, según ellos para poder rastrear cómo caminan las armas y a dónde van a parar en nuestro país. Esto, además de haber provocado muertes, además de haber violado la ley y además de estar debilitando a las instituciones, demuestra el fracaso de una política de cooperación con Estados Unidos de América en materia de combate al narcotráfico; no es equitativa la manera en que el gobierno norteamericano está haciendo sus oficios en este combate a este crimen organizado y a este flagelo. Por eso es que mi primer pronunciamiento, para apoyar este punto de acuerdo a nombre de mi fracción, consiste en señalar una abierta crítica y un señalamiento expreso en contra de estas medidas adoptadas por diversas oficinas e instituciones del gobierno norteamericano, que han venido a reflejar programas en abierta contradicción y violación, no solamente a las leyes norteamericanas, sino a las leyes mexicanas, receptor abierto Rápido y Furioso y ahora enterados por este periodista Thompson, que precisamente una institución que está destinada al combate del narcotráfico hizo un ejercicio ilegal y arbitrario, perverso, del lavado de dinero en nuestro país, supuestamente para rastrear este fenómeno. No podemos seguir permitiendo que estos sean los niveles de cooperación con el gobierno de Estados Unidos de América. Concluyo, señor presidente. Exigimos a nuestras autoridades se tomen cartas en el asunto y se proceda legalmente para castigar a los responsables y defender la soberanía de nuestro país. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias, diputado. Consulte la Secretaría a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: En votación económica se consulta a la asamblea si se encuentra suficientemente discutido. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo, gracias (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Suficientemente discutido, señor presidente.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Punto de acuerdo. Único. La Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores del gobierno federal, para que trasmita al gobierno de Estados Unidos el enérgico rechazo que hace esta soberanía por toda operación realizada en territorio mexicano, que en materia de seguridad binacional se desarrolle al margen de los mecanismos de cooperación bilaterales para el combate del narcotráfico y la delincuencia organizada suscritos entre ambos gobiernos, enmarcados por la corresponsabilidad y la confianza mutua. Es cuanto, diputado presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Pido a la Secretaría abra el sistema electrónico por tres minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Háganse los avisos a los que se refiere el artículo 144, numeral 2, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Ábrase el sistema electrónico hasta por tres minutos, para proceder a la votación del punto de acuerdo. (Votación)
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Esta Presidencia saluda a los estudiantes de la primaria del Instituto San Agustín, del Distrito Federal, invitados a esta Cámara por la diputada Augusta Valentina Díaz de Rivera. Sean todos bienvenidos. Diputado Enrique Ibarra, por favor.
El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza (desde la curul): Gracias. Para dejar constancia, presidente, en nombre de la Comisión de ex Trabajadores Braceros, un reconocimiento a la Presidencia por la reunión que propició hace días con el subsecretario de Gobernación, y también agradecerle en el mismo sentido, porque mañana a las 6 de la tarde tendremos con el mismo subsecretario de Enlace Legislativo, la reunión. Y pedirle sus eficaces oficios para que pueda participar en la misma el subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda, porque el tema que trataremos está muy vinculado a que sea expedito el pago iniciando el Presupuesto de 2012, y por lo tanto reconociéndole la reunión anterior, la que tendremos mañana, el solicitarle intervenga para que nos acompañe también el servidor público correspondiente y competente de la Secretaría de Hacienda. Gracias, presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Haré el oficio de inmediato y espero que la agenda del subsecretario coincida con la hora de la reunión. Con mucho gusto.
El Secretario diputado Balfre Vargas Cortez: Diputado presidente, el resultado de la votación, 258 a favor, 2 abstenciones, 103 en contra.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: De conformidad con el artículo 76, fracción IV, del Reglamento de la Cámara, tiene la palabra por cinco minutos el diputado Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Ejecutivo federal a efecto de que se separe del cargo de forma temporal al secretario de la Función Pública, para el mejor proveer de las averiguaciones previas y de los procedimientos administrativos que involucran a su esposa en una red de extorsionadores a gasolineros.
El diputado Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor presidente. El tema que venimos a tratar el día de hoy a esta tribuna, es un tema delicado, estamos hablando del zar anticorrupción de este país. Eso es lo que venimos a tratar el día de hoy, por lo tanto, les pido su atención. Considero que es uno de los temas más importantes de la sesión de hoy, y también les pido que lo tratemos de la manera más objetiva posible, por ser un tema tan delicado. El 26 de octubre de 2009, un grupo de empresarios gasolineros se encontraban hartos de la corrupción que vivían, hartos de la extorsión por parte de la Profeco que acudía de manera semanal y mensual a pedirles 50 mil pesos, que cobraba personal de la Profeco cuando estaba la esposa del secretario Vega Casillas, la licenciada Gladis. Este grupo de gasolineros harto y haciendo caso al llamado del Ejecutivo de denunciar cualquier acto de corrupción acudió a dos instancias. La primera, a la Presidencia de la República, la segunda, a la Procuraduría General de la República, a denunciar que estaban siendo extorsionados por parte del gobierno federal. La Procuraduría General de la República inició un acta circunstanciada para dar cauce a estas denuncias. Después de ello, la elevó a una averiguación previa en la cual se hicieron las investigaciones, en la cual se llegó a la conclusión y se giraron órdenes de aprehensión. Al día de hoy hay más de ocho servidores públicos que están privados de su libertad por esta extorsión. Hace algunos meses el vocero de la PGR cuando se empezó a mover esta información en los medios de comunicación...
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Señor orador, discúlpeme. Quiero pedirles a los diputados de esta Cámara, que brinden la atención que corresponde y merece, al orador. Gracias.
El diputado Pablo Escudero Morales: El 20 de mayo pasado, el vocero de la PGR mediante un comunicado y una rueda de prensa señaló que no existía averiguación previa en contra de la señora Gladis. Personalmente, hace unas semanas, acudí a la Procuraduría General de la República, con los subprocuradores para conocer el expediente, en donde fui informado que la información era incorrecta, que inclusive la procuradora ya había tomado cartas en el asunto y había removido al vocero de la PGR por falsear información. Me informaron también que existe una averiguación previa, la número AP/PGR/UEIDT/SPM28, en la que está involucrada la señora Gladis, que incluso ya ha sido declarada y ya está aportando pruebas. Además de ello, me informaron que las cuentas que están siendo investigadas están en forma mancomunada con el secretario de la Función Pública, con el zar anticorrupción. Es decir, está siendo investigado también. Aquí no venimos a señalar si son culpables o no. Ése no es nuestro papel. Para eso confiamos plenamente en la Procuraduría General de la República para lo que haga. Pero lo que sí nos preocupa es que se puedan entorpecer estas investigaciones. ¿Por qué? Porque la PGR está pidiendo a la Secretaría de la Función Pública las declaraciones patrimoniales de la licenciada Gladis, esposa del secretario, inclusive, debiera pedir la del secretario, que obran en poder de la propia Secretaría. Es decir, ellos están resguardando sus declaraciones patrimoniales. Además de ello hay dos asuntos administrativos. La investigación que tiene que hacer el órgano interno de control de la Profeco con estas denuncias, con un pequeño problema, el jefe del órgano interno de control es el secretario Vega Casilla, es decir, el empleado tiene que abrir una averiguación administrativa en contra de la esposa de su jefe. Evidentemente, todos estos elementos, la averiguación previa, las investigaciones administrativas nos obligan a hacer un exhorto formal, serio al Ejecutivo, para que separe de manera temporal de su cargo al secretario de la Función Pública en lo que se lleva a cabo esta averiguación previa. Insisto, no venimos a juzgar a nadie. Pedimos que se acuda a las instituciones y confiamos en ellas. Es cuanto, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se considera de urgente resolución.
La Secretaria diputada Guadalupe Pérez Domínguez: Para los efectos del artículo 100 del Reglamento de la Cámara de Diputados, se pregunta a la asamblea si se considera de urgente resolución. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa sírvanse manifestarlo (votación). Las diputadas y los diputados que estén por la negativa (votación). Mayoría por la afirmativa, señor presidente.
El Presidente diputado Emilio Chuayffet Chemor: Se considera de urgente resolución. De conformidad con el artículo 113, numeral 1, fracción I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se han registrado para hablar sobre el tema las siguientes diputadas y diputados: Jaime Cárdenas, Avelino Méndez, Marcos Pérez Esquer y César Augusto Santiago. Quiero rogarles, perdón, diputado, que me permitan conceder en primer término el uso de la palabra, por motivos personales debe retirarse, al diputado César Augusto Santiago, sin que esto siente un precedente. Diputado Santiago, por favor.
El diputado César Augusto Santiago Ramírez: Definitivamente, tres minutos no son suficientes, señoras, señores diputados, para hablar del cúmulo de denuncias que tiene la Secretaría de la Función Pública y en las que no ha hecho absolutamente nada. El país vive un clima de impunidad, esencialmente porque la autoridad encargada de evitar que la impunidad reine en este país es el primer delincuente impune. No me parece el punto de acuerdo suficiente, porque un exhorto, yo creo que es conveniente para que este hombre se retire temporalmente de la función y puedan analizarse los graves pecados que ha cometido. Pero quisiera también decirles que es urgente formularle al señor secretario un juicio político. Porque, vean ustedes, apenas alcanzo hacer una enumeración de los temas que ya fueron presentados en la Comisión Permanente, que ya le entregamos en su mano una serie de preguntas de las serias irregularidades que hay en distintos ámbitos de la administración pública, y éste es el momento que no se ha dignado a contestar una sola de ellas: La estela de luz, el fideicomiso del bicentenario, las reservas del Seguro Social invertidas en rescate de empresas quebradas, los manejos del ISSSTE en contrataciones con empresas que ni en el nombre está seguros de que existe, el asunto de tanta consulta en el que hizo un fraude monumental con los sistemas informáticos de este país, el asunto de la Comisión de Luz y Fuerza del Centro que fue decretado con un argumento del Ejecutivo sin cumplir con la ley del procedimiento administrativo, el asunto de Pemex, el asunto de los gasolineros del que ha hablado aquí el diputado Pablo Escudero. Aquí están las preguntas otra vez, amigas y amigos. Espero que cuando tengamos más tiempo abundemos en este asunto porque es de esencial moral republicano. Este señor no puede seguir ahí donde está y es obligación de nosotros pedirle que se retire. Muchas gracias.
El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, señor presidente. Nuestro grupo parlamentario desde luego también está a favor de este punto de acuerdo. Consideramos que se trata de un caso muy grave de corrupción, que involucra presumiblemente a la esposa del secretario de la Función Pública cuando ella era funcionaria, era subprocuradora de la Procuraduría Federal del Consumidor, y tenía a su cargo la verificación de las gasolineras del país. Como ya se dijo aquí, hubo una denuncia que se presentó en el 2009 en contra de esta señora, ex subprocuradora, y de otros funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor. Esta denuncia se presentó en la residencia oficial de Los Pinos, después se le dio trámite en la Procuraduría General de la República. Hasta este momento hay cerca de ocho funcionarios públicos de la Procuraduría Federal del Consumidor detenidos, procesados. Y, sin embargo, por lo que ve a la ex subprocuradora, la señora Gladis López, aún no tenemos noticia clara de cuál será su futuro procesal. Por la importancia de este acto de corrupción, por extorsionar a miles de empresas gasolineras del país, es importante que el secretario de la Función Pública se separe temporalmente del cargo, porque hay procedimientos de responsabilidad administrativa y de responsabilidad penal en curso, en donde él tendrá o tendría que intervenir. Y como tiene que ver con su esposa, por ejemplo, la entrega de las declaraciones patrimoniales, por ejemplo una serie de investigaciones y pesquisas a cargo de la Procuraduría General de la República en donde se solicitaría información a la Secretaría de la Función Pública, es imprescindible que este funcionario público se separe del cargo para que pueda realizarse una investigación confiable, creíble a fondo. Eso es lo que está pidiendo este punto de acuerdo. Nos sumamos a él porque estamos convencidos que en México debemos combatir la corrupción a fondo. Agregaría algo más a lo señalado por el diputado César Augusto Santiago: no solamente la posibilidad de un juicio político, sino el rediseño de la función del control interno en este país. Nosotros consideramos que la Secretaría de la Función Pública, tal como está diseñada actualmente, no tiene razón de ser; lo que tendríamos que fortalecer es a la Auditoría Superior de la Federación. Por su atención, compañeros, muchas gracias.