EL C. DIPUTADO FRANCISCO ESQUIVEL JURADO CONTRERAS (PAN): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados: "La necesidad de los ciudadanos de asegurarse contra riesgos propios de la vida moderna se refleja en la contratación de servicios financieros con instituciones que los prestan cada vez con mayor intensidad. Sin embargo, no son escasas las ocasiones en que resulta ineludible acudir a las instancias judiciales para hacer efectiva la obligación contraída por tales empresas, lo que da lugar a que se inicie un litigio que resulta prolongado y costoso para los contratantes que están obligados a demandar el pago de las prestaciones correspondientes, pero además de la extraordinaria carga económica que significa contratar los servicios de profesionistas, que presten asesoría jurídica, los inconformes deben soportar una carga extra que los obliga a plantear su petición ante autoridades judiciales con residencia en lugares distintos a donde radica el interesado. El origen de esta situación, que puede válidamente calificarse como ajena a los principios de celeridad, equidad y gratuidad que rigen el servicio público de administración de la justicia, se encuentra en el abuso del sistema de competencias establecido en la legislación civil y mercantil que tiene como base el principio de la voluntad de las partes, bajo la figura de la sumisión expresa, lo que significa que por un acuerdo de voluntades se puede fijar la competencia en cualquier lugar, siempre y cuando en ellas tenga alguna de las partes residencia, sea el lugar del cumplimiento o el de la ubicación de la cosa. La permisibilidad legal que privilegia el acuerdo de voluntades para fijar la jurisdicción de un tribunal, ha sido aprovechada de manera indebida por las instituciones de servicios financieros, toda vez que en los contratos que celebran con los interesados en tales servicios, imponen como cláusula la renuncia al fuero competencial que por ley les corresponde, a la vez que otorgan a la institución proveedora la facultad de decidir a su entero arbitrio el lugar donde pueden demandar o puede ser demanda y por lo regular la institución elige tribunales que están fuera del domicilio del usuario del servicio. Esta actitud que bien puede calificarse como fraude a la ley, crea un obvio perjuicio a los usuarios y también es contraria a las leyes vigentes que tratan de velar por la equidad entre el usuario y el proveedor del servicio financiero, puesto que aún cuando el usuario obtenga un dictamen técnico favorable a sus intereses ante la CONDUCEF, está constreñido a demandar en el lugar en el que tuviera su domicilio la proveedora del servicio, ya que los dictámenes carecen de fuerza vinculatoria y cuya residencia en la mayoría de las ocasiones se encuentra en la ciudad de México, Distrito Federal, o en sus cercanías. Por otra parte, es necesario resaltar la necesidad de que las leyes que regulan una materia sean cabalmente compatibles, pues sólo así pueden ser aplicadas de manera conveniente. Dentro de este contexto resulta que de acuerdo a la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros en su artículo 65, determina que son los usuarios quienes eligen la oficina que recibirá y tramitará su queja, lo que hace necesario adecuar la legislación procesal para que los interesados entablen sus demandas bajo un solo denominador jurisdiccional. Ahora bien, si se examina lo que ocurre ante un supuesto de incumplimiento por la empresa prestadora del servicio, resulta en la actualidad que el usuario acude a la delegación de la CONDUCEF más cercana a su domicilio y obtiene un dictamen técnico favorable a sus intereses en tanto concluye el incumplimiento de la institución financiera, pero no demanda ante los tribunales de la localidad, debido a que las cláusulas del contrato o la póliza en cuya formulación no interviene el usuario debido a que están elaborados e impresos previamente de manera unilateral por la propia institución financiera, impone la sumisión expresa a los tribunales que resulten más convenientes por su ubicación a los intereses de la institución. Además, las instituciones financieras utilizan tal circunstancia para desalentar a los usuarios que tengan algún reclamo que ventilar en contra de las citadas instituciones, lo que reduce el número de litigios que pueden llegar a tener en contra, sobre todo cuando se reclaman pequeñas sumas de dinero que hacen incosteable la incoación de algún litigio. Si a esto se agrega que la mayoría de las empresas de México se ven afectadas por prácticas similares, incluso en proporción superior, es obvio que existe un desequilibro ante los proveedores de servicios financieros y los usuarios de los mismos, afectándose a la población en general y el sector productivo. La problemática descrita con amplitud amerita una solución, que en estricto sentido es extraordinariamente sencilla, restringiendo la voluntad de las partes respecto de las reglas de la competencia y la figura de la sumisión empresa, para efecto de que ésta deba ser fijada a favor de los usuarios mediante la reforma a los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, consistente en que tratándose de los actos, contratos o convenios celebrados entre proveedoras de servicios financieros y sus clientes o usuarios, entendiéndose por usuario e institución financiera únicamente las contempladas por las fracciones I y IV del artículo 2º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, siendo pertinente señalar que los usuarios de servicios financieros pueden acudir a la ofician de la CONDUCEF más cercana de acuerdo al artículo 65 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, por lo que la reforma propuesta agonizaría con el citado ordenamiento. De esta manera ya no será lícito pactar la jurisdicción a favor de las instituciones proveedoras de servicios financieros, ya que no podrá pactarse competencia a favor de las citadas instituciones y será en todo caso competente el tribunal del lugar que elija el usuario al demandar, con el fin de que el usuario demande en el lugar en el que le resulte más accesible o bien si demanda la institución será competente el del lugar en que exista el juzgado de primera instancia o juzgado de distrito más cercano al lugar donde efectivamente tenga su domicilio el usuario. Con esto, se evitarán abusos por parte de las citadas instituciones y los usuarios estarían en aptitud de por lo menos acudir ante una instancia judicial que examinara sus pretensiones y la modificación anotada no generaría ningún perjuicio a las instituciones financieras debido a que estas deben procurar tener oficinas en todo el territorio nacional, de conformidad con los párrafos 2º. Y 3º.del Artículo 65º de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. De esta manera se cumple la garantía de tutela judicial consagrada en el Artículo 17º de nuestra Carta Magna que implica, entre otros derechos de los Gobernados, el libre acceso a la justicia y la gratuidad de la misma. Por lo antes expuesto, pongo a consideración de este pleno la siguiente propuesta: ARTICULO UNICO. Se reforman los Artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio, para quedar como sigue. Artículo 1092.- Es Juez competente a quien los litigantes hubieran sometido exprea o tácitamente, salvo que se trate de actos, contratos o convenios celebrados entre algún o varios usuarios de servicios financieros con una o varias instituciones financieras, en cuyo caso será competente el Juez que elija el usuario del servicio financiero o el Juez competente por materia y cuantía que se encuentre más próximo al domicilio del usuario. Se entiende por Usuario de Servicios Financieros y por Institución Financiera en singular o plural, las personas clientes a que se refiere la Fracción I y IV del Artículo 2º de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros. Artículo 1093.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncian clara y terminantemente al fuero que la Ley les concede y para el caso de controversia, señalan como Tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraidas o de la ubicación de la cosa. No existe sumisión expresa cuando se trate de actos, contratos o convenios celebrados entre uno o varios usuarios de Servicios Financieros y una o varias instituciones financieras, de conformidad con el artículo anterior. TRANSITORIOS. UNICO.- Esta reforma entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F. a 10 de Abril de 2003. Es cuanto. (aplausos). -EL C. PRESIDENTE. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. Tiene la palabra el Diputado José Tomás Lozano y Pardinas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que reforma el Artículo 32º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -