EL C. SECRETARIO DIP. BERNARDO BORBON VILCHES: Con, su permiso señor Presidente. Oficio del Senado con el que se remite la iniciativa de Decreto que adiciona disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por el C. Sen. Arturo Nava Bolaños, del grupo parlamentario del PAN. CC. SECRETARIOS DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS. PRESENTE. Me permito hacer de su conocimiento que en sesión celebrada el día de hoy, el Senador Arturo Nava Bolaños, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó Iniciativa de Decreto que Adiciona Disposiciones Transitorias a la Ley de Impuesto sobre la Renta. La Presidencia dispuso que se remitiera a la Honorable Cámara de Diputados, para los efectos del inciso h) del artículo 72 Constitucional. Reitero a usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, D.F., a 29 de abril de 2000. CC. Secretarios de la H. Cámara de Senadores. Presentes. Arturo Nava Bolaños y los suscritos Senadores de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 literal H, 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acudimos por su conducto para presentar ante la H. Cámara de Diputados la siguiente: Iniciativa de Decreto que Adiciona Disposiciones Transitorias a la Ley de Impuesto sobre la Renta Exposición de Motivos El objetivo de esta iniciativa es establecer las modificaciones necesarias en la Ley de Impuesto sobre la Renta, para hacerla consistente con las disposiciones contenidas en el Artículo 21 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que permitan la inversión en empresas dedicadas a realizar el tratamiento de aguas industriales y municipales, la generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas de energía, la producción de vehículos automotores que utilicen energía de fuentes no fósiles o mixtos, así como el reciclaje de residuos sólidos, peligrosos y biológico infecciosos, a la vez que se impulsa un uso más eficiente de los recursos naturales. La necesidad de una reforma fiscal ambiental, como parte de una política sustentable de Estado es indispensable para prevenir y revertir el deterioro y agotamiento de los recursos naturales en México. Desgraciadamente, no se ha podido avanzar más allá del enfoque tradicional de permisos, inspecciones y sanciones, esquema regulatorio, y no se han instrumentado de manera relevante la aplicación de instrumentos económicos, sin los cuales no será posible ejecutar los objetivos de política ambiental nacional. La adopción de los instrumentos económicos de forma integral con el resto de los instrumentos de la política ambiental permitiría una mejor distribución de los costos y beneficios asociados al aprovechamiento de los recursos naturales. Antecedentes Esta iniciativa pretende formar parte de una nueva política ambiental que tiene además fundamento en el capítulo 8 de la Agenda 21 aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, durante la Cumbre de Río de 1992, en la que se establece la necesidad de llevar a cabo planes económicos eficientes, socialmente justos y responsables y en armonía con el medio ambiente, a través de políticas ambientales y de desarrollo, las que servirán como una estructura de planeación económica e igualdad en los mercados. Un desarrollo sano y equilibrado, como parte integral del desarrollo sustentable, requiere el uso más eficiente de los recursos. La "ecoeficiencia" sólo es viable dentro de un sistema de mercados abiertos y competitivos en los cuales los precios reflejen tanto los costos del medio ambiente, como los de otros recursos. Existen tres mecanismos que pueden ser utilizados para motivar al sector empresarial a internalizar los costos ambientales o limitar el daño al medio ambiente a través de otros medios como: las normas y controles, la autorregulación y los instrumentos económicos. Estos últimos tienen que ver con la intervención del gobierno en el mercado mediante mecanismos como impuestos y cargas a la contaminación, permisos de contaminación comercializables, sistemas de depósito para devolución, bonos de rendimiento, créditos para el ahorro de recursos, precios diferenciales y provisiones especiales para amortizaciones. Para hacer efectivo el cumplimiento de los principios perseguidos en la legislación ambiental nacional relativos a que las autoridades y los particulares deben asumir la responsabilidad de la protección al medio ambiente, así como el que establece que quien realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como asumir los costos que dicha afectación implique, es condición necesaria incentivar a quien proteja el ambiente y aproveche de manera sustentable los recursos naturales a través de estímulos o compensaciones. La iniciativa que hoy se presenta sería complementaria de los instrumentos de regulación directa o también llamados de comando y control, a fin impulsar la aparición de industrias dedicadas a lograr una mayor eficiencia energética, realizar inversiones necesarias en equipo, cambios de tecnología y nuevos procesos que les permitan llevar a cabo un uso más eficiente del agua, reciclar desechos industriales y reducir o evitar emisiones a la atmósfera y de residuos sólidos y peligrosos, así como adoptar tecnologías más limpias para la generación de energía eléctrica por medio de fuentes alternativas. Teniendo en cuenta los compromisos ambientales internacionales adoptados por nuestro país al haber firmado y ratificado entre otros: la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención de Basilea sobre manejo de desechos peligrosos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esta iniciativa pretende dar los incentivos para una mayor participación del sector privado en la tarea ambiental. La reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1996 incorpora los instrumentos económicos dentro del Capítulo de Instrumentos de Política Ambiental. La presente iniciativa no pretende abarcar todos los instrumentos económicos posibles previstos en la Ley, y se circunscribe exclusivamente a los incentivos fiscales. Sobre esta materia la Ley establece: "Artículo 21..... Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental. En ningún caso estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente recaudatorios." Con excepción de la depreciación acelerada de equipos anticontaminantes establecidos en la Ley del Impuesto sobre la Renta, debemos reconocer que no se han adoptado por parte de la Federación iniciativas específicas con este propósito, es decir, no se han diseñado y aplicado instrumentos económicos de carácter fiscal que incentiven la participación privada en materia de tratamiento de aguas residuales, reciclaje de residuos peligrosos y municipales, generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas, entre otros. Los datos más recientes sobre la situación ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca contienen información verdaderamente preocupante en áreas críticas para la salud humana y la conservación de los recursos naturales, entre ellos, la calidad del agua urbana en general ha descendido, la deforestación continúa ocurriendo a una tasa anual superior al 1% y la intensidad de consumo energético en la producción ha aumentado en lugar de haber descendido. Esta iniciativa se encamina a promover las inversiones en la prevención, control y reversión de los efectos ambientales adversos, así como evitar el agotamiento de los recursos naturales. A continuación hacemos un breve diagnóstico del estado que guarda el deterioro ambiental en diferentes medios que justifican las medidas propuestas en esta Iniciativa. Agua La disponibilidad de este recurso representa actualmente un problema a considerar en cualquier proyecto de desarrollo económico, ya que éste no se da de manera sustentable si no se considera el impacto ambiental asociado al crecimiento de la planta productiva y de las zonas urbanas. En el 75% del país se padecen problemas de abastecimiento de agua. En algunas regiones el abatimiento de los acuíferos se da a tasas de 1 a 3 metros por año, lo cual amenaza a corto plazo el desarrollo de cualquier actividad humana. Cabe señalar sin embargo, que la actividad agrícola es la responsable del consumo del 83% del agua utilizada, y se pierde por evaporación el 35% del caudal, es decir, 21.4 km3 al año que equivale casi al doble de lo utilizado por las zonas urbanas e industriales que este año consumirán aproximadamente 12 km3. Con la utilización de sistemas de riego más eficientes, se pueden lograr ahorros cuando menos del 20 % del caudal de 61.2 km3 al año, medida que frenaría el abatimiento de los acuíferos y permitiría a mediano plazo su recuperación. La iniciativa en comento permitirá, previa aprobación de la SEMARNAP, proyectos de inversión destinados al mejor aprovechamiento del agua. La substitución de aguas tratadas para uso agrícola aliviaría por su parte la extracción que actualmente se hace en zonas de riego, si se maneja adecuadamente. El tratamiento de aguas residuales urbanas para el año 2000 alcanzarán en las plantas de tratamiento primario instaladas y en operación 1.28 km3 de un total de 12 km3 de efluentes, urbanos, que representan únicamente el 10.7 % del total de las descargas, que incluyen usos domésticos e industriales. Si consideramos que el costo de tratamiento primario es de $5 millones de dólares por metro cúbico al año tendríamos que realizar inversiones del orden de $1,500 millones de dólares para resolver las necesidades actuales. Según estimaciones de Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable en los próximos 20 años se requerirán inversiones de $2,780 millones de dólares a precios de hoy, sin tomar en cuenta los costos de operación. Adicionalmente, es conveniente señalar que los derechos por emisión de contaminantes y los costos facturados por consumo doméstico e industrial, destinados al saneamiento no han sido suficientes para financiar el tratamiento de las descargas. La SEMARNAP asignó este año recursos para infraestructura hidráulica por únicamente $2,110 millones de pesos que incluye la destinada a dotación de agua potable y saneamiento, cantidad que es notoriamente desproporcionada en relación con la inversión necesaria en este sector. Es evidente que los recursos federales, estatales y municipales han sido insuficientes para atender las necesidades crecientes de abasto de agua potable y a la vez procurar el saneamiento de las mismas, por lo que es imperioso encontrar modelos que, adaptándose a las disposiciones legales vigentes permitan y estimulen la inversión privada en el proceso de aprovechamiento de este recurso tan escaso. Suelos Manejo y disposición de residuos sólidos municipales De acuerdo a información proporcionada por el Instituto Nacional de Ecología la generación de residuos sólidos municipales para el año 2000 será de aproximadamente 34 millones de toneladas, de las cuales 11 millones se localizan en ciudades de másde100,000 habitantes. En 1996 se manejaron 8,573 toneladas por día en 31 sitios controlados; es decir únicamente el 10% del total de residuos municipales ha tenido un tratamiento primario. Es lamentable la poca conciencia ambiental de la población y de las autoridades, no solamente respecto de los riesgos para la salud derivados del manejo deficiente de la "basura" sino además el desconocimiento de las posibilidades económicas para que cuando menos éste manejo sea autofinanciable. Residuos industriales peligrosos La generación de residuos peligrosos asciende aproximadamente a 8 millones de toneladas anuales provenientes de instalaciones industriales, de las cuales únicamente se encuentran manifestadas por los generadores alrededor de 3.18 millones de toneladas, según información proporcionada por el INE, lo cual representa menos del 40%, es decir, están fuera de control cerca de 5 millones de toneladas al año cuyo destino se desconoce y con los enormes riesgos asociados a lixiviación y posterior infiltración de substancias tóxicas en los acuíferos. La iniciativa permitirá atraer inversiones para procesar, reciclar y dar un destino de escaso impacto ambiental a las disposiciones finales. Se encuentran registrados a la fecha 63 sitios para el manejo y acopio de estos residuos y no existen a la fecha solicitudes para la instalación de plantas con tecnología moderna como plasma o pirólisis. Asimismo, existe únicamente un solo confinamiento para la disposición final de estos residuos. Atmósfera La mayor actividad económica ha incrementado el consumo de combustibles fósiles consecuencia del incremento del parque vehícular, así como el mayor consumo industrial. Destacan en menor medida las emisiones generadas por los sectores residenciales y de servicios. Este incremento en el consumo ha provocado que la contaminación atmosférica, antes fenómeno exclusivo del valle de México se haya extendido a las zonas conurbadas de Nuevo León y Jalisco, y en menor grado a otras ciudades medianas. Sin duda el problema mas grave de la contaminación de las zonas antes mencionadas es el ozono. Los estudios de la Secretaría de salud muestran que con niveles de ozono de 250 IMECAS un 25% de la población presenta síntomas de enfermedades respiratorias y pérdidas de salud y laborales con un costo aproximado de 70 millones de pesos diarios. Por otra parte la concentración de plomo en la atmósfera se ha reducido después de la introducción de la gasolina sin plomo en 1990, sin embargo en ciertas áreas industrializadas del país la concentración rebasa la norma establecida. Aún cuando se han tomado acciones correctivas para atender los problemas atmosféricos más agudos, sus efectos han sido limitados. La iniciativa permitirá incentivar inversiones que desarrollen tecnologías para la sustitución de vehículos automotores que consumen actualmente exclusivamente combustibles fósiles, para iniciar la transición a vehículos híbridos que utilicen parcialmente gas natural licuado a presión, o bien eléctricos con pilas recargables. Es evidente que, aún cuando no es materia de esta iniciativa, la reducción de las emisiones se logrará en gran porcentaje con un programa de modernización del parque vehícular que el Gobierno Federal deberá implementar para retirar de la circulación vehículos de más antigüedad. Los efectos devastadores del cambio climático que hemos sufrido en carne propia, manifestados en sequías prolongadas e inundaciones, son consecuencia del calentamiento global. La generación de energía a partir de combustibles fósiles causa emisiones de bióxido de carbono por mas del 75% del total mundial. El rápido aumento de automóviles en el mundo hace temer un empeoramiento de la situación. El reciente informe del Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Anann, establece la recomendación de promover la eficiencia energética y una mejor utilización de los recursos renovables, en este sentido es primordial desarrollar tecnologías como las turbinas eólicas, las celdas fotovoltáicas, la producción combinada de energía y las baterías eléctricas recargables. Esta iniciativa de ser aprobada incentivará las inversiones en este sector. La aplicación nacional del Protocolo de Kyoto de 1997 significará un importante avance ya que permitirá la utilización de mecanismos de mercado que incentiven la reducción de las emisiones y estimulen la asignación de inversiones y tecnología en países como el nuestro. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente menciona en su artículo 22 Bis, aquellas actividades que merecen ser consideradas como prioritarias para ser beneficiarias por estímulos fiscales. I. La investigación, incorporación o utilización de mecanismos equipos y tecnologías que tengan por objeto evitar, reducir o controlar la contaminación o deterioro ambiental, así como el uso eficiente de recursos naturales y de energía; II. La investigación e incorporación de sistemas de ahorro de energía y de utilización de fuentes de energía menos contaminantes; III. El ahorro y aprovechamiento sustentable y la prevención de la contaminación del agua; IV. La ubicación y reubicación de instalaciones industriales, comerciales y de servicios en áreas ambientalmente adecuadas; V. El establecimiento, manejo y vigilancia de áreas naturales protegidas, y VI. En general, aquellas actividades relacionadas con la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente." A pesar de que la legislación ambiental señala la conveniencia de establecer los estímulos fiscales a las actividades de mejoramiento ambiental, no ha habido respuesta de parte de las autoridades hacendarias, preocupadas fundamentalmente en las políticas recaudatorias. A partir de su promulgación en el Diario Oficial de la Federación el 13 de diciembre de 1996 no ha habido ningún incentivo expresado en la Ley de Ingresos de la Federación de los años 1997, 1998, 1999 y 2000. Hemos considerado que los incentivos deberán otorgarse en forma de exenciones a diez años, las cuales serían reducidas en forma gradual, ya que muchos proyectos ambientales prevén la recuperación de las inversiones a largo plazo El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en el Senado estima que estas medidas de ser aprobadas no tendrán un impacto significativo en las finanzas públicas, ya que hemos demostrado en la exposición de motivos, que las mismas autoridades reconocen la precaria inversión privada en los sectores aludidos en la legislación ambiental y lejos de disminuir los ingresos fiscales, el impacto económico de las inversiones nuevas generará un efecto multiplicador en varias ramas industriales y de servicios, que a su vez hará posible una mayor recaudación fiscal. Por las razones expresadas anteriormente, se solicita a la Mesa Directiva sea enviada a la consideración de la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de: DECRETO QUE ADICIONA DISPOSICIONES TRANSITORIAS A LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. Artículo Unico: A partir de primero de Enero del año 2001 se exime del pago del impuesto sobre la renta, durante un período de diez años, a las empresas que realicen de manera exclusiva o preponderante las actividades siguientes: a) Tratamiento de aguas industriales y municipales; b) Tratamiento de residuos sólidos municipales; c) Reciclaje de residuos industriales; d) Tratamiento de residuos peligrosos, biológico infecciosos y lo tóxicos; e) Generación de energía eléctrica a partir de fuentes alternativas de energía: geotérmica, hídrica, fotovoltáica, eólica y combinadas; f) Producción de vehículos automotores que utilicen energía de fuentes no fósiles, y g) Todas aquellas consideradas prioritarias contempladas en el Artículo 22 Bis. de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, previa autorización de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. La exención a que se refiere el primer párrafo será del 100% durante el primer año y en forma decreciente escalonada del 10% anual, hasta llegar al 10% en el décimo. No se considerará la exención para efectos del cálculo de las utilidades a los trabajadores. ATENTAMENTE Salón de Sesiones de la H. Cámara de Senadores a 29 de abril del 2000.