La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la reforma al sistema de pensiones establecido en la Ley del Seguro Social, que entró en vigor el primero de julio de 1997, fue una de las reformas neoliberales de mayor calado. Ha creado un sistema de ahorro que acumula recursos equivalentes a cerca del 18 por ciento del producto interno bruto. Es uno de los sistemas de capitalización individual más grande del mundo y aunque administra el ahorro obligatorio de más de 50 millones de cuentas individuales y lleva funcionando por más de 23 años, ha sido insuficiente para ampliar la cobertura de la seguridad social, para darle viabilidad a un sistema de pensiones y para evitar la quiebra del IMSS. El sistema administrativo por las Afores no es un sistema de pensiones. Es un sistema de ahorro que garantiza el pago de comisiones al sistema financiero, pero no garantiza el acceso a una pensión a los propietarios de las cuentas individuales. Asimismo, el sistema tampoco garantiza que los pocos que accedan a una pensión tendrán una pensión digna que premie el esfuerzo de una vida de trabajo. A más de dos décadas de funcionamiento del Sistema de Ahorro para el Retiro nadie puede afirmar que es sustentablemente financieramente, pero está demostrado que ha tenido y seguirá teniendo un gran costo fiscal, sin garantizar pensiones suficientes ante el envejecimiento poblacional. Solo 30 por ciento de quienes tienen una cuenta individual alcanzarán el beneficio de una pensión del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y quienes alcancen tendrán una pensión igual al 17 por ciento de su último salario. Es un sistema que absorbe una enorme cantidad de recursos, pero en el que solo uno de cada 100 de los que empezaron a cotizar en 1997 tendrán todas sus semanas cotizadas en 2021, por lo que se podrían pensionar, pero con una pensión cuyos fondos tendrán que ser complementados con recursos fiscales, pues los depósitos acumulados en las cuentas individuales no serán suficientes para garantizar un retiro digno. Durante las más de dos décadas de funcionamiento del sistema de las Afores, especialistas y académicos, grupos de trabajadores, incluso, organismos internacionales han concluido que, a pesar de las reformas paramétricas recetadas durante dos décadas, el modelo no tiene remedio, no tiene salida. Partiendo de este panorama, caracterizamos la iniciativa presidencial, que da origen al dictamen, como una parte del arco de las reformas neoliberales, que desde la última década del siglo pasado han tratado de rescatar, no a los trabajadores asegurados y a sus familias, no a las pensiones y su financiamiento ni a las instituciones de la seguridad social. La reforma propuesta por el presidente es una reforma más que busca rescatar a las Afores, a los grupos financieros privados que han hecho de la seguridad social un negocio. La iniciativa parte de un diagnóstico muy simple de por qué se transitó a un sistema de cuentas individuales y que tuvo problemas básicamente de insuficiencias. En el diagnóstico no cabe analizar la privatización de las pensiones, el abandono de la responsabilidad del Estado para garantizar un derecho constitucional, la baja cobertura de la seguridad social, la precarización del mercado del trabajo y su inestabilidad, las desigualdades de género que resultarán en pensiones menores para las mujeres, el costo fiscal acumulado y a futuro de la reforma que rebasa con mucho sus previsiones, las dimensiones del mercado de las Afores, la quiebra financiera del IMSS, que en la reforma del 97 no se evitó ni la puerta giratoria de quienes ahora son funcionarios de la cuarta T e instrumentaron la reforma en el gobierno de Ernesto Zedillo. La limitada visión del gobierno de México frente a las crisis de las pensiones contributivas no les da para hacer una reforma de gran calado acorde a sus aspiraciones de un nuevo Estado de bienestar. No se busca acabar con una reforma estructural, como en la reforma educativa que se desmanteló su contenido, como en la reforma energética que mediante algunas políticas y medidas administrativas se busca anularla. Aquí no. Se necesita cambiar el modelo privatizador y excluyente de las Afores. Solo hace algunos ajustes. El problema de las pensiones no es un tema de comisiones o aportaciones, es de mercado laboral precario, inestable e informal, en el que el trabajador es el único que corre el riesgo de tener una pensión por variables sobre las que no tiene control, frente a un mercado financiero que tienen garantizados sus ingresos y su utilidad, mediante el cobro de comisiones sin ningún compromiso social. Sin cambiar el modelo con la reforma, el Estado está asumiendo nuevamente los costos del fracaso de la capitalización individual y manteniendo intacto ese negocio. Es la continuación del modelo privatizador, es hacerlo que persista en el tiempo a costa del sacrificio fiscal que va a representar. Hay muchas visiones, hay mucho qué discutir y tomar en cuenta con diversos actores, incluso el debate debería de ir más allá del Congreso, en donde se dictamine esta iniciativa, más allá de un parlamento abierto, que como otras veces se redujo a un foro en que las decisiones ya estaban tomadas de antemano. Con este diálogo ya abierto de toda la sociedad, más allá de los acuerdos cupulares que sustentan la iniciativa del presidente, se podrá llegar a un diagnóstico real de la reforma Zedillista del IMSS de 1997 y la reforma calderonista del ISSSTE del 2007. Termino, presidenta. El Partido de la Revolución Democrática no acompañará, como no lo ha hecho antes, una reforma neoliberal más al sistema de pensiones. Seguimos siendo congruentes, sin cambiar nuestros principios y no como los otros legisladores aquí presentes. Y nos pronunciamos por la construcción de un modelo de seguridad social, integral, público, redistributivo, equitativo y que sea social y económicamente viable. Es cuanto, presidenta.