La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su permiso, señor presidente. Diputados, diputadas, el Grupo Parlamentario de Morena pone a consideración de esta asamblea las siguientes reservas, retomando el último informe de la Auditoría Superior de la Federación presentado a esta Cámara respecto al análisis de la Cuenta Pública 2013, en virtud del funcionamiento de los fideicomisos y de las entidades paraestatales. Posicionamiento de las reservas a los artículos transitorios segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto contenidos en el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El Grupo Parlamentario de Morena trae a cuento dicho informe del auditor y recuerda los acontecimientos que han dañado gravemente a la sociedad mexicana, como el Fobaproa, para evidenciar la verdadera finalidad de la separación del Pensionissste, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Para nosotros no es otra cosa que convertir a esta sociedad que pretenden funcione como administradora de los fondos de los trabajadores en una entidad paraestatal regulada con múltiples excepciones. A pesar de que cuenta con autonomía técnica, operativa, económica y de gestión. Con sujeción a disposiciones especiales tiene características que la asemejan a un fideicomiso, lo cual es altamente preocupante. El contenido del presente dictamen establece que la sociedad estará integrada por un Consejo de Administración con 13 integrantes, de los cuales cuatro serán del gobierno federal, tres de la secretaría de hacienda, uno de ellos presidirá dicho órgano y uno de la Secretaría del Trabajo. Tres de las organizaciones de trabajadores al servicio del Estado y seis consejeros independientes que serían designados por el Ejecutivo federal. Estos últimos no serían considerados como servidores públicos, lo que hace del marco jurídico un conjunto de disposiciones ambiguas y discrecionales. Establece además, en los artículos transitorios, que la nueva sociedad se subrogaría en todos los derechos y obligaciones del ISSSTE, inherentes al Pensionissste. Dispone con claridad que el gobierno federal se deslinda de toda obligación a cargo de la nueva sociedad y de variaciones negativas en el valor de las acciones de la sociedades de inversión, especializadas en la administración de los fondos para el retiro, de ahí la necesidad de recordar el quebrando del Fobaproa. La propuesta del Ejecutivo prevé que esta sociedad tendrá un régimen especial para control y vigilancia, limitando las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública y los órganos de control interno de dicha entidad, misma que dejará de estar sujeta a la Ley de Adquisiciones para que las contrataciones que se hagan sean reguladas mediante lineamientos elaborados y aprobados por el propio Comité de Administración y por un comité especial. La propuesta del Ejecutivo pretende otorgar autonomía financiera y operativa a una entidad paraestatal, previendo que sea la Secretaría de Hacienda la responsable de dictar lineamientos y disposiciones de carácter general. La dicha sociedad, es decir, es juez y parte. Por si no fuera suficiente, le otorga facultad para que la entidad paraestatal revierta en la proposición que el Consejo de Administración determine el remanente de operación en las cuentas individuales que la sociedad administre. Para Morena, el gobierno de Peña Nieto actúa con estrategias que inducen a violar la legalidad, utilizando los vacíos para regular, vigilar y controlar las entidades paraestatales con la finalidad de crear escenarios a fin de privatizar los servicios. En este caso, la administración de cuantiosos recursos públicos sin ninguna consecuencia jurídica o política y el ejercicio de los asuntos públicos no deben fincarse en la confianza ilimitada sino bajo el principio rector de la responsabilidad gubernamental y en este sentido nadie puede estar exento del ejercicio de rendir cuentas y ofrecer información, nadie puede eludir esa responsabilidad. El Ejecutivo federal, a través de sus órganos desconcentrados, entidades paraestatales o cualquier tipo de sociedad creada al seno de la administración pública federal, deben rendir cuentas de forma pública y periódica, principalmente cuando los recursos manejados por ellos pertenecen a todos los ciudadanos y su disminución y desvíos afecta derechos humanos y laborales. El presente dictamen es una regresión y trasgrede los derechos de los ciudadanos establecidos en la Constitución, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Archivos, la Ley de Datos Personales, pues la esencia de esta administración es saquear, vender, aniquilar las instituciones de seguridad social, empobrecer al país y sus habitantes sin culpables, son responsables, sin castigo. Es cuanto, señor presidente.