El diputado Benjamín Medrano Quezada: Con su permiso, señora presidenta. Amigas y amigos que nos acompañan. Vengo en nombre del Partido Revolucionario Institucional a fijar la postura en relación al dictamen por el que se adiciona un inciso del artículo 73 de nuestra Constitución Política, y quiero agradecer infinitamente la oportunidad que mi partido me da, de poder posicionar en nombre de todos ustedes que forman parte de esta bancada. Violentar los derechos humanos de cualquier persona significa violentar su humanidad. Eso lo dijo Nelson Mandela. Por eso, en un Estado constitucional de derecho, donde la justicia debe garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los ofensores y reformarlos para garantizar a que vuelvan a formar parte de la comunidad, es decir, para garantizar su reinserción social, los priistas reconocemos en nuestro programa de acción que el país enfrenta un reto de combatir la violencia y la inseguridad reorientando los sistemas de prevención, procuración y administración de justicia. Los mexicanos requerimos un sistema penitenciario que contribuya a la readaptación social del infractor a la par de lograr su reinserción social a la vida productiva de este país, por eso debemos legislar para que el sistema de readaptación social se base en valores y en hábitos positivos, también que los internos estén aptos para la reinserción social una vez que hayan compurgado su condena. En este régimen hemos avanzado, y de manera sustantiva. El gobierno de Enrique Peña Nieto celebró un acuerdo con el Consejo Nacional de Seguridad Pública para, entre otras cosas, crear un Comité de Evaluación del Sistema Nacional Penitenciario, consolidar el Registro Nacional de Información Penitenciaria, revisar el sistema de reinserción social, así como actualizar y homologar todos los protocolos y procesos del Sistema Nacional Penitenciario. Además, la Iniciativa Mérida, acuerdo de cooperación bilateral de seguridad entre nuestro país y los Estados Unidos de Norteamérica, que se está trabajando para juntos lograr la mejora y acreditación de todos los centros federales de readaptación para el 2017, y a mayor plazo los estatales y los municipales. Por otro lado, la Asociación Americana de Correccionales acreditó en México 12 centros penitenciarios y reacreditó a otros 5 centros que han demostrado fielmente el cumplimiento continuo de las normas internacionalmente aceptadas en la gestión carcelaria. Comprometidos con combatir al crimen organizado, a la par de una justicia eficaz que respete los derechos humanos, los diputados nos hemos dado la oportunidad de aprobar la miscelánea fiscal que reformó 232 artículos de 10 leyes para armonizar la legislación en materia de la justicia penal, robusteciendo: el modelo de justicia penal acusatorio; la Ley Nacional de Ejecución Penal, que reestructura el sistema penitenciario con base en la reinserción social y el respeto irrestricto a los derechos humanos. También los diputados aprobamos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, para procurar e impartir justicia de manera digna a los menores de edad; la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que fortalece el sistema jurídico, para que sea más eficaz en el combate contra el crimen organizado, pero también aprobamos el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que las víctimas puedan remitir pruebas directamente al juez sin necesidad de ser valoradas por el Ministerio Público. Hoy, con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 se estableció que el sistema penitenciario se organizará sobre base al respeto de los derechos humanos, del trabajo, de la capacidad para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado en la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. En el PRI votaremos en favor del presente dictamen para facultar a este Congreso General para que se establezcan las bases y los principios que deberán observar la administración de dichos centros penitenciarios, y además determinar la forma y los términos de participación de las entidades federativas, de los municipios así como las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Con ello buscaremos dotar al sistema penitenciario mexicano de mejores condiciones para el procesado o sentenciado, garantizando la protección de sus derechos humanos, generándoles mayor dignidad y lo más importante, robusteciendo las oportunidades para que alcancen una vida efectiva en la reinserción social. Eliminaremos las asimetrías existentes entre las entidades federativas, alineando administración de centros penitenciarios con principios constitucionales y tratados y convenciones como instrumentos. Ante los notables avances que ha tenido nuestro país en materia de derecho humano es nuestra obligación fortalecer el sistema penitenciario para hacerlo más eficaz, y sobre todo más humano. Muchas gracias, señora presidenta y felicito hoy en su día a los músicos, que con música llenan también el alma y el corazón de los mexicanos.