El diputado Antonio Ortega Martínez: Sí, gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, propongo el voto en contra del dictamen para constituir la Guardia Nacional. Las razones son contundentes: es contraria al espíritu y letra de nuestra Carta Magna y de múltiples tratados internacionales signados por nuestro país en materia de derechos humanos. Es militarista, violenta el pacto federal, es centralista, renuncia a construir las instituciones policiales civiles y profesionales en los tres órdenes de gobierno que el país necesita. No representa una visión progresista e integral de la seguridad humana. No es una opción eficiente y eficaz para atender la seguridad pública. Tampoco se propone construir políticas públicas con la flexibilidad que requiere la diversidad de condiciones de las entidades y municipios de nuestro país, ni atiende la necesidad de fortalecimiento de la impartición, administración y procuración de justicia. Si bien reconocemos el esfuerzo y sacrificio de los soldados y marinos para procurar seguridad pública a los mexicanos, la realidad nos muestra que es urgente abandonar la fallida estrategia militarista de los últimos 12 años, por su ineficacia para atender la inseguridad y la violencia en gran parte del territorio nacional y superar el incremento exponencial de crímenes, secuestros, cobros por protección, tráfico de drogas y de personas. Está demostrado que la violencia no se combate con violencia, esta confrontación solo produce abusos y violación de los derechos humanos de la población. Manifestamos nuestra preocupación por la creciente participación de las Fuerzas Armadas en múltiples actividades que de acuerdo a nuestra Carta Magna corresponden solo al ámbito civil. Las Fuerzas Armadas hoy debaten, negocian, presionan, dicen que no les gusta del quehacer público y exigen nuevas prerrogativas, nuevas atribuciones, aprovechándose del desprestigio de la corrupción y de la ineficiencia de la clase política. Ahora se plantean que serán actores centrales en una renovada guerra contra el crimen organizado y la seguridad pública. La presidenta Michel Bachelet decía que existe una relación inversamente proporcional entre el nivel de prerrogativas militares y las posibilidades de éxito de la consolidación democrática y civil de un país. El Ejecutivo federal ha traicionado a sus convicciones sostenidas en los últimos 12 años, de regresar a los militares a los cuarteles, incumpliendo sus promesas de campaña y no solo no las regresa, sino que va más allá y propone su constitucionalización, eterniza su presencia y las lleva a todos los rincones de nuestra patria. El secretario de Seguridad Pública, ante el rechazo generalizado de especialistas y organizaciones de derechos humanos, y ante la contundencia de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, retira la propuesta de mando militar para la Guardia Nacional. Sin embargo, el engaño se devela cuando nos describe a la Guardia Nacional y nos dice: Es un cuerpo armado permanente con adscripción civil y entrenamiento policial con estructura y disciplina miliar y mando mixto. Es decir, conserva su esencia militar por la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización, capacitación y fuero. La Secretaría de la Defensa Nacional es la que en realidad mantiene el mando operativo de la Guardia Nacional. Las Fuerzas Armadas deben estar en sus cuarteles. La seguridad pública es una función civil. El Ejecutivo federal puede disponer de las Fuerzas Armadas de manera complementaria y subsidiaria en situaciones excepcionales y no requiere ninguna reforma constitucional adicional. En todo caso, procede reglamentar el artículo 89 para establecer las modalidades y temporalidad de su actuación. Gracias.