El diputado José Ascención Orihuela Bárcenas: Con la autorización de la Presidencia. En México la Constitución de 1917 prevé en varios artículos diversos derechos sociales. La definición del Estado se funda en los valores liberales del siglo XIX, mismos que devienen en la influencia del proceso norteamericano y del conjunto de declaraciones surgidas de la Revolución Francesa. Es decir, el artículo 40 señala que nos constituimos como una República representativa, democrática y federal, que aunque resume la dolorosa gesta de la independencia nacional y el esfuerzo nacional por construir una identidad propia, como se demuestra en el proyecto impulsado por personajes históricos de la talla de, Servando Teresa de Mier y de Juárez, no reflejan las llamadas: definiciones fundamentales, la vocación social de todos los mexicanos, aunque aceptemos que la idea del proyecto nacional, implique en primer lugar los derechos sociales. Nos parece que la falta de esta definición en la Constitución permite que las leyes en materia social se construyan de manera periférica, como una más de las partes de nuestro sistema jurídico. Creemos necesario alcanzar una nueva definición del Estado mexicano que indique con claridad que lo social es una parte indisoluble de la protección de las garantías sociales, incluso, que permita recuperar el desarrollo social como el conjunto de derecho de las personas y que obligue al Estado a atenderlos con mayor eficacia y fortaleza. Para fundamentar este objetivo, debemos reconocer que en el mundo prevalece la idea de que deben superarse las visiones asistenciales y marginales del desarrollo social, en donde lo importante no sea cuantificar el número de acciones que se logren en temas como la vivienda o la educación sino evaluar de qué manera modifican realmente la forma de vida de la sociedad. Por ello, organismos como el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo e incluso instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, recomiendan centrarse en el concepto de la calidad del desarrollo que es un referente cada vez más aceptado, en la creación y administración de las políticas sociales. En los albores del siglo XXI, una de las cuestiones más importantes que tenemos que abordar, es definir el tipo de Estado con el que nos proponemos asumir los retos tanto de la globalización como del desarrollo tecnológico y del incremento de las carencias humanas a fin de encontrar nuevas soluciones. Este reto no sólo es válido para México, sino para la mayoría de los estados del mundo. En el caso de México, nuestros principales indicadores son negativos. Dos terceras partes de la población viven en situación de pobreza, una tercera parte en pobreza extrema. Las evaluaciones internacionales son desfavorables. La OCDE nos ha ubicado en los últimos lugares de aprovechamiento escolar, en el nivel de la educación básica; la ONU señaló que, a pesar de los informes optimistas gubernamentales, las zonas rurales e indígenas son tan pobres como las comunidades más carentes del sur del continente africano. La debilidad jurídica e institucional de las políticas sociales, permite que en lugar de fortalecer el desarrollo en el largo plazo de las familias, el enfoque sea inmediatista, parcializado y asistencialista. Los límites institucionales de nuestro desarrollo social contrastan con la amplia experiencia existente en la materia. Hace cuatro siglos se expidió la primera ley de este tipo en Inglaterra, llamada "ley de pobres". En México durante 60 años se han desarrollado tres generaciones de políticas sociales: la primera centrada en instituciones de acceso y cobertura universal como el Seguro Social y el ISSSTE, entre otras. Se dio paso a una segunda etapa centrada en la acción comunitaria. El tercer momento de estas políticas, que es el vigente, se extrapoló y se dirige a la focalización y al individualismo. Una definición amplia del Estado mexicano puede iniciar la construcción de una política social auténticamente de Estado que supere el vaivén de los sexenios, la tentación de orientar a las elecciones, su distorsión hacia grupos de interés y su separación de las demás políticas públicas, en particular de la económica. Por lo anterior, la presente iniciativa propone modificar el artículo 40 de la Constitución para agregar el principio social a la naturaleza del Estado mexicano como el inicio de una nueva generación de leyes y de políticas nacionales que transformen el desarrollo social en un proceso estructural fundado en derechos y no en paliativos temporales e ineficaces. Esta propuesta reconoce el acierto de otras naciones, de haberse definido a sí mismas a partir de un estado de naturaleza social como es el caso de Francia, que en el artículo 1o. de su Constitución se define como una República indivisible, laica, democrática y social. O el caso de España, en el artículo 1o. señala que esa nación se constituye como un Estado social y democrático de derecho. Es una verdad reconocida en todo el mundo, que dichas constituciones políticas son hasta ahora las mejores estructuras de estado de bienestar que haya conocido la humanidad. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 40: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República social, representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación, establecida según los principios de esta Ley Fundamental. Transitorios Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 20 de marzo. Rúbricas. Samuel Palma, José Ascención Orihuela y Alfredo Ríos Camarena. Es cuanto.