La diputada Claudia Lilia Cruz Santiago: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, uno de los grandes objetivos que ha tenido el Grupo Parlamentario del PRD, desde el principio de esta legislatura, es el remediar el total olvido que han dejado las leyes penales a las víctimas y ofendidos. Es, desde que esta reforma constitucional fue aprobada en diciembre pasado y publicada en junio del año en curso, cuando el PRD colocó uno de los temas más importantes, que es precisamente que las víctimas y los ofendidos se queden en el ámbito de la impunidad. El PRD en esa reforma constitucional logró que se establecieran los derechos de las víctimas, al mismo nivel que los derechos de los probables responsables, con la intención de que las víctimas no continuaran siendo ignoradas y recibiendo malos tratos de manos de los servidores públicos encargados de la procuración y administración de la justicia. En este dictamen se concretizan estos derechos, ahora las personas, víctimas y ofendidos del delito, podrán tener una posición de equilibrio frente a la defensa de los inculpados, debido a que se establecieron nuevos derechos durante la averiguación previa y el proceso penal. Cuando este dictamen sea parte de nuestro derecho positivo, las víctimas y ofendidos tendrán derecho a ser tratados con atención y respeto debido a su dignidad humana, a recibir asesoría jurídica respecto a sus denuncias o querellas para la defensa de sus intereses; a ser informado del desarrollo de la averiguación previa y de las consecuencias legales de sus actuaciones, entre otros. En consecuencia, evitaremos la doble victimización de las víctimas. Es decir, cuando se hace víctima de algún delito y además se hace víctima de los atropellos del Estado. Igual de importante es otorgarle protección policial a las víctimas, ofendidos y testigos que intervengan en un proceso penal. Para ello se propone, en el presente dictamen, otorgar esta protección cuando se ponga en peligro la vida o integridad corporal por su intervención en procesos penales por algún delito al resguardo de su identidad y de otros datos personales, cuando se trate de delitos de violación, secuestro o delincuencia organizada y, en otros casos, cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, pero todo ello salvaguardando, en todo caso, los derechos de la defensa. Asimismo, la víctima podrá solicitar a la autoridad judicial, por medio del Ministerio Público, que el imputado sea separado del domicilio de la víctima cuando una medida cautelar se trate de delitos que pongan en peligro la integridad física o mental de las mujeres, de los niños y las niñas, en un hogar. Asimismo, cuando la víctima conviva con el imputado. O sea, señoras mexicanas, escuchen bien. Por fin van a poder quedarse en su casa y que quien es el violentador, que generalmente son los hombres, pueda salir de su casa y ustedes se queden al amparo de la justicia. En la ejecución de sanciones penales la víctima o el ofendido deberá ser notificado por la autoridad competente del inicio o conclusión del procedimiento para otorgar algún beneficio de preliberación al sentenciado, a efecto de que pueda exponer a lo que a su derecho e interés convenga y/o en su caso, aportar los elementos probatorios con que cuente, antes de que recaiga la resolución correspondiente. En cuanto a las funciones de investigación policial se establece un procedimiento para que los policías que investiguen los delitos lo hagan de manera sistemática, y con el control de Ministerio Público o de la autoridad judicial, cosa que las iniciativas del Ejecutivo federal no tenían, con la finalidad de que se preserve la escena del crimen, se registren, se embalen y se custodien las huellas, instrumentos u objetos del delito. Otra intención para otorgar esas facultades de investigación a las policías es que se eleve el número de averiguaciones previas que llegan y lleguen a sentencia, y se reduzca el alto índice de impunidad que subsiste en nuestro país. Lo más importante es que en su labor de investigación, las policías investigadoras a cargo del Ministerio Público puedan realizar diligencias sin afectar la esfera jurídica de los gobernados. En resumen, lo que se pretende es garantizar en todo momento el respeto a los derechos humanos y las garantías de la población mediante el debido control de la actuación de las policías. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.