El diputado Raúl Cervantes Andrade: Gracias. He escuchado con atención tanto en la Comisión, así como hice el estudio del documento que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, la información que nos dieron el día de ayer y los diferentes puntos de vista de los diputados en la Comisión de Hacienda. El tema de fondo sí es un tema legal. No es legaloide, es legal. Nosotros sí tenemos facultades, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores y las entidades federativas somos poder renovador de la Constitución, o algunos doctrineros le llaman Constituyente Permanente. Pero cuando hacemos leyes reglamentarias, que es el caso, estamos obligados a hacer un estudio de constitucionalidad y ésa es una facultad que tenemos nosotros y no, con todo el respeto, las universidades. Los institutos y la academia tienen una función: la generación del conocimiento y debatir el conocimiento. Y a los que nos gusta estudiar y volvernos estudiosos, tenemos la obligación de allegarnos de opiniones de diversos doctrinarios y poder generar un criterio. Es como si acusáramos a un juez de que determinara una sentencia, o a la misma Corte, en sus resoluciones como Corte constitucional, que no fueran adecuados a la opinión de la doctrina. No la pueden desconocer, pero tampoco tienen la obligación de acatar. Segundo. Por tanto, sí tenemos facultades constitucionales y sí debemos tener la obligación y la responsabilidad ante el Estado mexicano y en específico ante la población, tendríamos que hacer un análisis de lo que aquí se da por sentado que dijo la Corte, en tesis, y por eso pedí que se leyera, porque ése es el quid del asunto. No es, si se tiene una visión errónea o no y tampoco es, porque nada más lo dijo uno de los académicos que vino ayer —no lo dijeron los tres y está la versión estenográfica de la Comisión de Hacienda— que fue el que comparó el que sólo hay órganos constitucionales o hay descentralizados. Y yo comparto su opinión, ¿eh? No existen grados de autonomía. Y por eso ayer informaba o di mi punto de vista en la Comisión de Hacienda. Ni hay grados de autonomía ni hay acotamiento. Lo que hay es un diseño específico de órganos autónomos, porque tan es así que todos los órganos autónomos constitucionales no tienen estrictamente la misma redacción constitucional para su creación. No la tiene. Y si no, veamos el ejemplo de Banco de México. Banco de México no está, no tiene el tema metido en el Presupuesto porque se financia con sus propios recursos, por eso ya no sería un órgano autónomo constitucional, porque le falta específicamente la autonomía presupuestal. ¿Porque no la requiere? Nos atreveríamos a decir que el Banco de México no es un órgano autónomo constitucional. Yo lo dudo, y todas las autonomías constitucionales a nivel de teoría sólo se justifican por la funcionalidad del órgano. No se pueden justificar por sí mismas o por posicionamientos políticos, porque el avance del trayecto de la modificación de nuestra Constitución —como también lo dice esta tesis— es encontrar un camino constitucional completamente diferente de los tres Poderes: el típico Judicial, Legislativo y Ejecutivo, que no están dándole una respuesta funcional a su población y que por tanto nacen de la Constitución, se genera su distribución de competencias y facultades, y después se le da por su naturaleza técnica una facultad, un ejercicio inherente al Estado mexicano que la realiza, ese órgano autónomo constitucional. Por eso cuando se lee la tesis a la inversa de los cuatro incisos: a), b), c) y d), como conclusivos y la nota dice "órganos constitucionales autónomos", "notas distintivas". Ése es el razonamiento para llegar a características; no se llega a las características sin llegar al razonamiento. Qué quiero decir con esto, porque anunciaron que hay diputados que hablan técnicamente y yo creo que los demás sí entienden —éste es un asunto de estudio, no es un asunto de posicionamiento— es cómo se interpreta la Corte, cómo es el procesal constitucional, por qué obedece a la Corte, cómo se procesa una acción de inconstitucionalidad y cuál debería ser el estudio de fondo. El tema de fondo va a ser si la ley reglamentaria que se está presentando a través de este dictamen cumple con la funcionalidad de la redacción específica cuando se modificó la Constitución y por qué sí cumple. Nace en Cámara de Senadores, se va a Cámara de Diputados y el tema presupuestario es específicamente el que cambia la Cámara de Diputados y regresa al Senado, es explícita la votación o la voluntad, lo que se llama en la doctrina interpretación auténtica del legislador. También dijeron ayer los académicos, con una altura intelectual y de miras, que era una opinión, que no podían asegurar si la Corte la compartía, que el derecho es debatible y que había problemas en el dictamen, no todos de fondo y no todos por la misma razón. Esto también es muy importante que se le informe al pleno. No asumieron, no juzgaron y yo insisto y se los aplaudo, desde el punto de vista de autoría intelectual, que ellos generaron una versión única de interpretación. A veces en el derecho sí existe una sola, un solo camino con altos grados de probabilidad de la resolución constitucional de la Corte, en éste no, y uno de los motivos que va a ser es ese espíritu, porque como también dije y como muchos de ustedes lo deben saber, las cortes constitucionales son legisladores negativos, no positivos —no lo digo yo, lo dice toda la doctrina europea, latinoamericana, sudamericana, anglosajona— del control constitucional directo o el difuso. En cualquiera de esos casos siempre se tiene un orden para la interpretación constitucional. Tienen los congresos las facultades de interpretación y las cortes siempre son legisladores negativos. También dijeron los investigadores que había una deficiencia legislativa cuando se modificó la Constitución, textual fue la cita, y que la facultad era implícita, no explicita. ¿Qué significa entre estos dos momentos desde el punto de vista legal? Que esta interpretación, las modificaciones constitucionales —ya dijo también otra corte— no pueden ser sujetas de control constitucional por sí mismas y ahorita haciendo una ley reglamentaria, la acción de inconstitucionalidad sólo tendría la litis específica si se cumplió la funcionalidad de las palabras de autonomía, patrimonio propio y que se interpreta implícitamente el estudio de la UNAM, lo interpreta diciendo que por esa razón es un órgano autónomo constitucional y que se debe interpretar en la ley reglamentaria que no tenga el techo presupuestal y que tenga la autonomía presupuestal, cuando el legislador no lo puso de manera expresa y fue uno de los pasos del proceso del 72 constitucional para su modificación constitucional. Que la Corte lo que va a hacer es la interpretación auténtica, por tanto, ni grados ni acotamiento constitucional, lo que sí existe y lo que sí hay es una voluntad expresa de hacerlo de una forma diferente y funcional, y la discusión, nos guste o no nos guste, va a ser en términos de mayorías parlamentarias versus acciones de inconstitucionalidad y lo que se denomina democracia constitucional. También compartí delante de los investigadores que no deberíamos, en el Poder Legislativo, tener un resquemor de cuando se hace una interpretación constitucional y se llega a una conclusión de mayoría, que hay los recursos propios para que nuestra Corte lo pueda modificar, porque eso se llama democracia constitucional y no ex ante, no por la Corte y no por la facultada por la Constitución, hacer nuestros criterios que no han podido convencer a la mayoría y no por cerrazón, no por ausencia, no por omisión, sino por convicción, que es muy diferente. ¿Por qué mi partido va a favor del dictamen? Primero porque estudió el tema de por qué se modificó y qué significa tener un INEGI con este grado y con esta modificación y con este alcance que se diseñó en la Constitución, y por tanto, en la ley reglamentaria. ¿Cuál es el kit del asunto, cuál es la verdadera preocupación del tema? El tema que preocupa es si va a dar una información neutra, ésa es la esencia y también lo dijo el director del Instituto. Comentó: "lo más importante es la funcionalidad del órgano —fue su conclusión— encontrar el equilibrio de coordinación encontrar el equilibrio entre el INEGI y el Banco de México no sólo ahí, sino con los demás poderes y entes autónomos de gobierno. ¿Cómo buscamos que sea funcional y cómo logramos el que sea neutra esta información? Que nos den la información estadística adecuada. Y dos, que nos dé y que nos genere —específicamente— un grado de certeza en su información. Ese es el tema.