La diputada Josefina Salinas Pérez: Con su venia, diputado presidente. La iniciativa que da origen a este dictamen, fue presentada en esta Cámara de Diputados en la LX Legislatura, en noviembre de 2007, aprobada por el pleno año después y turnada al Senado, donde fue congelada por dos legislaturas. Finalmente, en agosto de 2013 las Comisiones Unidas, en el Senado, aprobaron en sentido positivo, con modificaciones, la minuta con proyecto de decreto. La minuta tiene como objeto armonizar la legislación federal con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con la Ley General de las Personas con Discapacidad, en lo concerniente a eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos erróneos para referirse a ellas, adoptando el término de personas con discapacidad. La Comisión de Atención de Grupos Vulnerables de esta LXII Legislatura aprobó el proyecto enviado por el Senado, pero con nuevas modificaciones, porque otra vez llegamos, si no tarde, sí muy lento a los cambios requeridos para la sociedad. Mi grupo parlamentario, el de la Revolución Democrática, está a favor de los cambios contenidos en este dictamen, que tiene por objeto armonizar la legislación federal con las disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad. La Convención supone un cambio de paradigmas en los enfoques de la discapacidad, al pasar de un modelo en el que las personas con discapacidad son tratadas como objeto de tratamiento médico, caridad y protección social, a un modelo en que las personas con discapacidad son reconocidas como titulares de derechos humanos activas en las decisiones que influyen en su vida y capacitadas para dignificar sus derechos. Ese enfoque considera que las barreras de la sociedad como los obstáculos físicos y las actitudes negativas a que se enfrentan las personas con discapacidades son los principales obstáculos para el pleno disfrute de los derechos humanos. Desde 1990 los gobiernos del mundo y las organizaciones internacionales regionales o locales asumieron la aplicación del término discapacidad, siendo congruente con la importancia de buscar en dicha definición eliminar el uso de términos lingüísticos peyorativos para identificar a la población mundial que vive una desventaja física, intelectual o sensorial. La Organización Mundial de la Salud estableció en 1980 un criterio único en la clasificación internacional de deficiencias, discapacidades y minusvalía. La definición lingüística de discapacidad fue resultado del consenso efectuado entre más de 70 países que en el marco de las Naciones Unidas aprobó el término en inglés y que la traducción en español fue discapacidad. Aceptado por la Real Academia Española de la Lengua en 1990. El término de personas con discapacidades diferentes proviene de la campaña electoral del año 2000, con el entonces candidato Vicente Fox, como un slogan de su campaña. En un afán de querer suavizar el término o resaltar las virtudes o habilidades de las personas con discapacidad, sin darse cuenta que el uso y abuso de alusiones es un comportamiento egoísta y discriminatorio que tiene como fin la negación de la realidad. El uso inadecuado de este término ha causado graves confusiones en los ámbitos jurídicos y sociales. Incluso ha implicado retrocesos en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Porque al utilizar un término ambiguo resulta igualmente confuso determinar quiénes son los poseedores de estos derechos. El término personas con discapacidades diferentes no es correcto y tampoco son los vocablos, personas con capacidades especiales, minusválidas o inválidas. Que más bien suena ofensivo y discriminatorio. De acuerdo al Protocolo Facultativo de la Convención, las personas con discapacidades incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. El Inegi reporta, en el 2010, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270. Lo que representa el 5.1 por ciento de la población total. Es necesario reconocer el valor de las contribuciones que realizan y pueden realizar las personas con discapacidad al bienestar general y a la diversidad de sus comunidades y que la promoción del pleno goce de sus derechos humanos y las libertades fundamentales para las personas con discapacidad y de su plena participación tendrán como resultado un mayor sentido de pertenencia de estas personas y avances significativos en el desarrollo económico, social y humano de la sociedad y en la erradicación de la pobreza. Por estas razones los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, votaremos a favor del decreto porque se reforman diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y General de Asentamientos Humanos y General de Salud. Además, reiteramos nuestro exhorto al gobierno federal para que dentro de todas las acciones que sean emprendidas y que afecten en cualquier forma el desarrollo de la población y sea tomando en cuenta este amplio sector de la sociedad y sus necesidades, a fin de garantizar su adecuada integración. Es cuanto, señor presidente.