El diputado Victoriano Wences Real: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día 12 de octubre tiene una connotación histórica porque marcó un cambio drástico para la humanidad entera. Para los países europeos la prosperidad y para los pueblos originarios de América la inauguración de las peores formas de explotación, genocidio físico y cultural, interrumpiendo formas de organización y cosmovisión propia, millones de personas y culturas que habitaban en Mesoamérica, Centro y Sudamérica fueron exterminadas, pero la grandeza y la luminosidad de nuestras culturas primigenias quedaron atrapadas por la ambición y la miseria humana, la ambición irrefrenable por el oro y por la plata fue la maldición histórica para los primeros habitantes de estas tierras. Pero esta historia de pobreza y dolor para los pueblos indígenas es cíclica, que hoy en día se está recrudeciendo más, si hace 523 años llegó Cristóbal Colón con su espada y su cruz, ahora están llegando las empresas mineras con la promesa del desarrollo. Los propios datos del gobierno federal son desalentadores. De acuerdo con un estudio de la minería en México, realizado en el año 2012 por la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, dependiente de la propia Secretaría de Gobernación, señala que en los últimos 17 años se ha concesionado una extensión equivalente casi a la mitad del territorio nacional en proyectos de minerías para empresas extranjeras con perjuicio en las comunidades rurales. En dicho estudio se hace hincapié que desde el año 1994 al 2012 se han otorgado 43 mil 675 concesiones. Cabe señalar que al mes de julio del año 2013 se expidieron 644 títulos de concesiones que amparan una superficie de 1.6 millones de hectáreas que refiere el Primer Informe de Gobierno del titular del Ejecutivo federal, el licenciado Enrique Peña Nieto, hecho llegar a esta soberanía. Reconoce el gobierno federal que la explotación minera en los últimos años en territorio indígena de México ha transformado la atención social entre las comunidades, empresas y gobiernos de distintos órdenes. Estos hechos de explotación a gran escala, a cielo abierto de manera masiva y con casi nulas medidas de seguridad ambiental, que se reconoce que son la génesis de múltiples conflictos sociales, que derivan en enfrentamientos armados, desplazamientos forzados de comunidades y en aumento de la violencia, acelerando la descomposición del tejido social. Es impresionante el reconocimiento del propio gobierno de Peña, que este proceso de explotación de la minería se hace sin respetar los derechos que tienen los pueblos indígenas sobre su territorio, a su propiedad, al uso y goce de sus recursos. Sin duda que esta situación es grave por su propia naturaleza. Las concesiones mineras y la explotación de las mismas, en efecto atentan contra la propia existencia de los pueblos y comunidades que desde su cosmovisión ven la tierra como parte integrante de su vida pasada y futura. La explotación minera compromete seriamente la soberanía del país y pone en riesgo la vida futura de todos los mexicanos, hombres y mujeres. Pero ésta es solo una parte del infortunio de los pueblos indígenas. De seguir así, México en el futuro será sin los pueblos indígenas. Por eso es importante que esta soberanía popular que representa a todos los mexicanos se comprometa a resarcir los daños históricos cometidos con nuestros pueblos originarios. No hay deuda histórica que se pueda pagar con ello. Este compromiso debe traducirse en leyes, normas, reglamentos y políticas públicas que ayuden a transformar la relación asimétrica de subordinación y de desigualdad. Sin menosprecio y reconociendo su dignidad, contribuyamos a crear una ley general de consulta para los pueblos y comunidades indígenas. Con los parámetros internacionales esa ley es fundamental, toda vez que las recientes reformas en materia energética impactan de forma directa en sus vidas y sus recursos. Comprometámonos sin reticencias a legislar para que se reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos jurídicos plenos para que en materia de justicia, salud, vivienda, medio ambiente y desarrollo social, sean los pueblos y comunidades indígenas una prioridad como lo expone el mismo Plan Nacional de Desarrollo del presente gobierno federal. Nuestra pluriculturalidad y plurilingüismo con los pueblos indígenas debe fundarse en una relación de respeto con todos los pueblos y comunidades indígenas. Reconozcamos este 12 de octubre con una autocrítica y que celebremos con ellos la resistencia cultural y la dignidad histórica que los ha caracterizado. Es cuanto, presidente.