La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que la Comisión de Salud pone a consideración de esta asamblea, como se mencionaba, es el resultado de 16 iniciativas que diputadas y diputados de distintos grupos parlamentarios hemos presentado con la finalidad de desarrollar un sistema integral de control y atención de calidad, que cuide la salud mental de las personas que sufren cualquier trastorno mental y de comportamiento. En ese sentido, la iniciativa presentada por la diputada Tagle, Riojas y de su servidora tenía como objetivo principal sustituir el contenido del Capítulo 7, Título 1 de la Ley General de Salud, en materia de salud mental, para reemplazarlo por un conjunto de normas que consolidan un modelo psicosocial basado en la protección de los derechos humanos, que pone el énfasis no solo en las características intrínsecas del individuo, sino también en una red de apoyo y en las bases comunitarias para el desarrollo personal, ajustada a los estándares recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, el dictamen que hoy se presenta no retoma nuestras propuestas y preocupaciones. Confunde el consumo problemático con la salud mental y estigmatiza a las personas al establecer que el consumo de sustancias psicoactivas es causa de trastornos mentales, incluyendo la posibilidad de que sean, voluntaria o involuntariamente, internadas para su tratamiento violentando sus derechos humanos. Debemos reconocer que como país nos encontramos muy lejos de generar una política de salud que atienda el consumo problemático de sustancias psicoactivas, ya que nos negamos reiteradamente a reconocer que existe un consumo responsable y seguimos actuando paternalistamente generando acciones, programas y políticas que desplazan la voluntad individual y violenta los derechos de las personas, particularmente el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Debemos implementar políticas que privilegien la atención terapéutica ambulatoria en el entorno familiar, comunitario o social del consumo problemático de sustancias, disociándolo de los trastornos mentales, ya que esta situación falta a lo establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Organización Mundial de la Salud, que establece que el trastorno mental hace que una persona se considere con discapacidad psicosocial. Pero, el consumo problemático no constituye una discapacidad, por lo que el internamiento contraviene lo establecido en la Constitución y en los instrumentos internacionales de la materia, y únicamente debe ser implementado cuando se cuente con el consentimiento libre e informado de la persona. Debemos señalar que desde el cuerpo del dictamen se establece que la reforma del capítulo de salud mental y adicciones, de la Ley General de Salud, se hace con un enfoque renovado que permitiría orientar los esfuerzos para regular el acceso y prestación de servicios de salud mental y adicciones, asegurar el derecho a la protección de la salud mental y adicciones de todas las personas y el pleno goce de los derechos humanos de aquellas personas con trastornos mentales y con consumo de sustancias psicoactivas, reconocidos en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Sin embargo, no hemos encontrado un solo instrumento internacional que señale que para poder atender a una persona con trastornos mentales y adicciones esta deba o pueda ser internada en contra de su voluntad o sin su consentimiento. Por ello, las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, consideramos que este dictamen no representa un avance para la atención de la salud mental, no responde a una preocupación compartida por reformar un sistema que reproduce violaciones importantes a derechos humanos y que, al contrario, actúa desde una perspectiva paternalista. No atiende de manera adecuada la calidad y el respeto de las garantías de las personas usuarias de los servicios, sino que, al contrario, estigmatiza, discrimina y violenta a las personas con uso problemático de sustancias y establece la grave posibilidad de privar de la libertad a las personas que sufren trastorno mental o tienen problemas con el uso de sustancias psicotrópicas a través de internamiento sin su consentimiento. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen ya que consideramos que este contraviene los tratados internacionales, recomendaciones de organismos de Derechos Humanos, opiniones de organizaciones defensoras de derechos humanos que participaron en el parlamento abierto, así como de especialistas en materia de salud mental, violentando los derechos humanos de las personas con discapacidad y de las personas con consumo problemático de sustancias psicotrópicas discriminándolas, estigmatizándolas. Y, por eso es que en el Grupo Parlamentario del PRD refrendamos nuestro compromiso con los derechos humanos de las personas con discapacidad y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidenta.