La diputada Adriana Terrazas Porras: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados, en la frontera norte del país un gran número de mexicanos depende de las actividades agrícolas y requieren de vehículos para desarrollar sus labores. Ante la difícil situación económica que vive la gente de escasos recursos, se ve obligada a comprar unidades extranjeras. La importación de vehículos usados, en especial permite fortalecer la economía de las familias humildes, contribuye a solucionar las necesidades de transportación de personas de escasos recursos que se ven imposibilitadas de adquirir un auto nuevo en el mercado nacional. Un gran número de autos se emplean en pro del agro mexicano. Es decir, las familias se valen de automóviles importados para realizar sus actividades productivas, lo cual facilita que la región fronteriza del norte del país pueda ser más competitiva. Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte establece que a partir del 1 de enero del año 2009 y gradualmente hasta el año 2019 México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes de estados de Canadá o de Estados Unidos de América, ello con la intención de eliminar barreras comerciales, promover la inversión y fortalecer la economía nacional para ser más competitivos. En efecto, la finalidad propiamente es la generación de nuevos empleos basados en los diversos sectores de servicios y oficios en torno a dicha actividad. Esto pone de manifiesto una regulación flexible, por tanto claramente se comprende que esta actividad no significa en ningún momento una afectación a la industria automotriz de nuestro país, ni afecta a las armadoras nacionales. Desafortunadamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha mostrado insensibilidad ante tal situación, puesto que ha endurecido las reglas para que se sigan importando vehículos usados. La estricta regulación ha propiciado que se perjudique a un gran número de familias, el sector está a la orilla del abismo, toda vez que se ha desfavorecido a más del 80 por ciento de las actividades comerciales del ramo. Es decir, con ello se ha perjudicado a toda una cadena de valor conformada por lotes de autos, refaccionarias, talleres, mecánicos, carroceros, pintores, tapiceros, yonkeros, llanteros, vidrieros, mofleros, agencias aduanales, personal de trámite, por citar algunos. Cabe mencionar, que el pasado 31 de diciembre de 2014, mediante decreto emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, publicado en el Diario Oficial de la Federación, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015 la importación definitiva de autos usados, las disposiciones regulatorias que mantienen vigente este decreto han propiciado controversias, puesto que se contradice lo establecido en el artículo 133 de la Constitución, toda vez que el decreto es un acto administrativo que no puede estar por encima de un tratado internacional. Como consecuencia de las contradicciones, un importante número de interesados o afectados, se vieron en la imperiosa necesidad de promover y recurrir al amparo y protección de la justicia de la unión, logrando que los amparos les fueran otorgados, posibilitándoles así la importación de vehículos conforme al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ante tal situación, gremios y asociaciones, diversos servicios, igual que organizaciones campesinas que se han visto perjudicadas por el decreto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, han sostenido reuniones de trabajo con funcionarios gubernamentales de distintas dependencias, entre las que se encuentran Economía, Hacienda, principalmente, a fin de lograr acuerdos destacando: 1. Tomar como base de cálculo para el pago del impuesto el valor de la factura de compra. 2. Acreditar con el número de identificación vehicular el origen del vehículo, sustituyendo al certificado de origen cómo se maneja actualmente y la importación de vehículos usados fronterizos. Cabe comentar que los vehículos usados para su importación son previamente revisados en su estatus técnico, mecánico y de sistema, lo cual para su venta obliga a verificar y a acreditar que están en condiciones óptimas, por tanto, no significa una afectación al medio ambiente en emisiones contaminantes. Ante los argumentos esgrimidos nos podemos dar cuenta, compañeras y compañeros diputados, que necesitamos respaldar a las familias que viven en la franjas fronterizas del norte del país para que sigan generando ingresos económicos de subsistencia para sus hogares, y a la vez, debemos fortalecer la economía y la competitividad de esta zona, misma que de manera significativa aporta al desarrollo de todo México. Con ese espíritu, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con su fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 6 numeral 1, fracción I, 76 numeral 1, fracción II, 77 numeral 1 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados conforme a lo siguiente y concluyo. Proyecto de decreto, único. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 59, fracción II del artículo 59 C Ley Aduanera, para quedar de los siguientes términos. Artículo 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir sin prejuicio de las demás obligaciones previstas por esta ley con las siguientes: Fracción segunda, párrafo. Para importación definitiva de vehículos usados en la franja o región fronteriza en el interior del país, el número de identificación vehicular se podrá utilizar como elemento de identificación y acreditación del origen. Articulo 59 C y los artículos transitorios primero, segundo y tercero. Es cuanto, diputado presidente.