El diputado Enrique Ochoa Reza: Acabamos de ver por qué esta iniciativa no puede aprobarse con un amplio consenso o una amplia mayoría, porque en lugar de debatir lo que efectivamente dice la iniciativa, se viene aquí con dimes y diretes, con falsedades y con mentiras para tratar de engañar al pueblo de México. Esta iniciativa es inconstitucional, se lo han dicho expertos de todas las expresiones políticas a esta Comisión de Energía. Y en lugar de que la Comisión de Energía lo exprese al pleno, para que el pleno haga las modificaciones necesarias y que esta ley fortalezca a Petróleos Mexicanos, fortalezca a los consumidores mexicanos y permita cumplir nuestros ordenamientos jurídicos y los compromisos internacionales, aquí está la Comisión de Energía de nuevo, presentando un dictamen incompleto que no incluye la opinión negativa de la Comisión Federal de Competencia Económica, que no incluye los argumentos técnicos, jurídicos y de carácter comercial de especialistas en la materia para poder hacer un mejor trabajo legislativo. Esta reforma producirá combustibles caros y va a haber escasez de combustibles si se aplica en sus términos, porque establece barreras a la entrada que impiden la competencia económica, competencia económica que fortalece al consumidor y competencia económica que fortalece a Petróleos Mexicanos. Argumentar en contra de eso, es tener una visión superada de lo que ya es el avance que tiene este país. Esta reforma no incrementa en nada la producción nacional de gasolina. Esta reforma no incrementa en nada la producción de petróleo y gas natural. Pero esos son los argumentos que hasta hoy en la mañana estaban presentes en la Comisión de Energía, alejados de lo que efectivamente dice, de lo que efectivamente dice la iniciativa. Esta iniciativa pudo haber logrado una votación mayoritaria a favor, si tan solo los buenos propósitos que alimentaron el que hubiera una enmienda que se distribuyó ayer en la madrugada, y que corrigió el artículo 59 Bis, que era francamente inconstitucional. Si esa corrección, incorporando al debido proceso el cuidado a terceros, la no afectación a consumidores que hoy está en la redacción del 59 Bis, se hubiera incorporado también en el sexto transitorio, estaríamos hablando de una propuesta de ley que alanzaría objetivos constructivos en el país, sin violación de principios constitucionales, sin violación de tratados internacionales y fomentando la competencia que ayuda al consumidor final. Si tan solo se hubiera reconocido que es un sinsentido en esta iniciativa proponer que cualquier empresa pública o privada tenga primero que construir tanques de almacenamiento para solicitar un permiso, como lo establece aquí la ley, en lugar de como se hace en todos lados del mundo: primero solicitar el permiso, al obtenerlo construir la infraestructura, al construir la infraestructura que la autoridad verifique que la infraestructura cumple con los elementos de seguridad, y que entonces funcione a favor del consumidor. ¿Quién en su sano juicio, quién? ¿Pemex o cualquier empresa privada invertirán millones de pesos en tanques de almacenamiento si no hay certeza de recibir el permiso correspondiente? Se quedaría el elefante blanco construido. La secuencia correcta es: primero se solicita el permiso, se construye el tanque de almacenamiento, se pone a funcionar y la autoridad lo revisa. Esa es la lógica. Todos queremos más almacenamiento de combustibles en el país, pero esta ley lo que hace es que se reduzca la posibilidad de tener más almacenamiento, de ninguna manera la incrementa. Pero, además, el círculo vicioso que genera esta reforma. Hay un elemento que es preocupante y se les ha dicho en la Comisión de Energía y se pudo haber corregido. Se debe establecer un debido proceso para lograr la cancelación de los permisos. Se tiene que hacer por autoridad competente, se tiene que dar derecho de audiencia. Se tienen que establecer plazos, porque adivinen, los permisionarios, Pemex y el sector privado tienen derechos adquiridos. Pero ustedes establecen un transitorio en esta ley que dice que todos los permisos se podrán cancelar a aquellos que no cumplan con la Ley de Hidrocarburos. La ley se modifica, hoy establece nuevos requisitos para esos permisos, pero los permisos son del pasado. ¿Van a aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de persona alguna? Eso violenta la Constitución en los artículos 14, 16. Eso lo sabe cualquier abogado. Y este Congreso en su primer acto constitucional rinde protesta de honrar, cumplir y hacer cumplir la Constitución. Pues bien, esta redacción de la ley no cumple la Constitución. Y es un acto de responsabilidad parlamentaria votarlo en contra. Hemos propuesto reservas para modificarlo, tanto en las comisiones como lo haremos aquí en el pleno. Si tan solo se hubieran hecho esos cuatro cambios modificatorios en el dictamen, esta iniciativa sería aprobada por una amplia mayoría, quizás hasta por unanimidad. Pero la sinrazón se impuso a la razón. Y aquí tendrán los votos, pero no tienen la razón. Es cuanto, presidenta.