El diputado Rafael García Tinajero (PRD): Con su permiso, honorable asamblea. Con su permiso, compañera Presidenta. "Exposición de Motivos "De los derechos públicos subjetivos contenidos en el Código Político de 1917, se advierte que es necesaria la intervención tanto del Constituyente Permanente como del legislador ordinario, a efecto de que especifique el alcance que tienen cada uno de los artículos de la Ley Fundamental. "El Congreso de la Unión, atendiendo lo dispuesto en el artículo 72 inciso f) constitucional, puede interpretar tanto la Constitución Federal como las leyes secundarias, pese a ello es una atribución que es casi nula, pues no la ha ejercido. "Los Tribunales Federales, de conformidad con el octavo párrafo del artículo 94 constitucional, pueden establecer jurisprudencia sobre la interpretación de la Constitución. "Las garantías individuales plasmadas en la Constitución de la República requieren además ser detalladas en un ordenamiento jurídico de ciertas normas que cimienten la situación de los gobernados ante la autoridad, ante la eventualidad de un uso inadecuado del poder. "La protección de los gobernados contar la intromisión en la vida privada de los mismos, depende de la existencia o no de tal derecho en nuestra Ley Suprema. Existe por tanto garantía de un derecho cuando la norma fundamental prevé tal derecho público subjetivo, de ahí que su no existencia no impide que la autoridad pueda o no invadir la privacidad de los gobernados y por ende vulnere incluso la intimidad, dignidad y honor de las mexicanas y mexicanos. "El concepto de honor en nuestra Constitución, por ejemplo, no se encuentra definido, por lo que resulta así jurídicamente indeterminado. "El diccionario de la Real Academia, edición 1992, nos lleva del honor a la buena reputación, concepto utilizado por el Tratado de Roma, la cual como la fama y aún la honra consisten en la opinión que las gentes tienen de una persona, buena o positiva si no va acompañada de adjetivo alguno. "Así como este anverso de la noción se da por sabido en las normas, éstas en cambio intentan aprender el reverso, el deshonor, la deshonra, la difamación, lo infamante. "El denominador común de todos los ataques o intromisiones legítimas en el ámbito de protección de este derecho es el desmerecimiento en la consideración ajena, como consecuencia de expresiones proferidas en descrédito o menosprecio de alguien o que fueran tenidas en el concepto público por afrentosas. El contenido del derecho al honor es labil (?) influído, cambiante y en definitiva dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento. La protección de la privacidad como derecho recién aparece en la tercera de las declaraciones, las otras dos, de 1789 y 1793 tan sólo establecían derechos que protegían la propiedad privada pero no el derecho a la privacidad. No dejamos de señalar que el derecho a la privacidad, intimidad, dignidad y honor de los gobernados, está íntimamente ligado con otros, entre ellos, la libertad y la vida. El derecho a la privacidad, es un derecho reconocido en el ámbito internacional, no obstante lo anterior cada día es más vulnerado, a pesar de que existen un conjunto de instrumentos internacionales relativos al derecho a la intimidad. Existe también principios de protección de datos personales de la OCDE y de la ONU, así como de países europeos como Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Holanda, Irlanda, entre otros. Argentina, Paraguay, Brasil, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, por su parte, en cuanto al derecho a la vida privada y su defensa, se encuentran regulados en la Constitución y en leyes secundarias de los países antes mencionadas. La Constitución peruana en cuanto a las afectaciones a los derechos al honor, a la buena reputación, intimidad personal y familiar, y voz e imagen propias en los medios de comunicación social, garantizan a los afectados el derecho a una rectificación gratuita, basándose esta protección en la privacidad de la persona. La tecnología contemporáneo ofrece insospechados canales de comunicación, como son los satélites especiales, informática y la computación, específicamente han producido un proceso que acerca a los individuos y pone a su disposición múltiples servicios. Pero aparte ha dado una entrada a la Comisión de Delitos, no será tarea fácil que al Constituyente Permanente eleve a rango constitucional el derecho a la privacidad, y por otra que el legislador ordinario lo regulen leyes secundarias, amén de que habrá de encontrar criterios para sancionar los excesos en que incurran las autoridades competentes. El respeto que todos debemos a la vida privada de las personas, es un derecho de la personalidad, que no puede ser quebrantado en ningún caso por persona o autoridad alguna. En México la ley suprema regula en el Artículo 16 la inviolabilidad de domicilio de las comunicaciones, excepciones al derecho a la privacidad y las leyes secundarias la de protección de los datos personales más no el derecho a la privacidad. El Artículo 16 del Código Político de 1917 determina en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Y a su vez el noveno párrafo del mismo Numeral establece que las comunicaciones privadas son inviolables, que exclusivamente la autoridad judicial federal a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular del Ministerio Público en la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. Que dicha petición deberá ser por escrita, en la que se funden y motiven las causas legales de la solicitud, expresando el tipo de intervención, los sujetos de la misma y su duración, y que no se podrá otorgar estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, y en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor. Asimismo el párrafo décimo de dicho Numeral señala que las intervenciones autorizadas, se ajustarán a los requisitos y límites previstos en las leyes, y que los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, carecerán de todo valor probatorio. Es decir, el poder revisor de la Constitución estableció como derecho fundamental, la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y en contrapartida la obligación exigible, tanto a las autoridades como a los gobernados de respetar dicha prerrogativa, lo que da lugar a que si un gobernado realiza la intervención de alguna comunicación privada, sin el consentimiento expresa e irrefutable de los que la entablan, incurrirá en un ilícito constitucional. Así el concepto de vida privada está directamente vinculado a la intimidad, a ese ámbito en el que el ser humano y la gente de sus afectos, conviven, conversan, se mana, platican, el presente y el futuro, con base en alegrías y tristezas, gozan el esparcimiento, incrementan sus virtudes y superan sus defectos y fomentan sus potencialidades humanas, para su progreso integral, todo ello sin intervención de terceros. La sociedad influye enormemente y determina muchos aspectos al individuo, todo lo cual hace muy importante que ese proceso de penetración de la sociedad sobre el hombre tenga un límite que le permita a éste formar, consolidar y desarrollar su propia personalidad, tal como lo sostiene Alejandro Silva Bascurián. A mayor abundamiento Francisco Alonso Pérez manifiesta que la necesidad de seguridad es innata en el hombre, desde que él abandona el claustro materno y se enfrenta a la vida, el hombre necesita estar seguro de que todos los actos de su existencia. En consecuencia, la satisfacción de la necesidad de salvaguardar la seguridad personal implicita la protección de todos y cada uno de los miembros de la población, tanto en su persona como en sus bienes y en sus derechos, especialmente los derivados del orden público. En otro orden de ideas, en otra área de implicación existente entre el derecho a la privacidad y la seguridad personal, al grado de que resulta dable afirmar que la preservación del segundo depende en buena medida de la protección del primero. Dicho sea de otra manera, si se quebrante el derecho a la privacidad de una persona se lastima también su derecho a la seguridad personal, por lo cual puede quedar expuesta a grave riesgo. En México sostiene de académicos se ha acentuado la interrelación entre el derecho a la privacidad y el derecho a la seguridad personal, habida cuenta de que la vulneración del primero provoca frecuentemente la del segundo, por lo que la mejor protección del primero se vuelve más necesaria para preservar de mejor manera la preservación del derecho a la seguridad personal. Jorge Fernández Ruiz, por su parte, nos dice que la nueva noción del derecho a la privacidad e intimidad no se reduce como antaño, al respeto del arcano hogareño a la confidencialidad de la correspondencia y por extensión al sigilo de la comunicación telefónica, a la reserva de la información obtenida en razón de profesión o empleo o al del secreto bancario, sino que merced al desarrollo vertiginoso de la tecnología, se expande a otros ámbitos hasta hace poco tiempo inimaginables, para dar lugar junto con otros derechos humanos emergentes, a hablar de los derechos de la cuarta generación. De esta suerte, además del estado de alcanidad (¿) en que merece mantenerse el desarrollo recabada por razones de profesión o empleo y el secreto bancario, la nueva opción del derecho a la privacidad e intimidad predica evitar el uso indebido de información individual proporcionada para fines específicos legales, a entes y órganos públicos o instituciones sociales y privadas o inclusive a personas físicas y frecuentemente incorporados a bancos de datos computarizados. Hoy nos dice Patricio Cortés que incluso aquellos que pagan por privacidad en la endeble intimidad de un cuarto de hotel pueden estar siendo filmados y en Tepito nos encontramos con videos en disco compacto, titulado "Sexo en los Hoteles de la Ciudad de México", donde presuntamente se muestran imágenes de parejas en pleno acto grabadas sin su consentimiento. Hay además una industria que se basa en intromisión en la vida privada e íntima de las personas, hay un riesgo de violación al derecho a la privacidad que hasta ahora no ha sido regulado o legislado. Así lo reconoce Rodrigo Gutiérrez expresando que si bien la Constitución lo consagra, pero no de manera indirecta. Por lo anterior expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona con un párrafo 2º el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: Artículo único. Se adiciona con un párrafo 2º el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 1º: "...toda persona tiene derecho a la protección de su vida, privacidad, intimidad, dignidad, honor y libertad". La ley regulará tales derechos y las excepciones de los mismos. Transitorios. Primero. El presente decreto entraré en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Congreso de la Unión contará con un plazo no mayor de 180 días para presentar la ley reglamentaria correspondiente, a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación. Dado en Palacio Legislativo de San Lázaro a los 21 días del mes de octubre del año 2004. Muchas gracias.