El diputado Luis Antonio González Roldan (PVEM): Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el dictamen que hoy se presenta ante nosotros conllevó a una amplia discusión en las comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos, con la finalidad en todo momento de salvaguardar nuestros principios jurídicos fundamentales consagrados en nuestra carta magna. Al reformar el artículo 21 de nuestra Constitución el Ejecutivo federal podrá, con la aprobación del Senado, en cada caso, reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y así lograr la ratificación del Estatuto de Roma por parte de México. Con la aprobación al dictamen en comento convalidaremos lo realizado por la comunidad internacional en julio de 1998, en Roma, Italia, donde se realizó un enorme avance en la lucha contra la impunidad de los autores de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. En ese acto 120 estados votaron a favor de la adopción del Estatuto de Roma, el cual crea la Corte Penal Internacional como un tribunal permanente, con jurisdicción complementaria, capaz de juzgar a los individuos y la cual, después de la ratificación por parte de 92 estados, entró en vigor el 2 de julio del 2002. La minuta en cuestión fue presentada ante la preocupación de adecuar los preceptos de la ley suprema al contenido del Estatuto de Roma. Esto con el objetivo de que en ningún momento la norma constitucional se pueda ver transgredida. Asimismo, se pretende lograr la protección de la persona humana con el fin de complementar y adicionar las garantías individuales consagradas en nuestra propia Constitución. Cuando se habla de competencia de la Corte Penal Internacional, se teme el menoscabo de la soberanía de un Estado, cuando precisamente lo que promueve el Estatuto de Roma es el fortalecimiento de la misma. Vale la pena recordar que la Corte Penal Internacional será complementaria a los sistemas de justicia nacionales, ya que no deberá intervenir sólo cuando los estados no pueden o no quieran investigar y juzgar a los probables responsables de los crímenes anteriormente referidos. Es decir, la responsabilidad primaria de investigar y juzgar recaerá sobre los estados, quienes tendrán que modernizar sus sistemas penales nacionales, tipificar crímenes internacionales en su derecho interno y fortalecer la independencia del Poder Judicial, lo que tendrá un efecto positivo en la protección de los derechos humanos a escala mundial y a la mejor cooperación entre los estados y la Corte Penal Internacional. La aprobación de este instrumento significa, sin duda, la culminación de una importante etapa de internacionalización de la protección de las personas frente a las más graves violaciones de los derechos humanos emprendida por las Naciones Unidas. Estamos convencidos que una Corte Penal Internacional podría intervenir en países donde no existen tribunales con la capacidad de lidiar con individuos que violan el derecho internacional humanitario. Un Tribunal de estas características puede frenar a futuros dictadores de asesinar a sus propios conciudadanos, y el mantenimiento de la paz internacional se vería beneficiado por la existencia de una jurisdicción penal internacional, por lo que no podemos dejar a México fuera de uno de los eventos internacionales más importantes en materia de derechos humanos y de lucha contra la impunidad. El presente decreto permitirá que se garantice a los usuarios de los sectores público, social y privado el acceso a la información de manera congruente con los principios de transparencia que cualquier país democrático espera. El dictamen en comento tiene y contiene sólidos argumentos que nulifican cualquier crítica a su constitucionalidad y eficacia. La reforma hoy planeada otorga certidumbre y funcionalidad al sistema judicial, otorga al reclamo popular respuesta y otorga al país un sistema de defensa contra actos de lesa humanidad, acordes con nuestra Constitución. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoya en sentido favorable el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos. Es cuanto, señor Presidente.