El diputado Rodrigo Medina de la Cruz: Con su venia, diputada Presidenta. Buenas tardes a todos. El suscrito Rodrigo Medina de la Cruz, diputado federal electo por el distrito II con cabecera en Apodaca, Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 constitucional en su fracción II y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propongo a esta honorable Asamblea, la aprobación de la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, con base en los siguientes Razonamientos Uno de los problemas sociales que más afectan a la ciudadanía, es el de la delincuencia. Este fenómeno lesiona la integridad física y el patrimonio de las personas, deteriora el estado de derecho, promueve la corrupción entre quienes integran las instituciones públicas, desalienta la inversión y debilita la base competitiva del sector productivo nacional, disminuyendo el potencial de crecimiento económico de nuestro país. Uno de los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad Pública ha sido el de fortalecer la coordinación de los tres órdenes de gobierno y hacia el interior de las propias agencias del gobierno federal. No hay duda de que han intentado avances en el fortalecimiento de las instituciones policiales y de la propia Coordinación; sin embargo, la sola apreciación de los hechos que cotidianamente dan cuenta los medios de comunicación y los propios ciudadanos, nos muestran que el saldo general es francamente negativo. La delincuencia generalizada, el crimen organizado y las nuevas expresiones del delito como el narcomenudeo han generado ya un clima de inestabilidad e incertidumbre que está poniendo en riesgo la seguridad nacional. El incremento de los hechos violentos en diversas entidades del país nos obliga a establecer como prioridad, el revisar todos los aspectos normativos relacionados con la función de brindar seguridad pública al Estado mexicano. Los recursos económicos destinados a este fin, así como los requisitos de distribución también deben ser analizados y modificados, y aunque por sí solo el presupuesto no representa la solución al problema significa una parte importante e indispensable para combatir este fenómeno. Pero los esquemas vigentes de asignación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública no han dado los resultados esperados. Por lo tanto, es necesario promover nuevos criterios que permitan destinar los recursos federales a los rubros que se han identificado como los que mayor impacto positivo tendrían en su aplicación en pro de la seguridad pública. Por lo que hace a la evolución de la distribución de los recursos federales para las entidades federativas y el Distrito Federal, en 1997 fue incorporado un Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, en el que fueron establecidos los fondos de aportaciones federales. En diciembre de 1998 se reformó nuevamente la Ley de Coordinación Fiscal para crear dos nuevos fondos; uno para la atención a la educación tecnológica y adultos; y otro para la seguridad pública, que es el que hoy nos ocupa. En esa modificación se adicionaron los artículos 44 y 45 de la Ley de Coordinación Fiscal, para establecer las reglas del fondo que distribuirá el gasto en materia de seguridad pública. El artículo 44 de la Ley citada establece las bases para la constitución del Fondo así como las atribuciones que correspondan a las dependencias del Ejecutivo federal en la materia, específicamente en lo relativo a la integración del citado Fondo y a los criterios para su distribución. En los artículos que hoy se propone reformar, se dispuso que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, sería determinado anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que a diferencia de otros fondos que tienen una asignación previa determinada establecida en la ley, el monto de los recursos destinados al Fondo para la Seguridad Pública tiene que proponerse, definirse y aprobarse en cada ejercicio presupuestal. En el artículo 45 de la citada Ley se establece el destino primordial que los recursos federales habrán de tener, que es el atender las acciones de profesionalización, equipamiento, modernización tecnológica e infraestructura de las entidades federativas y el Distrito Federal. No obstante la importancia del mismo, si se analiza la evolución de los recursos destinados al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, vemos que éste ha sufrido variaciones que a todas luces son insuficientes para cubrir las necesidades de inversión de los estados y municipios y que generan año con año un clima de incertidumbre. Si analizamos la evolución de los montos de asignación del Fondo, podemos concluir que la tasa media de crecimiento anual es de menos 6.7 por ciento. Aunado a lo anterior, si revisamos la evolución del Fondo de Aportaciones dentro de los primeros cinco estados que reciben mayores recursos, no se encuentran estados como Tamaulipas, Baja California, Guerrero, Michoacán o Nuevo León, entre otros, que en los últimos meses han registrado un incremento importante en la comisión de delitos de alto impacto correspondientes al fuero federal. Los estados con mayor incidencia delictiva no son los que reciben mayores recursos; esto se puede explicar porque la fórmula de distribución de los montos beneficia a las entidades con mayor población y con más reos y no a los estados con mayor incidencia delictiva, tanto local como federal. Si a la falta de reglas eficientes le sumamos la disminución constante en términos reales de los presupuestos asignados a la coordinación de la seguridad pública en los últimos años, las conclusiones son desalentadoras, pocos recursos y con una distribución que no atiende la realidad de los problemas que se sufren en las entidades federativas y en los municipios. La presente iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal, propone establecer un parámetro objetivo a fin de integrar el monto anual del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, para que los recursos federales destinados al mismo se determinen anualmente tomando como base la cantidad equivalente al uno por ciento de la Recaudación Federal Participable, según estimación que de la misma se realice en la Ley de Ingresos. La Recaudación Federal Participable, desde su implementación en 1980, ha sido un elemento importante en la distribución de recursos para las entidades federativas y municipios, en los casos del Ramo General 28 y en lo relativo al Ramo 33. En este sentido, los fondos del Ramo General 28 se calculan en proporción de la Recaudación Federal Participable y de igual forma tres de los siete fondos que integran el Ramo 33, tales como el Fondo de Aportaciones Múltiples, el Fondo para la Infraestructura Social y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal; y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal ya se determinan anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación siguiendo este criterio. De lo anterior se desprende que este método ha sido aceptado, en ocasiones anteriores, como una herramienta efectiva para eliminar la discrecionalidad y la incertidumbre que se generan cuando se deja al arbitrio del Ejecutivo federal la asignación anual de los recursos al Fondo de Seguridad Pública. El segundo párrafo del artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal vigente establece que la recaudación federal participable será la que obtenga la Federación sumando sus ingresos por todos los impuestos, aunque hay algunas excepciones y por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. Como ejemplo de lo anterior, derivado del monto de ingresos fiscales a obtener durante el ejercicio 2006, la Ley de Ingresos estima una recaudación fiscal participable por un monto de un billón 139 mil 400 millones 400 mil pesos, cantidad que al dividirse entre 100 a fin de calcular el uno por ciento de la misma, como se propone en esta iniciativa, representa alrededor de 11 mil 394 millones de pesos que en contraste con los cinco mil millones que se aprobaron para el 2006, se percibe una gran mejoría. Actualmente el monto que se destina al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública depende en gran medida del monto que el Ejecutivo federal desee plasmar en el proyecto de presupuesto que se envía a la Cámara de Diputados, sin que esté establecido cuando menos un monto mínimo. Por citar un ejemplo, en el caso del ejercicio fiscal de este año 2007, el Ejecutivo federal ha propuesto disminuir de manera importante estos recursos en 1500 millones de pesos; hecho que de no corregirse por esta soberanía dejaría en peores condiciones a los estados de la República y al Distrito Federal. Cabe señalar que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal es el único rubro por el que los estados y el Distrito Federal reciben dinero de la Federación, para destinarlo a las tareas de seguridad pública. De ahí su trascendencia y la importancia de dotarlos de recursos suficientes para abatir los índices de criminalidad a lo largo de nuestro país. Complementando esta propuesta y por último, propongo también que el índice delictivo por entidad, tanto de los cometidos en relación al fuero federal como los locales, quede incorporado como uno de los criterios a observar para la distribución de los recursos entre las entidades federativas y que en los rubros de gasto se adicione un programa especial para los estados con mayor incidencia de crimen organizado. Es cuanto, diputada presidenta.