La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En el marco del Día para la Erradicación del Feminicidio, presento al pleno de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el penúltimo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales y reforma el último párrafo del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para ampliar el término de las órdenes de protección para mujeres víctimas de violencia al tenor de lo siguiente: El Estado mexicano ha ratificado diversos instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Eliminación de Discriminación contra la Mujer CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que establece que los Estados parte deberán establecer procedimientos legales y justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia tenga medidas de protección. Atendiendo a lo anterior, en México contamos con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que en su artículo 27 señala que las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación y en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias. En lo que respecta al artículo 28 destaca que estas órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor a 72 horas y deberán expedirse dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Ahora bien, en la realidad cuando una mujer se encuentra en peligro por sufrir violencia extrema resulta poco funcional que las órdenes de protección de emergencia y preventivas solo tengan la temporalidad de 72 horas, tres días y se expidan en ocho horas cuando debieran ser inmediatas. Ejemplo de ello es el caso de Laura “N”, madre de tres hijos menores de edad quien fuera golpeada y amenazada por su esposo y la familia de él, quienes le exigían abandonar el domicilio familiar aun cuando el inmueble le pertenecía a ella por herencia. La mujer que les refiero obtuvo seguridad para sí misma y para sus hijos, sin embargo, la orden de protección con rondines de la policía debía renovarse cada 72 horas, siempre y cuando existiera un nuevo delito, cuestión que desde luego puso en riesgo su vida y la de sus hijos. En nuestro país hay miles de casos como el de Laura, situaciones diversas en las que las mujeres, sus hijas e hijos están en peligro constante. De por sí el acceso de las mujeres a la justicia en nuestro país es casi nulo y más aún porque en la mayoría de los casos no cuentan con un abogado, tiempo o recursos económicos que les permitan realizar este tipo de trámites para hacer valer sus derechos. Por lo anteriormente expuesto, compañeras y compañeros, exhorto y hago uso de esta tribuna para que se sumen en favor de las mujeres mexicanas que sufren violencia en cualquiera de sus tipos y modalidades. Debemos tener claro que las órdenes de protección, su eficacia y su eficiencia, son fundamentales para prevenir actos de violencia, y en algunos casos hasta la comisión del delito del feminicidio. En este orden de ideas, la presente iniciativa pretende adicionar el antepenúltimo párrafo del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales a fin de que se proceda a la celebración de audiencia ante juez de control cuando se trate también de las órdenes de protección de emergencia de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, en virtud de que dichas medidas no son susceptibles de confirmar o revocar, por un juez de control, por no estar dentro de un procedimiento de orden penal, es urgente y necesario ampliar su duración máxima a 144 horas, plazo razonable para que las autoridades determinen definitivamente los riesgos de violencia en sede preventiva. Adicionalmente se propone reducir de ocho a cinco horas el tiempo para la provisión de dichas órdenes de carácter preventivo, precisamente para actuar con la oportunidad necesaria y evitar actos de violencia real a inminente. Diputadas y diputados, en nuestras manos está asegurar y garantizar la protección de las mujeres víctimas de violencia que a diario temen por su integridad, por su patrimonio, por el bienestar de su familia e incluso por sus vidas. Compañeras y compañeros de esta Legislatura, les exhorto a trabajar a diario en conjunto y con la certeza plena de que las mujeres de nuestro país que sufren violencia deben tener acceso a la justicia. Es cuanto, señor presidente.