EL DIP. ROGER ALCOCER GARCIA: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Que la sangre de los hombres buenos no se derrame en vano. En fecha 9 de enero del 2002, el diputado local del Estado de Yucatán profesor Pánfilo Novelo Martín, su hijo de 18 años Miguel Angel Novelo Burgos y su asistente Pedro Yam Pech, fueron interceptados por desconocidos en el kilómetro 85 del tramo Cantunil-Mérida de la carretera de cuota Mérida-Cancún, cuando abordo de su vehículo se trasladaban desde la ciudad de Valladolid hasta Mérida; instantes después serían artera y brutalmente ultimados a balazos. Ese mismo día y al conocer los trágicos sucesos, el titular del Ejecutivo Estatal, Patricio Patrón Laviada, se comprometió con la sociedad yucateca a que se iniciaría una exhaustiva y profunda investigación, ofreciendo que el triple crimen no quedaría impune y que se abrirían todas las líneas de investigación necesarias y que se investigaría para hace justicia por tratarse de un atentado contra una persona, contra los poderes del estado y la sociedad yucateca, asegurando de la misma forma que no descansaremos hasta descubrir y castigar a los responsables de este asesinato. Por aquellos días también, el Procurador General de Justicia del estado, en comparecencia ante el Congreso local, en virtud de citación realizada por esa soberanía con motivo de un asunto de índole pública en el que estaba involucrado uno de los hermanos del titular del Ejecutivo estatal, manifestó que en relación con el crimen del diputado, su hijo y su asistente, estaban abiertas todas las probables líneas de investigación y que se realizarían todas las acciones necesarias a fin de ofrecer a la ciudadanía, a los familiares y al pueblo de Yucatán los primeros resultados de la investigación de este criminal acto. Sobra detallar el grave estado de incertidumbre y consternación que vivimos en Yucatán ante tales acontecimientos, siendo que nuestro estado se ha caracterizado siempre por ser tranquilo, cuyo clima de seguridad y la hospitalidad de su gente han propiciado que la entidad sea un destino ideal para todos aquellos nacionales y extranjeros que buscan afanosamente un lugar propicio para el adecuado desarrollo propio y de sus familias, y en donde hechos como los descritos eran prácticamente inconcebibles en la vida cotidiana de los yucatecos. Sobra también decir que los días han pasado uno tras otro y han transcurrido ya más de 21 meses y las respuestas que las autoridades estatales le prometieron al pueblo de Yucatán se quedaron una vez más en la retórica del discurso y en la demagogia de la falsa política. En efecto, hasta el día de hoy a los familiares de las víctimas, a los compañeros diputados locales, a los habitantes de Valladolid, a los compañeros de partido y en general a toda la sociedad yucateca les faltan respuestas en torno a este lamentable suceso que sentó una imborrable huella de inseguridad social en el estado, respuestas que no son una concesión graciosa de la autoridad, sino una obligación constitucional y por tanto legal de la misma, para proporcionar a sus gobernados una procuración y administración de justicia pronta y expedita, máxime si se trata de hechos que por su exagerada brutalidad y crueldad son inusitados para la sociedad afectada por los mismos. Sin embargo, y por increíble que les parezca, compañeras y compañeros diputados, lo único que no ha habido en este caso son respuestas y en consecuencia justicia. Los compañeros, amigos y familiares del diputado cobardemente asesinado no hemos recibido más que evasivas y exabruptos por parte de las autoridades estatales en torno a las investigaciones relacionadas con este caso. Nos han dicho que el caso fue atraído por la PGR y sin embargo en Yucatán desconocemos de algún comunicado oficial de la citada dependencia en este sentido. Han transcurrido 21 meses ya y no sabemos de ningún informe, avance o comunicación oficial que nos permita a los yucatecos vislumbrar siquiera que se están realizando las indagatorias y averiguaciones pertinentes para dar con los responsables de este crimen. Tampoco sabemos cuáles son las líneas de investigación abiertas en torno al caso o si hay o no sospechosos. No han informes oficiales de las investigaciones, mas que aquellas conjeturas que los medios de comunicación locales, en un esfuerzo por informar y mediante la utilización de fuentes confidenciales, filtran a la sociedad de nuestro estado. Incluso se comenta que la Procuraduría local sigue realizando trámites y actuaciones relacionadas con el caso, porque se encuentran involucradas personas cercanas al gobernador en las investigaciones así como personal de la propia Procuraduría, y se intenta evitar que las instancias federales competentes conozcan estas circunstancias y detalles que podrían afectarles ante la opinión pública. Lo cierto es que fuera de estas versiones encontradas y de las posiciones evidentemente contradictorias entre las procuradurías Federal y estatal, lo único que se sabe en Yucatán es que todavía no hay responsables del triple crimen ni informes ni avances ni nada, lo que representa sin lugar a dudas una lamentable omisión oficial en contra de los intereses colectivos relacionados con la seguridad jurídica de los yucatecos, seguridad jurídica que por cierto se vio hace unos días violentada de nueva cuenta con el secuestro y detención extrajudicial de un campesino de la población de Poshilá (?) por parte de agentes de la Procuraduría Estatal, que a decir de los pobladores de esa comunidad, así como de vecinos y familiares del campesino secuestrado, involucra directamente a uno de los hermanos del gobernador del estado por asuntos relacionados con la posesión de tierras, situación que en sí encierra un preocupante indicativo de que la impunidad es ya un signo característico en la forma de gobernar de las actuales autoridades de Yucatán. Por ello, la sociedad yucateca demanda, quiere y exige respuestas a las autoridades competentes en el caso del diputado asesinado, porque únicamente con resultados concretos se demuestra en los hechos la voluntad y la capacidad de acabar con la impunidad que se hace cotidiana cada vez más en nuestra sociedad. Por ello los yucatecos queremos saber de manera oficial de una vez por todas, si la Procuraduría General de la República tiene a su cargo las investigaciones relacionadas con este caso, así como los avances que se tienen en las investigaciones correspondientes al mismo. Hoy más que nunca, preocupan en nuestro estado a diversos sectores de la sociedad los rubros relacionados con la seguridad pública y la procuración de justicia y por tanto se hace indispensable que nuestras instituciones den muestras inequívocas de que se cuente con los mecanismos jurídicos y coercitivos necesarios, para garantizar a la sociedad un castigo a todo aquél que mediante el crimen y la afrenta pretenda violentar el estado de derecho. Los yucatecos no queremos más hombres que como el diputado local Pánfilo Nobelo, su hijo y su asistente vean truncadas de manera violenta y abrupta toda una vida de lucha, sacrificios, sueños e ideales, no queremos familias mutiladas, no queremos calles inseguras, no queremos la desconfianza y el temor de los inversionistas, queremos eso sí, retornar al clima de tranquilidad habitual en Yucatán, queremos mayores garantías en materia de seguridad pública e impartición de justicia, queremos que se devuelva la confianza y la credibilidad en nuestras instituciones. Por lo tanto, por lo anterior compañeras y compañeros diputados, con fundamento en los artículos 58 fracción I y 60 del Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y 45 numeral 1 y 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito el siguiente: Punto de Acuerdo Único.- Solicítese a la Procuraduría General de la República, informe a esta soberanía si en virtud de las atribuciones que le competen, tiene bajo su cargo y responsabilidad las investigaciones ministeriales relacionadas con el homicidio del diputado yucateco, profesor Pánfilo Nobelo Martín, su hijo Miguel Ángel Nobelo Burgos y su asistente Pedro Yam Pech, así como el estado actual que guardan las investigaciones relacionadas con el mismo. Es cuanto, señor Presidente.