El diputado Rafael Valenzuela Armas: Con su venia, ciudadano presidente. Compañeras y compañeros diputados. La reforma constitucional en materia agraria de 1992 dio por concluida la dotación de tierras a núcleos ejidales e inició la etapa de reordenamiento y redistribución de la propiedad social, estableciendo un nuevo marco de seguridad jurídica en el derecho agrario. Aquella iniciativa pretendía introducir mecanismos ágiles, transparentes, imparciales y expeditos para resolver juicios de tenencia, posesión, sucesión, renta, aparcelamiento, acuerdos de asamblea, elección de autoridades ejidales, entre muchos otros. Luego de 23 años de aplicación de la ley vigente, los litigios en esta materia continúan engrosando las listas de viejos y nuevos conflictos, atribuible quizá a que los procedimientos establecidos en la Ley Agraria quedaron regulados en términos tan escuetos y generales que sistemáticamente el juzgador y las partes en Litis tienen que recurrir a procedimientos de legislaciones supletorias, en este caso el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo que significa que se instrumenta bajo formalidades, principios y recursos que corresponden a conflictos y sujetos jurídicos con características diferentes a las del orden agrario. En este entorno pudiéramos decir que la supletoriedad de la queja lejos de ser una excepción se ha convertido en una regla del procedimiento jurisdiccional. A los ejidatarios del país, campesinos mexicanos, agricultores de nuestra nación e involucrados en el sector productivo agrario, se les ha escatimado recursos económicos; reducido programas de desarrollo agropecuario; negado pagos de diversos apoyos y proyectos de ejercicios fiscales pasados y presentes. No se puede ni debe permitir continuar dejando en el olvido gubernamental a quienes producen los alimentos que consumimos. Si no hay capacidad para proporcionarles más recursos económicos, dotémoslos de un mecanismo jurídico procedimental que contribuya a aminorar el gasto, tiempo y encono que generan los conflictos agrarios. En esta tesitura los diputados de Acción Nacional, por mi conducto, presentamos la Ley Federal de Procedimientos Agrarios, cuyo propósito principal es establecer un ordenamiento procedimental justo, expedito, claro, transparente, humano e idóneo a las necesidades de los conflictos suscitados entre los núcleos particulares e interesados y terceros interesados en juicios agrarios. La presente iniciativa se sustenta en bases establecidas en la Ley Agraria, principios procesales, criterios jurisdiccionales, dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tribunales colegiados de circuito y el propio Tribunal de Justicia Agraria. Se trata de una nueva ley integrada por 168 artículos; cinco títulos; 23 capítulos redactados y estructurados de manera sencilla, sistemática, integral y congruente, de suerte que regula principios, reglas y criterios que regirán su aplicación hasta la mecánica del procedimiento, definiendo sus principales conceptos y jurisdicción; las notificaciones, emplazamientos, valoración de pruebas, emisión de acuerdos y sentencias que se proponen en esa ley, son de corte social, que responden a criterios que toman en cuenta las necesidades, condiciones de vida de los justiciables, y características de su entorno para solventar un proceso de impartición y administración de justicia agraria eficaz, eficiente, y esperemos que se cumpla la Constitución de manera expedita. Muchas gracias.