El diputado Vicario Portillo Martínez: Con su venia, ciudadana y amiga presidenta. Compañeras y compañeros diputados aquí presentes, México es un país con una vasta población indígena, cuenta con aproximadamente 62 grupos etnolingüísticos que representan según cifras de INEGI, más del 10 por ciento de la población nacional, sin embargo, es hasta el levantamiento armado de 1994 por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que ante muchas de las desigualdades e injusticias sufridas por estos grupos, son tomadas en cuenta. Dentro de ese grupo de demandas podemos enmarcar el reconocimiento y respeto a sus culturas, siendo la más representativa el derecho etnolingüístico de los pueblos indígenas como parte de los acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados en 1996, en donde se exigía al Estado Mexicano el reconocimiento político y social que concretara con mayor fuerza las demandas de los pueblos indígenas. El Estado llevó a cabo la reforma del artículo 2o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2001, en este artículo se reconoce la diversidad cultura en México y establece que la nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas. Igualmente, ese precepto constitucional establece el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación, y mandata que el reconocimiento de los pueblos y comunidades debe constar en las instituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán de tomar en cuenta criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Derivado de este artículo y en cumplimiento al Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT, convenio 169, ratificado por México el 11 de julio de 1990, se creó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, el 13 de marzo de 2003. Este instrumento legal adjudica el carácter nacional a los idiomas indígenas y les da la misma validez que al español, en todos los ámbitos de la vida social y pública. Asimismo, reconoce que son parte integrante del patrimonio cultural y lingüístico de México, lo cual impele al Estado como agente regulador del orden social, la protección de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. En este contexto, los hablantes de idiomas nacionales tenemos derecho a comunicarnos en nuestra lengua materna sin ninguna restricción, en cualquier ámbito de la vida. Al acceso a la jurisdicción en la lengua indígena de la que somos hablantes, para lograr tal fin se deberán tomar en cuenta nuestras costumbres y especificidades culturales durante los juicios y procedimientos legales. Asimismo, las autoridades tienen la obligación de proveerles un intérprete y un defensor conocedor de la lengua y cultura a la que pertenezcamos. A que tengamos acceso a la educación obligatoria bilingüe e intercultural y que en los niveles medio superior y superior se fomente el respeto a la pluriculturalidad y el multilingüismo. Corresponsabilizarse entre la sociedad en general y en especial los habitantes e instituciones de los pueblos y comunidades indígenas, para la realización de los objetivos de dicha ley. En términos generales, estas normas nos reconocen a los pueblos indígenas como entidades constitutivas del Estado, y por lo tanto, sus individuos y colectividades gozan de una serie de derechos diferenciados, entre éstos destaca la posibilidad de desarrollar y promover el uso de sus lenguas y el derecho a usarlas ante las entidades públicas, lo que tienen una obligación correlativa del Estado, de proporcionar los medios suficientes para garantizar dicho derecho. Por lo tanto, a fin de que las instituciones públicas, en particular aquellas encargadas de procurar y administrar la justicia, funcionen adecuadamente, es indispensable que los servidores públicos que la integran, cuenten con elementos objetivos y subjetivos que les permitan llevar a cabo lo dispuesto en la Constitución y las diferentes normas. Estos servidores públicos deben observar y respetar los derechos a la diferencia cultural, tomar en cuenta las especificidades culturales y los sistemas normativos de los pueblos indígenas; a los individuos, darles trato de ciudadano y superar todos los sesgos racistas y discriminatorios que perviven en la sociedad. Aunado a ello, los diputados del Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con el dictamen y apoyamos la modificación del artículo 13 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, donde se señala que se deberá apoyar en la formación y acreditación profesional de derechos públicos, intérpretes y traductores en lenguas indígenas nacionales y español. Muchas gracias, compañeras y compañeros.