La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidente. En nombre propio y de mis compañeras y compañeros diputados Rene Juárez Cisneros, Claudia Pastor Badilla, Sara Rocha Medina, Mariana Rodríguez Mier y Terán, y Enrique Ochoa Reza, vengo a presentar una iniciativa de reforma constitucional que tiene por objeto subsanar una grave omisión legislativa. Comenzó a gestarse cuando en diciembre de 2011 la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos estableció la necesidad de proceder a la desindexación de los salarios mínimos con el fin de que dejaran de ser unidad de cuenta que permitiera fijar todo tipo de sanciones y elementos contenidos en la legislación, tanto federal como de los estados. Este propósito de desindexación hubo de transcurrir un lapso prolongado antes de que en 2015 fuera presentada la iniciativa de reforma constitucional que permitiera, efectivamente, lograr separar el salario mínimo de su función que, como tal señala la Constitución, sea para poder proporcionar una vida digna a las y los trabajadores de su función de ser el marcador de los porcentajes, de incrementos, de las multas, etcétera, etcétera, como se usaba hasta antes de esa reforma. Siempre se adujo que el incremento del salario mínimo por encima de la inflación causaba efectos justamente en este flagelo que acompañó a la economía mexicana por largos años. Que al incrementar el salario mínimo y automáticamente se incrementaba toda una serie no solo de multas y sanciones, sino también de incrementos de otro tipo de bienes y servicios que estaban justamente calculados en número de salarios mínimos. De esa manera, la iniciativa de reforma al artículo 123 constitucional de octubre de 2015 tuvo muy amplia recepción por parte de todos los grupos políticos. Esta reforma contemplaba justamente que para subsanar la falta de una medida precisa para actualizar multas, recargos, y demás, se creara a través de una medida de actualización, lo que empezó a conocerse coloquialmente por sus siglas como UMA. La reforma constitucional aprobada y publicada en enero de 2016 traía consigo una obligación, que era elaborar una ley secundaria que justamente permitiese establecer los elementos para calcular las Unidades de Medida y Actualización. Y esta ley, déjenme también hacer la narración legislativa de lo que aconteció, se presentó en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados dispensó todo tipo de trámite, es decir, entró directamente al pleno. El pleno dispensó su turno a la comisión dictaminadora y, por lo tanto, al dictamen. Y se procedió directamente a la discusión de esta importante ley. Discusión, por cierto, que no tuvo participación de oradoras y oradores, dado el amplio consenso que se había creado entre las fuerzas políticas. Y la razón del consenso tiene también base en los promoventes de esta ley: César Camacho Quiroz, diputado del Partido Revolucionario Institucional, coordinador del Grupo Parlamentario, en ese momento mayoritario, y expresidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Marko Antonio Cortés Mendoza, coordinador del Partido Acción Nacional y actualmente presidente de su Comité Ejecutivo Nacional. Norma Rocío Nahle García, quien era coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y actualmente secretaria de Energía del gobierno de la república. José Clemente Castañeda, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y también presidente actualmente de ese partido político. Cito solamente a esta parte de los promoventes para poder fundamentar las razones por las cuales pudo hacerse todas estas dispensas de trámite, en el afán de cumplir cabalmente con el mandato constitucional. Pero, ¿qué sucedió con las UMA y los salarios mínimos? Al arranque, una UMA equivalía a un salario mínimo, pero al paso de cinco años el salario mínimo casi ha duplicado su valor, en tanto que las UMA apenas registran el 15 por ciento de incremento. El problema central se da cuando, al no haber previsto en la reforma constitucional la salvedad de que pensiones y jubilaciones, tanto del apartado A, correspondiente al Seguro Social, como del apartado B, correspondiente a los trabajadores al servicio del Estado, fueran calculadas en salarios mínimos haciendo la excepción debida. Esto se ha traducido en una seria erosión de las pensiones y jubilaciones de los trabajadores en general. Utilicé un ejemplo solamente para calcular en pesos lo que esto significa. Estamos hablando de que al día de hoy, al estar topada la pensión en 10 UMA de un trabajador, una trabajadora al servicio del Estado, por UMA recibe la cantidad de 26 mil 886 pesos mensuales. Si el cálculo se hiciese con base en el salario mínimo, tal como se había señalado y empleado hasta antes de la reforma aplicada a partir de 2017, esa trabajadora, ese trabajador percibiría 42 mil 510 pesos mensuales. La diferencia es de 15 mil 624 pesos mensuales. Esto, compañeras y compañeros, lo tenemos que subsanar, porque con la mejor voluntad, al haber desindexado el salario mínimo abrimos la posibilidad para que registraran los salarios mínimos los incrementos que han estado demostrando. Pero no alcanzamos a ver desde el punto de vista legislativo, el efecto que tendría sobre las pensiones y jubilaciones y los miles de trabajadores y trabajadoras pensionados que, con toda razón, están indignados frente a esta situación. Está en nuestras manos, es poder del Constituyente Permanente, volver a revisar el 123 y dejar claramente establecida la necesidad de que se calculen pensiones y jubilaciones con base en los salarios mínimos. Esto tiene un elemento muy grande de reivindicación, no es suficiente con el incremento de las pensiones para adultas y adultos mayores. Es más, el incremento y la reducción de edad, recientemente presentado por el presidente de la República, significa que esta soberanía en esta legislatura o en la próxima tendrá que conocer una reforma constitucional al 4o. artículo donde está establecido que la pensión solamente la reciben los adultos de más de 68 años, si es que queremos reducirla a 65, tendrá que haber una reforma constitucional, pero, ¿no sería mucho más profundo y equitativo hacer la reforma al artículo 123 que les vengo a proponer? No cabe duda que más de 3 millones de personas jubiladas y pensionadas, y las que muy próximamente lo van a ser, reconocerían que el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados sabe reconocer, sabe enfrentar una omisión legislativa de esas características. Esa es la razón de la iniciativa de reforma constitucional al artículo 123 que vengo a promover. Muchas gracias.