LA C. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados. Se ofrece el uso de la palabra al diputado Heriberto Huicochea Vázquez del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. -DIP. HERIBERTO HUICOCHEA VAZQUEZ: Con su permiso señora presidenta; compañeras diputadas y compañeros diputados: Los suscritos diputados federales integrantes de diversos grupos parlamentarios con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía, la iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El 4 de diciembre de 2001, el Poder Ejecutivo Federal sometió a la consideración del Honorable Congreso de la Unión a través de esta Honorable Cámara de Diputados, una iniciativa de nueva Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y para reformar diversos artículos de la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. La investigación científica, tanto la de ciencias exactas y naturales como la de ciencias sociales y humanidades y la innovación tecnológica, son esenciales para impulsar un desarrollo socialmente equitativo, con crecimiento de la economía, integrado con éxito al desarrollo global y con oportunidades ciertas de bienestar social para todos los sectores de la población. El Plan Nacional de Desarrollo, los Programas Nacional de Educación y Especial de Ciencia y Tecnología, así como los programas sectoriales, dan a estas actividades la más alta prioridad para conseguir los fines expuestos en el párrafo anterior, de conformidad con la Constitución General de la República y las leyes que de ella se derivan. La Ley de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, aprobada por el Honorable Congreso de la Unión y promulgada en 1999, creó la figura de los centros públicos de investigación, los cuales se definen como las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal, que de acuerdo con su instrumento de creación tengan como objeto predominante realizar actividades de investigación científica y tecnológica, que efectivamente se dediquen a dichas actividades y que sean reconocidas como tales por resolución conjunta de los titulares del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y de la dependencia coordinadora de sector a la que corresponda el Centro Público de Investigación, con la opinión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para efectos presupuestales. La creación de la figura de centros públicos de investigación obedeció a la necesidad de propiciar mejores condiciones de trabajo de las entidades paraestatales a las que se refiere el párrafo anterior, de acuerdo con las características propias del trabajo de investigación y en el caso de muchos centros de docencia. La naturaleza académica del trabajo que realizan los centros públicos de investigación tanto en la investigación como en la docencia, requiere flexibilidad en los mecanismos de información y control establecidos para el conjunto de entidades paraestatales, pues de otra manera se obstaculiza por criterios burocráticos dicho trabajo, al tener los centros públicos de investigación que dedicar una buena parte de sus esfuerzos a cumplir con dichos requisitos. Los centros públicos de investigación no requieren ni desean sustraerse a los mecanismos de control, seguimiento y evaluación que las entidades públicas deben aplicar para la rendición de cuentas. Pero es necesario que dichos mecanismos sean congruentes con la naturaleza y los ritmos propios del trabajo académico, para lo cual deben de tener bases legales para su flexibilidad. Desde hace décadas, fuera del ámbito de las universidades funcionan en México instituciones públicas de investigación y docencia que han demostrado en la práctica su alta calidad académica, la cual ha sido reconocida tanto en México como en el extranjero. Los centros referidos en el párrafo anterior, han demostrado asimismo su capacidad para contar con una administración eficiente, honesta y transparente. Los centros públicos de investigación constituyen un ámbito académico complementario al de las universidades públicas y demás instituciones de educación superior, con las que en la práctica han establecido relaciones fructíferas de colaboración. Los centros públicos de investigación resultan fundamentales para expandir la capacidad científica y tecnológica del país, por lo que tendrán la mayor importancia en la conformación del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, así como en el componente del mismo, que será el Sistema Nacional de Centros de Investigación, previsto en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología. Los actuales centros públicos de investigación han solicitado reiteradamente, y con fundamento en los buenos resultados que han obtenido a través de los años, que se les otorgue la flexibilidad necesaria para elevar aún más su calidad y su eficiencia. Las universidades e instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía tienen señaladas en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales la facultad de regirse por sus leyes específicas, lo cual en la práctica les ha dado la flexibilidad que requieren sus funciones de investigación, educación y difusión de la cultura. Los instrumentos de creación de los centros públicos de investigación definen con claridad la misión y los objetivos para los que fueron creados. En consecuencia de lo anterior, proponemos a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Artículo único. Se adiciona un párrafo segundo y el segundo pasa a ser tercero del artículo 3 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales para quedar como sigue: Artículo 3. Los centros públicos de investigación se regirán por las leyes específicas en materia de ciencia y tecnología y por sus respectivos instrumentos de creación. En lo relativo al control y evaluación del ejercicio de los recursos. se aplicará en lo conducente la presente Ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría Agraria y la Procuraduría Federal del Consumidor, atendiendo a sus objetivos y a la naturaleza de sus funciones, quedan excluidas de la observancia del presente ordenamiento. Transitorios. Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D. F., a 23 de abril de 2002. Diputados firmantes Heriberto Goicochea Vázquez, del PRI, Gerardo Soza Castelán del PRI, José Marcos Aguilar del Partido Acción Nacional, Luis Aldana Burgos del Partido Acción Nacional, Silvia Alvarez Bruneliere del Partido Acción Nacional, Francisco Patiño Cardona del Partido de la Revolución Democrática, Olga Patricia Chozas del Partido Verde Ecologista Mexicano, Carlos Berlín del PRI, Roberto Domínguez del PRI, María del Rosario Oroz del PRI, Juan Manuel Carreras del PRI, Beatriz Paredes Rangel del PRI, Luis Gerardo Rubio del PRI, Mónica Serrano del Partido Acción Nacional, diputado Celelstino Bailón Guerrero del PRI, Sergio Maldonado Aguilar del PRI, Francisco Guadarrama López de Acción Nacional, diputado Raúl González Villalba del PRI, Manuel Añorve Baños del PRI, Silvia Romero Suárez del PRI, Librado Treviño Gutiérrez del PRI, Flor Añorve Baños del PRI. Es cuanto, señora presidenta.