La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, la minuta que se propone a esta soberanía propone que la Comisión de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía dependan del Poder Ejecutivo federal, pero con personalidad jurídica propia, autonomía técnica, operativa y de gestión. Dichas Comisiones podrán disponer de ingresos derivados de combustibles y aprovechamientos productos de servicios a través de fideicomisos, sin embargo en México los fideicomisos han servido para opacar los principios basales de la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando se pretende faltar a la rendición y transparencia se da dado vueltas a la ley mediante la constitución de fideicomisos públicos, ha sido la propia Auditoría Superior de la Federación la que ha detectado en los fideicomisos, fondos y contratos similares, un área de opacidad y corrupción. Es por ello que en la Ley de Fiscalización Superior de la Federación se incluyó a los fideicomisos como entidades fiscalizadoras, por ello la Auditoría Superior de la Federación ha realizado observaciones a más de 80 por ciento de los fideicomisos públicos. Ejemplo de fideicomisos que han generado daños patrimoniales a las finanzas públicas lo fueron el Fideicomiso 954-8, conocido como Fideicomiso de Aduana 1, así como el propio Fobaproa, del cual pudieran rescatarse varios millones de pesos por parte de la Auditoría Superior de la Federación, pero en el que ha persistido la falta de transparencia. Lo anterior nos lleva a concluir que no se cumplirá con uno de los objetivos de los órganos reguladores en materia energética al combate a la corrupción. Si bien en el texto de la minuta se establecen varios artículos para fortalecer las capacidades y mecanismos contra la corrupción, es de su mismo texto mediante las letras dispersas las que se desprenden claras contradicciones que de nada busca luchar contra la corrupción. Desde su origen los órganos reguladores están viciados por falta de transparencia y rendición de cuentas con respecto a sus ingresos. Aunado a lo anterior, los órganos reguladores dependerán totalmente del titular del Poder Ejecutivo y de la súper Secretaría de Hacienda. De manera legal se convierte a la Secretaría de Hacienda en una especie de vicepresidencia a la que se subordinan todas las demás dependencias. Los órganos reguladores son enanos mutilados ante el poder y los tentáculos de los gigantes petroleros y energéticos que vendrán al país. Se debe tener cuidado de que los reguladores no pasen a ser regulados, pues el poder económico, las trasnacionales han doblegado a gobiernos. La facultad de los órganos reguladores se quedan cortas, pues si bien se les dota de diversas atribuciones, las mismas que no son suficientes. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de la transparencia y el buen funcionamiento de estos órganos, cuando en materia de energía siempre ha existido una opacidad? Sólo el tiempo dará la razón a los argumentos hoy esgrimidos. Lo malo es que el país ya no está para seguir siendo un laboratorio, en el que se experimentan las recetas de organismos termino, señor presidente económicos internacionales cuyos resultados inciden en el detrimento de la calidad de vida de los mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.