La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Gracias por permitirme continuar, compañeros, después de su selfie. Esto no se cumple, se le da derecho de preferencia a los egresados de escuelas normales y no es que esto sea malo, pero contradice un mandato constitucional y deja en manos de diversos actores varios sesgos que infringen el derecho de los aspirantes a participar en el sistema de carrera. También resulta irreal e inequitativo un mecanismo que propone la asignación de plazas prioritariamente a los egresados de las normales públicas para lograr la excelencia educativa; esto que se ha dado en llamar plazas automáticas desconoce las necesidades actuales del sistema educativo, la estructura poblacional, la oferta y la cobertura real de los niveles educativos sin resolver de fondo las necesidades de la formación de maestros hoy en día. Tratar a las normales como parte de la educación superior, actualizar planes y programas, dotar de recursos a las normales y resolver sus problemas de calidad que son los mismos que se van a reflejar en la calidad de quienes van a ser sus futuros educandos. Colocar a maestros de educación básica en la que tenemos una cobertura cercana al 100 por ciento nada más porque es un compromiso político, refleja las limitaciones de la propuesta. El derecho de los maestros a un sistema integral de formación, capacitación y actualización; quedará en una simulación, sin compromisos presupuestales claros, sin el reconocimiento laboral de los asesores técnicos pedagógicos y sin una evaluación sistemática. El dictamen no dice cómo armar las tutorías, asesorías personalizadas, cursos en línea, ni una formación continua pertinente. De esa forma se vuelve inaplicable la educación de excelencia con equidad y la revalorización del trabajo docente. Debemos señalar que es grave la derogación de la Ley General de Infraestructura Física Educativa y la desaparición del Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, sustituyéndolo por comités escolares de administración participativa. Con el argumento de la entrega directa de recursos no sólo se despide sin ningún fundamento a 334 trabajadores. Se desaparece una institución que desde 1944, cuando fue la Capte, estuvo acumulando experiencia y dándole seguridad a las instalaciones educativas en todo el país, sin dejar en claro cuál va a ser el destino de los institutos locales de infraestructura educativa, y lo más grave, deja en la incertidumbre la seguridad estructural de más de 20 mil escuelas en todo el país en las que buena parte hay sobrepoblación, zonas sísmicas, riesgos de desastres naturales. Es una de las medidas más irresponsables que ha propuesto este gobierno que sólo se podría explicar porque pudiera tener un propósito clientelar. Como lo ha expresado el coordinador del grupo mayoritario, se trata de legislar para cumplir un compromiso con un sector del Magisterio y los pactos realizados por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador con ese sector, pero olvida algo fundamental. Por encima de la Constitución no hay pactos ni promesas que valgan. Por encima del interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, no debe estar ningún interés gremial. Doblarse ante la presión y el chantaje significa abdicar de la rectoría que debe tener el Estado sobre la educación. La educación de excelencia es contraria a que sean las cúpulas sindicales las que determinen quiénes deben de estar frente a las aulas. Si el ingreso, promoción y reconocimiento de los maestros está sesgado por intereses de los representantes sindicales, se está convirtiendo el Magisterio en una clientela de intereses particulares. Es cuanto.