El diputado Alejandro Carbajal González: Con su permiso, diputado presidente. La nueva Ley de Amparo que estamos discutiendo, y que seguramente será aprobada, se produce en un contexto de reformas legales impulsadas desde las más altas esferas del Poder Ejecutivo, y cuyo propósito es construir el andamiaje jurídico sobre el que descansa el proyecto político y económico que tiene reservado para México el priismo, mismo que no necesariamente es favorable a los intereses de las clases desprotegidas de la sociedad, sino todo lo contrario, como lo evidenció la aprobación de la reforma laboral hace apenas unos meses. Todos sabemos que los planes gubernamentales consideran la votación de otras reformas, a las que llaman estructurales, tales como la energética y la hacendaria. Y en ese contexto se produce la reforma a la Ley de Amparo que hoy nos ocupa. Es necesario precisar que es una reforma con la que el Grupo Parlamentario de Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo en lo general, porque introduce temas que ponen serias limitaciones a la posible arbitrariedad gubernamental en contra de los particulares, como son el respeto y la promoción de los derechos humanos, para armonizarlo con el artículo 1o. constitucional, y la inclusión de las llamadas acciones colectivas, lo que representa una posición de vanguardia del Congreso mexicano. Sin embargo, también es necesario señalar que contiene temas preocupantes que no quiero dejar de llamar su atención sobre ellos, ya que en nuestra opinión representan cuestiones que no podemos dejar pasar sin discutirlas ampliamente. Considero que los ciudadanos de este país necesitan certeza jurídica, para poder iniciar con confianza cualquier actividad económica, política, profesional o de cualquier naturaleza. Esa certeza solo pueden ofrecelerla leyes generales, imparciales, objetivas y en especial la Ley de Amparo debe de reunir esas características, pues es la encargada de limitar las arbitrariedades del Estado en contra de particulares. Pero la certeza jurídica comienza a flaquear cuando leemos la fracción XIII, del artículo 129, propuesta en el dictamen que nos ocupa, pues lo que propone es que no se conceda la suspensión del acto reclamado en los casos relativos a la utilización del acto, aprovechamiento o explotación de los bienes del dominio directo, referidos en el artículo 27 constitucional. Es decir, ningún mexicano será beneficiado con la suspensión del acto reclamado, si demanda por ejemplo la suspensión de concesiones para explotar de recursos minerales, como han sido los casos de San Xavier y Wirikuta, o la no aplicación de leyes que pongan en manos privadas recursos como el agua, los hidrocarburos u otros enumerados en este artículo constitucional. Bajo el argumento de que el acto de suspensión es contrario al interés social que derive en la utilización, aprovechamiento o explotación de estos bienes, el gobierno podría cometer actos contrarios al espíritu y aun a la letra misma de la Constitución. Siguiendo esa línea de reflexión podría llegarse a la conclusión, de que el gobierno quiere estar protegido en contra de los posibles amparos que podrían interponerse en contra de las llamadas reformas estructurales anunciadas, como son precisamente la energética y la hacendaria; pues al ser negada la suspensión del acto reclamado, los individuos quedaríamos en la indefensión frente a esas posibles acciones gubernamentales, ello no abona en favor ni de la certeza jurídica, indispensable para el sano desarrollo económico y social de nuestro país y tampoco lo hace de los derechos humanos que serían violentados por la acción arbitraria y unilateral del gobierno. En consecuencia, señoras y señores diputados, propongo desde esta tribuna la supresión absoluta de la fracción XIII, del artículo 129 que contiene este dictamen. Quiero reiterar asimismo, que hechas las precisiones anteriores, y de tomarse en cuenta por esta honorable soberanía, votaremos en favor en lo general del dictamen que se presenta, porque queremos contribuir a que México cuente con leyes de avanzada, porque compartimos la idea de que el derecho en cualquier época debe adaptarse a la realidad social que se vive. Nosotros vivimos ahora en una época en la que el respeto a los derechos humanos ha alcanzado el más alto rango en la escala de valores. Consideramos que ésta nueva Ley de Amparo cumple ese requisito y por ello les acompañamos. Para el caso contrario de que se persista en mantener esta fracción XIII, sabemos de la correlación de fuerzas. Podrán tener los números, diputadas y diputados del PRI; podrán tener los números, pero jamás la razón. Es cuanto, diputado presidente.