La diputada Diana María Teresa Lara Carreón: Con su venia, diputada presidenta. 1824 fue un año clave en la definición de la organización política del Estado mexicano. Después de las pugnas por el poder que surgieron a la firma del Acta de Independencia en 1821 y el rotundo fracaso del intento monárquico, México estaba en proceso de edificar nuevas instituciones. El 31 de enero de 1824 fue promulgada el Acta Constitutiva de la nación mexicana, documento fundamental para la organización del Estado independiente. El Acta Constitutiva definió los elementos que hasta el día de hoy sustentan los pilares del sistema político mexicano. Primero, la conformación de la república con estados libres y soberanos. Segundo, el federalismo. Tercero, la división de Poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Con estos preceptos estaba clara la intención de no regresar a esquemas de centralización del poder ni en depositar el mismo en una sola persona. Estos fueron los pilares que dieron vida a la Constitución de 1824. Entre abril y septiembre de este año, se deliberó en el Congreso el proyecto de una nueva Constitución. El debate de fondo fue el de las relaciones entre el Estado nacional y los estados. Uno de los grandes debates se dio respecto al dictamen de la Comisión de Hacienda, en donde se centró el problema de cómo se sostendría el gobierno general, si la recaudación de las rentas quedaría en manos de los estados. Se convino que los estados pagarían una cantidad para sostenerlo según si población y riqueza y a esta aportación se le llamó contingente. Se tomó la decisión de limitar los recursos del gobierno al producto de las aduanas, los derechos sobre el tabaco, pólvora, los bienes nacionales, las rentas de los territorios, el contingente y los impuestos de la Ciudad de México, los estados que quedaron sujetos a proporcionar hombres al Ejército para la defensa nacional. Y así es como comenzó a operar el sistema federalista en nuestro país. El proceso de liberación no estuvo exento de fuertes debates entre quienes mantenían una visión centralista del gobierno y quienes creían que el federalismo era la mejor forma de organizar el poder desde este punto de vista territorial. La participación legislativa de Miguel Ramos Arispe junto con los Constituyentes como Manuel Arguelles, Tomás Vargas y José de Jesús Huerta dio como fruto el establecimiento de nuestro régimen y forma de gobierno que sería plasmada en la Constitución de 1824. Su texto señala que la nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa, popular, federal y de sus partes integrantes son estados libres, soberanos e independientes en los que exclusivamente toque a su administración y gobierno interior. Los Constituyentes establecieron las bases del federalismo mexicano y de la república como régimen y forma de gobierno que hasta hoy dan vida al entramado institucional de nuestra nación. Y digo hasta hoy, porque en la historia actual desde esta tribuna hemos logrado parar intentos centralizadores en materia de salud, educación y seguridad pública. No podemos retroceder porque las ideas y las acciones centralizadoras no dan buenos resultados. Compañeras y compañeros, hoy necesitamos un cambio de paradigma para tener en México un verdadero federalismo como lo establece nuestra Constitución en su artículo 40. Para corregir el sistema federal y lograr que los gobiernos sean más responsables y atiendan adecuadamente a las necesidades de la ciudadanía es necesario que las autoridades municipales y estatales generen más ingresos propios y disminuir la transparencia de los recursos federales, los cuales deben complementar y ofrecer incentivos y no sustituir la recaudación local. Fortalecer el federalismo es fortalecer la república con estados libres y soberanos, con recursos mejores distribuidos, con un mayor crecimiento desde lo local en beneficio de las comunidades y todas, absolutamente todas las familias mexicanas. Es cuanto.