El diputado Jesús González Schmal: Con su anuencia diputada presidenta. Iniciativa que reforma y adiciona el Artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales que el grupo parlamentario de Convergencia presenta a la atención de esta soberanía. El objeto de esta Ley de Bienes Nacionales, no es sólo la preservación de los bienes de la nación dentro del patrimonio de los mexicanos sino también su correcta y legítima utilización para beneficio del pueblo, considerando que en el Ejecutivo recae la responsabilidad sobre las condiciones en que éstos bienes se vendan o bien se concesionen, cuidando escrupulosamente su correcto aprovechamiento, el plazo de la cesión, las contraprestaciones equitativas y la protección jurídica para la soberanía de la nación. El manejo discrecional que se ha realizado de los bienes del Estado por parte del Ejecutivo, ha permitido que mediante actos unilaterales de éste se realicen concesiones, desincorporaciones y enajenaciones que en la mayoría de las veces han carecido de transparencia y por lo tanto no satisfacen esta demanda social irrenunciable de verdad, operaciones éstas que evidentemente han significado una gran lesión a las finanzas públicas, tanto por los bajos ingresos producto de la venta contra valores reales y potenciales del bien en cuestión o los generados por la explotación de los mismos, que en ocasiones ha llegado incluso al otorgamiento de la transferencia de recursos fiscales que han producido exorbitante riqueza a nacionales o extranjeros favorecidos por el poder público. Es obvio que ello ha creado un justo ambiente de desconfianza con respecto a la política gubernamental en esta materia, resultando una vez más la frustración nacional por la repetición de la práctica de considerar el patrimonio público del país como propiedad privada del titular en turno, que le sirve para pagar favores o comprar participación en negocios futuros. Sobre lo anterior, podemos referirnos a las subastas sabidas de los bancos, los ferrocarriles y las concesiones para la operación de los aeropuertos, todos ellos a favor de negociantes extranjeros. En el pasado inmediato, esta responsabilidad ha recaído principalmente en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante la Unidad Intersecretarial de Desincorporación, cuyo desempeño evidentemente ha sido con los resultados anotados. Los excesos generaron corrupción y abuso, las entidades paraestatales pasaron de 1155 en 1982, a sólo 219 en 1997. La desincorporación de empresas y activos bajo la justificación de intentar sanear las finanzas públicas provocó que el país transitara por un camino saturado de falsas expectativas; se buscó que la privatización de empresas del Estado fuera uno de los mecanismos para lograr el ajuste en las finanzas que apoyaran la estabilización de la economía al eliminar una importante fuente de gastos e ineficiencia, entonces se decía. La realidad ha sido contraproducente, porque no se han incrementado los ingresos fiscales que debían entregar los adquirentes beneficiarios y sí se ha reducido la planta de empleo y actividad económica, que al final de cuentas acentuó la dependencia de México de los recursos provenientes de la venta de petróleo o bien de las transferencias de los conciudadanos radicados o en tránsito en los Estados Unidos. El Gobierno, en un principio constituyó empresas estratégicas para dinamizar la economía o adquirió empresas con problemas de financiamiento de diversa índole, para así mantener la planta labora. Posteriormente las vendió para intentar sanear sus finanzas, aspiración que a la vista de todos no se ha cumplido, sufriendo en cambio la pérdida de buena parte de nuestra riqueza nacional. A consecuencia de la desatinada administración salinista, en especial en lo relativo a las autopistas después recompradas o bien en el otorgamiento de concesiones-bancos, es necesario no dejar de advertir al Ejecutivo que los bienes propiedad de la nación no pertenecen a ningún gobernante en turno y por lo tanto, la administración tampoco pertenece a su voluntad caprichosa. Las ventas o concesiones que de ahora en adelante se pretendan desincorporar deben generar confianza y certidumbre, y esto sólo puede lograrse si todas las operaciones se realizan con plena transparencia, así como también garantizar el compromiso acerca de la vigilancia y rendición de cuentas de las concesiones existentes, las que es sabido, fueron y están siendo beneficiadas por legislaciones modificadas con toda intención, resultando un grave perjuicio al Erario, así como un riesgo a la soberanía nacional. Sirva citar como botón de muestra al Grupo Aeroportuario del Pacífico, mismo que, de los aeropuertos de Tijuana, Mexicali, La Paz y San José del Cabo, entre otros, no acepta pagar el Impuesto Predial correspondiente a las propiedades que ocupan las instalaciones concesionadas, ya que según su interpretación, corresponde al Gobierno Federal, como dueño de las mismas y con ello llega a negarse a acatar lo dispuesto por el artículo 14 de la ley que nos ocupa, la Ley de Bienes Nacionales. Con lo anterior, nos remitimos al artículo 14 de esta ley en comento, que es necesario modificar y que a la letra dice: "Las entidades o los particulares que, bajo cualquier título utilicen inmuebles sujetos al régimen de dominio público de la Federación en fines administrativos o con propósitos distintos a los de su objeto público, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria". Es por ello que como resultado de su controvertida y ambigua interpretación, me permito presentar la siguiente iniciativa al mismo artículo 14 de la Ley General de Bienes Nacionales para explicitar en los términos del próximo o del siguiente artículo 14, que se modifica: "Las entidades o los particulares que bajo cualquier título utilicen inmuebles sujetos a régimen de dominio público de la Federación, estarán obligados a pagar las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria por su posesión temporal o permanente". Este es el texto, esta es la línea que se agrega al artículo anterior y adicionamos el siguiente párrafo: "Corresponderá a los Congresos de los Estados por convenio con la Federación o de mutuo propio, otorgar la exención a aquellos inmuebles cuyo interés por el servicio público prestado, lo amerite y se posibilite en términos de sus propios presupuestos fiscales". Transitorios El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 3 de noviembre de 2005. Es todo, diputada Presidenta. Muchas gracias.