El diputado Miguel Ángel Chico Herrera: Con el permiso de la Presidencia. En Morena impulsamos el compromiso por la paz y por la justicia, de tal manera que las reformas a los artículos 22 y 73 de la Constitución en materia de extinción de dominio son con el objeto de darle eficacia a la recuperación de los bienes producto de la delincuencia y la corrupción. Asimismo, se faculta al Congreso de la Unión para que expida una legislación única en esta materia, para evitar que haya normas contradictorias a fin de lograr un trato uniforme que haga efectiva esta institución. En el nuevo gobierno se requieren instituciones y procedimientos para que los bienes que son utilizados por la delincuencia o que resulten ser fruto de la misma, entre ellos los bienes que se adquieren por actos de corrupción de los servidores públicos pasen a ser propiedad del Estado. Los vamos a utilizar para lograr una adecuada reparación a las víctimas y ofendidos por los delitos. Entrando en detalle, primeramente, se enuncia que se reforma la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Constitución, para facultar al Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia de extinción de dominio, con ello abonamos a la seguridad jurídica y certeza para los ciudadanos ya que la emisión de una legislación única evitará procedimientos para determinar sobre cuál es la legislación aplicable, por lo que la autoridad podrá actuar de manera más expedita. Por lo que toca al artículo 22 constitucional, señalamos a este pleno que se realiza un rediseño a la institución denominada extinción de dominio conforme a lo siguiente: La acción de extinción de dominio recaerá sobre bienes cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con la comisión de delitos de corrupción; encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos. Se precisa que el Ministerio Público será quien tenga la acción y facultad de solicitar el proceso de extinción de dominio. Se mantiene la regla de que no se considerara confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Cabe mencionar que la minuta aprobada en la legislatura pasada eliminaba esta regla. Se reitera que se trata de un procedimiento de naturaleza civil donde se salvaguardan las reglas del debido proceso y adecuada defensa para quien pudiese resultar afectado. Se establece que todas las autoridades, sin excepción, deberán prestar auxilio y colaborar en el procedimiento de extinción a fin de esclarecer los hechos y evitar entorpecer las investigaciones. Se propone establecer un principio de debida administración y adecuado destino de los bienes extintos conforme al interés público. Tanto el flagelo de la delincuencia como la corrupción han sido fuente ilícita para la acumulación de bienes. Se trata de combatir esos patrimonios mal habidos y que el Estado mexicano está decidido a recuperar de una vez por todas. En Morena queremos dar claro el mensaje de que no habrá más impunidad ni se solapará el enriquecimiento ilegítimo por actos de corrupción. Buscamos dar el ejemplo y demostrarle a la ciudadanía que vamos a combatir la delincuencia donde más le duele, es decir la parte económica. Les vamos a retirar los bienes y riquezas que indebidamente han obtenido. En la práctica la figura de la extinción de dominio no ha funcionado tal y como está diseñada. La Procuraduría General de la República informó que en el 2016 se logró la extinción de 11 bienes, mientras que en 2017 se elevó a 44 bienes y que se obtuvieron cinco sentencias favorables en materia de extinción de dominio, obteniendo aproximadamente 13 millones de pesos y 5 cinco millones de dólares, lo que es una cantidad ínfima, irrisoria, comparada con las ganancias ilícitas de la delincuencia. Queremos demostrarle a la ciudadanía que han sido víctimas de extorsión o de secuestro, o robo de vehículos u otros delitos, que tengan la certeza que los bienes ilícitos que se están recuperando y que serán utilizados en forma transparente y adecuada por el Estado, ya sea para reparar el daño a las víctimas y para la prevención del delito. Para el decidido combate en contra de la delincuencia y la corrupción necesitamos la participación y colaboración de todos, por lo que esta gran reforma constitucional establece que todas las autoridades federales y locales, sin excepción alguna, deberán colaborar en el procedimiento de extinción. El compromiso del nuevo gobierno es mostrar ejemplaridad y cumplimiento de la ley. Nadie, nadie se puede enriquecer indebidamente ni beneficiarse a costa del sufrimiento, la vida o la libertad de otros, por lo que pido su voto a favor del proyecto. Es cuanto. Muchas gracias.