La diputada Velia Idalia Aguilar Armendáriz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México la más reciente encuesta de relaciones interpersonales reveló que 70 por ciento de las mujeres mexicanas han sufrido algún tipo de violencia en alguna etapa de su vida. De acuerdo con cifras, a nivel mundial, de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), una de cada seis mujeres han sido lesionadas por maridos, parejas o novios; y en algunos lugares del planeta, la cifra se eleva a dos de cada tres. Encuestas Nacionales sobre la Dinámica de las Relaciones Familiares, y la de Violencia en los Hogares, revelan que 67 por ciento de las mujeres mayores de 15 años asegura haber sufrido violencia en algún momento; 12.4 por ciento de las mujeres que trabajan, al menos un acto de acoso; y 29.9, alguno de violencia en el ámbito laboral; mientras que 19.2 por ciento de ellas reporta situaciones de violencia física al interior de sus hogares. Y así, la violencia contra la mujer se ha convertido en una de nuestras vivencias cotidianas, en una práctica de poder formulada y reformulada tanto en el entorno privado como en el público. Es una forma de discriminación que impide el ejercicio de los derechos humanos ya que comporta violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad y protección judicial consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, entre otras. Por tanto, los estados tienen la obligación de proteger a la mujer de la violencia, exigir responsabilidad a los autores, hacer justicia y proporcionar atención a las víctimas, porque las cifras también constatan el hecho de que este fenómeno es un problema de salud pública que debe ser atendido en todas sus aristas. La importancia de recibir atención es vital tras cualquier agresión ?sobre todo, atención médica inmediata tras una violación, y otras formas de violencia sexual? ya que puede paliar extraordinariamente el daño causado, aun cuando nunca se pueda reparar por completo. Al respecto, el Estado mexicano ha emprendido adecuaciones legislativas en esta materia que se han cristalizado a través de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia donde se señala que para el caso de la atención a las víctimas de violencia, tanto la Secretaría de Salud, en coordinación con las dependencias e instancias de la administración pública federal, gobiernos estatales y municipales, tienen la obligación de prestar asistencia a las víctimas de violencia. Entre estos servicios deben garantizar la atención médica, psicológica y jurídica, de manera integral, gratuita y expedita, así como brindar servicios de salud; todo ello con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, la actual redacción de la ley en comento establece que cada cierto periodo ésta deba reformarse de acuerdo a la actualización de un ordenamiento jurídico tan importante para la atención de las mujeres víctimas de violencia como lo es la Norma Oficial Mexicana a la que se hace referencia. Y no sólo ello, sino que en razón de los tiempos actuales en los que el fenómeno de la violencia contra las mujeres se hace cada vez más visible y permite entonces su pertinente atención, sanción y con ello erradicación, esta ley debe modificarse debido a los actos administrativos de carácter general que surjan en el apoyo a los ya existentes para atender la violencia contra las mujeres. De esta forma, y en virtud de que la propuesta que se presenta hace referencia a los ordenamientos jurídicos aplicables en la materia y no a una norma específica, es que esta reforma resulta inclusiva y pretende que no se requieran modificaciones constantes y conservar su vigencia por un periodo más largo. Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea la siguiente Iniciativa que modifica la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en los siguientes términos: Artículo único. Se reforma la fracción III del artículo 46 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para quedar como sigue: Artículo 46. III. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garantice la atención a las víctimas, de conformidad con los reglamentos, normas oficiales mexicanas y otros actos administrativos de carácter general que se emitan en la materia. Finalmente, es nuestra responsabilidad como sociedad reconocer que la violencia contra la mujer es un problema, y grave, que afecta a las vidas de innumerables mujeres y constituye un obstáculo para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz en nuestro país. Sumemos, pues, esfuerzos para coordinar acciones, para promover reformas que permitan mantener la vigencia de nuestros ordenamientos jurídicos, y más aún si éstos se refieren a la atención de un problema social tan lacerante como lo es la violencia ejercida contra las mujeres, una vulneración a los derechos universalmente reconocidos a las personas. Solicito a la Presidencia, que el texto íntegro de la iniciativa sea publicado en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.