La diputada María Luisa Beltrán Reyes: Con su permiso, diputado presidente; diputadas y diputados, de acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía del 2010, el 27 por ciento de la población con discapacidad no tiene estudios; el 45 por ciento terminó al menos un año de primaria, y el 13 por ciento uno de secundaria. Es decir, el 86 por ciento de la población con discapacidad, tiene como grado máximo de estudios, la educación básica. La razón es simple, la población con discapacidad se encuentra en desventaja, por lo que sin duda se requiere fortalecer las acciones y políticas educativas destinadas a las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad, con la finalidad de asegurarles una vida digna e independiente. En el Partido de la Revolución Democrática hemos luchado históricamente por valores y principios como la democracia, la justicia, igualdad e inclusión social de todos los sectores de la población en ámbitos tan sensibles como la salud y la educación. Compañeros diputados, el propósito de la educación inclusiva es terminar con todas las formas de discriminación y promover la cohesión social. En este contexto resulta indispensable que la Ley General de Educación comprenda en su marco normativo la formulación de un sistema educativo incluyente con igualdad de oportunidades para todos. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del presente dictamen, porque en el mismo se reivindican los derechos de acceso a la educación de toda la población sin exclusión ni discriminación. Estamos a favor, porque con su aprobación se buscará que los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones con equidad, inclusión y perspectiva de género, atiendan sus necesidades, garantizando sus derechos en el marco jurídico de las leyes mexicanas sin distinción alguna y de acuerdo con el principio de progresividad establecido en nuestra Constitución Política. Con esta reforma se cumple con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas relativas a los objetivos del desarrollo convenidos internacionalmente para las personas con discapacidad, en donde la educación es parte fundamental de los objetivos que han sido adoptados por los estados, reivindicando la igualdad de oportunidades. Asegura que la educación sea accesible, gratuita y obligatoria y que esté al alcance de las niñas, los niños y los adolescentes con discapacidad en igualdad y con las mismas oportunidades para acceder a un sistema educativo, inclusivo y de calidad. Estamos a favor porque se reconoce la inclusión educativa, la accesibilidad mediante la eliminación de barreras, el respeto y aprecio por la diversidad y el reconocimiento de la igualdad de derechos en las personas a recibir una educación de calidad en condiciones de equidad, de acceso y permanencia. Sin embargo, compañeros, nuestro trabajo no termina con su aprobación, debemos velar por el cumplimiento de esta nueva normatividad, que no sea letra muerta y que las políticas educativas que se instrumenten, consideren la principal forma de exclusión y marginación, que es la pobreza en la que vive gran parte de la población de nuestro país, condición en la que sin duda las personas con discapacidad son las más vulneradas. Es cuanto, señor presidente.