El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario Nueva Alianza está a favor de apoyar a los productores agropecuarios, debido a que es importante que las actividades productivas del campo sirvan como palanca del desarrollo nacional. En 1992 el gobierno mexicano tomó la decisión de cambiar la política agropecuaria. Con dicha medida, el Estado poco a poco se retiró de las actividades de apoyo y fomento al desarrollo humano, modificando el marco legal y creando nuevos esquemas de asociación y de apertura de espacios al capital privado. De ese modo, los productores agropecuarios no han podido incorporarse del todo al desarrollo nacional ante la falta de proyectos rentables. En ese orden de ideas notamos que el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2012 establece dentro de la misión de la administración pública federal se considere el desarrollo humano como eje rector de su acción. En teoría el marco jurídico cambió para mejorar la regulación del uso, explotación y aprovechamiento de las aguas, que bajo criterios de interés social permitiera su distribución, control y la preservación de su cantidad y calidad, a fin de logar el desarrollo integral y sustentable del recurso hidráulico. Pero diversas situaciones, muchas de ellas omisiones de parte del Ejecutivo federal, tienen al estado de Chihuahua en una grave crisis. En días recientes el estado de Chihuahua ha sufrido protestas recurrentes porque los productores manifiestan se incumplió un acuerdo firmado apenas el pasado mes de septiembre por el secretario de Gobernación, Alejandro Poire, quien supuestamente se comprometió a enviar personal, recursos y vehículos para clausurar los pozos y aprovechamiento de agua, explotados ilegalmente por agricultores menonitas en la cuenca del río del Carmen y el acuífero de Santa Clara, lo que afecta a siete municipios de la región. En Nueva Alianza tenemos presente al desarrollo sustentable como herramienta que coadyuva al pleno desarrollo de México. Es por ello que entendemos las necesidades de los productores chihuahuenses, quienes piden facilidades administrativas para renovar sus concesiones vencidas o que encuentran en el límite su fecha de caducidad y, más que nada, exigen justicia. Con el eventual otorgamiento de las facilidades administrativas por parte del Ejecutivo los productores se podrán acoger a los beneficios que otorgue el decreto respectivo. En otras palabras, las personas físicas o morales que no cuentan con título de concesión, expedido por el gobierno federal, y que han venido explotando, usando o aprovechando en fechas recientes aguas nacionales para actividades agrícolas en las diversas zonas del estado, se verán enormemente beneficiadas al contar con certeza y seguridad jurídica en su regularización. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el agua es un recurso que a pesar de ser vital es escaso, por lo que debe ser administrada con eficiencia y sobre la base de un conocimiento real de los volúmenes de disponibilidad de aquellos que se encuentran en explotación. No esperemos a que llegue una nueva sequía y ponga en peligro concluyo, presidente la seguridad alimentaria del estado de Chihuahua. Debemos solidarizarnos con los productores, quienes llevan varios años pidiendo facilidades administrativas y el gobierno federal no ha atendido sus demandas. Por lo anterior, nuestro voto es a favor del presente punto de acuerdo en los términos del proponente. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.