EL DIP. PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: Gracias, señora Presidenta. Compañeros diputados y diputadas: En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año fiscal 2002, enviado por el Poder Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, se destinan 96 mil 813.38 millones de pesos al ramo 19, aportaciones a la seguridad social. El monto representa una caída de 2.5% con respecto a lo autorizado para el año 2001. Por cuanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, el proyecto considera la cifra de 146 mil 863 millones de pesos, menor en 3.7% en términos reales respecto de lo presupuestado para 2001. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, recibirá por su parte 45 mil 526.60 millones de pesos, monto que representa una caída del 0.3% con relación al ejercicio anterior. Las caídas registradas en estos renglones del gasto, contribuirán a profundizar los rezagos en materia de seguridad social, particularmente en cuanto a su cobertura, construcción de infraestructura médica, renovación de equipo, pago de pensiones, calidad y calidades de los servicios que prestan a instituciones públicas. El proyecto de presupuesto 2002, no incluye el pago anual para jubilados y pensionados, aprobado por la Cámara de Diputados en los dos ejercicios anteriores. Como se recordará en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2001, se autorizó un monto de 94 mil 023. 60 millones de pesos para el ramo 19. En el artículo tercero del decreto, donde se incluye esta cifra se precisa que dichas erogaciones incluyen la cantidad de 2 mil 500 millones de pesos para otorgar en el 2001 un pago único a favor de los pensionados y jubilados del IMSS, del ISSSTE y del lSSFAM, así como para los ferrocarrileros antes de 1982. Aunque en la exposición de motivos se precisa que el monto total sería por 6 mil millones de pesos como lo propuso el Senado de la República, ya que a estos recursos se suman los 3 mil 500 millones de pesos que correspondían a disponibilidades del ejercicio fiscal 2000, destinados al mismo fin, en ese sentido el transitorio duodécimo del citado decreto, establece que esos recursos así como las disponibilidades de los recursos afectos al pago único a favor de los pensionados y jubilados del IMSS, ISSSTE e ISSFAM, así como para los jubilados, antes de 1982 de FERRONALES, se cubriría de conformidad con lo siguiente: Primero. Para los pensionados del IMSS registrados al 30 de abril de 2001, se destinaron 2 mil 380 millones de pesos que fueron distribuidos a sus beneficiarios de conformidad con criterios sobre el valor mensual de pensión o jubilación recibidas, además una cantidad indefinida para atender a jubilados y pensionados de distintos niveles de ingreso. Segundo. Para los pensionados y jubilados del ISSSTE, se otorgó un monto a distribuir de 645 millones de pesos entre el número de jubilados y pensionados registrados al 30 de mayo de 2001. Tercero. Para los pensionados del ISSFAM se consiguió un monto a distribuir de 116 millones de pesos entre los pensionados registrados al 30 de mayo de 2001. Cuatro. Para los jubilados ferrocarrileros antes del 82 se destinaron 65 millones de pesos a distribuir entre el número de jubilados de FERRONALES antes de 1982 y 183 millones de pesos al capital constitutivo del fondo de los ferrocarrileros en cuestión que no fueron considerados en el convenio de incorporación al régimen del IMSS. Todos los pagos se realizarían a más tardar durante el mes de mayo del año curso. El pago único aprobado por la Cámara de Diputados para jubilados y pensionados del IMSS, ISSSTE, ISSFAM y jubilados ferrocarrileros, es un paso importante en la ruta por dignificar los ingresos de más de 2 millones de mexicanos que contribuyeron por décadas al desarrollo del país. Es el reconocimiento explícito de que la reforma al régimen de pensiones del Seguro Social con la que se puso fin al sistema de reparto al ser sustituido por otro de capitalización individual puesto en vigor en 1997, dejó en el olvido a este universo de jubilados y pensionados. Representa un esfuerzo pues por pagar un adeudo social que polariza a la sociedad y genera grandes injusticias. El monto de 6 mil millones de pesos adicionales para mejorar la situación de jubilados y pensionados significa un cambio relevante en la orientación del gasto social pero no resolvió en definitiva las demandas de este sector, la decisión definitiva para los jubilados y pensionados del IMSS se ha aplazado porque el Senado de la República no ha llegado a un acuerdo favorable para aprobar la minuta enviada por la Cámara de Diputados, con la que se reforma la Ley del Seguro Social con el objeto de incrementar la pensión mínima que paga esta institución de 1 a 1.3 salarios generales en el Distrito Federal e incrementar la que perciben las viudas del 90 al 100% de la que percibía o hubiese percibido el jubilado. En el caso del ISSSTE, ya se dio un paso importante al indexar las pensiones que cubre el Instituto al índice nacional de precios al consumidor o al incremento que reciban los trabajadores en activo. Las reformas aprobadas permitirán así, que los jubilados y pensionados del ISSSTE reciban un aumento no menor al 6% que es la inflación esperada o igual al que recibe el trabajador en activo que puede ser superior a ese monto. Para el caso de los jubilados ferrocarrileros antes de 1982, hace falta que la Cámara de Diputados incluya en el presupuesto los recursos necesarios para cubrir la totalidad de los montos constitutivos y gocen de una pensión vitalicia. Por último es oportuno que este órgano legislativo, revise los montos de las pensiones y haberes de retiro de las Fuerzas Armadas Mexicanas, pensiones y haberes. Por las anteriores consideraciones, el suscrito diputado de la Quincuagésima Octava Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración del pleno el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorta a la Cámara de Senadores para que apruebe la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 131 y adiciona los transitorios undécimo y duodécimo de la Ley del Seguro Social, enviada el 29 de abril de 2000, con la que se incrementan las pensiones de viudez al 100% de la que hubiera correspondido o venía disfrutando el asegurado; asimismo con la que se incrementa la pensión mínima que cubre el Instituto a 1.3 veces el salario mínimo general que rija para el Distrito Federal y se aumentan anualmente las pensiones en el mes de febrero conforme al índice nacional de precios al consumidor. Segundo. Que la Cámara de Diputados considere el monto de recursos adicionales necesarios, para incrementar las pensiones del IMSS en la cuantía señalada en el punto anterior en el marco del análisis, discusión y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2002. Tercero. Que en caso de no alcanzarse un acuerdo en la Cámara de Senadores respecto de la minuta enviada por la Cámara de Diputados, se incluya en el presupuesto 2002, el monto de recursos necesario para cubrir un pago anual a jubilados y pensionados del IMSS no menor al autorizado en el Presupuesto de Egresos 2001. Cuarto. Asimismo que la Cámara de Diputados incluya en dicho presupuesto el monto total necesario para cubrir los capitales constitutivos al IMSS, con el propósito de que los jubilados ferrocarrileros antes de 1982, reciban una pensión vitalicia. Quinto. Que se incluya en el ramo 19 del presupuesto 2002, el monto de recursos necesarios para que los pensionados del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, reciban un pago anual no menor al recibido durante 2001. Es cuanto, señora Presidenta. LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y de Seguridad Social. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Lorena Martínez Rodríguez para presentar una proposición con punto de acuerdo, para solicitar al Ejecutivo Federal la apertura de la Escuela Nacional para Sordos. LA C. DIPUTADA LORENA MARTINEZ RODRÍGUEZ. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su permiso, señora Presidenta. Hace unos días presenté en esta misma tribuna ante ustedes y a consideración de la Honorable Asamblea, una iniciativa de Ley Federal de Cultura del Sordo y en esta ocasión quiero reiterar sobre el tema porque creo que es de urgencia el que podamos iniciar con acciones concretas de gobierno que nos permitan avanzar sobre este tema que a mi juicio y seguramente a juicio de todos ustedes, es de vital importancia. Por eso es que vengo a plantear a esta Soberanía este Punto de Acuerdo para solicitar al Ejecutivo Federal la reapertura de la Escuela Nacional para Sordos. Así con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos y en representación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: PUNTO DE ACUERDO: Antecedentes: En la última década en nuestro país se ha reactivado el interés social y político sobre aquellos sectores sociales más vulnerables. También es el caso de las personas con alguna discapacidad que han expresado su legítimo reclamo al respeto de sus derechos humanos y constitucionales. Cuarenta años de lucha de un movimiento social, diez millones de mexicanos con discapacidad y más de 600 organizaciones sociales en el país, han sido el motor que ha logrado construir los cimientos de lo que en un futuro necesitamos se convierta en una política de estado. Sin embargo, detrás de esas afirmaciones que hoy se expresan rápidamente existen una historia, una historia de lucha para hacer evidentes las desigualdades sociales. Las personas con discapacidad y sus organizaciones iniciaron desde 1990 una intensa y comprometida tarea por su país: defender los derechos humanos y sociales de diez millones de personas con discapacidad para lograr que se incorporen a la sociedad en igualdad y equidad de circunstancias. Quienes viven una discapacidad, deben enfrenar no sólo las complicaciones propias de un problema físico, mental o sensorial, sino también la incomprensión, la ignorancia, la discriminación social y familiar, el rechazo generalizado, la ausencia de servicios de calidad, la desigualdad laboral, las barreras físicas urbanas o rurales, los estereotipos sociales y un sinfín de razones absurdas. La persona sorda en México y el resto del mundo, quizás es uno de los sectores de la sociedad más complejos e indiscutiblemente los marginados de los marginados del resto de la sociedad. Como tal, la persona que vive la discapacidad de la sordera, enfrenta en primer término la seria dificultad de que su sordera no se manifiesta en forma física ante el resto de las personas, es imperceptible para quienes contamos con nuestros sentidos, enterarnos de que una persona es sorda y la única forma de saberlo es al tratar de establecer comunicación oral o auditiva. Sin esta facultad el ser humano se enfrentaría a un grave problema, no alcanzaría a comprender todo lo que sucede en su entorno en por lo menos el 80% de lo que ocurriese, es decir, la vista nos permite asimilar de forma visual las imágenes y los sonidos la otra parte de esa imagen. El sentido del oído nos permite comprender qué significan las palabras y su particular pronunciación; qué significa la escritura, sus formas, signos e interpretaciones. Significa también la posibilidad de sabernos expresar y aprender a hablar, como cuando un bebé inicia el proceso de aprendizaje de su lengua natal, los padres se encargan de transmitirle las palabras que posteriormente serán las que le sirvan para conformar su vocabulario. En el caso de las personas sordas, la imposibilidad de percibir los sonidos, les impide comprender el significado de infinidad de situaciones, haciéndose necesario que alguien les explique de forma visual qué son los sonidos, cómo se pronuncian las palabras y para qué sirven. La forma en que los sordos pueden superar y enfrentar su discapacidad, es aprendiendo desde la infancia a oralizar y a comunicarse con otros sordos mediante el lenguaje de señas. Durante años han quedado rezagadas las demandas de la población sorda, siendo necesario que la Cámara de Diputados, el Senado de la República e incluso los congresos locales, adoptemos una postura clara y contundente para permitir que la legislación avance y reconozca a este sector de la población. Es necesario señalar que en México jamás se ha dado el lugar que se merece, a la población sorda; que su inclusión en la legislación educativa no sólo como un grupo de atención, sino comprendiendo la necesidad de establecer las bases a nivel nacional para crear un sistema bilingüe estructurado por el lenguaje de señas y el español escrito, ha sido observado con desdén e indiferencia. También es necesario dejar claro que la población sorda del país se enfrenta a la segregación y discriminación más aguda de su historia., sus problemas de comunicación aunados a sus necesidades básicas, acentúan su vulnerabilidad y son presa fácil de quienes con todas sus facultades físicas atentan contra su integridad física y moral. Desconcertante y olvidado por todos, fue el caso ocurrido en Estados Unidos, cuando conocimos de la explotación y agresión física de que fueron objeto un grupo de mexicanos sordos en Nueva York, quienes con engaños fueron abordados en la ciudad de México y posteriormente ser trasladados a Estados Unidos para su explotación. Este acontecimiento implicó no sólo responsabilidades legales; implicó también la detección de graves situaciones por las que atraviesan estas personas al dejar en evidencia su total analfabetismo e incluso el desconocimiento de sus nombres y origen. Con frecuencia la educación para los sordos ha sido una propuesta desarrollada y evaluada por los oyentes, lo que provoca que sea percibida y proyectada de manera reductiva. La educación especial en México se integra al marco jurídico en el siglo pasado, según el decreto de fecha 15 de abril de 1861, firmado por el entonces Presidente de la República Don Benito Juárez García. Y en su artículo 3 estableció textualmente: "Se establecerá inmediatamente en a capital de la república una escuela de sordomudos que se sujetará al reglamento especial que se forme para ella, y tan luego como las circunstancias lo permitan, se establecerán escuelas de la misma clase sostenidas con fondos generales en los demás puntos del país en que se creyera conveniente". En junio de 1866 el entonces presidente municipal Don Ignacio Trigueros creó la Escuela de Sordomudos, estableciéndose en el Convenio de Corpus Christi, teniendo como director al profesor Eduardo Wet, cumpliendo así con el decreto presidencial de Don Benito Juárez. A mediados del Siglo XX se estableció la profesionalización de los docentes de educación especial mediante la creación de la Escuela Normal de Especialización del Distrito Federal, pero sin considerar la educación bilingüe de señas y español. Este decreto es precursor de las disposiciones posteriores para la fundación de las escuelas especiales normales de especialización y de las normales para maestras de educación regular. La metodología que se estableció en la Escuela de Sordomudos fue la desmutización con el sistema de articulación y lectura labial y deletreo. La mímica se toleró, sin formar parte del proceso de enseñanza, el cual fue complementado por la capacitación en talleres como zapatería, sastrería, hostelería, encuadernación, talabartería, cocina, costura, entre otros. En 1967 fue cerrada la Escuela Nacional para Sordos, creándose el Instituto de Comunicación Humana, el cual ha servido para la investigación científica sobre la sordera. Desde entonces las personas sordas y sus familiares se han enfrentado a la problemática relacionada con la integración educativa, que si bien debería contar con los mecanismos de integración de las personas al sistema regular escolar, la realidad es que las personas sordas no encuentran cabida y respuesta a sus necesidades de educación especializada, por lo que nos lleva a considerar en esta asamblea, con sensatez y sentido práctico, la urgencia de establecer espacios educativos al alcance de la población sorda, además de incorporar otras medidas legislativas que comprendan la enseñanza en el lenguaje de señas mexicanas y con oralización. Por lo anterior, al nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, someto a la consideración de este pleno, con el carácter de urgente y obvia resolución, el siguiente punto de acuerdo: Que el Congreso de la Unión exhorte al titular del Poder Ejecutivo para que, a través de la Secretaría de Educación Pública, dentro de su ámbito de competencia, se revise y realicen los trámites necesarios para la reapertura de la Escuela Nacional para Sordos, con el fin de cubrir las necesidades de educación especializada. Que se establezcan en el país cuando menos una escuela para sordos en cada entidad federativa, con el objeto de que la población infantil cuente con acceso a la educación pública regular y los adultos sordos puedan tener acceso a la educación para adultos. Con fundamento en el artículo 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables solicite al Secretario de Educación Pública un informe, en un plazo no mayor de 90 días, sobre los avances de esta propuesta. Dado en el Palacio Legislativo, 4 de diciembre. Es cuanto, señora presidenta.