EL C. PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Tiene ahora el uso de la palabra, por 5 minutos, el Diputado Jorge Alberto Rodríguez Pazos, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. EL C. DIPUTADO JORGE ALBERTO RODRIGUEZ PASOS (PT?: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: Los hechos sangrientos ocurridos recientemente en el municipio de Chimalhuacán, estado de México, no hacen más que ilustrar la práctica cotidiana vivida por el pueblo de México durante siete décadas, que aún queda como resabio y herencia de la cultura política priísta en nuestro país, que afortunadamente está feneciendo a pasos agigantados. Ante hechos de esta naturaleza, el Partido del Trabajo se suma a la propuesta con punto de acuerdo para crear la Comisión Especial Investigadora de los hechos del 18 de agosto, ocurridos en Chimalhuacán, estado de México. En nuestra intervención manifestamos una enérgica protesta por los sucesos por demás bochornosos, utilizados en la actualidad para dirimir diferencias políticas, incluso hacia el interior de un mismo partido u organización política. Como sabemos, el pasado 18 de agosto se suscitó la confrontación caciquil en ese conflictivo municipio de la zona oriente del Valle de México, que arrojó como saldo, según cifras oficiales, la muerte de 14 personas y cerca de 100 heridos, entre ellos muchos en estado de gravedad. Esa refriega caciquil fue resultado de la lucha por el poder local entre dos fracciones priístas claramente diferenciadas por sus métodos de control político y de pertenencia corporativa al Partido Revolucionario Institucional. Por un lado, el grupo de Guadalupe Buendía; y por el otro, el de Antorcha Campesina. La confrontación surgió cuando el grupo político que fue marginado en la conformación del nuevo bloque gobernante trataba de impedir la toma de posesión del nuevo alcalde priísta Jesús Tolentino Román Bojorges, dirigente de otra no menos impopular y conflictiva organización priísta llamada Antorcha Campesina. La disputa de fondo radicaba en que la dirigente de la organización de pueblos y colonias, Guadalupe Buendía Torres, alias "La Loba" y el nuevo alcalde no llegaron a un acuerdo sobre el reparto de los puestos claves del ayuntamiento, para desde ahí continuar beneficiándose junto con sus seguidores con recursos públicos municipales y proseguir reproduciendo el esquema caciquil de control político en ese municipio. Compañeras y compañeros Diputados: Es importante que al analizar los hechos ocurridos en Chimalhuacán tengamos en cuenta el contexto vigente en ese municipio unos días antes de la toma de posesión del nuevo alcalde. El gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, tuvo conocimiento pleno de lo que estaba ocurriendo en Chimalhuacán, porque desde el día miércoles 16 de agosto, a dos días de que ocurriera la matanza, 300 policías estatales de la Subdirección Operativa de la zona oriente del estado de México se concentraron en las afueras de la cabecera municipal, para resguardar el orden en caso de algún choque entre las fracciones priístas que se disputan el poder local. Sin embargo, nada hizo por detener el zafarrancho en el que perdieron la vida 14 personas inocentes. La presencia policiaca tampoco fue un elemento suficiente para inhibir la violencia entre los caciques de Chimalhuacán. Lo más lamentable es que la función de los policías se redujo a presenciar los hechos violentos, con los que su actuación evidenció que se trata de una banda más, que sólo sirve para esquilmar y extorsionar a los habitantes de ese lugar. Como sabemos, los lugareños han denunciado sistemáticamente las violaciones a sus derechos humanos por parte de la policía del estado de México, que ha sido caracterizada como corrupta e ineficiente y de cuyas filas se han constituido verdaderas mafias dedicadas al secuestro y al robo de autos. Compañeras y compañeros Diputados: Resulta evidente que el gobernador del estado de México, Arturo Montiel, mostró una vez más su gran incapacidad para conciliar los intereses de los priístas en pugna. Al mismo tiempo mostró también una enorme falta de oficio político para someter a los cacique de la región aludida, y en esas circunstancias cómplice y partícipe directo de esa masacre y por lo tanto responsable de los lamentables hechos que dejaron como saldo un gran número de muertos. Lo que salta a la vista de forma inmediata es que el régimen priísta y la cultura que generó se están desmoronando, pero en ese proceso de crisis se están arrastrando centenares de personas inocentes, que al final de cuentas son quienes pagan los costos de un sistema político creado al amparo de la corrupción y la impunidad caciquil. Chimalhuacán está mostrando de forma contundente la relación de corrupción entre el partido de Estado y sus oscuras ligas de poder con los caciques regionales. (Gritos en el salón: "¡Tiempo!" "¡Tiempo!") Los escándalos priístas son la expresión de la finalización del régimen que se mantuvo en el poder durante 71 años. Las fuerzas democráticas del país se encargaron de darle fin en las elecciones del pasado 2 de julio, y los caciques priístas que gozaron de la protección del partido del Estado y del gobierno federal están siendo llamados a rendir cuentas a la sociedad, a la que sometieron y controlaron por varias décadas, a través de dádivas y de servicios de gestoría proporcionados por la autoridad priísta. (Más gritos en el salón: "¡Tiempo!""¡Tiempo!") Es claro que nuestro país, atravesando una nueva etapa en su vida democrática, donde ya no hay lugar para caciques y funcionarios corruptos EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES (PAN): Permítame señor orador, permítame un minuto. Solicito a las señoras y los señores Diputados conservar la atención y el orden. Y al orador le solicito que redondee su intervención lo más pronto posible, ha terminado su tiempo.