La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Con la venia, presidente. A partir del año 2018 y con la llegada de este nuevo gobierno presidencia, para ser muy estrictos con la apreciación de la realidad, hemos estado viendo la conformación de una oligarquía que cada vez es más descompuesta y acostumbrada al abuso de poder. La impronta de este sexenio es que, sin lugar a dudas, el peligroso desdén a la salud, el desprecio por la educación y la ciencia, el constante creciente desempleo, la inseguridad que raya en la complicidad con la delincuencia organizada, el linchamiento mañanero a la libertad de expresión, la represión inaudita al movimiento que representa la verdadera lucha antisistémica llamada feminismo y, para rematar, el manejo de la procuración de la justicia como mazo político a la oposición nos ha llevado a cosas tan increíbles como el gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García. Este es una vergonzosa marcha en la ejecución del poder político de nuestro país. Gregorio Gómez, precandidato a la alcaldía de Tihuatlán; Norma Azucena Rodríguez Zamora, exdiputada federal; Nicolás Ruiz, candidato en Minatitlán; Tito Delfín, compañero panista; Omar Ramírez Fuentes, alcalde de Cazones; Yoli García, excomisionado del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información; Ángel Vichi, presidente municipal de Lerdo de Tejada y, por supuesto, un compañero comprometido con la democracia veracruzana y servidor público ejemplar, además de diputado federal electo por esta legislatura, nuestro compañero Rogelio Franco Castán son desafortunadamente algunos ejemplos de las personas dedicadas a la política de oposición en Veracruz y que hoy se encuentran encarceladas. Como delito máxime contra estas personas es el de ultrajes a la autoridad, es una falacia jurídica ya que ha costado la cárcel y la ignominia sin debido proceso. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar que el pasado 22 de diciembre fue detenido el secretario técnico de la Jucopo en la Cámara Alta, José Manuel Río Virgen, violando sus derechos humanos y toda ausencia del debido proceso de hizo presente. Lo que patenta a todas luces el abuso de poder y las acciones corruptas del gobierno de Veracruz, que embriagado de poder y ausente de toda ética en el ejercicio del poder político sigue actuando con abusos. En el Grupo Parlamentario del PRD no tenemos duda de denunciar y luchar de manera frontal contra estos abusos y malos usos de la política, los Poderes y las estructuras del gobierno de Veracruz, como ya también se asoman en el gobierno federal. Por ello, le solicitamos respetuosamente a esta Comisión Permanente se discuta este punto de acuerdo como de urgente resolución, a fin de armonizar esfuerzos para esclarecer y delimitar responsabilidades a las calamidades e infamias que le han sido infringido a cada uno de los compañeros y compañeras antes expuestos por parte del titular del gobierno de Veracruz. Ahora bien, en medio de esta cruel pandemia hoy estamos pasando una terrible crisis, una más sobre lo que esta pandemia respecta. Ómicron nos está atacando sin medida y este gobierno es indolente ante tal hecho. Esta Cámara de Diputadas y Diputados tiene hoy la responsabilidad de salir de frente a proteger a la ciudadanía. Ahora no es del Ejecutivo solamente y su falaz política de salud, sino para solicitar medidas extremas para combatir la pandemia. El señor presidente por fin hizo caso a las medidas sanitarias, él se encuentra en su palacio de virreyes resguardado por estar contagiado, pero nuestros niños y nuestras niñas están en las escuelas sin protección, y por lo tanto el Grupo Parlamentario del PRD hace suya la propuesta que presenta la diputada Leslie Estefania Rodríguez, donde se exhorta a la Secretaría de Salud a incluir en la política pública nacional de vacunación contra el SARS-Cov-2, a los menores entre 3 y 17 años. El Ejecutivo tiene que reconocer que se ha equivocado en la estrategia contra el Covid. No es posible que se otorguen hasta 120 fichas en 11 módulos llamados Macrocentros, que son insuficientes. Por si no lo saben, una prueba PCR va en costos desde los 950 hasta los 3 mil pesos, una prueba de antígenos, de 200 a 650 pesos. Para las familias esto es incosteable. Todos los gastos a ellos les representa la posibilidad de comer. Ustedes, a los que les interesa, y lo enfatizo, entre comillas, el país, este país, les exigimos que desde la Secretaría de Salud se asuma la responsabilidad que el Ejecutivo ha eludido y se realicen pruebas gratuitas en todo el país. Los exhortamos a que la salud pública sea prioridad y no un plato de segunda mesa. Todos y todas ocupamos pruebas gratuitas para poder focalizar la pandemia. Es necesario que la salud pública, en esta Cámara y al Ejecutivo, se les haga costumbre. Gracias. Es cuanto.