La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Esta soberanía tiene un enorme reto y trabajo en materia de derechos humanos, circunstancia que nos obliga a actuar con mucha responsabilidad, honestidad y sobre todo con un enorme sentido de congruencia de nuestra palabra y de nuestros hechos. Esas razones son las que nos llevan a proponer, como Grupo Parlamentario del PRD, la derogación de la figura del arraigo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se trata de un esquema de retroceso que atenta claramente contra la presunción de inocencia y es una aberración jurídica dentro del sistema de protección de los derechos fundamentales que actualmente contempla nuestro orden normativo. Existen cientos de testimonios de víctimas de arraigo que han evidenciado los peligros que esta práctica significa y existen recomendaciones internacionales que exigen que se derogue. Se han documentado casos de personas arraigadas que nunca saben de qué se les acusa; sufren golpes o confinamiento con tal de que se declaren culpables o que incriminen a personas de las que jamás han oído hablar. Además ha propiciado la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Tan sólo en el sexenio anterior alrededor de 8 mil personas, con datos de las organizaciones de la sociedad civil fueron arraigadas bajo orden federal, lo que sin duda constituye un amplio universo de personas que sufrieron de manera directa por parte de las autoridades actos que atentan contra sus derechos fundamentales. En el actual gobierno se han tenido más de 900 casos de arraigo y su ineficacia para la acción penal ha quedado de manifiesto. Por ejemplo, en el caso de ex gobernador Granier o en el arraigo de El Mechito, que hasta ahora la PGR no ha podido fincarles una responsabilidad penal, o en el caso de Iguala, que a pesar de haber arraigado a diversas personas, no hay resultados de justicia en este tema. Hasta ahora el gobierno federal y algunos gobiernos locales han justificado el uso de esta figura escudándose en la lucha contra el narcotráfico o que se está protegiendo a la ciudadanía de la inseguridad. El arraigo de ninguna manera puede ser un instrumento para avalar o para velar por la seguridad y la justicia, ya que su uso sólo generan nuevas víctimas, independientemente de que tengan o no responsabilidad en los delitos que se le imputan. El arraigo constituye además una decisión discrecional del ministerio público, ya que para su aplicación éste no cuenta con ningún parámetro para solicitarlo a la autoridad judicial, y el juez tampoco cuenta con elementos objetivos para otorgarlo o negarlo, puesto que no se requiere documentar ninguna acusación ni contar con pruebas convincentes para plantear una orden de arraigo. Estas consideraciones nos llevan a proponer la derogación de la figura de arraigo para evitar una esquizofrenia jurídica en nuestra Constitución y no andar con medias tintas en el respeto de los derechos humanos. No podemos permitir que existan principios tan importantes como presunción de inocencia, progresividad de derechos y apelación de normas que en mayor medida benefician a las personas, y por el otro, contemplar figuras que violan sistemáticamente los derechos humanos como es el caso del arraigo. Por ello proponemos una iniciativa para derogar el arraigo, ya que es una figura que simbolice le abuso de autoridad, la arbitrariedad del Estado, y un atentado contra los derechos humanos. Anuncio además, que vamos a solicitarle respetuosamente al Senado de la República que devuelva la minuta de reformas constitucionales donde se aprobó por la anterior legislatura, reducir los días en los que una persona pudiera ser arraigada, ya no son 40 días con posibilidad de ampliarlo de acuerdo a lo aprobado en esta soberanía, sino son 20 con posibilidad de ampliarlo. Para esto pediremos el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, además de los organismos internacionales de derechos humanos, que se han manifestado en contra de que el arraigo se encuentre en nuestro orden constitucional. Nuestra propuesta es que se devuelva la minuta con la derogación total de la figura, no podemos solapar actitudes que escatimen el respeto de los derechos fundamentales, debemos ser congruentes y actuar en consecuencia. Es cuanto, diputado presidente.