El diputado José Alfredo Botello Montes: Compañeras y compañeros diputados. Desde cualquier ángulo que se mire atacar a jóvenes, sean estudiantes o no y desaparecerlos sin que se conozca el motivo, es totalmente condenable. En el Grupo del PAN hemos señalado que la prioridad en el caso de los estudiantes desaparecidos de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa es buscarlos hasta localizarlos con vida. En este caso de los estudiantes atacados y desaparecidos sale a la luz pública una serie de deficiencias, olvidos y complicidades que debieron desaparecer hace mucho tiempo en nuestro país. O, mejor dicho, no tienen cabida en un régimen democrático y de derecho como pretendía ser el nuestro. Los datos que han sido arrojados a la opinión pública no hacen otra cosa sino confirmar un estado de cosas lamentables y señalo tan solo dos. Primero. Policías coludidos con el crimen organizado, lo que nos da que no sólo se padece una deficiente capacitación y preparación de los cuerpos de seguridad municipal, sino que ahora la ciudadanía debe padecer un franco contubernio entre los que están para protegerla, con los delincuentes. Segundo, autoridades municipales corruptas. Con ello queda evidente que algunas autoridades municipales están cooptadas por los delincuentes y que conviven con ellos a plena luz del día sin consecuencia alguna. Pero cuando estas deficiencias se juntan, los resultados los tenemos a la vista. De acuerdo al resumen de actividades que presenta hoy la Comisión Especial para dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, a los alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, encontramos que sus actividades han sido serias, y lejos de protagonismo alguno han venido trabajando con formalidad y contundencia, por lo que esperamos en su momento, un informe completo y detallado de todo lo encontrados, manifestándoles desde esta tribuna nuestro respaldo y apoyo en sus tareas. En el grupo parlamentario del PAN exigimos redoblar los esfuerzos de todas las autoridades encargadas de las investigaciones para que los jóvenes puedan localizarse con vida y regresar a sus actividades cotidianas; pero al mismo tiempo exigimos que se les dé toda la atención médica y psicológica que requieran, los heridos en esa noche aciaga, y los familiares de los desaparecidos. Todo el peso del Estado para el castigo a los responsables. Por eso nos congratulamos de que la Procuraduría General de la República haya localizado en la madrugada de hoy, y presentado ante la justicia al presidente municipal de Iguala con licencia y a su esposa, para que respondan de su actuación tanto en lo penal, civil y administrativo. Lo mismo debe ocurrir para el caso de las autoridades que hubieren actuado negligentemente en las investigaciones. De igual forma pedimos que se finque responsabilidad a las autoridades gubernamentales que manifestaron omisiones, falta de pericia o claras omisiones en diversas etapas de tan lamentable situación, como por ejemplo, no vigilar adecuadamente al presidente municipal de Iguala y permitir su huida, cuando ante las evidencias de los hechos pudo haber proporcionado oportunamente información que hubiera ayudado a resolver las cosas. No podemos dejar de lado que las autoridades federales, concretamente la Procuraduría General de la República tuvo una tardanza de ocho días para calificar o recalificar el delito bajo el tipo legal de desaparición forzada, mismo que es de competencia del fuero federal y al estar contenido en el Código Penal Federal y por lo tanto actuar en consecuencia. Consideramos que se debe realizar una depuración estricta, completa y exhaustiva a los cuerpos policiales en todo el estado de Guerrero, dando seguimiento a las actividades de los elementos que sean cesados. Misma situación debe aplicarse también en el caso de los servidores públicos que participan y hayan participado en las áreas de procuración de justicia. Esa depuración de los cuerpos de seguridad es elemental para la protección y seguridad de los habitantes del estado de Guerrero, pues no basta con el plan de seguridad que se anunció por el secretario de Gobernación el pasado 29 de octubre, por el cual la seguridad pública quedó a cargo de fuerzas federales. Son necesarias la depuración y capacitación de todos los elementos policiales y muchas acciones más. En el Grupo Parlamentario del PAN exhortamos a los tres niveles de gobierno para implementar de inmediato en el estado de Guerrero las medidas necesarias para garantizar a los habitantes de la región el pleno ejercicio de sus derechos, así como la prevalencia del estado de derecho y la legalidad. De la cronología que aparece en el resumen de actividades de la comisión especial queda de manifiesto, conforme a lo señalado por los organismos protectores y defensores de los derechos humanos, así como por lo informado por la Procuraduría General de la República, que estamos ante una desaparición forzada de personas, lo cual, de corroborarse, no hará otra cosa sino avergonzarnos a todos. La desaparición forzada de personas es práctica de gobiernos totalitarios y ante demócratas no puede emularse o tolerarse en regímenes democráticos como el nuestro. Desde esta tribuna es correcto señalar que todos sumemos fuerzas y demostremos unidad para enfrentar los desafíos. Es necesario que a la par que se atienden los problemas de Iguala, se alerte ante lo que pueda suceder en otras regiones o estados del país, como ya se ha denunciado aquí en el caso de Quintana Roo, como también sabemos en el caso de Tamaulipas y muchos otros más. No esperemos a que las dimensiones de los hechos o la tragedia ocurran para centrar la atención en los problemas, sino preverlos con anticipación. No debe haber mezquindad ni cálculo político en materia de seguridad. Ningún gobierno puede ser omiso o manifestar incapacidad ante hechos que atenten contra la integridad y seguridad de sus jóvenes y de cualquiera de sus ciudadanos. Todos debemos actuar con responsabilidad. Eso es lo que esperan los mexicanos que nos eligieron. Muchas gracias.