El diputado Waldo Fernández González: Con su venia, señor presidente. Uno de los problemas más graves que observamos en materia de seguridad pública y procuración de justicia se refiere al rol que juegan y deben de jugar nuestro s policías civiles, la policía ministerial, los Ministerios Públicos y los peritos en la prevención del delito y el combate a la delincuencia. Para ingresar al servicio de seguridad pública o de procuración de justicia, se requiere de cumplir con un gran cúmulo de requisitos y exámenes que dichos requisitos deben observarse en todo tiempo y los exámenes de control de confianza deberán presentarse de tiempo en tiempo para permanecer en el empleo, incluso cuando de manera retroactiva se estatuyen requisitos y exámenes cada vez más rígidos y difíciles de cumplir. También soslayamos que los servidores públicos en cuestión, se desempeñan en un oficio de alta peligrosidad, generalmente mal pagado, en jornadas que normalmente exceden las ocho horas diarias, frecuentemente sin la capacitación ni el armamento adecuado, ignorando o pretendiendo ignorar que también tienen familia y obligaciones con ésta, además de aspiraciones personales que colmar, sin que tengan estabilidad en el empleo y perciban una remuneración adecuada por los riesgos. La inestabilidad laboral de los cuerpos policiacos y ministeriales se encuentra prevista en el artículo 123 constitucional, apartado B, segundo párrafo, mismo que dispone que los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros de las instituciones policiales de la federación, las entidades federativas y los municipios podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del acto señalen, para permanecer en dichas instituciones o removidos por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Dado el caso, refiere dicho dispositivo, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue injustificada, el Estado solo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que hubiere promovido. Esta disposición es discriminatoria. En este sentido, uno de los mayores reclamos de los servidores públicos de nuestras fuerzas de seguridad pública y procuración de justicia, es el hecho de que al término de una administración frecuentemente son despedidos sin mayor argumentación que supuestos procesos de depuración en razón de no gozar de estabilidad en su empleo, situación que los hace blanco de ataques por parte de la delincuencia cuando dejan de laborar, independientemente de que pierden su fuente de ingresos y el sustento para sus familias. Esta situación ocasiona que tales elementos busquen otras fuentes de empleo ya sea en empresas de seguridad privada y, ¿por qué no decirlo?, ante la desesperación pueden caer en las manos de la delincuencia organizada que aprovechan su experiencia en el manejo de las armas, conocimiento táctico y comportamientos policiales. Por su parte, el Estado se enfrenta a la problemática derivada de haber invertido en la capacitación, el adiestramiento y equipo en los elementos, pero ese esfuerzo se va al traste cuando cambian las administraciones federal, estatal y municipal, renovando al personal de las policías. Mucho se ha avanzado en la implementación del servicio civil de carrera, pero mientras no exista estabilidad en el empleo para los integrantes de los cuerpos de seguridad pública y ministerial, la incertidumbre seguirá siendo un factor en contra de su desempeño. En opinión de expertos, tal inestabilidad en la carrera policial y ministerial y el fracaso de los métodos de depuración y selección de los elementos, lejos de fortalecer a las corporaciones ha llevado a la desarticulación de los cuerpos de seguridad pública y de procuración de justicia. El problema se origina en el año 2008, cuando en el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se estableció que los miembros de las instituciones policiales, ministeriales y peritos podrían ser removidos de su cargo si no cumplen con las leyes vigentes en el momento de la remoción y no podrán ser reinstalados o restituidos al servicio. Después de ocho años es claro que la reforma de 2008 vino a dar al traste a los intentos de fortalecer los sistemas de seguridad pública y de procuración de justicia porque despojó a los servidores públicos responsables de los mismos, de su derecho fundamental a la estabilidad en el empleo, dejándolos en estado de indefensión. En vista de lo anterior considero necesario retomar el segundo párrafo de la fracción XIII del artículo 123 constitucional para restablecer el derecho a la estabilidad en el empleo de los policías, ministerios públicos, peritos y policía ministerial, para lo cual se propone la redacción mencionada. La reforma que se propone no sólo es lo que corresponde en justicia, no sólo es reconocer que nuestros servidores públicos de seguridad pública y procuración de justicia también tienen derechos humanos, sino es un eslabón fundamental para establecer una nueva relación de confianza entre dichos servidores públicos y la sociedad mexicana. Es cuanto, señor presidente, gracias.