El senador Manuel Bartlett Díaz: Con su venia, señor presidente. Ciudadanos y ciudadanas legisladores, a un año del gobierno Peña Nieto se ha instaurado un sistema autoritario de derecha que pervierte a las instituciones de la república. Un gobierno espectáculo, con apariciones cotidianas en escenarios televisivos de cobertura nacional, presentando grandes proyectos retóricos, formas sin contenido para cultivar esa imagen, que lo es todo. Un gobierno de supuesto pragmatismo anti-ideológico, que sin embargo se ha definido en las palabras y en los hechos como instrumento de la más extrema ideología neoliberal, al grado de hacer pieza central de su programa el recetario de la OCDE, aparato trasnacional de la demolición social. Congruente con los intereses de quienes lo impulsaron al poder, presagia una clara trayectoria al futuro sin esperanzas para la justicia social. Un gobierno que opera con un pacto de viejas y nuevas alianzas, que se cubren ahora con una vestimenta de consenso, en un programa cuyos compromisos determinantes no son ciertamente progresistas. Su consejo rector ha suplantado al Congreso de la Unión, sus iniciativas definitivas en cenáculos cerrados de dirigentes partidistas se aprueban mecánicamente en éste, que debería ser Poder Legislativo, hoy Oficialía de Partes, con dictámenes prefabricados, que nadie lee en sesiones a las que se impide sistemáticamente el debatir. El pacto anula la esencia del Congreso e impide que la nación presencie la confrontación de ideas durante la creación de la ley que nos rige, con lo que se anula la legitimidad real, no la formal, anulando vigencia democrática. Si a ese proceso adulterado se le suma el contubernio con los medios de comunicación hegemónicos con el poder presidencial, tenemos la concreción de una auténtica dictadura mediática, debidamente expensada, con abultados presupuestos para comunicación social, aprobados por los diputados que alimentan así la dictadura mediática. Así se aprueban reformas constitucionales intrascendentes y reformas profundas que alteran, sin debate, al auténtico pacto, el pacto nacional que está en la Constitución de la República. La reforma laboral de la OCDE, que amputa derechos de los trabajadores en dirección contraria a nuestro avance histórico, reforma patronal para asegurar una competitividad que no existe, más que para favorecer la concentración del ingreso. La reforma en telecomunicaciones, apertura total de ese instrumento de dominio trasnacional y regalo del 49 por ciento a la televisión, que será, sin duda, televisión extranjera que acelerará nuestra desnacionalización. La llamada reforma educativa, sin serlo, que no es sino un injerto en el artículo 3o constitucional, ese artículo señero que ordena la educación para todos, una educación que sea de impulso obligado para integrar a una nación fracturada en la independencia y en la justicia, no se compadece. Con esa incorporación de un estatuto laboral magisterial de excepción, para una supuesta calidad educativa que el presidente repite como objetivo que no existe en los textos, que impulsa para que confronte a todo el sistema, reduciendo la educación a una tecnocrática evaluación, cuando lo que se requiere es la auténtica promoción de una educación preferida por el instaurado Estado neoliberal, privatizador, cuya versión se reproduce en el actual gobierno. Después de haber negado, durante un año, los propósitos privatizadores y desnacionalizadores de la reforma energética, Peña Nieto ha presentado al Senado una iniciativa tramposa cuyo único objetivo es eliminar de la Constitución los mandatos que establecen la exclusividad del Estado en el manejo del petróleo y la electricidad. Indispensables para impulsar el desarrollo económico y social independiente de México. Se trata de un acuerdo evidente con los intereses extranjeros, que han luchado sin descanso por eliminar del artículo 27 original, de 1917, la propiedad nacional del subsuelo, hasta las reformas patrióticas de Lázaro Cárdenas, cuya figura histórica falsifican para convertirlo en justificación de su ideología desnacionalizadora. Vergonzoso engaño del Ejecutivo. Esos intereses extranjeros pretenden borrar todo rastro de la Revolución Mexicana que aborrecen desde el primer disparo por su carácter de revolución nacionalista y definitivamente social. Curioso, pretenden periódicos y comentaristas norteamericanos burlarse de la concepción mexicana del petróleo como instrumento de soberanía y desarrollo. Como si ellos no tuvieran la misma visión de su soberanía energética, con la diferencia de que se trata de nuestro petróleo y para ellos el petróleo de todos los demás a cualquier precio. La iniciativa energética de Peña Nieto miente en todas sus afirmaciones, en su escuálida exposición de motivos que todo lo deja a leyes secundarias. Sus afirmaciones son falsas, de consumarse la reforma constitucional el Estado no mantendrá la propiedad del petróleo ni ejercería la rectoría de la política petrolera y eléctrica, todo se entrega, no solo por medio de concesiones que desvergonzadamente afirman en la iniciativa, que se eliminan porque transfieren propiedad del petróleo mientras el propio gobierno negocia que esos contratos que propone sean considerados en Estados Unidos también como generadores de derechos similares a la concesión. La entrada de las grandes trasnacionales, compromiso esencial de Peña Nieto, son brazos imperiales, no empresas ordinarias dispuestas a competir. Además lo oculta Peña Nieto y los defensores de este despropósito, es que al eliminar los principios constitucionales que establece la exclusividad del Estado eliminan una reserva del TLC que producirá de inmediato la integración de la energía al libre mercado, que establece el mismo TLC, y una telaraña de tratados que permitirán explotar y exportar lo que quieran de nuestros recursos ilimitados. Esta consecuencia inevitable está diseñada precisamente para impedirle al Estado mexicano toda intervención en la política energética y dotar a las transnacionales de una libertad absoluta. Dos motores impulsan esta apertura: la presión norteamericana no nos lo ocultemos y la corrupción de altos funcionarios que se preparan para participar en el festín del despojo de lo público por lo privado. Por lo pronto, el gobierno ha soltado una soez campaña mediática para manipular a la opinión pública y tras una cascada de mentiras que ocultan los efectos y propósitos de la desnacionalización y su debilidad argumentativa. Quienes vienen a transformar para el retroceso histórico no administrar, como dicen creen que su sistema de imposición todo lo puede. Se equivocan. Su mayoría hechiza, formal, no es la mayoría en la nación, es minoría. No se gobierna a una república imponiendo una y otra vez políticas en contra de intereses sociales legítimos y de sentimientos auténticos de la nación. El pueblo, el pueblo soberano, reclamará sin duda sus derechos superiores. Muchas gracias.