El diputado Jesús Ramírez Stabros: Buenas tardes. Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos, con fundamento en los artículos 70 párrafos primero, segundo y tercero; 71 fracción II y 72 inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta H. soberanía, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de motivos El artículo 69 constitucional que especifica que el jefe del Ejecutivo debe presentar un balance administrativo ante la Cámara de Diputados y Senadores, reunidos en el Congreso para la apertura de sus sesiones ordinarias, ha pasado por varias modificaciones antes de ser lo que actualmente conocemos. Como antecedentes del Informe presidencial mexicano se encuentran dos que influyeron, el español y el norteamericano. En lo que se refiere al de Estados Unidos de Norteamérica, la ley pide al Presidente presentar al Congreso un mensaje sobre el presupuesto y un informe económico, así como dar algunas recomendaciones de orden legislativo. En España, en el artículo 121 de la Constitución de Cádiz se encontraban algunos comentarios en el sentido de que en la fecha de apertura de las Cortes, el rey leería un discurso de carácter propositivo y no estrictamente informativo. Así, en México, doce años más tarde, el artículo 68 de la Constitución de 1824 otorgó a la Presidencia del Poder Ejecutivo en la apertura del Congreso, un carácter simplemente protocolario, ya que su única obligación era la de pronunciar un discurso en este importante acto. El Presidente Guadalupe Victoria ––1824-1829–– impuso la práctica de participar personalmente en el acto inaugural del Congreso pronunciando un discurso de carácter informativo, pues los Constituyentes de 1856-1857 establecieron este informe como medio para que el Congreso pudiese controlar y sancionar las actividades del Ejecutivo; sin embargo, entre 1857 y 1867 se impidió la práctica real de la influencia parlamentaria. Posteriormente, con el Presidente Porfirio Díaz en el marco de los mensajes al Congreso, la respuesta del Presidente del Congreso al Jefe del Ejecutivo, llegó a ser una simple alabanza. El Informe presentado por el Presidente Venustiano Carranza el 1 de diciembre de 1916 aportó una serie de datos para justificar la necesidad de un Ejecutivo fuerte, por ello en el artículo 69 se estableció que asistiría el Presidente de la República y presentaría un informe por escrito. En el año de 1923 hubo una reforma al artículo 69, estableciendo que a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso asistiría el Presidente de la República y presentaría un informe por escrito en el que manifestaría el estado general que guarda la administración pública del país. La última reforma que se realizó a este artículo fue en 1986, y sólo contempló un agregado a la asistencia del Presidente de la República, mencionando que presentaría un informe por escrito en la apertura de sesiones ordinarias del primer período de sesiones ordinarias del Congreso. Como puede observarse, las reformas que hasta el momento ha tenido el artículo 69 constitucional no abordan de manera directa la forma en que el Presidente de la República habrá de presentar su informe, ya que sólo establece que será por escrito y manifestará el estado general que guarda la administración pública del país. También es relevante mencionar que el formato del Informe presidencial se encuentra regulado en la Ley Orgánica y en el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que han tenido diversos cambios en sus disposiciones legales. En 1929, el Reglamento para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 182 establecía que el discurso que el Presidente de la República pronunciaría, el Presidente del Congreso contestaría en términos generales, sin hacer apreciaciones en nombre de las Cámaras ni ofrecer programa para el porvenir. Para 1934 el Reglamento se reforma y el artículo 182 cambia por el 189, suprimiendo la prohibición al Presidente del Congreso de hablar en nombre de las Cámaras y de ofrecer programas para el porvenir. Con el objeto de dar cumplimiento a las reformas realizadas a la Constitución en 1977, en las que en el artículo 70 se otorgan al Congreso facultades para expedir su propia Ley Orgánica, éste la expide y la publica en el Diario Oficial el 25 de mayo de 1979. El Informe de Gobierno se encuentra regulado en el artículo 8o. de la citada Ley Orgánica, que menciona que el Presidente de la República acudirá a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y rendirá un informe, de conformidad con el artículo 69 de la Constitución. Además, menciona que el Presidente del Congreso contestará el informe en términos concisos y generales y con las formalidades que correspondan al acto. El informe será analizado por las Cámaras en sesiones subsecuentes. Con la reforma de 1994, conocida como la nueva Ley Orgánica del Congreso, el artículo 8o. permite que los parlamentarios, diputadas, diputados y senadores —representando a los partidos políticos que concurran en el Congreso— intervengan hasta por 15 minutos cada uno antes de que se rinda el Informe Presidencial, con lo cual aquí también opera el control sobre el gobierno porque se manifiestan las discrepancias además de realizarse el examen, comprobación, inspección, análisis y verificación de la actividad que ha desempeñado el Presidente de la República. Montesquieu, en su libro Del Espíritu de las leyes, trazó las coordenadas de un diseño estratégico para evitar la concentración del poder político y garantizar la vigencia de lo que actualmente conocemos como derechos fundamentales. Con el tiempo, las ideas de Montesquieu fueron adquiriendo una traducción intelectual concreta en los estados constitucionales modernos, de manera que la división de poderes se convirtió en una exigencia mínima e indispensable para la existencia de una Constitución. Pensadores como John Logman y Montesquieu establecieron la necesidad de separar el poder para que no se concentrara en una persona, garantizando de esta manera la libertad y la seguridad de los gobernados. En los estados democráticos el poder se divide para evitar su concentración. La división tradicional de poderes es: Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La Constitución establece un Poder Ejecutivo fuerte pero no ilimitado. Los poderes Legislativo y Judicial están dotados de cierto mecanismo para contraponer su fuerza. Lograr nuevas instituciones jurídicas y políticas para modernizar el sistema de pesos y contrapesos entre los poderes de la Unión es un imperativo para garantizar la gobernabilidad del país, el ejercicio democrático y una mayor capacidad de respuesta institucional. Este objetivo pasa necesariamente por el acotamiento del ejercicio unipersonal y absoluto del poder, que es por definición una amenaza contra la democracia. Don Manuel Orozco y Berra señalaba que la principal característica de un sistema democrático es la dilución pública de los problemas. Aunque exista la mejor buena fe en una sola persona responsabilizada del ejercicio del poder, tenderá de manera natural a interponer sus intereses o el de su círculo pudiendo cortar de tajo la delicada semilla de la libertad. Por ello, juristas, filósofos, politólogos e investigadores de los asuntos públicos tanto del país como del extranjero han sugerido que la mejor garantía para la democracia es la existencia de mejores controles en el ejercicio del poder. Esta iniciativa propone reformar el artículo 69 de la Carta Magna para establecer un formato más democrático y constructivo del Informe Presidencial. En este sentido, preserva la presentación del Informe por escrito el día de la apertura de las sesiones ordinarias y la lectura de un mensaje a la nación. Aquí se establece también la facultad para que el Congreso analice el contenido del Informe. La iniciativa propone que transcurridos 20 días hábiles se realice una sesión de trabajo a la que concurran tanto el Presidente de la República como los miembros del Gabinete. Al Presidente de la República se le dirigiría una pregunta por cada grupo parlamentario, por conducto de su coordinador. A los integrantes del Gabinete se les dirigirían dos preguntas por cada grupo parlamentario, específicamente por sus coordinadores, con derecho a una réplica y a una contrarréplica. Las preguntas podrán ser expresadas en un lapso de diez minutos cada una, con igual tiempo para la respuesta y la contrarréplica a cada una de ellas. Asimismo, estas preguntas deberán enviarse con una antelación de cinco días hábiles al Presidente de la República y simultáneamente publicarse en la Gaceta Parlamentaria. —Termino. Proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma y adiciona el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 69. El día de la apertura de sesiones ordinarias del primer período, el Presidente de la República hará llegar al Congreso un informe escrito del estado general que guarda la Administración Pública del país y emitirá un mensaje a la nación. Posteriormente el Congreso, atendiendo a su organización y disposiciones reglamentarias, analizará el contenido del Informe. Transcurridos 20 días hábiles, el Congreso de la Unión se reunirá en sesión con el Presidente de la República y con los miembros de su gabinete; por medio de sus coordinadores los grupos parlamentarios formularán cada uno una pregunta al titular del Poder Ejecutivo federal en un tiempo de 10 minutos, las cuales serán respondidas en un lapso similar. Asimismo, los grupos parlamentarios realizarán dos preguntas cada uno a los miembros del gabinete que corresponda a la naturaleza de las mismas. Por cada pregunta habrá una réplica y una contrarréplica, cada una de 10 minutos. Las preguntas que se formularan en esta sesión se enviarán por escrito al Presidente de la República con una antelación de cinco días hábiles y se publicarán en la fecha de su emisión en el órgano oficial de cada una de las cámaras. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficia de la Federación. Rúbricas: del diputado Samuel Palma César, del diputado Luis Enrique Benitez Ojeda y la del de la voz diputado Jesús Ramírez Stabros. Muchas gracias, Presidente.