La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Totalmente lamentable lo que está sucediendo aquí. Estoy rodeada de compañeras del PRI, que están vigilando que absolutamente nada diga, nada suceda. Así quiere sacar Enrique Peña Nieto esta reforma, así. Pero, saben qué, todavía habemos un puñado de legisladores que vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores, todavía existimos y estamos presentes, así que no nos van a intimidar, no me van a intimidar ninguna de ustedes. En primer término queremos señalar que nos declaramos en contra de votar las propuestas del seguro de desempleo y pensión universal en conjunto, porque no existe ni justificación técnica ni jurídica ni mucho menos lógica para hacerlo. El seguro de desempleo y la pensión universal son temas diferentes en su contenido, la suerte de una no depende de la otra, en nada se tocan, son autónomas y, en consecuencia, su aprobación debe tomar diferentes caminos. No existe tampoco justificación económica, puesto que sus fuentes de financiamiento son diferentes. El seguro de desempleo pretende financiarse básicamente por los recursos propiedad de los trabajadores y la pensión universal se cubriría con dinero público derivado del presupuesto federal. Pero sobre todo la propuesta es injustificada porque pretende encubrir el rechazo creciente y generalizado en todos los sectores, tanto del sindicalismo tradicional representado por el Congreso del Trabajo como del independiente a través de la Unión Nacional de Trabajadores y otros gremios. La propuesta ha encontrado también crítica en la academia, los organismos especializados en la materia, como la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, en fin. Para decirlo claramente se pretende ocultar a través de un voto en conjunto la responsabilidad que implica disponer de un dinero que no debamos tocar y que esté destinado a cumplir con el derecho humano a la vivienda. No aceptar la votación separada nos impide a los legisladores reflejar a través de nuestro voto el sentir de los trabajadores que rechazan ceder su fondo de vivienda para cumplir una promesa de campaña. Enrique Peña Nieto durante su campaña recorrió los estados prometiendo la creación de un seguro de desempleo. El 11 de septiembre de 2013 en esta misma tribuna Luis Videgaray justificó el enorme aumento de impuestos con la creación de dos grandes programas: la pensión universal y el seguro de desempleo. Lo que no nos dijeron ninguno de los dos, como ya es costumbre, fueron las letras chiquitas. No nos dijeron que el seguro de desempleo lo financiarían los trabajadores. No nos dijeron que para cumplir esta promesa se tendría que sacrificar el derecho a la vivienda, y mucho menos no nos dijeron que detrás de tan desolado panorama serían las Afore y los bancos los grandes ganadores. Se les olvidó mencionar que el seguro de desempleo se contempla financiar con el 3 por ciento de los fondos de vivienda, que ello implica la reducción del 60 por ciento de las aportaciones y que ello representa 34 mil millones de pesos anuales menos para el Infonavit, menos créditos, más caros y a plazos mucho mayores, como lo ha advertido el estudio económico presentado por el propio PRI, compañeros, a través del Congreso del Trabajo. Se les pasó decirnos que el gobierno federal aportaría sólo el 0.5 por ciento a un fondo solidario, pero que éste entraría únicamente en el supuesto de que el trabajador haya agotado por completo sus ahorros para la vivienda en la subcuenta mixta y no pueda cubrir sus seis reducidos pagos. Se les olvidó mencionar que las Afores administrarían los recursos. Estas mismas administradoras que cobran comisiones cuando no han generado rendimientos y que han demostrado a través de las cuentas individuales que la mayoría de los pensionados tendrán una pensión de apenas el salario mínimo. No dijeron que esta propuesta sería contraria a la Constitución y amenazaría el derecho fundamental contemplado en el artículo 123, que dice: toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa, y la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo. Por lo visto les faltó decir lo más importante. Es evidente que la propuesta forma parte de un proceso de privatización y un cambio de rumbo radical de la política de vivienda. Al mismo tiempo que se formuló la propuesta del Seguro de Desempleo el gobierno federal celebró un convenio con la banca privada para que otorgara créditos a los trabajadores de bajos ingresos, esto demuestra que al cancelar la política de vivienda a través del Infonavit serán ahora los bancos los encargados de esta tarea. Conocemos muy bien cómo funcionan los créditos bancarios, conocemos muy bien sus abusos y los sacrificios que deben de sufrir sus clientes para cumplirles, pero sobre todo con una política salarial por los suelos que eternizará las deudas con los pocos casos que concedan créditos. Se lo decimos muy claro; no hay absolutamente nada de más seguridad que tener una casa propia, las aportaciones de los patrones a la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores, no nuestra. Basta leer el artículo 5o del Infonavit, no podemos disponer de ellas para cumplir superficialmente con una promesa de campaña. Lo que está en juego hoy es el derecho humano a la vivienda, el voto a favor de quien venga no se justifica, así que la pregunta será, ¿cuántos diputados estamos dispuestos a defender este derecho? Muchísimas gracias.