La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el cobre es un metal no precioso con buena conductividad eléctrica, ductilidad y resistencia mecánica. Estas características lo han convertido en el material más empleado, hasta ahora, para fabricar cables eléctricos que se utilizan en empresas, industrias y hogares. Tan sólo en el país, hasta noviembre del año pasado, se produjeron más de 391 mil toneladas de este material, básicamente en el estado de Sonora con una participación del 73.3 por ciento del mercado. Aunque la producción de este mineral disminuyó un 29 por ciento el año pasado coexiste un problema de amplia y más inmediata repercusión en la ciudadanía de tan grandes dimensiones que va en aumento cada día, el cual es tema de esta reforma al Código Penal Federal. Desde hace más de cinco años se ha fortalecido un mercado clandestino de venta de metales a nivel mundial, donde vendedores y compradores causan cuantiosos daños a establecimientos, oficinas, casas habitación y gobierno. Entre estos metales se encuentra el cobre, que en el 2010 encabezó la lista de metales no ferrosos que más se revalorizaron en el mundo. Lo anterior provocó que se multiplicaran los casos de robo clandestino de cableado o tubería de cobre, con amplios dividendos para los delincuentes y las personas que lo comercializan. Lo más lamentable son las facilidades con las que se comercializa el producto sustraído, lo que motiva y fomenta la reproducción del mercado negro donde es bien pagado, sin reparar en la forma en que se haya obtenido. En toda la república mexicana se puede observar este fenómeno delictivo, registrando pérdidas millonarias por el robo de cobre en instalaciones eléctricas, telefónicas, hidráulicas, de gas, de equipamiento urbano, agrícolas e industriales sin distingo de que sean éstas públicas o privadas. El más afectado de todos podríamos pensar que es la Comisión Federal de Electricidad, pero esta empresa es prestadora del servicio eléctrico por lo que los verdaderos afectados somos los ciudadanos, las empresas, la industria o el campo que deja de recibir el suministro energético necesario para nuestras cotidianas actividades. Muestra de ello resultan los más de cinco mil apagones a consecuencia del robo ocasionado entre los años 2010 y 2011, de mil 200 kilómetro de cable de cobre, mismos que produjeron pérdidas económicas por más de 73 millones de pesos a esa institución. Nada comparado con los presumibles 387 mil pesos recibidos por los delincuentes. En esas pérdidas no se encuentran cuantificados los daños ocasionados a los usuarios finales de electricidad, en los que también debemos incluir a los cientos de planteles educativos en donde cada periodo vacacional los delincuentes aprovechan para llevarse todo el cableado, incrementando con ello el daño social que causa esta acción delictiva. Atendiendo esta problemática, Congresos locales como el de Coahuila y Colima, han tipificado en sus Códigos Penales este delito por robo calificado, aumentando penas y estableciendo agravantes que impiden al inculpado la libertad bajo fianza. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor de la presente reforma, pues esta medida beneficia directamente a la ciudadanía y con ella se pretende disuadir el robo, comercialización, enajenación, traslado y cualquier otra actividad delictiva relacionada con el robo de cable de cobre y que por consiguiente no se interrumpa la prestación de servicios públicos y básicos para la población, como son el alumbrado público, los servicios educativos o la misma prevención de la delincuencia, porque creemos que es un imperativo generar y apoyar medidas legislativas eficaces, preventivas y que fortalezcan la seguridad pública, y que con ello se eviten este tipo de delitos que afectan a la sociedad en general y causan graves daños a la economía familiar. Es cuanto, presidente. Gracias.