EL DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias señor Presidente. Amigas y amigos diputados: Uno de los problemas más importantes que tiene nuestro país frente a la delincuencia, es indudablemente el sistema penitenciario nacional. Este año, los primeros meses vimos una crisis terrible de las prisiones mexicanas; vimos cómo prisiones que se nos señaló eran modelo de vigilancia y de seguridad, dejar escapar prácticamente por la puerta a criminales, a delincuentes terribles. El sistema de prisiones mexicano debe ser modificado radicalmente. La iniciativa que presento el día de hoy es un propósito que he venido trabajando desde hace muchos años, desde que fui Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados en la LV Legislatura, que desarrollamos un programa amplio de consultas populares donde se participaron con más de 120 propuestas para modificar nuestro sistema penitenciario. Desde entonces hemos venido trabajando en un propósito colectivo donde han participado legisladores federales y locales, funcionarios de la Secretaría de Gobernación especialistas en cuestiones penitenciarias, directores de prisiones, internos, he viajado tanto en el país, como en otras partes del mundo, por cierto a mi costo, para conocer las prisiones y cómo funcionan. He estado varios días trabajando con los internos en las prisiones para ver la anarquía, para ver las circunstancias tan terribles en las que se viven las prisiones. El principio constitucional de readaptación social es un mito en el país, no existe en ninguna prisión del país, ni siquiera en las Islas Marías, la readaptación social, conozco las Islas Marías porque he estado varias veces ahí visitando y trabajando con los internos, la conozco desde que fui director jurídico consultivo de la Secretaría de Gobernación y trabajé para la creación de un reglamento que normara las actividades económicas de los internos. Es un fraude precisamente la readaptación social en nuestro país, las cárceles de nuestro país no readaptan a nadie, las cárceles mexicanas son escuelas del crimen, las cárceles mexicanas son escuelas donde gente que comete algún delito, no necesariamente por voluntad o por vocación de delincuente, sale necesariamente con problemas. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en la prisión de La Mesa, en Tijuana, que se conoce como El Pueblito, y me encontré a un ingeniero que había dado un cheque sin fondos y estaba compurgnado una sentencia, y me dijo: "Diputado, el problema principal que tengo aquí es que no hay nada qué hacer, me estoy volviendo loco, me ofrecen droga por doquier, estoy desesperado, voy a salir drogadicto y con más problemas con los cuales ingresé a esta prisión", Esa es la realidad del país. Hay tres columnas en las que descansa precisamente esta anarquía, la primera la sobrepoblación. En 1994, amigas y amigos legisladores, éramos, perdón, eran, 98, 000 internos, se había hecho una reforma en 1992 para tratar de ayudar en las preliberaciones, para que se desahogara precisamente esta sobrepoblación y esta presión que tienen este tipo de reclusorios. Sin embargo, a medida que aumenta la delincuencia, todo el sexenio pasado se modificaron una gran cantidad de leyes, desde la Constitución, hasta Códigos Penales y Procesales Penales para endurecer las penas, para sancionar incluso, eliminar la prisión preventiva, y esto ha generado un aumento extraordinario en la población penitenciaria, en estos momentos existen 154,000 internos en el país, es decir, en seis años aumentó casi 70, 000 internos en el país, y puede ser que esto sea positivo, desde el punto de vista de que esas personas de no estar en los reclusorios seguramente estarían cometiendo delitos en las prisiones, pero lo que es grave es que la capacidad instalada de las prisiones prácticamente no se ha modificado, se han creado seis o siete centros, sobre todo de máxima seguridad, que cada uno de ellos alberga alrededor de 400 ó 500 internos y no ha resuelto el problema de la sobrepoblación, y el problema de la sobrepoblación además se vincula con otro. En las prisiones mexicanas, salvo en dos o tres casos, salvo en los casos seguramente de las unidades de máxima seguridad no existe reglamento, el interno no conoce sus derechos, el interno no conoce sus obligaciones, el interno no conoce sus responsabilidades y el que es el señor de horca y cuchillo es el director; las unidades técnicas prácticamente no funcionan, pro eso hay anarquía. Tenemos otro problema muy serio, se da el autogobierno, en muchas prisiones existen responsabilidades que se les dan a los propios internos y con esas responsabilidades en una prisión, el interno se vuelve un capo, se vuelve un jefe y decide la vida y norma las relaciones reales de poder en las prisiones. Por eso se requiere un cambio, se requiere una modificación. Lo que vengo a proponer es precisamente un código de ejecución de sentencias que norme precisamente todos estos aspectos y establezca la obligación de que haya un reglamento en todas las prisiones del país, en las 446 prisiones que hay en nuestro país. Necesitamos también terminar con el problema del financiamiento. El problema del financiamiento es muy serio, porque una prisión cuesta 120 mil millones de pesos construirla, mas aparte el mantenimiento, es muy caro, y siempre es más barato y siempre luce más construir escuelas o caminos que construir prisiones. Pero además, otro problema serio que hay en las prisiones es que prácticamente no hay talleres, que la gente no trabaja y que además, de acuerdo con el artículo 5° de la Constitución, no se puede establecer el trabajo como obligatorio, por eso el interno prácticamente no hace nada y el Estado tiene que financiarlo directamente, y es una cantidad muy alta. Por eso en este código, en esta iniciativa de código, propongo que el trabajo sea obligatorio, y para que sea obligatorio no hay necesidad de cambiar el artículo 5° de la Constitución, sino los jueces en su sentencia tienen que establecer que el trabajo es un elemento de la readaptación, de tal manera que el interno tiene que trabajar como un mecanismo de readaptación, pero ese interno tenemos que buscarle que haya una asociación entre las prisiones y el sector industrial. He hablado con maquiladores del país, he hablado con funcionarios de la CANACINTRA y están dispuestos a hacer convenios productivos para poder llevar a cabo plantas gemelas, es decir que en una parte de su proceso productivo se realice dentro de la prisión y otro fuera de la prisión, en sus plantas. De tal manera que el interno gozaría de un salario, y ese salario se dedicaría, parte al mantenimiento de la prisión, parte para su propia utilización, para sus propios gastos, y otra muy importante para ir creando un fondo para que cuando salga, cuando cumpla su sentencia, pueda salir con dinero y no vaya a convertirse nuevamente en una carga de la sociedad y empiece nuevamente a cometer delitos. De tal manera que a través de esta nueva visión del trabajo en las prisiones, no solamente se readapta sino también se le distrae y también se coparticipa en el financiamiento del sistema de prisiones del país y puede salir esta persona, no solamente con dinero, sino puede salir con una capacitación para el trabajo, con un vínculo con una maquiladora, que al salir de la prisión le puede dar trabajo precisamente en la otra planta que tiene afuera, porque precisamente lo que se busca es que haya una conexión entre la producción adentro de las prisiones y afuera de ellas. Otro de los aspectos importantes y ésta es una propuesta, y aquí le rindo homenaje a Luis de Tavira que no haya dinero en las prisiones, que no circule dinero y que las tiendas que hay en las prisiones sean tiendas que coordine y dirija la propia institución. Miren. Este problema de las tiendas es tan grave que voy a aprovechar para comentar un comercial. En Baja California, un grupo de secuestradores en la prisión de Tijuana tenía bajo su cargo la tienda de la prisión, ganaba 300 mil pesos al mes. Como era muy importante la utilidad de esta tienda, las autoridades determinaron que se le pasara a otro penal para que ese dinero fuera administrado directamente por una unidad de apoyo a los reos liberados, de tal manera que tuviera ingresos propios. A este grupo de secuestradores se les pasó a otra prisión del estado, se ampararon, exigieron su regreso a la prisión de Tijuana, exigieron que se les regresara la tiendita. No se les regresa la tiendita y se les prelibera, independientemente de que el código prohibía que los secuestradores fueran preliberados. Ese es solamente un episodio de lo que sucede en mi estado, Baja California; lo que estoy realmente tratando de señalar es el tema de que las tiendas no deben estar en manos de los internos sino que deben ser administradas por las propias autoridades y los precios de venta no deben ser precios de venta como si fueran artículo de lujo, sino deben de venderse con los mismos precios que se encuentran fuera en cualquier tienda o en cualquier establecimiento de la misma categoría en el país. Por eso pues, estamos proponiendo este Código de Ejecuci6n de Sentencias que tiene una serie de propuestas novedosas y quizá la última para no abusar de su paciencia tiene que ver con la aplicación de las sentencias. Actualmente es discresionalidad de la Secretaría de Gobernación, del Director General de Prevención y Readaptación Social, claro con la vigilancia del Subsecretario. Yo no digo que se ha hecho mal uso de esa facultad discresional, digo que es tiempo de cambiar y avanzar para crear un órgano distinto que no esté sujeto a que las personas que salgan de las prisiones por preliberación puedan estar presionadas políticamente o por corrupción. En el mundo se ha avanzado al juez de ejecución de la sentencia, así funciona en Italia, así funciona en España, así funciona en Argentina. Una primera propuesta que había hecho yo en este documento era establecer el juez de ejecución de la sentencias, de quitarle esta facultad a la Secretaría de Gobernación y establecer este juez de ejecución de la sentencia; pero creo que el paso es muy dramático entre un sistema discresional como actualmente se observa en el país y uno totalmente autónomo como es el juez de ejecución de la sentencia. Por eso lo que propongo es crear una Comisión de Ejecución de Sentencia, que sea un órgano colectivo donde participen una serie de funcionarios que tengan la capacidad y la autonomía de poder juzgar de manera colegiada si una persona merece ser preliberado o no merece ser preliberada. De esta manera estaríamos rompiendo la discresionalidad que actualmente existe en la Secretaría de Gobernación y estaríamos avanzado hacia un método mucho más imparcial, un método mucho más objetivo, un método que necesariamente requiere la conjunción y la participación de una gran cantidad de voluntades. Dejo pues a ustedes este Código de Ejecución de las Sentencias como una propuesta para que avancemos en la modernización del sistema penitenciario mexicano, Hemos avanzado en endurecer las penas hemos avanzado en fortalecer el sistema judicial federal, hemos avanzado en fortalecer otras instituciones, se nos han quedado rezagadas dos áreas importantes para combatir la delincuencia: una la prevención del delito y otra precisamente la ejecución de las sentencias. Esta es una propuesta para que avancemos en este último renglón. Muchas gracias. CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS PRESENTES. El que suscribe Diputado Federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea, la iniciativa de Código Federal de Ejecución de Sentencias, con arreglo a la siguiente: Exposición de Motivos La sociedad mexicana demanda una adecuada organización penitenciaria que garantice que todo aquel que le ha causado un daño, a través de la comisión de un delito, recibirá de ésta, al mismo tiempo, un castigo en retribución a su conducta antisocial y un tratamiento que prevenga su reincidencia. El Estado Mexicano ha iniciado un profundo proceso de perfeccionamiento de nuestro sistema de justicia. En los últimos años se ha hecho un intenso trabajo legislativo que busca de fortalecer nuestro Estado de Derecho, mediante la actualización y perfeccionamiento de las normas jurídicas que rigen las tareas de procuración y administración de justicia. El sistema penitenciario nacional no puede quedar al margen del esfuerzo nacional por actualizar nuestra legislación. En materia penitenciaria, la adecuación del marco jurídico es tarea impostergable. El sistema penitenciario nacional afronta problemas que requieren de una solución de fondo y a largo plazo. Efectivamente, para nadie es un secreto que en muchos de los establecimientos penitenciarios del país, no existen condiciones que favorezcan la reinserción a la vida social. En muchos casos los centros penitenciarios constituyen verdaderas escuelas del crimen y centros de castigo. Tres han sido los factores fundamentales que han influido en la crisis que enfrenta el sistema de reinserción social mexicano: la sobrepoblación penitenciaria, la falta de un adecuado marco legal que encauce la política de reinserción social y un financiamiento oportuno para las actividades penitenciarias. A los tres aspectos pretende dar solución la presente iniciativa, proponiendo las condiciones materiales y legales para que la reinserción social sea objetivamente viable. Es innegable que la sobrepoblación penitenciaria equivale a hacinamiento. Sin espacios adecuados es imposible plantearse la efectividad de instrumentos de reinserción, como el trabajo. Además, el respeto a la dignidad personal es casi sino imposible, en medio de una aglomeración humana insana. La sobrepoblación en los centros penitenciarios del país se ha convertido en un importante factor que provoca la mayoría de los problemas del sistema de reinserción. Este fenómeno es un doble resultado: de una parte es el fruto del rezago en infraestructura penitenciaria, pero también es consecuencia del uso indiscriminado de la privación de la libertad, como pena. Ensombrece aún más el panorama penitenciario, la insuficiencia normativa que priva en esta materia. Dentro del sistema jurídico mexicano, el derecho penitenciario tuvo un desarrollo muy tardío. Los esfuerzos por actualizar la normatividad, las instalaciones y el personal suman apenas tres décadas. Se trata de un proceso que se inició en el Centro Penitenciario del Estado de México en el año de 1966. Un poco más tarde, en 1971, la aprobación de la Ley de Normas Mínimas dio continuidad al impulso de Almoloya de Juárez y condujo, tanto a la liquidación del tristemente célebre Lecumberri, como a la creación de nuevos reclusorios en el Distrito Federal. Estas acciones, que se dan entre 1966 hasta fines de los setentas, eran la respuesta a la desastrosa y degradante situación en que se encontraban las cárceles mexicanas, caracterizadas por su corrupción, la violación sistemática de los derechos humanos y la indefensión de los reclusos. El centro de máxima seguridad de Almoloya de Juárez y la Ley de Normas Mínimas arrastraron tras de sí una reforma al sistema penitenciario que se extendió por todo el país. Lamentablemente, este primer esfuerzo reformador se vio debilitado por recurrentes crisis económicas, que dieron origen al rezago en infraestructura, que hoy se observa. En cuanto al marco normativo, si bien es cierto que se lograron notables avances en los años setentas, lo cierto es que estamos muy lejos de un cuerpo legislativo integral, capaz de dar al principio de reinserción social, una viabilidad jurídica y objetiva. La legislación actual, en cuanto a la ejecución de sentencias, es parca. Se cuentan con algunas disposiciones dispersas en el Código Penal Federal y en el Código Federal de Procedimientos Penales. Además de la Ley de Normas Mínimas, que constituyó un gran avance en su tiempo, no existe un cuerpo normativo central que regule la ejecución de la pena privativa de la libertad. Además de ello, sólo en algunos de los 446 Centros de Internamiento del país se cuenta con un reglamento interno que rija la vida del mismo. Esto ocasiona que, las más de las veces, sea la sola voluntad del Director del penal la que determine las reglas a seguir dentro del establecimiento, con todos los efectos negativos que esto representa para el fin de reinserción social. Para tratar de disminuir la sobrepoblación en las prisiones, en 1992, el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas al Código Penal, transformando en faltas administrativas, distintos actos que antes eran considerados como delitos. Asimismo, se establecieron penas alternativas a la privación de la libertad para diversas conductas que no implicaban un alto grado de peligrosidad. Con esta nueva normatividad, se logró dar un uso más racional de la privación de la libertad. Falta avanzar en la adecuación del Código Penal que privilegie la aplicación de los sustitutivos de la pena de prisión. Sin embargo, con el endurecimiento de la ley penal, a partir de 1994 los centros de reclusión del país vuelven a tener problemas de hacinamiento, dado que se aumenta la pena de prisión en determinadas conductas antisociales, se reduce la libertad bajo caución en otros, y se restringen las libertades anticipadas. Esto provocó que de la población penitenciaria, que en 1994 fue de aproximadamente de 85 mil internos, para finales del año dos mil, fuera de aproximadamente 154 mil internos, casi el doble de población penitenciaria. Con el propósito de contribuir a las soluciones de esta problemática, con el espíritu de colaboración entre poderes que caracterizó el trabajo de LV Legislatura, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la cual tuve la alta distinción de presidir, coordinó trabajos para la actualización del marco legislativo de la actividad penitenciaria. En este esfuerzo se privilegió la discusión abierta y plural, creando canales de participación para la sociedad civil. En efecto, esa Comisión convocó a los Foros Nacionales de Reformas Legislativas que se celebraron entre los meses de abril y julio de 1992. En esta consulta pública, se recibieron más de ciento cincuenta ponencias, veinticinco de las cuales, específicamente abordaban el tema de las prisiones. Las propuestas recibidas de la sociedad civil estaban orientadas fundamentalmente a crear las condiciones para que la prisión sea realmente un instrumento de reinserción social. Se enfatizaba que la condición de preso no afecta la dignidad humana del interno, que era necesario precisar los derechos de los prisioneros y las características mínimas con que ha de contar un penal para que garantice una estancia digna. Al mismo tiempo se buscaba garantizar una aplicación correcta y permanente de las penas impuestas, a través de un órgano que se encargará específicamente de vigilar su observancia. Todas estas propuestas de reformas legislativas fueron canalizadas a un grupo de diputados federales integrantes de esa Comisión, que junto con los entonces funcionarios de la Dirección de Prevención y Readaptación Social de la Secretaria de Gobernación, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos abocamos a la tarea de dar forma legal a las propuestas recibidas. Este grupo contó con la valiosa colaboración de expertos penalistas en materia penitenciaria, que constituidos en un Consejo Asesor, coadyuvaron en la redacción de este instrumento legal. La redacción de un proyecto de ley que sistematizara todas las propuestas recibidas, rebasó el período de trabajo de la LV Legislatura. Para no dejar trunco este gran esfuerzo parlamentario, desde el Senado de la República de la LVI Legislatura Federal, se propuso dar continuidad a todo este trabajo legislativo. La LVI legislatura del Congreso de la Unión participó activamente en los esfuerzos por modernizar las instituciones encargadas de preservar el estado de derecho en el que vivimos. Dichos esfuerzos iniciaron con la discusión de la reforma constitucional aprobada por este Congreso en el mes de diciembre de 1994, que sentó las bases con las que posteriormente se modificó la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, a la vez que se previó la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo el Poder Revisor de la Constitución modificó diversos artículos Constitucionales que, entre otras cosas, establecieron específicamente la garantía de privacía de las comunicaciones privadas y sus limitaciones. De igual forma, esa misma legislatura aprobó las Leyes Orgánicas de la Procuraduría General de la República y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal así como diversas disposiciones de carácter procedimental contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal y en el Código de Comercio, es ese esfuerzo por atacar los problemas que aquejan a las instituciones relacionadas con la justicia en México, desde un punto de vista integral. No hay duda de que la presente iniciativa enclava perfectamente en ese espíritu. Nuevamente, a finales de 1996, un grupo de legisladores, distinguidos penitenciaristas, directores de centros de reclusión y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, que en ese entonces tenía a su cargo la cuestión penitenciaria, llevamos a cabo varias reuniones en las cuales se aportaron importantes y atinadas propuestas, mismas que se recogen en el presente documento de iniciativa. Este trabajo, que constituye un verdadero esfuerzo de concertación y colaboración, se pone hoy a la consideración de esta LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión. La estructura del Código puede dividirse en dos grandes apartados: El régimen de prisiones y las disposiciones procedimentales de ejecución de penas privativas de libertad. En el primero, podemos ubicar una serie de disposiciones preliminares que servirán de fundamento a las contenidas a lo largo de esta iniciativa. Estas son seguidas de un apartado que hace referencia a los convenios de coordinación, que han de ser la base para lograr la correcta aplicación nacional de estas normas. La siguiente sección del Código que propone esta iniciativa, detalla los distintos aspectos de la vida de las prisiones: tipos de establecimientos y sus características; autoridades penitenciarias, sus funciones y sus obligaciones; derechos de los internos y todo lo que se refiere al régimen interior de los centros carcelarios. Para finalizar se detalla el funcionamiento y aplicación de los elementos de reinserción social. En el segundo gran rubro que comprende el Código que hoy se propone como iniciativa, encontramos las normas de ejecución de las sentencias, entre ellas destaca la creación de la Comisión de Ejecución de Sentencias. También aquí se contienen las normas a aplicar a las externaciones anticipadas. Por último, se aborda el tema de asistencia a los liberados. La iniciativa de Código Federal de Ejecución de Sentencias, pretende ser el instrumento jurídico que encuadre la nueva política penitenciaria nacional, a través de un federalismo cooperativo, inscrito en el artículo 18 constitucional que claramente establece que en esta materia hay una competencia coincidente entre la federación y las entidades federativas. Por ello se plantea la celebración de convenios de colaboración entre federación, a través de la Secretaría de Gobernación y los distintos Estados de la República, para que los principios de esta iniciativa se incorporen a las legislaciones locales. La iniciativa de Código, supera la concepción que circunscribe la privación de la libertad como un sistema de readaptación del interno. Se propone que el objeto de todo el sistema penitenciario sea lograr una exitosa reinserción en la sociedad del interno, a través de diversos medios: educación, trabajo, capacitación y fundamentalmente, por medio de un tratamiento personalizado. En distintas disposiciones a lo largo de esta iniciativa, se hace énfasis en que la condición de estar sujeto a un proceso penal o estar sentenciado por la comisión de un delito, no menoscaba en nada la dignidad del interno. A fin de dejar muy en claro este principio, se especifican los derechos con que el interno cuenta y las obligaciones correlativas que estos derechos imponen a los funcionarios y personal de los penales. Para asegurar un trato adecuado acorde a la situación jurídica y a las condiciones personales del interno, se establece una distinción entre diversos tipos de establecimientos de reclusión. En concordancia con la terminología internacional se distinguen entre establecimientos de mínima, media y máxima seguridad. También se diferencia claramente el régimen para los internos sujetos a proceso y el de los sentenciados. Para los primeros rige el principio de presunción de inocencia, por lo que los elementos de reinserción social para ellos constituirán un derecho. Para los segundos, el tratamiento en el interior de la prisión se enfoca a proporcionar las bases para que el interno se reintegre a la sociedad en condiciones productivas. Se busca que la reinserción en la sociedad del interno sea el eje alrededor del cual gire la organización penitenciaria, garantizando a los internos, elementos para que logren exitosamente esa reinserción. Por lo anterior, parte fundamental de este ordenamiento es especificar los elementos con que contará el interno para asegurar que su reincorporación en la sociedad sea fructífera. En este proyecto al tratamiento para los internos se le da un enfoque científico. En efecto, se plantea la necesidad de una metodología que incorpore a la ciencia como elemento indispensable para que el interno tenga una atención adecuada a sus características personales. Además se incorpora, como elemento de reinserción social, al trabajo penitenciario. De aprobarse esta iniciativa, el trabajo que realicen los internos no será considerado un castigo adicional ni un simple medio para la liberación anticipada. El trabajo se convertirá en verdadero instrumento de transformación del interno, para hacer que adquiera hábitos productivos que serán fundamentales para su reincorporación a la vida social. Para lograr que sea un verdadero instrumento de reinserción, al trabajo penitenciario se le incorporan una serie de características: remuneración adecuada, condiciones de seguridad e higiene previstas para el trabajo ordinario y la inscripción de los internos en el sistema de seguridad social. Pero sobre todo, el trabajo penitenciario se distinguirá por tener un carácter formativo con el fin de proporcionar a los internos la capacitación necesaria para reinsertarse en el mercado de trabajo cuando sean liberados. También se contempla que el interno, con su trabajo, contribuirá al sostenimiento de la prisión, además de que se podrán celebrar convenios con el sector productivo, al efecto de crear unidades económicas dentro de las prisiones. Derivado de un diagnóstico realista sobre la situación que guarda el Sistema Penitenciario Nacional, se desprende que uno de los problemas que hay que atacar de inmediato es el relacionado con la escasa preparación con que cuenta el personal que labora en los Centros de Readaptación Social. No pasa desapercibido el hecho de que a pesar de los esfuerzos que ha venido realizado la Secretaría de Gobernación en esta materia, de acuerdo al Programa de Prevención y de Readaptación Social 19952000, a la fecha existe un déficit de alrededor de 20 mil trabajadores que no han recibido capacitación penitenciaria, a pesar de que en ellos descansa el funcionamiento de los centros carcelarios de todo el país. La adecuada capacitación del personal de los establecimientos carcelarios, es la mejor garantía para su buen desarrollo. Por ello, en esta iniciativa se prevé la creación del Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria, que será el encargado de sustentar la profesionalización del sistema penitenciario mexicano. Otra gran innovación de este dispositivo legal, es la creación de un cuerpo encargado de la solución de los problemas relativos a la ejecución de penas privativas y de restricción de la libertad, de la vigilancia en la aplicación de dichas penas y del respeto a los derechos de los internos. Este cuerpo se encargará de que las leyes y los reglamentos sean realmente el elemento central de la convivencia al interior de las prisiones. La creación de esta Comisión combina las ventajas de un órgano experto en derecho e íntimamente ligado a la vida penitenciaria. Por ello, vendrá a constituir un instrumento fundamental de la nueva política de reinserción social. Este órgano, la Comisión de Ejecución de Sentencias está concebido como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, lo que facilitará su instalación y que evitará la discrecionalidad en la aplicación de las medidas que este Código prevé. Otro aspecto que se puede destacar del nuevo ordenamiento, es que para evitar que la sola voluntad de los directores sea el órgano rector de las prisiones, se delimitan las funciones discrecionales de ellos y se le dan más facultades a los Consejos Técnicos de los establecimientos para la conducción de los mismos. Asimismo, se regula detalladamente la aplicación de medidas disciplinarias de los internos. Además, dado que ya son una realidad y en la práctica se ha demostrado su efectividad, se establecen los principios fundamentales que regularán a los establecimientos o secciones de alta seguridad. Por otra parte, se establece que se ha de favorecer la creación de empresas productivas, vinculadas a las economías locales, respetando el principio de que el trabajo penitenciario no ha de supeditarse a intereses económicos. De esta manera se busca coadyuvar en el sostenimiento de las prisiones y darle un sentido productivo al trabajo penitenciario. Para evitar los fenómenos de corrupción que han afectado a nuestras prisiones, la iniciativa de código prohibe el uso de dinero o el intercambio de objetos de valor dentro del establecimiento. Para cualquier transacción en el interior de un penal, se utilizará una tarjeta de débito. Con el fin de erradicar prácticas que permitían a unos internos, prácticamente explotar a otros, se suprime el régimen de autogobierno en las prisiones, así como la intervención de internos en funciones administrativas dentro del penal. Por lo mismo, la venta de productos dentro del penal será administrada directamente por las autoridades del mismo y se prohibe que su precio exceda al del que rige en la localidad. La presente iniciativa es un esfuerzo de concertación democrática. Esta iniciativa sintetiza muchas de las aspiraciones de distinguidos juristas que han visto en nuestro Sistema Penitenciario un instrumento perfectible. También están las propuestas de muchos promotores independientes de los derechos humanos que participaron activamente con denuncias y propuestas, por que resultaría un contrasentido que nuestra sociedad y nuestro sistema legal dediquen tantas energías para proteger el derecho a la libertad del procesado y, que, una vez sentenciado, se olvide completamente de él, como si dejara de ser persona y se le trate como si hubiera perdido su calidad de ser humano, despojándosele de su calidad de sujeto de derechos. Resulta una amenaza para la sociedad misma, la concepción de la pena exclusivamente como una retribución punitiva a la alteración de un orden instituido. No se puede concebir un sistema que tiene como único fin: encerrar al delincuente tras unas altas y sólidas paredes en nombre de la justicia. Esta visión reducida constituye un crimen contra nosotros mismos. Condenamos a un ser humano a sentir una sensación de desamparo e impotencia ante el poder total que, sobre su salud y hasta su vida, tiene el custodio. Lo sometemos a una falta de privacía absoluta y a una inactividad asfixiante. Lo ponemos a merced de una total discrecionalidad de las autoridades penitenciarias, sobre su persona durante el tiempo de encarcelamiento. Todo esto tiene consecuencias sicológicas funestas en el interno y, en última instancia, constituyen un agravio para la sociedad misma. Efectivamente un sistema así hace que en el preso se engendre un sentimiento de desesperación absoluta, del que nace un desprecio hacia la ley y hacia la sociedad, que les llevaron a tan denigrante situación. La víctima de un sistema penitenciario, donde la venganza es omnipresente, se empapa de ella y regresa a la sociedad inclinado a vengarse también. Por si esto fuero poco, que por delitos que no implican peligrosidad o que se encuentran en prisión por circunstancias adversas, más que por su conducta antisocial, se ven marcados gravemente en su conducta por su paso, aunque sea breve, en nuestras prisiones. Si queremos que el sentenciado se reincorpore a la sociedad, convertido en un buen ciudadano, hemos de esmerarnos para establecer un sistema que, durante el tiempo de su internación le brinde elementos para que su conducta sea un soporte de la misma sociedad que antes dañara con su delito. Dado que la gran mayoría de los reclusos, eventualmente regresa a la vida en común, lo que les ocurra en los establecimientos de internación, ha de ser de gran importancia para la sociedad y prioridad de la política social. Todo esto, sin dejar de tener en cuenta que la privación de la libertad es, ante todo, una respuesta ante la transgresión del orden jurídico que, además, busca tener un efecto disuasivo entre los potenciales delincuentes. La prisión no es ni puede ser un castigo sin sentido. Es ante todo un medio de política social para evitar que prolifere la delincuencia. Por ello, la primera misión que ha de cumplir la pena privativa de la libertad es la de asegurar que los que salgan de ellas cuenten con los elementos suficientes para no reincidir en su conducta delictiva. Es necesario organizar nuestro sistema penitenciario para que deje de ser una escuela del crimen y retome su función original: Un instrumento de política social para evitar y prevenir la delincuencia, a través de la pena que la privación de la libertad implica, pero también de un tratamiento para los internos que les facilite elementos para reincorporarse exitosamente a la sociedad. Este es el propósito fundamental de éste instrumento normativo. Por lo expuesto y, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por el digno conducto de Ustedes CC. Secretarios, me permito someter a la consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa de: CODIGO FEDERAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS. ARTICULO UNICO. Se expide el Código Federal de Ejecución de Sentencias. CODIGO FEDERAL DE EJECUCION DE SENTENCIAS TITULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES ARTICULO 1°. El presente Código tiene por objeto regular: I. Las disposiciones que en materia de cumplimiento de penas establece el orden jurídico mexicano; II. La aplicación de sanciones penales y de medidas de seguridad que impliquen privación de la libertad; III. La organización y funcionamiento de los establecimientos de reclusión; IV. La custodia de los internos y la labor asistencial para éstos y los liberados. V. La aplicación de medidas de liberación anticipada de internos. Para lograr su objeto, este Código tomará en cuenta lo que al respecto dispongan la Constitución, los Tratados Internacionales en la materia y las demás normas aplicables. ARTICULO 2°. Las disposiciones de éste Código son de orden público y de aplicación en todo el territorio nacional, en lo que se refiere a los centros federales de readaptación social y los del Distrito Federal, así como a los internos que compurguen sentencias por delitos federales, en los términos de los convenios de coordinación que se celebren con las autoridades competentes de las entidades federativas. ARTICULO 3°. Este ordenamiento tiene como fin primordial la reeducación y la readaptación para la reinserción en la sociedad de los sentenciados a penas privativas de libertad sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. ARTICULO 4°. El régimen de prisiones respetará, en todo caso, los derechos humanos de los internos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos no afectados por la sentencia, sin establecer diferencia alguna por razón de raza, sexo, nacionalidad, pertenencia a una etnia, opiniones políticas, creencias religiosas, condición económica y social o cualesquiera otra circunstancia de análoga naturaleza. Por ello, los internos gozarán de todas las prerrogativas ciudadanas no afectadas por resolución judicial y especialmente tendrán derecho a: I. Recibir un trato digno, sin importar su condición legal; II. No recibir penas corporales y adicionales a la de la privación de libertad; III. No ser hostigados ni física ni psicológicamente por parte de los funcionarios y personal del establecimiento; IV. Gozar de condiciones de estancia digna dentro del establecimiento; V. Recibir un tratamiento individualizado que les permita reincorporarse a la sociedad; VI. Recibir la capacitación adecuada para reincorporarse productivamente a la sociedad. ARTICULO 5°. El régimen de prisión preventiva tiene por objeto mantener al interno a disposición de la autoridad judicial. Toda la regulación del régimen preventivo ha de tomar en cuenta que el principio de la presunción de inocencia presidirá el régimen de privación de libertad de los sujetos a proceso. Por lo tanto, a los procesados sólo se aplicarán aquellas normas de este Código que sean compatibles con su situación jurídica y para ellos la utilización de los elementos de reinserción social será un derecho. ARTICULO 6°. Estas normas se aplicarán, en lo pertinente en el territorio nacional a los internos de los establecimientos de reclusión federales, así como a los internos sujetos a procesos penales por la comisión de delitos federales que se encuentren en establecimientos locales, aunque se promoverá su adopción por parte de los Estados para su aplicación en las entidades federativas. Para este último efecto, así como para la orientación de las tareas de prevención social de la delincuencia, el Ejecutivo Federal podrá celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de los Estados. ARTICULO 7°. Para la mejor individualización del tratamiento y tomando en cuenta las condiciones de cada lugar y las posibilidades presupuestales, existirán instituciones especializadas, entre las que podrán figurar colonias penales y establecimientos especiales, así como establecimientos de mínima, media y de máxima seguridad El sitio en que se desarrolle la prisión preventiva será distinto del que se destine para el cumplimiento de las penas y estarán separados. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres. En ambos casos, de ser posible, se buscará que la separación implique la reclusión en edificios distintos y que tengan una organización, autoridades y personal diferenciados. En ningún caso los menores infractores podrán ser internados en los establecimientos regulados por este código, salvo que durante el internamiento cometieran un delito ya habiendo adquirido la mayoría de edad penal. ARTICULO 8°. Las autoridades competentes velarán para que los establecimientos sean dotados de los medios materiales y personales necesarios que aseguren el mantenimiento, desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos. ARTICULO 9°. La unidad administrativa competente dependiente de la Secretaría de Gobernación tendrá a su cargo aplicar estas normas en el ámbito de su competencia en los reclusorios de todo el país. ARTICULO 10.Para los efectos de este Código, se entiende por interno a toda persona sujeta a custodia en uno de los establecimientos regulados por este Código por mandato judicial de autoridad competente. ARTICULO 11.Cualquiera que sea elestablecimiento en que tenga lugar el ingreso, se procederá, de manera inmediata, a una separación teniendo en cuenta el sexo, edad, antecedentes, desarrollo cultural, estado físico y mental y, respecto de los sentenciados además, las exigencias del tratamiento. Para ello se observarán las siguientes disposiciones: I. Los hombres y las mujeres deberán estar separados. II. Los que estén sujetos a proceso estarán separados de los sentenciados. En el caso de que a un sentenciado sele sujete a nuevo proceso penal, éste permanecerá en la sección o establecimiento destinados ala ejecución de sentencias definitivas. III. Los jóvenes que estén sujetos a proceso o sentenciados, estarán separados de los adultos con las condiciones que se determinen reglamentariamente. IV. Los que presenten enfermedad o deficiencia física o mental, estarán separados de los que puedan seguir el régimen normal del establecimiento. Y de ser necesario, serán trasladados con la aprobación del Comité Técnico al establecimiento especial correspondiente. ARTICULO 12.Todo establecimiento de reclusión contará con un reglamento en el que se regularán las infracciones y las correcciones disciplinarias, así como los hechos meritorios y las medidas de estímulo. Dicho reglamento deberá por lo menos contener: I. La mención expresa de que sólo podrán ser sancionadas como faltas las conductas especificadas en el mismo; II. Una descripción de dichas conductas ordenadas según su gravedad (muy graves, graves y leves),la cual estará determinada por el daño que causen ala buena marcha del establecimiento; III. La especificación clara de la sanción que corresponde a cada falta o tipo de faltas; IV. La disposición expresa de que el director es el único que puede aplicar las sanciones; V. Un procedimiento para aplicarlas que respete las garantías de audiencia y defensa y que permita un recurso; VI. La orden de que las sanciones no sean inhumanas ni degradantes; VII. La obligación de que, para aplicarse toda sanción, se tome el parecer del Consejo Técnico Consultivo y la de que el aislamiento sea supervisado por un médico. Se prohibe todo castigo consistente en torturas o tratamientos crueles, así como la existencia de los llamados pabellones o sectores de distinción, en los que se destine a los internos en función de su capacidad económica, mediante el pago de cierta cuota o pensión. ARTICULO 13. Las comunicaciones del interno se darán de manera que se respete al máximo su intimidad y no tendrán más restricciones, en cuanto las personas y la forma, que las impuestas por razones de seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del Establecimiento. En todo caso la lectura de la correspondencia del interno está terminantemente prohibida. ARTlCUL014.La Comisión de Ejecución de Sentencias es un organismo colegiado de la Secretaría de Gobernación, que estará integrado por: I. Un representante de la Subsecretaría de Protección Civil de Prevención y Readaptación Social. II. Un representante de la Contraloría Interna. III. Un representante de la Dirección General de Asuntos Jurídicos. IV. Un representante de la Dirección General de Prevención y Readaptación Social. V. Un representante de la Dirección de Ejecución de Sentencias, quien se ocupará de la Secretaría Técnica de esta Comisión. ARTICULO 15.EI tratamiento penitenciario consiste en todas aquellas actividades encaminadas a la preparación para que el interno vuela a incorporarse a la sociedad. Dicho tratamiento tendrá como finalidad desarrollar en ellos una actitud de respeto así mismos y, de responsabilidad individual y social con respecto a sus familias y a la sociedad en general. TITULO SEGUNDO DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION ARTICULO 16. En los convenios de coordinación, que en materia penitenciaria se celebren entre la federación y las entidades federativas, se determinará lo relativo a la creación y manejo de instituciones penales de toda índole, entre las que figuran los establecimientos de seguridad mínima, media y máxima seguridad y los establecimientos especiales, especificándose la participación que en cada caso corresponde a los gobiernos federal y locales. Los convenios podrán ser concertados entre el Ejecutivo Federal y un solo Estado, o entre aquél y varias entidades federativas simultáneamente, con el propósito de establecer, cuando así lo aconsejen las circunstancias, sistemas regionales. Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo prescrito en el Artículo 18 constitucional acerca de convenios para que los reos sentenciados por delitos del orden común extingan su sentencia en establecimientos dependientes del Ejecutivo Federal. ARTICULO 17.En los convenios que suscriban el Ejecutivo Federal y los gobiernos de los Estados se fijarán las bases reglamentarias de estas normas, que deberán regir en la entidad federativa. El Ejecutivo local expedirá, en su caso, los reglamentos respectivos. El Ejecutivo Federal, a través de la dependencia competente promoverá con absoluto respeto a la autonomía estatal, ante los Ejecutivos locales la iniciación de las reformas legales conducentes a la aplicación de estas normas. Asimismo propugnará, que en esta materia exista uniformidad legislativa. TITULO TERCERO DE LOS ESTABLECIMIENTOS ARTICULO 18. Las colonias penales son circunscripciones territoriales alejadas de los núcleos de población, donde residirán forzosamente aquéllos internos que se determine en resolución de autoridad competente. En ellas imperará un régimen interno especial, caracterizado por las mínimas restricciones de movimiento dentro de la circunscripción territorial y porque el cónyuge y los familiares del interno podrán acompañarlo durante su permanencia en la colonia penal. ARTICULO 19. Los establecimientos de seguridad media son centros destinados a la retención y custodia de los internos sujetos a proceso. También podrán cumplirse, en sección diferente, penas y las otras medidas privativas de libertad, cuando el internamiento efectivo por compurgar no exceda de seis meses. ARTICULO 20. Los establecimientos de máxima seguridad son centros destinados al cumplimiento de las sentencias firmes e irrevocables de penas privativas de libertad. Se organizarán separadamente para hombres y mujeres y serán de dos tipos: de régimen ordinario y abierto. Los jóvenes deberán cumplir su sentencia separadamente de los adultos en establecimientos distintos o, en todo caso, en departamentos separados. Para los efectos de este Código, se entiende por jóvenes las personas de uno u otro sexo que no hayan cumplido los veintiún años. Excepcionalmente y teniendo en cuenta la personalidad del interno, podrán permanecer en centros destinados a jóvenes quienes, habiendo cumplido veintiún años, no hayan alcanzado los veinticinco. ARTICULO 21. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, existirán establecimientos o lugares propios para internos calificados de alta peligrosidad o para casos de inadaptación a los regímenes ordinario y abierto, apreciado esto, por causas objetivas expuestas en resolución motivada de las autoridades competentes, a no ser que el estudio de la personalidad del sujeto denote la presencia de elementos objetivos que a juicio del órgano competente, deban determinar su destino al establecimiento especial correspondiente. El régimen de estos lugares se caracterizará por una limitación de las actividades en común de los internos y un mayor control y vigilancia sobre los mismos, en la forma que reglamentariamente se determine. La permanencia de los internos destinados a estos centros será por el tiempo necesario hasta en tanto desaparezca o disminuyan las razones o circunstancias que determinaron su ingreso. ARTICULO 22. Los establecimientos especiales son aquéllos en los que prevalece el carácter médico, asistencial y terapéutico. Estos establecimientos serán de los siguientes tipos: I. Centros hospitalarios. II. Centros psiquiátricos. III. Centros de rehabilitación, para la ejecución de medidas de seguridad, de conformidad con la legislación vigente en la materia. ARTICULO 23. La ubicación de los establecimientos será fijada por las autoridades competentes. Se procurará que sean suficientes para satisfacer las necesidades de prisiones y evitar el desarraigo social de los internos. En la construcción de nuevos establecimientos y en el remozamiento o la adaptación de los existentes, la dependencia federal competente tendrá las funciones de orientación técnica y las facultades que se le atribuyen en los convenios respectivos. ARTICULO 24. Los establecimientos de reclusión deberán contar con servicios de dormitorios, servicios sanitarios, enfermería, escuelas, bibliotecas, instalaciones deportivas y recreativas, talleres, instalaciones para actividades productivas, patios, peluquería, cocina, comedor, locutorios individualizados, departamento de información al exterior, áreas destinadas para la visita íntima, para facilitar el ejercicio físico periódico y, en general, todos aquellos que permitan en ellos una vida social organizada y una adecuada clasificación de los internos, así como la tutela adecuada de sus derechos fundamentales. En los reglamentos respectivos se establecerán las características mínimas de la prestación de estos servicios. ARTICULO 25.Tanto las instalaciones destinadas al alojamiento nocturno de los internos como aquéllas en que se desarrolle la vida en común, deberán satisfacer las necesidades de higiene y estar acondicionadas de manera que el volumen de espacio, ventilación, agua y alumbrado se ajusten a las condiciones climáticas de la localidad. Por razones de higiene se exigirá un cuidadoso aseo personal. A tal fin, la Administración facilitará gratuitamente a los internos los servicios y artículos de aseo diario necesarios. Todo interno contará con una cama individual y para prevenir prácticas indebidas, se ha de evitar que dos internos se alojen exclusivamente en un dormitorio. Se ha de procurar alojarlos en cada dormitorio, preferentemente en números impares. ARTICULO 26.Todo establecimiento ha de llevar un registro escrito de los internos, al que tendrá acceso el público y que ha de contener: I. Sus datos generales; II. Motivos de su detención y los datos que identifiquen la orden de la misma; III. Día y hora de ingreso y salida, así como de sus traslados. ARTICULO 27. En todos los establecimientos de reclusión regirá un horario, que será puntualmente cumplido. El tiempo se distribuirá de manera que se garanticen ocho horas diarias para el descanso nocturno y queden atendidas las necesidades espirituales y físicas, las sesiones de tratamiento y las actividades formativas, laborales y culturales de los internos. TITULO CUARTO DE LAS AUTORIDADES ARTICULO 28. Las autoridades administrativas encargadas de los reclusorios no podrán dictar, en ningún caso, medidas de externación de las personas bajo su custodia. Para tal efecto se estará exclusivamente a lo que resuelva la autoridad competente, que en los casos de procesados será el juez de la causa y en el de sentenciados por sentencia firme e irrevocable, la Comisión de Ejecución de Sentencias. ARTICULO 29. En cada establecimiento funcionará un Consejo Técnico Consultivo, que se integrará de la forma siguiente: I. El Director del establecimiento, o el funcionario que le sustituya en sus faltas temporales; II. Los responsables de las áreas de apoyo técnico; III. Un representante del Sector Salud; IV. Un representante del Sistema Educativo Federal y/o Estatal; V. Un representante de la Secretaría de Gobernación. Podrá asistir a las sesiones del Consejo Técnico Consultivo, como observador, un representante de la Comisión Nacional de Derechos Humanos o la de la Entidad Federativa respectiva, según sea el caso. ARTICULO 30. El Consejo Técnico Consultivo tendrá las siguientes funciones: I. Ser el órgano de consulta obligada para la aplicación individual del Sistema Progresivo de Reinserción Social, así como para el otorgamiento de libertades anticipadas o nuevo señalamiento de lugar de reclusión; Por ser órgano de consulta obligada, todo rechazo a una recomendación del Consejo Técnico en el área de su competencia, ha de estar fundamentada. II. Sugerir medidas de alcance general para la buena marcha del establecimiento; III. Servir de órgano de enlace con instituciones del sector social interesadas en participar en el mejoramiento de las condiciones de los internos. Asimismo, este órgano será el instrumento receptor de los distintos proyectos que se proponga implementar dentro del establecimiento. IV. Valorar y aprobar en su caso, las correcciones disciplinarias que imponga el Director del establecimiento; V. Vigilar el respeto a los derechos humanos de los internos del establecimiento. VI. Conocer de las inconformidades relativas a la aplicación de correcciones disciplinarias. Todos los miembros del Consejo Técnico estarán obligados a guardar el secreto profesional en los asuntos de su competencia. ARTICULO 31. Serán facultades del Director del establecimiento: I. Dirigir el establecimiento; II. Supervisar la adecuada administración del centro de reclusión; III. Supervisar el desempeño del personal a su cargo; IV. Aplicar, de acuerdo al procedimiento establecido, las sanciones disciplinarias a los internos; V. Elaborar, en coordinación con el Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria, los manuales de operación correspondientes; VI. Las demás que determine el reglamento. ARTICULO 32. Serán obligaciones del Director del establecimiento: I. Cumplir los preceptos de este Código y demás disposiciones aplicables; II. Seguir los lineamientos que, para la conducción del establecimiento, establezca el Consejo Técnico Consultivo; III. Garantizar la seguridad del establecimiento y de los internos; IV. Respetar escrupulosamente a los internos los derechos establecidos en este Código y en otros ordenamientos aplicables; V. Vigilar que nadie sea internado ilegalmente al establecimiento; VI. Las demás que fije el reglamento. ARTICULO 33.EI reglamento interno de cada establecimiento dispondrá de un capítulo donde se regulen las faltas administrativas del personal y funcionarios de prisiones. A dicho capítulo le son aplicables las disposiciones que para la imposición de medidas disciplinarias a internos, se prevén en este mismo Código. ARTICULO 34. Para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario, se establecerá un Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria para el personal de dicho régimen, el cual tendrá a su cargo la fijación de las normas de selección, ingreso y promoción del personal, así como el programa de capacitación y actualización del mismo. En todo caso, los candidatos a dirigir los establecimientos penitenciarios deberán contar con título profesional o equivalente, en las áreas o disciplinas afines a la labor que desempeñarán, además deberán gozar de buena reputación y llenar en general el perfil respectivo. El reglamento correspondiente detallará los aspectos anteriores. TITULO QUINTO DE LOS INTERNOS ARTICULO 35. Los internos recibirán a su ingreso un documento que contenga información sobre el régimen del establecimiento, sus derechos y deberes, las normas disciplinarias y los medios para formular peticiones o quejas, así como una copia del reglamento interno del establecimiento. En los casos, en que el documento escrito no baste para tener conocimiento de la información mencionada, ésta se le transmitirá al interno, de acuerdo a su condición específica, por el medio idóneo. ARTICULO 36.Los internos tienen derecho a formular peticiones y quejas relativas a su tratamiento o al régimen del establecimiento ante el Director o persona que lo represente, a fin de que tome las medidas oportunas o, en su caso las haga llegar a las autoridades u organismos competentes. El director o su representante ha de responder en forma puntual a las peticiones y quejas formuladas en un plazo de 15 a 30 días, pero en caso de que esté en peligro la vida o la integridad de los internos, la respuesta ha de ser expedita. ARTICULO 37. Los internos deberán: I. Permanecer en el establecimiento a disposición de la autoridad que hubiere decretado su internamiento o para cumplir la sentencia que les impongan hasta el momento de su liberación, o en el caso de aplicación de medidas de seguridad, hasta su total recuperación. II. Acatar las normas de régimen interior y cumplir las sanciones disciplinarias que le sean impuestas en el caso de infracción de aquéllas. III. Respetar a los funcionarios y personal del establecimiento en que se encuentren, tanto dentro del mismo como fuera de él, con ocasión de traslados, conducciones o práctica de diligencias. IV. Observar una conducta correcta con los demás internos y terceros ajenos al establecimiento. Se fomentará la colaboración de los internos en el tratamiento que les corresponda, con arreglo a las técnicas y métodos que les sean prescritos en función del diagnóstico individualizado. ARTICULO 38.Ningún interno será sometido a malos tratos de palabra u obra. ARTICULO 39. Ningún interno podrá desempeñar funciones de autoridad, empleo o cargo administrativos algunos. ARTICULO 40.La Administración proporcionará a los internos alimentación convenientemente preparada y que responda en cantidad y calidad a las normas dietéticas y de higiene. Los internos dispondrán de agua potable y agua para su aseo, fría y caliente cuando las condiciones climáticas lo exijan, siempre que sea posible. ARTICULO 41. El interno tiene obligación de vestir las prendas que le facilite el establecimiento, las cuales deberán ser correctas, adaptadas a las condiciones climatológicas y desprovistas de todo elemento que pueda afectar su dignidad. Todo interno dispondrá de la ropa necesaria para su cama y de mueble adecuado para guardar sus pertenencias. ARTICULO 42. Los traslados de los internos se efectuarán de forma que se respeten su dignidad y derechos, así como la seguridad de la conducción. Estos traslados deberán ser aprobados por el Consejo Técnico Consultivo del establecimiento. ARTICULO 43.A fin de salvaguardar la seguridad del establecimiento y de los internos mismos, a estos no se les permitirá conservar: I. Dinero, ropa, objetos de valor u otros de la misma índole prohibidos por el reglamento que pertenezcan al interno. Estos objetos serán guardados en lugar seguro, previo al correspondiente resguardo, o enviados a personas autorizadas por el interno para recibirlos. II. Ropas y efectos contaminados propiedad de los internos que por razones de higiene determine el Médico del establecimiento. III. Los medicamentos que determine el Médico y que tuviere en su poder el interno en el momento del ingreso al establecimiento o que reciba del exterior. El Médico del establecimiento dispondrá cuáles puede conservar para su personal administración y cuáles deben quedar depositados en la enfermería, atendidas las necesidades del enfermo y las exigencias de seguridad. ARTICULO 44. Los registros y cacheos en las personas de los internos, sus pertenencias y locales que ocupen, así como los recuentos, se efectuarán en todos los casos con las garantías y oportunidad que el Reglamento del establecimiento determine y siempre con respeto a la dignidad de la persona. ARTICULO 45. Se establecerán y estimularán en la forma que señale el Reglamento del establecimiento, sistemas de participación de los internos en actividades de orden educativo, laboral, productivo, cultural, recreativo o deportivo. ARTICULO 46. Se permitirá a los internos la adquisición de productos alimenticios y de consumo dentro de los límites reglamentariamente fijados. La venta de dichos productos será administrada directamente por las autoridades del establecimiento. Los precios en ningún caso podrán ser superiores a los que rijan en la localidad en que se halle ubicado el establecimiento. TITULO SEXTO DEL RÉGIMEN INTERIOR Capítulo 1: Disposiciones Generales ARTICULO 47.EI ingreso de un indiciado, procesado o un sentenciado, en cualquiera de los establecimientos regulados por este ordenamiento, se hará mediante mandamiento u orden escrita del Ministerio Público o de la autoridad judicial competente, excepto en el supuesto de presentación voluntaria, que será inmediatamente comunicado a la autoridad competente, quien resolverá lo procedente. A cada interno se le abrirá un expediente personal relativo a su situación procesal y del cumplimiento de su sentencia, del que tendrá derecho a ser informado, además, en caso de los sentenciados, se formará un estudio de personalidad. ARTICULO 48. Las penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema progresivo de individualización científica, separado éste en grados, el último de los cuales será el de tratamiento preliberacional. ARTICULO 49. La libertad de los sentenciados sólo podrá ser acordada por la autoridad competente. Compurgada la pena motivo de la sentencia, el interno será puesto en libertad de inmediato. Para proceder a la excarcelación de los sentenciados que aún no compurgan su sentencia, por cualquiera de las modalidades preliberacionales, éstas sólo podrán ser acordadas por la Comisión de Ejecución de Sentencias. En el momento de la excarcelación se entregará al liberado el saldo de su cuenta de peculio, los valores y efectos depositados a su nombre. Si careciese de medios económicos, se le facilitará un socorro de ley, de cuando menos cinco días de salario mínimo vigente en el área geográfica respectiva. ARTICULO 50.Los internos contribuirán a su sostenimiento, con cargo a la percepción que tengan como resultado de las actividades productivas que desempeñen. Los bienes e instrumentos, objeto o producto de delito que hayan sido decomisados serán destinados al erario federal y se aplicarán preferentemente además de, para el beneficio de la administración de justicia, para el apoyo de los centros de reclusión en todo el país, a través de la unidad correspondiente de la Secretaría de Gobernación. ARTICULO 51. Queda estrictamente prohibido el uso de dinero o el intercambio de objetos de valor en el interior del establecimiento por parte de los internos entre sí y con el personal del establecimiento. Para la obtención de bienes de consumo necesarios, la institución proveerá al interno con una tarjeta de débito que podrá administrar una institución bancaria. ARTICULO 52. En los establecimientos destinados a la reclusión de mujeres, ningún funcionario de sexo masculino ingresará sin estar acompañado de un miembro femenino del personal. Capítulo II: Asistencia Médica ARTICULO 53. En cada centro existirá al menos un Médico general con conocimientos psiquiátricos, encargado de cuidar de la salud física y mental de los internos y de vigilar las condiciones de higiene y salubridad en el establecimiento, el cual podrá, en su caso, solicitar la colaboración de especialistas. Igualmente habrá cuando menos un Ayudante Técnico Sanitario y se dispondrá de los servicios de un Médico Odontólogo y del personal auxiliar adecuado. Además de los servicios médicos de los establecimientos, los internos podrán ser asistidos en las instituciones hospitalarias y asistenciales de carácter penitenciario y, en caso de necesidad o de urgencia, en otros centros hospitalarios. Para ello, las autoridades penitenciarias celebrarán convenios con dependencias del sector salud. Los internos podrán solicitar, a su costa, los servicios médicos de profesionales ajenos a las instituciones penitenciarias, excepto cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho. ARTICULO 54. Para la prestación de la asistencia sanitaria todos los establecimientos estarán dotados: I. De una enfermería, que contará con un número suficiente de camas y estará provista del material clínico, instrumental adecuado y productos farmacéuticos básicos para atenciones de urgencias e intervenciones dentales. II. De una área destinada a la observación psiquiátrica y a la atención de los toxicómanos. III. De una unidad para enfermos contagiosos. ARTICULO 55. En los establecimientos o departamentos para mujeres existirá un área de obstetricia con el equipo y material necesarios para el tratamiento de las internas embarazadas y de las que acaben de dar a luz y se encuentren convalecientes, así como para atender aquellos partos cuya urgencia no permita que se realicen en hospitales civiles. En caso de ocurrir un nacimiento dentro de las instalaciones del establecimiento, este hecho no ha de constar en el acta de nacimiento. Igualmente podrá existir un local habilitado para guardería infantil y educación preescolar con el fin de que las internas puedan tener en su compañía a sus hijos menores de tres años. Durante este período, las internas con hijos conviviendo con ellas, permanecerán en una sección especial del establecimiento. ARTICULO 56. Los estudios y dictámenes de los internos deberán realizarse por un equipo técnico especialista en psiquiatría. Es obligación del médico del establecimiento, presentar un informe al director del mismo, en caso de que estime que la salud física o moral de un interno ha sido, o puede ser afectada, por la prolongación o por una modalidad cualquiera de reclusión. ARTICULO 57. Todo interno será sometido a un examen clínico a su ingreso al establecimiento así como a reconocimientos periódicos, cuyos resultados se harán constar en su expediente médico. En su revisión inicial, el médico vigilará especialmente si hay señales de que el interno ha sido sometido a malos tratos y de existir éstos, lo comunicará a las autoridades competentes. ARTICULO 58. La atención médica de los internos en las secciones específicas del establecimiento no ha de entenderse como confinamiento, por lo que a no ser que la naturaleza del padecimiento lo impida, no serán restringidas las visitas a los internos que se encuentren bajo tratamiento médico. En caso de requerirse, el médico del establecimiento expedirá una constancia del padecimiento que impida que el interno sea visitado. Capítulo III: Régimen Disciplinario y de Estímulo para los Internos ARTICULO 59. El régimen disciplinario de los centros penitenciarios se dirigirá tanto a garantizar la seguridad del establecimiento como a conseguir una convivencia armónica entre internos y autoridades. ARTICULO 60. El director del reclusorio podrá imponer las correcciones previstas en este Código y las contenidas en los reglamentos respectivos tras un procedimiento sumario en que se comprueben la falta y la responsabilidad del interno y se escuche a éste en su defensa. El Director dará de inmediato vista al Consejo Técnico Consultivo de esta medida para su estudio y valoración. El interno podrá inconformarse con la corrección aplicada, recurriendo para ello a la Comisión de Ejecución de Sentencias, el cual deberá también aprobar las sanciones de aislamiento en celda. ARTICULO 61. El procedimiento de imposición de sanciones disciplinarias se llevará a cabo en una sola audiencia, donde se presentará acta circunstanciada levantada ante dos testigos, si los hubiera, de los hechos presuntamente constitutivos de la falta. La audiencia se celebrará dentro de los siete días siguientes en que se hayan dado los hechos denunciados. En esa audiencia, quien denuncia los hechos, ratificará sus declaraciones formuladas en el acta circunstanciada ante el Director del Penal y aportará los elementos de prueba que considere pertinentes. A continuación, el presunto responsable de los hechos relatará su versión de los mismos y aportará los elementos de prueba que apoyen su dicho. Se levantará acta de la audiencia dando una copia a cada interesado. El Director del Penal dispondrá de tres días hábiles para dictaminar la procedencia o improcedencia de la imposición de una sanción, así como el tipo de la misma. ARTICULO 62. Las sanciones por indisciplina aplicables a los internos podrán ser: I. Aislamiento en celda, que no podrá exceder de 14 días; II. Privación de actos recreativos comunes, en cuanto sea compatible con la salud física y mental, hasta un mes como máximo; III. Amonestación. ARTICULO 63. La sanción de aislamiento sólo será aplicable en los casos en que se manifieste una evidente agresividad o violencia por parte del interno, o cuando éste, reiterada y gravemente altere la normal convivencia en el centro. En todo caso, la celda en que se cumpla la sanción deberá ser de análogas características que las restantes del establecimiento. En estos casos se dará vista al Consejo Técnico Consultivo, quien de haber razón para ello podrá suspender la sanción. ARTICULO 64. La sanción de aislamiento se cumplirá con informe del Médico del Establecimiento, quien vigilará al interno mientras permanezca en esta situación, informando al Director sobre su estado de salud física y mental y, en su caso, de la necesidad de suspender o modificar la sanción impuesta. ARTICULO 65. En los casos de enfermedad del sancionado y siempre que las circunstancias lo aconsejen, se suspenderá la sanción que consista en internamiento en celda de aislamiento hasta que el interno sea dado de alta o se estime conveniente. ARTICULO 66. No se aplicará esta sanción a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo. ARTICULO 67. El aislamiento se cumplirá en el compartimiento que habitualmente ocupe el interno, y en los supuestos de que lo comparta con otros o por su propia seguridad o por el buen orden del Establecimiento, pasará a uno individual de semejantes medidas y condiciones. ARTICULO 68. Sólo podrán utilizarse, con autorización del Director, aquéllos medios coercitivos que se establezcan reglamentariamente en los casos siguientes: I. Para impedir actos de evasión o violencia de los internos; II. Para evitar daños de los internos a sí mismos, a otras personas o cosas; III. Para vencer la resistencia activa o pasiva de los internos a las ordenes del personal penitenciario en el ejercicio de su cargo. Cuando, ante la urgencia de la situación, se tuviere que hacer uso de tales medios, se comunicará inmediatamente al Director, quien a su vez lo hará del conocimiento del Consejo Técnico Consultivo. El uso de las medidas coercitivas estará dirigido exclusivamente al restablecimiento de la normalidad y sólo subsistirá el tiempo estrictamente necesario. El uso excesivo de las atribuciones en este artículo dará lugar a las sanciones que fijen las leyes y reglamentos, para tal efecto se escuchará a los afectados por el uso de tales medios. ARTICULO 69. Los actos que pongan de relieve buena conducta, espíritu de trabajo y sentido de responsabilidad en el comportamiento personal y en las actividades organizadas por el centro penitenciario, serán estimulados mediante un sistema de recompensas reglamentariamente determinado. Capítulo IV: Comunicaciones y Visitas ARTICULO 70. Los internos están autorizados para comunicarse periódicamente con cualquier persona, salvo en los casos en que por resolución de la autoridad competente se restrinja este derecho. ARTICULO 71. Las comunicaciones de los internos con su abogado defensor, se celebrarán en espacios apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas. ARTICULO 72. Todo interno tiene derecho a comunicar inmediatamente a su familia y abogado su detención, así como su traslado a otro establecimiento. ARTICULO 73. Los centros penitenciarios dispondrán de espacios especialmente adecuados para las visitas íntimas. La visita íntima, que tiene por finalidad principal el mantenimiento de las relaciones sexuales del interno en forma sana, no se limitará sino previa determinación del director, basada en estudios que lo justifiquen. ARTICULO 74. Las visitas se concederán con sujeción a lo dispuesto en este Código y en los casos, con los requisitos y periodicidad que reglamentariamente se determine. ARTICULO 75. Las principales reglas sobre visitas y comunicaciones serán dadas a conocer al público mediante letreros visibles que se ubiquen en las áreas correspondientes. TITULO SÉPTIMO DEL TRATAMIENTO PARA LA REINSERCI_N SOCIAL Capítulo I: Disposiciones Generales ARTICULO 76. Las autoridades encargadas del tratamiento procurarán conocer todas las peculiaridades de la personalidad y ambiente del interno que puedan ser obstáculo para las finalidades indicadas en el artículo anterior. ARTICULO 77. El tratamiento se inspirará en los siguientes principios: I. Será individualizado, consistiendo en la variable utilización de métodos médico biológicos, psiquiátricos, psicológicos, pedagógicos y sociales adecuados a la personalidad del interno; II. Será programado, fijándose en el plan general que deberá seguirse en su ejecución, la intensidad mayor o menor en la aplicación de cada método de tratamiento y la distribución de los quehaceres concretos, integrantes del mismo, entre los diversos especialistas y educadores; III. Será de carácter continuo y dinámico, dependiente de las incidencias en la evolución de la personalidad del interno durante el cumplimiento de la sentencia. ARTICULO 78. Para la individualización del tratamiento se realizará un estudio de cada interno, en base al cual se le destinará al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se le haya señalado y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de aquél. La clasificación debe tomar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena o medida de seguridad en su caso, el medio al que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento. ARTICULO 79. Las funciones de observación, clasificación y tratamiento las realizarán equipos calificados de especialistas, cuya composición y funciones se determinarán en el reglamento interno. Dichos equipos contarán con la colaboración del número de educadores necesarios, dadas las peculiaridades de los grupos de internos tratados. ARTICULO 80. En el curso del tratamiento se fomentará el establecimiento, la conservación y el fortalecimiento, en su caso, de las relaciones del interno con personas convenientes del exterior. Para este efecto, se procurará el desarrollo del servicio social penitenciario en cada centro de reclusión con el objeto de auxiliar a los internos en sus contactos autorizados con el exterior. ARTICULO 81.Se favorecerá el desarrollo de todas las demás medidas de tratamiento compatibles con el régimen establecido en estas normas, con las previsiones de la ley y de los convenios y con las circunstancias de la localidad y de los internos. ARTICULO 82.A fin de preparar paulatinamente al interno a su reinserción social, el tratamiento podrá comprender: I. Información y orientación especiales y discusión con el interno y sus familiares de los aspectos personales y prácticos de su vida en libertad; II. Métodos colectivos, que son aquellos que se pueden aplicar a varios internos al mismo tiempo o que implican una participación en conjunto; III. Concesión de mayor libertad dentro del establecimiento; IV. Traslado a una institución con régimen abierto; y V. Permisos de salida de fin de semana o diaria con reclusión nocturna o bien de salida en días hábiles con reclusión de fin de semana; En estas medidas se podrán aplicar a partir del año anterior a que se pueda gozar de otros beneficios como la libertad preparatoria o libertad por remisión parcial de la pena. ARTICULO 83. La evolución del tratamiento determinará una nueva clasificación del interno, con la consiguiente propuesta de traslado al establecimiento del régimen que corresponda o, dentro del mismo, el pase de una sección a otra de diferente régimen. ARTICULO 84.Cada seis meses se practicarán estudios individuales a los internos para reconsiderar su situación, tomándose la decisión que corresponda, que deberá ser comunicada al interesado. ARTICULO 85. Para grupos determinados de internos, cuyo tratamiento lo requiera, se podrá organizar en los centros correspondientes, programas basados en el principio de comunidad terapéutica. ARTICULO 86.Concluido el tratamiento o próxima la libertad del interno, se emitirá un diagnostico final en el que se manifestarán los resultados conseguidos en el tratamiento y que en su caso, se tendrán en cuenta en el expediente para la concesión de la libertad preparatoria o los beneficios de liberación anticipada. Capítulo II: Trabajo ARTICULO 87. El trabajo dentro del establecimiento de reclusión será considerado como un derecho y como un deber del interno, siendo un elemento fundamental en el tratamiento para la reinserción social. ARTICULO 88. Por no tratarse de una relación voluntaria, sino que surge como consecuencia del régimen de reinserción social, al trabajo que se realice en los establecimientos de reclusión no le serán aplicables las leyes laborales. El trabajo penitenciario se regirá por los siguientes principios: I. Será remunerado con el salario mínimo general vigente en el área geográfica respectiva, el 50% de esta remuneración será destinada directamente a la Administración Penitenciaria para el sostenimiento de las necesidades del interno, 25% a un fondo que se le entregará cuando abandone la prisión y 25% directamente al sostenimiento de su familia; II. Se realizará en las condiciones de seguridad e higiene previstas para el trabajo ordinario; III. Motivará la inscripción de los internos en el sistema de seguridad social. Para este efecto se firmarán convenios con el Instituto Mexicano de Seguridad Social, con el objeto de que el otorgamiento de las prestaciones se adapte a las circunstancias peculiares de los internos en un establecimiento de reclusión; IV. No tendrá carácter aflictivo ni será aplicado como medida de corrección; V. No atentará contra la dignidad del interno; VI. Tendrá carácter formativo, creador o conservador de hábitos laborales; buscará ser productivo y terapéutico, con el fin de preparar a los internos para las condiciones normales de trabajo libre; VII. Se organizará y planificará, atendiendo a las aptitudes y cualificación profesional del interno, de manera que satisfaga las aspiraciones laborales de los recluidos en cuanto sean compatibles con la organización y seguridad de los establecimientos; VIII. Será facilitado por la Administración; IX. No se supeditará al logro de intereses económicos, sin embargo, se favorecerá la creación de empresas productivas. ARTICULO 89.EI trabajo en los reclusorios se organizará previo estudio de las características de la economía local, especialmente del mercado a fin de favorecer la correspondencia entre las demandas de éste y la producción penitenciaria. Para este último efecto, se trazará un plan de trabajo y producción que será sometido a la aprobación, en los términos del convenio respectivo, de la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social y de las autoridades competentes. Para ello, se podrá celebrar con empresas privadas convenios a efecto de que éstas instalen microindustrias dentro de los centros penitenciarios. ARTICULO 90. EI trabajo que realicen los internos, dentro y fuera de los establecimientos, estará comprendido en algunas de las siguientes modalidades: I. Las de producción, mediante fórmulas cooperativas o similares de acuerdo con la legislación vigente; II. Las ocupaciones que formen parte de un tratamiento; III. Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento IV. Las artesanales, intelectuales y artísticas. Para la asignación de cargas de trabajo se tomará parecer del Consejo Técnico del establecimiento. ARTICULO 91. El trabajo será compatible con las sesiones de tratamiento y las necesidades de enseñanza en los niveles obligatorios. A tal fin, la Administración adoptará las medidas que reglamentariamente se determinen para asegurar la satisfacción de aquellos fines y garantizar la efectividad del resultado. ARTICULO 92. Los bienes, productos o servicios obtenidos por el trabajo de los internos tendrán, en igualdad de condiciones, carácter preferente en las adjudicaciones de suministros y obras del Sector Público. ARTICULO 93. La dirección y control de las actividades laborales desarrolladas dentro de los establecimientos corresponderá a la Administración penitenciaria. La Administración estimulará la participación de los internos en la organización y planificación del trabajo. ARTICULO 94. Los internos podrán formar parte de los órganos directivos de las entidades de producción que se constituyan. La Administración adquirirá la calidad de socios de aquéllas, contribuyendo a la consecución del correspondiente objeto social de conformidad con la legislación vigente. ARTICULO 95. La Administración organizará y planificará el trabajo de carácter productivo en las condiciones siguientes: I. Proporcionará trabajo suficiente para ocupar en días laborables a los internos, garantizando el descanso semanal; II. La jornada de trabajo no podrá exceder de la máxima legal y se cuidará que los horarios laborales permitan disponer de tiempo suficiente para la aplicación de los demás medios de tratamiento; III. Velará por que la retribución sea la prevista en este ordenamiento; IV. Cuidará de que los internos contribuyan al sostenimiento de sus cargas familiares y al cumplimiento de sus restantes obligaciones, disponiendo el recluso de la cantidad sobrante en las condiciones que se establezcan reglamentariamente. La retribución del trabajo de los internos sólo será embargable en las condiciones y con los requisitos que rigen para el salario. ARTICULO 96. Por cada dos días de trabajo se hará remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por otros datos efectiva readaptación social. Esta última será, en todo caso, el factor determinante para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que será determinada por la Comisión de Ejecución de Sentencias, con fundamento en los estudios de personalidad del interno y basada en elementos objetivos que comprueben su aptitud para la reinserción social. La remisión funcionará independientemente de la libertad preparatoria. Para este efecto, el cómputo de plazos se hará en el orden que beneficie al reo. La Comisión de Ejecución de Sentencias estará a cargo del sistema de cómputos para la aplicación de este precepto, que en ningún caso quedará sujeto a normas reglamentarias de los establecimientos de reclusión o a disposiciones de las autoridades encargadas de la custodia y de la readaptación social. El otorgamiento de la remisión se condicionará, además de lo previsto en el primer párrafo de este artículo, a que el reo repare los daños y perjuicios causados o garantice su reparación sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, si no puede cubrirla desde luego. Al disponer la remisión, la autoridad que la conceda establecerá las condiciones que deba observar el reo respecto de su residencia y ocupación. La remisión es revocable por la autoridad que la otorga, en los casos y conforme al procedimiento dispuesto para la revocación de la libertad preparatoria. Capítulo III: Capacitación y Educación ARTICULO 97. La educación que se imparta a los internos se ha de considerar elemento esencial del tratamiento para la reinserción social, por lo que no tendrá sólo carácter un académico sino también cívico, higiénico, artístico, físico y ético. Será en todo caso, orientada por las técnicas de la pedagogía correctiva y quedará a cargo, preferentemente, de maestros especialistas. ARTICULO 98.En cada establecimiento existirá una biblioteca provista de libros adecuados a las necesidades culturales y profesionales de los internos. ARTICULO 99. Se procurará ofrecer a los internos oportunidades de educación a todos los niveles, para ello se firmarán convenios con las instituciones educativas correspondientes a fin de que ellas brinden la educación requerida. TITULO OCTAVO DE LA EJECUCION DE SENTENCIAS Capítulo l: Disposiciones Generales ARTICULO 100. La ejecución de las sentencias firmes e irrevocables en materia penal, compete a la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Gobernación. Esta designará los lugares en que los reos deban extinguir las sanciones privativas de libertad, de acuerdo al diagnóstico que de él se efectúe y al tratamiento que se le fije. Además ejercerá todas las funciones que le señalen las leyes y reglamentos, practicará todas las diligencias para que las sentencias se cumplan estrictamente y reprimirá todos los abusos que cometan sus subalternos, en pro o en contra de los sentenciados. ARTICULO 101. Se entiende por sentencia firme e irrevocable, aquélla contra la cual no exista ningún recurso ante los tribunales, que pueda producir su revocación en todo o en parte. ARTICULO 102. En toda sentencia condenatoria se prevendrá que se amoneste al reo para que no reincida, advirtiéndole las sanciones a que se expone y de ello se extenderá diligencia, pero sin que la falta de ésta obste para hacer efectivas las sanciones de la reincidencia y de la habitualidad. ARTICULO 103. Pronunciada una sentencia condenatoria firme e irrevocable, el juez o el tribunal que la pronuncie expedirá dentro de cuarenta y ocho horas, copia certificada de la misma para la Secretaría de Gobernación, con los datos de identificación del reo. ARTICULO 104. Los agentes del Ministerio Público comunicarán por escrito al Procurador de Justicia, la sentencia que se pronuncie en los negocios en que hayan intervenido, expresando los datos que crean puedan servir para la formación de la estadística criminal. ARTICULO 105. El juez o tribunal estará obligado a tomar de oficio todas las providencias conducentes para que el reo sea puesto a disposición de la autoridad administrativa competente. ARTICULO 106. Recibida por la autoridad competente la copia de la sentencia y puesto a su disposición el reo, destinará a éste al lugar en que deba extinguir la sanción privativa de libertad. ARTICULO 107. Para la ejecución de las sanciones, la autoridad competente se sujetará a lo prevenido en el Código Penal, en éste y en las leyes y los reglamentos respectivos. Capítulo II: Extinción y Prescripción de la Potestad de Ejecutar las Penas y Medidas de Seguridad ARTICULO 108. La extinción de la potestad para ejecutar las penas y las medidas de seguridad se regulará por lo dispuesto en el Código Penal para el Distrito Federal. ARTICULO 109. Los plazos para la prescripción de la potestad para ejecutar las penas y medidas de seguridad, serán continuos y correrán desde el día siguiente a aquél en el que el sentenciado se substraiga a la acción de la justicia, si las penas o medidas de seguridad fueren restrictivas o privativas de la libertad, y si no lo son, desde la fecha en que la sentencia cause ejecutoria. Dichos plazos se reducirán hasta la mitad, cuando se acredite que se trata de padres o madres de familia con hijos menores de edad, trabajadores o jornaleros de más de sesenta y cinco años de edad o estudiantes en el sistema educativo nacional, si guardan dicha calidad al momento de declararse la prescripción. ARTICULO 110. La potestad para ejecutar la pena privativa de libertad prescribirá en un lapso igual al fijado en la sentencia, pero no podrá ser inferior a tres años ni superior a quince. Capítulo III: Sustitución de Penas ARTICULO 111. La pena de prisión aplicable al delito de que se trata podrá ser sustituida a juicio del juzgador, sujetándose a los dispuesto en este Código, conforme a las reglas siguientes: I. Por trabajo en favor de la comunidad o semilibertad, cuando aquélla no exceda de cinco años; II. Por tratamiento en libertad, si la prisión no excede de cuatro años, o III. Por multa, si la prisión no excede de tres años. ARTICULO 112. Para los efectos de la sustitución, se requerirá además, que: I. El reo no sea reincidente por delito doloso; II. Pague o garantice, a satisfacción del juez, la multa y la reparación de los daños y perjuicios causados; y III. La pena sustitutiva sea más adecuada que la prisión, en atención a las condiciones personales del sujeto y a los fines de justicia, de prevención general y especial que con ella se persigue. Para el cumplimiento de la pena sustitutiva se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena sustitutiva. ARTICULO 113. Tratándose de la multa sustitutiva de la pena de prisión, la equivalencia será en razón de hasta un día de multa por un día de prisión, atendiendo a las condiciones económicas del sentenciado. La multa sustitutiva es independiente de la señalada, en su caso, como pena. ARTICULO 114. La multa, impuesta como pena única, conjuntamente con otra, o como pena sustitutiva, podrá ser sustituida por trabajos en favor de la comunidad. Asimismo, el trabajo en favor de la comunidad podrá ser sustituido por día multa, a razón de un día multa por cada día de jornada o trabajo. ARTICULO 115. El juez podrá dejar sin efecto la sustitución y ordenará que se ejecute la pena sustituida, cuando al sentenciado se le condene por otro delito de la misma especie. En caso de hacerse efectiva la pena de prisión sustituida se tomará en cuenta el tiempo durante el cual el reo hubiera cumplido la pena sustitutiva. ARTICULO 116. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de los deberes inherentes a la sustitución de penas, la obligación de aquél concluirá al extinguirse la pena impuesta. Cuando el fiador tenga motivos fundados para no continuar en su desempeño, los expondrá al juez, a fin de que éste, si los estima justos, prevenga al sentenciado que presente nuevo fiador dentro del plazo que prudentemente deberá fijarle, apercibido de que se hará efectiva la pena si no lo hace. En este último caso, se estará a lo dispuesto por el párrafo que precede. En caso de muerte o insolvencia del fiador, el sentenciado deberá poner el hecho en conocimiento del juez para el efecto y bajo el apercibimiento que se expresa en el párrafo que precede. ARTICULO 117. El sentenciado que considere que al dictarse sentencia reunía los requisitos para la sustitución de la pena y que, por inadvertencia de su parte o del juzgador, no se hubiere hecho, podrá promover ante éste la sustitución, abriéndose el incidente respectivo. ARTICULO 118. El Ejecutivo, en tratándose de indultos, podrá hacer la conmutación de la pena privativa de libertad, después de impuesta en sentencia irrevocable, por trabajo obligatorio en favor de la comunidad. Capítulo IV: Rehabilitación Legal de Procesados ARTICULO 119. La rehabilitación de los derechos políticos se otorgará en la forma y términos que dispongan la ley orgánica del artículo relativo de la Constitución. ARTICULO 120. La rehabilitación de los derechos civiles o políticos no procederá mientras el reo esté extinguiendo una sanción privativa de libertad. ARTICULO 121. Si se hubiere extinguido ya la sanción privativa de libertad, o si ésta no le hubiere sido impuesta, pasado el término que señala el artículo siguiente, podrá ocurrir el sentenciado al tribunal o juzgado que dictó el fallo irrevocable, solicitando que se le rehabilite en los derechos de que se le privó, o en cuyo ejercicio estuviere suspenso, acompañando a su solicitud: I. Un certificado de la autoridad correspondiente que acredite que extinguió la sanción privativa de libertad que se le hubiere impuesto, la conmutación o la concesión de indulto, y II. Otro certificado de la autoridad administrativa del lugar en que hubiere residido desde que comenzó la inhabilitación o suspensión y una información recibida con intervención de la autoridad administrativa que compruebe que el peticionario observó buena conducta continua desde que comenzó a extinguir su sanción, y que dio pruebas de haber contraído hábitos de orden, trabajo y buenas costumbres. ARTICULO 122. Si la sanción impuesta al reo fuere la de inhabilitación o suspensión por seis años o más, no podrá ser rehabilitado antes de que transcurran tres años, contados desde que hubiera principiado a extinguirla. Si la suspensión fuere por menos de seis años, el reo podrá solicitar su rehabilitación después que extinga la mitad de la sanción. ARTICULO 123. Recibidas las informaciones, o si no se estimaren necesarias, oyendo al Ministerio Público y al peticionario o a su representante, el tribunal declarará dentro de tres días si es o no fundada la solicitud. En el primer caso, remitirá con informe las actuaciones originales al Congreso de la Unión, para lo que hubiere lugar. Si la resolución fuere favorable se publicará en el "Diario Oficial". Si se denegare la rehabilitación, se dejarán expeditos al reo sus derechos para que pueda solicitarla de nuevo, después de un año. ARTICULO 124. Concedida la rehabilitación por el Congreso, lo comunicará al tribunal o juzgado que hubiere pronunciado el fallo irrevocable para que se hagan las anotaciones en la toca o en las actuaciones de primera instancia. ARTICULO 125. Al que una vez se le hubiere concedido la rehabilitación nunca se le podrá conceder otra. Capítulo V: Comisión de Ejecución de Sentencias ARTICULO 126. La Comisión de Ejecución de Sentencias tendrá como finalidad hacer cumplir la pena impuesta, resolver los recursos referentes a las modificaciones que pueda experimentar con arreglo a lo prescrito en las Leyes y Reglamentos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del régimen penitenciario puedan producirse. Además tendrá a su cargo, la ejecución de las sanciones que, por sentencia judicial, sustituyan a la pena de prisión o a la multa y las de tratamiento que el juzgador aplique, así como la ejecución de las medidas impuestas a inimputables, sin perjuicio de la intervención que a este respecto debe de tener, en su caso y oportunidad, la autoridad sanitaria. ARTICULO 127. Son facultades de la Comisión de Ejecución de Sentencias: I. Decidir acerca de las resoluciones relativas a las penas privativas de libertad; II. Resolver sobre las propuestas de libertad condicional, provisional o preparatoria de los sentenciados y acordar las revocaciones que procedan; III. Aprobar las propuestas que le formulen sobre los casos de beneficios de liberación anticipada; IV. Autorizar los permisos de salida cuya duración sea superior a dos días. ARTICULO 128. En lo que respecta a las cuestiones orgánicas de esta Comisión y a los procedimientos de su actuación, se estará a lo dispuesto en el reglamento correspondiente. ARTICULO 129. La Comisión de Ejecución de Sentencias tendrá oficinas de representación en cada una de los establecimientos penales a que representación en cada una de los establecimientos penales a que se refiere este Código. TITULO NOVENO DE LAS EXTERNACIONES ANTICIADAS Capítulo l: Suspensión Condicional de la Ejecución de la Pena ARTICULO 130. El juzgador podrá suspender condicionalmente la ejecución de la pena privativa de la libertad, a petición de parte, o de oficio, si concurren los requisitos siguientes: I. Que la duración de la pena impuesta no exceda de cinco años; II. Que no sea reincidente por delito doloso; III. Que por sus antecedentes personales o modo honesto de vivir, así como por la naturaleza, modalidad y móviles del delito, se presuma razonadamente que el sentenciado no volverá a delinquir, y IV. Que en atención a las condiciones personales del sujeto, no haya necesidad de sustituir la pena privativa de libertad, en función del fin para que fue impuesta la pena. El beneficio a que se refiere el artículo anterior podrá ser otorgado en los mismos términos a juicio del juzgador, aún cuando la pena impuesta sea de hasta siete años, siempre y cuando el sentenciado sea padre o madre de familia con hijos menores, trabajador o jornalero, mayor de sesenta y cinco años de edad o estudiante en el sistema educativo nacional, al momento de otorgar dicho beneficio. ARTICULO 131. ara gozar del beneficio a que se refieren los artículos anteriores, el sentenciado deberá, a satisfacción del juzgador: I. Garantizar adecuadamente o sujetarse a las medidas que se fijen para ello, que comparecerá ante la autoridad, cada vez que sea requerido por esta; II. Obligarse a residir en determinado lugar e informar sobre 11. Obligarse a residir en determinado lugar e informar sobre cualquier cambio de residencia a la autoridad encargada de su custodia y vigilancia; III. Asegurar que desarrollará una ocupación lícita dentro del plazo que se le fije y que se abstendrá de causar molestias al ofendido por su delito o a sus familiares; IV. Abstenerse del abuso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos u otras substancias que produzcan efectos similares, salvo que lo haga por prescripción médica, y V. Pagar o garantizar la reparación de los daños y perjuicios causados. ARTICULO 132. La suspensión de la pena de prisión comprenderá la de multa que haya sido impuesta conjuntamente aquella, y en cuanto a las demás penas impuestas, el juez o tribunal resolverán discrecionalmente según las circunstancias del caso, al igual que sobre las medidas de seguridad. ARTICULO 133. La suspensión condicional de la ejecución de penas a que se refieren los artículos anteriores, tendrá una duración igual a la de la pena suspendida, transcurrido la cual se considerará extinguida la pena impuesta, siempre que durante ese término el sentenciado no diere lugar a nuevo proceso que concluya con sentencia condenatoria. Si esto aconteciera, se harán efectivas ambas sentencias, si el nuevo delito es doloso. Si el nuevo delito es culposo, la autoridad competente resolverá motivadamente si debe aplicarse o no la pena suspendida. Los hechos que originen el nuevo proceso interrumpen el plazo de suspensión, tanto si se trata de delito doloso como culposo, hasta que se dicte sentencia firme. Si el reo falta al cumplimiento de las obligaciones contraidas, el juez podrá hacer efectiva la pena suspendida o amonestarlo, con apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se hará efectiva dicha pena. En caso de haberse nombrado fiador para el cumplimiento de las obligaciones contraídas, será aplicable lo previsto para el caso de sustitución de penas. ARTTCULO 134. El reo que considere que al dictarse sentencia reunía las condiciones fijadas para la suspensión de la ejecución de la pena y está en aptitud de cumplir con los requisitos que ésta apareja, si es por inadvertencia de su parte o de los tribunales que no obtuvo en la sentencia el otorgamiento de la suspensión condicional, podrá promover que se le conceda, abriéndose el incidente respectivo ante el tribunal competente. Capítulo II: Conmutación de Sanciones ARTICULO 135. El que hubiere sido condenado por sentencia ejecutoriada y se encontrare en el caso de que entrare en vigor una nueva ley más favorable, o en tratándose de delitos políticos, podrá ocurrir al Ejecutivo, por conducto de la Secretaria de Gobernación solicitando la conmutación de la sanción que se le hubiere impuesto. A su solicitud acompañará el sentenciado, testimonio de la sentencia y, en su caso, las constancias que acrediten plenamente los motivos que tuviere para pedir la conmutación. ARTICULO 136. Si la conmutación se basare en la imposibilidad de cumplir alguna modalidad de la sanción por ser incompatible con su edad, sexo, salud o constitución física, se exigirá la reparación del daño o una garantía que asegure su pago. Capítulo III: Libertad reparatoria ARTICULO 137. Se concederá libertad preparatoria al sentenciado, previo el informe a que se refiere este Código, de que hubiere cumplido las tres quintas partes de su sentencia, si se trata de delitos dolosos, o la mitad de la misma en caso de delitos culposos, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: I. Que haya observado buena conducta durante la ejecución de su observado buena conducta durante la ejecución de su sentencia; II. Que de su estudio de personalidad se desprenda que está apto para su reinserción en la sociedad y en condiciones de no volver a delinquir; III. Que se haya reparado o se comprometa a reparar el daño causado, sujetándose a la forma, medidas y términos que se le fijen para dicho objeto, en caso de no poder cubrirlo. ARTICULO 138. Llenados los anteriores requisitos, la autoridad competente podrá conceder la libertad, sujeta a las siguientes condiciones: I. Residir o, en su caso no residir en lugar determinado, e informar a la autoridad de los cambios de domicilio. La designación del lugar de residencia se hará conciliando la circunstancia de que el reo pueda obtener trabajo en el lugar que se fije, con el hecho de que su permanencia en él no será un obstáculo para su enmienda; II. Desempeñar en el plazo que la resolución determine, oficio, arte, industria o profesión lícitos, si no tuviere medios propios de subsistencia; III. Abstenerse del uso de bebidas embriagantes y del empleo de estupefacientes, psicotrópicos o substancias que produzcan efectos similares, salvo por prescripción médica; IV. Sujetarse a las medidas de orientación y supervisión que se le dicten y a la vigilancia de alguna persona honrada y de arraigo, que se obligue a informar sobre su conducta, presentándolo siempre que para ello fuere requerida. ARTICULO 139. La libertad preparatoria no se concederá: I. A los sentenciados por alguno de los delitos contra la salud en materia de estupefacientes o psicotrópicos; II. A los sentenciados por el delito de violación; 11. A los sentenciados por el delito de violación; III. A los sentenciados por el delito de plagio o secuestro, excepto cuando lo cometa un familiar de un menor quien no ejerza sobre él la patria potestad ni la tutela, o cuando espontáneamente ponga en libertad a la persona antes de tres días, sin causarle ningún perjuicio; IV. A los sentenciados por el delito de robo en un inmueble habitado o destinado para habitación, cuando se realice con violencia sobre las personas, V. A los delincuentes habituales o a los que hubieren incurrido en segunda reincidencia. Los mismos principios se aplicarán para los casos de tratamiento preliberacional y para la remisión parcial de la pena. ARTICULO 140. La autoridad competente revocará la libertad preparatoria: I. Si el liberado no cumple las condiciones fijadas, salvo que se le dé una nueva oportunidad, amonestándolo con el apercibimiento de que, si vuelve a faltar a alguna de las condiciones fijadas, se revocará su libertad preparatoria; II. Si el liberado es sentenciado por nuevo delito doloso mediante sentencia ejecutoriada, en cuyo caso será de oficio la revocación; pero si el nuevo delito fuere culposo, la autoridad competente podrá, según la gravedad del hecho, revocar o mantener la libertad preparatoria, fundando su resolución. El sentenciado cuya libertad preparatoria haya sido revocada, deberá cumplir el resto de la pena. Los hechos que originen los nuevos procesos a que se refiere este artículo interrumpen los plazos para extinguir la sanción. ARTICULO 141. Los sentenciados que disfruten de libertad preparatoria, quedarán bajo la custodia y vigilancia de la unidad quedarán bajo la custodia y vigilancia de la unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Gobernación. ARTICULO 142. Cuando algún reo que esté compurgando una sanción privativa de libertad crea tener derecho a la libertad preparatoria por haber cumplido con los requisitos que exige la ley lo hará del conocimiento de la autoridad competente, solicitándola y acompañando los certificados y demás pruebas conducentes. ARTICULO 143. Recibida la solicitud se recabarán los datos e informe y se practicarán los estudios necesarios para acreditar los requisitos a que se refiere el Código Penal. Igualmente se pedirá informe pormenorizado al director del establecimiento, acerca de la vida del reo en el lugar de reclusión. ARTICULO 144. La unidad administrativa correspondiente de la Secretaría de Gobernación resolverá sobre la solicitud. ARTICULO 145. Cuando se conceda la libertad preparatoria, la unidad administrativa competente investigará la solvencia e idoneidad del fiador propuesto. En vista de la información, resolverá si es o no de admitirse el fiador ARTICULO 146. Admitido el fiador, se otorgará la fianza respectiva en los términos del artículo respectivo y se extenderá al reo un salvoconducto para que pueda comenzar a disfrutar de su libertad. Esta concesión se comunicará al director del establecimiento respectivo, a la Secretaría de Gobernación y al juez de la causa. ARTICULO 147. Cuando el agraciado incurriera en alguno de los casos previstos para la revocación de la libertad preparatoria, quien tenga conocimiento, dará parte a la autoridad competente, para que resuelva si revoca o no la libertad preparatoria. ARTICULO 148. Cuando el agraciado cometiere un nuevo delito se estará a lo dispuesto en el artículo respectivo y el juez de la causa lo comunicará a la autoridad competente, para los efectos legales correspondientes. ARTICULO 149. El salvoconducto para gozar de libertad será firmado por el Director General de Servicios Coordinados de revención y Readaptación Social. ARTICULO 150.- Cuando se revoque la libertad preparatoria, se ARTICULO 150. Cuando se revoque la libertad preparatoria, se recogerá e inutilizará el salvoconducto. ARTICULO 151. El portador del salvoconducto lo presentará siempre que sea requerido para ello por un magistrado, juez o agente de la policía judicial. ARTICULO 152. Cuando hubiere expirado el término de la sentencia que debiera haberse compurgado, de no concederse la libertad preparatoria, el agraciado ocurrirá al Tribunal Superior de Justicia para que éste, en vista de la sentencia y de los informes de la autoridad administrativa, haga de plano la declaración de queda el reo en absoluta libertad. Capítulo IV: Indulto y Reconocimiento de Inocencia ARTICULO 153. Cuando se trate del indulto a que se refiere al Código Penal, el solicitante ocurrirá al Ejecutivo Federal con su petición, por conducto de la Secretaría de Gobernación. ARTICULO 154. El Ejecutivo, si así conviniere a la tranquilidad y seguridad públicas, concederá el indulto sin condición alguna, o con las restricciones que estime convenientes. ARTICULO 155. El reconocimiento de la inocencia del sentenciado procede en los siguientes casos: I. Cuando la sentencia se funde en documentos o en declaraciones de testigos que, después de dictada, fueron declarados falsos en juicio; II. Cuando, después de la sentencia, aparecieren documentos que invaliden la prueba en que descansa aquella o las presentadas que sirvieron de base a la acusación y veredicto; III. Cuando se presentara prueba de que vive una persona, por cuyo supuesto homicidio se hubiere sentenciado a otra; IV. Cuando se sentencia a una misma persona por los mismos hechos en juicios diversos. En este caso prevalecerá la sentencia más benigna, y V. Cuando en juicios diferentes se sentencie a la misma persona V. Cuando en juicios diferentes se sentencie a la misma persona por delitos diferentes y se demuestre la imposibilidad de que haya cometido esos delitos al mismo tiempo. ARTICULO 156. El sentenciado que se crea con derecho para pedir el reconocimiento de su inocencia, ocurrirá por escrito al Tribunal Superior de Justicia, alegando la causa en que funde su petición, acompañando las pruebas respectivas o protestando exhibirlas oportunamente. Sólo se admitirá en estos casos la prueba documental, salvo en el caso de que sea sentenciado por el homicidio de una persona y se alegue que ésta se encuentra viva. ARTICULO 157. Recibida la solicitud, la sala respectiva pedirá inmediatamente el proceso al juzgado o al archivo en que se encuentre y citará al Ministerio Público, al reo, o a su defensor, para la vista que tendrá lugar dentro de los cinco días de recibido el expediente, salvo el caso en que hubiere de rendirse prueba documental cuya recepción exija un término mayor, el que se fijará prudentemente, atendiendo las circunstancias. ARTICULO 158. El día fijado para la vista, dada cuenta por el Secretario, se recibirán las pruebas ofrecidas por el reo por si o por su defensor y el Ministerio Público pedirá lo que en derecho corresponda. La vista se verificará aun cuando no concurran el defensor, el reo o el Ministerio Público. ARTICULO 159. A los cinco días de celebrada la vista, la Sala declarará si es o no fundada la solicitud del reo. En el primer caso, remitirá las diligencias originales con informe al Ejecutivo, para que éste, sin más trámite, otorgue el indulto. En el segundo caso, se mandarán archivar las diligencias. ARTICULO 160. Todas las resoluciones en que se concedan indulto se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso. Las resoluciones relativas al reconocimiento de la inocencia se comunicarán al tribunal que hubiese dictado la sentencia, para que haga la anotación respectiva en el expediente del caso. A petición del interesado, también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación. TITULO DECIMO TITULO DECIMODE LA ASISTENCIA AL LIBERADO ARTICULO 161. Se promoverá en cada Entidad Federativa la creación de un patronato para liberados, que tendrá a su cargo prestar asistencia moral y material a los excarcelados, tanto por cumplimiento de sentencia como por libertad provisional, condena condicional, libertad preparatoria o remisión parcial de la pena. Será obligatoria la asistencia del Patronato en favor de liberados preparatoriamente y personas sujetas a condena condicional. El Consejo de Patronos del organismo de asistencia a liberados se compondrá con representantes gubernamentales, de los sectores de empleados y de trabajadores de la localidad, tanto industriales y comerciantes, como campesinos según el caso. Además, se contará con representación de los Colegios de Abogados y de la prensa local. Para el cumplimiento de sus fines, el Patronato tendrá agencias en los distritos judiciales y en los municipios de la entidad. Los Patronatos brindarán asistencia a los liberados de otras entidades federativas que se establezcan en aquélla donde tiene su sede el Patronato. Se establecerán vínculos de coordinación entre los Patronatos, que para el mejor cumplimiento de sus objetivos se agruparán en la Sociedad de Patronatos para Liberados, creada por la Dirección General de Servicios Coordinados y sujeta al control administrativo y técnico de ésta. TRANSITORIOS PRIMERO. Este Código entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Queda abrogada la Ley que establece Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente ordenamiento. TERCERO. La Secretaría de Gobernación dispondrá de un año, a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, para la constitución de Comisión de Ejecución de Sentencias y del Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria. También dispondrá de un año para firma de los Convenios de También dispondrá de un año para firma de los Convenios de Coordinación con las entidades federativas a que se hacen mención en este Código. CUARTO. Asimismo se dispondrá de un año a partir de la entrada en vigor de este ordenamiento, para la expedición de los reglamentos internos respectivos. QUINTO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con que cuente la federación para objetivos y organismos afines a la Comisión de Ejecución de Sentencias y el Instituto Nacional de Capacitación Penitenciaria, pasarán a formar parte de éstos. SEXTO. Se contará con un año para la publicación del Reglamento de la Comisión de Ejecución de Sentencias y con seis meses, a partir de la entrada en vigor de este reglamento para que la Comisión asuma las funciones que este Código le otorga. México, D. F., Marzo 29 de 2001. EL PRESIPENTE: Señor diputado, señor diputado Amador: ¿sólo solicita sea turnada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, únicamente? Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos EL DIP, MIGUEL BARBOSA HUERTA (Desde su curul): Señor Presidente, señor Presidente.