EL C. SEN. RICARDO GERARDO HIGUERA: Gracias señor Presidente. Con fundamento en los artículos 67, numeral uno, inciso b) y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía una proposición con base en las siguientes consideraciones: Que un grupo de trabajadores sindicalizados de la Secretaría de Salud fueron víctimas de una injusticia derivada de una mala práctica administrativa por la Contraloría Interna de la Secretaría de Salud, en aquél entonces a cargo del Contralor Interno, contador público Alfredo Adams Adams, quien no consideró apropiadamente las pruebas y documentos que fueron ofrecidas en defensa de los trabajadores, tales como sus licencias sindicales que la propia Secretaría del ramo extendió, cubriéndose el tiempo motivo y objeto de la sanción impuesta que por cuestiones ajenas a su voluntad no se presentaron en tiempo y forma por una omisión técnico-jurídica por parte de la defensa. Que lamentablemente el departamento jurídico del Comité Ejecutivo Nacional de la Secretaría de Salud no defendió los puntos clave y por ende hoy sus únicos bienes, producto de su trabajo, han sido embargados por la oficina local de Hacienda en La Paz, Baja California Sur y están a punto de salir a remate. Que el procedimiento para el remate de dichos bienes está momentáneamente detenido gracias a la intervención del gobernador del Estado de Baja California Sur, licenciado Leonel Cota Montaño. Hacemos un urgente llamado al Secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud, Marco Antonio García Ayala y al senador Joel Ayala Almeida, Secretario General de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado para que intervengan ante las instancias correspondientes. Que no es posible que por errores técnico-jurídicos, como los señalados, un grupo de trabajadores hoy sean despojados del único patrimonio de sus hijos, la casa donde hoy habitan con su familia. Que a los trabajadores en comento hemos escuchado y estamos convencidos de apoyarlos en un acto de justicia. Por eso apelamos a la sensibilidad de ustedes como representantes populares, a todos ustedes compañeras y compañeros legisladores. Por todo lo anterior, solicitamos al Presidente de la Mesa Directiva, turne a la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia de esta Comisión Permanente, la siguiente proposición: UNICO: Que las comisiones antes aludidas y en uso de sus buenos oficios y con pleno respeto de las atribuciones de las autoridades correspondientes, se entrevisten con las mismas, a efecto de que reconsideren la cancelación de los créditos fiscales, número 85 mil 500, 86 mil 501, 86 mil 503, 86 mil 504, 86 mil 506 y 86 mil 507. Y de ser pertinente se suspenda la ejecución de embargo de los bienes inmuebles de los C. María de Jesús Osuna Maldonado, Ayala Chávez Gamez, Miguel Agustín Colts Avilés, Juan Manuel Mayoral Cota, Rafael Olachea Sandoval, Héctor Ramón Olachea Castro. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de febrero del año 2002. Compañeras y compañeros legisladores: Yo les pido, de veras, apelo a su sensibilidad por este caso tan patético y que por estas irregularidades administrativas, por estas omisiones, este grupo de trabajadores está ahora en estos graves problemas y que si tenemos casos donde delincuentes verdaderos, algunos de cuello blanco y otros de diversa índole, no se han atendido como lo están haciendo con estos trabajadores, no se han puesto las leyes y las acciones correspondientes para sancionarlos en su justa dimensión. Yo apelo a su sensibilidad para que este caso y en especial a los compañeros de la Comisión, para que se lleve a cabo lo que aquí está solicitado. Hago entrega, señor Presidente, de este punto de acuerdo. Muchas gracias. -