El senador Miguel Ángel Lucero Olivas: Una de las grandes aportaciones de los grandes legados que nos deja la Revolución Mexicana es sin duda el tema del reparto agrario, en el cual se garantizó que más del 50 por ciento de la propiedad de nuestro país pasara a manos de quien trabajaba la tierra. En estos días, y después de 30 años de neoliberalismo rapaz, voraz, estamos regresando a tiempos anteriores a la Revolución Mexicana en este tema. Se están generando grandes latifundios nuevamente, se está dando la existencia de terratenientes, muchos de los campesinos ya trabajan para otros las tierras que antes eran de ellos, por lo cual el espíritu de esta iniciativa es terminar con estas conductas. En nuestro país más del 50 por ciento del territorio nacional es propiedad social y está concentrada en dos tipos, la ejidal y la comunal. En ambos tipos se busca fomentar y fortalecer las relaciones de cooperación, solidaridad y ayuda mutua entre sus integrantes. Es por ello que nuestra Carta Magna ordena en su artículo 27, fracción VII, que dentro de un mismo núcleo de población, ningún ejidatario podrá ser titular de más de 5 por ciento total de las tierras ejidales. Así, el constituyente permanente con un ánimo de justicia social estableció el principio de igualdad en la distribución de la propiedad social evitando su acaparamiento, privilegiando el beneficio de la colectividad ejidal sobre el interés personal al momento de su repartición. En el mismo sentido la Ley Agraria hace suyo dicho mandato constitucional, y establece que es la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano quien previa audiencia ordenará al ejidatario que haya adquirido un porcentaje de más del 5 por ciento, que tiene un año para poder librarse de ese excedente. En caso de no hacerlo se encargará de fraccionar los excedentes enajenando los derechos correspondientes al mejor postor de entre los miembros de la población ejidal, respetando en todo caso los derechos de preferencia. En la actualidad hay muchos casos de ejidatarios que de manera voluntaria y consecuente violan esta prohibición, al hacerlo infringen la ley y afectan gravemente el tejido social de sus comunidades, fracturando el sentido de la cooperación y apoyo mutuo que busca la propiedad comunal. Por tal motivo, proponemos reducir a tres meses y no un año el período que tiene una persona ejidataria, titular de derechos parcelarios sobre una extensión mayor equivalente al 5 por ciento de las tierras ejidales para enajenar en favor de alguno de los miembros del núcleo de la población. En caso de no hacerlo dentro de ese plazo, la secretaría fraccionará los excedentes y enajenará los derechos correspondientes al mejor postor, respetando en todo caso los derechos de preferencia. De igual manera, proponemos que cuando el ejidatario que realiza esta anomalía sea servidor o funcionario público, únicamente se otorgue un plazo máximo de 15 días para el enajenamiento de los excedentes, sin que pueda autorizarse por motivo alguno la ampliación de éste. Quienes constituimos la cuarta transformación, buscamos que todas las personas, y en especial los servidores y funcionarios públicos, respetemos y velemos por un respeto a la ley, y, sobre todo, que nadie aproveche el ejercicio de sus cargos públicos para beneficiarse o beneficiar ilegalmente a sus conocidos o familiares, mucho menos sin es en un perjuicio de intereses de derechos de las personas de la comunidad. Tenemos claro que la cuarta transformación estaría combatiendo la impunidad, la corrupción, el abuso de los cargos públicos y respetando los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Y respetando y defendiendo los derechos e intereses del pueblo de México. La propiedad ejidal es un derecho social que consagra nuestra Constitución Política, protegerla y garantizar su reparto igualitario es una obligación de las autoridades mexicanas en los distintos ámbitos de competencia. La tierra es de quien la trabaja, reza la frase del Caudillo del Sur, que hizo valer a favor de la reforma agraria durante la Revolución Mexicana. Es el momento histórico para que continuemos defendiendo el reparto igualitario de la propiedad ejidal y luchamos contra su acaparamiento y monopolización. Es cuanto. Muchas gracias.