El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Compañeras y compañeros diputados, rechazo la iniciativa por deficiencias, algunas de ellas en estos escasos tres minutos, las señalaré. No voy a desestimar igualmente algunas de las ventajas de la iniciativa, mucho menos voy a desestimar la extraordinaria participación de diversas organizaciones que aportaron lo más rescatable de su contenido; pero tampoco vamos a desbordar nuestro entusiasmo por los términos del dictamen sujeto a discusión. La ley que tenemos enfrente pese a las fanfarreas oficiales sigue en la lógica de conceder algunas gracias, al tiempo que deja fuera principios y procedimientos básicos en materia de transparencia. La iniciativa no establece por ejemplo la obligatoriedad de generar información; abre con ello el umbral para que las dependencias recurran a la catalogación de inexistencia de la información y con ello eludir el bulto. Es una normatividad casuística, pues deja el árbitro del órgano regulador la interpretación de aquella reserva no prevista en la ley, esto es interpretable como un mecanismo para evadir las responsabilidades de los sujetos obligados. Por otro lado, la iniciativa no obliga a los servidores públicos a realizar sus declaraciones patrimoniales, lo que representa una prueba más de ficción legislativa. Con esta reforma se cobija así la opacidad y en algunos casos, incluso, la impunidad. Por qué seguimos pensando que los poderes fácticos que deciden participar en la arena pública no deben rendir cuentas a la ciudadanía si cuentan con el poder para influir en la opinión pública, construir candidatos y aún castigar o premiar, según sus propios intereses, los poderes fácticos, los verdaderos amos de la política logran de nuevo ubicarse en esta iniciativa en una posición blindada y por completo fuera de todo escrutinio, público. Excluye la iniciativa la protección de servidores públicos que proporcionen información que pretenda ocultar el gobierno, los titulares de los órganos garantes como ya lo dijimos en la reforma constitucional en la materia, incluyendo al IFAI, son designados respondiendo al esquema de cuotas. La posibilidad prevista en la ley para que el consejero jurídico del gobierno federal interponga el recurso de revisión en materia de seguridad nacional, concede al Ejecutivo un instrumento muy poderoso para anular los efectos de la ley en asuntos de transcendencia. Son excesivas y ambiguas las causales de reserva de información, y son mayores, incluso, a las que actualmente están en vigor. De particular preocupación es la XIII fracción del artículo 113, que abre la puerta a que las leyes federales puedan producir nuevas causales de reserva de información. Se reducen finalmente las obligaciones de transparencia en materia de deuda pública. Con este razonamiento expreso a ustedes los elementos por los cuales emitiré mi voto en contra. Creo que estamos al mismo tiempo termino, presidente frente a un avance y al mismo tiempo frente a una iniciativa sumamente deficiente. En el mejor de los casos creo que sigue adornando a la clase política con propuestas de mucha forma, poco contenido y mucha fanfarria. Gracias a todos por su atención. Y a usted, presidente, por su flexibilidad, gracias.