La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, Antonio Gómez Robledo puntualizó: A su modo, también la política exterior es el arte de las posibilidades. Mientras mejor lo perciban los gestores de la diplomacia, con mayor acierto sabrán aprovecharlos para dar al Estado que representan un puesto de dignidad y prestigio en el concierto de las naciones. El informe del Ejecutivo de la Unión evidencia que la política exterior de México está muy lejos de colocar a México en un puesto de dignidad y de prestigio. Por el contrario, sobresalen varios hechos graves en la presente gestión que nos ubican como un país que no reclama un trato digno para nuestra nación y los mexicanos, y mucho menos nos dan prestigio frente al incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las recomendaciones del Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Un primer acto grave lesivo para nuestra soberanía nacional es mantener en vigor el instrumento nacional firmado por el ex presidente Felipe Calderón el 20 de febrero de 2012, acuerdo entre Estados Unidos Mexicanos y Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México y promulgado por el presidente Enrique Peña Nieto; celebrado, cabe puntualizar, para convalidar la firma de contratos con extranjeros para la exploración y explotación de recursos transfronterizos de hidrocarburos y gas natural en el Golfo de México, los cuales pertenecen a la nación. Se menoscaba la soberanía nacional por cuanto al reformar la Constitución y aprobar la legislación secundaria en materia energética y autorizar la inversión extranjera en ese sector. De conformidad con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y los acuerdos de inversión Apris firmados por México con otros estados de la Comunidad Internacional, México renuncia a su inmunidad soberana, su rayo de inmunidad soberana que le corresponde como Estado y acepta resolver cualquier diferencia o conflicto relacionado con la inversión de los extranjeros a arbitrajes internacionales del Ciadi, sin tener que agotar los recursos internos. Es decir, no tendrán que acudir los extranjeros a los tribunales nacionales, vulnerando con ello la cláusula Calvo contenida en nuestro artículo 27 constitucional. El mantener en vigor el tratado mencionado, el de los recursos transfronterizos de hidrocarburos, resulta deshonroso y tipifica el delito de traición a la patria, acto que se asemeja al del Presidente Obregón quien firmó los Tratados de Bucareli y aceptó la llamada cláusula secreta, en virtud de la cual el gobierno de México se obligaba no a aplicar la Constitución de 17 a los ciudadanos e inversionistas norteamericanos, situación que fue resuelta con el general Lázaro Cárdenas al realizar la expropiación petrolera con la que pudo México recuperar los recursos naturales que le pertenecen a una nación soberana y que son indispensables para el desarrollo económico de un país. Sobresale en materia de política exterior, además, el no cumplimiento efectivo subrayo y total de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y otras, Campo Algodonero, que es el caso de los feminicidios, el caso de las muertas de Juárez. A la fecha no se ha dado cumplimiento a esta sentencia por constituir la base de datos de los desaparecidos y de los feminicidios. Tampoco se han encontrado a los culpables, no se ha continuado con la investigación. Se mantienen en la impunidad estos feminicidos como los que ocurren todavía a la fecha. El caso también Radilla Pacheco. No se le ha dado cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a pesar de que ya tuvimos la reforma en materia de fuero militar y es el día de hoy que tampoco se encuentran a los culpables de la desaparición forzada que es un crimen de Estado y que hasta el momento es un crimen continuo al no encontrarse los restos ni a los culpables, pues sigue en incumplimiento el Estado mexicano. De igual manera no se ha dado cumplimiento en los casos Fernando Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra y Cabrera García y Montiel Flores. Por si ello fuera insuficiente, existe la carencia de políticas públicas para hacer efectivas las 188 recomendaciones del mecanismo de evaluación de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cabe puntualizar que el no cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera consecuencias graves para nuestro país, entre otras la posible suspensión del Tratado con la Unión Europea por cuanto se exige para la aplicación de dicho instrumento el respeto a la cláusula democrática y a los derechos humanos. De hecho, se han formulado recomendaciones y observaciones a México por los feminicidios en nuestro país. La falta de políticas públicas para dar cumplimiento a las 188 recomendaciones de LEPUS (¿) y la violación de los tratados pilares de derechos humanos ratificados por México y obligatorios para nuestro país, los pilares desde 1981; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, obligan a una efectiva protección. También quiero subrayar esto. Se dice que es falso, que no hay violación a derechos humanos. No hay nada más falso que ésta última afirmación. No basta con emitir leyes y tener programas y dar discursos demagógicos de protección a los derechos humanos y sacar distintos premios, mientras no se garanticen de manera efectiva los derechos fundamentales, los derechos humanos. Para apoyar esta afirmación están todos los informes de los relatores especiales de Naciones Unidas en materia de desaparición forzada, tortura, situación de los migrantes, denegación de acceso a la justicia, etcétera. De tal suerte que es el momento que ni siquiera ajustamos nuestra Constitución Política para dar cumplimiento a los instrumentos internacionales, porque se mantiene todavía el arraigo y se mantiene también en el Nuevo Código Nacional Procesal, con lo cual se viola el derecho fundamental a la libertad, que está protegido por los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. No se garantiza tampoco en ninguna parte de nuestro sistema jurídico, la asistencia legal a toda persona en todo proceso judicial cuando carece de recursos; se viola constantemente la presunción de inocencia, al proceder la detención por simples sospechas, como se mantiene en el Código Nacional Procesal y en la Constitución, por simples sospechas o in fraganti; por esa razón se presentaron dos acciones de inconstitucionalidad, pero todo parece indicar que la situación se va a mantener. Espero y hago votos porque se modifique. Lo que representan graves violaciones de los derechos fundamentales de la población de nuestro país, so pretexto en muchos casos, de garantizar nuestra seguridad. La población que vive en territorio nacional, tiene derecho a la seguridad, al acceso a la justicia y al respeto a los derechos humanos regulados en nuestra Constitución Política y en los tratados internacionales que ha ratificado nuestro país. Desgraciadamente no ayudará la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de la cual se interpretó de manera errónea el artículo 1o. constitucional al resolver que en el caso de conflicto entre la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos, prevalece la Constitución, por cuanto existen disposiciones constitucionales como la del arraigo, que es contraria a los tratados en materia de derechos humanos. Este artículo si se interpreta de esta manera, cierra la única ventana o puerta para el cumplimiento de los tratados internacionales e interpretarlos en base al principio pro omino. Otro gran hierro de la política exterior actual de nuestro país es el no respeto de los derechos fundamentales de los migrantes ubicados en nuestro país, lo cual constituye un acto incongruente además de esquizofrénico del actual gobierno y del gobierno anterior. Reclamamos derechos de notificación consular ante la Corte Internacional de Justicia por violación de dicho derecho a nacionales mexicanos detenidos en Estados Unidos, y no reconocemos que estamos obligados a garantizar de manera efectiva e inmediata, el mismo derecho a los extranjeros en caso de privación de libertad en estaciones migratorias o en prisión, en violación al artículo 36 de la Convención de Viena, de relaciones consulares, de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos. El no respeto de los derechos humanos de los indocumentados en violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados que ha signado México, exponer a nuestro país a futuras reclamaciones de terceros países ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento de las normas internacionales en la materia que exige el respeto del estándar mínimo de derechos a los nacionales de cualquier otro país en territorio nacional y de sus derechos humanos. Debemos volver al liderazgo que México ejerció como defensor de su soberanía nacional sobre su territorio y recursos naturales, además de respetuoso de los principios de la política internacional contemplados en nuestro artículo 89 constitucional: el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas que se encuentran en nuestro territorio. Es cuanto, diputado Presidente.