La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, diputado presidente. Señoras, señores legisladores, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene un alto significado político, obedece a la necesidad de incrementar la calidad de democracia y es una respuesta al intenso reclamo ciudadano sobre transparencia, rendición de cuentas y castigo a la corrupción. El ciclo reformador de la LXII Legislatura estaba incompleto, faltaba una profunda reforma que estableciera las condiciones para una implementación eficaz, honesta y transparente de las reformas estructurales. Después de la aprobación de las principales reformas estructurales, la ciudadanía expresó contundentemente que ninguna transformación es posible sin la participación ciudadana. Mexicanas y mexicanos de todos los sectores sociales hicieron patente que se había llegado a un límite en la tolerancia de actos de corrupción, abuso de poder, impunidad e inseguridad. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza compartimos plenamente ese reclamo y votaremos a favor del presente dictamen, porque fortalece el ejercicio del derecho ciudadano de acceso a la información pública. La Ley General de Transparencia tiene una relación sistémica e indisoluble con el sistema nacional anticorrupción. De forma conjunta estas dos legislaciones tienen el potencial de revertir las tendencias, los estímulos y la impunidad que favorecen las prácticas corruptas. Destaca en esta nueva ley el mandato de que los sujetos obligados deben documentar sus acciones. No habrá justificación alguna para que algún servidor público decrete la inexistencia de información. Además, se dispone que toda información en posesión de cualquier entidad pública debe ponerse a disposición de la ciudadanía y sólo podrá ser reservada temporalmente por causas de seguridad nacional. Esta ley establece condiciones claras para clasificar como reservada alguna información. Es decir, la reserva no quedará al arbitrio de los sujetos obligados, quienes deberán realizar una prueba de daño cuando quieran reservar información, con lo cual tendrán que demostrar que su divulgación causaría un perjuicio mayúsculo al interés público. Así se consolida el derecho de acceso a la información pública y se construyen las bases del sistema nacional de transparencia, con una efectiva distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas. Quiero hacer mención especial. Lo que establece el artículo 115 de esta ley. Cuando se trate de información relativa a violaciones graves de derechos humanos o con actos de corrupción no podrá invocarse el carácter de información reservada. Este mandato es fundamental, porque ante dos de los hechos que más lastiman a la sociedad establece que ningún sujeto obligado podrá poner pretextos para hacer pública la información, relativa esta información a prácticas corruptas, concretas o violaciones flagrantes de los derechos humanos. En suma, con la Ley General de Transparencia se incrementa el número de sujetos obligados. Ahora los órganos autónomos, los partidos políticos y los sindicatos tendrán que abrir su información al público. Muy relevante también lo es que los fideicomisos que han estado en total opacidad y los fondos públicos también pasen a ser sujetos obligados, porque tradicionalmente han sido fuente grave de opacidad y encubrimiento de operaciones que despiertan sospechas de irregularidades. Las diputadas y diputados de Nueva Alianza consideramos que esta nueva ley empoderará a la ciudadanía y reducirá el alejamiento entre ciudadanos y autoridades. Un alejamiento que se combina con una profunda desconfianza en las instituciones, que si no se encausan de forma incluyente y democrática, puede derivar en una crisis de legitimidad y gobernabilidad. Pero también sabemos que todo proceso es inacabado, que esta ley es perfectible, pensamos en lo particular que podría modificarse en algunos artículos, sobre todo el 72, para establecer de manera muy particular como sujetos obligados los grupos parlamentarios también sean sujetos obligados a esa transparencia. Sin embargo, estamos conscientes de que las reformas legales por sí mismas no transforman la realidad. Para cambiar el fondo de las cosas es indispensable que los gobernantes, los representantes populares y la propia ciudadanía se comprometan a hacer realidad los objetivos trascendentes de las reformas legales. En congruencia con lo expresado anteriormente, quiero comunicarles o informarles que desde enero pasado está a disposición de toda la ciudadanía el portal de transparencia de mi grupo parlamentario. Pueden acceder fácilmente grupoparlementarioabierto.mx y ahí está la congruencia de un grupo parlamentario que no cree en la transparencia en el discurso, que cree en la transparencia en los hechos. Por su atención, muchas gracias.