El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Diputadas y diputados. Seguramente nunca he participado en esta tribuna para proponer un tema de tanta importancia nacional; por tanto, aludo a todas las diputadas y a todos los diputados aquí presentes, para participar en un debate sobre este tema fundamental para la vida de la nación. Igualmente, hago entrega de la solicitud firmada por todos los diputados integrantes del Partido del Trabajo, para que al término del debate y de mi intervención se realice la votación nominal correspondiente a fin de preguntar a los señores legisladores si este tema debe ser de urgente u obvia resolución. Paso a señalar la importancia de esta controversia. Como sabemos, el 11 de octubre de este año el Ejecutivo federal anticonstitucionalmente decretó la extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, perdiendo o afectando laboralmente a más de 44 mil trabajadores. Decimos y señalamos que este decreto es inconstitucional porque la creación de Luz y Fuerza del Centro obedeció a una orden del Congreso que se emitió en 1989, y por orden del Congreso también debió de haberse extinguido el organismo descentralizado. No hay que perder de vista que la electricidad se trata de un área estratégica del Estado y conforme a la Constitución General de la república, tal como lo establece el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, todo lo concerniente a áreas estratégicas solamente puede ser normado y regulado por disposición de la Constitución y de la ley. También, en este decreto hubo violación al artículo 26 de la Constitución, porque debió haberse modificado el Plan Nacional de Desarrollo o el plan sectorial. Nada de esto ocurrió ni se publicaron las respectivas modificaciones a estos planes en el Diario Oficial de la Federación. También se violentaron artículos como el 73, fracción X, de la Constitución, que establece facultades exclusivas al Congreso para regular lo concerniente a la energía eléctrica, o el 73, fracción XI, que establece como facultad exclusiva del Congreso la de crear y suprimir empleos, aumentarlos o disminuirlos. Igualmente se violaron otros preceptos de la Constitución como el 73, fracción XXIX, inciso e), que regula como facultad exclusiva de la Cámara el abasto, producción de bienes y servicio social y nacionalmente necesarios. Se violentaron también, presidente, las atribuciones de esta Cámara de Diputados en materia de presupuesto, ya que el decreto del Ejecutivo trastocó la estructura programática presupuestal del decreto de presupuesto aprobado por esta cámara para el año 2009. Hubo un sinfín de irregularidades constitucionales y a los tratados internacionales. Sobre todo se violaron los derechos de los trabajadores previstos en el artículo 123 de la Constitución; en las convenciones 87, 98, 102 y 105 de la Organización Internacional del Trabajo, ya que sin juicio previo, sin seguir los procedimientos previstos en ley se dieron por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Por todo esto existieron violaciones al derecho de asociación, al derecho humano, a la dignidad, al derecho a tener un proyecto a una vida digna y derechos humanos fundamentales en materia económica, social y cultural. Hemos redactado un proyecto de controversia constitucional esperando que todas las diputadas y diputados de esta cámara hagan suyo este documento por la trascendencia que tiene el tema y porque el decreto trata de una invasión clara y contundente a las atribuciones del Congreso de la Unión, principalmente a las competencias de esta Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.