El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Muchas gracias, estimado y respetado presidente. Compañeras y compañeros diputados. El delito de secuestro en nuestro país es uno de los más lacerantes en la sociedad y desafortunadamente ha ido en constante aumento, generando consecuencias tales como causar psicosis en quienes han sido víctimas del delito y violentando como consecuencia sus derechos fundamentales de por vida. Se ha convertido en un gran negocio para los delincuentes, al grado tal que México se ha convertido en el segundo país en el mundo con más casos de secuestro, debido a los altos lucros que obtienen quienes se benefician cometiendo dicha conducta delictiva. El secuestro es uno de los delitos que mayor afectación social tiene, ya que las conductas para realizarlo representa un fuerte impacto psíquico y moral en donde sus manifestaciones desencadenan crueldad hacia las víctimas: amenazas, golpes, sometiéndolos y violencia extrema, son características y consecuencias que representan una seria amenaza para la población. En virtud de las altas ganancias que representa para la delincuencia organizada, la conducta delictiva ha ido en creciente aumento convirtiéndose prácticamente en una verdadera industria delictiva. Es por tal razón que debe enfrentarse en todas las formas, mecanismos, medios y recursos posibles. Para la operatividad de la delincuencia en el secuestro, los sujetos activos, intelectuales y operativos, utilizan muchos y diversos medios de intercomunicación para mantenerse en constante contacto previo, durante y posterior a la comisión del delito para mantener de manera sistemática, en esa generación de laceración de los miembros de nuestra sociedad. Las facultades investigadoras y de persecución del agente del Ministerio Público de la Federación, como ente de la Procuraduría General de la República, encargado de perseguir este tipo de delitos, deben de tener los alcances necesarios que le permitan solicitar a las empresas y órganos de los servicios de telecomunicaciones, la ubicación de los equipos de comunicación, que son utilizados durante la comisión de los delitos de secuestro, y así también la posibilidad de restringir en los mismos la comunicación en la medida tal que le permita la gente investigadora y a sus órganos auxiliares, a actuar sin dilación a alguna, ante situaciones de riesgos inminentes sobre la vida e integridad de las personas pasivas del delito de secuestro. En muchas ocasiones la pronta atención a la persecución de los delincuentes y la oportuna aplicación de las medidas necesarias para delimitar su campo de acción, se convierte en la diferencia entre la supervivencia o no de las víctimas en manos de sus secuestradores. Es así que las empresas y concesionarios de telecomunicaciones deben de informar a la petición formulada por los agentes del ministerio público de la Federación, de manera inmediata respecto de la ubicación geográfica de los equipos de comunicación, así como los datos de identificación del o los clientes que se encuentren asociados con la línea de servicio para de esta manera coadyuvar y colaborar con las autoridades a la debida investigación y persecución de los delitos procurando justicia de manera más eficiente y eficaz. Por todo ello, la fracción de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.