La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: El proyecto de reforma constitucional para contar con una Guardia Nacional nació torcido y a pesar de que hubo un gran interés por enderezarlo, desafortunadamente fueron desoídas todas las voces de organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales, que advirtieron del hecho que poner a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública era un desacierto, y lejos de restituir al tejido social, lo pone en mayor riesgo. En este sentido, Movimiento Ciudadano pidió conocer oportunamente todo el paquete de leyes secundarias. Es decir, la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza y la Ley General del Registro de Detenciones. Sin conocerlas no hay condiciones para una informada discusión de la Guardia Nacional, será como andar a ciegas en medio de la crisis de inseguridad más grave que vive México y eso sería una irresponsabilidad histórica. ¿Cómo puede ser responsable votar una reforma constitucional de este tamaño, sin tener definiciones sobre cómo se va a instrumentar? Los riesgos no son menores, involucran la seguridad y la paz del país, porque además la vocación de una reforma en materia de seguridad no puede ser la presencia permanente del Ejército en estas tareas, sino la construcción de policías fuertes en todo México. Reconocemos y respetamos a las Fuerzas Armadas. Pero, como lo han señalado reiteradamente la Suprema Corte de Justicia, los organismos internacionales y distintas organizaciones de la sociedad civil, no es función de los militares realizar tareas de seguridad pública, no es su naturaleza. En Movimiento Ciudadano hemos exigido que se establezcan parámetros, plazos y controles para que los estados y municipios constituyan policías fuertes, porque sí queremos construir seguridad y paz. Necesitamos policías confiables, honestas, profesionales, e involucradas con la ciudadanía de sus comunidades en todo el país. Si no formamos policías, en el largo plazo México seguirá viviendo una situación de excepción. Señoras y señores, la capacidad, el equipamiento y la inteligencia de los cuerpos policíacos que se ha dejado para después, ha permitido en gran parte el desastre que hoy tiene a las personas viviendo en la zozobra y la incertidumbre. Y más aún, violencia no se cura con más violencia. Constitucionalizar la militarización no nos va a regresar la paz, antes, al contrario, arriesga la de por sí precaria vivencia de los derechos humanos y las libertades civiles, amenazados con esta reforma. Como la estrategia y operación de la Guardia Nacional sigan siendo de naturaleza militar, por mucho que se diga que se volvió civil, su naturaleza será precisamente militar. Queda claro que no se aprendió nada con los despropósitos de la Ley de Seguridad Interior. Estamos de acuerdo con los puntos expresados por el colectivo Seguridad sin Guerra, que una estrategia razonable contra el crimen debe contener, para resolver las cosas sin que ello exija la militarización del país: respeto a nuestro marco constitucional y convencional. Regulación de los mecanismos reconocidos como excepcionales, previstos hoy en día para el uso del Ejército en tareas de seguridad pública, en los artículos 29 y 119 constitucionales. Reimplementación del sistema nacional de seguridad pública. Profesionalización de las policías civiles, con mando y disciplina civil, de acuerdo con nuestro marco normativo doméstico e internacional. Programación de una desmilitarización paulatina de la seguridad pública. Regulación normativa del uso de la fuerza y establecimiento de mecanismos de justicia y verdad. El crimen no tiene que enfrentarse con amnistías sin pies ni cabeza, puntos finales sin sentido ni mecanismos sin viabilidad ni idoneidad legal, racional ni humana. Las audiencias de la semana pasada no deben ser una simulación, no olvidemos, no olvidemos que la voz de la ciudadanía debe ser escuchada, a ellos nos debemos, a ellos representamos. Están a tiempo de corregir el rumbo, la guerra no hace la paz. Gracias.