El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidente. Muy buen día a todos. De acuerdo al proyecto de decreto aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales en enero pasado, la reforma al artículo 19 que hoy nos ocupa tiene por objeto adicionar tres conductas delictivas que ameritarán la imposición de prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, se trata de robo de combustibles, uso de programa sociales con fines electorales y corrupción. Las tres se tratan de conductas que ofenden y lastiman gravemente a la sociedad, y que ante la falta de resultados para prevenir la realización de las mismas, se han generado en los ciudadanos una sensación de injusticia e impunidad. En el Partido Verde, como lo hemos expuesto en ocasiones anteriores, creemos en la maximización de derechos, creemos también en la presunción de inocencia, pero no podemos ser omisos en que la maximización de derechos ha generado en ocasiones mayores beneficios al criminal que al ciudadano honesto, que es a quien nos debemos como legisladores. Es difícil entender y más difícil explicar al ciudadano común, que una persona que vende gasolina en la calle, en plena carretera o una persona que porta un cuerno de chivo o quien ejerce violencia sexual a un menor, tenga derecho a llevar el proceso en libertad por no ser una conducta grave. En los hechos, es más que claro que estas dos conductas no representan un modo honesto de vivir para quien es detenido en estas circunstancias. Lo mismo sucede con el feminicidio, con la corrupción, con el robo a casa-habitación, con la desaparición forzada y con el robo a transporte. Quienes se oponen a esta reforma maximizan derechos sin ponderar el derecho del ciudadano a vivir en paz, al derecho a sentirse protegido por sus autoridades, al derecho de sentir que el Estado es eficiente castigando al delincuente. Simplemente sobreponen la presunción de inocencia a la realidad, y es precisamente por esa ponderación en pro del ciudadano de bien que el Partido Verde votará a favor de la presente reforma constitucional, y en su momento propondremos que se incorporen conductas diversas a las contenidas en el dictamen, como es la portación de arma de uso exclusivo del Ejército. Es necesario aclarar que la ampliación del catálogo de delitos para los que se contempla la prisión preventiva no anula las demás garantías que la Constitución prevé para todos y que nos amparan de ser molestados sin causa justificada. Los artículos 15, 16, 20 y 21 de la Carta Magna, los cuales reconocen derechos humanos y garantías en los procesos judiciales, quedan como están actualmente, no se modifican. Por ende, es desproporcionado y falso sostener que por no permitir el proceso en libertad se están violando derechos humanos. Se ha hablado también de la violación a tratados internacionales, se mencionó el artículo 7.3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sin embargo, el mencionado precepto se refiere a las detenciones o encarcelamientos arbitrarios. Este artículo reconoce el derecho a detener o encarcelar a cualquier persona, siempre que exista una causa justificada apegada a derecho. La reforma que se está proponiendo al artículo 19 no da pie de ninguna manera a una detención arbitraria. Simplemente, por poner un ejemplo, a quien se le encuentre con mil litros de gasolina vendiéndolos en la calle, no tendrá derecho a llevar su proceso en libertad. Por otro lado, vale la pena explicar a grandes rasgos cómo funciona la prisión preventiva. La primera es, el Ministerio Público aporte los elementos suficientes para justificar ante un juez la causa por la que procede la prisión preventiva como medida cautelar, y la segunda es por flagrancia. En ninguno de los dos supuestos se puede desprender una violación a derechos humanos ni la presunción de inocencia, puesto que existen elementos suficientes para acreditar una presunción que sea motivo de la medida cautelar. Creo que vale la pena reconocer la inclusión del uso de programas sociales con fines electorales por parte del gobierno en turno. Primero que nada, el uso de programas sociales con fines electorales es algo que han padecido todos los partidos políticos en este país, todas las fuerzas políticas han sido afectadas alguna vez por la inequidad que esta conducta genera en las contiendas electorales y, sin embargo, esta conducta no ha sido sancionada ni penal ni administrativamente en la historia de nuestro país. En segundo lugar, reconozco que sea Morena quien promueva la inclusión de esta conducta, sobre todo cuando es su gobierno quien está implementando un número sin precedente de programas sociales. Por último, mucho se ha hablado de que la reforma va a criminalizar a los más pobres, porque son ellos quienes no tienen la posibilidad de pagar un abogado que pueda evitarles la prisión preventiva. Sin embargo, nosotros creemos que eso no depende necesariamente de que un delito esté o no contemplado en el artículo 19 de la Constitución, sino de una reforma integral que garantice el buen funcionamiento del sistema de justicia y que la investigación de los delitos se realice de acuerdo con los mejores estándares internacionales. Tenemos que reconocer que la implementación del nuevo sistema penal acusatorio no está funcionando como se esperaba y que, lejos de evitar que las personas inocentes vayan a la cárcel, se ha convertido en un mecanismo que permite a los criminales delinquir una y otra vez, en total impunidad. Es por las razones anteriores que el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen, con la intención de poner un alto a la impunidad que hoy padecemos. Muchas gracias.