El diputado Rene Meza Cabrera: Con su permiso señor presidente. El suscrito diputado federal en ejercicio presenta iniciativa para adicionar un segundo párrafo al Artículo 49 y derogar el Artículo Tercero Transitorio de la Ley Agraria, con base en la siguiente Exposición de Motivos. Los Constituyentes de Querétaro dieron especial importancia a la cuestión de la tierra, como se llamaba a principios del Siglo XX el que después sería el problema agrario, porque la posesión de la tierra fue uno de los principales motivos que originaron la Revolución de 1910. Conscientes de lo transcendental de esta problemática, la Comisión respectiva, al presentar su proyecto de dictamen acerca del Artículo 27 al Congreso Constituyente afirmaba: "En este artículo tienen por fuerza que sentarse los fundamentos sobre los cuales deberá descansar todo el sistema de los derechos que pueden tenerse a la propiedad raíz, comprendida dentro del territorio nacional, porque en el estado actual de las cosas no será posible conceder garantía alguna a la propiedad, sin tener que determinar con toda precisión los diversos elementos que la componen, dado que son componentes de la población nacional y en la revolución que felizmente concluye, cada uno de estos últimos ha levantado para justificar de sus actos, la bandera de la propiedad, en demanda ded la protección para sus respectivos derechos, habiendo por lo tanto variadas banderas de propiedad que representan intereses distintros", fin de la cita. Así, conciliando esos intereses surgió el texto del Artículo 27 Constitucional, que en su párrafo tercero estableció las tres formas esenciales de la tenencia de la tierra: comunal, ejidal y pequeña propiedad, originando el reparto agrario, cuyo auge tuvo su realización en las décadas de los años 30 y 40. Durante medio siglo y a través de las 16 reformas al Artículo 27 Constitucional y su Ley Reglamentaria, han sido los instrumentos en que se basó y fundamentó la reforma agraria. Con las últimas reformas y adiciones a este precepto constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 6 y 28 de enero de 1992, vigentes al día siguiente de las fechas señaladas, se dio por terminado el reparto agrario al comprobase ya la inexistencia de latifundios y de tierras repartibles. Al mismo tiempo, se dio consistencia a la posesión de la tierra al consolidarse la propiedad privada ejidal y comunal, con lo que se procuraba hacer más productivo al territorio nacional. Simultáneamente, el día 26 de febrero de 1992 se publicó también en el Diario Oficial de la Federación la actual Ley Agraria, reglamentaria del artículo 27 constitucional en la materia. Especialistas en derecho agrario consideran que debió abrogarse la Ley Federal de la Reforma Agraria, que juntamente con otras leyes relativas a la materia sólo se derogaron y en el artículo Tercero transitorio de la actual Ley Agraria se dejó en vigor lo referente a los asuntos que actualmente se encuentran en trámite en materia de ampliación o dotación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población y restitución, reconocimiento y titulación de bienes comunales. Se seguirá aplicando la ley derogada, cuyo artículo 51 señalaba que las tierras ejidales son imprescriptibles. Esta disposición está siendo utilizada por pésimos litigantes carentes de probidad y ética, quienes coludidos con representantes de los comisariados ejidales, aprovechando la imprecisión jurídica existente en materia agraria y basándose en último párrafo de la Fracción VII del artículo 27 constitucional, que textualmente dice: "La restitución de tierras, bosques y aguas a los núcleos de población se hará en los términos de la Ley Reglamentaria y apoyados en el artículo 49 de la Ley Agraria vigente, que estipula: Los núcleos de población ejidales o comunales que hayan sido o sean privados ilegalmente de sus tierras o aguas, podrán acudir directamente o a través de la Procuraduría Agraria, ante el Tribunal Agrario para solicitar la restitución de sus bienes", promueven ante el Tribunal Agrario la restitución de tierras con demandas artificiosamente manipuladas y aducen que desde hace muchos años fueron privados ilegalmente de parte de sus tierras ejidales o comunales, por los propietarios de terrenos colindantes con los polígonos de sus ejidos o comunas. Esta situación se viene observando y multiplicándose preocupantemente, pues los demandados se ven forzados a transigir ante la falta de claridad jurídica en materia agraria, puesto que ni siquiera pueden alegar la prescripción en ejercicio de su defensa. La proliferación de estos ilegales procedimientos está originando la inseguridad de la propiedad de la tierra y ya empieza a notarse la falta de productividad y el alejamiento de la inversión, contrastando con la opulencia de algunos directivos de comisariados ejidales y abogados inescrupulosos, quienes han encontrado la forma de enriquecerse puesto que en la mayoría de los casos los propietarios, especialmente los pequeños, pagan para no ser privados de parte de sus terrenos. Esta anómala situación que está perjudicando a la agricultura del país debe terminar estableciéndose la prescriptibilidad de las acciones restitutorias de los bienes despojados. Es necesario dar seguridad a la tenencia de la tierra para que con certidumbre la cultiven sus propietarios o poseedores y se incremente la inversión nacional y extranjera. Asimismo, no siendo ya aplicable el artículo 3º transitorio de la Ley Agraria, que valida disposiciones de la Ley Federal de la Reforma Agraria derogada desde el 26 de febrero de 1992, porque los asuntos en que podría invocarse ya están en trámite o terminados, es conveniente derogarlo para que no sirva de sustento en la iniciación de trámites engañosos con fines fraudulentos. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto para adicionar un Segundo Párrafo al artículo 49 y derogar el artículo 3º transitorio de la Ley Agraria, para quedar como sigue: Artículo primero. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 49 de la Ley Agraria, en los siguientes términos: Artículo 49: Se fija un año como término perentorio para la presentación de la solicitud de la restitución de los bienes a que se refiere el párrafo anterior, contado a partir de la fecha en que se realizó la acción ilegal por la cual se acompañará la demanda de los siguientes documentos: a) La documentación que acredita la probidad del bien reclamado. b) Comprobación de la posesión del bien. c) Identificación de la cosa cuya restitución se pretende precisando características, medidas y ubicación que impidan cualquier confusión. d) Copia certificada de la denuncia o querella presentada por los representantes ejidales o comunales ante el Ministerio Público competente. Artículo Segundo.- Se deroga el artículo 3° transitorio de la Ley Agraria en la forma siguiente: Artículo Tercero Transitorio.- Se deroga transitorio de esta iniciativa. Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sala de Sesiones de la Cámara de Diputados, México, Distrito Federal a 27 de septiembre de 2005. Eso es todo, señor Presidente. Gracias.