El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso diputada presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, hace unas semanas las primeras planas de algunos diarios vespertinos señalaban o rezaban: "Fue un héroe", refiriéndose a un policía que había muerto en cumplimiento de su deber al enfrentar a unos delincuentes. Lo que no señalaban esos diarios era que como premio a ese acto heroico, el artículo 123 constitucional en su fracción XIII, de su apartado B, tenía sometido a este policía y en general tiene sometidos a los miembros de las instituciones policiales, a un sistema de excepción que los condena a la precariedad laboral incongruente a cambio de este sistema abiertamente discriminatorio e injusto. Se le exige que desempeñen con heroísmo uno de los trabajos más peligrosos y que estén dispuestos a dar la vida sin remilgos, con abnegación, en defensa de la sociedad. Estas disposiciones constitucionales, que arrancan todo viso de dignidad al desempeño de este trabajo y recluyen a los policías a un estado de ignominia no comenzaron con la reforma al artículo 123 constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en el marco de la llamada "reforma de justicia penal". Siendo que su texto esencial se remonta al 8 de marzo de 1999, por lo que si esta vulneración a los derechos humanos de los policías estuviera al menos justificada, en aras de mayores índices de seguridad para la población, a estas alturas del tiempo estaría más que probada su eficiencia. Pero la clara y cruda realidad nos muestra todo lo contrario. Que la precariedad laboral de los policías no se ha reflejado en mayores índices de seguridad, sino en un aumento geométrico de la delincuencia y de la penetración de éste en instituciones policiales. Pero en lugar de estos resultados que nos están mostrando se hiciera repensar el trato brutal a las condiciones laborales que reciben los policías. El crimen de 1999 se ratifica aún con mayor amplitud en 2008. Como queda dicho, con mayor fuerza en el 2009, en el marco de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de ese mismo año, ensuciando la letra y espíritu del artículo 123 constitucional. Y por si fuera poco, el 8 de marzo de 1999 se dieron a conocer las reformas originales en comento, en contra de los miembros de las fuerzas policiales. Al mandato antes vigente de que las condiciones laborales de los policías debían regirse por sus propias leyes, se adicionó un párrafo tercero a la fracción XIII del Apartado B de los siguientes Términos Primero. Los miembros de las instituciones policiales de los municipios, entidades federativas del Distrito Federal, así como de la federación, podrán ser removidos si no cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución. Cualquiera que sea el juicio o medio de defensa usado para combatir la remoción y, en su caso, sólo procederá a la indemnización. Ahora resulta que por la actuación de los malos elementos se perjudica a todos, y se les debe dejar en la indefensión. Ahora resulta, sin ningún compromiso de parte de la institución para crear un sistema de carrera policiaca en base a un sistema de permanente capacitación y adiestramiento, se les eche en cara su ineptitud y se les lance a la calle. La omisión del texto constitucional a este respecto se restituye en parte en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero más que los argumentos, los hechos han hablando con elocuencia a casi 10 años de esta reforma, y vemos cómo la eficiencia y la honestidad de los policías en lugar de aumentar ha puesto en jaque la seguridad nacional. Pero no sólo se ha ratificado ese estado de cosas, sino que ?insisto? en junio de 2008 se ahondó aún más esta aberración jurídica que en primera se extiende a los agentes del Ministerio Público y peritos, pero además se cierra la pinza al explicitarse que aún cuando se resuelva que la separación es injustificada en el marco del juicio o medio de defensa hecho valer, al policía jamás se le regresará su empleo. Adicionalmente, la fracción XIII, publicada en junio de 2008, tratándose de la seguridad social, sólo prevé para los policías fortalecer el sistema de seguridad social, instrumentando sistemas complementarios sobre la materia. Es decir, que los diversos niveles de gobierno, de manera discrecional, instrumentarán algunas medidas para que los policías no estén en el total desamparo. Delito público hubiera sido garantizarles todos los derechos previstos en el inciso f), de la fracción XI, del Apartado B, del artículo 123 constitucional. Con todo lo dicho, a lo que deben sumarse los bajos salarios de los policías en general, sus pobres condiciones laborales, no sólo se cercenan sus derechos, sino también su dignidad y en perjuicio de la seguridad pública de la sociedad se pone a los policías en charola de plata para alimentar las filas de la delincuencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy vengo a presentar esta iniciativa porque hay que restituir los valores a los cuerpos de seguridad, concretamente a los policías. Tenemos experiencias en otros países que señalan que cuando se capacita, se profesionaliza, se actúa adecuadamente. Teniendo salarios dignos, estos cuerpos policíacos dan buenos resultados, está el caso de España, Costa Rica, Colombia y El Salvador, entre otros. Por eso el día de hoy presentamos una iniciativa, la cual someto a su consideración, para modificar la fracción XIII y agregar dos párrafos, el párrafo segundo y tercero de la fracción XIII del apartado b) del artículo 123 constitucional, y diversos artículos de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En virtud del tiempo, le pediría, diputada presidenta, que se inscribiera la iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.