El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, vicepresidenta, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. En 1950 la Organización de las Naciones Unidas estableció el 10 de diciembre como el Día Internacional de los Derechos Humanos con el que se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada en la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1948. A raíz de ello, en todo el mundo se ha venido avanzando en el reconocimiento progresivo de los derechos de todas las personas, particularmente de aquellos grupos que han sido discriminados en su acceso al ejercicio pleno de esos derechos, como son los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, de la niñez, indígenas, migrantes, etcétera, y se han ido construyendo diferentes generaciones de derechos humanos como los económicos, políticos, sociales, culturales y medioambientales, así como los civiles y políticos, en base a su positiva pasión y reconocimiento. A través de convenciones y tratados internacionales los estados firmantes han contraído obligaciones y responsabilidades para la implementación de políticas públicas, medidas legislativas y de gobierno a fin de garantizar el disfrute de todos los derechos para todas las personas, sin discriminación, y haciendo especial énfasis en acciones afirmativas que tienen como fin revertir las brechas de desigualdad. La cuestión que acapara la atención este año, es el derecho de todas las personas sin distinción de su sexo, su edad, su grupo étnico, su posición social, o de si padecen alguna discapacidad, a hacer oír su voz en la vida pública y a ser incluidos en el proceso de adopción de decisiones políticas en base a su derecho a la participación ciudadana. Esto es hacer hincapié en las garantías para hacer válida las libertades de opinión y expresión de reunión y asociación pacíficas y el de participar en el gobierno establecidas en los artículos 19, 20 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En México, a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en donde se les reconoce supremacía, se han hecho explícitas una serie de responsabilidades en nuestro marco legal en la que los Poderes de la Unión tenemos la obligación de actuar para contribuir a su cumplimiento en la esfera de actuación de cada uno. En el tema que se aborda en la conmemoración de este año, es importante que en México revisemos las políticas y acciones legislativas que garanticen la libertad corporal de expresión, particularmente la de manifestación de las ideas como un derecho fundamental de las y los mexicanos y como base y sustento de la democracia que traduzca sus beneficios en un estilo de vida del que gocen todas las personas quienes habitan este país, ya que la violación a sus derechos humanos que se realiza día a día, momento a momento, ya sea en forma institucional o social, es aún atroz. Sólo por recordar algunos ejemplos señalaré las detenciones arbitrarias e ilegales a inocentes el pasado día primero de diciembre. Las personas de la edad de oro trabajando entre comillas- en los supermercados. Las personas de más de 35 años, que para efectos laborales ya son viejos para ello. Y qué decir la discriminación tan deleznable de las personas con discapacidad. En nombre de Movimiento Ciudadano, les convocamos a iniciar un proceso de armonización legislativa que incorpore a nuestro marco legal todas las medidas legales que tengan como fin dar garantías para el ejercicio y exigibilidad en los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, y ya que nos encontramos en el proceso de revisión del paquete económico para el 2013, Movimiento Ciudadano les convoca a hacer una revisión de los recursos como inversión en el desarrollo, y hacerlo con una visión que tenga como fin avanzar en las políticas públicas que tiendan a hacer efectivo los derechos humanos de las personas. Esto implica superar la visión asistencialista de programas que en muchos casos profundizan las condiciones de desigualdad en las que viven los beneficiarios para pasar a una política integral que considere a las personas como sujetos de derecho y simplemente en programas con dicho fin. Sin duda que la conformación de una cultura del respeto irrestricto a la dignidad del ser humano, es una deuda que tenemos tanto las gobernantes como los gobernados, sirva esta rememoración para incentivar nuestras conciencias en este sentido. Es cuanto.