El diputado Francisco Javier Valdez de Anda: "Los suscritos, diputados Rebeca Godínez y Bravo y su servidor, Francisco Javier Valdéz de Anda, de los grupos parlamentarios del PRI y PAN respectivamente, en uso de las facultades conferidas en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley General de vida Silvestre, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y Código Penal Federal, al tenor de las siguientes: Consideraciones. "Primero.- En 1992, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, la comunidad internacional acordó adoptar un enfoque para el progreso de los pueblos que protegiera el medio ambiente mientras aseguraba el desarrollo económico y social. Desde entonces México, al igual que el resto de la comunidad internacional, se comprometió a legislar en materia de responsabilidad por daños ocasionados al ambiente, indemnización y compensación de las víctimas de la contaminación, y para hacer posible el acceso efectivo de la ciudadanía a los tribunales que imparten justicia en materia ambiental. "A pesar de esa declaratoria y compromiso, la normatividad mexicana no responde aún a las expectativas de justicia de las comunidades, de la sociedad y no garantiza en los hechos los principios reconocidos por el derecho ambiental. "Es necesario legitimar a los ciudadanos para posibilitar su acceso a los tribunales. Es indispensable propiciar la intervención del Poder Judicial en la solución de los conflictos ambientales. Es impostergable construir un sistema de justicia que posibilite la acción corresponsable del gobierno y la sociedad en la protección del ambiente, garantice además la efectiva reparación de los daños, la atención a las víctimas de la contaminación, al mismo tiempo que desincentive económicamente a quienes han optado por el cumplimiento de la normatividad que tutela el ambiente. "Segundo.- El desarrollo legislativo en materia de responsabilidad ambiental se ha vuelto inaplazable a la luz de numerosos casos de daños, daños graves ocasionados al ambiente y a la salud e integridad de las personas. "México ha acumulado por décadas experiencias de pérdidas, deterioro y afectaciones negativas de sus elementos naturales, hábitat y ecosistemas, así como de afectación a la salud e integridad de las personas, atribuidas a sujetos y empresas individualmente determinados, suficientes para afirmar la necesidad de un nuevo régimen jurídico de responsabilidad adecuado y congruente a las características del daño ambiental. "El derrame del pozo petrolífero Iztoc 1, del año de 1979, es el segundo derrame más grande de todos los tiempos, la provocada por la empresa Metales y Derivados¸ en Tijuana, que provoca una exposición crónica a contaminantes peligrosos, sufriendo las personas efectos graves en los sistemas neurológico, inmunitario y reproductivo, ocurriendo algo similar en la planta llamada Cromatos de México, así como el de Ciudad Juárez, con la emisiones de la empresa Fundidora de Azarco, asimismo con lo sucedido en el derrame del 14 de abril del año pasado de amoniaco en Veracruz, por fugas de PEMEX, o la creciente contaminación de pozos de agua en los distintos municipios del país, provocada en buena medida por los rellenos sanitarios; sólo son algunos ejemplos de que no podemos continuar en esta debacle ambiental por falta de una legislación adecuada y oportuna. "La reparación del daño ambiental no puede ser abordada por el sistema de responsabilidad civil ordinario que resulta para ello ineficaz e insuficiente. De lo anterior, deviene la necesidad de contar con un sistema de responsabilidad ambiental al alcance de la ciudadanía, en el cual el juez pueda allegarse oficiosamente de elementos probatorios, suplir las deficiencias de las partes, como sucede en las materiales laboral y la agraria, valerse de las opiniones de las instituciones administrativas ambientales e incluso de instituciones académicas y de investigación especializada. La reparación del daño patrimonial civil con el cual no puede identificarse el daño ambiental, se hace habitualmente a través de instrumentos de reparación sustitutiva, como la indemnización, instrumento que resulta insuficiente para la reparación de la mayoría de los daños ambientales en materia de responsabilidad ambiental, que no se trata de restituir el equilibrio patrimonial de un perjudicado sino de restituir las cualidades físicas, químicas o biológicas de los elementos naturales, hábitat y ecosistemas perdidos. Finalmente, los daños ambientales pueden ocasionar efectos adversos sobre la salud humana, lo que justifica un sistema de responsabilidad ambiental que reconozca esta vinculación causal. La realidad indica que nuestra sociedad se preocupa por el daño infligido a los componentes del ambiente y lo percibe como un peligro para la calidad de vida, la salud y los intereses de los seres humanos. Un sistema de responsabilidad ambiental debe atender con eficacia dicha preocupación. En consecuencia, esta iniciativa percibe como objetivo lo siguiente: permitir el ejercicio de una tutela corresponsable del ambiente entre el gobierno y la sociedad civil; dar acceso directo a la ciudadanía a los tribunales; impulsar la intervención efectiva del sistema judicial a través de medidas civiles económico-preventivas; crear un sistema de responsabilidad adecuado a las características del daño ambiental; regular la responsabilidad por el daño al ambiente así como por daño y afectación a las personas; declarar las controversias ocasionadas por estos daños de interés público; establecer una acción y un procedimiento adecuado, para hacer valer los derechos y pretensiones restitutorias y punitivas de los afectados; conceder competencia a los Juzgados de Distrito para conocer de las controversias resultantes de la causación de daños y afectaciones al ambiente y a las personas. En fin, los objetivos de complementar y balancear el sistema de justicia ambiental mexicano. En virtud de lo anterior, se propone un nuevo título para la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con adecuaciones a los artículos 168 al 278 asimismo se reforman los Artículos 106 párrafo primero, 107 párrafo primero y 109 Se suprime: El último párrafo del artículo 109 y se derogan los artículos 108 y 109 de la Ley General de Vida Silvestre, así como los Artículos 68 y 77 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Se reforma el 136 párrafo tercero de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable Se reforma el 121 de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados Y se reforma el primer párrafo, fracción I y el párrafo último del artículo 421 del Código Penal Federal Y se deroga la fracción III adicionando tres párrafos del mismo Numeral. Por su atención, muchas gracias, solicitando a la presidencia se transcriba el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates. Muchas gracias.