La diputada Ana Lilia Guillén Quiroz: Con su permiso, señor Presidente: la suscrita, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, viene a presentar el siguiente proyecto de iniciativa de decreto, que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos La Ley Fundamental es un elemento vivo de la sociedad mexicana, que se ha transformado sustancialmente desde 1824 hasta nuestros días. Su creación ha sido obra de los Congresos Constituyentes y su adecuación producto del Constituyente Permanente o del poder revisor de la Constitución, a través de las reformas y adiciones de la Ley de Leyes. En cuanto al procedimiento de reformas o adiciones de la Constitución, el artículo 35 del Acta Constitutiva de 1824 remitía a la Constitución de ese año la manera de hacerlo. En la sesión del 30 de diciembre de 1823, el diputado por Coahuila Miguel Ramos Arizpe ya manifestaba que el acta sólo se dirigía a sentar ciertas bases generales y a organizar lo que no implicara demora, dejando así, pues, el modo de modificar la Ley Suprema a la Constitución de 1824. La Constitución de 1824 estableció que el Congreso General podría resolver las dudas que ocurran sobre la inteligencia de los artículos de esta Constitución y del Acta Constitutiva. A su vez, las Legislaturas de los estados podrían hacer observaciones sobre determinados artículos de los documentos constitucionales citados, pero el Congreso General no las tomaría en cuenta sino hasta 1830. El Congreso de 1830 se limitaría a calificar las observaciones que merecían en su opinión sujetarse a la discusión del Congreso siguiente, lo que se comunicaría al Ejecutivo para su publicación, el cual no podría hacer observaciones. Las reformas o adiciones posteriores a 1830 se tomarían en consideración en los mismos términos, sólo que en el segundo año de cada bienio, además de todos los requisitos prevenidos para la formación de leyes, a excepción del derecho de hacer observaciones concedido al Presidente en el artículo 106. Finalmente, el artículo 171 de este documento constitucional establecía la prohibición expresa de que jamás se reformaran los artículos de los documentos constitucionales de 1824 que establecían la libertad de independencia de la nación mexicana, su religión, su forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los Poderes Supremos de la Federación y de los estados. En la sesión del 3 de septiembre de 1824 se dio el debate en torno del procedimiento de reforma constitucional. Y consideramos que el diputado por Veracruz José María Becerra fue claro al argumentar que su voto era que las reformas que ocurran se tomen en consideración a los cuatro años y a la Legislatura siguiente después de que este término resuelva sobre ellas. Alegó que a la suspensión de las reformas o del derecho muy responsable que tiene la nación para pedirlas debe reducirse al menos tiempo posible, porque nuestra Constitución se ha hecho por un Congreso que sólo tiene una Cámara y, por lo mismo, no ha sido revisada, porque se ha hecho en tiempo de agitaciones en que las circunstancias habrán influido en varias resoluciones y porque somos nuevos en la carrera de la política. En virtud de todo ello, es preciso que algunos o muchos artículos merezcan reformas que dicte la calina o exija la experiencia. Y para que estas reformas no se atribuyan a novelería o espíritu de revolución, basta que se esperen cuatro años. Hizo presente que una de las causas de haber precedido la libertad en España fue el artículo de su Constitución en que se mandó que ésta permaneciera intacta por ocho años, pues acaso la división del Congreso en dos Cámaras y otras habría evitado la ruina total de la Constitución. Los argumentos para reformar o adicionar la Constitución se concentraron en cuanto al tiempo. Los Constituyentes de esa época consideraban que era necesario que nuestras instituciones maduraran, por lo que establecieron varios candados para llevar a cabo tal empresa, reformar la Constitución. Las bases constitucionales expedidas por el Congreso Constituyente del 15 de diciembre de 1835 no establecieron numeral alguno relativo al procedimiento o reforma constitucional. Éste se plasma en la séptima de las siete Leyes Constitucionales de 1836. Tendrían que transcurrir seis años, contados a partir de la publicación de las siete Leyes Constitucionales, para poder hacer alguna modificación a este documento constitucional. Lo anterior fue aprobado por 58 votos a favor y 9 en contra en la sesión del 6 de diciembre de 1836. Dentro de las atribuciones del Supremo Poder Conservador, se establecía la de dar o negar la sanción a las reformas de Constitución que acordare el Congreso, previo a las iniciativas y en el modo y forma que establece la Ley Constitucional respectiva. No dejamos de señalar que otros artículos dispusieron un conjunto de requisitos una vez transcurrido el plazo antes señalado. En esta Constitución encontramos nuevamente plazo para poder reformar o adicionar nuestra Norma Suprema. La redacción actual del artículo 135 del Código Político de 1917 tiene su antecedente en el numeral 127 de la Constitución de 1857. La Constitución podría ser adicionada o reformada y para, que estas reformas o adiciones llegaran a ser parte de la Constitución, se requería que el Congreso de la Unión, con el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, acordara las reformas o adiciones y que las mismas fuesen aprobadas por la mayoría de las Legislaturas de los estados, dejando al Congreso de la Unión hacer el cómputo de los votos de la Legislaturas y la declaración de haberse aprobadas las adiciones o reformas. El actual artículo 135 se conserva en los mismos términos que el 127 de la Constitución de 1857, sólo con la diferencia de que el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. En cuanto al procedimiento para reformar o adicionar a nuestra ley suprema, hay distinguidos juristas que siempre están de acuerdo en seguir con reformas y adiciones constitucionales, siempre y cuando se hagan en los términos del artículo 135. Otros no están muy de acuerdo con las modificaciones y, sin embargo, consideran que son necesarias, ya que se tienen que ir adecuando a las nuevas realidades de México. La reforma constitucional implica un cambio en el texto en el sentido de agregar, modificar o eliminar algo. Existen dos tesis al respecto: una que limita la reformabilidad de la Constitución y atribuye a la llamada "corriente decisionista", que consiste en que el pueblo, como titular único de la soberanía, es el único facultado para modificar las decisiones políticas fundamentales, sólo así pueden ser reformadas por el poder constituyente. La corriente positivista, que es la otra, sostiene que lo único que se requiere para la validez de la reforma es que ésta se lleve a cabo conforme a las normas establecidas por el Constituyente Permanente. La pregunta que nos hacemos es ésta: ¿debemos continuar con el procedimiento que establece el artículo 135 constitucional? A mayor abundamiento, en las gacetas gubernamentales en las entidades federativas, por ser de interés público y cuya finalidad es publicar todos los comunicados emitidos por las dependencias del Ejecutivo federal que no corresponda publicar en el Diario Oficial de la Federación, sus ciudadanos puedan conocer si una reforma o adición constitucional fue o no aprobada, con la finalidad de que las mismas sean aplicadas y observadas debidamente. Por lo expuesto, sometemos a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de decreto que reforma el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo Único. Se reforma el artículo 135 constitucional, para quedar en los siguientes términos: Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones y que éstas sean aprobadas por las dos terceras partes de las Legislaturas de los estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, con el Diario Oficial de las entidades correspondientes, harán el cómputo de votos, procediendo a la declaración de haber sido aprobadas o no las adiciones o reformas. Artículo Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor Presidente, pido a usted que se incorpore el texto completo en el Diario de los Debates.