La ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra: Buenos días. Ciudadana diputada Laura Angélica Rojas, presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del h. Congreso de la Unión. Ciudadana senadora, Mónica Fernández Balboa y ciudadano diputado Porfirio Muñoz Ledo, vicepresidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del h. Congreso de la Unión. Ciudadanas y ciudadano secretario. Ciudadana Rosy Laura Castellanos, Consejera de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ciudadanas y ciudadanos diputados y senadores de todos los partidos. Primero que nada quiero agradecer este acto republicano que me permite compartirles mis ideas y escuchar las suyas, y destacar el hecho de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está trabajando, estamos revisando y renovando día con día en sus prácticas, respondiendo a la vez su responsabilidad constitucional, resolviendo, atendiendo sin ningún retraso ni contratiempo, de tal suerte que los resultados están a la vista. No hemos dejado de hacer un solo día nuestro trabajo. A efecto de dar debido cumplimiento al artículo 102, apartado B de la Constitución, así como los artículos 15 y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, estoy entregando a esta soberanía el informe de actividades 2019, el cual refleja el trabajo realizado durante el período. A este respecto es necesario señalar que por una peculiaridad de la ley, me corresponde a mí presentar dicho informe, y aun y cuando se trata del último año de actividades, prácticamente de la pasada administración, por lo que en francas sujeción a los principios de máxima transparencia y rendición de cuentas, ya se encuentra disponible el contenido íntegro de este informe en la página institucional para el estudio y consulta de cualquier interesado. Además de la disponibilidad de una versión ejecutiva impresa que va acompañada de una memoria digital con la información completa. Ahora bien, no puedo dejar pasar esta oportunidad para hacerles partícipes del proyecto que me propongo encabezar, de las premisas y valores que enarbolamos y que serán de ahora en adelante las pautas y medidas, los motivos e ideales que guiarán el quehacer de esta institución. Decidí impulsar un proceso de transición sin precipitaciones, ni tensiones, porque lo he dicho numerosas veces, mi objetivo es el de fortalecer la institución y garantizar la continuidad del trabajo. A ello obedeció también la designación de directoras y directores generales adjuntos en funciones de las visitadurías que quedan vacantes por el retiro de los visitadores en la anterior administración, porque esto es parte inevitable de todo cambio institucional, pero también porque estamos en proceso de reestructuración y esta se dará de manera razonada y seria, siempre pensando reitero en el interés superior de las víctimas y de quienes están en riesgo de serlo. Llegamos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con un mandato claro de reforma, para mejorar su atención a las víctimas y su capacidad de respuesta, para optimizar recursos y garantizar la eficacia y prontitud a que estamos obligados, para recuperar la credibilidad de la institución y para actuar cerca del pueblo. Para hacerlo no necesitamos de un inmenso aparato burocrático, ni de cuantiosos recursos, acorde con una visión del servicio público con la que coincidimos y asumiendo como un deber ético el precepto de la eficacia y la probidad. No implican dispendios, ni excesos, nos sometemos a la ley y empezamos por aplicar en la institución íntegramente la Ley Federal de Austeridad Republicana. Por lo que hoy puedo informarles que se retabularon los sueldos de los altos mandos, de manera que no hay ya más en la Comisión ningún salario por encima del presidencial, tal y como lo mandata la norma. En el ejercicio del gasto privilegiamos la atención de las víctimas directas e indirectas. Con los recursos que se tienen podemos hacer más y mejor, y vamos a transparentar su ejercicio. Mantenemos una idea de austeridad en el gasto que no puede traducirse en debilidad para la institución, sino por el contrario, en eficientar sus recursos humanos y materiales, redistribuyéndolos de manera que se fortalezcan las áreas sustantivas de atención y servicio. Austeridad arriba para fortalecer el trabajo abajo, de calle, el trabajo directo con las víctimas. Los ahorros que propongo de un 30 por ciento, aproximadamente, pretendo aplicarlos prioritariamente en las visitadurías, en la Dirección General de Quejas y en específico en la Subdirección de Registro y Clasificación, así como en las Coordinaciones de Procedimientos Internos de las Visitadurías Generales, en la Coordinación de Seguimiento de Recomendaciones y en todos aquellos programas que sean de apoyo directo a la investigación y seguimiento de los casos. Fortaleceremos, desde luego, el Consejo Consultivo y lo involucraremos en las nuevas tareas con ideas innovadoras de potencia en su papel. El diálogo con todas y todos será permanente con el objetivo de avanzar en la gran reforma de la Comisión que nos proponemos. Establecemos una premisa: la comunicación constante y permanente directa con las víctimas de violaciones a derechos humanos, con los colectivos realmente comprometidos con la causa y, desde luego, con la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. De manera que, resultado de este amplio ejercicio de análisis y discusión surja una Comisión Nacional de los Derechos Humanos más eficaz, fortalecida en su misión, sustantiva y con más y mejores instrumentos que faciliten la interposición de quejas, aseguren su trámite pronto y expedito, busquen el cumplimiento de sus recomendaciones y observaciones y, sobre todo, trabajar para no repetición de las violaciones. Al inicio de mi gestión anunciamos un programa de diez acciones inmediatas, que ya está en marcha y que se ha venido fortaleciendo con más acciones complementarias, entre las cuales cabe destacar lo siguiente. Uno. Sobre el mandato constitucional de protección, abatimiento del rezago y emisión de recomendaciones como prioridad y con objeto de asegurar la eficacia de la Comisión en su atención a las víctimas, estamos revisando los expedientes rezagados para atenderlos y darles curso de inmediato. Pero también las quejas mismas existentes, susceptibles de una recomendación, facilitando el acceso a las víctimas a las investigaciones. Existe una inadecuada o insuficiente investigación de los casos que tendremos que revertir. Esta situación sostenida institucionalmente por años, se ha manifestado en una baja emisión de recomendaciones mucho menor al número de violaciones denunciadas ya existentes. Esto ha tenido por resultado la falta de criterios públicos y transparentes de calificación, de integración y conclusión de expedientes de quejas que permitan su desechamiento y remisión de manera discrecional, a veces incluso su subcalificación en casos de violaciones graves. Las personas, además de haber sido víctimas de violaciones de derechos humanos, no deberían de tener que haber enfrentado a posteriores obstáculos en investigación de esas revelaciones en la propia comisión. Esto se corregirá. 2. Revisión y ajustes al procedimiento de quejas. En la actualidad las quejas tardan entre tres y cinco días en ser turnadas a las visitadurías generales, esto es en gran medida porque actualmente no existe un criterio establecido para calificar una queja como urgente, ya que depende del criterio del servidor público que la recibe, o bien porque así lo manifieste el quejoso, lo que ocasiona que no se atienda con prontitud a aquellos que así lo ameritan. Frente a ello estableceremos criterios específicos para calificar las quejas como urgentes para estar en posibilidades de que se les brinde la atención que corresponda. Además se hará un mapeo de procesos para el fortalecimiento de la Dirección General de Quejas, en lo general y en lo específico, a la Subdirección de Registro y Clasificación, así como a las coordinaciones de procedimientos internos de las visitadurías generales, a fin de que el trámite sea eficiente, se den mejores mecanismos de coordinación entre las visitadurías generales para la canalización de los asuntos y su clasificación más expedita. 3. La capacitación y actualización del personal de las áreas sustantivas de la comisión. Se precisa de una manera profesionalización para el ejercicio de sus funciones de investigación de violaciones de derechos humanos y atención a víctimas, de acuerdo con los estándares de derechos humanos aplicables conforme al bloque de la constitucionalidad y el control de convencionalidad. Una capacitación urgente para los visitadores adjuntos requiere establecerse en dos tipos de acciones para la atención e investigación de los casos. Por una parte, sobre mecanismos alternativos de solución de controversias, como son la conciliación y la mediación para la solución pacífica de conflictos, porque muchos casos se podrían resolver por esta vía, siempre y cuando no sean violaciones graves a los derechos humanos. Por otra parte, sobre los estándares propios de las investigaciones de violaciones de derechos humanos, a fin de que los casos, una vez que estén en la fase de investigación, se indaguen de forma expedita para determinar las violaciones cometidas y la reparación del daño procedente en cada caso. Adicionalmente será necesaria la capacitación de personal de otras áreas de apoyo, a fin de que los servicios de la Comisión estén plenamente orientados, conforme a los fines institucionales de protección de los derechos humanos. 4. Revisión de los mecanismos de supervisión de las investigaciones, seguimiento de las recomendaciones y de la reparación del daño. Los mejoraremos emprendiendo acciones más rigurosas y sistemáticas que trabajen para su implementación y la protección de las víctimas. Desde la Presidencia se creará un área específica para supervisar la adecuada investigación de los casos. La determinación de los criterios usados en su resolución, a fin de que los precedentes puedan ser conocidos públicamente. Revisar la formulación de las recomendaciones y los proyectos de recomendaciones que se realicen en las visitadurías generales y la información resultante sobre la voluntad de las autoridades para reparar el daño. Respecto de la recomendación 15VG/2018 de la gestión anterior, que aborda el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, puedo decirles que en los puntos recomendatorios no se puede calificar hoy su estado o nivel de cumplimiento, como el resto de las recomendaciones, porque la Oficina Especial del Caso Iguala determinó una forma diferente de clasificarlo, distinta a los supuestos que establece el reglamento interno de la CNDH, lo que de entrada llama la atención. Así que tendremos que estudiarla, valorarla en sus alcances en conjunto con los familiares de los desaparecidos, para encontrar las mejores maneras de avanzar en apoyo a sus demandas. 5. Adicionalmente, como parte de las necesarias actividades de la supervisión de los derechos humanos en el país con el objeto de incidir adecuadamente en las políticas púbicas en materia de derechos humanos, fortaleceremos los instrumentos idóneos para tal efecto como son las recomendaciones generales y los informes especiales. 6. Fortalecimiento del área de Atención a Víctimas, poniendo a su disposición más recursos humanos y materiales con indicadores específicos y monitoreados desde la oficina de la Presidencia de la Comisión, a fin de que su actuación se circunscriba a los casos de violaciones de derechos humanos conocidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 7. Combate a la impunidad y reducción de los tiempos de respuesta. No permitiremos que ninguna autoridad responsable de violaciones se sustraiga de la acción de la Comisión. Hasta este momento no existe un término máximo para emitir una resolución en un expediente de queja, por lo que un asunto puede tardar hasta nueve años en resolverse, lo cual se ha agravado por la falta de colaboración de las autoridades o la lentitud para proporcionar la información solicitada mediante oficio. Para enfrentar este problema crearemos un mecanismo de colaboración con las autoridades, a fin de realizar brigadas de trabajo y comunicaciones eficientes para agilizar la atención de los expedientes de queja. De igual forma se buscarán fortalecer las facultades de investigación de la Comisión, a fin de que cuando exista una deliberada obstaculización en las investigaciones sea posible proceder de forma efectiva contra las autoridades responsables. 8. Fortalecimiento de las visitadurías generales, poniendo especial énfasis en el papel de los encargados de la atención a víctimas e integración de expedientes de que queja, que actualmente invierten la mayor parte de las horas de trabajo en funciones administrativas que retrasan y obstaculizan las labores de investigación. Estamos realizando ya una evaluación a través de indicadores respecto a los temas y programas, así como a la cantidad de asuntos recibidos en cada una de las visitadurías generales y del personal administrativo y profesional con el que cuentan, a fin de realizar una adecuada distribución de los recursos humanos y financieros. Para lo anterior, se considerará la reestructuración del trabajo en el marco de una adecuada implementación de la atención, según se trate de mecanismos alternativos de solución de controversias o de la investigación de casos. Asimismo, se verificará el marco institucional en que se dará seguimiento a la reparación del daño que realicen las autoridades responsables y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, el CEAV, no solo para la atención de los casos y las víctimas, sino para el conocimiento de la sociedad de cuáles autoridades trabajan para reparar el daño y evitar la repetición de las violaciones de derechos humanos. Finalmente, se buscará establecer los mecanismos necesarios de manera que las víctimas puedan hacer uso de los resultados de las investigaciones de sus casos para, en su caso, acudir ante otras jurisdiccionales, de igual forma que se les garantizará que puedan tener acceso a las evidencias de su caso, así como a ejercer su derecho a la participación conjunta durante esta. 9. Todas las formas de acercamiento de las CNDH a las víctimas, además de contar con mecanismos más expeditos de acercamiento y acompañamiento a las víctimas, se crearán módulos itinerantes en todo el país, para trabajar por la plena accesibilidad. Necesitamos fortalecer, sobre todo, los mecanismos de atención de las mujeres, de los periodistas y defensores de derechos humanos, de los migrantes y de los pueblos y comunidades indígenas. Necesitamos ir más allá del trabajo del gabinete y estar presentes donde la gente necesita que la defiendan y la cuiden. Lo haremos con un espíritu de empatía y solidaridad genuinas, porque entendemos lo que es ser víctima, no solo de las violaciones, sino también de quienes se suponía eran nuestros defensores frente a estas violaciones. En relación a grupos de atención prioritaria y temas específicos, que sería el punto número 10, revisaremos y fortaleceremos los programas especiales dentro de la CNDH, como son: Agravio a periodistas y defensores civiles. Asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres. Asuntos de la niñez y la familia. Asuntos de atención a migrantes. Atención a víctimas del delito. Atención a la discapacidad. Personas desaparecidas. Pueblos y comunidades indígenas. Especial atención precisa el programa de asuntos de la mujer y de igualdad entre mujeres y hombres, adscrito actualmente a la Cuarta Visitaduría General, ya que en ese programa es donde existe una responsable de dar seguimiento y participar en el mecanismo de alerta de violencia de género. Adicional a lo anterior, se crearán mecanismos de coordinación entre los programas especiales y visitadurías generales, a partir de las metodologías de trabajo interdisciplinario, para garantizar que la atención en las visitadurías de los asuntos que requieren de la participación de los programas especiales, cuenten con la riqueza de enfoques necesarios. Y para tal efecto, es posible crear un mecanismo con personal de cada una de las visitadurías para la atención de quejas, que por su complejidad precisan la articulación de diversas instancias de la CNDH. 11. Protección de los DESCA. Desde su creación, la Comisión ha sido débil, cuando no omisa en la defensa de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales del pueblo mexicano. Se ha considerado, por lo general, que no es tarea de la CNDH asumir un papel activo en la garantía de los derechos a la salud, al trabajo, a la vivienda, a la educación, al descanso, a la cultura, a la recreación, etcétera. En esta nueva etapa y en el marco histórico que nos ha tocado actuar, consideramos prioritaria la defensa de estos derechos. Una parte importante de la violencia que vivimos tiene origen en la desigualdad que se da en el ámbito de su cumplimiento, aquella que vivimos todos los días y culturalmente se ha naturalizado, lo que ha dado lugar a que muchas personas defensoras de estos derechos hayan sido objeto de ataque. Frente a esto, la CNDH asumirá la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como eje central del análisis transversal y temático que lleve a cabo la defensa de todos los derechos humanos y también a la superación de las condiciones de pobreza. Segundo. Sobre los mandatos de promoción y supervisión, en el punto 12, que sería en el área de promoción se precisa construir procesos de participación social más amplia en materia de derechos humanos. El objetivo es llevar a la CNDH a los espacios de la población, en la vida cotidiana y construir un proceso pedagógico y epistemológico, que en verdad se refleje en una mayor consciencia de los derechos humanos entre los diversos sectores de la población mexicana. Para ello nos proponemos articular los procesos de promoción y capacitación, que de facto llevan todas las visitadurías con el trabajo de promoción y los que debe realizar el Centro Nacional de Derechos Humanos. Entre otras cosas, mediante programas que acerquen los derechos humanos a los ciudadanos, que hagan más comprensible su entendimiento y caravanas itinerantes, en los cuales se llegue a las plazas, mercados, escuelas, grupos de reflexión, etcétera, procurando establecer un programa de colaboración interinstitucional con las escuelas de educación primaria y media, a través de la Secretaría de Educación Pública... y con emergencia... de Educación Pública, centros de enseñanza, media superior y superior del país, para transversalizar el enfoque basado en derechos humanos en los programas de estudios y en la normatividad de las escuelas y universidades. También se promoverá la difusión de información relevante sobre derechos humanos y los mecanismos para ejercerlos, a través de medios de comunicación convencionales, alternativos y de redes sociales, favoreciendo la visibilización de las personas que trabajan en sus comunidades para la realización de sus derechos, fortaleciendo así sus propios procesos sociales en la materia. 13. La mejor política de vinculación internacional es la vinculación con las víctimas al interior y la defensa de los derechos humanos de las y los mexicanos. Cumpliremos nuestros compromisos en materia de derechos humanos ejerciendo mejor nuestras facultades y deberes constitucionales. Promoveremos la armonización normativa de los derechos humanos con los parámetros universales e interamericanos, apoyaremos para cumplimiento de las recomendaciones y resoluciones de las instancias internacionales de derechos humanos, y favoreceremos el fortalecimiento institucional en la materia. Todo esto lo haremos sin burocracias, poniendo fin a los gastos onerosos, no vamos a sumar kilometraje en viajes sino en cumplimiento de nuestras obligaciones y responsabilidades. 14. Fortalecer sistemas de información e indicadores georreferenciados de manera que obedezcan al contexto de emergencia nacional en materia de Derechos Humanos, para lo cual es necesario implementar una revisión de indicadores para la identificación de niveles de riesgo, de violaciones de los derechos humanos y mejorar la capacidad preventiva de la comisión referente a atención a periodistas y defensores de derechos humanos, tortura y desapariciones, violencia feminicida y otras violencias de género, salud sexual y reproductiva de las mujeres, población migrante, trata de personas, explotación de niños, mujeres migrantes y personas indígenas, condiciones laborales precarias en el sector agrícola y doméstico, personas con discapacidad y discriminación contra pueblos y comunidades indígenas. En suma, la visión y objetivo del sistema de información georreferenciado es el que proporcione análisis e inteligencia en tiempo real en materia de derechos humanos para el estudio de riesgos en violaciones de derechos humanos y sirva como una herramienta de análisis, gestión, prevención, planificación y toma de decisiones de esta comisión. De igual forma, se trabajará para generar análisis del Presupuesto de Egresos con perspectiva de derechos humanos, a fin de que se posibiliten anualmente insumos y propuestas necesarios en la eficientización del gasto público. 15. Armonizaremos la normativa de la CNDH. Nos proponemos revisar políticas, reglamentos y protocolos de actuación a efecto de que se encuentren armonizados con los principios constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos para evitar todo tipo de discriminación o violencia. De igual forma, se buscará incidir en las políticas públicas, empujando y promoviendo la armonización también de las leyes y reglamentaciones secundarias en todo el país. 16. Fortalecimiento institucional del Sistema de Derechos Humanos del país. En México tenemos diversas instituciones cuyas funciones son específicamente de derechos humanos, pero se encuentran desarticuladas. Para que los derechos humanos puedan ser una realidad es necesario que el Estado mexicano articule mejor los diversos esfuerzos que está haciendo de formas separadas. Para lograrlo será necesario promover encuentros, mesas de trabajo, reformas legislativas, etcétera. La presidencia de la CNDH tendrá el compromiso de impulsar estos trabajos a fin de que las personas de nuestro pueblo tengan las instituciones que necesitan, en relación al estudio y divulgación. 17. Fortalecimiento del Centro Nacional de Derechos Humanos. Se fortalecerá la capacidad de respuesta del centro a las necesidades de la Comisión Nacional para el cumplimiento de sus mandatos. El planteamiento de no recurrir a la contratación de externos para elaborar investigaciones, proyectos, planes o cualquier tipo de análisis y recomendaciones es para fortalecer el trabajo y la capacidad profesional de los servidores públicos de la Comisión, y junto con todo esto vamos a simplificar los procesos administrativos internos. No más funciones duplicadas, ni procesos fraccionados en mucho en lo que pueden hacer menos: transparencia, austeridad y optimización de recursos son la premisa. Venderemos los autos blindados y de lujo a cargo de la presidencia y ya estamos eliminando los privilegios de cualquier índole. En cuanto entró en vigor el presupuesto de este año, retabulamos los sueldos de los altos mandos. Ya nadie en la Comisión gana más, por encima del salario presidencial, tal como prescribe la Ley de Austeridad. Además, eliminamos los bonos, primas y ayudas y falsos estímulos y retiramos los celulares. Hemos cancelado la plaza ocupada por la chef de la anterior administración que por cierto gozaba de un salario no de cocinera, sino de homóloga a jefa de departamento y a sus ayudantes que tenían puestos de analistas, y reduciremos también, y si es posible eliminaremos los onerosos gastos de eventos que absorbían buena parte del presupuesto. Tampoco habrá viajes al extranjero, salvo aquellos que redunden en el beneficio real para las víctimas de nuestro país, porque queremos que la Comisión no se destaque por ser la más costosa de América latina o una de las más caras del mundo, como lo es hoy, sino por ser la más eficiente en su tarea. De hecho, desde hace muchos años se ha venido cuestionando la operación y el gasto de la Comisión y se ha planteado seriamente la necesidad de una reestructuración. Hay infinidad de estudios, análisis e investigaciones serias que documentan lo costoso y, a la vez, inútil del trabajo de la Comisión. Desde 2009 varias organizaciones civiles, nacionales e internacionales, entre otras Human Rights, Fundar y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez denunciaron que el presupuesto de la Comisión se había incrementado desproporcionalmente desde su creación. Que eso la hacía la oficina de ombudsman más costosa de América latina, más aún que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, agravado con el hecho de que era la instancia con los resultados más decepcionantes y pobres. Está también un estudio emitido en 2010 por el Centro de Investigación y Docencia Económica, AC, CIDE, nuestros caros defensores de derechos humanos, de Carlos Elizondo Mayer Serra y Ana Laura Magaloni Kerpel, el cual concluía que el gasto para el funcionamiento de la CNDH es excesivo, demostrativo de un uso opaco y poco cuidadoso de los recursos públicos, documentado detalladamente dicho incremento como una constante del gasto corriente de la institución, acompañada con un incremento también del costo por queja emitida. Y no solo es eso, en 2015 el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, CIEP, asociación dedicada a verificar el gasto federal y su impacto nacional, denunció que ese año la CNDH había gastado mucho más en sueldos y gastos de representación de funcionarios que para la investigación de abusos contra ciudadanos, una constante desde 2010. Baste mencionar que en enero de 2015 y junio de 2019 la Comisión gastó más de 8 millones de pesos en comidas, reuniones y 537 viajes, 82 de ellos al extranjero, y que en ese mismo periodo se otorgaron a la Oficina de la Presidencia viáticos por 1 millón 929 mil 490 pesos. Esto... La presidenta senadora Mónica Fernández Balboa: Un momento, un momento. Si me permite, por favor, presidenta. Les recuerdo que no hay intervenciones según el acuerdo. Sí, gracias, senador. Le pedimos que concluya, señora titular de la comisión.