EL C. DIP. JAIME RODRIGUEZ LOPEZ: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Acudo a esta alta tribuna de la Cámara de Diputados, en mi carácter de Presidente de la Comisión de Recursos de Agricultura y ganadería, a fundamentar el dictamen con proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que fuera presentado de manera conjunta por esta Comisión y la de Desarrollo Rural y a solicitar su voto aprobatorio para el mismo. El proyecto de ley que discutimos, viene a cubrir los vacíos dejados hace casi 10 años en la reforma al artículo 27 constitucional que estableció desde aquél entonces en su fracción XX, lo siguiente: "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación al desarrollo nacional y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicio de capacitación y asistencia técnica". Y además establece: "Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar a la producción agropecuaria su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público" y porque como producto de esta reforma, también cabe señalar que quedó en la agenda concretar una legislación específica para el desarrollo rural. De alguna manera, compañeras y compañeros diputados, estamos saludando una importante deuda legislativa y al mismo tiempo saldándola: estamos dándole a la sociedad rural el marco legal que posibilite su inaplazable desarrollo para que responda a las condiciones actuales. La reforma constitucional de 1992 condujo a la promulgación de la Ley Agraria vigente, así como a la generación de un entramado institucional tendiente a resolver los conflictos agrarios existentes en el país, a partir de la consideración de que el reparto de las tierras había llegado a su fin y se abría una etapa para generar la certidumbre en la tenencia de la tierra. Con el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estamos abriendo el paso a un campo en el que no sólo exista aquella, la certidumbre en la tenencia de la tierra, sino que también la certidumbre se extienda a la producción, la competitividad y el bienestar de la sociedad rural. Estamos construyendo el marco legal para el futuro productivo del campo mexicano. Con este proyecto estamos dando respuesta a una demanda largamente planteada por la sociedad rural mexicana; si bien las comisiones dictaminadoras trabajaron sobre la iniciativa de Ley de Desarrollo Rural Sustentable presentada por nuestro compañero diputado Edgar Consejo Flores Galván a este Pleno el 27 de abril del presente año en representación de los grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Sociedad Nacionalista y Convergencia Democrática, casi al finalizar el segundo período ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, no podemos soslayar otros antecedentes. Debemos reconocer que la LVII Legislatura desarrolló un intenso trabajo para la elaboración de la Ley de Desarrollo Rural que comprendió la realización de foros de consulta en casi todo el país, así como consultas específicas por rama de producción. En su derecho, el proyecto de decreto fue remitido a esta Cámara por el titular del Poder Ejecutivo Federal con múltiples observaciones. Las comisiones dictaminadoras hicimos una exhaustiva revisión de las consultas celebradas por la LVII Legislatura, asimismo se efectuaron otros importantes foros sobre la problemática y las perspectivas del desarrollo rural de nuestro país. Ya teniendo como materia de trabajo la iniciativa objeto del presente dictamen, se estableció un mecanismo de consulta permanente que celebró seis sesiones con diferentes dependencias del Gobierno Federal coordinadas por la Secretaría de Gobernación y dos audiencias públicas en las que contamos con la participación de representantes de organizaciones de los sectores social y privado, así como de la Academia y de organizaciones no gubernamentales que expresaron en un ambiente de libertad y respeto a la diversidad sus puntos de vista, mismos que ayudaron a enriquecer el planteamiento original. En este proceso es necesario destacar, se incorporaron nuestros compañeros legisladores del Partido Acción Nacional. Cabe señalar que las mesas directivas de las comisiones, como es conocido, conformadas de manera plural sostuvieron un sin número de reuniones en las que intercambiaron sus puntos de vista, también fue el caso con sus similares del Senado de la república, que en un marco de fraternidad y ánimo de colaboración propusieron modificaciones y adiciones que contempla el proyecto que se presenta a la consideración del pleno. Compañeras y compañeros: Podemos expresar que la Ley de Desarrollo Rural sustentable que se somete a su consideración, además de reglamentar la Fracción XX del artículo 27 de nuestra Carta Magna, como lo habíamos manifestado, identifica el estado como rector, que reconociendo las asimetrías que existen entre los productores del campo mexicano dispone de medidas para compensarlas y reducirlas, como lo establece el artículo 25 Constitucional y que al igual que el artículo Cuarto establece el derecho a contar con un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Asimismo, al amparo del artículo 26 de la Constitución Política que rige nuestra vida nacional, establece los mecanismos adecuados para hacer efectiva la participación social y la corresponsabilidad de los agentes del proceso rural con las instituciones del estado. En el texto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se contemplan varios elementos que señalaremos a continuación de manera breve: En esta ley se establece un programa especial concurrente como instrumento básico para la reordenación de la acción en el campo, por su parte la Comisión intersecretarial contemplada en este ordenamiento obliga a los responsables directos a sumar esfuerzos para incidir de manera efectiva en el medio rural. El proyecto de ley que tenemos a su consideración contempla la constitución del Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable, así como los consejos en diferentes niveles en los que por sistema producto se integra a los actores y a las políticas en cadena, eslabón de las cadenas productivas para ordenar las distorsiones del mercado. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece igualmente múltiples disposiciones para dar prioridad a las zonas marginadas y a los segmentos de población más desfavorecidos, particularmente los indígenas, las mujeres, los adultos mayores y la población vulnerable. Podríamos continuar señalando las bondades que encontramos en el proyecto de ordenamiento jurídico que está hoy a discusión, pero quisiera ahondar un solo aspecto más que está implícito en su texto. Durante años una de las quejas más reiteradas es que las orientaciones gubernamentales de carácter sexenal, aunado a los intereses representados por cada partido político y sus fracciones parlamentarias en el Congreso de la Unión han impedido la formulación de políticas de estado. Asimismo, consideramos que contrario a lo que se cuestiona, en ocasiones con la aprobación de esta legislación estamos dando claras muestras de nuestra vocación de diálogo y nuestra capacidad para construir acuerdos mediante los consensos. Desde nuestra perspectiva, es de nuestro interés que más de 25 millones de mexicanos que trabajan y habitan en el medio rural cuenten con una política de estado que aliente la producción y la productividad, mejore las condiciones para la competitividad de sus productos, eleve sus niveles de bienestar, a sabiendas que es en el campo donde la marginación y la pobreza tienen sus escenarios más lacerantes e ignominiosos. De aprobarse el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, estaremos dando un gran paso en la formulación de una política de estado para el medio rural que sin duda alguna sentará un importante precedente para su desarrollo. Cabe reiterar que como política de Estado, es producto del consenso y requiere de la construcción de esfuerzos de los diferentes actores políticos, y en particular de los sociales para su concreción, evaluación y corrección. En todos estos aspectos será fundamental la participación del Poder Legislativo, y en particular de esta Cámara. Solicito un minuto para concluir.