La diputada Edna Ileana Dávalos Elizondo: Con su permiso, señora presidente. Compañeros diputados, es un honor para mí presentar ante ustedes este dictamen para reformar el Código Penal Federal, propuesta por nuestra amiga Guadalupe Oyervides. Escribió Vicente Espinel en el siglo XV que la traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el gran tesoro que poseen quienes son honestos. Hoy, como servidores públicos, ése tesoro es la confianza que los ciudadanos han depositado en nosotros y que no sólo debemos procurar, sino garantizar. Recientes estudios elaborados por el Instituto Nacional Electoral y el Colegio de México como el Informe país sobre la calidad de la ciudadanía concluyen que, el nivel de confianza de los ciudadanos hacia instituciones y organizaciones políticas y sociales no supera la mitad de los encuestados. Además la confianza de los encuestados en los partidos políticos y los diputados, está por debajo del 20 por ciento. Por otro lado, las sanciones a los servidores públicos que colaboren con, o formen parte de una asociación delictuosa, los inhabilita por un período que únicamente oscila entre uno y cinco años; por lo que no se trata de un castigo ejemplar ni proporcional al daño que cometieron, violar la confianza de los mexicanos. Conscientes de lo que exigen los ciudadanos en nuestra plataforma electoral, los priistas nos comprometemos a acabar con la impunidad mediante acciones eficientes de justicia, nadie debe estar por encima de la ley. Combatir la corrupción entre servidores públicos, impulsar acuerdos entre los Poderes de la Unión, los órdenes de gobierno y la sociedad organizada para combatir la violencia, la corrupción y la impunidad. Decidido a hacer más pública la vida púbica, así como a combatir la corrupción para generar confianza con los ciudadanos, la administración de nuestro presidente Enrique Peña Nieto está procesando penalmente a funcionarios y ex gobernadores acusados de corrupción para que nadie quede impune, ha impulsado la colaboración entre la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan recuperarse con mayor eficacia los recursos desviados. Además, ha destinado más de 5 mil millones de pesos a la instrumentación del Sistema Nacional Anticorrupción en el 2017, para garantizar su implementación en todo el país. Los priistas hemos hecho profesión de fe por la transparencia y la rendición de cuentas para abatir la corrupción, facilitando que los ciudadanos vigilen y los mandatarios sean vigilados. Por eso, desde la Cámara de Diputados, aprobamos el Sistema Nacional Anticorrupción, que vela por el sometimiento de todos a la ley, empezando por las autoridades, y ya contribuye a abatir la corrupción a la par de estrechar la relación entre ciudadanos y gobiernos, en suma, certifica que el aparato público cubre mayor eficiencia y fortalece la confianza entre ciudadanía y gobernantes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 22 que toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. La propia Constitución, en su artículo 108, señala como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y los empleados; y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la administración pública federal, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Así, los servidores públicos son ciudadanos dotados de confianza para servir y dar resultados a los mexicanos, por tanto la traición a dicha confianza debe ser castigada de manera ejemplar. Votaremos a favor del presente dictamen para que, tratándose de servidores públicos, independientemente de la pena privativa de libertad, se les destituya de su empleo e inhabilite hasta por 20 años para obtener otro cuando propicien la evasión de algún detenido procesado o sentenciado, sean o hayan sido miembros de alguna corporación policial o de la Fuerzas Armadas mexicanas y participen en una asociación delictuosa. México necesita la voluntad de cada uno de nosotros, servidores públicos, de compartir la responsabilidad para velar por el interés superior de la nación. Debemos seguir fortaleciendo el Estado de derecho y garantizar que nada ni nadie esté por encima de la ley. Es cuanto, señora presidenta.