La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Gracias, presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, desde hace dos décadas los crímenes y la violencia contra niñas y mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido el caso más representativo de los asesinatos de mujeres en México y la comunidad internacional. No sólo por el número de asesinadas, sino por la brutalidad y la impunidad de los hechos. La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género de Chihuahua, única en México, es resultado del esfuerzo y de la presión de la sociedad civil para detener las desapariciones y asesinatos de mujeres. Sin embargo, de la consternación que han causado las desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez se detonaron la denuncia y la demanda de justicia de diversas personas, grupos y organizaciones. Una de ellas es la de Nuestras Hijas de Regreso a Casa. Dentro de las actividades de esta organización por la defensa de los derechos de las mujeres el pasado 18 de febrero de 2013 se envió a la Fiscalía General del estado de Chihuahua, zona norte, un oficio dirigido al maestro José Enrique González Nicolás, fiscal especial para la Investigación y Persecución del Delito, que solicita la siguiente información: 1. El número de reportes que se recibió durante 2008 al 2012, y lo que va del 2013, de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. 2. Cuántas de estas mujeres fueron localizadas. 3. Cuántas aún están desaparecidas. 4. En cuántos de estos casos se activó el Protocolo Alba. 5. La cifra de mujeres asesinadas de los años arriba mencionados. 6. Cuántos de estos cuerpos se tuvieron que identificar a través del ADN de sus familiares. 7. Cuántos cuerpos aún continúan sin ser identificados en el Servicio Médico Forense de Ciudad Juárez. 8. Cuánto tiempo se demoran en identificar cada uno de los cuerpos. 9. Cuál es el tiempo más prolongado para identificar uno de estos cuerpos. 10. Después de ser identificado el cuerpo de la víctima, cuál es el tiempo que la familia espera para que les sea entregado el cuerpo de su familiar. De igual forma solicitaron copia de las aplicaciones del mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de mujeres y niñas desaparecidas, que debe involucrar a los medios de comunicación y los familiares para que coadyuven con las autoridades de los tres niveles de gobierno, mecanismo llamado Protocolo Alba. La información que la organización solicita es un derecho que el Estado debe garantizar y que nuestro papel como legisladoras y como legisladores debemos exigir y proteger. México ha recibido más de 50 recomendaciones internacionales de organismos de derechos humanos y de relatores de diversas instancias de Naciones Unidas, para que el gobierno esclarezca todos los casos y se pueda lograr el acceso a la justicia por parte de familiares de víctimas, la reparación integral de los daños y políticas con perspectiva de género, así como la erradicación de la violencia contra las mujeres. La Recomendación 19 del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, dice que los estados deben alentar la recopilación de estadísticas y la investigación de la amplitud, las causas y los efectos de la violencia, y la eficacia de las medidas para prevenir y responder a ella. Al respecto cabe destacar que ya en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había dado a conocer la sentencia conocida como Caso González y otras, Campo Algodonero contra México, en la que se condenaba al Estado mexicano por la violación de derechos humanos en los casos de feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, en contra de Esmeralda Herrera Monreal, Laura Berenice Ramos Monárrez y Claudia Ivette González, dos de ellas menores de edad. De acuerdo con esta sentencia en especial, en lo que refiere a sus resolutivos 20 y 21, el Estado mexicano tenía un año para que, entre otras cosas, creara una página electrónica sobre mujeres desaparecidas en Chihuahua desde 1993, así como también una base de datos sobre desapariciones y homicidios de mujeres con información actualizada y específica de cada uno de los casos; sin embargo, tras dos años de haberse vencido el plazo aún no se ha obtenido avances. En la actualidad no existen datos oficiales sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez, la información con la que se cuenta es extraoficial, producto de medios de información locales, por lo que la petición hecha por Nuestras Hijas de Regreso a Casa, no solo es pertinente y justa, sino necesaria para sentar las bases que permita conducirnos hacia una situación diametralmente distinta a la que se vive en Ciudad Juárez. El Estado no debe olvidar su responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanas y ciudadanos, así como el respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas; brindar información oficial es una obligación del Estado mexicano para cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la obligación constitucional de respetar, proteger, promover y garantizar los derechos humanos, como he señalado en la reforma constitucional de 2011. Por lo anteriormente expuesto y apelando a su sensibilidad, no solo como diputados y diputadas, sino como padres, como madres, como hermanas, hermanos, hijas e hijos, les pido que adoptemos el dolor como propio y que de esta manera someto a la consideración de esta honorable asamblea con carácter de urgente u obvia resolución el siguiente Punto de acuerdo Primero. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua a que gire las instrucciones necesarias, a fin de que la Fiscalía General del estado, zona norte, entregue la información sobre las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez desde el 2008 a la fecha, que la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa solicitó el pasado 18 de febrero de 2013, mediante oficio dirigido al maestro Jorge Enrique González Nicolás. Segundo. Se exhorta respetuosamente al ciudadano gobernador del Estado Libre y Soberano de Chihuahua para que a través de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo del estado, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, den cumplimiento a los puntos resolutivos 20 y 21 de la sentencia del 16 de noviembre de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso González y otras, Campo Algodonero contra México relativos a la creación de una página electrónica con una base de datos digital, que contenga la información actualizada sobre los casos de desaparición y feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, desde 1993. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados. Muchas gracias, diputado presidente.