El diputado Rubén Cayetano García: Con su venia, diputada presidenta Dulce María Sauri Riancho. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Justicia presento dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 390 de Código Penal Federal. El estado de violencia exacerbada que vivimos cotidianamente en México, ha comenzado a generar diversos efectos que han echado raíces en la vida cotidiana de miles de mexicanos, en este caso me refiero especialmente a la comisión del delito de extorsión. Para poner en perspectiva el grado de permeabilidad que ha tenido este delito en la sociedad mexicana, es necesario revisar las cifras de su comisión, de acuerdo con el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En el período enero-noviembre de 2018, se registraron 5 mil 820 víctimas de extorsión, de las cuales, 56.36 por ciento fueron del sexo masculino y 82.85, eran mayor de edad. Este periodo tiene el primer lugar con más víctimas desde que se tienen cifras oficiales, 2014. Es 5.65 por ciento mayor que el mismo período de 2017, correspondiente a 311 víctimas al contrastar el número de carpetas de investigación en los primeros 11 meses de los últimos 22 años, el de 2018 ocupa el quinto lugar con 5 mil 647. Las entidades con mayor cantidad de víctimas de este período son el estado de México con mil 213, Jalisco con 698 y Nuevo León con 532, concentrando el 41.98 por ciento del total de extorsiones. De acuerdo con la Organización Observatorio Nacional Ciudadano, en su reporte sobre delitos de alto impacto, de 2018 la media nacional fue de 17.94 víctimas, y dicha cifra es del 12.13 por ciento mayor que el promedio de los 12 meses previos. Las tasas en 10 entidades las superaron. La mayor tasa regional se presentó en la zona centro que fue de 0.55 víctimas por cada 100 mil habitantes en noviembre de 2018. Esta superó la nacional en 20.14 por ciento. De las siete entidades que integran dicha región, las tasas en el estado de México 0.85, Guerrero 0.72 e Hidalgo 0.64 superaron la nacional. De igual forma, la región occidente rebasa la tasa nacional en 3.93 por ciento. En sentido opuesto, las regiones noroeste, sureste y noreste presentaron tasas por debajo de la nacional en 24.51, 21.56 y 3.51 por ciento, respectivamente. Todas las cifras detrás de sí encierran las historias de miles de mexicanos que han perdido su tranquilidad y con ella la de sus familias, pues los delitos de extorsión generalmente se cometen con mayor frecuencia contra pequeños comerciantes, quienes mantienen establecimientos de sostenimiento familiar. Se trata de personas para quienes los términos cuotas y derecho de piso se han convertido en un calvario permanente. Familias enteras que entran en apuros económicos permanentes, pues destinan la mayor parte de sus ingresos para el pago de las extorsiones y con ello liberarse de las amenazas y la violencia que ejercen sobre ellos los grupos de la delincuencia organizada, y para quienes el Estado mexicano busca cumplir con su labor fundamental, que es preservar el orden, la seguridad y la justicia. Por ello estamos conscientes de que agravar las penas determinadas para quienes cometen el delito de extorsión es apenas un paso para inhibir la comisión del delito, pero contribuirá para quienes lleguen a ser sancionados conforme con esta nueva sanción, reflexionen para evitar reincidir en aquellos que ya hacen de este ilícito su modus vivendi. Por ello, expresamos nuestra voluntad de que el delito de extorsión sea castigado con severidad conforme el dictamen propuesto por esta Comisión de Justicia, y que con ello contribuyamos a librar la presión y la angustia en la que viven cientos de familias mexicanas día con día a raíz de este terrible flagelo. Ya no más al pago del impuesto criminal. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.