El diputado Fortunato Rivera Castillo: Saludo a mis compañeras, compañeros diputados. Me presento ante esta soberanía para someter a su amable consideración la iniciativa de proyecto de decreto por la que se reforman diversos artículos de la Ley Agraria. Razones para estas reformas sobran, y son bastante conocidas. La Ley Agraria del 92 ha venido acompañada de toda clase de crímenes y delitos cometidos a luchadores sociales, defensores de las playas, bosques, agua y de los pueblos originarios, que no ocurría cuando las tierras ejidales eran propiedad de la nación. Junto con la histórica conquista de la propiedad de la tierra por los ejidos, cuya propiedad ejidal derivó de la propiedad originaria de las naciones sobre tierras y aguas se desató sobre esta certidumbre jurídica la especulación apoyada en la debilidad que le concede su privatización, la privatización de las parcelas de la tierra de uso común. No es para menos, ¿en dónde está la riqueza de la nación? En los ejidos y comunidades. Esta situación desarrolló un mercado de tierras a cualquier precio, de cualquier modo, sea legal o ilegal, a costa de la propiedad ejidal y comunal. Representa el 51 por ciento del territorio nacional y son poseedores de una gran riqueza de recursos naturales y en ellas se están desarrollando los grandes proyectos nacionales. Se localizan, dentro de la propiedad social, dos terceras partes de los recursos hídricos del país, el 70 por ciento de los bosques, el 60 por ciento de los litorales de México, las reservas de tierra para el crecimiento de las grandes ciudades, un porcentaje importante de la producción de alimentos, así como los grandes yacimientos mineros y proyectos estratégicos de desarrollo económico. Este mercado ha crecido exponencialmente como un monstruo, en buena medida sustentada en la ilegalidad que propician algunos vicios legales e imprecisiones, esto ha traído como consecuencia enormes conflictos sociales, con incertidumbre en la tenencia de la tierra urbanizada y con ganancias inmensas solo para los desarrolladores inmobiliarios. Este remolino desordenado no ha respetado bosques ni selvas y tampoco reservas ecológicas, este monstruo en crecimiento quiere convertirlo todo en beneficios, en beneficios económicos. Hay que ponerle freno a esto, compañeros. Se reforma esta Ley Agraria con la finalidad de desactivar las prácticas fraudulentas, originadas por ambigüedades jurídicas que presenta y que permiten acaparar y especular con las tierras, a través de compras francamente ilegales y de dudosa legalidad. Quienes se dedican a esta actividad son acaparadores que quieren las mejores tierras para desarrollarlas o por inversionistas de la minería, de la urbanización o la industria, dejando a los ejidos al desamparo y miseria. Según datos del Registro Agrario Nacional del 2016, más de 29 mil ejidos registrados, tenían más de 88 millones de hectáreas, 36 por ciento destinadas al parcelamiento y 61 por ciento destinadas al uso común. Esto, amigas y amigos diputados, hay que defenderlo con todo, porque del 92 al 2006, 21 por ciento de los ejidatarios ya habían perdido sus parcelas. Un caballito de Troya de todo este movimiento son los avecindados. La actual Ley Agraria les concede la posibilidad de ser ejidatarios. El avecindado que se hace reconocer por las asambleas de ejidatarios, no solo en uno sino en varios ejidos, para acaparar tierras. Se busca prohibir el parcelamiento de bosques, selvas y reservas naturales. Fortalecer el ordenamiento territorial, rescatando valor para las tierras ejidales y fortalecer el valor de activos de los ejidatarios. Se asocian con otras figuras previstas en la Ley Agraria. Es cuanto, señora presidenta.