La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Hace apenas algunos días, en esta tribuna vivimos horas de insultos, empujones, golpes y otras actitudes que engrosaron el anecdotario que hace de los diputados uno de los cuerpos más desprestigiados del Estado mexicano. Compañeras y compañeros. Llegó la hora de poner el ejemplo, llegó el momento de aplicarnos a nosotros mismos, normas de comportamiento ejemplar en todos los ámbitos a nuestro alcance. Encabecemos desde este recinto un movimiento que devuelva el prestigio a la política. Es nuestra responsabilidad asegurarnos que no haya ni una sola razón de desconfianza por nuestro desempeño. Como legisladores podemos diseñar normas y procedimientos que propicien que tanto nosotros mismos como todos los servidores públicos en general, nos conduzcamos con eficacia, eficiencia, honestidad y respeto. Así como dijera Max Weber: "La moral del político debe ser la ley". Está en nuestras manos fortalecer la moral pública, imponiéndonos a nosotros mismos nuevas normas claras, contundentes y estrictas que ayuden a mejorar nuestro desempeño o a castigar a quienes no entiendan que nuestro compromiso es con la gente y su bienestar. Por eso llegó el momento de cerrar la llave uno a uno a todos aquellos actos o conductas por parte de servidores públicos que hoy en día no están tipificadas como delitos o faltas y que, sin embargo, los distraen de su compromiso, afectan su competencia o merman en sus resultados. Entre muchos otros aspectos por legislar en la materia, resulta injustificado que actualmente la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos no sancione a aquellos servidores públicos que se exponen a tomar malas decisiones o a tener actos o conductas indebidas por llevar a cabo sus responsabilidades bajo los efectos de estupefacientes, de drogas o de alcohol. En nuestro país el consumo de alcohol y drogas no está prohibido. Nuestro Código Penal en sus artículos 195 y 199 establece que las personas que sean sorprendidas consumiendo o portando cualquier sustancia cuya cantidad sea considerada como de estricto consumo personal, no pueden ser sujetas a ningún proceso judicial. Sin desconocer ni descalificar el espíritu liberal que motivó dicha normatividad, los ciudadanos tenemos el derecho a estar plenamente seguros. Tenemos el derecho a exigir que aquellos por los que hemos votado, los que nos juzgan, los funcionarios y empleados, y en general toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública, la realice en pleno uso de sus facultades mentales, con nitidez de criterio y claridad de mente. Como legisladores debemos garantizar que aquellos que gobiernan no vean afectado por consumo de alcohol o drogas, el equilibrio que requiere para tomar decisiones que afectan a personas, familias y bienes. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido atendidos por servidores públicos en evidente estado de ebriedad o bajo el influjo de una droga? Los que no, lo hemos escuchado de familiares y amigos a quienes les ha sucedido o por los propios informes de las dependencias de gobierno o de los diversos medios de comunicación. Es preocupante saber, por ejemplo, que la cuarta parte del personal de la PGR padece alcoholismo. No lo digo yo, lo dice la propia PGR. Compañeros, no podemos dar la espalda a este problema, es por eso que Nueva Alianza somete a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa para detectar y sancionar el consumo de alcohol o drogas por parte de servidores públicos en funciones. Por último, solicito se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.