El diputado José Luis Montalvo Luna: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. El día de hoy hago uso de esta tribuna, no solo como legislador, sino como parte del querido magisterio, el cual cabe señalar no fue tomado en cuenta en el diseño de la reforma educativa. ¿Cómo fue posible que se aprobara una reforma educativa sin consultar a las y los maestros? Esto, compañeros, es un absurdo, un sin sentido, un error que es preciso enmendar. La cerrazón del PRI y del PAN, de no atender la demanda de las y los profesores a ser escuchados, no solo derivó en la falta de legitimidad de la reforma, sino también la condenó de origen al fracaso. Por si esto no fuera suficiente, la reforma constitucional en materia educativa, publicada el 26 de febrero de 2013, en su exposición de motivos partió de la premisa de que los profesores eran la causa de los malos resultados en materia educativa. Nada más falso. La intensión verdadera de la reforma era la de imponer un régimen laboral punitivo a los profesores, el cual se concretó con la expedición de la Ley del Servicio Profesional Docente. En dicha ley se establecieron procedimientos de sanción e incluso de separación del empleo a los trabajadores de la educación, lo cual dejó de manifiesto el carácter eminentemente laboral y punitivo de la mal llamada reforma educativa. Las y los profesores de México estamos a favor de que se nos evalúe, pero no en los términos de la Ley del Servicio Profesional Docente, que establece una evaluación intimidatoria y represiva que busca despojar a los maestros de sus plazas. A cinco años de distancia de la promulgación de la legislación secundaria de la reforma educativa de carácter laboral y punitiva del presidente Enrique Peña Nieto, no se aprecian resultados favorables en la calidad de la educación. Las escuelas, señoras y señores diputados, están y siguen en total abandono como hasta hace seis años. Incluso la Auditoría Superior de la Federación ha evidenciado el fracaso en la instrumentación de la reforma educativa. Entre otras cuestiones, detectó que solo se capacitó a casi el 5 por ciento de los profesores de educación básica, y a 13.5 por ciento en el caso de media superior. La Auditoría también señaló que el programa de mediano plazo del Sistema Nacional de Evaluación Educativa 2016-2020 no cuenta con una metodología para articular y analizar de forma integral las evaluaciones de sus componentes. En el caso de la formación docente en los niveles básico y media superior a través del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en el año 2016 únicamente se capacitó a 50 mil 225 profesores, de más de un millón de las figuras educativas existentes. Además, no hay elementos para afirmar que los procesos de evaluación para el ingreso y la promoción y la permanencia permitan conocer si realmente se ha seleccionado a profesionales con conocimientos y capacidades idóneas. La reforma también ha sido criticada por especialistas, por su carácter centralista, homogeneizante, que no reconoce las necesidades de cada región y la pluralidad cultural del país. El fracaso de la reforma educativa también tiene su origen en el uso político que le dio el entonces secretario de Educación, Aurelio Nuño, quien derrochó recursos exorbitantes para promover su imagen personal, en lugar de utilizarlos para capacitar a las y los maestros. El objetivo de la presente iniciativa es el de abrogar las disposiciones establecidas en materia de reforma educativa, contenidas en la Ley de Educación, publicadas el 11 de septiembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, proponemos la abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de septiembre de 2013. Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reconocemos la importante labor de los docentes de México, quienes son ejemplo de vocación y compromiso, incluso en las condiciones más adversas, como salarios insuficientes y la falta de infraestructura educativa. En el PT no somos omisos ante la legítima demanda de la sociedad y de los maestros de México, que rechazan la imposición de una reforma educativa punitiva. En el Congreso de la Unión tenemos la enorme responsabilidad de expedir una legislación reglamentaria en materia educativa, donde sea considerada la experiencia, los conocimientos y las aportaciones de docentes, padres de familia, sociedad civil organizada, especialistas, investigadores y todos los sectores involucrados en el sector. Solo así podremos construir una verdadera educación de calidad. Nunca más una persecución y represión en contra de los maestros. Nunca más una reforma educativa que se lleve a cabo sin una consulta a los docentes de México. Es cuanto, señora presidente.