La diputada Layda Elena Sansores San Román: Con base en el artículo 113, espero que sea condescendiente con el tiempo. Compañeras y compañeros, Convergencia lamenta la exclusión y la falta de respeto a diputados integrantes de la Comisión de Seguridad. Se nos citó para darnos a conocer el documento cuando ya estaba cocinado, cocinado en conciliábulos. Esta iniciativa se reduce a juegos pirotécnicos para encubrir los magros resultados y la falta de voluntad para combatir a fondo el problema de la inseguridad. Nunca se ha gastado más dinero público en seguridad que en los últimos cuatro años, y nunca habíamos tenido peores resultados. Que 100 días. ¡Por favor!, si en 700 días Calderón no ha podido. Decenas de familias esperando resultados. Cuántos periodistas asesinados. Ni un solo agresor consignado. Ni siquiera los casos emblemáticos. Aún no se sabe quién, dentro de la SSP, mandaba a Lorena. Ella era empleada administrativa que hacía los oficios para el pago de viáticos, y dependía del director de Área de Secuestros, justamente el mismo que estuvo a cargo de la dudosa investigación del caso de la hija de Nelson Vargas. Qué coincidencias. Más leyes, más dinero, más policías, más burocracia, más institutos, centros de evaluación, pero ¿dónde están la transparencia y la rendición de cuentas? La Ley del Sistema Nacional de Seguridad no permite sancionar a los casi 400 mil policías locales y municipales, simplemente hace recomendaciones y coordinaciones que nunca han funcionado. Recuérdese que sólo el 5 por ciento de los policías son federales y esta ley está enfocada solamente a ellos. No se blinda al ciudadano contra la corrupción y la impunidad de los cárteles políticos de la SSP y la PGR y de los tres niveles de gobierno. Son algunas concesiones por la presión ciudadana. Lo que está en juego en esta ley es la rebatinga de los fondos federales entre presidentes municipales y gobiernos estatales bajo el escudo de sus partidos, y lo que les detuvo en las discusiones. La seguridad pública considerada desde la prevención del delito hasta impartición de justicia y las últimas reformas, se orientaron a crear un estado policíaco y hoy quieren consolidar este estado policíaco por arte de mafia. No es sólo cuestión de persecución sino de solución de las causas que lo generan. Poco podrá avanzarse sin empleo y sin educación. Nunca los cuarteles podrán sustituir a las aulas. Con fanfarrias se aprobaron las reformas de justicia, pero ni un peso para implementarlas. Mientras el Centro de Evaluación no sea constitucionalmente autónomo, de poco sirve que participen instituciones académicas en las evaluaciones si el Ejecutivo y el secretario de la SSP siguen teniendo el control y son juez y parte. Al Congreso y a la ciudadanía sólo nos dan atole con el dedo. Propusimos en Convergencia evaluaciones independientes y externas. Se gestionaron desde hace dos años 100 millones de pesos, con el objeto de promover que el Congreso hiciera sus propias evaluaciones a través de la Auditoría Superior de la Federación. Hacienda desvirtuó el acuerdo y el fondo se lo entregó a la SSP y creó un fideicomiso, pero hasta la fecha no ha dado un paso ni un peso para cumplir con los objetivos. Es claro que el gobierno le apuesta al maquillaje estadístico. Y referente a las pruebas de control de confianza. Deben empezar por las cabezas o por los cabecillas de las instituciones y deben suprimirse las excepciones. Hicieron exámenes a los ministerios públicos, pero poco transparentes, ¿Quién los aplicó? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué criterios? ¿Cuánto costaron? Los primeros que deben estar bajo la lupa son los funcionarios con mayor responsabilidad. Y deberíamos estar legislando ya sobre revocación de mandato y que a Calderón le apliquen el polígrafo para saber cuáles son las verdaderas intenciones para defender con insistencia al secretario de Seguridad acusado de corrupción, porque lo preocupante no es que lo defienda, sino por qué lo defiende, qué hay en el fondo de la olla. Eso invoca la sospecha, y es pregunta: ¿favores de campaña, complicidades, sociedades secretas, pactos inconfesables? De la mano de las mafias del narco están las mafias políticas y desde hace 11 años no hay un político de alto rango en la cárcel. No nos hagamos, en México se hace operación limpieza cuando un día nos hablan en inglés. Preocupa el que no se haya dictaminado la Ley Orgánica de la PGR, a pesar de que se agendó para su discusión. Es claro que el PAN perdería. La mayoría se niega a mutilar el brazo investigador de la PGR y a darle el poder a un solo hombre en la SSP, quien tendría el control de toda la policía federal y de la policía nacional. Señores ni Maquiavelo, ni Fouché aspiraron a tanto. El problema es que no hay contundencia para dejar claro a Calderón que la Agencia Federal Investigadora seguirá perteneciendo a la AFI y que, por tanto, hay que frenar el desmantelamiento que viene haciendo el secretario de Seguridad, desde hace dos años, con ley y su ley. Es un cínico. Y ahora vienen a presentarnos la Ley de Unificación de las Policías. Pero sí ya lo viene haciendo. Cerca de 4 mil 500 afis permanecen sin espacios dignos, sin chalecos blindados, sin las armas que les fueron retiradas, sin certidumbre, en abierto despilfarro humano y material. Nuestra policía de elite, de nuestra FBI, reducida a retazos. Queremos policías comprometidos, pero se da un trato de trabajadores de segunda, al conceder nula importancia a sus derechos laborales. Calderón hace la finta que se combate la delincuencia y el narcotráfico. En el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, Calderón, ofreció fortalecer la denuncia contra la corrupción de servidores públicos. Piden que los ciudadanos denuncien, pero cuando alguien se atreve le sueltan la guillotina. Nuestro sistema policíaco es maestro en el arte de incriminar por venganza, fabricando pruebas. Tenemos un ejemplo fresco en los hermanos Herrera Valles. Javier Herrera Valles hizo denuncias documentadas a Calderón, a través de una carta. Candoroso, creí en Calderón. Cuando un alto mando policíaco, con 30 años de servicio, con un salario para vivir tranquilo el resto de sus días se atreve a hacer denuncias y las fundamenta, así estuviera equivocado, lo menos que debió hacer Calderón es protegerlo para investigar. Si hay protección para testigos o delincuentes protegidos, por qué no para servidores que tienen una vida institucional intachable y que se niegan a ser cómplices del silencio. Un paréntesis. Ante el clamor de la pena de muerte es oportuno insistir, en Convergencia estamos en contra de la pena de muerte. Pero hay que debatirla. Hay quienes capitalizan el dolor y la indignación ciudadana para hondear banderas demagógicas y electoreras, y hay a quienes les importa más el paisaje que el hombre. La delincuencia no se combate con mayores penas, sino con menos impunidad. Conceder el derecho a matar a un sistema corrupto es extremadamente riesgoso. Personalmente, creo que los dos extremos ?entre crimen y pena de muerte? hay que debatir también la legalización de la droga: es la hora. Los secuestros, el crimen organizado, suelen estar vinculados a la droga. Por lo pronto, votamos en contra. No hay tal unanimidad. Y porque no hay propuestas para una transformación sustantiva del panorama delictivo. Digamos que esta iniciativa es la misma "gata revolcada en billetes". Es un asunto de reparto de botín, y hay que enfrentar el delito bajo un nuevo paradigma y restaurar la confianza fracturada de una ciudadanía que, hoy más que nunca, necesita creer. Gracias.