La diputada Saraí Larisa León Montero: Con la venia de la asamblea. El 27 de diciembre de 1960, el presidente Adolfo López Mateos decidió nacionalizar la industria eléctrica. Quién lo dijera que 54 años después esta Cámara devolvería a los privados nacionales e internacionales los privilegios que López Mateos les arrebató en beneficio de las y los mexicanos. Hoy, en esta sesión extraordinaria, las mayorías disciplinarias le cambiarán el rostro a la Comisión Federal de Electricidad y la convertirán en una empresa productiva del Estado, propiedad exclusiva del gobierno federal. Sí, del gobierno federal y no de la nación. Además, bajo el dogma que el mercado abierto es la opción para bajar los costos de la energía y la luz, por lo que ésta será una mercancía más del mercado. La Comisión Federal de Electricidad con esta reforma se brindará en un régimen especial que mutará en un ente en el que exista un estado de excepción jurídica. En materia supletoria la ley señala que en caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y el objeto de la Comisión Federal de Electricidad, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética. Entonces nos preguntamos, ¿de qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? ¿Qué acaso no es suficiente la ley que aprobaran en este acto, así como su posterior reglamento o toda nuestra normatividad mercantil y civil? Lo anterior la convierte en una ley sui generis de nuestro sistema normativo. Otra excepción de la Comisión Federal de Electricidad es que crea dos figuras ajenas a las instituciones de la República encargadas de fiscalizar y sancionar otros actos de corrupción, me refiero a las unidades de responsabilidades, las cuales se vinculan con el artículo 29, el cual señala que los consejeros de la CFE no serán sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Además la ley constituye las auditorías internas, las cuales son integradas por el consejo de administración de la comisión, es decir, los consejeros nombraran a quienes les van a vigilar; luego entonces ¿cómo podrá controlar o fiscalizar un empleado a su jefe? Este esquema de vigilancia creíamos que era parte de nuestro pasado opaco, no es congruente con las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que le faculta a coordinar y supervisar el sistema de control gubernamental y establecer las bases generales para la realización de auditorías internas. Asimismo la ley prevé un estado excepcional de los servidores públicos; se dice que las responsabilidades de éstos se extinguirán en cinco años, a pesar de que eso promueve impunidad y corrupción. Este beneficio exime a los miembros del consejo de administración y el personal de la Comisión Federal de Electricidad de cualquier responsabilidad cuando actúen de buena fe. Por disposición constitucional se establece un régimen de remuneración especial distinto del previsto en el artículo 127 de nuestra Carta Magna, lo que significa que los funcionarios de la CFE podrán ganar más que el presidente de la República. El mayor de los colmos en esta ley es el relativo a las contrataciones, al respecto señala que: a las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras de cualquier naturaleza que realicen la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, le serán aplicables las disposiciones que al efecto establece esta ley las demás que deriven de la misma. Es decir, que no le serán aplicables la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas. Aun cuando esta nueva ley que se crea contiene 11 artículos para nombrar las adquisiciones, arrendamientos, contratación de servicios y obras, estos 11 artículos no pueden suplir a 86 disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni a 104 artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Honorable asamblea. Votaremos en contra del dictamen en razón de que no fueron aceptadas diversas observaciones de mi bancada. Les mencionaré algunas. Es necesario que la CFE sea quien determine precios por los bienes y servicios en el mercado eléctrico con la finalidad de que ningún competido pueda establecer arbitrariamente sus precios. En el caso de los requisitos para ser consejero es necesario que: número 1, sean ciudadanos mexicanos por nacimiento, y número 2, que no hayan sido consejeros en empresas competidoras de la Comisión Federal de Electricidad, sus empresas productivas subsidiarias o empresas filiales al menos 10 años antes de la designación. En el caso de los requisitos de los consejeros independientes la ley no cierra el paso para que a este cargo lleguen militantes de algún partido político impulsor de la reforma como premio a su labor legislativa.