El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, señor presidente. Quiero compartir con la asamblea, que en acuerdo que hemos tomado el Grupo Parlamentario del PRI, estamos acompañando esta ley que es muy importante para el país. El Grupo Parlamentario del PRI hemos votado a favor de una Ley para combatir, prevenir y castigar, en su momento, las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y lo estamos haciendo así porque México está obligado en el contexto convencional a llevar a cabo la creación de instrumentos de esta naturaleza. Y lo hemos hecho de esta manera también, porque tenemos un gran interés de que no haya impunidad en el manejo de recursos financieros que provienen de la delincuencia. Por esa razón, hemos planteado una serie de reservas y en este momento quiero compartir con los integrantes de esta asamblea, que estoy retirando la reserva al artículo 4o.; al artículo 17, fracción XII, inciso c); al artículo 18, párrafo segundo; al artículo 8, en su fracción X; al artículo 44; al artículo 17, fracción XIV; y al artículo 58. Esto se hace en aras de que México tenga esta herramienta. Se hace en aras de que nosotros, como grupo parlamentario, quede claro que acompañamos la creación de figuras jurídicas que puedan combatir eficazmente el lavado de dinero. Las operaciones que se realizan con recursos que provienen, no solo de la delincuencia organizada, de la piratería sino de todo aquello que es ilícito. Por esa razón, de las reservas que realicé, simple y sencillamente se reducen a unas pocas reservas que tienen distintas finalidades. Una de ellas tiene la finalidad de armonizar la interpretación de las leyes por parte de las autoridades y tan es así que en el artículo 4 se establece que lo no previsto por esta ley se aplicará conforme a su naturaleza y de manera supletoria, pues otras disposiciones que establece la propia norma que nosotros acabamos de votar. Sin embargo, a fin de evitar la jerarquización de leyes en su aplicación y toda vez que vienen leyes sustantivas, pero también normas procesales, me parece importante añadir la voz de manera indistinta para que la aplicación de éstas, la supletoriedad sea de manera indistinta de acuerdo a las disposiciones que ahí se consignan. Por el otro lado, el planteamiento de suprimir el artículo 6, en donde se habla de facultades para emitir reglas de carácter general para efectos de esta ley. Si nos remitimos a un artículo transitorio de esta misma ley le estamos otorgando facultades al Poder Ejecutivo para expedir el reglamento o los reglamentos que sean necesarios. De tal manera que en el contenido de la norma no es necesario, resulta ocioso que hagamos esta doble consigna en este sentido. Por lo que se refiere a los umbrales que tienen que ver con las obligaciones de reportar operaciones por diferentes cuantías, el planteamiento es que en el artículo 17, en los artículos 32 y 33 también, que han sido reservados, se establezca, precisamente un umbral diferente para que se aumente a 16 mil veces el salario mínimo para que sean sujetos de reporte este tipo de avisos por parte de quienes son fedatarios, en este caso, notarios públicos y corredores públicos. Y por otro lado, también compartir con ustedes, distinguidos diputadas y diputados, que el artículo quinto transitorio establece que las disposiciones relativas a la obligación de presentar avisos, así como las restricciones al efectivo, entrará en vigor a los 60 días siguientes a la publicación de reglamento. No puede ni debe ser a los 60 días siguientes a la publicación, debe ser a los 60 días siguientes a la entrada en vigor el reglamento. Porque luego entonces, si no tenemos vigencia de un reglamento cómo pretenderíamos aplicarlo. Por técnica legislativa me parece que son afortunadas estas tres apreciaciones que comparto con la asamblea, con la finalidad que tengamos una ley efectiva, que tengamos una ley cierta, una ley que permita una adecuada interpretación a todas las autoridades que tienen que intervenir en los procesos de prevención, en los procesos de sanción y de persecución a las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Hay que recordar que efectivamente tenemos un año trabajando en esta minuta. Hay que recordar que se trabajó intensamente en las comisiones de Hacienda, en la Comisión de Justicia que preside don Humberto Benítez Treviño y hay que recordar que todos los compañeros diputados emitimos nuestras opiniones con la finalidad de crear este instrumento jurídico para dotarle al Poder Ejecutivo mejores herramientas en la persecución a delitos de esta naturaleza. Ésa es la razón fundamental por la que nosotros, como grupo parlamentario, dejamos clara nuestra postura. La postura del Grupo Parlamentario del PRI es sí a la creación de una ley con operaciones de procedencia ilícita. No queremos que pasen las experiencias anteriores como nos ocurrió con la Ley de Extinción de Dominio, que por las prisas de sacarla lo que logramos nosotros fue una ley que por tres años no se pudo aplicar y hemos tenido que llevar a cabo un proceso d actualización de la misma. No queremos tampoco que, en virtud de que ya existe en el Código Penal Federal disposiciones claras en el 400 Bis, sobre el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, hoy que estamos creando un instrumento que auxilie a la persecución de estos delitos que afectan a la economía nacional, que fomentan la corrupción, que plantean situaciones que tiene que ver con la intensidad de la violencia que se ha manifestado en el país, no queremos en el grupo parlamentario que votemos una ley que finalmente entra en contradicción en el momento de su aplicación. Por esa razón hemos hecho estas reservas, por esa razón también en el ánimo de que salga adelante la votación sobre una ley que tenga que ver con las operaciones de recursos de procedencia ilícita tenemos nosotros por supuesto la alta misión de diseñar leyes que sí se puedan aplicar, que sí se deban interpretar. No queremos leyes ornamentales, tampoco queremos leyes decorativas. Queremos leyes efectivas, queremos leyes ciertas, queremos normas que en el camino de su aplicación y de su interpretación no caigan en baches y que finalmente por la prisa nosotros tengamos que decidir respecto de cuestiones que no son coherentes. Por esa razón distinguidas amigas y distinguidos amigos, compañeras diputadas y compañeros diputados quiero compartir con ustedes que he retirado prácticamente la parte más importante de las reservas que originalmente realicé, para evitar disquisiciones o discusiones que no nos lleven a nada a una afortunada solución que nosotros queremos tener, que el Grupo Parlamentario del PRI reitera: Estamos completamente de acuerdo con que se combatan las operaciones con recursos de procedencia ilícita, estamos completamente de acuerdo con la intervención de las autoridades fiscales en este ámbito, estamos completamente de acuerdo con la creación de la unidad financiera dependiente de la Procuraduría General de la República para que se lleven a cabo los trabajos de inteligencia que son necesarios. Estamos completamente de acuerdo con los tratados internacionales, en donde se le otorga al gobierno federal la facultad de intercambiar información para la persecución de este tipo de operaciones financieras, que pueden ser en un momento dado encubiertas. Y, en términos generales, el Grupo Parlamentario del PRI por mi conducto establece con toda claridad y con toda precisión que hemos armonizado después de un año de trabajo en ambas comisiones una ley que puede ser muy afortunada. Y reiteramos nosotros nuestro acuerdo, nuestro consenso con esas pequeñas modificaciones que tienen que ver con la entrada en vigor de la propia, que tiene que ver incluso con el aumento del umbral correspondiente y que tiene que ver precisamente con no incurrir en dar facultades en la ley de algo que ya está facultado en un artículo transitorio para el Poder Ejecutivo. Entonces entendemos que se trata de normas que sí deben ser efectivas, que sí deben ser eficientes y que sí deben ser aplicables en toda la extensión de la palabra, sobre todo ahora que nosotros estamos obligados por disposición de la reforma al artículo 1o. constitucional, de respetar también lo que tiene que ver con las disposiciones convencionales en materia de derechos humanos, a fin de que no se nos pretenda calificar que estemos votando una ley que de suyo lleve contradicciones. A fin de que esto no se quede en los recovecos de la interpretación, a fin de que no se trate de una ley que pueda en un momento dado de impugnarse de anticonstitucional, ésa es la razón por la que, distinguidas diputadas y diputados, apelo al sentido común, apelo a los consensos de los grupos parlamentarios con la finalidad de que se apruebe esta norma en los términos de las modificaciones a las que me he ajustado en tiempo y forma. Es todo, señor presidente.