El diputado Daniel Ordoñez Hernández: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, en septiembre de 1913 el senador Belisario Domínguez desde la tribuna de la vieja casona de Xicoténcatl, defendió la dignidad de la República que había sido pisoteada atrás por Victoriano Huerta, quien no pudo soportar la valiente actitud del legislador chiapaneco, ordenando a sus esbirros que lo detuvieran, y tras torturarlo, lo ejecutaron. En los días posteriores y ante la inconformidad creciente de los legisladores por el artero crimen, el recinto de Donceles fue rodeado por las fuerzas militares, siendo detenidos varios diputados. Acto seguido, fue declarada la disolución del Congreso de la Unión. Tiene cabida recordar uno de los momentos más difíciles que atravesó el Poder Legislativo mexicano y que justificó la integración de la figura del fuero en el texto constitucional de 1917, como un instrumento de defensa ante los embates de un tirano que no toleró la crítica que evidenciaba su turbio proceder. El fuero tuvo razón de ser en tanto existían los riesgos de que caudillos y déspotas pudieran llegar a ocupar la silla presidencial, y decidieran ejercer un poder autocrático sobre el Parlamento para callar las voces críticas y esfuerzos por limitar sus actos. En los años posteriores al proceso revolucionario, el fuero mantuvo su vigencia, pues en más de una ocasión la violencia política cobró la vida de los legisladores, como el caso de Francisco Field Jurado, quien pago con su vida su oposición a los llamados Acuerdos de Bucareli. Con el pasar del tiempo, el Congreso de la Unión terminó por ser controlado por el presidente de la República, que durante años se mantuvo como la figura central de la esfera pública en México. Desafortunadamente el fuero que debió usarse como instrumento de protección de la independencia del Poder Legislativo, quedó a consideración de las necesidades políticas y negociaciones entre los bloques parlamentarios y los grupos gobernantes. En más de una ocasión, con las pruebas en la mano se solicitó sin éxito el desafuero de algunos legisladores y servidores públicos para que respondieran por señalamientos diversos que iban desde actos de corrupción, hasta la vinculación con el crimen organizado. El fuero terminó como un instrumento de protección de actos indebidos de los legisladores y servidores públicos, que lo mismo lo usaban para evitar ser consignados por faltas administrativas, hasta para evitar ser procesados por delitos del fuero común y del orden federal. El abuso del fuero es uno de los elementos que contribuyen a la pésima imagen que la sociedad mexicana tiene de sus legisladores y de sus servidores públicos. Para muchos habitantes de este país, el fuero es una especie de patente de corso de la clase política. La aprobación de este conjunto de reformas, no es el puerto de llegada, sino el punto de partida de un proceso mucho más amplio que busca que la vida pública en México tenga ética y honor. Este dictamen que ponemos a su consideración integra la visión de 32 iniciativas, prácticamente de todos los grupos parlamentarios, de tres Congresos de los estados, una iniciativa ciudadana conocida como gobierno sin privilegios. Es válido hacer mención de ellas, aunque me dieron muy poquito tiempo. Hay iniciativas del diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD. Del diputado Hugo Eric Flores Cervantes, del PES. Del diputado Federico Döring Casar, del PAN. Del diputado Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano. Del Congreso del estado de Jalisco. De la diputada Mayra Angélica Enríquez, del PAN. Del diputado José Alfredo Ferreiro Velazco, del PES. De los diputados de la fracción parlamentaria de Encuentro Social. Del diputado Héctor Ulises Cristopulos, del PRI. Del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, del PRI. Del diputado Marko Antonio Cortés Mendoza, del PAN. Del diputado Rafael Hernández Soriano, del PRD. De diputados integrantes de la fracción parlamentaria del PRD. De la diputada Lorena del Carmen Alfaro García, del PAN. De la diputada Magdalena Morena Vega, integrante de Morena. De la diputada María Concepción Valdés Ramírez, del PRD. Del Congreso del estado de Baja California. Del Congreso del estado de Baja California Sur. Del diputado José de Jesús Zambrano Grijalva. De los diputados José Clemente Castañeda, Víctor Manuel Sánchez Orozco, René Cervera y Jorge Álvarez Maynez, de Movimiento Ciudadano. De los diputados Claudia Edith Anaya Mota y Benjamín Medrano Quezada, del PRI. Del diputado independiente Daniel Torres Cantú. La iniciativa ciudadana presentada por Carlos Augusto Morales López, en representación de la organización denominada Somos Más. De la diputada Rosalinda Muñoz Sánchez, del PRI. De la diputada Ana Georgina Zapata Lucero, del PRI. De los diputados Lorena Corona Valdés, Lia Limón García, Jesús Sesma Suárez, todos del Verde Ecologista. Del diputado Carlos Iriarte Mercado, del PRI, y que suscriben los grupos parlamentarios del PRI, del Verde Ecologista y de Nueva Alianza. De su servidor, Daniel Ordoñez Hernández. Del diputado José Hernán Cortés Berumen, del PAN. De la ciudadana Elena Guadalupe Degollado Robles y otros ciudadanos. El texto que pongo a su consideración modifica el párrafo noveno del artículo 17, se modifica el párrafo segundo del artículo 61, se deroga el párrafo primero, fracción V del artículo 74, y se deroga el párrafo segundo, reformando el párrafo cuarto del artículo 108. Se reforman los párrafos primero y cuarto del artículo 110, se reforma el párrafo primero del artículo 111, se deroga el párrafo primero del artículo 112 y se reforma el párrafo segundo del artículo 114, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Debo también aprovechar este momento para agradecer a todos los diputados integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Al diputado Braulio Mario Guerra, al diputado Rodolfo Nogués Barajas, al diputado José Hernán Cortés, al diputado José Hugo Ángel Olvera, al diputado Víctor Manuel Sánchez, al diputado Ángel Rojas Ángeles, al diputado Ramón Bañales Arambula, al diputado Apolinar Casillas, al diputado Ángel Alanís Pedraza, a la diputada Lorena Corona, a la diputada Mirna Isabel Saldívar y al diputado Virgilio Caballero. Todos ellos estuvieron trabajando arduamente en las instalaciones de la comisión, intentando encontrar los consensos que sirvieran para dos cuestiones sustancialmente; una, cumplir con la deuda histórica y el reclamo social de que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda, de que no pueden tener privilegios y abusar de ellos, de que debemos entender que se desvirtuó para qué estaba consagrado el fuero constitucional y debemos entregarle cuentas a la gente. A partir de aprobarse este proyecto de decreto y pasar por todo el proceso parlamentario en el Senado y en los Congresos estatales, una vez entrando en vigor, en este país no habrá quien más se escude de tener una figura para no ser aprehendido por las autoridades en caso de que comentan un ilícito. Pero también fuimos responsables, porque salvaguardamos el derecho a opinar y a disentir por parte de quienes tenemos la tribuna pública. También fuimos responsables, porque no nos fuimos al extremo de quitar y de permitir que bajo cualquier averiguación, cualquier consignación, quitaran hasta al presidente de la República. Es inédito lo que hacemos el día de hoy, incorporamos en el artículo 110 constitucional que el presidente de la República sea sujeto de juicio político...