EL PRESIDENTE: Y para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre el aplazamiento de la ejecución de pena de muerte impuesta al connacional mexicano Miguel Angel Flores Rangel, se le concede el uso de la palabra al señor diputado Eddi Varón Levy, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. off EL DIP. EDDI VARON LEVY: Señor Presidente de la Mesa Directiva. Señores secretarios de la Cámara de Diputados: Los diputados federales de todas las fracciones parlamentarias representadas en esta LVIII Legislatura de la honorable Cámara de Diputados solicitamos, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a la consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente punto de acuerdo por las siguientes consideraciones: El derecho de las personas arrestadas o detenidas en un país extranjero para recibir la asistencia de los cónsules de sus países, es un principio de derecho internacional que ha tenido vigencia a través de la historia. La libertad de comunicación entre los cónsules y sus connacionales debe de ser considerada tan esencial para el ejercicio de las funciones consulares que en ausencia de este principio el establecimiento de las relaciones consulares no tendría razón de ser. Cuando la Convención de Viena sobre relaciones consulares entro en vigor el 24 de abril de 1963, el artículo 36 de dicha convención codificó el derecho a obtener la existencia y el acceso consular, Para implementar tal derecho la convención impuso en los Estados contratantes la obligación de los Estados a notificar a los extranjeros detenidos acerca de sus derechos consulares, si no se le informa a los detenidos o arrestados acerca de los derechos consagrados por el artículo 36 de dicha convención, estos no lo pueden ejercitar a plenitud ya que el ejercicio pleno de las obligaciones de protección consular depende de dicho acceso consular, tal acceso es de vital importancia y la omisión de informar a los extranjeros que radican en países que no sean el suyo propio de los derechos que derivan del artículo 36 de la Convención de Viena, hace imposible que el Estado extranjero intervenga a efecto de desarrollar sus funciones de protección consular en forma sustantiva. Además, no cabe duda que la Convención de Viena sobre relaciones consulares no hizo más que codificar las normas preexistentes del derecho consular ya que es del dominio público que el articulado contenido en la convención ha sido por demás ampliamente aceptado desde que entro en vigor ya que inclusive ha ocupado y ha ganado un estatus con norma de derecho consuetudinario que es obligatorio aún en aquellos Estados que todavía no han signado dicha convención. El derecho al acceso consular tiene sus raíces en el principio universal que reconoce cuando un ciudadano de un país extranjero es arrestado o detenido en otro país, se enfrenta a dificultades especiales a las cuales no se enfrentan los ciudadanos del Estado que hace la detención. Aún en el supuesto de que el ciudadano extranjero pueda hablar el idioma del Estado que hace la detención, lo más seguro es que conozca muy poco si acaso algo acerca de las leyes en las cuales su arresto se fundamento, los procesos seguidos por el Estado que hizo el arresto, los derechos del ciudadano extranjero bajo el sistema legal del Estado que hizo el arresto, las opciones que él tiene disponibles en su trato con las autoridades y leyes locales o los riesgos que conlleva para él ejercitar sus opciones a las que tenga derecho, las dificultades de enfrentarse a una detención bajo un sistema legal con el que el ciudadano extranjero no tiene familiaridad alguna pueden ser exacerbadas por las variaciones loca les de las leyes y procedimientos vigentes dentro del mismo país que hace el arresto, Cabe señalar que los conceptos vertidos en este último párrafo también han sido sostenidos por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tal y como quedo asentado en el telegrama número 40298 enviado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos a su embajada en Damasco el 21 de febrero de 1975. A través de los años, nuestro país y otros mas han litigado en los diversos foros internacionales las soluciones legales existentes por las violaciones al artículo 36 de la Comisión de Viena sobre relaciones consulares y otros tratados internacionales similares, cometidas por las distintas autoridades federales, estatales y locales de los Estados Unidos, tales como sus propios tribunales federales y estatales, el mismo gobierno federal de los Estados Unidos y los distintos gobernadores de los estados que han argumentado en forma consistente que los tratados firmados por el gobierno federal no tienen relevancia alguna a los derechos consagrados o las leyes de sus propios estados, ya que según ellos, sólo las leyes de los Estados Unidos, así como de los estados que lo conforman tienen valor. Como anteriormente hemos expuesto, México en forma consistente y arduamente ha interpuesto diversos recursos legales, políticos y administrativos, para evitar que sus conacionales sean sancionados con lo que se le llama el peor de los castigos, y que es la pena de muerte, especialmente cuando se les ha violado a nuestros connacionales, no sólo los derechos que otorgan las mismas leyes internas de los Estados Unidos, sino también las protecciones jurídicas que les otorga el derecho internacional, incluyendo varios tratados y convenciones internacionales. Caso específico es el del connacional Miguel Angel Flores Rangel, quien está recluido en el penal de Hansville, Texas y cuya sentencia de pena de muerte está programada para el día 9 de noviembre del año en curso. En este caso también hubo graves violaciones a los derechos elementales de un proceso debido y justo, así como al derecho de asistencia y notificación consular, previstos en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, Al mismo tiempo, en la Corte Internacional de Justicia que se localiza en la Ciudad de La Haya, en Holanda, tendrá verificativo los días 13 al 17 de noviembre del 2000, las audiencias de argumentos en la demanda que fue interpuesta por el Gobierno de Alemania en contra de los Estados Unidos, por el hecho de que éste último violó los términos del artículo 36 e inclusive desacato una resolución directa que fue emitida por el pleno de La Corte en forma unánime el 3 de marzo de 1999, en aquélla ocasión La Corte Internacional instruyó a los Estados Unidos que tomara, en vista de la urgencia del caso, todas las medidas previsorias a su disposición para asegurar a que Walter Lagran no fuera ejecutado hasta que mediara un fallo final de La Corte Internacional, para evitar que el Gobierno del Estado de Arizona ejecutara al señor Lagran, uno de los dos hermanos de origen alemán que fueron ejecutados, en su solicitud de revisión tramitada ante La Corte Internacional, el Gobierno de Alemania sostuvo que los hermanos fueron arrestados, enjuiciados y sentenciados a muerte, sin haber sido informados de los derechos enumerados por el artículo 36 en materia de asistencia consular, tal y como preveía la Convención de Viena sobre relaciones consulares. La lógica nos indica que una vez que una persona es ejecutada no se le puede restituir la vida, es por ello que con respeto irrestricto a las leyes internas de los Estados Unidos, como así también al derecho internacional, los suscritos diputados presentamos a esta Honorable Asamblea el siguiente punto de acuerdo: Primero. Los diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura expresamos nuestro rechazo rotundo a las violaciones que en forma grave y persistente cometen las autoridades de los Estados Unidos en contra de ciudadanos extranjeros, cuando dichas autoridades violan las normas de derecho, incluyendo los tratados y convenciones internacionales e inclusive en ciertas ocasiones violan las propias leyes internas que rigen a los Estados Unidos. Segundo. Los diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura pugnamos por el respeto irrestricto de todos los derechos de los que debe gozar cualquier ciudadano extranjero al encontrarse en otro país, específicamente los derechos consagrados en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, así como el artículo 6 y otros de la convenci6n consular entre México, los Estados Unidos de Norteamérica, que está actualmente en vigor. Tercero. Se solicita se turne este punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ésta a su vez se envíe de inmediato a las autoridades del Estado de Texas nuestra petición para que se suspenda la ejecución de la sentencia de pena de muerte en contra del connacional Miguel Angel Flores Rangel, programada para el día 9 de noviembre del año 2000, en la penitenciaría de Hansville, Texas, en tanto la Corte Internacional de Justicia en La Haya, Holanda revise el caso de los hermanos Lagran que es similar al de nuestro connacional, los días 13 al 17 de noviembre del 2000. Cuarto. Se solicita al Secretario que turne este punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que esta a su vez pida a la Junta de Perdones y Libertades Condicionales del Estado de Texas que sus integrantes revisen los argumentos de la petición de clemencia recientemente interpuesta por el connacional Miguel Angel Flores Rangel. Quinto. Se solicita se turne este punto de acuerdo a la Secretaría de Relaciones Exteriores, para que ésta a su vez pida al Gobierno de Texas investigue las violaciones al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, así como de la Comisión Consular entre México y los Estados Unidos, que entró en vigor en el año de 1943 para que esto no vuelva a ocurrir. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, a los 31 días de octubre de 2000. Y firman bastantes diputados, señor Presidente, que me permito anexar para no leer todos. Muchas gracias.