La diputada Lorena del Carmen Alfaro García: Bien. Compañeras diputadas y compañeros diputados, con el permiso de la Presidencia. La seguridad de las personas es un clamor de todos los mexicanos y es obligación primordial del Estado procurarla. Nuestra integridad física, así como la de nuestras familias, y patrimonial es la principal preocupación de quienes habitamos en este país. Esta responsabilidad descansa en el trabajo fundamental de las instancias de seguridad, de procuración y administración de justicia cuyo objetivo fundamental consiste en mantener el orden social y hacer justicia pronta y expedita, por tanto se convierte en un debe incansable que debemos atender de forma puntual aquellas necesidades que demanda nuestra sociedad, y una de las necesidades imperantes radica en dar solución a la problemática de las conductas delictivas menores. Para atender esta situación de forma íntegra se pone de manifiesto la necesidad de la revisión de los antecedentes de la persona denunciada, por la reincidencia de los delitos menores que hoy en día azotan a colonias enteras, mermando con ello la estabilidad, paz y tranquilidad de los ciudadanos. Es decir, cuando una persona cometa un delito y sea denunciado, si es procedente se recurrirá a la suscripción de un convenio reparatorio. La siguiente vez que sea denunciado por delitos de la misma naturaleza ya no debe ser opción recurrir a uno de estos convenios. No sólo se trata de la reparación del daño para no proceder a la acción penal o de la suscripción de un acuerdo que puede no ser cumplido; se trata de que aquellas personas que viven de lo ajeno no sólo paguen el daño causado a un particular, sino que resarzan dicho daño a la comunidad entera. Compañeros y compañeras legisladores, las familias mexicanas exigen soluciones ante la problemática de seguridad. Quienes conformamos el Poder Legislativo tenemos una gran responsabilidad frente al esquema de procuración e impartición de justicia de cara a la era de los derechos humanos, sin denostar o lacerar el derecho de terceros. Es por lo anteriormente expuesto que someto a valoración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, a fin de llevar a cabo el desarrollo absoluto e irrestricto de la procuración y administración de justicia, en donde la eficiencia se mida en términos de resolver los asuntos de tipo penal de manera expedita, eficaz, transparente y sencilla, tal como lo dispone el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se permita aplicar las penas alternativas que lleven a los delincuentes a reformarse y hacer un servicio por la comunidad a la que dañan con sus actos. Estoy segura que con estas acciones se contribuirá a la consolidación del Estado de derecho a favor de la ciudadanía. Quiero llamar la atención de los integrantes de la Comisión de Justicia, que en este momento, en el seno de esta comisión están haciendo el análisis de la miscelánea penal, para que tomen en consideración esta iniciativa que, insisto, es una demanda ciudadana, porque hoy los delincuentes que cometen delitos menores entran a la cárcel y a las pocas horas están en la calle, en el mejor de los casos cuando entran a la cárcel, y cuando no es así, simple y sencillamente, a través de convenios reparatorios están de vuelta en la cárcel reincidiendo en estos delitos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.