El diputado Marcos Aguilar Vega: Respecto del dictamen que se discute, vengo a expresar las razones que motivan nuestro voto en contra como grupo parlamentario. Todos en esta Cámara estamos conscientes del grave rezago que en materia de justicia vive nuestro país. Este rezago, además, se está convirtiendo en un problema estructural derivado de los efectos de la pandemia, tanto en el orden federal como en el orden local. Al efecto, la necesidad de realizar cambios en la estructura orgánica y facultades del Poder Judicial de la Federación y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ameritaba la generación de una reforma muy amplia y con los mayores consensos. Era indispensable un debate horizontal muy profundo para que los gobernados tuvieran confianza de un proceso de reforma en esta materia. Sin embargo, esto no se realizó. Como se ha acostumbrado en este gobierno, las propuestas de reforma son realizadas por gabinetes técnicos muy cerrados y afines a quien hoy detenta el poder. Como resultado, demos una reforma con ribetes autoritarios y con muy pocos beneficios para los justiciables y la sociedad. Se ha dicho hasta la saciedad, que la justicia es cuestión de élites. Pues bien, esta reforma confirma y fortalece ese indeseable perfil. En específico y desde el punto de vista técnico, vemos con preocupación algunos de los siguientes puntos de la reforma: La introducción del sistema de precedentes. Se establece la obligatoriedad para razones contenidas en las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas. Lo anterior implica una seria amenaza a las facultades de legislador electo, democráticamente en favor de un colegiado contra mayoritario. En ese aspecto debe haber mucho cuidado en no trastocar equilibrios primigenios. Continuidad en la concentración de facultades del Consejo de la Judicatura Federal. En diversos apartados de la reforma, se contienen adiciones de facultades, o bien, eliminación de controles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con respecto del Consejo de la Judicatura, un debilitamiento del amparo directo en revisión. Se establece un filtro poco objetivo y centralizado en la minuta a este medio de control de actos de sentencias definitivas. En este aspecto, se cerrará la posibilidad de acceso a la justicia a una cantidad muy importante de justiciables. Si bien, este cambio puede ayudar a solventar de manera más racional el trabajo de la Corte como Tribunal Constitucional, el Tribunal señalado no puede quedar en manos del presidente, en todo caso, debe habilitarse un esquema que se favorezca de la colegiación de la Suprema Corte. Debilitamiento de la controversia constitucional. Existen dos aspectos cruciales que debilitan la controversia constitucional como mecanismo de control constitucional. La limitación de su conocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a cuestiones exclusivamente de constitucionalidad. La limitación del análisis de las controversias constitucionales, son para violaciones directas a la Constitución o a los derechos humanos. Derivado de estas razones y las que ya se comentaron por otros oradores, votaremos en contra de esta enmienda. Es cuanto.