El diputado Juan Guadalupe Torres Navarro: Muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Esta es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 70 y 115 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En el año 2019 esta soberanía aprobó el Plan Nacional de Desarrollo, que fue propuesto por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Tal documento contiene un apartado llamado política y gobierno. En el mismo, el gobierno de México plantea cómo uno de sus objetivos prioritarios es erradicar la corrupción. Otro de los puntos mencionados en el citado plan que complementa en la lucha contra la corrupción, es la regeneración ética de las instituciones y de la sociedad, recuperar el Estado de derecho, separar el poder político del poder económico y mandar obedeciendo. En este sentido, se han hecho diversas modificaciones al marco jurídico nacional, con el fin de darle rumbo a los esfuerzos del gobierno y Estado mexicanos, enfocados en puntos estratégicos para el combate a la corrupción, el acabar con los partidos presupuestarios, que eran manejados a discreción. Cambiar las reglas de operación de los programas sociales, que tenían mecanismos que permitían el saqueo de los recursos públicos. Cumpliendo mi labor legislativa y como parte de un paquete de iniciativas anticorrupción, en este documento planteo a mis compañeras y compañeros diputados el modificar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para lograr que los procedimientos de contratación pública no puedan ser datos enfocados como información reservada. Fundamento mi propuesta dado que en las licitaciones públicas es fundamental apuntar al máximo de eficiencia económica. Por consiguiente, la administración debe evitar en la licitación un gasto excesivo y adjudicar a aquel que ofrezca mejores condiciones económicas para llevar a cabo el contrato que se ofrece. Es fundamental el que las reglas para las licitaciones deben dejar el menor margen posible para el ejercicio de discrecionalidad por parte del administrador público. Ello implica que las licitaciones deben tener una regulación lo más completa posible, de forma que los posibles márgenes sean reducidos al mínimo y que, además, exista un fuerte control efectuado por la misma administración, por órganos externos de auditoría o contraloría y también la posibilidad de acudir al Poder Judicial. Todo esto ayuda a cuidar el destino del dinero de la gente. Así, que por ese lado la iniciativa es aprovechable también para eficientar el gasto público y lograr que el mismo pueda ir orientado a los objetivos y lograr que el mismo pueda... que se plantee el momento de plantear su ejercicio en obra pública, programas sociales, labores administrativas y demás proyectos. De igual forma, otro argumento que fortalece mi propuesta es el exponer que esta medida abonaría para poder tener una sostenibilidad fiscal que permita heredar a las próximas generaciones unas finanzas públicas sanas. Con base en lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa. Aquí del artículo 70, en su fracción LIX, que dice: la información, se añadiría este párrafo, la información que justifique las modalidades en los procedimientos de contratación pública adoptados por los sujetos obligados y especialmente en las investigaciones de mercado. Y el artículo 15, en su fracción III, dice lo siguiente: se trate de información que justifique los procedimientos de contratación pública adoptados por los sujetos obligados. Artículo transitorio es único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario de la Federación. Muchas gracias. Es cuanto.