El diputado Salvador Zamora Zamora: Gracias, señor presiente. El día de hoy, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano y un servidor, presentamos una iniciativa que tiene como principal objetivo buscar la justicia y la equidad recaudatoria en beneficio de los municipios. El fortalecimiento y empoderamiento del municipio mexicano ha sido una de las grandes consignas que han quedado en la simulación dentro de la vida pública nacional. Una consigna que ha sido olvidada, e incluso, ha atestiguado retrocesos que ponen en manifiesto el rumbo errático de nuestro sistema político. Una de las grandes debilidades a las que hoy se enfrentan los municipios es la relativa a su libertad hacendaria, consagrada en nuestra Constitución y que se ve amenazada, en muchas ocasiones, por la incapacidad de ejercer los instrumentos recaudatorios y hacer cumplir la ley. La libertad hacendaria del municipio es el principal eslabón para asegurar la autonomía financiera municipal, y por lo tanto, su independencia política. No obstante, desde hace décadas los municipios mexicanos se enfrentan a un régimen ambiguo en el que se ven imposibilitados para ejercer sus atribuciones elementales ante grandes corporativos que han obtenido concesiones federales para operar determinados servicios. El caso más emblemático de lo anterior, es el de los aeropuertos concesionados que gozan de un injustificable régimen de excepción ante la autoridad tributaria del municipio. Tenemos que ser claros en la interpretación de nuestras leyes. La única excepción prevista por la Constitución para que los municipios no puedan ejercer su potestad tributaria, es la relativa a los bienes de dominio público de la Federación, de los estados y los municipios y subrayo bienes de dominio público. Está claro que los bienes que son objeto de una concesión federal estarán exentos de pagar contribuciones por mandato constitucional, como en este caso serían todos los bienes inherentes a la operación de un aeropuerto. Sin embargo, con este pretexto observamos cómo en los aeropuertos instalados en los municipios mexicanos, distintos inmuebles que no son inherentes al objeto público de la concesión, no pagan sus contribuciones a pesar de que obtienen rendimientos por la operación y administración de diversos servicios. Es decir, no pagan las contribuciones municipales como el impuesto predial, el servicio de agua, las licencias de giro o los permisos de estacionamiento. Estamos hablando de todos los inmuebles y servicios que son accesorios o complementarios de la concesión como los estacionamientos, los locales comerciales, los hoteles, los bares, los bancos, gasolineras y cualquier otra actividad que no sea parte del bien de dominio público. La misma Constitución mexicana protege a los municipios al reconocerles su potestad para gravar a este tipo de inmuebles, y por ello, distintos municipios a lo largo de los últimos años han impulsado acciones jurídicas para reclamar sus potestades tributarias, como ya lo hizo el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, que alberga el aeropuerto internacional de la ciudad de Guadalajara y, desde donde ha dado la batalla jurídica más importante en esta materia. Por ello, mediante la presente iniciativa se plantea reformar la Ley de Aeropuertos para que se distingan de manera clara los bienes que son objeto de la concesión, y por lo tanto, son inherentes a su objeto público de los bienes que son accesorios y distintos a su objeto público, y por lo tanto, estarían obligados a pagar sus contribuciones municipales como el resto de los habitantes del municipio. Del mismo modo, se propone añadir como causal de la revocación de la concesión el no pago de las contribuciones a las que están obligados los concesionarios. Con la presente reforma se busca dotar de mayor claridad las disposiciones previstas en la Ley de Aeropuertos, y con ello garantizar el cabal cumplimiento del artículo 115 constitucional y por lo tanto impulsar el principio de equidad y de justicia hacendaria en beneficio de los municipios mexicanos. Estamos seguros que esta iniciativa encontrará el respaldo de los más de 50 municipios mexicanos, en donde se presenta el esquema de concesión de aeropuertos; y en los más de 20, donde se presentan esquemas mixtos, porque resulta a todas luces inequitativo e injustificado que diferentes instancias que obtienen beneficios económicos por las actividades que realizan en un territorio no paguen con sus contribuciones, como sí lo hacen el resto de los mexicanos. No solo se trata de fortalecer el principio de libertad hacendaria del municipio, sino de ser justos y equitativos en la recaudación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias por su atención.