La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidente. Continúo. Es el último dictamen que hoy presenta la Comisión de Justicia y, bueno, les señalaba que una de estas piezas fundamentales tiene que ver con el equilibrio procesal entre víctima e imputado. De hecho, la construcción de esta Ley de Ejecución Penal se genera como el último eslabón del Sistema Penal Acusatorio y constituye también la última etapa del procedimiento. Se decidió por el legislador, que esta ley protegiera los derechos, tanto de imputados que están en prisión preventiva como quienes ya están purgando una pena en prisión. De tal manera, siendo este básicamente uno de los objetivos del juez de ejecución penal, que es velar por estos derechos humanos, se centra una gran atención en la ley, en casos como el de mujeres en prisión; el de los hijos de mujeres en prisión que acompañan a sus madres; el caso también de personas con discapacidad, pero también el de los adultos mayores. A estas personas nos referimos en el presente dictamen. La población de adultos mayores considerados como aquellas personas mayores de 60 años de edad en la ley respectiva, en nuestro país asciende a 13 millones de acuerdo con el Consejo Nacional de Población. Se trata de una población que paulatinamente por la dinámica propia de los cambios demográficos de la sociedad actual crecerá cada vez con mayor velocidad. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, el cambio en el porcentaje de personas adultas mayores pasó de 6.2 en 1990, a 10.5 por ciento en 2017, lo cual significa que prácticamente se duplicó en 30 años, creando una tendencia generacional, que sin duda significará uno de los cambios sociales de mayor trascendencia en este siglo y en consecuencia impondrá nuevos retos y desafíos para las políticas públicas implementadas en materia de salud pública y de atención social que se requieren por las características propias de su edad. Particularmente existe un sector de esta población que se encuentra en situación de vulnerabilidad, me refiero a las personas mayores internas en centros penitenciarios. El análisis de condición especial de estas personas más allá de ser un problema de corte social se trata de un asunto de derechos. En una aproximación general, el reconocimiento de los derechos de las personas en reclusión ha sido una materia explorada en el derecho internacional de los derechos humanos. Cito como ejemplo la sentencia 124, de 1993, de la Corte Interamericana, que sostuvo lo siguiente: la dignidad humana, como ya se estableció, es fundamento de la organización social, tiene su desarrollo en el derecho a la igualdad. Toda persona tiene derecho a la igualdad de oportunidades dentro de la relación individual-sociedad. Sin embargo, en razón de esta misma igualdad, se impone un trato compensatorio a aquellos grupos que se encuentran en una situación de particular debilidad manifiesta, en cuanto a que estos no pueden acceder fácilmente a los medios materiales que les permitan hacer efectiva su dignidad en el marco de igualdad. Existe un derecho de las personas a vivir dignamente. Este es inherente, es decir, a ser parte de su esencia. Y como tal, es un elemento perfeccionante que no puede ser renunciado. El artículo 5o. de la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, establece la obligación en relación con las personas mayores en condiciones de vulnerabilidad y aquellas que son víctimas de discriminación múltiple. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus diversos diagnósticos penitenciarios anuales ha señalado las deficiencias en la atención de las personas adultas mayores, principalmente en relación con la garantía de acceso a los derechos a la salud y a la alimentación, así como ciertas condiciones que propician una mayor vulnerabilidad y desventaja respecto a otros internos que no tienen esta característica de vulnerabilidad. En su pronunciamiento sobre la supervisión penitenciaria de 2016, la propia CNDH consideró de manera específica la vulnerabilidad de estas personas adultas mayores y estableció la necesidad de que los centros penitenciarios tengan registros de esta población y de sus necesidades. De que se cuente con accesibilidad a instalaciones, atención médica, equipos médicos de apoyo, talleres de acuerdo a sus necesidades, dietas adecuadas, acceso a instalaciones deportivas, instalaciones de visita íntima y familiar, así como acciones para evitar que sean discriminados, pues actualmente no existe información fehaciente que permita conocer la cantidad de personas mayores en reclusión, ni sus condiciones generales en cuanto al acceso a la salud y a la alimentación, entre otros. Por estas razones, la Comisión de Justicia coincide con quien promovió esta iniciativa, en la necesidad de realizar una adición en el artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución Penal, con la finalidad de garantizar lo siguiente: que cada centro penitenciario cuente con un registro de las personas de más de 60 años, que incluya información específica sobre sus condiciones de salud, necesidades de alimentación, apoyo y ubicación. Que con esta información las autoridades penitenciarias puedan implementar políticas públicas que garanticen a estas personas el pleno respeto a sus derechos. Que el Poder Ejecutivo federal, así como los respectivos de las entidades federativas, contarán con 180 días para realizar las adecuaciones conducentes a través de su normatividad reglamentaria. Con estas disposiciones se podrá contar con información oficial que permita conocer el estado real de las personas mayores internas en centros penitenciarios y con ello se podrán tomar mejores acciones y acceso a una vida más digna para estas personas. Es importante señalar y recordar que quienes hoy están purgando una pena privativa de libertad han perdido un derecho, ese derecho que está restringido por la imposición de la pena, pero no el resto de sus derechos. En consecuencia, el Estado mexicano debe garantizar los mismos. Es por ello que ponemos hoy a consideración de esta asamblea esta importante adición a la Ley de Ejecución Penal. Y aprovecho también para felicitar a todos y todas quienes integran la Comisión de Justicia, porque hemos podido llevar a cabo la discusión y el análisis técnico de una serie de instrumentos legislativos que seguro serán justamente para enriquecer y mejorar nuestro sistema de justicia. Es cuanto, presidente.