El diputado Carlos Samuel Moreno Terán: Con su permiso, señor presidente. La actual problemática del agua en un amplio sector de la población en México generó ya importantes debates sobre la posibilidad y la conveniencia de proteger este recurso, incluyendo en la Constitución Política el derecho fundamental al agua. Ello se debe a que el gobierno y la sociedad han cobrado conciencia de que este recurso escasea y está en grave peligro. La creciente crisis hidrológica en la que se encuentra nuestro país está exigiendo la puesta en marcha de todos los instrumentos que estén a nuestro alcance para intentar frenar las graves consecuencias que ya estamos padeciendo. Es obligación ineludible del Estado mexicano garantizar el derecho al agua para que toda persona pueda disponer de manera suficiente, salubre, aceptable y accesible, para el uso personal y doméstico. Este derecho se encuadra con toda claridad en la categoría de las garantías individuales indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado para los mexicanos. El derecho al agua no debe interpretarse de forma restrictiva, simplemente en la relación con cantidades volumétricas y tecnológicas. El agua debe tratarse como un bien social y cultural y no solamente como un bien económico. El modo en que se ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras. El derecho al agua impone tres tipos de obligaciones a los gobiernos, obligaciones de respetar, proteger y cumplir. Las tres tienen como objetivo general que el derecho al agua se convierta en una prioridad para la nación y en una realidad para personas y medio ambiente. La obligación de respetar exige que los estados se abstengan de realizar cualquier práctica o actividad que restrinja o deniegue el acceso al agua potable de cualquier persona. Esto significa, entre otras cosas, que bajo ninguna circunstancia deberá privarse a una persona del mínimo indispensable de agua de uso personal y doméstico. La obligación de proteger impone a los Estados el deber de impedir que terceros puedan menoscabar el disfrute del derecho al agua. El Estado queda obligado a controlar y regular a particulares, grupos, empresas y otras entidades para que no interfieran con el disfrute del derecho de todas las personas. Por último, la obligación de cumplir se traduce en obligación de facilitar, promover y garantizar. Todas ellas deben obligar al gobierno a que de forma progresiva, pero utilizando el máximo de los recursos disponibles, dirijan sus esfuerzos para concretar el derecho de agua. No se puede seguir politizando el tema del agua. Politizar es simplemente una excusa de los actores políticos para no afrentar la realidad que nos aqueja, que es la falta de agua. La percepción muy equivocada de aquellos que tienen facilidades de acceso al agua es la de considerar a este recurso como un bien renovable, inagotable, apropiable y barato. Lo que ha contribuido de manera muy lesiva a que el agua sea desperdiciada o aprovechada de manera irresponsable. La realidad nos está demostrando que no es así y eso preocupa, por fortuna, a todos en el mundo. La comunidad internacional ha sido especialmente activa desde hace varias décadas en promover la protección y el cuidado del agua en sus diferentes dimensiones. Por la magnitud del problema, consideramos que expresar en nuestro sistema jurídico el derecho del agua como una garantía individual plasmada en la Constitución Política de nuestro país es indispensable para reorientar las políticas públicas generales y locales de acceso a este vital recurso, para realizar un esfuerzo de modificar las conductas sobre su uso y aprovechamiento, debiendo todos hacer frente a los retos que esto implica. La propuesta que vengo sometiendo a consideración, se traduce de manera concreta en adicionar un párrafo al artículo 4o. constitucional para que lea: Toda persona tiene derecho a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. Ya se discutió en demasía este tema. Ya se politizó de igual manera. Es momento de afrontar la realidad por parte de los gobiernos y buscar una solución a esta problemática con la participación de toda la sociedad. Es cuanto, señor presidente.