El diputado Armando Leyson Castro: El suscrito diputado Armando Leyson Castro somete a la consideración de esta H. Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el Artículo 298 Bis de la Ley Federal del Trabajo en su Título Sexto Capítulo Décimo con el más firme propósito de alcanzar el equilibrio perfecto, entre los derechos y obligaciones que todo individuo debe tener, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos. El Congreso Constituyente de 1917 instituyó por primera vez en México la tutela jurídica de los derechos sociales a nivel constitucional, desde entonces el espíritu que anima al artículo 123 de nuestra Carta Magna no ha sido otro sino el que establece principios y propicia instituciones que garanticen justas condiciones laborales, sin embargo, dentro de una sociedad que día a día se modifica, alterna, sustituye, suple o elimina valores antiguos y otorga nuevos principios basados en las circunstancias que vive, la Ley Federal del Trabajo no puede ni debe estar fuera y tiene por necesidad que renovarse con actualizaciones para continuar existiendo dentro de una democracia madura, que nos lleve sobre todo a una gobernabilidad estable propiciando el respeto al estado de derecho, seguridad jurídica y social que todo individuo merece. Nuestro sistema jurídico demanda un cuerpo de leyes unificadas que tengan relación unas con otras y que nos lleven a la coordinación entre sí, para evitar en lo posible interpretaciones que en la mayoría de los casos vulnera el espíritu real de la ley. En la actualidad las disposiciones legales en materia del trabajo son un claro ejemplo de la falta de esa coordinación, ya que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del Seguro Social, ambas reguladoras de los derechos de los trabajadores, no han caminado paralelamente en sus reformas y actualizaciones, dejando así lagunas en la aplicación real de las mismas. En efecto, debe de observarse que para que las leyes se apliquen se hace necesario la realización de ciertos medios, sin los cuales no pueden aquellas actualizarse, así, si faltan los medios falta la condición indispensable, esencial de la fuerza obligatoria de la ley, esta fuerza obligatoria es imposible si su aplicación da por resultado que se ataquen o destruyan derechos más respetables que en su sistema ha querido la misma ley proteger. Si se producen males trascendentales que ese sistema sin duda alguna ha querido evitar, resulta incuestionable que entonces se viola su propósito fundamental; su espíritu de coordinación que se revela por fuerzas unas veces latentes y otras veces en forma determinativa y expresa, en donde el sistema jurídico no puede querer la existencia contradictoria de preceptos que aplicados en su simple apariencia formal sólo pueden producir en la práctica injusticias e inequidades. La Ley Federal del Trabajo ha dejado de ser actual en comparación con la Ley del Seguro Social, ya que ésta última en cierta medida ha sido modificada en diversas ocasiones siguiendo la dinámica social, pero desafortunadamente la Ley Federal del Trabajo no se ha actualizado de manera paralela, provocando con ella lagunas de interpretación que han llevado a transgredir el espíritu real de las leyes. Por ello la necesidad de buscar en lo posible la coordinación entre ambas, que ayudaría a la aplicación correcta de éstas. Las aportaciones de seguridad social son derechos de naturaleza estrictamente laboral, ya que sus fines no son de lucro y menos aún de enriquecimiento por la diversidad de prestaciones que otorga, las cuales van destinadas al beneficio social de sus derechohabientes y a la población en general; no son en beneficio del Erario Federal, esto es del interés y afectación de todos. Por su esencia misma, la Ley del Seguro Social tiene como función primordial regular los derechos a la seguridad social de los trabajadores que por naturaleza están sujetos al régimen obligatorio, pero también de aquellos sujetos de aseguramiento voluntario al régimen obligatorio. Para esta Ley los profesionales podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio cuando éstos así lo decidan, es decir, su aseguramiento al régimen obligatorio será en forma voluntaria. Es claro que con esta excepción la Ley del Seguro Social consagra un derecho de los profesionales a decidir su incorporación al régimen obligatorio. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo, a pesar de que habla de trabajos especiales en su Título VI Capítulo X, por cuanto hace a los deportistas profesionales, no contempla derechos especiales. Por ello, la necesidad de establecerlos en adición de la ley, propiciando con ello una coordinación necesaria para evitar interpretaciones que en muchas veces violen el espíritu de la ley. Con la propuesta de reforma que se presenta, se pretende evitar confusiones de ley, buscando el equilibrio perfecto entre los derechos y obligaciones que todo individuo debe tener, incluso porque en más de una ocasión, los profesionales del deporte se han preguntado la facultad que tienen a decidir su incorporación o no, al régimen obligatorio. De ahí, la necesidad de dar certidumbre a sus derechos de decisión a través de esta iniciativa de adición. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 71 fracción II y 72 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se adiciona el artículo 298 Bis de la Ley Federal del Trabajo en su Título VI Capítulo X para quedar como sigue: Derechos Especiales de los Deportistas Profesionales. Artículo 298 Bis.- Los deportistas profesionales tienen los derechos especiales siguientes: Primero.- Decidir en forma voluntaria su incorporación al régimen obligatorio para ser considerados como trabajadores sujetos a las disposiciones de esta ley. Transitorio Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado éste en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintidós días del mes de septiembre del año dos mil cinco. Señor Presidente, le solicito de la manera más atenta, que además de ser turnado esta iniciativa a las comisiones correspondientes, pueda ser turnada también a la Comisión de Juventud y Deporte de esta Honorable Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente.