El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, ciudadano presidente, con su venia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Es un hecho que en México los derechos de los pueblos indígenas constituyen una asignatura pendiente. Una asignatura pendiente, porque la reforma constitucional del 2001 no dio cumplimiento cabal a los acuerdos de San Andrés Larráinzar, que fueron suscritos por el gobierno federal mexicano y por las organizaciones, los pueblos y las comunidades indígenas. Nuestro marco constitucional en materia indígena, previsto en el artículo 2o. de la Constitución, está muy lejos del contenido del Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y mucho más lejos aún de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En México los indígenas siguen reclamando del Estado, siguen reclamando de todos nosotros, tener autonomía plena. Como sabemos, no se les quiso conceder, en la reforma constitucional de 2001, autonomía territorial a sus pueblos y comunidades. Pero eso no es lo más grave, si uno revisa con cuidado el contenido del artículo 2o. de la Constitución encuentra que no hay una tutela efectiva y adecuada a los derechos colectivos de las comunidades indígenas. La Constitución los considera, a las comunidades y los pueblos indígenas, entidades de interés público y no personas de derecho público. La Constitución señala, desde una visión profundamente homogénea, pero también profundamente antimulticultural y antipluriétnica, la visión de que México es una nación única e indivisible. No se concibe que la nación mexicana es una nación de naciones, en donde ahí hay un juego o un papel muy importante que deben tener los pueblos y las comunidades indígenas. También hay otras deficiencias enormes. Por ejemplo, las comunidades indígenas y los pueblos indígenas no tienen acceso a los beneficios de los recursos estratégicos, tampoco son tomados en cuenta para participar en las decisiones que el gobierno federal o los gobiernos locales asumen o toman respecto a recursos estratégicos del Estado. El derecho de consulta que establece el artículo 2o. de la Constitución es un derecho de consulta solamente para la definición del Plan Nacional de Desarrollo, o en materia de planeación, pero los pueblos indígenas deben ser consultados en otro tipo de temas y en otro tipo de asuntos que les afecten directamente, para dar pleno cumplimiento a lo que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Y finalmente algo de lo que debe preocuparnos, en esta Cámara de Diputados, es la posibilidad de que los pueblos indígenas tengan derechos de representación política más allá del tema municipal. La Constitución, en el artículo 2o., permite que los pueblos indígenas, que los indígenas, tengan representantes a nivel municipal, pero ese derecho de representación política debe existir también en las legislaturas locales y, sobre todo, en el Congreso de la Unión. Así como existe una cuota de género para favorecer el papel y la intervención, cada vez creciente y más creciente y ojalá que así sea, de las mujeres en la vida legislativa y en la vida pública del país, debiera existir una cuota que permitiera a los pueblos y a las comunidades indígenas tener representación en este Congreso de la Unión. No debemos olvidar que los pueblos y las comunidades indígenas en este país representan más de 10 por ciento de la población. Y aquí, en este Congreso, en esta Cámara de Diputados, existe una insuficiente representación de los indígenas. Los indígenas deben ser representantes de la nación, al igual que muchos de nosotros, y tener espacios en el Congreso federal, tener espacios en las legislaturas locales y en los municipios. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, compañeras diputadas y compañeros diputados.