El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros, en 1976 se expidió la Ley Federal de Protección al Consumidor con el afán de salvaguardar a través de este instrumento jurídico los derechos de los consumidores, logrando así condiciones de mercado más justas. Asimismo se comprendió que resulta necesario, en cualquier país, la existencia de una procuraduría que vele por estos intereses, ya que las relaciones entre productores y consumidores suelen estar sesgadas hacia los primeros, ocasionando que en muchos casos se valgan de su poder para originar atropellos a los clientes sin que estos puedan defenderse. Aún cuando desde hace más de 30 años existe la ley mencionada y México cuenta con la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, todos los días somos testigos de malas prácticas que perjudican a los ciudadanos de la nación. La misión de la Profeco es promover y proteger los derechos del consumidor, fomentar el consumo inteligente y procurar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Sin duda, dicha misión representa un ideal deseable, en teoría. Pero en la práctica observamos millones de deficiencias en el mercado que merecen ser atendidas y que hasta el momento han resultado no resueltas. Como ejemplo de lo mencionado tenemos los enormes abusos de los que se valen los grandes consorcios debido a su condición monopólica. A través de precios artificiales y costos adicionales los mexicanos son víctimas de actos que disminuyen día a día su poder adquisitivo. En México 5 bancos acaparan el 80 por ciento del mercado. Las audiencias televisivas tienen una concentración del 68 por ciento, la telefonía fija el 81.4 por ciento. La producción del cemento 49 por ciento. La industria cervecera 62 por ciento y la de harina de maíz industrializada el 93 por ciento. Lo mismo ocurre con la falta de regulación de los productos riesgosos. En los últimos años hemos sido testigos del incremento exponencial de promotores de bienes que ofrecen resolver a corto plazo grandes problemas de salud pública, como la obesidad, la desnutrición y otros males. La carencia de una correcta difusión de aquellas mercancías que incumplen las disposiciones jurídicas aplicables, ha tenido como consecuencia un bombardeo y una penetración continua de los llamados productos milagro, los cuales han enriquecido a productores, distribuidores y anunciadores con la masiva venta de estos mencionados artículos. La falta de una reglamentación eficiente ha permitido la manipulación de los consumidores a través de falsas expectativas, llegando incluso a ocasionar daños a través de falsas expectativas. Lo anterior resulta de suma gravedad en un país donde el 22.4 millones de personas padecen hipertensión, entre el 6.5 y 10 millones son diabéticos y dos de cada tres mexicanos presentan algún grado de obesidad. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la Cofepris, en el 2012 se tuvo noticia de más de 75 mil productos y mil tabletas milagro, entre los cuales destacan los suplementos alimenticios, cosméticos y remedios herbolarios. Es por eso que estamos a favor del presente dictamen, que adiciona la XXIII fracción al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el afán de establecer que la Procuraduría tiene como atribución publicar a través de cualquier medio los productos y servicios que con motivo de sus verificaciones y los demás procedimientos previstos por la ley sean detectados como riesgosos o en incumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables. Sin embargo, ante lo expuesto previamente creemos que las modificaciones planteadas resultan insuficientes para corregir las distorsiones de mercado que favorecen las empresas productoras de artículos dañinos y que tanto perjudican a la población. Es necesario pues otorgar a la Profeco no tan sólo la facultad de publicar los productos y servicios riesgosos, asimismo debe existir una sanción clara que desincentive dicho comportamiento. Únicamente así la modificación planteada se traducirá en resultados concretos y no tan sólo en buenos deseos. Es momento de implementar instrumentos que permitan una verdadera equidad entre las empresas y los clientes, y que eliminen condiciones monopólicas y que terminen de una vez por todas con las prácticas atroces cometidas en contra de los consumidores. Por lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.