La diputada Adriana Díaz Contreras: Con su permiso, diputada Presidenta. Diputados y diputadas. Sin duda el campo es un tema a debatir en esta tribuna y no bastarán sólo los posicionamientos de los grupos parlamentarios representados en esta Cámara de Diputados, sino los hechos y compromisos concretos con el sector más vulnerable de este país: el sector agropecuario. A tan sólo 40 días del arranque del nuevo gobierno, los mexicanos enfrentamos un brutal incremento de hasta el 200 por ciento de nuestro principal alimento: la tortilla. Esta situación viene a configurar una crisis muy grave no sólo del orden alimentario, sino también para la paz social. La medida tomada por el gobierno federal fue que se abrieran de manera anticipada las solicitudes de cupos de importación de maíz, supuestamente porque esto beneficiaría al sector harinero y nixtamalero. Por una parte el acuerdo para estabilizar el precio de la tortilla fue un acuerdo signado sólo con algunos de los empresarios más beneficiados de este país. El pasado 4 de febrero, a quince días de la firma del mismo, la Profeco anunció que 39 por ciento de 1,133 tortillerías monitoreadas, venden la tortilla por arriba de los 8.50 pesos anunciados. La siguiente consecuencia negativa de este fenómeno se agravó por el juego de los intereses especulativos, es la introducción del maíz transgénico en nuestro país. Ante esta posibilidad advertimos que es indispensable hacer un balance entre las posibles ventajas que esta tecnología ofrece y el peligro de entregar nuestra riqueza genética a las empresas transnacionales en un momento donde este cereal se ha convertido en el "oro amarillo". No podemos seguir con falsas soluciones que pongan en peligro nuestra biodiversidad. Tenemos el antecedente de la contaminación de maíz criollo con organismos genéticamente modificados que se detectó en 2001 en Oaxaca y que fue ocasionada por el grano que se importaba y distribuía Diconsa, por lo que consideramos un peligro inminente esa solución planteada por el gobierno federal. Hoy una de las preguntas fundamentales para enfrentar esta amenaza es si se están realizando las pruebas necesarias al grano que se importa, tal y como lo establece por un lado el Protocolo de Cartagena sobre biodiversidad y por el otro lado de acuerdo con lo estipulado por la propia Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. La responsabilidad sobre los embarques que ingresan a territorio nacional es de la Administración General de Aduanas, perteneciente a la Secretaría de Hacienda. Además las autorizaciones para la aceptación de los embarques se deben otorgar con base en criterios de análisis de riesgos establecidos por la Secretaría de Salud en consulta con el comité respectivo del cual forma parte Sagarpa. Por todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, es que me permito plantear con base a los artículos 58 y 59 de nuestro Reglamento camaral, la siguiente proposición con punto de acuerdo para que sea considerada de urgente y obvia resolución. Punto de acuerdo Primero. Se solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que a la brevedad dé a conocer las revisiones que está realizando en las aduanas de los embarques que están llegando, de acuerdo con el mandato de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Segundo. Asimismo se exhorta que la Secretaría de Salud haga públicos los análisis de riesgos desarrollados para dar cumplimiento al Protocolo de Cartagena e informe a esta soberanía sobre las acciones de vigilancia sanitaria y demás de los organismos genéticamente modificados de los productos que los contengan y de los productos derivados de conformidad con la Ley General de Salud y sus disposiciones reglamentarias. Diputada Presidenta, solicito que el punto de acuerdo que se ha presentado, sea publicado íntegro en el Diario de los Debates, como fue publicado en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, diputada Presidenta.