El diputado Pascual Sigala Páez: Muchas gracias señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: "La teoría clásica de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo del rey. Hoy, en pleno siglo XXI, esta teoría mantiene vigencia y se fortalece. Surge de ahí la necesidad de crear y establecer desde nuestra Carta Magna órganos con autonomía de actuación que no estén atribuidos a la estructura de los depositarios clásicos del poder, obteniendo una mayor especialización, agilización, control y transparencia de las mismas. "En nuestro derecho estos entes públicos han recibido la denominación de órganos constitucionales autónomos, los cuales no obedecen a un capricho del poder constituyente permanente; por el contrario, están determinados por las características con que transcurre la vida política de los países democráticos. "En todo el mundo estos órganos han echado hondas raíces en los ámbitos financiero, de derechos humanos y electorales. En México contamos con órganos constitucionales autónomos como el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. "Ahora bien, analizando la experiencia nacional e internacional, así como las características que doctrinaria y de facto corresponden a los órganos constitucionales autónomos, se concluye que para lograr una verdadera conservación y protección del medio ambiente y en consecuencia garantizar a los seres humanos una vida digna, es necesario instaurar mecanismos que garanticen una real justicia ambiental, que sea aplicada en contra de todas aquellas personas morales o físicas, privadas o públicas, que de manera directa, premeditada y alevosa, ocasionen daños a los ecosistemas de nuestro país. Es indispensable que el Estado cuente con instituciones que sirvan como garante de este derecho a un medio ambiente adecuado. Incongruente es que en un Estado democrático de derecho, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, PROFEPA, se encuentre adscrita a un órgano del Ejecutivo Federal, situación que compromete en forma orgánica la autonomía funcional y pone en duda su actuación en muchos de los casos. Las evidencias nos demuestran que el atentado cometido contra la naturaleza y contra su normal desarrollo, requiere que la sociedad tenga que recurrir a la norma jurídica, con el fin de sancionar y penalizar las acciones propiciadas por nuestra propia ignorancia y avaricia. En este sentido, podemos observar que en México la procuración de justicia ambiental tardíamente incorporada a nuestro marco normativo, ha sido insuficiente e ineficaz, tal y como se demuestra en los tantos desastres que hasta el día de hoy no hay sido castigados y que muy al contrario, han sido solapados con argumentos alejados de toda veracidad, imparcialidad y legalidad. Ejemplos de lo anterior sobran, sólo nos basta recordar los incidentes en Veracruz, donde PEMEX derramó cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo entre gasolina, crudo, diesel, sin que a la fecha se hayan fincado responsabilidades. Justamente el día de ayer se cometió otro desastre y que muy seguramente no será castigado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Del ejemplo anterior podemos observar que la realidad en materia ambiental en nuestro país, exige que las instituciones de gobierno cambien para adecuarse a las necesidades actuales de procuración de justicia en esta materia. Ese necesario entonces contar un órgano del Estado, encargado de vigilar que la normatividad existente relacionada con el medio ambiente, se cumpla al pie de la letra. No obstante que la PROFEPA como órgano desconcentrado de la SEMARNAT, tiene funciones muy importantes como la de vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables a la prevención y control de la contaminación ambiental, la restauración de los recursos naturales, vigilar las áreas naturales protegidas, regular el impacto ambiental y ordenamiento ecológico de competencia federal, no ha cumplido cabalmente sus funciones. La actual figura jurídica que dio origen a esta Procuraduría, la convierte en un órgano limitado, toda vez que su dependencia directa del Ejecutivo lo convierte en juez y parte y no le permite tener una visión autocrítica sobre la situación del medio ambiente. Evidentemente, al estar involucrados funcionarios públicos federales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ejerce la justicia de manera discrecional, como se ha observado últimamente, dejando de sancionar a las dependencias de la administración pública federal que con sus actividades ocasionan un daño y degradan al medio ambiente. Es de resaltar que el Procurador, como titular de este órgano, generalmente es un ente político partidario y sin conocimiento de la procuración de justicia. Hoy la sociedad mexicana y la prevención del medio ambiente, reclaman otra cosa, exigen una procuraduría eficaz y comprometida con los mexicanos y el medio ambiente, cuyos principios sean la legalidad, la honradez, la imparcialidad, la eficacia y la justicia en el desempeño de sus funciones. El deterioro ambiental sigue avanzando, justamente porque la institución responsable está atada y al servicio del gobierno en turno y de sus intereses. Hoy se requiere establecer una verdadera procuración de justicia ambiental, tanto en el ámbito federal como local, a través de instituciones dotadas de plena autonomía orgánica, administrativa y financiera.