El diputado Pablo Trejo Pérez: En la iniciativa que estamos discutiendo, el artículo 22 indica que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social deberá generar un conjunto de indicadores clave que atenderán, como mínimo, los temas de población y dinámica demográfica: salud, educación, empleo, distribución del ingreso y de pobreza, seguridad pública, impartición de justicia, gobierno y vivienda. Se debe tomar en cuenta que el INEGI no determina indicadores. Decía que el INEGI no determina indicadores, sino datos que pueden ser usados para construir indicadores por organismos evaluadores que permitan una interpretación de los mismos. Ante esto podemos pensar que la misma razón por la que se determina que el INEGI debe calcular la inflación y es el Banco de México quien es el responsable de dirigir la política que mantenga un control en los cambios del nivel general de precios, es que el Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social debe generar un conjunto de datos y no indicadores. Por tal motivo, proponemos que el artículo 22 quede de la siguiente manera: "El instituto elaborará con la colaboración de las unidades los datos a que se refiere el artículo anterior, a partir de la información básica que se obtenga". Aquí es una adición, es un cambio de indicadores por datos. En cuanto al artículo 33 y undécimo transitorio vemos que en el Apartado B del artículo 26 constitucional se establece que el Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales para la federación, estado, Distrito Federal y municipios. Los datos contenidos en el sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar dicho sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer su observancia. El organismo a su vez tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como presidente de ésta y del propio organismo. Serán designados por el presidente de la república, con la aprobación de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Ahora bien, el artículo 33 en su último párrafo establece que el Banco de México determinará las normas relativas a la información que produzca y requiera para la conducción de la política monetaria, por lo que la autonomía técnica y de gestión que constitucionalmente tiene el organismo encargado de operar el sistema queda vulnerada. Asimismo, en el artículo undécimo transitorio se indica en su espíritu que, a partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México tendrá acceso sin restricción alguna a la metodología, base de datos, información y procedimientos utilizados por el instituto para calcular los índices nacionales a que se refiere este precepto. Dicho artículo contraviene el espíritu del artículo 26, Apartado B, constitucional. Por los motivos expuestos, se propone eliminar el último párrafo del artículo 33 y el undécimo artículo transitorio del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, para quedar de la siguiente manera. Artículo 33. Las unidades del Estado distintas al instituto, cuando desarrollen actividades relacionadas con la producción, integración, conservación y difusión de información de interés nacional deberán: I. Observar las bases, normas, principios que el instituto, a propuesta de los comités ejecutivos de los subsistemas establezca y dé a conocer para producir, integrar y difundir la información. II. Colaborar en la integración del Catálogo Nacional de Indicadores a que se refiere el artículo 56 de esta ley. III. Elaborar, sujetándose a las disposiciones aplicables y a las disponibilidades presupuestarias los anteproyectos de presupuesto anuales de los trabajos estadísticos y geográficos de su competencia, en concordancia con los programas a que se refiere el artículo 9o. de esta ley. Así sucesivamente hasta la VII. Realizar las demás actividades que sean necesarias para el cumplimiento de las previsiones anteriores cuando, por mandato legal, las unidades estén facultadas para producir y dar a conocer información estadística y geográfica deberán observar lo que al respecto determine la ley correspondiente, sin perjuicio de que aplique en lo conducente lo señalado en la fracción I de este artículo. Transitorio undécimo. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, el Banco de México y el instituto formarán un grupo de trabajo que tendrá como objetivo planear e instrumentar la transferencia al segundo del cálculo y publicación de los índices nacionales de precios a que se refiere el artículo 59 de esta ley, a partir de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59. El instituto publicará los referidos índices nacionales de precios, por lo que cualquier referencia a los citados índices a cargo del Banco de México se entenderá efectuada a partir de esa fecha al que publique el instituto. A partir de la publicación del presente decreto y hasta el día anterior de la entrada en vigor de la fracción III del artículo 59, el Banco de México continuará publicando los índices a que se refiere el párrafo anterior con la participación creciente del instituto. En cuanto a los artículos 52 y 83 del dictamen con proyecto de decreto, debemos señalar que en el artículo 5o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que la autonomía presupuestaria otorgada a los ejecutores de gasto a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de disposición expresa en las leyes de supresión, comprende Uno. En el caso del Poder Legislativo y Judicial y los entes autónomos, conforme a las respectivas disposiciones constitucionales las siguientes atribuciones a) Aprobar sus proyectos de presupuesto y enviarlos a la secretaría para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos, observando los criterios generales de la política económica. b) Ejercer sus presupuestos observando lo dispuesto en esta ley sin sujetarse a las disposiciones generales emitidas por la secretaría y la función pública. Dicho ejercicio deberá realizarse con base en los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y estarán sujetos a la normatividad, la evaluación y el control de los órganos correspondientes. Como vemos, el precepto nos señala claramente que la Secretaría de Hacienda no debiera tener inclusión. Por tal motivo, proponemos que el artículo 52 quede de la siguiente manera "El instituto es, conforme a lo dispuesto en el apartado B del artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un organismo constitucional autónomo con plena independencia presupuestaria, con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, así como de realizar con exclusividad las actividades a que se refiere el artículo 59 de esta ley". Artículo 83. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 5o. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para su tratamiento presupuestario, el instituto se sujetará a lo siguiente Uno. Aprobará su proyecto de presupuesto y deberá enviarlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para su integración al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación observando los criterios generales de política económica y los techos globales de gasto establecidos por el Ejecutivo federal. Y así hasta la fracción VI. Finalmente se señala que las actividades estadísticas y geográficas que en adición a las señaladas en el párrafo anterior, el instituto determine llevar a cabo en los términos de esta ley, estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria que en su caso se apruebe para tales efectos en el Presupuesto de Egresos de la Federación. En cuanto al artículo 59, la propuesta que hacemos es para quedar como sigue Artículo 59. El instituto tendrá las siguientes facultades exclusivas Uno. Realizar los censos y conteos nacionales. Dos. Integrar y difundir el sistema de cuentas nacionales incluyendo la balanza de pagos y las matrices de insumo-producto de la economía. Tres. Elaborar los índices nacionales de precios siguientes a) Índice Nacional de Precios al Consumidor; y b) Índice Nacional de Precios al Consumidor, y c) "Índice Nacional de Precios Productor". Cuatro. "Los registros y actividades geográficas relativos a a) "Marco geoestadístico b) "Inventario nacional de viviendas c) "Registro nacional de unidades económicas d) "Marco de referencia geodésico f) "El inventario de recursos naturales no renovables i) "Atmósfera, agua, suelo, residuos peligrosos y residuos sólidos. La fracción V. "La difusión de los productos de sus actividades exclusivas, la de anuarios estadísticos nacionales y la difusión de otra información que su Junta de Gobierno determine. "Las denominaciones, ‘censo nacional’, ‘cuentas nacionales’, no podrán ser empleadas en el nombre ni en la propaganda de registros, encuestas o numeraciones distintas a las que practique el instituto. "Cualquier contravención a lo dispuesto en este párrafo se sancionará en términos de lo dispuesto en el título cuarto de esta ley. "El instituto podrá producir cualquier otra información de interés nacional cuando así lo determine la Junta de Gobierno". Y en lo referente al artículo 69, lo que planteamos es que el constante intervencionismo del Estado en la vida individual y social del hombre hace que se concentre el poder público en pocos órganos. Es por ello que surge la necesidad de crear y establecer en la Constitución órganos con autonomía de actuación que no estén atribuidos a la estructura de los depositarios clásicos del poder, obteniendo una mayor especialización, agilización, control y transparencia de las mismas. Estos entes públicos han recibido la denominación de "órganos constitucionales autónomos". Los órganos de este tipo también contribuyen en el contexto de Estado moderno, a la despartidización, descorporativización y democratización de los órganos del gobierno del Estado. Por ello la integración y estatuto de sus titulares, designados por el titular del Ejecutivo federal, con la aprobación de una de las Cámaras del Poder Legislativo, tiene por objeto la politicidad de los órganos. Es decir, carácter técnico y no político, y en unidades para que sus titulares sólo puedan ser removidos por incurrir en responsabilidades. Son responsables por lo que deben rendir cuentas ante el Congreso y los ciudadanos, deben ser transparentes, salvo excepciones hechas por la ley y su funcionamiento interno, siempre y cuando esté ajustado estrictamente a derecho. Por ello, dada la naturaleza del instituto, es necesario que en el capítulo referente a la administración del mismo, en su artículo 69 donde se establecen los requisitos que deben cumplir los integrantes de la Junta de Gobierno, estos deben ser ampliados a fin de garantizar un verdadero profesionalismo en el desempeño del cargo, por lo cual es necesario agregar la especificación de la actuaría, la demografía, la sociología o la ecología, como profesionista distinguido, además de ampliar el tiempo de experiencia de cuando menos siete años en un cargo de alto nivel exclusivamente en el sector público. Por los motivos expuestos se propone modificar la fracción II del artículo 69 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica para quedar de la siguiente manera: Artículo 69. La designación de los miembros de la Junta de Gobierno deberá recaer en personas que reúnan los requisitos siguientes: 1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y no tener más de 70 años cumplidos a la fecha en que la designación sea entregada al Senado de la República o, en su caso, a la Comisión Permanente para su ratificación. 2. Ser profesional distinguido en materias relacionadas con la estadística, la actuaría, la geografía, la economía, la demografía, la sociología o la ecología, así como haber ocupado, por lo menos durante siete años, algún cargo de alto nivel en el sector público o ser un académico de reconocido prestigio en las materias mencionadas, y 3. No haber sido sentenciado por delitos intencionales, inhabilitado para ejercer el comercio o para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público y removido de algún cargo del sector público o privado. Le pediría, diputada Presidenta, que la votación fuera de tipo nominal de estas cinco reservas. Es cuanto, muchas gracias.