La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su venia, señora Presidenta. Honorable asamblea, la iniciativa que pongo el día de hoy a su consideración es producto de la reflexión colectiva, del trabajo serio, informado y responsable de diversos grupos de mujeres que durante los últimos 30 años han colocado en el espacio de lo público el tema del aborto como un problema de salud pública y de justicia social. Pero no sólo el derecho a decidir de las personas sobre el número y espaciamiento de sus hijos es una garantía plasmada en el artículo 4o. constitucional y el ejercicio efectivo de ese derecho nos coloca ante un desafío sobre la calidad de la democracia que queremos. Martha Lamas menciona que el debate sobre la penalización, despenalización del aborto plantea el reto de decidir sobre un conflicto en el que están implicados principios democráticos fundamentales. La libertad de conciencia, el laicismo o el derecho a la no intervención del Estado en cuestiones de la intimidad y la privacía. Una verdadera convivencia pacífica dentro de la pluralidad y gobernabilidad democráticas requiere de un Estado laico que garantice un régimen de tolerancia bajo el imperio de la ley. La frontera entre lo público y lo privado se objetiva en el derecho a decidir, porque el Estado está obligado a garantizar la convivencia pacífica, pero no puede pretender regular la vida privada de sus gobernados. Las decisiones de la vida privada dependen de la conciencia y los valores de cada persona y no de los dictados de funcionarios de gobierno o de instituciones religiosas. La democracia, el conocimiento científico y la modernidad descansan sobre esta premisa. Los principios de libertad e igualdad dotan de sentido a una sociedad democrática, que bajo ninguna circunstancia puede permitirse que en nombre de la fe se expropie su libre albedrío. De esta manera, los derechos de las personas no pueden otorgarse ni suspenderse en ninguna circunstancia, por medio de plebiscitum o de referendum u otro tipo de consultas. Las mujeres nos pronunciamos por un debate serio, un diálogo, pero lo decimos y lo decimos claro: nuestros derechos no se votan. Lamentablemente, las obligaciones del Estado no se ven reflejadas siempre en nuestras legislaciones y éste es justamente el caso del Código Penal federal, ordenamiento que data de 1931 y que en materia de aborto no ha sufrido ningún cambio en 86 años; lo que da como resultado una legislación deficiente y arcaica para asegurar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres. Lo hemos dicho hasta el cansancio, la interrupción voluntaria del embarazo debe ser considerada como un problema de salud pública y de justicia social, por los graves efectos que tiene la salud de las mujeres. Según el Conapo, en el país se practican 102 mil abortos al año, mientras que según el Instituto Alan Guttmacher, la cifra en 994 era de 553 mil. En todo caso, 99 por ciento de las mujeres que mueren por interrumpir su embarazo en condiciones inseguras y clandestinas viven condiciones de pobreza y pertenece a estratos sociales marginales. Tales abortos representan así, la cuarta causa de muerte materna en el país. Estos datos nos llevan a dos conclusiones elementales: la primera, que la interrupción voluntaria del embarazo es una realidad de nuestra sociedad a pesar, y subrayo esto último, de las posiciones morales, de las deficiencias e insuficiencias legislativas y del sistema nacional de salud; la segunda, carecemos de una política realista para enfrentar el problema. Por lo anterior, los términos del debate a los que tenemos la obligación de ceñirnos, son aquellos que tienen que ver con las obligaciones del Estado frente a los derechos ganados por las mujeres, mismos que son reconocidos por nuestra Constitución y por distintos tratados internacionales firmados por México, como son: la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo y el programa de Acción de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de Pekín en 1995. En suma, la presente iniciativa tiene como objeto principal, hacer efectivas para todas las mexicanas las disposiciones del artículo 4o. constitucional. Las modificaciones que proponemos al Código Penal federal eliminan las penas para las mujeres que decidan abortar y brindan certeza jurídica al personal médico adscrito a los hospitales federales que deban ayudarles de modo tal que sólo permanece la pena para aquellos que obliguen a abortar a una mujer sin su consentimiento o por medio de las violencia; y delega la ejecución de dichas penas, a la ley local en la materia. Quiero aprovechar este espacio para expresar la preocupación de Alternativa y la mía propia frente a la agresiva campaña de aquellos que no están de acuerdo en legislar sobre los derechos de las mujeres, como se está haciendo en este momento en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Una campaña de intolerancia e incitación al odio en la cual han sido amenazados tanto legisladores como organizaciones de la sociedad civil, particularmente la Organización de Católicas por el Derecho a Decidir. A todas ellas y ellos les enviamos nuestra solidaridad. Queremos dejar bien claro que es trabajo de todos construir espacios de discusión, tolerancia y de respeto a la pluralidad de creencias y es deber del Estado garantizar el respeto y la seguridad para instituciones y personas que expresan sus puntos de vista distintos y sus posiciones. El propio Presidente de la República expresó en días pasados su posición personal al respecto y, al mismo tiempo, tuvo el acierto de delimitar sus propias convicciones al señalar que el Poder Ejecutivo ha sido y seguirá siendo respetuoso de las instancias legislativas y mucho más de las instancias locales, como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Alternativa, por supuesto, estará atenta y dará seguimiento a la palabra del Presidente. Para terminar, en Alternativa consideramos que ha llegado el momento de alentar un diálogo nacional serio, amplio, abierto, constructivo e incluyente encaminado a lograr resultados tangibles y mesurables para fortalecer el ejercicio de los derechos de las mujeres en todos los ámbitos de su vida, tanto en la esfera pública como en la esfera privada. Por ello, solicitamos respetuosamente a la Junta de Coordinación Política de esta Honorable Cámara de Diputados que analice la posibilidad de favorecer el diálogo entre las diversas posiciones que respecto al tema del aborto se expresan en nuestra sociedad. Estamos por el debate de ideas y el diálogo serio, respetuoso e informado donde la ciencia, el conocimiento y la razón confluyan para encontrar una solución inteligente al problema del aborto. Como representantes populares no podemos permitir que la mentira, el odio y la sin razón sean la moneda de cambio para mantener una legislación arcaica, que sólo propicia la injusticia y más muertes de mujeres. Agradezco a la diputada Martha Tagle su adhesión a esta propuesta e invito a mis compañeras y compañeros a que se sumen a esta propuesta. Señora Presidenta, le solicito se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.