El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputados. El problema que pretende solucionar esta iniciativa que presentó Convergencia, y que hoy habremos de votar, es la nulidad de efectos jurídicos de la actuación de las autoridades de la Cámara de Diputados en materia administrativa, resueltos por las autoridades judiciales de este país, derivadas del incumplimiento del principio de legalidad constitucional. La participación social, rendición de cuentas, ilegalidad y transparencia son conceptos que caracterizan a las democracias modernas, lo que las diferencia de los regímenes autoritarios, cuyo actuar oscuro pretende ocultar ineficiencia, discrecionalidad, impunidad o corrupción y propician, por tanto, desconfianza, ilegalidad y desinformación. La transparencia y la rendición de cuentas no son una concesión graciosa de los gobernantes, sino una responsabilidad ineludible con la sociedad, pues los gobiernos manejan recursos públicos que pertenecen al pueblo. Al Congreso nos corresponde promover una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas y propiciar una legislación acorde con la vida política y social del país. La fiscalización es un tema contemporáneo de la mayor trascendencia e importancia. La pura denuncia ha demostrado ser limitada pues se ha quedado en el seno de esta misma Cámara. Por ello, los mecanismos de control deben estar orientados en un solo sentido: fiscalizar la actividad del poder para evitar abusos. La causa a la que se atribuye este problema es el establecimiento de órganos, facultades y procedimientos en materia de responsabilidad administrativa, en una norma que no reúne los requisitos para ser ley, contraviniendo lo señalado en el artículo 109 constitucional. La propuesta de solución que se sugiere es modificar el artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de establecer ahí los órganos de autoridad y sus facultades, y asimismo, definir que la sustanciación de los procedimientos respectivos se regula conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Seguimos el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que toda actuación de autoridad debe ajustarse de manera irrestricta al principio de legalidad constitucional. Este principio implica que la autoridad sólo puede ejercer las facultades expresamente conferidas; que sus resoluciones deben estar fundadas y motivadas conforme a las normas estipuladas previamente al hecho, y apegadas a los procesos establecidos en los que se respeten las garantías de audiencia y el debido proceso legal. Sin embargo, se reconoce que existen algunas conductas inadecuadas en materia administrativa por parte de algunos servidores públicos de la Cámara de Diputados, cuyo encauzamiento no ha sido posible, en virtud de que el conjunto normativo que las contiene no reúne los requisitos de ley, y por tanto, se consideran inconstitucionales. Resulta que esta situación parte central del asunto que nos ocupa ha dado lugar a la ineficacia de las acciones emprendidas: impunidad, imitación de conductas inadecuadas, merma al erario de la Cámara, descrédito de la autoridad administrativa y un costo económico y político de consecuencias altamente adversas para la institución. En tal razón, consideramos adecuado y conveniente rescatar la esencia y sentido contenido en las disposiciones que al efecto se establecen en el Estatuto de la Organización Técnica y Administrativa y del Servicio de Carrera, de manera que se corrija la omisión al propio principio de legalidad constitucional que el marco jurídico actual presenta. Pensamos que esta reforma será de alto beneficio, toda vez que la percepción pública, tanto de la Cámara, como de sus órganos de control de la responsabilidad administrativa, ganarán en prestigio, confianza y apoyo, al tiempo que los recursos públicos dejarán de ser socavados por conductas inapropiadas e ilícitas, y aún más, quienes hasta ahora apuestan a la ineficiencia del sistema de responsabilidad para beneficiarse, se abstendrán de imitar aquellas conductas impunes por virtud de esta corrección jurídica. La estructura administrativa que se presenta en la propuesta opera ya en la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados, orillada por la necesidad de cumplir su función con recursos humanos y materiales presupuestados, por lo que esta reforma no representa ningún costo, por el contrario; expresa con atingencia y asertividad en abono a la efectividad de la norma. En razón de lo expuesto, pido a nombre de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de la fracción de Convergencia en esta Cámara, que por el bien de la misma su voto sea favorable a este dictamen. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias.