El diputado Carol Antonio Altamirano: Gracias. Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, agradezco el respaldo y la oportunidad de presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y de un grupo plural de diputados, una iniciativa de reforma a los artículos 115 y 117 de la Constitución, con el objetivo de limitar el crecimiento excesivo de las deudas de entidades y municipios con una perspectiva federalista. A diferencia de propuestas centralistas que buscan restarle facultades a los estados y municipios la presente iniciativa se sustenta en el respeto al pacto federal como característica del Estado mexicano. La deuda de entidades y municipios en diciembre pasado superó los 434 mil millones de pesos. Aunque nacionalmente apenas representa el 3 por ciento del PIB en algunos estados y municipios significa un riesgo para sus finanzas. Los hechos en que se señala a los ex gobernadores, Humberto Moreira y Granier, evidencias conductas graves y muy probablemente delictivas, pero de ninguna manera justifican debilitar el federalismo ni que las entidades pierdan sus potestades. Rechazamos una regresión histórica que pretenda manejar centralmente la finanza de los estados. No podemos regresar a un escenario anterior a 1847, cuando se consolidó el Estado federal como principio constitucional. Destaca que el endeudamiento excesivo se concentra en cinco entidades y algunos municipios. Es injusto que por esos casos se eliminen las potestades, incluso de las entidades que manejan responsablemente sus deudas. La iniciativa propone alternativa a cinco problemas básicos: 1. Actualmente las leyes locales no garantizan que todos los compromisos de pago sean autorizados y transparentados. Para evitar lagunas en las leyes de deudas debe obligarse a las Legislaturas locales a que desde el momento en que aprueben los compromisos de pago lo hagan a justándose a principios constitucionales. Se cuestionan los registros federales de deuda por incluir sólo las deudas que afecten participaciones. Pero lo conveniente no es ampliar el registro federal y la injerencia de la Secretaría de Hacienda sobre entidades y municipios, en lugar de ello debe consolidarse el registro de las obligaciones de pago en la Cuenta Pública para fortalecer el control por parte de las Legislaturas locales. 2. La redacción del concepto de inversión público-productiva es deficiente, al permitir que cada estado haga interpretaciones en sus leyes de deudas. Ello genera definiciones que permiten gastos distintos al uso racional del endeudamiento público e incluso financiar gasto corriente. Proponemos precisar el concepto de inversión público-productiva, y sobre todo eliminar que esta definición sea interpretada en las leyes locales. 3. En términos financieros no existe un límite sobre la capacidad de pago o la sustentabilidad de los compromisos. La iniciativa plantea un límite actualizable anualmente de los compromisos de pago en proporción a los ingresos susceptibles de comprometerse; es decir, la suma de los ingresos de gestión más las participaciones federales. La deuda no debe satanizarse, es un instrumento viable para alentar el desarrollo económico que debe limitarse en su autorización y utilización. Proponemos que los funcionarios fiscales de las propias entidades federativas, en acuerdo con el Ejecutivo federal, propongan anualmente a los Congresos estatales la actualización del límite del endeudamiento, dejando que las Legislaturas, una vez que reciban el paquete económico por parte de los gobernadores resuelvan lo conducente. Así el financia miento se someterá a una disminución gradual. Hoy, la mayoría de las entidades tienen compromisos inferiores al 70 por ciento de sus ingresos y participaciones, por lo que las medidas emergentes de control del gasto y ajuste financiero se focalizaran en casos graves, en el entendido de que ése límite disminuirá con acuerdos anuales. 4. En términos políticos, no existen garantías que impidan aprobaciones por mayorías incondicionales y sin analizar la deuda solicitada. Proponemos que todas las solicitudes de endeudamiento se envíen a los Congresos y a los ayuntamientos con 60 días de anticipación. Además, si las obligaciones de una entidad o municipio representan 50 por ciento de los ingresos señalados se requerirá una mayoría calificada de dos tercios para su aprobación. Finalmente, proponemos exceptuar al endeudamiento público de los secretos bancarios, fiduciario y fiscal para que prevalezca el conocimiento inmediato y general de los compromisos de pago. Compañeros diputados y diputadas, los invito a valorar el ánimo federalista de esta iniciativa. No es momento de centralizar facultades de las entidades, es momento de impulsar un esquema transparente para las deudas locales. Por otra parte, existe una disposición constitucional que expresamente reserva para la Cámara de Diputados, el inicio de todos los proyectos de decreto relativo a empréstitos, lo que en una interpretación literal incluye la regulación y los montos de la deuda pública, así lo dice el artículo 72, inciso H de la Constitución. Debemos apegarnos a ese precepto constitucional y más cuando no hay necesidad de interpretar lo que textualmente se señala como disposición particular y carece de sentido, poner en riesgo un acuerdo de fondo para mejorar lo relativo al endeudamiento. En síntesis, los convoco a reivindicar la soberanía de la Cámara de Diputados y en materia de deuda sostener el federalismo con firmeza. Para el Grupo Parlamentario del PRD, la discusión en materia de deuda debe abordarse con un enfoque federalista. Termino, señora presidenta. Le pido, compañera presidenta, que la iniciativa se turne a la Comisión de Puntos Constitucionales, con la opinión de la Comisión de Hacienda. Muchas gracias.