El diputado Tomás Torres Mercado: Gracias, estimado presidente González Morfín. Someto a la consideración de ustedes, colegas, una iniciativa de reforma constitucional. Lo hago a nombre de mi colega, de mi amigo, el diputado Carlos Castellanos, del estado de Chiapas y por supuesto de mi grupo parlamentario, el Partido Verde. Miren, hemos estado al inicio de este periodo ordinario, en esta Legislatura tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, en una dinámica interesante, en un proceso bastante intenso precisamente por el ejercicio legítimo, por el ejercicio de una facultad constitucional que al ciudadano presidente de México le otorga el artículo 71 de la Constitución federal. Esto que hemos repetido de las iniciativas de trámite preferente, insisto, contemplado el procedimiento en el artículo 71 de la norma máxima. Es producto del Congreso y es producto de un acuerdo político, el haber señalado que al inicio del período ordinario de sesiones de la nueva Legislatura en la que se, en este caso se elija también al nuevo presidente de la república, puedan señalarse dos iniciativas de las que están turnadas a comisiones o se presenten dos nuevas iniciativas para trámite preferente. Es ya del dominio público que esta reforma laboral, que la reforma en materia de contabilidad gubernamental han sido las dos iniciativas preferentes del ciudadano presidente de la república. Y nos han metido en una dinámica interesante, también compleja, también necesaria. Se han dado debates de altura, se han prefigurado con claridad las posiciones de los partidos políticos, de los grupos parlamentarios, pero también las opiniones de académicos, de sectores patronales, de organizaciones sindicales, etcétera. Sin embargo, a pesar de que ya hay productos legislativos en el marco de la iniciativa preferente, en el grupo parlamentario consideramos que la iniciativa preferente que ejerce el presidente de la república debe ser un elemento que anticipe su visión política sobre ciertos temas nacionales, pero también que refleje la capacidad negociadora del presidente de la república. Sólo que, como pasa en la ley, resulta que la iniciativa laboral y la de contabilidad gubernamental, más esta última, será para que se aplique el año que viene y con el gobierno o gobiernos que vienen; no forma parte ya ni de las políticas ni de los programas del Ejecutivo federal todavía en funciones todavía por unos días. La acción política tiene fundamento, sí. Pero es necesario replantear el artículo 71 para que el que debe revelar capacidad negociadora en lo político es el que llega, no el que se va. El que debe, a través de la iniciativa, establecer sus programas y sus acciones de gobierno es el que llega a gobernar, no el que deja de gobernar. Qué planteamos. En el último año del ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo, como es el caso, y en la apertura del primer período ordinario de sesiones de la legislatura que coincide con la elección de presidente de la república, el Ejecutivo que se va no ejerce la iniciativa preferente. Pero como hay un vacío de julio a diciembre, casi de medio año, quién podrá ejercer la iniciativa preferente: los grupos parlamentarios en el Senado o en la Cámara, del partido político mayor que tiene a un presidente electo. De hecho, en la discusión de la reforma política se contemplaba la iniciativa preferente para los grupos parlamentarios. ¿Qué no sería pertinente que el que viene diga qué es lo que quiere hacer y no el que se va, que nos deje hacer lo que no pudo lograr? Gracias por su atención.