El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, señor presidente. La minuta enviada por el Senado de la República propone modificaciones en cuatro segmentos diferentes de la fracción XII del artículo 27. No tenemos objeciones con dos de ellas en el sentido de que la protección a la población se dé mediante el ejercicio del mando de la fuerza pública y que ésta se utilice con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales. Sin embargo cabe destacar las objeciones a las dos modificaciones restantes. En primer lugar se modifica el término seguridad interior por el de seguridad pública. En diferentes partes de la minuta se alternan los términos seguridad interior y seguridad pública, lo cual denota la profunda confusión conceptual que está en raíz de esta propuesta de reforma enviada por el Ejecutivo federal. Desde un principio Movimiento Ciudadano señaló que dicha propuesta pretendía crear una monstruosidad administrativa en la Secretaría de Gobernación, por diversas razones. Una de ellas era que pretendía acercarse al modelo de un ministerio del interior mediante una mala copia de otros modelos, dotándola de atribuciones con las que no cuenta ningún otro ministerio del interior en el mundo por ejemplo combinando las tareas de preservar la seguridad interior con la tarea de preservar las relaciones políticas con los partidos políticos y el Congreso. Esta grave confusión desde la concepción misma y el tipo de institución que se pretende crear, es palpable a lo largo de todo el articulado de la minuta, ya que en numerosas ocasiones se alterna o se corrige el término seguridad interior por el de seguridad pública. Es por ello que en la bancada de Movimiento Ciudadano preferiríamos que permaneciera el diseño original en tanto se debatía con detenimiento el modelo institucional hacia el cual se pretende transitar, antes que dejarnos llevar por la premura y crear adefesios administrativos, como se está haciendo al caso. En segundo lugar nos oponemos a la modificación que establece comparecencias cada seis meses ante las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública del Senado, para dar seguimiento a la política criminal. Esta medida que en apariencia fortalece la rendición de cuentas es limitativa, ya que restringe la facultad del Senado de llamar a comparecer a los funcionarios del gabinete, que de rechazarse esta propuesta de modificación, es limitada. El artículo 98 del numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, establece que pueden las comisiones, para ilustrar su juicio en el despacho de los negocios que se les encomienden, entrevistarse con los servidores públicos, quienes están obligados a guardar a los senadores las consideraciones debidas. De la misma manera el Reglamento del Senado de la República establece en su artículo 133, numeral 1, en su fracción IX: En tanto órganos colegiados, las comisiones tienen atribución de realizar reuniones de trabajo con servidores públicos en los términos que la Constitución y la ley determina para ilustrar a su juicio en el despacho de los asuntos de su competencia. De tal manera en tanto comisiones ordinarias del Senado de la República, las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, pueden llamar a comparecer a los servidores públicos que consideren pertinentes para el cumplimiento de sus tareas, sin que la normatividad vigente establezca un límite para la cantidad de veces que lo puedan hacer. Por lo anterior, aunque pensando de buena fe consideremos que el espíritu de la propuesta de modificación contenida en la minuta es el de fortalecer la vigilancia y la rendición de cuentas ante el Poder Legislativo, el resultado es el opuesto ya que la propuesta limita las funciones más amplias con las que ya cuentan las comisiones ordinarias del Senado. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano rechaza esta propuesta y proponemos la siguiente modificación: A la Secretaría de Gobernación corresponde el despacho de los siguientes asuntos, en su fracción XII: Formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes. Proponer al Ejecutivo federal la política criminal y las medidas que garanticen la congruencia de ésta entre las dependencias de la administración pública federal. Coadyuvar a la prevención del delito. Ejercer el mando sobre la fuerza pública para proteger a la población ante todo tipo de amenazas y riesgos, con plena sujeción a los derechos humanos y libertades fundamentales. Salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz social y en los actos públicos. Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias.