El senador Alejandro Moreno Cárdenas: Gracias Presidente, con su permiso. Señoras legisladoras y legisladores. Con anterioridad en una intervención ante el Pleno del Senado de la República realizada el 19 de septiembre de 2006 expuse a mis compañeros, senadoras y senadores, la enorme preocupación personal y del grupo parlamentario del PRI por el clima de inseguridad pública que se vive prácticamente en todo el país, desde hace años no ha pasado un día con saldo blanco o que no se haya cometido algún delito de cualquier clase. Encendemos la radio o la televisión y lo más relevante es el número de asesinatos y muertes en condiciones no claras que se viven cotidianamente, más aun el balance preliminar sobre muertes asociadas a la violencia contra el narcotráfico y del narcotráfico que ronda en las nueve mil ejecuciones en el sexenio que recién concluyó. Esto es, un promedio de más de cuatro muertes por cada uno de los días de ese sexenio. Al respecto, el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, Icesi. Sostiene que los delitos en general han aumentado en números absolutos desde el año 2000 a la fecha, en ese año dicha asociación señala que hubo mil 349 delitos por cada 100 mil habitantes, y esta cifra aumentó consistentemente hasta mil 491 delitos por cada 100 mil para el año 2004. A la luz de los acontecimientos, la tendencia en aumento parece confirmar el 16 de noviembre pasado en el marco de la glosa del VI Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública, quien —subrayo— es hoy el procurador general de la República, del Presidente Felipe Calderón, se reunió con miembros de la Comisión de Seguridad Pública y Justicia del Senado de la República, para exponer las actividades realizadas en la materia. Cabe decir que días antes se había reunido con la Comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, entonces señaló que del año 2000 a la fecha el índice delictivo en el fuero común había disminuido en un 5.8 por ciento, por lo cual si bien podía considerarse como un avance en términos absolutos, tomando en cuenta el crecimiento poblacional, en realidad significa un estancamiento absoluto. Peor aún respecto de los delitos del orden federal, en los que no se informó de algún avance, si se tuvo la tácita concesión en esos días del procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, considerando que el programa estelar de fin de sexenio denominado México Seguro, había sida rebasado por no decir derrotado por la delincuencia organizada. Pero no sólo eso, compañeros legisladores, como justificación por todo lo que no se logró en materia de seguridad pública, se presentó un diagnóstico francamente desalentador. Primero, se señaló que existía un problema de mal diseño de debilidad institucional. Segundo, que la óptica conceptual del sistema de seguridad no había sido integral, es decir, desde la prevención hasta la rehabilitación de delincuentes. Tercero, que la coordinación está a punto menos que imposible, porque además de existir más de mil 650 cuerpos policíacos a coordinar, se tenía la percepción de que las policías municipales constituían el principal foco de corrupción, provocado este fenómeno principalmente por la falta de asignación de recursos al tercer nivel de gobierno. Cuarto. Porque como siempre, el presupuesto no resulta suficiente. Y quinto. Que el Consejo Nacional de Seguridad Pública no había estado a la altura de las expectativas, ya que no se había cumplido el objetivo central de la administración, es decir, la unificación de la policía preventiva y de la de investigación, total, un desastre absoluto. El caso a que hoy nos enfrentamos, al continuismo de políticas efectistas que parecen tener objetivos políticos y electorales, objetivos que no han dado resultados perceptibles en el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico, flagelo que creció desmesuradamente al amparo de la ineficacia de los gobiernos de Acción Nacional. Seis años de palos de ciego, del presidente Fox y 18 años de la administración del panel en Baja California han sido el caldo cultivo propicio para el crecimiento de la delincuencia organizada en gran escala. Resulta paradójico que ahora el responsable de procurar justicia en el nivel federal esté distribuyendo responsabilidades políticas, cuando la responsabilidad política del crecimiento del narcotráfico y la inseguridad pública está a la vista en el país y en Baja California, en donde el Partido Acción Nacional está al frente de los gobiernos federal y estatal. Si hay responsabilidad política, es de quienes no cumplieron su deber, de las autoridades responsables, de la Procuraduría General de la República, de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio anterior. Y que ahora ocupan los puestos de asesor jurídico de la Presidencia, procurador general de la República y secretario de Seguridad Pública, respectivamente, cuyos nombres de todos son conocidos y son quienes por la ineficacia y la ineficiencia propiciaron el flagelo que hoy tanto nos atañe. Me pregunto, si como resultado observable se detiene a dos integrantes de la Policía Ministerial Estatal destacamentados en Mexicali y a un subcomandante de la Policía Municipal, también de Mexicali. Por qué se llama operativo-Tijuana y no operativo Baja California, como en realidad es. Presidenta, concluyo. Nada más me permito, el mismo respeto y el mismo trato que a mis compañeros legisladores. Si se actúa en Guerrero, se debe llamar operativo-Acapulco, más grave aún, cuando la sociedad exige resultados, tenemos que estar trabajando para desempeñar y desarrollar las políticas estratégicas para darle seguridad a los ciudadanos. Será porque es más fácil gobernar con los medios y no con los hechos concretos. Por eso, Presidenta, le pido, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates el texto de mi intervención. Y concluyo haciendo la propuesta del punto de acuerdo a esta honorable Comisión Política Permanente. Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, llame a comparecer a una reunión de trabajo al procurador General de la República, para que se informe sobre la estrategia de seguridad pública que piensa implementar a partir de la explicación pormenorizada de las operaciones que actualmente realiza en Michoacán y Tijuana. Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al titular del Poder Ejecutivo federal, que a través de la Procuraduría General de la República envíe un informe detallado a esta soberanía sobre la violencia, la inseguridad y la delincuencia en este país. Y tercero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión extienda un exhorto al Ejecutivo federal parar que se abstenga de utilizar recursos del Estado y de la información privilegiada con que cuenta, con fines políticos electorales. Por su atención, muchísimas gracias.