La diputada Sarai Núñez Cerón (vía telemática): Con su venia, presidenta. El presente proyecto de dictamen contraviene el artículo 4o., inciso c), de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes, emanada por el Protocolo Modificatorio, suscrito en Ginebra, de 1972. Por ello, es imperante que se considere respetar estos acuerdos, ya que somos parte de los compromisos internacionales que el Estado mexicano adquiere, como el antes mencionado y el firmado en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de 1988. Estamos ante una realidad, México es de los países más afectados por los requerimientos del sistema internacional de fiscalización de estupefacientes. La violencia y la descomposición del tejido social son detonantes de estos requerimientos. En este sentido, es importante entender la situación específica que lleva a México a esta necesidad, pero que sea de raíz y no como este dictamen simula la solución del problema. Al aprobar este dictamen, así como viene, sin candados que garanticen y protejan la seguridad de los derechos humanos de las mexicanas y mexicanos y, peor aún, de sus niños, que no son hoy consumidores de estas sustancias. Esto tendrá consecuencias para la salud de este grosor de la población, aunado a la gran crisis de salud que atraviesa este país. Este proyecto contraviene del acuerdo relativo al procedimiento de la declaratoria general de inconstitucional, que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el libre desarrollo de la personalidad. El cannabis es la droga ilegal más consumida del mundo, se le atribuyen diversos efectos que van desde lo mágico hasta lo paliativo. Su uso lúdico, al que se refieren los medios y muchas otras personas no familiarizadas con la salud y las enfermedades mentales, resulta ajeno a la consideración oficial de la Organización Mundial de la Salud. Es necesario señalar que algunos legisladores están confundiendo el consumo del cannabis con el problema del narcotráfico, ojo, no toman con mayor peso la opinión científica ni la experiencia profesional de la medicina y revuelven los conceptos con argumentos contrapuestos entre sí que impiden una pieza legislativa exitosa. Hay que destacar también el estudio que realizó el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas en Estados Unidos, que señala que cuando una persona se droga puede ponerse en una condición muy violenta y, por lo tanto, hacerse daño a ella misma o daño a otra persona. También, hay que señalar las afecciones en la salud mental que tanta atención requieren en nuestro país y presupuesto. Por eso, queremos que este dictamen no contribuya a recuperar al tejido social que tanto necesita nuestro país, no dar respuesta a los conceptos y poblaciones específicas y tampoco establece soluciones para eliminar el consumo y abuso de drogas, no contribuye con un sistema de justicia terapéutico y mucho menos reducirá la producción o el tráfico ilícito internacional. Este proyecto, lo único que hace es perpetuar el círculo vicioso de afectaciones sociales y de salud pública porque no detiene el tráfico de drogas, pero sí castiga a las personas que supuestamente quieren proteger. Esta ley prepara un mercado para la industria multimillonaria sin límites para las grandes empresas nacionales e internacionales que tienen estructura y presencia en países que lo regulan y que lo último que toma en cuenta y es real, la ley lo último que toma en cuenta es la salud de las niñas, de los niños y de los jóvenes, en nuestro país. Es por lo antes mencionado que presento las reservas mediante las cuales se reforman las fracciones XII del artículo 23, el artículo 11, el artículo 59 y el artículo 474, correspondientes a este dictamen. Es cuanto, señora presidenta.