La diputada Gloria Bautista Cuevas: Con su permiso, diputado presidente. Quiero denunciar que la ocupación de las tierras, que es la figura bajo la cual está el despojo, el saqueo, la muerte de las tierras agrícolas de pueblos y comunidades indígenas que no sólo atenta contra las tierras y territorios indígenas, sino también contra las tierras ejidales, comunales, contra cualquier tipo de propiedad, pasando por encima de su utilidad y aprovechamiento. Se privilegia el negocio, las tierras como objeto de explotación energética sin ninguna consideración. No importa la actividad que se tiene en la tierra. Se va contra toda actividad productiva y del uso racional de los recursos naturales. Resulta absurdo, inadmisible e irracional que se pretendan transgredir los derechos de los pueblos originarios, los derechos de tierras, territorios, aguas, bosques y nuestros recursos naturales. Pasan a un segundo plano, pues las voraces empresas transnacionales y sus cómplices, que se encuentran aquí, tendrán el derecho preferente sobre el uso y disfrute de las tierras y el disfrute de los recursos naturales de los lugares que habitan y ocupan de forma ancestral e histórica de los pueblos indígenas. Para los pueblos indígenas los territorios que habitan son fundamentales para su existencia y sobrevivencia por la relación que establecen con la naturaleza. Así lo han entendido disposiciones jurídicas internacionales que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir y que de acuerdo al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es mandato obligado. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en su artículo 13, determina la responsabilidad de los gobiernos de respetar la importancia que para las culturas y valores espirituales tiene su relación con la tierra, el cual incluye el concepto de territorio entendido como la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna manera. De la misma forma se señala en el artículo 15 que en caso de que los recursos del subsuelo sean propiedad de la nación, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados con la finalidad de determinar si los intereses de los pueblos serán afectados, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Conforme a este convenio el artículo 6o. Señala que esta consulta deberá de ser con consentimiento previo, libre e informado, con procedimientos adecuados a través de sus instituciones representativas. La consulta debe ser previa, es decir, debe realizarse durante las primeras etapas del plan o proyecto de desarrollo o inversión o de la concesión extractiva y no únicamente cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad. La consulta debe ser culturalmente adecuada, la consulta informada, la consulta debe ser de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo. Se debe garantizar a través de procedimientos claros de consulta que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. La obligación del Estado es asegurar que todo proyecto e área indígena o que afecte su hábitat o cultura, sea tramitado y decidido con participación y en consulta con los pueblos interesados con vistas a obtener su consentimiento y eventual participación en los beneficios. Hasta aquí los señalamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son de obligada consideración en la formulación legislativa como la que hoy nos ocupa. Diputado Presidente, le pido la misma tolerancia que tuvo con los anteriores. Y si no, lo siento, se aguantan. Para robarle a la nación no deben tener tanta prisa.