La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Gracias. Con su venia, señor presidente. Hoy es un día especial para todos los mexicanos. Después de un arduo trabajo de más de dos años, Acción Nacional presentó el pasado 3 de noviembre una iniciativa trabajada conjuntamente con organizaciones civiles especializadas en transparencia y rendición de cuentas. Cada vez más comprometidas en la fiscalización de los recursos y en el seguimiento del desempeño de los funcionarios públicos, gracias a ellas y al diagnóstico que elaboramos y que acompañó este trabajo, esta iniciativa ya proponía la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción. Tras una larga espera y después de prolongadas discusiones y negociaciones en las que se fueron incorporando otras propuestas y otras organizaciones, los legisladores de esta LXII Legislatura aprobaremos las reformas a 14 artículos constitucionales que dan origen a un Sistema Nacional Anticorrupción. En el Grupo Parlamentario de Acción Nacional sabemos que se trata de una reforma que fortalece a todas las instituciones e instancias que actúan en el combate a la corrupción. Este sistema claramente será un reto generacional, el cual tendrá que irse adaptando de acuerdo a las necesidades del país. Hoy es el principio de una confrontación clara, frontal, institucional y transparente contra este mal que ha arrancado a México del lugar que le corresponde en el concierto internacional. Pero aún más. La corrupción es el principal factor que ha erosionado la calidad de vida de todos los mexicanos. No hay certeza del respeto al derecho de todos nosotros, cada día se violan más las leyes y hay más impunidad. De acuerdo al Banco Mundial, la corrupción le cuesta a nuestro país 1.5 billones de pesos cada año. Según Transparencia Mexicana, los hogares mexicanos que viven con menos de un salario mínimo, destinan el 25 por ciento de sus ingresos. Es decir, uno de cada cuatro pesos al pago de sobornos para procesar trámites o servicios a los cuales tienen derecho. Por eso a partir de la aprobación de este dictamen contaremos con un Sistema Nacional autónomo, ciudadano e integral de combate a la corrupción, sin precedentes en México. Se trata –en suma– de un conjunto de pesos y contrapesos que dará equilibrio a las instancias que combaten la corrupción, donde el actuar de unos será vigilado y protegido por el otro. En primer lugar, no existirán más nombramientos a modos del secretario de la Función Pública. A partir de este dictamen el Senado de la República tendrá la facultad de ratificar al titular del control interno del Ejecutivo federal. No mas casas blancas de altos funcionarios, no más propiedades de orígenes desconocidos de gobernadores y alcaldes, no más despilfarros ni desfalcos por parte de líderes de las organizaciones sociales que deben defender a sus miembros y no defraudarlos. Se instituye el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones. Que no se soslaye la autonomía de este tribunal, pues podrá sancionar a servidores públicos y también a particulares que cometan faltas que atenten contra el presupuesto de entidades y dependencias de los gobiernos, y por ende, defendamos la correcta aplicación de los recursos en el ejercicio de las políticas públicas y su fin máximo que es lograr mayores servicios a los ciudadanos y mejorar la calidad de vida en México. Las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por los órganos internos de control, por la Secretaría de la Función Pública, por la Auditoría Superior de la Federación o por sus homólogos en las entidades federativas, y resueltas por el tribunal competente. Las faltas no graves, no quedarán impunes, serán investigadas y resueltas por los órganos internos de control, subordinadas a la Secretaría de la Función Pública y no a los titulares de las entidades. La Función Pública no desaparecerá, al contrario, se fortalecerán sus facultades como responsable del control interno del gobierno federal. Será la encargada de aplicar los programas que vayan orientados a cerrar los espacios de opacidad y de decisiones discrecionales por parte de funcionarios públicos para eliminar oportunidades a la corrupción y –como ya se dijo– de investigar y sancionar faltas menores. Cuando los actos y omisiones sean graves, los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años, lo cual permitirá juzgar y sancionar a los responsables al término de su encargo en un sexenio dado; en este país dejará de existir la impunidad sexenal. En cuanto a la Auditoría Superior de la Federación se le otorgarán más facultades, continuará con su responsabilidad de revisar la cuenta pública, además tendrá la facultad de poder auditar e investigar en tiempo real presuntos hechos de corrupción que sean denunciados por los ciudadanos o que sean resultados de sus propias auditorías. Las tres instancias investigadoras: Secretaría de la Función Pública, Auditoría Superior de la Federación y órganos internos de control recibirán denuncias ciudadanas. A partir de que se apruebe esta reforma, la Auditoría Superior de la Federación fiscalizará además de los recursos federales, las participaciones federales a estados y municipios, lo que significa que tendrá facultades para fiscalizar el 92 por ciento de los recursos estatales. La autonomía de los estados no significa la ausencia de rendición de cuentas. Se aplicará la extinción de dominio a los funcionarios que incurran en enriquecimiento ilícito, situación que permitirá actuar de manera definitiva en contra de los bienes adquiridos de manera indebida e ilegal, y permitirá reorientar los recursos para que verdaderamente respondan a las necesidades que requieren todos los ciudadanos de este país. Basta ya de obtener privilegios, beneficios y prebendas que no sean legales o legítimas. Basta ya de abusos y vicios a los que han estado acostumbrados los funcionarios y los ciudadanos corruptos, basta ya de obtener provecho económico e ilegal de un presupuesto federal que sólo le pertenece al pueblo de México, pero basta ya de sombras, diría nuestro fundador Manuel Gómez Morín. Esta reforma da herramientas y mejores condiciones para que todos los actores de la corrupción sean identificados, procesados y, finalmente, sancionados de acuerdo a la falta o delito que se haya cometido. México requiere tener confianza en sus funcionarios e instituciones públicas, y también requiere de la participación y corresponsabilidad de todos los mexicanos. Esta es una reforma innovadora, trascendente tan importante que representa la oportunidad de gestar un México nuevo sin corrupción, en franca confrontación generacional entre las prácticas anacrónicas y caducas de antaño y el quehacer de funcionarios y ciudadanos cuya consciencia y proceder tengan siempre en cuenta que sus actos reditúan en la restauración del Estado de derecho. México ha cambiado. Si queremos tener futuro, prosperidad y crecimiento nadie puede estar por encima de la ley. Se acaban las prácticas que por tantos años han sangrado al erario público en detrimento de la ciudadanía. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional desde hace muchos años ha forjado iniciativas a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, y ha construido generaciones de gobiernos honestos, fue un gobierno panista el que inició el derecho de los mexicanos al acceso a la información y la rendición de cuentas. Esta reforma –compañeras legisladoras y compañeros legisladores– no sólo emana de esta experiencia política, de lo que deseamos para México, de nuestro conocimiento en la materia de esta reforma, es un camino que debe ser el puerto de partida hacia un futuro mejor, por eso el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen. Es una gran convocatoria a todos los mexicanos, no más impunidad, no más violaciones a la ley, exijamos rendición de cuentas, exijamos honestidad, construyamos el México que queremos y merecemos. Es cuanto, señor presidente.