EL C. DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Gracias, señor Presidente. Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados: El título Cuarto de nuestra Constitución hace referencia a las responsabilidades de los servidores públicos y comprende a todos los que desempeñamos una actividad remunerada en las diversas aras que conforman los gobiernos Federal, estatal y municipal. Esta disposición constitucional representa un mandato superior e histórico que responde al sentir nacional desde en que México surge a la vida independiente, y quedó plasmado en nuestra Constitución . Por ello, considerando: Que la libre manifestación de las ideas del orden legal, es propio del estado de derecho en el cual necesariamente debe de prevalecer la igualdad ante la ley como prerequisito indispensable y esencial, pues sin igualdad legal al margen de creencias, situación económica, posición ocupacional y pertenencia a grupos en el poder, no es posible hablar del estado de derecho. Las autoridades del país realizan una aplicación sesgada del Título Cuarto de nuestra Constitución y La Ley Reglamentaria, en una práctica que vulnera en forma grave y sistemática el principio de igualdad ante la ley, pues sólo se expresa con rigor en contra de los más débiles y desprotegidos, como los policías identificados como "jaguares", recientemente condenados, y el bochornoso y trágico caso de la tristemente célebre " Loba". Pero en esta selva de complicidades e impunidad, cabe preguntarnos: ¿quién se encuentra detrás de la "Loba" y los "jaguares"? ¿Qué espécimen de la fauna selvática más feroz, fuerte y poderosa, dejó que sus huestes criminales los apoyaran, dejó de actuar y prodigó (?) sus asesinatos, despojos y atropellos? Al hablar de las responsabilidades de los servidores públicos vale la pena preguntar aquí, ¿cuál es la responsabilidad que el alto funcionario que el pasado primero de septiembre vino a esta Cámara a darnos un tratado de autojustificación y el autoelogio?, ¿podemos permitir que se siga al margen de la ley en cuanto a responsabilidades se refiere? Pues en éstos casos antes mencionados, es factible hablar de complicidad por omisión, colusión, ineptitud o desapego a los más elementales valores éticos y moral pública que debe exigirse a un funcionario de tan elevada investidura. Debemos ser congruentes con la máxima del estado de derecho que obliga a la aplicación igualitaria de la ley sin distinción alguna, pues la manida figura de la excepcionalidad legal a lo único que nos ha conducido es a la impunidad generalizada. El principio de equidad ante la ley debe ser rescatado por la actual Legislatura. Las difíciles condiciones de inseguridad en el territorio nacional obligan a este tipo de medidas, sobre todo al entender que la inequidad va de la mano y presupone impunidad al violentar la ley y las instituciones de ella emanadas. Por eso los mexicanos estamos hartos de un sistema de complicidades copulares donde los poderosos pueden comprar la ley y disponer de los mejores despachos de abogados para lograr su pronta liberación. También existen casos de atrocidad informativa, donde las celdas de los delincuentes poderosos se convierten en celdas de televisión y como estrellas de la farandula claman su inocencia ante un frívolo entrevistador que erigido en juez, apoya su dicho y con desprecio a la autoridad judicial lo declara inocente, sin que los funcionarios responsables de controlar sus excesos, digan una palabra al respecto, incumpliendo de manera flagrante el mandato legal. Ante lo cual nos preguntamos, ¿si el Secretario de Gobernación conoce la Ley de Radio y Televisión, pues cae bajo el ámbito de su responsabilidad y competencia sin que a la fecha se tengan evidencias de su aplicación? Y es que en este sexenio con mayor intensidad que los que lo precedieron, los abusos en el ejercicio del poder y en el desempeño de los cargos públicos llegaron a extremos intolerables que dañan la credibi1idad y legitimidad de la función pública, pues los funcionarios que deben velar por el cumplimiento de la ley, permanecen inéditos y son omisos ante violaciones graves a la misma. Hago un llamado a su conciencia y vocación para el servicio público, a fin de que en estos difíciles momentos de transición podamos ofrecer al pueblo de México, una ley de responsabilidades de los servidores públicos, libre de fueros y privilegios que evitan la impunidad y el saqueo incontrolado de bienes públicos y en la cual logremos rescatar la elevada distinción de ser representantes del pueblo, siendo los primeros en acatar y ser objeto de aplicación de la misma, convencidos de la necesidad de rescatar la moral pública y los altos valores éticos, pues las circunstancias actuales del país, así lo demandan. Los escenarios que se vislumbran en el siglo por venir, hacen imperativo el cambio en las prácticas y en las actitudes. Nuestro reto es extraordinario y sólo tendremos posibilidades de confrontarlo de manera exitosa si actuamos en forma civilizada, por consensos, con respeto a las diferencias y apoyados en el mandato ético y político de los mexicanos cuyo reclamo a los servidores públicos es que respondan ante la nación, porque tal es la esencia de la responsabilidad pública, rendir cuentas de manera transparente, honesta y puntual al pueblo que nos otorgó el mandato. La reconstrucción del servicio público, nos obliga a responder ya al urgente reclamo de la nación. Dicha reconstrucción es la antesala de un México donde los servidores públicos no se suiciden con tiro de gracia, lo hagan por instrucciones superiores o se martiricen tasajándose el cuerpo con incisiones minúsculas para evadir una responsabilidad pública. No hay autoridad sin responsabilidad. En este binomino existe reciprocidad de uno a uno; tal postulado no es simple, disquisición teórica donde la autoridad tienen un sustrato legal y razonable, pero ante lo irracional e irrefrenable saqueo y apropiación ilegal de la riqueza nacional, se requiere el replanteamiento radical de una ley inoperante, que permitió la escandalosa acumulación de riqueza mal habida y mediante artimañas legalistas y financieras como el FOBAPROA, al que no se aplicó o el agónico RENAVE. Ante tales hechos, el replanteamiento de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos no sólo es necesario sino urgente, por ser una de las demandas sentidas del pueblo de México, para frenar el saqueo impune del erario nacional, acabar con la inseguridad pública y el crimen organizado, someto a su consideración los siguientes puntos de acuerdo: Efectuar el análisis minucioso del título cuarto de la Constitución, pues es el rector de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos a fin de hacerlo congruente con la realidad actual del país y los nuevos escenarios que se vislumbran en el siglo por venir. Recuperar y adecuar al ámbito de las responsabilidades de los servidores públicos el principio de igualdad en la interpretación y aplicación de la ley, desde el Presidente de la República hasta el más modesto funcionario, los cuales deben de ser tratados con idénticas consideraciones y sin distinción de ninguna índole. Hacer objeto de la Ley de Responsabilidades a todo individuo que reciba un pago a cambio de la prestación de un servicio personal, siempre y cuando dicha remuneración sea cubierta por medio de recursos fiscales o con cargo al erario nacional. Replantear la organización y funciones de las instituciones del área y adecuar los sistemas y procesos para la aplicación de la Nueva Ley de Responsabilidades, exigiendo y posibilitando el fincamiento de responsabilidades por la inadecuada aplicación de dicha Ley. Hacer más flexible la temporalidad para la exigencia de la rendición de cuentas por incumplimiento a la Ley de Responsabilidades ampliando los plazos para el vencimiento de su aplicación de acuerdo con la falta cometida. Adicionar a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, un código de ética, de tal forma que el quebrantamiento de sus disposiciones sea motivo de sanción. Incorporar de manera precisa el criterio de responsabilidad sobre la actuación y resultados del personal subordinado, pues en última instancia éste actúa bajo la autoridad, recibe instrucciones, es evaluado por un superior hasta llegar al Primer Mandatario. Muchas gracias, compañeros diputados.