El diputado Jesús Porfirio González Schmal: Con su anuencia señor Presidente. La fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es flagrantemente contraria a la hipótesis normativa de los artículos 13, 14, 16 y 17 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. La disposición en comento de la Ley Orgánica establece el juicio de nulidad o contencioso administrativo particularizado en el Código Fiscal de la Federación en los artículos 197 al 258, inciso a), procedimiento que deberá recorrer el interesado que pretenda impugnar la resolución definitiva no fiscal, aclaro, de una autoridad administrativa, reitero, no fiscal, que le cause agravio. El artículo 13 constitucional establece que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Establece, en un caso particular disposición que estimamos aplicable a casos análogos-- que los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército nacional. Consideramos entonces que las leyes o que los preceptos contenidos en el Código Fiscal de la Federación y en el juicio contencioso reglamentado por ese mismo Código son leyes de carácter privativo y consideramos por igual que el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un tribunal especial. Por ello debe concluirse que el Tribunal Fiscal no puede extender su jurisdicción sobre las personas no causantes, y por igual es de concluirse que las leyes del Código Fiscal no pueden aplicarse en las resoluciones de cuestiones que no sean estrictamente de orden fiscal. Lo contrario el juzgar a un sujeto que no es contribuyente, no es causante, por las leyes privativas de carácter específicamente fiscales por un tribunal especial, como lo es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativoconstituye una flagrante contravención a las hipótesis normativas del 13 constitucional. A mayor abundamiento, si pasamos revista al Código Fiscal para advertir, en forma manifiesta e indubitable, el carácter privativo de este ordenamiento, el título primero se refiere a identificar a los causantes y a los actos que causan o que generan la obligación de enterar las contribuciones. El título segundo se ocupa de los derechos y obligaciones, otra vez de los contribuyentes; el tercero, de las autoridades fiscales; el título cuarto, de las infracciones y delitos fiscales; el título quinto, de los procedimientos administrativos, especificando que se refieren únicamente contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal y establece para continuar el mismo Código con esa secuenciaen el título sexto, que el juicio contencioso administrativo, cuyos alcances sujeto, materia y autoridades son únicamente los determinados en los títulos del propio Código, que son precisamente los que precedentemente he relacionado en este párrafo. Luego es de lógica jurídica imprescindible que los sujetos materia y autoridades sometidos a las disposiciones del juicio contencioso administrativo son únicamente las contempladas por este Código. Así lo corrobora el propio artículo 197 del Código Fiscal de la Federación, que establece que las únicas disposiciones que deberán aplicarse en el juicio contencioso administrativo son las contenidas precisamente en dicho Código, y de manera sólo supletoria las del Código Federal de Procedimientos Civiles. Excluye, por consiguiente, otros cuerpos normativos, entre ellos las disposiciones del Federal de Procedimiento Administrativo. Por ello, el artículo 198 del Código Fiscal determina que son partes en el juicio contencioso administrativo los demandados que tendrán ese carácter, la autoridad que dictó la resolución impugnada, el Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que considera como únicas autoridades a las autoridades fiscales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a las oficinas de aduanas y federales de Hacienda, así como a las demás autoridades fiscales de las entidades federativas coordinadas y de los organismos descentralizados. Luego entonces las demás autoridades administrativas, no fiscales, no pueden ser parte en el juicio contencioso administrativo, lo cual significa que no puede haber juicio contencioso administrativo cuando el demandado sea una autoridad administrativa no fiscal. Con todo lo cual queda acreditado que las leyes contenidas, es decir, que los preceptos contenidos en el Código Fiscal de la Federación, es una ley de carácter privativo y por lo mismo el tribunal que conoce los conflictos relacionados con estas leyes, son pues, exclusiva y específicamente los de carácter fiscal. Con ello llegamos nuevamente a tener que referirnos al artículo 16 constitucional que señala que: "Nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento". En el caso justamente de la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativo, impone al interesado que pretenda impugnar una resolución definitiva de la autoridad administrativa no fiscal, la carga de interponer y desahogar el juicio de nulidad o contencioso administrativo. Así llegamos a concluir que la Ley Orgánica del Tribual Fiscal, reglamenta la integración, funcionamiento y competencia de ese órgano jurisdiccional y sus disposiciones son obligatorias únicamente con relación al órgano al que se dirige, y no puede por consiguiente afectar la esfera jurídica ni de otros órganos jurisdiccionales ni mucho menos puede afectar la esfera jurídica del gobernado. Luego es absurdo que el precepto que otorga la competencia al Tribunal Fiscal, implique la obligación del gobernado a someterse a esa competencia. El sentido natural de obligatoriedad de una ley, es, al contrario de lo que se le atribuye al dispositivo en estudio, una supuesta obligación del gobernado de interponer determinada instancia y la legalidad del procedimiento se complementaría con la facultad que otorgue la ley a determinada autoridad jurisdiccional para que conozca de esa específica cuestión en el procedimiento instaurado para ello. Pero no al revés como está claramente contradicho en el Código de referencia, dado que hay alguien facultado para llevar un determinado juicio, por ese solo hecho no nace necesariamente la obligación a cargo del afectado para acudir a esa vía procesal. De donde es de concluirse que carece de absoluto sentido y de razón suficiente para su existencia la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que se limita a otorgar facultades al Tribunal Fiscal para recibir en la vía del juicio de nulidad, las impugnaciones a las resoluciones administrativas no fiscales, sin que aparezca por ningún lado, el precepto que obligue al afectado, es decir, al gobernado, a presentar su demanda por esa vía. La facultad conferida por la Ley Orgánica al Tribunal Fiscal, no afecta al particular que es ajeno a esa relación entre la Ley y el Tribunal resinteralios acta; la facultad conferida para recibir el juicio, las demandas contenciosas administrativas no implica la obligación a cargo del afectado a presentar en esa vía su demanda. Este afectado no tiene entonces la obligación de someterse al juicio contencioso debido a que esta obligación no está establecida en forma expresa por ninguna ley precisa. Por consiguiente solicito que el juicio contencioso natural adicionado con los recursos que le son propios, podría tomar, esto es lo común, uno a tres años, lo que de ninguna manera constituye una impartición pronta y expedita de la justicia ofertada por nuestra Constitución. Por consiguiente tenemos y solicito la modificación del artículo que se deroga, que es la fracción XIII es decir, no la reforma, sino la derogación de la fracción XIII del artículo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para quedar como sigue: El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que se indican a continuación. Y se derogan las relativas al juicio de nulidad administrativa, puesto que no hay a cargo del sujeto, del gobernado, ninguna obligación de acceder a esta instancia y sí puede entorpecer justamente la administración pronta de la justicia". Atentamente solicito a la Presidencia se inscriba cabalmente el texto de esta iniciativa que por razones de tiempo no pude leer completa. Agradezco a la Presidencia su tiempo y su atención. Gracias.