El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros, lo primero que debo señalar es que esta ley salió muy apenitas, con 253 votos a favor. Eso significa, o que mucho ya están corriendo o están evadiendo su responsabilidad de enfrentar precisamente el escrutinio de los ciudadanos. El artículo 13 constitucional, compañeras y compañeros diputados, es muy claro para contemplar que el fuero de guerra es para los delitos que cometen los militares. En ese sentido, los delitos y faltas contra la disciplina militar en ningún caso y por ningún motivo deben extenderse en su jurisdicción a alguien que no sea parte de esta disciplina militar o que no pertenezca al Ejército, es decir, a algún civil. Por muchos años el Ejército Mexicano ha sido señalado, desafortunadamente, por las violaciones a los derechos humanos. Esta propuesta que hemos planteado, claro que va contemplada en esta gran reforma que se está haciendo, porque no podemos permitir que en ningún ordenamiento militar todavía quepa la posibilidad de que algún civil o algún militar pueda ser juzgado cuando haya cometido un ilícito por alguna autoridad militar, porque esto definitivamente da una seria desventaja en términos de justicia para el particular o el civil que esté involucrado. El artículo 57 del Código de Justicia Militar señala todavía que en todos los casos cuando concurran militares civiles como sujetos activos, solo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar. Esta es una dentro de otras posibilidades, que aun cuando se hizo la reforma esto por medio de lo que estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que notificó a nuestro Estado mexicano o a nuestro país, aún cabe la posibilidad de que la autoridad castrense todavía pueda intervenir en casos donde participen civiles. Esto según lo que planteó el 17 de abril de 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, notificando a nuestro país, diciendo que las resoluciones sobre la supervisión de cumplimiento de las sentencias emitidas entre los años 2009 y 2010 contra el Estado mexicano, en los casos Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, señalaron que la competencia militar que se contemplaba en el artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar, abarcaba delitos y bienes jurídicos que no eran propios de la jurisdicción militar. Como ya lo señalé, el 17 de octubre del año pasado, la Corte Interamericana volvió a resolver que las adecuaciones legislativas que México había hecho al Código de Justicia Militar eran insuficientes porque no cumplían en cabalidad las resoluciones, señalando que debido a que el artículo 57, fracción II, al que ya me he referido, aún autoriza la intervención del fuero militar en los delitos en que el imputado o la víctima sean militares. Y en los delitos en que el imputado sea militar y no sea un civil, el sujeto pasivo del delito o titular del bien jurídico, por ejemplo los delitos contra la salud y la seguridad nacional. La Corte estima que la actual legislación continúa sin adaptarse parcialmente. Por eso hemos señalado que en esta gran reforma debiera haberse establecido con toda claridad que por ningún motivo la autoridad castrense y los tribunales militares puedan tener competencia en este caso. Quiero señalar nada más que son dos reservas y voy a tomarme el tiempo debido para explicar. Por otra parte, la misma corte interamericana ha establecido en los precedentes y en sentencias que cuando haya violación de derechos humanos, aun cuando intervengan militares con militares, no deben de intervenir los tribunales militares. Eso tiene una consecuencia lógica muy clara. Que siga habiendo impunidad en este país y que no se castiguen a los militares que cometen violación a los derechos humanos, aun cuando sabemos que nuestro país sigue teniendo una gran deuda pendiente con el tema del respeto de los derechos humanos. Por eso también nos parece muy delicado y nos preocupa demasiado que en esta reforma también se permita la posibilidad que un tribunal militar o un juez militar en algún momento pueda intervenir comunicaciones privadas de civiles o, en su caso, pueda también establecer la posibilidad de un cateo a propiedades de civiles; o, más aun, también pueda hacérseles comparecer por la fuerza a los tribunales militares. Nosotros planteamos precisamente que ese artículo 287 y otros, sobre todo del tema procedimental, fueran suprimidos o, en su caso, que se estableciera con toda claridad que el juez militar pidiera el auxilio y la colaboración de un juez civil para que no hubiera la posibilidad ni siquiera remota de la violación a los derechos humanos de los civiles, como ha sido desafortunadamente e históricamente una realidad en nuestro país por las autoridades militares. Es cuanto, compañeras y compañeros diputados, señor presidente.