EL C. DIP. SERGIO VAZQUEZ GARCIA: Con su permiso señor Presidente. Con el ánimo de obviar el tiempo que se me da para presentar la iniciativa, leeré solamente un extracto de la misma y le solicito que por favor se transcriba el texto completo en la Gaceta Parlamentaria. El que suscribe, Sergio Vázquez García, diputado federal del Estado de Jalisco, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y en ejercicio de la facultad que se me otorga en los artículos 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable Pleno, la siguiente iniciativa de decreto en la cual se adiciona una fracción XXXV al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y se modifica y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal. Quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en la Administración Pública, estamos conscientes de la realidad que actualmente vive el país y ahora, en el quehacer legislativo nace la responsabilidad de legislar en materias que por ser sensibles a una sociedad de cambio exigen la transformación de las instituciones que rigen a la República. Una imperante necesidad y principio rector del actual gobierno, es la eficiencia en el funcionamiento del Sector Público, mismo que se plasma en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el cual se dedica un capítulo al combate a la corrupción, transparencia y desarrollo administrativo. El citado plan señala que en el ámbito nacional el combate a la corrupción es una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía, se propicia por la existencia de un marco normativo excesivamente regulatorio, que paradójicamente permite e incluso fomenta la discrecionalidad en la toma de decisiones del servidor público y por la falta de honestidad en la prestación de servicios públicos. Esto ha creado en la ciudadanía una percepción negativa y adversa del quehacer gubernamental, que repercute de manera sustantiva en la imagen y el desempeño de las instituciones públicas en su conjunto. El mismo marco normativo e institucional, abrió espacios a la impunidad y a la proliferación de vicios que minaron la vigencia del estado de derecho y socavaron la credibilidad del gobierno y la confianza ciudadana por la incapacidad de respuesta de las instituciones. lo cual ubica al país en una situación de vulnerabilidad en temas como seguridad pública, procuración de justicia, impartición de justicia, combate a la corrupción y a la impunidad, el respeto a los derechos humanos, equilibrio y sostenimiento del desarrollo. Por ello, las decisiones discrecionales deben reducirse al mínimo, acotarse y eficientar ese marco regulatorio, mediante normas claras de orden público con lo cual se evitaran las oportunidades de corrupción y se permitirá a la ciudadanía valorar la transparencia y honradez de los servidores públicos y en su caso, detectar desviaciones y anomalías en el ejercicio de la función pública. El objetivo que se persigue es muy claro, se trata de lograr que el gobierno y la sociedad colaboren para erradicar de una vez por todas el mal que tanto daño ha hecho a nuestro país la corrupción. Queda claro que la legislación actual es obsoleta y existe un rezago legal para castigar a los servidores públicos que en el uso de sus facultades distraen, valores, objetos, dinero, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado; utilizan indebidamente fondos públicos para su promoción personal o la de otros o bien, les da un uso distinto por el cual se les designó como lo han sido casos recientes en la historia del país. Es el caso de aquellos delitos cometidos por servidores públicos y estipulados en el Código Penal Federal y específicamente el delito de peculado que ni siquiera se encuentra en el catálogo de delitos enumerados como graves en la Legislación Penal Federal y la penalidad del mismo además, es inferior a la del robo calificado; esto ha provocado que valiéndose de las prebendas que la misma ley otorga, no se castigue de manera ejemplar a los infractores de la misma. Por ello, es importante adecuar la Legislación Penal a la realidad que vive el país, quitando la protección legal que establece a los servidores públicos y que aprovechándose de su puesto defraudan a la nación. El objetivo que persigue la iniciativa en comento, es integrar al catálogo de delitos graves el peculado, en virtud de su naturaleza y bien jurídico que tutela. Los doctrinistas como el maestro Carrara, comenta que existe un vínculo de fe quebrantado y utilizado como medio para el delito. La ofensa de un derecho social, una objetividad prevaleciente sobre la consideración de la cosa, un área de mayor peligro para la propiedad común y con ello constituimos la figura de peculado propio. Quien se limita a considerar la sustracción de la pecunia pública, la objetividad de la propiedad más o menos interesante, sólo se encontrará frente una forma de hurto. Para hacer del peculado una figura criminosa, enteramente especial y distinta, tendrá que reconocer en la objetividad de la fe pública, el criterio determinante de esta especie de delito. Por lo tanto y por lo jurídicamente sustentado, no es un hurto cualquiera, ya que al estar hablando de interés general, la confianza pública obedece al bien común, mientras que un robo o abuso de confianza, daña intereses particulares que nunca deben de estar por encima del interés general. En el caso del abuso de confianza el daño patrimonial es a nivel particular; en el caso del peculado el daño es al Estado y a la sociedad, por consiguiente, en la pérdida de confianza es un nivel de colectividad. Así pues, el bien jurídico que se lesiona al realizar la conducta ilícita en el delito de peculado, no sólo se refiere al daño patrimonial, sino que además de ellos se toma en consideración la confianza que le fue depositada al empleado o al funcionario público y la afectación, que por la ejecución de la conducta en comento, ha sufrido la sociedad. Podemos concluir que el bien jurídico abarca diversos aspectos como es el patrimonio, la confianza y la alteración del orden público social. Esta iniciativa también busca incrementar la penalidad del delito equiparándolo en su especie al de mayor castigo social, en este caso el robo calificado. Por las razones que precedentemente se han expuesto, no podemos concebir que el delito de peculado tenga una pena inferior del robo, siendo que en el primero no sólo se afecta al patrimonio del Estado, sino que además el funcionario o servidor público comete un abuso de confianza, aprovecha las modalidades y circunstancias que su función le permite para llevar a cabo la conducta antijurídica en contra del órgano por el cual labora. Ahora bien, en el delito de robo, también se perjudica el patrimonio y se comete una conducta en contravención a la norma, aquí la diferencia estriba en que no se altera el orden público y no se comete en contra del Estado. Así pues, consideramos, considero que este ilícito tratado en la presente iniciativa requiere de sanciones punitivas más escrupulosas y con ello conseguir resultados favorables en el combate a la corrupción, dándole por supuesto más armas al juzgador para poder dar una penalidad a los funcionarios corruptos de forma ejemplar. Con lo expuesto anteriormente y por supuesto, como le comenté al señor Presidente, por obviedad del tiempo, simplemente quiero poner a su consideración esta iniciativa de decreto que adiciona al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, para integrar al peculado al catálogo de delitos graves y modifica y adiciona el artículo 223 del Código Penal Federal, incrementando la penalidad del delito antes mencionado. Pido que se turne a las comisiones correspondientes. Es cuanto señor.