EL C. DIPUTADO RICARDO MORENO BASTIDA: Con su permiso, señor Presidente. Ciudadanas y ciudadanos diputados: Los suscritos diputados federales integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, Convergencia por la Democracia, partido político nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior, venimos a hacer del conocimiento del pleno una proposición con punto de acuerdo con fundamento en los siguientes antecedentes: 1. Que la Procuraduría General de la República creó la Unidad Especializada para la atención de los Delitos Cometidos por probables grupos civiles armados cuyo objetivo es investigar e intervenir en los delitos cometidos por dichas organizaciones así como encontrar el origen y procedencia de las armas en su poder, La creación de dicha Unidad Especializada partió de lo acontecido el 22 de diciembre de 1997 cuando en la comunidad de Chenalhó en el municipio de Acteal, Chiapas, un grupo paramilitar asesinó a 45 personas en su mayoría mujeres y niños. 2. Que la transición política mandatada por la ciudadanía en las elecciones del 2 de julio pasado y la alternancia misma, han generado la descomposición del sistema político antes imperante y la pérdida de control sobre grupos civiles armados tolerados en sus prácticas antidemocráticas y violentas que ponen en riesgo la estabilidad y la paz social en diferentes punto del país, como lo acontecido hace apenas unas horas en Papantla, Ver., don de fueron asesinadas dos personas y seis más se encuentran heridas al parecer a manos de inconformes por los resultados electorales del domingo pasado . 3. Que por esa razón, el pasado 18 de agosto en Chimalhuacán, Estado de México, se expresó con dramática claridad el nivel de violencia de que son capaces de generar grupos civiles violentos, que al amparo de la tolerancia del poder público, disputan como patrimonio propio los espacios de poder y de decisión en las instancias de gobierno que están en su esfera de influencia y control territorial. 4. Que la existencia de estos grupos, Antorcha Campesina y la Organización Popular de Colonos de Cimalhuacán, no es un fenómeno aislado o producto de la casualidad, sino mas bien se puede asegurar que son resultado de políticas de estado bien articulados, que tenían como objetivo preservar un sistema político predominante en su momento y al amparo de la impunidad, como lo han señalado los dirigentes de estos mismos grupos a los medios masivos de comunicación. 5. Que si bien es cierto existe prueba documental de que el presidente municipal electo de ese lugar dio aviso por escrito con anterioridad al ejecutivo estatal sobre indicios de hechos violentos en su toma de protesta, también lo es que ante este aviso no se tomaron medidas cautelares o de persuasión efectiva que hayan evitado la confrontación. 6. Que los poderosos intereses económicos y políticos de los grupos civiles violentos en ese municipio mexiquense, afectaron gravemente la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán, y perjudicaron sensiblemente la paz social y la credibilidad del ejecutivo estatal, en el fincamiento de las responsabilidades penales a quienes participaron en estos hechos. 7. Que no obstante el destacamento de policía estatal que se encontraba en Chimalhuacán, se negó reiteradamente a intervenir a pesar de la flagrancia de los actos delictivos y de las peticiones de las mujeres con sus hijos, que por diversas circunstancias estaban en el momento y en el lugar del zafarrancho, y que asimismo se percibí desde antes del enfrentamiento, claras muestras de una voluntad manifiesta de confrontarse violentamente. 8. Que en el enfrentamiento entre estos grupos violentos, se utilizaron armas de uso exclusivo del Ejército, propiciando la muerte de al menos diez personas, decenas de heridos y cientos de detenidos. Aunado a lo anterior, del enfrentamiento se desprenden una serie de actitudes, hechos y omisiones, que ponen en entredicho el estado de derecho, la vigencia de la paz social y la estabilidad municipal, así como la gobernabilidad en dicho lugar, provocando la afectación del interés público y privado y el deterioro de las relaciones de convivencia armónica. 9. Que el párrafo segundo de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución General de la República, establece que las autoridades federales, podrán conocer también de los delitos del fuero común, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales. 10. Que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, en fecha 30 de agosto del año en curso, aprobó Punto de Acuerdo mediante el cual se so licita a la Procuraduría General de la República, haga uso de su facultad de atracción respecto a las investigaciones que se desprenden del enfrentamiento en Chimalhuacán, Estado de México, sin que hasta la fecha esto haya ocurrido. 11. Que el día de ayer por diversos medios informativos se conoció de boca del Subprocurador de Texcoco, Estado de Méxical, licenciado Axel García, que el presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojórquez, fue llamado a declarar con respecto a estos hechos, y que dicha persona se negó a rendir declaración. De la misma forma se conoció por los mismos medios informativos, que el señalado ciudadano negó haber recibido citatorio oficial para llevar a cabo esa actuación indagatoria. 12. Que es obligación del Estado mexicano garantizar los derechos ciudadanos plenos, particularmente los de carácter civil y político, así como la gobernabilidad, la armonía y la tranquilidad de nuestras comunidades, nuestros municipios y entidades federativas, por lo que resulta imprescindible que la coyuntura abierta por la extrema violencia con que actuaron estos civiles armados, debe motivar en los órganos del estado y de gobierno, una reacción que se refleje en las políticas públicas tendiente a desterrar, de una vez y para siempre, la impunidad, la existencia de grupos civiles que utilizan prácticas violentas, así como la omisión y negligencia de las autoridades en el ánimo de fortalecer el estado de derecho, la vigencia del pacto social y preservar la vida de los gobernados . 13. Que es función de la Policía Federal Preventiva el desmantelamiento de estos grupos, por lo cual corresponde a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo las acciones tendientes a evitar más brotes de violencia y garantizar los derechos ciudadanos plenos, particularmente los de carácter público, así como la gobernabilidad, la armonía y la tranquilidad del municipio de Chimalhuacán, estado de México. 14. Que la Cámara de Diputados es un órgano del Estado Mexicano cuya función implica la facultad que la Constitución le otorga para responder ágil y puntualmente, a las necesidades del país. En consecuencia se presenta proposición de punto de acuerdo para crear una comisión especial investigadora de esta Honorable Cámara de Diputados, que tenga por objeto coadyuvar a la investigación de los hechos, propiciar el respeto de las garantías individuales, del estado de derecho y la gobernabilidad del municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Por lo expuesto, a esta Honorable Cámara de Diputados proponemos el siguiente PUNTO DE ACUERDO PRIMERO. Se crea la Comisión Especial Investigadora de los hechos del 18 de agosto ocurridos en Chimalhuacán, México, con el objeto de coadyuvar en la investigación, en el respeto de las garantías individuales, en el restablecimiento del estado de derecho y la gobernabilidad en ese municipio. SEGUNDO. La comisión será integrada por un diputado por cada uno de los partidos representados en esta Cámara y sus respectivos suplentes. TERCERO. La comisión tendrá una duración de seis meses contados a partir de la aprobación del presenta y podrá prorrogar su duración siempre y cuando así lo apruebe este pleno, previo informe que se rinda sobre el particular. CUARTO. La comisión tendrá su lugar de residencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, pero podrá sesionar fuera de este recinto cuando así lo acuerden sus integrantes. Contará con un Secretario Técnico que llevará los expedientes que se deriven de su funcionamiento, así como las minutas de las sesiones que desarrolle. QUINTO. Por su propia y especial naturaleza, la comisión contará con el apoyo técnico y profesional al alcance de esta Honorable Cámara de Diputados, para el cumplimiento de su encomienda. SEXTO. Todos los acuerdos que tome la comisión serán aprobados por mayoría de votos de los diputados presentes. El quórum respectivo se formará con la mitad más uno de sus integrantes. La comisión contará con un Presidente que será designado por el pleno. SEPTIMO. El informe final de los resultados de esta comisión será presentado al pleno y una copia del mismo será remitido a la Procuraduría General de la República, al Ejecutivo del Estado de México y a la opinión pública. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro. México, D. F., a los 7 días del mes de septiembre del 200. Atentamente: diputado Ricardo Moreno Bastida, rúbrica; Acosta Salazar Sergio, rúbrica; Aguirre Rubén, rúbrica; Aragón Castillo Hortensia, rúbrica; Aureoles Cornejo Silvano, rúbrica; Barbosa Huerta Miguel, rúbrica; Barrales Magdaleno Ma. Alejandra, rúbrica; Batres Guadarrama Martí, rúbrica; Bernardino Rojas Martha Angélica, rúbrica; Bortolini Castillo Miguel, rúbrica; Castillo Cruz Bonifacio, rúbrica; Círigo Vázquez Víctor Hugo, rúbrica; Carrillo Pérez Rodrigo, rúbrica. (Gritos en la sala) Le suplico señor Presidente, un minuto más para concluir mi intervención.