El diputado Eduardo Zarzosa Sánchez: Compañeras y compañeros diputados, pueblo de México. Uno de los principales objetivos de todo gobierno es lograr que sus habitantes cuenten con todas las herramientas necesarias para lograr un desarrollo íntegro, así como generar los medios para que estos puedan satisfacer sus necesidades básicas que les permitan un nivel de vida digna y con ello alcanzar un mayor bienestar social. Uno de los instrumentos con los que cuentan los ciudadanos para alcanzar el nivel de vida digna es el trabajo, mediante el cual las personas buscan hacerse de los medios que les permitan satisfacer sus necesidades básicas e incluso lograr un mayor desarrollo. De esta manera tanto el derecho a una vida digna como al trabajo se encuentran tutelados por tratados internacionales como la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 23, numeral 3, así como el artículo 1o. y el apartado A del artículo 7 del Protocolo Adicional a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. La figura del salario mínimo se estableció en nuestro país con la promulgación de la Constitución general de la república publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de febrero de 1917, en donde se estableció en la fracción VI de su artículo 123 que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia, además en la fracción VIII del mismo artículo se dispuso que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. El salario mínimo se ha definido de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo como la cuantía mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que estos hayan efectuado durante un periodo determinado. Cuantía que no puede ser rebajada ni en virtud de un convenio colectivo ni de un acuerdo individual cuya finalidad es proteger a los trabajadores contra el pago de remuneraciones indebidamente bajas. Sin embargo, la finalidad del salario mínimo se ha ido transformando con el tiempo, ya que se convirtió en nuestro país en un parámetro económico que se utilizaba en el cálculo para el cumplimiento de obligaciones, derechos, sanciones o multas quedando desvirtuado el sentido y el fin del salario. Con el fin de regresarle su objeto al salario mínimo, el Congreso de la Unión aprobó un decreto el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Es decir, desvincular una variable del índice de actualización del que hasta ese entonces estaba ligado, por lo que a partir de ese momento el salario mínimo ya no puede ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Es decir, ya no puede ser utilizado como parámetro para la determinación de multas, cuotas, sanciones administrativas o penas convencionales, entre otras. La reforma del año 2016 contempló la creación de la Unidad de Medida y Actualización, UMA. La cual, sustituye al salario mínimo y que ya es utilizada como parámetro para la determinación de dichas multas, cuotas, sanciones administrativas o penas convenciones entre otras. Cabe mencionar que la UMA es calculada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, conforme a lo establecido en el artículo 26 constitucional. Dentro de las disposiciones transitorias del decreto por el que se quedó desindexado el salario mínimo, destaca el artículo cuarto, mediante el cual el Poder Legislativo dispuso que el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, hoy Congreso de la Ciudad de México, así como las administraciones públicas federal, estatales, del Distrito Federal, hoy Ciudad de México y municipales deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de un año, contando a partir de la entrada en vigor de este decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo, comunidad de cuenta, índice, base, medida o referencia y sustituirlas por las relativas a la Unidad de Medida y Actualización. A pesar de los dispuesto en el citado artículo transitorio, aún existen ordenamientos legales que no han sido armonizados, compañeras y compañeros. Tal es el caso de la Ley Agraria y la Ley Federal de Variedades Vegetales, por ello, la presente iniciativa pretende armonizar las disposiciones de la reforma constitucional de 2016, con lo dispuesto en las leyes secundarias antes mencionadas, con el fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio de dicho decreto. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este honorable Congreso el siguiente proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Agraria y de la Ley Federal de Variedades Vegetales. Artículo primero...