El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, estimado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Con el regreso del PRI, el sistema político mexicano ha involucionado hacia el hiperpresidencialismo y con él, hacia el hipercentralismo. La iniciativa que hoy revisamos, que ya pasó por esta Cámara, es una prueba de ello. Al hojear El Federalista, para quien no lo conozca preciso que es un libro que compila los artículos publicados por Jay, Madison y Hamilton, ideólogos de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. En esta obra vemos que los tres ideólogos construyeron la idea de federación como forma de organización política que adaptó nuestro propio sistema. Dentro del ámbito fiscal, tales ideólogos sustentaron la necesidad de un gobierno federal que regulara la unión como Estado y la protección militar del mismo. Dejando a esa federación la recaudación de los impuestos únicamente necesarios para estos dos fines. Es decir, en el fondo teórico del concepto de federalismo ya no solo se hablaba del destino de los recursos entre los niveles de gobierno, sino a la misma imposición de tributos. Esta discusión dialéctica se sostuvo, incluso, durante los años previos a la independencia de Estados Unidos. Desde esa época, los fundamentos del sistema federal suponían la supremacía de los estados frente al gobierno federal, en clara antítesis del gobierno centralista. Los mexicanos adoptamos el modelo federal para nuestra nación. Sin embargo, ese modelo funciona únicamente de dientes para afuera. Escúchenlo bien, para sonrojo de cualquier federalista, al día de hoy el 80 por ciento de los recursos del Estado se destinan a la federación. El 16 por ciento a las entidades federativas y solo el 4 por ciento a los municipios. Es una paradoja cruel que hoy un solo nivel de gobierno plantea el ejercicio de 80 por ciento de los recursos, que 32 entidades ejerzan solo el 16 por ciento y que más de 2 mil 500 municipios ejerzan, únicamente, el 4 por ciento. A esa concentración oficial y legal de recursos pudiéramos llamarle pillaje de Estado. Las modificaciones planteadas por nuestra colegisladora se mueven en dos vertientes. La primera de ellas únicamente refiere a la correlación adecuada con otros cuerpos normativos. La segunda vertiente plantea apenas un tímido esfuerzo por modificar el sistema de coordinación fiscal existente en nuestro país. No obstante, y a pesar de que los cambios no atienden a una mera fe de erratas, este órgano legislativo ha decidido que no merecen una revisión exhaustiva, pues omitió el estudio de las mismas en comisiones. Mientras en este recinto omitimos discutir las modificaciones timoratas, así sean timoratas, tendentes a fortalecer nuestro sistema federal, en los Estados Unidos dicha discusión ilustró la misma creación del Estado norteamericano. Es alarmante pues, el torniquete fiscal que representa esta Ley de Coordinación Fiscal para los estados. El Senado pudo haberlo corregido pero no fue así. La irresponsabilidad de este recinto, estoy seguro, lamentablemente, que tampoco lo hará. Sin embargo, las consecuencias de nuestros actos serán reclamadas por la ciudadanía. Mientras eso ocurra sigan legislando y defendiendo los intereses oscuros ajenos a los de la nación, pero a la par prepárense para un riguroso juicio de la historia. Muchas gracias por su atención.