La diputada Julieta Macías Rábago: Gracias, presidenta. En medio de la inseguridad, violencia e impunidad prevalecientes en el país, se ha difundido la equivocada idea de resolver estos problemas dando carácter oficioso a la prisión preventiva desde la Constitución. La prisión preventiva oficiosa es una desinformada ocurrencia, es una puerta falsa sostenida únicamente por la demagogia. En Movimiento Ciudadano claro que queremos que se sancione a las personas que cometen un delito, claro que queremos que exista justicia, pero estamos en contra de la forma a través de la prisión preventiva oficiosa, la cual privará de la libertad en automático a quien, presumiblemente, cometa los delitos previstos en el artículo 19 constitucional, sin que se pruebe que son realmente culpables a través de una adecuada investigación de los Ministerios Públicos y sin una valoración de juez que contemple la presunción de inocencia. Solo bastará la acusación, y mientras se determina si las pruebas son sembradas o son reales, una persona estará privada de su libertad. Eso significa que cualquiera estará expuesto a que sus derechos sean violentados sin justificación alguna. El aumento de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa hará que esta figura deje de ser excepcional y se convierta en la regla. Es decir, se utilizará de manera irresponsable. Por favor, esa no es una medida de prevención del delito. La prisión preventiva oficiosa es excesiva e irracional, y representa un costo social gigantesco tanto para los procesados y sus familias como para la sociedad en su conjunto. Vamos a tener más personas recluidas en las cárceles sin una condena, a falta de una investigación que dé indicios claros que presumen de su culpabilidad. Cuidado. Esto justificará la ineficiencia en la investigación de delito por parte del Ministerio Público y fomentará la corrupción en el sistema. Por lo tanto, tendríamos a muchos inocentes privados de su libertad. Compañeros, un cambio constitucional implica saber qué cambio queremos y para qué lo queremos. En este caso, donde aparentemente se busca disminuir la delincuencia solo se va a lograr el efecto contrario a través de esta figura jurídica. Se estima que en México el 40 por ciento de los 198 mil internos fueron encarcelados a través de la prisión preventiva oficiosa, y de los 372 centros de readaptación estatales y municipales, 178, más de la mitad, tienen una sobrepoblación penitenciaria. Apostar por la prisión preventiva oficiosa es la prueba más palpable de que no hay interés por parte del nuevo gobierno federal por crear un sistema de justicia eficaz, ya que prefiere tomar el camino más fácil, el cual en la mayoría de los casos no siempre es el correcto, sin importar las consecuencias negativas que traerá consigo. La prisión preventiva debe ser el último eslabón en un sistema de seguridad, una medida excepcional, y lo que se propone aquí es absolutamente todo lo contrario. De aprobarse esta reforma, el Congreso mexicano estaría enviando el mensaje negativo a la sociedad de que a falta de justicia, nos ofrecen castigo. La prisión preventiva oficiosa de utilizarse indiscriminadamente, no disminuirá la inseguridad pública, no reducirá la incidencia delictiva, así como tampoco garantizará la reparación del daño. Por lo tanto, nada se gana con la prisión preventiva oficiosa. Es una medida regresiva que va contra los estándares establecidos en los tratados internacionales de los cuales México es parte. Se le está dando la espalda a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, al Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a las reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad, y a la jurisprudencia y sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la materia, que son vinculantes en el derecho positivo mexicano. Esta reforma no es una respuesta a la inseguridad, es solo una solución mediática, simple y rápida, ineficaz e irracional. Señoras y señores, hacemos una invitación respetuosa para que no votemos a favor de la minuta y sí trabajemos por fortalecer la Fiscalía General de la República. Que trabajemos una reforma integral en seguridad y justicia. Que busquemos una capacitación adecuada en las instituciones de persecución e investigación de los delitos. Que nos pongamos a trabajar para consolidar el sistema nacional anticorrupción. Que impulsemos mecanismos para fortalecer la división de Poderes. Eso es lo que realmente va a ayudar a disminuir la violencia, la impunidad y las injusticias. No firmemos la sentencia de muerte del sistema de justicia penal. Gracias.