La diputada Patricia Elena Aceves Pastrana: Bueno días, diputados y diputadas, presidente. Vengo a esta tribuna para decirles, señores del PRI, que gracias a Morena esta Cámara mantiene su razón de ser. Señores del PRI, aunque ustedes tengan la mayoría en este pleno bueno pleno no, porque está medio vacío aquí esta Morena para votar en contra de su proyecto de presupuesto, y para presentar 141 reservas del total de 279. Aquí está este pequeño grupo de 35 diputados que no se pliega ni se plegará a sus designios. Las reservas que presento y someto al pleno de esta Cámara están relacionadas con temas sensibles y estratégicos para la paz, el desarrollo y la igualdad en esta nación con la educación y la atención a grupos vulnerables, temas que para Morena tienen una prioridad muy alta. La primera de ellas al artículo 42 del dictamen, versa sobre la necesidad de fomentar la expansión de la oferta educativa de los niveles medio y superior en aquellas entidades y municipios que presenten los niveles de rezago más altos, pues es increíble que en pleno siglo XXI, los municipios con menores porcentajes de desarrollo humano sean los que menos recursos reciben y ejercen. Por tanto, no nos deben sorprender que los resultados de Planea 2015 arrojen lo que ya sabemos, que nuestro sistema educativo es inequitativo y excluyente. También hay que decirlo y subrayarlo, es un sistema cuyo gasto, como todo el gasto público, es poco transparente y eficaz. Y ahora, con la iniciativa del presidente Peña de los certificados de inversión, todos los gobernadores tendrán dinero fresco para invertir en infraestructura, pero también para desviar recursos y operar elecciones. Así ha venido siendo, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, con la gestión de los presupuestos de los últimos años. Ahí están innumerables observaciones al ejercicio del gasto de los gobiernos de los estados. La nueva idea para financiar infraestructura educativa no se ha explicado suficientemente, como ya han insistido muchos de los legisladores que me precedieron, y no se conocen los mecanismos que garanticen transparencia y rendición de cuentas, a pesar de que se trata de 50 mil millones de pesos a pagar en 20 años. Por ello propongo en esta misma reserva al artículo 42 que la SEP informe a esta Cámara de Diputados no sólo la estructura de los programas destinados a fomentar la oferta educativa y su distribución, sino también los indicadores de gestión y resultados que para tal efecto establezca. En este mismo tema propongo en otra reserva al anexo 17 erogaciones para el desarrollo de los jóvenes en el Ramo 11, Educación, que los recursos destinados al Pronabes en el rubro de educación superior aumenten más del doble para pasar de poco más de 8 mil millones de pesos a 17 mil millones. De acuerdo con el Coneval, Pronabes es un programa con elevada pertenencia social, ya que busca la equidad y evitar la deserción por falta de recursos económicos de los estudiantes de educación superior. En el mismo tenor propongo un aumento al referido anexo 17 en el Programa Expansión de la Educación Media y Superior, para que pase de aproximadamente 2 mil 600 millones de pesos a 5 mil millones de pesos, pues debemos ser congruentes con el mandato constitucional que establece la obligatoriedad de la educación media superior y con el objetivo de ser un país próspero, lo cual requiere un fuerte impulso e inversión a educación superior. Un tema que también requiere de nuestra particular atención es el de los grupos vulnerables, dentro del cual se agrupa el resto de mis reservas. La primera de ellas tiene que ver con la adición en el anexo 14, Recursos para la atención de grupos vulnerables, en el Ramo 12 Salud, del Programa Servicios y Atención a Población Vulnerable, el cual desapareció para este ejercicio fiscal y que pertenecía al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Este programa realizaba actividades como prestación de servicios a las personas con discapacidad y sus familias en los Centros de Rehabilitación entre los que se encontraban consultas médicas, terapias físicas, ocupacional y de lenguaje; elaboración de órtesis y prótesis; realización de eventos de prevención de la discapacidad; servicios de asesoría jurídica en materia familiar, maltrato infantil, adopción y regularización jurídica de menores, en coordinación con las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia. También centros gerontológicos, casas de cuna, casas hogar, etcétera. Campamentos recreativos en los cuales se proveían servicios de atención integral, tales como alimentación, alojamiento, médicos, terapias físicas y psicológicas. Todo esto desaparece del foco de atención gubernamental aumentando con ello la brecha de desigualdad y de exclusión de las personas con distintos tipos de discapacidad y sus familias. En este mismo tenor, en dicho Anexo 14, en los Ramos 20, Desarrollo Social, en el Programa Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, propongo un aumento de poco más de 20 millones de pesos que fortalezcan la operación de este importante organismo. Cifras oficiales estiman que en nuestro país existen 7.7 millones de personas con discapacidad, las cuales en muchos de los ámbitos de la vida no logran ejercer sus derechos a plenitud en gran medida debido a la falta de visibilización y atención adecuada de su problemática, objetivo institucional de este organismo. Finalmente propongo una reserva al Anexo 18, Recursos para la Atención de Niñas, Niños y Adolescentes en el Ramo 12, Salud, en el Programa Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud, para que pase de 215 millones de pesos, a 500 millones, pues no es posible que siendo un país en el que ocupamos el primer lugar a nivel mundial en obesidad infantil y en el que conforme a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, uno de cada tres adolescentes entre 12 y 19 años presenta sobrepeso u obesidad, se le asigne tan sólo el 0.5 por ciento del presupuesto en este Ramo. De no cambiar esta tendencia la obesidad en los niños puede llevar a todo tipo de padecimientos, como la diabetes, la hipertensión arterial, la dislipidemia, apnea del sueño, cáncer, enfermedades cardiovascular, síndrome metabólico y bueno, todo esto con el consecuente daño de la población y del erario público y de la calidad de vida de que gozarán estos alumnos. Es cuanto, gracias.