El diputado Próspero Manuel Ibarra Otero: Compañeras y compañeros diputados, el propósito del punto de acuerdo de urgente u obvia resolución que el día de hoy se encuentra a discusión retoma uno de los mayores desastres ambientales ocurridos en nuestro país, en lo que se tenga registro en las últimas décadas. El derrame de 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas ocurrido el 6 de agosto del año 2014 en los ríos Sonora y Bacanuchi, que afectó a más de 23 mil personas de 7 municipios del estado de Sonora: Ures, Baviácora, Aconchi, Huépac, San Felipe, Banámichi y Arizpe. Hecho ocurrido ante y por la irresponsabilidad de la empresa minera Grupo México, por manejo de sulfatos, veneno y demás sustancias tóxicas que no solo provocaron afectaciones al medio ambiente, sino también a los habitantes de la región, quienes padecieron daños a la salud, falta de agua para consumo humano y enfrentan día a día el desarrollo de sus actividades productivas. A través del desastre, a través de tres años del desastre, la demanda de los afectados continúa latente y es una de las problemáticas que debe preocupar y ocupar a quienes desempeñamos un cargo público. Servir de vínculo para llevar a la agenda legislativa sus solicitudes y procurar transparencia y acciones en las políticas del gobierno federal, en conjunto con la minera, que la minera emprendió, evitando así opacidad ante la demanda y las inquietudes de la población. Luego de los hechos ocurridos en 2014 los responsables, Grupo México y sus empresas subsidiarias, en conjunto con el gobierno federal, crearon un fideicomiso denominado Río Sonora, para atender con prontitud las afectaciones ocasionadas por el derrame de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi, y revertir como fuente y medio de pago para llevar a cabo medidas de remediación, reparación o compensación de los daños al medio ambiente y la salud humana causadas por el derrame. Este fideicomiso se constituyó con recursos aportados por las empresas subsidiarias de Grupo México y administrados por Nacional Financiera. Para su organización contó con un comité técnico, el cual aprobó las erogaciones y pagos que se realizaron. Dicho comité estuvo presidido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Desde su conformación los obligados se comprometieron a aportar al patrimonio del fideicomiso la cantidad de 2 mil millones de pesos, incluida una aportación inicial de 500 millones de pesos estableciendo, en caso de que el monto comprometido resultara insuficiente para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso previo a determinación del comité técnico, los fideicomitentes aportarán los recursos adicionales que fueran necesarios para la situación específica. Luego del funcionamiento del fideicomiso en este año, en el V Informe de Gobierno del Ejecutivo federal, que entregó a la Cámara de Diputados en el mes de septiembre pasado, informó que en febrero de este mismo año se celebró la sesión de cierre del fideicomiso Río Sonora y que las autoridades emitieron las resoluciones que acreditaron el cumplimiento de los objetivos sin solicitudes de reparación pendientes. Se indicó que el fideicomiso canalizó más de mil 200 millones de pesos a acciones de remediación, reparación y compensación de los daños a las personas y al medio ambiente y a la salud humana en la región del Río Sonora. De lo anterior, los legisladores promoventes concluimos que al cumplirse tres años del mayor desastre ambiental en las últimas décadas que ha afectado a nuestro país, provocado por el consorcio minero Grupo México, la incertidumbre de los pobladores de los siete municipios afectados en el estado de Sonora, continúa latente ante el incumplimiento de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el consorcio. Ante esa situación los legisladores abajo firmantes, exigimos transparencia a detalle del total de los montos aplicados y de la dependencia del gobierno federal que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que los haga públicos, un informe detallado sobre los recursos erogados a través del fideicomiso denominado Rio Sonora. Asimismo, se le exhorta continúe dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la población afectada y a causa de los daños provocados al entorno por el derrame tóxico que afectó al Río Sonora y Bacanuchi en el estado de Sonora. Con este exhorto también solicitamos a la Auditoría Superior de la Federación, para que en el marco de sus atribuciones analice la viabilidad de autorizar el ejercicio de los recursos fideicomisos denominado Río Sonora, con la finalidad de que esta soberanía tenga pleno conocimiento de la ejecución de los recursos, el cumplimiento de compromisos y, en su caso en adelante, se apliquen medidas necesarias para continuar prestando atención a las comunidades y sectores afectados de la problemática. Finalmente les comparto, para terminar con este grave problema que viene afectando hace más de tres años a esta región tan importante e histórica de nuestro estado, Sonora, finalizo compartiendo un compromiso de la gobernadora del estado de Sonora, nuestra amiga Claudia Pavlovich, que hizo hace un par de años en el estado al asumir su cargo como gobernadora. Los habitantes afectados por la contaminación del Río Sonora no están solos. Juntos vamos a continuar con la labor de rescatar el Río Sonora, prestando la atención necesaria y promoviendo más fuentes de empleo, servicios de salud, educación y continuar con la reactivación económica de las actividades que ahí se desarrollan. Muchas gracias, señor presidente, es cuanto.