EL C. DIPUTADO JOSE MARIA EUGENIO NUÑEZ MURILLO: Gracias, señora Presidenta. Debido a que voy a solicitar a la Secretaría que el texto íntegro se inserte y se publique en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, solamente me referiré a los puntos más relevantes, entre ellos la Exposición de Motivos. «Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley Federal Para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Cámara de diputados del Congreso de la Unión: Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito Diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegura, Decomisados y Abandonados. EXPOSICION DE MOTIVOS Como resultado de la experiencia que se ha tenido en el desempeño ello de las funciones del Servicio de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados se considera pertinente plantear reformas a la ley para satisfacer condiciones operativas con los objetivos siguientes:  Transformar al Servicio de Administración en un organismo descentralizado.  Evitar erogaciones innecesarias al erario público federal y propiciar que el organismo descentralizado sea auto financiable.  Propiciar condiciones favorables en materia de economía procesal.  Mejorar el macro regulatorio, relativo a las atribuciones que la ley confiere al Servicio de Administración para propiciar condiciones de eficiencia en el desempeño de sus funciones. Transformación del servicio de administración en un organismo descentralizado. La Ley Federal Para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados Abandonados (en adelante la ley), crea el Servicio de Administración de Bienes Asegurados como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con autonomía técnica y operativa y que tiene por objeto la administración de los bienes asegurados. En la exposición de motivos de la ley se consideró que debía ser un organismo autofinanciable, es decir, que no recibiera recursos presupuestarios y debía financiarse a través de los ingresos que él mismo genere. Al carecer de patrimonio propio y estar obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación, todos los recursos que obtenga por los diferentes conceptos que establece la Ley de Ingresos de la Federación, queda imposibilitado para autofinanciarse y sujeto a la autorización de la partida presupuestal que específicamente se prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación. La ley establece en los artículos 48 y 49 que los bienes decomisados y abandonados, sus frutos y productos, así corno los derivados de su enajenación, serán considerados aprovechamientos en los términos de Código Fiscal de la Federación. Una vez descontados los costos de administración, mantenimiento y conservación, dichos ingresos deberán enterarse a la Tesorería de la Federación, destinándose en partes iguales a los presupuestos del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales correspondientes al 2000 y 2001 no contemplaban la posibilidad de realizar descuentos a los ingresos que se recaudaran por concepto de aprovechamientos, por lo que se deberían enterar a la Tesorería de la Federación la totalidad de los mismos, estableciendo que se derogan, en su parte conducente, todas las disposiciones que se opongan a tal disposición. Para que la administración de los bienes asegurados sea eficiente y ágil, resulta pertinente que el Servicio de Administración cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios que le permitan desarrollar sus funciones con mayor certeza y seguridad, así como una mayor autonomía de gestión para asignar sus recursos donde se requieran. Para tales efectos, se proponen modificaciones a los artículos 2o., fracción III, 53, 56, 57 y 58 de la ley, así como la adición de los artículos 53-A, 53-B y 58-A, estableciendo la naturaleza jurídica de organismos descentralizados para el Servicio de Administración, con los requisitos establecidos en los artículo 14 y 15 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Bienes que serán administrados por el Servicio de Administración. Para que la operación del Servicio de Administración sea más ágil y eficiente, es necesario acotar el objeto de la ley y el ámbito de actuación del mismo, realizando una descripción de los bienes no sujetos a su administración, así como prever las facultades de los agentes del Ministerio Público de la Federación y de la Autoridad Judicial, a efecto de que puedan dar destino a los bienes que no serán administrados por el Servicio de Administración. Para tales efectos, se propone modificar el artículo 4o. de la ley a fin de que incluya una definición de los bienes incosteables, previendo la facultad de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración para determinar el valor de, estos bienes, mediante la emisión de lineamientos. En el mismo artículo se pretenden definir las facultades de las autoridades competentes respecto de dichos bienes, lo que les daría mayor certeza para identificar aquellos bienes que deben entregar al Servicio de Administración, propiciando así condiciones favorables en materia de economía procesal y evitando desembolsos innecesarios al erario público federal. Práctica de avalúos. En ocasiones, cuando se exhibe el avalúo practicado a los bienes asegurados por parte de las autoridades que decretaron el aseguramiento, el valor ahí asentado no coincide con el valor real de los bienes y cuando ha procedido su enajenación, el Servicio de Administración se ha enfrentado a grandes dificultades para enajenarlos, ya que el valor de avalúo, que es el valor en el que deben enajenarse, no corresponde con el valor real. Con el propósito de reducir las discrepancias entre el valor de los bienes al momento de ser asegurados y el que resulte al momento de su enajenación, es pertinente que el Servicio de Administración sea quien ordene la práctica de los avalúos correspondientes. Para tales efectos se propone modificar la fracción V del artículo 6o. de la ley, estableciendo la facultad que tendría el Servicio de Administración para solicitar la práctica de los avalúos correspondientes. Conclusión del aseguramiento, momento y lugar de entrega de bienes asegurados al Servicio de Administración. Doble aseguramiento. El aseguramiento debe entenderse concluido cuando se reúnan los requisitos enumerados en las fracciones I a V del artículo 6o. de la ley. Por tal motivo, el término de setenta y dos horas debe contarse a partir de dicha conclusión. Se propone reformar la fracción VI del artículo 6o. y adicionar un último párrafo al mismo artículo, con la finalidad de dar certeza sobre el momento de conclusión, definir el lugar de entrega de los bienes asegurados al Servicio de Administración y evitar que sobre el mismo bien y por los mismos hechos, las autoridades ministerial y judicial practiquen un doble aseguramiento. Notificación al interesado. La notificación del aseguramiento constituye uno de los medios para propiciar, la garantía de audiencia de los interesados; sin embargo, el mecanismo previsto en la ley, en la práctica tiene implicaciones contrarias a la eficacia procesal, así como efectos económicos adversos para el Estado. Se propone publicar un menor número de edictos, que bastarían para obtener el mismo resultado, por lo que se plantean modificaciones a los artículos 7o. y 8o. En el artículo 7o. se sugiere prolongar de 30 a 60 días naturales el plazo en el que el Ministerio Público o la Autoridad Judicial deban notificar el aseguramiento al interesado y en el artículo 8o. se recomienda llevas a cabo publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de circulación nacional, por una sola vez. La propuesta respeta estrictamente la garantía de audiencia de los particulares, ya que esta garantía no se relaciona directamente con las veces que se publique el edicto, sino con su contenido. Abandono. Con el propósito de liberar de cargas de trabajo a las autoridades que participan en el procedimiento de declaratoria de abandono, sin que se afecten los derechos del interesado, se considera necesario eliminar el procedimiento para, declarar el abandono, sustituyéndolo por un apercibimiento al interesado en la notificación del aseguramiento. Si el interesado no manifiesta lo que a su derecho convenga en un término de 90 días naturales, los bienes causarán abandono a favor de la Federación. Lo anterior propiciaría condiciones favorables en una materia de economía procesal, evitaría erogaciones innecesarias al erario público y eliminaría la posibilidad de que los interesados impugnen los actos de autoridad. Para tales efectos, se propone la derogación de los artículos 44, 45 y 46 de la ley, que son los que establecen el procedimiento para declarar el abandono de los bienes administrados por el Servicio de Administración. En congruencia con lo anterior, se plantea la modificación del último párrafo del artículo 7o., estableciendo que si el interesado o su representante legal no manifiesten lo que a su derecho convenga en un término de 90 días naturales después de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la federación. Facultades del Servicio de Administración para administrar empresas, negociaciones y establecimiento. Es un hecho que las empresas, negociaciones o establecimientos tienen una complejidad distinta de la del resto de los bienes que se aseguran. El Servicio de Administración, dentro de sus atribuciones, tiene la obligación de mantener la operación y buena marcha de las empresas, negociaciones o establecimientos asegurados, por lo que debe tener facultades suficientes para su operación y marcha, sin que se suspendan sus actividades. Las facultades que le confiere la ley, en ocasiones no son suficientes para administrarlos. Se sugiere la modificación del artículo 18, para establecer el alcance de las facultades de representación de orden administrativo y laboral que, en caso, el Servicio de Administración pueda otorgar a los depositarios, administradores, interventores que nombren. Enajenación de bienes asegurados. El artículo 27 de la ley permite la enajenación de los bienes asegurados, siempre y cuando se trate de semovientes, fungibles o de mantenimiento incosteable a juicio del Servicio de Administración. El propio artículo impone una condición adicional: que el procedimiento de enajenación se sujete a la normatividad de la ley del Servicio de Tesorería de la Federación. A pesar de que la ley de la Tesofe permite la enajenación de bienes por vía de adjudicación directa, sería conveniente que el texto de la ley fuere explícito en tal sentido y que dicha enajenación no tuviere que remitirse al texto de la ley de la Tesofe, indicando, únicamente, que se estará a lo que disponga la Junta de Gobierno del Sera, mediante lineamientos que para tal efecto expida. La consecuencia de lo anterior sería evitar que el Sera se convierta en un inmenso almacén, con elevados costos de administración para el Estado y con un alto riesgo de que los bienes se alteren, destruyan o desaparezcan. Al permitir la enajenación por vía de adjudicación directa, el Sera enajenaría en forma continua y oportuna los bienes fungibles, semovientes e incosteables y se transformaría en buena medida en un administrador de productos financieros, evitando la pérdida, alteración, destrucción o desaparición de los bienes. El producto de la enajenación se depositaría en las cuentas que la Tesofe le lleva al Sera, devengando intereses a la tasa que cubra ese organismo por depósito a la vista que reciba. En caso de que procediere la devolución de los bienes asegurados al interesado, el Sera satisfaría ese requisito mediante la entrega del equivalente del valor de, avalúo de los bienes al realizarse el aseguramiento, más los rendimientos referidos en el párrafo que antecede. La administración de los recursos financieros permitiría al Estado tener un balance positivo y un ágil manejo de los recursos y pala el interesado, representaría una más justa devolución del valor de sus bienes. Devolución de bienes asegurados. Se propone modificar el artículo 40, a fin de dar oportunidad a los interesados de revisar los bienes antes de la devolución, para que, en caso de inconformidad, se pueda interponer el recurso de revisión en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Costos y gastos de mantenimiento de bienes asegurados. En la Ley se establece que cuando procede la devolución de los bienes asegurados y estos generaron frutos, los costos y gastos de mantenimiento se deducirán de los frutos; sin embargo, cuando los bienes no generan frutos, dichos gastos no son recuperables. Con base en el principio de equidad, se propone modificar el artículo 41, ya que es necesario uniformar el criterio sobre la, cobertura de los gastos de mantenimiento que se generan por la administración de todos los bienes asegurados, no sólo de aquellos que produzcan frutos. Aprovechamientos. En términos del Código Fiscal de la Federación, son aprovechamiento los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos de las contribuciones, de los ingresos derivados de financiamientos y de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. De conformidad con el mismo ordenamiento, se consideran productos las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. En la ley se establece que los bienes decomisados y abandonados, sus frutos y productos serán considerados aprovechamientos. La ley establece que el servicio de Administración debe descontar de los aprovechamientos sus costos de administración y gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados, la Ley de Ingresos de la Federación para los ejercicios fiscales de 2000 y 2001 establecían que los ingresos que se recauden por los diversos conceptos se concentrarán en la Tesorería de la Federación y deberán reflejarse, cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Tesorería, como en la cuenta de la Hacienda Pública Federal. De lo anterior surge la controversia sobre el momento en que se deben enterar los aprovechamientos referidos en la Ley de la Tesorería de la Federación y los descuentos por concepto de costos de administración del Organo Descentralizado y de los gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados a que se refiere la ley, por lo que resulta necesario establecer expresamente las salvedades al tratamiento de aprovechamientos en la Ley de Ingresos dé la Federación. Se plantea la modificación de los artículos 48 y 49 de la ley, con el propósito de establecer que los bienes decomisados y abandonados, sus frutos y productos, una vez que sean enajenados, serán considerados productos en términos del Código Fiscal de la Federación. Fondo de recuperación. Se propone modificar el artículo 53 para prever la creación de un fondo administrado por un fideicomiso público que no sea considerado entidad paraestatal. Cuando proceda la devolución de los bienes, el Servicio de Administración dispondrá de los recursos de dicho fondo para hacer frente a las carencias de los mismos y cubrir las obligaciones a su cargo. El fondo se integraría con los recursos provenientes de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados y demás recursos que se aportaren al mismo. En virtud de lo anterior, se somete a la consideración del honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de DECRETO Por el que se reforma la Ley Federal Para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Artículo único. Se reforman los artículos 2o., fracción III; 4o., párrafo primero; 6o., fracciones, V y VI; 7o. párrafos primero y último; 8o., inciso c, de la fracción I, fracción II y penúltimo párrafo; 18, párrafos primero y segundo; 22, párrafo segundo; 27, párrafo primero; 39, párrafo primero; 41, párrafos primero, segundo y último; 48; 49; 53; párrafo primero; 56, fracción VI y 58; se adicionan los artículos 1o. con un segundo párrafo; 4o., con un segundo y tercer párrafo; 6o. con un último párrafo; 18, con un tercer párrafo con las fracciones I a IV, y con un cuarto y quinto párrafo, recorriéndose los demás en su orden; 27, con un segundo y tercer párrafo, recorriéndose los demás en su orden; 53, con un segundo, tercer y cuarto párrafo; 53-A; 53-B; 56, fracciones VII a la XII, recorriéndose las demás en su orden; 57, fracciones VII a la IX, recorriéndose las demás en su orden y 58-A; y se derogan los artículos 8o., inciso a, de la fracción II; 44; 45 y 46 de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, para quedar en los términos siguientes: Artículo 1o. . . La interpretación de los preceptos de esta ley, para efectos administrativos, corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración. Artículo 2... I. y II... III. Servicio de administración: el organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, denominado Servicio de Administración de Bienes Asegurados, previsto en el Título Cuarto de la presenta ley y IV... Artículo 4o. Todos los bienes asegurados, independientemente de que su aseguramiento haya sido decretado durante la averiguación previa o el proceso penal, serán administrados por el servicio de administración, salvo aquellos de escaso valor económico como documentos personales, objetos de uso personal y los que puedan ser objeto de prueba, excepto joyas, billetes y piezas metálicas. También se encuentran exceptuados los bienes que tengan un valor menor al importe de seis meses de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. El valor de estos bienes se determinará conforme a los lineamientos que emita la Junta de Gobierno, pudiendo ser generales o para un caso en particular. Respecto de los bienes que no son susceptibles de administración en los términos de este artículo, el Ministerio Público o la Autoridad Judicial procederán a ordenar su destrucción o donación a Instituciones que realicen actividades de beneficencia de investigación científica u otras análogas, que lo requieran para el desarrollo de sus actividades. Artículo 6o... I. a la IV... V. Solicitar, en su caso, al servicio de administración que ordene la práctica del avalúo correspondiente. VI. Una vez que hayan sido satisfechos los requisitos anteriores, poner los bienes a disposición del servicio de administración, dentro de las 72 horas siguientes, en los lugares que previamente se acuerden con el servicio de administración. La autoridad que inicie el acto de aseguramiento está obligada a concluirlo en términos de esta ley. Artículo 7o. La autoridad judicial o el Ministerio Público que decreten el aseguramiento deberán notificar al interesado o a su representante legal dentro de los 60 días naturales siguientes a su ejecución entregando o poniendo a su disposición según sea el caso una copia certificada del acta a que se refiere la fracción I del artículo anterior, para que manifieste lo que su derecho convenga. En la notificación deberá apercibirse al interesado o a su representante legal que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor de la Federación. Artículo 8o.. I... a) y b... c) De no encontrarse la persona por notificar en la primera busca, se le dejará citatorio en el domicilio designado para que espere a una hora fija del día hábil siguiente y si no espera, o se niega a recibir la notificación, se fijará instructivo en un lugar visible del domicilio. d)... II. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el Diario Oficial de la Federación y en un período de circulación nacional. a) Se deroga b)... Las notificaciones personales surtirán efectos el día en que hubieren sido practicadas y las efectuadas por edictos el día de su publicación. Artículo 18. Respecto de los bienes asegurados, el servicio de administración y en su caso los depositarios, interventores o administradores que haya designado tendrán, además de las obligaciones previstas en esta ley, las que señala el Código Civil Federal, para el depositario. Al efecto, para la debida conservación y en su caso buen funcionamiento de los bienes asegurados, incluyendo el de los inmuebles destinados a actividades agropecuarias, empresas, negociaciones y establecimientos, el servicio de administración tendrá todas las facultades y obligaciones de un mandatario para pleitos y cobranzas, actos de administración, para otorgar y suscribir títulos de crédito y en los casos previstos en esta ley, actos de dominio. Los depositarios, interventores y administradores que el servicio de administración designe, tendrán, dentro de las siguientes, sólo las facultades que dicho servicio les otorgue: I. Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil Federal. II. Poder especial para pleitos y cobranzas, con las cláusulas especiales a que se refiere el artículo 2787 del Código Civil Federal, conforme a las facultades siguientes: a) Para interponer y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive del juicio de amparo; b) Para transigir; c) Para comprometer en árbitros; d) Para absolver y articular posiciones; e) Para recusar; f) Para hacer sesión de bienes; g) Para recibir pagos y h) Para presentar denuncias y querellas en materia penal y desistirse de ellas, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar en los casos que proceda el perdón. III. Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo 9o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. IV. Poder para actos de administración en materia laboral con facultades expresas para articular y absolver posiciones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 786 de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 876, fracciones I y VI de la misma ley, así como comparecer en juicio en los términos de los artículos 692, fracciones I, II y III y 878 de la ley referida. Las facultades a que se refieren las fracciones I, II y IV se podrán ejercitar ante cualquier autoridad jurisdiccional, sea civil, penal, administrativa, laboral o militar, ya sean federales, estatales o municipales. Las facultades contenidas en este artículo se otorgarán a los depositarios, interventores y administradores, según se requieran para el debido cumplimiento de su función, a juicio del servicio de administración. Artículo 22... Los términos y condiciones de esos depósitos serán determinados por la Tesorería de la Federación. Artículo 27. Los bienes semovientes, perecederos, fungibles y los que sean incosteables, serán enajenados por el servicio de administración en el valor que se determine por avalúo o en su valor de mercado, conforme a los lineamientos que emita la Junta de Gobierno. Los bienes incosteables se determinarán conforme a los lineamientos que emita la Junta de Gobierno, pudiendo ser generales o para un caso en particular. El producto de dicha enajenación será aplicado de conformidad con lo ordenado por los dos primeros párrafos del artículo 22 de esta ley. Artículo 39. Cuando proceda la devolución de bienes asegurados, quedarán a disposición de quien tenga derecho a ellos. La autoridad judicial o el Ministerio Público notificará su resolución al interesado o al representante legal dentro de los 30 días siguientes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7o. y 8o. de esta ley, para que en el plazo señalado a partir de la notificación ser presente a recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor de la Federación. Artículo 41. La devolución de los bienes asegurados incluirá la entrega de los frutos que, en su caso, hubiere generado. La devolución de numerario comprenderá la entrega del principal y de sus rendimientos durante el tiempo en que haya sido administrado, conforme a los términos y condiciones a que se refiere el artículo 22 de esta ley. Previo a la recepción de los bienes por parte del interesado, se dará oportunidad a éste para que revise e inspeccione las condiciones en que se encuentren los mismos. En caso de inconformidad del interesado, éste podrá interponer el recurso de revisión, en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Artículo 44. Se deroga. Artículo 45. Se deroga. Artículo 46. Se deroga. Artículo 48. Los bienes decomisados y los abandonados, sus frutos y productos distintos al numerario, serán enajenados por el servicio de administración de conformidad con los procedimientos previstos en la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación y demás disposiciones aplicables. Una vez que se enajenen dichos bienes, así como sus frutos y productos, serán considerados productos en los términos del Código Fiscal de la Federación y su aplicación se hará en términos del artículo 53 de esta ley. Artículo 49. Los productos a que se refiere el artículo anterior, una vez descontados los costos de administración del servicio de administración y gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados conforme a la presente ley, se enterarán a la Tesorería de la Federación y se destinarán, en partes iguales, a apoyar los Presupuestos de Egresos del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría. Artículo 53. El Servicio de Administración de Bienes Asegurados será un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con domicilio en el Distrito Federal, el cual tendrá por objeto la administración de los bienes asegurados en los términos previstos en esta ley. El servicio de administración contará con un fondo, que se integrará con los recursos provenientes de la enajenación de los bienes decomisados o abandonados y demás recursos que se aporten al mismo. Con cargo a este fondo se cubrirán las obligaciones del servicio de administración señaladas en los artículos 41, 42, 43 y 49 de esta ley. Una vez realizados los descuentos a que se refiere el artículo 49 de esta ley, si hubiere remanentes en el fondo, éstos se destinarán en partes iguales a apoyar los presupuestos de egresos del Poder Judicial de la Federación y de la Procuraduría. Dicho fondo será administrado por un fideicomiso público que no se considerará entidad paraestatal. Artículo 53-A. Las relaciones de trabajo entre el servicio de administración y sus servidores públicos se regularán por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 Constitucional y las condiciones de trabajo que al efecto se determinen. Los trabajadores del servicio de administración quedan incorporados al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 53-B. El patrimonio del servicio de administración está integrado por: I. Los bienes muebles, inmuebles y demás derechos que por medio de cualquier título legal adquiera; II. Los recursos que le sean asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación; III. Cualquier otro ingreso respecto del cual el servicio de administración resulte beneficiario. Artículo 56... I. a la V... VI. Dictar los lineamientos relativos a la supervisión de la base de datos a que se refiere el artículo 11 de esta ley. VII. Aprobar los programas y presupuestos del servicio de administración, propuestos por el director general, así como sus modificaciones en términos de la legislación aplicable; VIII. Aprobar anualmente, previo informe de los comisarios y dictamen de los auditores externos, los estados financieros del servicio de administración y autorizar la publicación de los mismos; IX. Aprobar el Reglamento Interior del Servicio de Administración; X. Aprobar la estructura administrativa básica del servicio de administración, así como las modificaciones que procedan a la misma; XI. Aprobar el nombramiento y remoción de los servidores públicos de nivel inmediato inferior al director general a propuesta de éste; XII. Nombrar y remover al secretario y al prosecretario, y XIII... Artículo 57... I. a la VI... VII. Ejecutar los acuerdos de la Junta de Gobierno; VIII. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los programas y presupuestos del servicio de administración; IX. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento y remoción de los servidores públicos del nivel inmediato inferior, así como nombrar contratar y remover a los demás empleados del servicio de administración y X... Artículo 58. Para la vigilancia y control del servicio de administración, la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo designará un comisario público propietario y uno suplente quienes actuarán ante la Junta de Gobierno, independientemente del órgano de control interno en el servicio de administración. Artículo 58-A. El servicio de administración contará con un órgano de control interno que será parte integrante de su estructura orgánica. Las acciones que el órgano de control lleve a cabo, tendrán por objeto apoyar la función directiva y promover el mejoramiento de gestión del servicio de administración. El titular del órgano de control interno dependerá de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. Dicho órgano desarrollará sus funciones conforme a los lineamientos que emita esta última. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación a excepción de las reformas y adiciones a los artículo 2o., fracción III; 48, último párrafo; 49; 53-A; 53-B; 56, fracciones VII a la XII; 57, fracciones VII a la IX; 58 y 59-A, a que se refiere el artículo único del presente decreto, los cuales entrarán en vigor, a más tardar en los próximos seis meses. Segundo. Los procedimientos de declaratoria de abandono que se hayan iniciado conforme a las disposiciones vigentes con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme a las mismas. Tercero. Los gastos de mantenimiento y conservación de los bienes asegurados y decomisados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley que se encuentren en custodia de la Procuraduría y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, en proceso de ser entregados al servicio de administración, serán cubiertos con cargo al fondo a que se refiere el artículo 53 de esta ley, de conformidad con los lineamientos que para tales efectos emita la Junta de Gobierno. Cuarto. El Fideicomiso público a que se refiere el artículo 53 de esta ley deberá quedar constituido en los siguientes 30 días, a partir de la publicación del presente decreto. México, D. F., a 9 de abril de 2002. Diputado José Núñez Murillo, Integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.» LA C. PRESIDENTA. Muy bien, señor Diputado. EL C. DIPUTADO JOSE MARIA NUÑEZ MURILLO. Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Con fundamento en la Fracción II del Artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55º Fracción II, 56º y 62º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito, Diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional somete a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones de la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados. Exposición de Motivos. Como resultado de la experiencia que se ha tenido en el desempeño de las funciones del Servicio de Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, se considera pertinente plantear reformas a la Ley para satisfacer condiciones operativas con los objetivos siguientes. Transformar al Servicio de Administración en un órgano descentralizado; evitar erogaciones innecesarias al Erario Público Federal y propiciar que el organismo descentralizado sea autofinanciable; propiciar condiciones favorables en materia de Economía Procesal; mejorar el marco regulatorio relativo a las atribuciones que la Ley confiere al Servicio de Administración para propiciar condiciones de eficiencia en el desempeño de sus funciones. Transformación del Servicio de Administración en un organismo descentralizado, la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados ante la Ley crea el Servicio de Administración de Bienes Asegurados como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con autonomía técnica y operativa y que tiene por objeto la administración de los bienes asegurados. En la Exposición de Motivos de la Ley se consideró que debía ser un organismo autofinanciable, es decir, que no recibiera recursos presupuestarios y debía financiarse a través de los ingresos que él mismo genere. Al carecer de patrimonio propio y estar obligado a concentrar en la Tesorería de la Federación todos los recursos que obtenga por los diferentes conceptos que establece la Ley de Ingresos de la Federación, queda imposibilitado para autofinanciarse sujeto a la autorización de la partida presupuestal que específicamente se prevea en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Para que la administración de los bienes asegurados sea eficiente y ágil, resulta pertinente que el Servicio de Administración cuente con personalidad jurídica y patrimonio propios que le permitan desarrollar sus funciones con mayor certeza y seguridad, así como una mayor autonomía de gestión para asignar sus recursos donde se requieran. Para tales efectos se proponen modificaciones a los artículos 2º., Fracción III, 53º, 56º, 57º y 58º de la Ley, así como la adición de los Artículos 53A, 53B y 58A estableciendo la naturaleza jurídica del organismo descentralizado para el Servicio de Administración con los requisitos establecidos en los Artículos 14º y 15º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, bienes que serán administrados por el Servicio de Administración. Para que la operación del Servicio de Administración sea más ágil y eficiente, es necesario acotar el objeto de la Ley y el ámbito de actuación del mismo, realizando una descripción de los bienes no sujetos a su administración, así como proveer las facultades de los Agentes del Ministerio Público de la Federación y de la autoridad judicial a efecto de que puedan dar destino a los bienes que no serán administrados por el Servicio de Administración. Para tales efectos se propone modificar al Artículo 4º de la Ley, a fin de que incluya una definición de los bienes incosteables previendo la facultad de la Junta de Gobierno del Servicio de Administración para determinar el valor de estos bienes mediante la emisión de lineamientos. En el mismo artículo se pretende definir las facultades de las autoridades competentes respecto de dichos bienes, lo que le daría mayor certeza para identificar aquellos bienes que deban entregarse al Servicio de Administración propiciando así condiciones favorables en materia de Economía Procesal y evitando desembolsos innecesarios al Erario Público Federal. PRACTICA DE AVALUOS. Con el propósito de reducir la discrepancia entre el valor de los bienes al momento de ser asegurados y el que resulte al momento de su enajenación, es pertinente que el Servicio de Administración sea quien ordene la práctica de los avalúos correspondientes. Para tales efectos se propone modificar la Fracción V del Artículo 6º. De la Ley estableciendo la facultad que tendría el Servicio de Administración para solicitar la práctica de avalúos correspondientes. CONCLUSION DEL ASEGURAMIENTO, MOMENTO Y LUGAR DE ENTREGA DE BIENES ASEGURADOS AL SERVICIO DE ADMINISTRACION. DOBLE ASEGURAMIENTO. El aseguramiento debe entenderse concluido cuando se reúnan los requisitos enumerados en las Fracciones I y V del artículo 6 de la Ley y por tal motivo el término de 72 horas debe contarse a partir de dicha conclusión. Se propone reformar la fracción VI del artículo 6º y adicionar un último párrafo al mismo artículo con la finalidad de dar certeza sobre el momento de conclusión, definición en lugar de entrega de los bienes asegurados al servicio de administración y evitar que sea el mismo bien o por los mismos hechos que las autoridades ministerial y judicial practiquen un doble aseguramiento. Notificación al interesado. La notificación de aseguramiento constituye uno de los medios para propiciar la garantía de audiencia de los interesados, sin embargo el mecanismo previsto en la ley en la práctica tiene implicaciones contrarias a la eficacia procesal, así como efectos económicos adversos para el Estado. Se propone publicar un menor número de edictos que bastarían para obtener el mismo resultado, por lo que se plantean modificaciones a los artículos 7 y 8. En el artículo 7 se sugiere prorrogar de 30 a 60 días naturales el plazo en el que el Ministerio Público o la autoridad judicial pueda notificar el aseguramiento al interesado. Y el artículo 8 se recomienda llevar a cabo publicaciones en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de circulación nacional por una sola vez. La propuesta respeta estrictamente la garantía de audiencia de los particulares ya que esta garantía no se relaciona directamente con las veces que se publique el edicto, sino con su contenido. Abandono. Con el propósito de liberar la carga de trabajo a las autoridades que participan en el procedimiento de declaratoria de abandono sin que se afecten los derechos del interesado, se considera necesario eliminar el procedimiento para declarar el abandono, substituyéndolo por un apercibimiento al interesado en la notificación del aseguramiento. Si el interesado no manifiesta lo que a su derecho convenga en un término de 90 días naturales, los bienes causarán abandono a favor de la Federación. Lo anterior propiciaría condiciones favorables en una materia de economía procesal, evitaría erogaciones innecesarias al Erario Público y eliminaría la posibilidad de que los interesados impugnen los actos de autoridad. Facultades del servicio de administración. Para administrar empresas, negociaciones y establecimientos: Es un hecho que las empresas, negociaciones y establecimientos tienen una complejidad distinta de la del resto de los bienes que se aseguran. El servicio de Administración, dentro de sus atribuciones tiene la obligación de mantener la operación y buena marcha de las empresas, negociaciones o establecimientos asegurados por lo que debe tener facultades suficientes para su operación y marcha sin que se suspendan sus actividades. Las facultades que le confiere la ley en ocasiones no son suficientes para administrarlos, se sugiere la modificación del artículo 18 para establecer el alcance de las facultades de representación de orden administrativo y laboral que en su caso el servicio de administración pueda otorgar a los depositarios, administradores e interventores que nombren. Enajenación de bienes asegurados. A pesar de que la Ley de la TESOFE permite la enajenación de los bienes por vía de adjudicación directa, sería conveniente que el texto de la ley fuera explícito en tal sentido y que dicha enajenación no tuviera que remitirse al texto de la Ley de la TESOFE, indicando únicamente que se estará a lo que se disponga en la Junta de Gobierno del SERA (¿) mediante lineamientos que para tal efecto se expida. La consecuencia de lo anterior sería evitar que el SERA se convierta en un inmenso almacén con elevados costos de administración para el Estado y que con un alto riesgo de que los bienes se alteren, destruyan o desaparezcan. Al permitir la enajenación por vía de la adjudicación directa, el SERA enajenaría en forma continua y oportuna los bienes fungibles, semovientes e incosteables y se transformaría en buena medida en un administrador de productos financieros evitando la pérdida, alteración, destrucción o desaparición de los bienes. El producto de la enajenación se depositaría en las cuentas que la TESOFE, le lleva al SERA devengando intereses a la tasa que cubra ese organismo por depósito a la vista que el reciba. En caso de que procediera la devolución de los bienes asegurados al interesado, el SERA satisfaría este requisito mediante la entrega del equivalente del valor de avalúo de los bienes al realizarse el aseguramiento, más los rendimientos referidos en el párrafo que antecede. Devolución de bienes asegurados. Se propone modificar el artículo 40 a fin de dar oportunidad a los interesados de revisar los bienes antes de la devolución para que en caso de inconformidad se pueda interponer el recurso de revisión en los términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Costos y gastos del mantenimiento de los bienes asegurados. En la ley se establece que cuando proceda la devolución de los bienes asegurados y estos generen frutos, los costos y gastos de mantenimiento se deducirán de los frutos; sin embargo cuando los bienes no generan frutos, dichos gastos no son recuperables. Con base en el principio de equidad se proponer modificar el artículo 41, ya que es necesario uniformar el criterio sobre la cobertura de los gastos de mantenimiento que se generan por la administración de todos los bienes asegurados, no sólo de aquellos que produzcan frutos. Se plantea la modificación de los artículos 48 y 49 de la Ley con el propósito de establecer que los bienes decomisados y abandonados, sus frutos y productos, una vez que sean enajenados serán considerados productos en términos del Código Fiscal de la Federación. Fondo de recuperación. Se propone modificar el artículo 53 para prever la creación de un fondo administrado por un fideicomiso público que no sea considerado entidad paraestatal. Cuando proceda la devolución de los bienes, el servicio de administración dispondrá de los recursos de dicho fondo para hacer frente a las carencias de los mismos y cubrir las obligaciones a su cargo. El fondo se integraría con los recursos provenientes de la administración de los bienes decomisados y abandonados y demás recursos que se aporten al mismo. Por tanto, dejo en la Secretaría el secreto por el que se reforma la Ley Federal para la Administración de Bienes Asegurados, Decomisados y Abandonados, con la atenta súplica de que para sus efectos conducentes se publique en el Diario de los Debates y en la agenda. Es cuanto,.