El diputado Jorge Uscanga Escobar (PRI): Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado Jorge Uscanga Escobar, con base en los artículos 60 y 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a fundamentar el dictamen con proyecto de decreto que adiciona la fracción IX al artículo 12 de la Ley General que establece las bases de coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Con la reforma de 1994 al artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no solamente se instituyó que la seguridad pública es una función a cargo del Estado, sino también el mandato de establecer un Sistema Nacional de Seguridad Pública en el que deben participar obligatoriamente la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en sus respectivas competencias. Se trata de disposiciones de orden público pero también de interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. En 1995 fue publicada la Ley Reglamentaria del artículo 21 constitucional, llamada Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, cuya finalidad es salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz pública. Con la entrada en vigencia de este ordenamiento legal se dio curso a la estructuración de un sistema de coordinación de los diversos órdenes de gobierno y las dependencias e instituciones con funciones vinculadas a la seguridad pública en los ámbitos nacional, estatal y municipal. En suma, se instituyeron las bases de coordinación y colaboración de las autoridades con atribuciones y facultades para salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública. El sistema cuenta con una instancia superior de coordinación que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública. A este órgano corresponde integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública y determinar las políticas a seguir y evaluar su eficacia, establecer, supervisar, utilizar y mantener actualizado el sistema de información, formular propuestas para el programa nacional y evaluar su desarrollo, así como dictar los acuerdos tendientes a la realización de acciones y operativos conjuntos. El Consejo Nacional lo coordina el Secretario de Seguridad Pública y lo integran los gobernadores de los estados, el Secretario de Defensa, el Secretario de Marina, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, el Procurador General de la República y el jefe de gobierno del Distrito Federal. Pero dada la naturaleza del Consejo y la importancia de las decisiones que se toman sobre el rumbo de la seguridad pública nacional, los legisladores hemos previsto la contribución de diferentes instituciones públicas relacionadas, tales como la Conferencia de Procuración de Justicia, la Conferencia de Prevención y Readaptación Social y la Conferencia de Participación Social, así como de representantes académicos y de investigación, la de expertos en la materia y la participación de las agrupaciones del sector social y privado interesados en la preservación del orden y salvaguarda de la integridad y derecho de todos y cada uno de los mexicanos. El sistema aludido se ha caracterizado por reconocer la importancia de la colaboración y concurrencia de todos los actores involucrados en la seguridad pública del país. Por ello, tomamos este contexto para proponer que el Poder Legislativo Federal, por conducto de las Comisiones de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y la de Justicia de la Cámara de Senadores, forme parte del Consejo Nacional, pues esto permitirá transmitir las necesidades e inquietudes de la población en esta materia, convirtiéndose en una herramienta más del Consejo que busca y propaga soluciones para el beneficio de la ciudadanía. La presencia del Poder Legislativo Federal en el Consejo Nacional sería de gran utilidad y trascendencia para el sistema, en razón de que eficientaría el trabajo legislativo en materia de seguridad pública, ayudaría a que las necesidades presupuestarias para el cumplimiento de los objetivos fueran aterrizadas dentro de las propuestas del Poder Ejecutivo y facilitaría los consensos dentro de un plano de franca coordinación y colaboración, con la oportunidad, viabilidad y congruencia necesarias en torno a esta problemática que a todos concierne y a todos obliga. En esta materia nadie puede ni nadie debe quedar al margen de las circunstancias, así lo exige en este momento toda la sociedad mexicana. A la presente iniciativa se propone la adición de un transitorio único con el siguiente texto: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Es cuanto, señor Presidente. (aplausos)