La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. La congruencia debe ser el principal eje de nuestro actuar en esta Cámara de Diputados, no el doble discurso cuando se trata de respeto a los derechos humanos. No nos confundamos, el Estado es el responsable de toda la serie de acciones y omisiones que han causado una larga lista de víctimas en nuestro país. El Estado es el responsable de la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente en México, esta situación se ve reflejada en asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas, desplazamientos internos forzados y violaciones sexuales, entre muchas otras circunstancias que ha sumido a México en la peor crisis de los derechos humanos. El Estado es el único responsable, nuestro deber es construir instancias que estén al frente y que hagan frente a estas arbitrariedades que tiene que ver con la discrecionalidad del uso del poder. ¿Quién viola los derechos humanos? El gobierno, sus funcionarios, quienes tienen alguna función pública y se cometen contra los ciudadanos y ciudadanas. ¿Quién atenderá los casos de violaciones a los derechos humanos? De acuerdo a como viene la minuta lo hará el propio gobierno, y en este caso no podemos ser juez y parte. Nuestro deber es construir instancias que hagan frente a esta arbitrariedad y al uso discrecional del poder. Sin embargo, parece que eso se olvida en esta Cámara de Diputados. Algunos todavía apuestan a elefantes blancos y a instituciones adorno que se conviertan en paladines de las atrocidades del gobierno y hay que decirlo, en rehenes de intereses que buscan lucrar con el dolor de las personas. No podemos ser cómplices con el cinismo del Estado en su doble discurso en el respeto de los derechos humanos de las personas. El permitir que bajo un acuerdo político se pretenda imponer, por el presidente de la república, a la persona que ocupará la Comisión Ejecutiva. Es totalmente inaceptable y desvirtúa el origen de este tipo de instituciones. Creo que debería haber habido un poco de sensibilidad y poder haber dejado y haber concedido que esta institución pueda tener autonomía e independencia. Lo que se necesita es una verdadera independencia y autonomía de esta Comisión, alejadas de tentaciones autoritarias de querer controlarlo todo. El actual desastre y el fracaso de la comisión, y por lo que se han tenido que hacer estas reformas, hay que decirlo con todas sus palabras, este fracaso responde a la intromisión del gobierno al no dejar actuar a sus integrantes y pretender inmiscuirse en sus decisiones a través de organizaciones que protegen sus intereses. El PRD ha sido el principal impulsor de cambios a la ley para hacerla operativa. Nuestro objetivo es que las personas víctimas de delitos o de violaciones de los derechos humanos encuentren un verdadero apoyo y no un cautiverio que las victimice de nueva cuenta. Propusimos durante el proceso de discusión mejoras para que el Estado cumpla con sus obligaciones de reparar el daño cuando se ven afectados los derechos de las personas. No podemos aceptar una legislación que opaca las cosas buenas que se han logrado, pero que representa verdaderas regresiones con otras disposiciones que también se pretenden imponer. Resulta mezquino escatimar derechos y más cuando se trata de víctimas. Resulta voraz que el Estado quiera ejercer el control de la comisión ejecutiva al nombrar su primer encargado y ejercer su influencia al controlar la Junta de Gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Por eso proponemos que el Senado sea quien nombre al comisionado, así como lo hace con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que da buenos resultados. El lucrar con el dolor ajeno y solapar el negocio de atención de víctimas solo profundiza la impunidad que tiene en hartazgo a la sociedad y es algo que no podemos tolerar. Pedimos voluntad política para que esta operación funcione, para que tenga independencia y dejemos de lado el doble discurso. Es cuanto, diputada presidenta.