El diputado Elpidio Concha Arellano: Con su permiso, señor Presidente. Los suscritos, Elpidio Concha Arellano y Paulo Tapia Palacios, diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del PRI, con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, y correlativos 55 fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, comparecemos ante este Pleno de esta soberanía con el objeto de presentar esta iniciativa que modifica el numeral dos del artículo 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tenor de los siguientes: ANTECEDENTES: Primero.- La reforma política en 1986, creó el Tribunal de lo Contencioso Electora, entonces un órgano autónomo de carácter administrativo. En 1999, se llevaron a cabo diversos foros de consulta pública para reformar la legislación electoral que derivaron en las diversas modificaciones constitucionales y legales, entre ellas la creación del Tribunal Federal Electoral en substitución del Tribunal de lo Contencioso Electoral. El nuevo tribunal fue definido por la Constitución General de la República, como un órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral, encargado de garantizar que los actos y resoluciones se sujetaran al principio de legalidad, en 1993 se dieron otras modificaciones a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre ellas, la desaparición de los colegios electorales de las cámaras de Diputados y de Senadores y, por consiguiente, la sustitución del sistema de autocalificación por el de heterocalificación, el cual quedó como atributo del Instituto Federal Electoral. Se estableció que, en el caso de controversia, correspondería al Tribunal Federal Electoral dar la resolución final sobre las elecciones de diputados, senadores y asambleístas. Segundo. En 1993 se introdujeron diversas modificaciones al sistema electoral mexicano, entre las que destacan la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sustituyó al Tribunal Federal Electoral. Tercero. En esta reforma se reconoció al Tribunal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y como un órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. En esta misma reforma, en el 96, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adquirió competencia para resolver en forma definitiva e inatacable todas las impugnaciones que se presentaran en materia federal electoral. Cuarto. En 1993 se incorporó al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que amplía sustancialmente la jurisdicción del Tribunal Electoral al reconocerle competencia para resolver los juicios de revisión constitucional electoral contra actos o resoluciones definitivas de las autoridades electorales estatales, cuando se estime que hay violación de preceptos de la misma Constitución General. Exposición de motivos. Primero. Los medios de impugnación en materia electoral son los mecanismos jurídicos consagrados en las leyes para modificar, revocar o anular los actos de las resoluciones en materia que no se apegue a derecho. Entre esos medios de impugnación figura el juicio de revisión constitucional electoral, que constituye el objeto de la presente iniciativa. Segundo. El juicio de revisión constitucional electoral es el instrumento con el que cuentan los partidos políticos para impugnar los actos y resoluciones de las autoridades estatales durante la organización, calificación o resolución de impugnaciones de las elecciones de gobernadores de los estados, jefe de Gobierno del Distrito Federal, diputados locales, diputados a la Asamblea del Distrito Federal, autoridades municipales y titulares de los órganos políticos administrativos del Distrito Federal. El juicio de revisión constitucional electoral procede sólo cuando el acto o resolución impugnado sea definitivo, cuando esa resolución viole algún precepto de la Constitución General, que dicha violación sea determinante para el desarrollo del proceso electoral o para que el resultado, al final de las elecciones, que la reparación solicitada sea posible dentro de los plazos electorales, que dicha reparación sea factible antes de la fecha fijada para la instalación de los órganos de la toma de posesión de los funcionarios electos y que previamente se hayan agotado, en tiempo y forma, todas las instancias legales previstas para combatir el acto o resolución impugnada. La demanda de juicio de revisión constitucional debe incorporarse ante la autoridad electoral responsable del acto o resolución impugnado dentro de los 40 días, contados a partir del día siguiente de aquél en el que tenga conocimiento del acto o resolución referido reciba la demanda la autoridad electoral responsable para de inmediato dé conocimiento público mediante cédula que fijará en sus estados a efecto de que dentro de las 72 horas siguientes los partidos políticos, terceros interesados y con ellos sus candidatos, con el carácter de coadyuvantes puedan ofrecer alegatos. Vencido el plazo mencionado, inmediatamente la autoridad responsable remitirá el expediente a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tercero. Ante el advenimiento de juicio de revisión constitucional electoral, las sentencias de los tribunales estatales no podrán ser combatidas eficazmente por ningún otro órgano jurisdiccional, lo que traería consigo que los conflictos poselectorales se resolvieran más en las plazas públicas que en los tribunales. Después de la reforma electoral del 96 todas las condiciones y las leyes electorales de los estados se modificaron para adecuarse a la disposición de la Constitución General en la materia. En el punto que nos ocupa, las reformas a la Constitución General establecieron, dentro del artículo 116, fracción IV inciso e) la obligación de las constituciones y las leyes electorales de los estados garantizar los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. "En este debate se inscribe esta iniciativa, la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral no establece una disposición expresa que obligue a los integrantes del Tribunal Electoral a emitir una sentencia en un plazo determinado, la cual ha generado no pocas veces tensión e innecesaria incertidumbre en los actores políticos y en la sociedad mexicana. "Quinto.- La relación o la relevancia del juicio que nos ocupa lo acreditan las estadísticas de noviembre de 1996 a marzo del 2005, donde se interponen un total de 3 mil 221 juicios de revisión constitucional electoral, cantidad que representa el 40 por ciento del total de los procesos tramitados en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. "Las acciones de inconstitucionalidad en la materia electoral previstas en esta ley reglamentaria dedica un plazo máximo de 21 días para que el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva en forma definitiva sobre la constitucionalidad en una norma electoral. Hay un plazo pues perentorio. "Séptimo.- Pese al juicio de revisión el Instituto y la constitucionalidad electoral si se desahoga ningún tipo de prueba ni se efectúan diligencias en la materia, admiten plazos específicos y transcurren por regla generalmente más de tres meses a la fecha en que se interpone la demanda inicial hasta que se omite la sentencia. Por ello sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente "Decreto: "Artículo único.- Se reforma el contenido del numeral dos del artículo 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en la Materia Electoral para que el texto del mismo quede en los siguientes términos: Artículo 93. Las sentencias recaídas en los juicios de revisión constitucional electoral se dictarán dentro de los 30 días siguientes a la interposición del escrito inicial que da origen al proceso y serán notificadas: al actor que promovió el juicio, en su caso, y a los terceros interesados a más tardar al día siguiente al que se dictó la sentencia personalmente, siempre y cuando hayan señalado domicilio ubicado en el Distrito Federal, en cualquier otro caso la notificación se hará por correo certificado. "Transitorio: "Único.- El presente entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Es cuanto, señor Presidente.