El diputado Federico Madrazo Rojas: Con su permiso, diputado Presidente Compañeras y compañeros diputados. El principio fundamental de la responsabilidad en el cuidado, conservación, defensa de los ecosistemas y de los habitantes del país, recae en el Estado, sus instituciones, sus autoridades y sus representantes En este sentido, el Artículo 27 Constitucional, indica que a la nación le corresponde el dominio directo de todos los recursos naturales del suelo y subsuelo y la señala como la responsable directa de resguardar y restablecer el equilibrio ecológico, a serle otorgado por ley, el monopolio de la explotación de los recursos naturales Sin lugar a duda, la industria petrolera en el país es hoy una de las actividades y una de las fuentes estratégicas de ingresos más importantes para el país. Más del 30% de los recursos del Gobierno Federal, es decir uno de cada tres pesos que gasta el Estado, provienen de Petróleos Mexicanos y de sus organismos desconcentrados subsidiarios. De los 54 mil kilómetros de ductos instalados en la tierra para la actividad petrolera, encontramos que cerca de 36 mil representan ya un alto riesgo ambiental que ponen en peligro miles de seres humanos, a los ecosistemas, recursos ganaderos, recursos agrícolas y toda la infraestructura municipal y toda la actividad económica que se desarrolle en las localidades por donde atraviesan dichas tuberías y en donde se encuentran los pozos petroleros , refinerías y demás complejos que completan la cadena industrial en la empresa nacional. En un estudio elaborado en el año 2004 por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, resume la magnitud de los daños que solamente en cinco años se registró a nivel nacional, dando como resultado, 341 muertos, mil 133 lesionados, 2 mil 626 intoxicados y 87 mil 728 evacuados, generando así un total de 91 mil 828 afectados. En este sentido, es muy importante resaltar y delimitar las responsabilidades que competen a las autoridades en materia de protección, restauración ambiental y reparación de los daños ocasionados por todas las contingencias, pues los mecanismos compensatorios que existen actualmente, son inciertos, discrecionales y muy poco oportunos para solventar los daños presentados. Solamente de 1997 al año 2001 hubieron 2 mil 592 emergencias ambientales en todo el país, donde el 57% de estas, ocurrieron en instalaciones operadas por PEMEX y a su vez, el 89% de este total, en tan solo tres Estados, que es Veracruz, Tabasco y Campeche De esta forma, encontramos que en las instalaciones de PEMEX Exploración y Producción y en las de PEMEX Refinación ocurren más del 90% de los accidentes de esta empresa. En el caso de la primera, la mayor parte de los incidentes suceden en los ductos , pozos petroleros, baterías de separación y estaciones de compresión. En cuanto a PEMEX Refinación, esos ocurrieron en ductos, refinerías, terminales de almacenamiento , distribución y marítimas. Como anteriormente mencioné, en fechas recientes la paraestatal informó que cerca de 36 mil kilómetros de ductos tienen un alto riesgo ambiental y que su presupuesto ya le es insuficiente para darles mantenimiento, por lo que el peligro de algún accidente es cada vez más probable. Debido a eso, el enorme riesgo que implica su deterioridad a la infraestructura, hace inminente la propagación de desastres que podrían afectar a la población que reside en los municipios denominados como petroleros. Preocupados por esta situación, con la presente iniciativa se busca diseñar un fondo de contingencias para desastres petroleros, que sea sectorizado a la Secretaría de Gobernación, por ser ella la encargada de garantizar la protección civil de la población ante desastre de cualquier índole. Esta fondo dará solución a las eventualidades que se presenten por derrames, explosiones o incendios provocados por la industria petrolera nacional, en donde los municipios afectados puedan, de manera inmediata y de manera directa, hacer uso del mismo para solventar el costo de los daños humanos y materiales que puedan originarse por ese motivo. Es de resaltar que en el marco jurídico actual de la paraestatal, sólo se favorece la entrega de los recursos de compensación a las autoridades de los gobiernos estatales, sin tomar en cuenta el centro, que son los gobiernos municipales, que son en la mayoría de los casos, los principales afectados por los incidentes de este tipo. Esto origina que las externalidades negativas no estén siendo compensadas mediante criterios de racionalidad y eficiencia económica sino a través de mecanismos discrecionales o pactos ineficientes y que sólo van en detrimento de la población afectada y de la capacidad propia que tiene el municipio de hacer el orden de gobierno más cercado. Por todo lo anterior, someto a esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se reforma y adiciona: El artículo 3º., fracción XIII, XVII, XVIII y XIX, el artículo 4º., fracción II y IV, el artículo 12 fracción XI, XIII y XV, el artículo 29, párrafo primero y segundo, el artículo 30 fracción III, el artículo 31 párrafo primero, el artículo 32 párrafos segundo, tercero, noveno y décimo inciso b).,el artículo 35 fracción I de la Ley General de Protección Civil para establecer la compensación a los municipios por las explosiones, incendios, fugas tóxicas y/o derrames petroleros que sean producto de la empresa Petróleos Mexicanos. En virtud de que la presente iniciativa ha sido publicada íntegramente en la Gaceta, solicito a la presidencia se inserte este texto en el Diario de los Debates. Es cuanto diputado presidente.