El diputado José Luis Blanco Pajón: Con su permiso señora Presidenta. Con su permiso compañeras diputadas y compañeros diputados. En primera instancia me permito resaltar la iniciativa de los diputados priístas que durante el pasado mes de abril del 2004 presentaron, a nombre del diputado Eugenio Mier y Concha Campos, la iniciativa con proyecto de decreto que reformaba diversos artículos de la Ley de Pesca, así como la de los diputados Escalante Arceo y Moreno Cárdenas, también del PRI, que durante noviembre del mismo año, presentaron la iniciativa con proyecto de decreto de ley, que crea el Fondo Nacional para el Desarrollo Pesquero (Promar) Estas propuestas de compañeros priístas fueron el catalizador que propició, en diciembre del 2004, que los diversos diputados y diputadas integrantes de la Comisión de Pesca presentaran ante el Pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, donde se considera a la pesca y a la acuacultura como asunto de seguridad nacional y prioritario para el desarrollo del país. A fin de enriquecer este dictamen, la Comisión de Pesca llevó a cabo una amplia consulta nacional, realizándose 18 foros en diversos puntos del país, involucrando a todos los sectores relacionados con la actividad pesquera. Esto dio como resultado modernizar la Ley de Pesca vigente, expedida en 1992; teniendo aprobada, condensada y lista para ser publicada la presente ley, que será primordial como una invaluable herramienta que promoverá la recuperación del ordenamiento y desarrollo planeado y sustentable de este sector que actualmente está pasando por una situación difícil. Dentro de las aportaciones más novedosas que presenta la nueva ley, destaca que se considera el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros y acuícola como condición esencial para asegurar a las presentes y futuras generaciones un mejor nivel y calidad de vida. Se busca y se promueve la concurrencia y la competencia con otras áreas de competencia, como lo son las de desarrollo económico, social y ambiental. También otorga más facultades a estados y municipios, a través de los consejos estatales de pesca y acuacultura, que participarán en los programas de manejo y ordenamiento pesquero, en la opinión de solicitudes de permisos y en las acciones de inspección y de vigilancia, posibilitando la elaboración de convenios de descentralización de la actividad pesquera. Se dará preferencia a los pueblos y comunidades indígenas para el otorgamiento de los permisos y concesiones, así como para el otorgamiento de estímulos y tecnología para incrementar su capacidad productiva. También esta Ley considera a la pesca y acuacultura como asunto de seguridad nacional y prioritaria para el desarrollo. En esta Ley se incorpora un título que regula la actividad acuícola, creando los planes de ordenamiento y las unidades de manejo acuícola; para garantizar que sea una actividad sustentable y competitiva. Con esta Ley se evita la duplicidad de funciones entre la Federación, los estados y municipios. También se promueve con ella el acceso a los mercados nacionales e internacionales, mediante temas de sanidad acuícola se fortalece la investigación y la vinculación con los sectores productivos, creando una red internacional de información que promueva una mejor administración de los recursos pesqueros. Con esta ley se crea el programa Integral de Inspección y Vigilancia con sanciones más severas para las conductas infractoras. Y se crea el Fondo Mexicano para el Desarrollo Pesquero y Acuícola denominado Promar, como instrumento para promover la conservación, incremento, aprovechamiento sustentable y restauración de los recursos pesquero y acuícola y se define con claridad el procedimiento para entregar los permisos y concesiones. Estas son tan sólo algunas de las invaluables aportaciones con las que la presente ley contribuye para el resurgimiento de uno de los sectores prioritarios del país y al que nunca debimos de dejar de darle atención primordial. Con sus más de 11 mil 592 kilómetros de litoral, la gran diversidad climática y de especies de interés comercial, que son más de mil 200 especies, su alto contenido social con más de 350 mil empleos directos y dos millones 300 mil indirectos y capturas de 1.4 millones de toneladas y más de 12 mil millones de pesos anuales. Estamos seguros que a partir de esta publicación de la presente ley, la actividad pesquera será más ordenada, más eficiente y más sustentable. Felicidades a todos los diputados y diputadas de las distintas fracciones parlamentarias que participaron en la elaboración de la presente ley. El Partido Revolucionario Institucional, por lo anterior su suma a ésta, a la aprobación de este decreto de ley, por la reivindicación del sector pesquero y el progreso de México. Muchas gracias.