El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, para todos es conocido que existe una percepción muy negativa por parte de los ciudadanos sobre la práctica política, de que muchos servidores públicos de alto nivel, federal o local, abandonen sus cargos públicos para los que fueron designados y que los propios servidores aceptaron y rindieron protesta de ley para su ejercicio, para posteriormente cada tres años separarse del cargo para buscar un cargo de elección popular o incorporarse a alguna campaña para gobernador o para presidente de la República, como sucederá en las próximas elecciones del 2018. Y hablo de que literalmente abandonan sus cargos, por lo siguiente. En primer lugar, la sociedad siente que esta práctica perniciosa confirma el supuesto de que los altos funcionarios utilizan su cargo como trampolín para lograr los intereses políticos personales y de su partido, por lo que no existe compromiso real para servir con la comunidad y a la comunidad, del cargo para el cual fueron designados y que, por cierto, al asumirlo juraron y perjuraron que no buscarían ninguna otra opción de administración o de actividad política hasta terminar su encargo, eso lo dicen todos, y que van a estar realizando todo su esfuerzo para lograr los resultados que esperan los mexicanos del cargo correspondiente. Se escuchan también, elección tras elección, las acusaciones sobre el uso indebido de recursos públicos para financiar campañas electorales, para financiar no solamente las campañas electorales sino también para proporcionar información confidencial al servicio de determinados candidatos. Y no obstante que la legislación mexicana establece una gran cantidad de restricciones en cuanto a la participación de servidores públicos en funciones, no existe ninguna limitante de que estos opten por dejar sus cargos en el momento que quieran e incorporarse de manera inmediata a realizar actividades de dirección partidista. Lo anterior supone diversos conflictos y escenarios que pueden derivar en el beneficio o ventaja para algún partido político o candidato al momento de participar en una contienda electoral, o en su detrimento, de los derechos político-electorales de sus potenciales adversarios. A la fecha se considera anormal, pero no aceptado por la sociedad, que los partidos políticos recurran a los funcionarios que les son afines para que les proporcionen información que les permita utilizarla políticamente o para la confección de programas o proyectos a la medida. Al ser nombrado a un cargo público implica la posibilidad de integrar un equipo de trabajo con gente de confianza, a fin de que la persona que llegue a ocuparlo pueda rodearse, precisamente, de personas que le son afines. Esto a su vez, si se realiza como se viene haciendo en una forma poco pulcra, se puede, repito, obtener información privilegiada y destinar recursos humanos y materiales de una dependencia o de alguna entidad federal para favorecer a un partido político o a un futuro candidato. Por otra parte, es importante tomar en cuenta que uno de los principios constitucionales que rigen la actividad electoral es precisamente el de la imparcialidad. La imparcialidad, que implica abstenerse de influir, distraer o desviar recursos en favor de cualquier partido político o candidato. Por tal razón, Encuentro Social considera necesario implementar mecanismos para impedir estas conductas ilegales. Por ello, es necesario que sean reguladas y restringidas por la norma suprema de la nación mexicana. Para ello, es indispensable realizar una reforma al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer lo siguiente. Se adiciona un último párrafo al texto del artículo 108 constitucional para quedar como sigue: Toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en la administración pública federal, así como los servidores públicos que laboren en los órganos en los que la propia Constitución les otorgue autonomía, no podrán desempeñar cargos directivos en partido político alguno, a menos de que se separen del cargo público con un año de anticipación a la fecha en que sean electos o designados, en cualquier área de dirección de cualquier partido político nacional. Para reforzar esta reforma constitucional, deberá por supuesto reformarse la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la siguiente manera: El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión no deberá ejercer funciones de dirección en los partidos políticos, hasta un año después de haber concluido sus funciones. Esto daría mayor certeza y daría legitimidad a los propios funcionarios que pretendiesen adherirse por un cargo dirección en su partido político. Actualmente cualquier servidor público, de cualquier nivel, sobre todo de altos niveles, es muy frecuente que cuando se acercan los procesos electorales , cada vez que se les cuestiona sobre si aspiran o no aspiran a un cargo de elección popular su respuesta es que están exclusivamente imbuidos en el cargo para el cual fueron designados y de un momento a otro renuncian a sus cargos precisamente para poder estar en los tiempos electorales para buscar el cargo de elección popular o para adherirse a las campañas de los candidatos a gobernadores o, repito, como el próximo año a la campaña presidencial. Yo creo que esto es poco ético, y segundo, por supuesto que lo que se ocasiona es que los ciudadanos refrenden con estas conductas el que precisamente los servidores públicos no utilizan sus cargos para el bien común, los utilizan como trampolín para los cargos de elección popular posteriormente. Hay que reflexionar mucho sobre esto, porque con esta restricción y con esta adición al 108 constitucional podemos evitar estas cuestiones y podemos obligar a que los servidores públicos de alto nivel concluyan sus cargos en el tiempo para los cuales fueron designados. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidenta.