El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, vengo a presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Este dictamen pretende dar solución a un problema surgido recientemente en el seno de la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados. Como se recordará, en la sesión del 12 de octubre de 2017 la Sección Instructora no pudo tomar una determinación respecto a acusaciones contra dos diputados por su presunta implicación de los malos manejos de la administración pública en el estado de Veracruz, por lo cual se acordó enviar el asunto a la Mesa Directiva para que este órgano decidiera si el asunto pasaba al pleno de la Cámara de Diputados o no. Cabe apuntar que ya en abril de ese año había sucedido esto mismo al discutirse por primera vez. Esta circunstancia hizo revisar el número de integrantes que componen la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para tratar de resolver este problema, y los integrantes de este órgano colegiado hemos considerado que al haber un número impar de integrantes, la Sección Instructora podría tener más posibilidades al interior de tomar determinaciones que eviten el empantanamiento de los asuntos en esa instancia, por lo que esperamos que esta resolución legislativa evite parálisis y atascos, por lo que solicitamos votar a favor del dictamen propuesto. No obstante es necesario reconocer que el rezago en materia de solicitudes de procedencia y juicios políticos, no será resuelto con esta reforma. Recordemos que la Sección Instructora es el órgano que se encarga de practicar las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hechos materia de aquella, estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado en el juicio político, y debe realizar las diligencias conducentes a establecer la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita en el caso de la declaración de procedencia, y concluida esta averiguación, dictaminar si ha lugar a proceder penalmente contra el inculpado. En ambos casos la Sección Instructora procede solamente después de que las acusaciones pasan por un primer filtro, el de la subcomisión de Examen Previo, que es quien establece los antecedentes de la acusación para determinar si el caso amerita la investigación e instrucción. Como ha sido descrito por el jurista Fernando Santolaya: una revisión parlamentaria ante actos de corrupción por parte de servidores públicos debe ser limitado y con estricto apego de los valores y principios protegidos. Conforme a las cifras entre 2003 y 2017, en la Cámara de Diputados se acumularon 356 denuncias de juicio político. Esta cifra nos hace reflexionar sobre la importancia y la celeridad con que debemos actuar, pero sobre todo responder como legisladores ante estos actos. En febrero de 2017 los integrantes de la subcomisión de Examen Previo recibieron del juzgado décimo segundo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, el requerimiento de pronunciarse sobre la procedencia o no de denuncia de juicio político en contra del ex gobernador del estado de Chiapas, Juan José Sabines. El juzgado los apercibió que, de no pronunciarse, se les impondrían una multa a las y los diputados federales por incumplir las sentencias de amparo. Finalmente, por no haberse pronunciado, el juzgado terminó por multarnos. No obstante, en cumplimiento a la sentencia de amparo, la subcomisión de Examen Previo sesionó el 1 de marzo de 2017 y con 12 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, resolvió desechar por prescripción 109 solicitudes de juicio político de las 364 que presentaron desde 2003 a esta fecha. Tengamos en mente que los agentes de control deben ser autoridades o sujetos de poder cualificados por su condición política cuyo control se basará en la capacidad de una voluntad para fiscalizar, tal como lo menciona el magistrado español Manuel Aragón, labor que deberá ser acompañada por los correspondientes medios de control, los cuales son elementos imprescindibles de la democracia. Los exhorto, compañeras y compañeros, a trabajar en conjunto a fin de generar los instrumentos necesarios para llevar a cabo esta labor, que sin duda alguna, signará un precedente importante en la actividad legislativa que realizamos en este recinto. Por todo ello insto a la pronta revisión y actualización de las normas relativas de las responsabilidades de los servidores públicos, y agradecer a los compañeros y compañeras diputadas de la comisión por la aprobación de este dictamen. Y, asimismo hago del conocimiento que hay una propuesta si me permite presidente muy breve, para que se cambie el artículo primero transitorio, que diría de origen: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. La propuesta de modificación es: Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 14, de los Estados Unidos Mexicanos, los procesos que se encuentren en curso de la Sección Instructora de la LXIII Legislatura de la Cámara de Diputados, continuarán su desahogo conforme al acuerdo de su integración publicado en el Diario Oficial el 11 de marzo de 2016. Es cuanto, señor presidente.