La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, el pasado 23 de septiembre se conmemoró el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, que desde hace 13 años se instauró por iniciativa de la Conferencia Mundial de la Coalición contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh en enero de 1999. Para el Grupo Parlamentario del PRI, en esta Honorable Cámara de Diputados, es una fecha que no podemos dejar pasar desapercibida, porque se refiere a un problema cuya dimensión social y humana nos emplaza. Quizá como ningún otro, asumir nuestra responsabilidad política con un profundo sentido ético y de justicia. La fecha recuerda un hecho notable y aleccionador, pues el 23 de septiembre de 1913 se promulgó en Argentina la primera norma legal en el mundo contra la prostitución infantil. Casi un siglo ha transcurrido desde entonces, y desafortunadamente el flagelo de la trata de personas que afecta de manera especialmente cruel a mujeres y niños, haciéndolos objeto de trabajo forzado y de explotación sexual, no ha podido ser desterrado de la faz del planeta; por el contrario, parece que el mundo global de comercio prácticamente irrestricto, de bienes y servicios, de comunicaciones instantáneas y de consumo masivo que no conoce fronteras, el ser humano también es considerado como mercancía y es objeto del más vil de los comercios en pleno siglo XXI. Hoy, sabemos que después del tráfico de drogas y de armas, la trata de personas en sus distintas facetas de explotación sexual, se trabajo esclavo, de mendicidad forzada, de servidumbre doméstica y abuso de todo tipo, es el negocio trasnacional más lucrativo y el más infame, porque se sustenta en la degradación del ser humano, en la pérdida de su libertad y de su dignidad mediante el uso de la coerción y la violencia. En nuestro país los esfuerzos por combatir a fondo los delitos relacionados con la trata de personas y la explotación sexual de menores son relativamente recientes, apenas el 14 de junio de este año fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que expidió la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de esos delitos, la cual sustituyó a la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas que había estado vigente desde noviembre de 2007. Nuestro partido, el PRI, fue un activo promotor de ese marco normativo y estamos comprometidos con su cabal implementación. Hacen falta acciones ejecutivas de mayor envergadura y una mejor coordinación entre los distintos niveles de gobierno, así como una mejor canalización de recursos que vayan de la mano con la nueva distribución de responsabilidades, por ejemplo hacia los sistemas estatales del DIF. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas define un catálogo de responsabilidades exclusivas para los gobiernos estatales y municipales en materia de diseño de políticas públicas, disposiciones presupuestales, adecuaciones jurídicas, normativas y reglamentarias, así como la construcción de diagnósticos estales y municipales y sus consecuentes planes de acción en la materia, todo ello hace necesario contar con recursos no sólo presupuestales, sino técnicos y humanos para abordar el problema. Se requiere contar con información lo más precisa y confiable posible, considerando la complejidad del delito y el subregistro de muchos casos, con el fin de que se normen adecuadamente los criterios de acción y se puedan establecer prioridades regionales, así como precisar programas eficaces de prevención y atención a víctimas. En la actualidad, los datos disponibles provienen fundamentalmente de organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo, distintas agencias de la Organización de las Naciones Unidas, o del propio Departamento de Estado de Estados Unidos, que elabora un informe anual sobre ese fenómeno en el mundo. Como ejemplo de la escasa información con que contamos en México, se puede citar el segundo informe, respeto de los derechos humanos en materia de trata de personas con fines de explotación sexual en el Distrito Federal; del Observatorio contra el Delito, en donde señala que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de diciembre de 2010 a noviembre de 2011, registró 49 consignaciones en materia por delito de trata de personas, 32 de éstas con detenidos y 17 sin detenidos. Asimismo, resolvió 24 sentencias condenatorias y 25 absolutorias. La Comisión del Delito de la Trata de Personas está relacionada siempre con una extendida presencia de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños, acompañadas de factores como la pobreza, la migración y la vida en comunidades segregadas. Se requiere una verdadera cruzada que incluya la participación social, para atacar efectivamente el fenómeno de la trata de personas, que muchas veces se enmascara con prácticas que desafortunadamente florecen en medio de la permisividad social con el trabajo infantil de la calle.