El diputado Cuauhtémoc Ochoa Fernández (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores: Para fortalecer a las organizaciones sociales vinculadas al sector de ahorro y crédito popular fue necesario reformar el marco normativo para proteger los intereses de los participantes, por lo que en abril del 2001 se aprobó la Ley de Ahorro y Crédito Popular y la Ley Orgánica del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, BANSEFI. En perspectiva vemos que el Sistema de Fianzas Populares avanza hacia su consolidación, como un actor energético del área financiera en la construcción de un importante nivel de ahorro, crédito y financiamiento, para ser utilizados como instrumentos para la promoción de una nación más justa e incluyente. Una de las estrategias para combatir las recientes irregularidades en el sistema financiero, es fortalecer a la banca social, dentro de la que se encuentren instituciones como Banco Nacional y Servicios Financieras Bansef, para ofrecer servicios financieros a los grupos sociales no bancarizados, con el fin de crear intermediarias financieras, impulsar el cooperativismo y promover las cajas de ahorro, con la finalidad de formar un sistema de captación de ahorro y crédito popular a nivel nacional en un sistema en pleno proceso de crecimiento y maduración, ahora se le conoce como la Red de la Gente. El sistema de finanzas populares debe avanzar hacia su consolidación, como un actor estratégico del área financiera, en la construcción de una nación más justa e incluyente, en este contexto una de las estrategias, para no repetir y combatir las irregularidades en el sistema financiero y las costosas experiencias de su mala administración, es sin duda el desarrollo, promoción y maduración de la banca social, posibilidad que trata de madurar esta importante alternativa, al ofrecer servicios financieros a los grupos sociales, sin acceso a la banca comercial, con el fin de crear intermediarias financieras, impulsar el cooperativismo y promover las cajas de ahorro. El esquema está funcionando incitidamente y como legisladores debemos fortalecerlo y democratizarlo, de acuerdo a datos del Banco Nacional y Servicios Financieros, al cierre del 2003 había alrededor de 7 millones de mexicanos que no tenían acceso a servicios financieros y que ahora podrán hacer uso de créditos y programas de ahorro de la banca popular. En la actualidad el sector de ahorro y crédito popular atiende aproximadamente a cinco millones de personas y en el 2004 se sumarán 1 millón 700 mil personas más, que recibirán por medio de esta institución el dinero por los programas gubernamentales Pro Campo y Oportunidades. Pero falta mucho por hacer y, como legisladores, debemos propiciar su constante crecimiento y alcanzar la meta de bancarizar a las personas que viven en las zonas rurales y marginadas del país, pues aun existen alrededor de 15 millones de personas en nuestro país que no tienen acceso a servicios financieros formales. La Ley de Ahorro y Crédito Popular debe vigilar que todo tipo de institución que capte ahorro en los mexicanos, cajas populares, cooperativas, sociedades de crédito, no pongan en peligro el patrimonio de la familia, garanticen transparencia en su gestión, propicie la democratización del capital y el acceso al crédito, siempre tomando en cuenta que el sistema de banca social, cajas de ahorro popular, cooperativas o sociedades financieras, no deben ser regulados ni administrados por criterios de rentabilidad privada. Recordemos que la banca social, su operación, su gestión y medición, su eficiencia debe ir dirigida a alcanzar el acceso al crédito y proporcionar la desmoralización del capital, con el fin de garantizar la rentabilidad social. Debemos evitar y decir no a la concentración ni a la centralización del capital, debemos evitar los vicios y malos manejos que se presentaban en la banca privada en nuestro país. La banca privada ha sido ineficiente, y para comprobar esta afirmación, damos el dato siguiente, ésta ha reducido el 80% su cobertura financiera al sector privado y cada vez se aleja más de los sectores que considera de mayor riesgo. En consecuencia, en la actualidad más del 6% de la población económicamente activa recurre para ahorrar y obtener préstamos personales, refaccionarios o de avío a cajas de ahorro, cooperativas y sociedades financieras. El crecimiento a la banca social es la alternativa a la caída del crédito, al aumento de las comisiones y la poca cobertura de servicio de ahorro y crédito. Ante esta realidad la Ley de Ahorro Popular debe habilitarse con un sistema de supervisión, en la que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, garantice regularización y transparencia, por ello, la banca social en nuestro país debe fortalecerse desde el Legislativo, con normas eficientes que permitan supervisión, regulación, transparencia y sobre todo la democratización del capital, que proporcione certeza a los ahorradores y mayor posibilidad de acceso a crédito en condiciones más flexibles y menos onerosas. El problema de lograr alcanzar un sistema bancario eficiente y menos costoso en nuestro país sigue sin resolverse, lo que tenemos en nuestro país actualmente es una banca múltiple ineficiente y comisionista, que no otorga el crédito necesario para proporcionar crecimiento económico en nuestro país. Nuestra meta desde el Legislativo debe ser fortalecer y consolidar un sistema de banca social alternativo, articulado y robusto, que dé acceso a servicios bancarios a todos los sectores sociales y económicos que actualmente se encuentran alejados de éste y que paulatinamente alcance cobertura nacional. Recordemos que la banca privada en la actualidad ya no es fundamental nacional, no otorga créditos suficientes ni mucho menos a tasas competitivas. Actualmente tenemos básicamente una banca privada disfuncional a los objetivos básicos de toda banca: captar ahorro y otorgar crédito. El crédito lo ha concentrado básicamente en el financiamiento gubernamental, discriminando a los sectores productivos y en especial a los sectores populares de bajos ingresos. Su crecimiento lo ha basado en un esquema de financiamiento de riesgo, nulo e incremento sistemático en e cobro de altas comisiones por sus diversos servicios. En el contexto y con el fin de posibilitar el crecimiento y fortalecimiento de una banca popular sana, que detone crecimiento económico y círculos virtuosos en la economía, promoviendo el crédito a la inversión, el empleo, el ingreso, el consumo y el ahorro, pero sobre todo con el fin de otorgar mayor acceso a millones de familias de los sectores populares, al círculo del ahorro-préstamo, pero sobre todo con el fin de democratizar el capital del sistema de banca popular, los diputados que integran la fracción del Partido Verde Ecologista de México proponemos lo siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 44, 45 y 46 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para quedar como sigue: Artículo 44: Ninguna persona física o moral podrá adquirir directa o indirectamente mediante una o varias operaciones de cualquier naturales, simultáneas o sucesivas, el control de acciones por más del 5% del capital social de una sociedad financiera popular. Tratándose de personas morales no lucrativas, podrán adquirir hasta el 20% del capital social. Artículo 45: Las personas físicas y morales podrán adquirir o transmitir la propiedad de acciones de una sociedad financiera popular, hasta por un monto equivalente al 5% del capital social de dicha sociedad. En caso de que una persona pretenda adquirir o transmitir más del 5% del capital sociedad de una sociedad financiera popular, deberá solicitar la autorización de la Comisión, previo dictamen favorable de la federación que la supervise de manera auxiliar. Artículo 46: Las personas que adquieran o se les haya transmitido la propiedad de acciones de una sociedad financiera popular por más del 1% del capital social de la entidad, no podrá recibir créditos de la misma, pero sí podrán acceder a las demás operaciones o servicios de la entidad. Las personas morales que poseen hasta el 5% del capital de la sociedad financiera popular y que cuenten con más de 50 socios podrán recibir créditos previo acuerdo a las 2/3 partes del consejo de administración. Es todo, señor Presidente.