La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea, amigos y amigas, desde la LXI Legislatura aún no podemos hacer completamente accesible esta Cámara. Ojalá que hoy, en la legislatura de la inclusión, con ocho diputados y diputadas que por primera vez llegan en ese número a esta Cámara, podamos avanzar. La reserva que vengo a presentar al artículo 10 de la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia busca ajustar el conducto por el que la Cámara de Diputados sustanciará el procedimiento de juicio que le está facultando esta ley que estamos discutiendo. De acuerdo con el texto, esta soberanía podría realizarlo a través de la Comisión Jurisdiccional, la cual después deliberará con base a propuestas emitidas por la Junta de Coordinación Política, se integrará la Sección Instructora. Sin embargo, el procedimiento como está planteado en este momento elimina la Subcomisión de Análisis Previo propuesta con anterioridad, limitando la capacidad a análisis y evaluación técnica en todos los casos y las denuncias presentadas. Esto desde nuestra visión en el PRI constituye un instrumento de censura y de liberación sesgada, que podría ser utilizado para generar efectos anticipados, antes de observar el desarrollo y cumplimiento estricto de la ley. Sin embargo, en ánimos de construir un sistema de certeza y claridad, la propuesta del Partido Revolucionario Institucional en esta reserva busca darle cause al procedimiento del juicio, a través de un primer filtro receptor, establecido en las Comisiones Unidas de Gobernación, de Puntos Constitucionales y de Justicia. Nuestra propuesta es que sean estas comisiones quienes designen a cinco miembros de cada una de ellas, acompañadas por su presidente y un secretario por caca una de ellos para que integren la Subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicios Políticos, facultadas por esta competencia exclusiva, que tiene el propósito establecido en esta ley que discutimos. Con ello eliminamos cualquier posibilidad de que esta propuesta de ley se convierta en un instrumento, herramienta, mecanismo para amenazar y perseguir opositores, así como a los titulares de los organismos autónomos. La existencia de comisiones en este sentido sirve para generar un contrapeso en la agenda legislativa y blindar el debido proceso, en un entorno de libertades y competencias legales. Diputadas y diputados, estamos en un momento oportuno de reflexionar, aún es tiempo, sobre las garantías que deben existir, tanto en la regulación como en la práctica para prevenir el uso de un juicio político como un instrumento de filias y fobias. Por su naturaleza híbrido en este contexto, en este proceso de juicio político que tiene una arquitectura y una naturaleza político-judicial, el juicio político representa un gran desafío al momento de establecer criterios firmes para delimitar el uso apropiado. Y hay tres principios que aseguran la legitimidad del proceso, y yo quisiera que los tomáramos en cuenta porque va a ser importante para hacer una muy buena ley, no solo con técnica legislativa, sino ajustar a la Constitución a la que estamos obligados, y es la legalidad, la imparcialidad y el debido proceso, principios que son ineludibles para un Estado de derecho y al que nosotros, esta legislatura, estamos obligados. Este poder del Estado estamos obligados, bajo el parámetro de regularidad constitucional y de convencionalidad que nos obliga el artículo 1o. de nuestra Ley Fundamental y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales de los que somos parte, que México ha firmado y ratificado el Senado de la República. Y tenemos varios precedentes importantes que nos dan luz, nos orienta y nos guían. Tenemos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos Petro Urrego versus Colombia. Encontramos Maldonado Ordoñez versus Guatemala. Y encontramos, también, el caso del Tribunal Constitucional versus Ecuador y muchos más casos que nos pueden orientar, dar luz, orientación y guía para poder legislar no solo en el marco de la convencionalidad, sino en el parámetro regularidad constitucional. Hay varios más y nos dicen, en esencia, que el juicio político debe garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos de los involucrados. Termino, presidente. Porque a mí me parecería vergonzoso, diputados, que en un enorme descrédito para el Poder Legislativo termino alguna persona sometida a juicio, por falta de debido proceso, la Suprema Corte de Justicia...