El diputado Jorge Tello López: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento ante esa soberanía reforma con proyecto de decreto en la iniciativa del Ejecutivo federal presentada ante la Cámara de Senadores para incorporar el Apartado B al artículo 123 constitucional. Los principios de protección para el trabajo de los servidores del Estado se reconocía que éstos, por diversas y conocidas circunstancias no habían disfrutado de todas las garantías sociales, que tal precepto consignaba para los demás trabajadores al distinguir a unos y a otros, señalaba que mientras los primeros laboraban para empresas con fines de lucro, los segundos trabajaban para instituciones de interés general constituyéndose en íntimos colaboradores en el ejercicio de la función pública. Aseveraba también que el trabajo no era simple mercancía, sino que formaba parte esencial de la dignidad del hombre, por lo cual debía ser legalmente tutelado. Garantías sociales que son escamoteadas hoy en día por todos los gobiernos de la república, de las entidades federativas, del Distrito Federal, municipios y demarcaciones territoriales, los Poderes de la Unión de las entidades federativas y los órganos de gobierno del Distrito Federal no escapan a esta práctica de suprimir las prestaciones sociales de los trabajadores de confianza al servicio del Estado. Esta soberanía nacional lejos de dignificar sus derechos, que fue obra del Constituyente Permanente, se ha encargado de socavar sus prestaciones sociales. El artículo 123 del Código Político de 1917 era considerado como una conquista histórica de la Revolución Mexicana, que no debía ser motivo de modificaciones ni esenciales ni literales de ninguna naturaleza. Las Comisiones Unidas Primera de Puntos Constitucionales y Primera del Trabajo de la Cámara de Senadores en su dictamen reiteraron que siguiendo la tradición establecida por el Constituyente de 1917 y a fin de enriquecer las garantías sociales, como para garantizar el respeto de sus derechos, se elevaba a rango constitucional la adición a la ley fundamental. En la discusión de esta iniciativa se destacaba que, después de 35 años de lucha continúa por elevar su condición económica y social, los trabajadores al servicio del Estado verían cristalizados sus más caros anhelos. Además sostenía los puntos en las oficinas públicas, eran considerados en términos generales como botín político y solamente tenían acceso a ellos los compadres y amigos de los jefes en turno con grave perjuicio de la buena marcha de la administración y en contra de quienes por su conocimiento y honradez, y casi por indispensables, ya que realizaban todas las labores de sus oficinas lograban conservar sus empleos, soportando arbitrariedades e insolencias de los favoritos que quedaban en calidad de dueños de vida y consciencia de los empleados de sus órdenes, dedicándose a realizar negocios personales y a lucir su autoridad con trabajadoras que necesitaban de su empleo para subsistir, mientras los abandonados de la fortuna trabajaban, las más de las veces jornadas de 10 a 12 horas diarias, sin pago de tiempo extra, sin día de descanso a la semana, sin estímulo que le permitiera superarse y sin derecho a ser la menor reclamación al jefe inmediato por los malos tratos y vejaciones de que eran objeto. Diciembre marcaba el momento trágico del trabajador, ya que en aquel tiempo en lugar de recibir felicitaciones de fin de año o del acostumbrado aguinaldo de nuestros días, era casi seguro que se le comunicara el término cese, con objeto de acomodar a su recomendado o un favorecido a partir del 1 de enero del siguiente año. Al Constituyente Permanente le daría pena constatar que subsiste esa realidad, pues los trabajadores de confianza siguen soportando arbitrariedades e insolencias y día con día ven escamoteadas sus prestaciones sociales con la anuencia de los poderes constituidos y de los órganos de gobierno del Distrito Federal. La justicia social producto del Constituyente de 1916 y 1917, lejos de haberse consolidado a 99 años de su promulgación, es minada por Constituyente Permanente o por el legislador ordinario. Es cuanto.