El diputado Arturo Nahle García: En la Cumbre Mundial sobre Alimentación celebrada en noviembre de 1996, México suscribió la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial, en la que se reafirmó el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos. En este sentido nuestro país adquirió compromisos para garantizar la seguridad alimentaria, que si bien se encuentra regulada en diversas leyes federales, mediante la adición constitucional que proponemos los autores de esta iniciativa, se lograría reforzar el derecho a la salud, ordenado por la Constitución como garantía individual. El desarrollo integral de la persona humana requiere necesariamente que ésta reciba los satisfactores materiales indispensables, particularmente una alimentación que contenga suficientes nutrientes, pues de ellos dependerá en gran medida que logre también un adecuado desarrollo intelectual. El hecho de que en nuestro país existan tan altos porcentajes de población desnutrida, en especial de jóvenes y niños de zonas marginadas, ha llamado la atención de los legisladores federales, para que a través de la norma constitucional se reconozca el derecho a una adecuada alimentación y que los alimentos se suministren con un mínimo de nutrientes, pues a través de esta medida la población mexicana estará en condiciones propicias para lograr un mejor desarrollo social, económico, político y cultural. Las propuestas de modificación constitucional pretenden elevar la calidad y la confianza de proveedores y consumidores, así como generar una cultura de producción y consumo que minimice la costumbre de consumir productos nutricionalmente neutros o nocivos. Compartimos la preocupación respecto del estado de desnutrición en que sobrevive un elevado porcentaje de nuestra población. Igualmente reconocemos que es deber del Estado Mexicano proveer a sus habitantes de condiciones mínimas de bienestar material, que sirvan como fundamento para que mujeres y hombres del país desarrollemos adecuadamente todas nuestras capacidades físicas e intelectuales. Al mismo tiempo, somos de la idea que el derecho constitucional a la alimentación, tal y como se aprobó en el Senado de la República, por su propia naturaleza y por las circunstancias económico-sociales en que ahora se encuentra nuestro país, presentaría serias dificultades para hacerlo exigible, pues deben tomarse en cuenta los medios y la infraestructura que lo permitan. Por esta razón y además porque del contexto del propio artículo 4º se infiere que las obligaciones asumidas son de hacer y no de dar, esta Comisión Dictaminadora, la de Puntos Constitucionales, estimó pertinente modificar la Minuta del Senado, al cambiar la redacción propuesta para el párrafo que se pretende adicionar al 4º constitucional. Lo anterior, porque se consideró que para poder llegar a tal objetivo, debe ser una Ley Secundaria la que establezca la manera en que el Estado integrado por la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios concurran en la materia al igual que la participación de os sectores social y privado. La Comisión de Puntos Constitucionales propone modificar la redacción del segundo párrafo adicionado a la Fracción XX del Artículo 27 de la Constitución Federal, a fin de que sea coherente con la modificación realizada al texto del párrafo 3º. del artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto señor Presidente.