El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, buenas tardes. Con fundamento en los artículos 6o., numeral 1; artículo 77, numeral 1, y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, comparezco ante ustedes convencido de que la cuarta transformación debe tener en el centro de atención a todas y todos los ciudadanos, donde es fundamental replantear los derechos bajo una visión moderna que responda a la realidad y problemática actual para garantizar su protección efectiva. En Encuentro Social sabemos que hoy en día no podemos concebir a un ciudadano desvinculado del consumo. Diariamente adquirimos o utilizamos productos, bienes y servicios para satisfacer cada una de nuestras necesidades. Es hasta imposible ejercer nuestra ciudadanía y nuestros derechos humanos si no somos consumidores. Al respecto, el artículo 1o. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, aprobada en diciembre de 92, reconoce como principios básicos relacionados con el consumo a la protección de la vida, la salud, la seguridad, la educación, entre otros. Sin embargo, en nuestro marco jurídico no está consagrado el consumo como un derecho, lo cual deja una clara desventaja y nula protección a los ciudadanos y ciudadanas. Esto se refleja en las cuantiosas denuncias que cada año se realizan ante Profeco y Condusef. Es decir, el Estado no tutela ni garantiza los derechos del ciudadano como consumidor. De ahí que se requiere de la denuncia de un consumidor para la intervención de la autoridad administrativa. Cuando alguien denuncia, la resolución es únicamente sobre el quejoso. Bajo esta lógica, las sanciones, si es que existen, son siempre menores. Con esto nos damos cuenta que las malas prácticas están normalizadas con un cálculo de costo-beneficio en favor siempre de las empresas. Estos no son errores casuales ni aislados, sino una forma de robo o fraude, donde las víctimas siempre son los consumidores. Para acabar con estas prácticas debemos por mandato de ley garantizar el derecho de la colectividad y no solo del quejoso. Si el Estado asume la tutela de los consumidores, cuando se identifiquen malas prácticas comerciales se podrá obligar a la reparación del daño de todas las víctimas, no solo de una persona. Ante este escenario, resulta imperativo elevar a rango constitucional los derechos del ciudadano en su calidad de consumidor, toda vez que estos son vehículos sociales de protección general, vinculados a los derechos sociales, económicos y humanos. Recordemos, compañeras y compañeros, que proteger los derechos de las y los ciudadanos en su calidad de consumidores, es proteger su derecho a mejores condiciones de vida, bienestar y desarrollo. Es combatir también la corrupción e impunidad, corrigiendo así las asimetrías que existen entre las grandes empresas y los ciudadanos, consolidando las bases para un México más justo. Por lo anterior expuesto y con fundamento se somete, y fundado, se somete a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo y tercer párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 28, párrafo segundo. En consecuencia, la ley castigará severamente a las autoridades, perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento, en una o pocas manos, de los artículos de consumo necesario y que tengan por objeto obtener el alza de los precios. Todo acuerdo, procedimiento o combinación de los productores, industriales o comerciantes o empresarios de servicios que de cualquier manera hagan para evitar la libre concurrencia de la competencia entre sí o para obligar a los ciudadanos consumidores a pagar precios exagerados y en general todo lo que constituya una ventaja exclusiva indebida a favor de una o varias personas determinadas con perjuicio del público en general o de alguna clase social. Párrafo tercero. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la distribución de estos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como en el alza de precios. El Estado establecerá las normas y las garantías para el goce, ejercicio y la protección de los derechos ciudadanos en su calidad de consumidor, para lo cual la ley propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Por un México libre, con justicia, dignidad e integridad. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.