La diputada Aurora Cervantes Rodríguez: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. La suscrita, diputada Aurora Cervantes Rodríguez, a nombre de diputados y diputadas de los grupos parlamentarios del PRD, PAN, PRI y Convergencia, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar los derechos humanos de las familias de los migrantes. México es un país en el que año con año emigran hombres, mujeres y niños en calidad de indocumentados a los Estados Unidos de América en busca de ingresos suficientes para brindar sustento y un mejor nivel de vida a su familia que, en la mayoría de los casos, vive en la pobreza. En el periodo 1995-2000 las entidades con mayor peso relativo de migrantes con destino a Estados Unidos continúan siendo las de mayor tradición migratoria. De acuerdo con el peso relativo de las mujeres y de los hombres migrantes, con respecto a su población residente, Zacatecas ocupó el primer lugar tanto en cuanto a la población de mujeres con un 1.9 por ciento, como en cuanto a la de hombres con un 8 por ciento. El segundo lugar lo ocupó Michoacán, seguido de Morelos. Este fenómeno implica múltiples dimensiones jurídicas, sociales, políticas, económicas, culturales, psicológicas, tanto en las personas que abandonan su país como en sus familiares que se quedan. Empero, emigrar a otros países no significa resolver los problemas que pudieron dar origen a la partida. Las condiciones de vida para las familias que se quedan muchas veces empeoran, debiendo enfrentar, además del problema económico, la educación de los hijos y el duelo por la separación del ser querido, que se fue y no regresa, bien porque fundó otra familia o debido a la muerte ocasionada por las dificultades del paso a Estados Unidos. Las instituciones del Estado mexicano, en sus tres niveles de gobierno, aún no cuentan con un marco legal que se adecué a tal realidad, garantice los derechos humanos de estas familias y coadyuve a apalear la problemática que viven. La realidad en que viven imposibilita a quienes integran las familias de los migrantes a acceder a una serie de derechos fundamentales, tales como el derecho al desarrollo, a la vivienda, a la salud, a la protección y asistencia de la familia, a la educación, a la cultura, al trabajo, a la seguridad social y a tener una vida digna. El valor cardinal de estos derechos, también llamados económicos, sociales y culturales, no debe ser minimizado. Conforme al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en vigor en nuestro país desde junio de 1981, el Estado mexicano se comprometió a adoptar las medidas necesarias, inclusive las legislativas, para lograr la plena efectividad de los derechos en él reconocidos. Por ello, es nuestra obligación reformar nuestro orden jurídico fundamental, a fin de actualizar los derechos planteados garantizando su respeto y ejercicio. En consecuencia, al garantizar los derechos de las personas que integran las familias de los migrantes, estaremos dando también contenido, calidad y sustancia a los derechos fundamentales. Asimismo, en la resolución 2001/56 de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la protección de los migrantes y de sus familias, se alienta a los Estados de origen a que promuevan y protejan los derechos humanos de las familias de los trabajadores migrantes que permanecen en sus países de origen y presten especial atención a los niños y a los adolescentes cuyos padres han emigrado. Consideramos urgente y necesario que el Estado mexicano garantice la protección de los derechos de las personas que integran las familias de los migrantes, por encontrarse en mayor grado de vulnerabilidad. Por lo que se propone reformar el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que se integren a la gama de derechos humanos que tutela, se propicie la armonización de las normas jurídicas secundarias a que haya lugar, se logre una reforma legislativa integral y se brinde una respuesta real y efectiva a la situación de las familias de los migrantes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, ponemos a consideración el siguiente proyecto de decreto que adiciona un párrafo al artículo 4o. de la Constitución de la Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de derechos humanos de las familias de los migrantes. Artículo único. Se adiciona un párrafo décimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Párrafo décimo. Esta Constitución reconoce los derechos de los migrantes mexicanos y sus familias. En consecuencia, el Estado garantizará el pleno goce y ejercicio de sus derechos humanos. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito a la Presidencia se integre el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.