El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados: ahora los argumentos para votar en contra son exclusivamente formales, pero son constitucionales. A veces en esta Cámara hacemos cosas que son contradictorias. Hace unos días promovimos una controversia constitucional ante la suprema corte respecto al reglamento que el 19 de enero de este año publicó el Ejecutivo federal respecto a la cédula de identidad ciudadana. El argumento central de la controversia constitucional que formuló esta Cámara de Diputados fue el principio de reserva de ley; es decir, el tema de datos personales solamente puede ser regulado en la ley. Y dónde se dice eso. Lo dice el artículo 6, fracción II de la Constitución, que dice: “La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes”. Es inadecuado, incorrecto constitucionalmente otorgar a la Secretaría de Salud competencias para regular información contenida en los expedientes clínicos electrónicos porque esa información, de acuerdo al artículo 6, fracción II de la Constitución, solamente puede ser regulada en la ley. Pero, por si fuera poco, la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el artículo 13 de la Convención Americana indica que la libertad de expresión y lo relacionado con el derecho a la información sólo puede ser regulado en ley; es decir, hay un principio de reserva de ley que esta Cámara debiera respetar, como respetó, creo yo, cuando determinó promover la controversia constitucional en contra de la cédula de identidad ciudadana. Otro asunto que me preocupa, y que ya ha sido motivo de debate en este pleno, tiene que ver con la pregunta, casi ya es una pregunta medieval: ¿a quién le corresponde la facultad reglamentaria? De acuerdo al artículo 89, fracción I, de la Constitución, la facultad reglamentaria solamente le corresponde al titular del Poder Ejecutivo. La Secretaría de Salud, hasta donde yo sé, no es titular del Poder Ejecutivo; por tanto, no tiene o no debe tener facultades reglamentarias. Creo entonces que por esos dos argumentos que son de carácter constitucional, uno fundado en el artículo 6o., fracción II, de la Constitución; y otro fundado en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, solamente por ley puede regularse la información contenida en los expedientes clínicos electrónicos. No puede eso regularse en una norma administrativa porque la Secretaría de Salud no es el titular del Poder Ejecutivo, y la facultad reglamentaria corresponde en exclusiva al titular del Poder Ejecutivo, como lo establece el artículo 89, fracción I, de la Constitución; por esa razón considero que debe votarse en contra de este dictamen. Además aquí hay otro tema muy importante. Este dictamen se queda incompleto cuando no distingue entre la información de expediente clínico de gobernado, de ciudadano de a pie, de aquella información de expediente clínico de servidores públicos o de altos servidores públicos que, como lo hemos propuesto algunos de nosotros, es información que debiera ser pública; pero en fin, ésa es otra discusión. Me parece que con los argumentos que he vertido, la facultad reglamentaria corresponde al titular del Ejecutivo, y los datos personales solamente pueden regularse en la ley. Creo que es motivo más que suficiente para votar en contra de este dictamen. Por su atención, compañeras diputadas y compañeros diputados, muchas gracias.