La presidenta diputada María del Carmen Pinete Vargas: Adelante, compañera diputada. La vicepresidenta diputada María de los Dolores Padierna Luna: Ya se comentó aquí que, en el año 2008, tuvo lugar una reforma al sistema de justicia en México. Se cambió el sistema inquisitivo por el sistema penal acusatorio y derivado de ese cambio de modelo al sistema penal, es que se crea el artículo 19 con el concepto de prisión preventiva oficiosa. El modelo inquisitivo, el juez y el Ministerio Público tenían que investigar y entre los dos reunir las pruebas que permitieran llegar a la verdad. Con el modelo penal acusatorio toda la carga de la prueba recae en el Ministerio Público y no entra a investigar el juez. El juez lo único que tiene que hacer es analizar la carpeta y determinar tres elementos que están establecidos en la Constitución ante riesgo de fuga, ante amenaza a la víctima, ante el riesgo que tenga el imputado para destruir pruebas. Una vez que se decidió hacer esto, comenzó a trabajarse. Yo, en lo personal, tenía mis dudas porque se importó este modelo de Estados Unidos en parte y fue Estados Unidos el que dio el financiamiento para la capacitación para los cursos a aquel gobierno que ya no queremos acordarnos. Se implementó también en Chile, en El Salvador, en otros países latinoamericanos. Pero la prisión preventiva oficiosa antes de 2008 también ya existía con otro nombre, se llamaba delitos sin derecho de fianza. Desde la Constitución de 1917 hasta 2008 eran las legislaturas locales las que decidían qué delitos eran graves y, por lo tanto, no tenían derecho de fianza, y cuáles eran no graves para perseguirlos en libertad. Pero la reforma del 2008 en el artículo 19, sin que las entidades federativas fueran consultadas, dejaron de tener incidencia en la definición de los delitos donde se aplica la prisión preventiva oficiosa. En el 2008 se dio esta reforma y no se pudo aplicar de inmediato porque había que capacitar, había que construir salas orales, había que capacitar a los policías, a los ministerios públicos, no había ni siquiera abogadas, abogados, hasta que dominaran el nuevo sistema penal adversarial que pudieran defender. Fue un largo lapso en el cual se estuvo esperando. El Ministerio Público, al tener toda la carga de la prueba, pues necesita también que el juez con un criterio en favor de las víctimas, actúe en la aplicación de esta prisión preventiva oficiosa, si sólo sí hay riesgo de fuga. Aquí, por ejemplo, quisiera señalar algo muy importante. En los delitos fiscales que quiso nuestro presidente López obrador perseguir, la Corte dijo en ese momento, que todos los delitos que estaban en el Código Nacional de Procedimientos Penales, no podía aplicárseles la prisión preventiva, que únicamente los delitos que estuvieran en el 19 constitucional, se les podía aplicar la prisión preventiva oficiosa. En el 2008, de la delincuencia organizada, justo cuando pusieron a un narcotraficante en la Secretaría de Seguridad, pidieron el homicidio doloso, justamente cuando hacían ejecuciones extrajudiciales, pidieron estar en la Constitución el secuestro, cuando el secuestro se estaba exponenciando porque fue un narcogobierno el del 2006 al 2012. Y, luego, en el 2019 el presidente López obrador metió en la iniciativa el delito de corrupción, porque no era delito, traían todo un sistema y una faramalla anticorrupción y la corrupción no era delito y, además, el huachicol, porque parte del gobierno estaba coludido con los que robaban los hidrocarburos. Nosotras pedimos el feminicidio y, por ejemplo, la Suprema Corte en aquel momento por el tiempo, voy a terminar, presidenta diciendo lo siguiente. Nuestra presidenta Claudia Sheinbaum ha explicado los cuatro ejes para combatir la inseguridad, la inseguridad pública, producida por estos delincuentes, justamente del crimen organizado, es una necesidad de combatir a través de la tensión a las causas que general la violencia, a través de la investigación y la innovación y aquí señalo la investigación hoy día la tiene el ministerio público, ya agregamos que fuera también la Guardia Nacional y pronto, en el artículo 21, vamos a agregar que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana pueda investigar tres instancias investigadores, si el juez no investiga, ya tendremos un marco mayor para que se penalicen los delitos. Con un gobierno honesto, con una fiscalía autónoma, con un nuevo Poder Judicial popular electo por la gente; y esta mayoría, que me da orgullo, la Cuarta Transformación, podremos avanzar en el combate a los delitos. Es cuanto, presidenta.