El diputado Faustino Javier González Estrada: Gracias. Compañeras diputadas y diputados, los recursos forestales tienen un papel importante en la protección del ambiente. No obstante, nuestro país hoy enfrenta una grave crisis que se caracteriza por una constante degradación ecológica y pérdida considerable de selvas y bosques. Desafortunadamente, de acuerdo con un informe de la FAO, México se encuentra entre los países que experimentaron una mayor pérdida de bosques primarios entre el 2000 y 2005. La superficie forestal se redujo de 65.5 a 64.2 millones de hectáreas en el periodo. La FAO ha manifestado incluso que, dentro de la región de América del Norte, nuestro país es la zona que suscita mayor preocupación, ya que está experimentando pérdidas considerables en sus bosques primarios a nivel nacional. Compañeros, la deforestación es una de las principales amenazas para la biodiversidad y conlleva una pérdida de servicios ambientales debido a que los bosques prestan servicios de gran importancia. Forman y retienen los suelos en terrenos con declive evitando la erosión, favorecen la infiltración de agua al subsuelo alimentando los mantos freáticos y también purifican el agua y la atmósfera; mantienen los suelos fértiles al producir materia orgánica y son el hogar de diversos animales. Además, los bosques son fuente de bienes de consumo tales como madera, leña y otros productos forestales no moderables, cuya importancia para la industria y para los campesinos es muy elevada en México. En mérito de lo anterior, la degradación y la deforestación en los bosques son alarmantes. Las causas son diversas: la tala inmoderada, los incendios, el desmonte y la introducción de vías de comunicación y la sobreexplotación, entre otras. En México la primera causa de deforestación es la de desmonte para usos agropecuarios, seguido por la tala ilegal y los incendios forestales. La urgencia por frenar y revertir la aceleración de pérdida de la cobertura vegetal que históricamente se ha venido dando en México, con todas sus consecuencias ambientales, sociales y económicas, dieron lugar a que el titular del Ejecutivo federal reconociera el problema y anunciara la estrategia de conservación para el desarrollo 2007-2012. Manifestó la tolerancia cero contra la tala ilegal. El problema definitivamente ha alcanzado dimensiones preocupantes. Incluso desde 95 la Profepa ha identificado áreas críticas por el alto índice de la comisión de delitos contra el ambiente. Actualmente se tienen identificados los cuatro puntos más críticos de tala ilegal en el país, los cuales se ubican en los estados de México, Morelos, Michoacán y Veracruz. Son zonas donde se presentan con frecuencia actividades de tala ilegal que ponen el riesgo el equilibrio ecológico y afectan a la sociedad en general, al sufrir los efectos de la deforestación. A manera de ejemplo podemos señalar que el corredor Biológico Chichinautzin, que en su área natural protegida ubicada en el estado de Morelos, incluye dos parques nacionales, las Lagunas de Zempoala y El Tepozteco, constituyen un área de protección de importancia suprema ya que es una de las zonas de recarga de los mantos acuíferos tan valorada que se le conoce como El bosque de agua. Su vegetación, primordialmente de pinos y oyameles, constituyen los árboles más explotados industrialmente. No obstante la importancia de esta área natural protegida, grupos de talamontes han arrasado con más de 80 mil hectáreas en los últimos años. La Profepa ubica cuatro áreas gravemente afectadas. Otro claro ejemplo es el del pasaje La Piedra, ubicado en los límites del estado de México y Morelos. Según información disponible, la depredación forestal ha provocado que en 15 años se dé la deforestación de mil 500 hectáreas, de más de 6 mil existentes. Incluso se ha señalado que si no se revierte el daño los mantos acuíferos no podrán dotar de agua los estados mencionados, inclusive al Distrito Federal. Que no se les olvide lo que le estoy diciendo: inclusive al Distrito Federal. Compañeros legisladores, si bien reconocemos que se han implementado diversos operativos con la participación de autoridades de los tres órganos de gobierno, dichas medidas no serán suficientes si no se complementan en forma legal, al Código Penal Federal. La reforma que proponemos resulta urgente en virtud de la impunidad que se genera por la inadecuada integración de averiguaciones previas. Derivado de la complejidad que reviste la labor de detección, investigación y persecución de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, resulta necesario reformar, entre otros, el artículo 419 del Código Penal Federal, a fin de que el objeto material del delito, que actualmente se refiere a cualquier recurso forestal maderable, en cantidades superiores a los 4 metros cúbicos, o a su equivalente en madera aserrada, se modifique para disminuirlo en cantidades superiores a 2 metros cúbicos. Lo anterior, en virtud de que el transporte, comercio, acopio, almacenamiento o transformación ilícita, madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier recurso forestal maderable o su equivalente en madera aserrada, frecuentemente se lleva a cabo en cantidades menores a 4 metros cúbicos, ocasionando los mismos daños a la biodiversidad, y consecuentemente, a la impunidad. Con la presente propuesta pretendemos evitar la destrucción de nuestros recursos naturales y revertir los procesos de deterioro ambiental y su implicación en el calentamiento global. Asimismo, pretendemos contrarrestar la impunidad ambiental, que actualmente prevalece en materia de tala ilegal, protegiendo, en consecuencia, la biodiversidad ya que la importancia de este bien jurídico radica en que la riqueza de especies, ecosistemas y procesos ecológicos, son el principal recurso para el futuro. Por su atención, muchas gracias.