EL DIP. NEMESIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados: Los integrantes de la diputación del estado de Veracruz del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que nos confiere la fracción 2ª del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción 2ª y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos de acuerdo con la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El proceso de urbanización en las sociedades contemporáneas ha sido acelerado, las transformaciones en la forma y distribución de los asentamientos humanos nos indican que la población se ha dirigido a las zonas urbanas dejando a un lado el campo. En las últimas décadas, el desarrollo industrial de México ha llevado a un intenso proceso de urbanización, lo que ha originado una aglomeración en las zonas urbanas y el crecimiento desmesurado de otras. La regulación y ordenación del desarrollo urbano se hace indispensable; la situación actual del campo mexicano ha provocado que la población se siga desplazando principalmente hacia las grandes y medias ciudades. El crecimiento desordenado de los centros de población genera impactos negativos en la calidad de vida de la población tales como insuficiencia de equipamientos e infraestructuras urbanas, alto costo en la prestación de los servicios públicos, la insatisfecha demanda del suelo para el desarrollo urbano y vivienda, la falta de calidad en el transporte, el deterioro del ambiente y de los recursos naturales, entre otros. El control en el desarrollo de los centros de población debe estar encaminado al mejoramiento de las condiciones de vida de la población: salud, educación, eficiencia en la prestación de los servicios públicos, etcétera, son algunas cuestiones que deben de tomarse en la planeación de los centros de población. La ordenación del territorio constituye una herramienta fundamental para orientar el desarrollo maximizando la eficiencia económica del territorio y garantizando al mismo tiempo su cohesión política, social y cultural en plena armonía con la conservación de los recursos naturales. La invasión de zonas productivas y de preservación ecológica, aunado a la constante contaminación del suelo, aire y mantos acuíferos, son problemas que deben resolverse por la afectación que producen en la calidad de vida de la población. La vigente Ley General de Asentamientos Humanos expedida el 21 de julio de 1993, impulsó una mayor participación social en la planeación, administración y supervisión del desarrollo urbano y en la dotación y administración de equipamiento, infraestructura y servicios urbanos. Sin embargo, es necesario lograr un equilibrado y sustentable desarrollo de las diversas regiones del país, acorde por lo dispuesto en nuestra Carta Magna que consagra que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. En primer término, se hace referencia al sustento constitucional para la Ley Materia de la presente iniciativa, esto con el propósito de vincularla jurídicamente y asimismo darle fuerza y congruencia al contenido de la misma. Se agrega el concepto de asentamiento rural en la regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos a fin de que éste no sólo comprenda el desarrollo urbano de los centros de población. Se incorporan definiciones que precisan los conceptos utilizados, que permitan, no sólo su comprensión sino el manejo e interpretación de la norma, tales como asentamiento humano, desarrollo territorial, equipamiento social, infraestructura social, entre otros. Se establecen las acciones mediante las cuales se promoverá el mejoramiento del nivel y la calidad de vida de la población urbana y rural. Con respecto a las atribuciones del Ejecutivo Federal en esta materia, éstas se amplían y se precisan a fin de definir el ámbito de Gobierno Federal, se otorgan a los gobiernos estatales facultades expresas para legislar en materias que especifica el propio ordenamiento. De conformidad a las reformas de 1999 al artículo 115 constitucional se establece la posibilidad de que los municipios puedan convenir y acordar con otros municipios del país el otorgamiento de servicios públicos y para el cumplimiento de las políticas municipales entre otras atribuciones. Es importante señalar en este sentido que ha sido motivo importante de esta propuesta el promover los principios básicos del federalismo y fortalecer la autoridad municipal, que es la más cercana a las necesidades de la población y a la articulación de los intereses sociales. Por eso, esta iniciativa recoge la decisión política plasmada en el artículo 115 constitucional que dota al municipio de atribuciones para la prestación de los servicios públicos y coordinarse y asociarse para esa prestación. Se fortalecen las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos. Se fortalece la participación social al ampliarse, hacia la evaluación de los programas de desarrollo urbano, se amplía el objeto de la política de desarrollo urbano hacia la evaluación de estos programas de desarrollo. La incorporación de mecanismos de control, tiene por objeto propiciar la transparencia, abatir la corrupción y mejorar la revisión de cuentas, así también se establecen modalidades para el fomento de las acciones a favor del desarrollo urbano. Esta iniciativa propone criterios de mejora administrativa, se determinan cuáles serán las garantías para la inversión privada; y por otra parte, se establece a favor de los ciudadanos, la posibilidad de denunciar actos en contravención de la normatividad urbana. Se faculta al Ejecutivo Federal, para que establezca zonas estratégicas de interés nacional y se incorporan previsiones para impulsar el desarrollo económico de los centros de población. Se refuerza la congruencia entre las legislaciones urbana y ambiental, precisándose la concurrencia de los tres órdenes de gobierno. Se vincula el concepto de desarrollo urbano con nuevos conceptos sobre desarrollo, como desarrollo territorial, desarrollos de sistemas de asentamientos humanos. Se enriquece el tratamiento de las conurbaciones y se amplía a las ciudades fronterizas, así también señala temas específicos de asociación, a efecto de aprovechar terrenos ejidales y comunales para el desarrollo urbano y la vivienda. Se fomenta el otorgamiento de concesiones de los servicios urbanos y la inversión social y privada en infraestructura y equipamiento. Se establecen mecanismos administrativos para el control del desarrollo urbano y otros aprovechamientos, y evita que se contravengan disposiciones jurídicas sobre desarrollo urbano y planes y programas en la materia. Esta iniciativa busca no sólo un nuevo enfoque de las atribuciones federales en el tratamiento del fenómeno de urbanización del territorio, sino también fortalece las atribuciones de las entidades federativas y de los municipios en esta materia. Por último, se recalca que la iniciativa que se presenta a esta soberanía, procura cubrir lagunas jurídicas que existen en la ley, ya que consideramos que el desarrollo de los centros de población, tanto urbanos como rurales, deben tratarse como un asunto de carácter prioritario para el desarrollo de nuestro país. Por las razones anteriormente expuestas, ponemos a la consideración de esta H. Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos. Diputada presidenta, hago entrega a esta presidencia del texto de la iniciativa que presentamos, con la solicitud de que sea publicada íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y se inserte en el Diario de los Debates y asimismo sea turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Es cuanto señora presidenta. -