La diputada Alma Marina Vitela Rodríguez: Con el permiso de la presidencia. Honorable asamblea, el grupo parlamentario del PRI sostiene que el presente dictamen en el que se propone la aprobación de la Ley de la Pensión Universal la introducción de un Seguro de Desempleo y las reformas al Sistema de Ahorro para el Retiro, abre paso a las reformas de mayor trascendencia social en lo que va de la presente Legislatura y posiblemente en el curso actual del proyecto de transformación nacional que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Son medidas de trascendencia histórica en tanto nos encaminan a establecer un piso mínimo de ingresos y bienestar para la población y con las cuales nuestro país se pone al día respecto a las otras naciones en las cuales el Estado garantiza, con esquemas similares, niveles básicos de bienestar para la población. Estas reformas son un primer paso en la dirección deseada y sobre todo son medidas que corresponden a una realidad nacional que nos lastima a todos y en la que prevalece la pobreza de las mayorías de la población, la desigualdad extrema en la distribución del ingreso y el estancamiento en el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. Se trata de reducir la vulnerabilidad de sectores específicos de la población ante el envejecimiento natural y la pérdida del empleo, aspectos asociados a las tendencias demográficas del país y a la flexibilidad del mercado laboral como una característica que no es privativa de México, sino que responde a la evolución reciente de la economía global y a las grandes transformaciones que vivimos en el mundo del trabajo. Son, en consecuencia, reformas sociales que tienen un impacto redistributivo nada desdeñable en la situación actual del país y que por la misma razón tendrán una repercusión moderada pero relevante en la actividad del mercado interno, la productividad de la fuerza del trabajo y el ahorro interno. Son medidas que además de promover la justicia social impulsan el crecimiento económico sostenido. Sobresale que se trata de reformas sustentadas en la contribución solidaria de los trabajadores, los patrones y el Estado, especialmente en el caso del seguro de desempleo, que será financiado con las aportaciones tripartitas correspondientes. Cabe subrayar, por tanto, que los fondos del trabajador continúan siendo de su propiedad, en tanto que pueden utilizarse para financiar el seguro de desempleo por un período de seis meses y una vez cada cinco años para mejorar la vivienda o para destinarlos a su cuenta de ahorro para el retiro. El Estado, por su parte, contribuiría en el financiamiento de este seguro con base en partidas presupuestales específicas como las aportadas en el paquete económico del presente año, con lo cual se garantiza la disponibilidad de recurso en el fondo solidario cuando los aportados por el trabajador no sean suficientes. De este modo queda asegurada la base financiera del seguro de desempleo en una primera etapa, en la cual se cubre a los trabajadores permanentes y temporales del sector formal de la economía que cotizan en distintos esquemas de seguridad social, y su alcance es aún mayor con la posible incorporación de los trabajadores del sector público de las entidades federativas y los municipios, así como de los órganos autónomos del Estado. A reserva de ampliar el contenido del seguro de desempleo en una intervención posterior de nuestro grupo parlamentario, cabe enfatizar su carácter de incentivo a la reincorporación del trabajador al empleo remunerado en el sector formal, para lo cual el Estado se compromete al diseño y puesta en práctica de programas de promoción, colocación y capacitación laboral. Esta medida en particular distingue al seguro de desempleo respecto de los esquemas de liquidación del trabajador y la conjunción de ambos reduce su vulnerabilidad y la de la familia ante las fluctuaciones del mercado laboral. En cuanto a la pensión universal, me permito destacar la certeza legal que otorga a los adultos mayores, que actualmente reciben este apoyo a través del Programa de Pensión para Adultos Mayores, en cuanto a que esta prestación tendrá ahora un fundamento legal específico que garantiza los fondos presupuestales para su financiamiento perdurable. También destaca que su carácter universal ha sido garantizado con el trabajo de las comisiones legislativas que elaboraron el presente dictamen al omitir una de las referencias que citaba la iniciativa del Ejecutivo federal entre los requisitos para acceder a la pensión y que restringía su acceso a los adultos mayores con un ingreso mensual o igual a 15 salarios mínimos. Así se garantiza la estricta universalidad de este derecho de los adultos que tengan 65 años de edad o más, y su disposición de un ingreso básico de por vida, y con ello una vida digna hasta el final de sus días. La ampliación de los derechos sociales de la población y la mejoría en su calidad de vida están aseguradas en el dictamen en discusión a partir de reformas al sistema de ahorro para el retiro que amplían los derechos de traspaso de los titulares de las cuentas de ahorro y el fortalecimiento de las capacidades reguladoras del Estado, en particular de la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro sobre la diversas entidades participantes en la administración del sistema. El objetivo fundamental de estas reformas, las cuales se añaden a cambios legales previos, es incrementar los rendimientos financieros de las cuentas de ahorro de los trabajadores y disminuir los riesgos en la inversión de sus ahorros con base en la regulación básica de la estructura corporativa y operativa de las entidades administrativas, la atención personalizada de los trabajadores e incentivos al ahorro voluntario complementario. Asimismo se asegura la solidez de las finanzas de Infonavit, pues la administración de la subcuentas mixtas que reúnen las aportaciones en beneficio de los trabajadores podrán quedar a cargo de la sociedad, para tal efecto constituye al Infonavit; con lo cual esta sociedad estará obligada a sobresalir por sus servicios y rendimientos, lo esencial es que se mantiene el mandato del Infonavit: es dar créditos con interés social a los trabajadores. Señoras y señores, el Grupo Parlamentario del PRI reconoce el trabajo de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Seguridad Social en la elaboración del presente dictamen, y en el análisis de las distintas iniciativas de ley que lo sustentan, en particular, en lo que respecta a la Ley de la Pensión Universal, que ha sido un tema de iniciativas recientes aprobadas en la Cámara. El resultado de este trabajo, es la triada de iniciativas que representan un punto de reflexión en los derechos sociales de la población y la ruta hacia la seguridad social universal. Llamamos a los distintos grupos parlamentarios a sopesar sus beneficios sociales en el marco de las reformas transformadoras que estamos impulsando por el bien de México. Por su atención, muchas gracias.