La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para expresar nuestro apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por el que se reforman las leyes de Fiscalización y Rendición de Cuentas, de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas. Es necesario tener presente que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su título cuarto, capítulo de responsabilidad de servidores públicos, política penal, o civil, según el caso. En el artículo 79 fracción IV de la propia Constitución, se faculta a la Auditoría Superior de la Federación para fincar directamente a los responsables por el manejo indebido de recursos federales las indemnizaciones y sanciones pecuniarias correspondientes. El propósito del dictamen es establecer, en las distintas leyes, que siempre será obligación de los servidores públicos o particulares a los que se les haya fincado responsabilidad resarcitoria el cubrir ésta en los montos que los órganos competentes hayan determinado. Es más, es muy común observar, en materia de licitaciones, que empresas que han sido sancionadas por incumplir los compromisos pactados en los contratos siguen participando y obteniendo adjudicaciones. Con la reforma se plantea que dichas empresas no podrán participar en los concursos hasta que no reintegren al Estado las cantidades adeudadas. Esto se propone en el artículo 78 de la Ley de Obras Públicas. Pero también esta medida va dirigida a los servidores públicos que hayan sido sancionados y que omitan cubrir el pago respectivo ante la tesorería. En el caso de estos últimos no podrán ser contratados de nueva cuenta bajo ninguna modalidad hasta en tanto no efectúen el pago correspondiente. De manera adicional, el presente dictamen tiene el mérito de establecer de manera expresa que las sanciones que se apliquen por los órganos de control interno son complementarias y no excluyen la exigencia de otras responsabilidades y se fincarán independientemente de las que procedan. Esto tiene importancia porque los servidores públicos inhabilitados y obligados al resarcimiento de los recursos indebidamente apropiados reintegraban al erario las cantidades señaladas e impunemente seguían en los cargos públicos que desempeñaban. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo compartimos el propósito de los cambios legales que se nos presentan; sin embargo queremos llamar la atención en el sentido de que los órganos de control interno de las dependencias y entidades tienen que ser más eficaces en las tareas de fiscalización que tienen encomendadas y no continuar con las reiteradas conductas que fomentan la mencionada impunidad. También debemos encontrar mecanismos que permitan que las sanciones impuestas por la Auditoría Superior de la Federación se lleven a cabo de manera inmediata para salvaguardar el correcto funcionamiento de la administración pública y que finalmente los ciudadanos tengan un gobierno que corresponda a sus necesidades. Al menos esto sería lo ideal. Por las consideraciones antes expuestas, el Partido del Trabajo votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado residente.