La diputada Claudia Alejandra Hernández Sáenz: El pasado 8 de marzo en esta tribuna sesionamos solemnemente conmemorando el Día Internacional de la Mujer, coincidiendo todos en la importancia de trabajar para eliminar las brechas entre las mujeres y los hombres. Encontramos coincidencia en legislar hasta erradicar todos los tipos de violencia contra la mujer. Concordamos en que esa búsqueda no tiene colores ni tiene partidos, siendo responsabilidad de todas y todos los que estamos aquí presentes. En este tenor me encuentro ante ustedes en esta tribuna para seguir alzando la voz por todas las mujeres de este país presentando una iniciativa con la que busco visibilizar y erradicar la violencia que las personas gestantes sufren a manos de médicos y personal de salud ginecobstétrica, no encontrando así una mejor forma de luchar por nuestros derechos que desde esta tribuna y así seguir conmemorando con acciones a las mujeres en la construcción de un país sin miedos. Para ello, defino a este tipo de violencia como el conjunto de acciones que ejercen las y los médicos especialistas y el personal de salud al sobrepasar los límites en la revisión física y generar un trato denigrante o deshumanizado durante las consultas y/o revisiones ginecológicas, así como durante la atención del parto, posparto y puerperio de las personas gestantes. Desafortunadamente, en este como en otros tipos de violencia las víctimas prefieren mantenerse en silencio por vergüenza o por miedo, mientras que los perpetradores se encuentran impunes, normalizando con ello este tipo de violencia. No fue hasta 2021 que pudimos tener un diagnóstico de la violencia ginecobstétrica, pues en 2016 por primera vez se integraron en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares preguntas sobre ella que nos urgen a incluirlas en la ley. Algunas de las cifras que arrojó dicha encuesta son las siguientes. El 30.9 % de las personas que gestaron entre estos años vivieron violencia obstétrica, al 13.8 % le practicaron una cesárea no autorizada y fueron forzadas a recibir un dispositivo u operación para ya no tener hijos. El 39.6 % de ellas son personas con algún tipo de discapacidad o algún tipo de limitación. Esto último aún es más alarmante, pues las personas en grupos considerados vulnerables siguen recibiendo violaciones a sus derechos y son víctimas de violencia en el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos, algo que las y los diputados de la legislatura de la paridad de género debemos combatir desde este Poder Legislativo. Por otro lado, considero importante compartir con ustedes que existen ya países vecinos en contar con legislación en materia y ser ejemplos de vanguardia y lucha contra las desigualdades y contra la violencia que las personas gestantes pueden sufrir. Esos países son los países de Chile y Argentina. Asimismo, en nuestro país esta violencia ya ha sido reconocida por diez Congresos locales, siendo orgullosamente uno de ellos el Congreso de mi querido estado de Tamaulipas, mientras que en tres ya se tipificaron esta violencia como un delito estableciéndose penas privativas de libertad y multas, incluso se estipula la suspensión de la profesión, cargo u oficio. Lo anterior nos urge actualizar el marco normativo federal para alcanzar a estos estados que ya se encuentran a la vanguardia legislativa, y al mismo tiempo sentar ejemplo para las legislaciones locales que aún no tienen contemplada a este tipo de violencia gineco-obstétrica como un tipo de violencia que hay que nombrar y que hay que combatir. Compañeras y compañeros, pido una vez más que seamos una legislatura diferente a las que nos antecedieron, les pido que juntas y juntos creemos un México seguro para nuestras niñas y para nuestras adolescentes y para todas las personas gestantes. Para cerrar evoco las palabras de Nina Simone, gran activista estadounidense: Te diré lo que es la libertad para mí, es la ausencia del miedo. Es cuanto, diputada presidenta.