La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Gracias, presidente. Legisladoras y legisladores, la mayor exaltación de este dictamen sobre la extinción de dominio es la pluralidad de propuestas que se han manifestado a favor de su progresividad y perfeccionamiento constitucional. En esta Cámara de origen, integrantes de diversos grupos parlamentarios apoyaron al diputado postulante del Partido Acción Nacional, quien presentó la modificación a rango constitucional de la extinción de dominio. No obstante, en la construcción del consenso sobre la modificación de esa figura jurídica, durante su proceso legislativo en la Cámara federal y el Senado se incorporaron legisladores de todos los partidos políticos, además de nuevos contenidos fundamentales. Este ejercicio de construcción democrática es el que me ocupa en esta tribuna, con la presentación del dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se modifican el artículo 22 y la fracción XXX del artículo 73 de nuestra Constitución Política. Así, el proceso que inició el 30 de marzo de 2017, con la presentación de la iniciativa, se desahogó hace unos días con la aprobación mayoritaria de los integrantes de la comisión de esta Cámara, en los mismos términos que lo dictaminó la colegisladora. En materia de sus contenidos, la comisión consideró que en esta minuta la figura, concepción y principios de la extinción de dominio se fortalece, porque se perfecciona y actualiza el contenido que se ha invocado en el diseño histórico constitucional. También se reconoce y coincide materialmente con lo expuesto por esta Cámara de Diputados, originaria del proyecto, en el sentido de robustecer la figura de extinción de dominio y adecuarla a la problemática nacional, tanto en el aspecto procedimental como en la eficiencia y la seguridad jurídica. En ese sentido, reconoce la viabilidad de establecer que la acción de extinción de dominio se ejerza a través de un procedimiento jurisdiccional y autónomo sobre los bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción o actividades ilícitas en perjuicio grave del orden público. La acción de extinción de dominio se ejercitará por Ministerio Público, a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y autónoma del penal, en el que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno le prestarán auxilio. Pero además, para dar claridad y certeza a quienes se encuentran sujetos a procedimiento de extinción de dominio respecto de sus bienes, se prevé la necesidad de fijar criterios fundamentales de procedencia de dicha figura. En esa medida se instituye que se deberán desarrollar en la legislación reglamentaria las disposiciones y los procedimientos que se lleven a cabo en el fuero federal y local, a fin de que incentive la certeza y seguridad jurídica. Desde ese planteamiento, la reforma pretende que la acción de extinción de dominio sea eficaz, viable y realizable. Es considerada de carácter real y de contenido patrimonial y procederá sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido. En el mismo orden de ideas, consideramos que la acción de extinción de dominio no reprime la realización de conductas penales, en consecuencia, no es en sí misma un castigo a quien ha violado una norma penal. De igual manera, dentro de la Estrategia de Seguridad Pública es considerada para atacar los fondos económicos con los cuales la criminalidad crea, corrompe y destruye la institucionalidad del Estado. Esto es primordial, ya que es un tema central para acabar con la corrupción y el quebrantamiento de la ley, desalentando con ello la capacidad operativa con la que cuentan colectivos que actúan cometiendo ilícitos, como es el caso de la delincuencia organizada. La extinción de dominio es el procedimiento más eficaz para la recuperación de activos, ya que como ha quedado mencionado, será de índole diferente al procedimiento jurisdiccional penal, siendo ahora un procedimiento también jurisdiccional, pero de naturaleza civil, con otro estándar probatorio. Es decir que el procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza civil, lo que establece una conjetura procedimental relevante al modificar el estándar probatorio o el nivel de rigor probatorio para que en un litigio civil el Ministerio Público considere que el bien incorporado al patrimonio de una persona que es investigada por la comisión de ciertos delitos tiene una procedencia ilegítima. Desde esos planteamientos la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara coincide con la colegisladora en que la figura de extinción de dominio no choca con el marco de respeto a los derechos humanos, por el contrario, posibilita un contexto de seguridad jurídica y garantías que el país exige. También consideramos que es acertado en la minuta sustituir la palabra actos por hechos de corrupción y en el mismo sentido se sustituya la frase procedencia ilícita por procedencia legítima, siendo lo más acorde a la materia de derecho civil. De igual manera, ambas Cámaras destacan en sus dictámenes la necesidad y urgencia de fortalecer el combate inteligente contra el crimen organizado y los hechos de corrupción como base estratégica de seguridad pública y procuración de justicia. Coincidimos en la enunciación de las investigaciones de ciertas conductas típicas, tales como hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos...