El diputado Asael Hernández Cerón: Con el permiso de la Presidencia. En el Partido Acción Nacional estamos a favor de los proyectos sustentables y sostenibles, que generen desarrollo, que no comprometan los recursos de las generaciones venideras, sobre todo que respeten los derechos humanos. A penas el 30 de septiembre se publicaron las reformas constitucionales en materia de derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos. La reforma reconoce a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, con los derechos y obligaciones establecidos en la ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios, libertad de determinación y autonomía. Se les reconoce su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre las medidas legislativas o administrativas que se pretendan adoptar cuando estas puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o en torno. Esto con la finalidad de obtener su consentimiento. Es de todo conocido que hay proyectos en los que los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no han sido respetados. Por ejemplo, en relativo al Tren Maya, en el cual no se realizó consulta previa, llegando al extremo de denunciar penalmente y obligar a madres indígenas a disculparse, porque trataron de impedir que el paso del tren bloqueara el paso de las niñas y los niños a sus escuelas. Algo parecido está ocurriendo con el Proyecto del Corredor Interoceánico. El 27 de junio pasado la Misión Civil de Observación constituida por 23 organizaciones de la sociedad civil, nacional e internacional, defensoras de la naturaleza y el territorio, presentó su informe en la cual se documentan al menos 226 actos de violencia entre mayo del 2021 y mayo del 2024, en contra de quienes defienden su tierra y formas de vida en el istmo de Tehuantepec. Qué ironía, comunidades de los pueblos indígenas zapoteco, mixe, zoque, huave, chontal, chinanteco, mazateco, mixteco, popolucas, nahua y también afromexicanos. Los actos de violencia van desde homicidios contra defensores zapotecos, a agresiones físicas, uso indebido de la fuerza, hostigamiento, desalojo, detenciones arbitrarias, robo, desaparición forzada, entre otros. El caso más emblemático es el de David Hernández Salazar, defensor zapoteco, integrante de la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio. Se opuso al Polo de Desarrollo Industrial en su comunidad, Puente Madera, Oaxaca, lo encarcelaron en enero del año pasado acusado por los tres órdenes de gobierno. En febrero fue sentenciado a 46 años y 6 meses de prisión más una multa de 182 mil 818 pesos y pago por reparación del daño de un millón 100 mil pesos. Otro caso es el de Adelaido López Gallegos, defensor zapoteco detenido el pasado 28 de enero, junto con ocho personas más, todos integrantes de la Resistencia Civil Pacífica de Mixtequilla que surgió en Santa María Mixtequilla, Oaxaca. El informe identifica al menos 61 personas pertenecientes a diversas comunidades indígenas, a los que les han iniciado procedimientos interpuestos por autoridades federales, 14 de ellas son mujeres. Toda esta situación pone en evidencia la violación a los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas, su derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado a la propiedad, a no ser desplazado o desaparecidos forzadamente, a la libertad personal, al derecho de las mujeres y las infancias, a una vida libre de violencia y derecho a contar con un entorno seguro para sus defensores. Hoy, hoy quiero preguntarles a los legisladores que provienen de esos pueblos y comunidades, ¿hasta cuándo van a levantar la voz por aquellos hermanos que dicen representar? Dejémonos de hipocresías. Expedir una reforma constitucional no sirve de nada si no hacemos de su contenido una eficiencia. En Acción Nacional hoy les decimos a nuestros hermanos indígenas, refrendamos nuestro apoyo a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Apoyamos que se reconozcan plenamente sus derechos humanos. Desde aquí quiero saludar muy respetuosamente y afectivamente a los embajadores indígenas y a los gobernadores que hoy nos acompañan, y desde aquí les decimos, en el PAN somos congruentes, algo que la mayoría no conoce por ningún lado. La incongruencia es lo que les identifica, porque por un lado legislan, pero por otro lado reprimen a nuestros hermanos indígenas. Es cuanto, muchas gracias.