El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Gracias. Tiene ahora la palabra, por cinco minutos, la diputada Gina Andrea Cruz Blackledge para fundamentar los dictámenes, de conformidad con lo establecido en nuestro Reglamento de la Cámara de Diputados. Adelante, diputada. La diputad Gina Andrea Cruz Blackledge: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy vengo a presentar ante ustedes dos proyectos de decreto de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. El primero de ellos que se pone a su consideración corresponde a una minuta de la Cámara de Senadores que remitió a esta Cámara de Diputados, por el que se reforma el artículo 9 del Decreto por el que se autoriza la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y que establece las bases para su ejecución en México, sobre el cual la Comisión de Hacienda y Crédito Público realizó diversos trabajos de análisis. La minuta dispone de dos objetivos: El primero de ellos es el de armonizar con la Constitución el tratamiento que debe darse a las modificaciones y enmiendas al Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones, para que el gobierno federal requiera la autorización del Senado de la República para aceptar enmiendas al convenio, en concordancia con los principios y reglas aplicables a los acuerdos y tratados internacionales, que han sido el fundamento jurídico para que nuestro país participe en organismos financieros internacionales. El segundo objetivo que se plantea es la autorización al gobierno federal, a través del Banco de México, para suscribir 207 acciones de la corporación con el valor total de 2 millones 700 mil dólares de los Estados Unidos de América, a fin de incrementar la participación y presencia de nuestro país en organismos financieros internacionales, como lo es el Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones. Quiero mencionar que la Corporación Interamericana de Inversiones forma parte del grupo del Banco Interamericano de Desarrollo; y tiene por objeto promover el desarrollo económico de los países miembros en proceso de desarrollo mediante estímulos al establecimiento, ampliación y modernización de empresas privadas, a través de préstamos, inversiones de capital, garantías y provisión de asistencia técnica. En México, el honorable Congreso de la Unión aprobó la suscripción del Convenio Constitutivo de la Corporación Interamericana de Inversiones y estableció las bases para su ejecución mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 1986. Desde ese momento México ha tenido una participación activa en dicho organismo, tanto como país inversionista como receptor de asistencia técnica y beneficiario de financiamiento. Específicamente para México en 2013 la Corporación Interamericana de Inversiones comprometió financiamientos por un monto de 68 millones 900 mil dólares de los Estados Unidos de América, para aprobar empresas en los ramos de servicios financieros, vivienda, minería y procesos productivos, entre otras acciones importantes. Ahora bien. En el año de 1999 la Asamblea de Gobernadores de la Corporación Interamericana de Inversiones aprobó la resolución por la que se incrementa su capital accionario en 500 millones de dólares de los Estados Unidos de América suscribió el 25..., y de los cuales Estados Unidos de América suscribió el 25 por ciento, pero no estuvo en posibilidades de pagar mil 581 acciones. Por lo anterior, en octubre de 2012 la Asamblea de Gobernadores acordó realizar una oferta para suscribir dichas acciones. Para el caso de México, se le ofrecieron 207 acciones con valor total de 2 millones, 700 dólares de los Estados Unidos de América. En ese sentido, el propósito de incrementar la participación y presencia de nuestro país en la Corporación Interamericana de Inversiones representa una oportunidad para fortalecer la participación y liderazgo de México en la región de América Latina y el Caribe, ya que con su suscripción de las acciones que quedaron disponibles y que fueron ofrecidas, el poder de voto de él en el caso de México pasará de 7.22 por ciento a 7.38 por ciento. Finalmente quisiera resaltar que la participación de México en la Corporación Interamericana de Inversiones se encuentra acorde con las acciones propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y que en este mundo globalizado las relaciones exteriores y el trabajo conjunto de los países de la región son cada vez más requeridos para lograr un mejor entorno económico y político, más armonioso y con mayor prosperidad. El segundo dictamen que está a su consideración es el relativo al proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 5o de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Al respecto, los contribuyentes constituyen la principal fuente de ingresos de todo Estado moderno y la recaudación de estas contribuciones constituye un elemento indispensable y de gran relevancia para el desarrollo de la actividad ministrativa y la función pública. Por su parte, debe reconocerse que el sistema tributario en México tiene una ministración compleja debido en parte a que la multiplicidad de impuestos, exenciones, tasas diferenciadas e impuestos especiales. A esto debe sumársele la constante evolución en materia fiscal, misma que se actualiza anualmente, lo que propicia que los contribuyentes no cumplan a cabalidad con las obligaciones y ejerzan sus derechos a plenitud. En 2005 se publicó la Ley Federal de Derechos del Contribuyente, la cual sentó las bases para el desarrollo de un régimen que garantice a los contribuyentes una mayor seguridad jurídica, una simplificación en los trámites fiscales y la limitación de la discrecionalidad de las autoridades fiscales federales, en detrimento de sus derechos. Asimismo con la publicación del decreto de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en 2006, se creó una institución basada en la figura del Ombudsman para proteger los derechos y las garantías de los contribuyentes mediante la asesoría, representación y defensa, así como la recepción de quejas y emisión de recomendaciones en materia fiscal. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), surgió de la necesidad de fortalecer la relación entre las autoridades fiscales y los contribuyentes, se constituyó como organismo público centralizado, no sectorizado, con autonomía técnica funcional y de gestión, cuya principal función es la de observar las acciones de las autoridades, a efecto de velar en todo momento por la protección, defensa, salvaguarda de los derechos de los pagadores de impuestos, además de investigar incluso de manera oficiosa las violaciones que pueden llegar a cometerse en este perjuicio. La fracción XV del artículo 5o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente establece que se tendrá la atribución de fomentar y difundir una nueva cultura contributiva, realizando campañas de comunicación, difusión social respecto de los derechos y garantías de los contribuyentes, proponiendo mecanismos que alienten a estos a cumplir voluntariamente con sus obligaciones tributarias de las atribuciones y límites de las autoridades fiscales, quienes deberán actuar en estricto apego a la legalidad. No obstante dichos esfuerzos no han sido suficientes para las condiciones demográficas de México. Por lo anterior, el proyecto que se somete a su consideración propone dotar a la Prodecon de la atribución de formular programas educativos y de índole en materia de cultura fiscal y contributiva, con la intención de poder llegar a los diferentes sectores y niveles de la población, principalmente a los jóvenes, niños, para efecto de ir generando una cultura fiscal contributiva a temprana edad, con la cual conozcan perfectamente sus derechos y obligaciones. Cabe mencionar que la atribución que se pretende dar a Prodecon propiciaría la armonización en el actuar de los órganos especializados en la defensa de los derechos de los mexicanos, como es el caso de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), la cual está facultada legalmente para elaborar y proponer a las autoridades competentes en materia financiera programas educativos y de índole en materia de cultura financiera. Honorable asamblea, considerando que México es un país con una presencia importante en el grupo del Banco Interamericano de Desarrollo y en la región, solicito su voto aprobatorio al primer proyecto de decreto, con la finalidad de fortalecer la posición geoestratégica en el exterior y en particular en la región de América Latina y el Caribe. Asimismo, respecto al segundo dictamen, debo destacar que un ciudadano bien informado fortalece directamente a la democracia, las instituciones y el entorno social en todas sus directrices. Es por ello, que a nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público solicito el voto aprobatorio de dichos dictámenes a esta asamblea. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.