La diputada Rosangela Amairany Peña Escalante: Compañeras y compañeros legisladores. El dictamen que hoy presento a nombre de la Comisión de Justicia respecto a la iniciativa presentada por el presidente de la República, se refiere a un ámbito estrictamente técnico, pero muy importante de la impartición de justicia, la relacionada con las materias administrativa, fiscal y de anticorrupción en el ámbito federal. Al modificar diversos aspectos de la estructura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se pretende fortalecer el derecho de acceso a la justicia como uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa es una de las instituciones de impartición de justicia de mayor longevidad y prestigio en el ámbito federal. Desde su instauración, que se remonta a la promulgación de la Ley de Justicia Fiscal publicada el 31 de agosto de 1936, ha sido una de instituciones con mayor evolución institucional, pues si bien en su origen únicamente comprendía las facultades relativas a la resolución de controversias entre particulares y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia fiscal, posteriormente fue adquiriendo competencia en asuntos de otra índole, tales como los relativos al Seguro Social, las instituciones de fianzas, obras públicas, entre otros. La más reciente transformación de la estructura institucional del Tribunal ocurrió en 2016 con la expedición de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. A partir de dicha reforma este Tribunal se ha convertido en una de las piezas fundamentales para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, mediante la adscripción de la tercera sección, que es la encargada de imponer sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas. Por otra parte, debe considerarse que del funcionamiento del Tribunal Federal depende en gran medida la recuperación de una gran cantidad de recursos para el erario, sirve como ejemplo mencionar que durante el periodo del 2020 y junio del 2022 ingresaron al tribunal más de 287 mil asuntos, lo que se tradujo en un interés económico controvertido superior a los 865 mil 824 millones de pesos, cifra que representa el 3.13 % del producto interno bruto del país. Tan solo en los primeros seis meses del 2022, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ha fallado a favor del Estado 12 mil 301 expedientes con una cuantía económica de 57 mil 600 millones de pesos, que se han recuperado para su utilización en otros fines prioritarios del Estado mexicano. Por esas razones, desde la Comisión de Justicia coincidimos con la necesidad de fortalecer la gobernabilidad y la estructura del tribunal, al permitir que participen en el proceso de elección de la presidencia del tribunal, las y los magistrados de la tercera sección. También coincidimos con la propuesta de dar certeza jurídica a los procesos de separación baja o remoción de los Ministerios Públicos e integrantes de las instituciones policiales, pues actualmente sus procesos no pueden seguirse mediante la vía laboral, dado que siguen un régimen especial. Al otorgarle facultades al tribunal para resolver estos casos brindamos mayor certidumbre a estos importantes elementos para la seguridad de las y los mexicanos. Finalmente, también coincidimos con la propuesta de blindar la impartición de justicia al considerar como causales de remoción, aquellos casos de acoso y hostigamiento sexual, de nepotismo o de tráfico de influencias por parte de magistrados, lo cual coincide con la más reciente reforma al Poder Judicial de la Federación. Con esta reforma seguimos fortaleciendo las labores jurisdiccionales, que en palabras del general Lázaro Cárdenas, debían resumirse en un tribunal con funcionamiento democrático, para garantizar en forma efectiva, los derechos de los contribuyentes. Es cuanto, presidenta.