La diputada Consuelo Argüelles Loya: Con el permiso de la Presidencia. El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está en contra del punto de acuerdo que nos ocupa, ya que nos oponemos firmemente al uso faccioso y a la interpretación a modo para dejar de cumplir con la Constitución a través de la promoción de una controversia notoriamente improcedente y con miras de carácter mediático. Antes que nada debemos señalar que el trámite de iniciativa preferente es un procedimiento constitucional, válido, vigente e incuestionable, por lo que estamos obligados a respetar la supremacía de la Constitución que mandata un trámite legislativo preferente, sin la necesidad que su cumplimiento esté supeditado a la emisión de una legislación secundaria. Señores legisladores, el texto del artículo 71 constitucional resulta muy claro y es puntual en el tratamiento, en plazos y en procedimiento que se le dará a las iniciativas del Ejecutivo federal con el carácter de preferente por lo que no hay materia que desarrollar en alguna legislación secundaria, ya que solo se repetirían innecesariamente lo ya previsto en el texto constitucional. La regulación que debe darse en una legislación secundaria en los términos del artículo segundo transitorio del decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones constitucionales en materia de reforma política, que entró en vigor el 10 de agosto de 2012 debe de ir dirigida a regular figuras de candidaturas independientes, iniciativa ciudadana y la consulta popular, entre otras; pero de ninguna manera a las iniciativas preferentes, ya que su propia regulación se encuentran en nuestra Carta Magna. No hay que olvidar que la justificación constitucional de la iniciativa preferente es la promoción y la prontitud del trabajo legislativo, por lo que al haber aprobado las reformas a la Ley Federal del Trabajo cumplimos responsablemente con ese mandato, dejando de lado cualquier interpretación formalista que ahora se pretende indebidamente judicalizar distrayendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un asunto a todas luces improcedente. A mayor abundamiento y en el supuesto, sin conceder, de que hubieren existido posibles vicios o irregularidades procedimentales en el trámite legislativo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado mediante la tesis con el rubro: Formalidades del procedimiento legislativo, principios que rigen en el ejercicio de la evaluación de su potencial invalidatorio, en el sentido de que estos quedan superados si los temas fueron discutidos en el pleno de la soberanía del Congreso, por lo que hay que recordar que el pleno de la Cámara aprobó la integración e instalación de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, misma que fue debidamente instalada el pasado 13 de septiembre, la cual formuló un dictamen que fue discutido y fue aprobado por dicha comisión, con la representación de todos los partidos políticos. Igualmente, es improcedente la controversia constitucional que nos ocupa. En suma, estamos ante un absurdo jurídico en el que se pretende violentar el principio de la supremacía constitucional en relación al principio de fuerza vinculante de la Constitución, que valida la eficacia directa e inmediata de cualquier precepto constitucional. En tal tesitura, en el Partido Acción Nacional nos oponemos tajantemente a la presentación de una controversia constitucional, cuyos argumentos son falaces y contrarios a la supremacía constitucional que juramos defender al momento de asumir nuestro cargo de diputados. Es cuanto, presidente.