El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Con el permiso de la Presidencia. Solicitándole muy respetuosamente que esta intervención se inserte en forma íntegra en el Diario de Debates. Estimados compañeros legisladores. El día de hoy respetuosamente someto al Pleno de esta soberanía decreto de reforma que adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley Orgánica del Congreso General. El tema es el formato del informe presidencial. Es de todos conocido —ha sido por la gran mayoría de nosotros expresado inclusive— que el formato del informe presidencial es obsoleto, es inoperante y es insuficiente para la relación entre Poderes. Así pues, lo que hoy pretendemos hacer, porque no podemos esperar a tener la gran reforma estructural en materia de reforma del Estado; ya tenemos ahí una iniciativa que como iniciativa de ley no cumple los requisitos de ley y de reforma del Estado no toma en cuenta lo que debe de considerarse como partes integrantes del Estado, y a veces dejamos de lado que el trabajo legislativo es por aproximaciones, reconociendo los pequeños detalles que le den viabilidad y sustento a la convivencia parlamentaria y al trabajo legislativo. Así, la historia del ritual político en el que se ha convertido el informe presidencial, está agotado. De una breve recapitulación histórica se desprende que desde las constituciones anteriores a 1857 se consignaba que el Ejecutivo debía presentar durante el segundo periodo de sesiones el presupuesto del siguiente año, pero no se establecía la obligación de informar sobre el estado de la administración pública. Así transcurrió, se llegó a la Constitución del 24, a la del 42, a las bases orgánicas de 43 y al acta de reforma de 1847. Respecto del informe presidencial y aun cuando las constituciones no fundaran la responsabilidad del Ejecutivo para presentarlo, desde el gobierno de Guadalupe Victoria, primer Presidente de la República, se introdujo la práctica de pronunciar discursos meramente informativos o como preámbulos generales a la situación política, bélica y económica del país. De hecho el Ejecutivo intervenía en la apertura y en el cierre de sesiones. Y es así que en la Constitución del 57 en ella se estableció claramente en su artículo 63, párrafo primero, Título 111, que durante la asistencia del Ejecutivo a la apertura de sesiones del Congreso —que entonces eran dos periodos por año— aquél pronunciaría un discurso en el que se manifestaría el estado que guardaba el país y la Cámara respondería en términos generales. En la Sección Segunda, Sobre el Poder Ejecutivo, en su artículo 89 de la Constitución liberal del 57, se asentó que una vez abiertas las sesiones del primer período, los secretarios de despacho darían cuenta al Congreso, del estado que guarda su respectivo ramo o carteras. Los constituyentes temerosos de que el Ejecutivo se impusiera sobre el Legislativo y extralimitara sus facultades, intentaron contenerlo mediante la supresión del Senado, de tal forma que en un solo cuerpo colegiado pretendía tener mayor cohesión y decisión sobre las actividades y las responsabilidades del Presidente. Y así siguió. Llegó la etapa de Porfirio Díaz en la que finalmente llegamos a los tiempos de nuestros días en el siglo XX, y las variantes del recurso oratorio y del discurso revolucionario —y en ocasiones bélico— a partir de la segunda mitad del siglo XX, pasó a ser un discurso de exaltación, propio de la más pura vanidad en el sentido negativo. Por lo anteriormente expuesto, compañeros, y para que en próximas fechas en este mismo año no caigamos en el mismo error de que la Constitución no contempla en ninguno de sus momentos, que el Ejecutivo dirija un mensaje a esta soberanía; lo que contempla es simple y sencillamente que rinda un informe escrito, pretendemos que ese texto sí sea congruente con el texto de nuestra Ley Orgánica, para entonces suprimir lo que sí establece la Ley Orgánica, que no es lo que demanda la Constitución, de que algún diputado le conteste al Presidente sobre un tema que la propia Constitución no establece, que deba rendir el mensaje oral al que nos hemos venido refiriendo. Así, esta iniciativa de decreto con proyecto de reforma, establecería lo siguiente Artículo Primero. Se reforma el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue Artículo 69. A la apertura de sesiones ordinarias de los períodos del Congreso, el Presidente de la República remitirá un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria. Artículo Segundo. Se reforma el artículo 7o. de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue Artículo 7o. 1. El primero de septiembre de cada año, a la apertura de las sesiones ordinarias del primer período del Congreso, el Presidente de la República remitirá un informe de conformidad con el artículo 69 de la Constitución. 2. Se deroga. 3. El Presidente del Congreso turnará el informe remitido por el titular del Ejecutivo a comisiones. Esta sesión no tendrá más objeto que celebrar la apertura del período de sesiones y que el Presidente de la República remita informe. En tal virtud, durante ella no procederán intervenciones o interrupciones por parte de los legisladores. 4. Las Cámaras analizarán el informe remitido por el Presidente de la República. El análisis se desarrollará clasificándose por materias: en política interior, política económica, política social y política exterior. 5. Tal cual. Transitorios Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señores, hagamos congruente el texto de nuestra Ley Orgánica con el texto constitucional. Muchas gracias.