El diputado Jorge Godoy Cárdenas: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Jorge Godoy Cárdenas, diputado a la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Convergencia, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39 numeral 3, 40 numeral 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Nuestro país requiere un cambio genuino que permita avanzar hacia la democracia, cambio que en verdad es necesario para el progreso de la nación. Pero esto nunca será posible si la radio y la televisión operan bajo simulación comercial, al margen de la ley y de las demandas colectivas. Es así como los medios han generado inequidad, injiriendo en el avance político y democrático del país. Se han convertido en difusores de penetración masiva. La radio y la televisión requieren conformar la base en donde intervengan todas las voces que integran el entorno social de una democracia en transformación, sin olvidar que los concesionarios, como todas las personas físicas y morales, deben cumplir con sus obligaciones tributarias. Los informes que fueron publicados en algunos medios informativos, referente al tiempo fiscal utilizado por el Ejecutivo, en televisión, entre enero y septiembre del año 2002, quien acaparó una importante proporción de tiempo aire, de acuerdo con las siguientes cifras: Presidencia de la República, 12 mil 25 horas, equivalentes al 17.72 por ciento; Secretaría de Educación Pública, 10 mil 130 horas, 14.39 por ciento; Secretaría de Gobernación, ocho mil 718 horas, 12.85 por ciento y Secretaría de Salud, siete mil nueve horas, equivalente al 10.33 por ciento. Por sólo mencionar cuatro dependencias que gozaron de mayor presencia en televisión, en detrimento de otras dependencias menos favorecidas por los tiempos del Estado. Además si sumamos el informe de las transmisiones en la radio podemos advertir que el tiempo fiscal de los medios electrónicos fue aprovechado mayoritariamente por el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Gobernación, en un desmesurado ejercicio discrecional de un servicio que en esencia pertenece al Estado y no al Ejecutivo federal. Es evidente la pretensión del Ejecutivo para el aprovechamiento de los medios electrónicos, ya que las anteriores modificaciones al Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión plantean un franco retroceso en los espacios que constituyan un derecho inalienable para la promoción y difusión de los mensajes emitidos por las diversas dependencias del Estado. En su carácter de servicio público concesionado, la radio y la televisión representan uno de los mayores beneficios nacionales a favor de los gobernados y no de grupos de poder. Son muchas las disposiciones que llaman —exigen— nuestra atención, porque hoy más que nunca es menester delimitar rigurosa y objetivamente los derechos, las obligaciones y la responsabilidad que deben regir las operaciones de los medios electrónicos. Una notable reducción del impuesto especial del 12.5 por ciento de tiempo fiscal que debían de pagar en especie los particulares por hacer uso de la concesión contemplada en el decreto de 1968; impuesto que fue reducido a 18 minutos de transmisión al día en televisión y a 35 minutos diarios de transmisión en radio, anotados en el rubro de tiempo oficial. Esto concede un privilegio discrecional a los gravámenes de los concesionarios de los medios electrónicos y una injusta parcialidad que el Ejecutivo ejerce sobre dichos espacios, ya que si bien éste ostenta el monopolio de los tiempos oficiales; también es beneficiario de una porción de tiempo de Estado. El artículo primero del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión del decreto del 10 de octubre del 2000 no define el carácter federal y estatal de los tiempos fiscales otorgados por los medios electrónicos así como tampoco establece las instancias que deberían aprovecharlos, por ejemplo, la Secretaría de Salud, el Instituto Federal Electoral, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Universidad Nacional Autónoma de México; sino que se ciñe única y exclusivamente a los materiales producidos por el Poder Ejecutivo. Por otra parte, el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Radio y Televisión, dispone que las estaciones de radio y televisión deberán incluir gratuitamente en su programación diaria 30 minutos continuos o discontinuos de mensajes de interés educativo, social, cultural, político, deportivo y de otros asuntos de interés general, sin considerar que dicho espacio y difusión puede y debe ser un instrumento de impulso democrático, para dar una participación equitativa a todos los órganos del Estado. De igual forma el transitorio tercero abrogó el acuerdo por el que se constituía una comisión intersecretarial para utilizar el tiempo de transmisión de que disponía el Estado en las radiodifusoras comerciales, oficiales y culturales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de agosto de 1969. Es fundamental establecer que ante todo los tiempos programáticos del Estado, no pertenecen únicamente al Poder Ejecutivo sino a todos los sectores públicos de la nación, por lo que es preciso determinar parámetros justos y equitativos, para la programación y el uso de estos espacios en beneficio del Estado y de la sociedad, motivo por el cual me permito someter a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 59 Bis, recorriéndose el actual sucesivamente como 59 Ter; se reforman los artículos 59, 65 y la fracción X del artículo 101 de la Ley Federal de Radio y Televisión. Por efectos de tiempo solicito a esta soberanía se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.