El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En la abundante literatura dedicada a revisar el esquema fiscal que se utiliza en México, existen coincidencias acerca de la crisis de un modelo aplicado durante varios años, mismo que exige su revisión a causa del incumplimiento de sus principales objetivos. Son ampliamente conocidos los agudos problemas que aquejan a los estados y municipios: ausencia de planes, ya no digamos a corto y mediano plazo, así como el agravamiento de dificultades financieras, convirtiéndose en un obstáculo para atender temas que les permitan cumplir sus necesidades básicas de operación, como es el pago de nómina y otras responsabilidades inherentes a sus funciones elementales. Para nadie es un secreto que las dificultades financieras de los estados y municipios les han colocado en una situación muy vulnerable que requiere ser subsanada de forma urgente e inmediata. Si se desea convertir a estos órganos en verdaderas instancias de gobierno, es indispensable dotarlos con recursos que les permitan encontrar una solución permanente a los problemas que les aquejan a diario. En este contexto se argumentó que las disposiciones legales contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal tuvieran como propósito realizar aportaciones a las entidades federativas y a los municipios, a partir de los recursos obtenidos a lo largo del territorio nacional por el gobierno de la República. Nos referimos fundamentalmente a los dos principales impuestos que contribuyen a dar forma al modelo al que hemos hecho referencia: el cobro del IVA y el del ISR. Sin embargo y contrariamente a los objetivos planteados, la enorme dependencia que reflejan la mayor parte de las administraciones locales, con respecto a la administración federal, se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo de muchas zonas del país. Un prestigiado economista se refiere de esta forma a las dificultades descritas. Abro la cita: Las entidades federativas y los municipios prácticamente no tienen fuentes propias de tributación, a partir de 1980, con la Ley de Coordinación Fiscal las entidades federativas y los municipios renunciaron a ejercer una muy buena parte de sus potestades a cambio de recibir un porcentaje de la recaudación federal participable. En la actualidad los presupuestos estatales y municipales dependen en una muy alta proporción de la transferencia que les hace la Federación. Cierro la cita. En este contexto es necesario recordar que además de las dificultades a las que hemos aludido, existe otro factor que requiere de la pronta acción de esta Cámara de Diputados, nos referimos a la discrecionalidad con que se actúa en muchas ocasiones de parte de la Secretaría de Hacienda, para llevar a cabo la administración de estos recursos, por motivos que escapan al espíritu original que guio su aprobación por la Cámara de Diputados. En este tema, es de gran ayuda la siguiente reflexión: evaluados por resultados, las reformas en materia fiscal efectuadas a partir de 1983 no han logrado alcanzar los objetivos que de ella se esperaban, ni se ha aumentado la recaudación. El sistema tributario no es equitativo, permanece altamente concentrado en el gobierno federal, y no hay una administración tributaria más eficiente, en la actualidad la recaudación es insuficiente frente al gasto público, que es muy necesario para atender de manera adecuada los derechos que tienen los mexicanos, como es garantizar la educación, la salud, la vivienda y combatir la pobreza. En ese sentido someto a esta soberanía la reforma al primer párrafo del artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar de la siguiente manera: Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 40 por ciento de la recaudación federal participable, distribuyéndose de la siguiente manera: Un 25 por ciento para los estados y el 15 por ciento para los municipios. Compañeras y compañeros, espero contar con su respaldo a esta propuesta, pues la viabilidad financiera de los estados y municipios como órganos de gobierno, exigen la adopción de medidas oportunas y concretas para tal fin. Si verdaderamente se quiere la transformación de México tenemos que dotar de más recursos a los estados y a los municipios. Es cuanto, diputada presidenta.