EL C. LICENCIADO SANTIAGO CREEL MIRANDA: Con la venia del diputado presidente. le agradezco la intervención a la diputada Rebeca Godinez, del grupo parlamentario del PRI. Pasaré a responder de manera concreta los planteamientos que me ha formulado. En lo que toca a los hechos ocurridos en San Salvador de Atenco, el gobierno federal se ha apegado en todo momento a lo que establece el marco jurídico. La Ley Orgánica de la Policía Federal Preventiva y esto es importante hacer notarle prohibe a esa policía expresamente intervenir en procesos electorales. En consecuencia, la seguridad pública durante las jornadas electorales, así sean éstas federales, es de responsabilidad exclusiva de los estados y los municipios. El gobierno federal no cuenta con policía federal preventiva para procesos electorales. Así lo establece la Ley Orgánica de la propia policía federal. El gobierno federal solamente puede actuar a partir de la denuncia correspondiente que se le plantee ante la fiscalía especial para la atención de los delitos electorales. Cabe mencionar que en este caso particular de San Salvador Atenco el Instituto Federal Electoral presentó, efectivamente, una denuncia sobre la no instalación de las casillas electorales en San Salvador Atenco. Pero lo hizo siete días después de ocurridos los hechos. A partir de esta denuncia el Ministerio Público ha abierto ya una investigación, una averiguación previa que aún está en curso. Con respecto a la legalidad, equidad y transparencia en los procesos electorales, debemos de reconocer que todos los partidos, el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y las autoridades electorales, hemos contribuido a su plena vigencia. Esto se ha demostrado en los hechos con la drástica disminución de los conflictos pre y post electorales, con la solución institucional cuando se han presentado impugnaciones y sobre todo con la final aceptación de los resultados por quienes no triunfaron. También me permito informarles que por otra parte en los asuntos pendientes de la elección del 2000 que aquí se hizo mención a ellos, están siendo atendidos por las autoridades competentes en materia electoral y por supuesto estamos obligados todos a cumplir y a acatar sus resoluciones. En relación al Programa para Ciudad Juárez que es un tema que me ha quedado pendiente por responder, me permito en primer lugar decir que frente a los lamentables hechos de violencia contra las mujeres, ocurridos en Ciudad Juárez, el Gobierno Federal ha asumido su responsabilidad y actualmente colabora con las autoridades locales y con las autoridades municipales particularmente con el ayuntamiento en Ciudad Juárez. Además mantenemos un diálogo permanente con la sociedad civil y a través de ese diálogo y de la colaboración con el municipio de Juárez y con el gobierno del estado, el Gobierno Federal elaboró un programa integral que contiene 40 acciones relativas a procuración de justicia, relativas a la prevención del delito y relativas a la promoción de los derechos humanos de la mujer. Una de estas acciones es la de seguridad pública, que dio inició el pasado 22 de julio con el envío de 300 elementos y 90 patrullas de la Policía Federal Preventiva. A un mes de trabajo, y estos son los primeros resultados, se logró reducir el índice delictivo en un 14 %. Confío en que vamos a seguir obteniendo resultados concretos en las investigaciones. En primer lugar, a través de una agencia del Ministerio Público, mixta, de la Procuraduría local y de la Procuraduría General de la República. También vamos a tener resultados en la prevención del delito, pero sobre todo en la reconstrucción del tejido social en Ciudad Juárez. También me permito agregar que ese programa está hecho en función de tres ejes fundamentales. El primero de ellos es la Coordinación Interinstitucional. Aquí tienen que participar distintas dependencias del Gobierno Federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. Y además de darse esta Coordinación Interinstitucional a nivel federal, también hacerlo extensivo a los gobiernos municipales y locales Igualmente el compromiso del Presidente Fox es hacer todo esto con participación social, con los grupos de organización cívica, fundamentalmente con aquellos que se han dado en torno a la defensa de las familias, al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Ciudad Juárez., al resarcimiento de los daños para las familias. Con todos ellos también trabajar de manera conjunta y de manera cercana. E igualmente hacerlo con transparencia en los hechos. El compromiso del Presidente es nombrar efectivamente un comisionado especial que está dirigido a reforzar estas acciones de manera concreta. El comisionado o la comisionada que en su caso se nombre, dará seguimiento en Ciudad Juárez a las acciones de colaboración con los gobiernos locales, mantendrá y fortalecerá un canal de comunicación permanente con la sociedad civil, incluyendo por supuesto las organizaciones defensoras de los derechos humanos y promoverá a la vez la reparación del daño a víctimas y familiares. Pasando a otro tema, que también ha sido un asunto de gran debate de carácter jurídico, es el relativo al logotipo que distingue esta administración. Debe quedar muy claro que no se trata de la reproducción del Escudo Nacional, es un logotipo, algo muy distinto y es una categoría jurídica que no está regulada por la Ley del Escudo, la Bandera y el Himno Nacional. Tanto que no lo está que hay una serie de águilas de diverso tipo en todos los inmuebles públicos del país, una de ellas la tienen aquí presente al entrar a este recinto: cuando abren las puertas se cierra con un águila que se abre y se abre a la mitad. (Aplausos fuertes de la fracción parlamentaria panista) Por lo tanto, vean ustedes como la interpretación que debe darse debe estar precisamente vinculada la categoría jurídica que establece y regula la ley de la materia. Para finalizar con los planteamientos en materia de Estado de derecho que me ha formulado la diputada que hizo la intervención, ¡deseo expresar, de manera clara y abierta, que repruebo como Titular de la Secretaría de Gobernación y rechazo absolutamente la práctica de espionaje telefónico porque atenta contra la intimidad de las personas y viola el Estado de Derecho. (Aplausos fuertes de las fracciones parlamentarias panistas y priistas) En consecuencia con este dicho, el funcionario de la Secretaría de Gobernación que se vio afectado por esta reprobable conducta, el secretario particular, fue el primero en denunciar tales hechos ante la Procuraduría General de la República. En este sentido estamos coadyuvando con el Ministerio Público Federal para que se deslinden responsabilidades y se castiguen a los culpables. Muchas gracias. (Aplausos fuertes de la fracción parlamentaria panista) -