El diputado Manuel Añorve Baños: Amigas y amigos diputados, acabamos de vivir apenas hace unos días una experiencia inédita en la vida parlamentaria con la iniciativa preferente que envió el presidente de la República. Dictaminar en un plazo perentorio implica abordar los temas de interés nacional, tomar decisiones que beneficien a México. En este contexto uno de los cambios que urge realizar es el que tiene que ver con el excesivo espacio de tiempo que transcurre entre el día de la elección presidencial y la toma del encargo del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Nuestro periodo de transición es de cinco largos meses. Como se sabe, el día de la elección federal es el primer domingo del mes de julio y conforme al artículo 83 de la Constitución, el presidente entrará a ejercer su encargo hasta el primero de diciembre. Todos coincidimos en que el relevo en la Presidencia de la República es un acontecimiento de gran trascendencia para los mexicanos, pues marca la entrada en funciones del nuevo titular del Ejecutivo federal, lo que significa el inicio de una nueva administración pública federal, por lo tanto, este relevo tendría que realizarse en un periodo suficiente de tiempo con el propósito de que se brinde certeza y estabilidad social al país. Acortar el tiempo de transición para el relevo en la Presidencia de la República es una necesidad y una prioridad nacional, que permitiría a la administración federal entrante echar a andar de inmediato los planes y proyectos propuestos en campaña. De esta manera el nuevo gobierno y la sociedad en su conjunto tendrían la posibilidad de acelerar los procesos de cambio, a fin de acercarnos cada día más a la dinámica con la que se desarrolla el mundo actual. Por la naturaleza de la propuesta que nos ocupa, he señalado que los cambios aquí propuestos necesariamente tendrían que ser aplicados al presidente de la República que correspondiera al periodo 2018 al 2024, Presidencia que por única ocasión tendría una duración de cinco años 10 meses, pues iniciaría su gestión el primero de diciembre del 2018, pero con esta reforma concluiría la misma el 30 de septiembre de 2024 para así dar posesión al nuevo titular del Ejecutivo federal el primero de octubre de 2024 por el periodo 2024-2030. En el ámbito internacional, con relación al periodo que transcurre entre el día de la elección y el inicio de un nuevo periodo presidencial, podemos encontrar que Argentina, Ecuador, Perú, Panamá y Honduras, dedican menos de dos meses para este proceso; y con menos de tres meses Brasil, Nicaragua, Chile, Colombia, Costa Rica, destacando el caso de Bolivia, que tarda tan solo 35 días. En Europa en las elecciones recientes de Francia y España, los relevos se realizaron de manera inmediata. Esos son ejemplos y agrandes indicadores de la urgencia y viabilidad de esta reforma. Acortando ese tiempo que nos lleva la transición, es decir, del día de la elección al inicio del nuevo gobierno, además de evitar que se genere un vacío de poder entre el titular del Ejecutivo saliente y el entrante, por la incertidumbre en cuanto a la vigencia y aplicación de las políticas públicas del gobierno que culmina, ganaríamos dos meses muy valiosos para la construcción a conciencia del país que queremos. Si la premisa y nuestro sistema electoral es desahogar todas las impugnaciones y contar con el principio de exhaustividad en el desarrollo y conclusión del proceso electoral, es dable reducir el tiempo de espera, toda vez que si la elección se realizar la primera semana de julio, el órgano jurisdiccional electoral tendría dos meses, más que suficientes para desahogar con éxito en tiempo y forma, cada una de las impugnaciones que se llegasen a presentar. Una vez teniendo presidente electo, en el lapso de dos meses posterior a la jornada electoral, se tendría un mes para el periodo de transición, lo cual significa un tiempo suficiente para una entrega-recepción ordenada. La reforma planteada es y debe ser parte de una reforma política integral de alto calado que nos permita hacer un rediseño del nuevo andamiaje institucional. El reducir el tiempo de espera en la toma de posesión va a facilitar el relevo en la administración, va a evitar también la inanición de la misma por el tiempo de espera y va a posibilitar reformas colaterales, como es la entrega y discusión el Presupuesto de Egresos antes de diciembre, en razón de que la función en el cargo sería el primero de octubre. Hay consenso que la actual fecha de inicio del cargo y toma de posesión resulta inadecuada para la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos. Como es sabido, actualmente se dispone que la presentación del Paquete Económico se debe de hacer a más tardar el 15 de diciembre, empero nos encontramos con que el Congreso concluye sus sesiones el 31 de diciembre. Tal situación reduce el tiempo de presidente prácticamente a 15 días para presentar su proyecto e implica que el Congreso de la Unión tenga únicamente 15 días para cumplir con sus atribuciones. Es evidente que se abdica de un examen minucioso, completo y responsable. Es evidente también que el denominado periodo de transición es sumamente amplio, un plazo de cinco meses donde se tiene a un presidente constitucional saliente y un presidente electo. Conlleva a un riesgo que no debemos, obviamente, nosotros, de asumir y tenemos que generar efectos favorables con esta reforma. Con ésta también se reduce el tiempo de transición que garantiza el funcionamiento pleno de la administración pública federal, que posibilita que el presidente constitucional saliente pueda presentar su último informe al Congreso de la Unión, que el presidente entrante cuente con el tiempo suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos y que el Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para desarrollar sus funciones y una discusión y aprobación serenas. En una democracia el funcionamiento óptimo de un gobierno es parte fundamental en la realización de objetivos, proyectos y programas. Como se ha expuesto, la tendencia en el mundo es reducir los tiempos de espera entre la elección y la toma de posesión de un representante popular. Tratándose del Ejecutivo, en los sistemas presidenciales como el nuestro, los lapsos largos pueden llegar a ser perjudiciales para la nueva marcha de la administración, el que está en funciones ya está en franca retirada y el electo, no incide porque aún no asume el cargo. Esta disyuntiva entre el que todavía no se va y el que aún no toma las riendas, constituye un nivel de riesgo que debemos aminorar. Este es el propósito de la presente iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.