El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Mi duda o mi confusión deriva del hecho de que el diputado preopinante expuso un proyecto de dictamen posterior que propone modificar la fracción II del artículo 127 de la Ley General de Vida Silvestre. En este momento estamos en el tema discutiendo el proyecto de dictamen que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Proyección del Ambiente, que es un tema muy diverso. De ahí derivó mi confusión. Me voy a referir no al tema al que se refirió el diputado preopinante –que es otro tema–, sino al tema que estamos discutiendo en este momento, que es la modificación o reforma al artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Me parece –comienzo diciendo– afortunado, que en este proyecto de dictamen que reforma el artículo 58 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que se establezca una consulta pública donde cualquier ciudadano puede participar y realizar observaciones cuando la Secretaría de Medio Ambiente determina áreas protegidas o declaratorias para el establecimiento de las áreas naturales protegidas a que se refiere el artículo 57 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. También me parece oportuno que se dé vista al particular afectado, al particular propietario, de un área natural protegida y a la sociedad en general, para que emitan opiniones cuando la Secretaría de Medio Ambiente determinará o establecerá un área natural protegida. Todo eso me parece correcto. Pero creo que en materia del derecho de propiedad y de los derechos de los propietarios, este dictamen debiera proponer, lo que no hace, una garantía plena del derecho de audiencia y del derecho de defensa. Este dictamen exclusivamente otorga al propietario la posibilidad de opinar y de hacer observaciones sobre el proyecto de declaratoria de área natural protegida, pero no le confiere un derecho de defensa pleno ni le confiere la protección a su derecho y a su garantía de audiencia. Ocurre muchas veces, cuando se establecen áreas naturales protegidas, que el derecho de propiedad particular se afecta en tal medida que este derecho de propiedad le impide al propietario realizar casi cualquier ejercicio de su derecho. Equivale, para decirlo en pocas palabras, a veces, el establecimiento de un área natural protegida, a una suerte de expropiación de hecho. Una expropiación de hecho que no viene acompañada con una propuesta de indemnización. Por ejemplo, en este proyecto de dictamen, no se dice que cuando se va a establecer el área natural protegida, habrá una propuesta a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente para expropiar el bien para hacerle una propuesta de indemnización al propietario, no lo establece. Entonces se puede establecer el área natural protegida sin darle una garantía de audiencia efectiva al propietario y sin concederle un derecho de defensa al propietario. Solamente puede opinar sobre el área natural protegida. Y dice el último párrafo del artículo 58 propuesto: “La secretaría integrará el expediente con las opiniones respectivas”. Pero ¿cómo se garantiza el derecho de defensa? ¿Cómo se viabiliza la protección al artículo 14, 16 y 17 de la Constitución? ¿Cómo se cumple con el derecho a la indemnización que prevé el artículo 27 de la Constitución? ¿Cómo se garantiza el artículo 8o., y el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Me parece muy bien que se establezcan áreas naturales protegidas, pero siempre y cuando se confiera a los propietarios de los predios un derecho de audiencia pleno y un derecho de defensa pleno, y en este proyecto de dictamen ambos derechos están debilitados, son muy débiles, no se garantizan plenamente. Por las razones anteriores votaré en contra de este dictamen, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados.