El diputado Manuel Portilla Diéguez: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, hace más de una década, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo histórico a favor del anatocismo, o lo que es lo mismo, el cobro de intereses sobre intereses y su capitalización. En ése entonces, a la opinión pública se le argumentó que era necesario resolver la contradicción de tesis 3198 y 3298 relacionadas con el cobro de intereses en cierto tipo de contratos de apertura de crédito, capitalización de intereses y otros temas afines, en virtud de que se ponían en riesgo a los ahorradores y la estabilidad económica nacional. Finalmente, el máximo Tribunal, órgano del control de la constitucionalidad y defensor de los derechos fundamentales hizo lo propio y sentó el criterio constitucional necesario para dirimir las controversias sobre el anatocismo y su relación con los contratos de crédito. En todo eso, mucho se ha especulado de que dicho fallo sólo beneficiaba a los banqueros y no a la ciudadanía. Les reitero que el máximo tribunal continúe mirando en todo momento por el bien de la nación, y así, como en aquel entonces sentó los principios que dotarán de certidumbre jurídica para las personas, en breve resolverá un tema de gran importancia. Los amparos presentados por las instituciones financieras en contra de la capitalización de intereses en cuentas de ahorro o inversión, en otras palabras el anatocismo aplicado a los bancos. Con toda esta evolución, nuestro sistema jurídico se fortalece y se evidencia la necesidad de que no se perpetúe la crisis del sistema, y en consecuencia, hagamos algo al respecto. De manera esquemática, dentro de nuestro sistema jurídico confiamos en la actuación honesta, imparcial y justa de los encargados de impartición de justicia. De igual manera, el sistema financiero ha impulsado con un ejemplo, una serie de cambios a su administración y organización para continuar respondiendo a la confianza de los usuarios del sistema. Sin embargo, en nuestro país las condiciones económicas nos han superado. Tenemos una gran pobreza, una inflación en incremento, un descontrol de precios en los productos básicos y un índice de morosidad muy alto. No es de extrañarse que los acreedores no demuestren ninguna sensibilidad al momento de exigir el cobro de los intereses generados por los servicios financieros prestados. Lo primero que quiero decir, que en este triángulo nadie quiere salir afectado ni los ahorradores ni los empresarios ni los banqueros ni los juzgadores, pero hay una realidad que no podemos negar, no es una cuestión que deba dejarse en la indefinición para ver quién de las partes termina sometida a la otra. Es tiempo de proponer cambios a la ley, que, con independencia del respetable criterio de los ministros, propongamos una solución en pro del interés público y el respeto a los derechos individuales. Por ello proponemos la modificación del artículo 363 del Código de Comercio, que se encuentra en el capítulo referente a la regulación del préstamo mercantil, para que parejos, los bancos y las personas, no se sirvan de la ley para establecer condiciones abusivas y por otra parte, las autoridades jurisdiccionales no caigan más en cuestionamientos a su juicio e imparcialidad. La reforma beneficia a todos y proponemos que se sumen esfuerzos, incluso legisladores, para hacer cambios que contribuyan a resolver la situación económica de nuestra sociedad. Es cuanto, presidente, muchas gracias.