La diputada Mary Carmen Bernal Martínez: De acuerdo. Muchas gracias. Con su permiso, compañeras y compañeros diputados, esperemos que el incidente del que acabamos de ser testigos no tenga nada que ver con la procedencia de este juicio político. Continuando con mi intervención, las conclusiones de la Sección Instructora son una muestra clara del compromiso de esta Cámara de Diputados por combatir la corrupción y sancionar por la vía que nos corresponde a los corruptos. Sin lugar a dudas, hoy no sería posible esta sesión sin el compromiso y vocación de servicio de una mujer excepcional, como lo es la ciudadana Muna Dora Buchahin, quien al revisar las cuentas públicas correspondientes a los ejercicios fiscales 2013, 2014, detectó las irregularidades presentadas, consistentes en la firma de contratos por parte de Sedesol y Sedatu con universidades estatales e institutos de radiodifusión de Quintana Roo y Sonora, en los que se pagó miles de millones de pesos por servicios que nunca fueron recibidos por la administración pública y en el que las universidades se llevaron su moche. A este mecanismo de ingeniería delincuencial se le llamó como la famosísima Estafa Maestra y fue ampliamente difundida por los medios de comunicación del país, incluso en el extranjero. Si la cuenta pública es la medida de la responsabilidad gubernamental entre lo que la Cámara aprueba en el Presupuesto y la justificación que del gasto presentan sus ejecutores, hoy tenemos evidencia ampliamente documentada que, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, las prácticas corruptas fueron la constante en esa administración. Compañeras y compañeros legisladores, con este acto la Cámara de Diputados envía al pueblo de México una clara señal de que estamos a favor de que el ejercicio de la función pública se realice en estricto apego a los mandatos de la Constitución y de las leyes secundarias. Que los recursos públicos no son patrimonio del gobierno, ya que se obtienen con las contribuciones que los mexicanos pagamos y que su destino en el Presupuesto de Egresos debe ser ejercido de acuerdo a lo mandatado en el primer párrafo del artículo 134 constitucional, que a la letra dice: ... se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. Ese es el compromiso que tenemos todas y todos los servidores públicos y no podemos tolerar una traición a la sociedad y ser cómplices pasivos con quienes de manera dolosa traicionan al pueblo de México. Sin perjuicio de la responsabilidad penal, que seguramente se acreditará en el proceso correspondiente, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo compartimos la sanción que se propone a Rosario Robles y que es la prevista en el artículo 8o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde se prevé una inhabilitación desde uno hasta 20 años. En las conclusiones se nos propone la inhabilitación máxima. Es decir, que se inhabilite hasta por 20 años. Reiteramos, el expediente que se nos presenta se acredita a cabalidad la responsabilidad de la exservidora pública, materia del presente juicio político. Concluyo. Hoy, el pueblo de México sabe que el servidor público que la haga, la va a pagar. Hoy pasamos del Rosario, no te preocupes; al Rosario ahora sí, preocúpate. Es cuanto, diputada presidenta.