La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Estoy presentando ocho reservas, pero no antes de iniciar esta intervención creo necesario aclarar que lo que hemos expresado algunas diputadas, y lo haré en este espacio que tengo del uso de la tribuna, es un acto de solidaridad hacia la persona de la diputada Verónica Sada, porque la presunción de que haya sido cambiada de Comisión porque hizo un voto en el tema de energía, está en el aire y ella es nuestra amiga y quisimos expresarle nuestra solidaridad porque lo creemos prudente, pero no estamos pidiendo explicaciones al Grupo Parlamentario del PAN. Definitivamente ése es su propio procedimiento. Hablando de crucificar y hablando de crucificar por posicionamientos específicos en esta Cámara de Diputados, es precisamente sobre esto sobre lo que vengo a hablar y sobre lo que se refieren estas reservas que vengo a presentar. El tema del sistema penal actual lo conocí no solamente cuando participé en la reforma al sistema de justicia de Chihuahua, y me di cuenta de todas las barbaridades y las violaciones que se hacían a derechos humanos con este sistema actual, que no solamente se hace en papel, no conoce ni a los acusados ni a las víctimas, sino que además se hace por una secretaria o por, si tiene suerte el acusado y la víctima, un pasante de derecho, sino además lo conocí en la realidad, cuando hacíamos defensoría gratuita en Chihuahua cuando éramos estudiantes universitarios. Recuerdo que no quería darse la modificación al sistema penal y al procedimental del que hoy estamos hablando, porque algunos gobernadores pensaban, y lo escuché de sus propias voces, que esto era una tontería, porque el sistema de justicia era controlado por ellos. Es por eso que este Código que nosotros consideramos de transición, no debe de ser crucificable, debe de ser aceptado cuando menos en su beneficio, que es mejor que lo que teníamos. En un lado tenemos lo que ya vinieron y abrieron la caja de pandora nuestros amigos Layda Negrete y Roberto Hernández, con su documental o película Presunto Culpable, que nos dejaron ver, no solamente todos los vicios que hay en un procedimientos, sino todas las injusticias de las que podemos ser sujetos cualquiera de nosotros. Eso es lo que tenemos el día de hoy. Lo que estamos proponiendo y lo que se propone con este código, es un código sí más garantista, pero aceptamos que hay cuestiones pendientes, y lo dije en este posicionamiento, lo dije en el posicionamiento del Partido del Trabajo. ¿Y cuáles son las reservas que estamos presentando? Primero, la más importante, al artículo 55, que prohíbe que los medios de comunicación puedan no solamente grabar, sino publicitar lo que está sucediendo en un juicio oral al que puedan acudir, porque se supone que estos juicios deben de ser públicos y transparentes. En efecto, hay en este tema la discusión sobre los derechos de intimidar de los que son parte del proceso, pero también está el derecho de la sociedad y de los medios de comunicación de poder conocer, y de las partes de aceptar de que estos procedimientos sean grabados y puedan ser publicitados para que tengamos otros documentales, como Presunto Culpable que abrieron los ojos no solamente a unos cuantos, sino a la sociedad mexicana en general, de las aberraciones que tiene el sistema de justicia en este país. Si nos negamos a que en el artículo 55, con la venia de las partes y de los participantes en el proceso, éstos puedan ser publicitados, estamos en riesgo que se cometan irregularidades, no solamente por parte de los defensores o de los ministerios públicos, sino inclusive de los jueces, porque desgraciadamente en este código también estamos partiendo de la desconfianza. Y lo discutíamos con Roberto Hernández y Layda Negrete, de por qué está este código de transición débil en algunos puntos. Porque partimos de la desconfianza, porque no creemos que los ministerios públicos o las policías vayan a poder tener la capacidad de iniciar una denuncia o una querella solamente con una denuncia anónima de un ciudadano. Nuestra siguiente reserva estaría en el artículo 277 que se refiere también al procedimiento para reconocer culpables. Hay cinco cuestiones que deben ser cuidadas en este artículo 277 y que no fueron incluidas y que fueron, precisamente, propuestas por Roberto Hernández en la mesa de creación de este Código Nacional. Primero. Que el procedimiento para reconocer culpables, es decir, el reconocimiento de testigos oculares pueda ser video grabado para que pueda ser, como él mismo dice, revisitado o para que podamos luego tener una constancia de que ese reconocimiento visual del testigo no ha sido llevado por el Ministerio Público o no ha sido viciado de ninguna manera. Segundo. Debe haber siete distractores, es decir, como lo vemos en las películas norteamericanas, debe haber en el reconocimiento visual, no solamente decir, ¿verdad que él es el culpable? Sino que debe haber una línea de siete distractores para quien va a reconocer al culpable pueda realmente reconocer a quien participó en el hecho que puede ser considerado como un delito. Debe haber esta fila de identificación secuenciada e instrucciones al testigo, adecuadas, que le puedan decir al testigo que va a señalar al presunto culpable, que puede haber inocentes y todos pueden ser inocentes en esa fila secuencial. Y por último, la autoridad no debe saber quién es el imputado para que no pueda manipular al testigo. Compañeros diputados, estamos presentando también otras reservas en el artículo 17, en el derecho a una defensa para que sea un miembro del sistema de la defensoría de justicia el que sea el que siempre esté a un lado de las víctimas del delito y no sea cualquier defensor y no se den estos vicios donde llegan las víctimas sin un defensor. En las obligaciones del Ministerio Público estamos solicitando que no solamente se reciban las denuncias y querellas sino que también se les dé trámite, porque si no, nunca llegaríamos a un procedimiento penal. En los derechos del imputado, y esto lo consideramos de gran importancia, por lo que ya ha señalado mi compañera Loretta Ortiz Ahlf, que los imputados y las víctimas puedan ser tratados con derecho y dignidad en todo momento, respetando sus derechos humanos considerados en los tratados internacionales. Y sobre las reglas para las obligaciones a la suspensión condicional del proceso, estamos solicitando que se incluya el artículo 195. Compañeros diputados, estas reservas no son reservas de mero trámite, tienen qué ver con la esencia y la estructura de la investigación y tienen qué ver también con la esencia y la estructura de lo que será, como ya lo dijimos, el cambio de paradigma, pero sobre todo, el cambio de cultura de la legalidad en este país. Si nosotros logramos que con la expedición de este Código y el Ejecutivo en su aplicación logra que este Código sea exitoso y que la gente empiece a confiar en la justicia en este país, estaremos cambiando una de las instituciones más importantes en la estructura de una nación. No. Como se ha señalado aquí, no somos ingenuos. No creemos que el cambio vaya a ser de un día para otro. No creemos que la sola promulgación que haga el presidente de este Código vaya a cambiar la justicia. Lo sabemos, lo hemos vivido en estados como Nuevo León y Chihuahua, que todavía estamos tratando de adaptar este sistema. No somos ingenuos. Pero también sabemos que este sistema requiere tiempo y requiere una implementación, sobre todo económica. Esta duda la queremos dejar no solamente a los legisladores, sino también a aquellos que van a operar este sistema, cuánto va a costar este nuevo sistema de justicia para que sea implementado adecuadamente y tendremos la capacidad de hacerlo y de cubrirlo en dos años. Y cómo vamos a hacer entre los viejos y los nuevos sistemas, porque para que todos nosotros estemos enterados, en esta vacación de la ley también habrá que mantener juzgados y que mantener abiertos juicios del viejo sistema. Es decir, mientras vamos a entrar en dos años al nuevo sistema de justicia penal y a este Código, se tendrá que dejar abierto el viejo sistema para acabar con todos estos pendientes que se van a quedar en el tintero. Y tiene que ser un sistema de implementación impecable el que permita que cada uno de los estados pueda manejar cuatro códigos: dos viejos, un código nacional nuevo de procedimientos y un código penal nuevo al que estaremos obligando, una vez que se apruebe este código de procedimientos. Estos son los pendientes. No somos ingenuos. Pero sí creemos que todas las injusticias que tiene este código, que todos los delitos construidos, que toda esta creencia de que la justicia es solamente para los privilegiados, va a cambiar y va a haber un avance en el momento en que este código, que nosotros hemos decidido llamar de transición pueda aprobarse. Es por eso que estamos presentando estas reservas. Esperamos que ustedes las consideren, porque son completamente válidas, porque son estudiadas, porque hemos participado en este proceso por cerca de un año y esperamos que las tomen en consideración. Es cuanto, señor presidente.