EL C. DIPUTADO VICTOR HUGO CIRIGO VAZQUEZ (PRD): Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: Los Trabajadores al Servicio del Estado, gracias al control jurídico y sindical, han perdido en la práctica toda posibilidad de discutir sus condiciones de trabajo. La contratación y despido se adecuan a las condiciones presupuestales, disponiéndose unilateralmente del volumen y las condiciones de contratación de la mano de obra, como es el caso de los contratos por honorarios, destruyendo por distintas vías la estabilidad laboral. Desde 1983 la política laboral del gobierno con sus trabajadores ha sido la de reducir al máximo la plantilla de sindicalizados, castigando a la vez sus ingresos y prestaciones. A una caída salarial de más del 50 por ciento de 1981 a la fecha debe agregarse una reducción del empleo en la administración central de 60 por ciento de 1990 a 1999. Más de 872 mil plazas han sido canceladas. ¡Tan solo en el gobierno zedillista se redujo el empleo público 31 por ciento! Los recortes han afectado principalmente a dependencias como Sagar, Reforma Agraria y Hacienda. En estas tres dependencias se han despedido a 179 mil trabajadores en los últimos cinco años, siguiendo estrategias de adelgazamiento de nómina en casi todas las dependencias. Al no existir criterios transparentes y sólidos para la promoción de los trabajadores del Estado, existe un espacio de discrecionalidad en que los mandos medios y superiores disponen de una extensa red de prerrogativas y prevendas que escapan a la supervisión presupuestal de esta soberanía y son opuestas a la lógica de austeridad impuesta al resto de los trabajadores operativos y de enlace del sector público. De esta forma, diversos estímulos como el bono sexenal no son más que una compensación a una remuneración inferior a las posibilidades y cargas de trabajo a las que están sujetos los trabajadores al servicio del Estado, misma que había venido siendo entregada en otros periodos, Fue gracias a la movilización masiva y espontánea de estos trabajadores como al fin se consiguió dicha compensación, Una vez otorgada esta remuneración a los trabajadores federales, aquellos agrupados en el Sindicato Unico de Trabajadores del Distrito Federal, lo solicitaron. El pasado 7 de noviembre el gobierno de esta ciudad acordó otorgar el pago de esta compensación a los trabajadores a su servicio, pese a no estar presupuestado. Los recursos para el pago de esta bonificación se obtendrían por tres vías: Uno, dividendos de la Aseguradora Hidalgo; dos, de economías generadas por el pago adelantado de deuda y, tres, de recursos federales. Esta última fuente de recursos es la que quedó pendiente de formalizar, Ante esta discusión algunos sectores y autoridades han manifestado que la Federación no está obligada a solventar estos gastos, que el Gobierno del Distrito Federal es quien debe asumir por completo esta obligación, Sin embargo, existen varias razones por las cuales las autoridades federales deben asumir su responsabilidad en esta situación, En primer término, debemos recordar que los trabajadores sindicalizados que laboran en el gobierno capitalino forman parte de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, de la FSTSE, que siguen perteneciendo al régimen previsto en el Apartado "B" del artículo 123 constitucional y su Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Dichos ordenamientos los incluye de manera expresa en su artículo 1° Asimismo, el Distrito Federal conserva una situación jurídica diferente a la de los Estados de la República, en tanto sede de los poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos, según el artículo 44 constitucional y que a mayor abundamiento en el artículo 122 de nuestra ley fundamental se establece que, cito " Su gobierno estará a cargo de los poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de carácter local", Finalmente, a partir de la descentralizaci6n de los servicios de educación básica y de salud comprendidos en los Acuerdos Nacional para la Modernización de la Educación Básica y de Coordinación para la Descentralización Integral de los Servicios de Salud, la Federación delegó en las entidades federativas funciones que constitucionalmente le corresponden, con ello, a través de los fondos de los ramos generales 25, Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica y Normal, y 33, Aportaciones Federales para Entidades y Municipios, la hacienda federal cubre las remuneraciones de dicho personal, pero en el caso de los trabajadores de salud y de educación del Distrito Federal, sus remuneraciones están homologadas con las de los demás trabajadores de la Federación, de tal suerte que fueron considerados ya para la entrega del mencionado bono sexenal. Es justo entonces que la Federación apoye al Gobierno del Distrito Federal, para que se entregue de forma similar que a los demás trabajadores al servicio del Estado la compensación por el final de administración, tal como fue pactada en días recientes. Tampoco debe olvidarse al respecto que la relación del Gobierno del Distrito Federal con sus 190 mil trabajadores, aunque ha sido problemática no se ha apartado de la ley, Actualmente el Gobierno de la Ciudad mantiene relaciones laborales con diversas organizaciones sindicales, entre las que se encuentran el Sindicato Unico de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad, con 106 mil afiliados; el del Sistema de Transporte Colectivo METRO, con 12 mil afiliados, y otros menos numerosos como la Alianza de Tranviarios y los Sindicatos de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, del DIF, la Procuraduría Social. La relación de estas organizaciones con el gobierno capitalino se rige por el Apartado "B" del 123 constitucional y su ley reglamentaria. Es importante señalar que la relación laboral con los trabajadores de otros poderes locales del Distrito Federal, como el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Asamblea Legislativa, no dependen del Ejecutivo Local por lo que serán esas instancias de Gobierno las que resuelvan la solicitud de Bonos Sexenal y otras prestaciones de la misma forma que a nivel federal. El Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal y los 6rganos autónomos tendrán que tomar esta decisión; de entrada, nuestro grupo parlamentario considera que es justo incluir a estos servidores públicos para el otorgamiento de la compensación por fin de Administración. En la medida de sus posibilidades, el Gobierno de la Ciudad ha intentado mejorar sus condiciones de empleo y remuneración desde 1998, los trabajadores al Servicio del Gobierno de la Ciudad han recibido incrementos salariales pro encima de la inflación, incrementos de 12.5% a 15%, privilegiando los niveles más bajos del tabulador mientras que los mínimos aumentaron solo 10%. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el Artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo. UNICO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en el marco de sus atribuciones entregue los recursos necesarios para que junto con el Gobierno del Distrito Federal se pague a los trabajadores al servicio de este la compensación con motivo de fin de Administración en los mismos términos pactados entre Gobierno Federal y la Federación de Sindicatos de los Trabajadores al Servicio del Estado, Firman: Diputado Víctor Hugo Cirigo Vázquez, por el Partido de la Revoluci6n Democrático y el Diputado José Manuel del Río, por el Partido Convergente por la Democracia". Muchas gracias, es cuanto señor Presidente. (aplausos)