El diputado Feliciano Rosendo Marín Díaz: Gracias, diputado presidente. Diputados y diputadas. Dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 71, 72 y 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto presidencial. Nuestra división de poderes se basa en un sistema de pesos y contrapesos. La elaboración del Ejecutivo en el proceso legislativo es clara en la existencia de un instrumento como lo es el veto presidencial. Esto en la doctrina y en la práctica político-constitucional es una cuestión esencial para el equilibrio mismo de los poderes que conforman la Unión. La doctrina constitucional reconoce como derecho de veto a la facultad que tiene el Ejecutivo para formular observaciones y propuestas de modificación a la ley o decreto y devolverla al órgano legislativo. Actualmente este derecho que tiene el presidente de la República consiste en otorgarle 10 días útiles posteriores para su ejercicio; de lo contrario se considerará aprobado si no es devuelto con observaciones a la Cámara de origen. Sin embargo, este plazo se puede interrumpir en el caso de que el Congreso cierre o suspenda las sesiones ordinarias, lo que provoca la prolongación del inicio de vigencia de una ley o un decreto. Tal medida y la ausencia de una disposición expresa que obligue al Ejecutivo a la publicación de leyes o decretos, permite que éste pueda postergar la publicación en el Diario Oficial de la Federación por tiempo indefinido, lo que sin duda obstaculiza y obstruye el trabajo legislativo para adecuar el marco legal a las circunstancias y necesidades de la realidad de la división de los Poderes de la Unión y lo que es más preocupante, no se otorga a los gobernados la certeza jurídica que el Poder Legislativo debe garantizarles. Haber mantenido la disposición de aplazar el inicio de la vigencia de una ley o decreto y la falta de un mecanismo de sanción al incumplimiento de la disposición legislativa, dio origen a la facultad metaconstitucional del presidente de la República conocido como veto de bolsillo, así llamado porque figuradamente el presidente pone el documento en su bolsillo y se olvida intencionalmente de él, como señal de su negativa para promulgar y publicar la ley o el decreto. Es necesario avanzar en el perfeccionamiento del proceso legislativo; es decir, se requiere establecer la obligatoriedad de dictaminar las iniciativas en un plazo determinado, a efecto de dar certeza a las distintas etapas del procedimiento. La sociedad conoce la existencia de un alto rezago legislativo, que es consecuencia de la no regulación de los plazos para dictaminar las iniciativas presentadas durante las distintas legislaturas. Éstas al no dictaminarse en plazos adecuados se han venido acumulando. Las adiciones que se proponen a los artículos 71, 72 y 78 de nuestra Carta Magna y que hoy se somete a consideración de este pleno, tienen el objetivo fundamental de impedir que se presenten casos de parálisis en la promulgación y publicación de los proyectos remitidos al Poder Ejecutivo, una vez que sean aprobados por el Congreso. Ante la necesidad de prevenir el acto suspensorio del Ejecutivo federal, se faculta al presidente de la Cámara de origen y no al de la Cámara que lo remitió, a que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación, cumpliendo con el objetivo de dar seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas. La minuta en mérito establece también que los plazos no se interrumpan si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, pues se faculta a la Comisión Permanente para que pueda recibir las observaciones a los proyectos de ley o decreto que envíe el presidente de la República. Consideramos que la redacción actual de los artículos en mención pone al Poder Legislativo en un estado de indefensión ante la decisión del Ejecutivo al no promulgar y publicar las leyes y decretos que no fueron objeto de observaciones, particularmente al no devolverlas al legislativo para que éste pueda ejercer su facultad de superar el veto con mayoría calificada. Es con esta propuesta de reforma como se obliga al presidente de la República a agilizar la promulgación de las leyes aprobadas por el Congreso, o bien, en hacer las observaciones o vetos correspondientes en el plazo de 30 días naturales y, en caso contrario, se considerara promulgado el proyecto al facultar al presidente de la Cámara de origen ordenar su publicación y así concluir el proceso legislativo. Eso es todo, diputado presidente.