La diputada Gloria Romero León: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, con la venia de la Presidencia. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados somete a consideración de esta asamblea el dictamen en sentido positivo sobre la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este dictamen propone que las versiones públicas de las sentencias emitidas por los poderes judiciales, federales y de las entidades federativas estén a disposición del público y se encuentren actualizadas. Esto, como complemento de las obligaciones señaladas en el artículo 70 de la misma ley, el cual mandata a los sujetos obligados a poner a disposición del público y mantener actualizada diversa información y documentos. El dictamen advierte la opacidad en la que opera el Poder Judicial en cuanto a las sentencias que emite y que este hecho debe ser considerado como grave, debido a que la sociedad se encuentra limitada para evaluar el desempeño de los impartidores de justicia, máxime cuando la labor de los jueces se encuentra fuera del escrutinio ciudadano. El actual texto sujeto a reformarse contribuye a ello debido a que solo obligue a las autoridades jurisdiccionales a poner a disposición del público las versiones púbicas de las sentencias consideradas de interés público, siendo un término ambiguo en materia de trasparencia. Debemos de señalar que el Poder Legislativo federal ha realizado avances significativos en este tema. Podemos destacar la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014, mediante el cual se estableció en nuestro marco normativo constitucional que los sujetos obligados deberán de preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y que se publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuentas en cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Dicha reforma, como consta en el dictamen, determinó que el acceso a la información tiene un doble carácter, es un derecho en sí mismo y es un medio o instrumento para el ejercicio de nuestros derechos. Con la implementación de la reforma contenida en el dictamen que se encuentra a discusión, posibilitará a la sociedad evaluar a los impartidores de justicia a través de la rendición de cuentas. Detectar advertencias discriminatorias o que no cumplan con la perspectiva de género; asimismo, contribuirá para la detección de actos de corrupción y se podrá generar indicadores y análisis que permitan evaluar el actuar de los juzgadores y mejorarlos. Cabe señalar que la propuesta de reforma es congruente con los objetivos de desarrollo sostenible contemplados en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas, donde se establece en el objetivo 16.6 crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Adicionalmente a los beneficios señalados en el dictamen, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción considera procedente la reforma propuesta, debido a que la minuta coincide en sus términos con la propuesta en la materia presentada por legisladores de diversos grupos parlamentarios que integran esta Cámara de Diputados. Por otra parte, en el apartado de transitorios se propone otorgar un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto para que los poderes judiciales, federal y de las entidades federativas, inicien la publicación de las versiones públicas, del texto íntegro de las sentencias emitidas, así como que los poderes legislativos del ámbito federal y local realicen las adecuaciones normativas necesarias para dar cumplimiento con el decreto. Sin embargo, aclaramos que esto será insuficiente si atendemos las actuaciones tanto del Poder Judicial Federal y de la Fiscalía General de la República, en el proceso de índole penal seguido en contra del ex director de Pemex de la administración federal anterior, Emilio L. Dicho proceso se inició y se desarrolla con total opacidad y ambigüedad, permitiendo la indebida injerencia del titular del Ejecutivo federal en dicho juicio, contraviniendo la autonomía de las instancias de procuración e impartición de justicia. Por todo lo anterior es que este Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará a favor de la presente reforma. Es cuanto, diputada presidenta.