El diputado Sergio López Sánchez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el clima para la inversión privada en infraestructura, a través de asociaciones público privadas ha mejorado en América Latina y El Caribe en los últimos años. Según el informe denominado Infrascopio 2014, evaluando el entorno para asociaciones público privadas en América Latina y El Caribe, producido por la Unidad de Inteligencia Económica, por encargo del Fondo Multilateral de Inversiones, miembro del Banco Interamericano de Desarrollo. Estas inversiones que son administradas por el gobierno están obligadas a buscar el cumplimiento de programas públicos que contribuyan al desarrollo económico y social. En este sentido, tanto la inversión pública como privada son un factor clave para el desarrollo de los países como el nuestro, cuyas restricciones presupuestales impiden una mayor inversión pública. Si bien el gobierno federal debe incrementar la inversión pública en todo tipo de infraestructura y en las empresas productivas del Estado, con el fin de incrementar la oferta de bienes y servicios públicos que posibiliten acceder a un mayor crecimiento económico y bienestar social, también lo es que las asociaciones público privadas se han convertido en una herramienta para suplir las carencias en infraestructura. Sin embargo, es preciso señalar que es obligación del gobierno que las licitaciones, la presupuestación, programación y ejecución de recursos y proyectos se realicen de manera transparente. En virtud de ello, las reservas planteadas al artículo 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, consistentes en la modificación al párrafo tercero y la adición de un noveno párrafo, va en el siguiente sentido. La modificación del párrafo tercero va en relación a establecer que solo se autorizará un total de proyectos para asociaciones público privadas que no excedan del 5 por ciento del presupuesto por ramo. Lo anterior toda vez que se busca, por un lado, que el gobierno federal comience a reorientar su papel e incremente la inversión pública en todo tipo de infraestructura y en las empresas productivas del Estado con el fin de incrementar la oferta de bienes y servicios públicos. Por otro lado, con esta modificación se pretende transparentar el manejo de los recursos públicos. En cuanto a la adición del noveno párrafo al artículo 24 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, el Partido de la Revolución Democrática propone la reserva en el sentido de que se establezca que el destino de los recursos en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2016, para las asociaciones público privadas se consideren únicamente para inversiones productivas y no para el gasto corriente. Si bien es cierto que los artículos 2 y 3 de esta ley se establece que su destino será para inversiones productivas, es importante recalcar que no se destine para gasto corriente, toda vez que si no se especifica claramente la aplicación del recurso, puede conllevar a su aplicación para un destino que no beneficie directamente a las y los mexicanos. Por último, señor presidente, le solicito que en el momento de la votación de las reservas, esta reserva en particular, su votación, sea por separado en términos de lo dispuesto en el artículo 108, numeral 2 del Reglamento del Congreso. Es cuanto, señor presidente.