La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Gracias, presidente. Sin seguridad jurídica no hay Estado de derecho. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, me dirijo a esta honorable asamblea para hablar a favor del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales. Hace ocho años la impartición de justicia dio un vuelco para ser más eficiente y expedita, la voluntad política y el trabajo de todos los actores involucrados consiguieron algo que parecía una tarea titánica y que hoy está dando frutos, porque este año entrará en vigor a nivel nacional el nuevo sistema. La seguridad jurídica es un pilar fundamental del Estado de derecho, por lo que es indispensable adaptar las reglas, leyes y normas que rigen a la sociedad. Se requiere un ajuste importante en la impartición de justicia dentro de la jurisdicción de los órganos del fuero de guerra al que hace mención el artículo 13 constitucional, con la finalidad de armonizar el proceso al nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio. Uno de los cambios sustantivos es la supresión de los Consejos de Guerra y la creación de los Juzgados Militares de Control y los Tribunales Militares de Juicio Oral. De éstos habrá por lo menos uno en cada plaza en la que exista una prisión militar con la jurisdicción que determine la Secretaría de la Defensa Nacional. Del mismo modo, se establecen los requisitos para ser juez del Tribunal Militar de Juicio Oral. Por lo que se refiere a los Juzgaos de Control, se estipulan los requisitos y las funciones que deberán cumplir, entre las que se encuentran la de garantizar los derechos humanos de las víctimas. Del mismo modo, desaparece la Procuraduría General de Justicia Militar para convertirse en Fiscalía General de Justicia Militar, y se incorpora la figura importantísima del Ministerio Público, que será el responsable de la investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delito, que es competencia de los Tribunales Militares. La creación de la Defensoría de Oficio Militar merece mencionarse, porque surge con la finalidad de garantizar la obligación del Estado de proporcionar una defensa técnica de calidad a los imputados por delitos de competencia del fuero militar. Esto es importante porque no se limitará a los Tribunales Militares, sino que se extenderá a los de orden común y federal cuando los hechos tengan relación con actos de servicio. Con esta importante reforma no solo se armoniza la redacción y se precisan las funciones de las personas que integran el sistema, pues se expide también el Código Militar de Procedimientos Penales, en el cual se da un enfoque más específico en la protección de los derechos humanos. Dicho ordenamiento tendrá por objeto fijar las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, que se repare el daño y mediante la ejemplaridad de la pena prevenir que se vuelva a cometer, contribuyendo a la protección de la disciplina militar, asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. Todo esto en un marco de respeto a los derechos humanos. Quiero destacar también de esta ley la importancia de la presunción de inocencia de militares. Debe presumirse la inocencia de los militares y hasta que se juzgue, se investigue, determinar la culpabilidad, eso es fundamental. La justicia militar es la columna vertebral del sistema disciplina castrense, por lo que es fundamental que los tribunales militares actualicen y armonicen sus procesos con los del nuevo sistema de justicia procesal penal acusatorio. Por eso, en Nueva Alianza estamos a favor. Los retos de México son nuestro impulso. Muchas gracias.