El diputado Alejandro Pérez Cuéllar: Con el permiso de la Presidencia. Hoy nos convoca una decisión trascendental para el rumbo de nuestro país, un tema que no sólo toca las estructuras del gobierno, sino que también incide directamente en la eficiencia del gasto público, en el fortalecimiento de las políticas públicas y en la mejora de los servicios que ofrece el Estado a la ciudadanía. Me refiero a la reforma constitucional que plantea la simplificación de diversos órganos autónomos para transferir sus facultades a las dependencias correspondientes de la administración pública federal. Durante años, los órganos constitucionalmente autónomos fueron creados bajo la premisa de garantizar independencia en temas fundamentales como la transparencia, la competencia económica y la educación. Sin embargo, la realidad nos muestra un panorama distinto: estructuras burocráticas que en muchos casos han duplicado funciones, incrementado costos y generado espacios negociación política que poco han beneficiado a la ciudadanía. Desde su creación, el costo acumulado de estos organismos supera los 32 mil millones de pesos, recursos que pudieron haberse destinado a mejorar hospitales, escuelas o proyectos de desarrollo sustentable. No se trata de un ataque a las instituciones, sino de una transformación necesaria. Por ejemplo, se propone que las atribuciones del Inai, cuya operación en 2024 costaría más de mil 97 millones de pesos, se trasladen a la Secretaría de la Función Pública, eliminando duplicidades y asegurando una fiscalización eficiente. Las funciones de la Cofece y el IFT, con un costo conjunto de más de 2 mil 367 millones de pesos anuales, serán asumidas por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respectivamente, sin comprometer las obligaciones adquiridas bajo el T-MEC. El Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, que ha costado más de 3 mil 134 millones de pesos desde su creación, será integrado a la Secretaría de Educación Pública, permitiendo un enfoque más directo y coherente en la política educativa. ¿Cómo justificar que esos más de 3 mil millones de pesos erogados hayan contribuido a resolver problemas estructurales de nuestro sistema educativo? ¿Cómo justificar que organismos como la Cofece o el Inai permanezcan aislados en su gestión, cuando sus tareas pueden integrarse de manera eficiente en dependencias ya existentes? Este modelo no ha servido al pueblo, sino a una élite que ha encontrado en la burocracia un refugio para perpetuar sus privilegios. La cuarta transformación nos llama a actuar con austeridad, pero no como un eslogan, sino como un mandato ético. Cada peso que ahorremos será un paso hacia la justicia social. Estos recursos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, al rescate de nuestros ecosistemas, al fortalecimiento de nuestra infraestructura y a programas que generen empleo y esperanza en cada rincón del país. No perdamos de vista el fondo de esta reforma: eliminar duplicidades, centralizar tareas y fortalecer las capacidades del Estado no es retroceder, es avanzar hacia un gobierno más transparente, más ágil y verdaderamente al servicio de la gente. Es construir un México que no esté atrapado en estructuras que beneficien a unos cuantos, sino que priorice el bienestar colectivo. Compañeras y compañeros, debemos actuar con visión y valentía. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de poner el interés público por encima de las inercias del pasado. Este es el momento de demostrar que la política puede responder a las demandas de la sociedad, que puede y debe ser una herramienta para el cambio verdadero. Por un México más fuerte, más justo y más unido, les pido su voto a favor de esta iniciativa, porque nuestro país merece instituciones que trabajen, no para sí mismas, sino para el pueblo, que les da sentido y razón de ser. El Partido Verde está a favor de la austeridad y, por ello, votaremos a favor de esta iniciativa. Es cuanto.