EL C. DIPUTADO JESUS GARIBAY GARCIA: Con su venia ciudadano presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El 10 de octubre del 2000, los suscritos diputados Rafael Hernández Estrada y su servidor, a nombre del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, así como los compañeros diputados Eduardo Abraham Leines, Pedro Manterola Sáenz, Jaime Mantecón Rojo, Marco Paulino López Mora, Nemesio Domínguez, Martha Silvia Sánchez González, suscribimos y presenté una iniciativa de decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue turnada a la comisión de Puntos Constitucionales. Segundo. Con dicha iniciativa se busca lograr que el Congreso de la Unión legisle sobre los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema de planeación democrática y que se faculte al Poder Legislativo para dictaminar, aprobar y evaluar el Plan Nacional de Desarrollo. En México vivimos tiempos de cambio y entre todos nos habremos de esforzar porque estos cambios sean positivos y equilibrados es decir, cambios que se verifiquen en diversos ámbitos de la vida nacional, en lo social, en lo económico y en lo político. En el período de sesiones que acabamos de inaugurar hace unos días, se concentran grandes expectativas de todos los mexicanos en torno a la capacidad del nuevo Congreso de la Unión; plural y vigoroso como nunca antes para poder incidir y transformar positivamente el rumbo de la Nación. Ya dimos muestras de la fuerza del consenso a través de la aprobación del paquete presupuestario que envió el Presidente de la República para el ejercicio 2001. Yo les pregunto a ustedes, compañeros ¿acaso esa discusión significó incertidumbre para el país o una forma de debilitar al Presidente de la República? De ninguna manera, simplemente las deliberaciones fueron aportaciones y los legisladores arribamos a tiempo a acuerdos porque pusimos los intereses de la patria por encima del interés particular. Creo que la visión presidencial fue enriquecida por la pluralidad que significamos todos nosotros. El Presidente de la República tiene el mandato de elaborar el Plan Nacional de Desarrollo para el período 20012006, y lo tiene que enviar al Congreso de la Unión durante los primeros seis meses de su mandato; sin embargo, las Cámaras no tienen ninguna facultad para observar y modificar tan importante documento ni tiempo real para estudiarlo, por lo que el futuro del país se vuelve a cimentar en la visión de un solo hombre, el Presidente de la República y en el mejor de los casos en la visión de un solo Poder, el Poder Ejecutivo. Si queremos seguir fortaleciendo nuestra República y sus prácticas democráticas, tenemos que dotar de más atribuciones al Poder Legislativo en tareas tan importantes como lo es la dictaminación, aprobación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. No olvidemos que el artículo 25 de nuestra Carta Magna establece que la rectoría económica es función del Estado y el artículo 26 constitucional, ratifica la obligación del Estado para organizar un sistema de planeación democrático. El Congreso de la Unión como representación del pueblo y de la Federación, debe intervenir de manera directa en la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo, ya que es la representación de la sociedad la que debe de ofrecer los matices de las necesidades más apremiantes y también de las más estratégicas al titular del Poder Ejecutivo, y velar porque éstas queden debidamente expresadas en el plan rector de la economía de la presente administración. Por ello hemos propuesto la reforma a los artículos 26 y 73 constitucionales para que el Congreso de la Unión Establezca en la ley los procedimientos de participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para la coordinación mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas para el cumplimiento y concertación con los particulares, para la elaboración y ejecución del mismo por parte del Ejecutivo Federal. Hemos propuesto también el Poder Legislativo dictaminará, aprobará y evaluará el Plan Nacional de Desarrollo y sus programas, los cuales tendrán carácter obligatorio para la Administración Pública Federal. Considerando que con fecha 10 de octubre los diputados Rafael Hernández Estrada y el de la voz, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentamos una iniciativa de decreto que reforma los artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y segundo, que ha transcurrido en exceso el plazo que el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos establece como término para expedir el dictamen correspondiente a una iniciativa presentada y turnada para su conocimiento y por lo expuesto y fundado, el suscrito diputado federal de esta Legislatura del Honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 39, 45 párrafo sexto, inciso e) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 21 fracción XXVI y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, solicitamos al presidente de la mesa directiva, diputado Ricardo García Cervantes, se sirva excitar a la Comisión de Puntos Constitucionales, para que presente a la brevedad el dictamen correspondiente. Palacio Legislativo de San Lázaro, 22 de marzo del 2001. Por su atención, muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias diputado don Jesús Garibay García. Como lo solicita y habiendo fundamento legal para ello, se excita a la Comisión de Puntos Constitucionales para que presente a la brevedad posible el dictamen de referencia. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se ofrece el uso de la palabra al diputado Amador Rodríguez Lozano, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para formular diversas excitativas sobre iniciativas presentadas. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias presidente; amigas y amigos: Voy a tratar de ser muy breve en estas tres excitativas que presento, a diversas iniciativas presentadas por mí: una siendo Senador de la República y dos en ejercicio de esta responsabilidad de diputado federal, con juntamente con otros compañeros diputados. La primera tiene que ver con la reforma al artículo 47 del INFONAVIT es una iniciativa sencilla que solamente toca un artículo, pero que tiene que ver con la vida, con la dignidad y con las esperanzas de 500 mil trabajadores. El año pasado un grupo de trabajadores del sector gastronómico del país, se apoderó de oficinas del INFONAVIT. Su queja era que toda vez que ellos en los restaurantes, en los hoteles y en los distintos centros de trabajo donde laboran, únicamente les pagaban el salario mínimo y que a través de las propinas recibían una ingreso que en muchas ocasiones ea 5 ó hasta 6 veces el salario mínimo. Sin embargo, para efectos de la cotización en el INFONAVIT solamente cotizaban con el salario mínimo. Eso significaba que cuando les autorizaban un crédito, el crédito era el más bajo que había en los créditos del INFONAVIT: alrededor de 70 mil pesos y con 70 mil pesos estos trabajadores del sector gastronómico en ciudades como Tijuana, como Acapulco, como Cancún, como Mazatlán y otras con esta misma naturaleza turística donde hay un gran crecimiento poblacional y donde la tierra tiene un gran valor, con 70 mil pesos pues no pagaban ni los cimientos. De tal manera que el derecho constitucional a la vivienda, era una quimera; que el derecho constitucional a la vivienda en los hechos no existía porque les otorgan un crédito pero este crédito no lo podían aceptar porque con 70 mil pesos no podían comprar absolutamente nada. Por lo tanto, estaban exigiendo al Infonavit que el Infonavit dejara de ser una financiera y se convirtiera nuevamente con el carácter y el espíritu con el cual fue formado en los años 70, que apoyara a trabajadores que no tienen recursos, como los gastronómicos, con la diferencia que el sector gastronómico sí tenía ingresos, pero que sus ingresos no estaban computados en el salario mínimo. Acudieron a mi; estuve al frente de esta lucha y logramos que el sector más renuente a que se atendiera esta demanda de los trabajadores hiciera una pequeña rendija para que pudiera otorgársele un crédito a estos trabajadores. Por eso surgió la necesidad de la reforma al artículo 47, para que la Junta Directiva del Infonavit pueda tomar medidas para que los trabajadores puedan obtener un documento de su patrón donde diga, a través de ese documento, que tienen una capacidad de pago mayor que la del salario mínimo y que, por lo tanto, a través de un sistema de cupones, pueden ellos directamente al Infonavit pagar un crédito mayor. Esto permitió que se consiguieran 350 créditos, en Tijuana, mil en Cancún y otros tantos en Acapulco. Pero en estos momentos la reforma se quedó estancada. En la Cámara de Senadores, donde la presenté, fue aprobada por el PRI y por el PRD. El PAN no aprobó la reforma no porque estuviera en contra de la reforma, sino porque las circunstancias políticas de ese momento exigieron que no votara a favor porque no les parecía justo que se aprobara una iniciativa del PRI y que ellos, que tenían tantas iniciativas, no fueran consultadas y no fueran aprobadas. Entonces, fue más bien por una posición política, no vinculada a la iniciativa, por lo cual el PAN no votó a favor en la Cámara de Senadores, pero en su argumentación dijo que estaba de acuerdo con la reforma. Para aprobar esta reforma en el Senado trajimos a representantes del Seguro Social, representantes de la Secretaría de Hacienda para que nos explicaran y corroboraran que este mecanismo no iba a impactar en más impuestos para los trabajadores, salvando pues la preocupación de que a través de este mecanismo se pudiera gravar más el sueldo de los trabajadores. Esta iniciativa llegó aquí en el mes de abril. Ya en el período pasado hicimos una excitativa y por eso esta segunda excitativa tiene que ver con la necesidad de que beneficiemos a 500 mil trabajadores. Yo sé que esta reforma pequeñisima del 47 no es tan heroica ni tan trascendente como la ley de los pueblos indígenas o como la reforma integral fiscal, pero tiene que ver con algo que he venido yo alegando en esta tribuna, con necesidades reales de la gente. Quizá no sea un tema de los partidos políticos, quizá no sea un tema del gobierno, pero es un tema de la gente. Por eso le pido, Señor Presidente, que así con esa determinación con la cual usted pidió que al caso Colosio le fijó una fecha para que la Junta de Coordinación Política tomara una definición, yo le pido que les diga a las comisiones respectivas de Trabajo y con opinión de la de Desarrollo y Vivienda, dictamine esta minuta de la Cámara de Senadores, con lo cual vamos a resolver el problema de 500 mil trabajadores. Y aprovecho de una vez para desahogar otras dos excitativas.