El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Compañeras y compañeros diputados, en febrero de 2015 dio inicio la construcción del nuevo aeropuerto internacional de México, el cual estaba contemplado sustituyera al actual aeropuerto Benito Juárez. El NAIM comenzaría operaciones con una capacidad instalada máxima de 68 millones de pasajeros, ampliándose conforme al crecimiento económico del país proyectado para los próximos 50 años. En su máximo desarrollo, tendría capacidad para atender casi cuatro veces la capacidad del aeropuerto actual, es decir 125 millones de pasajeros anuales y más de un millón de operaciones de despegue y aterrizaje. En suma, el NAIM estaba destinado a ser el centro de conexión aeronáutica más importante de América Latina. A casi cuatro años de haber decidido cancelar el NAIM y seis meses de haber inaugurado el Felipe Ángeles, el fracaso de este gran capricho presidencial está a la vista de todos nosotros. Un aeropuerto que es más un museo y es más usado como sala de conciertos y ring de lucha libre que como un aeropuerto propio. De la opacidad en su construcción y los sobrecostos incurridos ya también se ha dicho mucho, y para colmo México es categoría 2, por lo que tampoco podrá recibir vuelos internacionales, porque no, compañeras y compañeros de la mayoría, un vuelo de Venezuela no le da la categoría de internacional. Para poder llevar a cabo este capricho, el presidente, que en campaña decía que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, tuvo que evadir un mandato judicial que paró su construcción, mediante argucias legales. Primero ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional declarar todas sus instalaciones como estratégicas, luego, publicó un acuerdo en el Diario Oficial, por el que se declaró que es de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo de su gobierno. Tratándose del Tren Maya, por lo que hace a su denominado tramo 5, otro juez federal otorgó una suspensión definitiva por carecer de la autorización de impacto ambiental requerida para cualquier obra del país. La respuesta desde el Ejecutivo federal, hace uso nuevamente del argumento de la seguridad nacional para que, vía acuerdo del Consejo de Seguridad Nacional, se desobedeciera una orden judicial y se pudiera continuar con la obra. Como puede verse, el uso de esta figura ha sido una constante y un abuso por parte de este gobierno para incumplir mandatos judiciales que ordenan la suspensión de obras hasta en tanto se resuelva el fondo de los juicios respectivos. Debemos ponerle un alto, compañeros diputados. El artículo 41 de nuestra Constitución dispone que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, entre los que se encuentra nuestro Poder Legislativo conformado por las Cámaras de Diputados y de Senadores. Por su parte, el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional señala que todas las políticas y acciones vinculadas con la seguridad nacional estarán sujetas al control y evaluación del Poder Legislativo, es decir, por conducto de una comisión bicamaral. Por ello, se propone que una declaratoria de interés de seguridad nacional requiera de la intervención de la comisión bicamaral como medida efectiva de control y evaluación, pero principalmente de garantía de la soberanía de nuestro país por lo que se deberá solicitar y obtener previamente de esta un análisis en el que se determine su procedencia con tal carácter. Con ello, se busca que toda decisión de este tipo cuente con elementos técnicos para justificar la declaratoria de seguridad nacional, de tal suerte que no quede el arbitrio del presidente de la República con fines meramente políticos o peor aún ser usada como forma de desacato judicial en perjuicio del Estado de derecho. Por ser públicas y visibles por su propia naturaleza y porque utiliza recurso del erario que está sujetos a fiscalización y escrutinio, también se propone dotar de un régimen de excepción a este tipo de resoluciones por lo que deberán ser publicadas en el Diario Oficial de la Federación para que surtan sus efectos legales. Esta soberanía, junto con el Senado de la República, deben hacer valer su función de Poder de la Unión y servir efectivamente de contrapeso al titular del Ejecutivo siendo partícipes de la toma de decisiones que afectan a todo nuestro país. Nuestra Carta Magna nos da esa atribución, debemos utilizarla compañeros diputados. Es cuanto, diputada presidenta.