El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Buenas tardes. Con su permiso, señor presidente; compañeros diputados y compañeras diputadas, por obvio de tiempo y ya que esta iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, quisiera compartir con este pleno las siguientes reflexiones, a efecto de normar nuestras consideraciones futuras sobre el tema. La lucha por la consolidación del derecho social de los trabajadores para adquirir una vivienda digna y decorosa encuentra cauce en los postulados básicos que recogió el Constituyente del 1917 y que, posteriormente, rindieron frutos al promulgarse la primera Constitución Social del siglo XX, ordenamiento rector de los derechos y garantías de los mexicanos. Hay que recordar que el Constituyente, a través del artículo 123 de la propia Carta Magna, en su fracción XII, obligó a toda empresa a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas, mediante un mecanismo que se consignó en el mismo artículo. Para 1972 se reforma el 123 constitucional para crear, por un lado, el Fondo Nacional de la Vivienda, con las aportaciones del patrón, a fin de constituir depósitos en favor de los trabajadores y hacer posible que adquieran su patrimonio familiar. Por otro lado, se crea el organismo que administra dicho fondo. La pérdida de empleo ha situado a muchos mexicanos en una gran disyuntiva: comer o pagar las cuotas del Infonavit. Se ha colocado en una espiral de consecuencias al trabajador. Primero, ha perdido todo poder adquisitivo al desaparecer su fuente de ingresos; después pierde toda prestación que alivie sus necesidades tales como salud, escuela y vestido; y tercero, pierde su patrimonio y el de su familia. A esta agobiante situación, de manera inhumana el encargado de administrar los fondos generados con su trabajo, el Infonavit, suma otra calamidad en contra de la clase trabajadora: la venta a particulares de la cartera vencida, acción que está en contra del espíritu de la ley ya que el instituto debe ser protector del patrimonio que se generó con el esfuerzo de los trabajadores. El instituto es de ellos, de los trabajadores, y no de quienes ocupan sus cargos de dirección. No obstante que la Constitución y las leyes protegen a los trabajadores ante el capital, el Estado mexicano parece renunciar a su misión de protegerlo. Los trabajadores se enteran de manera indirecta, por medios electrónicos u otros, que han adquirido una enorme deuda con una empresa que es profesional en el cobro de adeudos y que no es la institución pública creada por el Estado mexicano para beneficio de ellos. No debe una institución pública ?creada por una ley de interés social, alimentada con recursos de los trabajadores? ser instrumento de empresas privadas. Estas empresas, a la sombra protectora del instituto, han iniciado juicios que conducen al desalojo de los trabajadores que ahora suman a su terrible situación de pérdida del empleo, la pérdida de su patrimonio y esto no puede nunca ser admitido por esta soberanía. Hace pocos días subió a esta tribuna la señora diputada Laura Itzel Castillo, a quien le reconozco su enorme conocimiento sobre el tema; lo hizo para proponer una reforma en esta misma materia. Como ella y como el diputado Isaías González Cuevas, muchos legisladores de varios partidos y lugares del país nos hemos sumado a la defensa del trabajador ante la política inhumana del instituto. Con respeto les pido que pronto nos aboquemos a la atención del reclamo que hoy hacen miles de mexicanos en materia de vivienda. Reclamos que hoy se están convirtiendo en iniciativas de ley y que su constante presentación en tan poco tiempo ante esta soberanía son prueba de que las cosas en el Infonavit marchan mal. Es mucha la angustia de los trabajadores. Algunos de ellos han sido amenazados no sólo con perder su casa; también los acreedores plantean ir contra otros de sus pocos bienes para cobrar un adeudo imaginario. Diputados de esta soberanía, la iniciativa que hoy les presento modifica tres artículos de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores: el 3, fracción I; el 16, fracción IX y adiciona un cuarto párrafo, dejando como quinto párrafo el vigente al artículo 41. Tiene por objeto que en ningún caso el instituto pueda ceder a título gratuito u oneroso, enajenar o transferir a particulares el cobro de los adeudos que el trabajador tiene con el Infonavit. Esta reforma los protegerá de quienes se quieren enriquecer a costa de su modesto patrimonio. Miles de mexicanos esperan que nosotros demos respuesta a su inquietud, terminando con esta situación injusta. Por ello los convoco para aprobar, en su momento, esta reforma en apoyo y solidaridad con quienes menos tienen, pero más contribuyen al país: los trabajadores. Es cuanto, señor presidente. Le solicito que se inscriba en su totalidad en el Diario de los Debates la iniciativa publicada hoy en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención, gracias.