El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente. El que suscribe, diputado Gonzalo Moreno Arévalo, integrante de esta LIX Legislatura, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que actualiza el término que disponen las sociedades de información crediticia para conservar la información correspondiente a las personas físicas al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Las sociedades de información crediticia como el Buró de Crédito, fueron constituidas para conservar la información de aquellos solicitantes de crédito y su comportamiento ante los compromisos contraídos con terceros. Así las cosas, se ha convertido en la lista negra para los bancos y las empresas que contratan sus servicios, lo que es casi imposible que alguna persona física acceda a la liquidez económica para obtener su situación en Buró de Crédito o alguna otra institución similar, sea cual fuere la razón. En función de lo anterior, pareciera que quienes por su situación económica se encuentran en la lista negra, son culpables hasta que se demuestre lo contrario, situación que no contribuye en nada a la generación de economía. Señores, si se trata de bancos estos no pierden dinero dado que a sus operaciones financieras se encuentran aseguradas, si se trata de la compra o adquisición de un bien como una casa, un automóvil o el propio bien, garantiza el préstamo con que caracteriza pignorífica (?) o hipotecario, además que obligan al comprador de dicho bien a adquirir un seguro de vida que garantice el monto de la deuda en caso del fallecimiento del comprador. En otras palabras, no hay pérdida. Ahora bien, actualmente el término para que estas sociedades conserven la información sobre las personas físicas es de 84 meses, o siete años, tiempo que está de más para que una persona –en el peor de los casos- vuelva a reintegrarse a alguna actividad económicamente productiva y poder acceder a créditos económicos. Por una parte, y por otra parte hay una laguna jurídica por la cual cuando los usuarios de estos sistemas de información mantienen actualizada la información de alguna persona física o moral, es razón suficiente para que vuelva a contabilizarse el término de 84 meses y por ende la persona física o moral que se encuentra inscrita en estas sociedades de información, continuará por secula seculórum hasta en tanto no se regularice su situación crediticia o ésta sea corregida por algún error. Quiero precisar lo siguiente: Con esta iniciativa no queremos solapar a vividores ni a la banca que incurre en el abuso de cobrar una o dos veces más el valor de lo adquirido; así perdieron su patrimonio muchas familias mexicanas que creyeron en el sistema económico nacional, y en pocos casos resurgieron de las cenizas que les dejaron sus acreedores y en otros casos, muchas aún, no se han recuperado. Así como el FOBAPROA ha beneficiado entre otros a los dueños de la banca o a grandes empresarios, no se vale que la ciudadanía pague el alto costo de la carestía de la vida a costa del enriquecimiento desmedido que incurren algunas empresas sumiendo en la virtual pobreza a quienes confiando en la situación económica del país, contraen compromisos que luego son imposibles de pagar, perdiendo el poco patrimonio que a lo largo de los años han podido construir. Creemos que en un lapso de dos años a 24 meses (sic), es tiempo más que suficiente para conservar la información relativa al comportamiento crediticio de cualquier persona física; así también es tiempo suficiente para que una persona vuelva a integrarse a alguna actividad económica productiva a la sociedad y con esto vuelva a ser sujeta de crédito. No hay razón lógica para conservar el registro de un historial de crediticio durante siete años, o es acaso el castigo que deben purgar quienes no acrecenten (sic) los bolsillos de los poderosos económicos. Si se aplica por analogía, entonces también prescribe el ejercicio del derecho de los usuarios de las sociedades de información a ser informados sobre el comportamiento crediticio de alguna persona física. Asimismo, no es válida la actualización de la información con el único propósito de mantener en la lista negra a las personas físicas y sin capacidad para ser sujetas de crédito. Dice un principio de derecho: "Trato de igual a iguales", por tanto el propósito de esta iniciativa es reducir el término para que las sociedades de información conserven la relativa al comportamiento de deudores, personas físicas, sin que esta información pueda –en ningún caso- sujeta de actualización por los usuarios de estos sistemas de información. Por lo anteriormente expuesto, el suscrito presenta a la consideración de esta honorable Asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por lo que se reforma y se adiciona el artículo 23 a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, al tenor de la siguiente: ARTICULO UNICO:- Se reforma el artículo 23 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, para quedar como sigue: Artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar los registros que les sean proporcionados por los usuarios correspondientes a personas físicas durante el plazo de 24 meses. Este plazo contará a partir de la última fecha en que ocurra el evento. Los usuarios y las sociedades de información no pueden, por ningún motivo actualizar por si esta información con fines de permanencia de las personas físicas en los registros o bases de datos de las sociedades de información, a menos de que se haya encontrado algún otro movimiento en los registros de las personas físicas durante este período. No se considerará como movimiento en la información o base de datos la solicitud de información o, en su caso, los reportes al crédito que tengan derecho las personas físicas a transcurrir el plazo al que se refiere el párrafo anterior. Las sociedades de información deberán eliminar de su base de datos la información de las personas físicas con el historial crediticio de que se trate, originado con anterioridad a dicho plazo. Artículos transitorios. Unico. El siguiente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por lo anterior, ciudadano presidente, pido que se inserte íntegro el texto de mi intervención en el Diario de los Debates, para su constancia. Dado en el salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día de su presentación. Atentamente, el de la voz, diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto, diputado presidente.