La diputada Jacquelina Martínez Juárez: La protección de los datos personales es en realidad una de las materias de salvaguardar el derecho de toda persona a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido algún acoso o violación por parte de alguna institución que tiene nuestra información y que hace mal uso de ella? ¿Cuántas veces hemos solicitado que borren nuestros datos, principalmente los bancos, y vuelven a llamarnos semanas después? ¿Cuántas llamadas recibimos de compañías telefónicas a las que nunca hemos pertenecido o bancos donde nunca hemos manejado cuentas? Recordemos que el propósito de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares es justamente el de la protección de los datos personales, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado. Y una de las formas de hacer efectiva esa protección es reconociendo el derecho a la reparación del daño, debido a que el fin que persiguen los particulares que hacen uso de estos datos no es otro más que el de lucro. La modificación a la ley que aquí les planteo, mediante la creación del artículo 27 Bis, propone que la reparación del daño se dé mediante el otorgamiento de una indemnización monetaria, cuyos montos serán establecidos por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respetando así la autonomía que la Constitución le confiere. Para la determinación de los montos de indemnizaciones se debe considerar como agravante el manejo de datos personales sensibles, que son aquellos más íntimos o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este, revelando aspectos como: origen racial o étnico, estado de salud presente, creencias religiosas, opiniones políticas u orientación sexual, etcétera, en el uso ilícito de la información. Actualmente, la ley ya contempla como sanciones pequeñas infracciones que van de los 100 a los 32 mil salarios mínimos que, por cierto, hasta el momento el INAI solo ha cobrado una multa en materia de protección de datos en los 9 años de vigencia de esta ley. Algunas conductas causantes de sanción son las siguientes: 1. No cumplir con la solicitud del titular para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de sus datos personales sin razón fundada en los términos previstos en esta ley. 2. Actuar con negligencia o dolo en la tramitación y respuesta de solicitudes de acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales. 3. Declarar dolosamente la inexistencia de datos personales cuando exista total o parcialmente la base de datos del responsable. 4. Omisiones en el aviso de privacidad. 5. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos en que este sea exigible. 6. Obstruir los actos de verificación de la autoridad. 7. Recabar datos en forma engañosa o fraudulenta. 8. Continuar con el uso ilegítimo de los datos personales cuando sea solicitado el cese del mismo por el instituto o los titulares. Y únicamente se considera como infracción la vulneración de la seguridad de base de datos locales, programas o equipos cuando resulte imputable al responsable. Pero no se hace referencia a la vulneración de las bases de datos que los responsables pudieran sufrir de forma ilícita por parte de terceros. Compañeras y compañeros diputados, pido su apoyo, ya que por todo lo anterior, además de la indemnización monetaria a los afectados por dichas violaciones de derecho, incluyo también la propuesta de agregar un artículo 70 a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares, para sancionar con hasta 7 años de prisión al que con cualquier medio accediera violando sistemas de...