EL DIP. JESÚS MARTINEZ ALVAREZ: Con su permiso, señor Presidente. Proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 1, 4°, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. El grupo parlamentario de Convergencia, en ejercicio de la facultad que otorga la fracción II, artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, estamos presentando ante esta Honorable Asamblea esta iniciativa. Quiero referirme que el artículo 37 de la Administración Pública Federal se refiere a las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de la Función Pública. Nuestra propuesta consiste en que las facultades que actualmente tiene esta Secretaría de la Función Pública, anteriormente la SECODAM en materia de fiscalización y de sanciones, sea trasladada a la Auditoría Superior de la Federación, de tal manera que exista solamente un solo órgano de fiscalización y de sanciones por lo que se refiere a los fondos públicos federales y que de acuerdo con el proyecto de Presupuesto que actualmente se está discutiendo en esta Cámara de Diputados, asciende a la cantidad de 1 billón 637 mil millones de pesos. Por lo que se refiere a la Secretaría de la Función Pública, consideramos que es importante que realice las siguientes tareas sustantivas: La actualización y modernización de las instituciones que conforman el sector central y el sector paraestatal. Coordinar y aplicar el Sistema del Servicio Profesional de Carrera de cada una de las dependencias de la Administración Pública Federal, y finalmente El verdadero control de todo el patrimonio nacional. No se trata pues de quitarle facultades a una dependencia para dárselas a otra; se trata de empezar a poner en orden la Administración Pública Federal y en esta tarea el Poder Legislativo juega un papel definitivo. Para nadie es desconocido que hoy en día los países que han logrado desarrollo y crecimiento son los que cuentan con instituciones eficientes y modernas para hacer frente a las necesidades que cada uno de estos países enfrenta, y en el caso particular de México, la fragilidad de nuestras instituciones se evidencia en buena medida por el notable saqueo que ha padecido ancestralmente nuestro país: corrupción gubernamental; corrupción privada; devaluaciones abruptas; déficit público inmanejable, insostenible; crisis recurrente; pobreza y desigualdad creciente, pero lo más preocupante es la credibilidad en el Gobierno y en sus instituciones. El Gobierno Mexicano desde hace ya muchos años se ha resistido a realizar reformas que no requieren lo que hoy se ha llamado las grandes reformas estructurales, sino de voluntad política, honestidad y decisión para contar con un Gobierno eficiente que responda a las verdaderas necesidades del pueblo de México. Si queremos contar con un verdadero pacto social en el marco de las viejas instituciones, todas las reformas y todas las propuestas que se hagan en las diferentes dependencias no vendrán, sino a contribuir y a evidenciar la incapacidad del Estado Mexicano para poder responder a la demanda de más de 50 millones de mexicanos en extrema pobreza, o frenar el crecimiento del desarrollo de nuestro país y como consecuencia estar cada día más cerca de que los problemas sociales rebasen la capacidad del Gobierno para poderlos encauzar. De ahí la importancia que el Ejecutivo Federal cuente con una Secretaría como lo es de la Función Pública, que se encargue y se responsabilice exclusivamente de esta tarea. Por lo que se refiere a la Auditoría Superior de la Federación, órgano de fiscalización del Poder Ejecutivo, requiere de contar con los recursos materiales, humanos indispensables para que evitemos, como ha sucedido hasta hoy, el saqueo de las arcas públicas, el desvío de recursos y la ineficiencia en el manejo de los mismos. Aceptamos y reconocemos que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información que envió el Ejecutivo Federal, sin duda es un paso importante en la rendición de cuentas, pero sería más importante que los gobernadores de los estados siguieran el mismo ejemplo si verdaderamente se quieren sumar al esfuerzo democrático; los que no lo han hecho hasta la fecha, que son en su mayoría, lo único que están evidenciando es que no solamente no quieren rendir cuentas, sino que están manifestando sin duda alguna que están desviando estos recursos del pueblo de cada una de las entidades a otros fines diferentes, principalmente por lo que se refiere a los programas sociales y que van directamente a la gente que más los necesita. Recordamos hace algunas sesiones algunos de los oficios mandados precisamente por la CONAGO donde se pedía a esta Legislatura y particularmente al Auditor Superior de la Federación de que no se auditaran los fondos del ramo 33 y del ramo 23, y los cuales ascienden para el 2003, como ya lo hemos dicho, por la cantidad de más de 250 mil millones. Hoy, los gobiernos estatales manejan 60 o 70 centavos de los fondos públicos federales. Por otra parte, actualmente el Ejecutivo, teniendo la Contraloría hoy de la función pública de su lado, está siendo juez y parte, lo que no le permite hacer una revisión puntual de las 18 Secretarías y de los 211 organismos clasificados como paraestatales. Lo peor del caso es que por lo que se refiere a la revisión de los fondos del ramo 33 y 23 que tiene a su cargo la función pública, tenemos la impresión de que el Ejecutivo no se atreve a fiscalizarlos por no entrar en conflicto con las entidades federativas de los diferentes gobiernos estatales El primero de septiembre, cuando cada uno de los partidos que aquí se encuentran en esta Cámara de Diputados, la ciudadanía se llevó la impresión de que efectivamente se iba a vivir una nueva etapa de llegar a acuerdos y de que éstos mil días de trabajo de los tres años, podrían ser años productivos y de acciones que se beneficien a favor del pueblo de México. Volveremos a insistir nuevamente en retomar el camino planteado el primero de septiembre; requerimos hacer una agenda legislativa en donde empecemos por las coincidencias que ya tenemos los diferentes grupos parlamentarios en diferentes materias: en materia fiscal, en materia económica, en materia electoral, en materia social y en lo que se refiere particularmente a los problemas del campo. Demos una nueva oportunidad, demos una nueva oportunidad para que tengamos la posibilidad de poder transmitir a la sociedad, de que estamos en esta Legislatura para que se vean acciones en beneficio de la gente. La petición que estamos haciendo de que la facultad de fiscalización y de auditoría pase exclusivamente a la auditoría superior, fue hecha en el pasado por el Partido Acción Nacional, esperemos que hoy que no es oposición en el Gobierno Federal, se sumen a esta iniciativa de tal manera que contemos en el Poder Legislativo con un órgano de fiscalización que compruebe y verifique el un millón 683 mil millones de pesos que tenemos para presupuesto de este año. Por tal motivo, ponemos a la consideración de esta honorable Asamblea, las iniciativas con proyecto de decreto por lo que refiere a del artículo 38 de la administración Pública Federal y a los artículos: 1, 14, 17 y 22 de la Ley de Fiscalización Superior Muchas gracias.