El senador Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchísimas gracias, diputado presidente. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, para presentarles esta iniciativa quiero remitirme al proceso de auscultación de los candidatos propuestos por el Ejecutivo federal para ocupar el cargo de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y es que seguramente varios apreciarán, como un servidor, que el desarrollo de las comparecencias y conforme transcurrían las preguntas y cuestionamientos que realizamos senadoras y senadores, quedaron en evidencia muchos temas en los que el Congreso –desde mi punto de vista– debe trabajar en los meses por venir. Uno de ellos –subrayo– me parece fundamental, es el mecanismo de la designación de los ministros. A muchos nos quedó claro que el mecanismo vigente en el que el Ejecutivo integra ternas sin dar absolutamente ninguna explicación de las razones o méritos que motivan su elección, es insostenible y ha generado un gran descrédito para el máximo tribunal poniendo en entre dicho su autonomía. Otro asunto en el que el Poder Judicial y el Congreso de la Unión deberán avanzar conjuntamente es en generar los mecanismos que permitan abrir al Poder Judicial al escrutinio público y, en este tema, desde luego, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, resulta urgente que sus integrantes superen ésta arraigada y caduca concepción de que el escrutinio del Poder Judicial es una vulneración a su autonomía. Pero uno de los temas, quienes siguieron las comparecencias seguramente lo aprecian también como un servidor, uno de los temas que salió a la luz con mayor frecuencia fue la jurisprudencia de la Suprema Corte, en la que se determinó que cuando la Constitución establezca una restricción expresa al ejercicio de los derechos contenidos en los tratados internacionales se deberá estar a lo que establezca el texto constitucional. Sin duda este criterio fue sumamente relevante y muchos estamos convencidos de que con él la Corte legisló en los hechos a través de la jurisprudencia y de que además nos regresó a un debate que ya habíamos superado. Y es que uno de los grandes méritos, legisladoras, legisladores, presentes, uno de los grandes méritos de la reforma de los derechos humanos del 2011 fue la conformación de un bloque de constitucionalidad en el que las normas constitucionales y convencionales coexistieron de manera complementaria a la luz del principio pro-persona, prevaleciendo así aquella norma que protegiera de mejor manera a la persona, fuese la constitucional o la convencional. De esta manera, cuando una norma tuviera más de una posible interpretación debería prevalecer aquella que más favorezca a la persona. Es bajo este nuevo esquema de protección el debate sobre la jerarquía de las normas convencionales devino innecesario, estéril también, pues las normas constitucionales y convencionales dieron forma a un mismo sistema bajo el cual dejaban de ser confrontadas. Pero la Corte, la Corte decidió estancarse y estancarnos en un viejo paradigma. Por eso la iniciativa que hoy pongo a su consideración, y celebro que sea ante los representantes de ambas Cámaras, porque proponemos abrir el debate legislativo sobre este asunto para tratar de superar esta caduca concepción, eliminando la excepción que establece la última parte del primer párrafo del artículo 1o. constitucional. El objetivo de la propuesta, diputadas, diputados, senadoras, senadores, el objetivo de la propuesta es cerrar paso a la interpretación de que cualquier restricción que establezca la Constitución prevalecerá por encima de una norma convencional, dejando en claro que las normas constitucionales y convencionales de derechos humanos son complementarias, y que prevalecerá la que más proteja a la persona. Espero, sin duda, que esta propuesta sirva para abrir este importante debate. Es cuanto, diputado presidente.