La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, para los que no saben o menosprecian los esfuerzos que hacemos para crear universidades en Morena, les enumero las ya existentes: la Escuela de Contabilidad y Administración Pública Carmen Serdán, en Azcapotzalco; Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, en la delegación Cuauhtémoc; Escuela de Ingeniería Heberto Castillo Martínez, en la delegación Tláhuac; Escuela de Medicina Comunitaria y Salud Integral Doctor Guillermo Montaño Islas, en Tlalpan; Escuela Normal Othón Salazar Ramírez, en Xochimilco; Escuela de Agricultura de la Universidad de Calkiní, Campeche; Escuela de Derecho Alberto Pérez Mendoza, en Comalcalco, Tabasco; Escuela Normal Intercultural Bilingüe María Alicia Martínez Medrano, en Valladolid, Yucatán. Invitamos a las fracciones parlamentarias y en proporción al número de integrantes de sus bancadas a que hagan el esfuerzo de Morena, y habremos resuelto el problema de estudiantes rechazados. Con su venia, presidente. Para del Grupo Parlamentario de Morena la legalidad y el profesionalismo son características obligadas que debe cumplir cualquier persona a la que se le haya conferido una responsabilidad que esté vinculada con la aplicación de recursos públicos, máxime si son destinados a la operación de programas sociales encaminados a abatir los altos índices de desigualdad en diferentes sectores de nuestro país. La iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que presento ante esta soberanía, tiene la intención de propiciar la profesionalización de los delegados de las dependencias del gobierno federal para el ejercicio de sus funciones. Desafortunadamente, en la normatividad correspondiente el perfil del puesto para los titulares de las delegaciones de dependencias federales carece de requisitos precisos que deben cumplirse para evitar el sesgo partidista y de posibles desvíos de recursos públicos o bien para evitar en lo posible que dichos titulares tengan favoritismos hacia determinados sectores de beneficiarios de los programas sociales. Asimismo, por si fuera poco, nos encontramos en muchos casos con la falta de la experiencia necesaria de dichos servidores públicos en las áreas encomendadas, mermando así la capacidad para administrar correctamente los programas públicos con la legalidad que merecen y así lograr atender los derechos fundamentales de los ciudadanos que más lo necesitan. En los últimos años, diversas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y actores políticos, hemos denunciado públicamente la transgresión de las normas y la comisión de diversos ilícitos por parte de funcionarios públicos adscritos a las diversas dependencias, relacionadas con el uso electoral de los recursos destinados al combate de la pobreza, así como con el manejo inadecuado de los programas sociales y la manipulación de la población que se encuentra en los padrones de dichos programas con miras al beneficio particular o partidista y sobre todo en años electorales. Además, en la mayor parte de los casos ha resultado que precisamente la designación de delegados se trata de personas íntimamente ligadas a la operación electoral de algunos partidos políticos, cuya experiencia en los sectores ligados a las políticas públicas que se han implementado para mejorar la educación, salud, desarrollo social, agricultura, autoempleo, por mencionar algunos. Esta situación es nula o con muy bajos índices en el conocimiento del perfil de la dependencia, y al contrario, su desarrollo profesional y experiencia laboral se centra en actividades netamente política electoral. Es de importancia toral, que el actuar de los servidores públicos relacionados con la política social, no se desvincule por ninguna razón al combate de la corrupción, de la obligación de rendir cuentas y transparentar ante las instituciones y la sociedad los procesos, resultados de las actividades que involucran las funciones del puesto de trabajo que tienen dichos servidores públicos. La redacción actual de la ley correspondiente es imprecisa en cuanto a los requisitos profesionales, ambigua respecto de la experiencia administrativa en el sector público, y omisa en cuanto al distanciamiento de los cargos partidistas y los puestos de elección popular. De esta manera el reto es pasar de un esquema de nombramientos discrecionales a uno acotado por la ley, precisando de manera lógica los requisitos tanto para elevar el nivel de profesionalización y especialización como para tomar distancia de los intereses políticos en general. Por lo anterior, de aprobarse la presente iniciativa estaremos induciendo la legalidad e imparcialidad en el manejo de recursos públicos distribuidos a la población por medio de subsidios vía programas sociales, así como otorgarle al marco legal en esta materia la fortaleza de ser clara y precisa que permita la adecuación, selección y designación de funcionarios relacionados con la correcta y legal operación de programas sociales. Además, estaremos coadyuvando a la disminución de un alto porcentaje de actos de intermediarismo y corrupción clientelar, abonando al principio de transparencia y rendición de cuentas en la aplicación de recursos públicos. Es cuanto, señor presidente.