La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que hoy estamos discutiendo, tiene como finalidad armonizar en la federación y en las entidades federativas el sistema de cumplimiento de penas impuestas por resolución judicial, el internamiento por prisión preventiva, dar mayor claridad a los procedimientos que surjan con motivo de las controversias de la ejecución penal, pero muy particularmente busca dos cosas, la reinserción social de alguna manera que ayudará también a reducir el hacinamiento, que ya se habló aquí del problema que hay con el hacinamiento, y también mejorar las condiciones de vida de los reos que se encuentran en prisión. Esta minuta fue aprobada por la Comisión de Justicia, y comparto con ustedes algunos de los motivos por los que la hemos aprobado e impulsado. Primero. Se reconocen de manera expresa diversos derechos que las personas sentenciadas gozarán, tales como el derecho a contar con un abogado, incluso de oficio, para las personas sentenciadas, privadas de su libertad. El derecho a vivir, como ya lo mencioné, en condiciones dignas. A recibir visitas. La prohibición de aislamiento, salvo por cuestiones de excepción y por tiempo limitado. Y a recibir más y mejor atención médica. Es decir, atiende varias de las observaciones que se han hecho en diversas recomendaciones, tanto de organismos internacionales en materia de derechos humanos, como de la CNDH. Segundo. En caso de las mujeres privadas de su libertad, el derecho a conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años, a fin de que pueda permanecer con ella en el centro penitenciario, y si el menor tuviera discapacidad se podrá ampliar el plazo, ponderando siempre el interés superior de la niñez. Tercero. Se regula el tema de los traslados de los centros penitenciarios de uno a otro, exigiendo autorización judicial previa y, en ciertos casos, control judicial posterior. Cuarto. En el caso de las mujeres embarazadas o con niños menores bajo su custodia, no estará permitido el traslado. Se incorpora también la figura de observador, que será la persona perteneciente a organizaciones de la sociedad civil que podrá ingresar al centro penitenciario, con el fin de verificar que se respeten los derechos humanos, y este es uno de los puntos fundamentales de esta ley, pues eso llevará a que la mejoría de los centros penitenciarios sea constante. Seis. Se establece con claridad una adecuada separación entre las funciones administrativas y las jurisdiccionales en el proceso de ejecución de las sentencias. Se contempla también un procedimiento administrativo que conocerá la autoridad penitenciaria para peticiones de orden administrativo, relacionadas con hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Y se desarrolla el procedimiento jurisdiccional que conocerá el juez de ejecución, relacionado propiamente con las ejecuciones de las sentencias condenatorias firmes que contemplen penas privativas de la libertad y las no privativas de la libertad, incluyendo la exigibilidad de la reparación del daño. El procedimiento jurisdiccional, además, también establecido en esta ley se rige por un sistema de audiencias bajo los principios de la publicidad, inmediación, continuidad, concertación y contradicción. Se establecen con claridad los beneficios preliberacionales a los que las personas sentenciadas podrán acceder, y eso, insisto, será fundamental para contribuir a reducir el hacinamiento que hoy se vive en diversos penales. Finalmente, como una forma de propiciar la rehabilitación y la reintegración de las personas sentenciadas relacionadas con el consumo de sustancias y para lograr la reducción de índices delictivos, se crea un programa de justicia terapéutica y también se reincorpora la justicia restaurativa, a fin de que la víctima u ofendido, el sentenciado, y en su caso la comunidad afectada, participen de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito, entre otros propósitos con el de coadyuvar en la reintegración de la víctima u ofendido y del sentenciado a la comunidad y la recomposición del tejido social. Por todas estas razones, además de por la importancia de lograr en estos días la armonización plena de nuestro marco normativo con el nuevo sistema penal acusatorio, cuya fecha fatal es el próximo 17 de este mes, el Partido Verde Ecologista de México votaremos en sentido positivo, ya que encontramos aspectos importantes que contribuirán a un sistema de ejecución de sentencias penales pronto, expedito, bajo la óptica del debido proceso y en aras de lograr la reinserción de las personas sentenciadas. Sin duda alguna creemos que esta ley es una ley que va a contribuir también al fortalecimiento de los derechos humanos en nuestro país. Es cuanto.