La diputada Marina del Pilar Ávila Olmeda: Compañeras y compañeros diputados, con tristeza seguimos escuchando cómo las notas periodísticas nos informan sobre el turismo sexual, práctica deleznable que persigue a nuestra niñez y que cada vez se hace más frecuente por la falta de regulación y políticas públicas que persiguen este ilícito. Según el informe del Departamento de Estado, de Estados Unidos, sobre la trata de personas, exhibe que cada año en nuestro país 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de explotación sexual, mientras que 85 mil niñas, niños o adolescentes son usados para actos de pornografía en 21 entidades de las 32 entidades del país, donde existe turismo sexual. Tijuana, Baja California, es una de las principales ciudades del mundo y nuestras autoridades brillan por su ausencia. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, considera en su artículo 13 al turismo sexual como una forma de explotación sexual remunerada que se encuentra dentro del fenómeno de la trata de personas. Y sanciona con penas de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de orden sexual, el turismo sexual u otra actividad sexual remunerada. El tema de la existencia en nuestro país del turismo sexual es invisibilizado para no ponerle atención, simplemente crear una cortina de humo. Una de las agravantes en torno a este ilícito es la red de complicidad, tanto de los que promueven el acto como de la prevaleciente impunidad por parte de los parientes de las víctimas, que otorgan amplias facilidades a los turistas extranjeros, principalmente europeos y estadounidenses para acceder a menores de edad, y todo esto se da bajo la descomposición del tejido social en el cual vivimos. Con tristeza y preocupación se ha visto que actualmente los padres y familiares de nuestros niños participan en esta práctica. Aunque las leyes ahora protegen a los menores, no se llevan a cabalidad estos preceptos. El caso claro quedó cuando el canadiense tan multicitado en redes, Walter Zuk, fue encarcelado por este hecho. Pero al padre de la menor, que aparece cerca de la escena y la ve, nunca se le finca responsabilidad por ese hecho. Los pequeños confían en sus padres, en sus familiares, en sus madres, en sus tutores. Confían en que estos los protegerán, pero ahora lamentablemente esto ya no es así. La facilidad de obtener dinero por la venta de los menores ha corrompido a nuestra sociedad, por lo que no podemos permitir que esto siga sucediendo. Y debemos protegerlos, debemos sancionar de manera enérgica esta práctica. Por lo anterior, someto a su consideración la parte adicionada al artículo 203, que aumenta las penas, armonizándolas con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia de las Víctimas de estos Delitos, y pretende decir: al autor de este delito se le impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa. Y se aumentarán en una mitad de la que corresponda cuando el autor tuviera para con la víctima alguna de las siguientes relaciones. Si el autor de este delito fuera el padre, madre, tutor, quien esté ligado con la víctima por un lazo afectivo. Inciso a) Los que ejerzan la patria potestad, guarda o custodia. b) Ascendientes o descendientes sin límite de grado. c) Familiares en línea colateral hasta cuarto grado. d) Tutores o curadores. En los casos de los incisos a), b), c) y d), además de las sanciones señaladas los autores...