La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea. Permítanme traer a esta, la más alta tribuna de la nación, un tema de la mayor relevancia para todos y todas como sociedad, porque el problema que vivimos en nuestro país de la violencia contra las mujeres no es ni debe ser causa únicamente de mujeres, sino como esta mañana le escuché decir a mi coordinador de los diputados del PRI, al doctor César Camacho, debe ser una causa de seres humanos. Indudablemente en los últimos años México ha dado pasos importantes en pro de la igualdad de género; esos son indiscutibles y no se pueden regatear. Sin embargo la realidad nos demuestra día a día que las mujeres, las jóvenes, las niñas en este país seguimos enfrentando grandes retos en el ámbito educativo, político, laboral y económico, y no se diga en el ámbito de la justicia, lo que aun nos impide vivir una vida plena en igualdad de derechos y sobre todo libre de violencia. Mujeres que callan desde hace años o desde siempre algún maltrato, violación o abuso sexual durante la infancia por parte de algún familiar o amigo. Mujeres que osan retar por su capacidad y talento en la política a quienes siempre se han sentado en la mesa de las decisiones y que como consecuencia de esa osadía reciben insultos, son violentadas y discriminadas en su pueblo o comunidad o, ahora tan común, en las redes sociales. Mujeres que por el solo hecho de serlo han crecido creyendo que es normal que el marido las golpee, que no tienen derecho a adquirir propiedades o a recibir una retribución justa por su trabajo en la comunidad o en el propio hogar. Mujeres que han cometido la estupidez de creer que pueden viajar solas sin que nada les pase, que pueden vestirse como ellas prefieren sin ser agredidas en la calle o que pueden ambicionar un desarrollo en la vida profesional sin creer que para ello tienen que tolerar el acoso de su jefe o compañeros de trabajo. ¿Desde cuándo yo pregunto las mexicanas lo permitimos? Desde siempre no puede ser una respuesta, pero desgraciadamente estos patrones han sido una constante en la dinámica social de nuestro país. Lo que sí sabemos es que antes se apelaba a la costumbre machista o a la cultura patriarcal. Hoy sabemos que no es cultura. Se llama: violencia contra las mujeres, y es delito. En la última Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares de 2011, por el INEGI, se señala que casi el 50 por ciento de las mexicanas han sufrido violencia por parte de su pareja. Lo que me parece más preocupante de estas cifras, es que de acuerdo con la misma encuesta sólo el 9.5 por ciento de las mujeres violentadas pidió ayuda a las autoridades. Para quien se pregunte ¿por qué las mexicanas no denuncian? La respuesta es muy simple: todavía vivimos en un entorno social que normaliza la violencia de género, que cuestiona la palabra y el actuar de las mujeres, y que mantiene estereotipos que las disuades de denunciar, y con ello las disuaden de defender la legalidad y el ejercicio pleno de sus derechos. El pasado domingo 24 e abril, más de 6 mil personas marcharon en la Ciudad de México, y otras miles en el interior de la República para exigir un alto a la violencia contra las mujeres. Hay que reconocerlo, hay un gran movimiento en las calles, en los medios y en las redes sociales, al que no podemos permanecer indolentes. Es momento de hacer un replanteamiento profundo en materia legislativa, si lo que quereos es atacar de raíz el problema. No podemos permitirnos que la deficiente regulación penal de este tipo de violencia alimente la impunidad y la perpetúe en el tiempo. Es por esta razón que hoy vengo ante esta honorable tribuna para presentarles una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso a) de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política para facultar a este Congreso y expedir legislación única en materia de violencia contra las mujeres y con ello establecer una ley general que contenga tipos penales y sus sanciones, que por un lado permita homologar todos los tipos penales de violencia en esa materia, entre los que deberán incluirse la violencia física, sexual, económica, política y moral. Esto facilitará la efectiva persecución e investigación de los delitos sin que las autoridades investigadoras tengan que acreditar la concurrencia de diversas situaciones subjetivas que en las legislaciones estatales se han incorporando dificultando todavía más la sanción de dichos delitos. Actualmente no todos los códigos penales de las entidades federativas contemplan, por ejemplo, el delito de feminicidio, y los que sí lo tipifican, lo conceptualizan de manera abismalmente diferente y con imprecisiones sustanciales que repercuten en la investigación y en la eficacia en la aplicación de la justicia. Esto evidencia que existen entidades federativas con un gran rezago en su legislación penal en materia de violencia contra las mujeres. Por ello es necesario que el Congreso de la Unión tenga la facultad para expedir una ley nacional en la materia. Considero que así daríamos un primer paso para formular una política nacional homogénea con la que podamos enfrentar el problema de la violencia contra las mujeres, articulando una estrategia común entre todas las entidades federativas y la propia Federación, para prevenir la violencia de género, pero también acciones articuladas para la efectiva investigación de los delitos de violencia de género, como por ejemplo, contar con un protocolo nacional de investigación en estos delitos, un programa nacional de capacitación para peritos, jueces, policías y ministerios públicos, entre otras acciones concertadas. Señoras y señores legisladores, la violencia que se comete en contra de las mujeres es violencia contra la sociedad entera. Confío en que la voluntad por la que se ha distinguido esta legislatura se demuestre actuando en favor de todas las mexicanas, independientemente de la región o entidad en la que se encuentren, para que la justicia sea igual y para que la injusticia nunca más tenga rostro de mujer. Muchas gracias.