El diputado Rubén Acosta Montoya: Con su autorización, presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país cuenta con un régimen energético sobre los hidrocarburos, que eminentemente debe someterse a una actualización, la producción baja, los costos de operación suben y no generamos mayor actividad productiva por falta de recursos económicos. Nuestros recursos naturales se desperdician, ya que el producto de los mismos no puede ser utilizado de manera más eficiente y eficaz para generar progreso, una mejor educación, una mayor inversión en infraestructura, empleos e incluso una mayor distribución de la riqueza en beneficio de los mexicanos. La iniciativa que discutimos hoy deja claramente establecido, como también lo señala la reforma constitucional que en su momento aprobamos esta Cámara de Diputados, que el régimen de propiedad de nuestros energéticos son única y exclusivamente y repito, única y exclusivamente propiedad del Estado mexicano. Hoy sí se plantea una diferencia, pero no es sobre la propiedad de nuestros energéticos, seamos claros, seamos honestos de cara a la nación, es sobre el nuevo esquema de explotación de los mismos, ya que amplía la posibilidad de aprovechar nuestros recursos naturales que antiguamente era impedido por consideraciones legales e ideológicas anquilosadas que evitaban la inversión que bien podría traducirse en mayores ingresos. En este caso, la Ley de Hidrocarburos propiciará la participación del sector privado e incluso una mayor competencia en esta materia, ya que se elimina el monopolio que ejercía Petróleos Mexicanos en el manejo de los hidrocarburos e incluso se da oportunidad a los particulares de tener nuevas fuentes de ingreso sin poner en riesgo la propiedad de sus bienes, como falsamente se ha señalado por algunas personas en esta tribuna. Todo esto sin menoscabar, y es lo más importante, la rectoría del Estado sobre los recursos propiedad de la nación, de los cuales trata respectivamente el párrafo cuarto del artículo 27 y el artículo 28 de nuestra Carta Magna. Estamos seguros que la regulación propuesta es acertada, ya que los factores de producción versan sobre la investigación, extracción, distribución, comercialización. Y sobre todos estos temas, la ley es exhaustiva poniendo énfasis en argumentos como el almacenamiento, las áreas contractuales, las áreas de asignación, así como la asignación misma, las cadenas productivas derivadas de los nuevos contextos dados por la ley y también especifica actividades de contratistas para evitar corrupción y privilegia la transparencia. Entre otras muchas labores, en donde se permitirá la actuación de los empresarios del ámbito pequeño y mediano de las localidades donde se ejecuten los proyectos energéticos. Esto debe ser proliferar de modo controlado en beneficio económico que provocará una expansión en ésas áreas de manera positiva. El acto jurídico conocido como contrato, es una manifestación de voluntad por el que la Comisión Nacional de Hidrocarburos convendrá con los contratistas la exploración y extracción de hidrocarburos, en un área específica y sólo por un tiempo determinado. Para ello, se establecieron diversos lineamientos claros que en particular implica la intervención de la propia Comisión Nacional de Hidrocarburos, quien ejercerá la función, claramente lo específica la ley, de vigilante de los intereses del Estado mexicano, asegurando el cumplimiento de la ley y de sus propios reglamentos en su momento. En todo momento la Secretaría de Energía para seleccionar al mejor contratista y elaborar lineamientos técnicos para asegurar el adecuado manejo de nuestros recursos naturales, podrá solicitar la opinión técnica y económica y jurídica de Petróleos Mexicanos. Por el lado de la asignación, apreciamos una evolución positiva en esta ley, pues la asignación no es una figura inédita ni es nueva. Es una figura que hoy se aplica en nuestro derecho mexicano, lo podemos ver en las áreas de bosques y aguas y en la explotación de aguas. Su finalidad es la máxima eficiencia, eficacia. La exclusividad sobre la exploración y extracción, estableciendo en el título correspondiente las condiciones de devolución y las obligaciones a cargo del asignatario. Todo lo anterior, sin el perjuicio de poder actualizarse por cuestiones de orden público e incluso rescindir esta propia asignación. Como puede apreciarse en los argumentos que mencioné en esta intervención, las ideas son manifiestas y con sustentos. Los efectos deben ser positivos para cada mexicano, por eso, la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de este dictamen, pero en contra de esta reserva. Gracias.