La diputada Claudia Sofía Corichi García: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ciudadanos, ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, hemos visto cómo este dictamen de asociaciones público privadas ha venido a ser discutido en el último de los términos dentro de las iniciativas complementarias en el marco del debate presupuestal de este año. El tema no ha sido mínimo, aunque las propuestas han sido agilizar los procedimientos administrativos en el fondo restaba facultades esta soberanía producto de una desvinculación del proceso en lo que esta Cámara podía ser excluida. Subrayo, no solo estaba en juego modificar el procedimiento de autorización de las APP a fin de que este no se encontrara supeditada a plazos ni que la Cámara de Diputados tuviese que aprobar cada proyecto en particular, sino que la propuesta de reforma eliminaba por completo el proceso político y técnico al que eran sometidos tales proyectos, eliminando así una fase que si bien dilata la asignación de autorizaciones es crucial para velar por que los proyectos tengan como fin último el bienestar de las ciudadanas y de los ciudadanos. Es por eso, y considerando, y además felicitando que se haya reconsiderado esto y que tengamos como soberanía esta defensa por supuesto de nuestras facultades, pero es considerando esto que propongo en consideración también a los cambios estipulados para el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Público Privadas y del hecho de que el presente dictamen destaca que es el objeto del mismo, que los proyectos ejecutados mediante APP tengan como fin social esquemas en los que la participación conjunta se traduzca en bienestar social, que se introduzca una variable conceptual en lo que respecta la calidad de los productos que la ciudadanía obtiene como resultado de dichas asociaciones. Por ello considero necesario que en el artículo 2 de la ley en cuestión se integre el concepto de valor público, ya que este tiene en el centro de su incorporación la confianza de las ciudadanas y de los ciudadanos. Este enfoque basado en los más altos estándares de gobernanza va más allá de la proyección por resultados basada en las entregas, sino que posibilita la evaluación cualitativa sobre la legitimidad de los proyectos en los que participa el sector público en colaboración con el sector privado. Este enfoque creado por Mark H. Moore incorpora la gestión estratégica en la creación de valor en el sector público con la obligación de abandonar el espacio tecnocrático en lo que constituye el bien común, para ejercer procesos interactivos que ayuden a discernir lo que la ciudadanía prefiere y por ende lo que genera para el público. La propuesta es que el valor público sea entendido como el reconocimiento público hacia los proyectos que regula esta ley en la medida en que éstos representan bienes o servicios como respuesta a una necesidad o preferencia y sean apreciados por la ciudadanía en su calidad. Incluir este término de valor público en este marco legal abriría la ventana, como han hecho en otros países, para que las y los ciudadanos sean consultados sobre la calidad de los servicios y productos que recibieron de las APP, posibilitando evaluar de manera cualitativa la efectividad de los mismos y por ende si ha valido la pena el establecimiento de actividades conjuntas. El sector privado tiene la posibilidad de velar por sus intereses privados, pero nosotros tenemos la necesidad de velar por los intereses públicos. No podemos negar que esta ley regula actos en los que la voluntad privada está puesta en crear valor privado, por lo tanto es necesario que el sector público, nosotros por nuestra parte creemos valor público en la medida que busquemos satisfacer los deseos de las y los ciudadanos. En una democracia moderna, en una democracia participativa con una visión ciudadana, esto podría ser un nuevo impacto, un nuevo relieve y por supuesto hacer que la gente pudiera participar y evaluar sus proyectos. Es cuanto, ciudadano presidente, compañeras y compañeros diputados.