El diputado Antonio Ortega Martínez: Diputadas y diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presento iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar los artículos 19, 58 y 59 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La iniciativa que se somete a su consideración pretende limitar la discrecionalidad del Ejecutivo en el ejercicio del presupuesto público, estableciendo reglas claras en la distribución de los ingresos adicionales y en el ejercicio de esas erogaciones. En particular en el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Asimismo, se pretende restituir la potestad de la Cámara de Diputados para determinar el destino de dichos excedentes y, finalmente, se refuerza la rendición de cuentas y transparencia a la que están obligados todos los servidores públicos. Es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados determinar el Presupuesto, sin embargo, esta potestad se vuelve ociosa por prácticas ventajosas del Ejecutivo federal para eludir este control constitucional. Ha sido una constante que el gasto público supere con mucho lo aprobado por la Cámara de Diputados. Que nuestros presupuestos no sean realistas. Que las ampliaciones se destinan en una gran proporción al cajón de ramos generales. Que la estimación de los ingresos tampoco se hace de manera objetiva. Que el gobierno federal no explica suficientemente a qué programas y proyectos se asignan los excedentes y con qué criterios lo hacen. Así por ejemplo, en los últimos 3 años en el Ramo 23 se han gastado más de 300 mil millones de pesos por encima del presupuesto aprobado entre 2013 y 2017. Se gastó 14 veces más de lo aprobado por esta Cámara. Se aprobaron recursos por 22 mil millones de pesos, pero se gastaron 318 mil millones de pesos, como lo reportan diversas instituciones: la Auditoría Superior de la Federación, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, o México Evalúa, en el estudio Arquitectura del Ramo 23. Con el agravante de que este sobreejercicio se realiza en opacidad y sin rendición de cuentas. Particularmente es grave porque los fondos del Ramo 23 son recursos federales que no están etiquetados y se usan de manera discrecional en entidades federativas, con criterios partidistas. Son fondos y partidas entre los cuales están provisiones salariales y económicas, contingencias económicas, el Fondo para el Fortalecimiento Financiero y los programas regionales. Estos programas no cuentan con reglas de operación y en su mayoría no son autorizados en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del año correspondiente. Su asignación se hace sin contrapesos y queda a criterio exclusivo de la Secretaría de Hacienda y desde luego del Ejecutivo federal sobre cuánto se gasta, a quién se le da, por qué se entrega, cuándo y cómo. El legislativo ha buscado en el diseño del presupuesto público, no solo el control del gasto como el último fin, sino el establecimiento de normas que mejoren la captación de ingresos y su asignación de acuerdo a planes y programas establecidos. Los ciudadanos exigen información para saber exactamente en qué se gastan estos ingresos adicionales y también demandan eficacia y eficiencia en su ejercicio. Es nuestra obligación proveer las mejores prácticas presupuestales y procurar una fiscalización oportuna para cumplir con la rendición de cuentas y transparencia que merecen los ciudadanos. La iniciativa que presentamos –concluyo– coincide con las recomendaciones que ha realizado la Auditoría Superior a la Secretaría de Hacienda para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas sobre las operaciones presupuestarias que se ejecutan en el Ramo 23, particularmente demanda la identificación del origen y destino de los recursos que financian las ampliaciones presupuestarias, las operaciones del cierre del ejercicio fiscal y las vinculadas con ingresos excedentes de las dependencias y entidades. Gracias por su atención.