EL C. DIP. NESTOR VILLARREAL CASTRO: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: Nadie puede negar que en las décadas recientes los desastres tanto de origen natural como tecnológico, han incrementado el potencial destructivo; han cobrado cada vez más cantidades crecientes de víctimas humanas, así como cuantiosos daños materiales a la infraestructura, ocasionando no sólo impacto en las economías, sino incluso en muchos casos retrocesos desfavorables, cuya total recuperación lleva años e incluso décadas. Esta situación es reconocida a nivel internacional y ya la Asamblea de las Naciones Unidas inició desde hace algunos años una estrategia integral conocida como Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, que implica la incorporación de la protección civil para la prevención de los desastres en los procesos nacionales de planeación del desarrollo, en el intercambio de información útil en esta materia entre los países, en la cooperación bilateral, científica y tecnológica para la mitigación de los desastres y, sobre todo, para la investigación en el alertamiento temprano de las catástrofes y acciones de carácter educativo y de información a la población. Por eso, los legisladores de Acción Nacional sostenemos que el Estado tiene la obligación de proporcionar a la sociedad los instrumentos y mecanismos necesarios para garantizar la protección de sus miembros, a su patrimonio, a la infraestructura y a los bienes de la nación, así como al medio ambiente. La protección civil se convierte a la postre en una acción solidaria y participativa de los diversos sectores de la sociedad que la integran, orientada y coordinada por el Estado. Debe ser una preocupación permanente y esencial de los estados modernos, en aras de lograr un desarrollo sustentable de las sociedades, la instrumentación de medidas que reduzcan o eliminen de manera permanente la pérdida de vidas humanas, de sus bienes materiales y del daño al medio ambiente ocasionado por fenómenos de origen natural y humano. La política de protección civil requiere de la suma de voluntades y colaboración estrecha de los tres órdenes de gobierno, del sector privado y social, de la población en general y de los recursos económicos y técnicos necesarios. La prevención se constituye en una acción de suma importancia, ya que permite reducir la magnitud de un desastre, por el que debe concebirse como una etapa prioritaria en la articulación de la política de protección civil y debe de obtener el correspondiente suministro de asignación de los recursos tanto humanos como materiales y financieros para la construcción de medidas anticipadas conducentes a impedir o a disminuir los efectos producidos por la presencia de agentes perturbadores con la idea de prevenir los posibles riesgos o consecuencias para establecer mecanismos y realizar acciones que permitan evitar o mitigar los desastres naturales o de origen humano. Como sabemos, la República Mexicana debido a su posición geográfica se sitúa como uno de los países con mayor ocurrencia de desastres naturales; ahora bien, los costos que representa la atención de contingencias son altos en materia de protección civil., se deben de implementar medidas preventivas acordes a la magnitud de los desastres sin menoscabo de las medidas re activas y de recuperación. Por ello es que el tránsito de una política civil re activa a una fundamentalmente preventiva es congruente con la responsabilidad de todo gobierno de dotar a la sociedad de instrumentos que hagan efectivas las garantías constitucionales de respeto a la vida y a la seguridad. Una herramienta importante para que pueda darse una respuesta a la presencia de daños generados por la acción de un agente perturbador lo constituye el Fondo de Desastres, el FONDEN mismo que se emplea para brindar atención a las víctimas y damnificados. Como es de su conocimiento, no hay una previsión legal que permita la utilización del Fondo para Acciones Preventivas y que el concepto de este fondo se basa en la necesidad de apoyar a las necesidades de las entidades federativas sólo cuando por sí solas no puedan hacer frente a una emergencia o a un desastre. Es por esto que el grupo de trabajo en materia de protección civil y de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de esta Cámara presentan a la consideración del pleno el presente Dictamen para reformar diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil a fin de crear una partida específica que soporte el desarrollo de las acciones y programas internos de protección civil en materia preventiva por parte de la Administración Pública Federal que hasta la fecha no existe, la cual se obtendrá con recursos provenientes del remanente no ejercido del año anterior del Fondo Nacional de Desastres con un tope del 20% sobre dicho remanente. Estos recursos para acciones preventivas no se otorgan de manera discrecional, por el contrario, se propone el cumplimiento de diversos requisitos por parte de las entidades federativas que soliciten el acceso a fondos para acciones preventivas. Aquí y de acuerdo con el comentario realizado por el Dr. Narro, efectivamente esta reforma aún deje conclusos los trabajos que habrá de realizar la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública y esencialmente el grupo de trabajo de Protección Civil y quedan pendientes, porque también será nuestro compromiso revisar las reglas de operación que hagan ágil la entrega de los recursos destinados a damnificados. Finalmente, privilegiamos el que el Dictamen sea el resultado de un análisis objetivo que deriva de la pluralidad y del encuentro de conciencias entre los diversos grupos parlamentarios que la suscriben. Una vez más el diálogo y el consenso han caracterizado a este Congreso. Por ello, Acción Nacional da su voto a favor, convencidos de que los efectos nocivos de los desastres pueden en algunos casos prevenirse y con ello evitar grandes cantidades de dolor humano. Gracias. -