La diputada Daniela de los Santos Torres: Con la venia de la Presidencia. La lucha contra la corrupción parte de una premisa ética, esto es la búsqueda constante de una moral pública. Al ser el hombre un ser social por naturaleza, la felicidad del individuo está unida a la felicidad del cuerpo social al que pertenece. Por eso, como señala Aristóteles, la ética y la política deben estar unidas. En el primer año de ejercicio le tocó a esta sexagésima tercera legislatura terminar de dar forma al sistema nacional anticorrupción, proyectado en la reforma constitucional como instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno, para desterrar nuestro país de este grave mal que frena el desarrollo económico y social de la nación. Este gran esfuerzo legislativo incluyó la participación de la sociedad civil, la academia y el sector privado e implicó la creación de tres nuevas leyes, así como la modificación de cinco ordenamientos ya existentes. Sin embargo, debemos reconocerlo, todos esos esfuerzos no han sido suficientes, ya que la situación de la corrupción en México sigue siendo un obstáculo, tanto para el desarrollo como para el ejercicio pleno de los derechos. En el análisis correspondiente a 2016, Transparencia Internacional colocó a México en el lugar 95 en 368 países del índice de percepción de corrupción a nivel mundial, y en el sitio 11 de entre los 22 países en América Latina. El índice da al país tan solo 35 de 100 puntos en lo relacionado a combate de esta práctica, lo mismo que obtuvo en 2014 y tan solo un punto por arriba de lo registrado en 2012 y 2013. Con ello México se mantiene muy por detrás de las economías más consolidadas, además nuestro país se colocó en el último puesto entre los países que conforman la OCDE, 34 de 34 y nos separan 86 y 79 lugares, respectivamente, de nuestros principales socios comerciales Canadá y Estados Unidos. Ciertamente la magnitud del problema de la corrupción a nivel internacional es enorme ni un solo país en ningún lugar del mundo está libre de este tipo de prácticas, señala la OCDE, pero ello no nos puede servir de consuelo, especialmente cuando se sabe que debido a la corrupción en países como México se pierde una cantidad de dinero 10 veces mayor que la dedicada a la asistencia oficial para el desarrollo. En nuestro grupo parlamentario creemos firmemente que la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, establecida en 2003 por la ONU, debe servir para crear una auténtica conciencia respecto al impacto de este fenómeno, en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo, así como la importancia de prevenirlo, denunciarlo, perseguirlo y, sobre todo, castigarlo. En ese sentido, consideramos importante recuperar los valores fundamentales de la democracia, los cuales deben ser estimulados desde la etapa escolar como parte de la estrategia para la prevención de la corrupción y otras conductas reprobables que atenten contra el interés general de la sociedad. Igualmente consideramos fundamental aprovechar esta conmemoración para hacer un verdadero compromiso en aras de complementar el Sistema Nacional Anticorrupción y lograr los consensos que sean necesarios para la promulgación de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la Nación y el nombramiento del Fiscal Anticorrupción que tanto necesita este país. La corrupción se ha convertido en el gran malestar de la sociedad contemporánea, en un fenómeno a temporal y omnipresente que obstaculiza el buen funcionamiento del Estado y sus instituciones. Por ello, hoy reafirmamos firmemente nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción como deber de todo ciudadano que quiere un país mejor y un futuro más alentador. Por su atención, muchas gracias.