El diputado Mario Francisco Guillén Guillén: Con su venia, diputado presidente. En virtud de que la cultura nacional posee profundas raíces indígenas, tanto la sociedad como el Estado mexicano tienen el derecho y la obligación y un gran compromiso con los pueblos originarios de México para preservar su cultura, sus tradiciones, sus costumbres, sus lenguas y su visión del mundo. Si bien es cierto que el Estado mexicano reconoce y protege los derechos humanos fundamentales de sus habitantes sin distinción de ninguna índole, no se puede soslayar el hecho de que algunos sectores sociales han sido vulnerados y han enfrentado un largo camino para alcanzar ese reconocimiento respecto de sus derechos y libertades fundamentales. En el caso de los pueblos indígenas de México hay mucho que hacer en cuanto al ejercicio efectivo de los derechos que consagra nuestra Carta Magna, pues la brecha existente entre aquello que se asienta en el marco jurídico y lo que sucede realmente, hay una brecha muy grande todavía por recorrer. Los pueblos indígenas del mundo habitan en territorios que se caracterizan por una gran cantidad de recursos naturales. No obstante también hay que reconocer que ese aislamiento deriva en una gran marginación y que son discriminados por las condiciones en que viven. Derivado del hecho de que muchos de los territorios en los cuales han vivido tradicionalmente los pueblos indígenas son considerados como fuente de oportunidades para el desarrollo económico, enfrentan diversas amenazas por empresas y por la iniciativa privada porque no son reconocido plenamente como sujetos de derecho para defender sus territorios de la voracidad de estas transnacionales y corporaciones nacionales que no comprenden el valor que la tierra tiene para la cultura indígena. La tierra constituye para los pueblos indígenas un elemento fundamental para su supervivencia tanto física como cultural. De acuerdo a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esta relación única con el territorio tradicional puede expresarse de distintas maneras, dependiendo del pueblo indígena particular del que se trate y de sus circunstancias específicas. Puede incluir el uso o presencia tradicional, la preservación de sitios sagrados o ceremoniales, asentamientos o cultivos esporádicos, recolección estacional, cacería y pesca, el uso consuetudinario de recursos naturales u otros elementos característicos de la cultura indígena y tribal, tal y como se establece en el acuerdo 169 de la OIT. Bajo la lógica anterior, la garantía del derecho a la propiedad territorial resulta base fundamental para el desarrollo de la cultura, la vida espiritual y la subsistencia económica de las comunidades indígenas. Por este motivo nuestro país ha emprendido esfuerzos destinados a proteger ese derecho. Un ejemplo de lo anterior lo constituye la reforma que se incluyó en el año 2001 en nuestra Carta Magna en el artículo 2 para garantizar el derecho de los pueblos indígenas al uso y disfrute preferente de los recursos naturales de aquellos lugares que ocupan y habitan. En concordancia con el espíritu de esta reforma, consideramos muy importante realizar cambios al artículo 2 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable para marcar, como uno de los objetivos de la misma, la garantía al derecho al acceso, uso y disfrute preferente de los recursos pesqueros de las comunidades indígenas de los lugares que ocupen y habiten. Como ya lo expresamos, los pueblos indígenas reclaman una inserción integral en la sociedad que les permita ejercer plenamente y de modo efectivo los derechos que reconoce nuestra Constitución para todos los mexicanos. En este sentido consideramos que el Estado debe fomentar la participación activa de las comunidades indígenas en la planeación y gestión de su propio desarrollo asegurando el respeto a sus derechos y formas de vida. En efecto, siendo la pesca y la acuacultura actividades productivas que generan alimento y fuentes de empleo para la población, la reforma propuesta tendrá la virtud de coadyuvar en el impulso del desarrollo comunitario y el mejoramiento de la calidad de vida de los pueblos indígenas que viven de la pesca. Es cuanto, señor presidente.