EL C. DIPUTADO VICENTE PACHECO CASTAÑEDA: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea: "A las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados al honorable Congreso de la Unión fue turnada para su discusión y resolución constitucional la minuta proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Estas comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, con fundamento en lo establecido por los artículos 71 y 72 inciso a) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con las facultades que les confieren los artículos 39 párrafo uno y dos fracciones II y XVIIII, XLV numeral 6 inciso f) y g) y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como las contenidas en los numerales 55, 56, 57, 60, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso General, someten a consideración de los integrantes de esta H. Asamblea el presente dictamen bajo la siguiente propuesta: "V A L O R A C I Ó N "La propuesta de nuestra Colegisladora se sustenta en el interés de adecuar las normas procesales en la materia, con los principios fundamentales que nuestra Constitución General recogió a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de agosto del año 2001, esencialmente aquellos que garantizarán el acceso pleno de los pueblos o comunidades indígenas a una jurisdicción del Estado Mexicano más oportuna y justa, sin distinción, por orden étnico, edad o cualquier otra circunstancia, con la asistencia de intérpretes y abogados que tengan el conocimiento de su lengua y cultura. Para alcanzar estos extremos, en principio atiene a las reformas y adiciones a disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles implícitas en la iniciativa de decreto, que manifiestan la oportunidad socialmente propicia para su establecimiento, porque no presentan inarmonías o contradicciones con la fuente suprema de la que emergen y porque se trata de reformas y adiciones que se sustentan en una justa y fundamental causa que responde a los imperativos sociales que exigen su vigencia, complementándose con las reformas de otras leyes federales que se adecuan también a los nuevos principios constitucionales en materia de derechos y cultura indígena, advirtiendo que estos instrumentos jurídicos vendrán a garantizar a los indígenas y sus comunidades el acceso a la jurisdicción del Estado en un plano de mayor igualdad y certezas jurídicas. Si algo expresa nuestra colegisladora con claridad, es la situación de desventaja e inequidad que aqueja a los indígenas de México, así como un virtual estado de indefensión jurídica en que se hayan por no tener un dominio pleno de nuestro idioma español o simple y sencillamente no haber contado con una asistencia jurídica especializada que pudiera hacer valer sus derechos en los procedimientos judiciales de los cuales son parte. Consecuencia de esta situación es innegable que un número considerable de indígenas no cuentan con las condiciones institucionales y materiales para acreditar sus derechos. De ahí que resulte obligado que a la reforma constitucional le sigan adecuaciones en distintos ámbitos de la legislación secundaria, en este caso en la materia civil, para lograr que la reforma se traduzca en hechos que mejoren la situación real de nuestros indígenas, como individuos y como colectividades. En ese sentido, los cambios que se proponen tienen por objeto que ellos cuenten en todo tiempo y circunstancias con el derecho de ser asistidos pro intérpretes que tengan conocimiento de su lengua y su cultura. Por ello, se impulsa la figura del intérprete, pues si éste se permite, cuando sea extranjero que desconozca el idioma quien absuelve posiciones, con mayor razón debe aceptarse su presencia, cuando quien las absuelva sea un indígena mexicano que no habla español o hablándolo no lo sepa leer. Las mismas consideraciones se estiman válidas para la adición del artículo 180 del ordenamiento jurídico a que se alude, esto es, del intérprete que asista a un indígena en la rendición de su testimonio. Por otra parte, con las presentes reformas se introducen cambios que manifiestan en la fracción IX del artículo 24 del Código Federal de Procedimientos Civiles, para que tratándose de juicios en los que el demandado sea indígena, será juez competente el del lugar en el que aquel tenga su domicilio, siendo juez competente también el que ejerza jurisdicción en el del domicilio del demandante, si ambos son indígenas, si ambas partes son indígenas. Con el fin de garantizarle a los indígenas el acceso pleno a la jurisdicción del Estado, nuestra Colegisladora propone que los jueces, al momento de dictar resoluciones, deberán considerar sus usos, costumbres y especificidades culturales. Contempla que en los procedimientos en que intervengan personas que aleguen tener la calidad de indígenas, a misma se acreditará con la sola manifestación de estas: sin embargo cuando el Juez tenga duda de ella o fuere cuestionada en juicio, se solicitará a las autoridades comunitarias la expedición de la constancia que acredite la pertenencia del individuo a un determinado pueblo o comunidad. Con estas reformas se concretan así algunos de los derechos que se elevaron al rango constitucional para efecto de la referida reforma y que están contenidos en la Fracción VIII del Apartado A) del Artículo 2º de nuestra Carta Magna. De todo ello se ocupa la presente Propuesta que Reforma y Adiciona varias disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para que junto con las modificaciones que en su oportunidad se hagan a diversos ordenamientos sustantivos y adjetivos, se desarrollo lo que el Constituyente permanentemente precisó. Por su atención, muchas gracias compañeros. (aplausos) -LA C. PRESIDENTA. Gracias Diputado. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Unico del Proyecto de Decreto. Para fijar posiciones se han registrado los siguientes colegas Legisladores: la Diputada Norma Patricia Riojas Santana del Partido de la Sociedad Nacionalista hasta por 5 minutos, el Diputado Concepción Salazar González, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, hasta por 10 minutos, el Diputado Héctor Sánchez López del Grupo Parlamentario del PRD, hasta por 10 minutos, el Diputado Carlos Raymundo Toledo del Grupo Parlamentario de Acción Nacional hasta por 19 minutos, el Diputado Enrique Garza Taméz del Grupo Parlamentario del PRI, hasta por 10 minutos. Tiene la palabra la Diputada Norma Patricia Riojas Santana. -LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA. Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores: los integrantes del Partido de la Sociedad Nacionalista hacemos uso de esta tribuna para dejar constancia de nuestra posición política respecto a los dictámenes de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas, que reforman diversas disposiciones de los Códigos de Procedimiento Civil, del Penal Federal y del Federal de Procedimientos Penales. México es una nación constituida a partir de la cultura y territorios de sus pueblos originarios, el esplendor de diferentes pueblos a lo largo de cientos de años, habla de una matriz cultural que en forma cíclica se desarrolló desde tiempos muy remotos. Los actuales pueblos indígenas conservan la herencia de culturas que mundialmente son reconocidas por sus adelantos científicos, políticos, sociales y culturales, que los distinguen como una de las más grandes matrices de nuestra cultura. Sin embargo, la preeminencia de la cultura occidental ha provocado que nuestros pueblos indígenas sufran de indolencia, de injusticias, desventajas e iniquidades, así como de un estado de indefensión jurídico por no tener un dominio pleno del Español o no haber contado con asistencia jurídica especializada que pudiera hacer valer sus derechos en los procedimientos judiciales en los que son parte. No pasando inadvertido ante nuestros ojos que los derechos de cientos de indígenas que se encuentran sujetos a procedimientos civiles y penales, son soslayados por la falta de instrumentos jurídicos institucionales y de las condiciones mínimas, materiales y humanas para acreditar sus derechos. Si bien es cierto que el Constituyente Permanente aprobó el año pasado una Reforma Constitucional por el cual se incorporan todas las disposiciones constitucionales en materia indígena, es decir, el reconocimiento, la protección y el impuso de los derechos de la cultura de los pueblos indios así como garantizarles el acceso pleno a los pueblos o comunidades indígenas a una jurisdicción del Estado Mexicano, de manera oportuna y justa, sin distinción por origen étnico, edad o cualquier otra circunstancia y con la asistencia de intérpretes y abogados que tengan el conocimiento de su lengua y cultura. También es cierto que congruentes de lo que reformamos y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto del 2002, éstas reformas que hoy son ley vigente, deben ir acompañadas de reformas estructurales a las leyes secundarias con la finalidad de que sea que no vayan a ser letra muerta o se encuentren como tantas otras leyes, durmiendo el sueño de los justos. Para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, los dictámenes que el día de hoy discutimos y aprobamos son sólo un pequeño esfuerzo para proporcionar a nuestros pueblos indígenas del acceso a la impartición de justicia pronta, expedita e imparcial, en un contexto de mayor igualdad y certeza jurídica tanto en los procedimientos civiles como en los penales en los cuales formen parte. En virtud de que en caso de aprobarse ambos dictámenes que en este momento vamos a votar, proporcionaremos a los pueblos y comunidades indígenas, elementos jurídicos para que puedan ejercer plenamente sus garantías y que tengan conocimiento de su lengua y su cultura; que sean juzgados por jueces del lugar en el que el indígena tenga su domicilio y que en el momento de dictar resolución consideren sus usos, costumbres y especificidades culturales. Los diputados del Partido de la Sociedad Nacionalista nos manifestamos a favor de legislar en los diferentes campos para garantizar la mejor atención, protección y garantía de los derechos de los pueblos indígenas ya que existe un significativo rezago en materia de procuración de justicia para los pueblos indígenas y un enorme desconocimiento de sus derechos, usos y costumbres. Los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, amamos a nuestro país y por lo tanto debemos unirnos en una gran cruzada por el respeto irrestricto y difusión de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas ya que su vulnerabilidad y violación no fortalecerán la unión y el progreso del Estado Mexicano. El Partido de la Sociedad Nacionalista, consciente de su responsabilidad frente a la sociedad y la deuda ancestral que tenemos con los pueblos y comunidades indígenas, votaremos a favor de los dictámenes que reforman las diversas disposiciones de los códigos de Procedimiento Civil, del Penal Federal y del Federal de Procedimientos Penales. Es cuanto, señora Presidenta. -