La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Estimados compañeros y compañeras diputadas, hoy vengo a presentar ante ustedes una iniciativa que ya ha sido presentada en otras legislaturas por mí y por otras compañeras y compañeros. Se trata de crear un registro nacional de deudores alimentarios morosos. ¿Por qué es importante hacerlo? Primero, porque la familia es una parte fundamental, es el pilar, sigue siendo el pilar más delicado y más fuerte de la sociedad en México. También porque es un deber ético dar alimentos, especialmente a los niños y las niñas que me quiero referir. Voy a dar algunas cifras para ilustrar la importancia de este tema. El censo 2020 nos señala que 33 de 100 hogares están encabezados por una jefa de familia. Este es un aumento significativo considerando que, en el 2019, 25 de cada 100 lo eran. Se estima que por cada 100 matrimonios hay 32 divorcios, de los cuales la mayoría tiene hijos. El propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos dice que en el 2020 se registraron casi 255 mil delitos contra la familia, de los cuales 220 mil fueron violencia familiar, 4 mil 50 violencia de género y casi 18 mil por incumplimiento de obligación alimentaria. Es importante señalar que la justificación de este tema, hoy se han hecho muchos intentos para poder asegurar los alimentos a los niños y las niñas. Uno de ellos es un mecanismo que es descontarle a través del patrón al deudor alimentario, pero muchas veces se busca maneras de evadir esta obligación, incluso dándose de baja del centro de trabajo, o no siempre se tiene un trabajo formal. También se ha tipificado como un delito de incumplimiento de deberes, que tampoco es el camino, porque muchas de las acreedoras o muchos de los acreedores no necesariamente quieren que se castigue, sino que se cumpla. Por ello vengo a proponerles que creemos este registro nacional y debe ser con este carácter nacional, para que tenga implicaciones importantes. Este registro formaría parte del sistema nacional de información a que se refiere la fracción XV del artículo 125 de la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, a cargo de Sipinna, del sistema nacional, y se va a alimentar con la información que proporcionen los propios sistemas de los estados. Por qué si hoy los bancos castigan a los deudores de alguna u otra manera, incluso con un registro de buró de deudores, por qué no podemos encontrar consecuencias para los miles de deudores alimentarios que tiene este país. Estoy segura que ustedes cuando recorren las calles de sus municipios, de sus comunidades, encuentran a muchas mujeres que les piden asesoría y apoyo para poder encontrar respuesta a los alimentos de sus hijos e hijas. Este registro va a proceder solamente con orden de las autoridades judiciales cuando haya caído en mora más de 60 días. Cuando este registro tenga conocimiento de la inscripción de deudores de alimentarios morosos, tendría la obligación de informarlo a las sociedades de información crediticia, quienes integrarían dicha información a sus bases de datos que serviría para generar el historial de incumplimiento de obligaciones alimentarias. Siempre que se ha propuesto hacer esto, no se ha encontrado el mecanismo, porque la idea no es tirar más burocracia, la idea es que con lo que ya tenemos lo podamos hacer. Cabe destacar que en el 2016 hice una reforma a la Ley de Migración donde se señala que quien sea deudor alimentario no podrá salir del país. Sin embargo, la Secretaría de Relaciones Exteriores no puede darle cumplimiento a esta ley en virtud de que no hay un sistema que tenga esta implicación para sus consecuencias legales. Por eso quiero pedirles hoy, cuando yo fui presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo y Secretaria de Acuerdos Familiar, este era un tema y sigue siendo el tema. Hoy es importante que los niños y las niñas de este país se vean protegidos por quienes debemos darle voz y protección, si no, no hay quien hable por ellos. Muchas gracias, presidenta.