La diputada Frinné Azuara Yarzábal: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en los últimos años la legalización de la marihuana ha protagonizado un debate amplio en diversos países del mundo, con visiones encontradas sobre su regulación. Si bien, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis que se propone tiene buenas intenciones, no se puede soslayar la opinión de los especialistas en la materia y de las experiencias en otros países que advierten sobre los graves peligros que conlleva legalizar el uso lúdico del cannabis. El cannabis es una sustancia que puede generar dependencia y daños a la salud. Su consumo frecuente se asocia con graves problemas respiratorios, menor peso al nacer, de salud mental, deterioro en el aprendizaje, atención y memoria, accidentes automovilísticos y suicidios. Además de abrir la puerta al uso de sustancias más adictivas y, por supuesto, más dañinas. La disponibilidad incrementará el uso de esta sustancia, sobre todo en los adolescentes y jóvenes que corren mayor riesgo y cuyo cerebro aún no se ha desarrollado por completo. Ya, algunos estudios han demostrado que la maduración se logra después de los 24 años, de allí que nuestro interés fuera que en esta iniciativa quedará plasmado el uso del cannabis a partir de los 24 años de edad, propuesta que no se consideró. Por ello, la OMS se pronuncia por que los Estados no avancen en la legalización del cannabis, ya que su disponibilidad aumenta la probabilidad del consumo. Es una falacia que si se legalizan las drogas el Estado puede fijar impuestos y gravámenes sobre la venta de estas sustancias y destinar lo recaudado para actividades de prevención y compensación de los costos sociales y sanitarios asociados. Los beneficios económicos que se esperan no alcanzarían, ni por asomo, a compensar los costos para la atención de las enfermedades asociadas al consumo del cannabis. Nosotros estamos a favor de la libertad de elegir de cada persona, apoyamos su derecho al libre desarrollo de su personalidad, consideramos que la mayor parte de las personas adultas tienen la capacidad de tomar sus decisiones de forma responsable y saludable. De hecho, debemos de recordar que, en 2017, el PRI aprobó una reforma a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir el uso del cannabis con fines médicos y científicos, que no se les olvide. Sin embargo, en esta reforma que hoy se discute, no toma en cuenta los graves daños a la salud que traerá consigo la legalización del cannabis, como tampoco precisa la manera cómo atenderá puntualmente, con recursos financieros suficientes, la prevención y atención de esos daños, la rehabilitación y reinserción social de la población que se afecte. Para hacer de la Conadic la institución que se pretende en este dictamen, necesitaríamos asignarle un presupuesto mucho mayor, lo que también tendría consecuencias para atender otros problemas prioritarios, sobre todo, en un contexto de crisis sanitaria y económica como el que estamos atravesando. Es inconcebible que en medio de esta dura batalla que estamos librando contra el Covid, Morena le dé preferencia a legalizar la marihuana, que provoca daños y no a reforzar el combate a la pandemia, que puede salvar miles de vidas. Nuestro país no está preparado para legalizar esta droga para uso recreativo. Hace falta, primero, fortalecer nuestro sistema de salud, pero, sobre todo, reforzar nuestro sistema judicial y penal, en el que aún persisten graves violaciones a los derechos humanos. Y, para rematar, esta reforma mantiene las sanciones penales. Simula una regulación, pero detrás se aplicará la mano dura, corriendo el riesgo de incrementar las extorsiones a los jóvenes, sobre todo a los de los estratos más bajos. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de que las mexicanas y mexicanos ejerzan sus derechos con libertad, sin que nada lo amenace. Sin engaños, como esta simulación de ley, que por un lado autoriza el uso lúdico de cannabis y, por otro, lo criminaliza y discrimina. Se debe garantizar el libre desarrollo de la personalidad, respetando siempre los derechos de terceros. Creemos firmemente que, en el combate de las adicciones, los esfuerzos se deben enfocar en impulsar y fortalecer las políticas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas que sufren de alguna adicción. Por ello, el Grupo Parlamentario del PRI, mayoritariamente votaremos en contra del presente dictamen, ya que consideramos que no responde a las recomendaciones de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, porque de aprobarse, podría poner en grave riesgo la salud de las y los mexicanos, pero, sobre todo, porque atenta contra el principio del interés superior de nuestras niñas, niños y adolescentes, consagrado en nuestra Carta Magna. Muchas gracias.