LA C. PRESIDENTA: Para dar cumplimiento al Punto Primero, Incisos A), b) y C) del Acuerdo Parlamentario que regula el desahogo de esta comparecencia, se concede el uso de la palabra al Lic. Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, hasta por 30 minutos. -EL C. LIC. FRANCISCO GIL DIAZ, Secretario de Hacienda y Crédito Público: Muchas gracias señora presidente. Señoras y señores diputados. Una vez más se me brinda la oportunidad de comparecer ante la representación soberana de la H. Cámara de Diputados, en esta ocasión en cumplimiento del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para exponer los propósitos del Poder Ejecutivo en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación y la Iniciativa de Ley de Ingresos correspondiente el Ejercicio Fiscal de 2002. La voluntad de esta soberanía de lograr un México más justo y próspero, es compartida por el Poder Ejecutivo, con ese ánimo se plantea una propuesta respetuosa, consistente y promotora de un desarrollo económico sano, con un proyecto prudente que permite conservar la estabilidad, que con gran esfuerzo se ha alcanzado y que cimenta las bases de la recuperación, y aunque parezca contradictorio de un mayor espacio para el gasto público. Este año el manejo de las finanzas públicas, con estricto apego al mandato de esta soberanía, contribuyó a un costo financiero menor al presupuestado, que se calcula arrojará al cierre del año, un ahorro de 18 millardos de pesos, lo que habrá contribuido a que la reducción al gasto programable originada en ingresos menores a los presupuestados, se haya limitado a 13 millardos de pesos. Así paradójicamente, como suele suceder tratándose de los fenómenos económicos, una reducción oportuna al gasto, evitó que éste tuviera que contraerse todavía más. La lección que nos dio la economía este año vale, por supuesto, para elaborar presupuestos futuros. Si los actores económicos se convencen de la continuidad del manejo responsable de las finanzas públicas del país, se podrán consolidar las menores tasas de interés que han prevalecido recientemente y que no experimentábamos, desde que se abandonó la estrategia presupuestaria del desarrollo estabilizador. La alternativa, como lo demuestra nuestra experiencia de varios episodios y las penosas dificultades por las que atraviesan algunas economías de países hermanos, es que intentos de aumentar el gasto a través de un mayor endeudamiento, se traducen en el resultado opuesto en aumentos de las tasas de interés, que abultan el endeudamiento programado que frustran el intento original de proveer a la población de más y mejores servicios públicos. Las aparentes contradicciones, los enfoques diversos, las numerosas señales voluntarias e involuntarias que se han generado en torno a la conducción mancomunada de la Nación no son signos de incapacidad, por el contrario son características del camino nuevo que ha tomado México. Hemos accedido a una nueva gobernabilidad democrática que mucho enaltece la pluralidad de nuestra condición nacional. En este nuevo entorno se encuentra también la propuesta de nueva hacienda pública, respecto de la cual este Congreso dio una muestra más de diligencia y responsabilidad al tramitar en un tiempo breve e introduciendo modificaciones que mejoraron la propuesta original, el ambicioso paquete legislativo tendiente a modernizar el Sector Financiero. Ahora me permitiré algunos comentarios sobre la evolución de la economía durante el año en curso y sobre las condiciones internacionales que anticipamos prevalecerán durante los próximos meses; posteriormente me referiré a los aspectos más relevantes del programa económico que se propone: El desempeño económico de la mayor parte de los países está estrechamente relacionado con el comportamiento que muestran las economías de los países más desarrollados. A los largo de este año las economías de los Estados Unidos, de la zona Euro y de Japón, atraviesan al mismo tiempo por la etapa más baja de sus respectivos ciclos económicos y con un grado de sincronización nunca visto con anterioridad. Por su parte, la secuencia de las caídas consecutivas en la producción industrial de los Estados Unidos no se había visto desde la gran depresión. Como es natural, estos acontecimientos inhiben las perspectivas de una recuperación rápida de la economía mundial. La desaceleración de la economía global y en particular la de los Estados Unidos, ha sido un factor determinante de la evolución de nuestra economía durante 2001; esto, debido a que las exportaciones de bienes y servicios mexicanos representan una tercera parte del tamaño de la economía y a que alrededor del 80% de las mismas se destina al mercado norteamericano. En este por su parte, la producción manufacturera, la que más vinculada está con nuestras exportaciones, ha sufrido una caída proporcionalmente mucho mayor al del conjunto de la economía estadounidense. Así, la caída ajustada por estacionalidad durante cuatro trimestres consecutivos de la producción industrial en México y la desaceleración del sector servicios a partir del segundo trimestre de este año, son un reflejo de las perturbaciones externas que ha sufrido nuestra economía. A principios del tercer trimestre, algunas señales parecían indicar que se empezaba a superar la etapa baja del ciclo, sin embargo las perspectivas de que la economía mexicana se estabilizaría durante el tercer trimestre para comenzar a crecer nuevamente hasta finales de año en sintonía con el ciclo esperado en la economía de los Estados Unidos, se disiparon con los ataques terroristas del 11 de septiembre pasado; de hecho las cifras de producción industrial de los Estados Unidos correspondientes a septiembre, reflejan la mayor caída del año, lo que permite prever un comportamiento similar del Sector Industrial de México durante los meses siguientes. Aunado a lo anterior, el intercambio comercial entre México y Estados Unidos se ha visto todavía más afectado desde entonces no sólo por el deterioro de la confianza del consumidor norteamericano, sino también por una frontera norte más restrictiva a los flujos de personas y mercancías, asimismo el flujo de turistas que visitan nuestro país se redujo de manera sensible e inmediata. El menor dinamismo de la actividad económica, la reducción en la plataforma de exportación de crudo y la apreciación de nuestra moneda, mermaron los ingresos del sector público. Por este motivo y con el fin de no rebasar el límite de endeudamiento autorizado por esta soberanía, hemos instrumentado una serie de reducciones en los presupuestos de las dependencias y entidades en función de los ahorros generados, principalmente en rubros de gasto corriente. En medio de esta difícil situación, cobra aún mayor relevancia el entorno de estabilidad que caracteriza nuestra economía. La inflación y las tasas de interés van a la baja, nuestra moneda muestra una fortaleza sostenida y el país conserva un acceso a los mercados financieros internacionales en condiciones favorables, que entre otras manifestaciones, se acredita con la emisión de 8 millardos de dólares que alargan el vencimiento promedio de la deuda pública y disminuyen su costo. Estos hechos hacen patente las sólidas bases del país y ejemplifican la buena percepción acerca de su futuro, logro que debemos cuidar y mantener y esto sólo se consigue a través de sanas políticas monetaria y presupuestaria. Antes de plantear el cierre estimado para la economía este año, así como el escenario esperado para el 2002, conviene señalar que se prevé que en el cuarto trimestre el Producto Interno registrará al igual que en el tercero, una contracción medida a tasa anual. Así, el cierre previsto del 2001 se resume de la siguiente forma: La tasa de crecimiento del PIB se ubicará en alrededor de 0% anual. La inflación estará por debajo de la meta de 6.5 estipulada por el Banco de México. El déficit de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos, se estima en 3.1% del Producto Interno Bruto, proporción congruente con la disponibilidad de recursos de largo plazo, toda vez que será financiada en su totalidad con inversión extranjera directa. El balance público estará en línea con el déficit aprobado por esta Soberanía. El deterioro de la actividad económica durante este año, así como la ausencia de elementos externos que permitan prever una recuperación inminente y vigorosa, condiciona el diseño de la estrategia de política económica para 2002. En este sentido el programa económico para el próximo año es escrupulosamente prudente para conservar la estabilidad macroeconómica y para sentar las bases de una recuperación que sea sostenible. Para esto último también es indispensable llevar a cabo las reformas estructurales que propicien aumentos en la productividad. Por ello en 2002 se propone mantener la disciplina fiscal para coadyuvar a que las tasas de interés prevalezcan en niveles moderados, contribuyendo así a reducir la carga financiera sobre las empresas y las familias, así como a liberar recursos internos y externos para ampliar el gasto de inversión de los particulares. La mayor disponibilidad de recursos y el menor costo de los mismos deberá traducirse en mayores niveles de inversión y en nuevas fuentes de empleo. El objetivo de mantener la disciplina fiscal va más allá de razones coyunturales. Sería ideal eliminar el déficit para garantizar la viabilidad de las finanzas y reducir el endeudamiento público para que sea congruente con un mayor nivel de desarrollo. Menor deuda pública contribuye a mayor prosperidad, pero si un superávit fiscal o la eliminación del déficit son difíciles de alcanzar de inmediato, por lo menos debe programarse un endeudamiento cuya proporción respecto al producto sea menor al crecimiento económico previsto. Lo contrario, como lo muestra la dolorosa experiencia reciente de otros países y también la nuestra, acaba por producir trastornos económicos y sociales significativos. En este contexto se propone para el próximo año un déficit público equivalente a 6.5 décimas del 1% del tamaño de la economía. En materia de ingresos del sector público se estima para 2002 una disminución equivalente a .22 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, con relación a su nivel proyectado para el cierre de este año. Ello debido a menores ingresos no recurrentes y a un menor precio del petróleo de exportación de 17 dólares por barril en 2002 en comparación con los 19 dólares que ha alcanzado a lo largo de este año; referencia que habremos de revisar conjuntamente ustedes y nosotros durante los próximos días a la luz de los acontecimientos recientes. Es importante destacar que se proyecta un aumento de 7.8% real en los ingresos tributarios administrados directamente por el SAT, como resultado de una mayor eficiencia administrativa. Esfuerzo que ya se ha materializado este año en un aumento de una tercera parte de punto porcentual del producto en dichos ingresos. Lo anterior pese a las dificultades que presenta recaudar en un medio en el que la producción disminuye o crece, pero en un sector que aporta poco a la recaudación, como lo fue la agricultura. Los precios y tarifas aumentarán el año próximo de acuerdo a la inflación esperada. Asimismo el precio de algunos insumos continuará determinándose en función de su referencia internacional. Por su parte el gasto programable del sector público tendrá como prioridad la atención a los segmentos de la población más desprotegida y a la generación de nuevos empleos; a través de un impulso decidido a nuevos proyectos productivos. El proyecto de presupuestos de egresos de la Federación para 2002, se ha integrado relacionando cada uno de los procesos y programas llevados a cabo por la Administración Pública Federal, con las prioridades delineadas en el Plan Nacional de Desarrollo y con mecanismos que promueven y facilitan la rendición de cuentas. De acuerdo a lo anterior, la política de gasto favorece las asignaciones para la atención de la educación, la salud, la vivienda, la justicia y el combate a la pobreza. Consciente de la elevada proporción que guarda el gasto en servicios personales dentro del gasto público total, se propone no aumentar los salarios a los mandos medios y superiores de la administración pública, pero sí otorgar un incremento al personal de base igual a la inflación esperada. Si bien el gasto de capital presupuestario para 2002 registra una disminución en términos reales, se somete a la autorización de esta soberanía un monto significativo de nuevas inversiones en el sector energético a través del esquema de inversión financiada. De autorizarse la totalidad de estos proyectos, la suma de la inversión presupuestaria y la impulsada por el sector público crecería el año entrante a una tasa real del 9%. Ahora más que nunca es importante propiciar un flujo adecuado de financiamiento a sectores con dificultades para obtener recursos de la banca comercial. Esta es la razón por la que se adoptará una política de financiamiento a través de la banca de desarrollo y de los fondos y fideicomisos de fomento dirigida a los sectores agropecuario, de infraestructura y de vivienda. En este contexto se anticipa que la intermediación de estas instituciones en su conjunto alcance 12 millardos de pesos, monto que junto con la recuperación de créditos, permitirá una derrama de más de 100 millardos de pesos. Estos recursos, así como los 21 millardos de pesos que aportará el Foviste al financiamiento de vivienda de los trabajadores al servicio del Estado y los esfuerzos del Infonavit, Fovi y Diva, permitirán un ritmo inusitado de construcción de vivienda y de creación de empleos en un contexto internacional que aconseja incentivar la demanda interna. Considerando el elevado grado de incertidumbre que se espera prevalezca en los mercados financieros internacionales, es la intención del Ejecutivo financiar la totalidad del déficit público del 2002 mediante emisiones en el mercado nacional. Por ello se solicita nuevamente al Honorable Congreso de la Unión un techo de cero endeudamiento externo neto. Las acciones del sector pública en materia de deuda se concentrarán fundamentalmente en mejorar el perfil de vencimiento de nuestros pasivos y reducir su costo. Para aumentar la transparencia y facilitar la rendición de cuentas, a partir de este año se ha reportado cada trimestre una medida que refleja fehacientemente los requerimientos financieros del sector público. Este indicador agrupa, entre otros, el balance público tradicional, el gasto en capital impulsado a través de la modalidad de inversión anticipada, la intermediación financiera de las instituciones de fomento y los recursos del Instituto de Protección al Ahorro Bancario debe obtener en los mercados financieros para completar el servicio de su deuda. Este indicador amplio de las necesidades de recursos del sector público muestra un ligero incremento entre 2001 y 2002 equivalente al 0.2% del producto, aumento que se explica por el mayor gasto asociado a los proyectos de inversión financiada. Sobre el particular es importante destacar que el financiamiento de estos últimos proviene fundamentalmente del exterior y, por tanto, no constituye una fuente de absorción de recursos financieros en los mercados internos. Como consecuencia de los lineamientos de política fiscal descritos, las proyecciones económicas para el año entrante son las siguientes: una tasa de crecimiento real del producto de 1.7% anual; la principal fuente de crecimiento de la demanda agregada será la inversión, seguida a partir de la segunda mitad del 2002 por el consumo y las exportaciones. Una tasa de inflación de cuatro y medio por ciento. En estrecha coordinación con el Banco de México la política fiscal coadyuvará para que el incremento anual de los precios sea congruente con las metas de mediano plazo establecidas por dicha institución. Un déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 3.4% del producto. Este déficit se financiará principalmente con flujos de inversión extranjera directa y es congruente con el menor dinamismo de la economía de los Estados Unidos y con la reducción en el precio internacional del petróleo. Antes de concluir quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al importante tema que ha acaparado los reflectores de la opinión pública: la reforma fiscal. La reforma al sistema tributario es un reclamo de la sociedad que se origina en la insuficiencia de recursos de los tres órdenes de gobierno, en la necesidad de que el esquema impositivo promueva la inversión y de que el sistema fiscal contribuya a mejorar la distribución de las oportunidades de generar ingresos. El faltante de ingresos públicos de los últimos años ha sido compensado con recursos derivados de privatizaciones, impuesto inflacionario y otros ingresos no recurrentes. En ocasiones un elevado precio del crudo permitió sortear la insuficiencia de otras fuentes de recaudación. Ambos márgenes de maniobra se han agotado haciendo más patente el problema estructural de las finanzas públicas. A ello debe agregarse que existen presiones latentes de gasto público, así como fuertes inconvenientes a una política de mayor endeudamiento. Con todos los beneficios que se pueden asociar en el incremento a la recaudación, tales como una mayor capacidad para atender rezagos en materia social y de infraestructura pública, la reducción en las tasas de interés y una mayor disponibilidad de recursos para la inversión privada. La iniciativa del Ejecutivo al Congreso en abril pasado, no se limitó a esos objetivos, buscó dar un giro importante a la estructura impositiva para hacerla más equitativa, promotora de la inversión y mucho más sencilla. Hay quienes han manifestado su desacuerdo con una reforma tributaria que entre otros cambios propone generalizar la aplicación del IVA y menores tasas del Impuesto Sobre la Renta. Quienes se oponen a estas medidas lo hacen con la mejor de las intenciones; pero se inspiran en una concepción estática de la economía que concluye a partir de una instantánea sobre la distribución del ingreso, que con estas propuestas se afecta a personas de escasos recursos a costa de beneficios a las personas de mayor capacidad económica. Pero si en lugar de hacer un corte en el tiempo vemos hacia delante, si concentramos nuestra atención en la necesidad de atraer inversión, de fomentar la producción, de crear empleos y de mejorar los salarios, podremos ver que la Nueva Hacienda Pública sometida a su consideración por el Presidente de la República, es progresiva, es distributiva, es socialmente deseable. Los cambios al Impuesto Sobre la Renta tienen el objetivo de disminuir tasas que desincentivan el trabajo y el ahorro y motivar la inversión. Esto último siempre es conveniente pero adquiere una importancia especial a la luz de las difíciles circunstancias por las que atraviesa la economía; además de que la estructura propuesta tiene una justificación teórica, la tendencia mundial que se manifiesta en las tasas y recaudación vigentes, y en las propuestas de diversos partidos y gobiernos, entre otros los partidos socialistas chileno y español, es a privilegiar los impuestos al consumo y a reducir las tasas del Impuesto Sobre la Renta. En Polonia y Rusia, por ejemplo, las tasas del Impuesto Sobre la Renta personal han pasado en los últimos cuatro años, de 36 y 45 %, a 28 y 35 respectivamente. En la República Checa por su parte, la tasa del Impuesto Sobre la Renta empresarial se redujo en los últimos años de 40 a 32 %. Vale la pena meditar por qué en todo el mundo, incluyendo a las economías con gobiernos de ideología socialista y aun en la República Popular China, los esquemas fiscales se alejan del Impuesto Sobre la Renta y descansan más en los impuestos tipo valor agregado. La respuesta está en lo que implican estas nuevas estructuras para el bienestar general de la población. Lo que se ha visto es que mejora el control del cumplimiento tributario, que se tiene un mayor nivel de inversión, que la mayor inversión incide en mayor producción, aumentos en el empleo y en un más alto nivel de los salarios reales. ¿No es esto lo que queremos para nuestro país? ¿No son las condiciones que fomentan la prosperidad las que tienen una verdadera orientación distributiva? ¿Qué lo ideal no es tener muchos empleos formales bien remunerados? ¿De verdad creemos que vamos a poder seguir compitiendo por atraer la inversión si pretendemos gravar más las utilidades y el ingreso personal que en otros países? La argumentación anterior no quiere decir que pensemos que no deba aumentar la recaudación proveniente de las personas físicas. Estamos de acuerdo que existe una gran evasión del Impuesto Sobre la Renta; por eso en parte se proponen tasas un poco más razonables que las vigentes, aunque todavía elevadas en comparación con lo deseable, así como medidas que hemos propuesto a esta soberanía para apoyar las tareas fiscalizadoras del SAT. La experiencia nos ha demostrado que estas, junto con tasas internacionalmente competitivas, dan la combinación que permiten aumentar lo recaudado de las personas de ingresos altos. La nueva estructura tributaria propuesta incluye mejoras de gran trascendencia para todos los contribuyentes. En el Impuesto al Valor Agregado se elimina un sesgo en contra de las pequeñas y medianas empresas, al llevar este gravamen a un esquema de flujo de efectivo. Para las personas físicas contribuyentes con actividad empresarial, el 80 % del total se propone un régimen base efectivo de gran sencillez y un alivio importante en su carga impositiva. Otro ejemplo en materia de simplificación se encuentra en la propuesta de la nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta que contempla un cambio significativo en la determinación del ingreso personal, que permitirá a cualquier contribuyente llenar su propia declaración, algo que hoy es prácticamente imposible. El esfuerzo de simplificación no solo se limita a la estructura de los gravámenes, de ser así sería parcial; también abarca los procedimientos y los trámites. En este sentido se incluye en la iniciativa un gran número de modificaciones que tienen como denominador común aprovechar los importantes avances tecnológicos en materia de informática y comunicaciones en beneficio del contribuyente. El ataque a la evasión se hace más efectivo al simplificar. Una estructura impositiva con multiplicidad de tratos específicos y diferenciados abre grandes espacios para la evasión y elusión fiscales. Por lo anterior, en el combate a la evasión es necesario atacar los dos frentes: las modificaciones a la legislación tributaria que están a su consideración, junto con los esfuerzos que realiza el SAT, permitirán elevar gradualmente la disponibilidad de recursos para los tres órdenes de gobierno y cumplir más cabalmente con las tareas que corresponden al Estado. Honorables miembros del Congreso: Estamos frente a una disyuntiva histórica, pese a las dificultades que presenta la economía mundial el país puede reiniciar una senda de crecimiento vigoroso. Para lograrlo una condición necesaria es la solidez de las finanzas públicas, pero el equilibrio presupuestario no es suficiente. Este Congreso ha trabajado intensa y responsablemente, así lo acreditan las numerosas leyes que ha tramitado, varias de ellas de enorme trascendencia para el devenir social y económico del país. Tengo la confianza de que las iniciativas de carácter tributario y presupuestario que ahora están bajo su consideración, también serán objeto de un estudio responsable y cuidadoso, inspirados siempre en el interés de nuestra nación, como lo serán también las propuestas del Ejecutivo, orientadas a promover directamente el crecimiento. Tales como las relacionadas con el sector energético y otras que se someterán a su consideración a partir del próximo periodo ordinario de sesiones. Como lo ha demostrado el trabajo de ambas Cámaras legislativas, se trata de un Congreso cuyos miembros, antes que su filiación partidista, antes de cualquier rigidez que pueda provenir de alguna ideología, ha privilegiado el interés de nuestro pueblo: su empleo, su salario, su salud y su educación. Tanto el Legislativo como el Ejecutivo estamos conscientes de que la prosperidad de millones de familias depende de nuestra cordura y responsabilidad. Muchas gracias y estoy a sus órdenes. (Aplausos) - LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Gracias, ciudadano Secretario. Se han inscrito para fijar la posición general de su partido o grupo parlamentario sobre los criterios generales de política económica, los siguientes ciudadanos diputados: El diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia Democrática. El diputado José Antonio Calderón Cardoso, de Alianza Social. El diputado Gustavo Riojas Santana, de la Sociedad Nacionalista. Dichos diputados intervendrán solamente por cinco minutos cada uno. El diputado José Narro Céspedes, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo. El diputado Bernardo de la Garza, por el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista. La diputada Rosalinda López Hernández, del grupo parlamentario del PRD. El diputado Jaime Salazar Silva, del grupo parlamentario de Acción Nacional, y El diputado Jorge Alejandro Chávez Presa, del grupo parlamentario del PRI. Quienes intervendrán hasta por quince minutos. Se concede el uso de la palabra, hasta por cinco minutos, al diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia Democrática. -