El diputado José Angelino Caamal Mena: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En nuestro país existen más de 15 millones de personas que se reconocen como indígenas y pertenecen a alguno de nuestros pueblos originarios. Las comunidades indígenas ocupan alrededor de la quinta parte del territorio nacional y en su gran mayoría sus pobladores sufren de discriminación en el orden económico, político, social y cultural, situación que vulnera sistemáticamente el ejercicio de sus derechos humanos fundamentales. En este contexto es oportuna la reforma al artículo 3o. de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en su fracción V, porque establecerá la igualdad entre hombres y mujeres y la inclusión de la perspectiva de género en las políticas, programas y acciones de la administración pública federal en la promoción del desarrollo de los pueblos indígenas. La presente reforma representa un primer paso, ya que es precisamente esta ley la que funciona como un mecanismo de vinculación entre las necesidades de los pueblos y las comunidades indígenas, pero también su relación directa con las políticas públicas en los ámbitos que les atañe, de manera directa. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas promueve como uno de sus principios básicos la inclusión de la perspectiva de género en los programas y acciones que ésta desarrolla, a fin de revertir la mayor desventaja y rezago que hoy viven las mujeres indígenas por su condición de género, clase y etnia. Sin embargo, este principio estaría incompleto si privilegia o margina a alguno de los géneros. De ahí la importancia de armonizar esta ley con nuestra Carta Magna, que en su artículo 4o. establece: “el varón y la mujer son iguales ante la ley”, por ende deben gozar del derecho al otorgamiento de cualquier beneficio que los ayude a mejorar su calidad de vida sin distinción alguna y con mayor razón tratándose de un sector de la población que se enfrenta a un factor de vulnerabilidad y de discriminación. En ese tenor es importante eliminar la desigualdad entre los géneros y sobre todo en la aplicación de las políticas públicas para hacer adecuadas leyes a las necesidades de la sociedad actual. La Organización de las Naciones Unidas ha promovido como uno de sus objetivos del milenio, la equidad entre hombres y mujeres, como parte fundamental para el progreso del desarrollo humano, por lo que como país tenemos la obligación de hacer de esto, una realidad tangible, no sólo como un imperativo moral, sino también como una manera comprobada de potencializar la prosperidad y el bienestar de todos. Por ello es importante garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres ante las leyes mexicanas, hacia el cumplimiento de la igualdad en los ámbitos público y privado. Sabemos que la mujer indígena ha tenido un papel muy importante en la lucha por sus derechos, sin embargo, no podemos hacer una distinción entre hombres y mujeres para el ejercicio de sus derechos fundamentales y más aún cuando la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas debe regir sus acciones en base a los principios con perspectiva de género, sin distingo alguno, ya que de esta manera abatimos la discriminación. Compañeras y compañeros legisladores, en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sumaremos nuestros a favor del presente dictamen, para que las políticas públicas se enfoquen a las problemáticas sociales que enfrentan los hombres y mujeres indígenas, como un elemento indispensable para combatir la desigualdad y sobre todo promover la paridad de género y ejercer el principio de igualdad entre el hombre y la mujer como parte del reconocimiento de los derechos humanos fundamentales. Es cuanto, diputado presidente y gracias por su atención.