La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Primero debo reconocer el esfuerzo que se hizo por los integrantes de la Comisión de Justicia y en especial a su presidente, por escuchar a todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados. El terrorismo es una práctica antigua en el terreno de los conflictos, se refiere a los actos de violencia que más allá de los resultados concretos que padece el enemigo, suministra terror en la sociedad. México pertenece a dos grandes organizaciones: Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo, y el Comité Interamericano contra el Terrorismo, que tienen como propósito principal promover y desarrollar la cooperación entre los Estados miembros para prevenir, combatir y eliminar el terrorismo. Es difícil dar cuerpo a una visión única de terrorismo por dos factores principalmente. El primero de ellos es que en nuestro afán de abarcar todas las causalidades se termine sobredimensionando conductas delictivas que no son constitutivas de terrorismo, y en segundo término, por la dificultad para discernir a nivel internacional las luchas legítimas por la liberación de los pueblos, es decir, la criminalización de la protesta social porque ¿quién califica la conducta terrorista? La iniciativa propuso penas más severas para el terrorismo, pero en nuestro país la aplicación de penas privativas de la libertad más severas no han significado una disminución en los delitos. El sistema penal ordinario no ofrece justicia a las víctimas de crímenes violentos y violaciones de derechos humanos. Esta deficiencia responde a diversas causas como corrupción, capacitación y recursos insuficientes y prácticas de policías abusivas sin ningún tipo de rendición de cuentas. Raúl Plascencia, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sostiene que sólo 8 de cada 100 delitos que se cometen en México son denunciados y 99 por ciento de ellos quedan impunes. A la delincuencia organizada que azota a México se suma la poca eficiencia de las fuerzas policiales en la procuración de justicia. Antes de buscar penas más extensas, habría que pugnar por la aplicación real de la justicia y eficacia de las instancias de investigación. En el caso de México la práctica del terrorismo queda tipificada en el artículo 139 del Código Penal Federal. Con la reforma penal propuesta, vemos los siguientes riesgos: se amplían los actos susceptibles de relacionarse con un acto terrorista y se considera delito grave. Por lo tanto existen más vías por las que se pueda practicar una detención preprocesal como es el arraigo, sin los elementos de prueba ni orden de aprehensión. Mientras no se haga realidad la presunción de inocencia y el sistema acusatorio, cualquier aumento al catálogo de delitos graves incentiva la fabricación de pruebas y la tortura para la autoincriminación. Incluir los actos de terrorismo que se pretenden cometer, es una puerta abierta para encarcelamientos selectivos y juicios sin elementos firmes cuando no hay plena presunción de inocencia ni debido proceso. El nuevo tipo penal de financiamiento al terrorismo sería inútil para prevenirlo si se considera la tipificación de lavado de dinero por la delincuencia organizada; no han aumentado las sanciones sobre este delito. Quiero hacer un comentario en este aspecto: en el dictamen que ustedes tienen se hablaba y se pone en la exposición de motivos que las manifestaciones no serán parte o considerarse como terrorismo. Sin embargo el día de hoy reconozco que al dictamen se le quitó una propuesta esencial y se las voy a leer textualmente: Las manifestaciones que realicen grupos de personas en ejercicio de sus derechos humanos y constitucionales, sin intención u objetivo de atentar contra bienes jurídicos de personas, tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda, no se considerarán terrorismo. Esto ya no viene en el dictamen. Lo que realmente necesitamos son políticas sociales que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Políticas educativas y empleos bien remunerados lograrán que jóvenes y adultos se mantengan apartados de este tipo de prácticas. El terrorismo en México es una práctica que afortunadamente no está vigente en nuestra sociedad, en comparación con otros países de Europa y el Medio Oriente. En Movimiento Ciudadano nos queda claro que la violencia no puede combatirse con más violencia, por lo que exhortamos a la secretarías de Estado a que lleven a cabo programas sociales y culturales necesarios a fin de mejorar las condiciones de trabajo de millones de mexicanos y abrir espacios suficientes a los jóvenes que quieran cursar una carrera en el sistema educativo mexicano. Justicia social es lo que necesitamos en México. El voto de Movimiento Ciudadano será en contra. Muchas gracias.