LA C. DIP. PETRA SANTOS ORTIZ: Buenas tardes compañeras y compañeros. En México seguimos observando que la lucha por la justicia y los derechos de los mexicanos continúa siendo una constante en nuestros tiempos; el Estado, como garante de los derechos de los gobernados no ha terminado de conformarse como una institución que de certidumbre al actuar de los ciudadanos. La persecución de activistas políticos por parte de las autoridades es un elemento que abona a la falta de condiciones para ejercer el derecho a la justicia y es el antecedente inmediato de la impunidad. Tenemos en nuestra historia un largo historial de luchas políticas que generalmente las vemos representadas entre los más poderosos frentes a los que tienen menos capacidad para responder a las acciones agresivas en su contra. El caso que expongo es de tres personas que han visto violentados sus derechos humanos simplemente porque han exigido justicia al derecho de información y de restitución de tierra. Desde el 92, a raíz de la reforma del artículo 27 que permite al sector privado participar en la compra de terrenos ejidales, se registró en el Estado de Sonora que campesinos de los ejidos de Mascareño, de Nogales, Los picos, de Aguaprieta, Bajío de Guadalupe, San Lázaro, San Pedro, Zaragoza, Cuauhtémoc, entre otros, que colindan con la frontera con Estados Unidos fueron despojados de sus tierras con engaños. Esto motivó que los campesinos protestaran y desde hace cinco años se organizaron para que les sean devueltas sus tierras. A partir del 94, los campesinos de los ejidos mencionados han registrado serias arbitrariedades del despojo que ha sido el principal, porque los han dejado sin sus tierras, los cuales fueron otorgados por decreto presidencial, tierras que no se pueden vender ni traspasar o ceder, solamente se pueden ceder en caso de ser ejidatario, hijo de ejidatario, o avecindado, poseedor de tierras en el mismo ejido y que haya vivido durante un año. Las personas que ahora disfrutan de la posesión de terrenos ejidales nunca han radicado en el núcleo de población ejidal; son personas que recientemente han llegado a los mismos. La venta de los terrenos se realizó con la complicidad de algunas autoridades. Los ejidatarios sonorenses han estado denunciando que los terrenos ejidales han sido utilizados de manera distinta a como deberían. La lucha por la tierra es constante en la historia de México, sin embargo ahora adquiere características nuevas por la cercanía que tiene con los Estados Unidos. Los ejidatarios presos son Cosme Sandoval López, Pablo César Sandoval Vázquez, quienes se encuentran encarcelados desde el lunes 2 de diciembre del 2000 y que han estado incluso afectando su salud, y sus hermana perseguida Claudia Sandoval Vázquez, solicitó a la Cruz Roja de Tucson, enviara una comisión para que vea el estado de salud de los presos. Los tres delitos por los que se les imputa una pena, carecen de legitimidad porque el robo del automóvil no está ya que en una manifestación de los ejidatarios, estos impidieron el paso de los nuevos propietarios, más no los robaron. La acusación de asociación delictuosa no tiene el suficiente peso porque los ejidatarios se constituyeron en una liga llamada "Estatal de Solidaridad Campesina", que es la representante de los campesinos que reclaman sus tierras. Actualmente Claudia Sandoval Vázquez y Luis Quiroga Jiménez, otro de los perseguidos por las autoridades por los delitos ya señalados, se encuentra fuera del país porque temen por sus vidas al denunciar los turbios intereses que existen en la venta de terrenos ejidales en el norte de Sonora; incluso Claudia Sandoval tiene un amparo interpuesto en contra de la orden de aprehensión en su contra. Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta soberanía los siguientes puntos de acuerdo: Primero.- Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión investigue por conducto de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el caso expuesto de los presos políticos en el municipio de Cananea. Segundo.- Que la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicite a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República, investigue el caso de estos presos políticos por causa de disputas de tierra en los ejidos ya mencionados, ubicados en el municipio de Cananea, Estado de Sonora. Muchas gracias. Es cuanto señor Presidente. -