El diputado Javier Orozco Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea. Para hacer un análisis del VI Informe de Gobierno en lo referente a la materia de política interior, es necesario que tengamos presente, en primer término, cuál es el alcance, significado, pero que debemos de entender por este eje de política interior. Si somos rigurosos debemos tener presente que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que a la Secretaría de Gobernación le compete conducir la política interior que le corresponde al Ejecutivo federal y no se atribuye expresamente a otra dependencia. Es así que la mayoría de las tareas de política y gobierno interior son competencia de esta Secretaría. Sin embargo, pueden participar de esta materia otras dependencias que buscan cumplir con uno o varios de los objetivos de la política interna. En ese sentido, los rubros que integran esta política interna deben de ser el estado de derecho, la procuración e impartición de justicia, combate a la corrupción, crimen organizado, derechos humanos, seguridad nacional y seguridad pública. Es así que las acciones de la política interior desarrolladas por el Ejecutivo federal y sus auxiliares deberían de crear condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad en un entorno favorable y garantista. Por lo tanto, el análisis de la política interna incluye las siguientes dependencias: Gobernación, Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, Función Pública, Procuraduría General de la República y la Consejería Jurídica. Desde otro ámbito, la política interior de una nación de manera directa o indirecta debe consistir en salvaguardar y fortalecer la paz social. En el país hay una gran diferencia entre la agenda del presidente en funciones y la gravedad de los problemas que estamos enfrentando; pobreza, inseguridad y desempleo por citar algunos de ellos. La sociedad se siente aislada, no encuentra canales de participación por las vías legales, y por desgracia se empiezan a generar movimientos, formas de presión o bien a establecer cacicazgos o cotos de poder en ciertas regiones del país. Este tipo de poderes son los que están dominando las regiones, no de manera concertada sino por la vía violenta e ilegal, y es cuando nos preguntamos ¿a dónde está el gobierno, de qué manera podemos contar con estabilidad y una gobernabilidad democrática? Pasando al análisis brevemente de los puntos que comprende la política interior de este VI Informe de Gobierno, tenemos que en el rubro de estado de derecho se enfatizan las cualidades de la llamada estrategia nacional de seguridad, la cual, según se dice, tiene por objetivo la contención y debilitamiento de las organizaciones criminales; el fortalecimiento, depuración y reconstrucción de las instituciones de seguridad y justicia, así como en la reconstrucción del tejido social y prevención del delito. Dentro del informe de las acciones de esta estrategia se señalan una gran cantidad de cifras que sustentan las acciones que ha realizado este gobierno, además de un intercambio de información, profesionalización del servicio policial; el aumento de sus elementos; acciones de las fuerzas armadas y demás datos, más no se presentan resultados tangibles. Hay que reconocer que existen buenas intenciones respecto al desarrollo de una estrategia para combatir la delincuencia, pero éstas no bastan para una acción de gobierno, se requiere más que una buena voluntad. De qué sirve que, como lo señala el propio informe de gobierno, esta administración ha destinado recursos sin precedentes a las funciones de procuración e impartición de justicia, seguridad pública y nacional, con un incremento del 59 por ciento, si de acuerdo al índice de competitividad del Foro Económico Mundial el estado de derecho en México tiene el peor desempeño al ocupar el lugar 134 de 142 países. En materia de procuración e impartición de justicia se señala que se dan datos numéricos y estadísticos que pretenden dar a notar un sistema penal que avanza y funciona. En el más reciente informe, por ejemplo del índice de bienestar de la OCDE, México se coloca en el país con mayor inseguridad, igualmente se señala que la tasa de homicidios ha aumentado de 7 por ciento en 2002, al 19 por ciento al 2012. Somos, junto con Brasil, el país con mayor número de homicidios. En materia de seguridad nacional, en este tema el informe presidencial señala que el gobierno, por encima de cualquier interés tiene el de garantizar la seguridad nacional, para lo cual señala, se apoya de las fuerzas armadas, cuya plantilla es de 263 mil 930 elementos, de los cuales el 79 por ciento son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y el 20 por ciento de la Secretaría de Marina Armada de México. Sus actividades son principalmente realizar patrullajes y establecer puestos militares de seguridad, participar en la ejecución de órdenes de presentación, aprehensión y cateo de apoyo, con las autoridades ministeriales, así como auxiliar a la población civil en situaciones de flagrancia o en casos de denuncia. Todo lo anterior, como ya lo he dicho en otras ocasiones, se debería de reflejar en la seguridad que todos sentimos al visitar la república, o simplemente al salir a la calle. Sin embargo, esos gastos exorbitantes no dan los resultados que los mexicanos merecemos y necesitamos para los días por venir. Para la fracción del Partido Verde Ecologista de México es muy importante que uno de los objetivos de la política interna mexicana, deba de equipara la agenda nacional a la gravedad de los problemas que estamos enfrentando, tales como la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, el desempleo, la educación, la salud, la vivienda, entre otros, a través de los instrumentos políticos legales, administrativos y de coordinación, que con base en situaciones ciertas generen expectativas reales y de bienestar. El nuevo gobierno que ha de entrar en funciones en próximas fechas, debe de ser apoyado por todos los actores que conformamos el escenario nacional. Tenemos que hacernos responsables de nuestro presente y proyectar un mejor futuro, lo cual podremos hacer siempre y cuando tengamos las herramientas necesarias, ya no se trata de partidos políticos o de preferencias electorales. Se trata de rescatar nuestro país de un estatus de miedo, de desigualdad y de falta de oportunidades. Ello, lo lograremos a través del impulso de legislación asertiva y eficiente, de una dirección de una política económica eficaz e integral, y de una dirección de los cuerpos de fuerza de seguridad fundamentada y motivada en un plan preciso y de cara a los retos, que en toda la república se nos presentan. No se trata solamente de criticar al gobierno saliente, pues aunque obtuvo logros durante su gestión, éstos por desgracia se vieron opacados por una esfera de miedo e incertidumbre, en la que muchos mexicanos viven. Generemos juntos, con los otros dos Poderes de la Unión, mejores mecanismos para lograr nuevos y mejores resultados. Algunos de los principales retos de la política interior de México son recuperar la confianza en las instituciones y en los servidores públicos, acabar con la subcultura de la corrupción y de la impunidad, desarrollar sistemas de inteligencia, implementar mecanismos más eficaces y eficientes de protección a los derechos humanos de las víctimas de la delincuencia, también en específico para los periodistas. Procurar estrategias que den resultados día a día de las personas, a través de la reducción de la violencia, crímenes y el mejoramiento del nivel y calidad de vida, no solamente la generación de estadísticas y el desgaste de nuestras fuerzas armadas. Incentivar y generar el diálogo entre los Poderes de la Unión, a fin de obtener logros coordinados. El diseño de la política interior de un país, debe cumplir con el propósito fundamental de propiciar un entorno favorable, no sólo para el desarrollo político –que nos quede claro–, sino también para el crecimiento económico con calidad y para el desarrollo social y humano de nuestra población. Y lo más importante, que toda política interior debe contener acciones que creen las condiciones favorables para que los actores políticos, económicos y sociales desplieguen su actividad. En síntesis. Una política interna incluyente, que además de obtener la aceptación social de su población, sea palpable en el desarrollo de su vida, en el entorno de la estabilidad y paz social que requiere este país. Es cuanto.