EL C. DIPUTADO CESAR ALEJANDRO MONRAZ SUSTAITA (PAN): Con su permiso, ciudadana Presidenta. Señoras Legisladoras y Legisladores: "Vengo ante ustedes a presentar la siguiente iniciativa de decreto que adiciona una fracción X al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, con el propósito de prohibir a las instituciones bancarias y financieras el cobro de una comisión a los contribuyentes que hagan uso de sus portales o páginas electrónicas con el propósito de pagar sus impuestos federales que les corresponden. "El suscrito, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito, bajo la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s "En México como en todo el mundo, la sociedad exige de sus gobernantes la cabal y oportuna atención a sus demandas. El Estado, sabedor de la responsabilidad que ello implica, instrumenta distintas políticas para estos fines. Sin embargo, son limitados los recursos y casi infinitas las necesidades, razón por la que es necesario que se imponga a los ciudadanos el pago de tributos y contribuciones fiscales. "En nuestro país el tema de los impuestos y la forma en que éstos deben pagarse son temas sumamente relevantes. En ese sentido y con el propósito tanto de simplificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes, como el modernizar el pago de las contribuciones federales, el Servicio de Administración Tributaria creó un nuevo esquema de pagos electrónicos a través de la ventanilla bancaria en Internet. De esta forma, a partir del mes pasado, agosto, los pagos provisionales o definitivos de impuestos federales, así como los correspondientes a las retenciones al mes de julio del 2002 y subsecuentes, deberán presentarse por ventanilla bancaria, utilizando una tarjeta tributaria a través del portal de un banco vía Internet. "Este nuevo sistema, al permitir que los pagos de las contribuciones federales puedan realizarse a través de la transmisión electrónica de datos, evitará que se cometan errores en la captura del nombre, del Registro Federal de Contribuyentes, además de que eliminará el llenado de los formatos fiscales que tradicionalmente se venían utilizando. "Para este nuevo esquema de pagos electrónicos existen dos modalidades. La primera es para personas físicas de menores ingresos, cuyos pagos se harán de una ventanilla bancaria por medio de una tarjeta tributaria. La segunda es para los contribuyentes con una mayor capacidad contributiva, las cuales realizarán sus pagos vía Internet. "Vale la pena señalar que los contribuyentes de menores ingresos también podrán optar por realizar sus pagos a través de Internet. El sustento legal de este nuevo esquema para el pago de impuestos se encuentra fundamentado en los artículos 20 séptimo párrafo y 31 del segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; en estos artículos se establece que los contribuyentes obligados a presentar pagos provisionales mensuales, deberán presentar dichos pagos mediante transferencia electrónica, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida el Servicio de Administración Tributaria. "Es entonces y queda claro que el Sistema de Administración Tributaria está facultado para expedir los requisitos y procedimientos que deberán seguir los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales. "Ahora bien, si ha quedado claro este primer punto referente a la facultad de la autoridad fiscal para hacer obligatorio el uso de transferencias electrónicas para el pago de impuestos, prevalece un vacío vinculado a la operación práctica del esquema. "Actualmente no existe regulación alguna sobre las comisiones que deberán pagar los contribuyentes por hacer uso del portal o de la página electrónica de un banco, a fin de pagar sus contribuciones fiscales. Hoy en día únicamente es posible realizar el pago de impuestos por Internet a través de los portales de bancos autorizados, así quienes deban o desean cubrir sus obligaciones fiscales por este medio, se ven forzados a abrir o tener una cuenta bancaria y cubrir una comisión, la cual genera al contribuyente una obligación y posiblemente un costo adicional. "Caso contrario ocurre cuando un ciudadano acude a una institución bancaria con el objeto específico de solicitar sus servicios y firma para ello un contrato en el que se establece la voluntad de ambas partes. Bajo este entendido el ciudadano acepta las cláusulas y condiciones del banco, así como las comisiones para el uso de los servicios bancarios que dicha institución ofrece. "En el caso específico que nos ocupa, el del pago de las contribuciones federales, el contribuyente nunca estableció ni mucho menos aceptó mediante ningún tipo de acuerdo, el pago de una comisión para el uso de los servicios electrónicos que ofrece una institución bancaria a través de su página de Internet, para el pago de impuestos. "Es entonces necesario diferenciar entre las operaciones que realiza un cuentahabiente con objeto de administrar sus recursos y realizar sus transacciones cotidianas, de las que realiza un contribuyente para pagar las obligaciones fiscales que le correspondan. "Si bien los legisladores de Acción Nacional reconocemos la importancia que tiene el que los contribuyentes cumplan debidamente con sus obligaciones fiscales, pues de ello depende que el Estado pueda o no cumplir cabalmente con la función que la sociedad le ha encomendado, consideramos injusto que un contribuyente tenga que erogar una cantidad adicional, entendida la comisión pagada al banco, por el hecho de cumplir debidamente sus obligaciones fiscales y así contribuir al gasto público nacional. "Es así que presento ante esta honorable asamblea, una iniciativa que se encamina a prohibir a las instituciones financieras el cobro de una comisión a los contribuyentes que hagan uso de los portales o páginas electrónicas, con el propósito de pagar los impuestos federales que le corresponden, ello no sólo evitará que los contribuyentes que hoy cumplen con sus obligaciones fiscales y contribuyen al gasto público federal, paguen comisiones que no le corresponde sino que además incentivará el pago de contribuciones federales a través de medios electrónicos, lo que facilitará sensiblemente la labor fiscalizadora del Servicio de Administración Tributaria. Por las consideraciones anteriormente expuestas, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Decreto. ARTICULO UNICO Se adiciona una Fracción X al Artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito para quedar como sigue: ARTICULO 106.- a las instituciones de crédito les estará prohibido: Fracción X: cobrar o realizar cargos por cualquier concepto a los contribuyentes que hagan uso del servicio de banca electrónica en dichas instituciones con el propósito de pagar , enterar, declarar y a dar avisos a través de este medio a la autoridad fiscal correspondiente. TRANSITORIO. UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias. (aplausos) -LA C. PRESIDENTA. Gracias señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. La siguiente Iniciativa agendada por el Diputado Marcos Pérez Esquer del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a petición suya se pospone para próxima reunión. Tiene la palabra el Diputado José de Jesús López Sandoval, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una Iniciativa que Reforma el Párrafo 8º. Del Artículo 94º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -EL C. DIPUTADO JOSE DE JESUS LOPEZ SANDOVAL. Con el permiso de la Presidencia, compañeros Legisladores. El suscrito, Diputado Federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en la Fracción II del Artículo 71 y Fracción XXX del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los Artículos 55 Fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, someto a la consideración del honorable Congreso por conducto de esta H Cámara de diputados, la Iniciativa de Reforma al 8º párrafo del Artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que acompaña para los efectos del Artículo 135 Constitucional y que tiene como finalidad hacer oficiosa la obligación de la revisión, observancia y aplicación de la Jurisprudencia en los asuntos que lleva en los Tribunales sobre la interpretación de la Constitución, Leyes y Reglamentos Federales o Locales y Tratados Internacionales. Hago entrega en este momento al personal de la Cámara de Diputados, la cual solicito se inserte en forma íntegra en el Diario de los Debates y anexo copia para cotejo. En otras palabras, el objetivo que se persigue con la reforma al artículo constitucional mencionado, es que los Tribunales tengan la obligación desde la Ley Fundamental de actualizarse en cuanto a los criterios jurisprudenciales que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, esto para que las controversias de las que conozcan se apliquen de oficio, lo establecido en aquellas independientemente de que las partes las invoquen o no. La Jurisprudencia es considerada por la doctrina como las interpretaciones y consideraciones jurídicas interpretativas uniformes que hacen una autoridad judicial designada para tal efecto por la Ley, respecto de uno o varios puntos de Derecho especiales y determinados que surgen de cinco casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia de que dichas consideraciones e interpretaciones son obligatorias para los inferiores jerárquicos de las mencionadas autoridades que expresamente señala la Ley. La importancia y trascendencia que tiene la función jurisprudencial que despliega en los tribunales, consiste en que no solo se interpreta la norma jurídica objetiva con el objetivo imprescindible de la ciencia del derecho y demás disciplinas culturales, sino que integran el orden jurídico, positivo, mediante la elaboración de reglas generales, normas abstractas e impersonales. Al analizar cada caso en sus modalidades específicas y al enfocarlo desde el ángulo de la legislación, los órganos judiciales del Estado dictan la sentencia que dirime el conflicto o la controversia que se ha suscitado en el caso examinado. Para llegar a este resultado, los tribunales tienen el deber inexcusable de interpretar la ley, o sea de extraer su sentido mediante la utilización de una metodología determinada para proyectar el sentido que establezca al caso concreto pero puede suceder y eso acontece con cierta frecuencia en la realidad, que la ley sea omisa en el tratamiento normativo de las cuestiones que el legislador no previó pero que plantea la vida del derecho que es esencialmente dinámica como diría Kelsen- y está en perenne evolución de transformación. Ante cualquier omisión o imprevisión de la ley, los tribunales deben integrarla; integración que ya implica la creación o construcción del derecho. Junto con el párrafo octavo, los artículos 192 a 197 de la Ley y el 177 y el 179 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, regulan la jurisprudencia y reconocen como materia de ella la interpretación de la ley, le atribuyen de manera expresa la característica de obligatoriedad y exigen que los criterios que la integran sean firmes y reiterados. La exigencia de reiteración no es otra cosa que la ratificación del criterio de interpretación de la norma que debe ser sustentado en cinco ejecutorias ininterrumpidas por otra en contrario, según corresponda a la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno o en salas, o a los Tribunales Colegiados de Circuito en forma que al producirse esa reiteración concordante se crea una presunción de mayor acierto y surge en consecuencia la imperatividad de la jurisprudencia. La doctrina en términos generales, acepta que la jurisprudencia es fuente del derecho y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha reconocido ese carácter al considerar que la jurisprudencia emerge de la fuente viva que implica el análisis reiterado de las disposiciones legales vigentes en función de su aplicación a los casos concretos analizados y precisamente de que es fuente del derecho, dimana su obligatoriedad. Es común observar en la práctica cómo las partes se ven perjudicadas en sus derechos por la falta de invocación de jurisprudencias en las actuaciones que realizan frente a los tribunales o por la equivocación que en aquellas se citan, a veces por la deficiente representación con la que cuentan y otras por el simple error es que no se ven satisfechas sus pretensiones. Ahora bien el texto actual del párrafo octavo del artículo 94 constitucional establece que la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial de la Federación sean obligatorias en términos que fije la ley, sin embargo estos últimos no son claros, abriendo huecos en la ley y representando incertidumbre para las partes ya que si bien saben que los criterios que se citen, si son aplicables obligarán al tribunal pero sin certeza de que sucederá por el caso de que se cita hayan hecho en forma incorrecta, en forma tal que no sea aplicable al asunto en concreto o que no hubiere citado un criterio jurisprudencial que les hubiera permitido crear una buena convicción sobre el asunto de derecho controvertido. Lo anterior anima a que el texto constitucional, que se incluyan las condiciones de obligatoriedad que tendrá la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación con la finalidad de hacerlas explícitas y dar certidumbre a las partes en controversia. La jurisprudencia debe cumplir con la función de norma general individualizada, es decir, en la concreción del sistema jurídico a la realidad señalando la forma y el sentido en que deben de entender los distintos aspectos jurídicos que se controviertan en los hechos y que no encuentren una solución explícita en la ley. La jurisprudencia únicamente tiene que ver con cuestiones puramente de derecho y su invocación en los juicios es de principal importancia para hacer que el derecho prevalezca. En tal sentido el juicio de amparo es un procedimiento de derecho, o sea, lo que importa es que el derecho y el sistema de derecho se aplique. Dicho lo anterior es que debe asumir una instrumentación en la ley fundamental. La manera en que los tribunales deberán acatar la jurisprudencia como obligatoria y oficiosa, asegurando que el derecho prevalezca y que en forma se haya estudiado, se pueda estudiar. Esto es, haciendo los órganos jurisprudenciales- jurisdiccionales tengan la obligación de actualizar sus conocimientos en cuanto a los criterios que vayan surgiendo en la vida del derecho, para que en los casos concretos de que conozcan citen de oficio a aquellos que sirvan para decidir la controversia, independientemente de que si las partes los hayan citado o no y de que afecten a una u otra en su procedimiento. Como ha quedado establecido en las líneas anteriores, lo relevante es la norma y que ésta se aplique con base a derecho. Muchas gracias, diputada Presidente.