El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: Con su venia, presidenta. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a consideración de esta asamblea la presente moción suspensiva a la discusión del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las Leyes del Seguro Social y de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, al tenor de las siguientes consideraciones. El dictamen presentado por la Comisión de Hacienda y Crédito Público faltó a diversas obligaciones que tienen las comisiones, como la entrega de la versión final del dictamen con cinco días de anticipación a la reunión en que se discuta y se vote, como dice el artículo 177 de nuestro Reglamento. Es un dictamen ilegal e impreciso, porque incumple las disposiciones contenidas en el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que determina con claridad que las comisiones del Congreso de la Unión, al elaborar los dictámenes respectivos, realizarán una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto. Esto con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas. Esta falta no es menor. Son datos que deberían ser determinantes en el proceso de discusión y votación al que estamos convocados. Es preciso señalar que sin estos datos estamos diciendo a ciegas, comprometiendo el gasto público en el corto, mediano y largo plazos, solo con la finalidad de integrar medidas electoreras, que son la parte medular de esta reforma. El dictamen no establece metas, costos ni compromisos que sustenten las medidas prescritas. El costo fiscal no está en el dictamen ni en la valoración que debió hacer Hacienda al entregar la iniciativa del Ejecutivo, ni en la mañanera en que se anunció. Tampoco hay partidas específicas destinadas a este fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año. Es irresponsable embarcar al país en un escenario que puede resultar catastrófico para las finanzas públicas. Medidas como la reducción de las semanas de cotización y, por lo tanto, la ampliación de los beneficiarios de las pensiones de cesantía en edad avanzada y vejez no están cuantificadas. Al reducir los requisitos para acceder a una pensión garantizada, tampoco se determina cuál será el costo final del nuevo régimen financiero que modifica la cuota social del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Tampoco hay una estimación ni recursos destinados a mejorar la fiscalización del pago de las cuotas obrero-patronales para hacer valer los aumentos graduales que se están poniendo ante el escenario de que el aumento genere un efecto adverso para registrar los trabajadores por debajo de sus salarios reales y subdeclarar cuotas. Nuestro grupo parlamentario considera que, bajo estas dudas, es insostenible ofrecer promesas electoreras que después tengan un costo que puede ser fatal para nuestras frágiles finanzas públicas. No es rescatando el modelo fallido de las Afores como vamos a darle vialidad a la seguridad social que el país necesita. No es pateando el bote con más reformas neoliberales como esta, como vamos a dar certeza y bienestar a los trabajadores, los pensionados y sus beneficiarios. Es cuanto, diputada presidenta.