El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. Durante el transcurso de los últimos años, la realidad social le hizo ver a los cuerpos legislativos la necesidad de asumir medidas para efecto de que las normas jurídicas cumplieran la finalidad para la cual fueron impuestas. En concreto nos encontrábamos en el año 2008 y el contexto debía o daba a conocer, derivado de la pululación del narcotráfico que permeaba las capas sociales y de la violencia severa en las calles, la imposibilidad de incumplir plenamente con la finalidad del Estado en materia de seguridad pública, readaptar y justicia pronta y expedita. Ante tal circunstancia las personas, quienes ejercían las competencias del órgano reformador de la Constitución, llevaron al cabo la transformación en la materia de justicia procesal penal. De este modo se propuso transformar el sistema procedimental penal mexicano de inquisitivo a acusatorio adversarial. Además, se estableció la oralidad como medio para asegurar la agilidad en la solución de los asuntos. El juez inquisitivo, cuyas funciones eran las de investigar y enjuiciar, tenía que confirmar en primer lugar la comisión del delito en su manifestación externa para posteriormente dirigirse a la penalidad que debía de recibir el actor del hecho. En este sentido la autoría de la comisión se resolvía primordialmente al través de la confesión del reo y de pruebas que adminiculaban la culpabilidad plena. Como ejemplo, la constatación de dos testigos que hicieran la misma culpabilidad. Lo anterior generaba una serie de problemas que en los hechos hacían lentos los procesos y no podía asegurarse una justa imposición de penas, sea para resarcir en su paz social a la víctima o, bien, readaptar al sujeto activo. Ahora con el nuevo sistema acusatorio se separaban las fases de instrucción y enjuiciamiento, y por ello el juez encargado de juzgar ya no se ocupará de la investigación del delito y del autor, sino que esa función está encomendada a un juez instructor, quien deberá definir al autor del delito. Así, de deja al juez de sentencia o de sanción la labor de subsunción de los hechos acusados en el tipo penal. El juez inquisitivo debe encontrar al autor de los hechos. El juez de sentencia acusatorio recibe al acusado ya identificado. De esta manera se asegura a favor de los derechos fundamentales y de las personas en general la presunción de inocencia, pues desde el inicio del procedimiento ya se tiene identificado a quien o quienes fueron los autores del mismo, así como su correspondiente grado de participación en los hechos objeto del análisis. En este orden de ideas es fácil concluir que todos los actores procesales y encargados del aparato jurisdiccional, tienen en el presente un reto mayúsculo: la implementación del nuevo sistema de justicia penal, en lo que se espera sea la eficiente impartición de justicia, una deuda añeja de la sociedad mexicana, buscando así no sólo la seguridad jurídica, sino también la pronta resolución. Por ello es conveniente que todo el aparato normativo esté perfectamente coherente, entendiendo por éste la palabra, no sólo la concordancia en lo sustantivo sino también en lo adjetivo, es decir que los tiempos procesales de aplicación normativa estén sincronizados. Siendo estas razones las procedentes para apoyar e implementar la propuesta de modificación que hoy está a discusión sobre el artículo primero transitorio del decreto publicado el 27 de diciembre del año 2012, que impactó en diversas leyes penales, entre ellas la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, la cual se direcciona en un contexto eminentemente acusatorio. En este sentido estamos frente al problema de la entrada en vigor de un sistema penal que se incompatibiliza con la entrada en vigor de leyes federales y locales. En consecuencia con la modificación propuesta, la Ley Federal de Justicia para Adolescentes y en las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y la Ley Federal de la Defensoría Pública, iniciarán una vez que haya finalizado el proceso de entrada en vigor en la Federación, las entidades federativas y el Distrito Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los términos que hace referencia el artículo segundo transitorio del decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del año 2014, sin exceder del 18 de junio del año 2016. Recordemos que los artículos transitorios implican la vocatio legis de toda norma, elemento de la mayor relevancia para una adecuada implementación de justicia. Por todo lo anterior la bancada del Partido Verde Ecologista en esta Cámara de Diputados, emitirá su voto favorable en este dictamen. Es cuanto, señor presidente.