La diputada Miriam Cárdenas Cantú: Muy buenos días. Con el permiso de la Mesa Directiva. Señoras diputadas y señores diputados: hoy acudo ante ustedes para dar cuenta del dictamen que la Comisión de Derechos Humanos ha tenido a bien aprobar y que recae a la iniciativa que la suscrita dirigió a esta soberanía con el propósito de desarrollar en la ley secundaria uno de los mandatos constitucionales que la reforma del 10 de junio de 2011, instruyó. El Grupo Parlamentario al que pertenezco, el Revolucionario Institucional, está convencido de que debe existir el ánimo de contribuir, desde el ámbito legislativo, al fortalecimiento del organismo defensor de los derechos humanos en el país. Nuestro sistema jurídico nacional, a partir de la reforma constitucional de 2011, coloca el respeto a la dignidad de la persona como eje y centro del que parten y al que deben confluir todas las decisiones del Estado. Define además un marco jurídico interpretativo para la protección y defensa de los derechos humanos. Entre las importantes reformas realizadas se encuentran aquellas por las cuales se otorgó a la CNDH la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos, así como las medidas tendientes al fortalecimiento de las recomendaciones que emita. En este contexto, la renovación del marco constitucional de la Comisión hizo necesaria la adecuación de las normas secundarias que regulan su actuación, a fin de determinar las bases a partir de las cuales podrá operar sus nuevas atribuciones. Respecto de la facultad de investigación, ésta estaba atribuida desde el texto original de la Constitución de 1917 al más alto tribunal del país, y al decir del maestro Jorge Carpizo, la supresión de la facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar las violaciones graves a las garantías individuales, se decidió trasladar a otro organismo y el legislador en ese momento no encontró otro mejor que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es conveniente señalar que si bien esa facultad debe ejercerse por regla general en los casos en que se inste por los órganos legitimados, existe un margen de decisión que corresponde al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien deberá motivar, en su caso, las razones por las cuales determina procedente o improcedente el ejercicio de dicha facultad. Ahora bien, por lo que se refiere a la regulación del procedimiento que debe regir la atribución de investigación, se reafirma en el dictamen que se aplicarán las reglas generales que en la ley en vigor y en el reglamento de la CNDH se prevén actualmente. En lo que respecta a cuestiones específicas, éstas son reguladas en el decreto que se presenta a consideración de esta asamblea y se precisa la obligación que las autoridades tendrán de enviar toda la información que la comisión les requiera durante una investigación, aún la que tenga el carácter de reservada o confidencial. En contrapartida, se prevé la obligación de los servidores de la Comisión Nacional, de tratarla bajo la más estricta confidencialidad. Todo lo anterior se contempla al adicionar a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos un nuevo título, el cual, de acuerdo con la estructura de la ley en vigor, le correspondería ser el número séptimo. También dentro del cuerpo del decreto se prevé la facultad del presidente de la comisión para citar a cualquier servidor público, cuya presencia sea necesaria para esclarecer los hechos que originaron la investigación. Asimismo, se establece que uno de los resultados de la facultad de investigación podrá ser la solicitud del incoamiento de juicio político contra el servidor público responsable, porque la demostración de una violación grave a los derechos humanos exige que se finquen responsabilidades políticas. Respecto al segundo rubro que toca esta iniciativa y que tiene que ver con regular lo referente a la comparecencia de funcionarios ante el Senado cuando no acepten o no cumplan las recomendaciones o resulten responsables de violaciones graves, el decreto propuesto plantea definir las reglas a que se sujetará dicha comparecencia, así como las sanciones administrativas que podrán resultar en caso de que la negativa de aceptar la recomendación sea reiterativa. Esta propuesta viene a desarrollar una reciente reforma a la ley secundaria, en la que se prevé precisamente el procedimiento ante la omisión reiterada de las recomendaciones de la CNDH por parte de una autoridad. Si bien, las recomendaciones no son vinculatorias per se, queda claro que el proceso previsto en el artículo 102, Apartado B, de la Constitución federal, no puede tomarse a la ligera. Éstos son, señoras y señores legisladores, los puntos torales contenidos en el dictamen que hoy se presenta a su consideración y mi grupo parlamentario avala, porque hoy tenemos la oportunidad de dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de un renovado marco jurídico que propicie mayor efectividad a sus tareas. Es cuanto. Gracias por su atención.