El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Presidenta, voy a dejar aquí en la Secretaría la iniciativa con proyecto de ley completa, para que sea tan amable de instruir sea plasmada directamente y en su totalidad en el Diario de los Debates. El régimen de contratos de la adquisición pública, en el artículo 134 de la Constitución ha sufrido recientes reformas enfocadas a ahondar en los estándares de transparencia en el empleo de los recursos públicos. Derivado de ello, la legislación reglamentaria en la materia, conformada por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, igualmente fueron reformadas, lo que trajo consigo la figura denominada testigos sociales, inspirada en las legislaciones, principalmente en la de Colombia y de Perú. Los testigos sociales en resumidas cuentas son profesionistas independientes que no se encuentran adscritos al ámbito de la administración pública, mismos que supervisan el proceso de concurso y adjudicación de contratos públicos, haciendo del conocimiento de las autoridades competentes toda posible irregularidad en el proceso que al efecto hayan detectado. En este sentido, el entonces diputado Jesús María Rodríguez Hernández, integrante del Partido Revolucionario Institucional, propuso contemplar la noción de propaganda circunscribiéndose al concepto más amplio de comunicación social, ya que con ello, en su criterio se contemplaría de manera más acabada todo medio o medio de informar por parte de las autoridades gubernamentales. ¿Cuál es el planteamiento del problema, amigas y amigos diputados? Es del dominio público que el tópico referente a la difusión de imagen de diversas personalidades políticas ha venido suscitando un acre debate a raíz de la reciente contiende por la Presidencia de la República. En respuesta a tales circunstancias, aún siendo presidente electo Enrique Peña Nieto, propuso reforzar los mecanismos de transparencia en la disposición de recursos públicos destinados a la promoción gubernamental. En consecuencia, este legislador y a decisión personal, se ha dado a la tarea de formular la presente iniciativa con proyecto de ley, que propone reformar los párrafos octavo y noveno del artículo 134 de la Constitución, siendo objeto del presente entronizar en el texto en cuestión que una ley reglamentaria establezca de manera obligada la participación de testigos sociales en toda contratación de espacios informativos, dotando a los referidos testigos de atribuciones plenas para presentar sus respectivos informes de quejas ante la Cámara de Diputados, que deberá tomarlos en cuenta al realizar dictamen de ley a la cuenta pública del ejercicio conducente. El contenido de la propuesta que hace un servidor, se propone a esta honorable asamblea la modificación de los párrafos octavo y noveno del artículo 134 constitucional, quedando redactado el precepto en cuestión en los siguientes términos: La propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener el carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, ni manifestar signo alguno que pueda incitar la inclinación del público a tendencia alguna. La ley reglamentaria del anterior y el presente párrafo dará siempre participación a los testigos sociales del caso, para supervisar la asignación de contratos en la presente materia, mismos que figurarán en el padrón de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, en los términos que al efecto se disponga, estando siempre facultados para presentar, en su caso, las quejas respectivas ante la Cámara de Diputados, que deberá tener en cuenta al momento de formular el dictamen conducente al ejercicio fiscal de que se trate, ello con independencia de las sanciones que al efecto la misma ley prescriba. Por su atención, muchísimas gracias.