EL C. DIP. JAIME CERVANTES RIVERA (PT): De nueva cuenta con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Legisladores: Al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo le preocupa el clima de inseguridad generada por el incremento de la delincuencia en todas sus modalidades en la que viven los mexicanos. Sin lugar a dudas, la comisión de delitos tanto del fuero federal como del fuero común, agravian a toda la sociedad. Para coadyuvar con el combate a la delincuencia el Poder Legislativo ha aprobado varios ordenamientos, entre los que destacan las reformas constitucionales al artículo 16, la Ley que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como múltiples reformas a los códigos adjetivos y sustantivos en materia penal. De igual forma se aprobó una nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Sin embargo y no obstante la existencia de las leyes antes comentadas, la delincuencia sigue avanzando y no sólo eso, sino que desde los penales diseñados como de alta seguridad, también se evaden algunos peligrosos delincuentes, Desafortunadamente el sistema penitenciario, que debe pretender la readaptación social tal y como lo prevé el segundo párrafo del artículo 18 constitucional, resulta una mera utopía. Ahora nos enteramos como desde el penal de supuesta alta seguridad de Puente Grande, Jalisco, una persona se escapa. Si este hecho es de suyo grave, más lo es la falta de respuesta oportuna por falta de la autoridad para esclarecer los mismos. No satisface la actitud de la Procuraduría General de la República en el avance de las investigaciones, pues hay evidencias palpables de que la corrupci6n en el penal de Puente Grande y muchos más es generalizada. ¿Cómo es posible que si desde el año pasado por intermediación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos del Estado de Jalisco se haya tenido evidencia clara de los privilegios con los que contaban los internos, privilegios que no se explican si no es por el contubernio con las autoridades, no se haya actuado oportunamente? La licenciada Guadalupe Morfín, titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, hace del conocimiento de la Comisión Nacional por el ámbito de competencia correspondiente y nos enteramos el día de ayer que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo del conocimiento del Secretario Hertz Manero las irregularidades mencionadas desde enero del año 2000, sin que la autoridad haya actuado de manera efectiva o podríamos afirmar que estos hechos se dieron porque la autoridad sí actuó, pero de manera negligente. A partir del triunfo electoral de Vicente Fox se creó un denominado equipo de transici6n, que tenía como propósito puntual el conocimiento de lo que en cada dependencia y entidad de la Administración Pública Federal se había realizado. Antes de iniciar la presente administración, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional presentaron una iniciativa de adiciones y reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, misma que en el momento de ser dictaminada en comisiones fue motivo de una amplia discusión que permitió su aprobación por parte de todos los grupos parlamentarios. En esta iniciativa se planteaba el que pasaran las atribuciones de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Seguridad Pública aprobándose entre otros el artículo 30Bis que establece: "A la Secretaría de Seguridad Pública corresponde el despacho de los siguientes asuntos: Fracción XXIII. Ejecutar las penas por delitos del orden federal y administrar el sistema federal penitenciario, así como organizar y dirigir las actividades de apoyo a liberados". Dichas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación el jueves 30 de noviembre del 2000 y conforme a lo que establece el artículo Transitorio Primero, entró en vigor el día primero de diciembre del mismo año. Lo anterior significa que a la fecha de la fuga, la Secretaría de Seguridad Pública tenía 49 días de creada y el titular de la misma 40 días en función, más allá del hecho anecdótico de que el Secretario Gertz Manero no dio la cara para afrontar su responsabilidad, resulta paradójico que todo lo achaquen a la grave corrupción de los regímenes priístas. ¿Pero a qué gobierno sirvió Jorge Tello Peón y muchos otros servidores públicos que fueron ratificados? El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, considera que es responsabilidad política, jurídica y ética de la presente administración el erradicar toda forma de corrupción que se presente. Nosotros refrendamos nuestro compromiso de dotar al Poder Ejecutivo de los mejores instrumentos jurídicos que le permitan el combatir la delincuencia, pero también exigimos al Presidente de la República y al titular de la Secretaría de Seguridad Pública que ejerza a plenitud sus atribuciones y que no se rehuyan a sus responsabilidades. Compañeras y compañeros legisladores: Nuestro grupo parlamentario exige a las autoridades del Ejecutivo Federal que trabajen mas y que declaren menos, los problemas de este país se resolverán no sólo con buena voluntad y frases rimbombantes, sino con ejercicio cabal de las atribuciones que la ley les otorga. Es cuanto, señor Presidente.