El diputado Antonio Benítez Lucho: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, a partir de enero de 2004 la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) puso en marcha un sistema para proteger a millones de familias mexicanas que no se encontraban afiliadas a un programa de salud. Con ello se dio el nacimiento del denominado Seguro Popular. Según las prospectivas realizadas por el gobierno federal, el Seguro Popular de Salud cubriría durante los próximos 7 años a 48 millones de mexicanos que no contaban con ningún tipo de protección social en salud. Desde su surgimiento, el Seguro Popular definió objetivos como la corrección de los desequilibrios financieros existentes en el sistema público de salud, alcanzar la corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno y la ciudadanía, y la construcción del contenido efectivo al ejercicio pleno de los derechos sociales. En efecto, su objetivo fundamental era atender a la población ajena a los sistemas de seguridad social o algún seguro privado, así como garantizar el derecho constitucional a la protección de la salud, por medio del establecimiento de un sistema público de protección social en salud. El Seguro Popular de Salud se sustenta en una base federalista que busca alcanzar un ideal concreto: el de la universalidad del aseguramiento en salud de los mexicanos en 2010 y 2011. Es un seguro público y voluntario subsidiado por el gobierno federal, que permite reducir el número de familias que se empobrecen anualmente como consecuencia de gastos catastróficos para la atención de problemas de salud, lo cual, sin lugar a dudas, afecta la economía de las familias mexicanas que poseen bajos ingresos. Aunque la implementación de los programas en materia de salud son un gran avance para la sociedad es necesario resaltar los resultados de los diversos estudios oficiales elaborados y detallados en los informes de la CNPSS de 2007 y 2008, el Fideicomiso del Sistema de Protección Social 2007 y 2008 y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el Seguro Popular, los cuales demuestran claramente que no hay consonancia entre tener el seguro y acceder a los servicios requeridos. Adicionalmente, documentan que hay un subejercicio sistemático del presupuesto, lo que significa que el incremento del gasto público en salud no necesariamente se traduce en más y mejores servicios para la población. Debiera ser la máxima prioridad de la Secretaría de Salud corregir la falta de infraestructura y personal para poder prestar los limitados servicios prometidos en el Seguro Popular y con el incremento y oportuno uso del presupuesto se podría hacer. En ese sentido, cabe considerar que el presupuesto de salud para el Seguro Popular en 2003 fue de 52 mil 30 millones de pesos; y en el 2010 podría llegar a 86 mil 473 millones de pesos, según estimaciones hacia ese mismo año las entidades de la república deberían incrementar sus recursos en 11.5 por ciento para solventar el Seguro Popular, mientras que la participación del gobierno federal sólo crecería en un 3.1 por ciento. Aunque el objetivo del gobierno federal es incorporar a 10 millones y medio de familias, en el 2010 (poco más de 50 millones de personas), los recursos son insuficientes. El Programa del Seguro Popular debe contar con mayores recursos que el gasto programado cada año, para ello la Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe otorgar a la Secretaría de Salud mayores erogaciones para que el Seguro Popular cubra su objetivo, sin menoscabo del presupuesto que ejercen los gobiernos estatales. En este binomio en el que las funciones del Seguro Popular debe desarrollarse sin intermediarismos que mermen su función, se ha visualizado a la función gerencial de la Comisión Nacional de Protección en Salud, una situación que no permite un ejercicio pleno de las entidades federativas, tanto por los subejercicios presupuestales, como por contar con recursos limitados ante las demandas sociales en esta materia. Se hace necesario plantear la eliminación de los procesos hiperburocratizados por medio de la desaparición de la comisión, teniendo como efecto inmediato el ahorro de casi 600 millones de pesos anuales, los cuales son dedicados a la función de la estructura que la contiene. Con ello se logra adoptar medidas pertinentes ante el contundente planteamiento que se hace en los párrafos anteriores. Además en cuanto al fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, por tratarse de un fideicomiso público que no se considera entidad paraestatal, puede ser operado por la propia dependencia o entidad fideicomitente, es decir, no existe necesidad alguna de que intervenga una institución en calidad de tercero. Así, la intervención del régimen de protección social en salud, como institución que se encarga de la aplicación de la normatividad y criterios de regulación carece de justificación, pues puede alcanzarse un manejo adecuado de este fideicomiso a través de algunas de las unidades administrativas de la Secretaría de Salud tal como lo marca su fundamento. Por las consideraciones anteriores se hace apremiante que el honorable Congreso de la Unión considere entre sus propuestas, los elementos de reformas necesarias para que a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se contemplen mecanismos para fortalecer el Programa de Seguro Popular sin afectar el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del Ramo 33 en la iniciativa. Con fundamento en estas consideraciones, se somete respetuosamente a la consideración de los integrantes de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto Se reforman los artículos 77 Bis 1, 77 Bis 2, 77 Bis 5 en su apartado A, fracciones I, IV y XVII en su apartado B, las fracciones II, V, VI, IX; 77 Bis 6; 77 Bis 10; 77 Bis 23; 77 Bis 24; 77 Bis 30, 77 Bis 31; 77 Bis 35; 77 Bis 36; y 77 Bis 37. Es cuanto, señor presidente.