La diputada Yesenia Galarza Castro: Compañeras y compañeros legisladores, para Acción Nacional la protección de los derechos humanos de las personas, es una de las funciones más importantes del Estado mediante la cual se garantiza la integridad personal y patrimonial de los ciudadanos. De ahí que las autoridades deben contar con todos los recursos necesarios que les permita ejecutar de manera eficiente dicha función. El grave deterioro ambiental que está sufriendo actualmente el mundo entero conlleva la responsabilidad y obligación de todos los gobiernos para implementar medidas urgentes que permitan minimizar los daños en el medio ambiente, que invariablemente generan daños a la sociedad, manifestándose a través de sequías, sismos, huracanes, tales como el reciente Otis en Acapulco, que ante el ineficaz trabajo por parte de los tres órdenes de gobierno los acapulqueños siguen padeciendo los estragos de este desastre natural. Y es justamente por este motivo que es deber del Estado asumir la responsabilidad sobre la implementación de políticas contrarias al respeto y cuidado del medio ambiente. Y me refiero a esas que son favoritas del presidente de la República, como lo es la utilización de combustibles fósiles o la construcción del Tren Maya, que ha tenido como consecuencia una grave deforestación en la Península de Yucatán, además de contaminar los mantos acuíferos, acciones que irremediablemente impactarán de manera directa en la calidad de vida de las personas. Lo anterior amerita la participación directa e inmediata del gobierno federal en la atención de los desastres naturales que se van a llegar a presentar en el país, mediante la aplicación tanto de medidas de rescate y protección como de carácter social. En este sentido, la Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, que aquí se discute, no garantiza una efectiva coordinación en los tres órdenes de gobierno en la atención de los desastres naturales que se lleguen a presentar, así como el gobierno, así como tampoco el gobierno asume su responsabilidad en la atención de sus efectos, dejando a las entidades federativas la obligación de contar con los recursos necesarios para hacerles frente. En pocas palabras, lo que el gobierno federal pretende es deslindarse de esta responsabilidad y echarles la bolita a los estados y que ellos vean a su suerte cómo resuelven. Y que sin duda compromete la debida reacción que se debe dar ante un desastre natural. Asimismo, la ley contiene disposiciones de carácter subjetivo, como aquella que deja al presidente que él va a aprobar cuándo se determina una emergencia y cuándo no está en emergencia. O aquella que deja una norma secundaria de establecer los casos que ameritan la ayuda de la Sedena, de la Marina y de la Guardia Nacional, entre otros aspectos que demeritan la pronta atención de la emergencia, las cuales se reitera que lamentablemente se estarán presentando con mayor frecuencia ante el cambio climático. No debemos olvidar que la prevención y atención a los desastres naturales implica capacidad de gestión y comunicación con los diferentes órdenes de gobierno. Por ello, además llama la atención que se pretende aprobar una legislación de este tipo, cuando se encuentre por terminar este periodo de gobierno federal. Los ciudadanos nos están exigiendo hoy más que nunca la realización de acciones que les permitan cumplir con su proyecto de vida, con la seguridad de que su patrimonio y su persona están debidamente protegidos y que no habrá cabida a la comisión de ningún tipo o ataque contra ellos y que, ante cualquier eventualidad, contarán con la correcta y oportuna protección de las autoridades. Por todo lo anterior, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votaremos en contra de este dictamen, en tanto que no atiende de manera directa y responsable la protección de los derechos humanos de las personas que estamos en el territorio nacional. Y reiteramos nuestro compromiso por continuar con la actualización permanente de nuestras leyes, siempre y cuando estas conlleven el beneficio directo de las y los mexicanos. Y que, sobre todo, den respuesta a las necesidades sociales que imperan actualmente. Es cuanto, señora presidenta.