El diputado J. Jesús Mendoza Torres: Con permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se discute surge del análisis de varias iniciativas que buscan atender los problemas que hemos enfrentado para preservar el derecho a la educación de las niñas y los niños en nuestro país durante la pandemia del Covid-19. La contingencia sanitaria deriva de la pandemia global por la enfermedad Covid-19, nos orilla a todos a un confinamiento obligatorio. Esto afectó todas nuestras actividades, las educativas no estuvieron exentas de ello. Desde marzo de 2020, el gobierno federal decretó la suspensión de clases en las escuelas, en el momento tomó a todos por sorpresa. La contingencia sanitaria llegó sin que la ley contemplara circunstancias tan inéditas para la preservación del Ejecutivo y el derecho a la educación. De forma atropellada el gobierno federal puso en marcha el programa Aprenda en Casa y se buscó llevarlo a los hogares por diversos medios, a través del uso de las tecnologías, la información y comunicación. Esto evidenció los enormes problemas de desigualdad que enfrentamos para asegurar todas las condiciones de acceso a la educación. Ha sido sorprendente la problemática de falta de opciones educativas legalmente reconocidas para preservar el derecho a la educación. Falta de tecnologías de la información, comunicación y los accesos a servicios de internet gratuito en la brecha digital, y la desigualdad producto de ello. La definición del papel de los padres de familia en el proceso educativo ante contingencias de los apoyos para ello, entre otros, sin duda, la ausencia de regulación, jugando un papel muy importante en la ampliación de los rezagos educativos que hoy enfrentamos. El Inegi recientemente señaló que por motivos asociados al Covid-19, por falta de dinero o recursos no se inscribieron 5.2 millones de personas, 9.6 del total de 3 a 29 años al ciclo escolar 2020-2021. Sobre los motivos asociados al Covid-19 para inscribirse en el ciclo escolar vigente 2020-2021, menciono que el 26.6 considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, el 25.3 por ciento señalan que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9 por ciento carece de computadoras, otros dispositivos o conexión de internet. Por ello, el dictamen que hoy discutimos, porque hoy el dictamen que hoy discutimos es, se debe ser relevante para todos. En Acción Nacional reconocemos del dictamen la promoción y opción educativa, como la educación abierta a la distancia, en línea, virtual y semipersonal e híbrida, en la atribución de la Secretaría de Educación Pública para emitir los lineamientos generales obligatorios para su impartición, así como mencionamos la evaluación y acreditación. Asimismo, celebramos el fomento del acceso y dispositivos electrónicos para favorecer el proceso educativo. Sin embargo, preocupa que no se resuelva el tema presupuestario. Estamos e acuerdo con que se promueva que las escuelas públicas del tipo básico y medio superior cuenten con el servicio de internet para cerrar la brecha digital y la desigualdad de la población, pero inquieta que nada se diga sobre cómo lograrlo. Aprobamos la inclusión de las madres y padres de familia o de los tutores en el proceso de enseñanza, aprendizaje, empero tenemos que, si políticas de conciliación, lo aprobado sea muerta, sea letra muerta, perdón. Recocemos la tutela por parte de la Secretaría de Educación Pública, de la garantía del ejercicio del derecho a la educación, en los casos en que se determine la suspensión de clases presenciales, con motivo de una declaratoria de emergencia sanitaria o desastre, incluyendo medidas de inclusión, pero apelamos por una propuesta que tome en cuenta las entidades federativas y con ello al federalismo educativo. Aprobamos la adaptación a los cambios tecnológicos como medio excepcional para el desarrollo y las comunidades educativas. No obstante, creemos que debe apelarse más por mirar en ellos la desigualdad social que nos aqueja. Hacemos especial mención en la inclusión en el dictamen, la atribución exclusiva de las autoridades educativas federales emitir, en términos de las disposiciones que afecte y dicten las autoridades sanitarias, lineamientos, observar los centros educativos...