LA C. PRESIDENTA DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias, Diputado. Tiene la palabra el diputado Miguel Barbosa Huerta, del grupo parlamentario del PRD, en pro. -DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias Presidenta. Compañeras y compañeros Legisladores: En la vida política del México post-revolucionario no ha existido una sola elección equitativa. De recuerdo relevante la de José Vasconcelos con Pascual Ortiz Rubio, la de Juan Andreo Almazán con Manuel Ávila Camacho y, desde luego, la del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano con Carlos Salinas de Gortari. Nuestro modelo de partidos, hasta entonces, incluyendo la elección de 1994, se había caracterizado por un régimen electoral diseñado desde el poder para la conservación del mismo, cuyos rangos fundamentales fueron el control gubernamental sobre la contienda electoral y las condiciones absolutamente inequitativas de competencia entre los partidos, fenómeno que influyó decididamente en los resultados electorales. La desigualdad en las contiendas estaba determinada por la existencia del partido oficial. El empuje de la sociedad y de los principales actores políticos en los últimos años, así como la necesidad de legitimar un régimen que agotaba sus posibilidades de sobrevivencia, condujo a sucesivas reformas constitucionales que permitieron dar paso a una mayor pluralidad en el Congreso, a generar condiciones para que los partidos políticos accedieran en forma creciente al financiamiento público, a los medios electrónicos y a conseguir que la conducción del proceso electoral estuviera a cargo de un órgano constitucional autónomo, el Instituto Federal Electoral. Todo ello no fue suficiente, la elección presidencial del año 2000 también fue inequitativa. En ella el PRI y el PAN, además de las prerrogativas asignadas por el Estado, utilizaron financiamiento privado, nacional y extranjero, y desviaron recursos públicos. A más de dos años de celebrados los comicios, el Instituto Federal Electoral tiene en marcha dos investigaciones cuyos resultados podría arrojar la imposición de severas sanciones a estos partidos y la determinación que importantes actores políticos hayan cometido delitos electorales. Señores Legisladores: El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votará a favor del punto de acuerdo que somete a la consideración de esta asamblea la Junta de Coordinación Política, ¿por qué?, porque el desvío de recursos públicos para el sostenimiento de las campañas electorales en México fue un hecho inocultable del que se benefició el PRI. Prueba de ello es el desvío de recursos en PEMEX a través del Sindicato petrolero para financiar la campaña de Francisco Labastida, recientemente destacada por la SECODAM, pero también porque la participación de recursos privados en las contiendas ha demostrado que no existe una sola fuente de recursos disponibles; estos van desde aportaciones millonarias en efectivo o mediante transacciones financieras fraudulentas, como puede ser el caso de los hermanos y los Amigos de Fox, tema y materia de este punto de acuerdo. Lo anterior ha provocado una profunda inequidad en las contiendas electorales, cuyos efectos se ven reflejados en los resultados de los comicios, pervirtiendo la competencia política. Por ello, creemos que la transición mexicana no será posible si no se consigue en condiciones de igualdad en las contienda electorales, se ejerce con transparencia y honestidad el presupuesto y se castiga severamente el desvío de recursos públicos. La utilización de los programas sociales igualmente debe ser eliminada para procesos electorales, así como el financiamiento privado, nacional y extranjero a los partidos políticos y a sus candidatos; las transformaciones políticas y jurídicas que acompañe la democratización de nuestro país en el futuro no pueden ser ajenas a estos requerimientos, más aún cuando millones de mexicanos reclaman honestidad y rendición de cuentas, fin a la impunidad y a la corrupción que ha degradado el ejercicio político en México. Muchas gracias. (aplausos) -