EL C. DIPUTADO AUGUSTO GOMEZ VILLANUEVA: Con su permiso señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso General, .integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los Artículos 70 y 71 fracción II de la Constitución Política y 55 según para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de la Asamblea, la presente iniciativa de decreto que reforma adiciona la Ley Orgánica del Congreso en los términos siguientes: EXPOSICION DE MOTIVOS El proceso reciente al que se sometió la integración de la Sección Instructora, órgano encargado de poner en estado de resolución la incoación de los juicios políticos y las declaraciones de procedencia, mostró la insuficiencia, confusión y complicación de la normatividad que rige la materia o al menos la ambigüedad que da pauta a las interpretaciones diversas, respecto a quién decide y bajo cuáles criterios la integración de dicha Sección Instructora. Para los diputados que formamos esta iniciativa, es indiscutible que de acuerdo con la legislación vigente, corresponde a la Comisión Jurisdiccional conformar la Sección Instructora, encargada de las funciones a que se refiere la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como los criterios de pluralidad y proporcionalidad, orientadores de la conformación d los órganos legislativos de la Cámara. La primera confusión y ambigüedad se origina por la concurrencia de dos ordenamientos legales en una misma materia, es decir, la dualidad legislativa formada por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pues ambas rigen en lo que respecta al juicio política y la declaración de procedencia. Las afirmaciones anteriores se sustentan en argumentos y antecedentes que los suscritos consideran ser tomados en cuenta para valorar la presente iniciativa; estos son: 1. El numeral cinco del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos determina lo siguiente: Cinco. "La Comisión Jurisdiccional se integrará por un mínimo de 12 diputados y por un máximo de 16, a efecto de que entre ellos se designen a los que habrán de conformar, cuando así se requiera, la Sección Instructora encargada de las funciones a que se refiere la ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución en materia de responsabilidades de los servidores públicos". Este texto de reciente cuño, entra en contradicción con el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que la Ley Orgánica del Congreso aprobada el 31 de agosto de 1999, establece por primera vez con absoluta claridad y sin lugar a dudas, la única función que cumple la Comisión Jurisdiccional: la de designar a los integrantes de la Sección Instructora. La norma establecida en la Ley Orgánica precisa los procedimientos a seguir. Para el nombramiento de los miembros de la Sección Instructora, laguna que padecieron las leyes anteriores y que propició que la Gran Comisión o la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política, propusieran, junto con la integración de la Comisión Jurisdiccional, la designación de los cuatro miembros de la Sección Instructora. El nuevo texto desecha la consideración de que la Cámara designa una Comisión Jurisdiccional sólo para constituir un listado de diputados en donde puedan escogerse sin posibilidad de opinión y decisión propia los que serán instructores. La función de designar a la Sección Instructora no fue ejercida a plenitud por la actual Comisión Jurisdiccional porque nunca fue convocada para ese efecto. El más cercano antecedente del ejercicio de esta facultad de la Comisión Jurisdiccional, consta en el acta de la reunión de la misma de fecha 16 de abril del 2000 en la que se realizó el nombramiento de Presidente Provisional de la Sección Instructora, en razón de la ausencia del diputado que habría sido nombrado por este cargo una semana antes. En ese caso la Comisión Jurisdiccional, en el mismo acto designó miembro y Presidente de la Sección Instructora a un nuevo integrante de la misma. No obstante lo anterior que hubiera bastado para confirmar la potestad de la Comisión Jurisdiccional de nombrar miembros y directivos de la Sección Instructora y someterlo a la aprobación del pleno, se procedió en los términos del artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, asignándole discutiblemente esta atribución a la Junta de Coordinación Política, como si fuera heredera de la desaparecida Gran Comisión y de la sucesora legal de ésta, la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política y como si no estuviera definido el procedimiento correspondiente al numeral cinco del artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso ya evocado. Los antecedentes expuestos justifican en consecuencia la necesidad de modificar la legislación vigente, a fin de eliminar ambigüedades y equívocos en la formación de la Sección Instructora, por lo que la presente iniciativa establece con toda claridad el procedimiento y las estructuras responsables que deben participar en dicho proceso. En efecto, los suscritos consideramos que la creación de un órgano interno de la Cámara tan relevante como es la Sección Instructora, debe quedar regulada por la Ley Orgánica del Congreso y en esta ocasión tener la oportunidad en forma paralela para nombrar una Sección Instructora para declaratoria de procedencia y otra para la de atención a los juicios políticos, pues si bien la naturaleza de su función es similar, existe una diferencia específica entre ambas. Así, la Sección Instructora de Declaratoria de Procedencia, debe atender aspectos técnico-jurídicos de carácter penal en forma preponderante, pues a ella le toca directamente si ha o no lugar a proceder contra el inculpado, tomando en cuenta elementos objetivos que permitan interferir la comisión de un delito para lo cual se requieren conocimientos especializados de derecho penal y procedimientos penales; mientras que en materia de juicio político, de lo que se trata es de dictaminar si los servidores públicos determinados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, han incurrido en actos u omisiones que redunden en perjuicio de intereses públicos trascendentales, fundamentales o de su buen despacho, lo cual implica discernir con base en otros juicios de valor acerca del cumplimiento de la tarea pública de los funcionarios. Procede, en consecuencia, sentar las bases para la creación de secciones instructoras por cada uno de los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos y de asegurar la imparcialidad y objetividad en la designación de sus miembros por el pleno, dejando que al azar garantice lo que el perjuicio o la consigna están imposibilitados de lograr. Es por ello que esta iniciativa propone la insaculación de los cinco miembros que formarán parte una de las dos secciones instructoras mencionadas, de sendas listas de 30 diputados integradas por la Junta de Coordinación Política, la cual obedecería a los criterios de experiencia y mesura política, en el caso de juicios políticos, y de especialización o conocimientos en la ciencia del derecho para la materia de las declaraciones de procedencia. Además de la garantía de imparcialidad que entraña la fórmula propuesta, se respetarían los criterios de proporcionalidad y pluralidad en la formación de la lista de diputados en donde se insacularían los nombres correspondientes, de forma tal que en ellas entrarían proporcionalmente los nombres de legisladores de todos los grupos parlamentarios, dejando a la suerte el designio de la formación del cuerpo colegiado correspondiente. Por lo que toca a la presidencia de cada sección, recaería en el decano de los insaculados, asignándose la secretaría al grupo mayoritario o al que le siga en número de diputados, si el decano perteneciera al primero. La figura del decano se determinaría conforme a los criterios incluidos en el numeral 2 del artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual la designación de la directiva de la sección sería el producto de hechos objetivos y prescripción legal fuera del alcance de decisiones interesadas de tipo partidista, que contaminan procesos que deben ser de pleno derecho, con afanes revanchistas y persecutorios que lesionan gravemente la legalidad de funciones tan delicadas del Congreso General y en particular de la Cámara de Diputados, como son los juicios políticos y las declaratorias de procedencia. El contenido, pues, de esta iniciativa responderá esencialmente a los reclamos que han presentado los compañeros diputados de diversos partidos que nos opusimos al procedimiento para la designación de los integrantes de la sección instructora, y por lo mismo, señora presidenta, le solicito que el texto que he leído y la propia iniciativa sea publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias y menciono el nombre de los diputados. Lo firman el diputado Augusto Gómez Villanueva perdón por mencionarme antes--, Rafael Rodríguez Barrera, Eduardo Andrade Sánchez, Francisco Cárdenas Elizondo, Juan Manuel Carrera López, José Elías Romero Apis y el diputado Carlos Aceves del Olmo. Muchas gracias.