El diputado Mario Alberto Ramos Tamez: Con permiso de la Presidencia. ¿De qué tamaño será la dimensión de nuestra crisis de seguridad, como para que el propio presidente de la República, en su VI Informe, reconozca el fracaso de su gobierno expresando: estoy consciente de que no alcanzamos el objetivo de recuperar la paz y la seguridad para los mexicanos en todos los rincones del país? La paz, la seguridad, nada más eso, algo tan básico, algo tan fundamental como la tranquilidad, Peña nos entrega un país con miedo y con enormes problemas. De acuerdo con información de la organización México Unido contra la Delincuencia, en nuestro país se pasó de 6 a 400 grupos criminales, clasificados como delincuencia organizada, lo que erosiona el supuesto avance de este gobierno al asegurar que se desarticularon las principales organizaciones criminales y se neutralizaron 110 de 122 objetivos, cuando la realidad es que este gobierno convirtió a nuestro país en tierra fértil para el crecimiento de organizaciones delictivas que tomaron el control de grandes porciones de nuestro territorio nacional. Es decir, la buena noticia es que se desactivaron grupos criminales. La mala es que, a falta de una estrategia de fondo, estos grupos se dividieron en más grupos y ahora tenemos un problema mayor. Entre el 2016 y el 2017 el incremento de delitos de alto impacto encendió los focos rojos en al menos 16 de las 32 entidades federativas. El fracaso del sistema de seguridad y la procuración de justicia no se puede entender sin señalar que en gran medida la impunidad es propiciada por los gobernantes, pues la falta de autonomía en las procuradurías y fiscalías estatales han permitido que estas instituciones en lugar de estar al servicio de las personas y de los ciudadanos estén al servicio del gobernador, o peor aún, del crimen organizado que los tiene cooptados e infiltrados. Según Lindsey Crime, los errores de Peña Nieto no se pueden medir exclusivamente con estadísticas del crimen, los actos de corrupción y la incompetencia durante toda la administración han sido y han debilitado gravemente la confianza de la ciudadanía en las instituciones gubernamentales. El ejemplo más palpable, la fallida investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal en Ayotzinapa, a lo que faltaría añadir las ejecuciones y violaciones de civiles en manos de militares del Estado mexicano. Los asesinatos a periodistas ordenados por funcionarios gubernamentales y los múltiples gobernadores acusados por vínculos con el crimen organizado. Lo anterior es una penosa reseña de esta organización dedicada al estudio del crimen organizado en América latina, y esto es lo que dice de nuestro país. De acuerdo al Inegi, en el 2013 los organismos públicos para la protección y defensa de los derechos humanos en las entidades federativas dicen que hubo incremento de quejas por más de un 70 por ciento, lo que muestra la dimensión de la incapacidad del gobierno para garantizar seguridad y para indagar, perseguir a los responsables de los delitos a través de un debido proceso, característico de un régimen democrático y no autoritario, en lugar de investigar tortura y amenaza. La normalidad democrática también se ha visto afectada por la inseguridad. El pasado proceso electoral fue el más violento en la historia de México, con un saldo de 152 políticos asesinados, de los cuales 48 eran precandidatos y candidatos a puestos de elección popular. Desde el 2014 se reformó la Constitución para crear la Fiscalía General de la República y que fuera autónoma e independiente para desvincular al Ministerio Público de la subordinación del Poder Ejecutivo y evitar el uso faccioso de la procuración de justicia. Sin embargo, cuatro años después, la Fiscalía General en su plena autonomía sigue en el limbo. Por ello, la sociedad civil y los diputados de Movimiento Ciudadano estamos planteando la necesidad de avanzar en el diseño institucional para reformar el artículo 102 constitucional y crear una Fiscalía que sirva. Finalmente, un Estado que no garantiza la seguridad y la tranquilidad de sus habitantes es incapaz de generar las condiciones necesarias para el desarrollo social, económico e institucional que permita el ejercicio de los derechos plenos y tan elementales como el libre tránsito y la libertad de expresión, derechos que son fácilmente vulnerados cuando existe miedo, desplazamiento forzado y prensa amenazada. Por ello, el gobierno federal no puede sino solamente reconocer que la gobernabilidad democrática está fracturada y que el proceso de justicia y pacificación del país queda como una deuda histórica. Así, en política interior el VI Informe de Gobierno evidencia el fracaso del gobierno federal, próximo a concluir, y muestra el tamaño de los retos, de los renovados poderes que hemos de asumir para revertir esta funesta realidad. Déjenme ser absolutamente claros, compañeros.