El diputado Ernesto Herrera Tovar: Con su venia, ciudadano Presidente. "Compañeras y compañeros diputados: El suscrito diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Quincuagésima Novena Legislatura de este Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este H. Congreso de la Unión, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente "Exposición de Motivos "La seguridad pública constituye una condición esencial de todo estado democrático de derecho, que debe ser entendida como la condición de libertad de los gobiernos para ejercer sus derechos, libertades y deberes, sin sentirse víctimas de amenazas, delitos e infracciones y gozar de adecuadas condiciones de bienestar y tranquilidad en todo sentido. "En tal virtud, cabe señalar que desafortunadamente en nuestro país el tema de seguridad pública constituye el reclamo más fuerte de la sociedad, al grado tal que éste se ha convertido ya en una constante. "En efecto, la sensación de inseguridad y miedo al crimen, acuñada durante varias décadas de políticas criminales desafortunadas en la materia, ha conducido a la pérdida de credibilidad ciudadana hacia las instituciones responsables de procurar la seguridad pública, llegándose al extremo de considerar que la delincuencia organizada ha rebasado las capacidades de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, situadas éstas en distintos ámbitos de competencia. "Al respecto, estamos conscientes que la sociedad anhela condiciones de seguridad pública y de justicia, siendo consecuencia estas obligaciones una de las responsabilidades fundamentales del Estado en sus diversos ámbitos de competencia. Esto ya que debemos reconocer que la seguridad constituye una responsabilidad compartida entre la Federación, los estados y los municipios. "En este sentido, se ha planteado cada vez con mayor fuerza, incluso por los organismos no gubernamentales enfocados en el tema de la seguridad pública en el país, el perfeccionamiento de las instituciones legales jurídicas, utilizadas precautoriamente por los órganos de procuración de justicia en la investigación de los delitos, en la lucha contra el crimen organizado, de manera tal que se subsanen todas las lagunas y resquicios jurídicos que en determinado momento constituyen una limitante al actor de las procuradurías y propician la impunidad de la delincuencia organizada. "Al respecto vemos con preocupación que hace unos días el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha decretado la inconstitucionalidad de la figura del arraigo, esto pro ser una medida precautoria que si bien se encuentra establecida a nivel legal, carece de un debido sustenta constitucional. "En ese sentido, esta determinación de la Corte podrá abrir la posibilidad de que toda persona sobre la cual recaiga dicha medida precautoria, pueda recurrirla y, en su caso, lograr que se deje sin efectos, situación que en determinado momento puede venir a entorpecer la acción de las procuradurías respecto al aseguramiento de la disponibilidad ante la autoridad ministerial de determinados sujetos en contra de quienes se prepara el ejercicio de la acción penal y se corre el riesgo fundado de que puedan evadir la acción de la justicia. "Asimismo, cabe precisar que en ningún caso dicha medida precautoria implica decisiones en cuanto al fondo, toda vez que no se resuelve la controversia principal, sólo se trata de una medida procesal de carácter precautorio. Más aún, cabría señalar que la figura precautoria del arraigo actualmente encuentra su fundamento legal en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, así como en el artículo 12 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada. "En efecto, el artículo 133-Bis del Enjuiciamiento Penal Federal, contempla la posibilidad de que la autoridad judicial pueda, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación lográfica sin su autorización, esto a las personas en contra de quién se prepara el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. De lo anterior se colige, que dentro de la etapa de Averiguación Previa tanto el propio Enjuiciamiento Penal Federal como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a través de la figura del Arraigo, prevén la posibilidad de adoptar ciertas medidas denominadas Precautorias o Cautelares, cuyo propósito es asegurar el objeto del proceso mismo consistente en la debida integración de la averiguación previa y la buena marcha de la causa penal. De lo anterior podemos decir, que la aplicación de esta medida, requiere forzosamente debido sustento Constitucional ya que al constituir la implementación de esta medida un acto de molestia para el gobernado, esta debe estar exceptuada en la Ley fundamental, como una excepción a la libertad de tránsito y libertad personal del individuo. Similar situación ocurre en los casos de las intervenciones telefónicas, las órdenes de cateos e incluso en la detención, en flagrancia, figuras jurídicas que también constituyen una excepción a las garantías del gobernado y que actualmente presentan debido sustento Constitucional al estar establecidas y reguladas de manera expresa en la propia Constitución. Por ello y en mi calidad de Legislador del Partido Acción Nacional, consciente en la necesidad de perfeccionar y otorgar debida certeza Constitucional a marco jurídico existente en materia de procuración de justicia, concretamente en el rubro relativo a la aplicación de medidas cautelares como lo es el arraigo, propongo a través de la presente Iniciativa, darle debido sustento constitucional a esta medida. Para tal efecto, se propone establecer en el Artículo 16 Constitucional, la posibilidad de que la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público, pueda decretar la medida cautelar de Arraigo, en contra de la persona de quien se prepara el juicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia, precisando de igual forma, que dicha medida cautelar sólo se aplicará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 30 días naturales, pudiéndose ampliar otro plazo igual, en el caso de la delincuencia organizada. En síntesis, se requiere de un marco jurídico acorde a las necesidades que en materia de seguridad social, demanda, sustentando los compromisos de fortalecer la procuración de justicia pero cuidando en todo momento, el respeto a la garantía de seguridad jurídica y legalidad, de que goza todo individuo. Por las consideraciones anteriormente expuestas, los Legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional, preocupados por contar con un marco jurídico adecuado y eficiente en materia de seguridad pública y justicia, presentamos con todo respeto, a consideración de este honorable Congreso, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adiciona el Artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Arraigo, para quedar como sigue: UNICO.- Se adiciona un párrafo 8º. Y párrafo 9º al Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recorriéndose en consecuencia, los actuales párrafos 8., 9º, 10º, 11º , 12º y 13º, para quedar como 10º, 11º.,12º, 13º, 14º y 15º respectivamente, para quedar como sigue:. Exclusivamente a autoridad judicial, a petición del Ministerio Público podrá decretar como medida cautelar el arraigo de una persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia correspondiendo al Ministerio Público y a sus Auxiliares , vigilar que el Mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido. Dicha medida cautelar, sólo se aplicará en caso de delitos graves, así calificados por la ley y se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, no debiendo exceder de 30 días naturales. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la Ley prevea como delincuencia organizada. Esta medida se ajustará a los requisitos y límites previstos en las leyes correspondientes. TRANSITORIOS: Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.. . Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los seis días del mes de Octubre del año 2005. Muchas gracias, señor Presidente.