EL C. SENADOR DAVID JIMENEZ GONZALEZ: Con su permiso, señor presidente. Sin duda en esta participación se han tocado temas que realmente nos han hecho reflexionar sobre la importancia del decreto que ha emitido el Ejecutivo Federal. Efectivamente, tuvimos reuniones la semana pasada no fue una sino fueron varias, inclusive hasta el lunes de esta semanapara resolver en forma definitiva el problema que se estaba dando con la suspensión del impuesto a la fructuosa. Y la posición de mi partido era que nosotros no podíamos aceptar nada que no garantizara a la industria azucarera, a los campesinos productores de caña y a los propios trabajadores las resoluciones que pudiéramos tomar con el Secretario de Economía. Pero yo quiero hacer una reflexión sobre un tema que --aquí mi compañero Efrén Leyva tocó-- de una gran importancia. La fracción primera del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. En un estado de derecho hay dos principios fundamentales que debemos de respetar los poderes federales, los poderes de los estados, en fin, todo tipo de autoridad y estos dos principios fundamentales son el de legalidad y el de la seguridad jurídica, si es que verdaderamente queremos vivir en un estado de derecho y en un estado democrático. Y estos principios obligan a todos, aun aquellos que puedan estar detentando la más alta jerarquía a nivel político y constitucional. El decreto excede con mucho a lo que establece la fracción primera del artículo 39 constitucional. Ya se ha comentado de llevar inclusive a controversia constitucional la emisión y la aplicación de este decreto. Pero lo cierto es lo siguiente: que con él, como aquí bien se ha dicho, se está atropellando a cerca de 3 millones de mexicanos que participan, de una u otra manera, en la industria azucarera: a los campesinos, a los comuneros, a los pequeños productores de caña en todos los 15 estados del país y, desde luego, a los trabajadores que esperan sus salarios, sus pensiones y sus jubilaciones, que tienen que afrontar tanto los de la iniciativa privada como el propio gobierno que tiene los ingenios azucareros. Miren ustedes. Y me refiero al exceso del decreto. De acuerdo con lo que se ha venido comentando, la facultad del Ejecutivo Federal para exentar o para dejar de aplicar este impuesto la Corte, en el año de 1991, estableció un criterio sumamente claro, y dice lo siguiente: "Exención de impuestos sólo compete establecerla al Poder Legislativo en una ley, no al Ejecutivo en uso de la facultad reglamentaria". Pero ahí va más. Mire usted: "El establecimiento de exenciones fiscales es facultad exclusiva del órgano legislativo, por lo que no cabe aceptar su ejercicio por parte del Ejecutivo a través de reglamentos, según se infiere el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto prohíbe las exenciones de impuesto en los términos y condiciones que fijan las leyes". "Reserva que se confirma por la íntima conexión que la parte transcrita tiene con la Fracción IV del Artículo 31 constitucional que al establecer la obligación de contribuir al gasto público, impone la condición de que ello se logre de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". La Suprema Corte siempre ha interpretado en este aspecto que por ley debe entenderse un acto formal y materialmente legislativo, los efectos que tienen un decreto, son estos mismos porque son abstractos, generales, impersonales, por lo que ha de considerarse que si la creación de tributos así como sus elementos fundamentales son atribuciones exclusivas del legislador, también lo es la de establecer exenciones, fíjese usted muy bien, compañeros senador, Juan José Rodríguez Prats, también lo es la de establecer exenciones impositivas que guardan una conexión inseparable con los elementos tributarios de legalidad y equidad, sin que valga, en contra de tales disposiciones constitucionales, ningún precepto legal. Quiere esto decir que se ha rebasado más allá de lo que la Constitución le faculta al Ejecutivo Federal. Si bien es cierto el Código Fiscal en su Artículo 39 y en su Fracción I establece ciertos principios, ciertos supuestos para que pueda hacer uso, como aquí bien ya se ha dicho, el ejecutivo para este tipo de situaciones, lo cierto es que en el caso de la fructosa está totalmente extralimitando sus facultades. De tal manera que nosotros estamos dispuestos, sí, a tener una participación en donde se pueda resolver el problema de la industria azucarera, y entendemos la presencia del Ejecutivo y del Legislativo, como dos Poderes de la Unión que en franca colaboración deben de participar para hacer frente a este problema y garantizar la subsistencia a millones de mexicanos que dependen de la industria azucarera. El punto de nosotros es la defensa de los productores, los trabajadores y en general de la industria azucarera, lo que queremos es que el programa que se tiene por parte del Gobierno Federal, de acuerdo con el Poder Legislativo, llegue a elevarse a rango de ley. Esa es la postura del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias. .