El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy se discute trastoca lo más profundo de nuestras libertades democráticas. Se trata de una reforma de amplia complejidad técnica y jurídica que debería ser analizada con mayor profundidad y responsabilidad de cara a la sociedad por su enorme trascendencia para el país. Lo que está en juego no es una reforma legislativa más, es el derecho de cada mexicana y mexicano para informarse, expresarse y para comunicarse sin cortapisas y sin miedo. Hablar sobre telecomunicaciones en la actualidad debería implicar una rica discusión sobre cómo ampliar el acceso a la información y al desarrollo tecnológico, sobre cómo consolidar el futuro de los derechos digitales para los niños y los jóvenes de todo el territorio nacional y de cómo fortalecer la autonomía institucional en un México plural, pero lamentablemente hoy es todo lo contrario. No podemos quedarnos en silencio ni cerrar los ojos cuando lo que está en riesgo son las libertades constitucionales, la confidencialidad de las comunicaciones y, por supuesto, la privacidad de los ciudadanos de bien, que son la amplísima mayoría de las mexicanas y mexicanos. Las y los legisladores del PRI estamos comprometidos con los derechos humanos, las garantías individuales y las libertades que fueron parte de conquistas históricas del pueblo de México, por lo que nos pronunciamos en contra de esta reforma regresiva. El dictamen a discusión desmantela la autonomía institucional y se reemplaza por un aparato al servicio del poder, al eliminar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y transfiriendo sus funciones al Poder Ejecutivo federal mediante la creación de una agencia y de una comisión totalmente subordinadas al poder, con el falaz argumento de cerrar la brecha digital. Sin embargo, lo que realmente se está cerrando es el espacio para la crítica, dañando la autonomía y la pluralidad de ideas y de pensamientos, que son parte del pueblo de México, generando desconfianza para la inversión, entre otras cosas, ya que incorporan mecanismos de vigilancia selectiva, poniendo en riesgo la privacidad de millones de mexicanas y de mexicanos. Se abre la puerta a la censura, otorgando facultades para ordenar la suspensión precautoria de transmisiones. La confidencialidad de nuestras comunicaciones ahora estará sujeta a una muy peligrosa discrecionalidad desde el poder. Esta propuesta no representa un verdadero paso a la modernidad. Por el contrario, abre espacios, esquemas de control de narrativas y contenidos a todo el sector de telecomunicaciones, donde lo que debería de prevalecer es la libertad individual y el respeto a los derechos de las audiencias. Es por ello que hoy presento una reserva al artículo 10 del dictamen para eliminar la facultad de la comisión reguladora de telecomunicaciones que permite a este órgano ordenar la suspensión precautoria de transmisiones a cualquier ente que tenga o goce de concesiones autorizadas. Con esto buscamos evitar actos discrecionales y proteger la libertad de expresión. Estamos convencidos de que una genuina reforma en materia de telecomunicaciones auténticamente de avanzada debería ser una herramienta para fortalecer el acceso universal y equitativo a la conectividad para garantizar neutralidad en la red, el respeto a la privacidad de las comunicaciones y la independencia de los órganos reguladores, debiendo surgir de un proceso auténticamente abierto y no simulado al no haber tomado en cuenta las propuestas de expertos, de organizaciones de la sociedad civil, de todos los sectores involucrados ni tampoco, por supuesto, de la oposición. Finalmente, se trata de un proyecto impulsado de manera unilateral y sin el debate e inclusión que el país merece. En voz de quienes defendemos los principios constitucionales y los derechos fundamentales rechazamos esta ley mordaza, porque queremos un México donde realmente se persiga y se castigue a los delincuentes, aprovechando las tecnologías digitales y de comunicación, y no como una herramienta para el control y para la censura. Desde el Grupo Parlamentario del PRI reafirmamos que no vamos a legitimar una ley contraria al interés público, que institucionaliza la censura y debilita la competencia, concentrando el poder en una sola ventanilla digital. Concluyo afirmando que nuestro voto es en contra de un Estado totalitario, es a favor de la libertad y de las garantías constitucionales. Es a favor de un México conectado y no controlado. Es cuanto.