El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, a lo largo de su historia nuestro país ha padecido la extracción de sus bienes por parte de grandes empresas trasnacionales que en forma de rentas transfieren la riqueza productiva en México a sus países de origen en detrimento de la economía nacional. Esta situación ha dado como resultado la desnacionalización de la economía mexicana, la desarticulación de muchas empresas nacionales y la configuración de grandes poderes fácticos con capacidad por encima del Estado mismo. Es por ello que nuestra desconfianza en la ley en discusión no se funda en ignorar la realidad de la globalización económica equivocadamente concedida como desnacionalización, sino en la experiencia histórica. En otras ocasiones se argumentó que la invasión extranjera traería mayor competencia en beneficio de los consumidores, lo que prácticamente nunca se cumplió. Aunado a ello es larga la lista de casos en que la corrupción ha permeado en la asignación de contratos a particulares, siempre en contra del interés colectivo. Abrir un sector de la importancia del petróleo a la inversión privada, incluso extranjera, sin contar con mecanismos de asignación transparentes y confiables resultará contraproducente. Aun antes de concretarse las leyes reglamentarias, ya tenemos en la antesala a los nuevos políticos petroleros que se beneficiarán con las modificaciones jurídicas, siendo la mayor parte extranjeros. Es por ello que consideramos que debe omitirse a las personas morales como opción para celebrar contratos de exploración y extracción de petróleo. La propiedad de la nación sobre los recursos del subsuelo es uno de los fundamentos originarios del país. La propuesta trastoca y contradice estos principios, ya que convierte un bien público nacional en un rentable negocio privado, reitero, seguramente los más de los casos extranjeros. Se trata de simple pragmatismo económico pues países como México deben emular a otros como Corea, China o Brasil, quienes salieron adelante poniendo en práctica competencia y apertura selectiva no de manera desfocada. A pesar de que ha sido saqueado, a pesar de la corrupción que la carcome, Pemex sigue siendo el pilar económico del país. En términos reales, los mexicanos dependemos de la industria petrolera. Prueba de ello es que en 2013 el 35 por ciento de los ingresos del Estado provinieron del petróleo. Entregar las ganancias petroleras a la iniciativa privada es un mal negocio para México, pero un gran negocio para los privados nacionales y extranjeros. Ya lo decía Henry Kissinger: Controla el petróleo y controlarás a las naciones. Con esta ley, el Estado mexicano firma y transfiere el control de la nación a extranjeros y particulares. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de esta asamblea la reserva que consiste en limitar a los contratos de explotación y extracción que sean exclusivamente con Petróleos Mexicanos o con empresas productivas del Estado. Por lo que respecta a la reserva del artículo 23, señalo como exposición de motivos que el tema de las reformas en materia energética para el Estado simboliza más que una simple reforma; es más bien un conflicto de intereses en donde el principal actor será la inversión extranjera. Se ha recurrido a utilizar un sinnúmero de información para convencer a la gente, pretendiendo colgarse de la trayectoria política de personajes emblemáticos, como lo fue Lázaro Cárdenas, justificando así las modificaciones a la Constitución en materia energética con el claro objetivo de beneficiar a unos cuantos y no al grueso de la población, abusando de la ignorancia y hartazgo de nuestras ciudadanas y ciudadanos ya cansados de no ser escuchados. Lo que se expone es que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad no se privatizarán, seguirán siendo 100 por ciento públicas y 100 por ciento mexicanas, se dice. El petróleo y el gas seguirán siendo de la nación y se permitirá la participación privada en exploración, extracción, refinación, petroquímica, transporte y almacenamiento. Bajará el precio de la luz y también del gas, se dice. El gobierno cree que tendrá el control de las empresas inversionistas, ya que impusieron un sistema de sanciones que van desde el incumplimiento a las condiciones de las asignaciones, el inicio de trabajos de exploración sin autorización, la extracción sin que se cuente con un contrato o asignación hasta la perforación sin autorización y el incumplimiento de regulaciones. El artículo 23 del presente dictamen plantea que la adjudicación de los contratos para exploración y extracción se llevará a cabo mediante previa licitación, de la cual será responsable la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en la que podrán participar Petróleos Mexicanos, otras empresas productivas del Estado, y personas morales. Derivado de lo anterior, someto a esta asamblea, limitar que los contratos para extracción y exploración sean a personas morales, obviamente mexicanas. Es cuanto, compañeras y compañeros.