El diputado Alberto Amador Leal: Gracias señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. En nombre de mis compañeros Wenceslao Herrera Coyac, Mario Mendoza Cortes y Jorge Estefan Chidiac, me permitido presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal para incorporar, como un rubro de aportaciones federales en el artículo 25, el Fondo para la Infraestructura Social y Productiva para el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas, al tiempo que se establece en el propio articulado la fórmula de distribución hacia los estados y los municipios y un aumento significativo, definido a la proporción a la recaudación federal participable. El surgimiento del EZLN en enero de 1994, hizo evidente que el conjunto de acciones e iniciativas en materia de bienestar, derechos, cultura, incluyendo las reformas constitucionales realizadas en 1992, fueron notablemente insuficientes. Los acuerdos de San Andrés Larrainzar, suscritos el 16 de febrero de 1996, imprimieron congruencia y perspectiva al conjunto de acciones en materia de cultura social y productivas y de iniciativas para modificar el marco constitucional y legal, tanto en el orden nacional, como en los estados. Todo ello, en la búsqueda de una nueva relación del Estado con los pueblos indígenas. Desde su inicio, la actual administración federal expresó su decisión de afrontar este imperativo, al crear a principios del 2001 la oficina de Representación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. También mostró voluntad al alentar de alguna forma la marcha nacional del EZLN y, como consecuencia de ella, presentar la iniciativa de reformas en materia de derechos y cultura, acorde al proyecto propuesto por la Cocopa. Pese al cúmulo de desencuentros y la complejidad misma del debate y del tema del fondo, la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión logró finalmente concretar la reforma constitucional, al plasmar en el artículo segundo, el afán de justicia y dignidad que ha enarbolado históricamente el movimiento indígena y que constituye una demanda de la mayor trascendencia para preservar la identidad y la unidad de la nación mexicana. Al excluir la exigencia de reconocimiento jurídico a las comunidades, la reforma no recogió el compromiso adquirido por el gobierno en los Acuerdos de San Andrés. Se dejaron, además, otros temas que juzgó cardinales, como el de representación política o el de justicia a la decisión de los congresos locales, que han tenido respuestas disímbolas. En lo que concierne al bienestar, el esfuerzo realizado, sin desconocer el esfuerzo, la pertinencia, la tenacidad de la propia Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas dista mucho de lo necesario para abatir el déficit social y económico acumulado. Existe de hecho —lo sabemos todos, más allá de la coyuntura de Oaxaca— existe un clamor de justicia en las comunidades que está llegando ya al límite de la confianza en las instituciones y empieza a transitar por la vía de la protesta airada y, en algunos casos, de la insurrección en el orden municipal o de los estados. Tengo confianza de que las Comisiones de Asuntos Indígenas y de Hacienda y Crédito Público, recién instaladas en esta representación popular —más allá de los intereses parciales y legítimos de cada fracción— abordarán lo pendiente con un amplio sentido de la historia, con la clara percepción de la realidad y con fidelidad a los afanes libertarios y de justicia de los pueblos que nos han dado origen. En la profundidad y eficacia del cumplimiento de este cometido radica —compañeras, compañeros diputados— la posibilidad de encauzar muchos de los procesos que han rebasado ya el marco de las instituciones. La iniciativa que hoy se presenta pretende contribuir a este propósito. Aun siendo pecuniario el contenido de la misma, se estima indispensable para acometer las tareas materiales del bienestar y el progreso económico de las comunidades. Quiero destacar muy brevemente, que el gasto federal destinado tiene estimaciones diferentes; incluso en el propio texto o los anexos del Informe Presidencial se habla, por un lado de 26 mil millones de pesos; con esta sumatoria de programas de toda índole se habla del orden de más de 40 mil millones de pesos en otra estimación. Lo cierto es que hay dispersión de los programas; lo cierto es que la misma población objetivo, la misma población orgullosamente considerada indígena, tiene estimaciones diferentes; por un lado del INEGI, por otro lado de la Comisión Nacional y propiamente también del Consejo Nacional de Población. Es posible concluir que el espíritu y la letra de la Constitución no se han cumplido. La lógica fría de las prioridades macroeconómicas se impuso al imperativo político y moral para verter con decisión y a un mayor ritmo, las carencias y rezagos que afectan a los pueblos indígenas. Después de la reforma a la Constitución, las autoridades hacendarias dieron por cumplido el mandato constitucional con esta sumatoria a que hacía yo referencia. Fue necesario que esta Asamblea incluyera un fondo inicial de mil millones de pesos que hoy suma aproximadamente tres mil millones de pesos, pero que es notablemente insuficiente —insisto— para atender estas justas demandas y la realidad que se está viviendo en los pueblos. La dispersión de los programas y la burocratización se reflejan en la diversidad de criterios. Y hago una última pregunta. ¿Cómo justificar —compañeras, compañeros diputados— políticas económicas —y aún moralmente— que el gobierno federal destine más de 100 mil millones de pesos al pago anticipado de la deuda y únicamente tres mil millones a obras y programas adicionales para abatir los rezagos de los pueblos y de las comunidades? El hecho de que la oficina para atender a los pueblos indígenas esté al lado del despacho del Presidente de la República no fue suficiente para que se tomaran decisiones justas y oportunas. La autonomía de la Comisión no bastó para enfrentar los intereses políticos y burocráticos del gabinete. Los acuerdos con los gobernadores sólo atenuaron de manera parcial el centralismo. El empeño de los legisladores no alcanzó a limitar la discrecionalidad. En fin, son múltiples los temas pendientes en un asunto que es prioritario y estratégico, insisto, para la unidad y la identidad de la nación mexicana. Por estas razones, señor Presidente, entrego el texto completo de esta iniciativa y su razonamiento y pido a usted turnarlo a las comisiones de Asuntos Indígenas y de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias.