La diputada Rocío Matesanz Santamaría: Con el permiso de la Presidencia. En la exposición de motivos de la iniciativa del Ejecutivo, se estableció que existen donatarias autorizadas que cambian de residencia fiscal para eludir la obligación de tener que vigilarse, así como también existen aquellas a las que se les revoca esta autorización sobre su patrimonio. Derivado de lo anterior Acción Nacional propuso establecer como obligación que en los supuestos de cambio de residencia o revocación de esta autorización, las donatarias autorizadas deberán destinar la totalidad de su patrimonio a entidades autorizadas para recibir donativos, al igual como hoy se prevé para el caso de liquidación de dichas personas morales. También se detectó que en esta iniciativa, en la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se contemplaba la obligación del destino de patrimonio de los supuestos de pérdida de registro por conclusión de vigencia, sin que se haya renovado esta autorización, por lo que se propuso señalar que cuando la vigencia de la autorización haya concluido y no se haya renovado dentro de los primeros tres meses del ejercicio siguiente, se considerará liquidado, debiendo destinar todo su patrimonio a otra donataria autorizada dentro del cuarto mes del ejercicio siguiente. Al respecto, el Partido Acción Nacional considero que esta última medida obliga a las donatarias a liquidar la sociedad, lo que vulneraría el principio de seguridad jurídica, además de que no podrían operar dicha sociedades al quedarse sin patrimonio. En tal virtud, se propuso modificar y establecer que tratándose de los casos de revocación o de renovación de la autorización para ser donataria autorizada, cuenten con un plazo de 12 meses para obtener una nueva autorización o, en su caso, la renovación. En concordancia con esto, el PAN propuso que en los casos en que no se haya obtenido una nueva autorización o renovado su vigencia, se establezca la obligación de transmitir en un plazo de seis meses los recursos que no fueron destinados para los fines propios de su objeto social a entidades autorizadas para recibir donativos deducibles. Segundo punto, sobre la certificación de donatarias autorizadas. Por otro lado, en la iniciativa del Ejecutivo federal se propuso adicionar un esquema de certificación voluntaria que permitiera al SAT establecer mecanismos paulatinos de control automático, con la finalidad de que sean acortados los tiempos de respuesta relacionados a las solicitudes de autorización para ser donatarias autorizadas. Para efecto de esto, se establece que esta certificación deberá estar a cargo de instituciones privadas. Con este esquema, y por último, se propuso a través de Acción Nacional que no resulta procedente señalar que sólo las instituciones privadas especializadas serán las que clasifiquen a la solicitante que cumple con estos requisitos, ya que esto excluye la posibilidad de que un ente público, pueda ser también quien coadyuve con esta función. En este sentido, fortalecemos la presencia de las donatarias autorizadas en nuestro país. Es muy importante el papel que ellas juegan ya que atienden un sector que el gobierno en muchas ocasiones no puede atender. Por eso es muy importante regular e ir a favor de estas modificaciones que se pretenden. Es cuanto, señor presidente.