LA DIP. MARIA ELENA BADUY ISMC (En tribuna, continúa): De acuerdo al Código Electoral del Estado de Yucatán que parece desconocer, el proceso electoral debió iniciarse a partir de la primera quincena del mes pasado con la instalación del Consejo Electoral Estatal. También debieron instalarse a más tardar el 15 de noviembre pasado, los consejos distritales electorales y los consejos municipales electorales. El Comité Técnica Electoral, como instancia de apoyo operativo del Consejo Electoral debería, desde el pasado primero de noviembre, estar coadyuvando a la realización de una intensa campaña de actualización del padrón electoral. Nada de eso se ha cumplido en tiempo y forma, por el contrario, en los dos últimos meses hemos visto como las resoluciones del Tribunal Electoral han impedido el cumplimiento de los plazos electorales. En ese tiempo hemos visto como se revoca el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral, cómo en dos ocasiones se ha revocado el nombramiento de los integrantes del Consejo Electoral y cómo en ambas resoluciones se ha instruido la nulidad de los actos de ambos Consejos, por lo que consecuentemente se ha anulado las designaciones del titular del Comité Técnico y de los integrantes de los Consejos Distritales y Municipales. Tanto en la primera ocasión, cuando se instruyó la reposición de procedimiento para designar a los integrantes del Consejo Electoral del estado, como en el del nombramiento de Magistrados del Tribunal Electoral local, los poderes Legislativo y Judicial yucatecos acataron los resolutivos y aplicaron en su reposición los procedimientos que los mismos señalaron. Yo le quiero decir a uno de los compañeros que me antecedió, que de acuerdo a los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a las facultades que le otorga el numeral 30 fracción 16 de la Constitución Política del estado libre y soberano de Yucatán, y en congruencia con lo establecido por el artículo 86 fracción segunda del Código Electoral del estado, se procedió al nombramiento del Consejo Electoral del estado. Obviamente no podremos dejar satisfechos a los partidos políticos, porque ellos quieren un Consejo Electoral con gentes afines a sus muy particulares intereses. Obviamente jamás podremos dar gusto a todos los partidos políticos porque lógicamente eso, en consenso no podría realizarse. Pero además, yo le quiero recordar a los que me antecedieron en el uso de la palabra que se ratificó al Consejo Electoral que había venido funcionando anteriormente durante dos elecciones, un Consejo Electoral consensado con todos los partidos políticos, y que tampoco fue aceptado. Bueno, tal parece que solamente tendrían aceptación aquellos elementos que firman en un periódico de circulación y que ese sí tendría la aceptación obviamente, de los partidos políticos que son los que están respondiendo a los intereses de ese periódico. Ahora bien, tal parece que este Tribunal desestima la importancia de cumplir con los plazos electorales, importancia que llevó al Legislativo a restablecer como uno de los requisitos de procedencia de cualquier juicio de revisión constitución el que el cumplimiento de la reparación solicitada no se opusiera al cumplimiento de los tiempos electorales. Tal parece que los señores Magistrados no se dan cuenta que con sus actos, interpretaciones y razonamientos, lejos de favorecer el clima electoral están suministrando ingredientes al proceso electoral yucateco, que sin duda distorsionarán la participación y los resultados de las elecciones del 27 de mayo próximo, sobre todo a todos los grupos parlamentarios nos debe preocupar que esos hechos y actos de los integrantes del Tribunal confirman las aseveraciones de otras fracciones parlamentarias en el sentido de que las resoluciones de los magistrados se deben más a un indebido protagonismo político que a la estricta observancia de la ley o a la intención de coadyuvar a la normalidad democrática en los procesos electorales de nuestro país. Compañeras y compañeros diputados, los actos y resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe motivar en todos una profunda reflexión. Para la fracción parlamentaria del PRI, la reforma electoral de 1996 no fue para constituir un nuevo poder político en la República, o así lo hubiéramos establecido. No aprobamos la reforma para que las acciones de cualquiera de los actores electorales fuera un obstáculo a la normalidad democrática. No lo hicimos para que se sentaran precedentes de vulneración a la soberanía de las entidades a través de soslayar la validez e importancia de las normas locales. Establecimos requisitos de procedencia para que se cumplieran, no para que se evadieran o se justificara su desatención. Estamos frente a hechos trascendentes que van más allá de promover el acatamiento o juzgar la omisión por parte del Honorable Congreso de Yucatán. Yo estoy segura de que el Legislativo yucateco enfrenta la impostergable necesidad de que se continúe con el proceso electoral de la entidad. Ninguno de nosotros debe permitir que se limite la posibilidad de que más yucatecos se incorporen al padrón electoral, de que los partidos podamos acreditar en tiempo y forma nuestra representación en los distintos órganos electorales de la entidad, de que comenzamos con lo sustantivo y no nos quedemos en la forma. Actuar simplistamente y llevarnos por lo que se ha propuesto, sin duda sentaría precedentes nocivos, precedentes que en algún momento pudieran incluso someter a esta soberanía a determinaciones similares a la del Tribunal. No perdamos de vista que si aceptamos lo que el Tribunal Electoral está haciendo en el caso de Yucatán, aceptaremos que la atribución de designar a los miembros del Consejo General de IFE, coloca a esta soberanía en circunstancias similares a las que hoy vive el Legislativo yucateco. Con todo lo anterior, yo los convoco a no juzgar solamente la actuación del Congreso yucateco, sino a revisar cuidadosamente lo que los integrantes del Tribunal Electoral están haciendo con las atribuciones que les conferimos. No olvidemos que México es ante todo, una República que se sustenta en el equilibrio de Poderes y en la armonía del Pacto Federal. Muchas gracias. (aplausos) EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputada Rosa Elena Baduy Isaac. Ha solicitado el uso de la palabra para rectificación de hechos por cinco minutos, el diputado Eric Villanueva Mukul y se le concede. EL C. DIPUTADO ERIC EBER VILLANUEVA MUKUL. Con su permiso, señor Presidente. Señoras y señores diputados. Ya en una sesión anterior, una buena cantidad de diputados de las tres principales bancadas en esta Cámara de Diputados, habíamos presentado el proceso que a nuestro juicio resultaba poco apegado a derecho para nombrar al Consejo Electoral del estado. Señalamos en esa ocasión a nuestro juicio y a juicio de diferentes sectores y partidos, el Congreso Local había violado su propia norma al elegir un Consejo Electoral que no reunía los requisitos y que no se apegaba al procedimiento establecido por la Ley Electora del estado de Yucatán. Pero eso es historia, una nueva impugnación ante el Tribunal Federal Electoral dio como resultado un nuevo mandamiento para reponer procedimiento, de acuerdo al derecho establecido en la Ley Electoral Estatal. Después de aproximadamente diez días de ese resolutivo, el Congreso Local no ha acatado dicho resolutivo del Tribunal Federal Electoral. Estamos en estos días, en estas horas en los límites marcados por el propio Tribunal para que su dictamen sea acatado. Por lo tanto, el Congreso Local está en el borde del desacato total de este mandamiento del Tribunal Federal Electoral. El argumento de algunos miembros del Congreso Local es que se violenta la soberanía estatal al emitir el Tribunal por segunda ocasión, un mandamiento de reposición del procedimiento. Sin embargo, el artículo 99 de la Constitución es muy claro cuando establece que el Tribunal Federal Electoral, es el órgano máximo en los procesos electorales en el país y que tiene atribuciones para intervenir en procesos electorales estatales. Si los señores diputados de Yucatán no están de acuerdo con este mandamiento legal de la Constitución y de la Ley Electoral Federal, tienen dos caminos: Iniciar un juicio de inconstitucionalidad de dicha ley o preparar una iniciativa de ley para reformar la Constitución y reformar la Ley Electoral. Pero el actual resolutivo del Tribunal Federal Electoral, como lo establece la propia Constitución, es inatacable y por lo tanto estén que ser acatada. El Pacto Federal se basa en el acatamiento del marco de derecho que rige el país, y eso es para todos los mexicanos incluidos los diputados yucatecos y los gobernantes del Estado de Yucatán. La bancada del PRD, quiere dejar clara su posición de que no existe más discusión sobre este tema; el resolutivo debe de ser acatado. Y en ese sentido yo quisiera convocar a las tres fracciones parlamentarias del Congreso Local a hacer un último intento por lograr un acuerdo que permita el nombramiento del Consejo Electoral Estatal ¡ no en el sentido de tener personeros. Es decir, ni el PRD ni el PAN, ni el PRI, tengan personeros en el Consejo Electoral Estatal, sino realmente como establece la propia ley, sea un Consejo Electoral ciudadano, que garantice transparencia; que garantice legalidad y legitimidad al proceso electoral; que por cierto, estamos ya sobre los tiempos electorales en el estado. Si esto no fuera así, yo quiero pronunciarme porque esta Soberanía tendrá que vigilar que en acatamiento al resolutivo del Tribunal Federal Electoral, esta Soberanía vigile que los que se nieguen a acatar este resolutivo, deban de ser sancionados con todo el rigor que la ley y los procedimientos jurídicos establecen en este caso. Muchas gracias . PRESIDENTE: Gracias diputado Erick Villanueva Mukul. . Solicita el uso de la palabra el diputado Roger González Herrera, y se le concede hasta por 5 minutos, para rectificación de hechos. DIP. ROGER GONZALEZ HERRERA: Con el permiso del presidente: Los priístas de Yucatán no acaban de ponerse de acuerdo. Si en 1995 ganaron la alcaldía de la ciudad de Mérida, ¿por qué renunciaron a ella? ¿Cuándo se ha visto que el PRI gane una elección y generosamente se la entregue a un partido de oposición? Que digan quién les obligó a renunciar su supuesta renuncia, si acaso fue real, no significa una falsificación de la democracia? No le cumplieron entonces a los electores que confiaron en ustedes. Y algo más: por qué en las siguientes elecciones, en 1998, el PAN refrendó el triunfo en Mérida con la votación más alta de su historia llevando la alcaldía a Patricio Patrón Laviada. Por otra parte, decir que el Consejo invalidado fue plural y designado conforme a la ley es exhibir un cinismo sin límites.