La diputada Yazmin de los Ángeles Copete Zapot: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: la reserva a estos dos artículos se debe a que nosotros, los diputados, esta soberanía no debe aprobar estas normas, específicamente en estos dos artículos porque se violan los derechos humanos de segunda generación, conocidos también como normas del constitucionalismo social, de que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa, principios constitucionales que están consagrados en los artículos 1o y 4o, párrafo séptimo de nuestra Constitución. Pero también contravienen el artículo 123, fracción XII, mismo que señala lo siguiente: se considera de utilidad social la expedición de una ley para una creación de un organismo integrado por representantes del gobierno federal, de los trabajadores y de los patrones que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas. Luego entonces estamos hablando de que se violaría el derecho humano y la garantía social a la vivienda digna y decorosa. Por lo tanto, los recursos de los trabajadores destinados al Fondo Nacional de la Vivienda, Infonavit y Fovissste son intocables y no se pueden destinar o aplicar de manera distinta para lo que fueron creados. Es importante señalar que el derecho humano y social de que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa tiene su origen en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en donde el Estado mexicano forma parte y está obligado a cumplir este principio de derecho internacional, y no podrá legislar o invocar normas de carácter federal y local para incumplir con los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Del análisis de la evolución histórica del artículo 4o., párrafo séptimo, de nuestra Constitución tenemos que ese derecho humano y garantía constitucional que las familias mexicanas disfruten de una vivienda digna y decorosa se plasma en nuestra Constitución, porque el Estado mexicano a través de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión aprobó el 18 de diciembre de 1980 el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 de enero de 1981. En este mismo sentido, al aprobar estos artículos, 217-H y 217-I, del presente dictamen se contraviene lo señalado al párrafo tercero del artículo 1o. de nuestra Carta Magna, donde a la letra dice: Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con la aprobación de estos artículos, si así lo hace el pleno de esta Cámara, los diputados no estaremos protegiendo, menos aún garantizando, el derecho humano y la garantía social de que toda familia disfrute de vivienda digna y decorosa, porque los recursos de los fondos de vivienda de los trabajadores se destinarán para la formación del seguro de desempleo utilizando la subcuenta del Infonavit. El Infonavit que calculó que aproximadamente otorgarán al seguro de desempleo entre 15 mil y 20 mil millones de pesos anualmente. Esta cantidad es desproporcionada al 0.5 por ciento que el gobierno federal aportará este seguro de desempleo. El gobierno de Enrique Peña Nieto demuestra hoy su miseria con esta aportación y sólo confirma que el seguro de desempleo es discriminatorio, toda vez que los recursos los aportará la clase trabajadora. Este gobierno ha heredado una burocracia que se ha estimado en más menos un costo de 110 millones de pesos, que el gobierno federal debería reducir estas plazas y, bueno, de ahí obtener los 15 o 20 mil millones de pesos que aportarán los trabajadores al seguro de desempleo. Y, bueno, sí estamos de acuerdo por supuesto con la pensión universal. Y lo dijo aquí la compañera que me antecedió en la palabra, y no hay que ser mezquinos. Efectivamente un gobierno democrático del PRD que en ese entonces encabezó el licenciado Andrés Manuel López Obrador hizo realidad la pensión universal de fondos públicos, y que en ese entonces quien presidía nuestro país efectivamente lo otorgó de manera parcial a fuerza de voluntad, derivado de una manifestación de campesinos bajo el lema El campo no aguanta más, y entonces conocimos ese programa de los Adultos Mayores y era a partir de los 60 años. Esto es un remedo de ese programa que un gobierno democrático implementó y que sirvió de modelo. Ahora el problema no son la falta de normatividad, es la aplicación, el aterrizar los programas, las leyes, porque se decía que con la reforma laboral iba a haber miles de empleos. ¿Cuál es hoy la realidad?, que no es cierto, que no son los miles de empleos. Hoy el gobierno está preocupado por darle un Seguro de Desempleo en lugar de estar preocupado por la inversión, porque en nuestro país haya crecimiento y entonces olvidarnos de programas que sí resultan ser electoreros. A mí me consta, porque los hemos agarrado, como dicen en mi pueblo, con las manos en la masa, porque sí el PRI los ocupa precisamente para hacer que las elecciones resulten a su favor. Sabemos que incomoda, pero también el rancho decimos, la verdad no peca pero incomoda. Lo lamentamos, pero es la verdad. Gracias, diputado presidente.