La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy vengo a presentar una iniciativa sobre un tema que a los legisladores de Acción Nacional nos parece que ya es tiempo de revisar y de aprobar. Durante mucho tiempo hemos solicitado que exista un Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales, con el fin de dar transparencia a los recursos públicos que se destinan a estos propósitos y conocer con mayor claridad el impacto de los programas respecto a la reducción de la pobreza de nuestro país. No ha sido solo una preocupación del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, también ha sido una preocupación recurrente de especialistas, de académicos y diversas organizaciones, como Transparencia Mexicana, IMCO, Incide, México Evalúa, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y hasta incluso la misma Sedesol. La necesidad de establecer en la Ley General de Desarrollo Social la obligación de que los programas de los tres órdenes de gobierno cuenten con programas para evitar duplicidades y esquemas de captación electoral. Contamos con una Ley General de Desarrollo Social aprobada por consenso en este Congreso, y esta establece las bases para una política social de Estado. Nuestro país, sin duda, ha avanzado bastante en la consolidación de una política social de Estado, pero esto no ha sido suficiente. A pesar de estos avances, el Estado mexicano está y aún no ha tenido la capacidad de revertir el fenómeno de la pobreza en que se encuentran más de 55 millones de personas. Muchos son los retos en esta materia, pero donde tenemos mucho que hacer es en la transparencia y en la rendición de cuentas. Y es ahí donde tenemos la obligación de fortalecer el marco jurídico e institucional, particularmente a nivel local con el afán de erradicar la opacidad en la gestión de los programas sociales, pues no hay nada más despreciable que lucrar con las necesidades de los que menos tienen. En el ámbito local, los esfuerzos por coordinar y transparentar las acciones en materia de desarrollo social son aún insuficientes. Hoy no se sabe qué programas tienen los estados y municipios en materia de desarrollo social, ni mucho menos cuáles son esos padrones de beneficiarios, los cuales los tienen en sus presupuestos. Esta total opacidad es la que permite que sean utilizados con fines políticos electorales. Los mayores problemas en materia de rendición de cuentas y transparencia se presentan en las políticas sociales de los estados, pues muchas veces no existen padrones públicos, no existen reglas de operación y no hay informes que den cuenta cómo se han utilizado esos recursos públicos. Algunos datos que les entrego, solo el 65.3 por ciento de los programas sociales vigentes cuentan con un padrón de beneficiarios, y de los programas federales, 88 por ciento reportan que cuentan con padrones. Y de las entidades federativas, 64.5 por ciento reportaron el mismo hecho. Únicamente el 56.2 por ciento de los programas sociales a nivel nacional reportaron hacer públicos los padrones de beneficiarios. En dependencias federales, 78.7 por ciento y en los estados 55.3 por ciento. El 78.3 por ciento de los programas sociales vigentes comunicaron tener información en medios electrónicos. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados detalla que solo 55.3 por ciento de los programas sociales de los estados cuentan con un padrón público de beneficiarios y apenas...