El diputado Teofilo Manuel García Corpus: Con su permiso, ciudadano presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, hago uso de la palabra en esta alta tribuna de la nación, para poner a su consideración, para persuadirlos y solicitar su apoyo para la atención de un asunto verdaderamente trascendente, se trata del derecho a la consulta, uno de los derechos adjetivos más importantes reconocidos y tutelados por la legislación internacional y por nuestra Constitución fundamental. Para garantizar a la población indígena el respeto y acceso a sus derechos fundamentales relacionados con sus tierras y sus territorios, recursos naturales, centros ceremoniales y lugares sagrados, organización y participación política, cultura, salud, educación y desarrollo en general. Estoy presentando ante esta soberanía esta iniciativa orientada a tutelar y salvaguardar esos derechos de nuestros pueblos originarios y, con esto, a que el Estado mexicano abone a la deuda histórica que tenemos con ellos. La condición multicultural de nuestro país y su reconocimiento en nuestra Carta Magna, así como en diversas constituciones políticas de las entidades federativas, no debe ser sólo declaración decorativa, sino una condición básica vertebral de nuestro Estado, que debe permear tanto en la organización estatal misma, la administración pública, sus planes, políticas y programas, con base en los cuales cumplen sus funciones. Al respecto, es evidente que la realidad es muy diferente de lo que teórica y jurídicamente debe ser. Aunque desde el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) se ha avanzado en la realización de algunas consultas, y aunque le hemos reconocido este derecho a los pueblos indígenas, no hemos terminado de crear las condiciones para que los ejerzan, con lo cual, tal reconocimiento en la práctica es casi nulo. En el marco de una evolución somera del Estado que guarda el ejercicio de este derecho, el propio Consejo Consultivo demandó, entre otras medidas, en su pronunciamiento denominado Acuerdos de Ek Balam, en agosto de 2007, "la consulta como un derecho y actividad fundamental para la concepción, diseño, ejecución y evaluación de medidas legislativas y de políticas públicas". Como sector diferente al resto de la sociedad mexicana, portador de una cultura específica e histórica, los pueblos y las comunidades indígenas que los integran tienen derecho a participar en la vida del país y una de las formas más importante de hacerlo es mediante el ejercicio de la consulta para todos los asuntos que puedan afectar su vida; consulta a través de la cual, las instituciones estatales deben recabar su opinión, a partir de un diálogo de buena fe, la concertación y el uso de mecanismos culturalmente apropiados y pertinentes. La ausencia en nuestro país de una reglamentación sobre este derecho a la consulta es más grave cuando el Estado mexicano se ha comprometido con la comunidad internacional a reconocerlo. Desde hace décadas, ustedes, como miembros de esta honorable asamblea, han de saber que desde 1991 ?hace 19 años? entró en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre Pueblos Indígenas y Tribales, cuyo artículo 6o. establece el derecho de los pueblos a ser consultados mediante procedimientos apropiados y, en particular, a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. El mismo instrumento jurídico, en su artículo 7o., determina que los pueblos indígenas deben tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual, y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social, cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. Ambos documentos contienen disposiciones vinculantes que obligan al Estado mexicano a cumplirlas para no caer en responsabilidad internacional. Hasta ahora, el Estado mexicano no ha cumplido y, por lo mismo, con esa omisión está actualizando la causal de responsabilidad internacional, situación en la que estamos hasta ahora, y que con esta ley contribuimos de manera fundamental a saldar esas irregularidades. Además, es pertinente invocar aquí, también, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas que aprobó la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en el año 2007, que su artículo 19 establece la obligación de los Estados para celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su conocimiento libre, previo e informado. Compañeras y compañeros diputados, la iniciativa que estoy presentando nos coloca ante la posibilidad de avanzar decididamente hacia la justicia a favor de los indígenas, mediante una ley que establece las bases para el diálogo intercultural, la sana relación del Estado y del resto de la sociedad con este importante sector de la población, que desde hace 200 años viene luchando por reivindicar sus derechos. Quienes encabezan la Independencia y la Revolución, tomaron de los pueblos originarios muchos de los símbolos que hoy nos identifican como mexicanos. A la postre, para algunos se ha convertido en un estorbo para el modelo neoliberal que hoy se aplica a nuestra nación. Aún así, nuestros indígenas han persistido, siguen y serán siendo factor sustancial de la composición de nuestra identidad?