El diputado Javier López Zavala: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes estimadas compañeras diputadas y estimados compañeros diputados. Expongo ante ustedes con la brevedad de tiempo un resumen de la iniciativa que reforma los artículos 115 y 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de deuda pública. El uso incorrecto de los recursos públicos mina la posibilidad de un futuro en crecimiento y desarrollo para las entidades federativas. Algunos gobiernos estatales y municipales han abusado del endeudamiento al realizar obras políticamente rentables, dejando la responsabilidad de la operación, el mantenimiento y el pago de dicha deuda a las siguientes administraciones. Esto ha ocasionado el sobregiro de la capacidad de endeudamiento de los estados y municipios, cuando el presupuesto que se destina al pago de los intereses y el capital es tan grande que limita seriamente su operación normal, poniendo en peligro el equilibrio de la tesorería y los servicios públicos que el gobierno está obligado a proporcionar. Y ha puesto en duda la viabilidad de las autoridades siguientes, a los que originalmente contrajeron la deuda pública, quienes dedican un monto excesivo de los recursos a pagar sin poder hacer o construir infraestructura nueva o propuesta propias a la campaña. La incapacidad de los gobiernos locales para atender a sus obligaciones crediticias por lo general ha coincidido con la presencia de cualquiera de los siguientes factores o combinación de ellos: un desequilibrio de fondos de operación en el que los gastos corrientes exceden significativamente a los ingresos corrientes en el periodo fiscal, una desviación importante y creciente en la restauración de los ingresos pronosticados. Éste es el momento de generar el marco legal que haga posible un uso más eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos por parte de los servidores públicos estatales y municipales, que considere de manera indispensable que la deuda contratada no exceda del periodo del ejercicio del gobierno que la contrata y por los conceptos y hasta por los fijados anualmente en los respectivos presupuestos. Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que entre el 2000 y junio de 2012, la deuda de estados y municipios aumentó el doble que sus ingresos, lo que puso a muchos de ellos en riesgo de insolvencia financiera, limitó sus posibilidades de endeudarse para proyectos realmente necesarios y paralizó a algunos por la falta de liquidez ante sus proveedores. Más del 50 por ciento de esos recursos fueron erogados en los últimos cuatro años sin que se conozca a detalle el destino de los mismos, las tasas a las que fueron contraídos cada uno de esos créditos y las razones que justificaron su contratación. En este periodo la deuda subnacional creció de casi 106 mil millones, a casi 244 mil millones de pesos, de los cuales más de 27 mil millones corresponden a pasivos contratados por municipios. De los cerca de 138 mil millones de deuda contraída, 42 mil 710 millones fueron contratados entre 2000 y 2008; mientras que 95 mil 278 millones fueron adquiridos entre 2008 y el primer trimestre de 2012. Mientras la deuda subnacional se duplicó, los ingresos estatales crecieron en sólo 57 por ciento, al pasar de 527 mil millones a 829 mil 646 millones de pesos, de acuerdo a las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En términos generales, 14 estados concentran cerca del 96 por ciento de los 95 mil millones de deuda contraída en los últimos cuatro años: Baja California, Coahuila, Chihuahua, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. El incremento de la deuda subnacional generó que 16 estados registren niveles poco óptimos de deuda, pues ésta representa más del 50 por ciento de las participaciones que reciben a través del Ramo 28, rubro que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue la garantía de más del 80 por ciento de los créditos contratados. En esta situación se encuentran también Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Además, en los últimos dos meses de 2012 alrededor de 124 municipios de los estados Chiapas, Guerrero, Jalisco y Querétaro se han declarado en quiebra. Con esta iniciativa proponemos que en el caso de decidirse por endeudamiento, los estados tendrán que sujetarse a los lineamientos establecidos en la Ley de Deuda Pública respectiva. En ese sentido, la iniciativa que presento pretende que la información financiera de los diversos órdenes de gobierno se presente de forma clara, sencilla y accesible no solamente a los órganos de fiscalización y evaluación, sino a la sociedad en general. Por ello, la iniciativa incluye tres características esenciales: 1. El establecimiento de reglas de transparencia para toda la información financiera generada por el ejercicio de recursos de deuda pública de las entidades y municipios. 2. La aplicación general de disposiciones armonizando la presentación de la información financiera. 3. Paralelamente en los Presupuestos de Egresos que especificarán los conceptos de inversión pública. Estas permitirán establecer a nivel local mecanismos que garanticen cerrar espacios a la corrupción, que la sociedad cuente con mayor y mejor información que permita involucrarse a mayor profundidad con los gastos del gobierno, aclarar las facultades que tienen los Congresos estatales de autorizar al Ejecutivo y a los ayuntamientos a contratar deuda pública y afectar como garantía. Los Congresos de los estados deberán reformar la Ley de Deuda que incluya las características siguientes: Establecer bases claras, regular de manera eficaz y eficiente el uso de los recursos, incorporar la figura de un pagador independiente. Sin duda los legisladores tenemos que distribuir o mejorar el marco jurídico federal que permita que las Legislaturas locales armonicen su legislación en materia de deuda pública. Éste es el nuevo paso que debemos de dar en torno a la democracia y a la transparencia. Por ello en la iniciativa que estoy presentando a esta soberanía propongo reformar el artículo 115 y 117 de la Constitución Política en lo que considero que la deuda pública que se contrate para obra, reestructuración y financiamiento, se destine exclusivamente a inversión pública productiva que no exceda al ejercicio del gobierno que la contrate o sea autorizada por el Congreso del estado; además considere sólo hasta un monto previamente determinado de las participaciones programadas. Por lo anterior, en esta reforma podemos ayudar a que los recursos con los que dispone el estado sean mejor utilizados. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.