La diputada Alicia Concepción Ricalde Magaña: Muchas gracias, señor presidente. Las reservas que vengo a presentar al dictamen que reforma y adiciona la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, tiene como finalidad garantizar el control en el otorgamiento de permisos para la portación de armas de los funcionarios públicos extranjeros y de nuestro país. Es por eso que buscamos reformar y adicionar los artículos 28 y 28 Bis, a fin de que se establezcan requisitos y reglas más claras y transparentes para tener un registro y vigilancia de los funcionarios extranjeros que transiten en nuestro territorio durante el tiempo que dure su comisión. Ahora bien, la iniciativa fundamenta en su exposición de motivos un tema de carácter económico, reformando la Ley Federal de Armas de Fuego. ¿A caso no es contradictorio presentar un dictamen de esta naturaleza cuando en realidad estamos autorizando la portación de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de aduanas, migración y personal de seguridad en visitas oficiales? ¿Estamos simulando? ¿Qué tiene que ver una Ley de Armas de Fuego con situaciones que si bien en parte van a resolver a nuestro país la cuestión de tránsito, de migración, de aduanas, la van a aligerar, los trámites, la competitividad y todo esto que nos han dicho en cuestión económica? Pero ¿por qué armados? Lo han dicho mis anteriores compañeros; lo dijo el diputado Alfredo Rivadeneyra; lo dijo mi compañera Adriana González. En el dictamen se autoriza la portación de un revolver o pistola semiautomática con calibre máximo de 40 milímetros. Pero luego dice textualmente: en casos excepcionales se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, que a juicio de la Sedena se justifique la necesidad. No dicen cuáles son esas armas, bajo qué criterios o normas serán autorizadas. ¿Por qué el dictamen no hace referencia a ellas? Una autorización de este tipo viola el artículo 5o., fracción II de la Ley de Seguridad Nacional. Y repito ¿por qué en esta Ley de Armas de Fuego tienen que poner todo lo demás? No había un solo representante de la Secretaría de Estado a la cual le compete expedir estos permisos, como es la Sedena. Nos notificaron la opinión por medio de un papel que supuestamente era un correo que se recibió a la comisión sin membrete, sin firma, sin quien lo envía, y con opiniones, supuestamente a favor de esta ley que hoy estamos reformando. Además en el dictamen se plantea que los permisos de portación de armas son extraordinarios, temporales, con marco regulatorio claro, en lugares establecidos, pero establece el artículo 28 que los servidores públicos extranjeros que participen en la revisión migratoria, en los puntos de tránsito internacionales, los que puedan portar estas armas. ¿Cuáles son esos puntos? Porque en nuestro país hay muchos recintos aduanales, centrales y muchos recintos migratorios, no sólo en las dos fronteras, sino en los aeropuertos y patios aduanales, la dimensión es enorme. ¿Cómo los vamos a controlar? ¿Cómo se van a tomar las decisiones al interior de estos puntos? ¿Para qué las armas? ¿Acaso no están resguardadas las aduanas y puntos migratorios por las autoridades mexicanas? ¿Por nuestras fuerzas armadas? También en el dictamen se menciona que la Sedena determinará los límites de la portación de armas, pero no dice dónde queda el arma al terminar la jornada laboral del funcionario extranjero. Mi preocupación, compañeras y compañeros diputados es más allá de los supuestos beneficios económicos, eso me queda muy claro. Mi partido ha sido impulsor de esa ley, desde hace muchos años. Lo que no me queda claro es ¿por qué las armas? ¿Por qué tenemos que permitir y dar esa carta abierta a la presencia de agentes migratorios de Estados Unidos, en particular, en todo el territorio mexicano? El dictamen habla también del artículo 28 de los acuerdos interinstitucionales y del principio de reciprocidad para autorizar la portación de armas extranjeros. Mi pregunta es: ¿quién autoriza y vigila el cumplimiento de esos acuerdos? Porque está claro que el Senado no lo hace. Es una negociación entre padres de la administración pública federal de ambos países. ¿Cómo podemos hablar de reciprocidad entre una potencia mundial y un país como el nuestro? Y por otra parte, ¿cuál es el nivel mínimo de los funcionarios del extranjero a los que se les autorizará la portación de armas? No lo dice el dictamen, ¿puede cualquiera obtener el permiso? ¿No sería prudente incluir en los artículos 28 y 28 Bis esta información? Pues todos estos cuestionamientos, compañeros y compañeras, no tuvieron respuesta. No hubo ningún representante de la Sedena ni en la previa de mi grupo parlamentario ni en la Comisión de Defensa Nacional, de la cual soy secretaria. No pudieron ser contestadas. Sigo con la duda, si esta Secretaría de Estado de verdad está de acuerdo con estas reformas que hoy se están aprobando. En razón de todo lo anterior proponemos que la Secretaría de la Defensa Nacional especifique en el acuerdo interinstitucional correspondiente un listado de las armas y características que pudieran autorizarse excepcionalmente. No podemos dejar libre a las autoridades la autorización de armas de mayor calibre sin que nos informen puntualmente el por qué y el para qué. En segundo término proponemos que se especifique en la ley el lugar donde serán resguardadas las armas al finalizar la jornada laboral. Y finalmente proponemos que se especifique en la norma el nivel que ostenta el servidor público extranjero, a fin de evitar que se otorguen permisos sin antes constatar que estos están capacitados para la portación de las mismas. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en Acción Nacional sabemos que garantizar la seguridad de los ciudadanos es nuestro deber primordial por el cual trabajamos y velamos diariamente. Es por eso que una reforma de esta magnitud debe considerar todas las aportaciones para sumar y perfeccionar la misma, a fin de que la soberanía y la seguridad interior no se vean violentadas y se encuentren siempre dentro del marco jurídico nacional. Es cuanto, señor presidente.