La diputada Lorena Piñón Rivera: En la fantasía, la invisibilidad es un súper poder muy atractivo por todas las posibilidades heroicas que ofrece a su poseedor, pero en la realidad descarnada, la mayor injusticia que enfrentan las personas mayores es ser invisibles en el mercado laboral. De conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y en la Convención Americana en la materia, el concepto de una persona auténticamente libre es la que se encuentra amparada por las leyes para contar con las condiciones que le permitan ejercer a plenitud sus derechos sociales, culturales, civiles, políticos y, desde luego, los económicos. Por su parte, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, en el artículo 18 señala, que el adulto mayor tiene derecho a trabajo digno y a la igualdad de oportunidades y de trato al respecto de los otros trabajadores, sin importar la edad. Que los países signatarios adoptaremos las medidas legislativas, administrativas o de otra índole, para que sean necesarias para promover el empleo formal de la persona mayor, con el propósito de prevenir abusos y garantizar una adecuada cobertura social. El dictamen propuesto para reformar el artículo 123 constitucional se encuentra en esta lógica de progresividad de los derechos de las personas mayores, pues refiere que podrán establecerse un límite máximo de edad para ocupación de un empleo y tampoco podrán restringir el ejercicio de un cargo en la administración pública con motivo de los años en vida. Este dictamen también implica la progresividad de los derechos de los niños de hoy, porque para la actual generación de infantes, la normalidad de su futuro será que haya mucho más hombres y mujeres supercentenarios, en donde los avances de la ciencia médica les permita tener una longevidad con una disminución en los índices de enfermedades crónicas y, por ende, mayores posibilidades de ampliar su etapa productiva. Sin catastrofismo ni exageraciones, también hay que decirlo, el escenario económico de 2022 hace prever que, a futuro, si no se toman las medidas necesarias, la proyección de que exista una quiebra inminente en el sistema público de pensiones contributivas y no contributivas. Por lo que es necesario que nosotros, las personas de juventud acumulada y los supercentenarios del futuro tengamos la certeza de que no seremos discriminados por nuestra edad en el campo laboral. Desde 2020, la ONU estimó que el mundo ya estaba habitado por más personas de 65 años o más, que niños menores de 5 años. Imagínense en el 2050. Para la bancada del PRI esta reforma no es solo para los mexicanos que se encuentran en la tercera edad, sino también para los niños de ahora, los bebés que han nacido el día de hoy y los que están por concebirse. Porque merecen que las leyes los amparen en su derecho humano del trabajo remunerado, sin posibilidad de ser segregados del campo laboral con motivo de su edad. La exigencia de esta adición al artículo 123 constitucional será que cumplamos con otras reformas, que no se encuentran incluidas en el presente dictamen, pero que respetuosamente anticipo algunas a esta soberanía legislativa. Primero. El artículo 5o. de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores, para adicionar el derecho a jornadas laborales. Y se abren los signos. Segundo. Reforma al numeral 9 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, para indicar que no se puede restringir las oportunidades de acceso al empleo con motivo de la edad; Tercero. Adición al artículo 149, tercera fracción del segundo del Código Penal Federal, alusivo al delito de discriminación para señalar que no se pueden negar o restringir derechos laborales con motivos de la edad. Por los adultos mayores de hoy, los de mañana, por los próximos supercentenarios y los nuevos matusalén del México que vendrá, voto a favor. Muchas gracias, presidenta.