EL C. DIPUTADO ALEJANDRO CRUZ GUTIERREZ (PRI): "Nos trataron como animales, no vinieron a hacer cateos, vinieron de cacería, hasta hicieron disparo adentro de nuestras casas, por eso salió herida la muchacha que estaba durmiendo". Excélsior, 13 de noviembre de 2000. Con su venia, señor Presidente. Señoras diputadas; señores diputados: Voy a referirme al punto número uno a que hizo referencia el diputado que me antecedió en la palabra. "La violencia en Chiapas". El día 12 de noviembre del próximo pasado más de 200 elementos de la Procuraduría General de la República en 30 vehículos tipo Suburban y dos camiones con capacidad de 40 pasajeros cada uno, a las 5 :15 de la mañana, de noche todavía, irrumpieron en la comunidad Miguel Utrillo de Los Chorros, municipio de Chenalhó, disparando al aire para intimidar a la población y con el objeto de detectar probables grupos armados. Durante el operativo al mando del fiscal Armando del Río se suscitó un enfrentamiento entre la gente de la Procuraduría General de la República y habitantes de la comunidad de Miguel Utrilla Los Chorros, hechos estos propiciados por los abusos, por la actitud prepotente y el despotismo de los agentes de la Procuraduría General de la República. Como consecuencia de esta agresión de la policía, resultaron heridos Antonio Empin de 15 años de edad, con herida de bala en la cabeza; Antonio Guzmán Ruiz de 17 años de edad con impacto de bala en la pierna derecha y Alfonso Santis Vázquez de 20 años, que también resultara con herida de bala en el brazo izquierdo, producto de los disparos que realizaron los elementos policiacos. La actitud demostrada por las autoridades involucradas dejan al descubierto la falta de profesionalismo y preparación de este tipo de elementos, que con toda seguridad siguen existiendo en los diferentes cuerpos policiacos. Por ello, rechazamos estas acciones y lo calificamos de nefasto al pretender realizar su trabajo con evidente riesgo de lesionar física y mentalmente a los niños, mujeres y ancianos que habitan ese municipio. Exigimos cesen los atropellos a los pueblos indígenas, exigimos respeto a las garantías que establece la Constitución y castigo a los responsables de los hechos ocurridos en Miguel Utrilla; responsabilizamos a la Procuraduría General de la República de la violencia que pueda suscitarse por exacerbar los ánimos entre las comunidades. Quiero hacer hincapié de que en Chiapas podrían existir grupos civiles armados, que está muy lejos de la nominación de paramilitares. Para llegar a la consideración de paramilitar se requiere de entrenamientos especiales, organización, instrucción y adiestramiento proveniente del gobierno del ejército para un propósito determinado. Hasta ahora no hay prueba ni indicio de que el gobierno del ejército hubieran adiestrado a grupos armados. La decisión de combatirlos comprueba de que se trata de grupos civiles que por una u otra circunstancia se han armado y procede, desde luego, desarmarlos, pero el cumplimiento de la ley no puede nunca depender de la comisión de delitos, tampoco de la represión agresiva e indiscriminada; lo que la policía hizo en la comunidad de Miguel Utrilla fue un verdadero asalto a gente que resultó inerme por la forma como repelió la agresión: con machetes, piedras y palos, que distan mucho de ser armas de alto poder. Fue una pifia la que cometió la policía, con resultados tan infructuosos que no lograron mas que acrecentar la tensión y el rencor. Esos indígenas agredidos pueden buscar venganza en sus propios compañeros, ante el hecho de que algunos de ellos sirvieron como guías a la policía para enseñar las entradas al pueblo y las casas que ocultaban presunto armamento. Nada encontró la policía, aun cuando penetró con violencia a los hogares cateados. E os indígenas se sintieron lesionados en su dignidad y en sus derechos humanos, con justa razón. Nadie se opone al combate de los grupos armados, porque ése es un reclamo social ancestral, pero ese combate debe ser eficiente, estratégico, profesional, para evitar resultados tan lamentables como los de Miguel Utrilla. Chiapas vive las consecuencias del conflicto armado de 94, que ha dejado muchas secuelas lesivas a la paz y a la tranquilidad social, en un conflicto que detonaron las desigualdades y las injusticias, en un medio indígena con hambre y sed de justicia. Por eso es urgente que llegue la negociación para lograr una paz digna y justa, donde los derechos indígenas tengan prioridad en sur espeto y en su desenvolvimiento. Ese tipo de operativos policiacos producen más tensión que esperanzas de verdadera paz. Es lamentable que la policía del rango de la Judicial Federal y la Federal Preventiva se hayan visto rebasadas por la furia indígena y batirse en retirada con el síndrome de un fracaso inaudito. Eso significa que el operativo prentendieron realizarlo a través de la violencia y la represión, confiados en el miedo y en la sumisión de los indígenas. Pasaron por alto que a raíz del conflicto de 94, los indígenas se despojaron del miedo y decidieron luchar en todos los frentes por el respeto a su dignidad de seres humanos. Podría apuntarse a favor de la policía que actuó con prudencia, ya que repeler con balas la agresión con piedras hubiera traído funestas consecuencias, pero la prudencia perdió elegancia para convertirse en aparatosa huida. Más profesionalismo, más sagacidad, mayor información es lo que necesitó esa policía para salir avante. Es preferible que dejen en paz a las comunidades indígenas y no amedrentarlas con aparatosas acciones. Los indígenas sintieron que eran objeto de un asalto, de una arbitrariedad, por eso decidieron defenderse, eran hombres, mujeres, jóvenes, decididos a todo, incluso a ser acribillados, Señoras diputadas, señores diputados: éstos son los casos lamentables que no se deben repetir, cuando se dan palos de ciego, las consecuencias son funestas; que cumpla con su deber la policía mexicana, pero inspirado en la razón, en el respeto a la ley y con incuestionable profesionalismo; que desarme a los delincuentes, no que asalte a los pueblos inocentes. (aplausos)