La diputada Alma Edwviges Alcaraz Hernández: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros, compañeras diputadas. La suscrita Alma Edwviges Alcaraz Hernández, diputada de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a consideración de este Pleno la proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes Consideraciones Conocido es por todos el esfuerzo que cada año realizan las autoridades de las entidades federativas de la República Mexicana, por lograr una participación presupuestaria cada vez más generosa por parte del gobierno federal para la realización de obras que, desde luego, tienen alta prioridad en cada uno de los estados solicitantes. Sin embargo, el Presupuesto de Egresos de la Federación establece que en caso de que los ingresos tributarios y los derechos petroleros resulten superiores a lo estimado, deben destinarse a diversos apartados; entre ellos en su fracción IV dice lo siguiente: "Deberán destinarse al gasto de inversión de infraestructura en las entidades mediante las participaciones federales". Sin embargo, el avance presupuestal en este sentido, compañeras y compañeros diputados, no es congruente con la rendición de cuentas que sería necesario constatar sino que al contrario, tenemos conocimiento de que algunas entidades han dedicado grandes esfuerzos por eludir las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación. Y por otra parte los estados, en sus propios estados aún se estila, aún se acostumbra la obsoleta aprobación de la cuenta pública sin que la propia institución de Auditoría, de Contaduría o de revisión de la cuenta, hayan dado su informada y detallada opinión sobre ese rubro del gasto. Es decir, compañeras y compañeros, las entidades federativas por un lado evaden la revisión de la Auditoría Superior de la Federación, y por otro lado, los órganos de fiscalización de los estados no revisan estos rubros y en el peor de los casos los gobiernos estatales controlan a dichos órganos de fiscalización a través de sus mayorías en los congresos estatales. Y además, los gobiernos estatales acostumbran utilizar a los congresos y a sus órganos de fiscalización como arma de manipulación y chantaje político, para su gusto, para su conveniencia en el estado. En el caso del destino de estos recursos para gastos de inversión de infraestructura en las entidades, por ejemplo, no se tiene cabal conocimiento de si los beneficios de estos ingresos adicionales realmente llegaron a los amplios sectores de la sociedad mexicana que tanto lo requieren, a esos lugares que tenemos en nuestra República, donde se vive la extrema pobreza. Por lo anterior, requerimos de un esquema homogeneizado de parámetros de financiamiento de nuestro desarrollo, de fiscalización, de transparencia, que nos permita luchar eficientemente contra la pobreza. Por ejemplo, etiquetando de manera clara y especifica estos recursos en las leyes correspondientes y además, dejando claro el marco de sanciones en caso de que no se cumpla con el destino señalado, delimitando funciones para reorganizar la redistribución de los recursos públicos de estos renglones. Por lo anteriormente expuesto y considerando que una de las principales fuentes de recurso para las administraciones municipales y estatales son los derivados del Ramo 33 y aquellos provenientes de los excedentes del petróleo, rubro del que no ha sido posible llevar a cabo su efectiva y cabal fiscalización ni su evaluación. Que es urgente y necesario que se definan las reglas adecuadas para la distribución de estos montos provenientes de los excedentes del petróleo, de los estados hacia los municipios, porque esta discrecionalidad de los gobiernos estatales hacia los municipios les sirve —y de nuevo lo denunció— les sirve a los gobiernos estatales como arma de manipulación, como arma de chantaje para el control político en sus entidades. Que aún cuando estos recursos han estado fluyendo hacia las entidades federativas, no se cuenta con un inventario nacional de obras, de proyectos, de evaluación, de impacto financiero de los recursos en los municipios y en otras entidades estatales, así como tampoco del impacto en el desarrollo de las poblaciones que reciben este recurso. Que permanece en la población la idea de que existe un mal uso, del uso de estos recursos para el desarrollo, más aún, cuando no han sido fiscalizados ni en el ámbito federal y mucho menos en el ámbito estatal. Que es necesario generar las modificaciones...