El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: la historia de nuestro país en el tema de la tortura es por demás lamentable. Desde la llamada guerra sucia hasta el brutal incremento de esta práctica, lo cual nos orilla a reconocer la imperiosa necesidad que existe como estado de garantizar, por los medios necesarios, la erradicación de esta penosa y deleznable violación a derechos humanos. De acuerdo a Amnistía Internacional, en su informe respecto a la tortura en México, publicada en el año 2012, a ese año se reportaba la existencia de 110 denuncias por tortura presentada ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 4 mil 731 denuncias por malos tratos. Sin embargo, la cifra citada dista mucho de la realidad debido al endeble sistema de denuncia, en ningún momento garantiza la protección del denunciante frente al torturador ni existe un sistema de captación de denuncias que concentre a las 32 Comisiones de Derechos Humanos, lo cual impide tener una cifra veraz, como es el caso de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo León, que reporta tres veces más casos en 2011 que la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. A estas anomalías habría que añadirle que la cifra de denuncias por malos tratos de autoridades es de 4 mil 731, o sea 43 veces más que las denuncias correspondientes a tortura, lo cual hace pensar incluso que existe un manejo inadecuado de las denuncias para que no se cataloguen como tortura y se les asigne como simples malos tratos. Todo ello se ha logrado por una estrategia de seguridad que no contempla el cumplimiento de los derechos humanos por parte del mismo Estado, que debe garantizarlos, aunado a un lamentable sistema de protección de denunciantes que, lejos de proteger a quienes han sido víctimas de este delito, los desnuda frente a los mismos infractores, colocándolos en estado completo de vulnerabilidad. Resulta igualmente grave que el Estado mexicano haya sido incapaz de cumplir con sus compromisos en la materia de erradicación de tortura, ya que tanto la legislación federal como la legislación de las entidades federativas no se ajustan a los lineamientos de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles humanos, inhumanos o degradantes, lo cual incluye desde la simple tipificación de este delito. La voluntad política del gobierno no ha sido encaminada a erradicar la tortura en el país y al día de hoy esta práctica continúa atentando contra la integridad de los gobernados, más aún lesionando la legitimidad del Estado como garante respetuoso y tutelador de los derechos humanos de la población. En ese sentido, se plantea que el avance contenido en el dictamen propuesto a discusión es loable, ya que pretende incorporar al artículo 7o de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, medidas de control en la evaluación médica de los detenidos o reos, garantizando que el contenido de los dictámenes que emita el médico legisla refieran a los signos físicos y psicológicos de tortura que se observen, así como la revisión sea efectuada en un lugar privado. El dictamen propuesto encierra una progresión en el tema de la erradicación de la tortura, ya que a través de las mencionadas medidas se incorpora a la norma federal la posibilidad que el médico legista, en un ámbito de privacidad efectúe el chequeo médico y refiera a cada uno de los ámbitos de la tortura. Pero no nos vanagloriemos con este proyecto, corresponde al Estado mexicano cumplir con las obligaciones contraídas en el ámbito internacional y por supuesto nacional, y corresponde en mayor medida ser el garante de los derechos humanos de los gobernados y no su infractor. En ese sentido, debemos tener la voluntad política no sólo para aprobar este dictamen, sino para instrumentar las normas suficientes que hagan operativo lo que aquí hemos planteado y hacer un análisis amplio en el tema, desde la instrumentación de una política pública que permita erradicar de forma definitiva este grave delito, hasta la incorporación a la norma constitucional de los lineamientos que incida en las legislaturas de los estados. Por todo lo anterior, la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano votará a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.