El diputado Eduardo Ledesma Romo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. En un entorno internacional de las grandes transformaciones, nuestro país está obligado a replantear estrategias que le permitan recuperar el prestigio perdido en el ámbito internacional, y que le signifique una mayor capacidad de negociación en el beneficio de los intereses nacionales. Como en el pasado, la política exterior actual tiene su fundamento en los principios de no intervención, libre autodeterminación de los pueblos, igualdad jurídica de los Estados, solución pacífica de controversias y la cooperación internacional para el desarrollo, la que sólo debe ajustarse a la realidad contemporánea mediante una conducta internacional más dinámica. Desafortunadamente, la política internacional se ha demostrado pasiva y reactiva ante los hechos ya consumados. Entre este tenor, la innegable respuesta tardía y tibia que tuvo el gobierno mexicano ante la promulgación de la Ley SB1070, que permite a la autoridad detener en Arizona sin orden previa a una persona que se sospeche que haya cometido alguna ofensa pública. Debido a la naturaleza potencialmente racista contenida en la Ley SB1070 y al numeroso grupo de mexicanos en Estados Unidos, el gobierno de México a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el pleno respeto al principio de no intervención, debió haber estado mejor informado para llevar a cabo acciones diplomáticas oportunas. Aun cuando en el Cuarto Informe de Gobierno se enfatiza que la protección de los mexicanos en el exterior es una clara prioridad de la Cancillería y que la labor cotidiana de la red consular de México no sólo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, busca asegurar el respeto a los derechos de nuestros connacionales, independientemente de su situación migratoria. La defensa que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha realizado respecto a sus derechos no ha sido contundente. Por el contrario, ha sido reactiva en la muerte de migrantes mexicanos en manos de patrullas fronterizas. Baste señalar el caso del migrante mexicano Anastasio Hernández Rojas, quien falleciera a causa de la agresión de parte de policías norteamericanos en el cruce fronterizo de San Isidro, California. Pareciera que las relaciones diplomáticas de México con Estados Unidos dan mayor preponderancia al combate al crimen organizado que al respeto de los derechos humanos de nuestros connacionales que inmigran a ese país, por lo que nos pronunciamos porque la Cancillería fortalezca las acciones de protección en defensa ante los procesos de deportación de migrantes mexicanos en los Estados Unidos. En otro aspecto, no podemos negar el peso que posee Estados Unidos en el diseño y ejecución de nuestra política exterior. Sin embargo, ello no debe concluir en el reduccionismo, que concentre el trato internacional en un solo país. Aun cuando se han fortalecido las acciones de cooperación bilateral contra la delincuencia organizada transnacional en el marco de la Iniciativa Mérida, nuestro país no ha recibido la fluidez ni su totalidad de los fondos prometidos. Si bien la Iniciativa Mérida constituye un reconocimiento de corresponsabilidad entre México y Estados Unidos en la lucha contra la delincuencia organizada, los avances en materia de la relación bilateral es incompleto. Peor aún, la inversión de los fondos derivados de la Iniciativa Mérida y las operaciones de las autoridades encargadas del combate al crimen organizado no han logrado detener la violencia relacionada con el narcotráfico que ha dejado más de 28 mil muertos en los últimos cuatro años. De igual forma, tampoco parece haberse reducido el acceso del número de personas adictas a las drogas ilegales en tan sólo seis años al 50 por ciento. Las acciones derivadas de la alianza para la seguridad de la prosperidad de América del Norte y las realizadas en el marco de la Iniciativa Mérida para contender el tráfico ilícito de armamento tampoco han sido suficientes, tan sólo de enero a julio de este año las corporaciones policíacas y Fuerzas Armadas han decomisado más de 20 mil armas; más aún, cerca del 90 por ciento de las armas que se decomisan proceden de los Estados Unidos. Es claro que nuestro país demanda una política genuina y de diversificación con mayores márgenes de maniobra en la política y en lo económico. Hasta ahora, la presente administración no ha logrado conciliar la realidad geopolítica y geoeconómica de nuestra vecindad con Estados Unidos con la necesidad de una política exterior independiente. La política internacional mexicana se ha diluido en un mayor acercamiento para responder a los intereses de Estados Unidos, lo que sólo ha dado lugar a disminuir el diálogo, perdiendo nuestro derecho de disentir en lo que se considera esencial para preservar su autonomía. Hemos firmado desde 1994 más de 11 tratados de libre comercio, que no se han sabido aprovechar; ya que el intercambio comercial principal de México sigue siendo con Estados Unidos, al que destina más del 80 por ciento de sus exportaciones que lo estanca en una dependencia comercial. Ha llegado el momento de reposicionarnos como líderes norteamericanos. No podemos seguir basándonos en la interdependencia económica. Urge recuperar los espacios de independencia, para que nuestro país pueda avanzar en los temas coyunturales como la migración, el tráfico de armas y el comercio. La pérdida de importancia de México en el escenario diplomático mundial, principalmente con el intermediario de Latinoamérica frente a la comunidad internacional, posición que hoy ocupa Brasil, no ayuda a que nuestro país tenga un papel más protagónico en la defensa de interés nacional. Finalmente, aún en cuanto al Cuarto Informe de Gobierno se establece la estrategia de reforzar y extender los lazos políticos, económicos y culturales con el concierto internacional, queda pendiente diversificar la política exterior con proyectos innovadores en materia energética y científica, pues el desarrollo nacional exige tomar cuenta en otras prioridades internacionales. Por su atención, muchas gracias.