La diputada Claudia Elena Lastra Muñoz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Asuntos Migratorios por el que se reforma el artículo 93 de la Ley de Migración. En principio quiero señalar que, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el tema migratorio es de particular importancia y tenemos el firme compromiso de trabajar desde nuestra trinchera para mejorar las leyes migratorias, uniendo esfuerzos y trabajando en materia de cooperación internacional para favorecer el desarrollo de los países de origen, tránsito, destino y retorno de flujo migratorio, en donde por supuesto México tiene un papel estratégico debido a su posición geográfica. No olvidemos que las caravanas migrantes abandonan su lugar de origen impulsados por las condiciones de pobreza extrema, inseguridad, desigualdad e injusticia, buscando nuevas oportunidades laborales, dejando a sus familias para migrar a los Estados Unidos en busca del sueño americano y en muchos casos trabajan en condiciones de riesgo e incertidumbre. Nuestra Carta Magna establece que toda persona que entra a territorio mexicano gozará de los derechos humanos y protección de las leyes, y es obligación de las autoridades del Estado mexicano garantizar el respeto a esos derechos, ya sean migrantes, nacionales, género, extranjeros o cual fuera su origen de nacionalidad, género, o situación migratoria, con especial atención a los grupos vulnerables. Como mexicanos debemos asegurar el respeto de los derechos que reclamamos para nuestros connacionales, cuya situación migratoria es irregular en el exterior, y garantizar con responsabilidad la vigencia de estos derechos para los extranjeros dentro del territorio mexicano. Ahora bien, la Ley de Migración, en su artículo 19, tiene prevista la existencia del Instituto Nacional de Migración, cuya naturaleza jurídica es la de ser un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que tiene por objeto la ejecución, control y supervisión de los actos realizados por las autoridades migratorias en territorio nacional, así como la instrumentación de políticas en la materia, con base en los lineamientos que expide la misma Secretaría. El artículo 93 de la misma ley, señala que el Instituto recibirá y atenderá las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de delitos, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente. Es muy importante tener en cuenta que la facultad de investigación y persecución de los delitos corresponde al Ministerio Público. Consideramos que el texto vigente puede malinterpretarse en una invasión de esferas o usurpación de la facultad constitucional del Ministerio Público, como representante de la sociedad para investigar las denuncias o querellas por la posible comisión de delitos. En consecuencia, la reforma que hoy discutimos tiene como objetivo dar certeza jurídica a los migrantes y concretar las funciones y facultades de la autoridad migratoria. Es así, que la propuesta de la dictaminadora tiene como fin establecer y determinar la facultad del Instituto para solicitar información al Ministerio Público sobre las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de delitos, única y exclusivamente para efectos de control, verificación o revisión migratoria. Asimismo, en el segundo párrafo del artículo en cuestión se propone que en los casos en que acuda un particular para presentar denuncias en contra de un extranjero, el instituto deberá informar que no es autoridad competente para investigar la probable comisión de delitos y deberá canalizarlo a la agencia del Ministerio Público que corresponda, para que ahí presente sus denuncias. Compañeras y compañeros legisladores, la política migratoria del Estado mexicano es un acto no solo de soberanía nacional sino también de solidaridad para los habitantes de otros pueblos. Es cuanto.