La diputada Lourdes Érika Sánchez Martínez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta de reforma educativa que hoy discutimos, plantea la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, constituye un tema trascendental en la medida que favorecería la incorporación de segmentos de estudiantes que hasta ahora han visto restringido su ingreso. Además de estas preocupaciones legítimas, habrá que cuidar que la mayor cobertura que se pretende no se traduzca en una baja calidad de educación, y que esta sea poco pertinente. Por ende tenemos en nuestras manos la oportunidad histórica de enriquecer este dictamen con responsabilidad y con congruencia. La educación superior juega un papel de primer orden en el desarrollo económico, social y científico a nivel nacional. Actualmente este nivel educativo cuenta con alrededor de 4 millones de alumnos y los retos son grandes. Uno de los principales desafíos que enfrentan las instituciones de educación superior es la insuficiencia e incertidumbre en el financiamiento que ha variado según las condiciones económicas y políticas del país. Basta señalar que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, mientras la matrícula publica creció en 109 por ciento entre el 2000 y el 2017, el gasto federal lo hizo en 71 por ciento, resultando en una disminución del 18 por ciento en el subsidio por alumno en este período. Esta, es la esencia de la reserva que vengo a presentar en el artículo Décimo Quinto transitorio. Tanto en la fracción VIII, como en la X, se establecen explícitamente las responsabilidades que tienen las entidades federativas como de los municipios para garantizar el derecho a la educación y cumplir con la obligatoriedad de la educación superior, no así la responsabilidad en materia presupuestal por parte del gobierno federal. Textualmente, el transitorio Décimo Quinto menciona: un fondo federal sin fondos determinados. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos abiertos a debatir los cambios que contribuyan al fortalecimiento de la reforma educativa, siempre y cuando se materialicen en más y mejores oportunidades para las y los jóvenes y a la sociedad mexicana en su conjunto. No se trata de que los estados y los municipios dejen de invertir en educación, se trata de que el gobierno federal absorba los costos adicionales de esta reforma, sin que esto afecte las finanzas de los demás órdenes de gobierno. Las y los mexicanos no merecen una carta de buenas intenciones. Es nuestra responsabilidad brindarles certeza y un fondo federal real, adecuado a las necesidades de esta nueva disposición que garantice el acceso de las y los jóvenes a estudios universitarios. Si todos ustedes, compañeras diputadas y diputados apoyan esta reserva, no solo vamos a evitar que las entidades federativas y municipios asuman una carga presupuestal insostenible que ponga en riesgo sus finanzas, sino también le vamos a dar al gobierno federal las herramientas que requiere para que garantice el cumplimiento de esta disposición constitucional. Hagamos viable, compañeras diputadas y diputados, hagamos viable esta evolución de la reforma educativa. Es cuanto, presidenta.