El diputado Santiago Gustavo Pedro Cortés: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El Estado mexicano tiene su soporte constitucional en la Constitución de 1917. El eje articulador del Estado mexicano se sustenta, entre otros, en los siguientes principios: Estado federal, división de Poderes, régimen municipal, garantías individuales y el principio de distribución de competencias. El cúmulo de facultades metaconstitucionales a favor del Presidente de la República trajeron como consecuencia el que se desarrollara un presidencialismo que limitaba el ejercicio de las facultades legales de los otros dos Poderes constituidos e incluso, que el Poder Legislativo y el Judicial se subordinaran al Presidente de la República. En este sistema presidencialista, la voluntad del Presidente se convirtió en el fundamento de las decisiones gubernamentales. Esta situación empezó a cambiar cuando en 1997, el Partido Revolucionario Institucional perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con lo que el Presidente se vio impedido de imponer mecánicamente su voluntad en esta Cámara. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo consideramos que la premisa fundamental de la reforma del Estado consiste en redistribuir el poder político para que el pueblo sea un actor fundamental en la creación de un Estado democrático, que pasa por la necesidad de establecer en la Constitución las figuras de democracia participativa, ya que el sistema de democracia representativa está agotado. Dichas figuras son el plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, el presupuesto participativo, entre otras, que combinadas con el sistema de democracia representativa alienten la participación popular. En el Partido del Trabajo y en su grupo parlamentario en esta soberanía, tenemos claro que una democracia que produce pobres, es una pobre pero muy pobre democracia. El eje de la reforma del Estado debe ser el consenso entre las principales fuerzas políticas del país, con el concurso de la sociedad en su conjunto a través de amplios esquemas de participación ciudadana. Los temas materia de la reforma del Estado son muy amplios. En el proceso de negociación de la reforma de Estado tendremos que decidir si se mantiene el régimen presidencial o es conveniente innovar, transitando así a un sistema semiparlamentario o plenamente parlamentario. En el tema de la democracia y sistema electoral tenemos que establecer reglas claras que permitan dar certidumbre al elector sobre el sentido de su voto y que su decisión ha sido respetada. Tenemos que eliminar los fraudes electorales que ponen en riesgo la estabilidad del país, que ahondan las diferencias entre los mexicanos y aniquilan nuestra endeble democracia. Proponemos el uso de la urna electrónica para eliminar el fraude. Proponemos que los ilícitos electorales cometidos antes de la jornada electoral sean sancionados con la cancelación del registro. Proponemos la creación del Instituto Nacional de Elecciones. Proponemos también prohibir la contratación por los partidos políticos de los spots electorales, como sucede en Francia y en Chile. La renovación de la confianza en las autoridades electorales pasa, necesariamente, por la remoción inmediata de los actuales integrantes del Consejo General del IFE, que el pasado 2 de julio demostraron no estar a la altura de la responsabilidad que se les confirió y con una actitud facciosa contribuyeron a perpetrar el fraude más grande de la historia en perjuicio de México y de Andrés Manuel López Obrador, hoy Presidente legítimo de nuestro país. En cuanto al tema del federalismo, es urgente plantear una redistribución de competencias de la federación hacia los estados, el Distrito Federal y los municipios. En nuestra opinión, México no podrá ser un país fuerte si previamente no tenemos estados y municipios fuertes. En este punto es vital plantear un nuevo sistema de coordinación fiscal. En el tema de las garantías sociales, es imprescindible —ya termino— sostener e incrementar éstas, ya que en 1992 con la contrarreforma al artículo 27 constitucional, la propiedad social se vio severamente afectada y los ejidatarios y comuneros se han visto forzados a vender sus tierras. Señora Presidenta, por último deseamos manifestar que nos reservamos, para su discusión en lo particular, el artículo 3o., el artículo 6o. y el artículo 6o. transitorio. Es cuanto.