La diputada Inés Parra Juárez: Le vamos a decir a México que efectivamente este gobierno está destruyendo toda la corrupción de los gobiernos neoliberales prianistas. Las viejas estructuras jurídicas y los usos del sistema neoliberal están llegando a su fin en nuestro país. El fideicomiso es una figura jurídicamente propicia en el que en resumidas cuentas una persona fideicomitente entrega a otra, fideicomisario, la titularidad de unos activos para que esta los administre en beneficio de un tercero fiduciario. Dada su flexibilidad, la figura del fideicomiso ha sido utilizada para prácticamente cualquier cosa que se imaginen. En México tenemos en el ámbito público al fideicomiso con estructura orgánica o paraestatal, y a los actos jurídicos sin estructura orgánica entre los que se encuentran los fideicomisos, los fondos, los mandatos y los contratos de naturaleza análoga. Estos últimos, los que no tienen estructura orgánica, son los que preponderantemente han sido empleados, como es público y notorio, como un instrumento o herramienta para eludir los controles, rendición de cuentas y fiscalización de los recursos que se ejercen a través de ellos. Incluso fueron utilizados para el ocultamiento de subejercicios, al incorporar los recursos a este tipo de actos a fin de que se consideren devengados. Ha sido tan opaco el manejo a través de estos instrumentos, que se ha llegado a calificar a los fideicomisos constituidos por recursos públicos, como el arte de desaparecer dinero público. Existen contratos jurídicos sin estructura orgánica, como el Fonden, apoyo a víctimas, apoyo a la ciencia, tecnología, becarios, los cuales no fueron manejados por los gobiernos neoliberales apegados estrictamente para el propósito de su creación. Durante años y bajo el amparo del secreto fiduciario, los responsables de los manejos de este tipo de instrumentos se negaron a entregar cualquier tipo de información sobre ello, a pesar de que habían sido creados con patrimonio público, este obstáculo se eliminó en la Ley General de Transparencia. Un ejemplo que muchos recuerdan sobre los manejos opacos de este tipo de instrumentos y del que incluso se pueden encontrar datos en Internet, fue un fideicomiso constituido durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, dentro del denominado Programa para la modernización educativa del país, en el cual 16 años después de haber sido cerrado aparecieron mil 700 millones de pesos en su contabilidad, según lo reportó la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la Cuenta Pública 2009. Otro ejemplo de manejos absolutamente opacos fue el Fideicomiso del Bicentenario, que se constituyó con motivo de los festejos en 2010, del cual tenemos como la evidencia más palpable a la denominada Estela de Luz, que lo único que arrojó fue luz que expuso la corrupción del sexenio de Calderón. Y, aún existen otro tipo de instrumentos jurídicos cuyo sustento constitucional no está muy claro, como lo son los de pensiones complementarias para mandos medios y personal operativo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el de pensiones complementarias de magistrados y jueces de distrito jubilados y de encontrarse opacos también tendrían que revisarse. Por ahora, como un primer paso en esta materia y como parte de la transformación del país hacia una cultura de transparencia, honestidad en el manejo del patrimonio público, se ha iniciado un análisis y, en su caso, extinción de estos actos jurídicos cuyo manejo económico no ha sido del todo claro. Ello, de ninguna manera significará que se descuiden aspectos tan importantes como el apoyo a las víctimas, a la investigación, a las artes, etcétera. Se seguirá haciendo, pero, desde otras áreas. Y de manera directa, a través del Presupuesto de Egresos. Las reglas deben ser claras y cumplirse, no debe eludirse bajo ninguna circunstancia, la transparencia y la rendición de cuentas deben darse sin cortapisas. Lo reitero, bajo ninguna circunstancia, ni siquiera con el pretexto de buscar fines, por más nobles que estos sean. Por ello, estoy a favor de que la información sobre el gasto público sea transparente, suficiente, con responsables bien definidos, con contabilidad clara, rendición de cuentas...