La diputada Reyna Celeste Ascencio Ortega: Primeramente, quiero agradecer a quienes integran la Comisión de Transparencia y Anticorrupción por apoyar una propuesta que dará seguridad jurídica en los procedimientos de responsabilidades de los servidores públicos. También quiero agradecer a la diputada Lidia Pérez Barcenas por su acompañamiento y apoyo. Gracias, Lidia. La finalidad del proyecto de dictamen es armonizar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en cuanto a la forma de computar la prescripción en el procedimiento de responsabilidades de los servidores públicos, ya que actualmente en la ley se establecen dos supuestos distintos para interrumpir la prescripción, lo que resulta contradictorio y genera inseguridad jurídica para las personas. Como bien saben, la figura de la prescripción es un medio por el que se adquiere o pierden derechos y obligaciones por el simple transcurso del tiempo, en el caso particular en lo relativo a la prescripción de las facultades de la autoridad para sancionar administrativamente a servidores públicos. De allí que sea no solo un tema de seguridad jurídica, sino de combate a la corrupción. Actualmente el artículo 74 de la ley en mención hace referencia a que la prescripción se interrumpe en términos del artículo 100, cuando en el procedimiento de investigación se hace la calificación de la conducta. En contraste, el artículo 113 refiere que la prescripción se interrumpe cuando se admite a trámite el informe de presunta responsabilidad administrativa. Por lo que tal contradicción constituye una afectación a la seguridad y certeza jurídica de las personas que están sujetas a un procedimiento de responsabilidades administrativas. De tal forma que pido su voto a favor del proyecto, que nos dé la seguridad jurídica y que nos guíe también la lucha ante la corrupción. La característica más destructiva y perniciosa de una sociedad es la corrupción extendida y convertida en práctica administrativa regular, dañando gravemente la capacidad de las instituciones para desempeñar sus tareas, atender las necesidades del pueblo, garantizar los derechos de la ciudadanía. Por ello erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales de nuestro mandato como legisladoras y legisladores. La sentencia emitida por la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta por unanimidad el 9 de marzo de 2022, hizo una interpretación conforme al artículo 74 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y se dispuso que debe atenderse el principio pro persona. Con ello se da referencia a la normativa que más favorece a la persona. Lo que no significa que se debilitan los esquemas de responsabilidad administrativa, sino que se brinda certeza jurídica al procedimiento. Igualmente, la resolución en comento concluye que los términos de prescripción se entenderán interrumpidos hasta la fecha en que la autoridad administrativa notifique al posible infractor. Se trata, pues, de un hecho objetivo. Para concluir quiero compartir con ustedes una frase atribuida a Séneca, que dice: “Lo que las leyes no prohíben lo puede prohibir la honestidad”. Y sirva de atento llamado para que sigamos construyendo un país mejor, honesto y justo para todas y para todos los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta.