EL C. DIPUTADO LUCIO FERNANDEZ GONZALEZ: Gracias señor diputado presidente. H. Asamblea. Se somete a consideración de ustedes el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos tercero y cuarto al Artículo 51 del Código Penal Federal que fue presentada a esta H. Cámara de Diputados por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a través del suscrito el 12 de diciembre del año 2002, misma que fue turnada por la presidencia de la Mesa Directiva en sesión de la misma fecha a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, la cual procedió al análisis, estudio y dictamen que a continuación se describe CONSIDERACIONES El autor de la iniciativa refiere que el derecho penal como ordenamiento sancionador de la conducta de los hombres, debe de revisarse permanentemente, para asegurar la vigencia de sus principios y la exigencia social de su observancia, es decir, la correspondencia de sus normas con la realidad y circunstancias sociales que lo nutren. Existe una exigencia social constante que clama por una justicia pronta y expedita por parte de los órganos jurisdiccionales, es por ello que el Estado debe poner el mayor empeño para dar respuesta a favor de los gobernados, refiere que en materia penal los jueces y tribunales, deben aplicar las sanciones dentro de los límites fijados por la ley establecidos para cada delito y tener presente, al momento de dictar sentencia, que están frente a seres humanos que merecen ser tratados como desiguales frente a los iguales, así considera que no se puede juzgar por igual a quienes no representan una peligrosidad a la sociedad como a los que si la representan. La fracción I del tercer párrafo que se adiciona tiene el propósito de facultar al juzgador, para que en uso de su autonomía y una vez que haya tomado en cuenta al momento de dictar su resolución las circunstancias peculiares del inculpado, sus costumbres y conductas anteriores, los motivos que lo impulsaron a delinquir, sus condiciones económicas y las especiales en que se encontraba en el momento de la comisión del delito, la magnitud del daño causado, el bien jurídico, la naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para su ejecución, la calidad de las personas ofendidas y las circunstancias de tiempo, lugar, modo y ocasión, que en su conjunto, demuestren la gravedad del ilícito y el grado de culpabilidad de la gente, tome en cuenta además que si se trata de un delincuente primario, de escaso desarrollo cultural, de indigente situación económica, y que por las circunstancias y características del delito cometido, no representa un riesgo para el ofendido o para la sociedad, pueda reducir hasta la mitad de la pena que le correspondería, conforme al Código Penal, siempre que no se trate de un delito grave. Considera la iniciativa que la confesión provoca la oportunidad de reducir la actividad jurisdiccional, en beneficio de una pronta administración de justicia, a favor de quienes intervienen en un proceso penal. Y también se infiere de la misma iniciativa, que el inculpado, al confesar, tiene la intención del arrepentimiento, y en consecuencia está consciente que ha dañado a la sociedad y que su deseo es rehabilitarse. Así la segunda fracción del tercer párrafo que se adiciona, tiene el propósito de producir el beneficio para que se reduzca hasta en un tercio, la pena que se puede imponer al inculpado, que al rendir su declaración preparatoria, confiesa espontánea, lisa y llanamente, los hechos que se le imputan. En cuanto al daño causado por la comisión de un delito patrimonial no agravado, considera la iniciativa, que no hay razón alguna para prolongar innecesariamente la actividad jurisdiccional. Se propone hacer más pronta y efectiva la reparación del daño a favor de la víctima del delito, lo que sin duda redunda en beneficio de una pronta administración de justicia, por lo que la fracción III del mismo párrafo que se adiciona, establece el mecanismo para lograrlo, al señalar que el inculpado tiene la posibilidad de que se le reduzca la pena aplicable hasta en una mitad, en tratándose de un delito patrimonial no agravado, pagando espontáneamente la reparación del daño causado. A efecto de tener certeza y claridad en su aplicación de los beneficios, se propone que el juez sólo podrá aplicar al inculpado una sola de las reducciones propuestas. Expuesto lo anterior, los diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, conscientes que los legisladores somos interlocutores de la sociedad en el más genuino aspecto de la personalidad delegada, estamos convencidos de que uno de los reclamos más sensibles de la sociedad es hoy en día la exigencia de una justicia pronta y expedita, además estamos ciertos que las medidas propuestas serán benéficas para dar respuesta a este reclamo social. Estamos convencidos que todo orden jurídico requiere de una serena y madura revisión para adecuarlo a los tiempos presentes y al inevitable porvenir. Es por ello que en aras a la obtención de este fin, somos coincidentes con las adiciones propuestas a nuestro Código Punitivo Federal, por lo que la sometemos a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea, a efecto de que sean aprobadas. Por su atención, gracias.