El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza: Con el permiso de la Presidencia. Conflicto de interés, corrupción, impunidad, la sociedad está cansada de estas palabras y desde luego que en Nueva Alianza no seremos indiferentes a sus exigencias. Compañeras y compañeros legisladores, la iniciativa que someto a consideración de esta honorable asamblea el día de hoy, tiene como finalidad que los procesos de licitación, de inicio a fin, sean más transparentes, objetivos e imparciales. Por ello y para ello propongo reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, y de la Ley General de Transparencia y de Acceso a la Información Pública. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que la transparencia es y debe ser un principio fundamental de la acción política. Más aun cuando de la asignación de proyectos de obra pública se trata. Sabemos todos nosotros que la corrupción es uno de los problemas que más daño ocasiona al país. Y para frenarla es necesario fortalecer nuestro marco normativo, a fin de eliminar de la ley las áreas grises que, si no la fomentan, sin duda la facilitan. La transparencia y la rendición de cuentas constituyen pilares fundamentales en nuestra agenda legislativa, nos comprometimos con las y los mexicanos a realizar las reformas necesarias para que las obras públicas cumplan con los criterios más estrictos en materia de transparencia. Si buscamos redignificar la política es indispensable hacer una revisión de las normas jurídicas que sirvan de base para construir un andamiaje que nos proporcione las herramientas que nos permitan tener un control de cómo y en qué se gastan los recursos públicos. Nuestra Constitución establece, en su artículo 134, párrafos tercero y cuarto, que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones, así como la contratación de obra que realice la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública abierta, con el fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, etcétera. Asimismo, refiere que cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado y la ciudadanía. La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas es reglamentaria de dicho precepto, lamentablemente los procedimientos establecidos en ella contienen recovecos que servidores y empresas sin escrúpulos han utilizado para realizar prácticas corruptas o contratos millonarios que contienen claros conflictos de interés. En este sentido, la iniciativa que se somete a su consideración pretende fortalecer las instituciones y los procedimientos de licitación pública con el objetivo de prevenir y combatir de manera eficaz y contundente los actos de corrupción. Para lograr dicho objetivo se pretende, por ejemplo, robustecer las funciones del testigo social, incluyendo su obligación de denunciar los casos en que presente conflicto de interés entre funcionarios de la entidad convocante y los contratistas participantes en el proceso de licitación, así como aquellos en que favorezca a alguno o algunos de los concursantes. Por otra parte, se propone que antes de iniciar cualquier licitación se exija una investigación de mercado previa al procedimiento de contratación, con la cual se busca sustentar la necesidad de la obra pública y establecer la forma clara de su costo-beneficio. La corrupción es un flagelo que le cuesta demasiado a nuestro país. En el Índice de Percepción de la Corrupción de 2014, realizado por Transparencia Internacional, México ocupó el lugar número 103 de 175 países. Esto significa que se encuentra reprobado, además de ocupar el último lugar de los 34 países que forman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, se calcula que la corrupción le cuesta al país entre dos y nueve puntos del producto interno bruto. La omisión no es alternativa. Para Nueva Alianza es imprescindible contar con mejores mecanismos de control que inhiban dichos actos de corrupción, para ello requerimos mayor transparencia en los procesos de licitación. Recobrar la confianza en las instituciones es un compromiso ineludible de Nueva Alianza. Es necesario reforzar la certidumbre jurídica de que se cuenta con reglas claras, así como objetividad e imparcialidad en el desahogo de los procedimientos y adjudicaciones en los contratos de obra pública. En este sentido, la iniciativa plantea una mejor difusión de dichos procesos a través del sistema Compranet. Lo anterior, mediante la incorporación de todos los pormenores que se presenten durante las concesiones y adjudicaciones de obra, incluyendo las modificaciones, rescisiones y renovaciones de contratos. Para evitar que situaciones de corrupción se repitan, proponemos que se establezca el compromiso y la obligación de los participantes de reparar defectos o deficiencias en la obra pública en su ejecución y funcionamiento. El compromiso de Nueva Alianza es con la ciudadanía. Asumimos con responsabilidad impulsar acciones para cerrarle el camino a la corrupción. Por eso los invito a todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores, a que seamos audaces y actuemos por México. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.