EL C. DIPUTADO DAVID RODRIGUEZ TORRES: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: hace aproximadamente tres meses estuvo en este recinto un joven abogado de 29 años, el licenciado Mario César Escobedo Anaya, con el propósito de solicitar la intervención de algunos diputados para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos interviniera en un asunto relacionado con la violación a garantías individuales y a los derechos de dos presuntos responsables acusados del homicidio en contra de 8 mujeres en Ciudad Juárez. El licenciado Mario Escobedo representaba a uno de los dos presuntos responsables y, a partir de que se hizo cargo de ese asunto, empezó a recibir amenazas para que dejara de participar en la defensa de uno de ellos. Estas amenazas las hizo públicas el 1º. de febrero del año curso. Públicamente, en el periódico Norte de Ciudad Juárez; para ser precisos ahí salieron públicamente señaladas las amenazas de que fue objeto el licenciado. Cuatro días después, el 5 de febrero, día en que conmemoramos la Independencia, a las nueve y media de la noche, fue objeto de una persecución por parte de 6 elementos efectivos de la Policía Judicial del Estado de Chihuahua y un comandante. Empezaron a dispararle; solicitó, por medio del celular, el apoyo a su padre. Al ir conduciendo con una sola mano el vehículo a más de 100 kilómetros de velocidad por calles y avenidas, fue obligado a impactarse contra un muro de concreto. Ahí, en ese lugar, con fracturas en ambas piernas, en el pecho, etcétera, conmocionado, ahí recibió un tiro en la parte posterior del cráneo a manos de uno de los mismos agentes de la policía judicial del estado de Chihuahua. Por esta razón los abajo firmantes, diputados federales del grupo parlamentario de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los incisos B y D del artículo 67 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente punto de acuerdo para solicitarle a la Procuraduría General de la República que ejerza la facultad de atracción en el caso del homicidio del licenciado Mario César Escobedo Anaya, ocurrido en Ciudad Juárez, Chihuahua, al tenor de los siguientes antecedentes: La noche del pasado 5 de febrero, en Ciudad Juárez, Chihuahua, el licenciado Mario César Escobedo Anaya fue privado de la vida por una herida de bala que sufrió en la parte posterior del cráneo, resultado de diversos disparos de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por parte de agentes de la Policía Judicial del Estado que lo perseguían al ser, según los agentes, presuntamente confundido con Federico Estrada Estrada, fugitivo desde el día 7 de noviembre del año pasado, acusado de haber asesinado a un agente de la Judicial y a un elemento de la Policía Federal Preventiva. Desde el día en que acontecieron estos lamentables hechos hasta la fecha no se ha logrado establecer a ciencia cierta, dentro de la averiguación previa instaurada para tal efecto por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua, la actuación de los agentes judiciales involucrados en dicho suceso, las circunstancias de modo, tiempo y lugar ocurridas el día en donde, por presunto error, fue asesinado el licenciado Escobedo. Así también no se han precisado de manera concreta las principales líneas de investigación y el motivo de la portación y utilización de armas de fuego reservadas para el Ejército por parte de los policías judiciales que participaron en dicha persecución. Cabe señalar que las armas fueron exhibidas en la misma averiguación y son las mismas con las que se le quitó la vida al citado extinto. En tal sentido no podemos dejar pasar desapercibidos hechos como los ocurridos, dado que además no se trata de hechos aislados, sino de una situación que cada día es más frecuente en Ciudad Juárez, misma que contribuye a un estado generalizado de inseguridad en la población y desconfianza en las instituciones encargadas de impartir justicia en el estado. Por tal motivo dadas las características que presenta este asesinato, en donde se encuentran involucrados policías judiciales estatales, así como por tornarse procedente la facultad de atracción por el uso de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, se considera pertinente la intervención de autoridades federales en la investigación de los hechos que causaron la muerte del licenciado Escobedo. En el mismo orden de ideas es importante mencionar que no existe impedimento alguno para que la PGR atraiga el caso, dado que se actualizan todos los supuestos del Artículo 10 y 475 del Código Federal de Procedimientos Penales Por lo anteriormente expuesto los abajo firmantes presentamos el siguiente Punto de Acuerdo: UNICO.- Se sirva solicitar respetuosamente a la Procuraduría General de la República que de conformidad con el párrafo segundo de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Artículos 10 y 475 del Código Federal de Procedimientos Penales, se ejercite la atracción de la averiguación previa en número 3405-02-0503. Atentamente, diputado federal Carlos Borunda Zaragoza, diputada María Eugenia Galván Antillón, diputado Gregorio Arturo Meza de la Rosa, diputado Manuel Narváez Narváez, diputado Abelardo Escobar Prieto, diputado Francisco Jurado Contreras, diputado César Reyes Roel, diputado Luis Villegas Montes, y diputado David Rodríguez Torres. Señora Presidenta: Solicito que se inserte en el Diario de los Debates íntegro el documento y que se turne a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. -