El diputado José Luis Medina Lizalde: José Luis Medina Lizalde, en mi carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II; 56 y 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan los artículo 38, 74, 111 y 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de la siguiente exposición de motivos: Si aspiramos a la construcción de una patria democrática, de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental sea el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al Estado de Derecho, debemos realizar puntualmente la correspondiente adecuación de las leyes que norman el ejercicio responsable y honesto del servicio público a la realidad que impera en nuestro país, donde los servidores públicos fundamenten su actuar siempre en el beneficio a favor del pueblo y el respeto irrestricto a la ley, ya que la esencia de un régimen democrático se traduce en la capacidad que tiene la sociedad de exigir la rendición de cuentas de sus gobernantes que ha elegido, mediante las vías institucionales que para tal efecto se establezcan en la legislación. En un sistema ideal organizado para servir a la población, la actualización de todos los titulares de gobiernos en sus distintos ramos, debería ser refrendada constantemente por la ciudadanía, lo que resultaría bastante difícil debido a que tendría que destinar una buena parte de su tiempo a esta actividad, es por ello que los encargos y mandatos del pueblo se otorgan por periodos determinados de antemano. Dicha situación no exime para que los órganos de gobierno, los electos y los no electos y todos los empleados públicos, deban responder siempre por sus actos frente a la sociedad. Los individuos que ejercen funciones en los órganos ejecutivos, en los legislativos y en los que desempeñan funciones judiciales, son simplemente empleados que deben rendir cuentas de todas las facultades que se les encomiendan, así como del uso de los recursos que se les entregan para su administración, debido a que éstos pertenecen a la sociedad. Nuestro sistema constitucional mexicano ha establecido para ciertos funcionarios públicos la inmunidad procesal en materia penal, que les protege legal y políticamente, es una garantía que se constituye en favor de personas que desempeñan determinados empleos o se ocupan en determinadas actividades para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento y mantener así el equilibrio entre los poderes del Estado dentro de los regímenes democráticos. La palabra "fuero" deriva del latín forum que significa "recinto sin edificar, plaza pública, vida pública y judicial". Por extensión, así se le denomina al sitio donde se administra la justicia o al local del tribunal. También es considerado como un privilegio de competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo. Entre los primeros antecedentes internacionales de la figura denominada "fuero" encontramos el impeachment, la cual se contempla dentro del Parlamento inglés y cuya causal más común era la de traición o felonía, siendo el concepto de traición excesivamente amplio abarcando desde el asesinato del rey hasta la falsificación de moneda. Hasta el año de 1701, el rey podía indultar a aquellos condenados por el Parlamento a la pena de muerte, destierro, prisión, multa o pérdida de privilegios, pero debido a las arbitrariedades en la que caía el monarca en turno, dicha atribución real fue prohibida mediante la ley del establecimiento. En México, la figura conocida como fuero y los procedimientos relativos a la fincación de responsabilidades a los servidores públicos, tiene sus antecedentes en varios ordenamientos de nuestra vida constitucional, entre los que destacan: la Constitución de Cádiz de 1812, la cual, en sus artículos 131, 228, 229, 254 y 261, reguló el procedimiento para hacer efectiva la responsabilidad de los secretarios de despacho y demás servidores públicos ante las Cortes Generales. El decreto constitucional para la Libertad de las Américas de 1814, conocido como Constitución de Apatzingán, en sus artículos 59, 120, 146, 147, 149, 150 y del 224 al 228, ahí se estableció hacer efectiva ante el Supremo Congreso, la responsabilidad de los individuos de las supremas corporaciones. Haciendo un gran salto histórico y llegando a la Constitución de 1917, específicamente en cuanto hace a las disposiciones contenidas en los artículos del 108 al 114 en materia de responsabilidades de los servidores públicos, han sido objeto de numerosas modificaciones que han ido evolucionando hasta llegar a la actual redacción, siendo la reforma de 1982 la que introdujo finalmente la figura que conocemos como "declaración de procedencia", en sustitución del término "declaración de desafuero". En virtud de la mencionada reforma se creó la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, cuya naturaleza jurídica es la de reglamentar el Capítulo IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a las responsabilidades de los funcionarios públicos y patrimonial del Estado, encontrándose contenidas en dicho cuerpo normativo, entre otras, las disposiciones legales concernientes a las autoridades competentes, sanciones y procedimientos relativos a la sustanciación, tanto del juicio político como de la declaración de procedencia. El término "declaración de procedencia" corresponde al procedimiento parlamentario, por medio del cual se analiza en uno de los órganos del Congreso General, si un servidor público que goza de inmunidad procesal es probable responsable de la comisión de un delito. Dicho procedimiento se instaura con la finalidad de declarar la remoción de aquel privilegio y ponerlo a disposición del juez o tribunal respectivo, sin implicar nunca la sustanciación exhaustiva y definitiva de la responsabilidad penal del alto funcionario y menos la sustitución del Congreso en las atribuciones reservadas a los jueces, teniendo presente que el objeto de la protección constitucional en la declaración de procedencia, sólo es librar de hipotéticas interferencias o de influjos negativos a la función pública y no garantizar la impunidad de un funcionario determinado. La declaración de procedencia sustituye al término "declaración de desafuero", entendiéndose como fuero constitucional el derecho que tenían los llamados altos funcionarios de la Federación, para que antes de ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal; en la reforma constitucional respectiva del 82, se sustituyó la denominación. De igual forma, el artículo 111 constitucional específicamente lo que es el párrafo séptimo, que el efecto da lugar a proceder contra el inculpado, será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. El tiempo nos rebasa, pero en esta iniciativa de ley lo que estamos proponiendo es que no sea la consigna política la que determine el destino de los funcionarios, sino que sea un expediente judicial. En ese sentido proponemos la derogación de la fracción II del artículo 38 constitucional, que equivocadamente establece que se suspenden los derechos políticos de un ciudadano a partir del auto de formal prisión; lo que proponemos es que sea a partir de que haya cosa juzgada a ese respecto. Asimismo, proponemos que un funcionario pueda ser enjuiciado sin ser separado de su cargo y que éste sea objeto de esa medida, una vez que la Suprema Corte de Justicia haya dictado la última palabra al respecto. El tiempo nos rebasa, pero reiteramos nuestra solicitud de que el texto sea inscrito en el Diario de Debates. Muchas gracias, señor Presidente.