El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Muchas gracias, con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, estimado pueblo de México. El Grupo Parlamentario del PRI votará en contra de esta reforma que dañará gravemente a nuestro país. Quiero comenzar con la frase de un gran político de la izquierda mexicana, hemos llegado aquí para reivindicar a la Constitución Federal de la República. Hemos llegado aquí para reivindicar a la Constitución General de la República, lo expresó así don Heberto Castillo el 27 de agosto de 1968, en su discurso en la Plaza de la Constitución. Dijo también don Heberto, en el momento en el que el pueblo no cumpla con su manto protector a los hombres más conscientes de sus responsabilidades ciudadanas, la Constitución que ahora hemos hecho vigente en muchos de sus artículos volverá a ser olvidada y nosotros, los estudiantes y maestros seremos víctimas de las represiones más violentas. Lo dijo 36 días antes del fatídico 2 de octubre. Parafraseando al ingeniero Castillo, hoy bien podemos afirmar que en el momento en que la Constitución no cubra con su manto protector al pueblo de México, la Constitución será olvidada y los mexicanos serán víctimas de los más violentos ultrajes a los derechos humanos, lo estamos diciendo antes de que México sea convertido en un Estado autoritario, no solo de facto, como ya lo es con la mayoría oficialista, sino autoritario desde la Constitución misma con esta reforma. El ejercicio opresivo del poder y la limitación de las libertades políticas serán crecientes. Sí, como decía Reyes Heroles, la libertad se forma de libertades. Nosotros creemos que el autoritarismo se forma de la suma de actos autoritarios, como ya lo estamos viviendo en México. Por eso, el Grupo Parlamentario del PRI estamos en contra de este dictamen que modifica la Constitución, votaremos en contra por tres razones importantes. Esta reforma atenta contra el principio de convencionalidad y representa un grave retroceso en la protección de los derechos humanos de los mexicanos, porque se viola el procedimiento legislativo al no cumplir con los pasos reglamentarios para circular el dictamen. Y también, porque no se acreditó la urgencia para aprobar el dictamen en una reunión extraordinaria. Como lo señalé en la comisión, los iniciadores se volaron la barda en su intención de esta reforma, pretendieron borrar el control de convencionalidad, que no es otra cosa más que la herramienta que permite a los Estados concretar la garantía de los derechos humanos en el ámbito interno junto con la Convención Americana de los Derechos Humanos y su jurisprudencia. El grupo parlamentario no puede dejar de señalar que esta reforma es inconvencional, porque de conformidad con el artículo 1o. constitucional, en su tercer párrafo, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, estos principios derivan de nuestras obligaciones internacionales. El Estado mexicano está obligado a garantizar su observancia y el cumplimiento en el marco jurídico nacional. El respeto al principio de progresividad es importante señalarlo, que en el sentido negativo del principio de progresividad implica que el legislador tiene prohibido emitir actos que limiten, que restrinjan, que eliminen o desconozcan el alcance y la tutela que en un determinado momento ya se reconocía a los derechos humanos. En este caso desde la tutela judicial efectiva. En ese sentido, es necesario hacer referencia a la conocida fórmula de Radbruch, que establece que el derecho extremadamente injusto no es derecho. El profesor Gustavo Radbruch, después de vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial y los efectos del radicalismo del positivismo jurídico de la Alemania nazi, en donde bajo el argumento de que las normas fueron aprobadas y promulgadas siguiendo las formalidades de la Constitución, entonces no importaba si se violentaban los derechos humanos. Radbruch niega la naturaleza jurídica de las leyes positivas, cuando en su establecimiento contravienen conscientemente los derechos humanos, como hoy se está pretendiendo hacer aquí en México. Queda muy claro que no es posible concebir el marco de la historia constitucional mexicana con la intención de incorporar una disposición que abre la puerta a la incertidumbre constitucional en el país. No podemos hacerlo de esa manera. Hoy quitaron sí el 1o. en la reforma a un artículo, pero siguieron con su intención del 105 y el 107, para eliminar las controversias constitucionales, la acción de inconstitucionalidad, limitar el juicio de amparo y aplicar el principio de retroactividad de la ley, violentando el principio de la irretroactividad. Eso es lo que quieren hacer. Pero, la controversia constitucional es un mecanismo de control para cuando un gobierno de otro orden, ya sea federal, estatal o municipal, invade las esferas de otro gobierno en una reforma. La controversia busca garantizar el principio federalista, busca garantizar la supremacía de la Constitución y por eso fue creado este mecanismo de control constitucional. La acción de inconstitucionalidad busca expulsar del orden jurídico normas generales que sean contrarias a la Constitución o a los tratados, como esta que se pretende incluir. Y el principio de irretroactividad de la ley es un principio protector que busca certeza a la ley vigente, aplicable en una circunstancia de tiempo, modo y lugar, y así esto es lo que quieren quitar. Y el juicio de amparo se puede aplicar cuando el procedimiento legislativo es deficiente, también se puede amparar el ciudadano. Pero, pongámoslo con peras y con manzanas para entenderlo mejor. Cualquier municipio del país no estará en condiciones de presentar una acción de inconstitucionalidad, si esta soberanía resuelve que no tienen facultades para cobrar el impuesto predial, o bien, si esta mayoría calificada resuelve limitar la libertad de tránsito, si lo resuelve así por las carreteras del país, o expropiar bienes sin acreditar la causa de utilidad pública, nadie podrá ampararse por esta reforma, porque es constitucional. Me imagino el orgullo que habrán de sentir la mayoría oficialista, al decirle a sus hijos: hijos, como diputado del movimiento en el gobierno voté por prohibir la circulación y la defensa de la Constitución. Voté por que se cancelen los juicios de amparo. Hijos, como diputados de Morena, del Verde y del PT, voté para que se calle a quienes no están de acuerdo conmigo ni con los gobernantes de mi partido. Voté contra los compromisos de México en materia de derechos humanos y de justicia, porque la razón soy yo, porque la razón la tenemos nosotros y los demás están equivocados. Que quede claro, hijos, dirían ustedes, si en la autopista yo voy en sentido contrario, los equivocados son los demás automovilistas, yo no estoy equivocado, porque voté para debilitar los derechos humanos y el acceso a la justicia de los ciudadanos. Por eso es por lo que voté, porque yo sé más que los jueces y sé más que los ministros. A eso, compañeras y compañeros, están dispuestos a decirle eso a sus hijos y a su familia. Están dispuestos a votar, aun y cuando muchas y muchos de ustedes no están de acuerdo con esta aberración jurídica. Si los derechos humanos sostienen el orden jurídico, sus valores fundamentales deben de estar también en esta norma. ¿Qué propósito tendría un sistema jurídico que cumple con la pulcritud, pero no con cumple con los derechos humanos? La facultad del órgano reformador es absoluta e ilimitada, me parece que no, porque si decimos que sí, sería entrar al peligro del absolutismo. En el PRI estamos en contra de esta reforma, pero no estamos en contra de la supremacía constitucional, porque el PRI construyó, por muchas décadas, el andamiaje para poder tener un Estado mexicano que esté en orden y conforme a derecho. La reforma que hoy se debate, elimina estos mecanismos jurídicos. Lázaro Cárdenas en 1935 dijo: la importancia de velar de manera empeñosa por el respeto a las garantías individuales que otorga la Constitución. Benito Juárez, el personaje histórico favorito de la cuarta transformación dijo en 1864, seguiría poniendo todos los esfuerzos que estén en mi posibilidad para ayudar a mi patria, a la defensa de su independencia de sus instituciones y de su dignidad. Eso es lo que hoy estamos haciendo las y los diputados del PRI, poder defender a las instituciones, su independencia y su dignidad. El PRI se opone a que se establezcan estos candados a los medios de defensa a actos legislativos. El PRI se opone a que se le niegue a uno de los Poderes, órganos autónomos y a algún otro orden de gobierno para que considere cuando una norma es inconstitucional, puedan promover alguna acción de defensa. A esto es a lo que se opone el PRI. El PRI se opone a disminuir las facultades de la Corte, porque ella es la garante del respeto a la Constitución, no lo es ni el Senado, ni la Cámara de Diputados y mucho menos el Poder Ejecutivo. Nos oponemos pues, a la desaparición fáctica de los Poderes de la Unión. Nos oponemos a la extinción del verdadero sistema de pesos y contrapesos. Compañeras y compañeros, ¿cuál es la motivación de esta reforma?, ¿cuál es el trasfondo político de esta reforma? Esto es muy simple, es la venganza del expresidente y de sus servidores para perpetuarse en el poder y mandar al diablo a las instituciones, por eso están estos mecanismos de control. Hoy, el oficialismo que ha venido diciendo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convirtió en el supremo poder conservador. Sí, aquella institución que hace 200 años tuvimos en el país en las siete leyes constitucionales, ese supremo poder conservador no lo es la Corte, ese supremo poder conservador es el oficialismo, ese supremo poder conservador es Morena y sus aliados que están haciendo pedazos las instituciones de este país. Hoy, en tan solo unos días, están haciendo lo que el Constituyente del 35 y 36 les costó meses de intenso debate, con discusiones jurídicas de fondo y políticas de fondo, que están inscritas en las páginas del derecho mexicano. En pocos días están haciendo más de aquello a lo que se atrevió Porfirio Díaz. Concluyo mi intervención, presidente, diciéndoles lo siguiente. Hay dos personajes en una historia que se encuentran y se elogian mutuamente, inician un diálogo sobre las formas de gobierno y cuál es la mejor, uno de ellos afirma que se ha creado un nuevo principio capaz de descomponer las diversas instituciones, y este principio es la soberanía popular, describe como el pueblo lo ame, confiesa que les dará para subsistir, que aplastará a los opositores, que repartirá la riqueza, que nombrará jueces y que tendrá el ejército a sus pies. En pocas palabras tendrá un ejército de ciudadanos, un ejército de soldados, un ejército de periodistas, un ejército de jueces y un ejército de obreros y empleados de la burocracia. Esta historia se contó en 1864, por Maurice Joly, en su obra denominada Diálogos en el Infierno, entre Montesquieu y Maquiavelo. Esa es la realidad que estamos viviendo. Quién pensaría que esta historia ficticia se hiciera realidad 160 años después en nuestro país. Uno de los principales constitucionalistas más brillantes de este país, en esta Cámara fue diputado, Felipe Tena Ramírez, afirmaba que, por la naturaleza misma de las cosas, que el poder limite al poder. Es la fórmula sencilla y genial de impedir el abuso del poder. En contraparte, hoy, en este día, el Poder Legislativo no está limitando al poder. Y esa es la fórmula simple de permitir el abuso del poder. Dicen ustedes de la oposición y el oficialismo, los del oficialismo nos dicen a la oposición: no somos iguales. Y, sí, afortunadamente no somos iguales. Por eso exigimos respeto a la democracia y decimos no a la dictadura. Solicito muchas gracias por su atención, y solicito a la Presidencia se inscriba de manera íntegra este discurso en el Diario de los Debates. Muchas gracias y buen día a todas y a todos.