El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, proponemos una iniciativa para reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, en materia de extorsión. ¿Por qué es importante reformar este artículo? Porque esta soberanía reformó el artículo 19 constitucional, segundo párrafo, para incluir en el Catálogo de Delitos que ameritan prisión preventiva la extorsión, pero ahora el problema es, cómo facilitamos para que se pueda hacer efectiva la persecución penal contra los extorsionadores, y esto pasa por reformar el tipo penal de extorsión, porque como está ahora es difícil conformar el tipo penal para que se pueda judicializar carpetas por el delito de extorsión y después sancionar penalmente a los extorsionadores. Por eso estamos proponiendo esta reforma, porque este delito fue creado en el Código Penal en 1984, se reformó en el 94, del siglo pasado, y no está adecuado a las nuevas circunstancias. Tenemos que crear un tipo penal que establezca que, por cualquier medio, sea llamada telefónica, mensaje, correo electrónico o de manera presencial se pueda cometer este delito. Y, por otro lado, algo muy importante, no solamente cuando ya alguien haya dado un dinero a uno de estos delincuentes, a uno de estos pillos, sino el solo hecho de hacer el intento, el acto de amedrentamiento, la presión. Eso ya debe tener una punibilidad, porque ya generaron una afectación. La persona que recibe una llamada insultante diciéndole que vaya y deposite o que entregue un dinero ya tiene una afectación emocional, familiar, en su círculo social. Hay gente que se va de su casa o de su tierra o cierra su negocio por la amenaza. Pero, ¿qué puede decir un Ministerio Público o un juez? Pues nunca le dio el dinero, no se consumó el delito. No, el que intente, lo establezco claramente en la propuesta y lo leo textualmente: Al que sin derecho intente obligar u obligue a otro mediante violencia, amenazas o intimidación a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar, utilizando cualquier medio que implique coerción para pretender obtener un lucro para sí o para un tercero o causar una afectación o un daño patrimonial. ¿Cuál es la diferencia con la actual reacción? La sola intención, el solo amague, el acto de amedrentamiento debe ser sancionado penalmente. Y, por otro lado, que sea por cualquier medio. Y que no necesariamente se obtenga un lucro económico, porque eso es lo otro que dice el actual tipo penal. Hay afectaciones, insisto, de diferente tipo: morales, sociales, psicológicas y económicas, desde luego. Por eso proponemos esta reforma al Código Penal Federal, pretendiendo que luego pueda servir de modelo para las reformas que vengan a los códigos penales de los estados. La extorsión, compañeras y compañeros legisladores, es el delito con la mayor cifra negra del país. El 97 % no denuncia estos delitos y cuando se denuncian, casi el 100 % queda en la impunidad. Por eso necesitamos adecuar el Código Penal para poder facilitar las denuncias, la investigación, la judicialización y la sanción penal a los secuestradores. Esta iniciativa, concluyo, presidenta, la hacemos en honor de todos los mexicanos que han sido extorsionados por ladrones, sinvergüenzas, cobra cuotas, que cobran piso, sea en comercios, en establecimientos, por la vía de mensajes, por WhatsApp o por cualquier figura. Y particularmente en estados como Guerrero, como Michoacán, como el estado de México, como mi tierra, Coahuila, como Tamaulipas, por decir algunas entidades donde hay grupos criminales, como la Familia Michoacana, que ha hecho de la extorsión un imperio criminal.