La diputada María Ester Alonzo Morales: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. México, como un país de tránsito y destino migrante, debe contar con una política pública eficaz que permita garantizar la seguridad, la justicia y los derechos humanos de todas aquellas personas que diariamente ingresan al territorio nacional. También debe tener una legislación efectiva que permita el buen ejercicio de la política migratoria nacional con atribuciones bien definidas. Esto para consolidar un sistema protector de los derechos humanos de los migrantes. Es precisamente por ello que el dictamen que discutimos cobra relevancia. Es una reforma que presentó el exsenador Teófilo Torres Corzo, de nuestro grupo parlamentario de la LXIII Legislatura. El senador proponía que el Instituto Nacional de Migración recibiera y atendiera las denuncias formuladas en contra de los extranjeros por la presunta comisión de delitos sólo para efectos de control, verificación o revisión migratoria que corresponda, las cuales deberá turnar en forma inmediata a la autoridad competente. La minuta aprobada en el Senado y recibida por la Cámara de Diputados planteaba que el instituto conocerá de las denuncias formuladas en contra de los extranjeros. Actualmente este artículo establece que el Instituto Nacional de Migración podrá recibir y atender denuncias por posibles hechos constitutivos de delitos formulados contra extranjeros. Sin embargo, de acuerdo con la Constitución mexicana, la facultad de recibir denuncias e investigar los delitos es exclusiva del Ministerio Público de la federación. La ambigüedad jurídica que existe en la ley genera confusión, porque el Instituto Nacional de Migración al ser un órgano desconcentrado de la administración pública federal no cuenta con la capacidad de dar seguimiento a ninguna denuncia. Su función es regular la política migratoria. El ajuste que hizo la comisión es para mejorar el dictamen de la minuta en razón de la competencia que tiene el Instituto Nacional de Migración y el Ministerio Público. Por ello esta propuesta busca establecer que el instituto podrá solicitar información al Ministerio Público sobre hechos constitutivos de delitos cometidos por extranjeros, pero no podrá recibir las denuncias de tales hechos. Esto permite distinguir las facultades de cada una de las instituciones y establecer de manera clara que cuando se trata de una política migratoria, el Instituto puede conocer hechos delictivos que se le imputan a un extranjero, pero que de ninguna manera es una instancia investigadora capaz de buscar la verdad jurídica de hechos delictivos. Compañeras y compañeros diputados, la migración es un fenómeno de gran relevancia para México. Diariamente ingresan tanto de manera legal como ilegalmente, distintas personas al país. El Instituto Nacional de Migración tiene la importante obligación de regular los flujos migratorios desde un enfoque de derechos humanos, preservando la seguridad tanto de los mexicanos como de los extranjeros, debe conocer la información de las personas que ingresan al país, pero no puede valorar o juzgar un hecho de carácter penal. Por ello el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de la reforma con leyes más precisas. Caminemos hacia un Estado de derecho más fuerte. Muchísimas gracias por su atención.