EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL SANTAMARIA RAMIREZ: compañeras y compañeros Diputados. El secuestro atemoriza a nuestras familias , engendra inseguridad en la comunidad, encrespa a la población, desalienta la inversión económica, propaga la violencia, genera inestabilidad y obstruye el desarrollo nacional. En nuestro país, desde hace tres décadas sufrimos de ese flagelo, utilizado en un principio por grupos subversivos para ganar notoriedad y conseguir recursos para sus causas. Hoy representa una verdadera industria del crimen organizado de muy poco riesgo y de muy alta rentabilidad criminal. "En México el número de secuestros se ha multiplicado en los años recientes. En el 2001 se denunciaron 732 casos, los que nos ubicó como el segundo país con mayor incidencia de este delito en el mundo, solamente debajo de Colombia y por encima de Rusia, Brasil, Nigeria, Filipinas, India, Ecuador, Venezuela y Sudáfrica. "Según estudios de la iniciativa privada, en los últimos diez años por lo menos 15 mil compatriotas abrían sufrido un secuestro formal y una cantidad mayor pero desconocida sufrieron lo que llamamos secuestro express. De grupos guerrilleros y de bandas semiprofesionales que podían ser combatidas con cierta facilidad, hoy nos enfrentamos a verdaderas maquinarias organizadas, lideradas por cárteles de drogas, criminales comunes y expolicías corruptos que operan a lo largo y a lo ancho de la República. "En la actualidad las mafias de secuestradores se organizan en células independientes unas de otras y con funciones diferenciadas; unos secuestran, otros ocultan, otros más negocian, otros cobran, otros planean y organizan y todo esto dificulta la investigación de este delito. "A contraparte, frente a la profesionalización de la delincuencia existen trabas estructurales dentro de la autoridad para erradicar el secuestro, entre otras la falta de voluntad y unión de esfuerzos para abatir el delito, la carencia de planes y programas viables, la insuficiente información y seguimiento a los casos de secuestro y a las bandas que los operan, la deficiente investigación, la práctica de indagatorias superficiales y hasta en algunos casos la protección a malos servidores públicos implicados en estos casos de plagio. "Según investigación de COPARMEX, el delito de secuestro se traduce en una elevada tasa de impunidad, pues de acuerdo a los índices de captura de delincuentes, éste representa menos de la mitad de los casos denunciados. En 1999 se denunciaron 190 secuestros, de los cuales sólo en 281 casos se logró la detención de uno o de la totalidad de las bandas. "A su vez, el marco legal propicia el ilícito, las leyes actuales son ambiguas, por un lado mantiene la competencia de las Procuradurías estatales y, por otro, a través de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se introduce la facultad de atracción para la PGR. Sin embargo, la discrecionalidad sin criterios claros posibilita en la práctica que el Ministerio Público Federal no atraiga la mayoría de los casos de secuestro. "Desde nuestro punto de vista, además de tipificar el secuestro como un delito grave, el ponernos como objetivo fundamental de la seguridad pública erradicar este flagelo, tenemos que reforzar las medidas legales en la lucha contra este delito". Por razones de tiempo omito seguir sustentando esta iniciativa y únicamente para concluir someto a su consideración el siguiente "Proyecto de Decreto "Primero.- Se reforma y adiciona el artículo 3º de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para quedar en los siguientes términos: "Artículo 3º.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV, así como el delito de secuestro señalada en la fracción V del artículo anterior, que sea cometida por algún miembro de la delincuencia organizada, será investigado, perseguido, procesado y sancionado conforme a las disposiciones de esta ley. "Segundo.- Se reforman y adicionan los artículos 366 y 266 bis del Código Penal Federal, para quedar en los siguientes términos: Artículo 376 fracción I.- De 18 a 50 años de prisión y de 500 a 2 mil días de multa si la privación de la libertad se efectúa con el propósito de: Fracción II.- De 20 a 50 años de prisión y de 2 mil a 4 mil días multa si en la privación de la libertad a que se hace referencia en la fracción anterior, concurre alguna o algunas de las circunstancias siguientes: Finalizo solicitando que este proyecto de dictamen que someto a la consideración de la asamblea y que por razones de tiempo no ha sido posible exponerlo en su integridad, sea turnado a la comisión respectiva en su integridad. Es cuanto, gracias. -