El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, me da gusto tener la oportunidad de saludarles y saber que estamos continuando en el trabajo, en esta nueva etapa que nos demanda de sensibilidad y de responsabilidad para enfrentar los retos que tenemos como país frente a la pandemia ocasionada por el Covid. Las diputadas y los diputados tenemos la responsabilidad no solo de proponer y actualizar el marco jurídico de nuestro país. Tenemos la gran responsabilidad de hacerlo fortaleciendo los derechos esenciales de todos los mexicanos; con una visión de futuro, pero sensibles a las circunstancias a las que nos enfrentamos en el día a día. En nuestro país, de acuerdo a lo reportado por la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo escolar 2019-2020, el 14.5 por ciento de los alumnos de educación preescolar que estaban escritos en escuelas privadas, al igual que el 9.9 por ciento de los alumnos de primaria y el 9 por ciento de los alumnos de educación secundaria, migraron a la educación pública. Es momento de reconocer a las maestras, a las profesoras, a los profesores de la educación en México de la educación privada, pero también de la educación pública. Las escuelas privadas ofrecen una opción a la búsqueda por parte de los padres de familia, de un modelo educativo que se ajuste a sus ideas y/o a sus valores, que garantice atención personalizada, que incluya formación en idiomas y tecnologías de información, así como otras actividades extraescolares, con lo cual se pretende dotar a los hijos de elementos, de herramientas que aseguren un mejor porvenir, que aseguren un mejor futuro a cada una y a cada uno de los alumnos. Estos servicios educativos particulares son prestados a los alumnos a cambo de una contraprestación económica que debe ser proporcional a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de los servicios y a las instalaciones y recursos académicos que utilizan aquellas instituciones educativas privadas. No obstante lo anterior, consideramos que el cobro de una cuota de reinscripción en cualquier grado, más allá de facilitar la continuidad de estudios de los educandos y cumplir con el mandato constitucional del artículo 3o, representa un obstáculo y obedece a incrementar el beneficio económico de los particulares que ofrecen este servicio educativo, lo cual debe de replantearse, especialmente ante una situación que atravesamos a consecuencia de esta pandemia. Estamos hablando de un grave problema, que es la crisis de salud y la crisis económica. Desde aquí hacemos votos para que hagan una reflexión los propietarios de las instituciones privadas para que, precisamente apoyen en el sector que es la educación, con mejores resultados en los alumnos y una oportunidad de estar en una situación mejor. Frente a este panorama, consideramos oportuno buscar alternativas para apoyar a los padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas privadas y que se han visto afectados por pérdida de empleo o bien por una disminución en sus ingresos. Es por lo que el propósito de esta presente iniciativa es prevenir la desviación del objetivo del derecho humano a la educación, así como a la naturaleza propia de las instituciones particulares que imparten educación, reformando los artículos 146 y 170 de la Ley General de Educación para establecer la prohibición del cobro de cualquier tarifa por concepto de reinscripción en aquellas escuelas particulares que prestan este servicio de educación. Amigas, amigos diputados, estamos convencidos que su acompañamiento a favor de la presente iniciativa contribuirá en favor de la economía de familias que tienen hijos en escuelas privadas y, además, contribuye en la accesibilidad a esos servicios y, por tanto, en mantener la plantilla laboral de quienes trabajan en estos centros educativos. Por eso, compañeras, compañeros, reitero el poder acompañar esta iniciativa con su voto a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.