La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Los valores y principios que emanan de la Constitución han sido pieza fundamental para construir nuestro país. Durante el siglo pasado estos valores y principios ayudaron a darnos una identidad y una vocación a todos y cada uno de nosotros. Sin embargo, el mundo ha cambiado y con ello la forma en que nos relacionamos entre nosotros, entre ciudadanos y entre gobiernos. Resultaba impensable en este país antes de 1968, que los ciudadanos pudiéramos exigir nuestros derechos y el cumplimiento de las obligaciones de los que nos gobiernan. La sangre derramada en el pasado ha conquistado para nosotros la libertad de opinar, de exigir y de ser. Existieron reticencias al cambio y no en pocas ocasiones el viejo régimen usó la fuerza que los ciudadanos le habían conferido para cuidarlos, para someterlos, para acallarlos y para desaparecerlos. Sin embargo, uno de los regalos de despedida del viejo régimen fue la firma del Estatuto de Roma en el año 2000, una manzana envenenada para los nuevos inquilinos gobernantes, pero para los nuevos no les interesaba modificar el status quo, les interesaba conservar la facultad de ejercer el poder para uso y abuso de este. El reconocimiento del estatuto tardó 5 años en darse. Ese gobierno que decía que el compromiso era con la gente, mostró que su único compromiso era para consigo mismo, al reconocer la jurisdicción de manera parcial de la Corte Penal Internacional. Su vocación autoritaria está muy gravada en la memoria de los pobladores de San Mateo Atenco, o en la memoria de los dolientes de la activista Digna Ochoa. Hubo cambio de gobierno, pero no de intenciones, llegó al poder un hombre con la baja estatura moral que te da haberte robado una elección y, en lugar de trabajar para construir un México mejor, se armó su propia guerra para legitimarse. Catorce años han pasado y la sangre sigue corriendo por nuestro país, sin que un solo responsable haya sido juzgado. Un sexenio después llegó otra vez al poder los que sabían gobernar, e iban a salvar al país, pero su gobierno se caracterizó por los excesos, Tlatlaya, Iguala, Palmarito, son algunos de los ejemplos más recordados por la violencia de esa guerra. Sin embargo, nada dura para siempre y todo cambia, y en este país las cosas están cambiando para bien. El compromiso del gobierno emanado de Morena es la construcción de una nueva historia, la cuarta transformación es el reconocimiento de derechos, el derecho de una vida tranquila, el derecho de la justicia negada una y otra vez. Esta iniciativa busca que la Corte Penal Internacional sea reconocida sin ninguna restricción que prive en su jurisdicción en territorio mexicano. Que ya no sea el ordenamiento jurídico mexicano el que limite la competencia de la Corte Penal, ya que atenta contra esta como un candado político y administrativo que está plasmado en el octavo párrafo del artículo 21. Dar tal certeza jurídica a los mexicanos es una tarea que nos compete. Que se haga efectivo el objetivo del artículo 133 constitucional, en donde se plasma que los tratados que no contradigan nuestra Carta Magna serán ley suprema. Es decir, que los tratados internacionales se ubican jerárquicamente por encima de las leyes federales y, en segundo plano, respecto de nuestra Constitución Mexicana. Buscamos, en concreto, regular y mejorar la cooperación del Estado mexicano con la Corte Penal en la investigación y, en su caso, enjuiciamiento de los crímenes y violaciones de derechos humanos más graves y de trascendencia internacional, genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra. La llegada de un tribunal internacional, como la Corte Penal, ha representado para México un avance en materia de justicia, también un avance en derecho internacional, pero a medias, por las trabas que tienen hasta ahora. No podemos confiarnos, no, porque no sabemos quién ocupará la casa cuando hayamos partido, es un legado para las y los mexicanos más allá de nosotros mismos. Garantizar el derecho humano es una prioridad para esta administración, ya que no es como antes, que se buscaba encubrir a los representantes del poder que abusaban de este para hacer actos ilícitos sin ninguna consecuencia. Nuestra meta es cumplir con el sueño por el que tanto han peleado organismos civiles, activistas y luchadores sociales durante tanto tiempo, un auténtico Estado de derecho. La desgastada imagen que tenemos debemos mejorarla ante los organismos internacionales y garantizar para los mexicanos que las leyes se ajusten a sus necesidades. Las leyes deben de evolucionar al ritmo que evoluciona el contexto social. Por ello, en esta iniciativa se propone modificar el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: el Ejecutivo federal reconocerá la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No más Iguala, no más Tlatelolco, no más crímenes de lesa humanidad, ya basta de manejar las leyes a conveniencia de los de arriba. No más impunidad, no más violación de los derechos humanos, no más entorpecimiento de los procesos jurídicos. Si alguien tiene que ser juzgado que enfrente las consecuencias sin ser cobijado por el poder. En esta transformación al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Muchas gracias.