El diputado César Camacho Quiroz: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados. Ya no es nuevo señalar la necesidad de transformar el sistema de justicia penal mexicano. A nadie sorprende a estas alturas la inequidad, la lentitud, la corrupción y, quizá lo más grave, la impunidad que caracteriza a dicho sistema. Distintos actores, para fortuna de los mexicanos, han manifestado interés por atender la demanda de la sociedad que clama por un sistema de procuración e impartición de justicia eficaz, a cargo de instituciones fuertes que cumplan con las garantías tanto de víctimas como de inculpados. Destaca el ejemplo puesto por la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y el Debido Proceso Legal —mejor conocida como la Red— que, conformada por especialistas de la academia, por integrantes de los medios de comunicación, entre muchos otros, presentó en diciembre del año pasado ante esta Cámara una propuesta de reformas a la Constitución para actualizar el sistema en comento, la cual mereció cálida recepción de los partidos aquí representados, al punto que fue convertida en iniciativa formal que ya está radicada en las comisiones de dictamen de Puntos Constitucionales y de Justicia. En el mismo sentido, el Ejecutivo federal —según han reportado los medios de comunicación— ha mostrado interés de sumarse al análisis del tema que ya ha iniciado esta Cámara. Discusión a la que pretendo se sumen iniciativas como la que en esta ocasión presento. La participación del Presidente de la República en estos trabajos será bienvenida; sumarse a la labor de construir consensos en esta materia es por supuesto meritorio, toda vez que se trata de un tema de interés nacional. La estaremos esperando. México, compañeras y compañeros, necesita un nuevo modelo de justicia penal que emigre con pericia y audacia, de prácticas inquisitivas y falsos garantismos, a prácticas que permitan la democratización y eficacia del sistema de procuración e impartición de justicia. El derecho penal debe ser, en un Estado democrático, el último instrumento, el último recurso, de ultima ratio —como dicen los especialistas— para la solución de conflictos en los que efectivamente se lesionen o se pongan en peligro, de forma grave, bienes jurídicos relevantes. Son éstos los principios de mínima intervención y de lesividad que se incorporan a través de esta iniciativa. La utilización indiscriminada del derecho penal que ocurre diariamente en las agencias del Ministerio Público las ha convertido, frecuentemente, en agencias de cobro, a donde muchos litigantes pretenden llevar asuntos de carácter civil al derecho penal y criminalizar conductas que nada debieran importar al aparato punitivo del Estado. Está demostrado que la criminalización irresponsable de conductas y el recrudecimiento de penas no es la solución a esos problemas, que atendidos en sus causas originales, merece otro tratamiento, sin soslayar que cuando una persona ciertamente lesione o ponga en peligro bienes jurídicos relevantes; es decir, como cuando cometa un delito, debe ser sancionada, por supuesto, respetando siempre sus garantías. El sistema que impulso evita la tentación de falsos garantismos, que por ejemplo, ha llevado a que la defensa en la averiguación previa sea realizada casi por cualquier persona, muchas veces sin pericia, cuando lo realmente garantista sería estar representado por un técnico en la materia. Y una aportación que considero trascendente es poner a discusión si el concepto "cuerpo del delito", durante décadas, durante mucho tiempo vigente, puede ser cambiado por uno moderno, audaz y seguramente mucho más eficaz. La demostración del hecho delictivo y que si bien, pueda ser mucho más fácil consignar a las autoridades judiciales a una persona, sea mucho más complejo y difícil condenarlo, criminalizarlo, castigarlo. Y qué decir, qué decir de la retención del probable responsable, únicamente por 48 horas, plazo durante el cual se debe acreditar plenamente el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, que es, por supuesto, un objetivo de difícil cumplimiento en tan temprana etapa del proceso. Esto desde luego ha generado diversas patologías como la duplicación de plazo y el arraigo. La democratización del sistema penal, por tanto, significa reconocer los límites del derecho punitivo y por otro el cumplimiento de las garantías del debido proceso penal, en donde las partes que intervienen en la sustanciación del mismo, observen que efectivamente se cumpla con los principios que lo conforman: publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Conseguir lo anterior se puede ver reflejado en procesos penales cuyas características sean la oralidad, lo acusatorio y lo adversarial. Las grandes negociaciones y los éxitos legislativos se construyen a partir no sólo de las cesiones mutuas, sino a partir de la detección de aquello en lo que coincidimos. Vamos pues, por bien de este país, independientemente del origen de las iniciativas, a construir los consensos necesarios y darle a los mexicanos un sistema de justicia moderno y eficaz, que nos haga entrar por la puerta grande al siglo XXI. Gracias por su atención.