El diputado Rubén Cayetano García: Bueno, gracias, presidenta Sauri, diputadas y diputados. En el artículo 110 se establece... dice lo siguiente: serán causas de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación y luego ya sugiere dos puntos para establecer lo que, de la fracción I a la XVI, consideran como causas. Sin embargo, en ninguna de ellas está realmente una sanción de responsabilidad y la propuesta de que diga lo siguiente: Serán causas de responsabilidad  y aquí sí las ponemos, de amonestación, de suspensión, destitución e inhabilitación para las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Es decir, que de manera concreta ya se materializa cómo se debe de sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, porque luego muchas veces remite a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos y está es ambigua. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debe establecer cuáles son en específico las causas de responsabilidad en estos asuntos que en lo posterior voy a exponer. Luego, en el artículo 116, anuncia el dictamen las facultades de los órganos competentes para imponer sanciones por causas de responsabilidad, no graves, y dice, que prescribirán en tres años, contados a partir del día siguiente al que se hubiera cometido las faltas o a partir del momento en que hubiesen cesado. Y, luego habla de la prescripción de las faltas graves. En el párrafo donde se hace la propuesta dice lo siguiente: En ningún caso en los procedimientos de responsabilidad administrativa podrá dejarse de actuar por más de 6 meses sin causa justificada y añade, esto que dice, yo propongo suprimirlo, dice: en caso de actualizarse dicha inactividad se decretará a solicitud del presunto responsable la caducidad de la instancia. Y propongo: La autoridad sustanciadora deberá impulsar el procedimiento siendo improcedente en cualquier caso la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia, les comento, compañeras y compañeros, es un instrumento jurídico que está establecido regularmente en las leyes de carácter procesal civil. Cuando las partes se trata de derecho procesal privado­ ya no promueven un expediente, pasa un tiempo determinado por falta de interés jurídico de las partes, los jueces, los magistrados decretan la caducidad de la instancia. Es decir, se hace caduco el juicio, el procedimiento y se declara la caducidad de la instancia. En estos casos nosotros, un servidor considera que no debe operar la caducidad de la instancia porque se trata de conductas indebidas, ilegales de servidores públicos que deben tener autoridad moral para impartir justicia. Y no podemos ponerle un plazo, que por que a lo mejor le escondieron el expediente o ya no vino por alguna razón el interesado, el denunciante, pues nada más pasa un cierto tiempo e inmediatamente el propio Poder Judicial de la Federación va a declarar una caducidad de la instancia. Yo propongo que no se dé la caducidad de la instancia, que siga abierto el expediente. Si ya al rato nadie le mueve, pues ya se hará antiguo el expediente, pero no establecer la caducidad de la instancia porque es una salida, es una vía para que el responsable, el que pueda ser sancionado, el servidor público deshonesto, corrupto, no se le sancione y al final se le cubra con un manto de impunidad. Por eso proponemos que no se establezca la caducidad de la instancia que viene en esta reforma, en esta nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en el artículo 116. Ahora, en el artículo 118 nosotros proponemos que tratándose de juezas, jueces, magistradas y magistrados la destitución dice aquí: solo procederá en los casos siguientes. Y establece dos hipótesis, yo agrego una tercera. Las dos dicen: cuando incurra en una causa de responsabilidad grave en el desempeño de sus cargos. Y, fracción II. Cuando reincidan en una causa de responsabilidad, sin haber atendido a las observaciones o amonestaciones que les hagan por faltas a la moral o a la disciplina que deben guardar conforme a los reglamentos respectivos. Es decir, que solamente en estos casos los podrán sancionar, en estas dos hipótesis. Cuando exista una causa de responsabilidad grave en el desempeño a sus cargos o cuando reincidan en una causa de responsabilidad, por algunas observaciones o amonestaciones, es decir, la menor. Y nosotros proponemos con mayor rigidez la fracción III que diga: cuando incurra en actos de corrupción, tráfico de influencia, nepotismo y acoso sexual. Que es lo que se viene dando en el Poder Judicial de la Federación. Continuó con el artículo 119. Aquí proponemos que se suprima. Con independencia, dice, que si el motivo de la queja da o no lugar a responsabilidades la o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Consejo de la Judicatura, según corresponda, dictará las providencias oportunas para su corrección o remedio inmediato. Y si de la propia queja se desprende la realización de una conducta que pudiera dar lugar a responsabilidad de dar cuenta al pleno del órgano que corresponda en los términos previstos en este título. No le podemos dar a una sola persona la facultad de determinar una sanción o de eximirlo de alguna responsabilidad. Eso sería completamente absurdo. Lo mismo en el caso del artículo 120 y concluyo. En el ..., en los casos de las fracciones I y III del artículo anterior las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley. En los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte, la declaración será por el Tribunal Colégialo de Apelación y la resolución que declare de cierto, ineficaz o sin materia. Es distinto prever si es de cierto, ineficaz o sin materia. Cada una de estas excepciones tiene su propia aplicación. Finalmente, compañeras y compañeros, como ustedes ven en este capítulo de las sanciones, pues está en realidad la sustancia para acabar con la corrupción del Poder Judicial de la Federación en un solo capítulo. Si le ponemos los candados que yo mencioné desde que hicimos la reforma a la Constitución, que las pudiéramos establecer desde la Constitución. Si no quedaron ahí, bueno, hay que ponerlas en las leyes secundarias, porque no hay medidas coercitivas debidamente establecidas en las leyes para la sanción de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. Sin estas precisiones pues los van a remitir a la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, donde dicen que la falta de probidad, la falta de honestidad y todas esas cuestiones, que son difíciles, difíciles de demostrar en un procedimiento de carácter administrativo. Donde además ni siquiera dan la oportunidad del denunciante que pueda impugnar esas resoluciones que se dicten en esos procedimientos, porque esa es otra. Hay aquí, en estas reservas que estoy presentando, el carácter de inatacables, inimpugnables. Es decir, lo que aquí resuelven ya no se puede impugnar. Ese es un manto de impunidad que se brinda, o más bien se blinda el propio Poder Judicial de la Federación hacia sus servidores públicos. Como ven, insisto, hay muchísima materia para atender la sustancia de las reservas de la reforma que estamos llevando a cabo, y no todo es el décimo transitorio al que tanto le han dedicado su tiempo los de la derecha. Pero bueno, siendo el caso, me reservo el artículo también décimo transitorio, por si quieren debatir más al rato, estamos dispuestos. Es cuanto. Muchas gracias, presidenta.