La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Los diputados Gabriela González, Dora Martínez, María Elena Álvarez, Rogelio Carbajal y la de la voz, promoventes de esta iniciativa, queremos agradecer el respaldo de nuestro Grupo Parlamentario y en especial de nuestro coordinador el diputado Héctor Larios, así como el del diputado Miguel Ángel Jiménez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, el de la diputada Patricia Castillo, de Convergencia, y el apoyo del diputado Javier González Garza y de la diputada Marina Arvizu, quienes suscribieron esta iniciativa aún a pesar de que para ellos la paridad significa alcanzar 50-50, a todos muchísimas gracias. Desde la perspectiva de género, la democracia paritaria aparece en principio como la garantía para la participación equilibrada de mujeres y hombres en la toma de decisiones. Este planteamiento parte del reconocimiento de que las mujeres han visto restringidas sus oportunidades para acceder a los espacios públicos, así como para el desarrollo de actividades que van más allá del ámbito doméstico y del hecho de que las mujeres constituimos la mitad de la sociedad, de las experiencias humanas, de las inteligencias y de las capacidades, por lo que nuestra subrepresentación implica una pérdida para la sociedad. De acuerdo con algunas interpretaciones, la democracia paritaria implicaría que si las mujeres constituyen alrededor de 50 por ciento de la población, tendrían derecho a un porcentaje igual de representación en los espacios de toma de decisiones. No obstante, hay otras posturas que definen la paridad como una representación equilibrada de hombres y mujeres, de forma que ninguno de los dos sexos tenga presencia mayor al 60 ni menor al 40 por ciento. La cuantificación numérica de la presencia de ambos sexos es una estimación a partir de la cual creemos que la sociedad y los partidos políticos se irán acostumbrando a incorporar mujeres y hombres a partes iguales. El objetivo es que llegue el momento en que no tengan que existir cifras definitorias de la equidad, porque de hecho existirá igualdad en el acceso y permanencia de las mujeres en la política. Entonces, si hablamos de paridad como participación equilibrada entre mujeres y hombres y si se trata de asignar un porcentaje a este principio, consideramos que el máximo de 60 por ciento y el mínimo de 40, sería factible en términos de alcanzar dicho equilibrio sin necesidad de condicionarlo al cumplimiento estricto de un 50-50. Ahora bien, si abordamos la paridad en términos cualitativos podemos referirnos a las condiciones necesarias para alcanzar una participación equilibrada, las cuales fundamentalmente es centrarlo en la igualdad de oportunidades para el desarrollo de las capacidades de mujeres y hombres, así como para el acceso a los espacios de participación y la igualdad en el trato entre ambos sexos en las aspiraciones de participación y el desempeño de los cargos de representación y toma de decisiones. Estas condiciones se encuentran, a su vez, vinculadas al diseño e instrumentación de mecanismos que atiendan a la desigualdad estructural que enfrentan las mujeres respecto de los hombres, los cuales deben abarcar el desarrollo de acciones que conduzcan a la capacitación de las mujeres para el desempeño de esas actividades, el fortalecimiento de liderazgos femeninos, el establecimiento de cuotas de participación para las mujeres, la no discriminación en el acceso, promoción y permanencia en los cargos de representación políticos, la generación del compromiso por parte de los partidos para el impulso de la participación y el liderazgo de las mujeres dentro su estructura interna y en puestos de elección popular en igualdad de condiciones con los hombres y la propia revalorización de la importancia social que reviste la participación de las mujeres. En este sentido, coincidimos con el reconocimiento recientemente hecho por el Consenso de Quito, respecto a que la paridad es uno de los propulsores determinantes de la democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio del poder, en la toma de decisiones, en los mecanismos de participación y representación social y política, y en las relaciones familiares, sociales, económicas, políticas y culturales, y que constituye una meta para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. Por tanto, el punto nodal no está en promover exclusivamente los derechos de la mujer, sino en impulsar un nuevo equilibrio social, un nuevo partenariado social entre los hombres y las mujeres, en el que juntos asumamos responsabilidades compartidas en el seno familiar, el trabajo, la política y la sociedad en su conjunto. En este contexto podemos afirmar que queremos compartir con los hombres las responsabilidades familiares y las decisiones públicas. En nuestro país se han dado ya pasos fundamentales para la plena incorporación de las mujeres en la toma de decisiones; sin embargo, aunque los datos muestran que si bien el avance de las mujeres en el Poder Legislativo federal ha sido notorio, todavía siguen estando subrepresentadas en las legislaturas locales, los ejecutivos estatales y municipales, así como en los mandos altos y medios de la administración pública. Por ello, se proponen las siguientes reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 1. Estipular como obligación de los partidos políticos nacionales, el establecimiento de mecanismos que procuren la paridad de género en sus órganos de dirección y en el acceso a candidaturas a cargos de elección popular a través de la postulación de candidaturas mixtas. 2. Que cada partido político destine anualmente, al menos 2 por ciento del financiamiento total que reciba para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. 3. Introducir el principio de paridad entre hombres y mujeres para las postulaciones a cargos de elección popular en el Congreso de la Unión que hagan los partidos políticos tanto de mayoría relativa como de representación proporcional. 4. Establecer que la totalidad de las solicitudes de registro de las candidaturas a diputados y senadores, deberán integrarse con candidatos de ambos géneros y con al menos 40 por ciento de candidatos propietarios de un mismo género. 5. Modificar la división de la lista de candidatos de representación proporcional en segmentos de cinco candidatos y establecer que en cada uno de los dos primeros segmentos de cada lista habrá por lo menos dos candidaturas propietarias de un mismo género. Como puede observarse esta iniciativa no se limita a la dimensión cuantitativa de la paridad, es decir, a la ampliación de las cuotas de género, sino que busca abordar de forma cualitativa diversas cuestiones relacionadas con las capacidades y oportunidades de las mujeres para acceder a los cargos de elección popular y a los órganos de dirección de los partidos políticos. Las mujeres hemos demostrado voluntad y capacidad para aportar al desarrollo de México a través de nuestra participación cada vez mayor en espacios, en donde sólo hace algunos años nuestra presencia era impensable. Esto nos ha traído una serie de satisfacciones personales y profesionales, pero también hemos tenido que enfrentar numerosos retos e inequidades. Los retos e inequidades de estos ámbitos que no estaban creados ni pensados con y para las mujeres. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las medidas y reformas que hoy proponemos al Cofipe para incrementar la participación de las mujeres en el Poder Legislativo, en los órganos directivos de los partidos políticos, y en general, en la toma de decisiones respecto a la diaria construcción de nuestra nación, serán benéficas en la medida en que se conviertan en un instrumento para alcanzar una sociedad realmente igualitaria, en la que prevalezca la solidaridad y corresponsabilidad entre mujeres y hombres dentro de la pareja, la familia, las relaciones sociales, la economía y la política. Es cuanto.