La diputada Nancy Aracely Olguín Díaz: Diputadas y diputados, hoy nos presentamos ante esta tribuna con una profunda indignación y un rechazo absoluto a la Cuenta Pública del ejercicio 2022. Especialmente en lo que respecta a Pemex. Este documento minimizó la corrupción rampante y la mala gestión que ha caracterizado la administración de Octavio Romero Oropeza. Es un insulto a los ciudadanos, especialmente a los habitantes de los estados petroleros del sureste mexicano, que vieron promesas incumplidas y un desvío de recursos en todo, no nada más en 2022, en todos los ejercicios previos. La Cuenta Pública 2022 viene incompleta. Es un, yo voy a decir que es una cortina de humo, porque no hay una puntual observación de todo lo que las investigaciones han derivado de esa administración Romero Oropeza, flagrante de corrupción y conflicto de intereses. Una de ellas es que a los habitantes del sureste les prometieron trasladar la Secretaría de Energía a Villahermosa y Pemex a Ciudad del Carmen, como parte de una descentralización que impulsaría la economía de los estados petroleros, pero esa promesa no se incumplió. Dejaron a los estados petroleros sin los beneficios económicos esperados y, obviamente, abonando al rezago que gran parte del sureste mexicano tiene. Aun a pesar de las obras que aquí vienen y pregonan, que no han aportado un crecimiento flagrante a esos estados. Bajo esta administración se creó y potenció una red de corrupción encabezada por el ingeniero Manuel Ángel Lozada y Marcos Herrerías. Se inflaron precios y se entregaron servicios de menor calidad a cambio de moches, beneficiando a unos cuantos y perjudicando Pemex y principalmente perjudicando a la nación. Además, esos contratos millonarios de Baker Hughes, la única la empresa determinó que en su investigación forense no podía estar involucrada, fueron sus funcionarios de alto nivel quienes celebraron contratos con esa familia, con la familia Beltrán y con esa casa gris, que, a los días, a las semanas, tuvieron que desocupar por vergüenza de haberlos evidenciado en la falta de transparencia y conflicto de intereses con que operan las empresas del Estado. Además, los contratos millonarios a las familias Olán, Obrador Olán, que demuestra nepotismo y corrupción, muy amada en estos últimos, y no se cansan se mencionarla. Qué bueno que llegan estas leyes que precisa la presidenta, les hace falta cambiar en esas personas y en sus familias eso que lo traen tan arraigado. El sexenio cierra con adeudos a empresas por más de 400 mil millones de pesos, afectando gravemente la estabilidad financiera de Pemex y la economía nacional. Ha dejado incrustada una red de operadores que cobran comisiones hasta del 15 % para gestionar pagos, dejando perpetuada la corrupción y la ineficiencia que tanto dicen haber erradicado. No es cierto. Es crucial recordar que la corrupción en Pemex no es un problema nuevo, pero bajo esta administración ha alcanzado niveles alarmantes. Empresas vinculadas a funcionarios y políticos demuestran una falta de transparencia y competencia justa. La deuda masiva a proveedores pone en riego la viabilidad a la empresa y la confianza de los inversionistas, no se encuentra nadie dispuesto a invertir en Pemex, tiene bonos basura. La Cuenta Pública 2022, al minimizar estos hechos se convierte en un cómplice de la corrupción que ha devastado a Pemex. Es una radiografiá de un gobierno que ha fallado estrepitosamente en su deber de administrar recursos públicos con honestidad y eficiencia. Es un insulto a la inteligencia de los mexicanos y una traición a la confianza que depositaron en este gobierno. No podemos en conciencia aprobar este desastre, por lo tanto, nuestro voto es y será en contra. Es hora de que rindan cuentas Octavio Romero Oropeza y compañía y familias. México merece un gobierno honesto y eficiente, no un régimen de mentiras y despilfarro. Es cuanto, presidenta.