El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Nuevamente, un procedimiento para la declaración de procedencia, ha dado lugar a un intenso debate parlamentario, sólo resuelto con apoyo en la hermenéutica jurídica, como también ocurrió en el procedimiento seguido contra el exdiputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, René Bejarano, la Cámara de Diputados debió recurrir a la interpretación de los textos legales para tomar y fundar una decisión. En el asunto de quien fuera Jefe de Gobierno del Distrito Federal, tanto la Sección Instructora como la Asamblea de esta Cámara de Diputados, requirieron interpretar, para determinar su alcance y contenido e integrarlos a su resolución, los artículos 206 de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. Para aplicar la norma e individualizarla, esta soberanía tuvo que determinar las condiciones de aplicación de los preceptos indicados y resolver un conflicto virtual entre ambos. La omisión del artículo 215 del Código Penal Federal en el establecimiento expreso del tipo penal, dio lugar a una polémica que tuvo que resolverse mediante la interpretación racional, lógica, histórica y sistemática de los preceptos en cita y sobre la base de jurisprudencia firme, en vez de que su interpretación fuera estrictamente gramatical, como hubiera sido lo deseable. Para dejar claro lo anterior es conveniente señalar que en materia de juicio de amparo, la negativa de la autoridad responsable a cumplir la suspensión, es una infracción de tal gravedad que el artículo 107 fracción XVII de la Constitución Federal establece. La autoridad responsable será consignada a la autoridad correspondiente cuando no suspenda el acto reclamado, debiendo hacerlo. En estos casos la consignación relativa se realiza por la comisión del delito de violación a la suspensión, tipificado en el artículo 206 de la Ley de Amparo y sancionado conforme al 215 del Código Penal Federal. El primer numeral a la letra dice: La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal Aplicable en materia federal por el delito de abuso de autoridad por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en el que incurra. Sin embargo, el artículo 215 del Código Penal Federal, no contempla en ninguna de sus 12 fracciones una sanción exactamente correspondiente con el delito de violación a la suspensión. Asimismo puede apreciarse, aunque lógicamente debe estarse al principio de indubio pro reo, que tampoco indica cuál de las dos penas descritas sería la aplicable al delito de violación a la suspensión. Ante esta situación se han planteado dos argumentaciones divergentes: Una que sustenta que no puede ejercerse acción penal, ya que no hay delito sin pena. Principio al que en doctrina se le conoce como de exacta aplicación de la Ley Penal y que es recogido por el artículo 14 de la Constitución Federal, de cuyo texto se infiere que para verificar la existencia formal del delito, debe corroborarse que la ley contemple una descripción típica a la cual se adecue la conducta imputada y una pena exactamente aplicable a esa descripción típica. Esta argumentación fue formulaba por el ex Jefe del Gobierno del Distrito Federal, por el diputado presidente de la Sección Instructora en voto particular y hasta por el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La otra argumentación se sustenta principalmente en la jurisprudencia derivada por contradicción de tesis 19/97, de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que textualmente dice: Aplicación exacta de la Ley Penal. El artículo 206 de la Ley de Amparo al establecer el tipo del delito de desobediencia al auto de suspensión debidamente notificado y hacer la remisión para efectos de sanción al de abuso de autoridad previsto por el artículo 215 del Código Penal Federal, no es violatorio de la garantía de exacta aplicación de la Ley Penal. ya que los principios de que nulo crimen sine legi y nula pena sineleg. en que descansa dicha garantía, se refiere a que un hecho que no esté tipificado en la ley como delito, no puede conducir a la imposición de una pena, porque a todo hecho relacionado en la ley como delito, debe preverse expresamente, la pena que le corresponda en caso de su comisión. Tales principios son respetados en los preceptos mencionados, al describir el primero de ellos, el tipo penal respectivo y el segundo en los párrafos penúltimo y último la sanción que ha de aplicarse a quien realice la conducta tipificada. Es decir, no es violatoria de la garantía de exacta aplicación de la ley en materia penal, la imposición de una pena, en el caso del delito de desobediencia a la suspensión, ya que este delito está tipificado . Y por tanto existe el delito, la penalidad aplicable y la posibilidad de terminar la pena. Debe decidirse que ante la contradicción de argumentos jurídicos, la Cámara de Diputados no corrigió la norma defectuosa. Solamente le dimos a ésta el valor efectivo que realmente tiene, para determinar su alcance y sobre esta base atajar la impunidad Entonces actuamos conforme a derecho. Sin embargo, y no obstante el precedente establecido, es indudable la existencia de un defecto normativo que se hace necesario corregir por la vía legislativa para que en lo futuro éste no sea motivo de polémicas y sustento de inconformidades. Para ello, es conveniente establecer expresamente la hipótesis de abuso de autoridad derivada de la desobediencia, violación o desacato de la suspensión decretada en juicio de amparo y la pena exactamente aplicable a tal hipótesis, escogiendo de entre las señaladas en los párrafos penúltimo y último del artículo 215 del Código Penal Federal, la más alta dada la naturaleza del delito, su rango constitucional y la finalidad de inhibir actos u omisiones atentatorios contra el juicio de amparo por los servidores públicos. En esa virtud y con apoyo además en el artículo 73 fracción XXI de la Constitución Federal, formulo la siguiente iniciativa: Artículo Único.- Se adiciona con una fracción y se reforma, el último párrafo del artículo 215 del Código Penal Federal para quedar como sigue: Artículo 215.- Comete el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes: XIII.- Cuando teniendo el carácter de autoridad responsable en juicio de amparo y estando debidamente notificados, no obedezcan o violen un auto o interlocutoria de suspensión provisional o definitiva. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones VI a IX y XIII, se le impondrá de dos a nueve años de prisión, de 70 hasta 400 días de multa, y destitución e inhabilitación de dos a nueve años para desempeñar otro empleo, cargo ó comisión públicas. Transitorio. Artículo único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Compañeras, compañeros legisladores, muchas gracias por su atención. Gracias señor Presidente.