LA C. DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA (PRD): Con su venia, señor Presidente. "Honorable Asamblea: "El control financiero o también denominado poder de la bolsa constituye el instrumento más eficaz del Legislativo en su relación de equilibrio con el Ejecutivo para influenciar el diseño de las políticas públicas, para vigilar su implementación y para frenar la corrupción y la mala administración dentro de la gestión gubernamental. "En nuestro sistema normativo cuatro son las principales facultades en materia hacendaria que otorga actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Poder Legislativo para ejercer el control financiero: aprobación de la Ley de Ingresos; aprobación del Presupuesto de Egresos; revisión del Gasto Público; y contratación de Empréstitos. "No obstante, en la práctica, durante décadas el Poder Legislativo nunca ejerció con éxito esta facultad de controlar y fiscalizar el Ejecutivo. La pertenencia de casi la totalidad de sus integrantes al mismo partido político del Presidente de la República, hizo legislaturas dóciles y sumisas que aprobaban automáticamente y sin discusión alguna el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos que les enviaba las autoridades hacendarias. "Desde 1997, sin embargo, la relación entre el Congreso y el Presidente de la República se ha modificado sustancialmente al quedar integrada la Cámara de Diputados de manera plural y no obtener mayoría absoluta ningún partido político en los grupos parlamentarios representados, en aquél año el debate del Presupuesto se prolongó casi un mes y pudo provocar una crisis constitucional, ya que es de sobra conocido que su aprobación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que no existe un mecanismo alterno para el caso de que el Presupuesto hubiera sido rechazado. "De esta manera, la inédita experiencia de gobierno dividido en el que un partido político tiene el control de Ejecutivo pero pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados ha puesto en evidencia la carencia de normas constitucionales en materia presupuestaria acordes con el nuevo pluralismo político. "De ahí que una Reforma Hacendaria Integral deba plantear al mismo tiempo cambios legales en tres ámbitos a saber: el tributario, el presupuestal y el financiero. "Hasta hoy el debate sobre la Reforma Hacendaria se ha centrado básicamente en los cambios de la estructura tributaria. Empero tan importantes como aquellos deben considerarse las reformas en materia presupuestaria, con el objeto de establecer mecanismos ciertos y estables en el procedimiento de discusión y aprobación de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, y evitar así tensiones políticas y la incertidumbre cada año de una posible parálisis de las funciones del Estado. "En este contexto, la iniciativa que se somete a consideración de esta soberanía, propone adicionar el artículo 72 inciso j), reformar el artículo 73 fracción VI y VII, reformar el artículo 74 fracción IV y derogar el artículo 75 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para revisar la naturaleza jurídica actual del paquete financiero, con el objeto de prohibir de manera expresa cualquier partida secreta, adelantar la fecha de presentación del Presupuesto General del Estado, establecer mecanismos adecuados de solución para el supuesto de que el paquete financiero no sea aprobado por el Legislativo en el plazo constitucional, prohibir expresamente el veto presidencial al Presupuesto General del Estado y terminar con la dualidad de Presupuesto de Egresos y Ley de Ingresos, que atenta contra los principios de universalidad y unidad; para darles a ambos al carácter de ley y con ello otorgar al Senado participación en el examen, discusión y aprobación de un solo documento que aborde simultáneamente el origen y la aplicación de los recursos públicos. "La actual dualidad de Presupuesto de Egresos de la Federación y Ley de Ingresos, atenta contra los principios formales de unidad e universalidad que doctrinariamente deben regir en materia presupuestaria. "Es incongruente que el Presupuesto de Egresos de la Federación que habrá de regir durante todo un año, sea competencia exclusiva de una de las Cámaras y cualquier modificación posterior a dicho presupuesto, sí se produce por un nuevo gasto no previsto en el mismo, tenga que ser obra de las dos Cámaras. "Como consecuencia la presente iniciativa considera modificar las disposiciones referentes a la naturaleza jurídica del presupuesto, unificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos en un solo documento que se denominaría Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación, dar a los presupuestos generales del Estado el carácter de ley y con ello dar facultad a la Cámara de Senadores en el procedimiento de examen, discusión y aprobación. "La unificación de egresos e ingresos en una sola ley, no sólo terminaría con una absurda reminiscencia del unicamarismo, inicialmente establecido en la Constitución de 1857, que al ser suprimido obviamente excluyó al Senado de la aprobación del presupuesto, sino que al abordar simultáneamente el origen y la aplicación de los recursos públicos, haría plenamente acorde el Presupuesto de la Federación con los principios de unidad y universalidad que doctrinariamente rigen en materia presupuestaria, lo que en forma plena permitiría vincular expresamente al presupuesto con las metas y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales, dándole mayor claridad y transparencia tanto para efectos de la revisión de la Cuenta Pública como para convertirlo en un instrumento de la eficiencia administrativa y de la efectividad programática. "El plazo actualmente concedido para la presentación del paquete financiero es notoriamente insuficiente. A partir de que el Ejecutivo Federal hace llegar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación a la Cámara de Diputados, el órgano legislativo respectivo cuenta con escasas cuatro semanas para examinar y discutir miles de documentos, para sostener audiencias con las autoridades hacendarias, para desarrollar un dictamen legislativo, para debatir la ley y votarla. "Este apretado periodo contrasta con las 28 semanas aproximadamente que tiene el Ejecutivo para elaborar el anteproyecto de la ley presupuestal con el apoyo de cientos de especialistas en todas las áreas presupuéstales del gobierno federal. Por ello en el proyecto se propone el 15 de septiembre como fecha límite para que el Ejecutivo Federal haga llegar la iniciativa de Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación y el Legislativo cuente cuando menos con un lapso de 90 días para su examen, discusión y aprobación, a excepción del año en el que el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en el que podrá hacerlo hasta el 15 de Diciembre como se previene en la redacción actual. El Derecho Comparado demuestra que en los sistemas bicamerales de América Latina el Poder Legislativo tiene un promedio de 66 días para aprobar el Presupuesto, mientras que los sistemas unicamerales conceden un promedio de cien días a su Poder Legislativo para examinar y aprobar el Presupuesto. En las disposiciones constitucionales en materia presupuestaria existe otro vacío legal, no se determina qué debe observarse para el caso de que el presupuesto no sea aprobado al 1º de Enero. La ausencia de alguna disposición que prevea una salida para el caso de que el presupuesto no sea aprobado en el plazo constitucional, es una situación que podría generar conflictos irresolubles de gobernabilidad y poner en serio riesgo la estabilidad financiera , económica y política de México. En el Proyecto de Reforma Constitucional que se somete a consideración de esta Cámara se acoge el sistema de mantener vigente el Presupuesto General del Estado del año anterior hasta en tanto se realice la aprobación del nuevo, es decir, se decide una prórroga temporal. La prórroga de la vigencia del anterior para el caso de que llegados al inicio del año fiscal no se cuente con un presupuesto aprobado evitaría cualquier posibilidad de parálisis del Estado al suspenderse los servicios públicos básicos, al permitirse extender la vigencia del presupuesto del año anterior en caso de no aprobarse el nuevo proyecto. Dentro del plazo constitucional se evitarían los hechos cualquier crisis de gobernabilidad. Se contribuiría al fortalecimiento de las facultades de control que en materia presupuestaria corresponden a los Legisladores al concederles mayor tiempo para analizar las propuestas y presentar contrapropuestas y en la práctica se haría más eficiente el ejercicio del gasto por parte de las dependencias y entidades públicas. Y en virtud de que sólo se contempla la posibilidad de prorrogar temporalmente la vigencia del presupuesto del año anterior, actualizado en supuesto de que el proyecto no sea aprobado dentro del plazo establecido en la Constitución, de acuerdo con el proyecto que presento, se faculta y obliga a la Comisión Permanente a convocar al Congreso a un Período Extraordinario de Sesiones que iniciaría el 2 de Enero para examinar, discutir y aprobar la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Mexicana. Por otra parte, la pluralidad con la que hoy están conformadas ambas Cámaras del Congreso de la Unión, exige re plantear en forma inmediata los términos , condiciones de procedencia del veto. En lo que se refiere a la mayoría exigida para superarlo y en los casos en que no procede por disposición constitucional expresa, seguir requiriendo el voto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros presentes en las condiciones de pluralidad y correlación de fuerzas que ahora se viven en las dos Cámaras del Congreso, hace prácticamente insuperable el veto trastocando la institución de un mero acto de colaboración legislativa, en instrumento que rompe la perfecta división de poderes, al irrogar al Ejecutivo influencia decisiva en el procedimiento de formación de leyes y anular poder de decisión de las mayorías parlamentarias. Es por ello que la presente Iniciativa pretende adicionar el Inciso J) del Artículo 72º Constitucional para incluir por su trascendencia, dentro de los casos en que no procede el veto, por disposición constitucional expresa a la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación. Su efecto suspensivo hace inaceptables las graves consecuencias que para la estabilidad política y económica del país ocasionaría la interposición de un veto presidencial contra la Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Federación. Sólo es cuestión de imaginar a las instituciones de la República sin autorización, para realizar gastos de inversión a consecuencia de la promoción de un veto. Finalmente, por ser fuente de corrupción, descrédito y desconfianza en la Administración Pública Federal, la prohibición expresa en el texto constitucional que cualquier partida secreta en la Presupuesto que se propone en el Proyecto, implicaría un importante paso hacia delante en la nueva forma de ejercicio republicano de Gobierno. Agradeciendo la atención prestada, solicito al señor Presidente instruya a la Secretaría para q ue en el texto íntegro de la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa se inserte en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates. Muchas gracias. -