El diputado Miguel Ángel Navarro Quintero: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Partido de la Revolución Democrática, presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley para la Pensión Universal de las Personas de 70 años o más. Con esta propuesta establecemos el derecho de todo adulto mayor que cubra el requisito de la edad y viva en el territorio nacional, a recibir mensualmente una pensión equivalente a medio salario mínimo del Distrito Federal. Desde la izquierda proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos sociales para todos los mexicanos. Por ello, para nuestro grupo parlamentario esta iniciativa otorga los instrumentos jurídicos al Estado mexicano para enfrentar de forma responsable y oportuna las condiciones adversas, las escasas oportunidades y situación de pobreza en que se encuentra la gran mayoría, desafortunadamente, de los adultos mayores en nuestro país. La pobreza en los adultos es excepcionalmente alta, aún en el contexto de América Latina. En México, la tasa de pobreza en la población mayor de 65 años, es 70 por ciento superior a la tasa de pobreza para el total de la población. La diferencia más amplia desafortunadamente, entre 8 países de la región, según un estudio reciente del Banco Mundial. En contraste, en Brasil donde se implementa una pensión básica con una cobertura amplia, la tasa de pobreza en la tercera edad es 25 menor a la existente en el territorio nacional. En tal sentido el reconocimiento del derecho a la pensión universal para las personas adultas mayores, representa un reconocimiento de la nación a la contribución de las personas adultas mayores al desarrollo del país, así como un primer paso para reedificar una cultura de respeto y solidaridad hacia nuestros ancianos y ancianas. Proponemos que la pensión sea universal porque con ello se garantiza la cobertura completa a la población en situación de pobreza, se eliminan los riesgos de exclusión inevitables con la focalización, se evita desincentivar el trabajo y el ahorro privado al no condicionar el ingreso de los beneficios a encontrarse en una situación de pobreza y se disminuyen de forma importante los altos costos administrativos al desaparecer los procesos de identificación y depuración del padrón de beneficiarios. Estén múltiples experiencias en diversas partes del mundo donde operan este tipo de pensiones y se caracterizan por otorgar prestaciones monetarias asociadas a situaciones de pobreza y carencia. El financiamiento de estas pensiones proviene de contribuciones generales que el Estado, por mandato legal, redistribuye entre las personas o familias a quienes mediante un apoyo monetario se les provee de un ingreso. Por ende las condiciones de acceso a este tipo de pensiones no se vinculan a una trayectoria laboral o a un registro de cotizaciones. Esta pensión es viable financieramente, para que no exista excusa alguna. Tomando las proyecciones del Consejo Nacional de Población, en 2005 había cerca de 3 millones 600 mil personas de 70 años y más, por lo que el costo anual de ofrecer una pensión equivalente a medio salario mínimo, sería de poco más de 28 mil 471 millones de pesos, es decir, el 0.35 por ciento del Producto Interno Bruto. Si consideramos el incremento de la población de adultos de 70 años y más en los próximos 45 años y una tasa de crecimiento de la economía promedio del tres por ciento, la pensión alcanzaría un máximo de medio punto tan sólo del producto interno bruto en el 2050 y luego comenzaría a decrecer. La propuesta de ley está dividida en cinco títulos que abordan disposiciones generales. La pensión normada por esta ley se entregará a las personas de 70 años o más residentes en el territorio nacional, el monto de aquellas será de medio salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal. La entrega no tendrá un costo para el beneficiario ni podrá estar sujeta a ningún tipo de condicionamiento. El otorgamiento de la pensión y el costo de la base de datos nacional de la pensión universal que integra el patrón de beneficiarios, se deposita en la Sedesol. La Sedesol conformará un padrón de beneficiarios y corroborará el cumplimiento de los requisitos. Para efectos administrativos, una vez dado de alta en el padrón, el beneficiario recibiría la pensión en un plazo no mayor de tres meses. Los medios de paga se determinarían administrativamente con el criterio de que sean los más viables y oportunos para los beneficiarios. La ley establece causa de suspensión y cancelación de la pensión y prevé medios de impugnación, ya sea por baja justificada o por exclusión del padrón de beneficiarios, si se cumplen los requisitos legales y reglamentarios. Como instrumentos de concurrencia, se establece que la Federación, los estados y municipios, en el ámbito de sus atribuciones y en congruencia con las disposiciones de esta ley, coadyuven a la pensión universal y cuando las disposiciones de esta ley comprendan materia y acciones que incidan en las atribuciones de cada orden de gobierno, se aplicarán y ejecutarán convenios generales específicos, que suscriban las partes interesadas. También se dota al Ejecutivo federal de la facultad de enviar al Congreso de la Unión las adecuaciones a la ley que considere pertinentes para garantizar la suficiencia y la ampliación de la cobertura de la pensión objeto de la presente ley. El financiamiento de la pensión para las personas de 70 años o más, corre a cargo del gobierno federal, mediante contribuciones generales, que serán especificadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación en el Ramo General 19 Aportaciones a la Seguridad Social. En este rubro se garantiza el pago de la obligación y su inafectabilidad. Se establece que los costos administrativos de esta pensión, radicados en el Ramo Administrativo 20 de Desarrollo Social, no serán mayores al cinco por ciento de la partida que financie el pago de la misma. Finalmente, se obliga a los servidores públicos responsables de la aplicación de los procedimientos de la presente ley, a observar principios de respeto a la dignidad humana, imparcialidad, apego a derecho y veracidad. También se invoca la responsabilidad de estos servidores, que deberá ser sancionado conforme a disposiciones vigentes. Por último, en disposiciones transitorias la presente iniciativa establece un lapso, de no más de 90 días naturales, para la expedición del reglamento de esta ley y para la emisión de la convocatoria pública para la inscripción de beneficiarios. Con esta iniciativa los miembros del Partido de la Revolución Democrática, cumplimos con los compromisos que hicimos con los mexicanos y los cuales tenemos conciencia permanentemente de ello. Esos mexicanos que optaron por cambiar el rumbo de este país y esos compromisos que hizo con todo el país Andrés Manuel López Obrador. Con ello demostramos que si es posible redefinir las prioridades de la nación y orientar la acción del Estado por el bien de todos a favor de los que menos tienen, a favor de los más vulnerables. Es cuanto señora presidente.