El diputado Julio César Moreno Rivera: Compañeras, compañeros legisladores, me dirijo a ustedes para presentar el dictamen referente a la Ley de Amparo de la Comisión de Justicia, a nombre de esta comisión que tengo el honor de presidir. En esta comisión hemos revisado y discutido de manera detallada la minuta que recibimos del Senado de la República en diciembre de 2024. Lo que buscamos en esta comisión es también que el dictamen que presentamos esté a la altura del momento en que nos encontramos, porque es preciso mencionar que estamos en tiempo crucial en la consolidación de un sistema de justicia más eficiente y en sintonía con las necesidades del pueblo de México. La armonización de la Ley de Amparo con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial no sólo es un ajuste normativo, sino un paso fundamental para garantizar el acceso a la justicia más ágil, efectivo, equitativo para todas y para todos. La reforma constitucional en materia del Poder Judicial representó un cambio de gran calado para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y un rediseño para el antiguo Consejo de la Judicatura Federal, dando lugar al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal de Disciplina Judicial. Por su parte, la reforma en materia de supremacía constitucional e impugnabilidad representa el respeto y la defensa de la voluntad popular representada en el Constituyente Permanente. Con ello se busca mejorar la administración de justicia, erradicar prácticas que han generado dilación en los procesos judiciales y fortalecer la supremacía constitucional. El dictamen que hoy discutimos cumple con un mandato constitucional de adecuar la Ley de Amparo para que sea congruente con las modificaciones que ya fueron aprobadas en nuestra Carta Magna. Entre las modificaciones más relevantes destacan que se precisa que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. En concordancia con lo establecido en la Constitución, se establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, cuando declaren la inconstitucionalidad de normas generales, sólo benefician a las partes involucradas sin efectos generales, salvo en los casos que determine la Suprema Corte. Asimismo, se incorpora la necesidad de una mayoría de seis botos para que la Suprema Corte pueda emitir declaratoria general de inconstitucionalidad. Se consolidan los procedentes... en los precedentes obligatorios de la Suprema Corte, estableciendo que las razones que justifiquen sus sentencias serán vinculantes para todas las autoridades jurisdiccionales del país, siempre que cuenten con una mayoría de seis votos. Se derogan las disposiciones que hacían referencia a las salas de la Suprema Corte, en virtud de que la reforma constitucional dispuso que este órgano sesionará en pleno. Estos cambios son necesarios para que la Ley de Amparo refleje con precisión la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación tras la reforma constitucional, garantizando coherencia normativa y certeza jurídica. La reforma constitucional en materia del Poder Judicial tuvo un objetivo claro: hacer más eficiente la impartición de justicia, combatiendo la tardanza y la dilación de los juicios, particularmente en lo que respecta al juicio de amparo. Con esta armonización se refuerzan los principios de certeza y seguridad jurídica, al establecer las reglas claras sobre los efectos de las resoluciones de amparo y sobre la competencia de los órganos jurisdiccionales. Además, con la consolidación del órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial, se garantiza un control más eficiente sobre la labor de jueces y magistrados, evitando excesos y fortalecimiento a la transparencia en la impartición de justicia. Otro aspecto relevante de esta reforma es la actualización de la Ley de Amparo en diversos aspectos normativos y de lenguaje. Entre los cambios más importante se encuentra la armonización de términos como el Distrito Federal, que se sustituye por la Ciudad de México, en concordancia con la Constitución. La sustitución de referencias del Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, alineándose con la normativa vigente. El reemplazo de la unidad de medida al salario mínimo, por la unidad de actualización, UMA, para garantizar consistencia en la determinación de montos y sanciones. La adecuación del lenguaje para hacerlo más incluyente, sustituyendo expresiones como grupos vulnerables por grupos en situación de vulnerabilidad, y promoviendo así relaciones de respeto y de igualdad entre los géneros. Estos cambios, compañeras y compañeros, no son menores, como lo ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El uso de lenguaje incluyente y actualizado no solo mejora la claridad de la legislación, sino que contribuye a la erradicación de la discriminación y la violencia estructural. Compañeras y compañeros, la reforma al Poder Judicial no se trata solo de reorganizar instituciones, se trata de garantizar que la justicia sirva realmente a quienes más la necesitan. Se trata de impedir que los recursos legales sean utilizados para eludir la responsabilidad de garantizar que los procesos sean ágiles, eficientes y consolidar un sistema de justicia verdaderamente accesible para todas y todos. Hemos dejado claro que nuestra prioridad es el bienestar del pueblo de México. Estas reformas son un paso más en la construcción de un país en donde la justicia no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho efectivo para todas y todos. Los invito a votar a favor de esta reforma, compañeras y compañeros, con la convicción de que estamos fortaleciendo nuestra democracia, consolidando un Poder Judicial más eficiente, más justo y más transparente. Es cuanto, diputada presidenta.