El diputado Andrés Eloy Martínez Rojas: Gracias, presidente. Éste es el posicionamiento en lo particular de las reservas del artículo 28, párrafos dieciséis, diecinueve, veintiséis y veintisiete del proyecto de decreto en materia de telecomunicaciones. Quizá lo que voy a decir ya sobra, pero no está demás mencionarlo. Emulando la secrecía y hasta el oscurantismo del reciente Cónclave Papal, podemos decir que en un ejercicio similar –a diferencia de las acertadas y acostumbradas consultas públicas que se hacen en todo el mundo en los gobiernos democráticos–, habemus reformationis. Finalmente tenemos la reforma para modificar el marco legal y la aplicación regulatoria para el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión en nuestro país, ya que dicha reforma fue negociada a puerta cerrada durante más de dos meses por un pequeño núcleo de legisladores, funcionarios del gobierno federal y dirigentes partidistas integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, y otros que para algunos son innombrables. Esta reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión ha sido presentada como un cambio histórico que dará fin a los monopolios en telefonía y en televisión. Así lo presumió el titular del Ejecutivo en la presentación de la iniciativa ante una audiencia que destacó por la ausencia de los propios concesionarios y por el gran optimismo de quienes consideran que ya se concretó la democratización de los medios electrónicos, ya que se supone que el Ejecutivo federal ya no será quien otorgue las concesiones. Sin embargo –e ahí la trampa de esta gran reforma–, ésta radica en esta aseveración, siendo que en la propuesta de modificaciones que se está presentando el Ejecutivo federal no renuncia a la posibilidad de intervenir en el otorgamiento, aprobación y revocación de las concesiones, sino por el contrario, se convierte –por decirlo de alguna manera- en el primer filtro para el nuevo mecanismo más no lo hace directamente, sino que ahora lo hace a través de una triangulación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Valdría la pena preguntarnos ¿acaso no es el secretario de Comunicaciones parte del Ejecutivo federal; o el secretario no tiene que consultar al presidente; o es un organismo autónomo? En las reformas a los artículos 27 y 28 se establece la conformación de un organismo autónomo que le quitará al Ejecutivo federal la discrecionalidad y también en el otorgamiento y refrendo de concesiones; pero analizando con detenimiento el texto de modificación al artículo 28 constitucional, para ser más precisos en su párrafo décimo sexto, el cual determina que le corresponde al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) –el nuevo organismo autónomo- el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de las sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones, no se cumple con dicho propósito. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente no se le está dando autonomía plena a este nuevo órgano. Por lo tanto la propuesta de modificación que estamos haciendo quedaría de la siguiente manera: Artículo 28, párrafo dieciséis. Corresponde al instituto el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad y operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. Las concesiones podrán ser para su uso comercial, público, social y privado y se sujetarán de acuerdo con sus fines a los principios establecidos en los artículos 2o, 3o, 6o. y 7o. de esta Constitución. Las concesiones serán otorgadas mediante licitación pública a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final. En ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente el económico. Las concesiones para uso público y social se otorgarán mediante el mecanismo de la asignación directa. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes... Ya voy a terminar, compañeros... prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el instituto en uso de sus atribuciones, garantizará la continuidad en la prestación del servicio. Párrafo 19: Los órganos del gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de Telecomunicaciones se integrarán por siete comisionados, incluyendo al comisionado presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Senado y ratificación de la Cámara de Diputados. Párrafo 26. El comité de evaluación por cada vacante enviará al Senado una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco aspirante que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número mínimo de aspirantes, se emitirá una nueva convocatoria. El Senado seleccionará entre estos aspirantes al candidato que propondrá para su ratificación a la Cámara de Diputados. Párrafo 27. La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados presentes, dentro del plazo y prorrogable, de 30 días naturales a partir de la presentación de la propuesta de recesos. La Comisión Permanente convocará, desde luego, a la Cámara de Diputados; en caso de que el pleno la Cámara de Diputados, ya pronto termino, rechace al candidato propuesto por el Senado. El comité de evaluación someterá a una nueva propuesta en los términos del párrafo anterior. Este procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos, hasta que sólo quede un aspirante aprobado, quien será designado comisionado directamente por el Senado. Es cuanto, señor presidente.