El diputado Miguel Ángel Solares Chávez: Con su venia, diputada Presidenta. Los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reportan que durante cinco años consecutivos México ha ocupado los últimos lugares por el pobre desempeño de sus estudiantes debido a la calidad de la enseñanza, incluida la educación superior o terciaria. En México, además, existe la problemática de la proliferación de instituciones de educación superior que no cumplen con las expectativas ni de los educandos ni de la sociedad en el sentido de proporcionar las capacidades y herramientas pertinentes para desarrollarse en un mundo donde la calidad de los conocimientos es divisa fundamental. Recientemente el estudio Análisis temático de la educación terciaria, correspondiente a México, realizado por un equipo de especialistas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos —y en el que colaboraron autoridades de la Secretaría de Educación Pública— alertó sobre la proliferación de instituciones de educación superior privada sin calidad, conocidas como universidades o escuelas "patito". Baste un dato de la OCDE, de las mil 179 instituciones particulares de educación superior únicamente 14 han obtenido las certificaciones que garantizan una enseñanza de calidad. En contraste, prácticamente la mayoría de las instituciones públicas de educación superior han pasado por ambos procesos. También el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior informa que, de los programas acreditados 62 correspondieron a instituciones públicas y 33 a instituciones particulares. Por otra parte, datos de la ANUIES señalan que de mil 200 universidades particulares sólo siete por ciento responde a los estándares de calidad académica. La expansión de las instituciones de educación superior particulares ha sido tal que actualmente superan a las públicas. De un total de mil 982 instituciones de educación superior en el país, mil 179 son privadas y atienden 830 mil 862 alumnos, mientras que 713 son públicas y atienden a una población escolar de un millón 700 mil jóvenes. El auge de la educación superior particular o privada se ha expandido debido fundamentalmente a tres cosas: Una. La restricción de recursos del gobierno a la educación superior pública. Dos. Hay que reconocerlo, a la laxitud o incumplimiento de la autoridad educativa para aplicar lo dispuesto por la Ley General de Educación, para otorgar la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudio, y Tres. A lagunas e inconsistencias de la legislación educativa. A ese problema contribuye que la autorización y el reconocimiento son otorgados por distintas autoridades: el jefe del Ejecutivo; dependencias de la Secretaría de Educación Pública; autoridades educativas locales; instituciones de educación superior con carácter de organismos públicos descentralizados, sean federales o estatales. Esto genera que en muchos casos los particulares o dueños de los planteles educativos privados evadan el cumplimiento de la normatividad, toda vez que si una autoridad o institución educativa les negó la autorización o reconocimiento, tienen la opción de acudir a otra autoridad o institución distinta para obtenerlos. En cuanto a los requisitos y criterios, la legislación educativa propicia la heterogeneidad y discrecionalidad para otorgar la autorización y el reconocimiento, los interpretan o aplican de distintas maneras. A su vez, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior adolece de una adecuada normatividad. La problemática descrita de ninguna manera debe interpretarse como un ataque o descalificación a la educación superior particular, la cual, consideramos, debe ser coadyuvante del sistema educativo público, pero además el artículo 3o. constitucional reconoce el derecho de los particulares a impartir educación en todos los tipos y modalidades. Éste es justamente el propósito central de la presente iniciativa, para lo cual proponemos diversas reformas y adiciones a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, particularmente las siguientes. La autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios se otorgará cuando los particulares cuenten, entre otros, con los siguientes requisitos: Con personal académico que acredite título correspondiente al nivel educativo en que desempeñen funciones docentes y de investigación. Instalaciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas con planes y programas de estudio que autoricen las autoridades o instituciones facultadas para otorgar autorización y reconocimiento y con la evaluación y acreditación de sus planes y programas de estudio, personal y servicios educativos que presenten. A fin de evitar fraudes educativos se estipula que no podrán funcionar instituciones particulares de educación superior que no cuenten con la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios ni tampoco podrán ostentarse como universidades o utilizar este término, a menos que ofrezcan por lo menos cinco planes de estudio de licenciatura y posgrado entre distintas áreas del conocimiento, entre ellas de humanidades. Se plantea que en ningún caso las autorizaciones o los reconocimientos podrán ser transferibles directa o indirectamente de una institución a otra distinta a la que se le haya otorgado la autorización o reconocimiento. También se dispone que la autorización y el reconocimiento tendrán vigencia de cinco años, al término de los cuales los particulares de las instituciones de educación superior deberán obtener una nueva autorización o reconocimiento. Se adiciona el Capítulo IV denominado De la Evaluación y Acreditación, que entre otras cosas establece que la evaluación y acreditación de los planes y programas de estudio, el personal académico y los servicios educativos que presten las instituciones de educación superior son obligatorias y con vigencia de cinco años. Debido al tiempo, diputada Presidenta, le pido de la manera más atenta que se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Es cuanto y muchas gracias.