El diputado Juan Romero Tenorio (desde la curul): Con su venia, presidente. Quiero aclarar que no son dos reservas. Yo presenté el artículo 17, 29, 51, 53, 54, 66, 68, 73, primero y segundo transitorios. Yo abono, digo, el tiempo es muy reducido, sin embargo vamos a aprovecharlo. Abono en la congratulación que presenta esta Cámara de Diputados al aprobar esta Ley General contra la Desaparición Forzada. No es una ley que haga justicia, es una ley que va a atender un problema añejo y es una ley que tiene problemas en su aplicación. Dentro de las reservas, el artículo primero transitorio, estoy proponiendo que esta Cámara aprueba presupuesto para atender esta política contra la desaparición forzada. Otro artículo transitorio, la designación, quien va a presidir esta Comisión Nacional de Búsqueda. La Comisión Nacional de Búsqueda la propone el secretario de Gobernación y la ratifica el presidente. En el Informe de Peña Nieto no aparece la desaparición forzada. Aparece en la parte correspondiente a la Secretaría de Gobernación. No, mentira, en Gobernación tampoco aparece, aparece en la parte correspondiente a la Procuraduría General de Justicia, y únicamente da cuenta de desaparecidos en este año de ejercicio. No da cuenta de las grandes cantidades de desaparecidos. No solamente son 43, eso ha sido acreditado y quiero que tomen el peso de las afirmaciones que aquí se han dicho. La Cámara de Diputados, como parte del Poder Legislativo, como parte de uno de los Poderes de la Unión, reconoce abiertamente la desaparición forzada. Reconoce este delito de lesa humanidad en más de 32 mil ciudadanas y ciudadanos. Vean el peso y la importancia que tiene esta ley, reconocer en un documento legislativo la desaparición forzada. Y aquí está la diputada Lía Limón. Ella en un informe presenta, en 2012, 26 mil 121 desaparecidos y en la exposición de motivos hablamos de más de 30 mil desaparecidos en 2017. Son más de 4 mil personas que en este ejercicio del señor Peña Nieto están desaparecidas, 4 mil. Esta ley viene tarde, es una ley de la ignominia porque hemos permitido 4 mil desaparecidos en este gobierno, responsabilidad de los Ejecutivos federal, estatal, de los procuradores. Por favor, vean la dimensión que tiene esta ley. Cualquier ciudadano con esta ley puede irse a tribunales internacionales, porque es el Estado quien está reconociendo esta gravedad. Esta ley reconoce la incapacidad del Estado mexicano de garantizar principios constitucionales básicos, derecho a la vida, derecho a la seguridad. Esta ley pretende subsanar esta omisión, tanto en la administración como en el Legislativo, que agravia a miles de mexicanos. Es más grave de lo que ustedes suponen. Abono a esta alegría de esta Cámara de Diputados al aprobar por unanimidad de los presentes esta ley, pero esto lo la hace una ley que sea ejecutable. Necesitamos presupuesto, necesitamos determinar responsabilidades en los tres niveles de gobierno, que rindan cuenta a lo ya sucedido. Las propuestas que presento le pido al señor presidente que se inserten en el Diario de los Debates, para que quede constancia de las propuestas que reafirmarían un sentido equitativo, imparcial y objetivo de esta ley. Los fiscales encargados de la desaparición forzada necesitan autonomía. No queremos fiscales de papel y aquí se crean fiscales de papel que no tienen el personal, no tienen los peritos, no tienen los recursos para las investigaciones reales. Muchos de ustedes conocen a familiares, amigos o vecinos que han sido víctimas de desaparición forzada. No se establece la responsabilidad de desaparición forzada entre cuerpos de militares, también ahí se da la desaparición forzada. Hay familiares de militares que están buscando a sus familiares, esta ley es bien vista porque avanza. Avanza, pero es responsabilidad de esta Cámara de Diputados determinar el presupuesto y aprobar una política pública, eficiente y eficaz que nos quite la cara de vergüenza frente a las más de 4 mil víctimas que se han sucedido en este sexenio. Es cuanto, señor presidente.