El diputado Otoniel García Montiel: El objetivo de la presente iniciativa es aumentar las sanciones al delito de extorsión con la modificación al artículo 390 del Código Penal Federal que busca erradicar la problemática que afecta a nuestro país como es el derecho de piso y las llamadas telefónicas para otorgar protección a locales. Actualmente, se deja en libertad a los presuntos culpables, permitiendo que puedan salir pagando solamente una fianza y puesto que las sanciones son muy mínimas se deja a discreción de los jueces la pena corporal y económica. La presente iniciativa que nos ocupa en esta ocasión es la llamada telefónica de extorsión por derecho de piso, delito que se incrementó en la última década. Dicho delito ocasión pérdidas económicas muy altas, así como desplazamientos forzados de las familias, de sus lugares de origen, siendo el inicio de una serie de delitos más graves como amenazas, privaciones de la libertad y asesinato de las víctimas. La llamada telefónica para extorsionar y pedir el derecho de piso es solo el inicio, por lo que debemos frenar estas prácticas y no llegar a delitos más graves. La extorsión y el cobro gota a gota son un tipo de impuesto criminal que alimenta y se incrementa por el silencio de las víctimas. A eso debe agregarse que, a diferencia de otros delitos, como es el robo o el fraude, la extorsión y el cobro de piso suponen un intercambio entre víctima y su victimario. El primero paga una cuota mientras que el segundo ofrece una protección. Desde luego no hablamos de una protección que alivia sino de una que inquieta, puesto que el protector es también un actor criminal. El extorsionador ofrece protección a la víctima, asimismo encarna y otras víctimas puede enfrentar este delito. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad en México, apenas el 2.6 % de los casos de extorsión generan una carpeta de investigación, considerando solo los casos de extorsión que tienen una carpeta de investigación. Sabemos que en el 60 % de los casos no ha pasado nada, mientras que el 26 % de los casos presenta una investigación que se encuentra en trámite, mientras que el 0.3 % recuperó sus bienes y solamente en el 1 % de los casos hubo reparación del daño. En otras palabras, mientras las fiscalías no asuman su rol, de nada sirve que la población tome el riesgo de denunciar si existe una complicidad por parte del Poder Judicial. El tipo básico de delito de extorsión se castiga con penas de 2 a 8 años de prisión y una multa de 40 a 160 salarios mínimos, por lo que deja al juez a su libre interpretación lo que en muchos casos impera la corrupción y el juez da sanciones muy mínimas al presunto culpable, saliendo bajo fianza y permitiendo con estas prácticas que se continúe la delincuencia organizada por parte de los victimarios. Es por lo anterior que solicito ante esta tribuna se puedan incrementar las sanciones por extorsión de 6 a 13 años de prisión y multa de 250 a 500 días de salario mínimo. Dado que el índice de este delito se incrementó durante los sexenios neoliberales, donde dejaron las puertas abiertas a los grupos delincuenciales, afectando la tranquilidad y economía de las familias que salen huyendo de sus hogares, sus locales y de sus estados de origen por el temor a su integridad física, dado que sus sanciones son muy mínimas y en muchas ocasiones salen con fianza, por lo que se buscará fortalecer el sistema judicial y devolver al Estado de derecho en diversas regiones del país, abonando al fortalecimiento de la seguridad, esto solo se lograría de la mano de la cuarta transformación. Es cuanto, presidenta.