El diputado Juan Carlos Pérez Góngora: Compañeras diputadas, compañeros diputados: Subo a esta tribuna para tratar un grave problema que requiera de nuestra urgente atención. Me estoy refiriendo a la constitución y distribución de los ingresos excedentes para el ejercicio de 2004, que esta Cámara determinó a un específico fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación y que el titular del Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha violado reiteradamente, tal como se aprecia en los informes trimestrales y en su resumen semestral de esta primera parte del año. Este problema en primer lugar, no solo atenta institucionalmente contra el Poder Legislativo en general y al de esta Cámara en particular, sino que a la vez desvirtúa la definición de la política económica y social que esta soberanía incorporó en el presupuesto con carácter obligatorio. En segundo, trastoca tanto las potestades constitucionalmente establecidas a favor de este cuerpo colegiado, como la distribución de recursos relativa a los ingresos de excedentes, ordenada en beneficio de las entidades federativas a las que se fijó les correspondería el 50 por ciento para programas y obras de infraestructura, asunto que de una buena vez propongo sea resuelto para este ejercicio del 2004, mediante una acción novedosa de la que no se tiene antecedente que esta soberanía haya ejercido a la fecha en este tipo de instrumentos. Hago alusión a la denominada en la "Doctrina del Derecho Interpretación Auténtica", a través de la cual esta Cámara, que dispuso el contenido final del presupuesto, reitere y aclare, haciendo expreso lo siguiente: ¿Cuál es el alcance que debemos darle a los preceptos en ella establecidos?, ¿cuál es el espíritu de la norma que subyace al texto en el que se expreso?, en fin, ¿cuál es el sentido que tiene y que debe dársele en toda interpretación?, en concreto al primer párrafo del inciso J) de la fracción I del artículo 23 del presupuesto de Egresos de la Federación Se reitera que con este acto, la Cámara deberá impedir, por un lado, que interpretaciones malintencionadas del Ejecutivo, cuando no accidentalmente omisivas, (¿) violenten el contenido y alcance de tal precepto y por otro, consecuentemente, que se distorsione la política económica, social y distributiva establecida y ejecutable a través del presupuesto, competencia exclusiva de esta soberanía en representación de la voluntad popular. Con esta acción lograremos en principio que el Ejecutivo respete la distribución de competencias y potestades que le constituyen, estableciendo para los Poderes constituidos y en especial para esta Cámara en materia de presupuesto, que reconozca y cumpla el sentido obligatorio de este presupuesto. En resumen, que compense las supuestas disminuciones recaudatorias de los ingresos tributarios con reducciones en el gasto, como se dispuso en el presupuesto, particularmente en el artículo 25 y no que los disminuya de los excedentes participables a los estados, principalmente proveniente por los ingresos del petróleo. Que no rebase el monto de erogaciones autorizadas en el gasto no programable tratándose de los adeudos fiscales de años anteriores, los conocidos como ADEFAS (¿), ya que éstos es sólo el pasivo pendiente de un gasto o inversión que debe estar dentro del presupuesto del año anterior. Que no reste o disminuya partidas no comprendidas como erogaciones por mayor costo de combustible en la Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro, en todo caso que estas paraestatales hagan los ajustes correspondientes. Tenemos que cuidar, en este caso en particular, que no impida infundadamente la política de descentralización de recursos a favor de las partes de la Federación, planteamiento que, por otro lado, de manera general, representa un clamor popular incluso reclamado por los gobernadores en su conjunto, no siendo ajeno tampoco a las conclusiones de la Convención Nacional Hacendaria que con insistencia el Ejecutivo ha marcado en su propuesta de reforma fiscal para el próximo año. Para ser más claros en esto, el reporte del primer trimestre reflejó la cantidad de mil 723 millones a favor de las entidades federativas, eso es lo que se presentó como reporte en esta Cámara; el Secretario de Hacienda señaló que solamente había 290 millones de pesos repartibles para los estados, no coincidiendo las cifras y posteriormente por presiones de esta Cámara y de los gobernadores, se les otorgó por el primer trimestre un anticipo de 5 mil millones de pesos. Esto no es un asunto de regateo de dinero. En conclusión, que cada uno de los Poderes de la Unión asuman las competencias que le correspondan; que no olvide el Ejecutivo que cuando pretenda variar alguna partida o monto de gasto que desvirtúe el presupuesto o que atente contra algún renglón importante de éste, recurra a esta Cámara de Diputados para aprobar tal modificación, por cierto, facultad que ya tenemos. Les propongo, compañeros diputados, que defendamos las potestades otorgadas a nuestro favor en la Constitución, que impidamos que el Ejecutivo se adjudique atribuciones que desnaturalizan el mandato del presupuesto; que evitemos que por mal ejercicio del gasto se prive ilegalmente a las entidades federativas, de contar con más recursos para satisfacer las necesidades de sus habitantes. Señor Presidente de esta Cámara, solicitamos con más de 200 firmas de diputados de diferentes fracciones de todas las fracciones parlamentarias, se turne esta iniciativa a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y se pida opinión a la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias.