LA C. DIPUTADA LORENA BEARREGARD DE LOS SANTOS (PRI): Con su permiso, diputado Presidente. "La que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, en uso de las facultades que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante este honorable Congreso de la Unión la iniciativa que reforma el artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión, con la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s : "Por más de 30 años y a través de un decreto presidencial el entonces mandatario Gustavo Díaz Ordaz acordó con los concesionarios de la industria de radio y televisión el pago de impuestos en especies, con lo que desde 1969 se crearon lo que hoy conocemos como tiempos fiscales. "Las razones que fundamentan esta iniciativa que reforma y adiciona a la Ley Federal de Radio y Televisión no pretenden desconocer los acuerdos logrados en esta materia, pero sí asegurar la distribución de los tiempos oficiales y fiscales sobre la base de transparencia y equidad, ya que de esto depende la difusión de los logros de la administración pública federal, de los poderes legislativo y judicial, así como de los organismos constitucionales autónomos, que de otra manera no accederían a los espacios en los medios electrónicos mexicanos. "Si en el artículo 27 de nuestra Carta Magna queda sustentado que el espacio aéreo nacional pertenece a la nación porque no poseemos una legislación que permita asegurar la buena administración del mismo, esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión tiene como propósito fundamental garantizar mayor dependencia en el uso de los recursos en el ramo de la comunicación social. "Para muchos de los legisladores que participamos en esta LVIII Legislatura una reforma integral a la Ley Federal de Radio y Televisión es fundamental. Sin embargo, dados los desacuerdos en esa materia considero importante que se deben dar pasos hacia la reorganización de los tiempos de Estado, no solo deben ser oficiales como lo estable el actual artículo 59, sino aquellos que fueron creados por el ex Presidente Diaz Ordaz y ratificados por el hoy Presidente Fox, en el acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión el pago de impuestos en especie que se indica. Para ello necesitamos una redefinición de lo que debe ser considerado como los tiempos de Estado y agregar nuevos criterios para la utilización de estos espacios. "La redacción propuesta nos permitirá garantizar que existan archivos sobre el uso de los recursos para las campañas de radio y televisión y que al mismo tiempo no se privilegie a determinados medios, garantizando con ello el ejercicio transparente y equilibrado. "En esta propuesta los tiempos oficiales quedarían distribuidos tal y como lo establece la actual Ley de Radio y Televisión y solo se agregarían los criterios para su utilización por los tres Poderes de la Unión y los organismos constitucionales autónomos. "En cuanto al uso de los denominados tiempos fiscales es necesario que sean incluidos en la Ley Federal de Radio y Televisión, pues aunque la Ley de Ingresos de la Federación ha estimado este pago en especie durante el ejercicio del 2003 en términos monetarios, que equivaldría a la cantidad de 2 mil 466.2 millones de pesos, no existen criterios de equidad para su distribución pues el Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión en materia de concesiones, permisos y contenidos de las transmisiones de radio y televisión corresponden solo al Ejecutivo Federal. "Por estas razones y en pleno uso de mis ejercicios y facultades presento las siguientes iniciativas de reformas al artículo 59 de la Ley Federal de Radio y Televisión: "Artículo 59. Los tiempos de Estado que se dividen en tiempos oficiales y tiempos fiscales deberán utilizarse para comunicar y difundir las acciones del Estado, sin que ello implique la promoción personal de servidores públicos o su promoción para fines electorales. "El Consejo Nacional de Radio y Televisión será la instancia que los administre y vigile para garantizar su distribución equitativa y descentralizada. Los tiempos de Estado se dividirán de la siguiente manera: "1º Los tiempos oficiales son aquellas transmisiones gratuitas diarias permanentes, con duración de 30 minutos continuos o discontinuos, que deberán difundirse a través de las estaciones de radio y televisión. Estos tiempos se distribuirán en forma equitativa entre los poderes de la unión, las entidades federativas en sus diferentes esferas de gobierno y los organismos constitucionales autónomos, así como la sociedad civil. "Los contenidos de la programación deberán respetar los siguientes criterios: "a) Difundir temas educativos, culturales, ambientales, indígenas, de carácter cívico y social. "b) Propiciar el desarrollo armónico de la población, y "c) Estimular la conciencia crítica, la creatividad, la integración familiar y la solidaridad humana. "d) Procurar la comprensión de los valores nacionales y el conocimiento e la comunidad internacional. "e) Promover el interés científico, artístico y social. "f) Propiciar la concientización sobre la democracia, los valores y el respeto a los derechos humanos. "g) Proporcionar diversión y coadyuvar al proceso formativo de la infancia. "Segundo.- Los tiempos fiscales son aquellos que por conceptos de pago de impuesto entreguen los concesionarios y se distribuirán de la siguiente manera: El Ejecutivo Federal, 50%; el Legislativo; 30 %; el Judicial, 10 y los organismos constitucionales autónomos 10%. "El porcentaje que no sea agotado por alguno de estos poderes u organismos, podrá ser transferido entre los mismos, previo acuerdo de la Comisión. "Los contenidos de la programación deberán respetar los siguientes criterios: "a) Las transmisiones no deberán constituir una competencia a las actividades inherentes a la radiodifusión comercial. "b) Deberán comunicar y difundir las acciones y logros de los poderes del Estado. "c) Para el uso de los partidos políticos en términos del acceso permanente a los medios de comunicación que les otorga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y las disposiciones electorales aplicables". Finalmente "Transitorios. "Primero.- Este ordenamiento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Segundo.- Quedan abrogadas todas las disposiciones que se opongan a la presente iniciativa. "Tercero.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá informar trimestralmente en los términos del artículo, el decreto de Presupuesto de la Federación para el ejercicio respetivo, el uso de los recursos en especie. Para tal efecto las instancias respectivas de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial federales, le harán llegar la información necesaria a más tardar en los 15 días naturales después de concluido el trimestre de que se trate". Es todo Presidente. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias diputada. Insértese la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese para su estudio y dictamen a las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública y de Radio, Televisión y Cinematografía. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado Gregorio Urías Germán, para presentar iniciativa de reformas y adición a diversas disposiciones de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. -DIP. GREGORIO URIAS GERMAN: Con su permiso diputado Presidente. "Iniciativa de reformas y adiciones a la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a fin de garantizar que el Subsistema de Educación Superior Pública cuente con el financiamiento necesario para cumplir con su misión, presentada por el diputado Gregorio Urías Germán, del Grupo Parlamentario del PRD. "Compañeras y compañeros diputados: Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley con Proyecto de Decreto, que reforma y adiciona diversos artículos al Capítulo Tercero de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, a fin de que ese Subsistema de Educación Pública cuente con el financiamiento necesario suficiente para cumplir con su misión". En obvio del tiempo sólo retomaré algunos de los ejes sustantivos de la propuesta, cuya versión íntegra será entregada a la Secretaría, pro lo cual solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva dé instrucciones para que el contenido de la misma se inserte en el Diario de los Debates como si hubiese sido leída en su totalidad ante este pleno. "La educación superior pública juega un papel fundamental en la construcción de la sociedad, en términos de contribuir a la formación de las capacidades, habilidades y competencias que desarrollan nuestra cultura y la inteligencia social. "Una de las responsabilidades primigenias del Estado para apoyar esa función y que se consagra en nuestra Ley Fundamental, es la de aportar los recursos, sentar las condiciones educativas necesarias para una educación e investigación científica y tecnológica de calidad, basada en el cambio y la innovación permanente. "No obstante ese mandato constitucional, en México el asunto prioritario del financiamiento público a la educación es un reto aún por enfrentar, debido a que el modelo que sirvió a ese propósito durante los últimos 25 años se ha agotado sin cumplir su cometido. "El modelo de financiamiento que rige actualmente determina el monto de subsidio a cada institución, basándose esencialmente en las plantillas de personal, tomando en consideración su conformación y tamaño, en acuerdo entre la Secretaría de Educación Superior y cada una de las universidades y a su instauración, este modelo pretendía emprender un proceso de homologación de tabuladores que propiciara un esquema de equidad salarial en todas las universidades del país tratando de evitar que algunas instituciones fueran más atractivas que otras al personal académico de altos rendimientos. A su vez este esquema homologado facilitaría la gestión del Gobierno Federal de los Estados y las Universidades en las negociaciones laborales; sin embargo este modelo no atendía algunas diferencias entre las instituciones respecto a las proporciones maestro-alumno o personal-alumnos o programas personal-alumno, gastos de operación, etc., o sea a la larga vinieron a configurar un sistema muy heterogéneo que ampliaba las desigualdades entre universidades. Para dar una idea de ese esquema injusto tomaremos el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta Universidad se ubica en el tercer lugar por monto de subsidio federal ordinario asignado a Universidades Públicas Estatales en el Ejercicio Fiscal 2002. A su vez, esta institución de educación superior participa del 3.85% del monto total de apoyos extraordinarios otorgados a las universidades públicas estatales y desarrolla un 9% del total de los proyectos que se realizan en las universidades públicas estatales para la mejor adecuación y construcción de nuevos espacios físicos. Con relación al total registrado en las universidades públicas estatales, la Universidad Autónoma de Sinaloa atiende al 7.2% de la matrícula del nivel superior y el 6.2% del posgrado. En el primer caso, dicha Universidad cuenta con 43 mil 670 alumnos, cifra superior a la que atiende la Universidad Autónoma Metropolitana: sin embargo la primera recibe tan sólo el 46% de los recursos que se asignan a esta última. Asimismo la UAS registra un índice de subsidio por alumno de educación superior calculado a precios del 2001 del 21.54% en tanto que en la Universidad Autónoma Metropolitana asciende a 57.35%. Como consecuencia resulta que la UAS tiene un nivel de eficiencia terminal de 24% inferior en 52 puntos porcentuales al obtenido por la UAM a pesar de contar con la matrícula similar a educación superior. En virtud de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado en mi carácter de Diputado Federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad constitucional que me concede el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ys u corrrelativo 55 Fracción II del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía, la Iniciativa en comento. Solicito a la Presidencia, que esta Iniciativa sea turnada a la Comisión de Educación Pública y de Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Muchas gracias. -EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias señor Diputado Gregorio Urías Germán Insértese el texto íntegro de la Iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en La Gaceta Parlamentaria, como lo ha solicitado el señor Diputado ponente y túrnese para su estudio y dictamen, a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Tiene ele uso de la palabra, hasta por cinco minutos, el señor Diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar Iniciativa de Reforma a diversas Disposiciones del Código Civil Federal en materia de Equidad y de Género. -EL C DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA. Muchas gracias, señor Presidente. Con su permiso. Existen en el Código Civil Federal distinciones de género que son peyorativas para las mujeres y que deben desaparecer. } Una de estas distinciones que aún prevalecen, se refiere precisamente al plazo para contraer nuevo matrimonio para el caso de que una mujer se divorcie. Mientras para el hombre no existe una limitante que lo distinga, en el caso de la mujer se establece en el Código Civil Federal que para contraer nuevo matrimonio deberá esperar 300 días después de la disolución de la anterior. Esta medida se justificaba durante algún tiempo porque se decía que la mujer podría estar embarazada y si esto era así, la paternidad correspondía a su anterior marido; por lo tanto, se buscaba dar certidumbre al nuevo enlace matrimonial. Al menos este era el argumento. Actualmente, tanto el embarazo como la investigación de la paternidad puede hacerse por medios rápidos y eficaces con los avances científicos que tenemos, por lo que mantener disposiciones legales como la descrita resulta un anacronismo y lleva inmerso ya a estas alturas una ofensa para la mujer. Las únicas distinciones válidas en una sociedad, deben ser las obras de las personas y no el género como subrayamos en el caso que presentamos por eso esta distinción sobre los tiempos que obligan a la mujer a esperar 300 días después de la disolución de un vínculo matrimonial para volverse a casar, resulta discriminatoria en relación con que para el hombre no existe tal distinción. Por eso es que proponemos derogar dicha distinción para que tanto el hombre como la mujer puedan contraer nuevas nupcias inmediatamente después de haberse divorciado si es que así lo deciden. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos la siguiente iniciativa de reformas al Código Civil Federal para quedar como sigue: Se reforman los artículos 158, 327 y 334 del Código Civil Federal. Artículo 158, derogado. Artículo 327, derogado. Artículo 334, derogado. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 24 días de abril de 2003. Muchas gracias por su atención. -