El diputado José Antonio León Mendívil: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, una vez más llega a esta tribuna las denuncias de que el gobierno federal manipula el uso de los recursos públicos y no atiende a los legítimos beneficiarios de los programas, a los que esta soberanía autoriza los recursos; ahora se trata de los pescadores de la Península de Yucatán. Pero aquí todos sabemos que es una práctica constante del gobierno federal y los gobiernos de los estados, regatear los recursos que por ley le corresponden a los productores en sus organizaciones. Es del conocimiento público la práctica perversa de desviar los dineros etiquetados en los programas públicos prioritarios para el país, para destinarlos al apoyo del compadre, del amigo o del familiar; cuando no, para satisfacer los caprichos del gobernador o de cualquier otro funcionario federal en turno, o peor todavía, destinarlos para la compra de voluntad popular en elecciones como ocurrió apenas el primero de julio pasado en este país. Esta soberanía le ha aprobado al Ejecutivo federal sumas crecientes en términos reales para financiar el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable, PEC, siendo para el 2012 de más de 305 mil millones de pesos. Dentro de las prioridades establecidas al Ejecutivo para la asignación del recurso al PEC se encuentra la que define que hay que darle prioridad al impulso a la producción de los denominados productos básicos y estratégicos consignados en el artículo 179 de la Ley de Desarrollo Rural sustentable, así como de dar atención preferente a los pequeños y medianos productores, particularmente de la alta y muy alta marginalidad. El pescado es uno de los 11 productos básicos y estratégicos en el consumo de la población mexicana, por lo que el fomento de la actividad pesquera es una obligación insoslayable del Estado mexicano. Como ya se mencionó aquí, en el PEC se encuentra el Programa de Apoyo a la Inversión en equipamiento e infraestructura en el cual se incluye específicamente el componente denominado sustitución de motores marinos ecológicos con 26 millones de pesos para su ejecución. No hay razón alguna para que el reclamo de los pescadores de Yucatán no sea atendido. Si tuviéramos un gobierno federal y gobiernos estatales más sensibles de las necesidades del pueblo mexicano, no habría por qué de estos exhortos, puesto que esta soberanía autorizó los recursos suficientes para atender estas demandas conscientes de que el sector pesquero es fundamental para la solución de los problemas de desnutrición amplios segmentos de la población mexicana. Hace dos días celebramos el Día Mundial de la Alimentación, fecha emblemática que ha servido para reflexionar sobre los temas relevantes asociados al derecho constitucional a la alimentación, entre ellos se ha destacado el problema de la pobreza, el hambre y la desnutrición en alrededor de 2 mil millones de personas en el mundo. En México el problema de la pobreza y la desnutrición afecta alrededor de 53 millones de personas. Como puede observarse, el derecho a la alimentación constituye un reto de gran magnitud, razón por la que para satisfacerlo es necesario diseñar y poner en marcha una estrategia de largo plazo de manera planificada, para ir avanzando paulatinamente pero con pasos firmes en su solución. La soberanía alimentaria a su vez solamente puede lograrse mediante la producción termino, señor presidente de alimentos agropecuarios y pesqueros, de otra manera sólo estaría hablando de una soberanía hipotética, por lo que es nuevamente una demanda de los perredistas que el gobierno federal haga llegar los recursos públicos en tiempo y forma a los legítimos beneficiarios, y que no se desvíen hacia propósitos distintos para lo que esta Cámara de Diputados los autorizó. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.