EL C. DIP. MARCO ANTONIO DAVILA MONTESINOS: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los suscritos, diputados de la LVIII Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 70, 71, 73 fracción X todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto por la que se reforman los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Hemos señalado en diferentes foros la falta de equidad en la asignación de tarifas eléctricas por parte de la Junta de Gobierno, de Hacienda y de Comisión, que toma como base la medida aritmética durante el día situación a todas luces injusta para ciudadanos de climas extremos y de humedad relativa para quienes lo correcto sería una media ponderada por el número de horas con temperaturas difíciles con que viven. Asimismo se ha dicho con justicia que al carecer la Comisión Federal de Electricidad de los equipos necesarios para una adecuada medición de temperaturas, toma como base las mediciones que con agua y el CILA realizan como un trabajo adicional y distinto, para lo que son instalados y ubicados sus equipos de medición, ya que como todos sabemos en la mayoría de los casos, se ubican en ríos, presas y áreas arboladas, en razón de que es otra su función y que la temperatura que ellos registran varía en varios grados centígrados, la temperatura en la que viven los habitantes de las ciudades, con el lógico perjuicio para los habitantes que con esas temperaturas les impide tener acceso a otras tarifas con subsidio mayor pero de acuerdo a las condiciones climatológicas en la que viven. Aunado esto y con la justificación de obtener mayores recursos para que las empresas públicas de energía eléctrica pudieran otorgar un servicio con más calidad y con eficiencia, así como para evitar seguir subsidiado usuarios, con mayor consumo de energía y proteger al 75% de la población por ser los de menor ingreso,el Ejecutivo publica un decreto del 7 de febrero, donde autorizan el ajuste, modificación y restructuración a las tarifas para su suministro de energía eléctrica reduciendo el subsidio a las mismas, amén de crear un tarifa nueva de alto consumo. Las consideraciones de este acuerdo oficialmente elaborado de manera impecable, en cuanto a su orientación y objetivos, distó mucho de la realidad, ya que al analizar el articulado y contrastar las tarifas y rangos anteriores con los autorizados, confirman las enormes diferencias que hay y las consecuencias fácilmente predecibles en su operación, en la economía de los más amplios sectores de la población como oportunamente lo señalamos. No conforme con lo anterior el Ejecutivo, según su dicho, atendiendo al marcado reclamo popular de las ciudades de climas húmedos y cálidos y extremosos, expide un nuevo decreto el 8 de abril creando la Tarifa 1-F, faltando una vez más a la verdad, ya que dicha tarifa lo único que ofrece es restablecer el segundo rango intermedio de la tarifa 1-E, que tenía hasta antes del decreto del 7 de febrero, y lo que éste último acuerdo no resolvió en lo más mínimo el problema del los estados con temperaturas extremas, ya que surtió efecto para tres ciudades en todo el país. Prueba de lo anterior es el alto rechazo popular a ambas medidas en todo el país, problema que ha ido creciendo y ya son preocupantes las acciones de inconformidad que a lo largo de la República se están realizando. La desesperación puede tomar causas incontrolables, como se observa en el norte y sur del país, donde han pasado ya de en lugar de protesta pacífica, a acciones de movilización. Hoy la realidad de los recibos hace estragos en las familias mexicanas que viven en climas extremosos y de humedad relativa, en donde el uso de la energía no es un privilegio tanto en el verano como en el invierno. Ese recibo que no admite demagogia ni cifras manejadas, ha puesto a miles de familias en la disyuntiva de comer o pagar la luz, como en el caso de los jubilados y pensionados que con su irrisoria pensión deben de dejar de medio comer o correr el riesgo de que les corten la luz. Considernado: Primero, que en el caso de todos los habitantes de las ciudades de climas extremos es una necesidad el uso de la energía para contar con lo mínimo para tener una vida aceptable y digna, tanto en lo sofocante del verano y sobre todo en lo congelante del invierno, ahora el subsidio es menor. Segundo, que en el caso de estas regiones son inequitativas las reglas para la asignación de tarifas de uso doméstico por las condiciones climatológicas en que viven. Tercero, que los sistemas de medición de temperatura de CONAGUA y el SILA (¿) no reflejan la realidad de las temperaturas en que se vive en las colonias. Cuarto, que como efecto de los consumos mayores por parte de las familias de clase socio económica media baja, media y alta, en realidad se ha pagado mucho más en proporción al consumo, lo que también ha repercutido en el pago de mayores proporciones de impuestos y derechos, ya que en casi la totalidad de las ciudades norteñas el pago del 15 por ciento del IVA mas el 15 por ciento del DAP aumenta en un 20 por ciento la facturación, por lo tanto es muy cuestionable definir el esquema tarifario anterior como regresivo. Quinto, que en el caso de las ciudades con climas extremosos la afectación económica que sufrieron los habitantes, derivada del deslizamiento mensual a través del índice anualizado, representó el último año más del 14 por ciento, es decir el triple de la inflación oficial del 2001 y muy superior a los incrementos salariales. Sexto, que en el caso de los consumidores de la nueva tarifa DAP son muchas las razones por las que se puede incluir como tales y no en todos los casos por ingresos altos, ya que en invierno en estas ciudades es casi el mismo consumo de energía en los hogares para mantener condiciones aceptables de vida ante el crudo invierno. Séptimo, que los acuerdos publicados el 7 de febrero y el 8 de abril han puesto en una situación difícil a las familias de menores ingresos y de las clases medias, por el incremento de las tarifas eléctricas, causándoles un gran impacto tanto económico como social en las regiones de climas extremosos y de humedad relativa, ya que el porcentaje del salario que destinan para el pago de luz es sustancialmente mayor al que se destina en otras regiones del país. Octavo, porque como parte importante de nuestra función es la de ser la Cámara de Diputados la auténtica representación popular responsable de cuidar los intereses de nuestros representados, proponemos a esta Honorable Cámara de Diputados el siguiente: Decreto por el que se reforman los artículos 12 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Artículo primero. Se reforma el artículo 12 de la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue: Inciso 6º. "Acordar el ajuste, modificación o reestructuración de las tarifas en los casos de emergencia previstos en el artículo 31". Fracción 7ª. "Aprobar y presentar oportunamente a la Cámara de Diputados la propuesta anual para la aplicación de las tarifas". Artículo 2º. Se reforma el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue: "El Congreso de la Unión fijará anualmente en la Ley de Ingresos, las tarifas aplicables a la prestación del Servicio Público de Energía Eléctrica, atendiendo a las necesidades de las empresas públicas que los prestan, a los requerimientos de la ampliación del servicio y a la racionalización del consumo de energía. Igualmente, establecerá los criterios y los rangos de las variaciones aplicables a dichas tarifas, por parte de la Comisión Federal de Electricidad para la prestación del servicio en horas de demanda máxima, mínima o las aplicables a una combinación de ambas". La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar a la Cámara de Diputados su propuesta anual para el establecimiento de tarifas, a más tardar el 15 de noviembre de cada año, para la fijación definitiva de las tarifas. La comisión correspondiente de la Cámara de Diputados realizará las consultas necesarias con la Secretaría de Energía y con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.La Comisión Federal de Electricidad deberá presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una propuesta de las necesidades de subsidios al consumo de energía eléctrica para los consumidores domésticos que por razones de su situación económica o ubicación geográfica lo requieran, ésta propuesta deberá acompañarse al proyecto de establecimiento de tarifas que se presente ante la Cámara de Diputados. Con el objeto de asignar las tarifas correctas y justas con el subsidio respectivo, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, deberán de tomar en cuentas las variaciones y diferencia de temperaturas que reconoce CONAGUA y el CILA en climas extremosos, así como en climas de factor humedad relativa, registradas por sus aparatos de medición en sus lugares de ubicación con las temperaturas que se registran en las colonias y áreas donde residen los ciudadanos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Proyecto de Egresos, deberá considerar las estimaciones necesarias para cubrir los subsidios indispensables en la prestación de este servicio con cargo al erario público y sin afectar las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, la Cámara de Diputados resolverá lo conducente. TRANSITORIOS Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- Por única ocasión este decreto considera el 30 de noviembre del 2002 como fecha límite para la presentación al Congreso de las propuestas respectivas. Tercero.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto, cualesquiera menciones que aludan a la facultad que anteriormente se concedía a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar las tarifas y reglamentos se extenderán referidas al Congreso de la Unión. Cuarto.- Quedan sin efecto los ajustes tarifarios efectuados durante el presente año y publicados en el Diario Oficial de la Federación de 7 de febrero y 8 de abril. La Comisión Federal de Electricidad seguirá aplicando las tarifas que regían con anterioridad a dichos ajustes para que entren en vigor las nuevas tarifas dictaminadas en el presente decreto, por el Congreso de la Unión. Presento esta iniciativa de decreto a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, suscribiéndolo todos los diputados integrantes del PRI, así como los integrantes del PRI de la Comisión de Energía. Gracias.