El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa que reforma y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal. En esa ocasión y por la extensión de nuestra iniciativa, me permito hacer de su conocimiento un extracto de ella solicitando atentamente al presidente de la Mesa Directiva, su publicación íntegra en el Diario de los Debates. Que en atención a nuestra responsabilidad, derivada de la representación popular que ostentamos, es deber del os legisladores dotar a la sociedad de los mejores instrumentos jurídicos que por una parte otorguen la debida seguridad jurídica a favor de los gobernados, y por la otra se provea a los órganos del Estado los medios adecuados para el correcto desempeño de sus funciones. Todo ello, dentro de un modelo democrático que conlleve al fortalecimiento de las instituciones de las instituciones y a la vez produzca la satisfacción de las expectativas de los miembros de la sociedad. Por ello es nuestra obligación trabajar permanentemente no sólo en la creación de nuevos marcos normativos que regulen de una mejor manera la interacción de la sociedad en su conjunto. Es claro que el sistema de justicia en el país se encuentra atravesando una crisis grave y profunda, sobre todo en materia penal. De ahí nuestra propuesta de reformas al Código Penal Federal y así contribuir en el avance y perfeccionamiento de un sistema de justicia penal en México que sea diligente y eficaz, de tal manera que sirva como un instrumento eficaz en la prevención del delito y del combate a la delincuencia. No debemos de perder de vista que el Estado Mexicano no solamente tiene un acentuado compromiso de llevar a cabo acciones claras y decididas en contra del crimen dentro de nuestro territorio sino también es deber del mismo coadyuvar con el conjunto de las naciones para abatir el lacerante mal que produce el delito, muchas veces de alcance transnacional. Y al mismo tiempo, México debe de modernizar su derecho interno recogiendo los avances contenidos en los tratados y convenciones internacionales de las cuales es signante, fortaleciendo de esta manera sus esfuerzos en contra de la criminalidad y de la impunidad. Una gran preocupación de la sociedad estriba en el indebido ejercicio del servicio público. Son del conocimiento público eventos vergonzosos y ofensivos en los que aparecen servidores públicos involucrados en los actos de corrupción en los cuales o bien se ejercen los dineros públicos de manera indebida o bien se aprovecha el encargo público para obtener beneficios ilícitos, sobre todo de índole económico, deshonrando con ello la función pública y debilitando las propias instituciones. Pero además, se encuentra latente una segunda ofensa y ésta es la impunidad. Son muchos los casos en los que a pesar de advertir la existencia de una conducta antijurídica de los servidores públicos, estos se sirven de tecnicismos legaloides para evadir, de alguna forma, las consecuencias del delito y la pena, es por ello que debemos de proveer al respecto y establecer mecanismos de control que definitivamente cierren esta posibilidad de impunidad. En tales condiciones, es oportuno revisar el marco legal que establece y rige los diferentes mecanismos de control sobre la prestación del servicio público. En caso particular, la tutela penal sobre el honrado y transparente ejercicio del servicio público que de manera general constituye el bien jurídico protegido por las diversas figuras penales que integran el título décimo del libro segundo del Código Penal Federal vigente. Legislar en materia penal no es tarea fácil. El creador de la ley penal debe constreñirse y siempre tener presentes una serie de principios rectores del jus-punendi (?) dentro de un estado democrático y de derecho como lo es el nuestro, principios como los de la intervención mínima, reserva de la ley, última ratio, legalidad del acto de proporcionalidad, de humanidad, etcétera. Destaca la importancia del principio de legalidad en los actos de la aplicación de la ley penal, donde el principio de estricta legalidad abarca no solamente la exacta aplicación de la ley penal sino la prohibición de aplicación analógica, aplicación retroactiva e interpretación extensiva de la misma. Ahora bien, el derecho penal en su conjunto representa un medio de control social, por cierto el más agresivo, siendo en realidad el último instrumento que el Estado liberal debe de emplear para lograr su cometido, consistente en la convivencia armónica y la protección del individuo. Lo anterior se traduce en la existencia y observancia de otro principio fundamental del Estado mexicano: el de seguridad jurídica, a través del cual cada uno de los individuos que lo conforman tienen pleno conocimiento de lo que constituye, en el ámbito penal, la materia de la prohibición, es decir, la comprensión de cuáles son las conductas no deseadas y cuáles son las sanciones a que serán merecedores, en caso de llevarlas a cabo. Por otro lado, se colige que los órganos de autoridad encargados de la administración de justicia penal únicamente podrán disponer las sanciones previamente establecidas cuando se haya verificado la adecuación unívoca e inequívoca de la conducta concreta al tipo penal específicamente definido con anterioridad al hecho. De tal manera que la existencia del tipo se constituye con una garantía de libertad y de seguridad jurídica, pues tanto los gobernados como los gobernantes conocen, de antemano, la materia de la prohibición y saben cuándo habrá de imponerse la sanción penal y en qué habrá de consistir la misma. En este sentido es de concluirse que el individuo merecedor de la sanción penal será aquél que con su conducta y particular proceder actualice la conducta específicamente descrita por la norma penal. Así, y al encontrarse estructurados los tipos penales con base a hipotéticos comportamientos humanos, adquieren singular relevancia los verbos empleados por el legislador, pues es a través de ellos como el lenguaje nos permite describir las conductas de los seres vivos, de tal manera que cometerá el delito aquel individuo que realice el verbo núcleo del tipo legal de que se trate. En tales circunstancias es que se ha acuñado, tanto por la doctrina como por la legislación, el concepto de autor, entre comillas, entendiéndose éste el quién anónimo, con el que empiezan la mayoría de las descripciones físicas. El legislador parte del presupuesto de que el autor es quien realiza la totalidad de los elementos del tipo en su propia persona. Sin embargo, en el concepto de autoría no se limita al autor individual de propia mano, sino que también alcanza los casos en que varias personas vinculadas entre sí colaboran en un hecho delictuoso, lo que se conoce universalmente como coautoría y también a aquellos eventos en que el autor se vale de otro individuo como instrumento, en lo que se denomina, por la teoría dominante, como autoría mediática. Compañeras y compañeros legisladores: nuestro grupo parlamentario desea contribuir al combate frontal a la corrupción y a la impunidad que se da en el ejercicio de la función pública con medidas legislativas como las que presentamos ante esta soberanía. Firman la presente iniciativa el diputado Alejandro González Yáñez, coordinador, diputado Pedro Vázquez González, vicecordinador el de la voz--, diputado Juan Antonio Guajardo Azaldúa, diputado Joel Padilla Peña, diputado Oscar González Yáñez y el diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos. Es cuanto, diputado presidente, y entrego la iniciativa a la secretaría. Gracias.