El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Señor secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, uno de los propósitos de la reforma hacendaria era el impulsar el crecimiento económico para que de manera equitativa se pudiera dar una repartición de la riqueza. Es decir, que contribuyeran con mayor impuesto los más... los que ganan. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Esto ha generado un déficit en las pequeñas y medianas empresas. Como consecuencia hemos sido testigos de que los únicos beneficiados hay sido los grandes monopolios, como siempre, debido a que poder adquisitivo les permite la contratación de grandes firmas de despachos fiscales. Valiéndose de artimañas han logrado evadir por muchos millones de pesos en sus obligaciones fiscales. Lo anterior, implica la afectación de manera directa del pequeño contribuyente sobre las grandes empresas poniendo en riesgo la economía de las pequeñas y medianas empresas, que finalmente son las que sostienen el mercado local que es base de nuestra hacienda pública. ¿Cuál ha sido la razón por la que a cinco años de la implementación de la reforma estructural hacendaria sólo se ha beneficiado a las grandes empresas sobre el pequeño contribuyente? A tres meses de finalizar el gobierno de Enrique Peña Nieto se da en las tarifas de autopistas un aumento que viene a repercutir en los bolsillos de los mexicanos más pobres debido a que aumentará el pasaje, el precio de los productos de la canasta básica, los insumos, entre otras cosas. Es por todos conocido que la calidad de las carreteras en México es muy mala, carece de servicios que estén a la altura del costo de peaje posicionándolas como de las más caras del mundo. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD desea conocer ¿a qué se debió este incremento y para qué será destinado este excedente? También queremos saber ¿por qué las decisiones de esta Secretaría no van de la mano con la necesidad de las mayorías? La práctica de outsourcing en nuestro país sólo ha dañado al sector trabajador dejándolo sin seguridad social, sin su derecho al crédito de Infonavit, a su ahorro para el retiro y a su participación en las utilidades de las empresas, además de mermar el ingreso tributario. Los más beneficiados en el caso de la figura outsourcing son las empresas contratantes de estos servicios, quienes no tienen una responsabilidad solidaria con los trabajadores que indirectamente laboran para ellos. La defraudación fiscal en empresas outsourcing impactan la productividad de las empresas que contratan estos servicios y por ende daña a los trabajadores de estas, causando daño colateral a los ciudadanos que dependen de esta economía para subsistir. Miles de empresas en el país se dedican a dar estos servicios de terceriarización, de estos miles sólo 16 están dados de alta ante la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que son aquellas que cumplen con la aprobación por un despacho internacional en su código de ética, proceso de reclutamiento y la alineación de sus procesos legales de contratación ante Hacienda y el IMSS. En el 2016 el SAT reclamaba el cobro de más de 8 mil millones de pesos que evadieron empresas outsourcing. Se encuentran también las empresas que deducen operaciones simuladas y las empresas que facturan operaciones simuladas comúnmente denominadas empresas fantasmas que se ocupan de manejar los saldos positivos que genera la empresa al retener el impuesto que se les cobra a los trabajadores pero no se reporta al fisco. A todo esto le cuestiono, secretario, ¿cuáles son las medidas que la Secretaría de Hacienda ha tomado para combatir la versión fiscal de las empresas que prestan el servicio outsourcing? Es cuanto, diputado presidente.