El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su venia, compañero presidente. Compañeras diputadas y diputados, la presente iniciativa que planteo a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, tiene como propósito derogar el octavo párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de la república; derogar los artículos 2o., 133 Bis, 205 y 256 del Código Federal de Procedimientos Penales; y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Lo que estamos planteando con esta iniciativa es ni más ni menos que derogar la figura del arraigo. El arraigo es considerado como una medida precautoria, dictada por el juzgador, a petición de parte, cuando hay temor de que la persona contra la cual se entable o se haya entablado una demanda pueda eludir la acción de la justicia. Sin embargo, esta figura se ha utilizado en extremo y la excepción se ha venido convirtiendo en la regla. Uno de los aspectos más cuestionados en el proceso de implementación de la figura del arraigo es que puede llegar a vulnerar y lo ha vulnerado, en muchas ocasiones, el principio constitucional de presunción de inocencia, establecido en el artículo 20, Apartado B, de nuestra Carta Magna. El arraigo tiene una duración de 40 días, pero puede extenderse a 80 por una nueva orden judicial. Durante el arraigo los fiscales imponen severas restricciones al acceso de los detenidos, a sus familias, a abogados y a servicios médicos independientes, lo que agrava su aislamiento y acrecienta la dificultad para presentar denuncias por tortura o por tratos que no son ajustados a derecho. La Comisión de Derechos Humanos argumenta que ha recibido más de mil denuncias relacionadas con órdenes de arraigo, ejecutadas por la Procuraduría General de la República entre el 2009 y el 2011. Durante la administración de Calderón, el número de órdenes de arraigo concedidas por el Ministerio Público Federal aumentó de 542 en el 2006 a casi 2 mil en el 2010. El arraigo ha sido cuestionado por diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos, quienes argumentan que constituye una forma de detención arbitraria y que viola los derechos de libertad personal, legalidad, presunción de inocencia, así como las garantías de debido proceso y el derecho a un recurso efectivo. La investigación, con esta figura, no se lleva a cabo para detener a una persona probable responsable sino que la persona es detenida arbitrariamente para ser, a partir de ese momento, investigada y en la mayoría de los casos, para obtener, mediante métodos de tortura, una confesión inculpatoria. La persona afectada queda así, sin garantías ni situación jurídica clara, ya que no es indiciada ni inculpada. Lo que es más, ni siquiera está vinculado a proceso penal alguno, simplemente se le ha privado de la libertad para ponerla a plena disposición de la autoridad investigadora. Se niega, de esta manera, la presunción de inocencia y el derecho de toda persona a contar con un abogado defensor. Es decir, primero te detengo y luego te investigo. Eso es lo que propicia esta figura. Por eso, estamos planteando que debe ponerse fin a la figura del arraigo en todas las jurisdicciones y reformarse la Constitución y demás leyes para prohibir su uso conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Con ello disminuiría la tortura, los malos tratos o penas inhumanas y degradantes, así como el abuso de autoridad tanto en el ejercicio de sus funciones y atribuciones. El arraigo es una violación del derecho a la libertad personal. Por eso estamos planteando derogar esta figura a través de la Constitución, el Código de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Hay que derogar esta figura, es cuanto.