El diputado Miguel Angel García Domínguez (PRD): Con su permiso, señora Presidenta. En Europa, desde la década de los 70 y en toda América Latina desde los 80, se inició un proceso de transformación del juicio penal e inquisitorio en acusatorio, este movimiento reformista en América Latina coincide de una manera general con la democratización de los países de la región y con un reconocimiento del atraso histórico en el desarrollo del derecho procesal penal y con un avance en la cultura sobre derechos humanos. La subsistencia en México de un sistema inquisitorial ha permitido que en la práctica los casos que llegan a ser del conocimiento de un juez, tengan una fuerte carga procesal en contra del acusado en virtud de que los expedientes le llegan con las pruebas condenatorias ya desahogadas ante el Ministerio Público. La Constitución de 1917 en el artículo 12, adelantándose a la época consagró en nuestro país un proceso penal plenamente acusatorio A pesar de esto, de 1917 a 1934, por no haberse expedido un Código Procesal Penal congruente con la Norma Constitucional, seguimos teniendo un proceso penal inquisitorio regulado por las normas de la dictadura porfiriana. Pero desde el 1° de octubre de 1934, tenemos en vigor un Código Federal de Procedimientos Penales, en el cual se estableció un proceso penal inquisitorio y en cuya exposición de motivos se afirmó que el sistema acusatorio y no el inquisitivo, es el que está consagrado por el artículo 21 de la Constitución; que sin embargo, se conservaron modalidades del antiguo sistema inquisitivo porque es imposible suprimirlo totalmente y por cuanto llevado al extremo, ese sistema se dijo- sería perjudicial para la organización misma de los tribunales. A lo largo de nuestra historia, una de las figuras jurídicas que ha recibido mayores críticas, es la confesión del imputado fuera de sede judicial, ya que la misma ha estado ligada a prácticas de tortura a cargo de la autoridad investigadora. La corrupción se ha visto aumentada por la facultad concedida al Ministerio Público para disponer sobre la libertad de un imputado, función que le debe corresponder siempre a una autoridad judicial. La presunción de inocencia reconocida en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, son parte del orden jurídico nacional, toda vez que dichos tratados fueron suscritos, aprobados y ratificados en México, en términos del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es obligación del Estado Mexicano, velar y respetar en todo momento por ese derecho fundamental. En México la mayoría de los juicios enfrentan en prisión, desde donde los acusados quedan obligados a demostrar su inocencia. Hasta hoy el proceso penal se lleva por escrito, lo que le vuelve muy lento y en muchas ocasiones impide su continuación de una manera rápida y desahogada. Cuando el Ministerio Público consigna la averiguación previa, las pruebas ya van desahogadas sin que el acusado haya tenido oportunidad de contradecir la acusación o las pruebas desahogadas por el órgano de procuración de justicia, las que trascienden al fallo judicial. Una de las mayores violaciones a los derechos humanos, consiste en la duración de los juicios que por regla general duran varios años, durante los cuales los procesados, privados casi siempre de su libertad, permanecen en esa situación. La ejecución de las penas se hace en centros de rehabilitación social o readaptación social que se encuentran a cargo el Poder Ejecutivo, quien se encarga de su administración, y los condenados a prisión no tienen una instancia a donde acudir por los malos tratos que reciben o por las condiciones en las que se encuentran purgando sus penas, lo que ha llevado a la corrupción y a condiciones infrahumanas durante su estancia en esos lugares. Además de que queda al arbitrio del Poder Ejecutivo la liberación anticipada de los presos, lo que se hace de una manera burocrática y por un órgano burocrático. Probablemente el principio más importante que reconocen los tratados internacionales en este campo sea el de presunción de inocencia. Asimismo, se determina el derecho de un debido proceso a tener un defensor, a tener traductor en caso necesario, a conocer la acusación y a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, el tiempo y las facilidades para presentar pruebas y teniendo la oportunidad para objetar las peticiones y las pruebas de las otras partes. Los objetivos de la reforma del Sistema de Justicia Penal que proponemos, son la modernización del Sistema de Procuración e Impartición de Justicia, la sustitución del sistema inquisitivo por uno acusatorio, la eficacia en la procuración de justicia y la eficiencia en la utilización de los recursos. El trabajo de los órganos de procuración de justicia penal y de los tribunales penales, representa un servicio público para los usuarios, por lo que les es exigible profesionalismo, transparencia, eficiencia y una atención adecuada a los usuarios, fundamentalmente a los acusados y a las victimas. La modernización del Sistema de Justicia Penal se identifica principalmente con la completa sustitución del sistema inquisitivo por uno acusatorio. Se busca cambiar radicalmente la forma en que los tribunales desarrollan el proceso penal, proyectando ese cambio hacia el modo en que los órganos de procuración de justicia realizan la investigación de los delitos y la acusación. Y en general respecto al conjunto de las actividades estatales que constituyen la respuesta represiva a la criminalidad. Este proyecto plantea las bases de un nuevo Sistema Procesal Penal que implica un cambio no sólo de las reglas procesales, sino de todo el sistema, den sus instituciones, organización, operación, valores y cultura. El sistema inquisitivo se caracteriza en México por ser un procedimiento escrito, secreto, en que el Ministerio Público que actúa en el rol del antiguo juez de instrucción, investiga, acusa y desahoga pruebas ante sí, las que trascienden a la sentencia. Puede conceder libertad bajo caución, nombrar defensor de oficio, es decir, en gran medida juzga, por lo cual, la parte más relevante de la convicción se forma durante la investigación y por lo tanto, el juicio carece de relevancia. Incluso las audiencias no son presididas por los jueces personalmente ni las sentencias dictadas por ellos, sino por los Secretarios, a quienes se les delegan estas funciones. El nuevo sistema trata de satisfacer los estándares del debido proceso, dando desde la perspectiva del artículo 14 constitucional como de los compromisos internacionales suscritos por el país. Y como no hay tiempo para más, pido a la Presidencia que se incorpore el texto completo en el Diario de los Debates para que pueda ser más ampliamente conocido. Muchas gracias.