El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales y que contiene proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II y se deroga la fracción IV del artículo 38 de nuestra norma suprema. Una característica fundamental de los estados democráticos en lo que se refiere a la justicia penal, es la denominada "presunción de inocencia". A través de esta figura se surte la hipótesis de que toda persona, sin excepción alguna, es inocente de la probable comisión de un delito hasta que el órgano del Estado facultado para ello no acredite plenamente la responsabilidad penal ante el juez de la causa y éste, en sentencia ejecutoriada, así lo determine. En México, desde el texto original de la Constitución de 1917, en el artículo 21 se otorgó la facultad al Ministerio Público para perseguir los delitos. En el ejercicio de esta facultad, el Ministerio Público integra averiguaciones previas a partir de las denuncias o querellas que, en términos de lo dispuesto en el artículo 16, segundo párrafo, de la propia Constitución, los particulares le presentan. A partir de este momento, el Ministerio Público integra la denominada "averiguación previa" y, si considera que existen elementos que acrediten la responsabilidad penal, consigna al juez penal para que éste, si lo estima pertinente, dicte acto de formal prisión y, en todo caso, dicte sentencia condenatoria. Desafortunadamente el sistema penal se ha pervertido de tal forma que en el argot de los litigantes en materia penal se maneja el dicho de que un auto de formal prisión y un vaso de agua no se le niegan a nadie. Además, resulta un auténtico despropósito que la fracción II del artículo 38 disponga, como causal de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, la de estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar de la fecha del auto de formal prisión. Esta disposición es a todas luces antidemocrática, ya que sin acreditarse plenamente la responsabilidad por la probable comisión de un delito se le suspenden los derechos políticos a un particular. Desde luego a nuestro grupo parlamentario no le pasa desapercibido el hecho de que también la actuación del Ministerio Público en este tema puede ser usada de manera discrecional, con claros tintes políticos. Sirve de ejemplo lo ocurrido en el procedimiento de declaración de procedencia seguido en contra del compañero Andrés Manuel López Obrador, en el que se demostró plenamente cómo el Ministerio Público federal actuó facciosamente con el claro despropósito de que, al ser suspendido en su encargo de jefe del Gobierno por la declaración de procedencia emitida por esta Cámara, sus derechos políticos quedaran suspendidos. El mérito del dictamen que hoy discutimos tiene dos aspectos que revisten gran trascendencia. El primero establecer en la fracción II que los derechos y prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por pena de prisión impuesta en sentencia ejecutoriada desde el momento en que surte sus efectos y hasta su extinción. Esta nueva disposición permite la certeza de que ya no existirán abusos en perjuicio de los gobernados. Al momento en que esta reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y entre en vigor la suspensión de derechos políticos, operará sólo a partir de que en sentencia ejecutoriada se confirme la responsabilidad penal del indiciado. El segundo mérito de la reforma en comento lo constituye la derogación de la actual fracción IV del artículo 38, que hasta el momento establece que la suspensión de las prerrogativas del ciudadano opera por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes. Las definiciones de los diccionarios son sumamente laxas en la definición del término vagancia. No obstante lo anterior, desde el poder público puede realizarse una serie de medidas para forzar a que una persona pierda su empleo y que no pueda encontrar otro y, al paso del tiempo, ser declarado vago y en consecuencia ser suspendido de sus derechos políticos. Igual ocurre con la definición de ebriedad consuetudinaria. Si bien es cierto que en la sociedad contemporánea se considera al alcoholismo como una enfermedad derivada del consumo excesivo de bebidas embriagantes, no podemos soslayar el hecho de que esta situación se genera, en primer lugar, por el bombardeo publicitario de que son objeto los telespectadores, en donde en los promocionales se asocia el ingerir determinada bebida al éxito personal de quienes aparecen en estos comerciales. Por ello, compartimos y apoyamos el contenido del dictamen, considerado contenido benéfico para la consolidación de las instituciones democráticas del país. Con la aprobación de este dictamen afirmamos plenamente, en la Carta Magna, la presunción de inocencia, por esas razones votaremos a favor en lo general y en lo particular del dictamen. Es cuando, diputado Presidente.