El diputado Hidalgo Contreras Covarrubias: Compañeras y compañeros diputados: Durante mucho tiempo el derecho de las personas a un medio ambiente adecuado ha sido un tema prioritario en nuestro país. El constante desarrollo industrial y la constante actividad económica en todos sus rubros ha dado lugar a la generación a un nuevo mayor número de residuos peligrosos que en consecuencia aumentan el riesgo de salud en nuestros habitantes. Las adecuaciones al marco legal nos han llevado, sin duda, a perfeccionar nuestras normas y procurar un desarrollo sustentable fundado en la prevención de la generación, valorización y gestión integral de residuos peligrosos, de los residuos sólidos urbanos y de un manejo especial para prevenir la contaminación de sitios con estos residuos y llevar a cabo su remediación. En este contexto la participación ciudadana ha sido básica para que las autoridades ambientales localicen los lugares que están siendo contaminados o que ya sufren de elementos nocivos que ponen en riesgo la salud pública. En tal circunstancia es necesario precisar con mayor amplitud la participación de los ciudadanos para presentar su denuncia ante las autoridades correspondientes. El artículo 125 de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, contenido en el Capítulo 4° del Título Séptimo de dicho ordenamiento, establece que tanto las personas, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones o la misma sociedad podrá denunciar todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o a la salud. De esta manera la denuncia popular representa uno de los instrumentos legales más adecuados para abarcar un universo más amplio en cuanto a la vigilancia de quién o quienes infringen la ley, causando daños al ambiente y poniendo en riesgo la salud de las personas. No obstante que el numeral 125 antes mencionado, si bien resulta genérico y abstracto, técnicamente adolece de la falta de claridad, ya que no establece el tiempo posterior al que el ciudadano tiene para denunciar un hecho o conducta ilícita en materia ambiental. Es decir, en la práctica, principalmente en las zonas rurales del país, se han estado registrado tiraderos clandestinos de residuos peligrosos; incluso en predios particulares, cuyos propietarios se dedican a ocultar o enterrar dichos residuos en barrancas o depósitos no autorizados, con el consecuente peligro de daño ecológico a mantos freáticos y otros elementos naturales. Estas actividades por sólo mencionar algunas, deben ser denunciadas, pero por desconocer la fecha del ilícito en que se cometió o por razón de que el depósito clandestino de residuos ocurrió hace meses o algunos años, los ciudadanos no denuncian, ya que las autoridades señalan que esos hechos ocurrieron hace mucho tiempo. Para que no quede duda, tanto en ciudadanos como en instancias ecológicas del Estado, debemos darle claridad a dicho dispositivo, señalando que en todo tiempo podrá denunciarse todo hecho o conducta que propicie un riesgo a la salud en términos de la ley antes citada, sin importar el tiempo en que éstos hayan sucedido, dándole seguimiento investigatorio, administrativo, por la instancia que corresponda, tomando en cuenta que la materia de protección al ambiente en prevención y gestión de residuos, actualmente es ya de orden público e interés social. Resultando además por disposición de ley, que tanto las medidas, obras y acciones que sirvan para evitar el deterioro o la contaminación, son de utilidad pública para la nación. De tal suerte resulta, que para fomentar y alentar la denuncia popular y lograr más certeza de los ciudadanos en el ejercicio de este derecho, se debe incluir en el texto vigente del numeral en comento, que en todo tiempo que hubiere ocurrido el hecho, al ser denunciado la autoridad le dará el trámite normal que prevé la ley adjetiva aplicable al caso. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción I, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56, 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto por la cual se reforma el artículo 125 de la Ley General para la Prevención y Gestión de Residuos, para quedar como sigue: Artículo 125. Toda persona, grupo social, organización no gubernamental, asociación y sociedad, podrá denunciar ante la Secretaría, todo hecho, acto u omisión. Y se le incluye: "en cualquier tiempo que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o a la salud, en relación con las materias de esta ley y demás ordenamientos que de ella emanen". La tramitación de la denuncia popular a que se refiere este precepto se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es cuanto, diputado Presidente. Gracias por su atención.