La diputada María Leticia Mendoza Curiel: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: vengo a hablar a favor del dictamen que expide la Ley Federal de Consulta Popular por parte de mi Grupo Parlamentario el Partido Revolucionario Institucional. La participación ciudadana en sus múltiples formas constituye un paso firme hacia una modernidad democrática mediante la aprobación del dictamen que se discute. Mejorará las expectativas sobre la eficacia del sistema político mexicano y se enriquecerán las libertades individuales. En este contexto, la consulta popular se inserta como un ejercicio participativo, cuyo uso permitirá legitimar las decisiones sobre la forma de conducir los destinos de nuestra nación gracias a la opinión informada de la sociedad sobre los asuntos que directamente le atañen. El uso de esta herramienta de participación política no es nuevo en este país y tiene, entre sus antecedentes, la convocatoria realizada por primera vez el 22 de marzo de 1822 por Agustín de Iturbide para efectos de saber si la gente quería vivir en una monarquía o en una república. Recientemente, organizaciones sociales y autoridades locales han convocado a la ciudadanía a efecto de tomar en consideración su parecer sobre temas variados, las cuales han tenido como características en común su falta de afectos vinculatorios. Las consultas a la ciudadanía sobre temas fundamentales son el mecanismo de democracia más utilizado en el mundo; 121 países contienen disposiciones al respecto. Este mecanismo no sólo fortalece la forma de gobierno, además es una oportunidad para involucrar a la sociedad en la toma de decisiones públicas. Con la aprobación del presente dictamen, México habrá dado un paso importantísimo para adecuarse a los paradigmas que rigen a las democracias más avanzadas. La Ley Federal de Consulta Popular deberá ser entendida como un medio que permitirá a la ciudadanía incidir en la resolución de los asuntos públicos sin necesidad de conflictos y a través de su participación informada, regulada y promovida desde el Estado. Gracias a este novedoso instrumento jurídico será posible contar con un procedimiento de consulta popular, transparente, legítimo, apegado a legalidad en todas sus etapas, desde su convocatoria hasta la declaración de resultados, teniendo como garantes de su validez al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la autoridad electoral federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia. La Consulta Popular versará sobre actos legislativos y administrativos que sean considerados de trascendencia nacional, lo cual será determinado por el Congreso de la Unión. Asimismo existirá la posibilidad de que la sociedad convoque a dicho instrumento previa resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedando excluidos de Consulta Popular la restricción de los derechos humanos reconocidos constitucionalmente, la forma de gobierno, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, los asuntos considerados como de seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Asimismo, se establecerán sujetos facultados para solicitar la consulta, requisitos para presentar la solicitud, el procedimiento para la expedición de la convocatoria, los lineamientos para su organización, la difusión, realización, publicación de resultados y los medios para su impugnación. Compañeras y compañeros legisladores, resulta impostergable dotar a nuestra ciudadanía de los mecanismos de participación que le permitan su participación informada y el correcto ejercicio de sus derechos, ello sólo ocurrirá mediante el reconocimiento y legislación que se realice en torno a ellos. Sólo de esta forma será posible alcanzar un desarrollo común y equitativo en todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias.