La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Nuevamente muchas gracias, diputada presidenta. Los habitantes de Guanajuato, el estado de México, Chihuahua, Jalisco y Baja California deben aceptar que viven en el riesgo permanente de poblar los estados más violentos de la república. Las mujeres y niñas sufren día a día el estigma de haber nacido mujeres, mientras son violentadas, asesinadas, marcadas cada vez con mayor frecuencia y en una absoluta impunidad. La niñez es también víctima de la violencia que, multiplicándose, afecta la convivencia diaria en las escuelas, como fuimos testigos hace pocos días. La militarización no es y nunca ha sido la respuesta, y desgraciadamente esta no ha sido la única que nos ha dado a través de una Guardia Nacional que, violentando la Constitución y las leyes, no ha respondido a los desafíos que la realidad le impone a lo largo del territorio nacional, siendo eficiente únicamente en la construcción de un muro al servicio del presidente de los Estados Unidos en contra de los derechos de quienes, en busca de nuevos horizontes, arriesgan su vida dejando atrás historia y familia. No hemos visto el prometido fortalecimiento de las policías estatales y municipales ni su profesionalización, No hemos visto una estrategia de seguridad o un plan de persecución penal que haga frente a la impunidad que vivimos. Es por ello que las víctimas deben ser nuestra prioridad. Las demandas de las organizaciones sociales en materia de justicia transicional nos obligan a revisar de manera integral nuestro marco jurídico, con el único objetivo de garantizarles sus derechos y una atención integral que responda a los más altos estándares internacionales. Debemos mencionar que no avalaremos ninguna reforma que contravenga los derechos humanos de víctimas e indicados. Insistiremos en la eliminación constitucional del arraigo y en el fortalecimiento de nuestro sistema de justicia. Abogaremos por los derechos de las y los adolescentes en conflicto con la ley y pugnaremos por la vigencia de los derechos de las mujeres privadas de su libertad. Como Estado mexicano no podemos avalar ninguna medida que contravenga el marco convencional del que formamos parte, por lo que la tortura y los tratos inhumanos y degradantes deben ser erradicados de nuestro sistema penal. En el mismo sentido, estamos convencidas y convencidos de que resulta indispensable crear las condiciones para la reactivación de nuestra economía de manera sostenible y sustentable como lo ofrecieron. Debemos contribuir desde el Poder Legislativo en la creación de empleos, restablecer la inversión pública y generar la confianza para el incremento de la inversión privada nacional y extranjera. Para ello debemos olvidar los megaproyectos de infraestructura que, sin planeación ni prospectiva, nos llevan a contracorriente del mundo entero, violentan los derechos de los pueblos y comunidades originarias y ponen en peligro al medio ambiente. El gobierno debe volver a invertir, y seamos claros, los ahorros no son ahorros, son subejercicios sancionados por la ley y que ponen en riesgo la viabilidad misma de la administración pública. No debemos repetir nunca más el caso de las estancias infantiles. Los recursos del Estado deben ser aplicados de manera eficaz y eficiente para garantizar los derechos de las y los mexicanos y no para la compra de votos de quien trafica con la pobreza. Las posibles reformas electorales deberán garantizar la equidad en la contienda más allá de las promesas electorales de quien hoy es presidente de la República. Deberán fortalecer al Instituto Nacional Electoral y no vulnerar la viabilidad financiera de los partidos políticos. Estamos convencidas y convencidos de que una reforma electoral parcial no le sirve a nadie y pone en riesgo 40 años de lucha y construcción de las instituciones de nuestro sistema democrático. A 103 años de la promulgación de nuestra Constitución esperamos que prive la construcción de acuerdos y no el avasallamiento, el concierto y no el disenso, el conceso y no la imposición. El Parlamento es un espacio para el diálogo y es por ello que hacemos este llamado empeñando nuestros esfuerzos en la construcción de un México más igualitario, más humano y en paz. La Constitución de 1917 consignó el sistema federal, la separación de Poderes, la no reelección, el sistema de elecciones directas y secretas, la división del Poder Legislativo. Más adelante incorporamos el derecho de las mujeres a votar y ser votadas, prohibimos la pena de muerte y ampliamos los derechos humanos hasta hacerlos parte de nuestro texto fundamental. Más de 700 reformas han conformado lo que hoy tenemos. Señaló Venustiano Carranza, al momento de presentar el proyecto de Constitución el 10 de diciembre de 1916, que el proyecto contiene todas las reformas políticas que la experiencia de varios años y una observación atenta y detenida me han sugerido como indispensables para cimentar sobre las bases sólidas, las de instituciones, el amparo de las que deba y pueda la nación laboral, últimamente por su prosperidad, encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y del derecho, porque si el derecho es el que regulariza la función de todos los elementos sociales, fijando a cada uno su esfera de acción, esta no puede ser en manera alguna provechosa si en el campo, que debe ejercitarse y desarrollarse, no tiene la espontaneidad y la seguridad sin las que carecerían del elemento que, coordinando las aspiraciones y las esperanzas de todos los miembros de la sociedad, los lleva a buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno, estableciendo y realizando el gran principio de la solidaridad sobre el que deben descansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfeccionamiento humano. Ese, compañeras diputadas y compañeros diputados, es el reto que tenemos enfrente a 103 años de haber sido promulgada. Respetar el espíritu fundamental de quienes trabajaron incansablemente para construir nuestra democracia. Es cuanto, diputada presidenta.