EL C. DIP. JOSE ANTONIO CABELLO GIL: Con su venia diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. En obvio de tiempo, me permitiré leer una síntesis de esta iniciativa de decreto que presento y que pretende reformar el párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solicitando que el texto íntegro de la misma se inserte en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos representa nuestro proyecto nacional; es a la vez norma y programa que deriva del proceso histórico del México independiente; refleja un hilo conductor que va desde los Sentimientos de la Nación a la Constitución de 1824, a la 1857 y a la de 1917. Las tres grandes Constituciones, emanan de grandes momentos históricos que explican el momento actual que vive nuestro país. Nuestra Carta Magna es síntesis de un proceso acumulativo que tiene como elementos fundamentales el liberalismo de la Constitución de 1857 y el constitucionalismo social, vanguardia en 1917. Una se superpone a la anterior modificándola en aspectos fundamentales. Las importantes reformas que se dieron durante el siglo XX conforman a nuestro país con una estructura jurídica de democracia social avanzada. Es cierto que existe una brecha entre aspectos de nuestra realidad y nuestras aspiraciones, pero es una constitución que ha servido para orientar cambios, recoger reclamos y necesidades y para adecuarnos a las circunstancia del país y del mundo. El llamado "Capítulo Económico de la Constitución", no está, como en otras constituciones de reciente promulgación, en un capítulo propiamente hablando, sino que sus disposiciones se encuentran dispersas a lo largo del texto constitucional. Cabe señalar que la organización de la actividad económica del Estado Mexicano, ha sido producto de una evolución histórica que culmina en la década de los ochentas, particularmente en 1983, año en que se incorpora en el ámbito de la Carta Fundamental un marco regulatorio en materia económica expreso, estableciendo tres paradigmas fundamentales: economía mixta, rectoría estatal y planeación democrática, que se constituyen como pilares sobre los cuales se desarrolla la legislación en la materia. El artículo 25 de nuestra Norma Fundamental, se refiere a la atribución del Estado para planear, conducir y orientar la actividad económica nacional y para regular y fomentar las actividades que demande el interés general en un marco de libertades. Señala asimismo, la concurrencia de los sectores público, social y privado en el logro de los propósitos generales del desarrollo nacional, sujetándose al principio de legalidad, definiendo el marco de lo que se llama: economía mixta. En ese sentido dicho precepto constitucional no establece de manera clara los alcances y el contenido del término Estado, pues mientras que en el artículo 3° de la Constitución sí se hace mención del Estado, compuesto por el Gobierno Federal, estatal y municipal, en el artículo 25 no se hace dicha mención. Por lo cual, la presente iniciativa propone establecer explícitamente en el numeral citado a los ordenes de gobierno estatal y municipal, al igual que al federal como sujetos promotores e impulsores del desarrollo socio-económico del país, cosa además, que de hecho sucede. De esta manera se pretende fortalecer la unidad nacional a partir de la reivindicación de la función compensatoria del Pacto Federal, ya que el federalismo representa instrumento eficaz para el desarrollo nacional y regional. Por otra parte, la presente iniciativa pretende evitar en detrimento de nuestro estado de derecho una interpretación de los correspondientes preceptos constitucionales, de acuerdo al momento histórico realizada por quien dicta la norma, es decir, el legislador ordinario no puede dictar normas meramente interpretativas cuyo objeto sea precisar el único sentido entre los varios posibles, que deba atribuirse a un determinado concepto o precepto de la Constitución, pues al reducir las distintas posibilidades o alternativas del texto constitucional a una sola, completa de hecho, la obra del poder constituyente y se sitúa funcionalmente en su mismo plan. En este sentido, el legislador ordinario no debe intentar en ningún modo constituir una interpretación auténtica, esto es, una interpretación dotada del mismo valor que el texto interpretado y es por esto, por la sencilla razón de que no es lo mismo el Poder Legislativo que el Poder Constituyente. En razón de lo anterior, resulta pertinente que los preceptos fundamentales contenidos en la Ley Suprema sean definidos por la propia preceptiva constitucional, con la finalidad de que el alcance, contenido y consecuencias que se desprenden de ellos, no sean interpretados en uno u otro sentido por el legislador ordinario, en las normas que al respecto dicte. Como ejemplo de la importancia de que las normas constitucionales establezcan definiciones, se tiene la descripción que del concepto de democracia se lleva a cabo en el artículo 3º de la Constitución. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Asamblea, la presente iniciativa de decreto que reforma el párrafo 2º del artículo 25 de nuestra Constitución. Es cuanto, diputado Presidente. EL DIPUTADO PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Antonio Mejía Haro, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de ley para la restauración y conservación de las tierras. EL DIPUTADO ANTONIO MEJÍA HARO: Buenos días. Con la venia del señor Presidente. Estimados diputados y diputadas: En respeto del tiempo y en virtud de que la presente iniciativa ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria, haré solamente una síntesis de la exposición de motivos que la originaron. Los suscritos diputados federales, Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, de la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de ley para la restauración y conservación de las tierras, con base a la siguiente exposición de motivos: En el contexto de la crisis del campo que ha ocupado la atención de la agenda nacional, destaca la urgencia de actuar sobre las causas estructurales de la problemática rural, con un enfoque de largo plazo que resuelva de manera significativa, los problemas de la producción y mejore la calidad de vida de la población. De entre los principales problemas del campo, está la degradación de los recursos naturales que afecta radicalmente a la productividad y con ellos, sus efectos en la problemática socioeconómica en la soberanía alimentaria del país. En México, la pérdida de recursos forestales y de biodiversidad, la escasez de agua y su contaminación, han alcanzado tales dimensiones, que ubican a estos procesos como materia de seguridad nacional por las implicaciones que conllevan y por el riesgo en la pérdida de su control con los medios nacionales disponibles, lo que hace impostergable la solución de estos problemas. En México, las tierras están degradadas en un 64%, principalmente por erosión hídrica y eólica, pero sufren también pérdida de nutrimentos, de materia orgánica y de microorganismos del suelo, así como la compactación, acidificación, salinización y otros procesos. Una superficie de 22 millones de hectáreas, de tierras frágiles no aptas para la agricultura y la ganadería, soportan actividades de productividad marginal que acelera su degradación. Es preocupante la pérdida de utilidad agrícola de unas 10 mil hectáreas anuales de las mejores tierras de riego por acumulación de sales, lo que ha sumado ya una superficie de 425 mil hectáreas que han dejado de ser útiles para la producción agrícola intensiva. La deforestación afecta a unas 600 mil hectáreas anuales, se han pedido el 30% de los bosques y de las selvas que se tenían en 1960. Entre las principales causas de la deforestación están: el cambio en la utilización de las tierras para fines agropecuarios; esquemas de concesiones de aprovechamiento forestal con escaso beneficio para los dueños de los recursos; incendios que afectan anualmente 276 mil hectáreas. La degradación de los recursos naturales provoca pérdidas en la rentabilidad por el orden de los 40 mil millones de pesos anuales, los procesos de deterioro ambiental son la secuela de procesos de desarrollo insustentable. Por ejemplo, detrás de la deforestación está la acumulación de la explotación maderera con criterios extractivos y con escasa o nula participación de los propietarios de los recursos, así como la presión de las poblaciones campesinas crecientes y sin oportunidades económicas alternativas. En el origen de la erosión está la deforestación de tierras principalmente forestales, el sobrepastoreo y las prácticas de roturación inadecuadas. La atención al problema de la degradación de las tierras ha seguido un enfoque orientado a la restauración a partir de la instauración de los programas de conservación de agua y suelo de la agricultura estadounidense a través de la Fundación Rockefeller y del establecimiento de la llamada Revolución Verde. Estos lineamientos fueron plasmados en la legislación aprobada en 1946. El enfoque de restauración implica cuantiosas inversiones con escasos resultados, mientras que la causa del mal manejo de las tierras subsiste, por lo que es necesario hacer énfasis en la transformación de las prácticas de manejo de las tierras en el proceso productivo, por tecnologías que tomen en cuenta la conservación y el incremento en la productividad. Se trata de alentar un manejo sustentable de las tierras con prácticas como labranza de conservación; cultivos de cobertera; empleo de cercos vivos; manejo de pastizales y de la carga animal; recuperación de terrenos salinizados de regadío, entre otras. La dispersión de las políticas impide tomar las medidas adecuadas para resolver los problemas de la degradación de las tierras. Ante esta problemática se ha considerado como urgente el viraje en las políticas en la materia hacia un enfoque preventivo a través de la acción cotidiana de los productores, para lo que es indispensable potenciar la capacidad normativa de la autoridad ambiental sobre las actividades sustanciales del desarrollo rural. En el seno del Consejo Nacional para la Restauración y Conservación de Suelos, que operó durante el periodo de vigencia de la SEMARNAT, fue procesado un proyecto de nueva ley, sin embargo no alcanzó a ser abordado, mientras que en este transcurso fue derogada la Ley de 1946 sin ser sustituida, dejando así un vacío legislativo que no ha llenado la Ley Ambiental ni otras disposiciones jurídicas posteriores. En diciembre de 1999 fue presentada ante el pleno de la Honorable Cámara de Diputados la iniciativa de Ley de Restauración y Conservación de Suelos, la cual no alcanzó a ser revisada por la entonces Comisión de Ecología, sin que hasta el momento haya sido dictaminada. En la LVIII Legislatura se tuvo el proceso legislativo correspondiente a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la cual recogió algunas disposiciones del proyecto mencionado y en la misma forma fue procesada la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que el proyecto original referente al tema de la conservación de suelos requiere de una nueva revisión. La Ley para la Restauración y Conservación de Tierras tiene una estructura sencilla y lógica, con 5 títulos: los dos primeros incluyen el encuadre constitucional, propósitos y distribución de atribuciones; un tercer título establece las normas para el uso y aprovechamiento de las tierras en las principales actividades, mientras que el cuarto título define los instrumentos para la prevención y el combate a la degradación y desertificación de las tierras. Un quinto y último título contiene las infracciones y sanciones correspondientes. El enfoque de la Ley para la Restauración y Conservación de Tierras se aboca principalmente a alentar la utilización de opciones sustentables de manejo y aprovechamiento de las tierras mediante la aplicación coordinada de los recursos públicos, tomando en cuenta las recomendaciones de órganos internacionales que señalan la conveniencia de combatir la desertificación como un enfoque preventivo antes que correctivo, así como se aprovecha el marco jurídico de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. De dicha ley se toma el marco institucional del Sistema Nacional de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales, la Comisión Intersecretarial, los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, sus diversos ámbitos: nacional, estatal, distrital y municipal y la utilización de los distritos de desarrollo rural, como ventanilla única. De esta manera la Ley para la Restauración y Conservación de Tierras minimiza la necesidad de creación de estructuras onerosas. También de la Ley de Desarrollo Rural se aprovechan las disposiciones que dan prioridad a las acciones de conservación y restauración de tierras para el acceso a los apoyos previstos por la misma, así como la obligatoriedad de las recomendaciones sobrecargan y mal, el mandato para delimitar las tierras frágiles y los contratos de aprovechamiento de tierras. En resumen, el proyecto del legislativo propuesto instrumenta las disposiciones del Tratado Internacional contenido en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y enfrenta de manera realista el problema de mantener y mejorar las bases productivas y de servicios ambientales del país con un enfoque que apuesta a la participación de los ciudadanos y que significa una reducción neta sustancial del costo administrativo para el erario público. Con el fin de establecer la necesidad de aprobación de la presente iniciativa, mencionamos lo siguiente: 1. El estado de degradación de las tierras en México requiere de una mayor atención por parte de la sociedad y las autoridades en beneficio del mejoramiento económico de los sectores productivos que hacen uso de ella, elevando la calidad de vida de las poblaciones, especialmente de las más desfavorecidas, que son las que detentan la mayoría de mayoría de las tierras degradadas y la preservación de los diversos servicios ambiéntales que las tierras presentan en la sociedad en su conjunto. 2. Resulta de todo pertinente y necesaria la emisión de una ley que proporcione capacidad normativa a la autoridad federal en ejercicio de las actividades sustanciales y permitan la utilización de los cuantiosos recursos humanos y materiales ocupados en el desarrollo rural y la lucha contra la pobreza, a fin de dar a éstos un carácter persistente y actuar radicalmente sobre las condiciones básicas de la producción. 3. Es necesario el cumplimiento puntual de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación ratificada por el Senado de la República. 4. Los recientes procesos legislativos referentes al campo hacen necesaria una reformulación de la iniciativa de ley de restauración y conservación de suelos, a la vez que se considera que el concepto más indicado para el término...