EL DIP. JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Una vez más, al igual que en los últimos 20 años, esa soberanía tiene que escuchar un lenguaje que ya es común cada vez que se discute la Ley de Ingresos. Se nos vuelve a reiterar por enésima ocasión, el discurso de finanzas públicas sanas, presupuesto austero, la lucha contra la inflación y el bienestar para todos. En contrapartida tenemos más pobreza, salario de miseria, un campo cada vez más desprotegido, un estado con menos capacidad de maniobra financiera, estancamiento económico y desempleo creciente, combinado con escasas oportunidades de trabajo para los jóvenes. Nos encontramos con un gobierno que pretende cobrar impuestos a los de siempre y no se atreva a tocar los bolsillo de los ricos. En este contexto, al iniciarse el tercer año de gestión del Presidente Vicente Fox, vemos como se debilita en su administración la estructura de ingresos de la Federación. La propuesta para el 2003 es un paso más en este rol de dirección de política económica que privilegia a la baja de la inflación y la disciplina fiscal, castigando el crecimiento económico, la generación de empleos, el crecimiento de ingresos y desestima el grave deterioro y crisis social que vive el campo. En el presente año tuvimos una escasa captación tributaria que según el Gobierno Federal se debió a la baja del crecimiento económico. Hoy se nos plantea un mayor crecimiento económico; sin embargo las expectativas de captación tributaria no garantizan que vayan a ser mayores para el próximo año como proporción del Producto Interno Bruto a lo que debe agregarse que nuestro país tiene una estructura tributaria no garantizan que vayan a ser mayores para el próximo año, como proporción del producto interno bruto, a lo que debe agregarse que nuestro país tiene una estructura tributaria cada vez más ineficiente, llena de corrupción y privilegios. Debemos tener claro que la disminución de los ingresos presupuestarios no es un problema coyuntural, sino que está relacionado con la estructura impositiva, que se caracteriza por tener esquemas especiales, trato diferenciado, exenciones fiscales, que a la postre terminaron por convertir a nuestro país en un paraíso fiscal conforme lo reconoce la propia OCDE. A la inequidad impositiva, se suma la evasión y deficiente captación a nivel de los principales impuestos, como el IVA y el ISR, conjuntado con la gravación creciente a los altos contribuyentes, así como la erogación del impuesto del 5% de dividendos, la reducción a las tasas máximas del ISR y la propuesta de derogación del impuesto a los bienes suntuarios. El grupo gobernante actual persiste en la necesidad de continuar sosteniendo el régimen de consolidación fiscal y los regímenes especiales, que se han convertido en la tumba financiera del gobierno federal. Después del fracaso de la reforma fiscal, el gobierno ha seguido una política ambigüa, consistente en reproducir los viejos sistemas fiscales heredados de los regímenes priistas, en conjunción con una política de austeridad presupuestaria, y al mismo tiempo culpando a la oposición del fracaso por elevar la captación tributaria. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, las medidas tributarias contenidas en la propuesta para el 2003, no podrán llenar los faltantes derivados de la desgravación a nivel de los principales impuestos, como el ISR o el IVA. La realidad de los hechos es que no hay política de ingresos sino propiamente una situación inercial, en la que la baja captación se está convirtiendo en la norma para acompañar a un menor gasto público. Todas las expectativas del Ejecutivo federal están puestas en una mayor apertura a capital privado para que, entre otras cosas, cumpla el papel que antes le fue reservado al sector público, aportar ingresos o movilizar recursos de un sector a otro de la sociedad. La idea de transferir autonomía a los estados, para que capten impuestos reservados a la federación, es totalmente incorrecta, ya que es un medio encubierto para elevar la tributación indirecta que perjudica a todas luces a los consumidores de bajos ingresos, en tanto que se reducen los impuestos directos para premiar a los ricos. En cuanto a la política de endeudamiento público, vemos serias anomalías en la propuesta del Ejecutivo federal, ya que al congelar el endeudamiento externo y plantear la propuesta de depender exclusivamente del endeudamiento interno, representa una política de costos muy altos para el país. Las tasas de interés internacionales se ubican en la actualidad en uno de sus niveles más bajos de la historia, ya que la coyuntura mundial ha dictado una política monetario fuertemente expansiva, para disipar más rápidamente los efectos de recesión. En lugar de tomar ventaja de esta situación, el gobierno federal propone que el sector público siga succionando los escasos recursos que los bancos privados están dispuestos a poner a disposición de los usuarios del crédito. Esta situación es sumamente negativa, ya que al asegurar a los bancos un negocio con títulos públicos de altos rendimientos, contribuya a la desviación de recursos que perjudican a los productores privados, sobre todo a la pequeña y mediana empresa. Ninguno de los argumentos esgrimidos para apoyar un mayor endeudamiento interno es válido, ya que no es prioritario en este momento impulsar el mercado de deuda pública, porque los requerimientos para el desarrollo están del lado de la deuda privada, la colocación de títulos de largo plazo a una tasa nominal fija, es mucho más oneroso que recurrir prudentemente al mercado internacional. Desde nuestro punto de vista, la alternativa se encuentra en combinar prudentemente el endeudamiento interno con el externo, aprovechando la coyuntura de bajas tasas de interés, dependiendo de las circunstancias financieras. Cuando el cálculo económico le da la espalda a las consideraciones de costos, deja de existir la racionalidad económica y su lugar es ocupado por los arreglos especiales o preferenciales con los oferentes que cuenta con el poder político, como es el caso de los banqueros. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la propuesta del presidente Fox de recurrir al endeudamiento interno de forma prioritaria, coloca en bandeja de plata ganancias millonarias para los operadores del mercado financiero, que no tendrán necesidad de asumir riesgos y financiar a los creadores de empleo. Además, al acaparar el sector público, los escasos recursos disponibles en el sistema bancario, quedan sin sustento la propuesta efectuada por el Ejecutivo federal de aumentar el vigor de la recuperación, dando mayor énfasis al mercado interno. El precio del barril del petróleo, como otro de los parámetros que definen la captación de recursos para el sector público, está fuertemente subestimado, sin embargo éste es el menor de los problemas, ya que el precio del petróleo es una variable altamente volátil que puede despuntar y abatirse en un lapso inferior de un año. La cuestión de fondo es que la fijación del petróleo sea congruente con una verdadera política de ingresos. Desafortunadamente eso no sucede, ya que el propósito del Gobierno Federal, es trabajar con cifras grises en términos de ingresos por derechos y aprovechamientos sobre el petróleo, con el fin de ganar la mano en el conflicto con los gobernadores. Se trata, pues, de valerse de estimaciones espurias para mantener un elevado grado de discrecionalidad sobre el manejo de los recursos especiales o contingentes, como son los que se derivan de los movimientos inesperados del precio del petróleo. En la medida en que la actual propuesta de Ley de Ingresos esté montada sobre un progresivo desmantelamiento de la captación directa que es incapaz de contar con el apoyo de mecanismos para combatir la evasión y que subordina la política de deuda pública a los intereses de los operadores financieros domésticos, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se manifiesta a favor de que se apruebe en lo general el dictamen de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del 2003, pero además señalamos que plantearemos nuestras reservas a los artículos que consideremos convenientes. Es cuanto, señor Presidente.