La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Honorable Cámara de Diputados, atendiendo al derecho constitucional de veto del presidente Enrique Peña Nieto, quien está comprometido con el combate frontal contra la corrupción y con el fortalecimiento de la legalidad, transparencia y rendición de cuentas, es que ejerce este derecho, esta facultad que le permite participar en el procedimiento legislativo a través de las observaciones precisas que ha presentado. Esta figura jurídica, que es considerada como el principal contrapeso político entre el Ejecutivo y el Legislativo es fundamental, porque establece los controles y equilibrios en nuestro sistema político mexicano. El presidente Enrique Peña Nieto ha sido sensible a las modificaciones, sensible y atento desde el principio de su mandato al tema del combate a la corrupción. El gobierno federal lo ha establecido como una de sus prioridades. La creación del sistema nacional de anticorrupción se ha logrado con el apoyo y el interés de todas las fuerzas políticas, de expertos, de académicos, de los sectores, principalmente el empresarial y, por supuesto, de los ciudadanos. Pero hay que aclarar que esta sensibilidad del presidente no deja fuera de ninguna manera al sector empresarial, no lo excluye, pues si vemos el contenido global y general de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, debemos ver que eta ley aplica para servidores públicos y para personas físicas y morales privadas. En esta ley se precisa un catálogo de actos vinculados con faltas administrativas graves, tales como el soborno, la participación ilícita en procedimientos administrativos, tráfico de influencias, colusión, el uso indebido de recursos públicos y sanciones a personas físicas y morales. No podemos demeritar ni minimizar todo el trabajo que hemos hecho. No podemos omitir que esta Ley de Responsabilidades contiene un capítulo referente a la integridad de las personas morales, donde se establecen las sanciones por las faltas que pudieran cometer. También es importante que precisemos y se recalque se establece que los empresarios deberán manifestar posibles conflicto de interés en los negocios de que sean parte con el gobierno. Evidentemente como es un sistema no lo podemos ver aislado, lo tenemos que ver de manera global y se tienen que vincular estas sanciones administrativas a sanciones penales, porque aquí en esta Cámara aprobamos reformas al Código Penal Federal, y en estas reformas quedaron tipos específicos, no sólo para servidores públicos, sino también para los particulares. Son delitos que se van a sancionar con la prisión, tales como el uso ilícito de atribuciones y facultades, el tráfico de influencias, peculado, enriquecimiento ilícito, el cohecho en el cual se castiga la práctica del famoso moche, una sanción que va de 2 a 14 años de cárcel, porque en estos tipos penales se incluyen también a los legisladores. Y también se quedó establecido que cuando los delitos sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o que estén nombrados y ratificados por algunas de las Cámaras, las penas aumentarán en un tercio. Y respecto a las personas morales, también hay un capítulo que establece sanciones administrativas muy específicas, sanción económica, inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, sanción que va de 3 meses a 10 años. Suspensión de actividades, la disolución de la sociedad e indemnización de daños y perjuicios. Hoy analizamos y discutimos las observaciones hechas por el Ejecutivo federal y esto no representa que estemos haciendo un papelazo o el ridículo como legisladores porque nos estén enmendando la plana. No, tampoco representa que vamos para atrás. No, señores, este es un trabajo que representa la responsabilidad legislativa y esta responsabilidad legislativa es importante decir que tampoco le ha dado la espalda a los ciudadanos, no hemos sido omisos en escucharlos, porque en la iniciativa tres de tres quedó establecido claramente que quien va a establecer los formatos para las declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses será el presidente del Comité de Participación Ciudadana, quien propondrá al Comité Coordinador del Sistema. Entonces, es aquí donde vemos la participación importante de los ciudadanos. Es importante recalcar que sí son públicas las declaraciones de los servidores públicos. Las tres declaraciones son públicas, como lo establece el artículo 29, salvo los rubros que atenten contra la vida privada o los datos personales, derechos humanos protegidos por nuestra Carta Magna, en el artículo 6o. y 16. Es precisamente un tema de constitucionalidad lo que nos tiene aquí, toda vez que la reforma constitucional, promulgada el año pasado, en materia de anticorrupción establece de manera específica quiénes son los sujetos obligados a presentar públicamente sus declaraciones, y hablo solamente de servidores públicos. Es importante precisar que la ley que nos ocupa da forma y base legal a todo un régimen de responsabilidades en nuestro país, responsabilidades administrativas no solo para servidores públicos sino también para personas físicas y morales. Es decir, el sector empresarial, que no ha quedado fuera del sistema. No reduzcamos esta ley solamente a la presentación de tres declaraciones, porque esta ley tiene mucho más alcance. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de este dictamen, porque esto va a mejorar y perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción. Atenderemos las observaciones del Ejecutivo federal y eso no significa que es una reforma light o descafeinada como se ha expresado. Se debe ver de manera sistémica, no solamente es uno o dos artículos, es un sistema que en principio tiene siete leyes y falta mucho trabajo legislativo por hacer. Es un paso histórico a una nueva cultura de la legalidad, y por eso el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor. Es cuanto, gracias.