La diputada Sonia Murillo Manríquez: Ante la imposición de la reforma a la Ley de Amparo que restringe la capacidad de los jueces para suspender normativas y leyes potencialmente inconstitucionales, nos encontramos frente a un grave retroceso en el respeto a los derechos fundamentales y al Estado de derecho en nuestro país. Esta modificación legislativa, impulsada por la pugna entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial representa un ataque directo a las garantías individuales y un menoscabo al equilibrio democrático que tanto hemos procurado en nuestra nación, además, de ser un misterioso tema que salga en este tiempo electoral. Es evidente que esta reforma busca debilitar los contrapesos institucionales y consolidar un poder desmedido en manos del inquilino del Palacio, guardando la facultad de los jueces de actuar como garantes de la Constitución. Una vez más Morena viola nuestra Carta Magna. El propósito de esta ley al vapor parece ser eliminar cualquier obstáculo legal que limite la acción unilateral del presidente y su administración, relegando el papel de la justicia a meramente decorativo frente a las decisiones del presidente y su gobierno de corrupción y creador de pobreza. El impacto más preocupante de esta modificación es la vulneración de los derechos de las minorías, de todos aquellos que dependen de la tutela judicial y efectiva para salvaguardar sus libertades representa una preocupante amenaza para todos los ciudadanos cuyos derechos puedan ser vulnerados, sin importar su ocupación o su estatus social. Este cambio afectará a trabajadores, maestros, agricultores, comerciantes, pescadores, a todos. En Baja California Sur, por ejemplo, una ley que afecte a pescadores, tendrían que ampararse los 7 mil pescadores para suspender el alcance de la ley, con el costo que eso implica. En materia de maestros, más de 15 mil maestros, cada uno de ellos debe asumir su costo. Esta reforma va contra los que menos tienen, quienes no puedan pagar por un trámite de amparo quedarán en situación de desventaja frente a posibles abusos de poder o injusticias por parte de las autoridades. Uno de los aspectos más inquietantes de esta modificación, es su potencial impacto desproporcionado en aquellos individuos o grupos que carecen de recursos adecuados para defenderse por otros medios. Las personas de bajos ingresos, los trabajadores informales, aquellos que dependen de actividades estacionales, como la agricultura, la pesca, así como cada uno de los niños con cáncer que se ven afectados por las faltas de quimioterapias, se encuentran especialmente en riesgo. El amparo, como un recurso legal, fundamental, debería servir como un escudo para todos los ciudadanos contra el abuso del poder y la violación de sus derechos fundamentales. Sin embargo, si se introducen cambios que dificultan el acceso, debilitan la efectividad del amparo, se abre una puerta a una mayor impunidad y a la erosión de los cimientos de justicia en nuestro país. Si permitimos que el Poder Ejecutivo opaque la independencia judicial, estaremos allanando el camino hacia un régimen autoritario, donde las libertades individuales y los derechos fundamentales queden a merced de los caprichos de los gobiernos de cuarta. Debemos de alzar la voz y defender la integridad de nuestro sistema judicial como garante último de la Constitución y los derechos humanos. Rechazar las medidas regresivas no es solo un acto de resistencia, sino un imperativo moral. La integridad de nuestra democracia está en juego y por ende el futuro de México. Es hora de exigir un cambio verdadero, es hora de restaurar la integridad y fortaleza de nuestras instituciones democráticas y eso lo va a lograr Xóchitl Gálvez, nuestra próxima presidenta, por una democracia fuerte y transparente y justicia para todos los mexicanos. Es cuanto.