El diputado Sergio López Sánchez: Con su venia, diputada presidenta. El 14 de julio de 2014 entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde por primera vez en la historia de nuestro país se incluyen los derechos de las audiencias y, junto con ello, se crea la figura de la defensoría de audiencia. El artículo 259 establece que los concesionarios que presten servicio de radiodifusión deberán contar con una defensoría de audiencia, que podrá ser el mismo concesionario conjunto entre varios concesionarios o a través de organismos de representación. El defensor de la audiencia será el responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamiento de las personas que componen la audiencia, quedando así una defensoría de audiencia que será juez y parte. Ante las críticas y cuestionamientos que en su momento hicieron organizaciones de la sociedad civil y partidos de oposición, como el PRD, las comisione dictaminadoras justificaron que la defensoría de audiencia fuera juez y parte, poniendo como ejemplo el caso particular de Ecuador, que ha sido duramente reprendido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por haber creado un defensor de la audiencia que depende del Estado; y manifestando que esta figura se establece como una autorregulación, lo cual obedece a las mejores prácticas a nivel internacional, en especial en la regulación del sistema jurídico anglosajón. Sin embargo, durante la discusión del dictamen, tanto en comisiones como en el pleno, los grupos parlamentarios del PRD en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados propusieron incluso quitar a la Secretaría de Gobernación todo lo relacionado con los contenidos. En ningún momento se pretendió dejar al Estado la defensoría de audiencia; pero tampoco a los medios de comunicación, ya que quedaría en una posición parcial. La reforma planteada en el presente dictamen. Ahora incluso desaparece la posibilidad de que los derechos de las audiencias sean defendidos al limitar la intervención del Estado por completo, dejando en los propios medios su propia autorregulación, lo que deja en la indefensión a los derechos de las audiencias. Esto significaría como si fuéramos a un hospital privado, y en el que hay una negligencia médica, y sólo pudiéramos acudir ante el mismo hospital para que defendieran nuestros derechos, cuando es el Estado el que no sólo tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud, sino también vigilar los servicios privados o concesionados para que no vulneren estos derechos. Además, de manera tramposa define la publicidad o propaganda engañosa de manera truculenta al especificar una serie de requisitos para considerarla como tal, como el hecho de que exista contrato entre el concesionario y el ente privado o que la publicidad solo se presente en columnas o programas noticiosos, dejando de lado la publicidad y propaganda engañosa que se presenta en programas de espectáculos, por ejemplo. Por ello planteamos la modificación, por estas razones planteamos la modificación al segundo párrafo, fracción XI del artículo 256 del dictamen en discusión. Es cuanto, diputada presidenta.