El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, diputada presidenta. Compañeros legisladores. El pasado 1o. de septiembre ya no fue como antes, el día del presidente. Pero más allá de la presencia o no en este recinto del presidente de la República para dialogar o debatir con los legisladores federales, lo cierto es que aún no hemos logrado modificar el modelo de rendición de cuentas de nuestro país. Los grupos parlamentarios contamos ahora con la pregunta parlamentaria que desde luego ejerceremos como parte del escaso diálogo que ahora tendremos de forma directa con el titular del Poder Ejecutivo. Analizaremos además puntualmente la gran variedad de informes sobre la hacienda pública que son entregados a lo largo del año, a fin de nutrir el criterio de los diputados federales en torno al ejercicio del gasto público. No obstante, la realidad es que el informe en sí mismo sigue siendo un simple recuento de actividades y de acciones emprendidas por las distintas dependencias del gobierno federal, y esto no tiene nada que ver con un auténtico ejercicio de rendición de cuentas. No hay, en el II Informe de Gobierno que se nos presenta, una orientación a los resultados alcanzados o los logros obtenidos. No hay una asociación entre las grandes metas que se declaran en el Plan Nacional de Desarrollo y de la forma en que esta lista de acciones y programas que se impulsan en las dependencias federales suponemos van a alcanzar estas metas. El informe de gobierno es pues una larga relación de actividades realizadas o a medio cumplir, pero no es un ejercicio, como lo hemos dicho, de rendición de cuentas. Para que lo fuera, nosotros, en el Poder Legislativo, tendríamos que hacer uso no solamente de nuestras facultades para legislar, sino sobre todo para supervisar y evaluar el desempeño del gobierno. En el Partido Verde hemos insistido una y otra vez en la necesidad de evaluar el gobierno por sus resultados, no por la cantidad de acciones realizadas, a través de un sistema de evaluación del desempeño que no deje lugar a dudas a la población sobre si el gasto público y si los actos de autoridad están sirviendo o no para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y comento esta situación porque en materia de política interior, el balance de este segundo año de gobierno es evidente que el Estado no ha sido capaz de cumplir con una de sus principales funciones, que es garantizar la seguridad física y patrimonial de los ciudadanos. Desde el inicio de esta administración hemos sido testigos de despliegues policíacos y militares en diferentes regiones del país, que si bien han sido en muchos casos necesarios, aún no tenemos certeza de cuáles han sido o serán sus verdaderos resultados. El informe de gobierno nos habla de acciones para asegurar el estado de derecho, combatir el crimen organizado y fortalecer la cultura de la legalidad, pero lo cierto es que semana tras semana, día tras día, los mexicanos son testigos de una ola de violencias sin control en nuestro país. Violencia que no solamente está afectando a los criminales involucrados, sino también de manera cada vez más frecuente a policías y militares, y desafortunadamente también a civiles. Sí, la guerra que ha declarado el Estado mexicano al crimen organizado cuenta ya, entre sus víctimas, a civiles inocentes. ¿Cuáles son las metas y cuáles serán los resultados de esta guerra contra el crimen organizado? Aún no los conocemos. Pues de forma cotidiana, el Ejecutivo federal responde una y otra vez que el crimen organizado, presionado por la labores del gobierno, está incursionando en nuevas actividades delictivas para allegarse de recursos, y se nos dice, además, que los grupos delictivos están haciendo ajustes de cuentas. Esta situación ha llevado al 89 por ciento de la población a estar de acuerdo con la necesidad de hacerse justicia por propia mano y los linchamientos ocurridos en diversas entidades de la República Mexicana dan cuenta de que esta irritación social se ha expresado no solamente como opinión pública, sino como una lamentable realidad. La impunidad no sólo expresa el fracaso y la ineficacia de nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia, sino también la falta de vinculación con la ciudadanía y la desconfianza sobre la autoridad que priva entre la población. De acuerdo con datos del Centro de Investigación para el Desarrollo, del 100 por ciento de los delitos que se cometen en México, sólo el 1.71 por ciento de ellos acaba en una consignación por parte del sistema de procuración de justicia. Y es que la inseguridad, la violencia y los índices delictivos no solamente se refieren al crimen organizado, sino que afectan la vida cotidiana y el patrimonio de los ciudadanos. El riesgo de robo con violencia en México es el más alto de todos los países comparados en la Encuesta de Criminalidad y Victimización, practicada por la ONU. México presenta también, de hecho, el índice más alto de agresiones con arma de fuego, incluso por encima de Estados Unidos o Irlanda del Norte. Por si esto fuera poco, el informe mundial sobre violencia y la salud de la Organización Mundial de la Salud clasificó a México como uno de los países violentos para las mujeres y señaló el acoso sexual, la violencia intrafamiliar, psicológica y sexual como las principales agresiones a las que se enfrentan las mexicanas. Hace mucho tiempo que los mexicanos venimos escuchando toda esta clase de discursos para combatir el crimen, limpiar las policías y detener a toda clase de criminales; pero el único resultado visible ha sido la impunidad. La delincuencia va en un aumento y afecta las inversiones, al turismo, y con ello las fuentes de empleo, el desarrollo económico y la estabilidad económica y social del país. Somos enfáticos en este punto, no pedimos detener los operativos como medida para detener la violencia que hoy vive nuestro país. Sin embargo, consideramos que la política de seguridad pública del Estado mexicano, debe ofrecer mucho más certeza sobre los resultados que se pretenden alcanzar, que el simple anuncio de que esta batalla costará muchas más vidas y que aún queda mucho por aguantar. No toda la inseguridad en nuestro país es crimen organizado, ni toda la estrategia del Estado puede reducirse a la ejecución de operativos militares y policíacos. ¿Qué pasa con el contrabando de armas? ¿Por qué no se detiene? ¿Dónde está el adecuado control de aduanas? ¿Dónde están los Ministerios Públicos que debieran defender a la mujer y hacer cumplir la ley en materia de violencia intrafamiliar? El embate de la delincuencia se ha visto agudizado, además, por un factor que sin duda es el más preocupante del estado que actualmente guarda la seguridad del país y es grado de corrupción que se vive en las instituciones encargadas de la seguridad y la procuración de justicia. Las autoridades responsables han declarado que esto no es sino el resultado de años de desatención e impunidad. Sin embargo, es justo decir que la corrupción ha alcanzado también a aquellas instituciones creadas por los gobiernos llamados de alternancia, me refiero específicamente a corrupción dentro de la Agencia Federal de Investigaciones. En el Partido Verde hemos presentado y concluyo, diputada presidenta diversas iniciativas en materia de seguridad. Nos comprometemos en este periodo a alcanzar acuerdos con todos los grupos parlamentarios para cumplir con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que firmamos hace poco. Sin embargo, no debemos olvidar que la ley por más acabada y loable que sea no será efectiva si no es aplicada puntualmente y eso, sin duda, es responsabilidad de las instituciones que dependen del Ejecutivo federal. Muchas gracias.