La diputada Laura Barrera Fortoul (vía telemática): Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La Encuesta Mundial de Salud traza la prevalencia de la discapacidad en mujeres, casi 60 por ciento más alta que la de hombres. Según datos del Inegi, en 2010 las mujeres con discapacidad representan el 51.1 por ciento; es decir, más de los 7.7 millones de personas con discapacidad en México. También producto de la mayor longevidad, según el Inegi, 1 millón de mujeres adultas mayores viven solas. Lamentablemente las mujeres con discapacidad se enfrentan a dificultades mucho más graves, tanto en la esfera pública como en la privada. Por ejemplo, obstáculos en el acceso a una vivienda adecuada, así como en los servicios de salud, educación, formación profesional y empleo. Las mujeres con discapacidad también sufren desigualdades en la contratación, las tasas de ascenso, la remuneración por igual trabajo, el acceso a actividades de capacitación y reciclaje profesional, el crédito y otros recursos productivos, y rara vez participan en los procesos de tomas de decisiones económicas. Viviendo una doble discriminación, la social y la institucional. Son invisibles en las estadísticas oficiales y en las investigaciones académicas. Son una población excluida y la violación a sus derechos humanos son una constante, más cuando se trata de acceder a la salud o a la justicia. En este sentido, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en Naciones Unidas reconoce que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación. Esta pandemia, el Covid, ha puesto en evidencia el impacto negativo desproporcionado que afecta a mujeres y niñas con discapacidad, precisamente en tiempos de pandemia. El dictamen que estamos por votar, presentado en el Senado por el Grupo Parlamentario del PRI, cobra aún mayor relevancia en esta legislatura de la paridad de género, pues la reforma al párrafo cuarto del artículo 4o. de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, cuyo objetivo es que la administración pública garantice políticas públicas para el pleno desarrollo, adelanto y empoderamiento de las mujeres con discapacidad. Sabemos que los retos son enormes y aún hay mucho camino por recorrer. Es de vital importancia que se continúen impulsando acciones que atiendan la problemática de las niñas y mujeres con discapacidad, con la finalidad de una mayor autonomía, independencia, autosuficiencia y poder de decisión, respecto de sí y de su entorno. Hagamos conciencia, pero, sobre todo tengamos mucha claridad sobre los obstáculos a los que se enfrentan nuestras hermanas con discapacidad, y con profunda responsabilidad unamos esfuerzos para brindarles un piso parejo en igualdad de oportunidades. Hagamos parte de la ley la obligación de políticas públicas que fortalezcan los derechos de las mujeres que se encuentran en una doble o triple condición de vulnerabilidad y discriminación. Anderson tiene una frase que personalmente me parece muy valiosa y que hoy pone en contexto esta reforma: No se trata de hacer más fuertes a las mujeres. Las mujeres ya son fuertes las mujeres ya somos fuertes. Se trata de que el mundo perciba esa fuerza. Muchas gracias por su atención, presidenta.