La senadora Sylvana Beltrones Sánchez: Con su venia, presidente. El 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral. Esta reforma es considerada como histórica, al ser la más trascendental en la materia desde 1917, pues aborda uno de los temas fundamentales de las relaciones labores, la justicia laboral. Estas reformas sentaron las bases para una profunda transformación al esquema de impartición de justicia laboral, en el que se garantice el acceso a una tutela judicial efectiva, así como los derechos de negociación colectiva y libertad sindical. Así, se busca dar respuesta al desfase que existe entre las instancias que imparten la justicia laboral y las necesidades y expectativas de los trabajadores, para así atender los vicios y prácticas que generan incertidumbre y obstaculizan la impartición de justicia durante el desarrollo de un conflicto laboral. Esta modernización legal habrá de contribuir a asegurar la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, así como dar certeza jurídica a los trabajadores y empleadores. Lo anterior permite no solo elevar la productividad y la competitividad económica, sino mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas. Sin embargo, para que dichas reformas cumplan con sus objetivos es urgente expedir la legislación secundaria. Recordemos que el plazo era de un año después de su publicación y el Congreso ya está en falta. Por ello, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa para expedir la Ley del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales y se reforman diversas disposiciones de otras leyes, como la del Trabajo, la de las Entidades Paraestatales, Orgánica de la Administración Pública Federal, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la del Seguro Social y la del Infonavit. La presente iniciativa responde a la necesidad de adecuar el marco legal para el pleno funcionamiento del sistema de justicia laboral, además de que buscar dar cauce a los compromisos internacionales del Estado mexicano, entre ellos los establecidos en el Convenio de la OIT para proteger a los trabajadores contra todo acto de discriminación que menoscabe su libertad sindical. También se daría cumplimiento a lo establecido en el acuerdo de Estados Unidos-México-Canadá, al garantizar el derecho de los trabajadores a participar en actividades concertadas de negociación colectiva para organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección, así como a participar en la contratación colectiva mediante la emisión de un voto personal, libre y secreto. Entonces, en este sentido nuestra iniciativa propone. Primero, la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales como un organismo público, descentralizado y autónomo. Esta institución ofrecerá el servicio público de conciliación para la solución de los conflictos laborales entre trabajadores y empleadores, individuales o colectivos, en asunto del orden federal, ofreciendo a estos una instancia eficaz y expedita para dar certeza y seguridad jurídica. La iniciativa también busca modificar la Ley Federal del Trabajo, para que la elección de dirigentes se realice mediante voto personal, libre y secreto de sus afiliados a través del procedimiento que establezcan sus estatutos, para agilizar la solución de los conflictos laborales entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y sindicatos o entre sindicatos, así como para establecer procedimientos claros y expeditos para el registro de organizaciones sindicales, contratos colectivos de trabajo, convenios de administración de contratos ley y reglamentos interiores de trabajo. También se propone que se mantengan vigentes los contratos colectivos de trabajo suscritos con anterioridad a la implementación del sistema de justicia laboral y que la entrada en vigor de los tribunales laborales, el servicio público de conciliación, tanto en el ámbito federal como en el local y los registros laborales sea en el plazo de 12 meses. En cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública, facultamos a la Secretaría del Trabajo para coordinar la integración y establecimiento de las comisiones que se formen para regular las relaciones obrero-patronales de jurisdicción federal. En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se faculta al pleno de la Corte para resolver controversias en las que formen parte el Instituto Federal de Conciliación y Registros Laborales y los centros de conciliación locales. Finalmente, en las leyes del Seguro Social y del Infonavit buscamos establecer que los conflictos entre trabajadores e instituciones sean resueltos ante los tribunales laborales o los tribunales especializados en seguridad social. En suma, compañeros, esta iniciativa completa y que retoma planteamientos hechos en el Senado de la República, nuestros compromisos internacionales, la jurisprudencia en la materia y en las opiniones de académicos y expertos. En el PRI siempre estaremos del lado de los trabajadores, apostando por la justicia laboral, que favorezca la conciliación por encima de los conflictos legales y que permita la generación de empleos. Por ello, les exhorto a que discutamos y aprobemos esta iniciativa y cumplamos con nuestra obligación que marca la ley. Muchas gracias.