El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el día de hoy se realiza la declaratoria de mayoría constitucional necesaria para la aprobación de la reforma de los artículos 22 y 73 en materia de extinción de dominio. La figura de extinción de dominio ha sido mal entendida, y por lo tanto, mal aplicada. Esperamos que con esta reforma se pueda enmendar y proceder a utilizarla como pieza clave para remontar la crisis de violencia que vive el país. Recordemos una noción fundamental: el crimen organizado y la corrupción, se mueven por ambición económica. El Estado tiene todas las herramientas para cortar de tajo la acumulación de bienes en manos del crimen organizado. La extinción de dominio persigue bienes y no personas. Para eso está la acción penal. Puede y debe convertirse en una de las herramientas estratégicas del país para abatir la impunidad, debilitar eficazmente al crimen organizado y la corrupción. En aquellos países en el que se ha aplicado, se puede hablar de un antes y de un después en materia de fortalecimiento del estado de derecho, ejemplo de ello lo son Italia, Colombia, diversos estados de la Unión Americana, entre otros. En nuestro país, desde 2008 está prevista la figura de extinción de dominio en el artículo 22 de nuestra Constitución. Sin embargo, tanto en su regulación constitucional como en la legislación del orden común, se ha incurrido en fallas e insuficiencias que han generado en los hechos una figura disfuncional, y que no ha dado los resultados que se esperaban. En términos generales, la recuperación de activos en nuestro país es insignificante, como lo ha señalado el grupo de acción financiera internacional, y cito un ejemplo: Solamente se recuperaron en el sexenio anterior, por vía de extinción de dominio, 17 millones de dólares, un promedio de 2.9 millones de dólares anuales. Una cantidad minúscula en comparación a las enormes utilidades del crimen y la corrupción. Hay que señalar, sin embargo, que las fallas y muy escasa aplicación de la extinción de dominio no solo son atribuibles al diseño legal, sino a la indiferencia, incapacidad o falta de voluntad de quienes tanto a nivel federal como local, han debido realizarla. Ante los defectos identificados en el diseño constitucional, en la LXIII Legislatura, los diputados federales del PAN, encabezaron la presentación de una reforma constitucional que sirvió como base para la elaboración de la enmienda constitucional que el día de hoy nos corresponde aprobar. El Grupo Parlamentario del PAN en esta Cámara, aprobó con reservas esta reforma, ya que los términos de su redacción final no fueron conforme a la propuesta original. Consideramos que los cambios operados en la reforma, sobre todo en el Senado de la República, fueron en demerito de esta figura, en tres aspectos principales y que son los recomendados por la Organización de las Naciones Unidas, y que por lo tanto respetan derechos humanos y prerrogativas fundamentales: Primero, se retiró la prescriptibilidad de la figura que deriva del principio general del derecho, que del fraude no nacen derechos. Segundo, se ignoró la retrospectividad que es fundamental para no legitimar acervos legítimos que provengan a la temporalidad previa a esta reforma. Tercero, se conservó la vinculación procesal con causas penales. Lo anterior es un error notable, la extinción de dominio no debe depender de ningún procedimiento de naturaleza penal. Consideramos, no obstante, que la reforma tiene un aspecto positivo, que es el mandato para la creación de una normatividad única en esta materia. Será importante que en dicha legislación de carácter general se superen las insuficiencias y omisiones señaladas. Por lo anterior, al celebrar la mayoría expresada para esta reforma en los Congresos de las entidades federativas, incluyendo el de la Ciudad de México, hacemos votos para que la aprobación de esta reforma genere, ahora sí, una verdadera política de recuperación de activos y extinción de dominio para todo el país a efecto de superar por la vía del debilitamiento financiero de la delincuencia y la corrupción, el estado de violencia endémica y de inseguridad que padece nuestro país y nuestra ciudad. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional en próximos días presentará su propuesta de Ley General de Extinción de Dominio, a efecto de dotar del instrumento pertinente para la realización de los objetivos estratégicos que, estamos seguros, se pueden conseguir para devolver la paz a nuestro país no con amnistías, sino quebrantando las finanzas de la delincuencia. Enhorabuena por este paso que hoy se confirma en el seno del Constituyente. Muchas gracias.