La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento vigente en el país regulan los contratos administrativos de obra pública y de servicios relacionados que celebran las dependencias y las entidades con los particulares. Lo anterior, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 34 de nuestra Ley Fundamental, que establece que los recursos económicos de que disponga la federación, entidades federativas y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se administrarán con eficiencia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Ordena, además, que en materia de contratación de la obra y de los servicios, el Estado deberá adjudicar contratos a través de licitaciones públicas a particulares que aseguren las mejores condiciones en precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. Actualmente los contratos de obra pública han pasado a ser instituciones jurídicas fundamentales del derecho administrativo. Se exige de ellos una buena administración, su mejor ejecución y representan una gran oportunidad para que las empresas constructoras, prestadoras de servicios se conviertan en verdaderos colaboradores de la administración pública, coadyuvando siempre en la satisfacción del interés público. Hoy por hoy somos testigos que en muchas obras ejecutadas en los diferentes estados y municipios del país se observan irregularidades y deficiencias que afectan la calidad y el objetivo de la obra pública. Situación que sin duda es lamentable y amerita la intervención del Legislativo federal. Compañeras y compañeros legisladores, no olvidemos que las obras públicas que se efectúan en nuestros estados y municipios se ejecutan con fondos públicos y su deficiente ejecución nos perjudica a todos. Por ello, como representantes de la ciudadanía tenemos el derecho de exigir a las empresas constructoras obras públicas de calidad, porque son recursos de todos los mexicanos y somos nosotros quienes a diario sufrimos las consecuencias de obras mal concluidas. Luego entonces, consideramos pertinente atender esa problemática generada por la mala calidad de las obras. Es necesario sancionar a todos aquellos que intervienen en su contratación, cuando se acredite que los trabajos ejecutados no cuenten con la calidad de vida de conformidad con la ley. Con ello, los contratistas responsables deberán rendir cuentas a la ciudadanía por la mala calidad de las obras. Si bien es cierto que en la ley vigente en la materia existen diversas causales por las cuales se establecen sanciones sobre la contratación pública, sin embargo, es conveniente prever expresamente en la propia norma que la mala calidad de la obra pública es motivo de responsabilidad y por ende, de sanciones, dado que es un elemento trascendental para que la obra pública sea funcional para la ciudadanía. En este orden, con la presente iniciativa proponemos modificar la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a fin de garantizar que las obras públicas sean de calidad y que respondan en todo momento en beneficio de nuestra población mexicana. En caso contrario, que se finquen responsabilidades y sanciones especificas a los contratistas responsables. La iniciativa que propongo tiene que ver con la demanda ciudadana del buen uso de los recursos públicos, cuya fiscalización recae en este Cámara a través de la Auditoria Superior de la Federación, que es un órgano técnico que depende de esta soberanía. Al respecto, quiero aprovechar para felicitar a todos los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de todas las fracciones parlamentarias, por el trabajo arduo y responsable realizado por más de un mes, en la que como nunca antes se trabajó para lograr los consensos necesarios para que por unanimidad se lograra una terna con los mejores perfiles profesionales y técnicos que garantizan la autonomía, independencia e imparcialidad de la fiscalización superior.