El diputado Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo: Compañeras y compañeros legisladores, alzo la voz como un ciudadano comprometido con la defensa de nuestras libertades, de la legalidad y del Estado de derecho. El dictamen que hoy se nos presenta bajo el pretexto de combatir el lavado de dinero en realidad abre peligrosamente la puerta al abuso del poder. No nos confundamos, esta reforma no fortalece la justicia, no previene el delito, no combate la impunidad, en los hechos se legaliza el espionaje, se promueve el control total del ciudadano. ¿Dónde están las salvaguardas, dónde está el debido proceso, dónde está la orden judicial que debe ser el límite ante cualquier intervención del Estado en la vida privada? Este dictamen viola estas garantías con la pluma del autoritarismo. Lo que se nos propone no es una legislación para la prevención del delito, es un instrumento para la persecución política y económica, sin contrapesos y utilizar la información de los ciudadanos al capricho, sin restricción para la autoridad. Se impone la figura de persona políticamente expuesta, para todas y todos los servidores públicos, federales, estatales y municipales, así como los que colaboran con ellos. ¿Quién decide quién entra en esta lista? Pues nada menos que la Secretaría de Hacienda, sin control judicial, sin transparencia, sin apelación. No podemos permitir que un gobierno, cualquiera que sea, tenga ese poder sin rendir cuentas. Y peor aún, se establece que todas las operaciones de estas personas serán monitoreadas permanentemente, sin causa, sin denuncia, sin orden. Este es un golpe duro a la presunción de inocencia, a la libertad individual, a la privacidad financiera, a la información personal que le confiamos al gobierno en posesión de particulares. ¿Y qué sigue, la intervención de nuestras comunicaciones, el rastreo de nuestros movimientos? Compañeras y compañeros, esto no es una discusión técnica, es una decisión moral, porque aquí no solo se trata de cumplir los estándares internacionales, sino hacerlo con responsabilidad democrática. Nadie está en contra de mejorar el marco legal contra el lavado de dinero. Escúchese bien, nadie. Pero no a costa de los derechos humanos, no a costa del federalismo, no a costa de someter al pueblo al control total de un gobierno sin límites. No hay razón suficiente para permitir que Hacienda y la Guardia Nacional operen juntos, sin control de Ministerio Público. No hay justificación para exigirle que cualquier empresa espíe a sus clientes. No hay causa justa para obligar a notarías, corredurías públicas, inmobiliarias, joyerías, empréstitos y comerciantes a asumir funciones que le competen al Estado y exponerlos a demandas y a sanciones penales. Y, lo que es más grave, no solo el fondo sino la forma. Este dictamen que se construyó con prisas sin un verdadero parlamento abierto, ignorando reservas y con una lógica que corresponde más a la imposición de poder y al mandato del pueblo, se impuso en el Senado, ¿qué creen?, la están imponiendo ahorita. Aquí, México no está para más imposiciones disfrazadas de reformas. Por eso, compañeras y compañeros, el voto de la bancada del PRI será en contra, porque esta reforma no defiende al país, lo vulnera. No protege al ciudadano, lo vigila. No fortalece al Estado, lo pervierte. México necesita leyes que combatan verdaderamente el crimen, pero siempre y cuando las instituciones respeten el derecho. México necesita justicia y libertad. México necesita reformas, pero nunca, nunca al costo de la democracia. No podemos fallarle al país con este dictamen, no se legisla así, por dignidad y por legalidad, la libertad, votaremos en contra. Es cuanto.