La diputada Gisela Raquel Mota Ocampo: Con su venia, presidente. Aquí ha hablado del trato digno a los ejidatarios y comuneros; les pregunto en dónde está el trato digno en el artículo 114 de la Ley de Hidrocarburos. Le voy a dar lectura y dice de la siguiente manera: Los asignatarios y contratistas se abstendrán de realizar directa o indirectamente conductas o prácticas abusivas, discriminatorias o que busquen influir indebidamente en la decisión de los propietarios o titulares de los terrenos, bienes o derechos durante las negociaciones y los procedimientos a que se refiere el presente capítulo. En los casos en que se acredite que el asignatario o contratista incurra en las conductas señaladas en este artículo, en más de una ocasión, estamos permitiendo entonces que esos contratistas o asignatarios abusen, discriminen, engañen, presionen, amenacen a los campesinos, o cualquier cosa que se englobe dentro de las prácticas irregulares en el procedimiento de negociación. Entonces, les permitimos que hagan por más de una vez y ya si en la segunda ocasión se acredita que incurrieron en estas prácticas, entonces estos permisos o autorizaciones, dice el artículo: podrán ser revocados o el contrato para la exploración y extracción rescindidos. Es decir, se queda sujeto a la disposición de que pueden ser revocados o pueden también no ser revocados. Nosotros estamos sugiriendo, estamos proponiendo que se elimine la palabra podrán y que se cambie por la palabra deberán ser revocados, y pretendemos también eliminar esta palabra de en más de una cosa, qué trato les estamos dando a los ejidatarios o comuneros. Este artículo va ligado necesariamente con el artículo 105 de la misma ley. El artículo 105 establece que el acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el asignatario o contratista ante el juez de distrito en materia civil o tribunal unitario agrario competente, con el fin de que sea validado, dándole el carácter de cosa juzgada. Ya tenemos entonces, en el artículo 114, un artículo que legalice el engaño a los ejidatarios y comuneros, ya el contratista o asignatario tuvo una segunda oportunidad de cometer irregularidades en el proceso. Resulta que ese contratista o asignatario tuvo la suerte de que la asignación, permiso o autorización no fue revocado o el contrato de exploración o extracción no fue rescindido. Entonces, ¿por qué no elevarlo al carácter de cosa juzgada? ¿Por qué no elevarlo al rango de cosa juzgada? Eso establece el artículo 105, establece que el acuerdo alcanzado en cualquier tiempo entre las partes deberá presentarse por el asignatario contratista entre el juez de distrito en materia civil o el Tribunal Unitario Agrario Competente, con el fin de que sea validado dándole el carácter de cosa juzgada. Nosotros pretendemos que se elimine esta frase dándole el carácter de cosa juzgada, esta situación representa un grave riesgo, pues pretende evita a cualquier costa que este sector cuente con medios de defensa posteriores a los acuerdos realizados, dejándolos en completo estado de indefensión. Y vaya transparencia que habrá en estos acuerdos, bajo las reglas establecidas en el 114. Entonces, en estos dos artículos, en concreto, yo les pregunto, ¿dónde está el trato respetuoso hacia los ejidatarios y comuneros? Tengo también la reserva de los artículos 58, 96, 101, 102, 108 y 109 del proyecto de la Ley de Hidrocarburos. El abandono del campo se ejemplifica con el hecho de que el 60 por ciento de la población sobre el país vive en el campo, situación que lejos de resolverse se intensifica por los conflictos agrarios, los cuales llevan más de 40 años sin encontrar solución, y que según la Academia Mexicana de Ciencias, hasta el año 2005 ascenderían a un número de mil. La mayor parte de los conflictos agrarios son consecuencia de los problemas con la posesión, uso o usufructo de las tierras y aguas, por lo que con la falta de una definición en la tenencia de la tierra se ha propiciado que año con año se incrementen en cantidad y en intensidad los conflictos del campo, situación que hay que tomar en consideración ya que esto en el transcurso del tiempo puede llegar a desencadenar una crisis social de mayores proporciones. Los proyectos que han hecho empresas privadas dentro de los núcleos ejidales y comunales han provocado desplazamiento de los miembros de la comunidad, quienes emigran a zonas urbanas o incluso, de forma ilegal hacia otras naciones. También provocan la destrucción y la pérdida de las tierras en las comunidades, dañando de forma irreversible los medios de subsistencia de la infinidad de familias campesinas cuyo único sustento es el trabajo en el campo. Aunado a lo anterior se resalta el hecho de que en la actualidad estamos importando ya casi la mitad de alimentos que consumimos. La acelerada descampesinización provocada por la reorientación en las políticas públicas dirigidas al campo es también una de estas causas. La explosividad social latente y la incorporación de los jóvenes del medio rural a las actividades delictivas del crimen organizado son un fiel reflejo de esta realidad. Por otro lado, en el contexto internacional la importancia que cobran el abasto oportuno del agua y los alimentos comienzan a ser elementos fundamentales de la geopolítica. Por primera vez en la historia de la humanidad los países más desarrollados cuentan con reservas alimentarias inmensas. Todos conocemos la razón, los combustibles fósiles tienen sus días contados y los biocombustibles pasará a ocupar su lugar. Es oportuno señalar que en muchos de los casos las actividades agrícolas son el sustento de las familias campesinas y estas actividades fortalecen la soberanía y seguridad alimentaria, mismas que se verán afectas, pues el sentido en el que se pretende aprobar el proyecto de reforma se corre el riesgo de seguir aumentado el destino de la tierra productiva y fértil a otros fines, como lo es la industria privada. En el artículo 58 nosotros proponemos eliminar el primer párrafo que dice: se consideran de utilidad pública las actividades y servicios amparados por un permiso. Pretendemos también la adición de un último párrafo que diga: la ocupación temporal únicamente podrá realizarse previo acuerdo de la contraprestación económica. En el artículo 96 proponemos la eliminación de la primer parte, del primer párrafo que dice: la industria de hidrocarburos a que se refiere esta ley es de utilidad pública y pretendemos modificar también ese primer párrafo en sus últimas letras adicionando: siempre y cuando exista aceptación de los afectados. En el segundo párrafo de este mismo artículo proponemos la adición de la siguiente frase: con excepción de aquellas actividades relacionadas a la producción de alimentos para el consumo humano, con el objeto de garantizar la seguridad y soberanía alimentaria, misma que será procedente solo en aquellos casos, en el momento en el que se pretenda su afectación se está destinando para los fines mencionados. En el artículo 101 proponemos también la modificación de la fracción III, que dice: la Secretaría de Energía podrá prever, el cambio de la frase preverá, la participación de testigos sociales en los procesos de negociación en los términos que señala el Reglamento. Y en la fracción IV solicitamos que se incorpore la Procuraduría Agraria cuando se trate de ejidos y comunidades. En el artículo 102 de esta misma ley proponemos igualmente la incorporación de la Procuraduría Agraria, sus facultades para supervisar el cumplimiento de los términos y condiciones pactados, así como promover las acciones que correspondan, en caso de existir cualquier tipo de irregularidad por parte de los asignatarios o contratistas. En el caso del artículo 108 proponemos su eliminación que es en donde se establece el término de los 30 días naturales para la obligatoriedad de firmar un convenio. En el artículo 109 en la cuestión de la servidumbres legales de hidrocarburos, se detectarán a favor del asignatario contratista y se regirán por las disposiciones del derecho común federal y proponemos la adición de: A excepción de las constituidas en terrenos ejidales o comunales, en cuyo caso se regirán por las disposiciones contenidas en la Ley Agraria y las controversias relacionadas con las mismas serán competencia de los tribunales federales y agregamos también o agrarios según corresponda. Y dentro de este mismo artículo, en el siguiente párrafo, proponemos eliminar la última parte del párrafo que permite abrir la participación a la vía administrativa. Nosotros proponemos que únicamente se quede en la vía jurisdiccional la decisión de las servidumbres legales de hidrocarburos. Es cuanto, presidente.