La diputada Ma. de los Ángeles Ayala Díaz: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Celebro que ya estemos en un día de trabajo, y me permito llamar su atención para que me permitan presentarles esta iniciativa. El día de hoy me encuentra en esa tribuna para hablarles de la cadena nacional. De acuerdo con la Encuesta Nacional del Consumo de Contenidos Audiovisuales, realizada por el IFT en el año de 2017, destacó que el 92 por ciento de los encuestados tienen en su casa algún aparato, llámese televisión o la radio, sacando un promedio que nos da el 1.9 por ciento y que el 56 por ciento de esta encuesta arrojó que todo este auditorio depende de la señal abierta. En este sentido, en Instituto Federal de Telecomunicaciones tiene por objeto el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes en el ámbito de responsabilidad, la llamada cadena nacional que creo que todos estamos familiarizados con ella, es la trasmisión conjunta que tiene como finalidad llevar un contenido a la mayor cantidad de audiencia posible, y es una facultad que tiene el Estado para emitir contenidos de trascendencia e interés nacional. Sin embargo, los pasos que se han dado para alcanzar la democracia han sido una lucha de décadas, en la que las distintas corrientes políticas han ocupado un lugar central. Por lo tanto, y para mantener el sentido democrático, la figura de la cadena nacional debe de ser apartada de los incentivos del gobierno federal, porque son muy sensibles a los efectos político-electorales. Esta facultad de la administración, de la trasmisión simultánea de contenidos, debe ser trasladada a la autoridad técnica especializada y autónoma, sin que pueda ser utilizada como estrategia o voluntad unilateral del gobierno en turno. La relevancia de establecer límites a la intervención del gobierno federal en la radiodifusión, conlleva la lógica de complementar valores democráticos como la libertad de expresión. Tal fue el contexto que motivó la legislación en materia de comunicación social. Sin embargo, para la trasmisión de contenidos acorde a las líneas de comunicación que la administración pública considere pertinente, se continúa respaldando la dirección editorial en los medios públicos. Ciertamente, nuestro país se encuentra en una zona geográfica especialmente vulnerable a fenómenos naturales de diferentes tipos, por lo cual las políticas de protección civil merecen un lugar especial para la atención de los concesionarios, mediante la figura de encadenamiento de transmisiones. De igual forma, permite limitantes, como la geografía –que ya se nombró– en el entendido que un siniestro no se observa necesariamente en todo el territorio nacional. En cuanto hace a la seguridad pública, es importante conservar una relación entre el gobierno federal a través de sus diferentes dependencias competentes con las demás instituciones, incluyendo al IFT, y se espera una coordinación interinstitucional. En Acción Nacional estamos conscientes de la gravedad del problema y por tal motivo presentamos esta iniciativa, que reza lo siguiente: Que sea el IFT la autoridad única para dictar la orden de encadenamiento de señal abierta, a solicitud del gobierno federal, dando inmediata atención en caso de alguna emergencia y trámite regular, cuando no sea una situación cuya gravedad lo demande. Igualmente, que se determine mediante disposiciones regulatorias los criterios para calificar una emergencia. Compañeras y compañeros, les pido su sensibilidad en esta iniciativa y les pido me acompañen votándola a favor. No me quiero retirar sin decirles lo siguiente. Sigamos con la moral alta, trabajando para las y los ciudadanos, para las niñas y los niños, y sigamos en la batalla y derrotando a la impunidad y al autoritarismo. Es cuanto, presidenta.