La diputada Beatriz Zavala Peniche: Con su permiso señor Presidente. Honorable asamblea: La adición de un Título Sexto a la Ley General de Desarrollo Social tiene como objetivo terminar la vinculación patrimonialista entre el ejercicio del sufragio y los programas sociales, poner fin a la impunidad de malos funcionarios públicos y dirigentes de organizaciones sociales, que no han entendido los nuevos tiempos de la democracia mexicana y continúan desarrollando prácticas de coacción del voto a través de la operación de estos programas. En entidades que tuvieron procesos electorales durante estos años, la SEDESOL instrumentó programas de blindaje electoral del gasto social con organizaciones de la sociedad civil, con beneficiarios de programas y la FEPADE, mediante el Convenio para la Transparencia y el Combate a la Corrupción en la aplicación de los recursos federales, en los programas a cargo de la Secretaría, consistentes en transparentar las acciones llevadas a cabo por cada una de las dependencias de la SEDESOL, con la instalación de las Mesas de la Transparencia para recibir quejas y denuncias sobre coacción del voto con los recursos de programas sociales. Además, se han desplegado jornadas por la legalidad y transparencia que contemplan acciones como reprogramar la entrega de apoyos y el resguardo del parque vehicular institucional en coyunturas electorales. En las elecciones locales del año 2004 se presentaron denuncias de coacción electoral y uso incorrecto de los padrones del Programa Oportunidades, aunque en menor proporción que en otras coyunturas electorales. Con la promulgación de la Ley General de Desarrollo Social en enero de 2004, se estableció el derecho a la denuncia popular en el Capítulo Séptimo, artículos 67 y 68 de la Ley, sin embargo, ha sido insuficiente para penalizar a funcionarios públicos señalados por coaccionar a los beneficiarios de los programas sociales por orientar su voto. En julio de 2004, la FEPADE informó que los principales delitos electorales se seguían cometiendo en el uso de los recursos públicos en campañas electorales, en la compra y coacción del voto y en la falsificación de credenciales electorales. Las entidades más afectadas por este tipo de delitos fueron el Distrito Federal, el estado de México, Chiapas, Michoacán, Jalisco y Oaxaca, entre otros. El diseño de la nueva legislación electoral a partir de 1993; la codificación de los delitos electorales en el Título 24 del Código Penal Federal; la constitución de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, en 1994; el otorgamiento al Instituto Federal Electoral de plena autonomía del Poder Ejecutivo, hizo posible el castigo penal de la coacción electoral en todas sus variantes, sin embargo, persisten las inercias de asignación de beneficios sociales a cambio de votos. Se trata de un fenómeno arraigado en las tradiciones patrimonialistas con las que el Estado Mexicano instrumentó el gasto social en el pasado; son acciones que deben ser configuradas como delito en la legislación de desarrollo social, para inhibir su reproducción. Una nueva ética del servicio público debe partir del respeto a la dignidad, ideología y capacidad de elección política autónoma de los beneficiarios de los programas sociales, sólo así se avanza en la erradicación del paternalismo y la coacción del voto ciudadano. Se hace necesario precisar con claridad y consistencia la limitación y la sanción legal a que se hacen acreedores los ciudadanos, servidores públicos, organizaciones civiles que utilicen recursos públicos del desarrollo social como instrumentos de captación de votos o de apoyo político-electoral. Deben quedar plasmadas en la Ley de Desarrollo Social para estrechar aún más el espacio de las posibles violaciones y como correspondencia al derecho de denuncia de los beneficiarios que la misma ley especifica. La adición del Título Sexto a la Ley General de Desarrollo Social sobre Sanciones por el uso incorrecto de programas sociales, tiene el propósito de proteger los programas sociales ante las coyunturas electorales y contribuir a la consolidación de una cultura democrática, sustentada en la distinción entre derechos sociales a los que debe responder una política social de Estado y derechos políticos para la elección libre y democrática de gobiernos a cualquier nivel. Por todo lo anterior, proponemos la adición al texto de la Ley General de Desarrollo Social, consistente en cuatro artículos, 86, 87, 88 y 89 que establece que los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones contravengan u ordenen contravenir las disposiciones de esta ley, serán acreedores a las sanciones de apercibimiento o amonestación y si la gravedad de la infracción lo amerita, de suspensión o remoción del cargo, se puntualiza cuando incurren en responsabilidad los servidores públicos, cuando se compruebe desviación o mal uso de los recursos federales asignados a los programas, se podrá suspender la erradicación de fondos federales e inclusive solicitar su reintegro. Las organizaciones civiles que ejercen recursos públicos o tengan bajo su responsabilidad la operación de los programas sociales, deberán observar lo establecido en la presente ley y serán sancionadas en términos de ésta y también como lo establece el Capítulo VI de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Por estos motivos creemos en la Comisión de Desarrollo Social, que la adición aprobada es pertinente y debe ser aprobada por esta asamblea. Muchas gracias.