EL C. DIP. FRANCISCO AMADEO ESPINOZA RAMOS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo expresa su beneplácito por el avance logrado hasta este momento en torno a la incorporación a nuestra legislación, de la presente Ley General de Desarrollo Social con la cual se busca proteger los derechos sociales de los mexicanos, pero sobre todo de los que menos tienen. Precisa destacar que a pesar de que nuestra legislación es tan pródiga en garantizar que los trabajadores y las capas populares estuvieran protegidas bajo el tutelaje del Estado, no contaba hasta ahora con un marco legal suficiente sobre el cual se pudieran sustentar en esta materia las conquistas sociales que los mexicanos logramos al o largo del siglo XX. El momento en el que se presenta esta ley es muy oportuno porque a nadie escapa que ante la pobreza creciente y su consecuente derivación en el deterioro de las condiciones de vida de la población como consecuencia de las políticas neoliberales de las últimas dos décadas, dicha propuesta fortalece la política social. El objetivo principal de la Ley General de Desarrollo Social es combatir las desigualdades de las poblaciones marginadas en nuestro país, articulando las diversas políticas públicas en torno a un mismo fin. Los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social coincidimos en que en este proyecto es, cito: "Un avance significativo para cumplir con la necesidad de instituir desde un marco jurídico, las medidas que permitan fincar bases sólidas que aseguren el acceso de las mexicanas y los mexicanos al desarrollo, sin que medie motivo alguno para cualquier tipo de discriminación". Por otra parte, establecer una ley marco en pro del desarrollo social para que a partir de ella la formulación de políticas públicas sean coherentes, que permitan la participación activa de los tres niveles de Gobierno en la planeación, diseño y ejecución de las acciones. La participación del sector público, social y privado será fundamental para el bien de la nación. En esta ley se destaca que los principios a los que se sujetarán los derechos sociales, son: la libertad, la justicia distributiva, la solidaridad, la integralidad, la participación social, la sustentabilidad, el respeto a la diversidad, la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, y desde luego la transparencia. Esta ley contiene lineamientos claros respecto al financiamiento de la política social, los recursos destinados no podrán ser inferiores a los del año fiscal anterior y deberán incrementarse en la misma proporción en que lo haga el Producto Interno Bruto. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo, son considerados prioritarios y de interés público. Entre los beneficios contenidos en esta ley destacan: el planteamiento de una política nacional de desarrollo sociall, con objetivos claros en torno a propiciar las condiciones que aseguren el disfrute de los derechos sociales, promover un desarrollo económico con sentido social, fortalecer el desarrollo regional equilibrado y garantizar formas de participación social desde la formulación hasta la ejecución de los programas, pasando por su evaluación y control. La conformación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, con el que se pretende evaluar la política social en todos sus ámbitos está planteada como un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, de acuerdo con la Ley Federal de las Entidades Paraestales. La instrumentación de un Sistema Nacional de Desarrollo Social, con el fin de determinar la competencia de los tres niveles de gobierno en materia de desarrollo social, al igual que concertar los esfuerzos con los sectores social y privado. La puesta en acción de la Comisión Nacional de Desarrollo Social como un instrumento de coordinación de los programas, acciones y asignación de recursos financieros para el cabal cumplimiento de los objetivos planteados en la multicitada ley; además, se plantea la integración de una Comisión Intersecretarial de Desarrollo Social como instrumento de coordinación del Ejecutivo Federal, con el fin de garantizar el diseño y ejecución de la política nacional de desarrollo social. La conformación del Consejo Consultivo de Desarrollo Social se contempla como un órgano de la Secretaría de Desarrollo Social, integrado pluralmente por la ciudadanía, con objeto de analizar y proponer programas y acciones en pro de cumplir con la política nacional de desarrollo social. Con todas estas figuras jurídicas se pretende ejecutar de la mejor manera, todas las acciones encaminadas a resolver paulatinamente la pobreza y la marginación. Para el Partido del Trabajo resulta importante que lo que el día de hoy votamos sea apoyado de manera sistemática y permanente con los recursos financieros presupuestales que se requieran o de lo contrario, al igual, que muchas otras leyes se quedará en el archivo del olvido, con todo y los buenos deseos y de las mejores intenciones de los legisladores de todas las fuerzas políticas aquí representados. Por lo expresado anteriormente, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor en lo general y en lo particular del dictamen en cuestión. Muchas gracias. -