La senadora Nancy de la Sierra Arámburo (vía telemática): Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El calentamiento global es un fenómeno que cada día hace más daño a nuestro planeta. Es preocupante, decepcionante y triste reconocer, que si continuamos esperando que el medio ambiente se sane por sí solo, no lo vamos a lograr. Tenemos que ver el ritmo en el que el deterioro ambiental está dañando a nuestras futuras generaciones. Carencias y graves peligros nos esperan. Estamos cerca de llegar a un punto sin retorno en el que los niveles del mar suben rápidamente, los gases de efecto invernadero aumentan de manera exponencial y el cambio climático es seriamente drástico. Este escenario nos obliga como gobierno a liderar la lucha contra el deterioro de nuestro entorno, a ser un ejemplo para nuestra sociedad, tomando pasos firmes y contundentes a favor de la protección de los recursos naturales. La agenda 2030 traza una hoja de ruta clara para cumplir esta misión a través de sus 17 objetivos de desarrollo sostenible y sus 169 metas, que buscan tener prosperidad económica, ambiental y social para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. Una de las metas más relevantes de este Plan Internacional es la 2.7, la cual abona al cumplimiento del ODS, 12, producción y consumo sostenible y plantea la promoción de prácticas de adquisición públicas sostenibles, de acuerdo con las políticas y prioridades nacionales. Estas adquisiciones se distinguen de las compras públicas tradicionales, porque van más allá del precio más bajo, con criterios de adjudicación en las licitaciones. Este tipo de compras desafían a las entidades del gobierno a optimizar sus gastos garantizando las mejores condiciones sociales, económicas y ambientales en sus compras. En pocas palabras, esta práctica obliga a considerar el costo financiero de productos sin dejar a un lado el costo social y climático de estos. Además, las compras públicas sostenibles tienen un impacto directo en las tres dimensiones de la Agenda 2030, en reportar beneficios económicos, ambientales y sociales, tales como la reducción de gases en futuras adquisiciones, el uso eficiente de recursos como aire y agua, la reducción de gases de efecto invernadero y la mejora de las condiciones laborales. En este sentido, nuestro país ha avanzado en materia de compras públicas sostenibles, promulgando leyes que permiten a las dependencias recompensar a las ofertas más competitivas y que cumplen con el medio ambiente. Sin embargo, compañeras legisladoras y legisladores, es momento de hacer un esfuerzo adicional a estas facultades potestativas, que han sido insuficientes para conciliar la producción y el consumo con la salvaguarda de nuestro entorno. Es momento de atrevernos a implementar medidas concretas y tangibles a favor de las ofertas más sostenibles que presenten los procesos de compras públicas. Es por eso que el día de hoy sometemos a consideración de esta asamblea la iniciativa que reforma el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para que en los casos de licitación pública para las adquisiciones de bienes, donde se utilice la evaluación de puntos y porcentajes, se otorguen puntos a las empresas que desarrollen procesos voluntarios de autorregulación ambiental, contemplados en la Ley General del Equilibrio Ecológico. Estos puntos extra ya se conceden a las empresas que contratan a personas con discapacidad o que implementan políticas de igualdad en sus centros de trabajo, por lo que este mecanismo puede aplicarse también para incentivar a las organizaciones a cumplir con sus responsabilidades frente al medio ambiente. La Unión Europea, la India y Costa Rica han materializado propuestas como esta, ofreciendo una ventaja en los procesos de evaluación a aquellas ofertas que cumplan con criterios de sostenibilidad, colocándose a la vanguardia en materia de adquisiciones... En este contexto, la aprobación de esta iniciativa representa una valiosa reafirmación del compromiso que México debe cumplir con el desarrollo sostenible alrededor del mundo, al priorizar los derechos ambientales sobre los del mercado, una obligación que hemos asumido a nivel internacional y que es un deber moral que tenemos frente a los niños y niñas de nuestro país. Concluyo invocando a las generaciones futuras que cuentan con nosotros para asegurarles un mundo seguro, un entorno saludable y recursos naturales suficientes para su subsistencia. Como gobierno debemos ser los primeros en evitar que lo barato nos salga caro. Es cuanto, señor presidente. El presidente senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Gracias senadora. Túrnese a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la Cámara de Senadores. El presidente senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar: Tiene la palabra hasta por cinco minutos la diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 36 Bis de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.