El diputado Mario Alberto López Hernández: Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que hoy discutimos se fundamenta, principalmente, en la necesidad de seguir avanzando en los principios de austeridad y racionalidad del gasto público que los ciudadanos han venido expresando de manera reiterada en las urnas. La austeridad no solo es esencial para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también para fortalecer la confianza que las y los ciudadanos depositaron en el proyecto de transformación de la vida pública que hemos venido construyendo desde el 2018 y que queremos seguir consolidando. En este contexto, economizar no significa reducir la calidad del servicio para limitar los derechos de las personas, por el contrario, significa hacer más con menos, utilizar con eficiencia los recursos disponibles para lograr el mayor beneficio posible. Sabemos que cada peso que se destina al presupuesto público proviene del esfuerzo de las y los trabajadores y de las empresas a través de sus impuestos. Por ello, como servidores públicos tenemos el deber moral de maximizar su impacto, evitando el despilfarro y priorizando las necesidades más urgentes. En este sentido, realizar una gestión de los recursos responsable, implica identificar áreas donde los procesos puedan optimizarse, promoviendo la digitalización de trámites, reduciendo duplicidades y priorizando proyectos de inversión con impactos medibles. Reitero, un gobierno eficiente es aquel que puede hacer más con menos, sin comprometer la calidad del servicio público ni los derechos de las personas. En el pasado se promovió altamente la creación de órganos constitucionales autónomos para atender diversos asuntos cuyo despacho correspondía al gobierno con el argumento que este no podía hacerlo de manera imparcial y eficiente. ¿Cuál fue el verdadero motivo de la proliferación de estos órganos? Pues que aseguraban los negocios de la elite mediante cuotas en beneficio de intereses particulares y en detrimento de los intereses de las y los mexicanos prometieron que tendríamos una mejora en la administración de los recursos públicos, pero hicieron todo lo contrario. Esta situación afectó gravemente a la ciudadanía, pues no solo se ha desperdiciado una gran cantidad de dinero público, sino que día con día siguen enfrentando trámites interminables ante estos órganos, largas esperas, respuestas inconsistentes o falta de claridad sobre a dónde acudir para resolver sus necesidades. En el contexto actual, donde la eficiencia en el uso de recursos públicos es una exigencia ciudadana, debemos garantizar que la administración pública su propósito es de servir al bien común. Debemos eliminar la duplicidad de funciones que realizan estos órganos autónomos y fomentar la coordinación entre las dependencias del gobierno para atender los asuntos en estas entidades. Por eso es importante la aprobación de este dictamen, porque necesitamos dependencias comprometidas con el interés colectivo, no con el beneficio económico de unos cuantos. Esta reforma constitucional modifica las atribuciones de cada dependencia, para identificar y eliminar áreas de sobreposición, consolida funciones, clarifica responsabilidades, lo cual genera un impacto positivo en el servicio que se brinda a los ciudadanos, quienes merecen un gobierno ágil, transparente y financieramente responsable. La administración pública debe ser el reflejo de la eficiencia que deseamos para nuestra sociedad. Si trabajamos juntos optimizando recursos, enviamos un mensaje claro de que nuestra prioridad es servir a la ciudadanía de manera posible. Juntos podemos lograr una administración pública que sea ejemplo de austeridad y buen gobierno. Además los ahorros que se generen con la eliminación de estos órganos serán asignados al Fondo de Pensiones del Bienestar, priorizando con ello el bienestar de las y los trabajadores que ahorraron para su retiro bajo el esquema de las Afores y que no tienen acceso a una pensión digna. Estas personas han dedicado su vida al desarrollo del país, las y los maestros, médicos, obreros y servidores públicos han contribuido a construir la nación que hoy tenemos, es justo que al llegar a la etapa de retiro cuenten con un sistema de pensiones que les ofrezcan seguridad y dignidad. Redistribuir recursos hacia el Fondo de Pensiones es un acto de justicia y una inversión en el Estado de bienestar social que queremos para nuestro país. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, muchas gracias.