El diputado Mario David Mex Albornoz: Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Con el permiso de la Mesa Directiva. En el Grupo Parlamentario de Morena tenemos que señalar algunos puntos en los que no coincidimos en el tema que se está tratando. Voy a dar esos puntos en los que no coincidimos. No estamos a favor de que este Congreso exceda lo estipulado en la legislación secundaria, como es el caso de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que mandata que la Unidad de Transparencia contará con un titular de la misma, no dos, ni mucho menos disfrazado de suplente o secretario ejecutivo, figura que solamente la contemplan los órganos garantes y específicamente el sistema nacional. Aunado a esto, consideramos que debe existir un procedimiento para la elección de dicha titularidad. Proponemos que se abra convocatoria pública en el que participen instituciones y organizaciones de la sociedad civil, y sea la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados la que entregue las propuestas a la Junta de Coordinación Política, con base en un perfil idóneo en la materia, como ya se realiza con otras designaciones. Asimismo, en esta propuesta de reglamento se establece que la titularidad y la suplencia tendrán una duración de cuatro años y podrán ser ratificados por un periodo igual. Dicha temporalidad es mayor que la del propio secretario general de esta Cámara de Diputados. Del mismo modo, carece del proceso para su ratificación o en su caso para su remoción. Tampoco estamos de acuerdo en la creación de cuatro direcciones que resultan ser más parte de la generación de un aparato burocrático, del apoyo para garantizar el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales y una estructura a modo, repartida entre el titular y el suplente, que además su ingreso no queda sujeto a un proceso de selección específico. Por otro lado, consideramos fundamental que quien presida el Comité de Transparencia sea el titular de la Unidad de Transparencia, quien tiene conocimiento de las solicitudes de acceso y de proponer la mejora para el logro de las obligaciones de transparencia, que son aplicables a la Cámara de Diputados y no al secretario de Servicios Administrativos y Financieros cuyas funciones son otras, tal como se había analizado con la propuesta que se envió del CIDE y en la que diversos grupos parlamentarios opinamos. Por otro lado, observamos que el Anexo 1 denominado Tabla de aplicabilidad no debería ser un anexo del Reglamento, sino ser parte del cuerpo del texto legal, naturaleza propia de la creación de este ordenamiento. Estamos a punto de aprobar un Reglamento de Transparencia con vacíos legales. Si no rectificamos a tiempo, en lugar de que esta normatividad permita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, se abrirá la puerta a que por acuerdos políticos se determine cuál información sí y cuál no se pueda transparentar. Con estos comentarios pretendemos enmendar el error que se está por cometer de iniciar el nombramiento de un titular de la Unidad de Transparencia a modo, con el fin de preservar y cuidar que permanezca en la opacidad la información que puede comprometer a quienes hoy tienen la mayoría en esta Cámara. Ese cargo debe ser ocupado por una persona experta en el tema de transparencia y protección de datos personales y, sobre todo, por una persona que pueda actuar con total apego a la ley y con total independencia de intereses partidistas. Por lo tanto, se les pide su voto en contra, compañeras diputadas, compañeros diputados. Es cuanto.