El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores y legisladoras, ciudadano presidente: el tema que hoy nos ocupa es preponderante. La figura del amparo contemplado en nuestro ordenamiento jurídico mexicano, ha significado un referente importante para la ciencia jurídica en general. Es un producto de exportación que sirvió de molde para muchos países en la protección de los derechos fundamentales y que fueron instituidos a través del derecho internacional de los derechos humanos. El juicio de garantías, así como la práctica jurisprudencial en nuestros tribunales federales, constituyen sin duda alguna las garantías políticas institucionales más importantes para hacer reales, eficaces y prácticas las previsiones establecidas en la Constitución. Nuestra institución jurídica, amparo, tiene ya 166 años de vida, encuentra su origen en el acta de reforma del 47. Recordemos que estando el país en plena guerra, en el 46 se instaló un nuevo Congreso Constituyente cuya comisión de constitución estuvo integrada por aquellos ilustres mexicanos Mario Otero, Crescencio Rejón, Joaquín Cardoso y Pedro Zubieta. Estos tres últimos pugnaban por el simple restablecimiento de la Constitución del 24, no así Mariano Otero que en su voto particular proponía la restauración del ordenamiento fundamental de 1824, con adiciones y reformas dentro de las cuales incluía el reconocimiento de derechos del hombre y de guisa importante, un control mixto de la constitucionalidad con el que daba nacimiento al juicio de amparo. Así se sentaron las bases para la interposición del primer juicio extraordinario en nuestro país, el cual sustanciado por el periodista y editor Vicente García Torres en 1847, por su aprehensión por el general en jefe del Ejército de oriente, el fiscal era José María Casasola. El amparo, García Torres obedeció, según lo explicó minuciosamente en un informe el fiscal a las órdenes de aprehensión que giró Santana para callar a la prensa, fíjense ustedes, para callar a la prensa, la cual había criticado y protestado por la derrota y firma del tratado que reconocía la segregación de Texas. En sus inicios el amparo carecía de una debida regulación, pero eso no fue obstáculo para que estos connotados juristas dignificaran la carrera judicial y avanzaran en la construcción del Estado de derecho. Desde entonces, el amparo se ha ido arraigando con mayor fuerza en el imaginario popular y la tradición jurídica vernácula, adecuándose a las nuevas circunstancias políticas económicas, sociales y culturales, y representando por ello una piedra de toque de las expectativas de justicia y de desarrollo individual y colectivo de la nación mexicana. Hoy, curiosamente queremos olvidar todo el origen de la Ley de Amparo. En lo personal yo votaré en contra por varias razones. A pesar de que no niego que hay en algunos rubros avances importantes, hay cosas inaceptables, hay figuras jurídicas que se suprimen que no pueden, de ninguna manera, aceptarse. Nosotros vamos a votar en contra al menos en lo particular, y vamos a reservar 13 artículos que nos parecen muy graves si se aprueban. Por esa razón nosotros queremos expresarle a los legisladores que es muy grave, es una verdadera irresponsabilidad que casi a año y medio después de haber recibido la minuta del Senado, no se haya dado pie a la interacción de ideas, al consenso, al disenso, al enriquecimiento del proyecto, a la organización de foros, paneles, seminarios, conferencias o reuniones de expertos en la materia para apuntalar el contenido de la minuta. Nos parece muy grave la premura, por eso interpusimos la moción suspensiva. Aquí hay abogados litigantes, investigadores y académicos, y saben que no me falta la razón al decirles que están cometiendo un grave error de aprobar este instrumento jurídico. Sólo voy a comentar uno muy breve, que es el artículo 129. De las propuestas de modificación de la minuta del Senado, relativa a la Ley de Amparo, destaca por su importancia lo referente a la figura de la suspensión de los actos reclamados regulados en este artículo. En el artículo 129 se especifica; Cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, porque es muy difícil precisar estos dos conceptos, por ello la Ley recurre al amparo existente a la ejemplificación. Se introducen cambios en estos conceptos de orden público e interés social, determinando que no procede la suspensión en casos muy claros y obvios, como cuando se afectan intereses de menores o incapaces o bien se impide el pago de alimentos, situaciones que ya son reguladas por la jurisprudencia, pero en la fracción XIII se incorpora un señalamiento relativo a que no procede la suspensión cuando se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo de la Federación a que se refiere el artículo 27 constitucional. Este último señalamiento es fundamental y causará gran controversia, pues los actores económicos más poderosos recurren con frecuencia al ajuicio de amparo y a la suspensión para combatir los actos que consideran lesivos a sus intereses. El ejemplo más claro de esto son las licitaciones para concesionar el uso del espacio situado sobre el territorio nacional, en esencia el espectro radioeléctrico, pero también comprende sectores fundamentales de la economía, como la minería y el petróleo, y lo más grave, compañeros, las comunidades agrarias, las comunidades indígenas, los ejidos y el régimen de fraccionamientos. Esta disposición confiere al Estado un gran control sobre todos y sobre todos los aspectos de la economía, pues al no ser procedente la suspensión las determinaciones de las autoridades se ejecutarían y se resolverían hasta el fondo del amparo, pero mientras no se conceda la suspensión tornarán económicamente las empresas. Para el Poder Judicial de la Federación, la aplicación de esta disposición no tiene ninguna relevancia, es neutra, pero para los grandes actores con preponderancia y fortaleza económica pueda significar la pérdida o disminución de medios para obstaculizar o detener las actuaciones de la autoridad en esta materia. La pugna es el control estatal frente a los intereses económicos. Podrían decir, ¿y por qué el Movimiento Ciudadano está en esta posición?, porque defendemos el estado de derecho. Podríamos ser las víctimas y podríamos ser los más ofendidos con las televisoras. No lo hacemos por vendetta. Si se habla del estado de derecho hay que defender el estado de derecho. Pero les digo a los de la campesina, a los de la CNC, yo litigué mucho tiempo en materia agraria. ¿Saben ustedes que se suprimen de un plumazo los derechos de las comunidades indígenas, saben ustedes que podrán ser despojados y no se les otorgará la suspensión de los actos reclamados a comunidades y a ejidos? ¿Saben ustedes que después de la notificación, a los siete años no tendrán ningún derecho los ejidos y comunidades? ¿Saben ustedes el perjuicio que le causarán a los ejidos y comunidades, por afectar a las televisoras, por afectar a los concesionarios de minas, por afectar y controlar a los concesionarios de aguas? Se están llevando entre las patas también a las comunidades más pobres del país, que necesitan la protección y la tutela del Estado, las comunidades indígenas y las comunidades ejidales. Reflexiónenlo bien, porque la historia no perdona y los abogados, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, las escuelas de derecho, los litigantes no han tenido voz en este proceso. Ellos deben opinar, ellos deben de estar aquí discutiendo, los expertos, y no simplemente aceptar las presiones fácticas. Hay de los dos lados. Acepto. Hay presiones del gobierno porque se apruebe y hay presiones de los poderes fácticos porque no se apruebe, pero nosotros actuaremos, como siempre, en congruencia. No votaremos a favor de este instrumento apresurado que lesiona a las comunidades y al país.