EL C. DIPUTADO JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS: Con su venia señor Presidente. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Con fundamento en el Artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito exponer la fundamentación del Dictamen de la Iniciativa por la que se Reforma y Adiciona la Fracción VI del Artículo 333 de la Ley General de Salud en materia de Trasplantes. Actualmente existe la necesidad de promover una cultura de donación a fin de que un mayor número de personas puedan, y en su caso, estén conscientes de querer ceder a otras sus órganos. Los trasplantes de órganos constituyen un logro muy importante en el campo de la Medicina vinculado históricamente al propio desarrollo cultural de la humanidad con el deseo irrefrenable de perpetuarse. El trasplante de un órgano al tener por objeto restituir las funciones perdidas, representa una gran alternativa terapéutica, ya que en muchos pacientes tiene claras ventajas sobre otras medidas por ser en la mayoría de los casos la única que puede salvarle la vida y recuperar la calidad de la misma. La carencia de una cultura de donación de órganos hace más difícil solucionar un problema que está en manos de todos y condena a miles de personas a la muerte. Hoy en día surge una dificultad en la necesidad de donantes vivos, los cuales tienen que tener cierto parentesco; éste es un gran obstáculo que llega a convertirse en un problema médico y social el cual constituye la insuficiencia de órganos y tejidos frente a la gran demanda que de ellos existe en México. Actualmente 17 mil enfermos renales esperan un donador para transplante. Esta situación, como lo mencionaba, llega a provocar que miles de personas fallezcan al año. Dicho problema se tiene que abatir y esto no puede solucionarse si no es con base en la solidaridad de todos. La vida de muchos pacientes depende de la posibilidad de conseguir un órgano y en este sentido la propia sociedad demanda flexibilidad y amplitud en las que deben encontrar un donante, ya que esto facilitaría y daría rapidez y viabilidad al proceso de transplante al que enfrenta cada paciente. Hoy en día ya se cuenta con el personal capacitado, así como el material necesario para la realización de transplantes; por otro lado contamos con un Centro Nacional de Transplantes y los centros estatales, que permiten la actuación oportuna y eficaz del personal de distintas instituciones y centros hospitalarios en los cuales impera una fisonomía humanista, mismos que tienen lineamientos, políticas y procedimientos que facilitan la donación y el transplante de órganos y tejidos. Es pues trabajar sin ánimos de lucro aprovechando honesta y eficientemente los recursos bajo una atmósfera cordial y profesional lo que impera en todas y cada una de estas instituciones, en donde el fin primordial es apoyar e impulsar proyectos que conlleven el beneficio directo de pacientes con insuficiencia orgánica o titular. Estamos convencidos que los transplantes se realizan y se seguirán realizando con apego a primordiales principios como son: el altruismo, el respeto a la vida, el derecho y protección a la salud, el derecho que se tiene a la calidad de vida y sin lugar a dudas el derecho a la dignidad integral de la persona. En tal sentido, bien sabemos que está tipificado en el artículo 327 de la Ley General de Salud la prohibición de lucro en cualquier acto de donación. Por otra parte, es difícil sustentar la posibilidad de que esta modificación facilitará el tráfico de órganos, dado que para extraer un órgano útil se requiere de una infraestructura tecnológica que sólo existe en las grandes urbes. Es pues un gran logro el poder realizar transplantes en nuestro país. Cabe destacar que de los 31,104 que se han realizado en la historia en México, de ellos en el 2002 y 2003, tan sólo 4 mil se realizaron, cifra que no es suficiente con los casos que demanda nuestra sociedad, hay que considerar que existen personas que al no tener un familiar que les pueda o les quiera donar un órgano, su situación se torna crítica por el tiempo de espera de un órgano de procedencia cadavérica. En este sentido, consideramos que el hecho de que el donante no fuera familiar pero que ésa donación fuera con el espíritu de solidaridad, sin el fin del lucro, estaría perfectamente ubicada dentro de los principios básicos que establece la propia Constitución Política de nuestro país. En muchas ocasiones se ha mencionado que el costo del transplante es muy alto, sin embargo les puedo decir que en el caso de un transplante de riñón el costo de toda la acción quirúrgica y lo que esto conlleva corresponde a un cuarto del gasto que se requiere por un año de hemodiálisis en un paciente renal. Como se puede observar, es además una gran opción de poder acceder a un transplante y de una disminución de los costos del mismo. Por lo mencionado anteriormente, actualmente tenemos que considerar que en consecuencia de que el proceso de donación y transplante debe de apegarse a la legislación para que de esta forma se dé garantía de la higiene y sanidad de dicho proceso, en este sentido nuestra actual Ley General de Salud en el artículo 333, en su fracción VI, plasma a los únicos candidatos a donantes para realizar transplantes, que son aquellos que tienen cierto parentesco con el receptor; que regularmente son personas ligadas por consanguinidad, excepto en el caso de transplante de médula ósea, descartando y obstaculizando así aquellos terceros que tengan la posibilidad por compatibilidad y voluntad de hacerlo con el paciente que lo desee. Además, el 8 de abril del presente año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un fallo de un amparo en donde determinó que el transplante de órganos entre personas vivas puede llevarse a cabo, aún si donador y receptor no son familiares. Esta determinación se volvió a repetir en el mes de noviembre; este precedente no debe de dejarse de lado, dada su trascendencia, ya que si no se toma en cuenta, solo ayudará a que los pacientes que requieren de una donación y no puedan obtenerla de parte de un donador no relacionado, promuevan demandas de amparo contra negativas a la autorización para sus transplantes. La Ley General de Salud establece todo un sistema que tiene como objetivo tener un control de los transplantes de órganos que se efectúan en el país. Los requisitos contenidos en la norma ya mencionada, consistentes en que el donante tenga una relación de parentesco o concubinato con el receptor, no debe de ser indispensable. Sabemos que la existencia de una relación de parentesco o concubinato permite presumir que una persona, ante la carencia de salud e incluso el peligro de vida de que su pariente pierda la vida, le done un órgano motivado por su ánimo de altruismo, solidaridad y afecto, pero consideramos que también es cierto, que no solo en los familiares se puede presentar este ánimo de solidaridad desinteresada. En este contexto, se debe de considerar que de no existir el obstáculo que pone dicho artículo para el donador, cualquier persona sujetándose a los estrictos controles que establece la Ley General de Salud, tenga la compatibilidad aceptable con el receptor sin que se vea afectada su salud y motivada por un ánimo de altruismo y solidaridad, podría decidir de manera libre donar gratuitamente un órgano. Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que existe una gran cantidad de personas en espera de un órgano que les permita mejorar su calidad de vida, por lo que no se encuentra justificación para negar a terceros que no tengan parentesco alguno con el receptor, sobre todo que en la Ley General de Salud se establecen otras medidas que permiten un control estricto de las instituciones, de los médicos y de las personas involucradas en el transplante de órganos, sistema que integralmente se encamina más que nada, a evitar el comercio de órganos. En virtud de lo anterior, resulta fundamental que los legisladores apoyemos esta iniciativa que promueve un fin en pro de todos y cada uno de nosotros y que no contraviene a los principios de calidad y dignidad humana. Señalaríamos también, una solicitud de modificación al artículo Transitorio que dice: "el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". En el segundo párrafo de la fracción VI del 333: entrará en vigor en el momento de que el reglamento de la ley indique que autoridades o personas designe la Secretaría de Salud y solicitamos que diga como único: "el presente decreto entrará en vigor a los 30 días hábiles después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tiempo en que la Secretaría de Salud expedirá el reglamento respectivo". Muchas gracias. -