LA C. DIPUTADA ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el premiso de la Presidenta. Señoras y señores diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo bajo las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Es un hecho que los sectores más golpeados por la crisis cíclicas que durante las tres últimas décadas ha padecido la economía mexicana han sido los indígenas y campesinos, cuya economía familiar por años basada en la explotación del campo ha resentido severamente los efectos de la crisis. A la crisis económica, habría que sumar el abandono del agro mexicano por parte del Gobierno Federal, el cual lejos de llevar a cabo la consolidación de la Reforma Agraria Integral, dio inicio a una contrarreforma que busca convertir al ejido en propiedad privada para beneficio del capital. Tal medida estuvo lejos de lograr la pretendida modernización del agro mexicano y significó un fuerte golpe dirigido a millones de campesinos, toda vez que implicó nuevas formas de tenencia de la tierra que incidieron en la excesiva fragmentación de los terrenos; ante ello se propuso la reagrupación de predios como requisito del modelo para conseguir la capitalización del campo y elevar la productividad agrícola. La falta de apoyo al campo, aunado a la indiscriminada apertura económica iniciada en los años 90´s, así como la prolongada sequía que afectó extensas regiones, principalmente en el norte del país, provocó que las actividades agropecuarias hayan caído en una situación de verdadero desastre productivo, financiero, de comercialización y consecuentemente en el deterioro de las condiciones de vida y trabajo de más de 5 millones de familias campesinas, además de la constante expulsión de población rural algunos a los Estados Unidos de Norteamérica y otros a las principales ciudades del país, que se tradujo en el crecimiento anárquico de ciudades como el Distrito Federal y Guadalajara, por nombrar algunas, dando lugar al crecimiento de la demanda de empleo que el modelo económico neoliberal adoptado ha estado lejos de garantizar. Dentro de las escasas acciones gubernamentales para amortiguar los efectos negativos de la crisis en la población en extrema pobreza, fue creado a principios de la década de los 90 el Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad, que sin ser una panacea sí se convirtió en una alternativa viable para miles de mexicanos víctimas de la aplicación de políticas económicas orientadas a favorecer al gran capital. En su origen el FONAES se concibió como una forma de capitalizar el trabajo de los campesinos y grupos urbanos que por sus condiciones de pobreza no eran sujetos de crédito por las instituciones bancarias, por lo cual correspondió al Estado realizar las aportaciones de capital de riesgo y crédito. Con dicho programa muchas comunidades rurales y colonias populares tuvieron la opción de organizarse y formar empresas para desarrollar actividades productivas e impulsar la economía a través de la elevación de las actividades propias del campo y de las que se desarrollan en el medio urbano popular. Durante algunos años el programa logró la articulación e incorporación al sector productivo de la economía de amplios núcleos de población en extrema pobreza, cubriendo en parte la deuda social del Estado hacia millones de mexicanos Sin embargo, el programa no estuvo ajeno a intereses partidistas y en más de una ocasión fue usado con fines proselitistas por el partido en el poder. En ese entonces, asimismo, pronto también estuvo influida por criterios de evaluación eficientista por parte de la tecnocracia que arribó al poder, sin considerar el carácter social del programa. El FONAES que surgió como una opción para que los campesinos, indígenas y grupos urbanos en extrema pobreza a partir del apoyo a empresas formadas por grupos de escasos recursos, bajo el principio de desarrollar una actividad que se enmarca en la solidaridad y plena responsabilidad de las personas que se asocian para desarrollar actividades productivas y mejorar sus condiciones de vida, objetivos que con mucho rebasan la actividad empresarial y obtención de utilidades. Pronto se vio inmerso en un laberinto burocrático imbuido de complicadas reglas de operación que terminaron por quitar la oportunidad en la obtención de fondos y recursos. Aunado a lo anterior muchas de las empresas formadas bajo el esquema del FONAES, no escaparon a los daños provocados por la crisis económica originada por el conocido error de diciembre de 1994. De esta manera la falta de oportunidad en la entrega de los recursos financieros para el apuntalamiento de las empresas en solidaridad y los efectos provocados por la crisis que padeció el país en 1994-95, incidieron en que muchas de las empresas se descapitalizaron y no contaron con recursos para seguir operando adecuadamente. Debemos tener presente que el FONAES tiene como misión, de conformidad con lo señalado en las reglas de operación, el impulsar empresas y proyectos productivos viables para la población a través del desarrollo de su capacidad empresarial, estableciendo entre otros objetivos favorecer la creación y consolidación de empresas sociales y proyectos productivos de carácter social. Promover el mejoramiento de capacidades empresariales y técnicas de quienes integran los proyectos y empresas; facilitar la integración de empresas y cuyos grupos sociales en cadenas productivas para promover su productividad y mejorar sus condiciones de participación en los mercados; así como complementar la capacidad y la iniciativa de los beneficios. Hoy, cuando se vislumbra nuevamente una crisis económica, el actual gobierno lejos de retomar el FONAES tal como se concibió, como un programa con un alto contenido social que ataca realmente al problema de la pobreza y la marginación, con una propuesta que busca combatir las causas que generan la exclusión y la marginación, busca recobrar a toda costa los créditos que en su momento destinó a las empresas beneficiarias del FONAES. En tal virtud, con una diligencia que nunca mostraron con los banqueros y empresarios que mediante el FOBAPROA defraudaron al país, que hoy se significa en una enorme carga fiscal que debemos cubrir todos los mexicanos, las autoridades han emprendido una vasta operación para recuperar las escasas propiedades de quienes fueron beneficiarios del FONAES, aun cuando los montos adeudados en ocasiones no rebasan los 800 pesos, adeudos que en su conjunto están muy lejos de equipararse a las decenas de miles de millones de pesos que se embolsaron los banqueros y empresarios . Compañeras y compañeros diputados: si con los recursos públicos el gobierno federal ha atendido, bajo el argumento del interés público, el rescate de los banqueros, el de los empresarios carreteros y muy recientemente el rescate de los empresarios azucareros, destinando para ello miles de millones de pesos, porqué no exigir, en un acto de verdadero interés público y social, acuda en auxilio de las miles de familias mexicanas que por causas atribuibles al propio Estado hoy se encuentran en condiciones de extrema pobreza y con adeudos al Fonaes. Con ello, no dudemos, se está cubriendo parte de la enorme deuda social que el gobierno tiene con millones de mexicanos. Estamos seguros que, a diferencia de los empresarios rescatados, estos miles de mexicanos, con su trabajo, sabrán corresponder al país. Por lo anteriormente expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acude a esta tribuna para plantear el siguiente punto de acuerdo. Artículo 1º. Que esta soberanía solicite a la Secretaría de Economía que condone los pasivos de los deudores del Fonaes; asimismo, que dicha Secretaría se desista de las demandas judiciales interpuestas, independientemente de la fase procesal en la que se encuentren. Artículo 2º. Que esta honorable asamblea nombre una comisión especial, con una composición plural, para que conjuntamente con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas en Solidaridad defina los mecanismos necesarios para resolver la situación de las empresas sociales que actualmente presentan problemas de adeudos. Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, los diputados que la integran. Es cuanto.