El diputado Óscar Ferrer Abalos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ¿sabían ustedes que los legisladores de este honorable Congreso conservan facultades que datan del siglo XIX? Algunas tan anacrónicas como aquella que nos otorga la fracción XVII del artículo 77 constitucional para dictar leyes sobre postas y correos. Es justo esa fracción XVII la que pretendemos reformar a partir de la presente iniciativa. En el mismo enunciado y bajo el mismo nivel jerárquico de las postas y correos se encuentra nuestra facultad para dictar leyes sobre aguas de jurisdicción federal. Lo anterior se explica porque en aquella época los correos, la recaudación postal, los impuestos sobre la navegación de las aguas interiores, así como los actos de desecación de lagos y canales representaban un factor de desarrollo económico. Hoy día, de entre todas estas facultades expresadas por la fracción XVII, sólo aquella orientada a dictar leyes sobre las aguas de jurisdicción federal sigue siendo importante y pertinente; y aun así esta facultad queda rebasada por la realidad y por otras disposiciones constitucionales, porque además de las aguas nacionales persiste la necesidad de legislar sobre las aguas de libre alumbramiento, sobre las aguas de lluvia que se aprovechan en forma directa, sobre las aguas residuales, sobre las aguas del mar desalinizadas, sobre afluentes de ríos y manantiales, sobre esteros, pantanos y humedales, máxime si el párrafo sexto del artículo 4o. constitucional nos impone la obligación de establecer la concurrencia de estados y municipios, y la participación ciudadana orientada al acceso equitativo y al aprovechamiento sustentable del agua como base y requisito para garantizar el derecho humano al acceso y saneamiento del agua. La reforma que consagró este derecho nos impuso también la obligación de expedir la Ley de Agua de carácter general, a través de un artículo Tercero Transitorio, que en la trayectoria moderna de nuestra Constitución se han promulgado 31 leyes de carácter general con temas de enorme importancia, como la salud, educación, cambio climático, población, erradicación de la violencia hacia las mujeres, trata de personas, protección civil, por citar algunas, además que los lineamientos a observar establecen un sistema de concurrencia y competencia para el ámbito local y federal. En los casos que así se ameritaba estos cambios se acompañaron o fueron antecedidos por reformas al artículo 73, a fin de corresponderse con las facultades de los diputados y los senadores. Esto mismo debe suceder en el caso de discutirse una Ley General de Aguas, porque es claro que el Congreso no tiene facultad explícita de legislar y expedir leyes que establezcan la concurrencia y áreas de competencia de los estados, municipios, el Distrito Federal y las instancias de participación ciudadana en materia de agua. En la pasada legislatura se presentaron tres iniciativas para expedir la Ley General de Aguas, una de ellas generó una enorme polémica y oposición por su contenido privatizador. El contenido sustancial de la misma se contraponía a lo establecido en el artículo 4 de nuestra Constitución. Sin embargo, y con independencia de su contenido, cualquier iniciativa de haber sido dictaminada, aprobada y toda vez convertida en decreto, pudo haber sido fácilmente controvertida en la Suprema Corte de Justicia, justo porque los legisladores carecen de facultades explícitas para legislar en la materia. En el PRD queremos ser muy enfáticos, por lo que reiteramos nuestra oposición a la privatización de este bien público que es el elemento fundamental y sustento vital, y en este postulado coincidimos con varios grupos parlamentarios. Pero no basta oponerse, tenemos también que generar un marco normativo para garantizar la realización efectiva del derecho humano al acceso al agua y su saneamiento, porque el sistema de concesiones amparado en la ley vigente sigue permitiendo la enorme contaminación y propiciando la sobreexplotación y concentración del recurso. Tenemos que atender este gran pendiente legislativo, con una amplia discusión académica y ciudadana, legislando por el bien del conjunto de la nación y no tan solo por un grupo de intereses. Pero lo tenemos que hacer, sobre todo, con pleno apego a la legalidad, sin albazos ni atropellos al Reglamento de esta Cámara y, fundamentalmente, sin ningún vicio ni indicio de anticonstitucionalidad. Es cuanto, señor presidente.