La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy presento aborda uno de los temas fundamentales en el cimiento de toda sociedad, me refiero a la seguridad social que en nuestro país es reglamentada con la Ley del Seguro Social. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases para propiciar un marco jurídico de protección a los trabajadores y a sus familias con un claro sentido tutelar, procurando mejorar su nivel de vida, estabilidad y certidumbre, mayores oportunidades de empleo y salarios más elevados, mejores y más equitativas condiciones al momento de su retiro laboral. En tal sentido, la legislación secundaria vigente debe trazar las líneas generales de la finalidad que persigue la seguridad social constitucional, estableciendo que debe garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, a lo cual se le denomina Seguro Social, definido por la ley como el instrumento básico de la seguridad social y se le establece como un servicio público de carácter nacional. Para cumplir con tales propósitos, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con cuatro ramos de aseguramiento: invalidez, vejes, cesantía en edad avanzada y muerte, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, así como guarderías. A pesar de estas realizaciones, se debe reconocer que para constituir el sistema de seguridad social que requieren hoy las mexicanas y los mexicanos y necesita México y este siglo XXI, es indispensable corregir deficiencias, superar limitaciones y sentar bases sólidas para que la seguridad social sea en mayor medida la vía por la cual avancemos hacia la eficacia plena de los derechos sociales. Lo anterior es lo que me motiva a proponer la modificación de los dos preceptos normativos que a continuación planteo. Es un hecho que cada vez somos más las mujeres que trabajamos, en gran medida para lograr nuestro propio desarrollo personal, pero también y muy importante para poder brindar a nuestra familia mejores oportunidades y calidad de vida a través de un mayor ingreso familiar. Nuestro trabajo y aportaciones deben poder ser disfrutadas por nuestros compañeros de vida y familia. Por tal motivo, encuentro en la Ley del Seguro Social un precepto que vulnera la garantía de igualdad de no discriminación contenida en el artículo 4o constitucional al establecer mayores requisitos para el otorgamiento de una pensión por viudez al varón que a la mujer, y que se contiene en el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social, dado que exige que el hombre viudo dependa económicamente de la asegurada para ser beneficiario de la pensión por viudez. Dicho párrafo incluso ha sido declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia definida, y en ese sentido, la finalidad que persigue esta iniciativa es armonizar y fortalecer nuestro marco normativo nacional con los principios y las garantías tuteladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, los invito a apoyar mi propuesta para reformar el segundo párrafo del artículo 130 de la Ley del Seguro Social eliminando la frase que dice ...que dependiera económicamente.... Frase impuesta injustificadamente para los varones viudos o concubinos de las aseguradas fallecidas, lo cual favorecerá en mayor medida a las familias de las trabajadoras mexicanas al otorgársele al viudo o concubino, sin condicionamiento de dependencia económica, la pensión por viudez lograda por las aseguradas. Por otra parte, el artículo 126 de la Ley del Seguro Social dispone que el IMSS suspenderá el pago de la pensión temporal si el pensionado por invalidez se niega a someterse a los exámenes previos o posteriores, y a los tratamientos médicos prescritos o abandone estos. Lo anterior resulta sumamente arriesgado por el supuesto en que el pensionado temporal por invalidez se encuentra como en muchas ocasiones ocurre internado en alguna de las clínicas del Instituto, y por ende no acude a las citas de regularización clínica dado que corre el riesgo de verse suspendida su pensión, lo cual es incuestionablemente injusto. Por lo anteriormente expuesto, considero también que el artículo 126 de la Ley del Seguro Social debe reformarse en su primer párrafo para adicionar un párrafo donde se exprese el supuesto de que si el pensionado temporal por invalidez se encuentra internado en una clínica del Instituto, se le dispense de acudir al Departamento de Medicina del Trabajo para la regularización de la pensión por la invalidez temporal. Por una seguridad social justa y equitativa, los invito pues, compañeros diputados, a apoyar mi propuesta en beneficio de las y los asegurados del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente