La diputada Leticia Martínez Gómez: La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente tuvo su origen a finales de los años ochenta, como resultado de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, por lo que es una ley permisiva para frenar el deterioro ambiental en los países. Por eso, el acceso a la justicia ambiental podría calificarse como inexistente, por lo que cualquier modificación que nos acerque a la justicia es bienvenida. Aunque se necesitan hacer reformas más profundas para tener una ley preventiva y que garantice el derecho humano a un medio ambiente sano contemplado en el artículo cuarto constitucional. Si bien el dictamen a discusión es una reforma muy amplia, que modifica para bien los procedimientos administrativos y atribuciones de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, contiene algunas inconsistencias y contradicciones que son motivo de la presente reserva. En México defender el medio ambiente, la tierra y el territorio es una altamente actividad peligrosa y de alto riesgo. En 2020 fueron asesinadas 18 personas defensoras del medio ambiente en nuestro país, según documenta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Presento tres reservas. La primera se refiere al artículo 200 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que se refiere a los expedientes de procedimientos de investigación que hubieran sido abiertos. Podrían tener diversas causas. Consideramos que solo es consistente mantener una de estas, que sería el acuerdo de cierre cuando no existan contravenciones en la normatividad. La segunda reserva sería al artículo 204. Se prescribe que, una vez recibidos los alegatos o transcurrido el término para presentarlos, quedará cerrada la instrucción, sin necesidad de una declaratoria expresa y a partir del día siguiente empezará a computarse el plazo de 20 días para emitir por escrito la resolución respectiva, misma que se notificará a los interesados personalmente o por correo certificado o por acuse de recibo. En plazo de 30 días, contados a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, operará el pleno derecho de caducidad. Anteriormente eran 60 días, lo que podrá dejar sin efecto una resolución, lo que también reduce el acceso a la justicia por una falta de procedimiento administrativo. La tercera reserva sería al artículo 206, donde se establecen las sanciones administrativas que impone la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o, en su caso, la autoridad ambiental competente. En la fracción II impone multa por el equivalente de 80 hasta 7 millones 500 mil unidades de medida de actualización. Aquí proponemos que dicha multa se aplique cuando se trate de una persona física o una pequeña empresa. Y que en caso de ser una empresa grande será considerada la multa con respecto a la gravedad del daño, al 50 por ciento de sus utilidades anuales. No es lo mismo que un campesino accidentalmente contamine una hectárea, comparada con el caso de un daño tan grave como el de Minera México, que en el 2014 vertió 40 mil metros cúbicos de químicos tóxicos al río Sonora. Una multa de 7 millones de unidades de medida ni repara el daño ni sirve para mitigarlo. Es una desproporción que anula el acceso a la justicia y protege a las grandes empresas, que son las que más dañan el medio ambiente, por lo que la multa debería ser conforme a las ganancias del infractor, el tamaño y gravedad del daño. La justicia ambiental es una urgencia y un justo reclamo social. Por lo que les pido su voto a favor de esta reserva, para que este dictamen no quede en una mera simulación. Es cuanto. Gracias, presidente.