El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros diputados. Ya lo dijimos en la presentación de la moción suspensiva, este dictamen constituye un retroceso en la defensa de las audiencias y no abona a mejorar en la legislación en la materia. Para los diputados de Movimiento Ciudadano la discusión del día de hoy debería partir de preguntarnos en qué consisten las defensas de las audiencias y para qué nos sirve; y, sobre todo, cómo la tutelamos. Los lineamientos en materia de audiencias, publicados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, contienen aspectos positivos que debemos rescatar y que debemos mantener. Y hay otros aspectos que son susceptibles de ser revisados y analizados con apertura, detenimiento, pero sobre todo inclusión de todas las voces. Pero en esta discusión no puede tratarse de desaparecer de facto los mecanismos para tutelar los derechos de las audiencias y mucho menos para sustraerle atribuciones al Instituto Federal de Telecomunicaciones. No podemos olvidar que el artículo 6o. constitucional reconoce los derechos de las audiencias y establece la obligación de diseñar mecanismos para su protección y tutela. Sin embargo, el dictamen del día de hoy lo que refleja es que hay una percepción de que hay excesos en torno a los derechos de las audiencias y que, por lo tanto, debe reformarse la ley. Nosotros también consideramos que hay un exceso en la ley; pero nada más en lo que se refiere al artículo 256, fracción III, pero nada más; por lo que vemos que este dictamen, por supuesto, como ya lo dijimos, se excede en sus alcances y de un plumazo pretende decretar la desaparición o el acotamiento de los derechos de las audiencias. Sostenemos esto por lo siguiente: primero se establece un esquema de autorregulación demasiado laxo que no genera ninguna garantía en la defensa de las audiencias. Y un derecho, hay que decirlo con todas sus letras, que no está tutelado se convierte en letra muerta. De manera manifiesta se pretende desarrollar un sistema donde los concesionarios sean juez y parte en la aplicación de sus propios criterios de defensa de las audiencias, sin que la autoridad de manera efectiva pueda vigilar o tutelar el cumplimiento de dichas obligaciones; incluyendo aspectos relevantes, como: los códigos de ética, las cuestiones de publicidad, entre algunos otros. Lo decimos con puntualidad: un esquema de autorregulación no es necesariamente malo y, desde luego, que fortalece la libertad de expresión. Pero lo que este dictamen plantea es un extremo de absoluta ausencia de controles, sanciones y mecanismos de vigilancia por parte del órgano garante. Segundo. En términos, prácticos esta reforma pretende desaparecer los lineamientos en materia de defensas de audiencias, incluso se elimina cualquier referencia a esta palabra. Siendo claros, esta contrarreforma implica quitar todas las atribuciones que la ley vigente le otorga al IFT para tutelar, vigilar y sancionar las obligaciones en materia de audiencias, así como quitarle la atribución de emitir los elementos y obligaciones mínimas para la elaboración de los códigos de ética y las obligaciones de los defensores de audiencia. En otras palabras, los derechos de las audiencias quedan sin tutela y sin garantías de cumplimiento. Nosotros estamos convencidos que los derechos de las audiencias son un principio inherente de cualquier democracia moderna, que incluso podemos considerar como bisagra la armonización de los derechos a la información y de la libertad de expresión. Por eso es que Movimiento Ciudadano deja en claro que este dictamen constituye un grave retroceso en materia de derecho de las audiencias, y que no le hace en absoluto ningún bien a la vida pública de México. Muchas gracias.