La diputada Consuelo del Carmen Navarrete Navarro: Gracias. La violencia en sus distintas expresiones sigue siendo uno de los problemas sociales más agudos que padecen millones de mujeres en todo el mundo. Durante mucho tiempo las mujeres vivieron una violencia encubierta por el silencio y diferentes formas de maltrato, eran toleradas. Ante esto, muchas oponían una digna rebeldía y alzaban la voz para exigir el reconocimiento que merecemos y el respeto a nuestros derechos. Pero otras más tuvieron que callar para no poner en riesgo su integridad, incluso su vida sin que sus agresores fueran perseguidos y castigados por ejercer violencia o sin que siquiera fueran condenados socialmente. Tras varias décadas de movilizaciones promovidas por la sociedad civil y los movimientos de mujeres, se ha conseguido incluir la erradicación de la violencia de género en las agendas públicas nacionales e internacionales, reconociendo el derecho de nosotras las mujeres a una vida libre de violencia y a todas como sujetas de derecho. La violencia contra las mujeres se convirtió, gracias a ello, en tema público. En respuesta a este clamor, los gobiernos se comprometieron a través de diversos instrumentos jurídicos internacionales a impulsar programas y políticas dirigidas a prevenir, atender y sancionar la violencia hacia las mujeres. La Convención de Belém do Pará es una de las más importantes en su tipo. En concordancia con esta y con otros instrumentos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, muchos países, entre los que se encuentra México, han promulgado leyes específicas que pretenden ofrecer soluciones integrales al problema de la violencia que millones de mujeres padecen. En este contexto, el primero de febrero pasado se cumplieron 17 años de la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, resultado de las exigencias y el camino recorrido por feministas y legisladoras, para sentar las bases de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra nosotras. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia significó un cambio de paradigma en la materia que cambiaría la forma en la cual la violencia contra las mujeres se concebía en nuestro país, ya que por primera vez un ordenamiento jurídico visibilizaba, identificaba, clasificaba y establecía sanciones para las violencias que las mujeres enfrentamos. Durante sus más de 15 años de vigencia la ley ha resultado de gran utilidad, ya que como señalé al principio, la violencia era normalizada y se encontraba muy arraigada la idea de que esta era un asunto que se dirimía en privado y en silencio. Gracias a la ley y a la labor de muchas valientes activistas, las violencias que afectaban la vida, las oportunidades y los derechos de las mujeres salieron a la luz y se hicieron visibles. En nuestro país se reconoce el feminicidio como la máxima expresión de violencia, dando paso al mecanismo denominado alerta de violencia de género contra las mujeres, a las órdenes de protección, a los refugios y a la atención que se debe proporcionar a las víctimas de violencia de género. Con el paso de los años se han realizado modificaciones a la ley, con el fin de adecuarla a cambiar la realidad de nuestro país y para buscar que otras modalidades, como la violencia digital, la mediática, los ataques con ácido y la violencia vicaria sean prevenidas, investigadas y sancionadas. A lo anterior se ha sumado una serie de acciones en materia legislativa, que proporcionan el soporte legal para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, y para erradicar la violencia y discriminación hacia nosotras. Sin embargo, continúan existiendo desafíos en la aplicación de las leyes y de la Ley General del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, lo cual resulta una limitada protección y acceso a la justicia por parte de mujeres y niñas. Reconocemos que la ley es una herramienta invaluable para garantizar el ejercicio de nuestros derechos. Pero, también que el Estado mexicano sigue teniendo una deuda pendiente con las mujeres para garantizar el acceso pleno a una vida libre de violencia. Poner fin a la violencia contra las mujeres es posible, pero solo si actuamos juntas, juntos y ahora para hacerla realmente efectiva. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.