EL C. DIPUTADO ROGELIO FRANCO CASTAN: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: las y los diputados del grupo parlamentario de la Revolución Democrática lo hacemos una vez más en defensa de los productores de la caña de azúcar, sumándonos y adhiriéndonos a la proposición presentada por el diputado Lázaro Arias Martínez y lo hacemos porque estamos convencidos no sólo de la oportunidad y pertinencia del punto de acuerdo sino además porque tenemos la convicción de que ningún legislador o legisladora puede estar en contra de tomar todas las medidas que sean necesarias para impedir que continúe el largo y destructivo proceso que desde distintos flancos y por distintos medios afectan el desarrollo de la agroindustria azucarera y que es resultado de acciones u omisiones del Ejecutivo Federal, de las que también en otros y diversos momentos y circunstancias en esta tribuna se ha dado cuenta y hecho puntual recuento. Frenar las criminales importaciones de azúcar que se hacen al amparo del derecho, utilizando hábil pero dolosamente un resquicio legal en la Ley de Amparo, en contra de los productores mexicanos de azúcar, es una necesidad y un deber inexcusable del gobierno federal, que no puede y no debe seguir eludiendo el cumplimiento de ser garante del desarrollo económico, social y humano, con equidad y justicia para todos los que nacen, viven y trabajan en nuestro suelo. De igual manera lo es prevenir y combatir enérgicamente y decididamente el contrabando propiamente dicho de azúcar que al día de hoy representa un 50 por ciento de la producción anual de un ingenio mediano. Es mucha la información y son muchas las explicaciones debidas por parte del Ejecutivo federal a esta soberanía y por nuestro conducto a los productores y empresarios mexicanos del sector cañero. Bien se ha dicho que quienes desde el gobierno federal proponen una reforma estructural dejando intactas las causas de la problemática de este sistema, deben voltear los ojos a las inconsistentes políticas públicas y de ajuste, al incumplimiento por parte de Estados Unidos de lo acordado en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia de compra de excedentes de azúcar mexicana, a la falta de financiamiento para producir y a la inexistencia de instrumentos indispensables para darle orden y certidumbre al mercado. Por eso es que se requiere con verdadera urgencia el diseño y ejecución de una política integral de atención y de una verdadera estrategia de solución a los problemas que afectan a la producción, industrialización y al mercado del azúcar a partir de su carácter de industria estratégica y de interés público. No nos engañemos. Si bien la aprobación de este punto de acuerdo es necesaria, mal haríamos en darnos por satisfechos con su eventual aprobación y no señalar que la Comisión Especial para atender la problemática de la caña de azúcar tiene ante sí el reto de lograr los consensos legislativos necesarios para presentar a la brevedad la Ley de la Industria de la Caña de Azúcar que entre otras disposiciones plantea la modernización del sector, la obligación del Poder Ejecutivo de asumir una efectiva rectoría económica en materia azucarera, la libre asociación de los productores de caña, la uniformidad de los contratos de compra-venta, de crédito y del precio, así como la prevalencia del interés público de la actividad, reconociendo su profundo impacto social. Finalmente invito a todos los compañeros y compañeras legisladoras a brindar este apoyo a favor de este Punto de Acuerdo. Y también los invito a conocer de cerca, lo más cerca que les sea posible, la amargura social, la desesperanza que aqueja y prevalece entre los productores e industriales de azúcar que a merced del contrabando e importaciones ilegales, ven con impotencia cómo el fruto de su esfuerzo honrado se deprecia y no llega a los mercados del país ni a los mercados extranjeros que están violando el cumplimiento de los tratados internacionales firmados con México. Es cuanto, señor Presidente. -