El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Con tu permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, hoy nos encontramos ante una iniciativa que bajo la bandera del combate a la corrupción busca en realidad centralizar el poder, debilitar la transparencia y eliminar los controles democráticos sobre el gasto público. La reforma a la Ley de Obras Públicas no representa un avance sino un grave retroceso en la rendición de cuentas y la supervisión del dinero de todos los mexicanos. Veamos los hechos con claridad en seis puntos. El primero, se entrega el control absoluto a la Secretaría de Hacienda. Con esta reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se convierte en juez y parte del destino de la obra pública, se eliminan los contrapesos de la Secretaría y Buen Gobierno, consolidando una estructura opaca y discrecional. Es decir, con este control en lugar de garantizar mayor vigilancia, se establece una estructura donde una sola dependencia decide cómo, cuándo y a quién se otorgan los contratos de obra pública, esto no es transparencia, esto es concentración de poder y puerta abierta a la corrupción. En el segundo punto se debilita la competencia y se favorece a los negocios a modo. Bajo esta reforma se reduce el umbral de adjudicación directa del 30 al 20 %, lo que en términos reales significa que se podrán otorgar contratos de forma discrecional a empresas afines, sin una licitación justa y abierta. Y no solo es eso, también se introducen los llamados diálogos estratégicos, que no son otra cosa más que reuniones a puerta cerrada entre funcionarios y empresas antes de lanzar licitaciones. Cuál diálogo. Son arreglos para el moche, eso es lo que van a negociar. En el punto tres tenemos la flexibilización de contratos. ¿Qué es esto? Es una barra libre para los sobrecostos, no se hagan locos. Hoy si un contrato se modifica en más de un 25 % en monto o tiempo, se requiere un convenio justificado. Con la reforma se elimina esta obligación, lo que significa que los costos y plazos podrán incrementarse sin control y sin explicación, ¿acaso no se ha aprendido de los megaproyectos con sobrecostos millonarios? Con esta modificación los proyectos podrán duplicar o triplicar su costo sin que haya sanciones ni rendición de cuentas. Además, se permite aumentar los costos indirectos hasta en un 50 %, lo que facilita inflar los precios sin ninguna justificación técnica real. También se eliminan los controles sancionadores, otro punto importante. Mientras que la corrupción en la obra pública ha sido documentada una y otra vez, con ustedes en el gobierno, esta reforma no refuerza las sanciones contra los contratistas que incumplen o cometen actos de corrupción. Se plantea aumentar las inhabilitaciones de cinco a siete años, pero esto es insuficiente. Si realmente se quisiera combatir la corrupción, las inhabilitaciones deberían ser de al menos de 12 años y las sanciones económicas tendrían que ser proporcionales al daño causado al erario. En otro punto, la nueva Plataforma de Contrataciones es un sistema cerrado y sin control. Se propone la desaparición del Compranet para dar paso a la plataforma digital de contrataciones públicas administrada, por cierto, por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, pero no se establecen mecanismos claros de vigilancia externa ni auditorías independientes. ¿Quién garantizará que no se manipulen los registros? ¿Quién va a verificar que las licitaciones sean justas y abiertas? Sin controles efectivos se estará creando una caja negra donde los contratos se asignarán sin posibilidad de verificación pública. Y el punto 6, la relación con la Ley de Adquisiciones. Ahí es donde desaparecen los equilibrios. Esta reforma afecta a esa ley, eliminado equilibrios que garantizaban auditoría, supervisión independiente y transparencia. Ahora, todo dependerá de un sistema digital controlado por el propio gobierno. La casa sigue sucia en Morena, pero quieren lavar la cara para aparentar limpieza y encubrir a sus jefes. Es más, el régimen que hoy nos presenta esta reforma, hay funcionarios emanados de Morena, han sido señalados en investigaciones periodísticas y reportes oficiales como Segalmex, como las investigaciones periodísticas públicas a los hijos de Andrés Manuel López Obrador, la fábrica de chocolates y la más reciente de las travesuras, del exdirector de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, él por estar involucrado en un pequeño negocio que se llama lavado de dinero ¿para qué? Pues para sus campañas. En conclusión, no podemos aprobar este retroceso. Esta reforma no soluciona la corrupción en la obra pública, la institucionaliza, centraliza el poder, elimina controles, facilita la discrecionalidad y debilita la supervisión. No hay una sola razón válida para aprobarla y apoyarla. Ustedes en Morena están como el personaje infantil, el tal Pin Pon, porque después de ensuciarse y exhibirse en las obras emblemáticas, como el Tren Maya, el AIFA y Dos Bocas, ahora quieren lavarse la carita con esta ley, como con agua y con jabón, como si nada hubiera pasado, son corruptos y no lo quieren reconocer. Muchas gracias.