La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Respecto de la reserva al artículo 13 constitucional, para la correcta interpretación de este artículo es necesario revisar los antecedentes históricos por lo que el legislador integró el texto. El fuero militar hasta antes de la Independencia de nuestro país, no se limitaba a la jurisdicción concedida a tribunales especiales para juzgar a miembros del Ejército, sino que comprendía un conjunto de preceptos que establecían privilegios y exenciones, tanto en materia criminal como en materia civil, en favor de los militares y aun de los miembros de sus familias. Consumada la Independencia, como cada uno de los miembros políticos que les sucedieron y que tendieron a la organización del país, estuvo apoyado por medio de las armas. De ahí se originó que la situación del Ejército continuara siendo preponderante, lo cual tuvo por resultado que la Constitución de 1824 dejara subsistente los fueros de la milicia, hasta que los constituyentes de 1957, teniendo en cuenta entre otras cosas que uno de los principales responsables de las perturbaciones del país había sido el Ejército, pusieron fin a sus privilegios. De esta manera, el legislador consideró que el fuero de guerra no constituía ya un privilegio, pero como no obstante la actuación del Ejército continuó siendo opresora de la libertad, puesto que su organización misma estaba basada en el reclutamiento forzoso, el sentimiento de la hostilidad general contra esta institución no desapareció y, al contrario, se exacerbó por la conducta observada por el mismo Ejército durante el gobierno del general Victoriano Huerta, lo que trajo por consecuencia que la Revolución triunfante procurara la absoluta desaparición del fuero militar, temiendo que cuales quiera que fueran las atenuaciones que se hicieran al sistema entonces establecido, resurgiera el antiguo militarismo. Diversas ejecutorias de la Suprema Corte sostuvieron que el espíritu del último párrafo del artículo 13, es el de que un solo juez conozca del proceso que se instruye contra militares y civiles, a fin de evitar que se divida la continencia de la causa y que, en tal caso, deba darse la preferencia para conocer del asunto a la autoridad civil correspondiente. Resulta evidente que el devenir histórico legislativo del artículo 13 constitucional indica que la competencia de los tribunales militares solo se actualiza para conocer de los delitos y faltas con exacta conexión con la disciplina militar, en tanto que el devenir histórico jurisdiccional nos muestra una discrepancia, ya que no ha sido analizada la norma constitucional en su integralidad y ello ha impedido que se haga un contraste completo de la norma secundaria, el Código de Justicia Militar con la norma constitucional. Con la presente reserva buscamos unificar la actuación de los elementos de la Guardia Nacional, a fin de que sean las autoridades civiles los que conozcan sobre los delitos que cometan en ejercicio de sus funciones, eliminando privilegios para ciertos integrantes por sobre otros, evitando también que exista encono entre ellos por este motivo. Es necesario precisar que al buscar que este órgano policial sea estrictamente civil, su organización y disciplina debe entenderse en el mismo sentido y dentro de su jurisdicción. Respecto a la reserva del dictamen de reforma del artículo 25 constitucional, a nombre del grupo parlamentario estamos convencidos de la urgencia de no militarizar al país. Externamos nuestro rechazo a la doble simulación, a la simulación de las consultas del parlamento abierto y a la simulación de un mando civil para la Guardia Nacional. Reiteramos que un mando civil para la Guardia Civil no cambia el carácter militar de la política de seguridad. En la propuesta de reforma del artículo 21 constitucional que propone Morena se mantiene la militarización de la seguridad pública con la Guardia Nacional, mencionaré dos ejemplos: La Guardia Nacional será dirigida por las Fuerzas Armadas. El mando civil que tendrá estará subordinado a la Junta de Jefes de Estado Mayor, compuesta por integrantes de las dependencias de los ramos de seguridad, Defensa Nacional y Marina. La otra. La Secretaría de Seguridad será una instancia administrativa, en tanto que la Secretaría de la Defensa Nacional se encargará de la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, ingreso o profesionalización y cumplimiento y tareas de la Guardia Nacional. Está claro, el proyecto de la Guardia Nacional es la forma que Morena propone para darle al Ejército y la Marina las exigencias de legalidad que no le pudieron dar, ni el expresidente Felipe Calderón, ni Enrique Peña Nieto. En Morena y sus aliados caerá la responsabilidad de haber modificado la Constitución, para garantizarles a los militares mayor poder en las funciones de seguridad pública y por consiguiente mayor poder político. Desde hace 12 años las Fuerzas Armadas han sido los principales protagonistas de la lucha contra la delincuencia organizada y desde hace 12 años el resultado ha sido mayor inseguridad, más violaciones a los derechos humanos y más muertes. Si el gobierno actual quiere resolver el problema de la inseguridad no lo logrará siguiendo la misma estrategia de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que para todo el mundo ha fracasado. Hay otras fórmulas para conseguir paz y seguridad sin militarizar las funciones de seguridad pública. En México lo que se requiere es acabar con la impunidad, respetar la ley, hacer justicia a las víctimas y contar con una nueva estrategia sustentada en la creación de una policía profesionalizada que respete los derechos humanos. Para una Guardia Nacional realmente civil esta asamblea debe eliminar todas las referencias al dotarle a las Fuerzas Armadas intervención en la Guardia Nacional. Es cuanto.