La diputada Laura Arizmendi Campos: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, uno de los aspectos más olvidados por las políticas públicas y por los ordenamientos jurídicos lo constituye la readaptación social de sentenciados, de ahí la importancia de la ley que este día se somete a la votación de esta soberanía. Durante muchos años, la función penitenciaria y la ejecución de la pena estuvieron aisladas de los cambios democráticos que han transformado a nuestras instituciones públicas. El último cambio profundo y significativo se realizó en 1971, con la publicación de la Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, cambio que desafortunadamente nunca concretó en los resultados esperados. Derivado de estas problemáticas, desde principios de esta Legislatura surgió entre diputadas y diputados de las diversas fuerzas políticas, representadas en esta soberanía, la necesidad de impulsar reformas para impulsar el desarrollo de los centros penitenciarios, señalando las competencias, obligaciones y atribuciones en la atención del sector de la población, recluidos en centros de readaptación social. En la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley Federal del Sistema Penitenciario y Ejecución de Sanciones; y la adición al artículo 50 Quáter a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se retoma la iniciativa que expide la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados, a cargo del diputado Alejandro Gertz Manero, cuyo objeto es garantizar la necesidad de formular un cambio al paradigma de seguridad y justicia que ha imperado en nuestro país. La ley corrige la experiencia negativa de un sistema que deja muchas lagunas a la discrecionalidad y a la interpretación, más que al análisis científico y, por lo tanto, no cumple con su tarea de redimir al sentenciado y prepararlo para enfrentar la excarcelación. Las libertades anticipadas en sus diversas modalidades, entre ellas, la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria y los tratamientos pre liberatorios deberán otorgarse puntualmente. En ese aspecto no debe caber la discrecionalidad de las autoridades sino que debe cumplirse con el proceso de plena readaptación social que integre a los sentenciados a la sociedad, una vez que obtengan su libertad, en el aspecto tanto productivo como en el núcleo familiar. Por ello, el dictamen en comento tiene como finalidad crear condiciones carcelarias más humanas, que tengan como base la reparación del daño a través del trabajo comunitario y productivo, así como la responsabilidad de capacitar y educar al sentenciado para que obtenga o incremente sus conocimientos, genere ingresos con su trabajo y pueda ser reintegrado a la sociedad, después de cubrir a la víctima el monto de los daños causados con su conducta. La discusión del dictamen nos mete de lleno, una vez más, en la cuestión de impulsar una reforma integral en materia de seguridad y justicia, como la que presentó movimiento ciudadano al inicio de esta Legislatura, que incluía diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de prevención del delito, procuración, administración de justicia y readaptación social. La Ley de Justicia para Adolescentes, la Ley sobre Ejecución de Penas y Readaptación Social de Sentenciados. La Ley de Justicia Cívica, el Código Penal Único, el Código de Procedimientos Penales Único y diversas disposiciones de las Leyes Federales de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Nosotros, en Movimiento Ciudadano apoyamos y celebramos que se hagan estas iniciativas y se dictaminen favorablemente, porque es parte de nuestra esencia. Lo hemos comentado, lo hemos puesto en público por mucho tiempo, desde el inicio de esta Legislatura y nos congratulamos de que ahora se haga esta reforma. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.