La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Compañeras y compañeros diputados. Señora secretaria, sea usted bienvenida a este ejercicio republicano, que permite expresar nuestras preocupaciones sobre las acciones de política pública que el gobierno federal lleva a cabo para mejorar la función pública. En el Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de impulsar una gestión eficaz y eficiente de los recursos, pero no apoyaremos reducir el gasto dañando los servicios básicos que debe proporcionar el Estado. Sobre todo, si estos se hacen sin el mínimo análisis de impacto y sin criterios racionales de administración. La austeridad nunca debe ser tal que impida el correcto funcionamiento de los órganos del Estado, para ello debe de existir la racionalidad presupuestaria, la correcta evaluación, la fiscalización y otras medidas administrativas. El gobierno federal anunció una meta de ahorro para el 2019 de 200 mil millones de pesos que se alcanzarán mediante eficiencias administrativas, consolidación de compras, cancelación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación, así como la optimización de los servicios de vigilancia y de los seguros patrimoniales que contratan las dependencias y entidades. Sin embargo, no han quedado claras las acciones y mecanismos para lograr esta meta, ni el destino de los ahorros generados a partir de estas medidas de austeridad, ni se establece tampoco una forma detallada de reportar el uso de estas economías. Hasta este momento, no conocemos una metodología clara que permita evaluar si las políticas de austeridad están funcionando como se espera, o si es necesario conocer qué podemos mejorar y qué áreas de oportunidad se necesitan rectificar. En el diseño de toda política pública la evaluación y los ajustes, son procesos básicos para lograr los objetivos planteados. Generar ahorros en el gasto público no garantiza buenos resultados en materia de educación, en materia de salud, seguridad, ni tampoco blinda al gasto público de desvíos y de malos manejos. No es posible que sin evaluaciones concretas o sin un plan de reingeniería organizacional para hacer más eficientes a las instituciones públicas, se despidan a miles de trabajadores y se lesionen sus derechos humanos y laborales. En este rubro deseamos conocer las medidas que su Secretaría está impulsando para consolidar el servicio profesional de carrera para la administración pública federal. En el Primer Informe de Gobierno se señala que en 2019 se redujo el gasto de servicios personales, tanto por una reducción en el número de plazas de estructura como por una disminución de los precios y salarios de los altos funcionarios, entre un 12 y 47 por ciento. La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que apoyamos como grupo parlamentario, sentó las bases para el rediseño de estructuras administrativas. Se buscaba eliminar duplicidades y fusionar áreas afines, así como centralizar la operación en una sola unidad o coordinación. Queremos saber cuáles son los resultados concretos de esta reingeniería. Señora secretaria, en el Grupo Parlamentario del PRI hemos dicho sí a la transparencia, a la rendición de cuentas, al combate frontal a la corrupción. Hemos impulsado reformas para lograr el uso racional y eficaz de los recursos públicos, sin violentar nuestro marco institucional. Queremos saber cómo va el proceso de desconcentración de oficinas gubernamentales y asegurarnos de que no hay duplicidad de gastos en proyectos que aún no arrancan, pero que fueron, en su momento, anunciados como la gran transformación administrativa del país. La transparencia, la rendición de cuentas, la planeación, la evaluación y el uso racional de los recursos deben ser los pilares en el buen desempeño de la gestión pública, para dar siempre buenos resultados de cara a la ciudadanía. Es cuanto, señora secretaria. Gracias.