La diputada Elizabeth Pérez Valdez: La política es un oficio, es una profesión, es prácticamente una ciencia. Hay aquí quienes han aprendido la política desde besarle la mano al presidente y hay quienes hemos aprendido la política desde la praxis, desde el activismo en las calles y defendiendo los derechos humanos. Ustedes, el partido oficialista, por un lado, tienen guarecidos a los mismos personajes del régimen que le han hecho daño a este país. Nosotros y nosotras tenemos nuestra cara limpia porque lo que hemos hecho es defender a México. Diputados y diputadas de tómbola, porque no hay otra forma de cómo llamarlos, no los podemos llamar políticos o políticas, difícilmente podrán asumir el criterio de un profesional, de un científico o de alguien que tiene oficio político para legislar con objetividad, con principio de colectividad y siempre, siempre pro derechos humanos, libertades y pensamiento crítico. Lo que ustedes no saben es que el juicio de amparo es la aportación de México al derecho internacional, siendo adoptado incluso por diversos países e incluso sirvió como base para la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como instrumento de control constitucional, redimensiona las posibilidades de la justicia al enajenar a quien ostenta el poder en el perímetro estrictamente constitucional ante actos contra derechos establecidos, autoridad mal ejercida u omisión perniciosa, tanto del gobierno como de particulares. En nuestro país, con un oficialismo que se rinde y se somete a un patriarca violentador de Palacio Nacional, es decir, a su presidente, quien debería tener el poder en este país son las y los periodistas, las y los empresarios, que no se dejan extorsionar por los tentáculos del Ejecutivo. Las mujeres valientes que buscan a sus hijos en la tierra de nuestro México, la oposición comprometida, las y los activistas que resisten, la comunidad LGBTTIQ+, las y los políticos incómodos y, principalmente, las y los ciudadanos comunes que no cuentan con recursos y no, no les tienen miedo. Porque el gran recurso de comunicación social de este gobierno ha sido ese, el miedo, las amenazas, las descalificaciones y advertencias. Son disparadas prácticamente a fuego abierto desde la costosísima mañanera y ahí a los acólitos de la 4-T, se los presentamos, replican la violencia desde sus miserables espacios de poder, su pequeña curul. El juicio de amparo es el recurso que impide que se les arrebate a las y los mexicanos su legítimo aunque asombroso derecho de defenderse de las constantes violaciones que pretende este gobierno, pero ustedes obedecen exclusivamente al poder, ese poder que niega que existen feminicidios, ese poder que niega que cada día tenemos el día más violento en este país, ese poder que niega los infanticidios, ese poder que le da poder a los poderes fácticos, ese poder que no ha podido simplemente detener a alguien por el huachicol, ese poder que corrompe y nace desde una familia presidencial la misma corrupción, ese poder que le hace fraudes al erario. El juicio de amparo nos protege a las y los ciudadanos, a ti y a mí, de los actos de cualquier autoridad que atropelle nuestros derechos. El juicio de amparo protege de un gobierno que ha demostrado constantemente que no es capaz de analizar ni proponer leyes que sean para el beneficio de las y los ciudadanos, que ha buscado ocultar los despilfarros como secretos de seguridad nacional, siendo obligados a través justamente de los juicios de amparo a revelar la verdad y a transparentar la información, información que le es incómoda a este gobierno. Un gobierno que ha hecho ecocidios en el sur del país y que solo han sido frenados por la justicia de los mismos amparos, hoy buscan quitarnos esa protección legítima que otorga una sentencia de amparo, que significa un extraordinario contrapeso que obliga a la autoridad a apegarse a la justicia, respetando los derechos tanto colectivos como individuales. Ahora más que nunca la ruta oficialista es evidente, reventar o intentar reventar a la Suprema Corte de Justicia y desestabilizar el Poder Judicial para que nada les impida robarse el dinero de nuestras personas adultas mayores. Permite, entonces, a cualquier autoridad trasgredir los derechos de las y los ciudadanos.