EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el licenciado Santiago Creel Miranda, hasta por diez minutos, para dar respuesta. - EL SR. LIC. SANTIAGO CREEL MIRANDA, SECRETARIO DE GOBERNACIÓN: Con su venia, diputado Presidente. Agradezco la intervención del diputado Duarte, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Para el gobierno del Presidente Fox la gobernabilidad democrática, tiene una definición muy precisa. En primer lugar, gobernar a través de los propios instrumentos de la democracia, gobernar con diálogo abierto, con un diálogo incluyente con todas las fuerzas políticas, actores sociales y políticos del país. Gobernar buscando los acuerdos políticos en los puntos de coincidencia, valorando las convergencias por encima de las diferencias. Gobernabilidad política también significa actuar bajo la frontera del estado de derecho, bajo la frontera de las propias instituciones respetando los ámbitos de competencia de los poderes, de los órganos de autonomía constitucional de las entidades federativas, de los municipios y del resto de las autoridades. Y es exactamente lo que está haciendo el gobierno del Presidente Fox, gobernando de manera democrática. Ahora me referiré a los diversos planteamientos y a las ocho preguntas que de manera muy puntual, diputado Duarte, usted me formula en materia de medios de comunicación. En primer lugar, afirmo que desde el primer día de la administración del Presidente Fox se ha garantizado plenamente la libertad de expresión y además que la política de comunicación social gubernamental se ha caracterizado por la apertura, la transparencia, el establecimiento de mecanismos para informar ampliamente sobre las acciones, programas y posiciones del Gobierno Federal. La relación que el Ejecutivo Federal ha mantenido con las empresas de radio y televisión ha sido siempre con base en el marco de las atribuciones que la ley le confiere al propio Ejecutivo. El Reglamento de la Ley Federal de Radio y Televisión y el nuevo decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir el pago correspondiente al tiempo fiscal, reportan desde nuestro de vista, importantes beneficios tanto para la sociedad como para el Estado. Ambas modificaciones se ejercieron a través de las facultades propias que tiene el Poder Ejecutivo. Nadie impugnó formalmente esas atribuciones o competencias, habiendo los medios jurídicos abiertos y a disposición para hacerlo. En términos de los beneficios para los ciudadanos, las últimas reformas reportaron en primer lugar, que se estableció el derecho de réplica. Además se precisaron los límites del tiempo comercializable y se integró un representante de la sociedad civil como invitado del Consejo Nacional de Radio y de Televisión. También se incluyeron los principios de participación ciudadana: Solidaridad, respeto a los derechos de los grupos vulnerables y de equidad y género y se otorgaron facilidades para transmitir además, programas en lenguas indígenas. Igualmente se dio acceso a la información sobre concesionarios y permisionarios aun antes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información oficial y también se establecieron criterios más objetivos dentro de los límites de la propia Ley para el otorgamiento y refrendo de concesiones. Asimismo en beneficio del Estado los tiempos fiscales se transmiten hoy de manera proporcional y en mejores horarios, volviéndose sin duda con esto una herramienta de comunicación que garantice incrementos sustanciales en la audiencia y por ello aumenta la recaudación efectiva para el Estado. Es menor el tiempo, efectivamente, si lo medimos en minutos, pero mucho mayor en términos de la audiencia efectiva y eso es lo que vale, que ello ha reportado alrededor de un cien por ciento adicional de audiencia en términos concretos, si hablamos de televisión de un ciento cuarenta por ciento de audiencia efectiva. Por su parte, en materia de tiempos de Estado -ya no los fiscales-, también se lograron avances importantes puesto que ahora se puede fraccionar parte de ellos en segmentos de 20 y 30 segundos. Esto permite a los órganos y a los poderes del Estado una mucho mejor utilización de los tiempos que le corresponden e incrementa sus audiencias e igualmente la penetración del mensaje de comunicación social de estos órganos y poderes del Estado. Ejemplo de ello fueron los cerca de 10 mil anuncios diarios de televisión y más de 28 mil por radio que transmitió el Instituto Federal Electoral durante el pasado periodo de elecciones federales. Por cierto, habrá que decir que esta reforma permitió evitar las antiguas controversias que se dieron, sobre todo las judiciales, entre algunos miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral y el propio gobierno en el pasado. Es igualmente importante informarle a esta soberanía que todas las campañas de comunicación social que han solicitado los poderes o los órganos del Estado mexicano han sido atendidas puntualmente a través de estos instrumentos. Los beneficios mencionados y el hecho de dotar a la sociedad de cada vez mejores herramientas de comunicación constituyeron las razones de Estado para publicar el reglamento y el decreto. En ello no hay ninguna pérdida ni tampoco ninguna sesión, los hechos son muy concretos: que el tiempo de Estado no disminuye, por el contrario se aprovecha mejor, mientras que el tiempo fiscal se transmite en horario de mayor audiencia y por lo tanto de mayor valor fiscal para el Estado mexicano. Igualmente deseo informar a esta soberanía que en materia de comunicación social la Presidencia de la República difunde muchos de los programas y acciones de las distintas dependencias de la administración pública federal. Es por ello que utiliza más tiempo fiscal si se le compara con una dependencia en lo particular. También habrá que hacer hincapié que la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Coordinación General de Protección Civil, ha informado con toda oportunidad a los ciudadanos en riesgo de ser afectados, particularmente por los huracanes y las lluvias en curso, y además hemos igualmente comunicado sobre las medidas de prevención correspondientes mediante boletines informativos y campañas de difusión. Por último, coincidimos en que la Ley Federal de Radio y Televisión es anacrónica y obsoleta. La expedición del nuevo reglamento y del decreto en nada impide llevar a cabo una reforma de fondo. Por eso, el Ejecutivo Federal ratifica su posición de participar constructivamente en el análisis y discusión de un nuevo marco jurídico, particularmente tenemos especial interés en un mecanismo que evite la discrecionalidad del gobierno y transparente el proceso de otorgamiento y refrendo de concesiones. Muchas gracias. (Aplausos) -