LA DIP. ROCIO SÁNCHEZ PEREZ: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La que suscribe, Rocío Sánchez Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la LIX Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proposición con punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Desde hace 10 años, cada semana en Ciudad Juárez, desaparece mínimo una mujer y no se vuelve a saber más de ella, a menos que sus raptores decidan hacer aparecer su cuerpo sin vida y con evidencias claras de haber sido brutalmente torturada, violada de manera tumultuaria y arrancadas partes de su cuerpo o quemadas. En su mayoría, se trata de mujeres jóvenes y de origen humilde, que son raptadas, mantenidas en cautiverio y sujetas a la violencia sexual más feroz antes de ser asesinadas. Todo parece indicar que estas jóvenes son seleccionadas por sus victimarios, por ser mujeres sin ningún poder en la sociedad cuya muerte no suponía un costo político para las autoridades locales. La respuesta de las autoridades durante los diez años, ha sido tratar los diferentes crímenes como violencia común del ámbito privado. Sin reconocer la existencia de un patrón persistente de violencia contra la mujer que tiene raíces más profundas basadas en la discriminación, incluso, durante los primeros años de las desapariciones y asesinatos, el discurso público de las autoridades, reflejaba una abierta discriminación hacia ellas y sus familias. Los hechos, sin embargo, demuestra la existencia de características comunes en las desapariciones y asesinatos de las mujeres y niñas por razones de género. La doctora en antropología Rita Cegato, profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de Brasilia, califica a los crímenes contra las mujeres de Ciudad Juárez como crímenes semejantes y concluye que la cantidad y el modus operandi indican la necesidad de que los responsables de estos homicidios sean numerosos, estén asociados y gocen de algún grado de protección de fuerzas políticas, sociales, jurídicas y policiales. Los homicidios de Ciudad Juárez, socavan la credibilidad de las instituciones de administración y procuración de justicia en México. La violencia contra las mujeres y la incapacidad oficial para abordar estos crímenes, no sólo es una forma de discriminación, sino que comporta violaciones graves al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad, protección y debido proceso legal consagrados como garantías individuales en la Constitución General de la República y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y en la Convención Sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y constituye condición para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ejerza su facultad investigadora en materia de violación grave de alguna garantía individual, de acuerdo a lo establecido en el artículo 97 párrafo segundo de nuestra Carta Magna. El feminicidio, tal y como se manifiesta en Ciudad Juárez, es un asunto de interés mundial, una cuestión de lesa humanidad, sobre todo cuando se presupone, es producto del crimen organizado e involucra negligencia gubernamental. Las desapariciones y muertes de mujeres en el estado de Chihuahua constituye, sin lugar a dudas, uno de los casos más graves de violación de derechos humanos en la historia de México; mientras no se resuelvan a nivel nacional e internacional, el estado de derecho en México estará en entredicho e indudablemente, que esta violación flagrante y grave de garantías individuales exige el ejercicio de la facultad investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como vía prevista en la Constitución para casos graves y excepcionales. Si se le proporcionan los elementos y el apoyo oficial necesarios, indudablemente que el nombramiento de Guadalupe Morfín Otero, como Comisionada para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez, garantiza que los feminicidios se abordarán con perspectiva de género y con una visión integral. Sin lugar a dudas que el informe y nueva recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, serán invaluables para profundizar en las investigaciones. Sin embargo, por tratarse de un caso de violación de garantías individuales, que por su gravedad y magnitud se ha convertido ya en un verdadero problema de Estado, se impone la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejerciendo su facultad investigadora. El caso del vado de Aguas Blancas, reveló que ante actitudes negligentes y parciales de autoridades locales, sólo la intervención sólida, imparcial y profesional de nuestro máximo tribunal, puede restablecer el estado de derecho. En vista de las consideraciones anteriores y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Único. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 97 párrafo II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión solicita a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, integre una comisión que investigue las desapariciones y muertes de mujeres en Ciudad Juárez, desde 1993, por constituir una grave violación a garantías individuales. Muchas gracias. -