La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Buenos días, señor presidente. Buenos días, compañeros diputados y diputadas. Me permito poner a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 137 Bis 9 y 178, fracción XI de la Ley Aduanera. Desde sus comienzos, la industria automotriz junto con el sector de autopartes ha jugado un papel importante en la economía internacional, a grado tal que, que algunos economistas la refieren como la sexta economía de categoría mundial. Derivado de su importancia y trascendencia, varios países, incluido México, han celebrado tratados internacionales que han permitido y favorecido el desarrollo del comercio y la industria automotriz. Muestra de ello, fue la celebración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dirigido a atender el mercado interno para la industria automotriz de México, Estados Unidos y Canadá. En esta norma de jerarquía superior se establecieron reglas de carácter general para la importación de vehículos originarios, usados, canadienses o estadounidenses. Ante la legalización de la importación definitiva de los autos usados provenientes de Estados Unidos y Canadá se ha causado un revuelo entre las agrupaciones relevantes relacionadas con la industria automotriz en México y la administración pública federal, que ha generado diversas modificaciones en el marco normativo sobre esta materia a través de la promulgación de varios decretos, que no han hecho más que generar una constante incertidumbre tanto para los inversionistas como para los consumidores. De un análisis riguroso y serio podemos concluir que las circunstancias económicas durante los últimos años no han sido propicias y que la frontera norte ha venido perdiendo competitividad y poder adquisitivo, al igual que los ingresos per cápita que han disminuido, tal como lo dicen las estadísticas publicadas en Inegi. Ello ha propiciado que las personas de escasos recursos, cuyo ingreso no supera los tres salarios mínimos se vean obligados a comprar vehículos en el extranjero con un precio más bajo en los estados fronterizos e introducirlos de manera indebida a nuestro país. Incluso a que muchos de ellos acudan a tramitar juicios de amparo mediante los cuales les permitan circular sin importar el tipo de automóviles ni sus condiciones. Sin contar con seguro por daños a terceros, sin cubrir impuestos, sin portar placas de circulación, sin pasar por los centros de verificación y control de emisiones al medio ambiente. Es decir, hoy día transitan por la zona fronteriza infinidad de vehículos de motor de procedencia ilegal, en pésimas condiciones mecánicas que emiten emisiones negativas a la atmósfera. Que ponen en peligro a todos los ciudadanos y ocasionan problemas de seguridad pública y saneamiento. Amén a lo que han cubierto los derechos e impuestos correspondientes. En resumen, el decreto actual no protege a los más necesitados, a los grupos vulnerables de la sociedad, que aparte de obtener un ingreso exiguo tienen que cubrir un transporte caro y pésimo para trasladarse dentro de las ciudades existentes en la frontera norte. Es de reconocerse que carece de políticas públicas que permitan alcanzar un esquema de movilidad urbana realmente sustentable, por lo que mientras no se desarrollen opciones de transporte público y no motorizado, el control de la oferta de los vehículos usados seguirá siendo muy limitado. En consecuencia, un derecho humano reconocido es al humano lo que el derecho a la propiedad, por lo que no podemos limitar el derecho de importación definitiva a ese sector de la población. Así las cosas, lo mínimo que como Estados Unidos Mexicanos podemos hacer es facilitar el acceso de bienes inmuebles que hoy día se han convertido en sumamente necesarios, como lo es el tener un vehículo automotor. Por otra parte, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entró en vigor el primero de enero de 1994, prevé en los anexos 300-A, apéndice 300-A.2, párrafo veinticuatro, que a partir del primero de enero de 2009 y gradualmente hasta el año 2019, no se puede prohibir ni restringir a la importación de vehículos originarios usados, provenientes de Estados Unidos de Norteamérica o Canadá, en función del año modelo antigüedad de los automóviles. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, permite la importación libre de aranceles de vehículos usados entre los países parte del mismo, siempre y cuando se certifique que tales automotores sean de origen regional. Por lo tanto, la problemática se circunscribe a la acreditación de tal circunstancia, que conforme al decreto en comento sólo es posible mediante el certificado de origen; lo cual se traduce en una traba contraria al propio tratado. El numeral 501 del capítulo V del Instrumento Legal signado por México no establece ni por error la hipótesis prevista en el diverso 3 del decreto en mención, por lo que es evidente que al excederse en requisitos, contraviene lo ordenado por el artículo 133 de nuestra Carta Magna y en consecuencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En ese orden de ideas debe considerarse, que para tener conocimiento respecto de, si el bien califica como originario, basta con el número de identificación vehicular compuesto por diversos dígitos que se encuentran adheridos al vehículo y que son únicos, de los que se desprende el lugar de origen, año de fabricación, marca, modelo, entre otros, y que la autoridad hacendaria siempre ha aceptado como válido y legal; ya que así lo estipula el capítulo 3.5 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior para 2014 y sus anexos 10 y 21, publicados el 29 de agosto de 2014 en el Diario Oficial de la Federación. Igualmente, actualmente se le carga un gasto extraordinario a todo aquel que compra un vehículo en los Estados Unidos de Norteamérica, ya que para avalar que se ha dado cumplimiento a la normatividad ambiental, se exige un certificado que es emitido por la autoridad competente de aquel país, el cual tarda alrededor de quince días; por lo que estas personas se ven obligadas a internarlo en un estacionamiento, el cual asciende a un costo mínimo diario de 25 dólares, moneda americana. Ante tal situación, deriva inexcusablemente lo siguiente: Es de imperiosa necesidad, el otorgar un marco de seguridad jurídica a los propietarios de autos usados, quienes, en ejercicio de sus derechos previstos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han optado por adquirir un vehículo de esas características, por lo que proponemos ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto a través de la cual se adicionan diversas disposiciones al artículo 139 Bis 9 de la Ley Aduanera. Actualmente la lista de precios resulta ilegal y contraria a la constitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que se encuentra agregada en el anexo 2 en la resolución que establece mecanismos para garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicado el 28 de febrero de 1994 y sus posteriores modificaciones a la última de ellas el 30 de enero de 2015, la cual no nos dice cómo se determinó cada uno de los precios y en lo contrario debe tomarse en consideración el precio de la factura. Es cuanto, señor presidente.