La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, lo que puntualicé el jueves continúa y yo creo que será práctica de toda la legislatura. Gracias a los que están en el Pacto se vulneran derechos fundamentales y no solamente derechos fundamentales, y también carecemos de un gobierno democrático. El Congreso ha sido desplazado y con él las reglas del debate parlamentario –vuelvo a repetir- han sido sustituidas por el intercambio de prebendas y favores en el marco del Pacto por México. A diferencia del debate que aquí estamos dando, los entendimientos en el Pacto por México no son públicos, no se registran ni se graban, no se trasmiten en vivo por el Canal del Congreso, no están sujetos a reglamentos conocidos y consultables. Muestra de ello fue la participación al final de la sesión que tuvimos el jueves, en que se evidenció que había un acuerdo. Quienes participan en el Pacto por México consideran que la política es tarea de intercambiar beneficios mutuamente, se enorgullecen de haber creado la democracia por convenio. Desgraciadamente esta democracia por convenio nos afecta a los diputados que queremos precisamente representar a nuestros electores y que tenemos un derecho fundamental para representarlos. En los instrumentos internacionales de derechos humanos es muy claro en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el correlativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que el diputado o senador que es elegido para ocupar una curul para la cual fue elegido, no nada más es elegido para cobrar sus honorarios mensuales y recibir los beneficios del Pacto, sino finalmente para representar a sus electores, función que no podemos realizar precisamente por estos acuerdos y que ya se está volviendo una cotidiana práctica de esta legislatura. No solamente no pasó a comisiones, porque fue un asunto menor y de urgente resolución, la reforma política electoral. Ahorita, en comisiones no se acabaron de discutir las reservas de derechos humanos, y en este momento estamos discutiendo, afortunadamente ya se hicieron revisiones, pero igual, la de Consulta Ciudadana. Todo de espaldas a la ciudadanía, a los cuales en la sesión que tuvimos de Derechos Humanos, en las comisiones unidas de Derechos Humanos y de Distrito Federal, no se dejó ingresar a la que se supone que es la Casa del Pueblo, a las organizaciones no gubernamentales. Ya con las reformas que se hicieron sigue adoleciendo de un gran defecto esta iniciativa de consulta ciudadana. El gran defecto es, y como se dijo hace un momento, los principales actores deberían de ser los ciudadanos, es consulta ciudadana, y en menos ya se cambió la participación ahora del presidente de la república por el IFE, futuro INE, que no es un órgano independiente, que no es un órgano autónomo y que obviamente responde a intereses políticos. Traigo a colación la elección de 2006 que precisamente el IFE, que debería de garantizar el derecho al voto de los ciudadanos, se negó en relación al ejercicio de este fundamental que es el derecho al voto, precisamente recontar por una diferencia mínima los votos de los ciudadanos que votaron a favor de Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de esa negativa presentaron amparos a la Suprema Corte de Justicia con el voto de nada más el presidente de la Suprema Corte en ese entonces, sin el pleno, Mariano Azuela Huitrón, se desecharon los amparos en contra del artículo precisamente 91 constitucional, que autorizaba por violaciones graves dar conocimiento y no sobreseer al amparo que se presentaba. El Tribunal Federal Electoral, máximo órgano de las elecciones, en ese entonces consideró que los votantes que habíamos votado a favor precisamente de Andrés Manuel López Obrador, no teníamos el derecho de exigir que se recontaran los votos y asegurarnos que la elección fuera a su favor, por la sencilla razón de que no teníamos interés alguno y fueron desechadas. Entonces las autoridades, dígase IFE, Tribunal Federal Electoral y hasta Suprema Corte de Justicia de la Nación, carecen de independencia y autonomía, y este Congreso también carece de independencia y autonomía gracias al Pacto. Si se quisiera hacer una efectiva iniciativa de ley que protegiera los derechos de los ciudadanos y que garantizara el derecho a la ciudadanía ciudadana a hacer una consulta, eso debería de ser protegido o amparado con un órgano autónomo independiente y no que se sesionara de todo este proceso de consulta el INE, el futuro INE o el IFE actualmente. Por esas consideraciones el Partido del Trabajo votará en contra de la presente iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.