La diputada Ernestina Godoy Ramos: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, personas que nos ven en el Canal del Congreso. Acudo a presentar de manera conjunta las reservas a los artículos 11, 21, 153, 154 y 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales tienen como objeto fortalecer la autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, para cumplir cabalmente su función como órgano garante del derecho ciudadano al acceso a la información pública. Primero. Queremos que se garantice a los comisionados del INAI el acceso, sin restricciones, a toda la información reservada o confidencial que resulte indispensable para resolver algún asunto. Lo que dice la minuta es que dicho acceso se dará de conformidad con las reglas que ponga el sujeto obligado en sus oficinas y sólo se mostrará la información relacionada por el mismo sujeto obligado, deje en manos de estos sujetos definir cuándo, cómo, dónde y a qué información se accede. Esto implica un inmenso cuello de botella que dificulta el ejercicio de las atribuciones del instituto y provocará incumplimientos en los tiempos fijados para la resolución de los asuntos planteados, toda vez que los únicos legalmente autorizados para conocer los expedientes clasificados como reservados o confidenciales son sólo los comisionados. Por ello, proponemos que se establezca que el acceso a esta información se dé de conformidad con los lineamientos que para el efecto emita el instituto donde, según sea el caso, el comisionado podría acudir a las oficinas del sujeto obligado o requerirlo en las oficinas del INAI. Y se establece la obligación expresa de los sujetos obligados, ahora sólo es una atribución de los comisionados, para dar acceso a la información que le requiere el instituto. Con ello se deja en el ámbito del órgano autónomo establecer las reglas, determinar el sitio donde es más idóneo aproximarse a la información, y definir la información que se requiere conocer. Segundo. Proponemos que se le otorgue la atribución al INAI para efectos de acceso a la información, para determinar si se actualizan los supuestos de excepción establecidos en la ley. Es decir, dejar en el ámbito de competencias del Inai determinar si la información en cuestión está relacionada con violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad o se trata de información relacionada con actos de corrupción. Ello resulta indispensable para que el órgano garante ejerza una de las atribuciones más relevantes de esta nueva arquitectura institucional, toda vez que se deja en el órgano constitucional responsable de garantizar el acceso a la información determinar estos casos. Tercero. Frente al recurso de revisión, el consejero jurídico de la Presidencia puede interponer ante la Suprema Corte de Justicia cuando considere que divulgar alguna información puede vulnerar la seguridad nacional proponemos que el Inai concurra como autoridad responsable ante la Corte. Que el solicitante pueda concurrir como tercero interesado. Se trata de establecer un procedimiento similar al que existe para el análisis de las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, donde un poder u órgano de gobierno impugna actos de otro poder u órgano de gobierno. No se trata, como equivocadamente dice el diputado Romo, de un procedimiento dentro del mismo poder. Miente cuando afirma que el Inai aceptó estas opiniones que más bien denotan una profunda ignorancia sobre el tema de la transparencia. Es cuanto.