El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Con su permiso, señor Presidente y con el permiso de esta soberanía. El suscrito diputado integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión en uso de las facultades que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 37, inciso a), del Reglamento Interior del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, correspondiente a esta LX Legislatura, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de rectoría del desarrollo nacional para que el Estado garantice el respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos, bajo la siguiente Exposición de motivos Los derechos sociales son garantías que el Estado debe atender en su reconocimiento político y jurídico desde lógicas de emancipación. De la profundización de estas garantías depende la conversión de un Estado social administrativo a un auténtico Estado democrático de la sociedad. Los actores institucionales como el legislador, la administración y los jueces deben ser los custodios de los derechos humanos y de los derechos sociales, así como los que, a través de la opinión y acuerdo, definan un sistema de protección de estos derechos. El establecimiento en nuestra Carta Magna de los derechos sociales o colectivos constituye una de las más grandes aportaciones de nuestro sistema constitucional al mundo moderno. Sin embargo la realidad por la que atraviesa nuestro país es una clara señal de que estos derechos deben de ser fortalecidos y desarrollados, para verse reflejados en instituciones fuertes y acordes con la sociedad mexicana, es decir, fomentar el establecimiento de un Estado democrático de la sociedad. El reconocimiento y garantía de los derechos sociales hacen posible uno de los principios esenciales del estado de derecho, el principio de igualdad. Se puede decir también que el reconocimiento de la legitimidad del estado de derecho supone que uno de los valores superiores que tienen que integrarse es el de la igualdad; y por lo tanto los poderes públicos y los ciudadanos se encuentran vinculados en su contenido y en la protección de sus derechos. La legitimidad del Estado implica, por lo tanto, el respeto a la garantía de los derechos fundamentales y por ende de los derechos sociales. La constitucionalización de los derechos sociales debe sin duda tener presente las nuevas condiciones sociales, culturales y tecnológicas que enfrenta nuestra sociedad; como es la situación de las familias de nuestro país, en donde hay menores viviendo únicamente con uno de sus padres, familias de ancianos, familias que tienen a cargo parientes con alguna discapacidad, la feminización de la pobreza que se ve reflejada en madres solteras, madres con familias numerosas y con bajos ingresos y con ancianas que viven solas y que no tienen ningún apoyo familiar. El de los inmigrantes es uno de los sectores de nuestra población con graves problemas ya que sufren de desintegración familiar, escasa preparación para el trabajo, problemas en la integración y reintegración a la sociedad y los avances tecnológicos que han provocado, sobre todo en el ámbito laboral, una disminución en oportunidades del trabajo por falta de capacitación. La constitucionalización plena de los derechos sociales implica el reconocimiento de los mismos como normas supremas para el Estado y origina las condiciones necesarias para su debido cumplimiento. En este tiempo, la transformación de las instituciones del Estado mexicano implica la constitucionalización plena de los derechos sociales y su total vinculación con los ciudadanos para que estos ejerzan estos derechos. Por lo tanto, la iniciativa que someto a la consideración de esta soberanía busca la constitucionalización de los derechos sociales para que el Estado, como responsable de la rectoría del desarrollo nacional, garantice entre otros principios que señala el primer párrafo del artículo 25 de nuestra Carta Magna el pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos. De esta manera, la iniciativa que presento consolida las garantías de nuestra Constitución Política y señala el mandato a las instituciones del Estado mexicano para que éstas cumplan, a través del ejercicio de acciones de gobierno, el pleno disfrute de los derechos sociales de los mexicanos. Además, la iniciativa integra la preocupación de organizaciones de la sociedad civil, protectora de estos derechos sociales y humanos, toma en cuenta informes de observadores y de organismos internacionales que recomiendan al Estado mexicano en esta materia, para que en sus programas de gobierno se ponga más atención al grave deterioro que sufren muchos mexicanos en sus derechos humanos y sociales. Esta iniciativa también tiene su sustento en las opiniones de expertos y académicos que han realizado diversos estudios del impacto social, en lo que respecta a los presupuestos, equidad social, tratados comerciales y convenios con organismos financieros y de comercio internacional, en donde señalan que el Estado mexicano debe poner mayor atención al cumplimiento de estos derechos en forma progresiva y poner un alto a su grave deterioro. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rectoría de desarrollo nacional, para que el Estado garantice respeto y el pleno ejercicio de los derechos humanos y sociales de los mexicanos. Artículo Único. Se reforma el párrafo primero del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional, para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza permita y garantice el pleno ejercicio de la libertad de los derechos humanos y de los derechos sociales, la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el salón de plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 29 días del mes de marzo de 2007. Muchas gracias por su atención. Señor Presidente, solicito su inclusión completa en el Diario de los Debates.