El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el que suscribe, diputado Carlos Alberto García González, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 6o., numeral 1, 77 y 78 del Reglamento esta Cámara de Diputados, presenta a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 1o. de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El Estado participaba en un modelo de intervención directa sobre la economía, cuya vertiente más sobresaliente se identificaba en la década de los ochentas mediante la apertura comercial, transitando así hacia un estado regulador. Con base en la literatura económica y legal se puede identificar claramente que el proceso de apertura no vino acompañado cautelosamente de diseños institucionales más apropiados para las nuevas funciones de la autoridad. Las nuevas instituciones de facultades regulatoriaas se introdujeron en la figura de los órganos desconcentrados; sin embargo, se trata de entidades cuya lógica pertenece al auxilio de las Secretarías de Estado y no para desempeñar las nuevas tareas en la actividad económica. Lo anterior trajo como consecuencia una imprecisión referente a sus funciones y atribuciones, sin mencionar que los órganos reguladores encuentran limitantes tanto en su diseño institucional como en la legislación. Entre los inconvenientes que presentan los órganos reguladores es que se encuentran muy vulnerables a la interferencia política y también dan la percepción de una captura regulatoria. La imprecisión de la figura del órgano desconcentrado permite que los titulares de las Secretarías de Estado tengan una vía para interferir en sus resoluciones del regulador, tanto vía nombramiento o remoción de sus mandos como por la vía de la presión presupuestaria. Otro inconveniente, es la percepción de una captura regulatoria, que se entiende como la influencia de los regulados en las decisiones del órgano regulador por diferentes vías, lo cual representa otro riesgo que bien puede ser despejado mediante la transparencia, dado que las relaciones de regulador con el regulado, no necesariamente implican motivos perversos. Calificar el apego a la ley o a la ética en las resoluciones es una tarea que corresponde al escrutinio público y representa una herramienta efectiva para la rendición de cuentas. La transparencia en el desempeño de los órganos reguladores proponemos que se haga mediante dos ejes: Una declaración patrimonial del mando del regulador para verificar las variaciones en su patrimonio. Y una segunda con la publicación de las asistencias de los mandos de los reguladores al pleno donde se adopte una resolución relevante, incluyendo aquellas que sean justificadas o no lo sean. Ésta obligación de transparencia permitiría conocer si un mando evita participar en una votación estratégicamente para favorecer a determinada persona o sector. En cuanto lo que hace el servicio público, los funcionarios de los órganos reguladores, es evidente también su necesidad de especialización, puesto que atienden asuntos de la mayor trascendencia y en muchas ocasiones con impacto directo en toda la sociedad y el interés público, por lo cual merece de medias especiales de modo que con la presente propuesta se permitiría un diseño de servicio profesional acorde a las propias necesidades, incluso incrementar de ser necesario los sueldos de acuerdo al talento, evitando así la migración de los expertos a las firmas reguladas. En suma, la presente iniciativa plantea el fortalecimiento de la política regulatoria del Estado mediante el robustecimiento de la transparencia, para disminuir riegos de conflicto de intereses tanto políticos como económicos y la flexibilidad en la especialización de los recursos humanos de los órganos reguladores, dado que tales funciones demandan mayor especialización que la burocracia tradicional. En mérito de lo expuesto someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona un párrafo tercero al artículo 1º de la Ley del Servicio Profesional de Carrera y se adiciona un artículo 8 Bis a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Por último, solicito atentamente a esta Presidencia que se inserte íntegramente la totalidad de la iniciativa propuesta en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de esta soberanía. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.