La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina (Vía telemática): Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Justicia presento a eta soberanía el dictamen por el cual se reforma el inciso e), fracción I del artículo 10 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta iniciativa fue presentada por mi homóloga, la diputada Claudia Báez, la cual tiene por objeto sancionar el secuestro de personas con discapacidad, pues actualmente solo se sanciona el secuestro de quien no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o capacidad para resistirlo. Esta regulación solo comprende a las personas con discapacidad intelectual o mental, excluyendo la discapacidad física, auditiva y visual. Por ello, el dictamen de la Comisión de Justicia somete a su consideración, resulta de suma relevancia, pues se va a sancionar finalmente el secuestro de una persona que tenga algún tipo de discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Sancionar el secuestro a una persona resulta fundamental, pues el secuestro es una conducta que daña gravemente la libertad de las y los ciudadanos. Es uno de los delitos que más afecta y preocupa a la población de México. Lamentablemente, este delito daña la estabilidad emocional y, desafortunadamente, tras una baja sostenida en los últimos meses de 2020, las víctimas de secuestro en el país repuntaron a 32.2 por ciento, pasaron de 98 en diciembre, a 123 en enero pasado. Por otra parte, desafortunadamente, los altos rendimientos que se obtienen en los secuestros han hecho que en corto tiempo este delito sea considerado una actividad de poco riesgo que genera enormes ganancias, bajo el amparo de la impunidad. Lo más grave es que, en la evolución de la comisión del delito de secuestro, los plagiarios carecen de falta de respeto a la vida, a la dignidad humana y ahora no solamente afectan a grupos potencialmente económicos, sino a individuos de todos los estratos económicos, incluyendo a personas con discapacidad. El secuestro es uno de los delitos que mayor afecta a nuestra sociedad. La conducta repercute en un fuerte impacto físico, psíquico y moral en las víctimas, pues los plagiarios desbordan crueldad hacia ellas, entre esto amenazas, golpes, sometimiento y violencia extrema. Las características y consecuencias del secuestro representan una amenaza latente a la estabilidad de la población. El secuestrar personas conlleva a la obtención de grandes recursos económicos, por ello son necesarias las reformas legales a la Ley Secundaria para que nos permitan inhibir este ilícito hacia las personas que tienen discapacidad, pues de acuerdo a los datos reportados, según el Inegi, existen 7.7 millones de personas, entre las cuales 1.2 millones son menores de edad. Las personas con discapacidad tienen derecho a la no distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en su condición de discapacidad en el efecto de tolerar el disfrute de los derechos humanos, libertades fundamentales, así como el derecho a un trato igualitario. Ante las dificultades que deben enfrentar en su vida diaria las personas con discapacidad, es fundamental darles la misma protección en nuestro marco jurídico que al resto de la demás población. Por ello, diputadas y diputados, los invitamos a votar a favor del presente dictamen, que tiene por objeto sancionar penalmente el secuestro de personas que tengan discapacidad física, mental, intelectual o sensorial. Es cuanto, presidenta.