La diputada Luisa María Alcalde Luján: Muy amable, Presidente. El Reglamento habla de hasta cinco minutos; le pido que sea un poquito tolerante pues tengo varios argumentos. Si bien esta reforma financiera se ha discutido en comisiones desde hace algunas semanas, como ya se ha hecho costumbre se ha integrado de último minuto un addendum al dictamen que lo modifica sustancialmente, violando las normas parlamentarias que garantizan plazos mínimos para conocer el contenido que votamos. Como también se ha hecho costumbre ya, en este dictamen se legisla en materia laboral resultando lesivo para los trabajadores de la banca de desarrollo. El dictamen pretende una reforma al artículo 3o de la ley burocrática bancaria que abiertamente señala que todo el modelo laboral aplicable al personal de confianza, incluyendo jubilaciones, pensiones, derechos, obligaciones y cualquier prestación, se regulará por el artículo 43 Bis de la ley de Instituciones de Crédito, que se convierte en la nueva ley laboral para este sector. Hemos ido construyendo poco a poco un mundo al revés, en donde la excepción se vuelve la regla. Si seguimos así, la Ley Federal del Trabajo se terminará aplicando de manera supletoria en todo lo que no regulen las leyes especiales. Todo con la intención de crear indefensión, cancelación de derechos y desigualdad jurídica. No caigamos en el error de pensar que el personal de confianza de las instituciones son sus directivos o sus gerentes; muy por el contrario, la gran base de personal de confianza son sus secretarias, sus analistas y sus técnicos. De hecho, en casi todas las instituciones estos trabajadores constituyen la mayoría, ya que a los de base se les ha relegado a actividades secundarias y cada vez más marginales. Se castiga la especialización con inestabilidad laboral en medio de una fiebre del llamado trabajo encubierto. Si observamos el texto de esta ley, confirmaremos el diseño de un comité que constituye una simulación ya que está integrado por personal designado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; o sea, que nos proponen aprobar que las reglas laborales sean las que discrecionalmente decida el propio patrón. Es difícil imaginar un disparate mayor. Este régimen de excepción se contempla con las reformas a los artículos 42 y 43 Bis, de la Ley de Instituciones de Crédito que otorgan nuevas y amplias facultades a los consejos directivos de las instituciones de la banca de desarrollo para incidir en la contratación de personal de confianza que en un entorno de carácter financiero engloba prácticamente a todos los trabajadores, desde un director general hasta un empleado de ventanilla. El modelo se recrudece con las atribuciones desmedidas que se conceden al llamado Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional para decidir unilateralmente respecto a todos los trabajadores, no sólo de confianza, sino también de base, los ascensos, movimientos de selección de personal, criterios de despido y definición de las prestaciones económicas y de seguridad social. En términos simples, el proyecto propone que un cuerpo de funcionarios de la Secretaría de Hacienda decida prácticamente las cuestiones laborales aplicables a la banca de desarrollo. No debemos soslayar que el personal de confianza de la banca de desarrollo tiene derechos adquiridos desde la época del reglamento bancario, cuenta con una estabilidad relativa que incluye, desde luego, el derecho indemnizatorio cuando es injustificadamente despedido y está protegido por un régimen de jubilaciones y pensiones en el entorno de las condiciones de trabajo de cada institución. Sin embargo, y para rematar, la iniciativa propone un artículo tercero transitorio cuya aprobación acarrearía la pérdida inmediata de los derechos adquiridos de los trabajadores de confianza, integrándolos a todos automáticamente al nuevo y precario esquema. Venir a plantear ahora que todos esos derechos se cancelan para quedar en manos de la Secretaría de Hacienda, significa un despojo laboral que no debemos avalar. No podemos seguir construyendo un esquema que degrada las relaciones de trabajo e impide la posibilidad de un retiro digno. Los trabajadores mal llamados de confianza, son trabajadores como cualquier otro. No pueden ser regulados por una ley financiera, menos aún cuando es la jerarquía jurídica inferior que la ley reglamentaria a la Constitución que hoy los protege. No existe fundamento jurídico productivo ni social que justifique el agregado inconstitucional y lesivo que hoy atrabancadamente nos proponen. Muchas gracias.