El diputado Herón Agustín Escobar García: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en días recientes en los principales medios de comunicación del país se dio a conocer una nota en la que se señala la falta de probidad de médicos y enfermeras especialistas en ginecología al momento de someter a la paciente al procedimiento de interrupción del embarazo. La realidad es que este grave problema de salud en nuestro país afecta a una de cuatro mujeres que se someten a este tipo de intervenciones. Ante ello, debemos decir que a la fecha se calculan unos 800 mil casos de aborto clandestino, según datos oficiales. No obstante, cientos de clínicas y sanatorios particulares siguen operando sin las mínimas condiciones de higiene. Además que se hace una práctica desmedida por la ausencia de un marco legal que los controle y los supervise. La práctica de la interrupción del embarazo es, hoy, un negocio jugoso para un sinnúmero de médicos especialistas y mientras tanto las autoridades no castigan a quienes privan de la vida o la ponen en riesgo a miles de personas. También, debemos considerar que de las miles de mujeres de gestación y su decisión de interrumpir su embarazo de ninguna manera debe de correr riesgo de practicárselo con apoyo médico o asistencia especializada con un mínimo de lucrar con las necesidades de esas personas. Por obviedad he sabido que ninguna persona en esas condiciones se acercaría con algún especialista con falta de ética o mala reputación, pero no sólo está en manos de las pacientes el poder detener y terminar con este grave problema. También, las autoridades médicas y sanitarias están obligadas a no permitir que miles de vidas se ponen en riesgo por hacer caso omiso a ello y deben no sólo sancionar a quienes así actúen, sino también deben prevenir posibles situaciones de este tipo. La tarea principal es controlar los abortos y legrados que puedan practicarse en centros de especialidades clínicas, nosocomios públicos y privados. Además de mantener constantemente informadas a las pacientes del posible riesgo que existe al someterse a una intervención de este tipo. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PT estamos convencidos que deben evitarse las malas prácticas entre médicos y especialistas en esa materia, generalmente particulares los cuales mediante engaños o malos diagnósticos inciden en la toma de decisiones del paciente, para practicar la interrupción del embarazo. Ejemplo de esta manera de proceder, la tenemos cuando a través de supuestos estudios manipulados pretenden demostrar que el producto que se está gestando con insuficiencias genéticas. Ello provoca que las pacientes se ausenten y prácticamente se vean obligadas a tomar la decisión de no continuar con el embarazo. Ésas y muchas más son las artimañas deshonestas y sin escrúpulos con las que no dudamos que cientos de médicos y especialistas han tenido que ver con el porcentaje de abortos practicados sin razón y de las muertes de muchas mujeres. De este modo, consideramos viable nuestra propuesta de procurar que toda clínica de salud, centro de especialistas o nosocomios particulares o públicos tengan la obligación de proporcionar los datos y registros de sus pacientes en las especialidades de ginecología, ginecobstetricia de la Secretaría de Salud y a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico sin importar su grado de atención. Lo anterior, para que con un solo hecho de conocer cuál es el tratamiento para cada paciente en su caso pueda ser perseguido y sancionado por las leyes y así evitar que siga el incremento en el número de decesos por su mala atención médica. Es cuanto, señor presidente.