El diputado Pablo Escudero Morales: Muchas gracias, señor presidente. No puedo empezar sin reconocer el gran trabajo que se ha hecho en la Comisión de Justicia a cargo del doctor Benítez Treviño, del diputado Óscar Arce, del diputado Arturo Zamora y de Ezequiel Rétiz, y muchos otros diputados que han dedicado muchas horas de trabajo a esta iniciativa que pronto será una ley innovadora y que viene a resolver los problemas que ya teníamos, a los que nos enfrentábamos. Preguntas en el aire existían, y muchas. ¿Cuántos testigos protegidos tenemos? ¿Cuánto nos cuestan estos testigos protegidos? ¿A cuántos se les ha cambiado la identidad? Muchas preguntas que ahora, con esta ley, se va a transparentar y se va a rendir cuentas de ello. Sin duda alguna, en el ámbito internacional ya se discutía con seriedad este tema. Está ahí la Convención de Viena en 1988 donde ya existían estos procesamientos que deberían de hacerse para la colaboración en investigaciones o procesos judiciales. Sin duda alguna, la Convención de Palermo en el 2000, también vino a dar empuje importante a todas estas naciones que adoptaban, que recogían esta necesidad y que empezaban a aplicarla. ¿Qué es lo que sucedía con nuestra legislación? Evidentemente había contemplaciones; había normatividad, pero dispersa. Había normatividad de nuestra Carta Magna, en el artículo 20 constitucional, en el Apartado B y C, respecto a los derechos de los imputados y de las víctimas; sin duda alguna, ahí existía esta normatividad. También como comentó el doctor Benítez Treviño, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada encontrábamos en dos de sus artículos los antecedentes con los cuales se arropaban estos programas. La Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de secuestro que votamos no hace mucho, también ya preveía en el artículo 26 y 31 cómo debía procesarse. ¿Cuáles son los principios que van a regir en esta ley? La proporcionalidad y la necesidad; la secrecía; la voluntariedad; la temporalidad; la autonomía y la celeridad. Estamos creando un Centro Federal de Protección a Personas, un órgano desconcentrado de la Procuraduría General de la República especializado. Tendrá un director, que será nombrado y removido por el procurador general. Este centro tendrá servidores públicos especializados en cada una de las materias necesarias, tendrá abogados; médicos; psicólogos; trabajadores sociales y elementos de la Policía Ministerial. El director será el encargado de recibir estas solicitudes por dos caminos; la solicitud de un Ministerio Público o la de un juez. El director tendrá que garantizar dos aspectos importantes; el ingreso al programa y su permanencia. La permanencia es un tema muy importante. Tendremos ahora sí un estudio técnico, un estudio técnico que se podrá revisar para justificar las causas del por qué se ingresa en este programa. Deberá existir un nexo entre la intervención de la persona en el procedimiento penal y los factores de riesgo; un consentimiento previo de la persona a proteger. Tendrá que determinarse las obligaciones legales que tengan las personas con terceros. También tendremos una Unidad de Protección a Personas del Centro, integrada por la Policía Federal Ministerial. ¿Quiénes son las personas que podrán acogerse a este programa? Víctimas; ofendidos; testigos; peritos; policías; agentes del Ministerio Público; jueces; miembros del Poder Judicial. Las medidas de protección se dividirán en dos aspectos; las de asistencia, que son los tratamientos psicológicos, los tratamientos médicos, toda la parte administrativa que se requiere; el alojamiento, el transporte, las comunicaciones, la atención sanitaria, la reinserción laboral y los gastos que se originen de la vivienda. Las otras son de seguridad; la protección, la reserva de la identidad, el cambio de la identidad y algunas otras. Sin duda es una gran ley que viene a transparentar, a rendir cuentas y es una ley de vanguardia, innovadora, que estamos seguros que todos van a acompañar. Es un gran avance, es una gran herramienta que estamos dando a la Procuraduría para el combate a la delincuencia organizada y al crimen organizado. Es cuanto, señor presidente.