El diputado Roberto Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, para empezar la mejor ciudad de mundo es la Ciudad de México, seguida de Tijuana y Reynosa y el mejor equipo del mundo son los Pumas. Continúo. El dictamen que nos presenta la Comisión Urbano y Ordenación Territorial a la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Asentamientos Urbanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, lleva como objetivo principal satisfacer las necesidades del mercado a través de las políticas públicas, artificialmente desviadas bajo el argumento de cristalizar un nuevo modelo urbano en donde, según ellos, el ciudadano tenga la posibilidad de ser el protagonista de su propio desarrollo en las ciudades de acuerdo a sus necesidades, preferencias y capacidades. Bajo la lógica de engañosos conceptos nos pretenden dar una vez más tomar el pelo y darle solvencia legal a un modelo económico que en México ha tenido consecuencias fatales, nefastas para la mayoría de los ciudadanos. A través de la figura jurídica de utilidad pública y expropiación se pretende adjudicarse de la propiedad privada con fines que son estrictamente lucrativos y cuya primera, y última finalidad, es el beneficio privado. Por otro lado, se pretende desarticular la propiedad social de los ejidos para abrirle paso de manera implacable al capital dejando de lado los derechos adquiridos sobre el patrimonio. Con la abrogación de la Ley General de Asentamientos Humanos y la expedición de una nueva Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, se pretende centralizar por parte del Ejecutivo, todo lo relacionado en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano, a través de un consejo nacional, instancia presidida por el titular de la Sedatu y, desde ahí, generar las directrices de desarrollo urbano en nuestro país cuya concepción urbanística convierte el suelo en un recurso especulativo, productivo de primer orden. Se pretende crear un consejo nacional que tendrá el derecho de opinar sobre los presupuestos, las entidades y dependencias federales, estatales y municipales, destinadas a programas de acciones urbanísticas, proponer cambios estructurales, proponer criterios para la planeación y esquemas de organización, además, de emitir los lineamientos para la superación y funcionamiento. Generar y especular sobre el suelo y orientarlos sólo un beneficio de un sector trae consigo efectos colaterales sin una debida planeación urbana. Y sin tomar en cuenta la participación ciudadana en estos procesos, donde el ciudadano es el punto de partida, problemas que se agudizan, toda vez que los espacios se ven amenazados por los megaproyectos urbanos que dividen a la sociedad. En el presente dictamen se menciona que el predial pasa a ser una contribución que servirá para dar sustentabilidad financiera a los proyectos de desarrollo urbano, infraestructura, equipamientos y servicios públicos. Esta facultad, que hasta ahora tienen los municipios para usar y aprovechar dicha recaudación, ahora tiene que ser ejercida para el mantenimiento de infraestructura en aquellas colonias. Termino, compañeros. Se cancela además en este dictamen el acceso a fondos federales para la ejecución de proyectos de obras y prestación de servicios por parte de las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Cancelando así la posibilidad de acceder a los fondos financieros federales para...