EL C. SECRETARIO DE GOBERNACION: Muchas gracias señor presidente. Señor diputado Luis Miguel Barbosa Huerta nos está haciendo un planteamiento en el sentido de que se han dejado de lado y violentado la política de asilo tradicional, y que no se corresponde con las expresiones del texto del VI Informe de Gobierno, en relación a los principios humanitarios abiertos de la política de población y de la política migratoria, y fundamenta este comentario en la expulsión de nacionales argentinos y vascos y en el tema de los observadores extranjeros de derechos humanos entre otros. Comento puntualmente el planteamiento, porque por supuesto no estamos de acuerdo con esa interpretación y con esta visión, porque son dos asuntos distintos. Una cosa son los principios y las bases a partir de los cuales, se observa, se aplica cotidianamente esta política abierta, humanitaria, respetuosa en materia de población, para quienes deseen venir a nuestro país a contribuir en su desarrollo en los distintos ámbitos académico, económico; y dábamos justamente cifras de esta tarea, más de 9,500 extranjeros tienen carácter de nacionales, a partir de las solicitudes que han venido haciendo a lo largo de los últimos años. Pero así como tenemos esa obligación y respetamos y observamos esos principios, que son un motivo fundamental de orgullo en la política de asilo y de refugio en México, y un caso notable de ello es quizás uno de los más exitosos programas de refugio y asilo que ha habido en los últimos años en el mundo, que es el programa que tuvimos con los guatemaltecos, que tuvieron que refugiarse y asilarse en nuestro país con motivo de las guerras internas en Guatemala. Y que han culminado prácticamente de manera muy exitosa, con el retorno de más de 42 mil refugiados, y con un número muy importante de guatemaltecos que han decidido adoptar la nacionalidad mexicana, que tienen familias mexicanas y que hoy están en pleno proceso de integración, incluso dotándoseles de tierras y medios para poder subsistir y enfrentar sus condiciones familiares y de desarrollo. El caso particular de la expulsión de argentinos y nacionales vascos, tiene que, ver con otras de las responsabilidades y ordenamientos que tenemos como gobierno y como Secretaría de Gobernación, que es la aplicación estricta de la ley, cuando se violentan los ordenamientos y procedimientos administrativos contemplados en materia emigratoria. Ya hice referencia a la violación que se hizo al Capítulo 10 de la Ley General de Población, en virtud también de la violación al Capítulo 120 de dicha ley. Es decir, en el caso particular de los nacionales argentinos: Leandro Aníval Rodríguez, Cecilia Brenda Rossi, Cristian Carlos Hernán Castillo y María Cecilia Feijó, que se efectuó el pasado23 de febrero de este año, se hizo fundamentalmente porque tres de ellos, con la característica de turistas y de uno más con la /visitante de dependiente económico, realizaron en el país actividades no autorizadas en su permiso de internación. Y bueno, esto faculta y exige mandata a la autoridad competente a actuar en consecuencia. El tema de los nacionales españoles lo hemos comentado también, fue fundamentalmente por las mismas razones por las cuales fueron finalmente con base en procedimiento administrativo previsto en la Ley General de Población expulsados del país, sacados del país en virtud de que no entraron, en este caso particular los ciudadanos españoles Arrieta, Ochoa, Gotzun, Larrea, Lorreaga y Santiago Eispura, que fueron expulsados en enero del presente año, no se aplicó, entre otras cosas, la Ley de Extradición, sino el procedimiento administrativo de la Ley General de Población, insisto, porque se internaron ilegalmente en territorio nacional y en ningún momento acreditaron su estancia legal y formal en nuestro país. El tema de observadores, que es una categoría que ha contemplado en este esquema de disposición la Ley General de Población, observadores en derechos humanos, visitantes para procesos electorales, el único requisito, la única condición que establece la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración para que puedan moverse libremente en el país, es que cumplan con los requerimientos de ley correspondientes, que actúen como es la ley mexicana en materia de migración, de buena fe. El único caso que tuvimos en el periodo electoral pasado, fue un permiso negado a un observador internacional, visitante como lo denomina la Ley Electoral, un visitante internacional porque había pretendido entrar al país con una calidad migratoria que no correspondía a la función que quería desempeñar, es decir, quiso engañar a las autoridades electorales y a las autoridades migratorias sobre la finalidad de su visita. Sin embargo, en acuerdo con los distintos partidos políticos que solicitaron revisar su caso y con el propio Instituto Federal Electoral, se dio y se concedió el perdón administrativo y el permiso para poder hacer estas acciones de observación internacional en el proceso electoral. No hubo un solo visitante internacional que haya solicitado permiso en forma y tiempo que no pudiera entrar y permanecer en el país, en los términos del convenio que se firmó con Naciones Unidas y con el Instituto Federal Electoral, impulsado, por cierto por el propio gobierno de la República a través de Gobernación, y ocurre lo mismo en el caso de los visitantes en materia de derechos humanos. Habría que revisar a cuáles casos particulares se refiere el señor diputado, para saber cuál fue la circunstancia o la condición, si fuera el caso, que le impidió entrar o permanecer en el país. Tenemos la obligación de respetar y honrar nuestra política en materia de asilo, de refugio, de estímulo a las corrientes migratorias, pero también tenemos la responsabilidad y la obligación de hacer que se respeten nuestras leyes.