La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Gracias. Con su venia, presidente. Honorable asamblea, el dictamen que presenta la Comisión de Reforma Agraria aborda un asunto que por su herencia histórica resulta fundamental para el fortalecimiento de dos conquistas alcanzadas por el proceso revolucionario; la movilidad social que significó la educación y los beneficios que debiera generar la explotación racional de la tierra. Ambos aspectos se pretendieron materializar a través del establecimiento de la parcela escolar como un sustento a la educación rural, a fin de abatir el analfabetismo e integrar a las comunidades rurales en un proyecto de nación, mediante la adquisición de conocimientos y competencias necesarias para su participación plena en la sociedad que se estaba forjando. En 1940 se instituye la parcela escolar con el propósito de que las escuelas rurales contaran con un terreno destinado a satisfacer sus necesidades e impulsar la investigación, la enseñanza y las prácticas agrícolas, así como la agricultura del propio ejido. De esta manera se establecieron las condiciones para que los alumnos de las escuelas rurales recibieran una educación agrícola que los capacitase para desarrollar todas las labores de la producción agrícola, y que con ello cooperaran con las comunidades y núcleos ejidales en la práctica de métodos de cultivo y organización de pequeñas industrias agropecuarias. Hoy la realidad es otra y el campo mexicano no se encuentra ajeno a ello. Con la actual Ley Agraria de 1992, el reparto agrario culmina y da paso a un proceso de privatización e individualización de la propiedad y en ese proceso la parcela escolar quedó regulada en sus propósitos originales. Sin embargo, no contempló la regularización de su administración, lo que generó desavenencias en las comunidades ejidales. Consideramos que este vacío legal es atendido con la reforma aquí propuesta al artículo 70 de la Ley Agraria. Asimismo, valoramos positivamente que el 100 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que genere la parcela escolar, se destinarán a través del comisariado a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural de que se trate, así como a la adquisición de mobiliario y equipo escolar para los alumnos, que mucha falta hace. Por ello, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen, con el propósito de fortalecer los nexos de cooperación entre la educación y el campo, entre la escuela y la comunidad a la que pertenece. No debemos soslayar que actualmente existen 130 mil 175 escuelas rurales de educación básica y media superior en el país, en las que estudian más de 6 millones de estudiantes. De acuerdo con el IX Censo Ejidal del año 2007, se registraron 31 mil 514 ejidos, de los cuales 24 mil 649 registraban parcela escolar. Datos del censo ejidal del año 2001 permiten observar que en México existían 30 mil 305 propiedades sociales, de las cuales apenas un poco más de 25 mil contaban con parcela escolar. En función del ritmo de decrecimiento de las parcelas escolares se estima que en el presente año sólo el 18.5 por ciento de estas escuelas tiene un espacio para fomentar la enseñanza, la investigación y la difusión de las prácticas agrícolas. Estas cifras nos muestran que existe una creciente demanda social por atender las necesidades de las escuelas rurales, lo cual nos obliga y compromete a no invisibilizar la realidad de este sector educativo. Compañeras y compañeros diputados, con el voto a favor del presente dictamen daremos un paso en la dirección correcta, a fin de lograr una educación con equidad, pero debemos redoblar los esfuerzos para fortalecer la educación rural. Nuestro compromiso también es con las niñas y niños y jóvenes que viven y estudian en el medio rural, para que aprendan nuevas y mejores técnicas de producción, que les permitan encontrar opciones en el campo y contribuyan con el desarrollo de sus comunidades. Recuperemos los propósitos originales de la parcela escolar, para que la escuela rural asuma su función social de contribuir en la solución de los problemas que más apremian a su población, como la pobreza, migración y exclusión social, no resueltos aún y que lamentablemente crecen día con día. México enfrenta grandes desafíos en cuanto a su soberanía alimentaria. Impulsar la investigación, la enseñanza y el desarrollo de mejores prácticas agrícolas, desde la parcela escolar de las escuelas rurales, puede fortalecer nuestra capacidad de producir los alimentos en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto, presidente.