El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Gracias, presidente. Buenas tardes. Una de las funciones primordiales del Poder Legislativo, el uso de sus facultades constitucionales y bajo el principio de división de poderes, es la de regular y equilibrar el ejercicio de las atribuciones que corresponden ejercer al Poder Ejecutivo, sea mediante el presidente de la República o vía los servidores públicos que forman parte de dicho poder. En nuestro país un tema trascendental ha sido el uso de facultades otorgadas, tanto por la Constitución como por las leyes federales en el ámbito impositivo. Los ciudadanos vemos con cierta suspicacia cómo se usan y destinan los impuestos recaudados. Fiscalizamos su ejercicio y buscamos que se difundan con transparencia los casos y razones por los cuales ciertos contribuyentes dejan de pagar impuestos o les es otorgado, mediante un acto de autoridad del Poder Ejecutivo, un perdón en el pago o cumplimento de una obligación fiscal. Desde el año 2011, el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, hoy Inai, argumentó que el Servicio de Administración Tributaria debería hacer públicos los datos de contribuyentes que hubieren recibido cancelación de adeudos fiscales. En su momento, por criterios del secreto fiscal y de ponderación de derechos entre acceso a la información y protección de datos personales no se accedió a esta información. Sin embargo, fue del más alto interés de la sociedad conocer a quiénes y, sobre todo, por qué se perdonaron adeudos fiscales. Organizaciones de la sociedad civil como Fundar y Artículo 19, en defensa del acceso a la información han luchado legalmente durante años para que se conozcan estos datos. Mediante el amparo otorgado a Fundar, en la sentencia 191 de 2016, se ordenó al SAT revelar el nombre de los beneficiarios por condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales entre el 2007 y 2015, misma que no ha sido cumplimentada con todos sus alcances y todos sus efectos. Sin embargo, este gobierno ha sido sensible con este reclamo y por ello el 20 de mayo de 2019 el presidente de la República firmó el decreto por el que se dejan sin efectos los decretos emitidos en términos del artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, por virtud de los cuales se condonan deudas fiscales. Con este decreto, junto con la iniciativa presidencial recibida el 4 de agosto en esta Cámara, se reiteró el compromiso presidencial de combatir los privilegios fiscales que dañan las finanzas públicas, y refiriendo a que el ejercicio de la propia atribución del Ejecutivo se sujete a la regla general de la prohibición constitucional, buscando que la hipótesis de condonaciones se den de manera individualizada bajo leyes de la materia. La reforma que hoy estamos por votar es muy simple. En México quedan prohibidas las condonaciones de impuestos bajo los términos que fijan las leyes. Esta no es una prohibición absoluta, es una balanza de equilibrio para que en el marco normativo se establezcan con certeza jurídica los supuestos de su procedencia, y que desde el texto constitucional se envíe un mensaje de fondo político y exigible jurídicamente de que el perdón de los adeudos fiscales es una circunstancia excepcional, sujeta al más estricto control jurisdiccional. En el Partido Verde votaremos a favor la aprobación del decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución, por las siguientes razones: Primero. Porque se estima necesario que una obligación constitucional se encuentre específicamente regulada y desarrollada en las leyes secundarias. Bajo el espíritu del texto de la máxima norma del sistema jurídico, las condonaciones solo deben darse en los términos dentro del régimen de las normas fiscales, sin ir más allá del alcance constitucional, materializándose en la sujeción a la ley bajo los términos que fije la misma. Segundo. Porque las condonaciones no desaparecen, pero para evitar el ejercicio discrecional que les caracterizó con anterioridad, es que el Ejecutivo se encuentra a normas mucho más precisas para los casos en los cuales aplican las condonaciones. El texto constitucional es claro, no se trata de una prohibición absoluta. De haber sido así la intención del legislador no se hubiera mantenido el régimen vigente para las exenciones y ahora para las condonaciones. Tercero. Porque esta reforma abona a la rendición de cuentas, al acceso a la información, a la transparencia y a toda esta serie de derechos fundamentales y obligaciones de autoridad, que deben materializarse no solo en las leyes, sino en profundos cambios en la política pública y en el cómo se ejerce y percibe el poder por parte del Ejecutivo. Cuarto. Porque la facultad potestativa de que mediante resoluciones de carácter general se pueda condonar el pago de contribuciones debe evitar darse de manera generalizada, lisa y llana, cuando este debe ser un acto excepcional y con una justificación y motivación en un grado tal que las leyes que se modifiquen conforme a este nuevo texto constitucional, se ciñan minuciosamente a la condonación, se enfoque a casos o situaciones extraordinarios en los que se haya afectado o se trate de impedir que se afecte una situación de algún lugar o región, una rama de actividad, la producción o venta de estos y cuando acontezcan catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias. En el Partido Verde estamos convencidos de que las leyes que día a día discutimos deben cumplir con el mandato de regular el ejercicio de las facultades de los poderes, especialmente del Poder Ejecutivo, para que este implemente sus atribuciones de manera equilibrada, sin abusos, buscando el interés público, logrando esto desde la norma constitucional y posteriormente mediante las leyes secundarias, donde las condonaciones se sujeten a casos excepcionales como los descritos con anterioridad. Con esta reforma el Poder Legislativo aportará una disposición legal más en el camino del ejercicio correcto del poder. Muchas gracias.