El diputado Salvador Zamora Zamora: La primera iniciativa que voy a presentar tiene que ver nuevamente con la agenda que ha construido Movimiento Ciudadano para la defensa de los usuarios de los servicios, en este caso de los usuarios de los servicios de la telefonía celular. Ahora es posible tener mayores beneficios a un mejor costo, sin embargo, no podemos decirnos satisfechos. El trayecto para defender e incrementar los derechos de la telefonía móvil aún está muy lejos de llegar a ser beneficiados. La iniciativa que hoy elevo a esta tribuna consiste en adicionar el derecho que tienen los usuarios de la modalidad de contrato del servicio de telefonía móvil, para que solo se les cobre la fianza o garantía por una sola ocasión con independencia del plazo contratado, y esta le sea devuelta al finalizar el plazo forzoso habiendo cumplido su contrato. A la fecha, todos los usuarios que contratamos un plazo forzoso se nos cobra una fianza anual de 280 pesos en promedio, con independencia si el contrato es a uno o más años. Es decir, cada año las empresas de telefonía móvil cobran una fianza para asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte del usuario y esta no es reembolsada aun y cuando hayamos pagado puntualmente y cumplido con el plazo forzoso señalado en el contrato. Para darnos una idea, las principales compañías de telefonía móvil obtienen anualmente la cantidad de 3 mil 574 millones de pesos por concepto de fianzas anuales, incumpliendo la norma oficial que claramente ordena la devolución de la misma en caso del total cumplimiento del contrato. Cuántas veces hemos visto que conocidos están dentro del buró de crédito por deudas hasta de 200 irrisorios pesos de una compañía celular, aun y cuando esta le haya cobrado puntualmente una fianza que respalda el pago de este adeudo. ¿Cuál es entonces el beneficio del cobro de una fianza anual, cuando generalmente al finalizar el plazo renovamos con nuestro mismo número a otro plazo similar? La fianza debe ser devuelta al finalizar el contrato y si decidimos renovar el mismo esta debe renovarse de manera automática sin cobro alguno. La segunda iniciativa que quiero presentar en este pleno es respecto a la donación de órganos. Aunque esta legislatura ha trabajado en varios temas al respecto, recientemente se dio publicidad a un dictamen de la Comisión de Salud, por el que se aprueba el reforzamiento de la declaratoria de voluntad de donación. Sin embargo, consideramos que esta propuesta debe estar acompañada con el fortalecimiento de las instituciones encargadas del tema así como de los documentos que faciliten la manifestación de voluntad del donante. Estoy cierto que es necesario reforzar e incrementar las facultades del Centro Nacional de Trasplantes, para que en la práctica se convierta en el ente rector sobre esta materia que dirija, coordine y además regule. Es urgente que los esfuerzos dedicados a la donación y trasplantes se consoliden en esta institución a través del fortalecimiento del registro único de donantes y pacientes en espera de un órgano, para que así ellos puedan extender su vida. Este registro será alimentado por todos los hospitales públicos y privados a nivel nacional y su información servirá para hacer más eficiente el procedimiento de donación y trasplante. En lo individual puede haber muchos esfuerzos, grandes instituciones que tienen registros de manera aislada, lo cual impide que se potencialice la información en su poder, por lo cual si se consolida toda esta información de manera conjunta, los resultados serán aún mejores. La información es poder y no hay mejor poder que el que se utiliza el pro de la vida de un ser humano. Con esta consolidación de registros se busca además que el Centro Nacional de Trasplantes concentre la información de los pacientes para poder priorizar casos de extrema urgencia y efectuar trasplantes con mayor puntualidad. Otro tema fundamental en este proceso de declaración del donante es a través de cualquier documento de identificación emitido por la autoridad federal o las entidades federativas, como pueden ser la cédula profesional, el pasaporte, la credencial para votar o la licencia de manejo, documento que reflejará la voluntad del portador para ser donante, sin que por esto modifique su naturaleza jurídica. Con esta iniciativa buscamos universalizar la declaración de ser donante en cada una de las identificaciones que traemos siempre en nuestras carteras o nuestros bolsos, sin que un tercer familiar pueda oponerse a la decisión de la persona de disponer de sus órganos. Con estas modificaciones además esta soberanía combatirá a comercialización ilegal de órganos en nuestro país. Por último quiero presentar una iniciativa rápidamente que tiene que ver con una reforma a la Ley de Expropiaciones. No se puede entender el desarrollo de nuestro país sin las expropiaciones. Esto no es una acción del Estado de privar a una persona de la titularidad de un bien o un derecho a cambio de una indemnización. Sin embargo, son las indemnizaciones el gran adeudo del Estado mexicano con aquellos que sufrieron en su patrimonio una acción de expropiación. Grandes ciudades y grandes metrópolis han crecido a costas de los ejidos y de la propiedad social, que ni siquiera se han visto beneficiado con el progreso de las ciudades, porque a la mayoría de las expropiaciones que se realizan en tierras de propiedad social, donde la población desconoce cómo defender sus derechos y cómo exigir el pago justo, cuando no les queda más que resignarse, es a perder este patrimonio. El gobierno federal no ha cumplido su parte en indemnizar a los ejidos a los que en aras del desarrollo nacional han sido arrebatados tierras que ancestralmente le fueron otorgadas y de las cuales han sido propietarios. El Ejecutivo utiliza la figura jurídica de la expropiación para causas de utilidad pública y en beneficio de las mayores. Sin embargo, la Ley de Expropiación no garantiza el pleno respeto a los derechos humanos de los legítimos propietarios de la tierra. Cada año manifestaciones sociales nos recuerdan el nulo pago de las tierras que hoy ocupan aeropuertos, presas, autopistas concesionadas, carreteras federales y obras de infraestructura, que sin lugar a dudas son indispensables para el progreso y crecimiento del país, pero no podemos enorgullecernos cuando el progreso no es parejo y va acompañado de injusticias y atropellos permanentes a los derechos humanos. La Ley de Expropiación no está a la altura de las exigencias de la sociedad, es letra muerta en los ejidos que durante décadas han luchado por el pago justo de sus tierras y que significan un progreso y riquezas para unos cuantos, menos para ellos. Al amparo de las expropiaciones, grandes especuladores se han hecho millonarios a costa del despojo de los mexicanos que no son respetados por el gobierno federal. La propuesta que hoy vengo a compartir, y con esto concluyo, no va en contra de las explicaciones, no nos oponemos a esta figura, que desde luego es muy importante para consolidar el desarrollo del país, nos oponemos a los abusos que permanentemente ha hecho el gobierno federal, a los despojos y a las injusticias de varias generaciones de mexicanos que han sufrido estos despojos. Vengo a proponer que antes de cualquier expropiación, la autoridad responsable cuente con la suficiencia presupuestal que garantice el pago a los propietarios y que, en su caso, de ser un particular el beneficiario de la explotación del predio a expropiar, constituya un fideicomiso a costa con el mismo fin para pagar en brevedad las indemnizaciones que correspondan.