La diputada Beatriz Rojas Martínez: Muchas gracias, diputada presidenta. Iniciaré por la segunda, que sería el tema de paridad de género. Diputadas y diputados, presento en esta tribuna dos iniciativas. La primera en materia de paridad de género y lenguaje incluyente, enmarcada en la lucha y participación de las mujeres en los procesos electorales y de representación en los cargos públicos, la cual, si bien ha sido gradual, en las pasadas elecciones logramos una representación histórica. Por primera vez las mujeres obtuvimos el 48.2 por ciento de las curules en esta Cámara, y nos colocan en cuarto lugar de porcentaje en la participación de las asambleas del mundo. Por ello se aprobó el acuerdo de ser la legislatura de la paridad de género. Si hablamos de paridad como principio para garantizar la igualdad, también debemos puntualizar que una de las vertientes de la violencia contra las mujeres es la discriminación que se manifiesta en diversas formas, entre ellas el lenguaje sexista, que invisibiliza a la mitad de la población mexicana, lo que propicia exclusión, jerarquía y genera la reproducción de desigualdad de género. El lenguaje es uno de los agentes de socialización de género más importante al conformar nuestro pensamiento y trasmitir una discriminación por razón de sexo. La lengua tiene un valor simbólico enorme. Lo que no se nombra no existe y durante mucho tiempo, al hacer uso de un lenguaje sexista las no han existido y han sido discriminadas. Se nos ha enseñado que la única opción es ver al mundo con ojos masculinos, pero esta opción oculta los ojos femeninos. No es, por tanto, incorrecto o una repetición nombrar en masculino y femenino. Esto no supone una duplicación del lenguaje, puesto que duplicar es hacer una copia igual a otra, y este no es el caso. Es sencillamente un acto de justicia, de derechos, de libertad. Es necesario un cambio que represente igualitariamente a las mujeres y a los hombres. Sería difícil alcanzar una igualdad si cuando hablamos seguimos reproduciendo los esquemas, las formas y los atavismos que históricamente han conducido a la marginación, la exclusión y la discriminación de las mujeres, a saber, la utilización del lenguaje, para invisibilizarlas en otros métodos. Todo esto hace patente la necesidad y urgencia de fomentar el uso de un lenguaje incluyente para ambos sexos en las instituciones públicas y de gobierno, evitar la confusión, negación, ambigüedad y sobre todo la invisibilización de las mujeres que han logrado tras varios obstáculos insertarse en la vida pública del país. Por ello, como derivación obligada de ser la legislatura de la paridad de género, presento a esta soberanía la iniciativa que reforma el artículo 50 de nuestra Constitución, con el propósito de visibilizar a las diputadas a partir de esta LXIV Legislatura de la paridad de género, a efecto de identificar a esta Cámara como de Diputadas y Diputados. La segunda iniciativa que presento es la que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales en materia de reconocimiento y protección del derecho humano al agua y al saneamiento. Se enmarca con el objetivo primordial de garantizar y proteger el derecho humano al agua como el recurso más preciado, ya que la vida depende de ella. No obstante, es escasa, con disponibilidad reducida y distribuida de manera desigual. En nuestro país, contar con servicios adecuados y de calidad de agua potable y saneamiento siguen siendo un lujo para muchos de los habitantes más pobres, pues quienes viven en las zonas rurales y marginadas padecen en mayor medida de acceso y calidad de este recurso, donde las fuentes locales de suministro, además de estar sobreexplotadas resultan insuficientes para cubrir la demanda. Esto sucede porque la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992, en su contenido no enuncia la responsabilidad del Estado mexicano de respetar, proteger y garantizar el derecho humano al agua de manera accesible, suficiente, aceptable, asequible y sin discriminación. Este es un factor fundamental para que en las últimas tres décadas los derechos del uso y aprovechamiento del agua se concentren en manos de los grandes propietarios agrícolas e industriales que generan gran contaminación y utilizan enormes volúmenes de agua como insumo clave, y a quienes se les multiplican sus concesiones. La iniciativa que hoy presento va en concordancia con el artículo 4º. constitucional de nuestra Carta Magna, del derecho humano al agua, y que obliga al Estado a promulgar una nueva legislación y políticas públicas en esta materia. Es necesario garantizar y reconocer el derecho humano al agua y al saneamiento de la Ley de Aguas Nacionales vigente y, por supuesto, en la que se está redactando actualmente por parte de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, de la cual soy integrante. Es cuanto, diputada presidenta.