La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Compañeras y compañeros diputados, el artículo 2o. de nuestra Carta Magna señala que los Estados Unidos Mexicanos es una nación que posee una composición pluricultural sustentada en nuestros pueblos indígenas. De la misma manera, el artículo 1o. menciona el respeto, la promoción y la garantía de los derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, no es posible hacer cumplir estos mandatos constitucionales cuando el derecho a la educación excluya a quienes viven con una deficiencia auditiva o se comunican con una lengua indígena. Ante esta problemática social y educativa, celebro que la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables haya aprobado este dictamen, porque representa un importante avance en la lucha para lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Con esta reforma las niñas, niños y adolescentes que experimentan alguna desventaja, como la deficiencia auditiva o el uso de alguna lengua indígena, tendrán mejores condiciones para acceder a una educación de excelencia en condiciones equitativas. Porque la justicia social no debe ser divisible, debe ser para todas y para todos. Este dictamen refleja el trabajo de nueve diputadas y diputados, de los cuales tres pertenecen al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Los nueve presentamos iniciativas de reforma a la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, con el objetivo de establecer escuelas bilingües que garanticen la consecución de la educación inicial y básica, de niñas, niños y adolescentes indígenas o sordos, donde se use la primera lengua y se promuevan los valores y la cultura de su comunidad. Sin duda alguna, este dictamen, que invito abiertamente a su aprobación, identifica la identidad cultural en la escuela y permite incorporar a una socialización digna con las lenguas nacionales y extranjeras, así como las culturas de su familia, de su región y de la nación. El objetivo de este dictamen es ofrecer apoyos educativos y formativos para quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda o custodia de niñas, niños y adolescentes indígenas o sordos, particularmente en familias donde se vivan conflictos de identidad lingüística, a fin de aportarles los medios necesarios para que puedan fomentar el desarrollo y una vida digna. En México, alrededor de 250 mil personas utilizan la lengua de señas mexicanas. Por eso, en diversos foros, asociaciones de personas sordas, padres, madres y profesorado de personas sordas de distintas partes de la república, han demandado que se reconozca la lengua de señas mexicanas, la cultura de la comunidad de sordos mexicana, así como los derechos culturales y lingüísticos de todas las personas sordas, sean o no sean miembros de esta comunidad. Estimados compañeras y compañeros diputados, invito abiertamente a la aprobación del presente dictamen, porque así estamos impulsando la educación, la alfabetización y la superación de personas con discapacidad auditiva, de niñas, niños y adolescentes indígenas en una nación inclusiva de justicia social y reconocimiento de las diferencias que hacen de nosotros una sociedad viva, culturalmente diversa y cambiante. Este dictamen es un mensaje de solidaridad, de sensibilidad y pleno reconocimiento a los derechos y la dignidad de las personas que viven con el enorme reto de enfrentar una discapacidad o una desventaja. Al final del día, en acciones como esta emerge nuestro sentido humano y solidario en beneficio de los que no piden compasión, sino que exigen el respaldo y el abrazo fraterno de todos nosotros para salir adelante. Es cuanto, presidente.