El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, agradezco la distinción de presentar el dictamen de la Comisión de Presupuesto relativo a la Cuenta Pública 2019 y así dar cumplimiento a lo mandatado en el artículo 74 de nuestra Constitución. Este dictamen es presa de manera fundamental y razonada, una valoración política que permite a la legislatura evaluar y contrastar lo realizado por el gobierno federal y demás instancias ejecutoras de la hacienda pública federal. El dictamen se aprobó por mayoría en la comisión el 27 de octubre pasado en tiempo y forma, en un proceso donde se expresaron los planteamientos de todos los grupos parlamentarios. En esta Cuenta Pública, se realizaron mil 358 auditorías, correspondiendo 78 a funciones de gobierno, 114 a desarrollo social, 175 a desarrollo económico y 991 a gasto federalizado. La conclusión del dictamen se expresa en ocho resolutivos respecto de los cuales me permito comentar los elementos sustantivos. Los ingresos llegaron a 5 billones 384 mil 289 millones de pesos, lo que significa que se rebasó el monto previsto en la Ley de Ingresos de la Federación por más de 86 mil millones de pesos. El balance público tuvo un déficit, 14 por ciento menor al del 2018. Se contuvo la inflación en 2.8 por ciento inferior a la estimación de 3.4 por ciento. La tasa de interés fue 7.8 por ciento. El barril de petróleo se promedio en 55.6 dólares y la paridad con el dólar se mantuvo en 19.3 pesos. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público correspondió a 44.8 por ciento del PIB. Es decir, se evitó su crecimiento e incluso mejoró ligeramente respecto del año anterior, cuando fue 44.9 por ciento. El dictamen precisa que se alcanzaron los objetivos fiscales propuestos, pero no obstante se presentó un dinamismo de la economía menor al deseado. En 2019 se señala un cambio en los programas prioritarios de la política social, para favorecer a los sectores de menores ingresos y los proyectos de inversión regional, acompañados de una política de control, austeridad y disciplina del gasto. En ese contexto, la función de desarrollo social concentró más del 64 por ciento del gasto programable. Con objetividad, hay que señalar que de los más de 5.8 billones de pesos del gasto neto total, se identificaron como recuperaciones 100 mil 914 millones de pesos. Y de estas ya se reintegraron mil 517 millones de pesos. Por lo que restan, como recuperaciones o aclaraciones, 99 mil 396 millones de pesos. De ese monto más de la mitad, 55 mil millones de pesos, corresponden a aclaraciones que deben realizar los gobiernos de los estados y municipios al ser parte del gasto federalizado. Así, el conjunto de la administración pública federal, entes autónomos y empresas productivas únicamente les corresponde atender y solventar el 0.9 por ciento del total del presupuesto ejercido, es decir, menor al 1 por ciento. El dictamen también precisa que su aprobación no suspende el trámite de las acciones promovidas por la Auditoría Superior. De manera que quienes sean presuntamente responsables de conductas individuales serán sancionados en apego a la ley. Diputadas y diputados, tenemos como reto, primero, procesar el dictamen en una deliberación republicana. Segundo, estar atentos al proceso de solventación de lo observado por la autoridad fiscalizadora, para que no haya margen de impunidad. Y tercero, revisar las propuestas de mejora al marco normativo del país, para evitar la recurrencia de lo señalado. Finalmente agradezco el trabajo realizado en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para generar el proyecto de decreto, que cumple con los requisitos constitucionales y legales. Se da una base técnica y ordenada al debate, y que ahora queda a la consideración de esta soberanía. Muchas gracias, por su atención.