El Presidente diputado Francisco Agustín Arroyo Vieyra: Diputado, nosotros lo escuchamos siempre y con toda paciencia. Permítannos que doña Gloria Bautista haga uso de la voz, cuando menos por ser una dama. La diputada Gloria Bautista Cuevas. Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea: el martes 11 de diciembre de 2012 la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dio cuenta al pleno que había turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen y a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos para opinión la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación enviada a esta soberanía. Para obtener la mejoría sustancial que la nación requiere, necesitamos una reforma integral y no una que atienda sólo algunos niveles, que garantice el financiamiento adecuado, el mejoramiento de la infraestructura, el equipamiento y los materiales didácticos, el cómputo o los talleres y laboratorios de distinto tipo, incluidos los dedicados a la enseñanza de idiomas. Todo ello relacionado de forma directa con la preparación, dedicación y experiencia del personal docente. Con la celeridad con que se pretende votar el dictamen, es inadmisible. La Comisión de Puntos Constitucionales debe definir el método de dictamen y realizar las consultas necesarias con autoridades federales, expertos en la materia constitucional y educativa, y así como organizaciones no gubernamentales sobre el contenido de la iniciativa presidencial y su alcance. La comisión, de acuerdo al artículo 89 del Reglamento, tiene hasta 90 días para dictaminar las reformas constitucionales que es superior al tiempo que se concede para las leyes secundarias, y no hay motivo alguno para legislar al vapor. Reiteramos nuestra disposición e interés por la mejora al Sistema Nacional de Educación no atropellada como la que ahora nos ocupa, sino integral. Mejorar la educación en nuestro país es un tema profundo y no superficial, compañeros. Señoras y señores, desde la expedición del Reglamento General de la Instrucción Primaria en 1821 y la Constitución de 1857, que ratificó la libertad de enseñanza, así como el reconocimiento en la Ley Orgánica de Educación Pública en el Distrito Federal en 1917 por el Presidente Venustiano Carranza, seguido por las disposiciones oficiales de 1921 para la creación de la Secretaría de Educación Pública, y la creación de la primera Escuela Rural Normal en Tacámbaro, Michoacán, hemos visto que para esta nación el tema educativo es un asunto de Estado. Sin embargo, ésta es una parte del contenido del llamado Pacto por México, el cual desde aquí, permítanme decirles, que no lo avalamos y no estamos de acuerdo con estos puntos que atropellan y vulneran el estado de derecho y violentan el principio fundamental de la división de poderes. Sólo un dato les dejo a su memoria, de los 91 puntos considerados en el Pacto por México se requieren 63 reformas constitucionales, y les pregunto: ¿vamos a legislar sobre las rodillas estas 63 reformas planteadas en un año? Es una verdadera falta de respeto a esta soberanía y a los que representamos, compañeros. Además, esta reforma parece inofensiva, pero en realidad se trata de una reforma profundamente autoritaria, que despoja al magisterio, claro, al magisterio democrático. Repito, que se oiga bien, al magisterio democrático, lo despoja de toda participación en las decisiones educativas. Por ejemplo, el agregado a la fracción III que impone el sistema de ingreso y promoción y declara la nulidad anticipada de cualquier maestro si no es sometido al viejo estilo autoritario a un instituto nombrado autoritariamente por el titular del Ejecutivo. Esta garrafal reforma actualiza todas las reclamaciones que se hicieron valer en los amparos de febrero de este año contra los acuerdos para la evaluación y otros, en relación a los interpuestos en 2009 contra la AC., dado que interviene de lleno en el área laboral y pasa por encima de a contratación colectiva pactada. En la forma de condiciones generales de trabajo, en un desplante autoritario, el Ejecutivo federal eleva el golpe a la Constitución para derogar de facto la bilateralidad contractual para el ingreso, la permanencia y la promoción en el trabajo. En tal virtud se deroga de facto preceptos de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, en tanto que atropella el estatuto laboral completo, que regula la contratación colectiva como la fuente de obligaciones y derechos de los trabajadores, del apartado B del 123 constitucional. Termino, señor presidente. Con todo ello se perfila un régimen dictatorial, que impone al magisterio nacional un status de excepción que de un plumazo constitucional borra sus derechos adquiridos, y los somete por la fuerza de un acto arbitrario, a un nuevo régimen laboral. Y revisamos el sexto transitorio, se acude al esquema derogatorio genérico. O por ejemplo, lo contemplado en la fracción IX al artículo y en una parrafada infame viola todas las normas de estilo y brevedad de un texto constitucional, pues inserta un virtual reglamento en plena Constitución, del Instituto Nacional para la Evaluación, que pretenden crear. En los vicios de origen de esta iniciativa y de este dictamen se aglomeran una serie de disposiciones sustantivas, muchas otras más de corte reglamentario y hasta disposiciones sobre compra de materiales en las escuelas, que no obedece a la naturaleza de una Carta Magna. Por ejemplo, destaca la disposición arbitraria del tiempo laboral del magisterio y de su jornada de trabajo. Ese tiempo también es valioso, señores. Ésta es una reforma que no debemos aprobar al vapor. Les pido su paciencia y su tolerancia. Ojalá que reaccionaran, razonaran bien su voto. En tal virtud, se configura el resultado obvio y en los hechos, que el sistema de control plantea la necesidad de centralizar de nuevo la educación, dado que el experimento de la descentralización ha generado una especie de anarquía en el manejo de recursos y en el desarrollo de sistemas bilaterales estatales, que permiten al magisterio democrático la configuración de auténticos contratos colectivos locales, que propician el fortalecimiento regional de posiciones democráticas y ajenas al control del charrismo sindical. Además, la persistencia del sistema en esas condiciones es grave, pues configura jurídicamente la posibilidad del tránsito...