El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores, en el día a día la falta de respeto por los derechos humanos es una realidad mucho más obscura que la que las autoridades pretenden proyectar. México ocupa uno de los últimos sitios de la tabla generada por la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual no parece preocuparle al gobierno en turno, pues siguen cometiéndose agravios en contra de los ciudadanos. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar por igual de los derechos humanos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano firma y se ve obligado a observar. El origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra no pueden ser motivo de ventaja o desventaja legal administrativa o judicial para los individuos, sin embargo no es así. En los últimos años las quejas por parte de la ciudadanía con referencia a los abusos cometidos por parte de las autoridades gubernamentales han ido en aumento. Se sabe de múltiples dependencias que han hecho caso omiso a recomendaciones impuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y los ejemplos más claros son en materia de seguridad, violaciones cometidas por la Secretaria de la Defensa Nacional, Marina, Seguridad Pública, PGR, quienes han recibido múltiples quejas por abusos cometidos por parte de militares, marinos, agentes ministeriales, policías, y otros agentes de seguridad. Por lo anterior se dio el aumento considerable y surgieron múltiples protestas ciudadanas, movimientos sociales de ONG, de organizaciones civiles que luchaban por mejorar las condiciones sociales y el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos. Recuerdo muy bien que la corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió a favor de facultar a los tribunales civiles para juzgar todos los casos de abuso de los derechos humanos, violaciones de derechos humanos de civiles, incluso los cometidos por las Fuerzas Armadas, y con ello se lograba un avance importante en pro de los derechos fundamentales de los mexicanos. Sin embargo, hace unos meses la Suprema Corte de Justicia corta de tajo dicho avance y por el contrario genera un grave retroceso, resuelve que todos los jueces tendrán que aplicar y observar los derechos humanos de manera constitucional, siempre y cuando no contradigan leyes de la propia Carta Magna. Esto es, la resolución falta gravemente al principio pro persona, limitando a los ordenamientos internacionales que contradigan la Constitución aun cuando estos dispongan de elementos que generen mayor beneficio a favor de los derechos de las víctimas. Este dictamen a discusión pretende adicionar los artículos 61, fracción IV, y 71 de la Ley Reglamentaria de la fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de armonizar lo establecido en la Constitución conforme a la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, leyes locales, tratados internacionales en los que México sea parte que vulnere los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es un avance, sin embargo les puedo decir que es limitada, el retroceso al que se ha visto sujeto el país en materia de violación de derechos humanos no es menor. Este asunto –concluyo, presidente– es demasiado importante, por eso creo que no está resuelto. Es un avance; sí, sin embargo creo que la corte invalidó el avance ofrecido y el avance que se registró en el artículo 1o. constitucional y en la reforma de 2011. Está pendiente, por lo pronto nosotros votaremos a favor aun cuando sea tenue y aun cuando no resuelva de fondo la violación de los derechos humanos en nuestro país. La legislación internacional o tratados internacionales van mucho más a la vanguardia que la legislación nacional en materia de protección de derechos humanos fundamentales. Por su atención y por su perseverancia y tolerancia, presidente, muchas gracias.