El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, señor presidente. De acuerdo con la Organización Internacional de Cooperativas, una empresa cooperativa es una asociación autónoma de personas que se unen voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales, a través de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. La Alianza Cooperativa Internacional reportó que en 2012, mil millones de personas participaban directamente en el Movimiento Cooperativo Mundial y que calculó que para 2015 casi una séptima parte de la población mundial tenía una relación directa con el sector cooperativo. Adicionalmente ha informado que las 300 cooperativas más grandes del mundo se encuentran establecidas entre 23 países y manejan un volumen de negocios cercano a 2 mil millones de dólares. Las cooperativas se han basado en los valores de ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad y se han ampliado a los de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación por los demás. De manera consecuente, la iniciativa en comento propone incorporar la promoción de los valores de los derechos humanos y la inclusión social a los fines y valores del sector social de la economía nacional. La presencia del movimiento cooperativista en nuestro país ha sido fuerte y de avanzada, y en algunos momentos ha sido apoyada por el Estado. Esas experiencias permiten asegurar que la manera como se organiza la producción guarda una estrecha relación con las formas de propiedad prevalecientes, y que formas alternativas de organización de los sectores productivos permitan ampliar un desarrollo pleno y soberano. Por su parte, las cooperativas suprimen la contradicción entre el capital y el trabajo y su administración y dirección es básicamente autogestionaria. La Constitución de 1917 favoreció la organización del trabajo no asalariado. En 1982 tiene lugar la reforma constitucional que plantea los principios normativos del desarrollo económico y social, bajo un sistema de planeación nacional, reconociendo el carácter del Estado mexicano de ser rector del desarrollo. Se establece en el artículo 25 de la Constitución que el Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica nacional. De igual manera, ese artículo considera la ley que establece los mecanismos que facilitan la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los tejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritariamente o exclusivamente a los trabajadores, y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios. La importancia de promover el sector social de la economía, del cual forman parte las empresas cooperativas, proviene de conformar una opción viable, sostenible y sustentable que puede contribuir al fortalecimiento de la actividad productiva y a la estabilidad de las economías. Estas organizaciones crean empleos productivos, ofrecen productos y servicios al conjunto de la sociedad. Protegen a sus socios y favorecen la inclusión social. Por esas razones se propone que el Estado mexicano cumpla con su función de apoyar al sector social, canalizándole los recursos suficientes y un mayor reconocimiento. Por lo anterior el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de la iniciativa a discusión, la cual, si bien no implica un cambio sustancial, refuerza el sentido de inclusión y de respeto a los derechos humanos que existen en el sector social de la economía. Gracias.