El diputado Carlos Alberto García González: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los que suscriben, diputados federales Carlos Alberto García González, diputado José Nicolás Morales y diputado Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, miembros de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios en la LX Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidos y del Código Penal Federal en materia de remesas, bajo la siguiente Exposición de motivos El gobierno mexicano tiene como una de sus principales responsabilidades el brindar el apoyo a conacionales y sus familias en territorio nacional en el tema de las remesas, a fin de que puedan recibir más pesos por los dólares que les envían y que el pago pueda ser expedito y sin condicionamientos o propuestas de trueque por los proveedores responsables del pago. El rápido aumento de las remesas ha respondido tanto a una mejor cobertura de los registros de estas transacciones como a un genuino incremento de tales recursos. Poco más de un millón de hogares mexicanos reciben remesas de familiares en el extranjero. Los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Zacatecas han sido tradicionalmente los mayores expulsores de emigrantes y por ello reciben un gran porcentaje de remesas: 44 por ciento de los flujos totales. El 56 por ciento restante se reparte entre otras regiones del país. Las remesas son un recurso económico fundamental para el sostenimiento de las comunidades receptoras en México y para el desarrollo de las economías regionales. En el caso de México, desde el año del 2003 es la segunda fuente de ingresos de divisas, por encima de la inversión extranjera directa o de los ingresos por turismo. Sólo es superada por la exportación de petróleo, situación que puede cambiar en el cercano futuro debido al agotamiento natural de los recursos naturales no renovables y a la tendencia creciente en el envío de las remesas. La iniciativa contiene méritos y beneficios muy importantes: sanciona fuertemente a quienes incurren en abusos y arbitrariedades hacia los receptores y beneficiarios de las remesas a nuestro país, establece un registro nacional de prestadores de servicio de pago de remesas, así como condiciones mínimas que deben ser cumplidas para operar. Protege a los familiares de nuestros emigrantes que reciben las remesas; asimismo, abona a la transparencia y a la certidumbre entre los agentes del mercado de remesas. Este esquema de regulación ha sido diseñado pensando en nuestra gente, que trabaja arduamente en los Estados Unidos de América. Cualquier acción que ejecute esta soberanía en beneficio de ellos, de los emigrantes y de sus familias en México, deberá ser siempre bienvenida y deberá siempre estar acompañada por acciones subsecuentes, porque la deuda del Estado mexicano en su conjunto hacia los emigrantes sigue siendo un largo camino por recorrer. Demos pues este paso al frente. Por lo anteriormente expuesto y en obviedad del tiempo omito la lectura del decreto. Sin embargo solicito que la presente iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y si fuese posible el que considere turnar esta iniciativa para su dictaminación a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y, si fuese necesario, con la opinión de la Comisión de Economía. Es cuanto, señor Presidente.