La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. A pesar de las múltiples controversias surgidas durante largo proceso social, político y jurídico que significó la publicación de la Ley General de Víctimas, el hecho rotundo y concluyente es que en este momento ya forma parte del cuerpo normativo de la nación. La Ley General de Víctimas, es una institución jurídica del Estado mexicano y para eso no hay regreso posible. Existen razonamientos y contextos para explicar lógicamente el origen de la Ley General de Víctimas, pero todos ellos resultan insustanciales y hasta carentes de sentido ante una realidad dura incontestable. Durante los últimos seis años, más de 120 mexicanos se han desplazado de sus lugares de origen, tratando de escapar de la violencia. Aproximadamente 93 mil han sido ejecutados, poco más de 25 mil se estiman desaparecidos y algunos estudiosos aventuran un incremento mayor al 500 por ciento en los índices de tortura. La descomposición social en nuestro México es extensa e indudable. La violencia que nos envuelve y la impunidad que la alienta no constituyen una ilusión intangible, es una realidad por demás cruenta y cotidiana. Desde su publicación, incluso antes de ella, la Ley de Víctimas ha sido motivo de discusión. Sus limitaciones e insuficiencias han sido expresadas por expertos y analistas que señalan su carácter oscuro y contradictorio, en algunas de sus partes. Incluso, contrapuesto con nuestro sistema de procuración y administración de justicia. No obstante y más allá de los claroscuros del proceso social y legislativo que le dio origen, la mayoría está de acuerdo que la Ley de Víctimas incorpora al sistema jurídico mexicano los más modernos conceptos y principios de defensa y respeto a los derechos humanos. La ley implantó importantes innovaciones a los derechos de las víctimas, sobresaliendo el acceso a la justicia restaurativa, con el propósito de que los agraviados tengan derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación integral y a la garantía de no repetición. De igual forma, la ley estableció mecanismos e instancias institucionales para que prácticamente todos los órdenes y niveles de gobierno participen en la atención de las víctimas, no solo en su despliegue operativo por la comisión de un delito o la violación de los derechos humanos, sino también en la conformación de recursos asignables en su auxilio. En pocas palabras, la Ley General de Víctimas constituye el instrumento jurídico más importante para restituir y reintegrar a las víctimas sin mayores sobresaltos a la normalidad de la vida cotidiana, quebrantada por el abuso y la violencia. Una Ley General de Víctimas es un acto legislativo que debe reconocerse pero no celebrarse. No debe celebrarse porque es un acto que emana de años de dolor y de olvido, de violencia y de indiferencia que han azotado a nuestro país con la fuerza descomunal que solo la marginación y el desamparo de millones de personas podrían haber provocado. No debe celebrarse porque se creó sobre la desdicha de más de 80 mil familias, y aunque estamos, por supuesto, de acuerdo y a favor de su aprobación lamentamos que tenga que existir. Lamentamos que se hayan destrozado cientos de miles de corazones de familiares, de hermanas, de hijos, de madres y padres. Nos lamentamos profundamente por los miles de jóvenes y adolescentes que de un día a otro se enteraron que ahora iban a ser ellos los encargados de sus familias porque sus padres faltarían. Lamentamos que tantos y tantas hayan tenido que cambiar los libros por las herramientas, las carreras profesionales por los oficios y la juventud por el dolo. Nos lamentamos por los hombres y mujeres policías y militares que cargan sobre sus conciencias en el cumplimiento de sus obtusas órdenes las muertes de miles de mexicanos. Es por ello que no podemos celebrar la ley, porque sabemos que seguirá habiendo víctimas y que a las víctimas existentes lo que se les ha quitado jamás se los podremos regresar. Sin embargo, aun así apoyamos enérgicamente las modificaciones, porque sobre la incalculable desgracia que ha caído sobre las familias de las víctimas aun se puede construir un futuro y sobre las comunidades azotadas por la violencia aun se puede reconstruir el tejido social. Consideramos que esta ley es un paso necesario para lograrlo y que quizá a través de ella se pueda mandar un mensaje a la sociedad, que le diga que no somos indiferentes al dolor y que entendemos que sus víctimas son las víctimas de todos nosotros. La ley que ahora votaremos revela un carácter social. La amplitud de las definiciones de víctimas, acotación de los sujetos de reparación del daño, responsabilidades claras para funcionarios y unidades de la administración pública y un ajuste que da viabilidad presupuestal a este instrumento jurídico. Sabemos que se consensuó con los movimientos sociales, con la finalidad de que las víctimas y familiares fuesen protagonistas en la elaboración de las modificaciones y en un nuevo proceso legislativo se dio causa a un ordenamiento que ofrece una alternativa social y económica de reparación integral del daño, aunado a la reconstrucción del tejido social. Por razones como las anteriores, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votaremos a favor, sin embargo reiteramos, tener una Ley de Víctimas es reflejo de la existencia de un Estado victimario e incapaz, que no ha logrado contener el alud de violencia mediante vías no beligerantes, como lo podrían ser una política social integral, salud, empleo, educación, vivienda y cultura. Votamos a favor con nuestras condolencias a las víctimas y nuestro compromiso para que desde esta instancia hacer todo lo posible por resarcir el daño que el Estado les ha causado, y sobre todo para prevenir el aumento de la violencia en el país. Que se aplique irrestrictamente la ley será el primer paso para recomponer el camino. De buena fe esperamos que así sea, pero si se presenta el caso contrario también estaremos vigilantes. Hagamos de cada legislador un defensor de los derechos humanos. Muchas gracias.