El senador Víctor Manuel Camacho Solís: Con su permiso, señor presidente. Legisladoras, legisladores, no hay nada más peligroso para una democracia que justificar una ilegalidad afirmando que esa violación ya se había realizado en el pasado. Como la infracción ya se había cometido, entonces es legítimo volverla a cometer. Durante el trámite de la reforma energética se violentó gravemente el procedimiento legislativo y esa ilegalidad se convalidó diciendo que ya existe precedente o que la mayoría del pleno así lo había decidido. Así se justificó, por ejemplo, que el dictamen que salió de las comisiones la noche del lunes 9 de diciembre, fuera modificado durante la madrugada del martes 10 bajo las presiones de empresas mineras que durante esas horas cabildearon sólo con un grupo de senadores esas modificaciones que las beneficiaban. De esa manera tramposa se pidió a la asamblea que aprobará dichas modificaciones dentro del orden del día cuando su lugar de discusión era el seno de las mismas comisiones. También así se justificó que la minuta que el Senado remitió a la Cámara de Diputados se discutiera directamente en el pleno de esta Cámara, sin que se tratara previamente, como lo ordena el Reglamento de la Cámara de Diputados, en las comisiones respectivas. Esos fueron también los argumentos cuando, dentro de las presiones originadas por la aprobación de la reforma energética, esta Comisión Permanente se instaló indebidamente, a pesar de que el Senado de la república aún se encontraba sesionando. La Comisión Permanente, por su naturaleza constitucional, sólo puede instalarse y sesionar cuando las dos cámaras del Congreso de la Unión están en receso. A esta serie de atropellos de las más elementales formas parlamentarias se agrega la inusual rapidez con la que las legislaturas de los estados aprobaron esta reforma. No sólo se batieron records de tiempo; se cometieron auténticas burlas al debate serio que debería acompañar a una reforma de esta importancia. Lo preocupante para un debate democrático y plural no sólo fue la forma en que la reforma se aprobó en tres días por 17 legislaturas locales, sino que haya habido congresos que la aprobaron después de una discusión que tan sólo duró entre 10 y 20 minutos en varios de los casos. Desde luego ningún sistema legal más o menos sensato aceptaría este tipo de prácticas. Por eso nuestro sistema jurídico establece que contra la observancia de la ley no puede alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Pero más allá de esta discusión legal que desde luego es importante, es muy importante, cabe preguntarnos: ¿puede un sistema democrático permitir tal cantidad de irregularidades sin que su legitimidad y credibilidad resulten afectadas? La aprobación de esta reforma es síntoma de que la democracia mexicana está entrando en un punto de quiebre. Por un lado, se toman decisiones que transformarán la estructura y funcionamiento del Estado al margen de la voluntad ciudadana, la cual debería expresarse por medio de un instrumento que ya existe en nuestra Constitución, que es la consulta popular y, por el otro, esas decisiones son tomadas a través de procedimientos a tal grado apresurados, tramposos y autoritarios que ni siquiera logran aparentar ser democráticos. Esta reforma pasará a la historia por haber modificado el esquema fundamental bajo el que funciona el Estado mexicano. Está roto el pacto social argumentando que las mayorías gozan de un poder ilimitado que puede sobreponerse incluso a la Constitución y a los derechos de las personas. ¿Cuáles derechos? Los de los ciudadanos a ser consultados sobre asuntos de transcendencia nacional. Lo que se está definiendo, por tanto, no sólo es el régimen de exploración y explotación del petróleo, sino el modelo de democracia que queremos para el país. Una democracia de formas en la que los derechos y el núcleo de la Constitución pueden ser atropellados por cualquier mayoría legislativa circunstancial que esgrime contar con un mandato popular, cuando ese no fue el mandato de la elección presidencial y cuando el 70 por ciento de la población, de los ciudadanos, están en contra de estas decisiones, o una democracia que otorgue a todos la certeza de que hay límites para que ninguna mayoría pueda sobrepasar, a menos que cuente con un consenso social más profundo las decisiones fundamentales que la unifican. Esta decisión ya está tomada. Esta decisión se debió haber aprobado en un nuevo Constituyente, esa era la dimensión. El artículo 27 es el artículo más importante de la Constitución y del 17, y si no era en un Constituyente, debe ser aprobada en un referéndum. Si no hay consulta popular, señores senadoras, senadoras, diputados, diputadas, esta reforma será ilegítima, y no sólo la reforma será ilegítima, pienso que también lo será el régimen político mexicano. Muchas gracias.