LA C. DIP. HORTENCIA ENRIQUEZ ORTEGA: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: En nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, hago uso de la palabra para aportar algunas reflexiones y puntos de vista relativos a las recientes reformas del Código Penal de Chihuahua, que entre otros aspectos, atañen a los delitos sexuales y ésta es una primera corrección: La reforma penal se refiere a delitos como el fraude y el secuestro. Deseo manifestar en primer término que el asunto de referencia, además de polémico por naturaleza, ha sido abordado dolosamente con elementos de información insuficiente y al calor de un debate que ha alejado del rigor técnico jurídico, que debe prevalecer en todo análisis serio, objetivo, de buena fe y ajeno a intereses partidistas. Es imperativo que quienes tenemos la obligación de opinar en torno a esta cuestión lo hagamos con pleno conocimiento de causa, de cómo se dio el proceso de reforma y cuál fue su resultado. Lo primero que se tiene que hacer, es buscar en el tiempo el proceso de reformas al Código Penal, es decir, si realmente en algún momento las penas a violadores han disminuido en Chihuahua, y voy a los ejemplos: En el código que estaba vigente la pena a los violadores era de 2 a 9 años de prisión. En enero se hizo una reforma a la Ley. En esa reforma se les imponía de 6 a 20 años de prisión, pero esta reforma nunca entró en vigor, entre otras cosas porque estaba plagada de imperfecciones jurídicas. Mencionaré algunas: No se sancionaba a quienes hubieran tenido cópula sin violencia con menores de 14 años o privadas de razón; el abuso sexual tenía penas más altas que la propia violación o del homicidio; no se tomaba en cuenta el engaño a través de la confianza, la fe, el respeto, o cuando se utilizan los medios que proporciona la docencia o un empleo público. A pesar de que estos agravantes están presentes en el 90% de los casos, en la reforma de enero no se contemplaban, el hostigamiento sexual, el sólo dicho del ofendido bastaba para que se girara una orden de aprehensión. Por las reformas de enero hubieran quedado en libertad los sujetos que violaran a menores de 14 años, por esta reforma los violadores o abusadores sexuales, hubieran gozado del beneficio de no ir a la cárcel, a cambio de una medida de seguridad, sólo por ser condición senil, o sea anciano, por estas graves contradicciones la reforma de enero nunca entró en vigor. En agosto el Congreso hizo una nueva reforma, que se protesta ahora con más ánimos electorales que justicieros, porque en Chihuahua nunca han disminuido las penas por los delitos sexuales, que quede claro, nunca han disminuido. En la ley vigente hace diez días, la pena para un violador era de dos a nueve años, hoy, con la reforma es de tres a doce años, pregunto: ¿dónde está la reducción? La nueva reforma castiga el delito con más severidad y se evitan las graves contradicciones que se daban en la reforma de enero, en Chihuahua la violación no alcanza la libertad caucional y ningún violador pueda salir libre bajo fianza y ningún violador anda suelto en las calles, como se ha dicho. En el caso en Chihuahua se dijo que las reformas en cuestión agreden a la mujer, son oscurantistas y retrógradas, entre otros calificativos, porque al principio se compararon estas modificaciones legales que hoy son derecho vigente, con las contenidas en el proyecto que se frustró, como decíamos anteriormente, por sus serias deficiencias, cuando lo debido y era y es, comparar la situación que guarda el Código Penal, antes y después de la multicitada reforma. Ello ha creado confusión y ha desatado una polémica, en donde lamentablemente prevalece el tono emocional y electoral sobre el análisis científico y técnico-jurídico. Es entendible por las razones expuestas y por los delitos de que se trata, particularmente la de violación y otros temas como la prostitución y la violencia familiar, siempre han sido objeto de encendidos debates, de tesis contradictorias y posicionamientos, que se relacionan con la forma de ser cultural de una sociedad determinada. Los más ilustres juristas de México y el mundo, coinciden en que lo ideal es prevenir la comisión de los delitos más que castigar a los responsables, y que particularmente el tipo de ilícitos que nos ocupa, tiene que ver con la existencia de una subcultura, que predica los más altos valores de la moral y los violenta y niega en la práctica. Por otro lado, esos juristas saben por experiencia, que el aumento del vigor de las penas no desalienta a los delincuentes, si estas medidas no van acompañadas de otras cruciales, como lo son, más y mejor educación, un aumento sustancial del ingreso de las familias y, en general, de la calidad de vida, particularmente de los grupos sociales más débiles y en desventaja. En pleno ejercicio de su soberanía, el Congreso de Chihuahua, hizo una reforma a la ley en enero, y en pleno ejercicio de esta soberanía ha modificado esta reforma, perfeccionándola, según su criterio. Hoy, además, celebremos que en un gesto, que lo distingue y enaltece, la Junta de Coordinación Parlamentaria del Congreso de Chihuahua, por unanimidad, ha tomado el acuerdo de abrir el tema a una amplísima consulta, para aportar nuevos consensos en aras del perfeccionamiento de la legislación. Por eso nos extraña que todavía se guarden afanes partidistas, donde un órgano soberano ha demostrado que su interés es hacer buenas leyes, por cierto este acuerdo los firman los Coordinadores del PRI, del PAN, del PRD, e incluso un legislador independiente. Reconozcámoslo, resulta difícil forjar consensos que respondan a las exigencias de una Ley Penal objetivamente válida con enfoque de equidad de género y de justicia social, sobre todo en un país como el nuestro de tan grandes y graves carencias, de tan grandes y graves rezagos, inercias y contrastes socioculturales. Prioritario es salvaguardar y defender los derechos de las mujeres, pero hacerlo sin atropellar el principio fundamental de la justicia. Una servidora como mujer, como chihuahuense, como diputada, como defensora de la equidad de género tiene la obligación de analizar el problema con detenimiento y profundidad, a efecto de estar en posibilidades de emitir un juicio de valor; una servidora que no es jurista, que se precia de ser una convencida defensora de los derechos de las mujeres, antes que todo tiene un compromiso fundamental con el derecho y con los valores de la seguridad y de la justicia, y reconoce que requiere de la asesoría experta y bien intencionada de especialistas en derecho penal y particularmente en derechos sexuales, mismos que deben aportar su conocimiento y su experiencia, a efecto de que el legislador pueda responsablemente formular juicios y adoptar posicionamientos concretos y con base a lo anterior, presento a ustedes el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Que la honorable Cámara de Diputados, en el estricto respeto a los artículos constitucionales que consagran la soberanía de los estados y su derecho a formular sus propias leyes, mantenga una posición de no intervenir en ninguna forma en las decisiones del Congreso de Chihuahua, si no es con la voluntad de los diputados que quisieran participar en la consulta que este Poder soberano ha abierto para aportar de buena fe, sus observaciones más allá de cualesquier ánimo partidista y con la verdadera intención de enriquecer el desarrollo de la vida y de la sana convivencia de los habitantes de Chihuahua. Ante los derechos de la mujer, compañeras y compañeros, ni un paso atrás. Muchas gracias. LA C. DIP. HORTENSIA ARAGON CASTILLO, (DESDE SU CURUL).- Señora Presidenta, solicito la palabra.