El diputado Enrique Cárdenas del Avellano: Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy somete a la consideración de esta soberanía la Comisión de la Función Pública, en lo relativo a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. El 5 de diciembre del año pasado, el dictamen fue sometido a la consideración y discusión del pleno de la comisión y fue aprobado por todos los diputados de los diferentes grupos parlamentarios con 18 votos a favor, ninguno en contra y sin abstención ni votos particulares. El objetivo que persigue la presente iniciativa es modificar el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, abrogando la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a la aplicación del Capítulo III, Título "Del procedimiento para el financiamiento de responsabilidades resarcitorias", para que se aplique, en su caso, el Código Federal de Procedimientos Civiles. Si bien es cierto, el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación a la letra señala que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como la apreciación de las pruebas y desahogo de los recursos de reconsideración, se observaron las disposiciones de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Al respecto, la supletoriedad de la ley implica que ésta regule deficientemente una determinada institución jurídica que sí se encuentra prevista en la ley suplente, por lo que no puede existir supletoriedad cuando el ordenamiento legal suplido sí contempla la figura jurídica de que se trate. En este sentido, el artículo primero de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos establece lo siguiente: "Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la administración pública federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales de los que México sea parte. "El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, y a los servicios que el Estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo." Es decir, el ámbito de aplicación de la ley en cita no es aplicable para los procedimientos y resoluciones de fincamiento de responsabilidad resarcitoria que, en el ámbito de sus facultades constitucionales, tiene conferidos la Auditoría Superior de la Federación, toda vez que la misma es el órgano técnico de la Cámara de Diputados, conforme al artículo 74, fracción IV, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de fiscalización superior de la federación". Por tales motivos, se entiende que la Auditoría Superior de la Federación pertenece al Poder Legislativo, en tanto no puede aplicar la ley en comento, de hacerlo, estaría contraviniendo al ordenamiento antes citado. Por otro lado, el mismo ordenamiento, en su párrafo segundo, hace una segunda prohibición al estipular lo siguiente: "Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos". Ahora bien, la supletoriedad a que hace referencia el artículo 54 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación es para las cuestiones no previstas en el capítulo denominado "Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitoria", y éste se refiere a las responsabilidades de los servidores públicos que causan un quebranto a la hacienda pública federal o al patrimonio de los entes públicos federales estimables en dinero, que con motivo de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública detecta la entidad de fiscalización superior de la federación. Aunado a lo anterior, se puede establecer que cada norma tiene un campo de acción limitado y, por ende, no puede regular más que en las materias que entran en tal circunscripción, es decir, en el campo de acción para el cual fueron creadas, y no para las demás materias, como es el caso que nos ocupa. Además, tiene a bien señalar la iniciativa que la norma debe ser clara y precisa, para no dejar duda de su aplicación, sin embargo, actualmente la aplicación de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo no es clara en la aplicación en los procedimientos de fincamiento de responsabilidad resarcitoria, así como para el recurso de reconsideración que la Auditoría Superior de la Federación, debido a la contrariedad en cuanto a las autoridades que van a aplicar ésta a la misma, a efecto de evitar estas situaciones contradictorias y de que la autoridad actúe en un marco de derecho. Es correcta la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, puesto que contiene los parámetros aplicables a los procedimientos administrativos y la misma Ley de Fiscalización Superior de la Federación establece la supletoriedad de ésta en su artículo 6o. Con ello se evitaría la supletoriedad de la supletoriedad, como actualmente se configura. En virtud de que la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles es de que contiene los procedimientos generales que rigen las diversas ramas del derecho en materia procesal dentro de cada jurisdicción y señala las normas que deben regir los procedimientos que se sigan ante las autoridades administrativas, salvo disposiciones expresas en lo contrario. De aprobarse el numeral en cita, quedaría de la siguiente manera: Artículo 54. En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en este capítulo, así como la apreciación de pruebas y desahogo de recursos de reconsideración, se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. El Grupo Parlamentario del PRI nos manifestamos a favor de las propuestas vertidas por el diputado, ya que estamos convencidos de que todas ellas lograrán hacer más eficiente la asignación de los recursos destinados de esta fiscalización. Compañeros, solicito su apoyo para la aprobación favorable de este dictamen. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.