La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Compañeras, compañeros legisladores. El dictamen que hoy se nos presenta, de aprobarse sería no solamente una lesión severa a la soberanía nacional, que podría ser catalogado como traición a la patria, sino también la lesión que se pudiera dar a los derechos fundamentales en caso de utilizarse las armas, no solamente por servidores que estén en la aduanas nacionales, sino también por los extranjeros. Señala el artículo 28 con base al principio de reciprocidad: es reciprocidad internacional, la Secretaría de la Defensa Nacional podrá autorizar la aportación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros subrayo extranjeros de migración o aduanas debidamente acreditados ante el gobierno federal, que participe en la revisión migratoria en los puntos de tránsitos internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales respectivamente conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos interinstitucionales subrayo acuerdos interinstitucionales que deberán celebrase para tal efecto. La primera iniciativa que presenté que está durmiendo y va a seguir durmiendo el sueño de los justos, es precisamente para derogar esta práctica de celebrar los acuerdos interinstitucionales. Los acuerdos interinstitucionales conforme a la Ley de Celebración de los Tratados del 2 de enero de 1994, son tratados internacionales materialmente. Es decir, son instrumentos internacionales, contrarios a la Constitución porque no fueron celebrados por el presidente de la República ni aprobados por el Senado. Es decir, contrarios al artículo 89, fracción 10, y al artículo 76, fracción I de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con base a esos acuerdos interinstitucionales, es que precisamente celebrados con Estados Unidos se va a autorizar a policías o servidores públicos extranjeros, díganse norteamericanos, a que vengan a portar armas, se dice, nada más en las instalaciones aduaneras y que no las van a portar fuera de las mismas. Dicen que no van a realizar actos de autoridad. Si no van a realizar actos de autoridad, por qué, para qué necesitan portar armas. No van a ser nada más para lucir que las traen, sino para que en el momento en que las consideren necesarias utilizarlas. La potestad de poder utilizar armas y más servidores públicos, en este caso de Estados Unidos de Norteamérica o extranjeros, es un acto de autoridad, es un acto de imperio; y por más que se nos venga a decir aquí que no son actos de autoridad sí son actos de autoridad. Precisamente por eso los civiles no podemos portar las armas, más que con un permiso. En este caso lo van a portar para realizar no actos de amistad, sino precisamente para la revisión en aduanas o en su caso en lo que es el ingreso de los extranjeros. No solamente mercancías, sino también personas. Por si ello no fuera suficiente surgen algunas preguntas, a relación de que hemos presenciado y hemos discutido y analizado varios casos de funcionarios norteamericanos que en territorio de Estados Unidos han matado a nuestros nacionales, los han matado en territorio mexicano. ¿Qué va a suceder ahora con estos permisos que les vamos a dar si llegan a matar a algún centroamericano o a algún mexicano? ¿Cuál va a ser la ley aplicable? ¿Cómo se les va a exigir alguna responsabilidad? A esto no se da respuesta en esta ignominia, porque no tiene otra palabra de dictamen. No solamente es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino están cometiendo el delito de traición a la patria. Porque demás, con el derecho internacional vigente, hoy en día por la realización de estos actos, que son actos jurisdiccionales y de autoridad, con el paso del tiempo se constituye una costumbre internacional que puede ser la pérdida de la soberanía nacional, pérdida de la soberanía nacional en esa parte del territorio; ejemplo, las bases militares que tiene Estados Unidos en distintos países, el Tratado Torrijos-Carter en el caso del Canal de Panamá y un sin número de ejemplos que también puedo citar aquí. Por favor, hágase responsable esta Legislatura de no aprobar este dictamen. Es cuanto, diputado presidente.