La diputada Silvia Isabel Monge Villalobos: Con su permiso, diputado presidente. Hago uso de esta tribuna para presentar a ustedes una iniciativa que yo le considero vigente. Y le considero vigente con motivo de los desastres naturales que recientemente han ocurrido en muchos de nuestros estados, yo soy de Veracruz, pero así ha pasado con Tabasco, con Chiapas y con muchos más, y tiene que ver con los usos de suelo. Uso de suelo indebidos, cambios climáticos, desastres naturales. Nosotros hemos fortalecido al Fonden, creamos un nuevo fondo para la reconstrucción, pero yo considero que la verdadera prevención es la solución a muchos de los problemas que suceden cuando vienen estos desastres naturales y dan problemas a la población, en sus viviendas, en infraestructura hidráulica, en la infraestructura carretera, y no habrá recurso que los diputados de esta Cámara proveemos mientras no estemos viendo la verdadera protección civil que radica en dar usos de suelo en las zonas que sí es pertinente hacerlo, y no por compraventas, por negocios particulares seguir propiciando los asentamientos irregulares en las zonas que no convienen. Yo les reitero que es vigente, porque hoy, por ejemplo, en el Notiver, un periódico de Veracruz, es un tema muy recurrente. El alcalde de Medellín sigue dando usos de suelo en zonas que han sido inundables, hasta por cuatro metros. Hay otra zona de Tembladeras, en Veracruz, pegado al aeropuerto, conurbado entre Medellín y el puerto, en donde han hecho un cambio de uso del suelo en la administración anterior, en justamente los manglares. Ya ese tema lo hemos traído a esta tribuna. Se dijo por el anterior que iba a ser un sitio Ramsar, pero el cambio de suelo ahí está, tiene propietario y el propietario pese a la clausura que ha hecho Profepa, sigue y continúa rellenando los manglares. Ojo, compañeros, porque esto es Protección Civil y esto puede suceder en todos los municipios del país, es Protección Civil y en el caso de manglares es Preservación Ecológica. Sí quiero comentarles que sin duda alguna el uso del suelo es un concepto contemporáneo, clave de intervenciones humanas en la naturaleza, en un término amplio que puede referirse a un asentamiento urbano, su zonificación prevista en un plan de desarrollo urbano, sus reservas territoriales, a sus zonas habitacionales, comerciales, industriales, a complejos turísticos, áreas naturales protegidas, etcétera. A grandes rasgos el uso de suelo es el manejo o uso de una superficie de terreno que hace el hombre y que depende redecisiones políticas, económicas y sociales. Así cada vez que se decide construir algo sobre una zona natural, se desplaza y se rompe el equilibrio de un ecosistema que prestaba y cumplía con una función ambiental. Toda intervención humana sobre la naturaleza es desfavorable, por ello es deber del Estado que dicha injerencia sea con base en un desarrollo sustentable. El artículo 98 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al ambiente, la LGEPA indica que “para la preservación, aprovechamiento sustentable del suelo y sus recursos, se considerarán los siguientes criterios: el uso de suelo debe de ser compatible, y ahí radica, compatible con su vocación natural y no debe alterar el equilibrio de los ecosistemas”. La propia LGEPA en su artículo 3o., nos define manifestación de impacto ambiental como “el documento mediante el cual se da a conocer, con base en estudios, el impacto ambiental significativo y potencial que generaría una obra o actividad, así como la forma de evitarlo o atenuarlo en el caso de que éste sea negativo”. Los municipios constantemente tienen severas dificultades para realizar por sí mismos dichos estudios que se les otorgan el conocimiento necesario de las autoridades sobre los efectos negativos o positivos de las obras o actividades a realizar en determinado suelo. Es una realidad que los ayuntamientos carecen de recursos humanos, materiales y técnicos especializados para realizar los documentos soportes sobre los cuales deben motivar legalmente una decisión sobre uso de suelo. Lo anterior muchas veces estimula a que los presidentes municipales recurran a instituciones de iniciativa privada que no reúnen los requisitos técnicos necesarios ni de certificación para emitir una manifestación de impacto ambiental. Asimismo, en ocasiones son los particulares interesados en una autorización de uso de suelo quienes ofrecen presentar estos estudios por supuesto, acorde a sus intereses e incluso el municipio accede a conceder y dar por válidos los documentos de análisis ambientales presentados por los particulares. Son muchos los temas que aquí nosotros estamos presentando, pero sí quiera dejar muy en claro que lo que buscamos con esta iniciativa es modificar el 115, sin con esto pretender ser un discurso contradictorio en el cual le estemos restando facultades al municipio, sino por el contrario, lo estamos haciendo corresponsable, junto con los gobiernos estatales y federal, porque en el momento en que viene la desgracia o el desastre natural es el gobierno federal y muchas veces también los estados los que tienen que resarcir el daño, que tienen que enviar los recursos para componer lo dañado, producto de una mala decisión municipal. Punto único. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el inciso d) de la fracción V del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia en sus jurisdicciones territoriales –aquí agregamos–, previo a decisión se deberá acreditar la manifestación de impacto ambiental y desarrollo sustentable que se realice con arreglo a las leyes federales y estatales. Por su atención gracias. Es cuanto, diputado presidente.