El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, señor presidente. Diputadas y diputados, dar cumplimiento a lo señalado por el artículo 1o. de nuestro Código político de 1917 es el objeto de la presente iniciativa. Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Ley Suprema y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección. Es por ello importante que se modifique el artículo 27 de la Ley Federal de Archivos, con el objeto de garantizar el derecho a la verdad y respeto a los derechos humanos. Las medidas de represión militar y política que se encuentran dirigidas a disolver los movimientos de oposición, se le conoce en México como Guerra Sucia o Guerra de Baja Intensidad. Esta guerra es un tema del que muy poco se habla y poco se sabe por el grueso de la población. Sin embargo está íntimamente ligado con las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos, fenómeno que se inició en la década de los años sesenta. No obstante aunque dicho fenómeno surge en el seno de regímenes autoritarios, hoy día no es exclusivo de los estados que se encuentran en contextos dictatoriales o de conflicto, sino se encuentra presente en gobiernos aparentemente democráticos. Las víctimas de delitos de violaciones de derechos humanos, sus familiares y la propia sociedad mexicana tienen derecho al conocimiento de la verdad histórica de los hechos, a la justicia y acceder a recursos o medios efectivos que garanticen que no queden impunes las violaciones a sus derechos. Así, considerando que el derecho a la verdad surge como respuesta directa al problema de las desapariciones forzadas y la represión política, y que en nuestro país afrontamos una crisis humanitaria de enormes proporciones, modificar nuestro marco legal resulta una necesidad urgente para combatir la impunidad. La investigación judicial sobre los crímenes del Estado contra los movimientos políticos fue abierta en el sexenio de Vicente Fox, creando la Fiscalía Especial para los Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, llamada Femospp. Ésta se extingue sin conseguir una sola sentencia condenatoria por los delitos durante las matanzas del 2 de octubre de 1968, la del 10 de junio de 1971, o la llamada guerra sucia, objetivo principal de su creación en el sexenio foxista. En Morena buscamos alcanzar e impulsar principios fundamentales como lo es el derecho a la justicia, el derecho a obtener la reparación y que no queden impunes los delitos cometidos surgiendo así el derecho a la verdad, derecho que conlleva el conocimiento de los hechos históricos, por lo que al reformar el artículo 27 del mencionado ordenamiento se busca que el acceso a la información sea un mecanismo de legalidad que permita dar cumplimiento a la máxima constitucional que consagra este derecho de acceso a la justicia. Es por ello que proponemos que el artículo 27 en su parte conducente quede de la siguiente manera: No se considera información con valor histórico toda aquella que contenga información relacionada o trate de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad y por ningún motivo podrán restringirse su acceso, de conformidad con los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. Con esta modificación buscamos que el acceso a los archivos constituya un instrumento para el acceso a la verdad. La lucha contra la impunidad pasa por la preservación de los archivos. En este orden de ideas queda claro que los archivos que dan testimonio a la violación de derechos humanos deben estar disponibles para el ejercicio de los derechos fundamentales. El conocimiento de los archivos se encuentra íntimamente ligado a la defensa de los derechos colectivos tales como la libre elección del modelo de transición, el derecho a la memoria, derechos a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a conocer a los responsables de crímenes contra derechos humanos. Las víctimas tienen derecho a la restitución, la readaptación, la satisfacción, incluido el restablecimiento de la dignidad y la reputación; las garantías de no repetición. La preservación de la memoria es la garantía para que la impunidad no se repita. Es cuanto, señor presidente.