El diputado Andrés Fernández del Valle Laisequilla: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México es uno de los países que cuenta con amplia diversidad de recursos forestales, los cuales albergan gran riqueza en especies vegetales y animales, muchas de las cuales cuentan con categoría de protección o de peligro de extinción. Por lo que hace a la importancia de los recursos forestales, éstos en nuestro país representan el 85 por ciento de la superficie, y su utilidad no radica sólo en la producción de materias primas y bienes económicos, sino en el papel esencial que desempeñan en el funcionamiento del sistema natural. Internamente nuestro país, como vía de acción para su protección se estableció la obligación de solicitar autorización para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, la cual es otorgada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La vigilancia del cumplimiento a dichas autorizaciones lo efectúa la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente a través de acciones de inspección y vigilancia de la cadena productiva forestal, que está dividida en cuatro fases, aprovechamiento, transporte, transformación y almacenamiento, teniendo como una de sus atribuciones recibir, atender e investigar y, claro, en su caso, canalizar ante las autoridades competentes las denuncias en materia ambiental. En nuestro país la investigación de los delitos ambientales está a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra el Ambiente, quien determinará la responsabilidad en comisión de delitos ambientales, así como las sanciones y penas. Al respecto, los delitos ambientales con mayor incidencia son, entre otros, el transporte de los recursos forestales maderables en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos. Actualmente, dentro del Código Penal, se contempla en el capítulo denominado De la biodiversidad todas las acciones que atenten o afecten los recursos naturales, así como sus sanciones y penas. En el caso que nos ocupa las acciones contempladas en el artículo 419 de este Código, que señala que quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera acerrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3 mil días multa. La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad. El cumplimiento de este precepto jurídico es evadido e incluso burlado por prácticas dolosas que buscan engañar a las autoridades ambientales, ya que las personas que se dedican al transporte de estos dividen el cargamento total de los recursos forestales en distintos automóviles, de tal suerte que nunca rebasen los cuatro metros cúbicos establecidos, evadiendo con ello cualquier tipo de acción penal en su contra. Es decir, el tipo penal señala que se iniciará la investigación por el delito de transporte ilícito de recursos forestales siempre y cuando este exceda el volumen de cuatro metros cúbicos o, bien, cuando se trate de cargamentos menores, siempre y cuando se trate de conductas reiteradas. Si bien este último supuesto podría subsanar la imposibilidad de las autoridades ministeriales para acreditar el delito, lo cierto es que en la práctica su aplicación se torna ambigua, ya que podría hacerse la acumulación de dichos volúmenes siempre y cuando se acreditara una sola procedencia de dichos recursos forestales. Una vía para garantizar la erradicación de estos actos abusivos y engañosos es modificar el Código Penal, otorgando herramientas a la autoridad ministerial para que puedan ejercer sus atribuciones y dar inicio a una investigación penal y con ello poder sancionar el tráfico ilegal de recursos maderables. Lo anterior como parte integral de los trabajos y políticas públicas dirigidas a la protección de nuestros recursos naturales, principalmente de los recursos forestales. Por todo ello someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 419 del Código Penal Federal, para garantizar que al comprobarse que se trate de cargamentos de un mismo origen distribuidos en diversos transportes, cuya finalidad sea no exceder el volumen señalado y evadir con ello las sanciones a que se harían acreedores, no sea necesario alcanzar la suma permitida ya que bastará la comprobación de la acción referida para hacerse acreedor a las sanciones y penas señaladas. Es cuanto, señor presidente.