El diputado Adán Augusto López Hernández: Ciudadano presidente de la Mesa Directiva, señores diputados y señoras diputadas, el pasado 29 de agosto de 2008 entró en vigor el decreto por el cual el presidente de la república dejó de necesitar la autorización del Congreso de la Unión para ausentarse del país. A partir de ese entonces, el titular del Ejecutivo federal puede ausentarse del territorio nacional hasta por siete días sin que medie el consentimiento del Legislativo. El único requisito con el que debe cumplir, el presidente en turno, es el de informar previamente de los motivos de su ausencia a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente, en su caso; así como de los resultados de las gestiones realizadas una vez que haya regresado al país. En ausencias mayores a siete días se requerirá permiso de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente. Con la reforma anterior, el Congreso de la Unión abdicó del ejercicio de una de sus facultades constitucionales más importantes en materia de política exterior. Una facultad de control político y democrático que, sin duda, estorbaba a quien hoy ejerce la titularidad del Poder Ejecutivo federal e incomodaba aquellos legisladores que consideraron una banalidad el escrutinio de la actuación exterior del Estado. Los principales argumentos de quienes votaron a favor de eliminar la autorización del Congreso para que el presidente de la república pudiera ausentarse del país son los siguientes: Uno. Se deben reducir los asuntos de la ya de por sí cargada agenda del Congreso de la Unión. Dos. Se debe simplificar, aunque de hecho se elimina, el régimen del permiso que obstaculiza la eficacia del Ejecutivo. Tres. Esta reforma dará mayor dinamismo al ejercicio de las facultades del jefe del Estado. Cuatro. La propuesta no pretende menoscabar en modo alguno las facultades del Congreso. Cinco. Las circunstancias políticas y materiales actuales son diferentes a aquéllas que dieron origen al actual régimen cerrado de permisos. Seis. El artículo 88 es un resabio decimonónico, un artículo monárquico que encuentra su antecedente principal en la Constitución de Cádiz, y que choca frontalmente con la esencia y naturaleza de un régimen republicano como el nuestro. Ante estos argumentos falaces estimo necesario precisar lo siguiente: es claro que las facultades de control democrático que la Constitución asigna al Legislativo son vistas como simples obstáculos que explican y justifican por sí mismos, por qué el Ejecutivo no es eficiente en el ámbito internacional. Pero la realidad es que la reforma al artículo 88 cercena una de las facultades más importantes del Legislativo en materia política exterior y atenta flagrantemente en contra de uno de los pocos mecanismos de control que el Congreso posee sobre la acción exterior del presidente. Es cierto que el contexto internacional es cada vez más dinámico y que ello demanda una mayor capacidad de acción. No obstante, no es menos cierto que precisamente ese mismo concepto hace necesario fortalecer las facultades de evaluación y fiscalización del Congreso sobre la acción exterior del Estado. En el mundo la tendencia apunta hacia el fortalecimiento de las facultades de los parlamentos, no hacia su desmantelamiento. Y si el propio Congreso considera que ocuparse de la actividad exterior del jefe de Estado es algo sin la menor importancia, entonces estaremos dando lugar a uno de los episodios más tristes en la historia del Poder Legislativo en el país. Un episodio en donde es el propio Congreso quien acepta ser un estorbo para el presidente en turno. Ahora bien, quienes ubican históricamente al artículo 88 como un molesto resabio decimonónico, ignoran o soslayan deliberadamente que el control de la Corte sobre el rey constituye un mecanismo de control parlamentario tendiente a controlar y ejercer un contrapeso sobre el poder absoluto. Por lo tanto, el artículo 88, en sentido contrario a lo que se ha argumentado, constituye uno de los antecedentes más significativos del constitucionalismo moderno que en nada se encuentra peleado con un régimen republicano y democrático como el nuestro. Lo anterior no sólo fortalece la colaboración entre Poderes, sino que por el contrario, estimula la conducción unilateral de las relaciones exteriores del país, reduciendo toda posibilidad de arribar hacia un verdadero sistema de corresponsabilidad, equilibrio y efectiva rendición de cuentas. Por todo ello, señor presidente, señoras diputadas y señores diputados, someto a la consideración de esta asamblea el siguiente Proyecto de decreto. Artículo Único. Se reforma el artículo 88 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 88. El presidente de la república no podrá ausentarse del territorio nacional sin la autorización de las Cámaras del Congreso de la Unión o, en su caso, de la Comisión Permanente. La ley determinará el procedimiento que habrá de seguirse para promover la eficacia y garantizar la fiscalización de la actuación exterior de Estado. Es cuanto, presidente.