El diputado Rogelio Cerda Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México enfrenta hoy una crisis de seguridad pública, que nos obliga a los 108 millones de mexicanos a renovar nuestra fe en el destino que deseamos para nuestro país. Nos queda claro que las fuerzas del mal que atentan contra la seguridad nacional de nuestra patria pretenden aterrorizar a la sociedad, en general, a sus instituciones y a todas las instancias del gobierno. Son muchas las causas que nos han llevado al punto de zozobra que vivimos en la nación, desde recurrentes crisis económicas que han anulado el crecimiento económico del país, adminiculado este factor con el déficit de las ofertas educativas para niños y jóvenes, con la ausencia de oportunidades laborales bien remuneradas para los menos favorecidos, con el trastrocamiento de los valores familiares y comunitarios, con la ausencia de lugares para el sano esparcimiento y estímulo de la práctica deportiva para los muchachos. En este contexto, debemos admitir además que hay un grave deterioro de la relación que se da entre el policía y su comunidad. Aunado a estos factores se observa en las últimas décadas un decremento en la inversión en el rubro de la seguridad pública. Esto lo encontramos en los tres niveles de gobierno; se dejó de invertir en los cuerpos policíacos, se relajaron los programas de capacitación, se descuidó el estímulo a los valores y sentido de pertenencia de los policías y se asumieron actitudes laxas frente a aquellos malos elementos que faltaban a su deber y traicionaban así a su uniforme. Todos estos factores nos llevan a asumir con responsabilidad, que hoy por hoy es incuestionable, que todos los días crece la indignación de la sociedad mexicana por hechos que los medios consignan diariamente: ejecuciones al por mayor, decapitados, colgados, secuestrados, extorsionados, mutilados y desde luego, autoridades evidenciadas como cómplices de criminales. Es imperativo que pasemos del agravio y del oprobio a la acción concreta. Todos los mexicanos desde nuestro ámbito competencial debemos cerrar filas en esta lucha; debemos combatir por todos los medios a la delincuencia organizada en todas sus formas y frentes, que buscan desde luego todos los días destruir nuestro tejido social, que lastima a nuestra historia, que injuria nuestro origen y cultura y, por supuesto, que atenta contra nuestro destino mismo como nación. Este flagelo que invadió nuestros espacios públicos y familiares, de manera súbita e imprevista nos ha obligado a acudir al auxilio de las Fuerzas Armadas del país, que en fiel cumplimiento de su misión frente a la patria han sabido evitar que los daños provocados por los señores del crimen hayan resultado más perniciosos y dañinos. ¿Por qué tuvimos que acudir a las Fuerzas Armadas y buscar su ayuda y protección? La respuesta es muy sencilla. Porque desde que nació este problema, hasta el día de hoy, la organización que en materia de seguridad pública se tiene implementada en el país favorece la desarticulación policiaca, la ausencia de conectividad entre las autoridades federales, estatales y municipales, que ha propiciado la existencia de estrategias corporativas no complementarias entre sí y, desde luego, hasta el divorcio en acciones concretas contra el crimen cuando éstas requerían y demandaban coordinación. El pasado 23 de marzo, reunidos en Morelia, Michoacán, la Conago (Conferencia Nacional de Gobernadores), integrada por los 32 mandatarios estatales del país, tomó un acuerdo unánime a propósito de las ideas que he venido transmitiéndoles. En su pronunciamiento y en apoyo a las acciones en materia de seguridad pública para la nación acordaron: Uno. La necesidad de crear mandos policiacos únicos en cada una de las 32 entidades del país. Dos. El envío de una respetuosa sugerencia al Congreso de la Unión para que delibere y resuelva sobre la conveniencia de reformar diversos artículos de nuestra Carga Magna. Tres. Las adecuaciones pertinentes a las fórmulas de cálculo y a las modalidades de aplicación de los fondos federales destinados al rubro de la Seguridad Pública. Con la actual estructura jurídica que sustenta la conformación de las policías del país no vamos a poder avanzar con rapidez hacia el rumbo trazado. Si continuamos así, los criminales van a seguir haciendo de las suyas y van a tener a un país arredrado a un país, a un pueblo, con gran tradición laborista y pacifista. Es impostergable cambiar todo aquello que no ha funcionado; y es mucho lo que no ha funcionado. Desde la alta responsabilidad que todos tenemos en esta soberanía, nos corresponde crear las instituciones y el sustento jurídico que la república demanda para alcanzar las metas y objetivos trazados. En este sentido, debemos rediseñar de manera integral el actual modelo policial que tiene el país, buscando con ello que los cuerpos de seguridad pública de la nación sean más eficientes y eviten los vicios que crean dispersión y desatino en el cumplimiento de sus altas responsabilidades. El crimen organizado tiene hoy asentado sus tentáculos en casi todas las naciones del mundo, trafican drogas, armas, piratería, órganos humanos, especies de flora y fauna, trata de mujeres y menores, venden seguridad, entre otros muchos actos ilegales. Los grandes estudiosos del tema de la seguridad nacional establecen que no hay otra forma en que un país democrático pueda establecerse como una nación segura si no entra con visión y lógica de Estado a enfrentar los retos que demanda y requiere su propia salvaguarda. En nuestro país, compañeros, existen 2 mil 22 cuerpos policiacos con jurisdicción municipal. Estas corporaciones se consolidaron como tales en 1985, dentro del gobierno de Miguel de la Madrid. Era otro México. Era muy distinto al que hoy tenemos, era el México de hace 25 años. Nuestros problemas de seguridad en aquellos años eran en esencia aquellos que correspondían a delitos del fuero común. Virtualmente no existían bandas del crimen organizado. Éramos, frente al problema de las drogas, un país de tránsito. No se cobraban cuotas por seguridad, por piso, por tránsito de mercancías. Los secuestros eran una preocupación sólo de una reducida parte de comunidades del país. Compañeros, todo esto ha cambiado dramáticamente. Hoy, todos somos testigos de la tragedia y desgracia que significa para nuestro país la inseguridad. Por ello, debemos ser actores que participemos en la solución impostergable e ineludible que nos demanda la nación y a la que protestamos servir con lealtad cuando asumimos la alta responsabilidad de servirle como legisladores. Compañeras y compañeros legisladores, todos sabemos que la ley es un ente vivo y por ello es un ente cambiante. La mejor forma que podemos encontrar para que las autoridades civiles avancen en su lucha contra el crimen organizado, es promoviendo la reforma a los artículos 21, 115 y 123 de la actual Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, apoyando así, sin regateos, la petición y el emplazamiento al que nos han convocado los señores gobernadores de los 32 estados de la república. Autoricemos que cada entidad federativa tenga un solo mando policiaco estatal del orden preventivo. Con ello ayudaríamos a que los estados optimicen recursos económicos asignados a este rubro y mejoren sus niveles académicos para la formación de cuadros, que se homologuen los controles de confianza y sin duda se tendría una mayor y mejor fuerza bélica local para enfrentar a los señores del crimen.