El senador Gustavo Enrique Madero Muñoz: Con la venia de la Presidencia. No sé si han visto la publicidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la televisión. Dice una voz en off: ¿Sabes qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Bien a bien, que yo sepa, no, responde una señora. Sinceramente, he tenido poca información, responde un joven, poca información, poca actuación, pero, sobre todo, poca autonomía. Las comisiones nacionales de derechos humanos se forman para defender a las víctimas contra los excesos de la autoridad y cuando nacen, como apéndice de la autoridad, pierden su función. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es una institución autónoma que se debe regir no solo por lo que establece nuestra Constitución, también debe respetar los principios de París adoptados hace más de 20 años por más de 100 instituciones nacionales de derechos humanos en el mundo. Fue en diciembre de 2019 cuando organizaciones de la sociedad civil le solicitaron a la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos quitarle el estatus A a nuestra Comisión Nacional, arguyendo que la elección de la ahora ombudsperson contravino los Principios de París, puesto que incumplió los requisitos esenciales de los mismos y advirtió así sobre la falta de independencia de la actual titular de la Comisión Nacional y sobre la poca legitimidad del proceso bajo el cual se dio su designación en el Senado. Frente a las coyunturas, frente a las cuestiones cruciales en el ámbito nacional, como la militarización, la Comisión Nacional, nuestra Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado ausente, mención especial merece su omisión de impugnar las reformas de la Ley de la Guardia Nacional que implicaron la adscripción de esa corporación de la Guardia Nacional a la Sedena. El 13 de septiembre de 2022, mediante un pronunciamiento, dio a conocer que esa comisión no representaría ninguna acción de inconstitucionalidad contra las reformas que extendieron la presencia del Ejército en tareas de seguridad pública de la Guardia Nacional. Justificó los cambios y sostuvo que las reformas aprobadas no incluían un solo artículo donde se perdiera el estado civil de la Guardia. Asimismo, en ese comunicado argumentó que lo que vivimos hoy en México es un nuevo proceso transformador. Lo anterior, sin duda, contrasta con lo que vivimos, con los datos que se tienen disponibles. De acuerdo con las investigaciones, documentados de la Organización Internacional Human Rights Watch, casi dos décadas de intervención militar en seguridad pública han propiciado innumerables atrocidades cometidas por soldados y marinos casi con total impunidad y no han logrado poner fin a la violencia implacable de los cárteles mexicanos. En el inventario de lo militarizado en México se registran ya 227 funciones transferidas del ámbito de la administración civil a la administración militar o castrense. Por medio de solicitudes de información sabemos que solo el 14.8, es decir, solo 16 mil 916 elementos de la Guardia Nacional han recibido capacitación en materia de derechos humanos. De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos, en 2020 la Guardia Nacional registró 350 quejas, un año después se incrementaron 34 % el total de quejas, llegando a 504 y lo que llevamos de enero a mayo de 2022 se registraron 202 quejas. Es decir, en dos años y cinco meses la Guardia Nacional registró mil 56 quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y la Sedena, por su parte, contabilizó 964. Desde que empezó la gestión de la actual presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la relación con los integrantes de su Consejo Consultivo no ha funcionado, no ha sido de la mejor. Basta con recordar que, en noviembre del 19, cinco miembros del consejo consultivo renunciaron a sus cargos tras su llegada, Alberto Manuel Athié Gallo, Mariclaire Acosta Urquidi, María Olga Noriega Sáenz, Angélica Cuéllar Vázquez y María Ampudia González. Las cuatro consejeras denunciaron que la forma en que llegó la activista a la cabeza de la comisión fue cuestionada, además de que afirmaron que la autonomía del organismo se veía vulnerable, por lo que no se podía asegurar su funcionamiento. A lo anterior, hay que sumarle la renuncia de la doctora Gloria Ramírez, quien el 29 de noviembre del 22 renunció ante la presidenta de la Comisión los Derechos Humanos del Senado, refiriendo que en el lapso en que se desempeñó como consejera le fue difícil enriquecer el trabajo de la Comisión y mantener un diálogo constructivo en medio de tantos disensos y posturas opuestas. En varios asuntos no se tuvo las coincidencias, como fue el caso de la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre deudores morosos, además de no poder observar perspectivas enriquecedoras sobre trabajo en común. Para rematar, el 28 de octubre del 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó en el Diario Oficial de la Federación la recomendación general 4622, que le recomendaba la transformación del INE, por servir para el mantenimiento de vicios por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales. Al respecto, integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos rechazaron ese pronunciamiento de la Comisión, en lo referente a que el Instituto Nacional Electoral tiene el mismo historial que el IFE o de la Comisión Federal Electoral, como órganos autónomos únicamente de nombre y pidió a la titular apegarse a las recomendaciones generales aprobadas en el seno de su Consejo Consultivo, sin interpretaciones políticas respecto de su contenido. ¿Sabes qué hace la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? Sinceramente sí, ha abdicado de su función y ha renunciado a su autonomía. Es cuanto, presiente. Muchas gracias.