El diputado José Angel Córdova Villalobos: Con su venia, señor Presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados: de conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en mi calidad de presidente de la Comisión de Salud, me dirijo a ustedes para presentar la fundamentación del dictamen por medio del cual se reforman los artículos 314, fracción II, y 350 bis 6 de la Ley General de Salud. Por su dignidad, los hombres son iguales por naturaleza y no se debe hacer distinción alguna entre éstos, con menoscabo de su propio destino temporal y eterno. La importancia de respetar la dignidad humana es la excelencia o jerarquía que tiene el ser humano sobre los demás seres corpóreos en virtud de su naturaleza racional. Esta no se extingue con la muerte, por lo que se debe dar un trato digno al cadáver de todo ser humano. Sólo es a partir de los años 50 que nuestro país inicia oficialmente la certificación de las defunciones de forma obligatoria ante procesos legales, civiles o penales. Debido a nuestro bagaje histórico, esta práctica fue delegada a las instituciones religiosas y sólo hasta 1860 es que se crea el Registro Civil. Años más tarde, en 1986, año en el que para entender el proceso de salud-enfermedad se modifican los certificados de defunción para adaptar e incorporar un mayor número de datos del difunto, la causa del deceso, incluyendo las muertes dentro del útero materno, entre otras. Esta manera de elaborar los certificados de defunción sigue vigente y son el principal instrumento para los informes de mortalidad, ya sea que ocurra en útero o sea muerte fetal o después del nacimiento. La Ley General de Salud dedica todo un capítulo para referirse a los certificados comprendidos entre ellos los de defunción y muerte fetal. De conformidad con lo anterior y con el artículo 392 de la propia Ley, corresponde a la Secretaría de Salud elaborar los modelos de estos documentos y publicarlos en el diario Oficial de la Federación, lo cual se hizo el 21 de noviembre de 1986. Esta preocupación no sólo ha sido manifestada por el Poder Ejecutivo. La Cámara de Senadores aprobó la minuta objeto de este dictamen el 5 de diciembre del 2003, y nosotros los diputados de la LIX Legislatura aprobamos, como ustedes recordarán, el proyecto de decreto que reforma, entre otros, el artículo 314 de la Ley General de Salud el 15 de diciembre del mismo año, dentro de un grupo de artículos que se referían a muerte encefálica con fines para transplante de órganos. Es evidente, pues, el interés del Congreso de la Unión respecto a este tema. Sabemos bien que las causas que condicionan la mortalidad en nuestro país, han variado respecto de aquellas que se presentaban en décadas anteriores. Los certificados de defunción y de muerte fetal, además de servir como constancias que acreditan la realización de los hechos a que los propios certificados se refieren, contienen datos útiles tanto para efectos estadísticos como para establecer índices y causas de mortalidad a través del aprovechamiento de su información. Nunca es sencillo, ni siquiera para nosotros como médicos, hablar de la muerte. Pero es necesario e impostergable abordar temas como éste, ya que la información contenida en estos certificados puede ser la base de las políticas y acciones en la salud pública de nuestro país. Por estas razones, compañeros legisladores, solicito su voto aprobatorio al presente dictamen a nombre no sólo de los integrantes de la Comisión de Salud, sino de todos los médicos mexicanos que encontraremos en esta reforma un instrumento fidedigno para emitir un documento veraz de repercusión innegable. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.