El diputado Fidel Rene Meza Cabrera (PRI): Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La Ley de Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos vigente es defectuosa, porque no es suficientemente operativa para combatir las prácticas corruptas que algunos servidores públicos realizan para obtener beneficios indebidos y alcanzar enriquecimientos inexplicables. Es cierto que en la Administración Pública Federal se cuenta con dependencias e instrumentos, métodos que vigilan y reglamentan la función pública. Existe la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y contralorías internas en todas las dependencias del Gobierno Federal y en los estados y municipios, sin olvidar al Distrito Federal. Esta Cámara de Diputados, inclusive, cuenta con su Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. También hay leyes, reglamentos, acuerdos y circulares que regulan las actividades de los servidores públicos, en relación con la administración de bienes y manejo de los recursos económicos del Estado. No creo equivocarme si aseguro que alguna vez todos nos hemos preguntado, por qué existiendo tantos candados que teóricamente impiden la malversación y adquisición de varias propiedades, muchos funcionarios del gobierno o que lo fueron, llegaron a los cargos públicos teniendo escasos o nulos recursos y después disfrutan de grandes fortunas y hacen gastos dispendiosos y se exhiben en lujosos automóviles, helicópteros y es junto con sus testaferros y familiares. ¿Cómo fue ese cambio tan notable? ¿Por qué no se investigan esas espectaculares ostentaciones? Esa es la respuesta, señoras y señores legisladores, no se investiga el cambio de situación económica de los funcionarios públicos durante y al terminar su empleo, cargo o comisión. La operatividad de las dependencias gubernamentales y las leyes y reglamentos que los rigen, son sólo receptivas y de comprobación, más no se investigación. Los diversos organismos de comprobación y vigilancia en la actualidad, se concretan a recibir las manifestaciones de bienes, que al iniciar periódicamente y al terminar su función, debe presentar todo servidor público, pero ¿se verifica la veracidad de los informes? ¿Se investiga realmente si el aumento de los bienes del informante son acordes con sus lícitos ingresos? Puedo afirmar que la respuesta es, nunca o casi nunca, porque en muy contadas ocasiones se realiza una verificación que demuestre que no existió irregularidad, cuando es notorio el cambio de situación económica de un ex funcionario público, testaferros y familiares. Todos conocemos o sabemos de alguna manera que desempeñó un puesto público en el cual manejó el presupuesto asignado al cargo, ejemplo típico es el del gobernador de un estado de la Federación. El perfil de este funcionario es de moderada condición económica al asumir su responsabilidad y al terminar su periodo de gobierno, es propietario de inmuebles, vehículos de lujo y una riqueza difícil de ocultar, porque no puede disimular sus muchas propiedades. En este modelo encajan varios gobernadores o ex gobernadores, sin distinción de partido político al que pertenecen, sólo nos basta recordar un nombre para darnos cuenta que se acopla a la descripción esbozada. Esta situación no es reciente, sino que ya practicada tiempo atrás, actualmente no parece extraña ni asombra a nadie, por eso existe la mala fama que tenemos los que nos dedicamos a la política. La corrupción de la administración pública no ha disminuido, permea a casi todas las actividades en las oficinas gubernamentales en sus 3 niveles: Federal, estatal y municipal. El delito de enriquecimiento ilícito es el que más se comete por servidores públicos y es el que menos se investiga y castiga. La impunidad ha propiciado su repetición en constante aumento. Nos corresponde a nosotros como representantes de la sociedad y creadores de las leyes, expedir el instrumento legal que ataque la corrupción imperante en la administración pública. Esta obligación me impuso a la revisión de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Su examen muestra que data de 1892, es decir, tiene 22 años de vigencia y aunque se le han hecho algunas reformas, tiene muchas deficiencias y su texto ya resulta anacrónico con frases en desuso que contienen varios artículos. Además, al dividirla para separarla de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, quedó mutilada y de difícil consulta, pues tiene partes vigentes y partes derogadas. También es insuficiente en el trato que debe darse a los servidores públicos infractores de la ley penal, porque no cuenta con disposiciones para investigar y sancionar a quienes se apartaron del cumplimiento del deber y optaron por conductas delictivas. Por lo narrado, me permití elaborar el proyecto de una nueva ley de responsabilidades que, sin alterarle el texto de la actual en sus procedimientos de juicio político y declaración de procedencia, tenga una redacción más clara y precisa, lo cual se notará al leer ambos documentos. Consideré necesario incluir un título más, que será el tercero denominado "De la Responsabilidad Patrimonial y Presupuestal", que estará acorde con el epígrafe que tiene el Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que regula esta materia o esta ley. El título agregado describe el procedimiento que puede abatir la corrupción en la administración pública al dotar a la Procuraduría General de la República de facultades para examinar, investigar y verificar los informes que legalmente tiene la obligación de rendir ante el Poder Legislativo de las entidades federales, sin violentar las disposiciones que contiene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Espero, señoras diputadas, señores diputados, que al conocer el texto completo del documento que estoy entregando a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta Parlamentaria en forma íntegra y en el Diario de Debates, tenga su aprobación. Muchas gracias.