La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, para el Partido de la Revolución Democrática esta discusión tiene un valor genuino y trascendental. Claramente estamos a favor de este dictamen y de la adenda que se presenta porque expiden una legislación general destinada a prevenir y sancionar la tortura, así como otros tratos crueles o penas degradantes en consonancia con los derechos humanos. Debe de destacarse un factor fundamental: esta norma general es indispensable para defender a las víctimas y respetar el Estado de derecho; pero también para prevenir estos delitos y combatir la impunidad. Para dimensionar el horror vivido en México y el daño sufrido por las víctimas, les pido sopesemos lo señalado en la Convención contra la Tortura, que en su artículo 1o., dice: para los efectos de esta Convención se entenderá por el término tortura, a todo acto por el cual se infrinja intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales con el fin de obtener de ella o de un tercero, información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que haya cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, por cualquier razón basada en cualquier tipo de discriminación; cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones pública a instigación suya o con su conocimiento o aquiescencia. ¿Por qué razón se hizo necesario firmar esa convención y ahora desarrollarla en este marco jurídico nacional? Porque durante décadas en México y en otras partes del mundo ha sido común que servidores públicos o individuos mandados por ellos, causaran dolor y sufrimiento a las personas con la intención retorcida de obtener diversas confesiones e informaciones. Aunque existen disposiciones estatales, federales e incluso constitucionales, al ser sus conceptos imprecisos e insuficientes, generaban resquicios en los que no se combatía a fondo la tortura. Eso, afortunadamente ha cambiado. A partir de julio de 2015, con la reforma constitucional que facultó al Congreso a expedir la normatividad general, y es también en 2016 que esta Cámara recibió la minuta correspondiente por parte del Senado, casi a un año de cumplirse esta fecha, y tras escuchar las voces de los organismos internacionales finalmente se presenta este tema a esta soberanía. ¿Cuáles son las ventajas y beneficios de la norma que ya han comentado algunos de mis compañeros? En un principio al ser una ley general, se establece coordinación y competencia entre los tres órdenes de gobierno evitándose así omisiones o imprecisiones; se establece también que la investigación y persecución del delito de tortura es de oficio, además de por denuncia o vista de la autoridad judicial, y que su sanción es imprescriptible. Ahora también es posible la investigación del delito de tortura y que se separe cautelarmente al servidor público investigado para que no obstruya a la justicia. Las personas que hayan cometido ése delito nunca podrán beneficiarse de indulto o amnistía. Otro tema importante es que la pena de 10 a 20 años para los servidores públicos y de 6 a 12 años para los particulares, se puede aumentar hasta la mitad si la víctima es menor de edad, persona con discapacidad, adulto mayor indígena, periodista, afrodescendiente u otro sujeto con mayor vulnerabilidad. Siempre la investigación, procesamiento y sanción de lo relativo a la tortura será por jurisdicción civil, de manera que excluye la jurisdicción militar. Ésta es una ley que representa los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Es una ley que pretende establecer las acciones, medidas, mecanismos y procedimientos, así como la planeación, programación e instrumentación de políticas públicas para la prevención de los delitos de tortura bajo los principios del respeto a la dignidad humana, debida diligencia, enfoque diferencial y especializado, no revictimización, perspectiva de género y transparencia, además del acceso a la información pública. Hoy avanzamos de manera decisiva para que en México se combata y se erradique la tortura. Se asumirán plenamente nuestras obligaciones como nación democrática y respetuosa de la legalidad, cumpliendo las obligaciones internacionales suscritas por el Estado mexicano. Hoy se supera la visión anacrónica de convivencia institucional con la tortura. Si un sistema es permisivo ante la tortura, además de ser indiferente ante el dolor, daña la procuración de justicia. Cuando los resultados de las torturas se asumen en la sanción penal, su base serán hechos probablemente falsos y que el torturado acepta para no sufrir más, pero que realmente no servirán para conocer la verdad ni para resolver el delito. Les convoco, compañeras y compañeros diputados, a aprobar esta reforma. Saludamos que la adenda, redactada por las Juntas Directivas de las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, puso fin a diversas intenciones regresivas que pretendían limitar la acción del Estado en esta materia. Debemos señalar que la minuta que envió el Senado contaba con el aval de la sociedad civil, de la academia y específicamente de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Y el texto con la adenda propuesta es aún mejor, garantizando el derecho de acceso a la justicia para las víctimas de estos delitos. En el Grupo Parlamentario del PRD expresamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con las víctimas a través del voto a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidente.