EL C. DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR: Con su permiso diputado presidente. Buenas tardes. Compañeros, compañeras diputados. Desde 1992 en Bolivia se encuentra la catedrática mexicana Raquel Gutiérrez Aguilar. En abril de ese año fue encarcelada y torturada, bajo la supuesta acusación de pertenecer al ejército guerrillero Tupacatare. Estuvo presa cinco años acusada de 14 delitos, entre ellos: alzamiento armado, destrucción de bienes del Estado, asociación delictuosa, incitación pública a delinquir, y otros diez más, no habiéndose probado ninguna de las acusaciones en su contra. Durante su encarcelamiento, Raquel escribió dos libros publicados por Ediciones Gráficas de Bolivia, "Apuntes sobre la crisis actual del capitalismo mundial" en 1993, y "Entre Hermanos" en 1995. Ya en libertad previsoria junto con Raúl Prada, Alvaro García y Luis Tapia, publicó en 1999 una obra colectiva llamada "El fantasma insomne. Muela del diablo", de Editores Cochabamba. Raquel Gutiérrez fue dejada en libertad provisoria en abril de 97, pero no puede regresar a México como es su deseo, pues al no haberse cerrado su caso, debe permanecer en Bolivia bajo arraigo. Gutiérrez Aguilar solicita la prescripción de la acción desde julio del 2000 a la Corte Superior del Distrito de la Paz, y en febrero del presente año, la representante del Ministerio Público manifiesta, que el Poder Judicial tendría hasta el año 2004 para terminar el proceso, lo que significaría un lapso de doce años para terminar un mal juicio. Si bien el nuevo Código de Procedimiento Penal de Bolivia establece un plazo de ocho años para culminar cualquier causa prescribiendo la acción, este derecho no ha sido respetado para el caso de nuestra connacional que se ve obligada a permanecer en Bolivia bajo arraigo y sujeta a un proceso interminable. En comunicados de la prensa boliviana, el Ministro de Justicia declaró que el único parámetro para definir la prescripción es el tiempo y que por lo tanto no se pueden inventar otros pretextos. Es por eso que Raquel Gutiérrez decidió ponerse en huelga de hambre a partir del 5 de marzo en la Embajada de México en ese país, y que culminó con graves daños a su salud el pasado 16 de este mes, medida tomada tras haber agotado todos los mecanismos legales que hasta ahora no se han cumplido como garantía, tal es el caso de la figura de no prolongación indefinida de un proceso penal. Según las normas legales bolivianas, después de un largo lapso transcurrido sin sentencia, 9 años, Raquel Gutiérrez tiene derecho a demandar la prescripción del caso, el cierre del proceso y libertad definitiva. Nuestra connacional pide solidaridad al Congreso de la Unión de nuestro país, en la medida que su demanda de prescripción, libertad y derecho de regresar a México, tenga una resolución favorable. Nos pide que seamos su voz en la tribuna y ella comenta: "siempre he afirmado mis puntos de vista políticos, disidentes y contrarios al orden existente al que considero no sólo injusto, sino excluyente y opresivo. He hablado, he escrito, he actuado; he compartido las luchas y esperanzas con este pueblo que generosamente me ha adoptado; he participado muchas veces en sus esfuerzos por construir un porvenir distinto a la miseria y el silencio a que lo condenan hoy los poderosos. He vivido sus júbilos y he llorado sus derrotas. Mis acciones y palabras han sido incómodas para los señores del dinero y la ley, por ello he vivido en carne propia la atrocidad de la tortura tras levantar la voz, tras difundir un pensamiento contrario al dominante. He pasado cinco años de mi vida presa en una cárcel de manera preventiva. Mis acciones, pese a todo, no han podido ser convertidas legalmente en delitos; han tenido nueve años para juzgarme, no lo han hecho, por eso hoy exijo que la causa prescriba y que se consolide la libertad definitiva". Ante estos hechos que lastiman hasta lo más profundo de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, manifiesta su profunda preocupación por situaciones de ilegalidad humana y de salud de Raquel Gutiérrez. Los diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura, deberíamos pugnar por el respeto irrestricto de todos los derechos que debe gozar cualquier ciudadano al encontrarse en otro país. en consecuencia de lo expuesto y con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente: PUNTO DE ACUERDO 1. Solicitamos al Poder Ejecutivo, haga una exhortación al gobierno boliviano para que se agilice el tratamiento de ratificación de la prescripción del juicio de la connacional Raquel Gutiérrez Aguilar, que le fue otorgado por la Corte Superior de Justicia de Paz el pasado 29 de marzo. 2. Que la representación del gobierno mexicano en Bolivia, gestione por medio de sus buenos oficios su rápido retorno al país y se le sean otorgadas todas las garantías legales, políticas a las que tiene derecho sin tener cuentas pendientes con la justicia de aquel país. 3. Solicitar al Poder Ejecutivo instruya a la Encargada Especial para los Derechos Humanos, Mary Craile (?) Acosta, para que sea la principal defensora del caso y contacte a los organismos internacionales y regionales en derechos humanos, para que se pronuncien por el pronto regreso de la connacional al país. Por nuestros connacionales en el extranjero. No más violaciones a SUS derechos. Ellos nos necesitan. También puedo comentar que el día de hoy se encuentran con nosotros en este seno, compañeras de la compañera Raquel, se encuentran la compañera Josefina Cruz e Hilda Calderón, que han sido contacto directo desde la ciudad de México, para saber de su estado físico. Finalmente, quiero agradecer la comprensión y la solidaridad de distintos diputados de esta Legislatura al firmar este documento, entre ellos al compañero Mario Cruz, del PRD; al compañero Jaime Cervantes Rivera, del PT; al compañero José Manuel del Río, de Convergencia; al compañero Pedro Rosaldo, del PRD; al compañero Gustavo Riojas Santana, del Partido Sociedad Nacionalista; a Miguel Angel Moreno, del PRI, por el distrito de Oaxaca y a muchos más. Por su atención, gracias. PRESIDENTE: Gracias diputado don Sergio Acosta Salazar. La proposición que usted ha planteado se turna de inmediato a la Comisión de Relaciones Exteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, sobre la problemática de los transportistas y el tráfico de drogas, se concede el uso de la palabra al diputado Salvador López Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos, siendo éste el último tema a desahogar en esta sesión. SALVADOR LOPEZ BRITO: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputadas y diputados: Soy portador de un llamado de apoyo a esta Soberanía, por parte de madres y esposas de miles de mexicanos que en estos momentos purgan condenas en diferentes reclusorios del Estado de Sinaloa y estados fronterizos. En muchos de los casos en una evidente situación de injusticia. "Los suscritos diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, al que se han sumado compañeros diputados del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional, someternos a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la siguiente Propuesta con Punto de Acuerdo, respecto al problema que representa el narcotransporte. El narcotráfico se ha convertido en un serio riesgo a la seguridad nacional, a la salud y a la tranquilidad pública; enfrentarlo ha costado muchas vidas y una gran cantidad de recursos. La sociedad sufre los efectos negativos del narcotráfico en varios frentes: uno de ellos muy preocupante para todos, es la desintegración familiar que origina el abuso en el consumo de drogas ilícitas. La descomposición del núcleo familiar provoca entre otros, deficiente educación, detrimento en las potencialidades del individuo y escasa incorporación en el mercado de trabajo, con bajos salarios, elementos que al conjugarse, fomentan el uso continuo de drogas, cerrando un círculo vicioso que se alimenta a si mismo. Otra lesión que sufre nuestra sociedad es la corrupción de que son presa sus instituciones. El poder económico de que goza el narcotráfico, le permite infiltrar los aparatos gubernamentales que se encargan de su persecución y así evadir la aplicación de la justicia, lo cual les permite continuar con sus actividades ilícitas. La desconfianza que ello genera en la sociedad hacia sus instituciones es muy grave; pues la percepción general es de complicidad más que persecutoria. Un tercer elemento destacable es la violencia, pues ninguna sociedad escapa a la violenta dinámica en la que se ve inmerso el gobierno de cada país en la búsqueda de combatir al narcotráfico. El ejército y otras corporaciones policiacas continuamente sufren bajas de sus elementos durante los encarnizados enfrentamientos con los narcotraficantes. Otra faceta es cuando la sociedad misma sufre las luchas que se libran en el seno del narcotráfico por la disputa de mercados, cuando éstos se enfrentan en lugares públicos. Este breve panorama no excluye los diversos daños y efectos negativos que produce el narcotráfico en cualquier sociedad de nuestro planeta y que no hemos abundado en ellos. El incremento a nivel mundial de la producción, tráfico y consumo de drogas desde hace ya más de 20 años, su notable incidencia en las estructuras sociales, económicas, culturales y políticas de las instituciones y las graves consecuencias que esto conlleva en el ámbito de la salud, el desarrollo armónico y en el bienestar de la sociedad, han llevado al gobierno mexicano a enfrentar este problema en su complejo contexto y distintas ramificaciones que lo afectan y su vínculo tan especial con los Estados Unidos de América, que hace de este problema aún todavía mas grave. A pesar de que en México se tiene un índice de consumo de drogas bajo en comparación a otros países, la producción de enervantes se ha alojado constantemente a lo largo del territorio nacional por varias décadas, además de mantener una tendencia creciente a pesar de los recursos invertidos en la erradicación de sembradíos y en el combate al tráfico ilícito. Ello en parte es producto del desigual desarrollo que acusa nuestro país, el cual presenta, al mismo tiempo, tanto regiones industrializadas e integradas en la economía mundial como regiones con alta marginalidad y rezago social. La situación de pobreza que impera en nuestro país hoy día suele ser motivo para que muchas personas desarrollen actividades que les permitan subsistir, siendo esto motivo para que en incontables ocasiones se vuelvan víctimas de quienes se dedican al narcotráfico, utilizándolos para cumplir con su ilícita actividad. Los transportistas de nuestro país en diversas ocasiones han sido víctimas de quienes se dedican al narcotráfico, involucrándolos en el transporte ilícito de sustancias o drogas ilícitas, poniéndolos muchas de las veces como conejillos de indias o carne de cañón, como vulgarmente se dice ya que no siempre el que transporta conoce o sabe de la mercancía que contiene el vehículo, lo que ha provocado incertidumbre e inseguridad para quienes buscan desarrollar legalmente su actividad. Es por demás mencionar que no en pocas ocasiones que se llega a la detención de quienes conducen algún vehículo que transporta droga las autoridades se dan por satisfechas cerrando o concluyendo líneas de investigación que permitirían llegar a quienes realmente controlan y coordinan la actividad, limitándose a procesar únicamente al que transporta el cargamento. Un ejemplo claro de lo anterior lo vivimos en el estado de Sinaloa, así como en los estados fronterizos, donde miles de familias se encuentran desamparadas y claman justicia por la reclusión en las prisiones de dichos estados de miles de choferes, en muchos de los casos derivados del análisis de cada uno de ellos detenidos injustamente, bajo cargos con fundamentos débiles, con deficientes investigaciones, sin seguimiento óptimo de los casos, muchos de ellos evidenciando que los transportistas fueron engañados pensando que transportaban carga legal y, lo más lamentable, los capos mafiosos responsables quedan en la impunidad. Es importante mencionar la situación del Centro de Readaptación Social de Los Mochis, Sinaloa, que tiene alrededor de 600 choferes internos, y las presiones de Culiacán y Mazatlán, donde purgan condena otros 400, incidiendo en ello un grave problema social al que sus familias nos han solicitado nuestra participación decidida exigiendo justicia. Debido a lo anterior, compañeros y compañeras legisladores, y considerando que nuestra función es la de atender las inquietudes de nuestra sociedad procurando soluciones viables, es que hoy proponemos que esta soberanía llegue a un punto de acuerdo en el cual se aborde la problemática del narcotráfico y el impacto negativo que representa para los distintos sectores económicos y sociales. Con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente punto de acuerdo. Primero. Solicitar a la Procuraduría General de la República informe a esta Honorable Cámara de Diputados respecto a las estrategias, acciones o programas específicos que se han puesto en marcha para combatir y controlar el fenómeno del transporte de drogas y sustancias ilícitas. "Segundo. Solicitar a dicha Dependencia informe a esta honorable Cámara respecto de los datos o resultados estadísticos referentes al número de personas que pertenecen al sector transportista que se ven involucrados en dicho ilícito. "Tercero. Que la Procuraduría General de la República informe a esta Cámara acerca de las líneas de investigación que se abren a consecuencia de la captura de quienes transportan dichas sustancias o drogas, es decir, si la investigación llega a su fin con la detención del transportista o se investiga acerca de quienes están detrás de dicha actividad. "Cuarto. Que dicho órgano informe a esta asamblea acerca de los programas creados en coordinación con la Secretaria de Comunicación y Transportes, así como los resultados de los mismos. "Por lo que le solicito señor Presidente, respetuosamente, se turne este punto de acuerdo a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara, solicitando, además, sea el Fiscal Especial para los Delitos Contra la Salud quien, en Comisiones, comparezca para darnos la información correspondiente". Por su atención, muchas gracias. Signamos el presente acuerdo 48 Diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta Cámara. Muchas gracias. [Aplausos] EL C. PRESIDENTE DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES [PAN]: Gracias a usted, señor Diputado. La proposición que usted ha planteado se turna a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, como lo solicita. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Hemos agotado la agenda del día de hoy, quedando solo pendiente el tema de la agenda política en relación a los servicios de salud mental en México, que fue propuesta del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y quien a su vez ha solicitado pase para la próxima sesión o para una sesión próxima. En consecuencia ruego a la Secretaría dé lectura a la propuesta de orden del día de la próxima sesión.