El diputado Pablo Franco Hernández (PRD): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros: En este afán neoliberal privatizador de continuar desmantelando la seguridad social, a efecto de liberar al Estado del gasto social para que esté en condiciones de cumplir sus obligaciones con el agio internacional, se están cometiendo errores de procedimiento. En el artículo Segundo Transitorio estamos incluyendo un concepto que de suyo resulta por un lado ocioso y, por otro lado, de persistir, refleja una grave inconstitucionalidad. No necesitamos decirles a los trabajadores actuales del Seguro Social, que el régimen continuará en los términos y condiciones en que se ha venido haciendo hasta antes de la entrada en vigor del decreto que se pretende aprobar, puesto que esto es una garantía social obtenida desde el Constituyente del ’17. Son derechos adquiridos que ni esta Cámara ni ninguna autoridad podría quitarles y, desde luego, en caso de que lo aprobemos así, resultará inconstitucional. Este artículo Segundo por otro lado, constituye una grave violación además de a esos derechos adquiridos, está constituyendo, decía, una grave violación a la fracción VII del Apartado "A" del artículo 123 constitucional, que contiene el principio de que a trabajo igual corresponderá un salario igual. El dictamen genera un régimen diferencial entre los trabajadores activos y los que posteriormente ingresen, rompiendo ese principio. Decía que resulta inconstitucional, pues también se viola la fracción XVII de dicho Apartado "A", contraviniendo el principio de los derechos adquiridos. Esto es, que una vez que a la parte obrera le es concedida determinada prerrogativa, no existe la posibilidad jurídica de anularla y menos mediante la contratación colectiva, ya que existe disposición expresa en ese sentido, tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el numeral 123, Apartado "A", fracción XVII, a saber: "Serán condiciones nulas y no obligarán a los subcontratantes, aunque se expresen en el contrato, todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho consagrado en favor del obrero, en las leyes de protección y auxilio a los trabajadores". Este es el caso. Se transgrede la fracción XVIII del mismo apartado y artículo constitucional, que establece el ejercicio del derecho de huelga, que el derecho de huelga tiene por objeto armonizar los derechos de los trabajadores con los del capital. En la iniciativa, se niega implícitamente el valor a los acuerdos colectivos que pueden alcanzar el sindicato y el Instituto, al subordinar a las decisiones del Consejo Técnico, la administración y manejo del fondo para el cumplimiento de las obligaciones de carácter legal o contractual. Se viola la fracción XXIX del mismo apartado y artículo, toda vez que la materia de la iniciativa versa sobre artículos estrictamente laborales y no relativos a la seguridad social; así las fracciones I a XXVIII, XXX y XXXI, son reglamentarias de la Ley Federal del Trabajo y sólo la fracción XXXIX, es reglamentada por la Ley del Seguro Social. Por lo tanto, estamos generando un conflicto normativo pues el Congreso de la Unión no tiene facultad de introducir materia laboral en la materia de seguridad social, por lo tanto, consideramos: primero, que es regresiva; y segundo, que resulta ocioso puesto que se pretende en ése texto, garantizar los derechos adquiridos de los trabajadores, lo cual ya está inserto en la Constitución. Por lo tanto, proponemos la siguiente modificación: UNICO. Se suprime el artículo segundo transitorio del dictamen. Creo que no podemos cometer este error de técnica legislativa, pretender introducir en una ley reglamentaria una garantía que ya está preservada por la Constitución, como es el de los derechos adquiridos. Lo anterior, suponiendo sin conceder que la iniciativa efectivamente tuviera la finalidad que dice se busca de sanear las finanzas del Seguro Social, por lo tanto, hacemos esa propuesta. Gracias, señor Presidente.