La diputada Mónica Almeida López: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidente. En una democracia como la nuestra, la rendición de cuentas tiene dos objetivos básicos, implica la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público. Y, por el otro implica la capacidad de sancionar a los mismos políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos. Rendir cuentas no es solo informar, sino que se incluya la posibilidad de promover sanciones para las y los políticos funcionarios y/o representantes populares que violan las normas de conducta en sus funciones públicas, obligando a que el poder se ejerza de manera transparente y forzando a los servidores públicos a que justifiquen, expliquen, informen, evalúen todos su actos, el logro de las metas asignadas y el buen uso de los recursos, así como que asuman su responsabilidad plena para ejercer sus atribuciones y funciones administrativas en el marco de las leyes que nos rigen. No podemos concebir una democracia moderna sin una verdadera rendición de cuentas, sin actos de simulación, de frente a la ciudanía con plena transparencia. La función de evaluación del proceso de la rendición de cuentas le corresponde a la Cámara de Diputados. Para la revisión de la cuenta pública del 2018, la Auditoría Superior de la Federación realizó más de mil 808 reportes de la Cuenta Pública del 2018 que hasta el momento le han permitido recuperar más de mil 800 millones de pesos. Según el propio órgano de fiscalización superior, se está trabajando con la Fiscalía General de la República para resolver denuncias sobre las irregularidades presuntamente cometidas por ex servidores públicos en las Secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, así como de Desarrollo Social. Es importante señalar que la Auditoría resalta el caso de Petróleos Mexicanos, que bajo el mandato de Emilio Lozoya Austin, resulta ser uno de los que han ofendido a todos los mexicanos y que tal parece que el actual gobierno lo ha utilizado más como un tema electoral que como un asunto de rendición de cuentas. El día de hoy debatimos sobre el ejercicio y los resultados del gasto público en 2018, año en que si bien es cierto que la economía creció, que el desempleo no tenía los niveles que actualmente se observan y que la pobreza se abatía, pues también tenemos que reconocer que se presentaron los casos de corrupción más graves entre gobernadores y servidores públicos. Es importante señalar que el dictamen que nos encontramos discutiendo indica en el caso del fideicomiso Fuerza México, destinado a atender a la población damnificada por los sismos del 2017, que hubo deficiente planeación y ejecución de los recursos asignados, y en la opacidad lo referente a la recepción y asignación de los recursos provenientes de donaciones del extranjero. Destaca también que el Fondo para el Fortalecimiento Financiero, incluido en el Ramo 23, rebasó su monto originalmente aprobado en 2 mil 537 millones de pesos, para distribuir en realidad 50 mil 172 millones de pesos durante su ejercicio de manera discrecional. Eso significa que se distribuyeron libremente 47 mil 634 millones de pesos. Por lo anterior, la comisión considera que no se cumplieron a cabalidad los objetivos de la política del gasto y que los avances en el cumplimiento de los objetivos de los programas nacionales y sectoriales tuvieron un impacto marginal en beneficio de la sociedad. No existen elementos, por lo tanto, y así se ha dictaminado, para aprobar la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente al Ejercicio Fiscal del 2018. Entre las facultades exclusivas que tenemos como Cámara de Diputados es imprescindible hacer el seguimiento de las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía General de la República, para que el daño al erario sea resarcido y generemos un precedente que desaliente a los malos funcionarios públicos para la comisión de estos delitos. En el Grupo Parlamentario del PRD estamos convencidas y convencidos de que la función pública no puede ser un ámbito en el que fructifique la corrupción, sino un espacio de servicio y beneficio para la sociedad. Es por ello que estamos altamente comprometidas y comprometidos para generar un nuevo parámetro de actuación para los servidores públicos, en que la honestidad y la igualdad impacten en la calidad de vida de las y los mexicanos. Votaremos a favor del dictamen de la comisión, que reprueba el ejercicio del gasto de la Cuenta Pública 2018, comprometidos a que se logren los más altos objetivos del desarrollo para todos los mexicanos. Es cuanto, muchas gracias.