El diputado Ernesto Javier Nemer Alvarez: Hago uso de la tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al artículo 28 de nuestra Constitución, en materia de reconocimiento de los derechos de los consumidores. Los derechos del consumidor tienen un reconocimiento internacional a partir de un conjunto de instrumentos internacionales, tales como las Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, en las que se establecen las principales características que deben tener las leyes de protección al consumidor. En el ámbito nacional, los derechos del consumidor tienen validez constitucional desde hace varios años, tal como se advierte en la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 3 de febrero de 1983 y ante la cual se adicionó un tercer párrafo al artículo 28 de la Constitución Política, para especificar que la ley debe proteger a los consumidores y propiciar su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Ahora bien, la Procuraduría Federal del Consumidor surgió a través de la publicación de la Ley Federal de Protección al Consumidor, el 22 de diciembre de 1975, para satisfacer necesidades de nivelar las desigualdades que existen entre los consumidores, que se consideran un sector débil ante los proveedores, los cuales son un grupo más fuerte, propiciando la convivencia armónica entre ambos sectores. Posteriormente, en 1992 se publicó la primera Ley Federal de Protección al Consumidor, en la que se promueven y protegen los derechos de los consumidores, procurando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, en las que se señalan, como principios básicos en las relaciones de consumo, la protección de la vida, la salud, la educación y divulgación sobre el consumo, la información adecuada y clara sobre los diferentes productos y servicios y la efectiva prevención y reparación de daños patrimoniales. El 10 de junio de 2011 se publicó en el propio Diario el decreto por el que se modifica la denominación capítulo I, del artículo 1o. y reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y ante la cual se agregó un segundo párrafo al artículo 1o., a fin de establecer que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la propia normativa constitucional y con los tratados internacionales de los que México es parte para favorecer a las personas con la protección más amplia. En este sentido, nuestro máximo tribunal constitucional ha señalado que la legislación que derive de estos principios se debe considerar como norma suprema del ordenamiento jurídico mexicano y que para el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en ambas fuentes se atenderá al derecho pro persona, conforme al cual deberá prevalecer la norma que implique una mayor protección para las personas. Por otra parte, una de las prioridades de cualquier gobierno es promover políticas públicas que en el marco de la ley den respuesta a las necesidades y demandas de la ciudadanía, particularmente uno de los enfoques para la promoción de las políticas públicas de desarrollo económico es promover el consumo sostenible, teniendo como principal objetivo la erradicación de la pobreza y la satisfacción de las necesidades básicas de todos los miembros de la sociedad. Derivado de lo anterior, es necesario realizar algunas modificaciones a nuestro marco jurídico, para consolidar plenamente los derechos de los consumidores, continuando con las acciones necesarias a fin de promover y proteger estas prerrogativas. Por todo lo expuesto se propone lo siguiente: 1. Elevar a nivel constitucional la obligación del Estado de garantizar los derechos humanos de los consumidores y usuarios de bienes y servicios, a efecto de que ninguna persona quede excluida de la protección constitucional, bajo el argumento de que los usuarios de servicios no son consumidores. 2. Establecer que la responsabilidad de protección de derechos estará a cargo de la Procuraduría Federal del Consumidor y de los organismos que por razón de especialización realicen funciones tendientes a la protección de los derechos de los consumidores, quienes integran el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. 3. Establecer que la Profeco será el organismo encargado de coordinar y normar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Asimismo, la propia Procuraduría protege a todas las personas que son consumidores, es decir, derechos primarios, mientras que otras antes solo se ocupaban de proteger al sector de la población, como eran finalmente los usuarios y servicios financieros. 4. Establecer un mínimo de derechos de los consumidores al nivel constitucional, para adecuar nuestra Constitución a la realidad social y al contexto internacional, preservando su reglamentación específica a las leyes secundarias. Es cuanto, señor presidente.