El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, presidente. Esta ley, junto con otras, se debió haber aprobado desde agosto pasado y apenas está dictaminándose. De igual manera la reforma secundaria en telecomunicaciones debió, hace unos días también, haberse aprobado, y no hay tal. Y hoy mismo estamos padeciendo en este recinto la falla de telefonía celular que implican que toda esta faramalla de las reformas solamente les sirve a los grupos de interés económico y político y no le representa ningún beneficio a los ciudadanos. Para prueba, la reforma de telecomunicaciones y el pésimo servicio de telefonía y de Internet que sigue habiendo en el país. Esta ley es en apariencia benigna, positiva, pero en nuestra opinión es un retroceso. Si alguna disposición constitucional es autoaplicativa e incluso era innecesaria la legislación secundaria para ponerse en práctica, es lo que establece el artículo 35 constitucional en su fracción VIII en materia de consulta popular. El artículo 35 define quienes pueden ser peticionarios de la consulta, establece el porcentaje mínimo para que los ciudadanos lo puedan hacer que es el 2 por ciento, establece el 40 por ciento de participación ciudadana para que sean vinculatorias, establece que serán temas de trascendencia nacional, establece excepciones y define al órgano electoral como el encargado de la consulta. Con eso es suficiente para que si hubiera voluntad política, se preguntara al pueblo de México si quieren o no una reforma energética, lo demás son pretextos. Y ya lo dijo hoy uno de los principales promotores vende patrias, traidores a la patria que hay en el Senado, como es el presidente de la Comisión de Energía, Penchyna, que dijo que no va a haber consulta popular, porque en su opinión la reforma energética es un tema de ingreso y gasto. Yo le diría fraternalmente a varios compañeros legisladores, que es un puro atole con el dedo; no hay voluntad política, consulta popular se puede hacer con el 35, fracción VIII. Lo que vemos además con esta ley son que meten ahora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el gran sensor de la participación ciudadana, los 11 ministros de la corte, como el Olimpo que va a decir qué es trascendente y qué es no trascendente para el país. Qué necesidad de involucrar a la corte en un tema que tiene que ver con los ciudadanos y tiene que ver con la trascendencia nacional. Es evidente que la entrega o no del petróleo a extranjeros es un tema de trascendencia nacional. Para qué queremos meter a la corte, para que sea un candado a la participación ciudadana. Por otro lado vemos también disposiciones que son una restricción, como es el que un ciudadano no pueda suscribir más de una iniciativa de consulta popular; y también algo que nos parece que es un fraude al 134 constitucional, que es la reforma a lo que era el artículo 41 del proyecto de ley y que establece que los promoventes, los peticionarios, pueden tener acceso a radio y televisión. Y, ojo, entre los peticionarios se encuentra el presidente de la República, y el presidente de la República puede recurrir a su mayoría mecánica para que le aprueben consultas y de esa manera estar convocando a consultas para brincarse las restricciones electorales y estar haciendo propaganda. Es un contrasentido al artículo 134 de la Constitución. Por eso nosotros –concluyo presiente- consideramos que más que una Ley de Consulta popular es una ley de simulación popular. Es seguir en este discurso de lo políticamente correcto, pero inviable. Nosotros insistimos en que si hubiera genuina voluntad política la consulta popular energética se puede hacer sólo con el artículo 35 como está actualmente. Vemos además que hay un permanente retroceso político en el país. Ya hoy las Comisiones de Derechos Humanos y del Distrito Federal aprobaron la Ley Antiprotesta, que es un adefesio fascista para impedir que la gente pueda expresarse. Por esa razón nosotros no podemos convalidar a un régimen de traidores a la patria y de gente que quiere golpear políticamente al país y que se laven la cara con un instrumento jurídico que es innecesario. La consulta se puede hacer con la Constitución como está actualmente en sus términos.