El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Con permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la necesidad de tener intimidad es inherente a todas las personas y es por ello que el respeto a la vida privada es una condición indispensable para que podamos desarrollarnos libremente. De esta forma, la protección a la vida privada se constituye en un criterio esencial de carácter democrático de toda sociedad. Por ello Nueva Alianza, aunque consciente de la necesidad de una reforma integral al sistema de impartición de justicia penal, fue de los primeros en denunciar los abusos en los que hoy en día incurren las autoridades de diversos órdenes en el ejercicio de sus atribuciones y los posibles riesgos al legalizar la entrada de las autoridades policiacas a los domicilios de las personas, sin previa orden judicial. Día a día la sociedad es testigo y denuncia cómo, ya sea por accidente o de forma premeditada, los grupos policiacos de diversas corporaciones entran sin órdenes judiciales a domicilios incorrectos, intimidan a las personas, privan a los ciudadanos ilegalmente de su libertad, dañan la propiedad ajena, etcétera. De ahí que fuera por demás oportuna la eliminación de esta previsión contenida en el tan repudiado párrafo doce de la reforma para el artículo 16 constitucional dentro de la reforma penal. En Nueva Alianza estamos convencidos que el Estado mexicano tiene dentro de sus obligaciones tutelar los derechos de las personas y dictar las medidas necesarias para evitar no sólo su violación, sino crear los medios para intentar subsanar los daños ocasionados, y esta propuesta refleja tanto la insuficiencia del aparato de persecución e investigación de delitos, como la realidad y demanda de las víctimas. De esta forma, en cumplimiento del mandato ciudadano, en respuesta al clamor ciudadano, aprobamos en lo general la propuesta de reforma constitucional para garantizar que la impartición de justicia sea expedita e imparcial, pero no dejamos de hacer patente la necesidad de garantizar el respeto a la vida privada y a la intimidad de las personas y en especial de aquellos que por su condición se encuentran más vulnerables. Por estas razones y considerando que se han eliminado del dictamen que ahora discutimos las excepciones que afectaban la inviolabilidad del domicilio de los particulares, es que Nueva Alianza reafirma su disposición del voto a favor del trabajo realizado por la comisión y de este dictamen. Ahora bien, una reforma integral al sistema de impartición de justicia mexicano no termina aquí; requiere de nuestro compromiso como legisladores, de nuestra corresponsabilidad con los otros poderes para articular, a través de la legislación secundaria y en concordancia con la normatividad administrativa, los mecanismos que hagan posible traducir en hechos este avance que hoy estamos aprobando. Aquello que propongamos y, en su caso, se apruebe en el corto plazo, deberá estar acorde a lo plasmado en la Constitución y siempre en la interpretación más favorable para las víctimas en aras de la aplicación de la justicia; pero particularmente, para que la inmensa mayoría de la sociedad, las personas no delincuentes, no se vean afectadas por la necesaria lucha contra el crimen organizado. Recordemos que tanto el Constituyente de 17 como los instrumentos internacionales coinciden en que necesariamente los actos de autoridad y, en especial aquellos que afectan la vida, libertad e integridad de las personas, deben supeditarse a ciertas exigencias que garanticen el pleno respeto a sus derechos humanos. Por ello, Nueva Alianza se pronuncia lo ratificamos no sólo a favor de los juicios orales, parte sustantiva de esta reforma penal, sino en que éstos sean el inicio del compromiso que hemos asumido como legisladores, para garantizar la plena observancia de las leyes y el respeto irrestricto de las garantías individuales contempladas en nuestra Carta Magna. Por su atención, muchas gracias.