LA C. DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Gracias, señor Presidente. Honorable Asamblea: Me permito presentar ante Comisión Permanente la siguiente proposición con punto de acuerdo, para que este Congreso de la Unión interponga controversia constitucional por el decreto emitido por el Poder Ejecutivo el 5 de marzo de 2002, por el que se exime del pago de diversos impuestos. C O N S I D E R A N D OS: La división de Poderes es el mecanismo que preserva el equilibrio en el ejercicio del poder, el sustento de nuestra República representativa, democrática y federal y el medio de legitimación y de legalidad de los actos de gobierno. Con el régimen de facultades expresas para la autoridad pública, se busca evitar la discrecionalidad en la aplicación del derecho y la desviación del poder hacia propósitos ajenos a su función. La responsabilidad de legislar, la tarea de ejecutar y la función de resolver las controversias jurídicas, están claramente encomendadas por nuestra Constitución a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, respectivamente. Cualquier norma secundaria que vulnere a los principios fundamentales de la división de Poderes, es inconstitucional, por lo que no puede esgrimirse, como fundamento para emitir actos o decretos que tengan ese resultado. El 5 de marzo de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por medio del cual se eximen total o parcialmente, en definitiva o de manera temporal, el pago de diversos impuestos que este Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 73, fracción VII y 31, fracción IV, de la Constitución estableció en leyes de observancia general en materia fiscal. En los hechos, con este decreto se está dejando sin efectos la aplicación de una ley aun y cuando sea parcialmente. Fundamenta el Ejecutivo Federal su decreto en dos disposiciones legales: el artículo 89, fracción I de la Constitución y el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, ninguno de estos dos artículos son aplicables. Ni la facultad reglamentaria, que tiene sus límites en la exacta observancia de las leyes, ni un artículo de una ley secundaria puede esta por encima de lo que la Constitución General de la República establece, lo que no está sujeto a discusión por más que se esgrima, por más que se quiera contravenir. En la jerarquía de las normas los decretos se encuentran por debajo de los reglamentos, lo que los coloca en marcada subordinación respecto a las leyes y, por ende, lejanos al nivel constitucional, por lo que de ningún modo un decreto, y mucho menos una resolución de modificación, pueden cambiar en sentido alguno una norma superior. Debemos integrar, asimismo, a estas consideraciones lo ordenado por el artículo 72 constitucional, inciso f) que a la letra indica: "En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismos trámites establecidos para su formación". Dice la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que ningún país puede tener una constitución si no existe la división de poderes y no se respetan las garantías individuales. Con este acto el Ejecutivo Federal está vulnerando nuestro orden constitucional, y más allá de las posiciones partidistas se nos impone defender la institución a la que pertenecemos: este Congreso de la Unión. No hacer nada ante este acto de suplantación y de ilegalidad nos quieta cualquier autoridad para defender y fortalecer al Congreso de la Unión en el proceso de transición democrática que tanto deseamos y que tanto pregonamos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de órganos control de la constitucionalidad, tiene que resolver dejar sin efecto este decreto, previa interposición del recurso de controversia constitucional que interponga este Congreso de la Unión. En esta defensa de la constitucionalidad no puede haber mezquindades políticas. O le entramos todos o finalmente se corrobora lo que algunos piensan: la sustitución de personas no ha derivado en una sustitución del régimen anterior y no deriva. La existencia de normas secundarias, como la contenida en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, nace del presidencialismo apabullante y autoritario que tanto censuró el actual jefe del Ejecutivo y rompe con el principio de división de poderes al eliminar los contrapesos que sustentan el poder y dan lugar a la democracia que se pretende implantar en nuestro país. Los intereses extranjeros, en el caso de la fructuosa, y los intereses puramente económico-empresariales no pueden ser aducidos como un fundamento suficiente para alterar el orden social y el estado de derecho, poniendo en riesgo la estabilidad social misma que de hecho se muestra sumamente frágil ante determinaciones previas tomadas por el Ejecutivo. No corresponde, no corresponde al Presidente de la República ni a sus dependencias interpretar, modificar, reestructurar, suspender, alterar ni cancelar ninguna ley emanada del Poder Legislativo de la Federación. Tan solo puede establecer los mecanismos e instrumentos abocados a la exacta, a la exacta observancia de la ley. Por ello el Partido de la Revolución Democrática, junto con el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Convergencia por la Democracia llamamos justamente para que este Congreso de la Unión interponga una controversia constitucional. Primero.- Los alcances y los límites de la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal si esta facultad le permite interpretar, modificar, suspender, alterar o cancelar mediante un reglamento un decreto o una resolución de Miscelánea Fiscal, una ley del Congreso de la Unión. Segundo.- Señale si las disposiciones del Ejecutivo contenidas en el decreto que exime del pago de diversos impuestos emitido el 5 de marzo de este año y publicado en el Diario Oficial de la Federación cuentan con las bases legales adecuadas o si exceden con base en una interpretación errónea y trastocada de la ley la esfera de competencia del Congreso de la Unión, y Tercero.-Deje sin efectos el decreto referido. Se trata, pues, de un decreto ilegal e ilegítimo que vulnera nuestro orden jurídico pretendiendo suplantar al Legislativo en una tarea en la cual por cierto participó en sus inicios y en su resultado el propio Ejecutivo, y vulnera también nuestra economía nacional al beneficiarse de manera fundamental a las empresas extranjeras productoras de fructosa, a las transnacionales embotelladoras, así como a las importadoras de las bebidas alcohólicas. Por más que de manera sesgada y para no dejar, se haya contemplado a los productores de agave y el agua potable. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49, 73 Fracción VII, 78 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, de este Congreso, someto a la consideración de este pleno el siguiente Punto de Acuerdo UNICO.  Esta Honorable Comisión Permanente acuerda que el Congreso de la Unión interponga un recurso de controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la invasión de atribuciones en que incurrió el Ejecutivo Federal al emitir el decreto de fecha 5 de marzo del presente por el que se exime total o parcialmente diversos impuestos contenidos en normas de carácter general, legislados por esta soberanía. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 6 días del mes de marzo del 2002. Es cuanto, señor Presidente. -