EL DIP. JUAN MANUEL SEPÚLVEDA FAYAD: Con su permiso, señor Presidente. Ciudadanos integrantes de la Mesa Directiva de la H. Cámara de Diputados: Los suscritos, integrantes de la LVIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en el artículo 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar ante esta asamblea al siguiente punto de acuerdo, de conformidad con las siguientes consideraciones: Los mexicanos hemos construido un sistema democrático sustentado en el pleno respeto a la voluntad popular, regulado por normas jurídicas consensuadas, con procesos electorales organizados y vigilados por una autoridad autónoma y con un Tribunal Electoral que cuenta con plenas facultades para resolver las controversias con base en el derecho. Las elecciones del año 2000 pusieron a prueba nuestro sistema electoral y acreditaron su alta calidad. El balance indica que uno de los procedimientos que deben perfeccionarse es el de la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, por lo que, legisladores de distintos grupos parlamentarios hemos comprometido nuestra voluntad en la revisión de la normatividad que regula este aspecto tan importante. El Instituto Federal Electoral ha señalado con toda razón que la fiscalización de los recursos de los partidos políticos es una tarea que nos conviene a todos. Es el único modo en que una sociedad democrática puede hacer realidad los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Los partidos son entidades de interés público y por lo tanto resulta necesario conocer con certeza el origen y el destino del dinero que manejan y constatar que ambos sean lícitos. El propio Instituto da curso a diversas investigaciones relacionadas con el financiamiento que aplicaron los partidos políticos durante las campañas presidenciales del año 2000, con el propósito de determinar si ocurrieron o no los presuntos ilícitos que fueron denunciados. El día de hoy se inicia formalmente el proceso electoral mediante el que se renovará la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el próximo año. Es importante lograr que las controversias sobre el financiamiento se resuelvan con oportunidad de tal forma que no se mezcle la organización del proceso electoral del año 2003 con el debate público y el conflicto jurídico derivado de los recursos que se utilizaron en las campañas del año 2000. Uno de los problemas que enfrenta el Instituto Federal Electoral para avanzar en la solución de estos temas, es la negativa de la organización Amigos de Fox A.C. a acatar la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que obliga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a proporcionar al IFE toda la información en relación con la denuncia del financiamiento ilícito de la campaña presidencial del Partido Acción Nacional a través de dicha asociación civil. Coincidimos con la afirmación del Instituto Federal Electoral en el sentido de que el acceso a la justicia en ningún caso puede servir como instrumento para dilatar la impartición de la misma. Por ello, rechazamos la estrategia que tiene como objetivo utilizar el juicio de amparo como instrumento para impedir que el pueblo de México conozca el origen de los recursos con que se financió la campaña de quien hoy es el Presidente de la República. El tema adquiere mayor importancia y gravedad cuando existen evidencias documentales de que parte de estos recursos provinieron del extranjero en violación flagrante a lo dispuesto por el artículo 33, párrafo final de nuestra Constitución que dispone que los extranjeros no podrán inmiscuirse de los asuntos políticos del país. Es altamente riesgoso para México el que se desconozcan estas fuentes de financiamiento y los montos precisos del mismo, pero aún es más delicado el desconocer los compromisos que se establecieron con quien hoy tiene a su cargo la titularidad del Poder Ejecutivo y las personas y empresas extranjeras y nacionales que financiaron la campaña. El Congreso de la Unión debe estar enterado acerca de lo anterior para poder analizar a la luz de estos datos las iniciativas presentadas por el Ejecutivo que tiene que ver con temas vinculados a nuestra soberanía y entre ellos, sin duda, la seguridad nacional como la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica y la anunciada reforma energética. Le solicito un momento más para terminar, señora Presidenta.