La diputada María Teresa Marú Mejía: Con la venia de la Presidencia. Saludo a mis compañeros diputadas y diputados. Vengo a someter a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma y adiciona la fracción XIV del artículo 9 de la Ley General de Educación. Los motivos que me conducen a presentar ante ustedes esta propuesta, es el alarmante índice de criminalidad que prevalece en el país y, en particular, que este fenómeno se esté extendiendo hacia los centros escolares. Hace unas cuantas semanas, la opinión pública se estremeció ante el lamentable suceso en una escuela de Coahuila, en donde un alumno victimó a balazos a su maestra y después él mismo se privó de la vida. La implementación de acciones educativas y preventivas tendientes a evitar la comisión de hechos delictuosos es de suma importancia en el sistema educativo nacional, observado como uno de los ejes rectores del Estado para lograr la sana convivencia social. El elemento de mayor importancia para el fortalecimiento de la seguridad pública es la prevención del delito, entendida como el conjunto de programas, servicios y acciones que tienen por objeto el mejoramiento del entorno social en materia criminológica. Prevenir es conocer con anticipación la posibilidad de una conducta antisocial dependiendo de los medios necesarios para poder evitarla. La prevención del delito necesita ser observado desde una óptica incluyente para que conjuntamente autoridades en materia de seguridad pública, procuración de justicia y autoridades educativas fomenten una conciencia de prevención en los estudiantes de todos los niveles respecto de evitar la comisión a ser víctimas de ilícitos. Se debe privilegiar la prevención del delito mediante el desarrollo social, lo que incluye una serie de programas culturales, sociales, educativos, sanitarios y formativos destinados a niños y jóvenes. La educación debe ser considerada la herramienta por autonomía utilizada por la sociedad de un Estado para contribuir al desarrollo integral de su pueblo. Esta posee las actitudes y valores axiológicos que sostienen al ser humano para edificarse y evolucionar en base a su pensamiento y a su razón. Por eso, la importancia de que los docentes se formen con una conciencia de prevención del delito, al mismo tiempo deben de tener presente que la conducta delictiva no es exclusiva de una clase social o raza, sino que se generaliza a una clase social de todos los extractos de la colectividad humana. Ante la inminente realidad que se vive en México respecto a la comisión de ilícitos, es necesario que el Estado, a través de las instituciones realice una política criminológica en la que exista pluralidad de actores que sean partícipes de la misma, y claro ejemplo de ellos son las autoridades educativas. Los legisladores desde nuestro ámbito de actuación debemos de seguir generando la legislación que coadyuve a la pacificación del país y, sin duda, en el ámbito preventivo la educación es el medio más eficaz para la formación de un ciudadano solidario socialmente y que respete a las normas de convivencia social. La educación es el medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura. Es un proceso permanente de contribuir al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, es factor determinante para la adquisición de conocimientos de manera que se tenga sentido de solidaridad social cuyo ejercicio es necesario para alcanzar el bienestar de todas las personas. Debe entenderse que la educación es el eslabón por excelencia que vincula a las familias con la sociedad. Es por ello que el Estado a través de las instituciones en materia de seguridad y procuración de justicia, en coordinación con las autoridades educativas, debe poner en marcha programas y políticas preventivas que tengan como objetivo primordial evitar la comisión de ilícitos, ya que de ello dependerá gran parte del bienestar de las familias de México. Por ello, propongo que se adicione una fracción XIV del artículo 9 de la Ley General de Educación para que las autoridades de educación implementen políticas públicas de prevención del delito, en coordinación con las autoridades en materia de seguridad pública y procuración de justicia que involucren a los educandos, docentes y personal administrativo, a fin de evitar la comisión de ilícitos dentro y fuera de los centros escolares en todos sus niveles educativos. Solicito que se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Gracias.