El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. A nombre del diputado Francisco Hernández Juárez, y adhiriéndome a la propuesta que él hace, planteamos los siguientes aspectos. Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta a la Procuraduría General de la República, a que acepte la recomendación 64/2008 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, relativa a la explosión en la mina 8 en Pasta de Conchos. Consideraciones Este 19 de febrero se cumplen cuatro años de lucha por alcanzar la justicia para los 65 mineros que fallecieron al estallar la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, en Sabinas, Coahuila. Las viudas y familiares no han escatimado procedimiento jurídico alguno, han recurrido a todas las instancias nacionales e internacionales para lograr el rescate de los cuerpos y la aplicación de la justicia a los responsables del accidente en la mina, que prácticamente lo podemos catalogar como un crimen industrial. Los señores Germán Larrea y Francisco Javier García de Quevedo, dueños del corporativo industrial Minera México. A lo largo de estos años, los deudos de los mineros fallecidos han logrado importantes resoluciones a su favor, tanto en la Organización Internacional del Trabajo como en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, instancia que hace responsable al gobierno de no cumplir las normas laborales establecidas. En las legislaturas LIX y LX ha sido parte fundamental de la agenda el esclarecimiento del accidente en la mina 8 de Pasta de Conchos, cuya Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia en la mina Pasta de Conchos de la legislatura anterior, la cual concluyó que funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Economía y del Instituto Mexicano del Seguro Social eran responsables de negligencia por omisión, y que el grupo industrial Minera México lo era por incumplimiento de las normas laborales y de seguridad e higiene, haciendo las recomendaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos y responsabilidades ocurridos. Dentro de los procedimientos iniciados para deslindar responsabilidades se encuentra la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, presentada ante el Ministerio Público de la Federación para determinar las probables responsabilidades de servidores públicos adscritos a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, por las omisiones y negligencia en que habrían incurrido al faltar en su deber de inspeccionar las condiciones de seguridad e higiene, y de tutelar la vida de los trabajadores en la mina Pasta de Conchos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha establecido en su recomendación 64/2008, que el Ministerio Público de la Federación no actuó con diligencia para la pronta y debida procuración de justicia. Del mismo expediente se determina que es necesario que ingenieros en minería realicen un peritaje de la mina 8, que incluya las condiciones de operación y seguridad al momento y antes del siniestro. Además, que se hace necesario un peritaje de química forense, a fin de buscar e identificar las sustancias explosivas, para lo cual debería de terminar con las operaciones de desescombro, rescate de cadáveres y desgasificación en el interior de la mina. Ninguno de estos peritajes ha sido realizado por la PGR, incluso el agente del Ministerio Público de la federación solicitó al director general de Servicios Periciales que requiriera la participación de profesionistas de la UNAM y del IPN, sin que exista hasta hoy respuesta alguna de la citada dirección. Estas omisiones nos dan la convicción de que la PGR ha brindado protección a los funcionarios públicos que tenían por obligación aplicar las normas de seguridad e higiene.