El diputado Pablo Alejo López Núñez: La naturaleza social del hombre se refleja a través de la historia desde diferentes ámbitos. Es en la convivencia diaria con los demás la que conlleva a trascender. Sin embargo para ellos se requieren parámetros o normas que resulten en acciones o definiciones a favor de la colectividad. El bien común implica una conciencia social en afán de satisfacer las necesidades no solamente del individuo sino de los grupos. Es la multiplicidad de relaciones que constantemente surgen en un mundo más interactivo y dependiente lo que da lugar a orientarlas de tal manera que promuevan su correcto desempeño y funcionamiento. Es así quizá la evolución de leyes y reglamentos que bajo un régimen de derecho constituyen el ordenamiento jurídico de toda la sociedad. El ordenamiento jurídico sin embargo, es siempre perfectible en virtud de la gran dinámica a la que se somete a diario que aunado a lagunas legales dan cabida a la posibilidad de cometer por acción u omisión ilícitos en distintas ramas del derecho, como en el caso de la materia mercantil. En 1883 el derecho mercantil adquirió en México carácter federal al ser reformada la fracción X del artículo 72 constitucional que otorgó al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia comercial. Con base en esta reforma constitucional, se promulgó el Código de Comercio de 1884 aplicado a toda la República. Posteriormente se promulga la Ley de Sociedades Anónimas de 1888, y el primero de enero de 1890 entra en vigor el Código de Comercio de 1889. Actualmente sólo existen modificaciones en algunos de los artículos siendo que las empresas más importantes se organizan bajo la forma de sociedad mercantil contenida en el mismo. Si bien las sociedades mercantiles, en específico las sociedades anónimas, en su objeto no incluyen la capacidad de fungir como cajas de ahorro, esta figura jurídica ha sido una práctica común en nuestro país, con casos en los que aprovechándose de los resquicios y omisiones legales en la materia, hayan incurrido en alevosía y ventaja en actividades ilícitas en perjuicio del patrimonio ciudadano. Hoy en día 11 por ciento de los delitos que se cometen en la República Mexicana son de carácter patrimonial, por lo que resulta imperativo procurar el resguardo y protección jurídica ciudadana a través de leyes que procuren evitar y castigar la comisión de delitos, en este caso la defraudación, entendida como acto cumplido intencionalmente con la finalidad de herir derechos o intereses económicos ajenos que afectan a la sociedad que, bajo este agravio, solicita respuesta. Por poner un ejemplo sólo citaré el caso de lo ocurrido en 1992 en Ensenada, Baja California, en donde una sociedad anónima, Constructora Inmobiliaria Brisamar, Sociedad Mercantil, entre cuyo objeto no se contemplaba fungir como caja de ahorro, realizó diferentes actividades relacionadas con las que logró defraudar a más de 5 mil personas, adultos mayores en su mayoría y de muy escasos recursos casi todos, dejándolos en la quiebra, en la indefensión y evidenciando un trasfondo de alevosía, así como falta de información del ahorrador, de inicio funcionando todo el tiempo de manera irregular, ante lo cual la autoridad no corrigió. La gravísima repercusión de fraude hasta la fecha no ha sido subsanada; incluso hay familias que no han podido superar ni moral ni económicamente el quebranto que impunemente sufrieron mediante esta figura legal. Cabe resaltar que la ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamos y de Apoyo a Ahorradores, instrumento legal que fue creado precisamente para dar respuesta a la sociedad en este tipo de casos, en particular en su artículo 7 no contempla a sociedades anónimas como denominadas que hábilmente fueron utilizadas por los defraudadores. Es importante señalar que el fideicomiso tiene el objetivo fundamental de apoyar y permitir la recuperación del porcentaje de ahorro de los defraudados en diferentes modalidades y así resarcir una falla en la regulación de las entidades constituidas. Lo anterior es sólo un caso en concreto; sin embargo, no podemos pasar por alto a los millones de mexicanos que sufren este tipo de fraudes a todas luces previsibles y por ello debemos procurar que el Estado intervenga de manera subsidiaria, mediante una fórmula de protección al ciudadano para evitar que este tipo de sociedades mercantiles, que a lo largo y ancho del país realizaron actividades de ahorro, sigan lucrando al amparo de la impunidad y aprovechándose de las lagunas legales y de la falta de información de los perjudicados. Con esta propuesta que someto ante esta soberanía y que tiene la finalidad de adecuar los mecanismos legales encargados de responder y dar protección a los ahorradores, resguardando sus derechos a efecto de que las víctimas de estos fraudes no queden en el desamparo y en la impunidad histórica en cuanto a la reparación del daño, se propone incluir a estas sociedades mercantiles como parte de las sociedades objeto del fideicomiso en virtud de su operación como cajas de ahorro, por lo que someto a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa para reformar el artículo 7 de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de las Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo de Apoyo a los Ahorradores con el objeto de incluir como factible de remuneración a las contempladas como sociedades mercantiles, agregando el inciso e) al artículo 7 para quedar como sigue: Serán sujetas de apoyo, mediante este fideicomiso, las sociedades establecidas bajo el amparo de la Ley General de Sociedades Mercantiles que hayan realizado actividades de capacitación, de recursos, dinero o valores y que ya no realicen operaciones activas ni pasivas. Sin más por el momento, es cuanto, diputado presidente. El Presidente, diputado Alvaro Elías Loredo: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra el diputado Rafael Candelas Salinas del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para presentar iniciativa que reforma el artículo 8º. del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.