El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Muchas gracias, presidente. Diputadas, diputados, senadoras y senadores. Conforme a los datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, hasta el 12 de enero de este año se acumularon 300 mil 764 muertes confirmadas a causa del Covid 19, y se estima que el número real asciende a cerca de 320 mil personas. A su vez, el Instituto Nacional de Salud Pública reportó que, hasta el 3 de enero de este año, existen 655 mil 62 defunciones. Es decir, alrededor de un 46 por ciento más de lo esperado en condiciones de no emergencia sanitaria. Por lo que es muy probable que el número real de defunciones por Covid 19 en nuestro país, sea más del doble de muertes confirmadas. Por otro lado, durante la emergencia sanitaria más de medio millón de personas dejaron de cotizar al Seguro Social y perdieron el carácter de asegurados, lo que implicó que tanto ellos y ellas, como sus beneficiarios y beneficiarias, dejaran de tener derecho al servicio médico y a una pensión por fallecimiento del asegurado. Hasta el momento no existe información sobre cuántas personas que murieron a causa del Covid 19 perdieron su afiliación al Seguro Social antes de su fallecimiento, pero las hay, y ello ha generado una serie de problemas, sobre todo para niñas, niños y adolescentes, así como mujeres que perdieron a sus padres o a su pareja y, consecuentemente, su derecho a una pensión de orfandad o viudez. De acuerdo con la Ley del Seguro Social y la jurisprudencia, la pensión de viudez es un derecho a favor de la pareja, de la persona asegurada o pensionada por invalidez. La pensión de orfandad corresponde a cada uno de los hijos o de las hijas menores de 16 años cuando muere el padre o la madre y alguno de estos hubieran tenido el carácter de asegurado o pensionado por invalidez. Esta pensión se puede prorrogar hasta los 25 años si el beneficiario se encuentra estudiando en planteles del sistema educativo nacional. Como se advierte, no existe ninguna hipótesis jurídica que aclare o precise si las personas anteriormente aseguradas conservan estos derechos a favor de sus beneficiarios cuando ocurre su fallecimiento, por lo que actualmente para hacer valer el derecho a estas pensiones los beneficiarios tienen que recurrir al amparo, lo que implica contratar un despacho de abogados, y como podrán suponer, muchos optan por no hacer valer su derecho por falta de recursos económicos o simplemente porque no conocen la ruta jurídica para poder exigirlo y porque la ley no dice nada al respecto. Teniendo como escenario de fondo la emergencia sanitaria, por el virus SARS-CoV-2, se propone establecer con claridad y precisión, que las pensiones de orfandad y viudez se otorguen a las niñas, niños, adolescentes y pareja de las y los trabajadores que perdieron su afiliación, pero cuya muerte ocurra durante el periodo de conservación de derechos, es decir, por un periodo igual a la cuarta parte del tiempo cubierto por sus cotizaciones semanales. De esta manera, protegemos a las familias de las y los trabajadores, pero sobre todo a niñas, niños y adolescentes, así como a quienes se han quedado sin una fuente importante de sus ingresos y que hoy en día están padeciendo una situación de pobreza y abandono por la emergencia sanitaria y un vacío legal que debemos evitar lo más pronto posible. Esta pandemia que ha puesto en jaque al mundo entero y que tiene colapsada a la economía, demanda lo mejor de nosotros como sociedad y como órgano legislativo. Demanda solidaridad, compromiso y amor al prójimo. Muchas gracias.