El diputado Irineo Molina Espinoza: Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia y permiso, compañeras y compañeros diputados. La administración pública federal que iniciará actividades el día primero de diciembre se enfrentará a grandes demandas sociales, como son la inseguridad y la reactivación económica. Pero de los mayores males a los que habrá que enfrentarse son la corrupción y la impunidad fenómenos que han sido tolerados en las últimas administraciones, donde incluso el presidente de la República se atrevió a justificarlo como parte de nuestra cultura. En los últimos gobiernos han sido caracterizados por la corrupción, la malversación de fondos, la opacidad, la colusión de servidores públicos, el peculado, tráfico de influencias, cohecho y financiamiento de campañas con recursos públicos y de dudosa procedencia al amparo de la impunidad. Basta recordar las administraciones de los exgobernadores Guillermo Padrés, César Duarte, Javier Duarte, Roberto Borge, Roberto Sandoval y Gabino Cué. O las obras monumentales como la Estela de Luz, que costó 192 por ciento más de lo programado. La opacidad en los procedimientos de adjudicación organizados por Turissste, la casa blanca, el tren bala, la estafa maestra, Odebrecht, el uso de tarjetas Monex y Soriana para compra de votos y lo más lamentable, ver cómo las instituciones de Estado parecieran ser utilizadas para proteger a los corruptos o evitar que sean procesados y castigados por la justicia. La corrupción y la impunidad son fenómenos que nos han afectado en el pasado, lastiman nuestro presente y destruyen nuestro futuro, así como el desarrollo de nuestro país. Es lamentable e indignante que algunos servidores públicos, valiéndose del cargo que desempeñan, ejecutan o instruyen acciones en perjuicio del erario y gasto público, pero, sobre todo, en menoscabo de nuestra sociedad. El grado de corrupción que existe en México, según algunos especialistas, cuesta alrededor del 5 por ciento del producto interno anualmente, lo que equivale a 900 mil millones de pesos. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, realizado en 2017 por Transparencia Internacional, nuestro país se ubica en el lugar 135 de 180 países evaluados. ¿Hasta dónde hemos llegado? El informe de Transparencia Internacional del 2017 considera a la administración pública de nuestro país como la más corrupta de América latina y el Caribe. De igual manera, el Índice Global de Impunidad 2018 muestra que 93 de cada 100 delitos que se cometen no se denuncian y solo un limitado número de ilícitos que sí se denuncian culminan con una sentencia contra los responsables. Información corroborada por la Auditoría Superior de la Federación, quien ha señalado que solo el 2 por ciento de los delitos de corrupción son realmente sancionados. Por ello, como parte de las acciones legislativas que el Grupo Parlamentario de Morena impulsará, en concordancia con los principios que regirán al próximo gobierno federal, propongo ante ustedes, compañeras y compañeros diputados, reformar el artículo 22 constitucional para integrar los delitos de corrupción en el catálogo que establece donde preceda la acción de extinción de dominio de bienes y su aplicación a favor del Estado, considerando que dicha medida servirá para complementar la propiedad de la persecución de bienes de procedencia ilícita. También propongo una segunda iniciativa de esta serie de propuestas legislativas para reformar el artículo 4o. y 7o. de la Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del artículo 22 constitucional, ya que dicha reforma constitucional y legal se complementa. Concluyo, compañeras diputadas y diputados. Con esta medida se afectará el patrimonio de los servidores públicos que, valiéndose de su posición o cargo, lo hayan obtenido por hechos de corrupción, y servirá para fortalecer las acciones y normas que instrumente el Sistema Nacional Anticorrupción, así como para combatir de manera significativa la relación o vínculo que pueda existir entre la delincuencia organizada y los servidores públicos. Delitos que tanto han lastimado a México y contribuido a generar la enorme desigualdad que impera en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.