La diputada Claudia Reyes Montiel: Con su venia, señora presidenta. La vivienda más que sólo un refugio, representa un espacio de privacidad y desarrollo de la vida familiar, que nos permite satisfacer nuestras necesidades, algunas tan básicas como: comer, dormir y descansar. Es por esa razón que se ha reconocido como parte de los derechos fundamentales que tiene toda persona. En el artículo 4o. de nuestra Constitución se ha establecido que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. De igual forma diversos ordenamientos signados por nuestro país, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han reconocido el derecho a la vivienda. El Pacto Internacional, por ejemplo, establece en su artículo 11 que los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso la alimentación, el vestido, la vivienda, y una mejora continua de las condiciones de existencia. Pese a ese reconocimiento en nuestro país existe todavía una urgente necesidad de vivienda, principalmente para las personas de bajos ingresos, situación que se ha visto importante problema público. De acuerdo a los datos de la Sociedad Hipotecaria Federal, en 2018 se demandaron más de un millón de apoyos de financiamiento para solucionar la vivienda, lo que tendría un impacto de casi 4 millones de personas. Lo anterior pese a que llevamos décadas implementando programas de financiamiento y apoyo a la vivienda. Se sabe también que según datos de Coneval, en México aproximadamente 14 millones de hogares no gozan de una vivienda digna y decorosa, como lo establece la Constitución. Es decir, casi la mitad de las viviendas en el país no se encuentran en condiciones para permitir una vida adecuada a las personas. Para resolver los problemas de vivienda en los últimos años, diversos países del mundo, especialmente aquellos conocidos como emergentes, han implementado políticas con una visión en común, la coordinación cada vez mayor entre los diversos actores involucrados en el sector de la vivienda. Esto les ha permitido reforzar sus acciones e instituciones, especialmente en términos locales. Para que este tipo de acciones tenga un mejor resultado como lo han señalado diversos estudios, es imperante que exista un reconocimiento claro de diversas funciones que lleva a cabo el Estado, la sociedad y los mercados, los cuales se rigen por principios diferentes, la autoridad, la cooperación y la competencia, respectivamente. El gobierno debe de establecer un marco efectivo, con el cual lleven a cabo diagnósticos de planeación que otorguen certidumbre y mecanismos de vigilancia y control con la finalidad de ejecutar políticas públicas y programas presupuestarios que realmente beneficien a la población. Por un lado, para una mejor planeación urbana, y por el otro, que obedezca las verdaderas necesidades de la población, y que el tema de la vivienda no sea una pesadilla para la mayoría de las familias mexicanas. Así pues, en este contexto, es necesario que como Poder Legislativo encontremos caminos y consensos buscando la coordinación de esas estructuras. Para que se puedan generar políticas públicas que favorezcan a todos, esto sin perder de vista que cada una de esas estructuras corresponden y responden, como mencioné, a contextos y objetivos diferentes. Es por lo anterior, que como Grupo Parlamentario del PRD nos pronunciaremos a favor del presente dictamen y estamos ciertos que, si bien el tema de la vivienda muchas veces es olvidado de las agendas, es importante que, dada su complejidad, nos mantengamos en un escenario de constante trabajo para mejorar el marco legal vigente en cualquiera de sus aristas. Es cuanto, presidenta.