La diputada Sonia Rincón Chanona: Con la venia de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, las leyes mexicanas han sido enfáticas en la protección y la atención del núcleo familiar, para ello ha creado normas que son mandatadas desde el artículo 4o. de la Constitución Política Mexicana. Resultado de ello ha sido la creación de instituciones especializadas en la atención a los diferentes individuos que integran el núcleo familiar. Es por ello que, como Estado, mantenemos organismos de corte específico en materia de apoyo infantil, juvenil, materna y para los adultos mayores en sus diversas problemáticas y variantes. Asimismo las leyes y las instituciones deben actualizarse, a fin de que sus mandatos y programas den respuesta satisfactoria a una sociedad en constante evolución y transformación. En este sentido, el dictamen que hoy se somete a consideración tiene que ver con la actualización de las problemáticas que ocasionan la disolución de los vínculos matrimoniales y la protección a los derechos de los menores de edad de estos núcleos. Actualmente la sociedad mexicana ha iniciado un cambio, en el que se registran mayor número de divorcios, pues en solo tres décadas la cantidad de estos se ha incrementado de manera importante. De acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), en 1980 se registraban 4.4 divorcios por cada 100 matrimonios, cifra que creció a 7.2 en 1990, a 11.8 en 2005 y a 16 en 2011. Sin embargo, entidades como Chihuahua registran la disolución de 35 matrimonios de cada 100 uniones ante el juez civil y en el Distrito Federal reporta la cifra de 32, seguidos por Nuevo León y Colima, con 24 cada una. Esta situación obliga a tomar cartas en el asunto y considerar las problemáticas que se presentan con la separación de las parejas, sus descendientes y patrimonio. Como los aspectos más relevantes a resolver implican una etapa de transición que debe ser atendida en el menor tiempo posible. Al entrar en un conflicto de disolución matrimonial y de la afectación de sus integrantes menores de edad, el Estado mexicano está obligado a velar por el interés de estos y atender las problemáticas que se puedan presentar. En este sentido, es común que el conflicto de disolución de un matrimonio lleve aparejado un conflicto inherente a los hijos, en el cual es común que ambos padres busquen la custodia de sus descendientes, situación que es aprovechada a través de la alineación del menor para rechazar a uno de ellos. Tales medidas generalmente se realizan sin la consciencia del prejuicio que se provoca hacia el menor de edad en su desarrollo emocional ni de su relación con uno de sus progenitores en el futuro. Bajo esta óptica, consideramos un acierto la iniciativa de instruir al juez en materia familiar para que escuche al Ministerio Público antes de considerar un fallo para entregar la patria potestad de un menor de edad durante un juicio de divorcio. Al considerar que se regula la guarda y custodia de un menor, para que se emitan de manera oficiosa pruebas periciales en materia de trabajo social y de psicología familiar, para considerar cuál de los progenitores es apto para brindar la atención adecuada a su hijo. Estamos reforzando el compromiso de nuestro país en materia de observancia del interés superior de la niñez. Cabe señalar, que esta consideración se suma a los demás elementos que ya contempla el derecho familiar para estos casos y refuerza la visión de otras legislaciones locales, podría no estar considerado, pues tales asuntos competen esencialmente a la legislación estatal. Convencido de las bondades que contiene la dictaminación en comento, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza dará su voto a favor, con la confianza de que constituye un paso importante al interés superior de la niñez y se plasma en las leyes mexicanas como parte sustantiva del derecho. Es cuanto, diputado presidente.