EL C. DIP. JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia. Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración del pleno de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona una fracción IX, corriéndose en su orden la actual fracción IX para pasar a ser la fracción X del artículo 99 y se adicione un segundo párrafo de la fracción IV del artículo 104,ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación surge en virtud de las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996. "Al ser incorporado al ámbito del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en materia electoral, el Tribunal cuenta con la competencia que se le atribuye al artículo 99 en su norma fundamental y que se detalla en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. "Conforme a lo que prescribe en el primer párrafo del artículo 99 constitucional, el tribunal Electoral es con excepción de lo que se dispone en la fracción II del artículo 105 de la Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. "Lo anterior supone que el Tribunal Electoral puede, con excepción de los asuntos relativos a la promoción de acciones de inconstitucionalidad de una norma electoral, conocer de cualquier acto o resolución que derive de las autoridades electorales de los estados en términos de la fracción IV del artículo 116 constitucional y 122 del mismo ordenamiento. "También es competente para conocer las controversias que se susciten por los actos o las resoluciones del Organo Electoral Federal previsto en el artículo 41 de la norma primaria. "Sin lugar a dudas la existencia de un órgano jurisdiccional especializado en la materia electoral genere certidumbre de los actores políticos, de que en caso de presentar impugnaciones, sea en los tribunales estatales o federales, las mismas serán resueltas estrictamente en base a derecho y de manera imparcial. "La actuación seguida por el Tribunal Electoral así lo demuestra. Baste con sólo recordar lo relativo a la anulación de las elecciones a gobernador en el estado de Tabasco en el año 2000, o bien lo elativo a integración del Consejo Electoral del estado de Yucatán en el 2001 y recientemente en el estado de Nuevo León con la integración del Tribunal Electoral de dicho estado. "En materia electoral como cualquier otra controversia jurídica, que se dirima en los tribunales. La parte ganadora apoyará siempre la sentencia que recae del juicio, en tanto que la parte perdedora la cuestionará. "Por lo real en la actuación del Tribunal Electoral es que han sido más las resoluciones emitidas que han contado con el apoyo de las partes, que aquellas que se han cuestionado. "Por disposición constitucional el tribunal Electoral está facultado para emitir jurisprudencia y que sus resoluciones vinculen obligatoriamente a los órganos que lo integran, incluso con anterioridad al actual estatus constitucional. El Tribunal también contaba con dicha facultad. "En razón de lo anterior y en ejercicio precisamente de sus facultades constitucionales, el Tribunal al resolver el juicio de revisión constitucional electoral 2009-99 resolvió realizar una interpretación integral de las disposiciones constitucionales que regulan lo referente a la materia electoral. "Dichos preceptos son el artículo 54, en lo que hace a la asignación de los 200 diputados de representación proporcional; el 56 para la asignación de los senadores y de representación proporcional, y el 116 fracción IV, en cuanto a las garantías en materia electoral deban contener las constituciones y leyes de los estados y el 122 en su base primera, fracción I relativa al Distrito Federal. "Todo lo anterior para acreditar fehacientemente en su resolución que nuestra norma fundamental no prevé en un solo mecanismo de asignación de legisladores por el principio de representación proporcional y que dicho mecanismo deba de ser utilizado por analogía entre diputados federales por el principio de representación proporcional para la asignación de senadores de la República, los diputados a los congresos locales de las entidades federativas o diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y que por tanto el criterio sostenido por el pleno de nuestro más alto tribunal al resolver la acción de inconstitucionalidad 698 promovida por la Dirigencia Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en contra de actos de la legislatura y del gobernador del estado de Quintana Roo, en el que sólo se analiza para orientar su criterio, el contenido del artículo 54 de nuestra Norma Primaria y las trece de jurisprudencia que del dicho juicio se derivan. "Ahora bien, cuando el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el juicio de revisión constitucional electoral 2009-99, determinó no orientar su resolución por los criterios de jurisprudencia sustentados por nuestro más alto tribunal, sino que para ampliar su interpretación decidió analizar los artículos constitucionales 54, 116 fracción IV y 122 base primera. "La resolución del tribunal realiza una interpretación directa a los preceptos constitucionales antes citados y esta interpretación en la tesis de jurisprudencia que se contiene son contrarias a lo sostenido por la Corte en la acción de inconstitucionalidad 698, razón por la cual el Presidente del Tribunal Electoral decidió, con fundamento en el artículo 99 párrafo quinto, hacer denuncia de contradicción de tesis con la sustentada por la sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que quedó registrada bajo el número 2-2000 y que fue resuelta en fecha 23 del presente año. "En concreto la propuesta de modificación que nosotros hacemos es la siguiente: "Es adicionar un artículo, artículo 1º, que adiciona la fracción IX corriéndose su orden la actual fracción IX para pasar a ser la fracción X del artículo 99 y se adiciona el segundo párrafo la fracción IV del artículo 104, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: "Fracción IX. Las resoluciones que pronuncie la Sala Superior del Tribunal Electoral no admiten recurso alguno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley o establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución cuya resolución, a juicio de la Suprema Corte de Justicia y conforme acuerdos generales, entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia. Solo en esta hipótesis procederá la revisión ante la Suprema Corte de Justicia, limitándose la materia de recurso exclusivamente a la decisión de los cuestionamientos propiamente constitucionales. "Y la fracción IV del artículo 104 diría de la siguiente manera: De los recursos de revisión, mismos que serán del conocimiento exclusivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en términos de la fracción IX del artículo 99 de esta Constitución". La presente iniciativa la firma el grupo parlamentario del Partido del Trabajo: Alberto Anaya Gutiérrez, José Narro Céspedes, Rosalía Peredo Aguilar, Jaime Cervantes, Rosa Delia Cota, Félix Castellanos, Víctor Antonio García y Juan Carlos Regis Adame. Solicito a la Presidencia que en virtud de que no hice lectura de todo el contenido de la iniciativa se publique en la Gaceta y se transcriba íntegra en el Diario de los Debates. -