EL C. DIPUTADO MARCOS PAULINO LOPEZ MORA: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: hacer uso de esta tribuna de la República con motivo de un aniversario más de la expropiación petrolera constituye no sólo una honrosa distinción para un representante del pueblo de México sino, además, una oportunidad para reiterar ante esta soberanía la significación de un acontecimiento histórico de tal envergadura. Recordemos brevemente la historia. El 18 de marzo de 1938 una noticia estremeció y conmovió al país entero. El gobierno mexicano decretaba la expropiación de las compañías petroleras extranjeras que desde hacía más de 20 años lesionaban seriamente los intereses nacionales. Para evocar los hechos que originaron esta histórica decisión me referiré a la parte medular del manifiesto al pueblo de México, en el cual el presidente Cárdenas expuso las razones que motivaron su determinación y solicitó a la nación el apoyo moral y material para afrontar las consecuencias. La actitud asumida por las compañías petroleras negándose a obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte las condenó en todas sus partes a pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que les proponía que las propias empresas llevaron a los tribunales por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del trabajo, impone al Ejecutivo de la nación el deber de buscar en los recursos de nuestra legislación un medio eficaz que evite definitivamente para el presente y para el futuro el que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan nulificarse por solo la voluntad de las partes o de una de ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia, como se pretende hacerlo en el presente caso. Hay que considerar que un acto semejante destruiría las normas sociales que regula el equilibrio de todos los habitantes de una nación, así como el de sus actividades propias y establecería las bases de procedimientos posteriores a que apelarían las industrias establecidas en México si pudieran maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus procedimientos y con sus obstinaciones. Es evidente que el problema que las compañías petroleras plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia sino una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es el interés social de la clase trabajadora de todas las industrias del país la que los exige, es el interés público de los mexicanos y aún de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la nación la que quedaría expuesta a simples maniobras del capital extranjero, que olvidando que previamente se han constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, pretendan eludir el mandato y las obligaciones que les imponen las autoridades del propio país. Estos fueron los hechos que registran nuestra historia y han pasado desde entonces 65 años y la nacionalización del petróleo, recurso fundamental para el desarrollo económico-social de nuestro país, ha demostrado su acierto y su eficacia. En estos momentos en que una decisión aparentemente irracional pone en jaque a la humanidad y que en otras razones económicas que aducen los analistas políticos, es precisamente el deseo del imperio de América del Norte de posesionarse en esta región que representa más del 30 por ciento de la producción mundial de petróleo y que ubica a la acción militar que está por empezar, como una decisión geopolítica que actualiza la acción histórica de México. Conforme los acontecimientos mundiales van señalando la importancia estratégica del petróleo, se engrandece cada día más la figura de Lázaro Cárdenas, quien con una indudable visión histórica y con un profundo espíritu nacionalista tomó una de las decisiones más importantes y trascendentes de la vida nacional: ¡expropiar el petróleo que se encontraba en manos extranjeras para pasar a ser patrimonio de la nación y constituirse en recursos naturales del dominio directo de la nación y declarar éste como inalienable e imprescriptible y dejar la explotación a cargo del Estado, prohibiendo el otorgamiento de concesiones y contratos a particulares para su explotación! ¡Salvaguardando así el riesgo que nuevamente este tesoro negro del pueblo de México pueda pasar a manos extranjeras! Para tomar decisiones es necesario conocer y aprender de la historia, la historia nos enseña que las últimas décadas han tenido el petróleo como el eje básico en muchas economías, como un instrumento no solo de fuentes de ingreso económico, sino también de fuerte poder y de apoyo para la defensa de la soberanía nacional. Hagamos de esta conmemoración una oportunidad de reflexionar sobre este tema. Los priístas estamos convencidos de que debemos impulsar el desarrollo de Petróleos Mexicanos a través de una modernización nacionalista, popular, democrática, sin excesivos controles presupuestales y burocráticos que lo paralicen y que se fortalezcan a través de un régimen fiscal que permita su capitalización y desarrollo. Un momentito señor Presidente. Consideramos la expropiación petrolera como un acto de justicia reivindicatoria para todos los mexicanos, que refleja claramente el proyecto de estado concebido por Lázaro Cárdenas, para darle viabilidad a una nación en su devenir hacia la modernidad. Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTE: Nuestro siguiente punto del orden del día es el relativo a las excitativas. En tal virtud, tiene el uso de la palabra el diputado Jaime Martínez Veloz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una excitativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, hasta por cinco minutos. -DIP. JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas; compañeros diputados: El día 12 de noviembre del año pasado presentamos una primera excitativa a un punto de acuerdo que el diputado Amador Rodríguez Lozano y un servidor presentamos el 22 de octubre del año pasado y que tiene que ver con una puesta en marcha de toda una estrategia para hacer del estado de Baja California el cuarto de máquinas de la política energética que demanda en este caso el estado de California. En nuestro estado la privatización y la puesta en marcha de la política privatizadora en materia de energía eléctrica ya empezó. Hay seis proyectos de generación de energía eléctrica de exportación que se han otorgado en este país y los seis están ubicados curiosamente en el estado de Baja California. Estos seis proyectos tienen una capacidad del doble de la actual generación de energía eléctrica que produce la planta termoeléctrica de Rosarito, Benito Juárez y la de Cerro Prieto, es decir, se han otorgado concesiones para producir más de 2 mil 600 megawatts que irían a pagar a Estados Unidos. Sin embargo esto no es todo, como estas plantas son de ciclo combinado y requieren la utilización de gas, en el Pacífico, entre Ensenada y Tijuana, se están empezando a desarrollar los proyectos para instalar terminales de gas natural licuado, en donde las empresas Chevro, El Paso Energy, Phillips Petroleum, Maraton Oil, Shell y Centra Energy, han hecho compras millonarias de predios para instalar en el Pacífico grandes terminales de gas natural licuado, cuyo destino sería por un lado estas plantas de generación de energía eléctrica y, por otro lado, el mercado norteamericano. Este asunto que tiene que ver no solamente con Baja California, sino con el país en su conjunto, reclama que este Congreso, que esta soberanía, que es la que puede ser el valladar de la implementación de una política energética privatizadora por la vía de los hechos, pueda interponer con las facultades republicanas a su alcance, una controversia de carácter constitucional para impedir que este proyecto energético se concrete en detrimento de nuestra nación. Por ello es importante resaltar que si bien es cierto aquellos argumentos que dicen que no se va a privatizar la Comisión Federal de Energía, también tengamos muy claro qué es lo que hay detrás de todo esto. La Comisión Federal de Energía tiene alrededor de 24 millones y medio de contratos, 120 mil contratos, es decir, mucho menos del 1 por ciento, son los que generan el 53 por ciento de los ingresos de la Comisión Federal de Energía Eléctrica. Estos son los contratos que quieren que las empresas transnacionales atiendan y que nosotros, los 24 millones 380 mil contratos domésticos sigan siendo atendidos por la Comisión Federal de Electricidad. Estas cifras espeluznantes, dramáticas, que hablan del problema que puede enfrentar nuestro país en materia energética y sobre todo en detrimento de sus recursos económicos, es necesario que el Congreso pueda hacerle frente. Por eso, el día de hoy asisto a esta soberanía a hacer de nuevo una Excitativa, a decirle a nuestros compañeros de la Junta de Coordinación Política, que el Punto de Acuerdo que presentamos en su momento, el Diputado Amador Rodríguez Lozano y un servidor, sea dictaminado y se presente al pleno de esta soberanía para que podamos emitir nuestro voto en función de la defensa de los intereses de México e interpongamos un recurso de controversia constitucional ante el hecho evidente de querer trastocar los principios constitucionales que nos da vida como país. Muchas gracias, ciudadano Presidente. -