LA DIP. REBECA GODINEZ Y BRAVO: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Los representantes populares de la LIX Legislatura Federal, pertenecientes al Partido Revolucionario Institucional, nos congratulamos de su presencia, señor Secretario, pues ayudará a despejar muchas dudas que la sociedad mexicana tiene sobre el rumbo que lleva nuestro país, al menos eso esperamos con las respuestas concretas y precisas. Considere que somos portadores de la inquietud ciudadana, es nuestro deseo aclarar actuaciones y decires gubernamentales para hablar lenguajes semejantes y lograr sacar adelante las reformas que México requiere de cara al Siglo XXI, no sólo en el discurso, en los hechos. El debate sobre la Reforma del Estado yace en la creación de nuevas instituciones públicas autosuficientes, sólidas y eficaces y en la reformulación de muchas de las ya existentes para adaptar al Estado al cambio social experimentado en los últimos años. México requiere de un estado fuerte ni obeso, ni intervensionista, un estado fuerte en sus finanzas y en sus políticas que sea capaz de garantizar a la sociedad el acuerdo mínimo de convivencia, garantizar el estado de derecho traducido en seguridad jurídica y seguridad pública que hagan realidad el ejercicio pleno de las libertades individuales. Éstas son las bases mínimas del contrato social, razón última de la existencia de un gobierno y precondición para el desarrollo económico y social de cualquier nación. México no podrá consolidar su régimen democrático sino fortalecemos el estado de derecho; si no lo convertimos en los hechos en un país de leyes, con plenas garantías de seguridad y justicia. El principio de legalidad es así la piedra angular del estado de derecho; y la autoridad la primera obligada a dar ejemplo en el cumplimiento. Ninguna autoridad puede hacer más de lo que la ley expresamente le permite. Defender este principio es nuestra posición como partido. Por mandato de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la Secretaría de Gobernación, la que tiene a su cargo vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de todas las autoridades del país. En este sentido y existiendo disposiciones muy claras en el artículo 115 constitucional ¿por qué afirmó usted que saludaba la creación de las juntas de buen gobierno en algunas regiones de Chiapas? ¿por qué no cumplió con su responsabilidad frente a los hechos de San Salvador Atenco, que violentaron la celebración de comicios federales? ¿Qué tanto deben extenderse los 15 minutos ofrecidos por el Presidente Fox para solucionar el problema de Chiapas? No olvidemos a nuestros hermanos indígenas. Como garante de este principio de legalidad, debiera usted cumplir con el artículo 2o., 5o. y 6o. de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, que expresamente describen el escudo nacional así como la obligación de que la reproducción de éste debe ser fiel al depositado en el Archivo General de la Nación, mismo que podrá figurar en el papel oficial de las dependencias de los Poderes Federales. En este sentido, ¿por qué señor Secretario no hizo nada por detener la muy poco afortunada mutilación del Escudo Nacional? ¿acaso porque sobre la ley están las instrucciones del Presidente de la República o las recomendaciones de sus avisados mercadologos? Los procesos electorales se rigen por supuesto también por el principio de legalidad además del de equidad y transparencia entre otros. En este sentido, ¿qué ha hecho usted para contribuir a la plena vigencia de esos principios? Del mismo modo, ¿considera que ha quedado aclarada suficientemente a más de 3 años, su posición frente al caso Amigos de Fox, en el proceso electoral en el que por cierto, usted contendía para la jefatura del gobierno del Distrito Federal por el mismo partido? También en el mismo rubro electoral, con la facilidad con la que usted suele establecer compromisos, ofreció en el mes de julio de este año, hacer llegar al Honorable Congreso de la Unión, una iniciativa, antes del 1o. de septiembre para hacer realidad el voto de los mexicanos en el extranjero; ¿dónde está dicha iniciativa? ¿se envió durante el plazo que usted comprometió? Le aseguramos que no obra en poder del Congreso. Pero en todo caso ¿cuál es la mecánica concreta sin discursos, que propone usted para hacer eficaz ese derecho en la práctica? Del mismo modo señor Secretario, la subsecretaría de Normatividad de Medios, cuyos resultados no justifican toda esa estructura burocrática, fue el conducto para ejecutar una de las medidas más asombrosas del actual régimen: la de desaparición de los tiempos que concesionarios de radio y televisión estaban obligados a pagar al Estado, como impuesto sustituto. ¿Esto sólo fue por congraciarse con los medios y creer o soñar, que esto evitaría que éstos den a conocer la ineficiencia del gobierno actual ? En materia de derechos humanos tampoco van bien las cosas. En el anexo del Informe referente a la gestión de su Secretaría, se señala que el 11 de marzo de este año, se creó la omisión Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos y dentro de ésta, la subcomisión de coordinación y enlace para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez. En este punto quisiera abundar; ya que éste es quizá uno de los temas que ejemplifica en mayor medida no el estado de derecho, sino el estado de impunidad en que vivimos los y las mexicanas. Las estadísticas de la Procuraduría General de Justicia indican que en 5 años el feminicidio aumentó en 700%, un registro que avanza de manera más alarmante en el Distrito Federal y otras ciudades muy importantes del país. Es preciso decirlo: la situación de la mujer entró en una fase de colapso. El caso de las mujeres asesinadas ilustra esta parte del problema social femenino. Las mujeres son usadas y literalmente son tiradas. Cuando el Estado enfrenta este tipo de ataques a la sociedad no puede mantenerse especulando sobre atribuciones y competencias de los diferentes niveles de gobierno. Este es un asunto de tal envergadura que merece otra visión. Señor secretario; al venir a informar el pasado 1º. de septiembre el presidente Fox, no muy contento con los resultados de la comisión de su sector, anunció la designación de un comisionado para este caso lacerante para la sociedad mexicana. ¿Significa esto que fracasó usted en el cometido de ofrecer resultados prontos, veraces y verificables en este penoso asunto o bien es práctica generalizada de la administración crear instancias, no importa que sean derogatorias unas de otras, con el objeto de tender cortinas de humo porque de antemano se saben ineficaces para ofrecer resultados? Con esta gran preocupación la sociedad se ha enterado de los desafortunados casos de espionaje telefónico, claro, de los que salen a la luz pública. Pero cuántos más ciudadanos y ciudadanas están siendo oídas todos los días sin que lo sepan. Queremos saber, señor secretario, en la dependencia a su cargo qué acciones se han tomado sobre estos lamentables asuntos violatorios de las garantías individuales y de los derechos humanos. La idea que anima al grupo parlamentario del PRI en la LIX Legislatura es la urgente necesidad de un orden jurídico justo, en un nuevo Estado mexicano que sea garante de un estado de derecho y no de una anarquía controlada. Ya basta de la ausencia del estado de derecho y de la vigencia del estado de impunidad. Contamos con una vida política democrática, con gobiernos legal y legítimamente constituidos, con poderes de la Unión fuertes e independientes y con una sociedad cada vez más participativa y corresponsable de los asuntos públicos. No tenemos pretexto para no ganar la batalla contra la corrupción, la ineficiencia, la violencia, la delincuencia común y el crimen organizado. Pero lo tenemos que hacer todos y juntos, gobiernos de los tres niveles, de los tres poderes de la Unión, las fuerzas políticas o sociales, los medios de comunicación y la ciudadanía, toda. Señor secretario: el grupo parlamentario del PRI se compromete a hacer su parte; a usted le pedimos, le exigimos que haga la suya. Muchas gracias.