El diputado Antolín Etienne Rivera: De acuerdo con el 4o. de la Constitución federal en todas las decisiones y actuaciones el Estado mexicano velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. A pesar de que en dicho dispositivo se afirma que las niñas y los niños deben gozar de todos sus derechos sin restricción para poder lograr un pleno desarrollo integral, la comisión de delitos en contra de este sector de la población daña severamente este objetivo. Los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad, entre ellos el delito de pederastia, son una violación grave a los derechos de niñas, niños y adolescentes, ya que no sólo constituyen un brutal ataque a la libertad, a la salud y al derecho de sano esparcimiento, sino también a la dignidad de los seres humanos. En México y en el mundo son miles las víctimas de estos delitos de esta naturaleza, por lo que se requiere una respuesta enérgica frente a este flagelo social. Como bien se menciona en el dictamen que nos ocupa, los destinos principales a donde viajan quienes han sido convictos por delitos sexuales contra menores en Estados Unidos en 2013 fueron: 26 por ciento México, 18 por ciento Filipinas, 9 por ciento República Dominicana, 8 por ciento Reino Unido, 8 por ciento Tailandia, 7 por ciento Canadá, 7 por ciento Alemania y 6 por ciento Costa Rica; razón por la cual en nuestro país existe un justificado interés por prevenir, atender y erradicar los problemas asociados con la pederastia cuando la víctima es menor de 18 años. A pesar de que el delito de pederastia no es un fenómeno nuevo, lo cierto es que últimamente hemos escuchado sobre casos de severos abusos que han puesto en guardia a la sociedad mexicana en contra de este ilícito, por lo que se vuelve necesario una reforma como la que estamos a punto de aprobar a efecto de dar la cara ante este problema. A esto debe sumarse el delito de encubrimiento institucional por parte de algunas autoridades y de los ministerios públicos, ya que en lugar de haber expulsado a los culpables delos abusos sexuales en contra de niños de forma sistemática y consignarlos a los jueces penales, se les ha encubierto, protegido, amarado e inclusive hasta defendido a ultranza, sin importar el dolor y el daño que se ocasiona a las víctimas. Es por ello que el presente dictamen busca reformar el artículo 205 Bis del Código Penal Federal, y establecer que serán imprescindibles las sanciones 209 Bis de ese mismo ordenamiento a quien se aproveche de la confianza, subordinación o superioridad que tienen sobre un menor de 18 años derivado de su parentesco en cualquier grado, tutela, guarda o custodia, relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, doméstica o de cualquier índole, y ejecute, obligue, induzca o convenza a ejecutar cualquier acto sexual con o sin su consentimiento. Estamos ciertos que con una reforma como la presente habremos dado un paso importante a efecto de hacer efectivos los derechos de nuestra infancia. Muchas gracias. Gracias a todos los diputados y diputadas de esta legislatura por permitirme formar parte de ella, y especialmente a mi coordinador, Manlio Fabio Beltrones. Muchas gracias a todos.