La senadora Laura Angélica Rojas Hernández: Muchas gracias, presidente. Estimados compañeros, compañeras legisladoras. Hace unos días el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, preguntó respecto a la decisión de incrementar el precio de las gasolinas, ¿ustedes qué hubieran hecho? Yo, yo hubiera acompañado el anuncio del gasolinazo con la presentación de esta iniciativa. Yo no hubiera solo llamado a la comprensión de la sociedad ante una medida dolorosa pero responsable, como la ha calificado el gobierno, sino que habría sido el primero, como líder de la alta burocracia del país, en anunciar que el sacrificio sería compartido, que el sacrificio sería parejo. No se trata de satanizar o castigar a los honestos, calificados y profesionales funcionarios de la administración pública, que los hay, y muchos. Sino de terminar con una simulación salarial de décadas y con los privilegios de una clase política de la cual formamos parte, que suele ocupar los altos cargos del gobierno en todos sus niveles, y que en una situación de crisis como la que estamos enfrentando ofenden a los ciudadanos. Porque no se puede pedir a los mexicanos que asuman el incremento del precio de las gasolinas y pretender que además sigan pagando la nuestra. No se puede pedir a los mexicanos que sobrevivan a los precarios servicios de salud pública en el IMSS, en el ISSSTE y pretender que además sigan pagando nuestros seguros de gastos médicos mayores. No se puede argumentar que los impuestos a las gasolinas son impuestos verdes para desincentivar el consumo de combustibles fósiles, como en la mayoría de los países de la OCDE, lo acaba de decir ayer el secretario Gurría, cuando el gobierno en México no ha proveído transporte público seguro y eficiente, como sí lo hay en el resto de los países de la OCDE. Y además, pretender que los ciudadanos sigan pagando los autos de la burocracia. No se puede hacer todo esto, compañeros y compañeras, y esperar la sumisa comprensión de la sociedad. Por eso es que hay tanto enojo ciudadano. No es que el incremento al precio de las gasolinas sea una medida económicamente irracional, es que no estamos siendo sensibles y es que no estamos compartiendo el sacrificio que sí les estamos exigiendo a los ciudadanos. Todo esto en un ambiente de pesimismo ante los otros aumentos ya anunciados, con el dólar alcanzando máximos históricos de más de 22 pesos a los que llegamos el día de hoy y con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, amenazando a empresas para que dejen de invertir en México e insistiendo el que se renegociará el TLC y en que pagaremos por el muro. Yo, compañeras y compañeros, hubiera llamado antes del anuncio a los presidentes de las Cámaras de Diputados y de Senadores, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los titulares de los órganos constitucionales autónomos, al presidente de la Conago y a las asociaciones de municipios, y les hubiera pedido asumir compromisos de austeridad y de eliminación de gastos superfluos, como la publicidad gubernamental, por ejemplo. Dirán los economistas que lo que se puede recortar en estos rubros no alcanza para saldar las finanzas públicas, que no alcanza para cubrir los millones de pesos que representan para el erario los impuestos de las gasolinas; pero yo les aseguro que sí alcanza para salvaguardar, para salvar una elemental congruencia de nuestra parte. Como parte de la clase gobernante de este país, no podemos seguir exigiendo lo que no damos. Este no es un tema nuevo, ya lo decía desde 2002 el entonces diputado Felipe Calderón, cuando presentó la reforma constitucional que fue aprobada en 2009, otorgando facultades al Congreso para legislar en materia de remuneraciones de los servidores públicos. Presidente, quiero pedirle dos minutos más porque me parece que este es un tema de la mayor importancia y les pido comprensión a mis compañeros. La iniciativa que presento hoy busca saldar una deuda que tiene el Congreso con la Constitución y con los mexicanos desde hace seis años, ya que el plazo establecido para aprobar la legislación secundaria de dicha reforma aprobada en 2009 venció en 2010. Es decir, tenemos un atraso de seis años en el cumplimiento de ese mandato constitucional. Incluso, hubo una minuta aprobada por el Senado que fue congelada en la Cámara de Diputados. No en esta legislatura, por cierto. Entonces, es momento de saldar esa deuda y de paso mostrar, como ya he dicho, una mínima sensibilidad y congruencia en este complicado momento que enfrentamos. La iniciativa contempla como remuneración, a la suma de todas las percepciones ordinarias y extraordinarias, ya sean en dinero o en especie, incluyendo salarios, dietas, compensaciones, prestaciones en dinero o en especie, aportaciones a la seguridad social, ahorro solidario, prima vacacional, aguinaldos, gratificaciones, primas, ayuda para despensa, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, prestaciones y cualquier otro concepto por el que se cubra un pago que ingrese al patrimonio del servidor público mediante el concepto de remuneración anual. Esto busca, de una vez por todas terminar con la simulación del salario. La gente merece saber cuánto ganamos realmente, cuánto es lo que se nos paga por un servicio público. En segundo lugar, esta iniciativa establece que sea el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, el organismo que establezca los tabuladores, que establezcan las remuneraciones de los servidores públicos. En tercer lugar, que los ministros, magistrados, senadores, diputados federales, secretarios de Estado, titulares de organismos constitucionales autónomos, secretarios generales, subsecretarios, titulares de unidad y directores generales, así como sus equivalentes en los tres Poderes de la Unión y los órganos constitucionales autónomos, no gozarán de las asignaciones correspondientes a telefonía móvil, vales de despensa, seguro de gastos médicos mayores, vehículos o gasolina que no sean para uso exclusivo de actividades oficiales, es decir, que no estén justificados. Los viáticos serán sujetos a comprobación y los remanentes de los recursos asignados deberán devolverse al órgano público que se les otorgó. Y finalmente, la reforma plantea sanciones penales y administrativas a quienes incumplan o simulen percibir menos ingresos de los que en realidad reciben, para lo cual se reforma el Código Penal Federal en varios artículos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Queremos también proponer en esta iniciativa, que los ahorros que se deriven de esta reforma tengan un fin muy concreto, estén destinados a la generación de transporte público eficiente, a fin de ir reduciendo paulatinamente el uso de los vehículos privados en nuestro país. Compañeras, compañeros, con esta iniciativa Acción Nacional reitera su compromiso con los ciudadanos y espero que sea discutida pronto y poder contar con el apoyo del resto de las fuerzas políticas. Muchas gracias.