El diputado Samuel Herrera Chávez: Con su permiso, diputado presidente. Honorable soberanía. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal a cargo del diputado Samuel Herrera, su servidor, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Samuel Herrera Chávez, en su carácter de diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo establecido en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Ante el difícil reto de alcanzar una sociedad democrática en igualdad social y en el marco de la independencia nacional, resulta necesario el establecimiento de un Estado democrático y social de derecho que garantice las libertades plenas del ciudadano basado en la capacidad del pueblo mexicano para instaurar las instituciones y crear los derechos que aseguren una convivencia democrática. Es por ello que a través de la presente iniciativa se busca dotar de los instrumentos legales que permitan alcanzar plenamente uno de los derechos fundamentales del hombre, como es el derecho a la educación. En este sentido cabe resaltar lo dispuesto en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece el derecho de todo individuo a recibir educación preescolar, primaria y segundaria. Para dar cumplimiento a esta obligación constitucional, el Congreso de la Unión expidió el 29 de febrero de 1973 la Ley Federal de Educación. No obstante lo señalado en dicha ley, durante muchos años se siguió un modelo educativo centralista y excesivamente burocrático. El proceso de descentralización del gasto en educación comenzó el 18 de mayo de 1992, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, incluyéndose en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 1993, el Ramo 25, denominado "Aportaciones para la educación básica en los estados". En 1993 se abrogó la Ley Federal de Educación, expidiéndose la Ley de Educación vigente, en la cual se dispone en sus artículos 25, 26 y 27, la concurrencia entre el gobierno federal y las entidades federativas para el financiamiento de la educación pública y los servicios educativos. En 1997 se reformó la Ley de Coordinación Fiscal, constituyéndose el Ramo 33 denominado "Aportaciones federales para entidades federativas y municipios", el cual se incorporó al Presupuesto de Egresos de la Federación de 1998. Actualmente, el artículo 25 de la Ley de Coordinación Fiscal dispone que con respecto a la participación de los estados, municipios y el Distrito Federal en la recaudación federal participable se establecen las aportaciones federales como recursos que la federación transfiere a las haciendas públicas de los estados, Distrito Federal, y en su caso, de los municipios. De igual forma, en el artículo 27 de la ley en comento, se establece el procedimiento y los elementos exclusivos para determinar anualmente el monto de dicho fondo, considerándose estos dos rubros: el primero correspondiente al registro común de escuelas y de plantillas de personal, utilizado para ello los cálculos de los recursos presupuestados transferidos a las entidades federativas. De igual forma se dispone en el mencionado artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, la distribución de la totalidad de dicho fondo de aportaciones, señalándose que deberán realizarse a través de la aplicación de una forma distributiva: un 50 por ciento correspondiente a la matrícula estatal de educación básica; 20 por ciento al gasto federal inferior al promedio nacional; 20 por ciento correspondiente a la inversión estatal en educación básica y 10 por ciento a la calidad educativa en cada entidad federativa. Con la aplicación de la fórmula vigente dispuesta por el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, desde el año de su incorporación no se han obtenido avances equitativos en el desarrollo del sistema educativo nacional, dado que solo algunas entidades federativas han alcanzado incrementos en la cantidad asignada en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, vía el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, tal y como se puede apreciar en el siguiente cuadro comparativo donde cerca de 24 estados pierden recursos económicos. De lo anterior, debido a que los cocientes de dicha fórmula están determinados sin incluir la marginación de la población; la equidad entre los estados en torno a la distribución del fondo; aunado al manejo discrecional del índice real de calidad de los estados, lo que ha generado incertidumbre sobre la aplicación de dicha fórmula al momento de la distribución para la asignación de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. De los resultados obtenidos con la fórmula que se plantea, se observa que todos los estados se beneficiarían equitativamente con el incremento presupuestal anual planteado, por lo que se garantizará plenamente el derecho a la educación de los mexicanos, plasmado en el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto en los siguientes Términos Único. Se reforma el artículo 27 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 27. El monto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB) se determinará cada año en el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente, exclusivamente a partir de los siguientes elementos: I. El Registro Común de Escuelas y de Plantillas de Personal utilizado para los cálculos de los recursos presupuestarios transferidos a las entidades federativas. II. Por los recursos presupuestarios que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal se hayan transferido a las entidades federativas de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Federación durante el presente ejercicio inmediato anterior a aquél que se presupueste, adicionándose lo siguiente: a) Las ampliaciones presupuestarias que en el transcurso de ese ejercicio se hubieran autorizado. b) El importe que, en su caso, resulte de aplicar, en el ejercicio que se presupueste, las medidas autorizadas con cargo a las citadas previsiones derivadas del ejercicio anterior. c) La actualización que se determine para el ejercicio que se presupueste de los gastos de operación, distintos de los servicios personales y de mantenimiento, correspondientes al Registro Común de Escuelas. Sin perjuicio de la forma y variables utilizadas para la determinación del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal, la distribución total de dicho Fondo se realizará cada año a nivel nacional entre los estados, de acuerdo con la siguiente fórmula: Ti,t =(FAEBt) (Ri, t) que es el Fondo de Aportación para cada año para el estado; igual a Fondo de Aportación de Educación Básica para el estado, por la función de reparto para cada año para el estado. Esta fórmula, en caso de que después de aplicar la fórmula anterior haya sobrantes en el fondo, éstos se distribuirán entre todos...