La diputada Mercedes del Carmen Guillén Vicente: Ciudadano diputado presidente de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros legisladores, como resultado de un profundo debate al que han acudido amplios sectores de la sociedad mexicana, en torno a la trascendencia de la seguridad interior en la situación actual del país, esta Comisión de Gobernación somete a consideración del honorable pleno, el proyecto de decreto mediante el cual se expide la ley en la materia, como instrumento legal que regula la participación de fuerzas federales y fuerzas armadas en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del territorio nacional. Respuesta idónea a los nuevos y complejos escenarios de inseguridad por los que atraviesa la nación, que ponen en riesgo a las personas y a las instituciones que conforman el Estado mexicano, destacando que esta ley complementaria a la Ley de Seguridad Nacional, ya que regula los supuestos en los que las amenazas a la seguridad nacional tienen su origen al interior de la República, mediante el establecimiento de protocolos claros y expeditos que obligan a las fuerzas estatales, federales y armadas a enfrentarlas de manera conjunta. Por ello, la definición que la ley realiza de amenazas a la seguridad interior, se remite al contenido de los artículo 3 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, respetando el origen común que la seguridad interior y la seguridad tienen, diferenciando en su aplicación por los protocolos que autoridades encargadas de aplicarla deben cumplir, cuando estos riesgos y amenazas comprometen el bienestar colectivo al poner en peligro la integridad de las personas y de las instituciones. Ese es el motivo de fondo para legislar la seguridad interior en un instrumento distinto a la Ley de Seguridad Nacional, ya que no solo se trata de erradicar las amenazas sino de hacerlo respetando los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución. En consecuencia, la aplicación de esta ley corresponde a las fuerzas estatales, las fuerzas federales y cuando la gravedad de la situación lo amerite, y como último recurso del Estado, a las Fuerzas Armadas. Señalando además, que toda intervención de fuerzas federales y Fuerzas Armadas estará sujeta a una temporalidad específica que no podrá exceder de un año, y únicamente podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del presidente de la República, y solo cuando subsistan las amenazas a la seguridad interior que la motivaron y que justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior. Situación que deberá notificarse a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional de este Congreso y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en los periódicos o gacetas oficiales de las entidades federativas en las que se realicen estas acciones. Elegir un mecanismo distinto en las circunstancias actuales sería negar la realidad de México y la urgencia de dotar a la población de seguridad. Sería suspender los derechos humanos y las garantías establecidas en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México forma parte para entrar en un Estado de excepción. Sería militarizar al país mediante la aplicación del artículo 29 constitucional, lo que esta ley no hace de manera alguna. Repito, esta ley no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías. Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán, en todo momento y sin excepción, respetar de manera irrestricta los derechos humanos. Ahora bien, toda vez que es obligación del Estado mexicano en su conjunto proporcionar seguridad a la población y salvaguardar la permanencia de sus instituciones, esta ley señala...