La diputada Francisca Elena Corrales: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. En el país existen diversos casos de desigualdad social, por ello es muy necesario emprender medidas y acciones que tiendan a generar un equilibrio entre los distintos sectores de la sociedad. Uno de cada cinco hogares mexicanos se encuentra encabezado por madres solas con ingresos promedio de 2.2 salarios mínimos, quienes a su vez son hostigadas en sus centros de trabajo sufriendo abuso laboral humillante y acoso sexual. Lamentablemente también es necesario hacer énfasis en las y los hijos de las madres solas que en una gran cantidad de ocasiones son víctimas del fenómeno de acoso sexual, intimación y hostigamiento, el famoso bullying, derivado de una aparente condición familiar muy distinta a la de los demás. Además de ello es de obvia consecuencia que por la precariedad con la economía, en la economía familiar de este grupo vulnerable, la mayoría de las veces son los hijos menores quienes se ven obligados por la necesidad apremiante a abandonar sus estudios, para pode así contribuir a los gastos del hogar. Estamos conscientes del riesgo grave que esto representa. Como ejemplo tenemos que en escenarios tanto urbanos como en el medio rural, la explotación infantil ha alcanzado tal grado de normalidad que miles de niñas y niños se han visto obligados a abandonar sus estudios para dedicarse a algún tipo de trabajo, padeciendo formas de esclavitud encubiertas con pseudo nombres como son los canguritos, morraleros, cerillitos, boleritos o canasteros, que vemos a diario en cada crucero en las calles de México, en las calles de nuestro país. Gran parte de la niñez mexicana vive atrapada en la mendicidad y miseria a lo largo de nuestro territorio nacional. Está constantemente expuesta a toda la violencia, el abandono, enfermedades, accidentes, drogadicción y abuso por parte de los adultos que en el mayor número de los casos son abusados por algún familiar. La falta de políticas públicas eficientes y la fallida operación en los programas de desarrollo social en nuestro país, son factores determinantes para el aumento en el número de habitantes en condiciones de pobreza extrema en nuestro territorio nacional. Además de ser insuficientes al momento de responder a las demandas más comunes de la ciudadanía, que son las que reducen en torno a aspectos económicos y sociales. De tal manera, como lo ha venido señalando nuestro presidente Enrique Peña Nieto, es imperante impulsar las reformas legales que sean previsoras del establecimiento de programas sociales en beneficio de los grupos más vulnerables de nuestra sociedad, para así dar cumplimiento principalmente a dos objetivos primordiales: Por un lado el abatimiento de una realidad social cuyas consecuencias en el ámbito laboral y escolar, como hemos señalado anteriormente, son desafortunadas tanto para la madre como para la o el hijo. Y por otro lado, el contundente impulso a los programas adecuados de la planificación familiar en nuestro país que tanta falta nos hacen. El dato duro más importante sobre la desigualdad existente, es que del total de ingresos de los 26.7 millones de hogares que existen en el país, el 10 por ciento de los más pobres, apenas llegan a concentrar el 1.6 de la riqueza de México; mientras que el 10 por ciento de los más ricos, acumulan el 36.3 de la riqueza de México. En lo que se refiere a los índices de natalidad, los datos estadísticos sobre el tema indican un incremento exponencial tratándose de mujeres que habitan en zonas y comunidades indígenas, es decir, en aquéllas que radican en las zonas más pobres y marginadas del país, donde la tasa es mucho más alta que en aquéllas que viven en zonas urbanas. Por lo anterior y debido a los elevados niveles de fecundidad y mortalidad materna, así como a la baja cultura en el uso de métodos anticonceptivos, las mujeres constituyen un grupo prioritario de atención en materia de salud sexual y reproductiva, por lo que deben de ser beneficiarias potenciales para los programas relacionados. Además, se pretende que sean prioritarios y de interés público dentro del marco de la Ley de Desarrollo Social. En nuestro partido, el Partido Revolucionario Institucional, estamos convencidos de que para lograr las mejores condiciones de vida para los mexicanos debemos impulsar las reformas que garanticen y promuevan el pleno desarrollo social para los grupos más vulnerables de la población. Es por ello que votaremos a favor de la presente iniciativa. Tenemos el firme compromiso con la sociedad de generar políticas públicas dirigidas a mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos y las mexicanas. Con la incorporación de campañas de planificación familiar, dándoles el carácter de prioritarias y de interés público, enfocándolas a prevenir el embarazo en adolescentes se estará logrando un gran avance en la política de desarrollo social pues contribuiremos a abatir las consecuencias de la realidad social de todas y de todos los mexicanos. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.