El Presidente diputado José Luis Espinosa Piña: Gracias, diputado Chanona. Se instruye a la Secretaría para que se inserte íntegro, en el Diario de Debates de esta sesión, el texto de la iniciativa presentada por el diputado Chanona. Túrnese a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Tiene la palabra el diputado Juan Abad de Jesús, del Grupo Parlamentario de Convergencia, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud. El diputado Juan Abad de Jesús Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la medicina no deja de ser una disciplina evolutiva, que en su propio objeto de estudio ha crecido, pasando de estudiar las enfermedades aisladas a profundizar en el estado de salud de las comunidades y de las poblaciones. Esto es, los problemas propios de la salud pública. Así, a partir de la década de los sesenta y setenta se demostró que las urgencias médicas habían dejado un espacio oculto en la medicina. Hasta entonces, transportar a un enfermo grave o a alguna persona lesionada a un hospital se consideraba una labor de filantropía, por un lado; pero más aún, se limitaba la atención al concepto hoy superado de "primeros auxilios". El traslado en ambulancia no sólo es hoy por hoy un espacio y tiempo para brindar atención médica, sino un momento de alerta para los que somos responsables de la salud pública, y lo que se llama "la hora de oro". Toda vez que una atención deficiente puede agravar la lesión, generar algún tipo de discapacidad o en el peor de los casos, ocasionar la pérdida de la vida. Por haberse tratado de una labor delegada la filantropía, y por el estado que guardan las investigaciones respectivas, este espacio ha permanecido oculto dentro de la legislación mexicana, lo que conlleva a que los servicios de ambulancias formen parte de los departamentos de seguridad pública o protección civil en estados o municipios, cuando se trata de una labor eminentemente médica. Lo anterior contextualiza un vacío legal que persiste en nuestra Ley General de Salud, creada hacia diciembre de 1983, cuando en nuestro país los estudios sobre la hoy llamada "medicina prehospitalaria" no había desencadenado un sistema de investigación y atención como la que ahora existe, después del temblor del 85. Al configurarse el Sistema Nacional de Salud en esta ubicación histórica, se incluyó en la Ley General de Salud un Título Octavo denominado "Prevención y control de enfermedades y accidentes". Es, precisamente, en este segundo, accidentes, lo que nos preocupa. Al decretarse la ley no existía en la ciencia médica, y particularmente en las disciplinas de salud pública, la noción de la atención médica derivada de un accidente o de una lesión. En la actualidad determinar que autoridad y legislación sanitaria buscan prevenir y controlar accidentes resulta insuficiente, toda vez que no es el accidente en sí lo que se procura evitar, sino los efectos del mismo accidente. El vocablo "accidente" deja fuera la atención que se da en urgencias médicas a otro tipo de situaciones, que ponen en riesgo la vida y salud de la población, como una urgencia por enfermedad o derivada de lesiones por violencia física. Consecuente, con la función integrativa de derecho, se propone modificar el citado ordenamiento, a fin de considerar dentro de las instancias sanitarias unidades responsables que no sólo vean los accidentes, sino más bien, las urgencias médicas. Además de la prestación del servicio de una ambulancia para la atención de los pacientes, las urgencias médicas representan otro problema organizativo de la salud pública. En México, la infraestructura hospitalaria no garantiza el ingreso de un paciente de urgencias a un centro hospitalario al no contar con espacios ni camas suficientes en los hospitales. El paciente puede ser transportado durante varias horas de tiempo en ambulancias sin que en ellas, en las ambulancias, se pueda mejorar su condición de salud. Ante dicho retraso, la autoridad sanitaria de las entidades federativas puede no contar con un sistema que coordine a los diversos hospitales con los grupos que trasladan a los pacientes, llegando a intervenir instancias dedicadas a la procuración de justicia o a la protección civil, sin que existan procesos, normas o lineamientos coordinados o expedidos por la secretaría de salud federal o estatal. La iniciativa contempla como atribución de la autoridad sanitaria dicha coordinación entre el sector salud, para evitar que la prestación de este servicio de salud continúe dependiendo de otras instancias que no sean médicas. Por lo anterior expuesto, pongo a la consideración del pleno el proyecto de decreto por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de Urgencias Médicas y de la Atención Prehospitalaria. Compañeras y compañeros diputados, más allá de la filantropía se encuentra el desarrollo de los servicios sanitarios en municipios y entidades. Esperemos que el presente corresponda a la evolución lógica y jurídica de algo que en la práctica médica ya está evolucionando. Es cuanto, señor presidente.