El diputado Antonio Ortega Martínez: El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática rechaza contundentemente la presentación por esta soberanía, de una controversia constitucional en contra del INE. El coordinador de Morena, Mario Delgado, al tratar de justificar la controversia dijo: no es algo en contra del INE, no tenemos absolutamente nada en contra de ellos. Y también afirmó: es un acto donde el INE está desafiando un decreto de la Cámara de Diputados. En el fondo de este diferendo, aparentemente, está la decisión del Ejecutivo, de que nadie gane más que el presidente de la República. Consideramos, que el INE ejerce las facultades que le han sido conferidas, al determinar su manual de percepciones y, por lo tanto, la Cámara de Diputados no debe sumarse al coro de linchamiento contra esta vital institución de la democracia. El INE, es un órgano constitucionalmente autónomo en materia presupuestal, nuestra Carta Magna así lo consigna en su artículo 41 y en el 49 que establece: Que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en el Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin hacer distinción alguna entre ellos y sin establecer que alguno es jerárquicamente superior a los otros. Es independiente y autónomo respecto de los otros. Ninguno puede invadir la esfera de competencia de otro. Así, los Poderes de la Unión, se relacionan entre sí en un plano de colaboración y nunca de subordinación. Este es el fundamento de la organización del poder público, regido bajo el principio de la división de Poderes. El Constituyente Permanente ha creado a los órganos constitucionalmente autónomos y los ha dotado precisamente de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión respecto de los Poderes de la Unión, como una forma de garantizar su completa imparcialidad y objetividad en el desarrollo de las funciones encomendadas. La Suprema Corte de Justicia ha sostenido que los órganos constitucionales autónomos fueron creados como nuevos mecanismos para controlar el poder, con la finalidad de hacer más eficaz el funcionamiento del Estado. Cuentan con garantías institucionales que constituyen una protección constitucional a su autonomía, a fin de evitar el extremo de que un poder público, cualquiera, interfiera de manera preponderante o decisiva en sus atribuciones. Además, recientemente la Suprema Corte, al resolver las controversias sobre la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores públicos, señaló que la autonomía de gestión presupuestal de los entes autónomos y de los Poderes es una garantía institucional indispensable para lograr los fines para los cuales fueron constituidos. También estableció en dicha sentencia que el legislador debió armonizar el principio de división de Poderes y establecer criterios objetivos para determinar cuánto debe ganar el titular del Poder Ejecutivo y, con ello, determinar la remuneración que corresponde al resto de los servidores públicos que integran todos los Poderes de la Unión, cuestión que la Cámara de Diputados no resolvió al aprobar el Presupuesto de 2020. Compañeras diputadas y compañeros diputados, por cuarta ocasión la famosa Ley de Remuneraciones está cuestionada. Cuatro iniciativas de ley, cuatro revisiones y lo que parecía la decisión definitiva con la intervención de la Suprema Corte, que resolvió: Séptimo. Se condena al Congreso de la Unión a que en el siguiente periodo ordinario de sesiones legislativas es decir, el periodo que pasó legisle respecto de los vicios advertidos en este fallo, en cuanto a los artículos 6o., párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c), así como párrafo último. Y 7o., párrafo primero, fracciones I, II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeras, la que está en falta es la Cámara de Diputados, es la comisión que debería estar entregando hace meses los criterios para fijar los ingresos de los servidores públicos y no una decisión arbitraria y una ocurrencia que recibió la Cámara de Diputados, que el monto que debería de recibir el presidente es tal y que nadie pudiera ganar más que él. La Corte resolvió que la Cámara resolviera los criterios técnicos que definieran cuál es el salario que debe ganar un funcionario público de todos los niveles, cuál es el tabulador general como guía para la referencia en el presupuesto del Estado. Por lo tanto, compañeros, termino, coincidimos con lo afirmado por múltiples actores: el INE es el último reducto de independencia democrática en México. Sin consejeros independientes no hay INE, sin INE no hay democracia, sin democracia no habrá país. Gracias, señora presidenta.