El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente, ciudadanos legisladores: uno de los principales señalamientos que puede hacerse al Poder Legislativo es su falta de definición o de congruencia teórica-ideológica respecto de la teoría del delito, incorporada en los nuevos ordenamientos jurídicos penales. Así tenemos que nuestro sistema penal actual se ha visto permeado con nociones de diversa índole pertenecientes a la concepción clásica, neoclásica, del finalismo e incluso la matemática y las relacionadas con lo que se conoce como el derecho penal del enemigo. Así pues, con las reformas constitucionales del 2008 y ante la posibilidad de darnos un nuevo código nacional de procedimientos penales, nos colocamos en el umbral de una reforma integral que apuntara hacia los postulados del sistema penal acusatorio y que estuviera en correspondencia con la visión pro derechos humanos y pro garantista incorporada en el artículo 1º de la Carta Magna. Sin embargo, confesar, se debe reconocer que el dictamen que hoy se presenta, evidencia a múltiples cadenas que nos atan con las lastres que se pretendía dejar, como reflejo de una realidad traspasada por la regresión y prácticas antidemocráticas que se puede entrever en muchas de las disposiciones, se entrevé un ánimo de magnificar al Estado por encima de los de las aspiraciones, deseos y derechos de los particulares. Se observa que no cede la tendencia de restringir cada vez más la libertad de estos últimos, con lo cual se está traicionando el espíritu de la reforma del 2008, y no sólo a éste, sino a la tradición liberal misma de lo que debieron nuestros padres fundadores. Carranza mencionaba en una parte de su discurso, en el seno de los debates del proyecto de nuestra Constitución que hoy se conmemora, el procedimiento criminal en México ha sido hasta hoy, con ligerísimas variantes, exactamente el mismo que dejó implantada la dominación española. Esta preocupación externada por el jefe del Ejército constitucionalista puede seguir haciendo eco ahora y estamos frente a una supuesta reforma integral de nuestro sistema penal. Muchas de las innovaciones o figuras esperanzadoras que se desprendieron de la reforma del 2008, terminaron siendo bastante matizadas e incluso degradadas. Figuras como el ingreso de una autoridad a un lugar sin autorización judicial constituye un verdadero retroceso que tiende a legalizar las constantes intromisiones de que están siendo objeto muchos ciudadanos que sufren los excesos de las autoridades militares y policiacas, violando con ellos derechos fundamentales como el de la intimidad y la propiedad que fueron objeto de preocupación de los más grandes juristas que México ha dado como Mariano Otero. Como ejemplo de lo anterior, observamos que en el artículo 19 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre el derecho al respeto a la libertad personal, no se alude a las normas contenidas en los tratados internacionales que de conformidad con la interpretación pro homine, deberían responder a la norma más benéfica para el individuo. Asimismo, en el artículo 117 sobre las obligaciones del defensor, se omite que en la Convención Americana de Derechos Humanos se establece como obligación del Estado el garantizar una comunicación confidencial sin demora y sin censura. En el artículo 128 respecto al deber de lealtad vale la pena recordar que más que un deber, las garantías individuales y los derechos humanos son límites a la autoridad por lo que el ministerio público debería actuar en absoluto respeto de los mismos. Por su parte, en el artículo 132, sobre las obligaciones de la policía, debió armonizarse con el Código de Conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, el cual fue adoptado por nuestro país en la Asamblea General de Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1979. El artículo 141 respecto al citatorio, orden de comparecencia y aprehensión, lejos de reforzar el derecho de presunción de inocencia, fortaleció la presunción de culpabilidad, ya que el Ministerio Público puede determinar a través de criterios de oportunidad la detención de una persona sin que sea necesario realizar una investigación para integrar el tipo penal. Lo previo resulta lamentable ya que no podemos olvidar que el derecho de presunción de inocencia está contenido en los artículos 3o, 11 y 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en el 1, en el 26 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en el 1, 3o y 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, por lo que esta presunción de culpabilidad que se establece en este nuevo Código no es ninguna concesión graciosa, bastaría con que el Estado mexicano respetara los tratados internacionales para garantizar este derecho mínimo de presunción de inocencia. En los supuestos de flagrancia, el artículo 146 comenta la fabricación de delitos e inculpados por razones particulares, al permitir que se realicen detenciones sin que medie sanción alguna por estos actos cuando carezca de sustancia. Es por ello que los instrumentos de derechos humanos exigen el acceso a un juez competente e imparcial, el cual puede ser predeterminado por ley y a una tutela judicial efectiva. En cuanto a los derechos del detenido, en el artículo 152 no se mencionan derechos fundamentales que sistemáticamente se violan en México, como el derecho a no ser torturado y a ser indemnizado en caso de error judicial. Éste último reconocido incluso por países que no son parte de los instrumentos de derechos humanos internacionales. La lista continúa. Existen numerosas inconsistencias en temas como prisión preventiva; allanamiento de morada; presencia y defensa del imputado en audiencia; intérprete para miembros de pueblos indígenas; comunicaciones intervenidas; defensores públicos cuando no exista imputado; presunción de autenticidad de documentos; destino de los bienes decomisados; criterio de personalización de las penas, entre muchas otras lagunas para los que el Movimiento Ciudadano presentará reserva. No es pues, señores diputados, sólo comas; son cosas trascendentes que no se pueden admitir en un régimen democrático y que la izquierda no puede ni por confusión ni por desviación ideológica opinar favorablemente, menos apoyar estos instrumentos perniciosos. De este modo tenemos que prácticas viciosas y atentatorias al principio de presunción de inocencia, como lo es la prisión preventiva, se mantiene casi intocada en comparación con el esquema anterior el llamado sistema penal inquisitorio, ya que según se plantea en el Código Nacional de Procedimientos Penales propuesto, el Ministerio Público podrá solicitar al juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación; la protección de la víctima, de los testigos, así como cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Lo anterior amén del catálogo de delitos por los que opera oficiosamente la medida cautelar de carácter personal relativa a la prisión preventiva. Además, aunque una de las características principales del Sistema Penal Acusatorio es precisamente establecer una plena diferenciación y separación de las tres funciones: acusar, defender y juzgar, la propuesta en este nuevo Código Nacional abre la puerta a la posibilidad de que los llamados jueces de control puedan hacer labores de instancia acusadora, como en el supuesto de hacer cambios en la clasificación jurídica que se desprende de la acusación presentada por el Ministerio Público, cuestión que además vulnera el principio de contradicción y de igualdad entre las partes. Al tratarse de un proyecto que se presenta sin la necesaria labor de escudriñamiento, presenta múltiples inconsistencias que se reflejan, por ejemplo, en la ausencia de una debida regulación con la que se ven cuestiones trascendentales, como las medidas cautelares, mientras que en determinado apartado se pretende hacer una mención casuística de dichas medidas, se puede apreciar que figuras como la inmovilización de cuentas y demás valores que se manejan en el sistema financiero, así como la colocación de localizadores electrónicos, aparecen en diversos dispositivos dificultando con ellos su necesaria acotación y definición de alcances, naturaleza u objeto. Aunque la transición al Sistema Penal Acusatorio, tiene entre sus fines principales disminuir el margen de indefensión a que estaba sujeto el inculpado o la víctima, sobre todo, en la etapa de la averiguación previa y la que se conoce como preinstrucción, principalmente por lo que toca a esta materia, hay una opacidad y una completa ausencia de transparencia en el manejo del expediente y las diligencias por parte del Ministerio Público. En el dictamen se mantienen esos cotos de opacidad, ya que se limita el acceso a la información relativa a investigaciones respecto de las cuales se haya determinado el no ejercicio de la acción penal. Otro aspecto altamente negativo de echar a andar un proyecto que no fue sujeto a una discusión amplia, a un análisis amplio, a un debate, que caracteriza y que debiera caracterizar este quehacer parlamentario, lo encontramos en la falta de congruencia y armonización con lo que se dispone en la Ley General de Víctimas, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública o en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Voy a concluir, presidente. Del contenido del dictamen se observa una tendencia rescatada de la llamada reforma financiera, que consiste en legalizar los excesos relacionados con los aseguramientos y decomisos de los bienes del inculpado. Por otro lado, el destino de los bienes que son sujetos a los procesos de extinción de dominio no guarda correspondencia alguna con lo contemplado en la Ley General de Víctimas. Presidente, le rogaría, me alegra que no chiflen ahora, y por tal virtud aunque es un tema trascendente, presidente...