El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Desde el inicio de su gobierno, el titular del Poder Ejecutivo federal instrumentó y dio arranque a lo que llamó una guerra en contra del crimen organizado, en su expresión de narcotráfico. Para combatir en esta batalla, el presidente recurrió a los elementos de la ahora denominada Policía Federal, así como a los de la Fuerza Armada permanente. Todas estas instituciones, garantes de la soberanía y seguridad interna de nuestro país se han visto involucradas de forma activa y abierta a todo lo largo y ancho del territorio nacional en el combate al narcotráfico. Sin embargo, en esa lucha frontal quienes van perdiendo la batalla son los mexicanos cuyos derechos humanos han sido gravemente lesionados, o aquellas víctimas inocentes que lamentablemente han perdido la vida en hechos que son resultado de la violencia que se ha desatado en las ciudades de nuestro país y que igual, convierten en campo de batalla a plazas públicas, calles e incluso instituciones educativas. Las acciones de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Permanente se desarrollan de manera incontrolable, provocando zozobra y daños injustificables a la integridad física o mental de personas y a su patrimonio. A la fecha son numerosos los casos documentados en los que el Estado mexicano, a través de elementos policiales o integrantes de la Fuerza Armada Permanente agreden a personas y hasta familias enteras sin más explicación que la de argumentar la realización de operativos secretos. En este contexto, considero urgente que todo mexicano, a partir de normas que respondan a los tiempos y circunstancias que vive nuestro país, se encuentre en posibilidad de reclamar al Estado mexicano una justa indemnización por los daños y perjuicios que le sean causados o se le generen en su integridad física, moral o en su patrimonio, como consecuencia de actos o acciones ilegales o indebidas realizadas por los elementos que integran los cuerpos de seguridad y defensa del propio Estado. No es tolerable en un Estado democrático y de derecho que a pretexto del combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a sus actividades ilegales, las instituciones públicas causen daño, en muchas ocasiones irreparables, a personas o familias inocentes. E igual de reprochable es que éstas no puedan recurrir a la reparación de los daños y perjuicios que les hayan sido ocasionados porque no existen normas, medios y procedimientos para este fin. Esto es así porque la vaguedad o las lagunas en la ley de la materia han provocado que ante acciones ilegales o indebidas de los elementos de la Policía Federal o integrantes de la Fuerza Armada Permanente, en contra de personas o familias, no exista forma alguna ?no al menos legalmente establecida?, para reclamar al Estado una indemnización por los daños causados. Hoy en el país cada vez son más "las otras víctimas"; personas ajenas al hecho delictivo que sufren daños patrimoniales o incluso pierden la vida por la acción del Estado, por lo que es un acto de justicia, es importante reconocer que el mismo debe asumir responsablemente las consecuencias de su actividad, a través de resarcir los daños y perjuicios que su actuar ocasiona. Por tanto, es necesario dejar establecido en la ley, de manera expresa, clara e indudable que el Estado mexicano es responsable de cubrir a las personas y a sus familias las indemnizaciones que procedan ante actos ilegales o indebidos cometidos por los elementos de los cuerpos policiacos o por los integrantes de la Fuerza Armada Permanente. Por otra parte, y conscientes de que estos elementos obedecen órdenes que deben acatar, esta iniciativa también considera y prevé la debida protección legal a los mismos, siempre que actúen precisamente en acatamiento de órdenes superiores, y ello derive en actos que, sin exceder los límites legales o sean violatorios de derechos humanos, causen daños o perjuicios, por lo que es conveniente que queden establecidas en la ley las responsabilidades exigibles a cada servidor público. Por lo expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto, por el que se reformaría el párrafo primero del artículo 2o. y se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo 3o.; se adiciona un tercer párrafo al artículo 9, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. Solicito, señor presidente, que se inserte el texto de esta iniciativa en el Diario de los Debates, para que podamos los mexicanos no solamente terminar con el clima de violencia; sino para que, si los daños se ocasionan, que estos daños sean cubiertos. No son víctimas, no son daños colaterales. Son "las otras víctimas" de esta guerra, que no tiene razón. Gracias, señor presidente.