El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muy buenos días. Con su venia, diputado presidente. Compañeros legisladores, desde hace mucho tiempo hemos escuchado la sentencia popular de que para que exista la justicia esta debe ser rápida. Y por ello, desde que asumimos la responsabilidad de representar a los ciudadanos, entendimos que una parte importante de nuestra labor no es solo la creación de leyes, sino buscar que estas se hagan cada vez más precisas y de manera expedita la impartición de la justicia, y la ejecución obviamente de la ley. Todos nosotros somos conscientes de que a cualquier persona le indigna, le molesta y le afecta que los procedimientos jurídicos sean tratados, tardados y lentos. Muchos lo hemos vivido y en carne propia o en nuestro propio entorno. Independientemente del proceso de que se trate, los hombres y mujeres de bien quieren resolver sus conflictos de la mejor manera posible. Y esto significa que la razón jurídica les asista, pero sobre todo que el tiempo que es el más valioso que un ser humano puede tener no se pierda en el marasmo de la burocracia. En la materia comercial, la rapidez de la impartición de la justicia toma un papel más relevante porque se cuantifica también en plazos, no sólo en pesos y centavos. Un proceso legal tardado implica mayores costos y unos mayores costos lesionan la economía familiar y afectan e impactan las finanzas nacionales. Es un círculo vicioso que afecta la productividad y que erosiona la confianza en las autoridades, además de desalentar la inversión. No sólo eran los conflictos legales los que enfrentaban nuestros comerciantes, además del desgaste emocional, físico y patrimonial al que se veían expuestos, también han tenido que sufrir con la tardanza en la resolución de conflictos mercantiles debido a la gran carga del trabajo de los tribunales. Además, la carga se volvió más pesada por el elevado costo que implica acudir a los tribunales, lo que a veces ha llegado a provocar que los gastos de los juicios sean más altos que las obligaciones que se pretenden demandar. Por ello debemos celebrar la inclusión de la oralidad en los juicios mercantiles, porque si bien la administración y la impartición de justicia son tareas elementales y prioritarias del Estado, es una obligación de los parlamentarios actualizar y modernizar las leyes para su aplicación ágil y dinámica en beneficio de todos los ciudadanos. Hay que reconocer el esfuerzo, la voluntad y sobre todo el interés de todas las fuerzas políticas que se involucraron en esta reforma al Código Mercantil en una muestra de colaboración, generosidad y en un genuino y profundo deseo de hacer los cambios y modificaciones que la modernidad nos exige y los ciudadanos nos demandan. Esta reforma que emana del consenso, del diálogo y del intercambio de ideas en un marco de discusión y de respeto, se centra en tres puntos clave: 1. La liberación de cuantía para los juicios orales mercantiles. 2. La reducción y la precisión de plazos en los juicios ordinarios, ejecutivo y oral, así como las precisiones en los procedimientos mercantiles. 3. La inclusión del juicio ejecutivo mercantil oral. La liberación paulatina de la cuantía permitirá que los comerciantes resuelvan los conflictos en menos tiempo, lo cual incrementará la confianza de los mismos a la hora de realizar sus transacciones. La reducción de plazos en los juicios ordinarios, ejecutivos y orales, nos garantizará mayor agilidad para la resolución de los procesos. La propuesta de la caducidad de instancias sea de 60 días en lugar de un año como sucede actualmente, y la reducción del plazo para que los jueces dictaminen, hará más eficientes todos los procesos permitiendo que ahorremos el recurso más valioso que cualquier sociedad puede tener, que es el tiempo. No podemos dejar pasar desapercibido otro punto clave que propone el decreto que hoy se discute en esta soberanía; la inclusión de los juicios ejecutivos mercantiles orales. Esta inclusión, cabe recordar, sigue la misma línea de la reforma del 2011, para expandir las ventajas procesales de la oralidad y que los juicios ejecutivos mercantiles orales sean resueltos con la misma rapidez que los juicios orales mercantiles. Nuestro compromiso con los ciudadanos de toda la nación y a los cuales representamos, nos obliga a legislar con responsabilidad, en un objetivo claro y de beneficio común: hacer los ajustes que resuelvan los problemas; que se reduzcan los gastos y que no sean confusos. La claridad reglamentaria es una característica que va de la mano con la eficacia. Buscamos que la aplicación de las leyes fuera más ágil, pero lo hicimos tomándonos el tiempo necesario para resolver lagunas legales para dar mayor claridad a los procedimientos mercantiles e incrementar la eficiencia en dichos procesos. Con esta reforma se amplía y potencializa la eficacia de la oralidad en los juicios mercantiles, lo cual rectifica nuestro compromiso con la sociedad, mejorando la administración e impartición de justicia. Este dictamen es una muestra de que el interés público está por encima de los colores y las siglas partidistas, es un ejemplo de que el diálogo y el debate representan la madurez de los representantes populares de que podemos hacer política con la civilidad que nos merecen los ciudadanos. La justicia es la reina de las virtudes republicanas, decía Bolívar. Estoy seguro de que esta soberanía estará a la altura de su honor, realizando todos aquellos cambios que sean necesarios para que los comerciantes tengan una mayor certeza de sus operaciones, una mayor aplicación de las leyes y una mayor confianza en las instituciones. Es cuanto y agradezco su atención, muchas gracias.