La diputada Nayeli Arlen Fernández Cruz: Gracias, presidenta. Con su permiso. En primer lugar quiero reconocer a nombre de mi grupo parlamentario, la voluntad política de todos los grupos representados en esta Cámara, porque con esto pudimos avanzar en la consolidación de reformas en favor de las mexicanas y los mexicanos con el fin de reivindicar y garantizar el ejercicio de sus derechos. Hoy, nos reunimos para discutir una serie de modificaciones a nuestra Carta Magna, que son el resultado del trabajo de diputadas de todos los grupos parlamentarios. Este dictamen que está a consideración de este pleno, condensa cientos de horas de debate en torno a cómo proteger mejor el derecho de las mujeres, el derecho a tener una vida libre de violencia de las cuales, hoy, finalmente algunas se concretan. El dictamen también es el resultado del trabajo de las integrantes del grupo plural, el cual se conformó en la pasada legislatura y marcó un precedente de 241 legisladoras, que pusimos en la agenda pública la necesidad de evitar que quienes agreden a las mujeres y quienes no cumplen con las obligaciones que tienen con su familia sigan con su vida normal como si no pasara absolutamente nada. Es precisamente esta indiferencia, la que nos ha llevado a los altos índices de violencia feminicida que hoy se registran en el país. Celebro, que esta LXV Legislatura, históricamente conformada por 250 mujeres haya retomado los esfuerzos realizados en la anterior y siga avanzando en la consolidación de reformas constitucionales necesarias para garantizar los derechos de las mujeres y de la infancia mexicana. Los esfuerzos de las legisladoras que hemos realizado durante los últimos años han impulsado el reconocimiento de derechos que habían sido negados históricamente a las mujeres, entre ellos se encuentran aquellos dirigidos a erradicar la violencia que lamentablemente hoy afecta a muchas de nosotras y que se ha convertido en una auténtica epidemia que no hemos podido controlar ni abatir. En este contexto, durante el 2021, la iniciativa 3 de 3 contra la violencia fue uno de los lineamientos con la cual debían cumplir los candidatos que participaron en el proceso electoral de ese año, cuyo objetivo consistió en otorgar garantías para evitar que quienes maltratan y abusan de las mujeres ocupasen cargos públicos en nuestro país. Este mecanismo fue resultado de una petición firmada por legisladoras federales, locales, organizaciones feministas, activistas de derechos humanos y miles de ciudadanas cansadas de la violencia. Sin embargo, este mecanismo no generó un cambio de fondo, pues no existía ninguna obligación por parte de quien aspiraba a ser candidato a mostrar la evidencia de no haber sido condenado o sancionado por violencia familiar o doméstica o, bien, por cualquier agresión de género en el ámbito privado o público, por delitos sexuales, contra la libertad sexual o la intimidad corporal o no ser persona deudora alimentaria. De ahí es que deriva la necesidad de que esto se prevea en nuestra Carta Magna como causal de suspensión de derechos ciudadanos y, por consecuencia, como requisitos de legibilidad por ocupar un cargo, empleo o comisión público. Lo anterior otorgará certeza a las víctimas de violencia de género sobre la no elegibilidad de sus agresores y representará dar un paso firme para acabar con la violencia en contra de las mujeres en nuestro país. Es de resaltar que una de las violencias más graves en contra de las mujeres es aquella que se genera desde el hogar, pues son las mujeres quienes tienen mayores dificultades reales para allegarse de un ingreso que les permita a ellas y a sus familias satisfacer al menos sus necesidades básicas. Esta situación se agrava por la falta de apoyo a aquellas mujeres que son madres de familia de niños menores o con condición de dependencia, en la que los progenitores no se ocupan de su obligación legal de proporcionales alimentos, lo cual se traduce en violencia patrimonial y económica por razón de género, realidad que no ha escapado de algunos actores políticos. Hoy los invito a dejar a un lado los colores e ideologías, tal como lo hicimos en el grupo de trabajo, del cual emergió esta propuesta, y apoyar este dictamen, que contribuye a cerrarle la puerta a la violencia. No solo la ejercida contra las mujeres, sino también a la que se ejerce en contra de sus hijos. No podemos seguir permitiendo que quienes se atreven a lastimar a las mujeres sigan teniendo la posibilidad de acceder al poder público, porque es desde estas posiciones donde se debe proteger a toda costa el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, sin violencia. Es cuanto. Muchas gracias.