La diputada María Lucero Saldaña Pérez: Con la venia de la Presidencia. Para el Grupo Parlamentario del PRI cambiar un nombre puede ser irrelevante, sobre todo cuando solamente se modifica el nombre y no se le da un contexto de fortalecimiento a la institución. El Instituto de Administración de Bienes y Activos, SAE, como instancia encargada de administrar y darle destino a los bienes y activos asegurados o decomisados por procedimientos penales, así como los abandonados en favor del gobierno federal o que estén adjudicados a través de la figura de extinción de dominio, esto no se ha modificado solamente el nombre. En lo que va de la presente administración dicho instituto ha llevado a cabo diversas subastas de bienes, muebles, inmuebles, como automóviles, predios y casas habitación cuyos fondos presuntamente serían utilizados en fomento al deporte, la rehabilitación de caminos y apoyo de comunidades necesitadas. El cambio de la denominación de Instituto de Administración de Bienes y Activos a Instituto para Devolver al Pueblo Robado, no servirá de nada si no se viene acompañado de una propuesta integral que fortalezca sus atribuciones y capacidades, pero sobre todo que permita la coordinación en la gestión de los bienes públicos en beneficio del Estado. Llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no asegurará que los servidores públicos tengan presente la misión y visión del organismo, sería iluso pensar que solo su cambio erradicará, supuestamente, malas prácticas en la administración y gestión de los bienes y activos de la Federación. Esta iniciativa no contempla ninguna propuesta para mejorar la administración y monetización de los recursos recuperados por el Estado, y tampoco medios alternativos para garantizar que durante este gobierno las subastas se traduzcan en beneficios directos, tangibles para las familias mexicanas. Nos preocupa que dicha denominación sea utilizada como bandera, junto con la nueva Ley Nacional de Extinción de Dominio, para institucionalizar una política de persecución a los servidores públicos de despojo abierto al sector empresarial y abusos a la población en general, quienes verán sistemáticamente transgredidas sus libertades y violación a sus derechos humanos. Lo hemos advertido y lo seguiremos haciendo. Si no fortalecemos nuestro marco jurídico e institucional de derechos, como el de la propiedad, la presunción de inocencia, estos pueden verse seriamente afectados. Compañeras y compañeros, bajo estas consideraciones, desde mi grupo parlamentario, exhortamos a construir una reforma que sea de fondo, para que independientemente de la denominación sea útil en el objetivo de desarticular a las bandas delictivas y garantizar el debido proceso, la reparación del daño de manera integral y el acceso a la justicia. Justamente las víctimas de manera directa no se están beneficiando. No hay una reparación integral de acuerdo a la normatividad internacional. El uso de recursos públicos, además de ejercerse con transparencia, eficacia, economía y honradez en el caso de los bienes y activos decomisados o incautados en favor del patrimonio de la administración pública federal, debe servir para el fomento de actividades productivas, de prevención de adicciones y de desarrollo nacional. La importancia del instituto, independientemente del nombre, que sea una marca o bandera, es indiscutible desde su creación que ha sido pieza clave para el aseguramiento de recursos obtenidos mediante actividades ilícitas en la administración de empresas aseguradas o decomisadas por procedimientos penales y en adjudicación de recursos para el fomento de hábitos saludables para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Esperamos que puedan darse más modificaciones previstas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público que se traduzcan en mayores capacidades y herramientas para el instituto, a fin de que puedan desarrollarse mejor las actividades de contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho. Es cuanto, señora presidenta.