La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. Hoy más que nunca, legislar en materia de seguridad es un deber y una prioridad, que como diputadas y diputados tenemos que asumir. Las necesidades en la materia son complejas, requieren de la unidad parlamentaria y de la altura de miras. Cuando abordamos a la seguridad ciudadana como un bien público y un derecho humano, que busca fortalecer y proteger el orden civil democrático, eliminando las amenazas de violencia en la población, que permitan una coexistencia segura y pacífica, así como la salvaguarda de garantías constitucionales como el derecho a la vida, a la integridad personal, la inviolabilidad del domicilio y la libertad de movimiento, es de reconocerse la aportación que la seguridad privada puede hacer a la ciudadanía. Por ello, el dictamen a discusión busca cubrir la necesidad de regular a las empresas de seguridad privada en todo el territorio nacional de una manera uniforme, con el fin de evitar malas prácticas, lagunas jurídicas, vicios y cualquier actuación de estas empresas al margen de la ley. El dictamen perfecciona una porción normativa constitucional y, con ello, le otorga una nueva facultad al Congreso, para que este pueda legislar en materia de seguridad privada. Esta adición era necesaria ante la importancia que la seguridad privada tiene en nuestro país. Por lo que vigilar su correcto funcionamiento y la actuación ética de quienes la ejercen, es menester en esta legislatura en aras del mejoramiento profesional del sector. La regulación adecuada de la seguridad privada generará sinergias entre lo público y lo privado, dando lugar a estrategias de seguridad coordinadas que contemplan, en todo momento, la cooperación entre el sector privado y la autoridad pública. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano está de acuerdo en otorgar al Congreso la facultad de expedir la Ley General en materia de Seguridad Privada para establecer reglas a la autoridad, facultada para aprobar y regular a los prestadores de servicio de seguridad privada en todo el territorio nacional. Además de acotar y especificar la coordinación con las instituciones de seguridad en situaciones de emergencia y desastres. Los miembros de las empresas de seguridad privada podrán unificar fuerzas, así como compartir experiencias y capacidades, añadiendo valor agregado que aporta a la seguridad de los y las ciudadanos. Celebramos que la Comisión de Puntos Constitucionales haya tomado en cuenta en la redacción de este dictamen, las observaciones sobre la importancia de delimitar las fronteras respecto a los servicios de seguridad privada, sean auxiliares de la seguridad pública, fijando los límites, las atribuciones y funciones de cada cuerpo de seguridad. Si bien, los servicios de seguridad prestados por el Estado o por los particulares, son dos expresiones diferentes de una misma actividad, la seguridad pública es una responsabilidad de Estado, mientras que la seguridad privada es una contraprestación entre particulares. La seguridad privada debe de estar al margen de la seguridad pública, por lo que como legisladores debemos encontrar el límite adecuado en relación a los alcances de actuación de estos prestadores de servicio. El dictamen que nos ocupa realiza una modificación constitucional, con el fin de otorgar claridad necesaria para evitar toda duda razonable en cuanto al papel de seguridad privada en la sociedad mexicana y establece fuentes de coordinación con la seguridad pública para mejorar dicha colaboración. Reconocemos el valor que el personal de seguridad privada tiene, la protección ciudadana, por lo que su participación en la prevención de la delincuencia es relevante. Sin duda, la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por su presidenta, la diputada Aleida Alavez Ruiz, y como un órgano colegiado, estuvo en todo momento atento a diversas observaciones realizadas al dictamen, con el afán de redactar un producto legislativo consensuado y por ende legítimo, lo cual debe ser ejemplo que entre todos podemos construir documentos legislativos con una visión de Estado. Existe una conexión indiscutible entre dos valores: la libertad y la seguridad. Todos tenemos derecho a esta, ya que, si no hay libertad, ello implica que no hay seguridad, y si no hay seguridad, es difícil poder ejercer libertad. Por los anteriores razonamientos Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Vamos a favor sin modificaciones, ya que sin duda porta a la consecución de uno de los grandes pendientes del Estado mexicano que es el brindar mejor seguridad a las personas en coadyuvancia con el sector privado. Es cuanto, señora presidenta.