La diputada María Chávez García: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, si bien el dictamen a la minuta con proyecto de decreto para la nueva Ley de Desarrollo Forestal Sustentable presenta mejoras con respecto a la minuta enviada al Senado, todavía tiene graves deficiencias que no subsanó la colegisladora. Por ejemplo, en la ley vigente para obtener el permiso para la colecta científica o comercial con los recursos biológicos forestales, se deben reconocer los derechos de las comunidades indígenas, y para el aprovechamiento de los conocimientos de estas comunidades se requiere contar con su consentimiento previo expreso e informado, de lo contrario si no se cumplen estos requisitos se podrán revocar dichos permisos y los derechos, registros y patentes obtenidos serán jurídicamente nulos. En contraparte, la minuta que recibió el Senado elimina la parte en que se pierden los derechos y patentes si no se reconocen los derechos indígenas, además de suprimir el párrafo que señala la posibilidad de revocar dichos permisos si se acredita que no se cuenta con el consentimiento previo, expreso e informado de la comunidad indígena y la colegisladora no corrigió esta grave omisión, por lo que la nueva Ley Forestal resulta regresiva con respecto a los derechos indígenas y abre la puerta a la biopiratería en cuanto a la tala y tráfico ilegal de madera. Este es un flagelo que no se ha podido detener. Más de 30 mil hectáreas de bosques en el país son destruidas por la forma clandestina y el mercado negro afecta notoriamente la productividad de la industria maderera. Se calcula que alrededor del 70 por ciento de la madera que utilizamos es de procedencia ilegal. En este sentido, no se ven avances claros en el dictamen e incluso se tienen omisiones y confusiones en materia de competencia entre la Semarnat y Conafor, que repercutirán en un menor control sobre el transporte de materias primas forestales y se alentará la ilegalidad en el mercado de la madera, que ya de por sí es alarmante. En otro orden de ideas, en México entre el 70 y el 80 por ciento de los bosques y selvas están en terrenos de comunidades indígenas y campesinos, quienes en su mayoría desconocen el contenido del dictamen que hoy estamos discutiendo. Pese a que la presencia indígena en las zonas forestales es significativa, la consulta a sus pueblos y comunidades no se ha llevado a cabo, lo cual no es de poca importancia. El no llevar a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas este dictamen en los términos que establece el artículo 6o. del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, con el objeto de obtener su conocimiento previo, libre e informado, constituye una violación a los derechos humanos y contraviene el mencionado acuerdo, del cual México es parte. Al respecto, la Corte Internacional de Derechos Humanos señala uno de los elementos centrales para la protección de los derechos de propiedad de los indígenas, es el requisito de que los estados establezcan consultas efectivas y previamente informadas con las comunidades indígenas en relación con los actos y decisiones que puedan afectar sus territorios tradicionales. Son varias las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que no dejan duda en cuanto a que la consulta y consentimiento son fundamentales para proteger los derechos de los pueblos indígenas y que es obligación de los estados efectuar este ejercicio. En tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por medio de la Tesis Primera 236/213, apuntala lo dicho por la Corte Interamericana al establecer con respecto a los pueblos indígenas que todas las autoridades en el ámbito de sus atribuciones están obligadas a consultarlos antes de adoptar cualquier acción o medida susceptible de afectar sus derechos e intereses, consulta que debe cumplir con los siguientes parámetros: 1. Debe ser previa. 2. Culturalmente adecuada, a través de sus representantes y autoridades tradicionales. 3. Informada y de buena fe. Es obvio que la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable afectará los intereses de las comunidades indígenas y también es claro que la Cámara de Diputados es una autoridad, por lo mismo estamos obligados a efectuar dicha consulta. Morena se une al reclamo de llevar este proyecto de nueva ley a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas antes de ser aprobada por el Congreso en términos del Convenio 169 de la OIT, mismo que es ley vigente de nuestro país. Y como ello está garantizado, votaremos en contra del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.