La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputada presidenta. Para nosotros el desarrollo social es un proceso de mejoramiento, de igualación de las condiciones generales de bienestar de la población, que permite una mejor calidad de vida y la reducción en las brechas existentes en las dimensiones económica, social, ambiental, política y cultural, por ello los derechos se deben garantizar y no limitar. La política social no debe reducirse a un área administrativa, nuestra visión implica una valoración de los aspectos positivos, a diferencia de los conceptos que destacan la parte negativa o de rezagos sociales, como los de la pobreza, marginación, exclusión o desigualdad. Este es un cambio de enfoque, al poner el acento en las mejores condiciones de vida, absolutas o relativas y se debe tener la universalidad como un principio de la política social. ¿Por qué estamos en contra del dictamen? Porque desde la óptica asistencialista, la economía social contribuirá a fortalecer la participación social para impulsar el desarrollo comunitario mediante la inversión en proyectos de infraestructura social, servicios comunitarios, educativos y/o proyectos productivos cofinanciados por los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanos en el extranjero. El programa incentiva la corresponsabilidad de la sociedad civil en el mejoramiento de sus condiciones de vida y fortalece la coordinación entre autoridades gubernamentales y los migrantes para invertir en sus comunidades de origen. Destaca nuevamente la pobreza, marginación, exclusión, desigualdad, combate a la pobreza y, por ende, asistencialismo y clientelismo. ¿Por qué insistimos en mantener una visión económica en el instituto? Porque esta perspectiva trata de fomentar la productividad y competitividad de la economía mexicana, mediante la política de fomento industrial, comercial y de servicios, así como el impulso a los emprendedores y las empresas de los sectores social y privado, conforme el artículo 25 constitucional y el reconocimiento de los sectores económico, público, privado y social, fincado en la mejora regulatoria, la competencia del mercado y la diversificación del comercio exterior, para lograr el bienestar de los consumidores, un mejor ambiente de negocios, fortalecer el mercado interno y la atracción de inversión nacional y extranjera, que mejore las condiciones de vida de los mexicanos, desde una idea de derechos económicos, así el objeto del Inaes tendría razón de ser, pues busca establecer mecanismos para fomentar el desarrollo, fortalecimiento y visibilidad de la actividad económica del sector social de la economía. E insisto, económica, no asistencialista ni mucho menos clientelar. Nuevamente decimos que el sector social de la economía está conformado por alrededor de 60 mil 943 organismos identificables bajo alguna de las figuras jurídicas que contempla la ley. El mayor número son de tipo agrario, conformado por más de 30 mil organismos, de los cuales 29 mil 555 son ejidos y 2 mil 359 comunidades, las cuales no cuentan con estos apoyos y no son sujetos de crédito o algún programa que atienda el rezago en el que se encuentran. En 2001 el número total de ejidos y comunidades reportado era de 30 mil 305 y sólo 12 mil 520 existían a través de organizaciones o asociaciones dedicadas a promover la integración económica o la representación gremial, que era aproximadamente un 41.31 por ciento. En ese mismo año, 17 mil 785 núcleos agrarios básicos no reportaban ninguna forma de organización. Otro sector importante, en el sector operativo, son las cooperativas de ahorro y préstamo, que son 15 mil y que esta política asistencialista condenaría a desaparecer. Estos sectores que tenemos que apoyar urgentemente, aportan el 1 por ciento del producto interno bruto. Cabe destacar, que la representación del Inaes no consideró ni siquiera tener contacto con las juntas directivas de las comisiones relativas al tema. ¿Qué no la política es un arte hasta de escuchar posiciones de las que no estamos de acuerdo? Es cuanto.