La diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos describe por servidor público a toda persona que desempeña un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública federal, representando el activo más importante del gobierno para responder y satisfacer las necesidades ciudadanas. La persona que será designada para desempeñar un cargo de servidor público o ejecute los proyectos de un gobierno en su calidad de empleado, debe reunir un conjunto de atributos en su persona como: principios, valores, ética y conducta de gobierno, sin que se pierda de vista la honestidad, integridad, lealtad, legalidad, objetividad, prudencia, responsabilidad, transparencia, así como el secreto profesional. Es por ello que el servidor público, desde el punto de vista constitucional, lo lleva a adquirir dos compromisos básicos. El primero es ejercer el servicio con base en los valores éticos, y el segundo, privilegiando el interés de la sociedad y de la nación sobre cualquier otro, siempre rigiéndose en su actuar por la estructura normativa y jurídica, para el efecto que se ha edificado. El título cuarto constitucional describe que los servidores públicos son los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial Federal y del Distrito Federal, funcionarios o empleados en general que desempeñen un cargo en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes además son sujetos de su ley reglamentaria. La presente iniciativa tiene el propósito de que los servidores públicos de alto nivel se encuentren en un apartado especial de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Otro aspecto importante es determinar el término o la prescripción que el servidor público será sujeto responsable, para el universo de servidores públicos de alto nivel. Como lo establece el artículo 9 de la ley reglamentaria, para que, una vez tras haber concluido sus funciones, deberán haber transcurrido tres años para desempeñar un empleo, a fin o cualquiera que sea asimilable y cuyo objeto de la contratación sea aprovechar su influencia, información, documentación u obtener alguna ventaja derivada de la función que desempeñaba. Por lo anteriormente expuesto, someto a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 9 y se adiciona un artículo 24 Bis a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, para quedar como sigue. Artículo 9. El servidor público que deje de desempeñar su empleo, cargo o comisión, deberá observar hasta tres años después de haber concluido sus funciones, lo siguiente: Artículo 25 Bis: Los servidores públicos superiores, presidente de la república, secretarios de Estado, subsecretarios de Estado, directores generales, diputados federales, senadores de la república, ministros de la Suprema Corte, magistrados, jueces de distrito, consejeros de la Judicatura Federal, consejeros del Instituto Federal Electoral, auditor superior de la Federación, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera, que hayan dejado de desempeñar su empleo, cargo o comisión y se encuentren en la hipótesis del artículo 9 de la ley, se entenderá que cometen delito abusivo de funciones, en términos de la resolución que se dicte, conforme a lo dispuesto por la legislación respectiva, los servidores públicos que incurran en responsabilidad penal y una vez que se tenga conocimiento de ello, se integrará la resolución correspondiente para que la secretaría, el contralor interno o en su caso el área jurídica de la dependencia o entidad respectiva formulen la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público". Pido a la Presidencia, señor presidente, se inserte íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.