La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Buenas tardes. A nombre de la diputada Cynthia García Soberanes y del mío propio, vengo a presentar esta reserva. Con su venia, señor presidente. Desde la implementación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental se pretendió causar un impacto positivo en materia de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas de las instituciones gubernamentales ante la comunidad, a través de la obligación que tienen los servidores públicos ante la sociedad de informar, explicar y justificar sus acciones en el cumplimiento del mandato que les fue conferido. Para hacer posible la consecución de los fines establecidos por esta normatividad, se requiere de una precisión terminológica que permita en su conjunto presentar información financiera con la calidad que solicita la ley que comento. Por ello resulta indispensable que se precisen los términos utilizados en el artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, por cuanto hace obras en proceso para armonizarse con lo especificado en el Plan de Cuentas del Consejo Nacional de Armonización Contable, contribuyendo así a la calidad de la información financiera que producen los entes públicos y no se dé lugar a dudas o interpretaciones. Por otra parte a nuestro país le urge contar con una contabilidad gubernamental integral en donde la administración pública cuente con los medios idóneos para rendirle cuentas claras, completas y coherentes a la sociedad. La falta de un sistema armónico de contabilidad gubernamental adecuado, pero sobre todo integral, ha propiciado escenarios que privilegien la opacidad y la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Esta carencia de sistemas contables gubernamentales integrales y pormenorizado, favorecen la desconexión entre los procesos de presupuesto, ejecución y consolidación de la información financiera, que muchas veces se han traducido en actos de corrupción. La vaguedad de la contabilidad gubernamental ha servido para trastocar la garantía del derecho de acceso a la información del ciudadano, recabando en sus cuentas contables datos irrelevantes y muchas veces incompletos que entorpecen la fiscalización y el escrutinio de la sociedad sobre los recursos públicos. Por lo que resulta contraria la modificación propuesta al artículo 29 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental con lo que se pretende suprimir la obligación impuesta a los entes públicos, de registrar en una cuenta contable específica del activo, el grado de avance en forma objetiva y comprobable de las construcciones en proceso, toda vez que con esta medida se enaltece el descontrol y la poca fiscalización de los recursos públicos, máxime que los efectos de la aplicación de esta ley van más allá de las consideraciones estrictamente contables, toda vez que guarda implicaciones directas con la gestión gubernamental, ya que la información contable es la base para que la ejecución de las políticas sean más claras y confiables para todos los usuarios involucrados. La obligación que se pretende suprimir es una pieza clave para conocer los actos y el alcance de la acción en ejecución durante la transición de los entes públicos, pues ayuda a contribuir el testimonio sobre la operación y las prioridades de las autoridades. Estos datos constituyen los pilares para los análisis que buscan determinar el impacto real ocasionado por las actividades administrativas del sector público y que se traducen en un bienestar para la sociedad. Asimismo podemos afirmar que esta obligación a su vez, tendrá repercusiones en la manera como se evalúa el desempeño de la función gubernamental, y como consecuencia establecerá referencias para la asignación de los recursos públicos con base en cifras y datos duros permítame un segundo, por favor como contrapeso a consideraciones de índole político y acciones de cabildeo que generalmente intervienen en la conformación final de los presupuestos públicos. En suma, el control que se pretende suprimir, constituye el mecanismo política que se refleja en la operación gubernamental, permitiendo un correcto registro de los ingresos y de los gastos que realizan todas las unidades responsables de ejercer los recursos públicos de manera oportuna permítame un segundo con el fin de hacer lo disponible tanto para los encargados de la gestión gubernamental, como para el público en general. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.