El diputado Marco Antonio Hernández Arellano: Buenas tardes, diputadas y diputados. Es realmente lamentable el motivo por el cual estemos discutiendo este asunto, atendiendo que viene de la famosa Jucopo, los famosos magos de la Jucopo que se sacan acuerdos de la manga. Con su venia, presidenta. Pero, que quede de manifiesto que en Acción Nacional no metemos las manos al fuego por nada ni por nadie. La persona que haya cometido un delito debe de ser sujeta, debe de cumplir con las penas y sanciones, de acuerdo al delito cometido. En Acción Nacional no somos defensoría de oficio, pero eso sí, apelamos la aplicación del debido proceso para que cada ciudadana y ciudadano mexicano tenga la certeza jurídica de que serán respetados todos y cada uno de los derechos consagrados en nuestra Constitución, aquella que protestamos proteger. Ante esto, me pregunto. ¿Qué impera en esta Cámara, la legalidad, el marco jurídico, todas y cada una de las disposiciones internas operativas, incluso el procedimiento de sanidad? O bien, la voluntad de unos cuantos, aquellos que por ahora tienen la mayoría. Qué lástima por las legislaturas pasadas, todos los debates, las mesas de trabajo, las interminables sesiones para hacer perfectible este marco jurídico, y salir con estas simulaciones parlamentarias. Este pleno no tiene facultades más que para resolver en definitiva sobre la procedencia o no de la solicitud de eliminación de la inmunidad procesal al servidor público imputado, que en su caso proponga la Sección Instructora de esta Cámara de Diputados, es imprescindible, es urgente que las áreas técnicas de esta Cámara se den a la tarea de revisar los alcances del pleno sobre este procedimiento para la declaración de procedencia. La participación de este pleno única y exclusivamente consiste en constituirse como jurado de procedencia y, en esa calidad, aprobar o desechar el dictamen admitido por la Sección Instructora, ya sea que proponga la procedencia o no respecto de la imputación realizada al servidor público. Por lo tanto, este pleno carece de facultades para pronunciarse sobre todos los aspectos o determinaciones de orden procesal asumidos por la Sección Instructora. En el mismo sentido, y con mayor razón al ser este pleno competente solo para erigirse en jurado de procedencia, carece de todas las facultades para orientar jurídicamente el sentido de las determinaciones que debe tomar esta Sección. La recomendación que se propone carece de todo sustento jurídico, tomando en consideración todos los métodos interpretativos del párrafo quinto del artículo 111 Constitucional. Se debe concluir que los miembros de los organismos constitucionales autónomos locales cuentan con la garantía de inmunidad procesal. Pero me queda claro que aquí no venimos a discutir lo que es procedente respecto al proceso legislativo. Por eso, diputadas y diputados de la mayoría, les tengo una propuesta que no me podrán rechazar sin una convocatoria, sin un estudio, sin un análisis, sin una metodología y sin foros de consulta ciudadana, basta con que se reúna la Jucopo y lo acuerde, así de ilegal les propongo este artículo transitorio que diga simplemente así: El presente ordenamiento podrá ser reformado, adicionado o derogado en cualquier momento que lo proponga el presidente de la República Mexicana, y entrará en vigencia al momento de que él lo determine. En todos los ordenamientos hagan esto para que pasen por encima de todas y todos nosotros. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional no se pronunciará por esta ilegalidad, exigimos que se cumpla de manera pulcra el proceso parlamentario correspondiente y no fijar un gravísimo precedente, incluso por haber, caer en alguna responsabilidad. No cabe duda, mexicanas y mexicanos, que estamos hartos de esta forma de gobernar, no nos ha llevado por el camino prometido, nos va a llevar muy lejos, nos va a llevar a la chingada. Es cuanto.