La diputada Julisa Mejía Guardado: Gracias, diputado presidente. Quiero, a la vez de presentar la iniciativa en cuestión, inaugurar el día de hoy una serie de denuncias por la situación que guarda el estado de México, me propongo con esto fotografiar con datos oficiales de instituciones reconocidas, la realidad en mi entidad. El número de homicidios registrados en nuestro país en 2011 fue de 27 mil 199, lo que supone 24 por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta de este sexenio, según los últimos datos del Inegi. A decir del Instituto, la proporción de muertes por cada 100 mil habitantes supera las 23 registradas en 2010, las 18 en 2009 y las 13 de 2008, las 8 de 2007. Por entidades, el estado de México ocupa el deshonroso segundo lugar con 2 mil 613 muertes. De enero de 2011 a lo que va de 2012, se han registrado 60 desapariciones de mujeres cada mes, 4 mil 800 violaciones sexuales y mil casos de feminicidios, según datos de la propia procuraduría estatal. De existir la figura que ahora propongo, el 52 por ciento, que somos las mujeres en el estado, solicitaríamos la revocación del mandato del gobernador en turno, por su incapacidad para garantizar nuestro derecho humano a una vida digna y de respeto. Todo poder público dimana del pueblo y todo público se instituye para beneficio de él. Ésa es la consigna y el espíritu plasmado en el artículo 39 de nuestra Carta Magna, lo que significa que es imposible concebir la democracia sin entenderla como una consecuencia de la soberanía, esto mismo explica la aparición del estado. El pueblo decide unirse y adoptar determinada forma de gobierno, nombrando a sus propios gobernantes. En las democracias actuales la voluntad de la nación se dicta, no sólo a través de la elección de sus gobernantes, se decreta también en el derecho de expresar la voluntad a través de un instrumento como el presupuesto participativo, la revocación de mandato, la afirmativa ficta, la auditoría social, la iniciativa ciudadana, gestión y autogestión social, el referéndum, el plebiscito, derecho de audiencia pública, consulta ciudadana, acción popular de inconstitucionalidad, entre otras, que son prácticas y figuras de la democracia directa y semidirecta participativa. Así como la división de poderes es un obstáculo para el abuso del poder, los mecanismos de democracia participativa deben ser entendidos y utilizados como mecanismos de control del poder público estatal. Con la iniciativa en consideración buscamos establecer la prioridad de seguir con las definiciones constitucionales de la democracia participativa y deliberativa, o democracia directa, que inició la Legislatura que nos antecedió e incorporar nuevas figuras a la forma de gobierno de nuestro Estado mexicano. Reafirmo, la democracia directa es la participación inmediata del pueblo, sin intermediarios, en los asuntos públicos. Tal participación se considera como expresión de la voluntad popular y tal democracia se ejerce mediante diversos mecanismos que ya he expresado, y su ejercicio no debe ser impedido. La revocación de mandato, tal como ya se maneja en muchos estados de la República, puede ser una muy buena herramienta a través de la cual la ciudadanía no tenga que esperar a que transcurra todo un periodo, una vez que se ha elegido el representante y que hasta la siguiente fecha electoral emita su voto de castigo o de descontento. Sino que antes puede expresarse a través de este ejercicio democrático, manifestando que se está o no se está de acuerdo con los planteamientos y el ejercicio llevado por el mandatario en turno al cual eligió. Por lo que asimilándose a los sistemas parlamentarios, pero en este caso, vía la ciudadanía, se le cancele al mandatario su voto de confianza, emitiendo ahora un voto de censura, de revocación, haciendo sentir el ciudadano su propia decisión. En la doctrina se han tratado los claroscuros de este tema, que señala que puede llegar a ser contraproducente y dar poca estabilidad y margen de acción al mandatario en turno. Sin embargo, la notable situación de hartazgo de la población, que se considera ignorada siempre por la clase política, puede generar mayores consecuencias si no se crean mecanismos que la hagan sentir parte importante del acontecer diario nacional. Por lo anterior expuesto propongo a esta soberanía proyecto de decreto que reforma el artículo 40, 41, y la fracción XXIX-O, del 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de revocación de mandato y facultar a esta Cámara de Diputados la legislación correspondiente al tema. Muchas gracias.