El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Sin duda alguna este tema es de gran relevancia para todas las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad constituyen la minoría más numerosa y desfavorecida del mundo. En la mayor parte de los casos este grupo tiene dificultades para acceder en igualdad de condiciones y de oportunidades al empleo, la educación, la salud, la cultura, la vida política y en este caso, al sistema de procuración e impartición de justicia. En México, el Censo de Población y Vivienda del año 2010 identificó aproximadamente seis millones de personas con alguna discapacidad física o mental, lo que representa el cinco por ciento de la población total del país. Uno de los reclamos de la sociedad mexicana es que la procuración y administración de justicia dé certeza a los ciudadanos, por lo tanto es deber del Estado proteger a los llamados grupos vulnerables en especial a las personas con discapacidad, ya que por su condición son más susceptibles de sufrir atropellos por parte de la autoridad. A menudo se presentan violaciones a las garantías individuales y de procedimiento que en materia penal corresponden a aquéllos quienes presentan una limitación sensorial. Resulta por ello apremiante dar una solución a esta situación que a todas luces contraviene los preceptos constitucionales de brindar a todos los mexicanos justicia imparcial, equitativa e igualitaria. Lamentablemente el personal encargado de procurar o administrar la justicia en nuestro país no cuenta con la capacitación necesaria y suficiente para atender de manera adecuada a las personas con alguna discapacidad ya sea que se trate del inculpado, el ofendido o el denunciante, lo cual afecta sensiblemente el derecho de los ciudadanos en un juicio justo. Un obstáculo más para la labor de procuración y administración de justicia es el hecho de no contar con normas claras y precisas que permitan a nuestro sistema disponer de los materiales y servicios requeridos por las personas con discapacidad como son formatos en sistema Braille o intérpretes que traduzcan el lenguaje a señas. En este sentido, la reforma propuesta pretende obligar a las autoridades federales, encargadas principalmente de impartir la justicia, a proveer en cualquier juicio asistencia especial a las personas con alguna discapacidad. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuenta con un manual sobre reclusos con necesidades especiales en el cual se hace mención de las personas con discapacidad y pide garantizar que éstas tengan acceso a la justicia en las mismas condiciones que los demás ciudadanos. Del mismo modo, recomienda considerar a la sentencia del auto de formal prisión como el último recurso de la cadena procesal, sobre todo en aquellos casos en donde se trate de personas que hayan cometido delitos no violentos o no graves, considerando el nivel de cuidados que requerirían en prisión. Por su parte la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en su artículo 13 menciona que los Estados parte asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia promoviendo la capacitación adecuada de quienes trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Por lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario del Partido Verde externamos nuestro apoyo a este proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales y Federal de Procedimientos Civiles, tendientes a construir una sociedad más incluyente y libre de comportamientos discriminatorios. Edificar un México más incluyente y justo en el que se garantice la igualdad de oportunidades para los cerca de los 6 millones de mexicanos con discapacidad debe ser una de las prioridades del Estado mexicano. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.