El diputado Esteban Bautista Hernández: Compañeras y compañeros diputados. Los servicios públicos son fundamentales y desempeñan un papel esencial en el desarrollo económico y social de nuestro país. En México, el servicio público de energía eléctrica se encuentra en la Constitución en los artículos 27 y 28, así como la Ley de la Industria Eléctrica, marco normativo para regular la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, como actividad prioritaria para el desarrollo nacional. Es claro que nuestro sistema jurídico mexicano cuenta con avances en materia, sin embargo, por varias décadas, en el marco de la política neoliberal se había instaurado en nuestro país, fue sembrando un proceso privatizador para debilitar a las empresas públicas, incluyendo la propia Comisión Federal de Electricidad, sin importar el detrimento económico causado por el pueblo de México. La reforma energética del 2013, se vio instaurada con falsos argumentos que permitían la entrada de inversión extranjera, mayor producción de petróleo, gas y electricidad a mejores precios. Lamentablemente lo único que trajo fueron negocios muy lucrativos para unos cuantos, empresas privadas que se apoderaron de la Comisión Federal de Electricidad; asimismo, hubo políticos corruptos que se prestaron a este juego sucio, engañando al pueblo de México. Ahora bien, en las últimas décadas el servicio de energía eléctrica, y en particular el tema de tarifas, ha sido objeto de reclamos en la mayor parte de la población usuaria, quienes han externado inconformidades por la opacidad en los mecanismos utilizados para establecer los altos costos tarifarios. Debemos reconocer que los efectos de cambio climático continúan propiciando el aumento en el consumo de electricidad. Las temperaturas atípicas, muy elevadas en verano y en invierno muy por debajo de cero grados, vienen ocasionando el aumento en los costos tarifarios en localidades rurales y en ciudades y en las diferentes regiones del país. Es de advertir que entre la población que más resiente esta situación es la que se encuentra en condiciones de mayor marginación, cuya situación adolece por tener un nivel de vida muy bajo, y muchas veces insuficiente para hacer frente a estos costos tarifarios. En la misma condición encontramos autoridades del sector educativo nacional, quienes con frecuencia han hecho visibles sus demandas por las afectaciones que padecen en sus planteles educativos, cuyo funcionamiento de internet, aire acondicionado, ventiladores, centros de cómputo, sistemas de seguridad, audiovisuales, bibliotecas, entre otros, necesitan de energía eléctrica, insumo indispensable para poder brindar espacios dignos que coadyuven a garantizar una educación de calidad. El endeudamiento por el servicio de energía eléctrica es un problema latente en gran parte del país, donde las autoridades educativas suelen recurrir a solicitar apoyos económicos a padres de familia, realizar colectas y donativos, así como buscar apoyos a las autoridades para cubrir dichos adeudos. En el caso de Veracruz es importante señalar que el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación, ha impulsado acciones con CFE para resolver la problemática de variación de voltajes y falta de energía eléctrica. En específico, la SEP absorbe el 50 por ciento de los pagos de planteles educativos, que representa un pago de 48 millones mensuales, mientras que el otro 50 por ciento lo hacen con cargo a los padres de familia. Ante ello, las autoridades del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación han manifestado que la educación es el pilar del desarrollo nacional y que la energía es un servicio fundamental que no debe faltar en los planteles destinados a la educación. Ante esta realidad, manifestamos la voluntad de unir esfuerzos con nuestro gobierno de la República, pero sobre todo para continuar apuntalando las acciones a favor de la educación en el marco del artículo 3o. Es urgente llevar una política de reajuste tarifario. Es urgente reestablecer tarifas accesibles...