El diputado Heladio Gerardo Verver y Vargas Ramírez: Con su permiso, diputado presidente. A todas y a todos los diputados, gracias por su atención. Quiero comentarles que en nuestro país la política pública para el tema de las adicciones está equivocada. Se basa en un modelo de reducción de la oferta. Una criminalización del problema de las adicciones. El enfoque, y diputadas y diputados de diferentes fracciones parlamentarias lo tienen bien claro, es la reducción de la demanda. En ese sentido hay tres aspectos en el tema de la reducción de la demanda. El primero es el tema relacionado de actividades universales para la mayoría de la población que tiene susceptibilidad de tener un problema de adicción. Ese tema de actividades universales es el deporte, la cultura, el entretenimiento, el desarrollo del bienestar y de la felicidad. El segundo tema viene siendo el tema relacionado con los que tienen el riesgo de tener un problema de adicción. El 12 por ciento de la población, genéticamente trae la probabilidad de que si está en contacto con una sustancia psicoactiva pueda desarrollar la adicción. Ahí políticas públicas intencionadas de atención personalizada. Y el tercer tema, es el tema de aquellos que desafortunadamente ya tienen el problema de la adicción. En México el riesgo de adicción se va duplicando según las encuestas nacionales y lo único que nos han mostrado era que no teníamos una manera de cómo atenderlos. Ante eso la sociedad civil anticipó a las autoridades, por eso surgieron los famosos centros de rehabilitación, los anexos, los grupos de estancia 24 horas y todas esas estrategias que probablemente son remedios y parchecitos a situaciones de inequidad y de política pública integral, pero que no podemos cerrar los ojos a que estén existiendo en nuestro país. De ahí que el artículo 3º, el artículo 192 señale en su fracción III, IV, V y VI poder implementar estrategias para poder regular esos centros. Quiero invitarlas e invitarlos a que reflexionen sobre las historias que han conocido de personas en centros pagados o no pagados o en centros gubernamentales, del trato inhumano que reciben algunas veces las personas que desafortunadamente tienen el problema de la adicción y tienen la necesidad de estar internados en esos lugares. Existen algunos que ni siquiera sabe la autoridad que están y que están presentes. De acuerdísimo que la política pública la debe hacer el gobierno con la instalación de ellos, pero el problema lo tenemos aquí y ya está sucediendo. Por ello, pedimos que los centros que brindan atención residencial deban contar con un registro en la autoridad correspondiente, que acrediten un modelo de acreditación mínimo indispensable en su estructura, en sus procesos y en sus resultados, que deben tener reglamentos y manuales de procedimiento, organización, independientemente si son públicos o son privados, con el enfoque fundamental de la reinserción de las personas con problemas de adicción a la sociedad. Las instalaciones deberán ser dignas, en donde el marco del respeto a los derechos humanos sea el punto medular y el respeto a la persona, sus derechos civiles independientemente de sus preferencias, su condición social y su filiación. Creo que esta iniciativa, que si bien toca una parte de la Ley General de Salud, es una iniciativa que viene a resolver un problema que ya tenemos aquí. Nos esperaremos a una política pública integral y mientras cuántas personas nos dirán: interné a mi hermano, lo estaban rehabilitando y me lo regresaron muerto. Por su atención muchas gracias y las invito a todas y a todos que votemos a favor de este proyecto que mete orden en esas instituciones que ya están aquí y ya está sucediendo. Muchas gracias.