La diputada Refugio Trinidad Garzón Canchola: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, para los integrantes del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, la protección de las personas en condición de mayor vulnerabilidad es una prioridad. Para abordar el dictamen que hoy nos ocupa debemos estar conscientes de la situación que muchas mujeres viven, al presentar una denuncia por violencia, la que además de sentirse desprotegidas perciben dilatoria y, en muchos casos, inútil la actuación de la autoridad cuando son violentadas. El objeto del dictamen a discusión es impedir que se presente un daño irreparable. Para ello se requieren medidas efectivas, expeditas y oportunas. Nuestro marco jurídico prevé medidas de protección para aquellas mujeres que han decidido denunciar los abusos y maltratos de que han sido objeto e iniciar el procedimiento penal correspondiente. Sin embargo, cuando denuncian para que el Ministerio Público pueda aplicar medidas de protección, este debe solicitarlas a la autoridad judicial. En tanto ello ocurre, se deja desprotegida a la víctima, quien puede ser objeto de nuevas agresiones, que puedan llegar a generarle incluso hasta la muerte. Ahora bien, aun cuando la resolución judicial otorga la medida de protección al tener una duración limitada por 72 horas, se puede repetir sistemáticamente por falta de protección. Por tratarse de actos de urgente aplicación por encima del control judicial sobre los actos del Ministerio Público debemos privilegiar la protección oportuna de las víctimas de violencia. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, y para dar cumplimiento a la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Encuentro Social votará a favor de este dictamen, en el que se prevén las siguientes reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Primero. Complementar el Banco de Datos sobre órdenes de protección, ya existente, con los datos de víctimas, las personas sujetas a ellas, el tipo de orden, así como el seguimiento e incumplimiento del caso, con pleno respeto a lo establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Segundo. Que las órdenes de protección de emergencia y preventivas se emitan como máximo durante las siguientes seis horas al conocimiento de los hechos y que duren hasta que la víctima de violencia deje de estar en riesgo. Tercero. Facultar al Ministerio Público para que de oficio, es decir, sin necesidad de autorización judicial, dicte las órdenes de protección al efecto. Ahora bien, en cuanto a la propuesta de reforma al artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el dictamen resuelve, con gran tino. Primero. Establecer como duración máxima de medidas de protección y providencias precautorias 90 días, prorrogables hasta por 30 días más y que de subsistir el riesgo podrá prorrogarse hasta por un plazo igual, con miras de ejercer la acción penal, sin regatear el reconocimiento al acierto. Se antoja deseable decir, si dicho plazo denominado igual equivale a 90, 30 o a 120 días. Segundo. Asimismo, la reforma también establece, acertadamente, que tratándose de delitos que por razón de género se aplique de manera supletoria la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, finalmente. Tercero. Que el juez que conozca de un caso de violencia contra las mujeres en el Ministerio Público o a la víctima, no hubieran solicitado la medida cautelar alguna. Se debería emitir la orden de protección preventiva de emergencia a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto, Encuentro Social votará en pro del dictamen que abonará a la vida libre de violencia, sea una vivencia que fortalezca nuestro tejido social. Es todo y es cuanto, diputada presidenta. Gracias.