El diputado Juan Romero Tenorio: Con permiso de la Mesa Directiva. Diputados, ya es un hecho la imposición de este dictamen aprobando esta ley general, que repito, que muchos de ustedes desconocen por la premura en que se ha presentado y se han hecho modificaciones, incluso, el presidente presentó una adenda para modificar una disposición, pero no suple las omisiones y las deficiencias de la ley que se propone. No solamente se violenta el procedimiento parlamentario al omitir la Mesa Directiva que se cumpliera con los requisitos que establece nuestro Reglamento. La ley violenta derechos humanos y solamente mencionaré uno como ejemplo y que serviría como única razón para regresar el dictamen a comisiones. Independientemente del mal diseño institucional de esta ley general, que no establece en forma clara los procedimientos de la concurrencia. No establece en forma clara la coordinación y la responsabilidad federal, estatal y municipal en el ordenamiento territorial. No establece en forma clara los principios básicos que garanticen el acceso a la vivienda, el uso del suelo en forma racional y sustentable que garantice una vivienda con dignidad o un ordenamiento territorial con acceso a vías que garanticen movilidad sustentable. En el artículo 20 se establecen los consejos estatales como órganos auxiliares, son órganos auxiliares no son órganos en los cuales se garantice la participación ciudadana. Hay una parte importante que no se está tomando en cuenta, el artículo 26 determina que el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano se sujetará a las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y a la estrategia nacional. Aquí hay un problema estructural, la estrategia nacional es parte del plan nacional, sin embargo, por las prisas se señala que el plan nacional debe de sujetarse a la estrategia nacional. Hay una inconsistencia en el diseño institucional y en la integración del Plan Nacional de Desarrollo. Se excluye la participación de comunidades y pueblos indígenas en los procesos de consulta. El artículo 82 referente a la incorporación de terrenos ejidales, comunales y de propiedad federal al desarrollo urbano violenta el derecho de consulta previa a comunidades indígenas, a los pueblos en zonas rurales, violación que se confirma con la recomendación última que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió para que se garantice la consulta a pueblos indígenas en procesos en donde se ven afectados sus derechos y sus bienes. Estos derechos y bienes, de acuerdo al informe de la Comisión Internacional de Derechos Humanos se violentan por el avance de proyectos o megaproyectos en adquisición de espacios para megaestructuras de energía, para megaestructuras de las mineras, no garantizamos este derecho de consulta y esto bastaría para regresar el dictamen a la comisión que lo presenta. Sin embargo, esta práctica de violentar la legalidad, no solamente se refleja en la decisión del pleno, sino también en los contenidos de sus propias leyes. Por eso, nos manifestamos en contra, es una ley apresurada que debe de estar para el día 15 de octubre, fecha en que se instala en Ecuador una conferencia internacional Hábitad III, en donde se pretende dar buenas cuentas con una mala ley. Es cuanto, señor presidente.