La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados federales, en nuestro país una de las mayores conquistas históricas ha sido el derecho a la educación. El artículo 3o de nuestra Carta Magna se reformó en diversas ocasiones a lo largo del siglo XX buscando un doble sentido en la educación. Por un lado, una garantía individual que impulsara la realización personal y por otro, un derecho social inherente al pueblo de México para abatir la ignorancia, los fanatismos y los demás resultados del atraso secular de nuestra población. Con el arribo del nuevo siglo han llegado nuevos retos que merecen nuestra atención. Actualmente los niños y jóvenes que participan en los niveles educativos suman 34.9 millones de alumnos, es decir, en promedio un tercio de la población. La demanda de educación superior presenta un incremento sin precedentes y dada la población joven de nuestro país que estudia, no parece que disminuirá pronto. Resulta evidente para todos, en México que, ante lo difícil que es conseguir un trabajo que permita vivir dignamente, un título universitario ha dejado de ser un privilegio para convertirse en una necesidad. Solo el 13 por ciento ingresa a la licenciatura y 2 por ciento a algún posgrado. En México no se concluye ni siquiera la secundaria. El problema no radica tan solo en la voluntad y necesidad de los estudiantes, la cobertura de la educación en nuestro país presenta grandes deficiencias en infraestructura. Solo el 27 por ciento se ofrece para universidades por lo que únicamente entre 2 y 3 aspirantes tienen cabida en el sistema universitario. No es hasta un título de licenciatura que se da un incremento considerable en el salario, a 13 mil 807 pesos. En cuanto a las personas que terminan un posgrado, el ingreso promedio es de 51 mil 891 pesos. Con base en esta información resulta evidente que si una persona tiene deseos de progresar es necesaria su entrada a la universidad y la conclusión de la misma. El problema radica en que la educación superior se encuentra en una crisis permanente, que no parece tener solución. Durante años se ha olvidado la misión integral de la educación para centrarse en el aspecto técnico. El sistema capitalista y neoliberal en el que nos desarrollamos ha hecho que, lejos de educar estudiantes que aprendan a cuestionar y razonar, se produzcan autómatas que realicen funciones en el menor tiempo y al menor costo posible, memorizar y obedecer. En el momento que un joven termina la escuela media superior se encuentra en una disyuntiva entre seguir estudiando o comenzar a trabajar o ingresar al crimen organizado. Si se desea debilitar el engrosamiento al narcotráfico y del sector informal es necesario ofrecer a la juventud alternativas reales de superación. Es en esta situación donde la oferta educativa universitaria se ha quedado muy corta. Las estadísticas revelan que México sólo tiene capacidad para cuatro de cada 10 estudiantes que quieren estudiar a nivel profesional, lo que obliga a seis jóvenes a suspender sus aspiraciones universitarias. Esto ha generado el fenómeno de los ninis, personas que ni estudian ni trabajan ni sueñan, el cual alcanza ya los 8 millones. No podemos cerrar los ojos y pretender que en México la educación es gratuita y con libre entrada para todos cuando resulta claro que la pobreza es una forma inherente de discriminación en el acceso al sistema educativo. El acceso a los planteles privados y públicos resulta, para la mayoría, una aspiración inalcanzable. A pesar de contar con una amplia diversificación de opciones, debido a su autonomía, ninguna de las instituciones se encuentra en la obligación de anular pagos por colegiatura o cuotas si se desea imponerlos. Si se logra garantizar la provisión de recursos suficientes a las universidades éstas no se verán en la necesidad de cobrar cuotas por otros conceptos a los estudiantes, consiguiendo así una educación libre de costos. Debemos de terminar con la reducción sistemática de financiamiento público hacia las universidades, lo cual ha derivado en una lucha de 20 años en la que no se ha alcanzado la propuesta de otorgar el 1.5 por ciento del producto interno bruto a dicho sector. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano propone el siguiente decreto, que a la letra dice: Único. Se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3o. (...) VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía deben recibir recursos públicos, nunca inferiores al año previo para garantizar el derecho a recibir la educación superior de forma gratuita, y tendrá la facultad y la responsabilidad de gobernarse así mismas; realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del administrativo concluyo, señor presidente, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta fracción se refiere. Gracias, señor presidente.