La diputada Verónica Pérez Herrera: Gracias. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, los pueblos y comunidades indígenas y afroamericanos son un orgullo y un legado de nuestro país, estamos obligados a defenderlos y a unir acciones por ellos. Quiero aprovechar para hablar sobre una realidad que nos afecta profundamente, la inseguridad en nuestro querido estado de Chiapas. Chiapas, ha sido testigo en los últimos años, de un aumento significativo en la violencia que impacta día con día en la vida de sus habitantes y de las comunidades indígenas. La presencia del crimen organizado también ha intensificado la violencia, está destruyendo el futuro de nuestros jóvenes. El cierre de escuelas es otra consecuencia de la inseguridad, la violencia y las amenazas que han llevado a la suspensión de clases desde hace más de 10 meses, afectando la educación de nuestras niñas y niños. El desplazamiento forzado se ha vuelto una realidad para muchas familias chiapanecas, desestabilizando sus vidas y provocando tensiones en comunidades receptoras. Desde esta tribuna enviamos nuestra solidaridad a nuestras hermanas y hermanos chiapanecos. Hoy, estamos reunidos en un momento histórico para nuestro país, la aprobación del dictamen que reforma el artículo 2o. constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como de afromexicanos, representa un paso histórico que no solo reconoce la diversidad de nuestro país, sino que reafirma nuestro compromiso con la dignidad, los derechos humanos y la justicia social. Hoy quedarán reconocidas en nuestra Carta Magna y sin duda representa un acto de justicia y reconciliación históricos, un reconocimiento a sus derechos humanos. Sin embargo, debemos garantizar en congruencia con el texto constitucional y con diversos ordenamientos convencionales de los que el Estado es parte que las consultas a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos deben cumplirse bajo los siguientes principios: La consulta a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos deberá ser previo, antes de adoptar o aplicar las medidas legislativas que les afecten, por lo que las comunidades afectadas deben de ser involucradas lo antes posible en el proceso, cosa que no pasó en esta modificación, porque el 13 de marzo se recibió a la Aldea, la Alianza por la Libre Determinación y la Libre Autonomía, y ninguna de sus propuestas viene plasmada en este dictamen. Debe ser libre, con ello buscamos asegurar condiciones de seguridad y transparencia durante la realización de los procesos de consulta. Ello implica llevarse a cabo sin ningún tipo de coerción, intimidación ni manipulación. Debe buscarse que tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el Plan de Desarrollo e Inversión propuesto de forma voluntaria, culturalmente adecuada para que vaya de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. De buena fe, con la finalidad de llegar a acuerdos, se debe garantizar a través de procedimientos claros de consulta, que se obtenga su consentimiento previo, libre e informado para la consecución de dichos proyectos. Las conclusiones que se deriven de la respetiva consulta además deberán cumplir con los principios de legalidad, transparencia y acceso a la información. Los procesos y conclusiones de las consultas deben ser lo más accesibles y de fácil entendimiento para los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En caso de un incumplimiento, se estaría ante un acto de discriminación en contra de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. Recordemos que tenemos un mandato judicial que nos obliga en hacer una nueva ley en materia de disciplina militar precisamente, porque no fueron consultados nuestros pueblos y comunidades indígenas. Hoy el Partido Acción Nacional reafirma su compromiso inquebrantable con los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, con la defensa de sus libertades y sus derechos. Ojalá hubiera esta sensibilidad para no solamente usar esta tribuna y dar discursos, sino que realmente...