El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con permiso de la Presidencia. Por obviedad de tiempo, presentaré una breve exposición de esta iniciativa que hoy pongo a consideración de esta Cámara y solicito que esta última sea insertada íntegra en el Diario de los Debates, tal cual ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. He hecho entrega de un ejemplar a la Secretaría para tal efecto. Compañeras y compañeros diputados: el juicio político implica el ejercicio de una función jurisdiccional llevada a cabo por un órgano político para remover de su cargo o inhabilitar para otros posteriores a un servidor público. A través de este juicio se finca una responsabilidad política a ciertos servidores públicos que han cometido infracciones y cuyo caso implica eminentemente una sanción de tipo político, por conducto de un órgano también político, como es el caso de este órgano colegial y deliberativo del Congreso de la Unión, institución donde se debate y se delibera sobre los diferentes aspectos de la vida nacional y en donde también se supone la pluralidad alcanza su máxima expresión, pues en su seno concurren distintas ideologías y por lo que es considerado un espacio idóneo para discutir estos temas que son de sumo interés del pueblo mexicano. De este modo, a diferencia de la responsabilidad penal derivada de la comisión de delitos que se encuentran sancionados por las leyes penales y que son adjudicados también a tribunales penales comunes, previa sustentación por supuesto de un proceso penal. En el caso del juicio político, las infracciones y las sanciones políticas correspondientes se encuentran previstas en la propia Constitución y en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. El juicio político es un juicio administrativo, ya que no se confiere al Congreso de la Unión la potestad para privar al servidor público de su patrimonio o de su libertad, pues esta función exige la imparcialidad y la aptitud técnica de un juez en un sentido estricto a fin de evitar excesos. Además, de acuerdo con la teoría de la división de poderes, que rompe con el absolutismo y establece un gobierno de garantías, ésta será una función que sólo corresponda al Poder Judicial pues, de otra manera, rompería con el principio básico de la organización de los Estados constitucionales modernos, como el que actualmente vivimos. Considerando de esta manera que la tendencia del México actual apunta hacia la democratización, hacia la transparencia y, por supuesto, hacia el cabal desempeño de los servidores públicos, es menester hacer algunas adecuaciones a dicha figura jurídico-política, en aras de dotar al pueblo de México de la posibilidad efectiva de remover a los malos servidores a través de sus representantes populares, fortaleciendo con ello el Estado de derecho en aras de modernizar el Estado mexicano que he comentado. De tal manera, es una obligación del Constituyente Permanente adecuar las normas a las exigencias sociales y proteger por medio de las mismas el Estado de derecho, el orden constitucional y también el cabal ejercicio de las funciones públicas. En razón de ello, propongo llevar a cabo las siguientes adecuaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ordenamiento reglamentario del artículo 110 constitucional que tiene como objeto ampliar el catálogo de funcionarios públicos que puedan ser sujetos a juicio político, así como de clarificar con actos y omisiones qué actos, perdón, y omisiones cometidos por los servidores públicos expresamente señalados pueden ser causal de juicio político. En ese sentido, por lo que respecta al artículo 110 de la Ley Fundamental, se sugiere agregar en el párrafo primero a los delegados políticos del Distrito Federal, cuya elección hoy día es a través del voto secreto y universal, mediante el cual la ciudadanía ha depositado la confianza para que ejerzan una función pública que implica, entre otras, el manejo de recursos. Por otro lado, se considera pertinente eliminar la palabra "grave" del texto constitucional y de la Ley de Responsabilidades, toda vez que hace referencia a las violaciones cometidas contra una ley fundamental y de las leyes que de ella emanen, entendiendo que todo contenido de la Constitución y sus leyes es prioritario y de la más alta envergadura, por lo que cualquier violación debe considerarse por supuesto grave, ya que rompe con el orden constitucional establecido. Por su parte, el artículo 6o. de la referida ley señala que es procedente el juicio político cuando los actos u omisiones al artículo anterior redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, actos y omisiones que se señalan en el artículo 7o. De tal manera y de una manera ambigua, como es el caso de la fracción I, en donde se confiera que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, el ataque a las instituciones, hoy tan comentado actualmente en estos tiempos y sin mencionar en dichos casos cuáles son tales instituciones, por lo que se propone agregar en su redacción una breve descripción de las mismas, enlistando las siguientes: la soberanía nacional, el principio de división de poderes, el estado de Derecho, los partidos políticos, los Poderes de la Unión, los estados, los municipios, los bienes nacionales, el patrimonio nacional y las instituciones públicas encargadas de resguardarlo y de difundirlo, así como las demás que consideren las Cámaras del Congreso de la Unión. Igualmente, se suprimen calificativos de "graves" y "sistemáticas" de la fracción III de dicha ley, por considerar que no existen violaciones de las garantías individuales y sociales leves, sino que por su naturaleza todas son graves y que para sancionarlas no es necesario considerar la sistematización de los actos que las vulneran. En cuanto a la fracción VI, que a la letra dice: "Refiriéndose a los actos u omisiones sancionables, cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales, cuando cause perjuicios graves a la Federación o a uno o varios de los estados de la misma o de la sociedad también o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones...", se propone únicamente señalar infracción u omisión a la Constitución o a las leyes federales, eliminando por supuesto "cuando cause perjuicios graves", ya que se entiende que cualquier delito es grave. Funcionamiento normal, pues, indispensable para que las instituciones sigan avanzando y obviamente tengan y deban ser respetadas en todo momento. Finalmente, en el último párrafo del citado artículo 7o. se propone especificar que el Congreso de la Unión valorará la existencia y la gravedad de los actos u omisiones a que se refiere el propio artículo, sin perjuicio de que cuando aquéllos tengan carácter de delictivo se formule una declaración de procedencia, a la que se alude en la presente ley y por supuesto que también se estará a la disposición para la legislación penal, sin que implique que paralelamente se puedan llevar los juicios en el mismo tono. En tal razón y por los motivos aquí expuestos y fundados, someto a consideración de este honorable Congreso y de esta honorable Cámara el proyecto de decreto por el que se reforman el artículo 110 del texto constitucional y diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en aras de dotar de congruencia al marco jurídico en la materia y en la integridad que al mismo competen. Es cuanto, señor Presidente.