El diputado Luis Fernando Salazar Fernández: Gracias, compañera. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el diagnóstico no podría ser más claro, nos hemos convertido en un país en el que, ante tanta violencia, delincuencia, impunidad, hemos optado de dejar de sentir para poder sobrevivir. Nos hemos convertido en un país en el que las noticias de homicidios, de fosas clandestinas, de familiares buscando a sus hijos o a sus hijas, se han convertido en parte de la cotidianeidad de nuestras vidas. Sin duda, muchos son los factores que nos han llevado hasta aquí, sin embargo, hemos de reconocer que la ausencia de instituciones de justicia capaces de perseguir de manera eficaz los delitos, ha sido uno de los principales motivos. Tan solo el contraste entre las estadísticas de la Procuraduría General de la República respecto de denuncias presentadas e investigaciones iniciadas frente a las pocas o casi nulas sentencias condenatorias, hacen evidente que las estructuras, las habilidades y las herramientas no han sido las suficientes. Fueron esas mismas estadísticas las que desde 2014 nos llevaron a coincidir en la necesidad de replantear el modelo de instituir una Fiscalía con órganos competentes, para dirigir investigaciones, litigar los casos ante los jueces y conseguir sentencias en las que se esclarecieran los hechos y se garantizara la justicia a las víctimas. Fue en esa reforma constitucional en febrero de 2014, donde las y los compañeros de las bancadas de Acción Nacional y PRD votaron a favor del artículo 102 constitucional. Por ello mi voto será a favor de este dictamen, porque después de cuatro años de omisión legislativa de una reforma constitucional y de años de trabajo y de análisis legislativo, esta Ley Orgánica propone un cambio radical al modelo inoperante de una Procuraduría que ha tenido como resultado el fracaso, la parálisis y el colapso. Una Procuraduría definitivamente desarticulada con la realidad que vive nuestro país. En su lugar, esta ley instaura un modelo que responde a criterios de flexibilidad y pertinencia para abordar los distintos fenómenos delictivos que aquejan a la sociedad, mediante la posibilidad para integrar unidades multidisciplinarias, conformar equipos de investigación y litigación, o crear comisiones especiales de carácter temporal para dar respuestas adecuadas y diferenciadas a las demandas ciudadanas en cada entidad. Un modelo que atiende una política de persecución penal, que permita ser más efectivo el trabajo de la Fiscalía por medio de la priorización de problemas y la definición de estrategias con base en la incidencia delictiva de relevancia nacional. Un modelo cuyo diseño normativo contempla como política la excelencia profesional y el desarrollo integral para la prestación de los servicios que debe brindar la Fiscalía. Contempla además, con el fin de garantizar que este nuevo diseño no solo signifique un cambio de nombre o de letrero, un proceso planificado y gradual, el cual se llevará a cabo mediante un plan estratégico de transición con procesos de evaluación, de cierre de estructuras existentes y de análisis de riesgos inherentes a las transformaciones que afectan intereses. Por lo anterior, mi voto será a favor de este dictamen, porque aunado a esto se reconoce la relevancia del acompañamiento de especialistas expertos y, sobre todo, de una ciudadanía que tendrá derecho a ser vigilante en todo momento. Ciudadanía que también habrá de asistir al análisis de las reformas necesarias a la Constitución a partir de un año de la puesta en marcha de este modelo, que permita valorar qué sirve o qué debe mejorar. Ciudadanía a la que no podemos seguirle negando una ley de la que depende la operatividad de una Fiscalía que resuelva y que verdaderamente sirva. Una Fiscalía que de manera gradual y paulatina recupere la confianza de quienes se han convencido que presentar una denuncia equivale a perder el tiempo. De quienes han debido padecer el maltrato de personal, intentando armar carpetas de investigación para encontrar a los suyos. De los miles de familiares y amigos que han visto reducidos al anonimato los nombres y las historias de sus seres queridos ante la ausencia de un equipo de expertos, investigadores y litigantes capaces de hacer suyos los casos y honrar, por lo menos, por medio de la verdad, de la reparación integral a cada una de las víctimas de los delitos que se cometen en México. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.