La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, diputado presidente, con su venia. Es dramático que hoy nos veamos obligados a traer nuevamente a esta tribuna un debate sobre la violencia y la inseguridad. La realidad nos rebasa. La irracionalidad y la crudeza de los hechos superan nuestra capacidad de asombro. Es difícil decirle a la sociedad que la estrategia del gobierno en su lucha contra la violencia está siendo exitosa. El casino Royale, Boca del Río, San Fernando, nunca terminaríamos si hacemos una relación de los lugares donde se han dado hechos de violencia con víctimas inocentes. La violencia en el país constituye sin duda un fenómeno complejo. La lucha contra la delincuencia organizada constituye una de sus expresiones más crudas y sus efectos en la sociedad, en la vida cotidiana de las familias y en los sectores más vulnerables de la población son ineludibles. Estamos de acuerdo en que ésta debe seguir. Sin embargo, no podemos ignorar el daño que ha provocado en el tejido social. Las miles de familias fragmentadas por la pérdida de padres e hijos nos colocan ante un reclamo que debe ser atendido con urgencia. El Estado no está cumpliendo. A cinco años no vemos por ningún lado los avances. La grave situación de inseguridad y de violencia que se registra en el país ha empezado a lastimar a las escuelas, a los trabajadores de la educación y a las comunidades educativas. Catalina Santos Vázquez, de 20 años de edad, José Sandoval Márquez y Bertín Márquez Brito, ambos de 23 años de edad, eran educadores que regresaban de una jornada de alfabetización y ahora se suman a las víctimas inocentes de la violencia. Sí al combate contra todo tipo de delincuencia, pero que el Estado cumpla con una de sus funciones básicas, garantizando la seguridad de las familias, de los niños y de las niñas. Y garantizando que el camino a la escuela y que la escuela misma sean espacios seguros para todos. Cada día más de 25 millones de niños y niñas y más de un millón de maestros y maestras se trasladan de sus hogares a sus centros educativos para recibir la educación que los formará como personas y ciudadanos. Esto se ha convertido hoy, en muchos lugares de nuestra República, en una actividad de alto riesgo. Es imperativo que pongamos un basta ya. Que las autoridades de todos los niveles consideren como una prioridad la seguridad en la escuela, la seguridad en el traslado a las escuelas de nuestros niños y niñas. Apenas hace unos días el Magisterio manifestó su profunda preocupación ante la ola de violencia e inseguridad que amenazaba a las comunidades educativas. Es evidente que la preocupación tiene fundamentos sólidos. Es evidente que ante esta situación no basta con discursos o expresiones de indignación. Lo que está en riesgo es el hacer efectivo el derecho a la educación. Pero más grave aún, la vida de nuestros niños y niñas, y de nuestros maestros. Es urgente que se tomen medidas inmediatas que garanticen seguridad y justicia en distintos estados de la República en los que se hayan registrado casos de violencia dirigida contra maestras y maestros. Coincidimos con el magisterio, que es urgente que se implementen acciones específicas que garanticen la efectiva seguridad de las niñas, de los niños y de los jóvenes, de las madres y padres de familia, de las trabajadoras y los trabajadores, que cotidianamente acuden a las escuelas a ejercer su derecho constitucional y humano a la educación. Queremos escuelas con cámaras, que permitan monitorear las calles alrededor de los planteles. Exigimos que en los horarios de ingreso y salida de los alumnos y alumnas las patrullas y vehículos de seguridad pública redoblen sus recorridos. Demandamos botones de pánico en las esquinas de las calles cercanas a las instituciones educativas y consideramos imperativo que se impartan cursos y talleres de prevención a padres de familia y maestros.