El diputado Marcos Aguilar Vega: Muchas gracias, presidente. Diputadas y diputados, a partir de la conformación de la República, la democracia como forma de gobierno ha tenido un papel esencial en la integración del Estado mexicano. Hoy es posible dar un paso más hacia su madurez y consolidación a través del mecanismo de democracia participativa y del cual Acción Nacional ha velado por su creación y puesta en práctica. Desde el mes de agosto del año 2000 en la, entonces, LVIII Legislatura representantes de Acción Nacional presentaron iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución, a fin de establecer las figuras de participación ciudadana como el referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. Es un hecho que Acción Nacional ha sido la voz de los ciudadanos desde la oposición y cuando formó gobierno para ampliar los espacios y mecanismos de participación en México. Sin embargo, los intereses de las mayorías rapaces, los corporativismos y el encubrimiento de parte de algunos actores políticos, ha callado la voz del pueblo. Fue hasta el gobierno panista en el año 2012, que la reforma constitucional en materia política para incorporar el mecanismo de consulta popular se consolidó, logrando con ello un avance de enorme relevancia para la democracia participativa. Es cierto que el texto actual en materia de consulta popular hoy día presenta dificultades en su aplicación. Es de todos conocido que su mecanismo, si bien está sustentado constitucionalmente, en la práctica contiene candados tan robustos que requieren considerables esfuerzos para llegar al resultado final. Esto es, que se lleve a su último término la democracia directa a través del mecanismo de consulta popular. En fechas recientes se convocaron por parte de Andrés Manuel López Obrador y Morena dos consultas fuera de la legalidad constitucional y del marco legal vigente, logrando con ello en primer lugar evidenciar la dificultad de realizar una consulta popular dentro de un plazo menor al de la jornada electoral federal. En segundo lugar, evidenciar que acorde a los requisitos vigentes no le era posible sustentar una consulta de carácter vinculante para las autoridades del Estado mexicano. Y, en tercer lugar, hacer notorio la simulación de un supuesto ejercicio de democracia participativa sobre decisiones de política pública previamente tomadas por él. Lo que vimos fue un acto de simulación. Lo que vimos fue el desprecio hacia los mecanismos constitucionales que nos hemos dado. En particular, lo establecido en el artículo 35 constitucional y lo que hicieron fue una encuesta excluyente, sesgada, sobre una decisión que ya estaba tomada. Eso, diputadas y diputados, se aleja de los principios democráticos. Eso no es democracia participativa, no es democracia directa, es una burla para los mexicanos. ¿Cómo conceder el beneficio de la duda respecto a la buena aplicación de este mecanismo, cuando les mintieron a los ciudadanos con esa encuesta sesgada sobre el aeropuerto? ¿Cómo creer que utilizarán de buena forma estos instrumentos de participación, cuando en estos meses de gobierno lo que menos han hecho es escuchar a la sociedad, a las madres de familia y niños que se han quedado sin estancias infantiles, o a las mujeres víctimas de violencia que se han quedado sin refugio? ¿Cómo creer que utilizarán la consulta para temas de relevancia nacional, cuando lo que hemos visto es que solo preguntan a conveniencia y para legitimar sus propuestas? ¿Cómo creerles cuando en campaña insistieron en que sacarían al Ejército de las calles y luego proponen esquemas de mandos militares para las tareas de seguridad pública? ¿Cómo creerles cuando López Obrador dijo a los mexicanos que no iba a interferir en la independencia judicial, si hoy tiene a una buena amiga como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Ahí sigue quedando en el aire el beneficio de la duda. Por ello en el PAN no estamos de acuerdo con el dictamen en sus términos. Nosotros creemos que hay que hacer modificaciones que son torales para que la consulta popular y la revocación de mandato no se conviertan en mecanismos de presión o de propaganda política. Acorde al dictamen que se encuentra a discusión se pretende otorgar mayores facilidades para la aplicación de la consulta popular y la nueva figura de la revocación de mandato. Sin embargo, en la misma se plasman los obstáculos para su cumplimiento e inaplicabilidad, por ejemplo, el dictamen establece que las consultas populares serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición del 1 por ciento de la lista nominal de electores, que ronda los 89 millones 125 mil ciudadanos. En otras palabras, se necesitarían cuando menos 891 mil 250 firmas, esto es, un poco menos de toda la participación de la consulta realizada por Andrés Manuel López Obrador, en donde la participación obtuvo una afluencia total de 925 mil 168 participantes. Acción Nacional propone disminuir este requisito en un punto 13 por ciento para hacer asequible la solicitud de consulta a tan solo 115 mil 862 ciudadanos. Por otra parte, no se establece el supuesto del incumplimiento al mandato popular, como es el desacato del carácter vinculante de la consulta. Acción Nacional propone que sea el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien vigilará el cumplimiento del resultado vinculante. Se reconoce que el ejercicio de la consulta popular en su momento fue realizado por tres de los partidos políticos con mayor representación nacional en México, dichas consultas fueron desechadas por no cubrir el test de constitucionalidad. Lo que el PAN propone es incorporar al dictamen que cuando se trate de una consulta solicitada por los ciudadanos la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá pronunciarse sobre la materia de consulta, previo a la recolección de las firmas, mediante el procedimiento que prevea la ley en la materia, lo que hará posible superar la constitucionalidad de la misma y evitando así su posterior frustración. Es importante para su aplicación que se fije un día específico para la realización de las consultas por parte del Instituto Nacional Electoral, ya que además de que se deben prever por parte de la autoridad los gastos relativos a la jornada de votación, se debe garantizar que los funcionarios y los ciudadanos que participen en la misma estén enterados y capacitados para este importante ejercicio republicano. Nosotros proponemos que sea el primer domingo del mes de junio de cada año. Por lo que hace a la figura de revocación del mandato, debemos tener prendidas todas las alertas. ¿Y por qué lo decimos? Porque los ejemplos son evidentes, se propuso la revocación de mandato en Venezuela y eso abrió la puerta a la ambición de Hugo Chávez para perpetuarse en el poder. Lo mismo ocurrió con Evo Morales, en Bolivia o con Ortega, en Nicaragua. Hoy, desde esta tribuna el PAN advierte los riesgos de aprobar la figura de revocación de mandato, como se observa en el dictamen. Miren, la gran virtud de los regímenes republicanos con sistema de gobierno presidencial, como lo es el caso de México, es que el presidente es elegido por un periodo constitucionalmente establecido. Es el caso de México donde los periodos presidenciales son de seis años y no existe la posibilidad de la reelección. De tal modo, los ciudadanos saben que elegirán a una persona para gobernar por un periodo limitado y que el presidente de la República no excederá en su encargo más allá del tiempo establecido. Esta característica del presidencialismo ofrece la oportunidad a los ciudadanos de votar cada seis años por la continuidad, no de una persona sino de un partido o forma de gobernar. O también tiene la posibilidad de dar un voto de castigo a un gobierno que a su juicio no haya funcionado o cumplido las expectativas. En México, desde el año 2000 hemos sido partícipes de la alternancia política que ha visto pasar distintos partidos y coaliciones electorales por la titularidad del Poder Ejecutivo. Este es uno de los grandes logros que nos ha brindado la transición a la democracia. Y hoy, hoy señoras y señores, no podemos tirarlos por la borda al votar por una propuesta con tintes populistas. Hay que voltear a ver la historia, hay que echar una mirada a lo que está pasando en otras latitudes para darnos cuenta del grave error que estaremos cometiendo si dejamos pasar este dictamen. En Acción Nacional lo decimos de forma contundente: no a la intervención del presidente de la República en las elecciones intermedias. El mandato constitucional del presidente es de seis años, es el tiempo que tiene para cumplirle a los mexicanos, ni más ni menos. Acción Nacional sí está de acuerdo con la evaluación del primer mandatario, sin embargo, no seremos parte de la simulación que pretende hacer Andrés Manuel y su mafia en el poder, ahora llamada cuarta transformación. Nosotros proponemos que la revocación sea, pasados los tres años del periodo constitucional del cargo de presidente. Que el proceso de evaluación sea en fecha distinta al de la elección intermedia, ya que dicha fecha es para elegir a los representantes populares, y la otra deberá ser para evaluar al gobernante en el ejercicio de su encargo. Que se establezcan reglas claras para que no se afecte el proceso electoral, garantizando la equidad y la imparcialidad en el proceso. Que no se tome como falso argumento el costo del proceso de evaluación si por parte de López Obrador y Morena se ha dicho que podrían hacer consultas con un costo aproximado de 1.5 millones de pesos. No queremos un presidente en campaña, queremos un presidente de tiempo completo que respete las elecciones federales de 2021 y que gobierne sin demagogia, sin populismos y para todos. Acción Nacional propone que el procedimiento de revocación de mandato sea la regularidad y no la excepción. Esto es, que sea convocado por el Instituto Nacional Electoral y no por el mismo presidente de la República o legisladores de cualquiera de las Cámaras del Congreso de la Unión. Esto evitará la simulación a la propuesta de campaña de López Obrador y que, efectivamente, pueda ser aplicada y votada por el pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar. Este es el postulado de Andrés Manuel López Obrador y, sin embargo, hoy, a través del presente dictamen que se discute miente sobre su verdadero propósito, que es cimentar el camino de su perpetuación en el poder. Que la cuarta transformación no sea el postulado para terminar con el sufragio efectivo, no reelección. Hoy esta Cámara de Diputados tendrá en sus manos la decisión sobre el legado de don Francisco I. Madero. Señores de Morena, escuchen y aprendan del pasado. Se los dijimos en el tema de Guardia Nacional y no hicieron caso. Sociedad y el Senado nos dieron la razón. Ahora tienen la oportunidad de discutir, mejorar el dictamen y obtener una votación unánime. Ustedes propiciaron que no hubiera posibilidad de debate en la comisión. Ustedes no quisieron escuchar a la sociedad y a los especialistas. Ustedes no quisieron Parlamento abierto. Nosotros estamos abiertos al diálogo, pero no a la simulación que hoy pretenden aprobar. Por lo anterior, las y los diputados integrantes del Partido de Acción Nacional votaremos en contra del dictamen, en vista de la simulación que pretende realizar el Partido Morena, el partido mayoritario de esta Cámara. Es cuanto, señor presidente.