EL DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso, señor Presidente. Arribamos al último periodo ordinario de sesiones de la LVIII Legislatura, a lo largo de la misma se han abordado numerosos temas de importancia y se han materializado un centenar de dictámenes legislativos, quedan sin embargo muchos temas pendientes. El balance de esta legislatura tendrá que incluir sus aciertos y sus omisiones. Acaso el mayor error ha sido hasta ahora la ausencia de una reforma constitucional indígena satisfactoria para los propios pueblos indios; no aceptamos en cambio la versión de que esta legislatura tenía la misión de continuar las reformas privatizadoras llamadas eufemísticamente reformas estructurales. Fue un acierto de la legislatura rechazar los impuestos a la alimentación, la salud y la educación, como ha sido también un mérito de la misma evitar hasta ahora la entrega de la industria eléctrica a los intereses económicos extranjeros. Ha prevalecido la vocación social a pesar de todo. En el discurso oficial, sin embargo, tiende a confundirse el cambio con las reformas estructurales y a ofrecerse éstas últimas como si fueran el primero. Sin embargo, dichas reformas ya se hacían por los gobiernos anteriores; los gobiernos que precedieron al actual llevaron a México a realizar 2 mil 500 privatizaciones y a firmar el Tratado de Libre Comercio. Todavía en 1999, el Presidente Zedillo propuso la reforma constitucional para abrir el sector eléctrico al capital extranjero. Si esa ruta era la que querían los mexicanos, nos preguntamos: ¿Para qué cambiar entonces de partido en el gobierno? La gente decidió hacer un cambio porque ya no quería seguir pagando el altísimo costo económico y social que generaron dichas privatizaciones y las mal llamadas reformas estructurales. Por eso, la tarea de esta Legislatura la concebimos más bien en el terreno social, amortiguando contradicciones, equilibrando desigualdades. En es sentido, hemos colaborado ampliamente con el gobierno de la República y donde haya coincidencia lo seguiremos haciendo. Lo apoyamos en la reforma a la administración pública, lo respaldamos para ampliar el gasto social en el presupuesto, lo respaldamos en la lucha contra la impunidad y en las salidas democráticas a los conflictos y especialmente nosotros lo apoyamos cuando propuso a esta soberanía la llamada Ley COCOPA en materia indígena. En este período apoyaremos la preocupación gubernamental de contar con una legislación contra la discriminación, por un servicio civil de carrera y por una legislación de juegos y sorteos sin casinos, entre otros temas. Vamos también por nuevos derechos de autor y por las legislaciones para el campo, a regular las remuneraciones de los servidores públicos y por la derogación de la pena de muerte, pues si estamos contra el crimen de la guerra, también estamos en consecuencia contra la crueldad que significa esta pena. Exhortamos a la Cámara de Diputados en su conjunto a lograr el máximo de acuerdos legislativos y a trabajar para alcanzarlos hasta el último momento. Este Congreso de la Unión no ha sido obstáculo alguno para el Gobierno Federal y no lo podría ser, cada poder del estado tiene sus propias atribuciones y el Ejecutivo tiene el mando de las fuerzas armadas y la fuerza pública, el ejercicio del presupuesto, el cobro de los impuestos, los programas sociales, el control de la empresa pública, la procuración de justicia, las aduanas y entre otras, la conducción de la política exterior. En el marco de la autonomía de cada poder, coindicimos en que es indispensable la unidad de todos por la paz. Respaldamos el mensaje del Presidente por la paz y coincidimos en que las vías diplomáticas no están canceladas. En este tema tan delicado y difícil, apreciamos la postura del Ejecutivo Federal y su resolución de discrepar con Estados Unidos, Gran Bretaña y España y lo apoyaremos con una definición congruente y permanente por la paz si se derivaran de ésta dificultades. Tenemos la obligación de seguir luchando contra la guerra hasta el último momento, debemos ver hacia el futuro y redefinir la relación de México con los Estados Unidos de América. Tanta dependencia económica construida en las últimas décadas, acrecienta las dificultades para tomar nuestras propias definiciones. El desarme por vías pacificas, es el camino correcto. Todos deben desarmarse, Irak e Israel, pero sobre todo los Estados Unidos, principal superpotencia económica, tecnológica, política, pero sobre todo militar del mundo. Las declaraciones de guerra del Gobierno de Estados Unidos constituyen una ruptura de la legalidad internacional y un golpe letal contra la organización de las Naciones Unidas. Condenamos el unilateralismo de los Estados Unidos y sobre todo su militarismo intervensionista y hoy más que nunca exigimos a todos unirnos también, además de por la paz, para defender nuestros energéticos, nuestra industria eléctrica, nuestra industria petrolera. Si ahora afrontamos dificultades para las definiciones, imaginémonos qué pasaría con nuestro país, si su electricidad y su petróleo, estuvieran en manos de las compañías norteamericanas. Una guerra por el petróleo, es también una amenaza para México, la industria petrolera es de todos los mexicanos, no se puede privatizar, no se puede extranjerizar, ni tampoco puede ser patrimonio de partido político alguno para ninguna campaña electoral. El presidente ha hecho un llamado a la unidad nacional, nosotros respondemos; Si, a la unidad nacional por la paz, pero también Si, a la unidad nacional para defender la empresa pública Si, a la unidad nacional para defender nuestros energéticos Si, a la unidad nacional para defender nuestro petróleo y nuestra electricidad Si, a la unidad nacional para defender nuestra soberanía, nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra autonomía, frente a la vecina superpotencia, que gobernada hoy por la locura de la muerte amenaza al planeta entero. Muchas gracias. -