EL DIP. JUAN ALCOCER FLORES: Con su venia, señora Presidenta en turno. El que suscribe diputado Juan Alcocer Flores, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ante esa soberanía, vengo a presentar la siguiente iniciativa de decreto con la siguiente: Exposición de Motivos Las bibliotecas son centros de información que requiere de un complejo sistema de administración que comprende desde mantener los acervos actualizados hasta la prestación de servicios especializados de consulta y referencia. Por otra parte, necesitan de personal capacitado y en constante actualización. La administración de una biblioteca debe ser encomendada a profesionales que cuenten con los conocimientos suficientes para realizar dicha labor, así como un compromiso con la calidad. Las bibliotecas deben ser valoradas como un elemento del desarrollo nacional, ya que en su interior se cultiva la educación de un pueblo, el conocimiento específico en diversas áreas del saber y la memoria de todo un país, además de que son el instrumento cotidiano en la toma de muchas de las decisiones trascendentales en los países desarrollados. Con la nueva conformación del Congreso Mexicano, se hace necesario contar con servicios eficientes de información que apoyen la toma de decisiones de los legisladores. Es por esto, que la necesidad de contar con una biblioteca que responda a los nuevos retos del quehacer parlamentario, resulta evidente. Actualmente, el sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión se compone de tres unidades: dos de la Cámara de Diputados y una del Senado de la República. El sistema de bibliotecas para brindar un eficiente servicio que satisfaga las necesidades del Poder Legislativo, requiere los más avanzados instrumentos de trabajo, es decir, la más moderna tecnología en materia de clasificación y almacenamiento de la información; las publicaciones más modernas y actualizadas y personal altamente capacitado para atender adecuadamente a los legisladores. La Comisión Bicameral del Sistema de Bibliotecas ha determinado que las condiciones que guardan las bibliotecas de la Cámara de Diputados, distan del nivel de calidad requerido. Es decir, existe un significativo atraso en la adquisición de materiales, especialmente los de procedencia extranjera, no se cuenta tampoco con una partida presupuestal para comprar las publicaciones que son objeto de depósito legall; los medios tecnológicos con los que trabaja en ella, no son los idóneos; el personal que labora, en su mayoría no está capacitado para las labores que desempeñan. En resumen, las bibliotecas con las que hoy dispone la Cámara de Diputados, no están en condiciones de prestar un servicio de alta calidad a los legisladores. Como antecedente, cabe señala que las bibliotecas hasta LVII Legislatura, estaban regidas por un Comité de Bibliotecas e Informática, es decir, era dirigidas por legisladores a quien todo funcionario rendía cuentas. Esto en su momento dio resultados muy positivos. Posteriormente, a finales de la pasada Legislatura, se propusieron cambios en la administración de las bibliotecas del Congreso, especialmente en la de la Cámara de Diputados, mediante reformas a la Ley Orgánica de 1999. Como resultado de dichas reformas, se dispuso que las bibliotecas fueran administradas por cuerpos burocráticos, lo que originalmente se consideró como un eficaz mecanismo de administración que dejaba a salvo la dirección de los trabajos de la biblioteca de los vaivenes político. Sin embargo, durante el transcurso de la presente Legislatura, hemos observado que los órganos burocráticos no han dado el resultado que se esperaba con la modificación, por el contrario, han caído en un estado de inactividad en su desempeño. Es por lo anterior que la biblioteca de la Cámara de Diputados, actualmente no cumple eficientemente con sus funciones, lo cual se traduce en que los usuarios que menos asisten a la biblioteca del Palacio de San Lázaro, sean precisamente los diputados y sus colaboradores. La biblioteca no ha podido lograr que los legisladores se acerquen a ello. Esto a su vez, ha ocasionado que no tenga grandes exigencias y mantenga una inercia de trabajo, que lejos de beneficiarla la perjudican. Es por las razones antes expuestas, que la presente iniciativa busca reivindicar para los legisladores, el control de estos importantes centros de información, ya que actualmente la Ley Orgánica limita la actuación de los diputados en las labores que la biblioteca lleva a cabo, limitación que resulta inconveniente, puesto que los diputados tienen una mejor apreciación de las necesidades del resto de los legisladores, además de que tienen un importante papel en el proceso legislativo, ya que aportan valiosos elementos para llevar a cabo iniciativas, dictámenes y cualquiera otra determinación de las Cámaras. En consecuencia, la actividad que desarrollan es prioritaria en la toma de decisiones de los legisladores, por lo que no puede cederse el control de tan importantes órganos a las instancias administrativas. Como claro ejemplo está el caso de la biblioteca del Senado de la República, en la que el control está en manos de los senadores mediante una comisión ordinaria, que es la responsable de conducir sus trabajos. En los últimos años esa biblioteca ha tenido un notable desempeño, ya que sin contar con grandes recursos, ha tenido un significativo crecimiento. Sin embargo, para eficientar su conducción, es conveniente centralizar la administración del sistema de bibliotecas en una sola comisión, ya que de esta manera las políticas que se instrumenten serán aplicables para la totalidad de las bibliotecas del Congreso, lo que tendrá como consecuencia la homogeneidad en los criterios de dirección y por ende en los servicios brindados a los legisladores, con lo cual se pretende lograr la calidad de desempeño requerida en dichas bibliotecas. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración del H. Congreso de la Unión, por conducto de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de decreto, con la cual se reforma el párrafo tres del artículo 134 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y se derogan el inciso f) del párrafo 1 del artículo 49 y la fracción IV del artículo 90 de la misma ley, la cual dejo una copia a la secretaría y solicito se inserte en el Diario de los Debates y se publique íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Por su atención muchísimas gracias. -PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Insertese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Públíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. La siguiente iniciativa agendada por el diputado Héctor Sánchez López, se pospone para otra sesión. Tiene la palabra la diputada Genoveva Domínguez Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforme el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. -DIP. GENOVEVA DOMINGUEZ RODRIGUEZ: Con su permiso señora presidenta: "Iniciativa para modificar el artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. "Exposición de Motivos.- Muchos gobiernos estatales y municipales se encuentran ante la necesidad de contar con suficientes recursos que les permitan impulsar el desarrollo de sus municipios y regiones. "Hoy más que nunca se entiende que la libertad política de los estados y municipios jamás será posible si la libertad económica no les está asegurada. Los gobiernos estatales y municipales del país, relegados por muchos años a desempeñar labores asistenciales o funciones de prestadores de servicios básicos, han venido luchando por una revisión de sus facultades y recursos que les otorga la legislación actual. "Ante la nueva realidad que vive el país, los gobiernos municipales se enfrentan al reto de convertirse en impulsores del desarrollo de sus municipios y de sus regiones. "Las finanzas públicas son un instrumento de política económica para ser utilizado en el desarrollo municipal y regional. "Por ello los avances en materia de democracia electoral han de ser complementados con la construcción de un federalismo hacendario que garantice las facultades y recursos que los tres ámbitos de gobierno requieren para cumplir con las funciones que la Constitución y la nueva realidad mexicana les exigen. "Dentro del proceso de la reforma del Estado y del federalismo, el ámbito fiscal y hacendario es uno de los principales temas a debate. El perfeccionamiento del sistema nacional de coordinación fiscal, debe contribuir a fortalecer las haciendas públicas estatales y municipales, logrando mantener el equilibrio de las finanzas de la Federación. "El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, ha buscado avanzar en distintos aspectos de las relaciones fiscales del Gobierno Federal, los estados y los municipios, como son: La armonización impositiva y la reducción de la tributación múltiple, la simplificación de los sistemas tributarios federal y estatal, el establecimiento y el perfeccionamiento de un sistema de transferencia de recursos intergubernamentales llamados participaciones, la colaboración administrativa en diversas materias impositivas y la creación y operación de organismos específicos de comunicación y diálogo entre las autoridades fiscales de los distintos ámbitos de gobierno. "Sin embargo, debe reconocerse que el sistema no ha cumplido sus objetivos y la situación financiera de los estados es frágil y alarmante. Ante esta realidad tenemos la obligación de contribuir para construir las bases que permitan dotar a los municipios, a las entidades federativas y a la Federación, de los recursos y facultades necesarias para hacer de las finanzas públicas un verdadero instrumento que impulse el desarrollo de todas las regiones del país. "Por ello, la iniciativa que hoy presento a su consideración, busca integrar a la recaudación federal participable la totalidad de los ingresos públicos, excluyendo de ellos únicamente los provenientes de desincorporaciones y venta de activos". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a su consideración la siguiente iniciativa de reformas al artículo 2º. de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 2º. El Fondo Federal de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus impuestos, así como por los derechos sobre la extracción de petróleo y de minería, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. No se incluirán en la recaudación federal participable los impuestos adicionales del 3% sobre el Impuesto General de Exportación de Petróleo Crudo, Gas Natural y sus Derivados y del 2% en las demás exportaciones, ni tampoco los derechos adicionales o los derechos extraordinarios sobre la extracción de petróleo. Tampoco se incluirá en la recaudación federal participable los incentivos que se establezcan en los convenios de colaboración administrativa ni los impuestos sobre tenencia o uso de vehículos y sobre automóviles nuevos de aquellas entidades que hubieran celebrado convenios de colaboración administrativa en materia de esos impuestos ni la parte de la recaudación correspondiente al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en que participen las entidades en los términos del artículo 3º. Inciso a) de esta ley. Ni la parte de la recaudación correspondiente a los contribuyentes pequeños que las entidades incorporen al Registro Federal de Contribuyentes en los artículos 3º. Inciso b) de esta ley. Ni el excedente de los ingresos que obtenga la federación por aplicar una tasa superior al 15% a los ingresos por la obtención de premios a los que se refieren los artículos 130 y 158 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. La modificación será para quedar como sigue: Artículo 2º. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 20% de la recaudación federal participable que obtenga la federación en un ejercicio. La recaudación federal participable será la que obtenga la federación por todos sus ingresos, disminuidos con el total de las devoluciones por los mismos conceptos. No se incluirán los ingresos provenientes de desincorporaciones o venta de activos. Es cuanto, señora presidenta.