La diputada Luisa María Alcalde Luján: Gracias, presidente. Empezamos esta discusión con un resultado ya anunciado. Estamos frente a la derrota de lo social sobre lo privado, el triunfo de una televisora sobre el derecho de 120 millones de mexicanos. Estamos encerrados en el escenario del cinismo aplaudiendo la aprobación de una reforma con las migajas que los grandes intereses nos concedieron modificar. Detengámonos unos minutos a imaginar lo que pudimos haber hecho si nos hubiéramos comportado como legisladores, con miras altas que actúan con independencia. Pudimos haber logrado que prendiendo la televisión gratuita pudiéramos escoger entre ver una telenovela o una película o un programa de reciclaje. Pudimos haber creado un instituto fuerte que nos protegiera de los abusos, de los excesivos costos de la telefonía y la televisión de paga. Pudimos haber fortalecido nuestros canales públicos para permitirle generar más contenidos propios, como es el caso de la BBC o la Televisión Española. Hubiéramos podido tener radios que incentivarán comunidad en las colonias, preparatorias, universidades, entre grupos de literatos, de científicos, de críticos de cine, donde hicieran sus entrevistas, invitaran a grupos musicales locales, felicitaran al mejor promedio de la primaria y pidieran plaquetas para un enfermo. En lugar de ello nos quedamos con lo que ya teníamos, un monopolio televisivo que manipula la información. Hemos escuchado un sinfín de tecnicismos y pataleos para justificar posiciones durante los últimos días, pero fuera de los discursos todo se reduce a cuestiones de sentido común. Veamos a cada uno de los temas. Preponderancia por sector y no por servicio. A ver, les pregunto, si queremos examinar el poder monopólico de una cementera debemos analizar el mercado del cemento o todo el sector de la construcción, incluyendo varillas, ladrillos, etcétera. O si queremos analizar el poder monopólico de una refresquera debemos hacerlo en el mercado del refresco o en todo el sector de alimentos y bebidas. Así, si queremos analizar el poder monopólico de una cablera lo debemos hacer en el mercado de la televisión por cable o en todo el sector de telecomunicaciones, que incluye Internet, telefonía fija, móvil, etcétera. Bueno, pues por muy lógico que suene los monopolios no serán determinados por cada uno de los servicios que nos prestan. Televisa, aunque controla el 61 por ciento de la televisión por cable y 70 por ciento de la televisión satélite, no será declarado monopolio porque no controla el mercado de la telefonía ni del Internet. ¿Alguien de ustedes se atreve a negar que Televisa es un monopolio? Presidente, le pido que por favor le pida a los legisladores que guarden silencio, porque se escucha aquí un ruido, que no me dejan continuar, que respeten a los oradores, porque por poco que les guste esta es la realidad. Segundo. Medidas asimétricas con efectividad nula en radiodifusión. Suponiendo que lográramos establecer los grupos empresariales monopólicos estos se tendrán que ver sujetos a una serie de obligaciones específicas que permitieran emparejar el terreno para que otros prestadores del servicio pudieran competir. Es como si pusieras a competir a la selección de Alemania de futbol contra el equipó de la colonia, para que hubiera una real competencia y se mejorara el espectáculo tendrán que haber reglas distintas para ambos, como por ejemplo dar cinco goles de ventaja o permitirles meter más jugadores. De la misma manera, si queremos competencia en televisión debemos establecer reglas diferenciadas para los monopolios, como sería brindar acceso a contenidos audiovisuales realizados por productores independientes en términos no discriminatorios. Bueno, pues por muy lógico que suene esto también las medidas asimétricas que se establecieron para los monopolios en radiodifusión no los tocan ni con el pétalo de la molestia, son obligaciones que prácticamente todos deben cumplir, ¿y quién concentra el 70 por ciento de la televisión abierta? Adivinaron, Televisa. Tercero. Desincorporación de activos como medida voluntaria. Cuando se aprobó la reforma constitucional y se dijo a todas voces que se acabarían los monopolios, algunos de nosotros nos atrevimos a pensar que las empresas que concentraran más del 50 por ciento se les obligaría a vender sus acciones excedentes para disminuir su participación en el mercado, como sucedió con AT&T en Estados Unidos o Microsoft en Europa, pues nada de eso. La desincorporación de activos no se contempla ni siquiera como sanción por incumplimiento de las medidas asimétricas, es una medida voluntaria para las empresas preponderantes. Cuarto. El colmo del descaro, la cláusula Cablecom. Se establece el artículo noveno transitorio como un traje a la medida para que Televisa, que no fue declarada preponderante en televisión de paga, aunque concentra el 60 por ciento, pueda continuar con la compra de cableras independientes sin siquiera pedir autorización al IFT. Quinto. Menosprecio de medios sociales, lo privado por encima de lo social. Países como Uruguay reservan el 33 por ciento del espacio radioeléctrico para medios sociales, su ley establece que el espacio radioeléctrico es patrimonio común de la humanidad sujeto a administración de los Estados, y por tanto el acceso equitativo a las frecuencias de todos los uruguayos constituye un principio general de la administración. En México nuestra Constitución también establece que el espacio radioeléctrico es propiedad de la nación, pero aunque el espacio es de todas y todos la Ley reserva a medios sociales únicamente el 10 por ciento de radio FM en alta frecuencia, es decir en el espacio de menor calidad donde se dificulta agarrar señal. Por si fuera poco, los limitan excesivamente en sus fuentes de financiamiento que les permitan sobrevivir y operar, condenándolas a prácticamente todas a desaparecer. Sexto. Aumento de publicidad. Todos sabemos que en México no hay contenidos acompañados de publicidad, hay publicidad acompañada de contenidos. La Ley establece para comerciales 12 minutos por hora, es decir el 20 por ciento, con la posibilidad de aumentarlos si se tiene producción nacional. Obviamente en ello no se contemplan los fondos de La Costeña o de Coca Cola mientras hablan los presentadores, las infinitas referencias a productos que aparecen continuamente de manera espontánea. Habría que incluir pinta tu raya con Comex en los árbitros, los infomerciales de Lolita Ayala, los programas matutinos como Hoy, donde sus conductores se dedican exclusivamente a promocionar productos. O sea que ante la pregunta de, ¿qué obtenemos los ciudadanos dueños del espacio radioeléctrico?, la respuesta es más publicidad. Séptima. La cereza del pastel; colaboración con la justicia. Recordarán que cuando Peña presentó su iniciativa la sociedad reaccionó indignada al saber que permitirían que cualquier instancia de seguridad y procuración de justicia, llámese Ministerio Público, PGR, procuradurías locales, Policía Federal, Segob, Ejército, Marina y Cisen, pudieran brincarse la Constitución y ordenar la geolocalización en tiempo real, el bloqueo de señales y el almacenamiento de datos personales sin mediar una investigación previa ni requerir la autorización de un juez. Y que en un intento por calmar las aguas, Lozano y el PRI prometieron dar marcha atrás y eliminar del dictamen estas medidas autoritarias. Pues no fue así. En un insulto a la inteligencia ciudadana maquillaron lo evidente, dejando todas estas figuras en el artículo 189 y 190. ¿En qué país existen leyes en materia de telecomunicaciones con técnicas de investigación aún más intrusivas que la propia ley penal? Sólo en México. Aquí concluyo, aquí estamos parados hoy, alardeando el único beneficio de la reforma, que es el no pago de larga distancia para evitar enfrentarnos a los enormes intereses y democratizar los medios de comunicación. Después de todas las expectativas en este tema quedamos como estábamos: ni competencia ni pluralidad ni diversidad de medios ni derechos de las audiencias ni radios comunitarias. Gracias.