El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputada Presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 24 y deroga el numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, bajo la siguiente Exposición de motivos Durante los últimos días la Suprema Corte de Justicia ha discutido la constitucionalidad de diversas disposiciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Esta discusión, independientemente de las posturas que se esgrimieron por parte de los ministros y de la resolución final que adoptó el Pleno de la Corte el día 27 de febrero de 2007, coloca el debate y solución final de esta controversia jurídica en el terreno del Congreso de la Unión. Le corresponde a éste corregir disposiciones jurídicas de carácter discriminatorio que atentan contra los derechos fundamentales de las personas. Como sabemos, la Suprema Corte declaró inconstitucional el numeral 45 del artículo 266 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas, como resultado del análisis de la revisión de diversos juicios de amparo interpuestos por militares puestos en retiro. Sin embargo, las disposiciones impugnadas siguen vigentes y seguirán siendo aplicadas por las autoridades militares, toda vez que las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo sólo tienen efectos en los individuos particulares o en las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que versa la demanda, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. No existe obligación jurídica alguna para la autoridad administrativa para regir su actuación con base en los criterios asumidos por al Suprema Corte de Justicia, ni siquiera cuando ésta establece jurisprudencia, ya que ésta sólo es obligatoria para los tribunales. Por ello es pertinente y necesaria esta reforma, con ello evitaremos largos procesos judiciales para hacer valer los derechos fundamentales de los militares. Este Congreso tiene la posibilidad y la obligación de subsanar los errores y vicios que contiene la ley que provocan interpretaciones que asumen que el legislador asume que los militares con VIH son un riesgo para la salud y la vida de los ciudadanos y el personal militar. Si no corregimos esta ley —y ahora estamos a tiempo— dejaremos la puerta abierta para que en las Fuerzas Armadas y en toda la actividad pública se expulse a los seropositivos —como bien lo advirtió el ministro Gudiño Pelayo— y que se asuma que la prevención de esta pandemia se encuentra en el aislamiento de las personas infectadas y que, en función general y para la protección del derecho a la salud y la vida de las mayorías, hay que segregar a todos los portadores de este mal. Tampoco es razón para sostener conductas discriminatorias, el hecho de que las Fuerzas Armadas tengan características propias y específicas como cuerpo militar regido por la disciplina, la obediencia y la disponibilidad absoluta. Esto de ningún modo justifica que un régimen normativo aplicable a los miembros del Ejército mexicano y la Marina pueda ser violatorio de los derechos fundamentales de las personas. Es más que evidente la inexistencia de razones científicas para sustentar la inutilidad de las personas con VIH, el estudio entregado por dos distinguidos integrantes de la Academia Mexicana de Ciencias, al ministro José Ramón Cosío, concluye: "El VIH y Sida son dos etapas de un mismo proceso infeccioso, cuya evolución se ha alterado y mejorado marcadamente con los tratamientos actuales, ampliamente disponibles en nuestro país. En pacientes con VIH/Sida, con adecuado tratamiento no existe ninguna limitación física ni mental que los proscriba de ninguna actividad laboral o social. El VIH y el Sida no deben ser considerados como una causa inmediata imputable para que los individuos afectados sean suspendidos de ninguna actividad, ni específicamente de las Fuerzas Armadas. En caso de existir secuelas por los padecimientos asociados al VIH y Sida cada caso puede ser evaluado en forma individual y reubicado y otorgado capacidad parcial o total, pero no suspender sus derechos". El ministro Juan Silva Meza, señala con respecto a la norma impugnada: "Lo expuesto en relación con esta norma oficial mexicana, y lo sostenido también por algunos de los señores ministros, en torno a la opinión científica de VIH/Sida, me hacen concluir: que es anacrónico considerar que el estar infectado de aquella enfermedad, convierte a la persona en un inútil que hay que segregar, pues la ciencia y la interpretación legal y administrativa aplicable al sistema de salud, en torno al citado padecimiento, se han empeñado en desvirtuar tal concepción, por lo tanto, en mi opinión la nueva Ley del ISSFAM, deviene claramente violatoria de la garantía de igualdad". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 1, 4, 73 fracción XIV, 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II, y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, quien suscribe somete a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa y fundamentado Se somete a consideración de la Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, para quedar como sigue: Artículo único. Se adiciona un párrafo segundo a la fracción V del artículo 24 y se deroga el numeral 45 de la segunda categoría del artículo 226 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas para quedar como sigue: Artículo 24. … Fracción V. Los padecimientos que no impliquen inutilidad física o mental para el desempeño de las obligaciones militares, no serán causa de retiro. Sin embargo, si el militar lo desea, tendrá derecho a que se le proporcione un empleo compatible con sus aptitudes. Artículo 226. ... Segunda categoría Numeral 45. Se deroga Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor un día después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Ejecutivo federal, con base en la información científica disponible, someterá a revisión las tablas referidas en el artículo 226 de la ley, para precisar las categorías y grados de accidentes o enfermedades que den origen a retiro por inutilidad y evitar conductas discriminatorias. Los resultados de dicha revisión serán remitidos al Congreso de la Unión en un plazo no mayor de 90 días naturales a la entrada en vigor del presente decreto. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de marzo de 2007. Firma el diputado Víctor Gabriel Varela López. Es todo, diputada Presidenta.