El diputado Rolando Rodrigo Zapata Bello: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros diputados, estoy convencido, como lo han dicho distinguidos constitucionalistas mexicanos, que un sistema federal como el nuestro es fuerte si y sólo si sus partes integrantes lo son, es decir, si sus entidades federativas lo son. Bajo ese concepto acudo ante el pleno de esta asamblea para exponer una iniciativa que pretende contribuir en la resolución de dos aspectos fundamentales para el funcionamiento del poder público: la relación entre los órdenes de gobierno y la eficiencia en el ejercicio de los recursos públicos. No se tratan ambos de asuntos menores, dadas las condiciones actuales de las finanzas públicas y la pluralidad política que hoy nos caracteriza. Fortalecer el federalismo es una tarea prioritaria a la que los legisladores integrantes de mi partido nos hemos abocado y es por eso que acudo a esta tribuna, en conjunto con los coordinadores estatales de mi grupo parlamentario, para presentar esta iniciativa dirigida a una eficaz coordinación entre órdenes de gobierno, así como la eficiente utilización de recursos y desempeño de funciones. En el tenor de un federalismo equilibrador, distante tanto del centralismo asfixiante como del localismo disolvente, esta iniciativa propone las funciones que deben realizar las delegaciones de las secretarías de Estado en las entidades federativas. Así, basándonos en el principio de subsidiariedad, se establece para tales delegaciones una competencia funcional en materias que no son exclusivas de la federación, delimitando su ámbito a actividades de carácter normativo, de supervisión o evaluación para programas que, de acuerdo con la iniciativa, los gobiernos de los estados deben operar, implementar y ejecutar. El sistema federalista es por definición un sistema enfocado a la distribución de competencias. El principio constitucional de la competencia residual dispone que las facultades que no están expresamente concebidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados. Para esta iniciativa es fundamental lo referente a cómo se debe ejercer la función pública en las entidades cuando se trata de facultades que no han sido exclusivamente designadas por mandato legal a la federación, pero que tampoco se ha prohibido su actuación en la materia. En estos casos, la federación, a través de sus oficinas de representación, delegaciones u organismos regionales, ha concentrado prácticamente la totalidad de las acciones públicas, ya que aquéllas diseñan, planean, regulan, programan, ejecutan y operan los más importantes programas y políticas en materias que no le son exclusivas. Esta iniciativa propone una distribución diferente de competencias funcionales que deben ser estructuradas en torno al principio de subsidiariedad. De esta manera, todo el proceso de implementación de políticas públicas debe estar destinado a que las autoridades locales sean quienes implementen y ejecuten directamente todos aquellos programas en los que se entregue un beneficio directo a la población, en atención a la lógica de jurisdicción territorial, participando, por supuesto, las autoridades centrales con funciones que les son más acordes a su naturaleza tales como la regulación y la supervisión. El planteamiento consiste en reasignar las funciones que deben tener los gobiernos locales y federal. De acuerdo con los principios de residualidad y subsidiaridad, las competencias funcionales originarias corresponden a las entidades federativas y ellas deben ejercer las funciones de gobierno que no hayan sido destinadas en exclusiva para las autoridades centrales. Con esta iniciativa de igual manera se pretende hacer más eficiente la utilización de los recursos que se destinan para los programas públicos en los que se otorga directamente un beneficio a la población, ya que propiciaría que los gobiernos de las entidades federativas, con sus dependencias correspondientes, que ya existen y ejercen funciones análogas, puedan ser los que implementen, operen y ejecuten dichos programas, reduciéndose así la carga administrativa y presupuestal que implica una parte importante del aparato burocrático y administrativo de algunas delegaciones federales. Compañeros diputados, con la presente propuesta se otorga el sustento jurídico a un aspecto en el que trabajaremos arduamente en la discusión presupuestal, el costo administrativo de las delegaciones federales. Avancemos en este sentido y hagamos más fuerte nuestro sistema federal. Es cuanto.