La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas, el derecho a la salud declarado en nuestra Constitución, consiste en un ideal, el gozar del máximo estado posible de bienestar biopsicosocial. Este bienestar se expresa en un cuerpo sano, íntegro, fuerte, consiste en el ámbito social, en un estado de seguridad, de protección a las personas y sus bienes, de vivir en paz, de tener oportunidades de convivencia, de trabajo y de recreación, pero sobre todo consiste en una mente sana con plena capacidad cognitiva, con el más alto desempeño intelectual, con la prolija capacidad de expresar sentimientos y pensamientos que permitan una relación humana basada en el respeto y la dignidad. Así, el dictamen que hoy se discute precisa ese vacío que existía, pues si bien la Ley General de Salud reconocía este derecho en las personas, no incluía con el suficiente énfasis las responsabilidades de asegurar salud mental en su mayor riesgo, el suicidio. La experiencia de vivir constituye la apertura cognitiva a nuestros deseos y nuestras voluntades. La conciencia de nuestra existencia se refleja en nuestra capacidad de adaptación al medio, pero sobre todo despierta nuestros sentimientos afectivos y nuestras intenciones de futuro. En situación de estrés, en condiciones de violencia crítica, cuando la vida se ve amenazada en forma constante, cuando la ausencia de perspectiva de futuro se anula, el deseo de terminar con la vida se hace presente. Así, el suicidio no es solo una condición patológica que surge de una mente sicótica, es también producto de las condiciones del medio social. Es por eso que para el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la iniciativa que hoy se discute pone el acento en la responsabilidad del Estado de promover una adecuada salud mental para detener los alarmantes índices de suicidio, particularmente el incremento del suicido en jóvenes. Es completamente entendible que alguien disponga de su vida en la vejez y ante una enfermedad terminal, cuando todo futuro se ve agotado, pero que las personas jóvenes se suiciden, tal como lo señala el diagnóstico presente en la iniciativa que da origen al dictamen, nos muestra cómo ha impactado en la vida de las personas la crisis social, moral, económica y de violencia que se ha desatado en los últimos años en nuestro país. Si bien el dictamen que está sujeto a aprobación respeta un avance sustantivo en el reconocimiento de una verdad lacerante, es justo reconocer que hace falta insistir en la generación de mecanismos que aseguren el futuro para los jóvenes. Cuando un individuo llega a la conclusión de que la vida debe terminar en el momento de mayor potencial, se presenta el fracaso de una sociedad incapaz de ofrecer un futuro para todos y todas. Que uno solo se suicide sin sufrir una patología mental, ya es un drama. ¿Cómo llamaríamos a una tasa de suicidio de 7.5 por cada 100 mil? No quiero excluir la importancia que tiene el suicidio a cualquier edad, pero la reducción de la edad de las personas suicidas es un signo de debilitamiento de la red social de apoyo, una fractura de la capacidad del sistema social de ofrecer un futuro, y sobre todo, evidenciar las deficiencias del Estado y asegurar la salud integral de las personas. Por esta razón el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano va a favor de estas modificaciones, y su servidora siempre estará atenta y apoyando el bienestar de las personas que vayan a reforzar los temas de atención de salud mental. Invito a las diputadas y a los diputados de todos los demás partidos, como hoy lo hacemos en nuestro grupo, que logremos armonizar la salud para todos y que no se recorte ningún gasto de esos programas del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2017 en materia de salud, ya que de lo contrario estaríamos expuestos a un sinnúmero de problemas que pueden ir en detrimento de la vida sana de las personas en cuestión; se manifiesta que en el acceso al expediente clínico en nuestro país, enfrenta algunas problemáticas relacionadas con la negativa de acceso a la información, en concreto a la negativa de algunas autoridades del sector salud e instituciones privadas de brindar al usuario de los servicios médicos la información de mérito; asimismo se ha presentado la dificultad de los representantes legales e incluso de los adeudos de un paciente para acceder a los referidos datos, lo cual implica un problema para la decisión y conclusión de trámites legales de importancia. Por lo anterior, en el año 2009, el entonces Instituto Federal del Acceso a la Información emitió un criterio que estamos de acuerdo que los derechos de los pacientes a su expediente que se ha llevado con discrecionalidad, debe de ser un derecho, por lo tanto el grupo de Movimiento Ciudadano, estamos de acuerdo en los dos dictámenes. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.