La diputada Teresa del Carmen Incháustegui Romero: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados: México es hoy de nuevo noticia de primera plana en todo el mundo. La masacre en contra de adolescentes y jóvenes deportistas, sin vínculos con las bandas de narcotráfico, ultimados por un comando armado mientras celebraban una fiesta, muestra a ojos vistas de todo el mundo la falacia con que se cubre la fallida guerra contra el narco. No es cierto que los asesinatos, que siembran de terror a una parte de nuestra dolida geografía, sean producto de la rivalidad entre las bandas. Es falso que el narco esté acorralado. Es mentira que vayamos ganando en esta guerra. Esta masacre que nos llena de dolor e indignación se produce justamente en el epicentro de la guerra contra el narcotráfico, en el sitio donde el despliegue policiaco y militar es más intenso que en ninguna otra parte del país, donde se ha duplicado la fuerza policial, donde miles de cámaras registran e identifican los movimientos de pobladores y de automóviles. ¿Dónde estaban las fuerzas federales cuando el convoy de sicarios se trasladaba por las calles de Ciudad Juárez? ¿Dónde están los resultados del Centro de Inteligencia policial que nos vino a presumir el secretario de Gobernación, en la Comisión Permanente, escasamente hace una semana, mientras las Hummer de estos sicarios viajaban por las calles y ultimaban a los jóvenes? Al contrario de lo que se nos dice, este acontecimiento ratifica lo que ya se ha señalado aquí muchísimas veces, y a lo que se ha prestado oídos sordos: que la estrategia asumida por el gobierno no está dando los resultados esperados. Que contrariamente a lo que se afirma, las condiciones de inseguridad son más alarmantes cada día. Que la sustitución de cuerpos policiales, municipales o estatales, de ministerios públicos y hasta de jueces, por fuerzas militarles no es el camino para generar seguridad y fortalecer los derechos ciudadanos. Que se requiere profesionalización, coordinación entre niveles de gobierno y sobre todo inteligencia anticriminal. Que se requiere arraigo en enfoques preventivos con miras a recuperar el terreno social, etcétera. En todo caso, ya que el mal está hecho, desde esta soberanía pongamos condiciones y límites, en tiempo y forma, a la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, que cuidemos también a esta institución del desgaste y la mala imagen a la que la estamos sometiendo, poniéndola a realizar labores que no le corresponden y para las que no tienen formación. Sobre todo, señoras diputadas y señores diputados, no caigamos en la tentación de creer que atropellando derechos humanos y suprimiendo garantías democráticas vamos a poder avanzar en el combate al crimen organizado. Es falso que, como se ha dicho, es difícil reducir el poder del crimen organizado y frenar su violencia bajo condiciones democráticas. La democracia no es un obstáculo al combate de la criminalidad, sino todo lo contrario. Las dificultades para erradicar la impunidad y la corrupción incrustada en cuerpos policiales se elevan ante la falta de transparencia y en la ausencia de mecanismos para auditar su desempeño. Es con más democracia y más transparencia que podemos combatir esta impunidad; no es suprimiendo garantías. No caigamos en tentaciones autoritarias. Requerimos entonces, compañeras diputadas y compañeros diputados, tomar muy en serio esta cuestión y no solamente preocuparnos, sino ocuparnos activamente. Necesitamos discutir una ley que ponga límites y condiciones y sobre todo, que dé muestras a la ciudadanía de que no estamos pasivos frente a cuestiones como éstas, que lesionan tanto y nos indignan tanto, y nos lastiman tanto como pueblo, como ciudadanos y también como instituciones públicas. Muchas gracias.