El diputado Porfirio Muñoz Ledo: Con su venia, señor presidente. Es una situación grave la que el país vive. Hay una doble violación del orden constitucional, la una sirve de pretexto a la otra. No olvidemos la toma de nota que es sólo un procedimiento administrativo. Un sindicato registrado no puede ser disuelto por ninguna autoridad. El debate de estos días ha arrojado, para mí, 10 grandes conclusiones. La primera, que ninguna decisión administrativa puede afectar la existencia de un sindicato, ni sus actividades, ni menos deponer a sus autoridades. Que la Convención 87 de la OIT sobre libertad sindical prohíbe absolutamente a las autoridades cualquier forma de intervención en la vida interna de los sindicatos. Y que teniendo rango constitucional justifica con creces la petición de una controversia constitucional que ha sido aquí traída por el diputado Cárdenas Gracia. En tercer término, que existiendo la empresa y existiendo el sindicato, subsiste la materia de trabajo y la relación laboral. Lo que el gobierno está haciendo es esquirolismo. La titularidad del contrato la sigue teniendo el sindicato. Cuarto. Que el tema de la rentabilidad es absurdo, la Secretaría de la Función Pública verificó ?ahora también en vías de extinción? el 10 de junio los resultados del Comité Mixto de Productividad y dio una calificación de 93.8 por ciento al cumplimiento de las metas pactadas entre el sindicato y la empresa. Quinto. Que no existen tales privilegios sindicales. La mitad de los trabajadores gana menos de 6 mil pesos, que es la mitad de un salario mínimo en Estados Unidos de América. Eso es lo que gana un trabajador; un mesero de Los Ángeles o de Houston, gana el doble. Que ha perdido el sindicato, cosa que se olvida; el 28 por ciento de los sueldos de los trabajadores sindicalizados se ha perdido, en los últimos 25 años; el deterioro del salario mínimo, 78 por ciento; el deterioro del salario promedio es 62 por ciento; el deterioro del salario contractual es de 41 por ciento; el deterioro del salario de los sindicatos fuertes es en promedio de 25. Ha perdido 28 puntos el ingreso de los trabajadores. Que están actuando en sentido contrario a todo el mundo. El gobierno de los Estados Unidos, la Unión Europea, están promoviendo en este momento, la contratación colectiva para transferir recursos a las clases medias y trabajadoras a efecto de vencer los estragos de la crisis. Que se están transfiriendo rápidamente las concesiones a particulares, como los de la fibra óptica, mismo procedimiento que se siguió en Petróleos Mexicanos y lo están haciendo a miembros de la clase gobernante y a sus aliados políticos y económicos. Que el subsidio de 40 mil millones que mentirosamente dijo Calderón que es para extravagancias de los trabajadores, está probado en el informe, es para el déficit de dinero, para la compra de electricidad a la Comisión Federal a la CFE. Ni un centavo de ese subsidio va a salarios ni prestaciones de los trabajadores. Que hay un número importante que habrá de hacerse público si la investigación se realiza, de empresas privadas y de dependencias públicas que no pagan el uso de energía eléctrica, comenzando por Los Pinos. Ha quedado también de manifiesto que si bien subsiste la relación obrero-patronal, lo que ya no existe, si la compañía desaparece, son los contratos de prestación de servicios de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro con los usuarios que simplemente ya no tenemos a quien pagarle. No estoy haciendo una invitación para la huelga de pagos. Termino diciendo ¿por qué no aplicamos un artículo, una fracción o dos de un artículo de la Constitución? Desde que entró por la puerta de atrás, este gobierno ha mostrado ser fraudulento, mentiroso y golpista. Propongo que ahora sí cumplamos lo que dice la fracción XXVI y XXVII del artículo 73, la facultad de aceptar la licencia al presidente de la república, si tuviese una enfermedad, así fuera mental. Y la otra, la de aceptar su renuncia y crear un colegio electoral para que designe presidente interino de México. De otro modo vamos a arrepentirnos. El que da un golpe de mano a una empresa del Estado, puede dar un golpe de Estado al Congreso de la Unión.