El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias. Con su permiso, diputado presidente. Antes de iniciar con la presentación de esta iniciativa permítanme un momento para citar el testimonio de una mujer indígena que durante años vivió un suplicio por falta de agua en su hogar. Hace una década tenía que levantarme a las tres de la mañana todos los días y caminar cinco kilómetros para recoger agua en el río. No volvía a casa antes de las 10, lo que significaba que a menudo mis hijos no tuvieran agua para lavarse y desayunar. Con frecuencia llegaban tarde a la escuela y sin haberse alimentado debido a mi ausencia. Compañeras y compañeros diputados, para las comunidades indígenas más alejadas recoger agua puede llevar casi todo el día. En el caso de las mujeres indígenas la falta de agua puede llevar a provocar peleas e incluso al maltrato hacia las esposas, que en muchos casos son obligadas a llevar el líquido vital. Compañeras y compañeros diputados, el siglo XXI representa para México la oportunidad de atender de fondo varios de los problemas que durante décadas han padecido las y los mexicanos. En este contexto, los desafíos que plantea el derecho humano al agua son diversos. Por eso, en México desde hace algunos años se han llevado a cabo diversas modificaciones jurídicas que representan una contribución sustantiva para garantizar el derecho al recurso más valioso: el agua. Desde los problemas de sensibilidad, asequibilidad, calidad, principios establecidos en nuestra Carta Magna, se requieren estrategias y acciones contundentes por parte del Estado mexicano, particularmente acciones enfocadas a replantear los esquemas todavía vigentes de gestión del agua, por un nuevo modelo de gestión integral del vital líquido. En México, desde el año de 1992, con el surgimiento de la Ley de Aguas Nacionales y las posteriores reformas del año 2004 y del 2012, la ley estableció modelos de gestión en cuencas hídricas por medio de instituciones reconocidas como consejos de cuenca, donde se proponían espacios de participación ciudadana en la toma de las decisiones. Los diversos cambios socioeconómicos, políticos e inclusive en algunos casos geográficos y naturales, han generado modificaciones en dichos esquemas de gestión y participación, mismos que en su gran mayoría han privilegiado a las ciudades y a las grandes urbes, discriminando en la toma de decisiones en torno al agua a las comunidades indígenas de nuestro país. México es un país multicultural, así lo establece nuestra Constitución Política en diversos artículos, en los que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas. A pesar de lo anterior, la Ley de Aguas Nacionales no establece alguna referencia específica al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en lo referente a su participación en la gestión de este recurso. Por lo que al momento de la toma de decisiones respecto a los recursos hídricos se excluye a las poblaciones indígenas, privilegiando siempre a los grandes usuarios del agua, principalmente en donde el uso es urbano, industrial y energético. Un indicador de la desigualdad que impera en nuestro país, se refleja en la toma de decisiones, particularmente al momento de apartar a las poblaciones indígenas de la planeación del sistema de manejo de cuenca, en donde se le está negando el derecho que mandata, tanto nuestra Constitución como distintos tratados internacionales en esta materia. De manera que la iniciativa que presento ante esta soberanía tiene como objetivo primordial reconocer el derecho que corresponde a los pueblos indígenas en materia de agua, toda vez que su visión enriquecerá la adición de gestión del agua en cuanto al manejo, la administración y la conservación de este recurso invaluable. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, los problemas que derivan del esquema actual de gestión hídrica requieren una atención especial, siempre con una visión social. Por ello, hemos establecido una alianza por el agua, para proteger este recurso que la naturaleza nos ha brindado, de ahí nos resulta imperativo dar al tema del agua la relevancia que se merece. Ahora nos corresponde a todas y a todos, sociedad civil, comunidades indígenas, gobierno, establecer los mecanismos que nos permitan transitar en la dirección de un modelo democratizador del vital líquido. En virtud de lo anterior, confiamos que la presente iniciativa que pretende incluir en la Ley de Aguas Nacionales la participación efectiva de los pueblos y comunidades indígenas de México, pueda ser respaldada en todas sus etapas del proceso legislativo, al cual deberá ser sometida. Por su atención y sobre todo por su respaldo, compañeras y compañeros, muchas gracias.