El diputado Salvador Vega Casillas: Con su permiso diputado Presidente. Acudo a esta tribuna a hacer una revisión del dictamen que se ha presentado aquí de la Cuenta Pública, este lamentable y a destiempo dictamen. No solamente eso; es además completamente contradictorio. Si nosotros leemos el dictamen, lo que dice el cuerpo del dictamen es que de manera general la cuenta estuvo presentada y se observaron los principios de contabilidad y los ordenamientos legales. Los considerandos del mismo dictamen dicen exactamente lo mismo, pero al final en las conclusiones, se concluye lo contrario. Por otra parte, hay una gran cantidad de errores o falsedades en los datos de la Cuenta Pública. Por un lado se dice que el crecimiento del gasto de capital, se señala una tasa real del 6.2%, cuando el dato es del 6.7 o en el caso del crecimiento real del gasto programable, del cual fue del 4.0 en 2001 respecto al 2000 y en el informe se señala que es del 3.5. Como esto, podemos observar una gran cantidad de errores o de falsedades -como se le quiera llamar- en la elaboración de este dictamen. Por otro lado, se presentan también una gran cantidad de información con carácter tendencioso. Se dice que hay subejercicio, pero no se aclara que la mayoría de lo no ejercido fue por eficiencia en el uso de los recursos, porque se dejaron de pagar intereses por eficiencia, porque no se pagaron comisiones y gasto de deuda, así como menores pagos en ADEFAS y todos estos conceptos que son del gasto no programable. Por otro lado, en el gasto programable, el 50.4% de lo que se pagó de menos fue por medidas de racionalización y por concepto de ahorro en gasto corriente, pero se toman todas las excepciones y después se hacen aparecer en el dictamen como si fuera la norma. Por otra parte, para la elaboración de este dictamen se le solicitó, del dictamen que presentó el diputado Huizar y que elaboró el diputado Huizar, se le solicitó opinión a la Comisión de Vigilancia. La Comisión de Vigilancia emitió su opinión por escrito, pero se ignoró parcialmente los datos y se ignoró totalmente las conclusiones a que se llegó o que emitimos en la Comisión de Vigilancia. Asimismo, las conclusiones que la Auditoría Superior de la Federación hizo y tomó, se ignoraron completamente para la elaboración del dictamen. Este dictamen además viola la Constitución. El artículo 79 fracción II le otorga las facultades de dictaminar la Cuenta Pública al Auditor Superior de la Federación. El artículo 31 de la Ley de Fiscalización Superior, en el Inciso A dice que el informe que debe de presentar el Auditor debe de incluir los dictámenes de la Cuenta Pública. Por supuesto que todo esto fue ignorado, todo esto fue ignorado y me parece que después de ver los atropellos a la ley, los datos falsos, las falsas conclusiones, los datos contradictorios que contiene el dictamen, me parece a mí natural que el diputado Huízar, sospeche de los queremos cumplir la ley. Por otra parte, esto atenta completamente contra los avances que en materia de fiscalización hemos tenido en este país, porque la idea de los cambios de fiscalización era que fueran dictaminados por un órgano técnico y no político, cosa que por supuesto deja atrás y atropella la presentación de este dictamen. Por otro lado, de los datos y de las observaciones que hay, en el caso de los criterios de registro y revelación que no implican, de ninguna manera un efecto económico, el 100 por ciento fue solventado. En el caso del IPAB, que significa el 13 por ciento de las observaciones, la mayoría, el 42 por ciento está solventado, el resto está siendo satisfactoriamente cubierto por el nuevo programa que el IPAB ha firmado, que establece por una parte el pago de 9 mil 500 millones de pesos que se han pagado ya por parte de los bancos en los créditos relacionados, los créditos menores y los otros están en litigios, pero está perfectamente claro, estos fincamientos por supuesto que corresponden al ejercicio 95 y 96 y no al 2001, que es el que hoy nos ocupa. Y en el caso de la observancia de las normas, mil 600 millones de pesos son de las facultades que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para ampliaciones presupuestales y los otros mil 570 millones de pesos corresponden a entes autónomos y a estados y municipios y los derechos de trámite aduanero, corresponden por supuesto a un trámite que está en litigio en estos momentos. Ya para concluir, es claro que se tomaron datos falsos, es claro que se trataron de ocultar los verdaderos resultados, es claro que se ignoraron las opiniones. Concluyo diputado, pero el motivo de fondo de esto, es que el partido de la corrupción probada, el Partido de René Bejarano, de Carlos Imaz, no puede aceptar de cara al pueblo, que ésta es la mejor cuenta y la más transparente que se ha presentado en este país. (Aplausos)