La presidenta diputada Ma. Sara Rocha Medina: Adelante, diputado. El diputado Marco Antonio Medina PÃ©rez: CompaÃ±eras y compaÃ±eros legisladores, vengo a presentar, a nombre de la ComisiÃ³n de Justicia, dictamen con proyecto de decreto que modifica diversos artÃ­culos de la Ley de ExtradiciÃ³n Internacional. La certeza jurÃ­dica representa uno de los pilares esenciales del Estado de derecho, este principio fundamental guarda especial relevancia cuando se trata de guiar las actividades, las actuaciones de las autoridades e instituciones del paÃ­s, y salvaguardar la supremacÃ­a constitucional. En este sentido, conviene precisar que el 14 de diciembre del 2018 se publicÃ³ en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n el decreto por el que se expide la Ley OrgÃ¡nica de la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica, para la transformaciÃ³n de la ProcuradurÃ­a General a una FiscalÃ­a General y robustecer las funciones e independencia del Ministerio PÃºblico. Por otra parte, derivado de la reforma constitucional en materia de la reforma polÃ­tica de la Ciudad de MÃ©xico, publicada el 29 de enero de 2016, se concibiÃ³ al Distrito Federal como una entidad federativa denominada Ciudad de MÃ©xico, con un rango de autonomÃ­a propio, con la potestad de poseer su propia ConstituciÃ³n, a la luz de las previsiones de la propia ConstituciÃ³n General, considerÃ¡ndose la doble condiciÃ³n de capital de los Estados Unidos Mexicanos y sede de los Poderes de la UniÃ³n. Bajo esta tesitura, es importante ajustar el marco jurÃ­dico a lo que la realidad nos demanda. Por tanto, es indispensable armonizar la normativa, a efecto de que en coherencia con las reformas realizadas a la ConstituciÃ³n se haga referencia en la Ley de ExtradiciÃ³n Internacional a la Ciudad de MÃ©xico y a la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica, y no asÃ­ al antiguo Distrito Federal y a la antigua ProcuradurÃ­a. Por ello, en la ComisiÃ³n de Justicia coincidimos en la intencionalidad de la iniciativa, respecto a la importancia de legislar conforme a los principios de certeza y seguridad jurÃ­dica, a fin de dotar de claridad y precisiÃ³n a las normas. En ese sentido, es necesario incluir en el texto legal las nuevas denominaciones de las instituciones y de entidades federativas para una correcta interpretaciÃ³n y mejor entendimiento de la ley, puesto que, al tratarse de disposiciones imperativas, el valor y el sentido de la norma no se explican ni se ilustran con aclaraciones. De esta manera, se reforma el precepto normativo, a fin de que las peticiones de extradiciones que formulen las autoridades competentes federales o del fuero comÃºn de la Ciudad de MÃ©xico serÃ¡n tramitadas ante la SecretarÃ­a de Relaciones Exteriores, por conducto de la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica. En igual sentido, se contempla que en caso de que la SecretarÃ­a de Relaciones Exteriores estimare que hay fundamento, se tramitarÃ¡ la peticiÃ³n al fiscal general de la RepÃºblica, quien de inmediato promoverÃ¡ ante el juez de distrito el dictado de las medidas apropiadas. Por otra parte, el dictamen prevÃ© que, una vez resuelta la admisiÃ³n de la peticiÃ³n, la SecretarÃ­a de Relaciones Exteriores enviarÃ¡ la requisitoria al fiscal general de la RepÃºblica. Asimismo, se estipula que en caso de desconocerse el paradero del juez de distrito de la jurisdicciÃ³n donde se encuentra el reclamado, serÃ¡ competente el juez de distrito en materia penal en turno de la Ciudad de MÃ©xico. Por otro lado, las disposiciones reformadas seÃ±alan que, si el reclamado fuere mexicano y por ese solo motivo se rehusare la extradiciÃ³n, la SecretarÃ­a de Relaciones Exteriores notificarÃ¡ el acuerdo respectivo al detenido y al fiscal general de la RepÃºblica, poniÃ©ndolo a su disposiciÃ³n y remitiÃ©ndole el expediente, para que el Ministerio PÃºblico consigne el caso al tribunal competente. Finalmente, se pretende que, a la entrega del reclamado, previo aviso a la SecretarÃ­a de GobernaciÃ³n, serÃ¡ efectuada por la FiscalÃ­a General de la RepÃºblica. Con esta reforma se reafirma que la buena tÃ©cnica legislativa requiere un conocimiento profundo del Ã¡mbito institucional, informaciÃ³n mÃºltiple y procedimientos y fÃ³rmulas estandarizadas que puedan aplicarse a la elaboraciÃ³n de las leyes y que permitan salvaguardar los principios fundamentales del Estado de derecho. Por ello, los invito votar a favor de este dictamen que, si bien pareciera ser una adecuaciÃ³n ligera y sobria, abona positivamente a la claridad y ejecuciÃ³n de la norma. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias.