El diputado Jaime Flores Castañeda: Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, somete a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto al tenor de la siguiente Exposición de motivos El Código de Justicia Militar define al Ejército como la fuerza pública de diversas milicias, armas y cuerpos que sirven a la nación para hacer la guerra en defensa de su independencia, integridad y decoro, y para asegurar el orden constitucional y la paz interior. El Ejército tiene estructuras, reglamentos, doctrinas y modalidades institucionales cuyas bases se establecieron en los años 30, aunque han tenido transformaciones, éstas no han tocado su esencia. Constitucionalmente en las leyes que regulan la actividad del Ejército, se desprenden tres planes de guerra y doctrinas para impulsar el despliegue de las Fuerzas Armadas. El DN-I, que consiste en la preparación para la defensa externa; DN-II para garantizar la seguridad interna y la paz social, y DN-III para proteger a la población en caso de desastres naturales. La guerra externa, en realidad, está muy lejana como escenario de combate, por lo que del DN-I se mantiene sólo en la esfera de la hipótesis de guerra. La gran polémica se da con el plan DN-II, es la esencia principalmente del Ejército y es para el que está dividido militarmente el país en 12 regiones y 40 zonas militares. La Armada se organiza en seis regiones navales: tres en el Pacífico, tres en el Golfo y El Caribe. Y la Fuerza Aérea en tres: centro, norte y sur. Las misiones del DN-II son amplias, van desde la preparación y entrenamiento para la guerra contra el narcotráfico. Constitucionalmente lo hacen en apoyo de la Procuraduría General de la República, la contrainsurgencia, el apoyo a ineficaces fuerzas de seguridad pública, la realización de acción cívica, como por ejemplo: vacunas y odontología en zonas rurales marginadas, hasta misiones de protección de la naturaleza. El Ejército se ve frente a un dilema. Ser el apoyo de un estado que no puede recomponer la estabilidad política y, por tanto, su función se guía en el ámbito del DN-II, sobre encargado de misiones o por el contrario, el Estado se modernizará, el sistema político reconstruirá mecanismos y modalidades de estabilidad y el Ejército podrá profesionalizarse y modernizarse. La modernización y profesionalización del Ejército no dependerá de él en sí mismo, está a la deriva del proceso de transición que sea exitoso o no y que muchos de los conflictos se pueden resolver en el futuro o por otras dependencias del Estado. Como, por ejemplo, las campañas de salud y odontológicas en esencia son una misión de la Secretaría de Salud. Otro caso es la guerra al narcotráfico. Sólo así se replegará el Ejército a sus cuarteles. Se deben desarrollar capacidades que efectivamente logren el desarme de los insurrectos, sin aplicarles violencia retensiva militar. Por ello, el dilema de las Fuerzas Armadas dependerá de un tránsito exitoso a la democracia y de una reforma de estructuras políticas, económicas y sociales, sólo así la milicia se podrá concentrar en sus misiones constitucionales fundamentales y no siga focalizando su acción como históricamente ha sido en el mantenimiento de la paz social y la seguridad interna. El aumento del crimen o su contención eficaz depende de dos circunstancias: del éxito de la transición económica, social y política, y del éxito y generalización de la reforma, democratización, modernización y profesionalización de todos los lazos del Estado mexicano. Es decir, de que el proceso de destrucción institucional de las partes del Estado propias del modelo autoritario que generaban corrupción e ineficacia debe acompañarse de un proceso de construcción institucional. Esta construcción institucional es urgente en los sistemas de impartición de justicia, prevención del delito y cuerpos de seguridad. La fuerza será utilizada sólo en legítima defensa, para hacer cumplir la ley, salvaguardar un bien jurídico o el ejercicio de un derecho. En la llamada Guerra contra el crimen organizado emprendida por el gobierno del presidente Felipe Calderón, se ha involucrado a todos los órganos de seguridad del Estado, en especial el Ejército. Esta guerra ha tenido hasta ahora muy pocos resultados, respecto al objetivo propuesto, pero sí en una serie de hechos lamentables contra la población civil, que sin verse protegida en muchos de los casos se ve amenazada por las medidas estrictas a que se someten al tener que afrontar las medidas que toman las Fuerzas Armadas y policíacas en este esfuerzo. Por desgracia en esta lucha se han suscitado, en número cada vez más creciente, hechos funestos en los que se han visto involucradas personas inocentes, contando niños, madres, jóvenes trabajadores, relacionados con la actuación del Ejército en esta guerra en la que actúa desempeñando funciones policiacas. Compañeras y compañeros legisladores, pongo a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que regula el uso de la fuerza del Ejército Mexicano. Por razones de tiempo, solicito al presidente que ordene se integre al Diario de los Debates el contenido íntegro de esta iniciativa que entrego a la Secretaría. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto diputado presidente.