La Presidenta diputada Ruth Zavaleta Salgado: Gracias, diputado Joel Guerrero Juárez. Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos. Se concede el uso de la tribuna al diputado David Figueroa Ortega, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, para presentar iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito. Bajo la siguiente exposición de motivos. A partir del año 2004 se modifica la legislación para establecer obligaciones adicionales para aquellas personas que realizan en forma habitual y profesional operaciones de compra, venta y cambio de divisas por un monto equivalente a no más de 10 mil dólares de los Estados Unidos de América, así como para regular a los transmisores de dinero, para lo cual dichos sujetos deberán llevar a cabo acciones que permitan prevenir, detectar y reportar los actos, omisiones u operaciones que puedan favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperar de cualquier especie para la comisión del delito del terrorismo o ubicarse en el supuesto del delito de lavado de dinero, entre otros. Un punto muy importante a destacar es que los centros cambiarios no requieren autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ni de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ante esta situación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha establecido diversas normas en donde los centros cambiarios y los transmisores de dinero están obligados a presentar los siguientes reportes: Reportes de operaciones relevantes; reporte de operaciones inusuales, reporte de operaciones preocupantes. La problemática es la siguiente: los centros cambiarios y los transmisores de dinero, pasaron de 631 instituciones en el tercer trimestre de 2005, a 2 mil 612 instituciones en el segundo trimestre de 2007. Estudios realizados por el Servicio de Administración Tributaria han indicado que los centros cambiarios y los transmisores de dinero han crecido a una tasa anual del 51 por ciento y según sus estimaciones, habrán de llegar aproximadamente, a 9 mil 360 de ese tipo de instituciones en el 2010. Este incremento desmedido ha sido incentivado principalmente por la falta de una autorización por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según información presentada por la Administración General de Auditoria Fiscal de la Federación y del Servicio de Administración Tributaria. El SAT también ha señalado su preocupación con respecto a que posiblemente los centros cambiarios y transmisores de dinero no han cumplido o han cumplido de manera mínima con los reportes de operaciones indicados con anterioridad, por lo que hay un latente riesgo por el incumplimiento que en un futuro pudiera afectar a las instituciones que laboran en el mercado cambiario como lo son los centros comerciales, las casas de cambio, y así como también los centros cambiarios. Por el contrario no son autorizados por la Secretaría de Hacienda y no son regulados ni supervisados por las autoridades financieras antes mencionadas. Como muchas casas de cambio minoristas, no pudieron cumplir con el capital mínimo exigido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, esto provocó que quedaran desreguladas sin necesidad de autorización ni reglas de operación y tampoco bajo supervisión, manteniéndose en su misma actividad pero excluidas del sistema financiero mexicano, ubicándose como establecimientos mercantiles, surgiendo la figura de "centros cambiarios" conforme a lo que establece el artículo 18-A que hace referencia a este tipo de negocios. Con base en los argumentos y problemáticas expuestos con anterioridad, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que se reforma el artículo 95 Bis de la Ley general de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, con el artículo único que reforma el artículo 95, quedando de la siguiente manera. Artículo 95: "Las sociedades financieras de objeto múltiple, las personas que realicen las actividades a que se refiere el artículo 18-A y los transmisores de dinero en términos de las disposiciones de carácter general que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escuchándola previa opinión del Servicio de Administración Tributaria, estarán obligadas en adición a cumplir, además, las siguientes obligaciones que resulten aplicables: establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u omisiones u operaciones que pudieran favorecer prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito previsto en el artículo 139 del Código Penal Federal o que pudiera ubicarse en los supuestos del artículo 400 Bis del mismo código". Y un transitorio que es único, que será: "El presente decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Ruego a esta Presidencia que sea insertada íntegramente esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.