La senadora María Marcela Torres Peimbert: Estimados compañeros y compañeras, senadoras, diputados, diputadas, a casi 900 kilómetros de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, lugar donde reside el Poder Ejecutivo del estado de Chiapas, se llevó a cabo una campaña mediática, digna de una corporación trasnacional, pero financiada por recursos públicos del estado más pobre del país. Habitantes del Distrito Federal, Monterrey, Puebla, Veracruz, estado de México, Sinaloa, Querétaro, presenciamos algo que parecía inverosímil en democracias sólidas, un despliegue de propaganda en revistas, televisión, periódicos, transporte público de la Ciudad de México, paradas de camiones, espectaculares, salas de cine, redes sociales, etcétera, un despliegue de publicidad grosero. El Partido Acción Nacional presentó, en días pasados, una queja ante el Instituto Federal Electoral, a través de la cual se denuncian las diversas irregularidades detectadas con motivo de la difusión del primer informe del gobernador de Chiapas. Esta actitud, que no es exclusiva de un gobernador y es trasversal a partidos políticos, es contradictoria por lo previsto, tanto por el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 228, párrafo cinco, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero lo más obsceno es que se hayan gastado 10 millones de dólares en algo tan banal, en un estado que según información del Coneval es el más pobre de México, esta situación evidencia de manera grotesca el desequilibrio en el gasto público del país. En Chiapas, 70 por ciento de la población es pobre y 30 de cada 100 habitantes viven en pobreza extrema. La educación promedio es de las más bajas en el país, siendo de 6.7 años por habitante. Esta situación genera gran indignación en la ciudadanía, quien se pregunta cuáles son los instrumentos legales que facultan a los gobernadores y a los funcionarios públicos en general, nosotros incluidos, para gastar dinero de los contribuyentes, sin consultarles y fuera de los criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, y sobre todo, dónde se encuentra el límite a la cantidad de recursos que cualquier funcionario público podemos gastar. Son muchos los ciudadanos ocupados y preocupados en el tema, en el gasto de propaganda gubernamental. Según un estudio sobre la calidad de la regulación electoral en México, publicado por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias e Integralia, SC, los gastos de propaganda gubernamental de los tres poderes han aumentado en los últimos años, pasando de mil 13 millones de pesos en 2002, a 5 mil 927 millones en 2011. Es decir, se ha quintuplicado. El reporte señala que posterior a la reforma electoral de 2007 se observó un incremento en los gastos en materia de comunicación oficial y publicidad del gobierno federal, cercano al 100 por ciento. La mayor parte de los países en el mundo cuentan con marcos regulatorios estrictos que establecen parámetros básicos, tendentes a impedir que la comunicación institucional del Estado sea utilizada con fines electorales o como mecanismo de presión sobre medios de comunicación y periodistas, o para promoción exclusivamente personal. Hace no más de un año que dentro de los temas prioritarios del Pacto por México se propuso crear una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de publicidad de todos los niveles de gobierno en medios de comunicación. Este punto aun no se concreta en lo absoluto y parece que hoy los gobernadores están dispuestos a demostrarnos que lo que se puede hacer en provecho de sí mismos, con recursos públicos, cuando existe una enorme laguna legal por la inacción de nuestro poder, el Legislativo. La indignación ciudadana hecha luz, sobre la pasividad de algunas legislaturas estatales, quienes están pendientes por aprobar la reforma política que el Congreso de la Unión les enviara en diciembre del año pasado, en donde en su artículo tercero transitorio se establece que el Congreso de la Unión estará obligado a expedir la ley que reglamente el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se establecerán las normas a que deberán sujetarse los poderes públicos, los órganos autónomos, los partidos políticos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno y que garantizará que el gasto en comunicación social cumpla con los criterios antes expuestos. Al día de hoy son tan solo 10 los estados que han notificado al Senado la aprobación de la reforma político-electoral en materia constitucional. Faltan 21 estados en procesar la reforma política y 6 para que se pueda dar la declaratoria de procedencia y entren en efecto los cambios realizados por el Legislativo en nuestra Carta Magna. Por ello, yo invito a todos los grupos parlamentarios a que voten a favor este punto de acuerdo, que sea este pleno y que seamos congruentes, este Poder Legislativo, para exhortar a todas las legislaturas estatales, y que quede claro ante la ciudadanía que el Poder Legislativo trabaja a favor de los mexicanos sin distingo de partidos políticos para que ya estos seis estados lancen ya esta legislación y pueda ser vigente en nuestra Constitución. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senadora Marcela Torres Peimbert. Consulte la Secretaría a la asamblea si se considera de urgente resolución.