El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: Con la venia de la Presidencia. Derivado de la entrada en vigor de algunas disposiciones contenidas en la reciente reforma constitucional al sistema de justicia penal y de seguridad pública, para el Grupo Parlamentario del PRI, resulta indispensable que se aprueben una serie de reformas a diversos ordenamientos legales que permitan a las autoridades encargadas de la seguridad pública, así como a los impartidores de justicia, un actuación más eficaz, coordinada y decidida en el combate a la delincuencia, en un marco pleno de respeto a los derechos y que las partes que intervienen en un procedimiento penal tengan la certeza jurídica absoluta; dando congruencia a las leyes secundarias con el texto de la multicitada reforma constitucional recientemente publicada. Los ordenamientos jurídicos a reformar y algunas de las figuras jurídicas que se perfeccionan son las siguientes: En el Código Federal de Procedimientos Penales, la solicitud de orden de cateo se hará por cualquier medio a la autoridad judicial y no a través de la formulación escrita que genera oscuridad y lentitud en las investigaciones del ministerio público. El arraigo domiciliario será únicamente para delitos graves, siempre que se sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o porque exista riesgo fundado de que el imputado se pueda sustraer de la justicia. Se define también la detección en flagrancia. Algo sumamente importante y se establece el procedimiento para registro inmediato, lo que establece mayor seguridad jurídica en los ciudadanos, no sólo señalando los casos en que se les puede detener, sino también el que ésa detención se encuentre debidamente registrada. Se regula la grabación de comunicaciones privadas, entre particulares, a fin de que puedan ser aportadas como prueba en el juicio, y se regula también la facultad de investigación de las policías, por supuesto, bajo la conducción, y hay que subrayarlo, bajo la conducción y mando del Ministerio Público. En cuanto a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada se actualiza el concepto de "delincuencia organizada" que ya está señalado en la Constitución y se establecen las reglas especiales para sentenciados por delincuencia organizada, tales como la excepción al derecho de compurgar sus penas en el centro penitenciario más cercano a su domicilio. En el Código Penal federal se establece un tipo penal para el caso de incumplimiento de detención en flagrancia y su registro inmediato, y se agregan diversas hipótesis al tipo penal de encubrimiento por favorecimiento, tipificando las conductas de alteración, modificación o perturbación del lugar, huellas o vestigios del hecho delictivo, y también cuando se desvíe o se obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate, o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. En la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados se establecen las reglas especiales para internos que requieran medidas especiales de seguridad. En la Ley de la Policía Federal Preventiva, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se regula el cambio de régimen laboral para policías, agentes del Ministerio Público y peritos, pues en caso de separación injustificada, el Estado deberá indemnizar, pero no procederá su reinstalación. Amigas diputadas y amigos diputados, ésta llamada Miscelánea Penal, que la sociedad desde hace mucho tiempo nos está pidiendo que aprobemos para darle certeza jurídica a los procedimientos, para generarles confianza a los ciudadanos, para acotar la actuación de las policías, para fortalecer al Ministerio Público, pero, sobre todo, para que en este país podamos, con estas reformas y con las reforma constitucional que ya hicimos, darle vías de solución a los conflictos en un momento en el que la sociedad está viviendo dramáticamente momentos de violencia, olas de criminalidad, y que los legisladores en nuestro marco legal, tenemos que atacar y tenemos, con esta legislación, que buscar evitar. Hagámoslo por la tranquilidad y por la seguridad de las familias de México. Hagámoslo para poner al derecho penal mexicano a la vanguardia de los demás países del mundo. Es cuanto.