El diputado Samuel Rodríguez Torres: Compañeras y compañeros diputados, una de las funciones primordiales del Estado mexicano, es atender los problemas nacionales mediante el análisis de la compleja realidad que se desenvuelve en nuestro país y la aportación de propuestas razonadas y viables que impulsen la participación de todos los sectores de la sociedad. Es así, que la política pública es una estrategia de acción desarrollada por diversos actores con la finalidad de atender un problema en específico mediante la implementación de acciones delimitadas y dirigidas hacia fines particulares, haciendo un uso racional de los recursos públicos en beneficio de la población, objeto de intervención. En ese sentido, la política social es una clasificación de las políticas públicas y como tal, parte del principio en que las personas no se desarrollan en condiciones sociales, políticas y económicas similares, por lo que estas deben de estar dirigidas a combatir los factores que se le vulneran. En la actualidad, la visión de la política social ha cambiado, toda vez que ha pasado de un enfoque asistencialista a uno en donde se busca potencializar las capacidades de las personas mediante acciones focalizadas que permitan su desarrollo integral. En los últimos años, la tendencia mundial ante el recorte de los recursos públicos utilizados en programas sociales demanda la implementación de mecanismos que posibiliten conocer el desempeño de los mismos en materia del impacto presupuestal y social. En nuestro país, el cambio de paradigma en materia de transparencia y rendición de cuentas, así como de evaluación de los resultados obtenidos por los programas de desarrollo social, se dio en la creación en el año 2004 de la Ley General de Desarrollo Social, así como con la creación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social en el año 2005. De acuerdo a lo que se señala dentro de la página de internet del Coneval, en su apartado Evidencia sobre la Efectividad de Políticas Sociales, se establece que las evaluaciones de impacto han mostrado ser un instrumento orientado a lograr tres aspectos que son de interés para los funcionarios de gobierno, lo cuales se clasifican en medir los efectos atribuibles a los programas evidenciando sus impactos en la población atendida, mejorar la efectividad de los programas realizando ajustes o rediseños a partir de los hallazgos de las evaluaciones, y proporcionar información para definir si los programas son costo efectivos. Con lo anterior, se introduce a nuestro país en la era de la evaluación de la política social y de los resultados que se generan. Sin embargo, el enfoque economicista que se utiliza para la medición de los resultados al orientarse en conocer la eficiencia, eficacia y calidad de los programas sociales deja rezagada la medición del impacto social con un enfoque cualitativo, lo que no permite conocer realmente cuáles son los resultados en la dinámica de vida de las poblaciones beneficiarias de los programas y de la población que queda excluida de los mismos, lo que evidencia la necesidad de reformar la legislación en la materia con el objetivo de hacer más integrales los mecanismos de evaluación existentes. Es así que, derivado del análisis de la Ley General de Desarrollo Social, se considera importante que se establezcan dentro de la misma la aplicación de mecanismos para la evaluación del impacto social de corte cualitativo, con el objeto de poder conocer el impacto directo que se genera en las personas beneficiarias de los programas de desarrollo social en nuestro país, así como saber si se requiere implementar acciones correctivas a los mismos y, en su caso, saber si los recursos públicos utilizados están cumpliendo con su objetivo. Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 74 de la Ley General de Desarrollo Social, para que sean incluidos dentro de su párrafo primero que la evaluación de los resultados de los programas sociales deberán incluir dentro de sus indicadores de resultados gestión y servicios, técnicas metodológicas para medir el impacto presupuestario y social, así como la evaluación cualitativa y cuantitativa de los programas sociales. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, presidente.