La diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la falta de credibilidad de nuestro sistema de justicia penal no es reciente. Estudios y evaluaciones concluyen que la justicia sólo existe para quienes pueden pagarla. Aunado a lo anterior habrá que agregar los altos índices de impunidad y una reiterada violación a los derechos humanos relacionados con el propio proceso penal. Un juicio penal en México se caracteriza por ser un procedimiento predominantemente escrito y secreto. Existe además un culto al expediente que se traduce en montañas de éstos en los juzgados. A la par existe una defensoría pública que no alcanza a defender a todos los procesados. Claramente se puede constatar la ausencia de los jueces en las audiencias a la que habrá que agregar el papel predominante que tiene el Ministerio Público en la investigación de los delitos. Lo anterior se traduce en la urgente necesidad de modificar nuestro sistema de justicia penal; de ahí que el 18 de julio de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública, la cual establece un nuevo sistema de justicia penal con juicios orales y garantías del debido proceso. Este decreto establece que el nuevo sistema procesal acusatorio entrará en vigor cuando lo establezca la legislación secundaria sea ésta federal o local, pero que en ningún caso se pueda exceder del plazo de ocho años. Es decir, el año 2016 es el límite establecido en la propia Constitución para la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal. Asimismo se establece la obligación de la federación, de los estados y del distrito federal de expedir y poner en vigor, en el ámbito de sus respectivas competencias las modificaciones o incluso nuevos ordenamientos legales que sean necesarios para la adopción de este nuevo sistema. Es decir, le corresponde a este Congreso emitir un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales para establecer e incorporar todas y cada una de las etapas y procedimientos que caracterizan a los juicios orales en un sistema penal de corte acusatorio. De ahí que es importante señalar que para nuestro grupo parlamentario uno de los ejes rectores de su agenda legislativa ha sido el hacer accesible la justicia para todos, eficientar la persecución de los delitos y otorgarle a las víctimas un papel preponderante en el proceso penal. Por tanto, proponemos un Código Federal de Procedimientos Penales que cumpla con las expectativas y requisitos que señala nuestro texto constitucional, garantizando los derechos y los principios que deben regir la justicia, respetando los derechos humanos en un marco que genere confianza y seguridad para todos los ciudadanos. En primer lugar se propone separar la fase de investigación: el proceso penal, los mecanismos alternativos de solución de controversias, la ejecución de la pena y la asignación de derechos y obligaciones para cada sujeto en las distintas fases procesales. Establece además mecanismos de solución de controversias, para los casos que no ponen en peligro intereses públicos fundamentales en estos casos tienen cabida la justicia restaurativa como mecanismo para solucionar los elementos en conflicto. Se introduce a este nuevo procedimiento la figura de cadena de custodia, la cual tiene como objetivo el asegurar un debido tratamiento de las evidencias y objetos encontrados durante la investigación. Compañeras y compañeros diputados, en apretada síntesis podemos decir que el nuevo sistema de justicia penal que proponemos, plantea establecer la posibilidad de solicitar ante el juez el ejercicio de la acción penal sin intervención del Ministerio Público, suspender el proceso penal antes de que se dicte sentencia, abreviar el procedimiento ante el reconocimiento de la participación en un delito, ampliar los derechos de la víctima, proteger con mayor eficacia los derechos humanos de los inculpados, solicitar la explicación pública de las sentencias, fortalecer la investigación de delitos por parte de policías certificados, establecer que la prisión preventiva sea la excepción y no la regla, imponer un estricto control judicial que verifique la legalidad y las garantías en las actuaciones penales, fortalecer los mecanismos y medidas especiales para investigar los delitos de delincuencia organizada, fomentar la prevención de los delitos y prevenir revisar que toda pena sea proporcional a la conducta sancionada. Dada la brevedad del tiempo, presidente, le solicito esta iniciativa, dado que es toda una propuesta de Código de Procedimientos Penales, sea inserta de manera íntegra en el Diario de los Debates. Muchas gracias.