LA C. DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (En tribuna, continúa): Gracias, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: Se omite el compromiso para promover así sea pálidamente, el bienestar, el crecimiento a largo plazo para atenuar la violencia del ciclo económico. Bajo el nuevo gobierno la política fiscal concentra su atención a favor de la acumulación privada de los conglomerados nacionales y extranjeros y queda como una de las mentiras cotidianas la promesa de lograr una política económica de Estado. Ni el Ejecutivo ni los partidos que conforman la mayoría en esta Cámara, se decidieron a dar un paso sustantivo para lograr una fuente permanente de ingresos públicos. Los paraísos fiscales permanecen intocables, en particular la banca comercial extranjera. No existen compromisos serios y formales para combatir con mayor eficiencia la evasión y la elusión fiscal que sangran permanentemente el flujo de recursos públicos. Sin estos acuerdos fundamentales el país seguirá dependiendo de una fuente exigua de ingresos. El eje articulador de la política económica del país es garantizar la confianza al capital financiero internacional. Esa es la prioridad del gobierno de Vicente Fox. Y esa prioridad no es compatible con las necesidades de crecimiento y modernización... (Sigue turno 26) Esa es la prioridad del gobierno de Vicente Fox y esa prioridad no es compatible con las necesidades de crecimiento y modernización de la planta productiva nacional. Tampoco lo es con la integración óptima de la economía ni con la mejoría de la mayor parte de las empresas y de las familias del país. Del lado de los Egresos el gobierno de Vicente Fox se preserva una estrategia similar a la aplicada en los dos sexenios precedentes: su contención y su subordinación a la disponibilidad de recursos. El gasto total devengado mantiene su tendencia declinante junto con el primario, el programable, el corriente y el de inversión. La reducción del desbalance fiscal se alcanza sobre todo por la contracción del gasto corriente y de capital, excepto los egresos destinados al costo financiero de la deuda pública y en particular al pago de los bonos inconstitucionales del IPAB, más que por el aumento de los ingresos. A cambio refuerza la recesión, el desempleo, el deterioro de la calidad de los servicios públicos, la infraestructura y el bienestar social. La contratación de nuevos créditos foráneos únicamente buscan evitar la interrupción en el pago del servicio de los débitos internacionales y la recuperación de la confianza de los inversionistas. Existen severas llamadas de atención para el Ejecutivo en diversos ámbitos. El campo se encuentra sumamente deprimido y el 2003 será el último clavo para su ataúd si no se hacen cambios urgentes en las políticas macroeconómicas. La planta productiva nacional se encuentra en clara desventaja ante el capital internacional que recibe en charola de plata el destino de la economía mexicana. La oferta de empleo se reduce a su mínima expresión poniendo en riesgo la precaria estabilidad social. Y mientras el Legislativo surte de las herramientas necesarias para el fomento económico a través del Presupuesto de Egresos. El gobierno federal incumple con su parte, convirtiendo a la discusión y los consensos en una simple tarea testimonial. Las propias dependencias de la administración pública se quejan de insuficiencia de recursos por la obcecación de la Secretaría de Hacienda en mantener un equilibrio presupuestal que solamente posterga la reactivación del mercado interno. El problema fiscal es realmente preocupante. El problema de origen con un presupuesto deprimido se derivó desde la aprobación de una Ley de Ingresos que no tocó a los paraísos fiscales. La larga noche foxista esconde en la bruma la incapacidad del gobierno. La prometida transparencia en el ejercicio de los recursos públicos no es más que una cortina de humo para ocultar la parálisis del gobierno, disfrazada en subejercicios, economías de ahorro, reasignaciones y transferencias unilaterales y discrecionales. El 2 de julio del 2000 parece que nació una criatura con muchas cabezas que hasta ahorita no han podido consensar un rumbo distinto para el país. El gasto público debe servir para fortalecer el pacto federal y con ello a estados y municipios. "Por eso impulsamos una política de mayor transparencia de recursos y de mayores transferencias también. Nosotros, el Partido de la Revolución Democrática, estamos a favor en el aumento al gasto social y a la inversión pública productiva. Pero no a costa del salario ni del gasto productivo, sino a costa de las enormes ganancias sobre todo de las financieras y de las grandes corporaciones. Estamos a favor de que aumente el gasto social, pero al mismo tiempo de otra política económica, una que conduzca a un estilo de crecimiento con una mejor distribución del ingreso. La política de desarrollo no puede ni debe reducirse al gasto público, debe ser también una política salarial distinta y de impulso al desarrollo rural e industrial del país. Una política de desarrollo económico que implique el desarrollo social. Solo así el gasto público destinado a la función social podrá ser un instrumento eficaz para abatir los índices de pobreza extrema que padece el país. "En esta ocasión las propuestas de cambio al proyecto del Ejecutivo que hizo el PRD, eran de gran cuantía y significaban grandes diferencias sobre todo si tomamos en cuenta el magro incremento observado en la Ley de Ingresos, derivado de las reformas a tan sólo dos leyes. "Aún así, a pesar del Ejecutivo, esta Cámara considera necesario realizar ampliaciones al gasto de funciones prioritarias para el desarrollo nacional y en eso el PRD ha influido significativamente. En Agricultura logramos una adición a la propuesta del Ejecutivo por más de 9 mil 300 millones de pesos expresados en los Ramos 8, 9 y 15. En Educación logramos ampliar la propuesta presidencial en casi 4 mil millones, a través de los Ramos 11, 38 y 25. En Salud la ampliación en Ramo 12 fue de 900 millones. Para Desarrollo Social en el Ramo 20 se asignaron 646 millones más. A Seguridad Social se destinan 8 mil 500 millones más. Y a Entidades Federativas, a través de los Ramos 28, 33 y 39, 18 mil millones de pesos más. "Sabemos muy bien que esto no es suficiente, sin embargo la sociedad tiene la valiosa oportunidad de perfilar en el año 2003 una nueva mayoría en esta Cámara de Diputados que escuche y se coloque al lado del pueblo, que garantice no sólo finanzas públicas sanas, sino mayores recursos para el gasto prioritario". Concluyo compañeras y compañeros legisladores. (Bulla y chiflidos) Es posible un futuro distinto. Es cuanto, diputada Presidenta. -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputada Miroslava. Para fijar posición a nombre de su grupo parlamentario, tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del Grupo parlamentario del PT. -DIP. JAIME CERVANTES RIVERA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados: El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su postura con relación al dictamen con Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2003. Con el respaldo de un Presupuesto de Ingresos tan débil, era inevitable que el Presupuesto de Egresos enviado por el Ejecutivo estableciera un récord más en la declinación del coeficiente gasto público, Producto Interno Bruto. Incluso esta propuesta sitúa dicho coeficiente a un nivel inferior al del 2002, que se ha visto afectado además por el bajo desempeño de nuestra economía. Para el Partido del Trabajo, que ha establecido un compromiso insoslayable con las causas populares, esta propuesta es inaceptable y nos obliga a trabajar y a ofrecer lineamientos alternativos que en conjunto nos permitirían arribar a un nuevo presupuesto, de cuyo monto depende evitar que se siga capitalizando la deuda social. La propuesta del Ejecutivo Federal pretende consolidar la neutralización no sólo de cualquier efecto expansivo del gasto público, sino cancelar definitivamente su contribución a la acumulación de capital social básico para el crecimiento, ya que desde el punto de vista funcional el rubro más afectado es el de la inversión en infraestructura física, el cual decae en alrededor de un 10 por ciento. Este problema no es nuevo, ya que se inició en 1988, sólo que ahora parece consolidarse. Tampoco es una novedad la distribución viciada del gasto para favorecer al IPAB y al gasto corriente no esencial. La presencia del Ejecutivo pretende destinar al FOBAPROA-IPAB una cantidad multimillonaria que casi equipara el presupuesto del sector de Salud sin haber dado cumplimiento a lo señalado en los artículos transitorios quinto y séptimo de la Ley del IPAB, que mandata la realización de auditorías a la banca rescatada, para conocer con certeza el costo fiscal real del rescate. Por otra parte, se pretende inflar el gasto corriente, manteniendo un tren de vida para la alta burocracia de la administración pública que es inaceptable en el clima de austeridad que vive el país. La compra de vehículos nuevos, los viáticos, la telefonía celular, etcétera, se sitúan a un nivel que no se justifica en el marco de las adquisiciones de años anteriores, donde ya se registraban extralimitaciones en estos rubros. Los sueldos de los altos funcionarios públicos no se han reducido en correspondencia con la baja productividad que han mostrado su labor en los avances del proceso de desregulación; lo que es francamente atentatorio a la moralidad pública es la inflación de los gastos de comunicación social del conjunto de las dependencias del Ejecutivo Federal con lo que pretende refrendarse un estilo publicitario que es incompatible don la moralidad republicana. Invariablemente todas las Secretarías presentan requerimientos injustificados para este rubro que no se explican en el marco de la racionalización de operaciones que pretendió en su momento la Oficina de la Presidencia. Si esta partida fuera racionalizada y puesta en sus justos términos, sería posible atender importantes demandas sociales que corren el peligro de atentar , de quedar desatendidas dentro de la actual propuesta que hace el Ejecutivo. Considerando lo anterior, nuestro grupo parlamentario estima que si existiera una verdadera voluntad de cambio haciendo ajustes drásticos de los ingresos y los egresos podríamos hablar de un incremento de presupuesto hasta en 10 mil 684 millones de pesos donde se conjuguen las re asignaciones y los incrementos de ingresos por rubros o estimados para dar lugar a una nueva distribución que favorece el gasto social y hace la inversión. La propuesta de re asignación que presentamos a continuación, pretende por lo tanto incentivar el crecimiento económico impulsado a inversión en infraestructura física y equipamiento urbano, la creación de vivienda de interés social el apoyo directo al campo así como el combate a la pobreza extrema. Nuestra prioridad presupuestaria se encuentra en los programas sociales en el que estamos presentando la propuesta pormenorizada que abarca seis rubros con los siguientes incrementos. Programa para combatir la pobreza extrema donde proponemos un incremento de 29 mil 200 millones de pesos, Programa para la Vivienda con un incremento de mil 400 millones de pesos, Programa de Fomento Cooperativo con un incremento de 3 mil 100 millones de pesos, Fomento a la Urbanización Ciudadana con un incremento de mil millones de pesos, Fomento a la Educación con un incremento de 15 mil 200 millones de pesos, Federalismo Económico con un incremento de 38 mil 900 millones de pesos, Apoyo a la Salud con un incremento de mil 200 millones de pesos, Apoyo a la Reforma Agraria con un incremento de mil 101 millones de pesos y Apoyos para el Campo con un incremento de 9 mil 400 millones de pesos. Cualquier merma en esas partidas significaría un perjuicio para el bienestar del pueblo mexicano ya que si no revertimos el círculo perverso a un presupuesto de egresos que decae año tras año, llegaremos a límites intolerables para la sociedad que pueden expresarse en revueltas sociales tal y como ha ocurrido en algunos países latinoamericanos. No queremos dramatizar ni recurrir a recursos retóricos personalistas, pero el malestar de la población es un hecho evidente que lamentablemente se ha incrementado en lo que va de este sexenio. El Gobierno Foxista no ha entendido que economía política y sociedad se fundan en un todo, no ha entendido que el dogma neo liberal tiene como todo, dogmas sin límites, no ha entendido que preservar las variables macro económicas a toda costa, cosa que por cierto con la inflación no se logrará este año, representa un verdadero obstáculo para la economía mexicana. La tosudez de apostar todo a la inversión externa y a la de regulación es un verdadero blindaje en sectores estratégicos como el campo y la pequeña y mediana empresas son una fórmula agotada. Nuestra economía requiere de aires renovadores, nos preguntamos por ejemplo ¿por qué no orientar la política económica hacia el mercado interno que no es solo una opción viable en el plano económico sino también una opción de equidad y justicia para la población, por qué apostar todo al gran capital cuando cualquier estudiante de Economía y de Ciencias Sociales sabe que en México los ingresos tributarios en su parte correspondiente al ISR son aportados en su mayoría por los trabajadores y por las empresas pequeñas y medianas y no por los grandes conglomerados económicos los cuales además cuentan con un verdadero ejército de Fiscalistas que se han especializado en la evasión y elusión tributaria contando no pocas veces con la colusión y las corruptelas de los funcionarios públicos. ¿Por qué encadenarse a una opción si existe una amplia gama de soluciones para detonar nuestra economía, al inicio los posicionamientos y a lo largo de él hemos dicho con toda claridad que para que haya gasto público solvente se requiere de ingresos públicos crecientes y sólidos que permitan apuntalar a la inversión en infraestructura física productiva y desde luego el gasto social que contribuyan los dos pilares fundamentales para reactivar el crecimiento económico sostenido que nuestro país demanda. Asimismo, en el gasto social tenemos que abandonar la visión asistencialista impulsada desde el Gobierno de Salinas y que hoy adquiere una connotación más propia a las instituciones de caridad que promovían las señoras encopetadas de Las Lomas en los años 40 y 50, sólo faltan los tés canasta para socorrer a los niños pobres, Fox y su Gobierno no han entendido que la mejor fórmula de liberar a un pueblo de la pobreza es mediante la apertura de opciones productivas pero en serio, no como su programa de "changarros" que va a la deriva como toda su gestión. Compañeras y compañeros diputados, éste no es el decreto del Presupuesto que el país demanda ni el que nuestro grupo parlamentario contempla como el más adecuado para la situación actual de la economía pero atendiendo a la necesidad política de tener acuerdos entre nuestros grupos parlamentarios para que existan los consensos que permitan darle fortaleza al Poder Legislativo, votaremos a favor del presente dictamen y haremos las reservas que consideremos pertinente. Muchas gracias. Es cuanto. -