El diputado Jorge Godoy Cárdenas: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, este próximo primero de enero se cumple el plazo marcado por el tratado firmado con Estados Unidos y Canadá para abrir por completo el mercado agroalimentario, y Convergencia considera importante hacer una profunda reflexión. El primer planteamiento es que en una zona de libre comercio los países firmantes del tratado se comprometen a anular entre sí los aranceles en frontera, es decir, los precios de todos los productos comerciales, entre ellos, serán los mismos para todos los integrantes de la zona. De forma que un país no puede aumentar mediante aranceles de importación, el precio de bienes producidos en otro país que forma parte de la zona de libre comercio. Pero el TLCAN es un acuerdo que se establece entre economías desiguales. Por un lado Estados Unidos y Canadá, y por el otro, México. Existen grandes asimetrías en la dotación de recursos naturales, niveles tecnológicos, capitalización de productos, apoyos y subsidios; costo de producción nulamente competitivos en México, por los precios más elevados en insumos, costos de transacción mayores por la deficiente y mala infraestructura de las carreteras. Estados Unidos pugnó por la liberación comercial, el desmantelamiento de las barreras arancelarias del sector agropecuario, la desregulación de los flujos agrícolas internacionales. Todo ello, conocedor de su capacidad de producción, superior a su capacidad de consumo interno y en una perspectiva a largo plazo donde el incremento de la productividad haría crecer dichos excedentes, por tanto requería de mercados permanentes para su exportación agroalimentaria. Para México la negociación por parte del Ejecutivo se hizo sin tener la experiencia necesaria. Derivado de ello, que no se contemplaran temas sustanciales como lo fueron aquéllos en los que no se excluyeron los productos más sensibles como lo hizo Canadá; no se consideró la posibilidad de revisión, suspensión, moratoria o algún otro instrumento de protección a la producción o la planta nacional. Estados Unidos negoció un Free Trade Agreement que para ellos sólo es un acuerdo, mientras que, para México, firmó un tratado de ley que jurídicamente implica desigualdad. Mientras que el sector agrícola del país vecino se ve favorecido por estas ventajas competitivas, el campo mexicano se ha ido mermando año con año. Durante los primeros siete años del TLCAN, México se transformó en un país importador de alimentos. En 1995 se importaron 3 mil 254 millones de dólares y se exportaron 3 mil 835 millones. En el 2001 las importaciones llegaron a 7 mil 415 millones de dólares y las exportaciones a 5 mil 267. Del año de 1995 al 2001 se pasó de una balanza comercial agrícola de 581 millones de dólares a favor, a una balanza notablemente deficitaria de 2 mil 148 millones. Para el año 2002 las exportaciones de maíz de Estados Unidos a México se multiplicaron tres veces desde que el Tratado de Libre Comercio entró en vigencia, teniendo una dependencia agroalimentaria de un 50 por ciento en trigo, un 43 por ciento en sorgo, un 50 por ciento en arroz, un 30 por ciento en maíz y un 95 por ciento en semillas oleaginosas. El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México indica que el impacto del Tratado de Libre Comercio en el campo fue devastador en los primeros 10 años. Se perdió la soberanía alimentaria por la importación de granos básicos; del 100 por ciento de producción de granos, sólo el 36 por ciento se destinó al consumo humano; el maíz descendió su producción en 64 por ciento y el frijol en 46. Se importó el 95 por ciento de la soya, el 58.6 de arroz, el 49 por ciento de trigo, el 25 por ciento de maíz y un 40 por ciento de carne. El caso más grave fue el de las importaciones de maíz que de 17 millones de toneladas importadas entre 1987 y 1993 pasó a 30 millones de toneladas importadas entre 1994 y 1999. En el año de 1996 la producción en el sector agroalimentario representaba un 6.6 del PIB y en el año 2006, como consecuencia del estancamiento y pérdida de la soberanía del sector terciario del país, apenas se alcanzó el 3.41 del PIB. A estos factores añadimos los beneficios que el gobierno de Estados Unidos otorga al campo norteamericano mediante su ley agrícola, la Farm Bill, como lo son los subsidios mediante toda una serie de intervenciones indirectas, tales como el comercio, en donde el Poder Legislativo y el gobierno federal estadounidense han diseñado un sistema de precios mediante el cual aísla, protege y subsidia a los granjeros en su relación con el mercado, cuando las relaciones de este último les son desfavorables. Tiene una fuerte estructura en programas como los Comodities, en el cual se agrupan tres tipos de apoyos fiscales, pagos fijos directos, préstamos para promociones de mercado y los precios objetivo o precios de cobertura o pagos contracíclicos. Existen también los programas de Nutrición, Crédito a desarrollo rural, Investigación Agrícola, Silvicultura y Energía. A esto sumémosle que en México el gasto público para el sector se redujo en un 53 por ciento en términos reales de 1990 al 2003 y el crédito se contrajo cerca de un 80 por ciento. Es por ello, compañeros, que el Grupo Parlamentario de Convergencia se pronuncia porque las dependencias del gobierno federal rindan un informe detallado de las medidas que el Ejecutivo está tomando para prevenir los efectos negativos que traerá la apertura total del campo el primer día del mes de enero de 2008, lo que podría ser la última oportunidad de rescatar el ya tan deteriorado campo mexicano. Esta propuesta no está basada en una justificación por los daños ya causados, sino por la amenaza latente que representa la apertura total. Se necesitan instrumentar políticas públicas que otorguen bienestar a la población. Gracias.