El diputado Pedro Vázquez González (PT): Con su venia diputado presidente: compañeros y compañeras diputadas y diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a su consideración dos iniciativas: una de reformas constitucionales y otra de reformas a diferentes leyes secundarias, por lo que omitiré la exposición de motivos de ambas iniciativas para comentar brevemente su contenido, solicitándole a usted ciudadano diputado presidente, la inclusión íntegra de ellas en el Diario de los Debates. La primera iniciativa tiene el propósito de otorgar plena autonomía a la Procuraduría General de la República para que ésta cumpla de manera libre su función de representante de la sociedad de cualquier índole. Pocas instituciones jurídicas mexicanas han sido objeto de debates tan apasionados e intensos como el Ministerio Público, en especial respecto a la interpretación constitucional de su estructura y funcionamiento. Estos debates se han efectuado en una doble perspectiva: en primer lugar en cuanto a la organización del Ministerio Público, de acuerdo con sus múltiples y muy diversas atribuciones. Y en segundo término de manera concreta, respecto a su intervención en el proceso penal. La iniciativa que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta Soberanía, consiste fundamentalmente en adicionar una fracción VIII del artículo 74 constitucional, corriéndose la actual fracción VIII para pasar a ser fracción IX, con el propósito de que sea facultad exclusiva de esta Cámara de Diputados, designar de entre una terna que ésta integrará, al Procurador General de la República. Esto en atención a que esta Soberanía se integra conforme a lo dispuesto por el artículo 51 constitucional, por representantes de la Nación. De igual forma se propone reformar el apartado A del artículo 102 constitucional con el propósito de dotar de plena autonomía a la Procuraduría General de la República, para que pueda cumplir sin interferencia alguna el mandato que esta Constitución y los diferentes ordenamientos jurídicos secundarios le imponen. A ese apartado A, se propone también el que el Procurador General de la República sea designado por esta Soberanía dentro de una terna que la misma Cámara integrará. Atentos al procedimiento establecido en la adición al artículo 74 constitucional durando en su encargo 6 años. Se propone también reformar la fracción II del artículo 76 constitucional para eliminar la facultad exclusiva del Senado de la República de ratificar la designación que el titular del Ejecutivo hace del Procurador General de la República, dejando a salvo el resto de los nombramientos que le Senado debe de ratificar. En congruencia con las adiciones y reformas antes expuestas, se propone derogar la fracción V del artículo 78 para eliminar la posibilidad de que la Comisión Permanente pueda ratificar la designación del Procurador General ya que ésta pasa a ser facultad exclusiva de la honorable Cámara de Diputados. Asimismo, la iniciativa en comento plantea derogar la facultad del titular del Ejecutivo Federal de designar, con ratificación del Senado, al Procurador General de la República. Queda claro que nuestra propuesta consiste en excluir la intervención del titular del Ejecutivo Federal en el proceso de designación del Procurador General de la República, y que nosotros proponemos que dicha facultad recaiga en exclusiva en esta soberanía. Además, proponemos en otro ordenamiento- que se elimine el requisito de procedibilidad que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para aquerellarse en materia de delitos bancarios y financieros, ya que consideramos que esto atenta en contra de la función del Ministerio Público de la Federación. En el Congreso constituyente de 1916-1917, se discutió ampliamente la propuesta de dotar al Ministerio Público en su carácter de representante de la sociedad- del monopolio del ejercicio de la acción penal, lo cual significa que sólo esta institución es la que se encuentra legitimada para solicitar a los órganos jurisdiccionales, ordenes de aprehensión y consignación de expedientes y/o detenidos a través del conocimiento que tiene de la comisión de delitos en la fase de la averiguación previa. Sin embargo, en la actualidad hay una serie de disposiciones legales que supeditan la facultad del conocimiento y persecución de los delitos a un requisito de procedibilidad de previa querella por parte de otra autoridad pública, sin la cual el Ministerio Público no puede actuar. Nos referimos específicamente a lo que se prevé en el artículo 115, primer párrafo, de la Ley de Instituciones de Crédito, que señala: "En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta ley, se procederá a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y también se procederá a petición de la institución de crédito de que se trate o que tenga interés jurídico". Esta situación en cuanto a la omisión de las autoridades hacendarias para ejercer sus funciones legales, trajo como consecuencia que los responsables del quebranto bancario que detonó la crisis de 1994, no fueran sancionados penalmente. La sociedad mexicana en conjunto, ha sido la que ha tenido que pagar el rescate bancario de FOBAPROA e IPAB. Sabemos que la iniciativa de presupuesto de egresos se nos solicita que aprobemos cuantiosos recursos para el pago de esta deuda. Los bancos son apoyados financieramente, son intervenidos o vendidos pero en muy pocos casos se ha logrado determinar la responsabilidad de carácter penal, ya que como lo hemos expuesto anteriormente, el Ministerio Público se encuentra supeditado en su actuación, al cumplimiento de requisito de procedibilidad, consistente en la previa querella de las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La sociedad mexicana se ha enterado que prominentes banqueros o financieros, obtienen rápidamente su libertad ante los tribunales federales, bajo el argumento de que la Procuraduría Fiscal de la Federación no se querelló oportunamente ante el Ministerio Público Federal, para la debida persecución de estos delitos, razón por la cual los juzgadores dictan autos de libertad. En consecuencia, nuestra propuesta va directamente encaminada a que el Ministerio Público Federal, pueda conocer de manera directa la comisión de los delitos financieros sin que la Secretaría de Hacienda pueda ya aquerellarse, con lo que se puede hacer más expedita la investigación y enjuiciamiento de quienes cometen estos delitos. Simultáneamente proponemos que los delitos financieros previstos en la Ley de Instituciones de Crédito, sean incluidos en el catálogo de delitos graves que se prevén en el Código Federal de Procedimientos Penales. También proponemos que se adicione la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que la unidad especializada de la Procuraduría General de la República pueda investigar los delitos que en materia de consumo y la riqueza nacional, son cometidos por quienes roban combustible de los ductos de Petróleos Mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores: las iniciativas que hoy sometemos a su consideración son un aporte del Partido del Trabajo en lo que corresponde a la autonomía de la Procuraduría General de la República y el combate de los delitos financieros en contra de la economía nacional. Hago entrega, diputado presidente, a los secretarios de esta Cámara de las iniciativas que acabo de exponer. Es cuanto.