La diputada Paola Tenorio Adame: Con su venia, diputada presidenta. Daré lectura de manera íntegra al discurso que habría leído mi compañero, paisano y amigo, el diputado con licencia Ricardo Exsome Zapata, quien fungió como presidente de la Comisión de Infraestructura en esta honorable asamblea. Subir a esta tribuna es una muy alta responsabilidad. Subir a esta tribuna con el dictamen construido gracias al acuerdo de todos los grupos parlamentarios es un verdadero honor. Subir a esta tribuna para presentar un trabajo consensuado con el Poder Ejecutivo es un logro que me llena de satisfacción. Pero, subir a esta tribuna representando el interés de miles de mexicanos y de mexicanas libres y organizados, que persiguen acabar la corrupción y que buscan fortalecer el Estado de derecho, es algo que me llena de orgullo, pues estamos ante un momento histórico en nuestro país. Compañeras y compañeros, me permito poner a su consideración el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que la Comisión de Infraestructura ha elaborado. Al respecto, quiero hacer del conocimiento del pueblo de México que a inicios de la actual legislatura se acercaron diversos colegios de profesionistas y cámaras empresariales relacionados todos con el sector de infraestructura para hacernos ver la necesidad de actualizar la ley de obra pública. En este sentido, el pleno de la Comisión de Infraestructura tomó la decisión de escuchar a todas las voces que quisieran expresarse en materia de bonificar dicha legislación, así que se llevaron a cabo 11 foros a nivel nacional y recorrimos diversos estados de la República. Aprovecho a reconocerle la labor de mi amigo, el diputado Carlos Morales Vázquez, quien aceptó en aquél entonces el reto de coordinar dichos foros. Derivado de este trabajo se elaboró un documento que contenía las principales conclusiones, retos y coincidencias de quienes participaron, eso sería finalmente la columna vertebral de la iniciativa que presentamos el pasado mes de septiembre. De manera simultánea nos reunimos semanalmente con los funcionarios del Ejecutivo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de la Función Pública, entre otros, buscando facilitarles el trabajo administrativo y dotarles de herramientas que permitan eficientar el uso de los recursos públicos. Acudimos a escuchar los comentarios de la Auditoría Superior de la Federación y juntos construimos una serie de adecuaciones que brindan certidumbre a quienes contratan y también a la iniciativa privada que es quien construye. Escuchamos y tomamos muy en cuenta las observaciones de las asociaciones civiles especializadas en temas del sector público como México Evalúa, Mexicanos contra la Corrupción y el Instituto Mexicano para la Competitividad, entre otras, respecto a cómo hacer más transparentes los procesos de contratación en obra pública. Y, finalmente, trabajamos de la mano durante muchas horas con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, la Cámara Nacional de Empresas de Consultoría y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, entre otros organismos, para lograr mejores procesos de calificación para que las obras públicas en nuestro país las ejecuten quienes efectivamente cuenten con la experiencia, la capacidad y los requisitos necesarios que logren satisfacer la demanda de contar con obras públicas de calidad mundial. Valoro y agradezco, además, las aportaciones de los grupos de expertos independientes que se manifestaron para observar lo que sucede ya en otros países y traer aquí a México las mejores prácticas internacionales. Este dictamen, compañeras y compañeros, representa una oportunidad inmejorable de cambiar sustancialmente la calidad de la infraestructura nacional y evitar desastres en proyectos como el tren México-Toluca, que según el informe individual resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2018, se comenzó a construir sin tener garantizada la posesión de los terrenos por donde pasarían las vías. Además, si ese proyecto entraría en operación en el 2022, se registraría una pérdida de 18 mil millones de pesos, mientras que, si ese mismo tren entrase en operación en el 2024, dicha pérdida aumentaría a 37 mil millones de pesos. De ese tamaño es el aporte que la modificación que votaremos hoy representaría a la hacienda pública. Quiero agradecer a todas y a todos los integrantes de la Comisión de Infraestructura, por haber confiado en esta iniciativa y por haberle dado ya su voto a favor en el seno de la Comisión. Su respaldo es motivo de alegría, pero, además, significa una verdadera responsabilidad para construir ahora un segundo dictamen que incluirá otras modificaciones también muy necesarias para el sector de la infraestructura en nuestro país. Concluyo esta intervención, diputada presidenta, pidiendo el voto a favor del presente dictamen, compañeros y compañeras, pues, las modificaciones aquí planteadas han sido avaladas de manera unánime por todos los grupos parlamentarios representados en este recinto. Aprecio el gesto parlamentario que ha tenido el presente dictamen y deseo que sea para el bien de México. Es cuanto, señora presidenta.