La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. La discusión sobre qué alternativas serían las más idóneas respecto a las sustancias psicoactivas legalizar o regular desde un enfoque de salud y no únicamente desde la seguridad pública, no es un asunto menor, sobre todo si tomamos en consideración que existen multiplicidad de sustancias y que el fenómeno de la dependencia, uso nocivo o problemático es multifactorial. Sin duda esa será una discusión que continuara. Pero independientemente de ello, lo que no debemos olvidar es que corresponde al Estado la obligación de garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía, incluida la promoción de la salud física y mental, así como la prevención, la reducción de riesgos y daños y la atención ante el uso de sustancias. En ese orden de ideas, el sistema de salud debe de garantizar que aquellas personas con uso nocivo o problemático puedan acceder al tratamiento y rehabilitación de calidad con pleno respeto a sus derechos humanos desde un enfoque científico y libre de prejuicios morales. Cualquier modificación legal en materia de drogas requiere construir una verdadera política de prevención, información y educación que permita a los potenciales usuarios y usuarias que las vayan a usar, contar con un apoyo desde el Estado, que respete sus derechos y los ayude a tomar decisiones informadas frente a este fenómeno. De este modo es imprescindible transmitir a la sociedad el mensaje de que el fenómeno de las drogas no puede ser reducido a un problema de seguridad pública ni de efectividad de policía o militar. Nadie puede pedir, de forma realista, que las corporaciones policiacas impidan con éxito que las personas consuman drogas. La sociedad y la ciudadanía deben hacerse responsables de sus propias decisiones como personas adultas, mientras que desde el Estado debemos extremar las medidas preventivas e informativas entre todos, particularmente entre la niñez y la juventud. El enfoque de reducción de daños se entiende como un conjunto de intervenciones preventivas, sanitarias y sociales que tienen como finalidad minimizar los riesgos por el uso de sustancias psicoactivas, fármacos o psicotrópicos, así como reducir los daños que se puedan derivar del uso nocivo o problemático, estas intervenciones acercan recursos necesarios para generar entornos apropiados que fortalecen los factores de protección y reducen los riesgos y daños asociados al ir. La presente iniciativa pretende, por un lado, proponer nuevos términos para el acercamiento al tema de los usos nocivos o problemáticos y la dependencia a sustancias, centrando la atención en la persona, agrega definiciones que buscan quitar el estigma a las personas que usan drogas, aclarando que no todo uso es problemático o nocivo, no todo uso implica dependencia a sustancias, y de igual manera puede haber un uso problemático o nocivo sin que haya dependencia. Se modifica el nombre del capítulo 4, Programa Contra la Farmacodependencia y propone Programa para la Prevención de Riesgos y Daños ante el uso de sustancias psicoactivas. Otro cambio consiste en tipificar en el artículo 192 Bis, conductas y circunstancias en lugar de personas, para evitar la discriminación y estigmatización de las personas que usan drogas o sustancias psicoactivas y para facilitar entre las partes involucradas en acuerdo de los objetivos a alcanzar de la atención brindada tanto a las usuarias o usuarios como a las personas que les rodean. Es en resumen, una iniciativa que debe de ser considerada junto con las iniciativas que se han presentado, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, a fin de legalizar el uso de la cannabis. No podemos legalizar uno sin reconocer el otro, por eso presentamos ante esta soberanía esta iniciativa de reforma de ley en materia de salud y el Código Penal. Es cuanto, muchas gracias.