EL C. DIPUTADO JOSÉ ELÍAS ROMERO APIS (PRI): Con su venia, señor Presidente. Honorable Asamblea: "Vengo ante esta soberanía a presentar una iniciativa de reforma a los artículos 76, 89 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos en materia de Tratados Internacionales. "Esta propuesta tiene como finalidad disponer una mayor participación del Congreso de la Unión en la celebración de los compromisos internacionales de nuestro país. El problema que se pretende corregir proviene de lo siguiente: "El artículo 133 constitucional dispone la llamada jerarquía de leyes y establece que la ley suprema de la nación son la propia Constitución, las leyes reglamentarias que de ella emanen y los tratados internacionales. Sin embargo, no obstante su alta jerarquía el tratado internacional se crea legislativamente de la manera más sencilla que incluso la ley más modesta, esto porque requiere la ratificación de una sola Cámara y tan solo por mayoría simple. "Así las cosas, si el tratado tiene una jerarquía casi como la de la Constitución debiera pasar por un proceso congresional casi como el de la reforma constitucional, la cual tiene que aprobarse por las dos Cámaras con mayoría calificada y con la aprobación de las legislaturas de los estados. "Por eso me permito proponer que la ratificación del tratado internacional sea bicameral y calificada, sólo distinguiéndose de la constitucional en la aprobación local. Esta reforma garantizaría que una disposición del Presidente de la República con la ratificación de sólo una de las Cámaras no se sobreponga a las leyes aprobadas por ambas Cámaras e incluso a las aprobadas por las legislaturas de los estados; cancelando con ello el peligro de una supresión del federalismo legislativo. "En diversas ocasiones he insistido en la necesidad de otorgar al Congreso de la Unión la facultad de aprobar tratados internacionales, facultad actualmente reservada de manera exclusiva al Senado de la República. No existe una razón sólida para sustentar la aprobación de tratados internacionales como una facultad exclusiva de una Cámara, cualquiera que ésta sea. "Se ha dicho que resulta de una copia del sistema norteamericano. En este sistema se prevería una determinada mayoría del Senado para la aprobación del tratado internacional y con el paso de los años este sistema trajo mayores conflictos que beneficios, motivo por el cual posteriormente se reformó, permitiéndosele al Senado exclusivamente una opinión. "Independientemente de sus razones históricas la aprobación de los tratados internacionales como facultad unicameral no se justifica hoy en día y pone en peligro, repito, no solo las facultades legislativas de esta soberanía federal, sino también las facultades legislativas de los estados federados mexicanos y que con ello se cancela o se conculca la viabilidad de un federalismo legislativo real y concreto. "Además de lo anterior si se considera que los tratados internacionales como ley suprema de la unión, se cae en el riesgo eminente de que una disposición del Presidente de la República, tan solo aprobada por mayoría simple por una sola Cámara, pudiera conculcar toda la legislación o todos los aspectos legislativos y normativos de las entidades federativas. Es por ello que me permito someter a esta honorable Cámara de Diputados, en primer lugar, la reforma del artículo 133 de la Constitución Política para que ésta determine que son ley suprema de la unión la Constitución, las leyes del Congreso que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con aprobación del Congreso de la Unión, por las dos terceras partes de los integrantes de cada una de sus Cámaras. Consecuentemente con esta reforma se propone adicionalmente la reforma del artículo 76 constitucional, para determinar que el análisis de la política exterior corresponde al Congreso en su conjunto y que los tratados internacionales que someta el Presidente de la República tendrán que ser aprobadas por el Congreso de la Unión, es decir, bicameralmente y no tan sólo por una sola de sus Cámaras. Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias honorable asamblea. Entrego en estos momentos a la Secretaría el texto completo de la iniciativa que acabo de someter a su consideración. -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene la palabra el diputado José Carlos Luna Salas, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona el artículo 3º bis y el Capítulo Cuarto de la Integración y Registro de las Asociaciones Agrícolas a la Ley de Asociaciones Agrícolas. -DIP. JOSE CARLOS LUNA SALAS: Con el permiso de la Presidencia de esta Cámara de Diputados. "Compañeras y compañeros Legisladores: El suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se adiciona el artículo 3 bis y el Capítulo Cuarto de la integración y Registro de las Asociaciones Agrícolas de la Ley de Asociaciones Agrícolas, conforme a la siguiente: "Exposición de Motivos "La situación del campo mexicano en la actualidad cosecha insatisfacciones y pesares. Un gran número de factores han dejado su huella en este sector a través del tiempo. Estos factores que todo el mundo parece dispuesto a señalar y cuya paternidad cada actor niega de manera recurrente, incluyen entre todos los demás el corporativismo. "Hablar de corporativismo es sobre todo hablar de organizaciones e instituciones políticas y sociales paralelas a la construcción del sistema económico y la institucionalización del país, las políticas sociales, así como los actores que las enarbolan, que las enarbolaron; que las canalizaron y reprodujeron, el apoyo político, a la vez que definieron y acotaron las demandas sociales. "Los líderes del campo a lo largo de este proceso aseguraron la movilización popular a cambio de la satisfacción de las necesidades más o menos básicas e la población a la que agrupaban. En este contexto, las organizaciones campesinas fueron convirtiéndose poco a poco en el único interlocutor reconocido por el gobierno y éste último junto con los partidos y líderes locales y nacionales, fomentaron la hegemonía de las organizaciones frente a los individuos aislados. "Durante años esta gobernabilidad funcionó por la combinación de medidas legales y extralegales que apoyaron el monopolio de la representación en el campo, así como también por el establecimiento de un amplio sistema de intercambios con las bases campesinas a cambio del orden social y las políticas gubernamentales en lo económico, político y social. "La apertura de la economía nacional a los mercados internacionales, así como el abandono paulatino del esquema de sustitución de importaciones, parecía conducir hacia un indispensable diseño de un nuevo marco institucional y legal consecuente con la cambiante realidad de nuestro país y del mundo entero. "Sin embargo, muchos años después constatamos que en el ámbito rural persisten mecanismos de control y distorsiones diversas en los mercados que sujetan a los productores agrícolas a todo tipo de abusos, principalmente a mecanismos clientelares que abonan el capital político de líderes e intermediarios pero que en poco colaboran al mejoramiento de su situación. El marco jurídico que regula las asociaciones agrícolas del país también contribuyen a la reproducción de estos vicios ya que ha sido rebasada totalmente por los nuevos tiempos que se viven en el país. Dicho ordenamiento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de agosto de 1932 por lo que se considera necesario llevar a cabo una reforma legislativa que permita corregir el uso indebido que algunos dirigentes de las asociaciones agrícolas realizan para su beneficio personal. Es indispensable desterrar a las prácticas corporativas de las organizaciones agrícolas ya que gran parte de la situación actual de deterioro del campo mexicano está directamente vinculada con ellas principalmente con líderes corruptos desvinculados de los problemas y preocupaciones reales que aquejan a los miembros e interesados en obtener logros políticos y económicos a costa inclusive de la propia asociación. Por lo anterior, se propone adicionar el Artículo 3-bis en donde se establezcan claramente las prohibiciones que tendrán las asociaciones agrícolas como la de o recibir recursos de partido político alguno , no apoyar a candidato, agrupación o partido político, no pertenecer o afiliarse a organizaciones o partido político y no realizar actos de campaña o proselitismo dentro de la propia estructura. Se adiciona un Capítulo IV en el que se haga expreso el derecho de los agricultores para asociarse libre y voluntariamente. Asimismo se obliga a la SAGARPA a llevar un registro de las asociaciones agrícolas previo cumplimiento de los requisitos que en ella misma se establecen a efecto de llevar un Padrón confiable que permita la identificación e interlocución en las asociaciones. Por otro lado se dispone que los Estatutos de las asociaciones agrícolas deberán consignar cuando menos normas relativas a la integración , facultades y funcionamiento de sus órganos, a patrimonio de la organización, a los sistemas de elección de sus dirigentes, a la duración de los cargos directivos y las incompatibilidades para su desempeño así como las relativos a los derechos y obligaciones de sus asociados. Con esta medida pretendemos garantizar la buena dirección de las asociaciones y evitar maniobras corporativas. Se propone, además, que la integración de los órganos de dirección de las asociaciones agrícolas, los miembros deberán reunir los siguientes requisitos: 1.- No tener algún puesto de elección popular. 2.- No desempeñar algún cargo público dentro de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal y, 3.- Que la principal fuente de sus ingresos económicos provenga de la actividad agrícola. El mecanismo para asegurarse de que los miembros de los órganos de dirección de dichas asociaciones cuentan con los requisitos mencionados en el párrafo anterior, consiste en proponer que la SAGARPA sea la responsable de vigilar que en los Estatutos se encuentren incluidos dichos requisitos. Esta revisión se realizará al momento de registrar las asociaciones agrícolas. Como vemos, el espíritu que anima a esta Iniciativa es garantizar que los responsables de la dirección en las asociaciones agrícolas gocen de un mínimo de condiciones que aseguren su eficaz representación y al mismo tiempo trabajen para el bienestar de sus agremiados. Por lo anteriormente expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente Decreto por el que se adiciona el Artículo 3-bis y el Capítulo IV de la Integración y Registro de las Asociaciones Agrícolas de la Ley de Asociaciones Agrícolas. Artículo Primero:- Se adiciona el Artículo 3-bis para quedar redactado de la siguiente manera: ARTICULO 3-Bis.- Las asociaciones agrícolas constituidas en los términos de esta Ley, no podrán, en ningún caso; No. 1.- Recibir recursos de partido político alguno. No. 2.- Apoyar a candidatos, agrupación o partido político. No. 3.- Pertenecer o afiliarse a organización o partido político . No. 4.- Realizar actos de campaña o proselitismo dentro de su propia estructura. ARTICULO II.- Se adiciona el Capítulo IV de la integración y registro de las asociaciones agrícolas de la Ley de Asociaciones Agrícolas para quedar redactado en lo sucesivo de la siguiente manera. Capítulo 4.- De a integración y registro de las asociaciones agrícolas. ARTICULO 14.- Los agricultores del país tendrán en todo momento el derecho de asociarse libre y voluntariamente de conformidad al artículo 9º constitucional. ARTICULO 15.- La Secretaría de Agricultura estará obligada a registrar la constitución de las organizaciones agrícolas, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente ley, sus reglamentos y demás disposiciones aplicables. Las asociaciones agrícolas a que se refiere esta ley, gozarán de personalidad jurídica y deberán quedar registradas. Las asociaciones agrícolas constituidas en los términos de esta ley, tienen a su favor la presunción de ser representativas de los agricultores de la localidad o región en que operen. ARTICULO 16.- Los estatutos de las asociaciones agrícolas, en los términos que establezca el reglamento deberán consignar, cuando menos, normas relativas a la integración, facultades y funcionamiento de sus órganos, al patrimonio de la organización, a los sistemas de elección de sus dirigentes, a la duración de los cargos directivos y las incompatibilidades para su desempeño, así como las relativas a los derechos y obligaciones de sus asociados. Para efectos del párrafo anterior, en la integración de los órganos de dirección de las asociaciones agrícolas, los miembros deberán reunir los siguientes requisitos: --- No tener algún puesto de elección popular; --- No desempeñar algún cargo público dentro de la Administración Pública Federal, estatal o municipal; y, --- Que la principal fuente de sus ingresos económicos provenga de la actividad agrícola. La Secretaría de Agricultura, al momento de registrar a las asociaciones agrícolas, deberá cerciorarse que en los estatutos se encuentren incluidos los requisitos mencionados en el párrafo anterior. Artículo Tercero.- Se recorre Señor Presidente, permítame terminar. - LA C. PRESIDENTA, DIP. MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL: Se puede integrar el texto integro (sic), señor diputado, si le parece. -