LA MISMA C. SECRETARIA: ORDEN DEL DIA DE LA PROXIMA SESION No. 10 COMISION PERMANENTE PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE LA LVIII LEGISLATURA. ORDEN DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2001. Lectura del acta de la sesión anterior. COMUNICACION El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, invita a la Ceremonia Cívica que con motivo del 172 Aniversario Luctuoso de Doña Josefa Ortiz de Domínguez, tendrá lugar el 2 de marzo a las 10:00 Horas, en el Monumento erigido a su Memoria, Plaza de Santo Domingo, en República de Brasil y Belisario Domínguez. Del Congreso del Estado de Chihuahua. OFICIO DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA Con el que remite proyecto de indicadores de evaluación y de gestión de fondos y programas, que integran el Fondo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, del Ramo Administrativo 10 Economía, de conformidad con el párrafo Sexto del Artículo 70 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001. (Turno a Comisión). Y los demás asuntos con los que la Mesa Directiva Dé Cuenta. EL C. PRESIDENTE. Gracias, señora senadora Secretaria. (A las 15:00 horas). Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar el próximo miércoles 28 de febrero en punto de las once horas. APENDICES DE LA SESION DE COMISION PERMANENTE DEL PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2001. APENDICE No. 1 Dip. Ricardo Francisco García Cervantes Presidente de la Comisión Permanente Del H. Congreso de la Unión PRESENTE El Instituto de Cultura de la Ciudad de México ha programado la ceremonia conmemorativa del DII (502) Aniversario del Natalicio de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que tendrá lugar en el Busto ubicado en el costado sur poniente del atrio de la Catedral Metropolitana: 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, frente al edificio del Monte de Piedad, Delegación Cuauhtémoc, el viernes 23 de febrero, a las 10:00 horas. Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones, a efecto de que un representante de esa Honorable Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia. Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. El Director General C. Alejandro Aura --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 2 Dip. Ricardo Francisco García Cervantes Presidente de la Comisión Permanente Del H. Congreso de la Unión PRESENTE El Instituto de Cultura de la Ciudad de México, ha programado la ceremonia conmemorativa del CDLXXVI (476) Aniversario Luctuoso de Cuauhtémoc, último Huei Tlatoani de la Triple Alianza, que se llevará a cabo en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas, a un costado de la Parroquia de Santiago Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, el miércoles 28 de febrero a las 10:00 horas. Por tal motivo, me permito solicitar muy atentamente se sirva girar sus respetables instrucciones a efecto de que un representante de esa Honorable Cámara que usted preside, asista a la ceremonia de referencia. Agradezco las atenciones que se sirva prestar a la presente y le reitero las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. El Director General C. Alejandro Aura ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APENDICE No. 3 C. Presidente de la Comisión Permanente Del H. Congreso de la Unión México, DF De conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, nos permitimos comunicarles la clausura del primer periodo ordinario de sesiones, así como la instalación de la Comisión Permanente y de la designación de la Mesa Directiva que fungirá durante el primer periodo de receso, que comprende del 1° de febrero al 31 de marzo del año en curso, correspondiente al tercer año de ejercicio constitucional, la cual quedó integrada de la siguiente forma: Presidente: Dip. Ricardo Zazueta Villegas Vicepresidente: DiP. Alejandro Bahena Flores Secretario: Dip. Héctor Magaña Mosqueda Prosecretario: Dip. Gilberto Flores Muñoz Vocal: Dip. José Félix Arango Pérez Vocal: Dip. Edgar A. Fernández Bustamante Vocal: Dip. Raquel Casillas Muñoz Suplente: Dip. Sergio Gómez Mora Suplente: Dip. Efrén Macías Lezama Suplente: Dip. David Gutiérrez Piceno Al hacer de su conocimiento lo anterior, aprovechamos la oportunidad para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Mexicali, BC, a 1° de febrero del ano 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APENDICE No. 4 CC. Secretarios de la Comisión Permanente Del H. Congreso de la Unión México, DF La Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado Libre y Soberano de Campeche, comunica la apertura y clausura de su primer periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al primer receso del primer año de ejercicio constitucional. Lo que nos permitimos hacer de su conocimiento para los fines conducentes. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Dip. José del Carmen Gómez Casanova (rúbrica) Primer secretario ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 5 H. Mesa Directiva de la Comisión Permanente De la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión PRESENTE Por este conducto, presento a Ustedes solicitud de licencia para cesar en mis funciones representativas como legisladora federal electa a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión LVIII Legislatura, por la III circunscripción plurinominal federal. Lo anterior, con fundamento en las disposiciones establecidas en el artículo 78, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, solicito de esta Comisión Permanente, que de resolver aprobando la presente, se sirva proceder de conformidad a lo establecido por el artículo 165 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Atentamente Dip. Norma Reyes Terán (rúbrica) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APENDICE No. 6 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, DE REFORMA AL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 116 DE LA CONST1TUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Honorable Asamblea: Fueron turnadas a esta Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para su análisis y estudio, el proyecto de reforma a la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Baja California, presentadas ante esta H. XVI Legislatura, por el diputado Martín Domínguez Rocha. La Comisión que suscribe, con las facultades que le confieren los artículos 44, 48, fracción I, 49, 64, 67, 114, 116 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, procedió al estudio y análisis de las iniciativas precitadas, mis mas que se dictaminan con base en los siguientes: Antecedentes I. En fecha 17 de agosto del ano 2000, el diputado Martín Domínguez Rocha, presentó ante la Mesa Directiva de este Congreso, el Proyecto de reforma a los artículos 116 y 16 de las Constituciones Federal, y del Estado de Baja California, respectivamente. II. Una vez recibido el proyecto en mención, la Presidencia de la Mesa Directiva de esta H. XVI Legislatura, conforme a la facultad conferida por la fracción II del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado, acordó turnarla a esta Comisión para su estudio, análisis y dictaminación. III. Recibida que fue por la suscrita Comisión de Legislación, procedió al análisis y estudio de los proyectos de reformas, mismos que una vez analizados en todos y cada uno de sus términos, se estimaron viables y procedentes jurídicamente; sirviendo de base para elaborar el presente Dictamen, bajo el siguiente, Análisis y estudio 1. Exposición de Motivos La Iniciativa analizada expone como principales motivaciones, la necesidad de crear una verdadera carrera parlamentaria; aduciendo para ello, que la posibilidad de reelección implica que los legisladores tendrán que justificar ante la población a la que representan, el trabajo desempeñado, traducido como metas cumplidas. Adicionalmente, las motivaciones expuestas por el autor de la Iniciativa refieren una serie de ventajas, mis mas que se sintetizan en lo siguiente: la posibilidad de crear una relación entre el representante y sus electo res; el fortalecimiento de la responsabilidad del legislador y la capacidad de criterio de los electores, lo que redundará en el liderazgo del legislador, a través de argumentos, cifras y resultados, y finalmente en un beneficio social concreto; y finalmente, el mayor dominio de las funciones legislativas por parte de los legisladores. 2. De la reforma propuesta El artículo 116, objeto del presente Dictamen, estable ce el principio de la división de poderes y define las normas para su organización, remitiéndose para el caso, a las normas previstas por las correspondientes Constituciones locales; asimismo, en cuanto al Poder Legislativo, establece la imposibilidad de que éste se deposite en un solo individuo. Por otra parte, para el caso de los Poderes Legislativos estatales, establece la proporcionalidad en la representación de los integrantes de las Legislaturas; así como los principios de mayoría relativa y representación proporcional, conforme a las leyes de cada estado. El segundo párrafo, establece la imposibilidad de reelección inmediata de los diputados locales, salvo que se trate de diputados suplentes que no hayan estado en ejercicio. Por lo que se refiere al ámbito electoral, la norma constitucional impone como obligación a cargo de las disposiciones constitucionales y legales estatales, que éstas garanticen: a) El desarrollo de las elecciones, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; b) La legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia en el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades; c) La autonomía del funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades encargadas de organizar elecciones y las jurisdiccionales en materia electoral; d) El establecimiento de un sistema de medios de impugnación para sujetar todos los actos al principio de legalidad; e) Propiciar condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, así como en la recepción de financia miento público y apoyo durante los procesos electorales, tendientes a la obtención del sufragio universal; f) Los criterios para la limitación a las erogaciones de los partidos, en las campañas electorales y procedimientos de control en el origen y uso de recursos y las sanciones correspondientes; y finalmente, la tipificación de delitos y faltas en materia electoral. Por lo que se refiere a la reforma propuesta a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, ésta pretende la modificación del párrafo segundo, en el sentido de que los diputados propietarios o suplentes de las Legislaturas estatales puedan ser reelectos para el periodo inmediato, de conformidad con los términos de las leyes estatales, debiendo separarse de su encargo para tal efecto, noventa días naturales antes del día de la elección. De manera análoga, la Iniciativa propone la modificación de la Constitución del estado en su artículo 16, estableciendo para el caso, que los diputados propietarios o suplentes del Congreso del estado podrán ser re electos para el periodo inmediato en la forma, términos y condiciones que señale la ley, debiendo separarse de su encargo, noventa días naturales antes del día de la elección; y sujetarse a las disposiciones establecidas en materia electoral, en cuanto a las formalidades y condiciones para ser candidato. En dicho tenor, la Iniciativa planteada propone la re forma al artículo 116, para quedar como sigue: "Artículo 116. El Poder Público... Los gobernadores... Nunca podrá... A) B) Solo podrá... II. El número... Los diputados propietarios o suplentes de las Legislaturas de los estados podrán ser reelectos para el periodo inmediato en la forma, términos y condiciones que señalen las leyes estatales, debiendo se pararse de su encargo noventa días naturales antes del día de la elección. Las Legislaturas III. El Poder Judicial... La independencia... Los magistrados... Los nombramientos... Los magistrados durarán... Los magistrados y los jueces... IV. Las Constituciones... A) Las elecciones... B) En el ejercicio... C) Las autoridades... D) Se establezca... E) Se fijen los... F) De acuerdo... G) Se propicien... H) Se fijen... I) Se tipifiquen... V. Las relaciones... VI. La federación y Los Estados... 3. De las prerrogativas y obligaciones ciudadanas y la forma de gobierno Para efectos de concluir acerca de la factibilidad de la reforma propuesta, consideramos oportuno recurrir al contenido de las normas constitucionales, en materia de prerrogativas ciudadanas y forma de gobierno; ello con la intención de precisar en relación a los derechos políticos de los ciudadanos, y a la posibilidad que éstos tienen, de elegir a los representantes populares, dentro del Poder Legislativo. Al respecto, los preceptos contenidos en el Capítulo Cuarto, del Título Primero constitucional, definen como prerrogativas de los ciudadanos mexicanos, el derecho a votar y ser votado para cargos de elección popular, la asociación para participar en los asuntos políticos del país; asimismo, prevé como obligaciones el voto en elecciones populares, en los términos de ley y el desempeño de cargos de elección popular, tanto a nivel federal como estatal. El numeral 39 de la Constitución Federal estatuye que el Poder Público dimana del pueblo y se instituye para su beneficio; adicionalmente, el artículo 41 define el ejercicio de la soberanía del pueblo, a través de los Poderes de la Unión en los casos de su competencia; y en cuanto a los regímenes interiores, por parte de los Poderes Estatales. Del mismo modo, el artículo mencionado prevé la re novación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas; asignando como tarea a los partidos políticos, la de pro mover la participación popular en la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación nacional, posibilitando el acceso de los ciudadanos al ejercicio del Poder Público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Finalmente, la disposición aludida prevé la existencia de un sistema de impugnación, cuya finalidad es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de asociarse, votar y ser votado. De las disposiciones constitucionales aludidas, podemos concluir que la representación ciudadana a través de la elección de los integrantes del Poder Legislativo, tiene su fundamento en normas tendientes a garantizar la elección democrática por parte de los ciudadanos, salvaguardando los principios de legalidad y constitucionalidad. Por lo anterior, esta Comisión estima que la reforma propuesta para efectos de establecer la reelección in mediata de diputados locales, encuentra apoyo en las normas constitucionales precitadas, toda vez que al garantizar éstas la posibilidad de que los ciudadanos elijan de manera libre y democrática, bajo los principios de constitucionalidad y legalidad, a quienes integrarán el Poder Legislativo; deja en manos de los propios ciudadanos, la decisión de reelegir, aún de manera inmediata, a los candidatos que consideren indica dos para representar y cumplir sus aspiraciones dentro del Poder Legislativo. 4. Antecedentes históricos de la no reelección en México Los antecedentes que dieron origen a la no reelección presidencial, ocurrieron como resultado de la situación política de nuestro país, durante la época porfirista. Al respecto, podemos enunciar diversos precedentes, tales como la reforma constitucional del 78, en que el Presidente Díaz estableció el principio de no reelección, pero no de modo absoluto; por lo que tal principio le permitió volver a la presidencia, después de cuatro años de haber cesado sus funciones; y posterior mente, otras reformas le permitieron continuar indefinidamente en el ejercicio del Poder Ejecutivo. Ante la inconformidad con el gobierno del Presidente Díaz, aparecieron grupos adversos, dentro de los cuales destacaron las ideas de D. Francisco I. Madero, quien publicó La sucesión presidencial en 1910, en la cual proponía la creación del partido antireeleccionista, cuyos principios fundamentales eran "libertad de sufragio y no reelección"; y dentro de cuyas conclusiones proponía una serie de cambios en la integración de poderes, tendientes a disminuir el poder del titular del Ejecutivo. En el mismo sentido, diversos documentos de la época, manifestaban que el gobierno tenía como base la fuerza, y no el derecho; afirmando que el Poder Legislativo y Judicial se supeditaban por completo al Ejecutivo; y que la división de poderes, así como la soberanía de los estados y la libertad de los ayuntamientos y derechos del ciudadano no existían de hecho, y sólo se encontraban escritos en la Carta Magna; ya que la organización administrativa, judicial y legislativa obedecía al capricho del Presidente, cuya finalidad era mantenerse en el poder, a toda costa. En relación al Poder Legislativo, los precedentes históricos se presentaron de manera distinta a los del Poder Ejecutivo, ya que salvo los precedentes de Cádiz y Apatzingán, los textos fundamentales no contempla ron restricciones a la reelección indefinida de los miembros del Poder Legislativo. De manera concreta, los precedentes constitucionales se resumen de la siguiente manera: Artículo 110 de la Constitución de 1812. Los diputados no podrán volver a ser elegidos sino mediando otra diputación; Artículo 57 de la Constitución de 1814. Tampoco serán reelegidos los diputados si no es que medie el tiempo de una diputación; Constitución de 1824. No establece prohibición respecto a la reelección inmediata de los legisladores; Constitución de 1836. No se establece prohibición respecto a la reelección inmediata de los legisladores; Bases de organización política de 1843. No se establece prohibición respecto a la reelección inmediata de los legisladores; Acta Constitutiva de Reforma de 1847. No se establece prohibición respecto a la reelección inmediata de los legisladores; Constitución de 1857. No se establece prohibición respecto a la reelección inmediata de los legisladores; Constitución del 5 de febrero de 1917. El texto original del artículo 59 no contemplaba ninguna disposición que prohibiera la reelección inmediata de los legisladores; sin embargo, en abril de 1933 se reformó el artículo prohibiéndose la reelección inmediata de los legisladores, en virtud de una iniciativa presentada por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional Revolucionario. De lo anterior podernos concluir, que si bien los antecedentes históricos políticos nos muestran la evolución hacia la no reelección del titular del Poder Ejecutivo, no es así para el caso del Poder Legislativo, en cuyo caso los precedentes constitucionales e históricos, no registran la misma tendencia que para el Poder Ejecutivo. Por lo que hace al texto constitucional vigente, consideramos importante mencionar como antecedentes, di versas iniciativas de modificación al texto constitucional, presentadas en los meses de octubre y noviembre de 1998. cuya finalidad consiste en permitir la reelección inmediata de los senadores y diputados del Congreso de la Unión, bajo ciertas bases y limitaciones. 5. De las reformas a la constitución El Título Octavo de la Constitución Federal determina la posibilidad de adicionar o reformar el texto constitucional, estableciendo para ello, el requisito del voto de las dos terceras partes de los individuos presentes del Congreso de la Unión, así como la aprobación de la mayoría de las Legislaturas estatales. 6. De las reformas a la Constitución del estado de Baja California El artículo 112 de la Constitución del Estado, estable ce los requisitos para la adición o reforma constitucional; al respecto, el último párrafo del numeral en mención, prevé que tratándose de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que afecten a la Constitución del estado, éstas serán inmediatamente adoptadas por el Congreso del estado, mediante dictamen, referente a la afectación del texto de la misma, y a la parte del mismo en que deba incorporarse, aprobado por mayoría calificada y produciendo declaratoria de reforma constitucional, que deberá promulgarse sin necesidad de otro trámite. En relación al contenido de la disposición anterior, la propuesta de reforma a la Constitución del estado, establece dentro de las normas transitorias propuestas, la entrada en vigor de las reformas, una vez culminada la promulgación y entrada en vigencia de la reforma al numeral 116 de la Constitución federal, mediante el cumplimiento de lo dispuesto por el último párrafo del artículo 112 antes mencionado. 7. Conclusiones De las consideraciones vertidas en los puntos anteriores, se concluye que la pretensión de la propuesta objeto del presente Dictamen, no contraviene las previsiones constitucionales relativas a la elección de diputados en las legislaturas locales; y de manera específica, en cuanto a la reelección de diputados, tanto las previsiones constitucionales, como las referencias históricas del sistema político nacional, nos orientan hacia la factibilidad de establecer la reelección inmediata de diputados locales. Una vez realizado el anterior análisis y estudio, a continuación se da cuenta de los razonamientos generales y específicos que llevaron a esta Comisión a proponer la conveniencia de aprobar la Iniciativa en estudio, mismos que se exponen en los siguientes: Considerandos Primero: Que el artículo 71 de la Constitución Federal, dispone en su fracción III, el derecho de las Legislaturas estatales, de iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión. SEGUNDO: Que el Congreso de la Unión es el en cargado de desarrollar el proceso legislativo para re forma la Carta Política federal, para lo cual dispone que las reformas o adiciones a la misma, serán mediante el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes y la aprobación por la mayoría de las Legislaturas de los estados. TERCERO: Que la Constitución del estado de Baja California prevé la declaratoria de reforma o adición constitucional estatal, como consecuencia de la reforma o adición a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que afecte a la Constitución del estado. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión que sus cribe somete a la consideración de esta Honorable Asamblea, los siguientes Resolutivos Primero: Se aprueba la remisión de la Iniciativa de re forma al segundo párrafo de la fracción II del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión, para quedar como sigue: "Artículo 116. El Poder Público... I.... Los gobernadores... Nunca podrá... A) B) Solo podrá... II. El número... Los diputados propietarios o suplentes de las Legislaturas de los estados podrán ser reelectos para el periodo inmediato en la forma, términos y condiciones que señalen las leyes estatales, debiendo se pararse de su encargo noventa días naturales antes del día de la elección. Las Legislaturas... III. El Poder Judicial... La independencia... Los magistrados... Los nombramientos... Los magistrados durarán... Los magistrados y los jueces... IV. Las Constituciones... J) Las elecciones... K) En el ejercicio... L) Las autoridades... M) Se establezca... N) Se fijen los... O) De acuerdo... P) Se propicien... Q) Se fijen... R) Se tipifiquen... V. Las relaciones... VI. La federación y... Los Estados... Transitorios 1. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 2. Túrnese a las Legislaturas estatales para efectos de lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Las reformas al artículo 116, podrán ejercerse hasta en tanto se culminen las adecuaciones legislativas a las constituciones y leyes locales de las entidades federativas. 4. Las Legislaturas estatales adecuarán sus Leyes Orgánicas para regular la obligación de los diputados para mantener periódicamente informados a sus representados respecto del cumplimiento de sus funciones, en la forma y términos que en los ordenamientos correspondientes se determinen. Segundo: No se aprueba la Iniciativa que adiciona el artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, toda vez que de aprobarse la Iniciativa de reforma al artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la Legislatura federal, se deberá cumplir con lo dispuesto por el último párrafo del artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Dado en el Salón Jardín del hotel Rosarito Beach, en la Ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, a los seis días del mes de febrero del ano dos mil uno. Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales Dictamen No. 133 Dip. Héctor Magaña Mosqueda (rúbrica) Presidente Dip. Efrén Macías Lezama (rúbrica) Secretario Dip. Manuel Alberto Ramos Rubio (rúbrica) Vocal Dip. Edgar A. Fernández Bustamante (rúbrica) Vocal Dip. Martín Domínguez Rocha (rúbrica) Vocal Presidencia del C. Dip. Ricardo Zazueta Villegas (Asistencia de veintiún ciudadanos Diputados) En la ciudad de Mexicali, Baja California, siendo las diecisiete horas con treinta y cinco minutos del día jueves ocho de febrero del año dos mil uno, da inicio a la Sesión Extraordinaria de este Honorable Congreso del Estado y encontrándonos constituidos en el Recinto Oficial de este Poder Legislativo, y a solicitud del Diputado Presidente, el Diputado Secretario de esta Mesa Directiva certifica la asistencia de los ciudadanos Diputados: "Aguilar Kaiten Guillermo, Arango Pérez José Félix, Avitia Nalda Sergio, Bahena Flores Alejandro, Bastida Hernández Sócrates, Cano Jiménez Antonio Ricardo, Delfín Castro Miguel, Domínguez Rocha Martín, Esparza Herrera Héctor, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Flores Muñoz Gilberto, Gómez Mora Sergio, Gutiérrez Piceno David, Jiménez Mercado Jaime, Loperena Núñez Sergio Javier, Macías Lezama Efrén, Magaña Mosqueda Héctor, Molina Rodríguez Juan Manuel, Ramos Rubio Manuel Alberto, Villalaz Becerra María del Refugio Olivia y Zazueta Villegas Ricardo". Justificándose por el Diputado Presidente la inasistencia de los ciudadanos Diputados: Casillas Muñoz Raquel, Pedrín Márquez Alejandro y Ruvalcaba Flores David. Por consiguiente, habiéndose cerciorado y declarado la existencia del quórum legal para sesionar, se declara abierta la sesión, en donde el Diputado Presidente le solicita al Diputado Secretario dé a conocer el Orden del Día que se propone, siendo el siguiente: 1. Lectura del Acta de la Sesión Previa. 2. Declaratoria de Apertura. 3. Lectura de la Convocatoria. 4. Desahogo de los asuntos enlistados en la convocatoria. 5. Clausura. Mismo, que puesto a consideración de la Asamblea resulta aprobado, en votación económica por unanimidad de los Diputados presentes. Enseguida, se procede a desahogar el Orden del Día establecido, iniciando con el primer punto, en donde el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario dé lectura al acta de la Sesión Previa celebrada el día 08 de febrero del año en curso; una vez leída se procede a levantar la votación en forma económica, resultando aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. Acto continuo, se pasa al Segundo Punto, en donde el Diputado Presidente solicita a los ciudadanos Diputados y al público asistente ponerse de pie para hacer la Declaratoria de Apertura correspondiente, en los siguientes términos: "LA HONORABLE XVI LEGISLATURA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE BAJA CAUFORNIA, ABRE HOY SU PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE A SU TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL. " Enseguida, se procede a desahogar el Tercer Punto, en donde solicita el Diputado Presidente al Diputado Secretario dé lectura a la convocatoria procediendo el Diputado Secretario a darle lectura a la misma. Posteriormente, hace uso de la Tribuna el Diputado Martín Domínguez Rocha, en su calidad de Presidente de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, para manifestarse en relación a la licencia por treinta días que les fue otorgada a los ciudadanos Diputados: Miguel Delfín Castro, Guillermo Aguilar Kaiten y Sócrates Bastida Hernández. Habiéndose aprobado por el Pleno de este Congreso la sustitución del Diputado Sócrates Bastida Hernández por el Diputado Alejandro Bahena Flores, en su carácter de Presidente, puntualizando que esto era hasta en tanto se culminara el plazo estipulado para licencia temporal. Igualmente se aprobó la designación del Diputado Alejandro Pedrín Márquez como integrante de dicha Comisión hasta en tanto surta efecto la reintegración del Diputado cuya licencia se aprobó. Debido a que no existe en la Ley Orgánica del Congreso del Estado un procedimiento que establezca las formas correspondientes, se considera que para evitar cualquier discusión y subsanar observaciones o en su caso repercusiones de tipo jurídico se considera conveniente hacer del conocimiento de todos los Diputados que los Diputados en mención se han reintegrado a sus actividades normales y también que se haga del conocimiento de todos los ciudadanos Diputados si hubiese alguna observación al respecto o alguna objeción que se pretendiera plantear. Aunado a lo anterior, el Diputado Martín Domínguez Rocha presenta la siguiente propuesta. Que el Diputado Sócrates Bastida Hernández se reintegra a su función de Presidente de la Comisión de Hacienda y Administración de este Congreso. 2. Que el Diputado Alejandro Bahena Flores, consiguientemente pasa a ocupar su lugar como Vocal de dicha Comisión. 3. Que el Diputado Alejandro Pedrín Márquez, deja el espacio correspondiente". Acto seguido y no existiendo discusión sobre la propuesta de acuerdo económico que presenta la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario la someta a votación en forma nominal, resultando aprobada por 18 votos a favor, de los siguientes Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Esparza Herrera Héctor, Villalaz Becerra María del Refugio Olivia, Loperena Núñez Sergio, Macías Lezama Efrén, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Ramos Rubio Manuel Alberto, Magaña Mosqueda Héctor, Jiménez Mercado Jaime, Gutiérrez Piceno David, Domínguez Rocha Martín, Gómez Mora Sergio, Arango Pérez José Félix, Molina Rodríguez Juan Manuel, Aguilar Kaiten Guillermo, Flores Muñoz Gilberto, Bahena Flores Alejandro, Zazueta Villegas Ricardo. Posteriormente, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el Punto de Acuerdo leído por el Diputado Martín Domínguez Rocha a nombre de la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García, del Honorable Poder Legislativo, en Sesión de Período Extraordinario, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Héctor Magaña Mosqueda en su calidad de Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, para informar que dicha Comisión presentará los siguientes Dictámenes: No. 133, No. 136, No. 138, No. 139, No. 140, No. 141, No. 142, No. 143, No. 104, No. 110, No. 106. Así mismo, solicita la dispensa de trámite de los Dictámenes en mención, ya que no fueron entregados en tiempo y forma como lo establece el Articulo 31 de la Constitución Política y el Artículo 11 y 126 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; así como también solicita la dispensa de la lectura total, para leer únicamente proemios, considerandos y resolutivos. Acto seguido, el Diputado Presidente decreta un receso a solicitud del Diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez y secundado por la Diputada María del Refugio Olivia Villalaz Becerra, siendo las dieciocho horas; reanudándose la sesión a las dieciocho horas con quince minutos, una vez verificado el quórum. A continuación y antes de proceder a la votación de la solicitud de dispensa de trámite de los Dictámenes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el Diputado Presidente decreta un receso a solicitud del Diputado Martín Domínguez Rocha y secundado por el Diputado Sergio Gómez Mora, siendo las dieciocho horas con dieciséis minutos; reanudándose la sesión a las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, habiendo sido verificado el quórum. Acto seguido y no existiendo oradores en contra de la solicitud de dispensa de trámite, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario la someta a votación en forma nominal, resultando aprobada por 17 votos a favor, de los Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Villalaz Becerra María del Refugio Olivia, Loperena Núñez Sergio, Ramos Rubio Manuel Alberto, Macías Lezama Efrén, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Molina Rodríguez Juan Manuel, Arango Pérez José Félix, Delfín Castro Miguel, Aguilar Kaiten Guillermo, Flores Muñoz Gilberto, Magaña Mosqueda Héctor, Bahena Flores Alejandro, Zazueta Villegas Ricardo . No existiendo oradores en contra de la dispensa de la lectura total de los Dictámenes que presentará la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, el Diputado Presidente solicita al Diputado la someta a votación en forma económica, resultando aprobada por unanimidad de los Diputados presentes. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Martín Domínguez Rocha, para presentar el Dictamen No. 133 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establecen los siguientes Puntos Resolutivos: "Primero. Se aprueba la Remisión de la Iniciativa de Reforma al Segundo Párrafo de la fracción II al Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión para quedar como sigue: Artículo 116. El Poder Público... I.... Los Gobernadores ... Nunca Podrá ... A) B) Sólo podrá ... II. El número ... Los Diputados Propietarios o Suplentes de las Legislaturas de los Estados podrán ser reelectos para el periodo inmediato en la forma, términos y condiciones que señalen las Leyes Estatales, debiendo separarse de su encargo noventa días naturales antes del día de la elección. Las Legislaturas ... III. El Poder Judicial ... La Independencia ... Los Magistrados ... Los nombramientos ... Los Magistrados durarán ... Los Magistrados y los Jueces ... IV. Las Constituciones ... J) Las elecciones ... K) En el ejercicio ... L) Las autoridades ... M) Se establezca ... N) Se fijen los ... O) De acuerdo ... P) Se propicien ... Q) Se fijen ... R) Se tipifiquen ... V. Las relaciones ... VI. La federación y ... Los Estados ... TRANSITORIOS: 1. Las presentes reformas entrarán en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 2. Túrnese a las Legislaturas Estatales para efectos de lo previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Las reformas al Artículo 116, podrán ejercerse hasta en tanto se culminen las adecuaciones legislativas a las Constituciones y Leyes locales de las Entidades Federativas. 4. Las Legislaturas Estatales adecuarán sus Leyes Orgánicas para regular la obligación de los Diputados para mantener periódicamente informados a sus representados respecto del cumplimiento de sus funciones, en la forma y términos que en los ordenamientos correspondientes se determinen. Segundo. No se aprueba la Iniciativa que adiciona el Artículo 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, toda vez que de aprobarse la Iniciativa de Reforma al Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por la Legislatura Federal, se deberá cumplir con lo dispuesto por el último párrafo del Artículo 112 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California". No existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 19 votos a favor, de los Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Esparza Herrera Héctor, Villalaz Becerra María del Refugio Olivia, Loperena Núñez Sergio, Gutiérrez Piceno David, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Magaña Mosqueda Héctor, Ramos Rubio Manuel Alberto, Macías Lezama Efrén, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Molina Rodríguez Juan Manuel, Arango Pérez José Félix, Delfín Castro Miguel, Aguilar Kaiten Guillermo, Flores Muñoz Gilberto, Bahena Flores Alejandro, Zazueta Villegas Ricardo. Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 133 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Martín Domínguez Rocha. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo, en Sesión de Período Extraordinario, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Héctor Magaña Mosqueda para presentar el Dictamen No. 136 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establece el siguiente Punto Resolutivo: "Unico. No se aprueba la remisión de la Iniciativa de Decreto que adiciona un último párrafo al Artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". No existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 18 votos a favor, de los Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Esparza Herrera Héctor, Loperena Núñez Sergio, Gutiérrez Piceno David, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Ramos Rubio Manuel Alberto, Macías Lezama Efrén, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Molina Rodríguez Juan Manuel, Delfín Castro Miguel, Arango Pérez José Félix, Aguilar Kaiten Guillermo, Magaña Mosqueda Héctor, Flores Muñoz Gilberto, Bahena Flores Alejandro, Zazueta Villegas Ricardo. Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 136 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Héctor Magaña Mosqueda. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo, en Sesión de Período Extraordinario, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante, para presentar el Dictamen No. 138 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establece el siguiente Punto Resolutivo: "Unico. No se aprueba la remisión de la Iniciativa que Reforma el Primer Párrafo, las fracciones IV, V, VIII y Adiciona un inciso d) a la Fracción IV y una fracción LY del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Congreso de la Unión, toda vez que esta coincide con las recientes reformas publicadas en el mes de diciembre de 1999, entrando en vigor el mes de marzo del año 2000". No existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 17 votos a favor, de los Diputados: Esparza Herrera Héctor, Loperena Núñez Sergio Javier, Gutiérrez Piceno David, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Ramos Rubio Manuel Alberto, Macías Lezama Efrén, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Molina Rodríguez Juan Manuel, Arango Pérez José Félix, Delfín Castro Miguel, Aguilar Kaiten Guillermo, Flores Muñoz Gilberto, Magaña Mosqueda Héctor, Bahena Flores Alejandro, Zazueta Villegas Ricardo. Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 138 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo, en Sesión de Período Extraordinario, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Manuel Alberto Ramos Rubio, para presentar el Dictamen No. 139 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establece el siguiente Punto Resolutivo: "Unico. No se aprueba la remisión de la Iniciativa de Decreto que Reforma los Artículos 108 y 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". No existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 17 votos a favor, de los Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Esparza Herrera Héctor, Loperena Núñez Sergio, Gutiérrez Piceno David, Ramos Rubio Manuel Alberto, Macías Lezama Efrén, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Molina Rodríguez Juan Manuel, Arango Pérez José Félix, Delfin Castro Miguel, Aguilar Kaiten Guillermo, Flores Muñoz Gilberto, Magaña Mosqueda Héctor, Bahena Flores Alejandro, Zazueta Villegas Ricardo. Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 139 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Manuel Alberto Ramos Rubio. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo, en Sesión de Período Extraordinario, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Efrén Macías Lezama, para presentar el Dictamen No. 140 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establece el siguiente Punto Resolutivo: "Unico. No se aprueba la Iniciativa de Decreto que Reforma los Artículos 5,33,36 y 37 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, por lo que con fecha 18 de enero del 2001, esta Soberanía tuvo a bien aprobar la Ley de Participación Ciudadana que establece las bases, requisitos y modalidades para el ejercicio del Plebiscito, Referéndum e Iniciativa Ciudadana en Baja California". No existiendo oradores, en contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 16 votos a favor, de los Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Loperena Núñez Sergio, Gutiérrez Piceno David, Ramos Rubio Manuel Alberto, Macías Lezama Efrén, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Molina Rodríguez Juan Manuel, Arango Pérez José Félix, Delfín Castro Miguel, Aguilar Kaiten Guillermo, Flores Muñoz Gilberto, Magaña Mosqueda Héctor, Bahena Flores Alejandro Zazueta Villegas Ricardo. Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 140 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Efrén Macías Lezama. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo, en Sesión de Período Extraordinario, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno. Posteriormente, el Diputado Héctor Magaña Mosqueda, manifiesta que debido a que existe un acuerdo por parte de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, así como de los Grupos Parlamentarios, solicita se retire el Dictamen No. 141. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Martín Domínguez Rocha, para presentar el Dictamen No. 142 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establece el siguiente Punto Resolutivo: "Unico. No es de aprobarse y no se aprueba la Iniciativa que Crea la Ley para la Administración de Cauciones y Multas del Poder Judicial y de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y la Abrogación de la Ley del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado de Baja California y las Reformas a los Artículos 57 y 90 de la Constitución Local y diversos Artículos de los Códigos Penal, de Procedimientos Penales y de Procedimientos Civiles, todos del Estado de Baja California". No existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 17 votos a favor, de los Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Loperena Núñez Sergio, Gutiérrez Piceno David, Ramos Rubio Manuel Alberto, Macías Lezama Efrén, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Molina Rodríguez Juan Manuel, Arango Pérez José Félix, Delfín Castro Miguel, Aguilar Kaiten Guillermo, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Flores Muñoz Gilberto, Magaña Mosqueda Héctor, Bahena Flores Alejandro, Zazueta Villegas Ricardo. Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 142 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Martín Domínguez Rocha. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo, en Sesión de Período Extraordinario, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante, para presentar el Dictamen No. 143 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establece el siguiente Punto Resolutivo: "Unico. Se declara improcedente instaurar Juicio Político por las causas previstas en el Artículo 7°. de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, en contra de los ciudadanos RODOLFO MONTIEL TORRES, JESUS JORGE VARGAS LARA, JULIA RODRIGUEZ HERRERA, ANTONIO ARMENTA LOMEU, DONALDO EDUARDO PEÑALOSA AVILA, ALEJANDRO MONTELLANO TRILLAS, RAUL VARGAS Y JOSE LARA GARCIA, en virtud de que su conducta no afecta intereses públicos fundamentales o de su buen despacho". No existiendo oradores en contra del Dictamen en referencia, el Diputado Presidente solicita al Diputado Secretario lo someta a votación en forma nominal, resultando aprobado por 18 votos a favor, de los Diputados: Cano Jiménez Antonio Ricardo, Fernández Bustamante Edgar Arturo, Gutiérrez Piceno David, Avitia Nalda Sergio, Ramos Rubio Manuel Alberto, Macias Lezama Efrén, Domínguez Rocha Martín, Bastida Hernández Sócrates, Gómez Mora Sergio, Molina Rodríguez Juan Manuel, Arango Pérez José Félix, Delfín Castro Miguel, Aguilar Kaiten Guillermo, Loperena Núñez Sergio Javier, Flores Muñoz Gilberto, Magaña Mosqueda Héctor, Bahena Flores Alejandro, Zazueta Villegas Ricardo. Acto seguido, el Diputado Presidente declara aprobado tanto en lo general como en lo particular el Dictamen No. 143 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en los términos que fue leído por el Diputado Edgar Arturo Fernández Bustamante. Dado en el Salón de Sesiones Licenciado Benito Juárez García del Honorable Poder Legislativo, en Sesión de Período Extraordinario, a los ocho días del mes de febrero del año dos mil uno. Enseguida, hace uso de la Tribuna el Diputado Manuel Alberto Ramos Rubio, para presentar el Dictamen No. 104 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en donde se establece el siguiente Punto Resolutivo: "Unico. No se aprueba la Iniciativa de Decreto que Reforma el Artículo 7°. Adicionando los Párrafos Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, Noveno, Décimo y Décimo Primero, 14, Adicionando el párrafo Segundo y se recorren los Párrafos Segundo, Tercero y Cuarto, para pasar a ser Tercero, Cuarto y Quinto respectivamente, el Artículo 82, Adicionado los Párrafos Cuarto y Quinto, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California". Posteriormente, interviene en contra del Dictamen No. 104 el Diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez; asimismo, solicita moción suspensiva del Dictamen en referencia. Acto seguido el Diputado Presidente decreta un receso siendo las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, a solicitud del Diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez y secundado por el Diputado Héctor Esparza Herrera; reanudándose la sesión a las veinte horas con cinco minutos, una vez verificado el quórum. Enseguida hace uso de la Tribuna el Diputado Héctor Magaña Mosqueda en su calidad de Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para informar que dicha Comisión retira los Dictámenes 104, 110 y 106. Posteriormente, solicita el uso de la Tribuna el Diputado Antonio Ricardo Cano Jiménez para informar que retira su solicitud de moción suspensiva al Dictamen No. 104 de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Habiéndose desahogado los asuntos para lo cual fue convocada esta Sesión Extraordinaria, se pasa al último punto del Orden del Día, y el Diputado Presidente manifiesta que para dar cumplimiento a lo que establece el Articulo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California, solicita a los ciudadanos Diputados y público asistente ponerse de pie para hacer la declaratoria de Clausura, la cual se lleva a cabo en los siguientes términos: "LA HONORABLE XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE BAJA CAUFORNIA, CLAUSURA HOY SU PRIMER PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES CORRESPONDIENTE A SU TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL, QUE FUE CONVOCADO POR LA COMISION PERMANENTE. " A continuación, el Diputado Presidente declara formalmente levantada la sesión siendo las veinte horas con quince minutos del día jueves ocho de febrero del año 2001. La presente acta fue aprobada en Sesión Ordinaria de esta Honorable XVI Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, el día jueves quince de febrero, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37, Fracciones II y V, 41, Fracciones I y V, 86, 87, 88, 98, 101, 106, 109 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ante la presencia del Diputado Presidente Ricardo Zazueta Villegas, quien autoriza la presente acta, asistido del Diputado Secretario de esta Mesa Directiva, Héctor Magaña Mosqueda, quien con su firma da fe. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 7 DE REFORMAS AL ARTICULO 16 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, SUSCRITA POR EL SENADOR ANTONIO GARCIA TORRES, DEL GRUPO PARLAMENTAR10 DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Antonio García Torres, senador de la República por el Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Esta dos Unidos Mexicanos, someto a la consideración y, en su caso, aprobación del órgano a que se refiere el artículo 135 de la Constitución, Iniciativa de adición al artículo 16 de la propia Constitución, apoyándome para ello en la siguiente: Exposición de Motivos La concepción de garantía tiene su antecedente en la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre de 1789, en Francia, que parte de la idea del respeto de estos derechos para la construcción de una sociedad justa, y además de la necesidad de reconocerlos expresamente. Los derechos del hombre requieren de ser asegurados mediante el reconocimiento formal del Estado en lo que comúnmente conocemos como garantía. Es así como la Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 16 disponía que una sociedad que no garantiza los derechos del hombre, ni establece la separación de poderes (condición esta necesaria, incluso, para el respeto y aseguramiento de los derechos del hombre), no tiene constitución o, dicho en otros términos, se encuentra en el desorden y la arbitrariedad. Posteriormente, en la Constitución de Francia de 1791 se reitera esta idea y se establece un catálogo de derechos naturales y civiles del hombre. Las garantías, por otro lado, tienen una concepción doble, esto es, desde un punto de vista sustantivo y, por el otro, desde un ángulo procesal. Desde la óptica sustantiva, las garantías constituyen derechos que tiene el hombre, ya sea porque el Estado se los otorga, esto quiere decir que el orden jurídico crea esas garantías, o bien, porque simplemente reconoce que el hombre ya posee esos derechos por el hecho mismo de ser hombre, esto es, que son consustanciales a su naturaleza humana. Por otro lado, desde el vértice procesal, la garantía es el medio que otorga la Constitución al gobernado para asegurar o hacer valer eficazmente esos derechos. Esta explicación es importante para reconocer que, independientemente de los puntos de vista que se adopten: 1. Es necesario que los derechos del hombre se reconozcan formalmente por la ley con el objeto de asegurar de mejor manera su respeto, y que estos sean un dique a los excesos en el ejercicio del poder público, a la vez que un objetivo de fortalecimiento de éste y que, en cierta medida, puedan ser oponibles, incluso a los propios particulares. 2. Los derechos del hombre deben estar provistos de los medios para asegurar su goce, pues un derecho que no se puede hacer valer es punto menos que una declaración. 3. Y finalmente, también hay que señalar con toda precisión que la Constitución Política de los Esta dos Unidos Mexicanos, en su artículo 1°, concibe que ella es la que otorga los derechos al hombre, sus garantías, por lo que esto viene a fortalecer la idea de que las garantías, tanto del ángulo sustantivo, como del punto de vista procesal deben incorporarse a la Constitución para su aseguramiento mayor. Un punto importante que no debe soslayarse es la calidad de derechos mínimos de estas garantías que bien pueden ampliarse en otros ordenamientos jurídicos, así como pueden restringirse, fundamentalmente por razones de interés público, social, en suma, por el derecho de las mayorías de manera directa o indirecta. En nuestra historia constitucional, el primer antecedente conocido se encuentra en la Constitución de Cádiz de 1812, en su artículo 4°, que decía: "La nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen". Posteriormente, José María Morelos redacta el 14 de septiembre de 1813 sus Sentimientos de la Nación, en cuyos 23 puntos encontramos diseminadas múltiples garantías de igualdad, de seguridad jurídica e, incluso, económicas. El Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, reitera la vocación de protección a los derechos del hombre en sus artículos 19, 24 y 27. En adelante, el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano de 1822, (artículos 6° y 9°), el Acta Constitutiva de la Federación de 1824 (artículo 30, entre otros), las Leyes Constitucionales de la República de 1836 (artículo 45, fracción V, de la ley tercera), las Bases Orgánicas de 1843 (artículo 67, fracción IV), el Acta Constitutiva de las Reformas de 1847 (artículo 5°). el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana de 1856 (artículos 3°, 5°, 30, 73, 77), la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 (artículo 1°), el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano de 1865 (artículos 58 y 59), hasta llegar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1°, reconocen u otorgan derechos mínimos a las personas. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la primera del siglo anterior que incorpora garantías sociales, además de las individuales, lo que sin lugar a dudas sugiere que los principios que sustentan a la Constitución son de corte liberal social, a saber: El principio de autonomía, el de inviolabilidad y el de dignidad personal, conforme a los cuales las personas tienen ciertos derechos mínimos para procurar su felicidad en el modo particular en que entienden esta felicidad y la consecución legítima de sus intereses; en tanto que se debe suponer que los intereses de las mayorías, por regla general, son prevalentes frente a los intereses particulares, existiendo la posibilidad para el equilibrio entre ambas ideas de que las persona puedan renunciar a ciertos y determinados derechos. Con base en estos principios, la Constitución incorpora garantías de libertad, de seguridad jurídica, de equidad, entre otras, que se expresan en el derecho de libre tránsito, en la libre manifestación de las ideas, en el derecho de acceder a la justicia de manera pronta, expedita, completa e imparcial, en el derecho de huelga, a un salario mínimo, digno y suficiente. Estas garantías, en sus orígenes tienen como medio circundante uno diverso al que prevalece en la actualidad en el que las nuevas tecnologías han dado lugar a hechos y actos que potencialmente pueden lesionar los derechos reconocidos expresamente y otros que, bajo una interpretación sistemática y finalista, se encuentran subsumidos: el derecho a la intimidad y al honor. Este derecho a la intimidad y al honor se puede definir como un derecho a la vida personal propia, a controlarla y a que los testimonios que existan sobre ella sean congruentes con la realidad para la conservación de la imagen propia. Este derecho, implícitamente reconocido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, se encuentra en constante riesgo ante el avance de las nuevas tecnologías, fundamentalmente de la información que, ahora, tienen la potencialidad de colectar, tratar y comunicar o difundir en tiempos, formas y condiciones prontas, rápidas e, incluso, automáticas, la información atinente a una persona, con riesgo de lesionar sus derechos fundamentales, cual quiera que estos sean, y de manera especial, los derechos a la intimidad subyacentes en el supramencionado artículo 16 constitucional. En el orden mundial, ordenamientos internacionales y la mayoría de las Constituciones han reconocido este derecho, incluyendo la garantía procesal para su tutela efectiva, además de que se ha reglamentado puntual mente; para este efecto se citan a continuación los antecedentes subsecuentes: La Declaración Universal de los Derechos Humanos: En su artículo 8 dice que "Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley". El artículo 12 prescribe: "Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques". La Declaración Americana de los Derechos y Debe res del Hombre: El artículo 5 declara que "Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra los ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada y familiar". El artículo 18 proclama que "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia la ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". Incluso, cabe destacar el Proyecto de Convención Americana sobre Autodeterminación Informativa de 1997, compuesto de 21 artículos en los que se pro pone una regulación para la protección y movimiento internacional de datos, y el cual aborda temas importantes como el derecho a la información en la recolección de los datos, el consentimiento del afectado, la calidad, categorías, seguridad y cesión de los datos, los derechos y las garantías de las personas, el habeas data, las sanciones, los recursos, la agencia de protección de datos y el registro de datos. Europa: En Alemania El 7 de abril de 1970, el Parlamento del Estado alemán de Hesse, promulga su normativa de protección de datos "Datenshutz" convirtiéndose en el primer territorio con una norma dirigida a la protección de datos. Después, el 27 de febrero de 1977, el Parlamento Federal de Alemania aprueba la normativa protectora de datos Datenshutz Federal. En estos casos, se crea un Comisario Federal para la Protección de Datos (Bundesbeauftragter fur den Datenshutz). En Francia En 1978 se establece la Comisión Nacional de la Informática y de las Libertades, un organismo colegiado que tiene por objeto establecer un registro de bancos de datos de consulta ciudadana. En España Desde 1978, la Constitución, en su artículo 18, aparta do 4, dice: "La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos..." Relacionada con esta disposición constitucional, en España se ha publicado la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal que tiene como objeto básico la protección de la intimidad y el honor de las personas. En los Estados Unidos de América El 31 de diciembre de 1974, el Congreso expide el "Privacy Act (ley de privacía)", con el objeto de proteger a los individuos en sus libertades y derechos fundamentales este a la recolección y tratamiento auto matizado de datos personales por parte de las agencias federales. En América Latina En Brasil En 1988 la Constitución brasileña, en su artículo 5, numeral LXXII, se refiere al "conocimiento de informaciones relativas a la persona de la impetrante..." y a la rectificación de datos. Aproximadamente 10 años más tarde, en Brasil se expide la Ley número 9.507, de 12 de noviembre de 1997 que reglamenta la disposición constitucional, con base en 23 artículos. En Colombia A partir de 1991, el artículo 15 de la Constitución de este país reconoce al habeas data como un derecho fundamental aún no reglamentado. En Paraguay Es a partir de 1992, teniendo como antecedente los registros obrantes en poder de la Policía Nacional, que la Constitución, en su artículo 135 reconoce el derecho de las personas para acceder a la información que le corresponda en archivos públicos y privados, para conocer la finalidad de esos registros y para actualizar, rectificar o destruir los mismos datos. En Perú Desde 1993, el artículo 200, inciso 3, de la Constitución establece de manera expresa el habeas data con los objetivos de que el interesado pueda acceder a la información pública, con ciertas limitantes, y evitar la difamación de la persona por la difusión o suministro a terceros de informaciones que afecten la intimidad personal y familiar. En Ecuador El artículo 30 de la Constitución vigente establece el habeas data con los objetos de acceder a los registros, bancos o bases de datos, conocer su uso y finalidad, así como para solicitar la rectificación, actualización, eliminación o anulación de los datos, en caso de que estos sean erróneos o afecten ilegítimamente los derechos de las personas. La Ley de Control Constitucional de 1997 ya ha reglamentado la acción de habeas data. En Argentina La nueva Constitución de 1994, en su artículo 43, en su párrafo tercero, establece el habeas data como un amparo especial. Sin embargo, pese a la gran demanda porque se regulara en ley secundaria el habeas data, es hasta el año 2000 que se expide la Ley 25326 de Protección de los Datos Personales, publicada en el Boletín Oficial correspondiente al 2 de noviembre del ano mencionado. En Argentina, el habeas data ha tenido gran recepción, y muestra de ello es que las provincias de Buenos Aires (artículo 20, inciso c, de la Constitución local), Córdoba (artículo 50 de su Constitución), Chubut (artículo 56 de su Ley primaria) y Jujuy (artículo 23, inciso 6, de su Constitución), entre otras, prevén el habeas data. En México, no obstante la gran tradición y entramado constitucional que se posee, no se ha otorgado expresamente a los gobernados la garantía a la intimidad y honor, sobre todo frente a los avances tecnológicos, ni se ha reconocido la garantía procesal del habeas data. México no puede quedarse atrás de los países europeos y latinoamericanos, máxime si se toma en cuenta que los países que ya regulan el habeas data limitan el movimiento internacional de datos con aquellos países que no brinden condiciones equivalentes de seguridad a las Fopias, de donde se sigue que México, en alguna medida, se encontraría marginado de este movimiento internacional de datos en diferentes materias en las que pueden incluirse la comercial y económica. Por ello se propone reconocer el derecho a la intimidad y el honor, así como la garantía procesal de la misma, considerando como: Objeto jurídico Se propone que la garantía procesal tenga por objeto: 1. Que el interesado pueda acceder a los datos personales que le concierne. 2. Que toda persona pueda acceder a los registros, archivos y bancos de datos públicos o privados de carácter público, y conocer su uso o fin para el que están destinados. 3. Que el interesado pueda pedir la inclusión, actualización, complementación, rectificación, reserva, suspensión y cancelación de los datos relativos a su persona. Bienes protegidos Los bienes protegidos se identifican con el honor, la intimidad y cualquiera otra garantía del gobernado. Legitimación activa Del interesado, esto es, de la persona a la que corresponden o concierne los datos registrados o archiva dos, para acceder a ellos, para incluir datos, para actualizarlos, complementarlos, rectificarlos, reservar los, suspenderlos o cancelarlos. De toda persona para acceder a los registros, archivos o bancos de datos públicos o privados de carácter público así como para conocer el uso o fin para el que están destinados. Legitimación pasiva Son sujetos pasivos del proceso los archivos, registros, bancos o bases de datos públicos o privados en sus diferentes hipótesis. El reconocimiento coadyuvaría a la cristalización de un México más democrático y más justo, de manera indiscutible. Atento a ello se propone la adición al artículo 16 de la Constitución en los términos siguientes: Decreto Artículo Unico. Se adicionan tres párrafos, un undécimo, otro duodécimo y un décimo tercero, recorriéndose los restantes del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que dar como sigue: Artículo 16. Del párrafo primero al párrafo décimo... Toda persona tiene derecho a la protección y al acceso de los datos personales que le conciernen, así como el de acceder a la información de archivos o registros públicos y privados destinados a dar in formes, y a conocer el uso o finalidad de tales registros. Los datos se obtendrán y tratarán de modo que no se afecten el honor, la intimidad o cualquier otro derecho de las personas, para fin licito determinado y con el previo consentimiento, libre e in formado de su titular. No se considera que la obtención y el tratamiento de datos afecta el honor, la intimidad o cualquier otra garantía de la persona a la que conciernen, cuando se realizan atendiendo al interés general del Estado mexicano, a intereses sociales, o con el fin de proteger los derechos fundamentales de terceros por causa legítima. La persona tiene derecho a la inclusión, actualización, complementación, rectificación, suspensión, reserva y cancelación de los datos que le conciernen. Artículos Transitorios Articu1o Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario oficial de la Federación. Artículo Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan a lo dispuesto en este Decreto. México, Distrito Federal, enero 31 de 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 8 DE REFORMAS AL ARTICULO 7°, DE LA LEY ORGANICA DE PETROLEOS MEXICANOS, A CARGO DE LA DIPUTADA MA RIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, DEL GRUPO PARLA MENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Energía, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: Exposición de Motivos La Ley Orgánica de Pemex en su capítulo II. estable ce la organización y funcionamiento de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. En el articulo 6° enuncia que "Petróleos Mexicanos será dirigido y ad ministrado por un Consejo de Administración que será el órgano superior de gobierno de la industria petrolera". El artículo 7° determina la composición del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos el cual se compone de once miembros propietarios de los cuales seis son representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal y cinco representan al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Hasta antes del 13 de febrero del presente, fecha de la instalación del nuevo Consejo de Administración de Pemex en dicho Consejo había participado como re presentante del Estado, él o la titular de la Semarnat. Una posición importante dada la alta incidencia que las actividades de la industria petrolera tienen en el medio ambiente en toda la Nación. Sin embargo, al instalarse el actual Consejo de Administración de la paraestatal no fue designado el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, lo cual no equivale a la marginación de un servidor público si no a la marginación y olvido del cuidado y restauración del medio ambiente que debe estar implícito en el desarrollo integral de la paraestatal. Los miembros del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos que el Organo Superior de la Industria Petrolera debe incorporar con la mayor brevedad posible al Titular de la Semamat o en su defecto a otro especialista en asuntos ambientales. Pemex es una empresa paraestatal que tiene una responsabilidad alta a escala nacional en la contaminación de suelos, recursos acuíferos y aire donde opera debido a la emisión de sustancias contaminantes y al manejo de residuos peligrosos. Las estrategias que México necesita para avanzar en la protección de sus recursos naturales requieren de acciones decididas de parte de todos los sectores de la economía. En el caso de Pemex es notoria su responsabilidad en el deterioro de numerosos sitios en que realiza actividades de exploración, perforación y explotación. Durante muchos años las comunidades que han visto afectado su medio ambiente demandando que Petróleos Mexicanos restante y/o aplique técnicas menos depredatorias. Asimismo, ya que en materia de contaminación es preferible la prevención a la restauración y por el considerable volumen de emisiones de Pemex y sus organismos subsidiarios como son: Pemex Exploración y Producción; Pemex Refinación; Pemex Gas y Petroquímica Básica y Pemex Petroquímica consideramos indispensable la presencia de un representante del Estado que tenga un profundo conocimiento aunado a una fuerte capacidad de gestión y de implementación y supervisión en asuntos ambientales. No pretendemos frenar la modernización de Pemex. Más aún, sabemos que para que el desarrollo pueda darse con calidad es central cuidar el medio ambiente. Y dado que el ambiente en sí, representa un derecho y la lucha por la defensa del entorno ecológico implica un legítimo reclamo social que en muchas ocasiones es contrario a los intereses del corporativo estatal. Evaluamos que era necesario pronunciarnos sobre el particular coadyuvando a la eficiencia de Pemex. En la búsqueda del desarrollo sustentable tan relevan te es seguir ejerciendo la soberanía sobre los hidrocarburos como lo dispone el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como preservar todos aquellos recursos naturales de los que México es depositario. La lucha por la defensa del medio ambiente es simplemente impostergable. Hacer efectivo el derecho a un medio ambiente adecuado para nuestro desarrollo y bienestar, consagrado en nuestra Constitución Política, debe ser una realidad actual. Por tanto, el Consejo de Administración de Pemex, la mayor empresa de México debe ser un ejemplo de conciencia ecológica para el resto de las entidades públicas y privadas. Por ello, respetuosamente, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos someter a la consideración de esta Cámara de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el presente DECRETO por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 7° de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. ARTICULO SEPTIMO. El consejo de administración de Petróleos Mexicanos se compondrá de trece miembros propietarios a saber: Siete representantes del Estado designados por el Ejecutivo Federal uno de los cuales será el titular de la Semarnat o un especialista en asuntos ambientales y seis representantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, que deberán ser miembros activos de dicho sindicato y trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos. TRANSITORIOS PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 21 días del mes de febrero del 2001. Diputados: Bernardo de Garza Herrera, coordinador (rúbrica); Francisco Agundis Anas, vicecoordinador (rúbrica); José Antonio Arévalo González; Esveida Bravo Martínez; María Teresa Campoy Ruy Sánchez; Olga Patricia Chozas y Chozas; Diego Cobo Terrazas; Arturo Escobar y Vega; José Rodolfo Escudero Barrera; Sara Guadalupe Figueroa Canedo; Nicasia García Domínguez; Alejandro Rafael García Sainz Arena (rúbrica); María Cristina Moctezuma Lule; Julieta Prieto Fuhrken; Concepción Salazar González; Erika Elizabeth Spezia Maldonado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 9 DE LA SECRETARIA DE HACENDA Y CREDITO PUBLICO, CON EL QUE SE REMITEN LOS INFORMES SOBRE LA SITUACION ECONOMICA7 LAS FINANZAS PUBLICAS Y LA DEUDA PUBLICA, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2000 México, DF, a 14 de febrero de 2001. C. Presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión PRESENTE Por instrucciones del C Presidente de la República y a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en los artículos 79 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2000, 1, 2 y 2A de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2000, y 91 de la Ley General de Deuda Pública, me permito anexar los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, correspondientes al cuarto trimestre de 2000. En caso de requerir información adicional, me pongo a sus órdenes para atender oportunamente su petición. Sin otro particular, le reitero a Usted la seguridad de mi atenta consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. El Secretario. Lic. José Francisco Gil Díaz (rúbrica) Presentación Esta publicación incluye el Informe sobre la Situación Económica y las Finanzas Públicas, así como el de la Deuda Pública, ambos correspondientes al cuarto trimestre de 2000. Con la presentación del primer Informe, dividido en los apartados de Situación Económica y de Finanzas Públicas, el Ejecutivo Federal cumple con lo dispuesto en el artículo 79 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000 y 1 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio correspondiente al mismo año. Por su parte, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 9 de la Ley General de Deuda Pública, se rinde a esa H. Soberanía el Informe de la Deuda Pública relativo al cuarto trimestre de 2000. Asimismo, se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2 y 2A de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000. La presente versión se complementa con los anexos de finanzas públicas y deuda pública en los que se incluye información relevante específica, así como sus correspondientes apéndices estadísticos. 1. INFORME SOBRE LA SITUACION ECONOMICA Y LAS FINANZAS PUBLICAS 1. Situación económica El desempeño de la actividad económica durante el año 2000 rebasó sustancialmente los pronósticos originales. La evolución de la economía estuvo favorecida por diversos elementos, tanto de índole interno como externo, que coadyuvaron a imprimir un fuerte impulso a la dinámica productiva. Como resultado de ello, se estima que en el año el Producto Interno Bruto (PIB) creció alrededor de 7 por ciento, en términos reales. Esta cifra es la segunda más alta de los últimos veinte años. Sin embargo, es preciso reconocer que el ritmo de crecimiento de la economía observado en 2000 será difícil de mantener sin que al mismo tiempo se presenten presiones sobre el nivel de precios y sobre las cuentas externas. De hecho, el elevado ritmo de expansión de la actividad económica durante el año pasado dio origen a que el déficit de las cuentas externas del país se ampliara y a que las presiones inflacionarias se contuvieran sólo mediante la aplicación de una política monetaria aun más restrictiva. En este sentido, al margen de los buenos resultados, es necesario conservar la disciplina fiscal para inducir una evolución congruente entre la demanda agregada interna y la producción nacional. De esta manera, se minimizarán las posibilidades de que se generen desequilibrios que podrían terminar con el proceso mismo de crecimiento. De esta forma, el reto de los próximos años será crear las condiciones estructurales en la economía que permitan elevar la capacidad potencial de la planta productiva. Sólo así, se podrá crecer a un ritmo vigoroso de manera sostenida. 1.1. Producción y Empleo Durante el segundo semestre de 2000 la economía mexicana mostró un ritmo de expansión menor que el registrado en la primera mitad del año. En el periodo julio septiembre, el PIB mostró una variación real anual de 7.0 por ciento con respecto a1 mismo periodo del año anterior, resultado que se vio favorecido por el desempeño de las actividades del sector servicios e industrial, las cuales crecieron a tasas anuales de 7.4 y 6.8 por ciento en términos reales, respectivamente. La demanda agregada registro un incremento real anual de 11.4 por ciento durante el tercer trimestre de 2000. A su interior, las exportaciones de bienes y servicios fueron el rubro de mayor crecimiento, 17.2 por ciento real anual, lo cual es congruente con el desempeño de la economía norte americana en dicho lapso. Por su parte las expectativas acerca de la evolución futura de la economía mexicana permitieron que la inversión fija bruta se incrementara en 11.1 por ciento real anual. Asimismo, el consumo privado aumentó 10.2 por ciento con respecto al tercer trimestre de 1999, la mayor variación anual para un periodo similar desde 1989. Con base en los indicadores económicos de coyuntura correspondientes al cuarto trimestre de 2000, es posible inferir que la etapa actual de crecimiento ininterrumpido de la economía ha alcanzado veinte trimestres. Sin embargo, los datos disponibles confirman una desaceleración en el ritmo de expansión de la economía mexicana que se explica, fundamentalmente, por un menor dinamismo en la economía de los Esta dos Unidos. En este contexto, el Indice del Volumen Físico de la Producción Industrial en el cuarto trimestre, se incrementó a una tasa anual de 3.8 por ciento real, el menor crecimiento para un cuarto trimestre en los últimos dos anos. Al interior de la misma, destaca la contracción observada en la producción de la industria automotriz, tanto para el mercado interno como para el externo, la cual repercutió sobre el conjunto de la actividad manufacturera. Así, la producción manufacturera aumentó 4.4 por ciento, en términos reales. En la industria minera y en la construcción las tasas anuales de crecimiento fueron 1.4 y 1.1 por ciento, respectivamente. Por su parte, la generación de electricidad, gas y agua tuvo un crecimiento de 4.7 por ciento. Finalmente, es pertinente subrayar que durante diciembre la producción industrial registró una caída real de 0.4 por ciento anual, retroceso que no se observaba desde diciembre de 1995. Por otra parte, las cifras del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para el bimestre octubre noviembre de 2000 confirman la desaceleración de la economía nacional, toda vez que este indicador se incrementó 5.9 por cierto, el menor aumento bimestral del año. A lo largo de 2000, el dinamismo de la actividad productiva se reflejó en niveles de desempleo históricamente bajos. En particular, la Tasa de Desempleo Abierto (TDA) para el periodo enero diciembre de 2000 fue 2.21 por ciento, la cifra mas baja desde l985. Por su parte, al cierre de 2000, el numero total de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 12 millones 546 mil 268 personas. Con relación al empleo formal por sectores, el número de trabajadores en actividades comerciales y de servicios asegurados en el IMSS se incremento en 5.8 y 4.6 por ciento, respectivamente, en relación con el cierre de 1999. De igual forma, el número de trabajadores asegurados en el rubro industrial tuvo un alza de 2.9 por ciento. En contraste, se observó una contracción de 6.6 por ciento en el sector agropecuario. El vigor del mercado interno, caracterizado por altos niveles de empleo y una recuperación en las remuneraciones reales de los trabajadores, se reflejo a lo largo del año en el desempeño del sector comercial. En particular, durante el periodo octubre noviembre de 2000, las ventas al menudeo aumentaron 9. 3 por ciento real anual. De igual forma, las ventas al mayoreo registraron un alza real de 4.0 por ciento anual. Asimismo, en el periodo octubre noviembre la inversión fija bruta presentó un incremento real anual de 10.1 por ciento. Al interior de dicho rubro destacó la compra de maquinaria y equipo de origen importado, la cual presentó una variación real anual positiva de 24.1 por ciento. El contraste observado entre el dinamismo de b oferta y entre los principales componentes de la demanda agregada, resalta la necesidad de fortalecer la disciplina fiscal para evitar que esta situación ponga en riesgo la sostenibilidad de la presente etapa de expansión. 1.2. Precios y Salarios 1.2.1. Inflación En los tres primeros trimestres de 2000, la inflación anual mantuvo una trayectoria descendente acorde con la meta establecida por el Banco de México. Sin embargo, durante el cuarto trimestre de ese año se presentaron indicios de mayores presiones inflacionarias, obligando al Banco Central a restringir aún más la política monetaria. Así, durante el cuarto trimestre de 2000 nuevamente se utilizó el mecanismo denominado "corto" en dos ocasiones. El l 7 de octubre éste aumentó de 280 a 310 millones de pesos diarios y, el 10 de noviembre, de 310 a 350 millones de pesos. Cabe mencionar que, a lo largo del año, el corto se incremento en seis ocasiones, con lo que la restricción diaria pasó de l 80 a 350 millones de pesos entre enero y diciembre de 2000. En el mes de diciembre de 2000, el Indice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) mostró un crecimiento acumulado de 8.96 por ciento, la menor cifra de los últimos seis años. Asimismo, esta magnitud fue 3.36 puntos porcentuales inferior a la inflación observada en 1999. Por su parte, el índice de inflación subyacente, indicador que permite medir las presiones inflacionarias de mediano plazo, presentó una trayectoria a la baja durante el cuarto trimestre del año, de modo que éste se ubicó por debajo de la inflación medida por el INPC Sin embargo, al igual que esta última, durante el cuarto trimestre de 2000 la inflación subyacente reflejó ligeras presiones al alza. No obstante, para el mes de diciembre este indicador se ubicó en 7.52 por ciento. El índice de precios de la canasta básica mostró un aumento acumulado de 8.74 por ciento durante 2000, variación que resultó 4.41 puntos porcentuales menor a la registrada en el año anterior. Por su parte, los precios que no se incluyen en dicha canasta se incrementaron 9.11 en el año 2000, es decir, 2.67 puntos porcentuales inferior a la observada en I999. Asimismo, el Indice Nacional de Precios Productor (INPP) con petróleo presentó un crecimiento acumulado de 6.29 por ciento en 2000, cifra menor a la del INPC en 2.67 puntos porcentuales. Además, si se excluye del cálculo del INPP al petróleo crudo de exportación y los servicios, el crecimiento acumulado por este indicador fue de 7.38 por ciento al mes de diciembre de 2000. 1.2.2. Salarios A lo largo de 2000, los aumentos otorgados a los salarios contractuales de jurisdicción federal, excluyendo bonos de productividad, promediaron I2.4 por ciento en términos nominales. Al respecto es importante señalar que estas negociaciones determinarán los salarios reales y, al mismo tiempo, influirán en la evolución de la inflación de 2001. Por ello, es de suma importancia que los incrementos del salario real sean congruentes con el crecimiento de la productividad de la mano de obra para evitar que se generen presiones inflacionarias. Por lo que se refiere a las percepciones reales otorgadas a los trabajadores en los sectores enfocados principalmente al mercado interno, durante el periodo enero noviembre las remuneraciones medias por persona ocupada tanto en establecimientos comerciales al mayoreo como al menudeo se incrementaron 7.0 por ciento en términos reales. Por otra parte, en dicho periodo las remuneraciones reales promedio de la industria de la construcción disminuyeron I.2 puntos porcentuales. Asimismo, durante los primeros once meses de 2000 las percepciones reales de los trabajadores en los sectores orientados al mercado externo mostraron un comportamiento favorable. En ese lapso, las remuneraciones reales conferidas a los trabajadores de la industria maquiladora de exportación aumentaron en promedio 6.9 por ciento en términos anuales. A su vez, las remuneraciones medias otorgadas a los trabajadores del sector manufacturero presentaron una variación real anual de 6.I por ciento respecto al periodo enero noviembre del año anterior. 1.3. Sector financiero Durante el cuarto trimestre de 2000 la volatilidad que registraron los mercados financieros internacionales incidió de manera negativa en el comportamiento de los mercados internos. Dicha volatilidad fue propiciada, en buena medida, por la incertidumbre que generó entre los inversionistas la creciente evidencia de una desaceleración de la economía de los Estados Unidos y la probabilidad de que esta desaceleración se traduzca en un debilitamiento de la actividad económica global. Asimismo, la incertidumbre generada por los problemas financieros que experimentó la economía argentina afectó a los mercados nacionales. 1.3.1. Tasas de interés Durante el último trimestre del año el Banco de México reformó la postura restrictiva de la política monetaria al aumentar el corto en dos ocasiones. La restricción monetaria, aunada a la volatilidad en los mercados financieros internacionales, se tradujo en un alza en las tasas de interés. Así, durante la última semana de noviembre la tasa primaria de Cetes a 28 días alcanzó su nivel máximo en el trimestre situándose en 18.08 por ciento. Es importante destacar que, en respuesta a las señales de una desaceleración económica en Estados Unidos y la expectativa de un eventual ajuste en las tasas de referencia por parte de la Reserva Federal hacia el final del periodo las tasas registraron una ligera disminución. En este contexto, la tasa primaria de Cetes a 28 días promedió durante el cuarto trimestre del año 16.88 por ciento, un avance de 216 puntos base con respecto al trimestre anterior. Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) alcanzó un nivel promedio de 18.11 por ciento durante el periodo que se informa, incrementándose l93 puntos base con respecto a la observada el trimestre anterior, mientras que la Tasa de Interés Interbancaria Promedio (TIIP) durante el periodo promedió 18.20 por ciento, lo que implicó un alza de l 99 puntos base con relación a la del trimestre previo. Finalmente, el Costo Porcentual Promedio (CPP) se ubicó en 14.1 I por ciento, nivel superior en lO0 puntos base respecto al promedio registrado en el tercer trimestre de 2000. 1.3.2. Bolsa Mexicana de Valores y títulos de deuda mexicana El mercado accionario mexicano experimentó una tendencia a la baja durante el trimestre octubre diciembre. Este comportamiento se atribuyó, en buena medida, a la caída registrada en los mercados accionarios estadounidenses ante la expectativa de un menor crecimiento de la economía de ese país. En este contexto, el índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) exhibió un comportamiento negativo para ubicarse al cierre de diciembre en 5 mil 652.19 puntos, un descenso de 10.77 por ciento con relación al cierre de septiembre. Esta caída contribuyó a que el IPyC acumulara durante el año una pérdida de 20.73 por ciento. Adicionalmente, en el trimestre que se informa resurgió la marcada correlación entre el IPyC y el mercado de acciones tecnológicas (NASDAQ lO0) la cual fue de 77.1 por ciento. Asimismo, la volatilidad experimentada en los mercados financieros internacionales tuvo un efecto adverso sobre el flujo de inversión extranjera en el mercado accionario. Cifras preliminares indican que durante el cuarto trimestre del año se dio una salida de recursos del mercado por un monto de 2 mil 763.4 millones de dólares. Así, en el transcurso del año se registró una salida neta de recursos por 1 mil 425.4 millones de dólares. Al 29 de diciembre de 2000 los precios de los bonos a la par y Global UMS26 se situaron en 91.25 y 122.00 centavos de dólar, respectivamente, lo que implicó incrementos de 2.03 y 0.12 por ciento, en ese orden, con relación a los precios registrados al cierre del trimestre previo. Por otro lado, el precio del bono con descuento se situó en 99.75 centavos de dólar, lo cual significo un descenso de 3.74 por ciento en el mismo periodo. Con respecto a los diferenciales de los rendimientos de los Bonos Brady a la par y con descuento, estos aumentaron 41 y 25 puntos base en relación con la curva de los Bonos del Tesoro de los Estados Unidos, al pasar de 145 y 164 puntos base al cierre de septiembre de 2000, a 186 y 189 puntos base al cierre de diciembre, respectivamente. Por su parte, el diferencial del rendimiento de los Bonos Global UMS26 con respecto a los Bonos del Tesoro se incrementó 50 puntos base, al pasar de 340 puntos base en septiembre a 390 puntos base al cierre de diciembre. 1.3.3. Mercado cambiario El tipo de cambio inició el trimestre que se informa con movimientos al alza propiciados, principalmente, por la incertidumbre que generaron los problemas financieros experimentados en Argentina. Hacia noviembre la restricción monetaria por parte del instituto central contribuyó para que la paridad se estabilizara. No obstante, en diciembre el tipo de cambio experimentó presiones al alza, inducidas por un entorno externo desfavorable. Entre los principales factores que generaron dichas presiones en el mercado cambiario destacan la creciente evidencia de una desaceleración de la economía estadounidense y la caída significativa que experimentó el precio del petróleo durante diciembre. En este contexto, el tipo de cambio spot a la venta registró al cierre del año 2000 una cotización de 9.6500 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 2.22 por ciento con respecto a la cotización del cierre de septiembre. No obstante lo anterior, las cotizaciones de los contratos a futuro del peso mexicano en la Bolsa Mercantil de Chicago registraron una moderada apreciación. De este modo, los precios de los contratos para entrega en diciembre de 2000 y mano y junio de 2001 disminuyeron 2.95, 0.47 y 0.36 por ciento con respecto a los del cierre de septiembre de 2000, respectivamente. El monto de opciones de venta de dólares de las instituciones bancarias al Banco de México susceptibles de ejercerse durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se mantuvo en 250 millones de dólares por mes. Al respecto, cabe destacar que en dicho periodo se ejercieron opciones por 422 millones de dólares. 1.3.4. Base monetaria y sus componentes La base monetaria, definida como la suma de billetes y monedas en circulación y los depósitos de las instituciones bancarias en el instituto central, registró un aumento trimestral de 47 mil 544 millones de pesos, ubicándose al cierre de diciembre de 2000 en 208 mil 943 millones de pesos. Dicha cifra resultó superior en 3 mil 81 millones de pesos al pronostico para el cierre del año publicado en el programa monetario del Banco de México. No obstante, el saldo de la base monetaria al fin de periodo se ubicó dentro de los límites contemplados en dicho programa. Las reservas internacionales netas, definidas como la diferencia entre las reservas brutas y los pasivos de corto plazo, se incrementaron en 1 mil 685 millones de dólares durante el cuarto trimestre de 2000, al situarse en 33 mil 555 millones de dólares al 29 de diciembre. Por su parte, los activos internacionales netos del Banco de México aumentaron I mil 405 millones de dólares, como resultado de ingresos de dólares por transacciones con Pemex por 3 mil 200 millones de dólares, de la entrada de dólares por el ejercicio de las opciones de venta de dólares de las instituciones de crédito al Banco de México por 422 millones de dólares y de ingresos producto de otras operaciones por 84l millones de dólares; estas transacciones fue ron compensadas parcialmente por la venta de divisas al Gobierno Federal por 3 mil 58 millones de dólares. El crédito interno neto del Banco de México, definido como la diferencia entre el saldo de la base monetaria y los activos internacionales netos, registró un flujo efectivo positivo de 34 mil l87 millones de pesos, ubicándose en un saldo negativo de l33 mil 443 millones de pesos al 29 de diciembre. El flujo positivo del crédito interno neto se explica, en gran medida, por el aumento extraordinario que tradicionalmente experimenta la demanda por base monetaria durante el último bimestre del año. 1.3.5. Indicadores monetarios y crediticios A pesar de que el ahorro financiero y los principales agregados monetarios registraron tasas de crecimiento positivas en términos reales, el ritmo de crecimiento de estos indicadores fue menor que en los trimestres previos. Asimismo, en el trimestre que se informa se acentuó la tendencia negativa que ha venido registrando el financiamiento de la banca comercial al sector privado no bancario. El agregado monetario M 1 a registró un incremento real anual de 6.2 por ciento al cierre de diciembre de 2000, variación menor que la registrada al cierre de septiembre. La disminución del ritmo de crecimiento de este agregado estuvo asociada a la moderación en el crecimiento de la economía y al incremento de las tasas de interés durante el trimestre reportado. Por sus componentes, destaca la expansión de los depósitos en cuenta corriente en moneda nacional, los cuales presentaron un incremento real anual de 25.0 por ciento al cierre de diciembre. Cabe destacar que en el transcurso del año se redujo el ritmo de crecimiento de M I a, pasando de 12.5 por ciento en diciembre de 1999 a 6.2 por ciento al cierre de 2000. El menor ritmo de crecimiento del ahorro financiero, definido como b diferencia entre el agregado monetario amplia do, M4a, y los billetes y monedas en poder del público, se explica principalmente por la desaceleración de la actividad económica. Cabe destacar que el ahorro de los sectores residentes en el país continuó su tendencia creciente, mientras que el ahorro de los sectores no residentes acentuó su caída. Respecto a los componentes del ahorro financiero, durante el cuarto trimestre los valores emitidos por las entidades privadas y los valores gubernamentales continuaron mostrando un crecimiento importante. Sin embargo, la captación de la banca comercial mostró un comportamiento negativo, lo cual prolonga la tendencia descendente que este indicador exhibe desde abril de l999. Por su parte, la captación de la banca de desarrollo registró un incremento real anual de 3.6 por ciento al cierre de diciembre de 2000. Durante el trimestre que se informa, el financiamiento otorgado por la banca comercial al sector privado no bancario continuó decreciendo. En este sentido, todos sus componentes registraron caídas mayores a las observadas el trimestre previo. Por consiguiente, las fuentes alternativas de financiamiento continuaron siendo el principal soporte de la inversión durante el trimestre reportado. 1.4. Sector Externo 1.4.1. Balanza comercial Durante 2000, el déficit de balanza comercial ascendió a 8 mil 48.9 millones de dólares, lo que representó un aumento de 44.2 por ciento respecto al observado en l999. El valor total de las exportaciones de mercancías ascendió a 166 mil 424.0 millones de dólares, monto 22.0 por ciento superior al observado en l999. A su vez, el valor de las importaciones de mercancías presentó un incremento anual de 22.9 por ciento, con lo que éste se ubicó en 174 mil 472.9 millones de dólares. El valor de las exportaciones mexicanas estuvo favorecido por el incremento de las cotizaciones internacionales del petróleo crudo. En particular, durante 2000 el precio promedio se situó en 24.61 dólares por barril (dpb), un aumento de 8.99 dólares en el precio por barril de la mezcla mexicana de crudo de exportación con relación al observado en 1999. Lo anterior, aunado a un ligero crecimiento del volumen de exportación, propició que las exportaciones petroleras se incrementaran a una tasa anual de 65.0 por ciento. Asimismo, durante 2000 las exportaciones no petroleras crecieron 18.6 por ciento. Es importante destacar que el comportamiento de las ventas al exterior de manufacturas está estrechamente ligado al comportamiento de la economía norteamericana, la cual creció 5.0 por ciento durante 2000. De manera congruente, las exportaciones de maquila y de manufacturas sin maquila presentaron incrementos anuales de 24.3 y 13.1 por ciento, en cada caso. Adicionalmente, las exportaciones extractivas y agropecuarias presentaron variaciones anuales positivas de 15.1 y 8.6 por ciento, respectivamente. Por su parte, la evolución de las importaciones de mercancías durante 2000 se de terminó por dos factores fundamentales. En primer lugar, por la propia dinámica del sector exportador, el cual incorpora una cantidad importante de insumos importados en sus procesos productivos. En ese sentido, las importaciones de la industria maquiladora se incrementaron en 22.4 por ciento y las compras de bienes intermedios realizadas por empresas con actividades distintas a la maquila aumentaron 22.0 por ciento. En segundo lugar, el vigoroso comportamiento de la actividad económica interna propició que las importaciones de bienes de consumo y de bienes de capital crecieran 37.1 y 18.1 por ciento anual, respectivamente. 1.4.2. Balanza de pagos Al cierre del tercer trimestre de 2000, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos ascendió a 12 mil 49.9 millones de dólares, cifra superior en 2 mil 320.9 millones de dólares a la registrada entre enero y septiembre de 1999. Es importante mencionar que el 57.6 por ciento de este incremento se explicó por el mayor déficit de la balanza comercial. Asimismo, el saldo de la cuenta corriente reflejó el incremento de 691.2 millones de dólares observado en el déficit de la balanza de servicios factoriales. Es importante destacar que el rubro con mayor participación dentro de esta cuenta, el pago neto de intereses, registró un nivel similar al observado en el mismo periodo de 1999, como consecuencia de un efecto compensado entre mayores tasas de interés y un menor saldo promedio de la deuda externa. Por su parte, entre enero y septiembre de 2000 el déficit de la balanza de servicios no factoriales ascendió a I mil 741.9 millones de dólares, monto superior en 526.5 millones de dólares al registrado en el mismo periodo del año anterior. La evolución de los egresos por fletes y seguros, rubro estrechamente relacionado con b importación de bienes, fue el factor que en mayor medida provocó este comportamiento. Cabe señalar que el superávit de la balanza turística se ubicó en 2 mil 119.5 millones de dólares, nivel similar al que tenia en los tres primeros trimestres de 1999. Además, la balanza de transferencias incrementó su superávit en 234.2 millones de dólares al situarse en 4 mil 882.2 millones de dólares. En los primeros nueve meses del año, la cuenta de capitales de la balanza de pagos mostró un superávit de 12 mil 306.0 millones de dólares. Dicho saldo estuvo compuesto por una entrada de 11 mil 649.6 millones de dólares de inversión extranjera más un flujo positivo de activos de los residentes mexicanos en el exterior por 5 mil 442.1 millones de dólares, a lo que se le restó 4 mil 785.7 millones de dólares que se destinaron a la amortización de préstamos y depósitos. La inversión extranjera directa (IED) captada hasta septiembre de 2000, ascendió a 9 mil 780.8 millones de dólares, 1 mil 482.6 millones de dólares más que en el mismo periodo de 1999. Es importante destacar que el flujo de IED re presentó el 81.2 por ciento del déficit de la cuenta corriente, situación que reduce la vulnerabilidad de la economía mexicana al entorno internacional. Por otra parte, al aprovechar las condiciones del mercado externo, fue posible la colocación de valores denominados en moneda extranjera por 796.5 millones de dólares. Asimismo, se recibieron flujos de inversión en el mercado accionario por I mil 316.5 millones de dólares, y en el mercado de dinero se registró una desinversión por 244.2 millones de dólares. Durante el periodo enero septiembre de 2000 se observó una amortización neta de deuda con el exterior por 3 mil 989.2 millones de dólares. Dicho resultado se explica por los pagos netos de 3 mil 68.0 y 4 mil 285.6 millones de dólares realizados por el sector público y el Banco de México, respectivamente. En contra posición, el sector privado incrementó su endeudamiento neto con el exterior en 3 mil 364.4 millones de dólares. Finalmente, durante 2000 se incrementaron las reservas internacionales del Banco de México en 2 mil 821.5 millones de dólares.' De esta forma, al 29 de diciembre de 2000 el saldo de las reservas internacionales netas se situó en 33 mil 554.9 millones de dólares. 1.4.3. Precio del petróleo en el mercado internacional Debido al elevado nivel de los inventarios acumulados por los países industrializados y el cambio en las perspectivas de crecimiento de los Estados Unidos, durante el cuarto trimestre del año los precios internacionales del petróleo experimentaron un comportamiento a la baja. En particular, el precio promedio del petróleo Brent del Mar del Norte se ubicó en 29.52 dpb, es decir, 0.93 dpb inferior al del tercer trimestre. Asimismo, la cotización promedio del crudo ligero de Arabia Saudita disminuyó a 27.01 dpb en promedio, 0.19 dpb por debajo del alcanzado en el periodo anterior. En el caso de los precios de los crudos que componen la mezcla mexicana de exportación, la cotización promedio del petróleo Istmo se ubicó en 26.82 dpb, 3.26 dpb menos que el observado en el tercer trimestre del año. De manera similar, los precios promedio del petróleo Maya y Olmeca se ubicaron en 21.20 y 29.49 dpb, respectivamente, es decir, 3.23 y 1.25 dpb menos que en el periodo previo. 2. FINANZAS PUBLICAS Durante 2000, el comportamiento de las finanzas públicas estuvo determinado por la favorable evolución del precio internacional del petróleo y por el dinamismo de la actividad económica. Ambos factores permitieron obtener ingresos públicos por encima de los programados, mismos que se canalizaron en estricto apego a lo establecido en el artículo 35 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2000 (DAPEF). En la aplicación de los recursos adicionales con que contó el Gobierno Federal, sobresale por su incidencia en el apuntalamiento de la solvencia fiscal, la constitución del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEP) y la amortización de obligaciones derivadas de los programas de apoyo a deudores, por 9 mil 133 y 6 mil 500 millones de pesos, respectivamente. En materia de ingresos sobresale la mayor recaudación tributaria, en especial la relacionada con los impuestos al valor agregado y sobre la renta, que observaron un crecimiento anual de 15.2 y 7.4 por ciento real, en cada caso. Por su parte, el gasto programable creció 10.4 por ciento en términos reales con relación a 1999. Sin embargo, el crecimiento real es de 5.8 por ciento al excluir las erogaciones que de manera extraordinaria se realizaron en 2000, como el censo poblacional, el proceso electoral federal, la dotación de recursos para pensionados y jubilados del IMSS y ferrocarrileros, el Programa de Apoyos para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF) y la creación del FEP. El gasto social mantuvo su trayectoria ascendente con un crecimiento de 9.5 por ciento real y se orientó hacia áreas prioritarias como educación, salud, seguridad social y seguridad publica. Estos recursos se canalizaron, por un lado, a prestar servicios a la población en general y, por otro, a combatir las condiciones de pobreza extrema. En el último caso destacan los programas especiales Progresa y Procampo. Para aumentar la eficiencia y transparencia del ejercicio del gasto público, se continuó con el proceso de descentralización de las erogaciones. La descentralización del gasto público transfiere a entidades federativas y municipios responsabilidades y más recursos para responder de manera eficiente a las demandas de la población, facilita una mejor rendición de cuentas de los distintos órdenes de gobierno y acerca la gestión pública a la ciudadanía. Asimismo, se diseña ron y se dieron a conocer las reglas de operación de los principales programas públicos. En materia de inversión productiva, los recursos se orientaron a incentivar el empleo, así como a la modernización, mantenimiento y ampliación de la infraestructura básica; en especial se apoyó la preservación y expansión de la industria energética. De esta manera, la inversión publica total, que se compone de la presupuestaria y la financiada, mostró un crecimiento de 13.9 por ciento en términos reales. Este Informe se complementa con seis anexos en los que se da cuenta de diversos aspectos que se establecen en el DAPEF: la determinación y aplicación de los ingresos presupuestarios excedentes, la evaluación de los convenios de desempeño y de seguimiento financiero, las erogaciones en comunicación social, los principales proyectos de inversión, las fechas de publicación de reglas de operación de programas y adecuaciones al sistema presupuestario, y el Sistema Nacional de Seguridad Pública. 2.1. Principales indicadores de la postura fiscal Al cierre de 2000, el balance público registró un déficit de 60 mil S00 millones de pesos, monto equivalente a 1.10 por ciento del PIB y superior en casi 8 mil millones de pesos a la meta original. La desviación se explica, por los siguientes factores: La creación de una reserva para enfrentar devoluciones de impuestos, medida que se traduce en menores ingresos tributarios del Gobierno Federal. El hecho de que algunos organismos y entidades, en particular el IMSS, el ISSSTE y Pemex, registraron un nivel de gasto superior al autorizado. Erogaciones extraordinarias para pago de jubilados y pensionados, ampliaciones a educación y la constitución de un fondo de retiro voluntario, así como el menor diferimiento de pagos. El aumento en el subsidio implícito a las tarifas eléctricas ocasionado por el mayor precio del combustóleo. Excluyendo estos factores, el déficit público ascendería a 40 mil 70 millones de pesos, lo que equivale a 0.73 puntos del PIB. En el 2000, impulsados por el eleva do precio del petróleo y por el dina mismo de la actividad económica, los ingresos públicos del Gobierno Federal superaron el pronóstico original y se aplicaron en estricto apego a lo establecido en el artículo 35 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de b Federación del año 2000. En particular, los ingresos excedentes permitieron constituir un Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros con un monto de 9 mil 133 millones de pesos, recursos que se encuentran disponibles para proteger el gasto público aprobado en ejercicios futuros ante una eventual caída en el precio del petróleo. El balance público por sus fuentes de financiamiento muestra un endeuda miento interno de 120 mil 935 millones de pesos y un desendeudamiento externo de 60 mil 435 millones de pesos.' El financiamiento interno provino de las siguientes fuentes: el sector privado, 137 mil 565 millones de pesos; el sistema bancario y otras instituciones financieras, 46 mil 845 millones de pesos, mientras que los activos financieros depositados en el Banco de México se incrementaron en 63 mil 476 millones de pesos. Por su parte, el superávit primario del sector público, definido como la diferencia entre los ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero, se ubicó en 143 mil 355 millones de pesos, monto mayor en 13.7 por ciento real al registrado en 1999. 2.2. Ingresos presupuestarios Los ingresos presupuestarios ascendieron a 1 billón 184 mil 869 millones de pesos, cifra superior en 13.1 por ciento en términos reales a la de 1999. La mayor captación de ingresos se explica por un precio de la mezcla de crudo mexicana superior en 11.2 dólares por barril al de 1999, la obtención de 10 mil 440 millones de pesos adicionales por operaciones no recurrentes respecto a lo obtenido en 1999, y por el mayor ritmo de la actividad económica. Del total de ingresos presupuestarios, el 73.1 por ciento corresponde al Gobierno Federal y el 26.9 por ciento a organismos y empresas bajo control presupuestario directo. Los ingresos totales del Gobierno Federal en 2000 sumaron 866 mil 231 millones de pesos, cifra que represento un incremento de 17.3 por ciento real con respecto a la observada en 1999. La principal fuente de ingresos fue la recaudación tributaria, que representa el 66.8 por ciento del total y donde sobresale la evolución favorable del impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta. Por su parte, los ingresos no tributarios representaron el 33.2 por ciento del total de ingresos y su comportamiento estuvo determinado por el mayor precio de exportación del petróleo y mayores ingresos no recurrentes. Cabe reiterar que la recaudación tributaria se vio disminuida en 9 mil 952 millones de pesos a causa de la reserva para enfrentar devoluciones de impuestos. En apego al requisito establecido en el artículo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para 2000 de informar al H. Congreso de la Unión sobre la recaudación captada bajo la modalidad de pago de las contribuciones en especie o en servicios, se señala que durante 2000 las contribuciones fueron equivalentes a 3.1 millones de pesos. Los organismos y empresas obtuvieron ingresos propios por 318 mil 638 millones de pesos, lo que representó un incremento real de 3.1 por ciento respecto a los obtenidos en 1999. Esta variación se atribuye, por una parte, a los mayores ingresos captados por concepto de cuotas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y por ventas de electricidad. Lo anterior se compensó parcial mente con el efecto de las desincorporaciones de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo); si se elimina este factor, los ingresos propios del sector registrarían un crecimiento real de 5.1 por ciento. Los ingresos consolidados del sector público presupuestario fueron superiores en 60 mil 548 millones de pesos a los considerados en el articulo primero de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000. 2.3. Gasto neto presupuestario El gasto neto pagado fue de 1 billón 246 mil 94 millones de pesos, cantidad superior en 12.8 por ciento en términos reales respecto al año anterior. Del total del gasto, el 83.8 por ciento correspondió al gasto primario, donde sobresalen las mayores erogaciones para participaciones a entidades federativas y municipios. El gasto primario se ubicó en I billón 43 mil 936 millones de pesos, cifra superior en 12.8 por ciento real respecto a la observada en 1999. De este gasto, el 81;6 por ciento correspondió al gasto programable y el restante 18.4 por ciento al gasto no programable. Con estos re cursos se atendieron los programas prioritarios de bienestar social, en particular los orientados a combatir las condiciones de pobreza extrema, ampliar los servicios de seguridad social, elevar el nivel de educación y salud de la población más vulnerable, así como aumentar las aportaciones y participaciones a las entidades federativas y municipios. El costo financiero del sector público ascendió a 202 mil 157 millones de pesos, cantidad superior en 12.3 por ciento real con respecto a 1999, que prácticamente mantuvo su participación en el total, con respecto al año previo. Al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda del sector público correspondieron 141 mil 640 millones de pesos, monto inferior en 8.0 por ciento real. El 82.6 por ciento de estas erogaciones se destinó a cubrir el pago de intereses del Gobierno Federal y el 17.4 por ciento restante a cubrir el costo financiero de los organismos y empresas de control presupuestario directo. Los recursos destinados al apoyo a ahorradores y deudores ascendieron a 60 mil 518 millones de pesos. Con base en lo establecido para el Ramo 34 del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, así como en la evolución favorable de los ingresos y gastos no programables del Gobierno Federal, durante 2000 fue posible ampliar los recursos destinados a los programas de apoyo a deudores. Ello permitió establecer una mecánica de pago de los apoyos para estos programas que contempla su liquidación inmediata, una vez obtenido el resultado de las auditorias sobre la correcta aplicación de los programas. Esta mecánica no altera el costo fiscal total de los programas en valor presente, pero si permite reducir las presiones presupuestarias que generará su cumplimiento entre los años 2003 y 2006. El gasto programable pagado por el sector público presupuestario fue de 852 mil 51 millones de pesos, lo que significa un aumento de 10.4 por ciento real comparado con el año previo. Este incremento se explica, principalmente, por las erogaciones extraordinarias que autorizó el H. Congreso de la Unión y las actividades y pagos no recurrentes que se estuvieron que realizar durante 2000. Cabe destacar que al excluir estas erogaciones, la variación real anual del gasto programable fue de 5.8 por ciento. De acuerdo con la clasificación económica, el gasto corriente sumó 694 mil 535 millones de pesos, monto superior en 10.2 por ciento real comparado con 1999, y que registró una participación de 81.5 por ciento en el total. Estos recursos se distribuyeron de la siguiente manera: A servicios personales 55.2 por ciento, lo que representó un incremento real anual de 3.9 por ciento, el cual estuvo determinado, básicamente, por el comportamiento de la nómina del magisterio y personal médico, y el del personal que participó en las actividades censales y electorales. A otros gastos corrientes correspondió 29.4 por ciento, que se destinó a solventar la demanda de materiales y suministros y de servicios generales de diversos programas previstos en entidades y dependencias, donde destaca el pago de pensiones y la compra de combustóleo de la Compañía Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC). Para ayudas, subsidios y transferencias, distintas de las asociadas a servicios personales, se canalizó el restante 15.4 por ciento. Este gasto estuvo orientado a los programas de alto impacto social y al proceso de descentralización de recursos públicos a entidades federativas y municipios, vía el Ramo 33 y los convenios de descentralización. Para inversión física se destinaron 140 mil 757 millones de pesos, monto superior en 9.5 por ciento real al del año anterior. A la inversión física directa se asignaron 53.5 por ciento de los recursos, los cuales se orienta ron a la atención de áreas de alta prioridad, como son: construcción, ampliación y mantenimiento en la infraestructura carretera y de caminos rurales; abastecimiento de agua potable; y lo relacionado con el sector salud, hidrocarburos y electricidad. A la inversión física indirecta se destinó el 46.5 por ciento, 5.9 por ciento más que el año anterior. Con estos recursos se cubrieron, fundamentalmente, las responsabilidades de estados y municipios, a través del Ramo 33; las aportaciones al PAFEF aprobadas por la H. Cámara de Diputados; y los requerimientos de infraestructura educativa, hidráulica y del sector agropecuario. A otros gastos de capital se destinó el 2.0 por ciento del gasto programable, 16 mil 759 millones de pesos, el cual se integra, principalmente, por los recursos destinados al FEP y los créditos hipotecarios que otorga el FOVISSSTE, 9 mil 133 millones de pesos y 3 mil 447 millones de pesos, respectivamente. La inversión impulsada por el sector público presenta dos modalidades: la presupuestaria y la financiada. la primera se ejerce a través de recursos del sector público, y la segunda corresponde a la participación de los sectores privado y social. Las estimaciones de los contratistas privados indican que en el año 2000 la inversión en los proyectos bajo la modalidad de inversión financiada, ascendieron a 62 mil 376 millones de pesos. En el sector de hidrocarburos, dentro de la inversión financiada, la directa fue de 39 mil 629 millones de pesos, cifra que representa el 63.5 por ciento de la in versión total. Sobresalen Pemex Exploración y Producción con 26 mil 298 millones de pesos, a través de los proyectos Cantarell, Delta del Grijalva y Cuenca de Burgos. En Pemex Refinación la inversión fue de 13 mil 331 millones de pesos, concentrándose en los proyectos Cadereyta, Madero, Tula y Salamanca. Por su parte, la inversión condicionada a cargo de Pemex Exploración y Producción ascendió a 1 mil 122 millones de pesos y se canalizó a la Planta de Nitrógeno, que suministrará el producto necesario para incrementar la presión del yacimiento Cantarell, evitando la declinación de la producción. La inversión financiada en el sector eléctrico fue de 21 mil 625 millones de pesos,3 lo que significa el 34.7 por ciento de la inversión financiada total realizada en el periodo que se reporta. De este monto, el 75.2 por ciento correspondió a proyectos de generación y el resto a transmisión y transformación. 2.4. Clasificación funcional La clasificación funcional del gasto público muestra que el 60.7 por ciento de las erogaciones programadas se concentraron en funciones de desarrollo social, el 26.3 por ciento en las productivas y el 13.0 por ciento restante en las de gestión gubernamental. En las funciones de desarrollo social se ejercieron 517 mil 453 millones de pesos, 9.5 por ciento más que el ano anterior en términos reales. De estos recursos el 47.2 por ciento se destinó a las actividades de salud y seguridad social, el 39.3 por ciento a las de educación, 10.5 por ciento a las de desarrollo regional y urbano, y el resto a las de abasto y asistencia social, y laboral. A las funciones productivas, que se enfocan hacia actividades de producción y comercialización de bienes y servicios estratégicos para el desarrollo nacional, se asignaron 223 mil 993 millones de pesos, 7.3 por ciento real más que en 1999. De estos recursos, el 75.8 por ciento se destinó a la producción y comercialización de energía, el 12.5 por ciento al desarrollo agropecuario, y el 9.6 por ciento al sector comunicaciones y transportes. En las funciones de gestión gubernamental se erogaron 110 millones 605 millones de pesos, monto superior en 22.5 por ciento real a lo registrado en 1999. El crecimiento de estos recursos obedece a operaciones de naturaleza no recurrente, como los procesos electorales y el Censo Nacional de Población y Vivienda que se realizaron este año, así como la constitución del FEP. 2.5. Principales programas especiales En 2000 se ejercieron 52 mil 978 millones de pesos en los programas especiales. Estos recursos permitieron mejorar el nivel de vida de la población marginada dotándola de alimentos, servicios de infraestructura básica, educación, salud, así como oportunidades de empleo. Destaca la operación del Procampo, Progresa y del Programa de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica, que, en conjunto, absorbieron el 61.4 por ciento de los recursos asignados a los programas especiales. 2.6. Fortalecimiento del federalismo El gasto federalizado ascendió a 401 mil 957 millones de pesos, cantidad superior en 13.7 por ciento a la registrada durante 1999. A través de los ¡Ramos 25, 28 y 33, se ejercieron 372 mil 264 millones de pesos, y el resto mediante los convenios de descentralización entre entidades federativas y dependencias del Poder Ejecutivo. Durante 2000 se pagaron a las entidades federativas 178 mil 103 millones de pesos por concepto de participaciones. Este monto fue superior en 15.6 por ciento real a lo cubierto en el año previo. La recaudación federal participable que sirvió de base para el pago de las participaciones a las entidades federativas durante el año 2000, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, ascendió a 707 mil 551 millones de pesos. El monto anterior resultó superior en 15.1 por ciento en términos reales a la recaudación federal participable de 1999, debido a la significativa recuperación del precio de exportación de la mezcla de petróleo y por el incremento de la recaudación de los impuestos sobre la renta y al valor agregado. A través de los ramos 33 y 25 se ejercieron 194 mil 162 millones de pesos, cifra superior en 8.4 por ciento real con relación a la registrada en 1999. El monto destinado a los gobiernos estatales ascendió a 165 mil 80 millones de pesos, cantidad que muestra un incremento real de 9.1 por ciento, y el canalizado a los gobiernos municipales fue de 29 mil 82 millones de pesos, monto superior en 4.8 por ciento. Mediante la acción coordinada de la Federación y los estados se continuó promoviendo la canalización de recursos a través de convenios de descentralización, los cuales están orientados básicamente a la prestación de servicios educativos y a la creación de obras de infraestructura agrícola. El gasto ascendió a 29 mil 693 millones de pesos, cifra superior en términos reales en 45.6 por ciento respecto a la de 1999, debido, principalmente, a que incluye los recursos que el Poder Legislativo determinó que se canalizaran a través del PAFEF. La composición del gasto ejercido mediante este mecanismo es la siguiente: Para Educación, 19 mil 608 millones de pesos, cantidad superior en 14.1 por ciento real. Para desarrollo agropecuario, 3 mil 2l5 millones de pesos. El monto erogado por el PAFEF (Ramo 23) ascendió a 6 mil 870 millones de pesos. 11. INFORME DE LA DEUDA PUBLICA Introducción Durante el cuarto trimestre del año 2000, y a lo largo de este ejercicio fiscal, se redujo el monto de la deuda pública neta como porcentaje del PIB, alcanzando al concluir el ejercicio un nivel del 22.9 por ciento, el menor desde 1971. La trayectoria de la deuda pública neta total durante el año, la cual se redujo en 1.9 puntos porcentuales del PIB con respecto al cierre de 1999, se explica por la importante reducción de los pasivos externos durante el ejercicio, que disminuyeron en 3.3 puntos porcentuales del PIB. Lo anterior se tradujo en una mejora sustancial de los indicadores de solvencia de los pasivos públicos con el exterior, presentándose al cierre del año una relación deuda externa a PIB que resulta la menor en cerca de 30 años, y una proporción de la deuda externa a exportaciones que presenta niveles no observados en casi medio siglo. Por su parte, la deuda interna neta del Gobierno Federal presentó durante el año un incremento de 1.4 puntos porcentuales del PIB. Esto se explica porque, al igual que en años anteriores, los requerimientos de financiamiento neto del Gobierno Federal fueron cubiertos, fundamentalmente, a través del mercado doméstico, tal y como se anunció en la Exposición de Motivos de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2000. Dentro de los aspectos más sobresalientes que se observaron en materia de deuda externa durante el año 2000 y que en su momento fueron reportados en cada uno de los informes trimestrales correspondientes, destaca el que la deuda soberana de largo plazo de nuestro país haya obtenido por primera vez por parte de una agencia calificadora internacional (Moody s), lo que se conoce como grado de inversión. Asimismo, y debido al favorable entorno internacional, se pudieron llevar a cabo importantes operaciones de manejo de deuda a través de las cuales se logró retirar del mercado Bonos Brady que, una vez cancelados permitieron realizar, con base en el colateral liberado, pagos anticipados de otras obligaciones externas. Durante el trimestre que se informa se cancela ron Bonos Brady por un monto de 2 mil 97.2 millones de dólares, lo anterior aunado a los 5 mil millones de dólares cancelados en trimestres anteriores, implicó que durante el año se cancelara un total de 7 mil 97.2 millones de dólares. De esta manera, al concluir el año, el monto vigente de Bonos Brady ascendió a 16 mil 65.4 millones de dólares, es decir el 43.5 por ciento del total emitido a raíz de la reestructuración en febrero de 1990. En adición a la cancelación de Bonos Brady, durante el año 2000 se llevaron a cabo prepagos de obligaciones con los mercados internacionales de capital, con la banca comercial, con los Organismos Financieros Internacionales y de otras obligaciones que en el pasado fueron reestructuradas (Myras y Club de París, principalmente), los cuales ascendieron a 2 mil 824.7 millones de dólares. En materia de deuda interna, durante el año 2000 se emitieron por primera vez bonos a tasa fija a plazos de 3 y 5 años, siendo estas colocaciones ampliamente aceptadas por el público inversionista. El objetivo primordial de emitir estos títulos es fomentar el desarrollo de un mercado de deuda de largo plazo y cumplir con el requisito fundamental de establecer una tasa de referencia libre de riesgo crediticio. Por otro lado, destaca durante el año la creación de la figura de formador de mercado, la cual se creó con la finalidad de facilitar la colocación de títulos de largo plazo denominados en pesos, al garantizar una liquidez adecuada en el mercado secundario. Adicionalmente, durante el año se continuó con la Política de dar a conocer de forma anticipada la subasta de valores gubernamentales que estará vigente durante el siguiente trimestre. Esta política se tiene considerado continuar aplicándola para el año 2001, habiéndose ya anunciado la subasta que estará vigente durante el primer trimestre del 2001. En este programa destaca el aumento en los montos mínimos a subastar de Bondes, instrumento en el cual se concentra la mayor cantidad de los vencimientos de valores gubernamentales que tendrán lugar este año. Asimismo, el Gobierno Federal continuará con la estrategia de emitir valores gubernamentales de largo plazo a tasas fijas de manera regular para coadyuvar a la consolidación de un eficiente mercado nacional de deuda. Es importante reiterar que la Política de deuda pública y su consecuente evolución se apego estrictamente a lo establecido por el H. Congreso de la Unión: En el Artículo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2000, se autorizó un endeudamiento externo neto de 3 mil 500 millones de dólares, y un endeudamiento interno hasta por 90 mil millones de pesos. Asimismo, se autorizó que en caso de que el endeudamiento neto externo sea inferior al autorizado, el Ejecutivo Federal podrá emitir deuda interna adicional hasta por el equivalente en moneda nacional de esa diferencia o bien, podrá contratar endeudamiento interno adicional al autorizado, siempre que los recursos obtenidos se destinen íntegramente a la disminución de la deuda pública externa. El sector público presentó un desendeudamiento externo neto de 6 mil 252.9 millones de dólares. Así, la suma del endeudamiento externo neto no utilizado y del desendeudamiento externo observado ascendió a 9 mil 752.9 millones de dólares. Durante el año 2000, el Gobierno Federal generó un endeudamiento interno neto por 156 mil 68.0 millones de pesos, cifra que de acuerdo a lo mencionado anteriormente, se encuentra dentro de lo establecido en el articulo antes mencionado. Finalmente, por lo que se refiere a la deuda del Gobierno del Distrito Federal, se presentó un endeudamiento neto por 5 mil 76.5 millones de pesos, siendo el límite de endeudamiento autorizado para el año de 6 mil millones de pesos. 1. Evolución de la deuda pública durante el año 2000 Al cierre del cuarto trimestre del 2000, el saldo de la deuda pública externa neta se situó en 76 mil 11.4 millones de dólares, monto inferior en 7 mil 387.1 millones de dólares con respecto al observado al cierre del año anterior. Es importante destacar que dicha reducción en el saldo de la deuda externa se realizó en un entorno internacional favorable, así el plazo promedio de las nuevas emisiones llevadas a cabo por el sector público durante el año 2000 en los mercados internacionales de capital, resultó mayor en poco más de I año respecto al registrado en 1999. Asimismo, el diferencial pro medio entre las emisiones realizadas en el 2000 y los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a esos mismos plazos, ponderado por el monto de dichas emisiones, fue inferior en 171 puntos base al alcanzado en las colocaciones llevadas a cabo durante 1999. Por otro lado, al cierre de diciembre de 2000 el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal presentó un incremento de 151 mil 895.5 millones de pesos. Dicho incremento fue resultado, principalmente, de un endeudamiento interno neto de 156 mil 68.0 millones de pesos. El endeudamiento interno neto generado durante el 2000 permitió al Gobierno Federal cubrir sus necesidades de financiamiento durante el año y apoyar la importante reducción de sus obligaciones con el exterior presentadas duran te el ejercicio. Es de resaltar que del total del endeudamiento interno neto alcanzado durante el año 2000 a través de la colocación de valores gubernamentales, tanto los Cetes, como los Bondes y el Bono a Tasa Fija, constituyeron los principales instrumentos de captación. No obstante, se presentó un cambio significativo en la importancia relativa de dichos instrumentos, disminuyen do de manera sustancial la participación de los Bondes respecto del total, que fue compensada por el aumento de la importancia de los Cetes y de la reciente participación de los Bonos a Tasa Fija. Por lo que se refiere al plazo promedio de vencimiento de los valores gubernamentales, durante el año 2000 se presentó un ligero decremento de 23 días, al pasar dicho indicador de 561 días al cierre de 1999, a 538 días a diciembre del presente año. Ello refleja el hecho de que al haberse disminuido de manera importante las amortizaciones durante el presente año, el plazo de las nuevas emisiones, aún cuando se realizan actualmente a mayores plazos, no alcanzan a compensar la maduración que va presentando la deuda vigente. Durante el año 2000, el esfuerzo fiscal necesario para hacer frente al servicio de la deuda pública medido a través de la relación intereses a gasto neto presupuestario, se mantuvo en niveles similares a los observados al cierre del año anterior ( 16.2 por ciento). Finalmente, es de destacar que el nivel de la deuda del sector publico de México medido respecto al PIB, continúa comparándose favorablemente en el contexto internacional, al situarse por debajo de los niveles que presentan la mayoría de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). A continuación se presenta con mayor detalle la información de la evolución de la deuda pública durante el año 2000. 2. Deuda externa del Sector Público Durante el último trimestre del 2000, el saldo de la deuda pública externa neta registró una disminución de 3 mil 571.1 millones de dólares respecto al saldo observado en septiembre. Lo anterior, aunado a la disminución presentada en los primeros nueve meses del año, significó que la deuda externa neta mostrara durante el año una reducción de 7 mil 387.1 millones de dólares, lo cual es resultado de los siguientes factores: Una disminución en la deuda externa bruta de 8 mil 231.1 millones de dólares, como resulta do de un desendeudamiento externo neto de 6 mil 252.9 millones de dólares y ajustes contables a la baja por 1 mil 978.2 millones de dólares, derivados fundamentalmente, de la apreciación del dólar respecto a otras divisas en que se encuentra contratada la deuda. El desendeudamiento alcanzado fue resultado de disposiciones por 14 mil 755.5 millones de dólares y amortizaciones por 21 mil 8.4 millones de dólares. Una disminución en el valor de los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la deuda ex terna por 844 millones de dólares. Este monto refleja por una parte, la recuperación del colateral asociado a los Bonos Brady cancelados; y por la otra, la variación experimentada en los activos internacionales, como resultado tanto de los intereses devengados en el periodo, como de los movimientos en las tasas de interés y los tipos de cambio asociados con el colateral de los Bonos Brady. Así, el saldo de la deuda pública externa neta se situó al cierre del año 2000 en 76 mil 11.4 millones de dólares, monto inferior en 8.9 por ciento respecto al saldo observado en diciembre de 1999. En términos del PIB, la deuda pública externa neta se ubicó al concluir el año en 12.5 por ciento, presentando así una disminución de 3.3 puntos porcentuales del producto respecto al nivel alcanzado por este indicador al cierre de 1999. Esta disminución refleja tanto la reducción en el saldo de la deuda externa denomina da en dólares, como el crecimiento del PIB durante dicho periodo. Del total del financiamiento bruto captado por el sector público durante el año ( 14 mil 755.5 millones de dólares), los principales instrumentos de captación externa fueron las emisiones públicas en los mercados internacionales de capital mismas que representaron el 46.6 por ciento del total, los financiamientos destina dos a apoyar al comercio exterior con una participación del 22.1 por ciento, y los recursos capta dos de los Organismos Financieros Internacionales con el 17.2 por ciento. En particular, destacan los recursos obtenidos por el Gobierno Federal a través de emisiones públicas que en conjunto significaron 6 mil 881.7 millones de dólares. Por lo que corresponde a las amortizaciones realizadas a lo largo del año (21 mil 8.4 millones de dólares), alrededor del cincuenta por ciento corresponde a pagos anticipados de deuda, principalmente, de Bonos Brady, Recursos Frescos, Club de París y deuda asumida; del resto de las amortizaciones el 17.9 por ciento se destinó al pago de financiamientos ligados al comercio exterior, el 8.8 por ciento al pago de Bonos Públicos, el 12.5 por ciento al mercado bancario, el 7.2 por ciento a créditos contratados con los Organismos Financieros Internacionales y el restante 6.3 por ciento a amortizaciones de créditos reestructurados. Para el ejercicio del año 2001, el sector público tiene previsto realizar amortizaciones de obligaciones en los mercados internacionales de capital por un total de I mil 639.9 millones de dólares, que re presenta tan sólo el 16 por ciento del total de las amortizaciones programadas. Del resto de los vencimientos, la mayor parte se encuentra relacionado con líneas liga das al comercio exterior y con los OFIS, que en conjunto representan el 54.6 por ciento del total, ciento estos financiamientos generalmente cubiertos con los programas de préstamos establecidos con los mismos acreedores. En el Apéndice Estadístico del presente Informe se incluyen los tres cuadros que se presentaban en este apartado, bajo el rubro de Cuadros 3, 4 y 5. Servicio de la deuda pública externa En el cuarto trimestre del 2000 el pago por concepto de servicio de la deuda pública externa ascendió a 7 mil 639.2 millones de dólares. De esta cantidad, 5 mil 540.9 millones de dólares se destinaron a la amortización de principal y 2 mil 98.3 millones de dólares para cubrir el costo financiero de la deuda. Así, durante el año 2000 se destinaron para el servicio de la deuda pública externa un monto de 28 mil 703.8 millones de dólares, correspondiendo 21 mil 8.4 millones de dólares para amortizaciones, y el resto 7 mil 695.4 millones de dólares para el costo financiero de la deuda. 3. Deuda interna del Gobierno Federal Durante el último trimestre del 2000, el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal resultó mayor en 111 mil 242.5 millones de pesos respecto al saldo observado en septiembre. Lo anterior, aunado a la variación presentada en los primeros nueve meses del año, significo un aumento en el saldo de la deuda de 151 mil 895.5 millones de pesos. Esta variación a lo largo del año ha sido resultado de los siguientes factores: Un aumento en la deuda interna bruta de 168 mil 718 millones de pesos, como resultado de un endeudamiento interno neto de 156 mil 68 millones de pesos y ajustes contables a la alza de 12 mil 650 millones de pesos, derivados del efecto inflacionario sobre los pasivos indizados a esta variable. Un incremento de 16 mil 822.5 millones de pesos en los activos internos del Gobierno Federal. Así, al cierre del año 2000 el saldo de la deuda interna neta del Gobierno Federal se situó en 606 mil 182.2 millones de pesos, lo que significó un incremento de 22.5 en términos reales con relación al saldo registrado en diciembre de 1999. En términos del PIB, la deuda interna neta se ubicó al concluir el cuarto trimestre en 10.4 por ciento, presentando así un aumento de 1.4 puntos porcentuales del producto respecto al nivel alcanzado por este indicador al cierre de 1999. El endeudamiento interno neto presentado durante el año se obtuvo, preponderantemente, a través de la captación neta de valores gubernamentales, destacando por su importancia la emisión neta de Cetes, Bondes y Bonos a Tasa Fija. La Política de subasta de valores fundamentales llevada a cabo permitió que cerca de tres cuartas partes del endeudamiento interno neto registrado durante el periodo se realizara, principalmente, mediante la colocación de títulos a plazo mayor a un año. Derivada de la estructura de subasta vigente a lo largo de los últimos meses, la participación de los Bondes respecto al total de valores gubernamentales se ha reducido, espacio que se ha ocupado principalmente por los Cetes y los Bonos a Tasa Fija. Es importante destacar el cambio significativo observado en la subasta de Bondes, ya que hace tan solo un año únicamente se subastaban Bondes con tasa revisable cada 28 días, mientras que a partir del segundo trimestre se han emitido Bondes, preferentemente a tasa revisable cada seis meses y con plazos de 3 y 5 años. 3.1. Costo financiero de la deuda En el cuarto trimestre de 2000, el Gobierno Federal efectuó erogaciones por un monto de 44 mil 378.6 millones de pesos para cubrir 19 mil 964.0 millones de pesos para el pago por concepto de intereses, comisiones y gastos asociados a la deuda interna del Gobierno Federal, así como 24 mil 414.6 millones de pesos de recursos canalizados a los Programas de Apoyo a Deudores, a través del Ramo 34. Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de la Banca. Con los resultados del cuarto trimestre, las erogaciones del Gobierno Federal para cubrir el costo financiero de la deuda interna ascendieron a lo largo del año, a 139 mil 876.0 millones de pesos, mismos que incluyen 60 mil 517.6 millones de pesos de erogaciones realizadas a través del referido Ramo 34. Al Programa de Apoyo a Ahorradores a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario se canalizaron durante el año 34 mil 600 millones de pesos, asimismo, al Programa de Apoyo a Deudores se destinaron 25 mil 917.6 millones de pesos. Es conveniente señalar, tal y como se informó en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, que gracias a la evolución favorable de los ingresos y gastos, en particular del no programable, del Gobierno Federal, durante el presente año fue posible ampliar los recursos originalmente contemplados a ser destinados a los programas de apoyo a deudores. Lo anterior, permitió establecer una mecánica de pago de los apoyos generados por los programas que contemplara su liquidación inmediata, una vez obtenido el resultado de las auditorias sobre la correcta aplicación de los programas, para los ejercicios correspondientes. Esta mecánica no altera el costo fiscal total de los programas en valor presente, pero sí permite reducir las presiones presupuestales que genera el cumplimiento de estos programas en los años subsecuentes al 2000. En particular, los mayores recursos erogados durante el presente año se traducen, prácticamente en su totalidad, en un menor costo a cubrir entre los años 2003 a 2006. 4. Garantías del Gobierno Federal De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 2° de la Ley de Ingresos de la Federación para este año, y en adición a lo reportado en los trimestres anteriores, a continuación se reportan las siguientes operaciones. Tomando en cuenta la dificultad para la recuperación de la cartera enajenada de Nafin, en el marco del Saneamiento Financiero de dicha institución, y el costo financiero que pudiera alcanzar el crédito a cargo del Fideliq garantizado por el Gobierno Federal a la fecha de vencimiento original mente establecida (junio de 2006), se consideró conveniente concluir la participación del Gobierno Federal en este proceso de saneamiento, mediante la celebración de un convenio modificatorio al contrato de crédito celebrado entre Nafin y Fideliq, con el objeto de adelantar su fecha de vencimiento al 30 de octubre de 2000. Esta operación contó con el acuerdo favorable de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, extinguiéndose la garantía otorgada, al liquidar se el pasivo. Con relación a la línea de crédito contingente reportada en el segundo trimestre, establecida en el mandato que Fina otorgó a Bancomext para celebrar operaciones de reporto de azúcar de la zafra 19992000, se informa que derivado de la revisión del balance final o rendición de cuentas del mandato, en el mes de diciembre, se hizo uso de la línea citada, cuyo monto se modificó para quedar en hasta 480 millones de pesos y con vencimiento al 28 de marzo de 2001. Con relación a lo reportado en trimestres anteriores, sobre los pagarés de indemnización carretera (PIC's), emitidos por Banobras, en su carácter de fiduciario del Fideicomiso 1936. Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC), a plazo de 30 anos y por un monto de 3 mil 500 millones de Udis, durante el cuarto trimestre se colocaron 700 millones de Udis, que, sumado a los montos colocados en trimestres anteriores, hacen un total de 3 mil 50 millones de Udis. De esta manera, se obtuvieron recursos por 7 mil 747.3 millones de pesos, los cuales se han destinado a prepagar la deuda bancaria del FARAC. Durante el año, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S. N. C. (Banobras) celebró los siguientes contratos de crédito con Organismos Financieros Bilaterales y Multilaterales, en los cuales se documentó la garantía del Gobierno Federal: a) Un financiamiento hasta por 22 mil 148 millones de yenes japoneses con el lapan Bank for International Cooperation, cuyo destino es el de financiar un proyecto de Infraestructura Hidráulica, para el saneamiento y suministro de agua potable de Baja California; b) Un financiamiento con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) hasta por un monto de 505 millones de dólares, cuyos recursos son para el Saneamiento Financiero del Estado de México a través de programas de ajuste sectorial; c) Un contrato con el BIRF hasta por un monto de 404 millones de dólares, cuyos recursos son para Proyectos de Manejo de Desastres Naturales; y, d) Un financiamiento con el BIRF hasta por un monto de 218 millones de dólares, cuyos recursos son para Mantenimiento de Carreteras Federales. Asimismo, Nacional Financiera, S. N. C. (Nafin) celebró durante el año, los siguientes contratos de crédito con Organismos Financieros Multilaterales, en los cuales se documentó la garantía del Gobierno Federal: a) En su calidad de Agente Financiero del Gobierno Federal, celebró un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por una suma de 200 millones de dólares, para apoyar el Programa de Modernización del Mercado Laboral (Fase II); b) Un préstamo con el BID hasta por una suma de 300 millones de dólares, en apoyo de un Programa Multisectorial; y, c) Un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hasta por una suma de 250 millones de dólares, en apoyo de la reestructura del sistema bancario. Es de resaltar que las cifras aquí reportadas para el caso del Fobaproa IPAB difieren del total de los pasivos presentados en el apartado correspondiente al IPAB, en virtud de que en esta sección solo se incluyen aquellas operaciones en que en los documentos respectivos, el Gobierno Federal otorgó su garantía expresa. Por lo anterior, las variaciones reportadas en el cuadro siguiente, se relacionan principalmente con operaciones que fueron realizadas por el Fobaproa, con la garantía expresa del Gobierno Federal, y que en términos de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB las ha venido documentando. En el cuadro siguiente se presentan los saldos totales de las obligaciones que cuentan con la garantía del Gobierno Federal. 5. Inversión física impulsada por el Sector Público. Proyectos de inversión financiada Los proyectos de inversión financiada, que forman parte de la inversión física impulsada por el, sector público, se pueden agrupar en dos: a) aquéllos proyectos que en el tiempo constituirán inversión pública y b) aquéllos proyectos cuya propiedades en todo momento del sector privado. La primera clasificación supone para el sector público adquirir obligaciones financieras que son registradas de conformidad con lo establecido en el articulo 18 de la Ley General de Deuda Pública. La segunda clasificación implica únicamente compromisos comerciales del sector público. Estos compromisos se reflejan en contratos de largo plazo celebrados entre las entidades del sector público impulsoras de los proyectos y las empresas del sector privado ejecutoras de los mismos, en los cuales se pacta la adquisición a lo largo del plazo establecido en el contrato de un bien o servicio, pagadero contra entrega. A continuación se presenta el desglose de los proyectos de inversión financiada que a la fecha han sido adjudicados a través de licitaciones. Los montos presentados en el cuadro siguiente se refieren exclusivamente a los recursos que han sido obtenidos a la fecha para la ejecución de los proyectos citados. En esta medida, este cuadro no presenta el costo total de los proyectos ni el total de los mismos que se considera dentro de la categoría de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. En el Anexo I del presente Informe se incluye el cuadro que tradicionalmente se presentaba en este apartado. 6. Comportamiento de la deuda pública del gobierno del Distrito Federal al 31 de diciembre de 2000 La política de deuda se dirigió, por una parte, a contratar los recursos para financiar los programas autorizados en el presupuesto del Gobierno del Distrito Federal que por su naturaleza requieren ser complementados con crédito. Por otra parte, se contrataron créditos que dieron suficiencia financiera al techo de endeudamiento autorizado, los cuales provinieron en un 59 por ciento de la Banca de Desarrollo y la diferencia, 41 por ciento de la Banca Comercial. El ejercicio de los recursos provenientes de crédito, se aplicaron a: I) garantizar que su contratación se hiciera con el cuidado de no comprometer las finanzas del Distrito Federal, velando que esos recursos se orientaran a la ejecución de programas prioritarios; 11) continuar los compromisos multianuales ligados a proyectos de alto impacto social como son los relacionados con la ampliación de la infraestructura de servicios y mejoramiento del medio ambiente; III) cumplir que el uso del crédito observara el límite de endeudamiento neto establecido en las Leyes de Ingresos de la Federación y del Gobierno del Distrito Federal; y IV) aprovechar oportunidades para mejorar el perfil de la deuda y su servicio. Para el 2000, el H. Congreso de la Unión autorizó al Distrito Federal, un techo de endeudamiento neto por la cantidad de 6 mil millones de pesos, de los cuales se estima una colocación que alcance los 5 mil 76.5 millones de pesos. Asimismo, se amortizaron 2 mil 63.0 millones de pesos, lo que permitió disposiciones estimadas en 7 mil 139.5 millones de pesos, de los que 6 mil 133.3 millones de pesos correspondieron al Sector Central, mientras que las entidades coordinadas colocaron I mil 6.2 millones de pesos. Aunado al endeudamiento neto, se registraron actualizaciones derivadas de las líneas de crédito pactadas en Unidades de Inversión (UDI'5) y otras monedas por un monto de 677.7 millones de pesos, lo que trajo como resultado que el saldo de la deuda consolidada del Gobierno del Distrito Federal ascendiera a 28 mil 716.3 millones de pesos. Por lo que se refiere a la composición del saldo, el 80 por ciento corresponde al Sector Central y el 20 por ciento restante a los Organismos y Empresas Coordinadas. Para atender el servicio de deuda y de conformidad con la normatividad, se destinaron recursos por 5 mil 865.0 millones de pesos por concepto de pagos a capital, intereses, comisiones y gastos. De los recursos asignados 4 mil 139.0 millones de pesos correspondieron al Sector Central y I mil 211.0 millones de pesos a los Organismos y Empresas. Los pagos a capital fueron del orden de los 2 mil 63.0 millones de pesos mientras que el pago de intereses, comisiones y gastos ascendió a 3 mil 2 8 7.0 millones de pesos. En el Anexo II del presente Informe se reporta en su totalidad el documento que tradicionalmente se incluía en este apartado. 7. Operaciones activas y pasivas del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario2 En cumplimiento del articulo 79 del Decreto Aprobatorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2000, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario presenta el siguiente informe. Al cierre del cuarto trimestre del 2000, el reporte de la situación financiera del Instituto, destaca entre otros aspectos: la reducción de los pasivos totales del Instituto en 5.1 por ciento en términos reales, los cuales al 31 de diciembre de 2000 sumaron un total de 747 mil 312.0 millones de pesos. Asimismo, los pasivos, netos de recursos líquidos y excluyendo del cálculo los programas con cargo al Gobierno Federal3 fueron de 694 mil 964 millones de pesos, decreciendo 7.3 por ciento en términos reales respecto a la cifra presentada en diciembre de 1999. Dicho saldo representó un 11.9 por ciento del PIB estimado para el cierre del cuarto trimestre. Asimismo, durante el cuarto trimestre se emitieron Bonos de Protección al Ahorro (BPAs) por 19 mil 900 millones de pesos. Durante este periodo, las emisiones de BPAs promediaron I mil 530.0 millones de pesos por subasta y la sobretasa ponderada por encima de los Cetes a 28 días fue de 1.2 puntos porcentuales. Durante el último trimestre del año se contrataron créditos por 66 mil 175.0 millones de pesos entre los que destacan: un crédito contratado con Citibank por 28 mil 959.9 millones de pesos y un crédito contratado con Banorte por 35 mil 248 millones de pesos. En este mismo periodo se firmó un contrato de crédito con Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito por 35 mil millones de pesos los cuales se dispondrán durante el primer semestre de 2001. En cuanto a sus ingresos, en el cuarto trimestre el Instituto ingresó recursos provenientes de recuperaciones de cartera y activos por 8 mil 69 millones de pesos; así como ingresos por cuotas por 1 mil 370.8 millones de pesos. Al cierre del cuarto trimestre, el saldo de los activos del Instituto fue de 183 mil 914.0 millones de pesos; cifra que implicó una reducción del 8.9 por ciento en términos reales, en comparación de la cifra presentada a diciembre de 1999. En el Anexo III del presente Informe se reporta en su totalidad el documento que tradicionalmente se incluía en este apartado. ANEXO I ADECUACIONES AL GASTO APROBADO POR EL H. CONGRESO DE LA UNION, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 25, 26, 35, 36 Y 41 DEL DECRETO APROBATORIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL 2000 1. En relación con el artículo 25 del DAPEF relativo a las aportaciones patrimoniales a fideicomisos, se informa de los siguientes movimientos en los fideicomisos a que se refiere la fracción 11) de artículo 2 del mismo DAPEF: El primero de noviembre de 2000 se otorgó clave al Fideicomiso Irrevocable de Administración San Bernabé Cuajimalpa, constituido por la CFE con un patrimonio inicial de 150 mil pesos. Al cierre del ejercicio, se reportó un patrimonio por 100 millones de pesos. El 20 de diciembre de 2000, la SHCP en su carácter de fideicomitente único de la administración pública centralizada, autorizó la transferencia compensada a la SCT para que, por su conducto, se aportaran 575 millones de pesos al Fideicomiso del Fondo de Inversión en lnfraestructura (FINFRA). Con fecha 28 de noviembre, la Secretarla de Gobernación creó el Fideicomiso para la Adquisición de Equipo de Alertamiento Sísmico, con una aportación inicial de 36 millones de pesos. La SHCP autorizó el 29 de diciembre, por mandato de Ley, una aportación inicial por 1 mil 785 millones de pesos al Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. El Fideicomiso de Administración y Traslativo de Dominio (Obras de Infraestructura para el Sistema Eléctrico Nacional) inició con una aportación patrimonial de 150 mil pesos. En diciembre, la SHCP autorizó un aumento en su patrimonio para quedar en 49 millones de pesos. 2. De acuerdo con el Artículo 26 del DAPEF relativo a las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP con el fin de mejorar el cumplimiento de los objetivos de los programas públicos, se informa lo siguiente: Al cierre de 2000, las adecuaciones presupuestarias autorizadas por la SHCP, ascendieron a 11 mil 9 1 3 millones de pesos y se dirigieron, principalmente, a la constitución de un fondo para financiar el retiro voluntario, al pago único a jubilados y pensionados y ampliaciones a Educación por recomendación del H. Congreso de la Unión, y al pago de las medidas extraordinarias de fin de año al personal operativo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APENDICE No. 10 DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, CON EL QUE CON EL QUE SE REMITEN TREINTA Y UN HOJAS DE SERVICIO DE MIEMBROS DE LA ARMADA DE MEXICO, PARA LOS EFEC TOS DE LA FRACCION VII DEL ARTICULO 78 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CC. Secretarios de la Comisión Permanente Del H. Congreso de la Unión El C. Almirante Marco Antonio Peyrot González, Secretario de Marina, se ha dirigido a esta Secretaría, para solicitar que por su amable conducto sea ratificado el grado que actualmente ostenta el personal de Capitanes que en relación anexa se mencionan, con fundamento en el artículo 78, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enviándoles con el presente la documentación correspondiente. Una vez efectuada dicha ratificación, respetuosamente solicitamos nos sea devuelta la documentación para continuar el trámite respectivo. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, DF, a 12 de febrero de 2001. Por acuerdo del C. Secretario El Director General de Gobierno Sergio Orozco Aceves Relación de expedientes del personal de Capitanes, que fueron ascendidos con fecha 20 de noviembre del 2000 y que se envían a la Secretaría de Gobernación para la ratificación del grado que actualmente ostentan. Cuyos expedientes contienen la siguiente documentación: hoja de tiempo de servicios, hoja de datos biográficos y comisiones desempeñadas, hoja de datos complementarios y copia fotostática del Acuerdo Presidencial en el que fueron comunicados los ascensos. 01. Capitán de Nav. C.G.DEM. José Abelardo Dorantes Carbajal. 02. Capitán de Nav. C.G.DEM. Carlos Alejandro Abascal Andrade. 03. Capitán de Nav. C.G.DEM. Leovigildo Legaria Avila. 04. Capitán de Nav. C.G.DEM. Gonzalo Ortiz Guzmán. 05. Capitán de Nav. C.G.DEM. José Luis Vergara Ibarra. 06. Capitán de Nav. C.G.DEM. Eduardo Redondo Aramburo. 07. Capitán de Nav. C.G. Miguel Angel García Ramírez. 08. Capitán de Nav. C.G. Tomás Dodero Zavaleta. 09. Capitán de Nav. I.M. Mario Iglesias Rosas. 10. Capitán de Nav. I.M. Jorge Vinicio Pimentel Jiménez. 11. Capitán de Nav. I.M.DEM. Leonardo Flores Barrera. 12. Capitán de Nav. I.M.DEM. Raúl Sánchez Martínez. 13. Capitán de Nav. I.M.DEM. Víctor Colorado Fernández. 14. Capitán de Nav. I.M.DEM. Enrique Jaime Díaz Vázquez. 15. Capitán de Nav. I.M.DEM. Armando Javier Aráuz Arredondo. 16. Capitán de Nav. I.M.DEM. Raúl García Priante. 17. Capitán de Nav. I.M.P.DEM. José Angel Reyes Carrera 18. Capitán de Nav. I.M.DEM. Marco Antonio Castillo Viveros. 19. Capitán de Nav. I.M.DEM. Juan Eduardo Mal donado García. 20. Capitán de Nav. I.M.DEM. Genaro Watla Silva. 21. Capitán de Nav. SIN. I.N.I.C. Carlos Manuel Hoz Fuentes. 22. Capitán de Nav. SIN. I.N.ARQ. René García Alegre. 23. Capitán de Nav. SIN. I.N.I.QUIM. Víctor Montoya Fernández. 24. Capitán de Nav. SIN. I.N.ARQ. Felipe Adolfo Macías Padilla. 25. Capitán de Nav. SAIN. INT. Esteban García Malpica. 26. Capitán de Nav. SAIN. L.E. Cristino Luis Martínez Flores. 27. Capitán de Nav. SAIN. (E) INT. José Manuel Rodríguez Aguilar. 28. Capitán de Nav. SJN. L.D. Javier Morga Vázquez. 29. Capitán de Nav. SSN. M.C. Miguel Angel López Campos. 30. Capitán de Nav. SSN. M.C. José Gabriel González Cervantes. 31. Capitán de Nav. SSN. M.C. Alvaro Carmelo García Franyutti. México, DF, a 4 de enero del 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 11 Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue turnado el oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita permiso para que el Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Juan Francisco Tovía Mazón y el Embajador Juan José Bremer y de Martino, puedan aceptar y usar las condecoraciones que en diferentes grados, les confieren los gobiernos de Estados Unidos de América y del Reino de España, respectivamente. La Comisión considera cumplidos los requisitos lega les necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso al Coronel de Caballería Diplomado de Estado Mayor Juan Francisco Tovía Mazón, para aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Servicio Meritorio, que le confiere el Gobierno de los Estados Unidos de América. Artículo Segundo. Se concede permiso al Embajador Juan José Bremer y de Martino, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Isabel la Católica, en grado de Gran Cruz, que le confiere el Gobierno del Reino de España. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 15 de febrero de 2001. Primera Comisión: Sen. Jorge Zermeño Infante (rubrica), Presidente: Dip. Eduardo Andrade Sánchez (rúbrica). secretario; dip. Alejandro Zapata Perogordo. secretario (rúbrica); dip. Jorge Carlos Ramírez Marín (rúbrica), dip. Carlos Aceves del Olmo (rúbrica), sen. Sadot Sánchez Carreño (rúbrica), sen. César Camacho Quiroz (rubrica), sen. José Antonio Aguilar Bodegas (rubrica), dip. María Cristina Moctezuma Lule, dip. Fernando Pérez Noriega, sen. César Jáuregui Robles (rúbrica), sen. Javier Corral Jurado, dip. Felipe Calderón Hinojosa (rúbrica), dip. Ma. del Rosario Tapia Medina (rubrica), dip. Uuc-kib Espadas Ancona (rubrica). Honorable Asamblea: A la Primera Comisión de Trabajo que suscribe, le fue ron turnados los oficios de la Secretaría de Gobernación, por los que se solicita, el permiso para que la licenciada Trinidad Martínez Tarragó, Embajador Enrique René Michel Santibánez, Embajador Lorenzo Pedro Alberto Vignal Seelbach, pintor José Luis Cuevas Novelo, puedan aceptar y usar condecoraciones que les confieren los gobiernos de las Repúblicas de Chile, Filipinas, Polonia y de Venezuela, respectivamente. La Comisión considera cumplidos los requisitos legales necesarios para conceder el permiso solicitado y en tal virtud, de acuerdo con lo que establece la fracción III del apartado c) del artículo 37 constitucional y el segundo párrafo del artículo 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso a la licenciada Trinidad Martínez Tarragó, para aceptar y usar la con decoración Orden Docente y Cultural Gabriela Mistral, que le confiere el Gobierno de la República de Chile. Artículo Segundo. Se concede permiso al Embajador Enrique René Michel Santibánez, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Sikatuna, en Grado de Lakan, que le confiere el Gobierno de Filipinas. Artículo Tercero. Se concede permiso al Embajador Lorenzo Pedro Alberto Vignal Seelbach, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Mérito, en Grado de Comendador, que le confiere el Gobierno de Polonia. Artículo Cuarto. Se concede permiso al pintor José Luis Cuevas Novelo, para aceptar y usar la condecoración de la Orden de Andrés Bello, en Grado de Primera Clase, que le confiere el Gobierno de la República de Venezuela. Honorable Asamblea: En oficio de fecha 7 de febrero del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que los ciudadanos Julián Flores Robles. Jesús Romárico González Márquez, Galdino Enrique Rodríguez Avilés, Armando Espinoza Moye da, Elizabeth García García y Julieta Beatriz Galván Gutiérrez, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en la Embajada de Portugal, en México. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 14 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo. Considerando a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad con la copia certificada de sus actas de nacimiento; b) Que los servicios que los propios interesados prestarán a la Embajada de Portugal, en México, serán de carácter administrativo, y c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado c) del artículo 37 constitucional y el artículo 60, segundo párrafo, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente: Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso al ciudadano Julián Flores Robles, para prestar servicios como auxiliar de servicio, en la Embajada de Portugal, en México. Artículo Segundo. Se concede permiso al ciudadano Jesús Romárico González Márquez, para prestar servicios como auxiliar de servicio, en la Embajada de Portugal en México. Artículo Tercero. Se concede permiso al ciudadano Galdino Enrique Rodríguez Avilés, para prestar servicios como auxiliar de servicio, en la Embajada de Portugal, en México. Articulo Cuarto. Se concede permiso al ciudadano Armando Espinoza Moyeda, para prestar servicios como auxiliar de servicio, en la Embajada de Portugal, en México. Artículo Quinto. Se concede permiso a la ciudadana Elizabeth García García, para prestar servicios como auxiliar de servicio, en la Embajada de Portugal, en México. Artículo Sexto. Se concede permiso a la ciudadana Julieta Beatriz Galván Gutiérrez, para prestar servicios como secretaria trilingüe, en la Embajada de Portugal, en México. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 15 de febrero de 2001. Honorable Asamblea: En oficio fechado el día 31 de enero del año en curso, la Secretaría de Gobernación, solicita el permiso para que los ciudadanos Yadira Ramírez Hernández, María Isabel Rodríguez Solano, Evangelina Sánchez Alarcón, Hilario Martínez Bautista, Carmelita Contreras y Estrada, Margarita Herrera Sarmientos y Santiago Colorado Hernández, puedan prestar servicios de carácter administrativo, en las embajadas de las Repúblicas de Angola y Sudáfrica, en México, respectivamente. En sesión celebrada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el día 14 de febrero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo. Considerando a) Que los peticionarios acreditan su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento; b) Que los servicios que los propios interesados prestarán en las embajadas de las repúblicas de Angola y Sudáfrica, en México, serán de carácter administrativo, y c) Que las solicitudes se ajustan a lo establecido en la fracción II del apartado c) del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de Decreto Artículo Primero. Se concede permiso a Yadira Ramírez Hernández, para prestar servicios como asistente, en la Embajada de la República de Angola, en México. Artículo Segundo. Se concede permiso a María Isabel Rodríguez Solano, para prestar servicios como empleada doméstica, en la Embajada de la República de Angola, en México. Artículo Tercero. Se concede permiso a Evangelina Sánchez Alarcón, para prestar servicios como emplea da doméstica, en la Embajada de la República de Angola, en México. Artículo Cuarto. Se concede permiso a Hilario Martínez Bautista, para prestar servicios como chofer, en la Embajada de la República de Angola, en México. Artículo Quinto. Se concede permiso a Carmelita Contreras y Estrada, para prestar servicios como secretaria, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México. Artículo Sexto. Se concede permiso a Margarita Herrera Sarmientos, para prestar servicios como emplea da doméstica, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México. Artículo Séptimo. Se concede permiso a Santiago Colorado Hernández, para prestar servicios como empleado doméstico, en la Embajada de la República de Sudáfrica, en México. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 15 de febrero de 2001. Honorable Asamblea: En oficio fechado el 22 de noviembre de 2000, la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la de Gobernación, solicita el permiso constitucional necesario para que la ciudadana Ursula Johanna Stump Diestel, pueda aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de Suiza, con circunscripción consular en Guadalajara, Jalisco. En sesión efectuada por la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, el 24 de enero, se turnó a la suscrita Comisión para su estudio y dictamen, el expediente relativo. Considerando a) Que la peticionaria acredita su nacionalidad mexicana con la copia certificada de su acta de nacimiento. b) Que los servicios que la propia interesada prestará al Gobierno de Suiza, con circunscripción consular en Guadalajara, Jalisco, serán de carácter estrictamente consular, y c) Que la solicitud se ajusta a lo establecido en la fracción II del apartado c) del artículo 37 constitucional. Por lo expuesto, esta Comisión se permite someter a la consideración de la Honorable Asamblea, el siguiente Proyecto de decreto Artículo Unico. Se concede permiso a la Ciudadana Ursula Johanna Stump Diestel, para aceptar y desempeñar el cargo de Cónsul Honoraria de Suiza con circunscripción consular en Guadalajara, Jalisco. Sala de Comisiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. México, DF, a 25 de febrero de 2001. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 12 HONORABLE ASAMBLEA: A la Segunda Comisión de Trabajo, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Chile, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Valero Recio Becerra, consta que nació en la ciudad de México, Distrito Federal, el veintinueve de noviembre de mil novecientos cuarenta y dos. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se re quieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. En su curriculum vitae se establece que estudió la licenciatura y la maestría en Relaciones Internacionales en El Colegio de México. Además, realizó estudios de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Los integrantes de la Comisión dictaminadora queremos señalar que el Embajador designado es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano al cual ingresó por concurso en 1970. Dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores desempeñó los siguientes cargos: Asesor del Director en Jefe para Asuntos Multilaterales, Subsecretario de Asuntos Culturales, Subsecretario de Planeación y Cultura y Subsecretario de Cooperación Internacional. Además, fue Representante Extraordinario y Plenipotenciario del Gobierno de México para las negociaciones y gestiones de paz realizadas por el Grupo de Contadora y Embajador de México, nombrado ante el gobierno de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En la administración pública, se desempeñó como Je fe de Departamento y Subdirector de Estudios Bibliográficos y Comparados de la Dirección General de Documentación e Informe Presidencial de la Secreta ría de la Presidencia de 1970 a 1972; Director General de Documentación y Asuntos Internacionales de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de 1972 a 1976; Coordinador de Promoción Editorial y Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública en 1976 y 1977; Asesor del Secretario de Gobernación en 1977 y 1978; y Gerente General de Talleres Gráficos de la Nación de 1978 a 1982. En el Partido Revolucionario Institucional, fue Director de la Comisión Nacional Editorial del Comité Ejecutivo Nacional, Director de la Revista Línea, Secretario de la Comisión Consultiva de Ideología y Pro grama, Miembro del Consejo Consultivo del Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales, Miembro de la Comisión Nacional de Ideología y Subsecretario y Secretario de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional. Los miembros de la Comisión dictaminadora queremos expresar que el Embajador nombrado fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática, en donde desempeñó, entre otros, los siguientes cargos: Miembro del Consejo Nacional, Integrante de la Comisión Coordinadora del .Comité Ejecutivo Nacional, Secretario de Asuntos Internacionales y Secretario de Relaciones Políticas del Comité Ejecutivo Nacional y Representante Propietario ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral. El Embajador designado fue electo Diputado Federal a la LV Legislatura del Congreso de la Unión, donde se desempeñó como Coordinador del Grupo Parlamentario del PRD y actuó como Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores e integrante de las Comisiones de Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales. En el ámbito docente, ha impartido cátedra en el Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma Metropolitana y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Asimismo, fue investigador en la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Es de destacar que el Embajador designado ha publicado artículos y estudios en revistas especializadas en los ámbitos de las ciencias políticas y las relaciones internacionales. Actualmente, es Director General del Centro Latinoamericano de la Globalidad, integrante del Consejo Político de Nueva República y Vicecoordinador de la Comisión de Estudios para la Reforma del Estado. En acatamiento del Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Valero Recio Becerra, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior mexicana la circunstancia internacional en que se desenvuelve y principalmente sobre la relación bilateral con Chile. Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta Comisión que dictamina, conversamos sobre los citados temas con el Embajador designado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenida lo largo de su carrera profesional. En particular, le reconocemos su pertenencia al Servicio Exterior Mexicano. En la reunión, el Embajador designado afirmó que, ante el creciente proceso de globalización, es necesario fortalecer nuestra identidad nacional y nuestra pertenencia latinoamericana. Asimismo, apuntó que en las cuatro reuniones que han tenido últimamente los gobiernos de ambos países, han coincidido en reafirmar la voluntad de participar en la construcción de una nueva arquitectura financiera internacional en la próxima ronda de la Organización Mundial de Comercio, con una sola voz latinoamericana. Por otro lado, mencionó que México es el décimo socio comercial de Chile en el mundo y el tercero en América Latina, por ello, en caso de ser ratificado por esta Soberanía se propondría llevar a cabo las acciones necesarias para consolidar el TLC con Chile y el perfeccionamiento de los mecanismos de solución de controversias a fin de incrementar y diversificar el comercio, así como aumentar las inversiones entre ambos países. En la propuesta de programa de trabajo presentada ante esta Comisión por el ciudadano Valero Recio Becerra expuso que, se propondría impulsar, en el marco de los mecanismos de la relación binacional, el establecimiento de espacios de reflexión y discusión, auspicia dos por la Embajada, que permitan la generación de ideas más allá de la gestión de asuntos de coyuntura; y promover el establecimiento de un mecanismo institucional que, en el marco de la Comisión Binacional, facilite contactos permanentes entre cámaras, grupos y empresarios de ambas naciones que abran nuevas vías y oportunidades al comercio, la inversión y el empleo. En materia de cooperación científica y tecnológica, se propondría buscar nuevas fuentes de financiamiento, sobre todo en el sector privado, así como investigar si terceros países pueden dar la asesoría a un menor costo, para ello, buscará reactivar los acuerdos pendientes, procurando la comunicación entre investigadores y centros interesados en trabajar conjuntamente. Por otro lado, consideró importante hacer de la difusión de la cultura mexicana la piedra angular y el gran prestigio de nuestra política exterior, en este sentido, su actividad se enfocará en multiplicar y fortalecer los espacios y formas de representación internacional al tiempo de promover a nuestros artistas, escritores y académicos; fomentar y enriquecer ese diálogo fructífero y productivo de las dos culturas; ampliar los contenidos del Convenio de Cooperación Cultural Educativa, que regulan los programas y el conjunto de acuerdos interinstitucionales; impulsar el desarrollo científico, educacional y cultural de ambos países; promover actividades culturales y la colaboración entre las entidades científicas, artísticas y sociales; asimismo, difundir y fomentar el intercambio de los productos culturales y entre los artistas e intelectuales. Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Valero Recio Becerra posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Embajador. Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, reúne en su persona amplias cualidades y méritos suficientes para el buen ejercicio del cargo de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Chile. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la aprobación del siguiente punto de ACUERDO UNICO. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano Oscar Ricardo Valero Recio Becerra, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante el Gobierno de la República de Chile. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente México, DF, 20 de febrero de 2001. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APENDICE No. 13 HONORABLE ASAMBLEA: A la Segunda Comisión de Trabajo, fue turnado para su estudio y elaboración del dictamen correspondiente, el expediente relativo al nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace en favor del ciudadano José Luis Soberanes Reyes, como Cónsul General de México en Sacramento, California Estados Unidos de América, enviado a esta Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos de la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con la fracción XVI del artículo 89. Después de haber analizado el nombramiento que se dictamina y los documentos que integran el expediente respectivo, esta Comisión desea señalar que, de acuerdo con la copia certificada del acta de nacimiento presentada por el ciudadano Soberanes Reyes, consta que nació en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, el dieciocho de mayo de mil novecientos cincuenta. En tal virtud, reúne los requisitos de nacionalidad por nacimiento y edad mínima que se requieren para desempeñar el cargo para el que ha sido designado. A su vez, se encuentra en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. En su curriculum vitae se establece que obtuvo el título de Ingeniero Civil en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posteriormente, en la Universidad de Pennsylvania, Philadelphia estudió las maestrías en Planeación Urbana y en Ciencias con especialización en Investigación de Operaciones. Los integrantes de la Comisión dictaminadora queremos señalar que el Cónsul General designado cuenta con una amplia experiencia profesional, habiendo desempeñado, entre otros, los siguientes cargos: Asesor Técnico en la Subsecretaría de Asentamientos Humanos de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas; Director Coordinador de la Dirección General de Programación y Presupuesto Regional y Coordinador Ejecutivo de la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo en la Secretaría de Programación y Presupuesto; Director General de Política Informática en el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Director de Operaciones Urbanas en Diconsa de Conasupo; y Subsecretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura de la Secretaría de Desarrollo Social. Además, se ha desempeñado como consultor de la Comisión de Informática del Senado de la República; miembro del Consejo Académico del Centro de Informática Legislativa del Senado de la República; y miembro del Consejo del Centro Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina Internacional para la Informática. Actualmente es Miembro de la Academia Mexicana de Informática y del Colegio de Ingenieros Civiles de México. Ha sido miembro del Partido Revolucionario Institucional a partir de 1977, donde se ha desempeñado como Coordinador de Vialidad y Transporte en la Comisión de Estudios del Distrito Federal y Zona Metropolitana en el Centro de Estudios Políticos, Económicos y Sociales; Tesorero General y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional; y Representante ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral en 1994. Es Vicepresidente de la Fundación Luis Donaldo Colosio Murrieta, AC. En 1994, fue electo Senador de la República por el estado de Sinaloa a las LVI y LVII Legislaturas del Congreso de la Unión, donde ocupó el cargo de Presidente de la Comisión de Desarrollo Social. En el ámbito docente, ha sido Profesor de los cursos "Análisis Económico de Sistemas Urbanos" en la Di visión de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México y Conferencista en la División de Educación Continua en esa misma Facultad. Ha publicado los textos "Modelos para la Planeación del Uso de Suelo y el Transporte", en "Planeación y Desarrollo de los Asentamientos Humanos"; "Solu tions to the Optimal Network Design. Problem with Shipments Related to the Transportation Cost"; y "La Reforma Urbana". En acatamiento del Acuerdo tomado por la Honorable Cámara de Senadores el 22 de diciembre de 1982 y continuado por la Comisión Permanente para la elaboración de dictámenes referentes a ratificaciones de nombramientos diplomáticos, la Comisión que suscribe citó al ciudadano Soberanes Reyes, a una reunión en donde se conversó sobre la política exterior de nuestro país, la circunstancia internacional en que se desenvuelve y, en forma especial, la situación de la ciudad de Sacramento, California y el área comprendida dentro de la jurisdicción del Consulado General, como un punto importante para la promoción de los intereses de México. Dicha reunión tuvo verificativo el día de hoy y en la misma, los legisladores que integramos esta Comisión que dictamina, conversamos sobre los citados temas con el Cónsul General nombrado, pudiendo comprobar por este medio el grado de experiencia y preparación que ha obtenido a lo largo de su carrera profesional. En la propuesta de programa de trabajo presentada ante esta Comisión por el ciudadano Soberanes Reyes, se señala que de ser ratificado su nombramiento por esta Soberanía, se propondría: intensificar las actividades de protección consular, de defensa de los derechos humanos, de buenos oficios y de asesoría y orientación jurídica; estrechar los mecanismos de comunicación con las autoridades de los tres niveles de gobierno localizadas en el área, a fin de encontrar mejores mecanismos de protección y mejor trato para nuestros con nacionales; mantener estrecha coordinación con autoridades del Departamento Federal de Trabajo, así como del Estatal, con el objeto de orientar a los contratistas de trabajadores agrícolas sobre las leyes y legislaciones vigentes; mantener y dinamizar el programa de visitas a los centros de detención; continuar el pro grama de visitas periódicas a las instituciones hospitalarias y dar seguimiento a la problemática de traslado de enfermos a México; e intensificar el trabajo de acercamiento con Organizaciones no Gubernamentales defensoras de los derechos humanos, a fin de que sean promotoras de mejores medios de defensa jurídica y política de los mexicanos. En relación a los asuntos consulares, implementar mecanismos que agilicen la tramitación de todo tipo de documentación; otorgar servicios documentales y asistencia en poblaciones distantes con mayor concentración de mexicanos; y realizar con calidad y eficiencia la prestación de los servicios de documentación que la representación ofrece al público nacional y extranjero. En el ámbito de la promoción económica y comercial, estrechar las relaciones con las autoridades gubernamentales de los tres niveles de gobierno, así como con los líderes comunitarios, medios de comunicación, cámaras de comercio, sector empresarial y académico; trabajar en conjunto con el gobierno federal y con los gobiernos estatales en las actividades promocionales que permitan presentar a las comunidades comerciales y de inversionistas, las oportunidades de inversión y creación de negocios; y propiciar misiones comerciales de ejecutivos empresariales y hombres de negocios a México. En referencia al programa para las comunidades mexicanas en la región, mantener a las comunidades informadas de manera permanente sobre la realidad nacional y sobre la de las comunidades; y promover y mejorar los vínculos entre grupos, organizaciones y de pendencias mexicanas y las comunidades en la circunscripción consular, entre otros, en los campos de la promoción de negocios, turismo, cultura, educación, deportes, actividades cívicas y sociales. En educación y deporte, intensificar y aumentar los beneficios de los diferentes programas en materia educativa, entre los que se encuentran el de donación de libros de texto gratuito, el de educación para adultos y el de documentos de transferencia; y apuntalar los trabajos de educación para adultos en el sistema de correccionales, brindando así la posibilidad a la población hispana de obtener certificados de educación básica expedidos por la SEP. Por otro lado, fomentar la convivencia entre las comunidades, así como su sano esparcimiento, a través de actividades deportivas, celebración de toreos regionales, nacionales e internacionales; y reforzar las relaciones institucionales con autoridades, organizaciones y personalidades deportivas de la región, fomentando la cooperación en el desarrollo de estas actividades. En materia de cultura y civismo, mantener y ampliar el programa de promoción cultural, educativo y de salud en el área de atención al público del Consulado, mediante videos, folletos, cartelones, etc.; difundir y pro mocionar expresiones culturales, así como campañas de bienestar social y prevención; y fomentar la celebración de las fiestas y tradiciones populares mexicanas. En el ámbito de salud difundir y promocionar el pro grama de seguro de gastos médicos que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social a familiares de migrantes que radican en México; promover los seminarios de actualización para profesionales de la salud que son ofrecidos a través del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior; y buscar cooperación de instituciones gubernamentales y privadas en la circunscripción, a efecto de difundir información en es pañol sobre problemas y servicios de salud, como se realizan en otras partes de los Estados Unidos. En materia de difusión, mantener estrecho contacto con los medios de comunicación en general y atender de manera oportuna las consultas que los medios hagan sobre cualquier tema de interés para México. Con base en el expediente mencionado y la entrevista referida, los legisladores miembros de la Comisión que suscribe hemos podido constatar que el ciudadano Soberanes Reyes posee los requisitos ordenados por el artículo 20 de la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para ser designado Cónsul General. Por lo anteriormente expuesto, los suscritos miembros de la Comisión consideramos que el ciudadano José Luis Soberanes Reyes, reúne en su persona cualidades para el buen ejercicio del cargo de Cónsul General de México en Sacramento, California. En tal virtud, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, la aprobación del siguiente punto de ACUERDO UNICO. En uso de las facultades que le confiere la fracción VII del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, ratifica el nombramiento que el Titular del Poder Ejecutivo Federal expidió en favor del ciudadano José Luis Soberanes Reyes, como Cónsul General de México en Sacramento, California, Estados Unidos de América. Sala de Comisiones de la Comisión Permanente México, DF, a 20 de febrero de 2001. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------