La diputada Azucena Arreola Trinidad: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes a las diputadas y diputados y al pueblo de México, vengo a proponerles elevar a rango constitucional el reconocimiento del principio superior de las personas adultas mayores, para brindarles una mayor protección y garantía en el ejercicio de sus derechos. Seguramente se preguntarán cuál es la razón de mi propuesta, a sabiendas que desde enero de 2001 se creó la Pensión Universal, que en el 2002 se decretó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y que, en el 2020, se decretó en la Constitución que tienen derecho a recibir una pensión no contributiva. Pues bien, aun cuando hay una legislación para las personas adultas mayores, que hay programas dirigidas a ellas y que en México existe el derecho a envejecer con dignidad y que además el Estado mexicano ha aceptado someterse a un marco internacional en la materia, constitucionalmente no está establecido un interés superior de las personas adultas mayores, lo que menoscaba sus derechos. El interés superior de las personas adultas mayores debe entenderse como un principio amplio en dos sentidos. Es un derecho que tienen de ser considerados prioridad en las acciones o decisiones que les afecte en lo individual o en grupo, y es una obligación de todas las instancias públicas y privadas tomarlo como base. Lo que persigo con esta iniciativa es que tenga una vida digna, libre de violencia y abusos. Que en la etapa final de su vida tengan accesos a redes formales e informales de seguridad y protección social. Que tengan derecho a recibir protección por parte de la comunidad, la familia, la sociedad y, principalmente, de las instituciones del Estado mexicano federales, estatales y municipales. Que se preserve la historia, las tradiciones, la cultura, los saberes comunitarios que nos heredan y trasmiten de generación a generación. Que sean parte de sus derechos humanos vivir sin sufrir discriminación y tener acceso a servicios de salud, alimentación, educación, seguridad social, trabajo digno y bien remunerado, que sus aportaciones sean reconocidas en sus diferentes contextos territoriales y culturales, urbanos o rurales, mestizos, indígenas o afromexicanos. Propongo que mediante una adhesión al décimo párrafo quinto del artículo 4o. de la Constitución, se establezca que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de las personas adultas mayores garantizando de manera plena sus derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Las personas adultas mayores tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades y la gestión de sus medios de vida con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y promover su autonomía e independencia. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a las personas adultas mayores. La reforma reconoce las barreras sociales, económicas y culturales de este grupo poblacional que en toda su diversidad enfrenta para continuar su vida con dignidad y en pleno ejercicio de sus derechos. Que su inserción en la vida social sea libre de dadismo, que se les considere como personas productivas, como sujetos históricos y políticos, que contribuya a su empoderamiento y autonomía, revalore su vigencia en la construcción y transformación de México desde lo material, pero también desde lo simbólico. Que se admita lo que nos han dado para saldar la deuda histórica, cumplir lo que por derecho les pertenece. Que sean las personas adultas mayores reconocidas, retribuidas y valoradas como en dignidad corresponde. Todas y todos inevitablemente nos sumaremos a este segmento social como un proceso natural de la vida. Hagamos desde hoy la tarea. Es cuanto, presidenta.