El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados. El proyecto de decreto que hoy nos ocupa es producto de una amplia discusión y análisis que derivó en diversas coincidencias a partir de perspectivas y propuestas de compañeros diputados provenientes de diferentes enfoques ideológicos. Se trata de un decreto que resume coincidencias y preocupaciones para atender, orientar y regular el endeudamiento de las entidades federativas y sus municipios, que en su conjunto conforman el Pacto Federal, pero que hoy en día, ante el desequilibrio que muestran las haciendas públicas locales en relación con su ingreso-gasto, han recurrido a la obtención de recursos mediante el endeudamiento. Hoy entramos a una nueva etapa de responsabilidad y transparencia sobre el manejo de los recursos públicos del país, y estamos convencidos de lo anterior porque en Nueva Alianza consideramos que un buen gobierno es sinónimo de una administración honesta, transparente y con visión de futuro, centrada en la ciudadanía. Estamos conscientes que es mucho más difícil transformar el futuro que repetir los esquemas del pasado, pero tenemos como legisladores la responsabilidad de mirar hacia adelante para mejorar el porvenir de todos los mexicanos. En eso radica lo trascendental de esta reforma constitucional. Con su aprobación sentamos las bases para un manejo adecuado de las finanzas públicas de los estados y municipios, bases que deben fomentar incluso en su endeudamiento, mejores condiciones de vida para los actuales y futuros mexicanos. El eficaz manejo de la deuda pública es un tema fundamental en la salud de las finanzas de los gobiernos estatales y municipales. Algunos de éstos registran un endeudamiento excesivo en relación a sus posibilidades reales de pago, hipotecando el futuro de sus entidades y coartando el desarrollo del territorio y sus ciudadanos. Como diputado federal perteneciente a la fracción parlamentaria de mi instituto político, Nueva Alianza, me complace reconocer que en esta reforma constitucional se han condensado distintos puntos de vista sobre el problema de la deuda que enfrentan las entidades federativas, y que según la estadística disponible pasaron de 203 mil 70 millones de pesos en el año 2008, a 436 mil 242 millones a marzo de este año 2013, lo que equivale a un aumento del 115 por ciento. Según la distribución por acreedor, la banca comercial registra el 62 por ciento de dicho endeudamiento; la banca de desarrollo ha financiado casi 89 mil millones de pesos que significan el 20.4 por ciento, mientras que otras fuentes de endeudamiento, como las emisiones bursátiles, los fideicomisos y otros financiaron a los estados y municipios con el 17.8 por ciento de recursos, que rebasaron los 77 mil millones de pesos. Sin embargo, aunque este endeudamiento de por sí es voluminoso, se advierte un consenso entre las autoridades financieras del país al señalar que el endeudamiento todavía no representa un peligro para el sistema financiero nacional, ya que en su conjunto equivale respecto al producto interno bruto, menos del 3 por ciento. La contratación de deuda deberá realizarse bajo condiciones de mercado, aun la de organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos, así como la que sirva para otorgar garantías respecto al endeudamiento de los municipios se prevé incluso, según la reforma al artículo 73, que la licitación pública sea una modalidad y con las condiciones necesarias para la contratación de la deuda. De igual manera, se mantiene la prohibición para contraer obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, personas físicas o morales extranjeras, así como aquellos que deban cubrirse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional. Luego entonces, los diputados federales que integramos esta LXII Legislatura, desde sus orígenes, a tiempo y de manera preventiva estamos actuando respecto de un problema que empieza a tener dimensiones de alcance nacional. ¿Qué logramos con este decreto al reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? En Nueva Alianza afirmamos que se pretende atender el problema del endeudamiento acelerado de los gobiernos estatales y municipales y al mismo tiempo promover un uso eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos, precisando además que los servidores públicos de las entidades federativas serán los responsables del eventual manejo indebido de la deuda pública. Al aprobarse este dictamen, los estados y los municipios, incluyendo al Gobierno del Distrito Federal, tendrán la obligación de inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y obligaciones de pago en un registro público único de manera oportuna y transparente. Igualmente, se creará un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda de estados y municipios y se definirán sanciones aplicables a los servidores públicos que incumplan con estas nuevas normas. Las entidades federativas en ningún caso podrán destinar los empréstitos para cubrir gasto corriente ni contraerán deuda cuyo destino no sean las inversiones públicas productivas o el refinanciamiento o reestructura de la misma. La contratación de deuda deberá realizarse bajo condiciones de mercado, aún la de los organismos descentralizados, se mantiene la prohibición para contraer obligaciones con gobiernos de naciones extranjeras. Con esta reforma estamos definiendo la participación de las fuerzas políticas del país, representadas en los Congreso locales, con una tarea muy precisa: ser las instancias que conozcan y determinen hacia dónde debe ir el endeudamiento de los gobiernos, de los cuales forman parte. En mi grupo parlamentario estaremos muy atentos y seguiremos participando, para precisar cómo deberán ser los alcances de la legislación secundaria, que en materia de responsabilidad hacendaria expedirá la Cámara de Diputados como resultado de esta reforma constitucional y en tal sentido, se establecerán las bases generales para el endeudamiento, así como sus límites y modalidades, bajo las cuales esos órdenes de gobierno podrán afectar sus respectivas participaciones para cubrir los préstamos y obligaciones de pago que contraigan. En Nueva Alianza mantenemos un firme compromiso con las y los mexicanos. Sabemos que demandan un gobierno eficiente, eficaz, que sea transparente y honesto al ejercer recursos públicos, recursos que provienen de sus contribuciones, a fin de que se atiendan sus necesidades y se establezcan las condiciones necesarias para su superación. Por ello, para que México se desarrolle de forma productiva y brinde las condiciones necesarias y elementales a su población, es indispensable que cuenten con finanzas públicas ordenadas, sanas y sostenibles en los tres órdenes de gobierno. En mi partido, en Nueva Alianza no tenemos duda, que con ejercicio de concertación, confluencia y acuerdos con todas las fuerzas políticas, como el que antecede a esta reforma, es lo que a nuestro México le dará toda la viabilidad para construir una nación más justa, moderna y con gobiernos estatales y municipales plenamente responsables, transparentes y comprometidos con sus gobernados. Es cuanto, señor presidente.