El diputado Felipe Borrego Estrada: Con su permiso, Presidenta. Uno de los principios fundamentales por el que desde sus orígenes ha luchado el Partido Acción Nacional es, sin duda, la justicia. Entendida ésta como la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales, a los derechos humanos, a los derechos de las personas y la comunidad. Además de ser condición necesaria para la armonía social y el bien común. Por ello, los legisladores de Acción Nacional, conscientes de la realidad que atañe a nuestro sistema de justicia penal y de la alta responsabilidad conferida por la ciudadanía a la que representamos, pugnamos por alcanzar, de manea óptima, este principio fundamental a través de un adecuado diseño constitucional que garantice mayores y mejores condiciones de justicia. El día de hoy, al discutir las reformas constitucionales en materia de justicia penal y seguridad, los diputados no sólo hacemos política, antes bien contribuimos en la construcción de una sociedad más justa, donde se privilegia el papel de la persona como fundamento y ser del estado democrático de derecho. Es incuestionable que nuestra legislación penal es obsoleta y no está a la par de los cambios sociales, culturales y democráticos que se vienen presentando en el país. El diseño actual, además de serias carencias, tiene falta de credibilidad por una deficiente relación con las víctimas, los testigos y los acusados, así como por el nivel de delincuencia en su conjunto, amén del gran número de delitos que ni siquiera son denunciados. Durante la construcción del proyecto que presentamos, tanto en lo personal como por las distintas expresiones de los grupos parlamentarios, teníamos posiciones en realidad opuestas, ópticas encontradas; pero esa diversidad no fue obstáculo, no había sido obstáculo. Con voluntad supimos que eran complementarias y vinieron al final a enriquecer el proyecto. Supimos que lejos de cuestiones partidistas o ideológicas debía prevalecer el interés general, logrando un sistema de enjuiciamiento funcional respetuoso de los derechos humanos y sustentado en principios de legalidad, transparencia, objetividad y particularmente de justicia. En ese sentido, debemos señalar que la reforma que nos ocupa presenta múltiples bondades. Se logra descongestionar el trabajo de los tribunales con medidas alternativas al juicio. Por primera vez las víctimas pueden ejercer la acción particular, impugnar las resoluciones del Ministerio Público. Estas fórmulas permitirán dedicar las energías del sistema judicial a los casos verdaderamente complejos. Un éxito del sistema oral es que la gran mayoría de los casos penales se resuelven antes de llegar a juicio. Otra de las bondades, además de la aplicación de principios de presunción de inocencia, concentración, contradicción, inmediación, publicidad y oralidad, es que tanto el imputado como la víctima pueden contar con una defensa técnica que garantice una asesoría realmente profesional, comprometida con la causa y que vele por los derechos de sus defendidos. Con este nuevo modelo de justicia desaparece la premisa consistente en que toda persona es culpable hasta que se demuestre lo contrario, para transitar a su antítesis: toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Máxima prevaleciente en todo Estado democrático de derecho. Se realiza un replanteamiento de las causas de procedencia de la acción preventiva, estableciendo las bases constitucionales que deberán observarse en la legislación secundaria, a fin de evitar excesos por parte del legislador al regular esta medida en las leyes procesales correspondientes. De igual forma, otra propuesta importante de la presente reforma es el cambio del paradigma de la pena, en donde se transita de la llamada readaptación social a la reinserción social, dejando atrás la teoría que ubicaba al sentenciado como una persona desadaptada socialmente o enferma, para considerar que el individuo que cometió una conducta sancionada por el orden jurídico, debe hacerse acreedor a la consecuencia jurídica que corresponda, mediante la aplicación de la pena, antes de volver a incorporarse a la sociedad. Por ello, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los exhorto a que dotemos a nuestro sistema de justicia del cambio estructural que necesita. No ignoremos a una sociedad que demanda justicia. Hagamos que el pueblo de México crea en sus instituciones de procuración y administración de justicia; que se sienta seguro. Hagámosle saber que la delincuencia no controla las calles. Por ello, los exhorto a trabajar con responsabilidad, con profesionalismo, pero todos con la común intención de perfeccionar el actual sistema de justicia. Votemos a favor de la necesidad de transformar nuestro sistema. Hoy sometemos a su consideración la voluntad de muchas de las fuerzas políticas del país para avanzar de manera conjunta sobre un tema que, de suyo, siempre ha sido polémico y controversial. Refleja la sensibilidad con la que los legisladores hemos acometido la gran encomienda del pueblo mexicano: un reclamo de justicia con enfoque humanista. Justicia transparente, justicia accesible, justicia expedita y eficiente con la configuración de instituciones democráticas con perfil garantista y respetuoso de los derechos humanos, porque sabemos que no hay justicia sin democracia. Termino citando a Carlos Castillo Peraza: "Es tiempo, sí, de responsabilidad política en la que el Estado y el sentido de pertenencia a éste pueden crear fortalezas necesarias para afrontar los desafíos del presente y del futuro. No es tiempo de inventar futuros con el pretexto de que inventar futuros salva el presente, sino es tiempo de preservar el futuro por la acción responsable del presente". Gracias por su atención.