La diputada María Eugenia Ocampo Bedolla: Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. Gandhi. Con el permiso de la Presidencia, compañeras diputadas y diputados. En junio pasado aprobamos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes. Lo hicimos como respuesta a la necesidad de garantizar a los niños y adolescentes de entre 12 y 18 años que han cometido delitos contar con un sistema de justicia que privilegie el interés superior de la niñez cuando tengan que ser juzgados. En ella se contemplan los derechos específicos que la Constitución reconoce para los menores de edad. Además refleja los principios de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. No obstante, en Nueva Alianza consideramos que presenta omisiones, ambigüedades y vacíos importantes que afectan el espíritu de la creación y aprobación. Toda ley es perfectible, por ello hoy vengo a presentar una iniciativa que adiciona diversas disposiciones a la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con la finalidad de resarcir dichas omisiones, complementando el trascendental cambio en la vida jurídica y social de nuestro país que representa dicha norma. Las adiciones que proponemos se enfocan en esclarecer y reafirmar los principios de igualdad, el derecho a la intimidad, a la privacidad y confidencialidad de la persona adolescente, en virtud de que la ley vigente no los establece expresamente. En primer lugar, proponemos agregar artículo 39 de la ley, que impide incomunicar a los menores la prohibición de aislar u ocultar a la persona sometida a procedimiento. Con ello se pretende una mayor transparencia evitando casos de desapariciones, cuando por razones de seguridad sea estrictamente necesario aplicar la medida de aislamiento del menor. Será obligación de la autoridad administrativa y judicial hacerle saber sus derechos y la forma que tiene para ejercerlos. De igual manera, se notificará su situación no solo a su defensor, sino que será extensiva a una persona de confianza designada por el infractor; así como la procuraduría de protección competente, para garantizar el derecho a la privacidad que propone una adición al artículo 67, cuyo objetivo es que las entrevistas entre el menor infractor y su defensor se realicen en privado, sin injerencia de ninguna autoridad y previo a su declaración, brindándoles todas las facilidades, en aras de estructurar una estrategia legal y estar en la posibilidad de ofrecer los datos y medios de prueba pertinentes para llevar a cabo una adecuada defensa. La ley establece el derecho del menor a recibir una valoración médica al momento de su ingreso a algún centro correccional o penitenciario. La propuesta que planteamos consiste en contemplar un posible estado de gravidez, y en caso de presentarse, adoptar las medidas necesarias para su adecuada atención. De igual manera, la legislación vigente establece que la autoridad administrativa o judicial tiene la facultad de requerir muestras, previo aviso, para detectar el posible uso de alcohol o drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas, que violenta el derecho a la intimidad del menor. Para evitar esta situación, proponemos que solamente se proceda a la realización de estudios médicos de este tipo cuando existan datos suficientes para presumir que el adolescente ha consumido sustancias prohibidas. Por otra parte, la referida ley establece los mecanismos por los cuales se podrá obtener la restitución en materia de reparación del daño; sin embargo, omite quien puede recibir el beneficio en caso de muerte del ofendido. La iniciativa pretende subsanar esta omisión a fin de fijar el orden de prelación, garantizando el derecho de restitución. Un punto importante de la ley es el principio de especialización. En este apartado se especifica que todas las autoridades del sistema deberán ser formadas, capacitadas y especializadas en materia judicial para los adolescentes en el ámbito de sus atribuciones. Lo que proponemos es la incorporación de las figuras del criminólogo, pedagogo y perito en materia de psicología, a fin de brindar una mayor y mejor asistencia en el proceso. Finalmente, proponemos una adición al artículo 87 con el objeto de que las declaraciones vertidas de las partes en las diligencias de mediación, de ninguna manera sirvan como material probatorio en caso de que no se logren los acuerdos. En Nueva Alianza estamos convencidos que muchos de los jóvenes que delinquen son los que necesitan una nueva oportunidad para reintegrarse de manera productiva sana y acogidos por la sociedad, darles esa certeza, garantizarles un proceso justo y transparente, que privilegie los derechos humanos, es el primer paso para lograrlo. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Los jóvenes necesitan que los apoyemos irrestrictamente. Es cuanto, compañera presidenta.