El diputado José Manuel Carrillo Rubio (PRI): Con su permiso señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En uso de las facultades que me confiere tanto la Constitución Política de la República Mexicana como las leyes orgánicas respectivas, expongo ante todos ustedes la siguiente iniciativa que pretende reformar los Artículos 4 y 73 en su fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La actividad física y el deporte son las manifestaciones sociales que han adquirido mayor importancia dentro de la vida cotidiana del ser humano, el fenómeno deportivo es uno de los que más ha evolucionado durante el proceso de la globalización por su gran dimensión en los ámbitos políticos, social, económico, cultural y jurídico. Estudios recientes demuestran que la creciente importancia del deporte como realidad cotidiana, resulta acreditada por su significación económica y social, sin olvidar su dimensión cultural y educativa, a través de sus diversas modalidades como el entrenamiento, el espectáculo, el alto rendimiento popular o profesional, los alcances del deporte como instrumento educativo y su valor universalmente reconocido como protector de la salud física y mental, ha transformado a la cultura física y al deporte en una realidad que no podemos ignorar. Diversos han sido los intentos porque se reconozca al deporte como una garantía constitucional, sin embargo, razones externas al tema han impedido un verdadero y profundo análisis a las propuestas anteriormente presentadas. En textos especializados en la materia, se pone de manifiesto que el hecho de que el deporte se encuentre en rango constitucional, no es un acontecimiento espontáneo sino que responde a una evolución de los derechos y deberes públicos, íntimamente conectada a la transformación sucesiva y de las tareas de cometido de los poderes públicos. Es decir, si en la Constitución no se encuentra reconocido el derecho al deporte, a la práctica de una cultura física, es un reflejo claro de la sociedad en la que vivimos. Por ello es importante resaltar una vez más que naciones como Italia, Grecia, Albania, Francia, Bélgica, Australia, Portugal, Brasil, Cuba, Chile, Perú, Argentina, Canadá, Colombia y Guatemala estipulan en su Carta Magna el derecho al deporte y la obligación del Estado a fomentarlo, esto ha permitido a aquellas naciones establecer una política de Estado en materia deportiva con bases jurídicamente sólidas, pudiendo implementar a su interior una mejor cultura deportiva así como desarrollar un marco jurídico que vele en todo momento por los derechos de los deportistas y que esclarezca claramente, sin lugar a dudas, el papel y la incumbencia de las diversas organizaciones deportivas nacionales, estatales que tienen una competitividad a nivel internacional. En nuestro país la falta del reconocimiento del derecho a la cultura física y al deporte no solamente ha permitido el correcto desarrollo de la legislación en materia deportiva, pues sus escasos antecedentes jurídicos, unidos a la casi nula evolución y práctica histórica de los mecanismos utilizados para regularse por parte de nuestras organizaciones deportivas, han sido el lastre con el que aún cuenta nuestro deporte en materia nacional. No obstante lo anteriormente expuesto, es conveniente mencionar que con la promulgación de la Ley del Estímulo y Fomento al Deporte del 27 de diciembre de 1977, la primera especializada en la materia en el deporte, dejó formalmente de ser un problema y materia exclusiva de la sociedad y de las organizaciones privadas, en donde el Estado era ajeno pues desde los inicios de su práctica formal en sus diversas manifestaciones y especialidades, en nuestro país su desarrollo y crecimiento se dio conforme a propias organizaciones, hechos aislados y no mediante reglas y organización donde los poderes públicos quedaran incluidos. La constante oposición de algunas organizaciones deportivas a que se legisle en el deporte y la violación a los derechos de los deportistas por parte de éstas, se dieron el origen de la LVII Legislatura, donde surgiera la primera propuesta para reconocer en nuestra Constitución el derecho al deporte como un derecho social de la perspectiva que posteriormente permite emitir una ley reglamentaria que proclame y garantice constitucionalmente el derecho de los ciudadanos a la práctica del deporte, dando origen a una verdadera política de Estado en materia del fortalecimiento de sus instituciones encargadas de planear y aplicar las diversas políticas públicas necesarias para mejorar su desarrollo. Sin embargo, el ambiente político imperante en estos momentos y por acuerdo de la Comisión dictaminadora, se aplazó su análisis y discusión hasta en tanto no se resolviera la iniciativa relativa a los derechos y la cultura de los pueblos indígenas o bien, hasta que se tuviera la certeza de que su tramitación legislativa no se llevaría en el corto plazo. De esta manera es que se resolvió que la propuesta original de reconocer el derecho al deporte en el artículo 4º constitucional se le diera una primera solución adicionando a la actual fracción XXIX fracción J al artículo 73, facultando al Congreso para legislar en materia del deporte. Fue con la reforma mencionada que se dio fin al argumento de las organizaciones deportivas sobre la facultad o no de este Congreso en materia deportiva, cuestión que se dio vida a la primera Ley General de Cultura del Deporte, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8n de junio del año 2000, misma que jamás fue aplicada, pues se extinguió al igual que la administración federal al término de su sexenio pasado, sin la expedición del vital reglamento que permitiera una operatividad mejor y más eficaz. Lamentablemente no se obtuvieron los consensos necesarios para su aprobación cuando ya se contaba con un proyecto de dictamen a favor. La experiencia en esta ley es que su objeto sólo establece las bases de coordinación y colaboración entre la Federación, los estados y el Distrito Federal con los municipios, así como la concertación para la participación de los sectores social y privado en el ámbito de la cultura física. De lo anterior no nos queda duda que se ha hecho intento por poner orden a las organizaciones e instituciones involucradas en el desarrollo de la cultura física y el deporte, poniendo especial atención en cómo sobrellevar las relaciones entre lo público y lo privado en el deporte, dejando de lado el principal objetivo de hace más de 10 años a los derechos de los deportistas y quienes realizan o realizamos actividades físicas. En la actualidad, diversas son las voces que se han manifestado su incomprensión sobre por qué la Ley General de Cultura Física y Deporte no contiene un solo capítulo destinado a los derechos de las y los deportistas, por qué en ella sólo se habla de instituciones u organizaciones. La respuesta es sencilla: porque en México no se ha reconocido jamás formal y expresamente, el derecho a la cultura física que tienen los mexicanos. He aquí una razón más a lo propuesto en las legislaturas y dos ejemplos claros son la participación actual de México en las olimpiadas donde tan solamente obtuvimos cuatro valiosas medallas, pero lo que es aún más grave, en México la principal causa de muerte es la diabetes junto con la obesidad, dos enfermedades totalmente relacionadas con la falta de cultura y práctica del deporte en nuestro país. Por eso presento esta reforma que pretende instaurar en el artículo 4° de la Constitución, "el derecho de que todos los mexicanos tenemos de participar en el deporte". Aprovecho la oportunidad para felicitar a los atletas paralímpicos por el buen desempeño en la Olimpiada. Gracias.