El diputado Alejandro Carvajal Hidalgo: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros y compañeras legisladores. Privar a las personas de sus derechos humanos es poner en tela de juicio su propia humanidad. Nelson Mandela. Las acciones intimidatorias atentan contra la dignidad humana, ya que menoscaba los derechos fundamentales de las personas. Nadie, absolutamente nadie merece ser despojado de sus bienes mediante intimidaciones, amenazas o procedimientos irregulares e ilegales. Sin embargo, los gobiernos conservadores y neoliberales permitieron que los despachos de cobranza realizaran recuperaciones de los créditos del Infonavit mediante tratos viles, injustos, ilegales, abusivos, fraudulentos, llegando a considerarse como delincuencia organizada. Cobranzas inmorales que dieron paso a la corrupción y a un sinfín de arbitrariedades. Las y los acreditados reportan durante años el acoso telefónico a diversas horas y todos los días, donde se les repetía sin cesar la amenaza de arrebatarles sus casas por haber perdido su empleo, o por no tener dinero para pagarlas, no obstante que pertenecen a campesinos, obreros y los sectores más vulnerables de nuestra patria. Las amenazas no solo son de dichos. Ejemplo de ello es que desde el año 2014 o del período de 2014 a 2018, se llevaron a cabo numerosos juicios masivos y desalojos por más de 259 mil casos de cartera vencida o de gente que no podía pagar, lo que significa que más de 259 mil familias mexicanas quedaron en la incertidumbre y en muchos casos sin un patrimonio. En algunos casos, ni siquiera se les notificó su situación, y en otros, la notificación llegaba junto con el desalojo, amenazas, violencia y arbitrariedades. Lo anterior al amparo del artículo 71 de la Ley del Infonavit, el cual establece que el Infonavit tiene el derecho y la obligación de llevar a cabo la recuperación de los créditos con el fin de reintegrar el recurso del Fondo Nacional de la Vivienda que es propiedad de todos los trabajadores afiliados a dicho Instituto. Además, haciendo uso discrecional del artículo 46 del Estatuto Orgánico del Infonavit, se estimaba viable subcontratar despachos de cobranza con el fin de realizar dichas funciones. No obstante, que el Instituto elabora los lineamientos de servicios en materia de crédito, donde se establece la debida actuación de los proveedores y de los despachos externos. Como es sabido, en la mayoría de los casos esos despachos iban por la libre, con tal de ganar mayores condiciones al recuperar los créditos y vendérselos, inclusive, a exgobernadores, a funcionarios, y tejer toda una red de corrupción y de contubernios a costa de las familias más necesitadas de México. En tal virtud, el gobierno actual y el grupo parlamentario de Morena y la Comisión de Vivienda de esta Cámara, se han comprometido con la defensa del bienestar de los derechos a la vivienda de los y las acreditados. Defenderemos a los trabajadores y trabajadoras de México, y garantizaremos la protección del patrimonio. El presidente ordenó suspender todo desalojo de estas familias. El presidente ordenó suspender toda intimidación. Por lo tanto, esta modificación que se propone es fundamental para evitar los desalojos exprés y la supervisión de los despachos de cobranza que operaban como redes de delincuencia organizada. No más despojos, no más desalojos a los más necesitados. No más fraudes. Pedimos prisión para todos aquellos que vulneraron el patrimonio de los trabajadores. Esta Comisión de Vivienda y la Cámara de Diputados trabajan en pro del beneficio de los mexicanos. Gracias a todos.