El diputado Víctor Manuel Bautista López: Diputadas, diputados: es cierto que las costumbres son fuente de derecho, pero no las malas prácticas y mucho menos las que, viciadas de origen, ocultan una conducta reprobable, ya que de la injusticia no puede derivarse derecho alguno. En las pasadas sesiones se han generado diversas discusiones que anticipaban el momento actual. Por aquí han desfilado diputados de los partidos que integran esta mayoría y han recurrido a diversos argumentos que es necesario colocar en sus justos términos. Procederé a ello al justificar las reservas que he presentado. Ha sido práctica recurrente en la actual Legislatura del Congreso de la Unión trasladar a las disposiciones transitorias contenidos normativos que definen facultades de órganos gubernamentales que describen procedimientos ordinarios que serán utilizados mientras no se deroguen las aberraciones jurídicas que se han impuesto. Así pasó en la materia de Telecomunicaciones y así se pretende hacer ahora, al entregar a los grandes consorcios internacionales la riqueza de la nación. Por esa razón presenté la reserva para que se modifiquen los artículos transitorios: cuarto, noveno, décimo, décimo noveno y vigésimo. Y se eliminen de plano los transitorios: quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo segundo, décimo cuarto, décimo quinto, del proyecto de decreto incluido en la minuta que analizamos. Propongo su modificación y eliminación toda vez que carecen de una total técnica jurídica y legislativa. Son contrarios a los principios esenciales del pacto constitucional y constituyen una clara traición a la patria. Aludiré ahora los argumentos falaces que se han manifestado para imponer estas decisiones espurias: el primero de ellos y que por cierto recogió la juez que desechó la demanda presentada por nuestro grupo parlamentario en el Senado, consiste en señalar que el Poder Legislativo es un poder esencialmente político, que son las decisiones de los políticos, los acuerdos lo que explican y justifican las decisiones. En dicha condición es fuente suficiente de legitimidad para adoptar cualquier decisión, para sustituir procedimientos en el ejercicio de nuestra función y para aprobar cualquier clase de decisión como la que se pretende imponer en estos momentos. Nada más falso de la realidad. Es cierto que somos representantes populares electos por el pueblo. Es cierto que esta asamblea debería representar al pueblo y junto con otros órganos integra el poder reformador de la Unión, pero es absolutamente falso que eso nos permita violar las leyes, ignorar los procedimientos y actuar como mejor convenga a los intereses de cualquier mayoría. Fundo mis razones en la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Tribunal Constitucional Camba Campos, contra la República de Ecuador. En aquél país una mayoría legislativa, cuya única pretensión consistía en imponer su voluntad y sus decisiones por encima del los procedimientos, ignorando las formalidades, violentando el funcionamiento del Congreso, fue sentenciada por la Corte, porque dichos actos constituyeron violaciones a los derechos humanos de los quejosos. Le pediría, señor presidente, como moción suspensiva, la lectura de la sentencia y particularmente del voto del juez mexicano Eduardo Ferrer Mac-Gregor, que es sumamente enfático en señalar que los políticos en cargos de autoridad se encuentran sujetos a observar el debido proceso, pero sería inútil ante esta mayoría de sordos. Por lo que al amparo de los artículos 114, fracción IV y 118 del Reglamento y con la finalidad de ilustrar al pleno, le solicito señor diputado, que tenga a bien adoptar las medidas necesarias para que dicha sentencia y el voto del juez Ferrer sean reproducidos y entregados a los integrantes de esta asamblea. Si esta asamblea fuera respetuosa del orden constitucional y de los derechos humanos, sujetaríamos nuestra actuación al debido proceso legislativo y actuaríamos con mayor cautela y con mejores formas, no con imposiciones que vulneran los derechos y que seguramente será motivo de la revisión en tribunales de esta reforma. El siguiente argumento al que me referiré, es aquél que la derecha demagógica y clasista ha esgrimido en esta tribuna en ocasiones pasadas. Hace unos días se dijo que no contábamos con argumento jurídico alguno para pedir que las reformas a la Constitución se turnaran a comisiones. Dicho argumento no sólo es falso, demagógico y digno de una ignorancia de la ciencia del derecho. La misma sentencia y el voto que es citado, explican que los diputados estamos obligados a proceder en nuestra acción respetando el debido proceso, y en este caso el debido proceso parlamentario. Pero esos falsos intelectuales del derecho hoy nos muestran que no son sino simples profetas de la mentira. Al presentar y apoyar la minuta que hoy discutimos manifiestan una total y absoluta carencia de pericia en el derecho. También al amparo de los artículos 114, fracción IV, y 118 del Reglamento y con la finalidad de ilustrar al pleno, le solicito señor diputado presidente, tenga a bien adoptar las medidas necesarias para que s reproduzcan y entreguen a las señoras y señores diputados el estudio, Artículos transitorios y derogaciones, de la doctora en derecho, Carla Huerta Ochoa, publicada en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado, en el número 102, de los meses de diciembre a diciembre de 2001, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Su lectura les servirá para advertir que lo que hoy pretenden imponer no sólo es injusto, antipatriótico y reprobable, no sólo es una decisión adoptada para servir a los intereses imperialistas, sino que además es una aberración jurídica que envilece la actuación de esta soberanía y manifiesta que la ciencia del derecho es para ustedes el simple instrumento de la violencia y la usurpación sujeto a cualquier tipo de uso manipulado. Según la doctora Huerta, la naturaleza jurídica de los artículos transitorios se vincula con medidas especiales que favorecen la operación inicial de la disposición legal o constitucional que resuelven una posible laguna jurídica para la continuidad de procedimientos o autoridades con una denominación o características por la ley derogada, pero cuya existencia o continuidad por un plazo de tiempo determinado y finito es indispensable en virtud de que su eliminación automática afectaría derechos adquiridos por terceros, o bien para establecer condiciones emergentes extraordinarias y únicas en el momento de la transición de un contenido normativo a otro. Se trata según los especialistas, de la vacatio legis, pero no en contenido sustantivo de la norma. En los transitorios que he señalado lo que prevalece en la legislación esencial sustantiva se establecen conceptos, se asignan atribuciones, es decir se abusa del transitorio y se amplía la condición normativa del texto constitucional a esta sección temporal y limitada. Así que, señoras y señores de la mayoría, sepan bien que una violación al debido proceso parlamentario y una afectación al funcionamiento correcto de este Poder sólo es compatible con el tamaño de la traición que hoy se pretende imponer. Por eso vengo a presentar estas reservas cuyo destino no ignoro, pero a lo que me obliga al ser representante de la sociedad integrante de este Poder, sujeto a responsabilidades constitucionales, exijo asumamos todos con responsabilidad y prudencia. Pemex no se vende, la patria se defiende. Es cuanto, señor presidente.