LA DIP. ROSALINA MAZARI ESPIN: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados federales: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 55 de la Ley General de Educación, en materia de educación superior, la cual se fundamenta y motiva en la siguiente: Exposición de Motivos Es preocupante para la sociedad entera, la calidad profesional de los egresados de las instituciones de educación superior. La población que contrata a los servicios profesionales espera encontrar un desempeño intelectual con la más alta calidad, con lealtad al cliente y con honradez en los juicios de opinión que emitan. Es una lástima que ante los límites presupuestales que tiene la Universidad Pública, sea en la actualidad incapaz de albergar a los millares de jóvenes que exigen con legítimo derecho, prepararse a nivel superior o universitario para acceder al conocimiento y un mejor nivel económico en su vida. Ante esta incapacidad, el Estado Mexicano abrió la posibilidad de que los particulares impartieran la educación superior con mayor flexibilidad para obtener la autorización y el reconocimiento de validez oficial de estudios e integrarse al Sistema Educativo Nacional. Nadie puede negar que en las entidades federativas que ustedes como legisladores de la República representan, han proliferado un sinnúmero de universidades privadas para atender la demanda educativa superior, muchas de ellas con un deplorable nivel de enseñanza que dañan de origen a la persona en su formación intelectual y, sobre todo, existe un grave costo a la sociedad porque se formarán profesionistas que serán un peligro para la población por su ineficiente nivel académico. Todos estamos expuestos, voluntaria e involuntariamente, a recibir los servicios de abogados, contadores, arquitectos, economistas, doctores, administradores y de otras profesiones, de los cuales, como ciudadanos, esperamos el mejor trato y conocimiento de su profesión para nosotros, nuestra familia y población en general. Si en la ley no existen los requisitos necesarios para que las instituciones privadas realicen una función educativa en sus tres grandes aspectos que son la enseñanza del conocimiento, la investigación que crea conocimiento y la difusión de la cultura en la sociedad, si lo anterior no lo realizan, estamos hablando de universidades pragmáticas, mercantilistas y maquiladoras de estudiantes, quienes son formados deficientemente en perjuicio de ellos, sus padres y de la ciudadanía. Muchos de los aquí presentes, han sido o son académicos e investigadores en instituciones educativas y saben que muchas universidades de este país se limitan a la enseñanza, por ser la de menor costo y de más fácil recuperación de inversión, con facilidad se relega la investigación y la difusión de la cultura, que son de gran importancia y trascendencia en la formación del estudiante y en la solidez de sus conocimientos. La sociedad espera recibir de las universidades excelentes profesionistas que sean profesionales y con aportación cultural que alcance a los distintos sectores de la población...