La diputada Layda Elena Sansores San Román: Presidenta, compañeras y compañeros, los coordinadores de las fracciones parlamentarias que integran el Frente Amplio Progresista: Javier González Garza, Ricardo Cantú, Alejandro Chanona y Raymundo Cárdenas, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y una servidora, Layda Sansores, secretaria de la Comisión de Gobernación, proponemos una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, en materia de juicios orales y debido proceso penal. Nos sumamos a la propuesta hecha por la Red Nacional a Favor de los Juicios Orales y del Debido Proceso Legal, integrada por organizaciones académicas y de la sociedad civil. Gracias a su asesoría legal. Gracias a ellos mismos, como quien dice esta iniciativa enriquece su propia propuesta que presentaron en esta Cámara anteriormente. Recogimos las valiosas aportaciones del diputado César Camacho, del ex diputado Luis Maldonado, del grupo parlamentario de Convergencia, quien en la pasada Legislatura presentó una iniciativa integral de reformas al sistema judicial y penal y fue la primera en hablar de juicios orales. Incluimos propuestas de la iniciativa del ex ministro y diputado federal del grupo parlamentario del PRD de la pasada Legislatura, Miguel Ángel García Domínguez. Incorporamos observaciones del doctor Cristián Riego, de Chile, quien ha contribuido a implementar en varios países los juicios orales sólo México no lo tiene en Latinoamérica, así como las del prestigioso ex ministro Juventino Castro y de la Dirección de Apoyo a Comisiones de la Dirección de Servicios Parlamentarios de esta Cámara de Diputados. Fuimos cuidadosos en que las modificaciones fueran congruentes con los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, incluyendo las Convenciones Europea e Interamericana de Derechos Humanos, a fin de poner el orden jurídico mexicano en sintonía con el orden jurídico internacional. Ya habíamos concluido nuestra iniciativa cuando, el 9 de marzo, Calderón presentó la suya ante el Senado. La iniciativa de Calderón es la no reforma ni a corto ni a largo plazo, va hacia atrás, es un retroceso. Ignoró el esfuerzo de prestigiados académicos, de organizaciones civiles, de las voces del Congreso. A la propuesta del Ejecutivo parece que le vale el diálogo democrático. En la iniciativa de Calderón lo que subyace es la preocupación del combate al narcotráfico, que es legítima, pero acomoda todas sus piezas buscando mecanismos más ágiles para combatir el narco y pretende delegar a policías y Ministerios Públicos el hacer cateo sin orden judicial y hacer detenciones ahora sin órdenes de aprehensión, justifica la violación de los derechos humanos, le preocupan los delincuentes, pero no las instituciones. Se olvida que todos estos cambios los tiene que hacer con el coche caminando y no estamos seguros que va a lograr capacitar a policías y Ministerios Públicos para que sepan hacer uso de un poder que es omnipotente. De aprobarse, estaríamos caminando hacia un sentido contrario a los juicios orales, que él también lo ha tomado como bandera; estaríamos pavimentando los caminos hacia un Estado policial y autoritario. Y creo que con esto se ratifica la impresión que yo tengo, como Calderón no pudo ganarle al más querido, hoy está obsesionado con el ser más temido y todas sus iniciativas tienen siempre un sello de represión. Nada se gana legalizando la injusticia, que lo escuche bien el señor, México no necesita como decía Miguel Sarre delincuentes institucionalizados persiguiendo a delincuentes organizados. Sin embargo, aquí sí fuimos sensibles a las preocupaciones del Ejecutivo y estamos considerando las medidas adoptadas en la Convención de Palermo, Convención Internacional para el Combate a la Delincuencia Organizada, como son la ampliación de los plazos de prescripción, medidas para la protección de la víctima e inmunidad de informantes que conduzcan a la captura; y estamos poniendo un transitorio para que durante tres años continúe el actual régimen. Nosotros estamos convencidos que esto es un gran desafío. Implementar los juicios orales en el país requiere de un gran consenso nacional. Entonces, por eso estamos abiertos y queremos tener un gran consenso nacional en esta propuesta. Queremos decir también que no estamos de acuerdo con la propuesta de Calderón, de un Código Penal único; es detener el esfuerzo de Estados que han ido a la vanguardia en la implementación de los juicios orales, es negarse a aceptar las propuestas innovadoras que un sistema federalista estimula. Para hablar de códigos penales únicos tendríamos que dejar pasar cuando menos 10 años. La Ley del Debido Proceso va a reglamentar todos estos conceptos constitucionales que se mencionan en la iniciativa. Va a generar estándares mínimos y se evitaría la exigencia de un Código Penal único y se daría unidad a la diversidad. Aquí algunos artículos menciono nada más. Una vez que a alguien se le detiene, inmediatamente se le lleva a un juez; nada que se quede en el Ministerio Público, que es quien lo acusa, y él mismo lo tiene 48 horas, dando lugar a la tentación de la tortura. En el 17, los delitos menores se resuelven inmediatamente en la audiencia de control a escasas 24 horas del arresto. Hoy se tardan hasta 100 días. La prisión preventiva se va a aplicar sólo en casos de excepción y se revisará en plazos intermedios. Hoy tenemos 90 mil personas en prisión preventiva. Cada preso cuesta 61 mil pesos al año, 15 millones de pesos diarios, cinco y medio billones de pesos al año. En Nuevo León ha sido exitosa la experiencia de explorar alternativas. Vamos a modificar íntegramente el artículo 20: porqué el juicio debe ser oral, adversarial y que permita el debate en igualdad de circunstancias. Ahora la confesión que vale es la que se rinde ante el juez. Se elimina la tentación al maltrato y la tortura. La policía va a poder investigar. Hoy primero detienen y luego investigan. Queda nítidamente prohibida la tortura. Para terminar, como novedad. El Estado está obligado, para que tú elijas a tu abogado, a darte una lista, con base de datos de quién es quién en la defensoría. Creo que hoy la importancia de la oralidad está relacionada con la confianza. Ocho de cada 10 acusados nunca ven a los jueces. Los juicios orales son más que una opción para modernizar nuestro sistema de justicia, son una exigencia insoslayable en un Estado democrático. Gracias.