La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas, después de un proceso legislativo intenso pero jurídicamente pulcro, de su publicación el pasado 30 de noviembre de 2010 en el Diario Oficial de la Federación, y de las correcciones pertinentes a los artículos 2 y 12 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, finalmente le podemos decir a la sociedad mexicana que el Congreso de la Unión ha cumplido con una gran nueva encomienda; la de asumir con toda responsabilidad y justicia una de las demandas más sentidas de la población, la de enfrentar con las mejores armas jurídicas a los que secuestran y han secuestrado la esperanza y la felicidad de miles de mexicanos. Esta nueva ley es sin duda de las que mayor respaldo institucional ha tenido, con una participación decidida y encomiable de la sociedad civil y de los poderes del Estado mexicano. Por eso, señoras y señores diputados, si se me permite decirlo, no sólo es un nuevo marco jurídico para combatir sin tregua el secuestro, es más al mismo tiempo una política pública con visión de Estado, donde todos estamos llamados a combatir este grave delito. No hay nada más desgarrador para las familias mexicanas que verse sometidos por la delincuencia organizada y sentirse mutilados o golpeados en su seguridad patrimonial, personal o en su dignidad. Con esta nueva Ley el Estado mexicano busca tener las mejores condiciones y herramientas legales para hacer valer su primera obligación constitucional: la de resguardar la seguridad de las personas. Los órganos de seguridad pública y las instituciones que deben procurar justicia en todos los niveles, están llamados a asumir su responsabilidad constitucional con la mayor pulcritud y profesionalismo; con la imparcialidad y con el trato humanitario que se merece toda víctima; y que el victimario sepa claramente que no habrá vuelta atrás en la aplicación de la justicia. Que el órgano jurisdiccional encargado de impartir la justicia deberá valorar la ineficiencia o ineficacia y la corrupción de la investigación, ya que conllevará al nacimiento de un nuevo delito que será castigado severamente y no habrá medias tintas ni mucho menos indiferencia institucional. Los distintos niveles de gobierno están llamados a un mayor compromiso y a que dispongan sus mayores esfuerzos para hacer efectiva y expedita la ley. El Estado, a través de quien representan los órganos de justicia, son los que deben dar la cara ante la sociedad y para que se recobre la confianza y se asuma con mayor corresponsabilidad en esta gran tarea. Si todos cumplimos con la parte que nos corresponde, seguramente la ley obtendrá grandes dividendos de seguridad y bienestar que los mexicanos reclaman. El acierto de esta ley provoca que exhortemos a los órganos de procuración de justicia a que asuman su responsabilidad en la integración de las investigaciones. Con la entrada en vigor de esta nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, tenemos que pasar de la desesperanza de muchos mexicanos a la certeza y a la esperanza esperada; de la incertidumbre a la seguridad de nuestras familias; de la impunidad a la aplicación de la ley; y de la aplicación de la ley al fortalecimiento de nuestras instituciones de seguridad y de justicia. Éstas deben ser las principales encomiendas y propósitos de esta ley. Es cuanto, señor presidente.