El diputado Francisco Herrera León: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el que suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, somete a la consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos La seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. El Estado combatirá las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, y desarrollará políticas, programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y servicios que induzcan el respeto a la legalidad. Éste es el texto plasmado en el artículo 3º de la Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una ley que nace con grandes expectativas, como consecuencia de la importante reforma del artículo 21 de nuestra Constitución Política en 1994, con el espíritu de una real de coordinación entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, para establecer un sistema nacional de seguridad pública. Sin embargo, es inconcebible que, existiendo un marco legal adecuado en materia de seguridad, el Gobierno Federal otorgue recursos de muy poca manera para ponerlos en práctica, enviando con esto un mensaje a la sociedad de que la ley es una simulación y que en realidad se carece de voluntad política para prevenir el delito. Infinidad de veces hemos escuchado grandes discursos proponiendo políticas de seguridad pública que la mayoría de las ocasiones han resultado ineficaces, pero que han consumido cuantiosos recursos del Presupuesto. Y esto se debe a que el Gobierno Federal y, tenemos que reconocer, los estatales necesita voltear la atención a la célula política más importante del país; es decir, los municipios, en materia de seguridad pública. Los municipios en nuestro país vienen acusando los efectos de una política central, supeditados a decisiones y diagnósticos erróneos de carácter financiero emanados de los órganos federales y de las entidades federativas que han impedido su funcionamiento autónomo y libre. De un diagnóstico también erróneo sólo pueden provenir estrategias erróneas. Desde el Gobierno Federal se habla de programas de capacitación de los cuerpos policiacos, de mayores recursos a los estados para el combate de la inseguridad. Sin embargo, estos recursos son canalizados a los municipios después de una ardua peregrinación de los alcaldes por infinidad de dependencias gubernamentales, de donde, si salen bien librados, les alcanzará para pagar la nómina de elementos mal equipados. Si queremos resultados, no podemos suponer que con la sola moralización de los policías se garantizará la seguridad pública. Sería caer en el error de la ingenuidad. Podemos tener corporaciones policiacas decentes pero ineficaces si éstas no se modernizan y cuentan con recursos suficientes para desarrollar sus métodos de operación. Así, hemos descuidado la prevención del delito. Por ello llegamos tarde a esta responsabilidad de tutela social. Nuestro compromiso debe ser evitar la comisión de ilícitos. Siempre será mejor proteger a los ciudadanos que perseguir delincuentes. Cuando el Ministerio Público actúa, es porque las áreas de prevención han fallado, convirtiéndose en una doble falla: cuando el Estado, al no poder evitar la realización del delito, posteriormente no sanciona a los responsables. Actualmente, en nuestro país existen 2 mil 418 municipios y, dadas la diversidad demográfica y lejanía de algunos, resulta difícil para las corporaciones policiacas preventivas, federales y estatales, tener presencia permanentemente en todos y en cada uno. Por tanto, en esta materia tenemos varias tareas por delante. Y una de ellas es canalizar eficazmente los recursos para seguridad pública, contemplando en la Ley de Coordinación Fiscal que los gobiernos estatales entreguen también a los municipios, sin demora alguna, las partidas necesarias para sus tareas de seguridad pública, con base en los criterios de los consejos estatales, tomando en cuenta lo apartado de las comunidades y su dispersión poblacional. En virtud de lo anterior, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal Artículo Único. Se adiciona un párrafo quinto y se reforma el último párrafo al artículo 44 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 44. Los estados, bajo los términos de este artículo, entregarán a los municipios, con base en los criterios que los consejos estatales de seguridad pública determinen, a propuesta de los secretarios de Seguridad Pública respectivos, mediante solicitud de cada municipio, los recursos necesarios para la tarea de seguridad pública. Para los efectos del entero a que se refiere el párrafo cuarto de este artículo, no procederán los anticipos a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7o. de esta ley. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Compañera Presidenta: le ruego se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates; y le solicito que sea turnado a las Comisiones de Seguridad Pública, de Hacienda, y de Presupuesto. Gracias.