El diputado Raúl Piña Horta: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: la igualdad de género es una relación de equivalencia entre las personas, partiendo de que todas tienen el mismo valor, independientemente de su sexo. Se refiere a las normas, valores, actitudes y percepciones necesarios para alcanzar un estatus de igualdad entre mujeres y hombres, y neutralizar las diferencias que hay entre ellos. Equidad de género, por su parte, es el término que significa justicia de dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones o características específicas de cada persona o grupo humano, como género, sexo, clase, religión o edad; reconocer la diversidad sin que ésta signifique razón para la discriminación. La equidad se sitúa en el marco de la igualdad, pero subraya la importancia de igualdad de resultados; es decir, abandera el tratamiento diferencial de grupos para finalizar con la desigualdad y fomentar la autónoma. Por último, igualdad de derechos significa la igualdad formal ante la ley; es decir, equiparación de hombres y de mujeres mediante medidas legislativas. Con base en estas definiciones, las conferencias mundiales sobre la mujer instituidas en México en 1975 han desempeñado una labor importante para el trabajo de las Naciones Unidas en los temas de equidad de género y el respeto de los derechos humanos de la mujer. Hacer de la igualdad de género una realidad es un compromiso central de las naciones y los organismos internacionales porque la igualdad entre los hombres y las mujeres es justa y es un derecho, es una meta en sí misma que conduce al desarrollo humano y de los derechos humanos. Y porque es desigualdad de género es un obstáculo para el progreso, una barrera en el camino de desarrollo humano. La comunidad internacional ha venido realizando compromisos fuertes para la igualdad y el desarrollo de las mujeres en las cumbres mundiales y las conferencias globales. Es importante que éstos se traduzcan en realidades prácticas, razón por la cual es importante el proceso de evaluar las implicaciones para mujeres y hombres de cualquier acción planeada, incluyendo la legislación, las políticas o los programas, haciendo de los intereses y las experiencias de las mujeres una dimensión integral del diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas. El empoderamiento de las mujeres es central para el desarrollo humano. El desarrollo humano como un proceso de ampliación de las oposiciones de las personas no puede tener lugar cuando se restringen las acciones de la mitad de la humanidad. Los objetivos dirigidos a corregir las desigualdades de género en la esfera social y económica, así como términos de derechos civiles y políticos, deben ser tomados junto con esfuerzos para tener en cuenta el género en los procesos de derecho. Las políticas de género han puesto énfasis en los aspectos socioculturales del desarrollo social. Esta perspectiva propone incluir de manera perceptiva los diferentes grupos sociales que hasta ahora han vivido en condiciones de exclusión, marginación o discriminación. Ello significa tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres que se dan en el proceso de desarrollo, y analizar en cada grupo social y circunstancias las causas y los mecanismos institucionales o culturales que estructuran la desigualdad de oportunidades y resultados entre ambos sexos. Implica redefinir el acento puesto hasta ahora en las mujeres como grupo social vulnerable y replantear el asunto de bienestar de las mujeres e incorporarlo en la agenda pública, buscando fortalecer su posición social, económica y política, considerando cómo las diferencias entre ellas y los hombres constituyen un eje generador de desigualdad social que atraviesa el conjunto de relaciones sociales. Este enfoque plantea nuevos desafíos en la formulación de políticas públicas mediante políticas de equidad, lo cual implica colocar los asuntos relativos a las mujeres en la agenda del Estado, convirtiéndolas en agentes activos de su propio cambio, como promotoras de transformaciones sociales en beneficio de todas y todos. Este enfoque no es sólo un método de identificación y corrección de las desigualdades derivadas de la jerarquía social que divide a mujeres y a hombres: es un paradigma de análisis social que permite visualizar a las mujeres tanto en el ámbito público como en el privado. Las políticas de equidad incorporan el principio de justicia, reconociendo que la diversidad se traduce en criterios distributivos inicuos de los bienes sociales que se ofrecen a los individuos, como la educación, la seguridad, el bienestar y la posibilidad de tomar decisiones propias y participar en las decisiones gubernamentales, familiares, colectivas, etcétera. Con ello se busca asegurar que los grupos sociales marginados y excluidos del acceso a ciertos bienes, oportunidades y derechos puedan acceder mediante el establecimiento de mecanismos institucionales que impiden los efectos inicuos o discriminatorios del origen étnico o sexual. El objetivo de compensar situaciones de injusticia inducidos socialmente, así integrar la perspectiva de género y desarrollar la política de equidad en las acciones de gobierno, implica permear toda la estructura de las organizaciones públicas; es decir, modificar leyes, normas, políticas y presupuestos, y transformar los métodos de interpretación y análisis de los problemas sociales y la cultura organizacional, así como las estructuras organizativas y los procedimientos operativos de los tres poderes del Estado y de los distintos niveles de gobierno y establecer un nuevo pacto político. Por ello consideramos necesario que en todas nuestras leyes se garanticen la equidad y la igualdad de género, razón por la cual proponemos esta iniciativa, que busca que en la Ley General de Población queden plasmados estos principios. Con base en lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México se permite someter ante el Pleno de esta soberanía la siguiente Iniciativa de decreto mediante el cual se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Población Artículo Único. Se reforma la fracción II del artículo 3 de la Ley General de Población, para quedar como sigue: Artículo 3. Fracción II. Realizar programas de planificación familiar a través de los servicios educativos y de la salud pública de que disponga el sector público y vigilar que dichos programas y los que realizan organismos privados se lleven a cabo con absoluto respeto a los derechos fundamentales de los hombres y las mujeres y preserven la dignidad de las familias, con objeto de regular relacionalmente y estabilizar el crecimiento de la población, así como lograr el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y naturales del país. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.