El diputado Gonzalo Moreno Arévalo: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Pongo a consideración la siguiente iniciativa de decreto que reforma los artículos 99, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 de la Ley de Amparo, atento a la siguiente exposición de motivos: Primero. Por principio de cuentas, habré de decir que el preceptuar el Constituyente la redacción del artículo 1º. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual a la letra reza lo siguiente: "En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece". Se desprende de lógica jurídicamente del análisis, de que al emplear la palabra "individuo" se hace para darle un contexto general que no permita la posibilidad de discriminación a ningún ser humano que se encuentre en nuestro país para que pudiese gozar de las garantías constitucionales consagradas en dicha Carta Magna. Haciendo la acotación o excepción especialísima y radical a que alude el artículo 29 de la citada ley de leyes e incluso la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido la siguiente tesis: "Sin embargo, en los hechos queda plenamente demostrado que la autoridad sí actúa de una forma extremadamente rigorista al señalar que cuando un individuo promueve un amparo por violación de sus derechos políticos o la privación de éstos, no es procedente el juicio de amparo por no tratarse de garantías individuales vinculando una clase de derechos con una clasificación de personas en las cuales se divide a los ciudadanos que gozan de esa calidad social". Al individuo que por el simple hecho de no ser un connacional o por ser un menor de edad no se encuentre en calidad de ciudadano, lo anterior queda evidenciado de manera más clara en las siguientes tesis de jurisprudencia dictadas por la misma Autoridad Suprema, antes la citada ley. Si analizamos la argumentación sobre lo que sustentan tales criterios, tenemos un resultado que evidencia una clara incongruencia e inconsistencia jurídica, toda vez que por principio esto resulta discriminatorio. En segundo es falso –a menos en la actualidad- que los derechos políticos no puedan ser objeto de controversia judicial, cuando es el propio Tribunal Federal Electoral, dependiente del Poder Judicial Federal, el que resuelve las controversias, pero además los anteriores argumentos vertidos, en las dos últimas tesis, se contraria con las siguientes: Lo paradójico resulta al ver que en la segunda de las tesis antes transcritas, la salvedad a la supuesta limitación constitucional sea eliminada por una ley secundaria; no obstante lo anterior, los criterios de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, merecen todo nuestro respeto. Sin embargo, habremos de admitir que como todo ser humano, no están a salvo de la comisión de errores o imperfecciones al momento de emitir las interpretaciones de la norma que a su vez requiere de la labor del legislador para clarificar y establecer preceptos claros en la ley, por lo que todos los criterios y argumentos esbozados al respecto, son dignos de tomar en cuenta para encontrar la solución a una problemática social que demanda la solución. Las garantías individuales que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales, como lo son la del debido proceso y la fundamentación y motivación en todo acto de autoridad, como su nombre lo indica, garantizan la aplicación de la ley en cuanto a los procedimientos seguidos ante los tribunales con el objeto de proteger la integridad física, la libertad de los bienes, siendo éstos los derechos fundamentales del gobernado entre otros. Es decir, las garantías individuales no son derechos sustantivos, sino que constituyen el instrumento constitucional establecido por la propia norma fundamental del país para salvaguardar tales derechos. Lo anterior ha sido soportado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que a continuación se describe: "Por otra parte, debemos de tomar en cuenta que cuando se habla de la protección de derechos políticos, éstos deben ser objeto de un juicio ante los tribunales competentes en la materia, lo cual no implica que estos últimos no puedan cometer abusos y violar la ley con lo que primariamente se estaría violando más allá de los derechos políticos, la garantía de seguridad jurídica, tal y como se plasma en la siguiente tesis": Debemos entender que los derechos políticos no se encuentran claramente desatendidos por la Constitución Federal, toda vez que éstos son parte subjetiva, en tanto los instrumentos constitucionales para salvaguardar son precisamente las disposiciones consagradas en el capítulo de garantías individuales del citado cuerpo máximo de leyes, máxime que los derechos políticos son esencia de carácter personal y en este sentido la Suprema Corte se ha pronunciado por definir tanto los derechos personales como su posesión, determinando el siguiente criterio. En conclusión, entre nosotros tanto las cosas corporales como los derechos que cualquiera sea su naturaleza, pueden ser objeto de una relación posesoria y así los derechos personales son susceptibles de posesión. Lo mismo deben estar garantizados por el artículo 14 constitucional cuya tesis obliga a las autoridades a respetar las posesiones de que los particulares disfruten, hablando de ellas con tal amplitud que sin ninguna razón autorizan a establecer distinciones que pugnarían con el espíritu que informa el precepto aludido. Por último, cabe hacer mención que tanto la materia electoral como la propia materia en la que conoce el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, son materias especializadas de las cuales conocen tribunales especializados. Sin embargo, en el último caso no se restringe el derecho de los afectados por actos de este tribunal para ser controvertidos mediante la interposición del juicio de garantías. Por lo cual este argumento de que se trata de una materia especializada, tampoco es suficientemente válido para no proceder a reformar los artículos que propician esta confusión de ausencia. La justicia de manera discriminatoria que a su vez constituye algo inconstitucional. 6o. Es por esto que resulta necesario reformar los artículos 99 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 de la Ley de Amparo, para permitir la implementación de los controles constitucionales en los tribunales y organismos electorales. Por lo anteriormente expuesto someto respetuosamente a la elevada consideración de esta Soberanía, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO que reforma los artículos 99, 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 de la Ley de Amparo, para quedar de la siguiente forma: ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 99 y 107 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como el artículo 73 de la Ley de Amparo, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 99. El Tribunal Electoral será para el ejercicio de sus atribuciones. La Sala Superior se integrará. Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva en los términos de que esta Constitución y según lo disponga la ley sobre los magistrados electorales, el personal del tribunal y en el artículo 107 todas las controversias que habla el artículo 113 se sujetarán a los procedimientos y formas de orden jurídico, que determine la ley de acuerdo a las bases siguientes: Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales administrativos, electorales o de trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: El juicio de amparo es improcedente. Artículo 1o. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo 2o. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en el Salón de Sesiones de esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el día de su presentación. Atentamente el de la voz diputado Gonzalo Moreno Arévalo. Es cuanto diputado presidente.