El diputado Antonio Ortega Martínez: Con el permiso de la Presidencia. La reforma constitucional sobre calidad y control del gasto público promulgada el pasado 7 de mayo, mandató al Congreso de la Unión a expedir la Ley Reglamentaria de la fracción XXVIII del Artículo 74, a fin de normar la contabilidad gubernamental. Compañeros, permítanme algunos comentarios para resaltar las bondades del dictamen que se presenta. En primer lugar hay que resaltar que el proyecto de ley que se somete a su consideración representará para la administración pública de nuestro país la adopción de un nuevo paradigma que dará paso a la sustitución de un tratamiento diferenciado y heterogéneo de la contabilidad gubernamental, en el país, por una nueva ley general que establece un sistema de contabilidad gubernamental a partir de normas contables generales y específicas, claras, sencillas, precisas y compatibles que facilitarán el reconocimiento de ingresos, gastos, activos, pasivos y el patrimonio de los entes públicos; que integrará en forma automática las cuentas presupuestarias con las cuentas contables; que permitirá que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información financiera. Un sistema contable que reflejará un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión económica y financiera de los entes públicos, que generará en tiempo real estados financieros y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas. Un sistema contable que facilite el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes públicos. Es decir, se crea un sistema homogéneo integral y armónico de contabilidad gubernamental. En segundo lugar se establece una observancia universal para todos los entes públicos, es decir, la ley será obligatoria para los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la federación y los estados, los órganos de gobierno del Distrito Federal, los ayuntamientos de los municipios, los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales, y los órganos autónomos federales, estatales y municipales. En tercer lugar se diseña un esquema institucional para iniciar el sistema de contabilidad gubernamental sobre una base armónica, y al mismo tiempo propiciar la actualización y modernización permanente del sistema a partir de la conformación del Consejo Nacional de Armonización Contable, integrado por seis representantes de la federación, cuatro representantes de las entidades federativas y dos representantes de los municipios, con facultades para emitir normas contables y lineamientos para la generación financiera que aplicarán los entes públicos. Los entes públicos adoptarán e implementarán, con carácter obligatorio, en el ámbito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el consejo. Es decir, las decisiones del consejo no serán obligatorias por sí mismas, puesto que la ley prevé que los entes públicos de los tres órdenes de gobierno deberán adoptar e implementar las decisiones del consejo para que tengan obligatoriedad en su ámbito de competencia, así los congresos de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobarán leyes, y los entes públicos, obligados en el ámbito de sus competencias y facultades, emitirán normas y reglamentos en concordancia con la nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental. Es decir, el proyecto de ley tiene un sentido federalista respetuoso de la soberanía de los estados y municipios. En cuarto lugar contaremos con un poderoso instrumento para la rendición de cuentas, la transparencia, la eficacia y eficiencia gubernamental y para el combate a la corrupción, puesto que el proyecto de ley establece la obligatoriedad de todos los entes públicos del país de publicar en Internet o cualquier otro medio público ?en caso de los municipios más pequeños?, toda la información respectiva a la contabilidad, el patrimonio, el presupuesto, la cuenta pública, los estados financieros y los resultados de la evaluación del desempeño de manera comprensible para los ciudadanos. Los órganos de representación popular podrán mejorar su función constitucional de control del gasto público, de fiscalización superior y de evaluación del resultado de las políticas públicas y del diseño institucional. Los ciudadanos y especialistas contarán con la información y metodología para hacer los análisis y comparaciones de la gestión gubernamental. Nada escapará ni nadie al escrutinio social; ningún recurso público podrá ser desviado del objetivo al cual ha sido destinado; se podrá controlar y preservar el patrimonio público. La gestión gubernamental podrá alcanzar mejores estándares en sus resultados, puesto que la información contable como herramienta tecnológica de información y comunicación coadyuvará en la toma de decisiones. Por último, el sistema de contabilidad gubernamental tomará en consideración las asimetrías que presentan los municipios y la actualización y modernización y establece un plazo máximo de tres años a los entes públicos para su total implementación en todo el país. No hay duda, compañeros, compañeras, contamos con un instrumento que hacía falta en nuestro sistema jurídico. Es sin duda, también, un poderoso instrumento de legitimación del poder público, pero al mismo tiempo un instrumento de control político por parte de la representación popular y de los ciudadanos. Es, en síntesis, un paso importante en el fortalecimiento democrático de nuestro país. Por ello, reitero la solicitud del voto a favor del presente dictamen. Por su atención, muchas gracias.