La diputada María Elida Castelán Mondragón: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, diputado presidente. Acudo a esta tribuna a presentar dos iniciativas, la primera con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la segunda con proyecto de decreto que reforma el artículo 73, también de nuestra Carta Magna. La primera propuesta que hoy pongo a su consideración, busca fortalecer el derecho de petición, consagrado en el artículo 8 constitucional. Al reformarlo se permite consolidar lo ya dispuesto y fortalecer las bases para el funcionamiento de la plataforma nacional de transparencia. Puesta en marcha el 5 de mayo del año de 2017, por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Inai. Es decir, nuestra propuesta radica en la forma de ejercer el derecho de petición, ya que este no sólo se practica de forma escrita, directamente para requerir información a los gobiernos, instituciones u organismos, porque ahora gracias a los avances tecnológicos es factible solicitarla por medios electrónicos, sin que esto constituya un ejercicio diverso del derecho a la información. Esta reforma resulta de la mayor importancia, porque el texto del artículo constitucional citado no ha sido tocado por ninguna mejora normativa de fondo o forma desde 1917, constituyendo un anacronismo que debe ser actualizado en beneficio de las mexicanas y los mexicanos. Dicha disposición constitucional alude a una terminología ya en el desuso e incompleta con la realidad que se vive, tal es el caso de usar al principio del artículo las palabras funcionarios y empleados públicos, categorías hoy en día poco usadas ya que en nuestra modernidad tales términos no se encuentran comprendidos en el concepto de servidor público. La segunda iniciativa consiste en fortalecer la democracia directa, facultando al Congreso de la Unión en el artículo 73 Constitucional exista disposición manifiesta que hable sobre la potestad explícita del Congreso para legislar sobre las categorías jurídicas a través de las cuales se ejercita la democracia directa, como son las figuras de referéndum, plebiscito, revocación del mandato, entre otras. En la reciente Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo segundo la de la democracia directa, participativa y representativa ya es una realidad y en consecuencia debemos ajustar nuestro texto constitucional para que los ciudadanos puedan ejercer cada vez con mayor libertad sus facultades de control y participación política en una sociedad que reclama la construcción de una ciudadanía activa y participativa. La finalidad de esta iniciativa es dotar al ciudadano de los instrumentos básicos que nos permitan evitar lo que México ha vivido en este sexenio atiborrado de corrupción, algunos por encima o en determinados casos con apego a la ley. Las notas informativas de los periódicos dan cuenta de los excesos de los gobernadores entre muchos otros casos de corrupción como es el caso Odebrecht. Estos sucesos podrían evadirse si en México se contemplara el mecanismo de democracia directa de la revocación de mandato a nivel constitucional ya siendo ubicado como un derecho del ciudadano mexicano en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o ubicado en el artículo 128 del mismo ordenamiento. Sin embargo, primero se debe facultar constitucionalmente al Congreso para emitir una ley reglamentaria que contenga no solo los mecanismos de accesibilidad, sino también los que les permitan a los ciudadanos hacerlos efectivos. Es decir, los mecanismos de exigibilidad. Alentar que la Norma Suprema se ajuste a la realidad que el país está viviendo es el reto de todo legislador. El saber proponer las mejoras normativas necesarias es una obligación de cada uno de nosotros como operadores jurídicos. Con estas reformas pretendo no ser omisa de la realidad que vive México. En suma, compañeras y compañeros diputados, seamos visionarios y analíticos de la realidad que vive nuestro país. Apostemos por el reconocimiento constitucional del contexto actual que vive México en beneficio de la construcción de una sociedad más incluyente y participativa que genera las posibilidades para sus ciudadanos de nuevas oportunidades de intervención política. Muchas gracias, diputado presidente.