El diputado Gerardo Villanueva Albarrán: Es preocupante el aumento de las violaciones a las garantías fundamentales de los mexicanos. De seis años a la fecha existe un incremento drástico de homicidios relacionados con el crimen organizado, desapariciones forzadas, arraigo, tortura, feminicidios, atentados contra periodistas y maltrato a migrantes. No obstante lo anterior, el Estado mexicano ha incumplido con algunas de las recomendaciones planteadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Según datos del tercer informe de labores del titular de esta comisión, en el 2012, 36 recomendaciones, es decir, el 35 por ciento de las 93 totales por violaciones graves a derechos humanos fueron remitidas a las secretarías de Seguridad Pública, de Defensa Nacional, Marina, Gobernación, y al Instituto de Migración por los delitos de tortura, cateos y retenciones ilegales, desaparición forzada y violaciones sexuales. Igualmente, han crecido en gran medida las faltas a los derechos humanos. En el 2005 solo hubo una queja por tortura. En contraste, en el 2011 se registraron 2 mil 40 quejas por tratos crueles e inhumanos. De igual manera, en el 2005 se tienen registradas 34 mil 385 quejas contra servidores públicos adscritos a las áreas de seguridad pública y en los recientes tres años la cifra subió un 84 por ciento, sobre todo en: cateos ilegales, detenciones arbitrarias, ejecuciones, torturas y desaparición forzada de personas. A la fecha de hoy se tiene la tarea de investigar 2 mil 126 casos de desapariciones forzadas y 24 mil 91 personas han sido reportadas como extraviadas y no localizadas. En México las violaciones a los derechos humanos deben ser impulso de unidad para solventar injusticias y avanzar hacia una cultura de la legalidad, y así sumar los esfuerzos que sean necesarios a favor de los derechos de todas y todos los mexicanos. Estamos a favor de este dictamen de ley, de reforma, bueno, que reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que debemos establecer medidas que al menos hagan pública la decisión de los gobiernos con respecto a estas resoluciones que emite la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque de esta forma estos servidores públicos estarán obligados a responder recomendaciones que les presenten los organismos y, en caso de no aceptar dichas sugerencias, estos servidores públicos tendrán que fundar, motivar y hacer pública su negativa. Y esto ayuda a la publicidad de las decisiones de los gobiernos. No deja de ser para nosotros indignante que las violaciones graves a los derechos humanos, que si bien está documentado, se le infringen, se le aplican al ciudadano común y corriente, resalta el golpe que se les aplica a los activistas sociales, a los defensores de los derechos humanos, a los periodistas y fotorreporteros, a quienes se oponen a los mega proyectos, a las mineras o quienes se organizan contra los altos cobros de la energía eléctrica y del agua potable, hay que resaltar la persecución en el norte y en el estado de México de las mujeres y de las militantes feministas. Por eso nosotros vamos a votar a favor a la luz de una problemática que es escandalosa en este país. Cabe señalar que independientemente de esta guerra que hay entre las bandas del narcotráfico y la supuesta persecución que hace el estado Mexicano, por cierto, sin una estrategia clara desde hace por lo menos ocho años, nosotros queremos señalar que esto tiene que ayudar a visibilizar otra cosa. Y esa otra cosa es la criminalización de la protesta social, porque buena parte del ataque a los derechos humanos se da –repito– en contra de activistas precisamente que defienden y difunden los derechos humanos en nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.