La diputada María Victoria Mercado Sánchez: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, compañeros legisladores, el acoso sexual se define como la intimidación o coerción de naturaleza sexual o promesa no deseada o inapropiadas a cambio de favores sexuales. En la mayoría de los contextos jurídicos modernos el acoso sexual es ilegal. El acoso sexual no es una conducta patológica, no es fácil de reconocer ni lleva una conducta concreta, es una trama de relaciones donde existe un desequilibrio de poder entre acosar. Este puede ser de índole muy variada como requerimientos, proposiciones, chistes, bromas, exhibición de fotografías sexistas, pasando a comportamientos físicos o roces indeseados que pueden suponer vejación para la víctima, hasta llegar al asalto o agresión sexual. El acoso es una forma de discriminación por razón de género. Los hombres pueden ser objeto de esta, pero en realidad la mayoría de las víctimas son mujeres. Es un atentado contra la dignidad humana, salud física y psicológica. Asimismo, esta situación tiende a producir un efecto devastador en la salud, la confianza, la moral y el rendimiento de quienes lo padecen, provocando ansiedad, estrés, cansancio, insomnio, depresión e irritabilidad. Por otro lado, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se tiene conocimiento de al menos 16 denuncias por acoso sexual, que han sido presentadas en contra de encargadas de las estaciones migratorias. La más reciente en el municipio de Acayucan, Veracruz, en donde la asociación civil Hermanos en el Camino, del padre Alejandro Solalinde Guerra, y el coordinador del Pastoral en Veracruz, José Luis Reyes Frías, han informado al delegado federal del Instituto Nacional de Migración, Tomás Carrillo Sánchez, que a los migrantes se les piden favores sexuales a cambio de ofrecimientos de libertad o ayuda ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Y si no, entonces sufren de consecuencias como el permanecer más tiempo encerrados o retrasar su extradición. De igual forma, Reyes Farías recordó que al interior de la estación migratoria de Acayucan han ocurrido señalamientos de denuncias iniciadas ante la PGR por casos como la trata de personas y venta de hombres y mujeres con fines de tráfico de órganos. Sin embargo, hasta el momento las cuatro investigaciones están detenidas. Asimismo, mencionó que los empleados federales del Instituto Nacional de Migración pagan 150 mil pesos a la PGR para que la investigación no proceda, el agresor paga esa cantidad para que se quede sin efecto. De acuerdo con Sofía Aurora Vega Gutiérrez, directora general de Comunicación Social del Instituto Nacional de Migración, citó que existen diversos casos de abuso sexual que han sido denunciados ante las autoridades competentes en contra de migrantes en el interior de alguna de las estaciones migratorias en territorio nacional. Ejemplo de ello están las siguientes. En Chiapas son dos casos registrados en esa entidad. El primer hecho denunciado fue el cometido por un policía auxiliar en Palenque, en contra de un menor guatemalteco, y el segundo caso se registró un abuso sexual en contra de un joven salvadoreño. En Coahuila, se registró un caso en donde se dio aviso a las autoridades de una extranjera originaria de El Salvador, acusaba a su pareja de haber abusado sexualmente de ella, y el Ministerio Público que tomó el caso decretó el no ejercicio de acción penal. En Quintana Roo, una extranjera de nacionalidad cubana denunció abuso deshonesto cometidos por un agente federal de migración. Por otro lado, de conformidad con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Migración, gastó el año pasado una cifra récord de 12 mil 700 millones. El Colectivo Migraciones para las Américas exige que el Instituto Nacional de Migración informe en qué gastó ese dinero, ya que las estaciones migratorias siguen sin garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Asimismo la cifra más alta de la que se tiene registro en toda su historia, es decir, 111 por ciento más que en el año 2016. Es por lo anterior que solicito respetuosamente se cesen a los empleados acusados de acoso sexual, así mismo se les enjuicie, en su caso, por los delitos de acoso sexual, trata de personas, tráfico de órganos, violación, abuso del poder, entre otros, y se les aumente la pena hasta en una mitad por ser servidores públicos y ser quienes debieran salvaguardar los derechos fundamentales de los migrantes. Es cuanto, señora presidenta.