El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Gracias, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a proponer una iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit que tiene dos objetivos. El primero, proponer cambio para aumentar el compromiso de solidaridad del Infonativ con aquellos de sus acreditados que enfrenten problemas de empleo. El segundo, se propone la necesidad de obligar al instituto a hacer una mejor planeación de los desarrollos habitacionales que financia. Es importante tener presente que una de las áreas de actividad económica que tuvo el mayor crecimiento durante los últimos gobiernos fue la construcción de vivienda. Lo anterior fue posible gracias a los crecientes saldos de la cuenta de vivienda acumulados por el ahorro de los trabajadores. Hasta septiembre de este año, la cuenta de vivienda acumuló alrededor de 600 mil millones de pesos. Eso propició que las autoridades diseñaran agresivos esquemas de desarrollo de unidades habitacionales. Aparentemente el objetivo era reducir el déficit que se había acumulado, se decía que era un millón de viviendas por lo menos. No había problema por los recursos de multiplicación y se multiplicaron los esquemas de financiamiento, cofinanciamiento con la banca comercial, con las sociedades bancarias; con las sociedades financieras; objetos como las sociedades financieras de objeto múltiple. La institución líder en ese esfuerzo fue el Infonavit. Desafortunadamente, muchos de los conjuntos habitacionales que se construyeron no se apoyaron en ninguna planeación, y lejos de ser motivo de esperanza y de un mayor bienestar para miles de familias, en realidad fueron en un alto porcentaje una causa de malestar; mal construidas; alejadas de las fuentes de trabajo, de los centros escolares, de los centros de salud; sin servicios adecuados; sin sustentabilidad ambiental; sin transporte y con muchas otras fallas. En realidad lo que se hizo en vivienda indicaría que en realidad sólo se interesó el negocio de los desarrolladores y de algunos intermediarios. Por su incapacidad perdimos como país la enorme oportunidad de resolver el problema de la vivienda con un enfoque humano, y deficiencia económica. No se redujo el costo de vida del trabajador y sus familias; no les brindaron bienestar en armonía con el entorno ambiental; no nos permitieron como país ser más competitivos en el entorno internacional. Hoy se observan las consecuencias de lo anterior, al grado de que muchas familias han preferido emigrar y perder su crédito a correr los riesgos que ocasiona la inseguridad, la erosión social que prevalece en esas unidades habitacionales, que debieron de ser base para el desarrollo humano, y lo más grave. A pesar de lo anterior ahora resulta que según el Infonavit, el déficit de vivienda es de 9 millones. Aunque se han recuperado algunos empleos perdidos en la crisis de 2008, persiste la incertidumbre para los trabajadores y por eso constantemente y continuamente se registran movilizaciones para que el Infonavit escuche a los afectados en Chihuahua, Michoacán, Veracruz. En muchos estados miles de deudores esperan que la institución mejore su actuación. Por eso se considera conveniente modificar la Ley del Infonavit para obligar al instituto a responder a las nuevas condiciones de la sociedad y a comprometerse con una administración más racional y responsable de los recursos a su cargo, para que la construcción de vivienda no sea sólo un negocio, sino una solución, un incremento al patrimonio del trabajador y un instrumento de bienestar y de liberación de recursos e incluso de competitividad económica. Por eso propongo reformar el párrafo segundo del artículo 41 para ampliar el plazo de la prórroga que dispone a quienes se queden sin trabajo de 12 a 24 meses, plazo durante el cual el saldo quedará congelado y no generaría intereses. Asimismo, se proponen incorporar criterios generales acerca de la calidad de la vivienda de los trabajadores, además de ampliar la cantidad de información que deberá hacer pública el instituto. En estos tiempos es necesario que las instituciones diseñadas para recibir el ahorro de los trabajadores para atender sus necesidades, actúen con corresponsabilidad. Los trabajadores están dispuestos a hacer su parte y es necesario que la autoridad haga la suya. Es cuanto, señor presidente.