El diputado Carlos Rojas Gutiérrez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras, compañeros. A nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y del mío propio, nos permitimos poner a consideración de esta Honorable Asamblea un punto de acuerdo con base en las siguientes consideraciones. A lo largo de la LVIII y LIX Legislaturas se realizaron importantes esfuerzos, con el fin de revisar el marco jurídico vigente y dotar a los mexicanos de leyes, que permitieran avanzar en la solución de los problemas, necesidades y aspiraciones de la sociedad. El principio que animó los trabajos de los diputados federales y senadores de la República, fue el de lograr acuerdos, con base en el diálogo respetuoso y constructivo e invariablemente se buscó mantener una interlocución ágil y efectiva con los otros Poderes, en especial con el Ejecutivo federal. De ahí que una cantidad importante de reformas legales y nuevas leyes, contaran con el voto unánime de las fuerzas políticas representadas en ambas Cámaras Legislativas. No obstante, en días pasados, al iniciar el primer período de sesiones de esta LX Legislatura, el Presidente de la República regresó al Congreso diversos ordenamientos legales que fueron aprobados durante el mes de abril. Ahí se señalan, observaciones del jefe del Ejecutivo, que ahora nosotros deberemos analizar, discutir y en su caso aprobar nuevos cambios o insistir en los términos, que en su momento fueron aprobadas las reformas a un conjunto de 10 leyes diferentes que abordan siete temas de gran trascendencia. El envío de las observaciones presidenciales llama la atención, toda vez que se trata de un hecho inusual en nuestras prácticas parlamentarias. Más aún, porque detrás de la aprobación de esas iniciativas hubo un amplio proceso de revisión y estudio en el que participaron las dos Cámaras del Congreso e invariablemente se escuchó la opinión de los responsables de la administración pública federal, además de los distintos sectores a los que fueron dirigidos esos cambios en el marco legal. Con preocupación vemos que ahora el Presidente de la República con razones hasta ahora expuestas de manera insuficiente, decidió ejercer el procedimiento constitucional conocido coloquialmente como veto, para dejar en suspenso las reformas. Peor aún, observamos que de manera inusitada no se valoró correctamente el esfuerzo legislativo y político que implicó la aprobación de reformas a leyes de importancia incuestionable; en ellas se abordan temas de indudable prioridad e interés para los mexicanos, como son el fomento a las actividades productivas vinculadas a la pesca y a la acuacultura, el sistema de pago de impuestos, el narcomenudeo, el fomento a la lectura, la protección del medio ambiente y el manejo de los residuos, entre otros temas. Reconocemos el derecho constitucional del jefe del Ejecutivo para manifestar puntos de vista diferentes e incluso contrarios a los de otros poderes. Pero ese derecho debiera ir acompañado de un intercambio de opiniones y puntos de vista que permita alcanzar consensos, lo cual como casi siempre sucedió en este sexenio, no ocurrió en estos casos. Por eso nos parece que la decisión presidencial de vetar esas reformas legales es excesiva y sucede en un momento más que inoportuno. Conviene señalar por otra parte, que el Presidente no sólo ha vetado leyes, sino que aquéllas que merecieron su rechazo no fueron sustituidas por otras propuestas que en su opinión mejoraran o corrigieran lo que a su juicio resultaban insuficiencias o aspectos críticos. En este sentido queda claro que los desencuentros entre el Ejecutivo y el Legislativo, que caracterizaron estos últimos seis años, fueron prohijados por una concepción de la política que privilegió la negación sobre las propuestas, el enfrentamiento y la descalificación, por encima del esfuerzo colectivo y por lograr la convergencia de ideas acerca del futuro del país…