EL C. DIPUTADO ELIAS MARTINEZ RUFINO: Con su permiso señora Presidenta, señores Secretarios, Ciudadanas, Ciudadanos Diputados: Con fundamento en los Artículos 71º Fracción II y 72º de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 55º Fracción II y 62º y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Soberanía, la Iniciativa de Ley Federal de Archivos en alcance a la presentada por el Diputado Isael Petronio Cantú Nájera durante la LVII Legislatura de la H. Cámara de Diputados, de conformidad a la siguiente: Exposición de Motivo De nuestra Constitución Política no se desprende norma jurídica alguna que obligue a los servidores públicos a crear un archivo que refleje y deje de manifiesto sus actos de gobierno o para decirlo de manera más técnica, la creación de un conjunto orgánico de documentos organizados y reunidos por instituciones públicas o privadas y los particulares dotados de personalidad jurídica en el ejercicio de sus funciones ubicados en edificios construidos especialmente para el adecuado resguardo de la memoria mexicana y declarados Custodios de la Identidad Nacional. Esta gran laguna jurídica en nuestra Constitución Política ha generado graves problemas cuyo caso más delicado es la imposibilidad de acudir a a los archivos en busca de la verdad histórica. A 33 años de la masacre del 2 de Octubre de 1968 a falta de una Ley Federal de Archivos impide que las Comisiones del Poder Legislativo puedan tener acceso irrestricto a los archivos que resguarda el Poder Ejecutivo Federal, el Archivo General de la Nación y la Secretaría de la Defensa Nacional, de tal suerte que el Derecho Constitucional de información garantizado por el Artículo 6º y que textualmente dice: "El derecho a la información será garantizado por el Estado, está gravemente conculcado." De esta materia solo existe un viejo Reglamento que data de 1946 que está siendo aplicado por el Archivo General de la Nación; este ordenamiento cambiado por el acuerdo emitido por el entonces Presidente de la República, José López Portillo, en el que se declara en el Artículo 1º , lo siguiente: "El Archivo General de la Nación, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, será la entidad central y de consulta del Ejecutivo Federal en el manejo de los archivos administrativos e históricos de la Administración Pública Federal, para lograr una mejor coordinación, eficiencia y uniformidad normativa en esta materia". Y en la Fracción VII del Artículo 2º.del mencionado acuerdo, norma esta actividad fuera del ámbito estrictamente administrativo y solo para fines históricos. La expresa negativa de abrir archivos sobre sucesos importantes de la vida nacional como es el caso mencionado de la masacre de 1968 obedece a intereses políticos y a la falta de una ley que obligue a los Poderes de la Unión y a los servidores públicos a dar a conocer a todo ciudadano en ejercicio de sus derechos, la información contenida en los archivos para saber con veracidad lo que realmente ocurrió en la Administración Pública. Esta, sin duda, es un derecho que la Constitución Política otorga al pueblo mexicano y que de ninguna manera se encuentra explicitado en Ley Secundaria, Reglamento o Derecho alguno, de tal suerte, que el Poder Ejecutivo de quien depende el Archivo General de la Nación, por motivos de orden político puede sencillamente negarse y nunca exhibir archivo alguno. En comparación con otros países de América Latina, como Argentina, Colombia y Costa Rica, que cuentan con un marco jurídico en la materia, el trabajo archivístico de nuestro país se ha proyectado considerablemente deficiente, en primer lugar porque no existe Legislación Federal que norme el uso, protección y conservación de los archivos; sin embargo, los esfuerzos por crear un marco jurídico en los Estados de la Federación, se ha dado exitosamente, existe la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado de México, la cual fue expedida por el entonces Gobernador Alfredo del Mazo González y publicada el 30 de Enero de 1986 En ese documento se han basado varios estados de nuestro país para elaborar sus propias leyes, tales como Aguascalientes, con la Ley que crea el Sistema Estatal de Archivos el 12 de Julio de 1992; Campeche, la Ley del Archivo General del Estado de Campeche del12 de Agosto de 1997; Coahuila, la Ley General de Documentación del 6 de Mayo del 94; Guerrero, la Ley del Sistema Estatal de Archivos del 29 del 98; Hidalgo, la Ley que crea el Sistema Estatal de Archivos del 1º de marzo del 87; en Nayarit, el Reglamento Estatal de Archivos Históricos, el 20 de julio de 1987; en Nuevo León, la Ley del Patrimonio Cultural del Estado, del 23 de diciembre del 91; en Oaxaca, la Ley del Patrimonio Documental del Estado, de 22 de septiembre de 1990; en Querétaro, la Ley de Protección del Patrimonio Cultural del Estado del 91; en Quintana Roo, la Ley del Sistema Estatal de Archivos, del 15 de mayo del 96; en Tabasco, la Ley que crea el Sistema Estatal de Archivos del 87; en Veracruz, la Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre y Soberano de Veracruz, del 27 de diciembre del 80; en Yucatán, la Ley del Sistema Estatal de Archivos del 22 de agosto del 86; y en Zacatecas, la Ley del Sistema Estatal de Archivos del 87. Por otra parte, la pertinencia de crear la Ley Federal de Archivos en el contexto del proceso legislativo en que se encuentran diversas iniciativas de ley relativas al derecho a la información presentadas por diferentes grupos parlamentarios y el Presidente de la República, es complementaria y necesaria. El desafío para los mexicanos y el Poder Legislativo Federal es establecer los lineamientos jurídicos para que el Estado Mexicano y su Gobierno preserve, organice y garantice la accesibilidad y el manejo profesional de la información incluido obviamente el inhibir el tráfico de archivos. Necesariamente se deberá reglamentar el funcionamiento de los archivos de los Poderes de la Unión y de los tres niveles de Gobierno; debe la ley definir y actualizar con toda precisión el grado de categoría de norma oficial mexicana, lo que se entiende por archivo, documento, sección y serie. De manera pertinente tendrá que definir los tipos de archivo y las edades de los documentos para que con un sentido racional y científico sepa el ciudadano cuáles por razones de seguridad del Estado- serán clasificados en diferentes tipologías y así mismo normar la responsabilidad de cada nivel de gobierno con respecto a los documentos y la transferencia de los mismos. Los archivos deberán adoptar sistemas de organización científica probados y consistentes en el ámbito internacional, de tal suerte que se superen viejas prácticas bibliotecarias que nada tiene que ver con los modernos sistemas archivísticos. La Ley Federal de Archivos deberá crear una comisión nacional para el desarrollo de la ciencia archivística, selección, determinación y expurgo que dicte las normas para el análisis, identificación, ordenación, clasificación, descripción, conservación, valoración y selección para su integración y una vez definido el perfil idóneo de los expertos en archivología o materias afines, estos deberán ser nombrados por la Cámara de Diputados con el objeto de que rindan su informe ante la representación popular. Debe normar la obligación de la Federación para que los archivos cuenten con un presupuesto que les permita cubrir sus necesidades así como contar con edificios y equipo necesario para preservar los documentos en los más variados soportes, desde piedra hasta los modernos substratos electrónicos. Para que la ley sea completa, necesita implementar una serie de sanciones a quienes trafiquen, revelen, difundan, produzcan, reproduzcan, alteren, proporcionen, intercambien o extraigan del país sin autorización de la autoridad competente, documentos administrativos, históricos, fiscales, contables, informáticos, entre otros. Se debe de castigar duramente a quienes no entreguen los documentos a sus respectivos archivos y los retengan ilegalmente, de igual forma a quienes inutilicen archivos tanto físicos como una red o sistema de información electrónica. El reto de esta iniciativa que crea la Ley Federal de Archivos, es hacer posible que la información contenida en nuestra memoria histórica sea accesible a la sociedad, esté debidamente organizada, protegida y resguardada para lo cual se establecen los lineamientos precisos para la organización, custodia, resguardo, selección y depuración de los documentos de los archivos de nuestra nación; ello permitirá sentar las bases para el desarrollo de una cultura archivística moderna y capaz de lograr el respeto por nuestra historia y soberanía. Esta Ley Federal de Archivos dentro de su primer capítulo denominado "disposiciones generales", nos hace una breve referencia del ámbito de aplicación de esta ley, así como nos brinda las definiciones usualmente utilizadas dentro de la ciencia archivística. En su segundo capítulo titulado "de los archivos", nos da a conocer la clasificación existente y denominación de estos. El tercer capítulo, de los requisitos y atribuciones de los titulares de archivos de concentración e históricos propone una regulación relativa a los requisitos y las atribuciones para aquellas personas que desean ser parte de la estructura administrativa e institucional de los archivos de nuestro país. Dentro del artículo Cuarto denominado De la Comisión Nacional de Selección, Dictaminación y Expurgo encontramos el órgano encargado de decidir cuáles serán los documentos que por su contenido y valor sean dignos de ser resguardados dentro de los diferentes archivos. El Capítulo Quinto titulado "De los Edificios", consagra y protege los inmuebles que por sus características se consideran idóneos para realizar tal labor. En el Capítulo Sexto del presupuesto, se mencionan las obligaciones del gobierno federal, de otorgar recursos económicos necesarios para el funcionamiento de los archivos que hayan adquirido ese rango. El Capítulo Séptimo "De los documentos electrónicos", nos propone normar el manejo de los documentos que por los avances tecnológicos tienen que ser protegidos. Por último, en el Capítulo Octavo, titulado "De los Delitos", se pretenden regular todas aquellas faltas que cometan los individuos, en detrimento de los archivos. Por lo anteriormente expuesto y pensando simple y sencillamente en la preservación de la historia y el patrimonio cultural de nuestro país, se propone la siguiente iniciativa de decreto, por lo que se expida la Ley Federal de Archivos. Artículo Unico. Se expide la Ley federal de Archivos y anexamos el articulado y solicitamos respetuosamente a la Presidencia de la Mesa Directiva se turne esta iniciativa de Ley a la Comisión de Gobernación y Seguridad Publica, con opinión de la Comisión de Cultura de esta Honorable Cámara de Diputados. -