EL C. DIPUTADO LUIS MALDONADO VENEGAS: Con su permiso señor Presidente. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana han sometido al pleno de esta sesión plenaria que el dictamen correspondiente a las reformas de diversas disposiciones contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así el proyecto de decreto que procede debatir a esta soberanía, pone en marcha una vez más la transición política que reclama el perfeccionamiento de nuestra democracia como lo exige la sociedad y como lo reclama también la necesaria consolidación de nuestro sistema de partidos. No hay duda, los órganos legislativos deben continuar impulsando iniciativas, que permitan perfeccionar las normas secundarias, con el fin de adecuar el texto legal a la realidad nacional, ensanchar los cauces democráticos, favorecer la competencia abierta, transparente y equitativa, entre partidos y organizaciones políticas, afianzar la representatividad de nuestras instituciones, ampliar nuestras libertades y derechos políticos. Porque estamos persuadidos que el estado de derecho sin voluntad democrática, deviene en autoritarismo e intolerancia, pero que una acción democrática, sin cauce jurídico, corre el riesgo de degenerar en desorden y en confrontación. Por ello, Convergencia ha sostenido en sus documentos básicos, la necesidad imperiosa de una reforma integral, en la que se comprenda la promulgación de una Ley General de Partidos Políticos que regule estas instituciones, como intermediarios organizativos y de expresión de los derechos ciudadanos originarios. Paralelamente hemos planteado la revisión y actualización de las disposiciones normativas que rigen actualmente los procesos electorales así como las reformas constitucionales, que permitirían compactar los más de 60 procesos de esta naturaleza, que ocurren cada seis años con el consecuente dispendio de recursos, cargas burocráticas y desgaste de nuestras instituciones. Esta LIX Legislatura, no puede ni debe desoir, el llamado de la sociedad, ese llamado silencioso que se ha hecho manifiesto en los altos índices de abstencionismo, que en las últimas elecciones extraordinarias, alcanzaron una cifra cercana al 80% del electorado. La falta de credibilidad en la política, en los políticos, en los partidos políticos y en las organizaciones políticas, plantea la urgente necesidad de reivindicar el quehacer de estas instituciones. Coincidimos plenamente con otras fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados, en que las reformas que hoy se debaten por el pleno, no colman las aspiraciones de una reforma electoral integral, amplia y suficiente, empero constituyen una avance, si se quiere, un preámbulo del trabajo futuro de esta Legislatura en la materia. En ese sentido el espíritu de esta reforma, contribuirán a conferir mayor representatividad y solidez a los partidos políticos con registro, a evitar procesos de simulación e incluso actos fraudulentos en el cumplimiento de los pre-requisitos que define la ley secundaria. Todo lo anterior se ciñe a lo dispuesto por el Artículo 41 fracción I de nuestra Constitución, en el que se estatuye que los partidos políticos, son entidades de interés público, y que la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Con fundamento en esta motivación, la posición de Convergencia como partido político nacional y de su grupo parlamentario representado en esta Cámara, es a favor del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y de Participación Ciudadana. No deponemos, sin embargo, la convicción de otros muchos asuntos que reclaman, como ya lo hemos precisado, de una reforma electoral de carácter integral, ya que la transición democrática en el sentir de nuestro grupo parlamentario, estaría inconclusa en tanto no se profundicen y se actualicen las disposiciones relativas a los siguientes grandes ejes de nuestro sistema electoral: 1º.- Ampliar y precisar el régimen de transparencia en el manejo de los recursos públicos que se destinan al financiamiento y operación de los partidos políticos. 2º.- Que cada partido deba dar cuenta de quiénes son sus militantes, regulando por la ley la afiliación y desafiliación, así como sus derechos Segundo. Que cada partido deba dar cuenta de quiénes son sus militantes regulando por la ley la filiación y desafiliación, así como sus derechos y obligaciones fundamentales. Tercero. Que los partidos tengan una vida interna democrática, con reglas claras legalmente establecidas en las que se representen sus derechos en la toma interna de decisiones, en la postulación de candidatos y en la elección de dirigentes. Curto. En su vida interna los partidos sean congruentes con el respeto a los derechos constitucionales, los derechos humanos y los procedimientos democráticos básicos. Quinto. Que lo partidos tengan obligación de difundir con verdadero alcance nacional sus plataformas y programas, sus diagnósticos y sus propuestas. Sexto. Que se regule la organización de partidos con membresía de alcance estatal o regional. Séptimo. Que se regule el proceso de liquidación patrimonial de los partidos que pierden su registro o sean disueltos por acuerdo de su militancia. Octavo. Que se reduzca sustancialmente el financiamiento público de los partidos y organizaciones y se establezcan fórmulas de mayor equidad en el acceso a los medios de comunicación. Noveno. Que se compacte el número de los procesos electorales a los mínimos indispensables con el consecuente ahorro de recursos públicos. Todas éstas, señoras y señores diputados, son asignaturas pendientes y constituyen una nueva oportunidad para probar que el diálogo y el acuerdo entre las diversas fuerzas políticas permitirá elevar nuestra iniciativa a la jerarquía normativa de nuestros códigos. Una nueva oportunidad para demostrar que los principios jurídicos y los postulados políticos, constituyen elementos recíprocos de nuestro estado de derecho. Una nueva oportunidad para corroborar que en la labor parlamentaria es posible y deseable, la convergencia de todas las fracciones y el consenso de todos sus actores en lo que es fundamental al interés de la nación. Todas éstas son asignaturas pendientes, pero por ahora y en lo que aquí se debate, el voto de la bancada de Convergencia, es a favor del dictamen que se presenta a consideración de esta asamblea. Gracias por su atención señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. -DIP. PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con la venia de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores: A México las fuerzas más conservadoras y excluyentes quieren atraparlo, tomarlo como rehén, sacrificarlo en el altar de una mezquindad política que no ve más allá de su nariz. El neoliberalismo arremete con la desesperación de una bestia herida de muerte contra los valores genuinos y ganados a pulso por el pueblo mexicano. Todos los logros de los trabajadores, campesinos, colonos y precaristas entre otros, que fueron ganados a pulso durante las cruentas luchas que se dieron durante la mayor parte del siglo XX han sido atacados y en la mayor parte de los casos desmantelados. Los resultados los conocemos todos: pobreza y miseria creciente en la población en su mayoría; privatizar y empobrecer son los verbos más conjugados en los últimos años por la oligarquía política mexicana. Resistir y luchas son las palabras que enarbolan las fuerzas progresistas de la sociedad mexicana. Y hoy, en medio del debate económico para tener un presupuesto que garantice y mantenga los valores sociales mínimos para que la población no resienta en sus bolsillos los resultados de una economía estancada, las fuerzas políticas conservadoras deslizan de soterrada, la contrarreforma electoral. Como en los tiempos de los clásicos sabadazos, nuestro país puede iniciar el año 2004 con una reforma conculcatoria de los logros obtenidos en materia electoral y política durante los últimos años. Las modificaciones al COFIPE aprobadas por el Senado de la República y sancionadas por las comisiones respectivas de esta honorable Cámara de Diputados atentan contra la tendencia que se ha expresado de manera natural en nuestro pueblo durante los últimos años. La lucha contra el llamado viejo régimen, trastocado en sus partes más sensibles y que estaba dejando de jugar un papel fundamental de contralor de la vida nacional para dar paso a la frescura de nuevas propuestas políticas de los añorados anhelos de sectores representativos de la sociedad mexicana, nuevamente se cierne de manera lamentable para que volvamos a los tiempos del oscurantismo político. Se está atentando contra el patrimonio político de la nación. Que se escuche bien. En el breve pasado inmediato el movimiento de 1968 y la guerrilla en México fueron los elementos incubadores de los cambios políticos de nuestro país. El desgrane de las reformas electorales de 1977, 1989-90, 1993 y 1994 fueron logros que tuvieron como constante el empuje y la determinación de las fuerzas políticas del país, más allá de sus signos ideológicos, y la pluralidad fue su divisa, su rasgo distintivo. Si algo está claro es que el tránsito natural en México en materia electoral es hacia un sistema pluripartidista. Este no es un hecho gratuito porque nuestro país es un país plural política, social e históricamente hablando. Siempre lo ha sido. En los grandes momentos de nuestra historia un número importante de expresiones políticas han estado presentes y no ha podido se4r de otra manera. Nuestro país es diverso, y para ejemplo basta un botón: los pueblos indios mantienen y conservan formas propias de organización social y hacemos esfuerzos para mantenerlas, pero también para insertarlas en la modernidad social. Por su parte, los llamados grupos sociales emergentes luchan por espacios políticos en donde puedan estar representados y son un valioso activo político no sólo en México sino en el mundo. Si México camina hacia un sistema pluripartidista es porque así lo demanda el pueblo. Entonces nos preguntamos por qué se quiere acotar nuestro sistema de partidos en dos, tres o cuatro. Quienes pretenden tal objetivo son profundamente antidemocráticos, niegan el curso de la historia, son reaccionarios y absolutamente mezquinos; son unos ratoneros de la política. Qué frágil es su memoria. Han pasado escasos seis meses de los últimos comicios electorales federales y se les ha olvidado que de los 11 partidos políticos que contendieron el pueblo definió que seis representaban sus intereses y sus demandas en el momento actual. Y si repasamos los anteriores procesos electorales también se observaría que los electores aprobaron y descartaron opciones políticas en contienda. Qué insensibilidad y ceguera política. Después de más de 70 años de gobierno de un partido de Estado, está claro hasta para el más miope que nuestro pueblo está ávido de participar en las grandes decisiones nacionales, pero no quieren que florezca ni dé sus frutos la tierra fértil de la democracia. Ahora que su voto es respetado, ahora que su voz es oída y que la ciudadanía quiere opinar, discutir y participar en la vida política nacional, lo único que plantean en este escenario de renacimiento político los dogmáticos y emisarios del pasado es limitar y castrar la participación de la sociedad. Qué horizontes tan estrechos, cuán poca visión de Estado y del momento que vive Latinoamérica y el mundo. Mientras en la América hispana se fortalecen los gobiernos democráticos y combaten al neoliberalismo alentando la participación política de los partidos, las coaliciones entre ellos, detonando la democracia participativa, en México se cercena la posibilidad de que la sociedad se exprese política e ideológicamente en toda su plenitud. Mientras en Europa se protege y cobija a todos los partidos grandes y pequeños y se reconoce el peso de las minorías, en México se obstaculiza; mientras la tendencia mundial avalada por las nuevas corrientes teóricas es pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, lo que implica el reconocimiento de todos los sectores sociales y su correspondiente participación política, en México se le relega y se le rumba negando de paso nuestras ricas expresiones políticas regionales y nacionales. Insistimos, ¿dónde está la visión de Estado? El chato dogma neoliberal no le permite ver más allá de su nariz. La contrarreforma electoral tiene destinatario, atenta contra lo mejor del pueblo de México, contra las expresiones políticas progresistas que perfilan un cambio histórico congruente con la dinámica de cambio en el mundo. Es una contrarreforma de los aristócratas de la política, al pueblo y a sus organizaciones políticas lo consideran chusma, tienen miedo a rozarse con él. Prefieren seguir medrando de los recursos públicos, pagando a plazos sus corruptelas electorales que compraron de contado. Quieren ejercer el monopolio de la política y de los dineros del pueblo y de sus propios dineros; siguen entender que el financiamiento a los partidos y a las organizaciones políticas, no es un gasto, es una inversión en democracia. Es lo menos que puede hacer el Estado mexicano para fortalecer la democracia, siempre y cuando ésta se ejerza correctamente. Por eso el marco jurídico electoral debe de garantizar la contienda de los partidos, y el pueblo con el ejercicio de su voto, es el juez. El pueblo dirá quién debe de quedarse, quién lo representa y quién no y quién debe de irse. Todo lo contrario del presente dictamen que limita aún más la posibilidad de que se integren nuevos partidos a la vida política nacional y que amplía las restricciones para las coaliciones, recurso vital en la contienda electoral. Estas son posturas excluyentes contra la sociedad y los intereses legítimos del pueblo. Por las consideraciones expuestas, nuestro grupo parlamentario, del Partido del Trabajo, votaremos en contra en lo general y en lo particular del dictamen en comento. Es cuanto, diputado Presidente. -