La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Señoras diputadas, señores diputados, no podemos iniciar un debate serio, cuando de inicio se pretende desacreditar sin mayores argumentos a las instituciones sólidas que tanto trabajo le ha costado construir a este país. Para Acción Nacional no pasa desapercibida la gran preocupación en torno al fallecimiento de Ernestina Ascencio Rosario y a las dudas causadas en torno a las investigaciones sobre las causas de su deceso. Empero, debo manifestar a ustedes el posicionamiento que en el tema tiene nuestro partido. Los hechos: Es importante señalar que la Secretaría de la Defensa Nacional ha externado desde el inicio toda la disposición y colaboración para que, con la Procuraduría Estatal, se esclarezca tan lamentable hecho. Considero importante destacar que a instancia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, previas las formalidades de ley, se realizó la exhumación del cadáver y se llevó a cabo una nueva necropsia en la que participó personal médico especializado de la Comisión Estatal de la Procuraduría General de la Justicia Militar. Participaron también peritos de la Procuraduría Estatal del estado de Veracruz, sustentando el desarrollo de esta actividad pericial con las actuaciones militares que al efecto se levantaron. De los resultados preliminares de la nueva necropsia, donde intervinieron peritos, médicos y forenses de las procuradurías en comento, así como de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, puede llegar a determinarse, de acuerdo con lo que estos dictámenes señalaron, que la causa de la muerte de acuerdo a estos dictámenes, preciso no fue por violación y por traumatismo, sino por un problema gastrointestinal mal tratado y nunca diagnosticado, en la primera autopsia. Señalamos, sin duda y como lo han venido manifestando, que hay dudas todavía en torno a la investigación; y la posición del Partido Acción Nacional es buscar que se investigue a fondo cualquier indicio para esclarecer de manera plena y satisfactoria este lamentable deceso. Sin embargo, no omito comentar que nuestra función como legisladores es respetar por supuesto las leyes vigentes en nuestro país. De esa manera es como debemos transitar hacia la legalidad. No podemos, señores entonces señalar juicios a priori. Acción Nacional señala como inaceptable el que se diga en esta tribuna que el Presidente Calderón ha absuelto o condenado a algún presunto responsable en los delitos que presuntamente se cometieron. Por supuesto que el Presidente Calderón no ha hecho estas manifestaciones, antes bien, es preciso señalar que el Presidente Calderón ha sido categórico en el respeto al estado de derecho y en garantizar que este respeto al estado de derecho se dará en nuestro país. Ha sido categórico también en el combate hacia el crimen organizado y esta posición del Presidente Calderón ha sido, además, patente en las muestras que ha dado el gobierno del Presidente Calderón. Se dice también que las instituciones que están encargadas del esclarecimiento han cometido irregularidades y, por eso, Acción Nacional refrenda el compromiso para que se investigue a fondo este lamentable deceso. Por lo tanto, nos sumamos a la propuesta de que se genere una comparecencia a las Comisiones Unidas con el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que dé informe pertinente y detallado sobre las investigaciones en torno al caso, a esta Cámara de Diputados. Estamos de acuerdo también, señoras y señores diputados, en que esta Cámara se pueda constituir como asesor en la coadyuvancia de las investigaciones de la Procuraduría del estado de Veracruz en torno a las investigaciones. No sin recordar antes las limitaciones de la coadyuvancia que están precisadas por el artículo 20 constitucional, inciso b), fracción II que señala a la letra: Coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que se cuente, tanto en la averiguación previa como en el proceso, y a que se desahoguen las diligencias correspondientes. Es decir, éste será el límite de la coadyuvancia con la que nosotros, como órgano legislativo, pudiéramos intervenir, siempre y cuando el ofendido estuviese de acuerdo, porque por encima de cualquier cosa está nuestro respeto al estado de derecho. Quiero hacer patente, finalmente, nuestro respeto a las instituciones y pedir y exhortar a los órganos involucrados en la investigación, que ésta se lleve de acuerdo a lo que señalan los preceptos legales. Éste es el compromiso de Acción Nacional, pero no venimos a cuestionar a priori instituciones. Recordemos que la función del Poder Legislativo de ninguna manera es erigirse en tribunal para calificar, para determinar, para absolver o para condenar cualquier conducta ilícita; para ello hay un órgano encargado de aplicar la justicia y no es el Poder Legislativo. Es cuanto, Presidenta.