La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Diputadas y diputados, como debieran recordar algunos de las y los diputados de la mayoría, que en el pasado intervinieron en las mesas que hicieron posibles los acuerdos para las grandes reformas electorales de 1990, 1996, 2008 y 2014, estas fueron resultado del consenso de las fuerzas políticas que negociaron y acordaron sus términos para empujar con un sentido progresivo la transición democrática de México. Fue así con el consenso de todas las fuerzas políticas, como se logró la apertura de las Cámaras del Congreso de la Unión a la pluralidad y a la alternancia de los gobiernos federal, de las entidades federativas y los municipios. Fue así como se logró un Padrón Electoral confiable y la credencial para votar con fotografía, como se logró la ciudadanización y la autonomía del ahora Instituto Nacional Electoral y los tribunales electorales. Fue así como regulamos el acceso equitativo de los partidos en los medios masivos de comunicación, con consenso de todas las fuerzas políticas. Y a propuesta, por cierto, de los grupos de oposición. La razón de estos acuerdos tiene que ver con la sustancia de las normas que rigen las elecciones y la integración de la representación política del país. Se trata, ni más ni menos, de establecer las reglas de la contienda entre partidos que representan distintas ideologías, plataformas políticas e intereses sociales. El mantener por la vía pacífica y civilizada esa contienda, ha dependido, en gran medida, de que las reglas que la encauzan y los actores que la arbitran sean aceptados por los contendientes. Si en todas las materias es loable el consenso, en el caso de las reformas electorales es un elemento indispensable para garantizar su legitimidad. Contrario a esa sana práctica se ha enraizado en nuestro sistema político el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales para reducir el financiamiento público en los partidos políticos que estamos discutiendo, no tiene más que hacer una propaganda interesada del partido mayoritario del gobierno. Buscan, además, descalificar, demeritar y vulnerar el sistema de partidos a la oposición y a las minorías, que son base fundamental de una democracia. Sin duda alguna, una de las principales demandas de nuestra sociedad es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. Desde el PRD hemos sostenido en múltiples ocasiones, y así lo hemos propuesto en esta Cámara, que estamos completamente de acuerdo en la disminución de recursos. Que compartimos esta preocupación de las y los mexicanos para que estas entidades realicen un uso más eficiente de estos recursos, y con ello abaratemos el alto costo de nuestra democracia. Coincidimos en que, en una situación de precariedad económica, como la que vivimos en nuestro país, resulta ingente que los partidos apliquen los recursos de manera eficaz. Por eso, sostenemos que se debe de garantizar un solo manejo y ajuste de presupuesto que reciben los partidos, de tal forma que se adecúe a las realidades económicas del país. Con menos recursos de origen público para los partidos políticos se puede esperar que su uso sea más racional y, consecuentemente, que el nivel de confianza ciudadana en estas instituciones pueda aumentar, mejorando a su vez la confianza de las mexicanas y los mexicanos en su democracia, en la medida que los partidos políticos son instituciones básicas de todo sistema democrático. Estamos de acuerdo en esta disminución, nuestra propuesta ha sido cambiar adicionalmente la forma de redistribución de estos recursos, de tal manera que el 70 por ciento de ellos se distribuya de manera igualitaria en todos los partidos, el vigente al día de hoy es el 30 por ciento, y que, por otra parte, el 30 por ciento de acuerdo al porcentaje de votos. Esto significaría una distribución más igualitaria entre todos los partidos. Reducir nada más por reducir no resuelve las cosas. Es menester desarrollar una democracia y buscar que los partidos puedan funcionar como partidos y en un sistema de partidos. Miren ustedes, la Carta Democrática Interamericana señala, en su artículo 5, que el fortalecimiento de los partidos y de las organizaciones políticas es prioritario para la democracia. A esto está obligado el Estado mexicano. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha afirmado que las voces de oposición resultan imprescindibles para la sociedad democrática, para una sociedad democrática, sin las cuales no es posible el logro de acuerdos que atienden a las diferentes visiones que prevalecen en una sociedad. Por ello la participación efectiva de personas, grupos, organizaciones y partidos políticos de oposición en una sociedad democrática debe ser garantizada por los Estados mediante normas y prácticas adecuadas que posibiliten su acceso real y efectivo a los diferentes espacios deliberativos en términos igualitarios. Pero también mediante la adopción de medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, atendiendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Y, ¿qué creen? También nuestra Constitución señala cuando resalta que el objetivo primordial del financiamiento público a los partidos es garantizar los recursos suficientes para que la competencia electoral sea equitativa y con posibilidades reales para todos los partidos de conquistar el poder político a través del voto popular. Es decir, los partidos políticos constituyen un instrumento para el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las y los ciudadanos, que tanto los gobiernos como el Congreso de la Unión están obligados a fomentar y garantizar. Los partidos políticos constituyen cauce legal por el que las y los ciudadanos dan vida a las instituciones democráticas que hemos construido. Son elementos esenciales de un régimen democrático representativo de gobierno. Es por ello que convencidas y convencidos hemos propuesto que se reduzcan los costos de las elecciones, pero sin eliminar la equidad en la contienda. También se puede economizar en esta materia, pero sin afectar la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Hemos identificado al menos dos áreas de oportunidad para reducir sustancialmente los gastos electorales. La primera es la legislación para que el voto de los electores se realice de forma electrónica, lo que permitiría un ahorro en el gasto por concepto de la adquisición de papel seguridad y por la impresión de centenares de millones de boletas en cada elección. Por sí solo este ahorro sería mayor al que se propone rasurando el financiamiento público a los partidos políticos. La segunda es la revisión de las reglas locales del financiamiento público a los partidos políticos, hoy equiparadas a lo establecido en el ámbito federal. Un acuerdo entre todos los partidos a este respecto permitiría un ahorro de recursos públicos en el mismo monto que el que se propone en el presente dictamen. El contenido de la reforma propuesta por la mayoría sin lugar a dudas es unilateral, lo que en sí ya es un vicio de este dictamen, pero además de ser una maniobra propagandística de aprobarse sin otras reformas legales y constitucionales, además implicaría la ruptura del principio de equidad que es uno de los principios rectores de la función electoral. El Grupo Parlamentario del PRD ha sostenido que es indispensable la instalación de una mesa de trabajo que analice una posible reforma electoral de manera integral consensuada y no por parches unilateralmente aprobados por una mayoría. Con esta propuesta el partido mayoritario, que es dominante del escenario actual, obtendría una ventaja indebida en las futuras elecciones con los partidos diferentes que debilitarán al reducir su financiamiento público, mientras que la mayoría se niega a discutir y tomar acuerdos sobre las ventajas legales e ilegales de las decisiones que se están tomando. ¿Por qué no en lugar que el presidente invite al linchamiento de sus opositores eliminamos la cláusula de sobrerrepresentación del ocho por ciento en la integración de la Cámara de Diputados? ¿Por qué no en vez de que el titular del Ejecutivo estigmatice a la oposición descongela mejor la propuesta de establecer la inelegibilidad de los súper delegados que mandan a los llamados servidores de la nación, y realizan una inconstitucional promoción personalizada en la propaganda gubernamental que favorece al partido Morena? ¿Por qué no en lugar de que desde el púlpito presidencial se descalifica y denigra a las demás fuerzas democráticas, no se transparenta el ejercicio de todos los programas sociales de gobierno cuyos padrones de beneficiarios se mantienen ocultos y utilizan para el clientelismo electoral? ¿Por qué no, si de verdad quieren ahorrar, si es auténtica la política de austeridad que pregonan Morena y el presidente de la República, por qué no eliminan la nómina y los gastos de operación de los servidores de la nación y sus coordinadores? Tan solo con ello, tan solo con ello se ahorrarían 3 mil 300 millones de pesos anuales. Es lamentable que las reformas democráticas y las instituciones que le permitieron a Morena conquistar legítimamente el poder presidencial, ahora sean objeto de un ataque que las pretende vulnerar proponiendo estrangular financieramente a los partidos de oposición, porque este es el efecto que buscan con su propuesta. Qué lástima que en aras de la mayoría legislativa, se sacrifique la viabilidad de la propuesta de economizar en el gasto electoral y se deje de lado el afán ciudadano de una reforma electoral integral. Seamos claros, la pretensión presidencial y de esta mayoría, es eliminar toda competencia electoral para quedar como único y poderoso actor electoral que les permita perpetuarse en el poder, y de eso el PRD no será cómplice. Con lo que hoy votamos, diputadas y diputados, con lo que se pretende votar no favorecemos las decisiones democráticas. Al no realizar un análisis de las opciones que tenemos, estamos desestimando el valor de los votos reales. Con este dictamen no favorecemos la voluntad popular ni la equidad. Aniquilamos las posibilidades de fortalecer las instituciones democráticas y el pluralismo. Con este dictamen nuevamente el grupo de Morena violenta garantías individuales, violenta la Constitución y los tratados internacionales de los que como país, formamos parte. Los partidos políticos son instituciones necesarias en la democracia y esta descansa en los partidos políticos. Con esta reforma, el presidente y el grupo parlamentario de Morena están quebrantando los derechos políticos de las y los ciudadanos aniquilando así la democracia mexicana. Es cuanto, presidenta.