La diputada Sandra Luz Falcón Venegas: Buenas tardes nuevamente. Hago esta reserva a nombre de mi compañera, la diputada Alicia Barrientos Pantoja. A casi un cuarto de siglo de vigencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte existe una profunda articulación entre las normas del TLCAN y la política económica instrumentada en México. Este acuerdo se ha convertido en el centro de políticas públicas del país. Con él se aceleraron y profundizaron los procesos de privatización, desregularización de la inversión extranjera y apertura comercial, colocando la economía mexicana en una situación vulnerable y altamente dependiente de la dinámica estadounidense. Si bien el TLCAN permitió un auge en los intercambios comerciales de los tres países miembros, su impacto en términos de generación de empleos y mejoramiento salarial y condiciones salariales de vida ha sido limitado, entre otras razones, por la alta concentración de los flujos comerciales en empresas monopólicas, especialmente corporaciones trasnacionales y en ciertas regiones del centro y norte del país. Hace 24 años las autoridades mexicanas dejaron fuera de la negociación del TLCAN al pueblo, y en consecuencia, a sus legítimos intereses. Entre ellos, la movilidad de la mano de obra, permitiendo así el mantenimiento de las disparidades en materia de condiciones laborales y convirtiendo a nuestro país en exportador neto de mano de obra depreciada. Asimismo, aceptaron que las importaciones agrícolas provenientes de Estados Unidos fueran libres de permiso previo y aranceles, lo que provocó efectos negativos en la mayoría de los productos mexicanos, de granos básicos, especialmente el trigo, el maíz y el frijol. La soberanía y autosuficiencia alimentarias hoy se encuentran en crisis. Los negociadores mexicanos permitieron que Estados Unidos mantuviera los subsidios a sus productores agropecuarios de importación y no han podido impedir que este país aplique barreras no arancelarias en ciertos periodos a las exportaciones agropecuarias mexicanas. Existen muchos casos más, y si bien el TLCAN ha tenido efectos negativos, debemos reconocer que hoy es parte medular de la política económica mexicana. Por ello es que la renegociación que hoy se lleva a cabo ante los requerimientos del presidente de Estados Unidos y de su amplio electorado, debe hacerse de frente al pueblo de México y no como ocurrió hace 24 años. La dependencia que la economía mexicana tiene hoy del TLCAN es tal que la incorporación de cambios radicales en general y la separación de él conllevaría a impactos profundos, tanto en el largo como en el corto plazo. Por ello, por considerar indispensable que el Ejecutivo federal presente al Congreso de la Unión un nuevo paquete económico para su revisión, modificación y aprobación en un plazo no mayor de 45 días naturales, después de que el Senado de la República haya confirmado la salida de México del acuerdo comercial internacional. Asimismo, proponemos que el responsable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comparezca ante el pleno de la Cámara de Diputados para informar con detalle al pueblo mexicano de los programas y proyectos que compondrá el nuevo paquete económico. Es cuanto, presidente.