El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con su permiso, presidenta. Voy a presentar a nombre de mi diputada, María... bueno, de la diputada Esther Martínez Romano, del Grupo Parlamentario del PT esta iniciativa. Como vamos todos en el espíritu navideño, les voy a hacer muy técnico lo que les voy a proponer y espero que se suscriban algunos. La iniciativa que hoy presento en nombre de mi compañera, la diputada Esther Martínez Romano, tiene como finalidad promover una mayor transparencia en el acceso a la información a las solicitudes que se realicen a la autoridad ambiental, en específico se propone derogar el segundo párrafo del artículo 159 Bis-5 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Me permitiré leer a continuación los párrafos primero y segundo. Artículo 159 Bis-5. La autoridad ambiental deberá responder por escrito a los solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor de 20 días a partir de la recepción de la petición respectiva. En caso de que la autoridad conteste negativamente, la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron su determinación. Si transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, la autoridad ambiental no emite su respuesta por escrito, la petición se entenderá resuelta en sentido negativo para el promovente. Como se observa, el párrafo segundo, que proponemos derogar descansa en la negativa ficta, un concepto arraigado en el derecho administrativo mexicano, que plantea la posibilidad de que una solicitud presentada por un particular se considere automáticamente rechazada, en caso de que la autoridad administrativa no emita una respuesta expresa dentro del plazo establecido. Si bien dicho concepto busca fomentar la eficiencia en la gestión pública, su aplicación no exenta de críticas en donde destaca la posible violación de derechos fundamentales, el riesgo de arbitrariedad, el impacto en la seguridad jurídica, entre otros aspectos. En ese sentido, debe mencionarse que la protección jurídica del medio ambiente y los recursos naturales también representan la protección de la persona, es decir, la protección de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Y, en se sentido, la protección al medio ambiente es también un derecho humano reconocido constitucionalmente en el artículo 4o. constitucional, el cual menciona que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, el Estado garantizará el respeto a este derecho, el daño y deterioro ambiental genera responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. Por eso, esta propuesta que presenta nuestra compañera diputada debiera ser inverso, la afirmativa ficta debiera funcionar en favor del solicitante y no en favor de la autoridad. Y por eso proponemos que o propone nuestra compañera diputada, que este 159 5 Bis se modifique. Espero y nos acompañen en esta iniciativa. Ahora que estamos con el espíritu navideño, mínimo que se sume el senador paisano michoacano. A ver si escucha, porque está en otra cosa. Pero, bueno, nosotros los invitamos a que suscriban esta iniciativa y ojalá que la llevemos a la práctica, porque, sí, efectivamente en el derecho administrativo pues hay esta intención de siempre la afirmativa ficta quedar del lado de la autoridad y no del lado del peticionario, que es como debiera estar. Muchísimas gracias, presidenta.