El diputado Gastón Luken Garza: Muchas gracias, presidente. Buenos días, compañeros y compañeras. Para comentarles que el tema de la transparencia y rendición de cuentas ha sido y será siempre una máxima en el ejercicio de los gobiernos de Acción Nacional. Es por ello que estamos convencidos de la imperante necesidad de contar con mecanismos eficaces de fiscalización, auditoría y control del ejercicio a todos los niveles de gobierno. En Acción Nacional sí comprendemos bien la importancia de seguir creando y renovando instituciones encargadas de fiscalizar y vigilar el buen uso de los recursos públicos. Tenemos perfectamente claro que la transparencia no sólo es un requisito mínimo indispensable, sino que es una obligación de todo gobierno verdaderamente democrático. Nos queda claro que la transparencia y la rendición de cuentas son las dos mejores herramientas para combatir la impunidad y la corrupción. Es una realidad innegable que hemos sido los gobiernos de Acción Nacional los que hicimos de la transparencia un hecho, los que hicimos realidad la creación del IFAI, atendiendo los justos reclamos de los ciudadanos que a la fecha han presentado cientos de miles de solicitudes de información, que son atendidas, y ha sido gracias a los gobiernos de Acción Nacional que el reporte de integridad global considera que México, Costa Rica y Chile son los países que toman más medidas anticorrupción en toda América Latina. Sabemos que la democracia efectiva no ha llegado a todos los rincones del país y lamentablemente existen fuerzas políticas que continúan aferrándose a la opacidad, al abuso, a la corrupción y a los malos gobiernos. Por ello consideramos signo de irresponsabilidad política y estrechez de miras que hoy se pretenda subir a politizar el manejo de los resultados de la cuenta pública, un primer informe, un primer informe, y se pretenda acusar a Acción Nacional, atendiendo a un mero afán de golpeteo político electorero, cuando ni siquiera vencen los plazos previstos en la ley. Seamos claros. La Constitución, en el artículo 79, en su fracción II dice que la entidad de fiscalización de la federación debe entregar el informe del resultado de la revisión de la cuenta pública a la Cámara de Diputados a más tardar el 20 de febrero del año siguiente a su presentación, tal como se hizo. Así se establece que una vez hecho público el informe de resultados, como ya se ha hecho, que prematuramente hoy estamos observando, el titular de la entidad de fiscalización enviará a las entidades fiscalizadas, a más tardar a los 10 días hábiles posteriores a que se haya entregado el informe, las recomendaciones y acciones promovidas que correspondan para que, en un plazo de hasta 30 días hábiles, presenten la información y realicen las consideraciones que estimen pertinentes. Posteriormente a ello, la Auditoría Superior de la Federación tiene hasta 120 días hábiles para darnos respuestas y opiniones sobre lo emitido por las entidades fiscalizadas. Es decir, apenas estamos en el inicio de un procedimiento. Se nos ha entregado un informe que ciertamente tiene datos que preocupan, que llaman la atención. Así es cada año. Éste es un informe inicial ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados, sobre las observaciones que ha hecho la auditoría a estos entes y estos entes están todavía en su momento, en posición procesal para responder a esos casos, a esas observaciones y para solventar esas observaciones. Estamos en Acción Nacional convencidos de que de no solventarse esas observaciones, que de no quedar una respuesta clara de cómo se manejaron esos recursos, se debe de proceder sin duda alguna a la sanción que ameriten, independientemente sea del gobierno federal o del gobierno estatal o de partido alguno. Hacer una evaluación, un juicio -hoy por hoy- en base a ese informe sería fuera de tiempo, sería un prejuicio y sería producto de la ignorancia o de la mala fe. Tenemos que esperar a las preguntas que con todo tino se han hecho, sean respondidas y, en su momento, sean de manera satisfecha o no poder proceder. Compañeras y compañeros, aquí lo que queda claro es que el verdadero rezago es el de atender en esta la regulación y la contratación del manejo de la deuda pública de los gobiernos estatales y municipales. Ahí no son observaciones, ahí son datos concretos, contundentes del manejo irresponsable que han tenido ciertas entidades públicas, particularmente en los estados, en un manejo indebido de su deuda pública, en perjuicio de los ciudadanos y en perjuicio del país. Es innegable que los gobiernos estatales han tenido un crecimiento significativo en su deuda, que en el mediano y largo plazo no solo pone en riesgo la estabilidad de sus finanzas, sino la estabilidad de las finanzas públicas del país en su totalidad y de nuestras futuras generaciones. El mismo informe de resultados de la fiscalización destaca el crecimiento de endeudamiento local cuyo saldo en el 2010 creció 43 por ciento en términos reales respecto al 2008, un crecimiento desmedido, irresponsable y sin fundamento financiero. Resulta interesante saber que en el mismo crecimiento, que el crecimiento en ese mismo periodo de la deuda de los gobiernos del estado es muy superior al del gobierno federal. Resulta interesante saber también que el mayor número de auditorías que hace la Auditoría Superior de la Federación es al gobierno federal, el menor número es a los estados y al Poder Judicial; sin embargo el mayor número de observaciones, el mayor número de cuestionamientos, el mayor número de preocupaciones recaen sobre los estados y sobre el otro Poder. Son los estados pues los que más irregularidades presentan, los estados los que más opacidad y discrecionalidad en su gasto presentan. Este problema no debe de pasar desapercibido para el Congreso de la Unión, si consideramos que además el auditor señaló que los gobiernos estatales no miden de forma integral los requerimientos financieros del sector público local, pero además no priorizan riesgos que enfrentan las finanzas públicas y la sustentabilidad del servicio de la deuda en el mediano plazo. De acuerdo al auditor superior de la federación, tan solo en materia de deuda pública del 2008 al 2010 el mayor crecimiento en términos reales de estas obligaciones financieras se dio en los estados de Campeche, Tamaulipas, Coahuila, Quintana Roo y Baja California Sur, por citar solo los primeros cinco y no decir los demás. En su conjunto, al primer trimestre de 2011 la deuda de las entidades federativas de los estados y municipios asciende a más de 363 mil millones de pesos. Esta deuda comparada con el 2008 subió en 51 por ciento. ¿Para qué tanto dinero si no se refleja en un mayor bienestar de la población? Si esta situación no nos preocupa como legisladores, por el impacto que tiene en los presupuestos locales y la eventual posición de la debilidad en sus finanzas, entonces no tenemos nada qué hacer en este recinto. Por el contrario, nos hace falta un compromiso real para entrar de lleno en el debate a tema, y en este tema coincido con los colegas de otros partidos donde se necesita una mejor regulación, donde necesitamos que la Auditoría Superior de la Fiscalización tenga más elementos en el marco normativo para poder hacer mejor su trabajo, para que se coordine mejor con el Poder Ejecutivo y que haya más transparencia y mejor rendición de cuentas. Y sin duda podemos seguir así con los informes de las cifras que han sido un manejo discrecional, irresponsable, particularmente en el caso nada más de la deuda pública de los estados. Ahí tenemos el caso de Veracruz. Con toda razón el gobernador de Veracruz reclama esos recursos de los veracruzanos. Los 25 millones de pesos que fueron encontrados en un avión en efectivo en Toluca, para un pago supuesto de un evento, de un festival que contrataba el estado de Veracruz. Tiene razón el gobernador de Veracruz al decir que esos recursos son de los veracruzanos. Son recursos desfalcados a los veracruzanos, la pregunta es ¿a dónde iban? ¿A qué iban? ¿Por qué estaban en Toluca esos recursos? Esas son las preguntas que nos tenemos que contestar con toda precisión para despejar la duda de que no iban a alguna campaña y de que no iban a algo ilícito. En el caso de Coahuila, todos conocemos el crecimiento desmedido de la deuda. La manera irregular, ilegal, bajo la cual se contrató las mentiras que tuvieron que dar los funcionarios públicos del estado de Coahuila para endeudarse, para recibir ése dinero y para saber, no sabemos pues, a dónde llegó ése dinero. El estado de México, también con un monto importante, se ubica entre los estados más endeudados del país con un crecimiento importante en su deuda. Para terminar, compañeros, sí estamos de acuerdo con las recomendaciones que hace la Auditoría Superior de la Federación; establezcamos, pues, como prioridad el fortalecimiento de mecanismos institucionales para transparentar la deuda pública local y evaluar el nivel de desempeño. Nosotros tenemos aquí la obligación y la responsabilidad ante estos actos, de poder poner topes, de poder poner criterios que limiten la capacidad de endeudamiento de los estados. No pongamos en riesgo, pues, por la dilación en la aprobación de las leyes y por intereses electorales, la sustentabilidad de las finanzas públicas locales y de la federación. No pongamos en riesgo la sustentabilidad del pago de los servicios de nuestra deuda. Dejemos a un lado las visiones partidistas y asumamos el compromiso de asegurar la estabilidad de las finanzas públicas en cada entidad y, por supuesto, las finanzas de nuestro país. Es menester asegurarlas en un mejor futuro a los ciudadanos mexicanos y no venir a promover falsos debates electoreros carentes de responsabilidad política. Cierro diciendo que el Partido Acción Nacional está de acuerdo a que se sancione a quien se tenga que sancionar una vez que se haya desahogado el procedimiento de la revisión de la cuenta pública. En ese momento nosotros estaremos a favor de esas sanciones, sea quien sea en el gobierno federal, en los gobiernos estatales o municipales. Con esto, muchas gracias, compañeros.