El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidente. Nuevamente estamos frente a esta característica del sexenio, que es diagnosticar un problema y atenderlo, de tan mal manera, que acaban por dejarlo peor de como estaba. Y así ha sido esta particularidad de todo el sexenio y en todas las materias. Así ha sido en salud y vacunación, en materia de outsourcing, en Pemex, en materia de electricidad, en materia de programas sociales, en materia de transporte aéreo, en materia de austeridad, etcétera, etcétera. Este afán de reformar todo, porque todo estaba mal, para dejarlo todavía peor. La desgracia de este sexenio será su singularidad, dejar los problemas del país peor de como los encontraron. Es el caso de la ley que ahora discutimos, bajo el pretexto de siempre, corregir abusos, busca en realidad destruir los usos, en este caso busca eliminar el mercado de hidrocarburos. No les gusta el mercado, no lo entienden. En un mercado siempre hay intereses enfrentados y conflictos de todo tipo, porque por esencia son espacios de competencia económica, pugna comercial y disparidad tecnológica. Pero para eso está la autoridad, los reguladores y las instancias administrativas y jurisdiccionales a los que acudir para resolverlos. Aquí de lo que se trata es que la ley no busca corregir el abuso, normar la competencia de mejor manera, fortalecer a los árbitros, sino eliminar el mercado energético en donde obviamente Pemex debe participar y competir con otras empresas, pero el gobierno de la cuarta transformación no quiere dar competencia e inscribir ahí a Pemex. La simplicidad del argumento ofende la inteligencia de los mexicanos. El gobierno dice, los particulares, la iniciativa privada, a quienes despectivamente se les dice los privados, pretenden únicamente el lucro, son ventajosos, voraces, corruptos y doblegaron a los gobiernos anteriores que les firmaron contratos leoninos. Ustedes recordarán la fábula del león, que pide a sus socios de cacería, entre ellos un zorro, que repartan la presa. El zorro tiene el buen tino de cortar una pequeña parte de la presa para repartirla entre ellos y le entrega al león la gran parte, la tajada del león. ¿Estaremos ante esta circunstancia? Seguro que sí. Creo que los argumentos del gobierno son de un simplismo absoluto, porque se pueden corregir los abusos en las instancias adecuadas, contrato por contrato. Y en el caso de que la ley tenga fallas, pues se puede reformar si estos abusos son consecuencias o producto de una ley mal hecha. Pero lo que no se puede eliminar es el mercado, porque eso francamente es lesivo para el país e implica una mayor carga para Pemex que, como la empresa pública del Estado, debiese redefinir su capacidad y buscar su eficiencia en segmentos o nichos de mercado. Porque Pemex ya no es una empresa paraestatal, ya no tiene la obligación que tenía antes de satisfacer todas las necesidades de energía del país. Ni es conveniente ni puede intentarlo, porque sometería al país a un gran riesgo de insuficiencia que afectaría su soberanía energética. Por ello, ahora Pemex es una empresa pública del Estado, más obligada a ser eficiente y tener utilidades. O por lo menos, no ser una carga presupuestal que se agobie por atender toda la demanda de energía de un país tan grande como México. El marco constitucional vigente establece un régimen de competencia en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos y en las actividades de producción, importación, transporte, almacenamiento, distribución y expendio al público. El Estado tiene la obligación de fortalecer este régimen de competencia. No lo hace la ley que ahora discutimos. Para que Petróleos Mexicanos, entre otras empresas productivas del Estado, y los particulares puedan participar en dichas actividades requieren de permisos, pero ahora esos permisos podrán otorgarse o no sin plazos determinados y utilizando el permiso para restringir el acceso a los interesados, a pesar de que cumplan con los requisitos ya establecidos y razonables, vinculados con la seguridad, capacidad operativa o infraestructura. ¿Exagero? De ninguna manera. La ley faculta a la Secretaría de Energía y a la CRE para suspender temporalmente permisos, en caso de que se consideren de peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional. Al no definir estos conceptos sin establecer criterios para... a cada aplicación, se pone en la práctica una amplia discrecionalidad de manera inconstitucional. Otro ejemplo de esta grave discrecionalidad es el cambiar la afirmativa a negativa ficta en la resolución de las solicitudes de cesión de permisos. No hay nada más arbitrario, compañeros de Morena, que la negativa ficta, ya que permite a la autoridad evadir la responsabilidad de resolver las solicitudes dentro de un plazo establecido. El PRD deja claro que apoya los esfuerzos del gobierno federal por combatir el contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, pero esta ley es inconstitucional. Veremos de nueva cuenta saturados tribunales, juzgados y a la Corte con recursos de todo tipo para echarla abajo. Y saben qué, se caerá también. Esta ley está provocando más perjuicios que beneficios...