El diputado Elías Cárdenas Márquez: Con su permiso, señor Presidente. Distinguidas diputadas y diputados. La frontera sur de México se ha convertido en una franja de constante conflicto. En ella encuentran sus límites tres entidades federativas y dos naciones centroamericanas. En esta frontera altamente porosa se aprecia un crecimiento constante de la migración compuesta por trabajadores temporales, visitantes, comerciantes y turistas, cuyos cruces y actividades se realizan sin documentos migratorios por diversas razones. Muchos cruzan ilegalmente y lo hacen con el propósito de llegar a los Estados Unidos de América. En el 2000 México contaba con 27 estaciones migratorias; al término del sexenio pasado el número llegó a 52 y otras 50 habilitadas provisionalmente en el territorio nacional. México ha adquirido la obligación internacional de brindar protección jurídica a los migrantes que han sido víctimas de tráfico, trata u otras violaciones de sus derechos. Sin embargo, el trato que se da a los indocumentados en las estaciones migratorias está muy lejos de ofrecer la dignidad y el respeto a los derechos humanos que nuestra ley y compromisos internacionales exigen. Se ha generado un número creciente de quejas sobre la condición de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación y negación de la asistencia legal de abogados particulares a los migrantes, a lo que tienen derecho. Estos hechos han sido ya denunciados hasta la saciedad por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de nuestro país. Qué ironía: exigimos despenalizar la condición del trabajador indocumentado en los Estados Unidos de América y aquí pretendemos dar trato de criminales a los extranjeros que no prueben su acreditación legal. Tampoco sabemos cuáles son las facultades que tienen las autoridades en las detenciones. Existen quejas sobre la participación de cuerpos no competentes, como policías privadas que intervienen en la detención de indocumentados, lo cual nos habla de una red de violencia y corrupción. Todo parece indicar que los agentes migratorios no tienen la preparación necesaria para la realización de sus funciones ya que el Instituto Nacional de Migración no cuenta con una academia especializada para dicha preparación y formación. La noticia del operativo pasado, el viernes 9 de febrero en Arriaga, Chiapas, llama con fuerza a atender este asunto. No es posible que ante nuestros ojos agentes federales y del propio Instituto detengan a los indocumentados con violencia, golpes y agresiones. Historias como la de la indocumentada Yolanda de León, que perdió una pierna durante la redada, no pueden repetirse. México debe honrar su tradición de respeto a los derechos humanos de las personas y dar a nuestra política hacia los extranjeros indocumentados la fuerza moral que nos permita exigir al gobierno de los Estados Unidos de América, el mismo trato a nuestros connacionales. Por todo lo anterior, es urgente que la titular del Instituto Nacional de Migración comparezca ante las Comisiones Unidas de Gobernación, de Relaciones Exteriores y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, en esta Honorable Cámara de Diputados, a efecto de que explique satisfactoriamente la situación que guardan los derechos humanos de los migrantes indocumentados en nuestro territorio. Por su atención, muchas gracias.