El diputado Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, los suscritos diputados federales Ramón Ignacio Lemus Muñoz Ledo; María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil; María Gabriela González Martínez; Alejandro Landero Gutiérrez; Juan Manuel Villanueva Arjona; Marcela Cuen Garibi; María Mercedes Corral Aguilar; Ramón Landeros González; Jaime Verdín Saldaña; Yolanda Mercedes Garmendia Hernández; María Esperanza Morelos Borja y Antonio Medellín Varela, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y la diputada Irma Piñeyro Arias, del Partido Nueva Alianza, sometemos ante esta soberanía la presente Iniciativa En sus conclusiones, la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales de 1982 define la cultura como el conjunto de rasgos definitivos, distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además, las artes y las letras, los modos de vida, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en su Informe sobre Desarrollo Humano 2004, en el que valoriza las libertades culturales, afirma: "Si el mundo desea lograr los objetivos de desarrollo del milenio y erradicar definitivamente la pobreza, primero debe enfrentar con éxito el desafío de construir sociedades inclusivas y diversas en términos culturales". De manera similar, la Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales de la UNESCO, adoptada en 2005, resalta la importancia de la diversidad cultural para la plena realización de los derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y otros instrumentos universalmente reconocidos. De acuerdo con estas posiciones de organismos y convenciones internacionales, el acceso y la participación en la vida cultural son un derecho inherente de las personas de toda comunidad y los gobiernos están obligados a crear las condiciones necesarias para el pleno goce de este derecho. México se caracteriza por una gran diversidad cultural manifiesta en todos los ámbitos de la vida social, que debe ser incluida en los principios esenciales de una política cultural de Estado, ajena a la homogeneización y el dogma de una corriente única de pensamiento. Desde el inicio de la pasada administración, el Ejecutivo federal tenía claro que uno de los requerimientos normativos para situar a la política cultural como prioridad en la agenda nacional y darle medios necesarios para el logro de sus objetivos, era promover una reforma constitucional a fin de garantizar el derecho de todo mexicano al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales, así como la promulgación de una ley en materia cultural que estableciera el marco para la formulación de políticas culturales y la distribución de competencias de cada uno de sus principales campos de acción. De igual manera, en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se incluye, como uno de los objetivos, lograr que todos los mexicanos tengan acceso a la participación y disfrute de las manifestaciones artísticas y del patrimonio cultural, histórico y artístico del país como parte de su pleno desarrollo como seres humanos. En este contexto, no hay duda que las políticas culturales, motor de la diversidad cultural, deben crear las condiciones propicias para la elaboración y la difusión de bienes y servicios culturales diversificados. Compañeras diputadas, compañeros diputados, las reformas a las leyes secundarias son impostergables, pero nos veríamos imposibilitados de llevarlas a cabo si no concretamos la reforma constitucional que les dé sustento y reflejen los principios que contengan las políticas culturales. Actualmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción V del artículo 3o, establece la obligación del Estado mexicano de alentar el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. Pese a que esta disposición jurídica es un adelanto importante, adolece de una trascendental característica: no genera un verdadero derecho vinculante. La cultura, en concreto los bienes y servicios culturales, ya no pueden verse exclusivamente bajo la óptica de una obligación del Estado, sino también desde la perspectiva de un derecho subjetivo de los ciudadanos. A fin de garantizar el derecho al acceso y disfrute de los bienes y servicios culturales de los ciudadanos, es necesario establecerlo expresamente en la Constitución, de manera tal que esté sólidamente sustentado en los derechos mencionados. En Acción Nacional nos hemos distinguido por la oposición a establecer derechos meramente declarativos —termino, señor Presidente— que no cuenten con los mecanismos e instrumentos que permitan su cabal cumplimiento. Lo que nos obliga a presentar esta propuesta de reforma constitucional, incluyendo, en el artículo 73, la facultad del Congreso de legislar en la materia para que, de esta manera, se pueda cumplir con los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o., a través de una ley de materia cultural. Compañeras diputadas, compañeros diputados, los exhorto a sumarse a esta iniciativa con el fin de contribuir a situar la política cultural como prioridad en la agenda nacional y darle los medios necesarios para el logro de los objetivos. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona el párrafo noveno al artículo 4o. y la fracción XXIX, inciso o), al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 4º. … Toda persona tiene el derecho al acceso, participación y disfrute de la creación cultural y de los bienes y servicios culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural y con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y la participación a cualquier manifestación y expresión cultural. Artículo 73. … Inciso XXIX-O. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la federación, estados, municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, y los mecanismos de participación de los sectores social y privado, con objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo noveno del artículo 4o. de esta Constitución. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente. Le solicito inserte el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.