El diputado Marco Antonio Gama Basarte: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en materia de fiscalización de la cuenta pública y modificación al Presupuesto de Egresos de la Federación. El Presupuesto de Egresos de la Federación es la herramienta que utiliza el Poder Legislativo para controlar la cantidad y tipo de gasto del Poder Ejecutivo, este es, en teoría, el consenso entre los integrantes de la Cámara de Diputados y el gobierno federal. Sin embargo, en la práctica esto no resulta ser así, una vez que los diputados aprobamos el PEF, legalmente el Poder Ejecutivo puede hacer modificaciones al mismo, sin justificaciones robustas y sin la necesidad de que el Legislativo apruebe la modificación. Gracias a una investigación del maestro Leonardo Núñez González, realizada durante su estancia en el muy reconocido Centro de Investigación y Docencia Económica, sabemos que estas modificaciones han resultado en un sobregasto, según lo aprobado por los diputados de 3.3 billones de pesos en los últimos 15 años, lo que equivale al 17 por ciento del producto interno bruto de 2015. En esta misma investigación, el maestro Núñez apunta que además del sobregasto, lo aprobado para cada ramo llega a ser redistribuido de manera discrecional, al grado de que podemos observar secretarías de Estado en las que dos terceras partes de lo presupuestado se gastan en rubros diferentes a los asignados. La investigación del maestro Núñez descubre patrones que permiten concluir que el comportamiento del gobierno federal es premeditado y que existen diversas maneras de combatirlo, como las presentadas en esta iniciativa. Por esta razón, la enemistad y descontento social que ha polarizado a la sociedad mexicana de su clase gobernante, se ve justificada cuando los recursos económicos se ejercen arbitrariamente sin controles y contrapesos y con fines de beneficiar a unos cuantos servidores que encuentran protección en procedimientos deficientes de rendición de cuentas. Por ejemplo, actualmente los diputados apenas contamos con los datos de fiscalización de los recursos del ejercicio fiscal de 2015 y a pesar de los esfuerzos que en el Congreso federal y en los Congresos locales se han dado para impulsar instrumentos alternativos, como las auditorías en tiempo real, tendremos que esperar hasta febrero del año siguiente para conocer el informe general de la Cuenta Pública 2016. Por esta razón, no sabemos si los recursos públicos del ejercicio fiscal inmediato anterior se ejercieron adecuadamente. Compañeros diputados, dejemos de hacernos de la vista gorda, bien sabemos que la opacidad y la tardanza en la revisión del dinero de los mexicanos ya se reflejó en actos terribles de corrupción. Basta con recordar a los ex gobernadores que el presidente Peña Nieto presumía como la nueva generación política del PRI y que hoy se encuentran, en el mejor de los casos, sujetos a procesos penales por malversación de recursos públicos. Y si no, aún prófugos de la justicia y con órdenes de aprehensión dictadas en su contra a la espera de ser concretadas. Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas, Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, y Roberto Borge, el gobernador de Quintana Roo, son todos nombres de la corrupción que el PRI ha institucionalizado. No basta, por supuesto, con la persecución de estos personajes que enarbolan la corrupción. No basta con la lectura de discursos que desde el Ejecutivo federal intentan satisfacer a la sociedad mostrando la captura de estos personajes, soslayando la mancha que han dejado al interior de su partido y de las instituciones. La corrupción no solo debe combatirse, debe prevenirse con procedimientos dinámicos de fiscalización. Por tal motivo, la iniciativa que propongo ante esta honorable soberanía busca fortalecer el sistema de contrapesos en el gasto público federal en relación a los cambios y aumentos que se realicen al Presupuesto de Egresos de la Federación, a fin de empatar su funcionamiento con los principios de eficiencia, eficacia, transparencia, honradez del servicio público y que estemos de esta forma en posición de conocer en tiempo si el destino de los recursos públicos se encuentran justificados y si estos favorecen a los mexicanos. Es cuanto, diputada presidenta.