EL C. DIPUTADO CUAUHTEMOC OCHOA FERNANDEZ: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Originariamente el concepto de funcionario público se fundamenta en un criterio orgánico de jerarquía y de potestad pública, que da origen al carácter de autoridad que reviste a los funcionarios públicos para distinguirlos de los demás empleados y personas que prestan sus servicios al Estado, bajo circunstancias opuestas, es decir, ejecutan órdenes de la superioridad y no tienen representatividad del órgano al que están adscritos. Este concepto, desde el punto de vista administrativo, se adapta con mayor claridad al campo de lo propiamente administrativo y del ejercicio de las facultades del Poder Ejecutivo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le confiere en la esfera administrativa, lo que excluye de esta situación a los demás funcionarios de los órganos constitucionales como el Congreso de la Unión, que accedan al servicio del Estado mediante elección popular. En doctrina se ha subrayado la tajante distinción entre funcionarios y empleados públicos, esta distinción que recurre a ciertas características del trabajo que desempeñan unos y otros y a la legislación vigente, pone de relieve. Pone de relieve que para la naturaleza de sus funciones y debido a que la designación de los primeros por el titular del Ejecutivo Federal, pueden ser removidos por éste en cualquier tiempo y por lo tanto, el ejercicio de sus funciones no es permanente. En cambio, tratándose de que los empleados que son meros auxiliares y que únicamente ejecutan el régimen jurídico de sus relaciones con el Estado, se les garantiza estabilidad en el empleo y su remoción o destitución se da en función de los supuestos de incumplimiento, a través de los cuales la ley considera que debe darse término en dicha relación y no de la confianza que se encuentra implícita en el acto del nombramiento. La denominación del funcionario público en consecuencia, no proviene de la naturaleza misma de la función pública puesto que también está desempeñada por la otra categoría de servidor público llamado empleado. La ausencia de los elementos que en la legislación mexicana impide integrar con facilidad el concepto de funcionario público por ejemplo, la Constitución Mexicana hace referencia a funcionarios y empleados, en los artículos 80, 89, 108 y 114, altos funcionarios y empleados, en los artículos 110 y 111 servidores públicos y cargos de confianza, en el artículo 123. La ley federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, alude a servidores públicos federales; la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo123 de la Constitución, divide a estos trabajadores de base y de confianza. De conformidad con dichas disposiciones bajo la denominación de servidores públicos, se incluye al Presidente de la República ya todos los empleados y funcionarios de la Administración Pública Federal centralizada y descentralizada, a los diputados federales y senadores, a los miembros de los Poderes Judicial, Federal y del Distrito Federal, a todo empleado y funcionario del Distrito Federal, a los gobernadores, diputados y magistrados en los tribunales de justicia en los estados y finalmente a cualquier otro individuo que maneje o aplique recursos económicos federales. Con todo, subsiste la duda de si en dicha enumeración no se incluye a los empleados de los Poderes Legislativo y Judicial Federal, ya que no están expresamente enumerados, salvo en el supuesto de que manejen o apliquen fondos federales. El elemento categórico que de tal legislación se desprende para esbozar el régimen jurídico de la relación entre Estado y funcionario público, es la de la de confianza puesto que la aplicación de la Ley Federal para los Trabajadores del Servicio del Estado, no solamente los divide en trabajadores de base y de confianza sino en su artículo 8o. excluya a estos últimos de las disposiciones relativas a los trabajadores de base, en donde resulta que en principio el calificativo de trabajador de confianza coincide con la categoría de funcionario público. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que conoce de los conflictos individuales entre el Estado y sus trabajadores, se ha pronunciado ampliamente respecto de la situación de los empleados de confianza y algunos de sus laudos contienen elementos comparables con los del concepto en que en principio se adopta, de funcionario público. Cito: " empleados de confianza el principio general que rige el Estatuto Jurídico es el que los trabajadores al servicio del Estado deban ser protegidos por el mismo, de manera que los empleados de confianza que estén fuera de su protección constituyen la excepción dentro del principio general y consiguientemente los preceptos que determinan cuáles empleos de confianza son limitativos. En tal virtud para que un empleo deba catalogarse como tal, debe estar perfectamente determinado en dichos preceptos con la designación que los presupuestos de egresos o las leyes y reglamentos que rigen a cada dependencia le hayan dado, pues de lo contrario deben estimarse como la base. Por ello, la Cámara de Diputados al establecer en su ley orgánica las diferencias entre empleados de base y los llamados empleados de confianza, se deben catalogar a éstos últimos como funcionarios públicos. De lo anterior deviene necesario puntualizar que muchos de estos trabajadores tienen a su encargo tareas que, por condición laboral pueden tener injerencia o facultad no expresa para usar u omitir la recesión de un acto o proyecto en deterioro de la Nación. Si lo que buscamos como Poder Legislativo y particularmente como Cámara de Diputados, es transparentar todos y cada uno de nuestros procesos y acciones, entonces debemos procurar que los trabajadores al servicio de la misma deban informar a la ciudadanía su situación patrimonial antes y después de su encargo. Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la 59 Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 36 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y el artículo 5 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional. En virtud de la limitación en el tiempo omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la presidencia ordene su inserción plena al Diario de Debates y a la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.