El diputado Luis Manuel Arias Pallares: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, el dictamen de la Comisión de Gobernación, con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XLII y se reforma la fracción XLI del artículo 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, tiene por objeto armonizar las funciones con la Ley General de Cambio Climático, con otros ordenamientos, a fin de otorgar facultades explícitas para la participación de diversas dependencias en las acciones directas y de coordinación entre las mismas. Los efectos del cambio climático han despertado la preocupación de estados nacionales y los organismos internacionales durante los últimos años. La investigación científica ha llegado a la conclusión de que las actividades humanas han ido aumentando sustancialmente las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Tal aumento incrementó el efecto invernadero natural de nuestro planeta dando como resultado un calentamiento adicional de la superficie y de la atmósfera que afectan de manera adversa a los ecosistemas naturales y a la humanidad entera. El aumento de los gases de efecto invernadero han provocado la aparición de nuevas epidemias, de enfermedades infecciosas, inundaciones en zonas costeras, deshielo de los casquetes polares, extinción de especies animales y vegetales, aumento de las sequías, la formación de súper-huracanes con efectos sumamente destructivos para la población y el incremento de la temperatura de la tierra de 3 a 5 grados. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, estima que los países más vulnerables ante el fenómeno son aquéllos de baja latitud y otras naciones insulares pequeñas, los que tienen zonas costeras bajas, áridas y semiáridas, los países expuestos a inundaciones, sequías y desertificación y los países en desarrollo con ecosistemas montañosos frágiles. Si bien los especialistas estiman que los efectos del cambio climático son irreversibles, se mantiene la esperanza de que cada nación de la Tierra adopte medidas urgentes que sean un paliativo ante estos eventos que podrían resultar catastróficos para el futuro de la humanidad. Durante la última década, los efectos del cambio climático y la degradación ambiental han intensificado las sequías, inundaciones y ciclones. Entre 2000 y 2010 han ocasionado alrededor de cinco mil muertes, 13 millones de afectados y pérdidas económicas por 250 mil millones de pesos. Por otro lado, nuestro sistema jurídico cuenta con las disposiciones legales específicas para el cuidado del medio ambiente, como la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, publicada el 28 de enero de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente en el territorio nacional y las zonas sobre las que las naciones ejercen su soberanía y jurisdicción. Es por ello que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos a favor con el espíritu de la reforma que se propone a fin de que las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Salud, de Comunicaciones y Transportes, de Economía, de Turismo, de Desarrollo Social, de Gobernación, de Marina, de Energía, de Educación Pública, de Hacienda y Crédito Público y de Relaciones Exteriores elaboren y apliquen de forma coordinada las políticas públicas encaminadas al cumplimiento de las acciones de mitigación y adaptación que señala la Ley General de Cambio Climático. Seamos responsables, cuidemos nuestro medio ambiente. Es cuanto, señor presidente.