El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, es por todos conocido que nuestro país es históricamente una de las naciones con mayor desigualdad en el mundo. Esta situación no ha cambiado al menos durante los 60 últimos años. De acuerdo con un estudio realizado por la Secretaría de Desarrollo Social, la concentración de la riqueza en nuestro país permanece prácticamente en los mismos niveles que cuando éramos una nación gobernada por un partido hegemónico y bajo un modelo económico basado en la sustitución de importaciones. Hoy, en pleno siglo XXI, en el que la alternancia es una realidad de nuestra democracia y en la que las fronteras de prácticamente todos los sectores de nuestra economía se han abierto, no hemos logrado hacer llegar a los grupos más desfavorecidos los beneficios que estos avances supondrían. Uno de estos sectores económicos favorecidos por la liberación económica, pero sobre todo por lo que me permito denominar como la liberalización fiscal, es la industria minera, la cual para diversas regiones de nuestro país constituye la principal actividad económica y la principal fuente de empleo de sus pobladores. Compañeros, hago uso de esta tribuna para resaltar una vez más las terribles contradicciones que caracterizan al sector de la minería, y que dan cuenta de la desigualdad que como mencionaba, priva en nuestro país. Por un lado, constituye un sector que después de la crisis financiera y económica global que diera inicio en 2008 no ha detenido su avance en los países productores, en parte derivado de la alta especulación presente en los mercados financieros y del auge que como resultado han tenido los metales y minerales preciosos, como inversión de reserva y protección. De este modo, tenemos que durante la última década el precio internacional del oro se incrementó un 428 por ciento; el del cobre un 406 por ciento; el del plomo un 344 por ciento; el de la plata un 522 por ciento. En este escenario, México se ubica entre los primeros 15 lugares del mundo en la producción de 22 minerales diferentes, ocupando el primer lugar en producción de plata y encontrándose entre los principales 15 en la extracción de oro, bismuto y plomo. Asimismo, tan sólo el año pasado la inversión total en nuestro país aumentó 42.7 por ciento respecto al año previo. Lejos de esta boyante situación para quienes resultan beneficiados en este contexto, se encuentran los aún pendientes beneficios sociales para los trabajadores y sus familias, la derrama económica y social para las regiones y comunidades en donde se han instalado, y la protección de sus recursos naturales y medio ambiente. Más aún, la satisfacción de las necesidades futuras del país e incluso su soberanía, han quedado relegados frente al interés particular y el beneficio económico de un puñado de empresas, las cuales, de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Economía, aumentaron el territorio nacional en su poder en un 53 por ciento, en cinco años y medio, del gobierno de Felipe Calderón, llegando a 32 millones 573 mil hectáreas, lo que equivale al 16.6 por ciento del territorio nacional. A este respecto, me permito destacar ante ustedes que las concesiones otorgadas por el gobierno federal, las empresas tanto nacionales como extranjeras sólo están obligadas a pagar los derechos sobre minería que establece la Ley Federal de Derechos, los cuales al contrastarlos con el volumen y la expansión de la producción y la inversión, las utilidades reportadas y lo vasto de nuestro territorio destinado a este fin, resulta ínfimo. Entre 5.7 pesos por hectárea durante el primero y segundo año de vigencia de las concesiones o asignaciones hasta 124.74 pesos a partir del décimo año. La diferencia de lo que ocurre en otros países, donde las empresas pagan una regalía proporcional a la producción o ganancia obtenida, en México sólo se paga un derecho de explotación, que más que simbólico resulta, como mencionaba, ínfimo, sobre todo si considera la desigualdad, la pobreza y la marginación que priva en nuestro país. Compañeras y compañeros diputados, tenemos que recuperar de facto la soberanía y el territorio concesionado a las empresas privadas, lo que no significa inhibir su actividad. Por el contrario, es necesario continuar promoviendo la expansión de este más que rentable sector de nuestra economía, pero impulsándolo al mismo tiempo como motor de la equidad social y como eje de crecimiento económico incluyente. Por eso, la iniciativa que presento hoy ante este pleno, busca modificar los montos que por concesión pagan las empresas privadas al gobierno, montos que a diferencia de lo que ocurre con la ley que se encuentra vigente, consideran no sólo la duración de la vigencia, sino la extensión de la superficie a concesionar. Asimismo, busca imponer el pago de un derecho sobre la producción minera y no sólo sobre el otorgamiento de la concesión o asignación, con lo que las ganancias obtenidas por la venta de un recurso que pertenece a todos los mexicanos, resultaría más justa y eficiente desde el punto de vista social, toda vez que la iniciativa busca que parte de la recaudación que se obtenga se destine directamente, tanto a la entidad federativa como a los municipios mineros; recursos que bien pueden ser utilizados para la construcción de infraestructura social o para la realización de programas o proyectos para la protección y conservación ambiental, así como la promoción de la actividad económica en el Estado. Compañeros, estamos ante la disyuntiva termino, presidente que exige nuestra alta mira, que nos dé la oportunidad de hacer a este sector, rentable para unos cuantos, un sector rentable para todos los mexicanos, y en particular, para aquellos que dedican su vida al desarrollo de esta actividad y que nos ubican entre los primeros lugares del mundo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.