El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso diputado presidente. Compañeras diputadas. Compañeros diputados. Comparezco nuevamente ante ustedes con fundamento en las facultades que me confiere el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VI al Artículo 2, reforma los Artículos 3 párrafo primero y 5 fracción I de la Le3y contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Los fenómenos sociales de los últimos 20 años han trazado un margen de cambios demográficos que generan eventos negativos, como la comisión de delitos consumados por grupos dedicados a extender la impunidad y lacerar a los sectores poblacionales del país. Para el Estado, brindar seguridad a los gobernados constituye una obligación ineludible que es la base principal del sistema de procuración de justicia, encaminado a erradicar a la delincuencia organizada operada por células dedicadas a corromper a las autoridades con el fin de consumar sus objetivos criminales al margen de la ley. La Ley Contra la Delincuencia Organizada publicada el 7 de noviembre de 1996, fue creada con el fin de desmantelar a las bandas que operan en el territorio nacional con influencias provenientes del extranjero, preparadas con tecnología de punta e importantes conocimientos intelectuales para lograr ilícitos de grandes proporciones, sin embargo, a casi 10 años de vigencia esta ley debe perfeccionar la aplicación de sus ordenamientos, a fin de mejorar su operación por parte de las autoridades. El artículo 2 de esta ley señala que la delincuencia organizada se suscita cuando 2 o más personas acuerdan organizarse para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tengan el fin de cometer delitos calificados como graves, conforme al Código Penal Federal que acabo de precisar. Sin embargo, hemos podido observar cómo se ha acrecentado la comisión del delito de evasión de presos en los centros penitenciarios de la República, citando como ejemplo la fuga de 9 presos de un penal de Sinaloa hace unos años, otra más de 14 reos del Penal de Las Cruces en ese mismo estado hace dos años, extendiéndose este fenómeno que destroza la tranquilidad social y pone en peligro la seguridad de las comunidades. Otro delito como el de pornografía infantil, que la Dirección General de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva persigue a través de la Unidad de Policía Cibernética, con patrullajes de la información recolectada para identificar a las personas vinculadas con los ilícitos cometidos por medio de organizaciones internacionales de prostitución que promueven la corrupción de menores, son conductas que deben ser parte del catálogo de sanciones que se castiguen en términos de la ley invocada, debido al impacto social y la expansión que han cobrado efectos nocivos para México, por lo que les hago un respetuoso exhorto, compañeros legisladores, para crear los medios legales que combatan con mayor dureza estas conductas delictivas, siendo necesario instituir los delitos de evasión de presos y pornografía infantil en la Ley Contra la Delincuencia Organizada, máxime que en ambos casos se castigan con penas superiores a los 8 años de prisión sin derecho a la libertad bajo caución, cumpliéndose los requisitos dogmáticos para dar lugar a incluir una fracción 6ª al artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada. Por otra parte, debo decir con claridad que las acciones que influyen en la realización de episodios antisociales en muchas ocasiones son perpetrados en alianza de servidores públicos con delincuentes. Los artículos 3 y 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada preceptúan de manera acertada que en todos los casos, los ilícitos serán castigados con prisión, sin embargo, el artículo 5 fracción, 1ª es inconstitucional, en virtud, independientemente de que sanciona al servidor público que participa en la realización de los delitos previstos para la delincuencia organizada, le impone destitución e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, situación que constituye una trasgresión a lo ordenado en el artículo 23 de la Ley Fundamental, el cual establece que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene. En este caso, de ningún modo se está cumpliendo con la prerrogativa constitucional, toda vez que se somete al sujeto a un procedimiento administrativo, previsto en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos o la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos ante los órganos de control interno y la Secretaría de la Función Pública, dando como resultado la destitución e inhabilitación, las cuales son sanciones dictadas con base a una misma irregularidad, contraviniendo el espíritu del mandato supremo. Lo anterior va más allá de dejar al servidor público en estado de indefensión y dar lugar a dejar sin efectos una de las sanciones en el contexto de un posible juicio de amparo. El Estado está actuando al margen de lo preceptuado en la Constitución, por lo que con la presente iniciativa pretendo dar regularidad a la aplicación de penas en la materia. En suma, es del dominio público que la delincuencia organizada tiene dimensiones masivas que no han podido ser superadas. Por ello, el Gobierno Federal debe emplear los recursos necesarios para estar en condiciones no sólo de adquirir tecnología o nuevos métodos para su erradicación, sino contar con instrumentos jurídicos sólidos, como lo promuevo en la presente iniciativa. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona una fracción VI al artículo 2, reforma los artículos 3 párrafo primero y 5 fracción I de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, para quedar como apareció publicada en la Gaceta Parlamentaria del día 22 de noviembre del año en curso. Transitorio Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los veintinueve días del mes de noviembre del año dos mil cinco. Solicito de manera atenta y respetuosa, señor Presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.