La diputada Marisol Vargas Barcena: Gracias. La suscrita, en uso de la facultad que me confieren los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía para estudio, análisis y dictamen correspondiente, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 51 y 419 y adicionan los artículos 51 bis 1, 51 bis 2, 51 bis 3 y 51 bis 4 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Los servicios de salud han evolucionado día con día, desde una cultura que confería absoluta libertad de terapia a prestadores de servicios médicos hacia la libertad de elección de tratamiento por parte de los usuarios, que indudablemente sabrán mejor que nadie cómo vivir su enfermedad, igual que deciden cómo llevar su propia existencia. Aunque la relación prestador de servicios-paciente sea descompensada, una de las partes padece el sufrimiento mientras que la otra posee el conocimiento, no puede concebirse como una relación unilateral. Actualmente, en una sociedad que quiere ser democrática, el eje de las decisiones lo constituye el respeto a la libertad de las personas y en una sociedad que quiere ser justa el punto medular lo conforma la igualdad en el acceso a los servicios y precisamente alrededor de estas dos premisas: libertad e igualdad, debe construirse una nueva relación ahora entre prestadores y usuarios de los servicios de salud. Con la Ley General de Salud se reglamentó el derecho a la protección de salud que tiene toda persona en los términos del artículo 4º. de nuestra Carta Magna, estableciendo las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Corresponde ahora al legislador desarrollar los principios que son esenciales e indispensables a la prestación de los servicios de salud como la autonomía, la información, consentimiento informado, la privacidad, la confidencialidad, la igualdad, la no discriminación, la prevención y promoción de la salud en beneficio del usuario. Forma parte del derecho a la asistencia sanitaria como facultad individual de obtener de los poderes públicos los auxilios de las ciencias médicas para la prevención, la curación, el alivio físico o mental, o el consuelo psico-afectivo eficaces en la enfermedad y que comprende la asistencia individual, preventiva y tratamiento terapéutico, así como la información a los familiares mediante diagnóstico claro y profesional. En este sentido, el objeto de la presente iniciativa consiste en dar reconocimiento jurídico desde la Ley General de Salud a esos derechos y prerrogativas que son esenciales, recogiendo la filosofía que reconoce ampliamente el principio de la autonomía del usuario de los servicios de salud y materializando con rango de ley las declaraciones que en este sentido se han producido en diversas convenciones internacionales. En el texto del presente proyecto, la información al usuario viene a construir el eje fundamental para articular un verdadero consentimiento. Los aspectos esenciales de la relación usuario y prestador de servicios médicos como el derecho a obtener información y explicación adecuada de la naturaleza de su enfermedad y del balance entre los efectos de la misma, son riesgos y beneficios de los procedimientos terapéuticos recomendados; son los objetivos de ese derecho a la información. Un consentimiento informado contribuiría a fortalecer la situación de confianza entre el prestador y el usuario de los servicios de salud, y de paso disminuir las asimetrías de información propias de dicha relación en la medida que institucionaliza una instancia que permite que el facultativo entregue oportunamente información completa y adecuada, y necesaria para que los interesados o sus familiares puedan asumir informadamente la decisión más acertada para el cuidado de la salud. Consecuencia inmediata de lo expuesto es lo que hasta la presente fecha es una acción voluntaria por parte de los prestadores de los servicios de salud, será entonces una garantía al asegurarse la legitimación de los usuarios a efectuarse en forma verbal o escrita, consultas, reclamos y sugerencias, las que deberán ser atendidas exhaustivamente y con prontitud. En distinto punto también trascendente de la iniciativa se garantiza el acceso a los servicios de salud sin discriminaciones. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los ámbitos de la promoción, protección y recuperación, y como consecuencia se prohíben cualquier tipo de discriminación por razones de sexo, orientación sexual, etnia, raza, religión, condición física o mental, genética o sistema de salud. Estrechamente vinculado con la cuestión anterior, se contempla como prerrogativas el derecho de las personas a un trato digno y respetuoso al recibir los servicios de salud. Trato digno que involucra como mínimo el uso del lenguaje adecuado, la adopción de una actitud cordial y amable, y el absoluto respeto a la privacidad y pudor de las personas, y el derecho a recibir compañía o asistencia religiosa, espiritual o anímica. Otros dos derechos esenciales que se recogen en el texto son: el de información a cargo del prestador de los servicios de salud y el de confidencialidad de la información que genera la atención del interesado. Al mismo tiempo que se previene que el usuario deberá ser informado de manera oportuna y comprensible y con estricta consideración de sus características personales respecto de su condición de salud, los tratamientos posibles, su evolución y pronóstico. Para el efecto de que pueda decidir de manera informada y coordinada con el prestador sobre su tratamiento de recuperación de salud. El expediente clínico adquiere así el carácter de documento médico-jurídico que posibilite el ejercicio de los derechos consignados a favor del usuario. Pongo a su consideración la presente iniciativa para quedar como sigue: Ley General de Salud: Artículo 51.- Los usuarios tendrán derecho a obtener prestaciones de salud y de calidad idónea, y a recibir atención profesional y éticamente responsable, así como trato respetuoso y digno de los profesionales técnicos y auxiliares y a que la atención médica y el trato que reciban sea el mismo para todos los usuarios, sin discriminación alguna. 51 Bis 1. Los usuarios tendrán derecho a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz, así como la orientación que sea necesaria respecto de su salud y sobre los riesgos y alternativas de los procedimientos, diagnósticos terapéuticos y quirúrgicos que se le indiquen o apliquen. 51 Bis 2. Los usuarios tienen derecho a otorgar o no su consentimiento respecto de tratamientos o procedimientos y a decidir libremente sobre la atención médica que reciban en caso de urgencia o, si el usuario se encuentra en estado de incapacidad transitorio permanente, la autorización para proceder será otorgada por el familiar que lo acompañe o su representante legal. En caso de no ser posible lo anterior, el prestador de servicios de salud procederá de inmediato para preservar la vida y salud del usuario, dejando constancia en el expediente clínico. 51 Bis 3. Los usuarios de los servicios de salud contarán con facilidades para acceder a una segunda opinión. Los prestadores de servicios de salud deberán atender las quejas que los usuarios presenten por la atención médica recibida y resolverlas de forma oportuna y efectiva. 51 Bis 4. Los usuarios de los servicios de salud tendrán derecho a contar con un expediente clínico y a tener libre acceso a su contenido, siempre que no se afecten derechos de terceros. Los prestadores de servicios de salud conservarán el expediente clínico del usuario por lo menos durante 5 años, en los términos que dispongan los reglamentos. La información relativa a la salud de los usuarios es confidencial y no podrá hacerse pública, con excepción de los casos que impliquen un riesgo para la salud pública. Es cuanto, señor presidente.