El diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández: La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar fue promulgada el 22 de agosto del año 2005, como se acordó en el punto segundo del Acuerdo Político, signado el 11 del mismo mes y año por la Secretaría del Ramo y diversos actores. Este ordenamiento se aprobó con el abrumador apoyo de la mayoría parlamentaria que convergió en una ponderación básica: el Sector Cañero Azucarero, requiere de una particular legislación, habida cuenta de su relevancia tanto económica como social. No es desconocida la dinámica que siguieron las negociaciones de este Acuerdo Político y lamentamos que las Secretarías de Agricultura y Gobernación no hayan hecho una convocatoria amplia incluyente. Desperdiciaron una oportunidad de oro para que con todos los grupos parlamentarios y todos los actores del ciclo (¿) azucarero, pues se empecinaron, como es su costumbre, en hacer acuerdos en lo oscurito, a espaldas del Poder Legislativo en su conjunto. La Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria de la Caña de Azúcar nunca fue convocada, de hecho ni siquiera recibió de manera oficial copia de los acuerdos suscritos con el Ejecutivo. Como lógico resultado de esta maquinación imprudente, los acuerdos a los que llegaron se vieron rotos y entonces el gobierno "Foxista" recurrió a su muletilla favorita, poniendo en entredicho la labor legislativa ante la Suprema Corte en una controversia constitucional que acaba de ser admitida hace escasas horas, pretendiendo así endosar costos políticos a esta instancia legislativa. Por si fuera poco, en días pasados la Secretaría de Gobernación reiteró esta reprobable conducta reuniéndose de nueva cuenta con unos cuantos líderes sin la participación de otros interesados; por eso, lo que debió ser una ley completa y concertada, habida cuenta de las instancias de negociación en las cuales fue revisada, es sobre el andamiaje mínimo y perfectible que la industria cañera requiere. No está de más que todos los grupos parlamentarios hemos coincidido en la necesidad de perfeccionar la ley. Es por ello que presentamos este proyecto de iniciativa como respuesta a esta acuciante circunstancia. Estamos conscientes de que esta ley peligra por los compromisos y la ligereza del Poder Ejecutivo que quiere controlar el mercado azucarero a la medida de sus intereses. Sin embargo, los firmantes de esta iniciativa, nos negamos a paralizar nuestro trabajo por las ocurrencias del Ejecutivo. En el marco de este consenso, es de destacarse la reforma hecha al artículo 38 que eliminó la facultad que detentaban los Comités de Calidad y Producción Cañera de sancionar el registro de nuevas organizaciones cañeras pues en un primer momento tutela el derecho a la libre asociación de los productores. Numerosos actores, en particular los productores pequeños independientes, han recibido con agrado la modificación mencionada. Sin embargo, han externado que los requerimientos exigidos en el registro de nuevas asociaciones resulta inalcanzable. El legislador como representante de la nación no puede obviar la presencia de los factores democratizadores en el sector cañero. Si bien es cierto que la ley en su estado actual prevé lo antes dicho, también es cierto que requiere ajustes que permitan a las organizaciones emergentes ocupar el lugar que les corresponde en razón de su real representación. En las condiciones contenidas en este proyecto se respeta a plenitud el derecho a la libre asociación dentro de un marco legal que no perjudique el juego político en el que de manera sana y natural prevalecen los que son capaces de otorgar opciones reales a sus agremiados, más allá de meras situaciones políticas que no representan mejoras en las relaciones productivas y consecuentemente en el nivel de vida de quienes dependen del cultivo de edulcorante más antiguo de la historia. Si bien es reiterativo, no es ocioso recordar la próxima apertura del mercado de edulcorante al interior del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que en el año 2008 eliminará todo arancel a los edulcorantes importados. A la fecha la defensa comercial de nuestro país y el juego limpio de nuestro socio y principal consumidor de azúcar, los Estados Unidos de Norteamérica, han dejado mucho que desear. Es remoto que el gobierno mexicano defienda agresivamente a nuestros productores. Por todo lo anterior y ante el crítico estado de la industria de la caña de azúcar, es indispensable la concurrencia de todos los productores organizados tanto nuevos como históricos, así como los independientes, pues de la riqueza conceptual y visiones frescas de la realidad del mercado azucarero, dependerá en un futuro muy cercano la sobrevivencia de la industria nacional y la preservación de las prácticas democráticas. Más allá de motivaciones políticas, las organizaciones de productores tienen un fin primordial: proteger el patrimonio de sus miembros. Y es indispensable por ello que el productor tenga plena libertad de encomendar el futuro de sus hijos a quienes quiera más competente y comprometido. Por ello, la intención de este proyecto es número uno, instrumentar el respeto a la libre organización en el sector productivo de la agroindustria de la caña de azúcar; número dos, en el corto plazo impulsar la participación de nuevas organizaciones de productores cañeros con representación real; número tres, también en el corto plazo generar prácticas político-organizativas y productivo-económicas acordes con el proceso de democratización del país y de las exigencias de la realidad internacional. Y en el mediano plazo fomentar la planeación participativa y plural de la agroindustria de la caña de azúcar. Por ello pretendemos la modificación del primer párrafo del artículo 34 a fin de que las organizaciones locales de productores que se constituyan en cada ingenio, requieran 5% de la producción en la zona de abastecimiento correspondiente, así como el 5% del padrón de productores locales y no el 10 como se establece en la ley que aprobamos. También proponemos la reforma de los incisos a) y b) del artículo 38, así como el párrafo último de este mismo artículo para reducir también el porcentaje de producción y afiliación el 3%; así como la presencia en los estados de 3 a 2 entidades que deben tener las organizaciones nacionales de cañeros para obtener el registro condicionado, así como que también cuentan con voz y voto en las instancias de planeación y decisión, contempladas en la misma ley que ya aprobamos. Bajo estas premisas los firmantes de este proyecto de iniciativa hacemos votos porque la legalidad y el entendimiento imperen en pro de los productores cañeros, grupo productivo sumamente lastimado por el devenir político y económico. Suscriben el presente proyecto de iniciativa los diputados Miguel Luna Hernández, del PRD; el diputado Diego Palmero, de Acción Nacional; el diputado Juan Fernando Perdomo, de Convergencia por la Democracia y su servidor Emiliano Ramos. Es cuanto.