El diputado Rafael Flores Mendoza: Gracias, señora Presidenta. Compañeros y compañeras diputados: En nuestra democracia hay votos útiles y votos inútiles, instituciones públicas que son a la vez juez y parte. A diferencia de lo que sucede en las elecciones para elegir a los representantes del Poder Legislativo, donde existe la figura de representación proporcional que reconoce los votos obtenidos por los partidos políticos perdedores, otorgándoles un número determinado de diputados y/o de senadores, en las elecciones para renovar al Poder Ejecutivo, los electores que votaron por la segunda fuerza, pierden su voto, ya que éste no sirve de nada y simple y sencillamente queda para engrosar las estadísticas electorales y el anecdotario político. Esta pérdida, representatividad de la segunda fuerza electoral en la renovación del Poder Ejecutivo, cobra especial importancia cuando se observa que la diferencia entre el partido ganador y el que ocupa el segundo lugar, ha venido disminuyendo sistemáticamente de elección en elección. Así por ejemplo, en el 82, el PRI obtuvo una ventaja de 58 puntos porcentuales respecto al segundo lugar que tan sólo obtuvo el 16 por ciento de la votación total, pero ya para el 88, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 19 por ciento y para las elecciones de 2000, los márgenes de diferencia se redujeron a tan solo el 6 por ciento. Esta tendencia se reproduce en el ámbito estatal, donde los márgenes de votación también se han estrechado, oscilando entre 1 ó 2 puntos las diferencia entre el candidato triunfador y el candidato perdedor, como sucedió en los comicios de Veracruz, donde la diferencia entre el partido ganador y el perdedor fue tan sólo el cero punto 16 por ciento, igual sucedió en Tlaxcala y Sinaloa, donde los márgenes entre el primero y el segundo lugar, fueron de menos de un punto porcentual. A lo anterior, hay que añadir que la mayoría de las empresas encuestadoras nacionales, prevén una cerrada competencia a las elecciones para renovar al titular del Poder Ejecutivo Federal en el año de 2006, en la que la diferencia entre el ganador y el segundo lugar, no superará a los 5 puntos porcentuales. Ante esta nueva realidad, es indispensable revalorar la segunda fuerza política electoral, otorgándole un carácter preponderante y un peso político específico, lo cual no sólo requiere de contar con un número determinado de diputados y senadores en la conformación del Poder Legislativo, sino que, por primera vez en la historia, es menester conferirle un espacio de participación dentro del Poder Ejecutivo Federal. Por otra parte, la corrupción ha permeado a la administración pública, originando que la sociedad la perciba como un mal que no tiene cura, un mal que inhibe las expectativas de los mexicanos, creando un clima de excepción y desencanto de los ciudadanos para con sus autoridades, aunque si bien, la corrupción por desgracia no es exclusiva del gobierno y alcanza los sectores privados y social, es en éste, en el gobierno, donde más lastima y ofende, ya que se trata del manejo de los recursos de todos, convirtiéndose en un lastre que socava la legitimidad de todas las instituciones públicas. Lo anterior hace impostergable la implementación de políticas que erradican la corrupción en todas su formas, en especial, la corrupción oficial y frenar la pérdida de credibilidad del gobierno y en los servidores públicos. Cabe destacar que el Estado mexicano, tan dado a suscribir cuanto convenio internacional se le presenta, ha celebrado diversos tratados y convenciones destinadas a combatir la corrupción en la administración pública. En marzo del 96, signó la Convención Interamericana contra la Corrupción, en la cual se obligó a establecer órganos de control que tengan como objetivo la prevención, detención, sanción y erradicación de prácticas corruptas, y en el marco de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, refrendó su compromiso de promover y fortalecer las medidas para combatir y prevenir la corrupción, obligándose a garantizar la existencia de un órgano u órganos encargados de prevenir la corrupción con la independencia necesaria y sin ninguna influencia indebida. Sobre este particular hay que recordar que los tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestra nación, de conformidad con el artículo 133 de nuestra Constitución, constituyen la Ley Suprema de la Unión y por tanto, son de observancia obligatoria para el Estado mexicano. Evidentemente, los compromisos asumidos con la suscripción y ratificación de ambos tratados internacionales no han sido cumplidos, ya que la Secretaría de la Función Pública, que es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada del combate a la corrupción, no cuenta con la independencia y mucho menos está al margen de influencia indebidas, ya que depende orgánica y económicamente del Presidente de la República y por ende, se encuentra supeditado en todo momento sus intereses a los de grupo o a los de partido. No podemos concebir un eficiente combate a la corrupción, cuando la unidad administrativa encargada de su combate está bajo las órdenes del Presidente de la República, situación que por sí misma, como se señaló, contraviene los tratados y convenciones adoptados por nuestro país, puesto que el gobierno se obligó a garantizar la existencia de un órgano u órganos encargados de prevenir la corrupción con la independencia necesaria y sin ninguna influencia indebida. Y en lo que corresponde a la Secretaría de la Función Pública, no cuenta con la independencia orgánica, política ni presupuestal para implementar medidas imparciales que deriven en un verdadero combate a la corrupción y propicie un ambiente de confianza a la función gubernamental entre la población. En mucho abonaría combatir la creciente desconfianza ciudadana en sus gobernantes, el hecho de que el órgano encargado de vigilar la actuación de la Administración Pública Federal, no fuera del mismo partido o afín al Presidente de la República, ya que evitaría que el gobierno fuese a su vez juez y parte. Aunque si bien es cierto, que contamos con leyes, reglamentos, decretos e incluso códigos, cuyo objeto es establecer medidas destinadas a erradicar la corrupción, en tanto no se cuente con una entidad gubernamental capaz de acatar y ejecutar dichos ordenamientos y formular programas y políticas imparciales, el problema de corrupción seguirá aumentando. Independientemente de lo anterior, hay que reconocer que se han dado algunos avances en materia de combate a la corrupción, como las modificaciones a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la constitución de la Auditoría Superior de la Federación y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, que si bien son insuficientes, es un importante logro en el combate a la corrupción y a la impunidad. Por ello, en un primer paso, es necesario una reforma administrativa que otorgue a la Secretaría de la Función Pública su independencia política suficiente para emitir y ejecutar políticas que coadyuven al cabal cumplimiento de su responsabilidad, sancionando a los servidores públicos corruptos, sin ninguna influencia indebida y sin coacción alguna que la obligue a exonerarlos o a sancionarlos parcialmente. El objeto central de esta iniciativa consiste en cambiar la forma en la que se da el nombramiento y remoción del titular de la Secretaría de la Función Pública, esto es, que el secretario no sea nombrado ni removido directamente por el titular del Ejecutivo Federal, sino que sea designado a terna propuesta por el partido político que hubiera alcanzado el segundo número de votos en la última elección para elegir al Presidente de la República, es decir, le correspondería a la primera minoría proponer la terna para ocupar el cargo de secretario de la Función Pública. Dicha terna estaría integrada única y exclusivamente por ciudadanos propuestos por el citado partido político, y el Presidente de la República debería elegir a aquél que cubra con los requisitos establecidos en el artículo 91 de la Constitución. De igual forma cuando el Presidente por causa justificada remueva al titular de la referida dependencia, el propio partido político deberá remitir en los mismos términos otra terna, para que se proceda al nombramiento de acuerdo a lo mencionado en el párrafo anterior. Esta propuesta aunque insuficiente representa un importante avance para constituir un contra peso dentro de la Administración Pública Federal, que redundará en un mejor desempeño de la misma, en virtud de que los servidores públicos afines al Poder Ejecutivo o al partido en el poder, se inhibirán de realizar prácticas corruptas. Aunado a lo anterior, la iniciativa contempla que el secretario de la Función Pública obligatoriamente deberá ejercer el cargo por 6 años y que durante dicho periodo solamente podrá ser removido por causas graves en los términos del Título IV de la Constitución. Compañeras y compañeros diputados: Con la aprobación de esta iniciativa se le conferiría a la Secretaría de la Función Pública una auténtica independencia al margen de componendas o intereses del titular del Ejecutivo Federal y los de su partido. Se daría un pasado decisivo en el combate a la corrupción de los servidores públicos, se cumpliría con los tratados y convenciones internacionales signados por nuestro país, se le daría representatividad dentro del Poder Ejecutivo Federal a la primera minoría, avanzando en la reforma del Estado y, lo más importante, se iniciaría el cambio para recuperar la confianza de toda la ciudadanía en sus autoridades. Por obvio de tiempo, señora Presidenta, sólo leí un resumen de la iniciativa, por lo que ruego a usted inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias.