La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenas noches, diputados, diputadas, presidente. La primera reserva que hago es precisamente para incrementar el presupuesto del Instituto Nacional de la Infraestructura, Inifed, ya que en México del total de escuelas de educación básica, públicas y privadas en el país, solo el 24 por ciento cuenta con infraestructura en lo que se refiere a rampas para personas con discapacidad y solo el 10 por ciento tiene instalaciones sanitarias habilitadas para este sector de la población. Los resultados del censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, revelan que 96 mil 130 centros educativos carecen de rampas para sillas de ruedas o personas en muletas, mientras que 102 mil 548 no disponen de adecuaciones en los sanitarios para personas con discapacidad. Las carencias de infraestructura especial impiden que los 565 mil niños que presentan algún problema físico o mental acudan a la escuela y únicamente alrededor de 73 mil lo hacen, y una gran parte no concluye sus estudios debido a la falta de accesibilidad en los planteles. La legislación en la materia indica que todos los edificios públicos deben contar con rampas de acceso, sanitarios acondicionados para personas en sillas de ruedas y cualquier otro equipamiento que se requiera en el inmueble. La inclusión de personas con discapacidad en educación es, más que un deber, una obligación. Las instituciones públicas y privadas deben realizar acciones y tomar decisiones tomando en cuenta a todas las personas de la sociedad, con la finalidad de construir una sociedad más justa y equitativa y con las mismas condiciones y oportunidades para todos los mexicanos. Si bien en estos años han aprobado recursos para instalar bebederos en los planteles escolares, estos han sido insuficientes. En este año nuevamente los recursos aprobados para el programa de la reforma educativa se destinará un 54 por ciento para colocar bebederos en los inmuebles escolares y se da la asignación que es equivalente a mil 556 millones de pesos. Por ello consideramos los diputados de Morena que es necesario incrementar el monto de los recursos destinados a la instalación de los bebederos, con la finalidad de lograr que por lo menos 80 mil escuelas equivalentes al 45 por ciento del total de planteles en México, cuenten con bebederos y sobre todo garantizar que cuenten con suministro de agua potable. Por otro lado, también consideramos que se debe de incrementar el presupuesto destinado para el programa para el desarrollo profesional docente. Reiteradamente el secretario de Educación ha manifestado que la reforma educativa no se reduce en la aplicación de exámenes punitivos, sino que son exámenes estandarizados que permiten detectar las necesidades en la formación de los profesores y con la finalidad de atenderlas se ofrecerían cursos para actualizar y capacitar a un millón de docentes aproximadamente. Con el propósito de ofrecer actualización, se destinó en el Presupuesto de Egresos del año 2016 un total de mil 809 millones de pesos, cantidad que fue recortada en el mes de mayo a mil 309 millones de pesos. Sin embargo, hasta el tercer trimestre la Coordinación Nacional de Servicios Profesional Docente, únicamente ha ejercido 16 millones de pesos. Ahora, nuevamente en el dictamen del Presupuesto de Egresos para 2017, se disminuyen los recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. A cuatro años de la aprobación de la reforma, la Secretaria de Educación Pública no ha sido capaz de atender las necesidades de actualización profesional del magisterio. Los diputados de Morena consideramos que la capacitación del docente es de vital importancia para transformar el modelo educativo de la nación. Y por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, pedimos consideren estas adecuaciones presupuestales para que podamos ser congruentes con el nuevo modelo educativo y ser líderes del mismo, porque estamos convencidos de que la educación debe de ser un tema trascendental para esta Legislatura, priorizando la capacitación de nuestros maestros. Y la siguiente reserva se refiere precisamente al artículo 8o., del Decreto de Presupuesto de Egresos de 2017, en lo que se refiere a materia de seguridad pública. La reserva que se presenta establece que en el artículo incluye la cantidad de 5 mil millones de pesos para el otorgamiento de subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México, y en su caso a las entidades federativas que ejercen de manera directa o coordinada a función mejor conocida como Fortacef. Sin embargo, en su párrafo segundo dice que este subsidio será destinado para los conceptos y conforme a los lineamientos que establece el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en alineación con los programas como prioridad nacional. Aquí es donde hay el problema, ya que solamente este reparto de este recurso se da a 300 municipios dejando fuera a 2 mil 148 municipios que no reciben el apoyo, en los que habitan alrededor de 40 millones de personas, es decir, un tercio de la población del país. Este artículo deja en estado de indefensión al 33 por ciento de la gente para que viva sin ninguna posibilidad de acceder a la seguridad. Además cuando se prioriza el reparto de recursos, el 28.1 por ciento de la fuerza municipal nacional, es decir, el 30 por ciento de los policías, no acceden al programa Estrella, que según ha dicho el gobierno en materia de seguridad. Cuando hablamos de priorizar a este número de municipios, realmente lo que se hace es discriminar, por lo tanto sentimos que es una responsabilidad constitucional de todas las autoridades el promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Lo que proponemos es una redistribución de los recursos para que alcancen para todos los municipios y añadir un segundo párrafo que diga: que el 70 por ciento de la cantidad señalada en el párrafo anterior, que se distribuya en los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México conforme a las reglas Fortaseg, que sea el 30 por ciento restante distribuido entre los restos de los municipios. Por lo tanto es una exigencia que en cumplimiento con el mandato constitucional de todos y cada una de las autoridades de seguridad, demos y brindemos seguridad a todos los mexicanos, y por ello les pido votemos a favor para que se presente esta reserva como una posibilidad. Gracias por su atención.