El diputado Rafael Alejandro Moreno Cárdenas: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, la democracia como forma de acceder al poder público, como gobierno, como valor y aspiración, es una de las decisiones políticas, de todos, fundamentales que trascienden a todo nuestro orden jurídico. En la democracia basamos las instituciones fundamentales del Estado mexicano, su ejercicio y su forma que nos da la cara clara a nuestro civismo y el deber ser de cada ciudadano. La democracia traducida en el particular sistema electoral de nuestro país, a través de los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad, requiere su garantía e inclusión dentro de los bienes jurídicos fundamentales para la vida común de nuestra sociedad. La garantía más fuerte que hace cualquier Estado de derecho es a través de la Ley Penal. La protección de los bienes jurídicos fundamentales es un proceso que continua en actualización, donde la Ley Penal debe ajustarse para buscar los objetivos que sirvan a la sociedad, a la vez que protege los derechos fundamentales y básicos de todos los ciudadanos. Conscientes de esta realidad, el Constituyente Permanente instruyó al Congreso de la Unión en la reforma político-constitucional, publicada en febrero del presente año, a expedir la Ley General en Materia de Delitos Electorales, a fin de poner al día tipos penales en la materia, sus sanciones, la distribución de competencias y la forma de coordinación entre la federación y las entidades federativas. Hoy el Congreso de la Unión cumplirá con este mandato constitucional, de aprobarse por esta honorable asamblea el presente dictamen, que es importante decirlo, deviene de una minuta fruto del consenso de las principales fuerzas políticas en la Cámara de Senadores. La ley aquí contenida tiene la finalidad de proteger el adecuado desarrollo de la función pública electoral y la consulta popular a que se refiere el artículo 35, fracción VIII de nuestra Constitución. Siempre en el entendido de que la intervención del Estado a estos niveles debe estar perfectamente justificada cuando otros métodos de control son insuficientes. Al cumplir este mandato se consolida el sistema jurídico penal electoral, al establecer los tipos penales que impiden la realización de los principios electorales consagrados en esta norma fundamental. De igual forma, se describen conductas realizadas por diversos sujetos activos del delito, que tendrán por sanción, desde la pecuniaria a la pena privativa de la libertad, hasta la suspensión de los derechos políticos electorales. Compañeras y compañeros, la ley propuesta en el dictamen se estructura en tres Títulos, siendo el Primero el relativo a disposiciones generales que establecen los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los órdenes de gobierno. El Segundo es el relativo a los delitos electorales, que prevé las reglas generales y los delitos en materia electoral y los delitos cometidos por personas sin calidad de funcionario público o de partido. Los cometidos por funcionarios electorales y los realizados por funcionarios partidistas o candidatos. Y finalmente, el Título Tercero establece las competencias, facultades y coordinación entre la federación y las entidades federativas. Honorable asamblea, a nombre de la Comisión de Gobernación los invito a apoyar el presente dictamen, a fin de cumplir con nuestro mandato constitucional que dote al Estado mexicano de las herramientas y directrices para prevenir y combatir conductas que lesionen los bienes jurídicos tutelados en materia electoral. Y quiero, finalmente, reconocer el amplísimo trabajo que siempre se ha hecho por todos los compañeros legisladores de todas las fuerzas políticas en esta Cámara de Diputados, que sin duda alguna contribuyeron a fortalecer la minuta y la propuesta que vino consensada por todas las fuerzas políticas en el Senado de la República, para la elaboración, y fortalecer el dictamen en la Ley General de Delitos Electorales. Muchísimas gracias.