La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Gracias, presidenta. Honorable asamblea, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hago uso de esta tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, lo que implica que todas las personas en esta situación presenten elementos comunes. Sin embargo, las características, necesidades y problemas de las personas que integran cada uno de estos grupos son distintos, y suelen agravarse por alguna otra condición de vulnerabilidad y motivo por el cual sufren discriminación en múltiples ocasiones. Los grupos más discriminados son las personas migrantes en tránsito irregular por México, es decir, quienes pasan por el país sin la documentación oficial necesaria para llegar a su destino, casi siempre los Estados Unidos. No obstante, otro grupo importante en condiciones similares es el formado por las personas migrantes en retorno, mexicanas o extranjeras, desde la Unión Americana, en ambos casos las niñas y niños y adolescentes no acompañados son los más vulnerables. Actualmente, el fenómeno migratorio de los mexicanos en Estados Unidos de América ha adquirido gran importancia para el país, esto debido a las eventuales crisis sociales y humanitarias que pueden sufrirse como resultado de las agresivas políticas migratorias y de seguridad nacional que impuso el gobierno del presidente Donald Trump. Políticas de migración con las que pretenden incrementar radicalmente sus controles fronterizos, primero con deportaciones masivas. Segundo, extendiendo la construcción del muro. Y tercero, disminuyendo los trámites de naturalización y permisos de residencia. Por tanto, es indispensable poseer mejores instrumentos y capacidades en diferentes esferas reguladoras para asegurar la protección de los migrantes para así facilitar la migración legal, promover la integración de los migrantes en el país, prestar apoyo para el retorno voluntario y promover una mayor vinculación entre la migración y el desarrollo. Por su magnitud, la migración en México tiene impacto en la esfera social, política y económica. En mayo de 2016 la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que en Estados Unidos vivían 33.7 millones de personas de origen mexicano. De acuerdo con el Cuarto Informe de Gobierno del presidente Peña Nieto, en 2016 el gobierno mexicano atendió 57 mil 575 casos más de connacionales repatriados de Estados Unidos a través del Programa de Repatriación Humana respecto al año anterior. También se menciona que de septiembre de 2015 a junio de 2016 se recibieron a 181 mil 463 mexicanos. Según estadísticas del Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos, el número de mexicanos deportados en el año 2017 ascendió a 128 mil 765 personas. De acuerdo a la Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica 2014, elaborada por el Inegi, el principal motivo de retorno tanto para hombres como para mujeres es reunirse con su familia. Asimismo, se señala que más del 15 por ciento de los hombres ha regresado a México debido a que fueron deportados. En ese posible grupo de migrantes que retornen al país se tiene que contar a los denominados dreamers, que son todos aquellos migrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños. Se estima que actualmente existen 2.1 millones de mexicanos indocumentados que llegaron siendo menores de edad. El problema con este grupo de jóvenes se dio a partir de que el presidente Donald Trump anunció la cancelación del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, DACA. Este programa, creado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos bajo el gobierno de Barack Obama, había beneficiado a unos 700 mil niños y jóvenes indocumentados. No obstante de que el programa DACA fue reactivado temporalmente el 9 de enero por un juez de la Corte Federal de Distrito del norte de California, algunos jóvenes han empezado a regresar al país por temor a sufrir alguna represalia. No obstante, la mayoría de personas migrantes comparten problemas derivados de la discriminación estructural, la violación de sus derechos humanos por parte de autoridades de todos los niveles de gobierno, la violencia de grupos criminales, la falta de acceso a servicios básicos, así como los pagos inferiores a los que reciben personas no migrantes por hacer el mismo trabajo, entre otros. Por lo que resulta apremiante regular y adecuar la legislación en la materia, para garantizar que todos los connacionales puedan ejercer sin limitación alguna los mismos derechos que el Estado mexicano debe atender y brindar a toda la población. En 2001, con la adición del párrafo tercero al artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoció el principio de No discriminación. Asimismo, la fracción III, del artículo 1o. de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su conceptualización de lo que es Discriminación, incluye a la situación migratoria como un motivo de restricción en el ejercicio de los derechos humanos y libertades. En consecuencia, para Encuentro Social, es obligado que la discriminación por la situación migratoria se instrumente a nivel constitucional, previniendo que los migrantes retornados calificados con cierto grado laboral pasen a formar parte de sectores marginados del país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.