El diputado Fernando Alvarez Monje: Con su venia señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que este día presentamos, propone una reforma al artículo 26 y una adición de un artículo 26-bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para facilitar el ejercicio de las acciones de grupo por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor en defensa de los intereses de los consumidores. Las acciones de grupo contenidas en el artículo 26, fueron establecidas con motivo de ampliar y reforzar las facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor con el fin de dotarla de instrumentos jurídicos más eficientes para cumplir con su función de defensa del consumidor. Podría suponerse que en la actual regulación, es suficiente y adecuada para ejercitar una acción de grupo y que con su ejercicio se protegen los intereses colectivos de los consumidores; sin embargo, a más de diez años de vigencia de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Procuraduría no ha ejercitado ninguna. Esta inacción de la autoridad responsable era favorecida por la regulación original del artículo 26 que daba total discrecionalidad para ejercitar la acción de grupo. Se trató de corregir esta situación con una reforma posterior, sin embargo ésta no produjo los efectos deseados pues la Procuraduría sigue sin ejercitar acción alguna. Aunado a lo anterior, los consumidores no cuentan con algún recurso jurisdiccional en contra de la decisión definitiva de la Procuraduría de no ejercitar la acción. Ante todo esto, la protección de los consumidores por medio del ejercicio de las acciones de grupo es nugatoria, por lo que es necesario que se haga una modificación al artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para facilitar su ejercicio. En la doctrina jurídica y en el derecho comparado, las acciones de grupo son una especie dentro del género para las acciones para la tutela de los intereses colectivos y de grupo, y éstas consisten en el derecho que tienen los gobernados a acudir a los tribunales para que se administre justicia pero no en forma individual sino colectiva pues debido a la complejidad de las sociedades modernas y el desarrollo de las economías, con base en la producción y comercialización en serie de bienes y servicios, dan lugar a situaciones en las que determinadas actividades pueden afectar los intereses de una comunidad o un grupo de personas, los cuales no encuentran una solución adecuada a través de acciones individuales. En los sistemas jurídicos de contenido romano-germánico, como España y Colombia, existe una regulación detallada de este tipo de acciones colectivas; asimismo, en los sistemas jurídicos anglosajones también existe este tipo de acciones que en Gran Bretaña se les conoce como relator actions y en Estados Unidos como class actions. En nuestro país la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base de acciones de grupo, pues en el artículo 28, en su tercer párrafo, las establece implícitamente: "La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses". Este precepto constitucional es recogido y desarrollado en el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, del cual ya he dado lectura. Sin embargo, como lo hemos apuntado, la regulación actual no es útil para ejercitar las acciones de grupo, por lo que nuestra propuesta precisa las normas jurídicas aplicables a estas acciones para facilitar su ejercicio. Al aprobarse nuestra propuesta se hará posible que el ejercicio de las acciones de grupo que protegen a los consumidores sean menos difíciles y arduas, lo que producirá que éstos tengan una efectiva protección de sus derechos por la legislación, acrecentando la confianza en las instituciones democráticas de nuestro país. Se modernizará nuestra legislación y se colocará a la par de los sistemas jurídicos más avanzados en cuanto a la protección y tutela de los intereses colectivos y de grupo. Daremos un paso más hacia la protección de los derechos humanos en nuestro país, pues haremos efectivo el contenido del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece el libre derecho a la jurisdicción, esto es, a que el Estado mexicano les proporcione justicia a los gobernados a través de los tribunales competentes. Se beneficiará a los tribunales evitándoles una sobrecarga de trabajo por la multitud de reclamaciones individuales sobre un mismo hecho, agrupándolas en un solo procedimiento. Se colmarán los vacíos y lagunas legales y, por ende, se dará seguridad jurídica a las partes en los juicios derivados de las acciones de grupo. Asimismo, se establecerán las bases legales de actuación en los tribunales competentes. Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados el siguiente decreto. Artículo único. Se reforma el artículo 26 y se adiciona el artículo 26 bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: Artículo 26. Las acciones de grupo son aquéllas que se ejercitan con objeto de defender el interés de una comunidad de consumidores. Los tribunales federales son los únicos competentes para conocer de este tipo de acciones. El consumidor afectado o el grupo de consumidores afectados, así como la Procuraduría, tendrán legitimación procesal activa para ejercer algunos de estos dos tipos de acciones: I. Para que se declare que una o varias personas han realizado una conducta que ha ocasionado daños o perjuicios a consumidores y en consecuencia proceda la reparación por la vía incidental a los interesados que acrediten su calidad de perjudicados. La indemnización de daños y perjuicios que en su caso corresponda no podrá ser inferior al 20 por ciento de los mismos, o II. Para obtener un mandamiento para impedir suspender o modificar la realización de conductas que ocasionen daños o perjuicios a los consumidores o previsiblemente puedan ocasionarlos. Artículo 26 Bis. La tramitación de los juicios derivados de las acciones de grupo que establece el artículo 26 de esta ley obedecerá a las siguientes normas: I. Para la procedencia del juicio, la Procuraduría o el juez tendrán en cuenta los siguientes requisitos: a) la gravedad b) número de consumidores afectados, que no podrá ser inferior a 20, c) la afectación general que pudiera causarle a los consumidores en su salud o patrimonio, y d) si el consumidor promovente pertenece al grupo del consumidores afectados. II. Se dará publicidad al auto omisorio de la demanda y a la sentencia definitiva en las publicaciones gubernamentales y en los medios de comunicación de mayor circulación que determine el juez. III. El actor estará exento de presentar alguna garantía. IV. El juez se guiará por los principios básicos en los principios de consumo contenidos en el artículo 1 de esta ley. V. En caso de que se ejercite la acción de grupo contenida en la fracción I del artículo 26 de esta ley, se aplicarán además las siguientes disposiciones: a) los consumidores afectados tienen un plazo de dos años a partir de la fecha de publicación de la sentencia para pedir, por la vía incidental, la reparación de daños y perjuicios. b) Los consumidores que no deseen ser afectados por la sentencia que se dicte deberán solicitarlo por escrito al juez antes de que se cierre el período probatorio. Fracción VI: "En caso de que se ejercite la acción de grupo contenida en la fracción II del artículo 26 de esta Ley, el actor en la demanda podrá solicitar al juez la suspensión o modificación provisional de las conductas que ocasionen daños o perjuicios o que previsiblemente puedan ocasionarlos". Por lo anteriormente expuesto pido a la mesa directiva que ture esta iniciativa a la Comisión de Economía de esta Honorable Cámara. Es cuanto, señor Presidente.