La diputada Sharon María Teresa Cuenca Ayala: Con su venia, señor presidente. En el Partido Verde nos hemos pronunciado porque no se politice la justicia, ni se judicialice la política. En el caso de Humberto Moreira, como en todo proceso judicial debemos esperar a que los tiempos legales se cumplan. Nosotros como legisladores no estamos para condenar a nadie. Hagamos un poco de memoria. Durante la administración pasada del expresidente Felipe Calderón se iniciaron cuatro averiguaciones previas en contra del mismo, me refiero a Humberto Moreira por los préstamos y falsificación de contratos para endeudar al estado de Coahuila y fueron exhibidos en vídeos; sin embargo fue el mismo gobierno panista quien lo exoneró por no encontrar elementos en su contra. No olvidemos que nadie puede ser juzgado, en este caso, por el mismo delito. No debemos perder de vista que de acuerdo a la información de la Secretaría de Hacienda acerca de las obligaciones financieras de entidades federativas a septiembre del año pasado, el gobierno del estado de Coahuila cuenta con una deuda total de 37 mil 242 millones de pesos que el Congreso del estado de Coahuila ha reestructurado para que sea programada a pagar en un lapso de 30 años, y que no afecte sustancialmente los compromisos financieros de este estado. Esta deuda es la número 5 en cantidad en el país. En este mismo orden de ideas se destaca que hace apenas unos meses aprobamos la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la cual dará mayores niveles de certeza y mejores argumentos para decantar múltiples vías de endeudamiento financiero y crecimiento económico a nuestro país. Compañeros legisladores, nuestro sistema judicial descansa en dos pilares que son el respeto de la presunción de inocencia y el debido proceso legal de cualquier persona inculpada y son la base del estado de derecho así como el respeto a los derechos humanos. El día de hoy conocemos los hechos imputados a Humberto Moreira y consideramos que no se deben adelantar juicios ni sentencias inculpatorias. Se requieren elementos y pruebas suficientes para entender la situación de los delitos por los cuales se le acusa. Por ello la mesura en este tipo de casos es la opción más ecuánime y el camino más profesional. Como legisladores somos respetuosos de las autoridades porque de pronunciarnos a favor o en contra sería un hecho irresponsable. Sin embargo, si bien nosotros como Legislativo debemos ser mesurados, el gobierno de la República desde el primer momento lo ha sido también, y debemos de reconocer que ha manifestado el apoyo consular, diplomático y legal en este caso, así como lo ha hecho en otros casos más. En estos momentos debemos dejar de lado la tentación de poner el tema en la palestra política porque si no, con la misma vara tendríamos que medir y condenar anticipadamente sin pruebas y sin haber terminado los procesos de investigación a otros gobernadores o exgobernadores, y la pregunta sería ¿dónde queda el estado de derecho? Por todo lo anterior, quienes integramos este grupo parlamentario nos manifestamos en contra del trato político que se le está dando a este caso, así como ya lo hemos hecho en el pasado cuando se trata de la violación del debido proceso, porque lamentablemente en España como en México existen personajes que por un minuto de fama prefieren filtrar información que pone en riesgo las investigaciones pero, sobre todo, daña la integridad de la persona, independientemente de la opinión que se tenga respecto de la misma y de las consecuencias legales que haya. Es cuanto, señor presidente.