La diputada Karla Yuritzi Almazán Burgos: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento ante ustedes la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XV Bis al artículo 4 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Existen dos frases que aluden la importancia de la infancia y la juventud, que se vea recreada en nuestros tiempos. La primera establece que la infancia es el sueño de la razón, mientras que la juventud muestra las virtudes futuras del hombre. De acuerdo con el artículo 13 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece que estos cuentan con ciertos derechos como la identidad, la igualdad, a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, educación, salud, seguridad social, a una vida libre de violencia e integridad personal, entre otros. Lamentablemente, en México miles de niñas, niños y adolescentes ven vulnerados sus derechos. Desde diciembre de 2014 se reconoció a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, con el objetivo de empoderar a los menores, pues hasta antes de la aprobación de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes se consideraba que se debía tutelar a los menores, ya que se consideraban individuos con menos recursos y habilidades que los adultos. Para poder garantizar sus derechos, la ley antes mencionada reconoce que la protección de estos es una responsabilidad fundamental de la familia, del Estado y de la sociedad. Además de que en dicha ley se mencionan los procedimientos para proteger y, en su caso, reivindicar sus derechos. Una de las estrategias que se deben implementar cuando se vulneran los derechos de los menores son las medidas especiales de protección, las cuales se efectúan dependiendo de la circunstancia en la que se encuentren los derechos del menor. Sin embargo, en las definiciones que se utilizan para los efectos de la ley no se mencionan y no se define a qué se refieren o en qué consisten, lo cual deja a la interpretación a quien los aplique. Según la Encuesta Intercensal de 2015, realizada por el Coneval, 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes, de los cuales son cerca de 20.7 millones, se encontraban en situación de pobreza. Es decir, contaban con alguna carencia, ya sea de educación, de alimentación, de vivienda, de salud, entre otras. El contar con alguna de estas carencias da lugar a que este grupo de la población sea parte de los que se encuentren en desventaja. Por ende, el Estado debe crear políticas, estrategias y acciones que permitan atender los problemas específicos a los que se enfrentan nuestra niñez y nuestra adolescencia mexicana. Un ejemplo de estas carencias a la que se enfrenta la población es el acceso a la educación, situación que limita a los niños y jóvenes y da lugar a la generación de trabajo infantil, el cual representa una violación a los derechos de este grupo, al limitar su bienestar y desarrollo. Tan solo en 2015, 2.5 millones de los niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años de edad trabajaba, es decir 8.4 por ciento de esta población. México ha buscado la forma de garantizar o de restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de indefensión o desventaja, por medio de la implementación de medidas especiales de protección. Lamentablemente, estas medidas no cuentan con una definición jurídica en la ley, por lo que resulta necesario definir qué es lo que se entiende por estas, para la atención de las niñas, de los niños y adolescentes y que forman parte de algún grupo vulnerable. Las Procuradurías de Protección Especial son las encargadas de atender y restituir los derechos de las niñas, niños y adolescentes de quienes se han visto vulnerados. Por circunstancias establecidas en el artículo 10 de dicho ordenamiento estas Procuradurías tienen la obligación de garantizar que los menores afectados cuenten con los servicios necesarios que les permitan restituir sus derechos. Es por ello que ejecutan las medidas necesarias para que se cumpla con esta restitución. Para asegurar el bienestar y el interés superior del niño es asunto de los Estados el establecer un sistema eficaz de protección al niño. Para la Unicef protección de la infancia se refiere a las labores de prevención y respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra los niños y niñas. Por ejemplo, la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil y prácticas tradicionales perniciosas como la mutilación, excisión genital de la mujer y el matrimonio adolescente. Todas las acciones encaminadas a la protección especial de los niños, niñas y adolescentes deben basarse en la protección integral con el enfoque de derechos humanos para que se pueda reconocer a este grupo, que sean sujetos de derechos y, por ende, deban gozar de ciertas garantías. Además de que se debe buscar su integración en los diferentes programas, estrategias y acciones que emprende el Estado a favor de la población infantil, aunado a considerar todas sus necesidades para su pleno desarrollo y con ello mejorar la calidad de vida. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 74, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los artículos 6o, numeral 1, fracción I, 77 y 78...