La diputada Nancy Claudia Reséndiz Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Diputados y diputadas, a nombre de la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres subo a esta tribuna para fundamentar el dictamen, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y de Protección Civil, dictamen que se construyó a lo largo de 19 meses de trabajo continuo. El proyecto de ley está integrado por las iniciativas presentadas por diversos grupos parlamentarios, los cuales proponían derogar la Ley General de Protección Civil con la finalidad de expedir la Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y de Protección Civil. Dichas iniciativas son las siguientes. Iniciativa con proyecto de Ley General sobre Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, suscrita por diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena. Iniciativa con proyecto de Ley General de Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, suscrita por diputados integrantes de diversos grupos parlamentarios. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Gestión Integral de Riesgos de Desastres y Protección Civil, suscrita por la diputada Margarita García e integrantes del Grupo Parlamentario del PT. De igual forma, y por la importancia de las propuestas, se integraron ocho iniciativas que proponían diversas reformas a la ley vigente, por lo que el presente dictamen representa la sinergia de los distintos sectores de la sociedad, así como la participación activa de las distintas fuerzas políticas representadas en esta comisión. A todos ustedes, mi reconocimiento. El dictamen que hoy se somete a su consideración parte de una premisa: los desastres naturales no existen, lo que existe es una construcción social del riesgo, la cual debe ser abordada con una nueva visión de gestión integral de riesgo de desastres, la cual es definida por la ley como una política de Estado que consiste en un proceso de planeación, participación, evaluación y toma de decisiones, que basado en el conocimiento de los riesgos y su proceso de construcción deriva de un modelo de intervención en los distintos órdenes de gobierno y sectores de la sociedad para implementar políticas públicas, estrategias, programas, procedimientos y acciones, siendo parte de los procesos de planeación urbana, ordenamiento territorial y del desarrollo sustentable, enfocados a lograr territorios seguros y resilientes. Se integra de las siguientes etapas: identificación del riesgo, previsión, prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Bajo la anterior premisa, la ley en el Título Tercero desarrolla las etapas de la gestión integral de riesgo de desastres y sus instrumentos, algo que adolece la actual ley. Estas etapas son: identificación del riesgo, previsión, prevención, mitigación, preparación y auxilio, recuperación y reconstrucción. A partir de que se publica esta nueva ley, la política pública en la materia cambiará sustancialmente, de reaccionar únicamente al desastre para empezar a conocer el origen y naturaleza de los riesgos, así como los procesos de su construcción social a fin de emprender acciones y mecanismos para la mitigación de los mismos de una forma preventiva. Acorde a lo anterior, los procesos de reconstrucción a partir de la entrada en vigor de esta ley, garantizarán que la reactivación de un desarrollo económico y social de una comunidad damnificada sea bajo condiciones de menor riesgo de lo que existía antes de la ocurrencia del desastre causada por una amenaza natural. Es decir, se deberá de reubicar a las personas a lugares más seguros, a realizar obras que mitiguen los riesgos, acabando con un círculo vicioso de la ocurrencia recurrente de los desastres en un mismo lugar. Acorde a la reforma constitucional en materia, los derechos humanos de junio de 2011, las personas y comunidades afectadas son consideradas con criterios de inclusión, interculturalidad, igualdad y sin discriminación en programas de reconstrucción, es decir, se les reconoce como sujetos de derecho. Se acabaron los tiempos en que no se atendía a las comunidades afectadas, de acuerdo a las características culturales y sociales, por lo que se demandaban alimentos que no correspondían a sus hábitos alimenticios o se edificaban viviendas que no eran acordes a la cultura de la comunidad. Por otra parte, un tema fundamental que se incorpora en el presente dictamen el capítulo referente a los donativos para auxilio a la población. Esta comisión y, por ende, esta Cámara de Diputados con la inclusión de este tema, da cumplimiento a la sugerencia emitida por la Auditoria Superior de la Federación, derivada de la auditoria del desempeño a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, denominada Donativos para el Apoyo a la Reconstrucción o Rehabilitación por las Afectaciones Provocadas por los Sismos de 2017. Por tal motivo, se legisló de conformidad a lo planteado por la autoridad fiscalizadora de este país. Quiero manifestar en esta tribuna que hay voces que, de manera irresponsable, quieren hacer creer que los donativos entrarán a las arcas de la Tesorería y se desconocerá su destino, por lo que el párrafo tercero, del artículo 77, determina que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de Hacienda y Crédito Público establecerán las disposiciones con apego a lo que determine el reglamento de la presente ley, en el manual de organización y operación del sistema nacional para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de donativos que se aporten con fines altruistas para la atención de emergencias, desastres o programas de reconstrucción, así como la rendición de cuentas. Por lo anterior, es importante señalar que el capítulo 10 de la ley, denominado Programas de gestión integral de riesgos de desastres y protección civil y de administración y transparencia de riesgo de desastres, garantiza la atención de emergencias y desastres. La fracción 41 del artículo 4 define a los primeros como los mecanismos presupuestarios de financiamiento y cofinanciamiento con los que cuenta el gobierno federal para apoyar a las instancias públicas federales, entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales, y a la población en general en las acciones de prevención y reducción de riesgos y de reconstrucción. De lo anterior se desprende que los apoyos a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México se mantienen, por lo que es mentira que se dejará de brindar apoyos a estos niveles de gobierno, al contrario, se garantiza por esta ley y se vigilará su cumplimiento. Compañeras y compañeros diputados, en la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres estuvimos pendientes en todo momento de que la nueva ley previera los instrumentos para atender las emergencias y los desastres. La extinción de los fideicomisos del Fonden y Fopreden ha sido subsanada con restauración de Programas de gestión integral de riesgos de desastres y de protección civil, tal como lo determina el artículo quinto transitorio, la Secretaría de Hacienda y Seguridad y Protección Ciudadana deberán emitir las reglas de operación de los Programas de Gestión integral de riesgos de desastres y Protección civil, que atenderán la prevención, atención de emergencias y desastres en un plazo no mayor a 90 días, a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Agradezco la participación de todos los sectores involucrados en la elaboración de esta ley, así como de los especialistas en la materia y la sociedad civil. No más mentiras, no más engaños. Este dictamen considera sus artículos 43, 44...