La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, uno de los más destacados internacionalistas que ha dado nuestro país y humanista, Antonio Gómez Robledo puntualizó, a su modo, también: la política exterior es como lo dijo Bismarck de la política en general el arte de las posibilidades. Mientras mejor lo perciben los gestores de la diplomacia, con mayor acierto sabrán aprovecharlos para dar al Estado que representan, un puesto de dignidad y prestigio en el concierto de las naciones. El informe del Ejecutivo de la Unión evidencia que política exterior de México está muy lejos de colocar a México en un puesto de dignidad y prestigio. Por el contrario, sobresalen varios hechos graves en la presente gestión, que nos ubican como un país que no reclama un trato digno para nuestra nación y los mexicanos, y mucho menos nos dan prestigio frente al incumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un primer acto grave, es mantener en vigor el instrumento internacional firmado por Hillary Clinton y Patricia Espinosa, el 20 de febrero del 2012, acuerdo entre Estado Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América relativo a los yacimientos transfronterizos de hidrocarburos en el Golfo de México, instrumento celebrado para convalidar la firma de contratos de exploración y explotación de recursos transfronterizos de hidrocarburos y gas natural en el Golfo de México en contravención al artículo 27, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al ceder mediante la celebración de contratos la exploración y explotación de los hidrocarburos pertenecientes a la nación, a los extranjeros. De mantenerse en vigor el instrumento firmado entre los Estados Unidos y México o insistir en la reforma a los artículos 27 y 28 constitucionales para permitir la inversión extranjera, no importa que se señale que si se privatiza o no en materia de hidrocarburos, gas y energía eléctrica, cualquier conflicto relacionado con las inversiones extranjeras se resolvería ante tribunales internacionales, de conformidad con los acuerdos de inversión y comerciales firmados por México. Estos actos, tanto el mantener en vigor el tratado mencionado como reformar los artículos 27 y 28 constitucionales resultan deshonrosos y podrían tipificar el delito de traición a la patria. Subrayo traición a la patria. Se asemeja el acto del presidente Enrique Peña Nieto al acto del presidente Obregón, quien firmó los Tratados de Bucareli y aceptó la llamada Cláusula Secreta, en virtud de la cual el gobierno de México se obligaba a no aplicar la Constitución de 1917 a los ciudadanos e inversionistas norteamericanos, situación que fue resuelta por el general Lázaro Cárdenas al realizar la expropiación petrolera con la que pudo México recuperar los recursos naturales que le pertenecen a una nación soberana, y que son indispensables para el desarrollo económico de su país. Un segundo hecho grave que sobresale en materia de política exterior es el no cumplimiento efectivo y total, también lo subrayo, efectivo y total, de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos González y otras, Campo Algodonero, Radilla Pacheco, Fernández Ortega y otros, Rosendo Cantú y otra, y Cabrera García y Montiel Flores. Cabe puntualizar que el no cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos genera consecuencias graves para nuestro país, entre otras la suspensión, posible suspensión del tratado con la Unión Europea por cuanto se exige para la aplicación de los instrumentos, el respeto a la cláusula democrática y a los derechos humanos. De hecho, se han formulado varias recomendaciones y observaciones a México por el caso de las muertas de Juárez o la sentencia Campo Algodonero. Aunado a esta situación se encuentra la situación de impunidad que impera en México con relación a los crímenes del pasado, sin que hasta la fecha se dé cumplimiento a las resoluciones del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas de hacer justicia y garantizar el derecho a la verdad y a la justicia a las víctimas de los crímenes del pasado. Un tercer hecho grave, la violación de tratados pilares de derechos humanos signados por México y obligatorios para nuestro país desde 1981, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. En contravención a dichos instrumentos internacionales, hasta hoy en día y gracias a esta Cámara se mantiene el arraigo, no se garantiza la asistencia legal a toda persona en todos los procesos judiciales cuando carece de recursos; se viola la presunción de inocencia y se permite además la fabricación de testigos al proceder la detención en nuestro país por simple sospecha de los que cometen delitos, lo que ha significado un gran retroceso en la garantía y efectiva protección de los derechos fundamentales de la población de nuestro país, so pretexto de garantizar la seguridad. La población que vive en territorio nacional tiene el derecho a la seguridad. Es cierto. Pero también al acceso a la justicia y al respeto de sus derechos humanos, regulados tanto en nuestra Constitución Política como en los tratados internacionales, que ha ratificado nuestro país. Desgraciadamente no ayuda la reciente sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de la cual interpretó de manera errónea el artículo 1o. constitucional, al resolver que en caso de conflicto entre la Constitución y los tratados en materia de derechos humanos prevalece la Constitución, resolución que no permitirá dar cumplimiento a las obligaciones internacionales que tiene México en esta materia y que son contrarios al principio pro homine y que generará, seguramente, responsabilidad internacional en contra de nuestro país y veremos futuras sentencias de la Corte Interamericana de derechos humanos en este sentido. Otro gran hierro de la política exterior actual de nuestro país, es el no respeto a los derechos fundamentales de los indocumentados, ubicados en territorio nacional, lo cual constituye un acto incongruente, además de esquizofrénico del actual gobierno. Reclamamos derechos de notificación consular ante la Corte Internacional de Justicia por violación de dicho derecho a nacionales mexicanos detenidos en Estados Unidos, y no reconocemos que estamos obligados a garantizar de manera efectiva e inmediata el mismo derecho a los extranjeros, en caso de privación de libertad en estaciones migratorias o en prisión, en violación al artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones Consulares y de la Sentencia de la Corte Internacional de Justicia en el caso Avena y otros nacionales mexicanos. El no respeto de los derechos humanos de los indocumentados en violación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales que ha signado México, expone a nuestro país a futuras reclamaciones de terceros países ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Internacional de Justicia, por incumplimiento de las normas internacionales en la materia, que exigen el respeto del estándar mínimo de derechos a los nacionales de cualquier otro país en territorio nacional y de sus derechos humanos. México debe volver al liderazgo que ejerció en la comunidad internacional, como respetuoso de los principios de la política internacional, contemplados en nuestro artículo 89 constitucional, en particular el respeto al derecho a la libre autodeterminación de los pueblos, la no intervención en los asuntos internos de un Estado, garantía efectiva y total de los derechos humanos, respeto al estándar mínimo de derechos y respeto precisamente a la soberanía que ejerce el país sobre los recursos naturales, hidrocarburos, gas y energía eléctrica. Debe garantizarse a los extranjeros en general, sin importar si gozan o no de legal estancia, de todos sus derechos en territorio nacional. Es cuanto, señor presidente.