La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. Lo hemos dicho antes, la criminalidad no tiene fronteras físicas y hoy en día tampoco barreras digitales. La ONU nos dice que a nivel internacional cada 39 segundos se realiza algún tipo de ataque informático. En México, el cibercrimen le cuesta a la industria y a los consumidores entre 3 mil y 5 mil millones de dólares anuales. En este marco, a nombre de mi compañera de bancada, la diputada Adriana Medina Ortiz, promovente de la iniciativa que hoy se pone a consideración y que aborda el tema de ciberseguridad, un tema relevante en este momento donde la pandemia mundial ha creado nuevos retos y realidades, y que en el corto tiempo será necesario dotar a nuestro país de un marco jurídico que asegure la protección digital en todos los sentidos. La ciberseguridad es uno de los múltiples elementos que componen el complejo entramado de la seguridad pública y que hasta 2017 se insertó en la legislación nacional. Esto representa un abordaje tardío si consideramos que la masificación del acceso a internet sucedió por lo menos 15 años antes. La información digital se crea, se transmite pero también puede ser robada para fines ilícitos, vulnerando con ello la seguridad personal de empresas o incluso la nacional. Respecto al problema del fraude cibernético, y de acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, Condusef, hasta el año de 2017 el 42 por ciento de las quejas se compone por este tipo de fraude, y de estos casos 9 de cada 10 son mediante comercio electrónico. Sin embargo, no existen cifras públicas ni información acerca de la estrategia o creación de un organismo intersecretarial que permita genera datos base para tomar las decisiones. Si nos situamos en el contexto de la pandemia actual, sería de gran utilidad determinar el impacto de los delitos cibernéticos, ya que gran parte de la vida comenzó a depender de la actividad en línea. Cuando se realiza investigación acerca del tema, solo es posible encontrar esfuerzos desarticulados por generar información confiable sobre ciberseguridad. De articular la generación de datos, depende la manera en que enfrentamos los retos de seguridad que nos presenta el mundo interconectado. Desde la prevención hasta la persecución de los delitos que se cometen en línea o que son parcialmente organizados en este medio inmaterial. Actualmente, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el responsable de generar estadística y datos metodológicamente sólidos y desagregados por el tipo de delito, precisamente, por la finalidad de dar seguimiento a la política eficaz de seguridad. En este sentido, la reforma que se pone a consideración se compone por tres ajustes a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El primero es darle la responsabilidad al secretario ejecutivo de generar estadística sobre ciberseguridad, utilizando la información que generen los tres órdenes de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones empresariales e instituciones académicas. El segundo, promueve la cooperación con respeto irrestricto a los derechos humanos entre los órdenes de gobierno, academia y sectores sociales para intercambiar información, mejores prácticas y tecnologías en materia de seguridad cibernética. Finalmente, promover una política preventiva y resiliente en materia de seguridad cibernética con apego a los derechos humanos, con el fin de evitar su violación. Compañeras y compañeros, su voto a favor del dictamen que hoy se presenta, es un voto a favor de la seguridad digital. Es cuanto, señora presidenta.