El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Muchísimas gracias. Compañeras diputadas y diputados, a los ciudadanos que nos ven por el Canal del Congreso, en la historia reciente de nuestro país se ha repetido muchas veces en foros políticos, académicos y legislativos que en México hay muchos México y parece que esa frase es muy acertada. También es una frase propicia para iniciar la presentación de la iniciativa que hoy traigo ante ustedes y ante este honorable pleno. Es acertada porque el tema es uno de lo más sensibles que hay en la vida nacional. Los derechos y la atención de las víctimas de delitos y de violaciones a derechos humanos, pero que inexplicablemente constituye uno de esos tantos México que se han vuelto invisibles para la autoridad, y desgraciadamente, incluso, para este propio Congreso de la Unión. Iniciaría llamando su atención sobre el tamaño del problema. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021, la comúnmente conocida como Envipe, en el año 2020 hubo 21.2 millones de personas de 18 años y más que sufrieron algún delito, es decir, se convirtieron en víctimas, esto representa una tasa de 23 mil 520 víctimas por cada 100 mil habitantes durante el año pasado. Es en el que la gran mayoría de la población estuvo confinada en su casa durante meses debido a la pandemia de Covid-19. Si en el año de la pandemia hubo más de 21 millones de víctimas de delitos en el país, cuál será el tamaño real del problema en un año sin pandemia. La propia Envipe nos responde, en el 2019 hubo 22.3 millones de víctimas; 2018 hubo 24.7 millones; 2017, 25.4; en 2016, 24.2 millones y así podemos retrotraernos hasta el 2012 y en ningún año encontraremos menos de 20 millones de víctimas de delitos. Estas cifras retratan el drama y la tragedia que han traído a las familias mexicanas, tanto la delincuencia organizada, por un lado, como la indolencia e ineficiencia de las autoridades de seguridad pública y de atención a víctimas de los tres niveles de gobierno. Podemos caer en discusiones estériles, sobre quién tiene la culpa de esta tragedia humanitaria y simple y sencillamente nos vamos a entrampar en un laberinto de argumentos y contraargumentos que no nos van a llevar a la salida del problema que enfrentan las víctimas. Por ello, hay que ser claros y decirles que lo que más urge a las víctimas en este momento, es que nos pongamos de acuerdo y que resolvamos los problemas que enfrentan. En ese contexto de tanto dolor, les hago un llamado cordial, respetuoso y atenta, compañeras y compañeros diputados, a que empecemos a corregir el marco normativo que debería garantizar los derechos de las víctimas, pero que en lugar de ello ha servido para que las autoridades federales y locales en la materia, se conviertan en un verdugo más, provocando una victimización secundaria imperdonable. Muchos de los problemas que enfrentan las víctimas residen en el hecho de que la legislación en la materia se ha desarrollado de forma dispareja e incluso, contradictoria en todo el país. Es cierto que en la última década se han llevado a cabo importantes reformas constitucionales y legales para establecer un piso mínimo de derechos y de instituciones para las víctimas que se apliquen en todo el país, pero la realidad es que las legislaturas locales poco han avanzado en su tarea de armonización. De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, que es una iniciativa impulsada por la Organización Idheas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la implementación de estos derechos tiene muy poco avance en el país. Esto nos muestra que en ningún estado prácticamente hay avances satisfactorios, y ello es muy grave, pues además implica que las víctimas de delito tienen acceso a derechos e instituciones de apoyo diferentes o en diferente estado de desarrollo, dependiendo de la entidad en la que vivan, lo que es profundamente injusto. Yo les pregunto: ¿creen que podamos mejorar esto? Les puedo asegurar que es muy viable. Pero precisamente... es justamente lo que propone esta iniciativa, plantear una reforma constitucional para establecer la facultad del Congreso de la Unión para que se expida una ley única en materia de víctimas, tal y como existe un Código Nacional de Procedimientos Penales. Si los imputados y sentenciados, que son los victimarios, tienen garantizados sus derechos por igual en todo el país, por qué las víctimas de esos victimarios no lo tienen y están condenadas a sufrir un calvario adicional ante la autoridad para exigir reparación, verdad, atención y garantías...