La diputada Jacqueline Argüelles Guzmán (PVEM): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Uno de los problemas ambientales que requiere mayor atención en México, es el relativo al manejo de residuos sólidos y peligrosos, ya que la cantidad y las características de estos han aumentado de tal forma que rebasan la capacidad de los ecosistemas para integrarlos nuevamente a los ciclos naturales. Hasta hoy la actitud hacia los desechos en general y las sustancias peligrosas, se ha desenvuelto entre las necesidades de crecimiento y la conciencia misma del problema. Se ha partido del principio de que el crecimiento económico es indispensable y urgente y que los procesos de protección de la naturaleza pueden evolucionar gradualmente. No obstante se ha demostrado que los procesos naturales regenerativos son lentos y a muy largo plazo, por lo cual se debe prever que los daños ambientales causados en aras de este crecimiento, pueden generar daños irreversibles tanto a los ecosistemas como a la salud humana. A lo largo de la historia ambiental se ha señalado como uno de los contribuidores de esta degradación al sector industrial, debido a los niveles de contaminación que sus procesos productivos pueden generar, principalmente por los residuos sólidos y peligrosos que produce. Durante décadas la práctica común de los residuos industriales era deshacerse de ellos al menor costo, generando una gran cantidad de suelos contaminados que fueron dispuestos indiscriminadamente y otros manejados sin las más mínimas precauciones. Sin embargo, debemos considerar que no solo los industriales son causantes de este problema, cada persona contribuye en grados diferentes a la generación de residuos contaminantes ya que los residuos peligrosos se generan prácticamente en todas las actividades humanas, inclusive en el hogar. Cierto es que también durante mucho tiempo no existieron las medidas regulatorias para poder frenar esta alteración y las prácticas se desarrollaron sin que existiesen restricciones legales para el manejo, disposición y derrame de materiales y residuos sólidos y peligrosos. Así, los efectos por la falta de protección ambiental tuvieron sobre los ecosistemas y la calidad de vida de las personas en México y a los cuales se prestaba poca importancia hasta mediados de la década de los ´90, recientemente han llevado a mejores condiciones generales para la protección ambiental. Con la expedición de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada en el Diario Oficial de la Federal el 8 de octubre de 2003, se han normado entre otros aspectos el tratamiento y disposición de los residuos y a su vez se han estipulado las sanciones a las que se hace acreedor el infractor de la ley. Las infracciones a la ley sobre residuos pueden dar lugar a la imposición de sanciones importantes, entre las que se contempla siempre la posibilidad del cierre definitivo o temporal de la instalación emisora de los residuos pero también da pie a la remediación de sitios contaminados. Una complicación para la eficaz aplicación de la ley es la falta de conocimientos y la continuidad en la ejecución de prácticas tradicionales de manejo de residuos en los centros industriales, las cuales siguen ocasionando graves daños ambientales, poniendo en peligro los recursos naturales. El problema recurrente es la carencia de personal especializado con conocimientos, capacidades y experiencias específicas en sectores particularmente importantes para el medio ambiente, que puedan poner en práctica las leyes, normas y acuerdos internacionales bajo las condiciones existentes de cargas contaminantes. Por tanto, siguen existiendo casos en los cuales se producen infracciones a las estipulaciones de la ley. Si bien la aplicación de medidas restrictivas de la libertad de las personas o la imposición por las autoridades administrativas competentes de elevadas sanciones pecuniarias son instrumentos necesarios para prevenir atentados al medio ambiente, tales soluciones a priori necesitan de un adecuado complemento a posteriori, cuando el daño ya se ha materializado, a fin de que sea posible la restauración del estado de las cosas a su estadio original o primitivo. Es así que la autoridad administrativa ha hecho hincapié en la restauración del daño ejercido. Es en este sentido que la reparación del daño puede considerarse como una de las formas viables para sancionar al infractor y a la vez poder obtener un beneficio inmediato de la afectación que se hizo al ambiente. La responsabilidad o lo que es lo mismo la extensión del deber de reparar queda así configurada como pieza clave del sistema, pues la respuesta penal a la sancionadora administrativa por elevada que ésta sea son insuficientes para lograr la restauración del agravio. Esta opción está señalada en la normatividad vigente, la cual otorga a la autoridad ambiental federal la facultad de revocar o modificar las multas impuestas a aquellos infractores que hayan sido sancionados a consecuencia de un procedimiento administrativo de inspección y vigilancia. Así el artículo 173 párrafo final de la LEGEPA estipula que la autoridad correspondiente por sí o a solicitud del infractor podrá otorgar a éste la opción para pagar la multa o realizar inversiones equivalentes en adquisición e instalación de equipo para evitar contaminación o en la protección, preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se garanticen las obligaciones del infractor no se trate de alguno de los supuestos previstos en el artículo 170 de esta ley y la autoridad justifique plenamente su decisión. Con este mecanismo se busca reconocer los esfuerzos materiales y económicos de los infractores a fin de dar cumplimiento a lo ordenado por las autoridades que tienen a su cargo las citadas facultades y en última instancia involucrarlos en la protección voluntaria del entorno, conscientizándolos sobre el deber que tienen de asumir los costos ambientales generados por sus actividades. Los desechos peligrosos son en México un problema serio, no resuelto y previsiblemente sería mayor en sus consecuencias si es que no se toman acciones contundentes y se otorgan las facilidades para su solución. Es por ello que se propone la introducción en la figura jurídica de la reconsideración de multa, mediante la adición de tres párrafos al artículo 111 de la ley de la materia. Por las razones antes expuestas someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa. Decreto mediante el cual se agrega un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 111 de la Ley General para Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Artículo único.- Se agrega un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. "Artículo Único.- Se agrega un párrafo tercero, cuarto y quinto al artículo 111 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para quedar como sigue: "Artículo 111, párrafo primero, queda idéntico. "Segundo párrafo, queda igual. "Párrafo tercero.- En la resolución administrativa correspondiente se señalarán o en su caso adicionarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir las deficiencias o irregularidades observadas, el plazo otorgado al infractor para satisfacerlas y las sanciones a que se hubiere hecho acreedor. "Párrafo cuarto.- Dentro de los cinco días hábiles que siguen al vencimiento del plazo otorgado al infractor para subsanar las deficiencias e irregularidades observadas, éste deberá comunicar por escrito y en forma detallada a la autoridad ordenadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas en los términos del requerimiento respectivo. "Párrafo quinto.- En los casos en que el infractor realice las medidas correctivas o subsane las irregularidades detectadas en los plazos ordenados por la Secretaría, siempre y cuando el infractor no sea reincidente, no se trate de irregularidades que impliquen la existencia de riesgos inminentes de daño o deterioro ambiental a los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, y no se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en contra de la resolución sancionatoria; aquella podrá modificar la multa impuesta como sanción. "La solicitud respectiva deberá presentarse por el infractor dentro de los quince días siguientes al vencimiento del plazo más amplio ordenado para la realización de las medidas correctivas". Es cuanto señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.