La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: El dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea contiene dos mecanismos fundamentales de la democracia participativa: la consulta popular y la revocación de mandato. En el primero, la consulta popular en México, hemos tenido experiencias desastrosas gracias a que no se siguieron las disposiciones constitucionales y legales. Hemos visto ejercicios lamentables en los que arguyendo una supuesta consulta al pueblo, el presidente de la República ha clausurado obras tan importantes como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o como un metrobús en la región de la Laguna, mismo que conectaría a tres municipios, o se han aprobado proyectos tan controvertidos como el tren Maya y la refinería de Dos Bocas. En una sesión en la que no quisieron escuchar argumentos en el pasado mes de marzo, la mayoría de esta Cámara aprobó una versión autoritaria de la revocación de mandato, obedeciendo únicamente a los designios presidenciales. Hoy, el dictamen que nos propone, es un dictamen completamente diferente, con una línea democrática y que favorecerá a la participación de la ciudadanía en la construcción de un Estado más justo. Para la consulta popular el dictamen establece como novedad que se podrán consultar temas de trascendencia regional y no únicamente los de interés nacional. La votación requerida será de dos por ciento de la lista nominal de electores y se llevarán a cabo el primer domingo de agosto. Se prohíben someter a consulta la restricción de los derechos humanos, la permanencia o continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, el sistema financiero y las obras de infraestructura en ejecución. El organismo que organice la consulta y promueva la participación de la ciudadanía será el Instituto Nacional Electoral. En cuanto a la revocación de mandato se establece que la convocatoria será expedida por el INE, a petición del tres por ciento de la lista nominal de electores en, por lo menos 17 entidades federativas. Esta podrá solicitarse en una sola ocasión durante los tres meses posteriores a la conclusión del tercer año del período constitucional, y para considerarse válida deberá contar con una participación de por lo menos el 40 por ciento de las personas inscritas en la lista nominal de electores. Esta reforma adicionalmente estipula que el procedimiento para la revocación de mandato del presidente López Obrador se iniciará en el mes de noviembre y hasta el 15 de diciembre del año 2021, fecha en la que deberá presentarse la petición correspondiente. Esto indudablemente conculca las intenciones presidenciales de aparecer en las boletas y con ello asegurar la pervivencia de las mayorías artificiales que hoy sufrimos en este país. Debemos ser claros. En la postura del PRD estas figuras de democracia participativa históricamente han formado parte indiscutible de la plataforma del Partido de la Revolución Democrática. Estamos convencidos de su utilidad y seguiremos promoviendo su implementación. No estamos de acuerdo, sin embargo, en la realización maniquea de pseudo consultas organizadas por entidades que no tienen ni la infraestructura ni la independencia ni las facultades para llevarlas a cabo. Debemos respetar la legalidad empezando por el titular del Ejecutivo federal. Como lo hemos expresado en múltiples ocasiones, no estamos de acuerdo ni podemos estarlo en la cancelación de obras tan importantes como las mencionadas sin una correcta evaluación de las consecuencias o de sus beneficios. No podemos tampoco estar de acuerdo en la edificación de obras autorizadas por esta vía sin tener los estudios necesarios que avalen su construcción. Estas consultas amañadas únicamente pervierten el espíritu de la consulta y en vez de fortalecer la participación de la ciudadanía, provocan desinterés y apatía. Debemos recordar también que nos opusimos férreamente a que la herramienta de la revocación de mandato sea utilizada por el presidente de la República como un mecanismo para refrendar su hegemonía electoral y no para realizar la evaluación de su mandato. Esto es lo que hoy exigimos los ciudadanos, ya que encargo dado en las urnas por el pueblo a través de sufragio a los elegidos para que cumplan determinada instrucción desde el poder, debe cumplirse de manera definitiva. La comunidad como mandante otorga el encargo. El gobernante como mandatario debe cumplirlo. Es el poder de representación de que disponen quienes han sido elegidos mediante el voto popular para un cargo público, específicamente para la presidencia de la República. Es por ello que hoy hablamos de un mandato por el cual se ejerce el poder en nombre y en beneficio de quienes detentan la soberanía popular: los electores, que pueden revocar su mandato u otorgarle un voto de confianza. La legitimidad del poder se funda en el consentimiento de los gobernados y ninguna autoridad puede ejercer si no es por virtud y en virtud de la participación efectiva de los destinatarios de este poder. Este es el principio de representación que hoy nos rige y es lo que hemos estado defendiendo desde esta tribuna. La mayoría que hoy detentan, la mayoría artificial, no es la que le dio el triunfo al presidente. Esta mayoría fue construida a fuerza de compra de voluntades. No se equivoquen, a ustedes no los respaldan 30 millones de votos. Ustedes no tienen la legitimidad del Ejecutivo y, consecuentemente, deben acatar el mandato del pueblo. Como legisladores, tenemos la responsabilidad de contribuir en el fortalecimiento del Estado de derecho, y la participación del pueblo es una herramienta eficaz de autentificación del poder público que coadyuvará en el ejercicio y control de quienes recibimos el mandato del pueblo. Nos encontramos ante el surgimiento de un nuevo paradigma. Nos encontramos nuevamente a la vanguardia para reivindicar y reconocer los derechos políticos de las y los ciudadanos. Aún falta mucho camino por andar. Hay mucho trabajo pendiente. Hoy nos esforzaremos día a día para contribuir nuestras realidades en beneficio de las y los ciudadanos y hacer un mejor país. En el Grupo Parlamentario del PRD nos encontramos plenamente convencidas y convencidos de que ningún gobierno podrá salir adelante y dar resultados efectivos si no cuenta con una participación ciudadana activa. Es por ello que, comprometidos con la democracia, votaremos a favor del presente dictamen. Sin embargo, no nos engañamos, la política del presidente ha sido ignorar las leyes. Así lo hizo en la reforma educativa, en la edificación de la Guardia Nacional, y en muchas otras. Sin embargo, el mandato del pueblo será claro, en el proceso de revocación de mandato ganará la oposición, ganará México. Es cuanto, presidenta.