La diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas: Compañeras y compañeros diputados, en México la crisis económica actual por la pandemia del virus Covid-19 que ha surgido evidenció que, a lo largo de los años, durante décadas, por gobiernos neoliberales, ha existido una gran desigualdad económica. Y, por si fuera poco, el artículo 61 de la Ley General de Instituciones de Crédito ha generado problemas a un grupo de cuentahabientes al permitir incautar sus ahorros, mismos que han logrado depositar a lo largo de su vida en un banco por no realizar movimientos en sus cuentas durante tres años. En 2011 se tuvo un gran número de reportes de cuentas bancarias que se integraron a una cuenta global, sin el consentimiento de sus titulares. Esta cifra sigue aumentando por todas las cuentas que permanecen inactivas. Desde el 2010, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Condusef, tiene registros de estos casos que han sufrido la confiscación de dinero, que para muchos representa el esfuerzo de toda su vida laboral. Las cuentas hasta por la cantidad de 30 días de UMAS vigentes en la Ciudad de México, que corresponde a 26 mil 866 pesos, corren el gran riesgo de ser entregadas a la beneficencia pública de la Secretaría de Salud, si sus propietarios los mantienen sin movimiento. Es decir, se está dejando en indefensión a un sector de la sociedad que no cuenta con los medios económicos para estar realizando retiros o depósitos en sus cuentas de forma permanente. Lamentablemente, los cuentahabientes afectados son en su mayoría personas de la tercera edad, o personas desempleadas que mantienen en el banco poco dinero para poder hacer frente a alguna emergencia, algún imprevisto o alguna enfermedad, con la confianza de que podrá disponer de él cuando le sea necesario, sin saber que puede ser despojado de su pequeño patrimonio, que con mucho empeño lograron. A las cuentas con un monto superior a las 300 UMAS, se les otorgan garantías, como el nombramiento de beneficiarios, además de que los bancos constantemente buscan mantener actualizados sus domicilios, ya sea para cobrar o para enviar promociones y otras cosas. Sin embargo, para este sector, como ya lo mencioné, con un ahorro mínimo, le puede suceder que se les quite su dinero. Las instituciones bancarias lo único que tienen que cumplimentar para trasladar el recurso a la cuenta global es acreditar que se le notificó al titular de que hiciera algún movimiento 90 días antes de la transferencia. Hay que apuntar que el cobro de las comisiones que hace el banco muy puntualmente y en cantidades excesivas, no es tomado en cuenta como un movimiento. El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que estos fondos de las cuentas sin movimiento por tres años serán enviados a una cuenta global, donde permanecerán otros tres años y, de no reclamarla, sus propietarios perderán ese dinero que pasará a la beneficencia pública. Cabe mencionar que el nombramiento de beneficiarios en términos del artículo 56 de la Ley de Instituciones de Crédito, establece que se debe designar claramente y por escrito los beneficiarios y propiciar la cantidad que le corresponde a cada uno. Si falleciera el titular de la cuenta, el banco entregará el saldo a quienes se haya designado y en la proporción indicada, presentando previamente identificación y el acta de defunción del titular. Por lo tanto, presento esta iniciativa para derogar el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito que daña a los cuentahabientes, ya que bastante tienen las personas con la crisis actual, como para tener que perder sus ahorros en estos tiempos tan difíciles. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.