El diputado Fausto Fluvio Mendoza Maldonado: Compañeras y compañeros, los diputados del PRD emitiremos un voto libre y razonado en torno al proyecto de decreto que nos presenta la Comisión de Recursos Hidráulicos. A pesar de su innegable importancia y las bondades que motivan la iniciativa, las y los diputados de nuestro grupo parlamentario hemos expresado observaciones sobre el beneficio efectivo y el alcance de esta reforma. Hago uso de esta tribuna para compartir esas observaciones y de ese modo esbozar una posición que si bien pudiera ser interpretada como una abstención, bajo ninguna circunstancias deberá ser considerada como unánime. Y celebro que así sea al interior de nuestro grupo parlamentario, porque —insisto— nuestras diputadas y nuestros diputados votaran a conciencia. Vamos a analizar el asunto por partes y empezaré por el final, es decir, por la última disposición del párrafo adicionado. La prórroga para regularización de las concesiones deberá sujetarse a la disponibilidad y sustentabilidad de la cuenca. Excelente. Lo anterior quiere decir que al momento de autorizar la renovación de un título de concesión, la Conagua deberá sujetarse además del criterio de disponibilidad media anual considerada ya en la ley, a un criterio adicional de sustentabilidad. Pensamos que un indicador adecuado de este criterio pudiera ser el abatimiento real del acuífero, el problema es que en la realidad ambos criterios no operan. Trataré de explicar esta afirmación. El artículo 22 de la Ley de Aguas Nacionales es muy claro respecto a los requisitos y criterios para el otorgamiento de un título de concesión; el principal es que se tomará en cuenta para su otorgamiento la disponibilidad media anual del agua que se revisará al menos cada tres años. Eso es lo que dice. Sin embargo, este criterio tan importante es una absoluta letra muerta de la ley. Me gustaría afirmar justo lo contrario, que la autoridad del agua, para otorgar o renovar una concesión, en primerísimo lugar sujeta el otorgamiento al índice de disponibilidad del acuífero, pero no sucede así. Los criterios son de otro orden político o clientelar, pero no el de un manejo responsable de la disponibilidad de la cuenca. Para muestra un ejemplo. Quisiera preguntarle respetuosamente a cualquiera de ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, si conocen la disponibilidad media anual de cualquier acuífero en las cercanías de sus distritos. Me temo que no y mi pregunta no pretende ser tramposa ni mucho menos pedante. Si ninguno de los diputados aquí presentes conoce la disponibilidad actual no es por desinterés o por ignorancia, si se desconocen los datos actualizados es porque simplemente no existen, no al menos los que por obligación la ley, la autoridad del agua está obligada a publicar, revisar y actualizar. Los datos de los que dispone son incompletos y fueron publicados en el Diario Oficial hace más de cinco años, es decir, el 31 de diciembre de 2003, y sólo reportan la disponibilidad de 202 acuíferos, es decir, menos de 30 por ciento de más de 650 que existen en el país. Lo deseable es que esta información se publique y se revise año con año, ya que es cada año el periodo en que se otorgan y se renuevan títulos de concesión, pero ni siquiera se cumple el límite máximo de los tres años. Bajo esa deficiente y sesgada información es que la Conagua otorga y renueva los títulos de concesión o asignación. Incluso, el propio índice de disponibilidad, resultado del cociente entre el nivel de las precipitaciones o escurrimientos y el volumen teórico de aguas concesionadas, resulta inadecuado para determinar las condiciones de sustentabilidad, ya que como todos sabemos el nivel de precipitaciones no significa en automático una recarga del acuífero. El proceso lleva años de retención y de filtración. Por eso es que antes de intentar dictar una medida de carácter estrictamente administrativo deberíamos velar por la observancia y el efectivo cumplimiento de la ley que pretendemos reformar, para generar verdaderas condiciones de sustentabilidad y si no, que alguien me explique por favor qué es lo que estamos entendiendo cuando hablamos de sustentabilidad. Un problema que adolece esta iniciativa es la inconsistencia o la ausencia total de información. Desde su presentación preguntamos a los indicadores sobre la población objetivo a beneficiar y el tipo de uso o concesión susceptibles de regularizar. No tuvimos respuesta. En la iniciativa sólo se menciona en forma ambigua que el universo de usuarios sin regularizar pudiera representar hasta la tercera parte de los ya regularizados. Al calor de la discusión mi compañera, Ana Lilia Luna y mi compañero Antonio Ortega pidieron en la sesión del 22 de noviembre, al presidente de la comisión, mayor información que permitiera normar el criterio para la discusión. En esa sesión el presidente se comprometió a dar cifras concretas que aún no conocemos, dijo: "les pido un voto de confianza. Les aseguro que los beneficiarios son usuarios agrícolas de muy bajos ingresos. A la brevedad les haré llegar la información". Así lo dijo, y así consta en la versión estenográfica. No creemos que el presidente de la comisión suela rendir sistemáticamente honor a su palabra, es que simplemente no tiene de dónde sacar la información. ¿O acaso lo va a hacer del Registro Público de Derechos del Agua? Parece que sí, porque eso fue lo que sugirió en la última sesión ordinaria. Dijo "la información es pública. El Registro Público de Derechos del Agua se puede consultar en Internet". La confusión entonces es brutal. Vamos a promover la regularización administrativa de títulos ya regularizados y por ende existen en el Registro Público de Derechos del Agua. Debo insistir en la pregunta. ¿A quién y a cuántos vamos a regularizar? Ante la ausencia de cifras me voy a permitir esbozar y estimar algunas. Esta reforma contiene una cláusula a discusión. Este benefició sólo será aplicado a los poseedores que cuenten con antecedentes de trámites de concesiones y permisos en materia de explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales, antes de los decretos presidenciales de 1995 y 1996. Y antes de esos decretos ¿quiénes contaban ya con algún tipo de regularización? La respuesta es poco más de 27 mil 300 usuarios. El beneficio, en términos de regularización de los decretos de 95 y 96, resultó espectacular. Poco más de 300 mil títulos, mismos que de estar ahora vencidos, estamos dejando fuera de este beneficio. ¿A quién presuntamente beneficiaríamos? Serían a aquellos usuarios que se inscribieron en los años 94 y 95 en el registro público. El universo de beneficiarios, suponiendo que sus títulos estuvieran vencidos, no sería mayor de tres mil usuarios. Los nombres están en Internet. La reforma —entendemos— pretendería regularizar a todos aquellos quienes desde mediados del siglo pasado no tuvieron un incentivo para regularizarse. Tampoco lo van a encontrar en esta ocasión, ya que la reforma parte de un presupuesto falso y de una percepción errónea y superficial respecto al incumplimiento de los usuarios, como si el incumplimiento estuviera abundado en el dolo, la desidia o la propagación de la cultura de la ilegalidad. Las razones para no regularizarse son mucho más complejas y profundas. Por todo esto, compañeras y compañeros, estas observaciones las hicimos sistemáticamente en las sesiones de la comisión. No dudamos de la bondad de abrir este espacio de regularización, pero sí queremos dejar claro ante esta asamblea que no es lo mejor de esta iniciativa. Por eso los diputados de la fracción parlamentaria del PRD —como ya lo dije—, tendremos libremente el voto. Yo agradezco, señora Presidenta, la atención. Muchas gracias.