La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia. A nombre del Grupo Parlamentario del PRD, quiero manifestar que apoyamos totalmente la propuesta de avanzar a la conformación una Comisión Bicameral para abordar la grave problemática de la desaparición forzada en nuestro país. Esta comisión sin duda tendrá que tener como prioridad, para el Legislativo, que se implementen, escuchen todas las recomendaciones realizadas, en recientes días pero de manera permanente, por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, y apenas hace un par de días, por el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU. La envergadura de esta propuesta nos lleva a buscar la modificación de la Ley Orgánica del Congreso General, cuya aprobación, con voluntad de todos los grupos parlamentarios, se puede realizar de manera expedita. Debemos de responder con responsabilidad plena a esta encomienda, para dar certeza, solidaridad y respuesta contundente a las víctimas y sus familias. Sobre el decreto que hoy nos ocupa, es de especial relevancia para la vida pública de nuestro país, constituye el primero de muchos pasos que se tendrán que dar para lograr la reconciliación nacional. Es el reconocimiento del Estado mexicano, de su responsabilidad para con las víctimas de desaparición forzada, emblemáticamente con un acontecimiento doloroso e indignante, la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, cuyo destino aún se encuentra perdido en la obscuridad de aquella terrible noche. No es, sin embargo, el único paso que debemos dar. Es indispensable que conozcamos la verdad de lo ocurrido, procesar a los responsables, garantizar justicia a todas las víctimas directas e indirectas, pero también es imprescindible que aquellos funcionarios que realizaron y realizan su trabajo mal, asuman las responsabilidades civiles y penales de cara a la sociedad y frente a los familiares. Los expertos del Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada e Involuntaria de la ONU, han presentado, hace un par de días, recomendaciones al gobierno mexicano, recomendaciones que tienen un seguimiento desde 2011 y parecen encontrarse en el mismo sitio. Las recomendaciones fundamentales que ha realizado este grupo no han sido implementadas y peor aún, la situación se ha deteriorado más desde su visita reciente en 2011. Coincidiendo con el Comité contra la Desaparición Forzada se puede hablar de una continua y generalizada crisis de desaparición en el territorio mexicano. Muchas de éstas se pueden catalogar como forzadas. Resulta fundamental que comencemos por reconocer que el Estado mexicano ha olvidado su compromiso con los derechos humanos y la justicia social para convertirse, en muchos casos, en una agrupación de intereses, funcionarios corruptos y por desgracia, cómplices de la delincuencia organizada. Es indispensable trabajar para lograr la rápida incorporación de las disposiciones de los instrumentos internacionales, incluido el Estatuto de Roma en la legislación federal y del Estado, y lograr la armonización del sistema nacional de justicia penal y la legislación con las reformar constitucionales en materia de derechos humanos. Debemos encaminar nuestros esfuerzos hacia el desarrollo de un protocolo nacional para la búsqueda de personas desaparecidas, y que garantice a las víctimas la seguridad de la no re victimización, con el fin de disminuir los altísimos índices de impunidad que en la actualidad rondan el 98 por ciento. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, actualmente solo del 1 por ciento al 2 por ciento de los delitos, incluidos los homicidios, dan lugar a sentencias condenatorias. Sin embargo, sigue siendo motivo de profunda preocupación que en muchos de estos casos de homicidio, al parecer no se hayan formulados cargos o no haya habido investigaciones prontas y exhaustivas para la consiguiente impunidad aparente. Es necesario y urgente, en consecuencia, no solo replantearnos una aproximación al tema de Ayotzinapa sino a cómo garantizamos los derechos a todas y todos los mexicanos. Cómo hacemos posible garantizar la verdad y justicia para este México que nos lo reclama. Señalar el 26 de septiembre como día nacional contra la desaparición forzada de personas es una obligación, pero también es un compromiso para que nunca, nunca más haya otro Ayotzinapa. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos.