El diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo: Compañeras diputadas, compañeros diputados, hay que mencionar que fortalecer las finanzas públicas a partir de no incrementar los impuestos no es una tarea sencilla, regularmente la parte más fácil es subir los impuestos o tratar de ubicarlos en algún rubro, que al final del camino terminan siendo transferidos hacia el consumidor. Esa tarea resulta un poco sencilla. Sin embargo, hoy estamos en la posibilidad de poder hacer algo diferente con el tema de la condonación de impuestos. Un tema que por muchos años se había dado para que algunos inversionistas o algunas personas interesadas en fortalecer el crecimiento y la economía, tanto de municipios como de entidades federativas y del mismo país, pudieran hacer esas inversiones y darles algunos incentivos para que pudieran establecerse. Sin embargo, al paso del tiempo, este uso y manejo discrecional de estas condonaciones se fue descomponiendo de una manera tal, que hoy las cifras, ya lo mencionaba quien me antecedió con el uso de la palabra, están cercanas a los 400 mil millones de pesos desde el 2007 hasta el 2018, y son cifras que digamos no están cuantificadas de manera exacta. Esto es lo que de alguna manera podemos tener mediante algunos cruces e información que saltan a la vista. Entonces, lo que tenemos hoy en puerta es la posibilidad de cerrar esa puerta, generar un camino hacia la recaudación y esa es una materia, me parece, que tenemos la oportunidad de hacerla de manera coordinada. Lo que quiero mencionar, en el sentido de lo que hemos dejado de pasar, tiene que ver con que de acuerdo a investigaciones realizadas por la asociación civil Fundar, solo 10 contribuyentes integran el 24 por ciento del total de esa cantidad, otro 37 por ciento se desconoce la identidad debido a la utilización de mecanismos jurídicos para reservar su identidad. Se cancelaron 815 mil millones de pesos de créditos fiscales, lo que sumado a la cifra anterior sube una cantidad mayor al billón de pesos, que no ingresaron a las arcas de este país. Ya hemos hablado que hay temas que tenemos que venir trabajando en esta Cámara. Lo que tenemos que ir resolviendo son temas que tienen que ver, ya lo habíamos mencionado, con evasión fiscal pero también con la elusión fiscal. Es decir, existen planificaciones fiscales muy agresivas que le pegan a la recaudación y que hay oficinas incluso establecidas que se dedican a ayudar a estos grandes contribuyentes, que son unos cuantos, pero que ahí se va una gran cantidad de dinero que no es posible instalar en la redistribución del ingreso vía los impuestos. Debemos señalar que conforme al artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Y de acuerdo al artículo 73 constitucional, fracciones VII y XXVIII, es facultad del Congreso imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto, y para expedir leyes en materia de ingresos y egresos para la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garantizar su armonización a nivel nacional. Sin embargo, en la recaudación que hemos tenido en México ha sido dispar, siempre quien termina pagando más en los impuestos son los pequeños contribuyentes y los grandes siempre gozan de estos beneficios de alguna manera, porque además tienen posibilidades de hacer contrataciones para agencias y entidades que se dedican a este tipo de trabajos. Los recursos del gobierno federal son captados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de su órgano desconcentrado, el Sistema de Administración Tributaria, el SAT. En un contexto donde la recaudación de impuestos resulta necesaria para mantener el equilibrio de las finanzas públicas, resulta fundamental diferenciar entre la exención y condonación, ya lo han mencionado aquí, es decir, la condonación nos lleva a un total del monto y la exención solamente en algunas parcialidades, como lo establece el propio dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. La exención es una excepción a la regla general de causación del tributo, esta requiere de dos normas, la que establece el impuesto y la que dispone su exención. Por otro lado, la condonación implica la remisión de una deuda, esto es, una renuncia al cobro por parte del acreedor. Mientras la primera promueve un principio de equidad en materia tributaria, brindando reglas que estimulan su cumplimiento, la segunda puede abrir espacios de discrecionalidad en perjuicio de las finanzas públicas, como lamentablemente ha sucedido en la práctica. Es oportuno señalar, que de acuerdo al artículo 28 del Reglamento Interior del SAT, los grandes contribuyentes son, entre otros, aquellas personas morales que declaran ingresos acumulables iguales o superiores a mil 250 millones de pesos en un ejercicio fiscal. Debido a la agenda legislativa de este órgano y a la relevancia del tema, la Auditoría Superior de la Federación incluyó una auditoría al Sistema de Administración Tributaria, el SAT, en su programa anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018. Como resultado de ella, la Comisión de Vigilancia tendrá en su poder un documento que tiene programado entregarse, de parte de la Auditoría Superior de la Federación, el día 20 de febrero de 2020, la recepción de un informe individual denominado Ingresos tributarios a grandes contribuyentes. Es necesario darle seguimiento y tener claridad y transparencia en todo lo que ha habido y cómo se ha hecho esta discrecionalidad en términos de condonación de impuestos. Derivado de los resultados que de esta auditoría emanen, se podrán tomar medidas para mejorar esquemas tributarios. Este es uno de los efectos de la fiscalización superior, no solo vigilar el adecuado ejercicio del gasto público para generar transparencia y certidumbre, sino también ser un mecanismo para la revisión y mejora permanente de nuestra legislación. La modificación al primer párrafo del artículo 28 constitucional, pretende evitar los abusos cometidos en la condonación de impuestos, a cargo de funcionarios públicos y eliminar privilegios individuales en el trato diferenciado a grandes contribuyentes. Sin embargo, esta medida podría afectar a los contribuyentes de a pie, ya que, si por alguna razón estos pudieran haberse atrasado en el pago de sus impuestos, generando multas y recargos, les podría resultar muy difícil ponerse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Por lo anterior, se requiere revisar la normatividad secundaria para evitar afectar a esos pequeños contribuyentes, que repito, generalmente son los que terminan pagando más que los grandes contribuyentes. Ello implica continuar con el debate para generar mecanismos que incentiven al cumplimiento de los contribuyentes y que promuevan la inversión favoreciendo la productividad y el desarrollo económico de nuestro país. Por supuesto que esta puerta queda abierta para que los que quieren invertir y también tengan estrategias en su inversión para respetar la naturaleza, en un marco, digamos, de respeto al medio ambiente o que puedan generar grandes cantidades de empleos, por supuesto que esta puerta estará abierta para ellos. Solo en algunos, digamos, de los rubros que estoy mencionando. No para todos. Es decir, habrá que acotar toda esta discrecionalidad. Con el propósito de robustecer y fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, es oportuno considerar la inclusión en el mismo, de diversas autoridades como, por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Instituto Nacional Electoral, la Procuraduría Fiscal de la Federación y la Tesorería de la Federación. En el marco que tenemos hoy, el Sistema Nacional Anticorrupción, tenemos dos ejes principales: a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública. Sin embargo, es preciso y es necesario incorporar a estas autoridades, a estos entes, para poder hacer los cruces necesarios y permitir una mejor fiscalización superior de los recursos. En ese sentido, consideramos que esta propuesta constituye un avance para mejorar la recaudación, cerrar la puerta a la evasión y la discrecionalidad, promoviendo la eficiencia administrativa que nos lleve a la efectividad en el ejercicio y aplicación del gasto público. Por ello y otros motivos de peso, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen, lo anterior por estar en defensa del presupuesto y una mayor recaudación fiscal y del crecimiento económico de este país. Y hay que decirlo, en las condiciones como viene nuestra Ley de Ingresos esto aligera un poco la carga en términos de recaudación, y eso siempre estaremos nosotros apoyándolo desde esta posición. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.