EL C. DIP. LORENZO RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Ha sido aprobada en lo general la nueva Ley General de Bienes Nacionales, me he permitido reservar para la discusión en lo particular, un conjunto de artículos con la intención de perfeccionar el control que el Estado y las dependencias federales tienen sobre sus bienes e impedir que este patrimonio nacional sea revertido indebidamente. En primer lugar, he reservado el segundo párrafo del artículo 65 que en su fracción I establece que las dependencias y las unidades administrativas de la Presidencia de la República que tengan destinados a su servicio inmuebles federales, podrán dice la ley- asignar el uso de espacios a otras instituciones públicas o para el cumplimiento de los fines de fideicomisos públicos, pero también y aquí es lo que yo estoy objetando en esta fracción, que se puede por parte de las dependencias- asignar el uso de espacios de los inmuebles federales a fideicomisos privados, con lo que desde mi punto de vista- se estaría pervirtiendo el fin original protegido por el dominio público para la utilización de los inmuebles federales. Por eso estoy proponiendo que se suprima de esta fracción I del artículo 65 el que se pueda asignar espacios a los fideicomisos privados. También he reservado varios, la mayoría de los artículos de la sección IV, comenzando por la denominación de la sección que se refiere a los inmuebles utilizados para fines religiosos. Aquí, yo vengo a proponer que esta sección se denomine "de los muebles e inmuebles nacionalizados y de aquellos que son utilizados para fines religiosos". Tenemos que incluir aquí en esta sección de la ley, a los bienes muebles que están en aquellos inmuebles nacionalizados o en los que son utilizados para fines religiosos y por eso propongo que en el artículo 78 se incorpore este concepto de los muebles e inmuebles federales y se añadan dos párrafos que me voy a permitir leer: "Son también inmuebles federales los nacionalizados, en virtud de la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos de 1859, la Constitución de 1917 y la Ley de Bienes Nacionales, expedida el 31 de agosto de 1935 y que son utilizados para fines distintos a los religiosos. Los mismos no podrán, bajo ninguna circunstancia ser desincorporados del régimen de dominio público ni ser enajenados, vendidos, donados, arrendados, dados en comodato o usufructo o concesionados a asociación religiosa alguna, de manera directa o indirecta, a través de asociaciones de particulares". Hay que incorporar un párrafo así, para evitar que los bienes nacionalizados por Juárez, por los Constituyentes del 17 y el General Presidente Lázaro Cárdenas, sean dados por cualquiera de las vías a las asociaciones religiosas, sean como ellos lo han solicitado y lo digo entre comillas "devueltos a estas asociaciones". Y lo mismo, propongo incluir un segundo párrafo adicional referido a los bienes muebles que se encuentren o se hayan encontrado en los inmuebles a que se hace referencia en este artículo y que son bienes propiedad de la nación y tampoco podrán ser objeto de desincorporación del régimen de dominio público: "Bajo ninguna circunstancia podrán ser enajenados, vendidos, donados, arrendados o sujetos de contratos de explotación y exclusividad comercial por asociaciones religiosas o particulares". Hay que cerrar el paso a intentos como el de pretender devolver a la Iglesia el ex palacio del Arzobispado de esta ciudad de México. Hay que cerrar el paso a esos intentos y a esos contratos que la Abadía de la Basílica de Guadalupe ha firmado con empresas trasnacionales, para la explotación comercial en términos de exclusividad de la imagen de la Virgen de Guadalupe, que no es propiedad de ninguna asociación religiosa, ni mucho menos del Abad de la Basílica, sino que es también un bien mueble propiedad de la nación que no puede ser sujeto de la comercialización de venta o enajenación alguna. He propuesto dos nuevas fracciones en el artículo 79, para que la Secretaría de la función pública esté obligada a integrar el inventario de los bienes muebles e inmuebles nacionalizados y de que aquellos que son utilizados para fines religiosos. He propuesto que en el artículo 83 fracción VIII, se impida que la comercialización y operación de los columbarios, es decir, de los nichos ubicados en inmuebles federales, sea concesionado a particulares, puesto que se trata de inmuebles federales y puesto que las asociaciones religiosas no persiguen por ley fines de lucro. Por ello, si bien es correcto incorporar en la ley la posibilidad de que se construyan los columbarios y se depositen en ellos restos humanos áridos y cenizas, es también pertinente que se prohiba que los particulares conviertan, como lo hacen hasta la fecha, esto en un gran negocio multimillonario. Finalmente, en el artículo 86 se propone en el dictamen el que la Secretaría de la función pública pueda dice el dictamen- encomendar la promoción de la venta de inmuebles federales a personas especializadas en la materia. Es lo que dice el dictamen. Yo propongo que en lugar de permitir la privatización de la venta de inmuebles federales, este segundo párrafo del artículo 86 lo que establezca claramente sea que la Secretaría no podrá encomendar la promoción de la venta de inmuebles federales a particulares y que en todos los casos la venta siga las vías institucionales contempladas en la ley. Es cuanto. Lo que me he permitido presentar como reservas solicito a la Presidencia se proceda en consecuencia. Muchas gracias.