El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con su venia, diputado presidente. Honorable asamblea. La Constitución como ley de leyes, como ley suprema, establece el marco por debajo del cual deben entenderse comprendidas todas las demás. Pero nuestra Constitución, a pesar de contener principios fundamentales, que son los que marcan la pauta conforme a la cual se desarrolla el Estado mexicano, es una Constitución que debe actualizarse a los tiempos dentro de los cuales está inmerso el país. Hablar de competitividad implica hablar de modernidad. México hoy en día no es ajeno a los procesos económicos globales y se va a exigir o se exige a sí mismo la necesidad de contar con factores internos que le permitan un desarrollo a la par que aquellos con los cuales compiten en el planeta. Hablar de competitividad implica hablar de concurrencia, de concurrencia en mercados globales hacia donde se dirigen los productos que nuestro país y nuestra sociedad produce y exporta. Se ha incorporado dentro del artículo 25 y 26 el término de competitividad con algunos otros principios paralelos que lo acompañan. Vemos nosotros, en esta reforma, un proceso de actualización de nuestro marco constitucional. Desde luego que lo celebramos, en virtud de que en unión del artículo 26 constitucional viene a darle una clara congruencia a cuál es el papel que debe jugar el Estado en la conducción del desarrollo y el destino de México. De acuerdo con el 25 anterior, al país, al Estado mexicano le corresponde la rectoría económica del desarrollo nacional. Entendamos, desde luego, que por rectoría estamos hablando de una facultad de conducción. Es una situación y es una garantía, es un principio que sitúa al Estado en una posición, en una súper posición con relación a los gobernados. Son estos, al final de este mismo texto constitucional, los que tienen un papel protagónico en lo que es la facturación de aquello que a nosotros nos habrá de convenir, que son las actividades económicas privadas. Con la incorporación de la competitividad estamos imponiéndole al Estado un deber, la responsabilidad de hacer frente a los retos que tienen que enfrentar nuestros connacionales, el sector privado en su participación en los mercados globales. Es decir, con la incorporación de la competitividad el Estado se suma al esfuerzo global que tenemos que hacer todos para sacar a México adelante y para generar riqueza y bienestar general. Competitividad, de esta manera, en esta fracción y en esta hipótesis de la Constitución, se convierte en un factor de aglutinación, un factor de armonización de las actividades público y privadas que viene a beneficiar desde luego el entendimiento moderno de lo que debe ser la marcha del país y nuestros principios constitucionales. No dejamos de ver sin embargo que en el artículo 26 que se reforma, referente a la planeación nacional, también se incorpora la competitividad y el desarrollo de políticas nacionales a través de las leyes que expide esta asamblea y este Congreso para el desarrollo industrial que incluya vertientes sectoriales y regionales. Consideramos que la competitividad y el desarrollo industrial como quiera que haya de vérseles tienen que ser congruentes también con una política de sustentabilidad, de cuidado a nuestros recursos naturales, para beneficio de las generaciones por venir. La competitividad de esta manera y como se aprobará, si es el caso por esta asamblea, en los artículos 25 y 26 constitucional se entienden por parte del Partido Verde Ecologista de México, en cuyo posicionamiento ahora me permiten realizar como una modificación y una actualización siempre en pro del desarrollo mexicano, del desarrollo industrial dentro del cuidado del medio ambiente y de nuestro equilibrio ecológico. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.