El diputado Armando González Escoto: Con su venia, presidenta. Honorable asamblea, para quienes damos vida y dinamismo al Grupo Parlamentario de Encuentro Social en esta soberanía, la sociedad mexicana es heterogénea y encuentra en su diversidad su mayor riqueza, no la vemos como una masa uniforme y por ende aspiramos a que todos los mexicanos sean iguales, pero solamente ante la ley. Reconocemos, sí, que lo que tenemos que vencer es la desigualdad que la excluye, que la lesiona, la cohesión social, y pone en riesgo nuestra viabilidad como país. En tal sentido, creemos que el tratamiento de iguales a los iguales, y desigual a los desiguales, es una de esas piedras angulares de la justicia. Uno de los flagelos más lacerantes para la vigencia y la vivencia de los derechos humanos en nuestro país, es sin duda la discriminación que padecen los pueblos indígenas. Recientemente la relatora especial sobre los derechos humanos de pueblos indígenas en su informe de la visita realizada en noviembre de 2017, concluye que desde 2003 los pueblos indígenas continúan enfrentando graves desafíos en el ejercicio de sus derechos. El Estado mexicano ratificó el 5 de septiembre de 1990, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales, y de conformidad con la reforma constitucional en materia de Derechos Humanos de 2011, es de observancia general. El inciso a) del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, establece que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados, y en particular, a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectar directamente. No obstante lo anterior, la relatora especial en su informe señala que las consultas que llevan a cabo las autoridades no son previas y que se emiten autorizaciones y permisos para proyectos antes de consultar a los pueblos indígenas, situaciones de amenazas, hostigamiento y criminalización de los miembros de pueblos indígenas durante los procesos de consulta, menoscaban el carácter libre de las mismas. Han pasado siete años de la reforma constitucional de derechos humanos en nuestro país, y la situación de los pueblos indígenas en México, refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional, y los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Ejemplo de lo anterior, tenemos que el Ejecutivo federal olvidó en su informe de gobierno dar una respuesta en torno a la omisión de presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de ley sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos y comunidades indígenas. Este requerimiento fue formulado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 11 de julio de 2016, en la recomendación general número 27/2016. La falta de la ley sobre derechos a la consulta ha traído consigo la instalación de mesas interinstitucionales con pueblos indígenas por parte de las autoridades, para resolver la problemática, tal como lo presenta el Sexto Informe de Gobierno. Lamenta, resulta ver que la omisión se convierte en un logro para el gobierno de la República. Avances que pudiera presumir el gobierno federal para erradicar la discriminación en nuestro país, como la puesta en funcionamiento del Programa Ciudad de las Mujeres, por parte de Sedatu, se ve acompañado por la violación a los derechos humanos de más de 30 personas indígenas que no solamente se les despidió del programa, sino que durante el tiempo que laboraron en la Sedatu en Tlapa, Guerrero, no tuvieron prestación alguna. En este recinto nos acompañan integrantes de la Unión Regional de Mujeres de la Montaña, Francisca Reyes Castellanos, asociación civil que está apoyando a las mujeres indígenas, despedidas por Sedatu por atreverse a exigir el respeto a sus derechos humanos. En Encuentro Social nos pronunciamos porque los pueblos indígenas definan no solo su propio tiempo de desarrollo económico, social y cultural, sino que en este caso específico exigimos a la titular de la Sedatu la reinstalación de las mujeres indígenas despedidas, el pago de los meses adeudados y el respeto a sus derechos humanos. Todas las propuestas que hacemos para mejorar la realidad mexicana en materia de derechos humanos serán desde la convicción de que otro México es posible con los derechos humanos y la discriminación como vigencia y como vivencia. Compañeros diputados, hagámoslo nosotros. Muchas gracias.