El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema que hoy nos ocupa es un tema de trascendencia nacional y sobre todo de trascendencia social. Implica establecer un sistema de justicia laboral diferente al que hoy tenemos, porque de entrada debemos reconocer que el sistema de justicia laboral que actualmente nos rige ya no funciona. No ha dado los resultados esperados y además se ha demostrado que no está del lado de los trabajadores. Lejos estamos de la Constitución que estableciera por primera vez en el mundo los derechos sociales y el objetivo y el fin que buscaba la Constitución al final, hoy podemos señalarlo con toda claridad, no les ha servido a los trabajadores entre las juntas de conciliación y arbitraje y el charrismo sindical, se ha quedado en deuda a los trabajadores. Tendríamos que hablar muy largamente de la corrupción que impera en la justicia del trabajo, en el rezago de los asuntos cuando el objetivo y lo que buscaba la Constitución y la leyes laborales era que hubiera una justicia pronta y expedita, incluso a diferencia de muchas otras materias de derecho; sin embargo en la práctica los juicios laborales son larguísimos, con costos no nada más para los trabajadores sino también para los pequeños y medianos empresarios. Hay que señalar que la reforma sí tienen cosas positivas, reduce el poder de los sindicatos, de ese corporativismo sindical que mucho daño le ha hecho a este país y también reconoce mejor los derechos de asociación de trabajadores y privilegia el voto secreto de los trabajadores en los sindicatos. También hay que señalar que se le quita esa influencia que han tenido los Poderes ejecutivos, locales y federales en los tribunales para emitir el derecho, que son las juntas de conciliación. Sin embargo, la reforma no plantea de fondo una solución a los graves problemas que tienen los trabajadores y los patrones y todos aquellos que tienen controversia en materia de trabajo. Por ejemplo, el hecho de que se quiten las juntas de conciliación y se envíen estas controversias al Poder Judicial local y federal, no es garantía para que realmente haya una justicia diferente. Si bien es cierto hay que reconocer que el Poder Judicial federal es de lo mejorcito que tenemos en el país, los poderes judiciales locales siguen siendo un grave problema, hay una sumisión, en muchos de los casos, ante los poderes ejecutivos locales, ante los gobernadores, hay un reparto de cuotas en la selección de jueces y el Servicio Civil de Carrera sigue siendo una deuda en este país. Se mantiene por supuesto el Régimen de Inequidad para los Trabajadores, se va a seguir violentando el principio de justicia pronta y expedita porque los poderes judiciales locales no son los más eficientes y también se violenta el principio de concentración y continuidad, porque ahora las conciliaciones tienen que hacerse primero ante un nuevo ente que se constituirá, y en consecuencia esto simplemente va a permitir que el ir a las demandas sea más tiempo y habrá obviamente más rezago y más tiempo. Poner a los trabajadores en igualdad de condiciones ante los patrones por llevarlos al Poder Judicial Federal, viola la esencia que tienen los derechos sociales que estaban contemplados en la Constitución y es volver a acotar los derechos de por sí ya mermados de los trabajadores. Los derechos sociales que se consagran en la Constitución y en las leyes laborales implica poner igual a los desiguales y, el llevar al Poder Judicial estas controversias, implica restarles sus derechos a los trabajadores. También viene el acotamiento al derecho de huelga y por supuesto el voto secreto de los trabajadores tendría que especificarse que tiene que haber elecciones para que todos puedan votar, si no, la puerta falsa va a ser los delegados sindicales quienes siguen controlando a los trabajadores desafortunadamente. Los diputados ciudadanos anunciamos nuestro voto en abstención porque creemos que esta reforma no es la solución a los problemas que tenemos en justicia de trabajo. Proponemos que realmente debe haber una reforma profunda al tema de justicia laboral, y en todo caso tendríamos que velar y proponer una institución autónoma que dé garantías respecto a los derechos laborales y que sea eficiente en sus resoluciones, en donde se respete la esencia que tiene el derecho del trabajo, los derechos sociales y no se limiten ni coarten los derechos por sí muy limitados que tienen los trabadores. Debe haber una reforma, como ya se dijo, profunda que al final de cuentas es una reforma que se requiere en el país, pero no así como se está planteando. Creemos que es una reforma que tiene muchas puertas falsas. Es cuanto, presidente; compañeras y compañeros diputados.