El diputado Federico Madrazo Rojas: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeros y compañeros diputados: El objetivo de la presente iniciativa, son muchos y muy variados. Por una parte, busca sentar las bases para la construcción de un marco jurídico que impulse el desarrollo nacional a través del fortalecimiento de las actividades de las empresas regionales, cuyo domicilio fiscal se encuentre en las mismas zonas donde se lleva a cabo un concurso de licitación pública, con la finalidad de contribuir así al gasto destinado a la inversión social de manera local. Por otro lado, restringe la participación en concursos de este tipo, aquellas empresas que hayan tenido problemas sistemáticos en la ejecución de obra o en la realización de los servicios para las que fueron contratadas, mientras que garantiza el derecho de participación en las, a la micro, a la pequeña y a la mediana industria en su calidad de generadora del 60% del empleo nacional, buscando así reorientar el llamado "poder de compra del Estado" para institucionalizarlo como un instrumento de política económica que impulse al desarrollo industrial y al fomento del empleo. De acuerdo con el artículo 25 de nuestra Carta Magna, al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional, por lo que su intervención debe garantizar eficientemente la integración y sustentabilidad del avance económico del país. Esa condición debe regular y fomentar las actividades demandadas por el interés general, ya que la concurrencia a este desarrollo es una corresponsabilidad social del sector público, privado y social, proveyendo jurídicamente las condiciones que atenten el desarrollo de este último, para que a su vez contribuya al crecimiento económico de la Nación. Esta soberanía, donde confluye la representación de los sectores productivos de nuestro país, tiene la responsabilidad de legislar a favor del desarrollo nacional. Actualmente existen marcadas asimetrías regionales que frenen el progreso económico y que hacen evidentes las profundas disparidades que se dan en las diversas regiones del territorio nacional. Con la promoción de la rectoría estatal que impulse un crecimiento económico, sostenido y equitativo, con una nueva visión incluyente que permita el acceso de las clases más desfavorecidas a las oportunidades de educación, salud y empleo, esta iniciativa pretende apuntalar al sector empresarial nacional en la generación de oportunidades desde el ámbito de impulso al desarrollo industrial, principalmente a las pequeñas y a las medianas empresas. En México, el mayor crecimiento industrial de las PYMES se dio entre 1950 y 1982. Hoy en día existe un claro predominio en la micro y en la pequeña industria en la actividad económica nacional. De acuerdo a datos estadísticos de la Secretaría de Economía, en el sector industrial el 65 por ciento de los establecimientos son microindustrias, mientras que el 21.3 por ciento pertenecen a las denominadas "industrias en pequeño". Algo muy parecido sucede en el ramo de los servicios, en donde el 87.8 por ciento de los establecimientos son microindustrias y en el caso de comercio, predomina ésta en un 95 por ciento de las empresas. Desde una perspectiva global, encontramos que más del 90 por ciento de las industrias son muy pequeñas. 6.3 por ciento son pequeñas, casi 2 por ciento medianas y solamente uno por ciento es considerado como una gran industria. No obstante lo anterior, encontramos que la pequeña y la mediana industria enfrentan problemas de exclusión en los concursos de licitación pública, causando un deterioro claro en la proveeduría nacional y en las unidades de producción asentadas en las regiones donde se encuentran establecidas algunas paraestatales con gran actividad en materia de licitación. De acuerdo al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2005, el gasto de obra pública asciende a los 28 mil 413 millones de pesos, saldo que representa el 2.3 por ciento del gasto total programable que es del orden de los 127 mil 809 millones de pesos, por lo que resulta inaplazable la orientación del gasto del Estado como instrumento de impulso y fortalecimiento de la provisión nacional, principalmente del sector de las PYMES. Por otro lado, el Estado Mexicano en materia de licitaciones públicas internacionales, mantiene convenios multilaterales como el Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio, el GAT, suscrito en 1986 que en su artículo 17 numeral uno, inciso a) y b) relativos a empresas comerciales del Estado, deja asentado el principio de no discriminación a las empresas que desean participar en alguna licitación pública emitida por el Gobierno Mexicano. Asimismo, en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, encontramos un apartado en materia de compras gubernamentales consagrado en su capítulo décimo denominado "compras del sector público", donde las partes se comprometen obligatoriamente a cumplir con ciertos derechos y obligaciones en los procesos de adjudicación y licitación en rubros de compras del sector público. En particular, sobresale aquí el artículo 1003, que fija con claridad los principios fundamentales que deben observarse y que son trato nacional y no discriminación. Por ello resulta cuestionable la paradoja existente en esta materia respecto a los compromisos internacionales de nuestro país, pues por una parte tenemos una legislación avanzada en materia de licitaciones públicas diseñada para permitir que las empresas internacionales concursen en licitaciones públicas y por otro, dejamos en el olvido jurídico a la proveeduría nacional con leyes que actualmente dificultan la participación de las PIMES en los procesos de licitación pública; denostando con esto un trato discriminatorio a las industrias locales y regionales. En consecuencia resulta imperativo reformar las actuales disposiciones legales en materia de compras de gobierno o compras del sector público, para crear mecanismos jurídicos que amplíen la participación del sector privado en las licitaciones gubernamentales principalmente, ya que insisto, en el sector que pertenecen las PIMES. De esta manera podemos contribuir a que el gasto público federal se oriente de manera estratégica y en forma de recursos, a la capitalización y desarrollo de las empresas locales, con el objetivo de incentivar el crecimiento de las diversas regiones de la República Mexicana, estableciendo sí, restricciones a la participación en concursos públicos, de aquellas empresas que hayan tenido problemas constantes y sistemáticos en la ejecución de obras o en la realización de los servicios para los que fueron contratados. Por lo anteriormente expuesto sometemos a esta H. Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. En virtud de que ésta ha sido publicada con anterioridad, me permito obviar su lectura y le solicito a la presidencia de la mesa se publique este texto íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto diputado presidente.