La diputada María Esther Garza Moreno: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, recientemente fue reformada nuestra Constitución federal para colocar como tema central de todo el engranaje estatal a los derechos humanos. Esta reforma considerada por muchos como una de las más importantes desde la promulgación misma de nuestra vigente Constitución vino a inaugurar una nueva etapa en nuestro país. En este mismo sentido nuestro Estado ha dado muestras de su compromiso por garantizar el respeto, protección y promoción de los derechos humanos, tal cual lo refleja la reforma en comento. Los criterios de nuestro máximo tribunal en lo que hace al control de convencionalidad y el cumplimiento progresivo que de las observaciones, recomendaciones y/o sentencias de organismos internacionales ha venido realizando el Estado. Si bien es cierto, existen aún muchos retos y obstáculos por superar, pero el Estado a través de sus diversos órganos ha dado ya los primeros pasos en esta materia de la mayor importancia. Uno de los temas aún pendientes y que debería de llenarnos de vergüenza a todos, es el del acceso a la justicia de los pueblos indígenas de nuestro país. Una situación por demás crítica y que es por todo sabida. Es fácil advertir que los pueblos indígenas y los indígenas individualmente considerados son sectores de una gran vulnerabilidad y frecuentemente son víctimas de violaciones a sus derechos humanos más elementales. El caso que subyace al presente dictamen es precisamente el de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, ambas indígenas del estado de Guerrero, sobre el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció mediante sentencia de 30 y 31 de agosto del 2010, responsabilizando al Estado mexicano de diversas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia, la Corte Interamericana encontró a México culpable de la violación de los derechos a la integridad personal, la dignidad, la vida privada, las garantías judiciales y la protección judicial; los derechos del niño, así como de incumplir la obligación de garantizar sin discriminación de derecho de acceso a la justicia. Al Estado mexicano se le ordenó en consecuencia una serie de medidas a emprender para reparar los daños ocasionados a las víctimas, garantizar medidas de no repetición y hacer justicia en estos lamentables eventos. Esta obligación hecha al Estado mexicano es per sé obligatoria, en virtud del reconocimiento que de la jurisdicción de la Corte Interamericana ha hecho México, junto con la ratificación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La anterior administración en el gobierno federal cumplió parcialmente con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no obstante, los ejes centrales en los que debía haber hecho hincapié permanecieron sin hacerse efectivos, tales como la ausencia de un solo condenado por los acontecimientos perpetrados; la dilación en extremo de las investigaciones y la reparación parcial de los daños ocasionados a las víctimas. En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respalda el presente dictamen que viene a dar continuidad a las obligaciones internacionales del Estado mexicano, y que la anterior administración se mostró incapaz de cumplir. En un espíritu de diálogo, respeto y colaboración, como lo ha mostrado en sus primeros días de administración, así como en concordancia con su compromiso asumido para devolver la paz y la libertad a todos los mexicanos, confiamos en que el Ejecutivo federal sabrá tomar las medidas adecuadas en el presente asunto. Es cuanto, señor presidente.