La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con su venia, señor presidente, honorable asamblea. La privilegiada ubicación geográfica de nuestro país nos permite contar con costas en los dos océanos más grandes del planeta, incluso un mar propio, el Mar de Cortés. Esta extensa zona del litoral mexicano nos permite tener, también, un número importante de tierras insulares. Las islas son parte importante del territorio nacional, incluso, tienen un papel estratégico en términos de soberanía. Sin embargo, a lo largo de los años nos hemos visto inmersos en conflictos por el reclamo y ocupación de algunos de estos territorios. Un claro ejemplo de ello fue nuestro conflicto con Francia por Clipperton, también conocida como Isla de la Pasión. O la desaparecida Isla Bermeja. Cabe mencionar, que en cuyos casos no hemos salido bien librados como nación. Las islas no sólo representan un recurso estratégico por su posición geográfica sino también por los recursos naturales que albergan, ya sea por los yacimientos de hidrocarburos o por la diversidad de las especies que naturalmente se distribuyen en ellas. Basta señalar que la riqueza biológica de las islas mexicanas es impresionante. Resulta preocupante que desde hace algunos años se ha expuesto en esta máxima tribuna la venta de islas mexicanas en el extranjero y para extranjeros. No obstante, se ha omitido tomar las medidas legales procedentes para salvaguardar estos territorios estratégicos. Compañeros, si el día de hoy algún extranjero quisiera comprar una isla mexicana, podría escoger entre Isla Cerralvo en Baja California, la Isla Bonita en Nayarit o la Isla Platanito, cerca de Puerto Vallarta, sólo por citar algunas. Estas islas son ofertadas por consorcios internacionales con sedes en Canadá, el Caribe o Europa. Promocionan nuestras islas como bien conservadas, con prácticamente nulos impactos por actividades humanas y un enorme potencial para el desarrollo turístico de lujo. Lo cierto es que las islas son territorios de la nación que en teoría deberían ser inalienables e imprescriptibles. No obstante, esto no sucede en la práctica, ya que existen vacíos legales que mediante negociaciones y triangulación de trámites pueden hacer posible la desincorporación del territorio insular del régimen federal y su enajenación a particulares, quienes por medio de cesiones de derechos u otros trámites legales, pueden transferir su propiedad a capitales extranjeros. Compañeros, no podemos dilapidar nuestros recursos ni permitir la pérdida de la soberanía con la venta de nuestro territorio insular mexicano. En términos de conservación, les puedo decir que entre 65 y 75 por ciento del total de las extinciones recientes de fauna han sido especies insulares. Los números son aún más graves cuando se trata de aves y fauna, ya que 85 por ciento del total de las extinciones de aves ha ocurrido en islas. En la actualidad una de cada 3 especies de flora y 23 por ciento de las aves que están sujetas a alguna categoría de riesgo corresponden a especies insulares. En México gran parte del territorio insular cuenta con un régimen de protección, debido a la riqueza biológica con que contamos. No debemos permitir la degradación en manos de extranjeros. Las políticas nacionales no pueden ser contrarias ya que, mientras una dependencia como la Conanp hace esfuerzos por la conservación de las islas, otra, como la Reforma Agraria, las enajena para que un tercero tenga la posibilidad de apropiárselas. Esto, además de atender contra la conservación y soberanía nacional, representa un desperdicio de recursos económicos. La comercialización internacional de nuestro territorio insular debe llamar la atención, ya que puede generar un riesgo para nuestra soberanía como nación. Por ello, la importancia de la reforma que hoy pongo a su consideración. Las islas han sido consideradas dentro del régimen de los terrenos nacionales o baldíos, mismos que al amparo de la Ley Agraria pueden ser enajenados o desincorporados. No obstante, esto tiene como objetivo favorecer el desarrollo de actividades económicas primarias, como la agricultura dentro de estas tierras. Sin embargo, debemos recordar que esta regla opera de forma genérica, tanto para territorio insular, como para aquél que se localiza dentro de la plataforma continental; homologación que se considera incorrecta, ya que la naturaleza de los terrenos no es la misma hablando en términos ambientales e incluso de soberanía nacional. Por lo anterior, con el único objetivo de preservar los ecosistemas insulares, su biodiversidad y la soberanía nacional, planteo la presente reforma mediante la cual se excluyen del proceso de enajenación y desincorporación los terrenos nacionales y/baldíos ubicados dentro del territorio insular mexicano. Por estas razones, me permito presentar ante esta asamblea esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Agraria y la Ley General de Bienes Nacionales, a fin de regular la venta de estos territorios insulares y así evitar una posible afectación a la soberanía de nuestro país. Señores, que quede claro: nuestras islas no se venden y es obligación de este Congreso, en el ámbito de su competencia, defender la soberanía nacional y el territorio que integra nuestro México. Por su atención, muchas gracias.