El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores diputados, el pasado 9 de agosto de 2012 el honorable Congreso de la Unión ha dado un paso decisivo en la construcción de la democracia mexicana al establecer en nuestra Carta Magna el derecho que asiste a todo ciudadano a iniciar leyes y solicitar consultas populares. Como parte del compromiso para hacer efectivo este principio, en su artículo segundo transitorio la ley enuncia que tanto la federación como los Congresos estatales y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal tienen como plazo límite el 9 de agosto de 2013 para cumplir con este mandado. Es así que al ser conscientes de la importancia de este proceso y que el plazo de ley se encuentra cercano, los integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza presentamos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Participación Ciudadana, convencidos de los beneficios para la consolidación democrática. El cuerpo de proyecto de ley que hoy proponemos a su distinguida consideración consta de 51 artículos divididos en 3 capítulos, que buscan regular y prever los aspectos relativos a las consultas populares y las iniciativas ciudadanas. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos ciertos de que este principio está fundamentado en la participación social y la pluralidad que es connatural a una sociedad heterogénea y diversa como la nuestra. En este contexto de pluralismo democrático es como se logra un mejoramiento económico, social y cultural de nuestra nación. Atrás quedan ya las visiones que ponían una conducción solo desde lo estatal y gubernamental para construir una visión de lo público en México del siglo XXI. Es necesario que la participación ciudadana se aborde desde una perspectiva más amplia y no sólo como un dispositivo institucional inocuo, debemos pasar de una participación más allá de la formalidad legal a un verdadero instrumento de empoderamiento ciudadano que sea funcional y vinculatorio en la toma de decisiones. Ello depende, en primer lugar, de una ley funcional y operativa al alcance de la ciudadanía, sin poner obstáculos que sea imposible llevar a cabo una consulta popular o presentar una iniciativa ciudadana, salvo las que se indiquen en el precepto constitucional. Asimismo, es necesario que la información sobre estos mecanismos de participación sean difundidos por los medios de comunicación con la finalidad de que se conozcan los alcances de esta participación. Finalmente, como representantes populares, debemos asumir un compromiso sin cortapisas para garantizar la aplicabilidad de este derecho ciudadano. Resulta evidente que en materia de participación ciudadana nuestra democracia se encuentra lejos de muchas otras consideradas de avanzada. No obstante, la realidad es que ninguna Ley de Participación Ciudadana será efectiva sin el compromiso de las autoridades para otorgar las facilidades necesarias en la realización de estas actividades; menos aún si la ciudadanía y la sociedad civil no hacen suyos estos instrumentos de democracia directa. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los bajos niveles de aceptación de la democracia como forma de gobierno y la poca confianza en las instituciones democráticas, como el Poder Legislativo o los partidos políticos son algunos aspectos que debemos considerar para discutir y aprobar esta iniciativa de ley. Es insoslayable, ya que el apoyo hacia la democracia en nuestro país es cada vez menor y es una de las más bajas en la región de América Latina. Al dar a conocer estas propuestas sabemos que la connotación de democracia se amplía para acercarnos más al texto constitucional que considera a la democracia no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo, con lo que damos un paso importante en el cumplimiento de la ley suprema en su artículo 3o. El instrumento jurídico que proponemos se une a otros postulados democráticos, ya que rinde buenos resultados a la sociedad mexicana con respecto a otros derechos consagrados en nuestra propia Constitución, como lo es la información, el derecho de petición, la asociación y la participación a la planeación del desarrollo. Estos derechos se traducen en instrumentos legales que permiten su aplicación, como lo es la Ley Federal de Planeación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y la Ley de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, instrumentos de vanguardia que buscamos que hoy sean reforzados con el proyecto de ley federal de participación ciudadana. Cabe destacar que actualmente más de 24 estados de la república mantienen mecanismos de democracia directa tales como referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana y en menor grado la revocación de mandato. Para Nueva Alianza la participación ciudadana no sólo es un proceso decisorio en un régimen democrático, sino también un elemento fundamental en la construcción de la ciudadanía. Consideramos que la construcción de ciudadanía requiere de la conjunción de tres elementos que son indispensables, a saber: la posesión de ciertos derechos y la obligación de cumplir con ciertos deberes, la pertenencia a una comunidad y la oportunidad de contribuir a la vida pública de esa comunidad a través de la participación. Convencidos estamos de que la participación ciudadana en la política tiende a corregir desviaciones de las democracias representativas, sobre todo cuando éstas dejan de obedecer a las demandas de población. El establecimiento de los principios que regularán la participación ciudadana a fin de que se conduzca en el marco de los principios de la democracia, la libertad, la solidaridad, la legalidad, la equidad y el bienestar general tienen como finalidad principal más que generar una participación basada en la normatividad, formar ciudadanía responsable y observante de los asuntos públicos. En la propuesta que estamos presentando, la participación de este honorable cuerpo colegiado constituido en Cámara de Diputados será importante, ya que se encargará de hacer cumplir el resultado de las consultas populares. Establecen que con el 33 por ciento de la aprobación de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, el presidente de la república convocará a la realización de estos ejercicios. Como parte de este proceso, el Instituto Federal Electoral, deberá ser el encargado de dar seguimiento a la norma con la verificación de los datos que se requieran para la consulta, la cual versará en proyectos o actos del Poder Ejecutivo federal, proyectos o actos del Congreso de la Unión, ambos referentes a la vida política del país, iniciativas de ley, reformas, adiciones o abrogaciones de leyes federales y legislaturas de los estados, así como reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al considerar los tiempos legislativos, se da un plazo a la autoridad no mayor a los 60 días después de emitir el dictamen a fin de que las resoluciones sean consideradas en las resoluciones de los temas que se traten. En materia de iniciativas ciudadanas se prevé que los documentos sean acompañados con el equivalente al 0.13 por ciento a los integrantes de la lista nominal con documentación que pueda ser cotejada por la autoridad competente y la cámara receptora, para resolver estos asuntos. Es por eso que con la presentación de este proyecto de decreto damos certeza a la ciudadanía, queremos valer su derecho ciudadano a la representación de estos intereses, muchas veces soslayado por agendas partidistas o de grupos de poder que poco o nada tienen que ver con un interés general. Compañeras y compañeros diputados, la situación actual los obliga a tomar conciencia sobre las insuficiencias de nuestro régimen democrático en el que el acceso al poder, a través del voto, ha estado en el centro de nuestras reformas políticas. Sin embargo, hoy tenemos la oportunidad de que la democracia no limite sólo a la elección de los gobernantes, sino a pasar de una participación electoral a una participación ciudadana efectiva a través de la consulta popular y la iniciativa ciudadana. En Nueva Alianza tenemos el anhelo de que México requiere una democracia fuerte y vigorosa, pero sólo se podrá lograr sí sólo sí impulsamos una participación ciudadana efectiva en el proceso de toma de decisiones. Los invito a que hagamos de la democracia mexicana una democracia de ciudadanos, no de políticos. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.