La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, debemos señalar que el dictamen que se pone a nuestra consideración el día de hoy ni siquiera se ha aprobado y ya ha causado víctimas. Este fue el motivo del desencuentro entre el presidente López Obrador y el exsecretario de Comunicaciones y Transportes Jiménez Espriú, quien se opuso a la militarización de los puertos de nuestro país, manifestándose en contra de que los marinos asumieran el control de la marina mercante. La otra gran víctima será, sin duda, el ya de por sí lastimado comercio internacional que ahora se encontrará bajo el escrutinio militar, contraviniendo lo estipulado por la mesa redonda de autoridades portuarias a la que México se incorporó recientemente y que durante la pandemia emitió una declaración para que la mayor parte de los puertos se mantengan abiertos por razones humanitarias, comprometiéndonos para no detener el flujo del comercio exterior y dar continuidad al transporte marítimo. Adicionalmente, al aprobar estas disposiciones, estamos violando la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar que distingue ineludiblemente el ámbito civil del militar, sin generar confusión, sin mezclar funciones. Debemos ser conscientes de que de 174 países que integran la Organización Marítima Internacional, únicamente en el 6 por ciento la autoridad marítima se ejerce militarmente y en la OCDE solo Chile la ejerce, la fuerza militar. Es importante señalar que México es el tercer país de toda América Latina con mayor conectividad gracias a sus 117 puertos. El comercio marítimo genera millones de dólares al año. Es por ello, que consideramos que el presidente López Obrador nuevamente busca hacerse de recursos desesperadamente a través de una iniciativa que daña profundamente a las instituciones de marina mercante de nuestro país, con el objeto de disponer de algunos pesos más para sus megaproyectos. Por ello, me permito señalar que las acciones del presidente no son más que un acto de incongruencia. Como candidato señaló que por ningún motivo, por ningún motivo habría militares fuera de sus cuarteles, pero ha continuado en la línea de militarización que a la fecha ha encomendado 13 tareas extraordinarias a las Fuerzas Armadas. Hoy, la fuerza militar de la Secretaría de Marina asumirá más de 100 funciones adicionales. Eso es lo que hoy nos encontramos discutiendo. Las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, consideramos que los cambios propuestos a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y a la Ley de Puertos, van más allá de la materia de comunicaciones en el rubro marítimo, puertos, aguas interiores, ya que se ceden las funciones que tenía la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, la que la convertirían en un ente monopólico en materia marítima portuaria y aduanal. En el PRD reconocemos la valentía y ardua labor de las y los marinos, de las y los militares. En diversas ocasiones les hemos expresado nuestra solidaridad, y en este momento lo reiteramos. Sin embargo, no podemos estar de acuerdo en que la única solución para todos los problemas de nuestro país sea poner a las y los militares a desarrollarlas. Es por ello que afirmamos que estamos ante la consolidación de patrones militarizantes que otorgan poderes extraordinarios a las Fuerzas Armadas. Les están dando facultades plenipotenciarias que superan, con mucho, lo establecido en nuestro texto constitucional. Si existe corrupción, la solución no es encargar las tareas a los militares, sino establecer los mecanismos de control indispensables. Si existe ineficiencia, la solución no es poner a los militares a hacer las tareas, sino a crear las instituciones y capacitar a las y los funcionarios. Sabemos que México tiene problemas de inseguridad, violencia y corrupción, que son urgentes de atender y revertir. Sin embargo, estos no se resolverán sin fortalecer las instituciones civiles. Es por ello que el Grupo Parlamentario del PRD votará en contra del presente dictamen, que pretende engañar a la ciudadanía a transformar una actividad civil técnico-administrativa en una actividad militar. Es cuanto, presidenta.