EL C. DIPUTADO JORGE LEONEL SANDOVAL FIGUEROA: Con su permiso señor Presidente. Señoras Diputadas, señores Diputados, honorable Asamblea:- Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de Diputado Federal del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que me confieren los Artículos 71 Fracción II y 72 de la Constitución General de la República, 55º Fracción II, 66º y 62º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el primer párrafo de la Fracción II del Artículo 107º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el que se reforma el Artículo 76º de la Ley de Amparo, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: En nuestro sistema jurídico, todo acto de autoridad goza de una presunción juris tantum de constitucionalidad; es decir, todo acto de autoridad se presume dictado en apego a la ley fundamental y por tanto las autoridades están obligadas a cumplirlos, tal y como lo señala el artículo 128 del pacto federal, el cual reza: "Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen". El juicio de garantías, como también se le conoce, cumple una doble función: la primera, como medio de protección a la Constitución y la segunda como vía de control de actuaciones de las autoridades. Además de ser una institución jurídica que ha dado a México prestigio y reconocimiento internacionales, sin duda y sin embargo hoy día, este instrumento jurídico se encuentra inmerso en una crisis de credibilidad; en el ámbito federal su antecedente proviene del político y jurista yucateco Manuel Crescencio Rejón y posteriormente del acta de reformas de 1847, obra de don Mariano Otero, quien instaura la figura del juicio constitucional de garantías, cuyo artículo 25 a la letra estableció: "Los tribunales de la Federación ampararán a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos que le conceden esta Constitución y las leyes constitucionales contra todo ataque de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, ya de la Federación, ya de los Estados, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en el caso particular sobre el que verse el proceso, sin hacer una declaración general respecto de la ley o del acto que la motivare". Esta disposición se conoce como "fórmula Otero", rescatada por el artículo 107, fracción II, constitucional. El juicio de amparo se caracteriza por la peculiaridad de sus sentencias, las cuales sólo tienen efectos relativos, es decir se limitan sólo a amparar a la persona que invocó la protección de la justicia de la Unión Existen dos corrientes de opinión: en primer lugar, los que estiman a la fórmula Otero como el soporte, la condición de subsistencia del juicio del amparo y que el Poder Legislativo quedaría supeditado al Judicial, lo que provocaría un desequilibrio entre los Poderes del Estado; y en segundo lugar, los que reconocen el valor que tiene y ha tenido la formula Otero señalan que debe permanecer en el amparo contra actos pero que con relación al amparo contra leyes pretenden cambiarlo para establecer los efectos erga-homnes, de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes. Ahora bien, conforme a la fracción II del artículo 107 constitucional, la Justicia Federal concederá el amparo al quejoso o agraviado que haya promovido el juicio de amparo, pero no se anulará la ley en relación con los demás gobernados, es decir que la ley seguirá viva, actuante, vigente y aplicable. De acuerdo con nuestro sistema, el amparo contra leyes es un juicio para la desaplicación de las leyes, más que un medio de impugnación por el cual se logra su anulación; se limita a hacer una declaración particular ordenando la desaplicación en los casos de leyes hetero aplicativas o no aplicación en el caso de leyes auto aplicativas, lo cual pareciera conceder un privilegio a algunos ciudadanos de la República. En principio, el principio de relatividad de los efectos de sentencia de amparo o formula Otero, ha sido muy criticado en tratándose del amparo contra leyes pues se considera que la ley que no se aplica en contra del quejoso que ha obtenido una sentencia favorable, pierde su característica de general ya que su vigencia y efectos persisten para los demás gobernados. Lo grave e injusto e la desigualdad ante la ley pues la norma declarada inconstitucional se sigue aplicando a todos aquellos que no promueven el juicio de garantías. El más importante argumento para eliminar de la Constitución el principio de relatividad de las sentencias de amparo en los casos de una ley que haya sido declarada inconstitucional, es que el conservarla se pone en duda el principio de supremacía constitucional ya que se condiciona la superioridad de la ley fundamental al hecho de promover y ganar un juicio de amparo. Para la eficacia de esta proposición, es necesario se dé a conocer por todos los medios esta jurisprudencia firme y se cuente con un precepto para obligar a las autoridades a acatar dicha interpretación normativa, que es derecho vigente de estricto cumplimiento y de observancia general. Es por eso, que la iniciativa que propongo posee la ventaja de proyectar en cada uno de los juicios cuyas sentencias sienten jurisprudencia definida que declare la inconstitucionalidad de una norma de carácter general, se respete la supremacía constitucional al declarar su invalidez y por otra parte, que la Formula Otero, siga teniendo subsistencia. Es necesario establecer una solución que termine con la incertidumbre jurídica, la cual se resolvería al conceder efectos generales a la jurisprudencia firme de la Corte, en el caso de que una ley sea declarada inconstitucional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el que se reforma el artículo 76 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Artículo 1°.- Se reforma el primer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución General de la República para quedar como sigue: "Artículo 107 fracción II.- La sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, con excepción de aquellas leyes federales o locales, tratados internacionales o cualquier norma jurídica de carácter general que sea declarada inconstitucional por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso tendrá efectos generales" Artículo 2°.- Se reforma el artículo 76 de la Ley de la Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para quedar como sigue: "Artículo 76.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, sólo se ocuparan de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda, con excepción de aquellas leyes federales o locales, tratados internaciones o cualquier norma jurídica de carácter general que sea declarada inconstitucional por jurisprudencia firme de la Suprema Corte de Justicia, en cuyo caso tendrá efectos generales". Transitorios. Artículo Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo Segundo.- Se deroga las disposiciones que se opongan al presente decreto. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 15 días del mes de abril del año 2004. Atentamente. Diputado Licenciado Jorge Leonel Sandoval Figueroa. Es cuanto, señor Presidente. -EL PRESIDENTE.: Gracias diputado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos. Tiene la palabra la diputada Leticia Socorro Userralde Gordillo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una iniciativa que reforma los artículos 47 y 51 y adiciona la fracción XII al artículo 133 y la fracción XI al artículo 135 de la Ley Federal del Trabajo. -