La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país ha firmado y ratificado la Convención de los Derechos del Niño. En ella se reconoce que en todos los países del mundo hay niñas y niños que viven en condiciones excepcionalmente difíciles y que esos niños y niñas necesitan especial consideración. En su artículo 19 establece que los Estados parte adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas, apropiadas para proteger al niño contra toda forma de prejuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente. Malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. También en la legislación nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4º, párrafo 8º, 9º y 10, establece que en todas las decisiones y actuaciones del estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Las niñas y los niños tienen el derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las política públicas dirigidas a la niñez. Aún más, los ascendientes, tutores y custodios tiene la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. Y el Estado además otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de los derechos de la niñez. Así, toda nación debe reconocer que resguardar y cumplir con los derechos de las niñas y de los niños es fundamental para proteger el periodo de la infancia, como una etapa totalmente diferenciada de la edad adulta, a fin de construir un lapso de tiempo en el que los niños y las niñas puedan crecer, aprender, jugar y desarrollarse a plenitud. El derecho de una niña o un niño a convivir con su madre es de carácter inalienable e imprescriptible, y de este modo ninguna persona particular o autoridad puede realizar actos encaminados al menoscabo de tales derechos, y consecuentemente a sus titulares, que son las niñas y los niños. Las hijas y los hijos de las mujeres reclusas permanecen al cuidado de sus madres por dos razones principales: las madres así lo disponen y, en segundo, porque no existe opción para que las o los menores de edad queden al cuidado de otros familiares, y por lo tanto deben estar al cuidado de sus madres aún estando reclusas. En este orden de ideas no debe entenderse en ningún modo que las niñas y los niños se encuentran cumpliendo una pena privativa de la libertad, mucho menos privativa de sus derechos, y de este modo volverlos víctimas del sistema penitenciario de nuestro país. Aquí ya se ha mencionado que en México existen 11 mil 901 reclusas, de las cuales 4 mil 189 se encuentran en centros específicos para mujeres. El resto, 7 mil 712, el 64 por ciento, se albergan en centros mixtos, violando con esto no solamente la garantía de la población penitenciaria femenina, sino también violando los derechos de las niñas y niños que viven con quien son madres de familia. En este sentido la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha mencionado que más de 2 mil niñas y niños que viven en centros penitenciarios con sus madres viven en condiciones de vulnerabilidad, en hacinamiento, en peligro y mala alimentación. Es por esta razón que en el Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con la necesidad de adecuar las leyes vigentes a nuestra realidad, para que se garanticen plenamente los derechos tanto de las madres que se encuentran en prisión como de las niñas y niños que permanecen con ellas y que comienzan su desarrollo y formación de personalidad. De este modo se cumplirá con lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contempla el goce de todas las personas de los derechos humanos y con el principio constitucional consagrado en el artículo 4o. constitucional, referente a velar siempre por el interés superior de la niñez. Las niñas y los niños que están al cuidado de sus madres y que son menores de seis años, que es la edad límite que fija la legislación vigente deben tener condiciones de vida y desarrollo adecuados; es decir, deben contar con la educación preescolar o primaria, según sea el caso, alimentación, atención tanto médica como psicológica, lugares destinados para la convivencia con sus madres, lugares destinados a la lactancia en el caso de los recién nacidos, entre otros derechos; ya que hay estudios que confirman que de no tener una atención especializada estas niñas y niños que acompañan a sus madres en prisión o que no se les permite la convivencia con ella tienen un riesgo mayor de desarrollar algún grado de desintegración social. Es por esto que el Partido de la Revolución Democrática, nos pronunciamos a favor de este dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción IX al artículo 31 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ya que con esto estamos garantizando un derecho más de nuestras niñas y niños. Es cuanto, presidente.