El diputado José Antonio De La Vega Asmitia: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El suscrito, diputado a esta LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso, someto a la consideración de este Pleno, la presente iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En los últimos años, en nuestro país, ha sido evidente el interés por el asunto de los derechos humanos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos fue creada por decreto presidencial, publicado el 6 de julio de 1990 como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, esa entidad sería la encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones que consagran los derechos humanos en nuestro país. Casi 10 años después, primero la Cámara de Diputados, el 1° de junio de 1999 y después la Cámara de Senadores, el 8 del mismo mes y año, aprobarían el decreto por el que se reformó y adicionó el artículo 102 apartado B de la Constitución, para dotar de autonomía a dicho órgano, autonomía que redundaría en los siguientes aciertos: Asegurarle su independencia de cualquiera de los poderes públicos, partidos políticos o cualquier otro poder; Dotaría de autonomía presupuestaria, lo cual implica que el proyecto de Presupuesto que presente, sólo puede ser modificado por la Cámara de Diputados y en su ejercicio goza de total independencia respecto al Poder Ejecutivo Federal; Que las recomendaciones continúen sin tener carácter vinculatorio porque la Comisión no es un tribunal ni se siguen las formalidades procesales propias de una sentencia, y lo es también, que no haberla facultado para ejercitar acción penal respecto al delito de tortura en virtud de que no es Ministerio Público; No haber ampliado sus facultades en materia jurisdiccional, electoral y laboral porque no le son propias, en razón de todos los argumentos que reiteradamente se han expuesto. A los anteriores logros es posible, no obstante, añadir una serie de previsiones que vendrían a fortalecer sustancialmente la capacidad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para cumplir con su cometido, a saber, presentar iniciativas de ley en materias estrictamente vinculadas con el marco jurídico de protección a los Derechos Humanos; Promover una cultura a favor de los derechos humanos y del cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha firmado en esta materia; Hacer comparecer a funcionarios y servidores públicos para fines exclusivos de su competencia y adicionalmente y como una medida de control respecto de la actuación de este órgano, la iniciativa procura transparentar su gestión al establecer mecanismos para que se someta a una efectiva rendición de cuentas. En consecuencia se propone dar al Senado la facultad de exigir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, información sobre los asuntos de su competencia. Establecer en la legislación la exigencia de que los informes periódicos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, incluyan invariablemente la relación de todas las quejas recibidas y las causas que las originaron. Es preciso en este punto hacer una advertencia previa: La iniciativa no pretende coartar la independencia ni la autonomía de la Comisión, en todo momento estamos conscientes de que la primera entraña una ausencia de vínculo jerárquico con cualquier autoridad o poder público y la segunda implica, como el propio texto constitucional lo señala, autonomía de gestión y presupuestaria; es decir, la facultad de gobierno de este órgano y su capacidad para decidir el alcance y contenido de sus actos de acuerdo a las normas que rigen su quehacer, así como la ausencia de injerencia de cualquier órgano de la administración pública o de los Poderes Legislativo o Judicial. Conscientes pues, de dichas circunstancias, la iniciativa pretende al mismo tiempo fortalecer a dicho órgano, transparentar el ejercicio de su función y examinar su actuación a la luz de las disposiciones legales que la rigen, sin influir en el contenido de sus actos. La iniciativa parte del supuesto de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituye un eficaz medio de protección y defensa de los derechos de los gobernados, pero asimismo, como un organismo desvinculado del poder público y como titular de una función del Estado, quizá una de las más significativas, la que garantiza proteger al ciudadano de los abusos del gobierno, es necesario establecer mecanismos que aseguren el adecuado ejercicio de sus atribuciones. La propuesta es, y no pretende intervenir más allá de lo que resulta deseable en un esquema de control recíproco del poder público, procura solamente equilibrar y hallar un marco jurídico adecuado para esta relación entre órganos del Estado, que lejos de enfrentarse o competir entre sí de manera equilibrada, buscan el fin último de la organización estatal, a saber, facilitar la convivencia, armonizar las naturales diferencias entre los seres que integran una colectividad, alcanzar los fines trascendentes que sólo pueden realizarse cuando de un grupo de afanes, de conciencias, de voluntades, convergen en un mimo punto; en suma, lograr lo que constituye razón y esencia de vivir sociedad: lograr el bien común. Es cuanto, diputado Presidente. -