La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Gracias, señor presidente. Señoras, señores legisladores, buenas tardes. Las nuevas tecnologías que permite la difusión de datos, voz y video, abre posibilidades inéditas para fortalecer la inclusión social, la participación y el ejercicio de los derechos fundamentales. A nivel mundial existe consenso sobre la necesidad de garantizar el acceso universal a la banda ancha, que es el canal más propicio para que fluya Internet. Para la Organización de las Naciones Unidas, Internet es un instrumento insustituible en la realización de una serie de derechos humanos en la lucha contra la desigualdad y por esta razón califica el acceso libre como un derecho humano inalienable. Sin embargo, el acceso a la banda ancha tiende a concentrarse en los sectores sociales con mayor poder adquisitivo, dejando marginada y desprotegida a una gran parte de la población. México está rezagado en esta materia. La Asociación Mexicana de Internet estima, que sólo el 35 por ciento de la población tiene acceso a Internet, en comparación con España que tiene el 60 por ciento de la población, y en Alemania el 70. Y en cuanto a la calidad y el costo del acceso, México presenta condiciones demasiado desventajosas para la población. México tiene un gran déficit de conectividad en infraestructura digital, los hogares, las escuelas y las pequeñas empresas tienen apenas un equipamiento precario. Los diferentes sitios de acceso están desarticulados debido a la falta de incentivos mercantiles para los concesionarios y por la excesiva concentración en pocos operadores. Nueva Alianza propuso en su agenda legislativa, construir un desarrollo integral, sustentable y sostenible, pero los índices de exclusión en el acceso a la banda ancha de la población mexicana hacen casi imposible lograr estos objetivos. Los diversos órdenes de la vida social, económica y política se digitalizan cada vez más, de tal manera que la población sin acceso a la banda ancha corre el riesgo de sumar la marginación digital a la situación de pobreza y desigualdad que ya se padece. Si no incluimos a esa parte de la población, la estaremos condenando a reproducir el ciclo de la pobreza. Para construir un futuro entonces incluyente, democrático, moderno y justo, es impostergable garantizar que todos los mexicanos puedan acceder a la banda ancha, además esto incrementaría la competitividad y la productividad del país. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el acceso universal a la banda ancha es un derecho fundamental, porque tendrá como efecto duradero garantizar la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad, el pluralismo y la participación política y social. Los derechos fundamentales tienen que plasmarse plenamente en nuestra Constitución, porque concretan los valores sobre los cuales se edifica el orden y la convivencia nacional. Estamos proponiendo, entonces, que el derecho de acceso universal a la banda ancha se incorpore al artículo 4o. de nuestra Carta Magna. En este artículo están consagrados derechos fundamentales que debe garantizar el Estado, como son la alimentación, la salud, el agua, el medio ambiente y la cultura. El Estado debe garantizar el acceso universal a la banda ancha, porque el espectro radioeléctrico es un bien nacional y este derecho fundamental debe traducirse en una política de Estado, desde la perspectiva del interés público y el bienestar social. Por estas razones proponemos en nuestro grupo, adicionar un párrafo al artículo 4o de la Constitución, en los siguientes términos: toda persona tiene derecho al acceso a la banda ancha para disfrutar de los diversos servicios de telecomunicaciones, particularmente el servicio de transmisión de audio, video y datos, denominado Internet. El Estado promoverá las condiciones necesarias para que el acceso universal a la banda ancha sea efectivo y de calidad. La ley determinará los procedimientos, las concurrencias y las características adecuadas para el pleno disfrute de este derecho, adoptando la perspectiva de beneficio social y la sana competencia en el sector. De esta manera comenzaremos a construir una legislación que atienda el escenario cambiante que propicie la revolución tecnológica, y a la vez, asegure y refuerce la rectoría del Estado sobre el espectro radioeléctrico, frente a los poderosos intereses de los concesionarios dominantes de la radio, la televisión, el Internet y demás servicios que fluyen por el espectro radioeléctrico. Quienes se han desarrollado en condiciones privilegiadas y ahora deben asumir el sentido social de las telecomunicaciones. Esperando contar con su apoyo a esta propuesta, es cuanto, señor presidente.