El diputado Faustino Javier Estrada González: Con su permiso, señora Presidenta. En nuestro país, así como en muchas naciones de Latinoamérica, el combate a la delincuencia se encuentra limitado. En muchas ocasiones por la deficiencia o imposibilidad física de atender el gran volumen de asuntos denunciados. Las carencias operativas de las autoridades persecutorias de los delitos se traducen en la mayoría de las ocasiones en impunidad. Nuestro sistema penal, al igual que en otros de los países occidentales, faculta al Estado para que en ejercicio del derecho, sancione o castigue a aquellos que trastoquen el orden legal. Así, dentro de la teoría penal se ha hablado del monopolio de la acción penal del Estado, ejercida a través de órgano constitucionalmente establecido para ello. Nuestro Máximo Ordenamiento reconoce en el Ministerio Público federal al órgano encargado de velar por la legalidad de las actuaciones que autoridades y ciudadanos realicen en la convivencia pacífica. De ahí que se reconoce por el Estado como entidad soberana, que el derecho penal debe y es el último recurso para la solución de conflictos cotidianos entre los gobernados. Desgraciadamente la teoría penal ha sido superada por la realidad social. Hoy día los índices delincuenciales se han incrementado alarmantemente en todo nuestro país. La corrupción e ineficiencia en la actuación de la autoridad ministerial han colaborado con la impunidad y el incremento casi incontrolable en la comisión de delitos, sobre todo patrimoniales o que implican al crimen organizado. En los últimos años se ha buscado por los conductos institucionales, soluciones que aunque en la teoría deberían funcionar, en la práctica implica un problema para la solución del fenómeno social. La colaboración de diversos niveles de gobierno, Federación, estados y municipios, ha servido al reconocimiento de éstos, del gran problema en que se ha construido el problema que hoy nos ocupa. Pero no ha sido suficiente la apatía de la sociedad en cuanto a la presentación de denuncias penales por razones diversas, como la pérdida de tiempo, de desconfianza de las autoridades ministeriales y policiales, la nula participación de las víctimas u ofendidos dentro de los procedimientos penales, se ha traducido en la falta de una claridad del problema. Pero en cuanto a operatividad en la persecución de los delitos, debemos señalar que dada la magnitud del fenómeno, las autoridades se han visto superadas, no sólo en la prevención, sino más gravemente en el combate y en la persecución de los delitos. En la persecución, en donde hoy los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara centramos la presente propuesta. Ésta pretende que las víctimas o los ofendidos de los delitos, cualquiera que fuere su naturaleza, puedan actuar en coadyuvancia con el Ministerio Público federal a fin de integrar debidamente la indagatoria y que ya dentro del proceso penal puedan participar activamente durante todo el procedimiento. Con ello —sostenemos— el Ministerio Público podrá contar con el apoyo en la integración de los expedientes a través de las pruebas que se aporten por parte de la víctima o del ofendido del delito o acelerando la conformación de aquellos y garantizando que las causas penales se lleven a buen término. Hoy día es cierto que se reconoce la facultad a las víctimas o los ofendidos de los delitos, de coadyuvar o colaborar con el Ministerio Público, pero esta participación se encuentra siempre supeditada a la voluntad de los agentes que conforman la representación social. Por ello se propone establecer como un derecho de los ciudadanos que sufran en su persona o patrimonio las consecuencias de los delitos, el participar como un derecho constitucionalmente reconocida en todas y cada una de las diligencias o actuaciones, tanto en la indagatoria como dentro del procedimiento penal a través de la aportación de pruebas, solicitud de diligencias. En suma, actuando activamente en la secuela procesal no como mero espectador o por un acto de venganza, sino como alguien que tiene derecho, uno de los más altos, a que le sea impartida justicia. Nuestra propuesta en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece un catálogo de derechos, tanto del delincuente como de la víctima u ofendido. He aquí que hemos considerado establecer la inclusión del derecho de éstos últimos a coadyuvar con el Ministerio Público tanto en la indagatoria como en las distintas etapas del procedimiento ante el juez del conocimiento. Así, nuestra propuesta faculta de forma clara el derecho irrestricto y en todo momento para que pueda colaborar con el Ministerio Público a que le sea reconocida personalidad jurídica dentro del proceso, consecuentemente podrá promover en todas las etapas pre y judiciales, ofreciendo pruebas, interrogando testigos y en suma, poder participar activamente en la persecución de la justicia. Coadyuvar es contribuir, asistir o ayudar a la consecución de algo. Así las víctimas u ofendidos de los delitos asistirán como una especie de auxiliares al Ministerio Público, diferenciándose esta facultad con la ya existente en el Código Federal de Procedimientos Penales, en que nosotros proponemos la coadyuvancia obligatoria, dejando a un lado la facultad o potestad del Ministerio Público para permitir esta participación. En cuanto a la reforma de los artículos 2o, 4o, 86, 113, 123, 136, 141 y 306 del Código Federal de Procedimientos Penales, se busca aterrizar dentro de este dispositivo dicha facultad. Es cuanto, señor Presidente.