El diputado Marcos Aguilar Vega: Gracias, señor presidente. Quiero en primer término, con la mayor puntualidad, señalar que en esta discusión que ahora priva en la Cámara de Diputados estamos obligados, sin excepción alguna, todos los legisladores y las legisladoras, a respetar un principio que está vinculado con el derecho constitucional y el derecho administrativo. Debemos reconocer particularmente que ambos derechos son de estricta observancia y estricto cumplimiento, a diferencia de otra naturaleza de derechos que existen en nuestro país. La propuesta que hoy plantea a través de un acuerdo la Junta de Coordinación Política, está sustentada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica del Poder Legislativo y en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Ahí están contenidos con toda puntualidad los principios que regulan el proceso, que hay que señalarlo con puntualidad, para reformar la Constitución y para reformar una ley secundaria son exactamente los mismos. Existen particularidades que hay que destacar y que están contenidas, en primer término en la Constitución en su artículo 135 que específicamente señala o hace referencia en calidad de Constituyente Permanente a la obligatoriedad que tiene el Congreso de la Unión a votar con mayoría calificada de ambas Cámaras cualquiera de los dictámenes que tengan esta concepción, y particularmente la mayoría de las legislaturas de los estados. De igual manera, este procedimiento revela a nuestro Reglamento en la Cámara de Diputados en los artículos 230, 231 y 232 de este dispositivo la obligatoriedad para observar todas las etapas del proceso legislativo, y que hay que decirlo con toda claridad, no tiene un sustento legislativo expreso en el marco jurídico reglamentario. Particularmente el caso de las minutas que son recibidas por la Cámara de Senadores, en un esquema de Cámara Revisora, el presidente de la Mesa Directiva tiene la obligación de darle el turno que corresponda; sin embargo es el propio Reglamento en el artículo 82 el que ofrece alternativas de excepción de manera particular que han sido previamente leídas y que se refiere a aquellos casos en que el trámite sea urgente u obvia resolución. Quiero señalar con claridad que no existe una sola impugnación que haya sido, que haya recaído en una sentencia que implique inconstitucionalidad o ilegalidad en función de lo que hoy se propone. Hay antecedentes en la Cámara de Diputados en donde se desprende que de diversas discusiones que no han sido sometidas a una comisión, han sido convalidadas por el pleno de la Cámara de Diputados. El día de hoy particularmente lo que se menciona, es que si la propuesta que ha recibido el presidente de la Mesa Directiva por ser de urgente u obvia resolución, tendrá él la obligación de someterlo a consideración del pleno, y si el pleno en la Cámara de Diputados de manera mayoritaria le concede con el voto esta calidad de urgente u obvia resolución, adquiere la validez legal. Hay otra clase de argumentos que pueden verterse, que no necesariamente tengan que ver con el sentido de lo que en estricto sentido está señalando la norma jurídica, es un asunto de técnica legislativa que no violenta expresamente el marco jurídico, y hay que decirlo con claridad para evitar confundir a la población, el trámite que hoy se está sometiendo a consideración no carece de legalidad, no viola ninguna disposición en la Cámara de Diputados y no viola ninguna disposición de la Constitución General de la República. Es atendible y es procedente la propuesta que ha formulado la Junta de Coordinación Política, atendiendo exclusivamente al principio que señala el derecho constitucional y el derecho administrativo, de ser de estricto cumplimiento y observancia. No hay violación al marco jurídico y por ello me parece que es atendible la propuesta de la Junta de Coordinación Política y en esos términos el llamado a cada uno de los diputados de esta asamblea...