La diputada Blanca Estela Jiménez Hernández: Gracias, presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la violencia contra las mujeres debe ser un tema de la más alta prioridad, razón de Estado y parte de la agenda estratégica. Es necesario asumir que es un fenómeno social, que aunque afecta principalmente a las mujeres trastoca también a la sociedad nacional. Por tanto, no podemos seguir dando la lucha solas, requerimos necesariamente que junto de nosotras se constituya un modelo nuevo de sociedad y de relaciones interpersonales y familiares. En este punto me atrevería a proponer como un primer gran desafío la urgente necesidad de tomar conciencia desde el ámbito institucional hasta el individual, de la existencia y vigencia de los derechos de las mujeres. Para ello es necesario mirar a través de otros cristales a la nueva sociedad, el entorno, y desde luego, a las mujeres y a los hombres de este siglo. Para poner el tema en perspectiva es necesario señalar que de acuerdo a los datos de Inmujeres y de Inegi en México, la violencia contra las mujeres se considera ya como una grave enfermedad social que afecta a más de 9 millones de mujeres en todo el país. El 46.6 por ciento de las mujeres reconocieron haber vivido algún tipo de violencia. La más alta fue la emocional, después siguió la financiera, la económica, que es el control a través del dinero, después la física y al final la sexual. Según el Instituto Nacional de la Mujer, en México cada día mueren 10 y 14 mujeres víctimas de violencia extrema; una de cada tres mujeres ha sufrido violencia de pareja alguna vez en su vida y una de cada cinco mujeres sufre violencia con su pareja actual; dos de cada tres han sufrido violencia alguna vez en su vida. La Secretaría de Desarrollo Social reportó que el 66 por ciento de las mujeres muertas en zonas urbanas son resultado de violencia intrafamiliar. La violencia doméstica se vive en 7 de cada 10 hogares mexicanos; la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales e impide total y parcialmente a la mujer gozar de dichos derechos y libertades, por lo tanto es un delito. La violencia contra la mujer no sólo es una grave infracción a los derechos humanos, sino que además impone enormes costos sociales y económicos, menoscaba la contribución de las mujeres al desarrollo, la paz y la seguridad; plantea una grave amenaza al logro de los objetivos del desarrollo acordados internacionalmente. Hoy podemos señalar, al igual que Octavio Paz, que la mejor medida de avance, progreso y modernidad de los pueblos, no sólo se determina únicamente por el grado de desarrollo científico y tecnológico, sino más bien por la capacidad crítica y autocrítica de los habitantes, así como por la libertad e igualdad de derechos humanos que se reconozcan a las mujeres. Esto es, en el acceso a las oportunidades de trabajo, de creación intelectual y las artísticas, la participación política e intervención de los asuntos del poder, entre otros. Por lo que sólo en la medida en que se disminuya hasta desaparecer la discriminación de género y sexo, habrá un verdadero y total reconocimiento a la dignidad humana de la mujer y la humanidad en su conjunto podrá finalmente disfrutar de la plena libertad que le corresponde. La igualdad no es sólo un concepto a aplicar, sino una noción que necesita aprendizaje y práctica tanto por la que sufrimos de su falta como por quienes sólo la conciben por su forma abstracta. En este sentido la educación tiene un rol fundamental. Desgraciadamente no es secreto para nadie que la educación en sí misma es un lujo en diversas regiones de nuestro país. Queda claro en nuestros días que las mujeres tenemos derechos inalienables, imprescriptibles, inmodificables, intransferibles como son el derecho a la libertad de expresión, de asociación, sexual, de decisión, sobre todo en nuestro cuerpo, de elección de tránsito, etcétera. Tenemos derecho a la vida y a vivir una vida libre de violencia; derecho a no ser discriminadas, derecho a un salario digno y bien remunerado, a la alimentación. En ningún caso se puede estimar que sea el legítimo uso del poder con propósitos coercitivos; sólo cuando su abuso no se distingue de su uso, se terminan legitimando las agresiones. Un país donde un alto porcentaje de las mujeres sufren violencia y discriminación, no puede ser un país justo. La igualdad es la base de toda sociedad democrática y debe recoger entre sus principios la justicia, reconociendo como derechos fundamentales los denominados derechos humanos. No podemos olvidar que las agresiones hacia las mujeres, la violencia de género, los delitos de género tienen su fundamento principal en la desigualdad. Es imprescindible poner fin a la impunidad y garantizar que se exija responsabilidad por la violencia contra la mujer. Precisamente para prevenir y reducir esa violencia, la labor para poner fin a la violencia contra la mujer obliga a demostrar el compromiso político y las medidas sistemáticas y sostenidas, apoyadas con suficientes recursos y mecanismos institucionales poderosos, dedicados y permanentes. En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las diputadas priistas les decimos a las mujeres que no daremos un paso atrás, que daremos una lucha incansable para lograr los mayores y mejores avances, los mejores derechos, con responsabilidad ética y congruencia. Desde esta tribuna les decimos de frente a las mujeres mexicanas que caminaremos junto a ustedes y que no nos rendiremos en esta lucha histórica que nos compromete y nos pertenece, al igual que a todos ustedes. Les pido que unamos nuestras voces, nuestros esfuerzos y voluntades para decir no a la violencia contra las mujeres. Es cuanto, señor presidente.