La diputada Margarita García García: Muchas gracias, diputada Sauri. Con la venia del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, más vale invertir en prevención que gastar en recuperación, pero que esta ley nuevamente no venga con los oportunistas del viejo régimen, donde hubo mucho presupuesto, pero en Oaxaca, hasta hoy se sigue quedando en incógnita en manos de quién está ese dinero de los sismos y de la gente que perdió sus casas, y eso no dicen nada muchos compañeros. Esta nueva ley que se presenta por parte de la Comisión de Protección Civil, se establece conforme el marco internacional de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, el cual es considerado un instrumento que ayudará a que los gobiernos gasten menos en reconstrucción causados por desastres. Sabemos que México es uno de los países con mayor número de desastres naturales debido a nuestro clima, el cual provoca mayor cantidad de fenómenos naturales severos. Nos encontramos dentro de las 10 principales nacionales que padecen de afectaciones geofísicas, hidrológicas, meteorológicas y climatológicas conforme un estudio realizado por la Oficina para la Reducción de Riesgo de las Naciones Unidas, presentando un total de 150 desastres naturales de 2000 a 2019, y donde emiten como observación final que la mayoría de las naciones han fallado en prepararse apropiadamente para prevenir afectaciones. Para México, el impacto económico en pérdidas ocasionadas por fenómenos naturales es muy alto, por lo que se debe considerar mecanismos sistemáticos planificados de atención a los desastres y la reconstrucción con una visión de desarrollo sostenible. La reconstrucción después de un desastre no puede depender de la reasignación de recursos como ha estado ocurriendo, por lo que es importante considerar instrumentos financieros que apoyen a la prevención, por lo que incluir la gestión integral de riesgo de desastre en esta nueva ley es de gran importancia, ya que se da un enfoque más profundo de lo que implica el riesgo, reconociendo nuevas fases de evaluación y reducción de los riesgos por medio de la previsión, identificación, prevención, mitigación, preparación y atención a emergencias, y no quedarnos con la visión de ser solo un país reactivo. Este dictamen retoma iniciativas que se presentaron por varios grupos parlamentarios para la creación de una nueva ley, incluyendo la bancada del Partido del Trabajo. Además de que se plantea la importancia de un atlas de riesgo, dándole todo un capítulo en donde considera la importancia de contar con este instrumento para que sea parte de la elaboración de políticas y programas en un proceso de intervención de riesgo de desastre con información nacional, estatal municipal y de demarcaciones territoriales como una nueva herramienta de análisis y posibles escenarios para una estimación de pérdidas en caso de desastre en viviendas, infraestructura y áreas de seguridad. Esperamos que esto incentive a que los 2 mil 446 municipios del país realicen y actualicen sus atlas de riesgo. Se considera un programa de reconstrucción que permitirá que las construcciones se realicen bajo mejores condiciones y con un menor riesgo del que existía antes de desastre causado por una amenaza natural. A pesar de muchas discusiones, reuniones, mesas de trabajo, foros en varios estados con personas interesadas y actores de protección civil en el ámbito nacional e internacional, quienes dieron su opinión y recomendaciones respecto a esta nueva ley, consideramos en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que aún quedamos debiendo a la población, debido a que faltó tomar en cuenta propuestas que enriquecerían más este dictamen. Faltó un mayor interés de participación e inclusión por integrantes de la comisión y falta de sensibilidad por parte de la presidenta, pero, estamos dando un paso muy importante hacia el compromiso que tenemos de cambiar un país reactivo a un país previsivo. Sabemos que las leyes son perfectibles, se adecuan a los tiempos y a la sociedad, por lo que esta ley se irá fortaleciendo conforme a las necesidades de los ciudadanos. Los sismos de 2017 nos dejaron una gran experiencia que fue el de fortalecer el marco normativo en materia de transparencia, debido a que muchos de los recursos donados y aportados para la reconstrucción de los estados afectados no llegaron a su destino, se quedaron en los bolsillos de quienes representan y representaron los responsables de protección civil en los estados. Hubo opacidad en el manejo de estas donaciones, conforme lo informó la Auditoría Superior de la Federación, por lo que en esta ley se prevé que las autoridades que no actúen con ética y compromiso se sujetarán a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para su sanción. Será un compromiso del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo fortalecer y vigilar la aplicación de esta nueva legislación, ya que de ella dependen gran número de vidas. Es cuanto, diputada Sauri. Muchas gracias.