El diputado Tomás Octaviano Félix: Muchas gracias, señor presidente. Amigas y amigos diputados, muy buenas tardes. Como parte del paquete económico 2016, que envió el Ejecutivo federal a esta soberanía, se planteó la iniciativa de reforma a la Ley de Asociaciones Público Privadas que hoy discutimos. Las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, nos opusimos firmemente a la propuesta del Ejecutivo federal, la cual despojaba a esta Cámara de su facultad para aprobar las asociaciones público privadas, además de no contener propuestas que limitaran la posible discrecionalidad del Ejecutivo en la materia y mejoraran la transparencia necesaria en los procedimientos de contratación y ejecución de los contratos. En este sentido, el Ejecutivo respondió con algunas tímidas propuestas al respecto, en particular las referidas a los informes trimestrales que el Ejecutivo ya se encuentra obligado a rendir al Legislativo. Ante esta situación manifestamos nuestra clara oposición a la reforma propuesta, por lo que en consonancia con los demás grupos parlamentarios, decidimos optar por mantenernos en el debate para buscar la mejor reforma posible. De tal suerte que en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública promovimos diversos ajustes para evitar el despojo de las atribuciones de esta soberanía. Compartíamos la visión de los especialistas en el sentido de que la aplicación del esquema de las asociaciones público privadas desde hace más de una década se encaminaba a la privatización de todos los sectores y servicios públicos, bienes y servicios que por mandato constitucional controla el Estado. Su instrumentación fue ampliamente diversa en sectores como el de comunicaciones y transportes con las concesiones y privatización carretera. El de salud, por ejemplo, mediante la subrogación de infraestructura hospitalaria y servicios médicos en los proyectos de prestación de servicios, los denominados PPS. En el sector energético con los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, contrato de servicios múltiples; y en el caso de la comisión Federal de Electricidad, bajo el nombre ya de asociaciones público privadas. Con base en esta realidad, compañeras y compañeros, y en conjunto con los demás grupos parlamentarios logramos reestablecer el poder de esta Cámara, el resultado es un artículo 24 que rescata esta atribución para la Cámara a través de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sin embargo consideramos que la redacción alcanzada aún es insuficiente. Por tal motivo, en lo general, el Grupo Parlamentario del PRD manifestamos nuestro voto de confianza al dictamen que se somete a la consideración de esta soberanía, porque coincidimos en las bondades de las asociaciones público privadas, pero también conocemos sus fallas y, sobre todo, los riesgos que implican, particularmente me refiero a que la instauración de esta ley abrió la puerta de la legalidad a lucrativos negocios en áreas del sector salud, educación, seguridad pública y, sobre todo, en lo energético. En términos del plazo establecido para el análisis por parte de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, consideramos un exceso pretender establecer plazos a la comisión para resolver sobre las solicitudes del Ejecutivo federal y, sobre todo, otorgar a este el derecho a la afirmativa ficta, ya que se deja en estado de indefensión a las minorías representadas en esta Cámara. Propusimos también establecer controles a la discrecionalidad del Ejecutivo federal en la materia para evitar el despilfarro en gasto corriente o elefantes blancos. Si bien los artículos 2o. y 3o. de la ley que se comenta esbozan esta cuestión, lo cierto es que no podemos dejar la puerta abierta a las interpretaciones, por lo que habremos de presentar la reserva correspondiente para que no quede lugar a la duda. Las y los legisladores del PRD tenemos claro que ante la reducción de 21 por ciento en el gasto de inversión pública en el presente proyecto de Presupuesto para 2016 respecto a 2015, el sector privado es en quien el gobierno federal ha depositado la función de aportar los recursos de inversión bajo el esquema de asociación público privada, como se ha comentado. Sin embargo, mi Grupo Parlamentario cuestiona el mecanismo de la participación privada para impulsar la inversión debido a que la evidencia demuestra que para los gobiernos, dependencias u otro ente son en la práctica deuda pública, compañeras y compañeros, misma que debe ser garantizada y pagada por estos. Y no sólo eso, pues la concepción de las APP no está encaminada a combatir la brecha de la desigualdad social, ya que en el sector privado opera en la lógica de la máxima ganancia. En este mismo tenor, se debe tener en cuenta que las APPs están exentas del cumplimiento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, como de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Sector Público, lo que potencia su posibilidad de mantener la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas por parte del Ejecutivo federal a esta soberanía. En resumen, el Grupo Parlamentario del PRD manifiesta que su apoyo no será un cheque en blanco, por el contrario, el voto de confianza será acompañado de la vigilancia y seguimiento pertinaz y acucioso, pues tenemos presente que el Presupuesto en el rol de la política fiscal antes que nada debe redistribuir la riqueza a través del impulso al crecimiento económico y crear empleos mejor remunerados en aras de alcanzar mayores beneficios para la población de bajos recursos, y por supuesto a beneficio de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias.