EL C. DIPUTADO MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores: hace ya casi dos semanas presentamos ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo que en esencia pretendía convidar al Poder Ejecutivo Federal para que instruyera al secretario de la Defensa Nacional a efecto de que cesen, se acaben de inmediato los operativos militares del Ejército mexicano de la 39 zona militar. En el mismo punto exhortamos a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas para que esclarezca los recientes asesinatos en aquel estado. Además, pedimos que ese órgano del Congreso de la Unión se pronuncie porque el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Chiapas emprendan acciones efectivas para la disolución de los grupos paramilitares que proliferan en Chiapas. Hoy sabemos contundentemente que en el gobierno foxista del cambio nada, nada ha cambiado y en el gobierno de Chiapas, aunque su slogan dice que es de todos y para todos, hasta ahora lo único que efectivamente se ha repartido entre todos ha sido la impunidad. Pero no sólo el poder o los poderes ejecutivos han fallado a los pueblos indios; les ha fallado también este Congreso, legislando a su espalda y en contrasentido a sus demandas. Ahí está la reacción nacional y mundial. Y para que no quede duda de que la exclusión es una política de Estado, hoy también el Poder Judicial da la espalda a los indígenas. Los tan cacareados y famosos 15 minutos de que alardeaba Fox se han convertido en 888 mil 960 minutos, es decir, ya casi le va llegando al millón de minutos. Dónde quedó esa promesa. Estos han transcurrido sin vestigio alguno de solución al conflicto armado. parece algo más que una coincidencia que al fallido fallo de la Suprema Corte de Justicia se emita justo cuando el clima de hostigamiento y violencia paramilitar se recrudece en todo Chiapas. No se puede concebir que el fallo emitido con un carácter elemental y vergonzoso, con un argumento jurídico tan ramplón que en lugar de exhibir asepsia jurídica demuestra cobardía histórica y sociall; que éste hubiera tardado tanto en emitirse cuando ni siquiera se iban a analizar de fondo y de forma, las controversias interpuestas. Toda señal de paz se ha desvanecido, se ha allanado el camino para el fallido violento. A la fecha y desde que el último comandante del EZ hizo uso de esta misma tribuna, el Ejército Mexicano ha realizado 380 operativos militares en la zona de conflicto. Tan sólo en los meses de julio y agosto de cada relevo de tropas implica un aumento de por lo menos un millar de efectivos militares; con las movilizaciones y aumento de las tropas del Ejército, los grupos paramilitares se sienten cobijados simbólica o efectivamente para perpetrar aún más sus actos criminales. El saldo de la escalada de violencia paramilitar en el último mes, arroja un saldo de 5 asesinatos y 38 heridos en las comunidades. Por lo demás, estos asesinatos distan mucho de ser aislados o fortuitos. En todos los casos las víctimas curiosamente han sido simpatizantes o bases de apoyo del EZ, o miembros de los consejos de los municipios llamados "autónomos" o "en resistencia". Pero ¿qué es lo que ha fomentado, además de la movilización del Ejército la escalada de violencia paramilitar? Son las señales que desde el poder se están enviando a estos grupos; son las mismas que se enviaron con la aprobación de una ley indígena a espaldas de los indígenas, son las mismas que acaba de enviar la suprema corte de Justicia de la Nación, son las mismas de la implacable aritmética parlamentaria cuando el continuismo y conservadurismo se juntan para hacer un vínculo indisoluble como lo demostraron en abril del año pasado. Así en Chiapas, mientras el ex presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez y hoy delegado estatal del PAN, el señor Francisco Rojas Toledo convoca al Ejército Mexicano a atacar y poner en su lugar al EZLN y el padre de éste, diputado local, también panista, debate frente a un diputado tzotzil en el que considera su idioma oficial, o sea, el inglés, y por su parte el diputado priísta Pedro Chulin, sigue encabezando los actos públicos de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, la (ODDIC), señalado como el grupo paramilitar responsable de por lo menos tres de los últimos asesinatos; a su vez el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía sólo atina a desplegar desplegados de plana entera en los que tergiversa los hechos con argumentos inverosímiles que intentan confundir a la opinión pública. Esta clase de argumentos no los escuchábamos ni siquiera en los mejores tiempos del gobernador Albores o del Procurador Madrazo Cuéllar. No podemos tirar la piedra y esconder la mano. -