La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Con su permiso, diputado presidente. Estimados y estimadas compañeras diputadas, hoy en día es inevitable notar que estamos viviendo un periodo de cambios y reformas que buscan la mejora y el crecimiento económico, político y social de nuestro país. En ese sentido, es que el 10 de febrero de 2014 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral. La llamada reforma política electoral, en sus dos vertientes, tanto el concerniente al régimen político como el referente a las transformaciones constitucionales, representó un esfuerzo conjunto y el resultado de la suma de voluntades que permitieron robustecer el sistema político mexicano. Para llegar a estas coincidencias se conjuntaron propuestas que resaltaban la necesidad en el país de una reforma integral al sistema político y que no podía llevarse a cabo mediante propuestas en solitario. Cierto es que, son innumerables los beneficios que el Estado mexicano obtiene al contar con un sistema electoral, conformado con normas jurídicas e instituciones a la vanguardia y confiables. Entre los cambios aplaudibles encontramos los que se refieren a las candidaturas independientes, consultas ciudadanas, las iniciativas preferentes enviadas por el presidente, la iniciativa ciudadana en materia legislativa, por citar algunos. Con el objeto de implementar de manera adecuada las reformas constitucionales en materia político-electoral, el 23 de mayo de 2014, se expidieron varias leyes secundarias en la materia. Hago énfasis en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la cual tiene por objeto reglamentar las normas constitucionales relativas a derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos, el registro de candidatos, la organización de las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión; los procesos electorales federales y locales, así como la integración de los organismos electorales. Busca distribuir competencias entre la federación y las entidades federativas y regular la relación entre el Instituto Nacional Electoral, y los organismos públicos locales. No obstante, y aun cuando se dieron pasos agigantados en la materia, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es aún perfectible y encontramos que es necesario reforzar y ser más puntuales en algunos aspectos. Uno de ellos, y que nos ocupa el día de hoy es el que se refiere a los actos anticipados de campaña. El artículo 3o. de la ley en comento, se define al acto anticipado, como cualquier expresión que se realice por cualquier modalidad y en cualquier momento fuera de la etapa de campañas, que contengan llamados expresos al voto en contra o a favor de una candidatura o un partido, o expresiones solicitando cualquier tipo de apoyo para contender en el proceso electoral, por alguna candidatura o para un partido. Sin embargo, como lo refirió el consejero electoral Javier Santiago, resulta importante atender algunos vacíos en esta ley, y uno de ellos es el relativo a actos anticipados de campaña, porque el INE no podría emitir reglas complementarias sobre lo que puede y no puede hacer un aspirante, antes de que inicie el año electoral. Con el impacto y la presencia que tienen diversos medios de comunicación y las tecnologías de información a la comunicación a los hogares mexicanos, actores políticos han recurrido a estos canales para emitir mensajes en una evidente intención de promoción de imagen. Por medio de la autopromoción, la población identifica a los políticos y los asume como cercanos, competentes y capaces de resolver sus problemas y necesidades. Para lograr esta percepción, primero deben darse a conocer, por lo cual comienzan a promover su imagen en todos los espacios a su alcance, y esta situación cada vez es más recurrente, por lo que corresponde al Legislativo atender estos vacíos, para establecer con ello, un piso parejo para todos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad la jurisprudencia 2/2016, en la que se establece que la propaganda de campaña va dirigida a la ciudadanía en general y se caracteriza por llamar explícita o implícitamente al voto; mientras que el objetivo de la propaganda de precampaña es que el postulante consiga el apoyo hacia el interior del partido político para convertirse en su candidato. En ese sentido, por el contenido de la propaganda de precampaña exceda el ámbito del proceso interno del partido político del que se trate, será susceptible de configurar actos anticipados de campaña. Es por ello que hoy vengo con ustedes, compañeras y compañeros diputados, porque es prioritario que logremos establecer los mecanismos necesarios para atender aquellos temas que consideramos puedan fortalecer nuestros ordenamientos en materia electoral y evitar que con ello se transite de ellos y no de manera paralela. Con la iniciativa que hoy vengo a presentarles buscamos que en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se señalen puntualmente los actores o emisores del mensaje, los receptores del mensaje y, por último, el tipo de mensaje. Esto con el objetivo de abonar un andamiaje sólido para consolidar el sistema político en México. Artículo 3o. de la ley en referencia, inciso b) actos anticipados de precampaña. Las expresiones que sean efectuadas por los partidos políticos, sus militantes, ciudadanos y los precandidatos a candidaturas a cargo de elección popular, bajo cualquier modalidad y en cualquier momento dirigidos a afiliados, simpatizantes o electorado en general, durante el lapso que va de...