El diputado Jorge Arturo Argüelles Victorero: Con el permiso de la Presidencia, gracias. Antes que nada felicito a la presidenta de la Comisión de Protección Civil, la diputada Nancy Claudia Reséndiz, por este espléndido dictamen que hoy nos somete a consideración. Compañeras y compañeros diputados, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, hemos sido sensibles a las necesidades de la gente desde el momento en que esta pandemia inició. Sin temor a equivocarme, ninguna legisladora o legislador federal puede estar en contra de normas que sí generen mecanismos para proteger y cuidar a nuestra población. Las condiciones geográficas de nuestra gran nación, la expone de manera natural a sismos, heladas, sequías, lluvias, tormentas, inundaciones, ciclones y huracanes. Desafortunadamente en México suceden todos estos fenómenos naturales y meteorológicos. Sin embargo, eso no impide que seamos la gran nación que somos y la forma en que nos hemos expandido. En los sismos de 2017, tuve la oportunidad de recorrer, de observar y de apoyar a las familias de diversos municipios del estado de Morelos que perdieron todo o gran parte de su patrimonio. De ver cómo años de espacios dedicados a la enseñanza y preparación de nuestras niñas, niños y jóvenes, se derrumbaban en tan solo unos segundos y, sobre todo, lo que más me impactó fue ver la desorganización y la falta de empatía de las autoridades con lo que estaba pasando. Eso no solo me pasó a mí, fue algo que muchas muchos legisladores pudimos observar. Derivado de este sentimiento de prevenirnos, de capacitarnos y de actuar, presentamos ante esta soberanía una nueva ley de gestión integral de riesgo de desastres y protección civil, que soluciona las omisiones de la ley actual de Protección Civil en materia de gestión integral de riesgos, un tema trascendental y que ya consideran otras naciones con la misma situación geográfica que México. De la misma forma, se crea el Comité de Prevención, que instituye como un nuevo mecanismo de coordinación sobre las acciones de prevención que deben realizar las dependencias y entidades. Algo muy importante para las familias afectadas, es que la nueva ley contempla los programas de reconstrucción, donde se establecen acciones tendientes a reestablecer las condiciones aceptables y sustentables de vida de las personas afectadas. Lo anterior, bajo los mecanismos de mitigación, reconstrucción, rehabilitación de infraestructura, bienes y servicios destruidos, interrumpidos y deteriorados en un área. Se crea la Agencia de Gestión Financiera de Riesgos Públicos como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que asesorará a las dependencias y a las entidades federativas para analizar y contratar los instrumentos de administración y transparencia de riesgos. En materia de donaciones, y después de muchas dudas y auditorías no solventadas en la Auditoría Superior de la Federación, debimos reforzar los mecanismos y la transparencia de estos. Por ello se desarrolla el mecanismo que deberá ser observado por las autoridades para la recepción de donativos en especie y en efectivo. Y por último, se da un plazo de 90 días para que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Seguridad y Protección Ciudadana emitan las reglas de operación de los programas de gestión del riesgo de desastres y protección civil, a partir de la entrada en vigor de esta ley. Claro, nada de esto se hubiera logrado sin las aportaciones de las expresiones políticas de las y los servidores públicos de las dependencias involucradas y de expertos en la materia. A todas y a todos ellos, en el Grupo Parlamentario de Encuentro Social les agradecemos y reconocemos su gran esfuerzo y, sobre todo, porque también ustedes hacen lo socialmente correcto. Por un México con gestión integral de riesgo, hagámoslo nosotros. Es cuanto, presidenta.