El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en junio de este año, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación cumplió una década de existencia. Más de diez años han pasado desde que el movimiento antidiscriminatorio y a favor de la igualdad se agrupó en la Comisión Ciudadana de Estudios contra la Discriminación, cuando sus 160 comisionados presentaron un crudo diagnóstico sobre la discriminación en México, redactando, con apoyo de diversas organizaciones de la sociedad civil, un proyecto de ley integral, moderno y vanguardista que comprometió al Estado mexicano a proteger a todas las y los ciudadanos de cualquier acto discriminatorio. Desde esa fecha histórica, el marco regulatorio de la Ley contra la Discriminación permitió que se emitieran 17 leyes estatales en la materia, que 14 códigos penales tipificaran el delito de discriminación, que se crearan organismos especializados en su prevención y atención, y lo más importante, que se hiciera conciencia entre la sociedad mexicana de lo peligrosamente discriminatorio que seguía siendo nuestro país. Se desenterró así un tabús social y se exhibió cuan sistemática y generalizada era aquella conducta lesiva y denigrante que autoridades y ciudadanos practicaban sin pudor, considerándola hasta cierto punto grado permisible y habitual. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, no obstante, sus graves limitaciones orgánicas y presupuestarias, fue delineando en nuestra sociedad una cultura de respeto al derecho a la igualdad y a la dignidad de las personas, y vigiló con el mayor rigor posible la actuación de las autoridades de gobierno. Entonces, la ciudadanía comenzó a inconformarse en mayor medida ante la realización de actos discriminatorios. Muchos se organizaron en colectivos y organizaciones, para la defensa de los derechos de minorías que históricamente habían sido objeto de censura, de estigmatización, de odios, de estereotipos y fobias. Poco a poco la institucionalidad contra la discriminación fue tomando forma. La minuta que nos ha turnado el Senado lleva mucho tiempo en proceso de confección. La sociedad civil ha intervenido activamente en su redacción y es, sin duda, producto del trabajo de la ciudadanía organizada, de la academia y de sectores que desde hace más de una década han impulsado una legislación más inclusiva, más efectiva y mejor fundada, que amplía la definición de discriminación, que especifica las condiciones que motivan la misma y que dota al Conapred de autonomía e independencia plena y que prevenga a los particulares sobre sus resoluciones. Déjenme decirles, con enorme optimismo, que este arduo trabajo está hoy por materializarse. Las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación permitirán a nuestra legislación responder a la realidad del México actual y harán que ésta prevea la esencia protectora contenida en los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Por si fuera poco, el dictamen establece un capítulo de medidas de reparación adicionales a las medidas administrativas ya contempladas por la ley vigente, con el objeto de inhibir conductas o prácticas discriminatorias, así como restituir los daños causados por tales conductas. Estos nuevos criterios interpretativos, acordes a los criterios que han emitido instancias internacionales de derechos humanos, habrán de impactar en las políticas públicas del Estado mexicano para abonar al respeto del derecho a la igualdad, garantía fundamental de todo Estado democrático de derecho. Bienvenidas sea pues, las reformas a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y esperemos que con ella encontremos un instrumento de pluralidad, de inclusión de equidad y de igualdad en beneficio de la sociedad mexicana. En tal virtud, compañeras y compañeros, en conciencia y en congruencia, los integrantes de la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen.