EL C. DIPUTADO ENRIQUE ARIEL ESCALANTE ARCEO: Con la autorización de la Presidencia, compañeras y compañeros Legisladores, a nombre de la Comisión de Puntos constitucionales hago uso de esta tribuna. Nuestra labor legislativa incluye revisar el marco constitucional que sustenta las funciones de cada una de las esferas de gobierno, la dinámica en la que nuestro país está inmerso nos conmina a imprimir una fuerte dosis de federalismo a toda resolución que avalemos con miras a enriquecer el texto de nuestra Ley Fundamental. El Dictamen que nos ocupa, parte de una Minuta enviada por el Senado de la República, que propone la concurrencia del Gobierno Federal, las entidades federativas y municipios en materia de Pesca y Acuacultura, en el que sobresale la participación de los sectores social y privado mediante la adición de una Fracción XXIX letra L) al Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La ineficiencia de los programas federales enfocados al desarrollo de la actividad pesquera y sus variantes, así como su ordenamiento parte de que las decisiones centrales distan de la realidad del sector y que son más perceptibles en la circunstancia cotidiana que palpan los gobiernos de nivel inferior La situación de esta actividad productiva varía en cada Estado de acuerdo a su potencial y al deterioro del ecosistema del mar adyacente en sus costas sobre la explotación de las aguas interiores. En los casos más alarmantes se encuentra que la explotación de otros recursos ha desplazado más no sustituido a la actividad natural de los pobladores de nuestros estados costeros. Cierto es que el texto constitucional establece que las aguas del mar territorial y las internas son propiedad de la nación, sin embargo los que siempre hemos defendido una tesis federalista sostenemos que al formarse este país, los estados que concurrieron para su integración, cedieron generosamente sus recursos naturales para contribuir a la riqueza nacional; es decir que la riqueza de los mares adyacentes y aguas interiores, así como de la plataforma continental también constituyen un bien originario de los estados federados. Con esta adición a la Carta Magna, se establece el propósito de impulsar la corresponsabilidad social, la solidaridad y la equidad dentro del marco del federalismo cooperativo que redunde en el bienestar general de los pescadores y habitantes de las comunidades ribereñas. La propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la minuta del Senado de la República, adopta la tendencia de revisar las funciones de los gobiernos multinivel y dan un paso decisorio para el análisis ya urgente de las funciones residuales a las que la Constitución constriñe en su artículo 124 a las entidades federativas. Consideramos que las facultades concurrentes sobre las materias de pesca y acuacultura, deben darse en diferentes intensidades. El Gobierno Federal continuará ostentando el dominio directo sobre la explotación, uso y aprovechamiento de los bienes de la nación, normando en lo general, sin incurrir en especificaciones que aten a los gobiernos estatales en la toma de decisiones a su situación particular, dejando la libertad a estos de concebir el diseño de su propia política interior de desarrollo. Los municipios contarán y continuarán regulando el uso de suelo para las distintas actividades económicas que en todo caso podrían favorecer este sector, quedando como compromiso posterior revisar la ampliación de sus facultades en esta materia. La participación de los sectores social y privado no puede ni debe omitirse en ninguno de los niveles de responsabilidad gubernativa al momento de establecer la normatividad, ya sea federal, estatal o municipal. La opinión de este sector es piedra fundamental que cimienta el éxito de los programas de desarrollo de esta actividad productiva. La actividad pesquera requiere de mayor atención por nuestra parte. La mitad de los Estados integrantes de la Federación tiene costas y muchas familias que dependen de las pesquerías para garantizar su subsistencia. Las alternativas deben fluir en base a la situación particular que presente cada entidad federativa, pero al mismo tiempo deberá armonizarse con una política nacional que detone el resurgimiento del sector. El Poder Legislativo Federal asume, con la presente adición, su compromiso de contribuir al desarrollo de la pesca nacional, más será tarea de los gobiernos estatales completar esta misión basándose en las facultades con las que ahora pretendemos investirlos. El Congreso de la Unión no concluye su tarea con las acciones que adoptemos el día de hoy con el favor de su voto, por el contrario apenas inicia, seguirá siendo un compromiso de los integrantes de esta Legislatura que provenimos de tierras costeras a abonar alternativas viables para desarrollar una política eficiente que recoja las expectativas de los pescadores y sus familias. Los que provienen de los Estados y distritos exentos de esta actividad productiva, deberán continuar receptivos y sensibles a los problemas de este importante sector para la vida productiva y económica del país. De acuerdo al análisis de las cifras publicadas en el mas reciente anuario estadístico de pesca 2001-2002, las embarcaciones ribereñas se han incrementado en los litorales mexicanos en alrededor de 30 mil unidades desde 1996; sin embargo nuestra preocupación permanece centrada en que los verdaderos trabajadores del mar son los últimos beneficiados, ya que el incremento en el número de embarcaciones no soluciona el problema de fondo. Nosotros creemos que es necesario invertir en infraestructura, programas de financiamiento, introducción de nuevas tecnologías y prácticas pesqueras, así como en la transformación de productos y el establecimiento de mecanismos de comercialización. La flota camaronera mexicana, que antes fuera orgullo nacional, ha incrementado sus embarcaciones solo en el Litoral del Pacífico, desde su caída en 1996, contando ahora con 2,400 unidades, mientras que en el Golfo ha decrecido en forma alarmante y con una tendencia clara a desaparecer. De acuerdo a la fuente antes citada, su decremento inicia en 1982, año en el que el número de embarcaciones ascendía a casi 2 mil, en la actualidad, sólo se registran 738. La industria acuícola va por buen camino, será tarea nuestra, crear los mecanismos necesarios para contribuir a su desarrollo y evolución tecnológica. Con la aprobación del decreto que la Comisión de Puntos Constitucionales propone, mediante dictamen consciente y razonado, estaríamos inaugurando una nueva época para la industria pesquera nacional. La minuta del Senado de la que se desprende este dictamen, fue perfeccionada y modificada para hacerla todavía más clara y precisa, por lo que de aprobarse en sus términos, regresaría de nuevo a la Cámara de origen para cumplir el trámite constitucional al que se refiere el artículo 72 inciso e), de nuestra Constitución. Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a los miembros de esta soberanía, su voto aprobatorio para este dictamen con proyecto de decreto. Muchas gracias. -