El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputada presidenta. Buenos días, compañeras y compañeros legisladores, queremos la paz, pero la paz no puede ser nunca mera ausencia de violencia, sino que debe ser presencia y vigencia de la Constitución, sin coacciones, extorsiones ni amenazas. En el ámbito jurídico la extorsión es un delito que consiste en obligar a una persona, a través de la utilización de violencia o intimidación, a realizar o cometer un acto o negocio jurídico con ánimo de lucro y con la intención de producir un perjuicio de carácter patrimonial del sujeto pasivo o de un tercero. En diferentes ciudades de nuestro país se comete el delito de extorsión, mismo que se ha extendido significativamente, afectando la tranquilidad, seguridad y patrimonio de miles de personas cada año. De acuerdo con la Asociación Civil Semáforo Delictivo, el delito de extorsión ha aumentado el 35 por ciento, en relación al 2019. Es inadmisible que el Estado mexicano en el delito de extorsión no aplique la misma rapidez que se esclarezca la comisión del delito de extorsión, porque es raro ver que se rastrean rápidamente llamadas y depósitos cuando se trata de temas políticos, pero ante la extorsión no se aplica ese rastreo ni la misma rapidez. La extorsión es un desafío para el Estado mexicano, pero es necesario legislar para combatir la delincuencia, garantizar la paz pública y el bienestar de la población. Por ello, me congratulo por la aprobación de este dictamen que incluye mi iniciativa, y quiero agradecer a la Comisión de Justicia por aprobarla y, junto con ello, a su presidenta y a mi compañero Juan Carlos Villarreal por dar esta batalla. Esta iniciativa es con la finalidad de sancionar y aumentar las penas a quien cometa el delito de extorsión, además de enfatizar el incremento de penas a quienes extorsionen a grupos vulnerables como personas con capacidades diferentes, mujeres embarazadas, indígenas, menores de edad y adultos mayores. Considero que es necesario se incluya un apartado distinto en el articulado actual y se aumente la pena hasta en una mitad, por ser la más vulnerable ante estos actos. Pero además, se agrave aún más, al tratarse de servidores públicos cuando se involucran en el tema de la extorsión. La imposición y fundamentación de una mayor pena radica en que el delito trae consigo consecuencias graves a la salud, sobre todo en personas de grupos vulnerables. Es nuestro deber, como legisladores, proteger a estos grupos sobre todo si son vulnerables de personas mal intencionadas que solo buscan atemorizar e inquietar a la sociedad, buscando un logro y beneficio propio, robándoles la paz y tranquilidad. Es necesario poner un alto y garantizar un bienestar a la sociedad. Vamos todos juntos contra la extorsión, pero también contra los extorsionadores. Pero también es importante recordar que más vale prevenir que lamentar. Por ello les digo a todos aquellos que nos ven en el canal, en las redes sociales, que estemos listos, que ante cualquier intento de extorsión no caigamos, que estemos atentos, que estemos alertas. Pensemos sensatamente y nunca depositemos. No caigamos en la extorsión. Es muy importante que se agrave este delito, pero también es muy importante que las autoridades hagan su trabajo. Las familias mexicanas requieren paz y tranquilidad y eso depende de todas y de todos. Compañeras y compañeros, hagamos lo nuestro porque México nos necesita. Es cuanto, diputada presidenta, muchas gracias.