El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Legislatura vengo a fundamentar el dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción I, del párrafo noveno, del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de propiedad para extranjeros, que ahora se presenta. En caso de ser aprobado por esta soberanía permitirá que los extranjeros tengan la posibilidad de adquirir propiedades en la denominada zona restringida, la cual comprende una franja de 100 kilómetros al interior del país, de las fronteras y de 50 kilómetros en las playas. Tal y como se indica en el dictamen al revisar los antecedentes legislativos encontramos que la fracción I, del párrafo noveno, del artículo 27 de la Carta Magna en vigor no ha sido alterada desde su promulgación, esto es debido a que la prohibición para adquirir el dominio directo de tierras y aguas por parte de extranjeros en zona prohibida el poder constituyente estableció esta prohibición como respuesta a los problemas de la política internacional que imperaban en esa época, cuando existía el temor de la invasión de ejércitos de otras naciones. En razón de lo anterior se considera que debe actualizarse a la realidad social el texto de la Constitución, materia del presente dictamen, debido a que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas. Por ello, la razón de ser de la zona prohibida es solo histórica y, en consecuencia, la prohibición que la afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico, pues en la actualidad la suscripción de tratados internacionales y la inclusión de nuestro país como integrante de organismos internacionales, así como el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, entre otros, dan a México la garantía legal y política en el ámbito del derecho internacional público, de que la invasión extranjera en la zona referida no representará un riesgo para nuestro país. Cabe precisar, que el Estado mexicano seguirá otorgando el dominio a extranjeros sobre tierras, aguas y sus accesiones, siempre y cuando convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales, respecto de tales bienes y se comprometan a no invocar por lo que hace a estos la protección de sus gobiernos, pues en caso contrario perderán en beneficio de la nación. Ahora bien, para permitir que los extranjeros adquieran tierras en la zona restringida, esto es la franja de 100 kilómetros en la frontera y de 50 en playas, se condiciona su adquisición a cuatro aspectos: 1. Que el uso de las tierras sea destinado para vivienda única y exclusivamente. 2. Que el uso de las tierras no tenga un uso comercial, industrial, agrícola o cualquier otro que implique explotación económica directa o indirecta que derive de un uso a la vivienda o casa habitación. 3. El extranjero deberá convenir con la Secretaría de Relaciones Exteriores en los términos de la fracción I, del párrafo noveno, del artículo 27 constitucional. 4. En caso de que las tierras sean destinadas a un uso distinto a la vivienda, la ley establecerá los procedimientos para que el extranjero pierda los bienes adquiridos en beneficio de la nación. Por ello, en las disposiciones transitorias de este dictamen se plantea que la ley establecerá los procedimientos en que un extranjero pierda en beneficio de la nación los bienes que hubiese adquirido en caso de que las tierras sean destinadas a un uso diferente a la vivienda con el propósito de que exista una sanción en caso de contravenir el uso que el extranjero le otorgue al inmueble. Es por eso, compañeras, compañeros diputados, que los llamo a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.