El diputado Fernando Zárate Salgado: Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, ésta es una de las reformas que más consenso tienen en este periodo legislativo y es muy claro por qué. “Donde las leyes son claras y precisas, el oficio del juez no consiste más que en asegurar un hecho. En buscar las pruebas de un delito se requiere habilidad y certeza. En el presentar lo que de él resulta es necesario claridad y precisión. Para juzgar de lo mismo que resulta, no se requiere más que un simple y ordinario buen sentido, menos falaz que el saber de un juez acostumbrado a querer encontrar reos y que todo lo reduce a un sistema de antojo”. Esta cita es de César Beccaria, aplicable en nuestro país a los estados en donde distintos códigos penales y procesales penales, aplican con distintos criterios los mismos delitos tanto en Baja California como en Chiapas, en Nayarit como en Tlaxcala. La reforma que hoy discutimos si bien resulta simple en sus términos, sus implicaciones son muy grandes, ya que contempla el otorgamiento de facultades al Congreso para emitir una legislación procesal penal única que consuma el proceso iniciado con la reforma constitucional promulgada en el año de 2008, para el establecimiento del sistema de justicia penal acusatorio en nuestro país. Ésta no es una idea nueva, es una idea que desde los años 40 ha sido propuesta por diversos académicos de la universidad nacional y que hoy muchos de nosotros y, repito, que ha generado varios consensos y uno de los mayores consensos en esta legislatura, implica eliminar la existencia de 33 códigos procesales penales en el país y sustituirlos por uno único que establezca las bases, que le dé contenido y que establezca sobre todo los límites y las sanciones para todos los tipos penales y todo el proceso penal que se establece en nuestro país. Es ilógico, incoherente e injustificable fomentar criterios distintos a casos iguales e incluso el extremo de ser opuestos como ocurre –y todos hemos vivido o nuestros familiares lo han vivido en distintos casos– en distintos estados del país. Es importante señalar un tema que se va a volver trascendente para la discusión de distintos otros temas de la misma naturaleza en esta Cámara y es que esta reforma no tiende hacia la centralización de la impartición de justicia ni mucho menos viola la competencia originaria de los estados establecida por el artículo 124 constitucional, como falazmente argumentan ciertos iluminados. No es una reforma que viole el federalismo ni tampoco las facultades previstas por los estados de la República. Adelantémonos un poco. El federalismo es una forma de organización territorial que establece las funciones públicas y en última instancia debe estar al servicio de los ciudadanos. No es ni debe ser visto como un instrumento de protección de los intereses de los poderosos en los estados, específicamente los gobernadores. Por cierto, este debate –y adelantémonos un poco más– se replicará en torno a la nueva organización electoral del país, como se le ha llamado a la propuesta del Instituto Nacional Electoral; incluso los argumentos serán muy parecidos: para qué queremos 33 distintos organismos y organizaciones estatales electorales si todas son corruptas o la mayoría de ellas. Para qué queremos 33 organizaciones electorales si establecen sus propios lineamientos y sus propios procedimientos e incluso en un estado de la República el mismo caso es juzgado de manera distinta que en otro. No sólo en el Congreso se debe establecer una interpretación uniforme y coherente, sino debemos ir matizando y cada vez eliminando más las interpretaciones voluntaristas que organizaciones y organismos dictados desde una oficina que en lo específico han sido los gobiernos estatales y los gobernadores, han creado sus pequeños feudos. No es un debate perenne ni es un debate superficial. Repetiremos en muchas ocasiones más este mismo debate, y les recuerdo que tampoco ha habido debate sobre el federalismo en materias fiscales, en materia penal, como es el caso, y sobre todo en materias laborales. Esta reforma está estableciendo el ejemplo de cómo podemos establecer un nuevo sistema de pesos y contrapesos con los gobernadores de los estados que han debilitado un sistema a costa y a favor de sus bolsillos y de su autoritarismo. Queda claro entonces que estas bases se sentarán para garantizar un balance que dentro del proceso penal acusatorio beneficia, sobre todo, a los habitantes, a los ciudadanos, no a los gobernantes, y específicamente a que los derechos humanos estén en vigencia en este país. Se trata, en esencia, de la expedición de un Código de Procedimientos Penales único que homologuen los procedimientos en materia penal, superando las interpretaciones y divergencias de carácter local y aspirando a la integralidad del sistema de justicia penal en México. La tarea siguiente será la emisión de la propia ley en donde deberemos poner especial énfasis en los derechos humanos, especialmente en derecho al acceso a la justicia. Vigilaremos los temas sobre delincuencia organizada, declaraciones de testigos protegidos, arraigo, que se cumplan los estándares internacionales y, sobre todo, que modifiquemos el sistema legislativo que actualmente rige. Asimismo, insistimos en recordar, como uno de los complementos indispensables es sin duda la legislación en materia de uso de la fuerza. Hoy la seguridad pública y los militares cumplen funciones de seguridad pública en la calle. Establecer un Código Penal Procesal único, no es suficiente. Necesitamos aprobar, derivado de la reforma de 2008 y 2011 de Derechos Humanos, cuáles son las condiciones bajo las cuales la Seguridad Pública de este país ejerce su función, sobre todo para dotar de seguridad jurídica de los ciudadanos. A su vez, la suspensión de garantías constitucionales que en estados, especialmente en el norte no han manifestado ni la circunstancia real que es necesaria para garantizar la garantía de la vida, la suspensión de diversas otras garantías individuales. Debemos partir por el reconocimiento de nuestra realidad. Y esta realidad la hemos reconocido en materia penal a través de establecimiento de este Código Procesal único. Como ya lo señalé, éste será el ejemplo y situaremos el precedente de cómo abordaremos la legislación electoral y muchas otras legislaciones que actualmente existe un desbalance de poder entre los gobernadores y este Congreso de la Unión. Muchas gracias, presidenta.