La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros, México es un país cuya diversidad cultural e identidad se encuentran depositadas en la pluralidad de las manifestaciones artísticas firmemente arraigadas en sus pueblos. No se puede entender la riqueza del legado histórico mexicano, sin el reconocimiento de sus monumentos, zonas arqueológicas y artísticas, por lo que se ha hecho indispensable proteger el acervo cultural y reconocer el valor reflejado en su sociedad. La riqueza de los pueblos se encuentra en su patrimonio cultural e histórico, mismo que debe ser preservado, pues contiene el vínculo de las generaciones actuales con las pasadas, creando una identidad nacional. Es de gran importancia la función social e identidad que tienen los bienes culturales en la sociedad y particularmente en las comunidades circunvecinas que la integran. La ley que actualmente se presenta no cuenta con una norma cultural que justifique su aplicación. Es más, esta ley omite reconocer los alcances que diversos monumentos y zonas arqueológicas tienen en las comunidades y sociedades que por historia, tradición, proximidad y cosmovisión se relacionan en diversas formas y dichos bienes. Su integración comprende una definición que le confiere una condición normativa que justifique su preservación cultural dentro del objeto de la propia ley. Desde esta perspectiva, es necesario crear los medios de actuación para que conforme a la legislación se fortalezca el vínculo que las personas mantienen en su acervo cultural y que significan una identidad local, interregional y regional. No debemos olvidar que los bienes que integran el patrimonio de la cultura en México constituyen una herencia colectiva y capital social no renovable del país, que lo hacen merecedores de la protección y la conservación. Es por eso que no sólo se resuelve el asunto con tener que adecuar la ley. En el caso de Puebla, se ha violentado el proceso de mantener el cumplimiento y la vigencia de la ley del patrimonio histórico, con el deterioro de la Casa del Torno, el teleférico, con el monumento de la Batalla del Estado de Puebla, que tuvieron que ser violentados todos los reglamentos del INAH para poder sacar adelante esas obras. En este contexto, se coincide que en esta iniciativa hace falta considerar como utilidad pública las funciones que entrañan los bienes culturales para la sociedad y de las comunidades que la integran, en la participación activa de los sujetos integrantes de las comunidades, así como en la reproducción con la identidad que facilita la existencia de un bien cultural. La propuesta de reforma considera que no sólo se reconozca el papel de la sociedad civil en la preservación del patrimonio cultural, sino también en la fusión del patrimonio en la estructuración de la sociedad y no únicamente investigar su significado histórico, sino también difundirlo y asumir su sentido social. Se coincide con esto, el reconocimiento y la consideración de la función de los bienes arqueológicos que representan, toda vez que es el criterio que permitirá garantizar las condiciones y valoración del bien y su reproducción sociocultural de la sociedad. El Grupo Parlamentario del PRD está de acuerdo en que este concepto se trata de un beneficio de interés público que se constituye mediante un complejo de proceso de atribuciones, de valores, sometido al devenir de la historia, las modas y el propio dinamismo de las sociedades. Por lo tanto, expresamos nuestra conformidad con la propuesta de la legisladora promovente, considerando los argumentos y el espíritu que la anima, por lo que votaremos a favor de los artículos 2o. y 27 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Es cuanto, señor presidente.