LA DIP. ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados; señor Procurador: Las respuestas que ha dado a nuestras interrogantes no satisfacen en ningún caso. Como representantes populares actuales y como luchadores sociales de siempre, conocemos de viva voz de los ciudadanos su desconfianza en las instituciones encargadas de procurar justicia. Muchos de ellos no acuden a denunciar los delitos de los que son víctimas porque saben: Primero. Que perderán mucho tiempo en la Agencia del Ministerio Público para levantar su acta. Segundo. Que el órgano encargado de investigar bajo el pretexto del número de averiguaciones que tiene a su cargo, sencillamente no hace nada. Tercero. En el supuesto de que se consigne a lo largo del procedimiento no otorgan al juzgador los elementos de convicción necesarios para que éste pueda dictar sentencia condenatoria y Cuarto. En el caso de que se obtenga sentencia condenatoria, sea en la apelación o en el amparo directo obtengan su libertad. Entonces para qué se pregoniza tanto respecto a la ley cuando los sujetos pasivos de la comisión de delitos ven que los responsables quedan siempre Impunes. Reiteramos nuestra preocupación por los graves actos de corrupción que al interior de la Procuraduría se presentan. Coincidimos en que resulta indispensable una reforma a fondo de la misma pero también afirmamos que no debe de ser una reforma cosmética sino una que modifique sustancialmente no sólo la estructura burocrática sino también la concepción de lo que es un servidor público y la responsabilidad social que esto trae aparejado. Exigimos en el tiempo que le resta del encargo, trate de sanear a la Procuraduría y que en el ejercicio de las atribuciones legales y de los contenidos del Programa Nacional para el Combate a las Drogas, las medidas que se tomen sean enérgicas pero también efectivas. No podemos permitir que quien no puede ingresar a su nefasta mercancía a Estados Unidos lo haga en nuestro país, enviciando y degenerando a nuestra juventud, no solo por los problemas económicos que esto implica, sino por las consecuencias médicas y sociales que de ello se derivan. Hoy las cárceles se encuentran repletas de personas que por no encontrar una actividad lícita en la cual desempeñarse se ven obligados a delinquir. Pero a contrario sensu los integrantes de las grandes bandas de delincuencia organizada se encuentran libres, como libres se encuentran Oscar Espinosa Villarreal, Mario Villanueva Madrid, José Parcero López, Rubén Figueroa Alcocer y muchos otros, que resulta ser el símbolo de la impunidad que en este régimen se dio. Consideramos que las medidas tomadas por la Procuraduría no son suficientes para combatir el tráfico de personas, sostenemos que se debe invertir el concepto a quien hay que aprehender a los traficantes y no aquellos que de otros países vienen en tránsito al nuestro con la ilusión de ingresar a los Estados Unidos de Norteamérica, a quienes hay que aprehender es a quienes integran esa gran mafia que se encuentra ramificada en todo el territorio nacional. Señor Procurador, ¿cómo es posible que a los representantes de la soberanía nacional no les proporcione la información requerida y si lo hace lo hace con simples particulares? Como señalamos en nuestra primera intervención, la sociedad mexicana en general desconfía de la actuación no sólo de la Procuraduría General de la República sino la de todos los estados. Y le quiero decir que la atención que se le dio hace un momento a los ahorradores fue a través de un Subprocurador. Estamos pidiendo de manera directa la intervención de usted. Muchas gracias.