El diputado Juan Carlos Natale López: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. La ley debe ser aplicable a todos los ciudadanos por igual, tanto los beneficios como las sanciones que se deriven de ella, sin importar color o grupo al que pertenezca. Recientemente se han hecho públicas diversas acusaciones a funcionarios que laboraron en la administración delegacional de Miguel Hidalgo durante el periodo 2006-2009, incluida su titular, la ahora diputada Gabriela Cuevas, bajo el supuesto mal manejo de los recursos asignados para obras públicas, por lo que la Asamblea Legislativa del DF ha solicitado a la Contraloría General, dependiente del Gobierno del Distrito Federal que envíe la información necesaria a fin de que ese órgano legislativo realice una investigación sobre las supuestas irregularidades cometidas por la titular de esa delegación. Más aún, resulta bastante sospechoso que a la par que la Asamblea Legislativa del DF solicitó a la Contraloría la información sobre la gestión de Gabriela Cuevas, no trate con el mismo criterio jurídico a los demás delegados, que curiosamente pertenecen al partido mayoritario en la capital. Por qué no solicitar también a la Contraloría que envíe información sobre las auditorías realizadas, si es que las he hecho, al delegado en Álvaro Obregón, mismo que ha permitido la invasión de barrancas y zonas ecológicas protegidas; o a la delegación Cuajimalpa, a la que por cierto diputados del mismo partido han evitado un punto de acuerdo para que comparezca y rinda cuentas sobre la ilegal concesión de permisos de construcción; o también las auditorías realizadas a la delegación Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero por la falta de verificación a establecimientos mercantiles que no cumplen con la ley. Desde esta tribuna no hemos dejado de hacer un llamado a diversas autoridades para que se ciñan irrestrictamente a la rendición de cuentas y transparencia; principios que deben imperar en los actos de las autoridades y legisladores, y somos precisamente los legisladores los que definimos los motivos, los procedimientos y las sanciones que se deben determinar y aplicar a las personas que trastocan la función pública, y que con esta desviación afectan al erario; pero esas sanciones no pueden producirse en el vacío ni tampoco pueden imponerse sin respetar las garantías que la propia Constitución consagra a favor de todas las personas. Es por ello que presentamos la siguiente proposición con punto de acuerdo, pues el pasado lunes se publicó en un diario de circulación nacional la filtración de un documento de carácter oficial, enviado por la Contraloría General del Distrito Federal a la Asamblea Legislativa, para incumplir con lo solicitado. Sin embargo, preocupa a esta Cámara de Diputados que un órgano legislativo, como lo es la Asamblea del Distrito Federal, ocupe información que contiene datos que forman parte de una investigación, y por lo cual no deben ser divulgados para atacar a un adversario político. Por ello, en este punto de acuerdo exhortamos respetuosamente a la Asamblea Legislativa del DF, a efecto de que trate con legalidad todos los datos y documentos de que tenga conocimiento con motivo de las indagatorias que lleven a cabo las entidades fiscalizadoras, y preserve el sigilo y las reservas aplicables a esta información. Por lo expuesto, y por considerar que este tema debe ser debatido y resuelto por el órgano de gobierno competente, y para expresar una posición política de la Cámara de Diputados, solicito que esta proposición sea turnada a la Junta de Coordinación Política conforme a las atribuciones que le confiere el inciso b) del artículo 34 de nuestra Ley Orgánica. Gracias por su atención, señor presidente y señores diputados.