EL DIP. ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias, ciudadana Presidenta; ciudadanos Secretarios: El pasado 11 de septiembre presenté ante esta asamblea un punto de acuerdo para que las Comisiones de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, promovieran una reunión de trabajo con servidores públicos de la Federación, invitando a los gobiernos del estado de Puebla y de los municipios involucrados a efectos de analizar lo programas e inversiones para el saneamiento de la Cuenca de Necaxa. El punto de acuerdo compañeras, compañeros diputados, estuvo motivado, entre otros factores, por los resultados de estudios realizados por el Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la UNAM, destacando, entre otros elementos los siguientes: La Cuenca de Necaxa tiene en su entorno 6 centros urbanos, con una población de 300 mil habitantes. El 22% del suelo es sobreexplotado o incompatible. El 38% de la superficie tiene índices altos y muy altos de erosión. Los niveles de deforestación indican que en los últimos 20 años se han perdido 6 mil 767 hectáreas, o sea, una tasa del 10%, muy superior a la media nacional que es del 2%. Cerca de 13 mil hectáreas presentan riesgos geológicos. Se generan 74 toneladas diarias de residuos sólidos que se convierten en 120 toneladas diarias hacia el año 2020. Además de que los sistemas de recolección son insuficientes, se observa una gran cantidad de basura en los cauces y barrancas y los tiraderos en general están a cielo abierto. En el lapso de la fecha en que se presentó este punto de acuerdo a la actualidad, prácticamente no hemos avanzado en ninguna de las inversiones que se habían programado por los tres órdenes de gobierno, habida cuenta del subejercicio presupuestal, así como el retardo en el envío de recursos federales que apenas en los últimos quince días, en algunas partidas están llegando al Estado y a su vez del Estado a los municipios. Además, en este mismo período, el Ejecutivo Federal puso a consideración de esta Asamblea el Presupuesto de Egresos de la Federación que considera en el caso de medio ambiente y recursos naturales, entre otras, las siguientes estrategias: Contención del deterioro del medio ambiente y recursos naturales que incluye la defensa de la biodiversidad y los ecosistemas; la recuperación del medio ambiente y la prevención y control de la contaminación. El fomento a la producción sustentable que incluye la producción y fomento forestal, la industria limpia y la infraestructura hidroagrícola. Se enfatiza, en todo caso, que la contención del deterioro del medio ambiente permanece como el objetivo central de la política ambiental. Además se hace explícito el compromiso de dar paso a un amplio proceso de gestión y participación social a través de diversos instrumentos, entre ellos los consejos de cuenca. En este contexto, el Proyecto de Presupuesto considera 13 mil 399.14 millones de pesos para medio ambiente, recursos naturales, de los cuales 2 mil 417 se canalizarán a presupuesto de gasto directo y 10 mil 918 a subsidios y transferencias. Igualmente, destaca en la iniciativa del presupuesto el propósito de impulsar programas de desarrollo regional sustentable. Sin embargo, analizado el presupuesto general y los tomos correspondientes, en el conjunto de documentos presentados no se hace referencia explícita a las regiones o a la cuencas y por lo tanto no es posible discernir si el proyecto que dio origen al punto de acuerdo en comento está o no considerado. En tal virtud, compañeras, compañeros diputados y en uso de la facultad que le confiere la fracción XVI del artículo 21, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de la Unión, solicito a la Presidencia de la Mesa Directiva formular una atenta y respetuosa excitativa a las Comisiones de Energía y del Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que procedan al dictamen y resolución de la propuesta en torno al saneamiento del sistema hidrológico de la Cuenca de Necaxa. Es cuanto, señora Presidenta, muchas gracias. LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se hace una excitativa a las Comisiones Unidas de Energía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que emitan el dictamen correspondiente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al capítulo de proposiciones. Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Granel Campos, para presentar una proposición con punto de acuerdo sobre la situación de los trabajadores de la salud y empleados públicos. LA C. DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANEL CAMPOS. Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores: Para el Partido de la Revolución Democrática, es condición fundamental iniciar la recuperación de los salarios y su poder adquisitivo, así como modificar las graves distorsiones en las relaciones laborales, particularmente de los Trabajadores al Servicio del Estado. El salario en el sector público también se ha deteriorado y el empleo atendido a su estancamiento. No obstante que el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2002 enviado por el Ejecutivo considera un aumento en los salarios de 4.5% y considera los retiros voluntarios, es importante destacar que con dichas medidas no se logra resarcir la pérdida del poder adquisitivo. El gobierno ha instrumentado una política de gasto social que disminuye la protección y los derechos sociales y cuya premisa es la de racionalizar los gastos y focalizar los beneficios para algunos grupos de pobres. Es importante recordar que respecto a salud, en el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2001 se destinaron partidas adicionales por 120 millones de pesos, sin embargo dicho monto resultó inferior a las necesidades del sector y a lo propuesto por la Comisión de Salud y de la propuesta del PRD. Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizó un tercer ajuste al presupuesto por 3 mil 45 millones de pesos, además de que en el contexto de la recesión los programas de salud han sido afectados. Para el año 2002, el presupuesto de salud registrará una caída en términos reales de 9.7% de aprobarse la propuesta del Ejecutivo. En este contexto, a los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados se acercaron recientemente un grupo de Trabajadores al Servicio del Estado, particularmente del Sector Salud, para plantearles distintos problemas que se enumeran enseguida: La primera condición para superar el deterioro de las instituciones que conforman el Sector Salud, es revertir su prolongado desfinanciamiento y garantizar un crecimiento programado y estable del gasto público en salud incrementando el presupuesto. Para impulsar el fortalecimiento del Sector Salud es necesario revertir la política de congelamiento de plazas públicas, diseño de programas efectivos de empleo permanente y fomentar una política salarial que incremente el poder adquisitivo real de los trabajadores. En el corto plazo, es indispensable elevar el gasto público en salud y poder alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto, que es el nivel promedio de gasto en los países con cobertura universal. La basificación y recodificación del personal eventual y con funciones de base, así como descongelamiento de plazas que se requieren en los trabajos sustantivos de los servicios públicos; reducción del personal de confianza, escalafón y mejoramiento para jubilados; actualización de catálogos de puestos, tabuladores de puestos y profesiogramas e impulsar la capacitación bilateral con valor curricular y desarrollar un sistema de méritos y ascensos en puestos de base. Las demandas de estos trabajadores coinciden con las preocupaciones del Partido de la Revolución Democrática, en el sentido de que la política presupuestaria constituye uno de los elementos más importantes de la política económica y como tal, puede inducir en el crecimiento de la economía el empleo al mismo tiempo que orientar el sentido social del desarrollo. Por ello es urgente incrementar el presupuesto público asignado al sector salud, para detener el proceso de deterioro de su infraestructura y financiar los servicios de salud proporcionados por el gobierno. El país requiere de un sistema de salud universal, equitativo y con carácter gratuito para poder proteger a quienes no pueden acceder a la atención privada de la salud. Varias de estas peticiones tienen un impacto presupuestal directo y convendría que la Cámara de Diputados en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, meditara la pertinencia de reflejarlas en el Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del año 2002. Otras de las inquietudes de los sindicalistas, tienen que ver con su situación laboral y con la relación que guardan con las respectivas secretarías de estado. Por lo que la Cámara de Diputados sin alejarse de sus facultades constitucionales, podría coadyuvar a su pronta y adecuada solución. Por lo antes expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados suscritos proponemos el siguiente: "PUNTO DE ACUERDO "PRIMERO: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acuerda turnar la demanda de los trabajadores de la salud en materia de incremento al gasto social, a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, para que en el marco de la discusión y aprobación de Presupuesto de Egresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del año 2002, consideren un incremento sustantivo a las partidas correspondientes y con ello atiendan su solicitud. "SEGUNDO; Asimismo, que las demandas laborales se turnen a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, para que en el ámbito de sus atribuciones, coadyuve a su pronta solución". Signan esta Proposición, el diputado Tomás Torres Mercado, el diputado independiente Humberto Mayans Canabal, diputada Magdalena Núñez Monrreal, diputado Rafael Hernández Estrada, diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel, diputado Rafael Servín Maldonado, diputado Rufino Rodríguez Cabrera, diputada Petra Santos, diputado Auldárico Hernández, diputado Martí Batres, diputado Pedro Miguel Rosaldo, diputado Alejandro Gómez Olvera, diputada Rosalinda López Hernández, diputado Esteban Daniel Martínez, diputado Jesús Garibay y la de la voz Adela del Carmen Graniel Campos. Es cuanto señora presidenta. PRESIDENTA: Gracias diputada. Para referirse al mismo tema ha solicitado hacer uso de la palabra hasta por 5 minutos, la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: Durante los últimos 26 años los trabajadores mexicanos fueron sometidos a un brutal deterioro de sus condiciones de vida. El desempleo se convirtió en el peor de los medios a los que puede ser condenado cualquier ser humano. Los salarios reales perdieron 73% de su poder adquisitivo durante ese lapso. El empleo informal tendió a crecer como resultado de la falta de oportunidades productivas. La pobreza llegó para quedarse entre los mexicanos y su expresión más aguda se encuentra enraizada en más de 26 millones de personas que viven en condiciones de pobreza extrema. Los regímenes neoliberales que nos han gobernado desde la época de Miguel de la Madrid, pasando por el de Salinas, Zedillo y el actual gobierno foxista, no han hecho otra cosa que descargar sobre las espaldas de los trabajadores los ajustes brutales que ha experimentado la economía mexicana. Como todos sabemos, las crisis recurrentes que ha vivido el aparato productivo nacional han creado problemas en las ganancias de los empresarios, que se han compensado reduciendo drásticamente los salarios reales de los obreros. Esta política se tradujo de forma directa en el mecanismo más utilizado para impulsar la concentración de la riqueza en México, que ha llegado a ritmos alarmantes, pues conforme información que difunde profusamente el INEGI a través de la encuesta de ingreso gasto de las familias, del año 2000, se ilustra que los tres últimos deciles concentran más del 66% del ingreso nacional, lo que constituye a todas luces una ofensa social para un país de millones de pobres y un puñado de poderosos que lo tienen todo. Compañeras y compañeros diputados: los trabajadores administrativos del gobierno federal no se han salvado del deterioro de las condiciones de vida que han sufrido los obreros de este país. La experiencia de sus luchas está registrada en los anales de la historia de la clase obrera de nuestra nación. Las privatizaciones de las empresas paraestatales tuvieron como resultado el despido de cientos de miles de trabajadores públicos. Los recortes de personal en las distintas dependencias del gobierno federal también arrojaron al desempleo a cientos de miles de trabajadores del sector público, sin considerar los despidos forzados que tomaron la forma de liquidaciones voluntarias. Con el nuevo gobierno las liquidaciones y el despido de miles de trabajadores no se han hecho esperar. Las fuentes de información nos hablan de más de 18 mil trabajadores que han dejado de laborar en el sector público durante la era de Fox. Estas se han dado por la vía de liquidaciones y de supuestas reestructuraciones, que tienen como claro propósito lograr el equilibrio del presupuesto público con tal de cumplir con las metas exigidas por los organismos financieros internacionales para considerar viable la política económica que aplica el gobierno federal y otorgarle acceso preferente al crédito externo. Las demandas de los trabajadores públicos, y en particular los trabajadores del sector salud, se inscriben dentro de la defensa de los legítimos intereses de los empleados y trabajadores administrativos de la Secretaría de Salud, por lograr mejores niveles de bienestar y por la defensa de sus condiciones laborales. Para ello están exigiendo se eleve el gasto público en salud para garantizar su crecimiento programado y estable. Inclusive el grupo parlamentario del Partido del Trabajo ha planteado, en la reciente glosa del primer informe presidencial la urgencia de que el presupuesto público en salud se eleve anualmente como mínimo al 8% del producto interno bruto para lograr una cobertura universal. Nosotros estamos convencidos de que la propuesta de los trabajadores del sector salud en el sentido de revertir la política de congelamiento de plazas del sector público, así como de incremento a sus percepciones reales constituye una demanda legítima porque, tal como hemos comentado, los salarios reales en esta nación han ido sistemáticamente a la baja, mientras las ganancias se han incrementado considerablemente sin que por ello se traduzca en una mayor recaudación fiscal para beneficiar al pueblo. Asimismo, hemos visto cómo los funcionarios públicos federales y de otros niveles de gobierno se incrementan sus salarios de forma exorbitante sin que se vea con ello un elevamiento de la rentabilidad social de su actuación. En cambio, para los trabajadores de base la posibilidad de aumentar sus percepciones salariales está prácticamente prohibida. Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo apoya el punto de acuerdo presentado por el PRD en el sentido de que esta soberanía turne la demanda de los trabajadores de la Secretaría de Salud en materia de incremento al gasto social a las distintas comisiones relacionadas con ello para que se considere un aumento sustantivo en los rubros correspondientes y se atiendan las demandas de estos trabajadores. Es cuanto.