La diputada Alma Carolina Viggiano Austria: Gracias, señor presidente. Reconocer las deficiencias, señor secretario, de manera franca, siempre será un buen indicador, pues aceptar la realidad es una primera condición para revisar, rectificar y fortalecer cualquier acción de gobierno para que pueda valorarse por sus resultados tangibles y no por sus intenciones. Porque así como de manera espectacular a usted le gusta presentar sus detenciones, que además tiene la obligación de hacer, sería bueno que de la misma forma nos muestre qué hay después de las detenciones, porque desde los centros de internamiento siguen delinquiendo con privilegios tolerados por las propias autoridades. En estos momentos en que se discute también el presupuesto para el próximo año, creemos que el asunto no es si reducimos o no este monto. El asunto es saber qué resultados estamos teniendo con ese gasto. De acuerdo al PEF, en promedio se gasta más de 11 mil millones de pesos al año en el sistema penitenciario, donde se encuentran detenidas 227 mil personas, cada una de ellas tiene un costo promedio para los contribuyentes de 130 pesos diarios; es decir 30 millones de pesos diarios, casi 900 millones de pesos al mes. La pregunta es, ¿en dónde están los logros, si es ahí donde se multiplican los contactos peligrosos, y una vez que quedan libres comienzan una nueva carrera en el hampa, pero esta vez a nivel profesional y con mayor grado de sofisticación? Señor secretario, opinar sobre las sensibles deficiencias de la política de seguridad nos obliga a ser propositivos, por eso quiero llamar su atención para recomendar algunos puntos que los priístas impulsaremos. Primero. Actualmente el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene la intención de dejar la carga financiera por concepto de homologación salarial de personal ligado a los sistemas de seguridad en las entidades de la república, a los gobiernos locales, a pesar de que es un gasto contemplado y permitido por la Ley de Coordinación Fiscal. Segundo. Los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública presentan anomalías en su asignación y seguimiento. Se solicita a las secretarías locales que firmen con fecha de enero, cuando en realidad firman cinco o seis meses después, para después acusar subejercicios. Tercero. Que los recursos del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal se asignen directamente en el Ramo 33, ya que actualmente su distribución queda a discreción de la Secretaría de Seguridad Pública. Cuarto. Ajustar la fórmula de asignación de recursos del Fondo de Asignaciones para la Seguridad Pública, ya que actualmente el 35 por ciento de este monto corresponde al criterio poblacional y no a nivel de incidencia delictiva, con la finalidad de lograr un esquema más equitativo y acorde con nuestra realidad. Quinto. Reconsiderar la ubicación del Centro Federal de Reclusión en Papantla, Veracruz, ya que esto afectaría las actividades económicas y turísticas de esa hermosa región. Tenemos la fundada esperanza de que desde esta Cámara se logre una afortunada coincidencia entre prioridades, gasto público y alineación de objetivos. Tenemos la obligación de enfrentar el momento con prudencia, sensatez y transparencia. No sólo se trata de combatir el delito; combatimos también una amenaza a la democracia y a la viabilidad del Estado mexicano. Con la presencia del narcotráfico al interior de las cárceles enfrentamos un problema adicional; un adversario trasnacional, rico, moderno y poderoso. Gracias por su atención.