La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias. Bueno, pues en la presente exposición me quiero basar en un principio fundamental, que tiene todo que ver con lo que estamos tratando de impulsar, que es la independencia judicial. Y, ¿por qué es importante la independencia judicial? Porque es lo que permite asegurar a las y los justiciables que la impartición de justicia está en manos de personas que no serán amenazadas, que no serán amordazadas, que no serán cooptadas y que van a poder, efectivamente, decidir con libertad las cuestiones que han sido puestas a su conocimiento. El artículo 11, fíjense ustedes, enumera, lo leo a la letra: el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación velará en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y por la independencia de sus integrantes y tendrá las siguientes atribuciones. Fracción XXI, que es la que nos ocupa y nos preocupa, solicitar al Consejo de la Judicatura Federal la averiguación de la conducta de alguna magistrada, magistrado, jueza o juez federales. Y fíjense que, entonces, esto choca directamente con el principio que les estoy yo aquí comentando, de independencia judicial. Pero tan importante es este principio, que la Organización de las Naciones Unidas ha nombrado un relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados. ¿Cuál es el objetivo de este mandato? Fíjense que, en la actualidad, la independencia del Poder Judicial y el libre ejercicio de la profesión jurídica por supuesto que continúa bajo amenaza en diversos países, por eso la ONU lo ha hecho, pero tristemente nuestro país no es la excepción. Jueces y abogados son víctimas de ataques y violaciones de sus derechos, que incluyen amenazas, interferencias externas a la hora de realizar sus actividades profesionales, persecuciones y asesinatos. Entonces, al nosotros estar diciendo que se crea, que tenemos, perdón, este párrafo, esta fracción, perdónenme ustedes, ya ando desvariando a estas horas, esta fracción en el artículo 11, estamos haciendo que se tenga un mecanismo para que el pleno de la Corte y el Consejo de la Judicatura puedan intimidar a las y los juzgadores en su conducta y en su labor. Y esto caería también en el último informe temático, que realizó este relator que les acabo yo de comentar y que tiene que ver con las sanciones encubiertas, y así lo dice la ONU, encubiertas, entre comillas, que se impone a los magistrados. Se presentó el informe a la Asamblea General en el 2020 y se centra, como lo acabo de decir, en sanciones encubiertas que se imponen a las y los juzgadores con el fin de intimidarlos, hostigarlos o interferir de algún modo en el ejercicio de su actividad profesional. Y se señalan distintos tipos de sanciones encubiertas, que van desde un hostigamiento leve, por ejemplo, un traslado a una oficina más pequeña, hasta amenazas o presiones graves y continúas. Cabe mencionar que aquí se ha estado hostigando a las y los juzgadores desde el inicio de esta administración. No únicamente con el tema de los salarios, en los cuales se pretendió satanizar a las y los juzgadores por los emolumentos que reciben por su trabajo, sino también con ejercer esta rotación forzada de periodos que va en contravención de lo que se realiza en diversos países, en diversas democracias, en las que, por ejemplo, en los Estados Unidos de América, pues como todos sabemos, los justices de la Suprema Corte de Justicia son inamovibles de por vida. Entonces, si comparamos lo que hacen otros países para fortalecer y, por supuesto, sus emolumentos no pueden ser reducidos como aquí también se decía en la Constitución durante el tiempo que estuvieran en su encargo. Si comparamos las precisiones o las previsiones que se hace en las legislaciones de las democracias más avanzadas para lograr preservar este principio fundamental de independencia judicial, que como aquí yo lo he dicho en otras intervenciones, un Poder Judicial debilitado y al servicio de otro de los Poderes del Estado, en este caso el Ejecutivo, no le sirve a nadie. Nadie, compañeras y compañeros, ninguno, ninguna de las que aquí estamos, tenemos la certeza de que no requeriremos de acudir al Poder Judicial a solicitar un amparo, a solicitar que se nos dirima alguna controversia en cuanto veamos vulnerado alguno de nuestros derechos. Y a dónde quisiéramos acudir, a un Poder Judicial que recibe línea e instrucciones o a un Poder Judicial Autónomo que decidirá en base al derecho. Por supuesto, nuestra Constitución, en primer término, que aquí hoy pretende la mayoría de Morena violentar y violar a través de este transitorio que no dejaremos de mencionar aun y cuando estemos hablando de un principio fundamental como lo es la independencia judicial. Por todas estas razones expuestas, compañeras y compañeros, yo les solicitaría su apoyo para votar a favor de estas reservas. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias por su atención a estas horas de la mañana. Gracias.