La diputada Elsa María Martínez Peña: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados. La educación es el camino para lograr el desarrollo nacional que demanda la sociedad. La educación es la función social estratégica que habrá de proporcionar los elementos necesarios para el desarrollo económico, social, cultural y democrático que permita a México ser un país justo y próspero. Por ello, la iniciativa que hoy presentamos propone que el papel central de la educación se refuerce en nuestra Carta Magna estableciendo que la educación es un bien público social y un derecho universal. Diversos organismos internacionales han destacado en los últimos años el carácter inapelable del derecho a la educación. La Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, así como la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de la UNESCO, celebrada en 2009, abordaron el tema de la educación en todos sus niveles, desde la perspectiva de los derechos humanos y los derechos sociales indispensables para el desarrollo integral de las personas y las sociedades. De hecho en julio de 2009 la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, convocada por la UNESCO, contó con delegados de 150 países y declaró lo siguiente: La educación superior es un bien público y un imperativo estratégico para todos los niveles de educación y la base para la investigación, la innovación y la creatividad. Debe ser un tema de responsabilidad y de apoyo económico de parte de todos los gobiernos. De este modo en el debate internacional sobre el papel de la educación se han establecido las siguientes premisas: la educación superior, y de todos los niveles, es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de hombres y mujeres velando porque ésta sea pertinente y de calidad. Es fundamental que se revierta la tendencia privatizadora de la educación y que los gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de educación superior públicas y que éstas respondan con una gestión transparente. La educación no puede en modo alguno estar determinada por la lógica del mercado. La incorporación de una visión global en el contexto nacional y regional debe ser un proceso que tenga por objeto enriquecer y fortalecer a la educación en todos sus niveles. En este marco de referencia los organismos internacionales han realizado llamados a los gobiernos para que se mantenga y, en la medida de lo posible, se incremente la inversión en educación en todos los niveles, con el objetivo de mantener la calidad y la igualdad en todo momento. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza propone reformular el concepto de educación para incrementar la inversión pública en esta materia y así poder garantizar este derecho humano fundamental de los habitantes de México. Por lo anterior, proponemos reformar el párrafo segundo del artículo 3o. de la Constitución con el objeto de considerar a la educación como un bien público social y un derecho humano fundamental que el Estado mexicano debe garantizar. Uno de los grandes retos para México en el siglo XXI consiste en alcanzar un progreso donde lo humano y lo social sean las prioridades donde todas las niñas, niños y jóvenes tengan acceso a la educación basada en criterios de calidad y equidad. Es cuanto, diputado presidente.