El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, presidente. Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública nos presentamos ante este pleno para presentar el dictamen de la minuta remitida por la Colegisladora con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que adiciona el artículo 25 del Código Penal Federal. Como ustedes saben, compañeras y compañeros diputados, el tema del secuestro es un tema sumamente sensible porque no solamente lastima a la víctima del delito, sino lastima a sus familiares y a la sociedad entera. Así, el secuestro y los delitos relacionados con éste son sumamente graves al violentar derechos fundamentales de la víctima directa y las víctimas indirectas, además que altera la paz pública. El hecho de que de forma específica nuestra Carta Magna prevea como facultad del Congreso de la Unión legislar sobre la materia del secuestro, indica la jerarquía que se le da precisamente a esta preocupación. Nuestro país durante los últimos meses ha sufrido de una escalada en la cantidad de secuestros. Mientras otros delitos de alto impacto se han reducido, tanto el secuestro como la extorsión han aumentado dejándonos ver que el crimen organizado ha redirigido sus esfuerzos hacia actividades distintas de los homicidios. El delito del secuestro y sus derivados, además de debilitar a la sociedad fortalecen a las agrupaciones criminales. Los ingresos derivados de esta actividad permiten a estas organizaciones el aumentar sus capacidades humanas y materiales para desafiar a las fuerzas del orden. En esta lógica nuestra responsabilidad como legisladores debe ser el encontrar la forma de detener, desde nuestras atribuciones, esta práctica delictiva. Por ello el Poder Legislativo ha tipificado en su momento delitos dentro del Código Penal para acotar las actividades ilícitas que lleva a cabo el crimen organizado al desarrollar nuevas modalidades. Y, en lo posterior, se estimó que el nivel de detalle y la gravedad de estos delitos, merecían un cuerpo normativo específico, lo cual resulto en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de Nuestra Carta Magna. La ley en comento, además de establecer sanciones penales, sienta las bases de políticas públicas para que no solamente se aborde desde el punto de vista punitivo, sino también preventivo y de procuración de justicia. El fenómeno delictivo de esta modalidad de la privación de la libertad, sin embargo, a pesar de que se comprendieron todos estos factores, el aumento de incidencia del secuestro requiere medidas que se ajusten a los tiempos que hoy vivimos los mexicanos. Por su parte, el Ejecutivo emitió la estrategia nacional antisecuestro, que ahonda en espera de las políticas públicas para la prevención y procuración, haciendo mención del uso de inteligencia, del fortalecimiento operativo, de prevención de criminalidad desde centros penitenciarios, aspectos victimológicos de participación ciudadana y coordinación, a la par de crear la Coordinación Nacional Antisecuestro. Es así que la colegisladora atendió a la iniciativa que se presentó ante ella, cuyo objetivo consiste en la duplicación de penas a los delitos en materia de secuestro, ya sea el tipo simple, el llamado secuestro exprés, la toma de rehenes, la simulación, la obstrucción de investigación, así como los tipos derivados en cuestión de circunstancia, sujeto activo o relación. Además de ello, de forma correcta advirtieron las comisiones encargadas del estudio y dictamen en la cámara alta la necesidad de una modificación al Código Penal como marco jurídico general y supletorio, para que las penalidades por el monto señalado por los iniciantes pudieran ser jurídicamente factibles. En el seno de esta comisión, tras haber sido turnada la propuesta, se coincidió en la urgencia y la severidad planteada y se hizo un minucioso análisis y un rico debate sobre la constitucionalidad de la misma, puesto que en todo momento quienes integramos la comisión hemos pretendido balancear la seguridad y la necesidad de orden con los derechos humanos y el cumplimiento del orden constitucional. Desde luego, consideramos que no basta con un mero aumento en las penas, por lo que estamos convencidos de que esta previsión es un complemento a los demás esfuerzos para prevenir, castigar y sancionar el secuestro y sus derivados; ya que no dejamos del lado el hecho de que este delito cuenta con una cifra negra altísima y que la impunidad es la verdadera causa de la proliferación de estos delitos y no solo la sutileza de los castigos. Como comisión daremos seguimiento a la ejecución de esta norma, a la par de que nos entrevistaremos con los funcionarios responsables de tan vital y delicada labor, así como con las asociaciones civiles que tengan punto de vista y que puedan aportar con la finalidad de seguir trabajando en beneficio de nuestro país. Muchas gracias.