EL C. DIPUTADO JAIME CERVANTES RIVERA (PT): Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras Diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para apoyar la promoción de la controversia constitucional que presentará la Cámara de Diputados con relación al tratamiento que el Ejecutivo Federal dio a lo que aquí aprobamos en diciembre pasado en materia fiscal. Como se recordará, el Ejecutivo Federal apoyándose en una ley secundaria, como es el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, decretó el pasado 5 de marzo del año en curso la anulación del impuesto especial a todas aquellas bebidas que utilizaran en su elaboración edulcorantes distintos del azúcar de caña. Con esa decisión acabó de un plumazo el esfuerzo colectivo que realizaron todas las fuerzas políticas aquí representadas, de apoyar e impulsar a la industria azucarera nacional. Como sabemos, esta industria atraviesa actualmente por una profunda crisis histórica que llevó al gobierno federal a expropiar, el pasado 2 de septiembre del 2001, casi la mitad de los ingenios del país. En esas circunstancias queda claro que el Presidente Vicente Fox está actuando no solo contra las decisiones del Congreso de la Unión, sino también en contra de sus propias medidas, porque no se puede explicar cómo una decisión que iba encaminada a alentar la producción azucarera del país, termina siendo golpeada por quien propuso. Aun cuando fuera insuficiente su reactivación mediante el decreto expropiatorio. La única explicación que podemos dar a este asunto es que el Presidente Fox no quiso fajarse los pantalones y exigir a los Estados Unidos a que cumpla con lo estipulado en el marco del Tratado de Libre Comercio, para que compre a México los excedentes de azúcar que produce. Tampoco su gobierno tiene ningún plan que permita aplicar estrategias que eleven la competitividad de esta industria, para garantizar que más de dos millones de mexicanos que viven de ella puedan conservar sus empleos y sus ingresos. Pero en última instancia el responsable del Ejecutivo Federal ha mirado en primer término los intereses de las grandes transnacionales que están atrás de esta decisión, porque son ellas las beneficiarias de la medida adoptada por el gobierno de Fox en detrimento de la economía de dos millones de nuestros compatriotas. En segundo lugar, las presiones del gobierno de los Estados Unidos pesaron más que la decisión que tomó el Congreso de la Unión para impulsar el crecimiento de la producción azucarera del país. En este contexto nosotros nos preguntamos: ¿A quién sirve verdaderamente el régimen foxista? Y por cualquier lado que lo veamos la respuesta termina siendo la misma: A los grandes grupos económicos asentados en nuestro territorio, porque son ellos los beneficiarios directos del Tratado de Libre Comercio. Gracias entre otras razones, al impulso decidido que el gobierno federal viene brindando a estos grupos, sus exportaciones han crecido en el marco de la aplicación de las políticas neoliberales. En contrapartida, se ha dejado fuera de toda protección a los productores mexicanos. Ahí está a la vista el atraso tecnológico en que se encuentran millones de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con ninguna clase de apoyo por parte del gobierno federal, para lograr su reconversión tecnológica y para adoptar las formas de organización que les permita elevar la productividad laboral y acceder al mercado mundial. Ahí están los productores del campo que han sido abandonados por el gobierno federal y aún cuando se nos hable de programas como el PROCAMPO o la Alianza para el Campo, los recursos de esos programas son totalmente insuficientes para alentar la producción campesina y sacarla de la postración en que se encuentra sumida. Por esta razón, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo se opone abiertamente a las medidas en contrario que el Ejecutivo Federal tomó para anular el impuesto establecido a favor del aliento de la producción azucarera y apoyar la promoción de la controversia constitucional en contra del Presidente de la República, que será presentada por esta Cámara de Diputados. Es cuanto, muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado. En el uso de la palabra el diputado Arturo Escobar y Vega, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. -DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Gracias Presidenta. Bueno, como mucho de las señoras y señores diputados, en mi grupo parlamentario nos encontramos divididos en el tema. En lo particular considero que el Ejecutivo Federal no viola la Constitución con el decreto publicado el pasado 5 de marzo. Creo que el artículo 31 fracción IV de la Constitución, a su vez el artículo 39 del Código Fiscal, como Ley Reglamentaria de dicho artículo constitucional, faculta al Presidente para poder suspender de manera temporal el pago de dicho impuesto. Sin embargo, yo no soy Magistrado, independientemente que aquí hay muchos, habrá unos 200 ministros, en mi grupo parlamentario celebramos mucho la oportunidad de que podamos acudir ante la Corte, a través de una controversia constitucional, para que resuelva este conflicto que, como lo he señalado, no es de un partido o de otro, creo que en cada uno de los partidos, en cada uno de los grupos parlamentarios existen posiciones encontradas en cuanto al tema. Creo que el ir ante la Corte fortalece al Poder Legislativo, le demostramos a la gente, a los mexicanos, que no somos perfectos, que no conocemos de todo. En cambio, acudimos ante un grupo de abogados, especialistas en el tema constitucional, que estoy convencido le darán luz al Congreso Mexicano de cómo responder ante estas controversias. Por otro lado y también en lo particular, considero que si en su momento la Corte resuelve a favor de la mayoría de este Congreso, señalando que el Ejecutivo sobrepasó sus facultades, será trabajo nuestro legislar a efecto de que esto no vuelva a ocurrir. Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTA: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Miroslava García Suárez, del Grupo parlamentario del PRD. -LA C. DIPUTADA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ. Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores Legisladores. En primer lugar, deseo expresar nuestro agradecimiento a todas las fracciones parlamentarias que están apoyando esta proposición de Punto de Acuerdo. Cabe destacar que todas las fracciones parlamentarias consideramos una necesidad el poder llevar este recurso de controversia a la Suprema Corte. Por lo tanto inicio esta intervención solicitándole al Partido Acción Nacional consecuencias y congruencias en sus planteamientos, como férreos defensores de la legalidad en otras administraciones, en otras legislaturas. Corresponde amigos y amigas de Acción Nacional que en ese momento todo el Poder Legislativo representado en esta Cámara de Diputados, unamos fuerzas para defender la institucionalidad y la legalidad del Poder Legislativo. Pero necesitamos hacer un poquito de Historia y rememorar por qué estamos hoy 2 de Abril en esta tribuna hablando de una propuesta de controversia. Ustedes recordarán que en diciembre pasado todas las fuerzas políticas de esta Cámara de Diputados teníamos un debate y un análisis muy intenso sobre las Leyes Fiscales, sobre la Reforma Fiscal y las disposiciones que tendríamos que hacer para el Ejercicio 2002. Ustedes recordarán que fue precisamente esta Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores quienes dieron el visto bueno a una serie de nuevos impuestos especiales entre ellos el Impuesto Especial a la Fructuosa. Estoy segura que de la información que ha tenido la sociedad mexicana sobre estas Reforma Fiscal, uno de los puntos que más ha celebrado como decisión de este Congreso, ha sido precisamente el haber resuelto aplicar un Impuesto Especial a la Fructuosa, ¿para qué o por qué? El objetivo principal y ustedes lo saben, fue en ese momento apoyar y reforzar la cadena productiva de la caña de azúcar, reforzar y apoyar la producción en este país que se ha ido a pique en los últimos años por las enormes importaciones de fructuosa que hacemos o que hace el gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, quiero destacar compañeras y compañeros Legisladores, que este Congreso decidió , que este Congreso analizó y que el Presidente de la República en su carácter de Poder Ejecutivo tuvo el tiempo y las formas legales para señalar desacuerdos o incluso no publicar las resoluciones fiscales a las que llegamos aquí a través de una serie de recursos como es el veto en un caso extremo. Pero hay que destacar que el Presidente Fox estuvo de acuerdo con la propuesta y con la reforma fiscal que aquí aprobamos, estuvo de acuerdo porque en el Diario Oficial de la Federación se publicaron las leyes fiscales que nosotros aquí acordamos. Eso no se debe olvidar, tampoco podemos olvidar que esgrimiendo una argumentación muy débil sobre el Artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, se pretenda amparar una violentación a las leyes y en este caso quiero ser muy exacta en mi argumentación para decirles que la facultad reglamentaria con que cuenta el Ejecutivo no le permite, no le otorga, no lo dota de la posibilidad de interpretar, modificar, alterar, suspender, cancelar, derogar o abrogar ninguna ley aprobada por el Poder Legislativo. Tuvo tiempo de vetar, no lo hizo. Tan estuvo de acuerdo con lo que aquí aprobamos, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación y antes del decreto presidencial del 5 de marzo, eran impuestos que estaban cobrándose en todo el país y en todo el territorio nacional. Quisiera darles un dato: en el informe de finanzas que hace la Secretaría de Hacienda para el mes de febrero, se dice que en el renglón de impuestos especiales hay un aumento en la recaudación en enero y febrero con respecto al año anterior, un aumento de más del 80% y esto fue desde luego gracias a los acuerdos y a las modificaciones legales que hizo este Congreso. Compañeras y compañeros legisladores, por lo menos en el caso del Impuesto Especial a la Fructuosa hay cuatro aspectos distintos que son dignos de analizar: el aspecto jurídico, el económico, el político y el social. Desafortunadamente el tiempo es insuficiente para poder abordar los cuatro aspectos pero por lo menos quiero centrarme en dos: en el jurídico y en el económico. Como todos sabemos y como lo puede saber cualquier estudiante de primer semestre de derecho, ningún reglamento, ninguna ley secundaria es o está por encima de la Ley General y Suprema que en este caso es la Constitución Política de nuestro país. En ese sentido, el artículo 39 que esgrime el Ejecutivo para haber publicado este decreto ilegal, no lo faculta de ninguna manera para suplantar, suplantar la facultad exclusiva del Poder Legislativo que es legislar. Quiero decirles compañeras y compañeros legisladores, que ya pasó el tiempo en el que esta Cámara no era plural, en el que esta Cámara tenía una composición muy homogénea, cuando el Presidente de la República era además de Ejecutivo, también legislador y muchas veces se entrometía en las resoluciones de la Corte. Esos tiempos afortunadamente están pasando, se están quedando atrás. Pero es nuestra responsabilidad velar por la institucionalidad de este Poder, por la soberanía de este Poder Legislativo porque sin equilibrio de poderes no hay democracia, sin equilibrio de poderes no podemos hablar de un estado de derecho en nuestro país. Yo quisiera destacar que inmediatamente después de la publicación del decreto presidencial del 5 de marzo, destacados legisladores de Acción Nacional se pronunciaron a favor de que la Suprema Corte de Justicia sea quien determine si hay en esta controversia y en este cuestionamiento del Legislativo, autoridad y sobre todo razones jurídicas de peso. Me parece que sería innecesario en este momento que nosotros entráramos a un debate diciendo si tiene o no razón el Presidente, desde nuestro punto de vista no la tiene pero sabemos que no es el Pode Legislativo la instancia para interpreta las leyes y es por eso que yo insisto en pedirle a mis amigos de Acción Nacional en que reflexionen el sentido de su voto porque me extraña enormemente que destacados militantes insisto- hayan incluso expresado que sería saludable, que sería conveniente, que sería positivo que la Suprema Corte diera una opinión resolutiva sobre el caso. Y creo que esto es fundamental porque no solamente estamos hablando del caso de la fructosa, aquí lo importante es establecer efectivamente cuáles son las tareas y cuáles son las facultades de cada uno de los Poderes, porque de otra forma podremos hablar de una Cámara más plural, podemos hablar de un sociedad más democrática, pero en los hechos, en los hechos estaremos todavía viviendo con el peso del presidencialismo en nuestro país. Es cuanto, señora Presidenta.