El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras y señores diputados, en nombre de mis compañeras y compañeros del Partido del Trabajo vengo a fijar nuestra posición sobre la visita del Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos. La reunión del grupo de alto nivel sobre seguridad convocada fast track, tras el asesinato de funcionarios consulares en Ciudad Juárez, elude cualquier avance hacia una auténtica responsabilidad compartida, mientras el grupo de Felipe Calderón continúa obstinado en una solución de fuerza, en una estrategia que erróneamente llama guerra y que ha desatado una incontrolable espiral de violencia. Es necesario entender este nuevo capítulo como parte del proceso de pérdida de soberanía en la era neoliberal que comenzó en el ámbito económico, con un TLC injusto, destructivo para la inmensa mayoría de los sectores del país y que continuó con la creación del ASPAN, una iniciativa de Bush, creador de guerras ficticias, que de alguna manera es un marco adecuado para atender los problemas bilaterales. Las asimetrías se han extendido a los ámbitos político y social, donde la injerencia estadounidense en las decisiones nacionales y la condición subordinada de los migrantes mexicanos se profundiza día a día ante la desorientación de nuestra política exterior. Debe considerarse que la DEA y la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas son dependencias del Ejecutivo estadounidense, para la procuración de justicia y coordinación entre dependencias y sectores que incluyen prevención, rehabilitación e inteligencia financiera. En aquel país sería impensable involucrar a los militares en actividades relacionadas con el narcotráfico. Por ello, es incongruente e inaceptable que hoy se plantee una colaboración más cercana entre los sectores militares de ambos países. Las tropas estadounidenses son un recurso de fuerza para atender lo que ellos consideran de interés propio, más allá de sus fronteras. Para hablar claro, el ejército norteamericano es una fuerza de ocupación en Estados fallidos que resuelve, por el uso de la violencia, los problemas que considera que los gobiernos de otros países son incapaces de resolver y ello siempre ocurre en un contexto de cesión de soberanía. Una militarización transnacional, como se pretende, tendría consecuencias trágicas para nuestra ciudadanía, para el Estado de derecho y para la debilitada institucionalidad de nuestro país. La importación de la violencia, ligada con el narcotráfico, no puede continuar hacia la violencia de Estado, como ha significado la Iniciativa Mérida. El tema no es de competencia militar en Estados Unidos, y por si fuera poco, en México la participación de las Fuerzas Armadas obedece a una decisión ilegal de Calderón, con fines de legitimación política de su parte. Es de notar que desde hace un año la administración de Obama ha insistido en la corresponsabilidad de México y Estados Unidos en materia del narcotráfico; pero hasta el momento no hemos visto ninguna señal positiva debido a la miope insistencia de Calderón en sostener una guerra ilegal, una guerra que ha dejado ya más de 19 mil muertes, múltiples violaciones a los derechos humanos en lo que va del sexenio, dos mil 200 ejecutados tan sólo en este primer trimestre. Hoy debemos saber qué resultados pueden reportarnos las autoridades de ambos países. No podemos olvidar la urgencia de plantear una agenda bilateral si no se incluyen los principales puntos que interesan a México. Uno. Una profunda reforma migratoria. Dos. Un concepto de seguridad integral con compromisos de política interna en Estados Unidos de control de armas y tráfico de allá hacia a México y la revisión del Tratado de Libre Comercio. Ningún catálogo de buenas intenciones será de utilidad para abolir este régimen de disculpas hacia las madres y padres de familia, hacia viudas, viudos, hacia las víctimas de la tortura y comunidades estudiantiles. No podemos admitir que un solo ciudadano más caiga abatido en el fuego cruzado entre posiciones violentas e irreductibles. Ante ese fracaso es preciso que Calderón renuncie a la Presidencia, que ilegalmente ocupa, para nombrar un gobierno de unidad que permita una reconciliación en el pleno respeto del Estado al orden jurídico. Es urgente la restitución del Estado de derecho, la sanción a los responsables de la actual crisis de seguridad, la justa reparación a víctimas y deudos, así como para establecer garantías de no repetición. Dos breves consideraciones finales: el Ejecutivo debe rendir a la brevedad a esta soberanía un informe detallado de compromisos y acuerdos surgidos de esta reunión. El Grupo Parlamentario del PT exige a las autoridades mexicanas que en toda cooperación se salvaguarde la soberanía nacional y los intereses de la patria, que no se claudique en defensa de estos principios. Sí cooperación, no intervención. Gracias.