La diputada Natalia Karina Barón Ortiz: Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras diputadas, estimados compañeros diputados, la iniciativa que vengo a proponer ante esta honorable soberanía es algo sencillo, pero sumamente indispensable para poner remedio a los subejercicios en el gasto público, una práctica nociva que se ha vuelto recurrente en la administración pública federal y en los estados, sin que se apliquen las medidas correctivas pertinentes. Los subejercicios en un gobierno o dependencia son sinónimo de incompetencia, de mala planeación, o de plano resultado de una conducta ilícita de los servidores públicos para beneficio personal. En cualquier caso se afecta gravemente los objetivos y las metas del Estado mexicano, así como a los sectores más vulnerables de la sociedad, especialmente cuando ocurren en programas sociales o productivos de carácter prioritario. El no ejercicio del gasto público de manera transparente o el no ejercicio de los recursos en los programas para los que fueron etiquetados, o su entrega fuera de los tiempos programados son sin duda hechos muy graves en una administración. Y lo es ante todo para el sector agropecuario, porque aquí las actividades productivas dependen de fechas precisas vinculadas a las temporadas de lluvia y, sin embargo, vemos cómo año con año los recursos para el campo se están entregando fuera de los tiempos programados, sin que se aplique ninguna sanción a las y los servidores públicos responsables. ¿De qué sirve entregar los apoyos para paquetes tecnológicos de fertilizantes o semillas, cuando el ciclo de lluvias ya ha terminado? Para el campo, la entrega de los apoyos de manera extemporánea es fatal, pues se rompe con la oportunidad el ciclo productivo, se encarece el crédito y los insumos, haciendo inútil es el esfuerzo de la sociedad por incentivar la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. En la teoría, supuestamente, tenemos un conjunto de medidas de control del gasto para que su ejercicio se realice con eficiencia y eficacia, como lo ordena nuestra Constitución en el artículo 134. Tenemos en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria los calendarios de ministración con mandato de ley, para que se respeten de manera estricta. Existen también varios sistemas informáticos contables al interior de las dependencias, para el seguimiento y vigilancia continua del gasto. En la realidad nada de esto funciona. El gasto presupuestal continúa caracterizándose por la opacidad y la discrecionalidad, sin que se proceda fincar las responsabilidades correspondientes, como lo observamos precisamente en el inicio de la actual administración, cuando el primer semestre de 2013 no se ejercieron más de 100 mil millones de pesos, y en 2014 cuando entre 167 programas y proyectos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no se gastó un peso del presupuesto asignado a varios programas en los primeros seis meses. Sin embargo, nadie fue sancionado ni siquiera se le dio a la sociedad una explicación al respecto, simplemente pareciera que los subejercicios nunca existieron. Ciertamente hoy estamos en tiempos difíciles y de incertidumbre en las finanzas públicas, se cayó el precio del petróleo y se ha devaluado nuestra moneda. El desorden financiero de esta administración no es nuevo, pero ahora parece incrementarse, y como sabemos, ya estamos amenazados por la Secretaría de Hacienda para nuevos y más profundos recortes al gasto durante 2016 y 2017. En estos momentos de volatilidad e incertidumbre financiera, la sociedad demanda más compromiso con el servicio público y apego a la transparencia y a la legalidad. Se demanda mayor disciplina y responsabilidad institucional de las dependencias y los funcionarios ejecutores del gasto. Es así que quienes ocupan un empleo, cargo o comisión en la administración pública deben responder administrativamente y ante la sociedad de sus actos u omisiones que afecten los fines del erario público. Por ello, la iniciativa que proponemos, y para la cual pido el apoyo de los grupos parlamentarios que integran esta soberanía, considera la reforma del artículo 13 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a efecto de que los actos u omisiones de servidores públicos que causen la suspensión o deficiencia de un servicio público puedan ser considerados como una infracción administrativa grave. Asimismo, proponemos reformar la fracción IX del artículo 114 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para incorporar la sanción de los subejercicios por incumplimiento de los calendarios presupuestales, ya sea que esto ocurra por negligencia o de manera deliberada, como se presume muchas de las veces. Gracias por su atención.