El diputado Salvador Barajas del Toro: Gracias, Presidenta. A nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional quiero argumentar el por qué votamos el dictamen a favor de la comparecencia del secretario de Agricultura ante esta Comisión Permanente. En principio, por la relevancia que tienen las reglas de operación para la competitividad y para el acceso de los recursos para los productores mexicanos, pero además por la coyuntura política, económica y social que en este momento se encuentra nuestro país derivado de la apertura comercial de los productos agrícolas y pecuarios dentro del Tratado de Libre Comercio. Al comenzar este año 2008 nos encontramos ante un grave problema que requiere de toda nuestra sensibilidad, no sólo porque a mediano y largo plazos va en juego la estabilidad económica del país y su soberanía, sino porque de manera inmediata miles de familias mexicanas que viven del campo verán afectada su ya de por sí precaria economía. No podemos tapar el sol con un dedo, sabemos que el Acuerdo Nacional para el Campo se ha incumplido y que no se han protegido a nuestros productores frente al desmantelamiento causado por la entada en vigor de varias disposiciones del Tratado de Libre Comercio, particularmente la liberación arancelaria de mil 100 productos, entre ellos el maíz, el frijol y la leche. Debemos de recordar que el Acuerdo Nacional para el Campo no fue concebido como una dádiva presidencial, sino que fue creado como el primer convenio interinstitucional que involucró a todas las dependencias del gobierno federal en torno a los grandes problemas de la sociedad rural. La trascendencia histórica y política del Acuerdo Nacional para el Campo nace de sus propios orígenes, surgió como resultado de la participación autónoma y democrática de las organizaciones campesinas en el contexto de la pluralidad democrática que promueve y respeta el gobierno, y que fue construido a partir de iniciativas y propuestas de la sociedad rural, privilegiando el diálogo y la negociación. En los considerandos del Acuerdo Nacional para el Campo se establecía que la globalización de los mercados y la integración en bloques comerciales regionales son procesos mundiales de los cuales México no puede sustraerse, por lo que se requería de una participación activa y preactiva por parte de nuestro país. En este acuerdo nacional se ubicaba al sector rural como un sector estratégico para la nación y parte fundamental de la soberanía y seguridad alimentaria del país, definiendo como prioridad para la sociedad mexicana su desarrollo y como imperativo de justicia social para reconocer que durante décadas aportó al desarrollo del país. Dentro de los compromisos como el del número 50 del Acuerdo Nacional para el Campo, establecía que el Ejecutivo federal, con base en las facultades que le otorga la Constitución y las leyes respectivas, iniciaría de inmediato consultas oficiales con los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá, con el objeto de revisar lo establecido en el Tratado de Libre Comercio para maíz blanco y frijol y convenir con las contrapartes, al sustituirlo por un mecanismo permanente de administración de las importaciones a cualquier otro equivalente que resguardara los legítimos intereses de los productores nacionales y la soberanía y la seguridad alimentaria, cosa que desgraciadamente el Poder Ejecutivo de la pasada administración federal no realizó y en lo que va de ésta tampoco se ha hecho. La problemática anterior prevé un desmantelamiento brutal al agro mexicano y un retroceso social gravísimo, si tomamos en cuenta además los índices de desempleo, migración y pobreza. Cuando un país como el nuestro se encuentra en una brutal desventaja, la globalización y apertura de los mercados se convierte en un obstáculo más que en una oportunidad, particularmente si las políticas gubernamentales se niegan a reconocer la riqueza natural con que se cuenta, e insisten en la negativa de invertir recursos en aras de recapitalizar al sector agropecuario. Bajo lo anterior, en este orden de ideas, es menester señalar con toda puntualidad y precisión que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor de los productores mexicanos, por lo que realizará las acciones conducentes a efecto de proteger sus derechos y su economía. Tan es así, que votamos a favor de la presencia y comparecencia del secretario de Agricultura. Nos pronunciamos en contra de convertirnos en un país consumidor y desechar la oportunidad de convertirnos en un importante productor que nos permita transitar por los senderos económicos más firmes y tener una auténtica soberanía, incluyendo la alimentaria. Rechazamos cualquier análisis simplista, como el que Sagarpa y la Secretaría de Economía han venido haciendo a través de desplegados en la prensa nacional en donde, en síntesis, señalan que los mexicanos compraremos más barato; que el gobierno no ha abandonado a los productores; que Estados Unidos y Canadá compran más a nuestros productores y que estas medidas no generan más pobreza. Lo rechazamos tajantemente. Además, porque faltan a la verdad o dicen una verdad a medias. La realidad es que los productores mexicanos no tienen el apoyo suficiente, el país dejará de producir y de generar riqueza; el campo mexicano perderá vigor y nuestra soberanía sufrirá una brutal embestida. Es un buen paso la reducción de las tarifas eléctricas, pero no es suficiente. Para poder competir en igualdad de condiciones los campesinos mexicanos requieren de mayores insumos a precios razonables y de una decidida intervención del gobierno. Por ello, estamos ciertos que el rumbo de nuestra nación no puede descansar en medidas coyunturales y desleales al pueblo de México; por el contrario, es necesaria una rectoría estatal eficiente, con visión federalista, capaz de diseñar e instrumentar políticas de fomento y postulados sociales para atemperar las desigualdades, erradicar la pobreza y enfrentar la insensibilidad de la economía internacional. En este sentido, nos pronunciamos por la construcción de un nuevo equilibrio que signifique que, a más mercado corresponde un Estado con responsabilidad social, en aras de consolidar un sector productivo eficiente y competitivo que contribuya al desarrollo nacional, el cual debe participar en la definición de la política económica. Es momento de tomar medidas eficientes, de expandir el mercado interno y de fomentar la inversión productiva, financiada con más ahorro nacional y en el desarrollo de una estructura productiva, acorde a nuestra disponibilidad de recursos naturales y su vocación productiva. Es tiempo de preservar, fortalecer y crear nuevas instituciones para la adecuada gestión de la economía, en donde se contemple el otorgamiento de créditos a programas a largo plazo en regiones del país que no tienen acceso a la banca comercial y para la atención de sectores que no son sujetos de crédito. Es evidente que el sector rural requiere aumento de su productividad, con nuevas tecnologías, mayor capitalización, financiamiento preferente, infraestructura y capacitación con esquemas de comercialización más eficientes, y redistribuirse de ingresos, con capacidad organizativa de los productores para defender sus precios y elevar sus rendimientos; incluyendo esquemas cooperativos y de asociación con industriales y comercializadores, y con mejor aprovechamiento de nuestra vocación productiva por regiones para ser competitivos en nuestra inserción en el mundo globalizado. Por ello, señores, se requiere no sólo la solidaridad y la buena voluntad del Ejecutivo; se requiere también de toda su responsabilidad, eficiencia y capacidad de gobierno. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la finalidad de los tratados comerciales internacionales es facilitar el acceso a otros mercados y ofrecer oportunidades a plantear, desde luego, una mayor competencia. Es por ello que el gobierno mexicano debe impulsar el desarrollo de las capacidades para competir de quien se encuentre en desventaja ante las nuevas condiciones de competencia internacional: persona, empresa, sector o región. En este tenor es que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional demanda que se ejerzan a plenitud todos los mecanismos jurídicos de defensa de los productores nacionales, industriales y rurales, para salvaguardar los intereses nacionales. No es negada la realidad de la grave situación que vive el campo mexicano, a través de desplegados o usando la cadena nacional. ¿Cómo podrán enfrentarse los retos que tiene el sector agrícola en nuestro país? Hemos impulsado desde esta tribuna la generación de un espacio amplio para el análisis y discusión de la implicación del Tratado de Libre Comercio Agrícola, porque sabemos que se trata de un asunto de Estado y que el gobierno de nuestro país debe de tener el respaldo del Congreso para discutir con los socios comerciales de México la revisión de este capítulo. En este tema tan grave para el futuro y la viabilidad del país esperamos mayor sensibilidad, mayor seriedad y menos cuentas alegres, como es lo que ha venido realizando el secretario de Agricultura. Por eso votamos a favor su presencia en esta Comisión Permanente. Es cuanto, Presidenta.