El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. El asunto de Carmen Aristegui, su despido injustificado de la empresa MVS Medios, es un hecho ominoso, es un hecho abominable de la historia política de nuestro país. Digo ominoso porque augura seguramente acontecimientos de mayor autoritarismo en la vida política de México. Con esta decisión el gobierno federal que encabeza Felipe Calderón está demostrando que es un censor, está demostrando que es un violador de las garantías individuales, principalmente de la libertad de expresión. A mí no me queda duda de que la Presidencia de la República influyó en la destitución, en el despido injustificado de Carmen Aristegui. No hay ninguna duda. La empresa MVS tiene en este momento en trámite prórrogas en sus concesiones radiofónicas. La empresa MVS sabe cómo actúa el gobierno federal. Cómo limita la libertad de expresión de sus comunicadores, de sus reporteros, a fin de obtener la prórroga de las concesiones. Llama también mucho la atención que el reclamo que hicimos algunos legisladores en la manta del jueves pasado en donde exponíamos el alcoholismo de Felipe Calderón, haya suscitado el reclamo de un Grupo Parlamentario del PAN que, como bien saben los abogados del PAN, en este tipo de asuntos que tienen que ver con la vida privada -como adujeron algunos de ellos y me lo señalaron posteriormente al debate-, la única legitimación procesal para cualquier reclamo es del propio Felipe Calderón. Y hasta el momento Felipe Calderón no ha exigido una disculpa de parte de los legisladores; no ha entablado ninguna demanda de carácter civil para demandarnos reparación de daño moral por los comentarios y los contenidos de esta manta. Esto lo señalo porque hay aquí defensores oficiosos de Calderón y el que debe reclamar la violación, en todo caso, a sus derechos, a su intimidad, a su vida privada, a sus datos personales es el propio Felipe Calderón. Señor presidente, quiero informar a este pleno y a usted mismo, que he presentado el día de hoy una iniciativa de reforma a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para adicionar un artículo 19 Bis a esa ley, a efecto de que el expediente médico y los datos médicos de los titulares de los tres poderes públicos, de los órganos constitucionales autónomos y los titulares de los sujetos obligados a que se refiere la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, sea información de conocimiento general, sea información de carácter público. Yo entiendo que el expediente médico, las enfermedades o las adicciones de los particulares, de los gobernados, deben entenderse como información confidencial y están protegidas por el artículo 19 de la Ley Federal de Transparencia y por el segundo párrafo del artículo 16 de la Constitución, pero en tratándose de servidores públicos, sobre todo los servidores públicos más encumbrados, como somos los diputados; los senadores; los ministros de la Suprema Corte, el titular del Poder Ejecutivo; los titulares de los órganos electorales; del Banco de México, esa información debería ser totalmente pública. En qué me apoyo. Me apoyo en el derecho comparado. En la jurisprudencia norteamericana se ha sostenido que los ciudadanos tienen derecho a conocer de las actividades sexuales y los problemas médicos de los servidores públicos. Este mismo principio existe en distintos sistemas jurídicos de la Commonwealth. La polémica que provocamos el jueves pasado algunos diputados, y que ha generado como dijo bien el diputado del PRD, Agustín Guerrero, la primera víctima con el despido injustificado de Carmen Aristegui, exige medidas legislativas del Congreso de la Unión. Esas medidas legislativas estimo yo tienen que ver con reformas de este tipo, para que todos los altos servidores públicos del país hagamos público nuestro expediente médico, porque nuestra misión...