El diputado Marco Antonio Torres Hernández: Con su permiso, señor presidente. El suscrito, diputado Marco Antonio Torres, en mi calidad de presidente de la Comisión Especial para Analizar los Problemas de la Agroindustria Mexicana de la Caña de Azúcar y a nombre de los integrantes de la misma, me permito proponer el presente punto de acuerdo, con base a las siguientes consideraciones. Ante el incumplimiento del Tratado de Libre Comercio con América del Norte de adquirir todos nuestros excedentes de azúcar, en agosto del 2000 México solicita a la Organización del TLCAN la formación de un panel para discutir y dirimir diferencias entre los dos países, a lo cual Estados Unidos hasta esta fecha no ha contestado, lo que constituye una violación flagrante a los artículos 2006 y 2007 del Tratado. Por esta situación que por años el incumplimiento del Tratado ha generado a la industria azucarera mexicana, se estableció el impuesto especial sobre producción y servicios que equilibrara a dos industrias que estaban en clara desventaja comercial: azúcar y fructuosa. Por ello el Poder Legislativo, en enero de 2002, estableció el impuesto del 20 por ciento a las bebidas que para su elaboración utilizaran un endulzante distinto a la caña de azúcar. Desde la implementación del IEPS Estados Unidos ha argumentado que el impuesto es discriminatorio e injusto, por lo que desde el 2002 comenzó a presionar de diferentes formas para que el gobierno mexicano y lógicamente a diversos legisladoreseliminaran el IEPS. El presidente Fox, en el mes de marzo de ese mismo año eliminó el impuesto. A consecuencia de ese hecho, la Cámara de Diputados promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien finalmente resolvió que esta acción transgredía el artículo 89, fracción I de la Constitución federal y el impuesto volvió a establecerse. El vecino del norte se atrevió a interponer una demanda comercial ante la OMC argumentando que el impuesto perjudicaba a su producto, la fructuoso, que de hecho es un maíz amarillo subsidiado, lo que origina que esté por debajo del precio. La OMC en meses pasados ya había emitido un fallo contrario al impuesto y el proceso le permitía a México la oportunidad de apelar el fallo hasta el 7 de diciembre. Con mucho esfuerzo, gobernadores de distintos estados, líderes cañeros, obreros y demás contaron con una segunda oportunidad para exponer con claridad a este órgano de resolución de controversias esa oportunidad de apelación, misma que el 6 de marzo se resolvió en contra de la OMC. Mi pregunta es cuándo los secretarios de Agricultura han propuesto o implementado medidas que fortalezcan hasta ahorita nada. La magnitud de este escenario ni siquiera ha sido considerado por estas dos secretarías y yo abordaría el tema de que cómo podemos confiar en que estuvimos defendidos en forma adecuada, cómo es posible que los legisladores no pudimos conocer el argumento de apelación, por lo que proponemos el punto de acuerdo donde exhortamos al Titular del Ejecutivo Federal a que en el ámbito de su competencia instruya a las Secretarías correspondientes a que envíen un informe detallado a esta soberanía de los argumentos que empleó México en el proceso legal ante el órgano de apelación de la OMC, relativo a los edulcorantes y denominado "México, Medidas Fiscales Sobre Refrescos y Otras Bebidas", que fue planteado ante la OMC por Estados Unidos, así como de las medidas que serán adoptadas a consecuencia de este fallo. Es cuanto, señor Presidente.