La diputada Maribel Martínez Ruiz: Por aquello de las voces en contra, un posicionamiento de arranque. Vamos a cambiar este país a pesar de ustedes. No entienden que no entienden, el cambio arrancó el primero de julio y lo encabeza Andrés Manuel López Obrador. Compañeras y compañeros diputados, la aprobación de esta ley representa la consecución de una de las más añejas propuestas que la izquierda ha abanderado. Una propuesta que la izquierda ha trabajado desde hace ya muchas legislaturas, aunque ahora haya quienes se quieran adjudicar esta lucha, pero cuando fueron gobierno, jamás la impulsaron. Unos porque siempre hicieron un uso faccioso del ministerio público, como instrumento de represión y control político. Otros, porque desmantelaron al darle al Ejército y a su Secretaría de Seguridad Pública manga ancha para investigar delitos y obtener concesiones sin presencia del Ministerio Público ni de defensor, pero sí de cámaras de televisión. Desafortunadamente con esta nueva ley vienen también nuevas mentiras de la derecha. Hoy se nos pretende acusar falsamente de querer imponer un fiscal carnal, cuando fuimos nosotros, quienes junto con las miles de voces de la sociedad civil que se alzaron, impedimos semejante atropello por parte del anterior gobierno, del cual por cierto fueron aliados. No nos sorprende esta nueva envestida de la derecha. Su forma de hacer política es y ha sido siempre la difamación y la campaña de miedo, la guerra sucia. No saben actuar de otra forma. Pero la izquierda, la izquierda verdadera impulsora de la autonomía del Ministerio Público está hoy aquí para hacer realidad esta propuesta. Con esta ley finalmente llevaremos a la práctica la reforma constitucional que otorga autonomía al Ministerio Público, por fin podremos llevar a cabo una transformación real y profunda de la investigación y persecución de los delitos. Dejaremos atrás una institución caduca, disfuncional, sometida a los designios del gobierno en turno y profundamente corroída por la corrupción, el abuso de autoridad, la intimidación, la tortura, la negligencia y las violaciones sistémicas a los derechos humanos. Una institución incompatible con el sistema acusatorio, una institución al servicio del poder y no de las personas. Esta Ley de la Fiscalía General de la República no solo es un ordenamiento orgánico, se caracteriza también por darle a la labor de la Fiscalía un perfil de respeto a los derechos humanos, perspectiva de género y atención a grupos vulnerables. Se establecen fiscalías para delitos cometidos contra las mujeres, contra niñas, niños y adolescentes: para trata de personas; desaparición forzada y cometida por particulares; para delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos; contra migrantes y para investigación de tortura. Se incorporan también mecanismos para el combate a la corrupción. Para beneplácito de quienes, como su servidora, propugnamos por consolidar el sistema acusatorio y no regresar al inquisitivo, se sientan bases sólidas para que los fiscales investiguen, no para que torturen, obtengan información a través de ello y siembren pruebas. La Policía Ministerial, que hoy es el eslabón más débil del sistema acusatorio, queda debidamente sujeta al mando y conducción del Ministerio Público. También se establecen mecanismos de evaluación permanente del desempeño de la Fiscalía y de los servidores públicos en lo particular. Habremos de estar atentos a que se terminen los esquemas de complicidad institucional entre el Ministerio Público, policías y peritos. Compañeras y compañeros, la seguridad y la justicia son dos de las principales demandas de las y los mexicanos, esta ley avanza también en el combate a la impunidad, que es hija de la corrupción que tanto lastima a nuestro país. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo reafirmamos votamos a favor del dictamen.