El diputado José Luis Flores Pacheco: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el desplazamiento interno forzado constituye una violación grave a los derechos humanos. Se presenta cuando personas o grupos de personas se ven obligados a huir de su hogar o donde habitan, habitualmente, como consecuencia o para evitar los efectos de una situación de violencia generalizada. Asimismo, puede ocasionarse por un conflicto armado, por desastres naturales o por catástrofes. Y, de acuerdo con el documento Tendencias globales de desplazamiento forzado del año 2022, el alto Comisionado de las Naciones Unidas señala que en el mundo existen más de 108 millones de personas desplazadas, de las cuales el 58 % son desplazados internos. Desde 1988, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció los principios rectores de los desplazamientos internos y se delinean las obligaciones de los Estados para la protección de las personas desplazadas, y responsabilizan a las autoridades nacionales de brindar asistencia humanitaria. Por lo anterior, se sientan las bases para lograr la protección de las personas desplazadas, buscando que todos los Estados miembros reconozcan este fenómeno. De lo contrario, seguirán realizándose las afectaciones al ejercicio de los derechos humanos de las personas que se encuentran en esta situación. También es cierto que durante las décadas anteriores los gobiernos pretendieron minimizar y ocultar esta problemática, lo que trajo como resultado que las víctimas de desplazamiento permanecieran invisibilizadas durante tantos años. El gobierno de la cuarta transformación se ha sumado a estos esfuerzos en materia de derechos humanos. Por ello, se reconoce que el Estado no ha sido capaz de solucionar los problemas y los problemas estructurales que le dieron origen. De ahí que se debe abordar la problemática desde una política integral, para prevenir, atender y generar soluciones duraderas a las víctimas de esta violación múltiple de derechos humanos. Es por ello que del Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen, porque tenemos la certeza de que la creación de políticas públicas dirigidas al estimulo, al apoyo de la producción social de vivienda para atender a las personas en situación de desplazamiento interno es urgente y, por lo tanto, debe ser una prioridad. Compañeras y compañeros, atendamos la problemática de vivienda de las personas en situación de desplazamiento forzado, posibilitándolos a que accedan a los programas públicos. Démosles la justicia social a las personas que pasan por esta situación y comencemos a generar un cambio para enfrentar este gran desafío. Utilizando los minutos que me quedan en otro tema, quiero hablar sobre lo siguiente, distinguidas y distinguidos colegas, hoy con un sentido de urgencia y compromiso, me dirijo a ustedes para abordar una preocupación latente que he encontrado durante mis recorridos en las comunidades del estado de Campeche. La gente me pregunta con angustia si los programas federales que representan una parte crucial en su bienestar podrán ser arrebatados. En estas comunidades he escuchado el relato de personas que han sido amenazadas o coaccionadas con la posibilidad de perder estos beneficios esenciales si no se vota por un determinado partido político. Es imperativo que desde esta tribuna ofrezcamos una respuesta clara y contundente. A cada mexicano y a cada mexicana que se pregunta si serán despojados de estos programas, les aseguro, los programas federales no podrán ser arrebatados, están respaldados por la ley, por la Constitución y en esta Cámara los diputados federales hemos trabajado incansablemente para hacer de los programas sociales una realidad, un escudo para la protección de nuestra sociedad más vulnerable. A los adultos mayores, a las personas con alguna discapacidad, a los estudiantes con alguna beca, están respaldados sus derechos en el artículo 4o. constitucional. Es por ello, que no tengan ninguna duda, que voten con confianza y convicción. Los programas sociales son un derecho inalienable que ningún interés político puede eliminar...