La diputada María Lucero Saldaña Pérez: La iniciativa es una reforma a la Ley General de Víctimas, en su artículo 64. Se habla en términos de derechos humanos a que generalmente se está defendiendo al delincuente y no a las víctimas. Por ello, es que es muy importante ver en qué nos hace falta incidir para mejorar la atención a las víctimas. Hemos avanzado en el derecho internacional y en nuestro propio marco jurídico, está puntualmente definido quién constituye víctima y el conjunto de derechos que le asisten ante tal condición. Nuestra Constitución incluye, entre los derechos de las víctimas, el relativo a la reparación del daño, mismo que corresponde solicitar al Ministerio Público en los casos que así sea procedente. Si bien la propia víctima lo puede hacer de manera directa, el juzgador no puede absolver al sentenciado de dicha reparación en tanto se haya emitido una sentencia condenatoria. Y finalmente, mandata el artículo 20 constitucional que la ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño. Por otra parte, la Ley de Víctimas establece en su propio objeto de derecho, a la reparación integral del daño entre el conjunto de derechos que busca garantizar a quienes han resultado ser agraviados por algún delito. Es claro que el derecho a obtener una reparación integral del daño está ampliamente reconocido y protegido a nivel internacional como nacional, pero esta iniciativa buscar dar plena certidumbre a la protección, estableciendo parámetros objetivos para la individualización de la indemnización en el caso de que presente el denominado daño moral. Cabe recordar que el daño moral refiera aquellos efectos nocivos de los hechos en caso de no tener carácter económico o patrimonial, y no pueden ser tazados en términos monetarios. Comprende tanto sufrimientos, las aflicciones causadas a las víctimas directas o indirectas, como el menoscabo de valores muy significativos para las personas, y toda perturbación que no sea susceptible de medición pecuniaria. El problema que se busca atender con la presente iniciativa es que, si bien es cierto que está reconocido el derecho a la reparación del daño moral, también nos enfrentamos a que la individualización queda al total arbitrio y a la discrecionalidad del juzgador, provocando incertidumbre jurídica, y en algunos casos revictimización de la persona que sufrió el delito o la violación de los derechos humanos. Para evitar estos problemas, y tomando como fundamento una tesis de la Corte aislada emitida, proponemos que la individualización en materia de reparación del daño moral no sea totalmente discrecional, sino que sea apegada a un conjunto de objetivos que incluyen el tipo de derecho o interés lesionado, la magnitud y gravedad del daño, las afectaciones inmateriales o incluso patrimoniales que derivaron del hecho victimizante, el nivel económico de la víctima o cualquier otro factor relevante. La iniciativa que pongo a su consideración implica la adopción de estos criterios mediante la reforma a la II fracción del artículo 64 del capítulo relativo a las medidas de compensación de la Ley General de Víctimas. Con esta reforma se puede reducir el nivel de incertidumbre y asegurar una reparación más justa en un rubro que no puede ser intangible; la reparación moral, y deja en agravio a muchas víctimas. Perfeccionar la ley es una tarea que nos ayuda a entender mejor las realidades que vivimos del lado de las víctimas. Y por su atención, muchas gracias.