El diputado J. Eduardo Yáñez Montaño: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Pongo a consideración de todos ustedes una iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 Bis 5 de la Ley de Instituciones de Crédito, explicando los motivos por los cuales se realiza. En la actualidad las instituciones de crédito, ante la falta de norma que regule y sancione el hostigamiento telefónico que se hace en el cobro de los créditos, provoca una persecución de los deudores por parte de las instituciones financieras, despachos de abogados y empresas que adquieren la cartera vencida y que, sin ninguna limitación y con acoso constante, buscan cobrar a los deudores. Esta práctica tiene que ver con múltiples llamadas a diferentes horas del día e inclusive durante la madrugada, escritos en tono amenazador, visitas domiciliarias y hasta métodos que implican la compra de bases de datos para hostigar a los familiares más cercanos. De hecho, este hostigamiento generalmente se basa en la intimidación por parte de los despachos de abogados, donde engañosamente señalan a los tarjetahabientes que se les va a trabar embargo, inclusive con rompimiento de cerraduras, bajo pena de cargar la llamada a la cuenta de por sí ya excesiva. Como es sabido, este problema se ha multiplicado pues cada año la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de la Financiera, Condusef, presenta un registro que asciende a más de siete mil quejas en contra de las instituciones bancarias, siendo el rubro de tarjetas de crédito el que más denuncias ha generado, sobre todo por cuestiones de hostigamiento y cobro de tarjetas que no fueron solicitadas. En este sentido, la Condusef trata de mediar y conciliar los intereses entre las instituciones financieras y el usuario, buscando el beneficio de ambos, pero no existe una sanción que se pueda aplicar a las instituciones bancarias, los despachos de abogados o empresas que adquieran carteras vencidas por el cobro en demasía de un derecho. La propia Ley de Instituciones de Crédito no incluye en algún precepto una sanción para los bancos por excesivo cobro y, menos aún, por hostigamiento telefónico que dé protección a los tarjetahabientes que son objeto de estas acciones. Toda vez que es una conducta antisocial, la misma debe ser regulada por el Estado como delito, ya que afecta la tranquilidad emocional e inclusive la privacidad de las personas en su domicilio, buscando salvaguardar la integridad psicoemocional. La solución a este problema consiste en sancionar estas prácticas llevadas a cabo por los bancos, despachos de abogados y empresas adquirentes de carteras vencidas, estableciendo un tipo penal que castigue estas acciones. En virtud de ello se propone adicionar el artículo 113 Bis 5 en el apartado relativo a delitos en la Ley de Instituciones de Crédito. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el Decreto Único. Se adicione el artículo 113 Bis 5 a la Ley de Instituciones de Crédito para penalizar el hostigamiento realizado por vía telefónica, para quedar como sigue: Artículo 133 Bis 5. Se sancionará de tres días a un año de prisión y de 180 a 300 días multa a quien con motivo de la prestación del servicio de apertura de crédito y cobro derivado del mismo, de una institución bancaria, por vía telefónica, de forma personal o por cualquier otro medio, amenace, intimide u hostigue al usuario de dicho servicio, a un familiar de éste o a cualquier otra persona. Dicho delito se perseguirá por querella. Muchas gracias, compañero Presidente.