La diputada Mónica Herrera Villavicencio: Estimados compañeras y compañeros, de acuerdo con las cifras reportadas sobre los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el ámbito federal en la Ciudad de México, mismos que incluyen violación simple y violación equiparada, cometidos en contra de hombres y mujeres reportadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con datos hasta agosto de 2023, se registró 14 mil 16 delitos contra la libertad y la seguridad sexual tan solo en lo que va del año, contra 22 mil que se cometieron en el año 2022. Los delitos contra la libertad y la seguridad sexual son hechos producidos a diario en nuestro país y son expresión de una sociedad decadente en valores. Existen múltiples definiciones para los términos violencia, violación, abuso o delito en contra de la libertad sexual, todos referidos a este acto, en el que básicamente se afecta a la voluntad y libertad sexual de la víctima. La violencia sexual desde el punto de vista de la salud pública, es un fenómeno general de violencia que la Organización Mundial de la Salud lo define como el uso intencional de la fuerza o poder físico, de hecho, o como una amenaza en contra de otra persona, que causa lesiones, muerte, daños psicológicos y trastornos del desarrollo o privaciones. En el tema de acoso y hostigamiento sexual los datos arrojan incrementos constantes y en la Ciudad de México del total de mujeres de 15 años y más, el 43 % experimentó algún tipo de violencia en la infancia, de estas el 14 % refirió que fue víctima de violencia sexual. Este documento mencionó que el principal agresor fue un tío o una tía, tal vez seguido de un primo o una prima y en tercer lugar una persona que no es familiar, ya sea un vecino o conocido. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer, señala en su artículo 7o. que es obligación de los Estados partes condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia, así como incluir en su legislación interna normas penales y civiles, administrativas y de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir y sancionar, y también erradicar la violencia contra la mujer. Cabe mencionar, también que la violencia sexual abarca actos que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción desde la presión social y la intimidación a la fuerza física, muchos de los cuales a una persona adulta mayor o a una persona con discapacidad no tiene la capacidad de enfrentar o defenderse o simplemente impedir que sea cometido este acto en su perjuicio. Los datos indican que los sobrevivientes masculinos y femeninos de violencia sexual pueden sufrir consecuencias conductuales, sociales y de salud mental similares, no obstante las niñas y las mujeres soportan la carga más abrumadora de traumatismos y enfermedades resultantes de la violencia y la coacción sexual, no solo porque constituye la gran mayoría de las víctimas, sino también porque son vulnerables a condiciones y a consecuencias para la salud sexual y reproductiva como embarazos no deseados, abortos inseguros y un riesgo mayor de contraer infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH. Lo más grave de este asunto es que las víctimas de este delito en muy pocas ocasiones denuncian a sus agresores o cuando menos informan o comparten con algún familiar o personaje cercano del hecho delictivo que están siendo objeto y este se debe al factor del miedo, a que no les crean o al temor de ser culpados o por haber provocado este ataque hacia ellos o simplemente una persona con discapacidad no tiene la facilidad de poder ir y denunciar. En este menester, entonces, como estado comprometido con la defensa del derecho a la libertad y seguridad sexual, realizar todas las acciones necesarias para poder hacer que en nuestro país se robustezcan los esfuerzos por erradicar estas acciones. Y, por ende, disminuyan los índices de esta comisión de este delito. En aras de disminuir la comisión de este delito, particularmente entre las personas y mujeres con discapacidad y quienes pertenecen al grupo de la tercera edad, en esta iniciativa propongo el incremento de la penalidad dispuesta para quienes cometen este delito, como un recurso legislativo que ha probado su eficacia en otros tipos delictivos. Con este acto el Poder Legislativo asumiría realmente la responsabilidad como parte de los esfuerzos del Estado para garantizar una vida libre de violencia, no solo en las mujeres sino en toda la población, en especial a quienes pertenecemos a los grupos vulnerables y de personas con discapacidad. Por eso, es fundamental que como diputados y legisladores tomemos cartas en este asunto y endurezcamos las penas de estas acciones para que de esta manera hagamos que disminuya la incidencia delictiva de este tema. Termino, presidenta. Nuestro presidente de la República ha demostrado con hechos y no con palabras, el compromiso social que tiene no solo con los adultos mayores sino también con las personas con discapacidad, al asegurar sus pensiones y las instituciones legales que se encargan de este grupo sectorial. Es momento de que como legisladores hagamos nuestra parte y aprobemos estas modificaciones a la ley, que sea por el bien de nuestros viejitos y viejitas, así como de las niñas y niños, mujeres con discapacidad, pero sobre todo para que como país logremos un lugar más seguro para todos y todas y con un marco de justicia que realmente nos proteja a las personas con discapacidad y adultos mayores. Que viva la cuarta transformación y la continuidad con Claudia Sheinbaum. Muchas gracias.