La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada Argüelles. A continuación tiene el uso de la palabra nuestra compañera Dolores Gutiérrez Zurita, del grupo parlamentario del PRD. La diputada Dolores del Carmen Gutiérrez Zurita Con su permiso, señora Presidenta. El año pasado, el posicionamiento de mi grupo parlamentario, con motivo del 8 de marzo, consistió en hacer un recuento de los avances que hay en el país con relación a la equidad de género y los derechos de las mujeres. Asimismo, se mencionaron algunas cifras que muestran que falta mucho por hacer para lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres y eliminar la discriminación y la violencia que siguen viviendo las mexicanas. Hoy, en esta tribuna no quiero recurrir a datos estadísticos, sino a hechos reales. Quiero mencionar que por fin se le está haciendo justicia a Paulina Ramírez Jacinto, quien fue violada el 31 de julio de 1999 en Mexicali, cuando tenía trece años de edad. El caso de Paulina fue conocido en los medios de comunicación, gracias al apoyo de organizaciones de mujeres defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, quienes denunciaron la negativa del gobierno de Baja California, para practicar el aborto que Paulina y su madre demandaban, por se uno de los casos permitidos por la legislación de la entidad. A seis años de que Paulina sufriera esta doble violación: la perpetrada por dos delincuentes y la perpetrada por el gobierno de Baja California, al negarle los servicios legales y de salud a los que tenía derecho, el gobierno de esa entidad reconoció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su responsabilidad en la negación del acceso al aborto legal que demandaba Paulina y aceptaba reparar el daño causado. Es necesario recordar que Paulina tuvo que recurrir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que el gobierno de Baja California no cumplió con la recomendación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del estado, emitida en el año 2000 y ratificada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La recomendación pedía la indemnización, la creación de un fideicomiso hasta la mayoría de edad de Paulina y su hijo Isaac, procedimiento administrativo y/o penal para los implicados en el caso, liquidación de gastos hospitalarios erogados por la familia de Paulina y el establecimiento de cursos en diversos centros hospitalarios del sistema y en el Ministerio Público. Por ello, la diputada Angélica de la Peña, compañera de nuestra fracción Parlamentaria, presentó un punto de acuerdo el 23 de septiembre, el cual fue aprobado por este pleno, para instar al gobierno del estado de Baja California a que cumpliera las obligaciones contraídas que garantizaran a Paulina y a su hijo continuar sus estudios y asegurar sus derechos a la salud, alimentos y en general los cuidados que requieran. Después de este vía crucis que ha vivido Paulina, su hijo y su familia, el gobierno de Baja California firmó el compromiso de entregar a Paulina 26 mil dólares por concepto de reparación del daño, cubrir los gastos judiciales y de trámites, así como impulsar en el Congreso Local un proyecto legislativo para reglamentar el acceso al aborto por violación. Por su parte el Gobierno Federal entregará a Paulina 20 mil pesos para que inicie su microempresa, recursos que sin duda resultarán insuficientes para que ella y su hijo puedan tener una vida digna. En este caso como en muchos otros, la justicia no repara el daño real causado y llega además, con bastante retraso. Pero lo significativo es que está sentando un precedente muy importante en México, ya que en 29 de las 32 entidades de nuestro país, no existen mecanismos para garantizar un aborto a las víctimas de violación; tarea que sin duda tendrán que retomar los gobiernos estatales y los congresos locales. Por otro lado, muchos casos de delitos violentos contra las mujeres aún siguen sin resolverse. Año con año el feminicidio de Ciudad Juárez y los ocurridos en diversos estados del país, son mencionados como una deuda pendiente de la justicia mexicana con las mujeres. Las cifras de la violencia contra las mujeres de todas las edades, dan cuenta de que se requieren políticas públicas y leyes que prevengan, atiendan y sancionen este delito. El hostigamiento sexual que sufren las mujeres sigue siendo una constante en los espacios de trabajo, en los planteles educativos y en los lugares públicos. Las mujeres y las niñas mexicanas siguen siendo las principales víctimas de la pornografía y de las redes de prostitución. Por esta razón llamamos a que en los discursos que siempre se hacen en torno al día internacional de las mujeres, pasen a las acciones concretas que resuelvan la desigualdad, la discriminación, la violencia que viven las mujeres y la falta de respeto a sus derechos humanos. Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tenemos tareas concretas que cumplir para resarcir la deuda histórica pendiente con las mujeres de México. Es todo.