LA C. DIPUTADA MARTHA RUTH DEL TORO GAYTAN: Con la venia de la Mesa Directiva. Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. La suscrita diputada federal del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional integrante de la LVIII Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 111 de la Constitución federal a fin de acotar el llamado fuero constitucional, para lo cual se propone establecer que se no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando el servidor público federal o local a que hace referencia el párrafo 1º. y 5º. del artículo 111 actual cometa el delito de traición a la patria, homicidio, genocidio, delincuencia organizada, delito grave del orden patrimonial o delito grave del orden federal cometido en flagrancia, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente exposición de motivos. La investidura de servidor público o de representante popular implica un compromiso directo con la sociedad y con el Estado por ser el más alto privilegio cívico a que puede aspirar un ciudadano. Compañeras y compañeros diputados: si aspiramos a la construcción de una patria democrática, de un México justo e igualitario, donde la premisa fundamental sea el fortalecimiento de las instituciones y el respeto al estado de derecho, donde ninguna persona se encuentre por encima de la ley, entonces nuestra legislación deberá normar el ejercicio responsable y honesto de los servidores públicos de primer nivel. En tal sentido, el tema de la inmunidad en el momento histórico de arribo a la vida democrática que vive nuestro país es sin duda un asunto insoslayable. En un sistema jurídico político realmente republicano no existe necesidad de que los altos servidores públicos gocen de inmunidad, menos aún cuando ésta, por la compleja aplicación de la ley, conlleve frecuentemente a la impunidad. La palabra fuero evoca aquellos antiguos privilegios que tenían personas para ser juzgadas por tribunales de su clase y no por la justicia común. Esta fue la acepción con que la institución de los fueros penetró en nuestro derecho patrio como herencia de la legislación colonial. La historia del fuero constitucional en México es complicada y poco clara. Así por ejemplo, en el texto original de la Constitución de 1917 se expresaba, en el artículo 110: "No gozan de fuero constitucional los altos funcionarios de la federación por los delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el empleo, cargo o comisión pública que hayan aceptado durante el período en que conforme a la ley se disfrute de fuero". En contrasentido, el artículo 109 del texto constitucional original hablaba de fuero y establecía el procedimiento de desafuero para los delitos del orden común cometidos durante el encargo público. Después de leer ambos artículos resulta difícil saber cuál fue en realidad el espíritu del legislador y cuál era el significado que quiso darle el constituyente a la palabra y a la figura del fuero. En nuestro país, en el año de 1982 se practicó una reforma significativa al título cuarto constitucional relativo a las responsabilidades de los servidores públicos. En virtud de las mismas, se excluyeron los términos fuero constitucional y procedimiento de desafuero. Como consecuencia, dentro del artículo 111 constitucional no se expuso más el concepto de fuero ni de desafuero; sin embargo, tales figuras jurídicas siguen teniendo una existencia real, aunque no textual, al llamar al desafuero de manera eufemística: procedimiento para la declaración de procedencia. Dicha prerrogativa, es decir, el fuero, consiste, de acuerdo a la tradición jurídico constitucional de nuestro país, en la imposibilidad de poner en actividad al órgano jurisdiccional, local o federal para que desarrolle sus funciones en contra de quien está investido del carácter de servidor público de los descritos en la clasificación que hace el párrafo 1º. del artículo 111 durante el tiempo de su encargo, para seguir esta clase de procesos tan sólo cuando haya dejado de tener el cargo público de referencia o cuando haya sido declarado por el órgano del estado competente que ha perdido el impedimento o el llamado fuero de no procesabilidad.. El fuero como inmunidad, es decir, como privilegio o prerrogativa que entraña la libertad de expresión, únicamente se consigna en la Ley Fundamental en relación con los diputados y senadores en forma absoluta conforme a su artículo 61, en el sentido de que estos son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, sin que jamás puedan ser reconvenidos por ellas, así como respecto del Presidente de la República de manera relativa en los términos del segundo párrafo del artículo 108 constitucional, que dispone que dicho alto funcionario durante el tiempo de su encargo, sólo puede ser acusado por traición a la patria y por delitos graves del orden común. "La existencia del fuero de no procesabilidad es desde luego contradictorio del derecho a la igualdad que tenemos los mexicanos y de lo establecido por el artículo 13 de nuestra Carta Magna que en forma particular señala que nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales, ya que ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. "De acuerdo a los anteriores razonamientos, es dable concluir que la intención del constituyente al darle a determinados servidores públicos el fuero de que gozan en términos de la propia Constitución, obedece a la necesidad de permitir el desempeño de la función pública en forma eficiente, impidiendo que debido a vendetas políticas se instauren procesos penales en contra de altos funcionarios públicos con el fin de hacerles caer en el desprestigio social mermando así el tiempo que deben brindar al encargo público de mérito. "A pesar de lo anterior, compañeras y compañeros diputados, la credibilidad en la clase política y en las instituciones públicas se ha demeritado de tal manera que en las diversas encuestas los medios de comunicación han realizado a la opinión pública, una gran cantidad de mexicanos se muestran totalmente escépticos a creer que la justicia sea aplicada con exactitud en contra de los altos servidores públicos. Ello se debe a que el actuar irresponsable y deshonesto de muchos gobernantes ha roto una y otra vez con el principio democrático elemental que es el Estado de derecho. "Para algunos doctrinarios y para grandes sectores de la sociedad, el fuero constitucional es visto como un instrumento de indebida protección para algunos servidores públicos que al cobijo de este privilegio o prerrogativa han desvirtuado la noble tarea del servicio público, distorsionándola en cuanto a su fin y pervirtiéndola en cuanto a su contenido y alcance, evadiendo así una responsabilidad personal de tipo penal que merece el reproche de la sociedad. De hecho, debido al conocimiento de escándalos por parte de servidores públicos que gozan del fuero o inmunidad constitucional, en algunos países esta prerrogativa se ha venido acotando o limitando en la búsqueda de un sistema equilibrado que por un lado otorgue protección y por la otro no provoque excesos. "Tal es el caso de países como: España, Panamá, Corea del Sur, Bélgica, Brasil, entre otros muchos que han establecido en sus legislaciones que la inmunidad o fuero constitucional no aplica cuando se trata de delitos cometidos en flagrancia, traición, crimen contra la paz y delitos graves. Incluso las legislaciones más avanzadas sólo otorgan inmunidad a los diputados en los trayectos a las Cámaras y durante el tiempo que duran las sesiones. "Como podemos observar, la tendencia internacional es la de otorgar inmunidad a determinados funcionarios, pero de manera acotada. En tal sentido la presente iniciativa propone un cambio al contenido y alcance del fuero de no procesabilidad otorgada a los altos funcionarios que señale el artículo 111 constitucional, a fin de establecer que no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cuando se trate de traición a la patria, delito grave del orden patrimonial, homicidio, genocidio, delincuencia organizada o delito grave del orden federal cometido en flagrancia. "Asimismo y congruente con esta limitación al llamado "fuero constitucional" para los altos funcionarios de la Federación y del Distrito Federal, es que resulta justificable reformar el actual párrafo quinto del mismo precepto constitucional para establecer que en tratándose de los de los altos funcionarios locales de los estados tampoco se requerirá declaración de procedencia, cuando se trate de los delitos ya mencionados. -