El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Señoras y señores diputados: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 13, modifica el párrafo primero y deroga el párrafo último del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, bajo el tenor de la siguiente exposición de motivos: Los orígenes filosóficos del derecho a la información, radican en el principio "patiens interrex" (¿) pronunciado en la encíclica del mismo nombre por el Papa Juan 23, cuyo título inspiró al Programa Básico de Gobierno 1976-1982 que impulsó la reforma al artículo 6 de la Constitución, de fecha 6 de diciembre de 1977 para establecer la garantía del derecho a la información y la libertad de expresión como fundamento para que los ciudadanos participen en la vida democrática. La libertad de expresión se intentó regular mediante la Ley de Imprenta promulgada el 12 de abril de 1917, cuyas normas resultaron de difícil aplicación para los fines que persigue el precepto constitucional, hasta que se encontró un vínculo aunque insuficiente, para reglamentar el derecho a la información a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Esta normatividad, expedida el 11 de junio del año 2002, más que funcionar como ley reglamentaria del artículo 6 constitucional, es un dispositivo legal creado desde su iniciativa para asegurar el ejercicio del derecho ciudadano a conocer el desarrollo de la función pública, de tal modo que la sociedad pueda evaluarla, ya que no puede ni debe mantenerse en secreto. El criterio más controvertido para el cumplimiento de las obligaciones del estado para garantizar el derecho a la información, se funda en la llamada información reservada en atención a que hay referencias que deben permanecer resguardadas por afectar a la seguridad nacional o la seguridad individual, como en el caso de las actuaciones generadas por el Ministerio Público en averiguaciones previas y las que se desprenden de la actividad jurisdiccional. Este criterio se debate porque funciona como instrumento de abusos en virtud de que hay archivos que por mucho tiempo se mantuvieron en secreto, como los referentes al movimiento del 68 toda vez que hasta después de 30 años se dio a conocer la documentación existente sin una base para justificar la negativa a difundirlos. Lo anterior sucede con los artículos 13 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental que en referencia al capítulo denominado información reservada y confidencial, no define lo que para la ley es la información confidencial o reservada, o qué datos pretende resguardar. Es inverosímil que en estos tiempos en los que más de 30 países cuentan con instituciones dedicadas a garantizar el acceso a la información sobre la gestión pública, el actual titular del Poder Ejecutivo Federal impulsó esta normatividad para asegurar que cuando los ciudadanos ejerzan su derecho a la información, las autoridades les otorguen datos de manera discrecional. A mayor abundamiento, estas acciones las reitera el Instituto Federal de Acceso a la Información, justificando su negativa a otorgar informes con el argumento de que los datos sobre determinado asunto están en Internet, cuando en muchos casos esto es una falsedad. Por ello, esta ley de ningún modo cumple los siguientes objetivos: dar seguridad en el cumplimiento de los fines, de respetar el derecho ciudadano de exigir la información y el estado de proporcionarla, la cual está consagrada en la declaración universal de los derechos del hombre y el ciudadano. Ser un principio del estado de derecho y una condición para el ejercicio de una verdadera democracia, además que no regula los alcances y los límites del ejercicio de las libertades de expresión e información. Por ende, el Gobierno Federal impulsó este cuadro normativo que si bien resulta un avance en satisfacer los vacíos en las lagunas normativas, ha sido una veta para los abusos en su interpretación. Ejemplos claros de las interpretaciones arbitrarias del Gobierno Federal en la aplicación de los indefinidos conceptos de información reservada y confidencial, son por citar un ejemplo- la política de suscripción del estado mexicano de los contratos de servicios múltiples con empresas extranjeras. La conducción sobre los estados financieros que en realidad guardan la organización "Vamos México", el fideicomiso "Transforma a México" y la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Lo anterior, a fin de que todos los órganos del poder público garanticen el derecho a la información eliminando la discrecionalidad en su actuar, precisando lo que se comprenderá por información reservada y confidencial de tal modo que sirva de fundamento para que los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno cumplan su compromiso de transparencia y honradez. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 13; modifica el párrafo primero y deroga el párrafo último del artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue: "Artículo 13.- La información reservada constituye todos los datos, conocimientos, técnicas que obren en archivos escritos, ópticos, fílmicos, auditivos, gráficos, digitalizados cuya naturaleza y contenido sólo podrá ser consultada por los servidores públicos de todos los niveles de gobierno cuando su encomienda así lo amerite y cuyo acceso se restringe a las personas en virtud de que difusión pueda. Artículo 18. La información confidencial constituye todos los archivos escritos, ópticos, fílmicos, auditivos, gráficos cuya naturaleza y contenido se basa en los datos personales y sólo podrá ser consultada por el involucrado, cuyo acceso se restringe a las siguientes autoridades, siendo considerada con tal carácter lo siguiente: Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 28 días del mes de octubre del año 2004. Es cuanto, diputada presidenta.