La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia y de esta asamblea. Desgraciadamente el paquete de las reformas en materia, las leyes secundarias en materia político electoral, ha olvidado el principal sujeto de estas leyes, que son las personas. La Convención Americana de Derechos Humanos establece como uno de los derechos fundamentales, un derecho humano básico, el derecho al voto. Y en el artículo 25, el derecho a un recurso jurídico efectivo, rápido y eficiente, para precisamente hacer valer ese derecho al voto. De la legislación que se presenta, por lo menos de esta Ley General en Materia de Delitos Electorales, en ninguno de sus artículos queda claro que ésa sea la preocupación, el garantizar el ejercicio del derecho al voto. Más tarde que temprano vendrán reclamaciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violación a este derecho, el no asegurar el Estado mexicano el derecho de los mexicanos a garantizar que efectivamente, las personas a las cuales eligen sean las que llegan a ocupar los cargos para los que fueron electos. Si esto no fuera suficiente adolece de múltiples fallas graves de técnica jurídica elemental. En el ordenamiento mexicano se pueden distinguir tres órdenes, hay el orden nacional, el orden federal y el orden local. Grandes constitucionalistas como Jorge Carpizo, descanse en paz; el mismo Tena Ramírez, Elisur Arteaga Nava han distinguido tres tipos de ordenamientos que son el ordenamiento nacional, es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tenemos también como ejemplo de ordenamiento nacional al decreto de suspensión de garantías, como ordenamientos de carácter federal, todos los que se emiten, los que emitimos nosotros, las leyes del Congreso de la Unión con base al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes locales, todo aquello que no sea expresamente otorgado a la federación se entiende que está reservado a los estados. El espíritu inicial de estas reformas, el cambio de IFE por INE era precisamente el emitir una legislación nacional; hubiera sido, si se hubiera dado esta situación y hubiera sido hasta merecedora de aplausos esta legislación en lo que se refiere a delitos, si se hubiera tipificado de esta manera o se hubiera regulado de esta manera los artículos; es decir, lo único que se hizo en la ley fue vaciar la antigua distribución de competencias, lo que corresponde a la federación y lo que corresponde a las entidades federativas, lo cual no es claro, aun si ustedes lo leen con cuidado, cuál es la distribución de competencias. Tendría que haber quedado claro un caso de conflicto, incluso de carácter jurisdiccional quién va a ser competente. Escasamente dos artículos tratan de resolver el punto central para dar eficacia y aplicación práctica a toda la cuestión de quién va a ser competente para juzgar estos delitos electorales. Desgraciadamente la ley no hace una debida distribución de competencias, por el contrario, lo mantiene en una absoluta confusión, lo cual abona a una falta de seguridad jurídica. Esta Ley de los Delitos Electorales seguramente se va a volver a reformar, nos van a corregir la plana por enésima ocasión porque es inaplicable por no haber tenido el cuidado suficiente para hacer una distribución correcta y puntual entre las facultades que le van a corresponder en materia supuestamente nacional, pero en fin. A los órganos, a lo que va a ser correspondiente, que al final de cuentas va a ser la PGR en materia de delitos electorales. Es cuanto, diputado presidente.