La diputada Susana Monreal Ávila: Con su permiso, diputado presidente. Compañeros diputados, compañeras diputadas, en principio quiero agradecer a la presidenta de la Comisión de Economía, a la diputada Adriana Rodríguez Vizcarra, así como a mis demás compañeros integrantes de esta Comisión, que me hayan permitido presentar ante ustedes la exposición de motivos del presente dictamen. Que la iniciativa a dictaminar propone reformar diversas disposiciones del Código de Comercio, adecuando los términos existentes en la aplicación de la supletoriedad. Asimismo propone adecuaciones respecto a términos complementarios a los artículos que norman lo referente a la apelación, a la presentación de la prueba pericial y de los peritos, modificando el procedimiento mercantil para hacerlo más claro, eficiente y expedito al adecuar los términos, formas del proceso y su substanciación, por lo que se brinda mayor seguridad y certeza jurídica en los procedimientos de la materia. Que con base en los antecedentes indicados, la Comisión de Economía de esta LX Legislatura, con las atribuciones antes señaladas, se abocó a dictaminar la iniciativa de referencia. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho de todos los individuos a una administración de justicia mediante tribunales, expeditos, con resoluciones procuradas de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior deja ver que la voluntad e intención del Constituyente fue establecer las bases para contar con procedimientos jurisdiccionales, cuyo vértice fuera siempre la persona como sujeto principal en el que recaigan sus determinaciones, pues de ésta depende el respeto de sus garantías y prerrogativas, por lo que es indispensable que las normas vigentes cuenten con la característica de expeditez, integralidad e imparcialidad. Además que una demanda recurrente de nuestra sociedad es tener juicios expeditos y que su tramitación sea dinámica y acorde a las necesidades de la sociedad. Asimismo, que exista la certidumbre de integralidad de las ejecuciones judiciales. Por ello es que nuestro sistema jurídico vigente debe lograr un equilibrio entre la agilidad, rapidez, igualdad y equidad de los procesos judiciales, además de resoluciones justas y contundentes. De acuerdo a lo anterior es evidente la necesidad de nuestro sistema jurídico de ser adecuado a las necesidades y circunstancias actuales, evitando ser anacrónico; que se reduzcan los formalismos, requisitos y trámites inocuos, atendiendo a una mejora regulatoria en beneficio del procedimiento judicial y la población. La propuesta legislativa en análisis resulta complementaria de la reforma que esta misma soberanía aprobó el 11 de marzo del año en curso y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el jueves 17 de abril del mismo año y busca optimizar y clarificar algunos elementos del proceso judicial que regula el Código de Comercio, de manera que ajusta alocuciones que pudieran ser insuficientes u obscuras en la interpretación o aplicación de la ley. La iniciativa refrenda la intención de la norma vigente por dotar a los procedimientos en materia mercantil de mayor agilidad, por lo que se mantiene la tesis de supletoriedad con respecto a los códigos de procedimientos locales, precisando que la aplicación supletoria será aplicada en caso de que no se regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera y de acuerdo a la regla general que señala la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido en jurisprudencia por contradicción de tesis, que la supletoriedad sólo opera cuando no se encuentra debidamente regulada o está prevista deficientemente una institución. Que la certeza jurídica es un resultado intrínseco que las normas deben brindar siempre, sin detrimento de la agilidad o rapidez de los procesos. Por ello las reformas propuestas en lo relativo a los medios preparatorios a juicio, permiten dar mayor celeridad y certidumbre al proceso, estableciendo el recurso de apelación de tramitación que su correcto ofrecimiento y desahogo hace más efectiva la aplicación de justicia?inmediata, la que permitirá evitar pérdidas de tiempo valioso para la correcta presentación de los medios preparatorios. Que la prueba es la actividad de las partes de un litigio, encaminada a convencer al juez de la veracidad de los hechos que se afirman, por lo que su correcto ofrecimiento y desahogo hacen más efectiva la aplicación de justicia, permitiendo que la sustanciación de los procedimientos judiciales sea más eficaz, por lo que la veracidad y profesionalismo de los peritos es necesaria. Así el artículo 1253 del código en análisis y propuesta de reforma, en su fracción VI, segundo párrafo, establece una sanción a los peritos omisos, a la cual la propuesta legislativa en dictaminación hace una precisión atendiendo a lo que diversas tesis jurisprudenciales instruyen, al determinar que toda sanción impuesta a persona alguna incluidas las multas, requieren de certeza jurídica en cuanto a su imposición. Situación por la que resulta oportuna la inserción del término "hasta" y con ello respetar la certeza jurídica y congruencia ordenada por el artículo 22 constitucional. Ello determina un sistema flexible para la imposición de las multas y por tanto permite al juzgador individualizar la sanción a la que el sancionado se hubiera hecho acreedor. Que en congruencia con lo antes mencionado, la importancia de las pruebas, su correcto desahogo y presentación de peritos idóneos, capaces y profesionales es menester para los procesos judiciales. Por ello es que la ley vigente, en el párrafo siete del artículo 1253, requiere la presentación de cédulas profesionales o documentos anexados a los escritos de aceptación y protesta del cargo. Lo que resulta un requisito innecesario, ya que la fracción III del mismo ordenamiento lo prevé satisfaciendo la pretensión de brindar certeza jurídica al respecto. Por lo que esta deliberadora considera pertinente la reforma propuesta a dicha fracción VII, ya que eliminar este requisito no afecta la certidumbre respecto de los peritos y sí actúa tendiendo a una mejora regulatoria. Que los integrantes de esta Comisión de Economía que dictaminan, reconocen y concluyen que la iniciativa presentada en esta soberanía contiene propuestas que enriquecen, complementan y adecuan la legislación mexicana en materia de administración de justicia agilizando y adecuando de manera eficiente la aplicación de la legislación procesal; lo que refleja juicios más justos y rápidos, dando seguridad y certeza jurídica a las personas y permitiendo que el patrimonio de las mismas tenga menos riesgo cuando se encuentren involucrados en un proceso judicial de esta materia. Por lo tanto, se presenta el decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio. Único. Se reforman los artículos 1054, 1154, 1165, última fracción; 1253, fracción VI segundo párrafo y la fracción VII; 1339, 1340, 1344, 1345 Bis-1 párrafo segundo; 1345 bis-4 párrafo segundo; 1345 Bis-7, párrafo primero; 1399, 1407 Bis, primer párrafo y se adicionan las fracciones V, VI, VII, VIII, IX y X al artículo 1345 y se deroga el segundo párrafo del artículo 1345 Bis-7 y las fracciones I, II, III, IV y V del artículo 1407 Bis, del Código de Comercio. Es cuanto, señor Presidente.