El diputado Marcos Aguilar Vega: Muy buenas tardes, señoras diputadas y diputados. En primer término, quiero mencionar que desde el Partido Acción Nacional aplaudimos que se continúe con la discusión sobre la regulación de la remuneración de los servidores públicos en México. Quiero, si me lo permiten, dividir mi discurso en varias partes que puedan analizar con profundidad lo que hoy se está discutiendo. En primer término, quiero referirme al dictamen que hoy propone la Comisión de Puntos Constitucionales, de la cual soy parte. Entre muchos de los apartados que integran este dictamen me parece que vale la pena rescatar uno en particular. Uno de sus renglones establece que este dictamen y esta reforma tiene un objetivo en particular. El objetivo es dar certeza en materia de remuneraciones de los servidores públicos, y ahí centro parte de la primera conversación que quiero sostener con ustedes en este discurso. En opinión del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, esta reforma no da certeza bajo el texto que se pretende aprobar. Dos son los artículos propuestos para modificar, el 116 y el 127 de la Constitución y artículos transitorios que, en particular, quiero hacer referencia a uno de ellos, al segundo transitorio. Este artículo transitorio busca obligar a todos los servidores públicos a someterse a la remuneración que ha impuesto el presidente de la República y que asciende a la cantidad de 108 mil pesos. Este es el verdadero sentido de la reforma en términos de fondo. El debate se está centrando en particular en otros aspectos, cuando en realidad el fondo de la reforma tiene que ver con el artículo segundo transitorio a través del cual lo que se busca es meter al redil a todos aquellos que después de todo el discurso político y esta política de Estado impuesta en nuestro país, tiene como objetivo que se sometan y subordinen quienes no han estado de acuerdo con el planteamiento del presidente de la República. Con esto, con esto estimados diputados y diputadas, están logrando ese cometido, pero no dan certeza a la regulación de la remuneración de los servidores públicos. Desglosando el tema a discusión debemos centrarnos en la forma de asignación de la remuneración del presidente de la República, porque gracias al texto de la Constitución esta remuneración se considera el techo que nadie puede rebasar, y ayer ya lo hemos discutido en la propia Comisión de Puntos Constitucionales. En nuestro país, en discusiones anteriores, se decidió que la forma de determinar el máximo salario en este país era con el salario que se imponía al presidente de la República, distinto a modalidades internacionales de lo que sucede en otros países del mundo, donde lo que gana el presidente no es el techo máximo, sino que existen otros criterios que están subordinados a esquemas de naturaleza económica, primordialmente. Y por eso existen incluso, planteamientos sobre el número de salarios mínimos que perciben otros presidentes de la República, contrario a lo que sucedió en nuestro país. Ahí, ahí es donde debe centrarse nuestra opinión, y con respeto lo digo, el verdadero debate de esta reforma constitucional. No se están considerando modelos internacionales para la asignación de remuneraciones. No hay criterios técnicos que justifiquen el monto que determinó el presidente de la República, simplemente el presidente hizo una manifestación política pública en donde dijo: percibiré 108 mil pesos de ingreso o de remuneración. Y ahí, compañeras y compañeros, debemos recordar parte de lo que en la historia ha sido cuestionado y criticado a los propios diputados y senadores de este país. Una crítica del pueblo mexicano y de los expertos en esta materia es la autoasignación de los salarios, y en este caso en particular, lo que se ha planteado es una autoasignación de la remuneración del presidente de la República por 108 mil pesos, sin que existiera un análisis a profundidad de lo que debe estudiarse o validarse para determinar la remuneración del presidente de la República. Ahí, nosotros centramos el debate porque lo que debe suceder es que debe romperse con la discrecionalidad que el presidente de la República tiene al autoasignarse su propio salario. ¿Cuál es la postura del Partido Acción Nacional? Y la historia nos acompaña en lo que voy a mencionar. Desde el año 2003 a la fecha, el Partido Acción Nacional ha propuesto la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos y ha votado a favor, en base a los consensos que se han logrado con diversos partidos políticos para este propósito. Hay que reconocer que es un tema de interés de los habitantes de nuestro país, y que el Congreso ha respondido de manera adecuada pero incompleta a los verdaderos alcances que debieran tener estas reformas. Estamos convencidos que no se deben de favorecer los privilegios para los servidores públicos, y en eso hay plena coincidencia con el presidente de la República y con la mayoría que está representada por la izquierda de Morena y sus aliados en esta Cámara de Diputados. No queremos privilegios y no quieren privilegios los servidores públicos que existen hoy incluso en la presidencia de la República, como esa información que fue dada a conocer del kilogramo de longaniza que compró la presidencia de la República a 16 mil pesos. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad que tenemos hoy en día en esta Cámara de Diputados? La oportunidad es establecer en el texto constitucional, particularmente en el artículo 127, la creación de un organismo que fije la remuneración del presidente de la República, tal cual lo ha ordenado ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la declaratoria de inconstitucionalidad a diversos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Este es un documento conocido que sentencia al Poder Legislativo y particularmente a esta Cámara de Diputados a modificar esa Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuando en realidad hoy la gran oportunidad que tenemos es la reforma que está en discusión. El actual presidente de la República sin criterios técnicos, metodológicos y económicos, se autoasignó 108 mil pesos, pero qué pasaría si el próximo presidente de la República decide tener un emolumento superior a los 108 mil pesos. Supongamos 500 mil pesos. Con independencia de la crítica que recibirá de los ciudadanos, es una realidad que puede suceder, porque esta es una facultad discrecional que hoy la Constitución le está otorgando al presidente y que se convierte sin duda alguna en el centro del debate. Lo mismo podría suceder si llegara un presidente de la República que decide que su percepción sea de 50 mil pesos por concepto de presidente de la República como remuneración. Estoy convencido sin duda alguna que debemos retirar esa facultad discrecional del presidente y crear un organismo en los términos de lo que establece esta sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar que exista una problemática de esta naturaleza. Sí hay que decirlo, entiendo perfectamente el fondo de esta reforma y lo que establece el segundo transitorio, porque hubo expresiones públicas en nuestro país que provinieron de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que indignaron al pueblo de México cuando refirieron que un juzgador necesitaba tener ingresos como los que ellos tienen para no ser sujetos de corrupción. Nada más absurdo y nada más equivocado que una expresión de esa naturaleza. No está asociada la honestidad de una persona al ingreso por la función que desempeña, y eso fue un error que llevó incluso a este escenario jurídico. Entremos a ese debate, al debate para crear ese organismo y aprovechar esta reforma constitucional para plantearlo. Establecer un sistema de evaluación de puestos y un manual de percepciones de los servidores públicos que no solamente se refiera a la administración pública centralizada, me refiero al Poder Ejecutivo. Esta reforma impacta en todos los Poderes públicos: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, a nivel federal. En los organismos constitucionales autónomos y en todos los que derivan, naturalmente, de nuestro marco jurídico mexicano. Pero no solo eso, en el ámbito federal. Esta reforma tiene un impacto también en los estados de la República, y lo que hoy haga esta Cámara deberá replicarse al ámbito estatal para que en los 32 estados y los más de 2 mil 450 municipios se manifiesten en los mismos términos para evitar que conductas de gobernadores, alcaldes o servidores públicos, tengamos ingresos de servidores públicos que agravian al pueblo de México. No caigamos en un falso debate. Hay que modificar el texto de lo que hoy se propone. Lo que hoy se estaría aprobando en los términos que está planteado no tendría en realidad más que una razón: la de lograr que aquellos que no se sometieron a esta decisión política, lo hagan hoy por orden constitucional. Recomendamos el establecimiento de algunos parámetros para fijar la remuneración más alta que corresponda al presidente de la República, para lo cual podrían utilizarse relaciones contra los siguientes indicadores: el salario mínimo, el producto interno bruto per cápita, el ingreso corriente promedio de los hogares mexicanos, el ingreso promedio del sector privado, el costo de vida, entre muchos otros que hoy están en el mercado en materia económica. Señoras y señores diputados, tengamos claridad en lo que hoy está sometiéndose a discusión. El Partido Acción Nacional está a favor de la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos, pero los criterios establecidos en esta reforma al 116 y 127 resultan incompletos para ese propósito de lo que establece el propio dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, que es dar certeza. No hay certeza, hay discrecionalidad, hay autoasignación, y eso descompone el escenario para la asignación de salarios en México. Por esta causa el Partido Acción Nacional emitirá su voto en abstención, pidiendo a la asamblea que, como lo planteó en su momento el Grupo Parlamentario de Morena en la reunión del día de ayer en la Comisión de Puntos Constitucionales, se sostuviera un encuentro y una reunión para privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias. Tenemos interés en construir un acuerdo político para este propósito porque hay coincidencia de fondo en el propósito. Sin embargo, en los términos planteados, bajo un criterio técnico, bajo un criterio económico, lo que estaríamos aprobando hoy no resolverá la problemática en materia de remuneraciones de los servidores públicos de la nación. Es cuanto, presidenta.