El diputado David Sánchez Camacho: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado David Sánchez Camacho, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un título decimoséptimo bis, denominado "delitos contra la dignidad de las personas", se reforma el artículo 315 y se adiciona el artículo 319 bis al Código Penal Federal, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Uno de los mayores flagelos que ha azotado a la humanidad a lo largo de su historia ha sido la discriminación en sus diversas expresiones: sexual, racial, económica, cultural, religiosa, entre las más visibles. La intolerancia, protagonista de los más cruentos conflictos, ha provocado aberrantes sucesos que todavía hoy lamentablemente continúan presentándose. La intolerancia es un fenómeno que ha estado presente en las diferentes etapas de la historia humana, ocasionando guerras, persecuciones, persecuciones religiosas y violentas confrontaciones ideológicas; alimentada por los prejuicios, estereotipos, odios ancestrales y fanatismos, a cuyas cuentas se abonan millones de víctimas, lo que requiere tomar medidas. La perversidad del modelo económico ha marginado a varios grupos sociales orillándonos a situaciones extremas de inequidad, desigualdad, profundizando la discriminación y propiciando nuevos ámbitos de segregación. En nuestro país la discriminación alimentada por prejuicios, ignorancia y odios a los diferentes ha ocasionado crímenes impunes sobre los que se requiere tomar acciones que nos permitan el ejercicio de un estado de derecho, a través de adecuar las normas a los requerimientos de la población actual; actitudes infalibles de intolerancia, de abuso de poder y autoridad que generan en las mujeres el derecho a la vida, al trabajo, el temor a la ofensa o muerte porque otros decidan, que propicia las violaciones sexuales y la culpabilidad a las mujeres, que profundiza las desigualdades en razón de género y permite la violencia que no puede resistir ni en los albores del siglo XXI ni en ningún tiempo. En México la discriminación continúa y se incrementa con toda velocidad. Así, se margina a indígenas, se excluye a personas adultas mayores, de las cuales la mayoría se encuentra en condiciones de indigencia, carentes de cualquier protección social y seguridad pública, y que de 1998 a la fecha se han cometido 49 homicidios. Se rechaza a quienes padecen alguna discapacidad, se genera la generalización de la pobreza, se estigmatiza, ridiculiza y se asesina a homosexuales, lesbianas, bisexuales y transgéneros siendo aproximadamente mil personas los que han sido ejecutados por homofobia de 1995 al 2003; sin contar con los ejecutados en los últimos tres años. Se segrega a las personas que viven con VIH-SIDA, quienes en su mayoría no tienen acceso a los servicios médicos de salud ni a medicamentos. Se rechaza a trabajadoras y trabajadores sexuales y qué decir de la discriminación perpetrada contra el sector, que por cuestión de edad tienen menos mecanismo de defensa, las niñas y los niños. De este universo, millones de niñas y niños comparten condiciones de pobreza. Se margina a 50 millones de mujeres, de las cuales de 1999 al 2005 han sido asesinadas seis mil en 10 estados del país, por el sólo hecho de ser mujeres. Recientemente en el estado de Tabasco se orquestó desde el gobierno de esa entidad, una campaña de odio contra ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal. No hay razón para no inferir que las naciones postmodernas no son homogéneas y que la nuestra en particular se caracteriza por su diversidad de identidades, intereses, valores y conductas. Como sociedad plural no sólo debemos tolerar modos de vida antagónicos, sino que debemos considerar que su misma existencia es un valor importante que exige la responsabilidad de fomentar el desarrollo específico y heterogéneo de las minorías, legitimando el derecho a las diferencias. Ello implica que la humanidad debe adaptarse a un mundo lleno de diferencias, a respetar toda forma de creencias y aceptar convicciones ajenas, sin tratar de imponer el criterio propio; replantearse la dignidad ética de los seres humanos y la racionalidad de la política. Está en todos y en todas evitar el desprecio y la violación a los derechos humanos que ya hay causado amargas experiencias y grandes sufrimientos a la humanidad. Tenemos la responsabilidad y la necesidad moral de decidir si queremos seguir viviendo y en qué condiciones queremos hacerlo. El propósito de la presente iniciativa, pretende evitar que en el territorio nacional ninguna persona sea expuesta a la violencia física o moral por motivos de odio, contribuyendo con ello a que la legislación penal se convierta en un instrumento útil para castigar estos actos de intolerancia, pero además para establecer de manera firme que el Estado mexicano explícitamente condene toda expresión de odio y de discriminación. Por tanto, proponemos adicionar un Título Décimo Séptimo bis al Código Penal Federal, denominado "Delitos contra la Dignidad de las Personas". En dicho capítulo proponemos tipificar como delito la discriminación por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo o profesión, discapacidad o estado de salud. Consideramos también que esta conducta sea punible cuando una persona o servidor público niegue a otra un servicio o una prestación a la que tenga derecho o niegue o restrinja derechos laborales. Tratándose de servidores públicos, proponemos que además de la pena prevista, se le imponga la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión público. En una sociedad democrática basada en la dignidad, pero también en la libertad, lo que se ha de erradicar son las expresiones del lenguaje del odio en todas sus variantes. Una cosa es cuestionar, criticar dogmas o doctrinas y otra muy distinta es intentar vejarlos y mancillarlos gratuitamente. Por tanto, por lo que hace al lenguaje de odio, proponemos sancionar al que públicamente o mediante cualquier medio o acto para su difusión pública, incite al odio, al desprecio, a cualquier forma de violencia moral o física y represente un peligro claro e inminente contra una persona o grupo de personas. Los crímenes de odio violan los derechos civiles de las víctimas, quienes pueden sentir miedo, degradación o autoindefensión. Además se caracterizan porque los asesinatos son ejecutados con crueldad, saña, alevosía y ventaja, por el sólo hecho de ser mujeres, lesbianas, homosexuales, transgéneros, bisexuales, adultos mayores, indígenas, entre otros. Finalmente esta iniciativa propone reformar el artículo 315 y adicionar el artículo 319 bis, con la finalidad de tipificar como homicidio calificado, los crímenes de odio por edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, origen étnico, nacional, opinión, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, condición social o económica, trabajo, profesión, discapacidad o estado de salud. Señor Presidente, solicito se publique en el Diario de los Debates tal como fue entregada esta iniciativa. Es cuanto, señor Presidente.