EL C. PRESIDENTE: - Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. Iniciativas de Ciudadanos Legisladores. Esta Presidencia recibió una iniciativa suscrita por el diputado Uuc-Kib Espadas Ancona, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de Reformas a la fracción XXVIII, del artículo 109 de la ley del Impuesto sobre la Renta. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 194 del Código de Procedimientos Penales, con la finalidad de que se consideren delitos graves los previstos por los artículos 85, 85 Bis, 86 fracción II y 87 de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos. EL SEN. FIDEL HERRERA BELTRÁN: Ciudadano Presidente, Honorable Comisión Permanente. En uso de las atribuciones que confiere a senadores y diputados el artículo 71 fracción II y 78 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a nombre propio y del senador de la República Antonio García Torres del estado de Michoacán, me permito presentar a esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto que reformaría el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y adicionaría un artículo 87 bis, a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El lamentable siniestro ocurrido el pasado 31 de diciembre del 2002, en la ciudad y puerto de Veracruz, en el que por un cúmulo de descuidos, falta de prevención, incorrectos manejos y sobre todo comisión de delitos, fallecieron 28 personas entre niños, mujeres y gente inocente, además de que provocaron decenas de lesionados, desaparecidos y cuantiosos daños, es que presentamos esta iniciativa que persigue un objetivo central ; evitar que por omisión legal prevalezca la impunidad y que en lo futuro todas aquéllas personas que debido a sus conductas ilícitas provoquen este tipo de delitos, sufran el castigo que merecen y la procuración e impartición de justicia puedan realizarse en proporción con la gravedad del hecho. La búsqueda de responsables en la tragedia sucedida en el mercado municipal Hidalgo del Puerto de Veracruz, no devolverá ciertamente la vida a las víctimas ni servirá de consuelo a sus familiares, pero hechos como estos, nos obligan a reflexionar sobre el alcance de las medidas que debemos adoptar para prevenir este tipo de tragedias. No obstante que las causas que motivan accidentes de esta naturaleza son múltiples, los delitos que se provocan, mismos que van desde el contrabando, la fabricación, adquisición y almacenamiento ilícito, la comercialización indebida e irregularidad en la expedición de permisos municipales, son conductas que por su naturaleza impiden la debida regulación y vigilancia de la industria pirotécnica y lo que a la postre genera los siniestros y muertes que tanto sentimos y lamentamos. No es posible que los delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos en los que se tipifican estos ilícitos, no sean considerados como graves para efectos penales. La no gravedad de estos delitos y por ello la levedad de su tratamiento, propicia que los responsables directos no asuman plena responsabilidad y que puedan obtener libertad bajo caución con fianzas muy bajas de sólo 20 mil pesos como máximo. Existe una legítima indignación entre la sociedad, la que espera respuestas a su reclamos. Ya las Cámaras de Comercio, de Servicios, de Industria, el Centro Empresarial, los Colegios Profesionales y todos los sectores sociales de Veracruz se han pronunciado y han hecho pública su posición a través de todos los medios de comunicación. Nosotros sabemos que la industria de la pirotecnia en México genera un enorme número de empleos, que es parte de nuestra cultura, en nuestras fiestas patrias, religiosas y de fin de año y a las que por muchísimos años se han dedicado familias y aún pueblos enteros constituyen un ingreso de una parte importante de nuestra población económicamente activa. Sin embargo la costumbre debe supeditarse al estado de derecho y las medidas de seguridad y prevención que regulan la materia deben de ser de tal manera amplias y estrictas para evitar hechos como el que refería del pasado 31 de diciembre y que es uno más de las catástrofes que han provocado el uso indebido y la comercialización sin las condiciones estrictas de protección y manejo cuidadoso de cohetes, pólvoras y demás juegos pirotécnicos. Ya desde 1956 estalló un depósito en la Ciudad de México que dejó 200 muertos; en 88, una bodega de cohetes en el Mercado de la Merced en el Distrito Federal causó la muerte de numerosas personas; en 98, en el municipio de Tultepec, Estado de México, conocido como la cuna de la pirotecnia nacional ocurrió otra explosión con grandes pérdidas humanas; el 26 de septiembre de 99, en Celaya, Guanajuato, un estallido en una bodega clandestina de cohetes desencadenó cuatro detonaciones en la central de abasto que dejó alrededor de 70 muertos. Ese mismo año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, explotó otra bodega; en el 2000 se registraron las explosiones de la Capilla de Santana Xilotzingo y Otzolotepec, en Umarán, Michoacán hubo otros accidentes graves. En noviembre del 2001, la explosión de un depósito y fábrica clandestina de cohetes en Tlanepantla dejó una infinidad de lesionados y apenas el año pasado, además de lo que nos ocurrió en Veracruz, se registraron explosiones en San Mateo Tlachilapan, Estado de México; en dos ocasiones más en Tultepec y todavía el 17 de diciembre ocurrió lo mismo en una coheteria en el municipio de San Francisco Tuxtla, a orilla de la capital oaxaqueña y en Guanajuato el pasado 6 de enero también ocurrieron tragedias en Silao. Sabemos que la ley tiene que prever y corregir para prevenir. Rousseau mismo escribió que el legislador no legisla sobre lo que ve exclusivamente, sino también sobre lo que debe prever. La industria pirotécnica nacional, cuando actúa clandestinamente y sin la debida regulación, ha cobrado ya numerosas víctimas y no podemos esperar a nuevas tragedias, para tomar decisiones de ley que contribuyan a que en el ámbito de la ley, se prevea lo que por otro lado en la esfera administrativa tiene la obligación de observar y de aplicar el Poder Ejecutivo. El riesgo social es pues latente, en cada fábrica, transporte, almacén o comercio, en los que no existe el cabal control y estricta vigilancia de las autoridades competentes, en los que furtivamente se lucre con artificios, pólvoras y explosivos, aun cuando no tengan otro fin que el provecho económico, existe una bomba que desde ahora podemos y debemos desactivar. Por ello, que con la presente iniciativa que no tiene otro propósito que el de considerar como delitos graves, conforme al Código Federal de Procedimientos Penales a los ilícitos tipificados en el Artículo 85, 85 Bis fracción I, 86 fracción II y 87 de la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, cuyos delitos con el contrabando de explosivos, su fabricación, enajenación, transporte, reparación transportación y el almacenamiento, sin el respectivo permiso. El manejo de fábricas, plantas industriales, talleres, almacenes y demás establecimientos, sin sujetarse a las condiciones de seguridad a que están obligados remitir y transportar indebidamente los objetos que regula la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como la enajenación de explosivos, artificios y sustancias químicas relacionadas con explosivos, a negociaciones o empresas que no tengan el permiso correspondiente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Igualmente para concordancia de los suscritos, proponemos modificar también la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos reglamentaria del Artículo 10 de la Constitución federal, para adicionar un Artículo 87 Bis, en el que se precise que: "Cuando con motivo de la comisión de los ilícitos previstos en los Artículos 85, 85 Bis, 86 fracción II y 87 de dicha ley se ocasionen accidentes que provoquen homicidios y lesiones, de las que ponen en peligro la vida, se sigan las reglas de concurso de delitos, para que así los culpables enfrenten una responsabilidad penal plena". Los hechos ocurridos en el mercado municipal Hidalgo, así como los otros accidentes de los que he dado cuenta en muchas partes del país, pueden prevenirse en gran medida con el instrumento de la ley penal. La severidad de las penas, no será el único remedio para evitar futuras catástrofes, pero de ninguna manera podemos permanecer pasivos ante la levedad del tratamiento penal hacia este tipo de conductas. Existen ya iniciativas en la Cámara de Diputados, que proponen leyes para regular la pirotecnia, mismas que de llegar a aprobarse por esa soberanía, otorgarán junto con las reformas penales que proponemos, el marco jurídico regulatorio de esta importante, pero muy peligrosa actividad. Si queremos que nuestras tradiciones perduren por muchos años más, será necesario adecuar nuestra legislación a un equilibrio de seguridad, control y prevención, donde el que indebidamente ponga en riesgo la vida y tranquilidad de nuestras familias, conozca de antemano la gravedad de su acción y las consecuencias de su realización. Por lo expuesto proponemos: Artículo 1º.- Se reforma el Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales para quedar como sigue. Artículos 194.- Se califican como delitos graves para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: 1 a 2 igual.- 3º. De la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, los delitos siguientes: 1 a 5 igual. 6º.- Los previstos en los Artículos 85, 85 Bis, 86 fracción II y 87. 4º. a 16 igual. Y. Artículo 2º.- Se adiciona un Artículo 87 Bis a la Ley Federal de Armas de Fuegos y Explosivos, para que dar como sigue: Artículo 87 bis. Cuando como consecuencia de la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 85, 85 bis fracción I, 86 fracción II u 87 de esta ley se produzcan accidentes tales como explosiones, estallidos o incendios que causen homicidios o lesiones de las previstas en el artículo 293 del Código Penal Federal, se aplicarán las reglas de concursos de delitos para la determinación de la pena. Es cuanto, ciudadano presidente, con la súplica de que sea turnada nuestra iniciativa a la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores.