La diputada Roxana Luna Porquillo: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras, buenas tardes. El 24 de octubre de 1945, en Sucker Lake, Nueva York, Estados Unidos, se funda la Organización de Naciones Unidas. Este hecho ha sido trascendental en la convivencia de la humanidad, en materia de derechos humanos. Esta organización ha velado por el respeto a los habitantes del mundo, por lograr su convivencia, y supera largos periodos de maltrato y discriminación que se dieron en muchos países, y en este Congreso hoy se discute uno de los temas fundamentales en el marco de la celebración internacional en este mes. El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General, reunida en París, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 10 de diciembre de 1984 se firma la Resolución 39/46, resultado de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes. Desde entonces nuestro país ha venido reformando la Constitución Política y otras leyes, para colocarnos a la altura de los avances en materia de derechos humanos. La reforma al artículo 1o. constitucional de 2011 ha establecido ampliamente el sentido garantista de nuestra Constitución, al definir dos principios. Uno, la interpretación conforme a los derechos establecidos en nuestra norma fundamental, y los tratados internacionales en incluir el principio Pro Personae. Artículo 1o. constitucional, también establece obligaciones y deberes para toda autoridad y es aquí en donde aún quedan pendientes legislativos, derivados de la reforma constitucional de los derechos humanos más relevantes en los últimos tiempos. El gobierno mexicano ha ratificado múltiples tratados internacionales que ahora son norma vigente en nuestro país, en este sentido, hay que señalar la Convención contra la Tortura o Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que establece en el artículo 5o. Así también, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura señala en su Apartado 5, artículo 12, el tema de la tortura. La presente convención no excluye la jurisdicción penal ejercida de conformidad con el derecho interno. El dictamen que ahora nos ocupa, que es el artículo 7 de la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura, tiene como objeto fundamental armonizar a leyes internacionales, y en este caso, al Protocolo de Estambul, para darle garantías a una persona y para preservar sus derechos de integridad física y psicológica. El llamado Protocolo de Estambul, que es formalmente el manual de investigación y documentación efectiva sobre el tema de la tortura, castigos, tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, son reglas elaboradas por el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que se establecen procedimientos a seguir por los estados para documentar la tortura y sus efectos. México tiene la obligación internacional de caminar en este sentido, puesto que no podemos ser omisos ante esta situación que vulnera la integridad física, psicológica y moral de las personas que han sido víctimas de tortura y que incluso han sido motivo de recomendaciones del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. De lo anterior, reconocemos el alcance de este dictamen en materia de derechos humanos como un avance significativo pero no determinante para desterrar la tortura en nuestro país, lo cual todavía es un tema pendiente. Por supuesto que el Partido de la Revolución Democrática estaremos a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.