La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con este decreto se está violando el principio constitucional de la división de Poderes, al invadir atribuciones constitucionales del Poder Legislativo. A ustedes sí les gusta ser florero, de respetar lo aprobado del Presupuesto de Egresos de la Federación y violentando lo muy recientemente logrado en la historia de México, que se refiere a transparencia y rendición de cuentas. En específico, este artículo al darle la responsabilidad al gabinete social de la Presidencia de la República, la decisión del destino de los recursos y distribuirlo a las políticas públicas prioritarias y programas sociales implica un grave retroceso, retorno al oscurantismo, al uso discrecional de los recursos que tanto hemos y que tanto decimos pelear por erradicar. Esta forma de disponer arbitrariamente de los dineros y continuar con la política de generar programas sociales, clientelares y electoreros, que en nada sirven y han servido, evidentemente, para erradicar la pobreza de este país. Trabajar para combatir la corrupción de gobiernos anteriores y gobernar con justicia para el pueblo bueno, son justificaciones mediáticas para efectos políticos y sociales. Sobre todo, por la premura de dar resultados antes de que concluya su primer año de gobierno. Esta forma de abusar de la legitimidad presidencial ha llevado al extremo, arriesga la estabilidad del sistema constitucional, pues quebranta los principios fundamentales de legalidad y división de Poderes. Estas formas arbitrarias han provocado un daño estructural en las instituciones, por lo que pondrá en riesgo la democracia y lo que nos queda de República. La ausencia de balances y contrapesos de un gobierno, de este gobierno, lo ha empoderado para legislar y derogar de facto disposiciones constitucionales y legales de manera unilateral y arbitraria con simples memorándums, sin respetar el procedimiento legislativo establecido en la Constitución. No se debe permitir, por ningún motivo, que el actual presidente ni ningún otro presidente tome decisiones unilaterales, violentando la Constitución y las atribuciones de los Poderes Legislativo y Judicial. No se trata de darle el voto de confianza a su palabra, se trata de cumplir las reglas para que todo procedimiento sea legal y transparente. Y como legisladores, nos toca reglamentar que estas disposiciones sean ley y se mantengan en la ley para este y cualquier presidente que venga. La experiencia nacional e internacional demuestra que apartarse de las reglas constitucionales deriva en violaciones de derechos humanos. Como, por ejemplo, podemos convocar, corroborar lo invocado con frecuencia en las mañaneras. Descalifica a sus adversarios, así como puede ser la prensa que lo critica, o las organizaciones sociales, o los pobladores que se manifiestan por consultas legítimas. Los despojan del territorio en beneficio de intereses particulares económicos. El actual presidente está obligado a respetar los derechos humanos, fuera de su moralómetro, corruptómetro y fifitómetro que, por cierto, están descompuestos. El respeto institucional es una condición del Estado de derecho. El autoritarismo de López Obrador no puede instituirse como modelo rector del gobierno. El orden constitucional es garantía de seguridad jurídica. El presidente y los partidos aliados deben actuar en el marco de sus facultades y el respeto de los derechos. La democracia y cualquiera de los tres Poderes implican el respeto a nuestra Constitución. Actuar en sentido contrario garantizará el desgobierno de su gobierno, lo que impactará negativamente a todas y a todos los mexicanos. Compañeras y compañeros, cumplamos con nuestro deber, responsabilidades y legislemos para México, no para el presidente. Si dejamos leyes mal hechas estaremos provocando problemas de gobernabilidad. No puede hoy día demostrar que las políticas públicas, los problemas sociales, son eficientes. Estamos estancados, no tenemos crecimiento, ni mucho menos tenemos desarrollo. Seamos responsables, compañeros. Seamos responsables y votemos aquí en contra de esta arbitrariedad y de este abuso que violenta derechos humanos y da poder prácticamente absoluto, político y económico a un hombre desde la Presidencia de la República. Es cuanto, presidenta.