El diputado Reginaldo Sandoval Flores: Con la venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, permítanme referirme en un primer momento a las modificaciones realizadas por nuestra colegisladora en términos de la Miscelánea Fiscal que hoy discutimos. Recordemos que la existencia del artículo 74 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta es una propuesta del Ejecutivo federal y que fue aprobada en sus términos por esta Cámara, por lo que no podemos acompañar las modificaciones propuestas por nuestra colegisladora, porque tal artículo tiene el propósito de otorgar una reducción del ISR a las personas morales constituidas totalmente por ejidatarios y comeros o ejidos y comunidades, de conformidad con la Ley Agraria que comercializa e industrializa sus productos. Sin embargo, cuando la colegisladora eliminó el cuarto párrafo del mencionado artículo, lo que hizo fue abrir la puerta para que se distorsione el objetivo original. Al eliminar la restricción para no permitir que una sola persona moral pueda ser acreedora de la reducción del 30 por ciento del ISR, en más de una ocasión generó en automático un esquema perverso para que unos cuantos puedan concentrar los beneficios fiscales. La otra modificación que debe de ser rechazada, son las bajas tasas de retención que ponderó nuestra colegisladora para los servicios que se prestan a través del internet mediante plataformas tecnológicas, las cuales fueron drásticamente reducidas respecto de las que nosotros aprobamos, haciendo en los hechos que las nuevas medidas sean solo letra muerta porque no hay proporcionalidad ni progresividad. También cuando la colegisladora estableció pertinente adelantar las fechas en las que la Secretaría de Hacienda debe emitir las reglas de carácter general que derivan de las nuevas disposiciones a más tardar el 31 de enero de 2020, no al primero de marzo como se aprobó en esta Cámara, generó un contexto para la emisión de una reglamentación deficiente, dado que existe una brecha de tiempo entre el término del año fiscal y el momento en el que se va a contar con la nueva información estadística que será la base de estas disposiciones. Por último, nos debe quedar claro que terminar con las empresas factureras de operaciones inexistentes es un compromiso firme desde esta administración y al cual no podemos debilitar desde la propia norma. Cuando reformamos el artículo 26 del Código Fiscal lo que evitamos es que los directores generales, gerentes generales o los administradores únicos de las empresas morales, así como sus socios, accionistas y asociantes no quedaran excluidos del supuesto de responsabilidad solidaria por las contribuciones causadas o no retenidas por las personas morales durante su gestión. Si aceptamos las modificaciones que el Senado nos ha remitido, vamos a dar marcha atrás desde la ley a la lucha contra las empresas que simulan actividades y, por lo tanto, en los hechos estaremos renunciando hacer efectiva la reforma que considera el uso de facturas falsas como delito grave. Por todos estos elementos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo no puede acompañar las modificaciones que realizó nuestra colegisladora en materia de miscelánea fiscal. Ahora, permítanme referirme a los cambios que nuestra colegisladora realizó sobre la Ley de Ingresos, advirtiendo de antemano que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo apoya las diversas disposiciones que el Ejecutivo sometió a consideración de esta soberanía. Derivado de ello, no podemos acompañar las modificaciones de la colegisladora sobre el monto total de ingresos esperados, porque no hay elementos objetivos y cuantificables que justifiquen dichos cambios. Primero, porque al modificar a la baja diversas cuotas en la Ley de Derechos, como en la Ley del ISR, la colegisladora debió realizar las adecuaciones correspondientes en los rubros mencionados. Pero no lo hizo así, únicamente disminuyó los 586 millones de pesos que esta Cámara estimó que se recaudarían por concepto de cobro de derechos por uso de agua a los grandes terratenientes. Omitió irresponsablemente realizar las mismas adecuaciones al eliminar el incremento aprobado por esta Cámara sobre servicios migratorios en aeropuertos. Además, si la colegisladora aprobó eliminar el artículo 74-B del ISR, la restricción de los socios o asociados de las personas morales a los que se regula este artículo no pueden ser doblemente acreedores al beneficio de la reducción del ISR. Debió calcular también a la baja recaudación estimada en ISR, pero no lo hizo. Además, también modificaron a la baja todas las tasas de retención aplicables a los ingresos obtenidos por la enajenación de bienes y servicios a través de internet, dispuestos en la fracción III del artículo 103-A de ISR. Y nuevamente, de forma irresponsable, no estimaron prudente disminuir las estimaciones de la recaudación del ISR, siendo que Hacienda reiteró en múltiples ocasiones que los cálculos de recaudación del IVA e ISR están elaborados sobre la base que el Ejecutivo federal hizo llegar a esta soberanía. Pero más irresponsable fue la colegisladora, al incrementar los recursos estimados por aprovechamientos en 5 mil millones de pesos en un renglón que se denomina Otros, de la categoría de los aprovechamientos. Es decir, más opaco no pudo ser el incremento de recursos ficticios, que sin fundamentos claros se aprobaron y cuyo único propósito fue darle vuelta a la posibilidad a que estos recursos fueran a las entidades federativas y municipios, como sí lo hicimos en esta Cámara al modificar hacia arriba la recaudación esperada de ISR. Además, la colegisladora eliminó del artículo Séptimo transitorio la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de eliminar lineamientos para la asignación de destino a los recursos federales que no hayan sido devengados por las entidades federativas y municipios, argumentando que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, ya se prevé el tratamiento de los recursos que no se devengan ni son pagados al concluir el ejercicio fiscal. Sin embargo, tales afirmaciones son equivocadas, primero, porque la redacción del transitorio viene estableciéndose desde la Ley de Ingresos de 2015, por lo que si en las leyes referidas efectivamente existiera la reglamentación a la que hace referencia la colegisladora, no tendría sentido la existencia misma de la redacción que año con año se ha venido manejando. Además, en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el artículo 54, párrafo tres y cuatro, solo se establece la obligación de reintegrar a la Tesorería de la Federación las economías que conservan las entidades al 31 de diciembre, pero en ninguna parte de la ley se señala a dónde deben ir estos recursos, por ello en el transitorio siempre ha establecido que estos deben ir a mejorar la infraestructura de las entidades federativas, así como la atención de los desastres naturales que se enfrentan. Y contrario a lo que argumenta la colegisladora, la Ley de Disciplina Financiera solo refiere a las economías que resulten por concepto de un costo financiero de la deuda menor al presupuesto. Por lo anterior, son inválidos los argumentos esgrimidos por la colegisladora, por tanto, esta Cámara debe mantener la recaudación en la que se mandata a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a emitir los lineamientos para su operación a más tardar el último día de abril, porque no estamos modificando el destino del gasto al que ya hice referencia, solo estamos dando transferencia al uso de estos, terminando así con la discrecionalidad en la que puede incurrir la Secretaría de Hacienda. Por último, me quiero referir a las modificaciones que se refiere a la Ley de Derechos, que nuestra colegisladora decidió permitirse realizar. Primero tenemos que hacer mucho énfasis en decir que los conceptos, materia de esta ley, no son impuestos. La naturaleza del cobro de un derecho deviene de la prestación de un bien o servicio directo, el cual sin lugar a dudas tiene asociado un costo de producción, y si bien la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo está a favor de las modificaciones realizadas en materia de cobro por el uso de agua y de prestación de servicios migratorios, tenemos que decir con claridad que sobre el primer punto su propósito nunca fue el de afectar a los pequeños productores del campo. El espíritu de la reforma que se propuso fue el de regular el uso del vital líquido, principalmente en las entidades federativas que enfrentan umbrales de crisis hídricas, que en un amplio porcentaje se encuentran asociados al uso indiscriminado del agua. Es falso que se proponía afectar al sector agrícola de nuestro país, como es falso que los grandes productores agroindustriales exportadores están preocupados por los pequeños y medianos productores y por todos aquellos que se dedican a la agricultura de autoconsumo. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua, hay 106 municipios con una alta vulnerabilidad de sequía, que se localizan en la región noreste, centro y vertiente del Pacífico del país, comprendiendo los estados de Baja California, Sonora, Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Ciudad de México y Guerrero. Hoy estamos perdiendo la oportunidad de atender los diversos planteamientos para solucionar asuntos específicos de administración de las aguas, desarrollo de infraestructura hidráulica, servicios respectivos, así como la oportunidad de impulsar medidas para hacer un uso racional del agua, preservar su calidad y con ello contribuir a la protección de ecosistemas vitales. Así, estimadas y estimados compañeros legisladores, los invitamos a reflexionar sobre el por qué votar en contra de la Ley de Ingresos y de la miscelánea fiscal que nos remitió nuestra colegisladora. Trabajamos por una mayor transparencia. Terminemos con la discrecionalidad. Es cuanto, diputada presidenta.