La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: hace 192 años, coincidente con la consumación de la independencia nacional en México, nace la docencia como una actividad liberal regulada por la acción de los ayuntamientos. El magisterio es sin duda una profesión en crisis por una serie de circunstancias, pero particularmente por la ausencia de sólidas y modernas políticas públicas del Estado mexicano en materia de formación y capacitación de profesores. Reivindicar esta noble tarea es esencial no sólo para aspirar a una educación de calidad, sino también para aspirar a una sociedad más próspera, en consecuencia. De ser en sus orígenes hace casi 200 años una profesión liberal, ha pasado a constituirse, a través del tiempo, en una fundamental profesión de Estado y ha sido precisamente el propio Estado quien ha abdicado desde hace tiempo en generar condiciones adecuadas para un digno desempeño de la tarea profesional del magisterio. En esta etapa crucial que experimenta el país, en esta etapa de profundas reformas, el magisterio arriba en un escenario de crisis por una serie de factores. Primero, por la carencia de la construcción de una nueva identidad profesional, pedagógica y ética del magisterio ante los retos que impone la sociedad de la información y el conocimiento. Segundo, debido a la precarización de sus relaciones laborales y al sometimiento de la función docente a esquemas de control burocrático y autoritario que no estimulan el respeto y la dignificación del gremio ni alientan tampoco la innovación académica. Tercero, se registra lamentablemente en estos momentos una profunda desvalorización de la función social de los maestros por una serie de factores que es necesario detener y revertir. Existe otro dato importante que hay que considerar: las escuelas normales del país, más de 400, viven en un preocupante debilitamiento sistémico, sin que la autoridad ni el Estado hagan algo para impedirlo. Por la importancia de la función que los profesores desempeñan, no solamente en el ámbito de los procesos de enseñanza de calidad, sino también en la construcción de una nueva sociedad, necesario es ofrecer, por parte del Estado, una renovada política de trato institucional a los docentes de México. La iniciativa de Ley General del Servicio Profesional Docente, el dictamen que hoy revisamos, propone en su contenido una serie de transformaciones en materia educativa que generan condiciones de una racionalidad jurídica profesional y económica, de mejor trato para los maestros. Incluye, por supuesto, el mejoramiento de las percepciones salariales de los docentes en término de sus niveles de desempeño eficiente en la tarea escolar. Con esta ley incorporan acuerdos que fundamentan los procesos legales de ingreso, permanencia y promoción del magisterio, al margen de los tradicionales esquemas de control clientelar y corporativo de los docentes. De esta iniciativa, de esta ley deseo destacar varios aspectos, y claro que se recogen las voces de varios actores. A mí me preocupa como docente, desde hace 33 años de docencia de educación superior, el que digan que el magisterio no es escuchado, aceptando sin conceder que pudiera no haberse incluido alguna propuesta de la coordinadora, no representa al magisterio. Ya en la pasada ley, en la Ley General de Educación, fue considerado también a los padres de familia, los docentes, los directivos, los alumnos mismos. ¿Qué dicen esos millones de niños que no están en el aula porque sus profesores están movilizados? Efectivamente, no hay que criminalizarlos, pero tampoco hay que hacer de ello un privilegio. Este decreto, esta iniciativa promueve una transparente política en ingreso de los maestros al servicio. Las contrataciones se irán bajo nuevos parámetros de calidad, los docentes en servicio estarán sujetos a una rigurosa evaluación formativa, científica y autónoma, no punitiva, en absoluto punitiva, y se auspiciaran sólidos esquemas de formación y capacitación del magisterio. Y claro que están a salvo los derechos laborales de los maestros. Quienes formamos parte de ese gremio, no hubiésemos permitido en absoluto que se vulneraran los derechos de los trabajadores de la educación. Por todo lo anterior, por lo que representa para el sistema educativo mexicano y por la creación de una nueva racionalidad profesional académica del maestro, el voto de los integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde es a favor de la iniciativa de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Compañeras y compañeros legisladores, hay retos, retos que nos plantean tanto las leyes que ya aprobamos en materia educativa como la que hoy seguramente también habrá de proceder, y que tendrá que ver con el doce transitorio de la Ley General de Educación que nos conmina, y ojalá nos demos plazo a la brevedad posible, a revisar el modelo educativo. En esta ley que hoy seguramente también será aprobada, nos está estableciendo algo fundamental, la posibilidad de revisar el sistema de educación normal. Démonos plazo, estamos emplazados a ello, es necesario. Entonces estaremos plenamente satisfechos y habremos hecho una reforma educativa integral, no solamente porque la educación nacional lo requiere, sino también el desarrollo del país. Es cuanto.