El diputado Francisco Martínez Neri: Muchísimas gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la seguridad social contempla diversos sistemas para proteger a los individuos de los riesgos que se van o que se ven expuestos. Sin embargo, las prestaciones que se otorgan para compensar la pérdida de un ingreso regular obtenido en una relación de trabajo difícilmente cubren las necesidades mínimas de un trabajador o de sus beneficiarios. La realidad de los pensionados y jubilados de nuestro país es de precariedad y carencias, las pensiones se encuentran por debajo de un nivel de subsistencia, y los servicios de salud y protección social son insuficientes y de baja calidad. Frente a esta realidad que afecta a millones de adultos mayores, viudas y huérfanos subsisten sistemas de privilegio con beneficios injustificables y cuyo costo fiscal no es equivalente con las aportaciones que recibe. Es el caso de las pensiones que reciben los ciudadanos que han sido presidentes de la República, de acuerdo a disposiciones discrecionales reciben pensiones millonarias y diversas prestaciones y servicios, como el pago de bonos, aguinaldo, compensaciones, salarios de escoltas y personal de ayudantía, pago de servicio telefónico, automovilístico, y el pago de servicios domiciliarios. Estas pensiones se otorgan desde el 31 de marzo de 1987, cuando se firmó el acuerdo por el que se establece que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de presidente disfrutarán, mientras vivan, de una pensión equivalente al sueldo de un secretario de Estado. Este acuerdo ha prevalecido y se ha ratificado con la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación. En 2014 las prestaciones y los servicios que reciben los expresidentes de la República cuestan al erario 41.6 millones de pesos, de los cuales 7.4 millones corresponden al pago de pensiones. Lo anterior contrasta con la penosa realidad que viven 3 millones, 382 mil pensionados al Instituto Mexicano del Seguro Social, que reciben una pensión promedio por cesantía en edad avanzada, de 3 mil 777 pesos, luego de toda una vida de trabajo o incluso de privaciones. La pensión de los expresidentes es 54 veces mayor que la pensión promedio que otorga el Seguro Social, esto es inequitativo y si bien puede justificarse la existencia de un régimen especial como éste, es inaceptable la discrecionalidad y el dispendio con que ha funcionado este sistema. No existe una ley aprobada por el Congreso que justifique este tipo de beneficios para los expresidentes, sus cónyuges, viudas o hijos. Año con año, en la discusión presupuestal el PRD ha sido firme en su rechazo a entregar estos apoyos de carácter discrecional y nuestro grupo parlamentario ha hecho reservas al dictamen del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación, enviando un claro mensaje político en favor de la equidad y la transparencia. Desde 2003, el senador Armando Chavarría Barrera presentó iniciativa de Ley de Sueldos y Haberes por ejercicio del cargo. En el año 2006, el senador David Jiménez Rumbo, hoy diputado, presentó iniciativa con proyecto de Ley de Pensión y Seguridad Social por retiro de los titulares del Poder Ejecutivo de los Estados Unidos Mexicanos. En 2007 hizo lo propio el diputado Fernando Enrique Mayans Canaval, al presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido enunciado. También el PRI ha presentado iniciativas en este sentido cuando no estuvo en el poder, entre 2000 y 2012. Esperamos que la discusión de la iniciativa que ahora presentamos sea congruente a los principios que sus legisladores enarbolaron en alguna ocasión. La existencia de regímenes de privilegio incluso contraviene a la disposición del artículo 134 constitucional, según el cual los recursos públicos deben administrarse con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez. De ninguna manera se trata de reducir a los ex presidentes a una condición que pone en juego su integridad y seguridad, pero sí se busca que con transparencia y en un marco de respeto a la ley se les den apoyos y recursos suficientes, sin utilizar criterios discrecionales y sin que resulten ofensivos para millones de jubilados y pensionados que subsisten en la pobreza. En la presente iniciativa se incluyen disposiciones para otorgar prestaciones y servicios de seguridad a los ciudadanos que hayan ocupado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Se aclaran los requisitos para acceder a estos beneficios, su financiamiento y su monto, así como las condiciones en las que estos beneficios pueden suspenderse o perderse. Se propone que al ciudadano o ciudadana que hayan desempeñado el cargo de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con exclusión de quienes lo hayan ostentado, como el del carácter de presidente interino, se le otorgue la pensión mayor que otorga el Seguro Social de 25 salarios mínimos mensuales. La mitad de esa cantidad se entregará en caso de fallecimiento a quienes sean sus beneficiarios por viudez o por orfandad. El financiamiento de estos beneficios debe aprobarse por la Cámara de Diputados en el presupuesto anual correspondiente. Hay una lógica que subsiste detrás del otorgamiento de estos beneficios que existen en varios países del mundo. Se supone que quienes se han dedicado al servicio público en tan alta responsabilidad, difícilmente podrán reincorporarse al servicio público o seguir desempeñando servicios profesionales, y por los servicios prestados a la patria debieran ser retribuidos por el país al que sirvieron. Esos principios lamentablemente contrastan con el ejercicio del poder presidencial, caracterizado por los excesos del poder, la corrupción, con el uso patrimonial de los recursos públicos y porque en realidad han sumido a la nación en una situación cada vez más difícil. Para el Grupo Parlamentario del PRD es necesario revisar todos los esquemas pensionarios en el país, y pensiones como las que autoriza la Cámara de Diputados año con año también deben ser evaluadas en ese sentido. No puede haber tanta inequidad ni se pueden mantener pensiones y apoyos de privilegio, habiendo tantas necesidades en nuestras instituciones de seguridad social. Quiero agradecer, finalmente, a mis compañeros diputados, al diputado Julio Saldaña Morán, a la diputada María Luisa Beltrán Reyes, la coautoría para traer hoy al pleno esta iniciativa, que me parece que en estos tiempos de austeridad resulta ser sumamente indispensable. Es cuanto. La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública, para dictamen. La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Tiene la palabra por cinco minutos el diputado Diego Valente Valera Fuentes, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 134 de la Ley General de Salud.