El diputado Fernando Rodríguez Doval: Gracias, diputada presidenta. En el año 2012 todavía en la legislatura pasada se incorporó a nuestra Constitución el derecho a la consulta popular. Esto era algo completamente novedoso en el constitucionalismo mexicano porque nunca había existido un instrumento de democracia participativa en nuestra ley fundamental, salvo un breve paréntesis entre el año 67 y el año 77 donde existió la figura del referéndum únicamente para el Distrito Federal, que por cierto nunca se ocupó. Y cuando en el año 2012 se incorporó este instrumento de consulta popular, explícitamente se mencionó que era con el afán de empoderar al ciudadano, y no solamente empoderar al ciudadano, sino que empoderando al ciudadano precisamente podríamos tener una democracia más participativa y también de mejor calidad. Y por supuesto cuando se incorporó este instrumento de la democracia directa como es la consulta popular, no se hizo para sustituir a la democracia representativa, sino para complementarla como ocurre en prácticamente todas las democracias de este mundo. Por lo tanto era un avance político importante esta reforma que se hizo en el año 2012 y que a nosotros en esta legislatura nos tocó reglamentar en su ley secundaria. Y en esa reforma se estableció explícitamente, expresamente, que sería la Suprema Corte de Justicia la que ejercería el control de la constitucionalidad, cosa que hoy vemos que en efecto ocurrió, sin embargo sus resultados a pocos deja satisfechos, porque no olvidemos que cuando se reformó la Constitución para incorporar el derecho a la consulta popular, precisamente se hizo como un derecho del ciudadano en el artículo 35 y los derechos políticos, no olvidemos, están considerados como derechos humanos. Por lo tanto, al hacer una interpretación de un derecho humano se estableció también, en la anterior legislatura, en el artículo 1o, que tiene que utilizarse el principio pro persona, es decir, que las normas de derechos humanos deben de interpretarse de la manera que resulte más favorable para las personas y en este caso para los ciudadanos. Consideramos, muy respetuosamente, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando hizo las interpretaciones sobre el control de constitucionalidad de las consultas populares, honestamente consideramos que no interpretó según el principio pro persona, al menos hablamos en el caso de la consulta popular que más de dos millones de ciudadanos propusieron para aumentar el salario mínimo en este país. Consideramos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se extralimitó, porque si vemos las resoluciones de los ministros observamos que incluso analizaron las posibles consecuencias o efectos económicos, sociales o políticos que podrían llegar a generarse con las consultas, lo cual no está dentro de las atribuciones de la corte. La corte tiene que establecer un control de constitucionalidad, es decir, en el caso de las consultas, la corte tiene que decidir si éstas se ajustan o no a la Constitución y si se ajustan o no a lo establecido en el artículo 35, cuyas restricciones son muy claras. Ese artículo dice con toda nitidez que no puede haber consultas populares en materia de derechos humanos, que no puede haber consultas populares en materias electorales, en materia de los ingresos y gastos del Estado, en materia de la organización y funcionamiento de las fuerzas armadas o incluso en materia de seguridad nacional, y por supuesto el artículo 40, que es sobre la forma de gobierno de este país. Sin embargo, la corte no tiene facultades para decir que una consulta popular sobre el salario mínimo puede tener, por ejemplo, efectos negativos en la inflación, como hubo algún ministro que lo insinuó. La corte no puede venir a decir, en una interpretación demasiado vaga de las restricciones establecidas en el artículo 35, que como el trabajo es un derecho humano no puede ser consultado el tema del salario mínimo. Consideramos, con todo respeto para los ministros de la corte, que su interpretación fue bastante mediocre y fue bastante vaga porque finalmente, con esta interpretación tan abierta sobre los ingresos y gastos del Estado o sobre los derechos humanos, prácticamente ninguna consulta nunca será viable en este país. Y eso fue lo que nos dejó clara la interpretación que hizo la corte la semana antepasada. Por eso es que los diputados de Acción Nacional hemos anunciado, por voz de nuestro coordinador, que vamos a presentar una iniciativa de reforma tanto al artículo 35 constitucional como a la Ley Federal de la Consulta Popular, con el único objetivo de que éste sea un instrumento viable para los ciudadanos. Quiero insistir en que la consulta popular es un derecho de los ciudadanos y así está establecido en el artículo 35, y los derechos políticos, quiero insistir, son derechos humanos y por lo tanto tenemos que buscar la interpretación más amplia y que de mejor manera proteja ese derecho humano. Por supuesto que no se trata de estar cayendo en una democracia plebiscitaria, no se trata de estar consultando absolutamente todo lo que se haga en este país; para eso estamos los representantes. Pero sí se trata de ponernos al mismo nivel que ya están otras democracias en el mundo que han combinado perfectamente a la democracia representativa con algunos instrumentos de democracia directa y participativa para aquellos casos que verdaderamente requieren una participación del pueblo y que sea éste el que tenga la última palabra. Y también quiero señalar que junto con esta reforma que vamos a presentar al instrumento de la consulta popular, los diputados de Acción Nacional vamos a insistir en nuestra propuesta de reformar la Ley Federal del Trabajo para homologar el salario mínimo con la línea mínima de bienestar establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social. Eso precisamente era lo que nosotros habíamos puesto a consideración de la Corte, para que pudiera hacerse una consulta al respecto, ya que la Corte decidió con argumentos, insisto, por demás pagos indiscutibles que esa reforma no procedía, vamos nosotros a impulsarla en esta Cámara de Diputados y también vamos a impulsar una reforma que sabemos que otros diputados de otros partidos ya han visto con buenos ojos que es desvincular el salario mínimo como unidad de medida. Hoy en día sabemos que el salario mínimo funciona como unidad de medida para multas, para créditos, para pago de derechos, eso es lo que queremos también, desvincular para que de esa manera el salario mínimo en efecto, pueda ser también un instrumento al servicio de los trabajadores. Esa reforma, esa iniciativa ya la presentó Acción Nacional y esperemos encontrar un buen eco por parte de los demás partidos. Termino, diputada presidenta insistiendo en que los derechos políticos también son derechos humanos. No lo perdamos de vista y ojalá que podamos también encontrar los consensos necesarios para hacer una reforma que permita que ese instrumento de consulta popular nos ponga al mismo nivel que las democracias más avanzadas del mundo. Gracias.