El diputado Francisco Saracho Navarro: Ponemos a consideración de esta soberanía esta iniciativa. Al advertirse algún tipo de divergencia en las leyes secundarias de algún postulado constitucional es menester encauzarlas hasta lograr que su contenido se torne congruente y, por ende, fielmente apegado a los referidos postulados. Conforme a la iniciativa que nos ocupa, la Cámara de Diputados no sólo asume la calidad de garante del orden constitucional al proponer que el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos se ciña a lo establecido en el sexto párrafo del artículo 111 de nuestra Constitución de manera terminante, sino también considera razonable lo enunciado en dicho párrafo, pues sólo se justifica el cargo o comisión pública deje desempeñarse hasta que la autoridad judicial, que es la que verdaderamente cuenta con el conocimiento especializado en enjuiciamiento penal, determine jurídicamente, y exenta de cualquier consideración política, que el servidor público desaforado es probable responsable de la realización de una conducta determinada por ley como delito. No debe perderse de vista que el llamado fuero, previsto en el artículo 111 de la Constitución, que propiamente es inmunidad procesal, tiene como finalidad el posibilitar el funcionamiento normal del gobierno institucional dentro de un régimen democrático, lo que sólo se consigue garantizando que las funciones de más alto nivel no sean objeto de consignas políticas y sólo sean interrumpidas en condiciones excepcionales cuando jurídicamente sea determinada por el profesional del derecho, la probable comisión de un delito. Por ende, si conforme se prevé en el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el servidor público sujeto a juicio de procedencia es separado de su encargo o comisión, inmediatamente a la emisión de la resolución del desafuero. No se contaría con la certeza jurídica si el referido servidor es probable responsable de la comisión de un delito, pues el estudio que de ese aspecto se abordó por el jurado de procedencia no deja de implicar una decisión política, que además no prejuzga los fundamentos de la imputación. Así, tenemos que la única determinación que válidamente justifica que un servidor público sea separado de su encargo o comisión es precisamente el auto de formal prisión o de sujeción a proceso penal, en virtud de que el hecho de haber sido declarado probable responsable de la comisión de un delito por la autoridad judicial tiene como consecuencia lógica que se encuentre imposibilitado para seguir desempeñando un cargo público cuya finalidad es cumplir los objetivos del Estado. Lo que necesariamente requiere que los servidores públicos sean personas cuya calidad moral no sea puesta en duda. Lo anterior, la ratio legis en que se sustentó el Constituyente para determinar el sexto párrafo del artículo 111 de la Constitución Política, que hasta el momento en que el servidor público desaforado sea sujeto a proceso penal se separe de su encargo, porque se considera indigno para seguir ejerciéndolo. Mientras que el párrafo sexto del artículo 111 constitucional establece que sólo hasta que el servidor público desaforado esté sujeto a causa penal será separado de su cargo. Por su parte, el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos señala que dicha separación se verificará de manera inmediata con la simple declaración de procedencia que emita la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. De lo anterior se infiere que el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades va más allá del párrafo sexto del artículo 111 constitucional. Por lo expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para reformar el primer párrafo del artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar de la forma siguiente: Artículo 28. Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder contra el servidor público inculpado, únicamente será separado del encargo que desempeñe en caso de que se decrete su sujeción a proceso penal y sólo podrá reasumirlo cuando por sentencia ejecutoria se determine su absolución. De no ser sujeto a proceso penal, no habrá lugar a procedimiento ulterior mientras subsista el fuero, pero tal declaración no será obstáculo para que el procedimiento continúe su curso cuando el servidor público haya concluido el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Muchas gracias, diputado presidente.