EL C. DIPUTADO EUGENIO PEREZ CRUZ: Con su permiso señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los suscritos diputados de la LVIII Legislatura de esta H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 73 fracción XVII, 77 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los Artículos 39, 40 y 45 de la Ley Orgánica del Congreso General y en los Artículos 60 y 85 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo, sustentado en los siguientes: A N T E C E D E N T E S: La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha estimado que el estado actual que presenta la red federal de carreteras es el siguiente: el 25% de la red se encuentra en buen estado, el 35% en regulares condiciones y el 40% restante con un alto deterioro físico. En la presente administración, el Gobierno Federal aspira a que al concluir el año 2006, a la red federal conformada por 47 mil 366 kilómetros a lo largo del país, corresponda al menos la clasificación del 50% de carreteras en buen estado y 50% de carreteras regulares, conforme a los estándares internacionales. Con esta medida, entre otros beneficios, se contribuirá a reducir el número de accidentes que ocurren en la red carretera nacional. Por lo que toca a la transferencia de los corredores troncales a vías de altas especificaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estimado indispensable alcanzar en el año 2006, la meta de modernización del 90% de los 19 mil 247 kilómetros que integran dichos corredores. Sin embargo, existe la necesidad de incrementar la densidad en infraestructura carretera en todas las regiones. Es indispensable impulsar la integración del país. Habremos de alcanzar esta meta manteniendo una red de carreteras federales en condiciones de funcionalidad, con el propósito de facilitar el tránsito y la transportación comercial y de pasajeros al interior del país. Una red de carreteras con calidad que cumpla con las leyes u normas de operación en beneficio de los usuarios. Como bien sabemos, la construcción y modernización de caminos y carreteras, es una tarea fundamental porque son la vía principal de la infraestructura de las comunicaciones del país. Además, son factor determinante en la integración de la economía. La adecuada infraestructura en caminos representa la conexión de las zonas rurales y las de alto índice de marginación con la modernidad. De mantenerse en las condiciones actuales, seguirán estas comunidades experimentando altos grados de rezago en su desarrollo económico. En nuestro país por las carreteras se transporta cerca de un 98.5% del total de pasajeros, con lo que este sistema se coloca como el principal medio de transporte al interior del país. Lograr con éxito un programa integral en infraestructura carretera, según las estimaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, requiere de la realización de obras en 111 tramos de la red con una inversión de 72 mil 500 millones de pesos. Por tanto, la situación de las carreteras mexicanas, hace necesario implementar nuevos mecanismos de inversión para su ampliación, mantenimiento y modernización de forma tal, que es necesario buscar mayor colaboración con los gobiernos estatales, con los ayuntamientos y con la iniciativa privada. Ante tales condiciones, estimamos conveniente que el Gobierno Federal impulse mecanismos idóneos de concesión carretera, garantizando nuevos esquemas de financiamiento para la atención de un necesario programa de infraestructura carretera, que tienda tanto a la operación de la red como a su ampliación y modernización. Se ha difundido de manera no oficial la posibilidad de que algunos tramos carreteros de cuota, operados y administrados por Caminos y Puentes Federales, puedan ser asignados para que el Gobierno Federal implemente un programa de bursatilización, lo que nos obliga a considerar la importancia de invitar al Secretario de Hacienda y Crédito Público, Francisco Gil Díaz, para que en comparecencia ante los diputados integrantes de la Comisión de Transportes de esta Honorable Cámara de Diputados, nos proporcione la información precisa sobre este programa financiero por ser de gran relevancia y para conocer los mecanismos de financiamiento que utilizará el Gobierno Federal para ampliar la cobertura, modernización y conservar los corredores carreteros de nuestro país. También es necesario que nos explique la directriz que se implementará para atraer la inversión privada para el desarrollo del Sector. Por todo esto, los diputados firmantes consideramos de gran trascendencia este encuentro. Tenemos el interés de informarnos sobre las repercusiones que tendrá en todo caso este novedoso esquema financiero. Es importante contar con esta información que nos permita analizar y evaluar para que realmente impulse el desarrollo de una manera sustentada dentro del sector y otorgue la garantía de inversión suficiente para quienes participarán en este importante proyecto carretero. Por todo lo expuesto los diputados firmantes presentamos a esta Soberanía el siguiente "PUNTO DE ACUERDO "PRIMERO. En uso de nuestras facultades constitucionales solicitamos se llame a comparecer en reunión de trabajo y ante los integrantes de la Comisión de Transportes de esta Honorable Cámara de Diputados, al ciudadano Secretario Francisco Gil Díaz, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a fin de que nos proporciones información sobre la forma y elementos que constituyen el programa de bursatilización carretera y sus implicaciones. "SEGUNDO. Se turne el presente a la Comisión de Transportes de esta Honorable Cámara de Diputados". Es cuanto señora presidenta. PRESIDENTA: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Martí Batres Guadarrama, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, relativo a las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Preciso que es sobre las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, en torno a la política exterior. DIP. MARTI BATRES GUADARRAMA: Muchas gracias señora presidenta. La ofensiva política del gobierno mexicano contra el Congreso de la Unión y la política exterior del presidente, son una y la misma cosa. Entre más se subordina el gobierno mexicano al gobierno de Estados Unidos, más agrede al Poder Legislativo. El centro de la soberanía de la Nación Mexicana, se ha desplazado hacia el Congreso: energía eléctrica, impuestos, relaciones laborales. En cada caso la agenda del gobierno mexicano es la agenda del gobierno de Estados Unidos; no es la agenda de México y su diversidad; no es siguiera la agenda que el PAN registró para las elecciones del año 2000. El gobierno mexicano defiende las exigencias fiscales de las calificadoras internacionales y se pelea con el Congreso. El gobierno mexicano defiende los intereses de los productores de alta fructuosa de Estados Unidos y se confronta con el Congreso. El gobierno mexicano defiende los intereses de las empresas eléctricas de Estados Unidos y se pelea con el Congreso de la Unión. Para Vicente Fox, al parecer George Bush es su amigo y los legisladores mexicanos sus enemigos. Nunca como ahora ha quedado tan claro que una cosa es el gobierno y otra el Estado. Y el gobierno mexicano no representa hoy el interés del Estado Mexicano. Así se explica la política exterior del gobierno mexicano, se avalan los bombardeos a Irak; se defiende el derecho a la venganza de una superpotencia, se ceden aguas nacionales a Estados Unidos, se promueven comandos militares de América del Norte. Así se entiende la posición del gobierno mexicano hacia Cuba. nada gana México debilitando su relación con Cuba, a México no le conviene ese distanciamiento. Perdemos aliados, fuerza, autonomía, soberanía, equilibrio, prestigio, liderazgo y capacidad de negociación con Estados Unidos. Cuba es un país que no nos ha invadido, que no nos ha quitado nuestro territorio ni se queda con nuestras riquezas. Sólo a Estados Unidos le conviene la distancia entre México y Cuba, pues necesita dividirnos para vencernos. La política del gobierno de México contra Cuba no tiene nada que ver con los derechos humanos y nuestra defensa de la amistad con Cuba no es la defensa de un modelo político determinado. Todo este debate es una cuestión de geopolítica. De un lado Estados Unidos busca aislar a Cuba y restarle a México capacidad para establecer alianzas propias, aunque no tengan su autorización. De otro lado, México necesita construir relaciones multipolares para sobrevivir, como nación, junto a la gran super potencia política, económica, tecnológica y militar del mundo. Se pretende ahora que México se convierta en una suerte de guardián de los derechos humanos y de la democracia en América: candil de la calle y oscuridad de su casa. Las muertas de Juárez, la homofobia de los gobiernos panistas, los torturados de la PGR, los asesinatos de defensores de derechos humanos. Ahí están los ejemplos de nuestros pendientes. Pero además los derechos humanos no sólo son las libertades individuales. El artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a la seguridad social. Dicha declaración también señala que toda persona tiene derecho al trabajo y que toda persona tiene derecho a la educación. ¿Se cumplen estos derechos humanos en México, en Uruguay y en los países que cada año condenan a Cuba? Si México es el guardián de los derechos humanos, tiene que empezar por respetar y exigir el respaldo a los derechos humanos de los mexicanos. ¿Tendrá el gobierno mexicano la valentía de llevar el caso de Estados Unidos a Ginebra para condenarlo por la continua violación a los derechos humanos de los mexicanos que viven en ese país? ¿En su nuevo papel de guardián de la democracia en América, el gobierno mexicano se atrevería a señalar que en Estados Unidos no gobierna el candidato presidencial que tuvo más votos y que a estas alturas del Siglo XXI no existe no existe en ese país el voto directo? Suponemos que no se atreverá porque la política exterior del gobierno mexicano está dominada por el miedo y la cobardía. La doctrina Castañeda es muy clara: atacar al débil y obedecer al fuerte. A propósito de doctrinas, se afirma ahora desde el gobierno mexicano que los principios de política exterior contenidos en la Carta Magna ya son viejos. Sin embargo, los derechos humanos datan por lo menos de los siglos XVII y XVIII. Y, por otra parte, en el otro polo de las ideologías, los principios intervencionistas de Estados Unidos tienen más de 200 años y se continúan ejerciendo; son los mismos principios que promueven golpes de Estado contra gobiernos con posiciones distintas. Por eso los principios mexicanos de no intervención, autodeterminación, solidaridad entre los pueblos, equidad entre los Estados son todos plenamente vigentes. Y mientras existan potencias intervencionistas, seguirá vigente el principio de la no intervención. La política exterior del gobierno de México está llena de contradicciones. Frente a unos casos no se convoca la Doctrina Estrada, pero cuando se trata de evitar la condena a un golpe de Estado, se habla de la aplicación de la Doctrina Estrada. En algunos casos las decisiones se basan en el derecho internacional, pero cuando se trata de Estados Unidos se habla de que tiene derecho a la venganza. Si se trata de defender los principios constitucionales de política exterior, se dice que son viejos. Si se trata de la política exterior de Estados Unidos, ahí no se señala la antigüedad. Aquí sólo hay un hilo de coherencia entre tanta contradicción, es lo que le convenga a Estados Unidos. Una política exterior se deriva de una concepción del mundo, y la concepción del Gobierno Federal no es la de los derechos humanos, sino la del dominio de una superpotencia en el planeta. La política exterior que México necesita hoy en día para su sobrevivencia y desarrollo, no es esa. Los principios de política exterior son la base para que México despliegue la lucha por la equidad global. Esto no es simplemente una cuestión de tradición, y no es tampoco sólo un asunto de formalidad legal para cumplir la Constitución, es sobre todo un asunto de estrategia internacional actual. Para el Gobierno Federal en este debate México debe plegarse a Estados Unidos. Para nosotros a México le conviene el equilibrio internacional, las relaciones multipolares, la equidad jurídica de los estados, la solidaridad de los pueblos, el respeto a la diversidad del mundo: en una palabra, la equidad global. El Poder Legislativo tiene aquí una enorme responsabilidad para definir lo que el gobierno no ha querido hacer, una política exterior de Estado. En ese sentido valoramos altamente la decisión tomada por el Senado de la República hace una semana, ejerciendo sus atribuciones. Y precisamos lo siguiente: El ejercicio de estas atribuciones no es ninguna reminiscencia del pasado, la división de poderes no es ninguna reminiscencia del pasado, al contrario, la división de poderes apenas se empieza a ejercer ahora y le aclaramos al Presidente que descalifica a los partidos de oposición: "No son los partidos de oposición quienes tomaron la decisión de que no viajara el Presidente, sino el Congreso de la Unión". El Ejecutivo debe serenarse y asumir la democracia como costumbre, no atacar de manera facciosa al Legislativo cada vez que no coincide con sus determinaciones. Por estas razones proponemos el siguiente PUNTO DE ACUERDO UNICO. La política exterior del gobierno mexicano no es una política exterior de Estado. Sus relaciones internacionales y su posición sobre Cuba, no corresponden a los principios internacionales plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tienen el consenso de los Poderes de la Unión, y debilitar la posición de México en el mundo. Muchas gracias por su atención.