El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Okey. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la primera iniciativa que hoy presento tiene por objeto el llamar la atención a este pleno de representantes populares sobre la anunciada crisis alimentaria que ya se observa como un asunto de interés público y nacional, y que debemos afrontar antes de que sea demasiado tarde. El cambio climático, el aumento de los precios internacionales de los alimentos, como factores externos, y por otra parte, la actual política pública que privilegia la importación de alimentos y descuida deliberadamente la autosuficiencia alimentaria, ambos son factores que han conducido al incremento de la pobreza extrema en el campo y a colocarnos peligrosamente en una situación de dependencia alimentaria. Es inadmisible que como representantes del pueblo no adoptemos medidas y garanticemos que se ejecuten por parte del gobierno, para prever y afrontar esta situación. Por efectos del cambio climático en nuestro país se afectaron, entre 2010 y 2011, cerca de dos millones de hectáreas de manera total e imparcial en el sur sureste con las lluvias y en el norte con las heladas. En Sinaloa se perdieron cinco millones de toneladas de maíz, de los siete millones que se cosechan en el ciclo otoño-invierno. El aumento de precios internacionales también obedece al cambio climático que ha generado daños severos a la producción en Rusia y Australia y por otra parte también a la ampliación de la demanda en países como Chilar y la India. De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, el incremento de los precios de los productos agropecuarios alimentarios, se incrementó en un 32 por ciento. Este aumento obedece también a que en Estados Unidos dedican una tercer parte de su cosecha, 300 millones de toneladas, a la producción de etanol, lo cual genera especulación en los precios. El balance de la implementación del tratado de libre comercio que se suponía nos acercaba al primer mundo, asociados al país más poderoso del mundo, es desastroso. En 1993 importábamos sólo 250 mil toneladas de maíz. Hoy importamos 11 millones de toneladas. Importamos el 33 por ciento del frijol y el 80 por ciento del arroz que consumimos, cuando éstos son parte de la alimentación básica de nuestro pueblo. El 95 por ciento de la soya y de las oleaginosas para la producción de aceites, son de importación. Importamos el 85 por ciento de la leche en polvo y el 40 por ciento de la carne de res y cerdo. La dependencia alimentaria nos hace cada vez más vulnerables ante el alza mundial de los granos y el 73 por ciento de las importaciones provienen de los Estados Unidos. No debe omitirse el hecho de que las reservas mundiales de maíz y otros granos han ido a la baja, en tanto en México no conocemos cuáles son las reservas alimentarias del país en una falta absoluta de información que la ciudadanía debe poseer. Por ello, por esta razón es que de manera legal pretendo, con esta iniciativa, que adiciona una fracción IX al artículo 183 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, obligar en el marco de esta ley, a que el gobierno federal asuma plenamente su obligación de elevar la producción agropecuaria y pesquera y que permitan el abasto suficiente a bajo costo con oportunidad a todos los ciudadanos mexicanos. Asimismo, a que las acciones del gobierno federal estén encauzadas a que de inmediato se den a conocer a la ciudadanía, en un plazo no mayor de 90 días a parte de la puesta en vigor de esta modificación a la ley, los planes que se pondrán en operación, escuchando la opinión de los sectores correspondientes que tengan que ser involucrados. En otras palabras, compañeras y compañeros diputados, debemos reformar la ley para que el gobierno no se deslinde de esta obligación, pero sobre todo debemos tener claridad en la urgencia de conformar un plan emergente con financiamiento oportuno y garantizado para adquirir autosuficiencia y soberanía alimentaria en el plazo menor posible. El futuro ya nos alcanzó. La segunda iniciativa tiene que ver con otorga derechos plenos a los jóvenes que cumplen 18 años. En México, de acuerdo con el Censo General de Población 2010, son 20 millones 250 mil jóvenes entre 15 y 24 años, de los cuales seis millones se encuentran entre los 18 y 20 años. En esta secuencia, cada año aproximadamente dos millones de jóvenes se convierten en ciudadanos, pero limitados en sus derechos políticos. Éste es el motivo de la presente iniciativa: reconocer a los jóvenes sus derechos políticos plenos con base en la propia Constitución política de nuestro país. En el artículo 34 ya se establece que a los 18 años los varones y mujeres tienen la calidad de mexicanos, adquieren su ciudadanía. En el artículo 35 se establece como prerrogativa ciudadana el votar y ser votados para todos los cargos de elección popular. Finalmente, el artículo 36 también establece que, como ciudadano mexicano, se tiene la obligación de desempeñar los cargos de elección popular de la federación o de los estados y los cargos concejiles del municipio donde se resida. Espero que coincidamos en que la decisión o elección del destino de México son verdaderamente relevantes y que la mitad de los derechos ciudadanos es votar; la otra mitad es el derecho a representar, ejecutar y conducir los destinos de México. No sólo debemos atender el bono demográfico en el sentido de que la población en edad de trabajar es mayor que la dependiente y por tanto el potencial productivo de la economía es mayor, sino en el sentido de que los hoy jóvenes deben coadyuvar a construir su futuro. La experiencia y responsabilidad se adquieren desde la infancia y se desarrollan con los años. Hoy vemos jóvenes buscando y reencontrando asumir un rol, responsabilidades y retos ante la falta de oportunidades educativas, falta de oportunidades de empleo, falta de que sus padres les asistan en su formación profesional por falta de recursos económicos, entre otros aspectos. Asumir la corresponsabilidad política de conducir a su país por mejores senderos es el mejor de los retos para este segmento social de jóvenes que ahora son objeto electoral. Es momento de dar un paso más en nuestra democracia y sobre todo dar cauce al ímpetu de los jóvenes, mujeres y hombres ciudadanos mexicanos, de ejercer plenamente sus derechos políticos constitucionales a partir de las elecciones federales del año 2012. Por lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria y que esencialmente implica reconocer en el artículo 55 de la Constitución el derecho ciudadano de sólo contar con 18 años cumplidos el día de la elección para ser elegible diputado federal. Implica desde luego que, de aprobarse esta iniciativa, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se realice la adecuación correspondiente de manera oportuna para el proceso electoral 2011-2012. Asimismo, y en virtud de que existe incumplimiento en algunas entidades federativas de los ordenamientos constitucionales respecto a los derechos ciudadanos para ser elegible para cargos concejiles y legislaturas locales, realizar las adecuaciones correspondientes para los procesos electorales que se desarrollen a partir del año 2012. Es simple y sencillamente, compañeros, que los jóvenes sólo como lo establece la Constitución al cumplir 18 años tengan la posibilidad, no sólo de elegir, sino de ser electos como diputados federales. Muchas gracias.