El diputado Francisco Luis Monárrez Rincón: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, pongo a consideración de esta honorable Cámara de Diputados esta iniciativa que modifica el artículo 9 de la Ley General de las Personas con Discapacidad, en tres fracciones. Humanidad es un concepto en el que todos nos debemos sentir incluidos, sin importar la edad, el sexo, la condición económica, las creencias, las preferencias o el tipo de capacidades. La discapacidad limita el desarrollo pleno de las personas que la padecen, se convierte en un obstáculo difícil de superar, lo cual se incrementa cuando la persona discapacitada no cuenta con el apoyo suficiente que le debería de dar la familia, la escuela, las instituciones públicas, las instituciones privadas, el trabajo y la sociedad en general. La construcción de la vida cotidiana les deja muy poco margen para desarrollarse, ya que la forma de vida y sus herramientas han sido diseñadas para ser aprovechadas por seres humanos en pleno uso de sus capacidades. Es importante diferenciar el concepto de discapacidad de quien le puede implicar una incapacidad. En el caso de una persona que sufre una incapacidad, ésta se encuentra en una situación que no le permite realizar casi ningún tipo de actividad. En el caso de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, estas tienen la posibilidad de desempeñar una serie de actividades que les permite ser productivos. Es importante señalar el hecho de que poco más del 10 % de la población de nuestro país padece algún tipo de discapacidad. Nos alerta y nos alerta sobre todo la atención que debemos poner en buscar más oportunidades para este tipo o este grupo de población. Así como el deber o la obligación de diseñar políticas públicas y mecanismos que procuren la equidad, porque la discapacidad, compañeros, no es sinónimo de exclusión ni marginación y mucho menos de discriminación. Los problemas de las personas con discapacidad son diversos al no contar con espacios para su desarrollo personal, laboral y económico. Por ello muchos tienen que refugiarse en sus casas y los que deciden salir a probar suerte a las calles se emplean como vendedores ambulantes en la mayoría de los casos. La realidad es que desafortunadamente en México la discapacidad se asocia de manera natural con la pobreza, la marginación social, la mala nutrición, el analfabetismo y por supuesto, en la mayoría de los casos, el maltrato. El problema radica básicamente en la falta de información en la discapacidad y sus repercusiones, pues la familia y la sociedad creen saber lo que necesitan los discapacitados. De un tiempo a la fecha, se le han dado facilidades para un espacio en el transporte público, aún y cuando esto no representa una aceptación ya incorporarse a un transporte normal, también menciono que se han hecho rampas para subir y bajar edificios y banquetas, las que en la mayoría de las veces aunque ayudan, son un verdadero peligro porque la mayoría de ellas están sumamente inclinadas y las familias que tienen uno de estos miembros con discapacidad, le niegan también la posibilidad y la oportunidad de desarrollarse mediante el estudio o el trabajo. En las leyes se establece la obligatoriedad que tienen los maestros de aceptar a niños con problemas con discapacidad para adecuarlos a la vida común de cualquier ser humano. De igual manera la Organización de las Naciones Unidas decretó hace poco que todos los niños y las niñas deben tener los mismos derechos y por lo tanto, los discapacitados deben integrarse a los centros educativos donde acuden los niños que regularmente realizan acciones importantes para tener un comportamiento normal. Si bien es cierto que en un gran número de personas que padecen la discapacidad desde el momento en que nacen, también debemos reconocer que una gran cantidad de adolescentes y adultos, tienen algún tipo de discapacidad ocasionada en los centros de trabajo, y que la mayoría de la cantidad de los accidentes que se presentan en los centros o lugares de trabajo, son provocados porque no se cumple con los requisitos y las normas en materia laboral. Y de esa forma se genera, se lastima la integridad física de los trabajadores, lo que a la larga se deriva en accidentes que ocasionan adicionalmente a la discapacidad la pérdida del trabajo. Los lugares de trabajo que tienen dentro de su planta laboral a personas con discapacidad, son lamentablemente muy pocos, ya que los empleadores no están dispuestos a adecuar sus espacios laborales de manera que permitan el desarrollo adecuado de una persona con discapacidad. No debemos negar la exclusión que se manifiesta si este grupo social que solo encuentra eco a sus demandas en el momento que se convierten en bandera de un movimiento político. Muchos de los ciudadanos que sufren alguna discapacidad muestran una gran fuerza moral y física que les permite alcanzar sus metas a pesar de saberse en desventaja. Por ello, compañeros, es nuestra obligación representarlos adecuadamente y hacer valer los derechos que les corresponden en los diferentes ámbitos de la vida tanto pública como privada. En razón de lo que aquí he señalado en esta exposición, me permito poner a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica en tres incisos el artículo 9o. de la Ley de Discapacitados. El artículo 9o. dice a su letra: Las personas con discapacidad tienen derecho al trabajo y la capacitación, términos de igualdad de oportunidades y equidad, para tales efectos las autoridades competentes establecerán entre otras las siguientes medidas: "Y yo añadiría en esta propuesta la fracción VII: Una persona que sufra algún tipo de discapacidad ocasionada por un accidente de trabajo tendrá garantizada su reincorporación al empleo, salvo los casos en donde la discapacidad sea mayor al 70 por ciento de sus facultades. En el inciso 8) añadiría: Todos los centros de trabajo tanto de instancias gubernamentales como privadas deberán destinar una cantidad de plazas laborales equivalente al 10 por ciento de su plantilla de trabajadores para personas con discapacidad, excepto aquellas actividades que presenten un alto grado de riesgo en el trabajo. Y e inciso 9) que se adhiere: Las empresas que cumplan con las disposiciones anteriores se harán acreedoras a estímulos fiscales preferentes por esta actitud. Transitorios. Se derogan las disposiciones que contravengan el presente ordenamiento. Es cuanto, ciudadano Presidente. Y gracias compañeras, gracias compañeros. (Aplausos)