La diputada Patricia Mercado Castro: Okey, gracias, presidente. En Movimiento Ciudadano hemos apostado por una estrategia distinta para enfrentar la inseguridad, una propuesta basada en fortalecer lo local, lo estatal y lo federal. Hace casi siete años advertimos en ambas Cámaras sobre el creciente involucramiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pues no corresponde con sus funciones en una democracia como la nuestra. En aquel momento no regateamos el apoyo a la propuesta presidencial para establecer una Guardia Nacional de carácter civil, tanto en el mando como en sus ordenamientos y criterios. Pensábamos que la Guardia Nacional podría construirse como una policía nacional para labores de prevención, auxilio a las autoridades de procuración de justicia y resguardo de instalaciones e infraestructura. Lamentablemente el camino de la militarización dejó los acuerdos a un lado del camino para entregar el control completo de las tareas de seguridad en las Fuerzas Armadas. Estas reformas van en contra del espíritu de la Constitución al considerar el uso de las Fuerzas Armadas de forma permanente antes del plazo de nueve años considerado por el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional de 2019. En una guerra interna o internacional, la lógica es el control efectivo del territorio y la eliminación de un enemigo. En la violencia que vivimos no existe un enemigo plenamente identificado, las redes de criminalidad se entremezclan con la población civil. Utilizar el poder de fuego contra la sociedad implica enormes riesgos, daños colaterales inaceptables y, sin duda, miles de víctimas inocentes. Lo han acreditado las organizaciones de la sociedad civil, se han dado advertencias fundadas en organismos de la ONU y del sistema interamericano. En México sigue habiendo desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias con participación de autoridades militares. También se ha señalado en diversos informes ciudadanos que involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas como el control migratorio, ha vulnerado especialmente a las mujeres que han sido afectadas por la violencia sexual además de los peligros que ya enfrenta. Hace 11 años se aprobó la reforma para restringir el fuero militar. Una reforma que siguió el mandato de la Corte Interamericana a partir del caso Radilla en lo que fue un gran logro de las organizaciones de la sociedad civil y las víctimas. Lamentablemente al ampliar el alcance de la jurisdicción militar hay un enorme incentivo para evitar que las violaciones a derechos humanos sean juzgados en procesos transparentes. El uso indiscriminado de las Fuerzas Armadas en tareas de prevención, investigación y persecución de los delitos abre la puerta para el empoderamiento de instituciones militares en detrimento del mando civil y de las funciones especializadas de órganos de justicia. Nos preocupa particularmente que la Guardia Nacional pueda realizar dos funciones: alertas sobre el espionaje y la obtención de información sin orden judicial. Esto deja indefensas a todas las personas frente a una institución centrada en la seguridad nacional, redita las peores prácticas del pasado en que los órganos militares se involucraban en persecuciones políticas. Las operaciones en cubiertas y de usuarios simulados par la investigación preventiva del delito es una medida que ya ha sido invalidada por parte de la Suprema Corte, pues cito: no se encuentra limitada a ciertos delitos ni se contempla el control judicial previo, lo que permite es su utilización arbitraria y puede vulnerar el derecho de la privacidad en las personas. Vamos a contracorriente de la evolución legislativa, que durante una década se centró en la construcción del sistema penal acusatorio, el acotamiento del foro militar, la Ley de Víctimas, la protección a personas defensoras y periodistas o a la reinserción social. En estas reformas la sociedad civil y las víctimas tuvieron un papel crucial. La presencia de las Fuerzas Armadas debe limitarse a situaciones extraordinarias, como lo han reiterado los organismos en el ámbito internacional. Hemos perdido la oportunidad para establecer controles efectivos de las instituciones civiles sobre las Fuerzas Armadas. Necesitamos una política de acuerdos y apoyo mutuo entre los órganos de gobierno, sobre todo en tareas de inteligencia y de prevención. Es posible, termino, presidente, encontrar un camino fuera de la lógica de guerra, un camino que amplie las libertades y derechos, que atienda la vulnerabilidad de las comunidades y ofrezca soluciones institucionales con transparencia y rendición de cuentas. Por esas razones es que Movimiento Ciudadano votaremos en contra de este dictamen. Muchas gracias.