EL C. DIPUTADO OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados: un elemento de gran impacto en la percepción de la calidad de vida de que disfruta un pueblo es la confianza que éste tiene en la rapidez y oportunidad con la que el gobierno atiende sus solicitudes de auxilio en caso de emergencia personal. La rapidez con la que se materializa la presencia de las instituciones públicas encargadas de prestar ayuda al ciudadano que ha sido víctima de la criminalidad, de la enfermedad o de diversos siniestros, es la expresión más convincente de la eficacia con la que el gobierno opera. La Ley General que establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispone, en su artículo 48, que el Consejo Nacional promoverá que la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios establezcan un servicio de comunicación que reciba los reportes de la comunidad sobre las emergencias, faltas y delitos que tenga conocimiento, servicio que tendrá comunicación directa con las instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás de asistencia pública y privadas. Bajo este esquema, en el 99 el Consejo Nacional de Seguridad Pública impulsó el despliegue de una red nacional de telecomunicaciones para lograr la articulación de las acciones y procesos de operación de las diversas autoridades del sistema nacional. Se crearon entonces los centros de control, comando, comunicaciones y cómputo, conocidos muy bien por todos ustedes en sus entidades federativas como los famosos C-4, con la infraestructura de telecomunicaciones necesaria para el intercambio de información entre los gobiernos federal, de las entidades federativas y de los municipios y sus respectivos sistemas de seguridad pública y procuración de justicia. Para su construcción y operación fueron puestos en marcha esquemas de inversión y financiamiento conjunto entre la Federación y las entidades federativas. El Consejo Nacional de Seguridad Pública creó, además, el servicio telefónico nacional de emergencia 066, que se presta a través del C-4 nacional, utilizando la más alta tecnología para la interconexión y operación real de todos los sistemas, bases de datos y redes de las instancias de seguridad pública en todo el país, dando cumplimiento a lo previsto por la ley en este rubro. A esta red de comunicación se han ido sumando los centros de comando, control, comunicaciones y cómputo de las entidades federativas para prestar este importante servicio a través de sus redes locales de telecomunicaciones, aunque en algunas ocasiones existan variaciones en los tres dígitos que se usan para identificarlo. El sistema telefónico nacional de emergencia es resultado de un esfuerzo tecnológico relevante y vanguardista que aprovecha la integridad de la red nacional de telecomunicaciones en materia de seguridad pública, permitiendo que la comunidad reporte emergencias, faltas y delitos de manera directa a las instituciones de seguridad y protección civil y que las instancias encargadas de atenderlas lo hagan de manera rápida y efectiva. El tener acceso a este servicio puede llegar a ser vital en muchas ocasiones. Los problemas sociales que enfrenta nuestro país como la delincuencia, la violencia, el maltrato de menores, así como las emergencias causadas por desastres naturales, accidentes o por la negligencia o descuido de los seres humanos, hacen imperativo que los mexicanos contemos con este número universal al cual podamos llamar en cualquier momento para solicitar servicios de emergencia. Para responder de manera rápida y efectiva a cada reporte se desplazan numerosos recursos humanos, materiales y son empleados cuantiosos recursos presupuestarios en la operación de los mismos. Pero el mecanismo de respuesta efectiva a las solicitudes de ayuda no reside solamente en la tecnología empleada para generarla. En gran medida el éxito de esa respuesta se encuentra en la capacidad y actitud de quienes laboran en las dependencias públicas para atender dichas emergencias. No obstante esto, hasta ahora la experiencia demuestra que estamos muy lejos de alcanzar el manejo adecuado y responsable de este tipo de servicios. Los actos de los menores de edad, jóvenes y adultos haciendo llamadas para dar alarma o avisos falsos y reportar información también falsa bloquean y desvían el desenvolvimiento eficiente de las dependencias en todo el país. Las estadísticas al respecto son contundentes. Por ejemplo, conforme a datos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la central de emergencias de la policía capitalina recibe al día seis mil llamadas. De ellas el 60 % son realizadas por niños y adolescentes que juegan o por personas que insultan a la policía y otras más corresponden a personas que marcan de manera equivocada. "De la cifra total diaria, sólo unas 1,600 llamadas son de las que efectivamente requieren auxilio y necesitan movilización de personal. De estas sólo unas 1,200 se concretan, y en el servicio para atenderlas participan los cuerpos policiacos o de emergencia pero en las otras 400 resultan ser falsas. "Por su parte la Procuraduría General de Justicia del distrito Federal informó que el servicio telefónico denominado "061" recibió entre el primero y 31 de julio del 2002, 28,378 llamadas, de las cuales 26,227 fueron bromas, insultos, no contestan, números equivocados 179 fueron llamadas falsas, dando un total de 26,406 llamadas, lo que deja sólo1,972 llamadas de emergencia. "En el caso de mi estado, el estado de Hidalgo, se reportó en diez meses de operación se han recibido 184,587 llamadas de las cuales 156 mil 55 son bromas o son insultos. De esta cifra las bromas representan un 85.98 %, o sea, 134,183 llamadas; los insultos: el 3.22 %, 5 mil 27 llamadas y los informes: el 10.79 %, 16,845 llamadas. Las llamadas reales atendidas informa Hidalgo, sólo han sido 14 mil 78 llamadas. "Cifras similares a estas se repiten como patrón en todas las ciudades y municipios del país que cuentan con números telefónicos para solicitar intervención de autoridades de seguridad pública en beneficio de la ciudadanía. "En la iniciativa que hoy presento aparecerán estas estadísticas en diversas latitudes de nuestro país para que ustedes, compañeras y compañeros diputados puedan consultarlas. "Sin duda alguna tan altos porcentajes de llamadas falsas representan un significativo gasto de recursos materiales, financieros, humanos de manera inútil. La movilización de un gran número de personas y equipo para atender un reporte falso, ocasiona que se dejen de atender verdaderas emergencias sobre todo en los lugares en que la disponibilidad de personal y recursos materiales es precaria, como acontece en la inmensa mayoría de los casos. "Estos gastos pueden varias de acuerdo a las condiciones económicas, geográficas, de infraestructura urbana y servicios con que cuenta cada municipio, estado o región del país. "Es claro que el uso irresponsable y doloso de cualquier sistema de atención ciudadana ocasiona el ejercicio ineficiente de los recursos del gobierno y puede tener trágicas consecuencias. "La necesidad de acudir con rapidez al lugar de un siniestro o en ayuda de cualquier persona, puede generar accidentes, crear situaciones aun más riesgosas para los elementos de seguridad pública, el personal de urgencias médicas o para la ciudadanía en general. "Es por esta situación que propongo establecer una sanción en el Código Penal Federal por esta afectación al servicio público que presentan las dependencias encargadas de la seguridad pública en el marco de los sistemas de emergencia telefónica de todo el país. "El propósito, tratar de inhibir la acción dolosa de quienes utilizan este servicio serio y profesional como una opción para hacer bromas, para hacer reportes falsos, agredir verbalmente a los operadores de los distintos sistemas telefónicos, la creación de una medida legal más contundente que las existentes hasta ahora en algunos ordenamientos que se justifica plenamente por los argumentos ya expresados. "Por un lado nuestro país necesita de una vez por todas, desarrollar una verdadera cultura de prevención y atención de riesgos que asocie instituciones, servicios, normas y conductas para una convivencia armónica de la sociedad. También se justifica la presencia legal de esta conducta como tipo en el código Penal Federal por la jerarquía y trascendencia de los diversos ámbitos de gobierno que se vinculan en el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública. "Y concluyo diciéndoles que en este orden de ideas proponemos adicionar un capítulo noveno al título décimo tercero del libro segundo el Código Penal Federal relativo a la falsedad para establecer una sanción económica o incluso privativa de libertad a quien realice llamadas a servicios telefónicos para reportar emergencias. Las sanciones se establecerán en los artículos que ya mencioné y podrán ser de 1 a 6 meses de prisión y de 50 a 300 días multa. Y en el caso de reincidencia las conductas señaladas se impondrán de 6 meses a 2 años de prisión y hasta 500 días multa" Pido a la mesa directiva turne esta iniciativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, Especial de Seguridad Pública y de Justicia. Es cuanto, señora Presidenta. Muchas gracias. (Aplausos) -