El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: primeramente deseamos aclarar el desconcierto causado de hace un par de semanas a la fecha por la orientación de nuestro voto. No hemos querido obstaculizar un proceso que el sector mismo nos ha pedido y en ello hemos cumplido. Desde la presidencia de la Comisión de Fomento Cooperativo y de Economía Social y en las tareas y funciones como legisladores, hemos insistido en relacionarnos, en conocer al sector, visitar a las entidades, sus asambleas, reuniones, etcétera. Lo hemos hecho como junta directiva de la Comisión y como diputados integrantes de la misma. Entre diversos puntos en cuanto al conocimiento de la Ley de Ahorro y Crédito Popular en particular, hemos encontrado fallas estructurales que, por tanto, hacen necesario ir a una reforma integral a fondo, de raíz. Esta opinión de ir a una reforma integral se ha planteado en diversos momentos, incluso percibo y veo el ánimo de que el sector mismo está en ello y nos han planteado el propósito fundamental de defender la autonomía del sector y sus intereses económicos y sociales fundamentales. Más sin embargo, y a pesar de que el sector es quien hace la propuesta que hoy nos ocupa, ella es, desde nuestro punto de vista, muy corta, muy limitada, por lo que necesitamos una reforma de mayor alcance. Apoyar la iniciativa en los términos en los que está significaría validar una concepción de la banca social y las finanzas populares que no compartimos. Al presentar este voto somos coherentes con la tradición histórica llamémosle asídel grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que, desde el 23 de abril del año 2001, cuando se aprobó por la Cámara de Diputados la Ley de Ahorro y Crédito Popular éste votó en contra. La demanda histórica ha sido contar con una regulación acorde a la naturaleza y fines del sujeto social del que estamos hablando. En este sentido, el mensaje es que no olvidemos el objetivo principal, es decir, una reforma integral de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Esta Ley puede caracterizarse como una ley extremadamente reguladora, corporativa; excesivamente costosa y mercantilista, elitista y por lo mismo discriminatoria, concentradora del poder en pocas manos y en algunos aspectos, anticonstitucional. La última reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular de la que estamos hablando, se concentra en ampliar seis meses más el periodo de transición y en establecer una serie de mecanismos para facilitar dicha transición. Estimamos que mientras no se lleve a cabo una reforma con profundidad, no será posible hacerlo viable y asequible a la mayoría de las entidades de ahorro y crédito popular. Las evidencias están en los mínimos resultados de estos cuatro años, demuestran que los términos en los que hoy se encuentra, resulta extremadamente difícil de cumplir para las entidades que vienen funcionando desde hace más de tres décadas e imposible para las de reciente y nueva creación, lo que conlleva la concentración y quasi monopolización del sector. Pareciera, desde nuestro punto de vista, una coartada legal para que se produzca la concentración de los recursos de las cajas populares y las cooperativas de ahorro y préstamo en manos del BANSEFI, preparando con ello su eventual expropiación y privatización ya anunciada a los medios de comunicación. Al BANSEFI tácitamente se le reconoce como el banco de las cajas. Institución que según el objeto establecido en su Ley Orgánica estaba destinado a apoyar el proceso de transición de las entidades de ahorro y crédito popular hacia la nueva ley, pero en la práctica ha venido haciendo una práctica desleal a las entidades que supuestamente debe de apoyar. Lo cuestionable es que ahora el BANSEFI se erige como la institución que deberá emitir la normatividad a la que se sujetarán las entidades en proceso de transición y vigilará a través de un consultor con experiencia en finanzas populares, la prestación de servicios de asesoría y capacitación que realicen las federaciones para facilitar dicha transición, según lo establece el artículo 4 transitorio en sus fracciones III y IV; hecho que en la práctica lo convierte en una autoridad ejecutiva con facultad para decidir quiénes sí podrán subirse a la ley de Ahorro y Crédito Popular y quiénes no. La subordinación de las entidades a las federaciones y de estas al BANSEFI, será una característica distintiva del nuevo panorama asociativo del sector en nuestro país, por lo que advertimos que de ahí a la privatización de las finanzas populares, mediante la venta a remate de BANSEFI, no hay más que un paso. Cumplir con una regulación equivalente e incluso superior al de las instituciones bancarias en un contexto de liberalización de los métodos y tecnologías de gestión en finanzas populares y sin incentivos, es simplemente esconder con argumentos tecnocráticos las verdaderas intenciones concentradoras y privatizadoras. Finalmente, hemos asumido un compromiso con el movimiento cooperativo del país en el sentido de luchar desde la trinchera legislativa por revertir el proceso de involución jurídica que viene desde hace 20 ó 25 años. Externamos nuestro voto en contra, pues reconociendo un avance en el camino de regular a las entidades de ahorro y crédito popular, no lo es de acuerdo a su naturaleza empresarial eminentemente social y sus fines solidarios y no lucrativos. Compañeras y compañeros diputados: Retomemos el tema de fondo, construyamos una verdadera reforma integral que la transforme en un instrumento jurídico de fomento, de regulación y supervisión prudencial que no ahogue en la burocracia este tipo de empresas sociales, que la confianza y el reconocimiento a los aportes socales y económicos de las cooperativas y de las cajas de ahorro y préstamo, sean lo que oriente nuestra labor legislativa, ya no más la desconfianza, la sospecha o la falta de respeto a este noble sector social. Es cuanto, señor Presidente.