El diputado David Mendoza Arellano: Gracias, señora Presidenta, con su permiso. Diputadas y diputados. Vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley que permita dar cauce a uno de los reclamos más insistentes de la clase trabajadora en nuestro país, el establecimiento de un seguro de desempleo. Esa demanda recurrente de los trabajadores se ha venido postergando año con año bajo el argumento de la insuficiencia de recursos para su viabilidad; sin embargo, hoy vengo a plantear a esta soberanía que sí es posible instrumentar un seguro de desempleo, sin afectar con esto las finanzas públicas de nuestro país. La iniciativa que presento fue elaborada pensando, sobre todo, en las familias jóvenes, porque resulta verdaderamente lamentable que las personas que forman parte de la población en edad productiva, aquellos que están en la plenitud de su vida y que tienen toda su fuerza y su inteligencia para generar desarrollo en nuestro país sean despojados de su capacidad para crear. Aunado a esto, recordemos que las personas económicamente activas son también jefes y jefas de familia, que tienen la responsabilidad de dirigir millones de vidas humanas y que además, son el futuro de nuestro país. En sus manos está gran parte de nuestro destino y consideramos como nuestro deber y obligación protegerlos. Como ustedes saben, en nuestra sociedad la inmensa mayoría de las personas viven de su trabajo. Por ello, los ingresos económicos que se perciben por este concepto son la única o principal fuente de recursos para la subsistencia del trabajo y su familia. Como es natural, la pérdida de este ingreso pone en grave crisis la sobrevivencia de éstos y arrastra un caudal de secuelas que se refleja en la desintegración familiar, las enfermedades, la deserción escolar, la baja autoestima del individuo y otros trastornos que descomponen el tejido social y también afectan el mercado interno. El impacto del desempleo en una economía en recesión, como la nuestra, es mucho más grave que el de las economías en expansión, debido a que el individuo debe de atravesar un proceso largo y tortuoso para lograr reemplearse. El desempleo masivo que acarrea la crisis económica, como en el caso de México, debe considerarse como un problema de Estado. Por lo cual, es necesario implementar urgentemente todos los instrumentos posibles para poder amortiguar al máximo los efectos negativos en contra del individuo y de la sociedad. En nuestro país el desempleo constituye una verdadera emergencia nacional, como lo demuestra la cifra de 15 millones de personas que forman parte del desempleo acumulado. En muchos países del mundo se han implementado medidas exitosas para respaldar a los trabajadores que se quedan desempleados. Tal es el caso de la implementación del seguro de desempleo, cuyo financiamiento está a cargo en algunos casos de los trabajadores, en otros a cargo de los patrones y finalmente hay otros casos en los que participan conjuntamente en el financiamiento los propios trabajadores, las empresas y el Estado. En la iniciativa de ley que hoy presentamos ante esta tribuna se plantea un mecanismo para instrumentar un seguro de desempleo que opere como un fondo de administración y aportación tripartita, para lo cual se propone crear el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo como un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el cual se encargará de aplicar esta ley y concretamente de administrar las cuentas individuales de desempleo de los trabajadores, pudiendo apoyarse en los gobiernos estatales mediante la celebración de convenios. Se plantea que el Fondo Nacional del Seguro de Desempleo opere con una junta de gobierno integrada de manera tripartita; sería presidida anualmente y de manera alterna. Además se integrarían con voz y voto dos especialistas en la materia con el grado de doctor y pertenecientes a instituciones nacionales de educación superior. En ambos casos mediante convocatoria expedida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. El Consejo de Vigilancia del Fondo Nacional del Seguro de Desempleo se integrará también de manera tripartita y sería presidido de manera alterna por períodos anuales. Además se integrarían dos representantes de organizaciones no gubernamentales, especialistas en el tema mediante convocatoria expedida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El Fondo Nacional de Seguro del Desempleo deberá impulsar con recursos presupuestales programas de becas de estudio para los hijos de los beneficiarios, con el Seguro de Desempleo, debiendo ser preferidos los menores de 16 años y previo estudio socioeconómico que justifique la necesidad de la beca. El Fondo Nacional del Seguro de Desempleo deberá coordinarse con el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, así como con el Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores y demás institutos e instituciones públicas que otorguen crédito para la vivienda de interés social, con el objeto de que apliquen un porcentaje de sus créditos a los trabajadores desempleados, sujetos a montos de amortización en concordancia con el ingreso personal o familiar del beneficiario. Como lo he señalado anteriormente, las aportaciones del fondo serían tripartitas; estarían obligados a realizar aportaciones tanto el gobierno federal como los trabajadores y los patrones. El gobierno federal deberá aportar por cada trabajador y día de salario devengado al Fondo Nacional del Seguro de Desempleo la cantidad de cinco por ciento sobre el salario de cotización previsto en la Ley del Seguro Social. Los patrones deberán efectuar aportaciones al fondo Nacional del Seguro de Desempleo por un monto de 2.5 por ciento sobre el salario del trabajador, así como retener y enterar las aportaciones de los trabajadores a este fondo por una cuantía de 1.5 por ciento de su salario. Estas aportaciones se depositarán en la cuenta individual que se abrirá a favor de cada trabajador y que sería administrada por el fondo. Para que los trabajadores tengan derecho a las prestaciones por desempleo deberán cubrir los siguientes requisitos: encontrarse en situación legal de desempleo y estar disponible para ocupar un puesto de trabajo adecuado; haber cotizado al Fondo Nacional de Seguros de Desempleo durante un período mínimo de 12 meses durante los tres años anteriores al cese de la relación de trabajo que dio lugar a la situación legal de desempleo. Los trabajadores eventuales y los independientes, incluidos los informales, deberán haber cotizado un mínimo de 100 días durante los 12 meses anteriores al cese de la relación que originó el desempleo. No percibir beneficios provisionales o prestaciones no contributivas; solicitar el otorgamiento de la prestación en los plazos y formas que corresponden. El tiempo total de prestación estará en relación al período de cotización dentro de los tres años anteriores a la conclusión del contrato o relación de trabajo que dio origen a la situación legal del desempleo. Quienes coticen de 12 a 23 meses podrán gozar durante cuatro meses de las prestaciones; quienes coticen de 24 a 35 podrán gozar durante ocho meses de las prestaciones y quienes coticen de 36 meses en adelante podrán gozar durante 12 meses de las prestaciones. Todo lo anterior es, diputadas y diputados, una síntesis del contenido de la iniciativa que se ha publicado en la Gaceta y yo los invito a que revisemos esta propuesta con detenimiento, a que tengamos una visión a largo plazo y que seamos capaces de plantear un futuro exitoso para una importante parte de la clase productiva de este país. Por su atención, muchas gracias.