La diputada Martha Elena García Gómez: Con su venia, diputado presidente. Vengo a esta tribuna a presentar esta iniciativa con la finalidad de generar certidumbre jurídica en la aplicación correcta de la norma y ante la redacción actual del artículo tercero transitorio se propone la presente reforma para determinar bajo qué criterio se debe operar el régimen de responsabilidades administrativas. Tratándose de los asuntos que habrán de iniciarse por los hechos o conductas contrarias a la ley, cometidos por servidores públicos o particulares antes de la vigencia de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. La corrupción y la impunidad que desde hace décadas prevalece en las instituciones públicas del país, constituye un problema grave que enfrentamos todos los mexicanos. En ese sentido, como resultado de los esfuerzos políticos y legislativos para configurar un marco jurídico nacional sólido en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción, el día 27 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto en el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre autoridades de todos los órdenes de gobierno. En atención a lo dispuesto por la Carta Magna, el 18 de julio del año 2016 se publicó un paquete de leyes y reformas al marco legal dentro de lo que destaca la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuya vigencia comenzó a partir del día 19 de julio de 2017, la cual establece un nuevo régimen sancionador en la materia a nivel nacional. El decreto por el que se expidió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, estableció en su artículo tercero transitorio la temporalidad de un año para su entrada en vigor, esto es a partir del día 19 de julio del 2017, teniendo como consecuencia la pérdida de la vigencia de la legislación en materia de responsabilidades administrativas en el ámbito federal y de las entidades federativas, con excepción de ciertas salvedades específicas. El párrafo cuarto del artículo tercero transitorio establece claramente que los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, es decir, antes del 19 de julio del 2017, deberán ser concluidos conforme a las leyes vigentes al momento de su inicio. No obstante, falta señalar o precisar cuál debería de ser la norma aplicable a las conductas, actos u omisiones constitutivos de probables faltas administrativas o hechos de corrupción suscitados antes del día 19 de julio de 2017. Bajo ese razonamiento, la iniciativa materia de estudio tiene por objeto precisar el alcance de la ultra actividad de la ley prevista en el artículo transitorio multicitado, a efecto de otorgar certidumbre jurídica para quienes, desde las Secretarías y los órganos internos de control, estén en condición de aplicar la normatividad vigente al momento en que ocurrieron los hechos o se realizaron las conductas susceptibles de sancionar, y no se corra el riesgo de que queden en la impunidad lacerando gravemente con ello el sistema de impartición de justicia en materia administrativa y penal, así como las instituciones de los sistemas nacional y locales anticorrupción. Así pues, se establece que las disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus homólogas de las entidades federativas, entren en vigencia, en vigor de la presente ley, seguirán aplicándose por los hechos y conductas realizadas durante su vigencia. Agradezco su atención y solicito al Presidente de la Mesa que el texto íntegro de estas iniciativas se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.