El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia. Las reservas que presento son a cuatro artículos pero haré todas en una sola exhibición. La reserva al artículo 2 es para adicionar un segundo párrafo, a fin de evitar procedimientos consistentes en aprobar de manera unilateral por la Secretaría de Hacienda el incremento del presupuesto destinado a comunicación social, sin el conocimiento, y desde luego, sin la aprobación de esta Cámara de Diputados. La reserva al artículo 7 es para que dicha ley sea aplicable a cualquier campaña de comunicación social con recursos públicos que sea transmitida en territorio nacional, toda vez que la redacción actual va más allá de la jurisdicción que el Estado mexicano contempla que se pueden hacer campañas en el extranjero. La reserva al artículo 18 es para eliminar de su redacción que los entes públicos federales puedan destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales. La reserva al artículo 45 es para adicionar un segundo párrafo a fin de otorgar mayor celeridad a la investigación de los posibles casos de violación a la presente ley, con el objetivo de avanzar de manera inmediata en el pronto esclarecimiento, además de contemplar el resarcimiento del daño y la rendición de cuentas. Es lamentable que los principios que deben regir las políticas de comunicación social de los tres órdenes de gobierno que el carácter institucional, que debe animar a dicha comunicación social en contraposición al uso personal de la publicidad oficial, y que los fines informativos educativos en orientación social que se deben perseguir no se cumplan ni sean previstos en este ordenamiento. En Movimiento Ciudadano estamos a favor de que se regule la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación, porque estamos ciertos de que es una necesidad apremiante para evitar el derroche de recursos públicos, que pueden ir destinados a atender a demandas más sentidas de la población y para evitar la inequidad en las contiendas electorales. Basta señalar que tan solo en los primeros 4 años de su gobierno el presidente Peña Nieto gastó 36 mil millones de pesos en publicidad oficial, cifra que representa 71 por ciento más de lo que le aprobó esta Cámara de Diputados. Ya se olvidó de que la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 21 mil millones para publicidad oficial. A pesar de ello, el gobierno federal rebasó esa cifra por un monto de 15 mil millones de pesos adicionales. Se ha venido gastando aproximadamente 24 millones de pesos al día, es decir, más de un millón de pesos por hora en medios para expresar supuestos logros que en su mayoría no existen. Es necesario dejar constancia de que nuestro grupo parlamentario presentó en tiempo y forma una iniciativa para limitar el gasto del gobierno en comunicación social, lo cual es lamentable que no se haya retomado estas propuestas sensibles e importantísimas, en este dictamen que se nos presenta hoy. Movimiento Ciudadano propuso topes al gasto en comunicación social de los gobiernos federal, estatal y municipal, en función de sus respectivos presupuestos. Este dictamen no lo hace. Movimiento Ciudadano planteó que ningún ente público pueda destinar más del 10 por ciento de su presupuesto en comunicación social en un solo medio de comunicación. Este dictamen no establece ninguna restricción o límite al respecto. Movimiento Ciudadano propuso que una instancia colegiada y autónoma denominada Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Gubernamental diera seguimiento al gasto en comunicación social. Esta propuesta de ley opta porque sea la Secretaría de Gobernación y sus símiles a nivel estatal las que administren y den seguimiento al gasto en comunicación social, para que así se influya en la definición de los medios de comunicación contratados. Como dijo mi coordinador, es la Iglesia en manos de Lutero. Movimiento Ciudadano planteó sanciones que van desde la imposición de multas, pasando por la inhabilitación de los servidores públicos que infrinjan la ley, hasta llegar a la imputación del delito de peculado para que el servidor público que utilice recursos con fines de publicidad personalizada, este dictamen no establece esas sanciones. Movimiento Ciudadano propuso no aumentar el gasto de comunicación social en año electoral. Esta propuesta tampoco lo contempla. Esta ley, solo propicia que la política de gasto en comunicación social, canalice los recursos fiscales hacia medios afines a las posiciones del gobierno y restrinja a los medios críticos. Se trata de imponer un efecto silenciador. El dictamen presenta una clara ausencia de vocación democrática. Asfixia los puntos de vista disidentes y no fomenta el debate robusto que debe existir en una democracia sobre asuntos de interés público. Hoy se manda un mal mensaje desde esta Cámara. De nueva cuenta se le arrodilla a los chantajes de unas empresas que no solo ponen presidentes, gobernadores o legisladores, sino que son determinantes entre lo que se informa y lo que se oculta. Vivimos en el imperio de la mediocracia. Por eso termino señalando y dejando constancia de que la libertad de expresión se verá afectada por la ausencia de reglas claras sobre ese tipo de gasto. Es cuanto, señor presidente.