El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Con su venia, señor presidente; compañeros diputados, compañeras diputadas. Hemos estado a partir de ayer analizando, discutiendo todo lo referente a la reforma energética que nosotros, en lo particular, creemos que es una contrarreforma que va en detrimento de las mexicanas y los mexicanos, de los derechos laborales, del campo, de la tierra, de la propiedad de la nación, de la soberanía nacional; que va en contra de la soberanía energética; que van a aumentar los costos de la luz, de la gasolina, del gas. Debemos ir también tomando acuerdos para organizar el debate. No puede ser un debate desgastante, inhumano en el que estemos horas y horas en esta Cámara sin que la gente, sin que los ciudadanos puedan confrontar las dos posiciones, la que maneja la derecha: el PRI, PAN, verde y Panal, y la que manejamos la izquierda: PRD, MC y PT. La reforma energética en su conjunto es una reforma propia del siglo XX, cuando el dogma de Estado mínimo y mercado máximo dominó las políticas públicas del mundo. Es una modernización que paradójicamente mira hacia el pasado, que no le interesa el desarrollo nacional con justicia y que se centra en los negocios y las ganancias. Es una reforma que dañará a todos los mexicanos y las mexicanas con el incremento de precios que generará. Por ello presento, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD, esta moción suspensiva. Se equivocan los diputados del PRI cuando afirman que esta reforma es el nuevo modelo mexicano de viabilidad energética para el desarrollo nacional en el siglo XXI. México no necesita una reforma modernizadora del siglo XX; México necesita una reforma energética innovadora de cara al siglo XXI. Esa sería una reforma de mayor complejidad que exigiría afrontar con seriedad el reto de convertirnos en una nación desarrollada, con soberanía y seguridad energética y capaz de garantizar empleos e ingresos suficientes para elevar el bienestar material y cultural de todos y todas, y no sólo para la elite de privilegiados. El desmantelamiento de la industria eléctrica que están proponiendo crea, por mandato de ley, más burocracia y más organismos intermedios, con una visión vetusta al puro estilo tradicional del viejo PRI en alianza con el PAN, con el verde y con el Panal. Prueba de ello es la creación del Cenace, el cual será un organismo público descentralizado, cuyos funcionarios serán designados al libre arbitrio del Ejecutivo federal. Hoy lo que se pretende es la desregulación de un sector fundamental para el desarrollo económico del país y sobre todo para el bienestar de los que menos tienen. Hoy con esta propuesta el servicio básico, el que llegará a las familias mexicanas, los obligará a pagar los costos del mercado, desaparecerán los subsidios en el consumo domiciliario y sólo por algún tiempo se mantendrá para aquellas zonas marginadas a las que se les organizó un fondo que financiará los subsidios. Este fondo se alimentará dice la ley con los ahorros de las pérdidas técnicas y con donativos. Sin embargo, no tienen bases para demostrar técnicamente que dicho fondo, el Fondo del Servicio Universal alcanzará para tal fin; por el contrario, aumentarán las tarifas porque ahora los pobres de este país dependerán sólo de donativos. Nos enfrentamos, pues, a una propuesta que destruye el esfuerzo de todas las mexicanas y de todos los mexicanos, que sustituye la función social de la Comisión Federal de Electricidad por un modelo de negocios especulativos con elevados costos económicos, tal y como se ha comprobado en todos los países en los que se ha instrumentado. Este modelo que elimina la rectoría del Estado, la privatización silenciosa que se promueven, conduce inevitablemente a la fragmentación del sistema. El Ejecutivo propone mediante el principio de la estricta separación legal que la CFE permanezca, pero sólo para quedar dividida en distintas empresas subsidiarias o filiales que actúan de manera independiente, entre ellas. Miren, ayer el argumento era que había que cambiar el modelo institucional de Pemex, que éste no servía, que permitía la corrupción y que ya era muy obsoleto este sistema, pero bueno, se lo quitan a Pemex, lo modernizan y se lo pasan a la CFE ese viejo sistema. Qué argumentos para uno y para otro. La idea es establecer murallas, separación contable y legal y otros mecanismos que prohíban el flujo de información, entre ellas elimina el modelo estatal de aprovechamientos de las economías de escala para abaratar los costos de producción y, por tanto, las tarifas eléctricas, peor aún lo hace sin asegurarle nada a las y los mexicanos o que los beneficios que pregonan no tienen fecha cierta y mucho menos sustento legal. Concluyo, presidente, en síntesis, por lo que nos oponemos al presente dictamen es porque en su contenido no se garantiza la seguridad energética del país. No fomenta el potencial de todos los sectores productivos, no se mejora la calidad de los servicios, México pierde el control de la distribución y la regulación de la energía eléctrica. No se garantiza que habrá competencia equitativa y, por supuesto, no van a bajar las tarifas de la luz, de la gasolina y el gas como sus spot han ofrecido. Muchas gracias, presidente.