El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: Con su permiso, presidenta. La reforma constitucional que debatimos este día representa un retroceso en la interpretación del actuar del orden, de los distintos órdenes competenciales en materia de seguridad. En primer término, habla en diversos momentos, la redacción del dictamen que estamos discutiendo hoy, de seguridad pública, entendiendo esta como la acción de llevar a cabo la estrategia de protección de la sociedad, sin embargo, no hace referencia detallada de los diversos conceptos que un régimen de seguridad debe contener, para que el gobierno cumpla diversos frentes de acción. Es decir, no hay un plan nacional, como ya se ha dicho muchas veces aquí, que ponga de manifiesto la labor integral del Estado mexicano en la materia. Conceptos fundamentales faltan en esta reforma y han faltado en la argumentación, conceptos como seguridad nacional, como seguridad interior, como seguridad pública y como seguridad ciudadana. Esto va más allá de una denominación de acciones, representan un actuar ordenado, organizado, de manera competencial de las diversas fuerzas de seguridad de los distintos órdenes de gobierno. La seguridad nacional le corresponde brindar en plenitud de facultades a nuestras Fuerzas Armadas, compuestas por Ejército Mexicano y la Marina Armada de México. Cuidar nuestra soberanía es la tarea prioritaria, sin embargo, en el dictamen que nos ocupa refieren acciones de seguridad pública mezcladas con la facultad constitucional de defensa de nuestra soberanía, lo que pone de manifiesto un grave error de visión sobre lo que representa trabajar en beneficio de la seguridad nacional y, en consecuencia, al momento de actuar se pone en riesgo al Ejército, por el señalamiento de violación de derechos humanos, lo cual afecta su imagen y complica la aplicación de la ley. El dictamen no habla con claridad de los temas de seguridad interior, que se deberán atender, solo señala la obligación de realizar en 180 días las reformas a la ley reglamentaria que en la materia se requieren. La seguridad interior representa la acción de defensa de las instituciones, su integridad y el buen desenvolvimiento para lograr el orden y la paz, que es la premisa. Combatir el crimen organizado es una de las tareas, porque hay regiones en el país donde el crimen organizado controla a gobiernos municipales, evitan la acción del gobierno y vulneran las ciudades. Esto es una incongruencia que exhibe de nuevo a la mayoría, porque hoy quieren que legislemos en temas de seguridad interior, cuando en el pasado votaron, en el 2017, en contra de crear esta legislación que precisara las labores del Ejército y las Fuerzas Armadas civiles en la materia. La seguridad pública es un instrumento del Estado que consiste en brindar acciones a las personas de protección, a los integrantes de una comunidad y compete esto a las autoridades locales, salvaguardar a la sociedad de los delitos del orden común y lograr una convivencia armónica. La seguridad ciudadana les compete a las autoridades municipales, que tienen que llevar a cabo esta tarea. Pero, esta reforma no conceptualiza nada de esto, no conceptualiza la acción de trabajar en beneficio ni de la seguridad interior ni la seguridad nacional ni la seguridad pública ni la seguridad ciudadana. Esta reforma no deja la posibilidad de poder definir con claridad qué hace cada quien y esto en el acto, ya cuando se va a ejecutar, pone en riesgo los procedimientos, porque esto hace que un delincuente al no tener claras las facultades pueda salir en libertad por violación de sus derechos humanos, porque no hay claridad conceptual que es legitimidad jurídica a la acción de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, la seguridad es una mesa de cuatro patas. Por una parte, está la pata de la prevención, la otra la investigación de los delitos, la otra la administración de justicia y la otra los centros penitenciarios. En estos cuatro rubros el gobierno de la República en estos seis años ha quedado a deber, porque dejó de invertir en la prevención al eliminar el Fortaseg, dejó de invertir en la investigación porque quitó el Fondo de Aportaciones a la Seguridad Pública, dejó de invertir en la administración de justicia porque hoy quieren electorizar la elección de los jueces, ministros y magistrados. Y de los Ceresos ya ni hablemos, porque hay hacinamiento en los centros penitenciarios de reos del fuero federal. No hay una estrategia integral de materia de combate a la seguridad. No hay integralidad en la propuesta que hoy nos están presentando. Les diría, amigas y amigos, trabajar de manera integral en la seguridad sí se puede. Se puede hacer y se puede hacer bien. Yo soy del estado de Chihuahua, fui diputado local, presidente de la Comisión de Seguridad Pública cuando los balazos estaban un día sí y otro también en el estado. Y logramos disminuir la inseguridad con reformas, con la Ley de Cultura y Legalidad, certificando los Ceresos, estableciendo penalidades altas y poder tener una coordinación institucional con los otros órdenes de gobierno para garantizar la paz y la tranquilidad. Diría y concluiría diciéndoles, y lo diría un amigo mío, expresidente municipal de Ciudad Juárez, que en paz descanse, Teto Murguía, diría: Nos dejaron actuar en aquel tiempo, dejaron de meter la mano los otros órdenes del gobierno, el ejército y la policía federal, logramos coordinación y logramos mantener la paz. Le pido a la mayoría que no sea irracional y que le pueda mover algunas comas, algunos puntos al dictamen para poder garantizar la seguridad de los mexicanos. Militarizar no es la solución, meter al Ejército no es la solución al problema de inseguridad que estamos viviendo en el país. Por eso en el PRI decimos que no a esta reforma. Muchas gracias, es cuanto.