La diputada Elizabeth Pérez Valdez: Con la venia de la Presidencia. México se encuentra sumido en una crisis humanitaria sin precedentes. De diciembre de 2018 a septiembre de 2021 se han contabilizado más de 100 mil 300 víctimas que perdieron la vida de manera violenta en nuestro país. De ellas, 99 mil 569 son homicidios y se cuentan más de 2 mil 800 feminicidios, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos son sus datos. En esta situación el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal ha reconocido que existen más de 94 mil víctimas de desaparición forzada, y en el contexto de la visita del Comité para la Desaparición Forzada de la ONU, señalo que este fenómeno se presentó por primera vez en México en el contexto de la guerra sucia y se agravó durante la guerra contra el narcotráfico a partir de 2006. Esta iniciativa pretende, en consecuencia, atender el problema de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, desde una perspectiva de derechos humanos y apegada a los mecanismos internacionalmente reconocidos de justicia transicional. El Grupo Parlamentario del PRD ha apostado históricamente por la implementación de políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. El Estado mexicano ha olvidado su compromiso con los derechos humanos y la justicia social, para convertirse en una agrupación de intereses siniestros, funcionarios corruptos y por desgracia la delincuencia organizada, que no obstante los ofrecimientos del presidente, únicamente han cambiado de color y no de esencia. Desde el 25 de octubre de 2013, el Informe Preliminar del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal, del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas hizo diversas recomendaciones al Estado mexicano, que no han sido atendidas, y es por ello que hoy se encuentran en nuestro país. No vienen a turistear, vienen a trabajar, y vienen a trabajar sobre la desaparición de personas en nuestro país. Tres sucesos han marcado la cotidianeidad de las y los mexicanos: Tlatlaya, Ayotzinapa y Sonora cimbraron al país y al mundo mismo. Las cifras de homicidios dolosos, así como las de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias sobrepasaron a las instituciones gubernamentales, de tal manera que al día de hoy no tenemos una cifra exacta de las personas que han sido víctimas de estos delitos. En lo que va del sexenio las contradicciones entre las propias instituciones de gobierno no permiten tener un panorama claro respecto a la situación de violencia que vive nuestro país, evidenciando la falta de compromiso gubernamental con los derechos humanos. Esta situación se ve agravada por los intentos regresivos que en materia de justicia penal han sido promovidos por supuestamente el autónomo fiscal general de la República, a quien hemos citado desde Jucopo para que venga a comparecer a este pleno y no hemos tenido aún respuesta del fiscal para que haga lo conducente de conformidad a su compromiso constitucional. No es una invitación es una total y absoluta condición que tiene que cumplir el fiscal, venir a comparecer a este pleno y es momento que no lo ha hecho. La agenda de justicia transicional elaborada por el CIDE indica que esta busca dilucidar los hechos y contextos en los que ocurre la violencia, combatir la impunidad, resarcir a las víctimas por el daño sufrido e impedir la repetición de los eventos que lo ocasionaron con miras a la consolidación de una democracia constitucional. Los cuatro pilares que constituyen el canon de la justicia transicional son verdad, justicia, reparación y no repetición en donde las comisiones de la verdad resultan sumamente relevantes e importantes en el ejercicio de su labor. Como parte de las características indispensables de las comisiones, el CIDE establece que uno de los fundamentales lo constituye el mecanismo de selección de los integrantes de la comisión, estos suelen ser órganos colegiados en los que participan personas expertas, independientes, con reconocidas capacidades técnicas o políticas y amplia legitimación social, de la misma forma las comisiones deben contar con el personal técnico necesario para desempeñar su valioso mandato. Es por ello, que sostenemos que por el bien de la república y por una buena y pronta respuesta extraordinaria y urgente la penitencia y la importancia para la creación de una comisión de la verdad que coadyuve con las autoridades competentes tanto federales como locales, para esclarecer los hechos, determinar las responsabilidades y construir un esquema de protección a las víctimas y restitución de derecho en todos aquellos casos en los que los agentes del Estado hayan participado en la comisión de los delitos relacionados con desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales arbitrarias o sumarias con la finalidad única de garantizar el derecho de acceso a la justicia, el derecho a la verdad y a la no repetición del daño como parte de un inicio de un proceso de conciliación y reconciliación nacional que permita alcanzar la paz, dado que la sociedad en este momento no se siente protegida por el Estado. Son las propias autoridades las que incurren o propician actos violatorios de los derechos de las personas, de las instituciones, que frente a la penetración del crimen organizado han sido omisas, negligentes, impotentes y todos aquellos catálogos que pudiéramos hacer, que son malas autoridades. Son totalmente indiferentes, en suma, en garantizar los derechos humanos de las personas. La Comisión de la Verdad instrumenta la restitución de derechos, como la que proponemos, se basa en los modelos de otras comisiones similares que han operado en diferentes países del mundo. Esta Comisión tiene el objetivo de esclarecer lo ocurrido en un periodo determinado, a partir de emitir recomendaciones a las autoridades competentes, esperando que estas sí se cumplan, para que en el ámbito de sus atribuciones finquen las responsabilidades a que haya lugar y perseveren, en todo caso, las pruebas y soliciten la restitución de derechos de las víctimas directas, indirectas o potenciales de desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias o sumarias, reconocidas en las normas internacionales de los derechos humanos. En la iniciativa que hoy se presenta, la Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias en el periodo de 2006-2020, tiene por objeto la investigación, el estudio, el análisis, la aportación de elementos históricos, políticos y jurídicos para determinar si los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México constituyen delitos de lesa humanidad. En términos de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, esta Comisión gozará con autonomía plena en el ejercicio de sus tareas y podrán requerir a las autoridades toda aquella información que pueda serle de utilidad, resguardando aquella que de acuerdo a la ley se considere reservada o confidencial. Asimismo, la Comisión de la Verdad podría solicitar a las autoridades competentes las medidas de protección a las víctimas, cuando así lo considere necesario. Para cumplir con su objeto, la Comisión de la Verdad gozará de 60 meses calendario y se encontrará integrada por cinco personas designadas por el pleno de esta Cámara de Diputados y Diputadas, a propuesta de las organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que ellas son quienes de manera pronta y expedita sí participan en la construcción de todos los hechos de verdad que nos puedan llevar a esclarecer los delitos de lesa humanidad. El mandato de esta Comisión podría ser prorrogable a otros 60 meses si así lo solicita la mayoría de sus integrantes y lo aprueba el pleno de esta Cámara. Serán invitados permanentes a las sesiones de la Comisión de la Verdad, la o el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, esperando que haga caso a lo que esta Comisión de la Verdad le pudiera aportar para el ejercicio de sus funciones y deje de ser omisa, como lo ha sido hasta este momento. Un representante de la Cámara de Diputados y Diputadas y uno de la de los y las senadores, un representante del Poder Ejecutivo federal y un representante del Poder Judicial de la Federación, quienes contarán con derecho a voz, pero sin voto, para no viciar el ejercicio de la propia Comisión de la Verdad. Asimismo, se solicitará la coadyuvancia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para lo cual el gobierno federal deberá suscribir los convenios que resulten necesarios. En el Grupo Parlamentario del PRD refrendamos nuestro compromiso con las víctimas, para lo cual realizaremos los esfuerzos que resulten necesarios y congruentes con nuestra historia, para asegurarles el derecho de acceso a la verdad y a la justicia. Nunca más un Tlatlaya. Nunca más un Ayotzinapa. Nunca más un Sonora. Nunca más El Charco. Muchas gracias. Buenas tardes.