La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Cada legislatura, Movimiento Ciudadano ha presentado como iniciativa propia, un proyecto de Código de Procedimientos Penales. Y por supuesto que estamos a favor del cambio del Sistema de Justicia Penal en nuestro país, por eso votamos a favor de la reforma constitucional para poder legislar en materia procesal penal nacional. Y también es cierto, que en el Senado este Código se preparó y analizó por casi un año, pero fue por los senadores, y aunque muchos de ustedes, diputados, conocen las deficiencias del propio código ni aun así lo permiten corregir. No se permitió incorporar nada de las iniciativas ya presentadas en esta Cámara por diputadas y diputados, inclusive de sus propios partidos. De Cámara revisora no tenemos nada, y sin embargo, hemos escuchado de las bondades que este Código de Procedimientos Penales plantea. No las volveré a repetir, porque muy poco se ha dicho de las consecuencias que podría tener para los ciudadanos su aplicación. Por qué no hablar de las diversas irregularidades en la fase de investigación. Lo cual generará grandes violaciones a los derechos humanos. Es decir, no contamos aun con instituciones de seguridad pública confiables que puedan llevar a cabo las labores de investigación de forma eficiente y profesional. Por eso nos sigue preocupando que el objeto de investigación sea lo más débil dentro del proceso penal y que siga enviciando el proceso en general. Porque es un código que no regula la conducta de la policía. Podemos asegurar que seguiremos presenciando pocas investigaciones y mucha ineptitud. Poca capacidad para interrogar y veremos muchos testigos falsos. Seguiremos viendo la fabricación de culpables, seguirá habiendo testigos identificando a sospechosos sin los controles adecuados, o policía sin saber cómo debe interrogarse a personas sospechosas. Normas que de señalarse en este Código combatirían la tortura y la corrupción. En el Código se establece que el Ministerio Público simplemente enuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido. Es decir, que el juez no tendría que verificar los datos que obran en la carpeta de investigación, pues el Ministerio Público solo tiene obligación de enunciarlos. La definición que aporta el Código por datos y que se refiere a los datos de prueba es tan confusa y ambigua que precisamente no otorga certeza ni seguridad jurídica al gobernado. Adicionalmente, la persona aprehendida y que se le impute alguno de los delitos del amplio catálogo previsto en el Código, por los que amerita prisión preventiva oficiosa, pasará varios meses, por decir lo menos, antes de que logre probar su inocencia, a pesar de que en la letra de la ley diga que se presume la misma. Es un Código que no promueve la transparencia de los procesos judiciales porque no permite la videograbación de interrogatorios policiales y prohíbe la cobertura televisiva de juicios. Más que algo negativo, los medios de comunicación podrían incitar un buen comportamiento por parte de la policía, de los abogados y jueces. La prohibición absoluta de cámaras es contraria al artículo 6o. constitucional. Consideramos grave que como alternativa a la prisión preventiva, el juez pueda embargar los bienes del acusado, inmovilizar sus cuentas bancarias, prohibirle que salga del país o que acuda a lugares determinados. Ordenarle que suspenda el ejercicio de su actividad profesional u obligarlo a portar un localizador electrónico. Que alguien me explique que esto no es violatorio de los derechos humanos. La disposición que ordena la prisión preventiva oficiosa no solo es una excepción al principio de presunción de inocencia sino excepcional en los países en donde se implementa actualmente el sistema de enjuiciamiento penal que pretendemos implementar en nuestro país. Sin embargo, en México se da la regla general. El tema de intérpretes que deben tener conocimiento en lengua y cultura para asistir a los miembros de pueblos y comunidades indígenas no debería ser solamente cuando así lo soliciten los mismos indígenas, ya que muchas veces, por desconocimiento, impericia o simplemente por ignorancia en el proceso, no harán uso de esta prerrogativa. Es decir, la regla debería ser que el indígena siempre deba contar con un intérprete en el proceso penal, salvo que expresamente desista por ello, porque es bilingüe. Y deberíamos distinguir entre lengua y cultura, porque son diferentes. Coincidimos con las organizaciones civiles que manifestaron que este Código en referencia al derecho a la privacidad debe plantear que solo un juez federal sea quien señale la necesidad de intervenir las comunicaciones privadas, la retención de datos y la localización geográfica en tiempo real en los equipos de comunicación móvil. Que solo se autorice la vigilancia cuando existan datos que indiquen la probabilidad de que la persona cometió un delito y que se notifique a las personas que fueran vigiladas. Me pregunto, ¿qué pasará con aquellos delincuentes que desde un reclusorio utilizan comunicaciones móviles para efectuar delitos? El Código Nacional de Procedimientos Penales que hoy se discute está lleno de buenas intenciones, pero no resolverá los problemas de criminalidad en México. Existen varios temas como los que ya enuncié que podrían no sólo hacer fracasar el modelo, sino afectar gravemente la libertad y seguridad de los habitantes en México y que servirá, sin lugar a dudas, de referencia para temas de tesis de muchos estudiantes en nuestro país. Todos los diputados somos responsables de la manera en que votamos, ya sea por congruencia o disciplina, pero este Código Nacional de Procedimientos Penales en Movimiento Ciudadano no lo podemos aprobar en los términos que hoy se nos plantea. Valdría la pena una segunda reflexión y modificación. Por eso presentamos reservas, para que tratemos de retomar los principios de presunción de inocencia, de estricta legalidad y jurisdiccional para garantizar un verdadero sistema eficaz de sistema penal que necesita nuestro país. Muchas gracias.