La diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la carta de no antecedentes penales es un documento emitido por diversas instancias de procuración de justicia de las diferentes entidades federativas del país, en la cual se certifica la inexistencia de la comisión de delitos por parte del ciudadano. Es decir, la persona que la solicita no debe de contar con antecedentes penales o haber sido sujeto a un proceso penal y sentenciado por el mismo, de acuerdo a los registros de los centros penitenciarios. En nuestro país, a la fecha existe esta práctica que, a nuestro juicio, es totalmente discriminatoria. Discriminatoria para los aspirantes a un empleo, a quienes se les exige presentar la mencionada constancia para comprobar la no existencia de antecedentes penales. En este caso, quien tenga o quien se niegue a presentar este documento es motivo suficiente para que se le niegue un empleo o una ocupación laboral. Este procedimiento es notoriamente violatorio de los derechos humanos, pero además viola lo preceptuado en el artículo 1o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que ahí se presenta el principio pro persona, lo cual es totalmente contradictorio con el hecho de tener que pedir ese documento para acceder a algún empleo. Asimismo, se opone al principio de reinserción social. El contenido este en el artículo 18 de la Constitución, que significa el volver a encauzar a quienes han cometido un delito y han sido condenados a una pena. Es decir, compañeras y compañeros, que la petición de no tener antecedentes penales impone condiciones negativas en relación con la finalidad de la reinserción. La exigencia de dicha constancia sanciona a la persona por hechos ocurridos en el pasado y que se le sigue todavía afectando en el presente y, en consecuencia, en un futuro inmediato, y no permite la plena reinserción social a la sociedad. El requisito de no antecedentes penales también es contradictorio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya que el mencionado en el artículo 26 establece que las leyes de los estados miembros prohibirán toda discriminación contra cualquier condición social, en la que por supuesto está el de tener un antecedente penal así considerado como una discriminación. En la Convención Americana también sobre los derechos humanos, mejor conocido como el Pacto de San José, se reconoce en el artículo 5 el derecho a la integridad personal y considera que la pena no puede trascender de la persona del delincuente y, por ende, cualquier situación derivada de la sentencia repercuta en la familia de este y, por ende, debe ser prohibida. Lo anterior tiene relación también con la posibilidad de que toda persona debe concretar un proyecto de vida, sin una estigmatización, sin discriminación derivada de sus antecedentes penales, sin importar a su vez el haber tenido una sentencia por la cual ya ha sido castigado. Así pues consideramos que solamente el hecho de compurgar esa condena esa persona tiene derecho a la reinserción social y a una vida que le permita, no solo tener capacidad económica para subsistir él y su familia. Con esta acta de antecedentes penales tampoco se demuestra que una persona carezca de un modo honesto de vivir. La falta de un individuo en algún tiempo de su vida no le define ni le debe marcar para toda la vida. Por ello, compañeras y compañeros, les solicito de su apoyo para apoyar esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, con la finalidad de prohibir a los patrones y el exigir el que tengan que presentar una carga de no antecedentes penales. Muchas gracias, es cuanto, diputada presidenta.