El diputado Pablo Franco Hernández: Ofrezco una disculpa. Decía que: "Someto a la consideración de esta Soberanía, una iniciativa que adiciona un Título XXI-bis al Código Penal Federal, con el objeto de que se establezcan los delitos contra la dignidad de las personas, especialmente en materia de derechos laborales. Lo anterior, por lo siguiente. "Después de la vida, el valor que más define al ser humano y que es base para todos los demás es la dignidad, la que es incompatible con la discriminación que otorga un trato diferenciado entre las personas, no partiendo de sus virtudes y logros, como decía José María Morelos y Pavón, sino de aspectos como el del sexo, el estado de embarazo, la edad, la religión, la ideología, el color de la piel, la discapacidad, la orientación sexual, la posición económica, por citar algunos. Es decir, partiendo de las características o decisiones personalísimas del propio individuo, que exigen un absoluto respecto, de lo contrario impediría que el ser humano cuente con un ámbito indispensable para hacer en su lucha por realizar sus objetivos, lo que además haría imposible el florecimiento del individuo, en pleno ejercicio de su enorme libertad a la diversidad, es lo que hace posible la existencia y la evolución de la sociedad, la existencia de esta variedad. Cuando la discriminación y oprime y despoja va más allá de ciertos límites, pasa su tutela de la ética al campo del derecho, ya que si no se frena, se puede impedir una sana convivencia social indispensable para la marcha de las familias, las empresas, las escuelas, y en general, todo ámbito comunitario, pudiendo generar conductas violentas en todos sus lados, tanto del agredido como del agresor o de ambos o de los colectivos a los que pertenecen uno y otro. Luego sancionar a las conductas discriminatorias, visto en un panorama más amplio, es de ejercer una verdadera política de prevención de delitos y conflictos sociales más graves. En diversas legislaciones locales, ya se identifican como delitos, las conductas que con especial gravedad atentan contra la dignidad del ser humano, pero sorprendentemente existe una omisión en este sentido en nuestro Código Penal Federal, lo que es inadmisible, ya que la tutela de la dignidad de las personas y la paz social, lo que son bienes jurídicos de interés para toda la nación, no son por su esencia sino en armonía con el Artículo 1º. de la Constitución General de la República, que establece que en los Estados Unidos Mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Establece también que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias, estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es decir, por definición, la dignidad de las personas debe ser incluida en todo sistema normativo federal incluido el Penal. Quien está obligado a evitar todo acto de discriminación, igualmente los particulares, no podría ser de otra manera, ya que si el individuo es pisoteado de manera general en sus derechos y en su libertad pasa a la esclavitud, a la negación de su calidad de ser humano. De ahí que todo régimen jurídico debe ser escrupuloso en la protección del bien jurídico de la dignidad del ser humano. Por eso es que consideramos que es necesario adecuar nuestra legislación, penal-federal, con el objeto de que se cumplan normas internacionales relativas a la protección de este bien jurídico, particularmente las ideas que contienen en instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial y otras, que se mencionan en el texto de la iniciativa. Hablando de la discriminación en materia laboral, de todo tipo discriminación debe ser librado el individuo, especialmente las que tienen lugar en el ámbito laboral, ya que el trabajo en el estado actual de cosas, es la base esencial para la subsistencia del desarrollo del individuo y sus familiares, lo que exige un respeto mínimo a los derechos consagrados en la legislación laboral aplicable, especialmente con relación a las mujeres, cuya calidad de tal por su estado de embarazo o su cambio deestado civil, el cuidado de los hijos, entre otros, son causa para la violación de sus derechos. Sin exagerar diríamos que violentar esos derechos es una agresión directa a la vida, a la salud, a la vivienda, al desarrollo de las personas que viven de su trabajo, aunque ya la legislación laboral penal anterior, tipificó como delito al individuo el pago e un salario inferior al mínimo, ahora se busca que la tutela penal de los derechos laborales sea más amplia, por lo que la negativa o rescisión de cualquier derecho laboral deberá ser considerado como delito. Tutela que sólo se puede hacer correctamente en el Código Penal Laboral, dado el carácter también federal de nuestra legislación laboral, lo que permitiría para su aplicabilidad que se extienda a toda República. Esto además armonizaría la Ley Federal del Trabajo que previene: las normas de trabajo tienden a conseguir el equilibrio y la justicia social; el trabajo es un derecho y un deber sociales no un artículo de comercio por lo tanto exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. No podrán establecerse distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, sexo, edad, credo religioso, etcétera. Por todo lo expuesto, propongo a esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa para adicionar el Código Penal Federal en los siguientes términos: "Título Vigésimo Primero Bis.- Delitos contra la Dignidad de las Personas. "Capítulo Único.- Discriminación. "Artículo 366.- Se impondrá de uno año a cinco años de prisión y de 200 a 600 días de multa al que por razón de edad, sexo, embarazo, estado civil, raza, procedencia étnica, idioma, religión, ideología, orientación sexual, color de piel, nacionalidad, origen o posición social, trabajo o profesión, posición económica, características físicas, capacidades diferentes o estado de salud. "Primero.- Provoque o incite al odio o a la violencia. "Segundo.- deje o excluya a alguna persona o grupos de personas, o "Tercero.- -Niegue o restrinja derechos laborales. "Al servidor público que niegue o retarde a una persona a un trámite, servicio o prestación a la que tenga derecho, se le aumentará en una mitad la pena prevista en el primer párrafo del presente artículo y además se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos por el mismo lapso de la privación de la libertad impuesta. Este delito se perseguirá por querella". Esta iniciativa pretende también homologar la legislación federal a legislaciones locales que ya contemplan este dispositivo que nos parece de integrarse, representaría un avance en la protección real de los derechos humanos y de los derechos de los trabajadores, puesto que rebasa la posibilidad de simplemente hacer recomendaciones que tienen las comisiones de derechos humanos cuando se dan este tipo de actitudes y de conductas discriminatorias a convertirlo en una obligación en su cumplimiento. Es todo, señor Presidente. Gracias.