El diputado Roberto Mendoza Flores: Honorable asamblea, uno de los temas más importantes en la política de conservación de la diversidad biológica son las áreas naturales protegidas. Esos espacios de territorio tratan de conservar ecosistemas y especies que por su importancia es vital mantener, todo ello en un sistema coherente de administración. Sin embargo, es materialmente imposible que pueda ser exitosa esta tarea sin la participación de la propia sociedad. Normalmente intereses de todo tipo llegan a entrar en conflicto cuando se distinguen las formas de aprovechamiento de un área natural protegida. Finalmente lo que está en juego es el destino de un área que aunque de interés público, señale que su destino es primordialmente para conservación. Sucede que la gente afectada puede no aceptar tal destino, ya que muchas veces la base de su propia subsistencia inmediata se encuentra en riesgo. Por ello, muchas áreas naturales protegidas del país son sólo decretos de papel en donde la propia gente que vive en ella o en su entorno, no tiene la posibilidad real de asumir plenamente un compromiso de conservación. Una de las principales razones es que ninguno de los órdenes de gobierno asume políticas de desarrollo y compensación entre las obligaciones y limitaciones que les impone la existencia de áreas naturales protegidas, a la gente afectada. Ante estas limitaciones se están buscando nuevos esquemas en donde sea la propia comunidad o los particulares quienes asuman los compromisos de conservación. Lo anterior implica un proceso diferente, otorgando un reconocimiento expreso a esas comunidades que asumen dicho compromiso, además de que frente a las comunidades involucradas, un modelo de desarrollo hacia la sustentabilidad, en donde el desarrollo económico y social es compatible con la conservación de la naturaleza. Por ello es importante buscar fortalecer los temas de áreas naturales protegidas, en especial la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Las principales características de dichas reformas son: Se modifican las categorías de áreas naturales protegidas contenidas en el artículo 46. Las zonas de conservación ecológicas municipales ya no se limitarán a los centros de población, sino que también podrán generarse en los espacios rurales de los municipios; además se genera y reconoce la nueva categoría federal de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Anteriormente se reconocía de manera limitada la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la conservación del artículo 59 de la ley. En el tercer párrafo del artículo 46 se señala expresamente que los gobiernos de los estados y del Distrito Federal —aunque sabemos que el Distrito Federal ya tiene conocimiento en su legislación local de este tema en los términos que señala la legislación local en la materia—, podrán establecerse parques, reservas estatales y demás categorías de manejo que establezca la legislación local en la materia, ya sea que reúnan alguna de las características de tipos de áreas naturales protegidas de competencia federal o que tengan características propias, de acuerdo a las particularidades de cada entidad federativa. Lo anterior no es poca cosa, ya que las entidades federativas están limitadas a decretar solamente parques y reservas estatales. Esto va a permitir abrir más categorías de áreas naturales protegidas estatales generando un poderoso instrumento de relación de territorio de las entidades federativas. Igualmente se incorpora en el artículo 55 Bis, en donde se indica que las áreas destinadas voluntariamente a la conservación son aquellas que pueden presentar cualquiera de las características y elementos biológicos señalados para las otras categorías de áreas naturales protegidas de competencia federal; prever servicios ambientales o que su ubicación favorezca al cumplimiento de los objetivos previstos en la ley para las áreas protegidas. Para tal efecto, la Semarnat emitirá un certificado en los términos de lo previsto en el nuevo artículo, el 77 Bis, referente al establecimiento, administración y manejo de áreas destinadas voluntariamente a la conservación. En este artículo se identifica quiénes serán los facultados para poder destinar voluntariamente sus predios de conservación, así como los mecanismos para su establecimiento de manera detallada, ampliándose sustancialmente los contenidos en el artículo 59 y que se refiere de manera limitada al proceso de certificación. Algunas de otras características de estas áreas son: se establece que en el plazo del área certificada con la conservación no podrá ser menor a 15 años. Igualmente, los productos de aprovechamiento sustentable de recursos naturales de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación podrán ostentar un sello de sustentabilidad, expedido por la Semarnat y terminar. Con esta reforma se avanza sustancialmente a la certidumbre jurídica de las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Todavía hay un proceso largo para fortalecer e incentivar este tipo de áreas naturales protegidas de manera voluntaria. Es necesario, por ejemplo, compensar a quienes destinan sus predios a la conservación en bien de la sociedad y la naturaleza, se requieren incentivos económicos de todo tipo; una visión, de parte de los actores gubernamentales, más productiva hacia este tipo de acciones. Sin embargo se trabajará en otra etapa de momento legislativo. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de dicho dictamen. Muchas gracias por su atención.