El diputado Camilo Ramírez Puente: Con su permiso, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados. Decreto por el que se reforman los artículos 429, del Código Penal Federal; y 223 Bis, de la Ley de Propiedad Industrial El fenómeno delictivo conocido comúnmente como piratería afecta primordialmente los intereses de los particulares. Pero también vulnera los derechos de diversos sectores de la sociedad y al propio Estado, el cual deja de percibir importantes ingresos por concepto de impuestos. Por este delito resultan perjudicados además los creadores de obras y productos intelectuales, los artistas, los músicos, los editores de música, los distribuidores y vendedores legalmente establecidos; así como las industrias culturales, como los productores de fonogramas, videogramas y software; así como las empresas que invierten en el desarrollo de marcas, todos ellos generadores de empleos directos e indirectos, sin obviar los graves efectos negativos que atentan contra el desarrollo de la cultura musical y cinematográfica nacionales. Por ello, la reproducción, distribución y la venta indiscriminada en vía pública de obras, incluyendo las audiovisuales, fonogramas, videogramas y libros, así como artículos y mercancías piratas que diariamente se hace en toda la República Mexicana, contraviene en la garantía que tutela el artículo 5o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en que toda empresa tiene la libertad de trabajar siempre y cuando el trabajo sea lícito y no ataque los derechos de terceros. Las personas, sin ninguna inhibición, venden en los puestos de la vía pública mercancías aún sabiendo que su venta es ilícita. En la actualidad estas conductas delictivas están consideradas y establecidas en el Título vigésimo sexto, libro segundo, del Código Penal Federal, en el cual se establece que la persecución de estos delitos es por querella de la parte ofendida. Es decir, se requiere un requisito indispensable de procedibilidad para que el Ministerio Público pueda actuar y corresponde exclusivamente al ofendido o a su legítimo representante el presentar la querella, por lo que nuestra legislación penal federal sustantiva, dejando a su arbitrio el hacer o no del conocimiento del Ministerio Público hechos delictivos según parecer, interés o conveniencia. En los casos en que existe la querella, el Ministerio Público y posteriormente la autoridad judicial tienen por límite de su actuar, en todo momento, la figura del perdón, lo que ha ocasionado en la práctica múltiples casos de abusos por parte de los querellantes que utilizan los órganos de procuración y administración de justicia como órgano de cobranza y presión, y en el mayor de los casos otorgan el perdón una vez que ven satisfechos sus intereses económicos. Por lo que las conductas delictivas descritas en el Código Penal Federal en esta materia se han vuelto ineficientes e ineficaces, aunado al hecho de la constante creciente de estos grupos delictivos. En este sentido, es evidente que la legislación debe cambiar a efecto de proteger los derechos de autor y de la propiedad industrial y combatir la piratería de una manera más enérgica, por lo que este delito debe ser perseguible de manera oficiosa y así tratar de abatir este delito. Estamos conscientes en los trabajos que se han llevado a cabo sobre este tema, de que ésta es sólo una parte del grave y complejo problema que tenemos en relación con el delito de la piratería, pero también estamos conscientes de que es un inicio para trabajar en el sentido de devolver la cultura de la legalidad a nuestro país. Vemos este esfuerzo como uno más de los que debemos de llevar a cabo día con día, para que terminemos con la cultura de permisibilidad y la cultura de impunidad que tenemos en nuestro país. Esta cultura creemos que debe de terminar empezando por la piratería. Muchas gracias.