El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras diputadas y compañeros diputados, por mandato constitucional corresponde a la nación la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento del servicio público de energía eléctrica. Siendo la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, las instituciones encargadas de suministrarla, conforme al artículo 1o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; sin embargo, desde 1992, con la reforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, se permite la generación privada por varias vías: autoabastecimiento, cogeneración, pequeña producción y producción independiente. En el 2006 la generación total de energía eléctrica ascendió a 256 mil 422 gigas, de los cuales, las empresas suministradoras, CFE y Luz y Fuerza del Centro, aportaron el 64 por ciento; los productores independientes de energía 23.8 por ciento; autoabastecimiento 6 por ciento; cogeneración 3 por ciento; exportación 2.7 por ciento y usos propios continuos 0.5 por ciento. Es evidente el abuso en la autorización de estas generadoras privadas, hasta el punto de que la cuarta parte de energía eléctrica generada en el país proviene de estas figuras. Además, hasta la fecha no se había presentado una situación de forma abierta, en donde se pudieran hacer arreglos para que algunos particulares, y en forma especial, gente que goza de mala fama pública, efectuara, en complicidad con servidores públicos, la comercialización de energía eléctrica, pasando por encima de la Constitución y la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como del organismo paraestatal responsable de estas tareas. En este sentido resulta preocupante la posibilidad de que en territorio veracruzano la generación de energía eléctrica se le asigne a una empresa privada, Procesamiento Energético Mexicano, que generará alrededor de 70 millones de kilowatts al año para venderla a varios ayuntamientos de la entidad, con el pretexto de ahorrar hasta un 10 por ciento del valor total, es decir, que la energía producida será vendida a precios inferiores a los de Comisión Federal de Electricidad, aunque irónicamente su distribución será a través del cableado de la paraestatal. De esta manera, Proenemex inició su presencia en 2003 y 2004 a través de negociaciones con empresarios y con representantes legales de los codueños, sindicatos de ex trabajadores de la industria textilera, con el fin de adquirir diversas centrales hidroeléctricas pertenecientes a la extinta Sidosa, por lo que el empresario Kamel Nacif Borge adquiere cuatro de las cinco plantas hidroeléctricas que operaban las empresas textileras de Orizaba, Nogales, Río Blanco y Ciudad Mendoza. A principios de 2006, Proenemex intentó suministrar energía eléctrica para alumbrado público a 89 municipios veracruzano y, por lo menos 53 municipios firmaron el convenio presionados por el gobernador Fidel Herrera Beltrán quien, por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación giró oficios entre los que recomendaba —entrecomillado— los contratos con el llamado "Rey de la mezclilla". Ante estos hechos, Sergio Rodríguez Cortés, alcalde de Ciudad Mendoza, reveló que el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación influyó para que los cabildos de 89 municipios veracruzanos aprobaran la iniciativa de comprar Proenemex, fluido eléctrico para alumbrado público, con lo que aparentemente se ahorrarían hasta 10 por ciento en partidas destinadas a ese rubro, con el objetivo de suministrar hasta el 65 por ciento de la demanda de energía eléctrica en la entidad, aunado a la intención de transferir directamente participaciones federales destinadas al presupuesto municipal para el pago de energía eléctrica. Lo antes expuesto no se concretó debido al escándalo del empresario textilero por las presuntas pláticas sostenidas con el gobernador de Puebla, Mario Marín Torres, y el atentado contra la libertad de expresión a la periodista Lydia Cacho, a raíz de la publicación del libro Los demonios del edén, así como de las denuncias del alcalde de Ciudad Mendoza. Pero en días pasados la prensa dio a conocer nuevamente las recomendaciones del gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán, a varios ayuntamientos de la entidad, es decir, Córdova, Jalapa, Tuxpan, Orizaba y Coatzacoalcos, entre otros, para firmar contratos leoninos con la empresa Proenemex hasta por 15 años, beneficiando a un empresario de dudosa, como sabemos, calidad moral. Después de más de un año de que la anterior legislatura dio marcha atrás a las solicitudes de 89 ayuntamientos para ese fin, debido a que no había claridad en la pretensión del empresario textilero, la bancada del PRI sacó el tema de la congeladora y el Congreso local, con mayoría priísta, aprobó dicho convenio el pasado 14 de diciembre, a medio mes de que concluyan las administraciones de las actuales autoridades de los citados municipios y así comprometer a las futuras comunas a pagar el servicio de energía a la empresa Proenemex por un periodo de 15 años. Además, en los contratos está estipulado que los ayuntamientos formarán parte de los accionistas de la empresa Proenemex, aunque su participación será limitada y sólo podrán asistir a reuniones del Consejo de Administración, pero sin voto alguno. Dada la gravedad de esta situación y el de no cuidar que todas las acciones se apegaran a lo dispuesto por la ley, se propone punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía encargada de autorizar los permisos para la generación y venta de energía eléctrica a empresas particulares, verificar e informar oportunamente a esta soberanía sobre esos hechos. Por lo anterior, se propone el siguiente Punto de acuerdo Se solicita respetuosamente a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía verifiquen el cumplimiento legal de la autorización de contratos de abastecimiento de electricidad en el estado de Veracruz e informar a esta soberanía de esos hechos. Muchas gracias. El Presidente senador Rubén Camarillo Ortega: Gracias, diputado. Túrnese a la Tercera Comisión de Trabajo. Ahora tiene la palabra el diputado Carlos Alberto García González, del Grupo Parlamentario del PAN, para presentar punto de acuerdo por el que se solicita al titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y al titular del Ejecutivo municipal de Matamoros, Tamaulipas, para que se coordinen a fin de implementar el Sistema de Apertura Rápida de Empresas en esa localidad.