La diputada Karen Michel González Márquez: Con el permiso de la Presidencia. La Comisión de Gobernación y Población de la Cámara de Diputados en su LXIV Legislatura, presenta a esta soberanía para su discusión y votación el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Consulta Popular, para otorgar mayor certeza y seguridad jurídica al procedimiento de consulta popular. Esto anterior, es motivado por varias iniciativas presentadas de distintos grupos parlamentarios, con la finalidad de actualizar la Ley Federal de Consulta Popular, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de marzo de 2014. Entre estas, considerada la iniciativa de mi amigo y compañero de bancada, Jorge Espadas. La Ley Federal de Consulta Popular es reglamentaria de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece y protege el derecho ciudadano de votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional que pueden ser competencia de la federación. Su objeto es regular el procedimiento para la convocatoria como la organización, el desarrollo, el cómputo y la declaración de resultados de la consulta popular, esta misma entendida como el mecanismo de participación por el cual las y los ciudadanos ejercen su derecho a través de un voto emitido, mediante el cual expresan su opinión respecto a uno o varios temas de trascendencia nacional, y de esta forma, promover la participación ciudadana. El dictamen contiene diversas modificaciones de carácter formal como es actualizar la denominación del Instituto Federal Electoral por el Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, también contiene modificaciones de carácter de fondo, esto derivado de la reforma constitucional contenida en el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de consulta popular y revocación de mandado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019. Entre estas modificaciones de fondo, podemos señalar las siguientes: 1.Se fortalece y protege el derecho de los mexicanos que residan en el extranjero. 2. Se da claridad sobre qué se entenderá por temas de trascendencia nacional y regional que sean competencia de la federación. 3. Se actualiza la Ley Federal de Consulta Popular en cuanto a la fecha de su realización. Esto significa que establece que la consulta podrá ser anual y se realizará el primer domingo de agosto de cada año y no cada tres como está en el texto vigente, que aún lo hace coincidir con la jornada electoral. 4. Se amplían los temas en los que no procede la consulta popular, esto quiere decir que no podrán ser objeto la restricción de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la permanencia o continuidad en el cargo de las personas servidoras públicas de elección popular. La materia electoral. El sistema financiero y el Presupuesto de Egresos de la Federación. Las obras de infraestructura en ejecución. La seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la fuerza armada permanente. 5. Se fija el porcentaje requerido de ciudadanas y ciudadanos inscritos en la lista de electores de los municipios y/o de los estados involucrados para solicitar una consulta popular. Asimismo, la fecha límite para presentar la solicitud respectiva. 6. Se establece que se suspenderá la propaganda gubernamental que tenga como objetivo promover la consulta popular. 7. Que el sistema de medios de impugnación para resolver las controversias que se susciten será el mismo que el instaurado para los procesos electorales. 8. Se prohíbe cualquier modificación a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como puede observarse, el dictamen contiene bondades para que las y los ciudadanos ejerzan su derecho de solicitar y participar en la realización de la consulta popular, estableciendo obviamente, obligaciones y restricciones para diversas autoridades. Y, es por ello que las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votaremos a favor del presente dictamen, al considerar que es necesario proteger el derecho ciudadano contemplado en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución Política. Sobre todo, ante los embates de un gobierno federal y del partido político de Morena que tiene como finalidad el desvirtuar la esencia de este derecho para obtener intereses particulares y electorales. Es necesario que este órgano legislativo vigile que la actuación de las autoridades involucradas en el procedimiento de la consulta popular se ajuste a nuestro marco constitucional y legal, para que denuncie cualquier incumplimiento de sus obligaciones y atribuciones en la materia y, especialmente, aquellas que tengan como motivaciones no acatar el principio de separación de poderes y atender los intereses particulares, especialmente, los del titular del Ejecutivo federal. Es cuanto.