La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidente. En sesión ordinaria realizada el 18 de diciembre de 2018, el año pasado, las diputadas y los diputados Marco Antonio Adame Castillo, Mariana Dunyaska García Rojas, del Partido Acción Nacional; María Sara Rocha Medina, del Grupo Parlamentario del PRI; Héctor René Cruz Aparicio, del Partido Encuentro Social; la diputada Julieta Macías Rábago, de Movimiento Ciudadano; la diputada Lilia Villafuerte Zavala; y la diputada Lyndiana Elizabeth Bugarín Cortés, del Partido Verde Ecologista de México; y su servidora, todos integrantes de la Mesa Directiva, presentamos una iniciativa para reformar la fracción III del artículo 89 constitucional, preocupados por la antinomia jurídica que salió a la luz, derivado que por primera vez la Cámara de Diputados realizó las ratificaciones de los empleados superiores de Hacienda tal como lo establece actualmente la Constitución. Pero, de dónde surge la antinomia, que no es otra cosa más que una contradicción de normas. El 10 de febrero de 2014, como se ha señalado aquí, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia político electoral. Esta reforma generó un cambio sustancial respecto al esquema de nombramientos de funcionarios públicos, otorgando la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados, de ratificar al secretario de Hacienda y Crédito Público y a los empleados superiores del ramo, eliminando esa facultad al Senado de la República. Estas reformas atendieron, principalmente, a fortalecer y consolidar la atribución constitucional que tiene la Cámara de Diputados en materia hacendaria. Sin embargo, la reforma, la del 2014, no modificó la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política, en el que se establecen facultades y obligaciones del presidente de la República, que en esa fracción señala que es obligación del presidente nombrar, con aprobación del Senado, a los empleados superiores de Hacienda. Ahí está la antinomia, el 74 dice una cosa y el 89, fracción III dice otra. Dicha fracción, al no ser modificada y armonizada con todo el esquema de la reforma constitucional en materia político-electoral, mantuvo la redacción que faculta al Senado para ratificar a los empleados superiores del ramo. Derivado de lo anterior, los artículos 74 y 89 se contraponen directamente, ocasionando esta antinomia jurídica. La antinomia que viene quedando rezagada desde 2014, hoy toma mayor relevancia, toda vez que las reformas en esta materia entraron en vigor hasta el primero de diciembre de 2018, el artículo transitorio de la reforma de 2014 así lo señalaba. En consecuencia, la Cámara de Diputados por primera vez realizó la ratificación del secretario de Hacienda y Crédito Público y de los empleados superiores de ramo, de conformidad con las nuevas normas constitucionales, lo que hace necesario realizar las adecuaciones que permitan armonizar nuestro marco jurídico constitucional. La única excepción fue la ratificación de la jefa del Servicio de Administración Tributaria, realizada por el Senado de la República. ¿Por qué es importante corregir esta situación? Como todos sabemos, actualmente la Constitución establece qué funcionarios son considerados empleados superiores de Hacienda, por lo que para determinarlos se debe elaborar un acuerdo parlamentario. Dicho acuerdo siempre ha establecido que el titular del Servicio de Administración Tributaria es un empleado superior de Hacienda. ¿Pero qué nos sucedió? Lo interesante de la discusión de este dictamen que hoy se aborda es que, a pesar de que la facultad de designar a la titular del SAT ya era de los diputados ratificarla, la Presidencia de la República remitió el nombramiento al Senado haciendo uso de esa antinomia, de esa contradicción de normas para que el Senado las ratificara. El presidente tenía la facultad en la fracción III del artículo 89, sin embargo, el Senado ya no tenía facultad para ratificarla. Y lo hizo, aduciendo que la Ley del Servicio de Administración Tributaria, de jerarquía menor a la Constitución y ya superada por la reforma que les dio la facultad a los diputados, aún decía que el Senado habría de ratificarla. Afortunadamente, la Comisión de Hacienda el día de hoy someterá a votación el dictamen que elimina esta antinomia en la Ley del Servicio de Administración Tributaria y con ello se podrá dar solución final a este gran embrollo. Es necesario que el Poder Legislativo corrija estos dos grandes errores, ya que al no hacerlo lo único que estamos logrando es quitarle fuerza a la personalidad jurídica de los empleados superiores de Hacienda, particularmente a la titular del Servicio de Administración Tributaria. Imagínense, compañeras y compañeros diputados, que alguno de estos abogados especializados en materia fiscal cuestione la personalidad jurídica de la jefa del Servicio de Administración Tributario, señalando que como manda la Constitución, no fue ratificada por la Cámara de Diputados, sino por el Senado sin tener la atribución para hacerlo. En menudo lío legal estaríamos metiendo a quien tiene la gran responsabilidad de realizar todo el cobro de los impuestos por parte de los contribuyentes del país. Por lo tanto, no podemos darnos el lujo de mantener normas contradictorias que son usadas para generar interpretaciones que en nada ayudan a la institucionalidad de nuestro país. Bienvenida la reforma al artículo 89 constitucional. Muchas gracias.