El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Gracias, presidenta. La práctica de aumentar mensualmente el precio de la gasolina, es una herencia que el Partido Acción Nacional le dejó al PRI. Desde el 8 de septiembre de 2009 el entonces secretario de Hacienda Agustín Carstens, anunció los llamados deslices mensuales del precio de la gasolina a realizarse el segundo sábado de cada mes, por ocho centavos, con el pretexto de que había que llevar el precio de la gasolina al precio del mercado internacional. Dichas alzas en los precios de combustibles han afectado a diversos sectores de la economía nacional. El gobierno federal, dando como excusa que tiene que importar gasolina cara, traslada la diferencia a los consumidores finales. El transporte público, la generación de alimentos, la utilización del diesel en la producción agrícola indican que estas medidas nos afectan a todos los mexicanos y sobre todo a los que menos recursos tienen. A la afectación proveniente de las medidas gubernamentales debemos aunar el hecho de que una de cada tres gasolineras en México venden litros incompletos, algunos llegando a dar casi la mitad de lo ofrecido. Lo anterior a pesar del monitoreo que realiza la Profeco para identificar y sancionar a las gasolineras que han alterado sus bombas y medidores para despachar una cantidad menor de combustible de la que cobran. El propio director general de Verificación de Combustibles de esa procuraduría ha señalado que cada vez que un consumidor pide llenar el tanque el robo podría llegar a ser de hasta 20 pesos, si se toma en cuenta que la capacidad promedio del depósito es de 40 litros. De acuerdo con Pemex, existen más de 10 mil estaciones de servicio en toda la república mexicana. De ellas hay dos mil 909 gasolineras que venden litros incompletos de combustible a sus clientes, según datos de la Profeco. Aquellas del norte del país son las que más alteraciones presentan en sus sistemas medidores. Ejemplo claro de esto es la empresa Gasmart, en el estado de Baja California, específicamente en la ciudad de Tijuana. La falta de mantenimiento de las bombas despachadoras, así como de un efectivo proceso de verificación por parte de la Profeco, siguen siendo las principales causas del robo de combustible en las franquicias de gasolina del país. En ese sentido es de suma importancia lograr un mayor control en los certificados de calidad con el fin de eliminar la posibilidad de modificar o ajustar por agentes externos estos dispositivos, a fin de cumplir con los parámetros especificados en las normas oficiales 005 y 185 para garantizar la venta de litros de a litro, tal y como lo señala el presente punto de acuerdo. Consideramos que mediante el presente punto de acuerdo, en el cual se propone que la Secretaría de Economía boletine y evidencie a todas aquellas gasolineras del país que incurran en prácticas irregulares a la hora de despachar combustible a sus clientes para que con ello se fomente una competencia justa entre los expendios de gasolina, se incentive el cese de estas prácticas para paliar el efecto de los llamados gasolinazos y se proteja el bolsillo de los mexicanos. En ese sentido, el Partido del Trabajo está a favor de la realización de campañas de información y difusión a nivel nacional que protejan al consumidor mexicano, especialmente a aquéllos que menos tienen. Muchas gracias.