El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, compañero presidente. Compañeras y compañeros diputados, éste es un tema de la mayor relevancia no obstante el carácter plano con el que lo estamos abordando. Todas las familias de México tienen actualmente derecho a un seguro voluntario para sus miembros, que pueden contratar con el Seguro Social. La cuota anual por ese servicio está definida precisamente en el artículo 242 de la Ley del Seguro Social, que hoy con este dictamen se pretende modificar. La cuota, para que se den una idea, oscila en un rango por grupo de edad, que va desde los mil 420 pesos para quienes tienen de 0 a 18 años, hasta 3 mil 733 para las personas mayores de 60 años. Sin embargo, el dictamen que hoy está sujeto a votación pretende modificar este régimen bajo el pretexto de que por esta vía se va a ampliar la cobertura de este seguro a las familias necesitadas. La verdad es que nada más falso que ese argumento, pues de votarse este dictamen en los términos propuestos, fíjense bien, eliminará la facultad que tiene el Legislativo para fijar las cuotas y dejará en manos del Consejo Técnico del IMSS la posibilidad de calcular e imponer el importe de tales cuotas a su arbitrio. Sobra decir los riesgos que entraña semejante decisión para los intereses de la familia mexicana, partiendo de que el Consejo Técnico del IMSS está integrado por una representación patronal y por una representación sindical, que están ocupados de sus propios intereses y que no tienen absolutamente nada que ver con los beneficiarios del servicio del seguro voluntario, que están integrados fundamentalmente por desempleados o por mexicanos que no tienen una relación obrero-patronal. La reforma al artículo 242 que hoy se propone, se ha planteado indebidamente como una vía a favor de la institución. Sin embargo, desde el punto de vista de Movimiento Ciudadano es todo lo contrario, ya lo advirtió en la comisión correspondiente la diputada Luisa María Alcalde, en un debate breve, que no se dio con toda la profundidad y extensión que ameritaba el tema. Lo dijo, expresó que de aprobarse esta reforma, estaremos apoyando el proceso de extinción de este seguro que protege a miles de familias mexicanas en el país. Sabemos bien, que desde hace tiempo la administración del Seguro Social ha buscado por distintas vías suprimir este seguro y para ello ha planteado incrementar sensiblemente el costo. Sin embargo, para no plantearlo abiertamente se acude al subterfugio de otorgar al Consejo Técnico la competencia para fijar el monto de la cuota, que sabemos, por experiencia, será invariablemente a la alza. Esto resulta a todas luces inaceptable para los intereses de las familias mexicanas. Resulta absurdo que sea la propia institución la que fije el monto de esa cuota, cuando sabemos por su propia confesión que es su intención ir desmantelando el el seguro voluntario al que hoy nos referimos. A esta representación es a la que corresponde proteger a las familias mexicanas, beneficiarias de este seguro y no a los representantes patronales y sindicales que participan en el Consejo Técnico, que como decía, tiene sus propios intereses qué defender y sus propias preocupaciones. Crear las condiciones para la supresión del seguro voluntario transita en sentido contrario a la intención política de ir creando las condiciones para instrumentar el seguro social universal, precisamente porque se trata de población no trabajadora que requiere del servicio y que está dispuesta a participar en su costo. Ahora, si el problema es actualizar el costo, la iniciativa debería plantearlo abiertamente en esos términos, para que fuera esta representación la que tomara la decisión de su procedencia o no. No cometamos el error de sacrificar hoy la seguridad social con la que cuentan miles de mexicanas y mexicanos que no se pueden defender ante el IMSS porque no están representados en el Consejo Técnico, porque en este caso estaríamos sacrificando, con esta decisión, una protección que forma parte de los derechos humanos fundamentales y que hoy está garantizada por la regulación en la ley y no en las decisiones internas del instituto y las maniobras oscuras de su Consejo, integrado por representantes patronales y sindicales. Gracias a todos por su atención.