LA C. DIP. FANNY ARELLANES CERVANTES: Con el permiso de la directiva. Ciudadanos y ciudadanas secretarios de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del Artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los abajo firmantes Diputados Federales del Grupo Parlamentario, de Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de establecer figuras de participación ciudadana como el referéndum, plebiscito y la iniciativa popular, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Para Acción Nacional, la democracia es una forma de gobierno y un estilo de vida que se funda en el respeto a los derechos individuales, sociales y Políticos y, por tanto, como un régimen plural de libertades, en el que los gobernantes y los gobernados deben procurar, con el mismo empeño, la justicia social y el bien común. Que lo insustituible de la democracia es la identidad del Poder y del Pueblo. Más aún, debe darse relevancia a ese carácter de la democracia cuando se considera, como se considera hoy, frente a las nuevas necesidades y posibilidades, que el incremento de la socialización reclama. No aceptamos la concepción formulista que reduce la democracia a una mera técnica, a un método de formulación o elaboración de reglas sociales, de normas jurídicas; la democracia consiste en que quienes han a quedar sometidos a esas reglas, participen de algún modo en el proceso de la elaboración de las mismas, o bien en su participación en decisiones fundamentales. La técnica de la democracia está ordenada a asegurar la participación orgánica del pueblo en el gobierno. Se alude constantemente a la participación de la sociedad desde planos muy diversos y para propósitos muy diferentes, no obstante siempre cuando se hace referencia a la participación se alude a una buena forma de incluir opiniones y perspectivas. En efecto, cuando se invoca la participación de ciudadanos, de agrupaciones sociales, de la sociedad en su conjunto, para dirimir problemas específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer confluir voluntades dispersas en una acción compartida. Es en síntesis, un invocación democrática cargada de grandes valores. La democracia representativa, sin duda constituye un papel importantísimo e imprescindible en las sociedades modernas, ya que se antoja imposible imaginar una democracia directa, es decir, de que de manera directa y personal el pueblo reunido pueda tomar las decisiones políticas de la comunidad. Efectivamente, hace tiempo que desapareció la posibilidad de volver a una especie de democracia directa, en la que no exista representantes entre la sociedad y el gobierno o los poderes públicos, sin partidos políticos y sin órganos legislativos. Ante la imposibilidad real, de que los ciudadanos se pudieran seguir reuniendo en una misma plaza pública para decidir sobre los asuntos de mayor importancia para la colectividad, fue necesario buscar una nueva fórmula para la toma de decisiones públicas, surgiendo la representación política, y como consecuencia se dio paso de la democracia directa a la democracia representativa, la que actualmente se recoge en muchos sistemas políticos, entre los que se incluye el nuestro. No obstante, la representación no puede concebirse hoy día, como suficiente para darle vida a la democracia. Por ello representación y participación forman un matrimonio indisoluble en el hogar de la democracia, ambos se requieren necesariamente. Porque la verdadera democracia, no se concibe sin el auxilio de la forma más elemental de la participación ciudadana: los votos del pueblo. Sin embargo, esto no quiere decir, que la participación ciudadana se agote en las elecciones; ni significa tampoco que los votos sean la única forma plausible de darle vida a la participación democrática. Para que esta forma de gobierno opere en una sociedad de manera cotidiana, es ciertamente indispensable que haya otras formas de participación ciudadana más allá del sufragio. Pero tampoco puede tener vida la democracia sin un cuadro básico de representación política. Como diría Hermann Heller la participación debe ser entendida como una relación "operante y operada", es decir, entre la sociedad y el gobierno, entre los individuos de cada nación y las instituciones que le dan forma al Estado. En otras palabras se trata de tender un puente entre representación y participación ciudadana, que en principio aparece construido con los votos, pero que debe extenderse y comprenderse a una gran variedad de relaciones y de acciones distintas entre las autoridades y los ciudadanos. Asentamos, la participación no es suficiente para entender la dinámica de la democracia. Pero sin la participación, sencillamente la democracia no existiría. Por lo que el compromiso, es dejar bien claro, en nuestro marco jurídico Fundamental, que la democracia requiere siempre y en todo momento de la participación ciudadana: con el voto y más allá de los votos. En este sentido, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con el fin de no limitar la participación de los ciudadanos en la toma de los asuntos o decisiones políticas, la mera elección de sus representantes de manera periódica, es que se considera necesario como ya sucede en otras democracias, el establecer un sistema equilibrado entre la democracia directa practicada en la antigüedad y la representativa practicada hoy en nuestros días, mediante instituciones que se conocen como democracia semidirecta. Consecuentemente, la presente iniciativa tiene como finalidad el establecimiento de un régimen democrático representativo y participativo, en la que se de viabilidad jurídica al referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular. En tal virtud, y toda vez que el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es el precepto que hace alusión a nuestra forma de gobierno republicano, representativo, democrático y federal, es que se propone que se reforme para incorporar la democracia participativa y las instituciones de la democracia semidirecta, dejan claro que la soberanía se ejercerá también mediante el ejercicio del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, con lo que se complementa esa unión indisoluble de la democracia que es la democracia representativa con la participativa. A fin de complementar lo anterior, y para una mejor precisión del espíritu de la presente iniciativa constitucional, se propone reformar el artículo 35 y 36 de la Ley Fundamental, para establecer dentro de las prerrogativas y obligaciones del ciudadano, el derecho y la obligación político individual el de votar en los plebiscitos y referéndums. En el caso del referéndum se establece como una forma de participación ciudadana consistente en una consulta que se hace a la sociedad para actos de tipo legislativo. Esta ha sido una figura que ha sido implementada en sistemas políticos, como son España, Italia, Dinamarca, Grecia, Portugal, Suecia, Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, por citar algunos. En este sentido se establece que el referéndum puede ser constitucional y legislativo. En el caso del segundo se determina que puede ser parcial o total de una ley. Para el supuesto de referéndum constitucional se determina en la presente iniciativa que solo será obligatorio para determinadas materias, es decir, cuando se trate de derogación, adición o reforma relacionadas con los siguientes aspectos: 1) las garantías individuales; 2) los derechos políticos de los ciudadanos; 3) la soberanía nacional, forma de gobierno, de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional; 4) del principio de la división de poderes y 5) del procedimiento de reforma constitucional. En todos los demás casos; se establece que será facultativo, sea concernientes a la Constitución o a las leyes federales, es decir, se deja al criterio de los órganos del Estado responsables para que puedan decidir si se convoca a referéndum o no sobre determinada materia, con excepción obviamente de los que ya se dijo si son obligatorios. Se propone que sea el Instituto Federal Electoral, el órgano responsable de organizar el referéndum, toda vez que es éste el que asegura la imparcialidad en su aplicación, aunado a la experiencia acumulada en procesos electorales anteriores, así como por la infraestructura que tiene, lo que permitirá aprovecharlo y por otra parte evitará el que se creen instancias públicas paralelas y que pueda, generar un costo adicional al erario." Finalmente, se plantea en la presente iniciativa, que en relación al plebiscito sea procedente para actos de tipo político, en el cual será procedente en lo conducente los mismos criterios que para el referéndum, en cuanto a las excepciones que se han expuesto, los órganos con derecho de iniciativa para el plebiscito y que también sea organizado por el Instituto Federal Electoral. Por lo antes expuesto, los suscritos Diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional sometemos a su consideración el siguiente: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTIULOS 35, 36, 40, 71, 73, 115, 122 Y 135 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ARTICULO PRIMERO. Se reforma la fracción I del artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 35.... I. Votar en las elecciones populares y en los procesos de referéndum y plebiscito; II a V.... ARTICULO SEGUNDO. Se reforma la fracción III del artículo 36 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 36.... I. a II.... III. Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de referéndum y plebiscito, en los términos que señale la ley; IV. A V.... ARTICULO TERCERO. Se reforma y adiciona el artículo 40 de la Constitución; Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república, de democracia representativa y participativa, federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de la Ley fundamental. La democracia participativa la ejecutarán directamente los ciudadanos mediante las instituciones del referéndum, plebiscito e iniciativa popular. I. El referéndum se realizará conforme a las bases siguientes: BASE PRIMERA. Será obligatorio, tratándose de: a) Las garantías individuales; b) Los derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos; c) La soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional; d) La división de poderes; y e) El proceso de reforma constitucional. BASE SEGUNDA. Será facultativo en todos los demás casos, sean concernientes a la Constitución o a las leyes federales. II. El plebiscito es una forma de participación ciudadana para que los electores se manifiesten sobre decisiones políticas fundamentales de la Nación. III. No podrán someterse a referéndum ni a plebiscito, las disposiciones constitucionales y legales en materia: tributaria y fiscal, de expropiación, de limitación o la propiedad particular, así como del sistema bancario y monetario. IV. El resultado de los procesos de referéndum y plebiscito será obligatorio para gobernantes y gobernados. V. El instituto Federal Electoral será el órgano responsable de organizar el referéndum y el plebiscito; estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las iniciativas, y tendrá la obligación de comunicar los resultados a las Cámaras del Congreso de la Unión, la Presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Poderes Públicos en el Diario Oficial de la Federación. VI. El derecho de iniciativa y las normas para la procedencia y organización del referéndum, plebiscito e iniciativa popular, serán establecidas en la ley reglamentaria correspondiente. ARTICULO CUARTO. Se adiciona una fracción IV y se modifica el párrafo segundo del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue; Artículo 71.... I. a III.... IV. A los ciudadanos, en los términos establecidos por la ley. Las iniciativas presentadas por los ciudadanos, por el Presidente de la República, por las legislaturas de los Estados, o por los diputados de los mismos, pasarán a comisión. Las que presentaren los diputados y senadores, se sujetarán a los trámites que designe el Reglamento de debates. ARTICULO QUINTO. Se adiciona una fracción XXIXK al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 73.... I. a XXIX-J.... XXIX-K. Para expedir, respecto a actos provenientes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Federación, leyes reglamentarias del referéndum, el plebiscito y la iniciativa popular, y XXX. . . ARTICULO SEXTO. Se reforma el párrafo primero y se adicionan los párrafos segundo y tercero del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de Gobierno republicano, de democracia representativa y participativa y popular. La democracia participativa la ejercerán directamente los ciudadanos mediante las instituciones del referéndum, plebiscito e iniciativa popular, tanto en el ámbito estatal como municipal. Los Estados tendrán como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: I a X.... ARTICULO SEPTIMO. Se adiciona un inciso o) al artículo 122 en su base primera, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pasando el actual inciso o) a ser inciso p), para quedar como sigue: Artículo 122.... A. a C. BASE PRIMERA I. a IV.... V.... a) a ñ) o) Expedir leyes en materia de referéndum, plebiscito e iniciativa popular, y p) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución. BASE SEGUNDA a BASE QUINTA.... ARTICULO OCTAVO. Se adiciona un segundo párrafo al artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 135. .... Tratándose de la iniciativa de reforma al texto total de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requerirá, además, que sea aprobada mediante referéndum. ARTICULOS TRANSITORIOS PRIMERO. El presente de decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. El Congreso de la Unión tendrá seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir la ley reglamentaria de referéndum, plebiscito e iniciativa popular. TERCER. Los Estados contarán con seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para establecer en sus Constituciones las instituciones de; referéndum, plebiscito e iniciativa popular. Para los mismo efectos este plazo se refiere también al Distrito Federal. Palacio Legislativo de San Lázaro; a 7 de Septiembre de 2000; Hago entrega de la presente iniciativa a los ciudadanos secretarios de la directiva. El Presidente: Túrnese la iniciativa presentada a la Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Alejandra Barrrales Magdaleno, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a las leyes de Aviación Civil, de Vías Generales de Comunicación y Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. La diputada María Alejandra Barrales Magdaleno: Con su permiso señor Presidente. Inicio haciendo una aclaración de la propuesta de iniciativa. Aclaro que los artículos que se proponen para reforma son: el 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, 86 de la Ley de Aviación Civil, 7 de la Ley de Aeropuertos y 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Honorable asamblea: La suscrita diputada Alejandra Barrales Magdaleno integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento por lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento Para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de esta H. Cámara de diputados iniciativa de decreto por la que se adiciona UN PARRAFO A LOS ARTICULOS 112 DE LA LEY DE VIAS GENERALES DE COMUNICACION, 56 DE LA LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO FERROVLARIO; 86 DE LA LEY DE AVIACION CIVIL, 77 DE LA LEY DE AEROPUERTOS Y 66 DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos: La huelga consagrada en el artículo 123 constitucional es uno de los mas importantes derechos colectivos de los trabajadores mexicanos. Su ejercicio es fruto de incontables luchas obreras desarrolladas a lo largo y ancho del país y resultado directo de los derechos sociales reconocidos por el Constituyente de 1917. La justificación ética, jurídica y política de la huelga no tiene discusión, es un derecho fundamental de la clase trabajadora, irrestricto e irrenunciable, la Constitución Política en el artículo 123 y la ley reglamentaria del mismo la consagran como un recurso legítimo de los trabajadores. Este derecho a lo largo de la historia ha sido objeto de múltiples ataques, los cuáles han desembocado en innumerables agresiones a los trabajadores, recordemos a Demetrio Vallejo y en el presente las injustas agresiones a la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México. En los tiempos modernos la suspensión legal de actividades se invalida o neutraliza por la llamada "requisa", prevista en la Ley de Vías Generales de Comunicación, en la Ley de Aviación Civil, Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario y Ley Federal de Telecomunicaciones. Los nuevos tiempos exigen un nuevo orden laboral, en donde el gobierno respete incondicionalmente los derechos sociales constitucionales de los trabajadores. La requisa es una figura administrativa que se actualiza mediante decreto emitido por el poder Ejecutivo con base en el cuál, dicho poder, interviene en la administración de la empresa, con el fin de mantener la prestación de un servicio público, en los casos previstos en las leyes antes indicada. Este procedimiento administrativo, se desarrolló en Francia principalmente durante las guerras (requisiciones militares), también se ha presentado en casos de notoria urgencia, en que el poder administrativo se ve obligado a adoptar rápidas determinaciones que no admiten demora por la gravedad misma de ellas (requisición civil). La requisición solo opera en circunstancias excepcionales, que la ley francesa enumera limitadamente: a) movilización general; b) movilización parcial; e) circunstancias excepcionales: amenaza de guerras; y d) reunión de tropas, en los casos de requisiciones militares. Entre nosotros la requisa se regula en el artículo 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, promulgada por el presidente Lázaro Cárdenas el 19 de febrero de 1940, constituye una solución de emergencia que plantea la posibilidad de que el gobierno se haga cargo de un servicio público concesionado. Esa intervención por parte del Estado en las actividades de una empresa, solo se autoriza para los supuestos que de manera clara establecen las leyes que prevén la figura de la requisa. En el caso de la Ley de Vía Generales de Comunicación, los supuestos que se establecen para la requisición se contienen en el artículo 112, señalando el mismo que en caso de guerra internacional, (le grave alteración del orden público o cuando se tema algún peligro inminente para la paz interior del país o para la economía nacional, el Gobierno tendrá derecho de hacer la requisición, en caso de que a su juicio lo exija la seguridad, defensa, economía o tranquilidad del país, de las vías generales de comunicación, de los medios de transporte, de sus servicios auxiliares, accesorios y dependencias, bienes muebles e inmuebles y de disponer de todo ello, como lo juzgue conveniente. El Gobierno podrá igualmente utilizar el personal que estuviere al servicio de la vía de que se trate cuando lo considere necesario. En este caso, la Nación indemnizará a los interesados, pagando los daños por su valor real, y los perjuicios con el cincuenta por ciento de descuento. Si no hubiere avenimiento sobre el monto de la indemnización, los daños se fijarán por peritos nombrados por ambas partes y los perjuicios, tomando como base el promedio del ingreso neto en los años anterior y posterior a la incautación. Los gastos del procedimiento pericial serán por cuenta de la Nación. En el caso de guerra internacional a que se refiere este artículo, la Nación no estará obligada a cubrir indemnización alguna. Evidentemente, el ejercicio del derecho de huelga que realizan los sindicatos no se coloca en ninguno de los supuestos que autorizan al ejecutivo a intervenir una empresa. La figura de la requisa no esta pensada para atentar contra el legitimo derecho de ejercer la huelga; Sin embargo, El Ejecutivo Federal la ha utilizado indebidamente para presionar a los sindicatos para que terminen con una huelga estallada, protegiendo de esa manera los intereses de las empresas involucradas. Aplicar la requisa contra las huelgas estalladas es sin lugar a dudas inconstitucional, pues una ley reglamentaria no puede limitar el ejercicio de un derecho que contempla nuestra Constitución. La requisa se encuentra establecida en términos muy parecidos en las siguientes leyes: Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, Ley de Aviación Civil, Ley de Aeropuertos, y Ley Federal de Telecomunicaciones. El problema no radica en la existencia de la figura de la requisa, sino en como ha sido utilizada. Por tal motivo, la solución no debe ser derogar todas las disposiciones que la contemplen, sino buscar alternativas que impidan se aplique a la huelga. En consecuencia, consideramos pertinente adicionar a los artículos que contemplan la figura de la "requisa" un párrafo que establezca que ésta no podrá en ningún caso aplicarse a la huelga. Por lo antes expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente: Iniciativa de Decreto por la que adiciona un último párrafo a los artículos 112 de la Ley de Vías Generales de Comunicación, 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; 86 de la Ley de Aviación Civil, 77 de la Ley de Aeropuertos y 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones Artículo Primero: Se adiciona el artículo l12 de la Ley de Vías Generales de Comunicación para quedar como sigue: Artículo 112.... En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga. Artículo Segundo. Se adiciona un último párrafo al articulo 56 de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario para quedar como sigue: Artículo 56.... En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga. Artículo Tercero. Se adiciona un último párrafo al articulo 86 de la Ley de Aviación Civil para quedar como sigue: Artículo 83. En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga. Artículo Cuarto. Se adiciona un último párrafo al artículo 77 de la Ley de Aeropuertos para quedar como sigue: Artículo 77. En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga. Artículo Quinto. Se adiciona un último párrafo el artículo 66 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue: Articulo 66.. En ningún supuesto la requisa podrá ser aplicada en caso de huelga. Transitorios: Unico: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. DIPUTADA ALEJANDRA BARRALES MAGDALENO. Muchas gracias por su atención y hago entrega de esta iniciativa a los señores Secretarios. Gracias. (aplausos)