La diputada Eva Florinda Cruz Molina: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hablar de ejidos y comunidades agrarias en nuestro país es referirnos al corazón mismo de nuestra historia de México y el núcleo fundamental del sector social de la economía. Por el contrario, hablemos de los mexicanos que son dueños del 52 por ciento del territorio nacional en legítima propiedad, producto de la Reforma Agraria de mi general Emiliano Zapata. En los ejidos y en las comunidades de México se localiza el 80 por ciento de los bosques y selvas del país, el 74 por ciento de la biodiversidad y las 2 terceras partes de los litorales de la nación. De la explotación racional integral y sustentable de este recurso depende la superación de la pobreza de la población rural y la soberanía alimentaria. La previsión de insumos para los demás sectores de la economía y el equilibrio de la balanza comercial agropecuaria. Vengo a proponerles, diputadas y diputados, corregir de una vez por todas el déficit marginal, papel que la legislación agraria y de desarrollo rural sustentable vigentes asignan a los ejidos y a las comunidades agrarias de nuestro querido México. La corrección de esta legislación depende de viabilidad del desarrollo rural integral sustentable que hoy transita en una manera distorsionada a través de un enfoque de servicios municipales más urbanos que rurales, a través, de los planes de desarrollo de los municipios. El artículo 25 constitucional, nos indica que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica de los ejidos y las comunidades que no se cumple cabalmente. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable reconoce en su artículo segundo que los ejidos y las comunidades son sujetos de esta ley y de sus disposiciones, y están dirigidas a promover el desarrollo rural sustentable. En relación con la promoción del desarrollo integral y equitativo del sector rural, el artículo cuarto de la Ley Agraria, eliminó las personalidades jurídicas de ejidos y comunidades y las sustituyó por organizaciones de productores. Las legislaciones agraria y desarrollo rural sustentable no establecen los mecanismos que le ordena el artículo 25 constitucional, que facilitan la organización y la expansión de la actividad económica de los ejidos y las comunidades. No existe actualmente un programa nacional de desarrollo integral sustentable, como el Programa Nacional de Desarrollo Rural Integral, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario del 2013 y 2018 no es su equivalente. Como puede verse, ante la ausencia de un programa nacional en la promoción del desarrollo rural integral sustentable, es preciso, en primer término, hacer visible a los ejidos y comunidades en la legislación agraria y de desarrollo rural sustentable, como lo reconoce el artículo 25 constitucional. En segundo lugar, propone que los ejidos y comunidades se interesen en la planeación de su desarrollo, introduciendo esta actividad como competencia de la asamblea de ejidatarios y comuneros, al lado de la elaboración y modificación de su reglamento interno. La formulación de su plan de desarrollo rural integral sustentable les dará más capacidad, como proponente de política de desarrollo y fomento al campo y, sobre todo, disponer de proyectos muy claros para ser concertados con el Ejecutivo federal, para su aplicación y como prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tercer lugar, precisar en el artículo 41 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente, que las acciones en materia de cultura, capacitación, investigación, asistencia técnica y transferencia de tecnología para el fomento agropecuario y el desarrollo rural sustentable y que son responsabilidades de los tres órdenes de gobierno, se oriente el apoyo de ejidos y comunidades. En cuarto lugar, que se cumpla el mandato de la ley de que estas acciones y programas de capacitación, asistencia y transferencia de tecnologías, se formulen y ejecuten bajo criterios de sustentabilidad, inclusión y participación. Y por último, que se cumpla el mandato legal de que se atiendan todas las fases del proceso de desarrollo, desde el diagnóstico y, sobre todo, la etapa de planeación del desarrollo rural integral sustentable en ejidos y comunidades. Que se cumpla también el mandato legal de dar prioridad a aquellos ejidos y comunidades que se encuentran en zonas con mayor rezago económico y social. La Ley de Desarrollo Rural Sustentable vigente tiene prevista la obligación gubernamental de la asistencia técnica para el diagnóstico y la planeación, si así lo demanda la población rural y sus organizaciones. Compañeros diputados y diputadas, es el momento en que hay que apoyar a los campesinos del campo mexicano, que el campo en estos momentos se encuentra en plena crisis, tenemos que apoyar a los ejidos y a las comunidades más marginadas de nuestra nación. Por eso les pido que nos apoyen, para que esos ejidos y comunidades vuelvan a ser como antes fueron, que cultiven sus campos, que haya ahora sí recursos para el campo mexicano que está atravesando por una crisis. Quiero pedirles, compañeros diputados, que gracias a esos ejidos, a esos campesinos y campesinas, la mayor parte de nosotros estamos aquí, somos diputados gracias a esos pobres campesinos que todavía creen en sus diputados. Les pido, los exhorto a que todos juntos vayamos, para apoyar al campo mexicano y a los ejidos y a las comunidades de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, compañeros diputados y diputadas por haberme escuchado.