La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Hice reserva a dos artículos para oponerme al despropósito de la cadena perpetua, y quiero iniciar pidiéndoles que no le hagan esto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y no se lo hagan al Congreso de la Unión. Van a obligar al ombudsman nacional a que meta una acción de inconstitucionalidad por este tema si es que y no tengo duda hace su trabajo. Vamos a pasar en este momento a un escenario en el que, a sabiendas de la inconformidad de la comunidad internacional, de su rechazo a la prisión vitalicia porque es incompatible con la sentencia máxima y porque es contraria a ciertos principios de derechos humanos, nos están planteando que violentemos la Constitución, que violentemos la reforma nueva a la Constitución y el 22 de la Constitución. Ya les mostramos en la Comisión de Justicia que la pena vitalicia viola los artículos 9 de la Declaración de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que coloquialmente se dice el Pacto de San José. Ya probamos que viola los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en América. Todo eso es algo de lo que están conscientes quienes vienen aquí a plantear el asunto de la pena vitalicia. Es importante que el pleno sepa además que ésta no es la iniciativa original del diputado Navarrete Prida; ésta fue una modificación que se le hizo a partir de otros intereses distintos al estado de derecho. Creo que quienes proponen esta reforma son conscientes de que ni la pena de muerte ni la pena vitalicia resuelven en nada la criminalidad, lo saben; saben que no inhibe en nada la incidencia de delito, que eso se logra con atrapar a los culpables, con sentenciarlos correctamente y con mantenerlos en la cárcel, que es lo que el gobierno no puede hacer. Saben que se viola el artículo 25, puntualmente se viola el artículo 25 del Código Penal que están planteando que reformemos. Pero nada de eso les importa a quienes están planteando esto. Por encima de la ley, por encima de la lucha contra la impunidad están otros intereses. Del PAN la desesperación de un verdugo ineficaz que gobierna a fuerza de violencia y venganza. Para el gobierno federal éste es un tema de venganza. Es humanamente imposible readaptar a un condenado a cadena perpetua, así que el gobierno, con esto, el PAN con esto, renuncia a su deber de cumplir con esta premisa. Pero lo fundamental, la verdadera razón por la que están a favor es porque van a intentar convertir a los ciudadanos en electorado. La verdadera razón por la que estamos en disposición de atacar, de atentar contra el estado de derecho es ésta, este electorado, al que ya le prometieron este tema como un tema de campaña. La razón verdadera por la que estamos en disposición de violentar tratados internacionales, Constitución, ley, la evidencia científica y empírica de la inutilidad de esa medida es una mentira, una mentira electorera. Se trata de cumplir un pacto entre dos partidos para violentar la ley por un acuerdo electorero porque las encuestas dicen que un partido capta este electorado con este tipo de propuestas. Así de ramplón, así de inútil, así de ridículo convierten al estado de derecho; por asuntos electoreros. No importa que el tema sea un tema de derechos humanos, no importa la reflexión profunda sobre la violación a la Constitución; lo que importa son los votos, lo que importa es lo que dicen las encuestas y lo que importa es lo que ya prometieron en campaña, lo que importa es que ya están los spots en la tele, lo que importa es que ya está una gran, gran campaña en medios y hay la promesa del partido mayoritario de cumplirle a su aliado para que vayan a las elecciones. Esto vale el estado de derecho, esto vale la Constitución y esto valen los derechos humanos en el país. Por esta mentira es que estamos en este escenario. Presidente, leo las reservas para quienes tengan aún el decoro de defender el Estado de derecho por encima de los asuntos electorales. Las reservas a la fracción IV, del artículo 10 y al artículo 11 para quedar como sigue: Artículo 10. Se sancionará el secuestro con las penas siguientes: IV. Con la pena de 35 años o 60 años de prisión y de 6 mil a 9 mil días de multa cuando...-etcétera-. Artículo 11. Se sancionará con pena de 40 a 60 años de prisión y de 10 mil a 12 mil pesos de multa a los autores que participen del secuestro o que priven la libertad de las víctimas. Ésa es la reserva, presidente.