El diputado Juan Carlos Villarreal Salazar: Con su permiso, presidenta. La corrupción, la discrecionalidad, los vicios y los excesos en el servicio público se traducen en grandes costos políticos, económicos y sociales. En consecuencia, estamos llamados a sumar esfuerzos para erradicarlos. México es el segundo país con los servidores públicos de nivel alto o medio con las remuneraciones más altas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Un funcionario mexicano de nivel de subsecretario recibe una compensación equivalente a 13 veces el PIB per cápita del país, mientras que el promedio dentro de la organización es casi de 6 veces, y en países como Estados Unidos de 4 veces. Hoy nos encontramos ante la discusión de lo que va a ser la Ley Reglamentaria de los Artículos 75 y 127 constitucionales. Y lo hacemos con la premisa de que se señala en este precepto constitucional que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Y lo hacemos también como segunda o tercera ocasión que se pone a debate en esta soberanía ante la falta de sensibilidad para tomar en cuenta muchas de las observaciones que hicimos los grupos de la oposición cuando se presentó aquella minuta que venía del Senado, al inicio de la legislatura. Decíamos que en esta ocasión la expedición de esta ley debe dejar precedentes en la administración pública federal, y que proponga la creación de un sistema de remuneraciones integrando los procedimientos que permitan determinar, pagar, verificar, evaluar y ajustar la remuneración de los servidores públicos, dando cumplimiento al artículo 134 constitucional, administrando los recursos con eficacia, eficiencia, economía, transparencia y honradez. Pero además, esta ley que se propone el día de hoy surge de la necesidad de cumplir con las disposiciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señaló en su resolución el 20 de mayo de 2019, donde se estableció claramente que se deberían de considerar los aspectos de proporcionalidad, adecuación y renunciabilidad, y otros parámetros para determinar el salario del presidente, y que dan la pauta para establecer un marco normativo de las remuneraciones de los servidores públicos de la administración pública federal. Proyectando con esto hacia la población una cara de congruencia y armonía hacia lo que deben de percibir los servidores públicos en sus niveles de responsabilidad. Por otro lado, es importante precisar que las remuneraciones del sector público no deben de ser una fuente de enriquecimiento, pero sí deben de ser un ingreso digno con base en su compromiso, a su dedicación y a su capacidad. El ejercicio de cualquier cargo público debe de implicar un alto sentido de austeridad y vocación de servicio, con el propósito de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas, por encima de los intereses particulares. Por ello, es importante atender las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establecer los parámetros por los que se debe de fijar la remuneración del presidente y el resto de los niveles jerárquicos. Y ésta debe de garantizarse, para que no sea una afectación también a quienes desempeñan su labor con honestidad, con profesionalismo y con entrega. Asimismo, garantizando el servicio público que cuente con el personal calificado e idóneo que acredite sus habilidades requeridas para las funciones a desempeñar, pues se busca que haya eficacia y calidad en el ejercicio de la función pública. De ahí la importancia de cerrar los espacios a la arbitrariedad o discrecionalidad. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano tenemos claro que hay que luchar contra la corrupción. La transparencia, la rendición de cuentas como elementos fundamentales del avance democrático. Consideramos que podemos votar a favor del presente dictamen, pero con la reserva que se presentará en esta sesión, donde se atiende algunas de las observaciones que hizo nuestra fracción. Pero también sostenemos que es momento de fortalecer la rendición de cuentas, y que la austeridad, para nosotros, debe ser sinónimo de eficacia en la aplicación de los recursos, sin subejercicio, sin clientelismo y con la objetividad que se requiera. Es decir, la austeridad es una cuestión de hecho y no de narrativa discursiva. Es cuanto, señora presidenta.