La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. A continuación, exteriorizaré la propuesta para eliminar del artículo 53, suprimir la negativa ficta en caso de que la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía no resuelva en 90 días las solicitudes a lo que se refiere este artículo. Compañeras y compañeros legisladores, uno de los elementos que sin duda deben de ser modificados en esta reforma es la propuesta de establecimiento de la negativa ficta. Donde vale la pena resaltar que el silencio de la autoridad tiene origen en la configuración de un mecanismo que protege a los ciudadanos, frente a los incumplimientos de la administración pública, en la resolución de sus procedimientos administrativos. De ahí, surge el derecho consumado de que los interesados puedan denunciar el incumplimiento del plazo legal ante la autoridad que debía resolver el asunto. Este principio garantiza, por lo tanto, que la autoridad no sea omisa en sus obligaciones. Que no violente el derecho de los ciudadanos y que simplemente cumpla con su función de autoridad de fundar y motivar la resolución que la ley obliga a generar ante la solicitud o petición de un interesado y que de manera general el silencio de la autoridad opera en favor del interesado. En razón de lo anterior, la pretensión de la iniciativa en comento es modificar este principio para que ante el silencio administrativo se tenga por desechado rechazar a cualquier solicitud de permisos emitidos por la Secretaría de Energía o por la Comisión Reguladora de Energía con el pretexto de brindar mayor seguridad al Estado. Lo cual es una modificación que alienta el desentendimiento administrativo y a la omisión del cumplimiento de facultades por parte de la autoridad. En este sentido debemos tener en cuenta los principios constitucionales ya que, dentro del derecho a la seguridad jurídica previstos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra el elemento indispensable de validez de todo acto de autoridad que consiste en el marco de su competencia. Ello implica que la autoridad debe existir conforme una norma legal y ejercer las facultades que le estén expresamente conferidas. Es decir, debe de fundar su acto no solo en el precepto que la autoriza para emitirlo, sino que, en algunos casos, también en razón del territorio y de la materia que trate, razón por la cual la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que la negativa ficta solo será legal si la autoridad omite responder y no está dentro de las facultades de la autoridad decidir sobre lo pedido. En conclusión, lo que se pretende reformar es generar un estado de indefensión, donde no se funda ni motiva el por qué de una negativa, lo cual puede incentivar además a la corrupción y que solo se conteste o acepten las respuestas a solicitudes de amigos. Esta propuesta es un atentado a la transparencia y se debe publicitar el por qué se emite o no un permiso o les pregunto entonces, les pregunto entonces, legisladoras y legisladores, si la autoridad tiene miedo, ¿a qué le tiene miedo? ¿Por qué hacer una ley que fomente la opacidad? Si en verdad se quisiera terminar con la corrupción no solo se debería de obligar a la autoridad a fundar y motivar sus actos, debemos ir más allá. Se debe, además, generar la máxima publicidad y transparencia. Seamos congruentes con lo que se pregona y con lo que se legisla. Invitadas todas y todos en este sentido. Gracias, presidenta, es cuanto.