El diputado Carlos Arturo Madrazo Silva: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes compañeras y compañeros. Cuando hacemos referencia al término seguridad, nos referimos a tener certeza sobre algo. Es decir, una percepción personal que hace sentido a los individuos la confianza sobre cierta situación. Ahora bien, si trasladamos dicho término al campo de lo social, encontramos que los gobiernos han diseñado un entramado de instituciones y normas, con el fin de garantizar el orden y la paz pública dentro de un territorio determinado. Para alcanzar dicho objetivo, es fundamental que las políticas de seguridad sean integrales y multidimensionales, es necesario que aborden de manera adecuada, no solo la depresión del delito, sino también la prevención, la rehabilitación, la reintegración social de los infractores. En nuestro país, el derecho a la seguridad pública se encuentra consagrado en la Carta Magna, artículo 21, donde se establecen claramente las bases fundamentales para la protección de toda la población. En dicho precepto se refleja con claridad la obligación del Estado en materia de seguridad, pero, sobre todo, se hace énfasis en la importancia de un marco legal adecuado que respalde la acción de las instituciones responsables de mantener el orden y la paz. Bajo esta lógica, a pesar de los esfuerzos emprendidos para afrontar la problemática en materia de seguridad, debemos reconocer que aún queda un largo camino por recorrer, ya que persisten zonas del territorio nacional afectadas por el fenómeno de la violencia y la inseguridad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana elaborada por el Inegi correspondiente al tercer trimestre de 2024, durante septiembre el 58.6 % de la población mayor de 18 años consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Si bien es importante resaltar que el porcentaje de personas que se sienten inseguras bajó más de 15 % desde el 2018, debemos seguir avanzando con leyes y políticas públicas que reduzcan aún más ese porcentaje. En este sentido, frente a las constantes amenazas, resulta imprescindible que redoblemos esfuerzos a fin de garantizar la seguridad en todos los rincones del país sin distinción, con el fin de asegurar que todos los ciudadanos puedan vivir en paz y con la certeza de que sus derechos y patrimonios se encuentran protegidos. En este contexto, es necesario acelerar la modernización del sistema de seguridad pública, así como los mecanismos de procuración e impartición de justicia, la coordinación de los Ministerios Públicos con las instituciones de seguridad en todos los ámbitos y el fortalecimiento de las labores de inteligencia, como lo plantea la Estrategia Nacional de Seguridad, con el fin de que el Estado mexicano pueda cumplir con mayor eficacia su labor de proteger a los ciudadanos, más aún cuando se ha vuelto una realidad innegable que la capacidad operativa, económica y territorial de los grupos territoriales, los grupos criminales, perdón, en México ha experimentado un crecimiento alarmante en los últimos años. Frente a dicho escenario, el uso de la tecnología se ha convertido en un aliado contra el crimen, permitiendo a las autoridades contar con herramientas más eficaces y precisas para prevenir, identificar y perseguir conductas delictivas. Las tecnologías de información y comunicación ofrecen capacidades sin precedentes para detectar patrones de comportamiento criminal, monitorear actividades sospechosas en tiempo real y anticipar posibles amenazas antes de que se materialicen en delitos que afecten a las personas. Asimismo, el uso de tecnologías e inteligencia en tareas de vigilancia como cámaras de seguridad, drones y sistemas de geolocalización ha facilitado la ubicación de criminales, el desmantelamiento de redes delictivas y la mejora en la coordinación entre distintas fuerzas de seguridad. Existen varios ejemplos del beneficio que se alcanza con el uso de la tecnología e inteligencia en tareas de seguridad pública, uno de los más destacados sin duda es la Ciudad de México en donde se ha implementado un sistema de videovigilancia que funciona mediante una red de cámaras interconectadas. Derivado de lo antes expuesto la propuesta de reforma que presento el día de hoy a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde y que fue una de nuestras propuestas de campaña, busca modificar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a fin de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tengan entre sus atribuciones la de promover el aprovechamiento de la tecnología y la implementación de sistemas de videovigilancia interconectados entre las autoridades encargadas de la seguridad con el objetivo fundamental de reducir y prevenir las conductas delictivas. Estamos convencidos de que esta reforma dará al Estado mexicano más herramientas para enfrentar con mejor, con mayor rapidez y contundencia y coordinación el reto de garantizar que la ciudadanía realice sus actividades cotidianas de paz. Es cuanto. Muchas gracias, presidente.