El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presentan las Comisiones Unidas de Gobernación, de Justicia. En el dictamen se propone la expedición de la Ley Nacional de Extinción de Dominio y modificaciones a otras cuatro leyes. Debemos tener presente que la reforma constitucional al artículo 22, publicada el 14 de marzo del presente año en el Diario Oficial de la Federación, en el párrafo tercero de dicho artículo se estableció que el procedimiento para llegar a decretarse la extinción de dominio sería de naturaleza civil y autónoma del proceso penal, e inicia mediante la presunción de que los bienes de algún delincuente no tienen origen lícito. Una de las grandes demandas de la población mexicana es que se resuelva la inseguridad y que se combata de manera eficaz a las organizaciones delictivas. En principio así debe ser, y corresponderá a los jueces penales determinar la responsabilidad que derive de la comisión del delito. Nos interesa destacar en este paquete de cinco leyes la existencia del denominado gabinete social, que tendrá la importante responsabilidad de determinar el destino de los bienes que se le quiten a la delincuencia, y cuya finalidad será paliar las graves desigualdades que existen en el país. Todos aquellos bienes en los cuales se aplique la extinción de dominio serán monetizados y sus recursos destinados al beneficio de sectores económicos en situación de marginación. También el artículo 3o. del presente dictamen, y que se refiere a la modificación de la vigente Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, entre las que destaca la naturaleza jurídica del órgano al cual se define en el artículo 76 como un organismo público descentralizado de la administración pública federal, y entre cuyas atribuciones destaca la monetización de los bienes que se le transfieran. En el caso del artículo 5o., que se refiere a las reformas de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, destaca la reforma al artículo 32, donde se establecen las atribuciones de la Secretaría del Bienestar y la reforma a la fracción XXII, para dar a la o al titular de esta dependencia facultad de ser secretario ejecutivo del gabinete social. De igual forma es relevante la adición al artículo 44 Bis, donde se dispone la existencia e integración del gabinete social y del que forman parte el presidente de la República, quien lo preside, cinco secretarios de Estado y cinco directores de organismos. La atribución fundamental de ese gabinete social es proponer, definir y supervisar pautas, criterios, planes, programas y proyectos para la asignación o transferencia de un bien extinto a un fin de interés público. Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de este dictamen que contiene cinco leyes, se da cumplimiento a la palabra presidencial de devolver al pueblo lo robado. La sociedad mexicana tiene la garantía de que la figura de extinción de dominio solo podrá ser aplicada a cualquiera de los 11 delitos previstos en el párrafo cuarto del artículo 22 constitucional. Es necesario que quienes integran las organizaciones delictivas sepan que si siguen delinquiendo serán encarcelados, pero también desposeídos de los bienes que ilícitamente han obtenido. En México delinquir ya no será un negocio, y esto aplica tanto para ciudadanos como para autoridades que se han enriquecido a través de actos de corrupción y a los cuales se les aplicará esta novedosa figura. Sabemos que no hay una ley que sea perfecta de origen. Todas se pueden y se deben perfeccionar en el camino. La dinámica social impone día con día nuevos retos que es necesario atender. Hoy, como integrantes de esta legislatura nos corresponde discutirla y tomar la decisión que corresponda, y en el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.