El diputado Julio César Moreno Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en la reciente historia legislativa, en los últimos periodos extraordinarios han estado presentes las reformas constitucionales. En la LIX Legislatura, en el periodo extraordinario de junio de 2005, las reformas constitucionales consistieron en abolir la pena de muerte, sentar las bases para el debido proceso a seguir a los adolescentes. dar certeza a las etapas de promulgación y publicación en el procedimiento legislativo y definir la competencia entre autoridades federales y locales en materia concurrente. De igual manera, en la LX Legislatura se realizó un periodo extraordinario en junio de 2008, en el que las reformas constitucionales fueron modificar las diversas causales de pérdida de la ciudadanía mexicana e introducir cambios al formato del informe presidencial, entre otras. Previo a las reformas que el día de hoy vamos a discutir existen temas de gran trascendencia para nuestro país, como lo son el fortalecimiento de la transparencia, la reforma política del Distrito Federal. La segunda vuelta electoral, la revocación del mandato, el referéndum, entre otros. Sin embargo, esos temas no han alcanzado el consenso suficiente para ser sometidos a discusión y votación ante esta soberanía. Seguramente son varios temas que aún quedan pendientes. Por otro lado, los temas que en esta ocasión nos convocan a este periodo extraordinario son la seguridad jurídica de los procesos penales que se requieren por la próxima entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, la dispersión catastral y finalmente, las escandalosas deudas de los estados y municipios que deben ser reguladas. En primer orden, a nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo a fundamentar para someter a discusión y en su caso, aprobación, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de legislación procesal penal única. La relevancia del tema recae en el hecho de que en nuestro país existe una pluralidad de legislaciones procesales que propician situaciones de injusticia y de arbitrariedad que en su aplicación atentan contra el derecho fundamental de la igualdad reconocida por nuestra Constitución y diversos tratados internacionales, ya que actualmente a quien se le imputa la comisión de un delito es tratado de manera diferente dependiendo del lugar en que lo cometió. Con la presente reforma se fortalecerán las bases del debido proceso como parte esencial de una serie de tareas que se requieren, a fin de materializar el sistema de justicia penal, derivado de la reforma constitucional realizada en julio de 2008. Con esta reforma se pretende establecer un modelo jurídico único de legislación procesal penal, de justicia alternativa y de ejecución de sanciones, evitando así que en el país existan distintas maneras de procurar, de administrar la justicia penal, así como de incumplir las penas. Esta medida unificadora de la política criminal de nuestro país es con la finalidad de que el sistema de justicia penal sea similar en todo el territorio nacional, lo cual se traducirá en un beneficio para el juzgador, el procesado y, en especial, la víctima, ya que se regirá bajo un esquema de certeza y seguridad jurídica. Por otro lado, se establecerá la homologación de los mecanismos alternativos de solución de controversias, actualmente previstos en el artículo 17 de la Carta Magna. De esta manera armonizamos lo establecido en nuestros preceptos constitucionales. Asimismo, con la presente reforma, se busca unificar la ejecución de sanciones evitando la dispersión de la aplicación de la norma y brindando certeza jurídica al sentenciado. Esta reforma constitucional tiene como fin propiciar una administración de justicia eficiente, congruente, respetando los derechos fundamentales en un marco de seguridad jurídica, trato igualitario y debido proceso para los habitantes de este país, fortaleciendo los criterios judiciales y el Estado de derecho. Una injusticia hecha al individuo es una amenaza hecha a toda la sociedad. Es por ello, compañeras y compañeros diputados, que los invito votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.