La diputada Flor Ivone Morales Miranda: Con su venia, diputada presidente. Saludo con aprecio a mis compañeras y compañeros legisladores, y a las y los mexicanos. El artículo 1o. de la Constitución nos dice que todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Nuestra tarea como legisladores no solo se trata de reconocer derechos, sino también de buscar las fórmulas para garantizarlos. Recordemos que el 5 de febrero de 1917 se promulgó la Carta Magna que actualmente nos rige, con ella se dio el origen al constitucionalismo social, el cual establece que la máxima ley de un pueblo no solo debe fijar la base organizativa del Estado y reconocer las garantías individuales, sino también ser garante de los derechos sociales, económicos y culturales de las clases populares. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales vengo ante esta tribuna a presentar el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo decimoséptimo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para proteger los apoyos económicos de programas sociales. Es un dictamen que complementa las reformas que hemos aprobado para elevar a rango constitucional los derechos de las personas más vulnerables de recibir apoyos de programas sociales, para garantizar que dichos recursos lleguen a ellas y solo a ellas. Pero, ¿cuál es el problema que se ha detectado y por qué es necesaria esta reforma? Existen numerosas quejas por parte de usuarios de sistemas financieros mexicanos, en el sentido de que algunas instituciones bancarias les han descontado sin ningún aviso previo diversas cantidades que provienen de los apoyos económicos, pensiones y becas. Lamentablemente, es una práctica común de las instituciones financieras incluir en los contratos de servicios financieros la posibilidad de descontar, retener o embargar recursos de sus clientes por algún adeudo, no importando que el origen de los recursos, incluso, provengan de salarios, los cuales están protegidos por la Constitución y por la Ley Contra los Embargos. Las personas que pertenecen a los grupos de mayor vulnerabilidad social frecuentemente son las más afectadas por estas prácticas o cláusulas abusivas que los dejan en estado de indefensión. La Condusef ha detectado que en los contratos que los usuarios firman con los bancos para el uso de productos o servicios financieros se incluyen cláusulas que derivan en desventajas para el cliente, e incluso en riesgo de su patrimonio. ¿Qué sucede con los apoyos de programas sociales? Ya hemos logrado que tanto a nivel federal como a nivel local se consoliden los apoyos de diversa naturaleza a personas con alguna discapacidad, becas a estudiantes, apoyos a madres solteras entre otros grupos sociales vulnerables. Para este efecto las administraciones de los órdenes de gobierno realizan la transferencia de este tipo de apoyo a través de instituciones financieras, sin embargo, a esta mecánica de entrega de apoyo fueron aparejadas las prácticas y usos financieros para los cuales la población vulnerable no está preparada para enfrentarlos. Entonces, ¿cuál es la solución? La presente iniciativa de reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos plantea establecer que los apoyos económicos que con el objeto de combatir la pobreza y la desigualdad que otorgue algún nivel de gobierno no serán susceptibles de retenciones, descuentos, deducciones o embargo por parte de particulares, sino mediante juicio seguido ante los tribunales competentes y bajo las normas y procedimientos aplicables. Llegamos a este dictamen después de celebrar audiencias públicas de parlamento abierto para debatir y enriquecer la propuesta para establecer a las instituciones financieras a respetar los recursos provenientes de los programas sociales. En el parlamento abierto se escucharon a expertos académicos y servidores públicos, legisladores, cuyas opiniones se insertaron en una relatoría consensuada al cuerpo de este dictamen. Entre ellas está que la reforma propuesta es un medio para proteger los derechos de las y los mexicanos, así como reducir al máximo el estado de desigualdad en que nos encontramos. Se coincide en que por su naturaleza los recursos de programas sociales deben ser blindados y para el caso que deban ser utilizados para el pago de deudas, para ello deberá respetarse el artículo 14 constitucional que señala que nadie puede ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales. Se puntualizó que existen principios constitucionales como la seguridad jurídica, la certeza y el debido proceso que protege a los ciudadanos por igual. Nadie puede hacer justicia por su propia mano. Desde esta tribuna queremos decirles a las y los mexicanos que sus apoyos están protegidos y que estará estrictamente prohibido su embargo. Recuerden que la entrega de pensiones, programas de bienestar se lleva a cabo en todo el país de forma directa y sin intermediarios. Quiero externar un gran reconocimiento, finalmente, en mi discurso, al diputado Juan Ramiro Robles, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, por la conducción de los trabajos de consenso en el seno de la comisión. Y, de igual manera, quiero hacer un reconocimiento especial a la diputada Aleida Alavez, quien tuvo la iniciativa de presentar e impulsar esta importante propuesta. Compañeras y compañeros diputados, les exhorto a que voten a favor del presente dictamen. Ya basta de los abusos de las instituciones bancarias. El pueblo de México...