El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el numeral 2 del artículo 77 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un quinto y sexto párrafo del artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El asunto de la deuda pública nacional es un problema de soberanía al que poca o ninguna importancia se le ha querido dar por las autoridades del ramo. Tan es así que recientemente, el penúltimo titular de Hacienda en el sexenio anterior y actual senador de la República desdeñó su importancia al manifestar que el problema sería atendible si llegara a niveles superiores al 70 por ciento del producto interno bruto. Señores legisladores, como ustedes saben la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte conducente acerca de la asunción de pasivos a cargo del gobierno federal señala, en la fracción VIII del artículo 73, que ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos. Por otra parte, el artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria señala que podrán contratarse créditos externos para financiar total o parcialmente programas y proyectos cuando cuenten con la autorización de la Secretaría y los montos para ejercerlos estén previstos en el Presupuesto de Egresos en los términos del Reglamento. Es menester mencionar que en tanto el proyecto de la Ley de Ingresos de la Federación 2013 establece en el artículo 2o los techos de endeudamiento sin requisitos, cuando se trata de la deuda para el gobierno del Distrito Federal en el artículo 3o, sí se señalan las condiciones que la Constitución marca en la fracción VIII del artículo 73. Entonces nos preguntamos, por qué para la deuda federal no se requieren y para la del Distrito Federal sí. Exigimos el mismo tratamiento. El órgano encargado del análisis económico dependiente de esta soberanía reportó que los registros de la deuda pública nacional por los ejercicios fiscales, del 2007 al 2012, ascendieron respectivamente a los siguientes, en millones de pesos. En 2007 representó 3 billones 314 mil 463 millones de pesos, que equivalen a 132.63 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Y el 29.2775 por ciento del producto interno bruto. En 2012 las cifras respectivas fueron de 5 billones 557 mil 353 millones de pesos del 14.92 por ciento del PEF y del 36.8917 del PIB. Para 2013 los criterios generales de política económica, emitidos por Hacienda, señalan que se espera que la deuda ascienda al cierre de este año en 37.5 por ciento del PIB. En otras palabras, el incremento de la deuda nacional en el sexenio de Calderón en números absolutos ascendió a 2 billones 242 mil 870 millones de pesos, sin que el resultado de asumir tales adeudos se viera reflejado en un aumento de la actividad económica del país. En tanto no se demuestre lo contrario tenemos derecho a pensar que los pasivos se destinaron a cubrir gasto corriente en contra de lo mandatado por la Carta Magna. Los pasivos asumidos por el gobierno federal obedecieron a la obtención de créditos cada vez más crecientes y no se conocieron los parámetros bajo los que se asumieron. En consecuencia, el costo financiero de la deuda ha ido en ascenso y en 2012 representó la cantidad de 261 mil 413 millones 493 mil pesos, equivalente a casi el 2 por ciento del producto interno bruto. Para 2013 el servicio de la deuda costará 350 mil 386 millones de pesos. Hay dos estudios que se han elaborado para cuantificar el impacto de las pensiones por pagar y que representan un pasivo contingente, y el resultado ha sido el siguiente: El primero de ellos señala que la presión que el tema ocasiona en las finanzas públicas es preocupante y que puede explotar entre el 2012 y el 2018, y que se ha determinado el pasivo actuarial correspondiente que equivale al 104 por ciento del producto interno bruto a precio de 2010. El segundo abunda en el tema y sus cálculos llegan a establecer que el pasivo contingente asciende a 120 por ciento del producto interno bruto. Para el caso de esta iniciativa el impacto es el que en el momento dado la deuda se elevará a 156.8917 por ciento del producto interno bruto, que deriva de sumar el último porciento señalado con referencia al PIB más el importe del cálculo actual mencionado. Para concluir, por estas y muchas razones estoy proponiendo a esta soberanía adicionar un párrafo quinto y un sexto al artículo 36 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: Previo a la contratación de los créditos que la administración pretenda asumir, sean nuevos o renovaciones, se planteará al pleno de la Cámara de Diputados mediante la inclusión en el paquete económico anual dicha asunción, incluyendo la información correspondiente que incluirá cuando menos la relación costo-beneficio sobre dichos créditos, relativo a conocer el incremento de los ingresos derivados de los proyectos productivos a los que se aplicarán, amén de la relativa a condiciones, garantías y demás datos correspondientes, para su aprobación, en su caso.