El diputado Jesús Emilio Martínez Álvarez: Con su permiso, compañera Presidenta. Compañeras y compañeros: Quiero llamar la atención de todos ustedes, y en forma muy particular a la Comisión Especial para la Reforma del Estado y a la Comisión de Puntos Constitucionales. Recordemos que el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que las leyes electorales, federal y locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Este mandato constitucional significa que el Congreso, este Congreso, cuenta con el presente periodo ordinario de sesiones para poder conocer, discutir y dictaminar y votar las reformas legales que, por su naturaleza e impacto en el proceso electoral del año 2006, deben considerarse como fundamentales. Nuestro partido ha insistido y ha presentado de manera permanente diversas iniciativas tendentes a mejorar el actual Cofipe, que fue en su momento un instrumento que sirvió para regular los procesos electorales. Y hoy estamos viendo cómo estos vacíos legales propician que los órganos electorales legislen como lo hace en ocasiones el IFE y, en muchas otras, el propio Tribunal Federal Electoral. En ese marco de premura, el grupo parlamentario de Convergencia propondrá a la consideración de esta soberanía las iniciativas de reforma electoral que, en nuestra opinión, son ineludibles para garantizar que la renovación completa de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que llena la agenda electoral de 2006, se rija por normas actualizadas que garanticen la profundización del proceso democrático y alejen los peligros de la ilegitimidad, de la ingobernabilidad, el abstencionismo y la polarización política permanente. De dejar las cosas como van, no existe la menor duda de que estos hechos a que hago referencia se presentaran en el año 2006. Convergencia estima de la mayor prioridad política nacional que esta Cámara de Diputados y la Colegisladora asuman la agenda de cambios en materia electoral, que ya han acreditado su urgencia y entre las que se cuentan como ausencias notables la nueva normatividad para la regulación de medios de comunicación electrónicos en el proceso electoral, nuevas normas de financiamiento, transparencia y rendición de cuentas de partidos y candidatos, los nuevos mandatos legales que obliguen a la democratización de la vida interna de los partidos políticos y a la regulación de las precampañas. Siguen ausentes las regulaciones de ley que acaben con la opacidad en la elección de dirigentes partidarios y normen de modo universal los ahora conflictivos procesos de postulación de candidatos. Falta y es urgente encarar la reforma que acorte la duración de las campañas y la que permita la compactación del calendario nacional de elecciones. Falta normar, haciendo obligatorios, los debates en las campañas presidenciales. Falta legislar, cancelando incluso, candidaturas o registros partidarios en sanción a la violación reiterada de los topes de campaña. También falta reformar la ley para hacer de las coaliciones electorales un mecanismo de formación de bloques estables, de gobernabilidad y de coherencia legislativa. Falta el establecimiento de normas para permitir y regular las candidaturas comunes, que hoy no existen. A estos dos temas, y en esa ocasión precisamente, coaliciones y candidaturas comunes, se refiere la iniciativa que hoy ponemos a la discusión y examen de esta Legislatura. Lo que nuestra iniciativa pone a debate es la conveniencia de normar las coaliciones como pactos políticos duraderos que deben abarcar la totalidad de las candidaturas y estar sujetos a compromisos de carácter programático. Proponemos que la ley defina, como contenido esencial de una coalición, el compromiso de los partidos políticos de encontrar las coincidencias de una plataforma de gobierno compartido que define objetivos, mecanismos y que incluye un convenio de configuración del Poder Ejecutivo, en el que se transparentan ante los electores las formas que tomará la responsabilidad compartida del gobierno. En el caso de las coaliciones para postular candidatos a legisladores, ya sea para senadores o diputados, se propone como contenido esencial la elaboración de una plataforma legislativa común, pero que sea obligatoria, de resultar electo como candidato, como legislador de coalición. En consecuencia, se propone derogar las disposiciones que ahora permiten lo que se conoce como "coaliciones parciales", buscando obligar a los partidos que negocien y convengan programas de gobierno con carácter de mandato vinculatorio para el Ejecutivo y los legisladores así electos. En resumen, se subordina el procedimiento electoral a su contenido duradero y de gobierno de legislación; se privilegia la gobernabilidad al colocar los incentivos de la coalición en la coincidencia de largo plazo, por encima de la coyuntura en el proceso electoral. La iniciativa introduce la nueva figura de candidaturas comunes y las define como un mecanismo en que los partidos coinciden en postular un número delimitado a candidatos a senadores y diputados, exclusivamente por el principio de mayoría relativa. Es decir, al postular el mismo candidato por separado, los partidos se obligan a sumar fuerzas reales, mejorando la calidad de nuestros candidatos, pues en todo momento se conserva la transparencia de la votación de cada partido, con las correspondientes consecuencias en la asignación de legisladores de representación proporcional. Lo que aquí se busca, compañeras y compañeros, es evitar que un partido esconda sus debilidades en las fortalezas relativas de otro. Al trasladar el centro de gravedad a la calidad de las candidaturas, se favorece la participación de candidatos de la sociedad civil, de figuras cívicas de consenso, adicionando un elemento importante en el cambio democrático. Desde luego, a Convergencia le parece que esta figura de candidaturas comunes es complementaria, desde luego, a la figura renovada de las coaliciones, dotadas éstas de contenidos programáticos y alianzas duraderas para gobernar y para legislar con plataformas horizontales. La iniciativa regula y modifica diversos artículos del actual Cofipe. En suma, están todas ellas publicadas en la Gaceta Parlamentaria con todo detalle, pero lo que se pretende, en suma, es seguir avanzando en la democratización de nuestro país, fijando reglas claras que permitan a los partidos y a los electores mayor transparencia, un mayor compromiso de gobernabilidad y un mayor compromiso dentro del Poder Legislativo. Muchas gracias.