El diputado Juan Carlos Natale López: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El dictamen que hoy se nos presenta a consideración señala la necesidad de prescribir a la cultura como parte del catálogo de fines, objetivos y principios que la Constitución garantiza a través del Estado en su proceso de planeación del desarrollo nacional. Sabemos de antemano que la cultura es esencial para todo pueblo y toda nación. Sin cultura no hay historia y sin historia no hay cultura, así de simple. Esta labor y este dictamen representan un ejemplo del tratamiento que se le debe dar a la cultura en cualquier instancia pública, social y privada sobre cualquier proceso, ya sea administrativo o, bien, legislativo. Por lo que felicito a la Comisión de Gobernación y a sus integrantes por un avance más en su desempeño como comisión dictaminadora, y advertimos de antemano que votaremos a favor del dictamen. No obstante, creemos que independientemente de la materia objeto del dictamen, es necesario hacer algunas reflexiones de fondo. En 1983 y mediante la abrogación de la Ley de Planeación General de la República, cuando se estableció el Sistema Nacional de Planeación Democrática, constituyéndose así un importante avance en materia de planeación estratégica participativa para el país, desde aquella fecha decía un transitorio de la Ley de Planeación: hoy en vigor, que una vez publicada la presente ley, el Ejecutivo federal deberá proceder a efectuar una revisión de las disposiciones legales que se encuentren vigentes en materia de planeación del desarrollo, a efecto de formular, de ser procedente, las iniciativas de reformas que resulten necesarias. De lo anterior cabe destacar que la encomienda que alude a dicho transitorio fue asignada sólo al Ejecutivo federal y sólo era posible formular iniciativas de reformas o de creación de nuevas leyes, para asuntos verdaderamente necesarios en materia de planeación del desarrollo. Por otro lado, y sin demeritar en lo absoluto el contenido del presente dictamen, han pasado ya 28 años en que sólo se han reformado en tres ocasiones la Ley de Planeación, bajo consecuentes reformas constitucionales como las que tienen que ver con los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y con el establecimiento de la profesionalización del servicio público. De tal modo que la intervención tan limitada del Legislativo sólo fue fundada sobre el artículo 26 de la Constitución y en el artículo 5o. de la Ley Secundaria, reduciendo la participación del Congreso únicamente a un simple examen y opinión y a formular en dado caso las observaciones que estimen pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del propio Plan Nacional de Desarrollo. Seguimos privilegiando una ley reglamentaria cuando el propio artículo 25 constitucional es muy claro: el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de libertades que otorga esta Constitución, así como también establece que al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. Sin embargo, la realidad es que la planeación nacional de desarrollo no es asumida respectivamente mediante un marco jurídico congruente, con la nueva cohabitación política a través de quienes representamos los órganos de Estado, como lo que significa este Congreso, ya que sigue siendo tan preponderante la intervención del Ejecutivo en la conducción de la política económica y de planeación del desarrollo, por mencionar algunos. Qué bueno que fuera ese mismo dictamen el que propusiera un mecanismo que acreditara y legitimara al seno de esta Cámara la aprobación de la propuesta formal. Qué bueno fuera que el Plan Nacional de Desarrollo fuera aprobado en términos de equilibrios y controles interorgánicos. En ello coincidimos absolutamente la gran mayoría de las fuerzas políticas representadas en esta Cámara. En este sentido, la participación del Legislativo en el análisis, discusión, aprobación, supervisión, adecuación y evaluación del documento, sería determinante para que este Congreso ejerciera un papel de control con alcances vinculatorios posterior a la elaboración y presentación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del Ejecutivo. Creemos que en tiempos de alta competencia, pluralismo y alternancia, la planeación y programación de proyectos y programas de desarrollo, termino, señor presidente, fundados en modelos de gobernanza, será el medio y la clave para aterrizar un nuevo estilo y modo de gobernar. La gestión pública no sólo se basa en esquemas de procesos administrativos, sino de nuevos mecanismos de participación y corresponsabilidad social y política, de ello depende gran parte del éxito o el fracaso de todo gobierno. Por su atención, muchas gracias.