El diputado Eleuterio Arrieta Sánchez: Excelente tarde a todas y todos. El goce de grado máximo de salud que se pueda lograr, es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, así lo afirman los principios establecidos en la Constitución de la Organización Mundial de la Salud. Coincidimos plenamente y reconocemos que la intención de la iniciativa del Ejecutivo federal, y del dictamen a discusión, descansa en dichos principios. La protección a la salud como un derecho se incorporó en la ley general en la materia el 3 de febrero de 1983. Sin embargo, los fenómenos, la problemática y los vertiginosos cambios socio-demográficos exigen el perfeccionamiento y adecuación del artículo 4o. constitucional a la realidad actual del país. La redacción vigente de dicho precepto dio lugar a diversas interpretaciones en las leyes secundarias, lo cual derivó en injusticias para las y los mexicanos. La aplicación de criterios diferenciados generó una enorme desigualdad en el goce y ejercicio de este derecho, de ahí que dentro del sistema nacional de salud el sector público se encuentra dividido entre la atención que reciben las personas que tienen seguridad social y las que no tienen seguridad social, como si unas y otras fueran categorizadas de primera y segunda clase, de acuerdo con su adscripción laboral y pasando por alto la universalidad del derecho, así como los elementos que dan estatus de Norma Suprema. Por ello, establecer medidas garantes en la Carta Magna se torna indispensable para asegurar el ejercicio efectivo de este derecho, consagrado ya en la Constitución y en los diversos instrumentos internacionales de lo que México es parte. Basta haber asistido a un centro de salud o padecido una enfermedad no cubierta por el extinto Seguro Popular y contrastar la atención con la que reciben las personas que son atendidas en los institutos de seguridad social, para evidenciar la desigualdad existente. No obstante, los gobiernos de las pasadas administraciones poco hicieron para cambiar esta situación, solo impulsaron acciones inmediatistas y publicitaron ampliamente una falsa retórica para continuar con la simulación. Pasaron más de 15 años de ineficiencias en el Seguro Popular para que por fin se hiciera un cambio. Aclaro, no decimos que nada servía, sino que justo lo que no servía permaneció como obcecada persistencia. Sí, se imaginan bien, permaneció todo lo que daba lugar a la corrupción y a la opacidad, corrupción que permitió el despilfarro y mal uso de más de 4 mil millones de pesos en empresas fantasma de 2014 a 2019. Por ello, en la cuarta transformación realizamos la primera reforma de fondo al sistema de salud impuesto en 2003. Creamos el Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, para eliminar las brechas de desigualdad a través de servicios médicos de calidad y medicamentos e insumos gratuitos a toda la población que no cuenta con seguridad social. Hoy, con esta reforma, se fortalecerá el derecho a la salud, asegurando el acceso a servicios de calidad y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de quienes más lo requieren. Les digo más: los derechos humanos no admiten distinciones, abismos ni estimaciones contratarías a su naturaleza. El Grupo Parlamentario de Morena está a favor de reconocer expresamente en la Constitución el derecho a la protección a la salud, a las personas que no tengan seguridad social, así como de establecer la obligación del Estado de garantizar su goce y ejercicio. Termino con una analogía de Lincoln dirigiéndose a sus detractores en momentos críticos de la guerra civil en Estados Unidos. Señoras y señores...