El diputado David Orihuela Nava: Quiero iniciar mi participación recordando que acabamos de vivir uno de los sexenios más deplorables en la historia de nuestro país, este sexenio pasado, de 2012 a 2018. Los mexicanos sufrimos una administración torpe, omisa, corrupta y deficiente que nos dejó cifras record en materia de violencia, un aumento en la deuda pública deja a la población en situación de pobreza y de la corrupción, según índices nacionales e internacionales. Nuestro más reciente expresidente dejó el cargo con solo un 24 por ciento de aprobación nacional, de acuerdo con la última encuesta de evaluación realizada por la Encuesta de Mitofsky, convirtiéndose en el mandatario con un menor índice de aprobación por parte de la sociedad mexicana. Estoy seguro de que, si los ciudadanos hubiésemos podido optar por llamar a una consulta en materia de revocación de mandato del Ejecutivo, lo habríamos hecho con plena conciencia, decididos a no permitir que nuestro país continuara siendo llevado al despeñadero. El día de hoy, como legisladores, tenemos una deuda histórica con la sociedad, pues sigue siendo el día en que no se cuenta con una posibilidad real y tangible, de exigir cuentas y el cumplimiento de sus responsabilidades al Poder Ejecutivo federal. Aun así, si este estuviera llevando a cabo una mala conducción de nuestro país, realizando una incorrecta toma de decisiones, tolerando u omitiendo actos corruptos o haciendo una mala administración de recursos. Los titulares del Poder Ejecutivo de nuestra nación, deberían tener siempre en mente que son servidores públicos y, por lo tanto, es su deber servir sin excepción alguna a los intereses del pueblo mexicano. Plantear la necesidad de someter a consideración de la sociedad la continuidad del titular del Ejecutivo a su cargo, es reconocer al pueblo su papel fundamental como eje rector de la soberanía, es dejar el recordatorio preciso a los gobernantes de que los jefes máximos de esta nación son los ciudadanos. En ese mismo tenor, destacamos la urgente necesidad con la que debemos facilitar el acceso a la población a los ejercicios de consulta popular. Debemos posibilitar a la ciudadanía los instrumentos que le permitan legitimar, desconocer, cancelar o revocar una ley, una política pública o incluso un gobierno. Un país que se llame a sí mismo democrático, debe permitir a sus ciudadanos opinar respecto a temas que impacten en su entorno, a sus diferentes estratos, tanto social, económico, ambiental, etcétera. Lograr gobernabilidad solamente es posible cuando existe un diálogo permanente entre el gobierno y la sociedad, donde el principio de participación activa deja de ser un discurso y una simulación y se convierte en un elemento tangible y valioso para el gobierno. Esto nos permitiría tener un régimen abierto que evite comportamientos autoritarios y encamine las acciones políticas y colectivas a que el bien común sea el mayor objetivo. La participación ciudadana busca promover el diálogo constante como sustento de la democracia. De este modo, la construcción de políticas públicas se convierte en un ejercicio complementario entre las visiones diversas de los servidores públicos y la ciudadanía, impulsando así, de manera conjunta el desarrollo social. Actualmente, esta figura se encuentra contemplada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su reglamentación se encuentra establecida por la Ley Federal de Consultas Populares, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Sin embargo, la consulta popular como está actualmente en el texto constitucional, debido a sus restricciones constituye un fracaso. Reconozcamos la responsabilidad que le atañe a este órgano legislativo y corrijamos una norma escueta e inoperante. Acotemos el margen de interpretación tutelando el derecho ciudadano a decidir y establezcamos los umbrales adecuados para que su ejercicio sea posible y constante. Quiero hacer el llamado a la oposición a que no le tengan miedo a escuchar la voz de los ciudadanos, a que nos permitan dotar a toda la población de instrumentos reales que enriquezcan la vida política de nuestro país. El dictamen que hoy discutimos permite una interpretación del máximo órgano jurisdiccional, conforme a lo que resulte más favorable al derecho ciudadano y levanta la restricción actual para que la ciudadanía pueda tomar parte de una decisión fundamental en cualquier momento en que esta presente. Flexibiliza las reglas bajando el porcentaje de apoyo ciudadano que debe tener una solicitud de consulta y disminuye considerablemente el nivel de participación para que su resultado pueda ser vinculante al gobierno.