El ciudadano Luis Raúl González Pérez: Muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Señor diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión; senadora Ivonne Liliana Álvarez García y senador Fernando Yunes Márquez, vicepresidentes; diputado Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, diputada Teresa de Jesús Lizárraga y diputada Araceli Saucedo, secretarios; señoras legisladoras y señores legisladores; miembros de la sociedad civil que asisten a este acto; representantes de los medios de comunicación; señoras y señores. A casi 100 años de promulgado nuestro texto constitucional y a poco más de 4 años de que se realizó la trascendente reforma de 2011 en la materia, es inaceptable que los derechos humanos aún sean para muchas personas una mera construcción doctrinal o teórica que no encuentra un reflejo objetivo en su vida diaria, y que también la estabilidad y vigencia de nuestras instituciones se cuestione y se ponga en riesgo por la existencia de violaciones graves a derechos humanos, las cuales nos hablan de un entramado de impunidad, corrupción y de falta de aplicación de las normas, frente al cual no hemos tenido la capacidad de actuar con la pertinencia y oportunidad que serían necesarias. Lo anterior ha propiciado la desconfianza en las instituciones, agravada por la inseguridad, la desigualdad y la violencia que nuestra sociedad constata de manera cotidiana. La colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado, así como la falta de respuesta pronta, debida y ejemplar por parte de las autoridades ante las afectaciones al entorno de convivencia pacífica en el que todas las mexicanas y mexicanos tendríamos que poder llevar a cabo el desarrollo integral y armónico de nuestras personas y vidas. En este contexto, el organismo nacional a mi cargo se planteó ejercer a cabalidad sus atribuciones para atender los legítimos reclamos de las personas y asumir la promoción y defensa de sus derechos fundamentales, maximizando sus capacidades y recursos. De este modo, durante 2015 la CNDH inició el trámite de 27 mil 867 nuevos expedientes, de los cuales 9 mil 980 correspondieron a quejas propiamente dichas, 8 mil 252 fueron orientaciones directas, 9 mil 3 remisiones y 632 inconformidades. Se presentó un incremento aproximado del 12 por ciento en el número de expedientes registrados por la CNDH respecto del año anterior, al contabilizarse 27 mil 867 frente a 24 mil 889 de 2014. Es decir, cerca de 3 mil expedientes adicionales. Por otra parte, este organismo nacional atendió y orientó de manera directa a 160 mil 307 personas durante el periodo que se reporta. Se hay advertido la necesidad de reforzar las acciones que lleva a cabo la Comisión Nacional para que la sociedad conozca y entienda de mejor forma las funciones que ejerce este organismo nacional y el alcance que pueden tener las mismas. Por una parte, es un hecho que más del 50 por ciento de las personas que recurren a la CNDH plantean asuntos que no representan por sí mismo violaciones a derechos humanos o que sean competencia de la misma. Por otra parte, sería ingenuo suponer que la totalidad de violaciones a derechos humanos que ocurren en el país son oportuna y debidamente denunciadas, razón por la cual nuestro objetivo ha sido y lo continuará siendo mejorar nuestra cobertura y disponibilidad en esta al respecto. Del total de expedientes que se registraron en la CNDH, el porcentaje de aquellos que corresponden a quejas propiamente dichas se incrementó en un año en cerca del 18 por ciento, ya que en este periodo se radicaron 9 mil 980 expedientes de este tipo en comparación con 8 mil 455 del 2014. De manera similar, los expedientes registrados por orientación directa, remisión e inconformidad durante 2015 registraron un incremento porcentual con relación al año previo de 12, 4.7 y 33 por ciento, respectivamente. Al inicio de 2015 existía un considerable rezago en la resolución de asuntos, el cual implicaba 2 mil 366 expedientes, equivalente al 36.5 por ciento del total de asuntos en trámite a esa fecha. Abatir este rezago se asumió como una prioridad y aunque la magnitud y complejidad del mismo hacen que su solución sólo sea posible en el mediano plazo, ante el incremento en el número de quejas, podemos señalar que se han registrado avances en este campo, si bien aún se encuentran en trámite mil 77 asuntos radicados en 2014 o antes, nos hemos fijado como objetivo concluir su atención durante el presente año. Aunado al abatimiento del rezago, durante 2015 se concluyó un total de 28 mil 634 expedientes, lo que representa poco más del 25.5 por ciento de lo que se concluyó el año anterior, que fueron 22 mil 822. Es decir, cerca de 6 mil expedientes resueltos más que en el periodo previo. De ese total en lo relativo a expedientes de queja, el porcentaje comparativo es mayor, llegando al 44.6 por ciento toda vez que en este periodo se concluyeron 10 mil 157 expedientes de este tipo, en comparación con 7 mil 22 del 2014. Durante 2015 este organismo nacional emitió 60 recomendaciones dirigidas a 42 autoridades, entre las cuales destacan, el IMSS señalado en 13 recomendaciones, la Comisión Nacional de Seguridad en 7, el gobierno del estado de Chiapas, el ISSSTE, el Instituto Nacional de Migración y la PGR, cada una de ellas con tres recomendaciones. De estas recomendaciones sólo una no fue aceptada por el honorable Ayuntamiento de Santo Domingo Tepuxtepec, del estado de Oaxaca, ante lo cual la Comisión Nacional actualmente analiza los argumentos de la autoridad, con el objetivo de definir una posición ante ello y actuar en consecuencia conforme a derecho. Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas, comprendiendo cuestiones que abarcaron, entre otras, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión, afectaciones a los derechos de las personas en contexto de migración, hasta el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, el daño o menoscabo al patrimonio cultural de la nación, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como a nivel de vida y desarrollo de las personas. Es de destacarse la emisión de la recomendación 3BG2015 por violaciones graves a los derechos humanos, con motivo de los hechos ocurridos el 6 de enero de 2015 en Apatzingán, imputadas a la Policía Federal. Vale precisar que la recomendación también fue dirigida al secretario de la Defensa Nacional, al gobernador constitucional del estado de Michoacán de Ocampo, y al presidente municipal de Apatzingán de la Constitución, aunque los hechos imputados a estas autoridades no fueron considerados como graves. La atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de las recomendaciones, ya que es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual, en caso de que las autoridades responsables las acepten. Así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento. En razón de ello, como consecuencia de las recomendaciones emitidas, este año, 2015, se dio atención y seguimiento a 469 denuncias penales y 187 quejas administrativas, mismas que han dado origen a la aplicación de sanciones administrativas a 41 servidores públicos, y 58 denuncias consignadas ante las distintas procuradurías. El cumplimiento de las recomendaciones aún enfrenta demoras sensibles, por lo que en 2016 se buscará fortalecer esta área. La promoción, integración y seguimiento de las denuncias administrativas y penales es una forma en la que la CNDH puede lograr que el contenido de sus recomendaciones efectivamente se cumpla. Los resultados obtenidos hasta ahora son modestos, pero indudablemente marcan los primeros pasos en una ruta que de manera previa no se había explorado con toda la intensidad de interés por parte de este organismo. Desde el inicio de la gestión se planteó la necesidad de lograr un esquema de atención efectiva a las víctimas, es decir, buscar que los problemas o las situaciones que motivan que las personas recurran a este organismo nacional se atiendan o se subsanen de la mejor forma y en el menor tiempo posible por la vía de la conciliación de las partes involucradas, cuestión que está prevista por el artículo 36 de nuestra ley. Esta vía se ha revelado como una opción viable ejercida en los términos que marca la ley para dar solución satisfactoria, y en el corto plazo a un elevado porcentaje de los casos que conoce la Comisión Nacional. Durante el periodo que se reporta, del total de quejas registradas se lograron resolver, durante el procedimiento o por la vía conciliatoria, 4 mil 370 expedientes, lo cual representa cerca del 43 por ciento del total de expedientes de queja concluidos. Las recomendaciones son el instrumento de mayor impacto dentro de la actividad del organismo nacional, pero no en todos los casos son el medio más inmediato para la resolución de un expediente de queja y la atención efectiva de los planteamientos hechos por quienes acuden a la CNDH. Las recomendaciones hacen evidente ante la opinión pública parte del trabajo de la Comisión Nacional al tener la difusión mediática. Los procesos conciliatorios, en cambio, quedan entre las partes involucradas, no requieren difusión, pero para un gran número de asuntos constituyen la vía más efectiva para lograr la atención de las presuntas violaciones que se hubiesen planteado, así como la reparación del daño causado a las víctimas. Las recomendaciones generales tienen como propósito que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a derechos humanos. Durante 2015. la Comisión Nacional emitió dos recomendaciones de este tipo. Una relacionada con las condiciones de aislamiento que prevalecen en diversos centros penitenciarios del país y la otra con el tema del matrimonio igualitario. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió en 2015 tres informes especiales, mediante los cuales se ponen de manifiesto problemáticas de derechos humanos en los que atañe a la situación de mujeres en reclusión, al estado prevaleciente en los centros de Tratamiento para Adolescentes que infringen las leyes penales y a la operación de grupos civiles armados en el estado de Michoacán. Del mismo modo, se elaboró y publicó un pronunciamiento respecto de la sobrepoblación en los centros penitenciarios del país. En 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos promovió 29 acciones de inconstitucionalidad, lo cual representa el 42.6 por ciento del total de acciones de este tipo que este organismo nacional ha interpuesto desde 2006, año en que se le concedió dicha atribución. Con esto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace visible los riesgos que algunas normas pueden representar contra el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y contribuya a mejorar el sistema legal de nuestro país por la vía de impulsar la acción del máximo tribunal como institución garante del orden constitucional. Nada menos el día de ayer, por excitativa de la Comisión Nacional, la Suprema Corte de Justicia concedió la razón a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus argumentos, para declarar inconstitucional algunos artículos del Código Civil del estado de Jalisco. Es parte de la labor que hacemos con las acciones de inconstitucionalidad. En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derechos humanos en los escritos de queja fueron: el IMSS en 2 mil 185 casos, el Órgano administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 308; la Policía Federal 783; la PGR 761; el ISSSTE 705; el Instituto Nacional de Migración 688; la Sedena 620; la SEP 548; la Semanart 373 y la CFE 316. Si agrupamos las autoridades señaladas como presuntamente responsables de algún abuso de poder por sectores, tendríamos que respecto del sector salud se habrían presentado 3 mil 70 quejas, mientras que en el sector seguridad se habrían registrado 3 mil 24 y en el sector educativo 702. Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: el Distrito Federal en 2 mil 350 casos; estado de México 791; Tamaulipas 613; Veracruz 468; Sonora 442; Chiapas 405; Jalisco 354; Oaxaca 349; Nayarit 302, y Michoacán 299. Las presuntas violaciones a derechos humanos que se denunciaron con mayor frecuencia fueron presentación indebida al servicio público en tres mil 152 casos; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones, mil 871; omitir proporcionar atención médica, mil 697; detención arbitraria, 879; trato cruel, inhumano, degradante, 663; acciones u omisiones que transgreden los derechos de los migrantes, 602; negligencia médica, 490; omitir fundar el acto de autoridad, 481; omitir motivar el acto de autoridad, 452, y prestar indebidamente el servicio de educación, 431. Es de destacarse que en el ámbito de la CNDH durante 2015 se registraron 327 expedientes en los que se reportó la desaparición de 423 personas. De este conjunto en 11 casos se advirtieron elementos suficientes para tramitarse como expedientes en los que existiría una presunta desaparición forzada de personas. En cuanto a los lugares en los que se señaló la desaparición de personas con mayor recurrencia fue el estado de Guerrero seguido por Coahuila, Tamaulipas y Veracruz. Con base en las cifras antes mencionadas es claro que este organismo nacional no puede permitirse demoras o burocratismos en la atención de los asuntos a su cargo. Por el contrario, debe mejorar sus capacidades y procedimientos para lograr mayor efectividad y eficiencia en este ámbito. Cada hora podríamos decir se reciben y se concluyen tres expedientes, lo cual sujeta a nuestro personal, cuya capacidad y entrega deben ser reconocidos a grandes cargas de trabajo y presiones para el desempeño de sus funciones con los estándares de calidad y profesionalismo que se les está exigiendo. Cada expediente concluido, con independencia de la vía por la cual se haga, implica una valoración y gestión institucional sobre los hechos planteados, así como una investigación exhaustiva, imparcial, objetiva, en el caso de los expedientes de queja. Se ha buscado que la CNDH aplique en el trámite y gestión de sus asuntos los parámetros de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad inherentes a los derechos humanos, lo cual ha repercutido en la manera de proteger y promover los mismos incidiendo de manera directa en la forma en que el organismo nacional a mi cargo ejerce sus atribuciones. El mandato de este organismo nacional implica no solo la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, sino también la observancia, promoción, estudio y divulgación de los mismos; funciones que en conjunto constituyen su objetivo esencial. El informe que hoy se presenta detalla puntualmente las actividades que se llevaron a cabo durante 2015 en estos ámbitos. Es pertinente hacer notar que para el informe de actividades este organismo nacional con el ánimo de abonar a la sustentabilidad la economía de recursos y la transparencia, por vez primera ha privilegiado el formado electrónico, habiéndose impreso únicamente un resumen ejecutivo al cual se acompaña una memoria USB con la información relativa a la actividad institucional, en una plataforma que, con el auxilio de herramientas interactivas permitirá una consulta más ágil, integral y personalizada del trabajo de la CNDH en el periodo que se reporta. En el informe se alude a casos como los de Chalchihuapan, Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Tanhuato, los cuales han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba las instituciones, incluida la CNDH, y evidenciando las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, desde hace muchos años, a diversas problemáticas sociales, así como la debilidad del Estado de derecho en varias regiones del país. La CNDH ha atendido todos estos casos desde sus primeros momentos y lo continuará haciendo. No hemos estado ausentes o se han desatendido los hechos. Ninguno de estos asuntos guardaría el estado que actualmente tiene sin la intervención de este organismo nacional, en tanto que se han vigilado y en su caso hecho notar las deficiencias y omisiones de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades responsables de las mismas, lo cual busca inhibir que se verifiquen nuevos hechos violatorios de derechos humanos. Son casos complejos que por su propia naturaleza y características requieren que las investigaciones que se realicen cumplan con los atributos de objetividad, imparcialidad, exhaustividad y credibilidad. El esclarecimiento de estos asuntos exige trascender el nivel de la mera denuncia para llegar a resoluciones claras, objetivas e integrales, que estén sustentadas en elementos concretos que se desprendan de una investigación científica e integral de los mismos. Con relación al caso Iguala, desde el mes de julio el organismo nacional a mi cargo presentó el documento denominado Estado de la investigación del caso Iguala, en el cual se formularon 32 observaciones y propuestas a diversas autoridades para prevenir nuevas violaciones a derechos humanos y coadyuvar al debido desarrollo de las investigaciones que llevan a cabo las autoridades competentes, comprendiendo todos los planteamientos hechos por los padres de los jóvenes normalistas desaparecidos, sus representantes, organizaciones sociales y académicos. En dicho documento se advierte la necesidad de fortalecer las investigaciones que las autoridades llevan a cabo, consolidando los medios de convicción que la sustenten, ya que en caso contrario, podrían existir omisiones o deficiencias en las mismas que trajeran como consecuencia que los responsables no pudieran ser sancionados, y los hechos quedaran impunes. Para la CNDH el caso Iguala es un expediente abierto cuya investigación realiza en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en la cual es preciso, que en sus aspectos técnicos más complejos y controvertidos, sea la ciencia la que guíe la investigación sobre la desaparición de los estudiantes normalistas. En Apatzingán, como lo he referido, este organismo nacional emitió una recomendación que ha puesto de manifiesto la subsistencia de prácticas tales como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza, así como omisiones e inconsistencias en las actuaciones ministeriales, cuestiones que es necesario sancionar conforme a derecho y prevenir que se vuelvan a presentar. En ningún caso podemos permitir la impunidad. Por el contrario, la investigación de estos asuntos debe volverse un referente sobre el compromiso y capacidades del Estado y de la sociedad mexicana con la justicia y el respeto a la dignidad humana. Durante este año, se tuvo una colaboración permanente con los mecanismos regional y universal de derechos humanos, habiéndose sostenido distintas reuniones de trabajo con la Corte y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con diversos relatores y expertos independientes de dicha comisión, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, así como diversas participaciones con grupos de trabajos y comités del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, tales como el desapariciones forzadas y derechos de la infancia, por citar tan solo algunos casos. Asimismo, se fortaleció la vinculación y colaboración con otros organismos nacionales de derechos humanos para incidir en la atención de problemáticas regionales relevantes en esta materia. En este contexto, podemos citar las reuniones internacionales en las que se asumieron compromisos para la atención a migrantes de la frontera sur de México. Aquí debo de mencionar que convocamos en la ciudad de Tapachula a todos los ombudsman de Centroamérica, convocamos a todos los cónsules de Centroamérica a las autoridades nacionales, organizaciones nacionales, internacionales porque pensamos que el tema es un tema no solamente del país, sino de varios países involucrados. Así también tuvimos reuniones para darle seguimiento a la agenda 2030 para el desarrollo sostenible de la ONU, esta última citando en Mérida, Yucatán, a 53 ombudsman del mundo, 15 días después de que la ONU asumiera la agenda por el desarrollo sostenible. Y los ombudsman nos hemos comprometido precisamente a trabajar en favor de los 17 objetivos que la configuran. México cuenta con las instituciones y el marco legal necesario para que las violaciones a la dignidad humana que se presenten en nuestro país puedan ser investigadas, los responsables sancionados y el daño reparado. El reto de todas las autoridades es sujetar su conducta al cumplimiento de la ley y al respeto, vigencia de los derechos fundamentales de las personas. El reto de la CNDH y de los organismos locales de protección y defensa de los derechos humanos es fortalecer la credibilidad y confianza de la sociedad mexicana en el sistema de protección no jurisdiccional de los mismos. Para que estos mecanismos cumplan sus objetivos se requiere no solo que las instancias federales y locales encargadas de la protección y defensa de los derechos humanos desempeñemos adecuadamente nuestras funciones, es preciso un compromiso y actuación responsable por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno para atender los requerimientos y solicitudes de información que se les formulen, así como la aplicación irrestricta y oportuna de la ley para sancionar a aquellos servidores públicos que hayan violado los derechos fundamentales y prevenir que tales hechos se repitan. Pese al amplio reconocimiento constitucional de los derechos humanos, así como a los llamados excitativas y recomendaciones que durante sus 25 años de existencia ha hecho la CNDH para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, se siguen preservando prácticas y conductas que nuestro país tendría que haber superado, tales como: la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada o las detenciones arbitrarias. Lo anterior cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si la totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones. Hay temas que demandan acciones urgentes y respeto de los cuales aún no hemos dado la respuesta que los hechos nos reclaman. Entre ellos, como lo he señalado, el problema de las desapariciones desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en un obstáculo que no hemos podido superar en nuestro camino rumbo a una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos y en la atención a las inaplazables demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas. De igual forma, la tortura es un flagelo inadmisible e indignante que representa un serio retroceso en el Estado de derecho. Con independencia de la frecuencia con que se presente o de lo extendido de este fenómeno las autoridades federales y estatales deben garantizar que cada caso que ocurra será investigado y sancionado. Es un problema que requiere ser reconocido, visibilizado y que demanda la adopción de medidas efectivas para su prevención y abatimiento. Hoy vuelvo a reiterar que la defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a tiempos o intereses políticos o de cualquier naturaleza, así como tampoco regirse por parámetros diversos a la búsqueda de la verdad y la efectiva vigencia y aplicación de la ley. Señoras legisladoras y señores legisladores, más allá de los casos que por su gravedad y trascendencia han conmovido e indignado a la sociedad, día con día las mexicanas y los mexicanos convivimos con la debilidad de nuestro Estado de derecho, la impunidad, la corrupción, la inseguridad y no en pocos casos con la violencia. La colusión de autoridades con el crimen organizado y condiciones de verdadera indefensión ante los abusos de poder y las acciones delictivas. Lo anterior, aunado a la pobreza y los niveles de desigualdad imperantes, que son realidades que transgreden toda lógica de un Estado democrático de derecho y vulneran la dignidad de las personas que la sufren, impidiendo el desarrollo tanto de las personas como de su colectividad. El Estado debe ofrecer a sus ciudadanos el espacio para que los individuos se puedan desarrollar plenamente, en el que el reconocimiento de su dignidad trasciende el campo discursivo y adquiera vigencia. La efectiva persecución de los delitos, así como la aplicación de la ley y el desarrollo de la economía, no deben ser excluyentes o ajenos al ámbito de los derechos humanos. Las políticas públicas en materia de seguridad y justicia, desarrollo social, así como las relativas al ámbito presupuestario deben tener como condición necesaria un enfoque de derechos humanos. Es necesario para que como nación asumamos un compromiso con la verdad, la legalidad, el respeto a los otros y la convivencia pacífica. Es preciso encarar de manera efectiva y coordinada el tema de las desapariciones, de las cosas clandestinas, de la trata de personas, de los abusos a migrantes, de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios no resueltos, de los agravios y ataques a periodistas y a defensores de derechos humanos, de las deficiencias e irregularidades en el sistema penitenciario, de la exclusión y discriminación de nuestras comunidades indígenas, de los abusos y agravios a niñas, niños y adolescentes, de las violaciones por cuestiones de género y preferencia sexual, de las discriminación y falta de inclusión de las personas con discapacidad, de las afectaciones a nuestro medio ambiente, de la destrucción y pérdida de nuestros patrimonios culturales, así como la falta de acceso real a una justicia para todas y todos. Lucrar o pretender obtener un beneficio de los problemas que aquejan a nuestro país o del dolor y sufrimiento de las víctimas es algo que, como sociedad, debemos condenar y actuar de manera decidida para que se prevenga. México, lo he dicho, tiene ante sí una coyuntura crítica en el ámbito de los derechos humanos que nos ofrece la posibilidad de optar por que se preserve el estado actual de cosas o se asuma un compromiso de cambio que, teniendo como eje el respeto y vigencia de los derechos humanos, fortalezca y consolide nuestro estado democrático y social de derecho, abatiendo la impunidad, la corrupción, la simulación y los demás vicios y prácticas que debemos desterrar de una vez por todas de nuestra realidad como país. Si 2011 fue el año en que se aprobó la histórica reforma constitucional en materia derechos humanos, 2016 debe ser el año de la implementación efectiva de la misma por todos los poderes y autoridades de los distintos órdenes de gobierno, de la mano con la sociedad en su conjunto. El compromiso que las distintas instancias del Estado mexicano han expresado en materia de derechos humanos debe fortalecerse en acciones concretas que dejen en claro que realmente sea asumido como una prioridad. La formulación de leyes pertinentes y debidas, así como su aplicación efectiva, no es algo que se pueda o deba negociar ni puede ser materia de transacción o moneda de cambio entre intereses de ninguna índole. El Poder Legislativo, tanto a nivel federal como local, tiene capacidad de incidir de manera positiva en el ámbito de los derechos humanos de nuestro país. Son asignaturas pendientes, entre otras, la emisión de las leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, las leyes reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, la armonización normativa para que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país, así como para que los organismos de derechos humanos sean efectivamente autónomos y gocen de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones. En septiembre de 2014, el caso Iguala nos indignó y movilizó ante la barbarie generada por la colusión entre algunas autoridades y el crimen organizado. Hoy, a poco más de un año, un caso como el de Tierra Blanca, en el que pareciera repetirse ese vínculo funesto nos hace cuestionarnos sobre nuestra capacidad para aprender el pasado y si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones. Es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente. Los problemas que enfrentamos no podemos asumirlos como parte de una normalidad sustentada en la ilegalidad, la injusticia, la violencia y la corrupción. Los costos de las lecciones no aprendidas son muy altos, no podemos eludir o voltear la cara a la realidad que tenemos, es nuestra responsabilidad empezar a transformarla. Termino. Es necesario que tomemos en serio los derechos humanos, que comprendamos que los mismos son el elemento básico para sustentar los cambios que como país demandamos, para logar un México más justo e incluyente, con un verdadero Estado de derecho y una institucionalidad fuerte, en donde la corrupción y la impunidad no tienen cabida y todas las personas cuentan con un entorno que les proporciona las condiciones necesarias para su desarrollo pleno. México necesita que todas las instancias, recursos y capacidades actúen y se apliquen a la causa de la dignidad humana. Muchas gracias, por su atención.