El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Con la venia de mis compañeras y compañeros diputados. En el sexenio pasado se exhibieron diversos casos de corrupción de funcionarios y servidores públicos ya no derivados por las labores de investigación del gobierno federal, más bien por la denuncia del gobierno de los Estados Unidos de América. En septiembre del 2010, con motivo de investigaciones del gobierno de ese país, se informó que la empresa ABB pagaría una multa por comprobarse casos de soborno a funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad para la asignación de contratos. Igualmente, el 14 de marzo del 2012 la empresa denominada MRO de Mantenimiento de Aeronaves, reconoció haber sobornado a funcionarios de la Policía Federal Preventiva, la Coordinación General de Transportes Aéreos Residenciales, la Flota Aérea de los Gobiernos de Sinaloa y Sonora, sin que a la fecha se haya informado de sanciones aplicadas a los servidores públicos relacionados. El 21 de abril del 2012 se dio a conocer que durante el período comprendido en el año 2001 al 2005, la empresa Walmart sobornó a funcionarios de los tres niveles de gobierno para acelerar la apertura de sus tiendas sin que se haya deslindado responsabilidad de los funcionarios por parte de los órdenes de gobierno correspondiente. El 10 de julio de 2012 de nueva cuenta por las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos se advirtió el soborno para la asignación de contratos del Instituto Mexicano del Seguro Social, el común denominador de los casos antes mencionados, es que no existe una consecuencia para muchos de los servidos públicos inmiscuidos en estos casos, pues a la fecha no se reporta la existencia con alguna investigación relacionada con esos hechos. La ausencia de una política efectiva de investigación y sanción a los funcionarios y servidores públicos, nulifica cualquier regulación en la materia con motivo de la entrada en vigor de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los funcionarios públicos en 2002. Se consideró que existían herramientas para la investigación y sanción de las conductas ilícitas de esos servidores públicos. No obstante la efectividad de la normatividad ha frenado su aplicación. El dictamen que hoy discutimos refiere a implementar en cuatro ordenamientos legales distintos. Todos ellos relativos a la asignación de contratos a particulares y responsabilidad pública, una figura novedosa consistente en establecer que la sanción resarcitoria a servidores y particulares impuestas en casos de responsabilidades administrativas puedan prorrogar la inhabilitación sujetándose al pago de la sanción. Con esta medida se pretende aumentar de la efectividad de las sanciones resarcitorias, lo que en determinados casos podría tener un efecto positivo en la materia. Sin embargo, de nueva cuenta es de advertir que esta reforma constituye letra muerta hasta en tanto no se establezca un sistema de persecución efectiva de estas actividades inadecuadas. Únicamente aumentando la tasa de sanción a los servidores públicos que incurran en una falta se podrá corregir este mal del sistema. El aumento de penas por la imposición de nuevas penas resultan inútiles mientras que no exista la aplicación efectiva de la normatividad. Sin embargo, esta iniciativa –consideramos– podrá cumplir para el cumplimiento de la sanción impuesta, por lo que conscientemente votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, compañeras y compañeros.