El diputado Humberto Ambriz Delgadillo: La Ley de Amparo, en nuestro país, nos recuerda la importancia de entender por qué este medio de control es una herramienta fundamental para la protección de los derechos humanos y las garantías individuales, consagradas en nuestra Constitución. Desde su instauración, nos ha permitido que cualquier ciudadano pueda impugnar actos de autoridad que se consideren violatorios de sus derechos, asegurando así un equilibrio entre el poder del Estado y las libertades individuales. El amparo se erige como un mecanismo de control constitucional que fortalece el Estado de derecho, permitiendo a los ciudadanos que defiendan sus derechos frente a posibles abusos o excesos de las autoridades. Además, promueve la legalidad y la justicia, obligando a las autoridades a actuar conforme a derecho. En los últimos meses del año pasado vivimos precisamente, en este sentido, un retroceso a los derechos que por años se habían consagrado en la Constitución para la protección de todas y todos los mexicanos. Particularmente nos referimos a ese recurso que las y los ciudadanos tenían para poderse defender de las autoridades y, para que nos entiendan, de los abusos del gobierno en contra de los particulares. Compañeras y compañeros, los derechos humanos deben ser siempre progresivos, recordando que nunca debemos ir en contra de lo que ya se ha ganado y de las luchas que hemos dado para conseguir que las y los mexicanos tengan certeza jurídica de sus actuaciones como individuos. La serie de modificaciones que se han realizado al presente dictamen y que cuentan con más cambios de forma que de fondo pretenden distraer la atención de lo que realmente nos es fundamental, como la protección del individuo y el respeto a los derechos humanos. Ante ello resulta pertinente recordar aquella reforma de 2011, donde nos pusimos de acuerdo y propusimos poner al centro la dignidad de las personas y a fortalecer nuestras normas relativas a derechos humanos e interpretarlas de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales. El dejar a las sentencias sin efectos generales constituye un riesgo que el día de mañana impactará en la toma de decisiones para muchas personas en nuestro país. Con ello se podrá en riesgo la progresividad de los derechos humanos y la pertinencia de poder acceder a un recurso tan noble como el amparo. La posibilidad de validar reformas generales bajo criterios políticos o discrecionales pondrán, y repito, pondrán en peligro la estabilidad de nuestro marco jurídico mexicano. Un ejemplo tan sencillo es: si cualquier reforma puede ser declarada inconstitucional, según conveniencias del momento, se mina la seguridad jurídica generando incertidumbre y debilitando la confianza de nuestras ya de por sí debilitadas instituciones. Además, no les debemos permitir un poder excesivo, donde sus intereses prevalezcan sobre el bien común. Concluyo, presidenta. En una democracia las leyes deben ser el resultado del consenso y del respeto a la división de poderes. No de decisiones unilaterales, que favorezcan a ciertos sectores. Si permitimos que esto avance, estaremos sentando un peligroso precedente que afectará el desarrollo del país. México necesita estabilidad, no cambios arbitrarios que socaven nuestra Constitución y debiliten el Estado de derecho. Por ello rechazamos esta reforma y defenderemos un México basado en la legalidad y la justicia y el respeto de nuestras instituciones. Es cuanto.