La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik: Con su venia, señora presidente. Compañeras y compañeros legisladores: a principios de la década de los 80 se incorporó a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el concepto de vivienda digna y decorosa como derecho de toda familia mexicana. Ello contribuyó a ampliar el marco normativo de las garantías individuales y así tener un mayor impacto en el nivel de vida de la población. En la evolución histórica que se ha dado de aquella década a la fecha han sido muchos los esfuerzos que se han realizado para poder convertir lo que dice la ley en materia de vivienda en una realidad para los mexicanos. En este contexto, la presente iniciativa está enmarcada por el factor económico con respecto a cómo se compra, pero sobre todo, cómo se paga una casa, para que sea parte de la seguridad patrimonial de sus habitantes y les dé estabilidad y certeza en su economía, particularmente de aquellos quienes adquieren un crédito financiado por el Fondo Nacional de Vivienda. En la última década se han implementado acciones, productos y servicios por parte del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores que es necesario hacerlas valer en la ley, con el propósito de que tengan permanencia, garantía y seguridad jurídica para cada trabajador que se ve en la necesidad de replantear su crédito hipotecario. Este conjunto de acciones y servicios que ofrece el Infonavit a partir de 2005, se ha denominado Modelo de Cobranza Social, el cual se ha implementado con éxito para beneficio de los trabajadores que se ven imposibilitados a seguir pagando con puntualidad las hipotecas contratadas, ya sea por pérdida de su empleo, por paro técnico, o simplemente por la disminución de sus ingresos. El modelo de cobranza social ya existe en la práctica y ha demostrado que al mantener una cartera rentable se pueden ofrecer más oportunidades de vivienda para los trabajadores adscritos al Infonavit. Al introducir al marco normativo del Instituto el concepto de cobranza social, garantizamos que dicho modelo se aplica de manera constante y segura, dando confianza a los acreditados y generando alternativas para administrar de mejor forma la cartera de créditos hipotecarios, manteniendo la viabilidad financiera del ahorro del trabajador y atendiendo su capacidad de pago. Se estima que más de veintitrés millones mexicanos viven en una casa financiada por el Infonavit, la más alta en la historia del instituto, el cual otorga el mayor número de créditos en nuestro país, superando actualmente los cuatro millones y medio. Sesenta y nueve de cada cien créditos son otorgados por el Infonavit sin coparticipación financiera de otra institución; 63 por ciento de los créditos otorgados se han destinado a derechohabientes que ganan menos de siete mil doscientos ochenta y cuatro pesos mensuales, es decir, que tienen ingresos por debajo de los cuatro salarios mínimos. A la fecha, son más de un millón 700 mil familias que han hecho uso del modelo de cobranza, lo que representa aproximadamente 7 millones de mexicanos que se han visto beneficiados con este esquema y que han comprobado que resulta útil. Si consideramos los casi cinco millones de créditos que opera el Infonavit actualmente, con esta reforma tenemos la posibilidad de consolidar en la ley el apoyo de cobranza social a más de veinte millones de mexicanos, de ese tamaño es la trascendencia de esta iniciativa. Reconozco y valoro los esfuerzos que han hecho ya durante el ejercicio de esta LXII Legislatura compañeras y compañeros diputados de distintos grupos parlamentarios en materia de vivienda. Cuando un trabajador adquiere un crédito y con ello su vivienda, apuesta a un futuro mejor para él y para su familia. Si por alguna razón ajena a su voluntad y esfuerzo se ve en la necesidad de replantear su crédito, debemos asegurar que se le ofrezcan medidas adecuadas a su economía. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 51 Bis 7 a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, para quedar como sigue. Artículo 51 Bis 7. El Instituto deberá realizar acciones de cobranza social para que los trabajadores conserven su patrimonio en casos de afectación o disminución de ingresos, estableciendo mecanismos alternos de financiamiento y pago que contemplen, en todos los casos, su situación económica. Compañeras y compañeros diputados, promover leyes que garanticen y protejan el patrimonio de las familias mexicanas es un punto toral en nuestra agenda legislativa. Los convoco a que hagamos mayoría en esta propuesta, ya que parte de la responsabilidad del legislador es proponer mejores leyes con base en la realidad, y estoy convencida que podemos encontrar coincidencias para brindar a los trabajadores esquemas justos y dignos cuando se vean en la necesidad de replantear su crédito de vivienda, logrando con ello alcanzar el precepto constitucional de vivienda digna y decorosa para las familias mexicanas. Gracias por su atención. Es cuanto, señora presidenta.