La diputada Fatima Almendra Cruz Peláez: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes compañeras diputadas y diputados, el dictamen que pone hoy a nuestra consideración la Comisión de Salud, es de gran relevancia porque a través de su aprobación estaremos eliminando una de las violencias más antiguas y normalizadas de la que muchas mujeres han sido víctimas. Asimismo, estaremos cumpliendo con uno de los compromisos internacionales que tiene pendiente el Estado mexicano. El Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer ha exhortado al gobierno mexicano a armonizar las leyes federales y estatales para calificar la violencia obstétrica como una forma de violencia institucional y por razón de género, y adoptar medidas integrales de reparación de víctima de las mismas. Es necesario referir que en el eje primordial de este presente dictamen, es establecer las acciones institucionales necesarias para identificar, prevenir y erradicar la violencia obstétrica contra las mujeres, asegurando un trato digno durante su embarazo, posparto y el parto, a fin de garantizar el derecho a un parto humanizado. La Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares contiene información puntual sobre la violencia, maltrato y atención no autorizada sobre el proceso del parto, esta señala que cada 3 de 10 mujeres de 15 a 49 años tuvieron un parto y sufrieron algún tipo de maltrato por parte de quienes las atendieron. Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que más del 46 por ciento de los nacimientos que se realizan a través de cesáreas programadas o de emergencia, deberían de haber sido naturales, lo cual pone como evidencia un exceso en la utilización de este procedimiento. En consecuencia, resulta necesario legislar en materia para prevenir y erradicar la violación que en muchos casos se encuentran normalizadas. Si bien, existe un amplio marco normativo para proteger los derechos humanos de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva. En la práctica se siguen presentando una violación reiterada de los derechos humanos cuando acuden por atención durante el embarazo, parto o postparto. Se trata de prácticas como gritarles, humillar a los pacientes, no prestarles la atención necesaria, usar medicamentos sin control y realizarles tratamientos que no son necesarios en ocasiones, en contra de su voluntad, representando un estrés innecesario para las mujeres y las familias en el parto. En una realidad que la conducta afecta a los derechos humanos de las mujeres y el Estado está obligado a tomar medidas para prevenir y erradicarlas. Con este dictamen, estaremos eliminando la permanencia del parto medicalizado, así como la práctica que violenta el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Al incorporar en el marco normativo la definición de violencia obstétrica, como toda acción u omisión de profesionales y personal en el ámbito público y privado, que cause daño físico y psicológico a las mujeres durante el embarazo, parto o postparto, que se presente la falta de acceso de servicio de salud sexual o reproductiva. Estaremos dando un paso para garantizar a las madres mexicanas el trato que se merecen en el nacimiento de sus hijos. Es nuestro deber como legisladores, establecer un marco normativo capaz de garantizarles a las mujeres el acceso a una vida libre de violencia para evitar que esta limite o anule el ejercicio a otros derechos fundamentales, como el derecho a la salud. Por ello, anuncio nuestro voto a favor en el dictamen que se aprueba la propuesta de la diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, en conjunto con la diputada Melba Nelia Farías Zambrano, el diputado Armando Contreras Castillo y suscrita por los diputados del Partido Verde de la LXIV Legislatura de esta Cámara de Diputados. Esperando contar con su respaldo, agradezco su atención. Es cuanto.