El diputado Alfonso Primitivo Ríos Vázquez: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Después de siete meses de estar privado de su libertad, el día de ayer fue liberado el ciudadano Diego Fernández de Cevallos. Su secuestro se inscribe en el marco de inseguridad en que vivimos día a día los mexicanos, donde miles de secuestros como éste han perjudicado de manera sensible la estabilidad y la economía de miles y miles de familias a lo largo y ancho de nuestro país. Sin lugar a dudas este tema ha sido de los que han generado mayor atención de los medios de comunicación por tratarse de una figura controvertida. Las autoridades federales tienen la obligación de llevar a cabo una investigación puntual y transparente para esclarecer este delito y aplicar la ley a los autores del mismo. Esto por la gran polémica ciudadana provocada por este hecho y, sobre todo, por el contexto en que se da su liberación. Diego Fernández de Cevallos ha estado desde hace mucho tiempo en el ojo del huracán. Ha sido cuestionado por aprovechar sus relaciones políticas para beneficio personal y de los intereses que como abogado ha litigado, y al grupo político al que pertenece. Este caso particular nos acredita que, independientemente del nivel socioeconómico que se tenga, todos somos víctimas potenciales de los delincuentes. A ello no se le ha prestado la atención como al secuestro del ciudadano que nos ocupa. Las instituciones encargadas de investigar este ilícito, como en muchos otros casos, han mostrado una total incapacidad en sus investigaciones. Queremos destacar que el Poder Legislativo ha dotado al Poder Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República, al Poder Judicial de la Federación, de los instrumentos legales necesarios para combatir a la delincuencia y que pasan desde el establecimiento de la figura considerada como delito: la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, entre muchos otros. A este Poder Legislativo le corresponde la aprobación de las normas y al Poder Ejecutivo la aplicación de las mismas. Esta situación de inseguridad y de deterioro al patrimonio de miles de familias mexicanas no puede continuar. Más aún, el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expide la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro. Compañeras y compañeros legisladores, nuestro país no puede permitir el clima de violencia e inseguridad que se vive, no importa que la víctima sea una figura pública o un ciudadano común y corriente. Debemos seguir trabajando en erradicar este mal que está minando la libertad de cada uno de los mexicanos. Consideramos inadecuado e incorrecto que Felipe Calderón trate como un privilegiado al ciudadano Fernández de Cevallos, no lo ha hecho con los miles de ciudadanos, hombre y mujeres, niño y adultos mayores que han sufrido este mismo hecho. Es el momento de que Calderón enderece el rumbo y asuma que ha sido incapaz, hasta este momento, de poder acabar con este tipo de situaciones aún, y como lo hemos mencionado hace un momento, cuenta con todos los instrumentos legales y jurídicos para hacerlo. Es tanto, señor presidente.