La diputada Cristina Olvera Barrios: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, a 27 días que sucediera el derrame de los 40 millones de litros de lixiviados de sulfato de cobre, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, ubicado en el municipio de Cananea, Sonora, sustancias que se han propagado a lo largo del río Sonora y Bacanuchi, generando una grave contaminación que llega a la presa El Molinito, la Comisión Nacional de Agua, Conagua, nos advierte los niveles de contaminación de los citados ríos que se encuentran fuera de la Norma Oficial y que la calidad del agua aún sufre las afectaciones causadas principalmente por la presencia de metales contaminantes. Los municipios afectados por la contingencia ambiental son los municipios de Arizpe, Banámichi, Aconchi, Huépac, San Miguel, Baviácora y Ures. Grupo México finalmente reconoció que la contaminación del río Sonora se debió a una falla en la construcción del sello de una de sus tuberías y señaló además que esta construcción le fue encomendada a la firma del contratista especializado de la región, denominada Tecovifesa, la cual era responsable de la construcción de una nueva planta de procesos de cobre, lo que de ninguna manera exime la responsabilidad de la minera Grupo México. La negligencia de Grupo México, empresa concesionaria de la mina Cananea, provocó el derrame de millones de litros en el río Sonora y con ello ocasionó que se viera gravemente afectado con la presencia de diversas sustancias contaminantes de metales pesados y metaloides. Entre los saldos de este desastre que cerciora en la historia de Sonora se encuentra el cierre temporal de más de 700 pozos, lo que ha privado a miles de personas de agua necesaria para realizar actividades cotidianas. De igual forma, los agricultores y ganaderos están siendo afectados por este hecho ante la imposibilidad de regar sus tierras con aguas contaminadas. La negligencia de la minera trae consecuencias sociales que agravan la situación de los sectores más desprotegidos de la sociedad sonorense, debido a la caída de la producción agropecuaria. Y dada la gravedad de los daños ocasionados lo procedente es exigirles a las autoridades competentes las sanciones correspondientes para este tipo de desastres ecológicos, petición que se encuentra suficientemente sustentada en las Leyes de Aguas Nacionales, Minería, y Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, porque no basta la sola aplicación de multas para sentar los precedentes ejemplares. Las afectaciones provocadas por este derrame superan por mucho la afectación en el ámbito de actividad económica y del medio ambiente, teniendo grandes impactos entre otros sectores al grado de suspender el inicio del ciclo escolar en diversos planteles educativos ubicados en las cercanías de la región contaminada, lo que ha venido a perjudicar a cerca de 6 mil alumnos. El cooperativo de la empresa responsable mintió al dar a conocer las causas de la tragedia, pues los atribuyeron a la presencia de lluvias, cuando en realidad se trataba de un problema originado en las instalaciones de la mina, situación que ya ha sido suficientemente aclarada por el gobierno federal. Coincidimos plenamente que es indispensable actuar con todo el rigor de la ley, imparcialidad y sin perjuicio en lo concerniente a la reparación del daño causado, no obstante sin olvidar el desinterés irresponsable con el que hasta ahora se ha conducido Grupo México frente a éste, y que pone en evidencia la actitud irresponsable de este corporativo ha tenido a este lamentable desastre ecológico que ha golpeado en forma directa la economía de la región, actuando únicamente para resguardar sus intereses económicos. Vigilando que estas dependencias federales entreguen informes detallados sobre la revisión y visitas de inspección a las áreas afectadas, particularmente a lo que se refiere al cumplimiento tanto de las sanciones como de las medidas necesarias para revertir los daños, debiendo vigilar igualmente la aplicación de medidas y multas contempladas en la legislación, y especialmente encaminadas a la reparación del daño. Resulta improcedente la función que habrá que desempeñar la Comisión Especial para recopilar toda la información necesaria para que en su momento se pueda verificar que tanto el gobierno del estado de Sonora como las Secretarías de Economía, de Salud y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional del Agua, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios lleven a cabo las acciones legales que se contemplan en la legislación vigente, de manera que impongan multas ejemplares y cualquier otra sanción que resulte aplicable en contra de la empresa responsable denominada Buenavista del Cobre. Es indudable que la protección de los intereses superiores del país y de los intereses particulares de todos y cada uno de los afectados serán oportuna y eficazmente protegidos con las acciones que pueda implementar esta Cámara de Diputados, sujetándose en la información y conclusión derivados del desempeño de la responsabilidad que se ha asignado a la Comisión Especial, y es por ello que en Nueva Alianza sabemos de la importancia que tiene la aprobación del presente punto de acuerdo y con nuestro voto a favor reiteramos nuestro compromiso por el cuidado del medio ambiente para el bienestar de la población y reparación del daño ambiental que se ha ocasionado. Es cuanto, diputado presidente, y muchas gracias.