EL C. DIPUTADO GERMAN MARTINEZ CAZARES: Con su autorización Presidente. El grupo parlamentario de Acción Nacional se ha reservado el Artículo 30 del dictamen del Presupuesto de Egresos para el 2004, puesto que en él se establecen una serie de restricciones al Ejecutivo que violentan la Constitución desde nuestro punto de vista, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los Reglamentos del Ejecutivo. El Presupuesto de Egresos no tiene la naturaleza jurídica de una ley en sentido formal, mientras que en el aspecto material tiene el carácter de un acto administrativo que no participa de la generalidad que es característica esencial de la ley. El decreto que aprueba el Presupuesto de Egresos no otorga competencias ni establece derechos y obligaciones, éste es el criterio sostenido en jurisprudencia firme del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, están previstos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en los reglamentos internos de cada una de las secretarías que lo integran. Por ende, el Presupuesto de Egresos no puede ni debe contener disposiciones que invaliden o restrinjan la estructura orgánica y la competencia de la Administración Pública Federal, porque ello atentaría contra las leyes y reglamentos que definen la organización y atribuciones que tienen encomendadas las dependencias del Ejecutivo, al tiempo que afectarían significativamente la relación entre los Poderes. El Presupuesto de Egresos no puede derogar las leyes y reglamentos que dan competencia al Ejecutivo y a sus dependencias; una ley sólo puede ser modificada por otra ley; así lo establece el principio de primacía de la ley contenido en el artículo 72 inciso f) de nuestra Constitución Política. El artículo 30 del proyecto de dictamen que se nos está sometiendo a nuestra consideración, establece una serie de disposiciones que contradicen nuestro régimen constitucional, específicamente el principio de privacía de la ley, puesto que pretende imponer de manera unilateral por mandato de un órgano legislativo, la compactación de estructuras administrativas, la eliminación de órganos, áreas administrativas y plazas de las dependencias del Ejecutivo, así como el establecimiento de porcentajes de economías a los que deben sujetarse las representaciones del Gobierno Federal en las entidades federativas y en el extranjero. Estas medidas no sólo implican la injerencia de un poder del Estado sobre otro, también violan de manera innegable nuestra Carta Magna, como ya hemos dicho, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los reglamentos interiores que regulan la estructura y determinan las atribuciones del Poder Ejecutivo. No puede una sola Cámara, en uso de facultades exclusivas quitar a los órganos de la Administración Pública, la competencia que les ha conferido una ley votada por dos Cámaras: por el Congreso de la Unión en su conjunto. Son las leyes y los reglamentos del Ejecutivo los únicos facultados para adecuar las estructuras de las dependencias conforme lo establece el artículo 89 fracción I y XC constitucionales. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en reciente jurisprudencia, ha reconocido al Ejecutivo la facultad de crear a través de reglamentos autoridades y determinar su competencia. Acción Nacional no se opone a las medidas de austeridad y eficiencia y racionalidad en el gasto, que por supuesto deben aplicarse no sólo al Ejecutivo sino a todos los poderes de la Unión. Lo que Acción Nacional no acepta es que un poder se imponga a otro a través de medidas arbitrarias y unilaterales que no consideran las funciones definidas por la ley para cada secretaría. Acción Nacional apoya el espíritu de austeridad del Presupuesto, es su demanda; pero la racionalidad en el gasto debe hacerse obedeciendo al mandato de la ley. Con base en estos argumentos dejo en manos de la secretaría la propuesta y exhorto a esta Soberanía a reflexionar y a votar en consecuencia. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Tiene el uso de la palabra la diputada Marcela Guerra Castillo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.