La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Gracias, presidenta. Esta es la tercera vez que en esta legislatura abordamos el tema de las remuneraciones de los servidores públicos. Y es la tercera vez que lo hacemos porque esta Cámara no ha sido capaz de resolver el asunto de forma adecuada. La primera vez que se aprobó apresuradamente una minuta obsoleta y desactualizada, tuvimos que modificarla tiempo después. En ambas ocasiones advertimos que, como lo hacemos nuevamente hoy, el tema, desde nuestro punto de vista, no se trata solamente de cuánto quiere ganar el presidente, o de que este gane poco o mucho, sino de cómo este país remunera el servicio que prestan miles de mexicanos y mexicanas, que dedican su vida a construir un mejor país desde las instituciones del Estado. Este debate no debería ser sobre el presidente, sino sobre los maestros, las enfermeras y médicos, las y los policías, los marinos, soldados y oficiales de las Fuerzas Armadas. Debería ser sobre los que levantan los censos y procesan las estadísticas, sobre los que organizan las elecciones, sobre los que gestionan las solicitudes de información y los que defienden los derechos humanos. Pero, también, sobre los que nos representan en el exterior y sobre los ingenieros, antropólogos, artistas, científicos, investigadores y docentes, muchos de ellos con los más altos niveles de estudio y especialización. El tema es sobre cómo el Estado mexicano valora sus capacidades y servicios. Queremos a las mejores y a los mejores al servicio del pueblo. Si realmente queremos a las y los mejores, hay que estar dispuestos a recompensarlos de manera justa, proporcional y adecuada, y no menospreciarlos y hacerles sentir una y otra vez que no merecen nada. Y desde el principio de esta discusión hemos tenido una visión distinta a la de la mayoría, porque mientras nosotros hemos propuesto un sistema integral y un comité independiente, que de manera objetiva evalúe cada cargo de la administración pública y se determinen así las remuneraciones de las y los servidores públicos, el bloque mayoritario en esta Cámara ha buscado adecuar la ley al criterio del presidente de la República, quien considera que debe ganar alrededor de 120 mil pesos y, a partir de ese monto, tasar el resto de las remuneraciones de los servidores públicos del país. Mientras nosotros apostamos por la técnica y la profesionalización en la administración pública, la mayoría se conduce por el criterio de una sola persona. La diferencia de visión es pues sustancial, y en este momento me temo insalvable, porque, aunque de manera reiterada hemos ofrecido acercar posiciones y construir juntos, hemos sido ignorados y con nosotros miles de servidores públicos mexicanos, que han tenido que acudir a las instancias judiciales en busca de justicia. El dictamen de enero pasado refleja lo anterior. Y la reserva que se ha circulado extraoficialmente y que se pretende aprobar, si bien atiende varios aspectos de la sentencia de la Corte, que nos ha obligado a abordar nuevamente este asunto, deja de lado otros, sin los cuales la ley seguirá incompleta y, muy probablemente, seguirá estando sujeta a impugnaciones. Ni el dictamen ni la reserva resuelven el tema de fondo, que es la determinación de las remuneraciones del presidente y del resto de los servidores públicos de manera objetiva, proporcional y adecuada, porque usar como parámetro el PIB que varía año con año, dejaría en una situación de incertidumbre a los y las servidoras públicas respecto a sus ingresos. Cómo una familia puede planear su futuro si no tiene certeza sobre sus ingresos. Como ya lo dije, lo que se pretende es adecuar la ley al criterio del presidente de la República. La redacción es insuficiente respecto a los supuestos de excepción que permiten a un servidor público ganar más que el superior jerárquico, y tampoco es clara sobre otros aspectos importantes. El servicio público, compañeros y compañeras, es una vocación, y compartimos desde el PAN, sin reservas, la convicción de que lo debe motivar a quienes hemos elegido este camino, es el deseo de servir a nuestra gente y construir un país mejor. Sin duda, las posiciones públicas no deben usarse para el lucro personal, pero tampoco merecen ser castigadas. Pensemos más allá de la retórica política y construyamos una mejor solución para remunerar no más, que justamente, a quienes todos los días dan lo mejor de sí en servicio de la nación. Muchas gracias.