El diputado Marco Antonio Torres Hernández (PRI): Gracias. Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado federal del estado de Veracruz, integrante de la fracción parlamentaria del PRI en esta LIX Legislatura, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de este Honorable Congreso de la Unión, la siguiente proposición con punto de acuerdo. Se exhorta al Ejecutivo Federal a que informe a este Congreso, a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y a la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. Los antecedentes son que ante la eminente crisis que todos ustedes conocen, que vivó el sector azucarero mexicano del gobierno federal, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 3 el decreto expropiatorio de 27 ingenios. El decreto establece que se considerarán actividades que comprenden: siembra, cultivo, cosecha e industrialización. En ese contexto designaría la Secretaría de Agricultura a las personas que administrarían estos bienes expropiados y estarían obligados a levantar inventarios. Este Fondo de Empresas Expropiadas fue decidido por la Secretaría de Agricultura como organismo que administraría estos 27 ingenios. Por más de tres años el fideicomiso antes citado ha estado administrando estos 27 ingenios. No ha dado a conocer el monto al que ascendió el rescate azucarero. El valor real de los ingenios que se expropiaron y los ingresos referentes a la producción de azúcar, miel y alcohol, relativo a las zafras 2001-2002, 2002-2003 y 2003 y 2004. A la fecha se desconoce qué hará el gobierno federal con los ingenios expropiados, pues en principio había declarado que los vendería en dos años y ya pasaron tres. El gobierno se vió obligado a devolver a manos privadas diversos ingenios al no acreditar a los tribunales la utilidad pública de la expropiación. Los productores únicamente han recibido el pago de liquidaciones y quedan pendientes los apoyos para desarrollar sus cultivos. La Auditoría Superior de la Federación señala en su informe a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que el Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero, no se ajustó a los objetivos de su constitución y carece de mecanismos eficientes que le permita ser transparente en la aplicación, registro y control de los recursos fiscales aplicados, como de las ganancias derivadas de la comercialización de azúcar y productos. El gobierno del presidente Fox con el fin de dar viabilidad a estos ingenios, colocó los recursos financieros en dos fideicomisos privados, al resguardo de Nacional Financiera, uno bajo el nombre de Promotora Azucarera, S.A., Proasa, y otro como Fideicomiso Comercializador Pico, aun cuando el decreto menciona que la expropiación es de interés público. De esta forma se abrió la posibilidad de manejar como negocio privado los ingenios azucareros públicos, lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar procesos de transparencia de los recursos federales. Es menester que los diputados y los contribuyentes conozcamos el destino de miles de millones de pesos de los fideicomisos azucareros, y de ser necesario se hagan las reformas necesarias, para que el Fondo de Secreto Fiduciario no existan barreras que nos impidan conocer las acciones, por lo tanto, propongo al pleno el siguiente Punto de Acuerdo UNICO.- Exhorto al Ejecutivo Federal a que informe a este Congreso a través de los organismos correspondientes, sobre las auditorías realizadas a los ingenios expropiados y la situación administrativa actual del Fondo de Empresas Expropiadas del Sector Azucarero. Es cuanto señor presidente.