La diputada María Dolores González Sánchez: Con su permiso, señora Presidenta.. Los mexicanos viajan a todo el mundo en diferentes calidades migratorias, circulares y permanentes. Más del 90 por ciento de los mexicanos en el exterior se encuentran en los Estados Unidos de América. Esta cifra abarca entre 25 y 30 millones de personas. Los permanentes, también llamados residentes, según cifras, ascienden a 14 millones 339 mil y los indocumentados se estiman entre 10 y 15 millones. La primera obligación del gobierno mexicano es la protección de cualquier persona humana nacida en territorio nacional o fuera de él, en los términos constitucionales. Aun cuando en los últimos cinco años el presupuesto se ha incrementado, no ha podido impactar de manera sensible el concepto de falta de servicios consulares a la generalidad de los mexicanos que solicitan los servicios y atenciones necesarios. Hasta hoy, los servicios consulares no resuelven la cantidad y calidad que los mexicanos en el exterior solicitan. Actualmente, la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene la capacidad instalada para la atención y protección consular y la causa principal es el déficit presupuestal. En estas circunstancias, la demanda de los servicios consulares rebasa por mucho la capacidad ya instalada. Lo anterior sitúa a los mexicanos migrantes en un alto grado de vulnerabilidad, por lo que debemos insistir en mejorar los servicios consulares y programas de protección. Lo anterior nos da una clara idea de la capacidad básica indispensable para otorgar un trato digno a la persona humana que todos y cada uno de los mexicanos merecemos. Es muy sencilla la falta de servicios y protecciones consulares y muy visible la gran cantidad de recursos que genera. Si éstos se destinan y utilizan en este mismo Consulado, sin problemas podríamos construir un edificio con estacionamientos y lugares de descanso, contratación de personas, entre otras cosas. El paradigma actual es dar a los connacionales fuera de la nación, la protección y servicios consulares del más alto nivel internacional. Sabemos del esfuerzo financiero que para esa erogación deberá realizar el gobierno mexicano en simple congruencia con el gran esfuerzo de los que han tenido que buscar su bienestar fuera de las fronteras nacionales. Es indispensable redefinir la Ley del Servicio Exterior Mexicano, en su artículo 2. Aun cuando existe una reciente adición al artículo 2 —la fracción XI, del 25 de enero del 2002—, esta adición no reflejó el espíritu del legislador en turno o no definió el concepto claro e invariable sobre el cual debemos descargar el fondo, por lo cual me permito presentar la siguiente iniciativa de adición y abrogación del artículo 2, en su fracción XI, para quedar como sigue. Por lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración el presente decreto que reforma el artículo 2 fracción XI de la Ley del Servicio Exterior Mexicano para quedar como sigue. Artículo 2. Corresponde al servicio exterior, en la fracción XI, destinar los ingresos recibidos por los servicios establecidos en los artículos 20, 22 y 23 de la Ley Federal de los derechos prestados por cualquier representación consular en el extranjero, para integrar un fondo, cuyo objeto sea cubrir, adicionalmente al presupuesto general de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en términos del Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, los gastos relativos a las actividades y programas que a continuación se mencionan. a).- Programas de repatriación de personas vulnerables; b).- Atención y asesoría jurídica y protección consular; c).- Atención a migrantes recluidos en centros penitenciarios y centros de detención; d).- Atención telefónica; e).- Campañas de seguridad al emigrante; f).- Servicios de consulados móviles; y g).- Prestación de servicios consulares y atención al público. El fondo no puede usarse para complementar el presupuesto anual otorgado a la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino que será adicional. Este fondo podrá ponerse en operación una vez que las reglas de operación aparezcan en el Diario Oficial de la Federación. Al entrar el presente decreto en vigor, deberá impugnarse a las reformas y adiciones al Reglamento de la Ley de Servicios Exteriores Mexicanos, en un término que no exceda a 60 días naturales, a efecto de que las reglas de operación del fondo a que se refiere el artículo 2 fracción XI de la ley puedan implementarse una vez que se ha constituido el fondo a que se hace mención en el artículo anterior; esto será aplicable de manera gradual en un término no mayor de dos años y entrará en vigor una vez que sea publicado en el Diario Oficial. Solicito a la Presidenta se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates y se turne a la Comisión de Derechos Humanos y a la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios. Es cuanto, señora Presidenta. Gracias.