El presidente Luis Raúl González Pérez: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Señor diputado Javier Bolaños Aguilar, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Diputada Cristina Gaytán y senador Aarón Irízar, vicepresidenta y vicepresidente. Senadora Laura Rojas, diputada Gloria Himelda Félix y senadores Luis Humberto Fernández Fuentes y Gerardo Flores Ramírez, señoras legisladoras y señores legisladores. Consejeras y consejeros de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por acompañarme en la presentación de este informe. Miembros de las organizaciones de la sociedad civil que asisten a este acto, representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Este año, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumple 100 años, a lo largo de este siglo ha tenido cerca de 700 modificaciones, la más importante de las cuales fue, la de junio de 2011, que la convirtió en una Constitución de derechos humanos. Sin embargo, el reconocimiento constitucional de los derechos humanos no ha sido suficiente para garantizar su respeto y aplicación efectiva, tampoco ha prevenido por completo que estos derechos sean vulnerados, esto ha ocasionado que la sociedad perciba un divorcio entre lo que dicen las normas y lo que ocurre en la realidad. La confianza en las instituciones y la certidumbre sobre la aplicación de la ley se ha perdido o cuando menos debilitado ante la impunidad, la corrupción, la indiferencia y la ineficacia administrativa, que las personas advierten y padecen de manera cotidiana. Los derechos humanos son frecuentemente vistos como meros postulados teóricos y lejanos de la realidad material de las personas. En 2016, México atravesó una coyuntura crítica de derechos humanos, inseguridad, violencia, desigualdad, pobreza y exclusión, así como debilidad del Estado de derecho y falta de un acceso real a la justicia. Esta situación desafío la capacidad y dirigencia de las instituciones, generando dudas sobre la pertinencia de nuestro sistema democrático y la necesidad misma de proteger los derechos fundamentales. Asimismo, generó un sentimiento de inconformidad y descontento en la sociedad contra las autoridades e instituciones, que se ha manifestado en la respuesta dada a diversas medidas económicas anunciadas en fechas recientes. No fueron pocas las voces que identificaron la promoción y defensa de los derechos humanos como un recurso que propicia la impunidad, llegando al punto de expresar su resignación con actos de autoridad contrarios a la dignidad humana, tales como detenciones arbitrarias, restricciones a la libertad de tránsito, tortura o inclusive ejecuciones arbitrarias. Si ello trajera como resultado mayores niveles de seguridad o se garantizara el pronto castigo a los delincuentes. Se creyó ver en el uso arbitrario de la fuerza la vía más eficaz para combatir la injusticia y la legalidad, aunque ello implicara incurrir en actos injustos e ilegales. Asimismo, se reivindicó la justicia por propia mano, que encontró expresión en diversos linchamientos, algunos de ellos llevados a cabo contra inocentes, llegándose al extremo del elogio y reconocimiento público en casos como los presentados en Puebla, el estado de México o la Ciudad de México, donde la muerte de presuntos delincuentes fue considerada por muchas personas como una mejor justicia, que si hubiesen respondido de sus actos ante tribunales competentes. En el ámbito legislativo, se formularon iniciativas que sentaban las bases para propiciar la práctica de la venganza privada, al promover que la sociedad tuviera acceso más libre a la posesión de armas de fuego, lo cual, además de depositar implícitamente en la ciudadanía la responsabilidad de preservar su propia seguridad, contribuiría a generar un entorno propicio para otros hechos de violencia si no se siguen protocolos adecuados. La inseguridad, la violencia que afecta nuestra infancia y adolescencia, no debe atenderse exclusivamente mediante acciones reactivas, como podría ser la operación mochila segura, que además puede vulnerar derechos humanos si no se siguen los protocolos adecuados para preservar los derechos de la infancia y la adolescencia. La prevención debe ser una prioridad para las familias, autoridades escolares y para los gobiernos. No podemos confundirnos, hechos tan lamentables como los ocurridos recientemente en el estado de Nuevo León, nos demuestran una realidad que requiere atención en aspectos tales como el acoso escolar, los problemas de depresión de niñas, niños y adolescentes, así como una regulación más completa y estricta para la posesión de armas. Las armas en las casas, no obstante que sean legales, no son la solución a los problemas de inseguridad, las armas en los hogares deben de ser controladas y debidamente resguardadas por sus poseedores. Además de que las campañas de despistolización deben de ser permanentes y fortalecerse. El Estado es quien debe cumplir con la responsabilidad de proteger a sus gobernados y evitar que las personas ejerzan justicia por propia mano. Cada arma que se retire de la sociedad implica una posibilidad menos de que se generen nuevos hechos violentos y que se victimice a una niña, niño o adolescente. La porosidad de nuestras fronteras y la actuación indebida de las autoridades han propiciado que ingrese un gran número de armas a nuestro país y que cada vez sea más fácil conseguir un arma. Es preciso actuar en todos los ámbitos, para reforzar la vigilancia y el control fronterizo para prevenir que esto suceda. Durante 2016 nuestras instituciones fueron severamente cuestionadas por factores como la falta de rendición de cuentas, la impunidad, los conflictos de intereses, así como por la existencia de violaciones graves a derechos humanos, en las cuales se advirtió un entramado de corrupción y de falta de aplicación de las normas. En este contexto, en 2016 un total de 61 mil 661 personas acudieron a este organismo nacional por estimar violentados sus derechos fundamentales por algún acto de autoridad, por lo que se inició el trámite de 25 mil 273 nuevos expedientes, de los cuales 9 mil 408 correspondieron a quejas propiamente dichas. Siete mil 878 a orientaciones directas, 7 mil 430 a remisiones y 557 inconformidades. Si bien se inició un número considerable durante el periodo que se reporta, no implicó un aumento en el rezago de los mismos, ya que a diciembre de 2016, frente a 25 mil 233 expedientes iniciados se reportó la conclusión de 25 mil 707, con lo que se concluyó un número de asuntos a los que se iniciaron. En materia de quejas, las autoridades que fueron señaladas con mayor recurrencia como presuntamente responsables de una violación a derecho humanos fueron: el IMSS, en 2074; el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, mil 619; l ISSSTE, en del Grupo Parlamentario del; la Policía Federal, 660; la SEP, en 537; el Instituto Nacional de Migración, 532; la PGR, 512; la Sedena, 439; la Semar, 258; y la Sedesol, en 247 casos. En este rubro, respecto de los registros correspondientes a 2015 es de señalarse el incremento de 23.8 en el número de quejas recibidas en contra del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, y de 18.9 en el caso del ISSSTE; siendo el mayor incremento porcentual que se presentó en este rubro el de 51.85, referido a las quejas presentadas en contra de Petróleos Mexicanos con 82 quejas en 2016, frente a 54 de 2015. Si agrupamos las autoridades señaladas como presuntas responsables de algún abuso de poder por sectores tendríamos que durante 2016, respecto del sector salud se habrían presentado 3 mil 79 quejas, mientras que en el sector seguridad se habrían registrado mil 835 y en el sector educativo 685. Las entidades federativas en las que se reportó con mayor frecuencia la comisión de algún hecho presuntamente violatorio a derechos humanos fueron: la Ciudad de México en dos mil 255 casos; estado de México, 751; Chiapas, 532; Tamaulipas, 453; Veracruz, 443 y Oaxaca, 422. En este apartado, respecto de 2015, resalta un aumento de 31.4 por ciento en los casos denunciados en el estado de Chiapas y de 20.9 en el estado de Oaxaca. Las presuntas violaciones a derechos humanos que se reclamaron con mayor frecuencia durante 2016 fueron: prestación indebida del servicio público, dos mil 299 casos; omitir proporcionar atención médica, dos mil 155; faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de las funciones, mil 417; detención arbitraria, 548; trato cruel, inhumano o degradante, 528; negligencia médica, 483; acciones y omisiones que trasgreden los derechos de las personas privadas de su libertad, 477; obstaculizar o negar las prestaciones de seguridad social, 467; acciones u omisiones que trasgreden los derechos de migrantes y de sus familias, 462 y prestar indebidamente el servicio de educación, 387. Por lo que hace a los presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto, se registraron 216 expedientes de queja en los hechos que se denunció tortura; 28 casos de privación de la vida y 15 de desaparición forzada, lo cual representó en los casos de tortura y desaparición forzada, un incremento del 332 por ciento y del 36.3 respectivamente, en comparación con 2015. De igual forma, los asuntos relativos a presuntas violaciones de periodistas se incrementaron de 16.4 por ciento de 2015 a 2016, al registrarse 92 expedientes por este concepto. Durante 2016, este organismo nacional emitió 72 recomendaciones dirigidas a 55 autoridades, lo cual significó un aumento del 20 por ciento, frente a lo registrado en 2015. Las cinco autoridades que fueron destinatarias del mayor número de recomendaciones son el IMSS, señalado en 15 casos; Marina con 7; PGR con 6; la Comisión Nacional de Seguridad con 6; la Secretaría de la Defensa Nacional con 5. Del conjunto de recomendaciones emitidas en 2016 solo dos han sido cumplidas en su totalidad; 54 tienen pruebas de cumplimiento parcial y 14 han sido aceptadas sin que se tengan pruebas de su cumplimiento. Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las cuales versaron las recomendaciones fueron diversas comprendiendo cuestiones que abarcaron, entre otras, desde casos de ejecución extrajudicial, desaparición forzada, tortura, uso excesivo de la fuerza, violencia obstétrica, indebida prestación de servicios médicos, detenciones ilegales, ataques a la libertad de expresión y afectaciones a los derechos de las personas en contexto de liberación hasta el derecho a la consulta libre e informada de los pueblos indígenas, cuestiones vinculadas al medio ambiente, así como al nivel de vida y desarrollo de las personas. En siete recomendaciones se acreditó la existencia de tortura y en 11 tratos crueles, inhumanos y degradantes. Es de destacarse la emisión de la Recomendación 4-G/2016 por violaciones graves a los derechos humanos consistentes en el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles y la privación de la vida de cuatro civiles, la tortura a dos personas detenidas; el trato cruel, inhumano y degradante en perjuicio de una persona detenida y la manipulación del lugar de los hechos atribuida a la Policía Federal, con motivo de los hechos ocurridos el 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, municipio de Tanhuato, Michoacán. Como hemos señalado en otras ocasiones, la atención de las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de las recomendaciones, ya que es necesario dar seguimiento y constatar su cumplimiento puntual en caso de que las autoridades responsables las acepten, así como denunciar pública y decididamente las negativas u obstáculos que se presenten para su cumplimiento. En razón de ello, como consecuencia de las recomendaciones emitidas en 2016, la CNDH presentó 50 denuncias por responsabilidad penal y 92 por responsabilidad administrativa. Asimismo, con motivo del fortalecimiento de las acciones de la CNDH en el seguimiento de recomendaciones, se tuvo conocimiento que durante el periodo que se informa se impusieron sanciones administrativas a 110 servidores públicos, lo cual representa un aumento mayor al 100 por ciento respecto del número de personas que habían sido sancionadas en periodos anteriores, el cual fue de 41 en 2015 y 14 en 2014. El cumplimiento de las recomendaciones aún enfrenta demoras sensibles y requiere un seguimiento y evaluación integral y especializado, para lo cual se conformó la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos. Desde el inicio de la gestión se planteó la necesidad de lograr un esquema de atención efectiva a las víctimas, es decir, buscar que los problemas o las situaciones que motiven que las personas recurran a este organismo, se atiendan o se subsanen de la mejor manera ye en el menor tiempo posible por la vía de la conciliación de las partes involucradas, cuestión que está prevista por el artículo 36 de la ley que rige nuestro organismo. Esta vía ha demostrado en los hechos ser una opción viable, ejercida en los términos que marca la ley para dar una solución satisfactoria, y en el corto plazo, a un elevado porcentaje de los casos que conoce la comisión nacional. Durante el periodo que se reporta, del total de quejas registradas se lograron resolver durante el procedimiento y por la vía conciliatoria, 4 mil 566 expedientes, lo cual representa cerca del 47.2 por ciento del total de expedientes de queja concluidos. Las recomendaciones generales tienen como propósito que se promuevan las modificaciones de disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a derechos humanos. Durante 2016 la comisión nacional emitió cinco recomendaciones de este tipo, las cuales versaron sobre el ejercicio de la libertad de expresión, los agravios a personas defensoras de derechos humanos, la falta y actualización de programas de manejo en áreas naturales protegidas de carácter federal y sur elación con el goce y disfrute de diversos derechos humanos, el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas, y la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales del país. Por otra parte la CNDH emitió en 2016 cuatro informes especiales en los que puso de manifiesto diversas problemáticas vinculadas a los derechos humanos, tales como: el desplazamiento forzado interno, el estado que guardan las recomendaciones en trámite que ese organismo nacional dirigió a los tres niveles de gobierno, la problemática de niñas, niños y adolescentes centroamericanos en contexto de migración internacional no acompañados en su tránsito por México, así como las condiciones de hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad en los centros de reclusión. Asimismo la CNDH realizó un estudio especial sobre la situación de la población afrodescendiente en México. Ante la relevancia de los casos que conoce el mecanismo nacional de prevención de la tortura a cargo de la CNDH emitió por primera vez cinco recomendaciones propias del mecanismo, las cuales estuvieron referidas a las condiciones de los centros de reclusión que dependen de los gobiernos estatales de Hidalgo, Quintana Roo y Nuevo León, así como de la Fiscalía General del estado de Veracruz y de diversas presidencias municipales de esa entidad. Adicionalmente se hicieron públicos siete pronunciamientos y 17 informes, nueve iniciales y ocho de seguimiento sobre diversos centros federales de readaptación social, estaciones migratorias y estancias provisionales, así como lugares de detención e internamiento en varias entidades federativas. Estas recomendaciones fueron aceptadas y se da su seguimiento. En 2016 la CNDH promovió 30 acciones de inconstitucionalidad, con lo cual ha buscado hacer visibles los riesgos que algunas normas pueden representar contra el ejercicio y disfrute de los derechos humanos y contribuye a mejorar el sistema legal de nuestro país, por la vía de impulsar la acción del máximo tribunal como institución garante del órgano constitucional. El mandato de este organismo nacional implica no sólo la protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, sino también la observancia, promoción, estudio y divulgación de los mismos, funciones que en conjunto constituyen su objetivo esencial. El informe que hoy se presenta detalla puntualmente las actividades que se llevaron a cabo en 2016, es pertinente hacer notar que para el informe de actividades de 2016 se volvió a privilegiar el formato electrónico habiéndose impreso únicamente un resumen ejecutivo al cual se acompaña una memoria USB con información relativa a la actividad institucional, en una plataforma que con el auxilio de herramientas interactivas, permitirá una consulta más ágil, integral y personalizada del trabajo de la CNDH en el período que se reporta. En el informe se alude a casos como los de Tlatlaya, Iguala, Apatzingán, Tanhuato, los cuales han modificado la percepción general e histórica de los derechos humanos en nuestro país, poniendo a prueba las instituciones, incluida la CNDH y evidenciando las carencias, las profundas desigualdades, la falta de oportunidades y de respuesta por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno. Desde hace muchos años, a diversas problemáticas sociales, así como la debilidad del Estado de derecho en varias regiones del país. Son casos complejos que por su propia naturaleza y características requieren que las investigaciones que se realicen cumplan con los atributos de objetividad, imparcialidad, exhaustividad y credibilidad. El esclarecimiento de estos asuntos exige trascender el nivel de la mera denuncia, para llegar a resoluciones claras u objetivas precisamente en estos asuntos, para llegar precisamente a que sean investigaciones científicas e integrales de los hechos. Con relación al caso Iguala, en el mes de abril de 2016, la CNDH dio a conocer el reporte sobre la posible participación de elementos de la policía municipal de Huitzuco y de dos agentes de la policía federal en la desaparición de los normalistas que viajaban en el autobús 1531, ocurrida en el puente del Chipote de Iguala el 26 de septiembre de 2014, en el cual la información que se dio a conocer constituyó de facto el punto de partida de una segunda ruta de desaparición, que deberá ser investigada por la autoridad competente para determinar con certeza lo sucedido con los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, una vez que agentes policiales los sustrajeron del lugar antes referido. En este caso, si bien se había evidenciado la intervención de los agentes de policía, pertenecientes a los municipios de Iguala y Cocula en los hechos ocurridos la noche del 26 al 27 de septiembre, la CNDH habría recabado información testimonial que también haría presumir la participación de elementos de policía municipal de Huitzuco y de dos elementos de la policía federal en los hechos ocurridos, como señalé, en puente del Chipote. En el mes de julio se presentó un informe en torno de las circunstancias en las que fue privado de la vida el estudiante normalista Julio César Mondragón Fontes, en el que se formularon ocho nuevas observaciones y propuestas a diversas autoridades: cuatro a la PGR, tres a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y una a la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Durante este año se dio continuidad a la colaboración permanente con los mecanismos regional y universal de derechos humanos, así como con otras instituciones nacionales de derechos humanos y con los organismos locales de protección y defensa de los mismos en México. En este ámbito es de destacarse la intervención que se tuvo en dos sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como los compromisos que a iniciativa de la CNDH asumieron otros organismos nacionales para la atención a migrantes en la frontera sur de México para el seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, así como para la defensa de migrantes en los Estados Unidos de América. Durante sus 26 años de existencia, la CNDH ha hecho diversos llamados, excitativas y recomendaciones para el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, no obstante lo cual se siguen preservando prácticas y conductas que en nuestro país tendrían que haberse superado, tales como la tortura, las ejecuciones arbitrarias, la desaparición forzada o las detenciones arbitrarias. Lo anterior cuestiona que los derechos humanos efectivamente se hayan puesto como eje de todo acto de autoridad y si la totalidad de los servidores públicos realmente están capacitados y han asumido el respeto a la dignidad humana como parámetro para el ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, ante los señalamientos en favor de la austeridad y el control del gasto público que se han formulado como consecuencia de la situación económica que atraviesa nuestro país, nos pronunciamos porque el Legislativo federal, en ejercicio de la facultad en la materia presupuestaria que le asiste, formule con responsabilidad, objetividad e integralidad, una ley que de manera general y obligatoria para todo ente que ejerza recursos públicos, imponga los parámetros, alcances y medidas concretas de austeridad en el gasto, así como el destino que se dé a los recursos que se afecten. Ninguna medida adoptada en el ámbito exclusivo de la operación administrativa de las instituciones será suficiente o podrá revertir los efectos del aumento en los combustibles y la incidencia que otros factores han tenido en la economía del país, de ahí la pertinencia y la necesidad de una ley. Que le dinero se gaste en lo que se debe y que sea efectivo el gasto que se haga. Ahí es donde tendríamos que centrar nuestros esfuerzos, así como en transparentar las erogaciones realizadas. Es necesario que se defina y dé seguimiento al destino de los ahorros que se obtengan como consecuencia de las medidas de austeridad, y no que queden como recursos disponibles para una asignación discrecional. En tanto se adoptan acciones como las que se han sugerido, en el ámbito de la CNDH estamos por concretar, previa opinión del Consejo Consultivo, medidas específicas de reducción y control del gasto que implicarán ahorros efectivos por más de 50 millones de pesos durante 2017. Lo anterior sin comprometer el cumplimiento de las funciones sustantivas de esta Comisión Nacional o afectar derechos adquiridos de su planta laboral. Estas medidas comprenden ajustes a las partidas de sueldos y salarios del personal de mando superior, una limitación severa en los gastos de representación, servicios de telefonía y el gasto en combustible, así como un replanteamiento de procedimientos internos para propiciar mayores economías, entre otras cuestiones. Hoy vuelvo a reiterar que la defensa y protección de los derechos humanos no es algo que pueda esperar o estar sujeta a coyunturas, tiempos o intereses políticos o de cualquier naturaleza, así como tampoco regirse por parámetros diversos a la búsqueda de la verdad y la efectiva vigencia y aplicación de la ley. Ante un entorno internacional incierto, nuestro país demanda aplicar todos sus recursos y capacidades. Es preciso recuperar la justicia, el respeto, el cumplimiento de la ley, la solidaridad, la educación, el trabajo, la inclusión y el desarrollo. Tenemos derecho a vivir en un entorno de paz, en el que contemos con condiciones razonables de seguridad que posibiliten el ejercicio y vigencia de nuestros derechos. La atención a los problemas de seguridad debe ser prioridad de la agenda pública para el 2017, lo cual requiere abarcar con objetividad y responsabilidad la atención de los elementos y factores que inciden en los mismos. En este contexto, la discusión sobre el marco normativo aplicable a las tareas que con carácter extraordinario desde hace una década llevan a cabo las Fuerzas Armadas, resulta relevante, pero no implica por sí mismo la solución a la inseguridad y violencia que nuestro país enfrenta. La formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera y la investigación patrimonial, el fortalecimiento de la prevención, así como una revisión y replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, son tan solo algunos de los factores que se deberían atender de manera adicional a una Ley sobre Seguridad Nacional o Interior, misma que en todo caso deberá formularse bajo una perspectiva de derechos humanos y ser acorde al régimen competencial previsto por la Constitución. No podemos permanecer impasibles, cuando advertimos complicidad y vínculos entre algunas autoridades y delincuentes, cuando aquellas tienen que actuar para garantizar la seguridad y la convivencia pacífica, no cumplen con tal obligación o pretenden delegarla en otros, como en los llamados grupos de autodefensa, aun cuando con ello trasgreda la ley. No podemos resignarnos a que la ley sea objeto de negociación y a que su aplicación sea algo discrecional. Estos son problemas recurrentes en la historia de nuestro país, pero hoy a eso se agregan otros de origen externo. Los inminentes cambios en la política migratorio, económica y social de los Estados Unidos de América requieren que todos aquellos que estemos comprometidos con el reconocimiento, defensa y promoción de los derechos humanos, con sustento en el marco jurídico internacional, formemos un frente común para denunciar y oponernos a toda expresión de discriminación, exclusión, racismo, xenofobia, o que atente contra la dignidad de las personas, antes de que la irracionalidad se enquiste y genere imitadores. Considero necesario insistir en que las y los defensores de derechos humanos, los organismos nacionales y las instancias internacionales debemos diferenciar la ilegitimidad de estas conductas mediante su condena y la construcción de espacios de defensa. No permitir que la indiferencia haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, un discurso que promueva el menoscabo a los derechos de las personas y deje de lado la dignidad humana. Concluyo. Hace un año, ante esta soberanía, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo notar la necesidad de concluir los procesos legislativos y la exposición de leyes generales en materia de tortura y desaparición forzada, las Leyes Reglamentarias de los Artículos 29 y 33 Constitucionales, así como la armonización normativa para que los organismos de derechos humanos locales gocen de los recursos y capacidades necesarias para el desempeño de sus funciones. Por la vigencia de los derechos humanos, así como por la necesidad de que la verdad y la justicia lleguen a las víctimas, debemos exigirnos que estos pendientes se resuelvan este año. Si los derechos humanos no se cumplen y respetan, no se está cumpliendo ni respetando la esencia de nuestro máximo ordenamiento. En México, el respeto y la vigencia de los derechos humanos implican el respeto y la vigencia misma de la Constitución, cuyo contenido, como lo señaló Venustiano Carranza, al dar inicio a los trabajos del Congreso Constituyente el 1 de diciembre de 10916, señaló, debe asegurar las libertades públicas por medio del imperio de la ley. Muchas gracias.