El diputado Erick Arturo Figueroa Ovando: Gracias, presidenta. Saludo con afecto y cariño a las y los costeños de mi estado, el estado de Chiapas, que nos siguen a través del Canal del Congreso y las redes sociales, desde Arriaga hasta Villa de Comaltitlán, distrito al que represento con pasión y orgullo en esta máxima tribuna de la nación. Honorable asamblea, presento una iniciativa junto a mi compañero Armando Soto Espino, del Grupo Parlamentario del PRD, que reforma el artículo 212 del Código Penal Federal. De acuerdo con los datos obtenidos de la encuesta de corrupción y buen gobierno, realizada en 2001 por Transparencia Mexicana, en México, se pagan 214 millones de pesos en sobornos, 214 millones de pesos en sobornos, ¿representan estas cifras los costos de la corrupción? La respuesta no es tan clara, el problema consiste en que lo que se está viviendo y el monto pagado por concepto de soborno no necesariamente representa el costo social del acto de corrupción. En palabras de Luigi Ferrajoli, el poder o los poderes, sean estos públicos o privados, tiende en efecto, ineludiblemente, a acumularse en forma absoluta y a liberarse del derecho, por ello desafío con el que se encuentra un Estado garantista como el mexicano, que es precursor en fomentar y salvaguardar derechos sociales en su norma fundamental, es generar, procurar y mejorar los medios, mecanismos e instituciones que hagan valer el verdadero derecho como garantías de los más débiles frente a los más poderosos. La corrupción es un fenómeno complejo, con características propias que lo diferencian de otros delitos y cuyas consecuencias impactan en el bienestar general del país y de nuestra sociedad. Al respecto, académicos, organismos internacionales y gobiernos han tratado de desarrollar marcos de análisis y de combate a la corrupción. El abuso del poder y la impunidad que siempre acompaña a la corrupción se mantiene en un alarmante 95 por ciento, referido a los delitos cometidos pero no castigados, particularmente durante los trámites realizados por los ciudadanos. Tristemente México es uno de los países más corruptos del mundo y el peor posicionado entre aquellos que integran la OCDE, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción, de Transparencia Internacional. Por este motivo se impulsó la reforma constitucional por el que se creó el Sistema Nacional Anticorrupción, publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2015, así como las reformas secundarias del 18 de julio de 2016, con el fin de destituir el avance más importante para combatir, prevenir y erradicar la corrupción y la impunidad de nuestro país, de conformidad con los lineamientos establecidos en nuestra Carta Magna. En tal virtud, tenemos la imprescindible misión de generar, establecer, fomentar y emprender las acciones que proporcionen al sistema nacional anticorrupción las herramientas que concuerden con nuestra norma fundamental, el régimen jurídico, la norma moral y las buenas costumbres que garanticen eficientemente la disciplina, legalidad, objetividad de los servidores públicos en la más honrosa labor de servirle a nuestro pueblo. La presente iniciativa pretende complementar el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal en materia de combate a la corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2016, estableciendo los delitos por hechos de corrupción entre los más graves e infames de nuestro ordenamiento jurídico, con sanciones eficaces y contundentes como medios de prevención. Esta iniciativa añade a los tipos penales establecidos en el Título Décimo, delitos hechos por corrupción, del Libro Segundo del Código Penal Federal, la figura de decomiso de bienes en beneficio de la sociedad o con destino a causa de utilidad pública, La privación de las propiedades de los bienes, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar, y la suspensión, hasta por 30 años, de los derechos políticos contemplados en el artículo 35 de nuestra Carta Magna, así como la ampliación de los plazos para la proscripción del ejercicio de la acción penal se duplicarán, incluso, hasta se triplicarán atendiendo al daño ocasionado a la administración pública o a los montos de lucro o beneficio obtenido. Estas son las iniciativas que el pueblo quiere ver, porque son iniciativas que vienen a poner orden en el combate a la corrupción, porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.