El diputado Jesús Porfirio González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas: Nuevamente nos convoca a una reforma, a una adición la Comisión de Justicia, la Comisión de Seguridad Pública, en relación con el acuciante tema de la delincuencia organizada. Nadie duda de que se trata, efectivamente, de un fenómeno de nuestros tiempos que exige la mayor prontitud, la mayor eficacia, pero sobre todo, la mayor honorabilidad y honradez de nuestros cuerpos de seguridad para atender esta gravísima amenaza a nuestra seguridad pública, a la convivencia y al futuro del país; pero también es cierto que con base en estas leyes permisivas de un exceso de autoridad se han cometido atropellos, arbitrariedades, que muchos de nosotros conocemos en los círculos más próximos y por sobre todo si somos abogados y los constatamos en los litigios que sobre ello tenemos encargo. Por esto, es importantísimo que acusemos el interés más profundo en que estas facultades discrecionales dadas al Procurador General de la República para otorgar retribuciones, compensaciones a quienes en un momento dado auxilien a la policía para resolver y dilucidar un crimen como puede serlo el del secuestro, no se vayan a convertir y no se conviertan en desviaciones de recursos o en malversaciones que después tengamos que lamentar; incluso que puedan ser propicios a corromper a la propia policía que en el encargo de una investigación y logrado el objetivo, lo oculte para poder operar una supuesta compensación previa al logro del objetivo de la liberación del reo o del secuestrado, mejor dicho. Es por esto que para nosotros tiene, efectivamente, el interés de que sea aprobada en los términos en que se ha establecido, en que se propone en el proyecto, pero que también sea motivo de una más que importante decisión de que en los estados de cuenta, en el rendimiento de cuentas del Procurador, se puedan conocer con precisión las cantidades y los objetivos a que han sido destinados estos recursos. Y sobre todo también, que quede en las mejores manos y que con la mayor responsabilidad el que estas facultades discrecionales se conduzcan a aminorar la ola de secuestros, la inseguridad y la incidencia de delitos que padecemos acuciantemente todos los mexicanos. Y también que de este gran recurso y de esta gran facultad que se le otorga a la Procuraduría General de la República, se dé cuenta al pueblo no solo en términos económicos, de lo que se va a erogar en ello y en cada caso específico, sino en cuanto a que de veras disminuyan los índices delictivos en el país; que la seguridad nacional, la seguridad interior, la convivencia se realice en términos de respeto, en términos de posibilidades de realización humana, sin obstáculos de la inseguridad que cotidianamente nos acecha en todas las calles y en todos los lugares próximos a nuestros domicilios o lugares de trabajo. Y en este sentido tendremos que exigir en correspondencia a estas facultades extraordinarias, a estos recursos que puede emplear el Procurador para el efecto de combatir la delincuencia organizada y lograr la liberación de los secuestrados, mejores resultados. Pero siempre con datos objetivos, comprobables, constatables y no con estadísticas que ocultan precisamente el crecimiento de la delincuencia, de la incidencia de delitos que tanto dañan al país y a su futuro, e incluso inciden ya negativamente en términos muy cuantiosos, en la economía nacional a través de los recursos empleados por la vía de lavado de dinero. De modo que en conclusión aprobaremos este proyecto, esta iniciativa, pero dejamos asentada claramente nuestra exigencia de la claridad, de la honestidad, de la probidad y del patriotismo con el que deben manejarse estos recursos del pueblo. Muchas gracias.