La diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Uno de los temas más recurrentes en nuestro país, sin duda, lo es el de la seguridad pública y, es que no es para menos, es evidente el aumento de la incidencia delictiva, lo que ocasiona inseguridad y temor en la sociedad. En efecto, un gran porcentaje de mexicanos tiene una intensa percepción de inseguridad y violencia. De acuerdo con la segunda encuesta nacional sobre inseguridad en las entidades federativas del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, 44 por ciento de los mexicanos se sienten algo o muy inseguros. Los encuestados perciben que la capacidad de respuesta de las autoridades encargadas de la seguridad pública y la procuración de justicia tiene muchas limitaciones e ineficiencias, y que la mayoría de los delitos queda impune. Ante el desafío de enfrentar las altas tasas delictivas y al crimen organizado, se ha puesto en evidencia la crisis del sistema de seguridad ciudadana y justicia penal. De hecho, uno de los principales factores de los fenómenos de inercia delictiva y consolidación del crimen organizado es la ineficiencia institucional, que se traduce en elevados indicadores de impunidad, alta proporción de reincidencia y violación a los derechos humanos, entre otros. Los datos anteriores ocasionan que la justicia penal se perciba como un sistema ineficiente y corrupto. Las causas principales de esta ineficiencia y corrupción se deben a fallas estructurales que presenta el sistema. Esto significa que el problema no siempre radica en conductas ilegales, sino en leyes y procedimientos penales obsoletos y contraproducentes. Una práctica común es que el Ministerio Público antes de iniciar una averiguación previa a partir del conocimiento que tiene de un hecho presuntamente constitutivo de un delito, realiza una valoración ex ante, que en muchos casos, lo lleva a levantar un acta circunstanciada en lugar de dar inicio a la actuación que constitucionalmente está obligado a integrar, lo cual demerita en perjuicio de los gobernados, ello al amparo de un acuerdo dictado por el titular de la procuraduría a la que pertenezca. La preocupación de esa legisladora estriba básicamente en aquellos casos en que desaparecen personas, ya que si bien es innegable que existe una alta incidencia de casos en los que los padres de familia acuden a la agencia del Ministerio Público a denunciar la desaparición de sus menores hijos que se resuelven favorablemente, cuando finalmente se descubre que aquellos abandonaron voluntariamente sus hogares por problemas con los padres u otros familiares, cierto es también que muchos de estos casos obedecen tristemente a casos de privación ilegal de la libertad ya con fines de secuestro, de explotación sexual, de tráfico de órganos, etcétera. Y por estos casos que desafortunadamente van en aumento, la autoridad ministerial debe inmediatamente proceder a hacer las labores de investigación necesarias para determinar el paradero de la persona desaparecida. Según datos reportados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la trata de personas representa un negocio global de 32 mil millones de dólares al año, que en sólo dos años el tráfico de personas para fines de explotación sexual, laboral, en prácticas similares a la esclavitud o trabajo forzado o para la extracción de órganos, triplicó el monto de los recursos obtenidos por este negocio, dejando incluso atrás al tráfico ilegal de armas. Lo anterior significa que anualmente se trafica entre uno y dos millones de mujeres, hombres, niñas y niños para fines de explotación y los victimarios ganan entre cuatro mil y 50 mil dólares por persona, dependiendo del lugar de origen y destino de la víctima. La trata incluye la captación, traslado, acogida o recepción de personas con amenazas o engaños con fines de explotación. Por eso considero necesario establecer de manera expresa dentro del Código Federal de Procedimientos Penales, que el inicio de una averiguación previa no debe ser condicionada, salvo que se requieran presupuestos procesales como la querella u otro equivalente; pero en los delitos oficiosos no debe existir impedimento alguno para que las pesquisas den inicio, sobre todo si con ello pueden evitarse consecuencias nefastas de actuar con prontitud. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 113 Bis, así como un último párrafo del artículo 123 del Código Federal de Procedimientos Penales. Artículo único. Se adiciona el artículo 113 Bis, así como un último párrafo al artículo 123 del Código Penal para quedar como sigue "Cuando se denuncie la desaparición de una persona y dicha desaparición actualice algún delito que no requiera requisito de procesabilidad o presupuesto procesal para su persecución, el Ministerio Público, sin más trámite de manera inmediata y sin exigir requisito de temporalidad alguno, dará inicio a la averiguación previa correspondiente y ordenará las diligencias necesarias para encontrar a la persona desaparecida. "En el caso de que se trate de un delito que requiera para su persecución de algún requisito de procedibilidad o presupuesto procesal, el Ministerio Público deberá de observar lo señalado en el párrafo anterior, tan pronto como este requisito o presupuesto sea satisfecho". Artículo 123. "Cuando exista el riesgo fundado de que la persona privada de su libertad pueda ser trasladada fuera del territorio nacional, el Ministerio Público dará aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como a las autoridades migratorias correspondientes, para que realicen, dentro del ámbito de su competencia, todas aquellas acciones tendientes a evitar que aquella pueda ser trasladada o entregada fuera del territorio nacional". Es cuanto, señora Presidenta.