La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias. Buenas noches. La propuesta en materia de transparencia, estamos hablando de transparencia, que es algo que nos está dando mucho trabajo, es incluir en este decreto lo siguiente: que se desglosen las erogaciones de los programas sujetos a reglas de operación y los principales contenidos en el presupuesto, actualmente sólo se enlistan. Asimismo se propone que se incluyan en anexos específicos los siguientes rubros de gastos identificados por ramo, unidad responsable y ámbito de aplicación geográfica, el gasto en cultura, las erogaciones correspondientes al gasto social federal para contar con un referente oficial del gasto y así poder cumplir con lo expuesto en la Ley de Desarrollo Social, las erogaciones correspondientes a los programas orientados a superar la pobreza y las erogaciones en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Asimismo se propone que a dichos recursos se les dé un debido seguimiento, evaluación, fiscalización, control y difusión para conocer su impacto conforme al Plan Nacional de Desarrollo y políticas públicas derivadas del mismo, estableciendo controles para evitar el uso electoral partidario o de promoción personal de legisladores o servidores públicos federales, estatales o municipales, además de castigar el desvío de los fines previstos. En tanto, para el artículo 7, fracción III, propongo que todas las obras de infraestructura con cargo a los recursos del ramo general 23 que los estados, municipios o delegaciones del Distrito Federal realicen deberán incluir la leyenda, entre comillas: Esta obra fue realizada con recursos del presupuesto federal. No es promovida ni patrocinada por ningún partido político, ninguna persona, representante popular. Su uso es en beneficio de todas y todos. De tal forma que ningún servidor público federal, municipal o delegacional se atribuya acciones que no corresponden a la realidad y sólo buscan un beneficio propio o de un partido político. Esto en relación a estos artículos. En relación al artículo 8 se somete a consideración de esta asamblea mantener el gasto destinado a la prevención social que estaba en el anterior decreto, prevención social del delito con un porcentaje del 20 por ciento de los recursos destinados a subsidios a seguridad pública, ya que ello representa una vía destinada a reconstruir el tejido social y la convivencia, lo que representa una intervención profunda en materia de seguridad y que este decreto del dictamen está quitando esta participación ciudadana y el porcentaje del 20 por ciento. En segundo lugar, en relación a adición a un transitorio, se plantea la necesidad de revisar la estrategia en materia de seguridad. El costo de una estrategia policiaca y militar para combatir la inseguridad y el crimen es creciente en el Presupuesto federal. Tan sólo este año se propone autorizar un gasto de 248 mil 839 millones de pesos a justicia, seguridad nacional, asuntos de orden público y seguridad interior. Es un auténtico hoyo negro que absorbe cada vez más recursos presupuestales sin que ello tenga el mismo impacto en los indicadores de seguridad. Por ello proponemos que se evalúe este gasto, que se abra y deje de ser razón incuestionable su destino, al igual que se exige evaluar el gasto social y justificar su impacto. Por ello propongo el siguiente transitorio: Con el objeto de medir la eficacia del gasto destinado a las acciones de procuración de justicia y seguridad pública, el Consejo Nacional de Seguridad Pública establecerá indicadores públicos de seguimiento, eficiencia y evaluación de impacto del gasto identificado en las subfunciones Procuración de Justicia, Reclusión y Readaptación Social, Defensa, Marina, Inteligencia y Preservación de la Seguridad Nacional, Policía, otros asuntos de orden público y seguridad, y Sistema Nacional de Seguridad Pública. Asimismo, se establecerá un sistema de evaluación externo que permita a la Cámara de Diputados determinar la pertinencia de los programas ejecutados con cargo a estos recursos. Para el efecto, dicho Consejo podrá solicitar la asistencia técnica del Coneval, los indicadores y el resultado de las evaluaciones deberán ser públicos. Esta es la cuarta reserva. Finalmente, solicito su voto a favor de una reserva en congruencia con el compromiso que reiteró su jefe, el titular del Ejecutivo federal a principios de 2015, ante rectores, directivos y académicos de distintas universidades, donde habló de su apoyo a la educación superior y en ese tenor proponemos lo siguiente. Destinar 451 millones, 592 mil 4 pesos a la expansión de la educación media superior y superior, en sustitución al pago innecesario de un avión presidencial, del cual el mismo ciudadano presidente solicitó ya a la Secretaría de Hacienda un análisis serio y racional de los beneficios de su venta. Por eso la reserva consiste en reducir el presupuesto de la Defensa Nacional en el programa o proyecto de inversión denominado Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso Presidencial y del Estado Mayor, para incrementarlo al Anexo 19 Acciones para la prevención del delito, combate a las adicciones, rescate de espacios públicos y promoción de proyectos productivos, Ramo 11 Educación Pública, expansión de la educación media superior y superior. Esta compra de este avión nada aporta al desarrollo nacional, por eso estamos haciendo esta reserva. Es cuanto, señora presidenta.