EL C. PRESDENTE: Muchas gracias diputado Ramírez Marín. Honorable Asamblea, el punto de comentarios sobre la integración del Gabinete a petición del grupo parlamentario del PRD se pospone para siguiente sesión, Y el punto de Pronunciamiento sobre la Reestructuración del Sector Eléctrico, a petición del grupo parlamentario del PRD, se pospone para la próxima sesión (aplausos) Quedando entonces sólo por desahogar el punto de Pronunciamiento sobre la Situación de los Pensionados y Jubilados de las instituciones de Seguridad Social, Se concede el uso de la palabra hasta por diez minutos, al diputado Cuauhtémoc Montero Esquivel del grupo parlamentario del PRD. EL DPUTADO CUAUHTEMOC MONTERO ESQUVEL (P.R.D.): Con su permiso señor Presidente. La deuda social con los jubilados y pensionados, los otros olvidados. Compañeras y compañeros Diputados, uno de los objetivos programáticos de mi partido el de la Revolución Democrática, es rescatar y fortalecer la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los derechos sociales, una de cuyas expresiones más acabadas en nuestro país es el derecho a la seguridad social, consagrado por los constituyentes en 1917 en el Artículo 123 Fracción XXX Constitucional, cuyo texto original desde entonces consideró la utilidad pública, la protección social de los trabajadores ante los riesgos del propio trabajo; la invalidez y la vejez. El derecho a la seguridad social en nuestro país no fue una graciosa concesión del capital y de los distintos gobiernos del mundo del trabajo, fue resultado de luchas históricas de los trabajadores asalariados, de los sectores públicos y privados, del campo y la ciudad, por conquistar mejores condiciones de trabajo y de vida para ellos y sus familiares. El derecho a la seguridad social junto con los derechos del trabajo remunerador, a la educación y a la propiedad social de la tierra no solo dieron lugar al nacimiento de la primera Constitución social del mundo sino que permitieron a nuestro país la estabilidad social necesaria para el impulso de un largo período de crecimiento económico. Es necesario recordar que nuestra Constitución consigna el derecho a la seguridad social como un sistema de solidaridad obrera y solidaridad social mediante el cual se comparten las cargas derivadas del proceso productivo y de la actividad pública, El derecho a la seguridad social se estableció como un mecanismo efectivo de redistribución de la riqueza nacional para beneficiar al colectivo, pero sobre todo para beneficiar a los trabajadores asalariados, derechohabientes y a los trabajadores en retiro que por sus condiciones socioeconómicas más lo necesitan, siempre bajo un enfoque de beneficios públicos e integrales . Desde la aprobación en 1942 de la Ley del Seguro Social, pasando por la expedición de la Ley del SSSTE en 1959, el derecho a la seguridad social siguió invariablemente una ruta ascendente en su desarrollo, fortaleciendo sus pilares de integridad, solidaridad, redistribución y su función pública y social; la ampliación de la cobertura a grupos de población sin relación salarial o patronal que tuvo lugar con una nueva Ley del Seguro Social de 1973, teniendo al Estado como sujeto solidario abrió a nuestro país el camino hacia la universalización y consolidación de sus principios, aspiraciones que hoy más que nunca parecen estar mas lejos de ser una realidad. No obstante, el innegable avance en nuestras instituciones de seguridad social durante varias décadas, la larga fase de estancamiento con inflación de los años '80 y el lento e inestable crecimiento de los años '90 afectaron estructuralmente su capacidad de respuesta, de crecimiento y de calidad, sus beneficios, particularmente las pensiones pagadas más allá de los factores demográficos y epidemiológicos que se dividen para apoyar las reformas recientes al MSS y para promover la del SSSTE, han sido el lento crecimiento del empleo privado, el estancamiento del empleo público, las devaluaciones, la inflación, la carda de los salarios reales durante todos estos años, los factores estructurales que han empobrecido las pensiones y puesto en jaque los sistemas públicos de seguridad social. A la deuda social de nuestro país se suman hoy miles de jubilados y pensionados del MSS y del SSSTE que día con día ven empobrecer sus pensiones y se les arroja a una sobrevivencia precaria y a los futuros jubilados se les promete que con la reforma de los sistemas de pensiones, sus percepciones mejoraran al seguir la filosofía individual y del Robinson Crusoe y del mercado. Con la reforma de diciembre del '95 a la Ley del Seguro Social que privatizó las pensiones, se dio marcha atrás a las aspiraciones de consolidar este derecho como un derecho social solidario y redistributivo para transitar hacia otro régimen privado e individual en el que cada trabajador, a partir de su esfuerzo individual logre el nivel de beneficio para su retiro que le permita su propia capacidad de ahorro. En otras palabras, se individualizan los riesgos y se socializan las pérdidas, se encomienda con un mayor costo para la sociedad la administración e inversión de los fondos de pensiones de los trabajadores a instituciones financieras privadas y se socializan los riesgos de su administración, inversión y gestión. Quiere decir entonces que con la reforma nada cambió, excepto que una parte cada vez mayor de la masa salarial de este país ahora se desvía por concepto de comisiones como ganancias hacia los grupos financieros nacionales y extranjeros, elevándose con ello los costos para toda sociedad. Como es por todos conocido, esta reforma no fue aprobada por la oposición incluido el PAN durante los trabajos de la LV Legislatura de este honorable Congreso de la Unión; con la reforma, señoras y señores diputados, tampoco nada cambió para los poco más de un millón 800 mil pensionados del MSS, quienes recibieron como pensión la cuantía mínima correspondiente a un salario mínimo, es decir, 1,137 pesos mensuales y las viudas deben sobrevivir con solo el 90% de ese salario y solo pueden esperar que año con año se incremente 5U pensión con el incremento que se pacte de los salarios mínimos, que por lo demás, siempre se ubica por debajo de la inflación. Todos los trabajadores pensionados antes del primero de julio del '97 sólo encuentran en la nueva Ley del Seguro Social la promesa de que el Estado continuará pagando sus pensiones en los términos. Señoras y señores diputados: Los pensionados del MSS no pueden verse como un costo fiscal como pensiones en curso de pago, como un pasivo incómodo de la reforma del sistema de reparto, por otro, de capitalización individual, no compañeros son mexicanos y mexicanas que dieron su vida y esfuerzo productivo por este país. El Instituto Mexicano del Seguro Social y el derecho a la seguridad social no pueden verse desde una óptica hacendaria, por ello nos preocupa también que la Dirección General del Instituto se haya designado a un personaje que en su caso por la Subsecretaría de Egresos de Hacienda se caracterizó por desmantelar y desarticular la política social y desaparecer importantes programas sociales para combatir la pobreza, el Presidente Electo designo como Director del MSS a Santiago Levy, quien substituyo la Política social del estado mexicano por un paquete de acciones de beneficencia y calidad pública y desde un altruismo mal entendido, desconociendo los derechos sociales constitucionales. Por ello, estaremos mas atentos que nunca frente a la pretensión de profundizar la política de desmantelamiento en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otra parte, la situación de los jubilados y pensionados del ISSSTE no es mucho mejor en tanto a la cuantía mínima, se ubica en 1.2 salarios mínimos, esto es 1,364 pesos mensuales que resultan insuficientes para adquirir la canasta de productos básicos alimenticios, cuyo costo se sitúa en 2.552 pesos mensuales. Ello quiere decir que las pensiones de los jubilados y pensionados del ISSSTE sólo pueden pagar el 50% de esa canasta básica alimenticia, el problema se agrava si se toma en cuenta que el mecanismo empleado desde 1992 para el ajuste de las cuantías de las pensiones, atado al aumento del salario mínimo se ha traducido en una pérdida de la capacidad de compra de sus pensiones, Qué decir, compañeras, compañeros diputados, de la situación por la que atraviesan los trabajadores ferrocarrileros jubilados antes del año de 1 982, quienes ni siquiera gozan de una pensión jubilatoría del MSS y sobreviven en la miseria, esperando que se cumpla la promesa presidencial de pago de sus pensiones correspondientes. Precisamente, frente a esta grave problemática, la Honorable Cámara de Diputados de la pasada LV Legislatura aprobó por un lado reformas a la Ley del Seguro Social con el fin de saldar la deuda con los jubilados y pensionados del MSS, aprobados por la ley derogada, y por otro lado aprobó una reasignación de recursos del ramo 19, aportaciones a seguridad social, por la cantidad de 3 mil millones de pesos, con el fin de aumentar este año la cuantía mínima de las pensiones del IMSS. De nueva cuenta nuestro grupo parlamentario convoca a las demás fuerzas Políticas aquí representadas para que no pasemos por alto la deuda social que tenemos todos los mexicanos con los pensionados y jubilados de este país. Los convocamos a que con voluntad Política y justicia social aprobemos las reformas necesarias para promover una vida digna de los pensionados y sus familias, de no lograrse a tiempo los consensos necesarios para alcanzar reformas legales, promovamos entonces la asignación de recursos suficientes en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, que permitan incrementar hasta en un 10% las pensiones de cuantía mínima que paga el IMSS, que permitan incrementar las cuantías de las pensiones del ISSSTE de acuerdo al aumento que reciban los sueldos de los trabajadores en activo y que permitan pagar al IMSS los capitales constitutivos necesarios para el pago de las pensiones a los ferrocarrileros jubilados antes de 1982. El Presidente electo Vicente Fox dijo en su mensaje radial el sábado pasado que la mejoría de las pensiones de logrará con la mejoría de la economía, no obstante, señoras y señores diputados todos nosotros somos testigos que los jubilados y pensionados de todo el país nos reclaman a sus representantes populares que esa mejoría no se deje para mañana, sino que se resuelva hoy, hoy señores diputados, no puede haber estabilidad social y Política para el crecimiento económico si no se saldan las distintas deudas sociales provocadas por 20 años de Políticas de ajuste y estabilización económica. Las prioridades en todos estos años han estado en otro y para ilustrarlo cito el Diario Británico Finances Time con el costo del FOBAPROA, en 1988 bien podrían pagarse las pensiones de jubilación de todos los mexicanos en los siguientes 25 años. Y para todos aquellos grupos y sectores, termino, señor Presidente, de dentro y fuera de nuestro país que claman por un nuevo festín de privatizaciones a la dimensión social del desarrollo y de los espacios definitorios de derecho a la seguridad social y para quienes ante los problemas estructurales que afectan a seguridad social y sus instituciones, sólo ven como única salida la promoción del mercado y del sector privado, es necesario que les recordemos las palabras del Presidente Manuel Avila Camacho, como la protección impartida por el Seguro Soci8al entraña una función de interés publico no puede ser encomendada a empresas privadas, sino que el estado tiene el derecho de intervenir en su establecimiento y desarrollo, la seguridad social es un fenómeno esencialmente colectivo de solidaridad industrial que no puede resolverse individualmente. Muchas gracias. Firman este pronunciamiento los diputados del PT, de Alianza Social, de la Sociedad Nacionalista y de Convergencia por la Democracia. Muchas gracias.