La diputada Celia Esther Fonseca Galicia: Con el permiso de la Presidencia. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El delito de extorsión constituye una de las conductas criminales de mayor impacto social y económico, ya que involucra a individuos, grupos o estructuras organizadas que, con fines de lucro, recurren a prácticas ilícitas como el engaño, las amenazas e incluso la violencia física o psicológica. Su objetivo es coaccionar a la víctima, obligándola a entregar bienes, dinero o realizar acciones que dañen gravemente su patrimonio, su estabilidad emocional o bienestar. Una de las características más comunes en los delitos de extorsión es el uso de la violencia psicológica y las agresiones verbales como herramientas de intimidación para someter a las víctimas. Los criminales recurren a tácticas de manipulación emocional y amenazas, buscando generar un ambiente de miedo y desesperación. Lo más lamentable es que en muchos casos los delincuentes se aprovechan de la buena fe y vulnerabilidad de las personas, explotando su confianza para engañarlas y obligarlas a ceder ante sus demandas. Este tipo de delitos, además de dejar secuelas psicológicas y económicas, causan un daño profundo en la tranquilidad de las víctimas, afectando su bienestar y seguridad. Esta conducta no solo vulnera los derechos fundamentales de las personas, sino que genera un ambiente de inseguridad y temor que afecta tanto a los individuos como a la sociedad en su conjunto. En la actualidad, el delito de extorsión ha evolucionado y diversificado considerablemente en sus formas de operar, adoptando métodos cada vez más complejos y difíciles de detectar, desde las clásicas llamadas telefónicas intimidatorias, hasta las prácticas más agresivas como el cobro de piso a comerciantes, empresarios y ciudadanos comunes. Los grupos criminales han logrado adaptar sus tácticas para maximizar su impacto y sus ganancias ilícitas. En este orden de ideas, gracias a los avances tecnológicos y a la enorme cobertura de la telefonía celular, el delito de la extorsión ha alcanzado niveles alarmantes. Los grupos delictivos cada vez más organizados han logrado adaptarse a las nuevas herramientas tecnológicas y de comunicación, utilizando los teléfonos móviles como una vía directa para contactar a las víctimas a través de llamadas o mensajes de texto estos criminales utilizan el miedo y la intimidación para coaccionar. Lamentablemente, lo que antes era un delito aislado, ahora se ha convertido en una práctica común en diversas regiones de nuestro país, poniendo en evidencia la urgente necesidad de fortalecer nuestras estrategias dirigidas a la prevención, seguridad y justicia. Según datos recientes, proporcionados por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, durante el mes de abril se registró un alarmante aumento en los casos de extorsión, alcanzando la cifra más alta de víctimas de este delito. Este incremento representó un 17 % más en comparación con el mes de marzo, lo que evidencia una tendencia preocupante que no podemos pasar por alto. De acuerdo con los mismos informes proporcionados por el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad se ha identificado que las entidades federativas más afectadas por este fenómeno delictivo son el estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Jalisco, la Ciudad de México, Morelos e Hidalgo. Estas regiones han reportado un preocupante número de víctimas de extorsión, lo que subraya la extensión y la gravedad del problema en diversas regiones del país. Este patrón no solo revela la dimensión de la amenaza que enfrentan los ciudadanos en esos estados, sino que también resalta la urgente necesidad de reforzar nuestro marco normativo para contar con todas las herramientas necesarias para combatir de manera efectiva dicho fenómeno delictivo. En este orden de ideas, el dictamen que hoy estamos discutiendo representa una oportunidad para fortalecer las bases constitucionales con el objetivo de dotar a las autoridades jurisdiccionales de las herramientas jurídicas necesarias para hacer frente de manera efectiva este flagelo que tanto daña a nuestra sociedad. Con este marco legal más robusto estaremos en condiciones de no solo prevenir sino también erradicar con mayor eficacia los delitos de extorsión que afectan gravemente la seguridad, la tranquilidad y el bienestar de miles de mexicanos. Esta es una acción fundamental para garantizar que nuestras leyes se adapten a los retos contemporáneos y brinden la protección que nuestra ciudadanía necesita. Por todo lo antes expuesto, pero fundamentalmente, por devolverle la paz y tranquilidad a todos los mexicanos, quienes integramos el Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto y muchas gracias.