El diputado Carlos Gutiérrez García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión nos dirigimos a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones III y VII del artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, cuya finalidad era robustecer el marco normativo que regula los requisitos comerciales del comercio por Internet para brindar mayor seguridad en este tipo de transacciones. Todos hemos hecho compras por Internet, esta práctica se ha vuelto cada vez más común. Y si para nuestra generación y la que nos antecede se ha vuelto una herramienta útil para las transacciones. Para las nuevas generaciones se ha convertido en la forma primordial de comercio. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el comercio electrónico es el proceso de compra, venta o intercambio de bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación. El comercio electrónico ha tenido un incremento sostenido a nivel mundial y nuestro país no ha sido ajeno a este crecimiento. En México, según estimaciones de la Asociación Mexicana de Internet, el comercio electrónico ha registrado un crecimiento sostenido superior al 42 por ciento desde el año 2011. Alrededor de 45 millones de mexicanos utilizan Internet y más de 17 millones realizan compras por este medio. La misma asociación menciona que en 2012 el 44 por ciento de los internautas mexicanos compraron algún producto o servicio por Internet en un sitio mexicano, lo cual representó un 9 por ciento con respecto al año anterior. En la legislación nacional corresponde a la Ley Federal de Protección al Consumidor promover y proteger sus derechos, así como procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. En ese sentido la referida ley establece en su artículo 1, fracción VII, que la real y efectiva protección al consumidor en las transacciones efectuadas a través del uso de medios convencionales, electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, y la adecuada utilización de los datos aportados constituyen un principio básico de las relaciones de consumo. En ese orden de ideas, la ley cuenta con un capítulo 8o. Bis referente a los derechos de los consumidores en las transacciones efectuadas por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. La fracción II del artículo 76 de la ley vigente menciona que en las transacciones efectuadas los proveedores proporcionarán su domicilio físico, números telefónicos y demás medios a los que pueda acudir el propio consumidor para presentarles sus reclamaciones o solicitarles sus aclaraciones. En Nueva Alianza consideramos que existe un vacío legal con solo la presentación de estos requisitos, ya que no conocemos mayores datos de la persona y del bien o servicio a comprar. Es por este motivo que resulta inaplazable fortalecer la información y los requisitos mínimos para proteger efectivamente a los consumidores. En este sentido proponemos que se incluyan también el nombre o denominación social, la dirección física y virtual, los datos de contacto, como teléfono y correo electrónico, el precio de los productos o servicios; así como las condiciones para la compra, transporte y entrega de los mismos productos. Todo lo anterior, a efecto de concertar una compra-venta virtual segura para el consumidor. Es una realidad que las transacciones virtuales en nuestro país no se encuentran del todo reguladas y aún carecen de obligaciones jurídicas adecuadas y pertinentes. Por esa razón, se aplica la legislación civil y mercantil de forma supletoria para cumplir con los requisitos que hacen legal la compra-venta. En Nueva Alianza, queremos dar certeza jurídica a todos los consumidores del país, por ello proponemos que se incorpore una fracción al artículo 76 Bis de la ley, en el que se establezca que el proveedor deberá abstenerse de utilizar estrategias de venta o publicitarias que no proporcionen al consumidor información clara, segura y suficiente sobre los servicios ofrecidos, en particular, tratándose de prácticas de mercadotecnia dirigidas a la población vulnerable, incorporando mecanismos que adviertan cuando la información no sea apta para esa población. Las y los diputados turquesa estamos comprometidos con el bienestar y el desarrollo de todos los mexicanos, por ello, como parte de nuestra agenda legislativa, buscamos proteger los derechos del consumidor, mejorar la información de mercados y garantizar el derecho a la realización de operaciones comerciales, claras y seguras. En Nueva Alianza estamos decididos a robustecer nuestro marco legal para tener un comercio electrónico más confiable. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.