El diputado Sergio Álvarez Mata: Con su permiso, señor Presidente; H. Asamblea: el libre acceso a la información es un derecho desarrollado a partir del principio de que la información en posesión de los poderes del Estado es un bien público y ejercerlo constituye un mecanismo decisivo para que la autoridad rinda cuentas a la sociedad en el marco de la consideración del Estado democrático. Desde el inicio de la vigencia de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el proceso de acceso a la información en poder de los distintos entes obligados ha evolucionado, bajo la premisa de que cualquier entidad que recibe financiamiento por parte del Estado, ya sea para garantizar su funcionamiento interno o para implantar proyectos productivos, debe informar del destino final del dinero entregado... La presente iniciativa tiene como finalidad ampliar el catálogo de sujetos obligados, a efecto de facilitar al ciudadano el acceso a la información en los rubros que implique el ejercicio de recursos públicos federales. En consecuencia, atendiendo a la necesidad de dar precisión al artículo 1o. de la ley, se establece que las dependencias y entidades beneficiarias de financiamiento por parte del Estado forman parte de la Administración Pública Federal y, por tanto, actualizan el supuesto jurídico. En este supuesto entran por tanto los organismos públicos descentralizados, como es el caso del IMSS, el Infonavit y el ISSSTE, tal como lo señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su Manual del justiciable en materia administrativa de septiembre de 2004, el cual cito en esta intervención: Órganos de administración pública. Son el conjunto de personas morales que cuentan con una estructura jurídica y competencia determinada, a las cuales se encomienda la ejecución de actividades del Estado. Los mencionados órganos pueden pertenecer a la administración pública centralizada o descentralizada o paraestatal; inclusive, pueden tener el carácter de autónomos. La administración pública centralizada es la que constituye el Poder Ejecutivo federal y cuyos órganos son la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica, la Procuraduría General de la República y las secretarías de Estado. La administración pública descentralizada o paraestatal está formada por órganos dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, que no pertenecen al Poder Ejecutivo federal, pero que lo auxilian en el ejercicio de sus atribuciones, y su actuación es evaluada y vigilada por una secretaría de Estado. Forman parte de la administración pública... Como ejemplo pueden citarse Petróleos Mexicanos, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el Servicio Postal Mexicano, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Además, existen órganos dotados de autonomía que, aun cuando tampoco pertenecen al Poder Ejecutivo federal, tienen carácter de públicos y forman parte de la Administración Pública Federal. Entre ellos, encontramos la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por otro lado, consideramos necesario incorporar los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales al catálogo de sujetos obligados a proporcionar la información relativa a su funcionamiento interno y al uso del financiamiento público asignado, pues las entidades gubernamentales no son las únicas que operan con recursos públicos. En primer lugar, los partidos políticos se consideran en la Constitución como entes de interés público; en segundo lugar, porque tiene como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática; en tercer lugar, porque contribuyen a la integración de la representación nacional, que no es otra cosa que la formación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo en los tres niveles de gobierno, poderes que además, en sus respectivos ámbitos, son decisivos, en la integración del Poder Judicial y de los organismos autónomos, que aportan el matiz de imparcialidad e incluso el control de las gestiones gubernamentales. De esa manera, cualquier ciudadano, aun no siendo militante de un partido político determinado, podrá solicitar toda la información relativa a la aplicación de los recursos públicos que le sean encargados con cargo a las partidas de fondos estatales. Sostenemos la necesidad de incluir en el catálogo de sujetos obligados a todas las personas físicas o morales que, al cumplir los requisitos de aplicación, se vuelven beneficiarias de programas, subsidios o apoyos económicos por parte del resto de los sujetos obligados. Por tanto, al aprobarse la presente iniciativa, tanto las entidades a que se refiere la recién aprobada Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil como cualquier otra asociación o entidad que sea beneficiada por el Estado tendrá la obligación de dar información sobre la aplicación de dichos recursos en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en aras de dar cumplimiento al precepto constitucional que establece la obligación de garantizar el acceso a los gobernados a la información pública, en este caso de recursos federales. Por lo expuesto, el que suscribe, diputado del Partido Acción Nacional, con el afán de contribuir a la democratización de la actividad política del país ajustando la normatividad a las necesidades e inquietudes de la sociedad, propone la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en los siguientes rubros: Primero. Se modifica el nombre de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para suprimir el término de gubernamental, toda vez que este concepto se asocia muchas veces al Poder Ejecutivo y se limita el acceso a otro tipo de entidades. Segundo. Se reforman los artículos 1, 2, 5, 11, segundo párrafo, y 61, primer párrafo, para quedar de la siguiente manera se describe en la iniciativa. Tercero. Se modifican los incisos a) y f) y se adiciona un inciso g) a la fracción XV del artículo 3o.; se adiciona un párrafo segundo al artículo séptimo y el 2o. del texto vigente se transforma en 3o., para quedar en los términos que se exponen en la iniciativa, mismo que solicito a la Presidencia tenga a bien se incorpore en el Diario de los Debates de manera íntegra. Es cuanto, señor Presidente.