La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Muchas gracias, diputada presidente. Saludo a todos los colegas aquí o en sus oficinas, y al público que nos ve en el Canal del Congreso. El Partido de la Revolución Democrática concuerda y aprueba el punto de acuerdo firmado conjuntamente por todas las fracciones parlamentarias, por el gran valor simbólico que tiene que la Cámara se pronuncie en contra de esta política cruel e inhumana de cancelar DACA. Sin embargo, nos parece que el gobierno federal se ha quedado corto, muy corto y mudo frente al maltrato que sufrirán aproximadamente 600 mil mexicanos en los Estados Unidos. Para dar una idea del significado de esto, quisiera comentar que el lunes estaba el cuarto día de negociaciones de la segunda ronda de negociaciones del TLCAN. Uno de los puntos fundamentales de estas negociaciones es defender el empleo en la industria automotriz. Hay 600 mil empleos que dependen directa e indirectamente del empleo en la industria automotriz. Exactamente el mismo número de mexicanos que serán afectados en Estados Unidos por la cancelación de DACA. Ahora, antes de DACA se fue construyendo un entramado semilegal, que ha hecho posible que Donald Trump implemente una política con base nativista. Es decir, con una base racista, ajena por completo a todos los convenios internacionales de defensa de los derechos humanos. En primer lugar, en 2010, el estado de Arizona aprobó la Ley 1070, que clasifica una serie de infracciones a la ley como delitos graves, y esto ha sido utilizado en este estado y en muchos otros para que mexicanos que cometieron el error de pasarse un alto, o de tocar el claxon cuando no debían, pequeños errores, ahora son clasificados como delitos importantes. Un patrón estudiado por las organizaciones de defensa de los migrantes encuentra que estos son los delitos utilizados como pretextos para las deportaciones. Después, el 15 de junio pasado, se dejó sin defender DAPA, que era la orden ejecutiva que permitía que los padres de ciudadanos americanos, padres mexicanos o extranjeros de ciudadanos americanos podrían obtener la residencia legal. Después, la orden ejecutiva de Trump, para que las policías locales pudiesen actuar en conjunto con la policía de migración como si fueran un solo cuerpo, para mantener una mayor eficacia en las rondas de deportación. Lo más importante, se ha señalado que esta DACA es una muestra de falta de humanidad y de crueldad, porque pone a la incertidumbre y quizá regrese a miles de jóvenes que quisieran en los Estados Unidos. Pero no se menciona que otro de los aspectos fundamentales de esta crueldad es la traición a la confianza. Estos jóvenes dieron los datos de sus familias, de dónde vivían, de dónde trabajaban para poder obtener DACA, es posible ahora que con los datos que ellos dieron, sus padres sean deportados. Esto es una crueldad, un hecho de falta de humanidad que tiene que ser denunciado en tribunales internacionales. También se ha planteado ahora la disyuntiva de que podría mitigarse el efecto de DACA a cambio de una reforma migratoria, que de nuevo garantice la expulsión de sus padres. En este sentido, quiero comentar con ustedes, oyendo el acuerdo de todas las fracciones en la defensa de los dreamers, que como diputada acabo de meter una iniciativa que reforma el artículo 18 A de la Ley de Derechos, que permitirá al Estado mexicano tener más ingresos para poder dirigirlos a Relaciones Exteriores. Voy a proponer un aumento de 10 dólares en el permiso que pagan los viajeros aéreos para ingresar a México, 25 dólares van para turismo, yo voy a proponer que 10 dólares extras vayan para Relaciones Exteriores, para la defensa de nuestros migrantes. Espero que todos me acompañen en ese voto a favor. Muchas gracias.