EL DIP. DANIEL ORDÓÑEZ HERNÁNDEZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras diputadas: El que suscribe, diputado federal Daniel Ordóñez Hernández, a nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a esa soberanía la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de procuración de justicia, haciéndolo al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos El alto índice de impunidad y la creciente corrupción de los últimos años, permite concluir que la organización del Ministerio Público no ha sido la adecuada para atender los problemas en materia de procuración de justicia. El Partido de la Revolución Democrática propuso, desarrolló y registró como parte de su plataforma legislativa 2003-2006, el dotar de la autonomía constitucional que se requieren en materia de Procuración de Justicia. La dependencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, conlleva a la politización, la discrecionalidad, la desorganización de las tareas de procuración de justicia. Es urgente transformar a la Procuraduría General de la República en una institución homogénea, lógica y eficaz, estableciendo mayores controles de tipo legal, administrativo y ciudadano, así como eliminando al máximo sus facultades discrecionales. Desde hace décadas, la creación de un Ministerio Público autónomo, ha sido un reclamo generalizado a lo largo del continente latinoamericano. En la Segunda Jornada Latinoamericana de Derecho Procesal, celebrada el 14 de mayo de 1959, todos los participantes aclamaron por unanimidad que el Ministerio Público debe ser un órgano independiente del Poder Ejecutivo y gozar de inamovilidad y demás garantías constitucionales reconocidas a los miembros del Poder Judicial. Distintos tratadistas nacionales han señalado cómo las instituciones que antecedieron al actual Ministerio Público, estuvieron inicialmente vinculadas al Poder Judicial. La Constitución de Apatzingan preveía que el Supremo Tribunal de Justicia contaría con dos fiscales: uno para lo civil y otro para lo criminal, como se establecía en las ordenanzas de la Real Audiencia. La Constitución de 1824 estipulada que el Poder Judicial de la Federación recibiría en una Corte Suprema que estaría integrado por 11 ministros y un fiscal; de igual manera las constituciones centralistas ubicaron a la fiscalía del Poder Judicial. La Constitución de 1857 decretó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se compondría de 11 ministros propietarios, 4 supernumerarios, 1 fiscal y un Procurador General. La Constitución de 1917 reguló al Ministerio Público en los artículos 21 y 102, al establecer que sus funcionarios serían nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, debiendo estar presididos por un Procurador General que debería tener las mismas calidades requeridas para ser magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Durante su vigencia uno de los debates más importantes fue el que suscitó Luis Cabrera, a través de una carta que dirigió el 15 de septiembre de 1932 al entonces Procurador Emilio Portes Gil, en la que sostenía que el Jefe del Ministerio Público debería ser designado por el Congreso de la Unión, ser inamovible y tener la misma dignidad que los ministros de la Suprema Corte de Justicia y al igual que en el siglo pasado, formar parte de la Suprema Corte, independiente del Ejecutivo y dentro del Presupuesto del Judicial, señalando además que debería haber un abogador o Procurador General de la República.- Las reformas del 31 de diciembre de 94 a la Constitución, marcan una cierta tendencia a la autonomía de la Procuraduría General de la República. En efecto el cambio constitucional en el artículo 102 apartado A, parece darle al Procurador General un perfil diferente, al de los Secretarios de Estado. El Procurador es designado por el titular del Ejecutivo con ratificación del Senado por mayoría simple, aunque puede ser removido libremente por el Presidente; asimismo, la reforma separa la función del Ministerio Público de la función del Consejero Jurídico de Gobierno. Este cambio constitucional que vino acompañado por la designación de un miembro de la oposición en esa función fue importante, pero no suficiente. Actualmente, el Presidente de la República, todavía puede remover y sustituir libremente al Procurador, así como a los demás funcionarios del Ministerio Público. Es nuestro deber pronunciarnos por una Procuraduría General de la República como órgano constitucional autónomo, si la institución permanece en el Ejecutivo, nunca logrará su independencia y sus criterios de actuación seguirán siendo políticos y no técnicos. No debe estar adscrito al Poder Judicial, porque éste tendría poderes omnímodos; como juez y parte en las controversias se afectarían las garantías constitucional-procesal de las personas y todas las funciones, desde la persecución a la determinación de las responsabilidades, estarían ubicadas en un solo órgano. La Procuraduría, como órgano constitucional autónomo, tendría las siguientes características: Un titular designado por mayoría calificada del Congreso a partir de una amplia auscultación de candidatos entre la sociedad, autonomía financiera y de gestión, funcionarios con garantías de inamovilidad e independencia y con obligaciones de transparencia sobre sus actos, duraría en su encargo por un período de siete años con posibilidad de ser reelecto; asimismo, un órgano de este perfil haría mucho para desterrar el clima de corrupción y de impunidad que existe en el país. Ha llegado la hora de revisar nuestra decimonónica División de Poderes fortaleciéndola y haciéndola operar como fue concebida históricamente y dar cabida a otros órganos que hagan viable el funcionamiento democrático del Estado contemporáneo, órganos que institucionalmente impidan la manipulación política o la presión coyuntural o el juego de los partidos políticos, órganos que sean técnicos cuyos miembros gocen de garantías de inamovilidad durante el período que la misma ley de la materia imponga y cuyo actuar sea imparcial. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones en materia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de procuración de justicia. Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 21, la fracción II del artículo 76, el apartado "A" del artículo 102, se adiciona la fracción X al artículo 76 y la vigente pasa a ser XI y se deroga la fracción IX del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 21. "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios con autonomía de gestión y presupuestaria". Artículo 76, facultades exclusivas del Senado... Fracción X. "... designar por las dos terceras partes de sus miembros al Procurador General de la República". Artículo 89... Fracción IX se deroga. Artículo 102, apartado "A". "...la ley organizará al Ministerio Público de la Federación como organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica propia y patrimonios propios con autonomía de gestión y presupuestaria. El Ministerio público de la Federación estará presidido por un Procurador General de la República designado por dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso con la misma votación calificada. La ley determinará los procedimientos a seguir para la presentación de propuestas por la propia Cámara de Senadores, a partir de una amplia auscultación entre la sociedad para candidatos que cumplan los requisitos para el cargo. El Procurador permanecerá en su encargo durante un período de siete años con posibilidad de ser reelegido una sola vez y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión; solamente podrá ser removido por las causas y conforme a los procedimientos previstos en el título cuarto de esta Constitución y por las causas graves que señala la ley correspondiente". Párrafo segundo. "...las Constituciones de los estados garantizarán que sus procuradurías cuenten con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonios propios de la misma manera en la que se contempla en este Constitución para la Procuraduría General de la República". Es cuanto, señor Presidente. Solicito se integre, se contemple íntegramente nuestra iniciativa. Gracias.