La diputada Mildred Concepción Avila Vera: Con su permiso, presidenta. Desde esta tribuna saludo al pueblo del que soy parte, al pueblo de Quintana Roo. Diputadas y diputados, como es sabido un amplio margen de delitos en el país se quedan sin una oportuna o efectiva respuesta por parte del sistema de procuración e impartición de justicia. Cuántas veces hemos escuchado expresiones como: no denuncié porque es una pérdida de tiempo y no pasa nada. Para qué denuncia, señora, si seguro se fue con el novio. Para qué investigar si no le va a dar seguimiento. Para seguimos con la investigación, si seguro va a regresar con él. Este, y otros planteamientos similares son parte del problema que sigue sin ser superado en México y que genera una enorme cifra negra de delitos que minimiza el problema de seguridad y que nos hacen normalizar la ineficiencia del Estado, con miedo. En México, el manejo discrecional para recibir y dar trámite a las denuncias e investigaciones ha generado una percepción colectiva de desprotección, en particular para quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y desigualdad y que han aprendido a vivir sin miedo ante la violencia que sufren, no solo en lo público, sino también en sus propios hogares. Son muchas las víctimas que he acompañado en este caminar a través del servicio público, por lo que con certeza digo que los esfuerzos en seguridad resultan insuficientes cuando la autoridad ministerial no es efectiva en su función. Pues no se puede hablar de seguridad sin justicia. Esta iniciativa pretende erradicar la cotidiana omisión en que incurre el Ministerio Público para recibir denuncias o para darle trámite jurídico que corresponda, lo que a la larga corresponde a una espiral de impunidad que deja en indefensión a miles de hombres y mujeres, quienes desde hace mucho tiempo han perdido la confianza en la procuración de justicia. Los números que reflejan la realidad están ahí, a la vista de todos y de todas, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad en México, solo se denuncian 10.4 de todos los delitos sufridos y de este mínimo porcentaje el Ministerio Público apenas inició averiguación previa o carpeta de investigación en el 65.3 por ciento de los casos. Lo que también resulta trágico es que en más de la mitad de las investigaciones iniciadas se percibe que no hay resultado alguno. Es en este tenor que se encuentra necesario sentar un precedente, pues nuestro sistema penal acusatorio carece de mecanismos de control sobre las decisiones y actuaciones del Ministerio Público o fiscal. Lo que conlleva a que el servidor público goce de libre arbitrio y pueda incurrir en la omisión de sus responsabilidades, dejando en indefensión a las personas, particularmente a aquellas que, arriesgándolo todo, deciden confiar en las instituciones y denunciar a sus agresores. Las víctimas o personas ofendidas de cualquier delito tienen el derecho a que se les reciba la denuncia, a que se desahoguen todas las diligencias necesarias. Sin embargo, esto no ocurre con la transparencia y celeridad que las víctimas requieren, reproduciendo con ello el mensaje social de que no hay consecuencias jurídicas para quien comete un delito. Este dictamen que estamos por votar pretende establecer que la negativa del Ministerio Público, sin fundamento ni motivación para llevar a cabo una diligencia durante la etapa de investigación se considere como una omisión, que deberá ser sancionada a la luz del Código Nacional de Procedimientos Penales y demás ordenamientos vigentes, para que las y los mexicanos contemos con herramientas jurídicas eficaces que permitan combatir arbitrariedades. Por lo anterior, las y los diputados del Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor del dictamen. E invito a las diputadas y a los diputados de los diferentes grupos parlamentarios que conforman esta legislatura a votar a favor de este dictamen, porque no solo es abonar a la justicia penal sino a la justicia social. Votaremos a favor de este dictamen, porque votar a favor es votar contra la impunidad y la simulación en la procuración de justicia, y con esto crear certidumbre y reducir la brecha entre el pueblo y las instituciones que están para protegerlo. Es cuanto, presidenta.