El diputado Javier Galván Guerrero: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito diputado Javier Galván Guerrero, integrante de esta Legislatura y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución, en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presenta iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de los artículos 23, 33, 88 y se adiciona un artículo 51 bis de la Ley Agraria, solicitando se turne a la Comisión de la Reforma Agraria, bajo las siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Con la promulgación de la Ley Agraria de 1992, se agudizó el problema de la enajenación de las tierras ejidales al prever la posibilidad de que los ejidatarios adquieran el dominio pleno de sus unidades de dotación con fines productivos y agrícolas. Asimismo se realizaron cambios indiscriminados en el uso del suelo, cambiando drásticamente la finalidad por la cual se dio todo este proceso de otorgamiento del dominio pleno de las tierras, en razón de que la Ley no señala sanciones verdaderamente enérgicas para aquellos productores que cambien el uso o destino de las áreas productivas. Los cambios en el uso del suelo, y destino de las áreas productivas, aunado a otros factores, han repercutido gravemente en la producción agropecuaria y ha dado pie a que no existan condiciones para dar respuesta a la demanda de consumo nacional, aumentando de manera considerable las importaciones de productos agrícolas básicos y estratégicos, así como de productos cárnicos, poniendo n riego la soberanía alimentaria del país. Los indicadores estadísticos de la última década reflejan una importante baja en la producción agrícola a nivel nacional, lo que nos da una ida de la insuficiencia para atender la demanda del país en este sentido. El fracaso de la política sectorial, desde el punto de vista económico, es más notorio en el hecho de que se haya perdido competitividad con los mercados externos, como es el caso con la relación que se tiene con los países del TLC. Esto también contribuyó en gran medida para que se dieran las condiciones de la grave baja en la producción agropecuaria que existe en nuestro país, lo que se ha traducido en incremento de importaciones de productos básicos y estratégicos y por ende, en un peligro real de perder la soberanía alimentaria. Esto lleva a la población rural, campesinos, ejidatarios y comuneros, principalmente, a condiciones de extrema pobreza. Lo anterior ha ocasionado que tierras con vocación productiva se orienten a actividades como la turística e industrial, que si bien son generadoras de empleos e ingresos, impactan gravemente a la producción agropecuaria y a otros destinos como es el uso habitacional que en muchos casos dado el aumento demográfico de los núcleos de población, es necesario, entre otros, porque se especula con ellos para su venta en mejores condiciones de precio, sin apegarse a la normatividad en la materia; en el peor de los casos, a que los productores dejan de trabajarlas por diversas razones, principalmente. Otro gran problema son las importaciones, con sus más atractivos y subsidiados costos de producción, pero uno de los más importantes, la grave problemática e incertidumbre que existe en torno a la tenencia de la tierra, la que aumenta en razón de las resoluciones del Poder Judicial que en su mayor parte, más que buscar soluciones y coincidencias basadas en la equidad, la justicia y la realidad que vive nuestro país en materia agraria, se obtienen grandes divergencias que muy pronto se transforman en focos rojos y de alto riesgo. Hemos puesto nuestra atención económica, principalmente en otros sectores: El comercio, la industria, los hidrocarburos, la construcción y el turismo, entre otros, olvidándonos de la más importante de las industrias, que es la industria alimentaria. Del total de la superficie de la República Mexicana, el 11 % se destina a la agricultura, el 57, son de agostadero y no cultivables, el 26 de bosques y el 6 restante a otros usos. De ese 11 % de la superficie agrícola productiva de nuestro país, sólo 19.1 millones de hectáreas son cosechadas, 14.2 millones de hectáreas son de temporal y 4.9 millones cuentan con riego. "Por estas razones proponemos, con el fin de preservar nuestras tierras de cultivo de vocación agropecuaria y productiva y con el único fin de alcanzar la autosuficiencia y soberanía alimentaria de nuestro país que las tierras ejidales sólo podrán cambiar el uso y destino del suelo, previa anuencia de la Secretaría de la Reforma Agraria, la cual deberá contener un análisis de impacto agrícola de la región y éste deberá pronunciarse a favor o en contra según el nivel de afectación. "La Secretaría de la Reforma Agraria deberá solicitar un dictamen a la Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, de medio ambiente y recursos naturales, en lo que toca a impactos ambientales y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en lo referente a la producción agropecuaria. "Estos dictámenes o evaluaciones se elaborarán con base a la región en que se encuentre localizado el ejido donde se solicita el cambio de uso de suelo. Si dicho daño arroja algún daño a la productividad agrícola el cambio de uso de suelo deberá ser negado. "Por razones obvias de preservación queda prohibida la urbanización, venta y comercialización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas de producción agropecuaria, forestal, acuícola y en espacios naturales protegidos, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. "En razón de lo anterior se proponen las siguientes reformas con el fin de que los cambios de uso y destino de suelo con vocación productiva sean reguladas a través de la Ley Agraria y de acuerdo a la normatividad vigente y al destino que se pretenda. "Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 23, 33, 88 y se adiciona un artículo 51 Bis de la Ley Agraria. "Artículo Único.- Se reforma el artículo 23, se adiciona la fracción XV del artículo 23 y se recorre en su orden la actual fracción XV para quedar como XVI del propio artículo 23. "Se adicionan las fracciones V y VI del artículo 33 y se recorren en su orden la actual fracción V para quedar como VII del propio artículo 33. "Se adiciona un artículo 51 Bis y reforma el artículo 88. Todo de la Ley Agraria para quedar sigue: "Artículo 23. La asamblea se reunirá por lo menos una vez cada seis meses y a solicitud del 20 por ciento del total de ejidatarios que conformen la asamblea para tratar asuntos que por su importancia lo amerite o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o costumbre. Será de la competencia exclusiva de las asambleas los siguientes puntos: "Fracciones I a la XVI quedando como están. "Fracción XV. Autorizar al comisariado ejidal gestione los cambios de usos de suelo solicitado por los ejidatarios y comuneros ante la Secretaría de la Reforma Agraria. "Fracción XVI. Los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. "Artículo 33. Son facultades y obligaciones del comisariado: "Fracciones de la I a la VI quedan como están. "Fracción V. Dar cuenta a la Secretaría de la Reforma Agraria de todos aquellos asuntos que impliquen un cambio o modificación de los usos de suelo, tenencia de la tierra y derechos ejidales o comunales para que otorguen su anuencia por escrito de acuerdo al artículo 51 Bis o en su caso realice las acciones a que dé lugar. "Fracción VI. Dar conocimiento al Registro Agrario Nacional de los cambios de uso de suelo. "Fracción VII. Las demás que señala la ley. "Artículo 51 Bis. Las tierras ejidales sólo podrán cambiar el uso y destino del suelo previa anuencia de la Secretaría de la Reforma Agraria, dicha anuencia deberá contener un análisis de impacto agrícola de la región y éste deberá pronunciarse a favor o en contra según el nivel de afectación. La Secretaría de la Reforma Agraria deberá solicitar un dictamen a la Secretaría de Desarrollo Social en materia de desarrollo urbano, de medio ambiente y recursos naturales en lo que toca a impactos ambientales, y a la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación en lo referente a la producción agropecuaria. "Artículo 88. Queda prohibida la urbanización, venta y comercialización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas de producción agropecuaria, forestal, acuícola y en espacios naturales protegidos, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de población cuando se contraponga a l o previsto en la declaratoria respectiva. "Transitorios" "Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Segundo.- Al entrar en vigor el presente decreto, deberán impulsarse las reformas y adiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás disposiciones legales aplicables en la materia". Muchas gracias, diputado Presidente.