La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, señora Presidenta. El dictamen que está a nuestra consideración hoy, no incluye criterios que para Alternativa son fundamentales para fortalecer la regulación de una substancia que año con año provoca 53 mil muertes de mexicanos y mexicanas, según los datos de la Secretaría de Salud, generando un costo aproximado al erario de 24 mil millones de pesos. Si hemos de tomar en serio el mandato constitucional, entonces es preciso instrumentar políticas verdaderamente efectivas de control de tabaco que aminore en lo más posible el tabaquismo y sus efectos nocivos. La experiencia internacional en materia de control de tabaco enseña que son tres las políticas públicas más efectivas para abatir el tabaquismo y sus nocivos efectos. Primero, subir impuestos; segundo, prohibir la publicidad directa o indirecta del tabaco y sus productos; y finalmente, el tercero, prohibir el fumar en espacios públicos cerrados, a fin de garantizar espacios cien por ciento libres de humo de tabaco. La primera de estas políticas, el uso de los impuestos, no está contemplada por la iniciativa que hoy se votará, a pesar de ser la más efectiva para disminuir la incidencia del tabaquismo entre nuestros jóvenes. La segunda de estas políticas, la prohibición de la publicidad y la promoción del tabaco y de sus productos, es esencial si se ha de contrarrestar la labor de desinformación que las tabacaleras realizan respecto de los efectos de fumar. Hoy en día la publicidad del tabaco y sus productos está proscrita en los medios electrónicos, pero con el artículo 23 propuesto, se permitiría un amplio margen para que dicha publicidad continúe en medios impresos exigiendo únicamente que dichos medios se dirijan a adultos. ¿Quién garantiza que llegue sólo a los adultos? Porque además permite el acoso potencial a los fumadores en su párrafo segundo, y la promoción en establecimiento en su párrafo tercero. La prohibición de publicitar y promocionar el tabaco debe de ser total, sin lugar a excepciones. Por otra parte la ley propuesta adopta el sistema de espacios físicamente separados para fumadores y no fumadores. Dicho sistema resulta inadecuado para hacer efectiva la protección de la salud de los fumadores y de los trabajadores expuestos a laborar en zonas exclusivamente para fumar. La experiencia internacional enseña que dicho sistema adoptado por ejemplo en Buenos Aires, es ineficaz, sobre todo cuando se compara con el modelo que proscribe fumar en espacios cerrados de acceso público, adoptado con enorme éxito en la ciudad de Nueva York. Por ello la existencia de ambos tipos de espacios complican significativamente la verificación de la prohibición de no fumar fuera de las zonas exclusivas para fumar. En otras jurisdicciones como en Estados Unidos, existe una fuerte protección constitucional al discurso comercial, por lo que se entiende que en algunos casos se permita la publicidad y la promoción. Pero ese no es el caso de México, donde nuestro derecho a la libertad de expresión no cubre e discurso puramente comercial. También el artículo 25 establece que no se considera publicidad o promoción las publicaciones de comunicación interna para distribuir entre los empleados de la industria tabacalera. El artículo no tiene razón de ser, parece diseñado para abrir una laguna legislativa que permita realizar publicaciones en que se haga publicidad y promueva el tabaco y sus productos. Una vez autorizadas las publicaciones "internas", su control y distribución será difícil de vigilar y puede representar un mecanismo de las tabacaleras para hacer llegar su publicidad a un público distinto al explícitamente referido. Nada impide que el tiraje de las comunicaciones internas sea de un millón de ejemplares, por ejemplo. Si el fin que persigue el presente artículo es de asegura el buen funcionamiento de las empresa, protegiendo su comunicación interna, entonces la excepción de la ley ésta, es innecesaria. Dichos documentos no tienen por qué publicitar el tabaco y en consecuencia no tendrían por qué ser considerados como publicidad o promoción. Un punto más a considerar. Las tabacaleras han hecho evidente que pretenden impugnar la constitucionalidad de la ley argumentando que existe trato discriminatorio al establecerse espacios físicamente separados para fumadores y no fumadores. Por supuesto esas amenazas no cristalizarán, pero independientemente de ello el eliminar la posibilidad de que existan espacios físicamente separados y que se establezca una prohibición total tendría además un efecto: Desarticularía los argumentos de la tabacaleras y sus aliados. El Partido Alternativa considera que regular el tabaco es un mandato constitucional, a fin de enfrentar la decena de miles de muertes que él provoca en nuestro país, haciendo un reconocimiento a la Comisión de Salud, del trabajo que desempeñó y que puso un gran esfuerzo para este dictamen que hoy se presenta. En esta ocasión Alternativa no puede acompañar este proyecto de dictamen y simplemente se abstiene en su votación. Muchas gracias.