La diputada Juanita Guerra Mena: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, nadie puede negar que vivimos en nuestro país una situación de violencia sumamente compleja, para lo que se requiere implementar medidas y acciones decisivas. Hoy podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que la política nacional en materia de seguridad pública de las últimas dos décadas, ha fracasado estrepitosamente. La fuerza coactiva del Estado se encuentra rebasada por la violencia en distintas regiones del país, en donde en algunos casos algunos elementos policiacos en la misma han estado involucrados. Este padecimiento se manifiesta con una profunda crisis de impunidad. Salvaguardar la vida y la libertad de las personas es lo que justifica la existencia del Estado, mismo que está obligado a ejercer el orden social de manera equilibrada, racional, preventiva, y con un profundo respeto a los derechos humanos. Lamentablemente hablar de inseguridad pública es hablar del mayor problema al que nos enfrentamos, es referirnos a la intranquilidad de comunidades enteras del país por saber su situación de vulnerabilidad, como consecuencia de estrategias desarticuladas, ideas sin soporte científico y técnico en el combate del delito, de políticas públicas que sólo han generado descomposición en el tejido social y el desmantelamiento de familias enteras. A lo largo de las últimas décadas en el Congreso de la Unión ha estado inmerso en la discusión de una de las reformas constitucionales más importantes de la historia reciente. Ante la gravedad del problema, fue preciso asumir soluciones de profundidad revisando y adecuando el marco constitucional a fin de que las instituciones encargadas de garantizar nuestra seguridad, funcionen frente a una realidad que cada día es más preocupante. Por eso hay que coordinar en el ámbito federal, estatal y municipal, y asumir cada quien su responsabilidad. Con la reforma del día de hoy concluimos una etapa fundamental en el establecimiento del mecanismo en el que la presencia del Estado en las regiones de mayor conflicto se perciba de manera inmediata la Guardia Nacional y como se presenta en el dictamen de la minuta, es consecuencia del esfuerzo de legisladores, de la sociedad civil, por crear una fuerza coactiva del país, con un profundo respeto a los derechos humanos, porque crear instituciones cuya finalidad es resolver problemas que aquejan a la sociedad, es una gran responsabilidad que asumimos plenamente. La reforma que da origen a la Guardia Nacional se sometió a un mecanismo de audiencias públicas y al escrutinio público como nunca antes había sucedió en el país. Refleja el ánimo de Morena por lograr acuerdos y transitar en el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, en este caso, con unanimidad histórica. Este es el ejercicio de apertura y tolerancia, de altura de miras, implícito en escuchar a expertos, académicos, funcionarios y sociedad civil en el proceso legislativo. Se atendió el clamor de la sociedad ya que será una Guardia Nacional con un mando civil, tal como lo solicitó la mayoría de quienes participaron en el parlamento abierto. En Morena, estamos a favor de las modificaciones de la Colegisladora, a fin de crear este cuerpo especializado y debidamente capacitado en el combate de la inseguridad. La Guardia Nacional surgirá desde el Congreso con una reforma constitucional legítima, con las voces más importantes en la materia, buscando como objetivo principal que el Estado mantenga el equilibrio entre el orden social y el respeto a la libertad garantizando el derecho humano a la seguridad pública y a los gobernados que gocen estos, en el resto de los derechos, sobre su persona, vida, libertades, posesiones y propiedades. Atendiendo al clamor de la sociedad, la Guardia Nacional no tendrá restricciones para que el mando sea civil, con lo que se armoniza la visión y objetivos de una moderna y eficaz política del combate al delito. Esta reforma prevé incorporar en el marco jurídico nuevas leyes que servirán de control para las instituciones de seguridad, mandatadas en su régimen transitorio, el registro nacional de detenciones que regula el uso de la fuerza. A partir de este reforma se vuelve una realidad uno de los clamores más importantes de la sociedad, el de hacer posible la prestación de un servicio, la Guardia Nacional mantenga con orden, con libertad y respeto las garantías constitucionales. Señoras y señores legisladores, la reforma constitucional que crea la Guardia Nacional vendrá a sumar esta institución como valiosa aliada en la búsqueda de la paz y la salvaguarda de las libertades. Es por eso que esta reforma es un voto de confianza a la labor de las Fuerzas Armadas que se encargarán de alimentar el capital humano formado y capacitado, bajo los estrictos estándares en el ejercicio legítimo de la fuerza, al tiempo de establecer las bases para que de manera gradual estas se reintegren a sus labores originales por medio de la temporalidad establecida en el quinto transitorio. Es por eso, un agradecimiento a las Fuerzas Armadas, y un agradecimiento también al presidente de la República, porque esto es solo parte de su plan y estrategia de seguridad. Es cuanto, señor presidente.