El diputado Adán Augusto López Hernández: Compañeras y compañeros diputados, el suscrito Adán Augusto López Hernández, diputado federal de la LXI Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y la fracción X de artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Una de las responsabilidades del Estado mexicano es proporcionar servicios públicos para satisfacer de manera regular y continua diversas necesidades básicas colectivas. Una de las funciones del Estado moderno, es precisamente el proporcionar un eficiente servicio de energía eléctrica a la población y si bien en torno a la prestación del servicio público de energía existen otros temas que deberían de ser atendidos por esta soberanía, como los serios cuestionamientos sobre la constitucionalidad de las reformas de 1992, en lo que hace a la etapa de generación eléctrica, la presente iniciativa solamente pretende ofrecer una solución a la problemática relacionada con la etapa de abastecimiento, concretamente las altísimas tarifas que por consumo de energía eléctrica cobra el gobierno federal. Las altas tarifas eléctricas hacen inaccesible un servicio que es fundamental para llevar a cabo la mayoría de las actividades del quehacer humano y preponderantemente para alcanzar el desarrollo económico y social de cualquier país. Por tal razón, la exigencia de tarifas eléctricas justas no sólo proviene de la población de menores recursos, sino también de otros sectores de la sociedad con distinto nivel de ingresos, como el caso de la clase empresarial que durante años ha reclamado con razón que la situación tarifaria les resta competitividad y oportunidades de desarrollo. Ante esta realidad, en diversas entidades del país se han organizado para resistir lo que consideran un costo abusivo del fluido eléctrico que consumen, sobre todo en aquellas ciudades donde las elevadas temperaturas hacen de los sistemas de aire acondicionado y equipos de refrigeración una necesidad para soportar el intenso calor que se presenta durante casi todo el año. El Tabasco, por ejemplo, existe un conflicto añejo con la Comisión Federal de Electricidad que involucra a más de 250 mil familias tabasqueñas que han dejado por años de pagar sus recibos que se les presentan por un monto realmente exorbitante. Si bien este movimiento de resistencia civil surgió como una manifestación de inconformidad por los resultados del proceso electoral de 94, en pocos años esta resistencia se convirtió en el reflejo de las grandes dificultades que tiene la sociedad tabasqueña para cubrir las excesivas tarifas que se cobran en el estado por consumo de energía eléctrica. Es decir, no es privativo de una zona, colonia o clase social, por lo que se han incorporado a este movimiento familias de distinta filiación política y de condición económica diversa. En los últimos años se han hecho gestiones ante las autoridades competentes, se han promovido modificaciones a un acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del 7 de febrero de 2002, por el que se redujo el monto del subsidio a las tarifas domésticas. En este procedimiento han participado integrantes de diversas fuerzas políticas, de los sectores público, social y privado del estado, sin que hasta la fecha tengamos una solución concreta. Hace dos años, prácticamente, el gobierno del estado firmó un convenio de colaboración con el gobierno federal denominado Acuerdo con Tabasco, que tampoco llegó a ser la solución de la problemática. Es por todo ello que creemos que debe promoverse esta iniciativa para que se cambie la facultad decisoria y regrese a este Congreso de la Unión, que sea quien decida las tarifas eléctricas a aplicar. Ése sería el primer paso. Por tanto, proponemos el siguiente Decreto Artículo primero. Se reforma y adiciona la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 74. ... I. a II. ... III. Aprobar anualmente las tarifas del servicio público de energía eléctrica, así como ajustar, modificar o reestructurar las mismas cuando la finalidad sea fomentar el desarrollo nacional. ... En el ejercicio de esta facultad se deberá privilegiar el carácter estratégico y social del servicio público de energía eléctrica y tomar en cuenta los estudios técnicos y financieros de las dependencias que deban participar, de conformidad con la ley de la materia. Artículo segundo. Se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: Artículo 31. ... I. a IX. ... X. Establecer y revisar los precios y tarifas de los bienes y servicios de la administración pública federal, o bien, las bases para fijarlos, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que correspondan, en tratándose de tarifas correspondientes al servicio público de energía eléctrica, deberá estarse a lo dispuesto en la fracción III del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo tercero. Se reforman los artículos 30 y 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue: Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Artículo 31. La Cámara de Diputados, con la participación de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Energía, y de Economía, y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que cumpla con su carácter estratégico y social, y tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, así como el racional consumo de energía. Es cuanto, señor presidente.