El diputado Rafael Yerena Zambrano: Con su venia, señor presidente. La Ley Federal de Responsabilidad Ambiental de reciente expedición ha significado un gran avance en el cuidado del medio ambiente, pues ha venido a establecer el proceso ex profeso para la reparación de daños ocasionados al ambiente. Todos los habitantes de este país tenemos el derecho de disfrutar de un medio ambiente sano, pero también todos tenemos la obligación de no causar daños ecológicos en nuestro entorno. Esta ley sienta las bases para llevar a cabo los procedimientos y aplicar las sanciones que correspondan a quienes dañen y causen perjuicios al ambiente. Asimismo se ha establecido el derecho que tienen las organizaciones de la sociedad civil protectora del medio ambiente a participar e interponer acciones judiciales para investigar daños causados al ambiente en general ya que se le reconoce su interés legítimo. No obstante, consideramos que los requisitos establecidos en el artículo 28 de esta ley para organizaciones sociales son restrictivos en la medida de que condicionan el derecho de acceso a la justicia y a un medio ambiente sano. Esto ha sido calificado como violatorio de garantías en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 501/2014. En este juicio la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalo que resultaron inconstitucionales las normas que desalienten e inhiban la promoción y condición injustificadamente el acceso a un derecho fundamental en virtud de que el artículo 28 vigente, impone restricciones para las organizaciones proambientales para demandar el resurgimiento y compensación de daños causados al medio ambiente, pues les exige la antigüedad de tres años al interponer la demanda, así como la representación de un habitante de la comunidad o que resienta el daño ambiental. En ese sentido el órgano de nuestro máximo tribunal determinó que toda vez que en el Código Federal de Procedimientos Civiles se establecen los mecanismos de reparación por daños ambientales en las denominadas acciones colectivas señalando el requisito contar solamente con un año de haberse constituido. Por lo anterior venimos a proponer la eliminación de estos dos requisitos, pues con la imposición de estos no se promueve el derecho de acceso a la justicia y no se aseguran los mecanismos que garanticen su cumplimiento y goce. Este requisito para la procedencia de las demandas presentadas por las organizaciones civiles, inhibe las acciones para la protección del medio ambiente y por lo tanto limita la participación de cientos de asociaciones civiles pro-ambientales. Es por ello que se propone homologar la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental en el Código Federal de Procedimientos Civiles para que se elimine la restricción de tres años de antigüedad a las ONG y de cualquier persona moral cuyo objeto sea el cuidado del medio ambiente, ya que con ello no sólo se estará armonizando nuestro sistema de reparación de daños ambientales, sino que también se estará cumpliendo con los principios que protegen el ejercicio de los derechos humanos, como es el acceso a la justicia y el goce, disfrute de un medio ambiente sano. Es cuanto, señor presidente.