EL C. DIP. VICTOR HUGO CIRIGO VAZQUEZ: Con el permiso de la Presidencia. Lograr un sistema cabalmente democrático es una de las aspiraciones mayores de la sociedad mexicana. Por ello, desde su origen el Partido de la Revolución Democrática estableció el compromiso indeclinable de contribuir para su construcción y consolidación. Históricamente el avance que en esta esfera ha logrado el resto del país, no ha tenido la misma intensidad en el caso del Distrito Federal. Si revisamos la historia constitucional, siempre queda la impresión de que la ciudad de México es considerada como un lugar transitorio. En algunos ordenamientos constitucionales, se habla incluso del traslado de la capital a otro punto, o lo que es peor, un lugar de excepción con relación al resto de los estados de la federación bajo el argumento de ser la sede de los Poderes Federales. Eso genero un rezago en los derechos políticos de los habitantes de la ciudad de México, quienes quedaron en un papel muy de segunda en relación con los demás ciudadanos del país, con un gobierno que no tenía los instrumentos ni las facultades para hacer frente a estos problemas de la gran ciudad. Cambiar esta situación ha sido un proceso difícil, tanto que se había convertido en la asignatura pendiente del federalismo mexicano. En este sentido la historia de la ciudad de México nos ha demostrado fehacientemente que el eje de sus cambios y sus avances, ha sido y es la construcción de la democracia. Las reformas anteriores recuperaron aspectos sustanciales de las reivindicaciones de los capitalinos; mediante las mismas fue posible crear nuevos espacios de representación participación como la Asamblea de Representantes en 1986, permitiendo el acceso ciudadano a la toma de decisiones de carácter público. Posteriormente las reformas de 93 y 96 allanaron el camino para lograr tener por primera vez un jefe de gobierno electo por los ciudadanos del Distrito Federal ya para el año 2000 pudimos elegir a nuestros jefes delegacionales. Al respecto los habitantes de la ciudad de México han expresado reiteradamente y por distintos medios, su voluntad de adquirir la mayor autonomía posible para su gobierno interior, pero respetando y fortaleciendo siempre el papel del propio Distrito Federal como capital del país y sede de los Poderes de la Unión. El proyecto de reformas que hoy nos ocupa, está inmerso en el contexto de una ciudad donde la convivencia entre el gobierno local y los poderes federales se da cotidianamente de una manera armónica, por tanto esto de ninguna manera debe ser razón para evitar que la ciudad cuente con un gobierno autónomo y con los instrumentos necesarios para hacer frente a los retos de la gran urbe. En todo caso, la experiencia ha demostrado que es en las limitaciones impuestas a la autonomía de sus órganos de gobierno y la falta de precisión respecto de los ámbitos de competencia locales y federales, donde pueden encontrarse una fuente de pensiones. Esta iniciativa de reformas representa la oportunidad histórica de coadyuvar en la mejora jurídica y política para la evolución de nuestra ciudad capital. Entre sus mayores atributos se encuentra la contribución de todas y cada una de las fuerzas políticas integrantes de la Asamblea del Distrito Federal en su Segunda Legislatura, ya que configuraron un planteamiento integral, producto del consenso, donde la justa demanda de contar con un margen de mayor autonomía para la ciudad de México y su gobierno, no vulnera su papel como capital de la nación, al contrario, garantiza el ejercicio seguro y eficaz de las funciones de los poderes federales en su sede y, al mismo tiempo, la fortalece como parte integrante de la Federación. Tampoco es menor el hecho de constituirse como la primera reforma política de la presente Legislatura, avalada por todas las fuerzas políticas de la ciudad de México. Sus objetivos principales son: Permitir un nuevo marco jurídico más acorde con la realidad actual, establecer con claridad las responsabilidades de cada quien y dotar a los ciudadanos del Distrito Federal de las bases constitucionales para organizar su gobierno. De aprobarse, la reforma conferirá facultades a la Asamblea Legislativa, para que la ciudad de México cuente por primera vez con una ley fundamental propia que desarrolle y garantice los derechos y obligaciones locales en un marco de respeto a las disposiciones y condiciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, la reforma permitirá que se formule e instituya un régimen local de responsabilidades para los servidores públicos locales, con lo cual habrá una efectiva rendición de cuentas y una mayor transparencia en el ejercicio de la administración pública en la ciudad de México. Significa también la consolidación del Distrito Federal como entidad federativa, porque se reconocerá a la Asamblea Legislativa la facultad de participar al igual que los estados en el proceso de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de presentar iniciativas de ley o decretos. Otro aspecto relevante es que la Asamblea Legislativa podrá autorizar el endeudamiento público del gobierno local, su techo financiero y revisar el ejercicio de los recursos con ese origen, reservando al Congreso de la Unión sus atribuciones correspondientes. Por cuanto a la remoción del Jefe de Gobierno, la reforma dispone que tal competencia le corresponderá exclusivamente al Senado de la República y no a la Comisión Permanente, como se establecía con anterioridad, por una votación igual a las dos terceras partes de sus integrantes, mediante la aplicación de una legislación expedida por el Congreso de la Unión, todo lo cual significará mayor seguridad jurídica para los habitantes de la ciudad de México. Otro cambio importante con relación al régimen vigente, es que el nombramiento del responsable de los cuerpos de seguridad recaerá formalmente en el Jefe de Gobierno, previo acuerdo con el Presidente de la República, sin perjuicio del mando de la fuerza pública en el Distrito Federal por el Jefe del Ejecutivo Federal. No obstante los avances que implica la iniciativa, es necesario mencionar que resulta en algunos aspectos insuficiente, entre otros porque deja a la Ley Reglamentaria la situación jurídica de las delegaciones, siendo un asunto primordial, toda vez que en estas instancias se toman resoluciones con efectos directos para la ciudadanía. Si bien es plausible que la Asamblea tenga atribuciones para legislar sobre aspectos como la seguridad pública, los cuerpos orgánicos de seguridad, los principios básicos de actuación, profesionalización y carrera policial, así como estímulos, etc. etc. podría tener graves repercusiones el hecho de que los delegados no tengan oportunidad en los servicios para el combate a la inseguridad pública. Estamos seguros que estos vacíos habrán de ser resueltos adecuadamente en los subsecuentes proyectos de iniciativas que se desprenderán del Estatuto Constitucional para el D. F. para cuya elaboración es importante abrir ya el debate. Como grupo parlamentario comprometido con las luchas populares, no hemos perdido de vista que la actual Iniciativa de Reforma significa un nuevo marco jurídico para la gran ciudad de México, un asunto de esta dimensión propiciará una gran reflexión colectiva porque tiene que ver con uno de los temas más sensibles para la población, sus derechos, pero es también un tópico que no puede ni debe mantenerse en la situación actual. Por ejemplo, la seguridad pública no puede continuar así, por lo tanto el legislador local tendrá que enfrentar, por un lado la urgencia de los asuntos, por otro valorar los tiempos políticos, problemas a todas luces complicado, más si consideramos que deberá precisar materias de las que por la naturaleza jurídica de los artículos constitucionales sólo existe en sus Bases Generales. Con respecto a las importante Delegaciones, la función del legislador es de lo más importante , en este momento las delegaciones siguen teniendo la misma estructura que cuando dependían del Presidente, tratándose de funcionarios electos por los votantes, la legislación tendrá que redefinir su nueva situación jurídica. En todo este proceso la participación de la ciudadanía será esencial,. Por todo lo anterior y a nombre de la fracción parlamentaria del PRD, propongo a este pleno la aprobación del Dictamen correspondiente, convencido de que esta Reforma Política para el D. F. significa simbólicamente el arranque por parte de esta LVIII Legislatura de la gran reforma del Estado Mexicano. Finalmente y no menos importante, es reconocer que cuando hay voluntad política, como fue el caso, se crean los consensos necesarios para transformar nuestra vida política y social, por tal motivo, quiero hacer un reconocimiento a mis compañeras y compañeros Legisladores de las Comisiones de Puntos Constitucionales y del D. F. por su generosidad y aportación en los trabajos que hoy se presentan al pleno de esta soberanía. Quiero agradecer personalmente a los Presidentes de estas dos Comisiones, al diputado Salvador Rocha Díaz y al diputado Jorge Alberto Lara Rivera, por su actitud y participación para sacar adelante esta reforma tan importante para el D.F. Asimismo, agradezco a mis compañeros de bancada por su apoyo en los trabajos que como Secretario de esta Comisión, estamos presentando. Es cuanto señora Presidenta, muchas gracias. (aplausos) -LA C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Hará uso de la palabra el diputado Héctor González Reza, del grupo parlamentario del PAN, hasta por diez minutos. -EL C. DIPUTADO HECTOR GONZALEZ REZA. Ciudadana Presidenta, ciudadanos y ciudadanas Diputados. La Reforma Política del D.F. ha vuelto a ocupar un punto relevante dentro de la Agenda Política Nacional. En pocos años el tema ha s ido materia de 3 reformas constitucionales, en 1987 cuando se creó la Asamblea de Representantes que fue una institución con imitaciones pero que jugó un papel muy importante. Sus facultades apenas parecidas a las de un Cabildo. En 1993 se da un avance radical desapareciendo la figura del entonces Departamento Administrativo del D.F. y ampliando las facultades a la Asamblea reconociendo el estatus de entidad federativa para la ciudad de México. Y en 1996 cuando se decide la elección directa del Jefe de Gobierno, y nuevamente se ampliaron las facultades de la Asamblea Legislativa. La necesidad de legislar para dar cumplimiento a la disposición constitucional de 1996, en el sentido de que los titulares de las demarcaciones político administrativa fuesen electos para el año 2000, obligó a la pasada Legislatura de este Congreso a hacer una reforma, tal vez apresurada e incompleta, para únicamente determinar quienes ahora llamados jefes delegacionales, fuesen electos pero dejándolos prácticamente con las mismas atribuciones casi idénticas a las que detentaban anteriormente los delegados que eran administrativamente designados. Pero fue desde hace varios años atrás cuando el PAN propuso cambios objetivos e integrales para darle una nueva de organización jurídica y política y finalmente democratizar la vida pública en la capital del país. En Acción Nacional mantenemos la convicción de impulsar la transición a la democracia, estamos conscientes de nuestra responsabilidad y asumimos ese compromiso porque entendemos a la democracia no solo como forma de gobierno sino como la mejor forma para la convivencia social fundada en el respeto a la dignidad y a la libertad de las personas y en la constante búsqueda del bien común y el medio más eficaz para la realización humana. Sabemos los panistas, que la reforma política integral no concluye con esta iniciativa, con este dictamen que hoy se somete a discusión aún y cuando se trata de un importante avance. La figura del Distrito Federal como sede de los poderes de la Unión no tiene ya las implicaciones esenciales y excepcionales que impusieron al constituyente de aquél tiempo, la urgencia de conformar un Distrito Federal, lo que hace necesario fortalecer y conformarlo tanto en sus estructuras como en sus órganos de gobierno locales y los de la Federación que conviven y comparten el mismo territorio. Con esta iniciativa, las instituciones, sus procedimientos y sus normas, se dirigen hacia una democracia formal sin regateos, que haga realidad el nuevo federalismo y dé fuerza a la autonomía y a la equidad entre todos los estados de la Federación y entre todos los mexicanos. Hoy tenemos que ver hacia la culminación de una reforma integral del Distrito Federal que consagre la autonomía de la entidad, los derechos políticos plenos, los mecanismos de administración de toda esta metrópoli, la descentralización gubernamental y una vigorosa democratización y participación ciudadanas en orden al mejoramiento de la infraestructura y progreso de nuestra estructura social, pero por encima de todo hacia la seguridad pública en esta ciudad de México. La vida política de la capital ha evolucionado. La ciudad de México es en el presente escenario donde las prácticas políticas han adquirido tolerancia y participación responsable, respeto y convivencia institucional, por lo que reto hacia delante consiste en establecer una forma propia de gobierno que haga posible la compatibilidad entre los procesos históricos para mantener a la entidad como sede de los poderes federales y le otorgue autonomía plena y garantice los derechos políticos de sus habitantes. Dada la complejidad que caracteriza a nuestra ciudad y entendiéndola con una visión de carácter metropolitano, encontramos que la reforma política del Distrito Federal no es sólo importante sino necesaria. Primero, porque es condición de democracia; segundo, porque con ella se motiva a una mayor participación ciudadana en la conformación y vigilancia de la actuación de los tres órganos de gobierno locales acorde a las nuevas circunstancias políticas y sociales. Esta nueva personalidad de la urbe, hará posible, esperamos, contar con una ciudad con mejor infraestructura que sea suficiente, con funcionalidad, con estética, que reduzca sus márgenes de vulnerabilidad y como ya lo dije, por encima de todo que tenga seguridad pública y la otorgue y la proteja a sus habitantes. Es indispensable prepararnos y estar listos. Requerimos unan ciudad de escala humana digna de sus habitantes, donde la armonía se sobreponga al conflicto y lo razonable a la confrontación de manera que nuestro proyecto de ciudad sea heredar el nivel y la calidad de vida de los capitalinos. La primera etapa de este proceso concluye con la aprobación, esperamos, del presente dictamen. Después corresponderá al constituyente analizar y dictaminar la respecto, lo que seguramente habrá de ser abordado y decidido con la madurez y objetividad que el asunto amerita teniendo siempre presente que lo que propone esta soberanía es que el Distrito Federal pueda funcionar eficazmente, que responda a las circunstancias actuales y brinde a todos mejores oportunidades de vida. La siguiente tarea, habrá de realizar el órgano legislativo del Distrito Federal, será la elaboración de un estatuto constitucional para después ver los resultados de esta reforma a través de acciones y políticas públicas que hagan efectivo lo que todos deseamos. Ciudadanas y ciudadanos diputados: Estamos seguros de que la Ciudad de México que tanto ha dado a la nación y al mundo, merece la oportunidad de seguir avanzando en su reforma interna, no sólo política sino también administrativa, y ojalá fiscal. En Acción Nacional continuaremos trabajando para que un día los más de ocho millones de habitantes de esta ciudad gocemos de los mismos derechos y condiciones que el resto de nuestros connacionales. Esto ha sido, como lo dije desde hace varias décadas, una de nuestras banderas de lucha y así lo seguirá siendo. Creemos que esta ciudad capital debe continuar brindando oportunidad y abrigo, trabajo, esparcimiento, cultura no sólo a quienes habitamos en ella sino a quienes nos visitan o transitan por aquí. Tengamos siempre presente que el Distrito Federal es y debe ser la ciudad para todos los mexicanos, sin distinción alguna, y aunque la capital de la República no es ya sólo la Ciudad de los Palacios ni la región más transparente, sigue siendo entrañablemente nuestra. Muchas gracias.