El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Con su permiso, Presidente. Contrastando con nuestra vocación pacifista que inclusive nuestro vicecoordinador parlamentario, en su discurso de posicionamiento enunció y hasta dijimos porqué veníamos vestidos de blanco pues algo así nos temíamos que iba a pasar, cada uno de los miembros de esta Cámara de Diputados y toda la nación fuimos testigos de que el 1º de diciembre este recinto legislativo era una fortaleza. Cada una de las calles o avenidas que circundan al Poder Legislativo fueron bloqueadas con barreras metálicas de más de dos metros de altura, resguardadas por militares del Estado Mayor Presidencial, policías federales, granaderos y policías judiciales del Distrito Federal. Este operativo inició con bastantes días de anticipación generando el descontento de los ciudadanos que habitan en la periferia por la instalación de miles de vallas, medidas de seguridad que fueron calificadas por el jefe de Gobierno de la ciudad como excesiva y sobre el particular, el diputado Murillo Karam, el entonces diputado presidente de la Mesa Directiva de esta Cámara y responsable de la seguridad del recinto, señaló que se trataba de una medida de prevención sana. Ya lo dije en su presencia, es una lástima que no haya contribuido desde su todavía representación a esclarecer los hechos. Habrá tiempo y esperamos que lo haga en su nuevo encargo. Nosotros queremos dar algunas ideas que ayuden a esclarecer y a quitar este clima que ha tensado a la nación. Miren, en el ámbito político, un gobierno autoritario implementa estrategias y acciones para someter mediante la fuerza, la amenaza o el chantaje a los disidentes. La construcción del discurso de la violencia para justificar la agresión y represión a la disidencia adopta diversas estrategias: 1. El mediático, a través del uso y abuso de los medios de comunicación para permear un ambiente social de violencia en el que sólo una de las partes en el conflicto expone su visión o punto de vista. En los canales de televisión abierta se ha reiterado la vinculación de actos violentos con los nombres de organizaciones de la sociedad civil como Hashtag Yo soy 132 y organizaciones sindicales como la SNTE, y en forma más simple e intolerante con Andrés Manuel López Obrador cuando éste y éstos, y él convocó en forma pacífica a manifestarse en diversos puntos del país en los que no se presentaron actos vandálicos. Sin embargo, la intolerancia política y los comentarios irresponsables lo han conectado con los hechos que hoy se comentan. 2. El logístico. A través de la presencia abierta y provocativa de las fuerzas armadas y de los cuerpos de seguridad pública no sólo a través de la construcción del muro en torno a San Lázaro, sino a través de rondines que se realizaban en la periferia. 3. La muestra de la fuerza dirigida para inhibir la participación en grupos sociales de oposición. Si partimos de la buena fe de las declaraciones de los detenidos y sus familiares, se procesa a ciudadanos que no corresponden a quienes realizaron actos vandálicos en la periferia de San Lázaro y en el Centro Histórico. En la construcción del sistema democrático, es necesario abonar a la legalidad y consecuentemente a la transparencia para construir la legitimidad en el gobierno y más en el uso ocasional de la fuerza pública con el objeto de evitar la distorsión de la protesta social legítima. Debe entenderse que en política el disenso es el mejor ejemplo de la superioridad ética y política de la democracia sobre otros sistemas políticos. A estas alturas del desarrollo de la política nacional debe entenderse que la democracia institucional y las estructuras de gobierno deben estar preparadas y sensibles no sólo para tolerar la disidencia, sino para considerar sus razones y argumentos como vía de reforma, cambio social e integración de políticas públicas. Los titulares del poder político deben comprender que las manifestaciones sociales en oposición a ciertas leyes o políticas públicas no tienen por qué ser interpretadas como actos de desobediencia a la ley, disidencia que tampoco debe criminalizarse porque al hacerlo, con ello se construye un ambiente de intolerancia y se justifican actos represivos de fuerza y violencia que atentan contra los derechos humanos que obligadamente deben garantizarse en un sistema político democrático. Señores y señoras diputados, esta Cámara a través de sus leyes y posicionamientos políticos claros y razonables, debe prever vías para garantizar que la construcción de consensos y de nuevas instituciones se realice atendiendo a la dignidad humana y a los intereses sociales de quienes nos eligieron como sus representantes. En una sociedad que pretende ser calificada de democrática la desobediencia civil o la objeción de conciencia, deben ser referentes de cambio para la actualización de los ideales del estado de derecho con bases justas. Es indispensable implementar políticas y prácticas que abonen a la transparencia y legalidad del uso de la fuerza pública. Es necesario conocer la verdad de los hechos y la responsabilidad, no sólo de los jóvenes que participaron en los actos del 1 de diciembre, sino además de los resultados de la coordinación de las fuerzas de seguridad pública federal y del Distrito Federal, de sus estrategias de disuasión y contención de los actos de ataque, atendiendo a que sea publicitado el conocimiento por parte de los órganos de gobierno y cuerpos de seguridad, de que determinados grupos y personas que atendían a actos de provocación previamente definidos. Voy a culminar. Por ello, esta Cámara de Diputados se encuentra obligada a esclarecer los hechos de violencia, que desde nuestro análisis constituyen una estrategia política cuyo objeto es crear ambientes que justifiquen el uso de la fuerza pública ante cualquier manifestación social de inconformidad, con la finalidad de que el Estado preserva el orden y la paz pública, condiciones necesarias en todo régimen. Nuestra Constitución, al proponer la inviolabilidad de los derechos humanos de los individuos, establece un límite insuperable a la acción de los gobernantes y las instituciones. La Procuraduría General del Distrito Federal, de Justicia del Distrito Federal, está obligada a garantizar los derechos de los detenidos en base a la legalidad e imparcialidad culmino- en su actuación. De igual forma, la Secretaría de Seguridad Pública Federal y su similar del Distrito Federal deberán de informar de sus acciones. Es por eso también que nos solidarizamos y con eso me bajo con las demandas de los jóvenes del país. Queremos justicia; queremos libertad para los presos políticos; queremos la presentación de los desaparecidos y queremos un castigo a los responsables intelectuales y materiales del operativo y montaje, que desde nuestro punto de vista se dio el 1 de diciembre, y del cual aquí la Cámara de Diputados lo seguimos reiterando- es corresponsable hasta que no nos aclaren los que fungieron como representantes de nosotros, cómo se dieron estos mecanismos de coordinación con la propia Cámara de Diputados. Esperamos la respuesta de todos ustedes.