El secretario Luis Videgaray Caso: Muchas gracias, señor presidente de esta soberanía, diputado Ricardo Anaya. Con su venia. Tengo el gusto de acudir ante la Cámara de Diputados a dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 93 y 74, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también al acuerdo de la Junta de Coordinación Política que previó esta comparecencia. Antes de empezar, señor presidente y con su permiso, quiero expresar el mayor de los reconocimientos a esta Cámara de Diputados por la aprobación el día de ayer de la reforma financiera. Esta reforma, señor presidente, que sin duda alguna representó un reto de trabajo para esta Cámara de Diputados, que lo asumió con profesionalismo, con seriedad y sobre todo con gran patriotismo. En la reforma que consistió, consiste en modificaciones a 34 leyes, 13 decretos, quedaron plasmadas muchas de las ideas propuestas de las y los diputados de los distintos grupos parlamentarios, que sin duda han enriquecido lo que era la propuesta del Ejecutivo. Quiero destacar, por ejemplo, las propuestas del Partido de la Revolución Democrática en materia de creación de una auténtica banca social. O el introducir competencia en beneficio de los usuarios de la banca en la materia de las cámaras de compensación para tarjetas de crédito y cajeros automáticos. O las aportaciones del Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el fortalecimiento de elementos de competencia, para asegurar que los bancos compitan en un ambiente de certidumbre en beneficio de los usuarios. O las aportaciones de los diputados y diputadas del Partido Revolucionario Institucional en materia del campo, para crear una auténtica banca para el campo, con mayor efectividad, flexibilidad e impacto social para los productores y productoras del campo. A todas y todos los diputados el más amplio reconocimiento del Ejecutivo federal, por la aprobación de esta trascendente reforma, que estoy seguro será estudiada ahora con cuidado, con profesionalismo y también con patriotismo, por el Senado de la República. México está viviendo un momento determinante, se presenta la oportunidad de transformarse a profundidad. Hay que reconocerlo, en los últimos 30 años México no ha crecido a su potencial, y sobre todo, no hemos crecido al ritmo que debemos crecer para abatir la pobreza y lograr un desarrollo pleno para todos los mexicanos. Ante ello, los mexicanos estamos tomando decisiones, decisiones de fondo para cambiar las cosas y esta Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión en su conjunto, están tomando decisiones determinantes. El común de la agenda de reformas económicas que está impulsando esta Cámara de Diputados, junto con el Senado de la República y haciendo equipo con el Ejecutivo federal, es incrementar la productividad. La productividad que en los últimos 30 años ha tenido un crecimiento negativo y ello explica en buena medida por qué México no crece al ritmo que debe de crecer. Una de las reformas importantes para liberar el potencial de crecimiento de México y hacerlo con justicia, es sin duda, la iniciativa de reforma hacendaria y de seguridad social que el Ejecutivo federal ha turnado a esta legislatura el pasado 8 de septiembre. Las reformas hacendaria y de seguridad social buscan cumplir con tres objetivos: el primero, crear una nueva red de protección social universal que nos permita migrar de un enfoque asistencialista a un verdadero enfoque de exigibilidad de derechos para todos los mexicanos. Segundo. Un sistema tributario más justo, más simple y más transparente. Y tercero. Un impulso decidido al crecimiento económico no solo en el mediano y largo plazo sino en la coyuntura que atraviesa hoy la economía mexicana. Se trata de una reforma social, la más importante en las últimas décadas, porque transforma el enfoque, insisto, asistencial, hacia uno de reconocimiento de los derechos humanos en materia de seguridad social. Incluye una propuesta con su aporte constitucional para crear una pensión para todos los mexicanos por el hecho de serlo. Es decir, una pensión universal. Lo cual refleja claramente el principio de solidaridad que debe existir en la seguridad social. Incluye, por primera vez, la creación, en México, de un seguro de desempleo para todos los trabajadores. Debemos reconocerlo, pocos eventos pueden tener un impacto más grave, más dañino en la economía familiar que la pérdida del empleo y el Estado debe ser solidario con aquellos que sufren desempleo para generar condiciones de protección a su economía familiar y que les permitan acceder a un nuevo empleo en mejores condiciones. Este primer paso, la creación de la pensión universal, la creación del seguro de desempleo habrá de complementarse los próximos meses con el fortalecimiento y la creación de un auténtico sistema universal en materia de salud. Se trata de una reforma tributaria que busca generar impuestos más justos, simples y transparentes. Es una reforma justa porque es una reforma progresiva. Para ello el Ejecutivo ha decidido no proponer a esta Legislatura el IVA en medicinas y alimentos. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha tomado esta decisión atendiendo en primer lugar a la coyuntura macroeconómica. México no está creciendo como debería de estar creciendo. El crecimiento de este año 2013 no es un crecimiento satisfactorio. Y éste no es el momento de afectar el consumo de las grandes mayorías de mexicanos por un impuesto que afectaría más a los que menos tienen. Hay que recordar que, para los más pobres, el 40 por ciento de la población destina más de la mitad de su ingreso mensual a los alimentos y a las medicinas. Por esto, para proteger el crecimiento económico y hacerlo sin afectar la economía de los que menos tienen, es que se ha propuesto el que no se modifique el IVA en medicinas y en alimentos, asimismo se mantienen las exenciones en el IVA a los servicios médicos, al transporte urbano, a los libros y a las revistas. La reforma incluye diversos elementos para introducir progresividad, es decir, cumplir el mandato constitucional de que paguen más los que ganan más. Para ello, por ejemplo, se introduce por primera vez la propuesta de gravar las ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores y un impuesto a los dividendos que pagan las empresas a sus dueños. Se establece dar mayor progresividad al impuesto sobre la renta de las personas y eliminar tres cuartas partes de los tratamientos preferenciales y más de la mitad de los regímenes especiales, asimismo se propone terminar con el régimen de consolidación fiscal. Es también una reforma que simplifica el pago de impuestos. A lo largo de los últimos meses hemos escuchado reiteradamente de las pequeñas y medianas empresas la fuerte carga administrativa, la pérdida de competitividad que implica el impuesto empresarial a tasa única y el impuesto a los depósitos en efectivo. Al simplificar la Ley del Impuesto Sobre la Renta, eliminar los espacios de evasión, tener una ley más justa y más simple; es posible, como lo propone la iniciativa del Ejecutivo, eliminar el IETU y eliminar el impuesto a los depósitos en efectivo. Asimismo se propone facilitar la creación y el crecimiento de las empresas, otorgar facilidades a los emprendedores que inicien negocios y a modernizar y simplificar los sistemas de atención al contribuyente del Servicio de Administración Tributaria, el SAT; es una reforma que promueve la formalidad. Más de la mitad de los mexicanos que trabajan, lo hacen fuera de la formalidad; son mexicanos que no cuentan con seguridad social y que no contribuyen al pago de los impuestos y lo hacen porque no tienen una mejor opción. Tenemos que generar incentivos correctos, con acciones decididas e innovadoras para incrementar la base de contribuyentes y fomentar, insisto, el empleo formal. Para ello, se propone un innovador régimen de incorporación a la formalidad y a la seguridad social que habrá de ser un instrumento con el que hoy no cuenta el Estado mexicano para inducir el trabajo formal y dar protección social a aquellos que laboran en esta condición. Es una reforma también que apoya el medio ambiente y la salud, a través de proponer impuestos a las emisiones de carbono, a los plaguicidas y a aquellos productos que contribuyen al calentamiento global. Asimismo, proponiendo un impuesto para combatir la obesidad mediante gravar con un peso por litro el consumo de bebidas azucaradas. Es una reforma que establece un nuevo régimen fiscal para Pemex. México necesita una reforma energética y Pemex necesita un nuevo régimen fiscal. Se propone en la iniciativa del Ejecutivo, que Pemex sea tratado como cualquier otra empresa petrolera del mundo y dejar atrás el actual tratamiento como si fuera una dependencia gubernamental más; las utilidades de Pemex, después de impuestos, deberán crecer y el Estado mexicano, particularmente esta soberanía, la Cámara de Diputados, habrá de tomar una decisión sobre las utilidades de Pemex; si deben reinvertirse o si deben destinarse a otros fines de beneficio social. La reforma promueve la responsabilidad hacendaria y el ejercicio transparente del gasto. Se establecen nuevos límites en ley al crecimiento del gasto corriente y se establece una nueva regla de balance estructural que obligue al gobierno a ahorrar en temporadas buenas para poder enfrentar los momentos de bajo crecimiento, a través de nuevos fondos de estabilización incluyendo por primera vez un fondo soberano. Se establece una meta de gasto que privilegia la inversión en educación y en infraestructura y no en aumentar la burocracia y se prevén nuevos mecanismos para transparentar el gasto público en materias tan importantes como son la materia educativa y el gasto en salud. La reforma también fortalece la protección de los derechos de los contribuyentes. Se establece por ejemplo la obligación del SAT que hoy no tiene de informar al contribuyente sobre el curso de sus auditorías. Asimismo, se ofrece al contribuyente un mecanismo para acercarse a la autoridad fiscal y llegar a un acuerdo, teniendo como testigo a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, organismo con autonomía técnica creado por esta soberanía, para dar la oportunidad al contribuyente de ponerse al día sin tener que incurrir en los costos que implica esperar al final de la auditoría. Asimismo, atendiendo a un reclamo muy señalado y válido de millones de contribuyentes, se propone regular y establecer límites al embargo precautorio de cuentas bancarias de los contribuyentes. El paquete Económico 2014 y esta reforma, se envían a la Cámara de Diputados en un contexto económico particularmente complejo a nivel internacional y también en nuestra economía. A nivel mundial, la economía se está desacelerando. Los Estados Unidos, Europa y particularmente las naciones emergentes, incluyendo las naciones hermanas de América Latina, están desarrollando crecimientos menores a los esperados apenas hace unos meses. Si bien Estados Unidos empieza a recuperarse lentamente, nuestras exportaciones están creciendo a un ritmo significativamente menor que el de años pasados. Un elemento particular que tiene un impacto en las zonas del país en los estados de menores ingresos es la caída significativa en las remesas que envían nuestros paisanos a sus familias. Además, en el contexto de ajuste de la política monetaria de las grandes economías, particularmente de los Estados Unidos, la volatilidad de los mercados financieros representa un importante reto para la conducción macroeconómica de México en los próximos meses y años. Hay que reconocerlo, existen también factores internos que están contribuyendo a la desaceleración, particularmente el menor ritmo en la construcción pública y en la construcción privada específicamente en materia de vivienda. El crecimiento esperado para este año 2013, es menor al marco macroeconómico con el que fue aprobado el Presupuesto de Egresos por esta Legislatura. El crecimiento que esperamos para este año es apenas de 1.8 por ciento del producto interno bruto, contrario al 3.5 con el que fue elaborado el Presupuesto. El gobierno federal está poniendo en marcha, junto con los estados de la República y el gobierno del Distrito Federal, un programa para la aceleración del crecimiento que incluye, entre otros elementos, asegurar el ejercicio oportuno del gasto. En un contexto de desaceleración un subejercicio no es solamente un problema burocrático, es una escuela que no se construye, son caminos rurales que están esperando porque los recursos presupuestados no llegan. Debemos de hacer todos los responsables del manejo de las finanzas públicas: el gobierno federal, los estados y los municipios, un esfuerzo decidido para acabar con este fenómeno. Resultado de la desaceleración de 2013, se prevé en un marco inicial menores ingresos tributarios y petroleros para el año entrante. Ante este escenario de desaceleración el Estado mexicano está obligado a reaccionar y por ello se propone aprovechar la fortaleza de las finanzas públicas y el marco normativo que nos da la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para dar un impulso decidido al crecimiento económico. Primero ampliando la meta de déficit presupuestal para este año, originalmente aprobada con un balance sin déficit al 0.4 por ciento para que el Presupuesto aprobado por esta Cámara de Diputados, se ejerza en su totalidad y Segundo, para el próximo año, dar un decidido impulso al crecimiento económico a través de un déficit transitorio y manejable del 1.5 por ciento. El gobierno federa tiene la obligación de responder ante la desaceleración económica. La baja de crecimiento no es solamente una estadística, son empleos perdidos, son pequeños negocios que tienen menores ventas, son ingresos familiares que disminuyen. Ante esta coyuntura el Estado mexicano y particularmente el Ejecutivo federal debe de responder. Y por eso hemos propuesto a esta soberanía un programa que a partir de la solidez de las finanzas públicas permita acelerar el crecimiento económico de manera decidida y contundente. Para el año próximo, de aprobarse las reformas de orden tributario y legal que ha enviado el ejecutivo a esta Cámara de Diputados, nuestro pronóstico es de un crecimiento del 3.9 por ciento; una inflación del 3 por ciento; un tipo de cambio nominal promedio del 12.6 por ciento y una tasa de interés nominal promedio de los Cetes a 28 días, de 4 por ciento. Señoras y señores diputados, señor presidente, la política económica no se puede entender como el manejo de cifras abstractas; no se puede entender como un ejercicio administrativo. El único indicador relevante para medir el éxito de la política económica es el éxito de la economía familiar, es el impacto en los bolsillos de los mexicanos, y para eso estamos trabajando y estamos seguros que el trabajo una vez más responsable, decidido, con altura de miras, pero sobre todo con alto sentido patriótico de esta Cámara de Diputados, nos permitirá construir juntos, en un entorno democrático de respeto y de escucharnos para llegar a conciliar diferencias, un Paquete Económico y una reforma hacendaria a la seguridad social que contribuyan precisamente a lograr eso, que en México en los próximos meses y en los próximos años la economía crezca, se generen buenos empleos en beneficio de lo único que es realmente relevante para la política económica, que es: el bolsillo de los mexicanos y la economía familiar. Muchas gracias, señor presidente y estoy a las órdenes de las y los diputados.