El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Mucha gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática a fijar nuestra posición y a señalar que nuestro voto va a ser en contra de este dictamen. Este dictamen implica una gravedad que no estamos dimensionando. Es una reforma al artículo 27 constitucional, que rompe con principios históricos, con el principio histórico de la zona prohibida como coloquialmente le hemos llamado y que implica la prohibición de que ciudadanos extranjeros puedan tener en propiedad tierras en una franja de un kilómetro a lo largo de nuestras fronteras. Rompe también con el principio histórico de que los extranjeros no puedan tener en propiedad tierras en las playas en una zona de 50 kilómetros. El propio dictamen de la comisión reconoce la existencia de estos principios históricos. Dice el dictamen de la comisión en su página nueve, que el primer antecedente se ubica precisamente en la Ley de Colonización promulgada el 18 de agosto de 1824 y que en su artículo 4o. a la letra establecía: No podrán colonizarse los territorios comprendidos entre 20 leguas limítrofes con cualquier nación extranjera y 10 litorales, sin previa aprobación del Supremo Poder Ejecutivo General. En el mismo sentido, el dictamen de la comisión alude al decreto del 20 de marzo de 1829 relativo a la expulsión de ciudadanos extranjeros. Alude también, incluso, al artículo 21, fracción IV, de la Constitución Centralista de 1836 y paradójicamente señala que el propio Antonio López de Santa Anna promulgó la Ley del 11 de marzo de 1842 que prohibía a los extranjeros adquirir inmuebles en los litorales y tierras que estuvieran dentro de las cinco leguas de la costa. Hoy el dictamen de esta comisión nos dice textualmente lo cito: Que las circunstancias que llevaron al Poder Constituyente a limitar que los extranjeros adquirieran tierras y aguas en las fronteras y playas han sido superadas. Aquí se ha dicho que está superado la acechanza de una invasión extranjera, pero acaso el imperialismo, el deseo de incluir a la soberanía en las decisiones internas de otros países, ¿está superado en este siglo XXI? Dice la comisión y lo señalo textualmente: Esta comisión dictaminadora considera que la razón de ser de la zona prohibida es solo histórica y, en consecuencia, la prohibición que lo afecta ha dejado de tener vigencia y contenido práctico. No estamos de acuerdo con esa situación. Consideramos también, que hay una interpretación errónea de lo dispuesto por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alude a ello el dictamen de la comisión para fundamentarse. Dice y cita textualmente el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que determina el derecho a la propiedad y dice que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. Claro que es un principio de derechos humanos pero acotado también, porque dice que la ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. En ningún momento la Convención Americana de Derechos Humanos nos señala que estemos incurriendo en un error al limitar la propiedad de los extranjeros en la zona prohibida y en la zona de playas de esta nación. Queremos exhortar a que reflexionemos lo que vamos a aprobar el día de hoy. Es muy grave esta reforma constitucional. Compañeras y compañeros legisladores, el país no está en subasta; mucho menos estamos en una venta de garaje que nos urja a tener que despojarnos de estas zonas y ponerlas a disposición de los extranjeros. Reconocemos que existe simulación, que a través de fideicomisos hay extranjeros que tienen bienes inmuebles en zonas de playas de este país. Claro que existe la simulación, pero la simulación no se resuelve legalizándola porque entonces tendríamos que legalizar el ambulantaje, tendríamos que legalizar la venta de plazas al interior de Petróleos Mexicanos o al interior de los sindicatos de maestros. No es legalizando la simulación como se resuelven los grandes problemas de este país. Hay que hacer una serie de reformas que de manera integral se enfoquen a este problema que tenemos de simulación en materia de fideicomisos en las zonas costeras del país. Yo quiero ponerles un ejemplo de cómo las propiedades extranjeras violan nuestro marco normativo interno. Ahí está el caso de San Miguel Allende, Guanajuato, donde se han asentado ciudadanos extranjeros y han adquirido grandes propiedades, viviendas, que violando la ley las han convertido en hoteles-boutique y que hoy, al amparo de todas estas omisiones e irregularidades, generan una competencia desleal para el sector hotelero guanajuatense y en específico de San Miguel Allende. Quisiera terminar recordándoles que el gasto en seguridad de nuestro poderoso vecino del norte ronda los 711 mil 421 millones de dólares. Con estas reformas que hoy estamos discutiendo no es descabellado pensar que le saldrá más barato ir adquiriendo propiedades y convertir una zona de amortiguamiento dentro de nuestro propio territorio. Una zona de amortiguamiento donde sean detenidos los ciudadanos mexicanos con el pretexto de que se trata de propiedad privada, pero estando dentro del propio territorio nacional. En el PRD por eso votaremos en contra de estas reformas. Votaremos por México; por un México pleno y para todos los mexicanos. Es cuanto, ciudadano presidente.