El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Con la venia de la Presidencia. La tarea fundamental del Poder Judicial, desde su concepción, es impartir justicia de manera pronta y expedita. Esta función implica interpretar y aplicar las leyes, resolver los conflictos entre los individuos, entre estos y el Estado y entre las partes que lo conforman, garantizando que se respete el orden constitucional así como la legalidad, los derechos y las libertades de los ciudadanos. Lo anterior, incluye por supuesto la resolución de controversias, la protección de los derechos humanos y el control de la constitucionalidad de las leyes y los actos del gobierno, asegurando así que se mantenga el Estado de derecho en una sociedad democrática como la nuestra. Por lo anterior, el sistema de justicia juega un papel fundamental en la consolidación de un Estado democrático y de derecho, sin embargo el nuestro enfrenta desafíos que demandan cambios profundos y estructurales para mantenerlo alejado de intereses particulares que tanto daño le han hecho al pueblo de México. La reforma al Poder Judicial presentada por el Ejecutivo federal en febrero de este año y enriquecida posteriormente por el contenido de los diálogos nacionales que tuvieron lugar en toda la República y cuyas conclusiones se incluyen en el texto del dictamen que hoy se discute, se fundamenta principalmente en hacer que la justicia sea más equitativa, accesible y democrática. Esta reforma propone, en primer lugar, garantizar el acceso a la justicia para todas y todos los ciudadanos y con ello lograr que los derechos de cada persona, sin importar su condición social, económica o cultural, sean protegidos y defendidos con equidad. Esto implica, no solo mejoras en la estructura del sistema, sino también en la selección de jueces y magistrados, quienes deben estar comprometidos con los derechos humanos y la justicia social. En segundo lugar, la propuesta plantea agilizar los procesos del sistema judicial, pues hoy en día la saturación de los tribunales y la lentitud de la resolución de los casos son dos de los problemas que más afectan a la impartición de justicia en nuestro país. Con esta reforma se podrán reducir significativamente los tiempos de espera y garantizar una mayor eficacia en la administración de justicia, especialmente en los asuntos relativos a la materia fiscal para los cuales se establece un plazo máximo de seis meses para emitir una resolución y en el mismo sentido se propone un plazo máximo de un año para la resolución de los asuntos penales. Estos cambios permitirán a las ciudadanas y a los ciudadanos un acceso más directo y fácil a los servicios judiciales, promoviendo una justicia más cercana y accesible para todas y todos los mexicanos. En tercer lugar, se propone una mayor apertura y participación ciudadana. La reforma al Poder Judicial propone democratizar el acceso a la justicia mediante la creación de mecanismos que permitan el voto directo de la ciudadanía, lo cual implica, por supuesto, la posibilidad de votar y ser votado en los procesos de elección de funcionarios judiciales, al igual que sucede con los integrantes de los otros dos poderes de la unión, es decir, el Poder Ejecutivo y este Poder Legislativo. Quienes se oponen a la reforma al Poder Judicial han dado un sin número de pretextos contra la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, no consiguen justificar que el pueblo esté facultado para elegir a sus gobernantes y representantes, pero al mismo tiempo está impedido para elegir funcionarios judiciales. Esto es un absurdo. Lo que hay detrás del modelo tradicional de designación de integrantes del Poder Judicial son acuerdos cupulares, que hasta ahora han permitido imponer jueces, magistrados y ministros más afines a los intereses de las elites conservadoras que comprometidos con los intereses y populares de la nación. De lo anterior, es muestra clara la utilización del Poder Judicial para impedir el avance de la transformación de la vida pública en nuestro país, a través de toda clase de recursos legales, la gran mayoría de las veces carente de fundamentos y que lesiona la división de poderes al invadir las esferas del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Quienes se escandalizan por la propuesta de legitimar en las urnas la designación de jueces, magistrados y ministros piden detener la reforma al Poder Judicial en aras de no afectar las relaciones comerciales con nuestro vecino del norte, pero omiten hablar de que en Estados Unidos en 43 de 50 estados se eligen jueces por el voto popular de las ciudadanas y los ciudadanos. Una mayor participación ciudadana en la integración del Poder Judicial fomentará a su vez una mayor transparencia, rendición de cuentas y, sobre todo, una mayor confianza en las instituciones judiciales. Si los jueces no tienen vínculo con la gente, su supuesta independencia y autonomía no es tal, porque la ausencia de ese vínculo le resta legitimidad y aumenta el riesgo de que sus sentencias favorezcan intereses contrarios a los de la mayoría del pueblo. La elección de los titulares de los órganos jurisdiccionales, federales y locales, los hará responsables sólo ante los ciudadanos que los elijan, y no ante un poder político o ante un poder económico. El Poder Judicial debe ser un ejemplo de imparcialidad y transparencia, lejos de cualquier influencia externa. Sólo de esa manera podrá recuperar la confianza pública de las y los ciudadanos, especialmente de aquellos quienes lamentablemente menos recursos tienen. Porque para ellos acceder a la justicia... porque han sido muchas veces abandonados por ella, y hay que decirlo, nuestro sistema judicial muchas veces castiga más la pobreza que la delincuencia. En la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXV Legislatura se propusieron modificaciones al mecanismo de elección, planteado en la iniciativa original, esto con el propósito de garantizar que éste sea transparente e incluyente. De modo tal que aquellas personas que cumplan con los requisitos de idoneidad, es decir que estén aptos, que sean capaces, que tengan la preparación puedan presentarse a sus elecciones. Se incorporó al dictamen el establecimiento de un comité de evaluación en cada uno de los Poderes de la Unión que propondrán candidatos, integrado por cinco personas con amplia trayectoria en el ámbito jurídico, el cual se encargará de revisar cada postulación con rigurosidad y transparencia. Al establecer la paridad de género en las postulaciones y eliminar el requisito de edad mínima para poder ser juzgador, se abren más oportunidades para las mujeres y para los jóvenes, con lo cual se asegura un proceso abierto y no reservado para sólo unos cuantos. La justicia no debe ser percibida como un poder lejano e inalcanzable, sino como un servicio esencial que está al alcance de todos y que responde a las necesidades reales de la sociedad. La reforma también propone dotar de mayor autonomía al órgano que imparte justicia y disciplina al interior del Poder Judicial, lo cual permitirá una administración más eficiente e imparcial del sistema de justicia, reduciendo la posibilidad de influencias externas que puedan comprometer la independencia de nuestros jueces, magistrados y ministros. Fortalecer la autonomía del órgano referido es un paso crucial para garantizar que las decisiones judiciales se tomen con base en criterios objetivos, sin la interferencia de intereses particulares o de intereses económicos. Finalmente quiero reiterar que los derechos laborales del personal adscrito al Poder Judicial están a salvo, incluyendo la asignación de recursos para el pago de pensiones complementarias, apoyo médico y otras percepciones que representan conquistas irrenunciables de quienes con su trabajo dan soporte al sistema de impartición de justicia. Lamentablemente, muchas y muchos trabajadores del Poder Judicial han sigo engañados y utilizados por quienes ostentan privilegios que no pueden seguir existiendo y se aferran a mantenerlos a toda costa. Debemos aprovechar esta oportunidad para consolidar un Poder Judicial que esté verdaderamente al servicio de la sociedad, que proteja los derechos de todas y de todos y que garantice un acceso igualitario a la justicia. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros, honorable asamblea, el Grupo Parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen. Es tiempo de actuar con valentía y determinación. Es tiempo de reformar nuestro sistema de justicia para el bien de todas y todos los mexicanos. Es cuanto, presidente.