La diputada María del Rosario de Fátima Pariente Gavito: Actualmente las personas con discapacidad representan el 15 por ciento de la población mundial, es decir 650 millones de personas que debido a su condición enfrentan numerosos obstáculos para su pleno desarrollo y a menudo son también estigmatizadas. En México el Censo de Población y Vivienda 2010 registró aproximadamente 6 millones de personas con alguna discapacidad física o mental, cifra que constituye el 5 por ciento de quienes vivimos en el territorio nacional. Según el Informe Mundial sobre la Discapacidad 2011 de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, el número de personas discapacitadas en todo el mundo aumentará de manera significativa en los años futuros debido a que la población está envejeciendo y el riesgo de discapacidad es superior entre los adultos mayores y entre quienes padecen alguna enfermedad crónica como la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y otros trastornos. Debido a lo anterior, se requiere conformar una política de Estado encaminada a proteger de modo adecuado los derechos de las personas con discapacidad teniendo como ejes la igualdad de oportunidades, la inclusión social, la lucha en contra de la discriminación, la autonomía y la construcción de un entorno que en general sea más amigable y accesible para ellos. La experiencia puesta en práctica en otros países, nos muestra que las personas con discapacidad a las que se les brinda espacios adecuados para su desenvolvimiento viven más felices y contribuyen mayormente al desarrollo económico y social de la nación. La implementación de espacios adecuados para lograr la accesibilidad universal en los inmuebles y espacios públicos constituye una medida de protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad al eliminarse las barreras físicas y sociales y facilitar el acceso, la comunicación, el libre desplazamiento y un mejor aprovechamiento de los espacios públicos en este grupo de población especialmente vulnerable. Bajo esta lógica y con la intención de extender esta política al sector servicios, el proponente de la presente reforma plantea que en servicios de transporte aéreo nacional, los pasajeros con alguna discapacidad tengan derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, bastones, prótesis, muletas o cualquier otro instrumento sin tener que pagar un costo extra para ello. Lo anterior está orientado a eliminar las barreras que existen en los aeropuertos del país y en los servicios de transporte aéreo nacionales y que constituyen un obstáculo para la movilidad de las personas que sufren alguna discapacidad, afectando sus posibilidades de vivir de manera independiente. Además, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde consideramos que es obligación del Estado proteger, promover y garantizar la efectividad y el libre ejercicio de los derechos de los usuarios de servicios aéreos en nuestro país que generalmente son la parte más débil en las relaciones económicas, así como amparar el respeto a su dignidad y a sus intereses. Por lo anterior votaremos a favor del presente proyecto de decreto que reforma el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil. Es cuanto, presidente.