El diputado Ricardo Mejía Berdeja: El presente proyecto de dictamen tiene como finalidad expedir la Ley de la Fiscalía General de la República. La cual, según definición del artículo 102 constitucional, es un órgano autónomo y está a cargo de un fiscal general. Tendrá autonomía constitucional, personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta ley viene a reglamentar lo dispuesto por este dispositivo constitucional. El país actualmente enfrenta graves problemas en materia de seguridad pública y procuración de justicia. Las cifras de homicidios, extorsiones y secuestros han ido a la alza en los últimos dos años; y la cifra de homicidios dolosos rebasa la escalofriante cantidad de más de 41 mil homicidios en esta calidad. Esto desde el gobierno de Enrique Peña Nieto, que viene a recrudecer ya las cifras de suyo tan graves que se dieron en el periodo de Felipe Calderón. En tal razón, sería lógico pensar que se requiere un Ministerio Público con mayores capacidades de investigación, de persecución de los delitos, a fin de robustecer sus capacidades en materia de investigación criminal utilizando la tecnología y siempre con apego al respeto de los derechos humanos. Sin embargo, el camino que han seguido los órganos calificados como autónomos es de una gran ficción, es de una gran simulación, y han venido no solamente a generar mayores recursos económicos en detrimento del erario, sino que se han convertido en auténticos elefantes blancos. Están los casos del nuevo IFAI, del Instituto Federal de Telecomunicaciones, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y tantos y tantos organismos que se crean supuestamente porque van a ser autónomos, pero lo único que resulta es que siguen la línea presidencia. Ninguna acción de inconstitucionalidad han presentado en contra de leyes que vulneran derechos humanos y que invaden su esfera de competencia. La pregunta sería ¿para qué constituir estos órganos onerosos si realmente siguen haciendo lo mismo que dependencias que están al arbitrio del Ejecutivo? En tal sentido este cambio de denominación de procuraduría a fiscalía, es una receta que ya se ha hecho en varios estados, cambiar el nombre de procurador a fiscal, como si con ello robusteciera su independencia; muy al estilo anglosajón. La realidad es que en varios estados del país han vuelto a ponerle el nombre de procuraduría. A nosotros nos parece, para decirlo en lenguaje llano, que esta fiscalía es la misma gata nada más que revolcada. Y todos estos supuestos de autonomía, en realidad son ficticios porque en el propio artículo 102 constitucional, en el apartado a), en su fracción IV, se establece que el fiscal general podrá ser removido por el Ejecutivo federal. Toda una faramalla del Senado para nombrarlo y el Ejecutivo lo puede remover. Y a su vez el fiscal general va a nombrar y a remover libremente, por ejemplo, -concluyo, presidente- al fiscal de combate a la corrupción. La pregunta sería: si hubiera una denuncia penal por enriquecimiento ilícito, por desvío de recursos en contra del presidente de la república, en el caso Casa Blanca -por ejemplo- ¿qué pasaría con la autonomía? Seguramente se inventaría alguna causa grave o algún artificio para destituirlo a él y al fiscal anticorrupción. Al final del día la espada de Damocles, del autoritarismo presidencial, siempre penderá sobre la cabeza del fiscal general. Por eso nosotros votaremos en contra, porque es una ficción esta supuesta autonomía, y porque no vemos que haya un cambio de fondo en el Ministerio Público federal. Es cuanto.