El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la descentralización de funciones a los estados y municipios se concibe como un factor que contribuye a mejorar la eficiencia de la gestión pública. El esquema representa la transferencia de cuantiosas sumas de recursos del gobierno federal a las entidades federativas, municipios, Distrito Federal y sus demarcaciones territoriales. En términos generales la descentralización presupuestal implica que los estados y municipios no sólo ejerzan los fondos públicos, sino las decisiones de asignación de dichos recursos. La idea es que se tomen las mejores decisiones en la asignación de recursos, se atiendan las necesidades de la población y se emprendan acciones que propicien el combate a la pobreza y al desarrollo regional. Sin embargo, la descentralización tiene sus costos. Si se transfieren los recursos a los estados y municipios y no se establecen preceptos legales que obliguen a las autoridades a rendir cuenta de estos recursos, los efectos positivos se verán significativamente mermados. Estamos en medio de una crisis de credibilidad social generada por la falta de transparencia y rendición de cuentas. La ciudadanía está cansada de la opacidad con la que operan muchos gobernadores. Es un hecho que lastima y ofende a millones de familias, que nunca se enteran a dónde va a parar el dinero de sus impuestos, por ello requieren saber cómo se gasta y en qué se gastan las aportaciones federales. Los recursos que la Federación ha orientado a los estados y municipios se han incrementado en los últimos años, sin embargo, una parte significativa de este gasto se ejerce de manera discrecional y con total opacidad. El diagnóstico sobre la opacidad en el gasto federalizado para el año 2013 revela que la asignación de recursos no implica que estos hayan sido ejercidos eficientemente por los gobiernos locales, pues existen subejercicios significativos y recurrentes en algunos fondos y programas, así como reasignaciones. Para el año 2014, de acuerdo con un estudio realizado por el Foro Económico Mundial, México perdió 18 lugares en el corporativo internacional sobre la eficiencia del ejercicio del gasto público, cifras que muestran un problema estructural de corrupción en los diferentes niveles de gobierno, ya sea por falta de transparencia o por no aplicar los recursos en tiempo y forma, propiciando subejercicios. La transparencia y rendición de cuentas es fundamental en una democracia consolidada, ya que es una forma de vincular permanentemente a gobernadores y gobernados, implica informar, explicar y justificar sobre las acciones de los servidores públicos en el cumplimiento de sus obligaciones y administración de recursos, así como determinar las acciones que se deriven de su mal manejo y aplicación. El subejercicio quiere decir que los recursos no se aplicaron en el plazo que contempla el Presupuesto de Egresos de la Federación. Ambas circunstancias son preocupantes y se debe poner especial énfasis en revertirlas. Para Nueva Alianza este es un reto y un compromiso con la sociedad, por eso ponemos a su consideración la presente iniciativa, que busca corregir una importante omisión en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El Presupuesto de Egresos de la Federación se rige, entre otros, por el principio de anualidad, que determina el tiempo de ejecución y vigencia del mismo, no obstante la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no establece de manera clara y precisa el significado y alcance de este principio. En ese sentido, proponemos adicionar una fracción XXXVII Bis al artículo 2o., que establece el principio de anualidad y limita la aplicación de los recursos públicos a la vigencia del Presupuesto de Egresos, que comprende del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. Los recursos no erogados en dicho ejercicio fiscal serán reintegrados a la Tesorería Federal dentro de los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. Asimismo consideramos pertinente establecer la obligación de los estados, municipios, territorio federal y sus demarcaciones territoriales de manejar el gasto federalizado en cuentas públicas específicas, que permitan su identificación, seguimiento y evaluación, a fin de facilitar una adecuada fiscalización. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza pretendemos que se acabe la opacidad en cuanto al manejo del dinero de las aportaciones federales. No pedimos mucho, solo que pongan el dinero que les da la federación en una cuenta bancaria específica para que todos sepamos su destino. Queremos que cada año haya cuentas claras y transparentes, somos la bancada de la igualdad y entendemos que todos por igual debemos rendir cuentas, sean gobernadores, presidentes municipales o diputados, porque el dinero de todos los mexicanos, y cuidar que se aplique de manera correcta y con transparencia, es una obligación y un compromiso para Nueva Alianza. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.