La diputada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa: Con su permiso, señor presidente. Señoras diputadas y señores diputados, para fortalecer el acceso a la información pública gubernamental en posesión del Estado, así como fomentar la transparencia genuina y la efectiva rendición de cuentas, es indispensable empoderar a las ciudadanas y a los ciudadanos en el ejercicio pleno de su derecho a la información, a través de hacer más eficiente los mecanismos que permiten o facilitan la ejecución de dicho derecho. En concordancia con el concepto contemplado en el artículo 6o. constitucional se armoniza la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental con la finalidad de garantizar la gratuidad, y así generar incentivos para que el ciudadano solicite información y eliminar las trabas que aumentan el desistimiento en el ejercicio del derecho a la información motivado por el costo de la reproducción de la misma. El reconocimiento al derecho a la información como una garantía individual en nuestra Constitución obliga a la reflexión sobre la gratuidad. Tal como los otros derechos inalienables garantizados en la Carta Magna, la información no debe tener mayores restricciones para su disfrute. La gratuidad, al menos sobre aquella información que se originó por el gobierno en ejercicio del gasto público y que por mandato de leyes es información pública, debe ser una realidad. La presente iniciativa busca crear las condiciones jurídicas para que el ciudadano, solicitante de la información, tenga medios gratuitos para el total acceso a la información pública. Tal y como está diseñado, el derecho de acceso a la información pública es el derecho que tienen las personas para conocer los documentos que producen y manejan las autoridades públicas o, dicho de otra manera, es una suerte de derecho a la memoria que se va plasmando día a día en registros escritos en papel o en medios electrónicos a partir de la forma en que los servidores públicos de México ejercen las atribuciones que le han sido concedidas. En el tránsito de la democracia al buen gobierno la transparencia debe asumirse como una oportunidad para encarar la suspicacia generalizada sobre la gestión gubernamental, y para mejorar la calidad del servicio público y las bases de sustentación del régimen político. Los datos muestran que al menos en lo que se refiere a información pública de instituciones de la administración pública federal, la mayor parte de dicha información se entrega de manera electrónica y gratuita, lo que no desinhibe al solicitante al acceso a la información solicitada. El problema radica cuando la información no se encuentra disponible para su acceso por medios electrónicos y es donde el ciudadano tiene que pagar los costos de la reproducción de los materiales. En las páginas del INAI se puede ver en la información de consultas, que de enero del año 2000 al 6 de septiembre del año 2015 se han entregado 588 mil 168 solicitudes en medios electrónicos. Según el portal del INAI, los costos fijados por la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios, adscrita a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda, son los siguientes. Por un disco compacto la cantidad es de 10 pesos. Por cada copia simple tamaño carta u oficio, 50 centavos. Lo mismo por cada hoja impresa por dispositivo informático tamaño carta u oficio, y por cada copia certificada, 16 pesos. Lo anterior adicional al costo de envío que dependerá del destino a donde será remitida la información, el volumen y el peso del envío, el prestador de servicios de mensajería y el tipo de servicio solicitado. Durante el año 2013, 13 mil 697 solicitudes de información fueron respondidas por medios diferentes a los electrónicos, lo que generó el pago de la reproducción de la información. Cabe mencionar que la mayoría de las solicitudes que no son respondidas por medios electrónicos terminan en el desistimiento, en tanto que los solicitantes no cubren los costos para hacerlos llegar por otros medios no electrónicos o remotos. Cuando la rendición de cuentas es asumida por las élites políticas y burocráticas su costo se eleva y se concentra en el presupuesto público, con resultados magros. Por ello se debe descentralizar la rendición de cuentas para disminuir sus costos y elevar su eficiencia. Para que la sociedad detecte malos manejos y active la alarma de los entes de fiscalización, es necesario que los gobiernos sean transparentes, que la información sea de acceso libre, gratuito y púbico para que cualquier ciudadano, organización o partido político pueda detectar irregularidades e iniciar el proceso de rendición de cuentas. Teóricamente el acceso a la información pública facilita la construcción de un Estado honesto, eficaz y eficiente. Cuando los servidores públicos están conscientes de que sus decisiones y comunicaciones pueden ser revisadas y analizadas por actores externos, sería de esperarse que su actuar público se fundamentara y documentara de mejor forma. De esta manera, el acceso a la información se reflejaría en una mayor rendición de cuentas, robustecería al Estado de derecho y al buen gobierno. Hoy el acceso a la información pública es una herramienta cara cuando no se da por medios electrónicos gratuitos. Los costos por los precios de la información pública se tarifan por los entes públicos y los sujetos obligados en los estados. Garantizar el acceso a medios gratuitos de información pública es un camino eficiente a la rendición de cuentas. Por ello es que en aras del principio de gratuidad en el ejercicio del derecho a la información pública se presenta esta iniciativa, para hacer de dicho principio una realidad cotidiana en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.