La diputada María Elia Cabañas Aparicio: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, a través de la historia el hombre ha buscado su bienestar individual y social entre otras cosas. A través del ejercicio libre de sus intereses, así como la satisfacción de sus necesidades, ya sea en un contexto biológico, psicológico o social. Uno de estos intereses es el disfrute pleno de la sexualidad. Sin embargo, desde la antigüedad, las enfermedades de transmisión sexual han sido un problema de salud pública por las graves complicaciones y la mortalidad que conllevaron y que en ocasiones afectaron a poblaciones enteras. En México, cerca del 30 por ciento de la población de entre las edades de 18 a 30 años de edad han padecido alguna enfermedad de transmisión sexual. Las enfermedades de transmisión sexual más comunes son la candidiasis, tricomoniasis, vulvo-vaginitis, sífilis, gonorrea, la clamidia, virus del papiloma humano y VIH Sida, de acuerdo con cifras proporcionadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Es importante mencionar, que la falta de información, acceso y disponibilidad a los métodos de protección, prevención, particularmente entre los jóvenes, incrementan su exposición a estas enfermedades. Aunque en la actualidad las enfermedades de transmisión sexual ya no representan una de las principales causas de muerte en la población mexicana, siguen figurando como un problema de salud pública que es importante prevenir para mejorar la situación sanitaria del país. Como acertadamente lo ha señalado la dictaminadora, la ley fundamental consagra el derecho a la salud, en el párrafo tercero del artículo 4o. precepto del cual se deriva el Sistema de Normas Jurídicas de Derecho Social, que busca regular los mecanismos y acciones para lograr que la protección de la salud sea un bien tutelado por los diversos órdenes de gobierno a través de la limitación del campo de la actividad gubernamental, social e individual, siendo ésta uno de los principales elementos de justicia social. En este sentido resulta indiscutible que el derecho a la protección de la salud sea un derecho social y universal, así como un elemento esencial para que el Estado pueda sentar las bases para eliminar la desigualdad existente entre los miembros de una sociedad. En la exposición de motivos de la reforma mediante la cual se elevó en 1983 a rango constitucional el derecho a la protección de la salud, se considera que éste conlleva a una responsabilidad compartida entre los diversos órdenes de gobierno, el individuo y la sociedad en su conjunto. En este sentido la salud sexual debe ser una responsabilidad compartida entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad, en aras de lograr el ejercicio de una sexualidad libre, informada y responsable. Bajo el anterior orden de ideas, el Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de adicionar el artículo 157 Bis a efecto de establecer que la Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se coordinarán para la promoción del uso del condón para evitar contraer la infección de VIH Sida y demás enfermedades transmisibles. Por su atención, muchas gracias.