La diputada Mirza Flores Gómez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, muy buenas tardes. Le solicito, presidente, que por economía procesal la Secretaría inserte de forma íntegra el texto de la presente iniciativa al Diario de los Debates, y que consiste en un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El derecho a una vivienda adecuada es un derecho humano, se encuentra consagrado en diversos instrumentos internacionales, siendo el principal instrumento rector de este derecho fundamental el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Por su parte, el Comité de las Naciones Unidas de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha subrayado que para hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada se deben cumplir como mínimo los requisitos siguientes: seguridad en la tenencia; disponibilidad de servicios públicos, como agua potable y luz eléctrica; asequibilidad; y accesibilidad para los grupos desfavorecidos y marginados; así como el acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuela, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales. En México, desde el año de 1983, el derecho a una vivienda adecuada se encuentra consagrado en el artículo 4o. constitucional, que a la letra dice: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo. No es ocioso lo anterior con lo que voy a decir, pero la realidad ha superado la ficción. Las emisiones de monóxido de carbono a la atmósfera de nuestro planeta han provocado el fenómeno conocido como calentamiento global, provocando el deshielo de los glaciares, la presencia de tormentas y huracanes sin precedentes, y sequías, dando como resultado caos, hambre y pobreza. Diputadas y diputados, estamos ante un problema global. El cambio climático está trayendo consecuencias que impactan directamente en la calidad de vida de los seres humanos. Si bien es cierto que los desastres naturales escapan de nuestra mano, también es cierto que desde esta Cámara de diputadas y diputados tenemos la facultad constitucional de promover leyes y políticas públicas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero, y con ello revertir y mitigar los efectos del cambio climático. Ante este panorama en países desarrollados el término vivienda digna y decorosa o vivienda adecuada está cayendo en desuso. La dinámica social exige un compromiso más fuete por parte del Estado, y de la sociedad civil frente a un derecho, tanto a un medio sano como a la dignidad de la vivienda. Es decir que las leyes y las políticas públicas, tanto de los programas sociales dirigidos a garantizar el derecho fundamental a la vivienda, deben cumplir con el principio de desarrollo sostenible. Tal vez suene trillado repetir una vez más la definición de desarrollo sostenible, sin embargo es un término que debe prevalecer en todas las políticas públicas que de aquí se emanen. El desarrollo sostenible es aquel desarrollo capaz de satisfacer las necesidades actuales, sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. En este orden de idea, una vivienda sostenible es aquella que sigue un nuevo paradigma de construcción y de vida, una conciencia de responsabilidad ambiental en donde, lejos de lastimar el entorno, lo favorece al crear un desarrollo sostenible y sea generador y regulador de los recursos naturales, además de cumplir con los requisitos tradicionales, como infraestructura básica, adecuada, lo que incluye el acceso a ciertos servicios indispensables para la salud y la seguridad. Una vivienda sostenible de forma enunciativa, más no limitativa, tiene las siguientes características. Uso eficiente y racional de la energía, conservación, ahorro y reutilización del agua. Prevención de residuos y emisiones. Creación de un ambiente saludable y no tóxico y cambios en los hábitos de las personas y las comunidades en el uso de las edificaciones. Esto, compañeras diputadas, compañeros diputados, no es un asunto frívolo o superficial. Los altos niveles de urbanización desordenada aumenta el riesgo e intensificación de los eventos relacionados con el cambio climático. La falta de coordinación gubernamental aunado a infraestructura deficiente aumenta los riesgos de los desastres naturales. Compañeras, compañeros, tenemos la responsabilidad y la oportunidad histórica de abonar con nuestro trabajo políticas púbicas que no sólo generan estados de bienestar, sino mitigar con acciones afirmativas la reducción de riesgos de desastres naturales causadas por el cambio climático. Mitigar estos efectos reduce en un alto porcentaje la vulnerabilidad de las comunidades, y éste, de éste nuestro plantea donde todos vivimos. Responder con responsabilidad a los efectos de riesgos de desastres causados por el cambio climático, obliga a reformas constitucionales, en donde esto se verá traducido a comunidades empoderadas. Hay dos palabras que debemos tener en consideración: mitigación y adaptación, del lugar en donde estamos viviendo. Por lo anterior, presento a esta asamblea la siguiente modificación al artículo 4o. de nuestra Constitución Política, para quedar de la siguiente forma: Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna, decorosa y sostenible. La ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios, a fin de alcanzar tal objetivo. Es cuanto, señor presidente.