El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Desde que en Occidente la pérdida de la libertad personal se estableció como la vía para instaurar un sistema de penalidades ante la comisión de un delito, existe un debate permanente sobre cuáles son las condiciones en que una persona debe vivir esta penalidad que impone la sociedad política y jurídicamente constituida. El debate sobre la reclusión de las personas ha tenido diversos momento, incluso, se ha llegado a extremos que van desde su apartamiento del tejido social en medio de tratos degradantes, hasta las propuestas contemporáneas que abordan la reinserción social, las oportunidades de trabajo, la reducción de penas y la formación académica en reclusión. Sin embrago, un tema común pero a la vez difícilmente tratado ha sido el de las familias de las personas en prisión. La sola mención de este tema remonta a figuras que han traspasado los siglo y que nos llevan a pensar en qué pasa con los hijos, las esposas, las madres y los hermanos de los así llamados sentenciados. Hoy estudios en sociología, medicina, antropología, sociología del delito y política criminal, muestran que las familias son víctimas secundarias respecto de la pena impuesta al sentenciado, y los espacios familiares de las personas en situación de prisión enfrentan una problemática, en la cual, las personas pasan por diferentes riesgos y tensiones, colocándolas en situaciones de incertidumbre, vulnerabilidad, depresión y necesidades limite. En el caso mexicano, dadas las características de los delitos, es posible afirmar que un sector superior al 60 por ciento de las personas que están en prisión, fueron sentenciados por delitos de menos de 8 mil pesos. De ese modo, un porcentaje significativo de estructuras familiares, sistemas de familias o tipos de hogares que de por si enfrentan condiciones de marginación social, pasan de forma súbita a enfrentar la perdida de ingresos. Los gastos derivados de tener un familiar en prisión y barreras visibles e invisibles que los apartan, los estigmatizan y alejan de la convivencia social. Actualmente existen patronatos en algunas entidades federativas derivados de sus respectivas leyes de ejecución de sentencias, sin embargo, no están orientados a la participación familiar y de la sociedad civil. Asimismo, no se trata de un ordenamiento nacional, sino local, y aunado a que enfrentan diversos problemas de estructura, eficiencia y eficacia. Por otra parte y en el mismo sentido, la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, señala la creación de un patronato, sin embrago, está acotada a la figura de excarcelados o con beneficios de pre liberación, pero no a la estructura familiar ni tampoco prevé la participación de la sociedad civil. Por todo ello y como un factor elemental de justicia restaurativa, ante el pleno de esta soberanía me permito someter una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, en el título de su capítulo cuarto que llevaría el título, capítulo cuarto. Asistencia a liberado y a familiares de internos; y para adicionar un artículo 15 Bis para quedar del siguiente modo: se promoverá en cada entidad federativa la creación de un patronato de asistencia a familiares de internos y sentenciados. El objeto de estos patronatos será otorgar asistencia integral a las familias de los internos, poniendo especial atención a niñas, niños y adolescentes. Los gobiernos de las entidades federativas sustentarán dichos patronatos de asistencia a familiares de internos o sentenciados, de conformidad con sus posibilidades presupuestales, y fomentarán la participación activa de organizaciones de la sociedad civil, universidades públicas y privadas. Las mejores vocaciones de ayuda, solidaridad y apoyo a las familias, pueden desplegarse si tenemos un proceso sistemático para reglamentar una acción de asistencia integral que sume esfuerzos de otras agencias de gobierno y de la sociedad civil organizada. El altruismo, la filantropía, la asistencia privada, la asistencia pública y otras formas de intervención social que se desarrollan desde lo público y lo privado, pueden encontrarse en esta necesaria atención a las familias que vive en condiciones de riesgo, desprotección, pero sobre todo, de una necesidad pasmosa. Si hablamos de cambiar nuestro sistema d justicia, también debemos cambiar el modo en que nos relacionamos con las familias de las personas sentenciadas. También debemos de acercar programas sociales y acciones de inclusión, pues ha de recordarse que la familia es la base de la sociedad. El tiempo de la nueva justicia penal es ahora, no mañana ni pasado. Ahora mismo. Nuestro tiempo ha llegado. Las excusas y demoras deben quedar atrás. Así, por último, dentro de varias décadas cuando las futuras generaciones se pregunten qué fue lo que hicimos quienes habitamos el país en las primeras décadas del siglo XXI, espero que observen que una de las mejores herencias que dejamos fue una justicia penal con rostro humano, más transparente y cercana; una justicia penal solidaria con el dolor de las víctimas. En suma, ojalá que en el futuro volteen a ver nuestro legado y puedan con orgullo decir: cumplieron su tarea, pero sobre todo, actuaron con bondad y estuvieron a la altura de los tiempos que les tocó vivir. Es cuanto, señor presidente.