La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva: Compañeras, compañeros, pueblo de México: hago uso de la voz para posicionarme con responsabilidad a favor de las reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Estas reformas no reducen... no se reducen a cambios administrativos, son parte de un esfuerzo integral por fortalecer la gestión de la política social de nuestro país. Además, se trata de cumplir con nuestro deber constitucional y político de mejorar las instituciones al servicio del pueblo de México. Recordemos que estas modificaciones parten de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica, aprobada en diciembre del año pasado. Dicha reforma nos mandata la reducción de la burocracia duplicada y la reorganización de funciones del Estado para evitar duplicidades. Es por ello que el dictamen que estamos discutiendo establece la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, transfiriendo, transfiriendo sus funciones al Inegi. Con la aprobación de este dictamen se atiende el artículo segundo transitorio de esta reforma constitucional, que mandata al Legislativo a ajustar el marco jurídico para hacer efectiva la simplificación administrativa. Como lo comenté en un principio, este dictamen no solo representa un cambio administrativo, es también un cambio de paradigma en la medición de la política social con un enfoque más eficaz y eficiente, ahora bajo la tutela del Inegi. Al concentrar en el Inegi la evaluación de la política social y en la Secretaría de Hacienda la evaluación del desempeño presupuestario, se eliminan duplicidades de funciones entre dependencias. Esto no solo evita el desperdicio de recursos, sino que también acelera los procesos de toma de decisiones al haber claridad en las competencias de cada institución. En otras palabras, hacemos más con lo que ya tenemos sin malgastarse. Un beneficio central de asignar estas funciones al Inegi es el fortalecimiento de la evaluación de la política social desde un enfoque eminentemente técnico y autónomo. El Inegi es un órgano constitucional autónomo, reconocido mundialmente por su rigor estadístico y su capacidad técnica. La medición de la pobreza y la evaluación integral de los programas sociales no se eliminan, más bien se fortalece al estar en manos de un instituto con experiencia en generación y análisis de datos objetivos para la toma de decisiones nacionales. Con esta reforma, ganamos en objetividad, en transparencia y en credibilidad, ya que la evaluación realizada por el Inegi brindará diagnósticos imparciales sobre los resultados de la política social; lo que a su vez permitirá mejorar la efectividad de los programas y asegurar que realmente cumplan con los objetivos de reducir la pobreza y la desigualdad. Y reducir la pobreza y la desigualdad es prioridad para nosotros los morenistas. Cabe destacar que estas reformas no dejan un vacío tras la desaparición del Coneval, sino que rediseñan las responsabilidades para un mejor desempeño. El sistema de evaluación de la política de desarrollo social se mantiene y se robustece. Cada instancia hará lo que mejor sabe hacer; el Inegi, aportando datos y análisis independientes; Hacienda, velando por la eficacia en el ejercicio del gasto. Esta sinergia institucional garantiza que la evaluación de los programas sociales sea integral y a la vez vinculada a la eficiencia presupuestal. Las y los servidores públicos que están adscritos al Coneval tendrán las garantías laborales que marca la ley. En suma, esta reforma representa la idea de que un Estado mejor organizado y evaluado puede brindar mejores resultados en la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Votamos a favor de esta reforma, por un México institucional al servicio de la justicia social, la eficiencia pública y el bienestar colectivo. Es cuanto, presidenta.