El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la presidencia, y solicitando se inserte en el Diario de Debates, para que quede constancia del producto de las prisas legislativas. De nueva cuenta, subrayar que la Cámara de Diputados, como colegisladora, no puede ser una ventanilla de trámite. Creo que hay un poco de dignidad y sentido común en todos los legisladores, que se obvia por las prisas para no modificar las minutas que remite la Cámara de Senadores. La primera reserva refiere a los artículos 149 Bis, que se adicionan, esto con el objetivo de colocar en el capítulo correspondiente el delito de desaparición forzada. El delito de desaparición forzada no es un delito de corrupción, es un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, por la falta de atención en cómo se integran las reformas se le coloca como un delito de corrupción, cuando es un delito de lesa humanidad. Y la propuesta es que se reoriente su ubicación, para colocarla en el capítulo correspondiente. De igual forma, las prisas, el artículo 212, se habla de la responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal, ahora es Ciudad de México, estas prisas nos llevan con esas erratas, y se limita la responsabilidad a servidores públicos de las entidades. Aquí habría que agregar, que todo servidor público de las entidades que haga uso o disponga de recursos públicos federales, para atacar de fondo la corrupción. Y esta falta de congruencia nos acredita que el famoso sistema anticorrupción no modifica a fondo los procedimientos para determinar responsabilidades. La reforma presenta adecuación a diversos tipos penales para integrar un triángulo donde esté quien deba juzgar y determinar la responsabilidad, quien deba investigar y quien deba denunciar. Requerimos exhortar a toda la ciudadanía que haga uso de estos instrumentos legales, que haga uso de los tipos penales para denunciar la corrupción, corrupción que tendrá que atacarse en los tres niveles de gobierno y en las distintas esferas de la administración pública. Estos tipos penales ya permiten sancionar la corrupción en donde estén implicados empresarios que sean parte de las concesiones, contratos, licitaciones públicas, nos permite actuar más. ¿Quién debe actuar? El ciudadano. Debemos exigir al fiscal anticorrupción su actuación objetiva ante hechos que denigran el servicio público y que generan una mala calidad de los servidores públicos en la atención con dignidad a todos los ciudadanos. Sería una invitación, digo, más que a los diputados, a los ciudadanos, a que revisen estos tipos penales. Hay algunos que ayudan mucho, por ejemplo, el 215, abuso de autoridad, que se cambió el capitulado como ejercicio ilícito del servicio público. Se sanciona con prisión al que obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causa legítima para sí o para cualquier otra persona parte del sueldo o remuneración de uno o más de sus subalternos, dádivas u otros bienes o servicios. Práctica común en el servicio público, tienes el contrato, tienes la plaza laboral si das dádivas, si entregas parte de tu sueldo o haces otros favores a los superiores. Debemos acabar con la corrupción. Les repito, hay nuevos tipos penales o se adecúan los anteriores y esto da un instrumento para que la sociedad exija, que la sociedad, que los hombres y mujeres sean sujetos activos en este nuevo sistema de justicia oral. Existen las condiciones para tener medidas cautelares para establecer medidas de protección a quien denuncie. Debemos fomentarlo, debemos impulsarlo, debemos empujar a la cultura de la legalidad. Es cuanto, señor presidente.