El diputado Héctor Humberto Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputada Presidenta. hago uso de esta tribuna para presentar una iniciativa de reforma constitucional al artículo 16 de nuestra Constitución, iniciativa que está suscrita por mi coordinador el diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera, por el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el diputado Luis Villarreal, por nuestra compañera Sanjuana Cerda, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza y por nuestro compañero Arturo Escobar, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, así como por un servidor y la diputada Consuelo Argüelles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La propuesta que sometemos a consideración de la comisión correspondiente, una vez que sea turnada por esta Mesa Directiva, consiste en lo siguiente. Un tema que para toda la comunidad, para el país, es muy sensible es la figura del arraigo. Podremos analizarlo el propio día de hoy, cuando hay declaraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en donde solicita respetuosamente que se analice la figura del arraigo. Esta propuesta presentada por coordinadores de cuatro grupos parlamentarios lleva como fin, principalmente, matizar y ponerle orden y control a la figura del arraigo. Como es de todos ustedes conocido, nuestra Constitución en su artículo 16 prevé actualmente 40 días para la emisión por parte de la autoridad judicial y decretar un arraigo, mismo que se puede ampliar por un período igual de 40 días. En consecuencia, hay un máximo de 80 días naturales. Esta propuesta contiene principalmente la protección de los derechos humanos de los ciudadanos del país. ¿Por qué? Porque no sólo reduce al 50 por ciento los términos del arraigo; es decir, no sólo reduce a la mitad la posibilidad de que la autoridad judicial decrete un arraigo fijando como límite 20 días más; una ampliación de 20 días sólo en los casos de delitos de delincuencia organizada o delitos graves toda vez que hay procedimiento o hay estados del país en los que sigue operando la figura de delito grave dado que no ha iniciado el procedimiento adversarial en su totalidad. Pero a su vez se fijan requisitos muy puntuales de cuándo debe otorgarse esta figura, y es: existencia de indicios suficientes que vinculen a los inculpados con delitos de delincuencia organizada, que siempre con el establecimiento de la medida se provea de mayores elementos a la investigación y se proteja la vida, la integridad de las personas, bienes jurídicos o se evite que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia. Todo esto eleva el estándar probatorio que la autoridad investigadora debe presentar al juez antes de que decrete la medida correspondiente. Por otro lado, se señala de manera muy clara la intervención de los organismos protectores de los derechos humanos. Es decir, se eleva a rango constitucional dentro del propio 16, dentro del propio párrafo octavo, que regula la materia del arraigo, que los organismos de protección de los derechos humanos a que se refiere el artículo 102, Apartado B de esta Constitución, podrán revisar la aplicación de esta medida a solicitud de la persona sujeta a ello. Esto ya no va a ser a interpretación de la autoridad investigadora o de la autoridad ejecutiva. Es obligación el respeto a los derechos humanos en la aplicación de la medida conducente. Y, por otro lado, se incorpora una nueva figura en el artículo 16 constitucional. Como es de todos ustedes conocido, cuando hay la detención de una persona, en los casos de delitos graves o de prisión preventivo oficiosa o de delincuencia organizada, se tienen 48 horas antes de ser consignado a la autoridad judicial. Ese plazo constitucionalmente puede ampliarse por 48 horas más. Es decir, dos días más en los casos de delincuencia organizada. ¿Qué es lo que se propone? Que con autorización de la autoridad judicial, sólo por autorización de la autoridad judicial, ese plazo se puede ampliar de retención por parte del Ministerio Público, tres días, es decir 72 horas. Esto con la finalidad de que la autoridad investigadora tenga la posibilidad de integrar debidamente la averiguación y evite con ello tener que solicitar la medida del arraigo para integrarla adecuadamente sobre todo en aquellos delitos graves y especiales, como es la trata de personas, como son los delitos de pornografía infantil, como son los delitos de índole financiero, en los que se requiere un ejercicio de manera distinta. Eso es lo que el día de hoy someto a consideración de esta Mesa Directiva para que sea turnada a la Comisión correspondiente, a fin de que a la brevedad tengamos un dictamen a ser visto, analizado, debatido y discutido en esta tribuna del Congreso. Muchísimas gracias, diputada presidenta.