La diputada Marcela Guerra Castillo: Con el permiso de la presidencia; honorable asamblea: Los asesinatos de presos acusados de secuestro y delitos contra la salud, en el penal de máxima seguridad de La Palma, en el Estado de México, sucedidos en el 2004, así como la fuga de 8 reos integrantes de la banda de secuestradores "Los Macizos" del Centro de Readaptación Social de Neza Bordo y el más reciente en el año 2005, el secuestro del director técnico del equipo de futbol Cruz Azul, Rubén Román Romano, que fue ordenado por José Luis Canchola Sánchez, quien participó en múltiples secuestros con Andrés Caletri López. Actualmente Canchola Sánchez, se encuentra preso en el Reclusorio Norte de la ciudad de México, por los delitos de privación ilegal de la libertad, portación toda vez que en el año 2003 se fugó del Reclusorio Sur y posteriormente fue recapturado. Estas presuntas relaciones tienen mucho más tiempo y uno de los hechos más significativos fue la célebre fuga del narcotraficante el señor Guzmán conocido como El Chapo, en el año 2001 el cual a la fecha no ha sido recapturado. Esta fuga ocurrió en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, hoy popularmente conocido como el penal de "Puerta Grande". La vulnerabilidad que tienen los reclusorios y penales de máxima seguridad ha quedado de manifiesto ante el crecimiento de la delincuencia organizada que ha logrado consumarse como la industria más rentable, ya que sólo se requiere como única inversión la ausencia de escrúpulos y una gran dosis de cinismo. La seguridad pública y la procuración de justicia son temas que han sido ampliamente tratados y sobre los que se han establecido debates muy profundos y su atención eficaz de esto resulta fundamental para mantener el orden público. El tema de la seguridad que se vive y de la inseguridad más bien, que se vive en nuestro país, ocupa un lugar preponderante en la agenda nacional desde hace varios años en México. Este enfrentamiento a esta problemática que ha ido creciendo y generando nuevas formas de delinquir, y lo más grave es que se ha adentrado en las cárceles. Ante la fugar de varios presos cabezas de organizaciones criminales dedicadas al secuestro y al narcotráfico, principalmente así como la reincidencia de otros presos en intentos de fuga y la corrupción de custodios, nos lleva a endurecer las penas. Si bien la inseguridad tiene sus orígenes en una diversidad de causas de tipo social-económico, para atacarla es preciso ejercer todo el poder de las leyes. Aunque parezca increíble, en nuestro país existen maneras legales para evadir la justicia, como es el caso específico de la fuga, en donde al imputado le asiste y se le reconoce el derecho de fugarse tácitamente sin sanción alguna como dicta actualmente el código punitivo en el artículo 154 que cito en este momento: "Al preso que se fugue no se le aplicará sanción alguna sino cuando obre de concierto con otro u otros presos y se fugue alguno de ellos o ejerciese violencia en las personas, en cuyo caso la pena aplicable será de seis meses a tres años de prisión". Solamente en caso de violencia. El delito de fugarse no se punifica. En la actualidad, uno de los principales retos del estado mexicano es precisamente el combate a la delincuencia y a la violencia, y a la inseguridad que mantienen en zozobra constante a nuestra sociedad mexicana. La situación actual de las cárceles en el país requiere un cambio fundamental. Algunos funcionarios encargados de supervisar el cumplimiento de las penas en los centros de reclusión de nuestro país y en gran medida, se encuentran coludidos con los niveles más altos del hampa y son estos quienes permiten las fugas de delincuentes altamente peligrosos y nocivos para la sociedad. Son por estas razones que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional se pronuncia a favor de castigar penalmente al reo que intente fugarse o se fugue, así como incrementar las sanciones respecto a los funcionarios que auxilien o ayuden a uno o varios reos a intentar o lograr fugarse. Por lo anteriormente manifestado, me permito someter a consideración de esta honorable soberanía el siguiente decreto por el que se reforma el artículo 150 y154 del Código Penal Federal. "Artículo 150.- Se aplicará de un año a doce años de prisión al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de ocho a dieciséis años de prisión. O bien en tratándose de la evasión de un condenado, se aumentará hasta veinte años de prisión. Si quien propicie la evasión fuese servidor público, se le incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas en este artículo, según corresponda. Además, será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un período de diez a quince años. Artículo 154.- Al preso que se fugue, se le aplicará una pena de un año y seis años de prisión si la evasión es colectiva o se produce con violencia. La pena se incrementará en un tercio de la prevista en este artículo. Artículo transitorio único.- Este decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". A este Palacio Legislativo, a esta fecha del día de hoy. Muchas gracias. Es cuanto señor presidente.