La diputada Judit Magdalena Guerrero López: Con su venia, presidente. Señoras y señores legisladores, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce que el acceso al consumo de agua potable es un derecho humano esencial para el disfrute de una vida plena en sociedad. El artículo 24 de la Convención de los Derechos de los Niños establece con claridad que el acceso al agua potable es, asimismo, una parte fundamental del derecho de la salud de los infantes. Al respecto, en nuestro país la Academia Nacional de Medicina, el Instituto Nacional de Salud Pública y los correspondientes institutos de investigaciones de la UNAM, coinciden que el Estado mexicano debe adoptar e implementar políticas que consoliden la infraestructura necesaria que asegure la disponibilidad para el consumo de agua potable en los hogares, las escuelas y los centros de trabajo. Su ausencia, argumentan los especialistas, potencializa el consumo de refrescos y de bebidas azucaradas, constituyéndose en un hábito que afecta nocivamente a niños, niñas, adolescentes mexicanos. Ésta es una de las causas y fuentes de la epidemia de obesidad y diabetes que se padece en nuestro país y que es pertinente contrarrestar con medidas preventivas eficaces. Por eso, el acceso al consumo de agua purificada es no sólo un derecho básico de la infancia, sino también una obligación del Estado que debe cumplir a cabalidad. La disponibilidad del consumo de agua potable para niños y niñas mexicanos es, por lo tanto, una cuestión de salud pública pero también un asunto esencial de orden pedagógico que puede ayudar a elevar los indicadores de aprovechamiento educativo al contribuir en la generación de entornos sociales higiénicos. Garantizar el consumo de agua potable entre la población, en este caso, particularmente entre los niños y niñas mexicanos, bien puede incidir a reducir el efecto de los serios problemas de salud asociados a los malos hábitos en el consumo excesivo de bebidas azucaradas y energéticas. Actualmente ocupamos el poco honroso primer lugar en cuanto se refiere a los países con mayor prevalencia de obesidad y sobrepeso en su población, lo cual ha sido calificado como el principal factor de riesgo que existe para contraer enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la hipertensión y varios tipos de cánceres. Ante la magnitud del problema que enfrentamos en los últimos años, se han propuesto múltiples medidas encaminadas a transformar esta lamentable situación que está poniendo en riesgo la habilidad de nuestro sistema de salud y que amenaza con contrarrestarlo en un futuro cada vez más cercano si no somos capaces de generar cambios significativos al respecto. No obstante, hasta ahora las políticas públicas implementadas no han podido producir los resultados deseados y lejos de apreciar un avance hemos visto aumentar las cifras de personas que en nuestro país sufren de sobrepeso y obesidad. Ante tal situación, recientemente han sido aprobadas por esta asamblea, medidas con el objeto de enfrentar de manera más efectiva la problemática de esta obesidad en nuestro país. Un ejemplo de ello es el impuesto especial a los refrescos y bebidas azucaradas, cuya finalidad esencial es desincentivar el consumo de los mismos, pues se ha comprobado que ésta es una de las principales causas de la obesidad y el sobrepeso que aquejan a 7 de cada 10 mexicanos. Sin embargo, si se trata de avanzar en la construcción de una estrategia integral para el combate a la obesidad y el sobrepeso, así los terribles padecimientos que estos desencadenan y que generen mejores resultados que los que hasta ahora se han conseguido, es preciso ofrecer alternativas a la población para motivarlos a adoptar un estilo de vida más sano mediante el ejercicio, una dieta balanceada y saludable que incluya, desde luego, un mayor consumo de agua natural y una reducción en el consumo de refrescos y bebidas azucaradas. Es verdaderamente necesario garantizar que todos los mexicanos, principalmente los niños, tengan acceso, de manera gratuita, al agua potable de calidad. Paradójicamente, en México el costo de una botella de agua potable puede llegar a ser igual, incluso mayor que el de una botella de refresco para los habitantes de muchas localidades a las cuales, por falta de infraestructura, no llega el agua potable, resulta más razonable, en términos económicos, hidratarse con un refresco que con agua potable. Lo anterior es una situación que no podemos seguir pasando por alto. Han sido ya varios los esfuerzos por reformar las leyes a nivel federal, con el objeto de garantizar la existencia de bebederos de agua potable en todos los inmuebles de uso escolar del país. Por ello, resulta satisfactorio que el dictamen de la Comisión de Educación Pública, por el que se aprueba la iniciativa en materia de bebederos, presentada por compañeros diputados del PRI cuente con amplio consenso. Además, hoy más que nunca, gracias al nuevo impuesto a los refrescos, el gobierno contará con los recursos financieros necesarios para cumplir con aquello que se pretende establecer en la Ley General de Infraestructura Física educativa. El Partido Verde Ecologista de México tiene la certeza que la aprobación por parte del pleno, de la reforma propuesta, permitirá avanzar decididamente en el combate de la obesidad y el sobrepeso que afecta a nuestro país y que tantas consecuencias negativas nos está acarreando. Es cuanto, presidente.