La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Gracias, señora secretaria. Le informo, ya todos los países tienen a sus candidatos en el Comité sobre la Discapacidad, sólo falta México. Y, desde que murió don Gilberto Rincón Gallardo, pues el tema de la discriminación y la discapacidad ha quedado ahí. Debemos asumir que la política migratoria estadounidense carece de lógica y de constancia, toda vez que ésta se construye convenientemente de acuerdo con la situación económica que prevalece en dicho país. Es necesario que México tome conciencia de que nuestra comunidad es la minoría más numerosa en Estados Unidos y ello constituye argumentos suficientes para que los dos países se sienten a la mesa de negociación, reconociendo el beneficio que la migración mexicana representa para ambas naciones. De no hacerlo, los mexicanos que intentan cruzar la frontera de manera ilegal seguirán sufriendo violaciones a sus derechos sin que su gobierno haga nada por ellos. El derecho de los países a controlar sus fronteras y decidir quién puede entrar o no a su territorio no es limitante de los derechos humanos, por lo que no puede ser considerada una base jurídica para legitimar la violación de los derechos de aquellas personas definidas como extranjeros. Tal es el caso de Estados Unidos que al suscribir la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, de la Organización de Estados Americanos, adquirió el compromiso de respetar y hacer respetar los derechos humanos, particularmente el de la vida, aún en ejercicio de su soberanía. Es tiempo de que México acepte explícitamente y reclame diplomáticamente que la Operación Guardián diseñada por Estados Unidos, cuyo objetivo fue el desvío de la entrada de migrantes indocumentados a territorio estadounidense, y cuyo resultado fue la muerte sistemática de estados, ha originado una responsabilidad de Estado por parte de dicho país, el cual debe asumir y cumplir con la consecuente reparación de daño mediante el pago correspondiente a los deudos por la pérdida de vida de un miembro productivo de su familia. Para ello, el gobierno mexicano debe adoptar una postura firme, en la que no permita más exigencias por parte de Estados Unidos, en la que no aumente las concesiones otorgadas a este país y en la que sea capaz de exigir el respeto de los derechos de las mexicanas y de los mexicanos que cruzan la frontera norte en busca de las oportunidades que México no les ha dado. En lo que respecta al preocupante tema de las migrantes femeninas, me parece que es una cuestión a la que usted ha prestado muy poca atención; lo cual me resulta incongruente, siendo usted una mujer y la responsable principal de responder por México respecto a los compromisos internacionales adquiridos en la materia. Otra vista de este problema la constituye la migración infantil, ya que resulta evidente que se carece de una política eficaz que solucione el problema de los niños de otros países que son abandonados por sus padres; o bien, que al ser atrapados, en lugar de ser llevados a su país de origen, son dejados en territorio mexicano, exponiendo a los infantes a pederastia y trata infantil. Con relación a los compromisos internacionales adquiridos por México en materia del ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, es evidente que los fundamentalistas religiosos afectan la libertad y limitan la dignidad de las mujeres, mostrándose así la falta de una tradición de respeto a la laicidad del Estado. Pese a las recomendaciones del Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y al Comité de la CEDAW, en las que se pide al Estado mexicano que tome medidas para disminuir la mortalidad provocada por el aborto ilegal, nos encontramos políticas diseñadas desde la interferencia religiosa, violentándose con ello el derecho de las personas a no sufrir la inclusión gubernamental injustificada en asuntos que les afectan decisivamente. México es un país plural donde coexisten varias religiones y hay un número cada vez mayor de personas creyentes, no creyentes, agnósticas o ateas. Por ello, la jerarquía católica o un Estado parcial no pueden arrogarse la representatividad absoluta de la sociedad mexicana, impidiéndose con ello el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Las mujeres, secretaria, le exigimos su intervención para que se cumplan los tratados internacionales y se respete nuestro derecho a decidir. Más que un Estado represor, necesitamos libertad. Debo decir que el papel que ha hecho usted frente a la comunidad internacional, como representante de México, resulta sumamente cuestionable. Con relación a la defensa de los derechos humanos, nuestro país se ha caracterizado por una débil protección. Muestra de ello es que en México funcionan más de mil 500 empresas de seguridad privada, algunas prestando servicios paramilitares, subrogando una obligación del Estado mexicano: la seguridad. México no ha querido formar parte de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios. Resulta resulta inaceptable que, hasta la fecha, no hayan sido respondidos los cuestionamientos realizados por la LX Legislatura respecto a la información que a usted le solicitó el grupo de trabajo de la Organización de las Naciones Unidas, referente al funcionamiento de algunas de estas empresas, desde noviembre del año pasado. Una muestra más de ineptitud de su gobierno la representa la falta de contundencia frente a la abierta agresión que sufren las democracias latinoamericanas por parte de Estados Unidos que, a través de la reactivación de la cuarta flota en aguas sudamericanas y del establecimiento de bases militares en territorio colombiano, so pretexto de la lucha con el crimen organizado, se intenta amedrentar, atemorizar e intimidar a los gobiernos de la región. México, debido a su gran tradición y a la obligación legal que tiene como país neutral, no puede dejar pasar una actitud tan abiertamente beligerante de uno de los principales actores hemisféricos. Desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del PRD expresa su rechazo a la política estadounidense, que pretende imponer a Latinoamérica su visión respecto a la seguridad, violando la decisión soberana de estos países hermanos, a quienes expresamos nuestra solidaridad. Muchas gracias.