La diputada Ruth Salinas Reyes: Con su permiso, señora presidenta. Diputadas y diputados, ciudadanos que nos ven a través del Canal del Congreso, desde el año pasado se veían síntomas de una economía a la baja, con francos efectos a nivel nacional. Esta se prolongó en el primer trimestre de 2020, cuando aún el Covid-19 no generaba efectos en la economía mundial, lo que venía reflejando un descenso de la demanda de bienes y servicios a nivel mundial. Hecho que por igual debilitó el precio internacional del petróleo y, por lo tanto, de la mezcla mexicana. Esta disminución en la demanda agregada en todo el mundo se hizo más pronunciada cuando el Covid-19 comenzó a propagarse por más países. En México nos enfrentamos a dos crisis: la sanitaria y la económica. Entre las consecuencias que han traído estas son, por un lado, la disminución de la demanda agregada, al haber una disminución en el consumo y la inversión. Por el otro, una disminución de la oferta agregada, al haber cierre de empresas, disminución de servicios e interrupción de las cadenas productivas. De acuerdo al Inegi, de febrero a julio de 2020 se perdieron de manera neta casi 6 millones de empleos en México. Sin embargo, la dinámica fue más cruel aún, pues cuando durante abril de 2020 tan solo se habían perdido 12.5 millones de empleos, de estos, a su vez, durante los meses de mayo, junio y julio se recuperaron tan solo 6.5 millones de empleos. Ante este contexto, las entidades federativas se han quedado solas y sin apoyos extraordinarios, que han tenido que enfrentar las consecuencias sanitarias y económicas. Los esfuerzos adicionales que han realizado para responder a las demandas ciudadanas han sido considerables toda vez que las entidades federativas vienen recibiendo cada vez menos recursos de la federación. La tasa real de incentivos económicos pagados a las entidades federativas pasó de 19.6 por ciento en el año 2017, a una tasa promedio de apenas el 3.7 al cierre del primer semestre de 2020. Este recorte, que catalogamos como un atentado contra la coordinación fiscal, no contribuye a que haya finanzas públicas subnacionales sanas y sostenibles para hacer frente a los problemas sociales. Desde Movimiento Ciudadano reiteramos que es urgente un nuevo pacto fiscal, que permita mejorar las actuales fórmulas de distribución de participaciones federales, recuperando su naturaleza resarcitoria, y dedicando nuevos recursos federales para compensar a quienes resulten afectados con la medida. De acuerdo con la información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la deuda municipal se ubicó en 44 mil millones de pesos al primer trimestre de 2020. En uno de los puntos más preocupantes y estrechamente vinculados al PEF 2021, es que se aprecia una reducción en términos reales del menos 9 por ciento del gasto federalizado respecto al PEF 2020. Es decir, las entidades federativas y municipios recibirán este año 183 mil millones de pesos menos por parte de la federación. Por lo tanto, podemos decir que es importante que la Ley de Disciplina Financiera cumpla su cometido de cuidar el crecimiento excesivo de la deuda subnacional. Sin embargo, consideramos que, en virtud de que la actual iniciativa tiene como propósito generar un alivio presupuestal para entidades federativas y municipios, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano apoya en sus términos y expresa su sentido positivo en su voto. Lo anterior, sin demérito de la necesidad real e inmediata de revisar estructuralmente el problema de la deuda subnacional de corto, mediano y largo plazo, lo cual debe hacerse revisando cuidadosamente las disposiciones constitucionales. Es cuanto, señora presidenta.