El diputado Omar Ortega Álvarez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados y diputadas, el día de hoy subo a esta tribuna para presentar una iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y modificar diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para decretar el procedimiento de retiro de la inmunidad del presidente de la república y también acotar el procedimiento de inmunidad constitucional de todos los servidores públicos. El sistema nacional anticorrupción que se aprobó el año pasado, que forma el marco fundamental para generar las mejores condiciones, estaría incompleto si no podemos dar paso a acotar la inmunidad constitucional. De poco sirve fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación y crear la Fiscalía Especial de Delitos Anticorrupción si no podemos acotar este escudo protector que sirve como un blindaje para que algunos servidores públicos puedan evadir la acción de la justicia. Yo considero que el combate a la corrupción debe aplicar para todos, sin excepción ni privilegio alguno. Está claro que si no tenemos la capacidad de acotar la inmunidad, el combate a la corrupción se aplicaría de manera selectiva, y me parece que con eso no estamos respondiendo a los ciudadanos que tienen la confianza en sus servidores públicos. Hoy más que nunca, este Congreso debe pugnar de manera consistente en eliminar de la manera más posible esta inmunidad constitucional. Una pieza fundamental que hace falta concretar para garantizar el funcionamiento eficaz del sistema nacional anticorrupción es acotar, como decía, la inmunidad constitucional. Existe la percepción de que ya hay una reforma, una minuta sobre este particular. Lo cierto es que ésta ya naufragó y en la Cámara de Senadores tiene más de dos años congelada dicha iniciativa y no se ve ningún avance de la misma. No obstante, eso no debe ser un impedimento para que seamos responsables, y sobre todo sensibles con uno de los temas que forman parte de los principales disgustos de una sociedad cansada de tanta impunidad y de tanto exceso, cometidos por muchos de los altos servidores públicos de este país. La gente no ve con buenos ojos que existan ciudadanos que gocen del privilegio de eludir la acción de la justicia cuando pesan sobre ellos acusaciones graves que nada tienen qué ver con el desarrollo de sus responsabilidades en el servicio público sino con actos delictivos. La inmunidad constitucional que originalmente fue concebida para salvaguardar los actos de los servidores públicos y para protegerlos de las acusaciones sin fundamento se ha pervertido, al grado que hoy se ostenta como un permiso para transgredir la ley y un privilegio exclusivo para eludir la acción de la justicia. Compañeros y compañeras, la acción de la justicia no debe estar determinada por una decisión política. Ninguna persona debe de gozar de una prerrogativa especial que le permita cometer actos ilícitos sin ser juzgados. Actualmente, los altos servidores públicos que son acusados de cometer actos ilícitos no pueden ser procesados, gracias a que cuentan con la inmunidad que en los hechos funciona como un dique a la acción de la justicia. Por eso estamos proponiendo, que los servidores públicos que sean acusados por cometer delitos graves enfrenten su proceso y cuenten con la posibilidad de defenderse y demostrar su inocencia. No obstante, en el momento en que la autoridad judicial emita sentencia condenatoria en primera instancia, el servidor público perderá automáticamente su envestidura y por lo tanto deberán ponerse a disposición de la autoridad competente. Sin tener que transitar por ningún procedimiento largo y tortuoso que al final solo permite la evasión de la justicia, ya sea por la vía del acuerdo político o de la fuga del servidor público en cuestión. Con esta propuesta de reforma, se suprime la función de la Cámara de Diputados, de erigirse en un jurado de procedencia para resolver la culpabilidad de los servidores públicos. Con eso pretendemos devolver esta facultad a la instancia jurisdiccional a la que corresponde aplicar justicia y también hemos previsto dar garantía para que los servidores públicos inculpados puedan defenderse en libertad, pues no serán objetos de medidas cautelares mientras estén en funciones. En esta iniciativa que hoy presento con ustedes, pretendo rescatar la propuesta de retirar la inmunidad al presidente de la República y para ello propongo un nuevo procedimiento, de tal forma que sea un Congreso revocatorio el que resuelva sobre el retiro de la inmunidad del presidente. Considero que la envestidura presidencial obliga a tener una conducta que sea ejemplo para todos los mexicanos, ya que se trata de la persona que tiene la responsabilidad máxima de conducir al país y por tanto él debe de dar mayor muestra de rectitud y de honestidad. La LXIII Legislatura tiene el desafío de pasar a la historia como la Legislatura que contó con la mayor visión de Estado. Tenemos la oportunidad de atender uno de los mayores reclamos ciudadanos y estamos obligados a combatir la impunidad que gozan unos cuantos. Yo los llamo a pensar más allá de la coyuntura, más allá de los actores políticos del momento, los llamó a pensar en el futuro que queremos para este país y para las siguientes generaciones. Es cuanto, señor presidente.