LA C. DIPUTADA CONSUELO MURO URISTA (PRI): "Iniciativa con proyecto de decreto por el que suscribe la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas. Se reforman los artículos 5 y 13, se adicionan los artículos 2 con las fracciones XIX, XX y XXI y 9 con las fracciones XII, XIII y XV, y se crean los artículos 20 y 21 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se reforma el artículo 87 Bis y se deroga el artículo 87 Bis 1 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Se expide la Ley General de Protección a los Conocimientos Tradicionales de los Pueblos Indígenas con la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s : "Cuando los laboratorios farmacéuticos y las empresas agrobiotecnológicas y agroindustriales se encuentran algún recurso genético de interés para fabricar un producto comercial tratan siempre de protegerlo con una patente con el propósito de tener el monopolio de la comercialización. Sin embargo, frecuentemente dichos recursos genéticos y conocimientos tradicionales asociados a ellos son sustraídos del acervo cultural indígena mediante engaños y sin que sus habitantes reciban ningún beneficio. "Esta ley identifica plenamente el bien jurídico que el Estado tiene obligación de tutelar. Me refiero a los conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados a ellos, así como sus creaciones artísticas y culturales que constituyen parte fundamental del patrimonio de los pueblos indígenas, las plantas medicinales, los procesos terapéuticos, los materiales genéticos, los distintos métodos para su aprovechamiento. "Todo este conjunto de los recursos y conocimientos asociados a la biodiversidad, existentes en territorios donde viven los pueblos indígenas desde hace mucho tiempo atrás, deben ser regulados en lo que se refiere a su acceso por parte de personas externas a los pueblos y comunidades indígenas. "Es impostergable la necesidad de legislar para frenar el saqueo que se hace del patrimonio de los pueblos indígenas, sin que les beneficie mayormente a éstos ni se observen criterios de sustentabilidad que protejan la biodiversidad mexicana. "En la presente ley se propone la creación de un Registro Nacional de Protección de los Conocimientos Tradicionales, con la facultad para reconocer y expedir certificado de propiedad intelectual a los pueblos y comunidades indígenas sobre sus conocimientos tradicionales y los recursos genéticos asociados a ellos. De este modo los indígenas podrán celebrar contratos justos y abiertos con las empresas y particulares que deseen acceder a sus conocimientos tradicionales. "Asimismo se crea el Fondo Nacional para la Conservación de los Conocimientos Tradicionales que se constituirá con una parte de los recursos obtenidos por la celebración de los contratos de licencia. Su función será la de investigar y capacitar a los indígenas en la conservación de sus conocimientos tradicionales. "Esta ley contempla sanciones que van desde la multa hasta la indemnización de los pueblos y comunidades indígenas cuando sus conocimientos tradicionales hayan sido sustraídos sin autorización expresa. "Tanto el Registro como el Fondo Nacionales serán constituidos dentro de la estructura de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, con el fin de evitar la creación de más burocracia indigenista. Esto permitirá dinamizar los trabajos en el marco actual, proceso de transición institucional que vive y que presenta rezagos preocupantes como la conformación de su Consejo Consultivo, un novedoso instrumento de vinculación con los indígenas, el cual tenía que estar integrado desde el pasado 5 de enero y a la fecha no tenemos mayor información sobre la manera en que la representación indígena será resuelta. "Compañeras y compañeros Legisladores: "A la mayoría nos queda claro que no debemos rehuir este debate, pero también sabemos que es necesario avanzar en aspectos como la materia de la ley que hoy proponemos, porque la necesidad de los indígenas no puede esperar hasta que se construya un gran consenso y se produzca la gran reforma. Los indígenas quieren también acciones concretas aquí y ahora. Esta iniciativa se propone responder a esas inquietudes de los pueblos y comunidades indígenas y por eso les solicito su apoyo para la misma. Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO: Gracias diputada. Túrnese a las Comisiones Unida de Educación Pública y Servicios Educativos y de Gobernación de la Cámara de Diputados. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo segundo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. No se encuentra el señor diputado don Luis Antonio González Roldán. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Alfonso Nava Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. -DIP. ALFONSO JUVENTINO NAVA DIAZ (PRI): Con su permiso señor Presidente. "Compañeras y compañeros Legisladores de esta Honorable Comisión Permanente: Indudablemente el vehículo automotriz se ha convertido en la actualidad, después de la vivienda, en el bien patrimonial más importante para las familias mexicanas. Por ello los legisladores campesinos estamos obligados a ser la voz de muchas voces, de voces campesinas, de maestros rurales y, en general, de los más pobres de esta sociedad, que han encontrado en la opción de vehículos extranjeros una repuestas a sus necesidades de transporte. "Para ellos estos vehículos se convierten en ambulancia, en transporte para el ganado, para los alimentos, les sirven para acarrear su agua y, en general, de traslado para sus áreas de trabajo. "También somos los diputados campesinos la voz de nuestros migrantes, que hoy son la primera fuerza económica de este país, ellos con estos vehículos quieren abonarle a su familia el precio de su ausencia. "Estos vehículos que ya están en nuestro país circulan todos los días, compran refacciones, acuden a talleres, pagan impuestos por la vía del consumo de gasolina y esperan la posibilidad de poder pagar sus impuestos de placas y tenencias federales. Circulan prácticamente en todos los estados del país, especialmente en aquellos con una alta tasa de migración a los Estados Unidos. "Estos vehículos debemos de resolver la situación jurídica de ellos, están sin control y por su situación de ilegales están a expensas de extorsión de algunos malos elementos de policía. "Objetivamente, con colores partidistas, sin fines electorales, tenemos que reconocer la necesidad y urgencia de este problema, aceptando que la única forma de otorgar seguridad y certeza jurídica a los propietarios de estos vehículos, es aprobando una iniciativa de decreto para crear la nueva Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera. Hemos escuchado también las voces de los empresarios del ramo automotriz, esta industria que genera más de 4 millones de empleos directos e indirectos, que vende a través de más de mil 350 centros de distribución en más de 200 ciudades en el país y que ofrecen una gama de 33 marcas y superior, supera las mil opciones de presentaciones. Esta industria, la automotriz, ha sido y seguirá siendo un pilar del desarrollo de México, con orgullo en el año de 2002 se colocó como sector industrial de mayor exportación de toda América Latina con un 60% del total exportado. También creció en ventas nacionales en un 7%. Los empresarios del ramo ens u mayoría se oponen a la regularización de estos vehículos extranjeros, sus argumentos, hoy, al igual que hace tres años, suponen pérdidas millonarias , suponen que crecerá el contrabando de autopartes, que resulta un trato injusto para 15 millones de mexicanos que han pagado sus impuestos en vehículos legales, suponen también los empresarios del ramo que la contaminación de estos vehículos es mayor, que habrá congestionamiento vial y que muy pronto estas unidades serán abandonadas como chatarra que sólo se beneficiarán vendedores informales y los líderes de algunas organizaciones que aseguran protección. También demandan los industriales una revisión profunda de los temas fiscales y legales, demandan la eficiencia de las autoridades aduanales y esperan lograr una reducción a los precios de venta con el propósito de poder atender este sector de economía baja e impedir la repetición de este problema. Sin embargo, hoy tenemos que reconocer que a pesar de la presencia de vehículos extranjeros, no se sabe que alguna empresa distribuidora de autos haya cerrado, por el contrario, cada día se anuncia la apertura de otra nueva. En os últimos cinco años han llegado al mercado nacional más de 20 nuevas marcas, se han incrementado los planes de financiamiento y cada día vemos más vehículos nuevos en circulación. Por ello, resulta comprensible y demostrable que la mayoría de los que poseen un vehículos de procedencia extranjera no podrán comprar uno del mercado nacional. Por todo lo mencionado y tomando como base la Ley para Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera publicada el 12 de Marzo del año 2001 en el Diario Oficial que por cierto hago la referencia que dicha Ley en el período de registro sólo capto una inscripción de 350 mil unidades de más de 2 millones que se habían supuesto, con base en esta Ley, se propone la nueva Ley para Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera en la que sólo se adecuan modelos y tarifas. Considerando que dicha Iniciativa de Decreto se encuentra publicada en la página 28 de la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, nos permitimos referirlo en síntesis. Este Proyecto de Decreto contempla la inscripción de vehículos extranjeros con capacidad hasta para 12 pasajeros, los destinados al servicio de carga que no excedan los 3 mil 500 kilogramos, modelos comprendidos entre 1970 y 1996, no se inscribirán vehículos considerados de lujo ni deportivos, tampoco los que se encuentran en la franja fronteriza de veinte kilómetros; se inscribirán los vehículos internados al país antes del 31 de octubre del 2003; con el pago de inscripciones, se creará un fondo estatal del 40% para destinarse a prioridades de los municipios; en ningún caso se podrá inscribir más de un vehículo por persona; los dueños de vehículos contarán con 120 días a partir de la fecha de publicación de la Ley en el Diario Oficial de la Federación: los pagos de derechos van desde 750 hasta 5,700 pesos. Quisiera hacer un comentario de manera muy especial. Estamos por entrar en la parte alta de un período de elecciones en diferentes Estados de la República, por lo que resulta necesario la rapidez en la aprobación con el propósito de que no sea manejada esta ley con fines electorales; por ello exhortamos a la Comisión correspondiente su inmediato dictamen y turno al Pleno para su votación al inicio del próximo período ordinario de sesiones. Nos queda muy claro a los diputados del sector campesino que no estamos buscando culpables, que estamos buscando soluciones y anticipándonos muy probablemente a evitar un estallido social con este motivo. Muchísimas gracias. (aplausos) -