La diputada Alfa Eliana González Magallanes: Gracias, presidente. La transparencia y la rendición de cuentas son una demanda permanente de la sociedad y garantizar que los recursos se ejerzan con honestidad y el dinero del erario no se vaya a manos de los servidores públicos es una función legislativa primordial. La falta de fiscalizaciones más adecuadas, pero sobre todo el contar con un sistema nacional de fiscalización que disponga de herramientas suficientes para poder sancionar los casos de desvío de recursos, fraudes y gastos onerosos o contratos que se otorgan bajo el sistema del amiguismo, los grupos y el compadrazgo es un reto que debemos atender para combatir la impunidad. Con base en lo anterior, durante el último año de la legislatura empleamos ocho meses para llevar a cabo el proceso de revisión e integración de una propuesta consensuada del Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, órgano auxiliar de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, porque consideramos fundamental que ese órgano técnico esté sujeto a reglas claras y que esto conlleve al desarrollo de un trabajo mejor. Ése esfuerzo implicó retomar una propuesta de reglamento que se había presentado durante la anterior legislatura, la cual ante la falta de un dictamen precluyó; sin embargo, nos permitió tener un punto de partida para construir el reglamento acorde a las funciones de ése órgano, de coadyuvar en el análisis, establecer propuestas, recomendaciones y fiscalizar al órgano responsable que es la Auditoría Superior de la Federación. Ocho meses, durante los cuales siempre hubo consultas, revisiones, acuerdos y también debemos admitirlo, disensos, pero en todo momento la posición de la subcomisión de Reglamento de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación siempre mantuvo como premisa la búsqueda de consensos con todas las fuerzas políticas que conforman esta Cámara de Diputados. En la numeralia, este esfuerzo implico 12 diferentes versiones, cada una de ellas fue objeto de múltiples correcciones que surgían de las aportaciones críticas y los comentarios de seguimiento. Estas versiones enriquecieron el ejercicio de hacer perfectible en el mayor grado posible este reglamento que hoy está a su consideración. Hoy tras cinco años de retraso en el cumplimiento del plazo establecido por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, tenemos una propuesta consolidada y sobre todo consensuada de reglamento interior requerido a fin de dar certidumbre al quehacer de la Unidad de Evaluación y Control, así como contar con una normatividad que permita abonar en nuestra tarea legislativa, con hechos concretos, a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. En este marco, estamos conscientes que si algo fomenta la opacidad es que cualquier órgano político no cuente con normas claras para su actuación. Otro factor es que las herramientas en su quehacer diario están actualizadas y el reglamento interior vigente data de 2001, corresponde a la Ley de Fiscalización Superior de la Federación abrogada en 2009. Así, de ser aprobada la presente propuesta se actualizará el reglamento conforme a la normatividad vigente. En este largo proceso de análisis se revisó la estructura orgánica de la Unidad para que ésta respondiera a cada una de las facultades y obligaciones señaladas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas. En este proceso hubo opiniones contrarias en lo referente a la Contraloría Social y lo representado responde a un acuerdo consensuado. Así se logró integrar el articulado con las competencias de las áreas administrativas y sus titulares que integren la Unidad de Evaluación y Control. Es importante destacar que la plantilla se ajusta a la estructura orgánica plasmada en la propuesta del Reglamento Interior sin que cause alguna ampliación presupuestal. Todo lo anterior permitió que ahora tengamos un Reglamento Interior de la Unidad de Evaluación y Control, para normar el funcionamiento administrativo de la unidad, se establece su organización, las competencias y atribuciones de la unidad, de su titular y de cada una de las áreas administrativas que la componen y quienes lo encabezan. Señalamos que la unidad contará con un titular, así como con cuatro direcciones, nueve subdirecciones, una secretaría técnica y seis coordinaciones. Se elaborará un programa anual de trabajo, mismo que deberá incluir el programa específico de auditorías y evaluaciones, así como los informes que debe rendir a la comisión, a su vez están incluidas las atribuciones de las unidades administrativas de la unidad. Finalmente, el proyecto del reglamento dispone que el ingreso a la unidad de servidores públicos de mando será mediante concurso, conforme a las bases y procedimientos que apruebe la comisión. Las promociones y movimientos del personal operativo son una de las atribuciones del titular, y para el personal de mando se requiere la aprobación de la Junta Directiva de la comisión. En este sentido, el reglamento comprende todas y cada una de las facultades que tendrían cada una de las unidades administrativas d este órgano, iniciando por el titular de la unidad. Quiero finalizar no sin antes agradecer el esfuerzo conjunto de todos los grupos parlamentarios, principalmente de la diputada Lourdes Quiñones, del diputado Manuel Añorve, del diputado Kamel, y de mis compañeras diputadas y compañeros diputados: Lizbeth Rosas, Víctor Manuel Bautista, y de todos y cada uno porque quizás estoy omitiendo algunos nombres, pero todos y cada uno por el empeño en estos ocho meses de trabajo que se dispusieron para tener este ordenamiento. Muchas gracias, presidente.