El diputado Miguel Ángel Riquelme Solís: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el juicio contencioso administrativo es un proceso judicial llevado a cabo por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que se encuentra dentro de la estructura de la administración pública federal. En un Estado de derecho todo individuo, que pudiera ser afectado en su esfera jurídica por un acto de autoridad administrativa, tiene el derecho de defender sus intereses, buscando invalidar dicha decisión. El acceso a la administración de la justicia es un derecho fundamental que en parte no puede ser ejercido con plena eficacia al privilegiar procesalmente a la autoridad. Actualmente existe la dificultad de que las personas que han iniciado un procedimiento, y tienen su residencia en un lugar distinto al que radica la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que conoce del conflicto, tienen que cumplir con cargas y obligaciones procesales dentro de plazos muy breves, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo se producirá un perjuicio procesal que se reflejará en el sentido del fallo y por ende en su patrimonio. Lo anterior resulta inequitativo y perjudica a los gobernados, en razón de que en el caso de las autoridades demandadas no existe tal cargo procesal, generalmente estas residen en el mismo lugar de la sala, ante en la que se sigue el proceso. La norma, cuando se determina la competencia del tribunal, evidencia una cierta ventaja de la autoridad demandada sobre el demandante en términos procesales. Esta iniciativa responde a la necesidad de equilibrar el proceso, ya que es una práctica procesal común que la autoridad demandada ?al percatarse de la ventaja procesal antes referida? cuestione la autenticidad de la firma que calza el escrito de demanda y, por tanto, propicia que se le imponga al gobernado la obligación de trasladarse en un plazo insuficiente, dado que en la mayoría de los casos su domicilio está ubicado en un lugar distante a la sede de la sala que conoce de su controversia. Para poder desahogar una carga procesal, lo que a diferencia de la autoridad demandada, usualmente no ocurre por residir en el mismo lugar del tribunal y lo que de manera invariable coloca las partes en un estado de iniquidad procesal en perjuicio del gobernado. En este orden de ideas, el proceso actual afecta de manera directa el patrimonio de los ciudadanos, ya que éstos requieren incurrir en gastos de traslado, los cuales no pueden ser reembolsados, ya que no se contempla el pago de costos. Por otra parte, si el demandante no logra trasladarse a tiempo para cumplir con el requerimiento antes referido, resultaría en el desecho su demanda. No obstante que pudiera resultar auténtica la firma que calce ese documento. La iniciativa en comento propone compensar la iniquidad procesal, haciéndose las modificaciones pertinentes a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, con la finalidad de que cuando la parte demandada sostenga la falsedad de una promoción firmada por la actora, y ésta resida en un lugar distinto al que se ventila el juicio de nulidad, la sala ordene la ratificación de la firma cuestionada por la parte que la suscribió y, que, en caso de que ésta no acuda en el plazo fijado ya no sea desechada de plano la promoción cuestionada, sino que se inicie un incidente de falsedad de firma, que se tramite por cuerda separada suspendiendo el procedimiento principal. Para efectos del trámite del incidente en mención, la sala apoyada en la prueba pericial que se rinda por un perito oficial determinará la autenticidad o falsedad de la firma cuestionada, lo que implica un procedimiento que a pesar de interrumpir el juicio principal no conlleva un trámite complejo y le dota de certeza, evitando esa iniquidad y consecuente perjuicio de los derechos de los gobernados. Por lo tanto, compañeros diputados, someto a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que se adicione un segundo párrafo al artículo 4o de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo en caso de que se cuestione la autenticidad de la firma estampada en un lugar distinto a la que se radica en la sala ante la que se sustancie el juicio. El magistrado instructor puede citar a dicha parte para que en el plazo de tres días estampe su firma en presencia del secretario, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo de oficio, se dará inicio al incidente de falsedad de la firma. De igual manera, propongo que se adicione el artículo 36 Bis a la mencionada Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, para que cuando la parte actora no acuda a rectificar su firma, en los términos de lo dispuesto en el artículo 4o de esta ley ?termino, presidente?, de oficio se inicie un incidente de falsedad de firma estableciendo que ésta se tramitará por cuerda separada y con la suspensión del procedimiento principal ?como ya lo he mencionado?, en donde el magistrado instructor solicitará a un perito oficial la emisión del dictamen respectivo, quien a su vez estando en aptitud de rendir su dictamen deberá hacerlo en un plazo improrrogable de 10 días. Solicito a la Presidencia sea incluido el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.