La diputada Minerva Hernández Ramos: Así será, diputado presidente. Hoy presento a nombre propio y de los integrantes del Caucus Legislativo Anticorrupción esta reforma constitucional y legal porque la corrupción representa un fenómeno de particular relevancia para la vida política democrática e institucional de nuestro país. Su existencia y constante práctica es una realidad innegable que genera afectaciones de grandes consideraciones para el desarrollo económico, jurídico y democrático de nuestra sociedad , que a su vez erosionan de manera constante la credibilidad ciudadana en sus instituciones que deben representarla y administrar los recursos económicos para su constante mejoramiento. La necesidad de generar mecanismos de trasparencia y distribución adecuada de recursos económicos se alinea con el cumplimiento no solo de las obligaciones constitucionales que orientan a nuestro sistema jurídico, sino también de todas aquellas suscritas por México a través de la firma de tratados internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La necesidad de combatir las condiciones estructurales de corrupción se relacionan en gran medida con el goce y aseguramiento de los derechos humanos de las personas. De hecho, tal como lo ha señalado la ONU, la corrupción se ha transformado en un importante motivo de preocupación internacional que ha asumido diversas formas, que van desde los casos ordinarios de soborno o abuso de poder de poca gravedad hasta la acumulación de riquezas personales espectaculares a través del desfalco o de otras medidas fraudulentas. Todo este contexto ha derivado en que actualmente nuestro país viva un profundo proceso de transición y rearticulación de su entramado constitucional que intenta armonizarse con las obligaciones emanadas a nivel internacional asociadas al cumplimiento de diversos objetivos, entre los que se encuentran la disminución de los niveles y el combate a la corrupción, el aseguramiento efectivo de los derechos humanos y la implementación de mecanismos de justicia penal y administrativa para el beneficio de la sociedad en general, entre otros. La adopción de un sistema nacional anticorrupción en el escenario mexicano es un aspecto que sin duda debe celebrarse, pues su operación abona a la articulación y efectiva implementación de los mecanismos de transparencia y exigencia de las obligaciones estatales, a la vez que promueven la generación de condiciones para la transformación social y cultural que ha caracterizado a nuestro país a lo largo de su historia. La operación de un sistema nacional anticorrupción no debe verse como un camino que privilegia la consolidación de conocimientos técnicos en la materia, los cuales sin duda resultan no solo idóneos, sino también exigibles, o bien como una obligación que incumbe únicamente a las autoridades de orden federal. Por el contrario, dicho sistema debe articularse desde la perspectiva integral y holística que responda a las necesidades particulares de nuestro contexto social y jurídico, y que refleje el cumplimiento de los mandatos constitucionales que han derivado en importantes reformas constitucionales que han tenido lugar durante los últimos años, así como del constante acercamiento a las instituciones y actores sociales y gubernamentales que a través de sus acciones y estrategias promueven el desarrollo económico de nuestro país. El involucramiento y fomento de la participación de autoridades locales constituye un aspecto esencial para la adecuada implementación de este sistema, así como para el combate de esta práctica que evidentemente ha cobrado dimensiones inexorables en los últimos años. La Ley del Sistema Nacional Anticorrupción prevé precisamente la posibilidad de articular en un gran sistema coordinado entre las autoridades federales y locales, con el único objetivo de emprender un combate frontal a la corrupción y con esto disminuir su práctica y sancionar a quienes la cometan. Sin embargo, la ley no señala de manera clara la manera en que las auditorías locales deben funcionar de cara a la implementación y diseño de este sistema, como sí sucede en el caso de la Auditoría Superior de la Federación. Podría pensarse que en un primer momento la determinación en torno al funcionamiento de órganos de auditoría estatal, es una facultad que escapa a las facultades del Congreso de la Unión, sin embargo, lo cierto es que precisamente la idea de una ley general es la de generar mecanismos de articulación, coordinación y coadyuvancia entre autoridades locales y autoridades federales. Tan es así, que la propia Constitución señala, en su artículo 73, la facultad a cargo del Congreso de la Unión para expedir la ley general que establecen las bases de coordinación de este sistema, al que se refiere el artículo 113 de la Constitución. Por eso es muy importante, compañeros diputados, esta articulación y tener muy en cuenta los procesos locales en la construcción de los sistemas locales anticorrupción. No se pretende restar autonomía de gestión presupuestal a los organismos locales, sino únicamente tratar una línea para un buen funcionamiento, mucho más coordinado y uniforme, que reduzca los riesgos de las auditorías locales de que estas puedan verse sometidas a riesgos de coerción, coacción o falta de independencia en el marco de las condiciones políticas y económicas que caracterizan los escenarios de las entidades federativas. En este sentido, este tipo de determinaciones no es ajeno ni inusual para nuestro sistema jurídico, por el contrario, un aspecto similar puede encontrarse en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuyo Título Segundo, Capítulo II, establece una serie de rangos básicos que configuran un esquema coordinado de integración y funcionamiento de los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información pública...