El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la tecnología se ha convertido en una herramienta esencial al servicio de diversos sectores económicos y sociales. En particular, el sector financiero ha sido uno de los nichos que más ha evolucionado en las últimas décadas. Primero con la llegada a México de cajeros automáticos en 1972, y posteriormente en el 2010 con la creación de aplicaciones móviles, que por constante actualización permiten realizar de manera digital diversas transacciones con envío de dinero y pagos. No obstante, la delincuencia también ha aprovechado los avances tecnológicos para lucrar a costa del patrimonio de las y los ciudadanos. El robo de identidad se ha convertido en una de las amenazas más comunes en la gestión de instrumentos financieros digitales. Consiste en el uso de software, programas y virus informáticos mediante los cuales los delincuentes pueden obtener información personal y financiera de sus víctimas. Su modus operandi ha llegado a niveles inimaginables, pues además son capaces de enviar correos electrónicos duplicados de la página web del banco, de sustraer la información de las tarjetas bancarias mediante el uso de dispositivos instalados en cajeros automáticos y terminales de pago. Uso de hackers, las líneas telefónicas de empresas, bancos y organismos gubernamentales para enmascarar su número telefónico real y usar las grabaciones oficiales para obtener la información personal. Una vez obtenida la información, los defraudadores la utilizan para suplantar la identidad de víctimas, a fin de realizar operaciones fraudulentas que dañan el patrimonio e incluso para cometer otros delitos de mayor o menor impacto. De acuerdo con los datos publicados por la Conducef, solo en 2020 se registraron 4 millones 593 mil 966 reclamaciones por posible fraude, y 60 mil 449 por posible robo de identidad. Si comparamos estas cifras con las reportadas en 2019, resulta que las incidencias por posible fraude disminuyeron solamente en 613 mil reclamaciones, mientras que el robo de identidad presentó un incremento de 5 mil 980. Lo anterior se debe en gran medida a la interpretación discrecional que aún prevalece en algunas normas locales. La fijación de penas blandas, o bien, la nula tipificación de esta conducta en la mitad de entidades federativas. En el caso de entidades federativas que sí contemplan el robo de identidad, dependiendo de cada legislación, este delito se denomina y se configura de distintas maneras. Además, las sanciones establecidas varían, tanto en las penas de privación de la libertad, como en las multas económicas. De ahí que la iniciativa que suscribo tiene como objetivo tipificar en el Código Penal Federal el robo de identidad, entendiéndolo como la obtención de cualquier medio de datos personales y financieros con el objetivo de suplantar la identidad de un tercero, con la finalidad de obtener algún beneficio para sí o para otra persona en prejuicio del patrimonio de la persona suplantada o para la comisión de cualquier otro delito. Y, establecer una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 200 días de multa sin prejuicio de las penas que correspondan por otros delitos que resulten ni de las medidas y sanciones administrativas que establezcan las leyes correspondientes. Además, la propuesta prevé un artículo segundo transitorio, el cual determina que los Congresos de las entidades federativas deberán de realizar las adecuaciones normativas correspondientes para armonizar su legislación con el contenido del decreto, a fin de que el robo de identidad pueda ser perseguido y sancionado en todo el país. Es necesario proteger el patrimonio de las mexicanas y los mexicanos, y ponerlos en el centro del interés de las leyes y las políticas públicas. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.