El diputado Rafael Sánchez Pérez: Honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II; 56, 62, 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, nos permitimos someter a la consideración la presente iniciativa por la que se reforman los artículos 30 y 80, fracción III, y se adiciona una fracción VIII al artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación, con el propósito de precisar la obligación de guardarse reserva que tiene el titular de la Auditoría Superior de la Federación. En virtud del tiempo de que dispongo para mi intervención, me permito dar lectura en primer lugar al articulado de la propuesta, prosiguiendo a sintetizar su fundamentación; sin embargo, solicito respetuosamente a la Presidencia de la mesa se inserte el texto original íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, para lo cual obsequio un ejemplar del documento. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 30 y 80, fracción III, y se adiciona una fracción VIII al artículo 81 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Artículo primero. Se reforman los artículos 30 y 80, fracción III y se adiciona una fracción VIII al artículo 81 de la ley de Fiscalización Superior de la Federación para quedar como sigue: Artículo 30. La Auditoría Superior de la Federación tendrá un plazo improrrogable que vence el 31 de octubre del año en que la Cuenta Pública se presentó, para realizarse examen y rendir, en dicha fecha, exclusivamente a la Cámara, por conducto de la comisión, el informe del resultado correspondiente, mismo que tendrá carácter público, y mientras esto no suceda, la Auditoría Superior de la Federación guardará reservas de su actuación en lo relativo a la información que sobre el particular detente. Artículo 80. El auditor superior de la Federación y los auditores especiales durante el ejercicio de su cargo, tendrán prohibido: Fracción III. Hacer del conocimiento de terceros o difundir de cualquier forma, la información confidencial o reservada que tenga bajo su custodia la Auditoría Superior de la Federación para el ejercicio de sus atribuciones, la cual deberá utilizarse sólo para los fines a que se encuentra afecta. El auditor superior de la Federación y los auditores especiales únicamente podrán proporcionar información a la Cámara de Diputados. Artículo 81. El auditor superior de la Federación podrá ser removido de su cargo por las siguientes causas graves de responsabilidad administrativa: Fracción VIII. Cuando no guarde la reserva a lo que está obligado y revele hechos, datos, circunstancias o cualquier otra información de la que tuviere conocimiento con motivo de su encargo. Transitorios Artículo primero. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto. Artículo segundo. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Exposición de Motivos La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 74, fracción IV, faculta, de manera exclusiva a la honorable Cámara de Diputados para revisar la Cuenta Pública del año anterior, para fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos y vigilar que su aplicación se lleve a cabo de manera eficiente, eficaz y transparente, todo ello en apoyo de su órgano técnico que es la Auditoría Superior de la Federación. Uno de los avances derivados de las reformas constitucionales a los artículos 73, 74 y 79 del año de 1999, consistió en dotar a la entidad superior de fiscalización de autonomía técnica y de gestión y facultarla para fincar directamente las responsabilidades derivadas del ejercicio de sus funciones. Esto implica que la Auditoría pueda decidir sobre su organización interna, programas de auditoría, resoluciones, etcétera; pero en la inteligencia de que la propia autonomía es limitada, toda vez que orgánicamente la entidad de fiscalización se encuentra adscrita a la Cámara de Diputados por conducto de la Comisión de Vigilancia, se evalúa el cumplimiento de sus funciones. La intención del Constituyente Permanente en dichos dictámenes fue la de establecer los principios fundamentales para la creación de un organismo de fiscalización autónomo que a pesar de encontrarse adscrito a la Cámara de Diputados, desarrollara sus atribuciones en un contexto no politizado y ajeno a la influencia de las fuerzas políticas. Sabedores de que la Cámara de Diputados es el órgano titular de las atribuciones de revisar la Cuenta Pública, resulta congruente a la realidad que deba ser este cuerpo legislativo el que informe a la población respecto de los resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. Sin embargo, en la práctica, incluso desde la vigencia de la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Hacienda y su Reglamento, el contador y actualmente el auditor superior, una vez efectuada la entrega a la Cámara de Diputados, del informe sobre resultados de la revisión de la Cuenta Pública, se da a la tarea de formular opiniones y comentarios a los medios de comunicación, lo cual ha resultado perjudicial a la misma Cámara de Diputados y a la credibilidad en la fiscalización de recursos, debido a que los comentarios vertidos han generado en la mayoría de los casos, debates innecesarios sobre supuestas irregularidades en el manejo de los recursos públicos que aún no se confirman; así como elevadas expectativas de resarcimiento a la Hacienda Pública Federal en la inexactitud de probables imposiciones de sanciones a servidores públicos, entre otros aspectos, lo cual genera confusión en la opinión pública sobre los resultados de la revisión y más aún, de quienes detentan la titularidad de las atribuciones exclusivas de revisar la Cuenta Pública. El artículo 30 de la Ley de Fiscalización de la Federación establece la obligación del auditor superior de la Federación para que en un plazo improrrogable realice el examen de la Cuenta Pública y rinda a la Cámara por conducto de la comisión, el informe de resultados correspondiente, el cual tendrá carácter público. Y mientras ello no suceda, la auditoría superior deberá guardar reserva de sus actuaciones e informaciones. Del precepto señalado se concluye que la entrega del informe de resultados de revisión de la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, otorga al documento mismo el carácter de público, lo cual implica que la sociedad pueda conocerlo y tener acceso a los resultados obtenidos a través de la labor de fiscalización desempeñada. Sin embargo, ello no implica que el auditor superior de la Federación se encuentra expresamente autorizado por la Cámara de Diputados, para emitir sus opiniones y comentarios personales al respecto. En este tenor, si bien es cierto que el auditor superior cuenta como cualquier otro ciudadano con el derecho de expresar libremente sus ideas y opiniones, también lo es que en este acto lo hace investido de su carácter de servidor público. Dado este carácter y a fin de evitar las falsas expectativas que hemos señalado, resultado necesario delimitar este precepto, más aún considerando que dentro de la misma Ley de Fiscalización existe una disposición que establece el procedimiento para que el auditor superior pueda emitir opiniones. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 8 de febrero de 2005. Es todo, señorita Presidenta.