La diputada Araceli Madrigal Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Saludo con aprecio a los ex presidentes de la Cocopa. Bienvenidos a este recinto legislativo. Acudo a esta tribuna a propósito de la conmemoración de los 20 años de la firma de los acuerdos de San Andrés Larráizar, entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los cuales contienen un piso mínimo de derechos y criterios para establecer una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas. El camino que han debido transitar los pueblos y comunidades indígenas para colocar en la agenda nacional sus reivindicaciones y ser reconocidos como tales, así como su derecho a la libre determinación de autonomía, ha sido largo y sinuoso. Para ello fue necesario un levantamiento armado. Un levantamiento armado que fue emblemático, no solo a nivel nacional sino a nivel internacional. Esto posibilitó reunir al gobierno de México con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y organizaciones indígenas afines, con el objetivo de buscar respuestas a sus demandas. Estos esfuerzos realizados en un proceso de construcción de acuerdos amplios dieron como resultado, el 16 de febrero del año 1996, la firma de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. Vale la pena recordar que estos acuerdos no expresan el conjunto de demandas enarboladas por estos actores políticos, son derechos mínimos demandados por el EZLN y el Movimiento Indígena Nacional, como señaló el grupo armado en su documento Punto y seguido. Quedaron fueran de estos Acuerdos las autonomías municipales y regionales indígenas. El reconocimiento de sus territorios, el ser sujetos de derecho público, el acceso a los medios de comunicación y destacadamente, la falta de reconocimiento a los derechos de las mujeres indígenas, entre otros temas. La reforma constitucional del año 2001 en la materia, apenas dibujó algunos de los derechos y demandas de los pueblos indígenas contenidos en los Acuerdos, ya que excluyó partes sustantivas de los derechos esenciales de los pueblos indígenas, acuerdos que se tomaron en San Andrés Larrainzar. Las palabras de los comandantes zapatistas Esther, Cebedeo y Tacho, expresadas en esta tribuna de la nación, demandando el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el estado de Chiapas fueron ignoradas por las fuerzas mayoritarias de aquella legislatura. Hoy, igual que ayer exhortamos a la legislatura actual a empeñar la palabra comprometida, y a la brevedad sometamos a la aprobación total de este pleno la iniciativa de la Ley de Concordia y Pacificación sobre Derechos y Cultura Indígenas. A pesar de las innumerables declaraciones del gobierno federal respecto a la atención de la pobreza y desigualdad ancestral en que se encuentran los indígenas, y los cuantiosos recursos ejercidos para su atención, estos pueblos presentan un avance lento en materia económica y social, por lo que siguen representando el sector de la población con los más altos índices de pobreza, las mayores carencias sociales y los menores niveles de ingreso. La pertenencia étnica se asocia siempre a mayores niveles de precariedad que los de la población total. Según Coneval, 3 de cada 4 personas que hablan lengua indígena y poco más de cada 10 integrantes de hogares indígenas viven en pobreza. Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara de Diputados hemos insistido en diferentes propuestas legislativas para reconocer plenamente el derecho a la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades. Muestra de ello son las diferentes iniciativas presentadas desde el año 2001 a la fecha, que recogen los acuerdos tomados en San Andrés Larráinzar. En esta LXIII Legislatura las diputadas y los diputados del PRD reiteramos nuestro compromiso de incorporar a la legislación los pendientes que han quedado en el tintero. Por ello, hemos presentado propuestas para la aprobación de la Ley General de Consulta Indígena, conforme a los estándares internacionales y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, una consulta indígena previa, libre e informada, así como la representación indígena en los órganos de representación nacional y su derecho al desarrollo desde su propia perspectiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es momento de que el Estado mexicano sea una expresión real de todos los que habitamos en este país, en donde los pueblos indígenas sean un componente fundamental que reclama la plena inserción en el desarrollo nacional. Es la hora de la construcción del Estado mexicano pluriétnico y pluricultural. Los conmino a comprometerse con acciones concretas para construir una legislación e instituciones desde esta perspectiva. Solo así demostraremos nuestro compromiso con los indígenas de todo el país mexicano. Muchas gracias, presidente.