El diputado Sergio Vázquez García: Con el permiso de la Presidencia. En el campo mexicano viven millones de productores, que requieren apoyos importantes y eficientes, como capacitación, acceso a la tecnología y variedades mejoradas de cultivos básicos, que les permitan enfrentar en condiciones adecuadas los retos de la productividad que caracterizan el mercado internacional y, con ello, obtener niveles de ingresos suficientes para brindar a sus familias los bienes y servicios necesarios para vivir de manera decorosa. El Acuerdo Nacional para el Campo por la soberanía y seguridad alimentaria sin duda es una acción sin precedente en la historia de nuestro país. México tiene un compromiso con los productores rurales y nosotros, los legisladores, como representantes populares, hoy más que nunca debemos dirigir nuestros esfuerzos a alcanzar un campo vigoroso y digno. En Acción Nacional estamos convencidos de que el campo requiere contar con recursos y apoyos adecuados para permitir su capitalización y la conversión productiva. Por eso, diversas organizaciones hoy reciben recursos importantes para mejorar el campo mexicano, pero también estamos convencidos de que la aplicación de las auditorías a estas organizaciones y la difusión de sus resultados ante la sociedad representan un paso fundamental para mostrar, con toda objetividad, el grado de compromiso, responsabilidad y cumplimiento que cada uno de los actores del campo tiene con este sector. Por sólo dar unos ejemplos: en el tema de vivienda rural, en 2003 se ejercieron 277 millones de pesos; en 2004, 506.7 millones y para 2005 habrá 886 millones de pesos. Es decir, de 2003 a la fecha habrán ejercido poco más de mil 590 millones de pesos; y de ellos, las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo se han llevado 90 por ciento o su equivalente: mil 431 millones de pesos. Es decir, de 2003 a la fecha esas organizaciones habrán ejercido poco más de mil 665 millones de pesos. De ellos, las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo se llevaron más de 90 por ciento o su equivalente: un importe superior a mil 500 millones de pesos. Por ello creemos que no basta comprobar la ejecución de los recursos públicos con una factura; algunas veces se debe cerciorar, con los instrumentos de fiscalización, de que los recursos llegaron realmente a los beneficiarios que propusieron las organizaciones. Dicha fiscalización deberá ser dirigida al cumplimiento estricto de las reglas de operación principalmente a lo relativo a la población objetivo, localidades elegibles, verificación física de los beneficiarios y comprobación y compulsa de los comprobantes fiscales. Por eso proponemos este punto de acuerdo, señor Presidente, donde esta Cámara exhorte al titular del Poder Ejecutivo federal para que se fiscalicen los recursos otorgados a las organizaciones firmantes del Acuerdo Nacional para el Campo dentro del Programa Especial Concurrente y se verifique físicamente la existencia de los beneficiarios con los domicilios proporcionados. Segundo. Que la Auditoría Superior de la Federación informe a la Cámara de Diputados conforme se vayan concluyendo los trabajos del resultado de las auditorías. Tercero. Que la Auditoría Superior de la Federación fiscalice las dependencias federales que otorgan apoyos federales a organizaciones de productores del medio rural. Señor Presidente: en virtud de ser muy importante este punto de acuerdo y de haber sido publicado en la Gaceta, le pido consulte a la Asamblea si este punto de acuerdo puede ser considerado de urgente y obvia resolución. Muchas gracias, señor Presidente.