La diputada Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas: Compañeras y compañeros, la iniciativa que hoy pongo a consideración de este honorable pleno tiene como objeto establecer una penalidad específica en el caso de que se lleve a cabo el delito de despojo patrimonial en contra de algún adulto mayor. En México, una de las modalidades de violencia más lacerantes contra los adultos mayores es el despojo patrimonial. Desafortunadamente existen casos en los que es más difícil de detectar este delito, y en estas ocasiones se dificulta la denuncia, pues se materializa cuando es lamentablemente la propia familia quien despoja de su patrimonio a sus familias de la tercera edad, y en muchos otros casos que hemos conocido muchos de ellos recorriendo territorio, personas extrañas, pero sin duda es un hecho que no debe seguir sucediendo y menos cuando se comete por parte de los hijos, de los nietos, de la pareja o familiares cercanos que con engaños llegan y les solicitan firmen algún documento correspondiente a traspasos, algún poder o la misma herencia de sus propiedades. En nuestro país el despojo patrimonial hacia las personas mayores de 60 años no solo es un acto cobarde y alevoso, sino que es un acto de victimizar de forma múltiple a un sector poblacional frágil y debe de ser castigado con mayor severidad, sobre todo por tratarse de una violación a los derechos de las personas adultas mayores y que evidentemente por su condición etaria se combina con otros tipos de vulnerabilidad, como lo pueden ser discapacidades físicas o intelectuales que aprovechan los sujetos activos que llevan a cabo este tipo de delitos. Sin embargo, existen datos e información que indican que este tipo de ilícito se sigue cometiendo en agravio de las mujeres y hombres adultos mayores, aún cuando en la fracción II, inciso c) y d) del artículo 5 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se prevé la asesoría legal para la protección de su patrimonio personal y familiar, y cuando sea el caso, testar sin presiones ni violencia, lo que claramente no ha sido suficiente para proteger a los adultos mayores, debido a que no se señala castigo alguno ni en la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores ni se hace la especificación correspondiente en el Código Penal Federal. Debemos tomar en cuenta que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, el 87% de los adultos mayores en México viven en hogares donde reside una o más familias. Prácticamente uno de cada diez vive solo. De aquellos que viven solos, el 41.1 % son económicamente activos y prácticamente el 70 % tienen alguna discapacidad o alguna limitación. Por lo anterior, se propone que se adicione un párrafo al artículo 395 del Código Penal Federal para establecer lo siguiente: cuando el despojo se realice en contra de persona o personas adultas mayores al que de propiedad, autoridad y haciendo violencia o empleando amenaza o engaño ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le pertenezca la pena será de 1 a 6 años de prisión, multa de 500 a 5 mil pesos, así como la reparación del daño establecido en este código. Compañeras y compañeros legisladores, con esta reforma estamos proveyendo de un marco jurídico que sin ambigüedades proporcione la protección real a este sector poblacional, al que sin duda un día perteneceremos todas y todos nosotros. Yo les pido a todas las diputadas, a todos los diputados que seamos empáticos ante estos temas tan vulnerables, ante esta sociedad y este sector poblacional tan vulnerable como lo son los adultos mayores para proteger su patrimonio, su integridad y que los últimos años de su vida los vivan de manera digna. Es cuanto, y espero y apelo a que llegue a buen fin esta iniciativa. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.