EL C. SEN. ARMANDO CHAVARRIA BARRERA: Con su permiso, señor residente; señoras y señores legisladores: Con fundamento en los Artículos 67 numeral uno, inciso "b" y 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 58 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos, un conjunto de diputados y senadores, someter a la consideración de esta soberanía una Proposición con Punto de Acuerdo con base en los siguientes antecedentes: El 29 de enero las universidades públicas realizaron un paro general de labores y el Doctor José Luis Ibarra, Secretario General de la ANUIES, informó que había recursos suficientes para otorgar a los trabajadores universitarios un incremento salarial similar al 8 por ciento. El 1º de febrero la Universidad Autónoma Metropolitana estalló su movimiento de huelga al rechazar la oferta de 5.25 por ciento de incremento salarial y hasta hoy la huelga continúa. El gobierno federal y el Congreso de la Unión nos hemos comprometido en otorgarle un lugar prioritario a la educación. Este compromiso debe traducirse en acciones concretas, atendiendo básicamente al derecho universal consagrado en el artículo 3º de nuestra Constitución Política que reclama para todos y todas el acceso a los beneficios que la educación ofrece. Sin embargo, en el transcurso del presente mes hemos sido testigos de una ola de huelgas, tanto de trabajadores administrativos como académicos que afectan a las instituciones de educación superior públicas del país. Sus demandas son: Un salario digno que restituya las pérdidas de los últimos 10 años de restricciones presupuéstales. La solución satisfactoria a las violaciones a sus contratos colectivos de trabajo, pero sobre todo un trato igual en las negociaciones entre académicos y administrativos como en el financiamiento entre instituciones de educación superior estatales y las nacionales. También hemos atestiguado las demandas de los rectores por corresponder con recursos suficientes a los esfuerzos de reforma que han realizado las comunidades universitarias para ponerse a tono de los retos presentes y futuros, reestructura orgánica y curricular. En cada universidad pública del país los procesos de reforma generaron una participación comprometida de todos los sectores: estudiantes, maestros, administrativos y autoridades que en términos de vida interna democrática lograron consolidar la unidad y fortalezas institucionales, así como la construcción de objetivos comunes y grandes expectativas para el desarrollo de sus potencialidades. La ya histórica y sostenida restricción presupuestal, sea en tiempos de estabilidad económica o de crisis, enfrenta a rectores con sus bases de trabajadores en el dilema de rebasar un tope salarial impuesto desde la Secretaría de Educación Pública y que no va más allá del 5.25 por ciento. El menor incremento por cierto, el menor incremento salarial directo en los últimos 20 años. Han estallado 6 huelgas. Un paro general en 30 universidades en 25 estados y han emplazado a más de 140 mil trabajadores a una huelga virtualmente generalizada. Desde 1994 los recursos públicos destinados a la educación han alcanzado menos de 5 puntos porcentuales respecto del producto interno bruto. El Congreso trabajo para que en el ejercicio fiscal 2002 el presupuesto a la educación propuesto por el Ejecutivo se incrementara en 15,000 millones de pesos, con la intención de ofrecer al sistema educativo en general y a las instituciones públicas de educación superior un mínimo de certidumbre que les permitiera enfrentar sus requerimientos básicos de operación y sus problemas urgentes. De estos recursos la UNAM recibió 500 millones, la UAM 300 y el Instituto Politécnico Nacional 200 millones más que la propuesta del Ejecutivo Federal. Recursos que supondrían atender, entre otros asuntos, los relacionados con la inminente demanda de los trabajadores para mejorar sus condiciones saláriales. Las universidades públicas de los estados, en cambio, no corrieron la misma suerte. Mientras las universidades nacionales reciben la totalidad de su subsidio del gobierno federal, el conjunto de las universidades públicas de los estados recibe en promedio 30 por ciento del subsidio del gobierno estatal y 60 por ciento de la federación. Los porcentajes de las aportaciones de cada una de las universidades van desde la proporción 94 por ciento federal y 6 por ciento estatal hasta 45 por ciento federal y 55 por ciento estatal; lo que muestra de manera evidente la carencia de criterios claros y objetivos para la asignación de recursos escasos y confusamente distribuidos de la federación y el trato desigual o diferente al menos para cada universidad. En consecuencia y a pesar de los programas compensatorios como el Fondo para la Modernización de la Educación Superior, FOMES, o el Programa para el Mejoramiento del Profesorado, PROMEP, las fechas se siguen ampliando y las inequidades siguen prevaleciendo. Equidad significa en este terreno, resarcir los desequilibrios financieros y presupuéstales históricos de las universidades públicas de los estados mediante los mecanismos que sean necesarios y que permitan alcanzar recursos suficientes para cumplir con calidad las funciones de docencia, investigación, difusión y extensión que realiza la universidad pública. Ha sido un reclamo constante de los rectores el tratamiento como iguales que se les debe dar a las universidades estatales y a las instituciones nacionales. La diferenciación e inequidad del tratamiento financiero no ha hecho más que acentuar las enormes carencias materiales y diferencias académicas entre nuestras instituciones de educación superior. A esto se suma la necesidad de establecer criterios claros y objetivos de distribución de las participación, aportaciones y subsidios federales para el financiamiento de los servicios educativos en los estados y las instituciones autónomas federales y estatales de educación superior, así como mecanismos legales que hagan realidad una concurrencia estatal suficiente para sostener una educación equitativa y de calidad en todos sus niveles. Todos creemos y nos unimos con el propósito de alcanzar en el 2006, un presupuesto público educativo de 8 puntos porcentuales en relación al PIB, por ello no debemos dejar a la deriva el presente financiero de nuestras universidades públicas y el futuro de la formación de los cuadros profesionales que México necesita. La educación superior pública sigue siendo la opción de las y los jóvenes mexicanos y seguirá siendo la vanguardia del desarrollo profesional, tecnológico y científico de la nación. Hoy tenemos la oportunidad de actuar a favor de la equidad financiera de las universidades públicas de los estados y avanzar con firmeza en las medidas que hagan factible, a partir del presupuesto del año 2003, la realización de los proyectos de transformación, innovación y desarrollo de nuestras universidades públicas, además de proporcionarles los medios para atender las justas demandas de sus trabajadores. En este sentido, los trabajadores universitarios merecen nuestra firme solidaridad y retomamos la legítima demanda de rectores, sindicatos, especialistas de los temas educativos, comunidad científica y bases estudiantiles, para solicitar al Presidente de esta Mesa Directiva turne a las comisiones correspondientes del Congreso de la Unión la siguiente "PROPOSICIÓN "Primero.- Atender las necesidades financieras de las instituciones públicas de educación superior y definir con claridad y transparencia los criterios de asignación de subsidios aplicables a todas las instituciones públicas de educación superior, a fin de que estén en condiciones de cumplir en oportunidad sus programas prioritarios como la superación académica del profesora, la infraestructura física, el equipamiento de las instalaciones, el fomento de la investigación científica y tecnológica y las labores de extensión y de difusión de la ciencia y la cultura, y evitar la acumulación de rezagos e irregularidades en la materia. "Segundo.- Establecer una Comisión Especial, formada por los integrantes de las Comisiones de Educación y Cultura, Ciencia y Tecnología y Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, que convoquen al Ejecutivo Federal y a las autoridades de las universidades públicas de los estados, a formar parte de los trabajos dirigidos a crear el Fondo para la Equidad y el Fortalecimiento de la Educación Superior Pública, con base en los proyectos de desarrollo institucional de las universidades públicas estatales; y "Tercero.- Que el proyecto resultante sea presentado al Congreso de la Unión a más tardar durante el siguiente Periodo Ordinario de Sesiones, para que el Fondo inicie su ejecución en el ejercicio fiscal del año 2003 con los recursos suficientes en el nuevo concepto presupuestario y durante el tiempo que sean necesarios, hasta lograr restituir satisfactoriamente la capacidad financiera de las universidades de los estados en términos de equidad. "Firman: El de la voz, senador José Natividad González Parás, Presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República; senador César Camacho; senador Sadot Sánchez; diputado Efrén Leyva; senador Rafael Melgoza; senadora Martha Tamayo; senador David Jiménez; senadora Sara Castellanos; diputado José Rodolfo Escudero Barrera; senador Jorge Zermeño Infante y senador Francisco Fraile García". Muchas gracias. -EL C. PRESIDENTE. Túrnese a las Comisiones de Educación, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. -EL C. SENADOR JOSE GONZALEZ PARAS. Gracias señor Presidente, seré breve. Sólo quiero recordar que la educación es un capítulo central de la vida de nuestro país; y a propósito del Punto de Acuerdo que se presenta, señalar también el capítulo crítico de la educación en México está siendo en estos momentos de la educación Media y Superior. Ciertamente el Presupuesto para la Educación Superior del país es insuficiente y además el sistema de financiamiento de la Educación Superior de México es irracional e inequitativo, esa es la razón por la cual en la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la República hemos considerado urgente para la vida del país, el realizar una reforma integral de la Educación Media y Superior del país, una reforma que permita definir con claridad lo que es, lo que no es autonomía, una reforma que establezca un órgano consultivo nacional, que establezca criterios para el otorgamiento de autorizaciones a las instituciones de Educación Superior y a los títulos que establezcan programas de formación de maestros y, sobre todo, que establezca un sistema racional y justo de financiamiento a la educación. Así que por todas estas razones, a nombre de la Fracción Parlamentaria nuestra, yo apoyo el Punto de Acuerdo que ha formulado el Senador Armando Chavarría y exhorto a los compañeros Legisladores para que en conjunción con las autoridades del sector educativo y las universidades públicas y privadas del país, construyamos este nuevo sistema de educación Media y Superior que le hace mucha falta a México. Muchas gracias (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Túrnese también la intervención del señor Senador González Parás , a las mismas Comisiones. Tiene la palabra el diputado Ildefonso Guajardo para presentar una proposición Punto de Acuerdo. -