El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeras y compañeros diputados. Someto a su consideración la proposición con punto de acuerdo para que esta Cámara de Diputados realice un respetuoso exhorto a las comisiones de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social para que se investiguen las condiciones del otorgamiento de la concesión de parte del Sistema Aeroportuario Mexicano, a fin de determinar los términos en que se otorgaron las concesiones al Grupo Aeroportuario del Pacífico, encargada de la operación y administración de 12 aeropuertos mexicanos, el cumplimiento de dichas condiciones y los efectos en los derechos laborales de los trabajadores de los aeropuertos concesionados, al tenor de las siguientes consideraciones. La privatización del Sistema Aeroportuario Mexicano no sólo no ha cubierto las expectativas, sino que le ha costado y le seguirá costando a los mexicanos, ya que la creación inicial de empresas fue pagada con presupuesto federal. Se les paga a los concesionarios millones de dólares anuales por asistencia técnica y transferencia de tecnología, y por el solo hecho de tener la concesión reciben el uno por ciento de comisión por venta de combustible. Los cambios en materia de depreciación otorgaron a los concesionarios de este grupo, por concepto de devolución de impuestos, recursos casi suficientes para cumplir con sus compromisos de inversión en el año 2002. Igualmente significó, por la entrega de la recaudación por concepto de uso de aeropuerto, pérdidas para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por miles de millones de pesos por este cobro ahora entregado a este grupo de españoles. Al otorgarse las concesiones no se incluyeron en los paquetes los aeropuertos menos desarrollados y no se ha invertido lo comprometido ni en montos ni en tiempos, ni hay señales de modernización. En todo caso, no hay autoridad que se responsabilice de la observancia del cumplimiento de los compromisos contraídos por el operador. Por otra parte, hasta la fecha se ha recortado el 50 por ciento del personal que laboraba en ASA, contraviniendo el compromiso de generar nuevos empleos. A la suma de irregularidades, habrá que agregar que no se pagan las contribuciones locales como derechos de conexión e impuesto predial. Sólo al municipio de Tijuana se le adeudan más de 120 millones de pesos por este concepto al negarse el Grupo Aeroportuario del Pacífico a pagar dicho impuesto, originándose un litigio que se ventila en un juzgado de distrito local. Una muestra más del manejo poco claro de los aeropuertos concesionados a este grupo lo acredita el hecho de que el Grupo Aeroportuario mexicano ha presionado y amenazado a los locatarios, cortando el servicio de energía eléctrica y obstruyendo las entradas a los negocios e intentó aumentos de hasta el 500 por ciento de los arrendamientos, propició más de 60 juicios civiles, mercantiles y penales en contra de los locatarios para someterlos y obligarlos a que desalojaran o firmaran contratos de arrendamiento leoninos. Además, ha provocado la competencia desleal y ha promovido juicios en Guadalajara y la Ciudad de México para afectarlos económicamente. A meses de haber obtenido la concesión, el director comercial del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el español Carlos Porrón, amenazó a los comerciantes del aeropuerto de Tijuana, alardeando de las múltiples y cercanas relaciones con autoridades en todos los niveles de los gobiernos federal, estatal y municipales. Hasta la fecha ha sido claro que las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de los términos de la concesión han eludido su responsabilidad de comprobar el cumplimiento de los compromisos propios de la concesión, aún cuando ya desde esta misma tribuna se ha planteado la necesidad de revisar esta situación. Por lo antes expuesto y con la firme voluntad de terminar con los abusos del mencionado Grupo Aeroportuario del Pacífico, condenamos que un instrumento legal que pretende contribuir a resolver los problemas del Sistema Aeroportuario Mexicano, como es la figura de la concesión, sea utilizado para vulnerar los derechos de terceros, su otorgamiento se traduzca en un daño al patrimonio nacional y la consecuencia inmediata, es decir, la privatización, sirva para desplazar a inversionistas nacionales, así como para que las autoridades responsables omitan verificar el cumplimiento de las obligaciones que el beneficiario adquiere. Por constituir los aeropuertos mexicanos un sector estratégico y en virtud de las irregularidades mencionadas, me permito someter a esta soberanía el siguiente Punto de acuerdo Único. Se exhorta respetuosamente a las Comisiones de Comunicaciones y de Trabajo y Previsión Social, para que se analice, investigue e informe, para aclarar ante esta representación nacional los términos en que se otorgaron las concesiones al Grupo Aeroportuario del Pacífico, S. A. de C. V., encargado de la operación y administración de 12 aeropuertos mexicanos; las agresiones a los locatarios; el cumplimiento de dichas condiciones y los efectos en los derechos laborales de los trabajadores de los aeropuertos concesionados. Firma este punto de acuerdo, aparte del de la voz, la diputada María Mercedez Maciel. Es cuanto, señora Presidenta.