La diputada Elena Edith Segura Trejo: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, confiamos en el poder del voto, creemos en la capacidad de las personas para elegir a sus autoridades. Creemos en un país donde ninguno de los gobernantes tenga privilegios, confiamos en construir un Poder Judicial honesto, transparente, eficiente y eficaz. Recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue instalada el 25 de marzo de 1825. Estamos a un año de que cumpla esta institución 200 años de existencia. Luego de expedida la Constitución del 17, el artículo 94 que determina sus facultades ha sido modificado en 14 ocasiones y ha sido sin considerar a las y los mexicanos para determinar la elección de sus juzgadores. Durante estos casi 200 años ninguna de estas reformas ha considerado dicha situación. Y hoy, hoy es la primera vez que lo estamos haciendo y estamos considerando a todas las y los mexicanos. ¿Por qué no creer que las personas pueden elegir a sus autoridades judiciales? He escuchado atentamente los argumentos de los integrantes de otros grupos parlamentarios en contra de la reforma judicial y ahora en contra de las leyes reglamentarias, y solamente descalifican. Sí, siempre es más fácil descalificar que crear. En pleno siglo XXI, ¿podemos negar a las y los ciudadanos el derecho a elegir a los integrantes del Poder Judicial? ¿Debemos regresar en serio a los tiempos en que solamente una clase privilegiada podía decidir sobre las autoridades que imparten justicia? Compañeras y compañeros, México se está transformando, entiéndalo, seguimos transformando este país. Mucho se ha especulado sobre los problemas y peligros que traería la elección de integrantes del Poder Judicial, uno de ellos relacionado con la delincuencia organizada o con recursos de procedencia ilícita. El dictamen que estamos discutiando, discutiendo, perdón, ataja esas especulaciones. Y hay que leerlo, hay que leerlo muy bien, diputados y diputadas, el artículo 526, en su párrafo tercero, propuesto señala y lo voy a leer textual: El instituto podrá requerir a las personas candidatas la información necesaria para verificar la evolución de su situación patrimonial, incluyendo las de la sus cónyuges, concubinas o concubinarios y dependientes económicos directos; asimismo, podrá solicitar a las autoridades competentes, en los términos de las disposiciones aplicables, la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de depósitos, ahorros, administración o inversión de recursos monetarios, cuando de sus declaraciones patrimoniales y de intereses o de la revisión de la información en materia de fiscalización que proporcione se adviertan movimientos inusuales o elementos que no justifiquen la procedencia lícita de los bienes o recursos reportados. Además, en el proceso podrá impedir que haya recursos de procedencia ilícita. También estarán involucradas instituciones como el SAT, las instituciones bancarias y el Consejo de la Judicatura Federal. Es la primera vez que se establece una regla tan clara para la fiscalización de quienes van a participar en un proceso electoral. Se acusa a Morena de tener prisa para aprobar las reformas judiciales. ¿Acaso, acaso no es importante dar seguridad a las personas? ¿Acaso no es importante reconstruir la confianza del Poder Judicial? ¿Sabían ustedes que, de acuerdo con los últimos datos estadísticos, el Poder Judicial tiene tan sólo el 56 % de confianza de las y los mexicanos? ¿Necesitamos acaso otros 200 años para poder reconstruir el Poder Judicial? La resistencia al cambio la entendemos. Siempre da miedo...