El diputado Alejandro Agundis Arias: Con su permiso, diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores: México, como muchos países en la actualidad, enfrenta una situación dual respecto al agua. En términos generales, los niveles de consumo se encuentran por debajo de la disponibilidad de agua a nivel nacional. Sin embargo, aun cuando se cuenta con una dotación adecuada del recurso, su manejo actual no es sustentable. De esta forma, nos encontramos con que las necesidades de la población no han sido cubiertas en su totalidad, tanto hablando en términos de agua potable, agua reciclada, alcantarillado, así como una efectiva distribución de competencias. A nivel nacional se presenta un porcentaje de cobertura de agua potable de 87 por ciento, aunque existen estados que tienen niveles de cobertura inferiores a 70 por ciento, como es el caso de Veracruz, que tiene 35 por ciento sin cubrir; Oaxaca, 33 por ciento; y Guerrero, 32 por ciento, lo que contribuye a que sean los que enfrentan mayores índices de marginación en el país y de necesidades básicas insatisfechas. De igual forma, esos estados –como muchos otros–, además de tener una carencia en cuanto a la cobertura de agua, también tienen un gran conflicto de intereses interestatales, donde muchas veces no existe una conciencia ecológica que fomente el desarrollo sustentable, causando daños irreversibles a los estados vecinos. Por otro lado, el hecho de que las tarifas del agua tengan niveles tan bajos y no reflejen siquiera los costos de operación agrava la situación del sector hidráulico. Actualmente, el establecimiento de tarifas se encuentra desvinculado con los costos de operación, inversión y escasez. La Comisión Nacional del Agua se mantiene a través del presupuesto que le otorga el Gobierno Federal, mientras que en muchas ocasiones las tarifas municipales se politizan dejando de reflejar los verdaderos costos del recurso. En términos de descargas de aguas residuales, gran parte del volumen no se contabiliza. El tema de descargas de aguas residuales constituye el principal problema de la industria. Todavía quedan algunos vacíos que influyen en que la generación de contaminantes alcance las dimensiones que se han explicado; entre ellos, la falta de monitoreo y la poca disponibilidad de información entre los diferentes actores. Sin embargo, en la realidad, independientemente de que la Comisión Nacional del Agua haya promovido insistentemente la construcción y concesión de plantas de tratamiento de agua para uso industrial y agrícola y así liberar volúmenes de agua potable para consumo humano, no existen en la práctica estímulos para el uso de aguas residuales tratadas. Por su parte, los estados y los municipios del país, así como los particulares, se oponen –u obstaculizan– al uso de agua residual tratada, ya sea porque alegan que dejan de percibir ingresos por el uso del agua potable que ellos distribuyen o porque tienen beneficios fiscales que hacen poco atractivo el consumo de aguas recicladas. A pesar de que el uso de aguas residuales tratadas es posible tanto para la industria como para la agricultura, en muchas ocasiones esto no se logra ya que, como esos sectores cuentan con gran disponibilidad de líquido y en el caso del sector agrícola se obtiene en forma gratuita, se prefiere usar e incluso desperdiciar el agua potable, en lugar de utilizar aguas tratadas. La escasez del agua en nuestro país demanda que se discriminen los usos que se dan al líquido, a efecto de lograr mayor eficiencia social en su utilización. Por otra parte, es un hecho notorio que México está atravesando por un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de sus recursos hídricos. Debemos dar a los ciudadanos la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir. Esto se puede lograr mediante la facultad de ejercer acciones contra las afectaciones de los intereses colectivos. Su preservación debe considerarse una prioridad del Estado mexicano. Con un sistema de responsabilidad objetiva se evitarían graves afectaciones al sistema hídrico de cualquier municipio, al amparo de autorizaciones y de actividades que son consideradas lícitas, sin que sea precisa la concurrencia de culpa o negligencia por parte del responsable, ni que el daño o deterioro medioambiental sean consecuencia de accidentes o causas similares. Con lo anterior se lograría una efectiva reparación de los daños que pudieran ocasionarse a los cuerpos acuáticos o sistemas hidráulicos, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiere lugar. Estamos conscientes de que las necesidades y atenciones de los mexicanos son muchas y que requieren atención urgente, pero creemos que una de las más importantes es proteger su entorno, el cual no se debe poner en riesgo con inadecuadas e insuficientes políticas ambientales, que hacen de nuestro país uno de los que sufren una constante depreciación en la calidad del agua. Es necesario alcanzar un modelo de desarrollo sustentable que no sólo impida el deterioro de nuestro ambiente sino que emprenda la vigorosa restauración del mismo, y promover la conciencia y el compromiso social en el respeto y conservación de los recursos naturales para preservar la integridad de los mexicanos de hoy y la responsabilidad con las generaciones futuras. Por todo esto resulta urgente hacer un esfuerzo por el mejoramiento del ambiente y el cuidado del agua. De esta forma, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentamos la presente iniciativa con el fin de evitar que se sigan realizando dichas prácticas, que atentan contra los recursos de todos los mexicanos. Se someten a consideración las siguientes propuestas de reformas y adiciones a la Ley de Aguas Nacionales. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a esta honorable Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 14 Bis 5, 45 y 96 Bis de la Ley de Aguas Nacionales. En virtud de la limitación de tiempo, omitiré la lectura del articulado y solicito a la Presidencia su publicación íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.