El diputado Juan Jesús Aquino Calvo: Con su permiso, diputado presidente. El Estado democrático es aquel que garantiza todas las expresiones, las libertades y los derechos de sus habitantes. En los últimos 12 años México ha consolidado su vida democrática gracias a que, entre otras cosas, sus gobiernos asumieron el respeto absoluto a la libertad de expresión, manifestación, prensa y demás libertades políticas fundamentales para consolidar la democracia. En Acción Nacional creemos firmemente que en función de la dignidad y de la libertad humana todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar el ejercicio real de los derechos fundamentales de las personas. Todo régimen que se considere asimismo como democrático debe respetar los derechos consagrados en nuestra Carta Magna como son: el derecho a la vida, a las libertades espirituales, a la justicia, a la educación, a la cultura, al trabajo y al descanso, a la propiedad, a la seguridad social, a la salud y al bienestar. El ejercicio de estas libertades es una responsabilidad que no se limita únicamente a las instituciones; son, en primerísimo lugar los ciudadanos quienes damos vida a los derechos y libertades de la vida democrática, y la democracia se fortalece con el voto libre, la participación directa, la expresión propia, la crítica, la exigencia, la tolerancia y el respeto. Consideramos que cuando los ciudadanos se expresan la democracia se fortalece y se generan bienes públicos y justamente por nuestra lucha democrática hoy los panistas aquilatamos con toda precisión la genuina participación de los demócratas. Fuimos en su momento oposición perseguida y denostada, participamos en la transición política que transformó nuestro régimen de un modelo autoritario a la vida democrática, hicimos un gobierno cuyas herramientas fueron siempre el diálogo y el respeto para todas las expresiones y todas las manifestaciones. Por eso sabemos bien que existen actores que no tienen esa vocación democrática y civil y que aprovechan las libertades democráticas para trastocar la convivencia y sembrar el virus de la confusión en nuestra sociedad. Las provocaciones no son nuevas ni tampoco espontáneas ni ciudadanas. El camino de la violencia y la provocación no son el camino de los demócratas en México; por tanto, dando cuenta de quienes sí se manifestaron de manera libre, ejerciendo su derecho dentro del marco de la ley y cuidando a las instituciones, también el pasado 1º de diciembre hubo una turba, sin el más mínimo afán de expresarse pacíficamente. Ocasionó daños al patrimonio de esta capital que oscilan, según los cálculos, entre 950 millones y mil 700 millones de pesos. Particularmente reprobables resultan los daños a edificios históricos como el Hemiciclo a Juárez y a la alameda central que apenas el pasado lunes 26 de noviembre habían sido reabiertos al público, después de varios meses de remodelación. Las autoridades capitalinas, frecuentemente solapadoras de actores políticos radicales y violentos, no toleraron esta vez los excesos cometidos el pasado sábado y nos informan ya que hay detenciones y consignaciones de varias personas. Pero lo que más se lamenta es que entre esas consignaciones y detenciones existen jóvenes y menores de edad. Señoras y señores diputados, constituye una amenaza para la vigencia del estado de derecho y la democracia pretender quebrantar o mandar al diablo a las instituciones por quienes so pretexto de manifestar inconformidades, lastiman a terceros sin la más mínima consideración, poniendo en peligro siempre a los más vulnerables, poniendo en peligro la vida e integridad de personas inocentes. El pluralismo político de México, la diversidad de sus convicciones, de nuestras convicciones y las tendencias e intereses políticos, nos imponen la necesidad de discutir y de dialogar civilizadamente entre los diversos grupos y actores políticos del país, entre los grupos y entre el gobierno federal entrante. Ese mandato responsable que nos exige el ciudadano, en Acción Nacional lo tenemos bien claro. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional condena los hechos violentos registrados el pasado primero de diciembre del año en curso que dañaron el patrimonio de la Ciudad de México y por ende, el patrimonio de todos los mexicanos y de la nación, y exige a las autoridades correspondientes investigar y aplicar todo el peso de la ley a los responsables de dichos actos, así como indemnizar conforme a derecho a los particulares que hayan sido perjudicados por estas acciones vandálicas. Es cuanto, señor presidente.