El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía: Gracias Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados: La rendición de cuentas tiene un sitio preponderante en la democratización de la sociedad. Las elecciones no son un mecanismo suficiente para asegurar que los gobiernos maximizan el bienestar de los ciudadanos. Es necesario que las instituciones políticas hagan posible que los ciudadanos observen y vigilen las decisiones que toman en su nombre. Por esa razón, el filósofo politólogo italiano Norberto Bobbio (¿), solía considerar entre las muchas definiciones de democracia aquella que la presenta como poder en público, expresión con la que se refería a todos aquellos mecanismos institucionales que obligan a los gobernantes a tomar sus decisiones de manera transparente, de tal manera que permita a los ciudadanos ver cómo y dónde se toman esas decisiones. El acceso a la información pública y la transparencia, como parte del proceso de rendición de cuentas por parte de las autoridades, son pilares sobre los que se sostienen las modernas democracias de nuestro tiempo. En atención a este precepto democrático, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ordena garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal, con el objeto de transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan los sujetos obligados y favorecer con ello la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el desempeño de las autoridades gubernamentales. En el caso del Poder Legislativo de la Unión, el artículo 62 de la Ley Federal para la Transparencia y el Acceso a la Información Pública Gubernamental, considera a la Cámara de Diputados y a la de Senadores como sujetos obligados para proporcionar a los particulares el acceso a la información, de conformidad con los principios y plazos establecidos en dicha ley. No obstante, los integrantes del Poder Legislativo de la Unión, no tenemos mandato legal de presentar informes públicos anuales, tal y como en la práctica lo realizan tanto el titular del Poder Ejecutivo Federal, así como el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los gobernadores de los estados y los presidentes municipales. De acuerdo con diversos indicadores proporcionados por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo y particularmente la Cámara de Diputados, es la institución peor evaluada por parte de la ciudadanía con un nivel de confianza de 4.5 en una escala de 0 a 10, seguida de los sindicatos con 4.7, la policía con 4.9 y los senadores con 5 puntos de calificación. Los bajos niveles de desconfianza que persisten en la ciudadanía hacia los integrantes del Poder Legislativo, significa que existe un elevado nivel de desprestigio hacia la actividad política que desempeñamos los diputados federales y senadores de la República, prestigio y desconfianza que es imperativo recuperar. Por ello, es necesario que quienes tenemos la responsabilidad de vincular orgánicamente a la sociedad con el Estado, fortalezcamos la importancia de la rendición de cuentas y la garantía de la transparencia en la toma de decisiones. Es por ello que pongo a consideración de esta honorable soberanía la propuesta de que los legisladores rindamos ante nuestros electores informes anuales sobre el desempeño de nuestro mandato y de nuestras actividades parlamentarias. Los informes de actividades coadyuvan a mantener activa la imagen pública del legislador ante sus electores, presentarnos ante el escrutinio público y por lo tanto, del partido político al que pertenecemos. Asimismo, mantienen informada a la sociedad sobre la vida política y sobre los avances legislativos de su diputado o de su senador, estrechando el vínculo entre el representante popular y los ciudadanos. Para la realización de los informes públicos en el caso de los diputados federales electos por el principio de mayoría relativa, el informe público anual deberá rendirse en su respectiva demarcación distrital; en el caso de los diputados federales de representación proporcional, en su circunscripción Plurinominal y en el caso de los senadores en la entidad federativa a la cual representan. La presente iniciativa también contempla la obligación de cada legislador de presentar anualmente un informe por escrito ante la Mesa Directiva con la extensión y estructura que previamente apruebe la propia Mesa Directiva en consulta con los grupos parlamentarios, con el objeto de consignar estas actividades en los informes generales y publicaciones camarales. Quienes ejercemos el poder público debemos dar explicaciones y justificar nuestras decisiones y acciones cuando así lo demanden los ciudadanos u otras autoridades e instituciones públicas. Los servidores públicos debemos vivir con la convicción de estar siempre bajo el escrutinio de la sociedad, sintiendo la obligación de responder ante los cuestionamientos del ciudadano. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto. ARTICULO UNICO. Se adicionan los artículos 136 y137, ambos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 136. Al término de cada año de trabajo legislativo cada legislador deberá presentar un informe sobre el desempeño de su mandato y actividades parlamentarias a sus distritos y demarcaciones electorales por las cuales fueron electos. Artículo 137. Es responsabilidad de cada legislador presentar un informe por escrito ante la mesa directiva con extensión y estructura que previamente apruebe la propia mesa directiva en consulta con los grupos parlamentarios a efecto de consignar estas actividades en los informes generales y publicaciones camarales. Es tanto señor presidente. Muchas gracias.