El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea: el Partido Revolucionario Institucional saluda la declaración política de los pueblos indígenas que se viene a sumar a otras voces de pueblos y organizaciones indígenas que reclaman justicia y vida digna. Como Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y como indígena, sólo puedo estar de acuerdo en la necesidad de profundizar el compromiso de los Poderes públicos, los partidos políticos y la sociedad, a favor de las reivindicaciones de nuestros pueblos originarios. Para los pueblos indígenas de México es imposible seguir aceptando que el día 12 de octubre sea considerado Día de la Raza. Los indígenas no desconocemos los buenos deseos de quienes impulsaron esta celebración basada en la idea de don José Vasconcelos sobre la raza cósmica que pretendía ser un colofón al principio liberal de que la unidad nacional y el progreso de México requería fundarse en una sola cultura, una sola raza y una sola lengua. A más de 500 años, la realidad social es contundente. México es un país pluricultural, cierto. Es necesario debatir sobre el significado de la gestación del 12 de octubre; cierto es también que la resistencia y la dignidad indígena han sido la historia de nuestros pueblos desde 1492; cierto es también que el futuro de todos los mexicanos está sustentado en el diálogo intercultural. Diálogo intercultural que supone equidad y respeto entre los interlocutores, sean estos pueblos, instituciones o personas. Pero necesitamos no sólo estar de acuerdo con esto, sino trabajar más allá de las celebraciones. Quienes formamos parte de la clase política, además de los discursos debemos expresar nuestra voluntad y desplegar nuestra capacidad para formular los instrumentos que permitan construir las bases de un Estado pluricultural de derecho y con ello garantizar el ejercicio pleno del los derechos de los pueblos indígenas. Con este propósito y como presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas he presentado un punto de acuerdo cuya intención es renovar el compromiso de los poderes públicos para armonizar programas, acciones, legislación y resoluciones judiciales del Estado mexicano con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. De realizarse el contenido de este punto de acuerdo, y si nosotros cumplimos con nuestro deber, considero que se sentarían las bases de compromiso político para la construcción de una auténtica política de Estado en materia de derechos y desarrollo de los pueblos indígenas. Solamente con un compromiso de esta magnitud pondremos en el centro del debate y la acción pública la equidad y el bienestar de los pueblos indígenas de México. Particularmente, considero que debemos poner énfasis en temas como la educación intercultural para todos los mexicanos, garantizar el derecho a la consulta y a la obligación de las autoridades a recabar el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades, como requisito para la ejecución de cualquier acción del Estado que les afecte: el cumplimiento al mandato constitucional de acceso preferente de los pueblos indígenas al uso y disfrute de los recursos naturales como el agua, los recursos mineros y petroleros. La superación de los conflictos agrarios en las regiones indígenas. Garantizar el derecho a la alimentación y a la salud. La conciliación de las prácticas del derecho tradicional de los pueblos con el derecho positivo, así como hacer efectiva la asistencia de intérpretes y traductores para los indígenas en los procesos de solución de conflictos. Por último y de acción inmediata, con toda claridad y energía, y con el apoyo de los diputados comprometidos con las mejores causas de México, la lucha por un presupuesto digno y su correspondiente ejercicio pertinente a las necesidades de desarrollo con identidad que permita avanzar con mayor rapidez hacia la superación de las desventajas y la falta de oportunidades que hoy caracterizan a nuestros pueblos. Honorable asamblea, en estas condiciones, la unidad nacional y la democracia en México están ligadas a la capacidad del Estado para preservar la paz social y promover el bienestar en la diversidad cultural. En el momento actual nada hay más democrático que avanzar en la justicia, la libertad y el bienestar de nuestros pueblos originarios. Las causas que dieron origen al movimiento zapatista hoy siguen vigentes: el desprecio, el abandono a que tienen sometidos a nuestros pueblos originarios sigue estando presente y hoy se manifiesta de nueva cuenta en esta soberanía. Los legisladores estamos obligados a responder a los grandes retos que implica la justicia social plena para todos los indígenas de México. Muchísimas gracias.