La diputada Graciela Zavaleta Sánchez: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea, no es un menor el tema que expongo esta mañana ante este pleno, se trata de la sensible protección de los derechos de niños y niñas, de manera particular de los nacidos en centros de reclusión y de readaptación social, además de la atención de las madres reclusas, quienes no obstante su situación legal y jurídica, les deben ser preservados sus derechos fundamentales. Al interior de los reclusorios y centros penitenciarios la situación debe de llamar nuestra atención. En mayo de 2018 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de 2017. Dicho diagnóstico arrojó datos sobre el respeto de los derechos humanos de los reclusos e internos, y se hizo énfasis especial en la situación de madres privadas de su libertad cuyos hijos han nacido en reclusión, o viven junto a ellas mientras están en procesos o se encuentran purgando una sentencia. Las estadísticas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos relativas al número de madres e hijos que viven en los diversos centros de readaptación, señalan que un total de 60 centros de reinserción y readaptación albergan menores de edad que viven con sus madres. En 2017, al menos 417 reclusas mantienen a 454 niños o niñas en los centros de reinserción social donde cumplen sus condenas. Un ejemplo es en el estado de Oaxaca, el Centro Penitenciario Femenil de Tanivet, en el municipio de Tlacolula, en el 2017 estaban siete madres internas y junto a ellas ocho menores. ¿Cuáles son los riesgos para los menores hijos de las madres internas? En el 2016, en el Informe Especial de la Comisión de Derechos Humanos, determinó que de antemano las mujeres sufren maltrato, deficiencias materiales en los centros de readaptación, desigualdad, deficiencias en la alimentación, además de saturación y hacinamiento, que perjudican a la maternidad. Conforme a los criterios internacionales, eso no es propicio para el desarrollo de los menores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y convenios internacionales garantizan que la maternidad e infancia gozarán de cuidados y asistencias especiales a través de políticas públicas que incidan en su desarrollo integral. No debe separarse a los hijos de sus madres y deben otorgarse las máximas condiciones de seguridad en orden de interés superior de la niñez. Esta iniciativa con proyecto de decreto que expongo y para la cual solicito el respaldo de ustedes, compañeras y compañeros legisladores, pretende reformas y adiciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal, como son las siguientes: Primero. Que niñas y niños de madres en centros de readaptación gocen de instalaciones con condiciones mínimas en su desarrollo integral, en áreas exclusivas dignas y en un ambiente seguro. Segundo. Garantizar su protección psicológica y emocional, además de la atención de médicos pediatras. Tercero. Establecer la obligación de la Conferencia del Sistema Nacional Penitenciario, para dictar un protocolo específico de reacción, en caso de emergencias y motines, especializados para garantizar la seguridad de los menores. Honorable asamblea, tengo la convicción de que este conjunto de reformas a la Ley Nacional de Ejecución Penal redundará en el fortalecimiento de los derechos de las madres y sus hijos, respaldemos y fortalezcamos estos derechos. A todas las niñas y niños todos los derechos. Es cuanto, gracias.