La diputada Claudia Pastor Badilla: Compañeros y compañeras. He estado escuchando con mucha atención las intervenciones del grupo mayoritario y es impresionante cómo confunden el derecho penal con la administración pública, la inversión con gasto, las obligaciones del Estado con ahorro. Si a mí me preguntaran qué le veo de bueno a esta ley, pues sería el título porque no hay controversia en que todos quisiéramos y queremos un gobierno que no derroche, un gobierno austero, el fortalecimiento institucional y bla, bla, bla, con su propaganda de siempre. El problema es cuando entramos a los contenidos de este título de propaganda que presentan como Ley de Austeridad. Y ¿cuál es el daño que ocasiona? Déjenme enfocarme desde la óptica jurídica en él. Y en el tema de la imposibilidad de los funcionarios públicos para trabajar durante diez años. Este tema está visto desde el derecho a través de las excusas, los impedimentos y las declaraciones de conflicto de interés. Esto está claramente regulado en la Constitución y en la ley. El principio que tutela esas disposiciones es evitar una situación de privilegio, sea por la información, afinidad o parentesco de las partes en un caso. O bien, de jueces, magistrados o ministros, para resolver de algún asunto. En la administración pública esta resolución ha caminado a través de las declaraciones 3 de 3, que como todos ustedes saben, son la declaración de ISR, la declaración patrimonial y la declaración que hacen los funcionarios públicos de un posible conflicto de interés, para que las autoridades competentes determinen si pueden o no participar en ese negocio. Como ven estamos hablando de una materia regulada, específica y que tutela principios. Y nosotros sí nos vamos a ejemplos constitucionales. Podemos hablar de los impedimentos que tienen, por ejemplo, en el Poder Judicial, para que las partes le soliciten a un juez, se excuse de conocer o bien el propio juez se declare impedido. Y sin entrar al fondo del asunto, es solamente para privilegiar el principio de imparcialidad. Lo mismo ocurre con magistrados electorales, no pueden trabajar para un gobierno dentro de los dos años siguientes al cargo que hubieran resuelto su elección. Y en la administración pública, les insisto, en la declaración 3 de 3 deben de manifestar bajo protesta de decir verdad que tienen algún interés, sea por parentesco, sea por negocios, dentro de sus facultades, y en ese momento se resolverá para que no exista esto que tanto les preocupa. Así podemos ver que el marco integral de proporcionalidad en los impedimentos, excusas o conflictos de interés buscan privilegiar la imparcialidad y poner al tanto a las autoridades y a la ciudadanía, si existe la posibilidad de privilegio entre alguno de los involucrados en determinado asunto. Este es el marco existente. Nadie está inventando aquí el hilo negro. Por lo tanto, cuando ustedes vienen aquí con un discurso de propaganda a decirnos que van a impedir la información privilegiada, debemos entender cuáles son las consecuencias de ese tipo de decisiones. ¿Se va a especializar o no el tratamiento de la función pública? Es un incentivo perverso, es un incentivo perverso el que ustedes le digan a quien ya hizo una declaración de conflicto de interés, ya se determinó por las autoridades, que porque a ustedes les preocupa el conflicto de interés no puede trabajar en la iniciativa privada. Y se los digo, sí esto viola varios artículos constitucionales y varios tratados internacionales. El artículo 1o., de progresividad y de respeto a los derechos humanos. Sí, el artículo de la libertad de trabajo, por supuesto que lo viola. Y, además, además genera un detrimento de la calidad de los servicios públicos. ¿Por qué confunden propaganda con ley? ¿Es desconocimiento del marco jurídico? Estoy segura que tienen muy buenos abogados, ¿qué no les han dicho que esto ya está regulado? Venir a pegar disposiciones de muchos ordenamientos dentro de una ley que consideran austera no le hace bien a nadie. Y, sobre todo, es inconstitucional. Muchísimas gracias.