EL C. DIPUTADO MARTI BATRES GUADARRAMA: Con su permiso, Señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: comenzamos este período de sesiones con el antecedente de los consensos logrados en nuestro primer período y de los resultados positivos de las sesiones de la Comisión Permanente. Cuenta también el número amplio de iniciativas dictaminadas en las comisiones que comienza a configurarse. En sus primeros pasos la Cámara y el Congreso han buscado cumplir con su papel no sólo legislativo sino también de contrapeso y correctivo del Ejecutivo. Desde la Cámara de Diputados corregimos y mejoramos el proyecto de Presupuesto enviado por el Ejecutivo Federal. Igualmente desde la Comisión Permanente se rechazó la participación de grandes empresarios en el consejo de administración de Pemex, porque vulnera la ley y la naturaleza de la empresa pública. Vamos a pasar, sin embargo, a tomar definiciones sobre asuntos mucho más complejo y controversiales. En este periodo tenemos que expedir la Ley Cañera, aprobar el dictamen sobre las pensiones dinámicas del Issste, recibir la propuesta de nueva Ley de Amparo de la Suprema Corte de Justicia, analizar el tema de las pensiones de los adultos mayores que no pertenecen a ningún Instituto de Seguridad Social. Reformar la Ley del Infonavit en relación con los adeudos eternos de sus beneficiarios. Apoyar el tema de la seguridad social de las Fuerzas Armadas. Aprobar el dictamen que reforma los tiempos de aprobación del Presupuesto. Tocar otros ternas como los de salud, el VIH entre jóvenes. Los temas de la correduría pública y de la educación. Debemos también tomar decisiones sobre el tema del horario de verano y por supuesto presentar las iniciativas sobre la reforma del Estado. Hay, no obstante, dos asuntos prioritarios en la agenda: el número uno es la llamada Ley Indígena; y el otro es la Reforma Fiscal. El gobierno federal ha enviado al Congreso, por fin, después de cinco años de espera, la iniciativa elaborada por la Cocopa con el respaldo de los representantes de todas las fuerzas políticas, la llamada Ley Indígena. Ahora ambas partes del conflicto, gobierno y ejército zapatista, le piden al Congreso de la Unión que apruebe esta ley, estas reformas a la Constitución que reconocen derechos y cultura de los pueblos indios y que constituyen un paso indispensable para lograr la paz. Sería absurdo negar desde el Congreso los acuerdos que hacen posible terminar definitivamente una guerra en el sureste del país. Ambos actores del conflicto, gobierno y zapatistas, han manifestado su interés en plantearle directamente al Congreso las razones por las cuales debe ser aprobada esta iniciativa. Busquemos, entre todos, el formato adecuado para que los legisladores, todos, los legisladores escuchemos y para que la nación entera conozca, a través del Canal del Congreso y de los medios de comunicación las razones de los indígenas zapatistas para aprobar esta Ley de la Cocopa. Démosle a la COCOPA todo el respaldo para que ayude a resolver las características de este encuentro o encuentros pero, sobre todo por el bien del país, de los pueblos indios, de la paz y también por el bien del Congreso y del Gobierno aprobemos la Ley Indígena que sería sin lugar a dudas, la decisión legislativa más importante de esta Legislatura. Reconocemos desde el PRD que hay legisladores de avanzada sobre este tema en materia indígena en todas las fracciones parlamentarias; reconocemos también que muchos han modificado sus posiciones y que aquellos que decían que los zapatistas no debían salir de Chiapas porque si no habría que detenerlos, aquellos que decían que era imposible un dialogo con ellos, hoy discuten un formato para recibirlos en el Congreso de la Unión. Esperamos que sigan rectificando en bien del país y para acercarnos a la aprobación de esta Ley Indígena con un Congreso abierto al pueblo, un Congreso que no se cierra, un Congreso humilde, un Congreso que escucha porque finalmente el Congreso es la casa del pueblo. En otro sentido, el país se enfrenta a la necesidad de una Reforma Fiscal integral para obtener recursos y apoyar las necesidades de las universidades públicas, de la inversión en el campo, de las jubilaciones y pensiones, de la Política social en general y de las finanzas públicas; sin embargo, la propuesta fiscal del Gobierno Federal que se basa fundamentalmente en imponer el IVA en alimentos, medicamentos, de libros y en otros terrenos, no resuelve el problema, es coyuntural, es limitado en sus alcances, es contradictorio en sus argumentos y sobre todo es terriblemente injusta. La propuesta no toca a los grandes grupos financieros y económicos, pero sí eleva el costo de la vida para las clases populares; es, además, una propuesta inviable, el señor Francisco Gil por supuesto que no es romántico ni idealista, pero sí está fuera de la realidad, su propuesta está muerta antes de llegar al Congreso de la Unión; su torpeza obstaculiza a las posibilidades de que el Gobierno explore otras alternativas de reforma fiscal, Desde el grupo parlamentario del PRD saludamos la decisi6n del Consejo Político del PRI de rechazar la imposici6n del IVA en alimentos y medicamentos; de igual manera la decisi6n del PT en el mismo sentido, y por supuesto también la decisi6n del Partido Verde Ecologista en el sentido de que no deben imponerse el IVA en las medicinas. Proponemos a todas las Fracciones Parlamentarias, también a Acción Nacional, trabajar desde el Congreso otro tipo de reforma fiscal, de largo alcance, integral, equitativa, justa, que se recargue en los grandes grupos económicos y financieros que se beneficiaron en los últimos 18 años de Políticas neoliberales en años de crecimiento económico y de mayor desigualdad social para generar recursos que no vayan a las arcas centrales del Gobierno Federal sino a los Estados y a los Municipios. El 5 de febrero pasado, el Presidente de la República pronuncio un discurso en el que planteó una revisión de la Constitución y recogió un conjunto de propuestas presentadas en este Congreso por el PRD y otros partidos, para establecer la posibilidad de juicio político al Presidente, la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo en el Congreso, la ratificación del Gabinete Presidencial en el Congreso y el servicio civil de carrera, asimismo planteó el tema de la autonomía étnica. El Presidente planteó que hay principios que no deben alterarse, como el federalismo, el municipio libre, el estado laico y la educación gratuita; sin embargo, le faltó mencionar otros principios constitucionales que tampoco deben tocarse, como la propiedad originaria de la Nación, la rectoría económica del Estado, las áreas estratégica de la economía, el ejido, la planeación democrática, los derechos laborales. En la Constitución por cierto, también están las autonomías; ahí está la autonomía universitaria y hay otras autonomías: la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la del Instituto Federal Electoral y hasta la autonomía del Banco de México, pero falta en la Constitución la autonomía de los pueblos indios, que existe en otros países incluso con alcances mayores de los que representan los acuerdos de San Andrés, en algunos casos con parlamento propio y en otros como Nicaragua hasta con su propio territorio. La propuesta de los acuerdos de San Andrés es sencilla, pero en relación a lo que existe hoy en México, es una propuesta profunda. No se trata ya de llevar asistencialismo a las comunidades indígenas, sino de darles fuerza Política, económica y cultural para que eleven sus condiciones de vida. Hay que dar el paso compañeros legisladores, recordemos que cuando hace 80 años, 70 años, se discutía el tema de los derechos sociales en la Constitución, los abogados tradicionalistas decían que no podía haber derechos sociales en la Constitución, que la Constitución sólo se podía componer de garantías individuales y del tema orgánico del Estado y sin embargo nuestra Constitución fue pionera en establecer los derechos sociales, a pesar de la opini6n del tradicionalismo jurídico. Demos hoy el siguiente paso, incorporemos la autonomía de los pueblos indios a la Constitución. Con ello daremos la mayor reforma constitucional y tendremos el mayor mérito legislativo de toda la Legislatura. Por otra parte, vemos que desafortunadamente el Ejecutivo Federal no ha tenido la mejor disposición con las legislaciones aprobadas por este Congreso de la Unión. Es lamentable la decisión que al parecer ha tomado el Ejecutivo de vetar la Ley de Desarrollo Rural, una ley que en diversos momentos fue votada por todos los partidos que están representados en el Congreso de la Unión. Los argumentos son por lo demás injustificatorios. Los argumentos que presenta el gobierno federal, más bien parecen obedecer a presiones del gobierno estadounidense en torno al Tratado de Libre Comercio; nosotros le planteamos a los compañeros legisladores que una vez que tengamos de regreso la Ley de Desarrollo Rural, busquemos aprobarla en los mismos términos hasta que esta Ley de Desarrollo Rural se haga realidad para beneficio del campo y de los campesinos. Nos parece importante que el Presidente de la República haya enviado la iniciativa de la Ley COCOPA al Congreso de la Unión. Reconocemos también su interés en abordar los temas de la reforma del Estado; sin embargo, no podríamos señalar que existe un balance positivo en estos primeros 100 días de gobierno del Presidente Fox, ha habido un cambio político y celebramos el cambio político y el fin de un régimen autoritario. No obstante, la Política económica y social del Presidente Fox es la misma política que vimos de la tecnocracia en los últimos sexenios, tal parece que el Presidente Vicente Fox viene a cumplir los pendientes de De la Madrid, de Salinas y de Zedillo. Salinas no pudo hacer la reforma laboral, la contrarreforma al artículo 123 y el Presidente Fox lo plantea como un pendiente propio; Zedillo, no pudo concluir la reforma eléctrica que envió al Congreso y sin embargo Fox lo plantea como un pendiente propio, más parece continuador de las Políticas empobrecedoras que un renovador de las Políticas y un presidente del cambio, hay cambio político, pero no hay cambio económico y social, la política de Fox a pesar de la protesta constitucional que cuestionablemente él cambió, no es una política en favor de los pobres y desamparados, en 100 días no hay una sola decisión a favor de los pobres, de los desamparados, de los indígenas y de los trabajadores de este país, al contrario, la política del gobierno de Vicente Fox es para los ricos, para sus amigos a los que hoy pretende poner en el Consejo de Administración de Pemex, para sus amigos a los que no les quiere cobrar impuestos y son los que tienen que pagar porque les toca pagar a ellos, para ellos es la política de Vicente Fox. Por cierto, a propósito de la propuesta de los "changarros", una gran propuesta publicitada por el gobierno de Vicente Fox, es una propuesta pequeñita, se está destinando apenas el doble de los recursos que se destinan en el Distrito Federal para la microindustria y la pequeña industria, valdría la pena revisar esta política. Exhortamos al Congreso de la Unión, de que en este período de sesiones tomemos las decisiones en favor de una economía popular y nacionalista; si el Presidente de la República no quiere cambiar el rumbo económico y social del país, asumamos desde el Congreso de la Unión esa responsabilidad. Muchas gracias por su atención. El Presidente: Muchas gracias, diputado Martí Batres Guadarrama. Se ofrece ahora el uso de la palabra al diputado Alejandro Zapata Perogordo, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 15 minutos. El diputado José Alejandro Zapata Perogordo: Honorable Asamblea; mexicanos: nuestro compromiso anticipado con el pueblo de México se consolida en una directriz de responsabilidad y mesura, en la búsqueda cotidiana del equilibrio como la forma idónea para conciliar reclamos encontrados, en la conjugación de esfuerzos que hacen frente a la problemática nacional, sin posponerla, sin ignorarla y sin minimizarla. Al inicio de este segundo período de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LVIII Legislatura, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional reitera desde ahora este compromiso de cara a la nación, para construir mediante el consenso que se enriquece con la pluralidad el marco normativo que garantice la consolidación de la transición democrática del país y la congruencia a las aspiraciones de justicia, verdad y equidad de todos los mexicanos. Es así que debemos entender este compromiso sin claudicaciones ideológicas, nutriendo las posturas con la propuesta, la deliberación y el debate, sumando coincidencia y aportando alternativas legislativas de solución a los grandes problemas nacionales. En Acción Nacional compartimos preocupaciones y esperanzas, compartimos el deseo del intercambio de opiniones y la adición de esfuerzos en las convergencias. Quienes apostaron por la confrontación y la ingobernabilidad han fracasado. Es tiempo que desde el Congreso de la Unión impulsemos reformas y cambios estructurales que traigan consigo la claridad de un sistema jurídico que se comprometa con el presente y el futuro del país; no debemos postergar la discusión de aquellos temas de la agenda nacional que nos obligan a la reflexión seria y objetiva y al ejercicio democrático de la busca de soluciones expeditas que permitan garantizar la vigencia del estado de derecho. El inicio de este periodo de sesiones es momento propicio para hacer un recuento de lo acontecido en los últimos meses y para expresar puntualmente las consideraciones y expectativas que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional espera sean de utilidad para el desarrollo de los trabajadores legislativos y en la fugacidad de este breve periodo nos permitan afrontar y responder con seriedad a los grandes retos nacionales. En estos días, como eje central de la política nacional se han abordado las problemáticas electorales de los estados de Chiapas, Tabasco, Jalisco y Yucatán, también los asuntos relativos a la reforma del Estado, el fortalecimiento del federalismo, la seguridad pública, la consolidación del equilibrio y cooperación entre los poderes, el desarrollo social, especialmente en torno a los grupos más vulnerables de la sociedad; las cuestiones tributarias y presupuestales, desde luego las fiscalizadoras; las relativas al medio ambiente y al desarrollo sustentable y otros muchos asuntos no menos importantes. El segundo periodo de sesiones constituye la oportunidad propicia para profundizar en estos temas y resolver lo que sea mejor para México. Este panorama refleja grandes rezagos y numerosos contrastes; existen incontables injusticias, corrupción, iniquidades, hacen falta recursos económicos, fuentes de empleo y oportunidades de desarrollo. Desde luego este diagnóstico mínimo no termina aquí. El sistema político mexicano hace tiempo que se agotó; las instituciones se debilitaron y no fueron capaces de responder a las grandes necesidades de la sociedad. Hoy seguimos construyendo este escenario del proceso de transición, en el que la mayoría de los mexicanos nos hemos inclinado, privilegiando las formas democráticas, y que son precisamente estas formas las que han permitido que México y la sociedad mexicana en su pluralidad, se encuentren hoy en vías de fortalecimiento al haberse unido en su esencia. En el camino hacia un nuevo régimen político, el fortalecimiento del Congreso es una piedra angular en la construcción de las instituciones democráticas sólidas. Desde un Congreso fortalecido, respetado, responsable y reconocido por todos como instancia legítima de deliberación y decisión, debemos impulsar los cambios que necesita el país para garantizar a los mexicanos un mejor futuro. Por ello, para atender este compromiso y sustentar la unidad de la sociedad mexicana, en nuestra agenda ocupa un lugar prioritario la reforma en materia de derechos y cultura indígena, la reforma del Estado y la reforma hacendaria. Los graves atrasos económicos de la población y los mecanismos que pretenden, mediante los principios de justicia y equidad, lograr una mejor distribución de los ingresos y una atención mucho más significativa en aquellos aspectos sociales cuyo desarrollo así lo requiere y reclama, implica en consecuencia emprender una revisión hacendaria integral que nos permita evaluar los aspectos relacionados con los recursos públicos, así como su obtención, manejo y gestión y desde luego su destino final. Sí, tenemos visión de Estado y la historia parlamentaria de Acción Nacional es testimonio vigente del proyecto de nación que desde hace décadas hemos promovido. Entendemos también que la complejidad del entorno interno y externo nos obliga a conducirnos con prudencia, responsabilidad, tolerancia y seriedad, sin que ello se confunda con negligencia o apatía. Por ningún motivo podemos alimentar, ni la confrontación ni mucho menos inducir rencores y venganzas. Como garantes y depositarios del Poder Legislativo, nos corresponde velar por el cumplimiento de las normas que rigen nuestro funcionamiento interno. La disposición al diálogo como un mecanismo de intercambio de ideas, propuestas y conceptos que nutren y enriquecen la visión a quienes nos compete el quehacer legislativo, es siempre bienvenida. Por el contrario, cuando bajo el pretexto de conseguir esa finalidad, se elige transgredir la esfera jurídica institucional, poniendo en riesgo el decoro y la dignidad de esta soberanía, nuestra postura será siempre la defensa de la institución con el respaldo de la ley. Con enorme preocupación y profundo compromiso social, nos hemos dado a la tarea de analizar con detenimiento la iniciativa de Ley de Derechos y Cultura Indígenas, cuya Cámara de origen es el Senado de la República. Queremos enfatizar claramente que para el Partido Acción Nacional, este tema debe resolverse en este periodo de sesiones; nuestra firme voluntad es el diálogo y deliberación responsable y serena. Sabemos que en este tema son muchas las voces que quieren ser escuchadas, consideramos que antes de cualquier pronunciamiento debemos valorar las opiniones de quienes con respeto a las instituciones hacen aportaciones al debate. Como representantes de la nación nuestra tarea es decidir la mejor reforma, que al tiempo que reconozca los derechos de los indígenas lo haga sin vulnerar el orden constitucional y los derechos de todos los mexicanos. Por otro lado, respecto de la reforma hacendaria. Reconocemos que el país se encuentra en una situación económica de riesgo y aguardamos la propuesta del Ejecutivo. Prácticamente todos los grupos parlamentarios hemos incursionado en el análisis y alternativas de solución de la Hacienda pública. El primer consenso que hay aquí es que todos sabemos que el Estado requiere mayores recursos para cumplir con sus fines, sin menoscabo de que el dinero público debe emplearse de manera más eficaz y más honesta. Desde que aceptamos la responsabilidad de ser legisladores, adquirimos el compromiso con la nación y la sociedad para actuar y decidir de manera responsable y seria. Asumiremos, los legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional, la postura que mejor convenga a los intereses de México y de los mexicanos. Finalmente, debemos reconocer que en el marco de los trabajos de la reforma del Estado, éstos constituyen un espacio de análisis provenientes, sí, de una serie de transformaciones, productos de crisis políticas que ahora nos dan la oportunidad y posibilitan la exploración y obtención de alternativas para el diseño de estructuras democráticas modernas. Debemos puntualizar que en Acción Nacional tenemos un compromiso con la dignidad de las personas para consolidar la transición democrática en el marco del respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos. El reconocimiento de los derechos políticos y el sistema legal, que objetivamente garantice el ejercicio de ambos; debemos construir la plena convivencia entre mayorías y minorías, porque donde no se respetan los derechos humanos y políticos de todos los miembros de la comunidad, ahí, no hay democracia. Es tiempo de democracia, es tiempo de consenso, de congruencia y de compromiso; democracia que debemos vivir en las instituciones del Estado y en la conjugación armoniosa de la tarea de los poderes públicos; consenso que debemos construir entre todos los actores políticos del país y congruencia y compromiso para con el proyecto de la nación que sea más justa y más ordenada a la que todos aspiramos y la que todos merecemos. Es tiempo del Poder Legislativo, de fortalecerlo; de unidad para impedir su avasallamiento, para defender su dignidad, su decoro, su función respetando la ley, la institución a nuestros pares, a nosotros mismos y con ello el poder obtener el respeto, a la dignidad nacional. El Presidente: Muchas gracias, diputado Alejandro Zapata Perogordo. Se concede el uso de la palabra a la diputada Beatriz Paredes Rangel, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional hasta por 15 minutos.