El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: La propuesta que hoy someto a consideración de esta soberanía tiene como propósito eliminar las restricciones o condiciones que prevé la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental a las personas morales privadas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al ambiente en general o algún aspecto relacionado y que limita la tutela efectiva de su interés legítimo para interponer acciones judiciales por responsabilidad ambiental y exigir la reparación del daño correspondiente. Esta ley fue publicada el 7 de junio de 2013 y es reglamentaria del artículo 4o. constitucional. Su objeto es precisamente regular la responsabilidad ambiental que nace de los daños ocasionados al medio ambiente, así como la reparación y compensación de dichos daños. Con ese fin, los artículos 27 y 28 establecen un listado de sujetos legitimados para demandar la responsabilidad ambiental, la reparación y compensación de los daños ocasionados, entre ellos, las personas morales privadas mexicanas, sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la protección al medio ambiente en general o de alguno de sus elementos. La problemática, amigas y amigos, compañeras y compañeros diputados, estriba en que el citado artículo 28 prevé, en su segundo párrafo, que dichas personas morales deberán acreditar que fueron legalmente constituidas, por lo menos 3 años antes de la presentación de la demanda por daños ocasionados al medio ambiente. Por consiguiente, si bien se les reconoce un interés legítimo para demandar, es claro que los requisitos que se les impone para accionar son evidentemente restrictivos al exigir una antigüedad de tres años. Esta irregularidad ha sido apuntada ya por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver juicios de amparo interpuestos por organizaciones no gubernamentales, cuyo objeto es la protección del medio ambiente, pues precisamente por la naturaleza del interés legítimo que detentan es que no se pueden poner restricciones desproporcionadas, ya que estas desalientan e inhiben la promoción de demandas ambientales y condicionan injustificadamente el acceso que tenemos los seres humanos a este derecho fundamental, como lo es el derecho a gozar de un medio ambiente sano, mismo que también consagra el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En este punto debe destacarse que la ley que se propone reformar tiene también como propósito cumplir con las obligaciones que asumió el Estado mexicano, al suscribir dicho tratado y en ese sentido debe establecer normas que permitan un acceso efectivo a la justicia, así como la participación activa de este tipo de personas morales privadas en los conflictos ambientales. Por ello afirmo que es restrictivo e inconstitucional el requisito de que las organizaciones pro-ambientales deben acreditar una antigüedad mínima de tres años, pues precisamente eso limita su garantía de acceso a la justicia. Así lo ponen de relieve las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles en lo tocante a las llamadas acciones colectivas, que solo exigen como requisito el contar un solo año de antigüedad. Asimismo, en la propuesta se destaca que, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, también conocida como la Cumbre de Río, el principio número 13 que forma parte de los compromisos asumidos por el Estado mexicano consiste en desarrollar la legislación y mecanismos jurídicos que permitan una efectiva reparación de los daños generados al medio ambiente y a las personas por la actividad industrial o del ser humano. En mérito de lo anterior, se propone reformar el artículo 28 de esta Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, a fin de eliminar este requisito que condiciona y restringe la tutela del interés legítimo en materia ambiental, y en congruencia con ello se propone también la modificación del artículo 29 de la misma ley, que establece el plazo de 12 años para la prescripción de las acciones ambientales, contados a partir del día en que se produzca el daño al ambiente y sus efectos. La modificación que se propone consiste en precisar que ese plazo se contabilizará a partir de que se causa el daño o de que se conocen sus efectos, pues comúnmente las acciones que dañan el medio ambiente son detectadas muchísimo tiempo después desde su ejecución, o bien, sus efectos no concluyen en un solo momento, sino que son de carácter continuado. Lo anterior adquiere relevancia cuando los daños ocasionados al ambiente, como aquellos que se han producido en mi natal Salamanca, Guanajuato, en muchas ocasiones no son consecuencia de una sola acción, sino que son resultado de acciones constantes y sistemáticas.