El diputado Felipe Díaz Garibay (desde la curul): Gracias, señor presidente. Señor procurador, el fenómeno del narcotráfico es una de las principales preocupaciones actuales en todo el mundo. Este problema no es exclusivo de nuestro país ni es un fenómeno aislado en el contexto internacional. El crimen se ha globalizado. Las bandas que actúan en nuestro país están íntimamente relacionadas ya con organizaciones criminales de otros países. Nuestra ubicación geográfica es utilizada por los grupos delictivos con el propósito de llegar a la frontera norte, generando que los movimientos delincuenciales pasen por casi todos los estados de la república, sembrando a su paso mucho temor y nerviosismo en la población. Las ganancias millonarias en dólares que deja este mercado ilícito de drogas han sido, y siguen siendo, el principal acicate para la proliferación de las bandas dedicadas a esta actividad ilícita. Los cárteles del narcotráfico amplían su radio de acción hacia el secuestro, la trata de personas y el tráfico de armas, agravando aún más la inseguridad y los niveles de violencia que padece la ciudadanía. Nuestros niños y jóvenes están amenazados por la proliferación del narcomenudeo que se extiende en forma inexorable por todo el país. Con preocupación, vemos que la magnitud del problema no sólo ha crecido, sino también se ha diversificado. Se han incrementando los tipos de enervantes y, desde luego, el número de consumidores crece día con día. La ya muy lastimada sociedad mexicana sabe que para resolver las cosas no basta con el Acuerdo Nacional por la Seguridad, Justicia y la Legalidad, porque el problema en sí tiene connotaciones más profundas. Por ello fue necesario llegar al ámbito de la reforma legislativa. El compromiso de todos los servidores públicos, que trabajan en las instancias de procuración de justicia, debe ser recuperar la confianza de los ciudadanos y la labor del Estado debe ser percibida por la sociedad de manera positiva, entendiendo que nosotros somos aliados de los ciudadanos. Por ello, hace unos meses la LX Legislatura del Congreso de la Unión, aprobó las reformas constitucionales para establecer en el país el nuevo Sistema de Justicia Social Penal y de Seguridad Pública. Se inicia con ello una etapa de transformación de las instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia que permitirá agilizar los procesos penales, actuar con transparencia, imparcialidad y honestidad; garantizar los derechos de las víctimas y reforzar el combate a la delincuencia. No será una tarea fácil, enfrentaremos inercias y resistencias, particularmente de quienes lucran con la justicia y realizan prácticas negativas que obstaculizan la buena impartición de ésta. Por todo ello, señor procurador, quisiéramos que usted nos dijera: Uno. Dado el carácter global del problema del narcotráfico ¿cuál es su diagnóstico sobre la transformación de los patrones de este ilícito en los países en donde las bandas delincuenciales locales actúan o tienen alguna participación, considerando, desde luego, la manera en que están impactando estos cambios la actuación de los grupos delincuenciales que operan en nuestro país y los alcances del trabajo conjunto de los gobiernos nacionales para combatir con eficacia este ilícito, sobre todo en el ámbito regional continental? Dos. ¿De qué manera impacta a la Procuraduría General de la República, en sus distintos órganos, la puesta en vigor de la reforma al sistema de justicia penal en el aspecto presupuestario como en su financiamiento y su manera de ver esa eficiencia y eficacia, en la impartición de justicia tan exigida ya por los ciudadanos? Tres. ¿Cuáles son las acciones específicas que ha emprendido la dependencia para poner en marcha el cumplimiento de la reforma? y Cuatro. En los últimos años México no ha salido bien librado en los estudios que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas en materia de impartición de justicia. Por ello, díganos usted en qué tiene que cambiar el Ministerio Público para tener mucha mayor eficiencia que la que tiene actualmente y cuál será la estrategia para garantizar al mexicano un verdadero estado de derecho. Por sus respuestas, muchas gracias.