El diputado Marcos Pérez Esquer: Con su venia, diputado presidente. La iniciativa que hoy estamos proponiendo busca, en esencia, robustecer el derecho ciudadano de acceder a la información pública, homologando la normatividad para que todos los órdenes de gobierno y todos los poderes y entes autónomos del Estado mexicano, se ciñan a una misma ley. Para esto, es menester hacer previamente una reforma constitucional para facultar al Congreso de la Unión a expedir una Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Hoy por hoy, compañeros diputados, no obstante los avances que han venido dándose en nuestro país, en materia de transparencia, desde la expedición de la propia ley federal de transparencia hace 8 años, pasando para la expedición de su Reglamento hace 7 años, por la consecuente creación del Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información, las reformas para la protección de los datos personales, etcétera, lo cierto es que todo este proceso, todo este esfuerzo para transparentar al gobierno, sólo ha tenido verdadero calado en el Poder Ejecutivo federal. Los otros Poderes de la Unión, incluida esta Cámara de Diputados, los entes constitucionalmente autónomos y los órdenes de gobierno estatal y municipal, no se han transparentado aún o, al menos, no lo han hecho en el mismo grado en el que lo ha hecho ya el Ejecutivo federal. Dicho de otro modo, estos otros Poderes de la Unión y sobre todo los órdenes de gobierno estatal y municipal se han quedado a la zaga; absolutamente rezagados respecto del Ejecutivo federal en materia de transparencia y rendición de cuentas. No obstante la reforma constitucional de 2007 al artículo 6o., por la que se obligó a las entidades federativas a emitir leyes estatales de transparencia que cumplieran al menos con ciertos requisitos básicos para garantizar el derecho ciudadano de acceso a la información pública, la experiencia revela que lamentablemente el objeto de esa reforma no ha rendido los frutos que se esperaba. Hay estados que a más de 3 años de aquella reforma no han ajustado sus leyes estatales de transparencia para hacerlas acordes a la Constitución, peor aún, hay entidades federativas que hicieron modificaciones a esas leyes, pero que tales modificaciones en realidad se convirtieron en contrarreformas, en claras regresiones en materia de transparencia. En muchos estados de la república ha habido avances, cierto, pero en otros más siguen existiendo prácticas que no se corresponden con el espíritu democrático de la transparencia y de una efectiva rendición de cuentas. Debemos reconocerlo. Aquella reforma constitucional hecha con la mejor de las intenciones, no está cumpliendo con su cometido. Por otra parte, y toda vez que el actual esquema segmenta la normatividad en los tres órdenes de gobierno, en la práctica esto se constituye en un serio obstáculo para el ciudadano que debe apegarse a distintos cuerpos normativos dependiendo de la instancia gubernamental de la que requiera información. El sólo hecho de que el ciudadano tenga que ajustarse a distintas reglamentaciones, según a quién le esté solicitando información, complica seriamente el ejercicio de ese derecho de acceder a la información pública. Como ustedes saben, compañeros legisladores, más del 90 por ciento de las solicitudes de información que hacen los ciudadanos tienen que ver con el ejercicio del gasto público. De ello me surge la siguiente reflexión: si ya este Congreso de la Unión emitió una Ley General de Contabilidad Gubernamental, que obliga a todos los poderes y entes autónomos y a todos los órdenes de gobierno a apegarse a las mismas reglas para procesar su información financiera y llevar su contabilidad, por qué razón no homologamos también las reglas para que los ciudadanos puedan acceder a esa información. Así las cosas. La iniciativa contempla reformar los artículos 6o. y 73 de la Constitución para ordenar la emisión de una ley general que regule el tema por igual para todos los poderes y entes autónomos, así como los órdenes federal, estatal y municipal, y para cualesquiera otra instancia que maneje recursos públicos como son los partidos políticos y eventualmente los sindicatos. Muchas gracias, compañeros. Solicito a la Presidencia se pueda insertar íntegramente el proyecto de decreto en el Diario de los Debates. Gracias.