EL C. DIP. GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ BALDERAS: Con su permiso, diputado Presidente. Señor Secretario: En diciembre del 2000, al iniciar trabajos la nueva administración gubernamental, los obreros mexicanos, a través de las representaciones sindicales, advertimos sobre la necesidad de que los cambios prometidos en la campaña electoral se dieran con prisa y con efectividad, esto es, que se notaran en el bolsillo y el bienestar de los trabajadores. Se habló de que con los programas propuestos por el gobierno se alcanzaría un crecimiento económico sostenido para crear empleos suficientes en las áreas industrial y de servicios. La realidad se impuso y las cifras se fueron a al baja conforme transcurrían las semanas; del 7 por ciento bajó al 5, después al 4 y así sucesivamente, hasta llegar al 0 o menos. Pese a lo esperado se han perdido 500 mil empleos y el número sigue creciendo a tal grado que de continuar así la cifra se duplicará al finalizar el año. Son demasiadas las promesas que se bajaron en cálculos alegres que muestran ahora una cara distinta. A casi un año muco ha cambiado. Las cifras estadísticas oficiales son elocuentes, casi el 70 por ciento de los nuevos empleos surgidos este año no son asalariados o se han dado en muy pequeños establecimientos. De ese número el 65 por ciento no recibe más de 2 salarios mínimos y cerca del 57 por ciento no tiene prestaciones sociales. La diferencia entre los empleos creados y los perdidos es abismal. Por eso, vemos con preocupación que existan diferencias substanciales entre lo que se dice y lo que se hace en materia laboral, entre el propósito y la realidad, pues mientras la legalidad forma parte de los cinco principios y cinco líneas estratégicas que animan a la actual política de la Secretaría del Trabajo, lo cierto es que han surgido determinaciones jurídicas que cercenan derechos de organizaciones y trabajadores por una parte y, por la otra, en aras de una apertura a disidencias ficticias o reales, muchas veces organismos de manipulación patronal, la dependencia se atribuye funciones que no le corresponden y que forman ya un buen número de litigios, porque para los trabajadores no hay duda de que existe una clara tendencia a reducir lo que durante muchos años se consideraron conquistas laborales inamovibles, tales como el pago por jornada y no por hora y las prestaciones sociales y los salarios No vamos a lograr un diálogo fructífero autoridades y obreros, si de principio se favorece solamente a la parte patronal a la que respetamos y consideramos, pero cuyas exigencias en detrimento de los trabajadores, ha registrado en los últimos meses un crecimiento desorbitante. Cierto es que el propósito de lograr una política laboral incluyente, en la que se consideren interlocutores válidos a todos los sindicales y organismos empresariales legalmente constituidos, sin privilegios, tienen un fin y un propósito loable, pero no ha sido así cuando se observa una tendencia hacia el favorecimiento para la clase patronal y grupos minoritarios que se dicen independientes y un abandono de la obligación de aplicar la ley con estricta justicia. Estamos firmemente convencidos de que para garantizar el crecimiento de la productividad y por lo tanto de los niveles de vida es fundamental también redoblar esfuerzos para hacer de la capacitación la formación de capital humano y la inversión física y productiva, elementos sustanciales de nuestro desarrollo. La productividad implica para nosotros trabajar mejor y producir más con menos recursos, coincidimos con la línea estratégica de la Secretaría del Trabajo en el sentido de aumentar la productividad de las empresas y de las personas, pero ligar indiscriminadamente elevación de salarios con productividad como es la propuesta oficial, lleva a muchas injusticias que dañan solamente al trabajador restándole la garantía al pago justo por su desempeño. Suena bien la teoría de que con esquemas de productividad para fijar salarios se puede crear más riqueza para distribuirla mejor con lo que se logra además activar el mercado interno pero la realidad señala otra cosa, de ahí la urgencia de entablar consultas serias sobre conceptos que pudiesen después ser las bases de las nuevas leyes. Por otro lado se hace cada vez más necesaria la apertura al diálogo y al consenso para la modificación de algunos de los ordenamientos de la Ley Federal del Trabajo para cuya disposición los Legisladores Priístas tienen amplia disposición. Valoramos las consultas que está haciendo el Poder Ejecutivo en torno a la Legislación Laboral, pero dejamos constancia de manera enfática que ninguna fórmula de participación de los grupos de interés o de los representantes sociales puede ser sustitutiva de la representación legítima de la ciudadanía que está representada por los legisladores en el Congreso de la Unión. En materia de Legislación en las Cámaras tenemos la potestad de las definiciones, nunca la cerrazón ha s ido la característica de nuestros compañeros que existe buena fe y propósito de alcanzar acuerdos que a todos beneficien; rechazamos, sí, que se trate de obtener ventajas por parte del capital a través de condicionamientos al trabajo obrero o el retroceso de aquellas conquistas que tuvieron como base el sacrificio de la vida de nuestros compañeros. Por eso no podemos aceptar la propuesta de eliminar el pago por jornada y la pretendida libre contratación que despoja al trabajador de su sindicalización, de sus derechos y de la protección de las leyes; tampoco que se pretenda reducir los beneficios sociales que se han alcanzado a través de casi un siglo y que no son una concesión graciosa por parte de los patrones o el estados ino derechos conquistados con trabajo y disciplina. Estamos hablando de casi 20 millones y medio de empleados y obreros y de 2 millones 600 mil jornaleros y peones sobre los que se ha cebado una política que no solo pretende disminuir sus conquistas sino aumentar sus impuestos. ¿Por qué se pretende hacer recaer sobre ellos el pago de más impuestos sobre la renta para las pensiones, jubilaciones y haberes de retiro a los que adicionalmente a lo anterior se deberá sumar el monto de los haberes de retiro pagados por las instituciones de seguridad social más lo que paguen los patrones. Se quiere también gravar las cuotas obreras que pagan a los trabajadores que ganen arriba del salario mínimo con la finalidad de que las empresas deduzcan los pagos que realicen por dicho concepto pero afectando al trabajador. Un rápido análisis de lo que se pretende hacer con los trabajadores que paguen, puede dar idea del tamaño del problema; se quiere gravar las prestaciones económicas que de origen no lo estaban acumulándolas a los ingresos de los trabajadores para su gravamen y los rendimientos de las cajas de ahorros si el patrón hace aportaciones. Se pretende también reducir el monto de muchos deducibles entre los que se encuentran gastos médicos, hospitalarios y de funeral, becas educacionales,. Guarderías infantiles, etc., además de aplicaciones que hacen se queden fuera de esos magros beneficios los trabajadores de confianza, los sindicalizados o muchos de los que se encuentran en contrato-ley. Para el colmo, los esquemas de simplificación contienen una maña que perjudica elementalmente a los trabajadores cautivos de los impuestos cuando se trata de salarios pues aún cuando los porcentajes de incrementos se siguen otorgando en función de la inflación esperada, las nuevas tarifas impositivas no incluyen un procedimiento de actualización para compensar el impacto de la inflación por lo cual automáticamente el pago se incrementará año con año sin que necesariamente se aumente el salario real del trabajador. Si a esto se añade la pretendida eliminación de la tasa cero del IVA a alimentos y medicina y la apertura indiscriminada de las AFORES que incrementaría en la tasa de comisión para los ahorradores actuales y un mayor volumen de bursatilización de la cartera de los fondos que implicaría mayor riesgo en el capital puede verse que el panorama económico para los trabajadores no es nada halagüeño. Súmense todos los factores que aquí hemos mencionado y se entenderá el porqué el desaliento y la incertidumbre obrera y su desencanto y desconfianza hacia las políticas de la Secretaría del Trabajo. Súmese también que poco es lo que ha hecho la dependencia para dar seguridad jurídica del empleo y pugnar porque en donde hay empleo la mujer tenga igualdad de oportunidades con el hombre. La discriminación laboral por cuestión de género es uno de nuestros mayores problemas y de ahí la necesidad de encararlo con prioridad. Es imprescindible que la autoridad tenga firme decisión, auténtica voluntad para incorporar a la mujer como un ser pleno y productivo en el ámbito del trabajo antes que pretender colocarla en un estadio de servidumbre. Y para dar rostro humano al cambio por el que votaron muchos mexicanos que se sienten engañados, se hace necesario un auténtico programa que incluya a la juventud que enfrenta hoy el desempleo, leyes más severas contra la explotación laboral de los menores y un mercado de trabajo para los discapacitados de diverso grado que en México señor, ya suman casi diez millones. El nuevo régimen está pues ante la oportunidad de asumir su papel histórico con hechos palpables que hagan retomar la confianza a los trabajadores. La historia no les perdonará si habiendo consigo (¿) la esperanza de todo un pueblo, fracasan por no haber podido apreciar el tamaño del reto. Muchas gracias. ( aplausos )