La diputada María Araceli Vázquez Camacho: Con su permiso, diputado presidente. La principal característica del órgano legislativo en los regímenes democráticos es ser una institución que ostenta la representación nacional con atribuciones y organización interna propias. La actividad legislativa conlleva a la revisión permanente de los ordenamientos legales que conforman el derecho positivo vigente a través de reformas, adiciones, supresiones o modificaciones. Los diputados somos representantes de la nación, nuestra responsabilidad es deliberar y legislar. Para ello requerimos presentar propuestas legislativas, orientadas a adecuar la realidad. Cuando un diputado o una diputada no asiste a los trabajos de las comisiones, difícilmente podrá deliberar y participar en los debates de los temas a discusión y se corre el riesgo de que cúpulas con intereses particulares aprueben reformas y políticas tan importantes para la vida nacional del país. Un ejemplo de una reforma importante es la aprobación del paquete económico, traducida en la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación que establecen la política fiscal y hacendaria. Durante muchos años la responsabilidad y práctica parlamentaria, conjugada con la mayoría legislativa hegemónica del partido único, hacían que el Presupuesto de Egresos de la Federación pasara intacto en su fase aprobatoria. Es decir, el documento que contemplaba el gasto público del gobierno federal se aprobaba sin modificación o adecuación alguna. Con el paso del tiempo esta práctica ha venido modificándose; la caída del régimen hegemónico, la alternancia en el poder, la pluralidad ideológica política, entre otros, son factores que han obligado que el Presupuesto federal sea analizado y discutido, aparentemente al día de hoy, por todas las fuerzas políticas, sin dejar de considerar que las mayorías legislativas hoy quieren revivir practicas añejas del pasado y aprobar el presupuesto a su conveniencia. A pesar de que el pleno tiene la facultad de la toma de decisiones, recientes hechos, por todos conocidos, se filtraron a la luz pública debido a reyertas entre estas cúpulas y han hecho que esta Cámara de Diputados sea testigo de posibles regresiones en los acuerdos firmados, como se dice coloquialmente "en lo oscurito," por funcionarios de alto nivel de partidos políticos y del gobierno estatal y federal, donde unos cuantos negocian, acuerdan el destino de la política fiscal y hacendaria, incluso, nos enteramos que a ese nivel se negocia la Presidencia de la República al abrirle camino a un presumible candidato. La Cámara de Diputados no puede ser ajena a dicha problemática cuando se negocian iniciativas y/o dictámenes, ya que con ello se está debilitando al Poder Legislativo y se le resta soberanía a la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto. Por ello, la propuesta que someto a consideración hoy tiene que ver con la reivindicación del papel del Poder Legislativo y de nosotros, los legisladores. ¿En qué consiste la propuesta? Cuando la propuesta de decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejecutivo federal llega a la Cámara de Diputados, las comisiones ordinarias legislativas se abocan a la discusión, al estudio, al análisis de la partida presupuestaria respectiva al ramo que le corresponde. Así como, por ejemplo, tenemos la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien se encarga de analizar la parte del ramo correspondiente y así sucesivamente las otras comisiones. Al término de esta discusión y análisis, con la participación de diputadas y diputados en las comisiones, emiten en su mayoría, por consenso, un documento que se traduce en un acuerdo de propuesta de modificación al proyecto de decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal respectivo, en el que hacen las observaciones, solicitudes, modificaciones y adecuaciones a los montos y cantidades de los ramos respectivos y tomando en consideración el conocimiento del gasto del ramo y la aplicación de programas y/o proyectos, y sobre todo, el conocimiento de las necesidades y de las demandas de la ciudadanía. Sin embargo, en la práctica estos esfuerzos y trabajos que realizan estos diputados y diputadas, no son vinculatorios para la Comisión del Presupuesto, lo que hace ociosos e irrelevantes estos acuerdos de referencia, motivo por el cual es de gran relevancia hacer vinculatorio y obligatorio este acuerdo con la comisión dictaminadora, toda vez que los más de 30 integrantes de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública?