El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara: La cuestión básica ante la reforma que se propone es determinar los alcances de la operación de la geo localización para atender un riesgo inminente a la vida de una persona al violentar su derecho a la privacidad. Y esta propuesta no garantiza la seguridad de la persona investigada ni la información privada de todas y todos los ciudadanos que usan los equipos de comunicación móvil asociados a una línea. Voy a hablar de la violación a derechos humanos de carácter internacional, que violentan con esta legislación. No voy a hablar de lo que no hacen caso cuando se vincula una ley como la que proponen con otras que aquí mismo se legislaron, se legisló en la Ley Federal de Telecomunicaciones. Sino es necesario hablar de la corrupción y la impunidad que hay en el país y que éstas constituyen columnas rectoras del funcionamiento del sistema de justicia penal. Y donde la geo localización se convierte en un factor de riesgo para los ciudadanos. No solo por el acceso a información privada, que en su momento tendrán los funcionarios de seguridad y justicia. Sino el acceso de los concesionarios al control, almacenamiento y disposición de datos de los usuarios de los servicios concesionados en telecomunicaciones. La delincuencia tiene capacidad económica y legal para enfrentar los juicios penales en los que al final de la trama pueden eludir su responsabilidad. La geo localización en tiempo real que se propone para combatir el secuestro por sí misma, no previene ni fortalece la investigación de este delito. Existen problemas urgentes que no son garantizados ni considerados para garantizar la privacidad de los ciudadanos que usan telefonía móvil. Y los problemas de operación de las garantías para datos privados, en un primer momento se encuentran en la misma ley. Evidentemente, ya hablé, que en la Ley General de Telecomunicaciones se legisló y se dio tiempo para ver en qué momento, a través del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no puede exceder del 18 de junio de este año, pero la verdad es que los Congresos locales están demorando con este proceso, por lo cual tampoco se ha desarrollado la capacidad técnica indispensable que atienda las exigencias requeridas por la autoridad judicial para operar una orden de intervención en comunicaciones privadas y ésta no se desarrolla ni se acredita por la implementación de programas y políticas de las instancias de procuración de justicia federal y estatal para su implementación. Miren, en el mes de febrero del año en curso, el coordinador nacional Antisecuestros y la presidencia del organismo civil Alto al Secuestro, informaron que en enero de 2015 se registraron 163 secuestros en México, es decir, cinco secuestros culmino, presidente por día, 7.2 más que en diciembre de 2014, delito que evidentemente se hace cotidiano ante la ineficiencia y en extremo la complicidad de las propias autoridades responsables de la investigación y sanción de este delito. Coincido con la necesidad urgente para establecer no solo el marco legal idóneo para combatir este delito, sino además establecer principios y protocolos que garanticen la prevención, investigación y determinación de responsabilidad de los delincuentes, pero la geo localización en tiempo real que se propone, no garantiza los derechos humanos. Sacrificamos nuestro derecho a la privacidad, que puede tener graves consecuencias, ya que se corre el riesgo de perder algo más que lo material, perderemos nuestra libertad y la confidencialidad de nuestra forma y estilo de vida. Por ese motivo, por inoperante, nosotros vamos a votar en contra, allá ustedes.