El diputado Humberto López Lena Cruz: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros. Ha sido muy discutido el tema de la despenalización de los delitos de difamación, injurias y calumnias por considerarse un atentado contra la libertad de expresión. Hace unos días, la colegisladora aprobó la minuta emanada en esta Cámara para la derogación de dichos delitos del Código Penal federal y su inclusión en el Código Civil federal para que sea ésta la vía idónea para castigar algún atentado contra la moral, el honor y la reputación. Lo anterior, como producto de distintas iniciativas que se han presentado en el mismo sentido y que aglomeran la fundamentación teórica y jurídica respecto a la necesidad de eliminar las medidas punitivas contra la libre manifestación de ideas. La despenalización impulsada por la Cámara de Diputados y aprobada recientemente por la Cámara de Senadores es sin duda un gran avance para unificar los criterios internacionales al respecto y evitar la censura previa en los medios de comunicación, sentándose un precedente importante que se pueda tomar como base para que nuestro marco jurídico normativo otorgue los medios que garanticen el cumplimiento exacto a la libre expresión. En mérito de lo antes expresado y en mi carácter de integrante de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la Especial para la Atención a las Agresiones a los Periodistas y Medios de Comunicación, considero de esencial importancia que la despenalización de los delitos de injurias, difamación y calumnias no sólo sea en el ámbito federal, sino que sea extensiva para todas las entidades federativas, y eso puede conseguirse estableciendo el mismo criterio en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esta iniciativa propongo una reforma de adición al artículo 6o. constitucional que automáticamente hará efecto en el 7o. en la misma Ley fundamental. Dicha reforma consiste en que se prohíba la pena privativa de la libertad en el ejercicio libre de las manifestaciones de las ideas, trasladando al ámbito civil cualquier ofensa al honor, reputación, moral o cualquier otro bien jurídico tutelado similar. El efecto referido sobre el artículo 7o. es en razón de que al brindarse mayores apoyos para la libre manifestación de ideas, se hará extensivo a la libertad de expresión. La reforma anunciada pretende rescatar el importante contenido de la minuta aprobada recientemente en el Senado, en el entendido de que sólo se está eliminando el fuero federal de estos delitos, subsistiendo los mismos en las entidades federativas, con excepción de cuatro estados de la República: el Distrito Federal, Durango, Morelos y Baja California, que ya han despenalizado esos delitos, pero en todos los demás siguen tipificándose, con el riesgo consecuente de que las autoridades sigan abusando del poder y utilicen esta figura jurídica para acallar a quienes consideran sus enemigos y por pensar diferente a ellos, o no someterse a sus caprichos. Ahora bien, en atención a lo anterior y con la finalidad de que la reforma constitucional sea armónica con los demás ordenamientos jurídicos emitidos previamente y que siguen estando vigentes, por lo cual se propone derogar los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta. La cual establece, en los citados numerales, las sanciones penales por la realización de los delitos contenidos en los mencionados ordenamientos, los cuales son: los ataques a la vida privada, los ataques a la moral, los ataques al orden o a la paz pública. Por lo antes expresado, y en el entendido de que el tema se ha debatido ampliamente —no pretendo ser repetitivo—, me permito presentar la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto mediante la cual se reforma y adiciona el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y deroga los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta. Artículo primero. Se reforma el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en caso de que ataque a la moral, los derechos a terceros, provoquen algún delito o perturben el orden público. En estos casos sólo se aplicarán sanciones civiles que reparen el daño causado, quedando prohibidas las penas privativas en la libertad, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo segundo. Se derogan los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Imprenta para quedar como siguen: Artículo 31. Derogado. Artículo 32. Derogado. Artículo 33. Derogado. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se establece un plazo de 30 días naturales, contados a partir de la iniciación de la vigencia de la presente reforma, para que las legislaturas de los estados ajusten sus códigos penales y civiles en el sentido de la reforma constitucional. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro de la Cámara de Diputados, del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los trece días del mes de marzo del 2007. Es cuanto, señora Presidenta. Solicito que se inserte en el Diario de los Debates por haberle hecho algunas modificaciones.