La diputada Maribel Martínez Ruiz: Compañeras diputadas, compañeros diputados, en México el número de mujeres en los reclusorios o centros de readaptación social ha ido en aumento y los motivos por los que delinquen son varios. Sin embargo, no podemos ignorar que la necesidad económica, el amor o desamor –si así lo quieren ver–, el miedo, son factores recurrentes. Ahora bien, cuando una mujer que es madre o un hombre que es padre son condenados a una pena privativa de su libertad sus hijos e hijas son afectados de manera negativa y, al menos en nuestro país, los órganos jurisdiccionales no los ven ni los oyen. Es decir, las hijas e hijos de las personas que se encuentran privadas de su libertad son en todos los aspectos, las víctimas olvidadas por el Estado, y en muchos casos revictimizadas en múltiples formas. De acuerdo con el estudio realizado por la doctora Carla Angélica Gómez, denominado menores que viven con sus madres en centros penitenciarios, legislación en México y publicado por el Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, es sumamente precaria ya que, si bien estos niños y niñas están creciendo junto a sus madres, al menos durante la primera infancia ejerciendo, sí, su derecho a vivir con ellas, no gozan de ningún otro derecho como puede ser la educación, la salud y, por supuesto a un pleno bienestar. Las mujeres que se encuentran en situación de reclusión, pero sobre todo las niñas y los niños que viven con ellas carecen de medicamentos, de alimentos adecuados para su edad, de espacios lúdicos donde puedan jugar, interactuar y convivir con las demás niñas y niños y mucho menos cuentan con servicios de guardería o educación inicial mientras permanecen en los centros penitenciarios, a pesar de que es responsabilidad del Estado garantizar estos derechos. Por otro lado, la mayoría de estas niñas y niños al ser expulsados del centro penitenciario y separados de sus madres, de manera abrupta, son enviados con familiares que no los desean, que los ignoran e incluso les lastiman. O a una casa hogar, donde tampoco reciben el amor y cuidados que merecen, es decir, el interés superior de las niñas y niños constantemente es violentado. No obstante que estas niñas y niños merecen que sus derechos sean respetados y garantizados, merecen crecer en un espacio que les permita desarrollar sus habilidades cognitivas, perceptuales y motrices, proveer estas circunstancias y garantizar estos derechos es responsabilidad de los gobiernos federal y estatal en el ámbito de sus respectivas competencias. Por ello, pongo a su consideración las reformas de los artículos diversos de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, a efecto de garantizar el respeto, protección y garantía de los derechos de las niñas y niños que viven con sus madres en situación de reclusión. La finalidad de esta iniciativa es generar condiciones para la implementación de acciones y mecanismos que permitan y fomenten el crecimiento y desarrollo integral de las niñas y niños que viven en estas condiciones, de tal manera que se garantice su derecho a vivir en familia, en salud, a recibir una alimentación sana, educación de calidad de acuerdo a su grupo etario, a crecer en un ambiente adecuado, a jugar, a reír, a ser niños y niñas plenas, particularmente tomando en consideración la situación de sus madres. Es cuanto.