El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Compañeras diputadas y compañeros diputados, actualmente existen marcadas desigualdades en el grado de desarrollo de los distintos estados y municipios de nuestro país, por lo cual debemos reflexionar en la posibilidad de replantear ciertas facultades, responsabilidades y esquemas que equilibren a los tres órdenes de gobierno para propiciar el fortalecimiento de los municipios. En México existen 2 mil 439 municipios con características diferentes entre sí. Cada uno de ellos posee sus rasgos propios que lo diferencian de los demás; aunque en términos de la problemática que enfrentan se dan situaciones comunes tales como la insuficiencia de recursos financieros, de capacidad técnica y humana, en la prestación de servicios públicos e ineficiencia administrativa, entre otros. El municipio es una instancia política y administrativa del Estado mexicano. Es la unidad básica territorial cuyas características básicas, de acuerdo a la Constitución, son libertad política, libertad de administración y personalidad jurídica. Esta última se refiere a la capacidad que tiene el municipio para ser sujeto de derechos y obligaciones y manejar su patrimonio conforme a la ley. En este sentido es un poder público que puede celebrar convenios con otros entes sujetos a derechos y obligaciones; celebrar acuerdos dentro de su competencia y jurisdicción; dictar los bandos de policía y buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de su respectiva jurisdicción y adquirir obligaciones y responsabilidades ante otras instancias gubernamentales. En este orden de ideas, el ayuntamiento como órgano de representación popular encargado del gobierno y la administración del municipio cuenta con la oportunidad de aprovechar su personalidad jurídica, la cual le brinda el potencial para consolidarse como un promotor económico de éste. Desde los 80 se reconoció la imperiosa necesidad de impulsar esta característica como forma de conducir económica y financieramente a las comunidades. Sobre todo, en un contexto en el que 44 por ciento de los municipios del país —mil 77 municipios— están clasificados como de alta y muy alta marginación, en donde la mayor parte de la población no alcanza a percibir dos salarios mínimos y que se encuentran concentrados fundamentalmente en el sur y sureste del país. Actualmente el municipio, sobre todo el rural, tiene la necesidad de buscar alternativas de financiamiento o buscar recursos adicionales para constituirse como promotor real del desarrollo y así poder dar respuesta a las demandas ciudadanas. En este sentido, el financiamiento municipal es fundamental, al entenderse como el conjunto de acciones a través de las cuales los ayuntamientos se allegan de fondos monetarios necesarios para cubrir las actividades operativas que requieren, así como también su ampliación y desarrollo. Existen varios tipos de financiamiento que pueden ser utilizados por los municipios, pero para ello, los municipios deben generar recursos internos propios que satisfagan las expectativas de gasto, con lo cual pueden ser autofinanciables. Sin embargo, la característica fundamental que priva a los gobiernos municipales es que no son autosuficientes, lo cual obliga a ver alternativas para proveerse de recursos. Lo anterior, genera gobiernos municipales altamente dependientes del gobierno estatal y federal. Por otra parte cabe mencionar que los ayuntamientos se renuevan en su totalidad cada tres años y para ello la ley orgánica municipal y la ley electoral de cada entidad determinan el tiempo y la forma en la que deberá hacerse dicha renovación. Pero es una realidad que es una limitante para la planeación del gobierno municipal es el escaso tiempo de gestión con el que cuentan. En tan sólo tres años deben conocer las necesidades vecinales, la cantidad de los recursos con los que cuentan y los que probablemente van a tener como resultado de su gestión. Asimismo, elaborar un diagnóstico de financiamiento, un análisis financiero del municipio, determinar las estrategias de financiamiento relacionadas al nivel de riesgo que adoptarán; presentación del programa de financiamiento para su aprobación. Y una vez aprobado, recurrir al gobierno a través de convenios para transferir recursos para el desarrollo. Esto hace que programas y proyectos no coincidan en el tiempo, y que el dinero con el que cuentan en ese momento no sea suficiente para ejecutarlos. Definitivamente, en tres años de gestión de un ayuntamiento no se alcanzan a obtener los frutos de las gestiones hechas y la ciudadanía no observa los beneficios esperados. Como puede apreciarse, la figura del municipio se ha visto obstaculizada para llevar a cabo sus atribuciones, debido al tiempo limitado con el que cuenta. En donde sus gestiones quedan inconclusas y sin recibir los beneficios esperados. Compañeras diputadas y compañeros diputados, por este motivo debemos otorgar tiempo suficiente a los ayuntamientos para que puedan gestionar convenios de colaboración con las instancias correspondientes, y al mismo tiempo tengan oportunidad de recibir los beneficios de éstos, durante sus administraciones. Es indispensable poner las bases que den continuidad a las políticas públicas elaboradas por los ayuntamientos. Como legisladores es nuestra responsabilidad reconocer las nuevas necesidades de la federación y llevar a cabo acciones que permitan fomentar su fortalecimiento y paliar la heterogeneidad en todo el territorio nacional. Por las razones antes expuestas y con el fin de fortalecer el desarrollo municipal en beneficio de los ciudadanos, la presente iniciativa pretende reformar el artículo 115 constitucional para ampliar el periodo de gobierno de los presidentes municipales a 4 años. Señora Presidenta, en virtud de que la iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, le ruego que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.