La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, presento esta iniciativa a nombre del diputado Noel Pérez de Alba y una servidora, iniciativa de Ley General para el Combate de la Obesidad y Trastornos en la Conducta Alimentaria de la Niñez y Juventud. Reconozco el esfuerzo legislativo que precedió para atender este asunto que es de interés nacional. Basta recordar que la obesidad y sobrepeso son un problema grave de salud pública y debemos ser perseverantes y no escatimar en la atención a las futuras generaciones de mexicanas y mexicanos. No basta con preguntarnos qué México queremos heredar a nuestros hijos si no nos cuestionamos qué hijos queremos heredar a nuestro México. No podemos permitir que México siga siendo primer lugar mundial con obesidad y sobrepeso, donde anualmente mueren más de 70 mil personas por diabetes, motivada por malos hábitos alimentarios y un estilo sedentario de vida. No concibo un México donde más del 30 por ciento de su población infantil, entre 6 meses y 6 años tenga sobrepeso y el 31 por ciento de sus adolescentes entre 12 y 19 años, obesidad. No concibo un México donde 4 de cada 10 niños son obesos a los 10 años y el 70 por ciento de ellos lo seguirán siendo de adultos. No concibo un México con una sociedad de pensamiento industrial que ve a la infancia y adolescencia como consumidores potenciales y que ve la pérdida de sus valores históricos, ante el voraz progreso modernista, basado en una economía deshumanizada que no ve personas con rostro. El espíritu de esta ley es el interés nacional de la prevención y control de los trastornos alimentarios con la investigación de sus agentes causales, diagnóstico y tratamiento de enfermedades vinculadas, asistencia integral y rehabilitación y las medidas tendentes a evitar su propagación. Estamos frente a un grave problema que no se puede soslayar, recordemos que la salud o la enfermedad entran por la boca y no olvidemos que somos lo que comemos. De ahí la importancia del cuidado de la alimentación en nuestra niñez y sus hábitos dentro y fuera de la escuela. Por ello, esta ley establece, entre otras cosas, considerar a la obesidad y al sobrepeso como enfermedades crónicas. Fomentar y promover el consumo de agua potable simple e incentivar el consumo diario dentro de una dieta sana y balanceada. Mejorar la capacidad de toma de decisiones informadas a través de un etiquetado útil, verídico y fidedigno, al momento de comprar lo que comemos o lo que se promociona para nuestro consumo. Promover la prevención y control de los trastornos en la conducta alimentaria de nuestra niñez y adolescencia es fundamental. Establecer un programa nacional para la prevención, control y erradicación de los trastornos en la conducta alimentaria como instancia de la Secretaría de Salud que coordinará las acciones y políticas públicas con la finalidad de disminuir las enfermedades y mortalidad de este grave problema. Ésta es una ley noble que nos invita a cuidar a nuestro organismo y que privilegia el derecho a decidir qué comprar y qué comer, pero que cuida que lo que se ofrece a la población infantil para su consumo sea lo adecuado y que lo que se promocione sea lo correcto. Es un esfuerzo para que en cada estado exista, cuando menos, un centro gratuito de atención integral a trastornos en la conducta alimentaria, incluyente y con la voluntad de mejorar las condiciones de desarrollo y vida de la población. Un instrumento de corresponsabilidad para tomar las medidas necesarias sobre la comercialización, disponibilidad de alimentos saludables, bajo esquemas nutricionales y de alimentación balanceada dentro de los planteles educativos, y que prohíbe en los centros escolares distribuir, comercializar, publicitar o fomentar e inducir el consumo de alimentos chatarra. Vamos por un programa de instalación de bebederos de agua potable con filtros en todas las escuelas de educación básica, con la finalidad de incentivar el consumo de agua potable en lugar de bebidas azucaradas industrializadas y que de manera interinstitucional con la Secretaría de Salud, en coordinación con las autoridades educativas apruebe y publique un listado de productos permitidos, que deberá observarse de manera obligatoria en las escuelas del país. Que den seguimiento de la talla, peso y circunferencia abdominal de la población escolar en educación básica, informando oportunamente al padre de familia o tutor de los alumnos que presenten prevalencia de sobrepeso y obesidad, para su conocimiento, atención, orientación y prevención. Ésta es una ley que busca la certificación de escuelas saludables, que se otorgará a los planteles que apliquen los programas alimenticios y deportivos que incidan en un mejor control de peso de los educandos y que invita a la Secretaría de Salud la posibilidad de incluir los procedimientos, diagnósticos terapéuticos, de intervención clínica hospitalaria y quirúrgicos que se utilicen para curar la obesidad mórbida dentro del catálogo universal de servicios de la salud, del sistema de protección social de salud denominado Seguro Popular. Se propone el acceso libre y gratuito a niñas, niños y adolescentes a unidades deportivas, canchas gimnasios u otros espacios públicos para incentivar la práctica del deporte o la recreación y a los espacios públicos de actividades artísticas, culturales y recreativas como museos, teatros y centros culturales para contrarrestar el sedentarismo como estilo de vida. Que la Secretaría de Educación Pública promueva las clases de educación física a nivel básico, ilustrando a los alumnos sobre los alumnos de erradicar conductas de inactividad física o falta de ejercicio en su jornada diaria. En este dispositivo legal se prohíbe la venta de refrescos de más de medio litro por porción en restaurantes, establecimientos de comida rápida, cines, teatros, parques recreativos y máquinas expendedoras, así como el relleno sin límite del vaso por el mismo costo, mejor conocido como refill. Se prohíbe la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no cuenten con la certificación de la Secretaría de Salud y el aval de un médico y de un nutriólogo. Elimina todas las formas de discriminación y exclusión de los menores por el hecho de tener obesidad o sobrepeso y estipula que en la etiqueta y publicidad de alimentos con elevado contenido calórico y pobres de nutrientes esenciales deberá contener la leyenda: El consumo excesivo de este producto es causa de obesidad. Y señalar si contiene niveles altos en azúcar, altos en grasas, altos en sodio, según sea el caso. Ésta es una acción legislativa por la salud, y mientras tengamos los índices de obesidad que nos destacan mundialmente por nuestra mala nutrición, el derecho a la salud será una quimera, un discurso y no una realidad a la que aspiramos. Es una acción legislativa que trasciende motivaciones partidistas y se coloca en el centro del interés nacional por una niñez y juventud sana. La obesidad mina el potencial desarrollo de la gente que la padece. No es cosa de juego, es una enfermedad mortal que acecha a nuestra población. Ésta es una iniciativa perfectible, que con la participación de todos la vamos a enriquecer para darle al país una ley que verdaderamente incline la balanza a favor de la solución a un grave problema nacional. Señor diputado, presidente, riego se transcriba íntegramente el contenido de la misma en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.