La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros, con fundamento en los artículos 6, fracción X; 109, 110, 111 y 112 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración del pleno la siguiente reserva al artículo 198, del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Amparo. La reserva que hoy se presenta a la consideración del pleno, consiste en modificar el artículo 198 de la Ley de Amparo, propuesto en el dictamen en estudio. En el apartado respectivo de la Ley de Amparo en vigor, se establece un procedimiento engorroso y poco expedito para que el quejoso pueda conseguir que la ejecutoria obtenida en el juicio de amparo, sea debidamente cumplimentada por la autoridad responsable. Lamentablemente no cambiaron mucho las cosas en la Ley de Amparo, contenida en el dictamen que hoy nos ocupa. El procedimiento para garantizar el cumplimiento efectivo de las sentencias de amparo, se sigue condenando al quejoso, que por fin obtuvo una sentencia de los tribunales federales del Poder Judicial, en el que se declara que la justicia de la nación lo ampara y lo protege, a emprender un camino sinuoso y tortuoso, para el caso en que la autoridad responsable declarara autora de las violaciones de derechos humanos correspondientes, sea obligada a cumplimentar en su totalidad, sin excesos ni defectos, la ejecutoría correspondiente. Parece el colmo que no obstante que determinada autoridad fue exhibida como violadora de derechos humanos, sea consentida, mimada y arropada, mediante un procedimiento engorroso, plagado de múltiples advertencias y segundas y terceras oportunidades. Si ya en el tercer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, el dictamen se establece que si la autoridad responsable demuestra que la ejecutoría está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez. Subsistiendo los apercibimientos efectuados, ya no tiene sentido hacer un borrón y cuenta nueva, cuando el asunto está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A esto hay que sumarle el hipotético de que sean separados del cargo los titulares de las autoridades responsables, por el incumplimiento de la sentencia de amparo. La Suprema Corte debe ordenar que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo, a efecto de que se reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares. Entonces tenemos que el procedimiento para que el quejoso consiga por fin el cumplimiento de la ejecutoría que lo favoreció, va a partir de cero de nueva cuenta. Así las cosas y en virtud de que la mayoría del proyecto que hoy estamos discutiendo, está permeado por un ánimo progresista, no debemos dejar escapar la oportunidad para eliminar contenidos que impiden empoderar al gobernado frente a autoridades u órganos de gobierno arbitrarios o abusivos. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva: Único. Se elimina el párrafo tres y se reforma el párrafo cuatro del artículo 198 de la Ley de Amparo propuesto en el dictamen, por el que se expide la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 198. Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda. Se elimina el tercer párrafo propuesto en el dictamen y se adiciona lo siguiente: cuando considere que es inexcusable el incumplimiento de la ejecutoría. Es cuanto, diputado presidente.