LA C. PRESIDENTA: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra el diputado Enrique De la Madrid Cordero por la Comisión para fundamentar el dictamen, de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. -DIP. ENRIQUE DE LA MADRID CORDERO: Con su permiso señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: El día de hoy vengo a nombre de la Comisión de Hacienda, a fundamentar el dictamen del decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones relacionadas con la banca de desarrollo. La banca de desarrollo jugó en el pasado un papel muy importante en la construcción de grandes y complejos proyectos de infraestructura: irrigación, carreteras, ferrocarriles, puertos, así como la promoción del desarrollo industrial agropecuario y turístico de nuestro país y en la canalización del crédito a sectores y regiones prioritarios. Asimismo contribuyó al fortalecimiento del sistema financiero mexicano y en particular el del mercado de capitales. No obstante lo arriba señalado, hay quienes han cuestionado la necesidad de una banca de desarrollo en nuestro país, argumentando que representa una competencia desleal para la banca comercial que otorga créditos a veces a tasas subsidiadas, distorsionando así los mercados financieros que cuentan con insuficiente capacidad de análisis de crédito, así como inadecuados procedimientos de recuperación de cartera, mismos que no han culminado según señalan en procesos de saneamiento financiero con un importante costo fiscal. Ante estas posturas señalamos que no es legítimo criticar al instrumento por el mal uso que muchas veces las propias autoridades han hecho del mismo. Asimismo señalamos que el nivel de desarrollo económico y social del país y la falta de acceso a la asesoría de crédito por importantes sectores de la población mexicana, más que justifica la presencia activa de la banca de desarrollo. En México un número muy importante de personas viven niveles de pobreza extrema. Por otra parte, el desarrollo de regiones y sectores ha sido desequilibrado. En ese sentido, cabe resaltar que según cifras de 1995, el 90% de las exportaciones directas del país, fueron realizadas por tan solo el 10% de las empresas, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas que generan el 98% del empleo del país no han logrado integrarse con el sector exportador. Asimismo el crédito al sector productivo ha disminuido en términos reales en los últimos años. Se estima además que en los próximo veinte, la población mexicana crecerá alrededor de e130 millones de mexicanos, lo que implica generar más de millón y medio de empleos cada año. A fin de hacer frente a estos enormes retos, el Estado Mexicano requiere instrumentar una serie de políticas de fomento que incrementen la productividad y competitividad de nuestras empresas y trabajadores a fin de mejorar significativamente los niveles de vida de nuestra población. Es en este contexto y dada su posición estratégica, consideramos que la banca de desarrollo en México debe constituirse en uno de los principales instrumentos de nuestra política de fomento y desarrollo, que apoye a regiones y sectores estratégicos no sólo por su rentabilidad económica, sino también por su rentabilidad social y su importante generación de empleos. Por ello, en los trabajos de conferencia que llevamos a cabo las Comisiones de Hacienda de la Cámara de Diputados y del Senado, realizamos una serie de modificaciones a las iniciativas que nos enviara el Ejecutivo el pasado mes de abril del año de 2001, con el propósito de fortalecer institucionalmente a los bancos de desarrollo y estar entonces, en condiciones de utilizarlo como un instrumento efectivo de financiamiento para el país. ¿En qué consisten las reformas a las diversas leyes de banca de desarrollo? La idea fundamental detrás de estas reformas es otorgarle una mucho mayor autonomía de gestión a los bancos de desarrollo, en todo lo relativo a su régimen interno, así como una administración más profesional de sus recursos humanos. Los bancos de desarrollo actuarán con mucha mayor libertad, pero siempre dentro de los límites de endeudamiento y financiamiento que exige la Secretaría de Hacienda, así como administrarán sus riesgos de manera prudente para conservar su capital y así también cuidar las finanzas públicas. Esto es, una vez establecidos estos límites, la Secretaría de Hacienda tendrá facultades para participar en las decisiones internas de los bancos de desarrollo, salvo en su carácter de miembro del consejo directivo de los mismos. En este sentido es que el nuevo artículo 31 de la Ley de Instituciones de Crédito señala que ellos, los bancos, formularán anualmente sus programas operativos y financieros, sus presupuestos generales de gastos-inversión, así como sus estimaciones de ingresos sin requerir la previa autorización de la Secretaría de Hacienda. Con el propósito de fortalecer la práctica de planeación en la banca de desarrollo, se incorporó la obligación de que cada banco deberá elaborar su programa institucional, mismo que tiene como propósito establecer la misión, los objetivos y las acciones que deberán de llevar a cabo. De igual forma deberán establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes bancos de desarrollo, para evitar las consabidas duplicidades que existen y propiciar así un mejor servicio para los clientes. Cabe destacar también la incorporación dentro de los consejos, de la figura del consejero independiente, conforme a las mejores prácticas corporativas. Si bien en la mayoría de los consejos directivos no habrá más que un solo consejero independiente, esta Comisión considera que la incorporación de los mismos será de mucha utilidad, sobre todo para fortalecer los temas institucionales. Dado el mayor nivel de facultades de los consejeros, se incorporó también la obligación de que éstos firmen una carta responsiva en donde acepten y reconozcan los derechos y las obligaciones que derivan de su cargo. Una de las acciones más decididas para fortalecer a estos bancos es la creación del Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional. La propuesta del Ejecutivo consistía básicamente en la creación de comités de sueldos que tenían como objetivo analizar y aprobar los sueldos, pero solamente de los niveles superiores, sin pasar por la autorización de la Unidad de Servicio Civil de Carrera de la Secretaría de Hacienda. Para esta Comisión resultaba esta propuesta excesivamente limitada ya que se requiere algo mucho más para que se mejores las condiciones para arraigar al mejor personal, al más calificado. Es así que se propuso la creación de un Comité de Recursos Humanos y de Desarrollo Institucional como un comité auxiliar del Consejo Directivo y que tenga como propósito el analizar las propuestas del director general en materia de políticas de selección del personal, promoción, compensación, retiro anticipado y jubilación. Los salarios por sí mismos no son incentivo suficiente para arraigar al mejor personal; se requiere de una serie de instrumentos que trabajen de manera coordinada para lograr dicho fin. El objetivo es tener instituciones de banca de desarrollo más sólidas y eficaces para convertirse así en un instrumento más poderoso de una política económica de fomento renovada. En materia de recursos humanos y presupuesto se otorgan plenas facultades al Consejo Directivo. A fin de fortalecer el capital de los bancos y con ello minimizar el riesgo de pérdidas fiscales, el Ejecutivo propuso la obligación a cada banco de desarrollar un fideicomiso mediante aportaciones que estuvieran basadas en el saldo de sus pasivos. Esta Comisión está de acuerdo con el espíritu de la propuesta, pero considera que en lugar de que la Secretaría de Hacienda sea la que determine la cuota al millar, ésta sea una función de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto se debe a que la CNBV es la entidad supervisora de los bancos de desarrollo, cuenta también con mayor información, y también para dejar establecido, con plena claridad, la responsabilidad en el caso de que estas reservas no resultaren en un futuro suficientes. A fin de que esta disposición no genere un costo excesivo sobre los bancos y con ello afecte las tasas a las que prestan a los usuarios, se elimina la participación de la SECODAM en la inspección y supervisión de las operaciones estrictamente bancarias, evitando así duplicidades con la propia Comisión Bancaria y disminuyendo con ello un importante costo de operación a cargo de los bancos. Es importante reconocer que esta Comisión no consideró procedente la solicitud del Ejecutivo de que no se aplicara a los bancos de desarrollo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Sin embargo, sabemos de los excesos burocráticos y poco efectivos a que ha llegado la SECODAM en la aplicación de estas normas, por lo que estamos en la mejor disposición de hacer una revisión integral sobre el tema con las autoridades competentes. A propuesta de los legisladores se incorpora un nuevo capítulo sobre las obligaciones de la banca de desarrollo para informar al Congreso de la Unión sobre muy diversos temas, dentro de los que destacan los montos de las transferencias y de los subsidios que reciben los bancos o los gastos que realizan y que pudieran o debieran ser motivo de subsidio. De igual forma deberán informar de las contingencias que enfrentan por el otorgamiento de garantías o en las contingencias laborales. Compañeras y compañeros diputados: la banca de desarrollo en México debe constituirse en uno de los principales instrumentos de política económica y social de nuestro país, Dentro de sus principales objetivos deben estar el complementar las actividades de financiamiento de la banca comercial y de los intermediarios financieros no bancarios. Debe también fortalecer la productividad y competitividad de nuestra economía. Debe contribuir a disminuir el todavía excesivo endeudamiento de algunos sectores y de empresas mexicanas y debe convertirse también en uno de los principales promotores del cambio estructural. Para lograr todo ello requeríamos antes de instituciones fuertes y eficientes, con recursos humanos de calidad y plenamente comprometidos con su misión y objetivos. Las reformas aquí propuestas nos dan el instrumento. Será ahora nuestra responsabilidad definir una nueva política de financiamiento a fin de que todos aquellos sujetos de crédito que lo deseen puedan acceder al mismo en los plazos y en las condiciones adecuadas. Muchas gracias. -