El diputado Carlos Bello Otero: Muchas gracias, diputado presidente. Diputadas y diputados, muy buenas tardes. La problemática social que afecta a las personas con discapacidad es un asunto que concierne a todos los sectores sociales. Para las personas con discapacidad las probabilidades de encontrar trabajo son muy escasas. Datos de la Organización Internacional del Trabajo, señalan que el 10 por ciento de la población mundial padece alguna discapacidad y la mayoría la adquiere después de los 16 años. Es decir, durante el inicio de su vida productiva. A este respecto, el Inegi señala que el 98 por ciento de esas personas carecen de empleo en México. En marzo de 2007 México firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, disponiendo que los estados partes promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de leyes. Es así que desde el ámbito legislativo se tiene el compromiso de alentar y promover la integración laboral de las personas con discapacidad. A este respecto, este Honorable Congreso de la Unión, en el año 2005, aprobó la Ley General de las Personas con Discapacidad, la cual en su artículo 9o. se refiere al trabajo y a la capacitación, disponiendo, entre otras medidas, que las autoridades competentes instrumentarán el Programa Nacional de Trabajo y Capacitación a través de convenios con los sectores empresariales, instituciones de gobierno, organismos sociales, sindicatos y empleadores que propicien el acceso al trabajo. No obstante, al importante avance ya descrito, debemos reconocer que el número de desempleados con limitaciones físicas, mentales o sensoriales es aún mayor y que en consecuencia debemos continuar con los esfuerzos legislativos en esta materia. Es importante reconocer que dado los recortes presupuestales realizados en el sector público y privado se han producido despidos de personal con alguna discapacidad, sin considerar que el despido de empleados con discapacidad es aún más grave ya que en este grupo vulnerable existe un amplio número de padres de familia con todas las responsabilidades económicas que ello implica. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito someter a consideración del pleno de esta honorable Cámara de Diputados las siguientes proposiciones con punto de acuerdo. Primero. Se exhorta respetuosamente a las áreas y dependencias administrativas del Honorable Congreso de la Unión, del Poder Judicial de la Federación, de los Congresos estatales y a todas las dependencias y entidades de la administración pública estatal, federal y municipal, centralizada y paraestatal, a no despedir funcionario, empleado o servidor público con algún tipo de discapacidad física o sensorial o ambos tipos, y a reinstalar laboralmente cuando así corresponda a cualquier servidor público que durante el presente año fue despedido o dado de baja por su condición de discapacidad. Segundo. Se exhorta respetuosamente a la Secretaría Federal del Trabajo y Previsión Social a generar, impulsar y, en su caso, reforzar las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento laboral de las personas con discapacidad. Tercero. Se exhorta respetuosamente a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social, de Economía, y se hace un llamado público al sector empresarial y a los organismos sociales para que impulsen el fortalecimiento, integración, difusión y promoción de la inserción laboral de las personas con discapacidad mediante la vinculación de los oferentes y demandantes de empleo en un acuerdo nacional. Finalmente le solicito, diputado presidente, se sirva ordenar que la presente proposición con punto de acuerdo se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta honorable asamblea. Muchas gracias.