La diputada Adriana Sarur Torre: Gracias, señor presidente. Como una profecía cumplida, todos, en algún momento hemos sentido el temor, la impotencia y la frustración por la desesperación de encontrar justicia para las víctimas que exigen castigo para una delincuencia que logró doblegar a las autoridades y someter a miles de inocentes. Es cierto, la delincuencia logró su cometido. Lograron sosegarnos ante el crimen, lograron dividirnos en una guerra fratricida y lograron que pasáramos a ser ciudadanos con derechos a simples habitantes autocomplacientes de gobiernos que no hacen nada para cambiar el rumbo de esta sociedad. Lo lograron y eso es algo que duele, duele ver a la gente con impotencia e indignación cuando se entera que los delincuentes, los que han sido detenidos, procesados y sentenciados, siguen delinquiendo con toda tranquilidad desde el encierro. Es que en las cárceles mexicanas hoy día se puede ver casi de todo: ocio, corrupción, autogobierno, violencia, insalubridad, venta de drogas y alcohol, prostitución, trata de personas e incluso, con el reciente descubrimiento de la relación de funcionarios del Cerezo de Gómez Palacio, Durango, participar en hechos delictivos. Todos estos hechos evidencian algo trágico y preocupante de lo que ocurre en este país; las cárceles mexicanas están en crisis, mientras el país se divide entre la exigencia de que exista una instancia capaz en el Poder Ejecutivo de poder frenar a la delincuencia y la expedición de un marco normativo para someter las prisiones al imperio de la ley. La moneda está en el aire, mientras el poderío al interior de las cárceles crece y delinquir desde su interior se hace costumbre. ¿Por qué puede ser un sistema penitenciario de tan grandes fallas, si es insuficiente, costoso, ineficaz e incapaz de rehabilitar? ¿Por qué soslayar la imperiosa necesidad de reforma integrada al sistema penitenciario, si el artículo 18 constitucional mantiene vigente el desiderátum de reinserción social? Superar la corrupción, la impunidad y la incompetencia que rige en el sistema penitenciario no tiene por qué tomar años, se puede hacer desde ahora corrigiendo las leyes en una sola sesión de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el asunto es, ¿cómo vamos a enfrentar este tema? Nosotros reconocemos que el sistema penitenciario mexicano necesita con urgencia una reforma y modernización. De esto se trata la Ley Reglamentaria del Artículo 18 Constitucional, que hoy presento ante este Congreso. Es una iniciativa que establece una nueva política criminal del Estado para las cárceles mexicanas; una política criminar de diagnóstico, de prevención, de investigación del delito e impacto social; una iniciativa que propone crear las condiciones legales para combatir los problemas que se presentan en los centros penitenciarios del país a través de cinco directrices: la educación, la salud, el deporte, la capacitación y el trabajo penitenciario. Pero el trabajo penitenciario no será suficiente, está claro que para que los centros penitenciarios funcionen verdaderamente como instituciones de seguridad y de reinserción social se deben atender los problemas de sobrepoblación y consolidar la profesión de carrera penitenciaria. Por ello, proponemos crear una unidad especializada para la recepción y clasificación, que cuente con profesionales expertos en criminología, como el oficial del caso que dará seguimiento al interno durante su reclusión, o bien, mediante el oficial de vigilancia, que se cerciorará que no delinca una vez más fuera de la cárcel. Hay temas que requieren la intervención urgente por parte del gobierno, la infraestructura es uno de ellos. Hoy toda esta infraestructura que se construyó durante muchos años quedó corta y cubre solamente las necesidades de atención de no más de dos terceras partes de la totalidad de la población penitenciaria. Frente a este problema y otros que se derivan, se ha abierto un debate sobre la participación de particulares en los sistemas carcelarios como alternativa de solución desde hace más de una década, en países como Estados Unidos, Escocia, Inglaterra, Puerto Rico, Australia y Canadá. Una propuesta para garantizar la seguridad requiere ir más allá del debate entre las causas y el castigo de los delincuentes. En el futuro habrá que definir claramente el sentido de la privación de libertad y actuar en consecuencia. Deberemos entonces dejar de lado los discursos y tomar medidas inteligencias, que prevengan más situaciones lamentables en este sistema penitenciario, y sobre todo se cumpla con el propósito de la reinserción social de los internos. La transformación de las prisiones en verdaderos centros de reinserción sólo será posible si logramos un sistema penitenciario sin privilegios, donde los delincuentes ricos y poderosos purguen por igual su condena y la prisión deje de ser un lugar privilegiado para el abuso de poder. Es cuanto.