La diputada Celia Isabel Gauna Ruiz de León: Con su permiso, señor presidente. En primer lugar quiero agradecer a la Comisión de Educación por haber dictaminado favorable la iniciativa que su servidora presentó. Y rescatar y destacar que los diferentes grupos parlamentarios que han posicionado en esta Cámara lo han hecho a favor. Por todo esto, muchas gracias amigos y amigas diputadas. El tema que me ocupa es promover ante ustedes no solo una reforma sino un cambio de paradigma en la Ley Federal sobre Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. Como una ley actual debe enfocarse no solo en nuestras culturas pasadas sino también en nuestra sociedad presente. Haré una breve descripción para que los términos especializados que mencionaré a continuación se comprendan mejor. Los monumentos arqueológicos son aquellos bienes producidos por nuestras culturas antes del establecimiento de la cultura hispánica en nuestro territorio. Así como los restos humanos de plantas y animales relacionadas con aquellos. Estos bienes son propiedad de la nación. Los monumentos históricos, por su parte, son los vinculados con la historia de México, producidos después de la Conquista y antes del siglo XX. Y pueden ser propiedad pública o propiedad privada. Tanto para los monumentos y zonas arqueológicas, como para las históricas, la autoridad competente es el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Finalmente los monumentos artísticos son aquellos de importante valor estético que no sean ni históricos, ni arqueológicos, o sea los del siglo XX o XXI, pueden ser propiedad privada o pública y su autoridad competente es el Instituto Nacional de Bellas Artes. Cuando yo hable de la función social de todos estos bienes, me referiré a la importancia que estos tienen para la sociedad por el uso que se les da o por lo que representan. La presente iniciativa se basa en que los bienes culturales, desde un punto de vista colateral tienen tres tipos de valor: el formal, el de uso y el simbólico significativo; sin embargo la ley vigente ha privilegiado exclusivamente el formal. Si revisamos, por ejemplo, el artículo 28 que define a los monumentos arqueológicos en los conceptos con que yo antes los expliqué, notaremos que sí se prevé en el texto vigente la referencia temporal, o sea lo anterior a la cultura hispánica en nuestro territorio y el tipo de objetos que protege, sus productos, culturas y restos orgánicos, pero no existen en el resto de la ley una nítida mención de la relación que dichos bienes sostienen con las sociedades que los protegen y conviven con ellos, o sea la nuestra. Algo muy similar ocurre con los monumentos históricos y artísticos, pues aunque la ley les reconoce cierto valor de uso, no aprecia su valor simbólico significativo, y en casos como los edificios religiosos donde se realizan actividades de culto, los conjuntos de monumentos cívicos donde tienen lugares eventos como fiestas patrias o cualquier otro tipo de espacio u objeto que dé lugar a la identidad y a los significados de la vida personal y comunitaria y que permiten preservar nuestras tradiciones es dicho valor, el simbólico significativo, el más importante de todos y el menos destacado en esta ley. De este modo, para la ley vigente es importante conservar los monumentos porque son antiguos o porque son históricos o porque son estéticos, más no porque tengan una función social en sus respectivos contextos; tampoco se considera proteger dicha función. El artículo 2 vigente que considera de utilidad pública actividades orientadas a que físicamente subsistan y se estudien los bienes protegidos, no califica como de utilidad pública la preservación del papel que los bienes juegan ante la sociedad. Por su parte el artículo 27, que indica la propiedad nacional de los monumentos y zonas arqueológicas puede puntualizar mejor la relación que objetivamente existe entre los bienes culturales, las personas y los grupos que integran la nación mexicana de hoy día. ¿Por qué no adaptar nuestra ley para que considere que la función social de los bienes culturales es tan de utilidad pública como su existencia, que sí está protegida? Y es que si la destrucción de un bien equivale a eliminar la posibilidad de que ése desempeñe una función social, el no reconocer la función social del patrimonio en la ley es validar la posibilidad de marchitar las raíces que llevan el agua, las hojas verdes de nuestra cultura. El dictamen puesto a su consideración plantea lo siguiente: Que la ley reconozca como de utilidad pública la función social que desempeña nuestra sociedad en los bienes culturales. Que la rectoría que se ejerce sobre los monumentos arqueológicos a través del Estado sea conforme al punto anterior y que se promueva que la sociedad participe en el fomento al arraigo social en torno a los bienes arqueológicos y se beneficie de su conocimiento. Bienes como los templos prehispánicos y modernos, los paisajes urbanos, la arquitectura habitacional o el arte gráfico y plástico, entre otros, surgieron en un momento histórico cultural con fines de uso y fines simbólicos, los cuales no por pasar el tiempo se extinguen; tampoco se nubla la posibilidad de que los monumentos sean socialmente significados. Su historia, unicidad, son sabia para la preservación de nuestras culturas originarias o modernas, así como para la afirmación de nuestra identidad y, en consecuencia, de la cohesión social, el sentido de pertenencia comunitaria y la apropiación social del medio físico, sustentos todos ellos de la paz y el desarrollo. Agradezco su atención y muchas gracias.