La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta. En medio de las intensas tareas de esta etapa con la inminente discusión y aprobación del paquete fiscal; Ley de Ingresos, Miscelánea Fiscal, reformas constitucionales, creación y desaparición de instituciones como la Lotería Nacional, surge este dictamen. Se trata ni más ni menos del cambio de nombre de un organismo descentralizado de la administración pública federal. Por ley tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, instituto cuyo objetivo es la administración, enajenación, destrucción y destino de los bienes activos y empresas del gobierno federal. A esta institución la bautizamos apenas el 25 de julio pasado. Entonces aprobamos una nueva ley para mejorar el funcionamiento del antiguo SAE. Menos de tres meses después vamos de nuevo. Se trata del cambio de nombra aprobado por el Congreso de la Unión unas cuantas semanas atrás, de Instituto de Administración de Bienes y Activos pasaría a denominarse Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. Nombre matador, me decía una amiga, que refleja la demanda de la ciudadanía para recuperar los fondos extraídos de los recursos públicos. Cuando discutimos el dictamen en julio, yo presenté unas reservas. Durante mi intervención dije cito: Por favor, algún compañero de Morena que le informe al señor presidente de la República que este es el nombre final de la ley que vamos a aprobar. No es más que un apodo o un ingenio decir que es del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, más cuando ya vimos cuando discutimos la Ley de Extinción de Dominio, que lo que el Estado mexicano si no se corrige esa ley va a robar no es precisamente lo que provenga de los grandes criminales y del crimen organizado y de los corruptos de gran relieve y fama, sino de lo que provenga del patrimonio de las y los ciudadanos del país fin de la cita. Al presidente López Obrador no le gustó el nombre de la nueva institución, así se lo hizo saber a Morena y, prestos, presentaron la iniciativa de reforma a tres leyes para satisfacer la ocurrencia presidencial. No todo lo que administra, enajena, destruye y destina este instituto proviene de robos. Por ejemplo, a lo largo del presente año el SAE puso en subasta más de 200 vehículos del Estado Mayor Presidencial. Se trata de vehículos que utilizó el personal de las Fuerzas Armadas Nacionales en el cumplimiento de las que eran sus tareas constitucionales y legales. ¿Fueron esos vehículos robados al pueblo de México? ¿Así ve Morena al personal de las Fuerzas Armadas Nacionales? Porque si fuese así, nos gustaría ver en dónde se encuentran los culpables. Hagamos una reflexión obvia y evidente. Si en materia legal de trabajo del instituto será darle curso a aquello que se aprecia jurídicamente como robado, es decir, como algo que fue sustraído ilegalmente de la legítima posesión de su propietario, entonces todo proceso llevado a cabo por el instituto a partir del cambio de su denominación, tendría que acompañarse necesariamente de la acusación penal correspondiente por el delito de robo. Lo que acabo de señalar no es una expresión irónica, es la única oportunidad jurídica posible en el funcionamiento de una institución que reciba tal denominación. Ahora bien, si se trata de cambios de nombre más afines con el ingenio popular, podríamos, en el corto plazo, rebautizar a algunas instituciones. Por ejemplo, qué les parece sustituir la aburrida y formal denominación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la secretaría cobrataria. Y al Servicio de Administración Tributaria, yo también tengo mi propuesta, qué tal si le llamamos instituto chupacabras de los contribuyentes. Y si en vez de la Secretaría de Gobernación la llamamos secretaría amor y paz. El dictamen que hoy se pretende aprobar, es tan verdaderamente absurdo que estoy segura de que el Diario de los Debates de esta sesión será uno de los más buscados en el futuro por los estudiosos de la historia del Congreso Mexicano. Querrán saber cómo fue capaz este Congreso y esta legislatura de aprobar una reforma legal que no tuviera consecuencias tan graves para la administración pública federal. No habría pasado de ser una mala broma política. Muchas gracias.