El diputado Alberto Martínez Urincho: Con el permiso de la Mesa Directiva. El 14 de agosto de 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto que adicionó un segundo y tercer párrafo del artículo 1o., reformó su artículo 2o., derogó el párrafo primero del artículo 4o., adicionó un sexto párrafo al artículo 18 y otro a la fracción III del artículo 115 constitucional y que históricamente se trata de la segunda reforma realizada a la Constitución federal relacionada con los derechos de los pueblos indígenas de México. Esta reforma ha sido materia de numerosos estudios y reflexiones constitucionales y políticas, ya que su génesis se gestó a raíz de la sucesión presidencial y el levantamiento zapatista de 1994. El asunto no es para menos, se trata de una reforma que había sido discutida con mucha intensidad durante siete años como parte de los grandes problemas nacionales de la nación y desde muchas décadas atrás, aunque no con tanta intensidad. Un somero recuento de esas acaloradas discusiones nos lleva a 1992, fecha de la primera reforma sobre la materia en el marco de la protesta de los pueblos indígenas de América Latina por la celebración que los gobiernos pretendían realizar por los 500 años del descubrimiento de América y las organizaciones convirtieron en lucha de resistencia por 500 años de colonialismo. Dos años después de esta reforma llegaría la rebelión zapatista que puso en la mesa de los grandes pendientes nacionales el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas de México. Lo que sucedió después es de conocimiento de todos. El gobierno inició en el año de 1995 un diálogo con los rebeldes que en febrero de 1996 tuvo sus primeros resultados: Los acuerdos de derechos y cultura indígena que debieron servir de base para establecer una nueva relación entre el gobierno nacional y los pueblos indígenas, pero los gobiernos de ese entonces se negaron a cumplir con lo pactado. Sin embargo, hay ciertos sucesos del orden jurídico que ocurren en las comunidades indígenas que generalmente responden al tipo de ordenamiento cultural, del núcleo de población, así como el grado de autonomía que tenga la comunidad respecto al aparato judicial del estado, y en ciertos casos estos son violatorios de los derechos humanos reconocidos por el Estado mexicano. Es de conocimiento público que en las comunidades indígenas se juzgan delitos de carácter doméstico tales como abandono de hogar, violencia intrafamiliar, pequeños robos, daños en propiedad ajena cometidos por animales, entre otros, y en esos generalmente se imponen multas o se exige la reparación del daño, además de exigir por los medios a su alcance, principalmente la presión social, para que los infractores se corrijan. Es importante resaltar que el problema de la aplicación entre la ley indígena y la ley nacional es bastante complejo, no obstante que tanto en nuestra Constitución Mexicana como en el Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo elevado a categoría de tratado internacional, se reconocen los usos y costumbres de los pueblos indígenas, bastante complejo resulta el problema por cuanto a los estudios sobre las costumbres jurídicas de los pueblos indígenas por es escasa y de poca recopilación. Por otro lado, un problema complejo presenta también el comportamiento cultural distinto de las comunidades indígenas no solamente con relación al derecho positivo mexicano del Estado, sino también entre los propios pueblos indígenas teniéndose en cuenta que los usos y costumbres, prácticas y costumbres propios, pueden variar de un pueblo indígena a otro. Así, con la presente reforma se pretende resolver los siguientes conflictos jurídicos. 1. El derecho consuetudinario de los pueblos indígenas se ubica en un plano de igualdad con el derecho nacional. 2. En ocasiones la costumbre jurídica indígena puede establecerse en un plano superior al del derecho del Estado, lo que se traduce en una violación constante al derecho positivo y a la propia Constitución. 3. El derecho positivo está por encima de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, lo que trae como consecuencia una violación a la autodeterminación jurídica de los pueblos indígenas. En tal sentido, la propuesta legislativa pretende dar seguridad y certidumbre al régimen de aplicación de los derechos humanos y su relación con el reconocimiento de los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Por eso, desde esta tribuna hacemos votos para que la Comisión de Puntos Constitucionales y/o los grupos parlamentarios que hoy se están expresando aquí en esta soberanía, tengamos a bien discutir precisamente una definición clara y precisa sobre este tema porque hemos visto cómo lamentablemente se ha pasado a la vía de los hechos en la resolución de conflictos y problemas. Y concluyo con este ejemplo tan vergonzoso que tuvimos, a una mujer indígena que se erigió como autoridad en el estado de Chiapas, todo por los usos y costumbres, se le retiró del cargo, se le humilló, se le persiguió, afectando sus derechos humanos. Por eso hoy pido a todas las fuerzas políticas aquí en la Cámara de Diputados que entremos a esta discusión precisamente para salvaguardar en ese sentido cómo el Estado mexicano garantiza los derechos de mujeres, de niñas y niños en esas comunidades indígenas. Es cuanto, diputado presidente. Le agradezco la atención a esta asamblea. Muchas gracias.