La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Muy buenas tardes. Muchas gracias, presidente. Presento este conjunto de reservas porque nos parece, para mi partido, el Partido de la Revolución Democrática, nos parece muy importante la creación de esta fiscalía. Nuestro partido desde sus orígenes ha propuesto la autonomía del Ministerio Público y su profesionalización, sin embargo este dictamen tiene lagunas importantes que debemos señalar, lamentablemente el día de ayer no fue posible en la Comisión de Justicia dar una discusión al respecto y dado que se reproduce en los términos de la iniciativa del Ejecutivo es necesaria una discusión a fondo. En la presente Legislatura muchos de los cuestionamientos y propuestas realizadas por legisladores a la Procuraduría General de la República, han obtenido como respuesta que la reestructuración en proceso atenderá o resolverá los problemas. Esa respuesta recibimos en la comparecencia del titular, licenciado Murillo Karam. Sin embargo no se ha hecho explícita la relación entre esa reestructuración orgánica y las necesidades generadas de acciones legislativas. Con este decreto se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es sustituida por la Ley de la Fiscalía General. Al perder el carácter de orgánica se elude la posibilidad de incidir en la estructura institucional de la Fiscalía General de la República. No es un argumento válido que la autonomía de la fiscalía impide que el Poder Legislativo se inmiscuya en su estructura orgánica, pues ese mismo estatuto le fue concedido por reforma a la Carta Magna. Por el contrario, el diseño institucional del Legislativo debe garantizar al máximo el acceso a la justicia de este nuevo órgano. En relación a los derechos humanos es una fiscalía sin obligaciones. La obligación constitucional y convencional de respetar, garantizar, proteger y promover los derechos humanos sólo se establece de manera abstracta en las obligaciones y bases generales de la fiscalía. No hay instrumentos de investigación de oficio, expeditez, protección a víctimas, suplencia de la queja, por decir sólo algunos que podrían contemplarse para la prevención, investigación, sanción y reparación integral de todas las posibles violaciones a derechos humanos. La fiscalía no tiene ningún instrumento para investigar posibles violaciones a derechos humanos por parte de su personal a personas detenidas o vinculadas a proceso penal. Tampoco para aplicar las medidas conducentes en reparación integral que contempla la Ley General de Víctimas cuando la fiscalía sea la responsable, ni para colaborar de manera eficaz con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nos preocupa que se mantenga en el Código Nacional de Procedimientos Penales la disposición del artículo 167, último párrafo que establece que comillas el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos y de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la fiscalía o el funcionario que en él delegue esa facultad. Se considera que una fiscalía independiente no puede conservar la facultad discrecional de sustituir la prisión preventiva oficiosa pues el imputado y su defensor deberían tener la posibilidad de acreditar su disposición a colaborar con la autoridad ante el juez y si éste lo concede, la medida cautelar implicaría un mayor respeto a la presunción de inocencia que la prisión preventiva oficiosa. No hay en esta propuesta un tratamiento adecuado de las desapariciones forzadas; señoras y señores legisladores, esto es muy grave. Todos hemos hablado de la situación tan grave y tan crítica que nuestro país enfrenta, y una de las situaciones que tenemos que buscar atender es justamente, desde luego primero la eliminación de las desapariciones forzadas, pero por supuesto que también la atención de esta circunstancia. No hay entonces en esta propuesta un tratamiento adecuado de las desapariciones forzadas, considerando que se trata de una violación de derechos humanos de la que es responsable el Estado, tal y como lo determinan el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, y el artículo 2 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establecen que la desaparición forzada se configura cuando ocurre con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de agentes del Estado. En este sentido proponemos facultades para que la fiscalía emprenda la búsqueda con las autoridades que podrán tener responsabilidad o vinculación con los hechos, especialmente para asegurar la colaboración o comparecencia de superiores jerárquicos que podrán tener información que contribuya con el esclarecimiento del paradero de una persona. Asimismo que se establezca la obligación del Ministerio Pública para dictar las medidas de protección para el denunciante, testigo, allegados, defensores de la persona desaparecida, lo que omite la responsabilidad del artículo 12.1 de la Convención Internacional. No queda claro si habrá una unidad especializada como la que actualmente existe para la búsqueda de personas desaparecidas o si se pretende que cada agencia del Ministerio Público federal sea capacitada para esta función. El presupuesto de la unidad se redujo 60 por ciento para el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2015. Por lo que es sumamente importante establecer quién heredará estas responsabilidades en la nueva fiscalía y cómo atenderá los casos, pues el Ejecutivo no nos informó las razones del ajuste presupuestario. En materia de tortura planteamos disposiciones explícitas para la prevención, investigación y sanción de la tortura que es, de acuerdo a organizaciones como Human Right Watch o Amnistía Internacional, utilizada actualmente como método de investigación. De acuerdo a los cálculos, sólo uno de más de mil 500 casos denunciados por tortura es sancionado. Por todo lo expuesto, las reservas que presento ustedes lo habrán escuchado se enfocan en acotar las facultades extra limitadas de la fiscalía en atender problemática actual de opacidades en sus actuaciones y la falta de autonomía de la institución, en establecer obligaciones explícitas en materia de derechos humanos. Por lo dicho apelamos a su sensibilidad en virtud de la preocupante crisis que vivimos en esta materia. Llamo a votar a favor de las reservas presentadas. Muchas gracias.