El diputado José Alberto Rodríguez Calderón: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros. El Estado mexicano se encuentra plenamente comprometido en el combate a todas las expresiones del crimen organizado y muestra de ello lo es la suscripción de diversos instrumentos internacionales como la llamada Convención de Palermo, la cual bajo los auspicios de la ONU constituye un marco de referencia que contiene las directrices generales para enfrentar a este flagelo que ahora alcanza dimensiones globales. De igual forma, México se ha dado a la tarea de cumplimentar los compromisos asumidos ante el GAFI, organismo internacional que ha recomendado la adopción de medidas destinadas a prevenir y sancionar las operaciones realizadas con recursos de procedencia ilícita. Relacionado con la adopción de tales compromisos, nuestro Presidente -el presidente de todos los mexicanos-, Enrique Peña Nieto, se dio a la tarea de proponer al Congreso la aprobación de una serie de reformas tendientes a golpear a las organizaciones criminales en el corazón de sus actividades, que es la acumulación de capitales sin ningún compromiso con la sociedad, sin ninguna vocación de progreso y, mucho menos, atendiendo al desarrollo social. El dictamen que ahora se pone a nuestra consideración constituye un avance importante en la lucha contra la criminalidad, toda vez que hace uso de herramientas que, por el simple uso de la fuerza, no responderían a la integralidad de la política en contra de los grupos delictivos. En este sentido los diputados priistas apoyamos el contenido del dictamen que ahora nos ocupa, toda vez que refleja el debate serio, responsable y plural que se dio al respecto. Apoyamos las presentes medidas ya que, como bien se dice en el dictamen, éstas permitirán adecuar la legislación penal de nuestro país a los requerimientos internacionales establecidos en instrumentos jurídicos, de los cuales el Estado mexicano forma parte, así como asumir los compromisos adquiridos en organismos internacionales y diversos instrumentos, protocolos y convenciones, lo cual sin duda alguna proyectará a nuestro país en el exterior en una franca posición de coincidencia con los demás Estados comprometidos en el combate al terrorismo y su financiamiento. Gracias al presente dictamen se adecuará el Código Penal para fortalecer el establecimiento de penas relacionadas con una conducta constituyendo por sí solo un delito independiente y autónomo. Coincidimos también con el hecho de que se sancione no solamente la conducta de financiamiento al terrorismo sino que también se pueda sancionar su encubrimiento, para lo cual se adiciona al Código Penal Federal. Igualmente, nos unimos al dictamen en cuanto a que proporciona mayores elementos a los encargados de la procuración e impartición de justicia, toda vez que se considera adecuado incluir como medio para la comisión del delito la utilización de materiales y combustibles nucleares, material radioactivo o fuente de radiación. No coincidimos con aquellas posturas que, bajo la falsa premisa de la criminalización de la protesta social, invitan en realidad a la inmovilidad, al pasmo, a la falta de acción. Se habla de la necesidad de reducir el uso de la fuerza y, ahora que en consecuencia se actúa, muestran desacuerdo. Acusan al gobierno de no atacar a las organizaciones delictivas en su patrimonio y justo en el momento cuando se proponen las alternativas en ese sentido, invocan al falso fantasma de la represión. Debemos aplicar programas sociales para sacar a los jóvenes de la delincuencia. Pero mientras tanto ¿qué hacemos, compañeras y compañeros diputados? ¿Qué hacemos frente a los delitos cometidos y qué hacemos para proteger a las víctimas? Definamos de una vez por todas qué vamos a hacer, de qué lado vamos a estar, si del lado del derecho y de las víctimas o del lado de quienes han hecho del quebrantamiento de la ley su forma de vida. A todos gracias por su atención.