La diputada Cristina Portillo Ayala: Con su venia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados y diputadas: comparezco ante ustedes para presentar iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 72, incisos b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de veto. El veto es una institución regulada a lo largo de toda la historia del derecho constitucional mexicano. El poder hegemónico del Presidente de la República y la integración del Congreso de la Unión casi en su totalidad con legisladores de un solo partido político hicieron durante décadas que esta figura jurídica tuviera una realidad meramente teórica, sin efectividad práctica. En los hechos, su interposición fue ocasional y se generó un vacío en materia de cultura, conocimiento y práctica legislativa de cómo proceder y procesar las observaciones a un decreto enviado por el Poder Legislativo al Ejecutivo para su promulgación. Las lagunas e imprecisiones del texto legal no representaron riesgo institucional alguno durante esta etapa. Sin embargo, la alternancia en el poder y la pluralidad con que hoy están formadas ambas Cámaras del Congreso de la Unión obligan a replantear las disposiciones constitucionales que regulan la facultad del Presidente de la República de realizar observaciones como condición para que cualquier conflicto en la materia se resuelva con una solución que a todas luces sea constitucional y legítima para los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La reacción desmedida del Presidente Vicente Fox frente a la aprobación del Presupuesto de Egresos para el año 2005, acusando de manera irresponsable a la Cámara de Diputados de aprobar un paquete económico contrario a los intereses de todos los mexicanos, ha puesto en relieve la disyuntiva: o se esclarecen las normas reguladoras del veto en nuestro país sin dejar dudas a la interpretación judicial o doctrinaria, o se corre el riesgo de una grave crisis constitucional. Cuatro son las cuestiones esenciales que conviene dilucidar perfectamente en relación con esta facultad del Ejecutivo: prohibir expresamente el veto presidencial al Presupuesto de Egresos de la Federación, a la Ley de Ingresos y a las reformas constitucionales; y reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes. La Constitución es muy clara: el veto es improcedente en los casos de facultades exclusivas de cada Cámara, en virtud de la aplicación de la regla general que se infiere del artículo 72, que sólo lo hace procedente respecto de actos del Congreso de la Unión en ejercicio de facultades legislativas. La aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. El Presupuesto de Egresos es un decreto aprobado por una sola de las Cámaras, no una ley; como consecuencia, no es susceptible de veto en la aplicación de la regla general. Sin embargo, mientras no se establezca la prohibición expresa en el texto constitucional, existe latente la posibilidad de una interpretación contradictoria que deba ser resuelta por el Poder Judicial, con el consiguiente riesgo de una crisis política que el conflicto entre poderes pudiera generar. Su efecto suspensivo hace inaceptables las graves consecuencias que, para la estabilidad política y económica del país, ocasionaría la interposición de un veto presidencial en materia presupuestaria. Sólo es cuestión de imaginar las instituciones de la República sin autorización para realizar gastos de inversión a consecuencia de la promoción de un veto. Por otra parte, en la doctrina, el Presupuesto comprende no sólo los egresos sino también los ingresos. Existe por ello una íntima relación entre ambos, no obstante que en México, por una posición jurídica que se inició en la Constitución de 1824 y que se ha reiterado en nuestras Constituciones posteriores, se ha distinguido entre los gastos, que se engloban con el término "Presupuesto de Egresos de la Federación"; y los ingresos o contribuciones, que se concretan en lo que se denomina "Ley de Ingresos". Y si el Presupuesto de Egresos no es susceptible de veto, ésta sería necesaria e íntima conexión entre egresos e ingresos. Hace derivar de la misma Constitución una regla que justifica la prohibición expresa del veto presidencial a la Ley de Ingresos. La regla establecida en el artículo 74, fracción IV, párrafo primero, de la Constitución General de la República, en el sentido de que todo gasto debe acompañarse de un ingreso... Sólo pensemos que el Presidente veta una Ley de Ingresos y con ello disminuye la recaudación fiscal, ¿qué sucedería con el Presupuesto? Se tendría que modificar para reducir su monto y equipararlo con los menores ingresos disponibles. Si esto sucediera, serios problemas de procedimiento surgirían, ya que la Cámara de Diputados primero aprueba los ingresos y remite al Senado, después pasa a discutir y aprobar los egresos, enviando todo el paquete al Ejecutivo. Asimismo, es criterio casi unánime en nuestros estudiosos del derecho que las reformas constitucionales no pueden ser objeto de veto, por tratarse de actos del poder revisor de la Constitución. El artículo 72 se refiere únicamente a las leyes o decretos de carácter federal; es decir, aquellas en que interviene el Congreso de la Unión. En cambio, las reformas constitucionales son obra del poder revisor de la Constitución, órgano de jerarquía superior al Congreso, ya que se encuentra ubicado entre el Poder Constituyente y los Poderes Constituidos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no puede el Presidente de la República vetar la resolución de un órgano superior. Al requerir reunir la mayoría calificada de las dos terceras partes, el veto de reformas constitucionales carecería de sentido desde un punto de vista práctico, pues para ser superado en el Congreso se requerirá la misma cantidad de votos que en su momento se requirió para la aprobación de la reforma. En otras palabras: tratándose de reformas de la Constitución, el veto está superado por anticipado y se justifica su prohibición expresa. Finalmente, el Constituyente de 1917 nunca pensó en instaurar la figura jurídica del veto como un instrumento de carácter absoluto e insuperable que alterara la perfecta división de poderes y entregara al Ejecutivo la parte decisiva en la formación de leyes. La actual formación de las Cámaras del Congreso de la Unión, a riesgo de distorsionar la naturaleza jurídica de la institución como solo acto de colaboración, exige que también replantara en forma inmediata los términos y las condiciones de procedencia del veto por lo que se refiere a la mayoría exigida para superarlo. Seguir requiriendo el veto aprobatorio de las dos terceras partes del número total de miembros presentes en las condiciones de pluralidad, correlación de fuerzas que ahora se viven en las dos Cámaras del Congreso hace prácticamente insuperable el veto, trastocando la institución de un mero acto de colaboración legislativa en instrumento que rompe la perfecta división de poderes, al irrogar al Ejecutivo influencia decisiva en el procedimiento de la formación de leyes y anular el poder de decisión de las mayorías parlamentarias. Por ello, en la iniciativa de igual forma se plantea reducir la exigida mayoría calificada de dos terceras partes del número total de votos para superar el veto, por la simple mayoría absoluta de los miembros presentes, haciendo acorde la norma con uno de los principios básicos de la democracia: el de decisión de las mayorías. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias.