La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Con su permiso, diputada presidenta; diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Cuando se afirma y se difunde en ocasión de un informe y un mensaje a la nación que México ha cumplido a cabalidad con la cobertura universal de salud, uno no acierta a saber si se haya uno en otro país o se trata de un caso de miopía. No es lo mismo lograr la afiliación universal de salud que la atención universal en ella. Y lo que en todo caso se logró mediante la afiliación de 37 millones 66 mil personas en el periodo 2007-2012 –como aseveró el Ejecutivo federal-, fue el registro de esta población sin poder garantizar una cobertura suficiente y de calidad, como corresponde al derecho constitucional de todos los mexicanos. El Seguro Popular, compañeros, debería representar una responsabilidad del gobierno con la población más necesitada y más vulnerable y no un programa electorero, como ha operado hasta el día de hoy. Durante el primer sexenio de la administración panista, el presupuesto asignado al Seguro Popular fue destinado básicamente para levantar el padrón de beneficiarios y se dejó a un lado la cobertura de los servicios médicos a los que todos tenemos derecho. Desde su inicio el abanderamiento del programa sólo fue de carácter electoral y es al concluir esta administración en que se insiste en revertirlo de una cobertura universal en salud. La dramática realidad es que tenemos un sistema de salud inequitativo en términos de acceso a los servicios de financiamiento y de sus resultados. Existen grandes disparidades en cuanto a cobertura, gasto público y condiciones sanitarias entre los estados del norte y los del sur. Esta última región, tiene una disponibilidad muy baja en médicos, enfermeras y camas de hospital, en comparación con los estados del norte y los demás mientras de la OCDE. Lo que tenemos con el Seguro Popular, son ostensibles brechas en materia de calidad en la atención médica y la seguridad social de los pacientes. El Seguro Popular sólo atiende mil 585 diagnósticos, mientras que el Seguro Social y el ISSSTE dan cobertura a 12 mil 467 diagnósticos de 21 apartados de la Clasificación Internacional de Enfermedades, aun cuando sus presupuestos, de estas instituciones, han sido reducidos gradualmente. Lo que sí hemos visto desde la llegada de los gobiernos panistas es que se han desatendido de las instituciones, de las instituciones que son pilares de la salud pública de nuestro país, como son el Seguro Social, el ISSSTE y la Secretaría de Salud. En este Informe también se destacó que en materia de infraestructura de salud se concluyeron mil 264 hospitales o clínicas nuevas y se remodelaron 2 mil 470; la mitad de ellas en los 10 estados con mayores índices de pobreza, puntualizando que el siguiente paso es la prevención de las enfermedades. O sea que todo está resuelto. Sin embargo la realidad es que no basta con infraestructura y más promoción, requerimos de abasto de medicamentos, no hay medicinas en los hospitales; material de trabajo y personal hospitalario capacitado, para poder brindar una atención adecuada. Los indicadores que se difunden sobre el número de cirugías practicadas, consultas, especialistas y camas de hospital ocupadas, no son suficientes para demostrar la calidad y cobertura de un servicio. No se sabe si expresan una significativa subutilización o si la productividad es muy alta. Pero lo que sí es cierto, compañeras y compañeros, es que en la realidad que vive la mayoría de los mexicanos, el Seguro Popular no proporciona medicamentos suficientes para poder atender a la población que se presenta a las unidades de salud y los recursos humanos tampoco son suficientes. En pocas palabras, no hay camas, no hay doctores, no hay medicamentos. Compañeras y compañeros legisladores, al escuchar al titular del Poder Ejecutivo mi percepción fue que hablaba de otro país, pero volví a la realidad al recordar que ocupamos el primer lugar en obesidad infantil y que estamos a punto de arrebatarle a Estados Unidos el primer lugar también en la población adulta. Cómo hablar de eficiencia si diariamente mueren en nuestro país 176 mexicanos a causa del cáncer. Cómo decir que todo va bien si esta enfermedad es la segunda causa de muerte infantil. Cómo hablar de eficacia si cada dos horas muere una mujer mexicana a causa del cáncer y la falta de atención materna. Cómo no decir que existen datos alarmantes respecto a diversas enfermedades cardiovasculares, diabetes, VIH, entre otras. También es cierto que al concluir esta administración tenemos que el gasto público per cápita en salud en México es de 172 dólares, en contraste con Brasil que equivale a 208 dólares y un promedio de mil 300 dólares en los países más avanzados. Entre los países de la OECD México se encuentra en el penúltimo lugar con un monto de 3.5 veces menos que el promedio de los países de la OCDE, ya que sólo estamos por encima de Turquía. Con lo anterior queda muy clara la diferencia abismal –entiéndase bien, compañeros– la diferencia abismal entre afiliación universal de salud y atención universal de salud, completamente diferente. Lamentablemente los 53 millones de afiliados que cuentan con los beneficios del Seguro Popular están muy lejos de tener garantizada una cobertura universal de salud. Afirmar, contra toda evidencia, lo contrario sólo revela una miopía que tal vez deriva de una enfermedad más profunda, que es la soberbia. El Grupo Parlamentario del PRI sostiene que no podemos ser omisos ante la exigencia social que reclama eficiencia de sus instituciones y de los servidores públicos que las constituyen. Es menester fortalecer las estrategias que permitan abatir el enorme rezago existente en materia de salud y de igual forma debemos fomentar la cultura de la prevención para reducir los altos costos de tratamientos y hacer uso eficiente de los recursos públicos y trabajar para construir un verdadero sistema universal de salud en lugar de una filiación universal voluntaria. Para ello nuestro presidente electo, el licenciado Enrique Peña Nieto, promoverá la seguridad universal a través del acceso efectivo a la atención médica, mediante una real reestructuración de los servicios del sector salud, a través de una pensión universal para adultos mayores, ampliando de forma gradual el programa de 70 y Más y disminuyendo la edad mínima a 65 años a través del seguro de invalidez por discapacidad o accidente a la población que tenga entre 14 y 65 años de edad, porque es necesario tener un seguro de desempleo para todas aquellas personas que pierden su trabajo, con el requisito de haber trabajado de manera consecutiva y de participar en programas de capacitación y de ferias de empleo durante el tiempo que perciban el seguro. Éste es el compromiso que adquirió el actual presidente electo de México y hacia este objetivo habremos de dedicarnos en nuestro trabajo legislativo para construir consensos y lograr la aprobación de la reforma que instrumente el sistema de seguridad social universal del siglo XXI. Muchas gracias, compañeros.