La diputada Rebeca Godínez y Bravo: Señor Secretario: de sus respuestas con la que no coincido necesariamente, percibo por un lado que me reconoce que sí es un problema de seguridad nacional y de seguridad pública, cuestión que no puede tratarse entonces de manera concurrente, pero esto lo dejo aquí nada más anotado para que más adelante en muchas pláticas de trabajo que seguramente tendremos, podamos tratar de encontrarle una respuesta. Quiero reiterarle que no son opiniones aisladas las que le he presentado, sino muchas voces coincidentes de todas partes de la República y de quienes al final de cuentas serán, de ser aprobada la reforma, los aplicadores de la misma. Señor Secretario: al plantear la reforma multicitada, ¿cuál fue el estudio que por supuesto consideramos que se hizo sobre cuál es el impacto por el número de personas detenidas, consignadas, enjuiciadas y sentenciadas, en cada una de las entidades federativas en los últimos años y cuál será la proyección en cada estado y el Distrito Federal, de entrar en vigor la reforma? Queremos conocer las cifras en las cifras en las qué se basan y que son determinantes para saber y calcular, cuántos policías, agentes del Ministerio Público, jueces, juzgados, agencias del Ministerio Público, espacios carcelarios, se requerirán para que cada estado y el Distrito Federal, enfrente esta reforma y traducido en dinero cuánto esto representa? Y lo más importante, ¿cuál será la fuente de ese financiamiento extraordinario para los estados y el Distrito Federal, para enfrentar esta nueva responsabilidad. El narcomenudeo, señor Secretario, ha avanzado en México en el último lustro de manera vertiginosa y agregaría yo, vergonzosa para quienes tienen la obligación de combatirla. Un factor que no debe perderse de vista es que las bandas de narcomenudeo han organizado una estructura con células delictivas, encargadas de transportación, distribución, protección de cargamentos; además de contar con ligas de lavado de dinero y grupos de sicarios a su servicio. Otra grave preocupación de las entidades federativas que también compartimos es: ¿cuál es la línea que divide la delincuencia organizada y su último eslabón, la venta al menudeo para determinar las competencias locales y federales? Ante este apocalíptico panorama, no queda más que reconocer el fracaso de las políticas públicas federales, para combatir el narcomenudeo como una parte de la delincuencia organizada. Ante ello, el Gobierno Federal presume avances y logros que en la materia que nos ocupa, no existen y ante dicha realidad nos repiten, en un despliegue publicitario ofensivo, "que en México todo está bien": Aunque todos los mexicanos sepan, sientan y sufran en carne propia la falta de seguridad, que es el reclamo más álgido de la sociedad entera; extraña pasión mercado lógica, pero costosa que finalmente terminamos pagando todos los mexicanos. Señor Secretario, después de plantearle este oscuro panorama, que es la realidad que viven todos los días millones de personas en nuestro país, yo le cuestionó. ¿Cuál es el impacto efectivo de los programas de prevención y rehabilitación de personas adictas a los narcóticos en nuestro país? ¿Existe al menos un indicio que permita asegurar que gracias a esos programas hay menos consumidores, por lo menos estadísticamente? Todos sabemos la desarticulación con que trabajan las dependencias gubernamentales federales. ¿Qué podemos esperar de un verdadero combate al crimen organizado, si esa coordinación que se pretende y se presume, no existe al interior del equipo de trabajo del Ejecutivo Federal? ¿Existe un programa, un plan, una estrategia; bueno, una idea fundada en verdades de cómo combatir realmente la delincuencia organizada? ¿Realmente la sociedad puede confiar en recuperar algún día las calles de la delincuencia y con ello el sueño? Le pedimos palabras, no palabras ni discursos, señor Secretario, le pedimos hechos concretos y números. Gracias.