El senador David Jiménez González: Muchas gracias ciudadana Presidenta. Con su permiso. Estimadas compañeras y estimados compañeros legisladores: Nosotros sabemos que dentro de las facultades que tienen las autoridades, sean éstas municipales, estatales o federales, al emitir repito- sus actos de autoridad tienen que ceñirse forzosamente a lo que establecen las leyes, que viene siendo uno de los principios que rigen la vida de los mexicanos y fundamentalmente la acción de las autoridades; es decir, el principio de legalidad. No hay en ninguna parte de la República en donde las autoridades tengan que ajustar cada uno de sus actos a lo que dictaminan las leyes, como les he comentado. Estos actos de autoridad pueden llegar a afectar la esfera jurídica del gobernado. Lo comentábamos hace aproximadamente unos 15 días, cuando presenté una iniciativa relacionada con la garantía de audiencia, en el sentido que debería de respetarse a todo gobernado, a todo ciudadano que pudiera ser privado de su libertad, de sus propiedades, de sus posesiones o sus derechos, tal y como lo establece el artículo 14 de la Constitución; ya no hablo de la vida porque está, como todos sabemos, está prohibida la pena de muerte ya en nuestro país. Pues bien, ante esta situación me puse a reflexionar, que si bien es cierto, de acuerdo con los estudios que se han realizado por parte de los órganos jurisdiccionales, existe una serie de actos de autoridades, fundamentalmente administrativas, que no funda ni motivan sus actos, dando por consiguiente una violación flagrante a la Constitución. Y por eso fue, que pensé que era importante que además de requerir, de exigir que se respete la garantía de audiencia, ésta debe de estar íntimamente vinculada con otra de las garantías que son fundamentales dentro de nuestro estado de derecho, la garantía de legalidad. Y ésta garantía de legalidad, tiende a obligar a que las autoridades, además de respetar la garantía de audiencia, tengan dentro del ámbito de su competencia atribuciones al realizar sus actos, que fundarlos y que motivarlos, porque si no lo hacen de esta manera, también están violentando el orden constitucional. Y hay dos dispositivos muy importantes, que sin duda afectan a millones de mexicanos, afectan o regula, como podamos entenderlo, como queramos entenderlo mejor dicho, el actuar de las propias autoridades: una, pueden caer dentro del ámbito de las autoridades fiscales y otras, dentro del ámbito de las autoridades jurisdiccionales que tienen que conocer de los actos administrativos que emita la esfera correspondiente. Por eso yo le pido la autorización a la Presidencia, que en esta ocasión en lugar de participar nuevamente para presentar la iniciativa relacionada con el Código Fiscal y con la Ley de Procedimientos Administrativos, porque van en el mismo sentido, me autorice que tomando en consideración las reflexiones que estoy haciendo en mi exposición, pueda presentar en un solo acto la propuesta de reforma y modificación a una y otra ley, desde luego no estamos violentando de ninguna manera el procedimiento, sino por economía inclusive procesal como diríamos nosotros-, podríamos obviar el tiempo, ya que van dirigidas en este mismo sentido las dos iniciativas que presento el día de hoy. Pues bien, evitar que en la emisión de los actos de autoridad realmente lleguen a ser inconstitucionales, pues vamos a proponer que éstas tengan forzosamente la obligación de motivar y de fundarlos, para que no se presente ninguna violación constitucional. Nosotros sabemos que la Constitución y las leyes secundarias, las leyes ordinarias establecen cuáles son las competencias y las competencias pueden ser en razón de materia, de grado o de territorio. De tal suerte, que si nosotros establecemos dentro de las propias disposiciones, como es el caso que nos ocupa el día de hoy en el Código Fiscal y en la Ley de Procedimientos Administrativos, incorporamos claramente este dispositivo, vamos a evitar que muchos, muchísimos de los actos de autoridad sean considerados inconstitucionales, con pérdida de tiempo de las propias autoridades y sin lugar a duda con una afectación directa para los gobernados, porque la resolución que podría caer, ya sea que la autoridad jurisdiccional que conozca en primera instancia, fuera dada en razón de proteger al gobernado o en última instancia ya mediante la resolución de un juicio de amparo, sería el de obligar a la autoridad a que motivará y fundará su acto para que no fuera considerado inconstitucional; por eso, es importante que de una buena vez, en éstas dos materias, quede establecida ésta disposición para que preservemos éstas dos garantías: la de audiencia y la de legalidad. De tal manera que la primera propuesta sería en el sentido de esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación que quedaría de la siguiente manera: "Decreto: "Artículo único.- Se reforma la fracción II del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación para quedar como sigue: "Artículo 38.- Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener por lo menos los siguientes requisitos". Nos establecen varias fracciones pero a la que yo me refiero que es la II, quedaría de la siguiente manera: "Señalar la autoridad que lo emite y el precepto Disposiciones Legales en que apoye citando, en su caso, el apartado, fracción, inciso o subinciso o la parte de la normatividad correspondiente". Esta sería, Presidente, nuestra propuesta respecto del Código Fiscal de la Federación en donde se llevaría a cabo la modificación a la fracción II. Y en la otra iniciativa que es relacionada con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo va en el mismo tenor, con la siguiente reforma: "Decreto: "Artículo único.- Se reforma la fracción I del artículo 3o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para quedar como sigue: "Artículo 3o.- Son elementos y requisitos del acto administrativo. "Fracción I, párrafo segundo: La autoridad deberá precisar el precepto o disposiciones legales que le otorguen competencia citando, en su caso, el apartado, fracción, párrafo, inciso o subinciso conducente de la normatividad correspondiente". Yo le pediría a la Presidencia en consecuencia que en el Diario de los Debates de la Permanente como en la misma agenda aparezca íntegramente la publicación de estas dos iniciativas, cada una en su respectivo trámite para que pueda ser considerada a las Comisiones que van a ser turnadas por esta Mesa Directiva. Muchas gracias por su atención.