El diputado Leopoldo Sánchez Cruz: Muy buenos días a todos los compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia. Hoy más que nunca se ha vuelto una insoslayable necesidad que la actividad procesal resuelva los procesos de un plazo razonable, hecho de que alcance y constituiría un proceso importante para recobrar la confianza de nuestra administración de justicia. En el problema de celeridad de los procesos y la pronta tutela de los derechos ha sido una constante doctrinaria, la máxima que reza que la justicia no es rápida si no es justa. Ya señalaba Clouthier, que en el proceso el tiempo es más que oro, es justicia. Lo cual también nos da una cuenta de la inversión de horas-hombre perdidas como consecuencia de la tardía resolución de los procesos, problema que no compete exclusivamente de las partes procesales, sino también a la confianza de los ciudadanos y a la seguridad jurídica de nuestro país, al aumentarse la incertidumbre sobre los resultados de la actividad judicial, despectivamente queda relegada en el tiempo y cuya resolución resulta menos oportuna cuando más demora exista en la resolución. La iniciativa que hoy se presenta ante esta soberanía prueba su equilibrio y respeto a los derechos humanos, cuidando no infringirlos ni violentarlos y ocupándose de promover y respetar y proteger y garantizarlos a través de un procedimiento ágil que cumpla con la garantía de ofrecer celeridad, imparcialidad y prontitud en la administración de justicia. En nuestro país aún falta hacer ajustes para lograr una reforma integral en el proceso mismo, que evidentemente no puede ser llevada a cabo si no existe la voluntad política de los propios operadores jurisdiccionales y de los usuarios del servicio judicial. En suma, en proceso de reforma no se puede llevar a cabo con tan solo un cambio de normas adjetivas, sino también con la progresiva incorporación de instituciones procesales, que adoptadas a la realidad nacional puedan favorecer la pronta solución de los conflictos judiciales. Esta iniciativa presentada por nuestra amiga diputada Maricela Velázquez, y un servidor, se centra en aspectos específicos que buscan la celeridad procesal a través de diversas modificaciones del Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles. Primero se refiere a las notificaciones personales para elevar como un deber legal la probidad y legalidad del proceso, a fin de que las partes y sus representantes, por el solo hecho de comparecer ante el órgano jurisdiccional, tengan la obligación de presentar la debida atención al desarrollo del proceso para cuidar y velar sus intereses y sean por ello responsables de acudir ante el tribunal para hacerse sabedores de la estadía de su proceso, de las determinaciones que se dicten y de las cargas procesales que de ello amerita. Por lo que se propone que únicamente se haga en un domicilio o en casa de forma personal del emplazamiento, el embargo, la citación o las diligencias preparatorias a cualquier clase de requerimiento. También se propone confirmar la obligación de las partes para presentar a sus testigos el día y la hora señalados para el desahogo de la prueba y que solo cuando realmente estuvieran imposibilitados de hacerlo lo manifestaran así bajo protesta de decir verdad y podrán pedir que se les cite por medio del juzgado. Otro de los inconvenientes en el desarrollo de los juicios mercantiles son las que nacen del embargo y el requerimiento de bienes, por lo que se establece que el deudor en la primera búsqueda en el inmueble señalado por el actor o en el caso de haberse dejado citatorio y éste no haya aguardado, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado con el objeto de evitar mayores dilaciones. Respecto al nombramiento de depositario por parte de la actora se establece que éste no recaiga en ninguna de las personas que tutelen sus intereses por mandato, poder o cualquier otra forma de representación y que el lugar en que quede constituido el depósito deberá estar dentro del lugar del juicio. Otro hecho relevante que afecta a la economía procesal es el embargo de vehículos por lo que se contempla que para el caso de trabarse el embargo en automotor se exija su registro ante la oficina gubernamental encargada del control y registro del parque vehicular de la entidad donde se ejecute el mismo o en aquella de donde provengan los datos que pormenoricen al vehículo y también que establece que solo procederá el remate de un vehículo una vez que esté inscrito, y el mueble obre a nombre del ejecutado. El estado mexicano no puede retardar la implementación de una nueva dinámica e imprimir otro ritmo en nuestros procedimientos, lo que detonará e impulsará el crecimiento económico de nuestra nación, renovará el Poder Judicial y de los estados acelerando la circulación de la riqueza y sobre todo restituirá el respeto y la confianza en los órganos jurisdiccionales y entre los gobernados que acudan al juicio, finalmente se establecerá la probidad y la lealtad debida. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidente.