La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Presento reserva al artículo 158. En nuestro país los procesos penales durante muchos años se han caracterizado por rasgos autoritarios cargados de secrecía, subjetividad y particularidades. De este modo, la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública tuvo como objetivo transformar el sistema con el afán de transitar a procesos transparentes en los que los ejes rectores radicaran en los derechos humanos y en el equilibrio e igualdad entre las partes involucradas. Debemos comenzar por decir que para que el ciudadano común, la amenaza de la cárcel y su capacidad de afectar la libertad personal representa la característica más importante del proceso penal. No cabe duda que cuando la libertad de un individuo se ve amenazada o limitada no solo altera su vida sino la de toda su familia, por lo que la regulación de este proceso concierne a todos los ciudadanos. Lamentablemente, en México la ciudadanía se siente en un estado de indefensión y de amenaza. De acuerdo con el sistema constitucional mexicano, la pena privativa de la libertad personal se justifica únicamente con una sanción impuesta al responsable de un delito. No obstante, existe otra modalidad de restricción a la libertad que se aplica comúnmente en el proceso penal mexicano, la cual radica en la prisión preventiva. Derivado de lo previo, la reforma constitucional en materia de justicia penal y seguridad pública de 2008 tuvo entre sus propósitos poner fin al abuso sistemático de la prisión preventiva en el sistema jurídico mexicano. Es así que el uso racional de las medidas cautelares representa una de las metas más importantes del nuevo sistema, ya que éstas deben proteger a la sociedad, pero al mismo tiempo deben brindar al individuo sujeto a proceso la plena garantía de sus derechos. Debido a la importancia que representan, las medidas cautelares deben contar con los siguientes elementos: definir los requisitos y presupuestos que dan viabilidad a la adopción de dichos instrumentos en el caso particular. Incorporar la ponderación entre la presunción de inocencia del imputado y los requerimientos de la protección de los bienes jurídicos que tutelan el proceso penal, y definir la proporcionalidad de la medida en el caso concreto. Es por lo previo que consideramos que el artículo 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales debe especificar que el debate de medidas cautelares que serán resueltas se realizará en la audiencia efectuada por el juez de control con presencia de las partes. Sólo a través de estas incorporaciones podremos consolidar un ordenamiento en el que las resoluciones resulten proporcionales para cada caso. Sólo por medio de este tipo de mecanismos transitaremos a una nueva generación de código acusatorio mexicano. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 158. Único. El artículo 158 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales. Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso, en la audiencia a que se refiere el artículo antes mencionado por la diputada Aída Valencia 157 de este ordenamiento. A solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares. Debemos estar muy atentos a que el demandado tiene que estar con todas sus garantías y todos sus derechos. Consideramos muy grave que se inmovilicen cuentas, bienes, que te pongan un localizador o que te impidan incluso salir del país, sin antes haber sido sentenciado. Es muy fácil después de todo esto decir: usted disculpe. Y eso en el caso de que sucediera, porque no debemos dejar de lado que también se dará pie a la fabricación de culpables. Es cuanto.