El diputado Juan Romero Tenorio: Con permiso de la asamblea. La reserva al artículo 194-H es muy simple, tan simple que la mayoría va a decidir que no, porque no conoce la propuesta. Si se hubieran informado de qué es lo que se vota, su voto tendría un fundamento ético y político. Sin embargo, vamos a acreditar que no es así. El artículo 194, de acuerdo a la propuesta del Ejecutivo, pretende eliminar aquellos criterios cuya calificación resulta de complejo o subjetivo cumplimiento, con el propósito de establecer sólo tres criterios. Para pagar derechos en impacto ambiental, el actual artículo 194-H establece 10 criterios. El Ejecutivo propone reducir estos 10 criterios a 3 criterios, reduciendo la parte de la autodeterminación que tiene el contribuyente, para definir si impacta o no el ambiente con la obra o actividad que va a desempeñar. La propuesta de tres criterios facilita que se tengan los permisos ambientales para la ejecución de obras. Pongo dos ejemplos, el agua y la minería. El trasvase de agua de una cuenca a otra, o de un centro receptor a otro, en cuestión de derechos, por cada mil metros cúbicos, en la zona de mayor escasez, se incrementa en 2 pesos con 60 centavos cada mil metros cúbicos, y en las zonas de mayor abundancia se incrementa en el valor en 91 pesos. Ante la escasez y la crisis hídrica que tiene nuestro país, el trasvase se está convirtiendo en una actividad ordinaria. Habría que preguntar a sus electores si están dispuestos a quedarse sin agua en sus cuencas hidrológicas para trasvasarlas a otras cuencas, con un costo mínimo para quienes están haciendo negocio con el agua. Para eso ellos tendrían que acreditar que no hay impacto ambiental. La propuesta del Ejecutivo reduce a tres criterios. Leo uno, el criterio dos. Para el desarrollo del proyecto se requiere la autorización de impacto ambiental por el cambio de uso de suelo de áreas forestales en selva o zonas áridas. Es un criterio general que puede contestarse sí o no. Los criterios actuales son más específicos, y espero que también sea preocupación del Partido Verde. El criterio cuatro vigente entra a detalle y dice: requirió evaluar impactos ambientales ocasionados por la pérdida de vegetación. Criterio cinco. Se realizaron análisis específicos sobre especies bajo alguna de las categorías de riesgo en el área del proyecto. El reducir a tres criterios queda a discreción del contribuyente o del impulsor de una obra para determinar qué cuota de derecho va a pagar. Consecuentemente, la propuesta reduce el pago de las cuotas. Es un beneficio disfrazado con una reforma legal. Ese beneficio disfrazado de reducir el costo en derechos, pues no hace más que beneficiar a las grandes empresas vinculadas con el negocio del agua y la minería. Por cierto que la minería es una gran industria que poco ha aportado a la riqueza y a los recursos de la federación. Tenemos que recuperar un criterio más objetivo en el análisis de las propuestas y un compromiso más informado porque está impactando a nuestros electores. Hay trasvase de cuencas en San Luis, en el mismo Chiapas, en Tamaulipas, en Baja California y eso está afectando los depósitos de agua y afectan a la naturaleza de su entorno. Esperamos su comprensión y que estén informados sobre lo que se está votando. Es cuanto, señor presidente.