La diputada Laura Hernández García: Con la venia de la presidenta. Es muy importante aclarar esto, nuestros votos fueron bien ganados. Si bien es cierto que tuvimos casi siete millones de votos, no se puede de ninguna manera minimizar esa cantidad de votos, porque representan a un ciudadano, a una ciudadana a la cual representamos y que también valen nuestros argumentos, no son mentiras. Yo soy una mujer defensora de derechos humanos que he dedicado mi vida a ello. Y también pertenezco a una población vulnerable, como es la LGBTTIQ +. Y por eso, la prisión preventiva oficiosa para mí y para mis pares, para los defensores de derechos humanos y periodistas, y para quienes estamos aquí, va en contra de nuestros derechos. Y no lo estoy diciendo yo, esto viene desde atrás y lo voy a decir textualmente, lo que dice la Corte Interamericana. El peligro procesal no se presume, sino que debe realizarse la verificación del mismo en cada caso fundado en circunstancias objetivas y ciertas del caso concreto. Esto lo estableció la corte por la tortura sexual a mujeres en Atenco, y fue en 2018 cuando lo dijo. El sistema interamericano no está en contra de la prisión preventiva, sino del abuso y que esto sea la regla y no la excepción. Por eso, ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, en el artículo 19 de nuestra Constitución, es un paso atrás en el compromiso con el respeto y cumplimiento de instrumentos internacionales de derechos humanos, firmados y ratificados por México. Aplicar la prisión preventiva oficiosa sin evaluar la peligrosidad y los riesgos procesales individuales vulnera el principio fundamental de presunción de inocencia y derecho al debido proceso, esto no es ninguna invención. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado con contundencia que implementar la prisión preventiva con carácter obligatorio representa una medida irreparable con los estándares internacionales de materia en derechos humanos y son varios los casos que se han llevado en contra de México por esta circunstancia. Esta práctica no solo priva de la libertad injustamente a miles de personas sin existir una sentencia en firme en su contra, atentando contra los derechos fundamentales de presunción de inocencia y libertad personal, sino que también afecta desproporcionadamente a quienes menos recursos tienen para defenderse, perpetuando las desigualdades dentro del sistema judicial penal. La prisión preventiva oficiosa solo va a profundizar estas desigualdades, pues cada año son más mujeres las que llegan a la cárcel por esta vía. De acuerdo a datos de Intersecta, las mujeres representan el 48 % en prisión preventiva, mientras en la misma circunstancia está el 37 % de hombres. También seguirá enviando a personas jóvenes a las cárceles, truncando sus futuros y no construyendo su futuro como suelen decir, ya que el 70 % de personas en prisión preventiva son menores de 40 años. Como legisladores y legisladoras es nuestro deber y responsabilidad reformar las instituciones para proteger a todas las personas, estableciendo en la ley las garantías de seguridad y certeza jurídica para un debido proceso, verdaderamente justo. No seguir un camino que criminaliza a las personas y que además ha demostrado ser dañino e injusto, así como ineficaz e ineficiente para la reducción de la criminalidad, ya que sobrecarga al sistema penitenciario y al sistema de justicia penal, al tiempo que aumenta el riesgo de condiciones inhumanas en los centros de reclusión o de readaptación social. En nuestro país existen alternativas menos restrictivas y más eficientes, como las medidas cautelares que permiten al Estado garantizar la comparecencia de los acusados sin recurrir a una detención prolongada, así como en algunos casos la aplicación de la prisión preventiva siempre y cuando esté debidamente justificada por el Ministerio Público o las fiscalías. Ahora bien, la aplicación de Catálogo de Delitos que están en orden del juez que deba de ordenar prisión preventiva oficiosa, va a condenar a más personas a una reclusión arbitraria en detrimento de sus derechos y de su dignidad humana. Por lo tanto, en lugar de expandir esta medida, nuestro deber es modernizar y humanizar el sistema penal, garantizando la justicia para las víctimas y el respeto a los derechos de todas, todos y todes. Nos oponemos a esta reforma que solo pretende que las cárceles estén llenas de personas sin que se respete su debido proceso y sin que haya una sentencia condenatoria, una reforma que hace persistente la impunidad, la corrupción y la falta de acceso a la justicia. En la bancada naranja no vamos a avalar ninguna medida que sea contraria y violatoria a los derechos humanos. Termino, y que además afecte a las personas vulnerables de este país. Decimos no a la prisión preventiva oficiosa y sí a la garantía y al respeto de los derechos humanos...