La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: No obstante que del contenido del artículo 3o. constitucional se establece que la educación que imparte el Estado debe garantizar el desarrollo integral de los educandos, la realidad es que el sistema educativo, directa o indirectamente, se ha inclinado a otorgar una educación con marcadas tendencias al desarrollo de habilidades técnicas y a generar autómatas que obedecen órdenes sin ningún cuestionamiento, sin una base crítica ni ética. Resulta incongruente que siendo nuestro país la décimo cuarta economía del mundo y teniendo una de las máximas casas de estudio de toda Iberoamérica, se les destine legalmente un presupuesto del 1 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Lo anterior cobra aún más sentido si caemos en cuenta de que México dedica el 5.7 por ciento de su ingreso nacional a educación, monto que en comparación con su gasto público lo ubica como la nación con mayor tasa de inversión en este rubro, el 21.7 por ciento del gasto público total frente al 13.3 por ciento promedio en el conjunto de países que forman parte de la OCDE. Sin embargo más del 90 por ciento del presupuesto para la educación se destina a gasto corriente, gasto corriente infructuoso por cierto, ya que ni los maestros ni los alumnos son debidamente evaluados y la infraestructura del sistema educativo es francamente deplorable, lo que hace aún más imperioso que se destine un mayor presupuesto a la investigación científica y al desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. El arte, la ciencia, la vida política, la familia, tienen un vínculo estrecho. Todas ellas están subsumidas en una sociedad en la que cobran cada vez más relevancia los capitales simbólicos. Si bien cada uno de esos subsistemas sociales cuentan con sus propias especificidades, tratarlos como ajenas y excluyentes entre sí, contribuye a mermar la integralidad de patria. Para que una nación cuente con hombres y mujeres de bien, debe promover una educación de excelencia, con un ámbito de respeto e integración, en el cual sobresalga una visión de superación e innovación. Con mayor razón si tomamos en cuenta que la competitividad en la así llamada aldea global, es cada vez mayor y se requieren cada vez más investigadores de primer mundo. Paradójicamente observamos que en nuestro país la investigación humanística y la ciencia tecnológica, son temas que no han merecido la debida preeminencia en la agenda política. Es lamentable que aun y cuando estamos con un gran capital humano, recuérdese que la curva de crecimiento poblacional nos ubica como una de las naciones con el mayor número de jóvenes, no se están aprovechando las capacidades y habilidades de personas que una vez que han concluido su educación superior, desperdician su potencial para desarrollar investigación o en todo caso, lo ponen al servicio de potencias extranjeras engrosando aún más la fuga de cerebros que tato lesiona al desarrollo de la nación. Por otro lado la promoción y apoyo a la investigación se constituye en una de las pocas vías que se puede abrir a las personas para acceder a mejores condiciones de vida. El conocimiento, la ciencia y la investigación son, sin duda, un importante capital simbólico del que pueden echar manos los educandos para aspirar a acceder a los estratos sociales más altos, para competir con las elites en el juego por la obtención de otros tipo de capital, situación que merece especial atención si somos conscientes del entorno de crisis en el que estamos envueltos, en el que estamos presenciando cataclismos a merced de la globalización, los cuales llevan in sito procesos de degeneración social y el ensanchamiento acelerado de la brecha de desigualdad. La elite plutocrática en nuestro país busca alcanzar sus metas centradas principalmente en obtener cada vez mayores ganancias mediante el debilitamiento y desmantelamiento de las agencias de gobierno y al capturar y destruir las instituciones públicas. La reciente reforma laboral da cuenta de ello. Tomando en cuenta que el tema educativo debe ocupar los espacios más importantes en la agenda pública nacional, no se debe escatimar en esfuerzos de carácter legislativo para corresponder a las exigencias de carácter educativo. El insuficiente presupuesto destinado a la investigación fomenta indirectamente la deserción. En otra parte, como la propia Unesco ha señalado, se deben ampliar los índices de egresados de los estudios de educación básica y media superior para que de esta menera se puedan tener más educandos estudiando una carrera técnica o profesional y eventualmente un postgrado o una especialidad. Propongo lo siguiente. Que se reforme el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: El monto anual que el Estado, federación, entidades federativas y municipios destinen al gasto en educación pública y en los servicios educativos tendrá que ser mayor al 8 por ciento del producto interno bruto del país, e independientemente del monto destinado a la educación, se debe destinar al menos el 2 por ciento del producto interno bruto a la investigación científica y el desarrollo tecnológico en las instituciones de educación superior públicas. Es cuanto, señor Presidente.