EL C. DIPUTADO RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA: Con el permiso de la Presidencia. Me correspondió el honor de presentar la iniciativa cuyo dictamen se pone a consideración de este pleno en esta tribuna el pasado 18 de septiembre. Hay que decir que la formulación de la misma contó con la aprobación de diputados integrantes de las distintas fracciones parlamentarias y que forman parte del grupo de trabajo en materia de protección civil que ha designado la Comisión de Gobernación y de Seguridad Pública. Habrá que decir también que aquél día pasado 18 de septiembre rendimos homenaje a las personas que perdieron la vida en los sismos del 19 y 20 de septiembre de 1985. Y habrá que decir también que el proyecto de dictamen presentado el pleno de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública fue aprobado por unanimidad de los integrantes de la misma. Queremos subrayar estos consensos porque nos permiten decir que hay materias que nos conjuntan, que ha materias en las que no existen diferencias políticas y la protección civil y la defensa de la vida y de los bienes de los mexicanos es una de esas materias. Nuestro país, como sabemos, cuenta lamentablemente con un largo historial de desastres naturales, ambientales e industriales: La explosión de las instalaciones de Petróleos Mexicanos en San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla, Estado de México en 1985; los sismos del 85 en la Ciudad de México y otras ciudades del país; los huracanes en las zonas del golfo y del Pacífico; las inundaciones de Villa Hermosa, Tabasco, han marcado los antecedentes en esta materia con considerables pérdidas humanas y materiales. Pese a que existen antecedentes de normas relativas a la protección civil en la Ley de Responsabilidad Civil por daños Nucleares, promulgada en 1974 y en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de 1988, misma que fue reformada en 1996, no fue sino hasta el año 2000 cuando se expidió la Ley General de Protección Civil. Es decir, quince años después de los terribles sismos del 85. Si bien desde aquellos años hemos ido formando un marco jurídico para la protección civil y se han ido creando las instancias institucionales en los distintos niveles de gobierno para realizar esta importantísima labor en la protección civil, si bien se debe reconocer la eficiente respuesta a la emergencia creada por la erupción del Volcán Popocatépetl a fines del año pasado, también habrá que valorar que la cultura de protección civil y la educación para la autoprotección es incipiente en México, y que las instituciones gubernamentales relativas a las mismas aún no cuentan con todo el apoyo necesario. Un ejemplo claro de lo anterior son las condiciones deplorables en las que funcionan instituciones como la Cruz Roja, los cuerpos de bomberos de la mayoría de los municipios y ciudades del país y también los cuerpos de ciudadanos voluntarios que realizan y se especializan en el socorro en medio de desastres. Este dictamen que está a consideración del pleno abre las posibilidades para que sean reconocidos los héroes hasta la fecha desconocidos, los que salvan vidas arriesgando la propia, los que apoyan a sus conciudadanos en los albergues y en los traslados a los mismos. Por eso resulta conveniente y es necesario reconocer los esfuerzos de promoción de la autoprotección y la autopreparación para los eventuales desastres, tanto en la participación individual como colectiva, en tareas como de ayuda a la población en casos de desastre, labor que realizan personas o grupos de voluntarios, tanto en el sector público como por iniciativa propia, y por lo tanto es consideración nuestra, y nos felicitamos de que la Cámara de Diputados en sus distintas fracciones parlamentarias, sean capaces de llegar a acuerdos. Nos felicitamos por la aprobación de esta iniciativa de Reforma a la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, a fin de incluir el Premio Nacional de Protección Civil. Muchas gracias.