El diputado Julio César Córdova Martínez (PRI): Con el permiso de la Presidencia. "Con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a nombre de 145 diputados de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Convergencia, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Ciencia y Tecnología; de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, conforme a la siguiente "Exposición de Motivos: "En la era del conocimiento y de la revolución tecnológica México no puede permanecer dependiendo de los descubrimientos y avances hechos en otros países científicamente más avanzados, ni tampoco podemos continuar siendo un país que gaste más del 5 por ciento del producto interno bruto por dependencia tecnológica, lo que equivale a más de 400 mil millones de pesos. "Compañeras y compañeros Diputados: "El desarrollo y la innovación tecnológica son la mejor herramienta para la competitividad en el mundo globalizado que nos ha tocado vivir. Por ello vale la pena preguntarnos: ¿Invertir o no invertir en ciencia y tecnología? ¿Priorizar o no la inversión en educación superior, en investigación, en plazas para los centros públicos de investigación, en proyectos tecnológicos? ¿Destinar o no recursos para el fortalecimiento de los sistemas estatales de ciencia y tecnología? ¿Avanzar o no en la descentralización en el desarrollo regional a través de proyectos tecnológicos que respondan a la vocación económica de las diferentes entidades federativas y de los municipios? ¿Invertir o no en un sector de la población que hoy alcanza más de 30 millones de mexicanos entre 6 y 25 años de edad, que será nuestra próxima generación productiva? ¿Repatriar o no a nuestros académicos y científicos que han engrosado la fila de cerebros fugados al extranjero y que nos han costado millones de pesos formarlos por no contar aquí en México con las condiciones indispensables para su desarrollo personal y profesional? ¿Dotar o no a nuestros investigadores que laboran en los centros públicos de investigación de la legislación mínima indispensable para que cumplan con su función social y económica? Nadie en su sano juicio respondería que no a estas interrogantes. Sin embargo, al paso de los años son solo frases de discurso. Prueba de ello es el paquete fiscal enviado por el Poder Ejecutivo, el cual quedó muy distante de las aspiraciones del Congreso de la Unión, donde tan sólo en fondos de investigación se programó un recorte del 98 por ciento, además de las disminuciones presupuestales a los centros públicos de investigación y a las universidades pública. Estas políticas erróneas y sin visión de futuro, tienen como resultado una gran brecha entre lo que somos como economía y lo que tenemos en indicadores, en tan sólo cuatro años hemos tenido una drástica caída al pasar en la arena de la competitividad del lugar 33 en el año 2000 al lugar 56 en el año 2004. En infraestructura científica y tecnológica pasamos del lugar 46 al lugar 59, no es posible, compañeros legisladores, que siendo México la novena economía del mundo, ocupemos el lugar número 51 en calidad de vida. Por ello, lo menos que podemos hacer en esta soberanía, es establecer las bases legales para transitar hacia una nueva etapa de investigación nacional, crear conocimientos, patentarlos, explotarlos y desarrollarlos industrialmente. En este sentido es necesario modificar las tendencias de control gubernamental, que enfatiza la atención sobre los procesos administrativos y no sobre los resultados, para la solución de los problemas nacionales, para ello es necesario fortalecer y consolidar la figura de los centros públicos de investigación, mediante el fortalecimiento y perfeccionamiento de su régimen jurídico especial. Incorporar nuevos elementos de simplificación jurídica para los centros públicos de investigación, detonar proyectos de investigación y apoyo a proyectos productivos. La ausencia de una efectiva vinculación con el sector privado, ha impedido aprovechar las ventajas que significa el desarrollo de nuevas tecnologías y, consecuentemente, la producción de bienes y servicios de mayor valor agregado, que generen más empleos y mejor remunerados y por ende una mayor competitividad y productividad económica de nuestro país. Esta problemática se expresa también en las limitaciones para incentivar y fortalecer el desempeño del personal de los centros, quienes no pueden generar riqueza debido a que la propia ley se los impide. Estas dificultades y limitación persisten, entre otras causas, por prácticas administrativas ineficientes y por la existencia de normas de aplicación general, que no son plenamente compatibles con la naturaleza de las funciones de los centros públicos. Leyes que entorpecen su funcionamiento y les imponen cargas administrativas innecesarias en demérito de la autonomía, flexibilidad y oportunidad que deben tener en su operación y funcionamiento, dedicado en algunos de los casos más del 40% de sus recursos, para atender los requerimientos administrativos de la Secretaría e Hacienda y Crédito Público y de la Secretaría de la Función Pública. Compañeras y compañeros diputados, es lamentable que aunado a los recortes presupuestales y a la escasez de recursos para el sector científico y tecnológico, los centros públicos de investigación dispersen esfuerzos económicos y administrativos, que nada tienen que ver con su verdadera función social, la investigación científica y el desarrollo tecnológico, para solucionar los grandes problemas nacionales. Esta propuesta se orienta a temas estratégicos para fortalecer al gobierno, la gestión administrativa, la vinculación de los centros con el sector productivo, la actuación y desempeño de su personal, así como a mejorar los sistemas de evaluación y rendición de cuentas, para ello estamos proponiendo esquemas más flexibles, que permitan agilizar el ejercicio del gasto, a través de convenios de administración por resultados, en función de indicadores de desempeño e impactos económicos y sociales positivos. Esta iniciativa también aporta elementos para solucionar una añeja problemática, que viene impidiendo el pleno desarrollo profesional de los centros de investigación, ya que el actual sistema legal impide a un investigador incorporarse al sector productivo debido a conflictos de interés. No es posible, que por un lado hablemos de fortalecer la vinculación y por otro limitemos a los investigadores y a los centros públicos a lograrlo. Otras medidas a favor de los investigadores y técnicos para incentivar su actuación, consiste para apoyarlos para la incubación de empresas tecnológicas de innovación, así como para que participen en los beneficios que resulten de las alianzas y asociaciones estratégicas que lleven a cabo los centros. Compañeras y compañeros diputados, el futuro del país está bajo nuestra responsabilidad, los invito respetuosamente a apoyarnos en esta cruzada por lo más preciado que tenemos en la vida: nuestros hijos. No permitamos que ellos paguen las consecuencias de los errores y omisiones históricas de nosotros. Les hago un llamado a la reflexión y estoy seguro de su sensibilidad y compromiso con las generaciones futuras, porque conforme avanzan los años nos costará mucho más caro la ignorancia. Es tiempo ya de responderle a los electores que confiaron en nosotros, es tiempo ya de heredar un mejor México que el que nosotros recibimos; es tiempo ya de apoyar a la ciencia y a la tecnología. Sigamos pasando de las palabras a los hechos. Solicito muy atentamente a la Presidencia que el texto íntegro de la iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.