El diputado Carol Antonio Altamirano: Con el permiso de la Presidencia. Diputadas y diputados, a nombre del PRD fijo posición ante el dictamen que se construyó en la Comisión de Puntos Constitucionales y de las reservas de consenso que lo complementan, respecto del endeudamiento de estados y municipios. Lo primero que debemos señalar es cuál es el problema que se quiere encarar con esta forma constitución. La deuda de estados y municipios ha tenido un problema en el ritmo de crecimiento, que ha sido muy alto en algunos estados y en 22 municipios, mientras que el resto del país tiene un buen manejo de su endeudamiento. Aun cuando a nivel nacional no representa un riesgo general, porque su monto equivale a menos de 3 puntos del PIB, es decir 436 mil millones de pesos, sí tiene un impacto fuerte en las finanzas locales. Ante este problema, el dictamen y sus reservas de consenso representan avances que debemos respaldar, pero primero hay que partir de un enfoque justo sobre el uso de la deuda. El endeudamiento no debe ser satanizado, es un instrumento que bien usado puede servir para impulsar el desarrollo nacional y de las entidades. Si tiene destinos y controles suficientes es útil para financiar obras y proyectos que hacen falta al país. Ése es el espíritu general del dictamen y sus reservas de consenso; se trata de acotar el endeudamiento con un conjunto de disposiciones que fortalecen su destino, el proceso de su autorización y su fiscalización. En lo particular, debemos reconocer las bondades de los acuerdos alcanzados. En el artículo 25 la reforma lleva al Estado a velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero para coadyuvar al crecimiento económico y el empleo. Eso es un gran consenso y al mismo tiempo fue un acierto eliminar de este artículo el concepto de equilibrio presupuestario, pues ello daba pie a que se estableciera en la Constitución el mito genial del déficit cero, que impediría al país desarrollar políticas contracíclicas tal como lo hemos hecho desde 2008 a la fecha. Ningún país debe renunciar a la posibilidad de financiar su desarrollo con un manejo serio de sus finanzas. En el artículo 73 se precisa que las facultades legales en el procesamiento de leyes secundarias, en materia de disciplina y de responsabilidad hacendaria, corresponderá al Congreso de la Unión, actuando la Cámara de Diputados como Cámara de origen y la de Senadores como revisora, exactamente como lo señala la Constitución. Respecto del artículo 74 existe una gran diferencia respecto de la discusión que teníamos hace cinco meses, que quiero destacar ante ustedes. Hubo un momento en que las primeras iniciativas y las discusiones nos llevaban a un control absoluto de la federación al manejo de las finanzas estatales. Eso por fortuna fue superado. Ahora el dictamen establece un esquema potestativo. Es decir, que mantiene en lo general la soberanía de las entidades y al mismo tiempo permite que en los casos de altos niveles de endeudamiento, que los estados puedan pedir el apoyo de la federación para que ésta los apoye como un aval al garantizar sus adeudos. Eso significa un beneficio económico directo, que se expresa en la disminución de los riesgos, y por tanto, en la tasa de interés, cuando los adeudos estatales queden garantizados por las finanzas nacionales como una deuda contingente, pero para evitar que se abuse del esquema y no dar un incentivo perverso, se establece que las entidades deberán sujetarse, cuando lo soliciten, a un programa de ajuste, expresado en convenios suscritos con la federación. Los artículos 79 y 116 mantienen la misma orientación contenida en la minuta del Senado, respecto a la intervención de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos fiscalizadores de cada entidad. En el artículo 117 se fortalece el esquema general del dictamen y sus reservas, al establecerse una prohibición categórica para usar el endeudamiento en el gasto corriente. La aprobación por dos tercios de los Congresos locales, para evitar mayorías incondicionales, que las reestructuraciones de los adeudos serán viable sólo en las mejores condiciones del mercado y al limitar el endeudamiento de corto plazo para los últimos tres meses de cada administración. En los artículos transitorios destaca la disposición incluida en el transitorio séptimo, que establece un conjunto de disposiciones para mandatar la intervención de las entidades de fiscalización para no alentar la impunidad ni la opacidad. Los informes que reciba la Cámara de Diputados, en tanto entran en vigor las reformas legales, serán verificados por la Auditoría Superior de la Federación y en las entidades se mandata la fiscalización de las obligaciones de pago. Finalmente, uno de los avances más importantes de esta reforma se estipula en el artículo noveno transitorio, que establece la intervención del Congreso al aprobar un programa general de garantías, de manera que la soberanía y las facultades del Legislativo quedan fortalecidas y se evita una actuación discrecional por parte del Ejecutivo. Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen y las reservas de consenso que se van a presentar establecen un esquema general de control de la deuda de estados y municipios que mejora las condiciones actuales. Al mismo tiempo, para los casos en que se requiera, se abre una opción de acceso a garantías federales, que en efecto, implica una limitación a la soberanía estatal, pero solo de manera temporal y sujeta a un convenio que obligue a generar condiciones de pago y al saneamiento de las finanzas locales. Por esas razones, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Hago un reconocimiento al trabajo de los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, así como a los compañeros de la Comisión de Hacienda, que nos mantuvimos atentos al proceso de discusión junto con nuestros coordinadores parlamentarios. El PRD, en este tema mantuvo una actitud constructiva y con propuestas, reivindicamos, junto con las demás fracciones legislativas, el respeto a los procedimientos constitucionales. Sostuvimos y ahora reiteramos que en la discusión de la ley secundaria no cejaremos en los principios federalistas y en la lucha por alejarnos de las tentaciones centralistas. Reconocemos y valoramos que la Cámara de Diputados está actuando con seriedad, siendo útil a la sociedad para superar un problema relevante para los estados y municipios y que no puede ni debe esperar más para ser resuelto. Para concluir, destacamos que en este dictamen se incluye la mayor parte de las observaciones contenidas en la minuta del Senado de la República. Por ello hacemos votos para que esta Cámara valore la posibilidad de resolver el problema de fondo de una vez por todas. El país observa y a nadie conviene paralizar el trabajo legislativo sino encauzarlo con sus coincidencias y diferencias conforme lo señala Constitución y buscando el bien mayor. Vayamos a nuevas condiciones que permitan un endeudamiento sano, racional y controlado. Vayamos por el federalismo, vayamos por consolidar lo avanzado en cuanto a facultades del Congreso de la Unión. Vayamos por mejorar la fiscalización de la deuda de estados y municipios. Vayamos, compañeras y compañeros, por acabar con la opacidad y la discrecionalidad. Muchas gracias.