La diputada Rosa Elva Soriano Sánchez: Compañeras y compañeros diputados. Vengo a este pleno a presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción XX del artículo 27 y adiciona la fracción XXIX, inciso ñ), del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con base en la siguiente Exposición de motivos El tema de desarrollo rural aplicable a la política pública se circunscribe en el proceso de mejora del nivel de bienestar de la población rural, que tiende a lograr la equidad social, y de la contribución que el medio rural hace de forma más general al bienestar de la población en su conjunto, ya sea urbana o rural, con su base de recursos naturales. En tal sentido, el espacio rural involucra el conjunto de territorios cuya población desarrolla diversas actividades o se desempeña en distintos sectores, como la agricultura, la ganadería, industrias rurales, comercio, servicios, acuacultura, minería, extracción y conservación de los recursos naturales, entre otras, en donde se dan relaciones sociales y en las que interactúan una serie de instituciones públicas, sociales y privadas. En consecuencia, el desarrollo rural trasciende el ámbito de lo agropecuario e incursiona hacia horizontes de lo urbano, no sólo como provisor de alimentos sino con otras variables como la oferta y cuidado de los recursos naturales, los espacios para esparcimiento, y los aportes y desarrollo de la cultura. Para darle vialidad a las aspiraciones sociales en el medio rural se requieren instrumentos institucionales adecuados a partir de la instalación de las competencias concurrentes en el tema de desarrollo rural en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que hasta la fecha la única entidad que tiene facultades expresas en la Constitución para legislar en materia de desarrollo agropecuario y rural es el Distrito Federal, a pesar de los intentos de algunos congresos estatales que han incursionado en legislar débilmente sobre estos asuntos. Las Cámaras del Congreso de la Unión nos encontramos analizando los distintos temas de la reforma del Estado, que se traducirán en adecuaciones tanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como al marco jurídico que emana de ella. Uno de los temas centrales es el federalismo. Por décadas se ha asumido con poca criticidad el desfase que evidencian algunos de nuestros referentes jurídicos más importantes con relación a nuestra realidad social. Después de años en los que se ha desarrollado la costumbre de creer que nuestro sistema federal es una realidad oficial, hoy se hacen palpables los efectos del centralismo efectivo de nuestra historia cada vez más cohesionado, propiciando una reivindicación de las entidades federativas en la formulación de sus mecanismos para el desarrollo. Es necesario, entonces, discutir sobre la solución que debe darse a la ambigüedad constitucional que mantiene en una misma línea de validez formal a las disposiciones que sostiene un federalismo de tipo clásico, con otras que sustentan al federalismo de tipo cooperativo. Al respecto, destaca la adopción en ciertas materias de las llamadas leyes generales o leyes marco, a partir de las cuales se autoriza la distribución de competencias, por parte del legislador, entre los distintos órdenes de gobierno; tarea que antes estuvo reservada de manera exclusiva de la federación, tal ha sido el caso de las materias de educación, salud, asentamientos humanos, medio ambiente, pesca, turismo, deportes, entre otras. Al hablar del marco de concurrencias de tipo legislativo, se trata de aquellas que derivan de la atribución combinada, segmentaria y hasta compartida que efectúa el Constituyente a favor de los distintos órdenes de gobierno en relación con una materia competencial específica, a través de la distribución que se establece en una ley del Congreso llamada "Ley General". Como es de su conocimiento, la actual Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se fundamenta en una disposición constitucional de carácter federal, conforme a lo que dispone la fracción XX del artículo 27 y define la política agropecuaria y de desarrollo rural, a la cual los gobiernos estatales deben ajustarse en los instrumentos que la autoridad federal les establece, muy a pesar de la existencia del Programa Especial Concurrente, por el cual se hacen las mezclas de recursos para atender los problemas del campo. Compañeras diputadas y compañeros diputados: para lograr una auténtica federalización y descentralización hacia cómo el enriquecimiento de las garantías sociales en el tema rural, debe traducirse un mandato constitucional mediante el cual puedan existir competencias concurrentes entre los distintos órdenes de gobierno que permite, incluso, transformar la actual Ley Rural por una ley general que establezca el marco de actuación de los gobiernos estatales y municipales para tener mayor injerencia sobre el tema de las actividades y el desarrollo rural. Con esta iniciativa le estaríamos devolviendo a los estados una de las funciones centrales que permitan el desarrollo estatal a partir de la instauración de políticas que atiendan a las necesidades de la población local, ya que sus necesidades son distintas en las 32 entidades que conforman nuestra República Mexicana. En tal sentido me permito proponer, ante este pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la fracción XX del artículo 27 y se adiciona la fracción XXIX, inciso ñ) al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuando, diputado Presidente.