El diputado Jorge Mario Lescieur Talavera: Con su permiso, señor Presidente. Respetable Asamblea. A nombre del grupo parlamentario del Revolucionario Institucional venimos a sostener que la Ley de Concursos Mercantiles en vigor desde mayo de 2000 ha probado su utilidad al desterrar vicios que se habían conformado con la anterior Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos. El objetivo de la Ley es que las empresas que tengan problemas de liquidez cuenten con un instrumento jurídico que les permita renegociar su situación y alcanzar acuerdos que mantengan viva la fuente de empleo o, en el peor de los casos, una salida ordenada y legal. El legislador quiso privilegiar, al crear esta Ley, que los comerciantes y acreedores pudieran llegar a convenios que evitaran litigios largos y dolorosos; por eso se ha logrado, pero se ha descubierto que podrían existir otro tipo de convenios que ayudarían a lograr el propósito del legislador original y que no se contemplan en la Ley. La reforma provee la posibilidad de celebrar convenios previos al concurso que facilitarán y harán enormemente ágil y justo el concurso mercantil. Asimismo, regula la posibilidad de hacer convenios en la última etapa, la de la quiebra, a fin de agilizar la conclusión de una empresa que ha agotado su viabilidad. En ambos casos se cuida respetar los derechos de todos los involucrados y se da al juez la intervención que garantizará el que todo suceda ajustándose al orden de derecho. La creación de los especialistas auxiliares de la justicia que reemplazaron a los antiguos síndicos ha sido adecuada, pues ha dado transparencia al procedimiento y ha eliminado antiguos vicios. Desafortunadamente, el momento que la Ley señala en que los especialistas pueden cobrar el honorario justo que determina las reglas de carácter general de la Ley, se colocó de manera que se desanima a muchos profesionales competentes y capaces de inscribirse como tal, como especialistas. La reforma, en cambio, ubica su pago como un gasto ordinario del comerciante y mantiene el que sea acorde a resultados. Con ello se asegura que podrá haber el número suficiente de especialistas competentes y honrados que atiendan los casos de concurso mercantil en apoyo de jueces, comerciantes y acreedores, entre los que están los trabajadores y el fisco. Finalmente, toda ley muestra, al aplicarse en la práctica, que quedaron algunos pequeños desajustes, contradicciones o disposiciones sin razón de ser. Estos detalles dificultan un desarrollo ágil porque obligan a incrementar el litigio, interponiendo recursos o a la interpretación que tengan que hacer los jueces. Algunos de estos temas han tenido que llegar hasta la Suprema Corte para su definición. La reforma propuesta recoge —y esto es lo más importante— todos esos hallazgos de la práctica y los corrige. El dictamen a discusión y el que el Senado aprobó en su oportunidad es una reforma que removerá, al ser aprobada, los obstáculos que limitan la posibilidad de lograr acuerdos ágiles aprobados por el juez, los que impiden contar con un número suficiente de especialistas auxiliares de la justicia probos y capaces y aquellos obstáculos también que dificultan un trámite sencillo y rápido. No estamos de ningún modo de acuerdo con las observaciones que se han hecho acá por el diputado que nos precedió en la palabra sobre la actuación del Ministerio Público en este mecanismo. Debemos señalar que en este sentido el representante de la sociedad tiene, permanentemente, la injerencia que la propia Ley le da y en cuyo aspecto o capítulo no se infiere ninguna modificación. En este sentido, la fracción parlamentaria de mi partido da la bienvenida a esta nueva aportación que se otorga al procedimiento del concurso mercantil, demostrando con ello nuestra creencia en el empresariado mexicano, el que crea empleos, el que consolida y busca junto con los mexicanos el desarrollo. Es cuanto, señor Presidente.