El diputado Carlos Blackaller Ayala: Con su permiso diputada Presidente. Compañeras y compañeros diputados: El pasado martes 19 de abril de 2005 las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de Agricultura y Ganadería y de Desarrollo Rural, aprobamos el dictamen de la iniciativa de Ley para la Conservación y Restauración de las Tierras, presentada ante este honorable pleno en el Primer Periodo Ordinario de esta LIX Legislatura por los diputados Antonio Mejía Haro y Pascual Sigala Páez, misma que fue turnada a las comisiones antes mencionadas para su revisión y dictamen. De dicha encomienda se desprendió un estudio minucioso del proyecto de ley en cuestión, escuchándose las opiniones de más de 1500 personas a través de un diálogo permanente y la realización de 5 foros regionales y uno nacional. Estos foros permitieron registrar más de 200 propuestas de modificación, observaciones y objeciones, que sin duda enriquecieron y mejoraron el texto original, incorporándose más de 150 cambios. Cabría destacar que 70 de ellos, casi el 50% se incluyeron en atención a las observaciones hechas por el Ejecutivo Federal. Debo manifestar que en todos los foros realizados recibimos la demanda de concluir a la brevedad un proceso que data ya de 10 años y que se dote al país de un instrumento jurídico que atienda un problema de la mayor gravedad, que no es exclusivo del campo, sino que atañe a todo el país. Por lo cual en estas comisiones se consideró un reclamo válido y altamente sentido por la sociedad, por lo que es apremiante que este proyecto de ley sea aprobado y promulgado Los datos son incuestionables: 64% del territorio nacional presenta daños; la deforestación alcanza cifras de cientos de miles de hectáreas anuales; los azolves afectan o inutilizan nuestra infraestructura hidráulica con más de 500 millones de toneladas; la pérdida de fertilidad ha reducido nuestra productividad agro-alimentaria; la eficiencia de recarga de los acuíferos se ve reducida, lo cual incrementa los riesgos por avenidas incontroladas. Cada año perdemos 10 mil hectáreas de las mejores tierras productivas en las áreas irrigadas. Las consecuencias de esta situación son insostenibles: Pérdida del hábitat de especies; migración de poblaciones humanas; inseguridad social; avance de actividades ilícitas; pérdida de competitividad; pérdida de seguridad y soberanía alimentaria o si queremos verlo en términos económicos, según cálculos del INEGI estos daños equivalen a más del 10% del Producto Interno Bruto nacional. Aún y cuando la gran mayoría del territorio nacional está dedicado a la agricultura y la ganadería, contrasta con que el único programa ambiental dedicado a este tema sea de aplicación exclusiva en zonas forestales, con un impacto mínimo si se comparan sus 30 mil hectáreas contra 120 millones que esperan la aplicación de políticas que tengan efectos masivos. La problemática ambiental referida ha rebasado la capacidad de la autoridad para normar las actividades que demanda el desarrollo y prácticamente no tiene ingerencia ni control en la forma en que se llevan a cabo las actividades sustanciales del desarrollo rural. México en otra época ha sido destacado participante en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación y la Degradación de los Recursos Naturales; fue el primer país que ratificó en febrero de 1995, por decisión del Senado de la República, dicho Tratado Internacional, lo que lo hace ley en nuestro país, y sus disposiciones obligatorias, principalmente para el Gobierno Federal, como representante de México. Debido a las múltiples interacciones con diversas actividades humanas, la problemática de la conservación y restauración de las tierras, está regulada y en la mayoría de las ocasiones sólo mencionada en diversas disposiciones jurídicas, por lo que, en el espíritu de concurrencia o transversalidad que se requiere, como lo establece ya la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, se hace necesario reunir en un solo instrumento, todas las disposiciones necesarias para dar atención integral a tan urgente problema, cuidando no introducir contradicciones entre leyes, sino complementarlas. Debo de mencionar que la mayoría de las modificaciones que las comisiones dictaminadoras incluyeron en la iniciativa, atendieron a las observaciones y objeciones en ese sentido. La posible invasión de las atribuciones constitucionales de los municipios y materias de otras leyes, como la agraria, la referente a los residuos, la de aguas nacionales, de minas, forestal y ambiental, fue una de las principales preocupaciones en la valoración que hicieron las comisiones en su dictamen. Dicha invasión no sucede, dado que se trata estrictamente de una materia rural y en su caso, se delimita una función coadyuvante o complementaria en busca de la concurrencia, que es el espíritu de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Sin embargo, se revisó particularmente este aspecto y se hicieron cambios para evitar controversias al respecto. Otro aspecto que se analizó a profundidad, fue el de la distribución de competencias entre órdenes de gobierno. Al respecto se adoptó el criterio y la experiencia de la Ley de Desarrollo Sustentable, que invocando el mismo precepto, para el cumplimiento del carácter integral que establece la fracción XX del artículo 27 constitucional, no distribuye competencias, sin que ello haya significado impedimento para su aplicación, basada en convenios de coordinación como medio para integrar la acción de gobierno sin demérito de la soberanía y autonomía relativa de los municipios y entidades federativas. Sobre los costos adicionales que puede implicar esta ley, se hicieron reiteradas observaciones contradictorias. Por un lado, recurrentemente se señaló que en el proceso de consulta, la importancia de enfrentar con energía y capacidad, el acuciante problema de la degradación de las tierras y reducir los daños económicos y sociales de éste. Por otro lado, los representantes del Poder Ejecutivo, hicieron hincapié en la necesidad de minimizar el impacto de la aplicación de la ley sobre las disponibilidades presupuestales. Compañeras y compañeros legisladores: tenemos ante nosotros la oportunidad de dar una respuesta eficaz, viable y claramente conveniente, como cualquier proyecto legislativo, máxime tratándose de un instrumento nuevo, seguramente será perfectible, en base a la experiencia y demandas futuras de la sociedad. El aspecto de concurrencias y de distribución de responsabilidades, creo que puede ser resuelto por nosotros en esta misma sesión dentro del ámbito de las reservas correspondientes. Debemos de ser responsables con el futuro de los mexicanos, no podemos postergar más la atención al grave problema de la degradación de nuestras tierras. Por ello, quienes integramos las comisiones unidas que dictaminamos la iniciativa, recomendamos enfáticamente la aprobación de la Ley para la Conservación y Restauración de las Tierras y las modificaciones a las leyes generales de Desarrollo Forestal Sustentable y de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, contenidas en el presente dictamen. Muchas gracias, es cuanto señora Presidenta.