La diputada Marcela Guillermina Velasco González: Gracias, señor. Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el sector hidrocarburos es estratégico para el desarrollo económico del país, por lo que el dictamen que hoy discutimos amerita un análisis más profundo y técnicamente sustentado, que contemple los impactos adversos a los agentes económicos y a la economía nacional. Por ello, propongo una reserva a nombre y a los apartados, antecedentes, contenido de la iniciativa, consideraciones del dictamen de la Comisión de Energía, con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos. Esta reforma constituye un nuevo atentado a la Constitución, al Estado de derecho y a los tratados internacionales firmados por México, y a la inversión generadora de empleos. La revocación de permisos en hidrocarburos es una facultad que ya tiene la autoridad, entonces, para incidir de manera más efectiva en el combate al robo del combustible y la evasión fiscal se deben utilizar todos los instrumentos que actualmente tiene el Estado mexicano. No se puede pedir una inversión millonaria en un almacenamiento sin la certeza jurídica de que se tendrá un permiso para operarlo. Si bien contar con capacidad de almacenamiento es necesario para que exista competencia, requerir su comprobación, previo al otorgamiento del permiso, genera un círculo vicioso que va a desalentar inversiones en este rubro. Para que un proyecto de inversión pueda ser viable, el gobierno debe dar al inversionista certeza. Es decir, debe primero otorgar el permiso al solicitante para que este pueda invertir con confianza. Posteriormente, la autoridad competente tiene todo el derecho de verificar si se está cumpliendo con los requisitos establecidos. Y si no es el caso, suspender el permiso previo a un debido proceso. Que quede claro, nadie está en contra de combatir formalmente el robo de combustibles y la evasión fiscal. Sin embargo, preocupa que se vulnere nuestro sistema constitucional y no tenemos duda que se ganarán amparos, como en el caso de la reforma eléctrica. Debemos favorecer la competencia económica y la libre concurrencia dentro del sector de hidrocarburos. Todo ello en beneficio de los consumidores finales y el fortalecimiento del derecho. Es urgente consolidar los principios de seguridad y certeza jurídica, así como de confianza legítima, a fin de que el desarrollo de la infraestructura nacional y del sector hidrocarburos respete el marco constitucional legal, en beneficio de todos los mexicanos. La Cofece ha dicho que con esta reforma se afectará el proceso de competencia y libre concurrencia a lo largo de la cadena de valor de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, al generar incertidumbre jurídica, tanto para la entrada de nuevos participantes como la participación de los agentes que ya operan en el mercado. También la comisión destacó se podrán incrementar... Más bien se van a incrementar los precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de estos mercados, impactando de manera negativa el poder adquisitivo de los consumidores, así como el aumento de costos y pérdida de competitividad de las empresas. No podemos perder de vista que nuestro marco constitucional señala que la competencia económica constituye un principio fundamental para el desarrollo de la industria de los hidrocarburos. Por lo tanto, todas las reformas que se hagan tienen que ser congruentes con los principios previstos en nuestra ley fundamental. Es cuanto, señora presidenta... señor presidente.