EL C. DIPUTADO JAIME MANTECON ROJO: Con su autorización, Presidenta. Con las facultades que nos confiere el Artículo 71 Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y considerando la difícil situación por la que atraviesa la actividad ganadera del país con motivo de la desigualdad económica respecto de nuestros socios comerciales con los que tenemos establecido el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que la actividad ganadera nacional está considerada una actividad de interés público ya que ella destina 110 millones de hectáreas en nuestro país y constituye un pilar fundamental en la alimentación de los mexicanos. En los últimos años se ha producido una acelerada desproporción en el volumen de carne importada en relación con un total del consumo nacional, pues en 1988 la importación de este producto significaba el 6% en tanto en la actualidad la importación de carne representa el 40% de dicho consumo , que en la carne de producción nacional se cotiza actualmente un 25% menos que hace dos años y la ganadería nacional ha sufrido una pérdida de rentabilidad del 64% a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Que el 25% de la población nacional habita en e l medio rural y que es un asunto de seguridad nacional mantener las fuentes de empleo en dicho medio a fin de evitar fenómenos de ,migración descontrolada y de pérdida total de expectativa de desarrollo que puedan potenciar sentencia de inconformidades que se manifiestan a través de protestas sociales violentas. Que es preciso evitar la quiebra eminente del sector pecuario del país y tomar medidas que aseguren la debida comercialización de la producción nacional en condiciones de competencia rentable con la producción extranjera, que los Estados Unidos de América han incrementado considerablemente los subsidios a las actividades agropecuarias en una medida que es imposible igualar los recursos nacionales y en consecuencia la eminente apertura del mercado nacional de manera plena a productos provenientes de los otros miembros del Tratado, redundará en un grave perjuicio que pone en peligro la estabilidad de la producción nacional pecuaria. Que en un principio universalmente reconocido en prácticas comerciales el hecho de la aplicación de medidas provenientes de acuerdos internacionales no pueden llevar a la destrucción de las actividades productivas de algunos de los signatarios pues el libre comercio debe sustentarse en condiciones equitativas y nunca convertirse en razón de la supresión de fuentes productivas de algunos de los socios comerciales. Que en el último inventario ganadero bovino en México es de 30 millones, 177 mil 135 cabezas de ganado según datos estadísticos de la Dirección General de Ganadería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación correspondientes a 1999. Que el artículo 131 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que es facultad privativa de la Federación reglamentar en todo tiempo y aún prohibir por motivo de seguridad o de policía, la circulación en el interior de la República, de toda clase de efectos a cualquiera que sea su procedencia. Que el ejercicio de esa facultad de la Federación corresponde al Congreso de la Unión con base en el artículo 73 fracción X y al artículo 131 ya mencionado. Que este último artículo permita al Congreso otorgar facultades al Ejecutivo para restringir y prohibir las importaciones, las exportaciones y el tránsito de productos y artículos y efectos cuando lo estime urgente a fin de regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la producción nacional o de realizar cualquiera otro propósito en beneficio del país. Que dicha facultad si bien puede ser delegada al Ejecutivo por encima, puede ser ejercida por su titular original, que es el Congreso de la Unión. Que con fundamento en el artículo 70 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones del Congreso pueden tener el carácter de ley o de decreto. Que por las características del asunto que nos ocupa, la naturaleza del acto jurídico a emitir por este Congreso deberá ser la de decreto. Que resulta indispensable para poder cumplir adecuadamente con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, dar margen razonable de tiempo a la ganadería nacional para estar en condiciones de enfrentar la apertura de las fronteras y que la medida impida temporalmente el ingreso de carne importada hará factible al Poder Ejecutivo disponer de un margen de maniobra para negociar una adición al Tratado de Libre Comercio que ponga la apertura absoluta al respecto de esta actividad, nos permitimos presentar por el digno conducto de ustedes, la siguiente iniciativa de decreto que restrinja la importación de carne y leche hasta que en tanto se establezca una nueva fecha para la apertura total de las fronteras en este sector de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio del Norte. ARTICULO 1º.- Se prohibe la importación de carne y leche al interior de los Estados Unidos Mexicanos cualquiera que sea su origen. ARTICULO 2º.- Se exceptúa de la prohibición mencionada en el artículo 1º, la carne importada de los Estados Unidos y de Canadá siempre que no provengan de ganado en pie y dicha importación se restrinja a una cantidad en kilos exactamente igual al peso de ganado en pie exportado por México a dichos países respectivamente. ARTICULO 3º.- En ningún caso se permitirá la importación de carne proveniente de estos países que tengan más de treinta días de haber sido congelada. ARTICULO 4º.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación establecerá un programa de control sanitario para verificar el tiempo de congelación de la carne importada y para determinar, de manera indubitable, su lugar de origen antes de permitir la importación de que se trate. ARTICULO 5º.- La Secretaría de Economía y de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación realizarán un estudio para determinar los costos reales de la producción de carne, así como de leche y sus derivados importados de otros países miembros del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y el impacto en dichos costos tenga los subsidios otorgados por distintas vías a dicha producción y tomará las medidas indispensables para evitar su venta a precios dumping en nuestro país. ARTICULO 6º.- El estudio a que se refiere el artículo anterior deberá presentarse a la Cámara de Diputados a más tardar seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto a fin de que esta Cámara esté en condiciones de terminar la permanencia o abrogación del mismo. ARTICULO 7º.- La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación presentará un informe acerca de las necesidades de construcción y la infraestructura necesaria en todos los puntos de verificación e inspección sanitaria dentro del territorio nacional en frontera, puertos y aeropuertos por donde puedan ingresar productos de otros países de una estimación del costo correspondiente a más tardar seis meses después de la entrada en vigor del decreto para que esta Cámara esté en condiciones de tomarlo en consideración en el Presupuesto del 2004 (sic). ARTICULO 8º.- Se prohibe la verificación de carne importada en las instalaciones de los propios importadores. En todos los casos deberá efectuarse en los recintos de los despachos aduanales mexicanos aplicando estrictamente la normatividad sanitaria. ARTICULO 9º.- Los titulares o encargados de las oficinas de Aduanas en todo el país serán directamente responsables de impedir la importación y el tránsito de los artículos a que se refiere el presente decreto. El incumplimiento del mismo dará lugar a que se finquen las responsabilidades administrativas que correspondan y en su caso, las responsabilidades penales derivadas de la comisión del delito de contrabando. Artículo Décimo.- En caso de duda en cuanto a las interpretaciones del presente decreto, las autoridades administrativas deberán dirigirse en consulta a las Mesas Directivas de la Cámara de Diputados y de Senadores, para que establezcan la interpretación que deba darse en su contenido de acuerdo con el inciso f) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Durante el receso del Congreso el Presidente de la República indelegable dictará las medidas reglamentarias para la interpretación y aplicación del presente decreto. Transitorios. Primero.-El presente decreto entrará en vigor el 1º de enero del 2003 y tendrá vigencia de un año. Segundo.- Se derogan todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la aplicación del presente decreto, en relación con los productos que son objeto del mismo. México 4 de diciembre del 2002. Su servidor y varios diputados, sobre todo de la fracción priísta de Veracruz. Muchas gracias.