La diputada Angélica Moya Marín: Gracias, señor presidente, con su venia. Compañeros legisladores. Vengo a esta tribuna a presentar una denuncia que hace la diputada Claudia Sánchez, del Grupo Parlamentario del PAN. En lo que va de la presente Legislatura, el Grupo Parlamentario del PAN ha presentado diversas proposiciones con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de la Función Pública una investigación profunda sobre los nexos del gobierno federal y de funcionarios del estado de México con la empresa española OHL, debido a que se han puesto al descubierto irregularidades en la construcción y operación del Circuito Exterior Mexiquense. Sin embargo y, no obstante los latentes conflictos de interés, la Función Pública no ha fijado una postura al respecto. El tema de la empresa OHL es una muestra clara de esas redes de corrupción e impunidad y de negocios privados desde la administración pública, pero las irregularidades no solo se observan en la actuación de la empresa OHL, sino que existen litigios en donde otra empresa se ha encontrado vinculada ­Infraiver, dedicada a la medición de aforos vehiculares, misma que ha denunciado la modificación sin un sustento legal de la concesión de OHL en el Circuito Exterior Mexiquense que le permitió aumentar las tarifas de peaje en un 50 por ciento en ocho años. Desde hace varios meses, OHL e Infraiver se han enfrascado en un conflicto jurídico derivado de que el gobierno del estado de México canceló a Infraiver un convenio que le permitiría medir el aforo vehicular en la vialidad mexiquense. Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los costos de esta última eran mayores a otros servicios similares. Derivado de lo anterior, se ha desatado un conflicto entre ambas empresas que se ha estado dirimiendo en los juzgados sin que aun haya una resolución al respecto. Al caso hay que señalar que más allá de un conflicto legal entre estas dos empresas, hay elementos de fondo que tienen que ver con la contratación de los servicios de ambas por parte de las autoridades locales del estado de México y de funcionarios de la administración federal, que han sido revelados en diversas conversaciones telefónicas dadas a conocer a la opinión pública por los medios de comunicación y que deben ser debidamente investigados. OHL ha sido una de las empresas consentidas del actual titular del Poder Ejecutivo, y ha sido Enrique Peña Nieto quien le ha proporcionado todo tipo de facilidades. Veamos algunos datos: los vínculos de la empresa OHL con el gobierno del estado de México se remontan a hace más de una década, desde el sexenio del gobernador Arturo Montiel Rojas, cuyos beneficios continuaron con el ex mandatario Enrique Peña y permanecen con el hoy titular del Ejecutivo Eruviel Ávila. Entre los sexenios de Arturo Montiel y Enrique Peña Nieto, la empresa OHL obtuvo las concesiones de tres obras de alto impacto, cuyas inversiones rebasan los 37 mil millones de pesos. Se estima que los ingresos de esta empresa provienen en un 70 por ciento de las concesiones que obtuvo en el estado de México durante los gobiernos de Peña y de Arturo Montiel, incluido el Circuito Exterior Mexiquense. Es decir, la relación entre el gobierno de Peña Nieto con OHL, no tiene límites, lo cual ha llevado a varios analistas políticos, organizaciones sociales y ciudadanos en general a preguntarse qué favores le debe el presidente de la república a esa empresa que se ha vuelto intocable a la acción de la justicia. Y por si esto no bastara, el día de ayer, 10 de enero del 2017 se dio a conocer a través de diversos medios de comunicación que el abogado de Infraiber interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República en contra del presidente de la república, del secretario de Comunicaciones y Transportes federal, sosteniendo que Peña Nieto ordenó retirarle a Infraiber el convenio para medir el aforo vehicular en el Circuito Exterior Mexiquense y el Viaducto Bicentenario. Diez Gargari acusó una conspiración de Estado por denunciar los actos de corrupción del Grupo OHL. Como se pude observar, se trata de un conflicto sobre el que las autoridades tienen mucho que decir y sobre el que hasta ahora ha sido omisa. Es un asunto de orden público en el que el presidente de la república está involucrado y sobre el que ahora la PGR tendrá que informar y dar alguna solución. Compañeras y compañeros, lo que se ha podido observar es la existencia de una red de corrupción en el gobierno del estado de México. Las acciones de justicia deben ir a la raíz de la corrupción y sancionar de acuerdo a la ley, a todas aquellas personas que participan activamente desde hace muchos años, en la creación de este sistema de corruptelas y negocios personales desde la administración pública del estado de México. Por ello es que el día de hoy sometemos a su consideración este punto de acuerdo por el que se exhorta tanto a la Procuraduría General de la República como a la Auditoría Superior de la Federación para que en el ámbito de sus atribuciones inicien las investigaciones que resulten pertinentes, derivados de los hechos denunciados penalmente por el ciudadano Paulo Diez Gargari, abogado de la empresa Infraiber en contra del presidente de la república Enrique Peña Nieto y del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza por sus vínculos y resoluciones en la asignación y modificación de concesiones del Circuito Exterior Mexiquense, que presumiblemente se dieron a favor de OHL en perjuicio del erario público. Es cuanto, señor presidente.