El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Con la venia de mis compañeras y de mis compañeros. El crecimiento poblacional a nivel mundial se ha posicionado como una de las principales amenazas para la preservación ambiental. Somos casi 8 mil millones de personas en el mundo y se estima que para el 2050 seremos 2 mil millones más. Cifras oficiales señalan que en México para este 2022 alcanzaremos la cifra de 130 millones de habitantes. Las consecuencias de este crecimiento impactan de manera directa en el medio ambiente, especialmente en el agotamiento de los recursos naturales, imponiendo una presión extra a la capacidad del planeta para generar materias primas. Asimismo, se presenta una demanda creciente de servicios públicos ante la concentración de la población, especialmente en las zonas urbanas, por supuesto densamente pobladas. En este sentido, el mejoramiento de la calidad y la cobertura de los servicios públicos se ha transformado en una prioridad que debe considerarse al momento de diseñar las políticas públicas que permitan a los habitantes elevar su calidad de vida y desarrollarse plenamente. Esta prioridad se ha reflejado en la instrumentación de acuerdos globales, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, cuyo fin es erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda con metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 10 años. En el caso que nos ocupa, destaco una prioridad recogida en el objetivo 7, energía asequible y no contaminante. Como lo referí con anterioridad, a la par con el crecimiento de la población mundial también crece la demanda de servicios, en este caso el de electricidad. Para alcanzar dicho objetivo, la ONU refiere que resulta necesario invertir en fuentes de energía limpia y mejorar la productividad energética a través de la expansión de la infraestructura. En función de ello, nuestro país debe asumir la responsabilidad de transitar hacia modelos de consumo más responsables con el medio ambiente, que a su vez cubran las necesidades más básicas de los mexicanos. La propuesta que en el Partido Verde hicimos busca precisamente promover la utilización de energías renovables de la iluminación necesaria en espacios públicos y vialidades. Es decir, el alumbrado público en general. Esto, sin duda, contribuirá a lograr las metas de la Agenda 2030, aligerar la carga económica que representa para los municipios en las erogaciones por este concepto, y a dar un paso adelante en la ineludible transición energética a la cual nos obliga no solo la disponibilidad de recursos, sino la lucha en contra del cambio climático. En este sentido, la comisión dictaminadora coincidió en la importancia de aprobar modificaciones a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, para establecer como atribución de los municipios la prestación del servicio público de alumbrado, promoviendo la utilización y desarrollo de energías renovables. Convencidos de que los servicios públicos no solo se entienden como la oferta de elementos para la satisfacción de ciertas necesidades de la comunidad, sino más bien como una amplia gama de herramientas y medios con los cuales la ciudadanía debe contar para su pleno desarrollo, compañeras y compañeros, les pedimos de manera muy respetuosa y muy responsable, su voto a favor de la aprobación del presente dictamen. Muchas gracias a todas y a todos. Es cuanto, señor presidente.