El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, ciudadano Presidente. La reforma de 1994 concibió a la Suprema Corte de Justicia como el órgano único de control de la constitucionalidad, es decir, la dotó de atribuciones cual tribunal constitucional, sin dar vida a una institución específica de este tipo. Dicha reforma representó un avance indudable en cuanto perfeccionó la figura de controversia constitucional, haciendo viable su ejercicio. Además, introdujo el recurso de la acción de inconstitucionalidad, cuyos frutos positivos están a vista. Sin embargo, la reforma no previó un órgano independiente de los mismos poderes, de tal modo que pudiera controlarlos para salvaguardar y respetar las reglas constitucionalmente establecidas en cualquier democracia. Así, frente a ello, es indispensable que el país cuente ya con un ente constitucional autónomo que funja como árbitro en las controversias que se presenten entre los mismos poderes. En las anteriores razones funda el diputado Iván García Solís esta propuesta del referido Tribunal Constitucional. En la integración del órgano participarán el Senado, como representante de la federación, la Cámara de Diputados, por la pluralidad de la representación política que conlleva, la Suprema Corte de Justicia, por la experiencia que representa, y el Ejecutivo federal, como titular del ejercicio gubernamental. Estos poderes harán la designación de los ministros integrantes del tribunal, de acuerdo a sus leyes orgánicas. Se pretende además con la presente reforma constitucional establecer una serie de incompatibilidades para evitar que los nombramientos recaigan en sujetos que actualmente cuentan con poder político. Así, no podrán acceder al cargo de ministros quienes sean representantes populares, dirigentes partidarios, ministros de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, altos funcionarios de la federación, de los estados y del Ejército. Se prohíbe también que aun cuando dejen el cargo tales funcionarios puedan ingresar a otros de manera inmediata, ya que ello puede viciar el desempeño de su función. Al no permitirles una ocupación posterior a su ejercicio, el Estado se encargará de otorgarles un haber por retiro. Por otra parte, se deja en libertad a los ministros, como actualmente sucede en la Suprema Corte de Justicia, para que entre ellos elijan a su presidente y que éste sólo pueda reelegirse una vez. Otra previsión importante en la iniciativa que se presenta es que los ministros no podrán tener otras actividades remuneradas, salvo las docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Para ello se establece que disfrutarán de un salario igual al que perciben los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, se pretende dotar a este órgano de las competencias que están actualmente previstas en el artículo 105 de la Constitución para la Suprema Corte de Justicia de la Nación; me refiero a las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Las primeras, como se sabe, se consideran instrumentos procesales constitucionales mediante los cuales se trata de resolver conflictos entre órganos constitucionales o distintos niveles de gobierno. Por lo que hace a la acción de inconstitucionalidad, es el medio por el cual cierto grupo de órganos de Estado demanda la declaración de inconstitucionalidad de una ley o de un decreto que estimen contrario al marco constitucional. Para dar curso a la reforma propuesta se requiere derogar algunas disposiciones relativas al tema previstas en los artículos 103, 104 y 105 y desde luego la reformulación integral del artículo 105 en la que destaca la inclusión de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como titular de la acción de inconstitucionalidad para impugnar leyes federales o locales que estime violatorias de las garantías individuales. Por todo lo expuesto y fundado, se somete a la consideración de la Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifican los artículos 103, 104 y 105 y se crea el capítulo décimo, denominado "del Tribunal Constitucional" en los términos siguientes: Artículo 1º. Se reforma el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 103.- Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Artículo 2º. Se deroga la fracción IV del artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 3º. Se reforma el artículo 105 de la propia Constitución para quedar como sigue: "La Suprema Corte de Justicia de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Unitario de Circuito o del Procurador General de la República, podrá conocer de los recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito dictadas en aquellos procesos en que la Federación sea parte y que por su interés y trascendencia así lo ameriten". Artículo 4º. Se adiciona un título décimo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Título Décimo, del Tribunal constitucional. Artículo 137: "El Tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos es el órgano en que se deposita el control de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos del Estado, de las entidades federativas y de los órganos del Distrito Federal. "El Tribunal gozará de autonomía funcional y presupuestaria. "Se integra por nueve ministros, mismos que serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato y durarán en su cargo quince años. "Los Ministros del tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos durante el periodo de su encargo sólo podrán ser removidos en los términos del capítulo cuarto de esta Constitución". Artículo 138: El tribunal Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos se integra de la siguiente forma: Fracción I. Por tres ministros designados por el Senado de la República. II. Por tres ministros designados por la Cámara de Diputados. III. Por dos ministros designados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y IV. Por un ministro designado por el Presidente de la República. Cada institución hará las propuestas con base a sus leyes orgánicas. Artículo 139. Las designaciones en todo caso recaerán en juristas, constitucionalistas de reconocida competencia y prestigio, mismos que deberán cubrir los requisitos previstos para los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvo el de la antigüedad en el ejercicio de la profesión que será de quince años. No podrá recaer el nombramiento en quien Ostente un mandato de representación popular. Sea Secretario o Subsecretario de la Administración Pública Local o estatal, a menos que se separe dos años anteriores a la designación. Desempeñe o haya desempeñado funciones directivas en un partid político en los últimos cinco años o con el empleo al servicio de los mismos. Sea ministro en activo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esté en servicio activo en el ejercicio federal. Tenga mando de fuerza pública o Sea ministro de algún culto religioso. Una vez que hayan sido designados los ministros serán convocados por el Senado de la República quien les tomará la protesta de ley. La Presidencia del Tribunal Constitucional será elegida por sus mismos integrantes mediante mayoría calificada; durará tres años y podrá reelegirse por una sola vez. Los ministros del Tribunal Constitucional no podrán tener otro cargo, empleo o comisión con excepción de las actividades que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia no remunerada. El cargo de ministro del Tribunal Constitucional sólo es renunciable por causa grave, calificada por la Cámara de Senadores. Las personas que hayan sido designadas como Ministros del Tribunal Constitucional no podrán desempeñar durante los 5 años siguientes al término de su ejercicio los cargos de Secretario, Subsecretario o Director General u homólogos en la administración pública federal o en la de algún estado, Procurador General de la República o de Justicia del Distrito Federal o de algún estado, Ministro de la Suprema Corte o Magistrado de algún Poder Judicial Estatal, Senador, Diputado Federal o Local ni Gobernador de algún estado o Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para ello el Estado garantizará un haber por retiro. La retribución que reciban los Ministros del Tribunal será igual a la que perciben los Ministros de la Corte. Ciudadano Presidente: Por cuestiones de tiempo no doy lectura a la propuesta del artículo 140 ni a los artículos transitorios. Solicito su inserción íntegra en el Diario de los Debates y el turno a la comisión correspondiente. Muchas gracias.