El diputado Fernando Marín Díaz: La iniciativa que hoy vengo a proponer se relaciona con reformar la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de profesiones en la Ciudad de México en materia de servicio social. La educación superior se puede concebir no sólo como el primer escalón a una vida profesional, sino como el acceso a los nuevos profesionales hacia la vida social y productiva. En ello va que para alcanzar la calidad de profesionales y tener la autorización del Estado para ejercer una profesión se deben de cumplir una serie de requisitos, entre ellos la prestación del servicio social. Es de recordar que después de la Revolución el país enfrentó grandes cambios en el ámbito social, político y económico, en las que la comunidad universitaria no podía ser ajena y es, entonces, como surge su vinculación con la sociedad mediante el servicio social. El servicio social en México ha recorrido un largo camino, de manera que se ha convertido en una institución para la sociedad. Sin embargo, en la actualidad poco o nada queda del espíritu que le dio origen, pues cuando el estudiante o prestador llega a aquellos lugares donde ha de prestar su servicio social, sean instituciones públicas o privadas, realizan cualquier cantidad de labores ajenas a lo que recibieron en su educación. Ahora bien, los elementos que dan sustento a la presente iniciativa son establecer los mecanismos necesarios para garantizar que las entidades públicas y privadas, por mandato de ley, se obliguen a ubicar a los prestadores de servicio social en las áreas en que puedan tener un desarrollo profesional y personal acorde a la formación académica que han recibido y que, con ello, los estudiantes efectivamente le retribuyan a la sociedad la oportunidad de haberse preparado profesionalmente. En consecuencia de lo anterior, en el entendido de que el servicio social es obligatorio, para el estudiante, también lo debe ser para las instituciones. Por ello, es imperioso establecer las medidas necesarias para que ambas partes se obliguen, de modo que las entidades públicas encargadas de la educación en México, específicamente la Dirección General de Profesiones, apliquen una evaluación que permita conocer el grado de experiencia adquirida. Por otra parte, resulta fundamental señalar que el tiempo que transcurre entre el registro del título profesional y la entrega de la cédula es excesivo, pues la experiencia sensible de todo profesionista nos indica que pueden transcurrir entre 6 y 12 meses para que el graduado obtenga su documento. Por lo cual, no existe ni explicación ni justificación alguna cuando esa es precisamente una de las labores esenciales de la Dirección General de Profesiones. Compañeras y compañeros legisladores, en resumen, la presente iniciativa pretende, por una parte, eficientar la labor de la autoridad competente y, por otra, formar profesionistas competitivos. Asimismo, sabemos que los programas enfocados en beneficiar a los jóvenes, como el programa Jóvenes Construyendo el Futuro y las Universidades Benito Juárez, son ejemplos, como la presente iniciativa, para hacer justicia social al futuro de México, que son los jóvenes. Por la premura del tiempo, señora, presidenta, le solicito que sea insertado el texto íntegro en el Diario de los Debates. Compañeras y compañeros diputados, yo sí lo quiero decir al pueblo de México a la convocatoria que nos hace el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Nos vemos el próximo 27 de noviembre en el Ángel de la Independencia. El pueblo marcha en defensa de sus derechos, no como la derecha que marcha en defensa de privilegios de una cúpula rapaz. Sí a la reforma electoral, fuera las mañas del INE. Muchas gracias, presidenta.