El diputado Navor Alberto Rojas Mancera: Compañeras y compañeros diputados, el primero de julio de 2018 iniciamos un nuevo régimen político y con ello se echaron abajo 90 años de corrupción, de influyentismo y de impunidad. En esta cuarta transformación se ha exteriorizado el compromiso real de trabajar a favor del pueblo, compromiso que se ha llevado a todas las esferas y a todas las actividades en nuestro país. Ejemplo de esto, sin duda alguna, ha sido la reforma constitucional que se impulsó y versó en la reconfiguración trascendental del Poder Judicial de la federación. Sin embargo, los esfuerzos nunca serán suficientes en favor de nuestro pueblo, que tanto lo necesita. Mucho menos cuando se trata de derechos humanos. El derecho humano al acceso a la justicia, como todos sabemos, está consagrado en nuestra Constitución Política, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este derecho ha sido concebido como una prerrogativa que tienen las personas para acudir ante los tribunales, a fin de que se les administre justicia conforme a los términos y plazos que prevén nuestras leyes. La Suprema Corte de Justicia ha determinado que el derecho de acceso a la justicia no se satisface por el mero hecho de que exista un recurso jurisdiccional, sino que este debe ser efectivo en la medida que el justiciable pueda obtener una resolución que pueda ver satisfechos sus intereses o pretensiones. En ese sentido, es muy importante y resulta indispensable facilitar que todas las personas puedan obtener justicia por parte de los tribunales, sin distingo social y económico, y eso es muy importante. El juicio de amparo se ha convertido en un medio de defensa por excelencia para proteger los derechos humanos contemplados en nuestra Constitución y en los diversos tratados internacionales de los que tiene enlace nuestro país. La trascendencia de este juicio de amparo es incuestionable, es una punta de lanza a nivel mundial y ha dado cabida a la emisión de criterios jurídicos de vanguardia para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, sin embargo, debo decir y creo que todos lo sabemos, es innegable, el alto grado de tecnicismos que existen, que demandan la tramitación en este juicio, lo que se traduce en que muchas personas no pueden ver satisfechas sus anhelos de justicia. Esta iniciativa busca facilitar justamente eso, el camino de los justiciables. Se pretende que los órganos jurisdiccionales llamen de oficio a todas aquellas autoridades que deban tener participación en el juicio de amparo bajo la calidad de responsables, sin importar si el accionante lo señaló expresamente en su escrito de demanda, esto es muy importante. Es conocido que la incorrecta denominación de una autoridad responsable en el escrito de demanda puede traer como consecuencia que los intereses de los quejosos no se vean satisfechos por un error técnico formal, que resulta salvable a través del propio accionar jurisdiccional. De tal suerte que, se pretende que los órganos que están inmersos, que conozcan de un juicio de amparo indirecto tomen un papel más protagónico, tomen un papel que beneficie, justamente, los derechos humanos de las personas. Los tribunales, al formar parte justamente del Estado mexicano, tienen que cumplir con las obligaciones señaladas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ello evitar cualquier tentación de influyentismo o corrupción, y que, de alguna manera, contribuya a que se acabe la impunidad, que es un mal que seguimos teniendo en nuestro país. Como también lo ha expresado nuestro presidente, en esta transformación no se deja nadie atrás ni se deja a nadie afuera. Es muy importante que la administración de justicia avance. Con esta iniciativa refrendaremos nuestro compromiso por proteger los derechos fundamentales y garantizar un Estado de derecho, en donde justamente sea parte del anhelo cumplido de los mexicanos. Compañeras y compañeros, la correcta administración de justicia va por muy buen camino. En la cuarta transformación...