El diputado Enrique Serrano Escobar: Muchas gracias, con su permiso, diputada Presidenta. Enrique Serrano Escobar, diputado federal del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 55, fracción II; 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar a la consideración de esta honorable asamblea, dos iniciativas: una de ellas —la primera— con proyecto de decreto que reforma la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al tenor de la siguiente Exposición de motivos El 19 de diciembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se expide la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que dio origen a la creación de una figura única para la administración y enajenación de bienes del sector público, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, mejor conocida como SAE; institución que ha significado importantes avances en materia de simplificación y modernización de los procesos de enajenación de dichos bienes, hecho que no sólo ha permitido el aprovechamiento de bienes cuyo destino anterior era el desecho, sino que ha significando una importante reducción de los costos de almacenamiento y administración a cargo del sector público, propiciando a la vez los mayores valores de recuperación posible, lo que ha significado mayores ingresos para la Federación. Así, el SAE ha constituido el instrumento por excelencia que ha permitido reintegrar empresas y bienes improductivos a la economía, generando en este proceso importantes ingresos al gobierno federal a través de la venta y recuperación de bienes mediante el desarrollo e implantación de procesos transparentes, oportunos y eficientes para la recepción, custodia, operación, optimización, liquidación, enajenación y, en su caso, destrucción de los bienes encomendados. Ahora bien, los ahorros del sector público no sólo se han derivado de las mejoras sustantivas en los procesos de venta, sino también por la sustitución de una diversidad de dependencias y direcciones generales que anteriormente realizaban las mismas funciones, mismas que hoy en día se encuentran únicamente a cargo del SAE, que absorbió la operación del Fideicomiso Liquidador de Instituciones y Organizaciones Auxiliares del Crédito, el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, la Administración General del Destino de Bienes de Comercio Exterior Propiedad del Fisco Federal y otras. Son muchos los beneficios que ha significado el SAE, y por ello debemos, desde el ámbito del Legislativo, procurar todos los medios para su fortalecimiento. En ese tenor, se han detectado una serie de aspectos que deben ser modificados, a fin de dotar a la institución de los instrumentos necesarios para desempeñar sus funciones de manera óptima. En 2005 se publicaron reformas a la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, que facultaron al SAE para proceder al desalojo de mercancías y activos que se encuentran en patios fiscales, depósitos de vehículos, recintos aduanales y almacenes concesionados. Derivado de lo anterior, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes firmó un convenio de colaboración con la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga, con el objeto de liberar espacios públicos y privados ocupados por más de un millón 200 mil vehículos automotores en situación de abandono, habiéndose convertido la mayoría en chatarra. A través de este convenio y en colaboración con la Canacar se inició la aplicación del programa Desalojo de Vehículos en Depósitos Federales, para dar disposición final a muchos bienes automotores que diversas empresas permisionarias afiliadas habían alojado por largos años y hasta décadas, resolviendo con ello el grave problema de acumulación de vehículos producto de procedimientos penales federales, embargo, garantía, abandono u otros que terminan convertidos en chatarra. El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es el vehículo entre el permisionario y la entidad transferente para dar salida a los casi 1.2 millones de vehículos, sin embargo y pese a la existencia del convenio antes mencionado, la transferencia para algunas entidades es voluntaria, por lo que no se realizan de manera automática o sistemática ya que algunas entidades transferentes no cuentan con el inventario que verifique que los vehículos fueron depositado por ellos. Por lo tanto, la presente iniciativa pretende lograr una conciliación de los inventarios, tanto de la transferente como de los permisionarios, toda vez que dichos inventarios son la base de facturación y el instrumento que dota de seguridad jurídica, tanto a los permisionarios como a las entidades transferentes. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente Proyecto de decreto. Primero. Se adicione una fracción IX del artículo 2, recorriéndose en su orden las demás fracciones y se adiciona un segundo párrafo al artículo 2 transitorio, recorriéndose en su orden los demás párrafos de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público. Artículo segundo. Para los efectos de esta ley, se entiende por… IX. Permisionario, persona autorizada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para prestar servicio de autotransporte federal o para operar o explotar servicios auxiliares. Transitorios Segundo. En el caso de que los permisionarios cuenten con vehículos que ninguna entidad transferente los acepte como depositados por ella, se entenderá como transferidos al SAE, bastando que se anote tal hecho en el acta de entrega-recepción que deberá de ser firmada por el SAE y el permisionario correspondiente. En este caso, los vehículos no podrán venderse para circular y deberán tener al menos 12 meses de antigüedad en los depósitos vehiculares federales o de permisionarios, contados a partir de su entrada en vigor. Artículo segundo…