El diputado Alberto Amador Leal Narcizo: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados. Ha sido y es un tema recurrente en esta Asamblea el propósito de redistribuir los recursos entre los tres órdenes de gobierno. Del análisis que hemos realizado en los archivos parlamentarios encontramos una gran cantidad de iniciativas en uno u otro sentido, en proporciones diferentes. Lo cierto es que el tema es necesario continuar abordándolo, más aún cuando en la reciente jornada cívica —a propósito del cambio de poderes en la que participamos como candidatos— fue una de las demandas más sentidas de los pueblos, de las comunidades, de los municipios, el traer a esta tribuna propuestas para avanzar en términos reales en esa redistribución. La soberanía de los estados y la libertad de los municipios, en efecto son principios indeclinables que hoy enfrenta nuevos obstáculos, como en otros momentos de la historia nacional. En la Constitución del 17, los artículos 115 y 116 establecieron el imperativo de acabar con el centralismo y construir un federalismo actuante. Sin embargo, en el proceso de construcción de las instituciones y de las bases materiales de desarrollo de la nación, primero las entidades federativas quedaron supeditadas a las decisiones centrales. Posteriormente, cuando se dieron avances fueron los municipios quienes enfrentaron las inercias concentradoras, ahora, respecto de los gobiernos de los estados. Hoy en día la transferencia de recursos a estados y municipios se integra en el denominado Presupuesto Federal descentralizado que ha evolucionado a partir de las iniciativas y los acuerdos parlamentarios a favor de un equilibrio justo y razonable en el reparto de los recursos públicos. El gasto federalizado se integra por las participaciones federales, Ramo 28; las aportaciones federales, Ramo 33; los convenios de descentralización, a mi juicio limitados, toda vez que las reglas de operación con un carácter centralista son impuestas por el Ejecutivo federal; las previsiones y aportaciones para los sistemas de educación básica y normal; y desde luego, el Programa de Apoyo a las Entidades Federativas. La construcción de estos instrumentos —hay que reconocerlo— ha sido gradual. Cabe destacar la descentralización de la educación y de la salud a partir de 1990, que todavía trae problemas inerciables por la forma en que se dio dicha descentralización y que afecta a los estados que al momento de darse la descentralización tenían menores recursos que otros. En 1996, sin embargo, se da un paso importante al crearse el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, tanto en su orden estatal como municipal, e incorporarse al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. A partir de ahí, pues, ha habido otros avances: el programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el programa de Infraestructura para el Desarrollo y Bienestar de los Pueblos y de las Comunidades Indígenas. Pero queda claro que más allá del avance cualitativo, más bien, más allá del avance cuantitativo en las cifras, que en efecto lo hay, el problema estriba en que sigue siendo un proceso de transferencia de recursos en cierta forma provisional, en cierta forma sujeto a las coyunturas de las negociaciones y tal es el caso, por ejemplo, que el día de hoy se anuncia por parte de la Secretaría de Hacienda que habrá un recorte de presupuesto al programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en cerca de 10 mil millones de pesos. Nos parece que desde luego hace falta una reforma integral, lo ideal sería construir una propuesta que dimensione todos los factores inherentes al problema, pero hay que recordar compañeras, compañeros diputados, que el proceso legislativo es por aproximaciones, de modo que esta Asamblea tendrá que abordar por lo menos los siguientes temas: la ampliación y redistribución de las participaciones federales que es motivo de esta iniciativa, insisto, en ese proceso de aproximación, a construir una propuesta integral que nos permita tener un consenso aceptable sobre el tema; la reforma al rubro de "Aportaciones Federales", Ramo 33, para consolidar los servicios de educación, salud y seguridad pública, especialmente en la parte compensatoria para los estados de menor desarrollo; la ampliación del "Fondo de Infraestructura Social" del Ramo 33; la inclusión del programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el rubro de "Aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal" y no como un ramo administrativo más que esté sujeto a los vaivenes de las negociaciones o al estado de ánimo del secretario de Hacienda y Crédito Público; y finalmente la descentralización de los programas sociales y productivos incluyendo el correspondiente gasto federalizado. No es posible que el gobierno federal continúe ejerciendo acciones en los municipios y aun los gobiernos de los estados continúen realizando acciones: entregas de despensas, programas asistenciales en los municipios, cuando es facultad de ese orden de gobierno ejecutar dichas acciones de acuerdo al 115 constitucional. Hoy presento, señor Presidente, esta iniciativa que es una parte pequeña de esta reforma integral; qué bueno que se anuncie disposición por parte del Presidente Electo para avanzar en este sentido en la agenda legislativa que ha anunciado. Hay varias iniciativas presentadas que están en los archivos de la Cámara, de muchos compañeros senadores que hoy son diputados federales, de muchos senadores que fueron diputados federales y que recogen esta preocupación, pero urge un esfuerzo de síntesis para buscar un consenso, insisto, en bien de los pueblos, de las comunidades. Por estas razones, la propuesta que hago entrega a la Secretaría propone iniciar un proceso riguroso a partir de la definición respecto a la ampliación del Fondo General de Participaciones que hoy es del 20 por ciento de la recaudación federal participable, para incrementarlo al 25 por ciento. Asimismo, se propone que la proporción mínima, independientemente de que las Legislaturas de los estados han establecido rangos diversos de dichas participaciones asignables a los municipios sea del 30 por ciento. De esta manera, compañeras y compañeros diputados, por un lado se garantizaría el fortalecimiento de las finanzas de los estados, aspecto crucial para mantener su orden interno y a la vez se acercan las soluciones a los pueblos y a las comunidades a través de los ayuntamientos más fortalecidos. Presento esta iniciativa, señor Presidente, en sus términos que pido se inscriba en el Diario de los Debates. Muchas gracias por su atención.