El diputado Jorge Quintero Bello: Con su permiso, diputado Presidente. El suscrito, diputado federal Jorge Quintero Bello, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 4, 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presenta la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el Capítulo III, artículo 33, fracciones IV y VIII de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos México vive actualmente un proceso de transición demográfica que se expresa en un drástico descenso en la tasa de mortalidad y una clara disminución del índice de natalidad, así como del número de hijos por mujer; todo esto como consecuencia de la anticoncepción, los servicios de salud y la consolidación de una cultura de planificación familiar. No obstante, a pesar de todas estas políticas de salud reproductiva, en nuestro país cada año se registran más de 400 mil embarazos en mujeres adolescentes; es decir, de 100 partos diarios, 60 corresponden a adolescentes en edades de 13 a 19 años siendo 320 mil de ellos no deseados. Así, a nivel nacional se calcula que entre el 17 y 20 por ciento de las mujeres que tienen un nacimiento son menores de 20 años, llegando hasta el 25 por ciento en algunos estados. Según la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, el 92.5 por ciento de las y los adolescentes conocen al menos un método anticonceptivo, mientras que solamente alrededor del 60 por ciento de quienes ya tienen relaciones sexuales los usan. En esta problemática concurren una serie de factores como los patrones culturales y los roles de género; las condiciones socioeconómicas de origen; las opciones de vida de los adolescentes en sus contextos sociales; y el marco valorativo vigente respecto a las relaciones sexuales premaritales. Esto fue confirmado recientemente por el Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud al sostener que el bajo nivel socioeconómico en poblaciones marginadas, indígenas o rurales se relaciona con el hecho de que las mujeres suelan embarazarse a muy temprana edad por la desinformación respecto a los anticonceptivos o métodos de prevención, además que no todas tienen la oportunidad de asistir a la escuela. En el mismo sentido, el Fondo de Población de las Naciones Unidas afirmó que está comprobado que la relación directa entre poca o baja escolaridad y escasos recursos con frecuencia da como resultado embarazo en las adolescentes y, al mismo tiempo, quienes tienen más educación se embarazan menos, o quienes tienen menor nivel adquisitivo tienen menor acceso a métodos anticonceptivos. De esta forma la educación se convierte en un aspecto fundamental tanto para la prevención del embarazo temprano, como para el apoyo a las madres adolescentes, ya que en ambos casos las coloca en posibilidades de tomar decisiones sobre su futuro, sobre cuidar su salud, pero sobre todo, contribuye al mejoramiento de las oportunidades y expectativas de vida de estas jóvenes, así como de sus hijos. En cuanto a la planeación familiar, la paternidad responsable y la educación sexual, la legislación mexicana contempla ya los elementos suficientes como para que las y los adolescentes cuenten con información adecuada y oportuna. Tal es el caso de la Ley General de Educación, de la Ley General de Salud que especifica las actividades que deben realizarse en materia de planificación familiar, en cuanto a información y orientación educativa, poniendo especial énfasis en los adolescentes y los riesgos asociados al embarazo temprano; la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que plantea la prevención de embarazos tempranos; la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; el Estatuto orgánico del DIF que prevé programas y proyectos sobre el embarazo adolescente; y la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud que contempla programas y cursos, orientación e información sobre educación sexual y salud reproductiva. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, el nivel educativo juega un papel importante en el embarazo adolescente. La Encuesta Nacional de Juventud 2005 revela que para ambos sexos la edad entre los 15 y 17 años es crucial para la deserción educativa. Por tanto, si consideramos que a menor escolaridad mayor riesgo de embarazo y que la mayor parte de las jóvenes que se embarazaron en la adolescencia ya había abandonado sus estudios, resulta entonces clara la necesidad de promover el acceso y la permanencia de las jóvenes en el sistema escolar como un mecanismo de prevención. A su vez, el embarazo conlleva en muchas ocasiones la deserción escolar de la joven. Esto limita sus posibilidades de desarrollo personal, sus oportunidades de un empleo remunerado y, en consecuencia, la disminución de su calidad de vida y la de su hijo, sobre todo si se considera que muchas de ellas se convierten en madres solteras. Por tanto, la reincorporación de estas jóvenes al sistema educativo constituye, también en este caso, un factor fundamental para apoyar y brindar mayores oportunidades a las madres adolescentes y un mejor futuro para sus hijos. En esta materia existen diversas políticas públicas; sin embargo, es preciso redoblar los esfuerzos y asegurar el apoyo a las mujeres adolescentes para su ingreso, permanencia o reinserción en el sistema educativo. Por otra parte, es importante considerar que además del embarazo adolescente existen otros factores importantes que derivan en el abandono e interrupción de los estudios, entre ellos problemas económicos, familiares, de salud, etcétera; por lo que si bien deben de realizarse acciones particulares para prevenir el embarazo y que es el principal motivo de presentar esta iniciativa, la legislación, por su carácter general, debe atender la problemática expuesta de manera integral a fin de que el Estado brinde oportunidades a todas las mujeres para continuar y culminar su educación. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación. Artículo primero. Se adiciona la fracción IV y VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: Artículo 33. "Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las siguientes… Fracción IV. Tal y como dice: "Prestarán servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema regular, que faciliten la terminación de la educación preescolar, primaria y la secundaria…". Agregando su servidor "otorgando facilidades de acceso, permanencia y egreso a las mujeres". Fracción VIII. Dice originalmente: "Desarrollarán programas…". Agrego "con enfoque de género". Continúa: "…para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos". Transitorios Artículo primero. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Artículo segundo. Las autoridades educativas realizarán las acciones necesarias que permitan dar cumplimiento a lo que establece la fracción IV y VIII del artículo 33 de la presente Ley, a los 90 días de la entrada en vigor del presente decreto y presentarán un informe al respecto a las Comisiones de Educación y de Equidad y Género, de ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 28 de noviembre de 2006. Diputado Jorge Quintero Bello. Presidente diputado, solicito se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.