La diputada Maribel Martínez Ruiz (vía telemática): Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Acudo a esta tribuna vía plataforma digital, para que a nombre del diputado Benjamín Robles y de su servidora, presente esta iniciativa que busca, por supuesto, seguir trabajando en la lucha en contra de la corrupción. Y es que esta, es y será, una de las principales de la cuarta transformación, no solo como gobierno, sino desde antes, como movimiento social. En esta cuarta transformación tenemos muy claro y, sobre todo, muy presente, el combate a la corrupción. Esta es una de las razones por las que el pueblo del México le dio su confianza a Andrés Manuel López Obrador, para llegar a la presidencia de la República. Cuando López Obrador asumió la presidencia, el latino barómetro 2018, ubicaba a nuestro país dentro de la región de más desconfianza de la tierra. Imagínense que con un 22 por ciento de confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas, representando el quinto peldaño de los países de América Latina con menos confianza. Escándalos como la llama estafa maestra, un mecanismo descubierto por la Organización Mexicana contra la Corrupción y la Impunidad y Animal Político, dejaron al descubierto el uso de redes de diversas instancias del gobierno e instituciones públicas y privadas, para evitar que los recursos destinados a los servicios elementales que se traducen en derechos humanos, como el acceso a la salud, a la alimentación, a apoyos a personas adultas mayores, fueron cínicamente desviados a causa de estos esquemas de corrupción. En este contexto, surge una gran interrogante. ¿Existe el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción? En su caso ¿se puede considerar como un derecho humano? El Poder Judicial ha emitido criterios en los que considera, que de conformidad en lo previsto por los artículos 6, 16, 108, 109, 113 y 134 constitucionales y en la reforma que creó el Sistema Nacional Anticorrupción, puede concluirse válidamente que la Constitución reconoce los derechos fundamentales a la transparencia, honradez y rendición de cuentas respecto del uso de recursos públicos, ya que establece un régimen de actuación y comportamiento estatal, así como de responsabilidades administrativas. Con este antecedente y con la convicción de respaldar la lucha frontal del presidente contra la corrupción, en el Partido del Trabajo hemos tenido acercamientos con organizaciones de la sociedad civil que nos han planteado propuestas en materia de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Esto lo subrayo, por aquello de que la oposición una y otra vez pretende engañar a la gente haciendo creer que en la 4T desdeñamos a las organizaciones de la sociedad civil. No es así. Y esta iniciativa es prueba de ello, porque es una iniciativa de la sociedad civil, a la que le estamos dando voz, presentando sus propuestas para que sean debatidas en esta Cámara de Diputadas y Diputados. Esta iniciativa plantea la adición de un párrafo al artículo 4o. constitucional, que va en el sentido de elevar a rango constitucional y a rango de derecho humano, exigible por parte de las personas, el derecho a vivir en un ambiente libre de corrupción a la fiscalización, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. En el PT seguiremos respaldando la lucha contra la corrupción encabezada por nuestro presidente López Obrador y dando voz a las propuestas de la sociedad civil que estén comprometidas con el desarrollo del país. Es cuanto. Muchas gracias.