El diputado Manuel Velasco Coello: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el ser humano ha ejercido el comercio desde los primeros momentos de su historia. En un mundo globalizado como en el que nos tocó vivir, la actividad comercial ha adquirido una importancia trascendental. Por ello, las leyes que regulan el dinamismo mercantil deben responder a la realidad imperante. Siendo México una República federal, coexisten en su territorio un órgano legislativo federal y varios órganos legislativos estatales. Ambos ejercen una misma función dentro de un cuadro competencial diferente, de tal forma que, de conformidad con la fracción X del artículo 73 de nuestra Norma Suprema, compete al Congreso de la Unión emitir leyes, entre otras materias, en la mercantil. En nuestro sistema jurídico, las leyes mercantiles se clasifican en especiales y en una ley general, como es el Código de Comercio. Este orden normativo data del 15 de septiembre de 1989, día en que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, donde más de 60 por ciento de su articulado es de carácter procesal. Por su parte, las leyes especiales mercantiles están entretejidas también en disposiciones adjetivas. Esta relación que debe existir entre derecho sustantivo y adjetivo se mantiene constante en nuestro sistema jurídico, en el cual a toda materia federal corresponde un proceso igualmente federal. La única excepción es precisamente la materia mercantil, donde existe una competencia concurrente; es decir, están facultados para conocer del proceso mercantil tanto jueces federales como jueces locales, en aplicación de las leyes mercantiles que tienen naturaleza federal. Lo anterior es así y su fundamento se encuentra previsto en el artículo 104 de la Constitución General de la República. En 1973, el legislador de entonces emitió un decreto por el que fueron derogados los artículos que regulaban el juicio sumario del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, que fue publicado el 14 de marzo del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, ante el silencio de la legislación adjetiva mercantil y de la civil supletoria. El juicio sumario ha dejado de existir, y los casos mencionados en la Ley General de las Sociedades Mercantiles deben tramitarse en la vía ordinaria mercantil. Dicha ley invoca el juicio sumario para el ejercicio de diversas acciones; entre otras, la de los acreedores de una sociedad, para oponerse a la reducción del capital social, y la de los socios o acreedores de una sociedad para demandar a los administradores de la misma y hacer efectiva la obligación de formar o reconstruir el fondo de reserva. De acuerdo con el artículo 1o. de la ley en cita, las sociedades mercantiles se clasifican en sociedad en nombre colectivo, anónima y cooperativa. Cualquiera de las sociedades, con excepción de la que se mencionó en último término, podrá constituirse como sociedad de capital variable; por tanto, su actividad deberá estar regulada por un capital social y su giro estará dirigido a los actos mercantiles. No debemos olvidar que la actividad comercial ha existido a lo largo de la historia de la humanidad. A ello se debe que los pueblos y las naciones hayan tenido un progreso económico trascendente, el que se tradujo en bienestar de la sociedad. Ahora, el comercio se realiza con mecanismos sofisticados que lo hacen más ágil y rápido, atendiendo el avance tecnológico que los países poseen. El derecho, por su parte, no puede quedar rezagado y, por lo mismo, tiene que ir a la vanguardia. Y a nosotros, los legisladores, corresponde asumir el mandato que el pueblo nos confirió, mediante la perfección y producción de normas jurídicas que respondan a las necesidades de la sociedad. Por otro lado, el Código de Comercio establece varias formas para desahogar las controversias mercantiles, privilegiando el procedimiento convencional, sean de tribunales judiciales o a través de un procedimiento arbitral. Si los interesados no se ponen de acuerdo, se sujetarán a los procedimientos previstos en las leyes mercantiles o, en su caso, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones del Libro Quinto de dicho código y, en su defecto, se aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles, tal como lo consigna el artículo 1054 de ese ordenamiento jurídico. Como se observa, el precepto mencionado remite a una supletoriedad expresa, como es el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cabe aclarar que recientemente fue reformado este artículo, concretamente el 24 de abril de 2003. La reforma del precepto referido obedece a que antes remitía a una supletoriedad que recaía en los códigos procesales civiles locales. Esto creó una serie de problemas, ya que se perdía la uniformidad del procedimiento mercantil en la República por la multiplicidad de criterios legales en los estados. Por ello consideramos acertada la decisión del legislador al reformar el artículo e invocar a la ley federal adjetiva civil. Sin embargo, tal reforma resultó insuficiente, en virtud de que algunas de las leyes mercantiles prevén en su normatividad el juicio sumario, figura jurídica que no se encuentra reglamentada o prevista en el actual y vigente Código de Comercio ni lo comprende el Código Federal de Procedimientos Civiles, lo cual resulta incongruente, en virtud de que mientras una ley sustantiva invoca el juicio sumario y éste no está previsto en las leyes procesales mercantiles, entonces ¿de qué forma se pueden resolver las controversias que demanda la vía sumaria? Esto implica la administración de justicia, tanto para el gobernado como para el órgano jurisdiccional; incluso contraviene el artículo 17 de nuestra Carta Política, porque no se cumple la garantía de una administración de justicia pronta y expedita. De ahí la importancia de la presente iniciativa, en virtud de que la función del legislador debe ir encaminada a lograr un eficiente y eficaz funcionamiento de las sociedades mercantiles desde el perfil legal, por lo que no debemos olvidar que en gran medida la economía de un país se sustenta en capital privado y social; y qué mejor que exista un mecanismo jurídico que las dote de una ágil y expedita administración de justicia, como el que se está proponiendo. La sociedad mexicana ha aspirado a que las instituciones estructuren un sistema judicial basado en procedimientos claros y expeditos, que hagan posible la aplicación rápida y objetiva de la impartición de justicia, porque la recta y equitativa administración de justicia en nuestro régimen democrático es un imperativo social que estamos obligados a cumplir con integridad. Por eso en el grupo parlamentario del Partido Verde tenemos como tesis primaria impulsar, mejorar y perfeccionar la constancia de nuestra administración de justicia: exclusivamente mediante el establecimiento de procedimientos adecuados se asegura el cumplimiento estricto de la ley. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se modifica el encabezado del Título Primero del Libro Segundo del Código Federal de Procedimientos Civiles, así como se adicionan los artículos 355 Bis y 356 Ter, y se adiciona un párrafo segundo al artículo 323 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es cuanto, diputado Presidente.