El diputado José Isabel Trejo Reyes: Gracias, señor presidente. Honorables diputadas y diputados de esta Cámara, antes que nada quiero agradecer a las diputadas y diputados de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Justicia de esta Cámara, y al señor secretario de Servicios Parlamentarios por su apoyo eficaz para la dictaminación de esta reforma financiera. De todos es conocido, que no podemos gozar de una economía dinámica y en constante crecimiento si no contamos con un sistema financiero sólido y activo. En efecto, el sistema financiero promueve nuestro bienestar económico en la medida en que ayuda a los demandantes de crédito a obtener recursos de los ahorradores de forma eficiente y segura. Bajo estas premisas, la reforma que en esta ocasión tenemos la oportunidad de aprobar constituye uno de los proyectos legislativos más ambiciosos en la historia reciente legislativa, para revisar y componer de una manera integral los diversos elementos que influyen en las operaciones de las entidades financieras de nuestro país. Desde la crisis que nuestro sistema financiero vivió en 1995, no habíamos tenido oportunidad de revisar, a profundidad, el marco legal aplicable a las instituciones de actividades encargadas precisamente de canalizar los recursos de ahorradores e inversionistas hacia emprendedores de negocios, productores y consumidores. Estamos obligados a realizar este trabajo a la luz de los niveles de financiamiento al sector privado que nuestro sistema financiero mantiene. Además, a cinco años del colapso financiero en los mercados más desarrollados, nuestra responsabilidad es que nos cercioremos que nuestro sistema financiero cumple con las condiciones y estándares que la comunidad internacional reconoce ahora como los más adecuados, para que las instituciones financieras no repitan episodios como los que ocasionaron una de las peores crisis globales vividas en la historia moderna. A este respecto, permítanme repasar con ustedes el diagnóstico que actualmente presenta nuestro sistema financiero. Si bien podemos decir que nuestro sistema financiero es sólido, los niveles de intermediación financiera y crédito al sector privado en México son de los más bajos en América Latina y muy por debajo de otros mercados emergentes con ingresos equivalentes. Más aún. Nuestro sistema financiero es pequeño y relativamente concentrado, en el que por ejemplo, los tres bancos más grandes controlan aproximadamente el 55 por ciento del total de los activos en la Banca del país. Además no soslayemos el hecho de que un amplio sector de familias y empresas de nuestro país no tienen acceso al financiamiento formal y no están en posibilidades de otorgar garantías efectivas. Por otra parte, otorgar crédito en México continúa resultando caro. Esto es así si consideramos que la información sobre el historial crediticio de las empresas y personas que demandan crédito es parcial y se encuentra fragmentado. Los procesos para la recuperación de créditos y ejecución de garantías son lentos y costosos y un número importante de intermediarios financieros no bancarios carecen de solidez económica o no se encuentran adecuadamente regulados. Con base en este diagnóstico, ahora es el momento de que este Congreso promueva las acciones necesarias para eliminar los obstáculos que impiden que la Banca y el crédito sean una palanca efectiva de desarrollo para hogares y empresas. Para ello se deben de realizar modificaciones al marco legal con el fin de facilitar el otorgamiento y recuperación de los créditos e impulsar el desarrollo a los mercados financieros y de los intermediarios no bancarios; fortalecer y brindar mayor certidumbre a los programas de la Banca de Desarrollo, que han demostrado ser útiles para mitigar algunas de las deficiencias señaladas, en especial las de garantías de crédito. No obstante la necesidad de implementar medidas que estimulen y faciliten la expansión del crédito, debemos poner cuidado en las desventajas que ocasionaría una activación económica que no esté acompañada de controles adecuados. En este sentido, la experiencia de México, así como las lecciones de la reciente crisis internacional, muestran que para canalizar recursos financieros de manera sostenida a la economía, la regulación y los procesos de supervisión juegan un papel muy importante. A este respecto la literatura económica señala como el crecimiento acelerado, como el crecimiento acelerado de una cartera de crédito con frecuencia es causa de su posterior deterioro. Más allá de la teoría académica, lo cierto es que esta situación ya la hemos vivido en México con el crecimiento acelerado del crédito a través de tarjetas, iniciado en 2005; el hipotecario a través de Sofoles y Sofomes entre 2005 y 2008; el aumento en el financiamiento a estados y municipios desde finales de 2009 y la expansión del crédito de nómina y personal desde mediados de 2010. La evidencia histórica internacional, la crisis mexicana de 1995 y las crisis internacionales iniciadas en 2008, y 2009, dan cuenta de los enormes costos en bienestar que las crisis bancarias conllevan por sus efectos sobre la actividad económica, el empleo, la recaudación fiscal y el déficit público. México llevó a cabo esfuerzos importantes para incorporar las mejores prácticas internacionales en su regulación financiera, a raíz de la crisis bancaria de 1995. No obstante esto la evolución natural del sector financiero obliga a revisar de manera continua la regulación. De esta manera en los últimos años se han identificado aspectos de la regulación financiera que es necesario atender. Además la reciente crisis internacional ha puesto en evidencia diversas insuficiencias en la regulación financiera de la mayoría de los países. Estas deficiencias también se presentan en nuestro país, aunque sus efectos durante la crisis fueron relativamente moderados debido a la poca penetración del crédito. De acuerdo con lo anterior, compañeras y compañeros, coincidirán conmigo en que como parte de las medidas destinadas a impulsar un mayor crecimiento en el crédito, debemos promover que se lleven a cabo los cambios necesarios para atender los rezagos existentes en la regulación e incorporar las propuestas contempladas en la agenda internacional de reformas financieras con el propósito de asegurar que la contribución del sistema financiero en la economía sea positiva. Ahora bien, mucho se ha comentado sobre el impacto que esta reforma tendría directamente en el ciudadano de una manera directa y perceptible. Para entender esto consideramos que el paquete de reformas aborda una gran variedad de aspectos que se verán reflejados en diversos momentos y en diferentes sectores y productos. A la luz de esta variedad de temas permítanme apuntar algunos de los efectos que esta reforma contempla, de aprobarse en los términos contenidos en el dictamen objeto de nuestra discusión: En el corto plazo, por ejemplo, podemos comprobar los beneficios a los mecanismos de protección al usuario de servicios financieros; a su vez podremos constatar la facilidad que los usuarios tendrán a su disposición para cambiar de proveedor de servicios financieros a través de mecanismos más sencillos; cambiarse de banco a banco sin tanto problema; como por ejemplo también para el traspaso de cuentas de nómina y de créditos de consumo. Por su parte en el mediano plazo podremos constatar la constitución de un mayor número de proveedores de crédito no bancario así como de una potenciación de aquellos ya existentes con mejores alternativas de fondeo que se verán reflejadas en mayores recursos para créditos como en uniones de crédito o entidades de ahorro y crédito popular, así como de una canalización más efectiva y eficiente de recursos de la banca de desarrollo. Asimismo en la medida en que los proveedores de crédito del país cuenten con mejor información crediticia de sus acreditados y puedan reducir los costos de administración y recuperación del crédito, indudablemente esto se verá reflejado en créditos más baratos para los usuarios del sistema financiero. En general una de las principales demandas de la sociedad que estas iniciativas buscan atender es que se pueda prestar más y se preste más barato; prestar más significa ampliar el número de sujetos de crédito y, por su parte, prestar más barato significa prestar a bajo costo y con tasas más accesibles. Sobre esto, la información proporcionada por la banca revela que las empresas y personas con actividad empresarial, por ejemplo, obtienen créditos por un monto promedio mayor y a una tasa de interés menor cuando disponen de garantías efectivas. Sobre esto, toda reforma que como ésta aporte mayor certeza en los procesos de cobro para el deudor y el acreedor por igual, deberá de contribuir a reducir los costos de administración de cartera crediticia que nuestro sistema procesal legal impone a las instituciones proveedoras de financiamiento. Además, un amplio historial crediticio, en particular el de tipo positivo, es decir, de pagos de deudas, ayuda a los intermediarios financieros a evaluar mejor el riesgo de crédito y a las personas a conseguir financiamiento en mejores condiciones en cuanto a tasas de interés, plazos y montos. Al respecto, cobra importancia la serie de reformas que el dictamen señala en materia de información crediticia que deberán aportar los proveedores de crédito. Ahora bien, como ya lo he mencionado, debemos tener cuidado en que las medidas que fomenta el Estado no ocasionen una expansión descontrolada de crédito. A este respecto no olvidemos que las crisis financieras acarrean enormes costos al bienestar social, como está teniendo lugar en los Estados Unidos de América y en Europa, y como ocurrió hace algunos años en México. Por ello, la manera más eficiente de impulsar un mayor desarrollo del sistema financiero sin aumentar con ello los riesgos de quebrantos, es reforzando la regulación y los procesos de supervisión. Bajo esta premisa debemos observar que el paquete de reformas promueve un balance adecuado entre las medidas que estimulan el otorgamiento de crédito por un lado y aquéllas que fomentan un sistema financiero sólido y estable, por el otro. Respecto de estas últimas medidas, con el propósito de apoyar el crecimiento del crédito sobre bases sostenibles, atender los rezagos identificados en la regulación e incorporar las recomendaciones contenidas en la reforma internacional de regulación y prevenir episodios de inestabilidad financiera o mitigar su impacto cuando éstas ocurran, debo destacar aquellas medidas que las reformas contemplan para fortalecer la regulación y supervisión del sistema financiero. En particular sobresalen aquéllas destinadas a reforzar los requerimientos de capital y liquidez termino, señor Presidente, en dos párrafos, para que quede concluida la exposición de esta materia dar mayor fortaleza y hacer más expeditos los procesos de resolución de instituciones en problemas financieros, reforzar a los organismos supervisores y fortalecer el consejo de estabilidad del sistema financiero como órgano de coordinación entre autoridades. La motivación de estas medidas debe ser evitar el colapso del sistema financiero, pues este riesgo sistémico podría tener un impacto negativo desproporcionado sobre las perspectivas de país, como se está viendo actualmente en Europa. Finalmente, con base en lo anterior, honorables diputadas y diputados de esta cámara, si queremos contar con un sistema financiero sólido que sea un motor eficaz del crecimiento económico, debemos tomar con responsabilidad la oportunidad que tiene esta legislatura para promover reformas como las que hoy nos toca discutir con el fin de impulsar el desarrollo del sistema financiero bajo condiciones de equidad y justicia, con el único objeto de lograr un mayor crecimiento económico, que tanta falta hace a nuestro país. Mucha gracias y esperamos contar con sus votos.