El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Nuestro grupo parlamentario, bueno, algunos diputados de nuestro grupo parlamentario, hicimos un compromiso con Pablo Escudero, con el diputado Pablo Escudero, en el sentido de que esta discusión fuese jurídica, y vamos a dar razones jurídicas de por qué este dictamen es ilegal y anticonstitucional. Comienzo en por qué es ilegal. Es ilegal porque está incumpliendo el párrafo tercero del artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ése artículo establece que las comisiones del Congreso, al elaborar los dictámenes, deben realizar una valoración del impacto presupuestario de las iniciativas de ley o decreto, con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y podrán solicitar opinión a la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de dictamen correspondiente. Desconozco si se ha solicitado, si se ha realizado esta valoración del impacto presupuestario; el dictamen no dice nada al respecto. Supongo que no se ha realizado y como se dijo ya aquí en tribuna, esto implica violar el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Pero no solamente se viola el artículo 18 de esta ley, se viola también la Constitución. El artículo 73, fracción XXIX, inciso e) de nuestra Constitución, establece que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de abasto, de abasto sobre aquellos bienes y servicios sociales y nacionalmente necesarios, como son las medicinas que expenden o entregan las farmacias del Seguro Social, es una atribución del Congreso de la Unión. ¿Qué está haciendo este dictamen, esta propuesta de reforma al artículo 91? Le da facultades al Consejo Técnico del Seguro Social para que emita disposiciones de carácter general. Eso es anticonstitucional. Está delegando el Congreso de la Unión, en el Consejo Técnico del Seguro Social, una facultad que solamente le corresponde al legislador. El único que puede legislar, normar en materia de abasto sobre bienes y productos socialmente necesarios es el Congreso de la Unión. Pero no solamente viola este artículo 73, fracción XXIX-E de la Constitución; también viola el artículo 28, párrafo tercero. ¿Por qué viola el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución? Porque este precepto constitucional establece que las leyes fijarán bases para evitar intermediaciones innecesarias o excesivas que provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza en los precios. La ley debe proteger a los consumidores y propiciará su organización para el mejor cuidado de sus intereses. Es decir, el espíritu de la Constitución, el espíritu del párrafo tercero del artículo 28 es que en el abasto de productos y servicios socialmente necesarios no haya intermediación y mucho menos intermediación privada. Aquí, como ya se dijo, se está violentando el carácter social de la Constitución. Se está privatizando la entrega de medicinas. Se está favoreciendo la realización de negocios. Se está afectando el núcleo básico de la Constitución. Este dictamen constituye un fraude a la Constitución porque viola el artículo 73, fracción XXIX-E; y el artículo 28, párrafo tercero de la Constitución. También implica un fraude a la ley porque no se ha cumplido con el estudio de impacto presupuestario al que ordena el artículo 18 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Creo que hay razones jurídicas, no invoqué razones ideológicas sino razones estrictamente constitucionales y legales para demostrar que este dictamen es anticonstitucional y es ilegal y debemos votarlo en contra.