El diputado Carlos Torres Piña: Con la venia de la presidencia. Compañeros legisladores y compañeras legisladoras, el tercer informe de Felipe Calderón refleja que el gobierno federal vive una realidad muy distinta a la que percibimos los mexicanos. El aumento de la criminalidad, el fracaso que siente la sociedad para que el Estado brinde protección a los ciudadanos, salvaguarde su integridad, derechos y patrimonio, así como preservar las libertades y la paz se ha convertido en uno de los temas pendientes de la actual administración y, no se diga, también de la actual crisis que vivimos. La construcción de un México "dizque para vivir mejor", sólo está en la mente de los funcionarios que integran el gabinete. Diariamente el número de ejecuciones se incrementa, los secuestros no disminuyen, los operativos no cesan y las cifras sobre criminalidad reflejan el grado de incertidumbre y zozobra en el que se encuentra la sociedad mexicana. A tres años de iniciada la guerra de su gobierno contra la delincuencia organizada, la actuación del Ejecutivo federal ha sido reactiva más que propositiva en la planeación y la aplicación del estado de derecho. El aumento de la delincuencia organizada, el número de efectivos caídos en esta lucha y la ola de ejecuciones nos permite afirmar que Felipe Calderón no tiene una estrategia para combatir eficazmente el crimen organizado. Ejemplo de ello es el hecho de que los grupos de delincuencia organizada han incursionado en diversos campos delictivos y no sólo en el trasiego de drogas, sino también en el narcomenudeo, en la extorsión, en la trata de personas, en el secuestro y la piratería. Sin embargo, el gobierno federal no ha actuado para desmantelar la estructura financiera de los cárteles y sólo combate la vertiente del narcotráfico. Los resultados son lamentables y, al mismo tiempo, incompatibles con el incremento de recursos presupuestales y con la aprobación de leyes con que este mismo Congreso ha contribuido para que el gobierno federal enfrente, sin pretextos, la delincuencia organizada. Resulta paradójico que cuando más dinero se ha tenido en las instituciones de seguridad pública, la violencia se ha incrementado. Los operativos que el gobierno federal realiza de manera permanente y sistemática en distintas entidades del país, son acciones planeadas y dirigidas, coordinadas y supervisadas por mandos militares en funciones de seguridad pública. En ese tipo de operativos las instituciones de seguridad pública desempeñan un papel marginal y testimonial. Los mandos que están al frente no reportan a ninguna autoridad civil, únicamente responden al secretario de la Defensa o al titular del Ejecutivo federal. Las líneas de mando son muy claras y en ellas se encuentran excluidos también los gobernadores. A ello, hay que agregar el enfoque del estado policiaco que prevalece por parte del Ejecutivo. Como en las intervenciones del Ejército en el combate al crimen organizado, acciones que no están incluidas en el Plan Nacional de Desarrollo y en ningún programa sectorial, situación que genera contradicciones, el discurso militarista en defensa de los derechos ciudadanos pretende generar confianzas en las inversionistas y en los ciudadanos en general, pero, por el contrario, la sensación de violencia afecta la confianza y ésta a la economía. La práctica internacional muestra que la presencia del Ejército en estas tareas debe ser solamente temporal y en casos de emergencia; sin embargo, la constante de este gobierno ha sido en mantener permanentemente al Ejército en las calles. Por otra parte, la campaña mediática para difundir información sobre el número de detenciones llevadas a cabo como prueba de la eficacia de las acciones realizadas, representa métodos engañosos para medir el éxito de los operativos y de las detenciones. Como parte de esta estrategia se ha tratado de impactar la percepción de la población a través de la manipulación, difundiendo una serie de medidas espectaculares, riesgosas e ineficaces. A propósito de las cifras del tercer informe, así lo demuestran. Las sentencias condenatorias en materia de delincuencia organizada por cada 100 delitos son apenas 11, en 2008, y de enero a junio de 2009 apenas llegan a 10. Cifra muy menor si se compara al número de atenciones que diariamente se nos presentan. La cifra de homicidios atribuidos al crimen organizado aumentó de mil 500 en 2005, y a más de 2 mil 500 para 2006 y 2007, según datos de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. A estos datos habría que aclarar las más de 14 mil personas ejecutadas de diciembre de 2006 a agosto de este año. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este Tercer Informe de Gobierno debería partir por el reconocimiento de que el problema de narcotráfico está fuera de control y que es producto, en buena medida, de los resabios del viejo sistema y de las complicidades políticas que protegen sus intereses ?directa o indirectamente? con operaciones cotidianas en las que están involucrados un número indeterminado de sectores de las fuerzas públicas y armadas que responden a un doble mando. Además, existe una complicidad evidente en el sistema financiero nacional y de la Secretaría de Hacienda, que es omisa para implementar acciones en contra del lavado de dinero que reforzaban junto con las remesas de los migrantes y los ingresos petroleros, la endeble macroeconomía de nuestro país, así como los bolsillos de una cantidad indeterminada de familias y jóvenes desterrados del sistema que carecen de la oportunidad económica y del bienestar social. Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el mensaje de Felipe Calderón con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, los ajustes de su gabinete y el paquete económico que envió a esta soberanía, son el reconocimiento implícito del fracaso de la primer mitad de su gobierno y a la necesidad urgente de un cambio en el modelo económico. Es incongruente que en el planteamiento del proyecto económico plantee una disminución muy pequeña en el presupuesto para seguridad, y a la Presidencia entre 70 millones y mil millones en el caso de Seguridad Pública. En cambio, para Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, prácticamente está planteando la disminución de 10 mil millones, y en Educación, cerca de 4 mil millones de pesos. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, nosotros debemos exigir al Ejecutivo federal que combata las causas de origen de este mal y no los efectos; más prevención y menos acciones punitivas. Debemos tener mayores oportunidades los mexicanos. Es por eso que estamos convencidos de que, para combatir la violencia y el poder de las bandas criminales, resulta fundamental implementar políticas públicas encaminadas a la recuperación del campo mexicano, de promoción del empleo, de la reactivación de la economía y de la industria. Encaminadas a la consolidación de una política social-integral, del combate a la pobreza, de desarrollo económico, de mejoramiento en los niveles de alimentación y nutrición, y en un mejor acceso a una educación de calidad y a un sistema de salud de amplia cobertura; así como de una mayor oferta cultural en todo el territorio nacional. Para nadie es desconocido que la mejor estrategia para el combate a la delincuencia no es invertir en millones en la compra de armamento de este país. No se necesita de armas, este país necesita empleos y políticas públicas eficientes. Por ello, y para contribuir a una mejor calidad de vida de los ciudadanos, se orientará la acción legislativa del Partido de la Revolución Democrática en esta LXI Legislatura a promover los cambios que la sociedad demanda para el modelo económico y el combate a la impunidad. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quiero aprovechar también esta tribuna para hacer una enérgica protesta a favor de la compañera Margarita García Flores, mujer comprometida con los derechos de las mujeres y defensora del Estado laico y liberal. Compañeras legisladoras, hace ocho días ustedes ganaban un debate aquí en este recinto legislativo, a favor de los derechos de las mujeres para participar precisamente en este recinto legislativo. Ayer, el Congreso de Oaxaca aprobó una ley que penaliza el aborto, suprime la libertad de las mujeres para decidir su fecundidad en causas justificadas, y tácitamente declara la existencia de la persona jurídica con derechos desde el cigoto. Con ésas son ya 16 iniciativas de esta Corte que se aprueban en las entidades de este país, con la certera intención de echar abajo el fallo de la Suprema Corte que fue aprobado el año pasado. La legislación en comento es aberrante, pues suprime los derechos de una persona plenamente constituida, a favor de otros inexistentes, aún de la cual la mujer queda sólo en función de ser su recipiente o su domicilio, y se extiende a la lógica jurídica que presupone esta ley. Así, los derechos confesionales se reducen jurídicamente a las mujeres, a la función del útero. Dicen defender y proteger la vida de los que no han nacido, mientras condenan la ignorancia y la falta de oportunidades y de trabajo a los que ya viven. Yo les pregunto a las diputadas y a los diputados del PRI aquí presentes, si para congraciarse con la derecha y el clero y tener su venia para llegar al poder del 2012, van a tirar por la borda su legado liberal, su vocación otrora progresista y laica, a favor de un Estado convencional que conculque los derechos logrados por la mujer. La fracción parlamentaria del PRD hace un exhorto a las diputadas y diputados?