El diputado Virgilio Dante Caballero Pedraza: Gracias, presidenta. Compañeras diputadas, compañeros diputados, en Morena estamos en contra del dictamen de esta ley. En nuestra propuesta planteamos que la regulación de la publicidad oficial debe proteger y garantizar el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión. Evitar explícitamente la censura previa, directa y por medios indirectos, de conformidad con nuestra Constitución y con los tratados internacionales en la materia. En los hechos, el dictamen legaliza las campañas de promoción personalizada, permite el uso de los recursos públicos para difundir logros personales, reglamenta el uso discrecional y arbitrario de la repartición de la publicidad oficial y avala su contratación como un botín de negociación política, tal y como se ha venido realizando hasta ahora. Nuestra propuesta considera que es imperativo establecer los principios de la comunicación social y la publicidad oficial, las directrices de los contenidos que verdaderamente sean de interés público, así como prohibiciones explícitas a la promoción personalizada. Es igualmente necesario colocar topes presupuestarios, prohibir la modificación del gasto y establecer límites a los porcentajes de asignación a cada medio o agencia de comunicación con el fin de garantizar la pluralidad y la diversidad de medios de comunicación. Nos oponemos a que sea la Secretaría de Gobernación la encargada de expedir y evaluar la normatividad de la comunicación social. Proponemos la creación del consejo para la evaluación y seguimiento de la publicidad oficial con autonomía técnica y de gestión que se conformará por 15 personas de prestigio profesional en el campo de los medios de comunicación y radios comunitarias. Este consejo fungiría como un mecanismo de vigilancia social y como un verdadero contrapeso a los entes públicos. Esta ley debe establecer directrices y límites de los sujetos obligados en materia de campañas publicitarias durante las campañas electorales. Es necesario señalar una vez más que en México, además de atentados a medios de comunicación, agresiones, amenazas y asesinatos a periodistas, el Estado ha encontrado formas más sofisticadas para la censura, y por décadas la asignación arbitraria y discrecional de la publicidad oficial ha sido el mecanismo más eficaz para controlar e impedir el derecho a la información y el ejercicio de la libertad de expresión. Estas reprobables prácticas han atentado contra nuestra débil democracia y han contravenido el mandato de nuestra Constitución en sus artículos 6o. y 7o., así como lo establecido en los artículos 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establecen que el derecho a la libertad de expresión no puede estar sujeto a plena censura previa. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos tales como el abuso de controles oficiales encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y de opiniones. La simbiosis entre gobernantes y dueños de algunos medios de comunicación, curiosamente de los medios con mayor poder económico, ha sido de gran provecho político y económico para los gobernantes y partidos políticos del régimen, a costa del derecho a la información de la población. Cabe recordar que el gobierno panista de Felipe Calderón, de acuerdo con datos oficiales, ejerció cerca de 40 mil millones de pesos en publicidad oficial, cifra igualada en 2017 por la actual administración priísta de Enrique Peña Nieto, de quien se espera que al final de su sexenio habrá ejercido cerca de 60 mil millones de pesos, de acuerdo con datos y estimaciones de las organizaciones, artículo 19 y Fundar. Señoras, señores, tenemos ante nosotros y por mandato de la Suprema Corte de Justicia, la oportunidad de legislar para el pueblo y no en función de los intereses partidistas. Gracias.