El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con su permiso, diputado presidente. La fórmula que presenta el Grupo Parlamentario del PRI para reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, pretende entre otras cosas, desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública y subordinar dicha actividad al desempeño de la Secretaría de Gobernación. Esa fórmula la conocemos bien en el estado de México, la utilizó ya Enrique Peña durante todo su mandado y los resultados fueron tan desastrosos para la población mexiquense, que el propio candidato del PRI ofreció en la campaña, en la pasada campaña a gobernador estoy hablando de Eruviel en 2011, una medida diametralmente diferente a la que hoy discutimos aquí. El compromiso 5 mil 821 del gobernador Ávila fue crear la Secretaría de Seguridad en el estado de México, y si hacemos caso a lo que tantas veces señalaron, tanto el presidente electo cuando era gobernador, así como muchos de los que hoy son diputados del PRI y que fueron diputados locales en el estado de México, al señalar que era esa estrategia de compromisos la que convencía al ciudadano para conseguir su voto. De ser así, la mayoría de los ciudadanos que votaron en el estado de México por el PRI, 3 millones de mexiquenses, que sufragaron por el señor Eruviel Ávila, manifestaron su acuerdo con el tránsito del modelo, de una dependencia de seguridad pública adscrita a la Secretaría General del Gobierno del Estado, respaldando la propuesta para la creación de una Secretaría de Seguridad. Y aquí está la iniciativa diseñada por Enrique Peña y enviada y presentada por un diputado mexiquense, en un método muy parecido, por cierto, a la contrarreforma electoral mexiquense, la que en ese entonces se llamó la Ley Peña. Hoy estamos discutiendo esta nueva Ley Peña, por lo que vimos en la reunión de la comisión, ésta medida prosperará. Por eso, al explicar a la nación el sentido de nuestro voto en contra de esta propuesta, es más que oportuno esbozar los resultados que nos esperan como consecuencia de esta medida. Entre el primero y sexto año de gobierno del señor Enrique Peña Nieto, en el estado de México, la incidencia delictiva, casos, creció de la siguiente manera: robo a casa habitación con violencia en un 35 por ciento; robo a empresas con violencia en un mil 300 por ciento; robo a banco en un 31 por ciento; robo en transporte público en un 328 por ciento; robo de vehículo con violencia en un 102 por ciento; robo de vehículo sin violencia en un 45 por ciento. Esos son los verdaderos resultados que en materia de seguridad pública obtuvo el modelo policial que hoy se discute y el que se pretende imponer. Por esa razón, cuando en el estado de México los que en ese entonces éramos diputados locales, y aquí habremos varios no me dejarán mentir, entre ellos algunos diputados del PRI, quienes integrábamos los grupos parlamentarios de la oposición, recibimos la iniciativa del actual gobernador para crear la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No sólo la recibimos, la discutimos, sino que también colaboramos a realizar la más profunda transformación legal en la materia, pero bueno, en el país son tiempos de retroceso. Y hay otro aspecto que es indispensable considerar. Como ustedes saben, durante el mandato de Enrique Peña, en el Estado de México, ocurrieron hechos lamentables, el caso de San Salvador Atenco; que digo lamentables hechos, la descarada y sistemática represión desatada en contra de la población de este municipio y diversas personas que se encontraban en ese lugar. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó los hechos y juzgó que los mandos superiores encargados de planear, organizar y ejecutar el operativo, eran responsables por acción u omisión de los hechos ocurridos. Como consecuencia, el titular de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid fue removido de su cargo, pero ni el secretario general de Gobierno ni el propio gobernador, asumieron la responsabilidad que les correspondía a ellos. Al primero por ser como se propone, para secretario de Gobernación, el responsable de la seguridad; y en segundo, porque en ese diseño institucional rehúya a la obligación que le impone el orden constitucional de detentar el mandato de la fuerza pública y ser el principal responsable de la actuación y resultados en la materia. Con este diseño institucional el próximo presidente de la República buscará fortalecer un modelo de seguridad en el que los responsables de dicha función ocupen jerárquicamente un lugar subordinado para él. De esta manera, diluir la propia responsabilidad del titular del Poder Ejecutivo de la Unión, pero sobre todo, para usar las corporaciones policiacas con una perspectiva represiva, sin que tenga que asumir los costos de esta decisión que vulnera la vida democrática, los derechos humanos y el estado general de derecho. Pero también representa un repliegue bajo el cálculo de los beneficios políticos que en el estado de donde provengo propició el incremento de la inseguridad y el aumento de responsabilidades a los otros órdenes de gobierno en detrimento de la indispensable seguridad de todos. Esperamos que reflexionen y no consuman esta decisión fallida que puede poner en riesgo el futuro del país en su conjunto. Por eso vengo a esta tribuna a solicitar que el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se mantenga en sus términos. Y como estoy convencido que no va a haber debate, quiero aludir a mi ex compañero y actualmente compañero, diputado federal José Manzur, diputado del PRI, quien presentó esta iniciativa de modificación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, lo quiero aludir, señor diputado, termino presidente, al igual que usted yo fui diputado local en la anterior legislatura del estado de México y siendo usted presidente de la Junta de Coordinación Política recibimos la iniciativa del actual gobernador para sustituir la Agencia de Seguridad Estatal, dependiente en ese entonces de la Secretaría General de Gobierno para crear en su lugar la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Usted como presidente de la Junta de Coordinación Política del estado de México promovió a toda costa la aprobación de dicha propuesta, que supongo estuvo correcta. Por qué ahora presenta una propuesta diametralmente opuesta a la que promovió y respaldó con tanta decisión en 2011 para el estado de México. Por su respuesta, muchas gracias.