El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. El que suscribe, diputado Efraín Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los ordenamientos legales correspondientes, somete a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 80, 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objeto de contribuir a hacer efectivo el estado de derecho, la división de poderes, la supremacía constitucional e igualdad ante la ley, al tenor de la siguiente Exposición de motivos En diversos ámbitos y como parte de lo cotidiano se habla del estado de derecho. Sus distintos protagonistas utilizan este concepto como pilar de una sociedad moderna y democrática. El estado de derecho se funda en el reconocimiento de los derechos individuales y en el poder gubernamental limitado. Ambos aspectos plasmados en el pensamiento político de John Locke, de cuya obra se desprende la idea de que la legitimidad de un gobierno radica en el control que el ciudadano ejerce sobre él. Se trata entonces del gobierno del Estado autorizado y vigilado por la sociedad, cuyo supremo poder se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. En este tenor no podemos dejar de mencionar las ideas de Rousseau, de cuya obra destaca la soberanía del pueblo y no del gobernante. Para este pensador, hablar de estado de derecho significa hablar de la continuidad absoluta entre la libertad individual y la voluntad general y los intereses públicos sólo pueden ser expresados a través de las leyes que representan la voluntad general y velan por el bien común. La ley como expresión de la voluntad general, la división de poderes en Legislativo, Ejecutivo y Judicial; la legalidad en la administración y la efectiva realización de derechos y libertades fundamentales son, en conjunto, características esenciales de un estado de derecho. El estado de derecho se visualiza a través de su Constitución Política y su división de poderes públicos. En la Constitución se inscribe el valor de la libertad como la expresión del ordenamiento jurídico que regula las actividades de los particulares y de los órganos públicos de poder. Es en este documento y ordenamiento máximo donde se plasman los derechos fundamentales de los gobernados tales como igualdad, libertad, propiedad y seguridad jurídica. Se establece la estructura de los diversos órganos del poder público y la competencia para el desarrollo de sus funciones. Es decir, es la norma que articula, estructura y regula los poderes del Estado, y los derechos fundamentales que sirven de base a todo el orden jurídico respecto a la división de poderes. Ésta significa, de acuerdo al pensamiento de Montesquieu, reconocer que el Estado debe cumplir funciones específicas a través de órganos públicos diferentes. La división de poderes es un principio histórico que reconoce, primero, diferentes funciones del Estado. Y segundo, que cada una de ellas debe ser conducida por titulares diferentes, a fin de garantizar el eficaz funcionamiento de los órganos del poder público y evitar la concentración del poder en cualquiera de ellos. Es Montesquieu, en cuya obra destaca que todo está perdido si el mismo hombre hace leyes, ejecuta las resoluciones públicas y juzga a los criminales. Por ello la división de poderes responde a la necesidad histórica de libertad y a la necesidad de distribuir, controlar y equilibrar el ejercicio del poder público. En este mismo orden de ideas debemos insistir que hay dos momentos relevantes que le dan vida al estado de derecho. El primero corresponde a la creación de las leyes que representan los derechos de cada individuo y la colectividad. Y al segundo corresponde la ejecución de las mismas. Esto denota sin lugar a dudas la relevancia del Poder Legislativo respecto a los demás poderes, que no supremacía o superioridad, sino únicamente se trata de situar en su justa dimensión el papel del hacedor de las leyes en representación y para garantizar los intereses nacionales. Lo que indudablemente conlleva a reconocer en el Poder Legislativo el contrapeso, principalmente, del Poder Ejecutivo. Contrapeso, cuya finalidad es evitar el quebrantamiento de las normas, es decir, la trasgresión de la voluntad del pueblo y su soberanía. Este principio histórico y fundamental de la división de Poderes, como elemento constitutivo e inherente del estado de derecho, categóricamente se encuentra establecido en la Constitución Política de nuestro país. Así pues, en la Ley Suprema queda plasmado, a través del artículo 39, que la soberanía reside en el pueblo, que todo poder público emana de él y se instituye para beneficio de éste, por lo que el pueblo tiene en todo momento el derecho de modificar la forma de su gobierno. Así también, a través del artículo 41 se establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión. Y en el artículo 49 se consigna que el supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y no pueden reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación. La supremacía constitucional tácitamente se reconoce a través del artículo 133 del mismo ordenamiento, donde se establece que gobernados y gobernantes están obligados a acatar sus preceptos. Todos estos aspectos fincan de manera general el estado de derecho en nuestro país. Por todo lo anterior, la pregunta que corresponde hacer entonces, es si el ejercicio político en nuestro país, a través de su larga historia, nos ha permitido lograr hacer efectivo este fundamental principio del estado de derecho, que es la división de Poderes, si se ha logrado un real equilibro y colaboración entre los Poderes del Estado. Y al tratar de dar respuesta a tal cuestionamiento, necesariamente debemos decir que han sido los propios hechos que refiere la historia, los que han destacado la supremacía del Poder Ejecutivo sobre los demás Poderes de la Unión, toda vez que han sido diversas las reformas en las etapas históricas en México que han acrecentado las facultades formales o informales del presidente de la república. Y con ello, cimentado un régimen presidencialista que aún en la actualidad le han permitido —en su calidad de titular de la administración pública federal— en muchas ocasiones, abusar de ellas violando los preceptos constitucionales sin ser sometido a juicio, en virtud de que el propio artículo 108 de la Constitución restringe sólo a delitos de traición a la patria y delitos graves del orden común, como causales de enjuiciamiento al presidente de la república. Este, inevitablemente se inscribe en un marco de incipiente, lenta y elemental democracia en nuestro país, toda vez que como refiere Diego Valadés, en México sólo podemos elegir presidente de la república pero no podemos controlar su ejercicio, pues los otros Poderes de la Unión, Legislativo y Judicial, no han logrado avanzar de forma importante en materia de control político. Si consideramos lo establecido en el artículo 87 constitucional, respecto a que el presidente de la república, al tomar posesión de su cargo, debe protestar guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan, así como desempeñar leal y patrióticamente su cargo, formalmente se asume que él mismo debe sujetarse al principio de legalidad, de manera tal que antes de hacer valer las disposiciones normativa a los gobernados que le otorgaron su representación, debe ser él, primeramente, quien debe asumir y respetar los principios constitucionales. A este respecto, el artículo 126 constitucional reconoce que el presidente de la república es un servidor público, y más adelante, en el artículo 128 del mismo ordenamiento, queda establecido que todo funcionario público, sin excepción, antes de tomar posesión de su cargo debe protestar guardar la Constitución y las leyes que de ella emanan. En este sentido, vale apuntar que un efectivo sistema de responsabilidades de los servidores públicos es crucial para el funcionamiento de un estado de derecho, pues de aquél depende que institucionalmente se hagan valer, de forma efectiva, derechos y obligaciones de los mismos. Este es precisamente el argumento que le da sentido a la presente iniciativa; es decir, la necesidad de hacer efectivo el estado de derecho, división de Poderes, supremacía constitucional e igualdad ante la ley. Y con ello, representados y gobernantes, sin excepción, sean respetuosos de los instrumentos normativos, por los que el Ejecutivo, obviamente, no debe quedar excluido o ser privilegiado. Razones éstas, por las que se propone la reforma al artículo 80 constitucional, con objeto de eliminar la frase Supremo Poder Ejecutivo, en virtud de que el supremo poder es de la federación, no es del Ejecutivo y además porque la propia Constitución define adecuadamente a los Poderes Legislativo y Judicial sin emplear el término supremo, por lo que no debe haber diferencia de estos con el Poder Ejecutivo y tampoco asignarle a éste categorías impropias y obsoletas. También se propone derogar el segundo párrafo del artículo 108, con el objeto de dar trato igualitario a todos los servidores públicos, incluido el presidente de la república. Asimismo, se propone reformar el artículo 110 del mismo ordenamiento, a fin de que en el caso de que hubiere lugar y tal como se establece para todos los servidores públicos de la nación, el presidente de la república deba ser sujeto de juicio político. Por último, se propone la reforma al artículo 111 con el propósito de derogar el párrafo IV por resultar incongruente e innecesario con la reforma aquí planteada. Finalmente debemos de reconocer y reiterar que es necesario pugnar por una real división de poderes que permita a cada uno ejercer autónomamente sus funciones, pero no por ello en discrepancia y discordancias, sino por el contrario en colaboración y equilibrio, apegados invariablemente a la ley. Sólo a través de un equilibrio real podrá materializarse el control y vigilancia del pueblo hacia sus gobernantes y sólo así podrá ejecutarse la voluntad de los ciudadanos expresada en sus normas. El equilibrio, distribución y control del poder es requisito de un Estado moderno donde indiscutiblemente los tres poderes del Estado juegan un papel importante. En este sentido debemos todos fortalecerlo y hacerlo efectivo mediante la división de poderes, así como la observancia y aplicación de las leyes para todos los actores. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 80, 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual solicito a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.