El secretario diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva presente. Por instrucciones del licenciado Luis Genaro Vázquez Rodríguez, director general de Asuntos Jurídicos y en atención a su escrito, de fecha 11 de abril del presente año, mediante el cual solicita opinión jurídica respecto del escrito que le hizo llegar la diputada federal Margarita Esther Zavala Gómez de Campo, relativo a se abren comillas expresiones que algunos legisladores han manifestado para cuestionar mi participación en la votación de la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, el día 12 de abril del 2022, donde se discutirá la iniciativa que reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía cierra comillas, se plantean las siguientes consideraciones jurídicas: Conforme a los hechos y situaciones que la diputada Zavala Gómez del Campo refiere en el escrito que presenta a la Presidencia de la Mesa Directiva, no se alcanza a advertir la existencia de la figura de conflicto de intereses, toda vez que ésta requiere forzosamente de tres elementos esenciales: imposición de intereses particulares, conducta parcial y afectación al desempeño de las funciones del servidor público. La Ley General de Responsabilidades Administrativas prevé un listado enunciativo sobre las conductas sancionables para las personas servidoras públicas, clasificándolas de no graves, graves y conductas graves relacionadas con particulares. Este ordenamiento jurídico contempla el conflicto de intereses, como su definición y clasificación, dentro de las faltas administrativas y sanciones. En su artículo 3, fracción VI, define al conflicto de intereses como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocio. Asimismo, el artículo 58 del mismo ordenamiento legal tipifica la conducta de la siguiente manera: Incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés o impedimento legal. De la cita legal realizada se desprende que existe una relación inexorable entre la definición de conflicto de intereses con la conducta previa como... administrativa grave, ya que resulta esencial que la conducta se actualice en los términos de la definición prevista en el artículo 3. Como se advirtió antes, la conducta contempla tres elementos esenciales para que se actualice la hipótesis normativa. La imposición de un interés personal sobre el deber público, que no se acredita, puesto que la iniciativa de reforma constitucional, materia de la deliberación fue presentada por el titular del Poder Ejecutivo federal, no así por la diputada Zavala. Dicho de otra manera, la discusión y eventual votación de la reforma constitucional en comento no es un acto que parta de la voluntad de la legisladora. Por otro lado, la conducta parcial de la persona servidora pública, diputada federal, resulta ambigua, toda vez que cualquier diputada o diputado al momento de ejercer sus obligaciones, propias de la función legislativa, solo puede hacerlo en tres sentidos: a favor, en contra o en abstención. Además, resulta un hecho notorio y público la postura de los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, por lo que resultaría ocioso acusar de parcialidad la conducta de una diputada o diputado que deliberará sobre una reforma constitucional en un sentido notorio. Por ello, tampoco se actualiza la conducta parcial de la legisladora. Por último, hay que atender a la afectación en el desempeño de las funciones de la diputada o diputado, como se planteó en el elemento anterior. Un legislador en ejercicio de sus funciones legislativas solo puede ejercer su voto en tres sentidos, por lo que en cualquier caso no estaría afectando sus funciones. Dicho de otra manera, si y solo si la diputada o diputado no asistiera a las sesiones a las que fuera convocado o evitara ejercer su derecho de voto en el pleno de la Cámara de Diputados, en la discusión de los asuntos legislativos se actualizaría la afectación en el desempeño de sus funciones. En este sentido, resultan inoperantes los tres elementos que integran la conducta del conflicto de intereses para la diputada federal, por lo que en atención a lo establecido en el artículo 58 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que establece que solo actúa bajo conflicto de interés la persona servidora pública que actualice la conducta descrita anteriormente, o tenga un impedimento legal para actuar en el desempeño de sus funciones, resulta inaplicable al caso concreto. Conclusión. Derivado de los argumentos esgrimidos con anterioridad, esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, a través de la Dirección de lo Consultivo y Asesoría Jurídica, conforme a los dichos y manifestaciones referidos por la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, los cuales se toman de buena fe, relativos a expresiones que algunos legisladores han manifestado para cuestionar mi participación en la votación de la sesión del pleno de la Cámara de Diputados del día 12 de abril de 2022, donde se discutirá la iniciativa que reforma los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de energía. Se emite la presente opinión jurídica considerando que no se advierte conflicto de intereses en la participación de la diputada Zavala, en el proceso legislativo de reforma y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética, ya que, como quedó dicho, no se configuran los elementos que integran dicha conducta ilícita. Es cuanto.