El diputado José Antonio Díaz García: Con su venia, diputada Presidenta. El suscrito, diputado José Antonio Díaz García, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a su consideración la proposición con punto de acuerdo que tiene como propósito fundamental enfatizar el compromiso que todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara hemos hecho en torno a dos valores fundamentales del estado democrático de derecho, a saber: el respeto irrestricto al principio de legalidad y la plena vigencia de la cultura de la transparencia en los procesos de decisión política. Las comparecencias que, con motivo de la glosa del Primer Informe de Gobierno del presidente Felipe Calderón, se han celebrado en esta Cámara son ilustrativo ejemplo de la convicción con que todos los grupos parlamentarios exigen la vigencia de estos principios, al reclamar, entre otras cosas y con toda vehemencia, legalidad y transparencia en el manejo de recursos y programas públicos, legalidad y transparencia en la designación de funcionarios, legalidad y transparencia en el cumplimiento de las responsabilidades gubernamentales. Por lo anterior, es de primera importancia resaltar que la Subcomisión de Examen Previo, por lo menos en el caso que me interesa someter a su consideración, está violentando la legalidad y actuando contra las reglas de la transparencia sin que nadie levante la voz, por lo que es necesario reclamar su indolencia y exigir el cumplimiento puntual de las reglas jurídicas en las que se sustenta la legitimidad de la actuación de la Cámara de Diputados. Señoras diputadas y señores diputados. Es mi responsabilidad, en este órgano, hacer el señalamiento de que se está violentando el estado de derecho, puesto que desde hace más de 18 meses la Subcomisión de Examen Previo ha incumplido el mandato legal por el que debe determinar si ha lugar el procedimiento de juicio político en contra del gobernador del estado de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres. Como ustedes saben, la parte inicial de la fracción I del artículo 109 de nuestra Constitución precisa que mediante juicio político se impondrán las sanciones indicadas en el artículo 110 de la propia Constitución. Por eso, compañeras diputadas y compañeros diputados, me permito someter a su consideración el siguiente punto de acuerdo. Primero. Que para mejor proveer, la Mesa Directiva de esta honorable Cámara de Diputados turne a la Subcomisión de Examen Previo el informe prelimitar elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y remitido a esta soberanía respecto a las presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por diversas autoridades del estado de Puebla. Segundo. Que se exhorte a la Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Justicia, para que de inmediato cumplan con la obligación que les impone el inciso c) del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Tercero. Que las comisiones competentes informen a esta soberanía de las acciones que lleven a cabo en relación con el asunto a que se refiere esta proposición con punto de acuerdo. En más de 20 meses se ha incumplido con la ley, mientras en Puebla se polariza la sociedad por no saber si tiene un pobre gobernador acusado injustamente, correteado por sus propios correligionarios de la CNC, aquí en la Cámara, o se mantiene en el poder a un cínico violador de los derechos humanos. Exhorto a la Subcomisión a que resuelva. Ni cómplices ni encubridores. No hagamos a San Lázaro el patrono de la impunidad. Muchas gracias.