El diputado Juan Hugo de la Rosa García: Muy buenas tardes, compañeros diputados. Con su permiso, señor Presidente. El que suscribe, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la H. Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Interior de los Estados Unidos Mexicanos, me permito poner a consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones El acelerado desarrollo de las sociedades hecho al margen de la protección del ambiente mundial ha provocado en éste último un importante y grave deterioro, en perjuicio de la población tanto nacional como mundial. A partir del incremento poblacional y de los cambios industriales el problema de los desechos comenzó a evidenciarse en el país, ya que las concentraciones urbanas generan grandes cantidades de residuos, las cuales son depositadas en lugares públicos, barrancas, cuerpos de agua, sólo por mencionar algunos sitios. La Semarnat señala en sus indicadores básicos del desempeño ambiental de México 2005, que en los últimos 13 años se estima que la generación de residuos sólidos municipales se ha incrementado en un 57 por ciento, alcanzando las 34.6 millones de toneladas en el 2004, con un incremento promedio anual de casi un millón de toneladas. La producción y consumo de diferentes bienes por los individuos derivado del propio desarrollo, genera una gran cantidad de residuos que pueden llegar a ser, por su volumen o por sus características, sumamente riesgosos. Lo anterior se agrava aún más considerando que con el avance tecnológico los tipos de residuos comenzaron a variar. Desechos inorgánicos como plásticos, fibras textiles de carácter sintético, pilas, entre otros, son eliminados en la misma forma que los desechos orgánicos, sin que la naturaleza sea capaz de degradarlos. La Semarnat revela en los indicadores antes citados, que cuando menos una tercera parte de los residuos sólidos municipales —es decir el 33 por ciento— se disponen sin ningún tipo de control. Esta falta de sistemas adecuados para el manejo de los residuos sólidos municipales puede tener efectos graves en la salud y bienestar de la población. Sumado a lo anterior, existe el problema del manejo adecuado de los residuos peligrosos, toda vez que en nuestro país no contamos con la tecnología ni los recursos suficientes para su tratamiento y disposición final, lo cual constituye un elemento más para poner en riesgo el medio ambiente y a la salud humana. Tan es así, que en el informe más reciente del secretario de la Semarnat señala que de los ocho millones de toneladas anuales que se generan, la Semarnat sólo tiene monitoreado el 50 por ciento. Ello implica que nada más en el sexenio tendremos fuera de control absoluto un volumen de 24 millones de toneladas de residuos peligrosos más los que hayamos generado de sexenios anteriores. La propia Semarnat informa que desde 1995 hasta el 2004 se han registrado un total de 432 sitios contaminados. Los principales materiales encontrados son hidrocarburos, escorias, aceites gastados, solventes, metales pesados y residuos biológico-infecciosos. En este contexto, el 3 de octubre de 2003 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la protección del ambiente y materia de prevención y gestión integral de los residuos en el territorio nacional. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención de la generación, la valorización y la gestión integral de los residuos peligrosos de los residuos sólidos urbanos. La Ley que se aprobó por el Congreso de la Unión contiene un conjunto de preceptos que al ser adecuadamente aplicados propiciarían que tanto las autoridades como la sociedad asuman su responsabilidad en esta materia. Ya no sólo dependerá de las voluntades unilaterales que tengan en políticas públicas o de impacto social, toda vez que la ley promueve políticas públicas de Estado para garantizar el derecho humano a un medio ambiente adecuado. Sin embargo, a pesar del enorme esfuerzo realizado por el Congreso de la Unión, el Presidente de la República ha hecho caso omiso a lo dispuesto por el artículo 3, transitorio, el cual señala a la letra, que el reglamento de la presente ley deberá ser expedido en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir de la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de la Federación.