El diputado Marcos Morales Torres: Con su anuencia, diputado Presidente. Señoras y señores diputados: El que suscribe, diputado Marcos Morales Torres, perteneciente al grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LIX Legislatura de este honorable Congreso de la Unión, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a su consideración la iniciativa de adición de una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a la coordinación hacendaria entre la Federación y las entidades federativas. Señor Presidente: ante la brevedad del tiempo, solicito que el contenido íntegro de la iniciativa pueda ser incluida en el Diario de los Debates. Esta iniciativa contiene la siguiente Exposición de Motivos La materia tributaria no tiene una delimitación clara y específica en la distribución de competencias entre la Federación y las entidades federativas. La concurrencia fiscal actualmente establecida en la Constitución vigente fue trasladada directamente de la Constitución de 1857 y sigue el modelo de la Constitución de Estados Unidos de América. En México, la concurrencia fiscal no se debatió en absoluto y fue a través de la jurisprudencia que se definieron sus alcances. Así, Ignacio Vallarta, ministro de la Suprema Corte de Justicia en el siglo XIX, expresó que las facultades de la Federación y los estados en materia de impuestos eran concurrentes y no exclusivas. En este sentido, los estados podrían decretar los impuestos que creyeran convenientes sobre todos los valores que existieran en su territorio, y aun podrían decretar impuestos sobre el mismo ramo de la riqueza pública ya gravado con anterioridad por el Estado federal. La concurrencia fiscal de los estados y la Federación provocó lo que Felipe Tena Ramírez definió como anarquía fiscal porque el Gobierno Federal es fuerte y los gobiernos estatales débiles. En el siglo anterior, con el fin de armonizar la hacienda pública, el Gobierno Federal convocó a las llamadas "convenciones nacionales fiscales", y se llevaron a cabo tres convenciones: una en 1925, otra en 1933 y otra en 1947. Así, como parte de estas convenciones se hizo la reforma del 18 de enero de 1934 de la fracción X del artículo 73, que atribuyó al Congreso la facultad de legislar sobre materia eléctrica. En el rendimiento de los impuestos que el Congreso federal establezca sobre energía eléctrica, en uso de sus facultades que en materia de legislación le concede esta fracción, participarán los estados y los municipios en la proporción que las autoridades federales locales respectivas acuerden. La tercera convención, de 1947, dio como resultado entre varias propuestas la creación de un plan nacional de arbitrios, lo que es el antecedente de la coordinación fiscal. En 1948 se aprobó por el Congreso de la Unión la Ley del Impuesto sobre Ingresos Mercantiles; la novedad consistió en crear una tasa federal de 1.8 por ciento aplicable a toda la República y establecer que las entidades federativas adoptaran el mismo sistema, suprimiendo y derogando sus impuestos sobre comercio. Las entidades federativas tendrían derecho a cobrar una tasa que determinara la Legislatura local y que no excediera de 1.2 por ciento. Ambas tasas se cobrarían juntas. Para poner en práctica este sistema, el Gobierno Federal y las entidades federativas debían firmar un convenio de coordinación. Esto significó el principio del actual sistema de coordinación fiscal. La actual Ley de Coordinación Fiscal, vigente a partir del 1 de enero de 1980, consolidó el sistema de coordinación fiscal que se venía gestando desde el siglo XIX. El problema es que esta ley, de suma importancia para las finanzas públicas del país, no tiene fundamento constitucional. El Congreso de la Unión, conforme a sus facultades establecidas en el artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no tiene atribuciones para legislar sobre la coordinación fiscal. Como se aprecia, la coordinación se consolidó primero vía doctrina y jurisprudencia para, posteriormente, establecerse legalmente. Ahora se propone su inclusión en nuestro máximo ordenamiento con el fin de completar un vacío normativo. Además, esto coadyuvará al fortalecimiento del Pacto Federal. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa de decreto que adiciona una fracción al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 73. El Congreso tiene facultad... XXIX. ... n) Para expedir la ley que defina la forma de participación de Federación, estados, municipios y Distrito Federal en las contribuciones, así como la coordinación hacendaria entre ámbitos de gobierno. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente. El Presidente, diputado Manlio Fabio Beltrones Rivera: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. Tiene la palabra el señor diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 15 de la Ley General de Salud.