El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Señoras y señores representantes, celebro que la diputada Laura Itzel haya invocado una de las figuras parlamentarias más interesantes, más importantes y al mismo tiempo, menos ejercidas en nuestro régimen parlamentario. El que ella haya invocado el 93 constitucional, que se traduce en el derecho al control parlamentario, que en los regímenes de división de poderes ?aún en los sistemas presidencialistas? pueden tener los grupos de oposición. En nuestro país ese ejercicio de control parlamentario nace con las modificaciones del 74, del 77 del siglo pasado. Su práctica tiene como propósito el que el Poder Legislativo no sólo cumpla su tradicional función de hacer leyes. El Poder Legislativo en la actualidad no es ninguna fábrica de construir, de fabricar leyes simplemente, tiene otro papel fundamental, el de ser contrapeso del Poder Ejecutivo; el de ser a través de los grupos opositores el mecanismo de fiscalización, de revisión y aún de crítica parlamentaria. Es de llamar la atención que el grupo parlamentario que representa a un gobierno, de cuestionado origen, se oponga a una de las más elementales tareas del Poder Legislativo, el recabar información de lo que hacen quienes gobiernan, cómo gastan el dinero, en qué los gastan, de la honestidad con que lo hacen. Ya se dijo aquí el 17 de septiembre, el Grupo Parlamentario del PT solicitó formalmente y por escrito a Gómez Mont, una serie de información sobre los temas que aquí se han ocupado. A la fecha hay un oficio que parece ser se hizo en Oficialía de Partes, donde simplemente se enumeran una serie de copias a funcionarios de menor nivel para su respuesta. Es ése el Poder Legislativo que queremos en México, un Poder que resista o que se atenga al menosprecio del Poder Ejecutivo, por eso hoy nosotros estamos proponiendo que se nos dé respuesta puntual a algunas afirmaciones, a algunas interrogantes. Por ejemplo, en lo que se refiere a la austeridad de las finanzas públicas, la pregunta es: en dos años se han creado cerca de 54 mil puestos de alto nivel, de director de área hasta subsecretarios, ¿eso representa un gasto de 125 mil millones de pesos? ¿Esto es más de lo que se destina a la salud pública? ¿Es casi el doble del presupuesto de las universidades públicas del país? ¿No nos pueden contestar, en el Ejecutivo, a los representantes elegidos por todos los votantes de este país? Otra pregunta: una fuerte reducción basada en la eliminación de gastos suntuarios de las partidas destinadas al pago de alimentación para altos funcionarios, los gastos de publicidad, telefonía celular, oficinas alternas, arrendamientos de computadoras, vehículos, aviones, el pago de asesorías, los gastos de representación, la adquisición para funcionarios públicos, ¿podría sumar 50 mil millones de pesos? No nos pueden contestar, ¿por qué? ¿Qué ocultan? Esos son sólo botones de muestra de uno de los más elementales derechos que esta representación tiene de solicitarle al Ejecutivo. Por eso en la antesala de la aprobación de la votación de un paquete económico de leyes de Ingresos, de Presupuesto de Egresos, es lo mínimo que podemos exigirle y demandarle a un gobierno de facto. Muchas gracias.