EL C. DIPUTADO IVAN GARCIA SOLIS: Ciudadano presidente, ciudadanas y ciudadanos legisladores: en mi carácter de diputado federal a esta legislatura y en ejercicio de la facultad constitucional que me concede el artículo 71, fracción II de la Constitución y su correlativo 51, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a esta soberanía la iniciativa de reforma del artículo 4 transitorio de la Ley General de Educación, para lo cual me permito hacer la siguiente relación de motivos. El 18 de mayo de 1992, es decir, hace más de 10 años, se firmó el acuerdo nacional para la modernización de la educación básica entre el gobierno federal, los gobiernos de los 31 estados de la República y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El acuerdo se dijo entoncestuvo como uno de sus propósitos centrales el reorganizar el sistema educativo y buscar una mejor concurrencia de los tres órdenes de gobierno que tuviera como finalidad ampliar la cobertura de los servicios educativos y elevar su calidad. El acuerdo estableció convenios para que se delimitaran claramente las responsabilidades de las entidades federativas y cómo operarían el sistema de educación básica y normal. De conformidad con esos convenios a partir de entonces correspondió a los gobiernos estatales encargarse de la dirección de los establecimientos educativos, de los que estaba al cargo la Secretaría de Educación Pública. Para darle sustento legal a ese acuerdo, el gobierno federal, en 1993 promovió la transformación del marco legislativo hablamos de la Ley General de Educación, que sustituyó a la antigua Ley Federal de Educación. Este proceso de descentralización, repetimos, buscó garantizar algunas facultades y responsabilidades concurrentes entre los tres órdenes de gobierno y ello se plasmó en esa ley a que hemos hecho mención, la Ley General de Educación, del 12 de julio de 1993. Póngase atención en la fecha porque estamos por cumplir 10 años de ese fenómeno. El modelo que sustentaba esta nueva idea educativa implicaba un importante crecimiento de la inversión educativa de los estados; ese era el objetivo confeso, cosa que no ocurrió. Póngase atención en este fenómeno. Lo que buscaba ese cambio estructural de la educación no ocurrió. Por qué. Porque las crisis económicas y la situación del país, la debilidad de los estados y las regiones impidió que el gasto educativo fuera más que proporcional de cómo era antes y en cambio la federación siguió siendo la espina dorsal del sistema educativo, la garantía fundamental de que las mexicanas y los mexicanos tuviéramos una educación popular. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque implica que ese modelo, en ese sentido fracasó. Desde la firma del acuerdo y luego con la expedición de la ley los gobiernos de las entidades asumieron el control de la educación básica, todos, excepto el Distrito Federal. Por qué no. La razón fue esencialmente política y fíjense qué artículo transitorio se estableció, que es fuera de toda proporción y fuera de toda idea de republicanismo. Dice así: "El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación inicial, básica, incluyendo la indígena y especial en el propio distrito, se llevará a cabo en los términos y fecha que acuerde con la organización sindical. Subrayo, un transitorio que condiciona la aplicación de una ley al acuerdo con una entidad particular, representativa, importante, significativa, pero particular. "A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, se dijo y hasta la conclusión del proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación, corresponderán en el Distrito Federal, a la Secretaría de Educación Pública. Es decir, se hizo la transferencia en todo el sistema educativo, excepto en el Distrito Federal. "Pues como se ve, mediante este transitorio el Gobierno Federal sujetó el proceso de transferencia a la voluntad del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, de tal modo que el mencionado artículo es el único obstáculo hoy, para que los servicios educativos del D. F., pasen a manos del gobierno en esta entidad federativa. "Estamos a diez años de ese fenómeno y preguntamos si no es hora ya de corregir esta irregularidad, independientemente de que hay que hacer un análisis a fondo, una verdadera reestructuración, un verdadero cambio de la transferencia que se hizo entonces por Carlos Salinas y que continuó Zedillo y que por lo visto el gobierno actual muy campante sigue esa ruta. "Yo llamo la atención de esta Legislatura para que pongamos un alto a esa inercia dañina en que se ha constituido este proceso de transferencia y busquemos una fórmula conjunta en la que el Legislativo tenga un papel destacado para hacer un cambio de raíz. "La nación lo pide, los trabajadores de la educación lo pedimos y por supuesto la niñez y los padres de familia son destinatarios de este fenómeno y por lo tanto tienen derecho a que la situación cambie. "Hay que decir que el Distrito Federal fue avanzando, se produjo una alternancia, fue aumentando las capacidades y facultades de esta entidad federativa en esa larga lucha por conquistar la autonomía plena y en ese proceso al conquistarse el derecho de legislar, la II Legislatura, prefiero llamarle así, aquí hay compañeras y compañeros de esa legislatura, se estableció la Ley de Educación del Distrito Federal. Esta Ley es una Ley avanzada que contiene una gran cantidad de propuestas y derechos por los que se han luchado durante muchos años en el campo educativo. "Pero al Presidente Zedillo y a su Secretario de Educación no les gustó y la enviaron a controversia constitucional. "Pues bien, bien por la Corte en este caso porque la Corte resolvió el 15 de noviembre del 2001, por unanimidad "que los Poderes del Distrito Federal tienen pleno derecho a conducir su propio sistema educativo, incluida la prestación de servicios de educación superior". Y lo menciono porque estamos planteando también que la educación normal pase a manos de las autoridades del Distrito Federal. "Pues he relatado este proceso de manera lo más breve posible. Yo creo que tendremos que regresar no una sino varias veces a estudiarlo, porque la legislatura no puede ser omisa acerca de un problema tan importante. "Y yo simplemente quiero decir que hay las condiciones, hay el ánimo, hay la decisión, hay la necesidad, hay la voluntad federalista para que en esta entidad federativa donde tiene su cede el Poder Federal y donde estamos trabajando las diputadas y diputados de esta Legislatura, demos curso a esa transferencia de los servicios educativos en el Distrito Federal haciendo a un lado ese transitorio que también podría ser objetado desde el punto de vista de su constitucionalidad, pero que es mejor. En lugar de que la Corte corrija al Legislativo es mejor que el propio Legislativo, esta Legislatura, corrija a aquella otra que cometió el despropósito de condicionar a la voluntad de particulares el cumplimiento de una ley. Es decir, establecer un transitorio, que de suyo la palabra indica es para transitar, establecerlo para que no se transitara. Hay 10 años de por medio y no se ha transitado. Ahí está el resultado. Entonces con estos antecedentes y ofreciendo una disculpa, compañeras y compañeros, por el tiempo presento la siguiente propuesta: "Propuesta de Decreto "Artículo 1º. Se reforma el párrafo segundo del artículo 16 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: Artículo 16. Los servicios de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán prestados en el Distrito Federal por el gobierno de esta entidad federativa. "Artículo 2º. Se deroga el 4º Transitorio de la Ley General de Educación para quedar como sigue: 4º. Derogado. "Transitorios "1º. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Muchas gracias, diputadas y diputados. -