La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, diputado presidente. Seremos capaces de convivir en una democracia abierta con todos sus riesgos y limitaciones, el pluralismo es relativismo y el relativismo es tolerancia. En las democracias modernas no hay verdades absolutas ni partidos depositarios de esas verdades. Me permití hacer enunciar esta participación con una cita de Octavio Paz, en honor al centenario de su natalicio, y una cita muy pertinente. Presento posicionamiento a los dos dictámenes de la Comisión de Vivienda relativos a dos importantes aspectos de la Ley del Infonavit. El derecho a la vivienda digna es uno de los pilares del sistema de seguridad social, es fundamental que los trabajadores y trabajadoras, independientemente de su nivel de ingresos, tengan los apoyos necesarios para adquirir una vivienda acorde a sus necesidades. Nueva Alianza tiene como una de sus principales líneas programáticas establecer un sistema de seguridad social universal, donde el derecho a la vivienda ocupa un lugar preponderante. El derecho a la vivienda quedó consagrado en nuestra Carta Magna, en el artículo 123, desde 1983, estableciéndose que toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. Además detalla que la ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar dicho objetivo. Sin embargo, la evolución de la sociedad y sus condiciones económicas también repercuten en lo laboral, por lo que para atender estos nuevos desafíos, en noviembre de 2012 fuimos testigos y partícipes de una importante reforma laboral, la cual adecuó la ley a los tiempos actuales y al devenir social que caracteriza al México del siglo XXI. En este tenor, compañeras y compañeros legisladores, las dos reformas que hoy discutimos a la Ley de Infonavit en materia de subcontratación u outsourcing y portabilidad de cuentas individuales nos brindan la oportunidad de impulsar acciones legislativas en beneficio social para las y los trabajadores de este país. Las reformas a la Ley de Infonavit tienen la pertinencia de proteger los derechos de los trabajadores cuando laboran para distinto patrón, moderniza un derecho social y atienden una necesidad que preocupa a millones de empleados públicos y privados. Por ello en Nueva Alianza consideramos un acierto el dictamen que adiciona el artículo 29 Bis a la Ley del Infonavit, y respaldamos esta propuesta. Como se recordará, la reforma de 2012 otorgó certeza jurídica a los trabajadores del país al considerar que las empresas en donde presten sus servicios, aunque no fueran sus patrones sino subcontratistas, son responsables solidarios en materia de registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, otras prestaciones como el Fondo para Vivienda no se contemplaron, vulnerando con esto sus derechos, sus relaciones laborales y el patrimonio de sus familias. Atender esa problemática es un imperativo categórico si es que queremos mejorar las condiciones sociales y laborales de los trabajadores del país. Respecto al dictamen relativo a la minuta que reforma el artículo 43 Ter de la misma Ley, trata el tema de las cuentas individuales de vivienda y busca solucionar un problema creciente, que es el de la rigidez en el manejo de los fondos de vivienda. Esta situación vulnera los derechos de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras, específicamente en el uso de sus aportaciones acumuladas en la subcuenta de vivienda para la adquisición y/o pago de créditos hipotecarios, porque ante cualquier cambio de régimen laboral tiene problemas para trasladar dichas subcuentas de vivienda. Este dictamen fortalece la capacidad operativa del Infonavit al dotarle de la facultad para celebrar convenios con otras instituciones de seguridad social, para la transferencia de los recursos acumulados en las subcuentas de vivienda de los trabajadores cuando éstos cambien de sistema por cuestiones laborales o de contratación, además, brinda a los trabajadores la garantía de que seguirán contando con la protección social de su fondo de vivienda gracias a la portabilidad de sus recursos, que podrán ejercer para la adquisición de vivienda. En términos concretos, con esa reforma, si un trabajador de la iniciativa privada que cotiza en Infonavit migra a otro empleo en el sector público y ahora cotice en el ISSSTE, ése trabajador tendrá certeza jurídica y protección social para que su subcuenta de vivienda se transfiera de un instituto a otro. Estimadas compañeras diputadas y compañeros diputados, con la reforma laboral el 2012 dimos un paso adelante en la necesidad de flexibilizar las relaciones laborales, con la idea de hacer más competitiva la economía y generar más y mejores empleos, cosa que a más de un año de instancia no ha ocurrido. Sin embargo, debemos corregir todos los efectos negativos de esa reforma, sobre todo, cuando vulneran los derechos de seguridad social de los trabajadores y trabajadoras, que son fundamentales para darle base social a nuestra democracia, por ello estamos a favor de los dos dictámenes a discusión. Es cuanto, señor presidente, y gracias por su atención.