El diputado José Suárez del Real y Aguilera: Con su venia señora Presidenta. A nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior, me permito presentar ante esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo a tenor de las siguientes consideraciones: De conformidad al análisis inserto en la página Web de la Procuraduría General de la República, esta instancia concluye que, cuando el transcurso del tiempo la delincuencia común llega a tal extremo de evolución o perfeccionamiento o cuando establece líneas especiales de operación, basadas en un sistema complejo similar al empresarial bien estructurado en su comisión, o cuando persigue a través de determinadas acciones violentas la búsqueda del poder ya sea económico, social o gubernamental, es cuando podemos afirmar, sin lugar a dudas, que nos encontramos frente a un caso de delincuencia organizada. Dicha conclusión sustenta la definición adoptada por la ley en la materia, la cual califica el actuar de la delincuencia organizada como de tipo penal básico y de conformidad a lo estipulado por el artículo segundo, prevé como tipos penalmente relevantes las siguientes acciones: la acreditación de un acuerdo entre los integrantes del grupo delictivo a efecto de organizarse, con la finalidad de realizar los delitos que se consideran como de delincuencia organizada o la acreditación de la integración del grupo delictivo que obedece a una organización, cuyo objetivo estriba en la comisión de manera permanente o reiterada de conductas que, unidas o separadas, tengan como finalidad o resultado, cometer algunos de los delitos que se consideran como de delincuencia organizada. En este contexto, se señala al terrorismo, a los delitos contra la salud, a los delitos de operación económica efectuada con recursos de procedencia ilícita, al acopio y tráfico de armas, al tráfico de indocumentados, de menores, y su consecuencia al turismo sexual, para facilitar la condenable pederastia de órganos, secuestros, .asaltos, robo de vehículos, como manifestaciones de este terrible fenómeno que aqueja a la sociedad mexicana. Sustentados en los datos que sobre la delincuencia organizada ha hecho públicos la Procuraduría, correspondientes al lapso del primero de diciembre al ocho de febrero de este año, se han detenido a 15 capos, 51 cerebros financieros, 340 lugartenientes, 189 sicarios, sin embargo, y coincidiendo con el fondo de la advertencia emitida el pasado día 14 por el representante de los Estados Unidos de Norteamérica, la ola de violencia y su alto grado de sadismo no ha disminuido, por el contrario, tan sólo para confirmar lo dicho, baste recordar el patético y sádico suceso registrado el pasado seis de septiembre en el municipio de Uruapan, Much., en donde de acuerdo a las diversas versiones periodísticas, un comando armado irrumpió en un centro nocturno y tras amagar a la concurrencia, arrojó cinco cabezas de personas ejecutadas junto a las cuales se colocó una cartulina con la amenaza de que la ola de violencia continuará sin descanso. Tan sólo en Michoacán se han registrado 201 ejecuciones. Asimismo la guerra del narco en el primer semestre, ha arrojado 400 homicidios en Guerrero, 302 muertes violentas en Sinaloa, 212 en Baja California, 154 en Tamaulipas, 35 en Nuevo León y en total se suman 1,407 asesinatos hasta fines de agosto del presente año. Ante la gravedad de este flagelo, es evidente que legisladoras y legisladores, sin distingo alguno, fortalezcamos la exigencia de nuestros representados, a efecto de garantizar la seguridad de nuestra gente y de nuestras entidades. Por ello nos prometemos someter a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente punto de urgente y obvia resolución Único. Se exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que en el ámbito de su competencia y a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad Pública federal y en coordinación y concurrencia con las instancias estatales correspondientes, se instrumenten las acciones pertinentes a fin de prevenir y combatir a la delincuencia organizada, a efecto de frenar la ola de violencia y ejecuciones que aquejan a la sociedad mexicana. De igual forma se exhorta a las dependencias federales señaladas, informen en un plazo de 30 días naturales, sobre los programas, los mecanismos de coordinación y las acciones desplegadas durante el lapso propuesto, para combatir a la delincuencia organizada. Es cuanto, señora Presidenta.