La diputada Patricia Terrazas Baca: Gracias. Diputadas y diputados, buenas tardes nuevamente. Si hablamos de la reforma al artículo 32-A del Código Fiscal de la Federación o 52 de su Reglamento, seguramente no les dice nada a muchos de ustedes, pero a mis colegas y a mí es un atentado contra nuestra preparación profesional y nuestra ética. La reforma al artículo 32-A del Código: Se reincorpora la obligación de dictaminar fiscalmente por contador público autorizado por el SAT. Autorizado por el SAT. ¿A quién le autoriza el SAT que dictamine? Todos los que hemos reunido los requisitos de inscripción, de preparación, de certificación, de experiencia, estar al corriente de nuestras obligaciones fiscales. Ayer aquí, en esta tribuna, se dijo que mostráramos nuestra constancia de obligaciones fiscales. Lo mío está en la plataforma del SAT y es totalmente transparente, porque yo dictamino desde 1994 para efectos fiscales. Tengo que estar colegiada, mantener mi actualización vigente porque tengo que tener, cuando menos, 70 horas de preparación al año y manifestar de forma escrita que no he participado en la comisión de un delito de carácter fiscal. Tenemos que estar permanentemente localizados para que la autoridad pueda requerirnos en el momento que ella lo desee. Es por eso que la modificación al artículo 32 A me parece un atentado, porque si nosotros, como dictaminadores, no damos fe a la autoridad de que se está cometiendo un delito por parte de nuestros clientes, estamos cayendo en un delito fiscal. Créanme que es lo que nosotros nada más tenemos la obligación de presentarle a la autoridad nuestras observaciones, las observaciones que de manera profesional y con preparación hacemos de nuestros clientes que nos han pedido el estar al corriente de sus obligaciones fiscales. El dictamen obliga al contribuyente a dictaminarse, pero a nosotros, como dictaminadores, no nos obligaría a ser responsables del encubrimiento de un delito fiscal, de acuerdo al artículo 91 y 96 del Código Fiscal de la Federación, con las consecuencias fiscales correspondientes, por ello, en principio es un acierto que se reincorpore al marco tributario la obligación para dictaminarse, toda vez que por medio de esta herramienta los contribuyentes tienen la primera opinión sobre su situación fiscal, la cual no está exenta de pasar por la lupa del órgano fiscalizador. Es un dictamen de un profesional, pero la autoridad tiene toda la autoridad para revisarlo, sin embargo, es inadecuado que se establezca que el dictaminador será responsable del encubrimiento de un delito cuando no dé aviso a la autoridad de una conducta que hubiera conocido en el desempeño de su encargo, pues esto resulta violatorio para el contribuyente del principio de no autoincriminación en materia penal. Lo anterior y en la medida de que el contribuyente tiene la obligación de dictaminarse y la personas que estará haciendo el dictamen tiene la obligación de denunciar los hechos que puedan ser constitutivos de delito, so pena de ser responsable de encubrimiento, violando este derecho fundamental que ha sido reconocido reiteradamente en materia penal. Adicionalmente el incorporar responsabilidad penal por encubrimiento para el auditor, afectará sustancialmente su objetividad e imparcialidad, las cuales son fundamentales con base en la regulación prevista en el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento. Además de hacerlos responsables de actos realizados por un tercero, es quien realizó el acto, nosotros solo somos dictaminadores, siendo el auditor que no puede ni debe tener injerencia en la toma de decisiones de las empresas. Por eso les pido, compañeras diputadas y diputados que me acompañen en esta reserva encaminada a seguir trabajando en la sociedad civil y que el contador público no posee el perfil y que tiene el conocimiento y las habilidades para realizar un trabajo profesional. Les pido que me acompañen en esta reserva.