El diputado Mauricio Ortiz Proal: Con su permiso, Presidenta. Honorable Asamblea. El que suscribe diputado federal de la LX Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos me permito presentar a la consideración de esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Uno de los principales valores que debe de resguardar la función judicial en cualquiera de sus ámbitos es el respeto a los principios generales del derecho que rigen en materia procesal. Entre estos principios destaca por su importancia el de publicidad. La transparencia en el quehacer de los jueces es indispensable para que exista claridad y certeza en torno a su respetable actuación. La dignidad de la función jurisdiccional exige de una conducta clara y absolutamente ajena a cualquier clase de opacidad, más aún en la materia electoral, en la que se dirimen controversias de índole jurídica de la mayor importancia y trascendencia para la nación, algunas relacionadas con los derechos fundamentales político-electorales de los ciudadanos y otras con los diferendos relativos a los partidos políticos que son, como señala nuestra Carta Magna, entidades de interés público. Es necesario denunciar que en la actualidad existe una lamentable falta de apego a lo dispuesto por la ley en relación con este tema, ya que con absoluta precisión la propia Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación señala en su artículo 185, refiriéndose al trabajo de las salas del Tribunal Electoral, que sus sesiones de resolución jurisdiccional serán públicas. Asimismo, en concordancia con lo ya referido, el artículo 24 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral confirma el deber que tienen los magistrados de sesionar públicamente cuando se trate de emitir resoluciones. Dicho precepto señala a la letra: "Las salas del Tribunal Electoral dictarán sus sentencias en sesión pública, de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento Interno del propio Tribunal". La ley no autoriza expresamente la realización de sesiones privadas, es más, simplemente no las prevé; sin embargo, existen y en ellas se votan resoluciones jurisdiccionales en franca contravención de la Ley. No cuestiono el derecho e incluso la necesidad que tienen los magistrados de trabajar en el estudio de asuntos fuera de sesión, todo lo que se requiera, pero es absurdo ver que los promoventes deambulen por los pasillos del Tribunal indagando —como si se tratara de algo prohibido— sobre las resoluciones que se acuerdan en las llamadas sesiones previas o privadas, que más bien parecen a veces sesiones secretas. Con la mejor buena fe de la que soy capaz, yo me pregunto, ¿qué será lo que tienen que deliberar los magistrados en privado? Esa práctica es un penosísimo resabio que debe de ser eliminado de manera definitiva. Compañeras y compañeros diputados. Por respeto a un principio elemental de transparencia y de certeza, todas las sesiones de las salas superior y regionales del Tribunal Electoral deben ser públicas. No existe una sola razón que justifique que esto deba tener otro sentido. Siendo tan clara la disposición que el Poder Legislativo les ha dado a los magistrados electorales, por qué razón no se ha respetado este principio del derecho. Es paradójico que el juzgador no siga las indicaciones de la ley, pero más aún lo es cuando ha sido el Tribunal Electoral uno de los órganos jurisdiccionales que mayor empeño ha puesto en respetar los principios constitucionales por encima de todo, siguiendo las tesis del garantismo jurídico. Por todo lo señalado, la presente iniciativa propone adecuar el marco jurídico que ya previene la publicidad de las sesiones de resolución en las salas del Tribunal Electoral para que, en lo sucesivo, si es que la soberanía de este Honorable Congreso de la Unión lo aprueba, todas las sesiones del citado Tribunal, sin excepción, se realicen de manera pública para que los magistrados trabajen de cara a la ciudadanía y a los partidos políticos, para que se consolide nuestra democracia y para que prive la transparencia en la resolución de las controversias electorales. Por lo anteriormente expuesto y con base en la facultad que me concede el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter, por su conducto, a la consideración de esta soberanía para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Artículo 1º. Se reforma el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: Artículo 185. "El Tribunal Electoral funcionará con una sala superior y con cinco salas regionales. Todas sus sesiones serán públicas". Artículo 2º. Se reforma el párrafo dos del artículo 24 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para quedar como sigue: Artículo 24, párrafo segundo. "Todas las sesiones de las salas del Tribunal Electoral serán públicas y se desarrollarán de conformidad con lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Reglamento Interno del propio Tribunal, así como las reglas y procedimientos siguientes: Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo establecido en el presente decreto. Tercero. Las áreas competentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación adecuarán su normatividad interna para implementar las medidas derivadas del presente decreto, dentro de los 45 días siguientes a su entrada en vigor". Por su atención, gracias.