El diputado Pedro Montalvo Gómez: Con su permiso, Presidenta. Han transcurrido 44 días desde que la mañana del domingo 25 de febrero del presente año fue hallada moribunda en la comunidad de Tetlanzingo, del municipio de Soledad Atzompa, en la sierra de Zongolica, Veracruz, distrito al que respetuosamente represento, la señora Ernestina Ascensión Rosario siendo trasladada al hospital de Río Blanco, en donde falleció al día siguiente, 26 de febrero del año en curso. Durante este período, sin duda la justicia ha sido puesta a prueba. La gravedad de este hecho ha llamado la atención local y nacional, convirtiéndose en un asunto que conmocionó al país entero, constituyendo un clamor generalizado la demanda de justicia expedita y clara para que se deslinden las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, a contracorriente de la necesidad de certeza jurídica, este lamentable suceso ha desbordado cauces institucionales convirtiéndose en un escenario de supuestos excesos de declaraciones e inclusive ejercicio extra limitado de facultades que lejos de aclarar la situación y darle tranquilidad a la población acerca del debido funcionamiento de los órganos de procuración de justicia, han polarizado acerca del debido funcionamiento de los órganos de procuración de justicia y necesariamente un problema para el cual la ley tiene su curso adecuado. Recordemos que tras el hallazgo de la señora Ascensión, la Procuraduría de Veracruz abrió una investigación en la agencia especializada en delitos sexuales en Ciudad Mendoza. La Procuraduría del Estado, de Veracruz ha tenido como imperativo concluir una averiguación profesional y profunda antes de emitir determinaciones, decisiones finales o resoluciones que pudieran ser materia de duda o cuestionamiento. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió visitadores a la zona y anunció la investigación de las denuncias de los familiares de la fallecida y de diversos organismos civiles de derechos humanos. Sin esperar al término de las investigaciones judiciales, a los pocos días el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes, ofrece información en donde emite conclusiones terminantes sobre las razones del deceso de la víctima contenidas en un documento llamado Informe Final, aduciendo razones propias de un médico legista. Ante la reacción nacional, el primer visitador de dicha Comisión ha emprendido un esfuerzo mediático para negar lo afirmado por el titular llegando a asegurar que sólo se leyeron los resultados de las dos necropsias y el primer dictamen médico. El apresuramiento de la Comisión y sus contradicciones han motivado fuertes dudas sobre su desempeño, contraviniendo el trabajo de muchos años de la misma para acreditar su seriedad y profesionalismo, que le ha ganado la confianza ciudadana, generando el cumplimiento con el espíritu del Constituyente Permanente que reformó el artículo 102 de nuestra Carta Magna y crea el Ombudsman que insertó a México en las tendencias modernizadoras de las democracias que salvaguardan los derechos humanos. Todo este esfuerzo está hoy en tela de duda por una actuación que causa sorpresa y que es atípica. Esta situación requiere explicaciones tanto para los familiares de la señora Ernestina que en paz descanse, para el pueblo de México, así como para esta representación nacional. Es preciso fortalecer la legalidad y la certeza, al tiempo que se garantiza el respeto y la credibilidad en nuestras instituciones fundamentales. Por ello, mi grupo parlamentario considera que el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos se extralimitó gravemente en sus facultades. Recordemos que el artículo 21 constitucional atribuye sólo al Ministerio Público la investigación de los delitos y la misma delegación jurídica realiza las constituciones locales en sus propios ministerios públicos. Por lo anterior, dada la seriedad de esta situación, nos parece necesario que esta representación popular intervenga, con el afán de restablecer la certeza jurídica en dos sentidos. Por un lado, citando a comparecer al titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que explique su actuación y las razones de las conclusiones que dio a conocer públicamente. En segundo lugar, para solicitar que en los términos, se proponga incorporar como coadyuvante ante el Ministerio Público, a un diputado por cada grupo parlamentario representado en este Congreso para el caso en comento. Muchas gracias.