El diputado Juan Carlos Natale López: En el 2021 la Corte declaró inconstitucional el artículo 10 Bis de la Ley General de Salud, un párrafo que introducía la objeción de conciencia, por lo que era necesario reconocer este derecho y que es personal, pero no se puede dejar desprotegidos a los demás. Se declaró la invalidez porque la objeción de conciencia no es una restricción del derecho a la salud, sino una forma de materialización del derecho de libertad religiosa, ideológica y de conciencia. Es importante señalar que la libertad de conciencia, de religión y las objeciones de conciencia son tres conceptos distintos que sin embargo se encuentran íntimamente ligados y forman parte de un sistema de derechos que se entrelazan y dan sustento a la interculturalidad y diversidad de cosmovisiones que protege nuestra Constitución. Es aquí donde se hace presente la figura jurídica denominada objeción de conciencia y que ha sido concebida en términos generales como el rechazo de una persona por motivos de conciencia a someterse a una conducta que, en principio, sería jurídicamente exigible. Sin embargo, la objeción de conciencia por ninguna circunstancia puede tener como resultado la denegación de los servicios de salud a las personas que acuden a las instituciones públicas o privadas, y tampoco puede ser válida para los casos en que la negativa o postergación del servicio implique un riesgo para la salud, ni cuando pueda producir daños a la salud, secuelas o discapacidades de cualquiera forma. Nuestro marco normativo reconoce de manera irrestricta el acceso al más alto nivel posible de salud. En este orden de ideas, no se pueden anteponer creencias personales, religiosas o morales en la prestación de servicios de salud previstos en la ley, en concordancia con el artículo 40 constitucional y en que México, como un país, se reconoce que es laico, al igual que sus instituciones. Hoy en día la objeción de conciencia está deficientemente redactada, pues no armoniza la protección de los derechos humanos, tanto del personal médico y sanitario como de las personas titulares del derecho a la salud, vulnerando al derecho a la protección de la salud de las mexicanas y mexicanos por distintos factores, entre ellos las convicciones religiosas e ideológicas de las personas que se han negado a prestarles una adecuada atención sanitaria. En este orden de ideas es de gran relevancia el dictamen que hoy discutimos, ya que reúne los elementos mínimos a considerar en la regulación de objeción de conciencia señalados en el documento de engrose de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia. Además de establecer un marco normativo que impida al ejercicio de la libertad de conciencia y las objeciones que de ella deriven, más aun si con base en ellas se pretende desconocer los principios fundamentales del Estado mexicano, entre los que se encuentra la garantía irrestricta de acceso universal a los servicios de salud, ya que el Estado tiene la obligación positiva consistente en adoptar, sin discriminación alguna, todas las medidas posibles hasta el máximo de los recursos que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad del derecho de protección de la salud. Ahora bien, es de esta legislatura generar un marco normativo, es su deber que contemple la objeción de conciencia como la materialización del derecho humano contenido en el artículo 24 constitucional, pero a la vez, observando el derecho humano a la salud, previsto en el artículo 4o. de la ley fundamental. De tal suerte que tal circunstancia evidencia la necesidad de garantizar la coexistencia de los dos derechos fundamentales desde un plano de simetría constitucional, en donde se establezca de manera clara y concreta la garantía de ejercicio de cada uno de estos derechos fundamentales. Por lo anterior, y concluyo, el Partido Verde votará a favor del dictamen de la Comisión de Salud, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud. Muchas gracias.