EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL YUNES LINARES: Honorable asamblea: un grupo de diputados federales militantes del Partido Revolucionario Institucional, comprometidos con las reformas que requiere México, hemos trabajado en la elaboración de una iniciativa para la revisión y, en su caso, reforma integral del título cuarto de la Constitución y al artículo 61 de la misma en materia de responsabilidad de servidores públicos. Sostenemos que el avance democrático del país pasa necesariamente por la revisión de las normas que precisan los principios y valores a que debe sujetarse la actuación de los servidores públicos, así como de las leyes que regulan sus responsabilidades y determinan las guías para sancionarlos cuando incurren en una falta política administrativa o penal. La reforma que impulsamos asume que los servidores públicos tenemos un compromiso mayor con la sociedad y que nuestro actuar debe ser ejemplar. Sostenemos también que la transición democrática se ha visto afectada por los abusos y la imposibilidad de sancionarlos en razón de una normatividad limitada y deficiente y que la misma es aplicada por órganos que no atienden sólo a lo jurídico sino fundamentalmente a lo político. Es necesario, pues, modificar la ley para contribuir a transformar la realidad. Por ello proponemos una revisión integral al título cuarto de la Constitución en lo relativo a responsabilidad de los servidores públicos y a los procedimientos para sancionarlos, en caso de que se aparten de los principios y vulneren las normas que deben regular su actividad. Hace más de dos décadas que se reformó de manera integral este título. Hoy es necesaria una nueva revisión de este apartado fundamental de nuestra carta magna para precisar el compromiso de los servidores públicos con los principios y valores. Por ello se hace explícita en la iniciativa de reforma la obligación de los servidores públicos de desempeñar su función apegándose a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia y se agrega el de equidad, que debe ser también norma sustantiva de su actuar. La violación o el no apego a estos principios debe generar necesariamente una sanción, sin afectar la función de los órganos constitucionales. La protección constitucional a quienes tienen a su cargo estas funciones está hoy en el debate público. Es incontrastable que algunas de las instituciones vigentes han perdido credibilidad y prestigio y aún más la sociedad les da una connotación negativa. Es el caso del fuero constitucional que protege a los servidores de alto rango y en particular a los legisladores. El abuso y deformación de esta figura, indispensable sin duda para garantizar la integración y la autonomía del Parlamento, ha llevado a los ciudadanos a darle una valoración negativa y en muchas ocasiones de rechazo. La confusión entre inviolabilidad y fuero, entre libertad plena de expresión y de voto de los parlamentarios y protección constitucional para que sólo se proceda en su contra previa autorización de esta Cámara afecta a ambas figuras constitucionales, por lo que es indispensable diferenciarlas para prestigiarlas. En todo caso, el interés del Parlamento es su autonomía y la plena libertad de sus integrantes, su inviolabilidad, pero también debe interesarle la aplicación expedita y oportuna de la ley cuando alguno de ellos la quebrante. El fuero no debe ser un obstáculo político insalvable para que la autoridad proceda en contra de quien presuntamente actuó fuera de la ley y cometió un delito. En todo caso, conviene al prestigio del propio Parlamento un actuar eficaz de la autoridad, en la medida en que no afecte las facultades constitucionales del órgano legislativo o su propia integración. Es igualmente inconcuso que los procedimientos de desafuero ante este órgano legislativo necesariamente están condicionados por razones de carácter partidista y atienden a motivaciones que no siempre son las estrictamente legales. Por ello se propone que sea un órgano ajeno el que analice la procedencia del desafuero desde una perspectiva estrictamente jurídica y que, en el caso del Congreso, las cámaras conserven una potestad final para actuar cuando se pudiera afectar su integridad. Así, esta facultad quedaría en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que, previa querella de la Procuraduría General de la República y respetando la garantía de audiencia del inculpado y las reglas del debido proceso, emitiría una declaratoria analizando la existencia del delito, la probable responsabilidad del imputado así como la subsistencia del fuero constitucional cuya remoción se solicita, que son los mismos elementos jurídicos que analizan los órganos instructores de esta Cámara en los procesos de desafuero. Este procedimiento estrictamente jurídico, desarrollado ante un órgano jurisdiccional en un lapso no mayor de 30 días, generaría certidumbre y la plena convicción de imparcialidad. Se propone también en la iniciativa, precisar en la Constitución que cuando el servidor público goce de licencia, no se requerirá declaratoria de desafuero para proceder en su contra. Se presenta también una propuesta de adición al artículo 61 para abrir la posibilidad de que un legislador sea detenido si comete un delito grave y es sorprendido en flagrancia. Igualmente se plantea precisar el lapso en que tiene vigencia la protección del fuero en el caso de los legisladores y al efecto se propone que éste se inicie desde el momento en que se expidan las correspondientes constancias de mayoría y validez o de asignación que les acrediten como tales. En el caso de la responsabilidad penal del Presidente, se propone precisar que podrá ser encausado por traición a la patria y delitos graves del orden federal y del orden común para resolver el debate constitucional al respecto. Se plantea también cambiar el proceso para la aplicación de sanciones penales de tal manera que éste no continúe a cargo de las Cámaras del Congreso, sino pase al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el que al recibir la querella correspondiente, analizaría la procedencia de la misma y en su caso continuaría la tramitación del juicio hasta concluirlo. El método de sustitución propuesto abre la posibilidad de que el Presidente del Senado de la República asuma el cargo de Presidente de la República mientras el Congreso hace uso de sus facultades de sustitución. En cuanto al juicio político, se mantiene la potestad del Congreso para actuar como órgano de acusación y sentencia y se incorpora la posibilidad de instaurarlo contra el Presidente de la República, en el caso de que sus actos atenten de manera reiterada contra la Constitución, la soberanía nacional, la seguridad interna del país, el libre ejercicio de las facultades constitucionales de los demás poderes y el ejercicio de los derechos políticos individuales y sociales. Con lo anterior nuestro país dejaría atrás una de las últimas expresiones del presidencialismo omnímodo para asumir que el Ejecutivo puede equivocarse y que su actuación negativa puede ser sometida a juicio por la representación nacional al extremo de poder removerlo del cargo. En prácticamente todos los países democráticos con régimen presidencial, existe esta figura. En caso de remoción sería sustituido temporalmente por el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta en tanto el Congreso no hace uso de las facultades establecidas en los artículos 84 y 85. Para prestigiar la política y dar esperanza a los ciudadanos, es preciso fortalecer valores, recuperar principios y apegar la conducta de todos a la legalidad. Los fenómenos de corrupción, de abuso del fuero, la exposición pública de la arbitrariedad y la impunidad, han lastimado gravemente a la política. Hay una severa exigencia social en la dirección de asumir el servicio público como tal, alejado de visiones patrimonialistas y corruptas. Se exige apego a la ley y transparencia, en particular, en lo que se refiere a las cuestiones patrimoniales. Por esta razón en la iniciativa se propone precisar a nivel constitucional la obligación de los servidores públicos de presentar una declaración patrimonial juramentada como requisito previo para tomar posesión del cargo. Esta declaración contendría dos elementos adicionales: Sería pública y contendría la autorización expresa para dejar sin efecto el secreto bancario, fiduciario o fiscal que protege los bienes y derechos del declarante. Hay también un severo reclamo social contra la confusión y el conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública. Por ello se propone regular en un artículo un régimen de incompatibilidades, de tal manera que el servidor público no pueda desempeñar otro cargo o empleo público o privado incompatibles ni gestionar en nombre propio o ajeno ante las entidades de la administración pública asuntos en los que tenga directa o indirectamente interés económico. Se plantea considerar como causal de juicio político y por tanto de destitución del cargo el incurrir en alguna de estas conductas. Se propone adicionalmente hacer más estricto el régimen de sanciones, de tal manera que cuando se afecte intencionalmente el patrimonio del Estado los plazos de prescripción se dupliquen y no proceda ni el indulto ni la amnistía ni la conmutación de la pena. Termino, señor Presidente. -