El diputado Luis Olvera Correa: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece con claridad el carácter mixto de nuestra economía al señalar que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que, mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Aunado a lo anterior, nuestra ley fundamental establece que al desarrollo económico nacional concurrirán con responsabilidad social el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la nación. Acorde con el párrafo sexto de la Carta Magna, donde se establece que la ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores y en general de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. El legislador expidió la Ley de Economía Social y Solidaria, la cual si bien es cierto que ha tenido una enorme utilidad en la regulación del referido sector, también presentaba diversos vacíos legales que impedían establecer condiciones propicias para su fomento, impulso y expansión del sector social. De esta forma y tomando en cuenta la opinión y experiencia de expertos en la materia y de cooperativistas que se han distinguido por su éxito, es que esta Cámara se dedicó a legislar con la finalidad de implementar alternativas reales para los organismos del sector, impulsando el fomento, la democratización de la productividad y el empleo mediante la transformación de la normativa vigente de una estructura rígida por una cuyo objeto fundamental sea el desarrollo en beneficio de las y los mexicanos. El resultado de esta actividad es el dictamen que ahora se sujeta a nuestra consideración y respecto del cual el Grupo Parlamentario del PRI se manifiesta a favor, toda vez que ofrece alternativas que permitirán el fortalecimiento del multicitado sector. Afirmamos lo anterior toda vez que se procura dar viabilidad administrativa y operativa al Instituto Nacional de la Economía Social, así como también porque se actualizan y derogan aquellas disposiciones que obstruyen el proceso de fomento al sector social de la economía, ya sea mediante la existencia de organismos burocráticos y onerosos, o bien, mediante disposiciones que establecen una injerencia del Estado en la vida interna de los organismos del sector social. Asimismo, compartimos la idea de establecer que los organismos de representación puedan agruparse con el propósito de orientar procesos de desarrollo del movimiento y unificar acciones de defensa y representación nacional o internacional. Asimismo, coincidimos con la intención expresada en el dictamen de incluir en la ley conceptos tales como generación de nuevas fuentes de trabajo, creatividad, innovación y productividad, ya que con tales adiciones se revalora el papel estratégico que pueden desempeñar los organismos del sector social, de la economía, en contextos de crisis económica y alta volatilidad de los mercados financieros, siendo semilleros de trabajo y generadores de cohesión social. Aceptamos también la pretensión de otorgar certeza y seguridad a la organización y funcionamiento del Instituto Nacional de Economía Social, el cual será normado en términos del acuerdo que al respecto emita la Secretaría de Economía, a efecto de agilizar las acciones del fomento al sector social de la economía. Una parte importante del dictamen que celebramos los diputados de nuestro partido, es la modificación planteada al artículo 46 de la ley a efecto de que el Instituto Nacional de Economía Social pueda elaborar programas que atiendan a sectores específicos y regiones concretas, tal es el caso de grupos vulnerables y/o zonas deprimidas o en condiciones de pobreza. Con las modificaciones que ahora se aprueban, señala el dictamen, y lo reiteramos en nuestro momento termino, señor presidente habremos dado un paso importante a fin de repetir las prácticas de algunos de los países donde el sector social de la economía juega un papel estratégico en el crecimiento económico con inclusión social. Por todo su apoyo y su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.