La diputada María Marcela Torres Peimbert: Muchas gracias. Compañeras, compañeros, parafraseando a Gandhi: Una sociedad debe ser juzgada por cómo trata a sus niñas y niños. Esta iniciativa además de presentarla a título personal, la presento a nombre de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios aquí representados, quienes con su apoyo hoy demuestran su compromiso con el sano desarrollo del futuro de México, nuestras niñas, niños y adolescentes. El 4 de diciembre de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, una norma que desarrolló los derechos reconocidos internacional y nacionalmente a los menores. Sin embargo, como ocurre con todas las leyes en nuestro país, la aplicación en la vida cotidiana se sobrepone a las previsiones de los legisladores y esta no es la excepción. Hemos visto que después de la implementación de la ley aún hay realidades sociales que no han cambiado, en esta ocasión me referiré especialmente al acceso de las niñas, niños y adolescentes a sus derechos alimentarios, pues si bien es cierto que en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar este objetivo, en la realidad no lo hemos logrado. Por falta de datos oficiales es la organización de la sociedad civil Mamás en Acción, que preside la periodista y activista Julieta Lujambio, que se encuentra el día de hoy aquí acompañándonos, a quien agradezco su apoyo para la presentación de esta iniciativa, nos revela que solo 8 de cada 10 deudores alimentarios, que 8 de cada 10 deudores alimentarios no cumplen con el pago de pensión alimenticia. Esto es, solo 2 de 10 sí cumplen, lo cual deja desprotegida a nuestra niñez, pero, además tienen una connotación que vulnera a nosotras las mujeres. Recordemos que de acuerdo al Inegi, una de cada tres familias en México es monoparental, solo con mamá, el 30 por ciento de las mujeres mexicanas son madres solteras y no reciben pensión alimenticia. No podemos permitir que esto siga sucediendo, de nada sirve que exista el reconocimiento legal de una obligación si no hay elementos que garanticen su cumplimiento. A nivel internacional, países como Argentina, Perú, Uruguay garantizan, igual que en México, el derecho alimentario a niñas y niños, pero dan un paso más allá y tienen mecanismos legales para obligar a que se cumpla con este derecho. Por eso hoy presentamos esta iniciativa integral, que pretende solucionar el incumplimiento de las obligaciones alimenticias. Se creará el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias como un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación con el objetivo de registrar información veraz, que ahora no tenemos, acerca de quiénes son los deudores, quiénes son los acreedores alimentarios, la cuantía de la pensión, y lo más importante, el estado de cumplimiento de esta obligación. El Registro será público, cuidando la protección de los datos personales Se hará una distinción entre los deudores puntuales y los morosos. Y se prevé solicitar la constancia de no inscripción, o en su caso, de ser un deudor alimentario puntual como requisito para obtener un crédito bancario, una contratación en alguna empresa, el ser candidatos a cargos de elección popular o ser jueces y magistrados. Además, se informará al momento del matrimonio si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en ese Registro. Esta iniciativa también pretende resolver la carga de la prueba que recae en los acreedores alimentarios, y por lo cual millones de mujeres mexicanas se ven en la difícil decisión de optar por seguir manteniendo a sus hijos solas o pagar largos y costosos juicios para comprobar que el padre no cumple con su primera obligación, la alimentación de sus hijas e hijos. En algunas entidades federativas se llevan a cabo intentos exitosos para garantizar los derechos alimentarios, pero eso no es suficiente. Es urgente que en todo el país exista la misma armonización normativa, pues, aunque parezca increíble, basta con cambiarse de estado para evadir la obligación de alimentar a sus hijas e hijos. Es importante señalar que las instituciones crediticias tendrán acceso a la información del Registro para determinar el otorgamiento de créditos. México cuenta con instrumentos jurídicos acordes con los compromisos internacionales que se han generado en materia de protección de los derechos de la infancia. Sin embargo, el camino para asegurar el cumplimiento de estos derechos aun no se cumple a cabalidad. Este proyecto constituye un esfuerzo del Poder Legislativo, de los distintos grupos parlamentarios aquí representados, de la sociedad civil, en especial de la Red por los Derechos de la Infancia en México, la Redim, un colectivo con 70 organizaciones de la sociedad civil, especializadas en derechos de la infancia y de Mamás en Acción, encabezadas por Julieta Lujambio, para introducir en la ley el reconocimiento y garantía de los derechos alimentarios. El anhelo de todos aquellos quienes integramos este Congreso, es lograr que México tenga un mayor desarrollo y mejor desarrollo económico y abatir la lacerante brecha que hay entre unos y otros. Comencemos por el principio, eliminemos la distancia entre las y los mexicanos desde la infancia garantizando que no haya niñas y niños abandonados, sin oportunidades equitativas de estudio y de desarrollo y de acceso a una infancia digna. Si mañana juzgan a nuestra sociedad, que digan que nosotras y nosotros sí cuidamos y defendimos a nuestras niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, compañeras.