La diputada Rocío Barrera Badillo: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, después de largas y fructíferas reuniones de intocables e incansables debates con académicos, especialistas, víctimas y representantes de organizaciones de la sociedad civil, ha llegado el momento en que podremos transformar a la Procuraduría General de la República en una Fiscalía que sirva. Contamos ya con un soporte constitucional suficiente y con un proyecto de ley que garantiza un sistema de procuración de justicia, fundado en una institución sólida, fortalecida gracias a las garantías de independencia y autonomía que le fueron otorgadas. De todos son conocidos los graves problemas de impunidad, corrupción y violación a los derechos humanos que motivaron tan profundo cambio de diseño institucional. Conocemos y reconocemos también el conjunto de esfuerzos que de hace más de un lustro han confluido en esta causa, en particular a las personas y organizaciones que integran los colectivos Fiscalía que Sirva y Vamos por Más, a quien debemos, por ejemplo, la eliminación del llamado pase automático del procurador general de la República. Hoy discutiremos un proyecto de ley construido sobre la base de la discusión libre y la colaboración. Un proyecto que dejó atrás serias amenazas a la independencia de la institución, como lo era el riesgo latente de tener un fiscal subordinado al Ejecutivo o fiscales que no pudieran defender ante un juez las carpetas que integran. En esta ley, por ejemplo, no se dejó cabida al fiscal carnal, pero sí se establecieron esquemas de servicio de carrera y de rendición de cuentas que garantizan una estructura profesional y en constante fortalecimiento. El proyecto que hoy discutimos es fruto de la pluralidad y el diálogo desde el momento de su concepción, recordemos que desde el inicio de agosto los equipos técnicos de los colectivos Fiscalía que Sirva, Vamos por Más, así como académicos de la UNAM y del CIDE trabajaron en su redacción. Estamos ante la oportunidad, pero sobre todo ante la imperiosa necesidad de superar un esquema de procuraduría que no solo se ha mostrado ineficaz sino que ha proporcionado impunidad, un esquema en el que la estructura administrativa es 80 por ciento más voluminosa que la operativa. Una estructura que no propiciaba la colaboración intraorgánica, resultado de un número muy bajo de sentencias. Un conjunto de procedimientos que no se acoplaban al sistema de justicia penal acusatorio y adversarial. Un sistema sin servicio profesional de carrera. En suma, un sistema agotado, como lo estuvieron algunos de sus titulares. Estamos pues, en condiciones de aprobar una minuta que prioriza la estructura operativa sobre la burocrática, establece un modelo flexible de investigación, elimina las malas prácticas y establece un servicio de carrera para todos los miembros de la Fiscalía, cuestiones que redundan en el fortalecimiento de las capacidades de investigación. Bajo el esquema de procuraduría, la efectividad de las investigaciones es casi nula. Por ejemplo, en los últimos 8 años la dependencia inició la investigación de 400 homicidios en el país, pero en este mismo plazo solo cerró 2 casos con sentencias condenatorias. Por ello, es necesario un plan de persecución penal que defina los criterios de actuación para la ejecución de la acción penal y delimite sus políticas de persecución, adoptando una política criminal que identifique los problemas, priorice su atención, establezca una estrategia para atenderlos con las herramientas disponibles y emita lineamientos de actuación institucional. Por ejemplo, muchas de las reservas se refieren a la figura de coordinación general establecida de manera principal en el artículo 20. La figura de la coordinación general es especialmente interesante, pues entre sus funciones está el evitar la fragmentación de las investigaciones, así como suplir al fiscal general de la República en sus ausencias y representarlo en las relaciones interinstitucionales con otras entidades u órganos de gobierno, por lo que se deben tener facultades muy similares a las del fiscal general. La crítica es un conjunto de facultades que se le confieren, pero la propuesta no se refiere a dichas facultades sino a la nomenclatura de dicha figura. ¿Cuál es el núcleo constructivo de esta propuesta? ¿Es válida la crítica si las modificaciones no atienden a lo señalado o estamos acaso ante una táctica dilatoria? Finalmente, debe señalarse que el esquema de transición de la ley se desprende observando tres principios rectores: planeación, gradualidad y orden, permitiendo en todo momento la participación y vigilancia ciudadana, y buscará favorecer ejercicios reales de apertura gubernamental en el proceso de diseño de la nueva institución. Avancemos hacia una Fiscalía que sirva, es urgente y hoy es nuestra responsabilidad. Los insto a aprobar la minuta que cuenta ya con un entramado jurídico y adecuado. Estamos a la altura que nos están exigiendo los ciudadanos. Por ello, les pido que voten a favor. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.