El diputado Carlos Gutiérrez García: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, anualmente más de 800 mil personas cometen suicidio y por cada caso de muerte hay 20 personas que intentan quitarse la vida. El suicidio es considerado como un problema de salud pública, al convertirse en la segunda causa de muerte entre la población de 15 a 29 años. En México la tasa de suicidios ha alcanzado cifras alarmantes. Tan solo en el año 2012 se registraron más de 5 mil casos, mientras que en 2013 la cifra se incrementó a cerca de 6 mil. A pesar de ser un fenómeno que posee múltiples causas, las enfermedades mentales, principalmente la depresión y los trastornos por consumo de alcohol, el abuso de sustancias, la violencia, las sensaciones de pérdida y diversos entornos culturales y sociales, constituyen importantes factores de riesgo fuertemente asociados al suicidio. Si bien la muerte es una tragedia, esta impacta más cuando es niño o un adolescente quien se priva de la vida. La tristeza, angustia y desolación que un acto así provoca en los padres, hermanos, familiares, amigos y en los miembros de la comunidad en general es sumamente devastadora. En este contexto, para Nueva Alianza es clara la necesidad de impulsar acciones positivas tendientes a prevenir el suicidio, principalmente entre las niñas, niños y adolescentes, que son el sector más vulnerable; pues si bien las cifras son desoladoras, debemos emprender acciones preventivas a fin de evitar que más jóvenes tomen el suicidio como la única salida a una vida que consideran en desesperanza. Por ello, los diputados de Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen para fomentar y apoyar la realización de promoción de programas enfocados en la prevención del suicidio, preferentemente en las niñas, niños y adolescentes. En lo que respecta al segundo dictamen, siendo que la salud es un derecho fundamental de todo individuo consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU y en el artículo 4o. de nuestra Constitución, consideramos oportunas las adiciones propuestas a la Ley General de Salud, las cuales buscan corregir el constante rechazo por parte de las instituciones de entregar los expedientes clínicos a los pacientes, bajo el argumento de la confidencialidad, de la información y la propiedad del documento, con lo cual se vulneran los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios médicos. El libre acceso a la información es un principio fundamental, por lo cual el objetivo del segundo dictamen de establecer que los usuarios de salud, en el ámbito público o privado, tengan el derecho de acceder a la información contenida en su expediente clínico, así como una copia del mismo es por demás pertinente. El acceso del paciente a su expediente le permitirá estar plenamente informado y tomar las decisiones más certeras acerca de su salud, como puede ser cambiar de médico o buscar una segunda opinión. En ese sentido, debe contar con la total garantía de que en caso de requerirlo se le proporcionará sin objeciones y para los fines que él decida. Esta garantía se extiende al representante legal debidamente acreditado, así como también a quien acredite el parentesco en línea recta, además del cónyuge o concubino; de igual manera, aplica para los representantes de pacientes fallecidos. En el caso de los menores de edad, el acceso se otorgará al titular o a quien ejerza su patria potestad, ponderando en todo momento el interés superior del menor. En Nueva Alianza, estamos convencidos que con la aprobación de este dictamen se allana el camino para ejercer de manera plena e integrar el derecho a la salud y lo votamos, por supuesto, además de manera personal, porque es una iniciativa hoy votada de mi amiga y compañera paisana, la diputada Arlet Mólgora, de Quintana Roo. Es cuanto, por su atención muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.