La diputada Sandra Méndez Hernández: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Mesa Directiva. Diputados ciudadanos, el fuero político protege ideales, no delitos del orden común. Protege ideas políticas, no prácticas corruptas y cada uno que representamos en partidos debemos comprometernos que se cumplan siempre, sea quien sea. Lo más penoso en esta Cámara es que también algunos que me antecedieron con el uso de la palabra, y algunos es que no sabemos a veces lo que estamos haciendo en el proceso. Es muy lamentable que confundamos lo que es un juicio político y la declaración de procedencia, artículo 111 constitucional, y artículo 110 constitucional, juicio político. Porque desafortunadamente algunos legisladores no identificamos la diferencia entre ambas figuras jurídicas. Vamos a puntualizar un poquito más. La declaración de procedencia retira el fuero al servidor público, demandando a efecto de que pueda ser juzgado por la autoridad correspondiente por una presunta conducta delictuosa. Mientras que el juicio político tiene que ver con las violaciones de carácter administrativo y no sólo pueden sancionarse con la destitución del cargo y la inhabilitación para el servidor público. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está firmemente a favor de la defensa del Estado de derecho. Las instituciones que nos rigen deben respetarse y hacerse valer, ya que este es el mejor camino para hacer prevalecer la paz y la armonía social, así como combatir la corrupción y la impunidad por medio de la legalidad y la justicia. La figura jurídica de la declaración de procedencia es una de las facultades jurisdiccionales exclusiva de la Cámara de Diputados, misma que se encuentra prevista en el artículo 111 constitucional y cuyo espíritu fundamental consiste en que el ejercicio de un cargo público no se convierta en sinónimo de impunidad ante la probable comisión de un delito de carácter penal. El fuero constitucional es la garantía para la libre expresión de las ideas políticas. El fuero constitucional otorgado a los servidores públicos, hay que decirlo con toda claridad, no es un seguro de impunidad, se equivocan rotundamente quienes así lo entienden. Esta Cámara de Diputados está llamada a rendir buenas cuentas a los ciudadanos. El día de hoy enfrentamos la responsabilidad histórica de refrendar el firme compromiso que tenemos como representantes de la sociedad, de actuar con la ética que demanda la tarea legislativa. No se trata de una persecución o de una venganza por motivos políticos, sino de dejar muy en claro que el servicio público no debe dar cabida ni protección a conductas ilícitas. La división de poderes consagrada en nuestra Carta Magna es la piedra angular que evita un ejercicio arbitrario del poder político que los ciudadanos confieren a las autoridades. La Procuraduría General de la República a través de la Unidad Especializada en Investigación del Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada ha realizado las investigaciones y reunido los elementos de prueba que permitieron a la Sección Instructora emitir el dictamen en el que se manifiesta que existen las condiciones legales para retirar el fuero constitucional a la ciudadana Lucero Guadalupe Sánchez. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del dictamen, porque éste es producto de un arduo trabajo legislativo realizado por la Sección Instructora, cuyo actuar en todo momento se caracterizó por un estricto apego a derecho y el respeto absoluto al debido proceso y garantías legales de la demanda, concluyendo que existen los elementos suficientes para retirarle el fuero constitucional a la ciudadana por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de uso de documento público falso, previsto en el artículo 246, fracción VII y en relación al artículo 243, párrafo primero del Código Penal Federal. Qué bueno que podemos resistir a la tentación de hacer política con un tema estrictamente jurisdiccional. Compañeras y compañeros legisladores, la Cámara de Diputados defiende la ética en el desempeño del servicio público. La Cámara de Diputados está dispuesta a combatir frontalmente la corrupción y la impunidad. La Cámara de Diputados en el ejercicio de su facultad jurisdiccional garantiza la vigencia de la legalidad en nuestro país y el fuero constitucional nuestro espíritu esencial. Esos son los valores y principios que defendemos los legisladores federales del Partido Revolucionario Institucional, y por ello es que votaremos a favor de este dictamen. No les vayamos a fallar a los mexicanos. Nada ni nadie por encima de la ley. Muchísimas gracias.