La diputada Jisela Paes Martínez: Con la venia de la Presidencia. Señoras diputadas y señores diputados, a nombre de los diputados de Baja California Sur, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Ernesto Ibarra Montoya, Herminio Corral Estrada, y el mío propio, presento iniciativa por la que se adiciona un último párrafo al artículo 46 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para prohibir de una vez y para siempre la política del gobierno federal de aprobar la minería a cielo abierto en áreas naturales protegidas cuando se empleen sustancias como cianuro y mercurio. Las áreas naturales protegidas son uno de los instrumentos preponderantes para la protección y conservación de los ecosistemas, y por lo mismo de la biodiversidad, y son en buena parte los responsables de suministrarnos los servicios ambientales indispensables para la subsistencia del género humano. El mercado internacional a la alza de los metales preciosos en los últimos lustros, sobre todo del oro, ha generado una gran presión sobre los recursos naturales del país, incluyendo los que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas. Por la escasa obtención de oro a través de los métodos antiguos su extracción se realiza ahora a través de la minería a cielo abierto, la cual es una actividad de alto impacto económico, ecológico y social. La minería a cielo abierto requiere el uso intensivo de explosivos y maquinaria pesada que forman extensos cráteres, aun excediendo a la profundidad de los acuíferos. Según investigadores, en 20 años una mina de oro productiva puede usar en el sitio hasta 500 toneladas de explosivos, el 40 por ciento de las bombas arrojadas durante la Segunda Guerra Mundial. El proceso de lixiviado merece particular mención, ya que consiste en agrupar el material molido en montículos de material extraído y rociarlas de forma continua con agua, a la que previamente se le ha agregado sustancias altamente tóxicas, como cianuro o mercurio, para la recuperación del metal. La minería a cielo abierto contamina ríos y acuíferos con metales pesados, afecta flora y fauna, genera grandes cantidades de contaminantes, emisiones altas de gases y polvos a la atmósfera, enfermedades humanas, destruye áreas de potencial turístico, afecta las actividades económicas y locales, y genera entornos sociales de marginación y de pobreza. Según un estudio realizado en 2010 existía superposición entre los polígonos de 24 mil 715 concesiones mineras, otorgadas hasta este año con las áreas naturales protegidas federales, y 1 mil 609 concesiones mineras coincidían con 63 áreas naturales protegidas. Si consideramos que se han otorgado actualmente más de 27 mil concesiones mineras y un gran número de estas se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas, es claro el grave peligro en que se encuentran la vida humana, la biodiversidad y los recursos naturales que nos son indispensables, como lo es el agua y, en general, el medio ambiente. En junio de 2014, la Semarnat autorizó la manifestación de impacto ambiental al proyecto Los Cardones, para extracción de oro en el área natural protegida Sierra de la Laguna, en Baja California Sur, que es la principal fuente de recarga de los acuíferos que abastecen el sur del estado más árido de la república, proyecto que no ha iniciado porque aún faltan permisos por otorgarse, aunque un grupo de regidores del Ayuntamiento de La Paz, a cuatro días de concluir su encargo acordó, en reunión secreta, aprobar el permiso de uso de suelo, lo cual ha generado una fuerte protesta social de los sudcalifornianos, a la cual nos sumamos. Resulta una contradicción que una actividad tan destructiva no se encuentre prohibida y menos aún en las áreas naturales y, por tanto, quede abierta la posibilidad de que la Semarnat la autorice. Es fundamental aumentar la protección de este instrumento de preservación ambiental. ¿Para qué queremos seguir decretando estas áreas, si vamos a permitir legalmente su destrucción? En razón de lo anterior, sometemos a su consideración esta iniciativa, para que en el texto de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente se prohíba de manera expresa la minería a cielo abierto que use cianuro o mercurio en áreas naturales protegidas, como única forma de evitar que se sigan aprobando este tipo de megaproyectos mineros. No queremos ya que en ninguna parte del país vuelva a suceder lo que hoy está ocurriendo en Baja California Sur, que por una decisión arbitraria e ilegal del gobierno federal, aunado a la ilegalidad y contubernio de un ayuntamiento saliente, se ponga en riesgo la vida y la salud de sus habitantes, así como la paz y la estabilidad social de la entidad, ante lo cual el gobierno estatal y el municipal, con las herramientas legales disponibles, se han comprometido enarbolar la lucha por impedir que este megaproyecto Los Cardones acabe con el futuro de un desarrollo sustentable al que tienen derecho los sudcalifornianos. Atentamente, diputada Jisela Paes Martínez, diputado Ernesto Ibarra Montoya y diputado Herminio Corral Estrada. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.