El diputado Manuel Vazquez Arellano: Con su venia, señora presidenta. Por el amor, por toda la ternura de las familias, voy a recitar una pequeña frase de Jaime Sabines, que tiene que ver con lo que se siente por parte de las familias y los sobrevivientes, respecto a los 43 de Ayotzinapa. Quiero gritar tu nombre ante un Congreso de sordos, mostrar tu fotografía a todos los ciegos que encuentre. Quien debería hacer uso de la voz ante esta soberanía, no tendría que ser yo, ni siquiera mis compañeros y compañeras legisladoras. A pesar de ser uno de los sobrevivientes, deberían ser las familias de las víctimas, las familias de mis amigos. Sin embargo, ellas han hablado ya este 26 de septiembre en el lenguaje legítimo y contundente de la protesta social. Esta soberanía y todas las fuerzas políticas que la componen deben escucharlas. Este pasado domingo se cumplieron siete años de la desaparición de mis compañeros, 43 normalistas de Ayotzinapa, soy uno de los sobrevivientes. Diversos sectores, diversas luchas, sindicatos, organizaciones, salieron a marchar como cada año lo hacen junto a las familias. Afortunadamente no vimos a los del PAN por ahí, porque siempre se ponen la camiseta de otras causas. Gracias por eso. El tema de la desaparición forzada tiene dos partes importantes. Primero el hecho en sí mismo, que de por sí es grave, gravísimo. Pero más grave es todavía el trato que le dieron las autoridades al caso. No habían pasado ni siquiera diez días cuando en Iguala se habían encontrado ya 5 fosas clandestinas, y en estas 5 fosas se encontraron 28 cuerpos semicalcinados. La prensa, como siempre, y también las autoridades del gobierno del estado de Guerrero se apresuraron a decir que esos 28 cadáveres correspondían a nuestros compañeros. Si no hubiéramos tenido abogados defensores de derechos humanos, si no hubiéramos tenido a los del equipo argentino de antropología forense, seguramente esos cadáveres habrían sido enterrados por las familias de los 43. Eso, en comparación a miles de familias, las cuales no tienen la oportunidad ni los medios para identificar los restos que van encontrando en su búsqueda en fosas clandestinas por todo el país. Luego vino la audiencia del 28 de octubre de 2014 con Peña Nieto. Se comprometió a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entraría al país para coadyuvar en la investigación. Se firmó ese compromiso junto a las familias y con los sobrevivientes. Ahí estuvimos. Sin embargo, antes de que esta comisión y de que se integrara el Grupo de Expertos Internacionales, Peña Nieto y su gobierno, en complicidad y en silencio por los grupos políticos, la mayoría de ellos sobre todo los del PRI y los del PAN, conformaron lo que se conoce como la verdad histórica, que establece que mis compañeros fueron tomados por la policía, entregados al crimen organizado y calcinados en un basurero. Tuvieron que pasar seis meses más para que el grupo de expertos diera un informe y finalmente refutara esa verdad histórica. Sin embargo, se produjo, se creó una situación mediática y política ahora contra los expertos, porque nos les gustó el informe, y los criminalizaron igual como nos criminalizaron a quienes protestaron en las calles, familias incluidas. Nadie habló de eso en sus intervenciones de hace un rato. Una vez que llegó el nuevo gobierno al poder en 2018, en diciembre, el 2, 3 de diciembre se decretó que todas las autoridades del Estado mexicano debían coadyuvar en la investigación. Fue el primer decreto. En enero de 2019 se creó la Comisión Presidencial para el Caso Ayotzinapa, en junio se creó la Fiscalía Especial y los expertos pudieron regresar al país. A partir de eso la investigación, y el presidente de la República se reúne una vez al mes con las familias donde se discuten los planteamientos, los planes de búsqueda y se hace junto a las familias. Cinco familias incluyen o conforman esa Comisión Presidencial y tienen voz y voto en dónde y cómo hay que buscar. Esto no se había visto en el gobierno anterior y, al parecer, no quieren reconocerlo como un avance para el caso. Sin embargo, falta mucho por hacer todavía y no se comprende o no quiere entenderse o, más bien, hablamos o hablan por sus intereses políticos, que todo esto empezó en la guerra contra el narco, con Felipe Calderón. Todo esto se incrementó en la guerra contra el narco, donde miles de jóvenes, miles de jóvenes provenientes del campo y de todos los estratos sociales, menos de la clase política alta, acá de los fifís, pues no se incluyen a las filas del narco. Ellos no tienen necesidad, ellos van a escuelas bonitas al extranjero, En cambio, la gente del pueblo tiene que buscar oportunidades y pareciera que no se entiende este contexto, en el cual se implementó una guerra contra el narco. Al contrario, se les ha criminalizado. En lugar de atacar las causas, como ahora lo está haciendo el presidente de la República. Los avances, como lo dijeron las familias el domingo pasado, no son los que se esperarían y como pudieran ser en estas circunstancias. Tienen que saber la verdad hasta el final, hasta encontrar el último resto e identificar al último de los 43, pero el trabajo se está haciendo. Las trabas no están en el Poder Ejecutivo, la voluntad política está ahí. Esta soberanía debe exhortar a que no pongan trabas los jueces, a que no tome con los brazos abiertos a los que fueron expulsados de las fiscalías. Ese es uno de los temas también, la Fiscalía no ha depurado del todo a funcionarios defensores de la verdad histórica, porque resulta que tienen derechos laborales. Además, el caso se encuentra fragmentado en diversos expedientes dispersos en varias entidades de la República. Aunado a esto, los responsables de encubrir los hechos han huido de México y se refugian en países con los que no hemos celebrado tratados de extradición, dificultando que estos criminales rindan cuentas ante la justicia mexicana. Por eso, de la misma manera exhortamos también a la Fiscalía General de la República y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones coadyuven en la extradición de Israel a México de Tomás Zerón de Lucio, el constructor de la verdad histórica. Creo en la justicia, lo mismo soy capaz de tomar un arma y gatillar en nombre de lo que creo, que hablar por las y los desaparecidos ante esta soberanía. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro, treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta, cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta y tres. Justicia. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias.