La diputada María Teresa Jiménez Esquivel: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores: el día de hoy nos ocupa un tema que pone de manifiesto la oportunidad que tiene el Estado mexicano de llevar a cabo un importante esfuerzo en beneficio de toda la sociedad, atendiendo a los compromisos internacionales y salvaguardando los derechos humanos en apego a los principios constitucionales. El respeto y garantía de los derechos humanos constituye la piedra angular sobre la que descansa la razón de ser del Estado de derecho. Lo anterior se logra mediante las disposiciones contenidas a través de nuestras normas jurídicas que deben de ser acatadas por toda la comunidad internacional. El artículo 89, fracción X, de nuestra Carta Magna establece, entre otros, el respeto a la protección y promoción de los derechos humanos como uno de los principios de acción política exterior, por lo tanto resulta un deber constitucional garantizar el establecimiento de aquellos instrumentos internacionales que permitan alcanzar dicho fin. De igual manera, en nuestra Constitución Política se encuentran contemplados el derecho a la alimentación, a la salud y a la vivienda en el artículo 4o, al trabajo en el artículo 123; a la educación en el artículo 3, mismos que se encuentran contemplados en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, sin embargo, como bien lo expresan los datos presentados en el punto de acuerdo, se presenta una ausencia para la reclamación de los mismos, por lo que vemos que existe la urgente necesidad para la firma y posterior ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el cual se establecen los mecanismos de denuncia e investigación para el cumplimiento del Pidec. En dicho Protocolo las partes firmantes se comprometen en el artículo 1o a reconocer la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para examinar las denuncias de personas o grupos que afirman que sus derechos, en virtud del Pacto, han sido violados, respetando en todo momento la soberanía de los Estados parte al establecer en el artículo 3, que los denunciantes deben antes haber agotado todos los medios y no sólo permitan las quejas anónimas o las que se refieran a hechos ocurridos antes de que el país en cuestión ratificara el Protocolo, salvo que estos hechos hayan continuado después de esa fecha, así como la facultad del Comité de permitir información y hacer recomendaciones a los países firmantes, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6, 8 y 9, y los firmantes pueden también optar por permitir al Comité escuchar quejas de otros Estados parte del instrumento contemplado en el artículo 10. Lo anterior toma una importante consideración si tomamos en cuenta la posición de México en el 68 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde nuestro país afirmó que asegura trabajo en el fortalecimiento del Consejo de los Derechos Humanos, por lo que presentó una candidatura para ser miembro de este órgano durante el periodo 2014-2016, con la finalidad de propiciar un tratamiento objetivo y eficaz de la situación de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, para llevar a cabo su labor con eficiencia dentro del Consejo, se requiere de la congruencia necesaria para cumplir y garantizar los derechos contemplados en el Pidec por medio de la ratificación de este Protocolo Facultativo. Bajo esta tesitura a favor de la defensa de los derechos humanos, merece la pena recordar lo sucedido en el marco de la XVII sesión del examen periódico universal, y en el que el pasado miércoles 23 del presente mes se colocó al Estado mexicano en la palabra para ser evaluado como segunda ocasión en el cumplimiento de sus compromisos en materia de derechos humanos, en donde 89 países se inscribieron en la ronda para presentar su posicionamiento y expresar públicamente sus recomendaciones al Estado mexicano. El informante, previo entregado a México por las organizaciones de la sociedad civil, destacaban carencias en seguridad y acceso a la justicia, agresiones a defensores de derechos humanos y periodistas, el arraigo, la tortura, las desapariciones forzadas, así como la exclusión y la violencia hacia grupos vulnerables, como los indígenas, migrantes y mujeres. Señoras y señores legisladores, la entrada en vigencia del protocolo facultativo representa un logro a la sociedad civil, que llevó a cabo una serie de movilizaciones y campañas alrededor del mundo, convocando a los estados a la ratificación del instrumento. El día de hoy nos unimos al llamado al Ejecutivo federal, y posteriormente, al Senado de la República, para que congruentes con sus obligaciones de Estado en materia de derechos humanos, hagan accesible a la población este mecanismo internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, procediendo a su pronta firma y ratificación. Es cuanto, señor presidente.