La diputada María Elena Limón García: Con su venia, señor presidente. Hace más de 70 años, en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas se consolidó un proyecto, resultado de difíciles negociaciones entre diferentes culturas, ideologías, sistemas políticos y modelos de desarrollo. Se aprobó un documento que no conociera fronteras en su aplicación. Me refiero a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los países tendrían sus propias leyes, pero habría 30 principios fundamentales que serían respetados en todos los confines del planeta. Han pasado apenas solamente 10 años desde que se incorporó formalmente los derechos humanos a nuestra Constitución Política. Eso implicó darle el mismo rango de importancia a las convenciones, convenios, declaraciones y tratados internacionales. Es decir, se conforme un bloque de constitucionalidad que proporcione bloques de certeza para el pueblo y límites al Estado. Desde antes de que se creara la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la población de nuestro país ya tenía sed de libertad, igualdad de oportunidad y de justicia. Prueba de ello son los diversos episodios de nuestra historia. La propia Revolución Mexicana se desembocó en la Constitución de 1917 y donde ya se podía hablar de garantías individuales o de derechos sociales, antes que en otros países. Paralelamente a la Revolución se daba en 1916 el Primer Congreso Feminista de México, donde las mujeres buscaban espacios de reconocimiento y de igualdad civil y política. Además, múltiples escenarios donde los pueblos y comunidades indígenas de México buscaban el respeto a sus tierras y a su libre autodeterminación. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, el Estado mexicano no ha cumplido en todo en algunas agendas de derechos que son emergentes y que requieren de todo un esfuerzo institucional, particularmente la agenda de personas desaparecidas, ya que México se encuentra viviendo la más triste historia de todas sus tragedias, que son las personas desaparecidas. La agenda de las personas desaparecidas requiere una férrea vinculación e inteligencia concertada entre la federación y los gobiernos de los estados, así como los municipales, con lo cual se hace de vital importancia que esta coordinación interinstitucional sea una realidad y así remediar el flagelo más lacerante de la historia de México contemporáneo, que es la desaparición de personas. Por otro lado, vemos ausencias en el tema de las personas en contexto de movilidad, particularmente por el tema de las nuevas migraciones, como lo es por motivos climáticos, la migración causada por la crisis económica propiciada por la pandemia del Covid-19, que ha arrojado a calle a millones de personas de nuestra América y que debido a ello ha forzado a migrar a millones de personas del sur. Otro de los temas fundamentales, que también es una asignatura pendiente desde hace algunos años es la justicia transicional, que fue bandera de la actual administración federal, la cual tenía que ver con mejorar la condición de vida de la población y el derecho de vivir en paz por parte de las personas. En esta vía, la desmilitarización de la seguridad pública y la transición hacia un esquema de paz eran ejes de la propuesta que escuchamos hace algunos años. No obstante, vemos con preocupación una constante militarización, no solo de seguridad, sino incluso de generación de políticas públicas y de la administración de proyectos estratégicos de vital importancia para nuestro país, lo cual representa una preocupación muy grande desde la perspectiva de los derechos humanos. Hoy día hablar de derechos humanos es también incluir una perspectiva ambiental que involucra derechos a la salud, a la alimentación, al agua e incluso a la vivienda. Busquemos construir una sociedad mejor, más justa, más incluyente, más igualitaria y más resiliente. Todos humanos y todos iguales. Es cuanto, señor presidente.