El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señora presidenta. Muy buenas tares, Cámara de Diputados; buen día, pueblo de México. Uno de los asuntos que mayormente indigna a la población, está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los servidores públicos se asignan en este país. En medio de esta insatisfacción con la escasa transparencia, constantemente surgen escándalos sobre el mal uso de estos recursos públicos, corrupción, la entrega de bonos multimillonarios como pago a legisladores por realizar labores que le corresponden. Si bien es cierto, compañeros, que el representante popular tiene a su cargo la importante encomienda de hacer leyes, de ser una contraparte del Poder Ejecutivo, y asignar los recursos públicos de la nación, tareas que por sí mismas requieren de una remuneración acorde a sus labores, también existe el problema de que el 46 por ciento de la población en este país sufre de pobreza. De acuerdo con el nuevo dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación de este año, los diputados y senadores han sumado 1.4 por ciento más a sus cuentas de este año. Por ello resulta ofensivo ver como miles de familias viven en condiciones de verdadera miseria, donde la carencia de servicios públicos para diversos sectores de la población es abrumadora, en contraste con los servidores públicos, sueldos y prestaciones económicas que resultan, incluso superiores a las percepciones que el Ejecutivo Federal obtiene. Ello, pese a que existe a un decreto de fecha 24 de agosto del año 2009, que precisa en el artículo 127, su fracción II, que ningún alto funcionario debe de tener un salario más alto que el Ejecutivo federal. En Morena nos hemos propuesto a promover el ahorro sobre todo en los sueldos y prestaciones de los altos funcionarios. Hay que tener en cuenta que desde el año 2000, prácticamente se duplicó el monto de presupuesto público federal en este país. En estos años, el gasto gubernamental ha rebasado con creces la tasas de un 4 por ciento anual, un ritmo mucho más acelerado que lo que la economía nacional crece. Morena presentó el 3 de septiembre del año 2015, la propuesta de iniciativa de Ley de Austeridad Republicana que tiene como objeto la aplicación de una política de austeridad, no de un gobierno, sino de Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública en beneficio de la sociedad. En el pasado presupuesto Morena ha sido congruente, votamos en contra de este aumento desmesurado, injusto, pensando en favor de la clase social. Bajo los preceptos de austeridad republicana, y por ello donamos nosotros la mitad de nuestros ingresos a ocho universidades que hemos formado. Por esto resulta oportuna la propuesta de una reforma constitucional que permita establecer dichos lineamientos dentro del marco legal vigente, y para ello pues propongo la reforma al artículo 73, fracción I perdón, fracción XI, y al artículo 127, fracción I, las cuales rezan de esta manera: XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones. Se basarán en una política real de austeridad en la que se establezcan los límites o los topes máximos a los cuales deberán sujetarse las remuneraciones de los servidores públicos en los ámbitos federal, estatal y municipal, y de la Ciudad de México, de acuerdo a las adecuaciones presupuestarias compensadas, las que en ningún caso incrementarán el presupuesto regularizable para servicios personales del ejercicio fiscal inmediato siguiente, salvo en el caso de la creación de plazas conforme a los recursos previstos, específicamente para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Y el artículo 127, fracción I, establece lo siguiente: Se considera remuneración o retribución toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones, y cualquier otra, con excepción de los apoyos, los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales. Y concluyo, esta remuneración será determinada por el principio de equidad, de igualdad, disminuyendo la brecha entre los salarios de los altos funcionarios y los trabajadores de sueldo inferior, para reducir la desigualdad de ingresos entre ellos. Por su atención, muchas gracias y que pasen una excelente tarde.