El diputado Ernesto Javier Nemer Álvarez: Gracias. Estimadas diputadas y diputados, hago uso de esta tribuna para presentar a esta soberanía una iniciativa que tiene como propósito fundamental la defensa de los derechos de los padres de familia que tienen a sus hijos estudiando en escuelas privadas. Esta reforma que someto a su consideración, propone ampliar las facultades que tiene actualmente la Procuraduría Federal del Consumidor a fin de garantizar relaciones comerciales equitativas, el acceso a mejores condiciones de mercado, específicamente para fijar las reglas claras entre los particulares que prestan los servicios educativos de carácter privado y los consumidores, padres de familia, evitando con ello se vulneren sus derechos e intereses por un actuar abusivo o desmedido. Como antecedente preceptivo se tiene un acuerdo intersecretarial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de marzo de 1992, por el que se establecen las bases mínimas de información para la comercialización de los servicios educativos que proporcionan los particulares, sin embargo, es sabido que las anomalías continúan y se acrecientan cada vez más cada ciclo escolar. Lo anterior es destacable por ser la única disposición jurídica con la que actualmente la Profeco fija su actuar para conducirse en esta materia. No obstante, hoy en día es notoriamente insuficiente para normar de manera eficaz y eficiente las ofertas educativas en mención. En el acuerdo de cita se precisa que los servicios ofrecidos a los educandos a cambio de una contraprestación económica deben ser ajustados a la calidad y naturaleza de la enseñanza recibida, a la diversidad de las actividades y a las instalaciones y recursos académicos que aquellas utilizan para el cumplimiento de su objetivo. Asimismo, considera únicamente a los servicios educativos de tipo elemental y medio, y por lo tanto no resulta aplicable al nivel de educación superior y a nuevas modalidades como lo es la educación no escolarizada o en línea. Hay que mencionar que la Secretaría de Economía tiene la facultad, entre otras, de fijar normas y procedimientos de comercialización que favorezcan un trato equitativo en la prestación de las actividades educativas que brindan las escuelas privadas, así como una mejor provisión de información. En este sentido, la pasada administración firmó un convenio entre la SEP y la Profeco para evitar abusos en contra de la economía de los padres de familia con hijos en escuelas particulares y con ello coadyuvar con la transformación educativa. Del tal modo, la presente iniciativa modificaría los artículos 19, 24 128 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y adicionaría un artículo 65 Quáter con la finalidad de que se encuentre un sustento legal para la expedición de una norma oficial mexicana que regule esta materia e impacte de manera positiva en más de cinco millones de alumnos que cursan la educación básica, media superior y superior de forma escolarizada, evitando con ello el crecimiento exponencial de injusticias que se han cometido por años en detrimento de sus respectivas familias. Por citar un ejemplo, se tiene que en agosto de 2015 la procuraduría informó que al menos 300 escuelas particulares a nivel nacional habían sido sancionadas con prácticas abusivas entre las que destacan el condicionamiento de compra de útiles escolares y uniformes. En virtud de lo anterior, propongo establecer obligaciones a los particulares que presten servicios educativos en cualquiera de sus modalidades y tipos, para que con el carácter de proveedor cumplan con lo siguiente. Primero. Informen por escrito el costo total de los servicios que prestan previo a la inscripción para cada ciclo escolar. Segundo. No incrementen las colegiaturas durante el ciclo escolar ni establezcan cuotas o aportaciones extraordinarias, donativos en efectivo o en especie. Tercero. No exijan la adquisición de útiles escolares, vestuario, libros y otros artículos o servicios con determinados proveedores; y Cuarto. No condicionen la entrega de documentación académica al pago de contraprestación alguna. Compañeras, compañeros, las modificaciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor surgen de una demanda constante de los padres de familia que con mucho esfuerzo invierten gran parte de sus ingresos en la construcción de mejores alternativas de vida a través de la educación, razón por la cual pido su apoyo para que esta propuesta legislativa pueda ser dictaminada a favor en su oportunidad y se convierta en una verdadera solución a los problemas que atañen a la prestación de servicios educativos de particulares. Es cuanto, señor presidente.