La diputada Lorena Méndez Denis: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, el día de hoy subo a esta tribuna con sentimientos encontrados. Por un lado, me siento gustosa con la aprobación en Comisión de esta modificación propuesta por los diputados Ricardo Mejía Berdeja y Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, en la que se busca incluir en la definición de violencia laboral a la exigencia de algunas empresas para que las mujeres presenten pruebas de embarazo como condición para el ingreso, permanencia o ascenso en el trabajo. Por otro lado, me siento indignada de que en pleno siglo XXI tengamos que seguir legislando sobre sanciones a quienes exijan las mencionadas pruebas. El artículo 10 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia menciona que la violencia laboral se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Según el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hasta mayo de 2012 se calculaba que 3 de cada 10 hogares eran encabezados por una mujer. La exposición de motivos de la iniciativa cita datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que indica que en 2012, las madres mexicanas mayores de 15 años tenían una participación económica de 42.2 por ciento, de las cuales el 97 por ciento combina el empleo con labores del hogar, la mayor participación económica, nos dice, se sitúa entre las madres solteras, seguido por mujeres separadas o divorciadas. Cifras del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, sobre las quejas por discriminación contra mujeres ha ido en aumento en los últimos años. En 2010 se recibieron 181, en 2011 fueron 209, 250 en 2012, y hasta noviembre de 2013 se reportaban 237. La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones de los Hogares 2011, menciona que de las mujeres mayores de 15 años, al menos al 14.9 por ciento le han solicitado un certificado de no embarazo para ingresar al trabajo. Han sido despedidas por embarazarse, les han disminuido el salario o no les renovaron el contrato. La discriminación laboral por estado civil es más frecuente entre mujeres divorciadas, el 22 .7 por ciento, solteras 21.4 por ciento, y unidas 19.3 por ciento. Los estados donde más se dan estos fenómenos, son: Chihuahua, donde ocurre el 35 por ciento de los casos; Baja California, 30 por ciento; Sonora, 25.3 por ciento; Coahuila, 20.9 por ciento; y Tamaulipas, 19.5 por ciento. Lamentablemente las cifras nos confirman que vivimos en un país donde la mujer sigue siendo discriminada por su género, por su condición económica, su estado civil o su maternidad. Tan tremenda es la situación que padecen a diario millones de nosotras, que este Congreso se ve obligado a legislar temas que debieron quedar en el pasado hace mucho. Es para mí un gusto apoyar modificaciones de esta índole, sin embargo no es suficiente. Si los problemas han persistido es porque nosotros como legisladores no hemos sabido estar a la altura de las exigencias, no logramos abordar a fondo los problemas reales de la población, sin mencionar que hay quien está más interesado en quedar bien con las cúpulas de sus partidos, que en realizar acciones que beneficien a la sociedad. En Movimiento Ciudadano creemos que hace falta fortalecer la educación, sólo así lograremos cambiar la visión y la mentalidad de nuevas generaciones sobre el papel tan destacado que tienen las mujeres mexicanas en el desarrollo de nuestro país. Por lo anterior expuesto y por las mujeres que luchan diariamente por transformar su realidad y la de sus familias a través del trabajo digno, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Muchas gracias.