La diputada Lia Limón García: Con su permiso, presidente. El derecho a una defensa adecuada es un derecho universalmente reconocido en diversos instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano es parte; y, por supuesto, también en nuestra Constitución. En materia penal se han hecho esfuerzos legislativos trascendentes por robustecer el derecho a una defensa adecuada, partiendo de la reforma constitucional del 2008 y posteriormente con la expedición del Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, el derecho a la defensa se hizo extensivo también para las víctimas u ofendidos del delito en la Ley General de Víctimas, que fue publicada en el 2013, precisándose que estos deberán contar con un asesor jurídico gratuito en caso de no poder contratar a uno particular. Sin embargo, es importante destacar tal y como lo menciona en la síntesis del informe y de las recomendaciones en materia de justicia cotidiana, editado por el CIDE que, de acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal de 2014, del Inegi, la distribución de los asuntos iniciados en este año muestra claramente que en el ámbito penal es relativamente pequeño con casi 280 mil asuntos, lo cual contrasta con la cifra de más de 1 millón 863 mil demandas iniciadas en materia civil, familiar y mercantil. Es decir, la cantidad de casos en materia civil, familiar y mercantil es 7 veces mayor que en materia penal. En este sentido, la Ley de la Defensoría Pública prevé que el servicio de asesoría jurídica está orientado a asuntos de orden no penal y refiere que se prestará preferentemente a personas desempleadas, trabajadores jubilados o pensionados, indígenas y a las personas que por cualquier razón social o económica tengan la necesidad de estos servicios, entre otras. El dictamen que hoy estamos discutiendo considera la necesidad de incluir en la Ley de Defensoría Pública a los grupos vulnerables entre los que tienen derecho al servicio de asesoría jurídica gratuita. Cabe señalar que entre los grupos vulnerables se encuentran aquellas personas que por sus condiciones sociales, económicas, culturales o psicológicas son susceptibles de sufrir una afectación en la esfera de sus derechos, humanos, tales como los adultos mayores, las personas con discapacidad, madres solteras, niños huérfanos o en situación de calle, y también los grupos de personas indígenas. Migrantes también, entre otros. En el Partido Verde compartimos la idea de que para la consolidación democrática de nuestro país se requiere del fortalecimiento del sistema de protección de derechos humanos, de manera que la inclusión de los grupos vulnerables como agentes prioritarios del servicio de asesoría jurídica gratuita que presta el Instituto Federal de la Defensoría Pública, perteneciente al Poder Judicial de la Federación, se fortalece dicha institución en el ámbito de la defensa de los derechos humanos. Los grupos vulnerables por definición son en una sociedad siempre los más desprotegidos. Garantizar herramientas jurídicas que faciliten su acceso a la justicia contribuye a generar condiciones de mayor igualdad, elemento fundamental de una sociedad democrática. En este caso, a generar condiciones de mayor igualdad jurídica que tanto se requiere en nuestra sociedad. Dicho de otro modo, una de las herramientas más eficaces que tiene el Estado a su disposición para proteger a las personas que forman parte de grupos vulnerables, es la creación y adecuación de leyes que reconozcan su situación de vulnerabilidad, y desde ahí promuevan la igualdad, equidad y asistencia a éstos. Así como la aprobación del presente dictamen es importante, es importante también porque damos un paso hacia adelante en el desarrollo de los instrumentos necesarios para que las personas en condiciones de vulnerabilidad reciban la atención adecuada, que garantice el respeto a sus derechos fundamentales. Por ello, el Grupo Parlamentario del partido Verde Ecologista de México votará a favor del presente dictamen, toda vez que abona al fortalecimiento del derecho de defensa y a la protección de personas en condiciones de vulnerabilidad para garantizar un efectivo acceso a la justicia. Esta reforma hay que decirlo también contribuye a generar un marco jurídico encaminado a la consolidación de un México más incluyente y más justo. Pero también y sobre todo, contribuye a la construcción de una sociedad de derechos. Es cuanto, presidente.