El diputado Emilio Suárez Licona: Compañeras y compañeros, la gente merece saber la verdad, aquí hemos escuchado que la geolocalización ya estaba establecida en legislación, pero cuentan las cosas a medias, de forma dolorosa y engañando al pueblo de México. Mientras la legislación anterior, el órgano facultado para emitir los lineamientos que enmarcaban el ejercicio de dicha atribución era precisamente el IFT, un órgano constitucional autónomo, que estaba diseñado para tomar decisiones con base en criterios técnicos. Ahora tal facultad habrá de recaer en un ente totalmente subordinado al Ejecutivo, sin mecanismos de vigilancia ni evaluación técnica, con la vocación de cumplir a capricho decisiones articuladas sobre la base de criterios políticos y discrecionales. Por ejemplo, para la emisión de los lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia, que en su momento emitió el IFT, se llevó a cabo un proceso de consulta pública, fomentando así la transparencia y la participación de los sujetos regulados y ONG. En cambio, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones habrá de erigirse como juez y parte en el ejercicio de una atribución que terminará vulnerando derechos humanos, al amparo de la emisión de unos lineamientos que no contarán con los mínimos controles. Tardamos décadas en desmontar un sistema presidencial todopoderoso, ilimitado. Sin contrapesos y establecimos los órganos autónomos del Estado mexicano. La gente tiene derecho a saber que estos 10 días oscuros se han desmantelado instituciones que tenían como objetivo primigenio garantizar a las mexicanas y mexicanos el ejercicio pleno de sus libertades y derechos, lo cual hoy queda conculcado con esta ley de censura, persecución y control. Y, para terminar, un recordatorio, para que no se hagan los sorprendidos. Con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Estado mexicano habrá de incurrir en una violación flagrante a los compromisos que se han asumido en el T-MEC. El capítulo 18 es muy claro, nuestro país está obligado a garantizar un regulador de telecomunicaciones que sea independiente, imparcial y con autonomía operativa. Este mandato no es menor, es la base para asegurar un entorno de competencia, transparencia y certidumbre jurídica, que permita atraer y retener inversión extranjera directa en uno de los sectores dinámicos y estratégicos de la economía digital. Sin embargo, esta reforma implica precisamente todo lo contrario, la nueva Comisión Reguladora que se propone carece de autonomía constitucional, estará subordinada al Ejecutivo federal y, por tanto, no podrá garantizar condiciones objetivas de vigilancia ni regulación. El mensaje que se envía es inequívoco: en México las reglas se pueden cambiar al vaivén político y las decisiones regulatorias habrán de adoptarse a partir de criterios discrecionales. Esto inevitablemente afectará la confianza de los inversionistas, debilitará el marco de competencia en el sector y abrirá la puerta a conflictos con nuestros socios comerciales, justo cuando vamos a renegociar el T-MEC. Que no se diga que no se advirtió, el que avisa no traiciona. Con esta reforma será el Estado mexicano quien asuma el costo de explicar ante nuestros socios que sí cumplen, ¿por qué decidió desmontar un órgano autónomo que con todos sus retos ofrecía certidumbre técnica, resoluciones imparciales y canales institucionales de interlocución internacional? Más tarde que temprano, más temprano que tarde los efectos negativos de este proceso sistémico de desmantelamiento institucional pasarán la factura a las y los mexicanos. Por lo pronto, el desmantelamiento de las instituciones del Estado mexicano ha pasado por encima de los derechos de las y los trabajadores de esas instituciones. A ellos dedico esta reserva. Al personal técnico profesional responsable y con gran vocación de servicio del IFT, quienes hoy con esta reforma no tienen certeza de que sus derechos laborales serán respetados, a quienes se debe garantizar su liquidación sin distingos. Por cierto, otra mentira que se ha dicho aquí, el Internet universal sobre el que el presidente López Obrador se ha montado fue un proyecto del presidente Enrique Peña Nieto en la red compartida. Dejen de mentir y colgarse triunfos que vienen de administraciones pasadas. Esta reforma no lo resuelve. Estaba ya resuelto con la red compartida. Gracias.