EL DIPUTADO BERNARDO PASTRANA GOMEZ: Con su venia, señora Presidenta. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por mi conducto, viene a esta tribuna a presentar su posicionamiento con respecto al decreto que expropia a favor de la nación 27 ingenios del país. Compañeras y compañeros diputados: La agroindustria azucarera tiene una gran tradición en nuestra patria, tan sólo si recordamos que en 1520 se instaló en el sureste de México el primer trapiche de América Latina y desde entonces esta actividad ha significado un importante polo de desarrollo que fue evolucionando de tal manera que casi a 500 años de distancia este sector constituye hoy un gran pilar de la economía del país, en él se emplean 50,000 obreros permanentes, hay 160,000 productores con 750,000 hectáreas sembradas, que tienen su asiento en unos 240 municipios en 15 estados productores de caña. Durante todos estos años como consecuencia de la falta de una auténtica política azucarera y una ineficiente administración de los ingenios, genera crisis que son recurrentes y que en el pasado ya tuvimos alguna participación de un gobierno alrededor de los años setenta por un monto equivalente a los 13 mil millones de pesos, buscando sanear esta industria. Aunado a la falta de responsabilidad en la administración de los ingenios, ha convertido desde entonces a los dueños de estas factorías en meros administradores de los recursos que le gobierno federal destinaba para el funcionamiento en estos años de los ingenios. Estos hechos generaron los problemas que hicieron crisis el pasado mes de junio al darse la condición de que la gran mayoría de los ingenios azucareros del país no tenían liquidez para hacer frente a sus compromisos con los productores de caña, ni mucho menos para reparar las fábricas. Esta condición ponía en riesgo la ejecución de las zafra 2001-2002 y la supervivencia de gran parte de la industria que indudablemente tendría repercusiones negativas en lo económico y en lo social. En función de ello, era necesario que el gobierno federal interviniera rápida y eficazmente para garantizar la continuidad de la actividad cañera y en un acto de responsabilidad, el día de ayer el Presidente de la República emitió el decreto expropiatorio de los 27 ingenios que eran los que mayores dificultades estructurales enfrentaban. La expropiación de estas 27 factorías y la consecuencia intervención del Gobierno de la República en la administración de dichos ingenios, no pretende volver a prácticas pasadas que ya demostraron su inoperancia, sino que de lo que se trata es ordenar y dar certidumbre a los diversos actores de esta agroindustria, y una vez que se logre tener una industria saneada, ordenada y con visión de futuro, se esté en condiciones de ofertar estos ingenios a la iniciativa privada. Coincidimos y apoyamos las acciones emprendidas por el Presidente de la República, licenciado Vicente Fox Quesada, en el sentido de que éste es el primer paso que se da el día de ayer y que debe continuar con otras acciones que se encaminen a ordenar el mercado del azúcar. El establecimiento de esquemas de financiamiento el campo se hace preciso, necesitamos buscar la diversificación en el uso de la caña de azúcar como materia prima, y necesitamos impulsar y exigir el estricto cumplimiento del Tratado de Libre Comercio en lo referente a la exportación de todos los excedentes de azúcar y fundamentalmente en la fiscalización de los recursos públicos que el Gobierno Federal destina al financiamiento de estas empresas. Es preciso, para que se apliquen correctamente y en este sentido, que los diputados de Acción Nacional estén vigilantes para que la paraestatal que se constituya con la finalidad de administrar esas empresas, se maneje con transparencia y honestidad, toda vez que lo que se busca es evitar mayores quebrantos al Erario Federal. No volver a caer en esquemas como lo sucedido en las intervenciones hechas en los ingenios en los años 70s, que llevó a demandar recursos fiscales por el orden de 40 ó 50 mil millones de pesos de aquella época, de aquel entonces. Recibimos entonces con beneplácito la decisión del Gobierno Federal en el sentido de continuar las acciones legales que lleven a fincar responsabilidades a aquellos que hayan hecho uso indebido de los recursos públicos. La expropiación de los activos de los 27 ingenios no representan sino la adjudicación al Gobierno Federal de bienes que, derivados de las deudas que estos industriales tenían contraidos con la banca de desarrollo, por un monto aproximado de 18 mil millones de pesos, y que la venta de dichos activos no son suficientes para cubrir el adeudo, por lo tanto lo único que se ha formalizado es precisamente la adjudicación. El grupo parlamentario de Acción Nacional reconoce que este acto realizado por el Ejecutivo Federal da certidumbre a los cañeros, a los obreros, a los inversionistas, y sobre todo garantiza la viabilidad de esta importante agroindustria. En este sentido, compañeras y compañeros diputados, Acción Nacional refrenda el apoyo a la medida implementada a través de un decreto expropiatorio de 27 ingenios, por el Presidente de la República y los esquemas que ahí se señalan. Por su atención, muchas gracias.