La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. El dictamen que presenta la nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que hoy se discute, es una muestra clara de que los contrapesos funcionan en nuestro país. Este proyecto sabemos que surge con motivo de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 20 de mayo de 2019, donde a través de su función de órgano garante de la constitucionalidad nos mandata que como Poder Legislativo revisemos y expidamos un nuevo ordenamiento que tutele y salvaguarde los derechos de todos los mexicanos en materia de remuneraciones. De tal suerte que con esta nueva ley se subsane una cuenta pendiente que como Poder Legislativo teníamos para todos los ciudadanos, demostrando que nada está encima del bien común y que el respeto a la división de Poderes de nuestro país es fundamental para garantizar el disfrute y ejercicio de los derechos de todos los mexicanos. De esta forma, el proyecto que hoy se discute cumple con un proceso legislativo de calidad, pues son atendidos y subsanados diversos planteamientos de los que su antecesora carecía, por ejemplo, se desarrollan los criterios de adecuación y proporcionalidad, eliminando el margen de discrecionalidad en la determinación de la remuneración de los servidores públicos, garantizando el derecho fundamental de seguridad jurídica de los funcionarios del Estado en relación con los ingresos que perciben. En el texto de esta nueva ley se generan parámetros, esquemas y metodología cuya aprobación ha de garantizar una compensación adecuada y proporcional acorde al desarrollo económico de nuestro país y no separada de la realidad de pobreza y desigualdad que persiste en todo el territorio. En ese sentido, se establece en el texto que las remuneraciones serán adecuadas de tal manera que permitan a los servidores públicos y sus familias disfrutar de una vida digna, en apego al principio de la justa medianía, siempre y cuando esta contraprestación sea determinada en función y observancia de la realidad económica y financiera de México. De manera que estamos otorgándole a la ciudadanía un ordenamiento que atiende al marco social y jurídico actual que, a su vez, responde los reclamos hechos por tanto tiempo sobre los ingresos que reciben quienes se desempeñan en la administración pública federal. Pero sin dejar de lado que se trata de una labor dignificante y de suma importancia para nuestro país, querer tener las prestaciones adecuadas y proporcionales para quienes desempeñen de manera cabal estos puestos, ya que trabajar como servidor público debe ser visto como un honor. Y el medio para llevar una vida digna, pues implica un alto sentido de vocación de servicio, con el propósito de satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas, por encima de los intereses particulares. Por lo tanto, para lograr una administración pública confiable y profesional, es indispensable mantener un esquema de remuneraciones adecuado, como es el que plantea con esta nueva ley, que presenta un eficiente ejercicio de responsabilidades, a través de la búsqueda de permanencia de profesionales del servicio público con el perfil idóneo para el puesto, cargo o comisión que se les confiere, recibiendo por su trabajo una remuneración adecuada y justa. Por lo tanto, la aprobación de esa ley no solamente es benéfica para México sino necesaria, pues confiamos en que su emisión contribuirá a la construcción de un poder público nacional y racional, austero, con alto compromiso ético y social. Es cuanto, presidenta.