La diputada María Wendy Briceño Zuloaga: Gracias, presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros, muy buenos días. Vengo a nombre de la Comisión de Igualdad de Género para presentar el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de centros de justicia para las mujeres. Para la concreción de este dictamen, quiero reconocer el trabajo que organizaciones de la sociedad civil han hecho para plantear el robustecimiento de la operatividad y eficacia de los centros de justicia para las mujeres. Agradezco a Equis Justicia para las Mujeres sus aportes, sororidad y generosidad para construir entre todas este avance legislativo. Agradezco también el trabajo coordinado con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Conavim. Y al Instituto Nacional de las Mujeres, porque nos han dado también sus opiniones y sus asesorías respecto al tema. Reconozco igualmente a la diputada promovente, junto con una servidora, la diputada Mildred Ávila Vera y al pleno de la Comisión de Igualdad de Género, particularmente a la Junta Directiva, por la discusión y cuidado permanente en el planteamiento de los diversos dictámenes. Reconozco, igualmente, a las titulares de los centros de justicia y fiscalías representantes de la sociedad civil, expertas en la materia, con quienes en parlamento abierto analizamos las iniciativas aquí dictaminadas. La reforma que presentamos hoy pone en el foco que los 44 centros de justicia para las mujeres que se encuentran en 27 entidades federativas, queden especificados como espacios a cargo de las entidades federativas que, en coordinación con el gobierno federal y los municipios brindan en un mismo lugar servicios multidisciplinarios e interinstitucionales de atención integral con perspectiva de género, de interseccionalidad, de interculturalidad y de derechos humanos a mujeres víctimas de violencia, así como de sus hijas e hijos para, entre otras funciones, diseñar y actualizar los modelos de gestión operativa y atención de los centros de justicia para las mujeres a través de la Conavim, y en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para lo cual requerimos impulsar, promover y coordinar con las entidades federativas y los municipios la creación, equipamiento y fortalecimiento de dichos centros. Los centros de justicia para las mujeres tienen el objeto de coadyuvar y vincular bajo una política integral, multisectorial e interinstitucional, la prevención y atención de mujeres víctimas de violencia o de violación de derechos humanos, así como de sus hijas e hijos mediante la prestación de servicios multidisciplinarios, en un mismo lugar y la ejecución de acciones con la finalidad de promover y garantizar su acceso a la justicia, el ejercicio pleno de sus derechos y su incorporación a la vida productiva, social, cultural y política en la sociedad. Los servicios mínimos deberán ser atención médica y psicológica, incluyendo atención terapéutica de contención emocional. Asesoría y orientación jurídica, representación legal, gestión de expedición de documentación oficial. Servicios de cuidado y atención infantil, servicios de trabajo social, servicios de protección de seguridad a víctimas en situación de riesgo grave, o falta de red de apoyo familiar o comunitario, para lo cual se coordinarán con los refugios para víctimas de violencia. Acceso a la justicia a través de agencias del Ministerio Público especializadas en violencia contra las mujeres. Asesoría, capacitación y servicios para el empoderamiento social y económico. Gestión de acceso a servicios educativos, programas de incorporación de las mujeres víctimas de violencia al mercado laboral y los demás servicios que contribuyan al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Los centros de justicia para las mujeres facilitarán el acceso a la justicia las 24 horas todos los días del año. Se especifica que dichos centros se deberán ubicar de forma prioritaria en zonas rurales, comunidades indígenas y territorios carentes de instituciones públicas que prevengan y atiendan la violencia hacia las mujeres. Se añade, y lo subrayo, que en poblaciones indígenas se deberá contar con personal que hable la o las lenguas que prevalezcan en la región. Se incluye la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos a fin de facilitar a las mujeres víctimas de violencias el acceso a la justicia y la debida diligencia, implementando acciones que eviten la victimización secundaria, proporcionando atención integral a mujeres víctimas de violencia como a sus hijas e hijos. Se insta a solicitar los mecanismos de financiamiento con recursos federales a través de los programas estatales y municipales para mejorar el funcionamiento y equipamiento de sus instalaciones. Las instituciones estatales encargadas de brindar los servicios en los centros, como mínimo, son las siguientes o su equivalente en la entidad federativa: Secretaría de Gobierno, Fiscalía o Procuraduría General, Secretaría de Seguridad Pública o Ciudadana, Secretaría de Salud, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social o Económico, Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Secretaría o Instituto de las Mujeres, Comisión de Atención a Víctimas, Procuradurías de Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes, Instituto de la Defensoría Pública, Instituto de Pueblos Indígenas. Queda asentado que las dependencias de la administración pública federal involucradas y las entidades federativas, favorecerán la coordinación de acciones que propicien la optimización de recursos y la infraestructura que actualmente se cuenta, así como la homologación o creación de protocolos de acción en los casos procedentes. Concluyamos este año, difícil en muchos sentidos, dando buenas noticias para una vida libre de violencia de todas las mujeres y niñas mexicanas. Que el núcleo de los centros de justicia resida en potencializar los servicios concentrados en una misma institución, evitando la revictimización, la burocracia y la opacidad. Compañeras y compañeros, en el marco de estos 16 días de activismo por la no violencia hacia las mujeres y niñas, les invito a votar a favor del dictamen para que las mujeres sin miedo caminen, avances y repliquen por todo nuestro país nuevas formas de vivir libres de cualquier violencia, porque el Estado respondió de manera oportuna. Hoy es posible. Vivas nos queremos. Es cuanto.