La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Éste, que podría llamarse el punto de acuerdo del virrey, tiene la intención específica de saber qué es la política no solamente en el tema de seguridad sino en el tema de la soberanía del estado de Michoacán en lo que tiene que ver con las determinaciones que ha tomado el presidente de la República a través del comisionado Castillo, y que ha quedado en evidencia nuevamente, después de la gran problemática que se ha suscitado con el tema de Iguala y Ayotzinapa como uno de los ejemplos claros del Estado fallido que se vive en las entidades federativas. Como todos ustedes saben, el 16 de diciembre del año en curso en La Ruana, municipio de Buenavista Tomatlán el estado de Michoacán, hubo un enfrentamiento entre dos grupos que son considerados al menos protegidos del comisionado Castillo y que ha dejado no solamente el saldo de 11 muertos, sino en evidencia a los excesos de esta figura conocida por todos en la República como el virrey. La figura del comisionado de seguridad y desarrollo integral del estado de Michoacán, que recae en la persona de Alfredo Castillo Cervantes ha carecido de un sustento constitucional, aun cuando se le pretendió dar protección legal a través de un decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, a pesar de que se ha querido a través de este decreto dar sustento a esta figura, y además decir que ha sido el mismo gobernador del estado o el ex gobernador del estado quien solicitó formalmente el apoyo de la Presidencia de la República y que generó la creación de esta figura del comisionado, la realidad es que hay grandes vicios de la legalidad en esta figura. Primero. Nunca fue solicitado por el Congreso del estado, como debería haber sido, la intervención y la solicitud de apoyo para temas de seguridad en el estado de Michoacán. Ni los artículos constitucionales ni las demás disposiciones legales que se citan entran en los de los artículos que están en el mismo decreto que nombra al señor Castillo y que ahora no solamente ha venido a tomar el lugar del gobernador, sino que ha cometido grandes excesos de los cuales enumeraremos solamente algunos. No solamente ha violentado ha violentado los derechos humanos de los ciudadanos de Michoacán, que ha sido ya dejado en evidencia por varios no solamente actores políticos sino también sociales a través de los medios de comunicación, sino que al señor --al que, por cierto, le ha dado por el golf y la socialité-- ahora también viene a quitar funcionarios públicos estatales. Pone, quita, arma, perdona y además ahora enfrenta a sus dos protegidos en lo que todos conocemos que sucedió el 16 de diciembre. La verdad es que, más allá de que haya un decreto o un apoyo presidencial, ningún decreto constitucional señalará con claridad las funciones del señor Alberto Castillo Cervantes. Y sobre todo, ningún decreto constitucional le puede atribuir facultades para sustituir de facto las autoridades del gobierno del estado de Michoacán y lo que hasta ahora se han considerado como grandes atropellos. Hay señalamientos muy graves frente al comisionado Castillo, que se ha reunido con elementos del crimen organizado; que tiene acuerdos con unos y con otros no; que es finalmente lo que ha concluido del enfrentamiento del 16 de diciembre. Hay señalamientos muy claros de que ha perdonado a personas que han participado en el crimen organizado y que los ha vuelto sus operadores políticos en Michoacán. Pero, sobre todo, la violación a derechos humanos de activistas como el señor Mireles, que hoy es tratado como un delincuente y que ha sido detenido, y podríamos decir que, inclusive, torturado. Nosotros creemos que es como consecuencia, obligación de esta soberanía donde está representada la Cámara de Diputados y el Senado de la República, de cuando menos solicitar una explicación y solicitar también que el comisionado Castillo venga y nos explique no solamente cuáles son los lineamientos de política pública que está aplicando en Michoacán, sino que clarifique los señalamientos de corrupción e impunidad que se le han hecho a través de los medios de comunicación y que se le han hecho a través de diversos elementos políticos de Michoacán. Es por eso que nosotros basados en el principio de Montesquieu de que el poder se logra por su división entre distintos órganos y no para aumentar la concentración de poder en un solo elemento que en este caso sería el virrey Castillo, solicitamos a esta soberanía que el comisionado Castillo pueda venir en los términos de los artículos 58 y 59 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a comparecer, a dar cuenta del estado que se guarda en Michoacán, a dar cuenta de las acciones que él ha llevado a cabo por mandato del presidente de la república pero sobre todo a dar cuenta de sus relaciones con el crimen organizado. Señor presidente, si este asunto como podemos ver no se considera de urgente y obvia resolución, primero decir que aquellos que no lo consideren no están viviendo el pulso del país y la urgencia que tienen los michoacanos de que este asunto se tome en cuenta. Pero si se decide enviar a comisiones, esperemos que la primera comisión que es donde podrá discutirse este tema, le dé la importancia debida porque Michoacán, Guerrero y muchos otros estados, como lo que está sucediendo también en Sonora con la no aplicación del fideicomiso para salvar lo que está sucediendo con los afectados de la contaminación del río Sonora, son ejemplos claros de un Estado fallido y esta soberanía no puede dejar de lado atenderlos. Muchas gracias.