La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Gracias, diputada presidenta. Muy buenas tardes, compañeros legisladores. Hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que busca fortalecer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, quienes constantemente encuentran vulnerados sus derechos, y en muchos casos, inclusive, los derechos más elementales. En materia de capacidad jurídica nuestro país ha signado compromisos internacionales como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde se establece que los Estados parte asegurarán de que en todas las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica se proporcionen las salvaguardas adecuadas y efectivas para impedir abusos. En México la capacidad jurídica de las personas con discapacidad se rige por un modelo de sustitución de la voluntad, que conocemos como estado de interdicción. La capacidad jurídica se presenta formalmente a través de la figura del Estado de interdicción y del juicio de interdicción en el caso de las personas con discapacidad y con una visión, más bien, asistencialista se crea este juicio de interdicción con la idea de proteger a las personas y proteger también sus bienes. Sin embargo, el modelo actual de interdicción tiene algunos problemas, como ya lo ha señalado, por ejemplo, el Centro Estratégico de Impacto Social, Asociación Civil, que señala que al ser un sistema generalizado no ven las particularidades de cada persona con discapacidad, lo que se puede prestar, en muchos de los casos, a una tremenda injusticia. Argumentan que existe un serio patrón de estereotipos y presunciones falsas sobre las personas con discapacidad que afecta el actuar de las autoridades y también de la sociedad en general, que restringe las libertades para poder desarrollarse plenamente como es en justo derecho. De las observaciones finales hechas a nuestro país, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad expresa su preocupación por la ausencia de medidas para eliminar el estado de interdicción y las limitaciones a la capacidad jurídica de una persona con razón de su discapacidad en nuestro sistema jurídico. Han instado a que se suspenda cualquier reforma legislativa que implique continuar con un sistema de sustitución de la voluntad que afecta profundamente los derechos. Esto afecta, por tanto, que se respete la autonomía y la voluntad de la persona, sin importar su nivel de discapacidad. El mismo Conadi señala que el juicio de interdicción es discriminatorio, ya que priva a una persona con discapacidad de su capacidad jurídica y considera que el juicio de interdicción viola los derechos al debido proceso y la garantía de audiencia. Más aún después de una reforma en donde nos colocamos en un sistema único a nivel mundial de derechos humanos. Es importante señalar que países como Reino Unido, Estados Unidos, Suecia y Australia cuentan ya desde hace algunos años con un modelo de apoyo que ha resultado exitoso, el cual busca asistir a las personas con discapacidad para que ejerzan su derecho en igualdad de oportunidades. Consideramos que estos modelos pueden apoyar el modelo actual de interdicción, que tendría que ser utilizado en casos muy específicos e irlo limitando conforme vayamos avanzando en este modelo de apoyo a las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que han pedido las mismas organizaciones de la sociedad civil, las personas con discapacidad y actores coadyuvantes. Mediante esta iniciativa, Encuentro Social reitera claramente su compromiso para que se promuevan, se respeten, se protejan y se garanticen los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las personas con discapacidad. Ese es nuestro compromiso: ser la voz de los que hoy no tienen voz, para que entonces se pueda actuar en justicia para todos los mexicanos. Por todo lo anteriormente expuesto, proponemos que se adicione el artículo 30 Bis de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, para que el Poder Ejecutivo federal, los gobiernos de las entidades federativas, los gobiernos municipales y los Congresos de los estados, por supuesto, implementen programas, acciones y reformas para eliminar cualquier disposición que restrinja la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Asimismo, para que de manera coordinada garanticen sistemas de apoyos jurídicos y sociales que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, especialmente el derecho a la capacidad jurídica mediante apoyos adecuados y razonables. Siempre con respeto irrestricto a la voluntad y a la privacidad de las personas con discapacidad. Hagámoslo nosotros. Es un tema de justicia y es un tema que nos puede involucrar perfectamente a todos los legisladores comprometidos con las causas más nobles. Es cuanto, diputada presidenta.