El diputado José Ángel Ávila Pérez: Gracias, diputado presidente. Aquí se han expuesto ya muchas y muy variadas razones por las cuales los diversos grupos parlamentarios apoyarán en sus términos el dictamen propuesto por la Comisión de Puntos Constitucionales, relativo a la minuta que enviara el Senado para dotar al Congreso de la Unión de facultades para legislar y para homologar el funcionamiento de los registros públicos de la propiedad, el Registro de las Personas Morales y los catastros municipales. Puedo suscribir prácticamente todas estas referencias a las ventajas que ofrece la reforma que se consolidaría a través de este dictamen. Y por otro lado disiento de quienes han visto con objeción lo relacionado con los aspectos impositivos derivados de una reforma como la que aquí se está comentando. En efecto difiero de esas posiciones puesto que es claro que la reforma propuesta, la adición a una fracción al artículo 73 de la Constitución, no versa sobre la facultad de dictar impuestos, específicamente el predial, que es al que se han referido, ni ningún otro. Por ello me parece que no ha lugar a una referencia de objeción en ese sentido. Por el contrario, me parece que es fundamental que en este momento cuando se ha complejizado de tal manera no solamente el sistema de seguridad jurídica patrimonial, sino también el mercado inmobiliario en el país, que se logre finalmente a través de una norma que expida el Congreso de la Unión, homologar el funcionamiento, la organización, los sistemas registrales que en todas las entidades federativas y en los municipios del país se llevan para efecto de darle certidumbre jurídica a los actos que requieren para ser oponibles a terceros de su inscripción. Me parece inobjetable que en estos momentos del país, se convierte en una necesidad contar con la información que procede de registros públicos eficientes, completos, veraces y no como desgraciadamente hoy los tenemos. A todos seguramente nos constan las enormes dificultades por las que atraviesa cualquier particular para averiguar la pertinencia de una titularidad de propiedad de un inmueble, de una garantía otorgada para garantizar cualquier tipo de operación, la pertinencia y certidumbre de que en el catastro municipal se esté reflejando con objetividad el tamaño, la dimensión, el valor de la propiedad inmueble de las personas. Eso no sucede hoy. Hay una gran disparidad por supuesto, hay entidades federativas, hay municipios con un desarrollo más amplio que otros. Se ha intentado por otros medios. Diputadas, diputados, ustedes han visto seguramente que en los últimos años se han celebrado diversos convenios de colaboración entre la federación y los estados para poder regularizar y homogeneizar los sistemas registrales en el país. Desgraciadamente los resultados han sido muy pobres; desgraciadamente los resultados no son suficientes para garantizar que en efecto se pueda aprovechar la información para beneficio de las comunidades y de los habitantes de las respectivas ciudades, así como también para las autoridades del país que en su búsqueda de la comisión de ilícitos que desgraciadamente todos los que están en torno a la delincuencia organizada tienen una expresión inmobiliaria tarde o temprano, y para que pueda ser utilizada esta información creo que es el momento en que, a través de la facultad que se le está confiriendo al Congreso de expedir esta ley general se podrá lograr. Me parece también que el tema tocado por algunos diputados y algunas diputadas previamente en torno a la vinculación de reformas como ésta y como las otras que hemos discutido en el día tienen con el federalismo mexicano no es un asunto menor. El federalismo tal como está concebido en nuestra Constitución, desde la definición que el Constituyente de 1824 adoptó, es un sistema que implica el reconocimiento de esferas de gobierno distintas y este sistema, desde que se adoptó en nuestro país, ha ido marcando la historia política de México entre tendencias centralizadoras y tendencias descentralizadoras. Hay una diferencia fundamental entre unas y otras. Las tendencias centralizadoras generalmente se hacen en silencio, se generan en las muy pequeñas cúpulas del poder político y van logrando fortalecer a esa cúpula para hacer un gobierno más fuerte, más sólido, un gobierno que pueda lograr sus propósitos. Por contra, las corrientes descentralizadoras le han costado mucho trabajo, mucho tiempo, le han costado hasta vidas a los grupos muy amplios de la sociedad que han buscado acercar a los gobiernos locales las verdaderas decisiones que impactan en la vida de los seres humanos. Por eso llamo la atención sobre el momento que atraviesa este Congreso. Hoy hemos resuelto tres reformas que, sin ambages hay que decirlo, son reformas centralizadoras. Pero esto tampoco nos lleva a quienes hemos votado a favor de esos dictámenes y lo hemos hecho aquí en el pleno, a arrepentirnos ni mucho menos. Yo lo asumo; sí, son reformas centralizadoras. Pero son reformas que ante la inactividad de este legislador en otros ámbitos y en otras direcciones se convierten en indispensables. Por qué tener que arrebatarle a los estados de la federación la facultad para resolver con limpieza y con pulcritud su endeudamiento público? Pues porque hemos permitido que se endeuden de manera ilegal, no solamente en exceso, sino con documentos falsos, eso ha sido acreditado; sin embargo las consecuencias legales no existen. Entonces este Congreso tiene que tomar la decisión de arrebatar la facultad a los estados para regular. ¿Quién dice que la norma emitida por el Congreso ahora si va a ser obedecida? Si las normas estatales nunca lo fueron por los gobernadores que juraron cumplirlas y hacerlas cumplir y no ha sucedido, ¿qué nos hace pensar que la federal sí? Bueno, hagamos un intento más. ¿Por qué tenemos que regular para homologar los registros públicos de la propiedad y de las personas morales? Pues porque el federalismo hacendario de este país es tan insuficiente que ni los estados ni los municipios tienen el dinero necesario para hacer sistemas registrales adecuados. Bueno, no hemos corregido las deficiencias del federalismo hacendario, pues tenemos que corregir de una u otra manera el problema que hoy tenemos. ¿Por qué tenemos que arrebatarles también la facultad de emitir un Código Procesal Penal como corresponde de manera natural en nuestro sistema federal? Porque no hemos sido capaces de generar en los sistemas existentes como es el Sistema Nacional de Seguridad Pública, el consenso necesario para adoptar un código único, un código modelo, pero que sea un código expedido como debe ser, por cada entidad federativa. Ante esas deficiencias, tenemos que buscarle soluciones. Por eso es que nuestro partido ha votado en favor de las propuestas anteriores y lo hará también en favor de ésta, porque es indispensable hacerlo, pero también es indispensable que retomemos el tema en este Congreso y que no dejemos llevarnos por la facilidad de ir concentrando nuevamente atribuciones, facultades que ya le corresponden originalmente a las entidades federativas. Lo federal debe permanecer siendo federal, pero lo estatal, lo local, también debe permanecer siendo así. Defendámoslo, creo que es un mejor camino. Gracias.