El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas leyes penales para ponerlas en concordancia con las reformas a la Constitución General de la República en su artículo 19, en materia de prisión preventiva oficiosa. En la reforma constitucional incluimos diversos tipos penales por cuya comisión el juez de la causa podría dictar de manera oficiosa la prisión preventiva, con el propósito de que el presunto delincuente no se sustraiga de la acción de la justicia. Hoy, modificamos a partir de la minuta enviada por el Senado de la República, nueve ordenamientos de leyes secundarias. El primero de ellos se refiere al Código Nacional de Procedimientos Penales, para incluir en el artículo 167 las causas de procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Esto es, se replican las hipótesis delictivas del artículo 19 constitucional. Es necesario recordar que el robo a casa-habitación agravia a los mexicanos que son víctimas de la delincuencia. Por primera vez se sanciona penalmente el uso de programas sociales con fines electorales, que era una práctica común en anteriores gobiernos. Con la aprobación de la presente reforma, el gobierno del presidente de la República da la cara a la sociedad, mandando un mensaje claro de que ningún servidor público del gobierno federal podrá distraer los programas sociales con fines político-electorales, quien lo haga se irá a la cárcel. También se introducen a la legislación penal los delitos de corrupción y ejercicio abusivo de funciones. Indudablemente, la sociedad mexicana se manifestó en 2018, harta por la gran corrupción de los gobiernos de 1988 a 2018. El erario público fue visto como caja sin fondo, donde podían robarse de manera impune el esfuerzo de los mexicanos en el pago de sus contribuciones fiscales, sin que hubiera sanción para los responsables. Para quienes afirman que este gobierno no se ocupa de los feminicidios, hoy les decimos que quienes cometan estos delitos estarán restringidos de su libertad a lo largo del proceso penal. Como sociedad, tenemos la obligación de velar porque cualquier agresión a las mujeres, sea física o de orden sexual, no quede sin castigo. De igual manera, el secuestro, que agravia a las familias, generando una gran preocupación por la suerte del familiar privado de su libertad, no quedará impune. Compañeras y compañeros legisladores, la sociedad mexicana reclama que el Estado mexicano garantice su seguridad personal, familiar y patrimonial. Y que todas aquellas personas que delinquen sean sancionadas. Al Estado mexicano corresponde el monopolio legítimo de la fuerza. Y esta debe ser usada para que las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia funcionen adecuadamente. Debemos fortalecer a las instituciones de prevención del delito y, una vez que esto se llega a materializar, que los ministerios públicos y las policías a su cargo tengan la capacidad de investigar adecuadamente. Es imperativo del Estado mexicano y de la sociedad restañar el tejido social para inhibir las conductas delictivas. Pero, que estas cuando se cometan, no queden impunes. Para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo aun hay temas pendientes en esta gran agenda. Para la seguridad de los mexicanos estamos considerando en esta reforma el robo al transporte de carga. Pero no hemos todavía considerado el robo al transporte público de pasajeros, que cada día se incrementa y flagela a la clase más desprotegida de este país. Por las consideraciones antes expuestas, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyará el dictamen en sus términos, con la convicción de que estamos dotando a las instituciones de los instrumentos legales que les permitirán realizar mejor tarea en beneficio de la sociedad mexicana. Es cuanto.