La diputada Laura Martínez González: Buenas tardes. Con su venia, presidenta. Diputadas y diputados, el artículo 6o. y 55 constitucional establecen el derecho fundamental a la información, y en consecuencia obligación del Estado garantizarlo. Dicho precepto constitucional determina que toda persona tiene derecho al libre acceso a la información plural y oportuna, para la cual el Estado garantiza el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los derechos de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el internet. En ese sentido, todo manejo de información que esté dentro de los criterios de este artículo es público y estará regulado por la ley de la materia, en donde deberá prevalecer principios de máxima publicidad. Asimismo, conforme a dicho precepto constitucional, la Federación cuenta con un organismo autónomo especializado, responsable de garantizar al acceso a la información pública y a la protección de datos personales, denominado Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, cuyo funcionamiento se rige de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. De tal suerte que, desde el momento en que se creó, el INAI ha sido fundamental la participación de la sociedad civil, debido a que se trata de una participación que debe quedar al margen de las filas partidistas por lo que, a la vista, al paso del tiempo vemos que se ha procurado que los aspirantes a comisionados cuenten con alta especialidad, conocimiento y profesionalismo en la materia. También cuenten con reconocida participación en temas de derecho a la información, al ser también personas destacadas en el conocimiento de dicho derecho fundamental, con imparcialidad y autonomía para el debido ejercicio del cargo. Así que si lo anterior se ha llevado a la práctica como criterios, no tiene sentido que los consejeros del órgano garante, después de haber sido filtrados por la sociedad civil y el Senado de la República por sus buenas cartas de presentación puedan ser designados en puestos partidistas o electos por un cargo de elección popular perteneciente a un partido político inmediatamente después de la terminación de su cargo. Máxime cuando ello definitivamente podría repercutir en el manejo y salvaguarda de la información pública reservada del interés público, de seguridad nacional privada o de datos personales, que durante el ejercicio de su encargo manejó como comisionado bajo los principios de imparcialidad y autonomía. Por lo que, a partir de lo señalado, se considera pertinente la presente propuesta con el fin de salvaguardar la información pública reservada de interés público, de seguridad nacional, privada y de datos personales, que durante el ejercicio de su encargo manejó un comisionado bajo los principios de imparcialidad y autonomía. Y, en consecuencia, desde la Constitución se impida a los comisionados salientes que de inmediato puedan ocupar puestos partidistas, y es que más allá de que se ocupe en lo inmediato el cargo partidista o de elección popular representado algún partido político, lo que se pretende con la presente iniciativa es cuidar el cúmulo de información que dicho comisionado conoció, la cual podría encontrarse desprotegida por el uso indebido o para beneficio de un interés político. Es por ello que resulta totalmente contradictoria a la esencia y a la naturaleza jurídica de las facultades y alcances de un comisionado y encargado de velar por el derecho de acceso a la información, que por supuesto vale la pena decir que cuando se propone como tal, jamás dice tener preferencias, relación, acuerdos o tratos políticos con determinado partido político. Por lo antes expuesto es que pongo a consideración de este pleno la presente iniciativa, que en el fondo lo que se pretende es salvaguardar el posible uso indebido de la información clasificada por el INAI. Es cuanto, señora presidenta.