La diputada Nelly Maceda Carrera: Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Hacienda y Crédito Público, por el que se adiciona un artículo 116 Bis 2 a la Ley de Instituciones de Crédito. Antes de entrar en la materia específica del dictamen, es pertinente mencionar que los artículos 116 Bis y 116 Bis 1, forman parte de los artículos en los que se defienden las conductas delictivas en materia bancaria, por lo que la adición de ese artículo 116 Bis 2 es apropiada, ya que tiene el propósito de establecer de manera expresa la garantía de audiencia de las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. El artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En tal virtud la propia Constitución permite la realización de actos de molestia hacia los particulares, a condición de que estén debidamente emitidos por autoridad competente y que se funde en derecho y se motive adecuadamente la eventual afectación a un gobernado. En el dictamen que nos ocupa se nos propone una medida que tiene que ver con establecer la garantía de audiencia a las personas incluidas en la lista de personas bloqueadas. Es pertinente destacar que, en cumplimiento a disposiciones internacionales, cuando el Estado mexicano recibe una petición para el cumplimiento de compromisos internacionales, la autoridad administrativa nacional lo hace sin mayor dilación al considerar que en el país residente ya se agotó la garantía de audiencia. Caso contrario a cuando el acto de molestia surge en sede nacional, ya que no hay una causa judicial que así lo admite. En donde sí se respetaría la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento, cuando algún juez esté conociendo para resolución de un procedimiento. Con la adición de este artículo 116 Bis 2, se faculta a la Secretaría de Hacienda para que, en ejercicio de sus atribuciones, pueda introducir a una persona en la lista de personas bloqueadas cuando se cuente con indicios suficientes de que está relacionada con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita o los asociados con los delitos señalados. Queremos dejar en claro que esta medida al bloqueo de personas no puede ser aplicada a cualquier persona, sino solo y de manera taxativa a quien realice las conductas que expresamente se están señalando en el primer párrafo del artículo 116 Bis 2. Por ejemplo, para el caso de operaciones con recursos de procedencia ilícita se debe tomar en cuenta lo previsto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. El artículo 3o., fracción IV, establece: Los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y nos refiere a los tipificados en el Capítulo II, del Título 23 del Código Penal Federal, en el que en el artículo 400 Bis se describen las conductas de operaciones con recursos de procedencia ilícita, siendo estas, por ejemplo: adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo. Invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional de este o hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga el conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. O aparte, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tengan conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Para estos efectos, se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente. Se establece en el párrafo segundo la garantía de audiencia en favor de cualquier persona. Compañeras y compañeros legisladores, con esta reforma dotaremos a la autoridad administrativa de carácter financiero del instrumento legal que le permita el combate a la delincuencia organizada en el lugar que más les duele: el bloqueo de las cuentas en el sistema financiero. De manera complementaria, se faculta a la secretaría para promover la extinción de dominio de estos recursos.