La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Gracias, presidenta. Con su venia. Buenas tardes. En la discusión en lo general ha quedado clara la postura que compartimos en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, quienes consideramos que es necesario tomar decisiones seguras y firmes que envíen un mensaje de repudiar completamente la ilegalidad y que, a su vez, privilegien el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Retomando uno de los elementos del dictamen, tenemos que con la reforma propuesta al artículo 113 Bis del Código Fiscal se aumentan las penas al que expida o enajene comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas o actos jurídicos simulados, pasando de una sanción prevista de 3 a 6 años de prisión, a la posibilidad de sancionar este delito de 2 a 9 años, y contemplando la inhabilitación hasta por 10 años si este delito es cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones. La reforma a este artículo también prevé que para la procedencia de la persecución de este delito, será necesaria la presentación de querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, señala que su persecución por parte del Ministerio Público podrá llevarse, de ser el caso, a la par que la investigación sobre el delito en materia de operaciones de recursos ilícitos, tipificado en el artículo 400 Bis del Código Penal. Ahora, este artículo debe analizarse contemplando el alcance de la reforma en su totalidad. Al modificar el artículo 2o., de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, estamos clasificando las conductas tipificadas en el artículo 113 Bis antes descritas como delincuencia organizada, y en este punto es donde quisiera detenerme para plantear una reflexión. Recodemos que, de acuerdo al artículo 22 constitucional, la figura de extinción de dominio será procedente sobre bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos y delincuencia organizada, entre otros muchos que se señalan. De tal suerte que, de ser aprobada la reforma en los términos propuestos, a quien se le persiga por el delito tipificado en el artículo 113 Bis podrá ser sujeto, a la vez, de procedimiento de extinción de dominio previsto por la ley en la materia que este Congreso aprobó en meses pasados. En nuestro sistema jurídico el principio de presunción de inocencia prevalece como la regla general. En ese sentido, aun cuando el procedimiento de extinción no establece como causal de procedencia que exista una sentencia firme en materia penal, este ordenamiento sí contempla que mientras se realice la investigación puedan asegurarse bienes de manera cautelar, es decir, preventiva. No obstante, en atención a este principio de presunción de inocencia, cuando se redactó la Ley de Extinción de Dominio se buscó garantizar al procesado el derecho de exigir la reparación del daño cuando de la investigación se compruebe que no existen elementos para determinar procedente la extinción de sus bienes. Así quedó plasmada en el artículo 185 de dicho ordenamiento, que señala: En el caso de que la medida cautelar sea levantada, o bien, el Ministerio Público no obtenga una sentencia favorable sobre los bienes objeto de la acción de extinción de dominio, queda expedito el derecho de la parte demandada o de la persona afectada para pedir el pago de daños y perjuicios en un juicio diverso. Ante la posibilidad de que, al suscitarse una investigación por el delito de defraudación fiscal, tipificado en el artículo 113 Bis, en el que puedan verse afectados los bienes de los inculpados, abriendo la posibilidad a que, de resultar inocentes, su patrimonio familiar o el consistente en los activos de su actividad empresarial se vean dañados de manera permanente. En el Partido Verde consideramos necesario que se señale de manera expresa en el mismo artículo 113 Bis del dictamen, la posibilidad del procesado de exigir al Estado la reparación de los daños y perjuicios que le causa. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta soberanía la adición del párrafo último al artículo antes citado, para quedar como sigue. En el caso de que el Ministerio Público no obtenga una sentencia favorable en los juicios iniciados por los delitos previstos en este artículo, queda expedito el derecho de la parte absuelta para pedir el pago de daños y perjuicios en un juicio diverso. Es cuanto, presidenta.