La diputada Sara Latife Ruiz Chávez: Gracias, señor Presidente. Uno de los instrumentos fundamentales que determinan el desarrollo de un país es la planeación, ya que éste es el primer escalón en el ascenso del desarrollo de una nación. En este contexto, en la década de los ochenta se reformó el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el objetivo de conferir al Estado la atribución de la planeación del desarrollo. De igual forma, se le asignaron las funciones de dirección y coordinación del desarrollo regional, así como la regulación, protección y promoción de la producción y provisión de bienes y servicios públicos. En relación con lo anterior, es importante mencionar que el artículo 26 de la Constitución, le otorga a los estados de la república la capacidad de participar en la formación del Plan Nacional de Desarrollo. Con ello, se abre la posibilidad para la coordinación intergubernamental. En dicho artículo se establece que el Ejecutivo federal debe convenir con los gobiernos de las entidades federativas para la planeación del desarrollo en materias tales como la salud, educación, infraestructura y fiscalización. De igual forma, la planificación para el desarrollo incluye los elementos regionales, sectoriales y sociales, en lo que respecta a las políticas de fomento para el desarrollo social, los resultados obtenidos no han sido los esperados. Ello deriva de una mala planeación, consecuencia de una errónea identificación de las problemáticas que aquejan a los sectores más vulnerables. La normatividad secundaria que permite diseñar e implementar el contenido del Plan Nacional de Desarrollo es la Ley de Planeación, la cual es la directriz que marcará el rumbo del país durante la administración en turno. Es importante señalar que los organismos encargados de la planeación son los Coplades (Comités Estatales de Planeación para el Desarrollo Estatal), los cuáles son un instrumento que permite fortalecer la capacidad de formulación, implementación y evaluación de los gobiernos locales. Sin embargo, la Ley de Planeación, en algunos de sus componentes, es poco específica y clara. Situación que conlleva a diseñar programas sectoriales o sociales ineficientes en su aplicación, que al dejar de ser aplicados representan un alto costo social que ello implica. El error más grave de los programas sectoriales sociales es que son diseñados y planificados desde el escritorio del funcionario público, el cuál se encuentra en la capital del país. Ello dificulta la obtención de buenos resultados en su implementación, ya que el desconocimiento de la problemática real de los grupos vulnerables dificulta alcanzar los objetivos planteados. No debemos restar importancia a los más de 50 millones de pobres que habitan el país, a los casi 12 millones de personas con discapacidad y a los millones de mujeres, niñas y niños, personas de la tercera edad, que requieren de programas especiales, mediante los cuales puedan solucionar sus dificultades y aliviar sus necesidades. Como legisladores tenemos la responsabilidad de implementar acciones en beneficio de la sociedad en general, poniendo especial énfasis en las acciones a favor de los grupos más necesitados, para que las políticas de Estado consideren de manera prioritaria disminuir las desigualdades sociales y erradicar la marginación y la pobreza. En razón de lo anteriormente señalado, se pone a consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente Proyecto de decreto Primero. Se modifica la fracción III del artículo 2 de la Ley de Planeación, para quedar como sigue: Artículo 2. La planeación deberá llevarse a cabo como... I. y II III. La igualdad de derechos, la atención de las necesidades básicas de la población, la erradicación de la pobreza y la marginación, dando prioridad a la atención de las problemáticas de los grupos vulnerables; así como la mejoría, en todos los aspectos, de la calidad de la vida, para lograr una sociedad más igualitaria, garantizando un ambiente adecuado para el desarrollo de la población. Segundo. Se modifica la fracción III del artículo 16 de la Ley de Planeación, para quedar de la siguiente forma: Artículo 16. A las dependencias de la administración pública federal les corresponde: I. y II III. Elaborar programas sectoriales que proporcionen alternativas que beneficien a los grupos vulnerables y marginados, tomando en cuenta las propuestas que presenten las entidades del sector y los gobiernos de los estados, así como las opiniones de los grupos sociales y de los pueblos y comunidades indígenas interesados. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente, y le pido sea integrado al Diario Oficial de los Debates, como aquí lo presento. Gracias.