EL DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados: El asunto que me trae a esta tribuna se inscribe en el marco de la muy compleja situación que se ha creado en relación con la industria azucarera de nuestro país, que es una industria fundamental en el campo mexicano, que da empleo a cientos de miles de personas y de la cual de manera directa o indirecta dependen dos millones y medio de mexicanos. En ese marco estamos los diputados de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional y en particular en este caso los miembros de la diputación veracruzana de dicha fracción, planteando un conjunto de medidas que permitan hacer frente en una primera instancia al atropello que se ha cometido por parte del Ejecutivo Federal a disposiciones emanadas de este Congreso de la Unión, como en su momento fue la aprobación del Impuesto Especial a los Refrescos Endulzados con alta Fructuosa. Ese impuesto aprobado unánimemente y que no mereció las observaciones del Ejecutivo, qué tenía en todo caso si no estaba de acuerdo la posibilidad de vetarlo, debió aplicarse porque la Constitución señala claramente que es una facultad del Ejecutivo de la Unión el promulgar las leyes, ya la había promulgado y proveer en la esfera administrativa a su exacta observancia, no a su inobservancia, que es lo que promovió el Ejecutivo al emitir un indebido e inconstitucional decreto que suspende la aplicación de un impuesto establecido por la soberanía del Congreso de la Unión. Pero en fin, así están las cosas, y en ese esquema nuestra fracción parlamentaria está impulsando un conjunto de medidas que hagan que el ambiente en que se desenvuelve la industria azucarera permita su desarrollo, su evolución y la preservación de esta gran cantidad de empleos que generan. No se trata y quiero ser muy cuidadoso porque luego nos dicen que no hablemos de proteccionismo porque ahora tenemos hasta que cuidar las palabras que empleamos los diputados porque pueden ser usadas en nuestra contra en los procesos jurisdiccionales que se realizan con motivo de las disputas comerciales. Pues no, realmente no se trata de proteger en el sentido comercial a la industria azucarera, que no necesita protección porque ha demostrado su productividad, su capacidad, el trabajo de los cañeros, en el campo de los trabajadores, de los ingenios, de los industriales, ha permitido una expansión productiva que fue precisamente lo que preocupó a nuestros socios norteamericanos cuando vieron que en condiciones de lo pactado en el Tratado de Libre Comercio teníamos una amplia posibilidad de exportación de nuestros excedentes azucareros que deberían ser recibidos por el mercado norteamericano como lo dispone dicho tratado. Y precisamente por eso se han dado las condiciones que impiden el ingreso de esa azúcar mexicana a los Estados Unidos, por eso digo no necesita protección desde el punto de vista comercial, quizá de lo único que hay que proteger a nuestra industria azucarera sea del entreguismo y de la incapacidad negociadora del Ejecutivo Federal para defender los intereses de México. De ahí que en este caso nos encontremos con que paradójicamente en lugar de una protección lo que requerimos es la plena observancia del flujo derivado del Tratado de Libre Comercio de manera que al respetarse sus términos pueda ingresar el azúcar mexicana a los Estados Unidos. Y en ese sentido creo que es obligación del Congreso Mexicano además no sólo atender a esta industria. Por qué pueden otros países y ahí están los propios Estados Unidos, dictar medidas que tienden a la protección de sus industrias como la acerera, ahí sí, el Libre Comercio es muy bueno hasta que no afecta los intereses concretos de las industrias específicas de los Estados Unidos porque entonces aparecen los aranceles aunque ello implique tener que entrar en un conflicto con la Unión Europea porque están, y creo que hacen bien desde el punto de vista nacional, actuando a favor de los empleos y de las industrias dentro de sus fronteras que es lo que debemos hacer nosotros por las industrias nacionales. Pero en este caso, insisto, lo que queremos es simplemente que se cumpla con el Tratado y que se tomen, por lo tanto, por el Congreso las medidas necesarias para ese efecto y entre esas medidas podemos recurrir y así lo estamos planteando los diputados miembros de la diputación Veracruzana de la fracción parlamentaria del PRI, a las medidas que den consistencia a la acción de este Congreso, frente, por otro lado, a ese atropello indebido, inconstitucional e inmoral del Ejecutivo contra medidas legislativas que fueron debidamente aprobadas y que no tiene por qué derogar. Eso también está en juego y por eso creo que es importante que el Congreso asuma su papel como el órgano representativo de los mexicanos que vela por los intereses generales del país. De esa manera planteamos que la industria azucarera nacional se ha visto sujeta a graves vaivenes derivados de acciones gubernativas que han propiciado un desajuste en la necesaria relación que debe darse en la cadena productiva, constituida por el cultivo de la caña, su transformación agroindustrial en azúcar y el empleo de ésta como insumo de la industria refresquera nacional, la cual a su vez desempeña un importante papel en el proceso alimentario del pueblo mexicano. No podemos desconocer el papel que juega el consumo de refrescos en nuestro país, por todos los mexicanos, pero también particularmente por grandes grupos sociales de menores ingresos. Que a raíz de la aplicación del impuesto a los refrescos elaborados con alta fructuosa, se habían generado expectativas favorables a la integración de la mencionada cadena productiva, nos decían los representantes de distintos sectores que, por primera vez, una acción concreta del Poder Legislativo, estaba dando resultados benéficos para esta importante industria, y ahí vino el Ejecutivo y la echó abajo. Este impuesto se suspendió por la aplicación indebida, decíamos, del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación que, por otro lado, ya está caminando la iniciativa que me permití presentar ante la Comisión Permanente, para que se dejen sin efecto esas indebidas facultades de carácter, esas si metas constitucionales, porque van más allá de la Constitución, que permiten al Ejecutivo tomar este tipo de medidas derogatorias de las decisiones legislativas. El empleo de la mencionada facultad ha atropellado determinaciones tomadas por el Congreso de la Unión con la participación de todos los partidos, y es indispensable hacer prevalecer las disposiciones legislativas, por encima de las actitudes unilaterales adoptadas por el Ejecutivo. Además se requiere alentar el consumo de azúcar de caña por su valor alimentario, porque éste es otro elemento que hay que considerar, como ingrediente de los refrescos, que constituyen elemento esencial en la alimentación y nutrición cotidiana de millones de mexicanos. De acuerdo con informes elaborados por expertos en la materia, el consumo de alta fructuosa, da lugar a un proceso metabólico, que en lugar de incrementar la energía corporal, y tenemos esos estudios para que puedan sustentar esta propuesta, esta energía corporal disponible a partir de la ingestión de alta fructuosa disminuye, en virtud de que el tratamiento químico en el hígado humano da lugar a la formación de acetatos, que a su vez se convierten en colesterol, generando problemas en el hígado y produciendo un impacto sobre la salud humano, cuyo posible daño es necesario determinar con precisión. Independientemente de la existencia de estos factores negativos, es evidente que el azúcar de caña tiene valores alimenticios efectivamente comprobados, que aconsejan el fomento de su consumo. Para alentar los propósitos antes mencionados, los suscritos miembros de la diputación veracruzana de la fracción parlamentaria del PRI, hemos encontrado conveniente aplicar el régimen de tasa cero de IVA, de Impuesto al Valor Agregado a los refrescos endulzados con azúcar de caña, a fin de equipararlos con otros productos alimenticios, a los que se aplica un régimen fiscal semejante. Por eso proponemos la reforma al artículo 2ª de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, para que su inciso c), que ahora dice: que se aplicará la tasa cero de IVA al hielo y aguas no gaseosas, etc., ahora diga: "inciso c) Para aplicarse en tasa cero: refrescos endulzados con azúcar de caña, hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este último caso su presentación sean en envases menores de 10 litros". El efecto sería pues, ya que no se aceptó una medida impositiva que estaba dando resultados, y que elevaba el impuesto aplicable a los refrescos endulzados con alta fructuosa, bajar entonces la tasa correspondiente del IVA a los refrescos endulzados con azúcar. A ver de dónde sacan facultades de algún decreto, para derogar algo que ya nosotros estaríamos haciendo descender y que afortunadamente no hay ninguna disposición legal que le permita el Ejecutivo elevar un impuesto. En esas condiciones, y de manera realista, tratando de que esto se inscriba en el marco de negociaciones que permitan un trato equitativo al azúcar mexicana, y que permitan también el desarrollo de nuestra industria azucarera. Queremos dejar constancia de que estamos dispuestos a acudir a todas las medidas congresionales posibles para defender nuestros puntos de vista y la dignidad de este Congreso de la República. Muchas gracias. «Escudo. LVIII Legislatura. Cámara de Diputados. Congreso de la Unión. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a través de los suscritos, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y CONSIDERANDO Que la industria azucarera nacional se ha visto sujeta a graves vaivenes derivados de acciones gubernativas que han propiciado un desajuste en la necesaria relación que debe darse en la cadena productiva constituida por el cultivo de la caña, su transformación agroindustrial en azúcar y el empleo de ésta como insumo de la industria refresquera nacional, la cual a su vez desempeña un importante papel en el proceso alimentario del pueblo mexicano. Que a raíz de la aplicación de un impuesto a los refrescos elaborados con alta fructuosa se habían generado expectativas favorables a la integración de la mencionada cadena productiva, que se vieron frustradas por la desafortunadísima decisión del Presidente de la República de dejar sin efecto el mencionado impuesto haciendo uso de una facultad inconstitucional contenida en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, a partir de una interpretación irracional de la misma, que en lugar de beneficiar a una rama productiva, afecta gravemente a una industria nacional implantada en 15 entidades federativas y beneficia a través del empleo que genera a 2 millones y medio de mexicanos. Que el empleo de la mencionada facultad ha atropellado determinaciones tomadas por el Congreso de la Unión con la participación de los partidos con mayor representación y que es indispensable hacer prevalecer las disposiciones legislativas por encima de las actitudes unilaterales y metaconstitucionales adoptadas por el Ejecutivo. Que además se requiere alentar el uso del azúcar de caña por su valor alimentario como ingrediente de los refrescos que constituyen un alimento esencial de la nutrición cotidiana de millones de mexicanos de todas las clases sociales. Que de acuerdo con informes elaborados por expertos en la materia, el consumo de alta fructuosa da lugar a un proceso metabólico que en lugar de incrementar la energía corporal disponible a partir de su ingestión, la disminuye en virtud de que su tratamiento químico en el hígado humano da lugar a la formación de acetatos, que a su vez se convierten en colesterol, generando problemas en el hígado y produciendo un impacto sobre la salud humana, cuyo posible daño es necesario determinar con precisión. Que independientemente de la existencia de estos efectos negativos, es evidente que el azúcar de caña tiene valores alimenticios efectivamente comprobados que aconsejan el fomento de su consumo. Que para alentar los propósitos antes mencionados, los suscritos encuentran conveniente aplicar el régimen de tasa cero, de IVA a los refrescos endulzados con azúcar de caña a fin de equipararlos con otros productos alimenticios a los que se aplica un régimen fiscal semejante, por lo que proponemos la reforma al artículo 2-A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado para quedar como sigue: Artículo 2-A. . . 4. . . c) Refrescos endulzados con azúcar de caña, hielo y agua no gaseosa ni compuesta, excepto cuando en este ultimo caso su presentación sea en envases menores de 10 litros. México D. F., a 19 de marzo de 2002. Gustavo Carvajal M., Marcos P. López Mora, R. Márquez, Francisco Castro, Eduardo Andrade, Nemesio Domínguez, José María Guillén Torres, Eduardo A. LEINES Barrera, Enrique Ramos Rodríguez, Jorge Schettino Pérez, Juan N. Callejas Arroyo, Francisco Ríos Alarcón, Pedro Manterola S., Edgar Consejo Flores, Martha Silvia Sánchez González, José F. Yunes Z., Martha Silvia Sánchez G. Sánchez y José Manuel del Río V.» LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con opinión de la Comisión Especial para la Industria Azucarera. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Distinguidos diputados, como es de conocimiento de varios de ustedes, el señor licenciado Luis Fernando García Izaguirre, padre del diputado Ricardo García Cervantes y destacado abogado, ha fallecido. Al expresarle nuestras sinceras condolencias al diputado García Cervantes, le solicito atentamente al diputado Dorador que le acompañe en representación de la Mesa Directiva en las honras fúnebres de su señor padre y les ruego a todos los presentes ponerse de pie, para guardar un minuto de silencio. (Se guarda un minuto de silencio) Muchas gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la diputada Gabriela Cuevas Barrón del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma las fracciones I, II y VII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. LA C. DIPUTADA GABRIELA CUEVAS BARRON. Con su venia, diputada Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos diputados a la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del... (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) Decreto que reforma las fracciones I, II, y VII, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de regular la forma de elección de síndicos y regidores municipales. Con su venia señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Los suscritos, diputados a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 y 135, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55, del Reglamento Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del Constituyente Permanente, el decreto que reforma a través de modificación la fracción I y adecua la fracción VIII, del artículo 115, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de regular la forma de elección de presidentes, síndicos y regidores municipales, acorde a la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS "...Todo régimen democrático debe respetar, promover y garantizar, mediante procedimientos electorales imparciales y objetivos, la expresión y representación de las minorías, los derechos del ciudadano para intervenir en el proceso de integración del gobierno al que vive sujeto y a formar parte del propio gobierno, y debe asegurar a los ciudadanos la libertad de información y su libertad de criticar a quienes ejercen el poder". Manuel Gómez Morín El origen de la representación se encuentra en la ideología de la democracia; en la necesidad que el gobierno tiene de ser legitimado por la sociedad y en la necesidad que a su vez tiene la sociedad de encontrar mejores formas de organización política delegando algunas de sus funciones a la autoridad. Anteriormente los gobiernos lograban legitimar su autoridad en varias fuentes, sin embargo muy pocas veces tomaban en cuenta a los gobernados. Esta visión fue evolucionando hacia el derecho de gobernar sólo cuando la población otorga su consentimiento; cuando la posibilidad de mantener o no. esa autoridad dependería en gran parte de la capacidad de responder a las necesidades de la comunidad. Así surge la representación como la autorización que una comunidad otorga a algunas personas para actuar, escoger y hablar por todo el grupo. La representación consiste en basar las preferencias e ideas del debate político en los problemas y deseos de sus constituyentes. La representación debe actuar como espejo de la nación. La democracia representativa como forma de gobierno pierde todo significado si no responde a los intereses de las personas. Para que una nación sea plenamente democrática debe manifestarse en todas las esferas de la vida política, es decir, en los ámbitos nacional, estatal y municipal. No se puede pensar en ser ciudadano en sólo un espacio, pues en cada nivel ,donde se creó algún aparato público, existe una demanda de participación ciudadana, de intervención y en definitiva, de representación. El municipio concebido como un orden de gobierno, se entiende como el nivel primario de la organización estatal e incluso nacional. Debe ser una expresión concreta de la realización de la democracia. En él está el espacio político inmediato en el que los ciudadanos ven protegidos sus intereses de manera directa y se encuentran reflejados en su inclusión política. Por ello es indispensable que exista una representación real de los ciudadanos en los municipios y que se realicen las atribuciones ciudadanas. Sólo con ayuntamientos representativos y claramente democráticos, podremos pensar que los estados lleguen a ser también representativos y democráticos. El municipio se formula a partir de la idea de la descentralización política y administrativa, cuya finalidad es el manejo de los intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una circunscripción territorial para posibilitar una gestión más eficaz de los servicios públicos. Sin embargo, el actual mecanismo de elección de los regidores por planilla hace que el cabildo no responda a los intereses de toda la población sino que se concentra normalmente en determinadas zonas como la cabecera municipal mientras que otras regiones carecen de representación. Es necesario generar un contenido democrático en todas nuestras instituciones empezando por la regulación de los procesos electorales municipales a fin de generar desde este ámbito una verdadera representación de las demandas ciudadanas, mucho más allá de la representación proporcional que se otorga a los partidos políticos. Las prácticas electorales de los municipios son objeto de una fuerte demanda democrática pues aún existen muchas estructuras que incentivan claramente prácticas autoritarias. Entre estas prácticas se encuentra la manera en que se construyen las planillas; la ausencia de autonomía política de algunos regidores; y el poco pluralismo existente en varios municipios y en la toma de decisiones al interior de los cabildos. Aún con la introducción del principio de representación proporcional en 1983, no ha sido suficiente para crear una verdadera democracia dentro de éstos. El diseño institucional que rige actualmente velas elecciones municipales obliga a una votación por fórmula y en muchos casos la fórmula o planilla no está constituida de forma que represente de forma clara a todo el territorio y población municipal, lo .que puede derivar en políticas públicas incompletas o sesgadas a los intereses de ciertas áreas del municipio. Es en la creación de la planilla donde se puede inducir una hegemonía del presidente municipal al interior de ésta y al mismo tiempo, la ausencia de autonomía política de los regidores que lo acompañan. La afinidad y la coincidencia son algunos valores predominantes en la planilla por encima de la representación política. Este presidencialismo existente en muchos de los cabildos de México, devalúa el papel político del regidor, que en muchos casos sigue la inercia del presidente municipal y parece perder su oficie y olvidar su papel como representante de los ciudadanos. Por otro lado, los regidores difícilmente tienen la posibilidad de acercarse a un determinado distrito, es decir, a una base social de representación que le posibilite un margen de autonomía política frente al presidente. Aún cuando en teoría, al votar por una planilla se elige al presidente municipal, al síndico y a los regidores que la integran, en la práctica muchas veces se vota por el candidato para presidente municipal, con lo que se obstruye la capacidad del regidor para formar su propia base social. El perfil predominante de la integración de los ayuntamientos en México, con excepción de los que su sistema electoral es por usos y costumbres, es de sistema mixto. Lo que cambia en la legislación electoral entre los diferentes estados es el tamaño de los ayuntamientos, el peso de los puestos de mayoría relativa y de representación proporcional en el cabildo y el procedimiento matemático utilizado para distribuir las regidurías de representación proporcional, lo que ha generado numerosas fórmulas a lo largo del territorio nacional. No todas estas fórmulas se encuentran basadas en la idea de justicia, de proporcionalidad o de representación ideológica. Además de esta integración, en algunas elecciones municipales los partidos políticos pueden obtener triunfos únicamente en los puestos de mayoría relativa o en los de representación proporcional, siendo esto insuficiente para una efectiva representación de las muy diversas comunidades que conviven en el territorio de un municipio. En 26 estados de la República, las fórmulas previstas en la legislación electoral aseguran la mayoría de los puestos que integran el ayuntamiento al partido político que gana la elección, generando una injusta distorsión de la representatividad de la sociedad y una desproporcionalidad con respecto a los resultados de la elección. Con esto se segrega a las minorías, pues son las principales relegadas de los procesos de toma de decisión. Bajo el esquema actual, el presidente municipal y sus regidores pueden ignorar a los regidores de las minorías pues apenas existen decisiones de gobierno sujetas a principios de mayoría absoluta o de mayoría calificada en la reglamentación municipal. Las decisiones se toman por mayoría simple o en su caso por la mitad más uno de los miembros del cabildo, votos que normalmente tiene asegurados el partido mayoritario independientemente de lo competida que se haya presentado la elección. Los únicos casos donde se contempla la mayoría calificada desde la reforma al texto del artículo 115 son: i) para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario o ii) para celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por un plazo mayor al periodo del ayuntamiento. Por lo anteriormente expuesto, queda claro que los regidores en su mayoría no suponen una representación de los ciudadanos hacia el ayuntamiento pues no traen bajo su cargo la representación de zonas geográficas o núcleos de población específicos y por lo tanto, no están vinculados con los problemas de la localidad. En México los centros de población ubicados fuera de la cabecera municipal han sido tradicionalmente comunidades abandonadas, no contempladas en el diseño de las políticas públicas y por tanto en el presupuesto municipal, son localidades que han carecido de adecuados mecanismos de representación ante las autoridades municipales. Este sistema de elección por planillas no sólo debilita la representación ciudadana en el cabildo, sino que además genera autoridades que no tienen una clara rendición de cuentas frente a la población que los eligió, ya que la responsabilidad se comparte con el resto de los regidores. La propuesta que hoy se presenta busca una forma distinta de elegir a los cabildos excepto en aquellos municipios que se rigen por usos y costumbres. Es nuestro deber forjar instituciones democráticas, representativas y responsables frente a la población, por ello esta propuesta pretende que en el artículo 115 Constitucional se contemple la elección de regidores por mayoría relativa en distritos uninominales, conservando la representación proporcional en la integración del cabildo mediante listas establecidas por un solo distrito municipal. Con la incorporación de la elección por distritos uninominales se busca fortalecer la figura de los regidores garantizándoles un mayor respaldo social, una mayor autonomía del presidente municipal y así crear un vínculo más estrecho con la ciudadanía a quien deberán representar y rendir cuentas permanentemente. El principio de elección por distritos electorales submunicipales, es decir, por un cierto territorio, facilita la suma de voluntades y de expresiones concretas como de hecho sucede en los demás órganos de representación política de nuestro país: Los congresos locales y el honorable Congreso de la Unión. Bajo este esquema, los cabildos podrán contar con una función ya no sólo administrativa sino también legislativa, mientras que el control último de la administración municipal, recaerá nuevamente en el ciudadano, que en cada elección será quien evalúe el desempeño del funcionario. Por otro lado, con esta reforma, finalmente los municipios encontrarían la forma de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción VII del artículo 2o. de la Constitución Federal, que obliga a elegir, en los municipios con población indígena, representantes de los ayuntamientos para fortalecer la representación y participación política de los indígenas. La elección de los regidores por distritos uninominales también busca que todos los partidos políticos puedan competir tanto por los puestos de mayoría relativa y como por los de representación proporcional en todos las entidades federativas. Con esto se espera que los diversos actores políticos se encuentren representados con la debida y justa proporcionalidad, evitando así la sobre representación del partido mayoritario. De esta manera la oposición tendrá más presencia al interior del ayuntamiento y las decisiones que se tomen en éste tendrán que contar con la anuencia de la oposición política, es decir, el consenso será la base necesaria para el desarrollo municipal, lo que servirá como un importante contrapeso para los intereses parciales o de facciones. No se trata de imaginar diseños institucionales de los que no se conozcan sus consecuencias ya que en los años posteriores a 1917 existió esta división al interior de los municipios para elegir á los regidores. Tal fue el caso del Distrito Federal y de algunos estados como Guanajuato, Hidalgo y Michoacán, donde en sus constituciones se hizo referencia a la elección de los regidores por secciones electorales, es decir, la elección sí se realizaba por planillas, pero a la vez las municipalidades se dividían en distritos electorales no forzosamente uninominales donde se llevaban a cabo los comicios por renovación de mitades. También es materia de esta iniciativa el dotar a cada uno de los miembros del cabildo de un peso específico tal, que no suponga más valor en el voto de uno de sus miembros que pudiese sesgar la votación. Es decir, el síndico sólo contará con voz al interior del cabildo, lo que lo llevará a poder actuar con menor presión política en el desempeño de sus funciones administrativas y, para el caso del presidente municipal, éste contará con derecho a voz y podrá votar solamente en caso de empate, ya que el derecho que se contempla en varias legislaciones estatales sobre el voto de calidad, hace que el voto del presidente pueda tener el peso de dos votos (en lugar de uno, que es el que le corresponde) lo que genera una distorsión en las votaciones. Como sucede en otros ayuntamientos del mundo, con la elección de regidores por distritos y con la debida ponderación del voto de cada uno de los miembros del cabildo se puede reforzar el papel de los regidores como gestores de los intereses comunitarios de la zona que les corresponde, y así cumplir con la idea original que da origen a la formación del municipio. Por todo lo anteriormente expuesto y con los fundamentos jurídicos expresados en el proemio, me permito poner a la consideración del Constituyente Permanente, la siguiente iniciativa de DECRETO Que reforma las fracciones I, II y VIII, del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma a través de modificación los párrafos primeros de las fracciones I y II, se adiciona a ésta última un párrafo tercero, y se adecua la fracción VIII, todos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 115. . . I. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento integrado por un presidente municipal, regidores y síndicos. Las leyes de los estados preverán lo referente a la elección municipal, a través del principio de mayoría relativa, para e1 cargo de presidente municipal y síndicos. Respecto del número total de regidores, una mitad será electa por el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales municipales; y 1a otra por el principio de representación proporcional mediante el sistema. de listas votadas en una circunscripción plurinominal municipal, según corresponda y determinen las legislaturas de los estados. Los regidores integrantes de los ayuntamientos, con independencia del principio de votación por el que fueron electos tendrán los mismos derechos y obligaciones. La competencia que esta Constitución otorga ,al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. II. . . Los ayuntamientos tendrán facultades para discutir y aprobar, de acuerdos con las leyes en materia municipal que deberán expedir las legislaturas de los estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la Administración Pública Municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal. Las decisiones de los ayuntamientos serán tomadas por votación de los regidores, en los términos que dispone ésta Constitución y las de los estados, mientras que el presidente municipal y los síndicos, tendrán derecho de voz, pero no de voto, sólo en casos de empate el presidente municipal tendrá derecho de voto. III a la VII. . . VIII. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. ARTICULO TRANSITORIO Primero. Las legislaturas de los estados contarán con un año a partir de la entrada en vigor del presente decreto para actualizar sus ordenamientos. Segundo. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, a 19 de marzo de 2002. Diputados: Gabriela Cuevas Barrón, Armando Salinas Torre, Cuauhtémoc Cardona, J. Guillermo Anaya Llamas, Beatriz Grande, Omar Fayad Meneses, Miguel Gutiérrez Machado, Armando Enriquez Flores, Rodolfo Dorador Pérez, Francisco García Cabeza de Vaca, Miguel Barbosa, Francisco Javier Cantú Torres, Mercedes Hernández, Fernando J. Martínez Cué, Fanny Arellanes, Yadira Tamayo Herrera, Jorge Lara Ribera, Carlos A. Flores, Raúl Gracia Guzmán, Raúl García Velásquez, Ernesto Saro, María Isabel Velasco, José Manuel Del Río. Eduardo Arnal Palomera, Marcos Pérez Esquer, Gina Andrea Cruz Blackledge, Adrián Rivera Pérez, Diego Cobo Terrazas, Heidi Storsberg Montes, Fernando Pérez Noriega, Enoch Araujo Sánchez, Roberto Zavala y Jaime Vázquez. LA C. PRESIDENTA. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la Comisión de Fortalecimiento del Federalismo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- PRESIDENTA: Se ofrece el uso de la palabra al diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con objeto de presentar una iniciativa de ley que reforma el artículo74 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso ciudadana presidenta: Reitero en principio y con la autorización de ustedes y con sinceridad, nuestra solidaridad y la condolencia para el diputado Ricardo García Cervantes y su familia. Por otra parte, en ejercicio de la facultad que corresponde a los diputados federales en términos de lo que la Constitución establece, la Ley Orgánica del Congreso General y su Reglamento, un servidor pone a la consideración de esta Soberanía, una iniciativa que tiene como propósito reformar el artículo 74 fracción IV de la Constitución General de nuestro país, específicamente con relación a dos Apartados, en lo que tiene que ver con la presentación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que incumbe al Presidente de la República. Por una parte como ustedes lo saben, es de la competencia de la Cámara de Diputados, revisar la Cuenta Pública. La iniciativa establece que el Informe debe ser presentado ante la propia Cámara, hasta y dentro de los últimos diez días del mes de abril. Por otra parte y seguramente es coincidente el planteamiento, no solamente con iniciativas de compañeros ex legisladores de la fracción parlamentaria del PRD, sino de quienes integramos esta quincuagésima octava Legislatura, incluso de otras expresiones políticas, de que la iniciativa del Ejecutivo Federal, debe ser presentada con la antelación necesaria para que las diputadas y los diputados, tengamos oportunidad de un análisis racional del contenido del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Es lamentable y hasta penoso, de que las transmisiones de los medios estén dando nota y cuenta de que hasta el final los diputados eventualmente se ponen de acuerdo en la aprobación de los recursos para el Gasto Público Federal. Incluso, incluso al inicio del presente año, el reloj marcó el día primero de enero del 2002, con el mensaje de no existir en las primeras horas el consenso sobre el tema; finalmente fue aprobado como ya ocurrió, en el ejercicio pasado por unanimidad. Insisto, seguramente estos dos apartados son temas de coincidencia y de convergencia con los planteamientos de otras iniciativas y de otras fuerzas políticas. La iniciativa contempla la adición al artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, con el propósito compañeras, compañeros diputados, de que al Proyecto, de que a la iniciativa que formula el señor Presidente de la República, se acompañen los anexos para que podamos saber en qué se va a destinar el gasto. El día de hoy y quizá sea reprochable, algunos compañeros diputados están preguntando cuánto le corresponde a su entidad federativa. Lo más que sabemos luego es cuánto toca a una delegación federal en el estado, pero para el gasto corriente. No se relaciona el gasto de inversión en temas específicos. Ese es el sentido de la propuesta. Hay seguramente la pretensión del descrédito para los diputados, para el Congreso. Un servidor está convencido que, a lo mejor no con la eficacia que otros quieren, pero es mejor este país con un congreso y lo es más cuando asumamos la parte que nos toca. Escuché con detenimiento el posicionamiento de quienes encabezan nuestras fracciones parlamentarias la semana anterior, al inicio de este período ordinario, destacadas todas. El líder de la fracción de Acción Nacional decía: toquemos la reconducción presupuestaria, es decir, que la Cámara no se limite a aprobar el gasto para un ejercicio fiscal, sino que vayamos a dos o a tres años, sobre todo cuando el proyecto ejecutivo o la ejecución de un proyecto, valga repetirlo, requiera no sólo un año de ejercicio fiscal. Pero yo digo: por qué ir a ese tema si no abordamos en principio la transparencia del recurso. Ese es el sentido, está confesada la elevada discrecionalidad del Ejecutivo Federal. Está admitida la discrecionalidad en el destino de los recursos. Los gobernadores de los estados siguen, hoy como ayer, pidiendo acuerdo con el secretario de despacho, léase de Salud, de Educación o de infraestructura para ver qué es posible lograr para su entidad federativa. Por qué no, por qué no le damos no sólo transparencia; le damos conocimiento a la comunidad de lo que le toca en el presupuesto a cada entidad federativa. Ese es el sentido de la iniciativa que el día de hoy pongo a la consideración de esta soberanía. Yo estoy cierto que hay coincidencias, sin duda que hay coincidencias. Sólo mencionaré que suscriben el texto de esta iniciativa miembros destacados y sin duda representativos de sus fracciones parlamentarias, como el diputado Roberto Preciado, del Revolucionario Institucional, José Manuel del Río Virgen, de Convergencia, evidentemente del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, y estoy cierto que Acción Nacional coincide. Ayudémosle en la gestión pública al Poder Ejecutivo. Venimos a esta tribuna repetidamente a decir que se traicionan acuerdos políticos que participaron en la confección del presupuesto porque no se explicitan. Venimos a decir a la tribuna y reprochamos que hay subejercicio, pero a veces no tenemos certidumbre de cuál es finalmente el contenido del presupuesto en sus analíticos. Y digo que habrá coincidencia porque, a convocatoria de la Mesa Directiva de la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en días pasados comparecieron subsecretarios de Salud, de Educación, fue convocado el subsecretario de infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y el acuerdo unánime es que, ante la Comisión, se haga llegar el desagregado de la información por cada una de las entidades federativas. Me parece que este apartado es parte necesaria, es irreductible para que podamos rendir cuentas también a nuestras entidades, para que los diputados de mayoría sepan con precisión cuánto le toca a sus representados. Agradezco la atención prestada y le pido a la ciudadana presidenta que, si no he atendido al texto o a la literalidad del proyecto de iniciativa, por favor, de manera íntegra, la inserte en el Diario de los Debates para el trámite que corresponda. Por su atención muchas gracias. INICIATIVA Que reforma los artículos 74 fracción IV de la Constitución Política mexicana y el artículo 19 fracción II de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, a fin de que el Ejecutivo Federal presente el proyecto de decreto de presupuesto en el mes de septiembre y en el cual se acompañen los anexos que desglosen las asignaciones para las entidades federativas El suscrito diputado Tomás Torres Mercado, diputado de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 74 fracción IV de la Constitución Política Mexicana y el artículo 19 fracción II de la Ley de Presupuesto Contabilidad y Gasto Público Federal. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El presupuesto público es un instrumento de política económica primordial, a través del gasto los gobiernos desempeñan un rol estratégico en la distribución de recursos, interviniendo en las decisiones de qué producir, cómo se producirá, quién recibirá los beneficios y cómo se proporcionarán los servicios sociales para atender las necesidades básicas de la población. La función principal del gobierno es intervenir para generar las condiciones que impulsen el desarrollo económico, ya que por sí solo no asegura la obtención de las metas de eficiencia económica, crecimiento y estabilidad económica. La discusión que se da en el proceso de aprobación del decreto de presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, expresa la correlación de fuerzas entre los poderes y las distintas fuerzas políticas, es ahí donde se definen los criterios de asignación de recursos que se destinarán a las necesidades de la sociedad. En la medida que carezcamos de información y claridad sobre los criterios de los recortes, las modificaciones presupuestales, de su destino y ' el desconocimiento del manejo discrecional de los mismos no podremos avanzar en un auténtico desarrollo económico del país. El tema del federalismo hacendario ha sido recurrente en el trabajo legislativo, la necesidad de transparentar los recursos destinados a los estados es cada vez un imperativo, por lo cual la revisión del esquema en el cual se entregan los recursos debe modificarse, ya que ha prevalecido la discrecionalidad y el manejo poco transparente de los mismos. El desarrollo del federalismo adolece, sin embargo, de diversas imperfecciones tanto en éste como en otros aspectos políticos, tales que ameritan su profunda revisión. Las reformas constitucionales mexicanas, durante el siglo pasado, han generado un sistema en el cual los estados tienen pocas competencias, por el contrario la mayoría de las áreas de política pública tienen una naturaleza concurrente y centralista, lo que implica cierto control federal sobre la asignación de los recursos presupuestales destinados a los estados. La descentralización política, económica y administrativa supone que es posible mejorar la eficiencia y equidad de las relaciones intergubernamentales, frente a esto se necesita la implementación de reglas claras y estrictas que establezcan, no solamente la repartición de recursos de los ramos de la administración pública y los ramos autónomos respectivos a los estados; sino además que la asignación de dichos recursos sea lo más claro posible. Los integrantes del Congreso de la Unión buscan que se informen y transparenten los recursos destinados a las entidades federativas. Asimismo, se requiere que en los estados se distribuya los recursos con transparencia, oportunidad y honestidad. La idea fundamental de los procesos de descentralización de funciones es el prestar mayor atención a la solución de los rezagos en las necesidades de la población, precisamente allí donde su vida cotidiana y organización básica lo demandan. Lo anterior significa una eficiente distribución de recursos en beneficio de la sociedad, esta distribución debe ser más equitativa en la aplicación de los programas o proyectos públicos destinados a las entidades federativas. La información clara de las asignaciones presupuestales destinadas a los estados, a través de los programas de apoyo urbano y rural, no se conocen con la suficiente anticipación y se presta a que el manejo de los mismos, por parte de las autoridades hacendarias, sea discrecional y sujeto a negociaciones poco claras que afectan el funcionamiento adecuado de los mismos. Por ello, se pretende que las autoridades hacendarias de la federación presenten con oportunidad los recursos presupuestales destinados a los estados; en este caso, la presentación de los mismos debe ser lo más detallada y desagregada posible a fin de que las entidades federativas puedan conocer con oportunidad la disposición de recursos con los que contarán en el transcurso de un año. Esto marcará un hito en las relaciones entre los estados y la federación porque, por primera vez se les exige a las autoridades hacendarias que entreguen y transparenten la información sobre lo destinado a los estados, programa por programa. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público debe preparar el proyecto de iniciativa del Presupuesto de Egresos de la Federación, de tal manera que incluya información para cada uno de los programas gubernamentales: una descripción clara del programa nacional y por estados, los gastos propuestos para el programa, y el ingreso que se recibió y los gastos realizados en los años fiscales anteriores y el ejercicio actual. El trabajo legislativo exige, cada día, que rindamos cuentas sobre el uso y aplicación de los recursos. En este marco, el Congreso de la Unión tiene un papel fundamental en la vigilancia y ejercicio de los mismos. Por otro lado, los estados podrán contar con información precisa sobre los recursos realmente destinados a su entidad y evitará que el desconocimiento de dichos montos sea sujeto de confusiones e impida el desarrollo de los diversos planes y programas estatales. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pone a consideración de este honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de DECRETO Que reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reforma la fracción 11 del artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Artículo primero. Se reforma la fracción IV del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: I a la II. . . III. Derogada IV. . . El Ejecutivo Federal hará llega a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 15 del mes de septiembre o hasta el 10 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión dentro de los 10 últimos días del mes de abril. Artículo segundo. Se reforma la fracción II del artículo 19 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Artículo 19.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación se integrará con los documentos que se refieren a: II. Explicación y presentación detallada de los principales programas en los anexos presentados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público de los ramos generales y específicos, la presentación deberá contener a detalle los montos asignados en cada caso por programa e instituciones a las entidades federativas. III a la IX. . . ARTICULO TRANSITORIO Artículo único. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, a 20 de marzo de 2002. Diputados: Tomás Torres Mercado, José Manuel del Río, Roberto Preciado Cueva, José Narro Céspedes, Jaime Cervantes Rivera, Pedro Miguel Rosaldo y Miroslava García.