La diputada Luisa María Alcalde Luján: Miente quien afirma que no tenemos razones suficientes para votar en contra este dictamen. Entre objeciones señalamos las siguientes: Primera, el proyecto impone al personal docente responsabilidades desmedidas convirtiéndolo en el único responsable de las deficiencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje, encubriendo la importancia de otros factores ajenos al personal docente que corresponden al propio Estado como por ejemplo el otorgamiento de infraestructuras, material bibliográfico, el adecuado diseño de planes de estudio, entre otros. Esta idea de culpar al profesor o profesora de todos los males, se realiza con la clara intención de convertirlo en el chivo expiatorio de todas las limitaciones del proceso educativo. Ello es contrario a los análisis que en esta materia han realizado diversos especialistas que subrayan que una parte sustantiva de este proceso no depende del profesor. Segundo. La iniciativa habla de evaluación como un mecanismo mágico para garantizar la calidad educativa. Pero quién va a ser quien va a realizar esta evaluación. No será el Instituto Nacional de Educación y Evaluación quien aplique las evaluaciones; éste sólo se limitará a fijar líneas de carácter muy general. Serán los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública en el ámbito federal y los correspondientes en los estados, el D.F. y municipios los facultados para desahogar y decidir aspectos que deberían ser propios de personal calificado. La ley pone en manos de autoridades burocráticas el futuro de la educación y el trabajo de miles de maestros en nuestro país. Nunca nos dicen quién será quien evalúe a los evaluadores. Tercera. El proyecto incurre en errores técnico-jurídicos fundamentales en la definición de conceptos como la permanencia y definitividad que no corresponden a los establecidos ya en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, errores realizados con evidente dolo para incrementar la discrecionalidad en el despido del personal docente aun por razones ajenas a la responsabilidad educativa. Interpreta de manera equívoca elementos clave relacionados con la estabilidad laboral, suprime la garantía de audiencia tanto a nivel del propio personal docente como del sindicato, contrario a las reglas que han sido ya reconocidas por la Constitución, la ley burocrática y la jurisprudencia. Basta observar el monstruoso artículo 74 que señala que el incumplimiento de un conjunto de obligaciones establecidas en ocho fracciones del artículo 69 dará lugar al cese fulminante del profesor o profesora, sin necesidad de resolución previa del tribunal laboral competente. Para llevar a cabo este despido no se garantiza el derecho de defensa y debido proceso que un estado de derecho tiene por sí mismo y establecido en la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Además, excluye la participación sindical, lo cual deja en total estado de indefensión a los maestros y viola los principios de libertad de asociación. Debe quedar claro que no estamos proponiendo la intervención del sindicato en la materia educativa, pero sí preservando el legítimo papel de representación en el espacio laboral que le es propio a cualquier sindicato en el mundo entero. Cuarta. El proyecto propone el despido sin garantía como una solución instantánea a las deficiencias del modelo educativo. Para ello confunde conceptos como sanción laboral y terminación de los efectos del nombramiento. El primero tiene carácter correctivo y el segundo disuelve el vínculo laboral. Ello contraviene disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en materia de cese y genera un escenario de indefensión que no está orientado al desempeño eficaz. Se cree indebidamente que facilitando su despido vamos a lograr una mejora automática. Ésta es una tesis totalmente equivocada. La indefensión laboral no es garantía de calidad, reconozcámoslo. Ha sido demasiado atrabancado este proceso. No se ha permitido la discusión de esta ley reglamentaria. Se han burlado de los maestros haciéndoles creer que hay posibilidades de un diálogo, y la muestra está aquí. Estamos aquí a las ocho de la noche imponiéndose esta discusión para sacar la ley a toda costa. Por todo lo anterior, compañeras y compañeros que tanto reclaman respeto, reclamamos una discusión más amplia y serena de esta ley fundamental, retomar el papel de las instancias especializadas, revisar los riesgos de otorgar a la burocracia no necesariamente calificada, facultades para poder calificarlos y reconocer el carácter multifactorial que generan las deficiencias del modelo. Superar de una vez por todas las tesis de que reduciendo la estabilidad laboral y facilitando el despido, se van a lograr mejoras a la eficacia. Podemos estar totalmente de acuerdo –y concluyo, presidente- en la necesidad de modificar el modelo educativo y evaluar el comportamiento de sus actores y de todo el proceso; sin embargo, estos fines no se van a lograr con una ley reglamentaria diseñada bajo premisas equivocadas y acoso laboral a las y los maestros. Esta ley no es ni se acerca a la solución que este país necesita para mejorar la calidad educativa. Muchísimas gracias.