La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Realmente es triste ver esta postergación, porque es postergación de la Cámara de Diputados, salvo honrosas excepciones, en una ley de tanta importancia como es la ley en materia de delitos electorales, que no haya oposición alguna. Ustedes fueron elegidos precisamente para debatir, tienen la capacidad, tienen las luces y sus electores hubieran esperado que hubieran debatido esta ley con mayor energía. Ya no digo con mayor energía que se hubieran escuchado sus voces. Con relación al artículo 24, es una cuestión también de técnica jurídica, es contrario a la Constitución. En la redacción original se establece: la Procuraduría General de la República por conducto de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales. Con la reforma que ustedes aprobaron en materia constitucional el nombre de la fiscalía, el correcto, sería Fiscalía Especializada en la Atención a los Delitos Electorales. La reserva lo que precisamente pretende es ajustarlo a la terminología utilizada en la Constitución. También la reserva tiene por objeto evitar que la Procuraduría General de la República tenga la posibilidad de restringir facultades al a nueva Feade antes FEPADE- designando funcionarios ajenos a dicha institución para celebrar convenios de coordinación. Los convenios de coordinación son precisamente aquéllos acuerdos en los cuales se van a distribuir las competencias y que no ha servido para solucionar los problemas en múltiples materias. Por ejemplo, en materia ambiental se celebran acuerdos de coordinación entre la federación y las entidades federativas para solucionar los problemas ambientales; o en materia fiscal. Y era lo que precisamente anoté hace unos momentos cuando hablé en contra de esta ley. Los acuerdos de coordinación de nada sirven. La ley hubiera hecho la distribución de competencias entre la federación y las entidades federativas. El artículo 24 quedaría redactado: La Procuraduría General de la República o la sugerencia- por conducto de la Fiscalía Especializada en Atención de los Delitos Electorales, las procuradurías y fiscalías de entidades federativas en el ámbito de sus competencias, con base a lo dispuesto en la fracción XXI, inciso a) del artículo 73 constitucional y las disposiciones de esta ley deberán coordinarse para. En cuanto al artículo 14, es cierto, por primera vez se tipifican delitos graves lo cual es un acierto, sin embargo no todos los delitos que vienen como graves deberían de ser graves. Algunos deberían de ser delitos no graves, y el criterio para determinar cuándo debería de ser grave o no grave es que hubiera una conducta dolosa. Al menos esos son los criterios que se siguen en el derecho podríamos decir- penal moderno. Desgraciadamente este criterio no se siguió para la determinación de los delitos graves y por esas razones se propone como propuesta y reforma al artículo 24: Se impondrá prisión de uno a nueve años al precandidato, candidato, funcionario partidista o a los organizadores de actos de campaña que aproveche fondos, bienes o servicios en los términos de la fracción III del artículo 11 de esta ley. Es decir, que no sea grave únicamente en el caso en que la conducta no sea dolosa. Si es dolosa obviamente sería un delito grave. Por último, con relación al artículo tercero transitorio que establece: se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente decreto. También por cuestión de técnica jurídica, derogar así, de golpe y porrazo a todas las disposiciones que se opongan sin hacer un estudio específico, trae enormes riesgos y también abona a la inseguridad jurídica y el principio de que norma posterior deroga la anterior. En todo caso no sería necesario establecerlo específicamente en los transitorios y daría una mayor tranquilidad al no derogar todas las disposiciones que estuvieron vigentes con anterioridad de un solo plumazo. Por eso se propone como artículo tercero transitorio: Se deroga el título vigésimo cuarto del libro segundo del Código Penal Federal, así como todas sus disposiciones legales que se opongan al presente decreto, en abono a la seguridad jurídica y a la certeza. Es cuanto, diputado presidente.