La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras diputadas, compañeros diputados. La iniciativa es con el objeto de reformar el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz, no solamente a raíz, sino básicamente para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, la cual marcó un antes y un después en materia de derechos humanos para nuestro país. El Poder Judicial de la Federación ha realizado importantes avances en el cumplimiento de las obligaciones a que fue condenado el Estado mexicano; sin embargo corresponde al Poder Legislativo atender específicamente a los puntos resolutivos de dicha sentencia, en específico los puntos resolutivos, el 10 y el 11 que señalan a la letra: 10. El Estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente sentencia. 11. El Estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 215-A del Código Penal Federal con los estándares internacionales en la materia; y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en los términos de los párrafos 343 a 344 de la presente sentencia. Sin embargo, a más de tres años el Congreso mexicano no ha sido capaz de cumplir con responsabilidad la sentencia y continúa desacatando resoluciones internacionales plenamente vinculantes para nuestro país; particularmente lo relacionado con el fuero militar resulta preocupante en un país que ha militarizado las funciones policíacas. Siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos a manos de miembros del ejército y el legislador federal no pone orden en el marco jurídico nacional para acotar de una vez y para siempre el fuero militar. Importantes constitucionalistas han planteado la necesidad de poner fin al fuero militar y que sus competencias pasen a formar parte del Poder Judicial de la federación, entre ellos el magistrado del Tribunal Federal Electoral Manuel González Oropeza, que concretamente propone lo siguiente La solución ideal sería la absorción de los tribunales militares en el Poder Judicial federal y la reducción a consejos de guerra en el caso de una guerra o una situación formalmente declarada de emergencia. Los delitos deben ser encauzados por los tribunales ordinarios, como todos los servidores públicos y demás habitantes del país están sometidos. Todo ello para respetar el ideal de igualdad ante la ley, base del liberalismo mexicano. Otros académicos han criticado la regresiva iniciativa presentada por Felipe Calderón, señalando claramente que algunas de las propuestas resultan violatorias a la Constitución. Además señala textualmente la académica: Además el militar que comete alguno de los tres delitos: violación, desaparición forzada de personas, y tortura, estará en una prisión militar y no civil. Se pretende también que la policía ministerial militar tenga facultades para entrevistar a testigos útiles para descubrir la verdad, realizar todo tipo de detenciones, inspecciones personales, recoger los objetos que tenga en su poder, situaciones que hoy las pueden hacer siempre y cuando los militares se encuentren acompañados por autoridades civiles y a solicitud de éstos últimos. Por todo lo mencionado resulta necesaria una iniciativa realmente comprometida con los derechos humanos para reinterpretar el marco constitucional en materia del fuero militar. Sería un grave error y un atentado a los derechos humanos que el Congreso dictaminara favorablemente la iniciativa presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, que ha sido criticada por los teóricos del derecho, como hemos visto. Pero incluso también por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que expresamente señaló en sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. Cito textualmente: En resumen es jurisprudencia constante de esta Corte que la jurisdicción militar no es el fuero competente para investigar y en su caso juzgar, sancionar, a los autores de las alegadas vulneraciones de derechos humanos, sino que el procesamiento de los responsables corresponde, subrayo, siempre a la justicia ordinaria. Queda evidenciado que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha expresado que en caso de aprobarse la iniciativa de Felipe Calderón Hinojosa, únicamente transfiere al fuero civil los casos de tortura, desaparición forzada y violación sexual, con lo cual el Estado mexicano continuaría con la violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el artículo 57, fracción II, inciso a), del Código de Justicia Militar, resulta anticonstitucional. Ninguna propuesta en la materia puede ignorar esta decisión pero sí puede ampliar la protección a los derechos humanos. Si bien el propósito de la Suprema Corte de Justicia y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es juzgar en el fuero civil a los soldados que cometan actos ilícitos contra civiles, esto puede lograrse también a través de la desaparición del fuero militar. La iniciativa es la siguiente y pretende, si tengo la suerte de que se acepte, reformar el artículo 3o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos: Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de ejercicios públicos, que estén fijados por ley. Queda abolido el fuero militar. Únicamente durante los periodos de guerra declarada por el presidente de la república con la autorización del Congreso de la Unión, podrán funcionar tribunales integrados por militares para juzgar delitos y faltas directamente relacionados con la disciplina militar, de conformidad con el Código de Justicia Militar. Dichos tribunales en ningún caso y por ningún motivo, podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al ejército, sin importar que se trate de sujeto activo o pasivo del delito. Cuando en un delito o falta de orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá el caso la autoridad civil que corresponda. Muchas gracias por su atención, es cuanto, señor Presidente.