El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, señora Presidenta. Compañeras, compañeros diputados, no hay que ser un especialista en estos menesteres para afirmar categóricamente que en este país nadie está satisfecho con el sistema de justicia. Que urge, como lo hemos llamado, una modificación sustantiva de hondo calado, de transformación profunda de un sistema jurídico que acusa obsolescencia por haber estado en vigor durante décadas. Durante muchos años parece que el debate se ha centrado entre la imposición severa, rígida de un estado de derecho acartonado o el impulso de un régimen de garantías ciudadanas. Mientras el estado de derecho pugna por el establecimiento, por el mantenimiento del orden, el régimen de garantías ciudadanas se preocupa por la libertad. Falso dilema si pretendemos o alguien sugiere que escojamos entre orden y libertades. Nuestra obligación jurídica y de ética política es asegurar el orden, condición sine qua non para el crecimiento, sin lesionar un ápice el régimen de libertades que tanto ha costado a tantos. Hay algunos fundamentalistas de todo signo político que suponen que esta ecuación siempre es de aquéllas que suman cero: más orden, menos libertad y viceversa. Es la convicción de los diputados, de las diputadas del Partido Revolucionario Institucional que la libertad y el orden no sólo son compatibles sino mutuamente complementarios. Es más, son condiciones de los regímenes democráticos modernos. Sí. Dotar de más y mejores herramientas al Estado mexicano en el ámbito federal y del fueron común, sin nunca atropellar las libertades de las personas. El reto, por tanto, en este casi un año de discusión sobre este asunto delicado, es lograr un equilibrio inteligente y eficaz que permita combatir al crimen organizado, al tiempo que establezca un sistema moderno, garantista, respetuoso de los derechos humanos. En 2003, como nos consta a muchos, el alto comisionado de las Naciones Unidas hizo una serie de sugerencias al Estado mexicano, no en ejercicio de ninguna autoridad formal, sino de la autoridad moral de que está investido el organismo que agrupa a las naciones del orbe, destacando el valor político del consenso, de la construcción de acuerdos, de las mutuas cesiones. Vale la pena decir que arribamos a buen puerto dictaminando 10 iniciativas de todo signo político partidario y que después de escuchar no sólo a los especialistas, sino subrayadamente a la sociedad civil, fuimos capaces de concretar la gran reforma judicial penal. Un sistema y lo subrayo democrático de justicia penal, éste que los especialistas llaman "sistema acusatorio y oral", que incorpora y vale la pena decirlo con toda satisfacción la presunción de inocencia que de la mano modifica el concepto de prisión preventiva, para convertirla en una excepción y no en una regla. Esta regla perniciosa que ha hecho que 90 mil de los poco más de 210 mil presos procesados, es decir, sin que aún se haya dictado sentencia condenatoria, se encuentran ahí, privados de su libertad, con todo el impacto no sólo económico, de integración familiar, sino de indignidad en el trato a las personas. Pero el dato más agudo es que de esos 90 mil, 72 mil lo están por habérseles atribuido la comisión de delitos patrimoniales menores de 5 mil pesos. En pocas palabras, el sistema de justicia penal está criminalizando la pobreza. Otra cuestión destacable es el establecimiento de mecanismos alternativos a la solución de este tipo de asuntos cuidando que se garantice la reparación del daño. No todas las sentencias o no todos los asuntos deben desembocar en una sentencia de igual naturaleza. Los jueces, cuidando insisto, salvaguardando los derechos de la víctima o el ofendido, pueden posibilitar el arreglo oportuno, transparente, encima de los escritorios, a fin de que efectivamente el derecho penal sea un derecho de excepción, un derecho que no se convierta en el único instrumento para arreglar las desavenencias sociales. Se establecen jueces de control, lo mismo que del conocimiento y de ejecución de sanciones penales, con una evidente demanda de eficiencia y de preparación a los integrantes de los Poderes Judicial, Federal y del fuero común. Y subrayo la condición acusatoria del sistema del que hablo, que para ponerlo en palabras de todos los días entraña la igualdad de armas. Un Ministerio Público, por tanto, más competitivo, que requiere esforzarse para investigar; un Ministerio Público no en condición de supremacía respecto del probable responsable o del indiciado, sino en condiciones repito de igualdad jurídica y de igualdad real. Una defensa pública también con mecanismos, con medios que le permitan actuar no con demérito, sino, insisto, en igualdad de condiciones, estableciéndose de manera puntual y concreta que los emolumentos; que las percepciones de los defensores públicos nunca podrán ser menores que las del representante social. La eliminación de la defensa por persona de su confianza que siendo en principio noble, a lo único que le ha dado paso es al robustecimiento del coyotaje, que tanto daño le ha hecho a gente desvalida. La oralidad que hace a las partes, que obliga a las partes a ser mucho más eficaces, eficientes y a preparar sus asuntos. La inmediatez que entraña la presencia material del juez en las audiencias, que por cierto serán nulas si no se encuentra presente. Vale la pena destacar que, según sondeos confiables, más de 80 por ciento de los procesados admiten no haberle visto nunca el rostro al juez, que al final fue quien les dictó una sentencia. Y la oralidad que también propicia la erradicación de la opacidad y le da paso a la transparencia propia de un régimen democrático. La protección de las víctimas, que teniendo varias vertientes rompe, quizá sea de las más destacables, con el conocido monopolio de la acción penal para permitir, con reserva de ley, porque lo veremos en la legislación secundaria, acudir a los jueces en demanda de justicia sin necesariamente depender del Ministerio Público. En síntesis. Nulidad de pruebas obtenidas con violación de derechos humanos. Pero así como estamos convenidos de un régimen garantista llamado así "acusatorio y oral", la sociedad mexicana demanda eficacia, subrayadamente en el combate al crimen organizado, por eso se amplía el espectro de las medidas cautelares, pero se sujeta siempre a control judicial previo, a efecto de evitar abusos. Se establece la extinción de dominio para impactar al crimen organizado en la parte más sensible, que es la de carácter material, financiero, haciéndose el Estado, mediante un procedimiento expedito de los bienes, resultado, objeto, producto de la propia criminalidad. Es nuestra convicción que estamos frente a una reforma trascendente. Es nuestra convicción que las propuestas, incluida  lo digo con toda claridad la relacionada al ingreso sin orden judicial, es una medida con base doctrinaria, con base jurisprudencial, en cuya bondad creemos, como creemos también, y eso es producto de la actitud abierta de mis correligionarios, escuchando a los nuestros, a la sociedad, a las organizaciones de la sociedad civil, que no es éste el momento oportuno para ponerla en vigor. No admitimos comisión de error alguno. Estamos convencidos de la medida: éste no es el momento para implantarla. Hemos pues llegado a la conclusión de que vale la pena, una vez más, estar de acuerdo en lo fundamental, como ya lo sugería Mariano Otero. El Legislativo está haciendo su trabajo y hacemos votos porque el Ejecutivo, el federal y los de los estados hagan la parte que les toca y que en su oportunidad el Poder Judicial también honre la responsabilidad que la Constitución le da. Termino haciendo una sugerencia atenta, que espero que el diputado Borrego haga suya, que es simplemente hacer conteste la propuesta, con los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto, que aluden a un párrafo, el décimo cuarto, que de proceder la reforma con la supresión del párrafo aludido habría un corrimiento natural y esta alusión de los artículos transitorios segundo, tercero y cuarto, ya no sería al párrafo catorce, sino al párrafo décimo tercero. Gracias, por su atención.