La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, el día de hoy venimos a fundamentar, a nombre de la Comisión de Justicia, la propuesta de reforma a diversos contenidos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley de Defensoría Pública, en materia de victimización secundaria y revictimización. Es importante señalar que, al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que la revictimización o victimización secundaria es el conjunto de consecuencias psicológicas, sociales, jurídicas y económicas de carácter negativo que derivan de la experiencia de la víctima en su contacto con el sistema de justicia y suponen un choque entre las legítimas expectativas de la víctima que se enfrenta al sistema de justicia y la inadecuada atención institucional recibida. La revictimización genera fuertes impactos psicosociales porque remueven las situaciones traumáticas generadas por la violación de la dignidad y de los derechos, así como un atentado a la reputación y al honor de la persona. En definitiva, una marcada merma en la calidad de vida y bienestar de la persona que ha sido víctima de un delito. Así pues, el sistema de justicia debe cumplir con la defensa y reparación de los derechos vulnerados y no obstante, en diversas ocasiones en reiteradas, diría yo no sucede eso en el sentido de que los operadores del sistema de justicia en lugar de actuar a favor de las víctimas del delito, muchas veces lo que hacen es crear nuevos perjuicios que en consecuencia se traducen en revictimizar a esta persona que acude al sistema de justicia a buscar, a encontrar justamente una respuesta del Estado ante el delito de que ha sido objeto. Ante tales circunstancias, es fundamental generar una sensibilización en los y las operadores del sistema de justicia para garantizar una actuación apegada a los principios constitucionales de toda persona que concurre a cualquier procedimiento del ámbito penal y evitar prácticas que generen el menoscabo de las víctimas y con ello un daño hacia su esfera jurídica por parte del Estado. En este sentido, la capacitación permanente y continua de estos operadores es una de las tareas fundamentales que se sustentan en el objetivo de toda institución con la responsabilidad de tutelar los derechos fundamentales de las personas. Y hay que decirlo, la victimización secundaria o la revictimización es un fenómeno que afecta con mayor gravedad a las mujeres porque son conocidos diversos casos en los cuales estas acuden a una institución de justicia y son denostadas, son ignoradas o bien, muchas veces son tratadas con estereotipos y son afectadas en su dignidad. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará, establece la obligación de los estados de abstenerse de realizar cualquier violencia contra las mujeres y de velar porque las autoridades y funcionarios se comporten de conformidad a esta disposición y además de abolir aquellas disposiciones legislativas que contengan prácticas que respalden o que toleren la violencia contra las mujeres. En ese sentido, creo que es importante la propuesta que hoy ponemos a su consideración. Si bien es cierto, el Poder Judicial de la Federación ha dedicado especial atención y esfuerzo a la formación de sus integrantes con la finalidad de capacitarlos en nuevas teorías y doctrinas jurídicas y contribuir al mejoramiento de la impartición de justicia y la tutela de los derechos fundamentales, también es cierto que es necesario continuar con la implementación de sistemas de capacitación de todas y todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación y, de manera particular, en este sentido, en orientar a nuestros operadores de justicia justamente en el tema de revictimización para evitar que esto permee dentro de la esfera judicial. Por ello, en la Comisión de Justicia acompañamos la propuesta de la diputada Olga Patricia Sosa Ruíz, para poner énfasis justamente en los programas que impacte el Instituto de la Judicatura y también al Instituto Federal de Defensoría Pública, para poner y para visibilizar este fenómeno de la revictimización, sensibilizar y capacitar a sus integrantes y a quienes deseen o quienes aspiren ingresar al Poder Judicial o al Instituto de la Defensoría Pública. También cabe mencionar que sabemos que hoy se está discutiendo, y pronto se discutirá aquí en la Cámara de Diputados una importante reforma al Poder Judicial, que seguramente tendrá como consecuencia una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, pero es importante que esto hoy sea aprobado para que en la discusión futura que tendrá esta ley orgánica, pues también se atienda este tema fundamental para evitar que quienes acuden a solicitar la impartición de justicia sean revictimizados. Y por eso los invitamos a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.