La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, nuestro país requiere de instituciones fuertes, autónomas, eficientes, honestas y que tengan legitimidad en su actuar, pues eso no es la PGR, eso debería ser, porque es la instancia que representa al Poder Ejecutivo para garantizar el Estado de derecho, pero no. Hoy la PGR vive uno de los peores momentos, está inmersa en una crisis de credibilidad brutal. El despido del fiscal Santiago Nieto, persona honorable, quien acusó que Emilio Lozoya lo estaba presionando por investigar los casos de recursos a la campaña del PRI, es sin duda la gota que derrama el vaso, porque además de que quien no tiene atribuciones para ello lo corre, muestra la manera cruda de injerencia del poder político en las investigaciones de los delitos. Hoy el Senado está discutiendo un punto fundamental en este caso. A unos meses de que la PGR se convierta en una fiscalía autónoma, la crisis de credibilidad que enfrenta pareciera solamente un maquillaje gatopardista. Se requiere no sólo el cambio de nombre ni de un titular que se le denomine fiscal, el reto es la transformación institucional, profunda, de un modelo que elimine la ineficiencia, la corrupción y la impunidad. Requerimos y exigimos una institución que verdaderamente procure justicia, prácticamente nadie confía en la PGR porque no busca justicia sino encubrir a los amigos de la corrupción. Hoy el gobierno federal del PRI debería estar preparándose para dejar una institución que enfrente los retos de la justicia, credibilidad y confianza. Desafortunadamente, este sexenio arrastra una dependencia caracterizada por su incapacidad, ineficiencia y uso político contra cualquiera que se atreva a cuestionar las acciones del gobierno. A tres años de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa la investigación sigue empantanada. El paradero de los estudiantes sigue siendo un misterio. La participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno ha pasado prácticamente de noche la investigación. La verdad histórica para ocultar la verdad ha generado que los propios familiares tengan una búsqueda sin descanso de sus familiares, porque la institución y sus titulares se cansan. La PGR es utilizada como el bastión contra cualquier diferencia. La compra y utilización del software Pegasus con el que se espió a políticos, activistas sociales y periodistas como Carmen Aristegui muestra que cualquier persona considerada una amenaza puede ser objeto para intervenirle su vida privada y construir elementos que lo conviertan en un ser vulnerable e indefenso. El caso Odebrecht es la muestra que la PGR antes que buscar esclarecer y fincar cargos a quienes aceptaron sobornos de la empresa, es un escudo protector a la impunidad y al delito. Cada vez más la investigación sobre los funcionarios involucrados, parece que quedará en una nota informativa, ya que el fiscal Santiago Nieto, que pretendió buscar la verdad, hoy se encuentra destituido por un funcionario que ni siquiera tiene atribuciones para hacerlo. Los corruptos tienen el poder político para decidir si se les investiga o no. Este Congreso impidió el pase automático del fiscal carnal, su imposición hubiera significado un pacto de impunidad para investigaciones futuras de los actos de corrupción del grupo que hoy gobierna. También, no sabemos nada de las investigaciones sobre la estafa maestra. Hoy le decimos a toda la ciudadanía que votaremos y velaremos por que la PGR y la futura fiscalía sean instituciones a su servicio. Solo avalaremos una fiscalía encabezada por una persona probadamente honesta, reconocida por una consulta popular y blindada de los intereses del grupo, de partido, cualquiera que este sea. Gracias.