EL C. DIPUTADO J. MIGUEL LUNA HERNÁNDEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Para los diputados que provenimos del campo, el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2004 que hoy realizamos y en particular lo referente al presupuesto para el campo, lo preceden acciones que nos exigen coherencia política como el cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, al Acuerdo Nacional para el Campo firmado por el presidente de la República, la Cámara de Diputados, senadores y gobernadores, la incorporación de las propuestas del Foro Nacional sobre el presupuesto rural realizado con la voluntad política de un trabajo inusual en esta Cámara de Diputados por las siete Comisiones Unidas del Sector Rural. El dictamen que ahora discutimos, en su apartado del Programa Especial Concurrente para el Campo, no cumple con lo mandatado por la ley ni con los compromisos convenidos entre las organizaciones campesinas y el Ejecutivo Federal. Una propuesta de políticas públicas debe de estar orientada a recuperar y fortalecer nuestra soberanía y seguridad alimentaria, incrementar la calidad de vida de los hombres y mujeres del campo, el desarrollo ambiental, por lo que se propone: Primero. Recuperar algunos criterios que orienten la distribución y ejercicio eficiente del gasto. Segundo. Simplificar las reglas de operación de los distintos programas del gobierno, orientados al desarrollo rural sustentable. Tercero. Modificar la estructura y distribución del presupuesto en el que viene contenido en el anexo 17. Los artículos referentes a los anexos 15 y 17 que definen los programas sujetos a reglas de operación y el Programa Especial Concurrente, tienen una redacción en el dictamen que genera una gran discrecionalidad para el ejercicio de los recursos públicos por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, en el anexo 15 se omiten diferentes programas, mientras que en otros artículos se establece que no podrán ejercerse los recursos si éstos carecen de reglas de operación. Con esto se pone en riesgo su ejercicio. En lo referente al anexo 17, éste establece una innovación al autorizarse y aprobarse el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable; esto significa la definición de los recursos de las diferentes dependencias que se aplicarán en este sector. Sin embargo, el cuadro presentado tiene graves deficiencias, entre las que destacan: no hay definición de montos por dependencia y esto es muy grave- ni estructura clara de los programas autorizados, reproduce las mismas deficiencias del proyecto del PEF del Ejecutivo al mezclar programas con criterios de clasificación del gasto, llegando al extremo de asignar recursos a rubros que no son programas y que aumentarán la discrecionalidad de las instituciones al usar estos recursos. Por ejemplo, asigna 21 mil 874.7 millones de pesos a gasto operativo de las dependencias, un monto bastante alto para el presupuesto rural, que significa el 18.10% del total asignado; otra vez se privilegia a la burocracia y se carga injustamente a la población rural un gasto de secretarías que no se aplica en el campo; tal es el caso también de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con 720 millones de pesos y la SEMARNAT con mil 992 millones de pesos. Se ignoran las instituciones de educación y de investigación rural, lo que podría ocultar en la práctica, la aplicación del segundo transitorio. Por todo ello, se propone una sustitución de dicho anexo, en donde estamos haciendo una precisión de los recursos al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable con las siguientes características: Primera. Mantener un sano equilibrio entre los programas sociales, productivas y ambientales, subsanando la política asistencialista que el Ejecutivo trató de imponer en el campo. Establecer por una asignación por secretarías -