El diputado Javier Salinas Narváez: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del dictamen que se somete a consideración de esta asamblea, para eliminar el fuero y sustituirlo por una simple inmunidad. La nueva realidad política del país exige reglas claras en la materia y el final de la impunidad parlamentaria en que se ha traducido el fuero constitucional. Según el Poder Judicial de la Federación el fuero es, según su génesis, un privilegio que se confiere a determinados servidores públicos para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de regímenes democráticos. Sin embargo, a pesar de que el fuero no es lo que en la teoría del delito se llama un excluyente de responsabilidad, que impediría en todo caso que la figura delictiva llegara a constituirse en un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa no quede sometido a la potestad jurisdiccional. Lo cierto es que en nuestro país en innumerables ocasiones se ha abusado de esta figura para asegurar impunidad a ciertos servidores públicos. En ese sentido, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales hemos decidido adoptar un modelo de inmunidad constitucional que sirva exclusivamente para asegurar el libre funcionamiento de los legisladores y en general de los servidores públicos más importantes del Estado. En ese sentido, con la reforma la o el presidente de la República, las y los diputados y senadores del Congreso de la Unión, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la o el fiscal General de la República, la y los consejeros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral seguirán siendo inviolables por las opiniones que manifiesten o difundan, sus resoluciones o votos que emitan durante el tiempo en que desempeñen sus encargos y jamás podrán ser reconvenidos, procesados ni juzgados por ello. Para tal efecto, los servidores públicos de referencia no podrán ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejerzan su cargo, hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra. Así, para erradicar de una vez por todas cualquier sesgo de impunidad, los servidores públicos que gocen de inmunidad podrán ser juzgados durante el tiempo que dure su encargo que le otorgue dicho privilegio, pero deberán ser procesados en libertad para que puedan cumplir cabalmente con las funciones para las cuales fueron designados o electos. Además, la inmunidad corresponderá solo a los servidores públicos que se encuentren en funciones, por lo cual, los representantes populares con licencia no serán sujetos de la misma. De acuerdo con ello, dichos servidores públicos podrán ser sujetos de proceso penal pero en libertad. Y solo en caso de que el juez de la causa dicte sentencia condenatoria, entonces ese mismo juez notificará su resolución al órgano del que forme parte el servidor público, a partir de lo cual este cesará en sus funciones y quedará a disposición de la autoridad correspondiente, sin que sea necesario que medie declaración de procedencia. Por su parte, las sentencias que implican el arresto se ejecutarán inmediatamente después de que el servidor público deje el cargo, pero ningún servidor público será impune al arresto administrativo que prescriban las leyes. Asimismo, este procedimiento y sus consecuencias se aplicarán a las y los gobernadores de los estados o al jefe de gobierno de la Ciudad de México, diputados locales de los mismos y magistrados de los respectivos tribunales superiores de justicia y de la comisión de delitos federales. Compañeras y compañeros, el dictamen que hoy se somete a su consideración fue ampliamente discutido en el seno de la Comisión de Puntos Constitucionales, donde se determinó establecer claramente que, en caso de los delitos cometidos durante el ejercicio del cargo, no podrán conceder indulto. Asimismo, acordamos establecer expresamente que las sentencias y las sanciones administrativas o de cualquier naturaleza distinta a la penal se podrán ejecutar sin que sea necesario que medie el retiro de la inmunidad. En este particular, eliminamos la disposición que pretendía establecer el retiro de la inmunidad y el cargo al presidente de la República. Para efecto de una sentencia penal condenatoria tendrá que ser evaluada por las Cámaras del Congreso en cuanto a su conveniencia política. Porque existía el riesgo de que en el extremo una mayoría mantuviera en el poder al presidente, a pesar de haber resultado condenado penalmente. Para dotar de un elemento de protección contra denuncias penales infundadas y posibles confabulaciones políticas. El proyecto establece que los servidores públicos con inmunidad podrán recurrir al auto de sujeción a proceso directamente en una sola instancia, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con la reforma ya no existirá duda sobre la eliminación del fuero que una incontestable mayoría de los mexicanos ha venido reclamando desde hace tiempo por considerarla una forma de impunidad. El sistema constitucional de los Estados Unidos de América, del cual tenemos los principios de juicio político, la responsabilidad política de los servidores públicos, no cuenta con una institución parecida al fuero constitucional mexicano. Y. la jurisprudencia de la Suprema Corte de ese país en la sentencia ha sido en el sentido de que ninguna inmunidad se requiere para sustanciar procesos penales en contra de los legisladores federales, ya que el principio de igualdad entre la ley, aunado a la imparcialidad de la justicia, hace esa institución extraña hacia los diputados y senadores como representantes del pueblo. En ese sentido, hemos procurado garantizar el libre funcionamiento de los poderes públicos, pero sin impunidad, porque la inmunidad de los titulares de los órganos del poder público no es un derecho para los servidores públicos sino un estatus necesario para impedir que otras autoridades puedan realizar o afectar el funcionamiento de los órganos del poder público. Con nuestro voto el día de hoy las y los diputados del Partido de la Revolución Democrática decimos: sí a la inmunidad del presidente de la República, de los legisladores y de los servidores públicos más importantes del país. Y no, no a la impunidad que otorga el añejo fuero constitucional. Gracias, presidente.