La diputada Araceli Damián González: Como vemos, solamente es pura retórica en términos de transparencia y sanciones de los diputados que solamente vienen aquí a levantar el dedo. El dictamen de la Comisión de Hacienda tiene muchas lagunas jurídicas. Es evidente que fue hecho sin un análisis minucioso de sus consecuencias. En una de las peores, el artículo segundo propone la constitución de una sociedad así dice que funcione como administradora de fondos para el retiro. Luego dice que funcionará como entidad paraestatal de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por un lado preocupa que se maneje el término sociedad porque no sabemos a ciencia cierta a qué se refiere este término ni quiénes son los posibles socios. Por otra parte, se menciona que esta sociedad funcionará como entidad paraestatal, pero en ningún momento queda claro de qué tipo de paraestatal estamos hablando. La Ley Federal de Entidades Paraestatales establece que dichas entidades podrán ser organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria o fideicomisos públicos, pero el texto del dictamen no dice en ningún momento bajo cuál de estas figuras se constituirá la nueva sociedad. Eso es lo que pasa cuando se hacen reformas a la mala, con prisa y sin análisis adecuado y que se vota en consigna a favor de lo que propone su jefe, el presidente de la República. Por ello propongo una reserva para modificar el artículo segundo del decreto, párrafo primero para que se constituya un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Para hacer congruente esta propuesta con lo establecido en la propia ley, propongo una reserva a la fracción I del artículo segundo del decreto para que el organismo cuente con una junta de gobierno formada por 15 integrantes, ocho de los cuales serán de la administración pública federal y los siete restantes de las organizaciones de los trabajadores al servicio del Estado, quienes serán nombrados por el Ejecutivo pero previa opinión del Congreso de la Unión, y mediante bases que serán hechas públicas antes de la constitución del organismo como administradora de fondos del retiro. En lo referente al artículo 2o. del decreto, fracción VII, párrafo tercero, el PRI y el PAN han argumentado que se reinvertirán los remanentes de operación. Esto resulta, sin embargo, una facultad discrecional del consejo de administración del híbrido que crea como empresa y al que denominan sociedad. La reserva que propongo es esencial para que si se reinvierta la totalidad de los remanentes de operación tal y como actualmente sucede con las cuentas individuales de los trabajadores. Por eso propongo que el párrafo tercero de la fracción VII del decreto quede como sigue: el organismo reinvertirá en una proporción que no podrá ser menor al 100 por ciento del total del remanente de operación en las cuentas individuales que la sociedad administre, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos, una vez satisfechos sus costos de administración, necesidades de inversión y constitución de reservas. Diputadas y diputados, díganselo de frente a los trabajadores del Estado. ¿En verdad reinvertirán ese 100 por ciento? Lo dudo. En lo que se refiere al artículo 3o. del dictamen, este dictamen elimina de tajo la función social del organismo y por tanto lo deja a la suerte de qué hará la iniciativa privada con él. Por lo anterior hago una reserva para que conserve su carácter social el instituto. Y finalmente se pide en el artículo segundo transitorio del decreto, en su fracción II, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, establecerá el monto de reserva del Fondo Nacional de Pensiones de los trabajadores al Servicio del Estado, que será el capital constitutivo del organismo. Los recursos remanentes de dichas reservas, serán canalizados a las cuentas individuales para el retiro que el organismo administre, favoreciendo a los trabajadores de menos ingresos, y no quedará como una atribución arbitraria de la Secretaría de Hacienda. Es cuanto.