El diputado Jaime Álvarez Cisneros: Señor presidente, señoras y señores diputados, la política interior de todo gobierno descansa en dos aspectos fundamentales: la gobernabilidad y la legitimidad de las instituciones. En la primera el gobierno tiene la capacidad para presentar a los ciudadanos sus políticas públicas y obtener el respaldo social y político necesario para implementarlas. En la segunda el origen de la autoridad es legítimo porque se respetan las reglas que se han establecido. La actual administración deberá fortalecer estos dos aspectos fundamentales para el tránsito hacia el futuro. A la mitad de la presente administración vemos con preocupación que el presidente de la república ejecuta un programa de gobierno alejado de las necesidades reales del país, y que lo imposibilita para desarrollar un quehacer político con mejores resultados. El Ejecutivo federal, a través de su gabinete, administra el país distante de la sociedad. El presidente llegó con un proyecto económico que viene impulsándose desde hace casi tres décadas, pero que éste no es precisamente el que ha dado mejores resultados a la sociedad nacional. En México existe disonancia entre la agenda pública y los resultados que espera la gente. Sesenta millones de mexicanos en la pobreza extrema y el desempleo, niveles significativos de inseguridad, ingobernabilidad, rezago social, falta de coordinación con los Poderes de la Unión y entidades federativas, ambigua relación y comunicación con organizaciones sociales, una muy costosa, una muy costosa democracia, una reforma electoral regresiva, violaciones a los derechos humanos, entre otros aspectos. Poco a poco la realidad actual ha ido separando a la sociedad y al poder público. No es posible hablar de gobernabilidad cuando se violan los más elementales derechos humanos, se coarta la libertad de expresión tolerando el asesinato de periodistas, se pacta con cacicazgos regionales y se rompe la función de mediación y conciliación de intereses que tradicionalmente han servido como válvula de escape de la presión social o se abandona el papel de conductor del interés general. La carencia de una política interna que establezca puentes de comunicación entre el Ejecutivo y los distintos actores políticos y sociales se ha convertido en un factor de riesgo que sigue dirigiendo al Estado mexicano a una realidad en donde impera el desencuentro político y el hartazgo de la sociedad nacional. En cuanto a la reforma del Estado, se venía trabajando con un objetivo claro de transformar las instituciones de la república, pero ésta encalló cuando fue llevada a una reforma electoral regresiva, que limita la posibilidad de tener una sociedad plural y que permitió que los espacios mediáticos se distribuyeran a conveniencia de la partidocracia, por lo que en materia de partidos políticos promovemos una legislación que regule específicamente el régimen nacional de partidos políticos para asegurar su funcionalidad como organismos de interés público, socialmente responsables y jurídicamente acotados en el ejercicio de sus facultades representativas. Convergencia lo ha manifestado aquí en el Congreso de la Unión y en otros foros. Hoy más que nunca estamos convencidos que el poder público continúa secuestrado y lo único que puede rescatarlo es la acción ciudadana. Por eso hemos demandado que se fortalezca la democracia participativa mediante la instauración de vías legales como el referéndum, la consulta popular y la revocación de mandato, temas que han sido soslayados por las fuerzas mayoritarias de este Congreso. Debemos abogar por reformas en materia de seguridad y justicia como las presentadas por nuestro partido en este mismo recinto en noviembre de 2003, que son las más completas e integrales en materia de impartición de justicia y que hasta la fecha se encuentran detenidas por diversos intereses ajenos al beneficio nacional. Es evidente que el actual gobierno está inmerso en una crisis de Estado, que se refleja en la anarquía que impera en la seguridad pública, en la procuración y en la administración de la justicia. La expansión y poderoso avance del crimen organizado, el uso y abuso del sistema de impartición de justicia con fines políticos, el incremento de asesinatos y ejecuciones ?entre ellas las de carácter político? y una crisis de violencia generalizada a lo largo y ancho del país, es hoy una realidad. La sociedad está harta de tanta impunidad y corrupción. Basta ya de solapar a funcionarios que actúan fuera de la ley. Por eso es urgente reestructurar los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia para que nada quede impune, para que se aplique la ley; pero que también se haga justicia. No es posible que nuestro país esté ubicado en la sexta posición con mayor delincuencia organizada, por debajo de países como Afganistán y Pakistán. La estrategia implementada por el gobierno federal para el combate al crimen ha sido fallida. Aun cuando se decidió utilizar al Ejército Mexicano hace tres años, se han incrementado los casos de consumo de drogas y triplicado el número de muertos y se han incrementado en un 700 por ciento los delitos derivados del narcotráfico. En nuestro país se cometen 12 millones de delitos al año, de los cuales 8 millones son por robo, 1 millón y medio son denunciados, y de éstos últimos sólo llegan a consignarse 250 mil delitos para que, finalmente, 150 mil obtengan sentencia condenatoria; lo que representa solamente el 1.5 por ciento del total de los delitos. Por otro lado, frente a decisiones de otros países, el gobierno federal ha respondido sin fuerza y claridad, a pesar de la magnitud de los asuntos que están sobre la agenda internacional. No se advierte en la postura mexicana una línea definida que permita, más allá de los incidentes cotidianos, vislumbrar el futuro a través de la crisis actual. Se apuesta a combatir el proteccionismo, pero no hay una perspectiva que permita elaborar una nueva hipótesis sobre el libre comercio y la integración de temas cruciales, que ya no se resuelven con la reiteración de los argumentos aprobados hace más de dos décadas; siendo necesario acudir a los paneles internacionales por violaciones al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por parte de nuestros socios comerciales. Tampoco existe una propuesta estratégica hacia América Latina, como si la relación bilateral con Estados Unidos le impidiera a México asumir compromisos y responsabilidades. Nuestra política exterior demanda una urgente reestructuración para corregir las limitaciones de un manejo opaco de la diplomacia nacional, lastimando la imagen del país; sobre todo en América Latina, y los principios establecidos en nuestra Constitución. México debe trabajar por establecer la cooperación internacional, considerando las asimetrías en nuestros acuerdos comerciales y los desequilibrios en las relaciones con otros Estados, bloques económicos, organismos financieros y organismos multilaterales. Ante la actuación de nuestro país en el contexto internacional, nuestro grupo parlamentario propone modificar la estructura jurídica para sentar las bases de una política exterior, atender los principios generales del derecho internacional y los principios que establece nuestra Constitución General. Sin duda, con una evidente crisis del estado de derecho y un modelo económico cuyos saldos de pobreza extrema y profunda desigualdad social son tangibles, nuestro país se encuentra sin un rumbo claro. No podemos engañarnos, hay un Estado fallido cuando la autoridad no es respetada, pero peor es cuando la autoridad no respeta. Aún estamos a tiempo para reencauzar al país, definir una amplia estrategia que reposicione a la nación de la crisis de gobernabilidad en la que está inmersa. Debemos y podemos dar un rumbo que beneficie a todos y nos garantice estabilidad social. En el análisis del informe de gobierno habremos de estar atentos a que la realidad sea observada, que las cuentas sean claras y discutamos de cara a la sociedad mexicana. La autoridad tiene el deber de conducirse con apego a la ley, y en este análisis veremos la voluntad del gobierno federal de dar cabal cumplimiento de los principios de transparencia y de rendición de cuentas. Amigas diputadas y amigos diputados, gracias por su atención.