El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Honorable asamblea, el progreso de una nación está íntimamente ligado a la calidad ética intelectual y social de los individuos que la conforman. La pertenencia a un núcleo y la confiabilidad que representa la solidaridad entre quienes lo conforman define la personalidad y convicción de todas las personas. La dinámica de la vida moderna exige la atención de múltiples obligaciones y consecuentemente la reducción del tiempo y espacios de esparcimiento de las personas con relación a quienes conforman el núcleo familiar. El concepto tradicional de familia, al que muchos hemos pertenecido y del que muchos estamos plenamente convencidos, ha evolucionado en nuestra época, el número de matrimonios ha disminuido y el de divorcios aumenta de manera vertiginosa. Una estadística está perfectamente ligada a la dinámica que hoy revela el Registro Civil en lo que toca a la celebración de matrimonios y disolución de ellos. El 98 por ciento de los registros en el país ha estado ligado con el severo problema que arroja la alienación parental. Aplaudimos el contenido de la iniciativa que ha presentado a esta asamblea la diputada Karina Labastida, que identifica con razón y puntualidad una problemática que aqueja gravemente al país. La alienación parental es, como lo define el dictamen, cualquier tipo de manipulación respecto de los hijos menores de edad, tendientes a transformar la conciencia de estos con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir las relaciones parentales o la debida integración familiar con el progenitor no custodio. El desarrollo de la personalidad está vinculado indisolublemente al sano entendimiento de los roles que una sociedad moderna desenvuelve en las personas de ambos géneros. Los niños y niñas de México tienen el irrefutable derecho de convivir en armonía con sus progenitores o con quienes hubieran convivido desde el momento de su alumbramiento. El artículo 4o. de la Constitución establece la obligación del Estado de velar por el interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, asimismo reconoce el derecho de niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Y, continua con una agenda obligación, los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y de sus principios. En el derecho de familia se reconoce el amplio derecho a la paternidad, al número y esparcimiento de los hijos, al ejercicio pleno de la patria potestad y de la educación de los menores, pero sobre todo el derecho de convivencia entre padres e hijos. En esta relación simbiótica existente entre padres e hijos los primeros están obligados a no interferir negativamente en el crecimiento y desarrollo de la personalidad de los primeros, incidiendo mediante la infiltración de ideas y sentimientos de animadversión con relación a sus progenitores. La iniciativa de la diputada Labastida, ahora dictaminada por la Comisión de Justicia, plantea crear instrumentos jurídicos que procuren y garanticen mayor protección a las niñas, niños y adolescentes que sufren la separación de sus padres por la llamada alienación parental y dicha situación no cauce mayores efectos negativos de los que ya de por sí padecen los menores por motivo de la ruptura conyugal. Estamos convencidos de la gran trascendencia de la iniciativa y de la necesaria intervención del Estado en materia de la alienación parental, primeramente como mecanismo de garantía de salud y protección al desarrollo psicológico y personal de los niños, y en segundo lugar como derecho de los padres a convivir pacíficamente con sus hijos y conservar el nexo afectivo que los une, independientemente de los tiempos compartidos que deriven de una resolución judicial de divorcio. El artículo 3o de la Convención sobre el Derecho del Niño establece con puntualidad que todas las autoridades atenderán de manera primordial al interés superior del niño. En ese sentido vincula a los Estados parte para comprometerse y asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley. A través de las normas que hoy discutimos se atiende al espíritu de los compromisos internacionales de los que México es parte y se ataja con acierto una problemática nacional que nos aqueja y que podría ser una fuente de la problemática social en la que estamos inmersos. El libre desarrollo de la personalidad es una pieza básica para el despliegue de los derechos humanos y por ello es uno de los más delicados y urgentes núcleos que el Estado debe proteger y respetar. En tal encomienda, dentro de nuestra compleja tarea legislativa los invito a favor del presente dictamen de la Comisión de Justicia, ya que como otros tantos hemos confeccionado en la Comisión y discutido, se inscribe dentro de los esfuerzos legislativos para generar mejores instrumentos jurídicos a favor de los sectores más vulnerables. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del dictamen porque estamos convencidos de que el respeto en la relación de familia constituye un pilar fundamental para la construcción de una sociedad tolerante, incluyente y civilizada. Votaremos también a favor del dictamen porque estamos ciertos que el sano desarrollo de nuestra niñez constituye el cimiento de una sociedad más pacífica y ordenada, donde cada menor pueda encontrar las condiciones materiales y jurídicas suficientes para desarrollar sus capacidades dentro de un entorno afectuoso y sin manipulaciones de ningún tipo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.