La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. El Grupo Parlamentario del PRD manifiesta su acuerdo con el dictamen de la Comisión de Justicia que aprueba la propuesta de nuestros compañeros diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978. Coincidimos en que ha cesado el objetivo de esta Ley, desistir sobre todas las causas que se iniciaron contra diversos militantes de movimientos sociales y opositores políticos que en las décadas de los 70 y 80 se organizaron para exigir un cambio de régimen político, fundamentalmente a partir de la respuesta represiva que se desató después de 1968 en el gobierno de Díaz Ordaz. Sin embargo, la amnistía judicial a los opositores políticos fue tan sólo un gesto formal de un régimen que en la práctica continúo con la persecución de líderes incómodos, que restringió los derechos de reunión y expresión y que fue responsable de grandes violaciones a los derechos humanos en contra de grupos de población, como ejidatarios; sindicatos; organizaciones vecinales, partidos políticos; grupos de activistas o comunidades indígenas. Durante la vigencia de la Ley de Amnistía que hoy se plantea abrogar tuvieron lugar cientos de vejaciones a cargo de criminales, como Miguel Názar Haro. La extinta Dirección General de Seguridad registró datos personales de miles de personas cuyos expedientes fueron la base para actos de intimidación de dirigentes políticos. La militarización en el estado de Guerrero tuvo por consecuencia la desaparición forzada de cientos de personas a cuyos familiares esta Cámara negó un presupuesto suficiente para recibir indemnizaciones. Y qué decir de las torturas que siguieron cometiendo elementos de la Policía Judicial a obreros, a los campesinos, a los estudiantes que formaron núcleos de actividad política, siempre orillados a la clandestinidad por un gobierno que no dejó un resquicio a la participación institucional de la oposición. A diferencia de otras naciones de América Latina, en México no se ha sancionado a los responsables de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante décadas. Estamos muy lejos de haber alcanzado el derecho a la justicia y el derecho a la verdad histórica. Hoy pesan sobre las instituciones los saldos de la llamada guerra sucia, que no se puede minimizar, por más que las voces oficialistas sostengan que no es comparable con las dictaduras sudamericanas o las guerras civiles en Centroamérica. Por supuesto, desde esta tribuna honramos de memoria de todas estas víctimas y de más de 500 militantes perredistas que fueron asesinados en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Miles de personas afectadas que no pudieron ser beneficiarias de la amnistía, de la gracia de un Estado, que con una mano ofrecía la ley y con la otra aplicaba la fuerza bruta. Hoy en día tenemos el reto de erradicar la intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas, comunidades zapatistas, opositores a los megaproyectos, contra manifestantes en general, contra quienes decidieron poner un alto al crimen organizado. Porque a diversos niveles y de distintas formas las autoridades aún conciben el poder como la aplicación discrecional de la fuerza, hagan uso o no de artificios legales, invoquen o no supuestas infracciones penales. Hace unos meses esta Cámara aprobó una figura para permitir el indulto a petición del Poder Legislativo por violaciones a los derechos humanos de una persona sentenciada, por el que fue liberado el profesor Alberto Patishtán, reconocido como un preso de conciencia por numerosas organizaciones nacionales e internacionales. Esta decisión nos permite vislumbrar un camino de reconciliación a través de la justicia, un camino de paz en el combate a la impunidad. No es suficiente que el Estado reconozca la inocencia de quienes injustamente ha perseguido, torturado, desaparecido o encarcelado. Es necesario investigar las violaciones a los derechos humanos y sancionar a los responsables, incluso si forman parte de un grupo político o económico. Sólo entonces el Estado podrá reconstruir sus vínculos con la sociedad y cumplir con las obligaciones pendientes que tiene con miles de ciudadanas y ciudadanos, a quienes se ha hecho daño, en lugar de respetar y proteger. El voto del Grupo Parlamentario del PRD será a favor del dictamen por el que se abroga la Ley de Amnistía de 1978. Sin embargo, tenemos que decir que también hay que plantear la necesidad de la creación de un nuevo ordenamiento que considere la nueva realidad política de nuestro país. No podemos decir que está resuelto el problema, sigue habiendo perseguidos políticos, siguen muriendo periodistas, sigue habiendo impunidad, sigue habiendo censura. Por eso la tarea no está terminada. Hoy celebramos que se abrogue este dictamen, pero queda una tarea muy importante qué atender, este nuevo ordenamiento que permita de verdad garantizar la libertad de los políticos, de los periodistas, de las organizaciones sociales, de los defensores y defensoras de derechos humanos. Muchas gracias. Es cuanto.