La diputada Carmen Lucía Pérez Camarena: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, como hemos asumido durante el proceso legislativo que ha seguido la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo federal, es un avance sustancial en materia de protección y garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes, y en congruencia con este razonamiento estamos convencidas y convencidos que esta nueva ley, que estamos por aprobar, puede ser enriquecida, reforzada en algunas disposiciones. Conscientes de que no existe una ley perfecta, pero sí la mejor posible, pongo a su consideración varias reservas, que sin cambiar el espíritu de la norma enriquecen el texto para hacerlo más preciso y así evitar caer en omisiones por falta de claridad. En primer lugar, la fracción V del artículo 26, estipula que de conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema Nacional DIF o los sistemas de las entidades, según sea el caso, se asegura de que niñas, niños y adolescentes sean colocados de manera excepcional, dada las características específicas de cada caso en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible. Estimamos que esta medida no debe de ser considerada como excepcional, toda vez que lo más adecuado para el máximo bienestar de niñas, niños y adolescentes es que sean colocados en acogimiento residencial de acuerdo a las características específicas de su caso. Por otro lado, el párrafo siguiente a la fracción V de este artículo, prevé que dicha medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, relegando la medida de protección en un carácter de último recurso, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar. En este sentido y en congruencia a la observación realizada a la fracción V, no se estima pertinente que esta medida sea relegada como último recurso. Por otro lado, actualmente el conjunto de derechos sexuales sigue a debate, a pesar de ello se busca incorporar en la ley que debe garantizar estos derechos a niñas, niños y adolescentes, un concepto que aún se encuentra en construcción, que no tiene definido su contenido ni alcances. Nos preguntamos, ¿qué suponen los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños conforme a lo expuesto en el dictamen que hoy discutimos? Conforme a los avances en su discusión, la doctrina y otros instrumentos, los derechos sexuales y reproductivos abarcan el derecho a la decisión respecto del número de hijos, el acceso a los métodos anticonceptivos y a la libertad sexual, entre otros. Pero reiteramos, son un concepto en construcción que no ha alcanzado el consenso necesario para convertirse en parte de algún instrumento de derecho internacional que haya firmado el Ejecutivo federal y ratificado el Senado de nuestro país. Por tanto, la incorporación al marco jurídico nacional de conceptos no validados internacionalmente o que vayan en contra del orden legal vigente y de los cuales existen cuestionamientos y debates importantes sobre su contenido y alcance o sobre los supuestos beneficios o afectación a la salud o integridad física y psicológica que pudiera ocasionar a las niñas, niños y adolescentes exige actuar con responsabilidad y certeza respecto de lo que queremos para nuestros hijos. De no ser así seríamos los primeros que estaríamos incumpliendo con el interés superior de la niñez y otros principios que nos mandata nuestra Constitución y los instrumentos internacionales, en particular, la Convención sobre derechos del niño. Con base en estos argumentos, presentamos a su consideración la reserva de la fracción XI del artículo 50 del dictamen de la presente ley, para establecer que las autoridades de los diferentes órdenes de gobierno se deben coordinar para proporcionar asesoría y orientación sobre salud sexual y reproductiva. Desafortunadamente, para el bienestar de nuestras niñas, niños y adolescentes, este tema se reitera en la fracción VIII del artículo 58 del mismo ordenamiento. En esto se establece la obligación de las autoridades educativas de promover una educación sexual integral, sin precisar los alcances que sobre dicha integralidad deben referirse particularmente a las niñas y niños. Es necesario destacar que omite tomar en cuenta criterios como son la edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, que se pueden observar en otros artículos del mismo dictamen. Con la redacción en estos términos se podría generar un impacto negativo en los derechos humanos de las niñas y niños a partir de la utilización de conceptos que carecen de consensos mínimos. Este aspecto es claro cuando se pretende determinar si los menores de edad tienen derechos sexuales o reproductivos, o más bien si en esta etapa tienen derecho a la salud sexual y reproductiva conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. Por todo ello, también me permito presentar a su consideración la reserva de la fracción VIII del artículo 58 del presente dictamen, a efecto de modificar y establecer que uno de los fines de la educación sea promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez de las niñas, niños y adolescentes que les permita ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Por otro lado es importante hacer notar, en el artículo 57 de la nueva ley, se omita el reconocimiento, la facultad de los padres, tutores o quienes tengan la guarda o custodia de las niñas, niños y adolescentes de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Se debe tener presente que tanto el artículo 3o. de la Constitución de diversos preceptos de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se desprende la obligación de asegurar a niñas y niños la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables ante la ley. En este sentido se propone modificar el artículo 57 de la ley general para que quede: Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños y adolescentes en los términos previstos por el artículo 103 de esta ley. Es una cuestión de congruencia con la Carta Magna y un tema que Acción Nacional ha defendido desde su fundación. De acuerdo a la fracción XI, del artículo 83, las autoridades deben destinar espacios lúdicos de descanso y aseo para niñas, niños y adolescentes en los recintos en que se lleve a cabo procedimientos en que deban intervenir; es decir, se separan los espacios lúdicos de descanso. Sin embargo es necesario recordar que la actividad lúdica se utiliza como descanso, el juego provoca descanso y reposo de orden mental, de ahí la importancia que quede claro en esta fracción, que los espacios lúdicos deben ser también de descanso. En este sentido me permito presentar ésta última reserva para modificar la fracción XI del artículo 83, proponiendo que se omita la coma de la primera línea. Compañeras y compañeros legisladores, las oportunidades y educativas y el reconocimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes ha representado el único cambio social verdadero. Carlos Castillo Peraza decía, que lo único verdadero que les podemos dar a nuestros hijos son alas y raíces. Los invito a aprobar estas modificaciones por nuestra niñez y adolescencia, para que todos los mexicanos tengan alas y raíces y así aseguremos un México cada vez mejor. Es cuanto.