La diputada María Rosete Sánchez: Honorable asamblea, periódicamente conocemos sondeos de opinión que distintas empresas realizan al ciudadano, para conocer y medir su percepción respecto al trabajo y desempeño gubernamental, resaltando como mayor preocupación los problemas de inseguridad pública que se relacionan con la aplicación de la ley y la desconfianza del funcionamiento y actuación de las autoridades para cumplir con sus responsabilidades. El desencanto social por sus gobiernos crece de manera alarmante por la falta de honradez y eficiencia y por el déficit de sus desempeños. El funcionamiento de la administración pública en México se percibe como burocracias excesivas de funcionarios frente a procedimientos exagerados, que en muchos casos son parte de un círculo vicioso de corrupción, manchando de esta forma el verdadero servicio público. Ya no queremos ver gobiernos que no se ocupan de desempeñar eficientemente sus responsabilidades. Ya no queremos ver gobiernos que endeudan las haciendas públicas y corrompen los programas de desarrollo social, destinados a la lucha contra la pobreza y marginación, entre otras tantas malas prácticas. En esta nueva etapa que hemos iniciado con la cuarta transformación que se ha planteado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es momento de iniciar una nueva cultura de la burocracia pública, que promueva la actitud de servicio eficiente, que estimule la competencia y que la haga responsable, para que el gobierno trabaje mejor. De lo contrario, el funcionario público que contravenga la ley será sancionado severamente. Por ello, es necesaria una reforma constitucional y de la ley reglamentaria correspondiente, que adecúen nuestro marco jurídico e institucional a la nueva realidad del país. Así como crear las herramientas necesarias para inhibir la comisión de delitos en el y con el servicio público. Hemos visto cómo las leyes han sido rebasadas por la realidad y, desafortunadamente, las autoridades de gobierno no ofrecen bases sólidas para prevenir y sancionar la corrupción que la sociedad exige erradicar. La reforma constitucional que promuevo propone establecer bases constitucionales que ayuden a inhibir y erradicar la corrupción que tanto afecta y ha afectado a nuestro país. Es necesario someter a responsabilidad a todo servidor público y establecer un principio general de cumplimiento por el manejo de fondos y recursos federales. La obligación de servir con legalidad, honradez, imparcialidad y eficacia a los intereses del pueblo, debe ser la misma para todo servidor público, sin importar su jerarquía, sin importar su rango, sin importar su origen o lugar de empleo, cargo o comisión. Las bases constitucionales deben sustentar con claridad las responsabilidades políticas, penales y administrativas que puedan resultar de las obligaciones comunes de todo servidor público. Además, es necesario establecer normas que obliguen al servidor público servir con eficiencia y respeto a la sociedad. Tenemos que regresarle a la sociedad la confianza de recurrir al derecho para que no se vea forzada a violarlo, con el fin de obtener de alguna forma lo que la justicia debe garantizarle. No debemos medir resultados por el número de servidores públicos sancionados o denunciados ante las autoridades del Ministerio Público. Al final de cuentas, en pocas ocasiones se resarce el daño y quebranto al erario y a los afectados. Y si son recluidos, en solo unos años salen libres bajo fianzas irrisorias. El costo a consecuencia de corrupción en la realización de pagos, trámites o solicitudes de servicios públicos y otra relación con autoridades, se calcula en 7 mil 218 millones de pesos, lo que se traduce en 2 mil 273 pesos promedio por persona afectada. Si los niveles de corrupción en nuestro país son de los más elevados a nivel mundial, los de impunidad son aún peores. Es momento de convertir a la administración pública en honesta, profesional y eficaz, y exigir la identificación, investigación, proceso y sanción con legalidad, eficiencia, severidad e imparcialidad de la corrupción para tener un país más justo. Muchas gracias. Es cuanto