El diputado Alfonso Durazo Montaño: Diputada Presidenta, compañeras y compañeros diputados: la reforma a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos que se presenta es un esfuerzo de tres iniciativas que han sido integradas y dictaminadas para la gestión integral de residuos sólidos y establecer un esquema de corresponsabilidad en todos los órganos de gobierno locales y federal. En términos teóricos suena bien. En la formalidad hay una buena intención de mejorar la calidad del ambiente pues prevé la creación de centros de separación y reutilización de recursos, otorga facultades a la federación para elaborar las normas sobre materiales y envases y da una relevancia mayor al tema de la educación. No obstante, estimamos que la buena intención de la ley puede ser torcida fácilmente por los poderes fácticos. Declaramos que éste es un asunto de educación, pero sobre todo de combate a la corrupción, de aplicación irrestricta de la ley y de sanciones, más que de premios y estímulos. No sólo contamina el residuo del empaque el proceso de elaboración de productos, es también causa de afectaciones al entorno. En el caso de los refrescos, por ejemplo, para obtener dos litros de producto terminado son necesarios, por lo menos, cuatro litros de agua potable sin contar la contaminación que generan las plantas de producción y la transportación de su producto que, por si fuese poco, carece de valor nutrimental. En el caso del manejo de los residuos sólidos, a pesar de las recomendaciones sobre la necesidad de un proceso de reutilización y de la creación de estaciones de transferencia donde se separen los desechos, la mayor parte de las entidades siguen apostando por los rellenos sanitarios donde se deposita de todo de forma indiscriminada y a costa de la contaminación de los mantos acuíferos y el subsuelo. Con respecto a la prohibición del uso de bolsas de plástico en los supermercados, podemos observar en una visita cualquiera de ellos, que se siguen usando de forma desmedida y sin ninguna sanción de la autoridad. Hay una mala costumbre, un vicio que pesa sobre el esquema de incentivos económicos y por eso nos oponemos a esta iniciativa, y es el de la discrecionalidad en su aplicación y los malos resultados que han entregado todas ellas. La muestra está en el régimen de consolidación fiscal que sólo ha conseguido tener millonarios a costa del erario público y el aumento de la carga tributaria a los que menos tienen. Ahora, el dictamen que discutimos pretende que las entidades puedan coordinar estrategias económicas que incentiven el desarrollo para el manejo de residuos, como si los grandes industriales de este país no estuviesen ya suficientemente incentivados. Se han inventado fundaciones, donativos y supuestos centros de desarrollo e investigación que nada o muy poco han aportado al país, porque en honor a la verdad, en el día a día son las universidades públicas las que han motivado y desarrollado la tecnología de materiales ecológicos, de hecho son la vanguardia en el tratamiento y gestión integral de residuos sólidos. Por lo anterior, proponemos que en lugar de otorgar estímulos y subsidios a los grandes empresarios, proponemos que las universidades e institutos tecnológicos, tanto nacionales como estatales, sean los beneficiados con recursos para investigación y que las empresas paguen un impuesto especial por la contaminación que genera. Durante años han contaminado nuestro país con productos de baja calidad. A últimas fechas, hasta productos chatarra de carácter político están llevando a los ciudadanos. Los industriales y los medios comerciales necesitan de artificios en la presentación para ofertar sus productos aun a costa del deterioro del ambiente, de la destrucción de equilibrio ecológico e, incluso, de la devastación de áreas naturales protegidas como Holbox, el proyecto Walmart Xalapa o el Dragon Mart. Estamos por supuesto de acuerdo con el control de los residuos, la polución es un grave problema derivado del consumo de productos chatarra de grandes empresas. La gran reforma debería ser el control estricto de esos productos en pro de la salud y del ambiente, aplicando con estricto rigor la ley a aquellos que no la respetan en perjuicio de millones de mexicanos. Muchas gracias.