El diputado David Pérez Tejada Padilla: Distinguidos miembros de la Mesa Directiva y de la Honorable Cámara de Diputados. Con su venia, señor presidente. Durante este sexenio hemos visto distintas medidas respecto a la lucha contra la delincuencia organizada en México y, una de las principales estrategias que ha tomado la presente administración, ha sido la búsqueda de mecanismos para el abatimiento de recursos económicos hacia el crimen organizado. Así, el Ejecutivo ha propuesto la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que busca cerrar el libre flujo de recursos a los criminales, así como el encubrimiento indirecto que se tiene por parte de las distintas sociedades económicas como lo son las casas de cambio. Las disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito aplicables a las casas de cambio, han representado una innovación hacia la reglamentación de este sector. Sin embargo sólo contemplan el supuesto de la prevención del lavado de dinero, dejando de lado otros elementos necesarios en la reglamentación de las casas de cambio. Si bien la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito contemplan una serie de disposiciones que regulan las casas de cambio, éstas no están sujetas a la regulación más estricta por parte de la autoridad bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o del Banco de México. Por esa razón, la industria ha venido trabajando en un esquema de autorregulación. Para entender la problemática actual que existe en el mercado cambiario, es necesario mencionar que la aparición de los llamados centros cambiarios, se originó a finales de 1991 con la publicación del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, en la que se exigió a las casas de cambio al menudeo, contar con un capital mínimo para poder operar como casas de cambio. Como muchas casas de cambio minoristas no pudieron cumplir con el capital mínimo exigido por la Secretaría de Hacienda, esto provocó que quedaran desreguladas, sin necesidad de autorización ni reglas de operación y tampoco bajo supervisión, manteniendo su misma actividad pero excluidas del Sistema Financiero Mexicano, estableciéndose como establecimientos mercantiles y surgiendo la figura de los centros cambiarios, conforme a lo establecido por el artículo 81 A que hace referencia a este tipo de negocios. A principios de 2007, teníamos 25 casas de cambio operando en el país. Hoy hay 9 casas de cambio nada más. Varias de ellas han sido revocadas por diversas razones. Algunas de ellas por fallas en temas de sus sistemas de prevención de lavado de dinero. Y la actividad cambiaria ha migrado desde casas de cambio hacia bancos. La razón principal para establecer una regulación específica para las casas de cambio, es la necesidad de controlar la libre circulación de dólares en efectivo dentro de nuestra economía, lo cual, sin duda beneficiaba al crimen organizado y provocaba abusos a los verdaderos clientes y para nuestros connacionales que a través de centros cambiarios efectuaban el envío de remesas. Las restricciones impuestas por el Ejecutivo han sido un importante avance en esta materia. Sin embargo la normatividad al respecto sigue estando dispersa y dejando vacíos que provocan baja efectividad jurídica. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presenta esta iniciativa, cuya finalidad es la creación de la Ley de Casas de Cambio, a fin de que estas sociedades sean correctamente reguladas y controladas, así como incorporar dentro de un solo ordenamiento jurídico las diversas disposiciones que se han emitido en esta materia. Dentro de las aportaciones que se hacen a través de esta ley, está la posibilidad de que el Banco de México pueda supervisar el funcionamiento de las casas de cambio e intervenir en sus operaciones para fomentar condiciones de estabilización cambiaria y competencia. De igual forma se estipula que la ganancia cambiaria que obtenga el Banco de México por la compra-venta de divisas a casas de cambio, no podrá ser utilizada para cubrir gasto corriente, sino que deberá aplicarla exclusivamente a la constitución de reservas para la amortización de las pérdidas cambiarias en que pueda incurrir. Se establece un plazo no mayor a 30 días para que la Secretaría de Hacienda emita la resolución respecto a la autorización de las posibles casas de cambio, así como una serie de requisitos que deberá cubrir la solicitud correspondiente respecto a la honorabilidad y conveniencia de los posibles socios que la integran. Un aspecto fundamental para el mejor control y supervisión de las operaciones cambiarias es la utilización de un sistema electrónico automatizado por parte del Sistema de Administración Tributaria, a fin de que a través de éste pueda llevar a cabo la adecuada fiscalización de operaciones que puedan resultar en hechos ilícitos, así como para la conformación de una base de datos para la identificación del usuario. De igual forma, las remesas enviadas por nuestros connacionales, muchas veces se encuentran afectadas por los abusos que se establecen en las casas de cambio al no establecerse límites en las comisiones y los tipos de cambio aplicables a las mismas. Por tal motivo, se propone reglamentar esta situación. Sin duda, el camino en esta materia aún es largo, pero consideramos de gran relevancia generar una ley específica para el tratamiento de las casas de cambio, de la cual se pueda derivar una reglamentación adecuada por parte de nuestras autoridades hacendarias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.