La diputada Adriana Sarur Torre: Con su venia, señor presidente. Señor secretario, Ernesto Cordero, en esta comparecencia lo primero que queremos llevarnos es un compromiso de usted con la verdad y la transparencia. Queremos, desde esta tribuna, hacer partícipes a todos los mexicanos, de que nuestro país debe hoy tomar las decisiones de las cuales dependerá el futuro de las generaciones venideras. Es hora de dejar atrás la frivolidad de propuestas y voluntades. Es hora de dejar atrás una política económica basada en la simulación, donde nos imputaron, desde el año pasado, un aparente boquete fiscal cercano a los 303 mil millones de pesos; de un boquete que pondría en riesgo la sana marcha del presupuesto público, sobre todo en áreas tan sensibles como el combate a la pobreza, la seguridad pública, los servicios públicos de salud y educación y la inversión en infraestructura para el desarrollo. Pese a la falta de plena justificación por parte de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados aprobó reformas legales para cubrir ese supuesto boquete fiscal. En aras de que se contara con el margen de maniobra necesario para afrontar los retos derivados de la crisis económica que afectó sensiblemente las finanzas públicas durante todo el año 2009. La intención de esta legislatura fue siempre noble. No quisimos nunca que el presidente de la república careciera de recursos para enfrentar los retos nacionales, y lo hicimos aún a sabiendas de que estas reformas sangrarían a las familias con más impuestos, más IDE, más IVA y mayor recaudación fiscal. Al día de hoy, secretario, el 48 por ciento de los recursos públicos provienen de la ciudadanía cuyo salario no les alcanza para vivir mejor. Cuáles han sido los resultados, pues al cierre del primer semestre de 2010 y de acuerdo con cifras de la propia Secretaría de Hacienda, el subejercicio del gobierno federal alcanzó los 77 mil millones de pesos. ¿Para qué piden, entonces, más dinero si ni siquiera pueden administrar con eficiencia el que ya tienen? Vivir mejor no significa, entonces, un sistema tributario más justo, más equitativo, y con ello tampoco el compromiso serio para erradicar la pobreza extrema y el hambre, y más lejos aún de garantizar la erradicación de la informalidad, la elusión y las evasiones fiscales. Así que debemos advertir que estas alternativas de establecer contribuciones todavía son débiles y balbuceantes. Le pregunto, señor secretario: ¿qué tanto afecta una mala planeación al comportamiento normal de la economía? ¿Se da cuenta que una mala planeación le arrebata a la gente su esperanza de mejorar su calidad de vida? ¿Cuál es el resultado de una política basada en la reducción del mercado interno, la caída del empleo, los salarios y la privatización selectiva de entidades de la administración pública federal, y un aumento desmedido de los impuestos? Asimismo, señor secretario, la gestión del presidente Calderón ha tomado medidas para supuestamente combatir las finanzas del crimen organizado, pero que en realidad han resultado muy costosas para la economía de miles de empresas legalmente constituidas. Me refiero en especial a la medida que entró en vigor consistente en reducir unilateral y drásticamente el monto de las operaciones de dólares en efectivo. Desde que firmamos el TLC, las transacciones en dólares se han vuelto muy comunes a lo largo del territorio nacional, especialmente en la frontera norte. Muchas empresas nacionales manejan en dólares sus transacciones corrientes, por lo que reducir su capacidad de venta a los bancos a 7 mil dólares por mes, sin duda que les afectará. Muchas empresas ya se han manifestado en contra de esta medida porque limita su capacidad de crecimiento y su movilidad financiera. Lo más decepcionante de este asunto es que para tomar dicha medida el presidente Calderón jamás consultó a las empresas que sufrirían los costos de la misma y mucho menos a la Cámara de Diputados. En su estrategia se habla de un monto aproximado de 10 mil millones de dólares que ingresan al país, sin que se tenga la certeza de la procedencia lícita de los mismos. Esto es un gran problema y lo compartimos; sin embargo, consideramos que no están bien planteados los fundamentos y límites de esta política criminal financiera. El Partido Verde, como lo hemos mencionado anteriormente, no regateará ni un solo centímetro su apoyo al Ejecutivo en su lucha por minarles el botín a los depredadores del sistema financiero, pero le pregunto, señor secretario, ¿qué instrumentos de medición real se utilizaron para delinear la estrategia? ¿Se midió de forma correcta el impacto o daño colateral que se producirá con la limitación de los montos de depósito en efectivo en dólares en el país y sobre todo, en la zona fronteriza? Esperemos que se haya hecho el análisis de previsión de las consecuencias y sus efectos, de lo contrario no sólo se han producido daños no deseados ni esperados, sino que la estrategia nacional para la prevención y el combate de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo ya nació muerta. Señor secretario, todos y cada uno de los mexicanos queremos que nuestro país sea devuelta a la tranquilidad y seguridad que demandamos y deseamos. No es viable que se tomen decisiones que afectan de manera irracional a los ciudadanos honestos y productivos de nuestro país. Por lo anterior me permito preguntarle también: ¿se tiene proyectado un análisis a corto plazo de las repercusiones que se han producido en la economía afectada por dicha estrategia? En su caso, ¿se ha planteado el gobierno federal alguna estrategia para amortiguar las consecuencias económicas de la estrategia? Como puede apreciar, es un problema que ha sido identificado no sólo por el Grupo Parlamentario del Partido Verde en esta soberanía, sino por la sociedad. Por tanto, es indispensable que se replantee la estrategia, a fin de hacerla verdadera eficiente y minimizar los daños y afectaciones de los empresarios y ciudadanos honestos. Es cuanto, señor presidente.