La diputada Karen Hurtado Arana: Con su permiso, señora presidenta. Compañeros diputados, me sumo rotundamente a las expresiones de respeto por las Fuerzas Armadas y la noble labor que realizan en nuestro país en situaciones de desastre, mismas que fueron expresadas en esta tribuna el pasado mes de septiembre. Y es precisamente por ese respeto que les tenemos, que no podemos sacarlos a las calles de manera permanente, cuando nosotros como mexicanos con nuestros impuestos pagamos su adiestramiento y en ocasiones altos mandos han expresado que ellos no han sido formados para ser policías. Recordemos que el Ejército no es quien debe pagar los platos rotos de la estrategia de seguridad fallida del actual gobierno, lamentablemente en la otra cara de la moneda se han documentado abusos y excesos de parte del personal militar, que las más de las veces quedan en la impunidad. Para nadie es desconocido que a un militar le es más fácil abusar y violentar de los derechos humanos y mientras este país no disminuya sus índices de corrupción y no fortaleza sus instituciones en materia de procuración de justicia, no podemos permitir que la moneda siga al aire. No podemos permitir que la seguridad esté a cargo de la institución que está diseñada para salvaguardar al país de fuerzas extranjeras, no de los mismos connacionales. No podemos olvidar el papel que jugó el Ejército durante la Guerra Sucia, no podemos ser omisos ante el dolor de ejecuciones, de las desapariciones forzadas y de todas las atrocidades que padecieron quienes buscaban un mundo mejor. Diputadas y diputados cómplices del gobierno han aprobado de manera general una ley que ha sido creada en circunstancias sospechosas, y casualmente esto ocurre un día después de que el presidente Enrique Peña Nieto urgiera al Congreso a votarla pese a muchas críticas de la sociedad civil. Como ya lo dijo mi compañero diputado integrante de la Comisión de Gobernación, es un dictamen que fue entregado apenas hace unas horas, carece de definiciones precisas para dejar en ambigüedad conceptos, protocolos y situaciones fundamentales que quedan sujetos a la mera interpretación, y eso no resuelve el problema de capacidades locales y estatales para la seguridad, ya que son los municipios y los estados quienes deben de completar sus capacidades para cumplir con su función constitucional. Definir el concepto de seguridad interior nos podría llevar bastantes horas y hablar de los casos en los que pueda aplicarse la presente ley genera inmensas lagunas jurídicas. Así que no podemos entregar un cheque en blanco al Ejecutivo para militarizar el país, y es por ello que propongo que se deroguen los artículos 10, 12 y 13 de la presente ley, ya que no podemos dejar que se criminalice cualquier situación o coyuntura que convenga al partido en el poder. No podemos permitir que se criminalice la protesta social, cuando es a través de la acción social que la ciudadanía se ha manifestado libremente y contribuido a la transformación social y el fortalecimiento institucional de este país. Invito a los compañeros diputados a que puedan votar a favor esta propuesta de derogar estos artículos, ya que no ayudan a nada para el crecimiento de este país. Muchas gracias.