La diputada Sara Rocha Medina (PRI): Gracias compañero presidente. Compañeras y compañeros legisladores: La suscrita pone a consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley del Seguro Social relativos a jornaleros agrícolas. Uno de los problemas acuciantes y perentorios dentro de la agenda nacional, es desde luego el deterioro productivo y social que ha resentido el campo mexicano desde hace más de dos décadas, como consecuencia de las políticas neoliberales, implacablemente aplicadas y que han redundado en una caída drástica en los niveles de bienestar social, tanto de campesinos como comuneros, como también de los trabajadores jornaleros. En medio de la miseria que se ha extendido y enraizado en los confines de nuestro territorio, donde antes se llegaron a sentar las bases de un incipiente desarrollo económico y social, ahora se puede apreciar una pobreza recrudecida. Los trabajadores agrícolas superan en pobreza y rezago social a cualquier sector de nuestra población, no es casualidad que los jornaleros procedan de los municipios más altos índices de marginalidad. Estamos pasando de una economía agrícola, de comuneros y de ejidatarios, a una de jornaleros desposeídos en condiciones paupérrimas, en nombre de una exigencia de competitividad internacional, mal entendida, que ha servido de pretexto para el irresponsable abandono del campo, por parte del Estado mexicano, mientras nuestros socios comerciales, por mencionar a Estados Unidos y la Unión Europea, destinan sumas exhorbitantes de subsidio y protegen con aranceles y otras medidas sus mercados internos. Estadísticas que tienen un carácter de aproximadamente y que se refieren que existen en el país alrededor de 5 millones de jornaleros agrícolas que prófugos del desempleo y la desesperación y la desolación de sus lugares de origen, se desplazan a través de diversas corrientes o flujos, hacia zonas de atracción productiva agrícola, para ofrecer su servicio normalmente acompañados de sus familias, de sus menores y de sus hijas. Fundamentalmente los jornaleros laboran en 28 zonas agrícolas, ubicadas en 19 entidades federativas y concentradas en 30 cultivos estacionales. La mayor parte de ellos en ramas frutícolas, de hortalizas y de flores, para generar una dinámica institucional con especial atención a los trabajadores jornaleros, en el conjunto de las políticas públicas se propone: La creación de un órgano técnico, independiente y de carácter estrictamente temporal, que durante tres meses de cada año evalúe las acciones gubernamentales y legislativas, adoptadas en materia de jornaleros agrícolas y elabore un diagnóstico de la situación en que se hallan. El informe que rindan tendrá el valor de orientación y pauta, para hacer ajustes en las medidas adoptadas. El Consejo se compondrá en cinco miembros designados por las Cámaras y las dependencias sectoriales involucradas, para proponer miembros del Consejo de Evaluación de Políticas en Materia de Jornaleros Agrícolas.- Su naturaleza será la de un órgano administrativo de carácter temporal, autónomo y adscrito a la Secretaría del Trabajo, contará con la colaboración de dependencias y entidades del Gobierno federal. Sesionará de febrero a abril, concluyendo con la rendición de su informe en las Cámaras de Diputados y Senadores, frente a los Secretarios involucrados. Su impacto presupuestal será mínimo, puesto que en lugar de un aparto burocrático, se tratará solamente de un conjunto de expertos o especialistas, que desde una posición de independencia durará tres meses cada año. Analizar la problemática de los jornaleros agrícolas y aportar medidas de solución en el Congreso de la Unión, crea este órgano en ejercicio de las facultades que le confiere el Artículo 89 Constitucional fracción II. Las reformas que se proponen, si bien versan sobre el marco regulatorio del trabajo de jornaleros, constituyen un acento legislativo en el problema, y pueden ser el primero de sus pasos para resolver el inaplazable problema de jornaleros. En las reformas se tienden a mejorar diversos aspectos de técnica legislativa en la redacción del capítulo de los trabajadores del campo. Se agregará derechos laborales que no están originalmente contemplados y se puntualizará el contenido de otros de vaga definición. Asimismo, en aras de una delimitación correcta del ámbito de aplicación de las reformas, se ha procedido a definir la figura de jornalero como una especie de trabajador del campo y beneficiario de una partícula o tutela en razón de su acrecentada vulnerabilidad. Por tanto y atendiendo a los fines que persigue la Ley Federal del Trabajo, es de justicia social transformar las condiciones en las que trabajan los jornaleros del campo y terminar con la desigualdad y al incertidumbre en que se vive. En ese tenor se considera de importancia la adición que se propone al artículo 5 fracción VII de la ley, haciendo extensivo a los trabajadores del campo el periodo máximo de una semana para que sea cubierto su salario, ya que en la forma en que se encuentra actualmente en la ley, pareciera que en el beneficio es privativo de los trabajadores de la industria conocidos como obreros. Se redefine en esta iniciativa, en el artículo 279 el concepto de trabajador del campo y se amplía a cualquier trabajador que desplieguen actividades tanto en la productividad agrícola como en la agroindustrial, pesquera o forestal. En razón de la comunidad de circunstancias económicas y sociales que antecede al empleo de los jornaleros o trabajadores estacionales, la experiencia del trabajo en el campo revele que los trabajadores campesinos frecuentemente desarrollan varias actividades relacionadas entre sí, por esta razón se propone la modificación del artículo 279 para que se defina con la mayor amplitud y precisión. Posiblemente las variantes de trabajo en el campo, la modificación del primer párrafo se basa en el hecho de que sea cual sea la denominación que se les dé, siempre y cuando se encuadre dentro de estas actividades, sean considerados como trabajadores del campo sujetos a la reglamentación respectiva. La adición que se propone al artículo 279 Bis se encuentra basada en el hecho de que no existe hasta el momento una definición puntual del trabajador jornalero y de que en innumerables ocasiones ocurre con trabajadores que por el hecho de ser temporaleros no son debidamente finiquitados al momento de la terminación del trabajo y por ello se plasma en el texto de la Ley de los derechos que tienen. En el campo nos hemos enfrentado a muchos problemas, sin embargo el principal es que los trabajadores llegan a la vejez sin recursos para su sobrevivencia y toda una vida de trabajo a cuestas, sin que cuenten con un documento que pruebe la antigüedad en el servicio, sin ninguna manera de acreditar que prestó sus servicios para determinada actividad o para determinada persona en un cierto número de años, es por lo que adicionalmente dos párrafos al artículo 280 con el que tenga seguridad el trabajador y una forma de conocer las prestaciones a las que tiene derecho, incluyendo la obligación para el patrón que lleva un registro y otorgar una copia del mismo trabajador, de manera que el documento crea certeza y coadyuve a precisar los derechos laborales de los jornaleros y a preconstituir pruebas para hacerlos efectivos en el momento que sea necesario. La reforma que se propone al artículo 281 es que en el texto actual de la ley sólo se contemplan los contratos de arrendamiento y muchas veces no hemos encontrado con el que contrata se realiza, no es de la naturaleza del propietario o del contratante. La responsabilidad debe ser solidaria, es por ello que incluyo los contratos de aprovechamiento y similar y que hayan realizado en forma escrita o verbal. Asimismo las reformas que se realizan al artículo 282 es únicamente con el objeto de que las condiciones de trabajo consten por escrito y de conformidad. Para ser sujetas -en virtud de que se me terminó el tiempo- para ser sujetas del régimen de seguridad social, es imprescindible que sean incorporados los trabajadores agrícolas a la seguridad social y que cotice en los términos de la Ley del Seguro, para la cesantía a la mitad, abarcando en el período de 28 a 29 años. Dejo la iniciativa en la Mesa Directiva y solicito se mande a las comisiones correspondientes. Muchas gracias, diputado Presidente.