LA DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: En medio de la indignación que provoca la invasión de los Estados Unidos a Irak, este tema que es nacional no deja de ser importante para nuestro país, el del SAT y el veto presidencial. México tiene un serio problema de administración tributaria, por cada dos pesos que debieran ingresar a las arcas públicas, el servicio de administración sólo recauda poco más de un peso, es decir, casi el 50% del potencial recaudatorio de México se pierde en evasión, elusión, fraudes y otros tipos de incumplimientos tributarios. Entre otras omisiones, la propuesta de reforma hacendaria presentada en marzo del 2001 por el Presidente Fox, contempla muy pocos aspectos para asegurar que se recaudará efectivamente lo que se pretende con los entonces nuevos impuestos. Cuando se suben tasas, cuando se expanden las bases de tributación o cuando se crean nuevos impuestos, rara vez se logran los resultados esperados si no se acompañan de ajustes que permitan fortalecer ese brazo de recaudación. Con una carga tributaria de alrededor del 11% del PIB, México tiene una estructura similar a la de los países que recauda el doble; las tasas de ISR, de IVA, son equivalentes a las de países con grados de desarrollo similares. El esquema tributario actual permitiría recaudar por lo menos 17 o 18% del PIB si el SAT tuviera una efectividad similar a otros, a otros países como España o Chile. Quienes dirigen el SAT no deben formular una política tributaria, ésta es una facultad del Poder Legislativo, previa negociación con el Ejecutivo; en cambio esa atribución específica del SAT, desarrollar los mecanismos más modernos y adecuados para garantizar el cumplimiento de la ley. Este Congreso que se manifestó en contra de incrementar el impuesto al consumo de bienes básicos propuso también medidas alternativas para mejorar la recaudación en nuestro país. Una ellas, fueron las reformas al Servicio de Administración Tributaria, que se aprobaron con el consenso de todos los partidos representados en esta soberanía. Conviene aquí señalar que en las sesiones de la Comisión de Hacienda para dictaminar las reformas a la Ley del SAT, se contó con la asistencia de los propios funcionarios de la Secretaría de Hacienda y del SAT, que fueron nombrados específicamente por el Secretario del Ramo, con el propósito fundamental de explicar el alcance y los motivos que sustentan las iniciativas que envió el Ejecutivo federal. Es por ello que hoy nos desconcierta la decisión del Poder Ejecutivo para vetar una ley, en la que el propio gobierno participó. El ánimo que impulsó a esta Cámara para reformar al SAT, fue de el de dotarle de mayor transparencia y despolitizarlo con la participación de Consejeros independientes y funcionarios de finanzas e los gobiernos locales, es un avance sustantivo para entrar a la modernidad en un sistema fiscal, para lograr mayor autonomía en este órgano desconcentrado. Existen antecedentes de participación externa en organismos públicos desconcentrados, como el INFONAVIT y la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, así como las instituciones de crédito, establecidos en las leyes secundarias, sin que ello signifique que ese está vulnerando la facultad del Poder Ejecutivo, consagrada en nuestra Constitución para nombrar servidores públicos de su administración. Consideramos que una reforma al SAT debe enfocarse principalmente a mejorar su eficiencia recaudatoria, lo cual se logrará fortaleciendo su autonomía de gestión y eliminando sus facultades discrecionales. Esta es la razón de las modificaciones que se hicieron en la conformación de su Junta de Gobierno. Es por eso que presentamos el siguiente PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Se solicita a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, emita opinión sobre las Consideraciones legales emitidas en el veto presidencial al decreto emitido por el Congreso de la Unión, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones contenidas en la Ley del Servicio de Administración Tributaria. Asimismo, que dicha opinión sea considerada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público al emitir dictamen sobre el mencionado veto. Si el presidente está saboteando la recaudación en este país, este Congreso no lo puede permitir. Es cuanto diputado presidente. -