El diputado César Camacho Quiroz: Gracias compañeras, compañeros diputados. Decenas de miles en prisión padecen un sistema absurdo que penaliza la pobreza y la condición social más que los actos de esas personas. Procesos penales gravosos y largos, formalismos que rayan en el absurdo llegan a poner en situaciones vergonzosas a las víctimas de los delitos. Peligrosas organizaciones criminales que le han robado la tranquilidad a la población, cada vez se hacen más fuertes, aprovechando cuantiosos recursos mal habidos. Es evidente el agotamiento del sistema de justicia, encuestas y testimonios muestran que nadie está conforme, ni las víctimas que no encuentran protección y difícilmente la reparación del daño sufrido, ni los inculpados, cuyos derechos son frecuentemente atropellados en juicios incomprensible para ellos. El entramado jurídico y las instituciones que lo aplican, creadas para hacer justicia, se han vuelto paradójicamente injustas. Esta gran nación afronta el desafío y habrá de salir avante. Esta compleja circunstancia por supuesto que tiene solución. Es así que a partir del dictamen que discutiremos enseguida se propone reformar integralmente el sistema de justicia penal, migrando del actual modelo mixto preponderantemente inquisitivo, a uno garantista de corte acusatorio y oral, adaptado a las condiciones y la cultura jurídica mexicanas y orientado, por la urgente necesidad de abatir los alarmantes índices de delincuencia y evitar la impunidad, garantizando el respeto por los derechos de todos. Estamos, y no es un exceso retórico, creando un nuevo modelo, el modelo mexicano de justicia penal. Pero la cuestión no es precisar los objetivos de la justicia, sino la manera razonable y eficaz de realizarlos, como aseguró con razón Norberto Bobbio, al reflexionar sobre el futuro de la democracia. En México, la afirmación era válida hasta hoy. El dictamen que se somete a su consideración es suma de voluntades. En él se expresan las principales preocupaciones que legisladores, como titulares, e integrantes de otros poderes públicos, incluso organizaciones de la sociedad civil, plasmaron en sus propuestas, creyendo interpretar el deseo vehemente de los mexicanos. No sólo tiene el valor de las aportaciones, posee también el valor de las sesiones. Sobre esa voluntad colectiva se construyó un consenso, tratándose de un asunto complejo técnicamente hablando y socialmente sensible, la unanimidad alcanzada entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras es digna de subrayar. 10 iniciativas modifican una docena de artículos constitucionales para lograr que el sistema de justicia penal mexicano sea garantista, pero sobre todo más eficaz. Garantista al inscribirse dentro de las recientes expresiones de la filosofía contemporánea en la medida que fija límites a los poderes públicos en la misma proporción que amplía el espectro de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así pone fin a los abusos de la policía, a la que al mismo tiempo dota de mejores instrumentos jurídicos; pero contempla a la vez medidas eficaces de control. Es eficaz al establecer nuevos dispositivos para que el Estado enfrente al crimen organizado, por cierto el más peligroso y el que más agravia. Atacarlo, enfrentarlo con recursos jurídicos y materiales más adecuados para que obtenga mejores resultados. Queremos contar desde luego con un Ministerio Público fuerte, pero no omnipotente ni menos avasallador. No más policías que detienen para investigar y sí a las autoridades que investigan para detener. Como se aprecia, el dictamen implica un cambio de paradigma, el nuevo sistema impide penalizar la pobreza, es haz de luz sobre los oscuros entresijos de los procesos judiciales. Otorga fuerza a las autoridades; pero se reserva su control a las instituciones. La reforma sin excesos es un hito en la historia del derecho penal en México. Sin mezquindad, sin medro político, legisladores y autoridades nos abocamos a trabajar en lo que más que un mandato se ha convertido en clamor popular: que la justicia realmente sirva a la nación. Es el momento de impulsar y aprobar el dictamen de manera definitiva, pues como afirmó José Martí: en la justicia no cabe demora. Quien dilata su cumplimiento la vuelve contra sí. Ésta es una reforma para el reestablecimiento del tejido social, para que instituciones y autoridades cumplan con las nuevas disposiciones y al hacerlo estén en condiciones de recuperar la confianza ciudadana. Hoy entregamos a México uno de los resultados más esperados de este Poder Legislativo. El Estado mexicano emprende la recuperación de su razón de ser, que es la tranquilidad de las personas y de sus familias. El poder público tiene una deuda con la nación mexicana. Hoy empezamos a pagársela. Gracias. Señora Presidenta, le haré llegar un documento de las Comisiones Unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales, en el que se efectúan un par de precisiones, un par de precisiones al texto normativo de adiciones, y algunos argumentos adicionales en la parte considerativa, para que en el momento legislativamente oportuno pueda ponerlas a consideración del pleno y que se integren al texto principal del dictamen cuya discusión nos ocupa. Gracias.