El diputado Armando Luna Canales: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, a nombre de la Comisión de Derechos Humanos fundamento ante ustedes un dictamen que en términos generales lo que propone es realizar distintas adecuaciones nominativas respecto a las menciones que se hace de la extinta Secretaría de Seguridad Pública en la Ley de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Sin embargo, el contenido del dictamen que hoy se presenta a su consideración no reviste menor importancia, ya que todo cambio o actualización que tienda a optimizar la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y concretamente a su mecanismo de protección, tendrá una repercusión positiva dentro de nuestro sistema democrático, ya que como se ha señalado por diversos organismos protectores de derechos humanos, la importancia fundamental de la libertad de expresión y la labor de los defensores de derechos humanos, constituyen herramientas esenciales para la defensa de todos los demás derechos y se erigen como elementos centrales de la democracia y el avance de los objetivos de desarrollo. Por lo anterior, toda mejora de este mecanismo de protección de periodistas y defensores, será bienvenida, a fin de evitar que la violencia y otros delitos contra quienes ejercen sus derechos de libertad de expresión, incluidos periodistas, actores de los medios de comunicación y defensores de derechos humanos, tengan un efecto disuasivo para el libre flujo de información de las ideas en la sociedad. Tengamos presente que los ataques perpetrados contra ambos gremios no solo representan ataques a su persona, sino que constituyen verdaderas agresiones contra la sociedad en su conjunto, ya que con ello se vulnera la libertad de expresión y el derecho de todas las personas a obtener y recibir información e ideas. Por lo anterior, en la Comisión de Derechos Humanos estamos convencidos de que los periodistas y los defensores de derechos humanos merecen toda nuestra atención no solo por sus actos heroicos ante el peligro, sino también por la importancia del papel social que desempeñan, máxime cuando su labor es un derecho colectivo de la sociedad en su conjunto. Volviendo a la reforma que nos ocupa, y como es del conocimiento público, mediante el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013 fueron reformadas diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Mediante ella se dispuso la extinción de la entonces Secretaría de Seguridad Pública, previendo que la Secretaría de Gobernación asumiría los asuntos correspondientes a dicha institución. Sin embargo, pese a lo anterior y como bien lo hace notar el legislador proponente, Alejandro González Murillo, la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha mantenido diversas referencias a la extinta Secretaría de Seguridad Pública, previendo así que se siga contemplando a un represente de la Secretaría extinta como integrante permanente de la Junta de Gobierno del mecanismo; segundo, que se contemple aún pese a no existir que un represente de la citada Secretaría sea integrante de la unidad de recepción de casos y la reacción rápida del citado mecanismo; y, finalmente que la citada Secretaría cuente con un represente en el Comité Técnico del fondo del mecanismo. Como se puede apreciar, las alusiones a la Secretaría de Seguridad Pública contenidas en la ley que se propone reformar tienen como consecuencia que exista un vacío tanto en la conformación como en el funcionamiento de distintos órganos clave del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, por contemplarse precisamente a representantes de una Secretaría que actualmente no existe. Por lo anterior, tras haber realizado una consulta directa ante el organismo responsable de la ejecución de la ley en comento, es decir, el propio mecanismo, se llegó a la conclusión de que es viable modificar las alusiones que se hace de la extinta Secretaría de Seguridad Pública para que en su lugar se haga mención a la Comisión Nacional de Seguridad. Lo anterior debido a que en la operatividad diaria del mecanismo de protección dicha instancia es quien le presta apoyo y colaboración peramente en materia de seguridad. Asimismo, hoy en día es el comisionado nacional de Seguridad en quien recaen las atribuciones que en otro momento desempeñaba la extinta Secretaría de Seguridad Pública. Por otra parte, la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, en su calidad de invitado permanente de la Junta de Gobierno del mecanismo, ha atestiguado la colaboración que en todo momento el comisionado nacional de Seguridad presta a las labores de dicho mecanismo, por lo que en este sentido se considera viable incluirlo formalmente como representante en la Junta de Gobierno, en la Unidad de Recepción de Casos y ante el Comité Técnico del Fondo de dicha institución, sustrayendo las referencia que hasta el día de hoy se hacen a la Secretaría de Seguridad. Adicionalmente, la adecuación que en esta ocasión se somete a su consideración son congruentes con la reforma realizada a la Ley Orgánica en 2003, la cual contempla de su régimen transitorio que las menciones contenidas a la Secretaría serán ejecutadas por la Comisión Nacional de Seguridad. Compañeras y compañeros, como pueden apreciar la reforma que hoy se propone es en esencia sencilla, sin embargo no menos importante. Tengamos presente que como legisladores tenemos el deber de armonizar los distintos dispositivos legales a fin de contribuir con la debida coherencia y consistencia que debe prevalecer en nuestro ordenamiento jurídico. Es por lo anterior que a nombre de la Comisión de Derechos Humanos les solicito su respaldo al proyecto de decreto que en esta ocasión sometemos a su consideración. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.