El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros. Voy a permitirme leer un breve párrafo del dictamen mediante el cual se aprobó, en su momento, la Ley General del Sistema de Seguridad Nacional. Decía uno de los argumentos que el programa de evaluación y certificación de los integrantes de las instituciones de seguridad pública es un programa prioritario. Esto se definió en 2009. Es un programa prioritario de los tres órdenes de gobierno, a fin de asegurar la idoneidad y valores de los elementos de los cuerpos policiales y prevenir la inclusión de personas no aptas. Se ha reiterado aquí, en esta tribuna, lo vuelvo a señalar, que a cinco años de la entrada en vigor de esta ley, solo se ha certificado al 64 por ciento de los integrantes de los cuerpos de seguridad. Lo importante es, en este dato, que se argumenta que las causas por las cuales no se ha cumplido la meta del 100 por ciento, es ajena a los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Si no son ellos los responsables, entonces, a quién le podemos exigir cuentas por el retraso. No obstante, señala el dictamen que la causa que se alega es la insuficiencia de personal para realizar la prueba poligráfica. Es decir, son ajenos los funcionarios de los cuerpos de seguridad y la causa es la insuficiencia de personal. Para señalar un dato sobre la responsabilidad del gobierno federal, y aquí cabría decir, para no sorprendernos del incumplimiento de los estados, que si la cabeza no funciona el cuerpo menos. No se ha nombrado al titular del Centro Nacional de Certificación y Acreditación. Cómo podemos estar en posibilidades de aceptar las razones del Ejecutivo para extender el plazo de certificación si a nueve, diez meses de iniciado este gobierno no se ha nombrado siquiera al titular del Centro de Certificación y Acreditación. Consecuentemente nos oponemos a esta propuesta en Movimiento Ciudadano, porque se estaría retrasando con el aval de esta Cámara el complimiento de las metas que se plantearon en materia de seguridad el 2009. Además, nada nos garantiza que sea la última vez como aquí se ha expresado que nos soliciten una prórroga para cumplir lo que desde hace tiempo se debió haber atendido. Creo que es tiempo ya de cumplir o de ejercer una de las atribuciones de esta Cámara, que es la de fiscalizar al Ejecutivo para exigirle responsabilidad por el incumplimiento de esta meta. Ya el presidente Peña Nieto nos adelantó hace unos días, por ejemplo, que los resultados suficientes en materia de seguridad trascenderían este sexenio. Es decir, se lavó anticipadamente las manos. Lo mismo ha pasado con la economía, cuyos desastrosos resultados son hoy responsabilidad del entorno internacional. Pero en materia de seguridad, la gendarmería, también se cancelaron o se recorrieron los tiempos, y con los resultados ofrecidos para aprobar las reformas estructurales ha sucedido lo mismo. Se ha señalado aquí además que se deja la responsabilidad de cumplir con la certificación a los integrantes de los cuerpos de seguridad aún, como señala este informe, cuando el gobierno no tenga suficientes calificadores para la prueba. Y, por último, creo que es imprescindible la certificación de los integrantes de los cuerpos de seguridad, pero es también imprescindible que el gobierno federal haga su parte. Sin ello no será posible concluir exitosamente este proceso, si el gobierno no hace su parte y sobre todo si no la hace a tiempo. Muchas gracias por su atención y su flexibilidad, señor presidente.