La diputada María del Rocío Rebollo Mendoza: Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señora presidenta. Dentro del sistema de seguridad social, las pensiones por invalidez, vida, retiro, cesantía en edad o vejez, junto con los servicios de salud, ocupan un lugar preponderante en nuestra nación por dos razones. La primera, por su importancia en el objetivo de conservar y mejorar las condiciones de vida de las personas, y la segunda, por su magnitud en el gasto de seguridad social que debe programar el gobierno mexicano. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases para propiciar un marco jurídico de protección a los trabajadores, con un claro sentido tutelar, procurando mejorar su nivel de vida, estabilidad y certidumbre, mayores oportunidades de empleo y salario más elevados, mejores y más equitativas condiciones al momento de su retiro laboral. La legislación vigente establece que la seguridad social tiene por finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia médica, así como el bienestar social individual y colectivo. Para cumplir con tales propósitos, el Instituto Mexicano del Seguro Social cuenta con cuatro ramos de aseguramiento, que son invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte, riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, así como guarderías. A pesar de esas realizaciones, se debe reconocer que para construir el sistema de seguridad social que requieren hoy los mexicanos y necesitará México en este siglo XXI, es indispensable corregir deficiencias, superar limitaciones y sentar bases sólidas, para que la seguridad social sea, en mayor medida, la vía por la cual avancemos hacia la eficacia plena de los derechos sociales. No obstante lo anterior, encontramos un precepto en la Ley del Seguro Social, que en mi opinión contradice lo sustentado en el párrafo que precede, lo cual atenta en contra de los postulados constitucionales y en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, que tutelan las prestaciones de seguridad social a favor de nuestros trabajadores. Ello constituye las razones que me inspiran para proponer la modificación del precepto que se precisa en el párrafo siguiente. Dicho artículo es el número 300, que estatuye lo siguiente: El derecho de los asegurados o sus beneficiarios para reclamar el pago de las prestaciones de dinero respecto a los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales prescribe en un año, de acuerdo con las siguientes situaciones: 1. Cualquier mensualidad de una pensión, asignación familiar o ayuda asistencial, así como el aguinaldo; 2. Los subsidios por incapacidad para el trabajo por enfermedad no profesional y maternidad; 3. La ayuda para gastos de funeral, y; 4. Los finiquitos que establece la ley. Los subsidios por incapacidad para trabajar derivada del riesgo de trabajo prescriben en dos años, a partir del día en que se hubiera generado el derecho a la percepción. Como se advierte en este precepto, establece la figura denominada prescripción y dicha figura legal es un modo de adquirir bienes o también es un medio para librarse de obligaciones mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas en la propia ley. Así lo establece el artículo 1135 del Código Civil Federal. Luego, si la seguridad social, conforme al artículo 123, apartado B, fracción XI, de la propia Constitución es un derecho humano cuyo surgimiento se ubica en los denominados de la segunda generación, que tutela el derecho a la vivienda y al disfrute de las prestaciones de seguridad social, que entre otras instituciones otorga el IMSS, entonces poseen los atributos que caracterizan a los derechos humanos, entre otros la imprescriptibilidad. Esto es, que su goce y disfrute no se pierden con el transcurso del tiempo, sino que la persona la conserva durante toda su existencia. Lo anterior significa que en el artículo 300 antes transcrito, la Ley del Seguro Social se aparta por completo del propósito proteccionista, consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, a favor del trabajador derechohabiente, dado que establece la figura de la prescripción como un medio de perder la titularidad del derecho del asegurado o sus beneficiarios, no obstante, que dicho derecho es, por su propia naturaleza imprescriptible. En ese sentido, la única manera de lograr la protección integral del derecho a la seguridad social de los trabajadores o sus beneficiarios sobre los recursos de su subcuenta de vivienda en la Ley del Seguro Social, es que se establezca de manera expresa que es imprescriptible. Toda vez que atenta a la naturaleza de la Ley del Seguro Social, esta debe ser la de la protección a los derechos de los trabajadores, para lo cual me permito proponer a la asamblea la siguiente reforma para el artículo 300 de la Ley del Seguro Social, para quedar de la siguiente forma. Artículo 300. El derecho de los asegurados o sus beneficiarios, para reclamar el pago de las prestaciones en dinero respecto a los seguros de riesgo de trabajo, enfermedad y maternidad, invalidez y vida y guarderías y prestaciones sociales, es imprescriptible. Compañeras y compañeros diputados, los invito a sumarse a esta propuesta, que busca lograr que la seguridad social mexicana sea acorde a las garantías constitucionales y al derecho internacional, eliminando la figura de la preclusión por la prescripción de los derechos de los trabajadores y sus beneficiarios. Es cuanto, señora presidenta.