LA DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados el presente punto de acuerdo bajo la siguiente exposición de motivos: En distintas etapas de la historia reciente de nuestro país, el campo mexicano ha ocupado un lugar muy importante económicamente como proveedor de empleo, de divisas del exterior, de inversiones para la industria y los servicios, así como de alimentos para la creciente población del México moderno; sin embargo, en las últimas tres décadas a las actividades agropecuarias se les ha relegado a último término, muy por debajo de la industria, los servicios y las actividades financieras que dan prioridad a la especulación, Esta situación ha provocado que la población ubicada en el sector agropecuario concentre en la actualidad a la mayor cantidad de compatriotas en situación de pobreza y de pobreza extrema. Por otra parte, las actividades agropecuarias registran en lo general baja productividad; presentan graves problemas de rentabilidad y por lo mismo, en una situación de descapitalización. Todo esto se traduce en bajos ingresos para los productores, la conversión de los pequeños productores en asalariados del campo o de las ciudades, o el desplazamiento de la población marginada a las ciudades contiguas a la capital del país o como mano de obra principalmente a los Estados Unidos de Norteamérica. La importancia actual del sector agropecuario radica en que casi la cuarta parte de la población se encuentra en el medio rural y la quinta parte es la población económicamente activa nacional, que tiene su actividad principal en labores agropecuarias, silvícolas y pesqueras, sin embargo únicamente genera el 7% de Producto Interno Bruto pero además el 35% de la población rural padece pobreza extrema. El bajo rendimiento del campo mexicano tiene explicación en varias causas, como son la presencia de condiciones orográficas que no son precisamente las más favorables para el desarrollo de actividades agropecuarias, hace falta una infraestructura agropecuaria de punta, se carece de tecnologías modernas y sobre todo de un sistema financiero rural que ofrezca servicios competitivos eficientes y oportunos, además de que no existen instituciones regionales que cubran las necesidades inmediatas de los productores del campo. A pesar de las reformas constitucionales de la apertura comercial y de los apoyos directos como los aplicados por el PROCAMPO que se plantearon como finalidad propiciar una mayor productividad, rentabilidad y competitividad en el agro mexicano, no ha sido posible dar un salto cualitativamente importante que se traduzca en beneficios reales para la población del campo. Una cuestión que debemos tomar en consideración es que mientras México se ha venido reduciendo o desapareciendo, los subsidios a las actividades agro pecuarias en el resto del mundo esta actividad es la más subsidiada y apoyada por el estado. Las formas como se subsidia el agro en los principales países productores son entre otras apoyos directos basados en la productividad de cada agricultor o a través de financiamiento barato y oportuno. La imposición de barreras comerciales que brinden protección a la producción nacional o con la construcción de infraestructura básica, como obras de riego y extracción de agua, canales de drenaje y carreteras para llevar los productos al mercado. Es importante resaltar que todos los gobiernos de las tres últimas décadas han manifestado que el objetivo central de la política agropecuaria es incrementar el ingreso real de los productores, incluso en el Plan Nacional de Desarrollo 95 2000, se dice que con objeto de alentar la expansión de las cadenas productivas de los productos primarios con baja productividad, se seguirá ejerciendo la política de apoyos directos que ya implica un alto porcentaje del presupuesto y del Producto Interno Bruto agropecuario. También para incrementar el ingreso de los productores al mismo tiempo esta política permitirá que sus precios sean competitivos. Agrega además, que las actividades agrícolas y pecuarias requieren para mejorar su rentabilidad de redes comerciales sanas y eficientes que vayan desde el mercado regional, hasta el internacional, para ello se fortalecerán los sistemas de información sobre precios y mercados, se ampliarán los medios de financiamiento a exportaciones y se instrumentará la creación de una bolsa agropecuaria. No obstante lo manifestado, tanto en el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el programa sectorial denominado Programa Agropecuario de Desarrollo Rural 952000, los apoyos no se proporcionaron ni en forma, ni en cantidades adecuadas, provocando que el esfuerzo realizado por los campesinos se viera mermado e incluso perdido por esta causa. Es importante resaltar que el apoyo al mercado interno agropecuario también de be ser prioritario para las autoridades de este sector o de lo contrario se seguirá profundizando en la distorsión existente para los productores agropecuarios del país, con lo cual se está impactando de manera inmediata en otros sectores productivos. El pasado día 5 del mes en curso, la empresa comercializadora Comondú, S. de R. L., ubicada en Ciudad Constitución, Baja California Sur, recibió con fecha 29 de noviembre pasado, la negativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la entonces Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a la petición de transferir cuatro millones 200 mil pesos para apoyar la comercialización de un programa de impulso y fomento de actividades agropecuarias en beneficio de los productores de Baja California Sur. Cabe aclarar que dicha respuesta fue totalmente extraña para la comercializadora solicitante, debido a que en el mes de agosto en compañía del señor Jesús Druck, Secretario de Desarrollo y Fomento Económico del Estado de Baja California Sur, se habían reunido con el director general de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA, ingeniero Mario Barreiro Pereira, quien les manifiesto de manera verbal que dieran por autorizada dicha transferencia de recursos. Consideramos que las autoridades correspondientes deben aclarar donde quedaron los recursos aprobados por esta Cámara de Diputados para el año 2000, que no se ejercieron en el ciclo primavera verano, pero que sí fueron autorizados para el ciclo otoño invierno, esta situación debe esclarecerse con toda precisión. Es importante explicar que en razón de lo ahí acordado y de que también el entonces Secretario de Agricultura, ingeniero Románico Arroyo Marroquín, se comprometió con el licenciado Leonel Cota Montaño, Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, a autorizar esta transferencia de re curso considerado entre el presupuesto federal del año 2000 para el ciclo otoño invierno, mientras que los solicitantes lo requerían para el ciclo primavera verano y sólo se requerían hacer los cambios necesarios. El Gobierno del estado de Baja California Sur les hizo un préstamo de cinco millones de pesos para complementar el pago de maíz a los productores. La negativa manifestada recientemente sobre el apoyo solicitado colocó a la empresa comercializadora en una situación muy compleja y complicada, debido a que actualmente se está por finiquitar el contrato de compraventa de 8 mil toneladas de maíz y el precio que les están pagando es inferior al que pagaron a los productores, además de los costos adicionales por almacenamiento, así como de los créditos obtenidos por Banrural. Por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a su consideración el siguiente punto de acuerdo: Artículo único: Que esta soberanía emita la comunicación conducente a las autoridades correspondientes, para que las empresas comercializadoras de granos básicos del estado de Baja California Sur reciban los financiamientos acordados que forman parte del Programa de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria, ASERCA, con el fin de que los productores puedan vender sus productos de manera expedita. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de diciembre de 2000. Apoyan este punto de acuerdo los diputados: del PRD, Gregorio Urias, diputado Mario Cruz Andrade y diputada Hortensia Aragón. Por el PRI, el diputado Miguel Vega Pérez, diputado Jaime Martínez Veloz. Convergencia Democrática, diputado José Manuel del Río Virgen. Por el Partido Verde Ecologista de México, el diputado Diego Cobo Terrazas. Por el Partido Alianza Social, diputado José Antonio Calderón Cardoso. Por el Partido de la Sociedad Nacionalista, diputada Bertha Simental, y por el Partido del Trabajo todos los integrantes de esta fracción. Es cuanto, presidente. Pido a la Presidencia que sea de rápida y urgente resolución, porque son presupuestos del 2000 que no han sido entregados a Baja California Sur. Muchísimas gracias.