EL C. DIP. ARTURO HERVIZ REYES: Con su permiso señor Presidente. Compañeros y compañeras diputadas y diputados: Hoy los campesinos de México están en el olvido. Con el PROCAMPO y los programas asistenciales, el gobierno solamente ha generado dependencia y corporativismo. El problema del campo mexicano es un problema estructural y es precisamente en el campo cañero donde hoy se vive la peor crisis. En la década de los 60, la industria azucarera tuvo su auge al crecer con tasas de 5.7 por ciento anual. Sin embargo, en los siguientes años, su crecimiento se redujo a pesar de que los precios internacionales eran elevados y las utilidades de los ingenios observaban una clara baja. A medida que avanzo la década, la obsolescencia de equipo se volvió más evidente, así como el envejecimiento del campo cañero y la disminuida capacidad de los ingenios. Se redujeron los niveles de protección al consumo y como resultado se obtuvo la quiebra de muchos ingenios. El estado, al momento de absorber a los ingenios en quiebra, no puso un programa en marcha que obligara a corregir los factores de la crisis, mantuvo el control de precios a cañeros e ingenios y no se genero productividad. En 1995, un año después de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la industria azucarera logró ser superhabitaria . Entre 1 988 y 1 994, la producción se mantuvo en promedio de los 3.5 millones de toneladas, mientras el consumo era de 4 millones de toneladas, pero a partir del segundo año de vigencia del Tratado, se comenzaron a generar excedentes en los últimos años, la zafra llegó a 4.8 millones de toneladas, basando en lo anterior, en el texto original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, se estableció que si México era autosuficiente por dos años consecutivos, podría exportar todos sus excedentes a Estados Unidos. Pero esto no se cumplió, el representante de Estados Unidos y el exsecretario de Comercio, Jaime Serra Puche, intercambiaron cartas en las que se modificaba lo establecido en el texto original del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aun cuando no se encontraba dentro de sus facultades, dado que esta es una facultad exclusiva del Senado de la República, signado en el artículo 76 de nuestra Constitución. Sin embargo, no hay que olvidar que nunca se concretó el compromiso de realizar la mejora y modernización de las instalaciones para poder enfrentar la competencia que se presentó con el impacto que provocó la presencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. No hay que olvidar que uno de los factores que ha influido para la baja que ha sufrido este sector, es la importación indiscriminada de la alta fructosa que se originó a partir de la firma de este Tratado. El Secretario de Comercio declaró que los conflictos que enfrentan los industriales del país con los cañeros, se trata de un conflicto entre particulares y que no era de su responsabilidad resolverlo, por lo que es evidente que el gobierno federal no esta dispuesto a enfrentar ni mucho menos resolver las controversias que el mismo ha originado con sus actuaciones dentro de la industria azucarera. A pesar de que el decreto cañero declara de interés público la siembra, el cultivo, la cosecha, la industrialización de la caña de azúcar y además de que también ratifica que el azúcar es de interés público. Ante esta situación es necesario exigirle al gobierno federal se responsabilice e implante un programa que tenga como objetivo el rescate de la industria azucarera, toda vez que dentro de sus funciones se encuentra la de establecer las condiciones necesarias para un desarrollo eficaz dentro de la economía nacional. ¡No! no estamos pidiendo otro FOBAPROA, sino un programa de reestructuración a fondo de la industria azucarera que genere el rescate de dicha industria. Son claras las necesidades de los cañeros, pues si es cierto que se les comenzaron a cubrir los adeudos, también lo es que fue con retraso de hasta 90 días, aun cuando el decreto cañero establece que a los productores de caña se les debe de liquidar treinta días después del término de la zafra. Esto es violatorio. El contrato que firman cañeros y empresarios establecen que si una de las partes no paga en tiempo, tendrá que pagar intereses moratorios. Por eso los productores de caña de muchos ingenios, se estarán movilizando exigiendo el pago de estos intereses moratorios, por lo que es necesario que esta situación sea regulada por las autoridades competentes ya que no se trata de salir del paso en los conflictos, sino de encontrar la solución apropiada para futuros problemas y evitar que el próximo año los trabajadores azucareros, los productores de caña, los jubilados y pensionados de la industria azucarera vuelvan a sufrir los malestares por los que han pasado estos últimos años. Y decimos malestares porque hace un año los productores de caña de El Potrero, de San Pedro, de San Francisco, tuvieron que movilizarse para tener sus liquidaciones. Y precisamente hace unos días los productores de caña del ingenio San Pedro y San Francisco, fueron vilmente reprimidos por las fuerzas del gobierno estatal sólo por exigir que se les pagara su liquidación. Es preciso garantizar este pago, además de regular el precio de la materia prima, la falta de financiamiento al campo y el escaso equipamiento, sin dejar de mencionar la caída de la productividad en este sector. Se hace necesario exigir que el gobierno haga cumplir el decreto cañero que establece que los productores tienen derecho al crédito suficiente, oportuno y barato. Los legisladores debemos de generar condiciones de certeza y leyes que alienten el crecimiento y desarrollo de la industria azucarera y del sector agropecuario en general. Tenemos que avanzar en la Ley de Desarrollo Rural que permita cambiar los esquemas de organización del sector cañero, actualmente en función de intereses políticos de un partido, por esquemas quizás más regionales o locales, pero que permitan la organización en defensa de sus intereses y de sus derechos. Se ha planteado por parte de la banca privada, en reunión con el presidente electo Vicente Fox, la desaparición de la banca de desarrollo social. Y es gravar con impuestos los intereses generados por crédito. Esto actuaría en detrimento de la política agropecuaria y no lo vamos a permitir. Es por ello que utilizo esta tribuna en nombre y representación del Partido de la Revolución Democrática, para manifestarme en contra de la negativa por parte del gobierno federal para buscar una solución a este conflicto y así como su disponibilidad para establecer las medidas pertinentes que garanticen el funcionamiento y productividad de los ingenios buscando establecer la estructura idónea para tener la capacidad de competir al nivel de las grandes industrias internacionales. ¿Es urgente la reforma al decreto cañero? Si, pero sólo para eliminar el corporativismo generado por las organizaciones de la CNC y de la CNPR, que violentan el derecho de asociación signado en el Artículo 9o. Constitucional. Muchas gracias.