El diputado Ismael Ordaz Jiménez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, bienvenida señora secretaria. El tema de la federalización de la política de desarrollo social ha sido puesto reiteradamente en la mesa del debate por mi grupo parlamentario, el del PRI. Desde nuestro punto de vista, es apremiante la federalización de los programas de desarrollo para configurar una auténtica política social de Estado, al sumar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno. Con ello, se partiría desde el ámbito donde se generan las necesidades, propiciando la planeación participativa en la que serán los destinatarios de los programas quienes coadyuven a establecer prioridades y metas. El programa de las Naciones Unidas para el desarrollo ha manifestado reiteradamente que los planes dirigidos a aplicar una política social de carácter integral y una estrategia permanente de enfrentamiento a la pobreza no podrán ser exitosos si no se fortalecen las instituciones del sector social y se profundiza la descentralización. Deben transferirse al ramo 33 todos los programas de ataque a la pobreza, incluido el de Oportunidades. Llegó la hora de la descentralización. Su carácter de programas constructores de infraestructura, como el FISE y el Fondo de Infraestructura Social Municipal, del ramo 33, hace que la operación por los gobiernos locales arroje más eficiencia con una norma precisa y expuesta por la Ley de Coordinación Fiscal. La normatividad del ramo 33 se caracteriza por su agilidad ya que no sostiene una cadena de decisión larga, justamente los que necesitan programas de infraestructura y de aplicación universal. Si el gasto social es el instrumento que tiene el Estado para beneficiar a los diversos estratos sociales, en particular a los más débiles, es inquietante que la desigualdad se siga profundizando y la pobreza y la miseria de cerca de 20 millones de mexicanos, particularmente en el área de las zonas rurales, siga siendo el espejo de la injusticia y la iniquidad que azotan a la nación. Esto es así, porque la lucha contra la pobreza se ha sustentado en los programas existencialistas y no hemos sido capaces de combatir las causas impulsando el desarrollo integral. La pobreza no es sólo un asunto de los pobres, sino responsabilidad del Estado y de la sociedad entera. Por eso preocupa que los programas sociales sean utilizados en muchas partes como instrumento de simple proselitismo político, en vez de acciones de tránsito para avanzar efectivamente hacia el desarrollo. No se está cumpliendo con el compromiso de no hacer uso politizado de los recursos destinados a los programas sociales. De ahí que la única manera de erradicar estas prácticas, y de promover un verdadero federalismo y descentralización, sea que los programas sociales de ataque a la pobreza pasen a formar parte del ramo 33. Sólo la concurrencia de los tres órdenes de gobierno hará factible una verdadera política social de Estado en materia social. Recientemente, el presidente Calderón manifestó que coincide en la necesidad de realizar un diagnóstico objetivo sobre funcionamiento de las delegaciones federales y de los programas que ellas operan, con el fin de aprovechar fortalezas y detectar espacios de mejora. Es pertinente que se hagan explícitos los requisitos profesionales que deben reunir los delegados federales para desempeñar sus funciones. Insistimos, creemos que algunos de los elementos propiciatorios del uso político de los programas, así como la ausencia de compromiso con los objetivos del desarrollo social, es el nombramiento de funcionarios que carecen de la formación profesional, experiencia y vocación como lo establece la ley. Funcionarios que, no obstante, ser o estar próximos a formalizar su incorporación al Servicio Civil de Carrera carecen del perfil que se requiere en ese sector. Hay, incluso, casos en los que su origen y experiencia es muy lejana a los intereses del sector social. La vocación de servicio no se improvisa y menos cuando se trata sobre el sector social, ni se requiere ni se adquiere por mera resignación. En algunos casos se percibe que el nombramiento de personas provenientes de sectores totalmente ajenos al social, tiene como motivación principal el satisfacer compromisos de carácter político y partidario. Y no estamos inventando ni son suspicacias, en la página web de la Sedesol aparece la lista de funcionarios, concretamente de los delegados. Esta misma información ha sido analizada en medios de comunicación. En virtud de lo anterior, señora secretaria, quisiéramos que nos informara: ¿existe alguna propuesta de la Sedesol para federalizar programas y de ser el caso, cuáles serían y cuándo? Me refiero a programas en los que intervengan los tres órdenes de gobierno, tanto en su diseño como en la programación y la ejecución. ¿Reconoce que hay delegados de Desarrollo Social con formaciones e intereses muy ajenos al sector social? ¿Y qué se esta haciendo para concretar el compromiso de que se apeguen al perfil adecuado? Por sus respuestas, muchas gracias.