El diputado Silvano Aureoles Conejo: Honorable asamblea, el dictamen del que se ha dado cuenta en este pleno plantea modificaciones trascendentes para la vida de la nación, porque impactan enormemente en la relación entre los representantes de los órganos del poder público de nuestro sistema político. Son fundamentales por cuanto intentan responder al reclamo de la ciudadanía para avanzar en una sociedad de iguales ante la ley, son necesarias como mecanismos para desterrar la impunidad y la corrupción ocasionadas por el uso indebido que se ha hecho recurrentemente de la protección que les brinda la condición de ser servidores públicos o de representantes populares. La función del Poder Legislativo no se puede entender si su desarrollo no se da en un ambiente de libertad. La libre deliberación es la esencia del parlamento, el contraste y la confrontación de las ideas que hace de la razón herramienta fundamental de la persuasión entre pares, pero también como una forma de comunicarnos con la sociedad que espera de nosotros la explicación permanente de nuestras posiciones, de nuestras acciones y que justifiquemos las decisiones que cotidianamente tomamos en su nombre. Por ello, nos parece importante que haya quedado en el texto del dictamen el concepto de Inmunidad, en sustitución del fuero y se garantice la inviolabilidad del espacio en el que llevamos a cabo nuestra principal tarea. El constitucionalismo se construye bajo la premisa de limitar el abuso del poder. La división es una fórmula clásica del contrapeso entre poderes, que sin renunciar a la coordinación en el ejercicio de sus atribuciones, se reconocen iguales y necesarios, en un pleno equilibrio que permita precisamente poner freno al autoritarismo en perjuicio de la ciudadanía. La inmunidad y la inviolabilidad parlamentaria bien utilizados han sido herramientas que han reforzado esa función del Poder Legislativo; sin embargo, sabemos también que al amparo de esa protección ha habido en el transcurso de los años personajes que abusan de la calidad con que les enviste la ley, eluden su responsabilidad y la obligación de enfrentar ante las instancias de autoridad las consecuencias de sus actos ilícitos. Los ciudadanos reprueban ese tipo de falsos servidores y seudorrepresentantes. La sociedad está asqueada de los flagelos, de la impunidad y de la corrupción. Por ello, consideramos sumamente necesario facilitar las formas en que los servidores públicos y los representantes populares puedan ser llamados a cuentas. Por eso, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, expresamos nuestra convicción de apoyar en lo general las coincidencias y modificaciones a la minuta de la colegisladora que se propone en el presente dictamen. Estimamos que se establece a nivel constitucional, la procedencia del ejercicio de la acción penal en contra de los sujetos favorecidos por la inmunidad, sin impedimento para que las instancias de la procuración de justicia integren un expediente de investigación, determinen la existencia de hechos consecutivos de delito, así como la participación de alguna persona en su comisión; pongan el hecho en conocimiento del órgano jurisdiccional en el que habrá de determinar en sentencia la responsabilidad penal y solo hasta que dicha resolución haya sido declarada ejecutariada se habrá de retirar la inmunidad del servidor público sin que mientras tanto, precisamente por la subsistencia de la protección constitucional, pueda ser privado de su libertad. No obstante los avances que se estarían logrando en esta materia, nos parece que no es suficiente. Consideramos que el titular del Poder Ejecutivo no debe ser excluido del mecanismo de procedencia que aplica para cualquier sujeto dotado de inmunidad, sea parte del Poder Legislativo, sea parte del Poder Judicial o servidor público de la federación en alguna entidad o en alguno de los órganos autónomos que se prevén en la norma. También quiero referir que exigir la igualdad frente a la ley es un reclamo histórico de las izquierdas. Hay que recordar que los liberales exigieron siempre la eliminación de las castas y de los fueros. Por el contrario, el conservadurismo, asociado históricamente con las posturas recalcitrantes, exigían justo la divisa contraria de religión y fueros. La posibilidad de acotar la inmunidad de los servidores públicos es congruente con la esencia democrática que debe permear en nuestra República democrática, laica y representativa. Sin duda acotar el fuero de servidores públicos y de legisladores es un gran acierto y es un triunfo de la izquierda y, en particular, del Partido de la Revolución Democrática; por el contrario, eximir de toda responsabilidad al presidente de la República es un grave error de concepción en base al cual pretenden mantener intocable al Ejecutivo y fortalecer el presidencialismo caduco y arcaico. ¿Cómo se los digo con mucho respeto a mis colegas del Partido Revolucionario Institucional van a explicar que mientras el titular del Ejecutivo federal ha declarado apenas hace unos días que no habría intocables, resulta que ahora ustedes se empeñan en que sea el único intocable? El único ciudadano desigual frente a la ley. ¿Cómo van a explicar su incongruencia que como cuando empezamos esta Legislatura se opusieron a establecer en la ley los preceptos de democracia y transparencia sindical y ahora ustedes aplauden acaloradamente la detención de una ex líder magisterial, cómo van mis amigas y mis amigos del PAN, cómo van a explicarle a los ciudadanos que a cambio de algunas frases en el dictamen que concedió el PRI, ellos han aceptado hacer del presidente de la república el único personaje con fuero y privilegio, es decir, distinto ante la ley que el resto de los ciudadanos y que el resto de los servidores públicos y de los representantes del Poder Legislativo y Judicial. Cómo explicar, colegas del PRI, cómo explicar, colegas del PAN, que por un intercambio de frases y una redacción incluso mal interpretada y mal entendida, se conceda que siga habiendo, contrario a lo que dice el presidente de la república, que siga habiendo intocables, es decir, igualdad entre la ley excepto yo. Por eso reitero que el PRI y el PAN han comenzado la construcción renovada, por cierto, del viejo presidencialismo que en consecuencia es regresar al viejo régimen. La sociedad entera debe saber y tener claramente que la izquierda progresista está por lograr que los servidores públicos seamos responsables de nuestros actos ante la ley y frente a ella; que seamos como cualquier ciudadano y que nosotros no hagamos distingos con el presidente de la república ni con nadie, mientras otros enfilan claramente sus energías y sus estrategias para regresar al pasado. Hoy como ayer decimos desde esta tribuna: no a los fueros y no a los privilegios. Vamos con responsabilidad a fondo de la discusión de este dictamen, pongamos en el centro de nuestra discusión y del debate la voluntad política para avanzar hacia una sociedad de iguales ante la ley. No perdamos la oportunidad de corresponder de manera plena a la confianza de los ciudadanos. Hay que darle a la sociedad todas las herramientas que sean necesarias para combatir la impunidad y la corrupción. Hagamos realidad lo que se ha pregonado hasta el cansancio en los últimos días, que en México nadie sea intocable, nadie sea la excepción y nadie se quede gozando de privilegios. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.