El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Se ha dicho, pero hay que recordar que este debate no es de medias tintas, aquí se está a favor o en contra y vemos todo lo esfuerzo de malabarismo político para argumentar la propuesta. En las consideraciones de la iniciativa se señala que la comisión dictaminadora comparte que el arraigo es una medida excepcional instituida en la Constitución para garantizar en el país una situación alarmante de delincuencia organizada, entre comillas lo anterior. Que para solicitar el arraigo, vuelvo a citar, solo se requieren indicios suficientes que vinculen a la persona con la delincuencia organizada. Dicen que dicha medida solicitará proveer mayores elementos a la investigación, proteger la vida, la integridad de las personas, los bienes jurídicos. Evitar que el indiciado se sustraiga a la acción de la justicia cuando exista riesgo fundado para ello. En el dictamen que se presenta se propone una reducción del arraigo de 40 a 20 días, también la prórroga se reduce de 40 a 15 días. ¿Cuál es la razón que fundamenta dicha reducción? ¿Saben cuál? Ninguna. El dictamen no expone las razones o motivos por los cuales la figura del arraigo deba reducirse de 40 a 20 días, así como tampoco expone las razones técnicas, científicas o sociales que justifiquen dicha reducción. Reducir el término del arraigo no hace más eficientes los resultados del Ministerio Público y de la Policía de Investigación. ¿Qué tan útil es el arraigo para las unidades de investigación especializada de las procuradurías federales y estatales? Falta seriedad en los considerandos que se presentan en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Compañeras y compañeros, seamos objetivos. Quien ha visitado una agencia del Ministerio Público federal o local se da cuenta de las condiciones en las que laboran los ministerios públicos, de la precariedad de los servicios de los médicos forenses, la carencia de peritos o especialistas en investigación, la ineficiencia en la investigación de delitos no se resuelve con el arraigo. Eficacia del arraigo, es otro tema. En el caso de arraigos realizados desde 2008 solo, entre comillas, consigno, se consignó el 3.3, es decir, el porcentaje de consignación es bajísimo, de las personas arraigadas, contra el 96.7, en cuyos casos nunca se consiguieron las pruebas que acreditaran su presunta responsabilidad. Estos datos que acabo de dar no se encuentran en el dictamen, la fuente proviene de declaraciones de Lia Limón, funcionaria de la Secretaría de Gobernación, así como información del procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Por su parte, el responsable de la protección de derechos humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, ha señalado que el arraigo, lo cito, ha sido ocasión para la violación de derechos humanos de manera persistente. Es también ocasión para la práctica de la tortura. Es ocasión para detener y luego investigar, cuando primero deben ser las investigaciones. Por los resultados obtenidos el arraigo ha sido una figura perversa. La figura del arraigo es contraria a diversos instrumentos internacionales que ha suscrito el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Es contraria con los derechos de libertad, legalidad, debido proceso y seguridad jurídica de las personas, reconocidos por la Constitución. Es un instrumento legal que se usa indebidamente para suplir las deficiencias en investigación de delitos con base a la violación de derechos humanos. En la razonabilidad de su mantenimiento y reducción que se expone en el dictamen se omite atender la demanda de las comisiones de derechos humanos y organismos internacionales de derechos humanos, de constituir una figura que permita la opacidad en la investigación policial que se soporta en la tortura y violación de derechos humanos fundamentales de los arraigados. Esto es, no se revisa objetivamente y científicamente la funcionalidad de esta figura en los procesos de investigación policial. Asimismo, no se presenta ninguna opinión de especialistas en derecho criminal y en procesos penales que confirmen la eficiencia o nulidad del arraigo en delitos considerados graves, como lo es el de la delincuencia organizada. Cito: Los resultados de la investigación de la Comisión de Derechos Humanos en el Distrito Federal que derivó en la recomendación 2/2011 acreditan que el abuso por parte de las autoridades en la utilización de este tipo de penas precondenatorias carentes de controles de legalidad coloca a las personas en un limbo jurídico, afectando su proyecto de vida y el de sus familias, violando gravemente los derechos a la libertad e integridad personales, a la presunción de inocencia y al debido proceso, e incluso las coloca como víctimas sistemáticas de tortura y otros tratos crueles inhumanos y degradables. Esto lo dijo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Ante la evidencia contundente de que el arraigo en nuestro país se ha convertido en el principal riesgo para la libertad de las personas crece el consenso de voces nacionales e internacionales a favor de su derogación del marco normativo nacional. la postura del Partido del Trabajo es que la figura del arraigo debe desaparecer de la Constitución General por ser contraria a los principios contenidos en el artículo 1 de la misma Constitución y a los tratados internacionales en materia de derechos humanos, suscritos por el Estado mexicano. Sé que el presidente sabe estoy culminando, presidente que al tratarse de una reforma constitucional tengo 10 minutos, pero no los voy abordar. Ya culminó mi intervención, nada más quiero concluir diciendo: ¿A quién le conviene en este momento mantener la figura del arraigo? Porque tanto malabarismo político como uno observa, en los que van a votar a favor de esta reforma a la Constitución, no nos queda duda que es para favorecer a quienes hoy tienen el control del país para darle el mismo uso que le dio la administración anterior, hay que decirlo claramente. Y evidentemente aunque reclamen, aunque les duela, ¿verdad?, ésa es la realidad. Ojalá tuvieran los argumentos, que no los dieron ni en el dictamen, que no los dan ni en el debate, nada más nos vienen a decir: bueno, le vamos a bajar un poquito a la tortura, un poquito a lo ilegal, un poquito a lo de anticonstitucional. Pero, en el fondo, todos ustedes saben que esta figura debería desaparecer el día de hoy, si los diputados de este Poder Legislativo se pusieran a la altura de las circunstancias de defender el principio de la Constitución y, sobre todo, a todos los miles de mexicanos que están siendo defenestrados, lastimados, muy lastimados por esta serie de medidas que son ilegales, arbitrarias, y que están lastimando a la sociedad. Es cuanto, y muchas gracias.