EL C. DIP. MARCOS PEREZ ESQUER: Con su venia, señora Presidenta. Con fundamento en las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias conducentes, el suscrito diputado federal de está LVIII Legislatura somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se reforma el artículo 92 del Código Fiscal de la Federación misma que se sustenta en las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S "Los delitos de querella, como es sabido, tienen dos características principales: "Primero.- Que sólo el ofendido puede presentar la acusación o querella ante la autoridad persecutoria de delitos, y "Segundo.- Que el ofendido tiene derecho a otorgar el perdón. "Por otra parte, como se sabe, los denominados delitos graves se caracterizan por el hecho de que debido a la gravedad de las consecuencias perniciosas que la conducta delictiva genera, al acusado le queda cancelada la posibilidad de la libertad bajo caución. "Ahora bien, algunos de los delitos fiscales son de querella y son graves. Son de querella y consecuentemente solo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede formular acusación al respecto, debido a que si fuesen de oficio, es decir, si cualesquier ciudadano pudiera acusar a otro de evasión fiscal incentivaríamos un fenómeno pernicioso en términos de competencia económica. Esto es, cualesquier persona podría estar formulando acusaciones hacia otras que se dediquen a la misma actividad económica con el solo fin de eliminar a su competencia o de meterla en aprietos. En ese sentido consideramos que solo la Secretaría de Hacienda pueda formular acusación respecto de ciertos delitos fiscales. "Por otra parte, a raíz de la más reciente reforma al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de mayo de 1999, ciertos delitos fiscales son considerados graves. Esto en virtud de haberse considerado de suma gravedad el defraudar al fisco que equivale a defraudar a la sociedad. En el fondo compartimos esta visión, toda vez que sí consideramos de gravedad el hecho de que algunos mexicanos defrauden a todos los demás mexicanos mediante la omisión en el pago de sus impuestos. "Sin embargo, no estaríamos de acuerdo en el hecho de que algunos delitos fiscales sean considerados al mismo tiempo de querella y graves. Tal es el caso de la defraudación fiscal y su tentativa punible o el contrabando por ejemplo. No estaríamos de acuerdo, decimos, porque se genera grave injusticia cuando una persona tiene el poder de simplemente con su acusación meter en la cárcel a alguien sin que ésta pueda obtener libertad bajo caución y tiene también el poder de perdonarlo y consecuentemente de liberarlo. Esto de suyo importa, como claramente se ve, una injusticia mayúscula; pero más aún cuando el único facultado para acusar es precisamente una autoridad fiscal. "Evidentemente el hecho de que un contribuyente acusado por la Secretaría de Hacienda por un delito fiscal pueda obtener su libertad bajo caución debido a la gravedad del ilícito, pero no pueda obtener su libertad debido a la gravedad del ilícito pero la Secretaría de Hacienda sí pueda perdonarlo y liberarlo implica no solo una grave injusticia sino una ocasión perfecta para el terrorismo fiscal. "El Código Fiscal establece hoy por hoy en su artículo 92 un dispositivo por el cual la Secretaría de Hacienda tiene la facultad discrecional de ordenar el sobreseimiento de un proceso penal por delitos de defraudación fiscal o su tentativa punible o contrabando, por ejemplo, si a su satisfacción el inculpado cubrió las contribuciones respectivas o garantizó su pago. Esta es una facultad de la Secretaría, que no una obligación, ya que en el precepto legal se señala claramente que se trata de una petición discrecional y deja claro también que esta petición hacia el juzgador penal será necesariamente atendida. "Ahora bien, llegado el caso, cuando la Secretaría de Hacienda pide u ordena al juez penal el sobreseimiento de su proceso judicial, no está perdonando a un inocente sino a un culpable confeso de la comisión del delito fiscal. Por esa misma razón, antes de que la Secretaría haga la petición respectiva el inculpado ya pagó o garantizó el pago de las contribuciones originadas por los hechos imputados. Esto es, todo aquel inculpado que gestiona que la Secretaría de Hacienda pida el sobreseimiento de su proceso penal, es un contribuyente que reconoce y acepta cabalmente su culpabilidad, es pues un culpable confeso que precisamente por serlo paga o garantiza el pago de las contribuciones exigidas. "La facultad que el artículo 92 del Código Fiscal indebidamente otorga a la Secretaría de Hacienda en definitiva promueve la corrupción de los funcionarios fiscales que ostentan esta facultad, al tiempo que institucionaliza la impunidad de este tipo de delincuentes. "En 1999 la LVII Legislatura consideró que en ciertos casos los delitos fiscales por su peligrosidad y frecuencia debían ser castigados con mayor rigor y eliminarse el beneficio de la libertad preparatoria. Así legisló mediante la reforma de 1999. "Sin embargo, los delincuentes fiscales peligrosos y frecuentes que por esto ya no gozan del beneficio de la libertad provisional pueden ser liberados definitivamente por la Secretaría de Hacienda si expresamente confiesan su culpabilidad y pagan las contribuciones exigidas y la Secretaría pide el sobreseimiento de sus procesos penales. Lo que evidentemente es una aberración jurídica y un absurdo moral, ya que no existe justificación alguna ni jurídica ni moral para que los derechos de estos delincuentes fiscales se privilegien. Esto equivale, valga el ejemplo, a perdonar a un asaltante de bancos por el solo hecho de que devuelva el dinero robado. "Esta atribución legal que el Código Fiscal otorga a la Secretaría de Hacienda no satisface la exigencia ciudadana en el sentido de que las leyes brinden la certeza jurídica de que el castigo ayuda a preservar el Estado de Derecho y que colabora a disuadir la comisión de más delitos, sino al contrario, tal dispositivo legal conlleva a liberar a delincuentes fiscales confesos del castigo que la ley contempla para ellos, debilitándose así el estado de derecho: Por ora parte, esta inexplicable facultad de la Secretaría de Hacienda propicia la corrupción de los funcionarios fiscales tenedores de dicha autoridad, por lo que una medida positiva para combatir la corrupción de las autoridades hacendarias, así como la impunidad de los delincuentes fiscales, es la eliminación de la atribución legal de la Secretaría para pedir el sobreseimiento a los procesos penales por delitos fiscales graves. Es, por otra parte, sumamente injusto que aquellos ciudadanos que quieran defender su inocencia, tengan que permanecer recluidos en la cárcel por meses, hasta que recaiga una sentencia firme y absolutoria, esto lleva a que los inculpados tengan que decidir entre defender su inocencia en la cárcel o confesarse culpables y aspirar a una pronta liberación. En el fondo lo que nuestra propuesta pretende es eliminar de la ley facultades que tiene la Secretaría de Hacienda, que le permiten abusar, amenazar, eventualmente extorsionar al contribuyente y que se convierten en elementos que incentivan el terrorismo fiscal. A efecto entonces de corregir esta situación, es que proponemos a ustedes la incorporación de la prohibición expresa para que la Secretaría de Hacienda no pueda más pedir el sobreseimiento de los procesos penales cuando el procesado no tenga derecho a obtener su libertad provisional bajo caución, por tratarse de delitos fiscales graves. Solicito a la Presidencia pudiera incorporarse en el Diario de los Debates la presente iniciativa en su versión más extensa, que entrego en este momento a la Secretaría. Es cuanto. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 16, 17, 20 y 24 de la Ley de Coordinación Fiscal. ¿No está en el salón? Pasa a la siguiente sesión o al final del capítulo. Tiene la palabra la diputada Arcelia Arredondo García, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona la fracción XXIX-k, al artículo 73 de la Constitución Política del os Estados Unidos Mexicanos, con el fin de que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia en materia de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. -DIP. ARCELIA ARREDONDO GARCIA: Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Estimadas compañeras y compañeros Legisladores; amigos de los medios de comunicación que siempre nos honran con su presencia y que están pendientes de los trabajos legislativos: Presento el día de hoy una iniciativa con proyecto de decreto, que adiciona un inciso a la fracción XXIX del artículo 73 de nuestra Carta Magna, en la cual se faculta al Congreso de la Unión a legislar en materia de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. No leeré en este momento el documento sino que me permitiré hacer algunas consideraciones generales que me han motivado para presentar este proyecto. La realidad rebasa constantemente a nuestro marco jurídico. Si bien el hombre el su afán de progreso y de proporcionarse a sí mismo un sinnúmero de comodidades ah impulsado la economía, desarrollado proyectos tecnológicos que superan la ciencia ficción, acortado distancia y desapareciendo fronteras, esto mismo ha provocado que algunos sectores humanos estén más que nunca expuestos a la violencia al olvido y al desamparo. Los niños y las niñas ya no tienen dentro de las paredes de su casa un refugio seguro contra la delincuencia, ya que ésta se adentra en la intimidad de sus hogares por medio del Internet. Hay bandas de delincuencia organizada, ya no solamente interestatales, sino que muchas de ellas con nexos internacionales despliegan su astucia para atrapar en sus redes a nuestros niños, quienes caen dócilmente. Todos los días nos enteramos que de una familia ha sido arrebatado un menor, por eso debemos establecer los mecanismos que permitan que nuestras niñas y nuestros niños estén a salvo, a veces de su mismos familiares, quienes los victimizan impunemente. Las familias que tienen entre sus miembros a alguien con alguna discapacidad ya sea física, sensorial o intelectual se han organizado de diferentes formas para hacer un llamado a las autoridades en busca de ayuda. Nosotros estamos obligados a atender estos llamados y hacer nuestra sus necesidades y a proporcionar dentro de nuestra competencia, lo necesario para que puedan aspirar a tener dentro de la sociedad una vida digna. Dentro de los logros más notables del progreso es el aumento de la esperanza de vida, dentro de poco el grupo de adultos mayores rebasará con mucho a la población económicamente activa. Este sector debe estar atendido integralmente con reconocimiento a sus derechos y responsabilidades, educar a un adulto ya no puede considerarse como incosteable para el Estado. En el Ramo de la Salud nos encontramos que el tipo de enfermedades de la vejez es más costoso e incapacitante para quienes las padecen yen e ámbito laboral no podemos permitirnos cerrarlas las puertas de las oportunidades a quienes alcanzan los 40 años. Por este motivo el Sistema de Seguridad Social de nuestro país se encuentra en una grave crisis económica. Por lo que he expuesto, la Iniciativa con Proyecto de Decreto que presento a su consideración no pretende quitar las atribuciones que en el ramo familiar otorga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos a las entidades que conforman nuestra Federación según lo marca el Artículo 124 sino que pretende establecer la concurrencia legislativa que nos permita fortalecer jurídicamente a estos sectores altamente vulnerabilizados. También se fundamenta en los derechos sociales de este mismo ordenamiento ye n dl Derecho Internacional. Al modificar la Constitución y hacer posible una legislacíón que establezca la coordinación entre los tres órdenes del Gobierno, se podrá hacer frente a la necesidad de articular políticas nacionales de atención y protección a los derechos de las niñas y niños, personas con discapacidad y adultos mayores y contar con estos ordenamientos. Por lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable Soberanía la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto. UNICO.- Se adiciona la Fracción XXIX Inciso K), al Artículo 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: "Expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, las Entidades Federativas, el Instituto Federal y los Municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores". Artículo Transitorio. Unico.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señora Presidenta, solicito se turne la presente a la Comisión de Puntos Constitucionales y se inserte íntegramente en el Diario de los Debates y en La Gaceta Parlamentaria el documento que en este acto entrego a esta Secretaría. Por su atención, muchas gracias. (aplausos) -