La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados de esta LXII Legislatura en un acto de congruencia con la postura que como comisión hemos mantenido a favor de los derechos humanos, la profesionalización y evaluación de los cuerpos policíacos, presentamos ante esta asamblea el dictamen con proyecto de decreto que reforma los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Nacional Pública. Es preciso mencionar que el artículo 1o de nuestra Carta Magna establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Asimismo, el artículo 21 de la Constitución instituye que la seguridad pública se regirá por los siguientes principios: legalidad, objetividad, eficacia, profesionalismo, honradez y respeto de los derechos humanos. Es en este marco, dentro de una convicción derecho-humanista y de tener una policía con altos estándares de legalidad, honradez y profesionalismo, que surge la necesidad de un mecanismo que asegure que los integrantes de las instituciones de seguridad pública sean los servidores públicos que merece México. La Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública entrada en vigor el 3 de enero de 2009, previó dicho instrumento consistiendo en las evaluaciones de control de confianza como requisito para quienes pretenden ingresar, permanecer o ser promovidos dentro de las instituciones de seguridad pública, consistiendo en un proceso denominado certificación, que de acuerdo al artículo 96 de este ordenamiento consiste en: el proceso mediante el cual los integrantes de las instituciones policiales se someten a las evaluaciones periódicas establecidos por el Centro de Control de Confianza correspondiente para comprobar el cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos y médicos en los procedimientos de ingreso, promoción y permanencia. El objeto de este proceso enlistado en el artículo siguiente, consiste, entre otros, en el reconocimiento de habilidades, destrezas, actitudes, conocimientos generales y específicos pero también a identificar los factores de riesgo que interfieran, repercutan o pongan en peligro el desempeño de las funciones policiales. Para ello, en la evaluación del control de confianza se hace uso de un enfoque multidisciplinario e integral, que dentro del actual modelo nacional de evaluación y control de confianza se compone por pruebas toxicológicas, médicas, psicológicas, socio-económica y poligráficas. Para estos fines desde la entrada en operación de las evaluaciones en control de confianza, tanto la Federación como las diversas entidades federativas han puesto en funcionamiento centros estatales para esta materia, que al día de hoy, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se encuentran plenamente certificados y con una cobertura nacional. Desde luego la implementación de medidas de evaluación de confiabilidad de los servidores públicos encuentra dificultades, la resistencia al cambio, la falta de personal o infraestructura así como los factores políticos, o en ocasiones de índole criminal. Han retardado el cumplimiento de la meta original que para la totalidad del personal de las instituciones de seguridad pública se encuentre evaluado. Asimismo, la naturaleza de estas pruebas, que a pesar del interés público que las justifica, es percibida por algunos como invasiva, ha originado cuestionamientos acerca si el modelo en cuestión es suficiente para lograr su objetivo final, que no es otro que la seguridad de las y los mexicanos. Es por ello que esta Comisión coincide en el propósito del autor de la iniciativa, en el hecho de que si bien ya existe el sustento de diversas disciplinas científicas vale la pena incluir el concepto de objetividad como parte de los procesos de evaluación y control de confianza, así como el que desde el dispositivo legal se deje asentado el respeto irrestricto a los derechos humanos y la dignidad del evaluado, ya que más allá de entes en abstracto estamos en presencia de personas que son parte de la comunidad como todos nosotros. Resulta por ello lógico y hasta inevitable que aquellos a quienes se encarga la noble y vital función de la protección de la vida, propiedad, derechos y libertades de los mexicanos, también les sean respetados dichos derechos fundamentales. Asimismo, se consideró encomiable abonar a la finalidad del diputado iniciante añadiendo la Unidad de Integralidad como un principio que deben guardar los reportes finales, y donde se asocien las distintas pruebas para que no exista un mayor peso de una sobre otra y exista una legitimación de este proceso, que permita que no haya lugar a dudas de que cumplió con su objetivo. Se tiene que seguir viendo hacia adelante, la ciudadanía exige una policía en quien pueda depositar su confianza. Necesitamos fortalecer los criterios que nos ayuden a confirmar la confiabilidad del personal de los elementos de las corporaciones policiacas que ya existen, y de encontrarse nuevas y mejores maneras de lograr recuperar la confianza de los ciudadanos hacia las instituciones policiales incorporadas. Por ello, los legisladores que conformamos esta Comisión de Seguridad Pública presentamos y sometemos a votación de esta representación popular, el dictamen en sentido positivo de la iniciativa, ya que consideramos robustece el actual esquema y nos permite seguir en perfeccionamiento de un proceso, que mientras más acabado será mucho más benéfico, tanto para los policías como para todos nosotros. Es cuanto, señor presidente.