La diputada Patricia Flores Elizondo: Con su permiso, presidenta. Hoy hemos sido convocados para discutir y votar sobre un conjunto de reformas constitucionales denominadas simplificación orgánica, pero ¿qué es realmente esa simplificación orgánica o administrativa? Es un proceso que implica un estudio y análisis a detalle de un conjunto de funciones y atribuciones que pueden realizarse de una manera más sencilla y menos costosa, tanto desde la perspectiva del gobierno, pero, sobre todo, con impacto y beneficios sociales y la facilidad para los ciudadanos de ejercer sus derechos fundamentales. ¿Hay algo de esto en el dictamen que hoy discutimos? La respuesta es un contundente no. No existe un análisis preciso de qué funciones se duplican, son onerosas o irrelevantes. Tampoco un ejercicio serio de revisión de los recursos presupuestarios que se le destinan. Mucho menos claridad sobre cuál sería el siguiente paso de mejora de la gestión ni de objetivos de política pública. No hay una visión de futuro, sino solo una destrucción del presente. Detrás de esta mal llamada simplificación administrativa existen tres principios que les encantan a la 4T y sus aliados: desmantelamiento, centralización y autoritarismo. Se trata del desmantelamiento de instituciones que nuestro país viene construyendo y perfeccionando desde finales del siglo pasado bajo el concepto de órganos constitucionales autónomos. Por supuesto que esta figura no es perfecta, pero es un diseño que se encontró en el marco de derecho constitucional mexicano y que justamente permite desarrollar un conjunto de funciones que requieren una especialización técnica y una visión imparcial. Estos organismos no son oposición de nadie, sino independientes en su funcionamiento. Este desmantelamiento implica pulverizar la confianza y certidumbre jurídica en torno a estos organismos. Pero, sobre todo, implica destruir el talento y capital humano de servidores públicos que se han formado en las mejores instituciones educativas del país y que han dado un servicio a la sociedad, todo esto con un plumazo caprichoso de ustedes los de la 4T. Ya lo hicieron con el Poder Judicial y ahora lo harán con los organismos autónomos. Que un mandato provenga de una mayoría no significa que las decisiones y acciones de un gobierno sean democráticos. No nos dejemos engañar, tomar las decisiones basados en maximizar su rendimiento electoral nos impedirá ser un país desarrollado, con crecimiento, inclusión y democrático. Hoy estamos ante la inminente desaparición de siete órganos constitucionales autónomos. Para ejemplificar mis preocupaciones déjenme aplicar mis ideas en uno de ellos. El Instituto Federal de Telecomunicaciones, que surgió de un proceso de transformación de la industria de telecomunicaciones en los años noventa, mediante una privatización simple y llana, para lo cual gradualmente irse liberalizando para el ingreso de nuevas empresas en dicho sector. La falta de un regulador fuerte, independiente y técnico nos costó muchas oportunidades de desarrollo tecnológico, altos costos a los usuarios, y por supuesto, impidió que hubiera una inversión atractiva en el sector. Las reformas de 2013 y con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Estado mexicano puso énfasis en la urgente necesidad de ubicar a las telecomunicaciones como una de las palancas estratégicas para el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Quieren desmantelar al Instituto Federal de Telecomunicaciones y así erradicar procesos y controles que se diseñaron para construir decisiones imparciales basadas en el análisis técnico especializado y ayudar así al pueblo de México. Por ejemplo, en la actualidad las concesiones de radio y televisión se brindan bajo el cumplimento estricto de reglas en el marco de una gestión especializada del espectro radioeléctrico y el análisis y la discusión de un órgano colegiado, que su mayor interés es que haya servicios donde los intereses económicos no aplasten el interés público. Eliminar al Instituto Federal de Telecomunicaciones es dar un paso hacía la discrecionalidad, la improvisación, sin reglas y, sobre todo, sin certidumbre jurídica. La semana pasada Raúl Trejo escribía: en los viejos tiempos las concesiones de radio y televisión eran secretas, el gobierno las entregaba a los empresarios de su preferencia, nadie sabía qué condiciones establecían los títulos de concesión, ni siquiera se conocía cuántas estaciones de radio, AM y FM o de televisión, había en el país. Concluyo diciendo. Por todo lo anterior, diputadas y diputados, es que convoco a analizar a fondo este dictamen. Que se parta del reconocimiento de los aciertos logrados y ajuste lo que se tenga que mejorar. Que escuchemos a los expertos, lo cual nunca ocurrió, pues, los diálogos que se celebraron la legislatura pasada solo fueron una simulación. Me dirijo en especial a los legisladores de Morena, PT y Verde. Dejen de actuar por instrucciones basadas en la ideología y cumplan todos con su mandato constitucional y salvaguarden los derechos fundamentales de sus representados, del pueblo. La política es cíclica y ustedes serán víctimas de las oportunidades que hoy le están cancelando a millones de mexicanos. Muchas gracias.