El diputado Ramón Valdés Chávez: Señora Presidenta, según el Ejecutivo, en su Plan Nacional de Desarrollo marca como uno de sus grandes objetivos el desarrollo humano sustentable y para ello dice que es necesario reforzar el combate a la pobreza, mejorar el acceso y la calidad a los servicios de educación y salud, facilitar el acceso a la vivienda digna y generar a través del empleo un mayor crecimiento. Diputados, diputadas, de diversas formas se nos ha manifestado que para lograr esto se requiere de una reforma hacendaria que permita la captación de mayores recursos y asegure que estén mejor empleados por los tres ordenes de gobierno para saldar la deuda social y revertir la desigualdad. Ante la propuesta fiscal que hace el Ejecutivo, ¿realmente estaremos demostrando a la nación que nos interesa proteger su patrimonio y reducir la brecha entre pobres y ricos? ¿Es ésta la reforma hacendaria más acorde a nuestras necesidades?, ¿o es un parque más como los que hemos vivido durante nuestra historia? Según el secretario de Hacienda, nuestra reforma hacendaria es para los que menos tienen, y para ello surge la brillante idea de crear un nuevo impuesto: el IETU. Dicho impuesto contradice el principio de solidaridad proporcionada, y el artículo 31, fracción IV, de nuestra Carta Magna que a la letra dice: "Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Distrito Federal o del estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes". ¿Cumple el IETU este principio? Debemos recordar también que la recién aprobada Ley del ISSSTE, cuyos fines son igualmente recaudatorios, y el IETU, no lograrán que existan más recursos para la seguridad social puesto que éste es uno de los renglones sacrificados dentro del presupuesto que se envió a esta soberanía. El Presidente del Empleo, que a la fecha no ha cumplido sus metas, y por lo que se ve no las cumplirá, minimiza a la clase trabajadora al no permitir la deducibilidad a las prestaciones de previsión social como son: los comedores para los trabajadores, vales de despensa para los mismos, apoyos a la cultura, aguinaldos, compensaciones, bonos de productividad y otras prestaciones que obviamente los patrones no pagarán. El trabajador asalariado cubre una cuota superior a 24 por ciento de su salario. En el caso de las empresas, hasta ahora existen muchas que al pagar el ISR no rebasan un dígito; por lo que la reforma fiscal integral siempre ha sido una necesidad, más no así como se está planteando. Este nuevo impuesto conlleva el gran riesgo para México de la fuga de capitales y de la ausencia de inversiones futuras. Las pequeñas y medianas empresas que hasta hoy representan 85 por ciento de las mismas y cerca de 70 por ciento de la fuerza laboral mexicana se verán seriamente impactadas con este nuevo impuesto ya que tendrán que enfrentarse a la necesidad de aumentar sus precios o absorber sus costos, afectando su margen de utilidad, y con toda seguridad estarán en desventaja con respecto a sus competidores, orillándolas al cierre, o en el mejor de los casos, a la informalidad. De hecho, es éste un impuesto regresivo y autoritario que afecta a la microempresa y profesionistas independientes, ya que ahora al menos ellos pagan proporcionalmente, y no será así en adelante. Sabemos que habrá una aplastante votación por quienes en lo oscuro se han puesto de acuerdo, por lo que esta fracción parlamentaria manifiesta su desacuerdo total y rotundo a este nuevo impuesto. Ante estas decisiones de mayoriteo debemos y deseamos que los cambios fiscales no se queden en buenos deseos sino que se reflejen en un país más competitivo, con mayores inversiones y empleos, y sobre todo, que los recursos que resulten del mismo sean para beneficio de las clases más desprotegidas y no para seguir solapando el dispendio y los altos sueldos de la burocracia que día a día crece más, olvidándose del principio republicano de la autoridad que ellos presumen. Es cuanto, señora Presidenta.