La diputada Raquel Bonilla Herrera: Compañeras y compañeros diputados, una de las problemáticas que se han presentado dentro del sistema educativo es la exclusión social y es un tema que hemos estado tocando de manera continua en este pleno. En nuestro país se han invertido en políticas sociales destinadas a la población que se encuentra con altos índices de pobreza en contextos de vulnerabilidad o en condiciones y características específicas que los colocan en riesgo de ser excluidos, así como facilitar su acceso a los servicios educativos. Sin embargo, aún no es suficiente. Es oportuno recordar el artículo 3o. constitucional. En él se desprende que la educación es un derecho universal, donde es primordial erradicar la inequidad, además de promover sociedades más justas, igualitarias y democráticas. Los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 refieren a garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas con discapacidad a todos los niveles de enseñanza y formación profesional, así como a las instalaciones escolares que correspondan las necesidades de las personas con discapacidad, ofreciendo entornos de aprendizaje seguros e inclusivos. Por su parte, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad establece que la Secretaría de Educación Pública promoverá el derecho a la educación de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación en planteles y centros educativos. Compañeras, compañeros, en nuestro país la educación que se brinda a la población en situación de vulnerabilidad ha sido precaria, por lo que la actual administración está enfocada a brindar juna política diversificada en materia educativa. Sin embargo, aún enfrentamos grandes retos y uno de ellos es precisamente el que se centra en las instituciones de educación de nivel medio superior, que atiende a la población en situación de vulnerabilidad y discapacidad. Estas instituciones son los centros de atención a estudiantes con discapacidad denominados CAED, los cuales están enfocados a atender a los jóvenes con discapacidad con deseos de iniciar o concluir este ciclo de formación en sus vidas. La cobertura de los CAED ha sido durante más de 10 años como un programa y que no cuenta aún con instalaciones propias y están adscritos a la Subsecretaría de Educación de Media Superior. Sin embargo, es de reconocer que, desde sus inicios, hace muchos años, un número significativo de asesores, ya que estos no están considerados como docentes todavía, a pesar de las precariedades nunca han dejado de asistir a sus labores y debido a su alto profesionalismo y compromiso, desean lograr que los jóvenes con discapacidad, obtengan sus estudios en bachillerato. Es oportuno recordar que en 2018 la Suprema Corte resolvió que, de acuerdo con el derecho fundamental a la educación inclusiva, todos los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, pertenecen y deberán ingresar al Sistema Educativo sin reglas ni excepciones, por lo que a cualquier exclusión con base en esta condición resultará discriminatoria y, por ende, inconstitucional. Recientemente, compañeros, en junio de 2021, la Corte determinó inconstitucional el Capítulo VIII de la Educación Inclusiva, del Título Tercero de la Ley General de Educación, en razón de que existía la obligación de consultar a personas con discapacidad previo a la expedición de la ley, de conformidad con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tal motivo, es indispensable brindar certeza jurídica, no solo a los jóvenes, no solo a los padres, también al personal que sea encuentra al frente de este programa y por ello, la presente iniciativa está encaminada a establecer en la Ley General de Educación, que la educación para personas con discapacidad, sea considerada como parte del sistema educativo nacional. La inclusión educativa es necesaria para dotar a la población con vulnerabilidad de las herramientas para concluir sus estudios. Garantizar la inclusión social dentro del sistema educativo para los jóvenes con discapacidad, es importante. Pero, lo es más lograr que el sistema educativo bride un modelo acorde a las necesidades de aprendizaje de cada uno de estos jóvenes. Solo así lograremos actualizar el espíritu legislativo del artículo 3o, constitucional, que es erradicar la inequidad, además de promover sociedades más justas e igualitarias. Es cuanto, presidenta.