La diputada Soraya Pérez Munguía: Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI ha manifestado, y por mi conducto lo hacemos una vez más, que estamos a favor de la regularización de los salarios de los funcionarios públicos, y que se cumpla lo que hoy ya está establecido en la Constitución, en el 127, que es que nadie puede ganar más que el presidente de la República. Hemos suscrito reservas a los artículos 1, 3, 4 y 5 y por obviedad del tiempo, debo decir que la mayoría de estas propuestas responden a un Marco Jurídico que ya está obsoleto. Ya lo han mencionado la mayoría de los oradores, es un Marco que viene del 2009 y México hoy vive una realidad muy distinta. Pero quiero mencionar un par de artículos que valen la pena. El artículo 6, por ejemplo. El proyecto de ley que están proponiendo contempla que se tiene que expedir un dictamen de compatibilidad para aquellos funcionarios que tengan dos o más trabajos. Que cada una de las unidades de administración de los órganos públicos tienen que emitir ese dictamen. Esto va a ser inoperable, porque va a haber un incentivo perverso para que no se autoricen estos dictámenes a los servidores públicos de esas dependencias a las que les estén solicitando estos dictámenes. Por eso, nuestra propuesta es que quien emita el dictamen sea la Secretaría de la Función Pública, quien además controle y determine la reglamentación a la que se deben de sujetar estos dictámenes y además genere una base de datos concentradora que nos permita saber quiénes son estos funcionarios que se les están autorizando o negando los dictámenes de compatibilidad. Esto, además es congruente en el contexto internacional, dentro de la Convención Interamericana de la Corrupción, que establece que debemos tomar medidas de prevención, tomando en cuenta la relación entre una remuneración equitativa y la probidad del servicio público. Y justamente, la Secretaría de la Función Pública es parte integrante de nuestro Sistema Nacional Anticorrupción. Además, hay un caso que nos preocupa dentro de este artículo, y es que establece que si un servidor público, aunque tenga un dictamen de compatibilidad positivo, es decir, que por horarios pueda tener ambos trabajos, si la suma de ambos sueldos es mayor ligeramente que su superior jerárquico estaría en falta a lo que está estableciendo esta minuta. Por tanto, tendría que renunciar a uno de los dos trabajos. Y esto es el caso muy común de maestros que tienen dos trabajos a veces, uno en la mañana y otro en la tarde, o de miles de enfermeras que trabajan de lunes a viernes y luego tienen otro trabajo en otro sistema de seguridad social el fin de semana. Entonces esto va a vulnerar muy fuertemente la economía familiar de un grupo importante de servidores públicos. Y finalmente quiero mencionar el artículo tres. El artículo tres menciona los principios rectores que regirán estas remuneraciones. Y debo decir que todos los principios están desactualizados. La propuesta del Senado no toma en cuenta los principios enunciados en el título cuarto de la Constitución Política, que menciona legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Además, es indispensable contar con otros principios, como son la proporcionalidad y la racionalidad. Además, cuando se considera la transparencia, que eso sí lo menciona, lo hace de manera muy simplista, no se consideran todos los elementos que están considerados en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, que es importantísima para el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Y en lo personal hay un tema que me es muy importante, ya lo había mencionado en mi anterior intervención, cuando presenté la Ley de Igualdad, Proporcionalidad y Transparencia. He sido servidora pública por más de 17 años. Y el principio de igualdad que presenta la minuta del Senado es mucho más que simplista, no está acorde con el escenario internacional de derechos humanos y no abona en lo absoluto a disminuir las brechas salariales tan marcadas que existen en México. Por eso nuestra propuesta como grupo parlamentario es que este artículo se apegue al artículo primero de la Constitución Política, y que se establezca que en esta ley reglamentaria todas y cada una de las remuneraciones deberán determinarse sin distinción motivada por género, por edad, por etnia, por discapacidad, por condición social, por condiciones de salud, por religión, por estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana. A igual trabajo, igual salario. Es cuanto.