La diputada Paloma Domínguez Ugarte: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, la postura del Grupo Parlamentario del PRI es clara, firme y responsable en contra de esta iniciativa que pretende crear un marco legal en materia de telecomunicaciones, pero que en realidad encierra una profunda amenaza de la libertad, a la privacidad y al equilibrio institucional que tanto trabajo nos ha costado construir. Esta no es una reforma de fondo para garantizar mejores servicios. Esta es una iniciativa que pretende concentrar el poder, controlar la información y someter la disidencia. Llamemos a las cosas por su nombre, este dictamen otorga al Estado la capacidad de eliminar medios incómodos con un solo clic, sin pasar por procedimientos judiciales, sin criterios claros, sin mecanismos de defensa para los afectados. No podemos normalizar que el gobierno pueda vigilar, castigar y callar a quienes no piensan igual. Nos preocupa y mucho que las facultades que hoy están repartidas entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría de Gobernación y la de Comunicaciones y Transportes, sean absorbidas por una sola entidad, la llamada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un órgano subordinado directamente al Ejecutivo federal. Es decir, sin autonomía, sin contrapesos y sin frenos. La concentración del poder nunca ha sido la solución y menos cuando lo que se pone en juego es la libertad de expresión y el derecho a la información. Esta reforma erosiona los principios democráticos, reduce la rendición de cuentas y allana el camino al autoritarismo digital. Además, el articulado del dictamen es sumamente impreciso. No se definen con claridad los supuestos bajo los cuales pueden suspenderse servicios. No hay plazos definidos, no hay instancias de apelación garantizadas. Eso abre la puerta a la discrecionalidad, a la arbitrariedad y a que la ley se aplique como un garrote contra voces críticas. A pesar de eso, la iniciativa insiste en permitir el acceso de instancias de seguridad a datos personales, como la CURP, asociada a líneas telefónicas móviles. Esto no solo viola el derecho a la privacidad, sino que convierte a cada ciudadana y ciudadano en un potencial objeto de vigilancia, sin control judicial, sin transparencia y sin rendición de cuentas. Se habla de transformación digital, pero en realidad se está construyendo un aparato de vigilancia masiva, legalizado y disfrazado de modernización y eso es inaceptable. Y aquí estamos, repitiendo la historia, una reforma compleja, extensa, profunda, votada sin análisis, sin discusión. Eso no es legislar con responsabilidad. Compañeras y compañeros, la censura no es progreso, la vigilancia estatal sin control no es transformación, y la concentración del poder no es eficiencia, es autoritarismo. La llamada Agencia de Transformación Digital no solo tendrá facultades técnicas, podrá regular, vigilar, sancionar, censurar, revocar concesiones y condicionar el acceso a servicios de comunicación, todos sin controles externos. Desde el PRI votamos por la seguridad, sí, pero también por las libertades. Votamos por el desarrollo tecnológico, pero no a costa de los derechos fundamentales. Votamos por fortalecer instituciones, no por debilitarlas. Por eso, nuestro voto es en contra de esta iniciativa. Y nuestro llamado es claro: que se escuche a la sociedad, a las víctimas, a los expertos, a la ciudadanía. Porque una ley así no puede, no debe y no merece ser aprobada en fast track. Al control digital, no. Y no a la censura. Gracias.