La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia del Presidente. Diputadas y diputados: la sociedad y el Estado tienen causas e intereses por los que se debe velar y defender. De ahí la necesidad de que exista un organismo esencial encargado del ejercicio de esas funciones, misión que recae en el Ministerio Público. El Ministerio Público tiene una gestión importante y en muchos casos es de suma relevancia en razón de que defiende el interés público. En el país el Ministerio Público es una institución moderna, creada en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en cuyo texto, siguiendo la teoría francesa, se estableció que el ministerio público estaría a cargo del procurador general de la República, y demás funcionarios, quienes serían nombrados y removidos por el titular del Poder Ejecutivo federal. En México han sido innumerables los casos en los que se ha utilizado el ministerio público federal como un órgano de represión y control político. Los casos más connotados, entre otros, han sido: el encarcelamiento en 1959 de Demetrio Vallejo y Valentín Campa; el encarcelamiento del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros en 1960; la fabricación de delitos a los estudiantes del Movimiento de 1968; el encarcelamiento de José Revueltas y Heberto Castillo. Como se podrá advertir, el ministerio público se ha convertido en un instrumento de represión, control político y social. La falta de autonomía del procurador general de la República y demás personal, los han sometido a voluntad del titular el Ejecutivo. Derivado de lo anterior, el objetivo de la presente iniciativa radica en reformar el artículo 102, apartado A, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello con la finalidad de dotar al ministerio público federal de las características siguientes: 1. Será un organismo constitucional autónomo. 2. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. 3. Sus funcionarios serán nombrados por el propio procurador y ya no por el Poder Ejecutivo federal. El procurador general de la República será nombrado por el Ejecutivo federal con ratificación del Senado. La inamovilidad del procurador, el cual solamente será cesado de sus funciones en el término del Título Cuarto de la Carta Magna. Son precisamente la autonomía del ministerio público federal la inamovilidad del procurador general de la República, lo cual dotaría a esta institución de una verdadera independencia. Lo anterior, para que actúe apegado a los procedimientos científicos que determine la responsabilidad de una persona y no las consignas políticas. La independencia y la autonomía del ministerio público tendrán varias ventajas como las siguientes: Favorecerá el desarrollo de los servicios públicos especializados; lo liberará de las influencias políticas y atenderá mejor su desarrollo económico financiero; tendrá una autonomía de carácter técnico-financiero e impedirá la concentración perniciosa del poder y, otorgará una libertad al ministerio público a efecto de que actúe en base a los principios constitucionales y legales, y no al capricho del presidente de la República en turno. Por todo lo anterior expuesto, solicito a la Presidencia de esta honorable Cámara, que esta intervención sea insertada íntegra en el Diario de los Debates correspondientes. Es cuanto, diputado presidente.