El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, señor presidente. La declaración de procedencia se utiliza para dar curso al procedimiento de responsabilidad penal de los servidores públicos que enuncia el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el caso que nos ocupa analizamos la procedencia de retirar la inmunidad a una diputada local del Congreso de Sinaloa, ya que la representación social de la federación así lo ha solicitado al acusarla del delito de uso de documento falso. Desde nuestro punto de vista se cumplen los requisitos legales para ello, como lo es el cuerpo del delito y la probable responsabilidad para los efectos parlamentarios correspondientes no vinculantes para el juez que eventualmente conozca de la consignación. Sin embargo, resulta de suma importancia que los mexicanos conozcan las circunstancias que se han presentado en el presente asunto por ser de interés público. La investigación se inició formalmente como consecuencia de la denuncia que hizo el director general del Centro de Readaptación Social, conocido como El Altiplano, en el que señaló que la acusada había ingresado al penal el 4 de septiembre de 2014, utilizando una credencial de elector que aparece un nombre distinto. Lo que no se explica es por qué la denuncia se formuló hasta mediados de abril del año siguiente. Además, en el texto, el director del penal afirmó, y lo cito textualmente: derivado de los estrictos controles que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación ha implementado en los centros federales, incluyendo el de El Altiplano, así como de los rigurosos protocolos de vigilancia respecto de las actividades de los internos, se identificó que la persona que presentó la credencial de elector con el nombre de Devany Vianey Villatoro Pérez no corresponde con los rasgos, características y biométricos de quien aparece en la citada credencial, es decir que quien ingresó ostentó una identidad que no le corresponde. Termino la cita. Lo que nos hace reflexionar sobre si acaso los mexicanos nos merecemos pagar con nuestros impuestos un penal de alta seguridad, perdón de máxima seguridad, que cuenta con un estricto control y riguroso protocolo de vigilancia, que tarda nada más ocho meses en advertir que ingresó una persona utilizando una identificación falsa. Adicional a lo anterior, los mexicanos vimos en un medio de comunicación, también con antelación, una nota en la que se exhibía el presunto delito. Me pregunto, ¿por qué, a pesar de que el asunto fue ventilado en los medios de comunicación no se formuló una denuncia antes de transcurrido el periodo de ocho meses? ¿Quién dio esa instrucción o quién o quiso formular esa denuncia? Los mexicanos que pagamos impuestos merecemos respuestas. Otra irregularidad que se apercibe en el expediente versa sobre la calidad jurídica o la justificación por la que la indiciada ingresó al centro penitenciario. Al respecto, las instituciones responsables se culpan entre ellas sobre la irregularidad de dicho ingreso. La parte acusadora señala que ingresó como parte del equipo jurídico que lleva la defensa del procesado, en concreto como persona de confianza, previsto en el artículo 20 constitucional, y más allá, presenta varios testimonios en ese sentido. Sin embargo, a pregunta expresa de la Sección Instructora, el titular del juzgado que conoce de la causa informó que la persona cuyo nombre aparece en la causa penal y en la credencial de elector apócrifa no estuvo presente en la audiencia que se desahogó el 4 de septiembre de 2014. No obstante, la autoridad judicial reconoce que le otorgó dicha calidad a una persona que jamás se apersonó en el juzgado para ser debidamente identificada y tampoco verificó que en efecto existiera la persona señalada como defensora. Y peor aún, cuando se le preguntó al juez si él había ordenado el ingreso al penal respondió que no, que personal de su juzgado simplemente había solicitado a las autoridades encargadas de la vigilancia del penal, permitir su entrada sin haber verificado la identidad de la imputada. Lo anterior pone en evidencia la corrupción, o peor aún, la ineficiencia que existe en el sistema penitenciario federal, el cual permite que las personas indebidamente salgan o entren de los penales de máxima seguridad de manera irregular e ilícita. Otro dato que resulta importante destacar es el hecho de que esta ciudadana obtuvo un acta de nacimiento oficial, la cual le fue entregada a través del Registro Civil del gobierno del estado de Sinaloa, con fecha de registro 21 de marzo de 2014. Hablamos de un acta de nacimiento extraordinaria, obtenida tan solo 32 años después de la fecha de nacimiento que consigna la misma, y según dispone la legislación aplicable, el responsable de otorgar esta acta de nacimiento es el secretario de gobierno del estado de Sinaloa, Gerardo Vargas Landeros. De igual forma, en la averiguación previa se ofrecen testimoniales a cargo de los oficiales de guardia y custodia, que se encontraban ese día en el penal y todos refieren que se enteraron a través de los medios de comunicación que la persona que ingresó no era quien ostentaba el nombre de esa credencial de elector. Es decir, su principal fuente de información son los noticieros. Diputadas y diputados, el Partido Acción Nacional votará a favor del presente dictamen como un acto de congruencia a lo que siempre hemos expresado en esta tribuna, actuando siempre a favor de la legalidad y en contra de la impunidad, demostrando siempre la plena disposición para que se aplique la ley a todas las personas que la infrinjan, sin importar su cargo o afiliación partidista. Pero también señalamos las graves omisiones e irregularidades cometidas por parte del gobierno de la República en torno al presente caso y, en concreto, a la vigilancia y supervisión que hay respecto del Penal de Máxima Seguridad del Altiplano. Nuestro Grupo Parlamentario coadyuvará respetando al órgano jurídico, confiando en que cada institución involucrada en el procedimiento dará cabal cumplimiento a sus obligaciones constitucionales de manera expedita. Dejamos claro que la continuación del procedimiento, a partir de este momento y bajo su más estricta responsabilidad, corre a cargo del gobierno federal y ya hemos advertido la existencia de grandes omisiones y posibles complicidades de las cuales también exigimos resultados jurídicos. Finalmente, exhortamos a que los otros partidos voten a favor del presente dictamen y lo hagan igual cuando se trate del sistema nacional anticorrupción, para evitar actos como el que nos ocupa. Que quede claro, el PAN nunca representará un obstáculo para que las instituciones en cargadas de administrar e impartir justicia cumplan cabalmente con su obligación. Con ello demostramos nuestro compromiso con todos y cada uno de los ciudadanos, que nos han manifestado su confianza mediante el ejercicio de su voto. Es cuanto, señor presidente.