La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Compañeros y compañeras diputados, les voy a dar otra información. Sabemos que los partidos políticos salen muy caros al pueblo, a la sociedad, en Morena el 50 por ciento de las prerrogativas de todo el año de partido van al proyecto de universidades, y quiero también informarles que el 50 por ciento del subsidio para la campaña se irán al Fideicomiso por los Demás, en apoyo a los damnificados del sismo del 19 de septiembre pasado. Con su permiso, diputado presidente. En México, en el tema de ciencia y tecnología las opciones son muy sencillas, apostar por el desarrollo de nuestros investigadores y científicos o aceptar la condena al fracaso, el desarrollo y la pobreza. El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales riquezas de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el desarrollo económico y social de nuestro país. Dicho lo anterior, permítanme comentar que en diciembre de 2015 se publicó el decreto por el que se aprobaron importantes modificaciones a la Ley de Ciencia y Tecnología, en el que, entre otras cosas, se previó la creación de unidades de vinculación y transferencias de conocimiento y desarrollo tecnológico e innovación de las instituciones de educación, centros públicos de investigación y entidades de la administración pública que realicen actividades de investigación científica. En ese mismo decreto se modificó el artículo 8o de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, misma que en julio de 2016 fue abrogada, entrando en vigor en esta misma fecha la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas. En el tercer párrafo del artículo 37 de esta nueva ley, se adoptó parte del texto de la ley abrogada, texto en el que en la primera parte permite que los servidores públicos que realizan actividades de vinculación con los sectores público, privado y social, participen entre otras cosas de los beneficios y regalías de los desarrollos tecnológicos y, más adelante, en el mismo párrafo, lo señala como posibles sujetos de conflicto de interés, en el caso de que obtengan beneficios, utilidades o regalías. Por lo que existe una contradicción que torna confusa la interpretación a la hora de aplicar la ley, por la forma de expresar el posible caso en materia de conflicto de interés de los servidores públicos, relacionados con las áreas de vinculación. Por lo tanto, es necesario hacer las precisiones correspondientes y eliminar cualquier posibilidad de confusión que a propia Ley General de Responsabilidades Administrativas pudiera propiciar en esta materia. Es muy importante que los servidores públicos que a su vez pertenezcan al sector como científicos, investigadores y desarrolladores de conocimientos en nuestro país, cuenten con un marco legal libre de ambigüedades o vacíos que pudieran entorpecer su desarrollo y evolución. Por lo antes expuesto es que pongo a consideración de este pleno la presente iniciativa con proyecto de decreto para modificar el tercer párrafo y adicionar un cuarto párrafo del artículo 37 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para quedar como sigue: Los servidores públicos que se dediquen a la vinculación incurrirán en conflicto de interés cuando obtengan beneficios por utilidades, regalías o por cualquier otro concepto, en contravención a las disposiciones aplicables en la institución, quedando excluidos los servidores públicos investigadores que acrediten tener participación activa en la investigación, aun cuando realicen labores de vinculación. Asimismo, en el caso de las empresas privadas de base tecnológica, previstas en el artículo 51 de la Ley de Ciencia y Tecnología, no podrá recibir en la misma persona el cargo de apoderado legal y el de investigador o el responsable del área de vinculación. Es cuanto, diputado presidente.