El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El fin de esta reforma puede ser sin duda loable. Sin embargo, la efectividad de la misma, en particular ésta, en la que se requiere de recursos financieros para su ejecución y existe población que puede ser afectada en sus derechos y garantías constitucionales, se encuentra condicionada por la competencia de la autoridad y la capacidad administrativa para hacer que se cumpla. En la propuesta que se presenta se propone la creación de reservas territoriales nacionales esto es en la fracción XIII del artículo 13 para el Programa Nacional de Desarrollo Urbano, con la finalidad de cito textualmente, por favor, escuchen esto desalojar a la población afectada por efectos de cambio climático. En la fracción XIV del mismo artículo. Se propone además, la coordinación de los gobiernos federal, estatal y municipal, para determinar asentamientos ya establecidos en zonas de alto riesgo y determinar agendas de reubicación. La experiencia de los últimos dos años, gobierno de Peña Nieto, en torno a los daños ocasionados por fenómenos meteorológicos, atiende a la irresponsabilidad del Estado para garantizar el derecho a la vivienda, en particular de la población más pobre y marginada, asentada en forma irregular y sin condiciones de construir una vivienda digna, a ello se suma el elemento de vulnerabilidad de las viviendas en zonas de riesgo. Se supone que desde el año pasado inicio operaciones el Registro Nacional de Reservas Territoriales, que obliga a los desarrolladores de vivienda a registrar las zonas en las que desean construir. Sin embargo, no se establecen políticas de reubicación en el proyecto de presupuesto presentado a esta Cámara de Diputados. En mayo de este año, la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, informó que en México sólo 33 por ciento de la vivienda se construye de manera regulada, pues 67 por ciento se realiza en zonas de riesgo como barrancas, laderas y a la orilla de ríos, información que conoce el coordinador nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación. Él avala la información. Por poner tan sólo un ejemplo. En siete delegaciones del Distrito Federal -y son datos conservadores y conozco muy bien el tema- existen alrededor de 2 mil 168 viviendas ubicadas en zonas de alto riesgo, de deslaves, por puros riesgos de deslaves. Si ampliamos al tema de las grietas del riesgo estructural, en la Ciudad de México estamos hablando de más de 13 mil viviendas en zonas de riesgo en esta Ciudad, y para resolverlo se han hecho cálculos de protección civil, necesitamos más de 4 mil, 5 mil millones de pesos, y obviamente más problemas. En la materia quedan varios pendientes para garantizar a la población el derecho a una vivienda digna y segura. Aunado a la falta de políticas públicas que garanticen la reubicación de viviendas en riesgo, así como de la ausencia de un mapa nacional de viviendas en zonas de riesgo por los fenómenos naturales, no sólo los meteorológicos, sino por los movimientos de tierra, los hidrológicos que sustentan la viabilidad de políticas públicas, de reordenamiento y reubicación. El derecho a la vivienda se encuentra contenido en la Constitución y tratados internacionales, suscritos por el Estado mexicano. Hay resoluciones aprobadas por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías de la Comisión de Derechos Humanos, se recomienda que los gobiernos adopten medidas políticas y legislativas, encaminadas a restringir, contrario a lo que ustedes están haciendo hoy aquí, a restringir la práctica de los desalojos forzosos, incluida la concesión de la seguridad legal de tenencia a aquellos amenazados actualmente con un desalojo forzoso, basándose en su consulta y negación efectivas con las personas y los grupos afectados. La directriz de las adiciones al artículo 13 de la Ley General de Asentamientos Humanos atiende a una política impositiva. El término desalojar no es el más adecuado para reubicar a la población que puede ser afectada por un fenómeno natural. En el caso del dictamen, para atender los efectos de fenómenos meteorológicos se impone una línea autoritaria en la que debe ser una política de solidaridad y compromiso social del Estado mexicano. Eso es lo que ustedes van a intentar hacer aquí. En contra del derecho internacional, de no a los desalojos, ustedes van a legislar los desalojos. Por favor, señores diputados, en qué sociedad están viviendo ustedes. Están nada más legislando al vapor, ocurrencias y no están legislando las necesidades que a nivel internacional estamos comprometidos a hacer. Y además, legislan puras cosas que no van a poder implementar, a no ser que quieran otras razones más de fondo que después en nuestras reservas estaremos argumentando. Por ello se presentan modificaciones, lo haré, ya lo hice, en particular al artículo 13 de la propuesta que se presenta, anticipando, por sus usos y costumbres, culmino, señor presidente de esta Cámara de Diputados, que van a negar cualquier modificación, pues los proyectos que se presentan a través de reservas legislativas, que es su práctica, manifiesto mi voto en contra y evidentemente, los diputados conscientes que nos pronunciemos por un rotundo no a los desalojos en contra de lo que está siendo la propuesta de la comisión. Es cuanto, señor presidente.