El diputado Jacinto Gómez Pasillas: Con su permiso, diputado presidente. El delito del secuestro no sólo atentan contra la vida, contra la libertad y contra la dignidad de la víctima; también lastima y destruye familias, crea incertidumbre y rompe la cohesión social. Hoy el secuestro constituye uno de los peores males que afectan a nuestra sociedad. Entendemos que con la presente reforma se busca fortalecer la deficiente estructura jurídica que hoy existe para hacerle frente a este crimen. Otorgar al Congreso de la Unión la facultad exclusiva para establecer los delitos y faltas contra la federación, fijar los castigos que por ello deban imponerse en materia de delincuencia organizada y secuestro y, de igual forma, para expedir las leyes generales en estas materias, sin duda alguna es un gran avance en términos constitucionales y legales para abatirlos. La misma iniciativa expone que uno de sus motivos es el subsanar situaciones que parece no tener sentido. El hecho de que en estados como Quintana Roo la pena mínima para el secuestro es de cinco años, mientras que en Morelos se castiga con 10 años, cito, "como si la dignidad y la libertad de las personas valieran distinto en cada entidad". Compartimos el contenido de la propuesta por el enfoque integral del fenómeno, porque más allá de penas más severas, se trata de una reforma de fondo que modifica la Constitución para expedir una ley, para prevenir y sancionar el secuestro, que no sólo contempla el tema de la pena o de la indemnización, sino que nos robustece, eslabón por eslabón, toda la cadena judicial, desde la policía preventiva hasta el sistema penitenciario. Apoyaremos con nuestro voto esta reforma, porque además de la federalización de delitos como el secuestro, contempla acciones en materia de prevención, persecución y sanción, incluyendo también medidas de atención y protección a las víctimas, a los familiares, a los testigos, así como a programas de capacitación y control de confianza para el Ministerio Público y la policía. Pero más importante aún, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos de que una solución integral de largo plazo a éste y a otros fenómenos relacionados con el combate a la inseguridad, pasa por la educación. La sociedad mexicana vive una situación en la que los valores universales se trastocan por actitudes contrarias al respeto de las leyes. En todos los órdenes de la vida se observa la falta de disposición por parte de los ciudadanos, en general, para respetar el estado de derecho. Desde los aspectos más simples de la vida cotidiana hasta los ámbitos educativos, profesionales y políticos. Los espacios y procesos de ilegalidad aumentan día con día. Vivir sin leyes equivale a estar en una sociedad caótica, en la que la convivencia deja de ser pacífica y respetuosa. La falta de respeto hacia las normas y leyes empobrece los valores y la cultura de una sociedad. Ante este panorama es urgente que las escuelas se conviertan en espacios interesados en fomentar la cultura de la legalidad, entre los alumnos y sus familias, el objetivo es construir una nueva sociedad que privilegie los valores universales como un entorno fundamental para la convivencia digna de los seres humanos. Los salones de clases son los espacios idóneos para que los alumnos puedan dialogar y generar discusiones en torno a la construcción de esa medida de la legalidad. En la medida en que los alumnos reflexionen y que ese aprendizaje sea significativo se irán formando ciudadanos con múltiples capacidades de respeto hacia las leyes, que les servirán para incorporarse a la sociedad y para hacer la dinámica; capaces de apoyar al estado de derecho, de participar en el ambiente público y político y, sobre todo, de tener una convivencia pacífica. En el combate al secuestro tengo la certeza de que estamos de acuerdo todas las fracciones parlamentarias. Éste es un tema en el que la sociedad civil y el poder público tenemos que caminar de la mano para hacer un frente común a esta demanda de paz, seguridad y justicia. Sin embargo no caigamos en simplificaciones ni demagogias. Promovamos reformas como la presente y legislemos en otros ámbitos que hagan posible el desarrollo económico, el crecimiento y la generación de empleos que contribuyan al combate de la pobreza y la desigualdad. Es cuanto, gracias, señor presidente.