El diputado Ricardo Cantú Garza: Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los recientes incrementos a los precios del maíz y de la tortilla vinieron a poner al desnudo algo que ya se conocía en México desde los años 70 del siglo pasado: la especulación a gran escala que se hace de los bienes y servicios por parte de los grandes conglomerados industriales en la economía nacional. La especulación con el maíz tuvo una gran resonancia económica y social, porque se trata del principal consumo en la dieta del pueblo mexicano. Dado que históricamente somos producto de la cultura del maíz y la tortilla, debe quedar claro que la existencia de los monopolios en la economía mexicana no es producto de una distorsión del mercado, se trata de un proceso inevitable en el marco del capitalismo que tiene su origen en dos causas fundamentales que discurren a lo largo del tiempo de manera simultánea. La primera de ellas tiene que ver con la concentración del capital. Implica que los productores capitalistas eliminen de forma progresiva a los productores no capitalistas, despojándolos de las tierras y convirtiéndolos en obreros asalariados que tienen que emigrar a las ciudades para poder subsistir. La segunda tiene que ver con la concentración del capital, que implica la eliminación de unos capitalistas por otros a través de la competencia feroz por los mercados. Con el paso del tiempo, el resultado final de la combinación de estos dos factores es el desarrollo de la gran industria controlada por enormes grupos económico financieros y su máxima expresión, la concentración de los medios de producción en pocos y poderosos empresarios. Al comienzo de su desarrollo, los monopolios tienen una acción revolucionaria porque elevan la productividad laboral, abastecen el mercado interno y generan excedentes para la exportación. Con el paso del tiempo, estos monopolios llegan a concentrar a tal grado la riqueza que excluyen del progreso material y social al grueso de la población del país. Esta exclusión económica y social se ve reforzada cuando los Estados nacionales aplican políticas públicas que favorecen su desarrollo y consolidación, al grado de que estas políticas dejan de lado el apoyo a los pequeños y medianos productores capitalistas y no capitalistas. La afirmación anterior se debe constatar nítidamente para el caso de México, donde el Estado prolongó de manera casi indefinida la protección del mercado interno para favorecer precios altos y, en consecuencia, altas ganancias para los grandes conglomerados industriales que surgieron en nuestro país al amparo de la política sustitutiva de importaciones. Las repercusiones negativas de esta política proteccionista que favoreció a los monopolios fueron el desaliento a la competencia, a la productividad laboral y al retardo del progreso tecnológico. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el artículo 28, primer párrafo, que en nuestro país están prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas en los términos que fijan las leyes. Por ello, creemos que es muy importante que en la Ley Reglamentaria se promuevan cambios que permitan hacer efectivo el precepto constitucional antes citado, máxime que es un hecho notorio que no requiere ser probado, que en México existen múltiples monopolios que se disfrazan al amparo de otras disposiciones jurídicas del área mercantil que se organizan en holdings. En consecuencia, en opinión del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, modificar la naturaleza jurídica en la Comisión Federal de Competencia de órgano desconcentrado, como lo es actualmente, a organismo público descentralizado y ampliar sus facultades permitirá que esta Comisión cuente con instrumentos legales que le permitan combatir de manera frontal las prácticas monopólicas. Compañeras y compañeros legisladores, de manera conjunta a las reformas que proponemos a la Ley Federal de Competencia Económica, proponemos que se adicione al párrafo tercero del artículo 3° de la Ley Federal de Entidades Paraestatales que la Comisión quede excluida de la observancia de este ordenamiento y en consecuencia no quede sectorizada a ninguna dependencia del Ejecutivo federal, con lo que se salvaguarda y fortalece la autonomía que le otorga en virtud del decreto que esta soberanía aprobará. En este contexto, la propuesta que está haciendo el Partido del Trabajo y su grupo parlamentario es, en primer término, dotar de autonomía administrativa, financiera, técnica y operativa a la Comisión Federal de Competencia, para que se convierta en un verdadero instrumento de regulación de la competencia y ponga un freno real a los monopolios privados. En segundo lugar, estamos proponiendo que el presidente de esta Comisión sea designado por la Cámara de Diputados a partir de la propuesta que haga su órgano de gobierno, que derive de una consulta que incluya a empresarios, académicos y funcionarios públicos. Asimismo, se propone que los cinco comisionados también sean designados por la Cámara de Diputados siguiendo el mismo procedimiento que el propuesto para elegir al presidente de la Comisión. En tercer lugar, estamos proponiendo ampliar las facultades de la Comisión Federal de Competencia como se indica a continuación: Primero. Se considera de orden público la obligación de la persona física o moral de entregar la información o documentos que la Comisión estime pertinentes para realizar su labor de investigación y poder emitir un dictamen fundado respecto de la posible práctica que limite la competencia económica. Segundo. Crear un instrumento de investigación de las prácticas monopólicas con el fin de conocer a fondo el nivel o grado de concentración económica por parte de las empresas privadas. Dicho instituto será órgano técnico auxiliar de la Comisión. Tercero. Establecer lineamientos que permitan determinar si una concentración económica limita o no la competencia. Cuarto. Definir el alcance de la cláusulas de confidencialidad de la información que las empresas deben entregar a la Comisión para efectos de la investigación que realice sobre las prácticas monopólicas o la invitación de la competencia, porque las prácticas monopólicas no se reducen a la concentración económica, sino que también abarcan los acuerdos de cartel que los monopolios establecen para fijar condiciones de mercado a influir en los precios de los bienes y servicios que ofrecen. Quinto. Crear un Consejo Consultivo ciudadano que auxilie en la implementación de sus atribuciones y facultades a la Comisión Federal de Competencia. Sexto. Crear un registro de las empresas que realizan prácticas económicas restrictivas y de limitación de la competencia, con objeto de que la opinión pública tenga conocimiento sobre ellas. Séptimo. A los criterios de fijación de control de mercado también se deben añadir el conocimiento de los acuerdos entre las empresas para la producción y venta de los bienes o servicios y demás relativos a su desempeño económico. Compañeras y compañeros diputados: las propuestas que estamos haciendo serán insuficientes si no avanzamos también en la discusión de diversas iniciativas que se han presentado en la Cámara de Diputados para romper con el secreto bancario y fiduciario, porque si no lo hacemos los grandes consorcios financieros seguirán utilizando esta figura para amparar sus prácticas monopólicas. Solicito a usted, diputado Presidente, se sirva ordenar que la presente iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates de esta Cámara. Por sus atenciones, muchas gracias.