El diputado Víctor Emanuel Díaz Palacios: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el texto constitucional es claro en su mandato: Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar, pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Por ello el dictamen que nos ocupa resulta de la mayor envergadura, toda vez que adecúa y perfecciona el marco jurídico, dotándolo de congruencia para alinearlo a lo dispuesto por la ley fundamental y los instrumentos signados y ratificados por México en la materia. Las reformas y adiciones que hoy están en nuestra consideración dan cumplimiento a las obligaciones resultantes de los criterios jurídicos emitidos por tribunales nacionales e internacionales respecto a la configuración de la jurisdicción militar en nuestro país. Cuando se vulneran los derechos humanos de los ciudadanos bajo ninguna circunstancia puede operar la jurisdicción militar, pues ésta busca tutelar bienes jurídicos diferentes a los relacionados con los hechos perpetrados. De tal suerte que, como acertadamente lo ha señalado la colegisladora, cuando los tribunales militares conocen de actos constitutivos de violaciones de derechos humanos cometidos por militares en contra de los civiles ejercen jurisdicción no solamente respecto del imputado, sino también sobre la víctima civil, quien tiene derecho a participar en el proceso penal no sólo para efectos de la respectiva reparación del daño, sino también para hacer efectivos sus derechos a la verdad y a la justicia. De otra forma la víctima para hacer efectivos sus derechos de acceso a la impartición de justicia y reparación del daño debería comparecer ante un tribunal militar y, por lo tanto, se violentaría lo dispuesto en el artículo 13 constitucional. En otras palabras, no pueden ser competencia de tribunales militares los delitos que no sean cometidos por militares en activo y, si bien, los bienes jurídicamente tutelados no corresponden a la espera castrense. Tal y como sucedió en el asunto de Rosendo Radilla, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que en el caso de que un Estado conserve la jurisdicción penal militar, su utilización debe ser mínima y debe encontrarse inspirada en los principios y garantías que rigen el derecho penal moderno. Esto es, que ha de tener un alcance restrictivo y excepcional y estar encaminada a la protección de derechos jurídicos especiales, vinculados a las funciones propias de las fuerzas militares. El fuero militar sólo debe juzgar a militares activos por la comisión de delitos o faltas que, por su naturaleza atenten contra bienes propios del orden militar. Bajo el anterior orden de ideas se pretende dejar en claro que los delitos del orden común o federal que fueren cometidos por militares en tiempo de guerra, territorio declarado en ley marcial o cualquiera de los supuestos previstos en la Constitución, corresponderán a la jurisdicción militar siempre y cuando el sujeto pasivo no tenga la condición de civil y que en todos los casos cuando concurran militares y civiles como sujetos activos, sólo los primeros podrán ser juzgados por la justicia militar. Destaca además que el Ministerio Público, en casos urgentes, cuando se trate de un delito que atente contra la disciplina militar y que sea grave de acuerdo con la ley, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, podrán bajo su responsabilidad ordenar su detención, fundando y expresando los motivos de su proceder. Lo anterior siempre y cuando no pueda ocurrir ante la autoridad judicial militar por razón de hora, lugar o circunstancia. Realizada la detención se procederá su registro de inmediato. En este sentido, resulta de vital importancia establecer que los jueces de ejecución de sentencias velarán porque el sistema penitenciario militar se organice sobre la base de trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud, el deporte y el adiestramiento militar como medios para mantener al sentenciado apto para su reincorporación a las actividades militares cuando corresponda y su restricción a la sociedad, aprovechando el tiempo de intercambio para logar en lo posible que el sentenciado, una vez liberado respete la ley sea capaz de proveer sus necesidades. Resulta menester reconocer las importantes contribuciones realizadas por funcionarios castrenses, organizaciones civiles y expertos en la materia para la redacción del presente documento, lo que ha dado como resultado un dictamen que refleja el interés por armonizar nuestro sistema de justicia a los parámetros establecidos por la comunidad internacional y nuestro régimen protector a los derechos humanos. Por su atención y paciencia, muchas gracias.