La diputada Mariana Benítez Tiburcio: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, devolver paz y tranquilidad a las familias mexicanas, brindarle seguridad, generar confianza y certezas, garantizar a toda persona una vida en la que se respeten sus derechos humanos y establecer reglas que propicien la gobernabilidad en este país, fueron metas que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se fijó como prioritarias desde el principio de su gestión. Señoras y señores diputados, permítanme recordarles cuál fue nuestro punto de partida al iniciar esta administración. Los mexicanos veníamos de padecer una política errática de seguridad, que generó más violencia y muertes, presenciar daños que llamaron colaterales cuyas víctimas directas fueron personas inocentes. Una estrategia de desencuentros y descoordinación entre autoridades federales y locales, un gobierno donde los derechos humanos no figuraron en la agenda prioritaria, como tampoco importó fortalecer las áreas de inteligencia ni las instituciones de procuración de justicia. Durante los años 2006 a 2012, la tasa de homicidios aumentó 175 por ciento. La estrategia había dejado decenas de miles de muertos, más de 25 mil personas desaparecidas, desconfianza y vulnerabilidad de las instituciones. Este gobierno sabía que tenía que hacer las cosas de manera diferente, si lo que quería era sacar al país de la parálisis en la que se encontraba, y promover un cambio para recuperar la paz y la esperanza. Ser competitivo y devolverle a México el lugar que merece en el contexto internacional. Hace tres años quedó claro para todos, gobierno, representantes y sociedad, que este esfuerzo no era tarea de un solo partido, sino que era necesario que todas las fuerzas políticas integraran una misma visión de futuro, para lo cual se impulsó un amplio acuerdo que logró hacernos coincidir con voluntad y verdadero oficio político. Este pacto fue resultado de tener claro que es posible avanzar sin dividir, reformar sin excluir y transformar sin destruir, como bien lo ha señalado el presidente Enrique Peña Nieto. El gobierno de la república le dio un nuevo rostro a la política de seguridad y justicia, invirtiendo recursos nunca antes vistos, 392 mil millones de pesos a la política de prevención del delito, trabajando en sus causas de orígenes, regionalizando la atención de los delitos de mayor impacto en la sociedad, creando la Gendarmería y priorizando la coordinación y corresponsabilidad entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno. En los primeros dos años de este gobierno se logró reducir la tasa de homicidios a nivel nacional en casi 26 por ciento. Sí, señores, se redujo. Más baja que en Brasil, Colombia y Venezuela. Pero más allá de cifras, lo importante es que en varias regiones del país, que antes estaban afectadas por la delincuencia, la gente ha empezado a volver a las calles y a sus parques. Con la Estrategia Nacional Antisecuestro, en el primer semestre del 2015, el número de denuncias por este delito bajó 31 por ciento. Es destacable el gran esfuerzo impulsado por esta administración para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres. En lo que va del sexenio se han atendido de manera integral a más de 100 mil mujeres en todo el país. En materia de justicia se ha venido impulsando con compromiso y liderazgo la verdadera transformación del nuevo sistema de justicia penal. Gracias al impulso dado por el presidente de la República se hizo historia y el Congreso logró expedir el Código Nacional de Procedimientos Penales. Una Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias y está a punto de concretarse una agenda que armoniza legislación necesaria para implementar esta reforma. Hoy la cobertura de este sistema alcanza ya a 6 de cada 10 mexicanos. Asimismo, el presidente Peña Nieto ha manifestado una gran disposición por consolidar el marco legal para impulsar la política de combate a la corrupción. Tan es así que ha llamado a conjuntar esfuerzos para sacar adelante la legislación necesaria que permita la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción. Este gobierno ha priorizado la generación de acuerdos y sinergias con instancias nacionales e internacionales que permitan avanzar en la agenda de derechos humanos pendiente en el país. Destacan los avances significativos que se han registrado en los programas de protección a periodistas y de atención a víctimas del delito. Recordemos que fue bajo este gobierno que se expidió la Ley General de Víctimas que el gobierno anterior no quiso aprobar. Cabe señalar también que ha habido una reducción del 64 por ciento de las recomendaciones en esta materia, dirigidas a la administración pública federal. Señoras y señores diputados, México está atravesando por grandes heridas. En el último año el país ha enfrentado sucesos dolorosos y frustrantes que han dejado heridas profundas y un sentimiento de vulnerabilidad en los mexicanos. Estos sucesos nos recuerdan que es imperativo y urgente que el país entero se avoque a trabajar en combatir la corrupción, la violencia, la impunidad, pero también la pobreza y la falta de oportunidades. Estamos convencidos que la ruta de las reformas tomada por este gobierno es la ruta correcta. Necesitamos hacer a un lado las mezquindades que llevan a algunos a buscar más que su triunfo, el fracaso del gobierno. Y con ello, del Estado mexicano. Las heridas que hoy tenemos no se abrieron hoy ni hace tres años. Lo que sí surgió hace tres años es una voluntad férrea por encarar estos desafíos desde la raíz, es decir, desde la cultura, desde la educación, abandonada hacía décadas desde la inclusión, la innovación y el desarrollo social. Señoras y señores diputados, termino. El país clama justicia, demanda paz y futuro. No podemos rehusar a nuestra responsabilidad social de trabajar por el bien común, por el bien de todos. El PRI estará siempre dispuesto a sumar y a unir esfuerzos para sacar adelante reformas y concretar las ya existentes. Confiamos en que las coincidencias nos harán trabajar por México, que así sea.