El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: El 17 de julio del año pasado, el Centro de Estudios de Derechos e Investigaciones Parlamentarias, tuvo a bien organizar la presentación de un libro llamado: Hacia una Ley de Partidos Políticos, mismo que recoge las ponencias de un seminario llevado a cabo por el Senado de la República a finales de 2010. En aquella ocasión el doctor Lorenzo Córdova, entonces consejero del IFE, hoy presidente del INE, y siendo uno de los tres coordinadores del texto citado compartió con los presentes diversas reflexiones. Hizo énfasis en la tendencia que se observaba en la región latinoamericana para contar con una Ley de Partidos Políticos que estuviera separada del Código Electoral. Sin embargo se señaló también, que no bastaba simplemente con desagregar del Cofipe el actual título segundo. Se reconoció que en primer término habría que aclararse el alcance y naturaleza de la ley para establecer si la ley tendría carácter de general para buscar regular también la vida de los partidos políticos locales. Se reconoció que una ley que verdaderamente reforzara al sistema de partidos debía desarrollar la democracia interna, el respeto a los derechos de sus militantes, fortalecer la legalidad en las decisiones internas, fortalecer también la ideología que diera sustento y unidad a los partidos, propiciar una mejor rendición de cuentas, mecanismos eficientes de justicia intrapartidaria y fortalecer la transparencia, en tanto que todos los partidos políticos son entidades de interés público. Por último, también se buscó impulsar un equilibrio entre los derechos de autodeterminación de los partidos y los de los ciudadanos. Destaco todos estos hechos porque hasta hace apenas 10 meses todos estos temas se discutían exclusivamente en el plano académico y no encontraban aún espacios de acuerdo sólidos entre los actores políticos. Hoy esta ley se presenta como una realidad que aunque es perfectible, sin duda se enmarca en la ruta adecuada. La minuta que está a nuestra consideración expide una ley general que distribuya competencias entre la federación y las entidades federativas, regula las disposiciones aplicables a los partidos políticos y garantiza un sistema de partidos eficiente en México. Resultaba indispensable limitar las áreas de discrecionalidad en las que actuaban los partidos políticos todos, garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al poder público estableciendo derechos mínimos y obligaciones a cargo de los militantes. Las disposiciones contenidas en la ley, estamos convencidos, que están construidas a la luz de diversos principios que dieron origen a los debates que hemos ya referido que son largos, que no son recientes y que han derivado justamente en una ley construida a la luz de los principios rectores de la democracia, así como de los principios de la máxima publicidad que establezca los mínimos indispensables para el desarrollo de los procesos democráticos internos de los partidos y que, como ya lo hemos señalado, alinee los derechos de autodeterminación con los políticos de los ciudadanos. Al respecto de la justicia intrapartidaria queremos destacar la participación que el PAN tuvo para incorporar la posibilidad de medios alternativos de solución que puedan lograr tener una justicia más pronta y expedita y, en todo caso, implique que los tribunales no estén necesariamente saturados de juicios y que encontremos mecanismos eficaces para resolver los diferendos al interior de los partidos. Por otro lado, también es de destacar que el Grupo Parlamentario del PAN logró impulsar el incremento al porcentaje del tres por ciento al financiamiento público que los partidos deben destinar para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. Esta ley supone dar un cauce ordenado a la participación ciudadana en la política a través de los partidos y agrupaciones políticas. La sociedad reclama con justicia partidos abiertos a la participación ciudadana en los que sus órganos de dirección se renueven mediante mecanismos democráticos, abiertos y transparentes. No olvidemos que esto es un imperativo en la medida en que los partidos buscan su propia permanencia y cercanía con la ciudadanía y ello es así, puesto que la presente reforma electoral, la que discutimos, incorpora también las candidaturas independientes constituyéndose en un aliciente y un acicate para que las instituciones políticas, los partidos, sigan siendo espacios de auténtica representación de los intereses legítimos de la ciudadanía. Reconocemos también espacios de oportunidad. Debemos seguir pugnando porque las normas de equidad y paridad alcancen no solamente a las candidaturas sino a los órganos de dirección de los partidos políticos. Y por otro lado en materia de transparencia debemos asegurarnos que las disposiciones que habremos de discutir en materia de transparencia queden debidamente alineadas con las exigencias de los nuevos tiempos. En Acción Nacional estamos convencidos de que esta ley ayudará a tener mejores organizaciones y mayor calidad respecto de lo que hacen a su interior. A todos los que señalan que mediante estos mecanismos impulsamos una partidocracia, debemos señalar con toda energía que no solamente se equivocan, sino que esta ley abunda en beneficio de todos los ciudadanos toda vez que los partidos políticos son verdaderos instrumentos de ciudadanía. Su regulación los beneficia, les ofrece certezas, protección a sus derechos y oportunidades para incidir en su toma de decisiones. Muchas gracias.