La diputada Zulma Espinoza Mata: Bienvenida, señora secretaria. Compañeras diputadas y diputados, el día de hoy nos reunimos para dar cumplimiento al mandato legal previsto en el artículo 69 constitucional y ante su presencia, secretaria, reconozco que la dependencia a su cargo inició su actividad administrativa en este gobierno con una señal inequívoca, encaminada a aprovechar las reformas del Estado gestadas en el Poder Legislativo y en el Ejecutivo, en cambiar la forma de administración y ejecución de las figuras legales para que se orienten en un ejercicio e implementación a un cambio de cultura y una transformación profunda que traiga una nueva ética en el servicio público. Secretaria, desde los Poderes Legislativos y Ejecutivos, se han hecho de manera coordinada, ordenada y armónica reformas constitucionales, emisión de nuevas leyes, modificaciones a normas federales y, en general, cambios para que la dependencia a su cargo pueda hacer lo que le toca en cuanto al combate a la corrupción, que es el tema sobre el cual quiero presentarle algunos cuestionamientos. Hoy quiero hacer hincapié en un par de políticas y figuras jurídicas deseando conocer a mayor detalle, mediante una explicación de su parte, que estoy segura será trascendente por las expectativas de la sociedad en cuanto a las mismas. Parafraseando el Primer Informe de Gobierno del Poder Ejecutivo federal, una de las prioridades del gobierno es construir una nueva ética pública para así transformar el país en uno próspero y ordenado, basado en las relaciones sociales justas, democráticas, respetuosas y fraternas. Como elemento fundamental de esta nueva ética pública creemos en que todo aquel que ocupe un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, no solo en el Poder Ejecutivo federal, debe repudiar tajantemente la corrupción. Nadie puede tolerar el abuso del poder, el mal ejercicio de los recursos económicos, el tráfico de influencias, estos males que solo traen ineficiencia en el servicio público. En primer lugar, me refiero al control y efecto sobre las declaraciones de interés. En la Secretaría a su digno cargo se han destinado recursos económicos y humanos para analizar esos posibles conflictos de interés que en estricto escrutinio junto a la sociedad civil, no se permita que se burle el mandato legal de la presentación de las citadas declaraciones o que las mismas contengan información parcial o manipulada. En segundo lugar, sabemos el tiempo y el esfuerzo dedicado a revisar y verificar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos. No queremos que su presentación sea un mero trámite ni un requisito a cubrir para evitar una falta administrativa, sino sean escudriñadas para que sean útiles en el objetivo de determinar ejercer, desde el primer momento posible, las acciones legales a que haya lugar. Sabemos que la Secretaría no está sola en esta misión, el Comité de Participación Ciudadana y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción trabajan conjuntamente para cumplir estos objetivos que las declaraciones patrimoniales y las de interés se sean preventivas, que se revisen seriamente y las vean como un elemento de prueba y evidencia controvertible en la historia que cuenta del inicio de modificación y conclusión de los encargos públicos como una herramienta que previene y sanciona la corrupción. Dada esta circunstancia, le pregunto, secretaria, respetuosamente. ¿Cuáles son las primeras acciones en materia de declaraciones patrimoniales y de interés que se han implementado y que se continuarán implementando en el futuro cercano? Y, conforme a las atribuciones de la Secretaría establecidas en la Ley General del Sistema Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entre otras ¿cómo se ha implementado una política transversal nacional con estados y municipios para lo que toca al combate a la corrupción? Agradezco de antemano sus valiosas respuestas. Es cuanto. Muchas gracias.