La diputada Soraya Pérez Munguía: Gracias, presidenta. La única autoridad a la que le corresponde la investigación de delitos es al Ministerio Público y a las policías, así lo establece explícitamente el artículo 21 de nuestra Constitución. Me parece increíble que nosotros como legisladoras y legisladores no leamos y no conozcamos el texto constitucional. En ningún lugar de nuestra Carta Magna, en ninguno, se autoriza a ninguna autoridad administrativa, llámese la Secretaría de Hacienda o llámese la Unidad de Inteligencia a tener este tipo de funciones. Esta función, como ya lo dije, es exclusiva del Ministerio Público. Lo que sí puede hacer la Secretaría de Hacienda, lo que sí está facultada a hacer la Secretaría de Hacienda es adoptar medidas cautelares como el aseguramiento de bienes o el congelamiento de cuentas siempre y cuando se haya llevado a cabo el proceso judicial correspondiente, pero añadir esta facultad de la forma en la que se pretende o de la que se aprobó hace unos momentos, viola directamente el principio de progresividad y no regresividad en materia de derechos humanos. No es la primera vez que se pretende dotar de facultades de esta índole a instituciones de gobierno sin que exista una mediación por parte del Poder Judicial. Sin embargo, como ya lo hemos escuchado en los diversos posicionamientos previos al inicio de las reservas, fue declarado inválido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pretender hacerlo ahora denota una regresión sobre algo que ya ha sido determinado, insisto, como inconstitucional por el máximo órgano judicial de nuestro país. Dicho de otra forma, es repetir un error a sabiendas que en ello van de por medio los derechos de las y los mexicanos, especialmente el de presunción de inocencia. También el proceso de derecho de audiencia que es por lo que venden esta reforma es un proceso que ya está normado en la Carta Magna, en el procedimiento nacional, en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la propia Ley de Extinción de Dominio. Y la cereza del pastel. Le quieren otorgar facultades a la Secretaría de Hacienda para promover la extinción del dominio pasando por alto el procedimiento que apenas hace unos meses normamos aquí en la Cámara de Diputados y que está establecido en el artículo 8 de la Ley de Extinción de Dominio. Recordaremos que fue una amplísima discusión, se ampliaron a 245 delitos que hoy requieren de una investigación, no requieren de una sentencia de un juez. Pero dotar esta nueva facultad significaría que ya ni siquiera va a haber una carpeta de investigación, sino que, por un indicio, por la mera presunción o algún dicho de la Secretaría de Hacienda, procederían con la extinción de dominio. Esto va en contra de lo que acabamos de normar hace apenas unos meses. Por eso y en ese sentido va la reforma que presento, para que la Secretaría de Hacienda sea lo que debe de ser, y es que sea coadyuvante en este proceso atendiendo este tipo de delitos, pero que la medida cautelar sea determinada por un juez de control, previa investigación por parte del Ministerio Público. Compañeras y compañeros legisladores, confíen en que la propuesta que les he venido a presentar no solo atiende las mejores prácticas, sino que de ser aceptada nos detendrá el violar derechos humanos de muchísimos mexicanos. Desafortunadamente en caso de no aceptar esta propuesta, lejos de proteger la garantía de audiencia, lo que hace es ocultar un fin oscuro, regresivo de los derechos humanos otorgando a la Secretaría de Hacienda facultades meta-constitucionales y de nuevo estaríamos legislando en contra de lo que ya establece nuestra Constitución. Cuento de verdad con la responsabilidad de cada uno de nosotros como legisladores. Es cuanto, presidenta.