La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, diputado presidente. El reconocimiento y garantía de los derechos humanos constituye la esencia del Estado democrático de derecho. La igualdad es un requisito sine qua non que permite la vigencia y ejercicio de otros derechos fundamentales intrínsecamente ligados a éste. En este contexto la prohibición de la discriminación se presenta como el binomio que complementa y garantiza que todas las personas podamos ejercer plenamente nuestros derechos sin que sus características particulares sean un impedimento para ello. A pesar de que nuestra Constitución prevé la no discriminación en el artículo 1o., debemos reconocer que el principio de igualdad es un principio abierto, es decir, dada su vastedad es imposible enumerar o hacer un listado de los rasgos que han de ser considerados irrelevantes para dar un tratamiento distinto entre las personas. En este sentido, la enumeración que realiza nuestra Constitución respecto de las características que no deben justificar un tratamiento jurídico distinto entre dos o más personas, es de carácter ilustrativo más no limitativo. Sin embargo, éstas deberán estar debidamente especificadas de tal forma que no den motivo a la ambigüedad en su interpretación, por lo que sería sumamente útil precisar el término preferencia, que se encuentra actualmente en el párrafo tercero del artículo 1o. constitucional, puntualización que consiste en establecer con claridad el término preferencias sexuales, situación que ofrecerá mayor claridad y seguridad a todas las personas que se encuentran en este país y que tienen una orientación sexual distinta a la heterosexual. Lo anterior obedece primordialmente a razones de índole social, pues como ya lo señala el doctor Juan María Bilbao, "la discriminación es un fenómeno social, antes que jurídico". En la sociedad mexicana la discriminación hacia las personas que poseen preferencias sexuales diferentes a la heterosexual frecuentemente son objeto de conductas y prácticas discriminatorias. Esto se confirma con los resultados de la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, de la que se desprende que existe una profunda discriminación hacia estas personas y una violación significativa y constante a sus derechos humanos. La especificación del término preferencias sexuales obedece a la necesidad de incorporarlo plenamente al derecho positivo para garantizar así su exigencia a través de los medios y mecanismos creados para su protección efectiva frente a eventuales violaciones. Necesitamos actuar y brindar a las personas las herramientas necesarias para exigir el respeto de sus derechos fundamentales. No podemos permitir que datos como los señalados por la investigadora Paulina Millán, del Instituto Mexicano de Sexología, referente a que el 35 por ciento de los adolescentes en el mundo que pertenecen a alguna de las llamadas "minorías sexuales", intentan suicidarse por alguna discriminación que padecen, ya sea en el ámbito educativo, de la salud, del trabajo o de la cultura. Ante estos hechos se hace necesario un proceso cada vez más explícito de protección de justicia de la preferencia o la diversidad sexual. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando como a continuación les menciono: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". Quiero decirles, compañeros diputados y compañeras diputadas, que éste es un tema que se había tratado ya, pero que muchos de ustedes se habían negado a aceptar. El hecho de que nos neguemos a aceptar que las personas existen no va a hacer que desaparezcan de nuestro entorno, y lo que sí provoca es que se les sigan violando sus derechos humanos. Debemos reconocer que en este país hay millones de personas que viven con alguna orientación sexual distinta a la heterosexual y que, por nuestra negativa jurídica, también se violan sus derechos humanos y se les impide el ejercicio libre de los derechos. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.