EL DIP. EDUARDO ANDRADE SÁNCHEZ: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: En primer lugar quisiera dejar muy claramente establecido que mi intervención impugna los fundamentos jurídicos mismos del acto que se pretende poner a votación de este pleno. No sería procedente que se pretendiera argumentar aquí en la tribuna que porque hay una propuesta ad cautelam y bajo protesta que me incluye, eso signifique de ninguna manera que estamos aceptando el procedimiento, la naturaleza del acto y los métodos empleados para su consumación. El primer punto que hay que dilucidar es justamente la naturaleza del acto jurídico. Se está planteando como un acuerdo parlamentario, cuando debería procederse a la emisión de un decreto. Estamos por configurar, si se procediera de la manera que se propone, un órgano absolutamente ilegítimo porque tiene esencialmente una naturaleza jurisdiccional. La Sección Instructora tiene funciones de carácter judicial, es una autoridad; estamos constituyendo una autoridad, sus actos tienen imperio. Es un órgano que puede, por ejemplo, dar una instrucción a un Juez de Distrito. ¿Con qué carácter podría un órgano de esta Cámara dar instrucciones a un Juez de Distrito para que desahogue una diligencia, por ejemplo, si no le reconocemos el carácter de una autoridad de naturaleza jurisdiccional? Y no podemos instituir una autoridad jurisdiccional por medio de un acuerdo parlamentario. El acuerdo parlamentario tiene por objeto la resolución de un asunto económico interno de cada Cámara, de su administración, de sus tareas, de sus procedimientos, pero no de una institución que va a surtir efectos frente a terceros; esa es una autoridad y no es la vía un acuerdo parlamentario. Esa es la primera razón por la que está viciado de origen este procedimiento. El decreto, dice la doctrina, es toda resolución o disposición de un órgano del Estado sobre un asunto o negocio de su competencia que crea situaciones jurídicas concretas, que se refieren a un caso particular relativo a determinado tiempo, lugar, instituciones o individuos y que requiere de cierta formalidad la publicidad, a efecto de que sea conocido por las personas a las que va dirigido; es, en consecuencia, una acto que requiere todas las formalidades que se establecen en la Constitución para la emisión de un decreto. Ahora bien, segundo motivo de ilegalidad. La Junta de Coordinación Política carece de facultades para proponer a los miembros de la Sección Instructora. Se medirá que el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades establecía esta función para la antigua Gran Comisión que ya no existe y que esa Gran Comisión ha sido sustituida por la Junta de Coordinación Política y que la Junta de Coordinación Política propone a las comisiones. Admitiendo que sea así, en los dos casos, en las dos disposiciones legales, se trata de propuestas para integrar comisiones, no la Sección Instructora. En ninguna parte, que alguien me diga en dónde, en qué ley, en qué precepto, en qué punto concreto, en qué fracción, existe la atribución expresa para la Junta de Coordinación Política de proponer la designación de los miembros de la Sección Instructora. En cambio sí existe disposición expresa, artículo 40 párrafo 5 de la Ley Orgánica que nos rige, que establece que la Comisión Jurisdiccional se crea para el efecto, "a efecto" dice textualmente- y la primera interpretación que hay que hacer de una ley es la gramatical y ¿qué dice el diccionario? "A efecto" es con la finalidad de conseguir algo; es un objetivo, un propósito, una finalidad. ¿Y cuál la finalidad de la Comisión Jurisdiccional? Que de entre sus miembros se designen a quienes formarán la Sección Instructora. ¿Se designe por quién? Por supuesto que por el Pleno. ¿Pero a propuesta de quién? De la Comisión Jurisdiccional, ¡si no para que existe la Comisión Jurisdiccional! ¿Querrían aquellos que me objeten mi argumento, decir que los miembros de la Comisión Jurisdiccional somos una lista, por ejemplo, para escoger jurados? No es así. Las comisiones, dice nuestra Ley Orgánica, son órganos de esta Cámara, órganos, no son listas para insacular como en otro tiempo existieron. Y como órgano tienen que tener una función. ¿Y cuál es la única función que se da a la Comisión Jurisdiccional? Justamente la de proponer a los miembros de la Sección Instructora de entre quienes integran esta Comisión. Estaría actuando la Junta de Coordinación Política en contra de una disposición legal explícita, clara, definitiva y posterior a todas las otras que se han aplicado en condiciones anteriores. De manera que no hay fundamento jurídico. Otros compañeros extenderán algunos argumentos importantes, pero a mí me resta sólo hacer una reflexión adicional. ¿Es válido el criterio partidista para formar un órgano jurisdiccional, el órgano que implica una tarea de revisión de pruebas, de calificación de los documentos del expediente, de realización de diligencias? ¿Podemos pensar como parece suponer la sugerencia que ha trascendido de la Junta de Coordinación Política, que cada diputado que vaya a ese órgano,. lo hará con la consigna que le dé su partido, me parece una ofensa a la propia Junta de Coordinación Política y a la Sección Instructora. No podemos admitir la idea de que se trabaje con el criterio preestablecido de ir contra el adversario político sólo porque lo es, quienes integren esa Comisión van a juzgar, la primera característica, el primer requisito que se exige de un juez, es su imparcialidad. Y si presuponemos que va a ser el criterio partidista y político el que va a imperar, estamos atentando contra la dignidad de esta Cámara. (Aplausos) Creo, en consecuencia, que la Junta de Coordinación Política, debería respetar las facultades de la Comisión Jurisdiccional. Que la Comisión jurisdiccional de entre sus miembros, designe, con un criterio no partidista, viendo el perfil de sus miembros, su capacidad jurídica probada, su actuación en órganos de administración de justicia, y sobre todo la confianza que deben merecernos a todos, porque hay miembros de distintos partidos, que pueden ser objeto de los procesos establecidos en la ley, y no podrían esperar de sus jueces, que son sus pares, que partan de un prejuicio, sin ver a fondo con la conciencia, limpia y clara, lo que está en el expediente. Yo sé que estoy propuesto, si en mí llegase a recaer esa responsabilidad, estoy seguro que el líder de mi fracción parlamentaria no me daría una consigna ni yo la admitiría. Y eso a quienes se ríen, les digo, que creo que si juzgamos a los demás como nosotros obraríamos, yo esperaría que cada miembro de los demás partidos, actuara en conciencia y pensara que van a cumplir una función jurisdiccional y no una tarea de venganzas o de arreglos o de componendas de carácter político. Muchas gracias. (Aplausos) -