El diputado Antonio Ortega Martínez: La declaratoria de constitucionalidad de las reformas al artículo 22 de nuestro texto fundamental, referente a los procedimientos de extinción de dominio, plantea que esta procede a partir de los bienes de carácter patrimonial en los cuales no pueda acreditarse su procedencia legítima y que se encuentren en relación directa con las investigaciones derivadas de los delitos contenidos en el catálogo, por los cuales se puede iniciar un procedimiento civil de extinción de dominio. El catálogo ahora, además de los delitos de delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro y trata de personas, se amplía hacia las investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, extorsión, trata de personas y delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Adicionalmente, esta reforma constitucional obliga a las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno a que se preste el auxilio necesario para el cumplimiento de estas disposiciones. En el mismo sentido, se determina que la ley establecerá los mecanismos para que las autoridades administren los bienes sujetos a este proceso, incluyendo sus productos, rendimientos, frutos y accesorios para el usufructo, enajenación y monetización en favor de la hacienda pública. No obstante, deja a salvo los derechos de las personas que se consideren afectadas, garantizándoles la posibilidad de tener acceso a los medios de defensa que consideren pertinente para demostrar la procedencia legítima del o los bienes sujetos al procedimiento. En el mismo sentido, a partir de ahora el Congreso tendrá facultad para expedir la legislación procesal civil única, es decir nacional, que obligue a entidades federativas y municipios para llevar a cabo los procedimientos de extinción de dominio. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está convencido de la necesidad de que los bienes producto del delito sean puestos a disposición de la hacienda pública, de tal manera que sirvan al progreso de las personas que han sido afectadas por la propia delincuencia de manera directa o indirecta, en forma de retribución pública de los productos del delito. Celebramos en este sentido que estas reformas puedan concretarse y expresamos nuestra disposición para colaborar en la expedición de las correspondientes leyes y reformas, mismas que darán operatividad a todo cuanto hemos aprobado. Es de nuestro interés particular que este Congreso diseñe un procedimiento expedito que garantice los derechos de todas y todos los mexicanos, pero que también tenga aplicación en la realidad forense de nuestro sistema de justicia, ya que si bien estos procedimientos están contemplados en la Constitución y en su ley reglamentaria desde el 2008, debemos señalar que en muy pocas ocasiones pudiera llevarse a cabo y derivar en un beneficio concreto para la sociedad. Es por ello que nos congratulamos por la disposición de los Congresos estatales para la pronta aprobación de estas reformas, debido al amplio compromiso que tenemos, no solo con las víctimas directas de los delitos y principalmente con el usufructo social, con beneficio para todos y todas las mexicanas, del producto no legítimo adquirido por la delincuencia. Gracias por su atención.