El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros, el tráfico de armas es una compleja red mercantil que se alimenta de los conflictos armados, problemas de legitimidad de los sistemas político y de la corrupción pública, privada, civil y militar. Por ende, la necesidad de tener herramientas que permitan enfrentarlo de manera efectiva. Este mercado en la actualidad no es entre países, sino entre individuos y organizaciones terroristas, las cuales usan el mercado negro para adquirir grandes saldos de armas, con las cuales asesinan a diario a miles de personas en el mundo. En Latinoamérica, especialmente en Colombia, Venezuela, Nicaragua, Guatemala y México, la implicación del tráfico ilegal de armas en las muertes violentas de estos países es de gran preocupación. Generalmente las armas entran a estos países por las costas o por las fronteras vecinas y hacen su viaje a las ciudades principales por medio de transportes terrestres, los cuales generalmente terminan sus puntos de encuentro en la distribución. Desde ahí se reparten y comercializan en el mercado negro, para que los delincuentes hagan sus paseos millonarios, secuestros exprés, desapariciones forzadas, cobro de deudas de la mafia, entre otras modalidades siniestras. No obstante, se desconoce la dimensión verdadera del mercado ilícito de armas, ya que su gran volumen, municiones existentes y el inmenso número de proveedores condicionan los alcances de las medidas de control, así como la eventual verificación de la cadena de distribución y venta. El reciente incremento de las muertes violentas en países como México y Guatemala, como consecuencia del tráfico de drogas y su conexidad ilegal de armas ha encendido las alarmas y hace la urgente la necesidad de ejercer más controles. Pero al parecer esas solicitudes no han tenido eco en la región y mucho menos en nuestro país. Es necesario combatir este flagelo de manera ejemplar, no sólo en la aplicación de la norma, sino en la atención y la actuación ante el mercado negro de armas exclusivas del ejército. Esto con el fin de lograr que menos personas sean privadas de la vida. El dictamen pretende sancionar con prisión de uno a dos años y de 50 a 100 días multa al quien posea de dos y hasta cinco cargadores de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y de la Armada y Fuerza Aérea, y de dos a cinco años y de 100 a 200 días de salario multa cuando se trate de más de cinco cargadores por armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. Al Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos preocupa la situación actual que se vive en nuestro país, pues se sigue registrando numerosos casos de violencia a lo largo y ancho de nuestro país. Se requiere atender el mercado ilícito implementando mayores controles, una obligación de registro para el control de la venta de armas, control en las fronteras. En lugar de plantear políticas para aumentar las penas es necesario implementar acciones en el que el principal objetivo sea la persecución del delito. Pero compañeras y compañeros, en el México de nuestros días no somos tratados por igual, al campesino que vive en una comunidad rural se le aplica todo el peso de la ley y a los delincuentes de cuello blanco se les otorga toda la impunidad para que sigan privando de la vida a muchos mexicanos. Por eso es que nuestra fracción parlamentaria y de manera particular votaré en contra del presente dictamen. Es cuanto, compañeras y compañeros.