La diputada Lilia Aguilar Gil: Con la venia de la asamblea. La minuta que estamos discutiendo el día de hoy en esto hay que ser muy claros- es una minuta chiquitita que se refiere solamente a cuatro artículos, el 72, el 113, el 127 y el 179, de la Ley de Justicia para Adolescentes, pero la discusión que nosotros vamos a dar acá es una discusión que debe interesar a todos ustedes como legisladores, y que tiene que ver no sobre estos artículos que son meros cambios de redacción, sino sobre el fondo de esta Ley, que es una ley, lo menos que podemos decir que no cumple con los objetivos de la reforma penal que se ha anunciado en este todavía gobierno de Felipe Calderón, y que tampoco cumple con los principios del sistema adversarial y oral que se supone que debe de perseguir el nuevo gobierno de la república. Antes que nada, permítanme a nombre de la fracción del PT ser generosa en el reconocimiento del artículo 18 constitucional, que se modificó y que da pie a esta ley. El 18 constitucional es la idea, el sueño de un sistema penal que pretende hacer sujetos no solamente de obligaciones penales, sino de derechos y eliminar la tutela a los adolescentes entre los 12 y los 17 años. En efecto, la persona que me antecedió en la palabra decía que tiene muchas bondades el artículo 18 constitucional en la Constitución y en el papel, no en la práctica y no en esta Ley. Sin embargo, aunque los saca del limbo jurídico, hace un proceso judicial especial, y eso es lo que pretende hacer un proceso judicial especial para los adolescentes. No tiene esta Ley como objeto castigar o tutelar a los adolescentes, eso es lo que se supone y eso es lo que dice el artículo 18 constitucional y prevé el 18 constitucional, insisto, un sistema transparente, adversarial y público. ¿Pero qué es lo que pasa en la realidad con este dictamen que ha saltado de Cámara en Cámara, y que ha sido modificado de su propuesta original de 2009, presentada por el Presidente de esta Cámara de Diputados? Este dictamen ha sido corrompido finalmente. Adolece esta Ley de todos los principios del sistema de justicia penal y adversarial. El espíritu del artículo 18 constitucional se perdió en este peregrinar, compañeros diputados, cuando el centro de esta Ley debería de ser hacer sujetos de un proceso a los adolescentes y el reconocimiento de sus derechos, les voy a dar ahora sí que como dicen por ahí- para muestra basta un botón, y en esto quisiera que pusieran mucha atención, porque es lo que están aprobando o lo que se aprobó ya en el Senado y en la Cámara de Diputados. Permite, no solamente el uso de la fuerza y la coerción en los centros de internamiento para los jóvenes adolescentes y no se acaba con la tutela y tampoco prevé un sistema transparente ni oral, porque esta misma ley marca que las resoluciones se harán en papel, como se hacen ahora, y el procedimiento seguirá siendo el mismo. No hay cambio. No hay nada nuevo, sobreelegido en este tema. Voy a hacerles la lectura del artículo 11 y para esto pido la consideración de la Presidencia. El artículo 11 de este dictamen, y por eso solicitaba que a todos nos hubiese sido distribuido el mismo, el artículo 11, en su fracción XVII dice: El adolescente o adulto joven podrá ser controlado con fuerza o instrumentos de coerción, para impedir que lesione a otros adolescentes o a sí mismo o cause daños materiales. Vuelvo a insistir. El artículo 1o. de esta ley dice que el centro de esta ley es el interés superior del adolescente. Yo no conozco Ley Penal ni conozco Ley Penitenciaria que diga que al interior de los centros de internamiento, cárceles o como les quieran llamar, se pueda torturar o se pueda utilizar el uso de la fuerza a los internos porque así lo determine algún trabajador administrativo de este centro. Pero vayamos más allá. Artículo 26, fracción XIII: Utilizar, podrán las autoridades administrativas, utilizar la fuerza física o instrumentos de coerción exclusivamente cuando se hayan agotado todos los medios no coercitivos para la imposición de la seguridad y la disciplina. Señores diputados, quién va a determinar cuando ya se utilizaron todos los medios no coercitivos, quién va a decir cuándo a estos jóvenes se les pueda aplicar el uso de la fuerza y quien va a decir hasta dónde. Este dictamen es claramente violatorio de derechos humanos y estamos poniendo en una Ley de Justicia para Adolescentes, estamos diciendo que los jóvenes entre los 12 y los 17 años o antes de cumplir los 18, ahora sí pueden ser internados, en términos no estrictos, jurídicamente pueden ir a la cárcel o pueden ser internados, pero no pueden ser sujetos de derecho ni se les respeta sus derechos humanos en los centros de internamiento. Eso es lo que dice este dictamen. Finalmente, como lo dije al inicio y para terminar mi intervención, esto se votó en la legislatura anterior, esto se votó ya en el Senado. Lo que nos queda hacer en esta Cámara de Diputados y les agradezco a mis fans que me chiflan desde atrás, lo que se debería de hacer sobre este dictamen es reformarlo. Reformarlo, porque creemos que los adolescentes no deben de ser tratados de esta manera, porque ya no podemos hacer nada y la posición del Partido del Trabajo en este sentido es, no podemos votar en contra de una minuta que no tiene de fondo y que no se va a discutir de fondo en este dictamen, que ya fue aprobado por la legislatura anterior. El Partido del Trabajo se abstendrá en seriedad a esta minuta que estamos votando, pero sí queríamos hacer del conocimiento de toda la asamblea, qué es lo que está en el fondo de esta ley, y qué es a lo que estamos exponiendo a nuestros jóvenes en este país. Le agradezco mucho, presidente y le agradezco mucho su consideración de tiempo. Es cuanto.