El diputado Víctor Manuel Pérez Díaz: Con su permiso, diputado presidente. Esta iniciativa es parte de un plan integral para la reactivación económica del país. Es solo la primera de varias reformas encaminadas a conseguir dicho objetivo. Todos recordamos el 31 de marzo de 2020, cuando el Consejo de Salubridad General decretó emergencia sanitaria a causa de la enfermedad generada por el virus Covid-19. En ese decreto se acordaron medidas extraordinarias para evitar la dispersión y trasmisión de este virus. Se exhortó a los distintos niveles de gobierno, incluyendo a los diferentes grupos económicos que conforman el sector productivo, a adoptar medidas como el teletrabajo o trabajo a distancia en actividades no esenciales. Pero a qué se referían con esas actividades esenciales. Ese concepto no existía. Se reaccionó ante la emergencia mediante un decreto que salió de la Oficina de la Presidencia. Esa indefinición generó cierres totales y la actividad económica se detuvo casi por completo, lo que aceleró la caída económica, en la que ya nos encontrábamos debido al pésimo manejo del país. Dentro de las actividades no esenciales se encontraban distintas industrias que se vieron sumamente golpeadas por el cierre de actividades, como la industria del entretenimiento, la compra y venta de alimentos preparados, los centros recreativos, el sector turístico y la cultura. Estos y otros sectores han reportado pérdidas millonarias, que no solo los afectan a ellos, sino a miles de familias, debido a los recortes de personal que se vieron obligados a implementar para enfrentar la crisis sanitaria. El daño habría sido menor si tuviéramos un gobierno con capacidad de análisis suficiente, si hubiera implementado medidas para proteger a quienes daban empleo a millones de mexicanos en sus pequeños negocios, ya sea un restaurante, un boliche, un teatro, que de la noche a la mañana tuvieron que cerrar sus puertas y cancelar eventos sin la más mínima ayuda del gobierno. Todos sabemos que los trabajadores de México y la gente más necesitada fueron los más afectados por la contingencia sanitaria. Cuando los patrones no tuvieron la ayuda necesaria para enfrentar la crisis se vieron obligados a despedir gente y cerrar sus negocios, mientras el gobierno federal seguía gastando dinero en rifas inexistentes, en obras faraónicas y en consulta demagógica. La falta de una definición clara de lo que se debe considerar actividad esencial o no condujo a un vacío que se llenó con las ocurrencias de muchos funcionarios, que desde sus escritorios calificaron quien sí y quien no podía continuar con su actividad productiva. Por eso, es indispensable que exista un concepto legal de lo que significa una actividad económica esencial y de este modo contar con una metodología que tenga origen en la ley y no en la conveniencia política, y que se aplique en casos de emergencia para que la dinámica económica no se detenga totalmente. Que las actividades de las pequeñas y medianas empresas que pueda seguir operando de manera parcial lo hagan y que no volvamos a vernos en la situación que seguimos enfrentando hasta el día de hoy. Es evidente que los servicios de salud son esenciales, la venta de productos alimenticios, la distribución de agua potable y combustibles, el uso de los servicios de telecomunicaciones, producción agrícola, servicio de transporte de pasajeros y de carga, servicios funerarios, entre otros. Pero es necesario que todas las industrias productivas del país, así como sus trabajadores, tengan la certeza jurídica de lo que debe entenderse por actividad esencial. Razón por la cual propongo una reforma al artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo, que establece una lista de aquellas actividades que se consideran esenciales durante una emergencia sanitaria. En el Partido Acción Nacional sabemos que perder un empleo es perder la tranquilidad, la estabilidad de la familia. Desde esta tribuna nos dirigimos a todos los mexicanos que nos ven. Sabemos que tu empleador no ha tenido para pagar la nómina, que se han cerrado restaurantes, pequeñas fondas, que no has podido ejercer tu profesión porque se rompió la cadena de valor debido a la indefinición legal de las actividades. Y así se han quedado millones sin la única fuente de ingresos. Eso es lo que sucede cuando la indolencia y el populismo marcan las políticas públicas. Por eso, debe haber un marco jurídico que deje fuera la discrecionalidad cuando los asuntos de salud y la economía se encuentran en riesgo. La pandemia está lejos de terminar, incluso se prevé sea recurrente. La llamada tercera ola de contagios sigue originando pérdidas y no tenemos vacunas suficientes para los jóvenes y el gobierno federal se niega a vacunar a los niños. Hemos perdido mucho en tan poco tiempo, es urgente tener certeza, tener reglas claras, leyes que le den rumbo a la reactivación económica, desde el obrero y profesionistas, hasta el pequeño, mediano y gran empresario. Hay que darles certeza jurídica a quienes generan empleos, otorgar facilidades y estímulos fiscales para promover la inversión y que los pequeños y microempresarios...