La diputada María Ester Alonzo Morales: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros, la reforma que hoy nos convoca a endurecer las sanciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es la respuesta de este órgano legislativo a una de las demandas más alarmantes de nuestra sociedad: el acoso y hostigamiento sexual a las mujeres. Sobre ello, este Congreso ha sido parte de los cambios que diputadas y diputados hemos impulsado para reducir, combatir las causas que promuevan la violencia y vulneren los derechos y las libertades fundamentales. Sin embargo, los retos aún permaneces y a medida en la que trabajemos para garantizar una sociedad equitativa, la desigualdad continua impregnando nuestras relaciones en lo laboral, afectando el bienestar de millones de mexicanas y mexicanos. Para dimensional el problema, en 2018 la ONU estimó que el 35 por ciento de la población mundial... mujeres había sido víctima de uno de estos actos durante su vida, causándoles problemas permanentes o incluso puesto en riesgo su supervivencia. A partir de ello, los ajustes que se han realizado en los marcos legales de muchos países como Canadá, los Países Bajos o Chile han demostrado que para implementar acciones contundentes en contra de este fenómeno es necesario modificar las reglas de desarrollo público y privado, así como ajustar y cambiar de fondo a las instituciones. En México -a pesar de que no contamos con datos precisos de los efectos de estos fenómenos en los espacios laborales públicos y privados-, de acuerdo con investigaciones de 2019, cuatro de cada diez mujeres fueron víctimas de actos de hostigamiento, acoso, abuso sexual o violación. De igual forma, de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año se han generado más de 2 mil carpetas de investigación, iniciadas por delitos de violencia de género. Estos datos son consistentes en otras fuentes que han señalado que al día de hoy existen casi 24 mil carpetas de investigación en nuestro país por abuso sexual, 4 mil 500 por acoso y otras mil 500 por hostigamiento sexual. Aunque contamos con esta serie de datos, otros estudios en la materia han señalado que muchas demandas no logran llegar a las instancias por presencia de dominación masculina o jerarquías laborales. Por ello, esta reforma toma a consideración la realidad social de millones de mujeres y desde el espacio público, busca ajustar las sanciones a los servidores públicos que realizan estos actos, elevando a faltas administrativas graves, aquellas omisiones que resulten en hostigamiento o acaso sexual, valiéndose de las atribuciones o facultades de sus empleos. Estamos en un momento en el que no podemos fallar, en contribuir a todos los espacios que requieren atención y sobre todo, fortalecer las instituciones para que estos comprometidos en el cambio social que México necesita y que las mujeres demandamos. Compañeras y compañeros, más allá de los objetivos principales de esta reforma, lo importante es que, entendamos que estas conductas pueden suceder en cualquier lugar y que todas las mujeres somos vulnerables a ellas. Por ello, en el Grupo Parlamentario del PRI, celebramos la claridad y congruencia que traen consigo estas modificaciones, para endurecer las sanciones administrativas en caso de conductas y hostigamiento sexual. Se trata de asegurar mecanismos adecuados en la contención, sanción y prevención de esta problemática. Miles de mexicanas que han sido y son víctimas en el acoso de sus espacios laborales, han levantado la voz y exigen una respuesta contundente. Por ello, los esfuerzos legislativos a favor de la igualdad de género, no deben de tener límites, debemos seguir trabajando para reformar y actualizar nuestro marco jurídico, a fin de combatir la violencia contra las mujeres. En el grupo Parlamentario del PRI, nos manifestamos por un México más justo e igualitario, en el que se radique todo acto de violencia, ejercido contra las mujeres. Por su atención, gracias. Es cuanto.