La diputada Jacqueline Guadalupe Argüelles Guzmán: Compañeras y compañeros legisladores: El medio ambiente es sin duda uno de los objetos de protección del derecho administrativo más relevantes hoy en día, ya que la sociedad es consciente que las agresiones que éste recibe amenazan directamente a su conservación; por ello, la administración pública se ha erigido como la gestionadora y uno de los principales defensores, ya que ésta es responsable de procurar un ambiente sano para las mexicanos. La protección jurídica del medio ambiente es hoy una necesidad reconocida universalmente. Las acciones que realizan las personas y las industrias que afectan gravemente los elementos naturales como el aire, el agua, el suelo, la fauna, la flora, etcétera, están tipificadas en nuestra legislación, lo cual significa que están descritas en las leyes como prohibidas y su violación trae como consecuencia sanciones administrativas y penales. En materia ambiental, todos los expertos coinciden en la necesidad de primar (¿) la prevención y la reparación del daño sobre la represión, puesto que en la mayoría de las ocasiones el daño causado resulta irreparable al menos a corto y mediano plazo, dada la lentitud de los procesos regeneradores naturales. Esto pareciera en primera instancia provocar un rechazo de los instrumentos fundamentales represivos como lo son las sanciones ambientales; no obstante, no debemos olvidar que este tipo de medidas también pueden cumplir una función preventiva de las infracciones contra el medio ambiente mediante la disuasión que la amenaza de su imposición genera en los sujetos. Esto no significa que toda política medioambiental deba centrarse en los aspectos represivos; bien, al contrario, debe hacerse especial hincapié en las campañas de formación e información de los individuos, pero también resulta decididamente eficaz en esa prevención del daño la existencia de unas sanciones administrativas susceptibles de ser impuestas a los infractores. En suma, los problemas ambientales de un país no sólo pueden resolverse a fuerza de sanciones penales o administrativas como ir a la cárcel o pagar una multa, pero éstas son sin duda necesarias. Es así que a cada infracción se le debe asignar una sanción, sin embargo debemos tener en cuenta que el principal objetivo de toda política ambiental en la que se incluyen las sanciones administrativas en la materia, debe ser la reducción o eliminación de la contaminación y degradación del medio ambiente. La ley otorga a la administración pública la potestad de imponer sanciones y también es ella quien fija los límites de este poder que le atribuye. La aplicación de las sanciones administrativas corresponden a la administración, lo cual goza de un margen de discrecionalidad en la fijación de la sanción pudiendo determinar el contenido de la sanción concreta, cuya cuantificación exacta se deja en manos de la entidad misma en función de las concurrencias de determinadas circunstancias objetivas y subjetivas. Lo normal en cualquier caso es el establecimiento de una cantidad mínima y otra máxima dentro de las cuales la administración deberá elegir. Como podemos percibir, el prescindir de sanciones administrativas tales como la multa o el decomiso de los bienes involucrados en el deterioro ambiental, serían una grave omisión cuyos efectos repercuten en la eficaz procuración de la legislación ambiental. En la reciente Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de octubre de 2003, excluye en su artículo 112 considerar a la multa y decomiso como sanciones, a pesar de que el artículo 107 hace remisión a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para la imposición de sanciones. Esto se refiere a los montos de la sanción y los elementos para motivarla, lo cual impide a este órgano desconcentrado que pueda aplicar la multa y el decomiso como sanciones en residuos peligrosos. Con el fin de no dejar en estado de indefensión e incertidumbre jurídica al particular, debe acreditarse que la multa impuesta se encuentra comprendida en una disposición legal, ya que tal obligación deviene del artículo 21 constitucional en relación con el artículo 16 de la Carta Magna, en el cual se exige que todos los actos de autoridades deban estar debidamente fundados y motivados. Esto significa que todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica del gobernado, debe estar contemplado en una ley o reglamento y contener las reglas para que las autoridades tengan la posibilidad de fijar su imposición, por lo que si no existen estos requisitos, la imposición de las sanciones en comento resultan ser violatorias de sus garantías individuales. Por otra parte, la imposición de sanciones debe otorgarle a la autoridad la certeza de que la sustentación de un procedimiento por infracciones a la ley será castigado a través de la multa o el decomiso, evitando la impunidad para quienes no cumplan con sus obligaciones. La reforma que se propone obedece a la necesidad de asegurar la actuación de la autoridad para que ésta en uso de sus facultades, pueda hacer cumplir la legislación ambiental. Con base en todo lo antes mencionado someto a consideración de este Pleno la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO: Porque se modifica y adicionan las fracciones V y VI al artículo 112 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los residuos para quedar como sigue: ARTICULO UNICO. Artículo 112, las violaciones a los preceptos de esta ley y disposiciones que de ella emanen, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría con una o más de las siguientes sanciones: Fracciones I a IV quedan idénticas. Fracción V. Multa por el equivalente de 20 a 50 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción. Fracción VI. El decomiso de materiales o residuos peligrosos y demás bienes involucrados directamente en la comisión de infracciones. TRANSITORIO: UNICO. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.