La diputada Consuelo Camarena Gómez (PAN): Honorable asamblea: "La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 152 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a efecto de aclarar que los funcionarios o autoridades aún cuando no hayan sido señalados como autoridades responsables en el escrito inicial de demanda tengan obligación de expedir con toda oportunidad las copias o documentos que sean solicitados para la correcta resolución del juicio de amparo, conforme a la siguiente "Exposición de Motivos: "En los juicios de amparo existe la necesidad de acreditar la existencia de la violación de una garantía constitucional por parte de una autoridad. Por tanto, el juez competente debe allegarse de todos los medios probatorios necesarios para poder dictar una resolución que además de estar apegada a derecho también sea justa, debido a que no hay una especificación sobre qué autoridades están obligados a expedir copias, ya sea a petición de parte o del mismo órgano jurisdiccional instructor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho referencia que conforme a lo dispuesto por el artículo 152 de la Ley de Amparo la obligación de autoridades y funcionarios de expedir las copias o documentos que le soliciten las partes para ser exhibidas como pruebas en la audiencia constitucional debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario, no solamente a la señalada en la demanda como responsables. Esta conclusión se deriva de la interpretación relacionada de los numerales 150 de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que en el juicio puedan ofrecerse toda clase de pruebas, salvo la de posiciones y las que sean contra la moral o contra el derecho. "El artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el amparo, el cual dispone que el juzgador para conocer la verdad pueden valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitaciones que las pruebas que estén reconocidas por la ley y tengan relación inmediata con los hechos, y el 129 y el 133 de la misma legislación procesal, que definen como pruebas tanto a los documentos públicos como a los privados, ambos susceptibles de ser expedidos por autoridades distintas de las responsables, de modo que si existe la facultad de servicio de un documento en poder de un tercero, entonces la obligación a que se refiere el artículo 152 de la Ley de Amparo, debe entenderse referida a cualquier autoridad o funcionario y no únicamente a las señaladas como responsables. "Esto garantiza la impartición de justicia en los juicios de amparo, dando certeza jurídica tanto al quejoso como a los funcionarios titulares de las instituciones responsables en su carácter de autoridad, de que el juez tendrá todos los elementos necesarios para otorgar o denegar este derecho constitucional. "Por lo expuesto, someto a consideración de esta asamblea el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforma la Ley de Amparo en su artículo 152, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 152.- A fin de que las partes puedan rendir sus pruebas en la audiencia del juicio, los funcionarios o autoridades, aún cuando no hayan sido señalados como autoridades responsables en el escrito inicial de demanda, tienen obligación de expedir con toda oportunidad aquellas copias o documentos que soliciten. "Si dichas autoridades o funcionarios no cumplieren con esta obligación, la parte interesada solicitará del juez que requiera a los omisos. El juez hará el requerimiento y aplazará la audiencia por un término que no exceda de 10 días. Pero si no obstante dicho requerimiento durante el término de la expresada prórroga no se expidieran las copias o documentos, el juez, a petición de parte, si lo estima indispensable, podrá transferir la audiencia hasta en tanto que expidan y hará uso de los medios de apremio, consignando en su caso a la autoridad omisa, por desobediencia a su mandato". "Transitorios. "Artículo Único.- Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Por su atención, muchas gracias. (aplausos)