EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: El 23 de septiembre pasado, la Junta de Gobierno del IPAB aprobó por votación unánime los términos de referencia para llevar a cabo las auditorías que ordena el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB y que la Auditoría Superior instruyó que se llevaran a cabo desde el mes de septiembre del año 2000, para proceder posteriormente al canje de pagarés del IPAB. "CONSIDERANDO: "Que en agosto del 2000 la Comisión Especial para Investigar el funcionamiento del IPAB, de la Honorable Cámara de Diputados, recomendó al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, entre otras cosas, que se llevaran a cabo las auditorías correspondientes a las operaciones denominadas como transacciones reportables, en atención a lo establecido por el artículo 5o. transitorio de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario; "Que la Auditoría Superior de la Federación instruyó al IPAB para llevar a cabo las auditorías necesarias para cumplir con el mandato del artículo 5o. transitorio de la Ley del IPAB y reducir el costo fiscal del rescate bancario; "Que desde el 20 de septiembre del 2000 la Junta de Gobierno del Instituto de Protección al Ahorro Bancario en función de la determinación adoptada por la Auditoría Superior de la Federación, acordó acatar las recomendaciones de este órgano de fiscalización; "Que parte fundamental de los términos de referencia acordados por la Junta de Gobierno del Instituto en la sesión del 23 de septiembre, fue la inclusión de los llamados "Bank Report" , del canadiense Mickel Mackey. Además de la revisión de legalidad de las operaciones relativas a la compra de créditos y aprovisionamiento de las reservas de los bancos; razón que permitió que la votación de los integrantes de la Junta de Gobierno haya sido de manera unánime a favor; "Que con fecha 3 de octubre del presente año el secretario ejecutivo del IPAB, Julio César Méndez Rubio, informó a los bancos acerca de los términos de referencia de las auditorías ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y por la propia Junta de Gobierno del Instituto, de manera unánime; "Que el artículo 84 de la Ley del IPAB en su fracción III establece que es una obligación del secretario ejecutivo, cumplir y hacer cumplir las resoluciones que tome la Junta de Gobierno; "Que es obligación del IPAB reducir el costo del rescate bancario; "Que el artículo décimo séptimo de la Ley del IPAB, establece textualmente que la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados y la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ejercerán directamente respecto de las actividades a que se refieren los artículos anteriores, las atribuciones que las leyes les confieren, respecto a la fiscalización y control correspondiente; "Que mientras existan recursos públicos involucrados en el rescate bancario, es de interés público conocer todas y cada una de las acciones que se lleven a cabo y que sean relativas a este rescate; más aún, cuando de éstas depende reducir su costo fiscal. "Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 58 y 179 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicito a la presidencia de la mesa directiva someta a su consideración de este Pleno, el siguiente: "PUNTO DE ACUERDO: "UNICO.- Que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, entregue a la Comisión de Vigilancia, el acta de la sesión de la Junta de Gobierno del mes de septiembre del 2002 y el comunicado que el secretario ejecutivo del Instituto envió a los bancos, mismos que contienen los términos de referencia de las auditorías ordenadas por la Auditoría Superior de la Federación y aprobados de manera unánime por la Junta de Gobierno". Es cuanto ciudadana presidenta. -PRESIDENTA: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Tiene la palabra el diputado Juan Carlos Régis Adame, del grupo parlamentario del PT, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, para la integración de una comisión especial para el ALCA. -DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: Como sabemos la creación de una zona de libre comercio en la región latinoamericana fue impulsada en 1994 durante la Segunda Cumbre de las Américas, en la cual los 34 países signatarios de esta Convocatoria, esperaban terminar las negociaciones en 2005. Lo que presidentes y altos funcionarios de los países latinoamericanos están enfrentando, es una nueva coyuntura mundial marcada por menores inversiones extranjeras y menor demanda para los productos de exportación. América Latina en su conjunto enfrentará un mal año e incluso debe prepararse para una década de bajo crecimiento, en un contexto internacional adverso. Existe, por lo tanto, la percepción equivocada que la desgravación arancelaria y la eliminación de controles no arancelarios, entre otras cosas, traería prosperidad a la región, aumentando las inversiones y el comercio, creando mejores empleos y elevando los salarios. Esta es una falacia porque los beneficios del libre comercio se distribuirán muy desigualmente y los países que hoy resienten con mayor severidad la desaceleración mundial son los que recibirán los menores beneficios e incluso los perjuicios del libre comercio. Por lo que se debe pugnar es que las negociaciones sigan por una vía que permita que los países de la región, con sus grandes desigualdades, se integren exitosamente. Una integración exitosa no depende únicamente de las negociaciones arancelarias y la armonización de las prácticas comerciales, sino de un enorme esfuerzo para hacer más eficiente a la industria de toda la región, trabajando en la dirección de especializarla para que se integre exitosamente al mercado mundial. La ruta de la especialización, que equivale a desandar gran parte del camino seguido por la sustitución de importaciones, presenta enormes problemas de implementación que demandan grandes inversiones sociales. Paradójicamente, México sería el país de América Latina que tendría que hacer menores ajustes internos en el contexto del ALCA. De ahí la posición de liderazgo adoptada en las negociaciones por nuestro país, donde el bloque centroamericano sigue la vía forjada y fijada para la administració Fox, sobre todo en torno al Plan Puebla Panamá. América Central y el Caribe están mejor preparados que los países de Sudamérica por un libre comercio hemisférico, ya que han desarrollado una economía de maquila integrada a la industria de la confección de Estados Unidos. En el cono sur Chile se encuentra en una posición tan ventajosa como la de México porque su industria de exportación, en su mayor parte agroindustrial, está ya integrada al mercado mundial. El gobierno de México tiene un interés muy alto en llevar el libre comercio a nivel hemisférico; intenta ampliar su poder de negociación lidereando a los países centroamericanos, para lo cual les ofreció la perspectiva del Plan Puebla Panamá. Finalmente, debe quedar en claro que las negociaciones del ALCA son indivisibles de todo el tratamiento derivado de la reinserción internacional de los países de la región, de la lucha por la hegemonía continental, la relación con Estados Unidos y, por último, la necesidad de brindar una alternativa a los sectores perdedores de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como es evidente, la intención de crear una zona de libre comercio a nivel continental genera una serie de expectativas y transformaciones, de las que este Congreso no puede quedar fuera. Esta representación popular debe seguir de manera puntual las negociaciones y los avances que haga el Gobierno Federal en esta materia. Por ello creemos necesario que se constituya una comisión especial encargada de dar seguimiento a las negociaciones del área de libre comercio de las américas. Dicha comisión deberá aportar mayores elementos a los diputados para analizar esta situación. Por lo tanto, esta soberanía requiere contar con información que provenga de una visión plural sobre las repercusiones positivas y negativas que traerá para nuestro país una eventual entrada al ALCA. Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en los artículos 58 y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos el siguiente PUNTO DE ACUERDO Artículo único. Que la honorable Cámara de Diputados apruebe la conformación de una comisión especial de diputados, integrada por diferentes grupos parlamentarios, para que estudie, analice, prevea las repercusiones que tendría sobre nuestro país su ingreso al ALCA. Es cuanto. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 17 días del mes de octubre del 2002. Atentamente, por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el coordinador, diputado Alberto Anaya Gutiérrez, vicecoordinador, José Narro Céspedes, diputada Rosa Delia Cota Montaño y el de la voz, diputado Juan Carlos Regis. Gracias.