La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, en nuestro país, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe todo tipo de discriminación que atenta contra la dignidad humana. Del precepto en medición deriva las garantías de igualdad, lo cual no significa que todo sujeto debe encontrarse siempre en todo momento y ante cualquier circunstancia en condiciones de absoluta igualdad, más bien se refiere a la igualdad jurídica que se traduce en no tener que soportar un prejuicio o privarse de un beneficio desigual e injustificado, evitando que existan normas que produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminante entre situaciones análogas. Cabe señalar que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 4o. establece lo que se entenderá por ésta, entendiéndose como toda distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, tengan por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y las garantías. En ese contexto, el artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado establece que no tendrá derecho a pensión el cónyuge sobreviviente en los siguientes casos: I. Cuando la muerte del trabajador o pensionado ocurriera antes de cumplir seis meses de matrimonio. II. Cuando hubiese contraído matrimonio con el trabajador después de haber cumplido éste los 55 años de edad, a menos que a la fecha de la muerte haya transcurrido un año desde la celebración del matrimonio, y III. Cuando al contraer matrimonio el pensionado reciba una pensión de riesgos del trabajo o invalidez, a menos de que a la fecha de la muerte hay transcurrido un año desde la celebración del matrimonio. En ese sentido dicho numeral resulta inconstitucional, en razón de que viola las garantías de igualdad, no discriminación y seguridad constitucional establecidos en los artículos 1o., 123, apartado B, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que, al momento de redactar el artículo 136 el legislador no expresó los motivos por los cuales está limitando en el otorgamiento de la pensión al cónyuge sobreviviente. En ese sentido, el Poder Judicial de la Federación, a través del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha declarado también la inconstitucionalidad del mencionado artículo 136 de la Ley del ISSSTE. En ese contexto, y si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado mediante jurisprudencia la inconstitucionalidad del artículo en comento, no se debe pasar por alto que dicha declaratoria fue aprobada por el pleno en la sesión del 30 de septiembre d 2008. Es decir que, cuando se declaró la referida inconstitucionalidad, se encontraba vigente en el derecho mexicano la llamada fórmula Otero, que no es otra cosa que los efectos declarativos tanto de la jurisprudencia como del amparo, sólo protegían a las personas que hubiesen acudido al juicio de garantías. Ello sin hacer una declaración de invalidez de la norma declarada inconstitucional. Por consiguiente, el objetivo de la presente iniciativa radica en derogar el artículo 136 de la Ley del ISSSTE a efecto de que no siga siendo violatoria de las garantías de igualdad, no discriminación y seguridad constitucional. Es cuanto, diputado presidente.