El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señor presidente. Nuestra Carta Magna es la síntesis de la evolución jurídica, política y social de México. Ésta incluye muchos de los mejores postulados de la Constitución de Apatzingán, de la primera ley fundamental del país independiente y de la Constitución promulgada a mediados del siglo antepasado. No en balde autores connotados como Hegel consideraron a las constituciones rígidas como el receptáculo del espíritu de la nación del Estado. Nuestro ordenamiento fundamental es el resultado de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar primero y después por reforzar su libertad y su soberanía. De sus postulados se desprende el diseño de un moderno Estado social, democrático y de derecho. Nuestra Constitución en los primeros 29 artículos reconoce los derechos públicos fundamentales, base de la ideología social imperante y en los restantes se contempla la parte orgánica del aparato estatal. No obstante, los méritos que honrosamente le corresponden a nuestro ordenamiento fundamental resulta impostergable reflexionar a profundidad sobre la eficacia de sus postulados, sobre la congruencia de su contenido y sobre su aspecto teleológico, pero sobre todo su obligatoriedad y aplicatoriedad real. A 95 años de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ésta ha registrado más de 500 reformas, adiciones y modificaciones concentradas en 205 decretos de reforma hasta el 30 de noviembre del año próximo pasado, cuestión por demás contradictoria si tomamos en cuenta que la nuestra es una Constitución de las llamadas rígidas, empero nuestro ordenamiento fundamental ha servido de plataforma de trampolín para encumbrar a una clase política insulsa, infructuosa y reaccionaria que la mayoría de las veces ha echado mano de legislador ordinario para fabricar una red de leyes secundarias que contrarían flagrantemente el espíritu de la Constitución y que han frustrado y hasta reemplazado el gran proyecto de país que vislumbraron los revolucionarios. Para la mayoría de la clase pseudo-política tan sólo significa el principal recurso del discurso hueco, la retórica infructuosa y la demagogia. Se olvidan que la esencia de nuestro ordenamiento fundamental yace en la sangre derramada por los obreros y campesinos mexicanos que ofrendaron sus propias vidas en aras de engrandecer a la patria, privilegiar y favorecer a las generaciones futuras. En la actualidad, esas generaciones futuras, como lo demuestra cualquier sondeo o estudio de opinión, están en su mayoría convencidos de que vivimos en un país corrupto en el que no se respeta la Constitución, principalmente por parte de nuestros gobernantes. El problema no es el desconocimiento o el soslayo de lo que nuestra Carta Magna dice, sino la imposibilidad de la cúpula pseudo-política de oírla, de escudriñarla, de prestarle atención. La ignominia que cunde entre los hombres y mujeres de México de no hay seguridad, no hay justicia, no hay oportunidades, en suma, la Constitución parece letra muerta porque hoy en día existe una enorme brecha entre los gobernantes y los gobernados. Los dispositivos constitucionales que recogieron con mayor ahínco las aspiraciones, los ideales, los principios y los estándares de los líderes sociales y de las fuerzas políticas que convergieron en el Constituyente de 1917, han sido objeto de los más recalcitrantes ultrajes. El artículo 123 constitucional ha sido violentado a través de una ominosa reforma laboral. El artículo 27 constitucional ha sido tundido a diestra y siniestra. Por ello, tenemos una Ley Minera que le entrega nuestros metales preciosos a industria depredadora, inconsciente e inmoral, y que además no paga impuestos; una Ley de Petróleos Mexicanos y una Ley del Servicios Público de Energía Eléctrica que no han servido de contención para frenar el contratismo y el capitalismo de cuates, así como la entrega de la industria energética nacional a unas cuantas manos, sólo por señalar que existen más de 400 empresas contratistas extranjeras contratadas por Pemex. A pocos años de conmemorar el centenario de nuestra Carta Magna, la evaluación no puede ser más funesta. Vivimos tiempos violentos y quienes controlan el timón de la nave nacional cada vez están más lejos de los principios, los ideales y de las causas que le dieron origen. Surge, pues, la siguiente interrogante, ¿seguiremos permitiendo reformas a diestra y siniestra, que parchen y parchen postulados originarios de la Constitución, así como normas secundarias que la trasgreden, abonando a la tradición reaccionaria de su desnaturalización y aunando aún más en sus contradicciones? La respuesta lógica nos debe conducir en el sentido contrario. Urge redefinir el rumbo del Estado-nación. Reivindicar a nuestra Carta Magna a esos principios torales, como la libertad, la democracia y la justicia, como genuinos depositarios del espíritu nacional. Rescatar los principios y valores que nos dieron patria e identidad, actualizándolos y complementándolos en un escenario globalizado, con base en una visión garantista y pro derechos humanos. Es cuanto, señor presidente.