La diputada Lariza Montiel Luis: Gracias, presidente. Es una pena que al diputado no le interese discutir sobre la legalidad. El Poder Legislativo tiene su origen etimológico en lege facer. Si no es este órgano colegiado, donde se encuentran reunidas todas las fuerzas políticas que representan a este país, no sé en dónde más pudiéramos discutir actos de legalidad que afectan o no puedan afectar a un ciudadano. Indudablemente, la situación del país es algo que se debe analizar y ya se está haciendo. Sin embargo, no es el único propósito que debemos tener quienes en política estamos ocupados en este país. Estimados compañeros. Es evidente que el asunto que nos ocupa el día de hoy no versa sobre a quién le corresponde el derecho para asumir una vacante a la diputación. En ese sentido, la autoridad jurisdiccional ya se ha pronunciado, a petición de los interesados. Siendo el Partido Acción Nacional un impulsor permanente del respeto a la legalidad y a los cauces institucionales, y respetuoso de la vida interna de los partidos políticos, en ese sentido nos hemos conducido durante más de 70 años de participación activa en la vida política de nuestro país. Es un hecho innegable que el Tribunal Electoral cuenta con facultades para conocer de un juicio para la protección de los derechos del ciudadano cuando cualquiera de ellos considere que sus derechos han sido violentados. Uno de ellos, el derivado del derecho de votar y ser votado en la asunción de un cargo público para el que fue electo. Sobre esto no tenemos duda y el artículo 99 constitucional así lo señala. En ese sentido, se promovieron efectivamente diversas alegaciones, teniendo como fondo únicamente la interpretación gramatical del artículo 63 constitucional, en el supuesto que refiere la existencia de una vacante en la Cámara de Diputados, en atención a un acuerdo votado por el pleno de la Cámara de Diputados ya señalada. El pronunciamiento del Tribunal Electoral evidentemente no se cuestiona. Sin embargo, lo que es preocupante es que yendo más allá de lo solicitado y aún de lo que en deber le corresponde, de manera excesiva el Tribunal Electoral haya determinado ordenar al Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, lo que sucediera primero, citar a los ciudadanos Francisco Melo Velázquez y Carmen Patricia Palma Olvera, a rendir la protesta constitucional en la próxima sesión. Es un hecho que por encontrarnos en un periodo de receso el supuesto correspondiente sería la Comisión Permanente. Como todos sabemos, el cumplimiento de las resoluciones judiciales es una obligación; sin embargo, no sólo es cierto, sino que además es un principio de derecho que tiene además por objeto dotar de certeza jurídica a cualquier ciudadano, que los servidores públicos y las autoridades no podemos llevar a cabo actos que no nos estén conferidos, que no nos estén conferidos en el marco jurídico que rige nuestra función. En ese sentido, consideramos necesario establecer de manera clara y contundente, la posición del Partido Acción Nacional de inconformarse ante lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal, única y exclusivamente en el sentido de ordenar a esta Comisión Permanente la rendición de la toma de protesta a una fórmula de diputado, siendo que el órgano legislativo no cuenta con facultades para ello dentro de lo que refiere el artículo 78 constitucional. Lo anterior, evidentemente al margen del derecho que le haya sido reconocido a los ciudadanos y que nuestro partido no puede menos que respetar. Sin embargo, también en estricto respecto a la legalidad, nos pronunciamos en contra de cualquier posición de un órgano o autoridad que pretenda de manera infundada llamar a otro, obligarlo, siendo Cámara de Diputados o de Senadores y en el caso que nos ocupa, la Comisión Permanente, a la realización de un acto que exceda de las facultades que nos han sido previstas constitucional o legalmente. En consecuencia, lo conducente debe de ser que la rendición de la protesta correspondiente se realice, a la fórmula de diputados mencionada, en la primera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones del tercer año de la Legislatura, como en derecho corresponde. Esa es la postura de Acción Nacional y nos parece que como partidos políticos debemos asumir una posición al respecto y pronunciarnos en esta Cámara. Es cuanto.