La diputada Roxana Luna Porquillo: Van a ser del artículo 83 y 85. Estos dos artículos hablar respecto a los medios de uso social. El artículo 83 a la letra dice: Las concesiones sobre el espectro radioeléctrico para uso público o social se otorgarán mediante una asignación directa hasta por 15 años y podrán prorrogarse hasta por los plazos iguales. La propuesta que pongo a consideración es que pueda ser eliminado hasta por 15 años, y la argumentación es, el régimen de concesiones es inequitativo en sus plazos y en sus modalidades y esto discrimina totalmente a los medios de uso de comunicación social. El artículo 75 de la propuesta precisa que las concesiones se otorgarán dentro de un plazo muy alto de las de 20 años, o sin embargo, el artículo 83 disminuye este plazo de forma indebida cuando se refiere a las concesiones de uso público y social, a las cuales les otorga un plazo de hasta 15 años. En ningún caso existe explicación que sustente la diferenciación entre los plazos para la duración de las concesiones. En todo caso debería manejarse los mismos plazos que se utilizan para las radiodifusoras de uso comercial. Esto es en cuanto al artículo 83. En cuanto al artículo 85, que también nos habla de los medios de uso social. Y es la incertidumbre jurídica por responsabilidad del Ifetel, cuando se pide información sin límite. En este caso, el artículo 85, fracción VII, plantea, inicia el texto: Para la asignación de las concesiones para usar, aprovechar o explotar el espectro radioeléctrico para uso público social, el interesado deberá presentar, ante el Instituto, la solicitud que contenga al menos la siguiente información. En la fracción VII establecen la documentación que acredite su capacidad técnica, económica, jurídica, administrativa, atendiendo la naturaleza del solicitante, así como la fuente de sus recursos financieros para el desarrollo de operación del proyecto. Tratándose de solicitudes de concesión de uso social comunitarias se debe acreditar, ante el Instituto, que el solicitante se encuentra debidamente constituido en una asociación civil sin fines de lucro. El Instituto determinará, mediante lineamientos de carácter general, los términos en que se deberán acreditarse los requisitos previstos en este artículo. En este sentido, propongo la eliminación de la parte que establece la documentación que acredite su capacitación técnica, económica, jurídica y administrativa, atendiendo la naturaleza del solicitante. Y en el segundo párrafo, la eliminación de que el Instituto determinará, mediante lineamientos de carácter general, los términos en que deberán acreditarse los requisitos previstos en este artículo. Planteo que se debe de eliminar esta facultad, ya que prácticamente es discrecional para el Instituto determinar que, a través de los lineamientos de carácter general, deben acreditarse de manera engorrosa para justificar la concesión de estos usos de medio social, ya que dichos lineamientos no son precisados a la legislación y entonces deje en absoluta desventaja a aquellos que quieran obtener una concesión, ya que se abre la posibilidad de pedir información limitada, sin que exista el lineamiento claro de tipo de información a la que se deben ceñir los lineamientos de carácter general. Es importante no dejar de estudiar el contenido de la fracción VII, en la que prevalece la hipótesis actual de demostrar que el peticionario cuente con la capacidad financiera para desarrollar el proyecto. Lo anterior es sumamente grave, particularmente en caso de los medios de uso social, en donde se encuentran agrupadas las comunidades indígenas. Este requisito limita enormemente la posibilidad de adquirir una concesión, como si lo anterior no bastara de lo que establece el artículo 90, fracción IV, que establece que para otorgar una concesión de uso social en materia de radiodifusión, el Instituto Federal de Telecomunicaciones deberá considerar su capacidad técnica y operativa, así como sus fuentes de ingreso. Lo anterior, resulta inconstitucional, pues en estricto sentido, en el texto del artículo 28 constitucional señala que las concesiones de uso público y social se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa y en condiciones que garanticen la transparencia de procedimiento, mientras que en las propuestas que se analizan se establece una cantidad de requisitos que difícilmente pueden cumplir los interesados en una concesión de uso social. Una regulación como esta propuesta, atenta contra lo dispuesto a lo establecido al artículo 6º, 7º y 2º constitucional, pues establece una notoria discriminación entre las características de operación de los concesionarios comerciales con los de uso público y social, que la iniciativa no justifica. Por otra parte, a los medios de uso social se les equipara con los medios de uso público en cuanto a la obtención de las concesiones, siendo que la situación de los primeros es muy distinta a los públicos. Los requisitos y los procedimientos para obtener una concesión de uso social deberán ser mínimos y sencillos, debiendo el Ifetel auxiliar a aquellos interesados en obtener una concesión de uso social para integrar debidamente su solicitud. Es cuanto.