La secretaria Rosario Robles Berlanga: Muchas gracias, diputada Leticia Mariana Gómez Ordaz, le agradezco sus comentarios. Lo primero que quiero señalar es que los convenios establecidos por Sedesol y por Sedatu son absolutamente legales, están bajo el amparo del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones y son convenios que se establecieron con una convicción, quién mejor que las universidades para colaborar en uno de los objetivos sociales más importantes del gobierno del presidente Peña, que era disminuir el hambre. Que niños y niñas que no tenían de comer pudieran tener un alimento. Que mujeres que tenían que quitarse el plato de la boca para que sus hijos se alimentaran tuvieran un alimento. Y por eso convenimos con las universidades, porque ahí está nuestro talento, porque ahí están los jóvenes que participaron como brigadistas, que participaron apoyando todo este gran esfuerzo de la Cruzada Nacional contra el Hambre, que participaron en la reorientación del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social y Municipal. Y quiero ser muy clara y muy enfática. A la Sedatu y a la Sedesol, como instituciones, les corresponde establecer convenios con las universidades. No les compete investigar lo que las universidades realizan porque son autónomas y somos respetuosos, por ley, de los procedimientos que ellas misma se dan. Sedatu y Sedesol no contrataron con ninguna de las empresas mencionadas en informaciones de carácter periodístico. No hay un solo contrato, un solo contrato que se haya exhibido suscrito por Sedesol o por Sedatu con dichas empresas, y mucho menos con empresas fantasma. No hay un solo elemento de prueba que permita decir que empresas que hayan participado por el trabajo de las universidades hayan sido contratadas por estas instituciones. Por lo demás, diputada, quiero decirle que por supuesto hay entregables. Los entregables están ahí, están documentados. Quiero decirle que aquí están los acuerdos de archivo de muchos de los contratos que forman parte de esa investigación periodística, que la Función Pública determinó que no habría responsabilidades administrativas. Que fueron acuerdos de 2016, cuando ya no era yo secretaria de Desarrollo Social y que consignan que los entregables estaban en la dependencia. Quiero decir también que he sido la más abierta a que este tema se investigue. Que se investigue profundamente. Que se investigue por las instancias competentes, que son la Auditoría Superior de la Federación, la Procuraduría General de la República y también la Función Pública. Son las encargadas de esta investigación y las encargadas de establecer que, si hubo un ilícito, se pague por quien lo haya cometido. Yo soy la primera en señalarlo y quien así lo ha exigido. Quien al amparo del servicio público haya cometido una irregularidad tiene que pagar, pero esto tiene que documentarse con pruebas, con hechos fehacientes y con base en lo que la ley establece y sin violentar los derechos humanos de las personas. Con relación a mi patrimonio personal, yo le pido que por transparencia usted pida a la función pública la evolución patrimonial durante estos seis años de mi patrimonio público. Sigo viviendo en la misma casa, no en la que llegué siendo secretaria de Sedesol, sino en la que vivo hace 23 años. No tengo más propiedad que esa. No tengo ninguna otra cuenta bancaria que no sea la que se deposita mi salario mensual. Y de eso vivo, de mi trabajo, de servir a la gente y por eso estoy aquí con mucho orgullo diciendo que le he servido a México desde la Sedesol y desde la Sedatu. Muchas gracias.