EL DIP. ROBERO ZAVALA ECHAVARRIA: Compañeras y compañeros diputados: Con la representación de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Honorable Cámara, vengo a esta tribuna para solicitar de ustedes la aprobación de un proyecto de modificaciones a la ley vigente de Armas de Fuegos y Explosivos. Hay cuatro razones muy importantes por la cuales la Comisión aprobó y decidió someter a esta soberanía modificaciones a los artículos 83 y 83 Ter de la ley mencionada. La primera de estas consideraciones o razones o motivos, es que no tuvimos oportunidad de expedir una nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivo, a pesar del trabajo que realizó la Comisión de Defensa y la Subcomisión designada para el efecto y que analizó de fondo todas las circunstancias que habían en torno a las cuestiones anacrónicas de la ley, a la inclusión de la pirotécnica, a la determinación de facultades para la Secretaría de la Defensa y para la Secretaría de Economía en tratándose de sustancias de uso industrial, pero que también sirven para producir explosivos. Yo quiero y debo formular un reconocimiento al diputado y General Alvaro Vallarta por el trabajo que desarrolló durante dos años de intenso trabajo, para hacer esta ley que por causas ajenas a su voluntad, no pudimos aprobarla por esta soberanía. La segunda de las razones, es que a primera vista pareciera que las modificaciones a esta ley son contradicciones o están en contrapelo con el clima de inseguridad que vive el país. Muchos abogados y no abogados del país y del extranjero, tienen la opinión de que el incremento de las penalidades no necesariamente implica una disminución en los índices delictivos; pero hay otro grupo numeroso al cual en lo personal formo parte, que considera que el incremento en las penas son una respuesta a la demanda de la sociedad para abatir y sancionar a los delincuentes. Visto esto y dado que la naturaleza, casualmente de este proyecto de ley es disminuir las sanciones para la aportación y posesión de armas de fuego, pareciera también contradictorio que señalemos esta segunda razón. Sin embargo yo quisiera explicar a esta soberanía, que esa disminución a las sanciones sólo implica disminuir el mínimo para abrir la discrecionalidad del juez a efecto de que éste pueda, en el momento de juzgar un caso concreto, establecer la sanción adecuada a la peligrosidad del delincuente y a la peligrosidad del arma que porte. La tercera razón son las numerosas recomendaciones de diversos organismos de derechos humanos, que han hecho llegar a las Procuradurías y a diversas dependencias del gobierno federal como la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad Pública, solicitando en palabras de los propios organismos, que reciben los casos en que se han visto involucrados padres de familia, campesinos, comerciantes y personas sin antecedentes penales, que ponen en cuestión la certeza jurídica que la ley debe garantizar a los ciudadanos, máximo que en su aplicación cientos de personas involucradas en estos ilícitos por circunstancias a pretender causar daños a terceros han sido privadas de su libertad corporal, por poseer o portar una arma contemplada en los artículos arriba citados, el 83 y el 83 ter. Pero el argumento más importante, es el que trata del aspecto social, han venido a este honorable recinto, han acudido con muchos diputados de todas las fracciones parlamentarias, grupos numerosos de familiares, de personas que están en proceso o ya han sido sentenciadas por poseer o portar armas de fuego, en la mayor parte de los casos son delincuentes de primera ocasión, es decir, aquellos que han delinquido por primera vez o son gentes de escaso entendimiento o de escaso nivel, que sin ánimo de ofender a terceros poseían o portaban arma, de estos casos hay miles en el país. Es la razón principal por la que se motivó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos con la aprobación de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que aprobáramos el dictamen que hoy se somete a su consideración. En este sentido, yo quiero decirles a ustedes o más bien tratar de explicarles, que las reformas consisten en lo siguiente: la ley vigente establece en su artículo 83 fracción II una sanción de 5 a 10 años de prisión y de 50 a 200 días de multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del Artículo 11 de esta ley. El Artículo 11 dice lo siguiente: Inciso a) Revólveres calibre 357 Magnum y los superiores a la 38 especial, y el b) dice: pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las 38 superior y comando y las de calibre superiores. Y la única modificación que le estamos haciendo al artículo que les comento, es reducir la pena mínima a 3 años, en lugar de ser de 5 a 10, estamos proponiendo que sea de 3 a 5, a mi juicio nos quedamos corto, pero ese fue el acuerdo de la Comisión. Luego se propone también la modificación del Artículo 3º., con prisión, dice la ley vigente, de 10 a 15 años y de 100 a 500 días de multa cuando se trate de cualesquiera de las otras armas comprendidas en el mencionado Artículo 11. En esta Comisión estamos proponiendo que en lugar de 10 sean 4 el mínimo y 15, es decir, igual el máximo. El Artículo 83 ter también son por las mismas causas, pero esto es solamente poseer, en lugar de ser de 2 a 7 estamos proponiendo que sea de 1 a 7; y en lugar de ser de 4 a 12 años y de 50 a 200 días de multa, que sea de 4 a 12 años. Esto tiene muchos defectos para que muchas personas privadas de su libertad alcancen, una vez sentenciados, la libertad condicional. Indiscutiblemente que estas reformas beneficiará a muchos que están en la cárcel, pero de ninguna manera procederá para liberar a delincuentes. Estamos hablando de una situación que tiene un alto contenido social y jurídico, pero también estamos conscientes de que no abrimos la puerta para que salgan de la cárcel delincuentes ya probados su tal calidad. Por eso le pido a esta soberanía, con todo respeto, que aprueben la iniciativa y que seguramente será de mucho beneficio para cantidad de familias mexicanas. Muchas gracias por su atención.