El diputado Catalino Duarte Ortuño: El dictamen que hoy nos ocupa es el resultado de armonización de nuestro marco jurídico con el texto del artículo 1o de nuestra Constitución Política. En este sentido, la reforma que se establece es muy sencilla en cuanto a la forma, dado que lo único que introduce es la fórmula relativa a la vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos de los cuales México forma parte. Como parte de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de la Policía Federal; sin embargo, el fondo es verdaderamente importante. En nuestro Grupo Parlamentario siempre hemos sostenido que la seguridad pública es un derecho omnigarante de los demás derechos. Esto es, si en una ciudad o en una comunidad no existen condiciones de seguridad pública, difícilmente sus integrantes podrán acceder al derecho a la educación, a un medio ambiente sano a la salud, a la justicia y, a tantos otros de los cuales habla nuestro texto constitucional. En este caso específicamente las reformas a la Ley General de Sistema Nacional de Seguridad Pública obligan a todos los cuerpos policíacos, estatales, municipales, a todos los cuerpos ministeriales a respetar los derechos humanos contenidos en todos los tratados internacionales de los cuales México forma parte. Adicionalmente las reformas que se introducen a la Ley de la Policía Federal obligan a todos sus integrantes a comportarse y llevar a cabo sus labores a partir de estos principios, lo cual incluye al propio destacamento de la Gendarmería Nacional. Este es el texto legal que hoy se propone modificar y que nuestro grupo parlamentario votará a favor, no obstante el texto legal sigue muy alejado de la realidad histórica de nuestro país. Las violaciones a los derechos humanos siguen siendo de manera permanente por parte de los elementos de las corporaciones policiacas, de los tres órdenes de gobierno. Ejemplos sobran, el tema de Tlatlaya, hoy el tema de Guerrero, pero lo queremos decir muy claro consideramos que se requiere una reforma en materia de seguridad pública más a fondo, en la cual el gobierno federal, los estados de la república, los municipios muestren voluntad política para que este país mejore en el tema de seguridad pública. Quiero reproducir aquí para terminar en la mayoría de sus términos las precisiones que hacía el guerrerense Silvano Blanco Deaquino, se requiere un cambio en la estrategia de seguridad pública porque no sólo reformando leyes, no sólo modificando constituciones vamos a tener mayor seguridad. Se requieren muchas cosas, y principalmente que en algunos de los casos los actores políticos de verdad no tengan tentaciones, no formen parte, no se coludan con organizaciones que en muchos de los casos a nivel nacional se dedican a cometer ilícitos. Insisto, voluntad política, interés para que este país mejore en el tema de seguridad pública. Se ha dicho aquí que el PRI, que el PAN, que el Partido Verde, todos los partidos han manifestado su rechazo al tema de la inseguridad, pero realmente lo que tenemos que hacer aquí es convocarnos para cambiar la estrategia de seguridad pública, hacer adecuaciones a nuestra Constitución para que podamos atacar de fondo la descomposición social, en la cual como ya lo señalé en muchos de los casos nos llegan a los políticos. Muchísimas gracias.