La diputada María de la Paloma Villaseñor Vargas: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hemos escuchado en voz de la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, la diputada Adriana Hernández, el dictamen que de manera conjunta con la Comisión de Desarrollo Social se emitió con relación a la iniciativa de decreto que suscribí para reformar los artículos 3º., fracción VII; y décimo noveno, fracción III de la Ley General de Desarrollo Social. Las mencionadas comisiones unidas consideraron procedente sustituir el término capacidades diferentes, por el de discapacidad, propuesta correspondiente al texto del mencionado artículo 3º., fracción VII de la ley en comento. Su adecuación se inserta en el concepto técnico de que toda ley debe estar escrita de manera correcta e inteligible para todos. Con la reforma se borra cualquier confusión y ambigüedad normativa sobre los sujetos a que alude el párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No olvidemos que toda norma jurídica demanda claridad vinculada a la precisión y a la concisión. Respecto a la reforma propuesta para adicionar el párrafo tercero del artículo décimo noveno, las comisiones consideraron improcedente incorporar el término de discapacidad de manera explícita, dentro de la denominación de los programas prioritarios y de interés público, cuyos recursos para su operación no podrán disminuir por mandato de ley, a excepción de lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Los argumentos que sustentaron la improcedencia fueron, cito: Las personas con discapacidad se encuentran implícitas en la fracción VI del artículo décimo noveno de la ley en cita, cuando se define a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Por otra parte se sustenta que: La norma vigente reúne el principio jurídico de ser general y abstracta, por lo que pretender incorporar de manera específica a las personas con discapacidad, rompe con tal principio, lo que es improcedente por técnica legislativa. Compañeros diputados, ésta es una ocasión propicia para comentar en voz alta algunas consideraciones que van más allá del sentimiento de atender a la discapacidad en sus diferentes manifestaciones. Debemos convencernos de que la lógica de lo razonable es lo que conduce a mirar hacia al porvenir, a partir de una realidad que reclama una legislación eficaz en el tiempo y, desde luego, en la forma. Lo anterior en virtud de que si bien toda ley responde al principio de la generalidad y de la abstracción, en ocasiones olvidamos que necesariamente el legislador debe producir una norma individualizada, transformando los términos abstractos y genéricos en preceptos concretos y singulares, lo cual evita caer en imprecisiones y ambigüedades. Por lo menos eso es lo que se afirma en el derecho parlamentario y de manera específica por los especialistas en la técnica legislativa. A mayor abundamiento, no debemos olvidar que existen normas jurídicas individuales referidas a un grupo perfectamente determinado con son las personas con discapacidad. Por otra parte, cuando hablamos de la congruencia y de la adecuación de la ley debemos entender la idea de vincular la realidad social y los valores, los valores y los fines u objetivos, los objetivos y la realidad concreta, los fines y los medios. La meta será siempre, como en el caso que nos ocupa, dar al proyecto de ley un contenido con sentido humanista y armonización con el resto del andamiaje jurídico. Conviene entonces revisar a fondo y de manera puntual los términos que se proponen y aquéllos en los que se juzga la procedencia o improcedencia de un dictamen, lo cual nos lleva a reflexionar que no existe antagonismo al hablar de discapacidad con una apertura programática, prioritaria y de interés público en materia de desarrollo social. Por el contrario. Las cifras de personas con discapacidad van en crecimiento alarmante y más temprano que tarde representarán un costo social muy alto y una erogación del Estado que aún no imaginamos, si no se atienden con la prioridad y el interés público que este fenómeno demanda desde ahora. Sin contravenir el sentido del dictamen que hoy discutimos, sí es posible convenir que lo principal en una ley es la claridad en el uso del lenguaje y que resulta discutible el término de vulnerabilidad, toda vez que, como se ha dicho aquí, podemos afirmar que cualquier persona es vulnerable a un sinfín de circunstancias y eventualidades. En este orden de ideas, la vulnerabilidad en esta ley no necesariamente está englobando a las personas con discapacidad, alegato de fondo que se debe revisar para evitar que los presupuestos asignados a la atención de las personas con discapacidad se reduzcan en términos reales por no estar considerados en los criterios que definen a los programas prioritarios y de interés público señalados en la multicitada Ley de Desarrollo Social. Mucho tenemos que analizar y debatir. No me queda más que agradecer a los diputados de todos los partidos que se manifestaron solidarios con este punto de vista y pedir a esta soberanía su voto aprobatorio en los términos de este dictamen. Es cuanto, señor Presidente.