La diputada María Teresa Marú Mejía: Con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, uno de los problemas más álgidos que enfrentamos como país es la corrupción. De acuerdo con Transparencia Internacional, en 2018 nos ubicamos en el lugar número 138 entre 180 países. Los factores que la propician son múltiples, pero sin duda algo que hace que se enquiste dentro de las prácticas de la sociedad esa la impunidad. Las prácticas corruptas deterioran seriamente a las instituciones y el Estado de derecho de un país permite que se apodere la incertidumbre y las decisiones de las autoridades están sujetas al mejor postor, como si se tratarse de mercancía. Por lo contrario, al cerrar la posibilidad de corrupción dentro de un gobierno se da certidumbre y confianza y se permite el avance de la sociedad de un país. El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está en la ruta de una profunda transformación de sus instituciones públicas y al mismo tiempo promover entre la población la práctica de las virtudes ciudadanas que se sujeten a la moral y a la ética. En el año de 1998 al 2017, la Auditoría Superior de la Federación presentó ante la entonces Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, un total de 981 denuncias. De las 981 denuncias solo 17 casos han llegado a la sentencia, lo que representa el 2 por ciento con respecto al total de casos denunciados, ello sin contar si los 17 casos fueron sentencias absolutorias, lo que nos llevaría a reducir dicho porcentaje; 172 casos no serán castigados definitivamente, puesto que se dictó no ejercicio de la acción penal; 173 se dictó acuerdo de reserva, por lo cual es alta la probabilidad de que también ya no sean judicializados; 15 asuntos están en amparo que, en caso de obtener la protección federal, reduciría el porcentaje de personas castigadas que se encuentran en fase de integración. La mayor parte de asuntos, que son 568, representan el 58 por ciento del total, lo que me lleva a la conclusión definitiva consistente en que la operación y retraso de la PGR, hoy Fiscalía General de la República, es evidentemente deficiente, en detrimento del castigo que merece todo aquel que desempeñando una función pública la pervierte para su personal provecho. Por mencionar lo menos, podemos inferir que ha existido un desempeño ineficiente, malicioso, doloso, negligente y omiso de quienes han tenido bajo su cargo esta responsabilidad de dar impulso procesal y celeridad a las denuncias que la Auditoría Superior de la Federación ha presentado durante estos años. En relación con los delitos cometidos en perjuicio del erario, y que tienen que ver directamente con los altos niveles de corrupción e impunidad que impera en el país, quiero insistir en que de acuerdo con los datos aportados en un periodo de 2011 al 2017, solo 17 casos han llegado a sentencias, lo que nos indica el alto grado de impunidad que existe en el país. Este dato por sí solo justifica la urgente necesidad de legislar de manera definitiva, para que el Ministerio Público federal y la Fiscalía Anticorrupción cumplan con sus funciones constitucionales y, en caso de que no lo hagan, también estén sujetos a un castigo por su negligencia. Por lo anterior, propongo una adición al artículo 225, fracción VII, del Código Penal Federal, para penalizar los actos u omisiones en que incurran los servidores públicos que, maliciosa, dolosa o negligentemente, no den curso debido a las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación contra servidores públicos y particulares por actos de corrupción, o la integración de la carpeta de investigación la hagan de manera deficiente para facilitar evadir la acción de la justicia. Así, incluir una adición al artículo 14 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, para establecer un párrafo en el que se precise de manera clara la obligación del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción el velar por el buen trámite de las investigaciones. Y en caso de detectar negligencia en el seguimiento de las denuncias enviadas por la Auditoría Superior de la Federación, proceder a realizar la denuncia contra el servidor o servidores públicos que cometan el delito. Solicito que se inserte íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto.