LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna, para fijar su posición acerca del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos proyecto de decreto por el que se derogan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito del Código Penal Federal y se reforma la fracción VIII del Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que es resultado de la iniciativa que fue sometida por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo en voz del diputado Juan Carlos Regis Adame ante esta soberanía. Coincidimos con la Comisión que dictamina en el sentido de hacer respetar la facultad que al Ministerio Público otorga el Artículo 21 de nuestra norma fundamental, para actuar como órgano perceptor de los delitos. En algunas disposiciones legales de carácter secundario, se establecían situaciones que impedían la oportuna y eficaz actuación de la Procuraduría en el combate a la delincuencia de cuello blanco, ya que por medio de la figura denominada requisito de procebilidad, el Ministerio Público no podía conocer los delitos, sin que previamente quien tuviera la facultad legal para querellarse lo hicier Al amparo de esta serie de disposiciones legales, se cometieron innumerables quebrantos financieros, que la sociedad mexicana seguirá pagando durante un buen número de años, es más, hoy seguimos discutiendo si el rescate bancario fue para garantizar y salvaguardar el Sistema Nacional de Pagos o únicamente para proteger a un grupo que se amparó en este rescate, para no ver perdidas sus fortunas. Pero indudablemente en la sociedad mexicana hemos entendido que no es conveniente mantener una serie de privilegios, para quienes al amparo de las disposiciones legales, aun cometiendo delitos, y debido a la tardanza de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por medio de la Procuraduría Fiscal de la Federación para querellarse quedaran impunes. Por esta situación estamos a favor de la propuesta, de que se derogue el párrafo primero del Artículo 115 y el 116 Bis de la Ley de Instituciones de Crédito, misma que se contiene en el Artículo 1º. del dictamen materia de análisis y discusión. Por otro lado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, nos propone en el Artículo 2º. del dictamen, que se deroguen los párrafos cuatro y quinto actuales del Código Penal Federal, que establece en el requisito de procebilidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el caso que se trate de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que mayormente puedan provenir de actividades del narcotráfico, y que se inyectan a la economía para que, como se dice en esta materia, lavarlo. De igual forma, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo coincide con la Comisión que dictamina, en el sentido de reformar la fracción VIII del Artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, que contiene el catálogo de delitos graves, a los que la comisión de los mismos, no da lugar a la obtención de libertad caucional. Quienes cometen los delitos previstos en los Artículos 111, 112, 112 Bis, 113, 113 Bis, 113 Bis 1, 113 Bis 2, 113 Bis 3 y 114 de la Ley de Instituciones de Crédito, tendrán que estar lo que dure su proceso privados de su libertad. De estos delitos, destacan, por ejemplo, los que se disponen en el artículo 113 de la Ley de Instituciones de Crédito, los cometidos por funcionarios o empleados de las instituciones de crédito que intervengan directamente en otorgamientos de crédito, cuando dolosamente omitan u ordenen omitir o registrar las operaciones efectuadas por la institución de que se trate o que dolosamente presenten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos falsos sobre la solvencia del deudor o sobre el valor de las garantías que protegen los créditos; o más aún, que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos concedan créditos. Compañeras, compañeros legisladores, debemos recordar que gran parte del quebranto bancario de la crisis del 94-95, como luego se mostró en el informe de Michel Mackey, fueron créditos que no tenían garantía suficiente o de plano no tenían ninguna, que fueron a parar como cartera vencida a la panza del FOBAPROA y que la sociedad mexicana está pagando. No nos debe parecer excesiva la clasificación de estos delitos como graves en el Código Federal de Procedimientos Penales, ya que son delitos que de pasar sin una sanción mayor pueden poner en riesgo las finanzas públicas del país. Por las consideraciones antes expuestas, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, votaremos en lo general y en lo particular a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor Presidente.