El diputado Sebastián Aguilera Brenes: Con su venia, diputado presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. En México, la violencia que sufren las zonas rurales o comunidades alejadas de las zonas poblacionales por parte de grupos armados, hacen que estas tengan que enfrentarse a la cruel realidad de abandonar sus hogares y trasladarse a lo que consideran zonas más seguras para ellos. Este fenómeno es conocido como el desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado interno, de acuerdo con organismos de derechos humanos, es una terrible realidad que se ha convertido en una forma más de la movilidad humana, afectando a diferentes puntos de nuestro territorio nacional, perturbando drásticamente sus condiciones de vida dejándolos de la noche a la mañana sin sus hogares, sin sus pertenencias, raíces ni nada que sientan afecto por ello. No es desconocido para los diputados de esta actual legislatura, sobre todo los que somos originarios del estado de Chihuahua, que este es un problema que afecta gravemente a las zonas serranas de nuestra entidad y por ende a sus pueblos indígenas, particularmente a los Rarámuri, como resultado de los índices de inseguridad que se han disparado recientemente en nuestra entidad. La Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que las causas de desplazamiento están relacionadas con los actos de violencia, por ejemplo, como la delincuencia, conflictos religiosos y de tierras, así como desastres ocasionados por los fenómenos naturales. Se reportaron la existencia de más de 35 mil personas desplazadas en alrededor de 25 entidades federativas de nuestro país. En su informe especial sobre el desplazamiento forzado interno en México, presentado en 2016, señala el estado de Tamaulipas como la entidad que tiene el mayor número de personas desplazadas, siguiéndole en estadísticas los estados de Chihuahua, Durango, Veracruz, Sinaloa, Guerrero, Michoacán y Chiapas. En esta tesitura, a pesar de la existencia de esta problemática por hace más de dos décadas, aún y cuando el número de personas y comunidades afectadas por la misma va en aumento, no existe en México una normatividad que reconozca el desplazamiento forzado interno como un hecho generador de violaciones a los derechos humanos, y que a su vez se sancione penalmente. Por mencionar algunos antecedentes, en el año 2006 la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas creó el proyecto para la atención a indígenas desplazados, con la finalidad de sumar esfuerzos tanto con instancias municipales, estatales y federales, para contribuir al pronto retorno a sus localidades de origen a la población indígena desplazada. En la Ley General de Víctimas solo se mencionan algunos artículos, pero esta regulación no es suficiente para sancionar a quienes cometan actos que van encaminados al desplazamiento forzado de personas. Una manera de atender este problema de manera inmediata es la tipificación como delito del desplazamiento forzado dentro de nuestro Código Penal Federal. Por lo anteriormente expuesto ante esta respetuosa soberanía, el siguiente decreto por el que se reforma el Código Penal Federal. Artículo Único. Se adiciona el artículo 287 Bis y un Capítulo III al Título Decimoctavo al Código Penal Federal, para quedar como sigue: Título Decimoctavo. Capítulo III. Desplazamiento Forzado. Artículo 287 Bis. Al particular que sin derecho ni fundamento, mediante violencia o cualquier otro medio coactivo, se dirija contra una persona o un grupo de personas con el objeto de inducir a que abandonen su lugar de residencia, se aplicará prisión de 6 a 12 años y de 300 a 600 días de multa. No se entenderá por desplazamiento forzado el movimiento de la población que realice la autoridad cuando tenga por objeto la seguridad de la población. Por su atención, muchas gracias. Es todo, diputado presidente.