La diputada Luisa María Alcalde Luján: Es increíble, pero desde hace más de 30 años es exactamente el mismo discurso, las mismas recetas, el mismo diagnostico que se utilizan para las privatizaciones; algunos de ustedes estaban incluso aquí sentados en estas curules cuando Salinas de Gortari privatizó la Banca y privatizó la telefonía; así que permitan recordarles más o menos lo que se planteó en aquél momento. En aquél tiempo dijo Salinas que la Banca sería más competitiva y transparente, que ofrecería mejores servicios a la población, que se quedaría en manos de mexicanos y que el Estado supervisaría y regularía el uso eficiente en nuestros recursos. ¿Y qué pasó? Los bancos quedaron en manos de extranjeros y hoy se alían para ejercer prácticas monopólicas, fijan créditos carísimos y pobres intereses de ahorro; cobran servicios que en otros países son gratuitos y apuestan los fondos de ahorro de los trabajadores como se les da la gana. Tenemos una Banca mediocre, usurera y abusiva que debe ser rescatada con dinero público cada vez que tiene problemas financieros. Ahora veamos qué dijo Salinas en el caso de las telecomunicaciones. Dijo que con la privatización de Telmex habría más competencia, muchos mejores servicios, que quedaría en manos de los mexicanos y que el Estado afianzaría su autoridad para regularlo y supervisar los monopolios. ¿Y qué fue lo que pasó? Telmex se quedó en manos de un solo hombre que hoy es el segundo más rico del planeta y su empresa se convirtió en un monopolio que sobrepasa al propio Estado, que ofrece a los consumidores un servicio mediocre al segundo precio más alto del mundo. La misma historia con las carreteras, los ferrocarriles, las minas, los ingenios azucareros y la industria nacional. Todo se vendió pero la economía no creció, no aumentaron los trabajos, no se fortalecieron las instituciones, ni se beneficiaron a los mexicanos; todo lo contrario, tuvimos una gran crisis económica y las instituciones de fueron doblegando ante los poderes fácticos. De las privatizaciones solo se beneficiaron algunos políticos y empresarios y son esos, exactamente ellos los mismos que hoy no se sienten satisfechos y al no a darse por bien servidos rematan nuestro petróleo y nuestra electricidad. ¿Qué fue lo que pasó? Regresó al gobierno un pequeño y perverso grupo, una red de complicidad con nombre y apellido que a lo largo de los años ha confundido los bienes nacionales con su patrimonio personal. Veamos cómo va a operar el primer objetivo de la reforma energética, la entrega de nuestro sector energético a la iniciativa privada. Se establecen tres figuras contractuales: las licencias que son auténticas concesiones que permitirán a los particulares quedarse con toda la producción y pagarle al Estado una pequeña contraprestación como propina, tal como funcionan las mineras; el contrato de utilidad compartida en la que se comparte la renta petrolera y el contrato de producción compartida, en el que se comparte el petróleo. Pero frente a la pregunta de ¿qué porcentaje, ya sea de ganancias en la renta petrolera o de petróleo, obtendrá el Estado mexicano de estos contratos? La respuesta es quién sabe. Porque se omite establecer en la ley una cuota fija mínima. En otros países por ejemplo se estipula que el Estado no debe recibir menos del 50 por ciento del volumen o del valor de la producción, pero aquí no. Aquí le dejamos a la Secretaría de Hacienda la facultad para pactar discrecionalmente con cada contratista los términos de las prestaciones. Basta ver las experiencias en Ecuador donde empresas como Chevron se quedaban hasta con el 85 por ciento de las ganancias; o en Bolivia, Venezuela, Argelia, con conflictos multimillonarios de arbitraje internacional causados justamente por la dificultad de determinar con claridad los costos reales de operación y producción de las transnacionales y el establecimiento de contraprestaciones. ¿Qué podemos esperar nosotros conociendo la voracidad de esas empresas, y conociendo también el gobierno que tenemos? Lo que seguro sí podemos esperar para millones de campesinos y pequeños propietarios de Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y muchos otros, es el riesgo permanente de perder sus tierras. De entregarlas a las transnacionales aun contra su voluntad. El dictamen, como ya se estableció aquí en varias participaciones anteriores, establece que la actividad de exploración y extracción de hidrocarburos se considerará de interés social y orden público. Es decir que estará por encima de cualquier otra actividad llámese agricultura, ganadería, pesca, la que sea. Para ello establece la famosa ya figura jurídica de servidumbre legal de hidrocarburos, que como ya se dijo aquí también, funcionará tal y como se explicó. Llegará la empresa, llegará Chevron, Shell, la que ustedes quieran; sentará al campesino, le propondrá un trato, le dirá sus condiciones y le podrá pagar como lo establece el artículo 101, con dinero, pero también como también establecen las posibilidades, dándole trabajo. Dice otra fracción con adquisiciones de bienes e insumos o de servicios fabricados por el propietario. ¿Qué es esto? Seguramente el campesino tendrá tecnología de punta que ofrecerles a estas empresas. Podrá pagarle dándole trabajo. Pero si el campesino no está de acuerdo y no llegan a algún acuerdo, se podrá solicitar para que la Secretaría de Energía vía administrativa decrete la servidumbre. Háganme el favor. Todo ello sin necesidad de autorización judicial. Ahora veamos el asegundo objetivo de la reforma. El desmantelamiento de Pemex. Este objetivo ya está en marcha desde marzo pasado. Aún no aprobamos las leyes secundarias y ya le quitaron a Pemex en la Roda Cero el 60 por ciento de los yacimientos en áreas exploratorias; el 69 por ciento de los recursos prospectivos en aguas profundas, someras y terrestres, incluyendo el 85 por ciento del gas de lutita. Eso significa que Shell, Exxon Movil y las demás empresas que inviertan en México, tienen garantizados los recursos prospectivos más valiosos del país, y que Pemex únicamente podrá administrar las obras menos rentables a través de la mañosa figura de la asignación. Como asignatario Pemex se verá obligado a pagar al fisco una cantidad de impuestos y derechos especiales que no tienen que pagar las grandes contratistas. Uno de ellos es el derecho ordinario sobre hidrocarburos donde cederá la tercera parte de sus ingresos. Así que además de dejarle los peores yacimientos, el gobierno lo seguirá desangrando fiscalmente. Y recordemos cuál fue una de las críticas que ustedes mismos utilizaron para privatizar el petróleo diciendo que Pemex no tenía tecnología suficiente para invertir en ella misma, justamente porque la desangraba el fisco. Bueno, pues ahora menos tendrá esta posibilidad, ya que no sólo se mantiene su carga fiscal, sino que de paso le quitan los yacimientos más rentables. Y aquí podrán decir varios cínicos bueno, si a Pemex no le gusta ser asignatario y pagar todo eso, la ley le permite renunciar a ese derecho y competir con las demás empresas trasnacionales como un contratista cualquiera. El problema es que ni siquiera bajo este sistema habrá igualdad de condiciones ya que se le fijan topes y límites injustificados. Permitir que las empresas energéticas e incluso las mineras participen sin restricción en el negocio del gas y prohibírselo categóricamente a Pemex, no es igualitario. Arrancarle su infraestructura de transporte y almacenamiento gasífero para ponerlo en manos de un organismo regulador que tiene prohibido comercializarlo, tampoco lo es, y mucho menos poner candados en los artículos transitorios para que el Estado no participe en más del 20 por ciento de este mercado. Dicho de otro modo, la reforma está repleta de condiciones, restricciones y cargas discriminatorias que dejarán a Pemex sin dinero, sin infraestructura, sin libertad de diversificar su mercado y en clara desventaja frente a los particulares, lo que indudablemente ocasionará su desmantelamiento paulatino. Se cumple así con el segundo objetivo del proyecto energético. Finalmente, el tercer objetivo de esta reforma es garantizar la integración energética de México con Estados Unidos, un país que basa su seguridad económica y financiera de los próximos 30 años en las reservas petroleras a las que puede acceder. La volatilidad de los precios internacionales, la alianza energética entre sus rivales China y Rusia y sus malas experiencias en Medio Oriente y África lo han llevado a replantear su estrategia de seguridad energética integrando a dos de sus socios geográficos: Canadá y México. Queda claro lo que gana Estados Unidos con esto, pero nosotros qué ganamos con este acuerdo, qué ganamos obteniendo el camino de la servidumbre desregulando el mercado del petróleo, malbaratando nuestras tierras, debilitando el control estatal sobre los hidrocarburos, elevando la producción sin importar los costos medioambientales. Qué ganamos abriendo las puertas al fracking, saqueando las manos del mercado del gas y entregando nuestra soberanía energética a Estados Unidos bajo la ilusa promesa de una integración regional que sólo fortalecerá la competitividad de nuestro vecino, garantizará su poderío industrial y afianzará su hegemonía mundial a costa de los recursos más importantes que tenemos todos los mexicanos. La consulta popular se realizará en 2015. Ahí, independientemente de las mayorías y todos los votos que aquí puedan ejercer, los ciudadanos van a decidir si quieren o no esta reforma energética. Espero y ojalá tengan entonces la sensibilidad de obedecer la decisión de los mexicanos. Muchísimas gracias.