La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso, señora presidenta. Señoras y señores legisladores. Congruente con el acuerdo asumido en la Junta de Coordinación Política, me permito presentar el siguiente posicionamiento. En los últimos años, la delincuencia organizada ha planteado un abierto desafío al Estado y a la sociedad en México. Las instituciones políticas, judiciales, policíacas, económicas y financieras, han sido afectadas en mayor o menor medida por la presencia de los grupos criminales, principalmente los dedicados al narcotráfico. Los grandes volúmenes de recursos que maneja la delincuencia organizada, sus conexiones internacionales y la interminable demanda de estupefacientes en los países consumidores, son factores que hacen sumamente complejo el desafío institucional que estas actividades representan. Sin embargo, es fundamental que el Estado en su conjunto se organice para enfrentar y superar esta situación. En el corto plazo es indispensable disminuir la violencia asociada al crimen organizado. La sociedad demanda de la manera más enérgica seguridad y tranquilidad para sus familias y comunidades. En el mediano y largo plazo tenemos que plantearnos el reto de desmontar las estructuras que permiten la proliferación y la fuerza de la delincuencia organizada. Este reto solamente se puede cumplir a partir de un enfoque integral que vaya más allá del combate entre policías y criminales. Un enfoque que ataque las causas sociales, culturales, políticas y económicas del fenómeno del narcotráfico. En este orden de ideas, la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, el narcotraficante más buscado del mundo, confirma que cuando se trabaja de forma coordinada y eficiente el Estado mexicano puede someter a la justicia a toda persona o grupo criminal que atente contra la convivencia social. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hace un reconocimiento público a las instituciones de seguridad del Estado mexicano por esta acción contra la delincuencia organizada. De manera especial destacamos la labor de inteligencia realizada por las agencias correspondientes y el operativo eficaz realizado por nuestras Fuerzas Armadas. Sin embargo debemos subrayar que esa detención es sólo un paso para combatir de forma directa y contundente las operaciones de los grupos criminales y del narcotráfico. Los siguientes pasos serán desmantelar las estructuras financieras, económicas y políticas que permite a esos capos delincuenciales seguir operando con total impunidad. Independientemente de las especulaciones, numerosas por cierto que han surgido por esa detención, es necesario que se inicie una investigación profunda e imparcial para determinar quién o quiénes ayudaron a Guzmán Loera a escapar de un penal de máxima seguridad y lo protegieron durante esos años que estuvo prófugo de la justicia mexicana. Si de esta indagatoria se derivan responsabilidades de servidores y ex servidores públicos o de particulares, exigimos desde ahora la aplicación irrestricta de la ley. Sólo de esta forma las instituciones de justicia recobrarán la credibilidad y confianza de la ciudadanía. El mensaje tiene que ser claro y contundente. El Estado puede y debe someter a la justicia a todo aquel que atenta contra las instituciones y la convivencia social, así como a quienes los protegen y se benefician de las actividades criminales. El reconocimiento de propios y extraños a la detención de Guzmán Loera, debe aportar un impulso para lograr avances significativos en otras entidades federativas que han sido y siguen siendo azotadas por la violencia ejercida por los cárteles de la droga. Enfrentar a esas organizaciones de la delincuencia organizada requiere un esfuerzo global y regional. Por ello reconocemos la importancia de la colaboración que en materia de inteligencia tienen los países de esa región. Pero de la misma forma exigimos que entre esos países se redoblen los esfuerzos para erradicar el tráfico ilegal e indiscriminado de armas con las que esos grupos criminales atacan a las fuerzas policiales y amedrantan a la población civil. Compañeras y compañeros diputados, en los últimos años la violencia que ha ejercido la delincuencia organizada ha aumentado de manera alarmante sembrando miedo y temor entre la población. Sin embargo la captura de este criminal confeso puede y debe ser un punto de inflexión en la estrategia de seguridad del Estado mexicano. Es necesario cerrar filas con las instituciones del Estado, más allá de filias o fobias políticas. Debemos de anteponer el interés general sobre las mezquindades, las especulaciones y los cálculos políticos para allanar el camino a una convivencia social y en paz. En Nueva Alianza damos nuestro voto de confianza a todas y cada una de las instancias gubernamentales y la implementación de una estrategia integral de seguridad pública, una estrategia donde la prevención del delito sea el eje articulador de los programas y acciones, donde la educación, el empleo y las oportunidades para el desarrollo de la juventud mexicana, ocupen un lugar central para recuperar la eficacia y la autoridad moral de las instituciones frente a cualquier desafío criminal. La sociedad exige acabar con la violencia. Nuestra responsabilidad como legisladores y legisladoras es asumir esta exigencia para redoblar los esfuerzos que contribuyan a que cada mexicana y mexicano vivan en paz, que los jóvenes no sean victimarios o víctimas de los grupos criminales y que la seguridad pública sea el detonante del desarrollo nacional. Es cuanto, señora presidenta.