El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su permiso, señor Presidente. El suscrito, diputado federal por el II Distrito de Ahome, del estado de Sinaloa, integrante de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto bajo la siguiente Exposición de motivos La seguridad social ha sido considerada como un derecho humano básico en la Declaración de Filadelfia, de la Organización Internacional del Trabajo, la cual tiene una profunda repercusión en todos los sectores de la sociedad. Este derecho está confirmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, así como en el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966. La seguridad social en México, en relación con el nuevo sistema de pensiones y de ahorro para el retiro de 1997 ha causado polémica respecto a su eficacia en virtud de que el Estado —según el artículo 123, apartado A, fracción XXIX de la Constitución General de la República— consagra el derecho de los trabajadores a seguros de invalidez, de cesantía en edad avanzada y retiro, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería, así como cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores. Dichos seguros y servicios han quedado establecidos en la Ley del Seguro Social la cual, según el mismo mandato constitucional, es de utilidad pública siendo oportuno el señalar que con el nuevo sistema de pensiones de 1977 se privatizó el servicio de seguridad social consistente en la administración de los recursos para el retiro de los trabajadores por empresas privadas denominadas Administradoras de Fondo para el Retiro —las famosas Afore—, servicio que tradicionalmente siempre ha estado a cargo del Estado por su finalidad eminentemente social y de interés público. Actualmente operan 17 administradoras de las cuales, al cierre de junio del 2006, los recursos totales del Sistema de Ahorro para el Retiro en México alcanzaron un valor de más de mil 90 millones de pesos que equivalen al 12.38 por ciento del producto interno bruto. Por la administración de la cuenta individual, estas Afore cobran comisiones que son de dos tipos a saber: sobre flujo y sobre saldo, que han alcanzado un crecimiento de 0.03 puntos porcentuales durante el primer semestre del año pasado, aumentado de 0.24 a 0.27 por ciento. Esto según datos obtenidos del informe presentado por la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro de fecha 28 de agosto de 2006 ante esta soberanía. La problemática de este tipo de sistemas no termina con la distribución del ahorro de sus afiliados pues existe a su alrededor otra gran dificultad. Tanto en la cuenta concentradora como en las propias Afore existen depósitos de dinero inactivos de más de tres millones de trabajadores que no están cotizando al Instituto Mexicano del Seguro Social porque cambiaron de sistema de seguridad, porque trabajan en forma independiente o porque ingresaron a la población activa informal cuyo crecimiento es cada día mayor. El manejo de estas cuentas inactivas implica trabajos y costos, razón por la cual se cree que es justo que se cobre la comisión por su administración, aunque ello signifique que vaya disminuyendo el monto acumulado del ahorro del trabajador a la fecha en que se dejaron de realizar estas aportaciones. Siendo una política equivocada del sistema el permitir que las Afore tomen las comisiones del fondo inactivo acumulado de los trabajadores, pues aunque no reciban nuevas aportaciones sus ahorros siguen trabajando y generando ingresos. El riesgo de cobro de comisiones se traduce en que con el transcurso del tiempo absorban el patrimonio acumulado del trabajador y al llegar a la edad en que fija la ley —65 años— para poder realizar su retiro de esta misma Afore, no tendrán nada que retirar y todas aquellas aportaciones hechas cuando fue activo resultan beneficiar a estas mismas administradoras. Lo anterior significa que existen trabajadores que no han cumplido 65 años y que han dejado de cotizar al Instituto porque se encuentran desempleados y sin la posibilidad jurídica de retirar el total de su saldo de la cuenta. Debe quedar claro que es dinero del trabajador y que éste puede y debe disponer del mismo cuando lo considere conveniente conforme a sus necesidades, pues resulta injusto e ilógico que una persona que no tiene empleo no pueda disponer del monto total del dinero que acumuló en la cuenta de Afore bajo el argumento de falta de edad requerido por la ley, pues la pretensión inmediata del trabajador es obtener su dinero para subsistir y luego pensar en una pensión. Por lo que en virtud de ello, el presente proyecto de iniciativa propone otorgar el derecho optativo al trabajador que se encuentre en su puesto aludido a fin de elegir entre seguir cotizando al Instituto o retirar la totalidad de lo acumulado en su cuenta de la Afore, según convenga a sus intereses, pues en este último caso se entiende que se ha convertido en un trabajador independiente y por ende cotizará al Instituto y en consecuencia no tendrá la atención que establece la ley. Con la finalidad de salvaguardar derechos sociales contemplados en la Ley del Seguro Social pero de forma colateral preservar garantías de la libertad de decisión de las personas, la iniciativa que hoy presento se enfoca a dar certeza jurídica al trabajador desempleado, que de manera independiente realiza actividades, sin estar sujeto a una relación laboral, a fin de restituirle en el goce de su derecho de disponer del saldo total de su cuenta administrada. De conformidad con lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de este Pleno el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo y se adiciona una fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social. Artículo Único. Se reforma el párrafo primero y se adiciona una nueva fracción III al artículo 191 de la Ley del Seguro Social para quedar como sigue: Artículo 191. Durante el tiempo que el trabajador deje de estar sujeto a una relación laboral tendrá el derecho optativo de Fracción III. Retirar el total de su saldo acumulado en la Afore correspondiente cuando trabaje de forma independiente. Esperando que las Comisiones aprueben esta iniciativa, y a su vez, cuando corresponda a este Pleno. Ya no podemos ni debemos permitir que las grandes instituciones financieras y extranjeras además, sigan manejando a su antojo el dinero ajeno que es propiedad de los más necesitados, recordándoles que su producto es el ahorro de ellos mismos. Solicito respetuosamente esta participación sea parte del Diario de los Debates. Es cuanto señor Presidente.