La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su permiso, presidenta. A las personas que nos ven a través del Canal del Congreso, la importancia del dictamen que hoy se discute, forma parte de lo que diversos expertos en la materia han considerado la función jurisdiccional de los parlamentos, función desarrollada con las características propias de un poder que formula reglas generales y controla al Ejecutivo. Para Fernando Santo Olaya, tratadista español dentro de la función jurisdiccional, la manifestación más notable y aún vigente en diversas latitudes, es la que se refiere a los delitos cometidos por miembros de las cámaras de Congreso o del gobierno. La exigencia de responsabilidades por determinados delitos cometidos por miembros de las cámaras de Congreso o de gobierno, el mecanismo de acusación a través de la cual la Cámara baja realiza una acusación que posteriormente es juzgada por la Cámara alta, procede del parlamento británico. Sin embargo como lo hace notar Francisco Berlín Valenzuela, citando a Emilio Rabasa, en México es preciso distinguir la actuación de la Cámara de Diputados en materia de juicio político, refiriéndose al artículo 110 constitucional, en cuyo caso funge como órgano acusador ante la Cámara de Senadores a la cual le corresponde el juicio de procedencia, cuando tiene a su cargo declarar o no el fuero de los presuntos responsables por violaciones a las leyes penales, refiriéndose al artículo 111. Corresponde entonces a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político actuando como órgano instructor y de acusación. Es atribución de la Sección Instructora abrir un período de pruebas, recibirlas, agrupar otras que considere convenientes, calificarlas y una vez terminada la instrucción poner el expediente a la vista de denunciantes para que pueda formular alegatos. Las conclusiones de la Sección Instructora terminarán que se declare si hay o no lugar para proceder en contra del servidor público denunciado por la conducta que dio origen al procedimiento. En la actual legislatura en la Cámara de Diputados solo se han pronunciado una sola vez en jurado de procedencia para retirar la protección constitucional a una legisladora local por haber cometido un delito federal. No obstante, la Sección Instructora ha detenido importantes asuntos por su composición impar que ha impedido la emisión de los dictámenes, como sucedió en el desafuero de los diputados federales por el PRI, Antonio Tarek Abdala y Alberto Silva Ramos, presuntamente involucrados en desvíos de recursos públicos en Veracruz cuando Javier Duarte gobernó esa entidad. El entonces presidente de la Sección Instructora, el diputado federal Ricardo Ramírez Nieto, del PRI, dio a conocer el dictamen propuesto en el que se consideraba improcedente retirar el fuero a ambos congresistas. Esto fue sometido a un par de rondas de votación que terminaron en empate, por lo que la protección legal de sus compañeros del partido nuevamente quedó intacta. De no resolver esta circunstancia, como ahora se propone en el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la función jurisdiccional de la Cámara de Diputados se verá obstaculizada dañando nuestra frágil democracia. Morena votará a favor de este dictamen y participará activamente en el debate sobre la supresión del fuero, si es que así lo decide la Cámara de Diputados. Suprimir los privilegios y remover obstáculos para la acción de la justicia forma parte de nuestra agenda legislativa. Es cuanto, presidente.