El diputado Pedro Montalvo Gómez: Estudios realizados en todo el mundo sobre el medio ambiente coinciden en sus conclusiones en algo que debe atenderse como una situación que podría llevarnos a una catástrofe ambiental. El primer ministro inglés exhortó a la comunidad internacional para actuar contra esta amenaza en la que señaló: todavía tenemos tiempo y los conocimientos suficientes para reaccionar. De no hacerlo, la economía podría contraerse en 20 por ciento a niveles de la gran depresión de 1930. El gobierno mexicano ha recalcado la problemática del cambio climático en diversos foros internacionales. Tanto en la Cumbre sobre Cambio Climático en Naciones Unidas, como en la Conferencia de Seguridad Energética en Washington, reiteraron la necesidad de un acuerdo internacional para enfrentar este grave problema. El calentamiento de la tierra se genera al recibir la energía solar en forma rayos infrarrojos, éstos no escapan de la atmósfera, ya que gases como el bióxido de carbono absorbe esta radiación, reteniendo el calor en la superficie terrestre. A su vez, en el medio ambiente se agudiza la deforestación y el cambio de las zonas de árboles, como consecuencia de la eliminación de la vegetación natural por causas sobre todo económicas. En México, las principales causas de la deforestación son la utilización de mayores extensiones de tierra para la agricultura y ganadería, la tala inmoderada para extracción de madera, el cambio de uso de suelo para la construcción de más espacios, los incendios y las plagas de la vegetación. La consecuencia de esto es la erosión del suelo y la desestabilización de las capas freáticas que provocan inundaciones o sequías. Pro Árbol, el principal programa ambiental del gobierno federal para este año, no mitigará la acelerada deforestación en México. Aquí en nuestro país se pierden anualmente 600 mil hectáreas de bosque. La pretensión del gobierno consiste en llevar a cabo una campaña en donde se planten 250 millones de árboles que, como lo afirman organizaciones no gubernamentales, como el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible son insuficientes. En nuestro país el 70 por ciento del agua de lluvia regresa a la atmósfera por evaporación, el resto escurre superficialmente humedeciendo los suelos incorporándolo a los mantos acuíferos. Las características topográficas, geográficas que tiene México producen una condición hidrológica muy particular, determinando intensos contrastes de disponibilidad del agua en el país, que es muy diferente. Mientras que en la frontera sur la disponibilidad promedio es mayor a 155 kilómetros cúbicos, en la región del río Bravo no llega a los 15 y en la zona de Baja California es inferior a los 5. Las personas físicas y morales que tienen derecho a explotar o usar o aprovechar las aguas lo realizan por medio de una concesión, permiso que otorga el Ejecutivo federal a través de la Comisión Nacional del Agua, para realizar dicha explotación por un lapso de tiempo óptimo. Al respecto, es preciso hacer notar que el uso de los recursos naturales implica un conjunto de impactos relacionados que es conveniente considerar para generar estrategias integrales que contribuyan a hacer realidad el principio de la sustentabilidad. La extracción del agua afecta las corrientes subterráneas, las cortezas geológicas, los suelos y los ecosistemas. En sentido opuesto, cuando se acompañan las políticas de explotación hidráulica, tanto en el medio urbano como en el rural con acciones debidamente concertadas de reposición de los nutrientes de la tierra y del número de árboles y vegetación, se contribuye a un ciclo de regeneración de los mantos acuíferos. En ese sentido, creemos que un acto de justicia y compromiso con el desarrollo sustentable establecer en la ley que quienes disfrutan de alguna concesión para explotar agua restituyan a la sociedad una contribución ecológica. Esta obligación no representa un impacto sensible en los costos de operación de los concesionarios. Es preciso ampliar las obligaciones contempladas a los concesionarios de acuerdo al capítulo III de la Ley de Aguas Nacionales, para que los concesionarios que exploten, usen o aprovechen las aguas que son propiedad de la nación, participen de manera obligatoria en la forestación y reforestación, tanto en las zonas urbanas como rurales. La participación de los concesionarios para forestar y reforestar se realizaría del 1 de julio al 15 de agosto de cada año, haciéndose responsables de la plantación de la cantidad de árboles y en los lugares que establezca la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto de la Conagua. De la misma forma, a darles mantenimiento para que sobrevivan la mayor parte de los árboles. Por lo antes expuesto, en mi calidad de integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a la aprobación de esta honorable soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 29, fracción VI; 29 Bis 2, se crea la fracción VI; y el artículo 29 Bis 4, fracción IX, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: Artículo primero. Se reforma el artículo 29, fracción VI, para quedar como sigue: Artículo 29. Los concesionarios y asignatarios tendrán las siguientes obligaciones en adición a las demás asentadas en el presente título: VI. Sujetarse a las disposiciones generales y normas en materia de seguridad hidráulica, de equilibrio ecológico, protección al ambiente y participar en las campañas anuales de forestación y reforestación del 1 de julio al 15 de agosto. Artículo segundo. Se reforma el artículo 29 Bis 2, adicionando la fracción VI, para quedar como sigue: Artículo 29 Bis 2. Se suspenderá la concesión, asignación o permiso provisional para la explotación, uso o aprovechamiento de aguas y bienes nacionales a cargo del Ejecutivo federal, independientemente de la aplicación de las sanciones que procedan, cuando el usufructuario del título VI. No cumpla con lo establecido por la fracción VI del artículo 29 de la presente ley. Artículo tercero. Se reforma el artículo 29 Bis 4, fracción IX, para quedar como sigue: Artículo 29 Bis 4. La concesión, asignación o permiso de descarga, así como el permiso provisional aplicable, podrá revocarse en los siguientes casos: IX. Dañar ecosistemas como consecuencia de la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales o no cumplan con lo establecido en la fracción VI del artículo 29 de la presente ley. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.