La diputada Dolores Gutiérrez Zurita (PRD): Con su venia señora Presidenta. Por economía legislativa le solicito de manera respetuoso sea publicado el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Hoy en día no puede imaginarse una sociedad sin información, sin embargo, por muchos siglos el silencio desde las más altas esferas del poder, permitían la opresión del pensamiento, de las noticias y datos capitales que todo hombre y toda mujer tenían derecho y debían conocer, para sencillamente sentirse parte de la nación. Muchos son los intereses que defienden quienes se oponen a la libertad de expresión y a la libertad de prensa y de los medios de comunicación. La denuncia pública, responsable y fundada, es la principal razón del ser del periodismo, en una sociedad moderna, democrática y libre, la denuncia es fundamental para la buena convivencia, para el cumplimiento de la ley, para exigir a la autoridad que responda a sus deberes, para dar a conocer conductas ilícitas que dañan al cuerpo social. Nuestra historia refleja lamentables y escandalosos ataques en contra de la libertad de expresión, José Joaquín Fernández de Lizardi, Francisco Zarco, Filomeno Mata, Ricardo Flores Magón, Manuel Buendía, por citar sólo algunos casos entre la larga lista, en la que ahora aparecen Roberto Mora García, Benjamín Flores González, Luis Mario García Rodríguez, Pedro Valle Hernández, Armando Meléndez Sánchez, Mario Morales Palacios, Francisco Javier Ortiz Franco, y el más reciente Francisco Arriata Saltierna, asesinado mediante golpes y torturas hace apenas un par de días atrás, en una cadena de atentados que no parece tener fin, porque tampoco culmina la podredumbre que trata de ser ocultada y negada por los poderosos. Si un periodista, si una periodista, caen en el cumplimiento del deber de informar, de denunciar, siempre habrá quien le releve y sustituya en el desempeño y ejercicio del derecho a la información. Nos indigna el asesinato a sangre fría de periodistas valientes, que al cumplir con su deber de informar, lastiman intereses que se confabulan para silenciarlos. Estamos conscientes de la responsabilidad y de los riesgos, pero exigimos también una respuesta pronta y eficaz de las autoridades, para una averiguación expedita y una pronta resolución de los procesos penales que se deriven de los crímenes en contra de quienes han tenido el valor de denunciar. Que sean procesados y condenados con celeridad los autores materiales y sobre todo los autores intelectuales de esos arteros crímenes, que se demuestre que el estado de derecho está para proteger a la sociedad de quienes abusan de ella. Vivimos momentos críticos, informes como el de Reportes sin Fronteras y de la Sociedad Interamericana de Prensa, señalan que México es uno de los países donde más se ocupan los tribunales para amedrentar a los periodistas y también como uno de los más peligrosos, para aquellos periodistas que dan a conocer asuntos de narcotráfico, la realidad es que con frecuencia caen asesinados periodistas, y no sólo no se hace nada para evitarlo sino que posteriormente se entorpecen las investigaciones, se dilatan las averiguaciones y pocas veces se procesan a los culpables. Es de exigirse que la autoridad cumpla con su deber, lamentablemente estos crímenes que atentan en contra de periodistas, son tipificados como materia penal ordinaria, la que es responsabilidad de cada estado de la República y bajo sus leyes, bajo sus tribunales. Bajo sus agencias investigadoras se realizarán las gestiones, los trámites, las actuaciones, los juicios y si remotamente se da el caso, la ejecución de las sentencias en los reclusorios locales. Los criminales tienen, por tanto, en sus propios estados la posibilidad real más allá del derecho, de escapar a la justicia gracias al tráfico de influencia, a la corrupción y a la ineficacia y atraso de las entidades encargadas en ellos de procurar y administrar justicia. De esta forma, y atendiendo a que la libertad de expresión, a que la libertad de prensa y a que el derecho de la información son garantías consagradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que por lo tanto son de naturaleza federal, porque se refieren al interés general de la nación que tiene derecho a estar informada, es de proponerse, se propone la creación de un nuevo tipo penal inserto en el Código Penal Federal, que califique como delictivas las conductas tendientes a obstruir el libre ejercicio de esos derechos, siempre que, en los casos en que por las condiciones y circunstancias particulares del ilícito se desprendan indicios que permitan suponer o presumir que el delito tuvo como finalidad atentar en contra de las libertades de expresión y de prensa, así como contra el derecho a la información. Asimismo, también debe ser considerado como un delito adicional y acumulable los delitos graves cometidos en contra de periodistas, con el objetivo de amedrentarlos u obstaculizar su desempeño profesional. Además, para la aplicación puntual de este nuevo tipo penal y permitir la eficaz persecución de los delincuentes, así como su posterior proceso judicial y condena, debe dotarse de facultades a las autoridades federales encargadas de la persecución de los delitos del orden federal, así como a los tribunales de la Federación para que sean éstos las instancias jurisdiccionales competentes para conocerlos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados el presente proyecto de decreto por el que se adiciona el Titulo XXVII al Código Penal Federal y se reforma el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para quedar como sigue: Primero. Se adiciona el Título XXVII del Código Penal Federal en los términos siguientes. Artículo 430. Se impondrá una pena de 5 a 10 años de prisión al que, por cualquier medio, obstaculice el libre ejercicio de las libertades de expresión y de prensa, así como al que atente por vía de hecho, físicas, psicológicas, violentas o económicas inclusive, en contra de los medios de comunicación o de periodistas en el desempeño de su labor profesional con la intención de impedir, obstruir, evitar o distorsionar la difusión de noticias e informaciones. Dicha pena se impondrá sin perjuicio de las sanciones y penas que por la comisión del ilícito se acumulen por la particularidad del delito. Las sanciones que se imponen a los infractores al derecho de la información se consignan en la ley especial que regula la materia. Segundo. Se reforma, adicionándolo, el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los siguientes términos: Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán...Cuarto: De los delitos cometidos en contra de los medios de comunicación o de los delitos graves en contra de periodistas, cuando por las condiciones particulares del ilícito se pueda presumir que el motivo del delito fue atentar en contra de las libertades de expresión y de prensa o contra el ejercicio del derecho a la información. Transitorios. Unico: El presente decreto entrará en vigor en la fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 2 de septiembre del año 2004. Es cuanto, señora Presidenta.