El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. Todavía en pasillos, todavía se oye el argumento de que otra vez los corruptos gobernadores. Claro, la mayoría del PRI, aunque hay del mismo Pacto contra México otros. Y sin duda lo son, sin duda lo son, muy corruptos. Pero Peña Nieto no canta mal las rancheras. Se gana la medalla de oro y que recuerdan aquí el Tibio, casi frío Muñoz. Miren, el dictamen con proyecto de decreto que se presenta atiende a modificaciones al procedimiento en el sistema de asignación de recursos en materia de salud. Se establecen nuevas atribuciones para la Secretaría de Salud como instancia rectora y articuladora del sistema de protección social de salud. Pero lo que fundamentalmente quieren es fortalecer a su rey, a su rey sí, a Videgaray. Destacan en la propuesta la transferencia de los recursos federales, los que podrán hacerse en numerario o en especie a sí mismos. Propone fortalecer la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación al sistema de protección social en salud, otorgando mayor certeza respecto del pago por prestación de servicios de salud que se brinde para entidades federativas, entre entidades federativas y los que se otorguen para las instituciones federales. Pero como en otros casos, la iniciativa que se presenta en la exposición de motivos del proponente, que es Peña Nieto, omite presentar el costo o impacto presupuestal que implica las modificaciones a la Ley General de Salud. En particular, la transferencia de recursos en numerario o especie y la viabilidad de la portabilidad de costos y servicios de salud para las familias entre los sistemas estatales de salud. En contravención a lo dispuesto en el artículo 18, párrafo cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Dónde queda entonces la transparencia supuesta que buscan. Está como lo del avión de Peña Nieto, si quisieran ser austeros, si quisieran ahorrar por qué gastar 6 mil 300 millones de pesos para que el presidente ande en el avión y por otro lado, no tengan recursos ni para los damnificados en Guerrero. Que dejen de comprar ese avión y que le den a los damnificados de Guerrero, es lo que se debería hacer. Es de subrayar que el Seguro Popular como parte del sistema de protección de salud para este año se estima que registra 53.2 millones de beneficiarios, lo que representa el 45 por ciento de la población. Estudios realizados del sector salud en nuestro país indican que el gasto público en salud en México es de 442 dólares per cápita, misma que el promedio de los países es de 2 mil 414 pesos per cápita y solamente representa el 47 por ciento del gasto total en salud, mientras que el promedio de la OCDE es del 72 por ciento y ya encuestas de la Nacional de Salud y Nutrición cerca de 30 millones de mexicanos siguen sin contar con protección en salud. Si bien es cierto que en la letra de la iniciativa que presentan va la idea de transparentar la administración de recursos en salud en el dictamen no se justifica adecuadamente la reforma que impactará la asignación de recursos para la atención médica de la población que no accede a la seguridad social que proviene del IMSS o ISSSTE. La escasez de recursos en el ramo de salud pública exige un uso racional, transparente y con rendición de cuentas. Las nuevas reglas para la asignación de recursos en numerario o especie no atiende aunque no lo dice la iniciativa de Peña Nieto, o cuando menos en el dictamen que presentan al alto grado de corrupción en el uso de los recursos de salud pública. Y, como todo lo que ha sucedido con el antecesor a Peña Nieto y con los gobernadores corruptos, obviamente todo lo tapan, eso ni les preocupa, que todo siga igual. Al fin que son parte de los mismo. No son menores las denuncias de desvíos de recursos por los gobiernos estatales y por los administradores de hospitales y centros de salud, ello se acredita en los resultados que ha publicado la Auditoría Superior de Hacienda. En el ejercicio fiscal 2010 de las 32 auditorías practicadas a las entidades fue negativa en 20, y fue negativa con salvedades en las 12 restantes. Las observaciones recurrentes derivadas de la fiscalización al Seguro Popular 2008 al 2010 fueron: irregularidades sobre remuneraciones al personal, falta de documentación justificativa y comprobatoria de las erogaciones, irregularidades en la administración y operación del recurso, y deficiencias en la adquisición y manejo del medicamento. Por otra parte, la comisión dictaminadora evita la valoración de impacto presupuestal que se refiere a lo dije al artículo 85, numeral 1, fracción VIII, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Omisión que, de acuerdo al artículo 63 culmino del mismo Reglamento, debe ser cuidada y atendida por la Mesa Directiva de este pleno, por ello solicito se suspenda la discusión en lo general del dictamen con proyecto de decreto para estas reformas que pretenden. Si ustedes siguen persistiendo en violar la ley que creo que es lo que van a hacer y no hacen caso a esta moción que presentamos en lo particular como un diputado que busca que se respete la Constitución y la ley, y que está en contra de la corrupción de a de verás pues estaré votando en contra de esta ley. Es cuanto, señor presidente.