El diputado Jaime Arturo Vázquez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, para Nueva Alianza resulta urgente y prioritario exponer la gravedad del estado en que se encuentra el uso, explotación y aprovechamiento de los recursos hidráulicos, el cual ha sido afectado por fuertes sequías en los últimos años y se ha presentado en las regiones localizadas en los estados del norte y del centro del país, en donde las precipitaciones son en promedio de 400 milímetros al año. Once millones de mexicanos no tienen acceso al agua potable y se espera que para el año 2030 el consumo de agua aumente en un 25 por ciento. Es cada vez más notoria la insuficiencia del líquido en la cuenca del valle de México. En los últimos meses continúa afectando en forma grave a la población del Distrito Federal y del estado de México. Por cuanto hace al aprovechamiento del agua, las eficiencias en el uso aún son muy bajas; en el sector agrícola oscila entre el 33 y 55 por ciento. En las ciudades, su aprovechamiento fluctúa entre el 50 y el 70 por ciento. De acuerdo con información que presenta la Comisión Nacional del Agua en sus estadísticas de 2008, al dividir el país en dos grandes zonas: norte y sur, encontramos que en la primera se concentra el 77 por ciento de la población, que genera el 87 por ciento del producto interno bruto, y cuenta con una disponibilidad de agua del 31 por ciento. En la zona sur, en la que habita el 23 por ciento de la población, se genera el 13 por ciento del producto interno bruto y cuenta con una disponibilidad de 69 por ciento del agua renovable. Al mismo tiempo existen hoy tres veces más mantos acuíferos sobreexplotados que hace 30 años, de los cuales se extrae el 60 por ciento de las aguas subterráneas, lo cual hace que el recurso hídrico sea cada vez más insuficiente. En múltiples ocasiones el agua ha sido motivo de confrontaciones y problemas judiciales entre comunidades, municipios y entidades, como es el caso que resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la controversia constitucional por la que el estado de México pretendió la cancelación de la concesión por la cual el Distrito Federal lleva a cabo la explotación, uso y aprovechamiento de aguas nacionales provenientes de las cuencas localizadas en dicha entidad. Nueva Alianza considera urgente que ante problemas futuros que se susciten por uso, aprovechamiento y explotación del agua, consolidar el marco normativo, que en lo inmediato impida que cualquier decisión que se adopte para el uso más racional de este recurso genere conflictos entre comunidades, así como en las relaciones entre gobiernos municipales, estatales, del Distrito Federal y las dependencias del Ejecutivo federal. Someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversos párrafos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma el párrafo sexto y se adicionan los párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno, todos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 27. ? ? Se considera de interés público el control de extracción y de la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales superficiales y del subsuelo, así como las actividades fundamentales para lograr su uso sustentable, así como la gestión integrada de los recursos hídricos. La gestión integrada de los recursos hídricos es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Consejo Nacional del Agua, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya integración participará el Poder Legislativo de la Unión, los gobiernos de los estados y el Distrito Federal, los municipios, las instituciones públicas de educación superior y los usuarios, en los términos que se determinen en la correspondiente ley reglamentaria. El Consejo es la máxima autoridad administrativa en materia hídrica, autónoma en sus decisiones y funcionamiento, con una estructura integrada de órganos nacionales y regionales, atendiendo a regiones hidrológicas administrativas, en la cual se considerará a la cuenca hidrológica como unidad básica para la gestión integral y sustentable de los recursos hídricos. Se crean órganos de vigilancia integrados por representantes de los tres órdenes de gobierno, de las instancias académicas y de la sociedad civil. El consejero presidente y los consejeros de las regiones hidrológico administrativas serán designados por el voto de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados, a propuesta de las instituciones públicas de educación superior, con especialidades vinculadas en la materia hídrica de cada una de las regiones hidrológicas en que se divida el territorio nacional. Los funcionarios designados durarán en su encargo 7 años y no podrán tener otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo Nacional y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o de beneficencia. Para un desempeño profesional se establece que los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán de personal calificado necesario, con base a un sistema profesional de carrera. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.