La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, la sociedad de la información es una realidad que nos obliga a diseñar nuevos entramados legales e institucionales para hacer frente a los retos que implica el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación. En los albores del siglo XXI, los cambios en la economía global han impulsado la expansión de las tecnologías digitales, en las cuales el Internet se ha convertido en la vía más idónea y accesible para facilitar la comunicación social y la adquisición de conocimientos. Esta situación trae consigo transformaciones en la interacción social, particularmente en la responsabilidad sobre el manejo de la información disponible en Internet, ya que estos datos no siempre están bajo la tutela de una autoridad y, por el contrario, rompen con la dimensión espacial. Además resulta necesario contemplar que el contenido generado en un recóndito lugar de un país lejano puede ser visto en otra latitud, sin que se requiera de una autorización para su publicación. Reconocemos en el Internet un espacio de libertad de interacción social, un mecanismo para ejercer de manera plena nuestro derecho a la información, pues constituye un ágora virtual. Sin embargo, debemos advertir que esta libertad conlleva a una responsabilidad y un compromiso para que su uso contribuya a la formación integral del individuo y que la información sirva para construir una mejor ciudadanía. El escenario en el que se inscribe la visión de un inciso c), al artículo 11 y un Capítulo Quinto Bis a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, busca que en un marco de seguridad las y los niños mexicanos puedan hacer efectivo el derecho humano a la educación y a la información de calidad y sin riesgos. Al incluir la obligación de padres, madres de familia y tutores de supervisar la información que reciben nuestros menores de edad, reforzamos las acciones que realizan desde sus ámbitos de competencia las autoridades correspondientes. La realidad en la que se inserta esta dictaminación nos reclama acciones urgentes, pues la Asociación Mexicana de Internet reporta que desde el año 2006, cada año un promedio de cinco millones de connacionales se suman al uso del Internet. Bajo esta óptica, en el 2006, la red de redes sólo era utilizada por 20.2 millones de mexicanos y para el 2013 ya contabilizábamos 45.1 millones. Por lo que urge atender legislativamente aquellas ausencias que podrían afectar el desarrollo de las y de los mexicanos. Este mismo organismo informa, que el 33 por ciento de estos usuarios se inscriben entre los 6 y los 17 años de edad, equivalente a 14 millones 883 mil personas. Por su parte, la Secretaría de Educación Pública reporta que en el curso 2012-2013, el país atendió a 30 millones 334 mil 896 alumnos, por lo que se estima que uno de cada dos alumnos mexicanos cuentan con acceso a los servicios de Internet. Lo anterior, si consideramos que 9 de cada 10 usuarios de Internet acceden a por lo menos a una red social, que utilizan esta herramienta un promedio de 5 horas al día y que los días de mayor consumo son los viernes. En consecuencia, resulta esencial atender los temas relacionados a este uso y a la formación de las nuevas generaciones. Cabe destacar, que la exposición sin supervisión de nuestra niñez a las herramientas tecnológicas los convierte en un sector vulnerable para los delincuentes, quienes aprovechan el anonimato con la intención de generar un clima de confianza que les permite cometer delitos graves, como la pedofilia o la trata de personas, drogadicción, secuestro, etcétera. Las encuestas también señalan, que sólo 6 de cada 10 padres de familia vigilan a sus hijos cuando utilizan el Internet, y sólo uno de cada 10 sabe cómo restringir el ingreso de sus hijos a páginas de contenido inapropiado. Por lo tanto, es necesario que a la par de la aprobación de esta reforma, la Secretaría de Educación Pública implemente programas de información y de capacitación a los padres de familia, de tal forma que estos cuenten con las herramientas necesarias para poder dar cumplimiento a este acuerdo, pues una buena parte de ellos ha expresado que desconocen el uso y el manejo del Internet. Consideramos, que para evitar los riesgos que esto implica, todos los involucrados deben asumir su responsabilidad para resolver esta problemática. Congruentes con la convicción que hemos impulsado, desde el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, acerca del acceso a la banda ancha como un derecho humano, votaremos a favor del presente dictamen, pero con la responsabilidad y el debido cuidado, a fin de que en el futuro, la infancia y la adolescencia mexicanas gocen de los derechos fundamentales de seguridad y acceso a una educación de calidad con equidad. Es cuanto, presidente.