EL C. DIPUTADO JORGE KAHWAGI MACARI: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Para dotar de un marco jurídico acorde a las necesidades del México actual con exigencias tan diversas, como lo es la conservación de los bosques y el agua, el combate ante la criminalidad y la delincuencia y el que todos los mexicanos tengan las mismas condiciones y oportunidades para prosperidad, debemos primordialmente plasmar estas directrices en el llamado Plan Nacional de Desarrollo. Debemos mostrar ante los ojos de la sociedad el gran valor de la actividad del Congreso de la Unión, en el que no se legisla más al amparo de intereses particulares y mezquinos sino anteponiendo los de la nación, que debe constituir nuestra guía fundamental, debemos orientarnos a resolver en algunas medidas los problemas de nuestro país, creemos que los resultados hasta ahora no han sido suficientes, ya que nuestra actividad no debe limitarse sólo a resultados parciales sino profundizar en las causas de la problemática nacional, para dar por fin cauce y satisfacción a las legítimas aspiraciones de bienestar, seguridad, justicia y paz de los mexicanos. El avance democrático ha sido importante pero permanece aún sujeto a condicionamientos y actitudes obtusas de los que todavía se niegan a aceptar el cambio que dio el país hacia una democracia plena. La búsqueda de consensos para hacer del sistema político un régimen plural en el que cada fuerza política participe en la toma de decisiones, empieza a perfilarse como el sistema que tendremos en este siglo. Como lo hemos manifestado y realizado actividades, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, ha sido intensa y enfocada a dar cauce precisamente a las aspiraciones legítimas de los mexicanos. Pero hay que reconocer que no se ha podido resolver los graves problemas que sufre nuestro país y esto es debido principalmente a la poca coordinación que existe entre los Poderes de la Unión. Si bien sabemos que la responsabilidad en la administración del país no está depositada exclusivamente en una sola autoridad, también es cierto que las más grandes responsabilidades y facultades para la conducción de la Nación, recaen en el Presidente de la República. La tarea de los legisladores no ha terminado aún; tampoco la del Ejecutivo Federal. La participación de unos y otros en la construcción de un México dinámico, plural y participativo, será lo que logre la transición democrática, el desarrollo sustentable y el crecimiento anhelado. Para esto se tendrán que abandonar las viejas prácticas excluyentes que todavía aparecen en diversas ocasiones. En este sentido consideramos pertinente la participación real de los diputados y senadores en la vigilancia del Plan Nacional de Desarrollo, para poder así ser un auténtico contrapeso de las acciones del Ejecutivo Federal. Por eso sometemos a esta Cámara de Diputados en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los artículos 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 20 de la Ley de Planeación. En virtud de la limitación en el tiempo omitiré la lectura del articulado, pero solicito atentamente a la presidencia ordene su inserción plena en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto señor presidente. Por su atención muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias don Jorge. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Hacienda y Crédito Público. Y como lo solicita el señor diputado, transcríbase el documento íntegro en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en el caso de que no haya sido publicado. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar iniciativa que reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -DIP. PEDRO VAZQUEZ GONZALEZ: Con su venia señor presidente. -PRESIDENTE: Adelante don Pedro. -DIP. PEDRO VAZQUES GONZALEZ: Ciudadanos secretarios de la Honorable Cámara de Diputados: Los suscritos diputados federales de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41 fracción II inciso a) y el párrafo cuarto fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Desde que las reglas del juego político se transparentaron con la aprobación en 1990, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que mandató la creación del Instituto Federal Electoral, así como la reforma constitucional electoral de 1996, que otorgó autonomía al IFE, los procesos electorales cobraron credibilidad en nuestro país. Sin embargo, es preciso señalar que la autonomía del IFE y la creación de las nuevas reglas del juego político fue el resultado de las transformaciones que se operaron en la sociedad mexicana desde los años 60 del Siglo XX. Entre los factores de esta transformación se encuentra el proceso de concentración urbana y el mayor desarrollo cultural de nuestro pueblo, que se convirtieron en factores de peso para que la sociedad mexicana se volviera más crítica y participativa. Por lo tanto, cuando arribamos al Siglo XXI el México moderno requiere de nuevas instituciones en todos los ámbitos, que se correspondan con el nivel alcanzado por su desarrollo industrial, urbano y cultural. En este contexto, para poder cumplir con el papel que le asigna la Constitución a los partidos políticos, en correspondencia con las nuevas exigencias que plantea el desarrollo logrado por la sociedad mexicana, se requiere conformar un sistema político con reglas claras y equitativas, pero también con criterios de eficiencia y racionalidad. En este sentido es de vital importancia modificar la fórmula de financiamiento a los partidos políticos que, conforme a la ley vigente, es de 30 y 70 por ciento, la cual consideramos que no refleja la equidad que debe de existir en toda competencia electoral, en un contexto caracterizado por la competitividad en todos los ámbitos de la realidad nacional. En ese sentido proponemos que el nuevo esquema de financiamiento a los partidos políticos debe de ser igualitario en un 50 por ciento y el restante 50 por ciento en forma proporcional a su votación nacional emitida en la elección de diputados inmediata anterior. Por otra parte, estamos a favor de que se prohiba por un tiempo determinado al consejero presidente y a los consejeros electorales en los diferentes niveles para que no puedan acceder a cargos públicos ni de representación popular para evitar la partidización de dichos consejeros y garantizar su total imparcialidad y reforzar la credibilidad de las instituciones electorales del país. La nueva democracia que espera la sociedad mexicana exige cambios de fondo a las leyes electorales porque es la única manera de hacer corresponder el nivel de desarrollo que ha alcanzado su participación política y garantizar el respeto de sus decisiones. Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 41, fracción II, inciso a) y el párrafo 4, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Se reforma el artículo 41, fracción II, inciso a) y el párrafo 4, fracción III para quedar como sigue: Artículo 41, fracción II, inciso a). El 50 por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 50 por ciento restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la elección de diputados inmediata anterior. Fracción III. El consejero presidente y los consejeros electorales, al término de su gestión natural o anticipada durante seis años, no podrán desempeñar empleo, cargo o comisión en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial de la federación, así como en los órganos constitucionales autónomos previstos en esta Constitución. Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 25 días del mes de marzo de 2004. Firman los integrantes del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Es cuanto y hago entrega, ciudadano presidente. -