La diputada Yolanda de la Torre Valdez: Con su permiso, diputado presidente. Con su venia, señor vicecoordinador, diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. En México los derechos humanos son un asunto de Estado. Son una causa que nos convoca y nos une a todos; o a eso debe llevarnos, a que trabajemos en un solo frente Enrique Peña Nieto, Los Pinos, 10 de diciembre de 2015. Compañeras y compañeros legisladores. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad señala a la sensibilidad como uno de los principios centrales para que las personas con discapacidad gocen plenamente sus derechos en igualdad de condiciones. México, como Estado parte de la convención, está obligado a realizar acciones pertinentes a fin de acondicionar, adaptar y proyectar debidamente el entorno donde las personas con discapacidad acceden a sus derechos. Estas acciones deben incluir identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso en los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo. En materia de educación la convención en su artículo 24 nos dice que para hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a la educación sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, los Estados parte deben de asegurar que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primera gratuita obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad. Además nos dice que se deben realizar todos los ajustes razonables en función de las necesidades de los niños y de las niñas. La convención de referencia y los tratados internacionales son Ley Suprema de la Unión de acuerdo al 133 constitucional. Por otra parte, las personas con discapacidad se encuentran en severas desventajas en relación a la educación contra sus pares sin discapacidad. En materia de asistencia social, por ejemplo, las personas con discapacidad entre tres y 23 años presentan una tasa de asistencia escolar menor en un 16 por ciento que las personas sin discapacidad. En el nivel de escolaridad, el 27.9 por ciento no tiene estudios; el 45 por ciento terminó apenas un año de primaria; el 13 por ciento ha concluido apenas un año de secundaria; el 7.3 por ciento apenas un año de educación media superior y solo el 5.2 por ciento uno de educación superior. El 29 por ciento de las personas con discapacidad física son analfabetas. Por estas y muchas razones más que estuvieron en las exposición de motivos, es importante la aprobación de este punto de acuerdo, y que va dirigido a los operadores en las entidades federativas, porque sin edificios escolares accesibles, las niñas y los niños con discapacidad no tendrán oportunidad de ejercer su derecho a la educación; si no tienen derecho a la educación no podrán aspirar a trabajos mejor calificados y no serán adultos independientes. Su destino será la marginación, la discriminación y la exclusión social. Por ello agradezco mucho a la comisión por el apoyo y aprobación de este punto, y a ustedes, legisladores, porque sé que estarán de acuerdo. Muchísimas gracias.