La diputada Blanca Leticia Gutiérrez Garza: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, hoy nos encontramos frente a una reforma que amenaza los principios democráticos y los derechos humanos que tanto hemos defendido en México. Esta reforma del Ejecutivo federal para transferir el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es un retroceso peligroso que no nos lleva más que a la militarización de la seguridad pública, situación que ya antes ha sido señalada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué oponernos a esta reforma? Simplemente porque no podemos permitir que el control de la seguridad pública que debe ser civil, disciplinado y enfocado en la protección de los ciudadanos sea entregado a una entidad militar. En lo personal, y a nombre de Acción Nacional, manifiesto un total respeto y admiración a las Fuerzas Armadas, pero su formación es militar y altamente especializada, como debe ser, no civil. Su entrenamiento en función están basadas en la lógica del combate y no en la prevención del delito o en la protección de los derechos humanos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya con anterioridad, realizó un análisis de fondo en este tema, invalidando exactamente lo mismo que hoy se presenta de nueva cuenta. Me pregunto. Qué parte no ha sido clara de este señalamiento, que declara inconstitucional dada la Sedena el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional por contravenir su naturaleza civil. Esta reforma implica debilitar la seguridad pública y generar un alto riesgo de vulneraciones a los derechos humanos. Entendemos que bajo el mando militar las decisiones de seguridad seguirán una lógica de guerra, priorizando el uso de la fuerza y distorsionando el enfoque preventivo que debe prevalecer en una democracia. Insisto, esto aumenta el riesgo de actuaciones violatorias de derechos humanos. Además, esta reforma minimiza el verdadero papel de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quitando la posibilidad de liderar las políticas de seguridad pública. Están centralizando el poder en manos de la Sedena, debilitando a las policías estatales y municipales, afectando el balance de poderes y la capacidad de coordinación efectiva en las instituciones que velan por nuestra seguridad. Resulta sumamente preocupante que el personal de la Guardia Nacional estará sujeto a una jurisdicción militar. ¿Por qué esto? También debilita la transparencia y la dificultad de rendición de cuentas, simplemente erosiona el principio de justicia civil. Ser un gobierno ampliamente votado no les da la legitimidad de todos los mexicanos ni el conceso absoluto en todas sus decisiones y acciones, así como tampoco el respaldo de los deudos que ha dejado su política de abrazar delincuentes. Lo que hemos visto es el crecimiento de la impunidad, de regiones enteras controladas por la delincuencia, de integrantes del Ejército y la Marina humillados por criminales. El sexenio va a terminar con la cifra de 200 mil homicidios, sí, 200 mil, el más mortífero en la historia de nuestro país. No hay ninguna garantía para decir que el hecho de adscribir a la Guardia Nacional a la Sedena va a acabar con la violencia, con los homicidios y con el crimen organizado que tanto golpea a nuestro país. No solo es nuestra voz, coinciden también organizaciones mundiales, sociedad civil, defensores de derechos humanos, académicos, expertos en materia de seguridad pública y seguridad nacional, así como diversos colectivos que han planteado la construcción de un modelo diferente de seguridad pública ante el fracaso de la actual. Diputadas y diputados, cuál es el miedo a escuchar a la ciudadanía. ¿Es porque acaso ellos tienen otros datos? Esta reforma no sólo es un cambio administrativo, resulta un cambio estructural que afectará la esencia misma de la gestión de la seguridad pública en un Estado democrático. Nos aleja del respeto a los derechos humanos y nos acerca peligrosamente a un Estado de excepción permanente, en donde la seguridad se concibe como un campo de batalla y no como una responsabilidad civil. Necesitamos fortalecer, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, a la policía civil a nivel estatal y municipal. Esa debería ser nuestra meta principal y no la salida fácil de militarizar las tareas de seguridad porque ya se le salió de la mano el país entero. La pacificación de México no se dará por dictado ni mucho menos tomando decisiones que ustedes mismos criticaban y que hoy, con sumisión absoluta, abalan sin medir las consecuencias. Desde Acción Nacional rechazamos esta reforma y, por ello, la votaremos en contra, conscientes del riesgo que implica militarizar la seguridad pública. Reiteramos nuestro compromiso con México, en el que la seguridad pública sea ejercida bajo control civil, con pleno respeto a los derechos humanos y con instituciones que rindan cuentas a la ciudadanía. La demanda de paz y seguridad no es y nunca ha sido exclusiva de un solo partido. Es el principal reclamo de todos aquellos que hemos caminado nuestra ciudad. Están a punto de cometer uno de los más grandes errores de la historia de México. Hoy están traicionando su historia, su palabra, porque un país seguro no es aquel que tiene más armas en las calles, sino aquel que garantiza la paz a través de la ley, la justicia y el respeto que da dignidad humana. No a la militarización de la Guardia Nacional. Sí a la seguridad pública con enfoque civil y democrático. Soy la resistencia. Es cuanto.