LA C. DIP. MARTHA RUTH DEL TORO GAYTAN: Con su venia, señor Presidente. La que suscribe, en mi calidad de diputada federal integrante de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 87, 21 fracción XVI y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitó respetuosamente de esta Presidencia tenga a bien formular una excitativa a las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Puntos Constitucionales, a efectos de que se dictamine a la brevedad para su presentación ante el pleno de este órgano legislativo, la iniciativa de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, al tenor de los siguientes antecedentes: Con fecha 10 de abril del 2001, el diputado José Francisco Blake Mora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la iniciativa de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia. La iniciativa de ley que se comenta busca que el procedimiento de declaración de procedencia, constituya un mecanismo eficaz para remover la protección constitucional de los servidores públicos, que comentan algún ilícito penal y que puedan ser enjuiciados en los términos de la legislación correspondiente. También propone reglas más claras para el desarrollo de procedimientos de juicio político, de declaración de procedencia y de responsabilidad del Ejecutivo Federal, separando el marco jurídico de éstos, del que establece el procedimiento de responsabilidades administrativas. Se eliminan de la ley todas las vaguedades que permitían la diversificación de interpretaciones legales y por ende, entorpecían el desarrollo de los procedimientos respectivos que impiden con ello la exigencia de responsabilidad política y penal de los servidores públicos de alto nivel. Por otro lado se establece con mayor claridad, quiénes son sujetos de responsabilidad política y las causales de juicio político, depurándose las causales que por redundar en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, darían lugar a responsabilidad política en el servicio público. En ese sentido se eliminan aquéllas cuya vaguedad ha dado lugar a su inaplicabilidad en la práctica y se incorpora una que con mayor ampliltud tutelaría el derecho de los gobernados, para participar en los decisiones políticas del Estado. En la iniciativa se reducen considerablemente los plazos para desarrollar los procedimientos que nos ocupan, fijando plazos máximos en los que deberán agotarse cada una de las etapas procedimentales, tanto en el juicio político como en el de declaración de procedencia, incluido el procedimiento que en su caso se le seguiría al Presidente de la República, destacando en este aspecto la imposibilidad legal para que se suspendan dichos procedimientos durante los recesos de las Cámaras, debiéndose solicitar en todo caso a la Comisión Permanente, que convoque a la Cámara respectiva a un período extraordinario de sesiones, con el objeto de que aquellos no se interrumpan ni se rebase el citado plazo constitucional. No obstante lo anterior se cuide en todo momento la garantía de audiencia de los servidores públicos sujetos a estos procedimientos. De igual manera de acuerdo al texto constitucional se establece de forma más clara la posibilidad de los ciudadanos, de solicitar el inicio del procedimiento de declaración de procedencia, eliminando con ello la antigua discusión respecto de dicha acción a favor del Ministerio Público en forma exclusiva . La iniciativa en comento, viene a dar claridad y aplicabilidad a una materia que ha tenido muy poca eficacia; por ello los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, insistimos en la importancia de que los servidores públicos de primer nivel y los representantes populares, respondan frente a la sociedad por haber incurrido en actos administrativos o delictivos que contravengan el orden público, sin cobijarse en la inmunidad constitucional que hasta el día de hoy ha hecho posible en muchos casos que se evada la acción de la justicia. Por lo anterior, reviste suma importancia el contar con una ley bien estructurada y ordenada que regule lo relativo a la responsabilidad política de los altos funcionarios. Por lo anteriormente expuesto, expreso las siguientes consideraciones de derecho: Desde el día 10 de abril de 2001 a la fecha ha transcurrido más del tiempo que se concede en el artículo 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que las comisiones de la Cámara competentes presenten el dictamen correspondiente a la iniciativa descrita. En tal virtud es procedente que el ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados, en cumplimiento con lo dispuesto en la fracción 16ª del artículo 21 del citado reglamento, excite a la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales a fin de emitir el dictamen correspondiente. Por lo anteriormente expuesto, solicito en los términos de lo dispuesto por los artículos 21 ya señalados del Reglamento para el Gobierno Interior, que se excite y envía el presente documento a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública y Puntos Constitucionales, para que presenten en dictamen respectivo a la iniciativa de Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, presentada por el diputado José Francisco Blake Mora, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la sesión del martes 10 de abril del 2001. Muchas gracias.