El diputado Marcos Aguilar Vega: Señoras y señores legisladores, el presente dictamen, lejos está de garantizar los derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. Lejos está de garantizar un sistema de becas para todos los estudiantes de todos los tipos de educación. Y lejos está de tener claridad sobre lo que es el Sistema Nacional de Salud, al querer simplificarlo en el Sistema de Salud para el Bienestar de las Personas sin Seguridad Social. No existe claridad de lo que significa promover, respetar, proteger y garantizar derechos humanos y, en su caso, establecer una política universal en salud y seguridad social. Lo que se observa en este dictamen es el establecimiento en nuestra Carta Magna de los programas insignia del presidente López Obrador, con serias confusiones sobre lo que debe quedar en el contenido constitucional y en las leyes secundarias. También hay que decirlo, con una absoluta irresponsabilidad del impacto presupuestal que implican estos programas para lograr la universalidad y progresividad en toda la población. Al revisar el estudio de impacto presupuestal que elaboró el Centro de Estudios para las Finanzas Públicas, es posible observar un estudio simplista, sustentado en algunos programas aprobados del Presupuesto de Egresos de la Federación, tales como el Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, al que se le aprobaron 30 mil 475 millones de pesos. El programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, con 28 mil 995 millones de pesos. El programa Becas Elisa Acuña, con 4 mil 164 millones de pesos. El programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, 7 mil 776 millones de pesos. La pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, con 129 mil 350 millones de pesos. La pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, con 14 mil 197 millones de pesos. Con tales datos, la dictaminadora determina que no habría un gran impacto presupuestal con la reforma, toda vez que se consideran solo los padrones de la población actual que cubren dichos programas. Por ejemplo, estos programas solo apoyan a indígenas que reciben en pueblos y comunidades indígenas, no a quien se reconoce como tal. El texto de reforma limita los derechos solo para las y los mexicanos en determinadas edades y para algunos indígenas, cuando nuestra Carta Magna es clara en que los derechos son para todas las personas que residan en el país y migrantes, es así que se deja de lado el total del universo de los adultos mayores, personas con discapacidad, educandos, personas sin seguridad social y población indígena, a quienes nuestra Carta Magna debería garantizar sus derechos. Del mismo modo, las proyecciones de crecimiento para los próximos años de la población adulta mayor y, por consiguiente, la creciente demanda por más y mejores servicios de educación y salud para la atención y mejoramiento de su calidad de vida hacen también evidente que la propuesta es insostenible financieramente. El cálculo de impacto presupuestal, por 95 mil millones de pesos en el dictamen, se atribuye únicamente a la creación del Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, al considerar la atención de casi 40 millones de personas sin seguridad social y un costo médico promedio per cápita de 4 mil 274 pesos, estimación que es totalmente errónea, pues tan solo el Seguro Popular tenía un padrón de afiliados de 51.4 millones de personas sin seguridad social. Lo que resulta mucho más coherente con el informe realizado en 2018 por el Coneval, donde se reportó que son 71.7 millones de personas sin seguridad social, por lo que de considerar el mismo costo médico promedio que estimó el centro de estudios sin estar de acuerdo tampoco en este, se tendría al menos un impacto presupuestario de 231 mil millones de pesos, lo que representa casi 1 por ciento del producto interno bruto, cifra que contrasta con los 95 mil millones de pesos que establecen en el dictamen. En razón de lo anterior, es indiscutible que la reforma propuesta necesitaría haberse acompañada de una expansión del gasto público, lo cual no sucede. Continuar con un proyecto como el que se plantea, sin establecer derechos humanos progresivos y universales y fuentes de financiamiento concretas, derivará en una reforma de difícil cumplimiento. Además, establecer que el presupuesto de estos programas no podrá ser disminuido en términos reales implicará, sin lugar a dudas, seguir dejando en condición de extrema vulnerabilidad otros sectores prioritarios y funciones sustantivas del Estado mexicano en materia de inversión, empleo, seguridad y violencia que el Ejecutivo federal ha señalado. La postura de Acción Nacional es votar en contra de este dictamen, ya que por sus implicaciones resulta limitado en su alcance por no garantizar los derechos de las y los ciudadanos. Es cuanto.