La diputada Lilia Caritina Olvera Coronel: con su venia, presidenta. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 4o., que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. También está previsto que la ley definirá un sistema de salud para el bienestar con el fin de garantizar la extensión progresiva, cualitativa y cuantitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuentan con seguridad social. En ese sentido, uno de los instrumentos utilizados por el gobierno federal a través del Instituto Mexicano del Seguro Social para brindar estos servicios de salud y que toma en cuenta el principio de solidaridad social, es el Seguro de Salud para la Familia. En el artículo 242 de la Ley del Seguro Social se establece que todas las familias en nuestro país tienen derecho a un seguro de salud para sus miembros, y que para ello podrán celebrar con el IMSS un convenio para el otorgamiento de las prestaciones en especie del Seguro de Enfermedades y Maternidad, de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, en los términos del reglamento respectivo. El financiamiento del seguro familiar contempla dos fuentes, la cuota anual que pagan las personas aseguradas que voluntariamente se incorporan, y la aportación por familia que realiza el gobierno federal. La diferencia es considerable en cada uno de los rangos de edad, las cuotas vigentes desde el primero de marzo de 2023 y hasta el 29 de febrero de 2024 van de 8 mil 200 pesos a 19 mil 700 pesos anuales, en función de la edad de la persona asegurada. Cabe hacer mención que quienes se aseguran es porque no gozan de un servicio de salud pública y que requieren la atención médica por falta de salud, pues anulado el Seguro Popular y el, ineficiente y extinto, Insabi las opciones son muy pocas. Frente a estos incrementos de la cuota anual surge la pregunta obligada, ¿por qué los aumentos considerables de la cuota anual, año con año? El 16 de enero de 2014 se publicó la reforma al artículo 242 de la Ley del Seguro Social por medio de la cual se otorgó al consejo técnico la facultad de determinar las cuotas anuales para el Seguro de Salud Familiar tomando en cuenta las características de la población afiliada, la demanda de servicios y los estudios actuariales pertinentes sin detrimento del principio de solidaridad social. Según el informe al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión sobre la situación financiera y los riesgos del Instituto Mexicano del Seguro Social 2022-2023 se observa la tendencia creciente de las aportaciones sin considerar si las familias cuentan o no con los recursos para pagar esta anualidad. De acuerdo a este informe a diciembre de 2022 el total de personas aseguradas por el Seguro de Salud Familiar fue de 179 mil 645, lo cual significó una disminución del 12 % respecto a la población afiliada en 2021, que fue de 204 mil 451 y no hablemos de 2014 que la afiliación fue de 449 mil personas, que coincide con la reforma del artículo 242 de la Ley del Seguro Social. Es decir, a partir de 2014 se observa un aumento en las aportaciones promedio anuales de las personas aseguradas y un descenso de la población afiliada. Aunado a lo anterior, las últimas mediciones de pobreza multidimensional 2022, del Coneval, indican que las personas que presentaron carencia por acceso a los servicios de salud pasaron de 16.2 % a 39.1 % entre 2018 y 2022, es decir, 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación respectivamente, 30.3 millones de personas más sin acceso a los servicios de salud. Esta iniciativa propone modificar los mecanismos previstos en la Ley del Seguro Social para que las personas puedan acceder a los servicios de salud a través del Seguro de Salud para la Familia. También se propone modificar el procedimiento para las aportaciones del gobierno federal que realiza por familia asegurada. Con estos cambios que se proponen a la ley reformando los párrafos primero y tercero del artículo 242, de la Ley del Seguro Social se estaría apoyando a las familias que no tienen acceso a los servicios de salud y que no cuentan con los recursos suficientes para pagar la cuota anual en una sola exhibición, cubriendo el monto en dos pagos semestrales y que la aportación del gobierno federal se incremente en mil 147 pesos anuales por cada familia. De esta manera, además de ayudar a las familias se respeta la atribución el procedimiento del Consejo Técnico para determinar anualmente el importe de cuotas a aplicar y no se pone en riesgo la viabilidad financiera de este seguro. Diputadas y diputados, a todos nos preocupa la salud. Es momento de pasar a los hechos, basta ya de demagogias, espero puedan ser solidarios, no hay más tiempo. Es cuanto.