El diputado Waldo Fernández González: La propuesta de dictamen que hoy se está sometiendo a votación es un instrumento que sin duda fortalecerá el nuevo sistema de justicia penal. Es por ello y para fortalecer la miscelánea penal, que acudimos a esta tribuna a presentar reservas a los artículos 421, 422, 423, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales. En lo que se refiere al artículo 421, considero que de quedarse el texto como se encuentra en el dictamen provocaría incertidumbre e inseguridad jurídica para las personas jurídicas, ya que se puede imputar responsabilidad penal a las personas jurídicas sin que las personas físicas hubiesen actuado en beneficio de éstas. ¿Qué pasaría si el empleado de una empresa utiliza la computadora, el teléfono de la oficina o algún otro bien de la empresa para realizar algún delito? Con esta redacción la persona moral sería imputada injustificadamente por un delito cometido por una persona física, sin tener inclusive conocimiento de la conducta de ésta, por el único hecho de pertenecer al personal de ésta. Sumado a lo anterior se debe hacer la observación de que en el Código Nacional de Procedimientos Penales solo deberían caber procedimientos para sancionar los delitos que se encuentren en la legislación sustantiva. Se han incluido tipos penales, es decir, delitos, los cuales no deberían encontrarse en ete ordenamiento por su simple naturaleza. Por eso, proponemos que se juzguen penalmente responsables las personas jurídicas hasta que se acredite que existe un beneficio a su favor, o bien, se pruebe con plenitud que la persona jurídica actuó con dolo o con una clara intención de obtener este beneficio. En relación al artículo 422, en el que se establecen las consecuencias jurídicas que pudieran aplicársele a las personas morales que hayan incurrido en responsabilidad penal, entre las que se encuentren multas, decomisos, suspensión, clausuras y disolución de la empresa, entre otras, la redacción de este artículo, como está en el dictamen, provocaría que los jueces puedan clausurar o incluso disolver una persona jurídica sin un análisis económico. Por tal motivo, se propone que se escuche la opinión de las instituciones financieras del Estado, como la Secretaría de Hacienda y la de Economía, o cualquier otro órgano regulador de las actividades económicas para poder determinar el impacto que tendrían todas estas medidas en el personal que legítimamente colabora en estas empresas. En el artículo 423 del dictamen se establecen como medidas cautelares la suspensión de las actividades, la clausura temporal de los locales o establecimientos, así como la intervención judicial. Esta redacción lo único que provocaría es que con la clausura o suspensión se ponga en riesgo la viabilidad económica de la persona jurídica, lo que podría provocar daños irreparables a la misma afectando al empleo y a terceras personas como proveedores. El objetivo de una medida cautelar debe ser únicamente el asegurar que un derecho o una obligación pueda hacerse efectivo en un procedimiento, pero de ninguna manera equipararlas en sanciones a las personas jurídicas que les impida su funcionamiento con las consecuencias sociales, laborales y económicas, y que puedan ser utilizadas en algunos casos con mala fe como instrumentos políticos para dañar no solo a la persona jurídica, sino a los trabajadores y a la actividad económica de una región. Por lo anterior, las reservas que hoy estamos presentando tienen como objeto eliminar la suspensión de actividades y la clausura como medidas cautelares, dejando únicamente que la intervención por la autoridad competente sea la única medida cautelar, porque garantizaría la solvencia y estabilidad de las personas jurídicas. Es cuanto, señor presidente.