La diputada Patricia García García: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros. La violencia contra las mujeres es una forma de discriminación que impide el ejercicio de los derechos humanos que comporta violaciones al derecho a la vida, a la integridad física, libertad, seguridad y protección judicial consagrados en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Un avance fundamental en el ámbito legislativo mexicano fue la aprobación de la Ley del Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y como parte de ella, la institucionalización del Banco Nacional de Datos e Información sobre los Casos de Violencia Contra las Mujeres. No obstante ello, y como bien apunta el dictamen a discusión, aunque cuando se mandató la creación de un Banco Nacional de Datos, hasta la fecha no se ha implementado y no ha sido incorrecta; no existe diagnóstico actualizados y periódicos que permitan establecer acciones concretas para prevenir y atender y mucho menos sancionar y erradicar las violencias que sufren las mujeres mexicanas. En el ámbito laboral y docente, nueve de cada diez mujeres fueron víctimas de discriminación laboral, lo que ha reflejado en menores oportunidades de trabajo y salarios, promociones y prestaciones. En el ámbito comunitario, tres de cada diez mujeres declararon haber vivido alguna situación de violencia en los espacios públicos a lo largo de su vida. Aunque resulte evidente en el incumplimiento de las disposiciones como la referente a la creación del funcionamiento del Banco Nacional de Datos, no es una variable determinante de la violencia contra las mujeres, pero sí las ha privado de un instrumento esencial en su combate. Por ello votaremos a favor del dictamen que se discute, que tiene por objeto dar certeza jurídica a la creación del funcionamiento del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos y Delitos de Violencia contra las Mujeres Los datos son contundentes, más de 14 millones de mujeres rurales en el país en el 2013, sólo el 1.15 por ciento participaron como titulares o suplentes en los órganos de representación. Y únicamente el 4 por ciento de los núcleos agrarios estaba dirigido por una mujer. En nuestro país las mujeres rurales enfrentan grandes limitaciones en el acceso a la tierra, a los recursos naturales y a los recursos públicos de apoyo a las productoras rurales, tales como la asistencia técnica y a la tecnología. Cuando son trabajadoras asalariadas de la agricultura, no se les reconocen sus derechos laborales y mucho menos se les reconoce el trabajo doméstico y el cuidado que ellas le ponen. De ahí es que expresamos nuestro voto a favor del dictamen que se discute y que tiene por fin establecer que las autoridades correspondientes garanticen el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres con relación a los derechos reales de la propiedad, así como el use y el disfrute de la tierra, el derecho fundamental a la no discriminación en materia agraria. En Acción Nacional reconocemos la importancia del valor económico y social del trabajo agrícola, y que realizan las mujeres rurales y campesinas. Compañeras y compañeros, con los dictámenes que hoy aprobamos fortalecemos las disposiciones jurídicas que nos permitirán avanzar hacia el ejercicio pleno de los derechos de la mujer en nuestro país. Sin duda, saldamos una deuda frente a las enormes disparidades que viven las mujeres rurales y campesinas, y generaremos mecanismos más eficaces que permitirán implementar políticas y acciones de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Es cuanto.