EL C. SEN. ORLANDO PAREDES LARA: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El pasado 11 de enero, la opinión pública nacional conoció cómo elementos del Ejército Mexicano, de manera sorpresiva, realizaron un operativo argumentando una inspección de rutina para revisar el armamento con que contaban en las instalaciones de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Salud de la Procuraduría General de la República en la ciudad de Tijuana, Baja California. Al realizar esa verificación, en principio se informó que se habían encontrado en la delegación de esa institución a dos civiles que presuntamente habían sido detenidos por habérseles encontrado en la posesión de 1,897 paquetes, conteniendo un peso bruto de 4 toneladas, 800 kilos de marihuana. Posteriormente se supo que ni los presuntos traficantes del estupefaciente ni las casi cinco toneladas de droga habían sido puestos a disposición del Ministerio Público Federal, por lo que el personal del Ejército tuvo que proceder a efectuar el decomiso del decomiso y realizó el aseguramiento de siete funcionarios de la PGR adscritos a la FEAST, a la que de inmediato se le inició una averiguación previa a fin de aplicarles todo el rigor de la ley penal como presuntos responsables del ilícito de cohecho y delitos contra la salud, agravados por tratarse de servidores públicos de la PGR en activo. Ello motivó que el Procurador General de la República ordenase operativos de revisión en las 17 sedes de la Fiscalía Especializada en delitos contra la salud, es en la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada y en la Unidad Especializada contra el Lavado de Dinero, por parte de visitadores y personal de la Contraloría Interna, para qué finalmente el titular del Ministerio Público Federal, ordenará la disolución de la FEATS y anunciara la creación de una nueva Subprocuraduría para el combate al narcontráfico. Sin embargo, la escalada delictiva seguía su curso. Días después el viernes 24 de enero del presente año, a plena luz del día y en el interior del estacionamiento de un centro comercial, tres icarios realizaron 15 disparos para asesinar a Rubén Castillo Conde, Comandante de la Agencia Federal de Investigación, AFI, en Mexicali, Baja California. Este homicidio se perpetró a traición, por la espalda y tiene el sello de las ejecuciones que son encargadas por la delincuencia organizada. Con estos lamentables acontecimientos nos estamos percatando de cómo la delincuencia común, recurre a modus operandi cada vez más sofisticados. Hace una semana una banda dedicada al robo de transporte de carga, fue detenida por policías preventivos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, con patrullas falsificadas, las cuáles contaban con equipo de radio-comunicación desconectado, equipadas con torretas del mismo tipo de las que utilizan las patrullas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, clonación de patrullas, fue el aviso de alerta que dieron muchos medios de comunicación social, falsos policías en patrullas apócrifas que cometían asaltos verdaderos. Por otra parte, la semana pasada en el estado de Chiapas y a consecuencia de añejos conflictos religiosos e intra-comunitarios, la violencia y la sin razón cobró la vida de 7 personas en el municipio de San Juan Chamula. Esta breve descripción de la comisión de Actos Delictivos, se está volviendo algo realmente preocupante en México, ya que la frecuencia y la violencia con que se comenten, nos brindan un claro panorama de que los factores socio-económicos se están convirtiendo en un caldo de cultivo para el avance del fenómeno delictivo. La pérdida de poder adquisitivo, la falta de empleo y de oportunidades, se torna en incentivo para el incremento del fenómeno delincuencial. En el período que va del 31 de diciembre del 2000 al 15 de enero del 2002, la economía nacional ha acumulado una pérdida de aproximadamente 444 mil empleos. de acuerdo con cifras oficiales proporcionadas por el propio Instituto Mexicano del Seguro Social, con una visión reduccionista se esta viendo a la seguridad pública, como un problema de policías y ladrones y bajo esa concepción la política criminal, se ha traducido en el incremento de penas, aumento del número de efectivos policiales y más operativos conjuntos, todo con el único objeto de reducir el índice de denuncias y no con el fin de atacar el problema desde sus raíces. Ante este panorama ,para los grupos parlamentarios del PRI en la Comisión Permanente, nos queda claro de que en México estamos ante una grave disociación de las políticas subsectoriales que componen la política nacional en materia de seguridad pública. Para muestra basta un botón, estamos ante un desfase de la política criminológica en relación con la política penitenciaria. Cada vez más, con decisiones legislativas se incrementa el catálogo de delitos graves, propiciando un índice de sobre población del 27% en promedio en penales. La falta de espacios penitenciarios se está traduciendo en sobre saturación y hacinamiento que dificulta aún más el propósito de la readaptación y la reinserción social del delincuente. Adicionalmente, la procuración de justicia en el ámbito federal sigue cometiendo yerros que inclusive atentan contra la garantía constitucional de la libertad de expresión, al pretender dar un trato de informante del bajo mundo a auténticos informadores, esmerados en su quehacer periodístico y en el ejercicio que implica la elevada misión social de informar. En síntesis. Los legisladores priístas sostenemos en esta tribuna que se vive una grave descomposición social del estado de derecho como nunca antes en nuestras calles, en las oficinas encargadas de brindarnos seguridad y de procurar justicia los ciudadanos nos enfrentamos a malos policías y a agentes del Ministerio Público convertidos en secuestradores con placa, informadores confundidos con informantes, perseguidos por tener la valentía de guardar el secreto profesional y no ser dóciles para rebelar sus fuentes; patrullas y policías clonados para la comisión de ilícitos que ante un gobierno que se va de vacaciones no falta quienes tratan de hacer justicia por su propia mano, aun sabiendo que en un estado de derecho, la justicia por mano propia no es justicia, sino que se convierte en venganza. En el combate a la delincuencia persiste un desconcierto: subsiste descoordinación y desorganización que permiten que se siga deteriorando y descomponiendo el tejido social, lo cual nos da una señal inequívoca de que cada día el país se está dirigiendo hacia el callejón oscuro de la ingobernabilidad. Es por ello que finalmente deseo reiterar un llamado de atención, y digo reiterar porque esto lo hemos hecho ya en no pocas ocasiones, a fin de que sumemos esfuerzos para que fortalezcamos la coordinación y para que, población y órdenes de gobierno unamos voluntades con la finalidad de preservar y robustecer al estado de derecho. Solamente en el marco de éste podremos encontrar las condiciones económicas y sociales que favorezcan el ascenso y la movilidad social que nos permita avanzar como nación en la búsqueda de un desarrollo compartido. Muchas gracias.