El diputado Francisco Xavier Nava Palacios: Diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, reconocemos el trabajo y el esfuerzo del presidente de la comisión, el diputado Ibarra y de todos los miembros, por empujar con fuerza este conjunto de iniciativas para lograr sacar adelante esta propuesta. Son tales las condiciones de deterioro social y económico, tales las condiciones de violencia delincuencia y criminal que prevalecen y se incrementan en nuestro país, que temas como el robo en carreteras o robo a autotransporte han motivado la presentación de nada más de nueve iniciativas en esta legislatura, esto es un record, quizá, un poco atrás del tema que tiene qué ver con la reducción del financiamiento a partidos políticos que está pendiente. A este servidor, a los diputados que presentamos una de las iniciativas y al Grupo Parlamentario del PRD nos preocupa el daño, las enormes pérdidas a las cadenas productivas y a la economía en su conjunto, que provoca este tipo de actividades delincuenciales. Nos preocupa el severo daño patrimonial a pequeñas y medianas y grandes empresas que invierten en este sector, pero sobre todo, nos alerta y motiva saber que cientos, miles de trabajadores que fungían como operarios y conductores han perdido la vida a causa del robo de autotransporte. Y es que este delito se ha incrementado exponencialmente en los últimos años en nuestro país y ha causado grandes perjuicios, no solo al interior del sector sino a sus propios clientes, a las aseguradoras, a las cadenas comerciales y de distribución, al comercio nacional e internacional, pero sobre todo, a las víctimas directas y a sus familias, ya que los robos se han vuelto cada vez más violentos y han cobrado la vida de los operadores, por lo que resulta apremiante establecer mecanismos punitivos que persuadan e inhiban este delito. De acuerdo con el estudio Robo de carga en México 2012, de FreightWatch International, México es el país que más asaltos a autotransportes registra a nivel mundial. Esta tendencia alcanzó su punto más álgido y más alarmante durante el pasado año 2016, cuando fueron robadas 4 mil 550 unidades en un solo año. El robo de autotransporte no se limita a caminos estatales o federales, ya que los bienes robados suelen ser almacenados y distribuidos en grandes extensiones metropolitanas. Incluso los propios vehículos de transporte robados son alterados en sus números de identificación y apariencia y trasladados a otros lugares para su uso y venta. Ninguna de estas actividades sería posible para un grupo delictivo que no estuviera organizado y coordinado con otras células que son parte de carteles y organizaciones delictivas. La dimensión económica y operativa de estos actos solo es posible con esquemas de delincuencia organizada. Los bienes robados se suelen poner a la venta en lugares informales, sin declarar ningún tipo de impuestos y a precios más bajos que los fijados por el mercado, constituyendo una competencia totalmente ilegal y desleal que daña la cadena productiva, la generación de empleos y la captación fiscal. La incidencia, movilidad, organización y violencia solo se explican por la operación de una amplia red de organizaciones criminales que confluyen y operan bajo el control de ciertas autoridades. Por ello es que pensamos que esta normatividad puede ir más allá. Los cambios legales que aprobamos son sin duda muy muy importantes y necesarios, pero a nuestro juicio son insuficientes. Insistiremos en aquella parte de nuestra iniciativa que tipificaba el delito de robo al servicio de autotransporte como parte de un delito relacionado con delincuencia organizada. Un delito para el cual procedería para los indiciados la prisión preventiva por oficio, aumentarían las penas aplicables a quienes resulten responsables del delito, como ya se plantea de hecho en este dictamen. Los Ministerios Públicos federales podrían atraer las investigaciones solucionando el problema jurisdiccional de aquellos delitos en carreteras que son considerados como del fuero común, pero que deben involucrar a las autoridades de varios estados. Nosotros tenemos el firme compromiso por seguir impulsando acciones y propuestas que inhiban delitos, que vulneran el Estado de derecho y lesionan la columna vertebral de la actividad económica, turística y de servicios del país. Solo así podemos comenzar a recuperar las carreteras y caminos para quienes se desempeñan en actividades honestas y contribuyen a la generación de riqueza en nuestro país. También reconocemos el papel y el trabajo de muchas organizaciones que se dedican a esta noble tarea y que han sido escuchadas de alguna manera en la aprobación de esta propuesta. Muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta.