El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su permiso, diputado presidente. Por economía parlamentaria solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. En nuestro país se ha reconocido la existencia de la explotación sexual, comercial e infantil, pero no hay estadísticas oficiales. Según los casos reportados por la prensa, entre 1998 y 2000 se pudo estimar que entre 16 mil y 20 menores de 18 años son víctimas de explotación sexual comercial. Otras estimaciones oscilan entre los 5 mil y 80 mil casos en tan solo algunas de las principales ciudades o municipios del país. Sin embargo, para 2007 se estimó que unos 60 mil niños habrían sido víctimas de este fenómeno, predominando la prostitución infantil en ciudades como Cancún, Tijuana, Acapulco y el Distrito Federal, lo que convierte a México en uno de los principales destinos de turismo sexual, prostitución infantil y de producción de pornografía infantil, situando a nuestro país en la disputa de los primeros lugares con países como Tailandia, lo cual es a todas luces vergonzoso. Actualmente la prostitución de menores de edad representa un negocio muy lucrativo, por lo que su consumo y promoción se ha incrementado de manera exorbitante. Es así que la demanda de explotación sexual comercial infantil ha evolucionado de tal manera que incluso organizaciones internacionales se han visto obligadas a crear una nueva clasificación de menores de edad, víctimas de este flagelo. Así, la nueva categoría comprende a niñas y a niños de 0 a 1 año de edad ya que son precisamente los más pequeños quienes se cotizan mejor en esta obscena industria. En este sentido resulta paradójico que la ley vigente sí sancione a quien compre o arriende pornografía infantil, pero no sanciona a quien compre o rente a una niña o a un niño para sostener actividades sexuales. Es decir, no se castiga al depredador que paga por sexo con niños. Esa conducta en particular no se encuentra tipificada y, por tanto, queda impune. Eso es precisamente lo que deseamos atacar con la presente iniciativa. Por ello, no basta con que sancionemos a quien enganche, obligue u ofrezca los servicios sexuales de un menor; no basta con que sanciones al dueño del prostíbulo, casa de citas donde se realice la prostitución infantil. A quien debemos atacar también es al consumidor, al cliente explotador que mantiene con sus recursos económicos a este negocio y contribuye al crecimiento de esta mafia. En ese sentido, en una analogía de oferta-demanda, a fin de detener esta industria sexual, es necesario atacar al demandante que, por cierto, no se trata de cualquier persona, sino que se trata de pedófilos que sin moral alguna, sin escrúpulo alguno, utilizan a los niños para satisfacer sus más aberrantes deseos carnales. Señoras diputadas y señores diputados, los invito a que se sumen a esta iniciativa y que mandemos un mensaje claro a los pederastas; que de una vez por todas sepan que sus actos serán castigados, que reciban esta iniciativa como una verdadera advertencia de que sus actos no quedarán impunes. Con esta reforma buscamos que se castigue a los pederastas con prisión de 8 a 20 años y multas de 57 mil a 287 mil pesos. Entendamos que la atención de estos temas no admite dilación ni mucho menos podemos permitir que se contaminen con nuestras disputas político-electorales, pues si no somos capaces de proteger a nuestra niñez, estaremos poniendo en riesgo nuestra viabilidad como nación. Es cuanto.