La diputada Tatiana Clouthier Carrillo: Compañeros diputados y diputadas. Definitivamente hay motivos de júbilo porque estamos dando un paso importante para combatir la delincuencia, la delincuencia de cuello blanco, la delincuencia organizada, la corrupción, mediante la extinción de dominio, una herramienta que puede ayudar a que se avance en la justicia de nuestro país, sin embargo, como todo, tiene puntos y claroscuros que deberíamos de estar analizando y que deberíamos de estar tomando en cuenta. Algunos de nuestros compañeros que nos han antecedido ya han nombrado algunas de estas vertientes que tienen puntos que tendríamos que estar analizando, que tendríamos que estar considerando y no porque venga esta propuesta del Senado ya aprobada por unanimidad, quiere decir que tienen o que tuvieron todos los ojos para vigilar los puntos y las comas y no se puedan equivocar. Ya nos pasó al revés. Hace algunos meses cuando aprobamos nosotros aquí la Guardia Nacional, ellos fueron capaces de revisar, tomar acciones y corregir lo que nosotros no logramos ver en un primer momento. Así las cosas, tengo la reserva hoy, junto con la diputada Lorena Villavicencio, que son producto de una preocupación legítima. Nuestro temor es que este instrumento que podría ser eficaz e incluso es esencial en la lucha contra el crimen, termine en la nada por imprecisiones legales. La extinción de dominio tiene como fin último revertir el derecho de propiedad respecto de bienes mal habidos. Es decir, de sancionar a quienes hicieron de los bienes en contra de la ley. La extinción de dominio es un mecanismo para castigar a la delincuencia donde más le duele. El dinero o los bienes. Sería no sólo injusto sino un engaño para el pueblo mexicano aprobar una herramienta que pudiese ser revertida en los tribunales. Compañeras y compañeros legisladores, hay que decirlo con todas sus letras. La venta anticipada de un bien sujeto a la extinción de dominio dispuesta en el artículo 227 y 228, podría ser anticonstitucional. El riesgo de aprobar el dictamen como está, es que la extinción de dominio sea inoperante al recurrir la figura de venta anticipada en los tribunales. La Constitución establece de manera clara en sus artículos 14 y 16 que ninguna persona puede ser privada de sus bienes sino mediante un juicio. A esto, compañeros, se le llama presunción de inocencia. Hemos luchado muchísimo por esto y es parte de los grandes avances que hemos tenido en justicia en este país. En un Estado democrático no podemos meter reversa a este avance. Lo que estamos aprobando en este dictamen, es dar al Estado una carta abierta para disponer de los bienes de una persona incluso sin que exista sentencia firme que muestre que el bien decomisado fue obtenido por actos ilícitos. Esto podría ser discrecional, y digo podría porque pudiese ponerlo como un acto de no justicia. Lo que planteamos con estas dos reservas son simples cambios de palabra que acotarían la acción del Estado, y créanme, unas cuantas palabras pueden hacer la diferencia entre un acto justo y una acción odiosa, hasta una coma cambia el sentido de las cosas. Pedimos que en el artículo 227 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio se reconozca el carácter excepcional de la venta anticipada. Para eso es imperativo cambiar el artículo 228 de esta ley. Por ejemplo el inciso c) de dicho artículo, dice que el Estado podrá vender anticipadamente cualquier bien por el transcurso del tiempo que pueda sufrir pérdida, merma o deterioro. Compañeros ¿qué cosa no se deteriora con el tiempo? Otro ejemplo también grave podría ser el inciso d) del mismo artículo que cita: La venta anticipada procederá cuando a su administración o custodia resulte incosteable o causen perjuicio al erario. Cualquier cuidado que se tenga que tener de algún bien mayor, requiere otro espacio adicional y eso le costará claramente al erario. Este artículo lo que provocará en la práctica es que cualquier venta anticipada pudiese ser justificable y peor aún que la naturaleza de la extinción de dominio cambie de una herramienta para hacer justicia, a un modo de hacer negocio, todavía de los más poderosos o de que tienen al final de cuentas el poder de decidir. Nuestras reservas no eliminan la posibilidad de realizar ventas anticipadas, simplemente buscan acotar la justificación. Compañeros y compañeras legisladores, les pido que no olviden la razón que nos llevó a ocupar nuestras curules en esta Cámara, representar los intereses de los y las mexicanas como mayorías, y legislar para el beneficio de todos, pero en especial, de quienes tienen menos ventajas de conocer en muchos momentos la ley o de pagar a alguien que nos defienda. Cerremos la puerta a la arbitrariedad y a la injusticia. Es cuanto, señora presidenta.