El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente. Buenas tardes, diputadas y diputados, en estos días vamos a tener una vorágine legislativa en materia de transparencia y fiscalización, puesto que se están discutiendo, en comisiones y en la Cámara de Senadores, leyes en esas materias, con el afán de dar credibilidad al trabajo legislativo. El día de hoy presentamos una iniciativa de reforma que abona a ese propósito, que es reciente y público el escándalo de los papeles de Panamá. Información que no podemos desechar o tildar de falsa o de mediática, puesto que el propio jefe del Sistema de Administración Tributaria ha declarado que de 33 casos que se han detectado en estos papeles de Panamá, 14 ya estaban en proceso de auditoría. Es información de traslado de capitales en el ámbito internacional que afecta la economía de los Estados, que afecta la hacienda de cada nación que se ve afectada por estas prácticas de elusión y de evasión fiscal. Son prácticas que el mismo Román Fonseca, bufete Mossack Fonseca ha declarado que ellos han procesado más de 2 mil 500 empresas, empresas fantasmas que sirven para lavar dinero y para evadir impuestos en los países origen de estos capitales. Es enorme la cantidad de recursos financieros que se mueven en este ámbito. La propia, el organismo internacional, la OCDE estima que son cantidades multimillonarias, 83 mil millones de dólares. Otro tanto en errores y omisiones que se acumulan en el proceso de fiscalización, 53 mil millones de dólares. Cantidades millonarias que hacen falta a la hacienda de cada uno de los estados afectados. El día de hoy presentamos una iniciativa con tres propósitos: el primero de ellos es incorporar a los conceptos de gastos fiscales los impactos que tienen los acuerdos para evitar la doble tributación y las políticas de atracción de empresas trasnacionales. Se pone especial énfasis en las del sector energético por ser un sector primario para la economía de nuestro país. El segundo objetivo que se propone esta iniciativa es actualizar la información que en materia de ingresos se proporciona al Congreso de la Unión como parte de los mecanismos de comunicación y coordinación entre los poderes. Particularmente en la discusión de la Ley de Ingresos. Para ello se propone incorporar en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación de proporcionar al Congreso de la Unión, en la información que se entrega a más tardar el 30 de junio, el presupuesto de gastos fiscales, incorporando esta información en el paquete económico que se presenta para tener una evaluación y una valuación objetiva del gasto público. El tercer propósito busca mejorar la cantidad y la calidad de la información que se proporciona al Congreso de la Unión en lo referente al desempeño de las finanzas públicas en materia de ingresos y egresos, estableciendo la obligación de proporcionar un mayor desglose y comparación con lo observado en el año anterior que se discute en el paquete económico. Se propone que el año siguiente se contemple el proyecto de presupuesto con el desglose de analíticos de claves a nivel de partida, en comparación con el año aprobado y con avances a junio y el estimado al cierre del año. Estas propuestas buscan transparentar el recurso público, buscan transparentar el mecanismo de asignación y de ejercicio del gasto. En ese caminar a construir un escenario con leyes de fiscalización y transparencia que acaben con la corrupción como el principal mal de nuestro país abonará a crear mejores condiciones de desarrollo económico. El día de ayer se ven luces en este quehacer de transparentar la administración pública. El día de ayer se presentó a la Junta de Coordinación Política, en esta dinámica de transparencia, una solicitud para crear una comisión especial. Esta comisión especial será encargada de investigar las asignaciones al Grupo Higa por parte de paraestatales y empresas vinculadas al Estado mexicano. Tenemos que abonar con acciones que nos den transparencia en el quehacer político y en la administración pública. Esta solicitud está en manos de la Junta de Coordinación Política. Esperemos que dé respuesta pronto, puesto que los trabajos legislativos cerrarán en la parte ordinaria el 30 de abril y no queremos que queden pendientes en miras a la construcción de un camino para elaborar un presupuesto con mayor responsabilidad. Es cuanto, señor presidente.