El diputado Tomás Torres Mercado: Con su autorización, señor presidente. Aunque pudiera anticiparse la ociosidad del uso de la palabra, virtud a la evidencia revelada con relación a la procedencia o no de la reserva que se vincula con los artículos 189 y 190 de la minuta que estamos discutiendo, yo deseo, estimadas colegas diputadas, diputados, no sólo en un ejercicio de memoria, sino también de congruencia, decirles a ustedes que seguramente ningún diputado, ninguna diputada estará en contra de poner en salvaguarda siempre el derecho humano a la privacidad. Y no sólo este derecho humano, sino también el de seguridad jurídica, el de libertad y por qué no, debido proceso o legalidad. Dije en un ejercicio de memoria, porque el que les habla, por cierto acompañado en su momento por quien me ha precedido en el uso de la palabra, desde el Senado de la República y en una circunstancia de crisis severa de seguridad pública y de violencia, se llevaron cuando menos cuatro iniciativas. Una, la geolocalización con el propósito de hacer frente a conductas delictivas tan graves como el secuestro, como la amenaza o como la extorsión. Sabedores en términos prácticos de dónde se estaba realizando la llamada, y perdónenme ustedes, en un ejercicio de transparencia, ¿llamarle al delincuente y decirle: te voy a suspender la comunicación para que ceses en la comisión del delito? Dije cuatro iniciativas cuando menos. La Corte se ocupó de la geolocalización. Ya no es materia de discusión en este momento, porque fue abrogado el Código Federal de Procedimientos Penales. Se vinculó con la Ley Federal de Telecomunicaciones, por qué, porque la facultad de medidas cautelares de esta naturaleza han estado vigentes siempre en procesos investigatorios, con control judicial o no, según el caso de urgencia. ¿Por qué se vinculó la Ley Federal de Telecomunicaciones? Compañeros, porque las concesionarias decían: me obliga el Código Federal de Procedimientos Penales, pero no me obliga como concesionario la Ley Federal de Telecomunicaciones. Es parcial, amigos diputados, es parcial el argumento que aquí se ha dado, porque el artículo 190 impone obligaciones a las concesionarias y también a las autoridades. Doy cuenta de las otras tres hipótesis. Bloquear la comunicación o las señales, cuando tienen su origen en establecimientos penitenciarios. Un servidor formuló la iniciativa y no pudo transitar y, sin embargo, ahora la veo en este ordenamiento. Lo celebro. Les menciono una más. ¿Qué no se había obligado a los mexicanos a que dieran datos personales al adquirir un teléfono móvil? Aquello que se convirtió en un trámite inatendible. Un control práctico, colegas, es simplemente si se reporta como extraviado, como robado, suspende la funcionalidad del equipo. Le pido tolerancia, señor presidente. Abordo, cuando se dan argumentos, cuando se rompe el soliloquio dicen no al debate. No quieren debate cuando hay elementos para debatir. Ven a debatir, te lo acepto, ven a debatir. Aunque aludiera a alguien en lo personal debes estudiar el Reglamento que si no está abierto al debate una reserva, no cabe la alusión. Eso hay que aprenderlo. Menciono la última iniciativa que ahora veo materializada, ¿cuál? Compañeros de la izquierda o de la derecha, he escuchado con atención, fundadamente, la exposición de las reservas y la respeto, ¿y por qué no cuando se hace con convicción y cuando fundadamente se presenta? ¿O qué no respeto a la diputada Zavala? Evidentemente y lo diré en lo corto y lo diré desde esta tribuna. Pero les planteo, ¿es malo que la obligación de la concesionaria establezca que haya un solo número para la atención de las emergencias? ¿O van al 066 y al 089 y al 214? Nadie lo sabe. Digo, no quiero lanzar un comercial televisivo, pero bueno, ¿qué no podrá ser el 911? No son sólo esas hipótesis, quiero mencionarles que este pleno aprobó, por unanimidad, algo para quien sienta la amenaza de la prueba ilícitamente obtenida. El artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales literalmente dice: cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado ni convalidado. Yo sí creo en la fortaleza de las instituciones que deben hacer respetar la ley para poner en salvaguarda los intereses de los mexicanos. Muchas gracias.