El senador David Monreal Ávila: Con el permiso de la Presidencia. Quiero referirme en este posicionamiento a esta iniciativa de reforma. El juicio de amparo en México ha tenido una extensa evolución para consolidarse gradualmente a la luz del marco de derechos humanos, producto de las reformas constitucionales del 2011 y del progreso que ha tenido el sistema universal de protección de los derechos humanos, a través de diversos instrumentos internacionales. Al día de hoy el amparo se ha convertido en un juicio autónomo de carácter constitucional, que tiene la finalidad de resolver las controversias enmarcadas en el artículo 103 de la Constitución General vigente. El juicio de amparo principalmente procede cuando se han violentado derechos fundamentales y su objeto consiste en restituir al quejoso en el pleno goce de su derecho constitucional afectado, volviendo las cosas al estado en el que se encontraban antes de la violación por la norma, acto u omisión de la autoridad. Sin abundar en las generalidades que hacen del juicio de amparo un verdadero medio de control constitucional, es fundamental para los fines de la iniciativa que presento ante esta asamblea adentrarse un poco al amparo agrario, el cual doctrinalmente ha sido entendido como la instancia jurídica que tiende a proteger núcleos de población ejidal o comunal, ejidatarios y comuneros y aspirantes a esto en sus derechos agrarios, mediante el establecimiento de disposiciones especiales. Cabe precisar que la Ley de Amparo, abrogada en el 2013, regulaba de forma particular el amparo en materia agraria, puesto que contemplaba un libro segundo, título único, capítulo único. Ese segundo libro tuvo por objeto establecer medidas protectoras de carácter procesal en beneficio de los derechos colectivos de los núcleos de población comunal o ejidal, para generar el equilibrio real de las partes al reforzarse procesalmente la posición de la parte débil. Una de las cuestiones que operaba a favor de los núcleos de población ejidal y comunal, era que la ley abrogada ampliaba el derecho de reclamar, en cualquier tiempo, los actos que les afectaran. Sin embargo, en la estructura de la Ley de Amparo vigente, publicada el 2 de abril de 2013, la cual abrogó a la Ley de Amparo referida con antelación, la regulación del amparo agrario quedó completamente dispersa en el nuevo cuerpo normativo. El cambio legislativo motivó el descontento y la preocupación por no contar en la nueva ley con una regulación de amparo agrario en un apartado específico. No obstante, cabe aclarar que sí se contempla el juicio constitucional contra los actos relacionados con la materia. Si bien el amparo agrario no desapareció como tal, lo cierto es que su regulación en la Ley de Amparo vigente le impuso algunos cambios, de entre los cuales preocupa el plazo para interponer la demanda de amparo en materia agraria. El artículo 17 de la Ley de Amparo vigente dispone ahora en su fracción III un plazo de siete años cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente o en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Es viable sostener que con el plazo de siete años que actualmente fija la Ley de Amparo se impide el acceso a la justicia agraria, pues pese a los demás principios que impera en la materia, la norma se aleja de la realidad social, incentivando un trato desigual. Estos núcleos de población históricamente han tenido que enfrentar diversos obstáculos para acceder a la justicia, ya que por factores económicos y sociales se mantienen en un estado de vulnerabilidad sin recibir una tutela efectiva por parte del Estado, cuestión que ha provocado una enorme brecha y un rezago que afecta el acceso colectivo y efectivo a la justicia. Por lo expuesto, a través de la presente iniciativa propongo modificar la fracción III del artículo 17 de la Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 102 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de establecer que la demanda de amparo, tratándose de actos que tengan o puedan tener efecto de privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de los derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, pueda interponerse en cualquier tiempo tal y como lo disponía la Ley de Amparo anterior. Con la modificación que propongo no se pretende colocar en una posición superior a los núcleos de población ejidal o comunal, en todo caso, se trata de una medida que los coloque en una posición de igualdad frente a los terceros que violenten o intenten violentar sus derechos. El campo mexicano requiere seguridad jurídica en todo aspecto, pues sus habitantes se encargan de llevar en hombros una de las actividades más nobles del país. Los derechos de la población ejidal y comunal deben de ser protegidos frente a cualquier acto despótico que pretenda violentarlos. Por ello, la oportunidad de interponer la respectiva demanda de amparo en cualquier momento es fundamental para garantizar un trato digno frente a los otros. Es cuanto, señor, presidente.