El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. El 18 de agosto del 2011, el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza aprobó una iniciativa de decreto por medio del cual se reconoció la cantidad de 34 mil 665 millones de pesos como deuda pública, contraída durante la administración estatal, desde el año 2006 al 2010, destinándose a proyectos de inversión productiva y la construcción de infraestructura en beneficio de la población coahuilense, sin precisar la razón de su aumento desorbitante y estableciendo que dichos recursos obtenidos por préstamos, tendrían que ser pagados en plazos de 20 y 30 años. Dichos recursos fueron contraídos por el gobierno de Humberto Moreira Valdez, sin la autorización del congreso del estado, como lo marcaba la ley al momento de contratar el préstamo; situación que deja latente una violación a la normatividad de la entidad y más cuando en su primer informe de gobierno del entonces gobernador Humberto Moreira Valdez, señaló que había recibido la administración con una deuda de cero pesos. Lo anterior refleja una administración deficiente, opaca y contraria en todo sentido a la rendición de cuentas que en todo estado de derecho debe prevalecer y un gobierno que hizo de su práctica el pedir prestado al margen de la legalidad, pues además de violentar su marco interno, dejó de lado lo señalado en la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone en su artículo 117, que las entidades no pueden contraer deuda directa o indirectamente sin la autorización de la legislación local que le corresponda. Por su parte, la Constitución Política del estado de Coahuila de Zaragoza, retoma los principios señalados en la Constitución federal y da competencia en su artículo 67 al Poder Legislativo local, estableciendo en el Presupuesto de Egresos, las partidas necesarias para solventar las obligaciones incurridas en ejercicios anteriores. En ese sentido las respectivas leyes de ingresos del estado de Coahuila de Zaragoza, para los ejercicios fiscales de 2010 a 2011, señalaron que se autorizaba al Ejecutivo estatal a contraer diversos endeudamientos hasta por la cantidad de 9 mil 753 millones de pesos. Como se lee, los montos de deuda autorizados por el Congreso del estado, fueron infinitamente inferiores al reporte que señala el monto de la deuda contraída por el gobierno de Humberto Moreira. En lo concerniente a la rendición de cuentas por parte del Ejecutivo estatal, es de señalar que los informes de gobierno en las cuentas públicas rendidas al Congreso del estado no dan cuenta real del excesivo e ilegal endeudamiento adquirido por los dirigentes del estado. Por ello, como una medida arbitraria que auxilia a contrarrestar el gran déficit fiscal y que tenga como propósito ocultar todos los actos violatorios y abusos que han sido descritos, el Congreso del estado de Coahuila aprobó una nueva Ley Estatal de Deuda Pública que permite la contratación de empréstitos en forma directa, sin la autorización previa del Congreso local e incluso contiene disposiciones de aplicación retroactiva como una estrategia para legitimar el ilegal actual del Ejecutivo local. Derivado de todos estos hechos, el 30 diciembre de 2011 legisladores del Partido de Acción Nacional interpusieron denuncias en la delegación de la Procuraduría General de la República, en el estado de Coahuila, y en la Fiscalía General del estado, por delitos relacionados con la omisión y uso indebido de funciones contra varios funcionarios de la anterior administración estatal y los que resulten responsables. Asimismo, el 11 de enero de 2012 legisladores también del Partido de Acción Nacional presentaron una nueva denuncia de hechos ante la Procuraduría General de la República en contra de los funcionarios de Coahuila, de la pasada administración local, por los delitos de ejercicio indebido del servicio público, presunta coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones, facultades y falsificación de documentos en general. Es por lo anterior, y en plena congruencia con el interés mostrado por esta Comisión Permanente desde su instalación para esclarecer todos aquellos actos donde se presume existe corrupción y demás violaciones a la ley por parte de los funcionarios públicos, que los invito a que se sumen a este punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita, respetuosamente, a la Procuraduría General de la República que informe al Congreso de la Unión sobre el avance de las investigaciones relacionadas con la alarmante deuda pública del estado de Coahuila, generada en la pasada administración estatal, encabezada por el entonces gobernador Humberto Moreira Valdez. Asimismo, se exhorta a que se resuelvan a la brevedad las denuncias presentadas sobre este respecto. Señor presidente, quería comentarle que tenía la tentación de solicitar su urgente resolución, puesto que se trata de dineros públicos; pero, habiendo visto la disposición mostrada por un grupo parlamentario en cuando a no avanzar en un tema tan importante como es la depuración de una policía, y de manera muy particular de la policía del estado de México, es que no habré de solicitar esa urgente y obvia resolución. No sin dejar de manifestar mi preocupación y hasta mi coraje porque no se pueda avanzar en estos temas con la celeridad que México y los mexiquenses reclaman. A todos, por su atención, muchas gracias.