El diputado Víctor Gabriel Varela López: Con su permiso, diputado Presidente. Quien suscribe, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ante esta LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto ante este Pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo, al tenor de las siguientes Consideraciones Primera. Que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un órgano público descentralizado con autonomía técnica y de gestión, que tiene por objeto evaluar la política de desarrollo social revisar periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente. Segunda. Que este órgano también es responsable de emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatorios para la definición, identificación y medición de la pobreza. Tercera. Que la Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 36 que los lineamientos y criterios para definir, identificar y medir la pobreza en México deben considerar necesariamente los siguientes indicadores: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de vivienda, accesos a los servicios básicos de la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social. Cuarta. Que el proceso de integración del Consejo y la emisión de las normas jurídicas específicas que regulan su funcionamiento fue retrasado inexplicablemente por parte de la Secretaría de Desarrollo Social, toda vez que la Ley estableció un período máximo de 180 días naturales para su constitución e instalación contados a partir de la entrada en vigor del decreto, hecho que ocurrió el 19 de enero de 2004. Pero fue hasta el 24 de agosto de 2005 que se produjo el primer acto jurídico orientado a conformar el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con la expedición del decreto que regula a este órgano y que hasta febrero de 2006 que se nombran a los seis investigadores académicos que refiere la Ley. Es decir, más de dos años después de la entrada en vigor de este ordenamiento jurídico. Quinta. Que incluso durante este proceso, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó interponer controversia constitucional en contra del Ejecutivo federal toda vez que el decreto de creación del Consejo invadía la esfera exclusiva de competencia del Poder Legislativo federal al contener disposiciones que modificaban, contradecían o limitaban el texto de la ley exhibiendo con ello la facultad reglamentaria del titular del Poder Ejecutivo federal. Sexta. Que la Cámara de Diputados se desistió de presentar este recurso al lograr el compromiso escrito, por parte de la titular de la Secretaría de Desarrollo Social de modificar los artículos 5º fracciones I, VIII, X, XI y XXIV; el párrafo primero del sexto y la fracción I párrafo tercero del 8º; primer párrafo del décimo, fracción I y de suprimir las fracciones VIII y IX del artículo 11 y la fracción I del 12, del decreto por el que se regula el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, publicado el 24 de agosto de 2005 en el Diario Oficial de la Federación. Dicho acuerdo no fue cumplido por parte del Ejecutivo federal y el decreto aludido nunca fue modificado a pesar del reconocimiento explícito de que dicha norma transgredía a la Ley. Séptima. Que esto permitió que el Ejecutivo federal implementara mecanismos discrecionales de evaluación y medición de la pobreza para utilizarlos como instrumentos de propaganda política. Octavo. Que para nuestro grupo parlamentario, la consolidación de este órgano es un paso fundamental para la transparencia, evaluación objetiva e imparcial del impacto cualitativo que tienen las políticas públicas de desarrollo social sobre la población. Noveno. Que hasta la fecha el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, no ha cumplido con sus obligaciones legales referidas a la evaluación y medición de la pobreza. Hasta ahora no ha expedido ninguno de los documentos normativos que les mandata la ley y ha permitido que continué la autoevaluación, y por tanto, la autocomplacencia en cuanto al reto de disminución de la pobreza. Décima. Que nos resulta preocupante que el único documento emitido por el Consejo es el boletín de prensa difundido el primero de octubre del presente año, donde con base en los datos de la Encuesta Nacional del Ingreso y Gasto de los Hogares 2005, refieren algunos de los datos de la evolución de la pobreza en México, con base en una metodología distinta a la que expresamente señala la ley. Décimo primero. Que este hecho en sí constituye una transgresión al objeto y mandato legal del Consejo toda vez que su función en relación de la pobreza es emitir lineamientos y criterios de aplicación obligatoria para las dependencias y entidades de la Administración Pública con base en los indicadores establecidos por la propia ley. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno, la siguiente Proposición con punto de acuerdo Primero. La Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión emite un atento llamado al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que se conduzca con apego a la Ley General de Desarrollo Social en la elaboración de los estudios y estimaciones relacionadas con la pobreza. Segundo. La Cámara de Diputados de este Congreso de la Unión exhorta al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social a que emita a la brevedad los documentos normativos referidos a la evolución y medición de la pobreza que manda la Ley General de Desarrollo y que presente a esta soberanía un informe pormenorizado sobre el grado de cumplimiento de las obligaciones legales que tiene el Consejo. Es cuanto, diputado Presidente.