La diputada Laura Hernández García: Todas las personas en México desgraciadamente podemos ser víctimas de desaparición. La desaparición forzada es el problema público más grave de nuestro tiempo en México. La crisis de personas desaparecidas viene acompañada de la crisis de violaciones a derechos humanos, detrás de la cual existen miles de nombres, miles de rostros, historias de vida truncadas, familias destrozadas e infancias huérfanas. Detrás de esta crisis hay madres que han tomado la pala y el pico. Y con sus propios recursos se han dado a la tarea de buscar a sus familiares, llenando el hueco que ha dejado el Estado mexicano, que ha sido hasta ahora incapaz de atender esta crisis. La vida de las personas buscadoras ha cambiado 180 grados, por ejemplo, pierden sus trabajos por las búsquedas de sus familiares, su patrimonio y en muchas ocasiones se hacen responsables de los hijos e hijas de sus familiares desaparecidos y no reciben los apoyos institucionales que son indispensables para su sobrevivencia. Son ellas, las familias de las personas desaparecidas, las que se han enfrentado al crimen organizado, a la falta de presupuesto en las comisiones de búsqueda, a una Comisión Nacional de Derechos Humanos incapaz de ser contundente en la defensa de las víctimas y a las instituciones indolentes e ineficaces, a la falta de sensibilidad y de voluntad política de las autoridades. Es decir, las víctimas directas e indirectas no han accedido a la justicia ni mucho menos a reparación del daño y viven diariamente impunidad, frustración e indignación. Las familias son víctimas directas de estas violaciones a sus derechos humanos y son precisamente los colectivos y las organizaciones de la sociedad civil quienes no fueron incluidas plenamente en este proceso de reforma a la ley de la materia. Así lo han hecho saber más de 300 colectivos y personas buscadoras que en días pasados emitieron un comunicado señalando que la iniciativa era insuficiente e incluso indicando, y lo pongo entre comillas, que no sirve para la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Hay que decirlo con todas sus letras, en este proceso no hubo una consulta amplia, pública e inclusiva de todas las voces, colectivos y personas expertas en la materia. Lo anterior, por supuesto, trajo como consecuencia en lo que fue plasmado en este dictamen, porque esta reforma enarbola mecanismos de uso y manejo de datos personales y de vigilancia, los cuales vulneran la privacidad y la seguridad de las y los ciudadanos. Lo más preocupante e indignante es que esta reforma que estamos discutiendo no se apega a la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada, ni mucho menos, retoma las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, que lo hizo ya reiteradamente desde 2019 y que lo retiró en este gobierno a la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto lo señaló Santiago Corcuera, quien presidió este organismo. Para las víctimas, las de padres, madres y personas buscadoras, lo más grave es que no se establece la tipificación de las desapariciones forzadas cometidas por particulares, como crímenes de lesa humanidad, conforme al artículo 5 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada. Tampoco se armoniza de forma adecuada la tipificación de la desaparición por particulares, de acuerdo al artículo 3 de la Convención. Asimismo, nos esclarece cómo determinar la responsabilidad penal de los superiores jerárquicos en la desaparición de personas. Es decir, esta reforma es paliativa, no ataca las causas estructurales de la desaparición. Lo cual demuestra que el gobierno federal sigue minimizando la crisis humanitaria y de derechos humanos, que significa la desaparición de personas. En lugar de atender las disposiciones de derecho internacional en la materia, de velar por los derechos de las víctimas directas e indirectas, el Estado mexicano decide tener una visión sesgada en la que incluso se siguen vulnerando derechos fundamentales. La lucha por el acceso a la justicia y a la reparación del daño para las víctimas no termina con esta reforma, al contrario, apenas empieza. Debemos luchar por mayor ahínco para sumar y potenciar esfuerzos, principalmente con los colectivos de búsqueda y las organizaciones de derechos humanos expertas en la materia para que existan que ellas que si adopten una política nacional integral para la prevención y erradicación de la desaparición forzada y que apliquen las recomendaciones del Comité contra la Desaparición. Tenemos que seguir insistiendo para que existan recursos presupuestarios técnicos suficientes para la que esta Ley General de Desaparición forzada de personas sea eficaz. Rescatar la independencia de la Comisión Nacional de Búsqueda y otorgar a las comisiones estatales, policías y fiscales mayores recursos para incrementar su capacidad humana y técnica, que puedan concluir realmente y que puedan cumplir lo que se está estableciendo en esta ley. Desde esta tribuna hago también un llamado a la sociedad en general a no normalizar esta crisis, a no aceptar la violencia. acertarla, alzar la voz por los derechos de las víctimas y sus familiares, exigiendo que el Estado nos garantice seguridad, integridad, una vida libre de violencia y el ejercicio de todos nuestros derechos, y solidaricémonos y apoyemos a las madres, padres y familiares de las personas desaparecidas. Es cuanto.