El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente, por su atención. Ojalá que también sea un poco tolerante porque se trata de cuatro iniciativas. La primera de ellas entraña una reforma al artículo 19 del Código Civil Federal para establecer expresamente en la legislación civil común la analogía. La analogía es fundamental en la interpretación del derecho pero no está prevista expresamente ni en el artículo 14 de la Constitución ni en el artículo 19 del Código Civil Federal; solamente el Código Civil y la Constitución aluden para resolver problemas de lagunas jurídicas a los principios generales del derecho, pero no a la analogía. La analogía, como ustedes saben, señoras diputadas y señores diputados, es un instrumento utilizado por los jueces en este país para atender el problema de la laguna; es decir, la ausencia normativa. En el derecho comparado se suele acudir a dos expedientes; uno es el de la heterointegración, es decir, cuando una laguna jurídica se colma, por ejemplo, acudiendo al derecho comparado, a otros sistemas normativos; o también la laguna jurídica puede colmarse mediante el expediente de la autointegración. En este sentido son fundamentales estos dos instrumentos: la analogía y los principios generales del derecho. La analogía puede ser analogía legis cuando se acude a la ley para formular una nueva norma jurídica, o analogía iuris para obtener la norma jurídica del propio sistema normativo nacional. En eso consiste la reforma al artículo 19 del Código Civil Federal: prever la analogía en nuestro sistema jurídico de manera expresa; y también establecer que cuando se trata de laguna de principios explícitos se acuda a los principios implícitos, como ya lo ha hecho la Suprema Corte. Por ejemplo, en el año previo a la reforma constitucional en materia penal de 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró, antes de que se previera expresamente en el artículo 20 constitucional, que la presunción de inocencia era un principio implícito del ordenamiento jurídico nacional. En eso consiste la primera iniciativa de reforma al artículo 19 del Código Civil Federal: incluir tanto la analogía, como los principios implícitos para resolver problemas de lagunas jurídicas. La segunda iniciativa que tiene por propósito reformar el artículo 72 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, pretende hacer más expedito el procedimiento parlamentario para la aprobación de leyes, y también prevé lo que no hace actualmente nuestro artículo 72 de la Constitución: que el procedimiento parlamentario de reforma constitucional se sujete íntegramente a lo previsto en el artículo 135 de la Constitución. Esta iniciativa, creo que puede ser relevante por distintos motivos: de agilización, de expedites en el trámite parlamentario, pero sobre todo, porque aclara dudas que se han presentado ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también que se han planteado por la doctrina constitucional de nuestro país. Me refiero, en concreto, a la pregunta de si ¿el Presupuesto de Egresos puede ser o no vetado por el Ejecutivo? En esta propuesta, en esta iniciativa de reforma constitucional, con toda claridad intentamos resolver esta duda constitucional al establecer que el Presupuesto de Egresos que apruebe esta Cámara de Diputados, por ningún motivo puede ser vetado por el Ejecutivo federal. Ésta es una duda que se ha planteado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en controversia constitucional. La otra duda que es de carácter doctrinal, data de hace muchos años y es la duda de si el Ejecutivo puede vetar reformas a la Constitución General de la República. En la Constitución Mexicana de 1824 estaba previsto expresamente, que las reformas a la Constitución no podían vetarse; sin embargo, posteriormente, las Constituciones centralistas y federales que han estado en vigor en nuestro país, no se han referido expresamente a este asunto. Ha sido la doctrina constitucional, principalmente Mario de la Cueva, Jorge Carpizo, Elisur Arteaga, entre otros autores, que han considerado que las reformas a la Constitución no deben ser vetadas por el Ejecutivo federal, porque el constituyente permanente o el poder revisor de la Constitución tienen una jerarquía superior a la de los Poderes constituidos. En eso consiste esta segunda iniciativa que nos parece relevante por tres motivos principales: porque agiliza el procedimiento parlamentario en la aprobación de normas, primer motivo. Segundo motivo, porque con toda claridad da un trámite parlamentario a la reforma constitucional, diferente al trámite parlamentario de la legislación ordinaria. Y en tercer lugar, porque determina con precisión que además de la imposibilidad de veto en los supuestos que actualmente establece el artículo 71 y 72 de la Constitución, no puede vetarse además de los actuales supuestos vigentes las reformas a la Constitución, ni el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo que ve a la tercera iniciativa, que es una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Estamos previendo reformas al artículo 75 de esta Ley de Medios y al artículo 78 de la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. La reforma constitucional de 2007 y reforma electoral de 2008, dejó pendiente una reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para establecer nuevas causales de nulidad de las elecciones en nuestro país. En esta reforma, en esta iniciativa proponemos que sea causal de nulidad de las elecciones federales las siguientes: Utilizar recursos provenientes de actividades ilícitas o prohibidos por la legislación electoral, las elecciones presidenciales a diputado y a senador pueden ser o podrían ser anuladas si se utilizan recursos del narcotráfico o provenientes de actividades ilícitas. También se considera como causal de nulidad el utilizar recursos públicos ajenos a las prerrogativas previstas en la legislación electoral o el desvío de los programas sociales en el uso o en el empleo de precampañas y campañas. También se considera causal de nulidad electoral provocar temor en los electores o comprar, hacer proselitismo, inducir, coaccionar o inhibir el voto durante el proceso electoral y, sobre todo, previo a los tres días de la elección o de la jornada electoral. También se considera causal de nulidad electoral solicitar declaración firmada del elector acerca de su intención o sentido del voto o una declaración firmada del elector para que se abstenga de ejercer el voto. Se considera también causal de nulidad de la elección solicitar votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante el proceso electoral. También se considera causal de nulidad de las elecciones el transporte de votantes; es decir, el acarreo de votantes a las casillas o a sus inmediaciones. También se considera causal de nulidad electoral abrir o manipular sin causa justificada, los paquetes electorales o retirar los sellos de los mismos. Se considera, como ya hacen algunos estados de la República, específicamente el Distrito Federal, causal de nulidad de la votación y de la elección, el rebasar el topes de gastos de campaña. Igualmente se considera causal de nulidad de las elecciones contratar tiempos en radio y televisión y en otros medios de difusión en contravención a la Ley Electoral. Se considera igualmente causal de nulidad de las elecciones iniciar anticipadamente las precampañas y las campañas o se establece, se instaura legalmente la llamada causal abstracta de nulidad, estableciéndose en el artículo 75 de la Ley de Medios de Impugnación en materia electoral que es causal de la nulidad electoral violar los principios constitucionales y legales que permitan que las elecciones dejen de ser libres, auténticas y periódicas. En el artículo 78 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación se establece con mucha precisión que es causal de nulidad genérica. También hay causal de nulidad genérica de las elecciones, no solamente en materia de diputados federales y senadores sino que también hay causal genérica de la elección presidencial. En eso consiste, señor presidente, esta iniciativa respecto a la reforma que proponemos a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Finalmente, la última de las iniciativas en materia constitucional que estamos proponiendo, compañeras diputadas y compañeros diputados, es una reforma al artículo 24 de la Constitución. Como todos ustedes saben, el artículo 124 de la Constitución Mexicana establece el principio de que las facultades no reservadas expresamente a la federación se consideran o se entienden reservadas a los estados; sin embargo, hace falta en el artículo 124 de la Constitución un párrafo segundo que determine la manera en que deben ser tratadas las llamadas facultades concurrentes, coincidentes o coexistentes, porque no se establece nada al respecto. Cuando el artículo 73 de la Constitución establece un buen número de facultades concurrentes y se tienen que aprobar las llamadas leyes federales, casi siempre la federación se queda con la tajada del león; es decir, mediante la ley general establece que tendrá el papel preponderante para la administración o para el ejercicio de estas facultades concurrentes o coincidentes o coexistentes. En esta iniciativa estamos proponiendo que las facultades concurrentes, coincidentes y coexistentes se ventilen, se ejerzan a través de los principios de armonía, de simetría y de correspondencia de responsabilidad entre los tres niveles de gobierno, para que la federación no tenga el papel preponderante en el ejercicio de estas facultades concurrentes, coincidentes o coexistentes. Además, estamos estableciendo algo que yo considero muy importante: que en la aprobación de las leyes generales, que son las leyes que se ocupan y que regulan el ejercicio de estas atribuciones concurrentes, también coincidentes o coexistentes, que en las leyes generales participen no solamente las Cámaras del Congreso de la Unión mediante la votación mayoritaria de los miembros presentes de ambas Cámaras, sino que en las leyes generales también participen las legislaturas. Que para la aprobación de una ley general en este país sea necesaria la aprobación de la mayoría de las legislaturas, además de la mayoría de las Cámaras del Congreso de la Unión. En eso consiste esta iniciativa de reforma al artículo 124 de la Constitución, que incorpora un párrafo segundo para regular de una manera armónica, simétrica y equilibrada las atribuciones concurrentes, coincidentes y coexistentes en nuestro país. Señoras diputadas, señores diputados. Señor presidente, si usted gusta presidente puedo referirme a la quinta iniciativa, si me da permiso. Es en dos o tres minutos.