El diputado José Mario Wong Pérez (PRI): Con su permiso, diputada Presidente. Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos: Señoras y señores Legisladores: La pobreza de la mayor parte de quienes viven del campo es uno de los problemas más viejos e importantes que enfrenta nuestro país en el inicio del nuevo milenio. Durante décadas los gobiernos mexicanos han usado el discurso de la justicia para el campo y el combate a la pobreza. Sin embargo, este sector está cada vez más atrasado con respecto al resto de la sociedad. El sector rural en México es uno de los más golpeados por la globalización neoliberal y las políticas de ajuste estructural, que se suman a una crisis en el campo que data de 30 años atrás. Desde mediados de los años 80s, las crisis económicas que afectan al país han tenido un gran impacto político, económico, ecológico y sociocultural en el campo mexicano. Ante su magnitud se han generado una serie de reacciones en los diversos grupos, actores o clases rurales que pugnan por soluciones alternativas. La población rural ha sido una de las más afectadas por los procesos de globalización, éstos han alterado profundamente las condiciones de producción, las tecnologías, las condiciones del trabajo agrícola y la calidad de vida de las poblaciones rurales; se ha incrementado la inseguridad alimenticia; hay un agravamiento de la degradación ecológica; se han deteriorado las condiciones de vida de amplios sectores y se ha desarrollado una grave polarización social, generándose fuertes conflictos, especialmente en los sectores más afectados por el empobrecimiento. Los principales datos de la situación actual en el campo reflejan dramáticamente esta realidad. El promedio de ingreso en zonas rurales es inferior al salario mínimo. 8.8 millones de personas viven en pobreza extrema. 10 millones de personas se consideran en pobreza moderada. La escolaridad promedio es de 3.3 años escolares. Los recursos totales para el combate a la pobreza fueron de 12 mil 750 millones de pesos, que representan el 6.5 por ciento de lo que se paga por deuda externa. Hay una gran diferenciación en el desarrollo productivo por sectores y regiones. Se registra una grave disminución del empleo agrícola y del salario. Se ha generado una migración generalizada hacia zonas de agro producción para la exportación a ciudades grandes y a los Estados Unidos de Norteamérica. Existe un proceso de desintegración de la unidad familiar campesina. Se ha creado una nueva ruralidad y una nueva relación ciudad-campo. Aunado a lo anterior, hay que sumar una problemática más a nuestro campo mexicano, lo excesivo y desproporcionado de las multas establecidas en la Ley de Aguas Nacionales para los productores agropecuarios, en los casos de disponer del agua del subsuelo en volúmenes mayores que los autorizados. El artículo 119 de la Ley de Aguas Nacionales, en su fracción III, señala que la Comisión sancionará la explotación, uso o aprovechamiento de aguas nacionales en volúmenes mayores a los autorizados en los títulos respectivos o en las inscripciones realizadas en el Registro Público de Agua. Por su parte, el artículo 120 de la misma, señala que la sanción a que se harán acreedores los usuarios que exceden los volúmenes de agua autorizados, será una multa de 5 mil 1 a 20 mil salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, en el momento en que se cometa la infracción-sanción, ésta que a todas luces tiene un impacto desfavorable en la economía de los productores agrícolas, por lo que se propone que para estos usuarios la multa sea la establecida en la fracción I del propio artículo 120, la cual va de 1 mil a 1 mil 500 salarios mínimos generales vigentes en el Distrito Federal, evitando con ello que se siga debilitando la economía de miles de familias del agro mexicano. Como ejemplo, podemos mencionar que en el estado de Chihuahua existen 12 mil pozos de los que se extrae el agua que provee a las comunidades y a la producción agropecuaria. Es importante hacer notar que cuando se otorgaron los títulos de concesión a los productores agropecuarios, establecían volúmenes de extracción en función del tipo de cultivo y sobre todo el área que pretendía regar con el agua extraída, pero con el transcurso de los años han cambiado los tipos de cultivo y se han ampliado el área de irrigación, por lo que los volúmenes requeridos de extracción se incrementaron con respecto a lo establecido originalmente en los títulos de concesión. Como ya se señaló anteriormente, la situación del campo en México se encuentra en una grave crisis, además de que es obvio que para salir de estas dificultades es necesario contar con este líquido de vital importancia para el desarrollo agrícola y lograr de esta manera una verdadera sustentabilidad de este sector. De conformidad con el artículo 48d e la Ley de Aguas Nacionales, los ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios, así como los ejidos, comuneros y pequeños propietarios así como los ejidos, comunidades, sociedades y demás personas que sean titulares o poseedores de tierras agrícolas, ganaderas o forestales, dispondrán del derecho de explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se les hubieren concesionado, por lo que no podemos permitir que el Sector Agrario siga siendo el más vulnerado por disposiciones legales que imponen multas excesivas, contrarias a los intereses de la población y para quienes, los montos de las últimas son extremadamente onerosas. Por este motivo, someto a consideración del pleno la presente iniciativa de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, a efecto de que se disminuyan las multas en caso de sustraer agua en volúmenes mayores a los autorizados, conforme a los títulos respectivos o a las inscripciones realizadas en el Registro Público de Derecho de Agua para fines agrícolas. Toda vez, como es bien sabido, el sector rural ha sido uno de los más golpeados por la crisis económica y sancionarlas con pagos de estas multas excesivas, es condenar el desarrollo agropecuario del país. Compañeras y compañeros legisladores, esta Legislatura debe velar, porque la ley se adecué a las necesidades y a la realidad de la sociedad, por ello, los convoco a sensibilizarnos y solidarizarnos, enmendemos las multas excesivas, en beneficio de muchas familias y productores que viven del campo. DECRETO PRIMERO: Se reforma el Artículo 120 de la Ley de Aguas Nacionales, adicionando un párrafo segundo, por lo que el párrafo segundo actual pasa a ser tercero y sucesivamente, para quedar en los siguientes términos. ARTICULO 120.- En los casos previstos en la fracción III del artículo anterior, la multa para los pequeños y medianos productores agrícolas, agropecuarios y silvícolas, será restablecido en la fracción I del presente artículo. SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 23 de noviembre de 2004, el de la voz, diputado José María Wong Pérez. Es cuanto diputada presidente.