El diputado José Luis Flores Méndez: Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores diputados, el dictamen a discusión incluye lo establecido en el mandato constitucional, considerando así de utilidad pública la ocupación o afectación superficial de inmuebles, predios, terrenos, bienes o derechos necesarios para el desarrollo de las actividades de la industria eléctrica, determinando el procedimiento, requisitos y formalidades para llevar a cabo el acuerdo y negociación, así como la contraprestación, que en su caso deberá otorgarse. Se contempla para este sector las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional e impacto social por el desarrollo de proyectos de infraestructura para la generación, transmisión y distribución de electricidad. Además, es de señalarse que las comisiones dictaminadores han enriquecido la iniciativa del Ejecutivo y la minuta de la colegisladora en materia de ocupación y afectación superficial, para adaptar el texto de la iniciativa de Ley de Hidrocarburos presentada al amparo de la misma reforma energética en lo que resulta procedente. De esta manera, las obligaciones que deben observar los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura en el sector eléctrico, cumplirán con las obligaciones comunes para el sector energético. Se reconocen los derechos ejidales y comunales de aquellas localidades en las que exista la posibilidad de desarrollar proyectos de infraestructura del sector eléctrico. Propone modificar el texto original para que los interesados en desarrollar proyectos de infraestructura del sector eléctrico manifiesten por escrito la descripción detallada del proyecto y atiendan las dudas y cuestionamientos de los propietarios de los terrenos, informándoles de las posibles consecuencias y afectaciones que se podrían generar por la ejecución del mismo, y en su caso, los beneficios que el desarrollo del proyecto podría generar a los propietarios o a sus comunidades. Se establece que la contraprestación que en su caso se pacte deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto en cuestión y para las necesidades de las partes. Queda clara la responsabilidad de las autoridades responsables del proceso de negociación para la ocupación o afectación superficial de terrenos en los que se ubicarían proyectos de infraestructura. A mayor abundamiento, es de precisarse que el Grupo Parlamentario del PRI se encuentra a favor del dictamen y a favor de la propuesta presentada, en donde se establece que la contraprestación es un derecho y que el capítulo de uso y ocupación superficial es solo para transmisión, distribución y para construcción de plantas de generación, cuya localización tiene que ser en un lugar específico. En este mismo orden de ideas se elimina como contraprestación el uso de la fuerza laboral. Se elimina como contraprestación la adquisición de bienes o servicios producidos por los propietarios para sustituirlo por la posibilidad de adquisición cuando sea compatible con los requerimientos del contrato o asignación. En suma, una y otra vez lo hemos dicho en esta tribuna y lo repetiremos cuantas veces sea necesario, lo que se plantea y se pretende consolidar con esta reforma es el desarrollo. Reconocemos que es una normatividad que generará oportunidades a los dueños de las tierras. Una normatividad que deje en claro que no se hará nada en donde el dueño de la tierra no esté de acuerdo. Que garantiza la intermediación de las autoridades, y por lo tanto, su responsabilidad. Una normatividad que no admite vacíos o dobles interpretaciones porque establece el apego estricto en las leyes de la materia y la contraprestación de acuerdo a los valores comerciales de las propiedades. Lo que el dictamen plantea es un acuerdo de ganancias mutuas, plantea no solo la posibilidad de que puedan coexistir la industria eléctrica y el desarrollo agropecuario sino que prevé su cocreación en beneficio de las partes de la población y del país. Plantea un nuevo paradigma bajo modernas formas de producción. Quienes estamos en esta Cámara somos representantes del pueblo, por tanto, somos representantes de los campesinos, de los ejidatarios, de los comuneros y otros. No tenemos por qué negarles la oportunidad de obtener mayores ingresos. La oportunidad de abrir sus tierras a nuevas posibilidades que les permitan una mejor calidad de vida. Dejemos que sean ellos quienes decidan qué uso les quieren dar a sus bienes y estemos atentos de la salvaguarda de sus derechos y prerrogativas. Gracias, señor presidente.