El diputado Rodrigo Sánchez de la Peña: Con su venia diputado presidente; compañeras y compañeros legisladores: El suscrito diputado federal Rodrigo Sánchez de la Peña, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: Iniciativa de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 constitucional al tenor de la siguiente: Una de las preocupaciones constantes del hombre ha sido sin lugar a dudas el establecimiento de determinados derechos que le permitan a su pleno desarrollo en una sociedad organizada, pero consideramos que no ha sido sino en el tránsito de la alta edad media del estado moderno en que dichas preocupaciones encontraron su más acabada elaboración mediante dos de los principales documentos que constituyen el eje básico del desarrollo de los demás derechos individuales. La Declaración de los Derechos de Virginia de 1776, es el primer documento de la era moderna en donde se establecieron determinados derechos fundamentales para la persona humana en América. Por su parte, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1879, constituyó en Europa un elemento fundamental que proclamó no solo los derechos para el hombre considerado individualmente sino para el hombre en su calidad de ciudadano y que más tarde servirían para darse a conocer en buena parte del mundo. En el Estado Mexicano puede apreciarse desde un punto de vista histórico que desde que el Congreso de Apatzingan, encabezado por José María Morelos y Pavón expidiera el denominado Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, ha existido la intención de establecer derechos fundamentales del hombre frente a cualquier poder autoritario. Si bien es cierto, en los sucesivos documentos constitucionales expedidos a lo largo de nuestra historia, entre ellos la Constitución de 1814, la de 1824, siete leyes de 1836, acta de reformas de 1847 y la Constitución de 1857 que de alguna u otra manera constituyen antecedentes evidentes de nuestras garantías individuales, no se adoptó una técnica específica para establecer un catálogo claro y determinado de referidos derechos. Citaré por ejemplo la Constitución de 1857, en cuyo primer artículo puede leerse lo siguiente: "El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales". En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. En la actualidad, uno de los principales reclamos de la ciudadanía es el estricto apego a la legalidad. Desafortunadamente existen algunas lagunas en esta materia tratándose de las visitas domiciliarias que contempla el artículo 16 de nuestra Carta Magna. Así tenemos que nuestra actual Constitución Política en su artículo 16 protege al gobernado contra los actos autoritarios que constituyen molestias en su persona, familia, papeles o posesiones, por lo que en el resto del contenido de dicho precepto prevé las condiciones bajo las cuales se podrán emitir válidamente tales actos de molestia. En este ordenamiento constitucional contempla la garantía de legalidad que es sin duda una de las garantías que imparte mayor protección a cualquier persona, la cual dada su extensión y efectividad jurídica, pone al gobernado a salvo de todo acto de mera afectación a su esfera de derecho que no solo sea arbitrario, es decir que no esté basado en norma legal alguna sino contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que pertenezca, por lo que todas las autoridades deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho. Todo esto dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Para Ignacio Burgoa, la garantía a que se refiere este artículo concierne al conjunto de facultades con lo que la propia Ley Suprema inviste al determinado órgano del Estado de tal suerte que si el acto de molestia emana de una autoridad que al dictarlo o ejecutarlo se excede de la órbita integrada por tales efectos, viola la expresada garantía, así como el caso de que sin estar habilitada constitucionalmente para ello causa una perturbación al gobernado en cualesquiera de los bienes jurídicos señalados en dichos preceptos. En este orden de ideas, en su párrafo undécimo el mismo ordenamiento dispone que la autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los ordenamientos sanitarios de policía y exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar que sean acatadas las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades previstas para los cateos. Es el caso que muchas de las autoridades administrativas, de conformidad con las leyes reglamentarias se encuentran facultadas para realizar visitas domiciliarias o de inspección, verificando a los gobernados para así verificar que están cumpliendo las leyes correspondientes. Sólo por señalar algunos ejemplos, se encuentran y se mencionan los siguientes: la Secretaría del Medio Ambiente. Esta Secretaría realiza visitas de verificación con la finalidad de establecer e implementar políticas para prevenir y controlar la contaminación, de acuerdo al marco jurídico y normativo ambiental vigente. Secretaría de Gobernación. En la Ley General de Población, en su artículo 151, señala que a través del personal de los servicios de migración y de policía federal preventiva, puede llevar a cabo visitas de verificación. El jefe de Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Oficialía Mayor del Gobierno, establece en el Reglamento de Verificación Administrativa del Distrito Federal, el cual tiene por objeto regular las visitas y procedimientos de verificación administrativa que practique la administración pública del Distrito Federal. La Ley Federal de Turismo establece que la Secretaría de Turismo tiene la facultad de realizar visitas de verificación a los prestadores de servicios turísticos. Dentro de la legislación laboral, para ser más precisos el Reglamento General para la Inspección de Sanciones por Violaciones a la Legislación Laboral, tiene por objeto reglamentar la Ley Federal del Trabajo en relación con el procedimiento y la forma de ejercicio para la práctica de visitas de inspección y la aplicación de sanciones por violaciones a la legislación laboral en los centros de trabajo. La Secretaría de la Defensa Nacional tiene facultades para realizar visitas de inspección o verificación para los casos que contempla el artículo 69 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Como puede apreciarse, en los ordenamientos señalados las diversas autoridades administrativas enumeradas pueden llevar a cabo visitas de inspección para verificar el cumplimiento de las leyes; esto dentro de muy variadas materias; sin embargo, una interpretación literal al artículo 16 constitucional reduce a que sólo las leyes en materia sanitaria, fiscal o de policía en sentido estricto puedan establecer la práctica de visitas domiciliarias, independientemente de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el hecho de que las autoridades administrativas distintas a la fiscal y a las que verifican el cumplimiento de reglamentos sanitarios y de policía no contraviene lo dispuesto por el 11 párrafo del artículo 16 constitucional, puesto que se refiere a reglamentos de policía en sentido amplio y a que los mismos abarcan todas aquellas disposiciones dictadas con el objeto de que las autoridades administrativas vigilen la conducta de los particulares a fin de que ésta se ajuste a las normas legales de orden público y de obediencia obligatoria, previniendo en tal forma la alteración de dicho orden. Desde nuestra perspectiva y de acuerdo a los reiterados pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia en el sentido de que la disposición es aplicable a todo tipo de autoridades administrativas, es motivo para que sea incluida en este texto constitucional, ya que de continuar sólo en la interpretación judicial puede prestarse a discrecionalidad por parte de la autoridad, quien pudiera violar el principio de legalidad al excederse en el tipo de acto de verificación que se realiza y la seguridad jurídica de los gobernados, quienes se verían afectados por las amplias facultades discrecionales del gobierno. Derivado de lo anterior, propongo que en el párrafo 11 del artículo 16 constitucional sean incluidas todas las autoridades administrativas a las que las normas jurídicas secundarias otorguen facultades de verificación, con la finalidad de otorgar mayor claridad al texto legal, así como para prevenir que se atente contra el orden público y el interés social. Considero que la reforma expuesta otorgará al gobernado mayor seguridad jurídica al crear un marco jurídico tendiente a evitar una posible violación de la garantía de legalidad contemplada en nuestra carta magna. Por lo expuesto y fundado me permito someter a la consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quedando el siguiente: Se reforma y adiciona el artículo 16 de la Constitución Política para quedar así: La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que han sido cumplidos los reglamentos sanitarios y de policía, así como las disposiciones administrativas de orden público y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas a los cateos. Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 16 días del mes de marzo de 2002. Solicito de publique, señor presidente, de manera íntegra el presente texto. Por su atención gracias. Es cuanto.