La diputada Sonia Rincón Chanona: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, el dictamen de la Comisión de Justicia que se somete a discusión el día de hoy se establece para tipificar como delito de abuso de autoridad a quien impida el ingreso, retenga documentación o condicione la permanencia de un alumno a cambio de una contraprestación económica o en especie, y sancionarlo de tres días hasta tres años de prisión, y la multa hasta de 300 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. En el artículo 3o. constitucional se establecen los principios de la educación pública, la cual debe ser obligatoria, laica y gratuita. Estos principios jurídicos delinean el derecho humano de la educación que asiste a nuestras niñas, niños y jóvenes de nuestro país, derecho que debe garantizar el Estado mexicano y los tres ámbitos de gobierno de acuerdo a la concurrencia y de facultades para brindar el servicio educativo. La educación es un asunto central de la agenda nacional. Todos los actores políticos, sociales y económicos coinciden en la primacía de la educación para lograr mejores niveles de bienestar colectivo e individual. También ponen especial atención en la calidad de la educación como un modelo que permita a los educandos recibir los conocimientos de manera adecuada, pertinente y oportuna, considerando que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe incidir en la competencia y habilidades de nuestros estudiantes. En este marco es preciso reconocer que hasta hoy las asociaciones de padres de familia convienen en establecer aportaciones voluntarias para la adquisición de los insumos básicos de higiene y limpieza que las autoridades educativas no proporcionan a las escuelas. De igual forma, es preciso aclarar que las cuotas escolares y su administración no es responsabilidad de las maestras y de los maestros, sino de las propias asociaciones de padres de familia, mimas que están reguladas por las autoridades mediante reglamento. No podemos negar que la precariedad con la que funciona la mayoría de las escuelas públicas del país está estrechamente vinculada con la falta de compromiso para otorgar el financiamiento público educativo, en 8 por ciento del producto interno bruto, como lo establece la ley, como tampoco podemos eludir el hecho de que la omisión de las autoridades educativas que por años han provocado el deterioro y abandono de miles de escuelas públicas en todo el país. Para Nueva Alianza la educación es una tarea de todos, la reforma al sistema educativo en marcha es una oportunidad para corregir deficiencias, inequidades y rezagos. Rechazamos tajantemente cualquier acción tendiente a limitar el libre ejercicio del derecho de la educación pública; pero igualmente consideramos indispensable que con la misma contundencia debemos exigir el cumplimiento de la obligación del Estado, de certificar que en cada plantel educativo se reciban los recursos económicos necesarios para la contratación del personal de limpieza y secretarial, la reparación de servicios sanitarios, hidráulicos, de electricidad, la pintura e impermeabilización de aulas y el pago de servicios de luz, agua y otros servicios, así como la adquisición de gises, escobas, trapeadores, cloro, etcétera y demás elementos necesarios para garantizar ambientes escolares, seguros y saludables. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará en contra del dictamen, porque rechazamos el intento de criminalizar a los docentes y padres de familia; rechazamos las propuestas dirigidas a un sector específico, cuando el problema va más allá de esta situación. Compañeras y compañeros legisladores, en lugar de este intento de exhibir a los trabajadores de la educación, los convocamos a definir los mecanismos a través de los cuales debemos sancionar también a las autoridades que por omisión, negligencia o premeditación no ministren a las escuelas los recursos necesarios para su sostenimiento y eficiente operación, o no ejerza de manera racional transparente y eficiente los recursos públicos destinados a la prestación de los servicios educativos. El costo de atender esta obligación es apenas del 10.7 por ciento del gasto corriente del presupuesto educativo. Aproximadamente alrededor de 2 centésimas de punto porcentual del gasto programable. No es cuestión de suficiencia presupuestaria, sino de responsabilidad y eficaz administración. Repito, no podemos permitir se criminalicen a los educadores y a los padres de familia. Es cuanto, diputada presidenta.