EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL CARRERAS LÓPEZ (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras Diputadas y Diputados: Al venir a esta tribuna a presentar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI a favor de la reforma constitucional que busca eliminar el coloquialmente llamado veto de bolsillo, considero es necesario, para contextualizarlo adecuadamente, hacer un breve recuento de la actuación de esta Cámara de Diputados, su relación con el Poder Ejecutivo y el impacto de su labor en el marco normativo de este país. En este sentido, a 16 días de que concluya el sexto y último periodo ordinario de sesiones y cuatro meses y medio de que termine la vigencia de esta LVIII Legislatura, es conveniente volver a subrayar la responsabilidad legislativa, la vocación social que ha distinguido el comportamiento de las señoras y señores legisladores. Razones que destaco porque para ello nuestro grupo parlamentario del PRI, con claridad ideológica, compromiso con el país, por encima de manipuleos o revanchismos electorales éste ha conducido su actuación legislativa. Debemos afirmarlo, la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura ha sido fundamental para darle gobernabilidad al país en esta etapa y para dar soporte jurídico al ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo, a través de las leyes de Ingresos y los Presupuestos de Egresos. Por eso calificamos de inexacta y políticamente interesada o cuando menos nos sorprende pues su intencionalidad ataca no a un grupo de legisladores sino a las instituciones democráticas en su conjunto, la campaña, los rumores, el ambiente construido, afirmando que el Poder Legislativo ha sido obstruccionista, que la Cámara ha puesto un freno al cambio y por eso hoy, sí, hoy, en el marco de esta reforma constitucional considero indispensable que la opinión pública nacional conozca en dónde ha esta la actitud obstruccionista y la falta de aptitud política para dar cauce y ensanchar nuestro horizonte democrático institucional. Efectivamente, en esta legislatura hemos visto la aplicación de una facultad constitucional presidencial, como ya se mencionó en esta tribuna, el derecho de veto hasta por tres veces, lo que observamos con un cierto desconcierto por al menos dos razones. En primer lugar, porque la facultad de veto es una facultad que en términos históricos el Ejecutivo había utilizado sólo en ocasiones excepcionales que se correspondían con cuestiones de gran sensibilidad para la sociedad y el gobierno, mismas que no pueden ser esgrimidas sino como argumento en contrario en los casos de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la nueva Ley del Sistema de Administración Tributaria y las reformas al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas; tres leyes por cierto aprobadas por unanimidad de las fuerzas políticas existentes en este Congreso. En segundo lugar y tan grave como esto, es decir, que haya vetos cuando todos los grupos parlamentarios aprueban una legislación, incluyendo al partido al que pertenece el Presidente, lo que cuando menos refleja descoordinación y falta de una elemental eficacia del Ejecutivo para cabildear sus posiciones, tan grave como esto, repito, ha sido el ejercicio caprichoso de la obligación de promulgar leyes que han sido aprobadas por el Congreso. Baste citar dos ejemplos, la reforma a la Ley para la Inscripción de Vehículos de Procedencia Extranjera, relativa a los autos conocidos como chocolate, que habiendo sido aprobada el 24 de abril del 2002, fue promulgada hasta el 30 de diciembre del mismo año y sólo después de una enorme insistencia. Y las reformas y adiciones al artículo 3º constitucional en materia de educación preescolar, que fue promulgada seis meses después de la declaratoria de aprobación del decreto en la Comisión Permanente el 15 de mayo del mismo 2002. Es precisamente, precisamente a esta manipulación de una facultad y de una obligación constitucional, de omitir la responsabilidad de darle fluidez al proceso legislativo, que se le denomina veto de bolsillo, como un subterfugio del Ejecutivo de vetar en la práctica, sin sustento legal y fuera del proceso legislativo, el cumplimiento de la voluntad del legislador. Por ello, con la iniciativa de la Comisión Especial de Reforma del Estado, a la que expresamos un reconocimiento y la participación de la Comisión de Puntos Constitucionales, es que el Grupo Parlamentario del PRI apoya entusiastamente esta reforma para eliminar la posibilidad de dicho veto de bolsillo, en la certeza de que se corresponde al fortalecimiento de este Poder Legislativo y a favorecer en beneficio de la sociedad, que el uso de las atribuciones constitucionales esté debidamente reglamentado y acotado para evitar abusos u omisiones interesadas. Y es por eso que al aprobar esta reforma, con las pruebas en la mano afirmamos que no ha sido, repito, no ha sido esta Cámara de Diputados la que ha obstaculizado el trabajo del Ejecutivo ni mucho menos las transformaciones del país, sino que más bien se podría argumentar lo contrario, como lo reflejan los antecedentes citados y las siguientes cifras. Del total de 40 iniciativas del Poder Ejecutivo Federal presentadas en la Cámara de Diputados, hay aprobadas 35, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 32 y sólo dictaminadas en sentido negativo en comisiones 1 y 4 pendientes de dictaminación. Es cierto, sí, que en varias de estas reformas y leyes hemos planteado puntos de vista diversos a los que se contenían en las iniciativa del Ejecutivo, pero lo hemos hecho con el sustento de nuestra representación social, con ánimo constructivo, en uso de nuestras facultades legislativas y atendiendo al interés y la opinión de nuestros electores. El rechazo a iniciativas de leyes antipopulares o lesivas al interés general no puede ser, no debe ser considerado como obstruccionismo, sino por el contrario como responsabilidad, compromiso social y respeto al mandato mayoritario. ¡Esta es la democracia en la que creemos, ésta es la democracia que queremos alentar y perfeccionar, la que reconoce la pluralidad política como la expresión de la voluntad popular y no un obstáculo insalvable, la que se esfuerza en buscar acuerdos y consensos en la legalidad y el respeto, la que se fundamenta en el compromiso social y en el cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales por los Poderes constituidos Sólo así, compañeras Legisladoras y Legisladores, tendrá el país certeza y rumbo para construir nuestra deseada nueva institucionalidad. Y es por eso, compañeras y compañeros, que los exhortamos a que se vote favorablemente este Dictamen de Reforma del párrafo 1º. y el Inciso B) del Artículo 72 Constitucional, con la certeza de que se añade con esta reforma un elemento importante de precisión y claridad en el proceso legislativo y en la relación entre el Congreso y el Ejecutivo Mexicano. Muchas gracias (aplausos) EL C. PRESIDENTE. Está a discusión en lo general y en lo particular el Artículo Unico del Proyecto de Decreto. En virtud de que ninguna ciudadana o ciudadano Diputado ha solicitado el uso de la palabra, consulte la Secretaría a la Asamblea si el Artículo Unico del Proyecto de Decreto se encuentra suficientemente discutido en lo general y en lo particular. -