EL C. MISMO C. SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. -PRESIDENTE: Permítame diputado secretario. La votación que señala el Reglamento es una votación económica, en virtud de que el procesamiento de la misma es para identificar, y así está sustentado, que no haya confusión por parte de los secretarios, hemos sustentado que 5 minutos serían suficientes para una votación económica. Sonido en la curul del diputado Jorge Carlos Ramírez Marín. -DIP. JORGE CARLOS RAMIREZ MARIN (desde la curul) Señor presidente, tratándose de una votación calificada a pesar de que se trata efectivamente de un trámite que podría ser desahogado de manera económica, muy atentamente le pedimos a la mesa y a la presidencia de usted, otorgue los 10 minutos que hemos estado otorgando inclusive para otros temas menos importantes. -PRESIDENTE: Se concede la solicitud de que sean 10 minutos. Solicito a la secretaría abra el sistema electrónico hasta por 10 minutos. -MISMO SECRETARIO: Se pide se hagan los avisos a que se refiere el artículo 161 del Reglamento Interior. Abrase el sistema electrónico por 10 minutos para proceder a la votación y consultar si se le dispensan todos los trámites y se pone a discusión y votación de inmediato. -PRESIDENTE: Para mejor precisar me permito informar al Pleno que el voto en sentido positivo es el de dispensar todos los trámites a la iniciativa de reforma constitucional del artículo 14 y 22 presentada por el diputado Martí Batres. Si el sentido de la votación es negativo se entiende que no se acepta la dispensa de trámites y en consecuencia se turnaría a comisión. -MISMO SECRETARIO: Ciérrese el sistema electrónico. Se emitieron 226 votos en pro, 157 en contra, 1 abstención. -PRESIDENTE: La votación emitida no refleja la votación aprobatoria de las dos terceras partes de los presentes para que se dispensen todos los trámites. En consecuencia, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Tiene el uso de la palabra para presentar una iniciativa de reforma a los artículos 108, 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para incorpora el esquema de rendición de cuentas a los gobiernos municipales, el diputado José Antonio Calderón Cardoso, del partido Alianza Social, hasta por 10 minutos. -DIP. JOSE ANTONIO CALDERON CARDOSO: Con el permiso de la presidencia; señoras y señores diputados: El suscrito diputado de la representación parlamentaria de Alianza Social, el PAS, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II, 72 y 135 de la Constitución y en la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto que reforma los artículos 108 párrafo tercero, 110 párrafo segundo y 111 párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de rendición de cuentas de los gobiernos municipales por la administración de los fondos y recursos federales al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La acción del Estado se instrumento con la función pública del gobierno, dado que en éste converge la administración de los derechos y las obligaciones del gobernado. Es por ello que al gobierno se le visualiza como el tenedor legítimo del poder público y que la sociedad ha depositado en éste. Sin embargo, esta función pública no se lograría ejercer si no se cuenta con los recursos económicos suficientes para la instrumentación de dicha función. Debido a esto en cada servidor público la sociedad deposita su confianza para que aplique y ejerza de manera eficaz, eficiente, económica y transparente estos recursos. El éxito para el control del ejercicio de la función pública se sustenta en un eficaz esquema de responsabilidad de los servidores públicos, dado que en dicho esquema la eficacia del marco normativo fundamenta los principios de democracia, estado de derecho y, sobre todo, la autodeterminación del pueblo. La responsabilidad social en que incurren los gobiernos, cuando en el desempeño de sus funciones desatienden las normas que determinan su competencia y sus atribuciones, es producto de la ignorancia, descuido o aún más grave, de la corrupción en que incurren los servidores públicos, derivando de lo anterior un daño a la sociedad. Esto ofende y provoca un sentimiento de desconfianza total a la función pública del Estado. El fenómeno de la corrupción, del que ningún Estado está exento, es inherente natural de la interacción social, que se da específicamente en el ejercicio de la función pública y de la aplicación de los recursos económicos porque en ambos se relacionan, directa o indirectamente, los gobernantes con los gobernados. Como consecuencia de esto, la sociedad demanda mecanismo de control eficaces y como en la actualidad la sociedad es más atenta y participativa en los asuntos públicos, exige mayor transparencia y rendición de cuentas de la gestión de los gobiernos. Las sociedades han creado, para la vigilancia de la función pública, mecanismos de control y auditoría a priori, durante y a posteriori del ejercicio público, ya sea de maneras externa, interna o ambas. En México este mecanismo de control y auditoría se da a posteriori y de manera externa mediante la revisión de las cuentas públicas, que es facultad del Poder Legislativo federal y de los poderes legislativos estatales y, de manera interna, mediante las contralorías que dependen de los ejecutivos federal y estatal. El accionar de la función pública en nuestro país se enmarca en la normatividad que finca responsabilidades de los artículos 109 y 113 constitucionales, donde se regula la responsabilidad administrativa, determinando que todo servidor público incurra en ésta cuando en su conducta se dan actos u omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones; además, determinan que las sanciones consisten en la suspensión, destitución o inhabilitación del cargo, independientemente de las acciones económicas que procedan y que deben establecerse en proporción con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios que causó con su conducta. Este artículo 108 constitucional establece una amplia cobertura sobre los sujetos que pueden incurrir en responsabilidades por la violación a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales. Sin embargo, en este último elemento de responsabilidad que atiende la gestión de los recursos no se incorpora al gobierno municipal, siendo que éstos también son receptores de recursos federales. La omisión que el artículo 108 presenta no resultó tan grave dado que hasta antes de 1999 el municipio fungió como instancia administrativa de los estados; sin embargo, con el decreto que reforma el 23 de diciembre de 99, el municipio se constituyó como orden de gobierno y, por lo tanto, esta omisión ahora sí resulta grave dado que, si atendemos lo mencionado en párrafos anteriores, el municipio, en el momento mismo que se reconoció como instancia de gobierno, adquirió una responsabilidad social con sus gobernados locales por ser ésta la instancia de gobierno más cercana a la gente. Dentro de la teoría de presupuestación y control se establece que el auditor más honesto y responsable es el ciudadano, dado que en éste recae el efecto y la causa de la acción del servidor público. Por ende, la presente iniciativa de reforma la guían dos directrices: primero, que en el marco de un estado de derecho y autodeterminación del pueblo, la rendición de cuentas se suscriba para todos los órdenes de gobierno de nuestro país, sobre todo en el uso y manejo de recursos económicos; como ya se mencionó, es precisamente donde surge y nace el fenómeno de la corrupción. Segundo, que al ser nuestra carta magna el referente inmediato de los derechos que como gobernados tienen los mexicanos y las obligaciones que como gobernantes tienen los gobiernos, plasmar en ésta la responsabilidad en que incurren estos tres órdenes por el manejo indebido de fondos y recursos federales, derivando con ello el tener no sólo 33 ó 66 instancias de control y auditoría en la gestión de los recursos, sino 100 millones de auditores que día con día observan y analizan la función pública de sus gobiernos. Estas dos directrices contribuirán en gran medida al fin último de la presente iniciativa, que es el de involucrar en mayor medida a la sociedad mexicana en la toma de decisiones e implementación de las políticas públicas y entonces sí matizar una verdadera cultura de la participación ciudadana en nuestro país. Por lo anteriormente expuesto y con el fin de promover una verdadera revisión de cuentas por la administración de los recursos económicos que los tres órdenes de gobierno realizan, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, el presente proyecto de decreto de reformas y adiciones a los artículos 108, 110 y 111 del título cuarto de la Responsabilidad de los Servidores Públicos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Unico.- Se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo al artículo 108, se reforma el párrafo segundo y se adiciona un párrafo al artículo 110 y se reforma el párrafo quinto del artículo 111, todos ellos de la Constitución Política de los Estados nidos Mexicanos, para quedar como sigue: Y pido para aprovechar y en obvio de tiempo, solicitar que el texto íntegro de la propuesta que aquí se presentó, se inserte en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Suscriben la presente iniciativa, la diputada Beatriz Lorenzo Juárez y el suscrito; ambos del Partido Alianza Social. Por su atención muchas gracias. -