El diputado Roberto Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas y compañeros diputados, y al pueblo de México, con mucho honor. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en el artículo 2, reconoce que la finalidad de todas las asociaciones políticas es la protección de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre, y esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y, sobre todo, la resistencia a la opresión. La libertad de asociación tiene un papel esencial en la conformación de las democracias modernas, pues expresa la posibilidad de constituir agregados interpersonales de intereses que tengan reconocida una personalidad jurídica. La naturaleza asociativa necesita de las libertades de expresión, de opinión y pensamiento como elementos necesarios para que ese espacio deliberativo común tenga efectos democráticos. Bajo esos términos, los derechos de asociación y reunión son hoy premisas fundamentales en el Estado constitucional mexicano. Una de las formas de violación más comunes al derecho de reunión es la detención de participantes en manifestaciones públicas pacíficas. La criminalización de las demostraciones en la vía pública cuando se realizan en el marco del derecho a la libertad de expresión y al derecho de reunión, es inadmisible ya que puede generar un efecto amedrentador en el ejercicio del derecho de reunión. El amedrentamiento de la reunión y la expresión a través de la imposición de penas privativas de la libertad para las personas que ejercitan estos derechos tiene un efecto disuasivo sobre aquellos sectores de la sociedad que expresan sus puntos de vista o sus críticas a la gestión de gobierno como una forma de incidir en los procesos de decisión y políticas estatales que los afecta de manera directa. El artículo 9 constitucional señala que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. También menciona que no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o una reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad, sin embargo pese a ser una norma suprema constitucional el derecho a la asociación, ha sido violentado constantemente por aquellos que dicen ser defensores de la democracia, abusando de su poder. La violación al derecho de asociación pacífica ha devenido en la comisión de diversos delitos, tales como el homicidio, la violación de mujeres, la desaparición forzada, el abuso de poder, la privación ilegal de la libertad, entre otros delitos por parte de cuerpos policiacos y castrenses que a la larga gozan de la impunidad por tener en nuestro país un sistema judicial ineficiente y corrupto. En algunos casos estos cuerpos son serviles al Poder Ejecutivo, tanto federal como local. Desgraciadamente los cuerpos castrenses y policiacos, lejos de brindar seguridad a la ciudadanía se han convertido en un medio de disolución social, empleados como gatilleros, como mercenarios al servicio del poder. Por mencionar uno de los casos, la matanza de Tlatelolco ha sido un acontecimiento que marcó la historia de nuestro país, un hecho lamentable que el Estado haya sido cómplice de asesinatos y desapariciones de estudiantes que se reunían de manera pacífica para defender sus derechos. Recordemos de igual manera el caso de Atenco, en 2006, cuando siendo gobernador Enrique Peña Nieto, con el aval del presidente Vicente Fox, cuerpos policiacos reprimieron con un uso excesivo de violencia y fuerza a toda una población que defendía sus derechos, sus tierras y sus campos. Cabe señalar que los cuerpos castrenses disfrazados de Policía Federal incurrieron en la comisión de diversos delitos: secuestraron a hombres y mujeres; se reportaron actos de violación, allanamiento de morada, sin previa orden judicial, además de la muerte lamentable de un menor de 14 años, a manos de estos cuerpos castrenses. A la fecha, los principales responsables siguen impunes por la protección del Estado. Un gobierno democrático es aquel que se apega al marco jurídico, donde se prioriza el diálogo y el entendimiento para dirimir los problemas sociales. No es democrático aquel gobierno que se esconde en edificios rodeados de elementos castrenses, de Gendarmería y policíacos, listos para sacar el tolete y sus armas para reprimir a aquellos que les brindaron la confianza y su voto para que fuesen representantes de la nación. No es democrático aquel gobierno que prefiere obedecer el mandato de oligarcas y que le tienen miedo a un pueblo que se manifiesta en las calles, harto de las mentiras, harto de la campaña y de la corrupción, así como también no es democrático el hecho que haya legisladores que alaben las acciones represivas del Estado, del Ejecutivo y estén en contra de garantizar el derecho a la libre asociación pacífica, eliminando el que se emplee el uso de elementos policíacos, militares y de Gendarmería, como medio de disolución social. Compañeros diputados, México convulsiona ante un inexistente Estado de derecho. En las últimas tres administraciones federales se han vulnerado derechos tales como el derecho a la salud, a la educación, al empleo, a una vida digna. El pueblo no se manifiesta por gusto, el pueblo se manifiesta porque está enfadado, harto de tanta represión, de tantas mentiras, de tantos sobajamientos. De ustedes depende que México siga catalogado internacionalmente como uno de los países más corruptos y represores del mundo. Ustedes deben obedecer el mandato popular y no el mandato de líderes corruptos que tenemos en este país. Por esta razón, se propone adicionar al artículo 9o. un nuevo párrafo, para garantizar y amarrar el derecho a la asociación, el cual dice así: No se podrá, bajo ninguna circunstancia, hacer uso de las Fuerzas Armadas, policiacas y de Gendarmería como medio de disolución social y represión social. Por su atención, muchas gracias.