El diputado José Erandi Bermúdez Méndez (PAN): Con el permiso de la Presidencia. El suscrito, diputado federal por el XI distrito electoral, con cabecera en Pénjamo, Guanajuato, José Erandi Bermúdez, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en el ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, expone ante el pleno de esta honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa que adiciona un apartado al artículo 77 Bis 4 de la Ley General de Salud, de conformidad con la siguiente exposición de motivos: La supervivencia, protección y participación de la niñez son elementos esenciales para el desarrollo y progreso nacional. De todos los países de habla hispana, México es el más poblado, alrededor de un 43.5% de la población son niñas y niños menores de 18 años. El crecimiento económico durante los últimos años ha transformado a México en un país de medianos ingresos, pero todavía persisten enormes disparidades y una gran exclusión social, aproximadamente 24 millones de mexicanos viven en la extrema pobreza. Los derechos de la niñez, en los programas de políticas públicas, contribuyen a establecer políticas sociales más coherentes para la infancia, en los planos federal y estatal; asegurar la aplicación de la Ley de Protección para Niñas, Niños y Adolescentes; aumentar la asignación de recursos públicos en beneficio de la infancia y la igualdad en el acceso a servicios sociales básicos en todas las esferas geográficas, los estratos sociales y los grupos étnicos. Para hablar de un efectivo Estado de Derecho, éste debe contemplar la inclusión de todas y todos los habitantes de la nación, con especial énfasis debe procurar la garantía del goce de los derechos de la niñez y la adolescencia, sólo de esta forma el Estado de Derecho se constituirá en la base de una auténtica democracia. Por lo anterior, es menester mejorar la cobertura y calidad de los servicios, entre ellos, la protección social, la cual es parte de una visión política y estrategia integral que compromete la cultura de la solidaridad, la puesta en marcha de una economía productiva, con capacidad de crecimiento sostenido y el sentido preciso de la justicia social. El sistema de protección social en salud se inscribe en una estrategia de desarrollo humano, en donde la previsión y el ahorro de sus componentes es esencial, es por lo tanto, una responsabilidad colectiva y no meramente individual. La protección social es un pacto de generaciones y parte fundamental del pacto social. Por lo anterior, es decisivo articular formas novedosas de las políticas de protección social, para garantizar en este caso, en particular, la salud de nuestros niños huérfanos desprotegidos, que no cuenten con ningún sistema de seguridad social, a fin de incorporarlos al Seguro Popular, ya que no debemos olvidar que nuestra niñez es un sector sumamente vulnerable, situación que no se circunscribe a nuestro país, este fenómeno es a nivel mundial. Es importante precisar que el Código Civil otorga la custodia a instituciones públicas del país de estos menores que se encuentra en desamparo, ya que la finalidad de este gobierno, es integrarlos al seno de una familia, que les brinde protección como hijos. En este orden de ideas, debemos destacar que en el año 2002 se inició un nuevo programa de cooperación para el periodo 2002-2006, que UNICEF en México realiza con la participación de instituciones gubernamentales y la sociedad civil organizada, orientando a promover la protección de los derechos de la niñez, mediante el apoyo de la formulación de políticas y programas destinados a reducir las desigualdades sociales y económicas, así como la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situaciones de riesgo, lo cual sin duda es un gran avance, pero ante la situación que vive este sector requerimos más acciones. Para delimitar el objeto de estudio de la presente iniciativa, es importante destacar que el Seguro Popular es un programa de carácter público, en donde sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Además establece la protección financiera como una de las líneas estratégicas de acción de la actual administración. El objetivo principal es brindar protección financiera a la población sin seguridad social, a través de un esquema de aseguramiento justo, con el fin de reducir el pago de bolsillo y fomentar la atención oportuna de la salud. Por lo anterior, si bien es cierto, legalmente se ha manifestado un avance en la aprobación de la Ley de Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal, así como la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que reglamenta la reforma que se hiciera al artículo 4º constitucional, pero no podemos dejar de insistir en la necesidad de subsanar vacíos ostensibles de estos instrumentos. Aunado a esto, es menester manifestar que en la Ley General de Salud vigente no se expresa textualmente el beneficio dirigido a este sector del país vulnerable: nuestros niños huérfanos. Por otro lado, la Ley sobre el Sistema Nacional de Asistencia Social, en el artículo 6 señala, que de acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, con base en las normas técnicas que al efecto expida la Secretaría de Salud. Por lo anteriormente expuesto, someto al pleno de esta Asamblea lo siguiente: Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para que las instituciones públicas y privadas de asistencia social puedan afiliar a los expósitos y abandonados a su cargo sin cubrir la cuota familiar. Artículo único. Se reforman los artículos 77 Bis 4, 77 Bis 21 y 8º transitorio del 15 de mayo de 2003 de la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Artículo 77 Bis 4. La unidad de protección será el núcleo familiar, la cual para efectos de esta ley se pueda integrar de cualquiera de las siguientes maneras: Por lo cónyuges; por la concubina y el concubinario; por el padre y/o madre no unidos en vínculo matrimonial o en concubinato; y por otros supuestos de titulares y sus beneficios que el Consejo de Salubridad General determine con base en grado de dependencia y convivencia que justifiquen su asimilación transitoria o permanente a un núcleo familiar. Se consideran integrantes del núcleo familiar a los hijos adoptados menores de 18 años; a los menores de dicha edad que formen parte del hogar y tengan parentesco de consanguinidad con las personas señaladas en las fracciones I a III que anteceden; y a los ascendientes directos en línea recta de éstos, mayores de 64 años y que habiten en la misma vivienda y dependan económicamente de ellos, además de los hijos que tengan hasta 25 años, solteros, que prueben ser estudiantes, o bien, discapacitados dependientes. A las personas de 18 años o más se les aplicarán los mismos criterios y políticas que al núcleo familiar. El núcleo familiar será representado para los efectos de este título por cualquiera de las personas enunciadas anteriormente. Las instituciones públicas y privadas de asistencia social podrán afiliar a los expósitos y abandonados a su cargo en los términos dispuestos por el reglamento. Artículo 77 Bis 21. Los beneficiarios del Sistema de Protección Social de Salud participarán en su financiamiento con cuotas familiares que serán anticipadas, anuales y progresivas, que se determinarán con base en las condiciones socioeconómicas de cada familia, las cuales deberán cubrirse en la forma y fechas que determine la Secretaría de Salud, salvo cuando exista incapacidad de la familia a cubrir la cuota, lo cual no le impedirá incorporarse y ser sujeto de los beneficios que deriven del Sistema de Protección Social. Las disposiciones reglamentarias establecerán los lineamientos para los casos en que por las características socioeconómicas de los beneficiarios éstos no aportarán cuotas familias. Se exime de las cuotas familiares a las instituciones públicas y privadas de asistencia social que incorporen como beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud a expósitos y abandonados a su cargo. Transitorios de la reforma del 15 de mayo de 2003: A partir de la entrada en vigor del decreto, cada año y de manera acumulativa, se podrá incorporar al Sistema de Protección Social en Salud hasta el equivalente de 14.3% de las familias susceptibles a la nueva incorporación, con el fin de alcanzar el 100% de la cobertura en el año 2010. En el ejercicio fiscal 2004 y subsecuentes, la cobertura de los servicios de Protección Social en Salud se iniciará dando preferencia a la población los 2 primeros deciles de ingresos en las áreas de mayor marginación, zonas rurales e indígenas de conformidad con los padrones para que al efecto maneje el Gobierno Federal. Asimismo, se dará prioridad a la incorporación de los expósitos abandonados a cargo en las instituciones públicas y privadas de asistencia social. Transitorio Único. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado Presidente.