EL C. DIPUTADO ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: ante la realidad penitenciaria en México, que es una macabra ilación de violaciones a los derechos humanos que debe de preocupar a las instituciones públicas, tanto cono a la ciudadanía en su conjunto, el 15 de diciembre del año 2001 presenté una iniciativa de código federal penitenciario y esta es la segunda excitativa que presento ante el pleno de esta Cámara y que no ha sido dictaminada todavía por la comisión correspondiente. Ante el reclamo fundamental de la ciudadanía por la falta de seguridad pública y el consecuente crecimiento del índice de criminalidad, se han incrementado las penas y negado beneficios de preliberación o restringido el derecho a fianza, propiciando que los centros de reclusión social funcionen en condiciones de hacinamiento, corrupción, violación e inseguridad. Tan solo la sobrepoblación, según el Segundo Informe del Gobierno Federal, es del 37%. La reclusión es el último eslabón de un sistema inoperante. Ni el Sistema Nacional de Seguridad Pública ni su Plan Nacional han logrado cerrar el círculo de acciones que pudieran garantizar la principal función del Estado: la seguridad en el patrimonio e integridad personal de los ciudadanos, ni mucho menos contribuye a resarcir a las víctimas del delito ni a reparar los daños. En el sistema carcelario la corrupción se antepone a cualquier proceso judicial, afectando, igual que al interno, a los familiares. Lucran igual los funcionarios de primer nivel que los custodios o los técnicos penitenciarios. Igual se abusa de los familiares que se concreta una fuga, se vende un servicio o se trafican drogas o enervantes. Aunado a lo anterior la población penitenciaria no se clasifica. Conviven los del fuero federal con los del fuero común, los primodelincuentes con los reincidentes y los sentenciados con los procesados. La Iniciativa del Código Federal Penitenciario se fundamenta en el orden constitucional y del orden penal federal cuyo objetivo de las penas privativas de la libertad es la readaptación social basada en el trabajo y la educación. Nada dice nuestra Ley Suprema sobre el "apando". Los castigos administrativos superiores a las 72 horas, la corrupción, el narcotráfico y el peligro de perder la vida en reclusión; tampoco prevé nuestra Constitución los abusos y omisiones judiciales a l administración de la pena corporal que ha hecho inobservables e inaplicables los sustitutivos penales comprendidos en el Código Penal Federal. Para la ejecución de las sanciones penales, el Código Penal Establece sustitutivos de la privación de la libertad cuya aplicación por los jueces federales de la causa pudiéramos atrevernos a decir que es nula. Los esfuerzos que esta Legislatura haga en materia penitenciaria deben orientar el marco jurídico penitenciario al restablecimiento de la justicia en los procesos de reclusión social, específicamente en materia de ejecución de sanciones penales, tanto en las disposiciones adjetivas como en las sustantivas. Garantizar la observancia del mandato constitucional de la readaptación social, no sólo es evitar condiciones de corrupción, hacinamiento, violación de garantías individuales, etcétera que actualmente privan en el sistema carcelario mexicano. Es buscar la dignificación del sentenciado a través del trabajo y la educación como lo marca nuestra Constitución, pero sobre todo es enfrentar los problemas en procuración y administración de la justicia que llenan las cárceles del país de muchos ciudadanos que por pobreza o ignorancia han sufrido de procesos jurídicos injustos y cuyo marco de derecho es estrecho y constantemente violado. Esta Legislatura debe reconocer el grave problema que significa la omisión penal que no regula el seguimiento penitenciario de los liberados del sistema. La iniciativa por mí presentada en esta Legislatura no se ha concretado ya en una iniciativa y concretamente el PRI y el PAN no han manifestado su interés en el tema para revisar y remontar los rezagos jurídicos que afectan al sistema penitenciario federal y a la ejecución de las sanciones penales. Por todo lo anterior solicito a esta Mesa Directiva, por segunda ocasión, cumpla y se excite a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para que se emita dictamen que permita la discusión en este pleno para la aprobación del Código Federal Penitenciario. Por su atención, muchas gracias. -