El diputado José Arturo López Cándido: Buenas tardes a todas y a todos. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1989, suscribió el instrumento internacional denominado Convención de los Derechos de los Niños, donde nuestro país reconoce dicha convención relativa a los niños que venden su mano de obra en los campos agrícolas. Nuestra Carta Magna, en su artículo 3o., establece con toda precisión el derecho a la educación para todos los mexicanos, la cual deberá ser impartida por el Estado: federación, estados y municipios, donde se considera con el carácter de obligatorio el preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. En este sentido, la ya mencionada convención señala en su artículo 28 que los Estados parte reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de darle cumplimiento, se recomienda adoptar medidas como: Garantizar la obligatoriedad y la gratuidad de la enseñanza primaria para todos. Fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria. Fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir la tasa de deserción escolar. En las actividades laborales que ofrecen estos niños y jóvenes, desgraciadamente, se originan al intentar cubrir los faltantes en el ingreso de sus familias, por la familiaridad con las actividades del campo. Dichos niños suelen ocupar tareas específicas como la pizca, el acarreo de la producción recolectada en las parcelas debido a la ausencia de servicios educativos en regiones alejadas y dispersas de las principales ciudades o pueblos. Si a dichos factores le agregamos que la primera expectativa de las familias campesinas es la de migrar de sus lugares de origen por tratar de encontrar en otras partes mejores condiciones de vida, el resultado habitualmente se refleja en la descomposición absoluta del modo de vida de toda persona, principalmente en los menores que la integran. Es necesario destacar que de acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros de 2009 se calculaba una cifra cercana a 712 mil personas incorporadas en trabajos de este tipo, pero además, de dicha cifra sólo 14 por ciento, era atendida por algún tipo de programa educativo a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Por si fuera poco, otra de las principales preocupaciones es lo relativo a la acreditación de los cursos de la educación básica, pues muchas veces no existe un mecanismo que permita dar continuidad a los logros alcanzados por los alumnos que son jornaleros agrícolas, el hecho que se pueda otorgar un documento oficial que permita que los alumnos puedan seguir la continuidad de sus estudios, no obstante que cambian de residencia continuamente. Este es el caso de los niños y jóvenes que por las cuestiones ya descritas abandonan sus estudios y que, por alguna razón al buscar el apoyo de programas federales como lo son: el Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niñas y Niños de Familiares Jornaleros Agrícolas Migrantes (Pronim) y la Modalidad Educativa Intercultural para Población Infantil Migrante (Meipim). En el mismo contexto, diversos especialistas han distinguido coincidencias con las cuales se refleja un estancamiento en los objetivos propuestos al momento de la implementación de las políticas públicas destinadas a cubrir las necesidades de esta población, tales como: Una insuficiente capacidad y calidad de respuesta frente a sus principales necesidades educativas. No se combinan esfuerzos entre otros programas que inhiban la migración de las familias campesinas, que ofrezcan oportunidades de desarrollo al interior de sus comunidades y regiones de donde son originarios, que fortalezcan el arraigo de costumbres y entorno cultural en dichos lugares de origen, pero que también garanticen una estabilidad educativa por lo menos en su nivel básico y que se incentive la posibilidad para seguir con los subsecuentes niveles educativos. La presente iniciativa tiene por objeto incluir mecanismos en la Ley General de Educación para que se fortalezcan los principios de igualdad, equidad e impartición de la educación para todos, pero cómo lo es en este caso especial de manera dirigida a la población de jornaleros migrantes incluyendo niñas y niños y jóvenes en estas condiciones. No podemos soslayar el tipo de condiciones de movilidad y elevada frecuencia de efectos migrantes en tal población. Por ello proponemos que estos mecanismos sean puestos en marcha en forma inmediata y coordinada entre las distintas instancias de gobierno responsables de impartir educación para reducir a la brevedad el rezago educativo en el que se encuentran estos niños. Le agradezco, señor presidente y le solicito que el texto íntegro se inserte al Diario de los Debates. Gracias.