EL DIP. CARLOS ACEVES DEL OLMO: Gracias, señor Presidente. Proposición con Punto de Acuerdo presentada por los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, relacionado con el tema del Consejo de Administración de PEMEX, Los suscritos legisladores miembros de las fracciones parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática de la Cámara de Diputados, nos permitimos proponer a esta Honorable Comisión Permanente la adopción de un acuerdo mediante el que esta soberanía manifieste sus consideraciones en torno a las decisiones del Presidente de la República, al designar en calidad de representantes del Estado para integrar el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos a cuatro connotados empresarios ajenos a la función pública y a la estructura administrativa gubernamental, en violación de lo dispuesto por los Párrafos cuarto y quinto del artículo 25 constitucional y cuarto y quinto del artículo 28 de la propia Ley Fundamental; así como el artículo 7 de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Ante la ausencia de una explicación convincente al respecto, los suscritos tenemos fundamentos jurídicos para afirmar que no puede ser representante del Estado quien llega a una institución u organización pública desde el sector privado, en el que domina el legítimo propósito de lucro y el interés individual y empresarial, convirtiéndose en parte del órgano de gobierno de una empresa del Estado dirigida a la explotación uso y aprovechamiento del petróleo y los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos sobre los que la nación tiene el dominio directo, el cual es inalienable e impreceptible, según el artículo 27 constitucional, Pese a que de acuerdo con el artículo 27 mencionado, la explotación de los recursos de la nación, puede realizarse mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, el artículo 28 de la Ley Fundamental determina que el petróleo y demás hidrocarburos así como la petroquímica básica son áreas estratégicas en las que el Estado ejerce funciones de manera exclusiva; es decir, sin la participación de otros sectores, lo cual es congruente con el párrafo quinto del propio artículo 28 de la Carta Magna, que establece lo siguiente: "El Estado contará con los organismos y empresas que requiere, para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario, donde de acuerdo con las leyes, participe por si o con los sectores social y privado". Para interpretar este párrafo, hay que valerse de la técnica de interpretación integral de la Constitución, por lo que debemos de remitirnos al Articulo 25 de la misma, cuyos párrafos cuarto y quinto determinan respectivamente lo que sigue "El Sector Público tendrá a su cargo de manera exclusiva las áreas estratégicas que se señalan en el Articulo 28 párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo el control sobre los organismos que en su caso se establezcan" Asimismo dice el párrafo quinto: "Podrán participar por si o con los sectores sociales y privados, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo". Interpretados de esta manera integral, los párrafos de los Artículos 28 y 25 transcritos, no queda ninguna duda acerca de que la participación conjunta del Estado, no incluye las áreas estratégicas, limitándose esta acción concurrente a todas las demás incluidas las de carácter prioritario. Es en razón de lo anterior, que los órganos de gobierno de las empresas públicas que tienen a su cargo funciones relacionadas con áreas estratégicas, sólo pueden estar constituidas por representantes del sector estatal, que participan en el proceso productivo correspondiente, siendo éste el caso de la integración del Consejo de Administración de Pemex, formado por 11 representantes de acuerdo con el Artículo 7o. de su Ley Orgánica, el cual fue aprobado en su oportunidad por este Congreso, apoyado en una Exposición de Motivos, que estableció categóricamente respecto del órgano de gobierno de Pemex: "En estos organismos la iniciativa privada no podrá tener participación alguna". En consecuencia, no pueden los particulares ser miembros del Consejo de Pemex en calidad de representantes del Estado, pues no basta la designación o nombramiento que haga de ellos el Presidente de la República, quien no goza del poder medieval de investidura, para otorgar títulos o mercedes por propia y soberana voluntad. La autoridad presidencial es un poder que debe responder a los requerimientos y limitaciones impuestos por la Constitución y las leyes, de manera que en razón del principio de legalidad que debe prevalecer en el estado de derecho, los gobernantes sólo pueden hacer lo que la ley les permite o les ordena, excederse de este marco, además de lesionar el orden jurídico, significa tomar decisiones arbitrarias, que sustituyen la presidencia democrática por una presidencia autoritaria, a la cual bien podría aplicársele como divisa la del Rey Sol: "El Estado soy yo". La designación hecha por el Presidente de la República a favor de cuatro distinguidos mexicanos, representativos del sector privado, carece del sustento legal, aun cuando el Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, incluye en la fracción IV del Artículo 17 entre quienes pueden ser miembros del órgano de gobierno de una entidad pública: "Genéricamente a representantes de los sectores privado o social, por su experiencia vinculada con la producción de los bienes o la prestación de los servicios, objeto de la entidad, puedan contribuir al logro de los objetivos de la misma. La jerarquía reglamentaria de esta norma administrativa, no puede contravenir a la Ley Orgánica de Pemex y mucho menos al texto constitucional, por lo que sin dejar de ser un precepto vigente, sólo es aplicable en lo que no contraviene al orden jurídico superior". Podría erguirse, por otro lado, que así como los trabajadores sindicalizados forman parte del órgano de gobierno de Pemex, los representantes del sector privado tienen igual derecho para formar parte del mismo, esta por supuesto no es una afirmación válida. En primer lugar, los trabajadores no participan en su calidad de sector social, el cual no es mencionado ni aludido por la Ley Orgánica de Pemex, sino que actúan en su carácter de miembros activos del sindicato y sobre todo pro ser trabajadores de planta de Petróleos Mexicanos, como lo dice el párrafo segundo de su Artículo 7O. Quien trabaja como empleado de planta en un empresa estatal como Pemex es trabajador del Estado, servidor público, independientemente de que se rija por el Apartado A y no por el B del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los trabajadores de Pemex, son trabajadores del Estado no del sector privado ni del sector social, por lo que participan con toda legitimidad en el órgano de gobierno que la empresa pública, y así lo reconocen los limitantes de la Ley Orgánica de la multicitada PEMEX. Por último, los distinguidos empresarios favorecidos por la más que generosa discrecionalidad del Presidente de la República, no fueron designados por su encuadramiento sectorial, como en todo caso lo previene la ley para los organismos de las otras áreas en que pueden participar los particulares, sino que fue un nombramiento hecho en razón del designado, de su éxito como empresario individual, de su fortuna indicativa de su capacidad, sagacidad y visión para los negocios, o sea por la virtudes que derivadas de la fortuna lo hacen un elemento de concurrencia en las esferas del poder público y de la alta tecnocracia gubernamental. Esto, sin embargo, no forma parte de las previsiones e hipótesis normativas, por lo que la selección de los cuatro prominentes empresarios mexicanos si bien queda enmarcada en este elocuente y complejo marco de la realidad sociopolítica nacional, no está fundada en la sencilla y breve determinación de la ley. Por todo lo anterior, los diputados y senadores que suscribimos esta proposición, advertimos que una designación ilegal puede conducir a la integración irregular del órgano de gobierno de PEMEX a la adopción por éste de decisiones afectadas de nulidad y al ejercicio indebido de funciones públicas por parte de los ciudadanos mexicanos de buena fe, que sin duda confiaron en la capacidad gubernamental para discernir lo procedente en términos de ley. Nos preocupan, por último, dos aspectos más: un nombramiento de esta naturaleza, sin fundamentación legal, nulo de pleno derecho, implica la entrada de PEMEX a la privatización o el ingreso del sector privado a la conducción y dirección de PEMEX por la puerta falsa del favoritismo y sin responsabilidad, pues los empresarios ilegalmente designados, gozarían de información privilegiada, de influencia política frente a la empresa y sin que sus posibles consejos y experiencias tengan para ellos ninguna consecuencia legal en caso de equivocación o frustración. Nos preocupa además, que la presencia de estos grandes empresarios mexicanos, que no merecen ningún desprestigio personal ni mengua de su éxito empresarial como consecuencia de un mal nombramiento, pudieran ser fuente de conflicto para PEMEX y provocar en el futuro inconveniencias que desde hoy podrían evitarse oportunamente. Por tal razón consideramos que la experiencia de éstos y otros mexicanos, técnica, científica y económicamente preparados, sería muy provechosa para PEMEX integrados en un Cuerpo Técnico que sin contravenir las normas invocadas a lo largo de esta proposición, por no ser investidos de funciones de autoridad y gobierno, contribuyan con PEMEX para incrementar su capacidad como empresa encargada de aprovechamiento de uno de los recursos no renovables más significativos del patrimonio de la Nación. Por lo anterior nos permitimos proponer la aprobación de los siguientes puntos de acuerdo: Primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión considera que los nombramientos hechos por el Presidente de la República en favor de cuatro empresarios mexicanos para integrar el Consejo de Administración de PEMEX, son a todas luces contrarios al texto y al espíritu de los artículo 25, 27 y 28 de la Constitución y violatorios del artículo séptimo de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios. Segundo. Lo anterior determina que procedería la revocación de dichos nombramientos por parte del propio Presidente de la República, a efecto de hacer nuevos nombramientos con estricto apego a lo establecido en la Constitución y la Ley Orgánica de la empresa paraestatal de referencia. Tercero. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión vería con beneplácito la conformación de un Cuerpo Técnico de Consejeros de Petróleos Mexicanos nombrados por el Presidente de la República, conformado por connotados empresarios, profesionistas y técnicos que coadyuven al mayor desempeño y a la acción moderna más eficaz y racional de esta empresa pública de la Nación. Firman todos los miembros de la Comisión Permanente del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto.