La Secretaria diputada María Mercedez Maciel Ortíz: El artículo 6o. constitucional fue adicionado en su última parte con la siguiente expresión: El derecho a la información será garantizado por el Estado, instituyéndose de esta manera el derecho a la información. La evolución histórica de esta libertad fundamental ha estado plagada de dificultades y el tránsito por caminos sinuosos. Sin embargo, ha sido el desarrollo doctrinal y jurisprudencial, así como la suscripción por nuestro país de diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, los que le han dado su justa dimensión y alcance. De hecho, el derecho a la información en su vertiente de acceso a la información pública ha adquirido notoria importancia en el mundo de las ideas políticas, sociales y jurídicas del pensamiento contemporáneo, al grado de que se le considera como uno de los rasgos más distintivos de los estados constitucionales modernos. De esta manera el fortalecimiento del derecho a la información se convierte entonces en un útil instrumento para consolidar el estado de derecho y encausar las acciones de los órganos del Estado hacia su evolución democrática. Sin duda un Estado que defiende y fomenta las libertades fundamentales de los seres humanos es un Estado democrático que incide en la consecución de una sociedad participativa responsable. La existencia y perfeccionamiento de un marco jurídico que brinde transparencia y rendición de cuentas de los actos de gobierno enriquecen el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática, para un ordenamiento de la conducta individual y colectiva del país, conforme a sus aspiraciones. Por lo que en la sociedad democrática a que aspiramos los mexicanos, las acciones de gobierno no deben ser solamente ampliamente difundidas, sino también extensamente analizadas y evaluadas por la población aprovechando la producción de abundante información pública y de fácil acceso para todos. Asimismo, de manera correlativa el acceso a la información pública y la transparencia de los actos de gobierno se convierten en herramientas eficaces para el combate de conductas ilícitas. En efecto, la falta de claridad en el manejo de los recursos públicos que con mucho esfuerzo el pueblo destina para el mantenimiento del Estado, históricamente ha menoscabado el pleno desarrollo democrático de nuestra sociedad, al convertirse en un incentivo perverso para la comisión de actos de corrupción. Cabe recordar que el manejo y manipulación de información sobre determinado asunto ha sido el detonante para que se llevaren a cabo o se adjudicaran grandes negocios a favor de unos cuantos y en detrimento de la sociedad. En este tenor se debe reconocer que en materia de derecho a la información sobre todo en el aspecto de transparencia y rendición de cuentas de los actos de gobierno en los últimos años, se han realizado esfuerzos importantes tendientes a definir y fortalecer estos derechos, así como dotar de instrumentos y medios de defensa eficaces en contra de la falta de garantías de su ejercicio pleno. Al respecto el Congreso de la Unión aprobó y expidió en el año 2002, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Tanto la iniciativa presentada bajo la asesoría del llamado Grupo Oaxaca, como la iniciativa elaborada por el gobierno federal, buscaban el mismo fin: permitir que todos los ciudadanos podamos acceder a la información en custodia del gobierno, para lograr la absoluta transparencia del actuar gubernamental y avanzar hacia la plena rendición de cuentas. La ley cumple con los criterios internaciones sobre acceso a la información pública y es uno de los logros legislativos más reconocidos en la opinión pública por su trascendencia. El principio que inspira todo el ordenamiento es que, como regla general, la información en poder del Estado es información pública; es decir, de libre acceso para todos los ciudadanos, salvo las excepciones que la propia ley señala. No obstante, a la fecha, debido a la forma de organización del Estado mexicano con el carácter de federal donde existe una delimitación respecto de ámbitos de competencia, tanto de la Federación como de las entidades federativas y los municipios, no ha sido posible unificar en las legislaciones que al respecto han dictado los congresos locales y la Asamblea Legislativa, principios y mecanismos comunes para ejercer el derecho a la información. Por lo que esta garantía no se ha consolidado como el instrumento necesario para alentar el desarrollo político, económico y social de todos los mexicanos. Al respecto, la experiencia nos ha demostrado que cuando las garantías no se actualizan y fortalecen se convierten en letra muerta que no cumple con su cometido. De ahí que surja la necesidad de revisar nuestro marco jurídico constitucional en materia de derecho a la información, con la finalidad de llevar a cabo los ajustes pertinentes, pues la protección y respeto de un derecho, no se logra únicamente mediante su consagración constitucional, sino que requiere de su revisión periódica; a efecto de que el deber ser y el ser se encausen por el mismo rumbo. La propuesta de los gobernadores constituye una ejemplo de la vocación de los mexicanos por mantener el diálogo y el consenso en todos los ámbitos de gobierno como mecanismos insustituibles para la construcción de un proyecto de nación, a la altura de las aspiraciones de una sociedad que exige de sus gobernantes un compromiso cada vez mayor y más responsable con las causas ciudadanas. Por lo que sin demeritar de modo alguno las propuestas que al respecto han presentado legisladores de diversos partidos políticos, mismas que deberán valorarse y dictaminarse de manera conjunta, se presenta ante esta soberanía la iniciativa de reforma constitucional que recoge el alcance y contenido de la propuesta señalada en el párrafo precedente. Lo anterior con la finalidad de dar cumplimiento a la voluntad de este Pleno externada mediante la aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política de fecha 28 de noviembre del año en curso, por el que se expresa la voluntad de la Cámara de Diputados, por fortalecer el derecho fundamental de acceso a la información y la transparencia. Ahora bien, los principios en materia de acceso a la información que se propone sean observables en todo el territorio nacional, y que surgen precisamente de un análisis cuidadoso respecto de los ejes sobre los cuales debe girar toda legislación y normatividad que se expida al respecto, tienen que ver en primer lugar con precisar con claridad que toda información es pública y por excepción será reservada por las razones de interés público que establezcan las leyes. El segundo principio tiene que ver con el entendido de que no existen derechos ilimitados, dado que éstos hallan su acotamiento en la protección de intereses superiores que para el caso concreto se refiere a la protección de la intimidad de las personas, por lo que la información que se refiera a la vida privada y los datos personales deberá considerarse como confidencial y será de acceso restringido, en los términos que fijen las leyes. El tercer principio pretende darle efectividad al ejercicio del derecho a la información, a través de la obligatoriedad para establecer procedimientos sencillos y cuyo desahogo sea en un breve término, tanto para la entrega de la información como para la interposición de recursos contra la negativa por entregar la información. El cuarto principio responde a establecer la obligación estricta de que, en caso de que exista un conflicto entre el principio de publicidad y la necesidad de guardar reserva respecto de la información pública se deberá resolver el mismo mediante la evaluación del daño que pudiera causar la difusión de la información o bien acreditando causas de interés público. Otro principio que tenderá a dotar de eficacia el ejercicio del derecho a la información es el de establecer que las conductas de los servidores públicos que atenten contra el ejercicio del derecho a la información serán consideradas como graves, para efectos de las sanciones administrativas que al respecto se establezcan. Asimismo, con la presente propuesta se pretende establecer como obligación activa de los sujetos obligados al cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia, el que pongan a disposición de la ciudadanía un mínimo de información sobre los aspectos más relevantes del actual administrativo. Por último y como un aspecto complementario de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información, se propone la existencia de archivos administrativos actualizados y confiables. Firman todos los diputados coordinadores de los ocho grupos parlamentarios.