La diputada María Guadalupe Román Ávila: Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Justicia gratuita y expedita. El artículo 17 constitucional establece que, entre otras cosas, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. La fracción III del artículo 1084 del Código de Comercio, prevé la condena de pago de costas, ya sea al condenado en juicio ejecutivo y al que lo intente, si no tiene sentencia favorable. También el artículo 1376 Bis, del mismo ordenamiento, prevé que la condenación de costas sería al opositor que no tenga sentencia favorable. Por lo que existe una clara violación a los derechos humanos, hechos que también inhiben el acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversos criterios jurisprudenciales que sirven de pauta orientada para arribar una solución concreta en torno al tema de pago de gastos y costas. El vencimiento puro de la compensación o indemnización y de la sanción a la temeridad o la mala fe del litigante. Es del conocimiento que las costas son una sanción resarcitoria para compensar las erogaciones que han debido a ser parte para defender sus derechos y que le originaron un perjuicio. En este contexto, para la procedencia de la condena en costas existen dos núcleos, representados por el criterio objetivo y el subjetivo. El elemento subjetivo se da cuando se procede con una culpa o mala fe del litigante. El objetivo impone las costas precisando los elementos subjetivos para reconocer la procedencia por el hecho de ser vencido en un juicio. En el análisis de lo aquí expuesto podemos ver que la teoría del vencimiento, según el cual, para la imposición de la condena, el pago de las costas no se atiende a los elementos subjetivos como el dolo y la culpa, sino el hecho objetivo del vencimiento, ganar o perder el juicio. Es decir, que la condena va ligada a un hecho objetivo y de fácil determinación, por lo menos en un principio, como lo es el de su vencimiento. Por lo que el artículo 1376 Bis del Código de Comercio, al aplicar el criterio estricto y absoluto de la teoría del vencimiento, tiene como consecuencia la sanción del pago de costas. Este criterio subjetivo atribuye al juez la facultad de condenar las costas a la parte que a su juicio haya actuado con temeridad o mala fe, mala intención en el juicio. El criterio objetivo impone al juez condenar en costas a la parte que se ubique en alguna de las hipótesis previstas por la ley para la condena en costas. Basta la circunstancia de no haber obtenido resolución favorable, para que se imponga al litigante la obligación de pagar las costas, ya sea en lo principal o en los incidentes durante la tramitación de su juicio. El criterio objetivo que da el albedrio del juez le obliga a imponer una condena en costas, toda vez que no tiene como causa eventual el comportamiento procesal inapropiado de alguna de las partes. Tampoco responde al propósito de retribuir a quien injustificadamente ha sido obligado a actuar ante un tribunal, únicamente obedece a la cuestión objetiva que exista por una parte vencida en cuestión de juicio. Es necesario que, en la intervención judicial, la que pueden servir para evitar injusticias relacionadas con el pago de costas judiciales o procesales, por lo que al sustituir la fórmula se estaría teniendo una fórmula legislativa más clara y entendible, inspirada en la necesidad de dar claridad a la norma y con ello el cuidado pueda entender con claridad la ley. Por lo anterior, se pone ante esta honorable asamblea el presente proyecto de decreto por el cual se reforman, adicionan y se derogan los artículos 1376 Bis y 1084, fracción III del Código de Comercio. Agradezco a mis compañeros diputados el apoyo que brinden a esta propuesta. Es cuanto.