La diputada Mónica García de la Fuente: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley General de Educación, la educación inicial tiene como propósito favorecer el desarrollo físico, cognoscitivo y afectivo de los menores de cuatro años de edad. Esto implica que recibir educación y cuidados adecuados durante esta etapa, es fundamental para el correcto desenvolvimiento, autoestima y seguridad en nuestra infancia y por lo tanto de nuestra futura ciudadanía. Actualmente se puede acceder a este tipo de servicios mediante dos esquemas. Por una parte tenemos las guarderías y estancias infantiles que forman parte del sistema de seguridad social en nuestro país y que son primordialmente una prestación social. Para poder acceder a ellas se requiere necesariamente ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o en su defecto, acudir al Programa de Estancias Infantiles, para Apoyar a Madres Trabajadoras, para lo cual se requiere, entre otras cosas, no tener acceso al servicio del cuidado infantil a través de instituciones públicas de seguridad social o de otros medios y que al momento de solicitar el apoyo el ingreso per cápita del hogar no rebase la línea de bienestar económico tanto en áreas rurales como urbanas que el día de hoy es de mil 390 y 2 mil 201 pesos, respectivamente. Por otra parte se encuentran aquellas instituciones públicas y privadas que al formar parte del Sistema Educativo Nacional proveen tanto una prestación social como un servicio público, siempre y cuando cuenten con la autorización o reconocimiento por parte de la autoridad educativa. Estas instituciones, guarderías y estancias infantiles proporcionan a los padres un esquema flexible y mejor adaptado a las necesidades y requerimientos del sistema económico y del mercado laboral, el cual muchas veces requiere que además de proveer los cuidados y enseñanzas adecuados a los menores, permita a los padres la capacidad y libertad de decidir los horarios y el tipo del sistema educativo con el cual se desarrollarán sus hijos. En ese sentido consideramos que cada esfuerzo que el Estado realiza para apoyar el correcto avance del sistema educativo, se traduce en un impulso para el desarrollo, modernización y progreso de nuestro país. Es por eso que consideramos necesario que cada iniciativa en la materia promovida desde el gobierno, debe suponer el alcance más amplio de sus beneficios. El 15 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto presidencial que adicionó el artículo 176 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, por el cual se otorga un estímulo de carácter fiscal a los contribuyentes, personas físicas, a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual, puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de servicio de enseñanza, correspondientes a los tipos de educación básica y media superior, cuando dichos pagos se realicen en instituciones educativas privadas que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la Ley General de Educación. Si bien la intención es loable y el decreto establece la deducción de los gastos realizados por los servicios de enseñanza que el Estado está obligado a prestar, no podemos dejar de puntualizar que no se incluyó al tipo de educación inicial que, como ya señalamos, es fundamental en el desarrollo temprano de las personas. Además, pese a los esfuerzos realizados en la materia tanto por el sistema de seguridad social de prestaciones sociales y el sistema educativo, la atención que proveen las instituciones públicas en la materia no es suficiente para atender en su totalidad a los menores que requieren recibir este tipo de cuidados. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 del Inegi indica que en México el 38.3 por ciento de la población económicamente activa son mujeres, de las cuales 63 por ciento no cotizan ni han cotizado en el IMSS y/o en el ISSSTE, situación que no les permite tener acceso a las guarderías o instancias infantiles. Además, por eso proponemos que un estímulo fiscal fortalece el sistema educativo nacional cuando el beneficio no es válido sólo cuando dichos pagos se realizan en instituciones educativas privadas del país que cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación. Con la disminución de los gastos generados por el concepto de colegiaturas se fortalece el sistema educativo. Por todo lo anterior pongo a consideración de esta honorable asamblea el proyecto de decreto por el cual se adiciona el Capítulo IX de los servicios de la enseñanza contratados en establecimientos privados con autorización o reconocimiento de validez de estudios oficiales, del Título Séptimo de los estímulos fiscales, con los artículos 239, 240 y 241 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Es cuanto, señor presidente.