El diputado Obdulio Ávila Mayo: Se ha señalado aquí que es un exceso hacer uso de un instrumento parlamentario, como lo es la proposición con punto de acuerdo, porque se está exhortando a un órgano legislativo local que debe de acatar una resolución jurisdiccional. Pero tan es necesario el exhorto, tan es práctica cotidiana en este órgano legislativo, que en la página siete de la Gaceta Parlamentaria publicada el día de hoy aparece un punto de acuerdo de un diputado del PRD, que trata también sobre temas locales, el diputado Cuevas Córdova. Por tanto, la propia bancada del PRD reconoce el uso parlamentario que se le da a estas proposiciones en relación con el tema. Segundo. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se presentó el día de hoy una iniciativa, una iniciativa que pretende con esto dar cumplimiento a una resolución de la Corte que ordena dos cosas básicamente: primero, ordena la reinstalación de la comisionada destituida ilegalmente; segundo, ordena el pago de los salarios caídos. Y ahora, la bancada del PRD pretende que con el inicio del cumplimiento que todavía no se actualiza en su totalidad, se dé por cumplida la resolución que ordena la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El caso de la transparencia y el órgano regulador del derecho a la información pública en la Ciudad de México, no es nuevo para la opinión pública nacional. Si ha habido, si hubo un gobierno local pertinaz, constante en los ataques al derecho a la información pública y en la integración del órgano regulador del derecho a la información pública, ése fue el gobierno que rigió a la Ciudad de México del 2000 al 2005. Y señalo —sólo para abrir el debate—, el veto formal, la controversia constitucional, el veto de bolsillo, la contrarreforma, el cerco financiero, la clasificación ilegal de la información, la información cara, el ocultamiento de información, la imposición del presidente del Consejo, el nombramiento ilegal e ilegítimo de los comisionados ciudadanos y una serie de actos como es el retroceso en la apertura informativa o el rechazo de solicitudes que se dio, el cobro de respuestas que dieran información. Tuvimos, en la Ciudad de México, durante el espacio de cinco años, una conducta que podría calificarse de política de Estado obstructiva al derecho a la información pública, una casi política de Estado consistente en que durante ese quinquenio prácticamente no fue posible que se ejerciera a plenitud el derecho a la información pública. Y es, desde el día 24 de noviembre de este año, cuando la Segunda Sala del alto tribunal resuelve confirmar la sentencia otorgada en primera instancia a una de las comisionadas que decide inconformarse con el ilegal acto de la entonces mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Y ha transcurrido casi un mes desde que fue público el dictado del alto tribunal, consistente en la reinstalación, y hoy, a casi un mes, no se ha dado cabal cumplimiento a esa sentencia del amparo en revisión. Es por eso que acudo ante la más alta tribuna de la nación a pedir el voto a favor de las diputadas y los diputados presentes, a efecto de exhortar al órgano legislativo local de la capital federal a que cumpla de manera inmediata con una reinstalación que tiene que ver con una de las instituciones democráticas, así señaladas por la Suprema Corte de Justicia y que es el derecho a la información pública. Por eso pues, la importancia, y no el exceso de pedir el voto de los legisladores federales de esta Cámara. Es cuanto.