El secretario Otto Granados Roldán: Muchas gracias, presidente. Como algunos recordarán aquí, una vez que se firmó, en 1992 el Acuerdo Nacional para la Descentralización de la Educación Básica hacia los estados, se transfirieron las escuelas, obviamente los maestros, alumnos y demás, y el presupuesto correspondiente durante esos años. Esto provocó que entre 1993 y el año 2014 se produjera una serie de asimetrías porque cada uno de los estados hizo dos cosas que a mi juicio llevaron a agudizar el déficit estructural que en materia de gasto educativo se fue labrando en los estados a lo largo de estos años. El primero de ellos fue justamente el haber practicado, casi perpetuado por más de dos décadas la llamada doble negociación salarial. Porque generó una sangría de recursos de la mayor importancia porque una vez cerrada la negociación salarial nacional con la representación sindical, entonces esta iba a los estados para ver qué cosas adicionales podía obtener. Los datos que se tienen y que están a disposición de quien quiera, en número de días de lo que esto supone para los estados, generaron un tremendo déficit del cual solamente doy dos ejemplos que me vienen a la memoria. En el Presupuesto de Egresos del gobierno del estado de Chiapas para este año hay una partida que es para pago nada más de nómina magisterial, de 10 mil 466 millones de pesos, que en realidad no tienen para pagar. El caso de Michoacán, por razones muy diversas, parecidas al de las universidades, prestaciones no reconocidas, etcétera, etcétera, ese déficit es del orden de unos 5 mil millones de pesos, adicionalmente todas las irregularidades detectadas en ello. Cuando se introduce el FONE a partir del primero de enero de 2015, diputada, los beneficios fueron tangibles y muy rápidos. El primero de ellos, como usted bien lo preguntaba, es el pago puntual conforme a las instrucciones de la autoridad educativa local. La diputada Ana Lilia Herrera fue secretaria de Educación en el estado de México y sabe muy bien que la Federación a través del FONE paga por cuenta y orden a los maestros que nos dicen los estados, cada una de las quincenas, cada quincena religiosamente, y ahora ese pago es inmediato, transparente y puntual. No hay ninguna distorsión en ese sentido. Segundo. Se incorporan inmediatamente los incrementos de los sueldos y de las prestaciones. Algunos recordarán hace 10, 20 años, cuando todavía había que mandar en físico en un avión del Banco de México, los cheques o el dinero en efectivo para pagarles a los maestros, a veces un año o dos años después de que habían entrado al servicio educativo. Ahora no, ahora puntualmente y la página del FONE es absolutamente pública. Tercero. Hay una atención a los requerimientos de los docentes en esta materia, y luego una enorme reducción de los gastos de operación y los tiempos de operación en ese sentido. Pero además hay un elemento adicional que me gustaría puntualizar, del por qué en efecto dos o tres, el por qué en efecto es una buena decisión conservar el FONE. El primero de ellos es que le permitió al SAT, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una recaudación eficiente y creciente de ISR adicional. Nada más en el año que entró en vigor el FONE, que fue en 2015, respecto del 2014, cuando estaba todavía el viejo sistema, le supuso una recaudación adicional de 37 mil millones de pesos adicionales por concepto de ISR magisterial o educativo, y en los años siguientes el ISR enterado por entidades federativas y por la SEP, pues en 2016 fue de 79 mil 430 millones de pesos, en 2017 de 83 mil 952 millones de pesos. Cualquier secretario de Hacienda, cualquier jefe del SAT, sabe perfectamente bien el valor que tiene este cumplimiento fiscal para las finanzas públicas del país, en general. Luego permitió también el poder bancarizar los pagos. Hoy más del 90 por ciento del magisterio recibe su pago a través de una tarjeta e impidió, como ya dije, la negociación salarial adicional que se practicó por tantos años. Permitió los pagos a terceros institucionales, como el caso del ISSSTE y otros más y se permitió regularizar, con la compulsa que se hizo entre la estadística 911 y el FONE, aproximadamente 44 mil plazas que estaban en situación irregular y que valían al año unos 5 mil millones de pesos.