La diputada Karina Sánchez Ruiz: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de cirugía estética y reconstructiva, cuya finalidad es incluir esta práctica en las actividades profesionales que requieren que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos por las autoridades educativas competentes. Cuántas veces nos hemos enterado de lamentables casos de cirugías estéticas que tienen resultados adversos para quienes se las han practicado. Es urgente poner un alto a quienes no cumplen con la normatividad en esta materia. El artículo 4o. de nuestra Constitución establece en su párrafo cuarto, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud y que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Así, la Ley General de Salud, reglamentaria de dicho precepto, estipula en sus artículos 272 Bis, 272 Bis-1 y 272 Bis-2, todo lo relativo a las cirugías estéticas y reconstructivas. En estas disposiciones se menciona, entre otras cosas, que la cirugía plástica, estética y reconstructiva relacionada con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas o regiones de la cara y del cuerpo deberá efectuarse en establecimientos o unidades médicas con licencia sanitaria vigente, atendidos por profesionales de la salud especializados en dichas materias. El reglamento de la Ley General de Salud, en materia de prestación de servicios de atención médica, es también prolijo en cuanto a los requerimientos para la práctica de la cirugía estética y cosmética. Sin embargo, y a pesar de todos estos esfuerzos regulatorios, la mala praxis es lo más común cuando hablamos de este tema. Precisamente por esta razón para Nueva Alianza es prioritario robustecer el marco jurídico y proteger la salud de quienes se someten a este tipo de procedimientos. De acuerdo con cifras de la Asociación Mexicana de la Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva, en el país existen más de 20 mil médicos cirujanos plásticos espurios que no cuentan con los requerimientos para ejercer estas prácticas. Según cálculos de la propia asociación, por cada médico cirujano reconstructor especializado existen 15 personas que se ostentan y anuncian como especialistas sin serlo. Esto ha llevado a una proliferación de malas prácticas y casos omisos en los que se llegan a aplicar productos como aceite de cocina, de auto, parafina o silicón industrial, que pone en peligro no solo la salud sino también la vida de las personas. En Nueva Alianza coincidimos plenamente con la propuesta del dictamen para que se integre en el primer párrafo del artículo 79 de la Ley General de Salud, a la cirugía estética y reconstructiva al listado de actividades profesionales en el campo de la medicina que requieran títulos profesionales o certificados de especialización, expedidos o registrados por las autoridades educativas competentes. Del mismo modo, se requerirá que quienes ejerzan actividades profesionales y especialidades médicas se abstengan de hacer publicidad por medio de la leyenda registro en trámite; ya que amparados por esta frase han proliferado los establecimientos que no cumplen a cabalidad con la normativa, representando un peligro para la salud de la población. No menos importante es el hecho de que con esta modificación se pretende sancionar con la clausura temporal o definitiva, parcial o total a la actividad o establecimiento que funcione o pretenda funcionar bajo la leyenda registro en trámite. En Nueva Alianza, estamos comprometidos con la salud de los mexicanos y consideramos fundamental tomar medidas más severas para quienes por codicia engañan y lucran con la necesidad de la misma población. Ya basta de charlatanes y clínicas patitos. Hoy, las y los diputados de Nueva Alianza estamos coadyuvando a que crear un marco jurídico más severo para acabar con este tipo de establecimientos, razón por la cual, nuestro voto será a favor. Es cuanto, diputado presidente.