La diputada Esther Berenice Martínez Díaz: Buenas tardes, diputadas y diputados. Desde hace muchos años las mexicanas y los mexicanos hemos sido burlados. Nuestros gobernantes se han burlado de nosotros, por olvidar fácilmente y no alzar la voz ante injusticias, y hoy vengo a hablarles de una de ellas. A través de distintas administraciones federales y locales, y aun hoy en día, tenemos representantes, sí así se les puede llamar, que han sido sancionados por una autoridad judicial o administrativa por hacerle daño a nuestro país. Y, sin explicación alguna, a pesar de ser alguno de ellos auténticos delincuentes de cuello blanco, siguen trabajando en instancias de gobierno, después de haberse enriquecido a costa del erario, sabiendo cómo burlar la ley vigente hasta ahora. No podemos permitir que esto pase, no podemos confiar en alguien que dañó nuestro patrimonio, el patrimonio de nuestro México. No podemos darle esa oportunidad a personas sin escrúpulos, que no aman a nuestro país como nosotros lo hacemos. Es por eso que el día de hoy, en representación de todas las ciudadanas y ciudadanos, hartos de la injusticia y de los que no han sido escuchados, presento esta iniciativa de reforma a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, a fin de fortalecer el marco jurídico que impida la contratación de funcionarios que se encuentran inhabilitados, en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Pongamos un freno a estos abusos, gobernar no es un juego. México necesita personas que tengan vocación de servicio, capaces, quienes estén resueltas a cumplir con el mandato constitucional con respeto, honestidad y probidad. Servidores públicos honestos, trabajadores, que tengan amor por servir y no por servirse. Basta de saquear a nuestro país, un país que está lleno de mexicanas y mexicanos que día a día luchan por tener un mejor lugar donde vivir, un mejor lugar que heredar a nuestras hijas e hijos. La actividad gubernamental debe estar orientada a lograr el bienestar de los gobernados como función sustantiva del Estado en esa permanente toma de decisiones, en la que deben prevalecer los valores respecto a lo que se debe hacer o no en torno a las diversas situaciones o problemas existentes. La ética profesional debe permear en el desempeño en su función, considerando que la ética en el desempeño público genera confianza, paz, desarrollo y solidaridad. La falta de ella, en cambio, pobreza, subdesarrollo, injusticia, conflictos y desigualdad. En ese sentido, se propone incluir la obligación de inscribir en el Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados, el cual forma parte de la plataforma digital nacional, no solamente a las personas que han sido sancionadas por una falta administrativa grave, sino también a las que han cometido sanciones no graves, toda vez que estas también han quebrantado la ley y una de las sanciones que se pueden imponer es precisamente la inhabilitación. Por otra parte, se propone que la autoridad competente deberá inscribir las constancias de sanciones o inhabilitación que se encuentren firmes en contra de los servidores públicos o particulares que hayan sido sancionados por actos vinculados con faltas graves en términos de esta ley. Para tales efectos, es importante establecer la temporalidad con que dicha autoridad responsable debe realizar la inscripción correspondiente. La lucha contra la corrupción no solamente consiste en evitar las prácticas tan conocidas en nuestro sistema de gobierno, sino también se trata de impedir que quienes quebrante la confianza del pueblo a nivel municipal no puedan trabajar a nivel estatal o federal, o quien cometió algún acto de corrupción a nivel federal venga y sea contratado a nivel municipal. En todos los casos la confianza está fracturada, en todos los casos se debe aplicar e beneficio y protección de nuestro pueblo, obligar a todos los que quebranten la ley sean inscritos en un mismo registro y que la autoridad cumpla con la obligación de registrarlos. Es una exigencia de la sociedad, pero también, tal como lo dice la ley, consultar dicho registro antes de ser contratados por cualquier dependencia de gobierno o antes de volver a ser proveedor o prestador se servicios. Es y debe ser una obligación para la autoridad y de no hacerlo que sea sancionado. De verdad, compañeras y compañeros, hagamos la diferencia y aprovechemos esta oportunidad para cambiar las cosas. Es cuanto, presidenta.