La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, todos los mexicanos tenemos la obligación de contribuir con nuestros impuestos al gasto público para cubrir la necesidad de interés colectivo, social que establece la Constitución. De acuerdo con la Suprema Corte de Justicia esto tiene una trascendencia mayúscula, pues más allá de ser una imposición del Estado posee una vinculación social y de solidaridad con los menos favorecidos. En un estudio denominado Evasión y equidad en América Latina, la CEPAL señaló que en nuestros países se tributa poco y también se tribuna mal, al persistir una baja presión tributaria, una estructura sesgada hacia impuestos regresivos, además de tasas de evasión y elusión fiscales elevadas que resultan en la restricción de políticas fiscales redistributivas. Y es que en teoría todos los sistemas impositivos tienen un diseño que persigue la redistribución de la riqueza, pero en la práctica los elevados niveles de evasión y de elusión fiscal modifican el impacto distributivo, ocasionando el incumplimiento de los objetivos deseados de equidad tributaria, horizontal y vertical. En otras palabras, tenemos sistemas fiscales donde individuos con baja capacidad de pago afrontan una elevada carga tributaria, mientras que en el otro extremo, las personas con mayor capacidad contributiva cuentan con mayores oportunidades de acceder a estrategias, incluso, de evasión y elusión fiscales. Así, mientras la evasión se asocia a una violación de los preceptos legales y está tipificada como delito de defraudación fiscal en el Código Fiscal de la Federación, la elusión fiscal que consiste en aprovechar las lagunas en las disposiciones fiscales con el propósito de reducir el pago de las contribuciones no está tipificado como una conducta fraudulenta en nuestras leyes. De acuerdo con el especialista en derecho financiero y tributario César García, la elusión fiscal es la búsqueda de instrumentos lícitos para evitar minimizar o reducir la carga tributaria, lo cual disminuye el ingreso de los gobiernos en detrimento de las mayorías. Como por ejemplo, el caso de las empresas offshore, exhibidas hace poco en los Panamá papers. La elusión fiscal está condicionada a la existencia de lagunas en las disposiciones fiscales y se entiende que se lleva a cabo mediante mecanismos de planeación que no se encuentran restringidos por la ley, en tanto su cuantificación en las finanzas públicas se torna muy compleja. Sin embargo, como lo señalan los tributaristas alemanes, la libertad de acción del individuo no es tan amplia para pretender que con actos no permitidos pueda evitar el nacimiento de sus obligaciones. Es decir, la ley tributaria no puede ser eludida por el abuso de formas jurídicas permitidas. El propio SAT ha reconocido dentro del plan estratégico vigente que es necesario fortalecer la detección oportuna de prácticas ilegales, esquemas de evasión y prácticas elusorias. Cabe precisar que en México se han adoptado en años anteriores algunas normas especiales antielusión, como las relativas a la obligación de determinar a valores de mercado las operaciones realizadas entre partes relacionadas, así como las reglas de capitalización del GAAP. Estas acciones, compañeras y compañeros, reafirman la necesidad de avanzar en contra de la elusión fiscal, por lo que esta soberanía está obligada a establecer las disposiciones jurídicas que aseguren el cumplimiento de las obligaciones tributarias de todos los mexicanos. La presente iniciativa tiene como propósito establecer una norma general antielusión, es decir, incluir en el derecho fiscal elementos para afrontar conductas abusivas de los contribuyentes que quieren disminuir sus cargas fiscales. Así, se propone adicionar los párrafos tercero y cuarto del artículo 5o. del Código Fiscal, para señalar que se comete fraude a la ley cuando al amparo de la norma se pretendan eludir obligaciones o prohibiciones fiscales. Estas reformas contribuirán a impedir la realización de actos que en apariencia cumplen con los requisitos de la legalidad, pero que en realidad constituyen elusión fiscal, lo cual se traducirá en el mediano plazo en una mayor confianza hacia la autoridad tributaria y en un mayor equilibrio de nuestro sistema tributario. Es cuanto, diputada presidenta.