La diputada Ruth Noemí Tiscareño Agoitia: Compañeras y compañeros legisladores, en un mundo donde se trabaja de manera conjunta para proteger los recursos naturales, el desdén de un país es contra la historia y contra el planeta. La tarea fundamental de México como nación es suscribir todos los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente y avanzar en el ámbito legislativo para posibilitar mejores mecanismos y procedimientos que garanticen la protección de nuestros recursos naturales. El tema de las áreas naturales protegidas de México cobra especial relevancia para preservar la inmensa riqueza en flora y fauna con la que cuenta nuestro país. Las áreas naturales protegidas se crean mediante decreto presidencial y todas sus actividades están reguladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En su reglamento y en los programas de manejo establecidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, actualmente existen 177 áreas naturales protegidas que tienen la categoría de reservas de la biósfera. Sin embargo, se presenta una problemática que debemos resolver a través de una reforma puntual y precisa, frente a la omisión de formular, publicar y actualizar los programas de manejo, debemos garantizar sanciones a la autoridad responsable. Frente a la dilación de la elaboración de los programas de manejo debemos establecer periodos que garanticen su cumplimiento y frente a la reticencia de la autoridad responsable para publicar en el Diario Oficial de la Federación el resumen de programa de manejo, debemos garantizar un periodo obligatorio para su cumplimiento. Una recomendación general emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa a la falta de actualización de los programas de manejo en áreas naturales protegidas, estima que de las 177 áreas naturales protegidas en el país 55 no contaban con el plan de manejo y 20 de ellas, a pesar de disponer de un programa ya elaborado, no se habían publicado en el Diario Oficial de la Federación. Pongo un ejemplo muy claro de la Sierra de Álvarez del estado de San Luis Potosí, que a pesar de ser considerada área natural protegida de flora y fauna desde el año 2000, hoy, en el 2017, sigue careciendo de un plan de manejo para el uso, conservación y administración adecuada. En 17 años se han permitido diversas actividades que atentan contra los recursos naturales y ecosistemas y acuíferos, al que se suman los problemas generados por una empresa canadiense con una concesión para la explotación por más de 167 años que expertos y ambientalistas coinciden en la desmedida devastación de su capa forestal, consecuencia de la extracción de minerales. Por esta razón, hoy nos sumamos a la demanda de nuestra población potosina y del país, a fin de garantizar que todas las áreas naturales protegidas cuenten con un plan de manejo y, en todo caso, sancionar a las autoridades que omitan su elaboración. En este sentido, se propone que una vez publicado el decreto respectivo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuente con un plazo de 180 días para su cumplimiento, además de un plazo de 30 días para publicar un resumen de dicho programa incluyendo el plano de localización. Compañeras y compañeros legisladores, la protección y preservación de nuestras áreas naturales debe tener como referente una legislación avanzada que determine plazos y establezca expresamente sanciones. Hoy está en juego el futuro de nuestras próximas generaciones. Luchemos por garantizar la protección de sus derechos y por garantizar la protección de nuestros derechos naturales. Muchas gracias.