La diputada Rocío Esmeralda Reza Gallegos: El abuso sexual infantil es un delito que lastima, que cala profundamente a las víctimas que lo padecen, pero también genera un sinnúmero de efectos familiares, sociales que deterioran el entorno comunitario, a toda nuestra sociedad. Este delito, que no respeta sexo, condición económica ni estrato social, se ha convertido en un fenómeno muy preocupante por su alta incidencia, que se ha disparado de manera alarmante. En los últimos cinco años aumentó un 87 por ciento el delito de abuso sexual en niños y niñas. Lo anterior debe ser un llamado de atención muy fuerte para padres de familia, maestros, autoridades de todos los niveles, medios de comunicación y, por supuesto, para nosotros las y los legisladores. En esta materia debe existir una coordinación y colaboración entre los gobiernos estatales y federales, e incluso incorporar en temas preventivos a las instancias municipales. Es preciso que se refuercen todas las acciones y programas inherentes, tanto a la prevención como a la investigación y esclarecimiento. Uno de los eslabones más débiles de la cadena es lo relativo a la atención a las víctimas y la profundización de la justicia con la equidad de género y con enfoque que priorice el interés superior de la niñez. Esta Cámara está llamada a exigir más y mejores resultados en la prevención del abuso sexual y delitos conexos, a presionar al Ejecutivo de distintos órdenes de gobierno, a la Fiscalía General de la República para fortalecer los complejos y diversos aspectos que se ven involucrados en esta materia, como la asistencia psicológica temprana, detección de la violencia familiar, habilitación de albergues, orientación jurídica, apoyar de forma oportuna a las potenciales víctimas. Hoy cumplimos con un deber en el orden de la normatividad jurídico-penal. El dictamen que hoy se pone a consideración viene a llenar un vacío importante referido a la posibilidad de agravamiento de las sanciones penales. Lo anterior deberá aplicarse en el caso en que el delito se configure por autoridades federales y cuando se actualicen las hipótesis que a continuación señalamos. Se propone que la persona que cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de 15 años o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, tenga una penalidad mayor de hasta en una mitad en su mínimo y en su máximo a la de 6 a 13 años de prisión o cuando el delito se cometa por dos o más personas. El delito fuera cometido por algún familiar de la víctima, por algún servidor público también, aprovechándose de dicha circunstancia o por quien abuse de la custodia o confianza en la guarda o educación de los menores. Asimismo, la penalidad del delito se agravará por quien suministre alguna sustancia, estupefaciente o psicotrópica a la víctima en contra de su voluntad o sin su consentimiento. Como ustedes podrán observar, el ajuste normativo que se propone tiene objetivos claros y consecuentes con el principio de proporcionalidad de la pena. Considero que con su aprobación daremos un paso importante en la consolidación de una política de prevención, disuasión consecuente en la materia y de combate a la impunidad. Todo lo anterior sin menoscabo de la exigencia que hagamos constantemente a los otros Poderes y partes integrantes de la sociedad, para erradicar este tipo de conductas reprobables, como lo es el abuso sexual infantil. Enhorabuena por el consenso entre todas las fuerzas políticas para elevar las penas de este delito. Cuidemos lo más valioso que tenemos en México, que son nuestros niños y nuestras niñas. Es cuanto, presidenta.