El diputado José Armando Orihuela Trejo: Con su permiso, señora Presidenta. Diputadas y diputados. Con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente propuesta de punto de acuerdo que tiene como fin exhortar al Ejecutivo federal a través de la Sagarpa, para que restablezca la seguridad jurídica en materia agroazucarera, cumpliendo debidamente con lo presupuestado en la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, para lo cual me permito exponer lo siguiente: El 25 de junio de 2005, el Congreso de la Unión tuvo a bien aprobar la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, misma que el Ejecutivo federal publicó el día 22 de agosto del mismo año. Segundo. El 21 de septiembre de 2005, el Ejecutivo federal por conducto de la PGR interpuso ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra de diversos numerales del ordenamiento legal mencionado; procedimiento que se encuentra actualmente en trámite. Tercero. En su carácter de autoridades responsables, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, por conducto de sus respectivas direcciones jurídicas, rindieron los informes de rigor mediante los cuales expusieron los argumentos y fundamentos que desvirtúan puntualmente la pretendida inconstitucionalidad de los artículos impugnados. Cuarto. El auto de admisión de la acción ejercida por la PGR que dicta la Suprema Corte, no conlleva la suspensión de los efectos de la ley que se combate, ésta continúa vigente y debe ser acatada en todos sus términos por la autoridad competente. En este caso, la Sagarpa, a la cual se le asignan numerosas facultades para que el Estado ejerza una efectiva rectoría en la materia. Quinto. La Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar impone a la Sagarpa, entre otras cosas, la obligación de instalar diversos órganos, poner a funcionar distintos instrumentos y elaborar varios programas que resulten vitales para consolidar a la agroindustria nacional del ramo y sentar las bases que le permitan fortalecer sus capacidades y hacer frente en condiciones menos desventajosas a la total apertura comercial que iniciará en el año 2008. Sin embargo escudada en el hecho de que la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto la acción interpuesta, la Sagarpa, el Fondo de Empresas Expropiadas y los ingenios que administra, han venido violentando en forma sucesiva el estado de derecho y actuado de modo irresponsable y discrecional, con lo cual pone en grave riesgo la estabilidad y el futuro de esta importante actividad económica y en entre dicho la seguridad y la soberanía alimentaria del país. Sexto. A más de un año de publicada la ley y ejercida la acción de inconstitucionalidad, la agroindustria nacional de la caña de azúcar se encuentra inmersa en la incertidumbre y prácticamente desprotegida ante el inminente cambio que se avecina; mientras el gobierno de la República se abstiene negligentemente de cumplir con las obligaciones que legalmente le corresponden. Si quien tiene a su cargo la función de garantizar la observancia de la ley, es el primero en incumplirla, se anula la legalidad y se invita al desorden, careciendo de autoridad moral para exigir su cumplimiento. El 1 de octubre inició el último ciclo azucarero previo a la apertura del Tratado de Libre Comercio en el 2008; en noviembre de este año inician zafra los primeros ingenios y hasta el momento no hay certeza jurídica de la contratación en las nuevas siembras y en el precio que se pagará la tonelada de caña entre otros aspectos. Por lo anterior, con objeto de restablecer la seguridad jurídica en la materia y de cimentar la fortaleza de la agroindustria mexicana de la caña de azúcar, me permito, señora Presidenta, proponer a esta soberanía con la petición de que se considere como de obvia y urgente resolución el siguiente Punto de Acuerdo Primero. Que la Cámara de Diputados por conducto de su Mesa Directiva exhorte atenta y respetuosamente al gobierno federal, para que cumpla de inmediato las disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, a fin de instrumentar de manera urgente las acciones necesarias para la formulación del programa Nacional de la Agroindustria de la Caña de Azúcar y la instalación del Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, los Comités Regionales y Tecnológicos de la Caña de Azúcar y la Junta Permanente de Arbitraje de la Agroindustria de la Caña de Azúcar. Segundo. Que igualmente esta Cámara por conducto de su Mesa Directiva, exhorte en forma atenta y respetuosa a la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva a la brevedad la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la PGR en contra de diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar, radicada con el número de expediente 27/2005. Por su atención muchas gracias.