La diputada Ana Estela Durán Rico: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores legisladores, la iniciativa que en esta ocasión presento pretende reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la cual corresponde a la necesidad de flexibilizar la apretura de créditos a quienes hayan tenido o tengan antecedentes negativos en el buró de crédito. En este sentido, consideramos que la pérdida exorbitante de cientos de miles de empleos ha deteriorado el bienestar familiar, en virtud también de que en los últimos 10 años no se ha generado un aumento en el poder crediticio y sin embargo, el poder adquisitivo de la mayoría de la población ha ido disminuyendo en ese lapso. En el sistema financiero constantemente se obstaculizan los proyectos de un gran número de personas encaminadas a mitigar la difícil situación por la que atraviesan, ello debido a que son deudores y que forman parte de la cartera vencida, motivo por el cual se les niega el acceso a los productos financieros. Toda la información que poseen las sociedades de información crediticia constituye un acervo de datos que también fomentan los tratos discriminatorios de aquellas personas que, por razones ajenas a su voluntad, son tildadas de incumplidas por formar parte de la cartera vencida, como si de ellas dependiera la crítica situación de la falta de empleo y la liquidez oportuna. De tal manera, que la información manejada por las sociedades de información crediticia es clasificada mediante señalamientos que se hacen a los clientes, de conformidad a un catálogo de clasificación. De acuerdo con este catálogo se vulnera la fama pública de las personas que aun estando en la mejor disposición de pagar, siguen siendo señalados como morosos y en ocasiones son identificados como presuntos responsables del delito de fraude. Lo anterior genera una inhibición sobre la posibilidad de que los afectados adquieran nuevos créditos. Basta recordar que la propia Constitución prohíbe todo acto discriminatorio por cuestiones de condición social y económica, por lo que es un derecho humano el trato igualitario, por consiguiente, es un pilar de la forma de vida democrática del país. En esta ocasión se propone implementar una reforma a la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, la cual consiste en modificar el plazo por el que las sociedades deben conservar los registros de incumplimiento por el que son vetados los clientes, el cual estimamos es excesivo actualmente para el caso de los deudores que cumplieron mediante convenio o finiquito unilateral, ya que actualmente es de 72 meses, lo mismo para los deudores incumplidos que no han pagado, lo cual a todas luces es desproporcional. Por ello, proponemos que el plazo para conservar los antecedentes negativos de los deudores que tuvieron voluntad para finiquitar sus deudas sea por el tiempo en que incumplieron. Es decir, si un deudor tardó un mes en terminar de pagar su deuda al momento en que ésta fue exigible, el deudor celebró un convenio de finiquito o bien liquidó su deuda sin convenio, el plazo para conservar el registro de incumplimiento debe ser proporcional, o sea un mes después de haber cumplido con el pago total de la deuda, según el ejemplo que estoy citando. Con esto se alentará a que los deudores que incurran en mora y que en un momento dado tengan recursos para liquidar sus adeudos, acudan con sus acreedores para reestructurar sus deudas, esto facilitará que disminuya proporcionalmente la marginación de créditos bancarios para personas que figuran en el buró de crédito con antecedentes negativos, aun cuando ya liquidaron sus deudas. También consideramos que es justo que el cliente tenga derecho a saber la información contenida en su historial crediticio, cuando solicite un crédito y éste le sea negado porque posee antecedentes de incumplimiento en dicho historial, ya que actualmente no sucede en la práctica. En este orden de ideas, una vez que el cliente conozca qué deudas figuran en su historial, podrá oponer sus excepciones mediante un procedimiento sencillo que consistirá en que el deudor podrá exhibir los documentos en los que acredite que pagó su deuda, teniendo la obligación el prestador del servicio de crédito de documentarlo y en seguida otorgarle el crédito solicitado. El perjuicio consistente en dejar de obtener un crédito financiero genera un daño evidente, el cual repercute directamente en el bienestar familiar y también en las empresas considerando que hoy en día son más de ocho millones de personas quienes están registradas en el Buró de Crédito como morosas, según datos de la Asociación Mexicana de Bancos. En la actualidad también dicen que son 57 millones de personas las que de algún modo u otro tiene registradas el buró. Por lo anterior se propone reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia, a fin de eliminar el registro moratorio de acuerdo a los días en que el cliente haya tardado en liquidar su deuda total, así como contar con el derecho a conocer la información del historial crediticio que posee el otorgante del crédito para que el cliente pueda desvirtuarla y obtenga el crédito desde el momento de solicitarlo. Por todo lo expuesto, se propone la iniciativa con proyecto de decreto. Único. Se reforman los párrafos sexto, octavo y noveno del artículo 23; y se adiciona un tercer párrafo del artículo 39 de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia en la forma en que aparece ya en la Gaceta Parlamentaria. Asimismo solicito que esa iniciativa se inserte íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente. Gracias.