El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Con su permiso, señor presidente. El artículo 2o. constitucional establece el derecho a la consulta a los pueblos indígenas, cuando haya procesos administrativos o legislativos que les afecten. El artículo 1o. constitucional eleva a rango constitucional los convenios y tratados internacionales del que nuestro Estado, nuestra nación, ha signado y es parte. Así pues, se encuentra vigente desde 1991 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, que en su artículo 6o. establece también este derecho a la consulta ante todo proceso legislativo, administrativo, que afecte a los pueblos indígenas. La Declaración de Naciones Unidas, aprobada por la Asamblea General en el mes de septiembre del año 2007, refuerza este derecho a la consulta y establece que la consulta hacia los pueblos indígenas cuando haya estos procesos administrativos o legislativos, o cuando haya proyectos de desarrollo o de inversión en territorios y comunidades indígenas, debe de realizarse la consulta de buena fe hacia los pueblos indígenas, con los principios del consentimiento libre, previo e informado. Entonces, existe el derecho jurídico de los pueblos indígenas a ser consultados ante estos procesos. Pero aún más, el Ejecutivo federal acertadamente acaba de nombrar a un comisionado para el diálogo nacional con los pueblos indígenas, mostrando sin duda la voluntad y la disposición política para atender la problemática social, cultural, política y económica, que tienen nuestros pueblos indígenas. En la pasada reciente sesión de la Comisión Permanente, se aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las Juntas de Coordinación Política, del Senado y de ésta honorable Cámara de Diputados, para instalar la Comisión de Concordia y Pacificación, que sin duda tiene que asumir, dentro de su agenda, el diálogo, el acuerdo, la concertación y la conciliación ante la problemática que tienen los pueblos indígenas. Entonces, creo que esta honorable asamblea debe de aprobar este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para atender esta problemática, que es una muestra de las diversas problemáticas que se presentan a lo largo del territorio nacional ante la amenaza de este tipo de obras, que en nombre del desarrollo atentan contra la integridad, contra el tejido social y contra la desaparición de las culturas de los pueblos indígenas. Sin duda, yo creo que exhorto a mis hermanas y hermanos legisladores de origen indígena y a las demás legisladoras y legisladores de no origen indígena, a que mostremos sensibilidad ante este tema y coadyuvemos a que se instale una mesa de diálogo y negociación para atender esta problemática social en el territorio de Puebla. Solicitamos, asimismo, respetuosamente, a esta Junta de Coordinación Política de esta honorable Cámara, a conformar un grupo de trabajo plural de legisladoras y legisladores, a fin de darle seguimiento puntual a este conflicto social ante esta construcción de esta obra hidroeléctrica, que la diputada que me antecedió ha dicho y ha demostrado los estragos que ocasiona en los pueblos indígenas. Y que atendamos también los demás conflictos sociales que existen en los diversos territorios indígenas de nuestro país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.