La diputada Yolanda del Carmen Montalvo López: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, a lo largo de nuestra historia ha existido un trato injusto para los menores de edad, tal problema ha hecho reflexionar con seriedad a diversos organismos públicos y privados, con el fin de lograr que los niños gocen plenamente del respeto a sus derechos y de los beneficios propios de su edad. México fue uno de los países que promovió la primera Cumbre Mundial de la Infancia en el año 1990. También fue uno de los primeros países en ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño el 21 de septiembre de 1990. Igualmente, ratificó el 15 de marzo de 2002 los protocolos facultativos a la Convención de los Derechos del Niño en Materia de Venta de Niños, Prostitución y Pornografía Infantil y sobre la protección de niños en conflictos armados. Al ser ratificada la Convención de los Derechos del Niño, el Estado mexicano se comprometió a adecuar las leyes y a establecer los mecanismos necesarios para dar seguimiento a los derechos establecidos en ese acuerdo internacional, así como para garantizar su cabal cumplimiento. Es así que con la reforma del artículo 4o., de nuestra Constitución, aprobada en diciembre de 1999 y publicada en abril de 2000, se inicia la adecuación del marco jurídico de las niñas y de los niños a los postulados internacionales. En ese sentido también es publicada en mayo de 2000, la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual tiene por objeto garantizar a niños, niñas y adolescentes, la tutela y el respeto de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esta soberanía aprobó el pasado 7 de octubre, una reforma a los párrafos sexto y séptimo al artículo 4o., y se adicionó la fracción XXI P al artículo 73, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la niñez, que contempla la expresión “interés superior del niño”. En ese sentido, aunque en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se establece la distinción entre niño y adolescente, se requiere que esa diferencia se reconozca a nivel constitucional y que igualmente se definan los alcances de la protección de los derechos. Es importante destacar que a pesar de las capacidades adquiridas al momento de iniciar la adolescencia, ésta se caracteriza al igual que la infancia por ser un periodo de desarrollo que requiere de satisfactores especiales y por ende, de una equivalente protección de derechos a los primeros años de la vida humana. Nos encontramos así que la distinción entre infancia y adolescencia, obedece a razones plenamente justificadas que pueden ayudar a la garantía de los derechos mediante el reconocimiento, por ejemplo, de una mayor autonomía a partir del inicio de la pubertad. Aunado a lo anterior, cabe resaltar que a partir de la reforma al artículo 18 constitucional en 2005, el término “adolescente” quedó incorporado al texto de la norma fundamental generando falta de coherencia con el actual artículo 4o. Con dicha reforma se dispone la creación de un sistema integral de justicia para los adolescentes, definiendo a éstos como aquellas personas que tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años. Esta situación crea confusión en la interpretación de la norma toda vez que por una parte se entiende que el artículo 4o., protege a todas las personas menores de 18 años, identificándolas como niñas y niños, utilizando la norma de la convención, pero sin definirlo expresamente. En el artículo 18 se incorpora el concepto jurídico adolescente, que está incluido también en el rango de edad por debajo de los 18 años. Esta iniciativa busca contribuir a que las disposiciones contenidas en el texto constitucional en materia de derechos de niñas y niños sean más cercanas a los principios y nociones establecidas en la convención no sólo porque son compromisos, sino porque existe una amplia reflexión en torno a ello y sobre la forma en que dan origen a leyes o políticas para cumplir dicho acuerdo. Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Decreto que reforma y adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforman los párrafos sexto y séptimo vigentes y se adiciona un párrafo, que será el sexto, recorriéndose el orden de los actuales, todos del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 4, párrafo sexto. Son niñas y niños las personas que hasta 12 años incompletos y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Las niñas y los niños tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar y a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral y participación. Todas las acciones y medidas que se adopten deben atender a su interés superior. Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos; el Estado proveerá los recursos necesarios de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno a sus derechos. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente.