La diputada Blandina Ramos Ramírez: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El artículo 6o. de la Ley Minera, es injusto para las comunidades rurales, para los indígenas y para México. En este artículo se dice que la minería es de utilidad pública y que la minería tiene preferencia sobre cualquier otro uso que pueda tener el terreno. La minería no se ajusta a lo que dice la Suprema Corte de Justicia, que es la utilidad pública. En la minería, no existe ni interés público, ni utilidad pública, solo interés privado y utilidad particular, como se explica en mi iniciativa. Pero como se tiene hoy la ley, la Secretaría de Economía puede expropiar la tierra o de otra forma legal, despojar a los dueños de sus terrenos. En cuanto al progreso rural y el bienestar de su población, es dudoso que con la entrega de estas concesiones se haya respetado lo dispuesto en la fracción XX del artículo 27 constitucional, en lo referente al deber del Estado de promover condiciones para el desarrollo rural integral, generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo nacional. La minería, cuyas concesiones son por 50 años con posibilidad de renovarse por otros 50 años y que por su trabajo genera impactos ambientales y sociales que en varios casos deja inservible la tierra para cualquier otra actividad productiva destruyendo a las comunidades, termina con el desarrollo rural integral. Es decir, no es claro cómo despojando a las comunidades rurales de sus tierras para otorgarlas a las empresas mineras, se pueda garantizar a la población campesina su bienestar, por lo cual no es de extrañarse que México sea de los países americanos que más conflictos sociales, provocados por la minería presenta, tan solo por debajo de Chile y Perú. A decir de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, algunas mineras extranjeras han sido las principales causas detonantes de conflictos, de la contaminación del agua de las tierras y del aire con sus consecuencias para la salud, así como la limitación o escasez de agua potable, los problemas territoriales, la falta de consulta previa hacia las comunidades afectadas, la violación de los derechos humanos y el cumplir con las políticas de responsabilidad corporativa, social. El que la minería tenga prioridad sobre cualquier otro uso u aprovechamiento que pueda tener el terreno sin importar que dicho predio sea parte de un ejido, tierras de una comunidad indígena, es contrario a la Constitución y tratados internacionales como lo es el Convenio 169 de la Organización Mundial del Trabajo, entre otros. Por ejemplo, el cuarto párrafo del ya citado artículo 2 de la Constitución dice que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, pero ¿cómo van a ejercer estos pueblos su derecho a la libre determinación cuando las tierras que han habitado y aprovechado desde épocas ancestrales son cedidas en concesión a una empresa minera? ¿Acaso el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas no tienen que ver con decidir en qué se ocupará la tierra de la comunidad? Es por eso que pido se tenga mayor regulación hacia las mineras y pongan en primer término a la población. Es cuanto, señora presidenta.