La diputada Eufrosina Cruz Mendoza: Con el permiso de la Mesa Directiva. Agradezco a mi fracción de permitirme presentar esta iniciativa, con el permiso de cada uno de ustedes. A nombre de mi madre, de mi hermana, de las mujeres indígenas de mi estado, hoy vengo a presentar ante este pleno una reforma al artículo 2o. de la Constitución, de nuestra Carta Magna. Hoy tras cumplirse los primeros seis años de que la Organización de las Naciones Unidas adoptara la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reafirma la importancia de los principios y enfoques establecidos hace casi un cuarto del siglo en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que describe y protege los derechos de los pueblos indígenas y tribales, las mujeres de los pueblos originarios de México, tenemos muy poco que celebrar y mucho por lo cual alzar nuestra palabra en pos de un país más igualitario, que reconozca nuestro derecho al ejercicio pleno de la libertad, de la justicia, del bienestar y de la democracia. Por eso me siento profundamente emocionada de compartir con ustedes una reflexión de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Navi Pillay, a quien conocí hace dos años. Trataré de citar y ser fiel a sus palabras, como si fuera ella misma quien las expresa. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento que debe servir de inspirar para las mujeres y los hombres que buscan abrir espacios y derribar barreras; pero lo más importante, es que cada uno de manera individual sea parte de esa lucha para forjar todos los días los sueños de progreso, libertad de los pueblos del mundo. Con la inspiración y el aliento de esa reflexión, vengo a decirles a las mujeres de México, que es tiempo de darle un nuevo rostro a la realidad política del mundo indígena; hacer visible un nuevo marco de derechos y dejar atrás ese tufo racista que se esconde en el discurso paternalista del derecho consuetudinario. México reconoce el derecho al sufragio femenino desde 1953. Sin embargo, luego de 60 años de esa histórica conquista de las mujeres, las mujeres indígenas de México seguimos atrapadas en la historia, atadas al pasado de discriminación y escondidas detrás de un estamento tradicional que nos impide al ejercicio pleno de ese derecho. Con orgullo y dignidad vengo a presentar ante ustedes una iniciativa, que busca incorporar al texto constitucional un derecho que les fue negado a las mujeres de los pueblos y comunidades indígenas de este país y hoy se esconde a discrecionalidad y se concede a discrecionalidad y a cuenta gotas, a capricho y a conveniencia de muchas autoridades. El derecho de las mujeres y de todos los ciudadanos a ejercer el voto activo y pasivo en los municipios que se rigen bajo el sistema de usos y costumbres y que muchas veces son abusos y costumbres. La práctica de los usos y costumbres que impiden el ejercicio del voto activo y pasivo, no es sino la punta de la pirámide debajo de la cual subyace la permanente y sistemática trasgresión de los derechos sociales, económicos, políticos, sociales hacia las mujeres. Resulta insólito y hasta increíble que en pleno 2013 el trabajo comunitario de las mujeres no se reconozca en las comunidades indígenas y por lo tanto no se les permita el derecho al ejercicio de los roles de autoridad, con ello se hace imposible que se logre ascender en la escala del reconocimiento comunitario y competir para un cargo de elección popular. Todo ello es apenas un marco de referencia respecto a la realidad en la cual viven la mayoría de las mujeres indígenas de este país, donde no se tiene derecho a la tierra, a la herencia, a recibir educación, a ser tratadas con igualdad frente al hombre, a la elección libre de su pareja, ni al trabajo remunerado. En contraste, la mayoría de ellas siguen indefensas frente a la discriminación, al abuso, a la violencia, la enfermedad y la pobreza. No se trata de una lucha en contra de los verdaderos usos y costumbre; se trata de armonizar el marco legal que concede garantías y obligaciones a todas y a todos los mexicanos de este país, con las normas que rigen a los pueblos y comunidades de México. Lo anterior, para que en aquellas entidades federativas en donde aún no se reconoce a las mujeres indígenas su plena y total participación en los procesos electorales de sus comunidades. La legislación local, que garantice plenamente el derecho de las mujeres indígenas a votar y a ser votadas en condiciones de igualdad frente a los varones. Por lo anterior, presento ante ustedes un único decreto que reforma la fracción III del apartado A del artículo 2 de nuestra Carta Magna para quedar como sigue: Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, garantizando que las mujeres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho a votar y a ser votadas en condiciones de igualdad con los varones y acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electas o designadas, en un marco que respete el Pacto Federal y la soberanía de los estados. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos políticos y electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales. Por lo anterior, dejo esta iniciativa a la consideración y pido que la auspicien con generosidad, porque hoy más que nunca necesitamos más mujeres indígenas ante esta tribuna. Más presidentas municipales en sus comunidades. Muchas gracias. Solicito al presidente que se turne también a la Comisión de Asuntos Indígenas. Gracias. La diputada Martha Lucía Mícher Camarena (desde la curul). Presidente.