El diputado Omar Ortega Alvarez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La iniciativa de reforma de Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados que hoy presento, se funda en la preocupación que en múltiples ocasiones, ante la Subcomisión y ante este mismo pleno, su servidor hizo latente. Inquietud que surgió con la situación que detectamos en torno al incumplimiento del Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología por parte de las autoridades competentes en la materia. Para ser específicos, el 29 de febrero de 2003, el Coordinador de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, Victor Manuel Villalobos Arámbula, firmó con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, el Acuerdo para establecer los requisitos de documentación para organismos vivos modificados para la alimentación, forraje o para procesamiento, Acuerdo que tiene por objeto garantizar un nivel adecuado de protección en la esfera de la transferencia, manipulación, utilización segura de los organismos vivos modificados resultantes de la biotecnología moderna que pueden tener efectos adversos para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad biológica, teniendo en cuenta los riesgos para la salud humana y centrándose en los movimientos transfronterizos. Sin embargo y tal como denuncié ante esta tribuna y ante las autoridades responsables este acuerdo es a todas luces ilegal por haber sido suscrito por un servidor público que carece de facultades para hacerlo y solapado, por el encargado de la Secretaría del Ramo, en cuya persona recae toda la responsabilidad por este acto contrario a derecho. Esta acción nos alertó sobre la intención del Ejecutivo de pasar por alto las disposiciones de este instrumento normativo de carácter internacional. Por lo que como mencioné fue denunciado tanto penal como administrativamente con el fin de que se castigara a aquellos servidores públicos, en este caso al titular de la SAGARPA y al coordinador de asuntos internacionales por su ilegal conducta. Cabe señalar que hoy a casi un año de presentadas ambas denuncias y después de interponer varios recursos, inclusive irnos al amparo, la justicia nos ha dado la razón y en la última resolución se me concede el amparo de la justicia federal contra el no ejercicio de la acción penal que se pretendía decretar a favor de ambos servidores públicos. Situación jurídica que nos congratula por la importancia que revisten estos temas de certeza y legalidad en materia de bioseguridad. Enhorabuena al Poder Judicial. Ahora bien la Ley de Bioseguridad de OGMs es el marco jurídico que más que proteger la bioseguridad de la nación y aplicar el Protocolo de Cartagena, parece que fue hecho a la medida de las empresas trasnacionales que mantiene el monopolio de esa tecnología y lejos de instrumentar el citado instrumento internacional, procura desdibujar las regulaciones con las que México se comprometió. El Protocolo de Cartagena sobre la seguridad de la biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en el año 2003 por el Senado de la República, tiene un carácter supremo con base en nuestra propia Constitución Política y se centra en la importación o exportación de OGMs. Por lo que la suscripción de un instrumento internacional de tal envergadura debe ser atendida puntualmente por cualquier legislación nacional que se emita y el Estado Mexicano debe vigilar que la biotecnología moderna cubra en primera instancia los requerimientos nacionales. Por ello la introducción de organismos genéticamente modificados en México, sobre todo de aquéllos que provienen del exterior, deben ser evaluados en función de las necesidades del desarrollo nacional, protegiendo la biotecnología moderna que se desarrolla en el país, la salud humana y animal la vega biodiversidad con que México cuenta y acatando las disposiciones de los acuerdos internacionales signados. Por lo que la presente iniciativa se funda en los compromisos que como legislador tengo tanto de dar cabal cumplimiento a las normas existentes, como de considerar las múltiples observaciones de las que fue objeto a lo largo del proceso de discusión y análisis de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Esto en base a una premisa básica de nuestro partido en cuanto a que la participación ciudadana no es un simple ejercicio de retórica sino que debe convertirse en un compromiso por asumir, ya que reiteradamente se señaló que el enfoque de precaución en esta ley no estaba suficientemente reflejado, de hecho, se consideraba que la iniciativa que se discutió, desdibujaba ese principio fundamental. Este enfoque emana del principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo y debe ser de consideración central que se contemple en los artículos que corresponden a la toma de decisiones evitando su reducción a un enfoque de manera de prevención. Por otra parte, el acuerdo fundamentado previo no se menciona en la ley, este procedimiento estipulado en el Protocolo de Cartagena, debe llevarse a cabo previo a cualquier movimiento transfronterizo de organismos genéticamente modificados. La reforma que estoy proponiendo incluye este instrumento en el cuerpo del articulado y establece la debida correspondencia con las disposiciones del Protocolo de Cartagena. Dada la trascendencia del material que se está regulando y las consideraciones económicas que sobre el campo mexicano puede tener, se observa la necesidad de establecer un capítulo sobre la importación de organismos genéticamente modificados. La reforma que propongo parte del entendido de que se requiere dar un tratamiento exclusivo al material correspondiente, a organismos genéticamente modificados que procedan de otros países, ya sea para consumo humano o animal; para siembra o bien para experimentación. De esta manera se protegerá tanto a la investigación nacional como a los productores y a los consumidores. En la Ley, se establece el mismo tipo de permiso para los organismos genéticamente modificados de origen nacional, como para aquellos que se importen mientras que el Protocolo de Cartagena define con detalle el procedimiento para movimientos fronterizos de organismos genéticamente modificados. Las importaciones de organismos genéticamente modificados no deberán ingresar al país sin el consentimiento previo e informado del Gobierno Mexicano. Serán notificadas por el país importador y el gobierno podrá expedir una autorización previa a su ingreso al territorio nacional, adecuando el procedimiento interno a las disposiciones del Protocolo de Cartagena. Por último, se incluye modificaciones a dos artículos transitorios para impedir que los permisos otorgados o solicitados con anterioridad se rijan por un marco regulatorio inexistente. Mucho se ha dicho que la urgencia de contar con esta legislación era la necesidad de solventar el vacío legal que existía en esta materia. Por ello sorprende que mediante estos transitorios se validen permisos emitidos sin la normatividad adecuada. Es urgente modificar estos artículos pues de no hacerlo así, abrirían la puerta a un procedimiento ilegal que nos obligaría nuevamente a acudir ante el Poder Judicial. Es cuanto señora Presidenta.