El diputado Víctor Manuel Alcerreca Sánchez: Colegas diputadas y diputados: En nuestro país, al igual que en cualquier parte del mundo, las personas con capacidades diferentes exigen, como es su derecho, un trato de igualdad en todos los ámbitos, ya sean social, cultural, jurídico o económico. Este sector de la población no quiere ser ni debe ser relegado de nuestra sociedad. Según la Organización Mundial de la Salud, en nuestro país existe un número cercano a 10 millones de personas con capacidades diferentes, es decir un 10% de la población nacional, por lo que es de suma importancia no sólo darles atención en el Sector Salud, sino que es necesario impulsar su crecimiento educativo y laboral, para evitar por todos los medios posibles, que se les excluya de esas actividades tan necesarias para alcanzar un nivel de vida mejor e independiente. La sociedad mexicana vive y se integra con individuos de diferentes géneros, capacidades e ideologías y en reciprocidad, los individuos de capacidades diferentes, deben tener un espacio de equidad que los identifique y haga sentir parte de la sociedad. Es precisamente en el sector laboral, donde las personas con capacidades diferentes encuentran mayores obstáculos para su integración, a pesar de lo que establece el artículo 5º de nuestra Constitución. De cada 100 personas con capacidades diferentes en edad de participar económicamente, únicamente 25 lo hacen, de éstos la mayoría se encuentran laborando en negocios de familia o de manera independiente o en labores poco remunerables, como consecuencia, un número muy importante vive en condiciones de pobreza extrema y su potencial queda desperdiciado, al no tener perspectivas laborales favorables. Las personas con capacidades diferentes a través del tiempo, han logrado que los gobiernos volteen la mirada hacia ellos, buscando su protección para evitar la marginación de la que han sido objeto y de los que han hecho vulnerables en nuestra sociedad. Su esfuerzo ha sido recompensado y con la ayuda de diversas organizaciones no gubernamentales, en colaboración con el Gobierno de la República, se han aprobado leyes con las que se trata de garantizar el pleno respeto y el ejercicio de los derechos de quienes viven una discapacidad, evitando la discriminación y procurando una mayor inclusión a la sociedad de la que forman parte. Ejemplos de lo anterior los encontramos en el Artículo 1º. párrafo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". También se entenderá como discriminación, entre otras cosas, la xenofia, el antisemitismo, en cualquiera de sus manifestaciones. En el ámbito internacional México ratificó el 11 de septiembre de 1961 el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo que trata el tema de la discriminación en materia de empleo y ocupación en los siguientes términos: "Cualquier distinción, exclusión o preferencia, basados en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, sentencia nacional, origen social que tenga por objeto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación. Cualquier otra distinción, exclusión o preferencia, que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación, que podrá ser especificada por el miembro interesado, previa consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados". A los efectos de este Convenio, los términos: empleos y ocupación, incluyen tanto el acceso a los medios de formación profesional y la admisión en el empleo y en las diversas ocupaciones como también las condiciones de trabajo. Todo miembro para el cual este Convenio se haya en vigor, se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva, por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto. También se ha afirmado y ratificado el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo que fue promulgado el 20 de julio de 1983, ratificado en México el 11 de diciembre de 1999, y que entró en vigor el 5 de abril de 2002, mismo que regula los derechos laborales para las personas con discapacidad, estipulando que los gobiernos que los adopten, deberán generar empleo para este sector de la población. En la actualidad existe una nueva actitud social en relación a las personas de capacidades diferentes, se empieza a reconocer el gran valor de estas personas para la sociedad, porque tienen la firme determinación y la suficiente fuerza moral para lograr su superación. Han luchado y siguen luchando por conseguir tener respeto en sus derechos. Estamos en un período de transición, en el que pasamos de una etapa de olvido o de exclusión de las personas con capacidades diferentes a uno de inclusión, en el que se busca que dichas personas alcancen una mejor calidad de vida. Nuestra Ley Federal de Trabajo se ha quedado rezagada en materia de discriminación y no hace mención de las personas con capacidades diferentes, como lo hace nuestra Constitución Política en el ya citado artículo 1º, ni regula por lo mismo, de manera y específica, la relación de estas personas con los patrones o empresarios, ni genera una conciencia entre estos últimos para su contratación, provocando una inequidad laboral, por lo que hace indispensable una reforma a la Ley Federal del Trabajo, que esté acorde a las necesidades actuales de las personas con capacidades diferentes. Así que la presente iniciativa tiene como objetivos primordiales, evitar y prevenir la discriminación contra las personas de capacidades diferentes, comentar su integración laboral en las empresas o establecimientos del sector privado que les permita: Primero, alcanzar su pleno desarrollo individual y un mejor nivel de vida y segundo, les permita contribuir para el desarrollo de la sociedad de las que son parte. Así por lo expuesto y fundado someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente Iniciativa: Decreto. Artículo 1º. Se reforman los artículos 3; 5, fracción XI;133, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, los cuales sustancialmente incluyen en cada uno de ellos la precisión respecto a capacidades diferentes. Y leo precisamente los artículos que se incluyen o se adicionan: El artículo 2º. Se adiciona. El artículo 7 Bis y la fracción XIX, al artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: "Artículo 7 Bis. En toda empresa o establecimiento que tenga una plantilla laboral de 40 personas o más, el patrón deberá integrar a dicha plantilla un mínimo del 5% de trabajadores con capacidades diferentes, procurando su incorporación y sin menoscabo de que cubran el perfil que garantice el desempeño apropiado del o los empleados disponibles, debiendo por cada 20 trabajadores adicionales, incorporar uno más con capacidades diferentes." "Artículo 132. Son obligaciones de los patrones proporcionar a las personas de capacidades diferentes un acceso seguro y sencillo a su lugar de trabajo y ya dentro del mismo tomar las medidas necesarias para su libre desplazamiento y seguridad." "Como transitorio único. El decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." Suplico a usted señor presidente se inscriba el texto íntegro de esta iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias. -