EL C. DIPUTADO ANTONIO SILVA BELTRAN: Con el permiso de la presidencia. Honorable asamblea: acudo a esta tribuna en nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para fijar la posición en relación al dictamen que modifica, reforma y deroga diversas disposiciones de la Ley Aduanera. Para tal efecto, se reinstaló el subgrupo de trabajo de la Comisión de Hacienda que se constituyó en forma plural hace un año. Mi Partido, el Revolucionario Institucional, analizó la ley en comento con el fin de llevar a cabo reformas estructurales que cumplan con las necesidades de una adecuada regulación en la entrada y salida de mercancías a nuestro territorio nacional, así como los medios y formas en que se transportan, atendiendo las demandas de los diferentes actores económicos, sociales y fiscales que se ven beneficiados o afectados. Nos dimos a la tarea de revisar de manera responsable y consciente cuatro iniciativas y varias propuestas de los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, manteniendo un equilibrio entre la promoción de la inversión nacional y extranjera y que dichas reformas detengan tanto el contrabando de mercancías como el contrabando técnico y documentado y fortalezcan el control fiscal y aduanero. Se busca, entre otros objetivos, promover la inversión extranjera y otorgar certeza jurídica, tema en donde nuestro grupo parlamentario verificó que el contexto planteado sea acorde al crecimiento que se ha generado de las operaciones en materia de comercio exterior, a través de los 11 tratados comerciales que tenemos con 30 países y que implica un comercio mundial con más de 860 millones de consumidores. El peso del comercio exterior del país dentro del valor total de nuestra economía, supera el 50 % del producto interno bruto (PIB). Ese es el tamaño de nuestro comercio exterior, ese es el tamaño de su importancia. En el año 2000 se tramitaron aproximadamente 9 millones de pedimentos. Resulta de la mayor trascendencia una revisión al marco jurídico en materia aduanera en este siglo XXI ante la tendencia generalizada de la globalización económica mundial. Por otra parte estas reformas que hoy se someten a su consideración, sustancialmente redundan en atraer la inversión nacional y extranjera, fortalecer la seguridad jurídica de los sujetos obligados a la Ley Aduanera, asignar en su justa medida las responsabilidades fiscales y aduaneras de quienes intervienen en el despacho aduanero de las mercancías, a fin de coadyuvar con el fisco federal en el combate al contrabando y fraude fiscal y avanzar en su agilización a fin de contar con un sistema más eficiente y rápido que permita a la autoridad aduanera y de comercio exterior, contar con un aparato burocrático que responda a las expectativas del México contemporáneo. Por lo que respecta a la inversión nacional y extranjera, su objetivo fue la de regular concesiones y autorizaciones para una figura nueva que son los recintos fiscalizados, inmuebles que se encuentran dentro o colindantes a un recinto fiscal o portuario; su concesión se podrá otorgar hasta por un plazo de 20 años y renovarse una vez por un tiempo igual, acción que lleva a particulares a invertir en las diversas regiones del país y así estén en posibilidad de bajar los costos para el intercambio comercial tanto en México como en el extranjero y reafirmarnos como un país seguro para la inversión. A los particulares que se les otorgue una concesión en recintos fiscalizados, podrán prestar los servicios de manejo, almacenaje y custodia de mercancías. Se establece la responsabilidad solidaria de los mandatarios de los agentes aduanales y de las personas que hayan obtenido concesión de recintos fiscalizados, haciéndolos responsables de las contribuciones y cuotas compensatorias a que estén sujetas las mercancías almacenadas bajo su responsabilidad. Se reafirma las sanciones a que se puede hacer acreedor el agente aduanal que incurra en una falla de esta Ley. Para obtener una mayor competitividad, responsabilidad y control, se especifica la limitación que el agente aduanal tiene para operar ante la aduana de adscripción para la que se le expidió la patente y bajo su autorización del SAT podrá hacerlo en tres plazas más, lo que permite mayor eficiencia en cada una de las aduanas del país Con respecto al agente aduanal adscrito, en caso de fallecimiento, incapacidad permanente o retiro voluntario, el agente aduanal tendrá derecho a designar por única vez a una persona física ante el SAT. que lo sustituya en la aduana o aduanas a las que haya sido adscrito y de esta forma, por un lado, se garantiza su inversión privada y por otro se evita que la patente sea por tiempo indefinido. A fin de coadyuvar con el Fisco Federal en el combate del contrabando en sus diferentes modalidades y avanzar en la agilización del despacho aduanero de las mercancías, nuestro grupo parlamentario ve conveniente la adición a diversas disposiciones para incorporar los medios electrónicos e informáticos como herramientas para facilitar las operaciones aduaneras y el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Se propone que las empresas que tengan u obtengan la concesión auxilien a la autoridad aduanera instalando en los aeropuertos, terminales marítimas, aéreas y ferroviarias, cámaras de circuito cerrado, equipos de rayos X, Gama, así como equipos de pesaje y cualquier otro medio tecnológico para el control y despacho rápido de las mercancías. Se oficializa la prevalidación electrónica de datos contenidos en los pedimentos aduanales con la finalidad de acreditar que el solicitante cumple con las condiciones requeridas establecidas, así como el control a través de los medios electrónicos de las importaciones temporales de remolques, semirremolques y portacontenedores. Es importante hacer mención que las personas que obtengan la autorización para realizar la prevalidación estarán obligadas a pagar un aprovechamiento de 125 pesos por cada pedimento que prevaliden, y 100 esos por cada operación de importación temporal. La reforma contempla, por otro lado, las medidas necesarias para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas así como restricciones o regulaciones, evitar que se conviertan en barreras no arancelarias. En otro aspecto para combatir el lavado del dinero, se establece la obligación individual para que toda persona que ingrese o salga del país declare las cantidades superiores a 10 mil dólares que traiga consigo o envíe mediante empresas de mensajería o de transporte de valores, no únicamente en efectivo o cheque sino en cualquier otro documento para cobrar u órdenes de pago o una combinación de las mismas. Asimismo dentro de las reformas realizadas se contempló el beneficio a los migrantes para la importación temporal de sus vehículos, que sea un solo vehículo en cada periodo de 12 meses y dichas unidades podrán ser conducidas en territorio nacional por el importador, su cónyuge, sus ascendientes, descendientes o hermanos, siempre y cuando sean residentes permanentes en el extranjero. Nuestro grupo parlamentario determinó dejar muy en claro que en materia de cuentas de garantía era importante la reforma de los artículos 84A y 86A con la finalidad de evitar el elevado costo financiero que representa el depósito por seis meses por el plazo que transcurra por la liberación de las garantías otorgadas por el tránsito de mercancías. Era necesario ampliar las formas de garantía, permitiendo que éstas se establezcan mediante reglas de carácter general que den mayor flexibilidad en su determinación de conformidad con los mecanismos vigentes o los que instrumente el sistema financiero mexicano. Tal decisión tiene sustento en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que dicha autoridad considera que la forma de garantizar el pago de contribuciones de mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de Hacienda determina la forma en que se debe garantizar, olvidando que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 141 establece seis formas diferentes de garantizar el interés fiscal. A mayor abundamiento, se considera que la redacción que contenía el precepto legal mencionado al momento de fijarse la garantía no existe un interés por parte del fisco federal para interponer una medida cautelar, ya que el interés fiscal nace con la determinación, liquidación, devolución, exención, prescripción o el pago de créditos fiscales, o bien con las sanciones que se impongan con motivo de la infracción a la ley. Es así que nuestro partido propone que las reformas sean acordes con nuestra Constitución. Finalmente, estamos convencidos que aún cuando la reforma que se somete a esta soberanía es insuficiente, también reconocemos que estas medidas se requieren para ir sellando las fronteras y dar seguimiento a las mercancías en tránsito, que muchas veces desaparecen de la noche a la mañana sin ser vistas por la autoridad y hacen enormes hoyos a la economía nacional y al fisco federal. Por todo lo anterior, mi grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional votará a favor del dictamen. Es cuanto. (Aplausos) LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias, señor Diputado. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir a su cierre. EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN): Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema electrónico registra la asistencia de 464 diputados. Ciérrese el sistema electrónico. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Para hablar en pro del dictamen en lo general ha solicitado el uso de la palabra el diputado José Manuel del Río Virgen. Se le concede hasta por cinco minutos.