El diputado Tomás José Luis Varela Lagunas: Señores diputados, señoras diputadas, espero contar con su atención en esta proclama de las Naciones Unidas. La fracción parlamentaria del Partido Convergencia se une a la celebración de los pueblos indígenas del mundo y sus organizaciones, por lo aprobado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en el LXI periodo de sesiones: la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Con esta declaración las naciones y su estados logran un trascendental avance en el camino de la justicia reparadora del daño histórico hacia los pueblos originarios, y particularmente sientan las bases de una relación más equitativa y justa con las culturas originarias y sus miembros. La proclama declaratoria sintetiza una intención de civilidad para cerrar definitivamente el vergonzoso capítulo de las conquistas genocidas en lo material y espiritual que durante siglos se aplicaron, gracias a la razón que da la fuerza a los pueblos y las culturas en situación de desventaja. Con la histórica votación en la asamblea de la ONU culmina una larga lucha deliberativa sobre los pueblos que estuvieron entre los gobiernos y las representaciones de los pueblos indígenas. Nadie, en lo particular, puede atribuir para sí el mérito de lo logrado, ha sido la voluntad colectiva de transitar hacia relaciones basadas en los principios del respeto, la equidad y la justicia, lo que ha materializado este momento luminoso de la humanidad. Cierto es que la declaración no incorpora todas las demandas reivindicativas de los pueblos indígenas del mundo. Nada se consigue de una sola vez y para siempre. Sin embargo, el gran paso ha sido dado. Toca ahora, a los gobiernos del mundo, la incorporación de estos derechos y la adecuación legislativa correspondiente, en sus respectivas legislaciones, y a las sociedades y pueblos indígenas observar este proceso no exento de riesgos en desviaciones interpretativas. En este sentido, la fracción parlamentaria que en este momento me honro en representar, se suma al llamado, a esta honorable Cámara de Diputados para que de manera perentoria se aboque a tomar las medidas necesarias y conducentes, a fin de que en el futuro inmediato la legislación del país incorpore y agregue los faltantes o modifique, en su caso, aquellas que deban modificarse. Es de reconocerse que aún en una lectura panorámica se puede afirmar que lo hasta ahora legislado en materia de derechos indígenas, en nuestro país, afortunadamente muestra un avance sustantivo, hecho que no soslaya sino destaca los faltantes. En particular, la Ley de los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca, promulgada hace poco menos de una década, adelanta acertadamente varios de los contenidos de la declaración. Avanzar de inmediato es el reto y tarea. Afrontemos con sana voluntad y en el consenso del espíritu de justicia que transita en la declaración de la Organización de las Naciones Unidas. Afirmamos y coincidimos que la sola declaración e incorporación de su contenido en la legislación propia no bastan. Que su traducción en la realidad cotidiana y en todos los ámbitos de la vida social enfrenta y enfrentará un sinnúmero de obstáculos, derivado de una continuidad histórica en la que la marginación, devastación cultural, explotación patrimonialista de los recursos naturales, explotación económica de sus miembros y un arraigado racismo que se expresa soterrada o abiertamente, han sido expresiones prácticas de la relación de la sociedad mestiza dominante y sus gobiernos, sobre los pueblos indígenas de México. Vuelvo a la Ley de los Pueblos Indígenas del Estado de Oaxaca, su existencia no ha impedido que el viejo trato sobreviva. Se establecen proyectos que generan una energía, necesarios para la sociedad industrializada y se desplazan en su territorio a comunidades indígenas en aras de un cuestionable desarrollo económico que no significa ningún beneficio a los directamente afectados y por el contrario, se despoja de su único bien material y, en su caso espiritual, que poseen, y ése es la tierra. En Oaxaca, cuna del Benemérito de las Américas, y aún en el país, a los miembros de los pueblos originarios todavía se les llama indios mugrosos, desarrapados e ignorantes. Expresión que en boca de más de un funcionario y uno que otro diputado, ejemplifica el lado oscuro de la psicología nacional, un deleznable racismo sobreviviente a casi dos siglos de la consumación de la Independencia. En este tenor, reconciliar nuestra raíz indígena con nuestra aspiración de membrecía en una sociedad de primer mundo tiene ante sí un camino más penoso todavía, que la sola legislación no garantiza. Educar y reeducarnos en la interculturaleidad se convierte entonces en instrumento eficaz, no únicamente en nuestra relación con el otro, sino en su interiorización. Llamo entonces la atención, que para la educación nacional implica la Declaración de la ONU. Termino en un momento, señor Presidente. Si legislar ahora es necesario, importancia similar merece sentar bases primigenias en materia educativa. Si uno de los criterios que rigen la educación es el nacionalismo, entendido sin exclusivismo ni hostilidades, bien puede complementarse con un criterio de inteculturaleidad. Criterio en el que el fomento a los valores del respeto al diferente, la tolerancia hacia el otro y el aprecio de las otras culturas del territorio nacional contribuyen a la formación de las nuevas generaciones en la que los prejuicios nacidos de la ignorancia sean por fin definitivamente superados. Por el momento, nos congratulamos con la decisión de la gran mayoría de los estados miembros de las Naciones Unidas por el bien de la humanidad, por el bien de los pueblos indígenas, que —reconozcámoslo o no—, es el bien colectivo, y en la celebración asumamos con generosa voluntad de consenso la tarea que nos espera. Por su atención, muchas gracias.