La diputada Paola Tenorio Adame: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. El gobierno actual busca la transformación democrática de este tan querido nuestro México, generando mayor crecimiento y una justa distribución al fin de la riqueza. Para lograrlo es necesario erradicar la corrupción, la simulación y las acciones al margen de la ley. Una de las formas en que se manifiestan los actos de corrupción es mediante empresas constituidas con el propósito de defraudar el erario público y lavar dinero procedente de actividades ilícitas. La defraudación fiscal es el problema que afecta a todo nuestro país, ya que frena el crecimiento de la economía, debilita a las instituciones e incrementa la desigualdad social. Aquella persona que incurre en acciones de defraudación fiscal transgrede el principio de equidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución. Como pueden ver esto no es nuevo, al no contribuir con el gasto público mientras que los contribuyentes cumplidos y honestos sí lo hacen. Para los que dicen que estas medidas son extremas, les digo extremo ha sido el robo sin medida que se ha hecho al SAT y por lo consiguiente a nuestra nación. Es por eso que se facultará al Estado a sacar a todas aquellas bandas factureras ilícitas, así como a los servidores públicos que colaboran con ellas. Debería de darles vergüenza; vergüenza les debería de dar en insistir en estos extremos y decir que son extremos. En los últimos cinco años el sistema de administración tributaria identificó a casi nueve mil óiganlo bien empresas importantes todas ellas en nuestro país. Algunas de ellas han sido nombradas ya por el diputado Yáñez. Operaciones simuladas las cuales han emitido ocho millones de facturas falsas que le han costado al país 1.6 billones de pesos. Para ejemplificar, y en relación con el Proyecto de Egresos de la Federación 2020, la cifra de evasión equivale a cubrir 5.5 veces el gasto en proyectos de inversión de Pemex, 13 veces el gasto de programa Pensión para el bienestar de las personas adultas mayores y 417 veces el presupuesto de la tan importante Guardia Nacional. Por ello el presente dictamen propone incluir en el catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada los delitos de defraudación fiscal; la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. Asimismo, prevé considerar como amenaza a la seguridad nacional los actos ilícitos en contra del fisco federal, los cuales ameritan prisión preventiva oficiosa. Y escuchen bien, ya no se equivoquen más. El objeto de esta reforma es combatir y sancionar únicamente a los contribuyentes deshonestos y corruptos que dañan a nuestro país, así que dejen de malinformar con un terrorismo fiscal que no existe. ¿O acaso están ustedes inmiscuidos en algo y por eso insisten tanto en defender lo indefendible? Es importante resaltar que las condiciones planteadas en el dictamen no, que quede claro, no permiten una aplicación discrecional ni arbitraria. Están dirigidas exclusivamente a combatir fenómenos delictivos en las materias fiscales especificadas cuando se producen a gran escala o como expresión del crimen organizado. Para que la actividad ilícita sea considerada como delincuencia organizada el monto correspondiente debe actualizarse y, si es necesario, comprobar la participación de tres o más personas y que estas realizaron las conductas en forma permanente y reiterada. Dichos elementos descartan totalmente que se trate de un simple error o descuido de los contribuyentes. Por lo que no se vulnera el Estado de derecho ni mucho menos los derechos humanos. Incluso los contribuyentes que se ubiquen en las hipótesis legales, tendrán la oportunidad de defenderse o corregir su situación en los procedimientos fiscales y antes de presentarse la querella correspondiente. Aunado a lo anterior, el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penal si el imputado aporta información fidedigna que ayude a la persecución del beneficiario final de estos delitos. Es sabido que hay personas que solo son utilizadas por su ignorancia o pobreza como representantes legales de las empresas simuladoras. De ahí que esta reforma va encaminada a sancionar a la cabeza de las organizaciones evasoras. Por lo anterior el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del presente dictamen, pues buscamos consolidar un marco jurídico en contra de los defraudadores, combatir de una vez la corrupción, desincentivar prácticas ilegales que han imperado en el país contra el fisco y fortalecer la hacienda federal, a fin de mejorar calidad, señores, calidad de vida de las y los mexicanos. Es cuanto, señora presidenta.