La diputada Patricia Garduño Morales: Muchas gracias, señora Presidenta; ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados: con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71, en la fracción XXIII del artículo 71 y en la fracción XXIII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de decreto, por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El tema de la inseguridad pública es complejo. El análisis de las causas que han generado el grave problema que hoy se vive en este ámbito, así como las posibles propuestas de solución, requiere un análisis detenido. Atender los orígenes de los vicios e inercias que prevalecen en las instituciones de seguridad es hoy una cuestión urgente porque la inseguridad nos afecta a todos; nadie está exento de resentir sus efectos. Por eso, una de las vías más eficaces para enfrentarlo es la generación de políticas permanentes que involucren a la ciudadanía, particularmente en las acciones preventivas. En un escenario en que las instituciones del Estado cuentan con recursos materiales y humanos limitados, y con instrumentos y equipo obsoletos, y en que además se carece de programas modernos y actualizados, de estudios científicos y técnicos para combatir la delincuencia, es preciso emprender acciones que orienten las estructuras jurídicas y las instituciones al mantenimiento de la seguridad y dignidad de los gobernados. Dichas acciones deben ser planteadas desde una óptica integral, en la que las transformaciones partan de la necesidad de redimensionar el papel de las instituciones competentes en materia de seguridad pública. Para Acción Nacional, la prevención del delito y la atención de las víctimas ha sido una prioridad, tanto en términos de estudio y análisis como por lo que se refiere a las políticas públicas destinadas a garantizarlas. Por ello, la presente propuesta de reformas y adiciones a la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública contempla como medidas necesarias la incorporación de los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social y de Educación Pública al Consejo Nacional de Seguridad Pública, partiendo de la premisa de que el problema de inseguridad es multifactorial, por lo que su abatimiento también está relacionado con las estrategias de desarrollo social y humano implantadas por el Estado, así como por la política educativa, y no exclusivamente con la política criminal. En un programa integral de seguridad pública debe darse particular importancia al sistema de prevención de la delincuencia desde una perspectiva social, que contempla el fenómeno delictivo también como síntoma de la descomposición social resultado de la desigualdad y la pobreza. Por otra parte, consideramos necesario el establecimiento de la conferencia de planeación estratégica y modernización tecnológica en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cual se visualiza como un espacio en que los integrantes del sistema podrán compartir experiencias respecto a programas, equipos e instrumentos asociados a la modernización tecnológica, con objeto de disminuir la vulnerabilidad de las instituciones a las nuevas formas de comisión de ilícitos asociados al desarrollo de la tecnología electrónica e informática, por lo que se prevén la discusión, el diseño y la implantación de políticas de seguridad e infraestructura que den respuesta a incidentes relacionados con estafas y fraudes informáticos, piratería, pornografía infantil y virus informáticos, por mencionar algunos ejemplos. Otro de los aspectos importantes de esta propuesta es el establecimiento del registro nacional de auxiliares de seguridad. Considerando que es una enorme responsabilidad que entre distintos entes del Estado realicen dicha labor, pensamos que la función auxiliar de seguridad debe corresponderse con la obligación del Estado de vigilar, supervisar y evaluar constantemente al personal que lleva a cabo dicha función ante la sociedad a través de un esquema de coordinación. Por esa razón consideramos que la investigación, registro e identificación de los elementos operativos de las empresas de seguridad privada deben llevarse a cabo bajo los mismos lineamientos que los expedidos para los servidores públicos que prestan este servicio, toda vez que es necesario que tanto la Federación como los estados, el Distrito Federal y los municipios cuenten con información veraz y oportuna sobre los integrantes de las empresas de seguridad privada, para garantizar que son personas aptas para prestar dicho servicio, más aun cuando se ha demostrado que en todo el país operan numerosas empresas de seguridad privada formadas por personas poco confiables, que cuentan con antecedentes criminales o de desempeño inadecuado en instituciones de seguridad pública, bajo el amparo de la corrupción y la impunidad. Por ello es preciso que el personal operativo auxiliar de seguridad se inscriba obligatoriamente en el registro nacional que esté disponible para las autoridades federales, estatales y municipales encargadas de otorgar, renovar y retirar las autorizaciones de funcionamiento a las empresas de seguridad privada. Lo anterior, con la finalidad de garantizar que, efectivamente, las empresas sean auxiliares en la prestación del servicio de seguridad a la ciudadanía y no sean, como ocurre en muchos casos, fachadas de organizaciones delictivas. Aunado a lo anterior y a efecto de hacer frente a la situación de incumplimiento, retraso y negligencia en la inscripción y actualización del registro nacional de personal de seguridad, se prevé otorgar al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la facultad de denunciar ante la autoridad correspondiente a los servidores públicos responsables de inscripción en los registros cuando éstos no hayan cumplido su obligación o la retrasen o exista negligencia respecto a la información proporcionada tanto al registro nacional de personal de seguridad como al registro nacional de auxiliares de seguridad, para que sean sancionados de conformidad con lo establecido en las leyes orgánicas de la Administración Pública Federal o local, según corresponda. Por otra parte, se prevé que el servicio de comunicación que se contempla en el artículo 48 de la ley vigente se brinde a través de un número único de emergencia en todo el país a través del cual la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios reciban los reportes de la comunidad que les corresponda sobre emergencias, faltas y delitos de que tengan conocimiento. La finalidad es facilitar el acceso de la población a los servicios de instituciones de seguridad pública, salud, protección civil y las demás asistenciales públicas y privadas que requiera, sin tener que identificar y memorizar infinidad de números telefónicos, ya sean de la Federación, el estado o municipio, dependiendo del servicio que requiera y de la autoridad competente para otorgárselo, lo que generalmente se traduce en retraso en el acceso al servicio o de plano en la negación del mismo por la desinformación. La esencia de estas propuestas tiene dos vertientes: por una parte, la prevención del delito; y, por otra, el acceso oportuno y eficiente de la población a los servicios de seguridad. Conscientes de que la construcción de un esquema de seguridad pública a la altura del desafío que tenemos hoy es un proyecto de largo plazo, la presente propuesta es una aportación de mi partido, Acción Nacional, que se suma al esfuerzo de renovación de nuestras instituciones de seguridad y de procuración de justicia que permita la construcción de una patria que ofrezca justicia, libertad y seguridad efectiva a todos los mexicanos. Por lo expuesto y con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se somete a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por razones de tiempo, Presidenta, no daré lectura al articulado de la iniciativa, por lo que solicito de la manera más atenta que dicte sus apreciables instrucciones para que sea publicado el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Por la atención de todos, muchas gracias.