El diputado Yerico Abramo Masso: Buenas tardes tengan todas y todos ustedes, compañeras y compañeros legisladores. Pueblo de México, esta tribuna, que nos da la oportunidad a todas y a todos de tener la representación popular para garantizar derechos óptimos para los ciudadanos de nuestro país. Hoy vengo a nombre de miles de personas que han sido defraudadas por estas empresas llamadas montadeudas, que con aplicaciones celulares extorsionan la información personal, les quitan la información, fotografías, audio, videos a muchas personas que, sin leer las letras chiquitas, les bajan toda la información a las personas que solicitan este tipo de créditos. Vengo con esta iniciativa de ley a tratar de poner un alto a estas empresas piratas que, disfrazadas en prestadores de créditos de bajo costo, están lacerando la economía de miles de familias de nuestro país. Tan solo en el 2021 se han detectado más de 656 empresas que realizan este tipo de créditos fraudulentos y laceran la economía de miles de familias. Hace unos cuantos... un par de meses, gracias al Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública aquí en la Ciudad de México y a un buen trabajo de investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México, se logró detener a una red corrupta de una empresa extranjera que se dedicaba a prestar y extorsionar a miles de personas en la Ciudad de México y en varias partes del país. ¿Qué pasa? La gente, con la necesidad de tener dinero rápido, accesa vía la aplicación no registrada a su celular. Le dicen: Ya te voy a prestar 500 o mil pesos o 2 mil pesos. La gente le pone rápido que sí y está autorizando que le bajen su información, fotografías, audio y video de su teléfono celular. Esto, sin ningún consentimiento real de la Ley de Instituciones de Crédito ni de la ley bancaria. Es por eso que hoy vengo a esta tribuna, amigas y amigos, a proponer una modificación al artículo 106 y al artículo 111 de la Ley de Instituciones de Crédito, para que se les pueda garantizar a las personas que no tengan acceso a este tipo de crédito fraudulento y que no sean extorsionadas. Amigas y amigos, ya el Consejo Ciudadano de la Seguridad Pública de la Ciudad de México y este colectivo ciudadano nos puso el ejemplo de que, cuando hay unidad ciudadana, se puede combatir a este tipo de extorsionadores. Hoy ya están muchos tras las rejas o ya están sujetos a proceso. Les pido, amigas y amigos de todos los partidos políticos: de Morena, del Partido Verde, del Partido del Trabajo, del Partido Revolucionario Institucional, del Partido Acción Nacional, del Partido Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática que apoyen esta iniciativa. Esta iniciativa vendrá a solucionar y a prevenir que se den más fraudes que laceren la economía de millones de mexicanos. Esta es la primera iniciativa que quiero proponer. La segunda iniciativa, amigas y amigos, es un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 18, fracción III, a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Durante la pandemia el único sector económico que mantuvo la economía a flote, uno de los muchos que se mantuvo en números negros fue el sector primario: la agricultura. Y ¿saben qué? No le dimos ningún incentivo para salir adelante por las grandes necesidades tecnológicas que enfrentaba el sector o de subsidiar los procesos de alimentación. No se dio y hoy por hoy, después de varias reuniones que he tenido con productores pequeños y sociales de mi distrito me han dicho: Compramos un tractor entre la cooperativa, compramos una rastra, compramos equipo tecnológico de rayo láser para el riego, compramos equipo para mejorar los insumos de la agroindustria y nos damos cuenta de que muchos de esos equipos tienen una caducidad tecnológica. ¿Qué significa esto, amigas y amigos? Que cuando compran este tractor la computadora de este tractor tiene una caducidad a los tres años, para poder llevar el tractor a la agencia y que en la agencia tengan que hacerle un overhoul o una actualización a su sistema operativo y les cobran 15, 20 mil o 30 mil pesos por actualizar esta tecnología. Eso es injusto para el sector agropecuario, porque a pesar de que no se les da ningún incentivo, sí se les ponen todos los gastos para que los paguen ello, a pesar de las bajas utilidades que puedan tener en su desarrollo económico. Por eso planteo, amigas y amigos legisladores, que hagamos consciencia y que modifiquemos este artículo a la Ley del Consumidor para poder garantizar al sector productivo del campo que, por favor, le demos la garantía de que no se le dé la posibilidad de que perezca la tecnología de su maquinaria rural y por eso propongo en el artículo 18, tercero de la Ley del Consumidor que queda prohibida la oferta de productos o servicios con obsolescencia programada en maquinaria y equipo agrícola. Y les pongo un ejemplo, cuando ustedes compran su teléfono celular las actualizaciones son gratuitas, solamente te avisa: se va a actualizar tu teléfono y no te cobran. Imagínense ustedes si compran un vehículo en cualquier agencia o un vehículo usado y a los tres años el vehículo se apagara porque no lo llevas a que se actualice la computadora, porque el costo de esa actualización tecnológica ya viene en el costo del vehículo...