La diputada María del Carmen Martínez Santillán: Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del grupo parlamentario del Partido del trabajo, acudo a esta tribuna para rechazar el contenido del artículo 3º., por el que se expide la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de la Protección al Medio Ambiente del Sector Hidráulico. Estamos en contra porque los recursos que ingresarán por la expropiación de los hidrocarburos, se destinarán al pago de gastos corrientes de las nuevas instancias burocráticas que crean y que tendrán un importante número de trabajadores. Además se dará una duplicidad de funciones con las tareas que tienen ya asignadas otras dependencias de la Administración Pública. Sin lugar a duda con la creación de esta nueva agencia están reconociendo que las tareas de la supervisión de la seguridad industrial que la Secretaría de Trabajo y Previsión social tienen asignadas, no se realizarán adecuadamente. Reconocer que las tareas de protección al medio ambiente que tiene que realizar la Procuraduría Federal del Medio Ambiente no sirve y así podríamos ir contratando atribuciones que tienen otras dependencias y entidades de la Administración Pública, que se verán duplicadas por la Comisión Nacional de Seguridad Industrial que se crea en esta nueva ley. Pero además resulta risible el contenido del artículo primero donde establece que esta Ley de Seguridad Industrial y de Protección al Medio ambiente del Sector de Hidrocarburos que a la letra dice. Artículo 1o.: Es de aplicación en todo el territorio nacional y zonas en las que la nación ejerce soberanía o jurisdicción. Ahora resulta que tiene extraterritorialiedad esta ley, ya que se aplicará en todas las embajadas o consulados que México tenga en otras naciones en donde, de conformidad con las disposiciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, diplomáticos o consulares, México ejercerá la jurisdicción. Nos gustaría ver, por ejemplo, cómo esta agencia ejerce sus funciones en la embajada mexicana en Estados Unidos. Esta ley es un pago de favores políticos y a cambio de ello garantizar el apoyo en próximos procesos electorales. Olvidan quienes aprueben esta ley que el sistema de seguridad industrial no funciona por la grave corrupción que existe. Para muestra basta un botón: Pasta de Conchos, en el sector minero, o los múltiples accidentes vinculados con seguridad industrial que han ocurrido en Petróleos Mexicanos. ¿Ustedes creen realmente que los distintos órganos reguladores que se han creado tendrán la capacidad para subordinar a las transnacionales petroleras que operen en México a lo que disponen estas leyes? Sin duda olvidan que fueron las petroleras norteamericanas las que fraguaron el asesinato del presidente Madero, que estableció un impuesto de 20 centavos a la tonelada de petróleo extraído. Tengan presente que las petroleras internacionales no se subordinan a las leyes de los países en que operan cuando éstas les son adversas. Estas empresas derrocan gobiernos, no se subordinan a la ley. Dejamos en claro que en Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo estamos a favor de un real y efectivo sistema industrial, en donde se establezcan las condiciones óptimas que realizan las actividades productivas y eficaces. Estamos ciertos de que las sanciones se deberán aplicar a todos aquéllos que incumplan las medidas de seguridad industrial por perjuicio de los trabajadores. Es cuanto, diputado Presidente.