La diputada María Teresa Rosaura Ochoa Mejía: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los temas que más ocupa y preocupa a quienes trabajamos a favor del mejoramiento de las condiciones de vida lo constituye sin duda la violencia, y uno de los ámbitos donde más se presenta es en el centro de trabajo principalmente dirigido hacia las mujeres. A pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales y de las organizaciones de la sociedad civil para abatirla la violencia laboral sigue siendo un flagelo que se ha enquistado en todos los países del mundo. Ella constituye una violación generalizada de nuestros derechos humanos y uno de los principales obstáculos para lograr la equidad de género. Actualmente, con un 12.4 por ciento, las mujeres que trabajan han sentido al menos un acto de acoso, aunado a los actos discriminatorios que se da en las mujeres embarazadas en este ámbito laboral, y que pocas mujeres se atreven a denunciarlo por miedo a represalias mayores por parte de los contratantes, jefes, superiores o cualquier jerarquía que esté por encima de la víctima, que cuando se atreve a denunciarla llegue a ponerse en duda. ¿Cómo podemos calificar a un jefe o responsable que avasalla, humilla, discrimina y margina a una trabajadora? Y cuando la respuesta ha sido negativa los efectos no se hacen esperar, despido o degradación laboral o simplemente traslado a un área que no le compete por debajo de su preparación académica, una violencia laboral que provoca tensión, estrés, maltrato psicológico al que es expuesta la mujer y con el tiempo suma resultados reales de enfermedades psicológicas por el maltrato de un superior. ¿Y esto quién lo controla? ¿Quién lo ve? ¿Quién lo castiga? Diversos tratados internacionales, que son vinculantes para nuestro país, establecen la igualdad de condiciones de hombres y mujeres en el ámbito laboral, como el Convenio 100 sobre la igualdad de remuneración de la Organización Internacional del Trabajo y el Convenio 111 sobre Discriminación, Empleo y Ocupación del mismo organismo, que obliga a las naciones a que promuevan la igualdad de oportunidades. En consecuencia, la propuesta de este dictamen, de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social forme parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en Contra de las Mujeres, con la reforma del artículo 36 de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia y otorgar competencia a esta dependencia para la atención, sanción y erradicación de la violencia en contra de las mujeres en el ámbito laboral, nos permite avanzar. Asimismo, se complementa con la adición del artículo 46 Bis de la misma ley para erradicar el acoso sexual contra las mujeres, fomentar el respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral y promover políticas de prevención y atención de violencia en contra de ellas y por tanto su erradicación debe permanecer como una prioridad de la agenda nacional con una clara voluntad política y un compromiso declarable, visible e inquebrantable. Por lo anteriormente expuesto, nuestro Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, congruentes con nuestro ideario político, siempre estaremos a favor de las causas de las mujeres. Es cuanto, diputado presidente.