El diputado Manuel Salvador Salgado Amador: Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el pasado 14 de enero de 2009 la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a unas ciudadanas a las que el Gobierno del Distrito Federal les había expropiado diversos predios ubicados en la delegación de Xochimilco, para destinarlas al embellecimiento y mejoramiento de la zona, con el fin de cumplir con los compromisos internacionales que nuestro país adquirió con la firma y ratificación de la Convención del Patrimonio Mundial. Esencialmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia consideró que la Ley de Expropiación violaba el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que dicho ordenamiento no prevé que el particular afectado por dicho acto privativo sea escuchado previamente por la autoridad, cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento. Esta sentencia forma parte de una serie de decisiones judiciales que se han resuelto con base en una reciente jurisprudencia que modificó el criterio que el máximo tribunal del país sostuvo desde el año de 1942, en el que se sostenía que la garantía de audiencia previa no era aplicable en materia de expropiación. Sin embargo, en el mes de septiembre de 2006, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió modificar dicho criterio, señalando que a partir de una nueva reflexión se construye que de la interpretación del artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos privativos de la propiedad deben realizarse por regla general mediante un procedimiento dirigido a escuchar previamente al afectado, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El nuevo criterio está fundamentado en diversos argumentos, en los que destacan: Primero. Que la expropiación constituye un acto de privación, ya que tiene por finalidad suprimir completamente el derecho de propiedad de un gobernado. Ahora bien, los actos de esta naturaleza, privación, deben respetar las garantías de previa audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución, que en la parte conducente señala: nadie podrá ser privado de sus propiedades sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Segundo. Si bien la expropiación en algunos casos es motivada por situaciones de urgencia, como puede ser una catástrofe, no todos los supuestos en lo que existe utilidad pública está implícito el elemento de urgencia. Por ello, es incorrecto afirmar que otorgar la garantía de audiencia previa al afectado, dentro del procedimiento de expropiación, entorpecería la actuación expedita del Estado. Así las cosas. La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene consecuencias prácticamente trascendentales, toda vez que los particulares que se vean afectados por actos de expropiación podrían solicitar el amparo y protección de la justicia federal, con base en los argumentos antes expuestos, dejando así sin efectos el acto de expropiación. Atendiendo a los antecedentes antes expuestos, la presente iniciativa tiene por objeto reformar y adicionar diversos artículos de la Ley de Expropiación, con la finalidad de prever en dichos ordenamientos las disposiciones necesarias para que previamente a la expedición del decreto de expropiación, el particular interesado sea escuchado por la autoridad administrativa de un procedimiento en el que se cumpla con las formalidades esenciales. Con ello se pretende sanear los vicios de inconstitucionalidad que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió en el texto de dicha ley. Muchas gracias. Le ruego a la diputada presidenta la inserte en el Diario de los Debates. Gracias.