La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Muchas gracias, presidenta, con su permiso. En la entrada de una universidad en Sudáfrica está el siguiente mensaje para reflexión de los estudiantes: para destruir una nación no se requiere de bombas atómicas o misiles de largo alcance, solo se necesita bajar el nivel de educación y permitir que se copien los exámenes. Pacientes mueren en manos de tales doctores, edificios colapsan en manos de tales ingenieros, dinero es perdido en manos de tales economistas y contadores, el humanismo muere en manos de tales religiosos, la justicia muere en manos de tales jueces. El colapso de la educación es el colapso de una nación. El párrafo quinto del artículo 3o. constitucional es claro en su mandato de priorizar el interés de los estudiantes por encima de cualesquiera otros intereses, grupos, acuerdos políticos o promesas irresponsables de campaña. Pero hoy, lamentablemente, ha quedado claro que el titular del Ejecutivo federal tiene otras prioridades, pues para él es más importante complacer a sus aliados electorales y pagar favores políticos, aunque eso sea a costa del futuro de millones de niñas y niños. Generaciones enteras cuya educación seguirá siendo rehén y moneda de cambio para los trepadores, oportunistas y politiqueros vulgares que hoy le entregan la educación a los intereses de un grupo sindical. Y hoy también ha quedado claro que el grupo parlamentario de Morena, junto con sus aliados en esta Cámara de Diputados, se han convertido en lo que tanto criticaron por años, un grupo de levanta dedos dispuestos a burlarse del procedimiento legislativo para aprobar las reformas violatorias a la Constitución que les dictan desde fuera del Congreso. Esta Ley General de Educación devuelve el control de las plazas a los intereses gremiales, esos mismos intereses que durante años perjudicaron los derechos de los niños de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán. Pero no solo afectan los derechos de los estudiantes sino también los derechos de los docentes que no tendrán condiciones justas, claras y equitativas para el acceso y promoción en su función. Los docentes también vuelven a ser rehenes de los intereses gremiales, que durante años los utilizaron como carne de cañón para generar presión política y obtener privilegios y prebendas de los que el docente de a pie nunca recibió beneficio alguno. Y además, para que no exista evidencia ni rastro de los atropellos contra derechos de estudiantes y maestros por igual, se ha decidido desaparecer al órgano autónomo que se encarga de evaluar y diagnosticar las bondades y carencias del sistema educativo. La desaparición de un órgano autónomo de diagnóstico elimina de tajo la posibilidad de determinar la pertinencia de las políticas públicas en materia educativa. Es decir, nos deja a ciegas para tomar decisiones sin información, sin elementos en un ámbito fundamental, como lo es la educación de las generaciones futuras. Por si lo anterior fuera poco, este dictamen también desaparece al organismo especializado en dar mantenimiento a la infraestructura educativa y transfiere la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas a las comunidades escolares como método burdo para crear nuevos estímulos clientelares con los recursos que se deben destinar a los planteles. Pero lo más grave no es el uso clientelar de los recursos, lo más grave es que se pone en riesgo la integridad física de las niñas y niños que todos los días asistirán a planteles, que seguirán sin recibir el mantenimiento que con urgencia necesitan. La desaparición del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa es otro ejemplo más del desmantelamiento institucional que con el pretexto de la austeridad y el combate a la corrupción continúa desapareciendo contrapesos y liberando recursos para destinarlos a los programas clientelares y los proyectos inviables de esta administración. Aquí hay que preguntarnos y llamar la atención de todas las mexicanas y mexicanos: ¿qué va a pasar con el presupuesto que hasta hoy se destina al mantenimiento de las escuelas a través del Inifed? Además, este dictamen no aclara cómo se va a cumplir con el mandato constitucional de gratuidad y obligatoriedad en todos los niveles educativos, evidenciando la intención de presumir logros discursivos, sin disponer los mecanismos para traducirlos en realidades. ¿Por qué la Comisión de Educación violó toda la ley y el Reglamento para aprobar estos dictámenes ilegales con inusitada urgencia? ¿Por qué hoy se violó también todo el proceso legislativo para forzar la discusión de estos dictámenes, incluso cancelando la comparecencia del secretario de Hacienda? ¿Por qué las únicas demandas que se toman en cuenta son las de un grupo sindical y no se toma en cuenta al resto de este gremio, a las madres y padres, a los especialistas en pedagogía y a la sociedad civil organizada? ¿Por qué la discusión de hoy no ha sido obstaculizada por quienes violentamente han tomado esta Cámara cada vez que han querido? La respuesta es clara. La respuesta es que el dictamen atiende sus intereses al pie de la letra, pisoteando los derechos de nuestras niñas y niños, los derechos de miles de docentes y el futuro del país. Y que la patria se los demande. Es cuanto, presidenta.