La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Compañeras y compañeros legisladores: presento esta reserva con el ánimo de hacer conciencia en todos y cada uno de ustedes respecto a la necesidad de proteger el derecho a la propiedad de los mexicanos y específicamente de los campesinos y de las poblaciones indígenas. Tal parece que aquí se ha olvidado que la Revolución mexicana, la primera de cuño social del siglo XX, se generó entre otros motivos precisamente porque la tierra estaba concentrada en unos cuantos. Hoy la Ley de Hidrocarburos juega con fuego al tocar un tema tan importante como lo es la posibilidad de que se pueda disponer de la tierra con un pretexto mezquino: el de beneficiar a grandes empresarios nacionales y extranjeros y el de utilizar todos los instrumentos al alcance de algunos para incrementar sus cuentas bancarias. No les basta ya con arrebatar las riquezas del subsuelo a los mexicanos; quieren además disponer de las tierras. Pero esta barbarie, que va en contra de todo principio de derecho, no dudará mucho tiempo. El pueblo habrá en su momento de reaccionar ante esta ignominia histórica en contra de la nación. La Ley de Hidrocarburos viola el derecho porque no vela por el interés social, ése que debe prevalecer en todo contrato que suscriba un ente público con los particulares. El Estado mexicano está renunciando, a través de la autorización de la ocupación temporal de tierras, a su obligación de proteger la propiedad de los mexicanos, ignorando su evolución histórica. Recordemos que el derecho a la propiedad es un derecho real que implica el poder directo e inmediato sobre un bien susceptible de apropiación, sea mueble o inmueble, por el que su titular se encuentra facultado para disponer del mismo, sin más limitaciones que las establecidas en la ley. El tema de la propiedad es sumamente amplio y constituye uno de los derechos más antiguos, pero su regulación no puede ir más allá de lo que establece el propio texto constitucional y la Ley de Hidrocarburos atenta contra los derechos de los propietarios de la tierra. El texto que hoy se está avalando transmite el dominio de la propiedad de las tierras de manera arbitraria, entiéndalo, están pisoteando el derecho constitucional y humano a la seguridad jurídica. En nuestro país, todas las constituciones promulgadas a partir de la independencia han regulado y garantizado en mayor o menor grado el derecho de propiedad. La Constitución del 17 instituyó las garantías de seguridad jurídica respecto de la propiedad, prácticamente en los términos que hasta hoy conocemos en los artículos 14 y 16. Sin embargo, la ley que hoy se somete a nuestra consideración se aparta de las bases y limitaciones que la Constitución reconoce, y traiciona tanto el desarrollo histórico de la protección a la propiedad, como su espíritu liberal. Del atentado a la propiedad que hoy se pretende legalizar, no podrá generarse una era de progreso integral y vigoroso; eso es una mentira. La enajenación de los bienes nacionales que se está llevando a efecto a través del precipitado y desaseado proceso de aprobación de la Ley de Hidrocarburos, traerá más pobreza a nuestro pueblo. Debemos tener claro que el problema de México es la corrupción, y que las instituciones no son corruptas por naturaleza, son los hombres y las mujeres al frente de las instituciones públicas o privadas, las que terminan en lo personal desempeñarse con honestidad o deshonestidad. Es una realidad que por más modificaciones legales que hagamos, no podremos combatir la corrupción del sector público, si al frente de ellas no hay gente con un auténtico compromiso social, y lamentablemente vemos hoy, en los hechos, que la corrupción en lugar de disminuir, aumenta. Por lo expuesto y en virtud de que es transgrediendo el orden constitucional, es que se presenta esta reserva. Es cuanto, presidente.