El diputado Arturo Santana Alfaro: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la minuta que estamos a punto de votar establece nuevas descripciones para agravar las conductas que tienen que ver con los sujetos que intervienen en el robo de hidrocarburos y sus derivados. Se incorporan al Código Penal Federal la descripción de conductas delictivas, hasta ahora carentes del reconocimiento por su tipicidad en el código sustantivo federal, y que afectan, evidentemente, a la economía pública. Se precisan penalidades severas en contra de quienes las cometen y se agrava la penalidad cuando se trata de delincuencia organizada. Es decir, la voluntad del legislador es la de establecer la descripción típica de estas nuevas conductas ilegales, su punibilidad y la gravación de éstas por la calidad específica de quien comete el ilícito, que por cierto, será un delito doloso que afecta a la economía pública y a toda la nación por sus repercusiones y cuyos efectos directos se traducen en la extracción o robo de combustible que circula por la red de conducción de todo el país, sin soslayar que esto genera la creación de depósitos clandestinos que generan un peligro real, actual e inminente para todos los vecinos y personas que viven en los entornos de ellos. Los estados financieros de Petróleos Mexicanos señalan, que en los últimos años, más de 20 mil millones de pesos le cuestan cada año al erario éste tipo de ilícitos. La adulteración y la venta ilícita de combustible, 30 por ciento de ese volumen corresponden al robo que se realiza en las instalaciones de la paraestatal, 20 por ciento al robo en poliductos y el 50 por ciento restante a la comercialización de combustibles adulterados y de los productos internados de manera irregular al territorio nacional. Se trata de una actividad que controla la delincuencia organizada en varias entidades del país. Sin embargo, en la actualidad, estos grupos ya no sólo ordeñan los ductos de la paraestatal, roban gasolinas, diesel y condensados, sino que ahora se sustrae petróleo crudo para someterlo a una refinación artesanal clandestina y el cual termina vendiéndose sin control como combustible que se vende en el autotransporte de carga de pasajeros. Es decir, que estos combustibles adquieren la calidad de adulterados. Se trata de una serie de actos ilícitos que como el robo, la adulteración y el comercio ilegal de combustible afectan gravemente el patrimonio de petróleos mexicanos y de la nación, de ahí que nuestro marco jurídico requiera actualizarse, por lo que resulta necesario graduar la sanción respecto de la posesión ilícita de petróleo crudo o hidrocarburos refinados o sus derivados, o la ostentación de la propiedad de estos productos. Sanciona la enajenación o suministro de gasolinas o diesel. La enajenación o suministro de gas licuado de petróleo mediante estación de gas LP para carburación. En los casos de sustracción o aprovechamiento de petróleo crudo, o hidrocarburos refinados, procesados o sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Pemex, se establece en esta nueva normatividad, una penalidad hasta los 12 años que puede incrementarse hasta una mitad más, cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera. Con esta nueva legislación, le estamos proporcionando herramientas precisas al Ministerio Público de la federación para una debida integración y perfeccionamiento en la consignación de este tipo de ilícitos. Pero también, le estamos otorgando al Poder Judicial federal, instrumentos y herramientas para sentenciar debidamente y en su más estricta aplicación de la ley, a la persona que cometan este tipo de ilícitos, trátese de delincuencia organizada o no. Por ello, la fracción el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos llamando a votar a favor del presente dictamen, que en nuestra particular consideración es de vital importancia para mejorar la economía de nuestro país, aclarando también que nuestro grupo parlamentario seguirá promoviendo medidas para controlar de manera legal, es decir, dentro del marco jurídico la actividad propia del Consejo de Administración de Pemex, hablando específicamente de sus consejeros y lo que perciben en este cargo público que ostentan al día de hoy. Es cuanto, diputado presidente.