El diputado Jorge Luis Llaven Abarca: Uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país es el número de personas desaparecidas, no localizadas y localizadas. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que data desde 1964 hasta el 2022, se tiene un registro total oficial de 241 mil 462 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, de estas siguen sin aparecer 99 mil 453. Ahora bien, de las 142 mil personas localizadas, desafortunadamente 9 mil 568 personas han sido localizadas sin vida. Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy este pleno ha señalado de forma reiterada la gravedad del delito de desaparición forzada de personas y desaparición forzada cometida por particulares, aceptando que el mismo viola de forma permanente y continúa no solo los derechos humanos de las víctimas, sino también los de su familia, en tanto no se conozca la suerte y el paradero de la persona desaparecida. A pesar de los grandes esfuerzos que se ha hecho para prevenir, investigar y sancionar la desaparición forzada en México, es necesario fortalecer nuestro marco normativo de conformidad con los acuerdos y tratados internacionales ratificados por nuestro país, a fin de garantizar que tanto las víctimas como sus familiares, tengan acceso pleno a la justicia. La urgencia de legislar en ese tema atiende como se ha señalado a la gravedad de la situación que hoy enfrentamos. La desaparición forzada de personas y la desaparición forzada cometida por particulares, son fenómenos que tienen su origen en nuestro país a partir de la década de los años sesenta, cuando el Estado perseguía, reprimía y eliminaba a los luchadores sociales. Sin embargo, los casos se incrementan drásticamente, como consecuencia de la llamada Guerra contra el Narcotráfico. En este orden de ideas, si bien la creación del año 2017 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, resultó un avance significativo, hoy es necesario establecer expresamente que estos delitos constituyen crímenes de lesa humanidad, porque atacan de forma generalizada o sistemática a la población o una parte de ella, y por ese motivo deben ser castigados con las penas más severas, lo cual es el espíritu del presente dictamen que nos presenta la Comisión de Derechos Humanos y atiende la forma plena de las observaciones y recomendaciones emitidas por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU. Apoyamos la reserva que está a discusión, porque esta precisa la redacción original del decreto propuesto por el dictamen, para que no se entienda que la desaparición forzada de personas y la desaparición forzada cometida por particulares son delitos de lesa humanidad que deben de perseguirse de oficio únicamente, en tanto la suerte y el paradero de la víctima no sea determinado o sus restos no hayan sido localizados. Con la modificación que se propone se mantiene el espíritu de la iniciativa, pero se mejoran sus términos para no dejar un vacío que pudiera convertirse en un obstáculo para el acceso pleno de las víctimas y sus familias a la justicia, por eso apoyamos esta iniciativa. Estamos a favor de la reserva. Es cuanto, y muchas gracias.