El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su venia, diputada presidenta, y con la venia de la honorable asamblea. En México, con anterioridad a las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 y al Código Nacional de Procedimientos Penales el 17 de junio de 2016, se había estado empleando a la prisión preventiva como medida cautelar para asegurar que los procesados no evadiesen la acción de la justicia. Sin embargo, en la práctica su aplicación era excesiva ya no siendo la excepción, sino todo lo contrario, lo ordinario. Con las citadas reformas se comenzó a dar un empleo racional y excepcional en la prisión preventiva, estableciendo que por regla general el imputado permanecerá en libertad y solo excepcionalmente se le aplicarán medidas cautelares, quedando reservada la aplicación de la prisión preventiva oficiosa solo para los casos más graves. Ahora, con la intención de complementar este decidido ánimo y tendencia del Constituyente Permanente de respetar de manera efectiva los derechos humanos de los inculpados, es necesario seguir aplicando de manera progresiva los derechos fundamentales de presunción de inocencia y de excepcionalidad de la prisión preventiva y hacerlos realidad para aquellos casos, que son muchos, en que al inculpado le resulta aplicable el sistema tradicional y que aun no se les ha aplicado la prisión preventiva; se les aplicará de manera automática en cualquier momento porque ya está librada en su contra la orden de aprehensión. Es por ello que propongo el proyecto decreto por el que se adiciona el artículo 182 Bis al Código Nacional de Procedimientos Penales quedando como sigue. Artículo 182 Bis Aplicación de las reglas sobre medidas cautelares a procedimientos iniciados con anterioridad al sistema procesal acusatorio. Una vez que el inculpado, a quien en su procedimiento resulte aplicable la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial, quede a disposición del órgano jurisdiccional por virtud del cumplimiento de una orden de aprehensión, se convocará inmediatamente de manera oficiosa, a una audiencia en la que el juez de la causa una vez que escucha a las partes, resolverá sobre la aplicación de las medidas cautelares, tomando en consideración las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo conducente las disposiciones sobre medidas cautelares contempladas en el artículo 153 al 182 de este código. Serán aplicables en lo conducente, las reglas de dichos artículos de ese artículo para la supervisión, incumpliendo revisión, sustitución, modificación o cese de las medidas cautelares decretadas a los inculpados, a los que se les aplican los procedimientos iniciados con base en la legislación procesal vigente con anterioridad a la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio adversarial. Esto constituirá el respeto efectivo de los derechos humanos de los inculpados y permitirá abatir el problema de hacinamiento que a la vez provoca otras crisis como la inseguridad y corrupción en las cárceles., además de permitir el empleo de recursos humanos y materiales para otras áreas de la misma administración de justicia y seguridad pública. La segunda iniciativa que hoy presento tiene que ver con el pago de la reparación del daño a víctimas, como requisito previo para el procedimiento abreviado. Con la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, se introdujo la figura procesal del procedimiento abreviado. Dicho procedimiento se estableció con el fin principal de respetar el derecho fundamental de la justicia pronta, otorgando el beneficio de penas reducidas para aquellos imputados que, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, reconocieran su responsabilidad ante el juez y este verificará el consentimiento del imputado con ese procedimiento ágil, así como el sustento que tuviese ese reconocimiento en los datos de prueba. Uno de los requisitos para que el juez autorice su tramitación, consiste en que la víctima u ofendido no presente oposición, entendiéndose que sola será obligatoria para el juez la oposición que se encuentre fundada. El artículo 204, de dicho ordenamiento, establece que sólo será procedente dicha oposición cuando se acredite ante el juez el control que no se encuentra debidamente garantizada la reparación del daño. Estimo que la actual redacción del artículo 204 de dicho código, no resulta apegada a la Constitución, pues atenta en la tramitación del procedimiento abreviado con ese derecho de las víctimas, ya que a facultar al juez para autorizar la tramitación de esta forma anticipada de terminación del procedimiento con el sólo hecho de que se garantice la reparación del daño con el franco riesgo y la efectiva reparación del daño a favor de las víctimas. Esto, además de generar una desigualdad procesal resultaría injusto y no apegado a la Constitución, pues está es clara al señalar el apartado A, fracción I, del artículo 20, como uno de los derechos de las víctimas y ofendidos al obtener la reparación del daño. En base a lo anterior propongo el proyecto de decreto por el que se reforme el artículo 204 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para quedar de la siguiente manera: Oposición de la víctima u ofendido. La oposición de la víctima ofendida sólo será procedente cuando se acredite ante el juez del control que no se encuentra reparado el daño. En aquellos casos en el que se demuestre que el imputado desea la aplicación de procedimiento abreviado, pero por su situación económica y por el monto de la reparación del daño no les sea posible repararlo previamente a la autorización del procedimiento abreviado previo consentimiento expreso de la víctima ofendido, el o juzgador podrá autorizar el procedimiento abreviado siempre que se encuentre debidamente garantizada la reparación del daño. Por la importancia que tienen estas dos iniciativas en favor de los derechos humanos no dudo que tendrán el respaldo de esta honorable asamblea. Es cuanto, muchas gracias.