La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, la democracia expresada en una idea clara y contundente significa la contraposición a los regímenes autoritarios y totalitarios. Diputados, me gustaría que pusieran atención o si quieren retirarse del pleno se los agradecería. Gracias. Así pues, una democracia procura la libertad y la igualdad de derechos de sus ciudadanos y ciudadanas, y como tal nos ofrece mecanismos para contraponerse a las prácticas autoritarias, teniendo como premisa fundamental el control del abuso del poder mediante el imperio de la ley, el funcionamiento efectivo de los canales institucionales que garanticen el Estado de derecho. Teniendo como premisa este marco referencial del sentido ético de las democracias podemos afirmar que el actual proyecto de decreto de la Ley Federal de Telecomunicaciones que estamos discutiendo entre comillas traiciona y atenta justamente contra esas libertades y derechos fundamentales que protege y caracteriza la democracia misma. De manera concreta, el Título Octavo del referente dictamen, titulado De la colaboración con la justicia, no sólo presenta una serie de ambigüedades y contradicciones con respecto a la censura de contenidos en la red, los temas de retención de datos y bloqueo de señales y geolocalización, sino que en esencia dichos supuestos por sí mismos deforman el mandato constitucional establecido en la reforma en la materia, pues atentan contra la libertad de expresión, la privacidad y la garantía de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. No olvidemos que la privacidad es un derecho humano fundamental sustancial de un aspecto central de una sociedad democrática, pues es algo inherente a la dignidad humana, contribuye a la libertad de expresión y de información y, por supuesto, está relacionado con otros derechos, como por ejemplo la libertad de asociación y las preferencias políticas. En ese sentido, todas aquellas actividades que restringen el derecho a la intimidad, incluida la vigilancia de las comunicaciones solamente pueden estar justificadas cuando se encuentran reguladas de manera adecuada y sin ambigüedades por la ley, ya sea porque existe un objetivo legítimo de fondo, como puede ser la seguridad colectiva o el acceso a la justicia. Desafortunadamente el presente dictamen no es precisamente el mejor ejemplo de regulación y criterios claros que justifiquen la acumulación de información privada de las y los ciudadanos por particulares, al tiempo que otorga un grado de discrecionalidad importante a las autoridades, lo que sin duda trasgrede derechos fundamentales de las y los mexicanos. En el fondo, más allá de las deficiencias y las omisiones respecto a los casos en que la autoridad podrá intervenir y solicitar datos privados de las personas, el solo hecho de que exista esta posibilidad da lugar a escenarios en los que la información revelada pueda tener en riesgo a las personas, alentando a la factibilidad de ser discriminados o violentados en sus garantías individuales, pues atenta contra sus derechos de privacidad, su libertad de expresión, asociación y participación política. ¿Qué nos garantiza que aún y cuando exista la Ley Federal de Protección de Datos Personales estos no podrán ser comercializados o usados de manera arbitraria y negativa por las empresas privadas o el Estado? Hoy en día, por ejemplo, sabemos de casos en los que padrones electorales son vendidos con fines proselitistas, o los datos personales usados con fines económicos. Así que, ¿en dónde está la garantía de que ahora con las facultades y libertades que otorga esta ley, los propios datos no puedan ser usados con fines de persecución o linchamiento político? Por todo ello, dado que existen ya mecanismos institucionales de colaboración con la justicia y el uso de las telecomunicaciones y estos no son perfeccionados en esta nueva reglamentación, sino por el contrario, se profundizan las ambigüedades y se abre la puerta al Estado policíaco y a los privados que se les otorgan derechos y atribuciones democráticos, que atentan contra la privacidad. Es por eso que someto a la consideración de este pleno la siguiente reserva. Se suprime el Título Octavo, De la colaboración con la justicia, del proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es cuanto, diputado presidente.