La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. Antes de iniciar quisiera comentar lo siguiente. El día de ayer se quejaban de que no presentábamos propuestas serias, lo cual cada uno de los integrantes de los grupos parlamentarios del PRD, del PT y de Movimiento Ciudadano, se confirmó que no era cierto lo que estaban diciendo. Hoy, al inicio de la sesión, se ve un pleno totalmente vacío y aun así se siguen quejando. Ayer se quejaron de que llamé a esta Cámara de Diputados mercado. Pero está todavía peor el asunto, porque además es un casino verde. En vísperas de la materialización de una reforma energética privatizadora, no es de extrañarse que de nueva cuenta se busque beneficiar a grandes empresas, en este caso primordialmente transnacionales en perjuicio del conjunto más vulnerable de la sociedad a través de la experimentación de un aumento generalizado en los costos en bienes y servicios del sector, tal y como la experiencia nos lo ha demostrado con la liberación de otros campos al capital privado. En contraposición a lo que mañosamente ha sido campaña publicitaria encabezada por el Ejecutivo Federal respecto al proyecto de legislación secundaria en materia energética, lo que podemos resumir de ese proyecto de nuevo orden jurídico, es que ha sido conducido con total irresponsabilidad por sus promotores en temas trascendentales como el medio ambiente por un desprecio inusitado en contra de Pemex, con un brutal desinterés para alcanzar un verdadero proyecto de seguridad energética nacional, así como una nula visión estratégica para conseguir al corto plazo el desarrollo sostenido que nuestra economía necesita. En atención a lo anterior, es por lo que afirmamos que existen razones de sobra para no considerar viable para el futuro del país la participación del capital privado en todas las cadenas de producción de los hidrocarburos. Que la expansión y modernización que la empresa paraestatal Pemex requiere, debe prever la recuperación de contenido nacional en el sector. No desmantelarlo a manos de empresas extranjeras que favorecidas por un esquema fiscal laxo se les permita llegar a un país con una visión de saqueo desmedido de los recursos naturales. Se mantiene el mismo esquema fiscal para el sector público, es decir prevalece la obligación irrestricta de Pemex sobre el pago de derechos al fisco, mismo que actualmente insta a la paraestatal a soportar entre el 30 y 40 por ciento la base presupuestal del país, condicionándola a entregar a favor de la federación cantidades superiores al 90 por ciento de su utilidad anual. Así, ante el panorama descrito es que se construye un escenario de enorme desventaja para Pemex frente a sus competidores, pues será casi imposible que ésta pueda entrar o permanecer en el mercado y sin posibilidad de invertir en investigación o compra de infraestructura y nuevas tecnologías. Que por esta Ley de Ingresos sobre hidrocarburos, es inaudito que se encubran flagrantes violaciones a nuestra Carta Magna como son el otorgamiento de concesiones a favor de entidades privadas o la exención otorgada a ésta respecto al pago de utilidades a los trabajadores de aquéllas empresas que realicen actividades de explotación y extracción de hidrocarburos. Me pregunto ¿podemos confiar en la visión del Ejecutivo cuando se están asumiendo los pasivos laborales de Pemex y Comisión Federal de Electricidad con el objeto de liquidarlas? Porque si el nuevo esquema de empresas productivas del Estado fuera rentable, no habría necesidad de cargar al erario este conjunto de prestaciones a favor de los quebrantados trabajadores de ambas compañías. Podré tener un tono muy pesimista pero lo que realmente se está haciendo es preparar el terreno de extinción de estas empresas sin enfrentarse a la resistencia sindical de un colectivo que siempre se ha caracterizado por regalar votos al Revolucionario Institucional. Es una falacia que se esté procurando beneficiar a los trabajadores por medio de la permanencia de sus derechos adquiridos. Ahora bien, por lo que respecta a la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, con el supuesto objeto de mejorar y administrar los recursos derivados de la renta petrolera, éste será más que un nuevo mecanismo de opacidad en cuanto al manejo presupuestal de las finanzas públicas pues muy lejos se estará del cumplimiento de sus propios objetivos cuando desde la integración de su comité técnico se está dejando abierta la posibilidad para que sus participantes sean un conjunto de entes serviles y que sólo responderán a la materialización de interés de apartado. Otro aspecto por el que afirmamos que ese fondo estará lejos de atender lo que sus propios fines les han planteado, es porque la capitalización del mismo dependerá de aquellas contraprestaciones que las empresas privadas paguen a favor del Estado mexicano por concepto de asignación en su contrato. Situación que no garantiza en lo absoluto su existencia cuando las condiciones incorporadas en los instrumentos contractuales no serán consideradas disposiciones de carácter general. Es decir que las contraprestaciones sólo podrán ser escrutables en términos de lo que establezca el propio contrato. Aunado al hecho que como bien sabemos históricamente nuestro país los actores particulares con el beneplácito de la autoridad irresponsablemente y libremente han eludido sus obligaciones. Es por eso que los integrantes de Movimiento Ciudadano es que proponemos la moción suspensiva con el objeto de suspender el proceso de discusión del dictamen, pues otra vez somos testigos de la manera improvisada, atropellada y descuidada de cómo se ha legislado en este Congreso, es decir, al vapor, con toda opacidad, siempre en atención a los designios que dicta la oficina de la presidencia. Muchas gracias a aquellos que hayan tomado y prestado atención.