El diputado Carlos Elhier Cinta Rodríguez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en pleno la primera declaratoria general de inconstitucionalidad, en la cual la fracción IV del inciso b) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se consideró violatoria al artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es así que el máximo tribunal de la nación ordenó al Congreso de la Unión, haciendo uso de su plena división de Poderes, modificar el marco normativo en la materia de telecomunicaciones, disminuyendo el margen mínimo de multa, que era del 1 por ciento, para pasar al 0.01 por ciento. Como antecedente, la declaratoria general de inconstitucionalidad es procedente porque tiene como sustento una jurisprudencia por reiteración emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte, la cual derivó de la resolución de los amparos indirectos en revisión, en los que fue determinada la inconstitucionalidad del artículo 298, inciso b), fracción IV de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en términos de lo previsto en los artículos 231 y 232 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe mencionarse que la disposición normativa mencionada no corresponde a la materia tributaria, ya que prevé una hipótesis de conducta sancionable en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, más no un aspecto relacionado con la imposición de contribuciones. Es importante señalar que dicha declaratoria no versa sobre todo el contenido normativo de la fracción IV del inciso b) del artículo 98, sino tan solo se refiere a la cifra del 1 por ciento del ingreso anual del infractor, como base para la imposición de una multa por infracciones cometidas en los supuestos del artículo 4o. Como legisladores tenemos la responsabilidad de crear normas jurídicas que vayan en proporción a la realidad que acontece en nuestro país, es por ello que este dictamen tiene como objetivo prevalecer las garantías constitucionales, como son la legalidad, la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la razonabilidad de las sanciones, en tanto que el artículo 22 de la Constitución Política establece que toda pena deberá ser proporciona al estilo que sancione y al bien jurídico afectado. Por lo tanto, el multicitado artículo 298 de la Ley de Telecomunicaciones es contraria al artículo 22 de nuestra Carta Magna, porque establece un rango mínimo de sanción excesivo, pues permite que cualquier conducta sea sancionada con base en la misma multa mínima, sin atender a la conducta en particular cometida por los infractores. Sin duda alguna, al aprobar esta minuta, la Cámara de Diputados estará dando cumplimiento a lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dejará un precedente en el sistema jurídico mexicano, que servirá además como referencia para futuras aplicaciones en sancionar a los posibles infractores. Estamos seguros de que todos los legisladores de esta honorable Cámara de Diputados coincidimos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad debe ser atendida en todos sus términos, con el objetivo de brindar certeza jurídica y legalidad, tanto para los concesionarios o autorizados, así como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y valorar la proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones establecidas en la ley. Por lo anterior, pedimos su voto a favor de este dictamen, para hacerla congruente en el sentido de las sentencias de los amparos, así como la declaratoria general de inconstitucionalidad, emitidas por el Poder Judicial, con relación de solamente considerar como excesivo el punto de partida de la multa, es decir, el 1 por ciento de los ingresos de los autorizados o concesionarios del sector de Telecomunicaciones, así como la adición de la fracción IV del inciso a) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Es cuanto, señora presidenta.