El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: el respeto, vigilancia, fortalecimiento y denuncia contra cualquier atentado a los derechos humanos es una vocación irrenunciable de Nueva Alianza desde su conformación como instituto político al servicio de los ciudadanos mexicanos. Por ello, como grupo parlamentario estamos plenamente convencidos de que esta visión auxiliará de manera significativa en la reparación del daño a los derechos humanos que desastrosamente sufren las víctimas a las que están dirigidas estas modificaciones. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica; asimismo, nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Lo anterior suscrito por la mayoría de las naciones libres, lo sabemos muy bien, forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre”. La realidad es que México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y de trabajo forzado, donde los grupos más vulnerables incluyen a mujeres, niños, indígenas, migrantes que transitan por el territorio nacional y ciudadanos de otras naciones que por desgracia son víctimas de esta violencia hacia sus personas. México ocupa el tercer lugar en trata de personas en América Latina y el Caribe, de acuerdo con cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas. De acuerdo con los dato s del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Fondo Internacional para la Infancia, existen 20 mil menores que son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía; mientras que en 21 de las 32 entidades del país existe turismo sexual. Por este breve diagnóstico y en función del dictamen que la Comisión de Derechos Humanos realizó y fundamentó con mucha pertinencia, coherentes con nuestra irrenunciable vocación, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza consideramos necesario y urgente garantizar a las víctimas de este delito el pleno entendimiento de sus derechos; aun si hablan y entienden algún idioma o lengua distinta al español. Se tiene el registro de que en 19 entidades federativas es donde hay mayor incidencia de desaparición de mujeres y niñas y en la mayoría de estos estados, por no decir que en todos, existe población que solo habla y entiende lenguas indígenas. Datos del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas señalan que en México se habla en 68 lenguas que tienen 364 variantes lingüísticas y pertenecen a 11 familias lingüísticas. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, ¿cómo podemos permanecer indiferentes a semejante problemática? Debemos actuar de inmediato garantizando los derechos de las víctimas de este delito y, sobre todo, seguir en la lucha para erradicarlo. Brindar un intérprete a todas aquellas personas víctimas de este delito debe convertirse en una obligación para la autoridad, sin éste no podrán conocer y hacer valer sus derechos. En Nueva Alianza estamos comprometidos con la sociedad y sabemos que hay mucho que hacer en temas como la trata de personas, sin embargo, también reconocemos que este dictamen es una gran aportación al respecto y atención de las víctimas de este delito. Por ello votaremos a favor del presente dictamen, acompañando nuestra decisión con una profunda solidaridad hacia las víctimas que han padecido de esta miseria humana y enviamos un enérgico basta ya para que esto no se convierta en un distintivo para este noble país. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente.