El diputado José Hernán Cortés Berumen: Con el permiso de la Presidencia. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional hago uso de esta tribuna con la intención de fijar posición respecto al dictamen que reforma diversas disposiciones, conocido como miscelánea penal. Acción Nacional ha sido impulsor de este cambio trascendente, donde la sociedad mexicana ha cifrado sus esperanzas para lograr un entorno más seguro, en el que impere la armonía y donde la justicia, en muchas ocasiones lastimada y profundamente anhelada, finalmente se haga realidad. Hemos actuado con responsabilidad, a efecto de perfeccionar la implementación cotidiana en calles, en las agencias del Ministerio Público y las salas de juicio oral. Nuestro trabajo no fue un simple ejercicio de gabinete cerrado, siempre estuvimos dispuestos a escuchar a diversos actores de la sociedad. Tuvimos diversas reuniones de trabajo y recibimos observaciones de académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, servidores públicos, operadores del sistema, empresarios y abogados litigantes. Quiero resaltar algunos aspectos relevantes de lo que hoy votaremos. Uno de los mayores desafíos del Estado mexicano, de cara a la implementación del sistema penal acusatorio, es precisamente la actuación policial. Debemos generar las condiciones para que nuestros cuerpos policiacos se reconviertan en verdaderos instituciones de investigación policial y criminalística. Es por ello que en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se consolida la homologación de facultades y su estandarización, a efecto de que se garantice el óptimo desempeño de las policías. Con la finalidad de fortalecer el código adjetivo en su carácter adversarial y contradictorio, se propone una serie de cambios al Código Nacional de Procedimientos Penales. Se trata, por ejemplo, de garantizar a la defensa el pleno acceso a las constancias de investigación que hoy padece por actitudes discrecionales del Ministerio Público. También se busca aclarar el alcance de lo que debe realizarse en la denomina audiencia inicial en relación al derecho de defensa, generando simetrías procesales que hagan funcional al propio sistema. Otro de los fines de este dictamen es el desarrollo de aspectos sustantivos y adjetivos necesarios para la consecución de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Si bien es cierto que conjuntamente con la colegisladora se avanza en este importante capítulo que tiene como finalidad evitar que las sociedades y unidades económicas se conviertan en fachadas y vehículos para cometer delitos que lesionen al Estado y tejido social, también lo es que la redacción de dicho apartado tiene deficiencias que no podemos dejar de advertir. Nos referimos concretamente a cuestiones de dogmática penal, como a las relativas al necesario facultamiento del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la materia comercial se encuentra reservada a la competencia federal, porque lo que este grupo parlamentario anticipa la reserva de éste y otros apartados. De igual forma, hacemos constar que en virtud de que las denominadas unidades de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, se habrán de interrelacionar con personas sometidas a medidas cautelares. Por ello, consideramos indispensable otorgarles un perfil de seguridad, lo anterior por las necesidades de estado de fuerza y de despliegue. Por lo tanto, Acción Nacional confirma su postura de que dichas entidades no estén orgánicamente adscritas a poderes judiciales cuyas funciones no corresponden con el perfil de seguridad que se requiere. El artículo transitorio que contempla la posibilidad de que aquellos procesados bajo el sistema tradicional que se encuentren en prisión preventiva puedan solicitar la revisión de dicha medida cautelar bajo los parámetros del sistema acusatorio, plasma en esencia una determinación pro homine de esta Cámara, sin embargo es necesario subrayar la importancia de que el Ejecutivo federal habilite urgentemente los mecanismos de supervisión de medidas cautelares, con criterios preventivos. Con esa medida las partes en los procesos penales del anterior sistema, se deben corresponsabilizar para acreditar que la medida que hoy se toma es una medida correcta y que lejos de propiciar riesgos a la gobernabilidad, será un factor positivo a la convivencia social. Los diputados panistas exigiremos cuentas a todos los operadores del sistema: gobernadores, procuradurías, peritos, policías y defensorías, a efecto de verificar su correcta implementación. Diputadas y diputados, éste es sin duda un gran paso que cumple una obligación constitucional. Quedan pendientes otras tareas en el quehacer jurídico y Acción Nacional sabemos que nada de esto es materia concluida en tanto no seamos capaces de brindar instituciones que garanticen a los mexicanos el respeto irrestricto de sus derechos humanos y con ello un verdadero estado de derecho. Gracias por el favor de su atención. Es cuanto, señor presidente.