El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso señor presidente; compañeras diputadas; compañeros diputados: Comparezco ante ustedes con fundamento en las facultades que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución General de la República, así como los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para someter a su consideración iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 6 de la Ley General de Salud, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Los artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que los ciudadanos podrán ejercer ante las autoridades su derecho de petición mediante procedimientos expeditos con arreglo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental. Por tales motivos, los servidores públicos poseedores de la información, deben otorgar toda la información solicitada siempre que no se encuentre clasificada como reservada o confidencial. Al respecto es importante destacar que los artículos 13 y 18 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, en ningún tiempo definen los conceptos de datos gubernamentales, ni define los que a su juicio tienen el carácter de reservados o confidenciales ya que sólo precisan las hipótesis relativas a aquellas que pueden comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública, menoscabar la conducción de las negociaciones o relaciones internacionales, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria en el país, poner en riesgo la vida de cualquier persona, causar perjuicios a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención, persecución de delitos, impartición de justicia, recaudación de las contribuciones, operaciones de control migratorio, estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado. Como podemos ver, los informes de esta naturaleza deben mantenerse en secresía, porque trascienden en la esfera de asuntos que influyen en intereses que orientan el destino de la nación, las instituciones públicas o derechos de terceros, mismos que pueden verse lesionados en caso de darse un mal uso a la información. Estos temas nos hacen reflexionar lo relativo al desarrollo de las relaciones que vinculan a las instituciones del sector salud, con millones de mexicanos beneficiarios, fincadas en aspectos que consideran al expediente clínico que se forma con los datos personales del paciente como un instrumento que pertenece a la institución por ser ésta la responsable del cuidado y restablecimiento de la salud, generando en la población la inquietud de que este instrumento es un dato susceptible de consulta fundado en el ejercicio del derecho de petición. En los hechos esta situación no ha surtido efectos favorables a los solicitantes, toda vez que les es negada la información de manera infundada en virtud de que los expedientes constituyen protección jurídica de la intimidad y la privacidad de los ciudadanos. Esta dinámica ha sido una práctica de los últimos dos años propiciando diversas controversias jurídicas ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, la Secretaría de Salud y el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública provocada por casos de solicitudes ciudadanas que han sido negadas bajo el argumento de que los informes de los expedientes clínicos son confidenciales, dando lugar a la interrogante sobre la legalidad de la pertenencia de los expedientes a favor de las instituciones de salud, o bien hasta dónde los pacientes tienen derecho a conocerlos. Para dar una respuesta objetiva y jurídica, debemos analizar que las disposiciones vigentes advierten posturas que sin establecer lo contrario no resuelven el cuestionamiento, generan inquietudes en la Ley General de Salud y la Norma Oficial Mexicana 168 referente al expediente clínico, la cual señala que el expediente clínico es propiedad del prestador del servicio, es decir del médico tratante, debido a que en él se justifica la función del beneficio terapéutico, o por lo anterior se legitima al paciente para obtener un resumen clínico del mismo. La pirámide de jerarquía de normas, ubica a la constitución y las leyes federales pro arriba de la Norma Oficial Mexicana pero ante la inexistencia del fundamento legal en el tema que nos ocupa, hago un llamado a esta Asamblea a garantizar los derechos ciudadanos. A mayor abundamiento, el argumento de la Norma Oficial Mexicana 168 es contundente en el sentido de permitir el acceso al paciente a la información de su expediente clínico, lo cual se debe determinar dentro de la Ley General de Salud, además de limitar ese derecho bajo las directrices del principio legal de transparencia, con la excepción de que sólo se negará la información requerida cuando se puedan afectar intereses de terceros. Por tales consideraciones, no existe justificación legal que funde la labor de los servidores públicos del sector salud para que se nieguen a dar el acceso a la información que los pacientes solicitan con la inquietud de conocer su parte histórico clínico. Ante tal situación que atenta contra el derecho constitucional de petición, promuevo esta iniciativa con el propósito de poner fin a las controversias que se han venido suscitando por la sociedad civil ante las instancias arbitrales competentes debido a la existencia de una grave laguna normativa, por lo que la adición que propongo orientará el criterio de las autoridades de las instituciones de salud pública a actuar con transparencia, legalidad y honradez en beneficio de toda la población. Por lo antes expuesto y fundado someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción IX al artículo 6 de la Ley General de Salud. Artículo único. Se adiciona una fracción IX al artículo 6 de la Ley General de Salud para quedar como sigue: Artículo 6. El Sistema Nacional de Salud tiene los siguientes objetivos: --fracciones de la I a la VIII quedan como están--; fracción IX. Promover políticas de transparencia en el otorgamiento de los servicios y programas de salud, permitiendo en todo momento a los pacientes el libre acceso a la consulta de sus expedientes médicos personales, siempre que no afecten derechos de terceros. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 1 de diciembre del año 2005. Solicito de manera atenta y respetuosa, señor presidente, se publique íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.