EL C. DIP. JOSE TOMAS LOZANO PARDINAS: Con su venia, señor Presidente. Compañeros y compañeras diputados: Acción Nacional desde su origen ha demostrado su vocación democrática, en el entendido de que sin democracia política no hay democracia económica ni social en cualquier orden. Hoy nadie puede negar los avances que las diversas fuerzas políticas y la sociedad en general han impulsado para la conformación de normas e instituciones que garanticen la transparencia, la equidad, la legalidad y la certeza en los procesos electorales. Hemos sostenido también que la ley más perfecta no tendrá sentido si no hay voluntad para cumplirla, particularmente de quienes son los responsables de su aplicación. Cuando decimos cumplirla, hacer referencia a no tergiversar su esencia, su espíritu, que nos lleve a calificar la ley como una ley falsa o hipócrita. En tal virtud, es criticable la posición que recientemente asumió la mayoría, que no todos, de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de revisión constitucional interpuesto por los partidos de la Revolución Democrática y Democracia Social, en contra de la asignación de curules por el principio de representación proporcional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Es lamentable, porque los señores magistrados no aplicaron la ley ni la interpretaron, por el contrario; incurrieron en un exceso de funciones, y lo peor, legislaron vía resolución. Los criterios de los señores magistrados que en este sentido resolvieron, fueron a todas luces contrarios a lo que el propio juicio planteaba, cuando debieron ser una instancia de control constitucional e imparcial, que garantizara que todo acto o resolución electoral se apegue a la ley fundamental. El Tribunal no hizo esto, sino por el contrario, su proceder contradijo el principio de respeto a la supremacía y preminencia de la Constitución. La posición del Tribunal no se agotó en este arbitrio, sino en una clara violación y falta de respeto a la voluntad de los ciudadanos, que votaron por la Coalición Alianza por el Cambio, y a la voluntad y libertad de los partidos políticos. Como bien lo resolviera el Instituto Electoral del Distrito Federal y ratificara el Tribunal Electoral de la misma entidad, a la Coalición Alianza por el Cambio, integrado por los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, le correspondía un mayor número de asignaciones de diputados a la Asamblea Legislativa, por la sencilla razón que conforme a los resultados obtenidos por dicha coalición, y por mandato de la ley, era aplicable la Cláusula de Gobernabilidad, de conformidad con lo estipulado en el artículo 122 constitucional. Señoras y señores legisladores: La llamada Cláusula de Gobernabilidad ha suscitado polémica, pero queramos o no, la ley es muy clara: existe y se reconoce la esfera jurídica del Distrito Federal, y en consecuencia dos autoridades electorales ya habían decidido que a la Coalición de Alianza por el Cambio le correspondían tantas asignaciones de diputados de representación proporcional, como fueran necesarias para obtener la mayoría absoluta dentro de la Asamblea Legislativa. Consecuentemente, es claro que la mayoría o gobernabilidad de la Asamblea correspondía a la Alianza por el Cambio, por disposición expresa de la ley y la fuerza de los votos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se excedió al formular agravios inexistentes y satisfacer pretenciones no reclamadas. Con ello, el tribunal marcó un precedente en los medios de impugnación. La suplencia puede entenderse como la sustitución de la parte ausente. Lo anterior resultó evidente cuando el propio tribunal consideró que se concretaría a analizar los agravios expresados por el único partido impugnador: el PRD, el cual obviamente no tenía como pretensión en la expresión de sus . obviamente no ten~a como pretensión en la expresión de sus agravios, la disminución de las asignaciones que ya le habían sido otorgadas, para entregárselas a un partido distinto. Con esto, efectivamente, el Tribunal se extralimitó en las facultades al ir más allá de la litis y de las pretensiones planteadas, e incluso al contradecirlas. El Tribunal incurrió en un grave error al dejar de observar el principio de explorado derecho, consistente en que una autoridad no debe distinguir donde la ley no distingue. Efectivamente, se equivoc6 al haber sostenido una diferencia entre partido político y coalición, y resolver que la asignación de mayoría absoluta, bajo el principio de gobernabilidad corresponde a partido político por s7 mismo y no a coalición alguna. El criterio asumido por el tribunal es a todas luces violatorio del principio de igual y de equidad, que consiste en respetar a las coaliciones que participan en los procesos electorales. Efectivamente, los partidos políticos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, decidieron contender en las elecciones para todos los efectos legales mediante la constitución de una coalición electoral total, es decir, en todas las elecciones a celebrarse en el Distrito Federal, para lo cual formularon una plataforma electoral, un programa de gobierno y otro legislativo comunes. Derivado de ello, no se acat6 la voluntad de los electores que tomaron la decisión de votar en favor de una coalición como una unidad política electoral, dotándoles de legitimidad y representatividad como una sola fuerza y no como institutos políticos individualmente considerados, lo que hicieron desatinadamente los magistrados, tergiversando la voluntad del electorado. Fue errónea la posición del Tribunal Electoral de la Federación, ya que la Constitución Federal o el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, no reconocen y mucho menos implican una exclusión de las coaliciones del orden jurídico, toda vez que en dichos cuerpos normativos solamente se ponderan las bases generales del régimen político electoral para dicha entidad federativa, reservando al legislador local, el desarrollo y regulación de las mismas. En base a lo anterior, no aceptamos la tesis del tribunal sostenida en el juicio por ilegal e injusta, toda vez que distorsiona la figura de las coaliciones, viola la garantía constitucional de los partidos a asociarse, haciendo ineficaz que los mismos puedan participar en forma coaligada en el proceso electoral, so pena de mantener una posición de desigualdad ante los demás. Finalmente, podíamos cuestionar la incongruencia de quienes suscribieron la resolución respectiva y poner en duda la certeza jurídica, ya que en el caso de la asignación de senadores de primera minoría, sí considero correctamente en su conjunto a la coalición y no de manera individual a cada partido, lo que sí hizo en la asignación por representación proporcional de diputados a la Asamblea. Todo lo anterior constituye una verdadera aversión a la voluntad ciudadana que beneficia a un partido político que no obtuvo una sola constancia de mayoría. Es necesario hacer patente nuestro profundo respecto a las instituciones de este país y en especial a los tribunales electorales, solicitando de ello que retomen el camino de velar por el estricto apego al marco legal, así como el completo respeto a la decisión ciudadana. No cuestionamos la integridad de los magistrados, cuestionamos la constitucionalidad de la sentencia en comento. Muchas gracias, señor Presidente.