El senador Guillermo Enrique Marcos Tamborrel Suárez: Muchas gracias, con el permiso de la Presidencia. El pasado 13 de noviembre se llevaron en el estado de Michoacán, entre otras, las elecciones de gobernador de la entidad y presidente municipal de la ciudad de Morelia y cuyos resultados se vieron opacados por situaciones que presumiblemente atentaron contra la democracia de los michoacanos. En virtud de ello el Partido Acción Nacional promovió la impugnación de los resultados de las elecciones tanto de gobernador como alcalde de Morelia ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que a la fecha mantiene en estudio lo correspondiente al gobernador, pero declaró la improcedencia de la acción legal interpuesta por el mencionado órgano político, es decir, el PAN, el pasado 17 de diciembre, y ante lo cual promovió la respectiva querella ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así, el pasado 27 de diciembre el citado Tribunal Electoral en su Sala Regional de Toluca declaró la nulidad de la elección en el ayuntamiento de Morelia, que le había dado el triunfo al Partido Revolucionario Institucional, aduciendo 14 argumentos que plasmó en la mencionada queja, con lo que se reforzó la posición que el Partido Acción Nacional sostuvo al señalar que la voluntad democrática de los michoacanos había sido alterada por la existencia de diversos factores que violentaron las condiciones de equidad y libre ejercicio del sufragio. No sólo en el PAN sino muchos ciudadanos han mostrado el descontento, no únicamente por los resultados sino por los hechos que se vivieron en las campañas michoacanas, ya que durante la jornada electoral existieron acciones que sin duda incidieron en los resultados, como la excesiva publicidad a favor del Partido Revolucionario Institucional, sin tener certeza ni transparencia de su procedencia y algunas otras aún más graves que podían traducirse en la compra de votos e incluso tipificarse como extorsión por parte de grupos organizados. De acuerdo a los resultados por el protocolo de seguridad del proceso electoral de Michoacán, firmado el pasado 25 de agosto por la Secretaría de Gobernación y el gobierno del estado de Michoacán se contabilizaron 18 municipios, en los cuales los candidatos de diversas planillas fueron amenazados por integrantes del crimen organizado, además de que se presentaron dos solicitudes de seguridad para candidatos. Asimismo, se detalló que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Michoacán inició 100 averiguaciones previas en torno a delitos electorales, mientras que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la PGR recibió 46 denuncias agregando que de los días 11 a 13 de noviembre de 2011, fueron puestas a disposición del Ministerio Público 57 personas por presuntos delitos electorales. Por otra parte, de acuerdo al Instituto Electoral de Michoacán, para las elecciones de 2011, la lista nominal de electores fue de tres millones 415 mil 690 ciudadanos, de los cuales 555 mil 864 son de Morelia, municipio con más votantes y que representó un significativo 16.27 por ciento del total, quienes por las circunstancias en las que se llevaron a cabo las mencionadas elecciones, fueron afectados en su derecho al sufragio universal, libre, secreto y directo, tal como ya lo resolvió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al declarar la nulidad de la elección en Morelia. Tratándose, como ya se dijo de un alto porcentaje de votantes que fueron afectados en el ejercicio de su derecho a votar, es dable suponer que la voluntad del universo de votantes para elegir a su gobernador también se vio lesionada y no refleja la verdadera voluntad de la mayoría de los michoacanos, máxime si tomamos en cuenta lo cerrado de los resultados, ya que de acuerdo con el Instituto Electoral local en la elección para gobernador el PRI tuvo un resultado del 35.39 por ciento de los votos, mientras que el contendiente más cercano el PAN- el 32.67 por ciento, diferencia que resulta mínima y probablemente no hubiese existido sin las acciones y circunstancias por las cuales el Tribunal Federal mencionado declaró nula la elección en Morelia. Legisladoras y legisladores, en virtud de todo lo anterior, enfatizando en que los resultados obtenidos en la elección de la capital del estado carecen de legitimidad, sumando que tanto la elección de presidente municipal como de gobernador se realizaron en forma paralela y que ambas elecciones fueron organizadas por las mismas autoridades electorales, entre otras similitudes, es dable presumir que el resultado pudo haber sido distinto sobre qué fuerza política encabezaría el gobierno del estado de Michoacán. En este sentido es que se estima viable y congruente con el actuar del Poder Legislativo solicitar al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, que declare la reelección para gobernador del estado de Michoacán, pues ya no sólo persiste la duda sobre la equidad y el libre ejercicio del voto de los michoacanos, sino que hay antecedentes claros, como el caso de Morelia, donde se lesionó severamente la equidad entre los contendientes y el derecho de los michoacanos a elegir libremente a sus representantes. Por ello los invito a sumarse a este punto de acuerdo que tiene como objetivo que la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicite respetuosamente al tribunal Electoral del Estado de Michoacán, para que declare nula la reciente elección a gobernador de Michoacán e instruya la realización de nuevas elecciones. Por su atención, muchas gracias.