La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Diputado presidente. Señoras y señores diputados. La norma fundamental es el instrumento jurídico político que regula las relaciones existentes entre factores reales del poder que coexisten dentro de un mismo Estado, previendo, en todo caso, mecanismos viables para la consecución de los fines esenciales del mismo. La viabilidad de esos mecanismos dependen en gran medida de la capacidad de quienes integran los Poderes de la Unión para lograr la eficacia en el manejo de los recursos públicos, corresponder a la confianza de la ciudadanía, en el amplio sentido de la representación popular y ajustar sus actos a los principios de democracia, congruencia política, eficacia y eficiencia administrativa, racionalidad y austeridad del gasto. La expedición de la Cédula de Identificación Ciudadana es contraria a todos los principios aquí enumerados, por múltiples razones. Una de ellas se relaciona con la lamentable falta de credibilidad y confianza ciudadana en las Instituciones, en gran medida ganada con creces, al plantearse dentro del Capítulo VI denominado Registro Nacional de Ciudadanos y Cédula de Identidad Ciudadana de la Ley General de Población, que corresponde a la Secretaría de Gobernación la emisión de un documento que acredite la identidad ciudadana, lo que genera la suspicacia de convertir a dicho instrumento en un elemento de control político de la población y no a un documento de acreditación de la personalidad, dados los antecedentes con los que cuenta la Secretaría de Gobernación. Es de llamar la atención, que en el proyecto presentado por la Secretaría de Gobernación ante la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados, se exponen elementos de seguridad que no se ajustan a los estándares internacionales de cédulas de identificación ciudadana, al contener elementos propios de un mecanismo de sujeción estatal desde la perspectiva de la seguridad nacional, más que a los de un documento de identificación y acreditación de la personalidad, como lo es la inclusión de la impresión del iris ocular de cada uno de los ciudadanos, medida que extralimita cualquier mandato de ley e incluso cualquier parámetro mundial en materia de identificación. Es preciso hacer notar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 36 la obligación de los ciudadanos mexicanos de inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, norma rectora que se encuentra respetada para todos sus efectos a través de la emisión de la Clave Única de Registro de Población (CURP) y a través del Registro Nacional de Electores. Tanto la credencial para votar con fotografía, expedida por el Instituto Federal Electoral, como la CURP, cuentan con las medidas de seguridad y los requisitos de identificación ciudadana suficientes y necesarios, mismos que son contemplados en la Ley General de Población, razón por la cual no es procedente duplicar recursos del Estado para emitir un documento adicional que resulta jurídica, política y económicamente innecesario e inviable. Como nos informaron ayer a los miembros de la mesa directiva de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, los recursos que se acreditaron para el presupuesto de 2010, como Renapo, corresponden a alrededor de 855 millones de pesos, y son especialmente para la Cédula de Identidad, a pesar de que cuando se acreditó con mil 24 millones con esta categoría en el presupuesto, fue rechazado y quedó claro en el pleno de esta soberanía que la mayoría no estábamos de acuerdo con este gasto, con esta erogación tan alta y estando en situación de crisis; y la gente de Gobernación cambió el rubro para ponerlo como Renapo y cargar con ello 855 millones de pesos para este asunto. Además, como sabemos, el IFE ha acreditado que la elaboración de esta cédula seguramente impactará de forma negativa los procesos electorales, toda vez que, como es la tendencia, la gente ya no cree en las votaciones y deja de inscribirse y dejaría de usar la credencial de elector. Diputadas y diputados, por las consideraciones antes expuestas, y con fundamento en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II; 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se derogan distintas disposiciones de la Ley General de Población, para quedar como sigue: Artículo primero. Se derogan los artículos 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 y 112 de la Ley General de Población, para quedar como sigue: Artículo 97. (Derogado) Artículo 98. (Derogado) Artículo 99. (Derogado) Artículo 100. (Derogado) Artículo 101. (Derogado) Artículo 102. (Derogado) Artículo 103. (Derogado) Artículo 104. (Derogado) Artículo 105. (Derogado) Artículo 106. (Derogado) Artículo 107. (Derogado) Artículo 108. (Derogado) Artículo 109. (Derogado) Artículo 110. (Derogado) Artículo 111. (Derogado) Artículo 112. (Derogado) Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito que el texto completo se inserte en el Diario de los Debates. Muchas gracias.