LA DIP. ROSALA PEREDO AGULAR: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El próximo primero de diciembre tendremos un nuevo Ejecutivo Federal que se encontrará con limitaciones presupuestales para poder cumplir con las promesas de campaña de combatir la pobreza extrema, en la que se encuentran sumidos millones de nuestros compatriotas, El nuevo gobierno tendrá que enfrentar la realidad financiera en la que se encuentra la nación. Encontrará que cerca del 20% del gasto gubernamental, se destina al pago del costo financiero de la deuda del sector público. Ese costo financiero sólo se hace referencia al pago de intereses, comisiones y gastos de administración que se derivan del endeudamiento interno y externo del sector público. Esto es, no se consideran las amortizaciones de esa deuda que también tenemos que pagar, y que si la sumáramos al costo financiero representaría una proporción mucho mayor del gasto total, Por otra parte, como es sabido los últimos gobiernos se han caracterizado por haber dado prioridad al pago de servicio de su deuda externa, tanto a la banca privada internacional como a las agencias multilaterales y a los gobiernos centrales de otros países, pero a cambio hemos tenido que cancelar nuestro desarrollo productivo y nuestro desarrollo social, condenando a millones de nuestros compatriotas a vivir en la miseria y la postración ante la impotencia de no contar con oportunidades de empleo, educación, salud y seguridad social, así como la infraestructura y el equipamiento urbano necesarios que demandan miles de municipios a lo largo y ancho de la República Mexicana. Haber optado por el pago del servicio de la deuda del sector público tanto interna como externa nos ha condenado al atraso económico y social, para muestra ahí están los millones de niños mexicanos que viven en la desnutrición y el hambre; ahí están los millones de jóvenes que no tienen acceso a la educación en todos sus niveles, así como a las oportunidades de empleos dignos y bien remunerados. ¿ Cómo vamos a ocultar la realidad lacerante de nuestro país que se caracteriza por la presencia cada vez más creciente de la pobreza, donde el 70% de la población es hoy día pobre y un tercio de la misma se encuentra en condiciones de pobreza extrema? Compañeras y compañeros diputados: Resulta obvio que no podemos reducir al problema de la deuda el conjunto de males que azotan al pueblo, pero sí tenemos que ubicar en su correcta dimensión qué papel está jugando el sobreendeudamiento al que nos condujeron los regímenes priístas que gobernaron México en los últimos 30 años; que es el lapso en que hemos venido padeciendo los problemas derivados de la mala administración de la deuda pública. Como no recordar la decisión unilateral del bloque gobernante de favorecer al capital privado internacional durante la gestión de Salinas de Gortari, de alentar la inversión especulativa en la bolsa de valores, al grado de diseñar un instrumento de inversión financiera novedoso y atractivo como fueron los teso bonos, que por si fuera poco protegían del riesgo cambiario a los inversionistas y que a la postre terminaron por sumir al país en una crisis económica de enormes repercusiones como la de diciembre de 1994, al tiempo que también obligaron al gobierno a pedir prestado del exterior y crear mayor dependencia financiera, al grado de poner en garantía por esos préstamos la factura petrolera de las exportaciones de PEMEX. Frente a estos hechos también es preciso señalar qué papel cumple la normatividad vigente en nuestra noción en materia de contratación de deuda pública. Tenemos que decirlo con toda claridad, cuando el Presidente de la República solicita al Congreso de la Unión anualmente un determinado monto de endeudamiento directo neto, tal como lo dispone el artículo 9 de la citada ley, en los hechos simplemente está pidiendo la autorización de un cheque en blanco, porque endeudamiento neto significa que se está dando la autorizaci6n de contratar nuevos préstamos por un monto que no conocemos, al que hay que restarle las amortizaciones de capital que se pagaran en ese ejercicio presupuestal de gasto, y el resultado de esa diferencia es lo neto, o sea, el monto que solicita el Ejecutivo Federal. El problema de la discrecionalidad no termina aquí. El artículo t 0 de esa misma ley faculta al Ejecutivo Federal a endeudar al sector público en circunstancias económicas extraordinarias que así lo ameriten, con simplemente informar al Congreso de la Unión, tal como sería el caso de una posible crisis que necesariamente requeriría de recursos para fines de regulación monetaria, en particular del tipo de cambio. El artículo 18 de la ley constituye otra ventana para llevar el sobreendeudamiento al sector público de este país, pues faculta a las empresas paraestatales a licitar procesos productivos que puedan financiar las empresas privadas, pero que en caso de imposibilidad de pago, el gobierno federal pueda hacer frente a las obligaciones contratadas asumiendo en los hechos estos pasivos. La evidencia empírica también hace plena la constatación de esta decisión legal fundada en los llamados Pidiregas que desde el presente año el sector público asumió el costo financiero de esos pasivos al destinar miles de millones de pesos a estos fines. Compañeras y compañeros diputados: Qué hacer frente al fenómeno del sobreendeudamiento en todos los niveles del sector público de este país. Nuestro grupo parlamentario presentó al pleno de esta soberanía el pasado 29 de septiembre de 1999 una nueva Ley General de Deuda Pública y de la que contratan las instituciones privadas, con el fin de hacer frente a este problema que azota al pueblo mexicano que es el que termina a la postre pagando esa deuda. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional mostrando también preocupación por el problema, formuló una iniciativa de reforma que tiende a incidir sobre los Pidiregas. Pero estas acciones no son suficientes; creemos que es hora de que esta Cámara tome cartas en el asunto y haga suyo el problema para contribuir a la solución de la problemática del endeudamiento interno y externo del país. Mientras que en materia de endeudamiento interno ésta se disparó peligrosamente en toda su gestión, ha acumulado hasta el mes de septiembre del año pasado, la suma de 674 mil millones de pesos, una cifra superior a los 64 mil millones de dólares. Por su parte la deuda externa del sector público alcanzó la suma de 91 mil millones de dólares; pero en lo que de enero a junio del año que termina, pagamos al exterior la cantidad de más de 13 mil millones de dólares y arriba de 3 mil millones de dólares por los intereses de esa deuda. Mención aparte merece la deuda externa, el Banco de México con el Fondo Monetario Internacional, la que por cierto no se considera deuda del sector público en función de que conforme al artículo 10 de la Ley General de Deuda Pública, se concibe como endeudamiento con fines de regulación monetaria vinculada a la política cambiaría del país. El episodio más reciente de esta deuda lo representó al prepago. Esto es, el pago por adelantado que el gobierno federal autorizó hacia el Fondo Monetario Internacional para saldar la deuda del Banco Central con ese organismo miltilateral por 3 mil 182 millones de dólares, privilegiando los intereses del exterior, antes que multiplicar la realización de proyectos productivos para beneficiar al pueblo con esos recursos. Por todas las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo solicita al Presidente de la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara de Diputados, que con fundamento en el artículo 21 fracción 16 del Reglamento para el Gobierno interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, excite a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para que en términos del Reglamento inicie de forma perentoria la discusión, análisis y aprobación de la Iniciativa de Ley General de Deuda Pública y de las que contratan las instituciones privadas presentadas por los diputados del grupo parlamentario del Partido del Trabajo el 29 de septiembre de 1999, Es cuanto, señor Presidente.