El diputado Carlos Iriarte Mercado: Compañeras y compañeros diputados. El planteamiento y debate de una ruta seria correctamente diseñada y estructurada para la consolidación de una Guardia Nacional civil y corporaciones policiales civiles fuertes continúa en esta legislatura. El Grupo Parlamentario del PRI, convencido siempre del diálogo que construye acuerdos y encuentra en ese camino coincidencias es que hoy regresamos a esta tribuna a cumplir con la palabra otorgada. Desde aquí hemos demostrado nuestro compromiso por un país más seguro, por un Estado mexicano que esté presente en la retadora tarea de un país en paz y que trabaje activa y de manera responsable para construirlo. Nuestro partido se mantiene firme por un sistema de seguridad pública coordinado entre los diferentes órdenes de gobierno, de cuerpos policiales civiles capacitados, bien remunerados y con mejores incentivos, firme en un sistema de recursos mejor dirigidos, firme en la vigilancia y la rendición de cuentas de quienes realizan las tareas de seguridad, firme en el objetivo de un Estado de derecho fuerte y de respeto a los derechos humanos, firme en el proceso de consolidación de policías estatales y municipales y de una Guardia Nacional civil que de forma ordenada y con el debido acompañamiento institucional se fortalezca cada día. Es con esas convicciones que nos encontramos nuevamente aquí. Y es que la vocación de construir similitudes entre las distintas expresiones políticas y sus diversas visiones ha dado frutos en este dictamen. Hace unas semanas, en esta Cámara de Diputados planteamos la necesidad de apoyar el fortalecimiento de las policías civiles, de incrementar los recursos destinados a robustecerlas y transitar organizadamente y con total transparencia hacia el sistema de seguridad pública al que aspiramos. En ese ánimo es que nuestras compañeras y compañeros legisladores en el Senado de la República han recuperado estos planteamientos y dado paso a espacios de coincidencia para vigorizar la iniciativa. Con la concurrencia de distintas fuerzas políticas, esta propuesta atiende aspectos torales que desde aquí se han expresado por los distintos grupos parlamentarios. Este proyecto representa no solamente un paso adelante en nuestra misión de un México más seguro, sino que es evidencia tangible de que en este Congreso podemos avanzar juntos, aun teniendo visiones distintas. Porque así se construyen las democracias, porque eso hacen las democracias, mujeres y hombres que pensamos diferente, que fundamentalmente representamos aspiraciones, pero que en nuestras discrepancias somos capaces de llegar a puntos comunes. Esas coincidencias hoy, en este dictamen son muchas y vale la pena acentuarlas. Primero, reafirma la necesidad de ampliar el plazo de actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad, reconociendo la responsabilidad que conlleva actuar con oportunidad de decisión, conscientes que con la prisa y la improvisación no puede tener espacio una estrategia realista, mucho menos una de largo alcance en materia de seguridad. Confirma la valoración que hacemos como legisladores del problema profundo y sensible que representa la inseguridad en todas sus modalidades. De la insuficiencia en las acciones tomadas y la necesidad de recalibrar esfuerzos y plantear nuevas estrategias. El dictamen insiste en la ampliación del periodo marcado en el quinto transitorio. Pero también es empático al determinar, como lo hemos señalado las y los diputados del PRI, que esta ampliación no puede transcurrir inobservada y acompañada solamente por el paso inexorable del tiempo, sino ubicada en acciones que le permitan ser un periodo de consolidaciones y avances en materia de seguridad pública y fortalecimiento institucional. En el texto propuesto se opta por ser más claros, dando profundidad a los conceptos a los que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad habrá de estar condicionada. Su participación extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria se describe con mayor puntualidad. Se plantea así, con seriedad y precisión, los principios que establecerán los controles a su intervención, contribuyendo a la tranquilidad y a la certeza de que su actuar está bien delimitado. Esta reforma, sin embargo, no es solamente semántica ni conceptual, y ataja exigencias y preocupaciones expuestas en este Congreso puntualmente. Por ejemplo, la capacitación de las Fuerzas Armadas en la doctrina policial civil, la periódica rendición de cuentas y el seguimiento de resultados no solamente en el orden federal, sino en el local. Y la más importante, y la más demandada por esta Cámara de Diputados, la asignación permanente de recursos a estados y municipios para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública. La capacitación de los elementos de las Fuerzas Armadas en la doctrina policial contribuirá a que su actuación esté siempre perimetrada por los derechos humanos y los principios constitucionales que dicta nuestra Carta Magna. Una actuación complementaria que jamás deberá tener como fin sustituir a las autoridades civiles y otros órdenes de gobierno en el cumplimiento de sus competencias o eximirlas de sus responsabilidades, y mantenga a las Fuerzas Armadas solo únicamente como un auxilio extraordinario. La rendición de cuentas y el seguimiento de resultados habrán de estar garantizados. Sí, con un informe semestral presentado por el Ejecutivo al Congreso de la Unión, pero también con la integración de una comisión bicameral que analice y dictamine los resultados presentados. Subrayamos el imperativo de contar con indicadores cuantificables y verificables, que permita la evaluación de las acciones y avances en materia de seguridad pública, de forma que la valoración permanente en los dictámenes de esta referida comisión bicameral se soporte exclusivamente en la evidencia y el método. La auditoría permanente por este órgano legislativo permitirá identificar las entidades federativas donde la presencia de las Fuerzas Armadas ya no sea requerida, como también aquellas en las que sea necesario incrementar los esfuerzos y diseñar, entonces, estrategias focalizadas que, con base en indicadores, atienda a las zonas que mayor esmero requieran. Estos dictámenes, seamos claros, serán discutidos y aprobados por cada una de las Cámaras de este Congreso de la Unión. Seremos nosotros los que semestralmente valoremos los resultados en materia de seguridad y hagamos las recomendaciones de atención pertinentes al Ejecutivo federal. En esta dinámica colaborativa el Poder Legislativo consolidará su participación permanente en la construcción de un México en tranquilidad. Desde el Grupo Parlamentario del PRI hemos insistido en un federalismo participativo, convencidos de que el éxito en materia de seguridad pública se haya en la coordinación de los distintos órdenes y ámbitos de responsabilidad. Y los resultados solo podrán alcanzarse en la correcta concurrencia y coincidencia de la federación, estados y municipios. En un sistema de responsabilidades compartidas que permita articular un sistema de seguridad pública eficiente y con capacidad de acción. Por eso, este proyecto de dictamen igualmente mandata a las personas titulares del Ejecutivo, de las entidades federativas presentes, a presentar anualmente a sus legislaturas locales y Consejo Nacional de Seguridad Pública la evaluación integral del diagnóstico y del programa para el fortalecimiento de sus instituciones, así como cumplir con el mandato del séptimo transitorio del decreto original que se aprobó en 2019 y que hasta hoy lamentablemente ha quedado desatendido. El reiterado anhelo de contar con un México en paz y seguro es interés de todas y todos. Se sustenta en una aspiración superior, en un objetivo común. Finalmente, y como lo hemos expresado en múltiples oportunidades, cualquier esfuerzo en esta materia será insuficiente si no se acompaña de las previsiones presupuestales necesarias, sin ellas, una vez más estaríamos promoviendo una reforma sin herramientas de materialización que en nada transformarían la realidad de la seguridad pública en el país. Con esta reforma, a partir del ejercicio fiscal 2023, el Ejecutivo federal deberá establecer un fondo permanente de apoyo a las entidades federativas y sus municipios para el fortalecimiento de sus instituciones en materia de seguridad pública. Un fondo separado e identificable a cualquier otro ramo o programa del Presupuesto de Egresos y que de ningún modo podrá ser inferior porcentualmente al incremento anual que reciba la Fuerza Armada permanente ni a la Guardia Nacional para tareas de seguridad. Recursos de un fondo que no podrán ser utilizados para ningún otro fin, porque lo que buscamos es eso, consolidar un sistema de seguridad pública federal, compuesto de entidades y municipios fuertes, con recursos humanos y materiales indispensables y suficientes para continuar asumiendo su responsabilidad. Construir la seguridad pública desde su parte preventiva, desde las colonias, desde los barrios, las rancherías, desde ahí hacer fuerte el Sistema Nacional de Seguridad Pública. A partir de estos argumentos es que los esfuerzos presupuestales no solamente se concentran en la federación, sino que también mandata a las entidades federativas a establecer un fondo anual para apoyo a los municipios en materia de seguridad pública, priorizando aquellos con menos población o mayor grado de marginación, entendiendo que ellos enfrentan las condiciones más retadoras en el combate a la inseguridad. Con la presente reforma se pretende equilibrar. Con responsabilidad y entendimiento daremos el soporte presupuestal a una propuesta para fortalecer la seguridad pública, siendo la continuidad de muchos esfuerzos necesarios que habremos de enfrentar, porque así fortificamos el sistema de seguridad pública que queremos. Buscamos mayores recursos para los estados y los municipios que se traduzcan en cuerpos de policía civil mejor equipados, en mejor infraestructura que fortalezca y dé mayores herramientas de inteligencia y vigilancia para el cuidado permanente a la ciudadanía. Recursos que permitan no solamente ampliar la cobertura de la autoridad, sino, además, hacerlo a partir del diseño y la estrategia de un Estado que le apueste a la optimización y tecnificación de sus recursos. Buscamos mayores recursos que nos permitan ver cada vez más municipios patrullados, más municipios con sistemas de videovigilancia, más municipios con cuerpos de policías consolidados y suficientes para atender a la población. Más municipios donde ver comisarías fuertes y dignas sea una constante y no una excepción. Buscaremos mayores recursos que se traduzcan también en elementos policiales más capacitados y profesionalizados, no solamente en reacción, sino también en la prevención del delito, en policías mayormente preparados para cumplimentar sus facultades en la persecución e investigación de ilícitos, y así... presidente.