El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba: Gracias. En los últimos años en México y en todo el mundo se ha visibilizado en mayor medida un fenómeno que tiene cientos de años, la violencia contra la mujer. A ella han contribuido sin duda las tecnologías de la información y comunicación y en particular las redes sociales. Hoy, en la mayor parte del mundo se reprueban, incluso se castigan los actos de violencia contra la mujer y muy particularmente en aquellas que enfrentan durante las consultas ginecológicas durante el parto o el puerperio. Según la Encuesta Mexicana de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2016 el maltrato en la atención obstétrica en este país en los últimos cinco años había sido del 33 % entre las mujeres de 15 a 49 años que habían tenido un parto, las cuales sufrieron algún tipo de maltrato por parte de quienes atendieron el parto, pero el término violencia obstétrica significa visibilizar e identificar las causas que reproducen la violencia contra la mujer ocurrida en la etapa del embarazo, parto y puerperio, y por eso, en Acción Nacional la definimos como una modalidad de la violencia institucional y de género cometida por prestadores de servicios de salud por una deshumanizada atención médica a las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio que le genere una afectación física, psicológica o moral, que incluso llegue a provocar la pérdida de la vida de la mujer o, en su caso, del producto de la gestación o del recién nacido, derivado de la prestación de servicios médicos, abuso de la medicalización o patologización de los procesos naturales, entre otros. En México, la violencia obstétrica ha generado cientos de quejas a un grado tal que el ombudsman remitió la recomendación general 39/2007 sobre la violencia obstétrica en el sistema nacional de salud y varias recomendaciones más, 49 para ser preciso en estos últimos años. Por ello, a nombre del Partido Acción Nacional y las y los legisladores que integramos esta bancada reafirmamos nuestro compromiso de promover la igualdad de género en todas las áreas y las acciones para prevenir y combatir las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia obstétrica y ginecológica. Por ello votaremos a favor del dictamen en lo general. El problema de fondo es si el dictamen, como está presentado, es correcto, y el dictamen, como está presentado, lo que va a hacer es una medicina a la defensiva y lo que va a hacer es que la gente más pobre, la gente que no tiene servicio de salud, se va a ver mucho más afectada por varias razones, y me permito exponer al menos dos. Imaginemos ahorita la mitad de los más de un millón 700 mil partos atendidos el año próximo pasado en México. El 47% de ellos fue por cesárea y aquí se ha dicho hasta el cansancio que dice la OMS que no puede exceder más del 15% de cesáreas. En conclusión, más de un millón de mujeres fueron sometidas a violencia obstétrica, a decir de lo que dice el dictamen, y eso parece un grave error porque entonces vamos a empezar a definir que ojalá cuando lleguemos a urgencias haya un médico que lo pueda atender, que ojalá cuando llegue a urgencias haya una partera profesional que la pueda atender, que ojalá cuando llegue a urgencias y ocupe un procedimiento quirúrgico haya un anestesiólogo, que ojalá cuando tenga que hacer un procedimiento quirúrgico haya un medicamento. Les voy a dar unos datos de lo que pasó en este último año. ¿Cuántas mujeres murieron por parto, por embarazo o por puerperio? 46.6 por cada 100 mil. Solamente las principales causas de muerte materna fueron por Covid, 202 muertes, por SARS-Cov-2, por no haber sido vacunadas, por no haber tenido el material y eso es violencia obstétrica. 46 por Covid sin virus identificado, solamente por enfermedad hipertensiva y embarazo, el 15%. Y, ¿dónde fueron las muertes? 121 en el estado de México, Chiapas 65, Puebla 51, Jalisco 49. Por eso estaremos presentando algunas reservas, porque sin duda que la violencia obstétrica debe ser combatida, pero como está el dictamen no va a ser la mejor estrategia. Es cuanto, presidente.