La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Lamentamos participar de una discusión, que a pesar de ser transmitida íntegramente por el Canal del Congreso, sólo será reproducida por algunos medios imparciales y manipulada discreción por el resto, por quienes celebran que sus inversiones seguirán rindiendo frutos y su poder desmedido seguirá creciendo. Porque en los últimos días nos percatamos de que en las grandes cadenas de radio, televisión y prensa escrita, señalaron a nuestro partido por supuestamente caer en contradicciones y por rechazar una reforma que beneficia a la gente. En especial nos llama la atención que Televisa, la gran beneficiaria de este proyecto, sólo retomó ciertas intervenciones en el Senado, las de quienes dicen que votar en contra es estar a favor del cobro a larga distancia, a favor de altos costos de interconexión, a favor de mantener en la desprotección a los usuarios de servicios de telefonía celular. Esa reforma y esta campaña mediática apuestan al olvido. Apuestan hacer olvidar nuestros posicionamientos críticos, que se acompaña de numerosas propuestas de modificaciones y adiciones que se reconocieron en la tribuna del Senado y en la opinión pública y hoy se refrendan aquí, porque nunca hemos negado que en esta reforma hay avances que benefician a los usuarios, pero no por ello dejamos de señalar las grandes omisiones y defectos de la minuta, el abandono del objetivo de regular el duopolio televisivo y el establecimiento de controles exagerados del Estado sobre las comunicaciones entre las personas. Pretenden que olvidemos el mandato de la reforma constitucional que instituyó un Ifetel fortalecido. Que olvidemos el cambio de dirección de la preponderancia, determinado ya por ese órgano para favorecer la inserción de las televisoras en nuevos mercados y servicios y conservar sus intereses. Pretenden que olvidemos la manera ilegal y abusiva en la que nuestros datos personales han sido manejados, utilizados y difundidos en muchas ocasiones. Pretenden que olvidemos que éste es el país del Renave, el Registro de Automóviles que estuvo a cargo del criminal, ustedes recordarán, Ricardo Miguel Cavallo. El país donde la base de datos del Padrón Electoral, con nombres y direcciones, se vende por 15 mil pesos. Pretenden que olvidemos que el registro, entre comillas, de datos, establecido en el artículo 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones de este dictamen, resucita el desafortunado Renaut, mediante el cual la Cofetel, en su momento, obligó a los operadores de telefonía celular a recabar los datos de los usuarios. Este registro no cumplió con los requisitos de seguridad, por lo que en unos cuantos días los datos estuvieron disponibles en Internet, vulnerando la privacidad de las personas. Pretenden que olvidemos los tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Constitución, que establecen claramente el derecho de las personas a no ser objeto de ninguna inquisición sin antes tener una orden judicial debidamente fundada, el derecho a entablar comunicaciones privadas, el derecho a libre intercambio de información, el derecho a la protección de los datos personales, la implementación de salvaguardas jurídicas para que todo acto de autoridad que pudiera vulnerar los derechos cuente con la proporcionalidad, necesidad y oportunidad. Pretenden, en suma, que olvidemos las revelaciones que han sacudido al mundo en los últimos años, acerca del espionaje telefónico y cibernético que los gobiernos y los poderes fácticos ejercen sobre millones de personas inocentes en ejercicio pleno de sus derechos. Espionaje que se ha ensañado con líderes sociales y opositores, como en los peores tiempos de la Guerra Fría. Presentamos estas reservas al artículo 189 y 190 para corregir la minuta de acuerdo a las reformas de avanzada en derechos humanos y en justicia penal que han comenzado una nueva época de nuestra Constitución. El principio pro persona y la progresividad deben ser los criterios de toda acción legislativa, garantizando la protección más amplia para todas y todos. Por su parte, el nuevo modelo de justicia penal nos representa dos desafíos: el equilibrio entre los derechos de las víctimas y los derechos de las personas. Y el equilibrio entre instrumentos más efectivos y obligaciones más estrictas en cuanto a garantías para las autoridades. En este dictamen los concesionarios ya autorizados se convierten en policías, en espías, en un eslabón de la cadena de mando de una autoridad extralimitada. Es aún tiempo de corregir el rumbo. Podemos desmantelar ese bosquejo de un aparato de vigilancia estatal empresarial sobre los ciudadanos, para instituir una vigilancia ciudadana sobre los poderes públicos. Una vigilancia de los usuarios sobre las empresas. Por ello, proponemos restructurar los artículos 189 y 190, para eliminar el registro de datos para establecer el requisito de la orden judicial para cualquier solicitud de informes sobre las personas y para castigar adecuadamente todo abuso de colaboración de concesionarios con la autoridad. Por su atención, muchas gracias.