EL DIP. VICTOR ROBERTO INFANTE GONZALEZ: Con su permiso, estimada Presidenta; compañeras y compañeros legisladores: Los suscritos diputados federales, integrantes de esta legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 70 y en la fracción 2ª del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la fracción 2ª del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, que deroga el artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y reforma los artículos 5, 8º, 17º, 18º y 30º de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Compañeras y compañeros diputados: en el marco d e la propuesta de reformas constitucionales presentada con antelación en esta tribuna por mi compañero, el diputado Alberto Amador Leal y por la diputada Adela Cerezo, procede la revisión de las leyes secundarias, tanto para modificar el calendario de trabajo de la Auditoría Superior de la Federación y los Poderes de la Unión en relación a la Cuenta Pública, como para reorientar el trabajo de la SECODAM hacia acciones de carácter preventivo como lo sugiere el principio de división y equilibrio de poderes. Por lo que se refiere a la modificación de calendarios, el diputado Alberto Amador ha propuesto dos reformas constitucionales concernientes a la fecha en que el Ejecutivo debe entregar la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados o a la Comisión Permanente y a la fecha en que la Auditoría Superior entregue el informe de resultado de la revisión de la Cuenta Pública a esta Cámara de Diputados. Para complementar tales modificaciones, es necesario reformar también varias fechas y plazos establecidos en la Ley de Fiscalización Superior. Las reformas que proponemos en esta iniciativa son las siguientes: Respecto a la duración de la prórroga a la presentación de la Cuenta Pública cuando medie una solicitud del ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, la legislación señala que no podrá exceder 45 días naturales. Estamos proponiendo con la reforma propuesta, que no podrá exceder 21 días naturales. Respecto a las fechas en que la Auditoría Superior de la Federación deberá notificar sus observaciones al informe de avance de gestión financiera a los Poderes de la Unión y a los entes públicos federales, como ustedes saben en la actual legislación se señala que es a más tardar el 31 de enero del año siguiente al de la presentación de dicho informe. Estamos proponiendo que con esta reforma a más tardar el 31 de octubre de año en que se presentó dicho informe, para que sus comentarios se integren al informe de resultados de la revisión de la Cuenta Pública correspondiente; es decir, para que sean coincidentes y sea incluido este informe de avance de gestión financiera. En relación al número de días de que disponen los Poderes de la Unión y los entes públicos federales para formular los comentarios que procedan a la Auditoría Superior de la Federación, respecto a las observaciones de ésta al informe de avance de gestión financiera, cuando la Auditoría Superior de la Federación únicamente, sabemos, podrá auditar los conceptos reportados en él como procesos concluidos por los Poderes de la Unión y los entes públicos federales. El número de días de que disponen es de 45 días según la legislación actual y estamos proponiendo que sólo sean 21 días. Nos parece que con estas reformas se elevará considerablemente la eficiencia y oportunidad en la imposición de sanciones a posibles transgresiones u omisiones de la ley, que se sancionen a los corruptos. Y con las reformas ya referidas en esta misma tribuna por el compañero diputado Amador Leal, permitirá que no se apruebe fast-track la Cuenta Pública, porque así de grave es ese precedente, que pudiéramos aprobar en marzo del próximo año, de manera inmediata, sin mayor revisión, la Cuenta Pública de la Administración del Presidente Vicente Fox. Por lo que atañe a la reorientación del trabajo a la Secretaría de la Contraloría, acciones de carácter preventivo, es necesario aclarar que tales acciones consisten en identificar las causas de comportamientos ilegales por parte de los servidores públicos, intentar suprimirlas mediante la capacitación y la reorientación, la revisión del marco normativo, la atención a las quejas ciudadanas y la evaluación de los resultados de la gestión, resultados de la gestión que hoy en día son mas que nunca fundamentales, porque tan lamentable es el manejo corrupto de los recursos, como son criminales y deshonestos el manejo de los subejercicio para un país que tiene gravísimas necesidades. Adicionalmente la SECODAM deberá hacerse cargo del establecimiento de un Sistema Integral de Actualización, Información del Servidor Público que garantice la adecuada selección, eso es desarrollo administrativo, no simplemente el papel que hasta ahora, tan triste, ha desarrollado la actual Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Es pues necesario, que se instrumente el desarrollo profesional, un esquema de control de los servicios públicos que atienda aspectos de responsabilidad en el cargo, la prevención de la corrupción y el abuso del poder, tal y como lo señala la Nueva Ley del Servicio Profesional de Carrera, expedida por el Senado de la República. Como lo hemos demostrado y se ha señalado en múltiples ocasiones en debates en el seno de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, es necesario que este Órgano Superior de Fiscalización se fortalezca, es así como tiene el mandato constitucional de ejercer el control posterior o correctivo sobre la gestión programática y presupuestal de los tres Poderes de la Unión. La práctica reciente de divulgar información sobre asuntos que por su naturaleza deben mantenerse reservados, la generación de escándalos políticos por estas filtraciones informativas y el ambiente generalizado de hostigamiento y acosos políticos, hacen más apremiante la necesidad de que sea justamente este poder, el Poder Legislativo, el órgano que asuma plenamente las facultades inherentes a la rendición de cuentas, pues la SECODAM, como se ha señalado, no cumple satisfactoriamente con las funciones de control posterior, por su falta de autonomía, pues su titular puede ser nombrado y removido libremente por el titular del Ejecutivo. Además existe un serio desequilibrio entre las amplias y numerosas atribuciones y facultades que ha adquirido la SECODAM a lo largo de los últimos años, con aquellas de la recientemente creada Auditoría Superior de la Federación. Otro desequilibrio que hay entre ambas instancias, es el relativo a los recursos presupuestales, materiales y humanos y lo decimos en esta tribuna, justamente a unos días de que se apruebe el Presupuesto para el próximo año, en donde debemos prestigiar el presupuesto de la Auditoría Superior de la Federación y por qué no, a futuro incluso, hablar de la independencia de la autonomía presupuestal de este Órgano Superior de Fiscalización. Les doy cifras, la SECODAM cuenta con un presupuesto para este año de alrededor de mil 200 millones de pesos, contrasta con el de la Auditoría, que es de apenas 550 millones de pesos y ustedes recordarán que en diciembre pasado, en la propuesta de la Secretaría de Hacienda, venía recortado; es decir, había esa intención de la Secretaría de Hacienda, de limitar las posibilidades de consolidar y fortalecer al órgano de fiscalización. La razón de la falta de autonomía es muy sencilla, un funcionario que ha sido nombrado por el presidente y que puede ser removido libremente por él, no puede actuar contra miembros del equipo de trabajo presidencial o contra sus aliados políticos de su jefe jerárquico. El mismo presidente de la república está consciente de esta situación. Hay que recordarle al presidente Vicente Fox, que en julio del 2000, siendo candidato electo a la presidencia, Vicente Fox optó por una vía extrema y propuso incluso la desaparición de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo. Dijo, que las labores que realizaba esa dependencia, serían encargadas a la Contaduría Mayor de Hacienda del entonces Contaduría de la Cámara de Diputados. Señalo textualmente lo que dijo Vicente Fox: "Para que sea el poder legislativo, el que se encargue de auditar, fiscalizar, supervisar y exigir". Seguramente el entonces candidato fue persuadido, después de las grandes y muy lamentables y deshonestas ventajas político-partidistas que le acarreaba, no sólo conservar la Secodam sino fortalecerla. Esto lo que ha terminado por hacer el Ejecutivo, en detrimento de las facultades del órgano superior de fiscalización de este órgano del Legislativo, y en perjuicio también del equilibrio de poderes. El asunto es preocupante, porque además en condiciones de alternancia, la Secodam ha sido, y podrá seguir siendo en el futuro, en caso de que no realicemos las reformas pertinentes, un instrumento de persecución política y de ajuste de cuentas. Qué bueno que en este momento estamos coincidiendo, el Senado de la República y la Cámara de Diputados, en reformas al marco legal constitucional, al marco de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la propia Ley de Fiscalización, para fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación. Es importante, compañeros diputados, que en la historia moderna de México, los Poderes de la Unión, tengan hoy una oportunidad, quizás irrepetible: impulsar una cultura de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión gubernamental que refleje genuinamente la aspiración común de hacer valer una nueva ética pública. Vamos pues por el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, con esta iniciativa de reformas que hemos presentado a su consideración la diputada Adela Cerezo, el diputado Amador Leal y su servidor. Ruego a la presidencia se inserte el texto íntegro de esta iniciativa porque, hoy más que nunca, que se discuten los recursos del gobierno federal y los estados y municipios, y que hay un fuerte debate respecto a estos recursos en su ejercicio en los gobiernos estatales, es importante que un árbitro, que un órgano distinto como la Auditoría Superior de la Federación, señale cuál es el manejo de estos recursos y si hay responsabilidad en la manipulación política de los mismos. Por ello, solicito a la presidencia que el texto íntegro quede inserto en el debate parlamentario. Muchas gracias presidenta. -