EL C. DIPUTADO JAVIER GARCIA GONZALEZ: Con su permiso señor Presidente. Compañeras Diputadas, compañeros Diputados. Vengo en nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales a fundamentar el Dictamen con proyecto de Decreto mediante el cual se reforma el párrafo 1º.y el Inciso B) del Artículo 72º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los efectos reglamentarios correspondientes. Los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales, hemos considerado oportuno revisar la Facultad Constitucional concedida al Ejecutivo Federal de participar en el proceso legislativo, en razón de que debemos atender la demanda para que dentro de la Reforma de Estado se fortalezca el Poder Legislativo y se alcance un racional equilibrio de Poderes. Conforme al inciso b) del artículo 72 de la Norma Suprema, el Presidente puede hacer observaciones a los proyectos de ley que le envía el Congreso, dentro de diez días hábiles posteriores a aquél en que lo recibió. A esta figura jurídica se le conoce con el nombre de "veto". El veto es una institución conocida en el derecho constitucional mexicano en el artículo 55 de la Constitución Federal de 1824; ordena que los proyectos de ley pasaran al Presidente, quien tendría diez días hábiles para hacer observaciones. En la Constitución de 1857, dentro del procedimiento para formación de ley, el artículo 70 indicaba que una vez que se hubiera discutido el dictamen de la comisión respectiva, se enviaría al Presidente una copia del expediente para que en el término de siete días manifestara su opinión o expresara que iba a hacer uso de esa facultad. Por medio de las reformas del 13 de noviembre de 1874, se concedió el veto al Presidente, pero el veto podía ser superado por la mayoría de los legisladores presentes. El constituyente de 1917, instituye en la Norma Suprema el veto como una institución de procedencia de naturaleza suspensiva y alcances limitados para que el Presidente de la República estuviese en condiciones de hacer llegar al Congreso de la Unión información, objeciones y cuestionamientos adicionales que pudieran no haber sido tomados en cuenta al discutirse y aprobarse la respectiva iniciativa durante el proceso legislativo. En este caso, el veto asume la figura de una demanda de nueva deliberación, ¿qué es lo que debe ocurrir cuando es devuelto un proyecto del Ejecutivo? En consecuencia, coincidimos con los iniciadores en que la figura jurídica del veto nunca se pensó como un instrumento de carácter absoluto e insuperable que alterara la perfecta división de poderes y entregara al Ejecutivo la parte decisiva en la formación de leyes; al contrario, el veto se justifica en razón de que la teoría democrática de la soberanía determina que la Asamblea Legislativa, el Parlamento o el Congreso es soberano y que el Ejecutivo sólo puede suspender pero no abolir una decisión tomada por el Legislativo, lo cual se consagró en Inglaterra desde 1707. El veto presidencial es un elemento para llevar ponderación en actos de naturaleza grave como las leyes, y es también un instrumento valioso en el juego de pesos y contrapesos para restablecer el equilibrio entre dos poderes: cuando uno de ellos, el Ejecutivo, considera una ley o un decreto inaplicable. En el caso denominado por la doctrina "veto suspensivo", que es de nuestro país, se actualiza en el inciso b) del artículo 72 constitucional; el Ejecutivo Federal tiene diez días para ejercerlo, de lo contrario se reputará aprobado el proyecto no devuelto con observación a la Cámara de su origen. La Constitución contempla además la interrupción del término "si el Congreso hubiera cerrado o suspendido sus sesiones", lo cual retarda el inicio de vigencia de una ley. Es sin dejar de tomar en cuenta que al no existir disposición expresa, el Presidente de la República puede omitir publicar por tiempo indefinido la determinación legislativa; este hecho inconstitucional e impugnable desde el punto de vista ético, carece de sanción, es el llamado "veto de bolsillo", analizado críticamente por la teoría política y constitucional y que nuestro sistema adolece de expresión legal. Así pues, en el contenido y alcance del artículo 72, persiste una laguna constitucional que deja en estado de incertidumbre al Congreso de la Unión ante la falta de previsión para el caso de que una ley o decreto aprobado por esta representación y no vetada por el Ejecutivo conforme el inciso b) del referido artículo, éste se abstenga de promulgar o publicar el proyecto, inhibiendo con ello la iniciación de la vigencia. Consecuentemente, con el ánimo de avanzar en el perfeccionamiento del proceso legislativo, coincidimos en la necesidad de retomar el inciso b) del artículo 72 de la Constitución Federal, a fin de prevenir el acto suspensorio del Poder Ejecutivo, al no promulgar un proyecto facultándose al Presidente en la Cámara, que lo remitió o que ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación, ello con el objeto de dar seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas. Se reforma de igual manera el párrafo primero del referido artículo para sujetar la discusión y votación de leyes o decretos a lo establecido en la Ley Orgánica del Congreso y los reglamentos respectivos, dando esto mayor certidumbre al proceso legislativo de creación de normas jurídicas y poniendo coto a la frecuente tentación del gobierno de asumir conductas típicas de la dictadura, pues al no publicar una ley aprobada por el Congreso sin devolverla en tiempo con las observaciones, lo que hace es menospreciar al pueblo soberano y ejercer funciones extra constitucionales. Por lo expuesto, los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales tenemos la firme convicción que para favorecer el equilibrio entre poderes, es necesario dar certidumbre jurídica a los actos emanados de la Unión, por lo que solicito al pleno votar a favor de esta reforma constitucional y cumplir con lo expresado por el Presidente de la República en este lugar, cuando dijo: "el Ejecutivo propone y el Congreso dispone". -