La diputada María Beatriz Zavala Peniche: Compañeras y compañeros legisladores, las reservas que ahora presentamos que son tres las presento a nombre de los diputados de Acción Nacional Juan Pablo Adame, Consuelo Argüelles, Alfredo Rivadeneyra, una servidora y con el consenso del grupo parlamentario y también a nombre del PRD, de Movimiento Ciudadano y del PT. Agradezco y me da mucho gusto que nos hayan otorgado esa confianza y que podamos hoy decir que cuando estamos por los ciudadanos existen los acuerdos y las alianzas en beneficio del pueblo de México. Muchas gracias. Voy a hablar en la reserva de tres aspectos muy importantes que están en el capítulo de colaboración con la justicia: retención de datos, geolocalización y bloqueo de señal. Estas reservas tienen como objetivo impedir disposiciones legales que pretenden violar la privacidad a la que tienen derecho los ciudadanos, así como atentar contra sus derechos humanos y contra su libertad de expresión. Reconocemos que algunos de los puntos del dictamen que han causado mayores inquietudes entre la ciudadanía son éstos, son los referentes al bloqueo de señales, a la retención arbitraria de datos y de información de los usuarios y de sus comunicaciones y la geolocalización en tiempo real y el acceso a datos de comunicaciones privadas. Es por ello que presentamos esta reserva. En materia de retención de datos, las medidas que plantea el dictamen que vino del Senado se convierten en una herramienta de vigilancia masiva, sin controles, absolutamente violatoria del derecho a la privacidad y a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Quiero decir que realmente quisieron hacernos creer que estos temas se estaban cambiando. Cuando empezó el debate y cuando hubo mucha presión ciudadana, principalmente a través de las redes sociales, nos dijeron que los iban a cambiar e incluso que los habían cambiado. Pero no es así. Aquí están en el dictamen que vino del Senado. Realmente toda comunicación de los ciudadanos va a ser guardada. Imagínense ustedes, lo que se habla, lo que se manda en mensajes de texto, lo que se da en internet, toda la comunicación de los ciudadanos y de manera masiva. Este tipo de disposiciones ya han sido declaradas inválidas en otros países, por ejemplo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y denunciadas como incompatibles con el derecho a la privacidad y a la libertad de expresión por parte del relator especial sobre libertad de expresión de la ONU, por lo que proponemos una reserva que sea clara y acorde con el derecho para que estos procedimientos de vigilancia sean la excepción y no la regla, no la mayoría y no para todos, para que la recopilación de datos sea un proceso cuidadoso y éste precedido siempre de autorización judicial federal. No permitiremos que se abuse con este tipo de medidas. Planteamos una redacción que refiera a que los concesionarios solamente y solamente deberán conservar los datos de tráfico de comunicaciones y otros datos del usuario que sean necesarios para la prestación del servicio y por el tiempo estrictamente necesario para ello. Conforme a precedentes y jurisprudencia de la Suprema Corte de nuestro país, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es necesaria la autorización judicial federal parar acceder a datos que identifiquen una comunicación. De igual manera, que el contenido de las comunicaciones por lo que planteamos que este requisito sea definido en la ley y no se esté presentado con la ambigüedad que se presentó en el dictamen. Sobre la geolocalización. En el dictamen que discutimos ahora, la localización geográfica en tiempo real, y el acceso a datos de comunicaciones sin controles mínimos necesarios para inhibir el abuso ahí está. Se permite esta localización en tiempo real de dispositivos sin establecerse los supuestos respecto de los cuales puede autorizarse dicha geolocalización. Tampoco se establece la necesidad de autorización judicial y ningún otro control que inhiba el abuso de esta medida. Es falso y lo digo porque lo han dicho algunos legisladores, pero no es así, es falso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya validado esta disposición, pues al resolver la acción de inconstitucionalidad, 32-2012, las disposiciones analizadas no contemplaban la utilización de geolocalización por parte de instancias de seguridad nacional, sino que se acotaba su uso para la investigación de delitos de especial gravedad. Por lo que la reserva que se presenta precisa algunos aspectos sobre el uso de esta medida al establecer que la localización geográfica en tiempo real, únicamente procederá cuando sea ordenado por la autoridad judicial federal competente y se use para facilitar las investigaciones en materia de delincuencia organizada, secuestro o extorsión, o cuando se ponga en riesgo la vida de una persona. Asimismo se establece el derecho de notificación al usuario afectado. Es decir, transparencia, que se notifique al usuario por una intervención de sus comunicaciones privadas. Ese derecho ha sido reconocido por la Corte Europea de Derechos Humanos. Y el bloqueo de señales. El dictamen que discutimos mandato a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, las autoridades, a realizar la suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar, según dicen: lo estoy diciendo textual, la Comisión de Delitos. Dicha disposición ha sido consideraba incompatible con el derecho a la libertad de expresión por los relatores de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes han manifestado que la interrupción de acceso a internet aplicará a poblaciones enteras, o a determinados segmentos del público, no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o llamar a seguridad nacional. Por lo que advertimos que estos mandatos constituyen medidas desproporcionadas, que atentan contra la liberta de expresión termino, presidente y que en ciertos contextos, como el de la protesta social, podría atentar de manera grave contra la integridad y seguridad de la ciudadanía, y podría impedir la documentación de violaciones a derechos humanos e incluso la labor periodística. Saben qué, compañeros legisladores, estaríamos regresando al 68, cuando 24 horas después porque no habían esos medios de comunicación los ciudadanos tuvieron noticias de lo que había ocurrido por algunos medios de prensa escrita, imagínense cuando bloqueen las señales en una manifestación y los periodistas teniendo esas facilidades de comunicación, y los propios ciudadanos que se encuentran en el lugar, no puedan comunicar si hay un atentado contra los derechos humanos o de cualquier índole que esté dañando a la población y a sus libertades. Por eso planteamos estas reservas. No queremos que ocurra lo que ha ocurrido en Egipto, en donde bloquean las señales para que los ciudadanos no puedan comunicarse entre sí cuando están organizados. Compañeros legisladores, los invito a votar a favor de estas reservas y que como Cámara colegisladora hagamos más perfectible esta reforma en telecomunicaciones y respetemos libertad de expresión, privacidad y derechos humanos. Muchas gracias.