La diputada Jacqueline Arguelles Guzmán: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: La presente reforma pretende establecer dentro del artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, pertenecientes al Título Séptimo, Capítulo Unico, relativo a las sanciones, la posibilidad de que la multa o sanción económica contemplada por las infracciones cometidas a la misma ley, pueda ser más rigurosa, sobre todo por lo que toca a la zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, en virtud de que dicha materia es competencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y guarda una naturaleza eminentemente ambiental. Así, en la práctica resulta cotidiano apreciar violaciones al instrumento normativo que nos ocupa, así como a su reglamento en la materia; sobre todo en cuanto a zona federal marítimo terrestre se refiere, relacionadas principalmente a su uso, aprovechamiento y explotación. Por ende y debido a la creciente comisión de infracciones en la materia, resulta necesario elevar las sanciones establecidas, particularmente la económica, con la finalidad de contar con instrumento que inhiba las conductas antijurídicas y se convierta en un medio represor severo para quienes quebranten las disposiciones normativas. Habiendo establecido lo anterior, las cifras hablan por si mismas toda vez que durante 2003 la autoridad competente realizó alrededor de 1953 visitas de inspección, la cuales arrojaron en 1778 casos, las ocupaciones no contaban con el título de ocupación correspondiente y 1774 ocupaciones sin autorización; situación que a comparación del año 2002, creció dramáticamente, toda vez que de ese año los datos arrojaron que de dos mil 100 visitas de inspección mil 441 ocupaciones no contaban con concesión, mientras que 394 se encontraban sin autorización. Es indudable, así como a la vez alarmante, el creciente número de situaciones irregulares que se han detectado, por lo que se considera necesario tomar acciones concretas cuyo objeto sea el respeto a la ley y, por ende, el respeto al estado de derecho imperante en México, un medio a través del cual se inhiban situaciones futuras a través de sanciones ejemplares, aunque si bien es cierto los medios coactivos del Estado deberán ser el mecanismo último de respeto a la ley. En situaciones como la que hoy nos ocupa resulta evidente la necesidad de realizarlo. Como complemento de lo anterior resulta sólo revisar el actual artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales: "Se sancionará con prisión de 2 a 12 años y multa de 300 a mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la federación, no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de 30 días naturales siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado". Como vemos, éste contempla como sanción económica máxima mil veces el salario mínimo general vigente; sin embargo, el Reglamento para el Uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo-Terrestre y Terrenos Ganados al Mar, en su artículo 75 permite establecer multas que van de los 50 a los 500 días de salario mínimo general vigente, para apreciar a simple vista lo débil de las sanciones, mientras que la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establece multas máximas de 50 mil días de salario mínimo vigente, justificación que a todas luces resulta obvia, toda vez que el bien jurídico tutelado por dicha normatividad reviste una importancia excepcional. Es así que resulta trascendente la presente reforma con la finalidad de elevar las multas y homologarlas con la legislación ambiental, por lo menos en la parte conducente en la Ley General de Bienes Nacionales, con la finalidad de que se puedan establecer multas que resultan retractores en la realización de tales conductas. Por todo lo anteriormente expuesto me permito someter ante el pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 149 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue: Artículo 149. Se sancionará con prisión de 2 a 12 años y multa de 300 a 50 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de imponer la sanción a quien, vencido el término señalado en la concesión, permiso o autorización que se haya otorgado para la explotación, uso o aprovechamiento de un bien sujeto al régimen de dominio público de la federación no lo devolviere a la autoridad correspondiente dentro del término de 30 días naturales siguientes a la fecha de la notificación del requerimiento administrativo que le sea formulado. Solicito a la Mesa Directiva sea publicada de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, señor presidente.