La diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos: Gracias. Muy buenas tardes. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la protección de la salud es une prerrogativa contenida en nuestra Carta Magna, que dentro de sus finalidades se encuentra el bienestar físico y mental de la persona, la promoción y mejoramiento de la calidad de vida humana, la extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la prevención, conservación, mejoramiento y restauración de la salud, entre otras. Tal derecho, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, implica que los gobiernos deben crear las condiciones que permitan a todas las personas vivir lo más saludablemente posible. Estas condiciones incluyen la disponibilidad garantizada de servicios de salud; condiciones de trabajo saludables y seguras; vivienda adecuada y alimentos nutritivos. El derecho a la salud está consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las Constituciones de países de todo el mundo. Ejemplo de tratados de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; la Convención contra la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y la Convención sobre los Derechos del Niño. De conformidad con lo anterior, la prevención en materia de salud es primordial debido a que permite el desarrollo de una adecuada calidad de vida de la población, cumpliendo así con uno de los fines contenidos en nuestro texto constitucional y en diversos tratados internacionales. La prevención permite proteger y mejorar el estado de vida de salud de las personas, diagnosticando con anticipación alguna enfermedad física o psíquica, y en consecuencia, realizar el tratamiento adecuado. El detectar un riesgo o una enfermedad en su etapa inicial es provechoso para la persona y la familia, así como para la sociedad, pues de esa manera se evita o se disminuye en el futuro años invertidos en desgaste económico y emocional por enfermedades contraídas, la cual puede traer aparejadas complicaciones. Sin duda, los costos de la atención crónica resultan fatales para los pacientes y los sistemas de salud, dejando cada año a muchas familias por debajo de las líneas de la pobreza. La Organización Mundial de la Salud señaló que las enfermedades no transmisibles, como las cardiovasculares, cáncer, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas representan el 80 por ciento de las muertes en los países de ingresos bajos y medios, por lo cual recomienda generar acciones que mejoren la atención sanitaria, la detección temprana y el tratamiento oportuno, con una alternativa eficaz para reducir los efectos de las enfermedades. Por ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma los artículos 6o. y 7o. de la Ley General de Salud, para incluir dentro de los objetivos del Sistema Nacional de Salud a la promoción, implementación e impulso de acciones de atención integrada de carácter preventivo, acorde con la edad, sexo y factores de riesgo de las personas. Además, para cumplir con ello, apoyamos que las instituciones del Sistema Nacional de Salud implementen los programas respectivos. Asimismo, apoyamos la reforma a la fracción III del artículo 27 de la citada ley, para especificar que la atención médica integral, de carácter preventivo, consiste en realizar todas las acciones de prevención, promoción para la protección de salud, de acuerdo con la edad, sexo y las determinantes físicos y psíquicos de las personas, realizados preferentemente en una sola consulta. Si bien, el beneficio es dirigido al aumento del bienestar físico y la calidad de salud de la población, también el beneficio es para el estado, ya que se reducirán los costos asociados con la atención médica. Por su atención, compañeros diputados y diputadas, muchas gracias.