EL C. DIPUTADO EDUARDO A. BAILEY ELIZONDO: Con el permiso de la presidencia. Compañeros de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros diputados federales: a nombre de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por el estado de Nuevo León, presento esta iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, del cual doy lectura. México es un Estado federalista; nuestro Estado es profundamente democrático y federalista desde sus orígenes. Fue desde el principio de nuestra vida independiente en donde se perfiló la concepción de una república federal. La rebelión de Casamata del 1 de febrero de 1823 determinó el inicio del movimiento federal consumado a lo largo del año de 1823. En esta Acta de Casamata, en donde se plasma por primera vez de manera clara el concepto del federalismo mexicano, ratificado en el Acta Constitutiva de la Federación de 1824, que reconoce la existencia de los estados y crea algunos otros, estableciendo los principios fundamentales del Pacto de la Unión. Los estados crearon una entidad con una voluntad de gobierno federal para que represente a todo el país, pero al servicio de estos mismos sujetos. Así, los poderes federales, en cuanto órganos o voluntad de este Pacto, no se legitiman sino por los estados. Este es el origen de nuestro Estado federalista, que fue ratificado enlas constituciones políticas de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, 1857 y 1927. El federalismo mexicano, como todo proceso político y social, ha sido dinámico. La evolución del artículo 115 constitucional ha sido el mejor ejemplo del desarrollo porque el fortalecimiento de los gobiernos locales está en la esencia de ese federalismo. Con municipios y entidades federativas sólidas se tendrá un Estado mexicano fuerte que nos permita el acceso a estadios superiores de desarrollo y bienestar para la mayoría de los mexicanos. Es la mejor arma para el combate a la pobreza y la pobreza extrema en el país. La Constitución Política, por ello, establece que corresponde al Estado mexicano, en su vertiente de autoridad, compuesta por los tres órdenes de gobierno que la propia Constitución reconoce --la federación, los estados y los municipios-- la rectoría del desarrollo económico de la nación. Son los estados y los municipios quienes deben de atender a esa diversidad, que es su realidad específica, diversidad que le es consustancial a su propia existencia, por lo que deben ser ellos quienes se encarguen de su atención, ya que no puede ser de otra manera, sin afectar la esencia misma del Estado mexicano y sin alterar la voluntad del pueblo mexicano. Es claro que lo que trata de preservar el Constituyente es la unidad como nación, basada en el reconocimiento de la diversidad; por ello establece principios de carácter general que no pueden ser contravenidos por las constituciones locales de las entidades federativas. Pero es claro también que el espíritu del Constituyente es el de que las entidades federativas que suscriben el pacto federal asuman a plenitud sus responsabilidades con la población que las integra. Por ello el artículo 115, fracción IV, que establece que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor y en todo caso las participaciones federales que serán cubiertas por la federación a los municipios, con arreglo a las bases, montos, plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los estados. Así, son los legisladores locales de las entidades federativas quienes habrán de determinar las contribuciones y los ingresos de los municipios en específico, pero sobre todo, como lo señala su inciso b): las participaciones federales deben ser cubiertas por la federación a los municipios con arreglo a los plazos y los montos que establezcan anualmente las legislaturas locales. Como se aprecia, no existe duda alguna de que la voluntad del constituyente es que sean estas legislaturas locales y no otra autoridad federal o norma secundaria, quienes lleven a cabo la determinación de los plazos y montos que se asignen a los municipios de los recursos derivados de las participaciones federales. Este es el sentido que debe de privar la Ley de Coordinación Fiscal; éste es el espíritu de la reforma que aquí se propone. El Gobierno Federal, en las últimas décadas ha venido consolidando un proceso de descentralización de actividades a su cargo, que por motivos del desarrollo nacional se le había venido concentrando en perjuicio de los estados y de los municipios, pero que hoy en día ya no tiene justificación alguna, antes al contrario, se ha demostrado que este esquema ya no opera en beneficio de la población a la que representa, por lo cual, debe de acelerarse. Repito, son los municipios y los estados las instancias más cercanas a la población y por lo tanto, quienes conocen sus necesidades prioritarias, por lo que están plenamente facultados para asumir sus responsabilidades. Son ellos quienes tienen una visión más cercana de las necesidades de su desarrollo regional integral. Los ciudadanos de los municipios acudirán antes que a ninguna otra instancia a la autoridad municipal y a la estatal para el planteamiento de sus problemas y para solicitar la solución de los mismos. Por ello es conveniente que los programas institucionales a desarrollar en las entidades federativas, sean ejecutados en la medida de sus capacidades por las autoridades municipales o bien, por la de los estados y por tanto que estos sean convenidos entre los gobiernos estatales y los ayuntamientos de los municipios que conforman estas entidades federativas, con la finalidad de que respondan a las necesidades del desarrollo integral de las propias entidades y municipios para beneficio de sus habitantes. Es conveniente por ello que las dependencias del Ejecutivo Federal tengan sólo un carácter normativo, sobre la utilización de los fondos que ellas destinen a las entidades federativas, para que el desarrollo de programas de impacto nacional, siempre respetando la determinación de las legislaturas y los municipios de sus prioridades atendiendo a sus características culturales. La información de las instituciones federales, como lo son el INEGI y la Secretaría de Desarrollo Social, habrán de ser de gran utilidad para la definición de los criterios con los que los estados y municipios definirán sus prioridades sin fórmulas únicas y homogéneas, ya que el país se distingue precisamente por su diversidad en todos los sentidos. El país no es homogéneo; la idea de un Estado homogenizador quita valor a las expresiones regionales. Los procesos modernos de globalización no significan estandarización, eliminación de expresiones y desarrollo regional. Se reitera, no pueden ser las dependencias federales las que definan las prioridades de los estados y los municipios como se desprende de la actual Ley de Coordinación Fiscal, ya que el sentido de lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claramente opuesto. El constituyente se ha pronunciad porque sean las legislaturas locales y los municipios quienes se hagan cargo de la atención de sus necesidades, que sean ellos quienes las definan. Por lo antes expuesto se presenta la presente iniciativa de decreto por medio de la cual se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal en los términos siguientes: Artículo 1.- Se reforman los artículos 16 párrafo primero y se agrega un párrafo segundo; artículo 32, párrafo segundo; 33 inciso b), segundo párrafo; artículo 35 párrafo primero, inciso d, párrafos 2,3, todos ellos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Por obvio de tiempo y en virtud de que está publicado en la Gaceta, omito la lectura completa de los artículos en mención. Es cuanto, señor Presidente. -