EL DIP. CARLOS OSVALDO PANO BECERRA: Con su permiso, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Existen fronteras de primera y fronteras de segunda. Los suscritos firmantes diputados federales integrantes de la LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante esta Honorable Asamblea, una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal, a adoptar las medidas necesarias a efecto de homologar los precios de la gasolina de las demás ciudades y municipios que conforman la frontera sur, bajo los antecedentes y consideraciones siguientes: Desde los años de 1992, 93 y 94, se han considerado las homologaciones de los precios de la gasolina para las ciudades y municipios de la frontera norte. Así también, se da otro caso de excepción con el municipio de Otón T. Blanco, del sur del Estado de Quintana Roo, en abril del 2002, siendo el más reciente el del primero de diciembre del mismo 2002, para la franja fronteriza norte. Sus ciudades y sus municipios, homologando los precios de la gasolina con respecto a los de California, Arizona, Nuevo México y Texas, de la Unión Americana, antecedentes existentes en las comisiones de Hacienda y Crédito Público de las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión. Consideraciones. Los argumentos de consideración que se han presentado para lograr estas homologaciones sobre los precios de la gasolina, se basan fundamentalmente en la realidad económica de los diferentes municipios que han sido beneficiados en las diversas épocas, respecto de estar en condiciones de competencia comercial y poder sustentar el desarrollo de los sectores de la sociedad y de los habitantes de dichas ciudades y municipios fronterizos con el país del norte, los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a la homologación de los precios de la gasolina en el municipio Othón P. Blanco, frente a los del país del Belice, también fueron los mismos argumentos para que lograran los quintanarroenses la homologación sobre los precios de gasolina, por lo que los demás municipios que conforman la frontera sur de los estados de Campeche, Tabasco y Chiapas, solicitan el mismo trato que se le dé y que se le otorgó por parte del Ejecutivo Federal a este municipio, del hermano estado de Quintana Roo. El precio de la gasolina en la Unión Americana, en Belice y Guatemala, colindantes con nuestro país, son más bajos con respecto de los precios en todo el resto de nuestra República en las zonas no homologadas, por lo que seguramente el principio que dio base a esta homologación es el de la igualdad para la competencia comercial, pero se nos olvida que la igualdad se encuentra a la par de la equidad y a la justicia, y que si se homologa para las zonas fronterizas, esta homologación se encuentra inconclusa, faltando 21 municipios de los estados de Tabasco, Campeche y sobre todo Chiapas, que también conforman la frontera sur. Si el apoyo al desarrollo económico y al sostenimiento del comercio local de esas ciudades fue suficiente argumento para aprobar la homologación del precio de la gasolina en los municipios fronterizos que hoy gozan de este trato, entonces, la miseria que presentan los demás municipios de la frontera sur es suficiente argumento para considerar que también merecen ese trato de igualdad, equidad y justicia para permitirles desarrollarse, haciendo que esta homologación los auxilie, y de esta manera dejar atrás la falta de atención negada por años a esta frontera sur por parte de la Federación. Este apoyo, que urge por cuestiones eminentes del mismo orden económico, político y social, en los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, todos ellos de la frontera sur, dan a México y a la Federación el producto hidrocarburo como materia prima y a la fecha, no gozan sus zonas fronterizas de la homologación del precio de la gasolina, como si no contara ser entidades productoras y aportadoras de recursos naturales como el petróleo, soporte de la economía del país. En cuanto a la competitividad, en la que estamos inmersos frente al TLC, estos 21 municipios fronterizos se encuentran desprovistos de incentivos reales, que les permitan hacerle frente a esta dinámica de globalización, por lo que consideramos merecen esta homologación. Es tan palpable la banda diferencial entre los precios de las gasolinas mexicana y guatemalteca, que sería un soporte sustancial para reincentivar la economía e incrementar la industria y el turismo, por ser zonas ecológicas de gran visita nacional e internacional, así como permitiría abaratar el transporte de sus productos agrícolas, por ser municipios que se dedican al comercio y a la explotación del campo. Por lo que se solicita, ya se experimentó en el estado de Chihuahua y se permitió mantener la economía de esas ciudades fronterizas, situación expresada por el Secretario de Hacienda y Crédito Público el 20 de julio de 2002, en su comparecencia ante la Tercera Comisión de la Comisión Permanente, la intención del Ejecutivo Federal de homologar el precio de la gasolina en un corto plazo, con la finalidad de brindar apoyo a la población de la frontera norte. Es precisamente lo que necesitan estos municipios de la frontera sur, apoyo de la federación para que logren arraigar a sus habitantes y a la población de esas zonas a sus tierras y a su origen y a sus costumbres y a sus familias, para que no emigren, abandonen el campo, ciudades y municipios por la falta de apoyo. Por lo expuesto y con el propósito de que los 21 municipios restantes de la frontera sur cuenten con la homologación del precio de la gasolina y se encuentren en igualdad, equidad y justicia, respecto a los otros municipios de nuestro país, que cuentan con el principio de competencia frente a los precios de la gasolina en zonas fronterizas de los países de los Estados Unidos, Belice y Guatemala, pongo a consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados el siguiente Punto de Acuerdo Único. Esta Honorable Cámara de Diputados, haga un exhorto al Jefe del Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de su competencia, dicte instrucciones al Secretario de Hacienda y Crédito Público para que aplique los mismos criterios correspondientes de reducción al precio de la gasolina en todos los municipios de la frontera sur del país, observando que los precios estén ligados a los correspondientes con los vigentes en la zonas fronterizas del país de Guatemala. Es cuanto señor presidente. Muchas gracias compañeros diputados. Solicito si es tan amable se me inscriba en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. -PRESIDENTE: Gracias. Como lo solicita inclúyase el texto en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese a la Comisión de Energía. Señoras y señores legisladores: En el Orden del Día no está agendado el capítulo de Agenda Política. En este momento la presidencia ha recibido un escrito suscrito por los seis coordinadores parlamentarios., en el sentido de que piden se toque el tema de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sobre las elecciones de Colima, en agenda política. Como no estaba listado se instruye a la secretaría para que consulte a la Asamblea en votación económica, si accede a que se discuta ese tema. -DIP. SRIA. AMALIA YABUR ELIAS: En votación económica se pregunta a la Asamblea si se acepta la Proposición. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo. (VOTACION) Los diputados y diputadas que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. La mayoría por la afirmativa, diputado presidente. -PRESIDENTE: De acuerdo con la votación de la Asamblea, el siguiente punto del Orden del Día es comentarios relativos a la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anula la elección de gobernador en Colima y ordena al Congreso de Colima que convoque a nuevos comicios, en una fecha que los diputados de esa entidad deberán determinar en su momento. Para hablar sobre este tema tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Frías Castro, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. -DIP. FRANCISCO FRIAS CASTRO: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros legisladores: El día de ayer 29 de octubre de 2003, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió en última instancia sobre la elección del gobernador del Estado de Colima. El sentido de la resolución, ampliamente difundido, ustedes lo conocen. Mi partido, el PRI, quiere fijar hoy su posición en torno a esta resolución que nos agravia, no porque nos sea desfavorable, sino porque está ayuna de solidez jurídica. En 1996 el PRI sumó su voto sin reservas para dar el último paso a la judicialización absoluta de los conflictos electorales. Nuestro ánimo, nuestra convicción, era un tribunal que se constituyera en garante de la legalidad, en vigilante del cumplimiento de las normas constitucionales en materia electoral, en un ente encargado de impartir justicia con lo que ello implica: legalidad, objetividad, imparcialidad, congruencia y responsabilidad. Las últimas resoluciones del tribunal, han hecho nugatorio el pronóstico, el argumento del tribunal para resolver en contra nuestra en el caso de Colima, es un argumento permeado de inconsistencias que a la luz del razonamiento jurídico, no encuentran cabida alguna en la lógica ni en la realidad. Cómo es posible decretar la nulidad de la elección de gobernador en base a consideraciones de hecho, que según 4 magistrados de 7 que integran la Sala Superior, se presentaron de manera generalizada cuando en el mismo Estado, en la misma fecha, fueron celebradas concurrentemente a la anulada dos elecciones para diputados federales, en una de la cual resultó electo el actual vicepresidente de la Mesa Directiva, diputado Antonio Morales de la Peña, 16 diputaciones de mayoría relativa a la legislatura local y 10 elecciones para renovar los ayuntamientos. Los priístas nos preguntamos cómo es posible sustentar que los hechos supuestamente argumentados para la nulidad de la elección no hayan sido tomados en cuenta para resolver las controversias en las elecciones federales y estatales que tuvieron como última instancia la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Baste señalar, por ejemplo, la elección del Municipio de Ixtlahuacán, donde nuestro partido, el PRI, compareció como actor. Nos queda claro que en asuntos similares se aplican criterios diferentes. Agrego una explicación que por racional no merece mayor amplitud. Si el artículo 332 del Código Electoral del Estado de Colima establece expresamente que para proceder a la nulidad de una elección se requiere haber acreditado por lo menos el 20 por ciento o más de las nulidades de la votación recibidas en casillas en la entidad, cuando se refiera a la elección de gobernador del estado, cómo es posible que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación proceda a la nulidad de la elección sin haber acreditado precisamente la nulidad de la votación en al menos el 20 por ciento de casillas instaladas. Pero más aún, el Tribunal, para decretar la nulidad de la elección, no se apoya en lo absoluto ni en la violencia generalizada, que es otro supuesto, ni toma en cuenta que dada la diferencia de votación entre los partidos contendientes, la misma no era determinante para el resultado de la elección. Por el contrario, el argumento fuerte es la supuesta no suspensión de campañas de comunicación social en prensa y comunicación, atento a lo que pudo recabar de indicios, como son las notas periodísticas y la de diversos medios de comunicación, lo que resulta contrario al principio probatorio de la prueba plena. El principio de legalidad exige que las autoridades se ciñan a lo que expresamente dispone la norma, a que se sujeten invariablemente a la ley; contrariamente a ello, el Tribunal sostuvo su resolución en principios y postulados contrarios, a nuestro juicio, a lo que el Código Electoral del Estado regula. El PRI, ante la ilegalidad, expresa su inconformidad con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación porque éste faltó a su naturaleza, a su razón de ser; faltó a su función de constituirse en la instancia que dirima las controversias en materia electoral, mismas que no ha resuelto con responsabilidad. Mostró criterios erráticos. Ante estos hechos lamentables nuestro grupo propone se exhorte al Tribunal Electoral a que sujete sus resoluciones al tenor de los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza que la impone la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que, en el asunto que nos ocupa, estuvieron ausentes. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.