La diputada Norma Sánchez Romero: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: para que podamos hablar de que México desarrolla una política exterior responsable es necesario que su ordenamiento jurídico esté en constante actualización con el único propósito de ajustarlo a los principales postulados previstos en los instrumentos de la comunidad internacional, beneficiando con ello a la población mexicana y garantizando, a su vez, la convivencia armónica de cooperación y ayuda mutua con los otros países. En este sentido, contar con una legislación interna mediante la cual podamos analizar la necesidad o no de suscribir un instrumento internacional abona en gran medida a que la sociedad entera y no sólo los involucrados, en su suscripción, conozcan el trabajo que está realizando el Estado mexicano ante la comunidad internacional. Sin embargo, en Acción Nacional estamos seguros que el diseño de dichas leyes debe ajustarse a los lineamientos y atribuciones que en dicha materia otorga nuestro máximo ordenamiento jurídico a cada uno de los Poderes de la Unión. De esta manera queda claro que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al titular del Poder Ejecutivo federal la facultad de celebrar tratados internacionales y dirigir la política exterior mexicana bajo las observaciones de los principios normativos señalados en la fracción X, de su artículo 89. Asimismo se estableció que esos instrumentos deben ser aprobados por el Senado de la República y su contenido no debe ir en contra de las mismas disposiciones constitucionales. Por lo tanto, se dice que en materia de celebración de tratados internacionales la Cámara de los Senadores del Congreso de la Unión realizan una función de contrapeso del Ejecutivo federal. Esta situación no debe parecer extraña, toda vez que en todos los sistemas democráticos, el sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo son necesarios, tal y como lo han manifestado diversos autores, entre los que encontramos al maestro Diego Valadés, cuando señala que el Congreso sirve como un órgano de control del Poder Ejecutivo y por lo tanto ejerce una función esencial en el contexto de equilibrio de Poderes dentro de una sociedad constitucional y democrática por ser además el Congreso el máximo foro de pluralismo democrático. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha mencionado que el Congreso de la Unión debe verificar que la realización de un acto legislativo no sea contrario de las facultades reservadas y por ende exclusivas que tienen los tres Poderes de la Unión. Esto es, aquellas facultades que constitucionalmente les han sido conferidas derivado de las funciones que a cada uno les corresponden, pues tal proceder colocaría a alguno de ellos por encima del resto en condiciones de superioridad, situación contraria al principio de división de Poderes. De esta manera reconociendo que la política exterior está en manos del Poder Ejecutivo y que la Cámara de Senadores está facultada para analizar la política exterior y aprobar los tratados internacionales es que se considera que todos aquellos ordenamientos jurídicos que pretendan regular dichas atribuciones deben encontrarse lo más apegado a las disposiciones constitucionales en la materia. En este sentido reconocemos que el avance que se genera en la expedición de la Ley General sobre la Celebración y Aprobación de Tratados, al definir el procedimiento que guiará dicha suscripción y al fortalecer la comunicación entre Poderes del Ejecutivo y la Cámara de Senadores en dicha materia. Sin embargo, con el ánimo de contar con una legislación apegada a nuestra norma fundamental consideramos oportuna clarificar algunos aspectos, como por ejemplo: permitir que la Secretaría de Relaciones Exteriores pueda realizar sin cortapisa los estudios de impacto legislativo que se solicita a la ley que se expide, así como tratar con disposiciones de vigilancia, de acuerdos ejecutivos ciertos, y por último clarificar la participación en el Senado en el proceso de celebración de tratados. Estos son algunos aspectos que consideramos deben ser modificados para contar con una ley acorde a nuestra norma fundamental. No debemos olvidar que casi desde que México es un estado independiente ha celebrado tratados internacionales, los cuales han servido en algunos casos como guías a seguir para elaborar y mejorar nuestra legislación interna en aquellos temas relevantes como los que representan los derechos humanos, el medio ambiente, el combate a los delitos, etcétera. Por ello, considerando las circunstancias actuales de la dinámica mundial y de la importancia que ha adquirido la suscripción de acuerdos internacionales, México debe de avanzar en la adecuación de su marco jurídico que le permita suscribirlos y aplicarlos. Por lo anterior, en Acción Nacional consideramos importante corregir algunas deficiencias de la ley que se somete a nuestra consideración, por lo cual someteremos a su discusión de esta asamblea las reservas respectivas, con la única finalidad de abonar al diseño de un marco jurídico acorde con nuestra Norma Fundamental. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.