El diputado Luis Humberto Fernández Fuentes: Muchísimas gracias, señora presidenta. Con su venia. Con la venia de sus señorías. Desde hace muchísimos años hemos venido hablando de un cáncer que se llaman los cárteles inmobiliarios. Esta práctica, en la cual hay una colusión entre servidores públicos y ciertas empresas desarrolladoras, ha generado un gran daño. Un gran daño en tantos niveles como no podemos imaginar. Ha sido a través de apropiarse de manera injusta, de manera incorrecta, de manera ilegal de tierras ejidales, de usar, desarrollar sin los usos de suelos adecuados, de vender a las familias habitaciones no solo sin las condiciones de infraestructura mínimas, sino también sin las condiciones legales sin tener los permisos. Esto ha hecho muchísimo daño al país, nos ha afectado en la sobreexplotación urbana y nos ha afectado en lo personal. Y esto no solo ha tenido esta afectación, ha venido generando una alteración del mercado de bienes raíces en todo el país, no sólo generando vivienda irregular, también alimenta la pobreza y, sobretodo, un aumento injustificado en el costo de la vivienda. Esto lo vemos en particular en Querétaro, en algunas alcaldías muy específicas, hay que decirlo, de la Ciudad de México, en Guanajuato, por decir algunos. Entonces, por esto precisamente, por estos daños que se están haciendo queremos poner a su consideración, queremos poner a la venia de todas y todos ustedes, y esperamos su apoyo, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan el Código Penal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, y la Ley de Responsabilidades Administrativas. Por qué. Porque lo que buscamos es crear el delito de corrupción inmobiliaria a nivel federal, para que podamos sancionar a los particulares y a los servidores públicos que estén coludidos y que estén dañando a la patria y a las familias mexicanas a costa de un lucro indebido. La propuesta es muy sencilla. Consiste en adicionar un artículo 223 Bis al Código Penal Federal, que estipulará lo siguiente: Comete el delito de corrupción inmobiliaria el servidor público que por acción u omisión permita o tolere la ilegal construcción, explotación, compraventa y comercialización de bienes inmuebles sin el cumplimiento cabal de todos los requisitos que establece la ley aplicable. Así como una adición al artículo 217 Bis, para sancionar a los particulares que participen en estas acciones. También proponemos añadir un artículo 386 al Código Penal Federal, equiparando como fraude cuando los particulares vendan o comercialicen inmuebles que no tengan todos los permisos. Desafortunadamente es un hecho común que muchos desarrolladores sin principios estén vendiendo inmuebles sin siquiera tener la posibilidad de gestionar los servicios públicos por la falta de los trámites. Asimismo, proponemos una reforma al artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para equiparar la corrupción inmobiliaria con delincuencia organizada. Y por qué. Es que esto no se da en un cafecito que se vayan a tomar el servidor público y el desarrollador. Se da con una arquitectura de abogados, de contadores, de evasores fiscales, es una arquitectura muy compleja que sirve para hacer esto. Entonces, por lo tanto, debe de ser tratada como lo que es: un crimen organizado. Y, por último, finalmente se reforma la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para tener el marco legal adecuado para estas sanciones. Estas sanciones que, no las voy a señalar a detalle por el obvio y el respeto al tiempo. Es una pena de 5 a 10 años con la posibilidad de incrementar la mitad cuando se produzcan beneficios económicos o en especie al servidor público o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad. Esta propuesta, además de que como sus señorías lo verán, es ampliamente conveniente. Es perfectamente armónica con el Plan Nacional de Desarrollo que ha planteado nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. La presidenta señaló: el objetivo es dar vivienda, generar vivienda para quienes más lo necesiten. Ese es el objetivo, el derecho a la vivienda, el derecho a un techo. No es construir vivienda por construir vivienda, es la gran diferencia entre el periodo neoliberal y la cuarta transformación. Lo que buscamos con esta iniciativa es tener un mercado inmobiliario honesto, sin distorsiones, en el cual amputemos cualquier corrupción del mercado inmobiliario. Quiero ser muy claro y muy puntual. No prejuzgamos, no satanizamos a los desarrolladores o a las empresas inmobiliarias. En todo el país y en Querétaro en especial gran parte, una parte importante del crecimiento económico ha sido parte por estas empresas, pero lo que sí sabemos y lo sabemos de cierto, es que los pocos, los menos, los que han hecho lo ilegal es a quienes tenemos que limitar. Esta iniciativa nos conviene a todos, a los desarrolladores inmobiliarios honestos, porque no tendrán que enfrentar una competencia desleal. A los ejidatarios, porque no se tendrán que enfrentar a autoridades y a empresas abusivas. A los jóvenes y a la población porque no tendrán que pagar sobreprecios por acuerdos ilegales en vivienda. Porque este es un eslabón fundamental para abatir la corrupción. Nunca, nunca más los abusos en la corrupción inmobiliaria. Es la cuenta, señora presidenta.