La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para apoyar el dictamen que nos presenta la Comisión de Seguridad Pública, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y de la Ley de la Policía Federal. Como es de nuestro conocimiento, en junio del 2011 se modificó la Constitución General de la República para establecer de manera expresa el goce de todo ciudadano de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano. En dicha reforma, en el párrafo segundo del artículo 1 se establece el principio pro persona, que significa que ante la contradicción de cualquier disposición, puede ser una ley, una norma reglamentaria y la Constitución y un tratado internacional, debe prevalecer aquella que es más favorable para la persona. Bastaría con la simple disposición constitucional y lo dispuesto en los instrumentos internacionales para que toda autoridad respetara la jerarquía normativa de la Constitución y de los tratados, con base al artículo 1 constitucional y al artículo 133 de la propia Constitución. No obstante, coincidimos con el diputado iniciante, que es pertinente la adecuación de los cuerpos normativos secundarios, pero sin perder de vista que la Constitución para estos efectos es auto aplicativa por cuanto se trata de normas de derechos humanos. A los integrantes del Partido del Trabajo nos preocupa el respeto de los derechos humanos de los gobernados. Y en el caso de existencia, además, de existencia de medidas efectivas que permitan su reparación, así como sanción a la autoridad, que excediéndose de sus atribuciones que la ley le otorga y las propias obligaciones que establece la norma constitucional vulnere estos derechos. Es buena la intención de consagrar en las dos leyes que se tratan en este dictamen, de las autoridades, de proteger los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Pero sería mucho mejor dar cursos de preparación y actualización a todos los integrantes de las corporaciones policiales, a efecto de que conozcan los códigos de conducta y demás protocolos que a nivel internacional existen para el actuar, tanto de los policías como de los fiscales a nivel internacional y que obligan al Estado mexicano. La Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos son superiores jerárquicamente a cualquier ley u orden de autoridad. Se deben evitar excesos como los ocurridos el 15 de septiembre, donde las policías encargadas de salvaguardar el orden catearon a menores de edad como si estos fueran delincuentes detenidos en flagrancia y a los cuales deberían revisar para cerciorarse de que no estaban armados. También se deben evitar violaciones graves, en algunos casos crímenes de lesa humanidad, como los ocurridos el pasado 30 de junio en el municipio de Tlatlaya y el referido hace unos momentos, que es el caso de Iguala, y en general del estado de Guerrero. En estas situaciones no solamente se están vulnerando derechos humanos, se están cometiendo, como ya se ha puntualizado, posibles crímenes de lesa humanidad y en donde el Estado mexicano no solamente una autoridad municipal, un gobernador, sino todo el Estado mexicano es responsable por la comisión de estos crímenes. Como referencia se tienen las sentencias de campo algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que responsabilizó al Estado mexicano por la muerte de dos menores y una joven o igual el caso Radilla por la desaparición forzada donde se responsabilizó al Estado mexicano; no importando que hubiera sido en gobiernos anteriores, en el segundo caso y en el primero que hubiera sido en el estado de Chihuahua donde se cometieron los delitos. Apoyamos las reformas que se proponen a las dos leyes materia del dictamen, pero establecemos la premisa de que los derechos humanos deben de ser respetados en todo momento y cuando proceda alguna limitación ésta se dé conforme a las disposiciones que nuestro propio ordenamiento legal establece; cualquier situación de facto, sin orden escrita fundada y motivada es una violación a los derechos humanos Por esta consideración votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.