EL C. DIP. RODOLFO GERARDO GONZALEZ GUZMÁN: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Ciudadanos Secretarios; Honorable asamblea: "Proyecto de Ley que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. "El suscrito, diputado Rodolfo Gerardo González Guzmán, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 55 fracción Ii, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el artículo 80-A del Impuesto Sobre la Renta. "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "El Congreso Constituyente de 1917 elevó a nivel constitucional, a través de nuestra Ley Suprema, la tutela ... (LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE) Proyecto de Ley que Reforma el Articulo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Señora Presidenta; ciudadanos secretarios; honorable Asamblea. El suscrito diputado Rodolfo G. González Guzmán, miembro de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General, somete a consideración de esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta: EXPOSICION DE MOTIVOS 1. El Congreso Constituyente de 1917, elevó a nivel constitucional, a través de nuestra Ley Suprema la tu tela jurídica de los derechos sociales, como principio fundamental para garantizar las condiciones laborales más justas. gracias al esfuerzo del constituyente, el artículo 123 de nuestra Carta Magna, sienta las bases para darle al trabajador los elementos mínimos por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social. El estado de derecho entre sus objetivos fundamentales, considera que los trabajadores en su aportación a los ingresos públicos, vía impuestos se le debe aplicar una tasa impositiva justa y equitativa, evitando el pago excesivo de la carga tributaria teniendo en cuenta que las prestaciones de seguridad social, se encuentran contempladas en el articulo123 de nuestra Carta Magna. Expresa el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley". Dispone la fracción XXIX. "Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social y ella comprenderá: seguro de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicio de guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares". De ahí que el legislador debe proteger el estado de derecho a la seguridad social del trabajador. 2. La reducción real de los salarios a través de varias décadas, así como las crisis recurrentes han afectado el nivel de vida de los trabajadores mexicanos, induciéndolos a la falta de interés por parte de la clase trabajadora a integrarse a las fuentes de empleo formal, por esta razón, el subempleo y autoempleo son considerados por la población como una alternativa atractiva para obtener ingresos a efecto de cubrir el gasto familiar, a pesar de perder los beneficios de la previsión social que le permiten a la edad de retiro, gozar de prestaciones y beneficios que no se obtienen por el subempleo Aquellos que pertenecen al sector formal laboral en su carácter de causantes cautivos, se ven lesionados por la recién publicada tesis jurisprudencial, 2a./J 19/2001 emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia administrativa (anexo l), la cual esta causando serias controversias y a la vez afectando la estabilidad de los factores de la producción, ya que esta tesis jurisprudencial, considera que las aportaciones patronales al IMSS, infonavit y SAR, deben incluirse para integrar el calculo del. monto del subsidio que menciona el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a pesar de que el Código Fiscal de la Federación, .el cual es de aplicación estricta mas no interpretativa, en su artículo 2o. expresa claramente que las aportaciones de seguridad social son contribuciones, y por lo tanto, no deben considerarse como ingresos sujetos a gravamen. 3. A partir de enero de 1991 entró en vigor el nuevo procedimiento para calcular el Impuesto Sobre la Renta a cargo de los trabajadores, impuesto que el patrón esta obligado a retener y enterar en términos de ley. el procedimiento consiste en aplicar la tarifa del artículo 80 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta al ingreso gravado y al impuesto así determinado, deberá restarse el subsidio acreditable que determine el patrón conforme al procedimiento previsto en el articulo 80-A de la citada ley, a efecto de restituir el poder adquisitivo de los trabajadores, cuestión que mitiga parcialmente la constante reducción de poder de compra de los salarios. 4. El artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no precisa el detalle de los conceptos que integran las erogaciones relacionadas con la prestación de servicios personales subordinados, en especial por lo que se refiere a la previsión social, lo que provocó confusión entre los contribuyentes el inicio de vigencia de esta disposición, ya que no se expresa claramente los criterios para calcular la proporción del subsidio acreditable, pues esta insuficiencia no define claramente si deben de incluirse o no del denominador de la fórmula, las cuotas del IMSS y del infonavit. Los estudiosos en la materia concluyeron de inmediato que esas aportaciones por parte de los patrones de ninguna manera representan un ingreso directo para los trabajadores, y por lo tanto, no pueden considerarse como ingresos relacionados con la prestación de servicios personales subordinados ya que representan un ingreso exento de cualquier gravamen y por lo tanto no inciden en el calculo de la proporción del subsidio acreditable. derivado de lo anterior, se concluye al igual que la ley, que es una obligación directa a cargo del patrón, y por lo mismo, para efectos de la citada, no constituye un ingreso directo para los trabajadores las referidas cuotas de seguridad social, que el patrón debe pagar por ser contribuciones a su cargo. 5. En la regla 67-F de la resolución miscelánea, publicada el día 24 de enero de 1991 en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Hacienda y crédito público señala que para calcular la proporción del subsidio acreditable se deberían de excluir las cuotas del IMSS y del infonavit pagada por los patrones. Se cita textualmente la regla: "67-F para los efectos de lo dispuesto por el quinto párrafo del articulo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, no se consideraran erogaciones efectuadas por la prestación de servicios personales subordinados, los pagos de contribuciones que originalmente corresponda al propio empleador. se considerarán erogaciones efectuadas por la prestación de servicios personales subordinado, entre otras, las inversiones y gastos efectuados en relación con servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores". La anterior regla fue refrendada íntegramente por laSsecretaria de Hacienda y Crédito Público, al publicar la nueva resolución miscelánea en el Diario Oficial de la Federación el día 15 de marzo de 1991, con vigencia por un año mas, solo que al amparo de la regla 100, mediante la cual se reitera el mismo criterio de excluir las cuotas del IMSS y del infonavit para calcular la proporción del subsidio acreditable. 6. En 1992 se reformó parcialmente el articulo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, la fórmula para determinar la proporción que sirve de base para calcular el subsidio acreditable no cambió. 7. El 24 de enero de 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la vigesimasegunda resolución miscelánea, mediante la cual se deroga la regla 100 anterior y se adiciona la regla 100-B, cambiando drásticamente el criterio que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público había sostenido, al señalar ahora que para calcular la proporción que sirve de base para calcular el subsidio acreditable, se deberán adicionar las cuotas del IMSS e infonavit. la citada regla se transcribe a continuación en su parte conducente: "'100-B........ también se considerará como erogaciones los pagos de contribuciones que originalmente corresponden al propio empleador como son: las cuotas del IMSS, infonavit, el impuesto del 1% sobre erogaciones y los impuestos locales sobre nóminas". De la regla transcrita se desprende la inconsistencia de criterio de la autoridad hacendaria, provocando con ello, inseguridad jurídica a los contribuyentes, además de confusión e incertidumbre en los patrones que venían aplicando el criterio sostenido en regla 67- F y 100 anteriores y por parte de los trabajadores, tendrían que soportar una carga fiscal adicional, que no justifica lo que el legislador trató de expresar en el contenido del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. 8. Para subsanar parcialmente el error cometido por la SHCP, con fecha 7 de febrero de 1992 se reforma la regla anterior para eliminar del cálculo del subsidio el impuesto del 1% sobre erogaciones y los impuestos locales sobre nóminas, explicándose esta razón únicamente porque estos conceptos no constituyen un ingreso exento que perciban de manera directa los trabajadores y como claramente lo expresa el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En las subsecuentes reglas de la resolución miscelánea que estuvieron vigentes en años posteriores y hasta la fecha en la regla 3.17.4 y anexo 8, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha continuado con el criterio de incluir las cuotas del IMSS e infonavit para calcular la proporción del subsidio acreditable de los trabajadores, en detrimento de estos últimos. Es importante señalar que solo el legislador puede imponer contribuciones, no así la autoridad administrativa, en este sentido es importante señalar que en el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación se establece una facultad discrecional de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar a conocer criterios administrativos en la aplicación de las disposiciones fiscales. de tal suerte que el artículo 35 del Código Fiscal de la Federación solamente refiere criterios, por lo que no se generan nuevas obligaciones para los contribuyentes, salvo cuando dichas disposiciones beneficien al contribuyente. de tal manera que una interpretación jurídica en este sentido es aplicable cuando es un beneficio. En la practica, la generalidad de los patrones contribuyentes han calculado el subsidio a los trabajadores sin considerar las referidas aportaciones de seguridad social al amparo del criterio que originalmente sostuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y aunque posteriormente lo modificó, de dicha rectificación no nacen obligaciones para los contribuyentes. así mismo, por el análisis e interpretación que le han dado los estudiosos del derecho al concluir que las cuotas del IMSS, infonavit, y SAR constituyen un ingreso exento y directo para los trabajadores y son una obligación para la seguridad social a cargo del patrón, por lo que no tienen que formar parte del cálculo de la proporción para determinar el subsidio acreditable. 9. Por otra parte, los precedentes y jurisprudencia que sostuvo el entonces Tribunal Fiscal de la Federación y los tribunales colegiados de circuito del Poder Judicial de la Federación, se llegó a la conclusión de no considerar en el cálculo de la proporción del subsidio acreditable, las cuotas del IMSS y del infonavit. Desde el año de 1995 el Tribunal Fiscal de la Federación ha fallado diversos recursos de apelación y ha sentando precedentes en el sentido de que las cuotas del IMSS y del infonavit, no deben considerarse para de- terminar el subsidio acreditable de los trabajadores a que se refiere el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Por ultimo, el Tribunal Fiscal de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, fijaron la jurisprudencia SJ-1-7, misma que se publicó en la revista de dicho tribunal en el mes de junio de 1998 tercer época, jurisprudencia aprobada en sesión del 24 de marzo de 1998, por la primera sección de la Sala Superior, interpretando el alcance y contenido del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al sostener que las cuotas al IMSS y al infonavit, no deben ser consideradas para tomar la proporción del subsidio acreditable. 10. Con diferentes resoluciones de tesis jurisprudenciales, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando como ponente el ministro Mariano Azuela Güitrón, en sesión de fecha 18 de mayo del 2001, sienta la jurisprudencia 19/2001, expresando en la misma que prevalece la interpretación de incluir las cuotas al IMSS y al infonavit, para calcular la proporción de subsidio acreditable a favor de los trabajadores. (semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Epoca, junio 2001 páginas 253 y 25). Lo anterior expresa un grave problema para la clase trabajadora y los empleadores, ya que la corte sienta un precedente en contra de una jurisprudencia que había sido sustentada con anterioridad por el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, misma que incluso era comúnmente aplicada por la mayoría de los patrones en el país; por lo que el problema que se presentara es la posibilidad que la jurisprudencia sea aplicada de manera retroactiva (cinco años), en el caso de alguna controversia que se ventile en los tribunales, sin que por ello se considere que se violenta derechos adquiridos por aplicación retroactiva de alguna disposición legal. 11. La jurisprudencia es la interpretación de una ley o de una norma que realizan los tribunales judiciales y por atribución, en materia fiscal lo realiza el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; aclarando que la jurisprudencia no es una norma jurídica de carácter general y abstracta que obliga a los particulares a cumplirla; en cambio, serán los tribunales al dirimir controversias quienes estarán obligados a respetar la jurisprudencia cuando ésta sea invocada por las partes en el juicio. El problema es que la jurisprudencia no tomó en cuenta la intención del legislador y los ministros de la corte confunden la naturaleza de un gasto de previsión social a cargo de los patrones con un ingreso total p parcialmente exento que los trabajadores tendrán derecho a recibir a futuro, dependiendo de la situación que guarden las relaciones laborales y de las contingencias que se presenten, ya sea que reciban atención médica por enfermedades o maternidad, o bien los depósitos constituidos en el SAR; o de retiro de las aportaciones de infonavit. Pretender aplicar la retención de esas diferencias impositivas a todos los trabajadores de México, podría provocar problemas laborales muy serios y los sindicatos en la legítima defensa de los mismos, pudieran en su defecto, llegar hasta emplazamientos a huelga si existe cobro mas allá de los que determina el artículo 517 de la Ley Federal del Trabajo, que en su fracción I establece la prescripción a favor del trabajador de efectuar descuentos no realizados después de 30 días. De igual manera la obligación del pago retroactivo a cinco años a las empresas, las pone ante la grave situación de que algunas que no tienen liquidez puedan hasta provocar su cierre, por las cantidades que no retuvo y que se incrementaran por las diferencias de actualización y recargos. Por lo antes expuesto, a efecto de dar precisión y con el objeto de otorgar seguridad jurídica a los factores de la, producción, se somete a consideración de este honorable Congreso: Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Artículo único. Se reforma el quinto párrafo del artículo 80-A de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, para quedar como sigue: Artículo 80-A. .... Tabla ....... Para determinar el monto del subsidio acreditable contra el impuesto que se deriva de los ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, se tomara el subsidio que resulte conforme a la tabla, disminuido en el monto que se obtenga de multiplicar dicho subsidio por el doble de la diferencia que exista entre la unidad y la proporción que determinen las personas que hagan los pagos por dichos conceptos. la proporción mencionada se calculará para todos los trabajadores del empleador dividiendo el monto total de los pagos efectuados en el ejercicio inmediato anterior que sirva de base para determinar el impuesto en los términos de este capitulo, entre el total de las erogaciones efectuadas en el mismo por cualquier concepto relacionado con la prestación de servicios personales subordinados, incluyendo, entre otras, a las inversiones y gastos efectuados en relación con previsión social, a excepción de las aportaciones patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto Nacional del Fondo de la Vivienda para los Trabajadores, al Sistema del Ahorro para el Retiro y a las aportaciones al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, servicios de comedor, comida y transporte proporcionados a los trabajadores, aun cuando no sean deducibles para el empleador, ni el trabajador este sujeto al pago del impuesto por el ingreso derivado de las mismas, sin incluir los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo a que se refiere la Ley Federal del Trabajo. cuando la proporción determinada sea inferior al 50% no se tendrá derecho al subsidio. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. Este decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Segundo. La aplicación de esta ley se deberá de aplicar con efectos retroactivos en los últimos cinco ejercicios en beneficio de la clase trabajadora del país. Tercero. Quedan sin efecto todas las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan al presente decreto. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 25 de septiembre de 2001. Rúbricas de diputados. LA C. VICEPRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra la ciudadana diputada Celita Alamilla Padrón, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa de adiciones a los artículos 3º y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para hacer obligatoria la educación preescolar.