El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, quiero hacer un paréntesis para enviarles una calurosa felicitación a mis compañeros maestros y compañeras maestras del país. Y en especial quiero hacer un reconocimiento a los compañeros y compañeras de los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad, que es un paradigma de educación temprana que ha recibido reconocimientos nacionales e internacionales por la calidad de la educación, y que la impulsa el Partido del Trabajo. En este contexto quiero presentar ante esta honorable asamblea reservas a los artículos 30, numeral 1, y agregar un inciso I); 123, numeral 2; 288, numeral 3. Quiero referirme al primero. Es un hecho que la ciudadanía ha reprobado en pasadas elecciones federales, estatales y municipales que los padrones electorales han sido copiados para su posterior subasta en el mercado o para ser utilizados con diferentes fines. El hecho es criticado severamente, pero nunca se ha sancionado de acuerdo a algún ordenamiento legal. En los últimos comicios, como ustedes recordarán, incluso a parecieron en territorio estadounidense copias de los padrones electorales que sirvieron para que algunas empresas comercializadoras lo utilizaran para el envío de su propaganda y sus promociones comerciales. En nuestro país a la fecha los padrones de 2012 se siguen vendiendo en mercados de insumos de la computación. Considerando que los datos que son copiados y vendidos pertenecen a la propiedad de cada uno de los electores, éstos deben ser estimados como privados y por tanto, si se copian y venden ese hecho cae en el campo de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, capitulo segundo de los principios de protección de datos personales que a la letra dice: Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita conforme a las disposiciones establecidas por esta Ley y demás normatividad aplicable. La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos, en todo tratamiento de datos personales se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que acordaron las partes en los términos establecidos por esta Ley. El subrayado es del suscrito. Esa privacidad no se incluye en el texto de la Ley impugnada, por lo que es indispensable que el carácter de privado sea incorporado en la propuesta que se ha presentado al pleno de esta soberanía. En relación al artículo 123, numeral 2, podemos comentar. Si bien durante los últimos años se ha buscado que en las reformas electorales se defina puntualmente cuáles son las facultades originarias de la autoridad nacional electoral, cuáles son las que competen a los órganos locales y cómo son las facultades concurrentes, en el presente dictamen se consideran ya los momentos en los cuales puede intervenir el INE inmediatamente la asunción y la atracción de una elección local. El Instituto, por lo tanto, podrá asumir directamente la realización de todas las actividades propias de la función electoral que corresponden a los organismos públicos locales. De igual manera, podrá atraer a su conocimiento cualquier asunto de la competencia de los organismos públicos locales cuando su trascendencia así lo determine o para asentar un criterio de interpretación en los términos constitucionales. Son la asunción y la atracción de procesos electorales herramientas sumamente poderosas con las cuales el INE podrá actuar en situaciones y procedimientos especiales, cuando existan diversos factores sociales que afecten la paz pública o pongan a la sociedad en grave riesgo en la entidad federativa, que afectan los principios constitucionales electorales, de imparcialidad, certeza, legalidad, entre otras. Lo que es realimente delicado es la situación bajo la cual se podrá llevar a cabo este requerimiento por parte de los Institutos locales, ya que el presente dictamen considera que los procedimientos de asunción total se iniciarán a petición fundada y motivada ante el INE, hasta antes del inicio del proceso electoral. Luego entonces, el consejo general resolverá el proyecto de resolución que someta la secretaría ejecutiva antes de que inicie el proceso local correspondiente, valorando los elementos que hayan sido denunciados, que afecten alguno o varios de los principios constitucionales electorales que dieron motivo a la solicitud de la asunción. En caso de que la petición de asunción se presente fuera de los tiempos previstos en el dictamen, se podrá desechar la petición por improcedente; es decir, si se llegara a presentar una vez iniciado el proceso electoral. Lo contradictorio se observa cuando se afirma que los organismos públicos locales podrán solicitar al instituto la asunción parcial de alguna actividad propia de la función electoral que le corresponde en cualquier momento del proceso electoral. Si bien las entidades federativas podrán solicitar una asunción total del proceso electoral antes del mismo, en nada se garantizan los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales si las asunciones parciales se van a permitir solicitar en cualquier momento del proceso electoral. Por esa razón estamos sometiendo a consideración del pleno el artículo 123, la solicitud que se refiere al párrafo anterior podrá presentarse antes del proceso electoral de que se trate y, en su caso, sólo tendrá efectos durante el mismo. Y por último, en lo que se refiere al artículo 288, que es al escrutinio y cómputo de los votos el día de la jornada electoral. En un afán por castigar a los partidos que en ejercicio de su libertad de asociación deciden conformar una coalición, en el numeral 3 de este artículo, establecen que el voto a favor de la coalición contará como un solo voto y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional y otras prerrogativas. Esa disposición es totalmente antidemocrática, porque en los hechos anula la decisión del elector de apoyar a un candidato y a la coalición que lo postula, ya que si marca dos o más espacios en la boleta electoral ese voto se pierde. Quienes aprueban este dictamen demuestran un miedo a las coaliciones y en los hechos, prácticamente hacen imposible su realización, olvidando a algunos partidos que apoyan esta medida que las coaliciones realizadas por partidos de oposición en algunos estados han hecho que se gane la gubernatura de los mismos. Oaxaca es ejemplo de ello, al igual que Sinaloa. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos la firme convicción de que el voto del ciudadano se debe respetar en todo sentido, tal y como lo exigen los estándares democráticos. Por ello, en la reserva que sometemos a su consideración proponemos que si son dos partidos los que integran una coalición, el voto se divida entre ambos al 50 por ciento. Si son más, que se divida entre todos aquellos que integran la coalición. Debemos tomar en cuenta que cuando el elector emite su sufragio, lo hace a favor de la persona que es postulada, pero también de los partidos que lo apoyan. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.