El diputado Pablo Leopoldo Arreola Ortega: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se pone a consideración al pleno, no es el resultado de los trabajos efectuados por varios meses en el marco de la reforma del Estado, no es esto. Se dice, en la fundamentación del dictamen, que es producto del máximo consenso posible entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión. Nos preguntamos, ¿se llama máximo consenso posible la exclusión de cinco fuerzas políticas de ocho? ¿Se le puede llamar máximo consenso posible que ayer por la noche en la reunión de Comisión de Gobernación se rechace sin mayor argumento por parte de estas tres fuerzas políticas las propuestas viables de los otros cinco partidos políticos? Propusimos en todas las discusiones por parte del PT, que se incorporara el asunto del voto electrónico para parar en seco a la manipulación de las urnas y los resultados electorales, como ha sido la costumbre en nuestro país, y no se tomó en cuenta esta propuesta. ¿Cómo quieren que sea de consenso una reforma de esta envergadura que sólo toma en consideración los planteamientos de los partidos hegemónicos? Sin política al interior, no puede haber democracia afuera. Propusimos acabar con la sobrerrepresentación en ambas cámaras para terminar con el abuso de los partidos grandes que consiguen más diputados y senadores de representación proporcional a través de una fórmula mañosa, amafiada, y no a través de los votos reales. No podemos aspirar a tener un régimen plural de partidos cuando para llevar a la Cámara de Diputados, un diputado de representación proporcional del PAN cuesta 66 mil 765 votos, en cambio un diputado de Alternativa cuesta actualmente 211 mil votos. ¿Eso es igualdad? Esta fórmula es de asignación no es justa, es una fórmula de asignación abusiva. Este dictamen fue el resultado de un acuerdo cupular entre el PRI y el PAN, y al PRD se lo llevaron de gollete, para garantizar que México pase de un régimen plural de partidos, a un régimen bipartidista. Pero lo más vergonzoso de este asunto es que lo hacen en el marco de una democracia representativa agotada. ¿Qué podemos esperar de ellos cuando se discuta el tema de las figuras jurídicas de referéndum, plebiscito, iniciativa popular en el marco de la mesa de régimen de Estado y gobierno? El nuevo proyecto del Código Electoral contiene una serie de disposiciones que rompe con la pluralidad que ha caracterizado a nuestro país y que es expresión de la sociedad mexicana. Se dice que la nueva modalidad de coaliciones permitirá conocer la verdadera fuerza de los partidos emergentes. Ese no es el problema a resolver para unos compañeros que han argumentado sobre este tema. Tres de las cinco fuerzas emergentes han contendido por su cuenta y han refrendado su registro en las urnas. Recuerde el PRD que el PT no hemos ido con ustedes en todas las intermedias y hemos pasado bien, hemos tenido votación suficiente. Ese no es el problema, el problema de fondo es la coalición como figura que ha llevado a la izquierda a poder tener y tuvimos en el 2006 la Presidencia de la República y nos la arrebataron. Sin embargo, lo que ha quedado al descubierto es que la verdadera pretensión de estos dos partidos es cerrar la posibilidad de construir coaliciones electorales de izquierda para llegar al poder. Mediante subterfugios legales, el PRI y el PAN se están repartiendo el ejercicio del poder gubernamental para las próximas décadas. Se nos quiere hacer creer que el nuevo Cofipe contribuye a fortalecer nuestra democracia tomando en cuenta el convulsionado contexto electoral y postelectoral que vivimos en julio de 2006. Porque uno de los argumentos que más se utilizó en la justificación para emprender las reformas al marco electoral, tanto en el orden constitucional como en la ley secundaria, era la necesidad de que el poder del dinero fuera desterrado de la política y de las elecciones, pero no va a ser así. Esta pretensión no se cumple con el Código Electoral en esta discusión. Las nuevas reglas provocarán que haya más compra del voto a través de los regalos conocidos como utilitarios, ya que no se restringió la entrega de estos o por lo menos que hubiese un tope en cuanto a su valor. Recordemos que los utilitarios en muchas ocasiones rebasan las simples gorras y playeras, se entregan bicicletas recuerden Tabasco, refrigeradores, estufas, materiales de construcción, despensas y dinero en efectivo para votar por algún candidato o partido. Este hecho no queda regulado ni muchos menos sancionado por el nuevo Cofipe. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo propuso que se permitiera la colocación de propaganda visual fuera del primer cuadro y centro de las ciudades. En contraste, se impuso la línea del PRI-PAN, que prohíbe la colocación de la misma, excepto en las mamparas dispuestas para tal efecto. Podemos entender que se busque disminuir la contaminación visual, pero hay que reconocer que esta propaganda es un medio efectivo para dar a conocer a los candidatos, además de que su costo es muy bajo y se puede reglamentar en cuanto a su dimensión y en cuanto a la cantidad. Por último, lamentablemente esta propuesta tampoco fue considerada por la Comisión de Gobernación. Por las consideraciones antes expuestas y con el convencimiento de que no podemos avalar una reforma electoral que lesiona la diversidad política y la democracia, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará en contra de este dictamen, de esta pifia electoral. Las mayorías también se equivocan y luego, cuando se equivocan, es tarde reconocerlo. Es cuanto, señora Presidenta.