La diputada Lia Limón García: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, la reforma energética es una realidad. Después de modificar y crear más de 20 leyes nuestro sector energético y eléctrico cuenta con nuevas normas que buscan hacer de esta industria una de las más productivas de México. Es momento de cerrar la pinza en una de las transformaciones más importantes del país. Para logarlo debemos aprobar el presente dictamen. Éste contribuye a combatir y prevenir los diversos delitos que forman parte de la cadena de distribución del mercado ilícito de combustibles, además de darle armas fuertes y efectivas a las autoridades competentes para perseguir, consignar y sentenciar a quienes los cometen. El dictamen crea nuevos tipos penales que protegen a todos los eslabones de la cadena productiva del sector, castigando con penas más severas conductas como la sustracción, enajenación, distribución y posesión ilegítima de hidrocarburos. También castigará a quienes comercialicen combustibles sin marcadores o posean algún predio donde exista una derivación o toma clandestina. Al aprobarse este dictamen se sancionará cualquier alteración provocada dolosamente a los ductos, equipos o instalaciones de la industria petrolera. Sabemos que el crimen organizado además no actúa solo, en ocasiones se apoya en personas que se encuentran dentro de las empresas y tienen información confidencial. Por ello, se establecen penas para quienes sustraigan información de las empresas y la utilicen o vendan para apoyar el robo de hidrocarburos. También se sanciona de forma severa a servidores públicos que resulten responsables de la comisión de estos delitos. Por otro lado, se pone fin a los litros cortos, pues se prevé sancionar penalmente la enajenación o suministro de gasolina, diésel, gas LP y gas natural por cantidades inferiores a lo pactado. El Partido Verde está comprometido con el medio ambiente, los delitos que se cometen en contra de la industria petrolera, generalmente desencadenan accidentes, derrames y fugas que lo afectan y que deterioran la salud e integridad de los ciudadanos. Por ello, nuestro grupo parlamentario apoya decididamente que se aumente en la mitad la sanción de quienes delincan con hidrocarburos y provoquen un daño a los recursos naturales, los ecosistemas y la calidad del agua. Además, el robo de hidrocarburos es un delito que va en contra de la seguridad y la vida de las persona y que provoca un profundo daño a la economía nacional. Aquí hay quienes han dicho que estamos favoreciendo con este dictamen a un sector particular, una vez más quieren ver intereses ocultos donde no los hay. Revisen por favor el dictamen y díganme qué interés particular se está beneficiando. Se sanciona a todos. Se agravan las penas. Se sanciona a empresarios, a funcionarios y a todo aquél que cometa alguna conducta que forme parte justamente de la venta ilícita de hidrocarburos. El único interés que tenemos con este dictamen es actuar de manera responsable protegiendo la vida y la integridad de la sociedad. Qué acaso ya nadie se acuerda de las 29 personas que murieron en San Martín Texmelucan y de los otros daños y accidentes que aquí se han mencionado. Justamente por esas personas que han muerto, por quienes se han visto afectados, por el daño al medio ambiente y por todas aquellas poblaciones que temen cualquier accidente por vivir cerca de ductos que puedan ser dañados, es que tenemos que legislar en esta materia. No existe justificación, ni política, ni técnica para no avanzar en este tema. Además, la pérdida económica por concepto de sustracción ilícita de combustibles asciende a más de 40 mil millones de pesos al año. Por ello la importancia de contar con un marco jurídico claro, actualizado y eficaz que sancione estas actividades vinculadas al mercado ilícito de hidrocarburos. Además, la ley incluye sanciones acordes a la gravedad de los delitos, pero también lo hace sin descuidar la prevención, de hecho fortalece las capacidades en la materia, al obligar a la federación a establecer convenios de colaboración con estados y municipios que tengan por objeto velar por la integridad de las instalaciones y la operación de este sector de máxima relevancia para el desarrollo económico. Diputadas y diputados, esta legislación es una legislación responsable. Es una legislación que no solo atiende un grave daño a diferentes bienes jurídicos que debemos tutelar, es una legislación que además busca permitir contar con un marco jurídico más eficaz que permita a los impartidores de justicia sancionar estos delitos. Ya en el dictamen que todos tenemos en la mano, tenemos información sobre la cantidad de actividades de este tipo que existen y las pocas sanciones y pocas sentencias que existen al respecto. Solo con un marco más eficaz se podrá darle herramientas a quienes juzgan para que puedan castigar más eficazmente estas conductas. Además no se pretende de ninguna manera beneficiar a ninguna trasnacional, pero sí por supuesto, con esta legislación, buscamos dar certidumbre a quienes inviertan en este sector. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.