La diputada María Rebeca Terán Guevara: Diputado presidente, honorable asamblea. El VI Informe de gobierno que presentó el ejecutivo federal al Congreso de la Unión señala como uno de sus objetivos prioritarios incorporar plenamente a los pueblos y las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del país; sin embargo, las acciones y las omisiones reflejan otra realidad. Tal es el caso del Programa de Infraestructura Básica para la atención de pueblos indígenas que sufrió a lo largo del 2012, severos recortes por parte del Ejecutivo federal a pesar de haber firmado el acuerdo de coordinación en su modalidad de proyectos estratégicos, el Ejecutivo modificó los lineamientos y realizó más de 800 recortes presupuestales a nivel nacional, con lo que violentó el principio de la supremacía de la norma jurídica. Para ejemplificar la magnitud de dicha resolución presupuestal les expongo el caso de San Luis Potosí. Para la ejecución de 42 obras de infraestructura en comunidades indígenas se pactó una aportación tripartita inicial de 460 millones, 396 mil 615 pesos, el Ejecutivo tomó la determinación de aplicar una reducción presupuestaria de recursos federales, por 87 millones, 188 mil 643 pesos, afectando esto a 19 obras. Dos meses después, el 14 de septiembre de este año, nuevamente el Ejecutivo determinó aplicar una nueva reducción presupuestaria del recurso federal, por 90 millones, 972 mil 188 pesos, afectando con ello 38 obras, es decir, el 84.44 por ciento. Estas obras llevan un 55 por ciento de avance, sin embargo, al recortar el 40 por ciento de los recursos quedarán inconclusas y la entidad enfrentará diversos problemas. Al haberse licitado las obras y estando contratadas en términos legales, el estado y los municipios ejecutores deberán enfrentar litigios y sanciones que obligan al pago de indemnizaciones o a sus equivalentes. 2. La no conclusión de obras provocará la pérdida de recursos utilizados en los inicios de las mismas, contraviniendo los principios de eficacia y eficiencia presupuestal. 3. Con estos recortes se les ha eliminado a nuestros hermanos indígenas la posibilidad de nuevas oportunidades, una mejor calidad de vida y desarrollo. Los pueblos indígenas han sido históricamente discriminados por la etnia a la que pertenecen, por su pobreza y ahora son triplemente discriminados desde el ámbito institucional, tratándolos como ciudadanos de segunda. Compañeras y compañeros diputados, el punto de acuerdo que someto a su consideración busca reducir la brecha de exclusión y marginación de quienes más lo necesitan, exhortando al Ejecutivo federal para que cumpla los acuerdos presupuestarios pactados en todos y cada uno de los estados del país, y se respeten las reglas de operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Desde esta tribuna, es preciso dejar en claro que la democracia no es excluyente ni selectiva. La democracia auténtica se funda en el reconocimiento genuino de todas y todos los ciudadanos. México no puede ser concebido sin sus pueblos y comunidades indígenas y un gobierno eficiente, tampoco puede ser concebido si no atiende sus necesidades legítimas más demandadas. Es cuanto, señor presidente.