EL C. SEN. RAYMUNDO CARDENAS HERNÁNDEZ: Gracias, diputado Presidente. Señoras legisladoras, señores legisladores: El año pasado y durante el mes de enero de este año, fueron presentadas en la tribuna de la Cámara de Diputados iniciativas de decreto y proposiciones de punto de acuerdo, cuyo objeto era, a pesar de sus diferencias, el mismo: el de someter los ingresos de los servidores públicos a normas elementales de probidad republicana. El 7 de febrero de 2002, la diputada Magdalena Núñez Monreal del grupo parlamentario del PRD, así como el senador Zermeño Infante del PAN, presentaron en la tribuna de la Comisión Permanente sendas proposiciones de puntos de acuerdo para moderar los salarios de los servidores públicos. Por otra parte, la iniciativa de reformas constitucionales presentada el 19 de abril de 2002 por el diputado Calderón Hinojosa, no ha sufrido el trámite reglamentario, a pesar de que ya han transcurrido varias veces los cinco días legislativos que el propio Reglamento del Congreso contempla como plazo para que las comisiones competentes realicen el dictamen. En el mismo sentido, los diputados Martí Batres Guadarrama y Ramón León Morales del PRD, presentaron iniciativa de reformas constitucionales durante el presente receso legislativo. El tema de los salarios de los servidores públicos es de una relevancia que parece poco comprendida por este Congreso; se trata ni más ni menos que de la credibilidad y la legitimidad misma del Estado. La opinión pública ha tomado conocimiento de los altísimos salarios que un gran número de servidores públicos percibe, todo en el marco de un país que se caracteriza por la pobreza de los salarios que perciben la mayoría de sus trabajadores. La injusticia de la estructura salarial en México y de ingresos es evidente y contribuye a fortalecer las diferencias salariales también escandalosas del sector privado. Para nadie es un misterio que la percepción de desigualdad económica y salarial, que casi siempre lleva aparejada la percepción de injusticia, es uno de los factores determinantes, en combinación de la pobreza, de la inseguridad pública. En todo caso, un Estado que propicia la desigualdad desde su propia estructura salarial, pierde legitimidad. Estamos seguros que la percepción de los ciudadanos así lo indica. Se argumenta, a favor de los altos salarios en el sector público, la suposición de que son necesarios para traer a los profesionistas más capaces al sector público o de otra forma, preferirían laborar en el sector privado. Suponiendo sin conceder que los actuales altos funcionarios del Gobierno Federal y de los municipios, que pagan salarios exhorbitantes exhiban un gran desempeño como servidores públicos, nos parece muy poco probable que no hubiesen aceptado sus puestos con salarios decorosos pero no excesivos; y en el caso de que así fuera, la única conclusión posible es simplemente que no merecerían ser servidores públicos. Si la motivación esencial de un individuo para ingresar al servicio público es el dinero, podemos estar casi seguros que no pondrá en primer término los intereses de la Nación, sino de los de su propio peculio, lo cual especialmente en los casos de altos funcionarios, así como de representantes populares, equivale a propiciar la corrupción. Consideramos que este tema que se está ventilando a través de spots y de medios publicitarios en las campañas electorales, debe tratarse con seriedad. Nosotros invitamos a los partidos que han hecho uso de este asunto de los altos salarios en las campañas electorales especialmente del Estado de México, a que muestren la seriedad de su preocupación, legislando ya en relación con este tema. Por las razones anteriores y con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución General, así como en el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, se pide muy atentamente al presidente de esta Comisión Permanente, obsequie turno al presidente de la Cámara de Diputados, a la siguiente solicitud: "Se solicita al presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se sirva girar excitativa a las Comisiones de Gobernación y Seguridad Pública, Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a fin de que sean dictaminadas todas las iniciativas presentadas ante dicha Cámara, en materia de salarios de los servidores públicos, cuyo trámite reglamentario se encuentra ya en retraso; entre ellas la presentada por el diputado Felipe Calderón, el 19 de abril de 2002. "Atentamente Raymundo Cárdenas Hernández. -PRESIDENTE: Gracias señor Senador. De conformidad con lo que establece el artículo EL C. PRESIDENTE: Tiene la palabra el diputado Juan Manuel Carrera López, para presentar un punto de acuerdo sobre la posible violación a los derechos humanos y la situación jurídica del expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.