El diputado Rubén Cayetano García: Atento, precisamente a la lectura que ya se dio, queda muy claro respecto de mi reserva que lo único que estoy planteando es la progresividad de las medidas de detección, prevención y atención del acoso entre niñas, niños, adolescentes y mujeres, lo cual tendrán que aplicar los jueces. Pero miren cómo andan los jueces y servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que, en sus determinaciones de suspensión de la vigencia de las reformas a la ley de la reforma a la industria eléctrica, dicen beneficiar a la colectividad. ¿Quién representa a la colectividad en este país? ¿Un juez o un Poder Legislativo? A ellos no los elige el pueblo, a nosotros sí. ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la reforma energética en 2013? ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la reforma laboral emanada del pacto contra México? ¿Por qué no decretaron suspensiones contra la mal llamada reforma educativa de Enrique Peña Nieto? Ahí sí, no, verdad. ¿Qué no se afectaba la colectividad y al pueblo de México y a sus trabajadores y a sus docentes? En el caso concreto, lo cierto es que están con este actuar protegiendo intereses particulares, nacionales y extranjeros, intereses de empresas que forman parte de la oligarquía, que sigue creyendo esa oligarquía que México es lugar de negocios al amparo del poder y tierra de conquista. Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de actuar de forma antipatriótica desde el Poder Judicial, porque esas determinaciones son injustas más allá del apego a derecho. La reforma en materia de soberanía energética constituye un acto por el cual los Poderes del Estado reivindican a México, su soberanía energética y tanto jueces como comunidad jurídica con su mínimo de dimensión social, deberían aplaudirla y consolidarla, porque precisamente se aplica el mandamiento de que cuando encuentres un conflicto ante el derecho y la justicia, nuestro deber es luchar por la justicia. Por qué lo veo así. Es sencillo. Vengo de una cuna de grandes juristas, de mi estado de Guerrero, la más alta escuela jurisprudente, la misma que del prócer demócrata Eduardo Neri, la misma que de uno de los siete sabios de México, Alberto Vázquez del Mercado y del letrado Ignacio Manuel Altamirano, que tuvieron una óptica jurídica que ahora en nuestro tiempo ajusta con precisión el borbollón del movimiento social, que es mi tierra suriana. Yo no abandoné mi amada profesión de abogado para venir aquí a simular y quedar bien. Por eso, insatisfecho, como lo he dicho otras veces, señalo que por pretender cambiar el fondo, el podrido sistema de justicia, me voy a regresar a mi despacho a reorganizar la lucha para cambiar este oprobioso Estado de derecho, hasta que se cumpla el anhelo de José María Morelos y Pavón, de que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario, y no como ahora, que los jueces protegen al oligarca y al poderoso, incluido a las empresas que protegen y que son de la industria eléctrica frente a un Estado democrático de derecho. Es cuanto, presidenta. Agradezco que se salvaguarde lo que tutela el artículo 61de la Constitución de nuestro país. Como es mi derecho, retiro la presente reserva. Muchas gracias.