La diputada Consuelo Camarena Gómez (PAN): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Vengo ante esta soberanía a presentar iniciativa con proyecto de derecho por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 8º constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de incorporar un término de hasta cuatro meses como máximo para que los funcionarios y empleados contesten las peticiones que les soliciten. La suscrita, diputada federal de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el segundo párrafo del artículo 8º constitucional para incorporar un término hasta de cuatro meses como máximo, para que los funcionarios y empleados públicos contesten las peticiones que les soliciten conforme a la siguiente exposición de motivos. La Constitución es la ley suprema que comprende preceptos legales de suma importancia para la nación, porque en ella se finca la base de la organización política de nuestro sistema. La soberanía popular, las garantías individuales y sociales, la división de poderes, las leyes y actos de los tres poderes y la separación del estado y las iglesias. En este sentido, la solvencia del estado en la generación del derecho, se mide por la idoneidad de las leyes al paso del tiempo. Esto quiere decir que quienes iniciamos leyes y quienes deliberamos respecto de su aprobación, debemos estar imbuidos de una visión de largo plazo y de carácter integral a fin de que el espíritu y la letra de la norma se integren en un binomio indisoluble para que se reconozca en forma inmediata la seguridad jurídica de los gobernados y para que exista un hilo conductor susceptible de trascender al mero paso del tiempo y a los eventos accidentales. Así, resulta necesario actualizar nuestro marco constitucional en lo referente a la garantía del derecho de petición consagrada en el artículo 8º de nuestra Constitución Federal. El precepto que los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio de dicha garantía, siempre que se formule por escrito de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. Asimismo indica que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario, por lo que resulta conveniente hacer un análisis de los elementos que componen este importante artículo constitucional. En cuanto al carácter específico de la solicitud, significa que no debe contener amenazas para el caso de que la autoridad no dé la respuesta deseada o simplemente no responda, y en cuanto a la manera respetuosa significa que no se injurie a las autoridades a las que se formule la petición. La autoridad, por su parte, está obligada a responder también por escrito y a dar a conocer al peticionario la respuesta en breve término. El sentido de esta disposición constitucional ha sido interpretado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la manera siguiente. Por breve término debe entenderse esto es, la Corte considera que casuísticamente, según el tipo de petición, debe considerarse si se ha excedido o no el término constitucional por parte de la autoridad judicial. En el amparo en revisión 1393/57, la Corte ha establecido que si pasan más de 4 meses sin dar respuesta a un ocurso se violaba la garantía consagrada en el artículo 8. Además de los requisitos ya comentados, otro más derivado del texto de la parte final del artículo 8 es el dar a conocer el acuerdo tomado por la autoridad al peticionario. La misma Corte ha sentado jurisprudencia en cuanto a que no basta con que la instancia requerida tome alguna determinación respecto de lo solicitado, sino que debe cerciorarse de que el solicitante es notificado del acuerdo y esa circunstancia en caso de amparo debe ser demostrada por la autoridad. Adicionalmente, el máximo órgano jurisdiccional del país ha establecido como requisito de la respuesta que se dé a una petición el que sea congruente con lo solicitado, esto es, que debe haber una relación lógica entre lo que pide el particular y el acuerdo en que recaiga la solicitud. Así también ha sustentado el criterio de que en los casos en que deben desahogarse trámites con motivo de la petición el peticionario debe ser informado al respecto de los acuerdos sucesivos que se vayan tomando y, en su caso, de las comisiones que deba subsanar para que los trámites continúen. Otro interesante criterio es relativo a que no puede alegarse que se viole la garantía contenida en el artículo 8 porque la contestación que se dé a una promoción es por conducto de funcionarios que constitucionalmente forman una sola autoridad con aquélla ante quien se ocurrió y no directamente por ésta. Tal sería el caso de una petición dirigida al presidente de la República, que puede turnarla a un secretario de Estado o a otro funcionario del Ejecutivo para que le dé respuesta. Finalmente debe destacarse que la autoridad cumpla con emitir un acuerdo relativo a la petición pero que por supuesto no está obligada a resolver favorablemente a los intereses del peticionario; empero, sí tiene la obligación irrenunciable de responder por escrito a lo solicitado. Más aún, en los debates que se llevaron a cabo en el seno del Congreso Constituyente de 1916 con motivo de la creación y redacción del artículo 8 constitucional, ya se vislumbraba la necesidad de aclarar el concepto de "breve término".