La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. Aquí arriba tenemos una frase donde se habla que el Respeto al derecho ajeno es la paz; lo contrario significaría que la falta de respeto provoca la guerra. Parece innecesario justificar la necesidad de aprobar el presente dictamen, por una parte es una obligación constitucional expedir la ley que protege al daño ambiental, al tiempo que su diseño de carácter vinculante no interfiere de forma alguna con las demás normas e instancias penales, civiles, administrativas y ambientales, como tampoco lo hace con instrumentos internacionales en la materia a los cuales nuestro país se encuentra adherido. Por la otra, resulta impostergable la implementación de mecanismos jurídicos sólidos, de protección ambiental que coadyuven al despliegue económico sano y equilibrado de la nación. Como sabemos, el catálogo de eventos contaminantes en nuestro territorio es variado y extenso. El deterioro y aniquilación de cuerpos de agua de zonas boscosas y selvas, de manglares y de áreas naturales protegidas son solo algunos de los resultados del establecimiento de dispositivos administrativos fallidos y desorden generalizado de las políticas públicas del Estado mexicano. Y si a lo anterior agregamos, las no perniciosas inercias culturales que perviven en nuestra sociedad, resguardadas aun en los permanentes y variados procesos sociales de subdesarrollo; entonces el escenario ecológico que nos envuelve aparece desastroso y el futuro previsible desolador. Pero la continúa ampliación de la escasez y penuria que estimula la pobreza, no se equipara con los vicios y anomalías sistemáticas que arrastra el país. Lo determinante del daño ambiental en México no se encuentra localizado en la falta de conciencia moral, sino en las conductas productivas de los agentes económicos fundados en el rezago tecnológico, así como en las prácticas de ilegalidad, corrupción e impunidad de sus procedimientos legales y administrativos; es un problema estrictamente estructural Durante las últimas décadas hemos sido testigos de pérdidas y afectaciones al ambiente y ecosistemas, atribuibles a individuos o empresas con responsabilidad de estos hechos, razón suficiente para ponderar la implementación de regulaciones jurídicas que impidan su continuidad. La iniciativa que valoramos el día de hoy aparenta cierta simplicidad por su claridad y determinación jurídica; no obstante los contenidos que la sustentan son complejos y relevantes. Esta afirmación lejos de demeritar el documento lo dimensiona en su justo diseño jurídico y su indudable valor social. Los bienes jurídicos tutelados por la presente ley no constituyen solo elementos fundamentales para el desarrollo equilibrado del país, sino para su completa viabilidad. La protección de nuestros ecosistemas no puede consistir más en una proclama discursiva que comulgue con los deseos internacionales de cuidar el medio ambiente de manera global; forma parte sustancial de los procesos productivos, modernos que permitan la generación de riqueza en las naciones y la consecuente estabilidad social de sus miembros. En la actualidad la legitimidad y viabilidad de los estados pasa por el uso y consumación racional de los recursos. Hasta hace apenas poco más de una década la concepción de seguridad nacional transitaba por temáticas tradicionales propias de la geopolítica, donde la integridad del territorio, sus habitantes y el Estado constituían los ejes centrales que determinaban la búsqueda de ese fin. Sin embargo, hoy en día cualquiera estará de acuerdo en las estrategias de seguridad nacional. Pasan necesariamente por la conservación y buen uso de los escasos recursos naturales que dan sustento a la población, insumos a los procesos productivos y equilibrios de la integridad y despliegue corporal de los individuos. Esto es, el desarrollo y progreso de las naciones requiere de la adecuada y racional implementación de sus bienes territoriales. El paradigma ideológico que celebra la conquista y despojo extremo de la naturaleza y que durante siglos dominó la conciencia del hombre en su relación con la misma, ha evolucionado a uno que pondera la comprensión vinculatoria del entorno y su protección. Ello ha significado un cambio en la concepción que guardamos respecto al significado y consecuencias del progreso. La idea de progreso por lo menos durante los últimos 300 años había significado un incesante desarrollo material de las naciones. En la actualidad el progreso económico carece de sentidos y de forma paralela no se establecen las condiciones suficientes de sustentabilidad. Los procesos de industrialización y modernización de las economías mundiales se basaron tradicionalmente en el saqueo y destrucción de la naturaleza, no obstante en la actualidad la mayoría de las sociedades basan su crecimiento y riqueza principalmente en el desarrollo del sector terciario de servicios y por lo mismo en la ejecución de sistemas productivos más eficientes y limpios. El verdadero dilema ambiental de México se encuentra en la disyuntiva de resguardar sus ecosistemas a la vez que resolver en forma simultánea las amplias deficiencias productivas en un contexto social de pobreza. El documento que se presenta no pretende instituir un sistema meramente punitivo, sino que traza la posibilidad de seguir diversas rutas y alicientes para que los conflictos jurídicos y sociales generados por el daño ambiental sean resueltos fundamentalmente mediante dispositivos alternos en clara referencia a las estipulaciones constitucionales. Determina puntualmente quiénes serán los sujetos legitimados para exigir reparación, restauración o compensación de los daños ocasionados al ambiente, vigilando en todo momento el interés general y la preservación de los elementos naturales. De igual forma, la ley que valoramos armoniza el trabajo interinstitucional. Obliga a la autoridad ambiental y ministerial e emitir programas de prevención de daños e ilícitos y colaboración jurisdiccional. La ley federal otorgar certeza. No pretende redundar en aquello que puede ser alcanzado por los procedimientos vigentes en términos de justicia ambiental. Por el contrario, intenta extender los instrumentos legales resolutivos de los conflictos ambientales con posibilidades jurídicas y procesales hasta ahora inexistentes en nuestro modelo jurídico, que atiendan lo que la responsabilidad administrativa civil o penal no ha podido resolver. La ley contempla las acciones colectivas y promueve la unificación de criterios y procedimientos, a la vez que impulsa la institucionalización de la jurisdicción especializada. La ley promueve la justicia alternativa de controversias, prevé un trato diferenciado y con amplios beneficios jurídicos para aquellas empresas y personas que aun y cuando han ocasionado un daño en forma dolosa en el pasado, se han esforzado por cumplir la normatividad obteniendo certificados de cumplimiento en auditorías, desarrollando programas de capacitación y contratación de seguros de daños. En occidente, durante siglos se empeñó en su lógica estructural de saquear y destruir la naturaleza; la riqueza económica que ello generó les dio estabilidad y legitimidad, así como la posibilidad de delinear una reingeniería productiva e ideológica. Esto les permitió eventualmente comenzar a regenerar y restituir la destrucción que habían ocasionado. Nosotros no alcanzamos todavía los niveles económicos que lograron la mayoría de las naciones democráticas occidentales, pero eso no debe de significar un obstáculo para comenzar a resolver eficazmente la destrucción ambiental que padecemos. De no hacerlo, nuestro futuro será innecesariamente postergable. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano aprobará el presente dictamen. Muchas gracias.