El diputado José Erandi Bermúdez Méndez: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Cuatro millones de toneladas de maíz se perdieron en el año 2009 por deficiencias en el almacenamiento con el que cuentan nuestros productores. Esto representa el ciclo de maíz del estado de Sinaloa, lo que a nivel nacional se traduce en 15 por ciento de pérdidas aproximadamente al año por falta de almacenaje de los productos físicos. La situación actual que viven nuestros productores radica en el servicio de almacenamiento confiable, que garantice las óptimas condiciones sanitarias y de calidad de los productos que se producen. No contamos con un marco legal que dé confianza y certidumbre jurídica en la cantidad y calidad de los productos almacenados y otorgue garantía a los productores para que puedan tener acceso al crédito y elevar la competitividad. La falta de información que encontramos en los inventarios de nuestros físicos, de todos nuestros productos agropecuarios, incentiva la intermediación. Esto radica también en que nuestros productores dejen de estar en las negociaciones cuando ellos tendrán que comercializar sus productos. Debemos de contar con un servicio de almacenamiento sencillo, que permita a nuestros productores mejorar el proceso de comercialización y que aumente por esto la rentabilidad en sus productos; que ayude a reducir las mermas que se tienen y sobre todo, que den certidumbre y certifiquen de la calidad de los productos que tienen nuestros campesinos. Esto nos va a permitir tener la certeza de calidad y sanidad en lo relativo a la recepción, manejo y almacenamiento de los productos agropecuarios y que es un mandato de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que se establece en sus artículos 98 y 99. Se podrá contar con certificados de depósito avalados por la autoridad, donde certifique a cada uno de nuestros productores la calidad y la cantidad de los productos que se tienen almacenados. Esto permitirá a nuestros productores tener acceso a crédito para mejorar sus procesos productos. Dichos certificados de depósito dan certidumbre legal a las instituciones crediticias garantizando la cantidad y la calidad de estos productos que se almacenan. Sagarpa tiene la obligación de ejercer políticas públicas de apoyo a los sectores primarios para aumentar la producción y mejorar los productos, y con la publicación de la Ley de Almacenamiento Rural se fortalecen las obligaciones conferidas a Sagarpa. Estos almacenes rurales cuentan con las siguientes ventajas: Cubrir el vacío nacional que se tiene relacionado con la pobre infraestructura de almacenaje. Los servicios de almacenaje que existen no cuentan con el respaldo de una autoridad, por lo que no dan certeza jurídica a nuestros productores; permite y permitirá a la autoridad que se tenga una información precisa en el manejo de inventarios, que ayude a la toma de decisiones en los procesos de comercialización y producción; dará respaldo a nuestros productores, para que los productos con los que cuentan ellos estén certificados y cuenten con un documento que pueda ayudarlos a seguir incrementando su patrimonio. No son empresas de gobierno, como fueron otras creadas antes; el mal manejo de ellos incurre en una sanción de la autoridad. No interferirán en las importaciones, porque solamente almacenarán los productos de nuestros productores. No requiere recursos del Estado para su mantenimiento y operación. Estos almacenes obedecen a un marco legal orientado para mejorar el proceso de comercialización, del que tanto carecen nuestros productores y que van a ayudarnos a incrementarnos a incrementar la productividad y el desarrollo rural. El esquema de estos almacenes prevé que los mismos productores puedan asociarse para establecer almacenes o hacerlos de forma individual y que ellos puedan el día de mañana incurrir en el proceso de la comercialización de dichos productos. Algo que nos ha faltado mucho es el conocer los inventarios precisos a la autoridad. Esto va a evitar que ocurran crisis como la que ocurrió con los productos del maíz, porque el gobierno tendrá los inventarios precisos de los físicos que se tengan en estos almacenes rurales. Va a evitar y va a disminuir las especulaciones de los intermediarios y dará fortaleza a nuestros productores. La creación de la siguiente ley no requiere de partidas presupuestales especiales. Queda dentro de las obligaciones que tiene la Sagarpa y su operación y su vigilancia estará a cargo de Senasica.