El diputado José Antonio Estefan Garfias: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, que no haya duda, el objetivo principal de este dictamen es la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas de nuestro país. La materia ambiental debe significar para nosotros uno de los principales temas de discusión de nuestras actividades como legisladores federales. La naturaleza nos ha demostrado en los últimos días las consecuencias de un desastre natural que puede tener en nuestra vida diaria y en nuestro patrimonio una total afectación. En nuestro país el desarrollo social debe estar orientado a todas aquellas actividades productivas que se diseñan y gestionan para satisfacer las necesidades que demanda la población en general, siempre y cuando se respeten los recursos naturales involucrados en ellas. Lamentablemente, en la legislación mexicana, específicamente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, no se incluyen hasta hoy, a la letra, como elementos rectores de la planeación de la política ambiental los principios internacionales de planificación para el aprovechamiento, cuidado y uso de los recursos naturales y de protección de medio ambiente. Lo anterior genera una falta de especificidad y congruencia con lo establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en referencia a todas aquellas disposiciones adoptadas por el Estado en los tratados internacionales. México ha suscrito diversos tratados internacionales en materia ambiental para la protección de ecosistemas que existen en el planeta mediante una participación y colaboración de la mayoría de los integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, organismo que realiza esfuerzos en conjunto para combatir todas aquellas prácticas humanas que destruyen y afectan los recursos naturales de nuestro planeta. Como ejemplo de esta colaboración del Estado mexicano en distintos foros y convenciones internacionales se encuentra la Cumbre de Río celebrada en el 92. Y posteriormente, una segunda edición en el 2012, donde se acordó la ejecución de múltiples actividades a nivel internacional para la preservación del medio ambiente, y se estableció una agenda global para el desarrollo sustentable en los próximos 20 años. Otro ejemplo de estos acuerdos es el Protocolo de Kioto, mediante el cual se realizaron acuerdos entre los países industrializados para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y con esto anteponer, en principio, el cuidado y la preservación del medio ambiente antes de cualquier actividad industrial que pudiera afectar al planeta. Es claro que la tendencia internacional en materia ambiental sigue la trayectoria de introducir al componente humano, no solo en forma aislada sino en forma integral y complementaria en el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos y los ecosistemas. El Convenio sobre Diversidad Biológica establece como su objetivo la utilización sostenible de la diversidad biológica y la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante otras cosas, un acceso adecuado a los recursos naturales. Cabe señalar que el objetivo citado anteriormente es ampliamente desarrollado en el Protocolo de Nagoya, del cual México es parte, por cierto. Es importante recalcar cómo el Estado mexicano a la fecha no ha cumplido el compromiso contraído de promulgar una ley reglamentaria al respecto, quedando rezagados en el cumplimiento de nuestras responsabilidades internacionales. Con la aprobación del presente dictamen, establecemos un marco jurídico general que reconoce e integra a las comunidades indígenas al reparto justo y equitativo de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos cuando haya conocimiento tradicional asociado a estos. Por lo anterior y en congruencia con lo establecido en los artículos 2o. y 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la composición pluricultural de la nación y el derecho a un medio ambiente sano, respectivamente, que se presente el dictamen que propone: 1. Adicionar la fracción IV, la cual mandata al Ejecutivo a observar los principios y criterios generales, establecidos en los tratados internacionales suscritos en materia por el Estado mexicano. 2. Reformar la fracción XIV para garantizar el derecho de las comunidades, incluyendo a los pueblos indígenas a la protección, preservación, aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y salvaguarda y uso de la biodiversidad, así como la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. De esta manera es que garantizamos que los principios de derecho internacional en materia ambiental sean rectores de la política en la materia, además de incorporar a nuestra legislación lo establecido en el Protocolo de Nagoya, cuyo objetivo es terminar con el abuso que sufren nuestras comunidades indígenas cuando corporaciones o instituciones acceden a su conocimiento tradicional asociado al uso de la biodiversidad y nunca reciben los beneficios económicos, ni el reconocimiento a su cultura y sus tradiciones. Por lo anteriormente expuesto es que presentamos nuestro voto a favor del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se reforman y adicionan los artículos 15 y 16 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección de Medio Ambiente. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias.