La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas: Con se venia, diputado presidente. La consolidación y calidad democrática dependen de un rediseño institucional que haga más eficaz la organización del poder público y consecuente el funcionamiento de las instituciones democráticas con las exigencias de una sociedad plural. Para lograr este objetivo, el equilibrio entre poderes, la eficacia y medición de resultados en las tareas de gobierno, el fortalecimiento de las capacidades e instituciones locales, la rendición de cuentas efectiva y permanente, el acceso a información de calidad, la participación ciudadana en la cosa pública y cuidar que se den incentivos de trabajo cooperativo entre instituciones resulta fundamental. El éxito depende de la capacidad de encauzar institucionalmente las diferencias y de responder a las demandas ciudadanas con efectividad y oportunidad, aceptando que las condiciones de pluralidad y cohabitación política son deseables y la única vía de construcción de una realidad satisfactoria para la mayoría. En los sistemas presidenciales la estabilidad del gobierno no depende de conservar la mayoría en el Congreso ni de la buena relación que se sostenga con sus Cámaras. Esta realidad ha derivado en una distorsión de uno de los principios del constitucionalismo más importantes: la separación de poderes que ha sido malentendido como la no cooperación, el bloqueo, la exclusión o debilitamiento de los pesos y contrapesos. Es hora de renovar el sistema presidencial. De encontrar fórmulas que estrechen la relación del Ejecutivo con el Congreso. Incentiven el ejercicio corresponsable de gobierno y reduzcan los márgenes de discrecionalidad imprimiendo dinamismo a las relaciones entre poderes. Me inclino por la pertinencia de revisar los mecanismos de control político del Congreso partiendo de la hipótesis de la que la concentración del poder, la coacción o exclusión en la toma de decisiones y la visión patrimonialista del poder, así como la irresponsabilidad de/o la delegación de importantes actos de gobierno en servidores públicos sustraídos al control político del Congreso, no son compatibles con los nuevos estándares democráticos de nuestro país. El artículo 93 constitucional norma los controles del Poder Legislativo sobre el presidente y la administración pública que él conduce. Esta iniciativa busca fortalecer tres figuras ya normadas en nuestra Carta Magna, con el propósito de racionalizar el poder, mejorar su desempeño y facilitar la cooperación entre poderes. Estas modificaciones suponen un sistema de partidos fuertes y responsables, grupos parlamentarios deseosos de propiciar conductas cooperativas y el fortalecimiento del sistema representativo. Las propuestas son: Especificar cuándo sucederán las comparecencias de glosa del Informe de Gobierno, para no perder pertinencia ni diluir el propósito del control evaluatorio. Que las comparecencias de secretarios de Estado y otros servidores públicos ante el Congreso de la Unión puedan ser voluntarias y se erijan en verdaderos espacios de diálogo e intercambio productivo. La ampliación de las competencias de las comisiones de investigación a cualquier asunto de interés público. Que las preguntas parlamentarias puedan ser formuladas por las comisiones ordinarias de las Cámaras, pues en ellas donde debe desahogarse el grueso del trabajo legislativo y en numerosas ocasiones la especialidad de los asuntos requiere de una valoración técnica, detallada, que escapa a los plenos parlamentarios. Normalicemos una relación cotidiana de cooperación y comunicación entre los Poderes. Los invito, respetuosamente, a aprobar esta iniciativa y solicito, diputado presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa, así como la que aparece más tarde enlistada en el orden del día, referente a las reformas a la Ley de Desarrollo Social, sean turnadas, desde luego, a comisión y publicadas en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.