La diputada María del Pilar Torre Canales: El proceso de armonización legislativa y de las políticas públicas mexicanas, de acuerdo con los estándares previstos en los instrumentos jurídicos internacionales de protección de los derechos humanos, es uno de los principales retos que afronta el gobierno de México en esta materia. Por otro lado, la Subcomisión de Armonización Legislativa propuso un programa de trabajo que, según el portal web de la secretaría, abordaría ?entre otros temas? la lucha contra la tortura y la desaparición forzada de personas. Es preocupante que en el Tercer Informe de labores que se presenta no existan, específicamente, avances de trabajo de la subcomisión; a pesar de ser un tema de la subcomisión sobre la recomendación que quedó en un principio pendiente, en relación con los casos de preguntas de desapariciones forzadas en los ochenta y en los setenta, específicamente en el caso de Rosendo Radilla, el cual llegó en julio pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante la presente administración se han firmado y ratificado un gran número de instrumentos jurídicos internacionales. Con ello, el espectro de protección de los derechos humanos en México es más amplio en algunos casos y fortalece los ya existentes. Sin embargo, la sola existencia de estas normas, asumidas como derecho interno de acuerdo con nuestro sistema constitucional, no basta para afirmar que los estándares de protección previstos en estos instrumentos se aplicarán de forma automática y proveerán a las personas de las garantías requeridas. Como usted sabe, señora secretaria, desde hace dos décadas las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Salud han instrumentado un proceso de repatriación de enfermos graves ?la mayoría, por cierto, procedentes de Estados Unidos?, mecanismo que se implementa con la participación coordinada de los consulados, la Cancillería a su cargo, la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, las autoridades de salud estatales y del Distrito Federal. La repatriación va dirigida a nuestros connacionales con una enfermedad grave y que, por su situación migratoria, no califican para acceder a un beneficio público en los hospitales del país en que radican. Específicamente, en Estados Unidos los hospitales no deben negar la atención de emergencia a un enfermo de gravedad; pero tampoco se comprometen a asumir los gastos de los tratamientos. Por tanto, envían comunicados a los consulados mexicanos, éstos a la Secretaría de Salud y luego a la dependencia estatal, para que el paciente pueda ser atendido en territorio mexicano. Sin embargo, para que se concrete la repatriación se deben cumplir tres requisitos: expediente médico reciente, carta responsiva de los familiares para evitar que el enfermo sea abandonado y aval médico para el traslado por vía aérea del paciente. Pero, independientemente de la gravedad de los pacientes, específicamente los enfermos contagiados con el primer brote de influenza AH1N1, los hospitales presionan ?y lo siguen haciendo? a las representaciones mexicanas para repatriar a los enfermos. Debemos reconocer que la política migratoria de la actual administración ha enfatizado un mecanismo de repatriación de enfermos, excepcional para casos graves, y no como un instrumento de política de Estado en materia de protección de los derechos humanos de los connacionales en el extranjero. Los esfuerzos internacionales del gobierno mexicano son loables, alternativos e inclusive a la expectativa de lo que se decida en la Casa Blanca; más no propositivos, efectivos ni mucho menos garantes de la protección de los derechos humanos de las mexicanas y los mexicanos que viven allá, de los que se fueron, de los que mantienen la esperanza fuera de México, de aquéllos que, aún infectados de influenza AH1N1 o del VIH, tienen el derecho de ser tratados con dignidad y respeto. Para Nueva Alianza, una adecuada política de Estado en materia de derechos humanos se traduce en la aplicación de normas y recomendaciones de los instrumentos jurídicos internacionales, pero sobre todo, en el reconocimiento de la responsabilidad que ha asumido el Estado mexicano en materia de los derechos fundamentales. Asumir la política responsable de respeto y de garantía de los derechos humanos de nuestros connacionales es darle prioridad necesaria y coordinadora como parte del objetivo a los tres órdenes de gobierno, a los tres Poderes de la Unión y a los órganos constitucionales autónomos, para lograr pasar de la esfera del respeto a la esfera del cumplimiento y garantía efectiva de los derechos internacionales. Por su atención, gracias. Es cuanto, señor presidente.