La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señora presidenta. Honorables curules vacías, hago una invitación al Canal del Congreso, a los medios de comunicación para que realicen una toma panorámica de este pleno. Es claro que no hay quórum y es una pena, una lástima porque la iniciativa que hoy se está presentando es de real importancia para la justicia de todos los ciudadanos. Sueño con que se le dé la misma importancia, la misma urgencia que a otras iniciativas y que en menos de dos semanas, en menos de cinco sesiones de la Cámara, esté ya dictaminada en sentido aprobatorio, que no se acepte a discusión ninguna reserva que se le haga y que tal como se presenta, siga con el procedimiento legislativo. De sobra sé que por ser integrante del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no será así, pero, los hombres no son nada; los principios lo son todo. Benito Juárez. El día de hoy presento iniciativa con proyecto de decreto, por el que se expide el Código Penal Único. En las últimas décadas del siglo pasado y al iniciar al presente, la inseguridad en México y en gran parte del mundo ha proliferado como una de las expresiones más agudas de desequilibrio social, las conductas delictivas han crecido y diversificado, y la violencia ha aumentado de manera preocupante sin que las instituciones y las políticas encaminadas a enfrentar este problema hayan podido resolverlo. Lo que más angustia a la gente en esta época es la inseguridad, el delito, la injusticia, la impunidad. A este fenómeno contemporáneo han contribuido, además de la limitación de recursos y la falta de formación profesional y ética de las corporaciones e instituciones encargadas de combatir el delito, viejas inercias que favorecieron la corrupción y la impunidad, y desde luego una deficiente operación, organización y coordinación entre las entidades federativas, la administración pública federal y los órganos encargados de administrar justicia. Es predecible que si el Estado mexicano no actúa en la dirección correcta en las décadas por venir este problema se agravará como ha ocurrido en otras latitudes, por eso el objetivo central de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia de este proyecto es mantener una permanente lucha en contra de las conductas delictivas, a fin garantizar el amplio marco de libertades conquistado a lo largo de nuestra historia por todas y todos los mexicanos. Ésta es una tarea ardua y supone un esfuerzo de coordinación operativa e institucional, pero también de reformas profundas a nuestras leyes y prácticas en todos los ámbitos de la prevención, la procuración y administración de justicia y readaptación social. Sólo con una sólida estructura nacional integrada por la sociedad civil, los gobiernos federal, estatales, municipales y del Distrito Federal, Congresos locales, Congreso de la Unión, Poderes Judiciales, federal y de los estados de la nación, podremos afrontar este reto. La única forma de lograrlo es impulsando cambios estructurales, que transformen cualitativa y cuantitativamente los sistemas operativos y en especial el marco jurídico, que es el que debe crear las condiciones óptimas de desempeño de todos los órganos estatales, para combatir el delito y perfeccionar las instituciones garantes de la seguridad pública. Está demostrado que uno de los obstáculos a vencer en la lucha contra la delincuencia, es la existencia de 33 códigos penales diferentes para un solo territorio geográfico, más un gran número de otros ordenamientos especiales, que regulan en forma diferente los tipos penales, los elementos que lo integran, las sanciones, su gravedad y modalidades. Esta multiplicidad y pluralidad de legislaciones han dado origen a un orden penal nacional, con graves deficiencias en su aplicación, en su interpretación y en la adopción de un frente común en contra de la delincuencia. Junto con 32 códigos penales estales, también rige uno de carácter federal, la aplicación de esta ley tomando en cuenta la multiplicidad de jurisdicciones genera un permanente conflicto. En primer lugar, el Código Penal Federal es obsoleto, porque se implantó en 1931, hace 74 años, cuando México tenía 16 millones de habitantes, ahora son casi 110 millones de habitantes. Es urgente una legislación moderna, nacional y eficiente. La experiencia y los resultados demuestran que la normatividad contenida en 33 códigos es inoperante, porque es incapaz de contribuir a renovar el sistema legal penitenciario mexicano y facilitar su reestructuración. Si se analiza la estructura de los delitos y como están tipificados en los códigos estatales, prácticamente el 99 por ciento de los tipos penales son todos iguales. Los estados y la federación deben unificar su criterio jurídico y fortalecer su capacidad de defensa, para que se pueda hacer un trabajo efectivo a favor de la comunidad. Está claro que la diversidad legal obstaculiza la acción de la justicia, por lo que no existe razón alguna para mantener todos estos códigos. Gracias a esta diversidad, si un delincuente comete un delito en una entidad federativa, evade la acción de la justicia, trasladándose a otra en donde el delito no está tipificado o el tipo penal contiene más o menos elementos o las sanciones muy bajas, generando con ello una grave impunidad. La mayoría de estos ordenamientos son copia del Código Penal Federal, con sus características propias de acuerdo a la región, a las costumbres y a las prácticas judiciales. Sin embargo, esta diversidad legal para juzgar hechos delictivos iguales dentro de un mismo territorio, pero con ordenamientos diferentes, lo único que ha generado son ventajas legales básicamente para los delincuentes, por lo que no existe razón alguna para mantener todos estos códigos. Gracias a tanto ordenamiento, un gran número de delincuentes amparados en la soberanía de los estados se acogen a la posibilidad de delinquir pasando o transitando por diversas entidades, sin que se determine claramente qué autoridad es la competente o qué autoridad debe perseguirlo. En ocasiones, las mismas autoridades se deslindan de su responsabilidad, argumentando que la comisión del delito no se inició en su entidad. Al regular en forma diferente los tipos penales, se generan también una serie de conflictos judiciales en cuanto a la interpretación de la ley que nos conduce, por lo tanto, establecer una gran cantidad de criterios jurisprudenciales, algunas veces contradictorias, y también se suscitan conflictos con la aplicación competencial de las leyes en razón del territorio. Por todo lo anterior, se propone a esta soberanía establecer un Código Penal único, cuyo ámbito de aplicación sea todo el país. La regla general es que los delitos sean del fuero común y en forma excepcional, del fuero federal. Con este Código Penal se evitará que haya una variedad de ordenamientos que regulen en forma diferente los tipos penales en relación a los elementos que lo integran, a sus modalidades, a la sanción y a la gravedad de los mismos. También se logrará eliminar un Código Penal Federal que contiene tipos delictivos que nunca deberían haber sido de este fuero, como por ejemplo, el adulterio, la bigamia y otros. El Código que se propone, con un ámbito espacial y material de validez para toda la República unificaría los tipos penales, los cuales deben contener los mismos elementos y las mismas sanciones y modalidades. Toda vez que un hecho ilícito siempre será delito, ya sea que se comenta en uno u otro estado y siempre será una conducta que lesione en la misma dimensión a la víctima. En consecuencia, el tipo penal debe tener los mismos elementos del delito, las mismas modalidades, la misma gravedad y la misma penalidad, por lo que un mismo delito debe ser sancionado con la misma pena, sin importar el lugar donde se cometa. En apoyo a esta iniciativa debo mencionar lo siguiente: ante el embate de la delincuencia y el crecimiento de los índices delictivos la sociedad y el Estado deben constituir un solo frente, la comisión de delitos, la gravedad de estos y el alto impacto social sobre las generaciones que son víctimas de esta inseguridad, no solo deforma perspectivas de desarrollo sino que además desalienta profundamente su confianza en las instituciones estatales que no cumplen su función esencial para garantizarla. Son demasiados los riesgos presentes y venideros para cualquier país que no toma las decisiones a tiempo. Por eso, lograr la seguridad pública como estilo y forma de vida es el reto más apremiante para nuestro país. De ahí la importancia de transformar las estructuras institucionales y jurídicas en las cuales el Estado mexicano debe sustentar su seguridad. Con esta iniciativa se abren enormes posibilidades para eliminar obstáculos en los cuales se ha sostenido la ineficacia y la corrupción de un aparato de justicia penal con la renovación del proceso. Por todo lo anterior, la propuesta del Código Penal Único se inscribe como parte fundamental de una política de Estado del orden criminal. Con este instrumento jurídico se van a homogeneizar las acciones de las entidades federativas y de la federación para enfrentar al delincuente. Su estudio, discusión y aprobación por parte de esta honorable Cámara fortalecerá el federalismo en la medida que no hay detrimento de competencias sino una concurrencia de las mismas para preservar por la vía de la aplicación de la ley en el ámbito penal, la seguridad pública y con ello la unidad jurídica y política del Estado mexicano. Compañeros diputados, también los invito a que la suscriban, así como suscribieron sin conocer la reforma constitucional sobre telecomunicaciones. Muchas gracias.