El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, presentamos el de la voz y el diputado Marco Antonio Bernal, con el aval del Grupo Parlamentario del PRI, una iniciativa trascendente para aquellos municipios donde se realizan actividades de extracción minera mediante un proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Minera, así como de la Ley de Coordinación Fiscal. Nuestro país cuenta con una amplia riqueza de minerales en todo el territorio nacional, tanto metálicos como no metálicos, además de yacimientos de clase mundial, como son las salinas de Guerrero Negro en Baja California Sur, el yeso de la Isla de San Marcos y de la Costa Oriental de la Península de Baja California, las cuevas en San Luis Potosí, la más importante de fluorita. Y proaño en Fresnillo, Zacatecas, mi terruño, la mina más rica y grande del mundo en producción de plata. A nivel internacional México es el primer productor de plata, el tercero en bismuto, quinto en plomo, noveno en oro y décimo primero en cobre. Los principales estados mineros de la República Mexicana son Sonora, primer lugar en producción de oro. Zacatecas, primer lugar en producción de plata. Chihuahua, primer lugar en producción de plomo. Coahuila, primer lugar en producción de fierro y de carbón. San Luis Potosí, primer lugar en fluorita y Durango, primer lugar en bentonita y perlita. Aunque sabemos que se registra actividad minera en 24 entidades federativas. Datos de Proméxico señalan que en el periodo 2007-2012 se captaron más de 25 mil millones de dólares en inversión extranjera directa en el sector minero y su contribución en la generación de empleos es considerable, pues al mes de octubre de 2012 de registraba un total de 333 mil 10 empleos directos y más de un millón 500 mil empleos indirectos. Debo destacar que por su solidez la minería fue el único sector que resistió los efectos de la más reciente crisis global, ya que en 2009, cuando la economía mundial se contrajo 6.1 por ciento, dicho sector mostró una expansión de 2.7 por ciento en este mismo lapso. En México las actividades de extracción minera son gravadas en función de la superficie concesionada al productor, sin que el gravamen favorezca a los centros de población, a quienes debiera corresponder, en un sentido de elemental justicia una participación en el beneficio económico de la extracción de minerales. Estas localidades en muchos de los casos demandan infraestructura y servicios que acompasen el crecimiento del sector con el bienestar de sus habitantes, pues es innegable que la riqueza del subsuelo no es congruente con las carencias de la superficie. De ahí que el objetivo de la iniciativa que presento sea transformar una fracción de la renta económica lograda en la minería en bienestar de las comunidades donde se llevan a cabo las actividades del sector. El esquema que se propone tiene como objetivo establecer un derecho adicional de carácter estrictamente social que garantice que todos los proyectos mineros actuales y los potenciales participen en forma institucional, ordenada y solidaria con las necesidades de la población asentada en los centros de actividad minera, que además involucre a sus habitantes en la planeación y ejecución de las inversiones realizadas por dicha empresas. De esta forma proponemos la reforma al artículo 27, adicionando un artículo 27 Bis, 27 Bis 2 y 28 Bis, de la Ley Minera para establecer que los titulares de las concesiones mineras contribuyan con un 4 por ciento de su utilidad neta sin modificar el esquema actual de pago de derechos por hectáreas. Se dispone la creación de un Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras, integrado por un representante de los tres niveles de gobierno, así como dos representantes de las empresas mineras donde se localicen las actividades, en los casos donde se ubiquen comunidades indígenas se incluirá un representante de éstas. Pues bien, este comité autorizará las obras y acciones que las empresas deban realizar, las cuales serán acreditables al pago del derecho establecido, y serán específicamente para desarrollo social, urbano y sustentable. En las modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal se propone la creación de un Fondo de Aportaciones para el Desarrollo Regional Sustentable de Entidades y Municipios Mineros, en el cual se establece que el 30 por ciento del monto recaudado será para el beneficio directo del municipio donde se realiza la actividad minera y otro 50 por ciento para la entidad federativa respectiva, el restante 20 por ciento formará parte del Fondo General de Participaciones. Asimismo se propone la inclusión de un pago de derechos complementaria, mismo que en su caso deberán cubrir los titulares de aquellas concesiones mineras consideradas como ociosas o improductivas. Finalmente, y a efecto de combatir la evasión o la elusión en el pago del derecho que se crea, en los artículos transitorios que establecen las sanciones para las sociedades que no cumplan verazmente con la información requerida por las autoridades. Es cuanto, señora presidenta. Le solicito la inclusión del texto completo de la presente iniciativa en el Diario de los Debates.