La diputada Claudia Delgadillo González: Con su venia, querida presidenta. Buenas tardes, maestra María del Rosario Piedra Ibarra. La felicito por su trabajo. Bienvenida a esta Comisión Permanente. Otro de los grandes retos en materia de derechos humanos en México es la protección a nuestros migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata de personas. En la actualidad somos un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Además de lo anterior, la migración irregular representa una de las principales fuentes de ingresos para el crimen organizado, lo cual coloca a estas personas en una situación de alta vulnerabilidad. Aunado a la violencia que hemos referido persiste aún en nuestro país un grave problema de impunidad que contribuye, sin duda, a que se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos. Cuando los delitos de violencia no se resuelven, ya sea cometidos por particulares o por agentes del Estado, esto reproduce un círculo vicioso. Esta situación es un problema añejo. En nuestro país persiste desde hace muchos años el que los gobiernos reprimían con total impunidad los movimientos sociales, pues desde entonces se tiene registro de centenares de quejas de tortura, homicidio, violaciones sexuales y otros crímenes. En torno a todos estos casos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dirigido más de 115 recomendaciones, además de 15 recomendaciones por desaparición forzada que, sin embargo, siguen sin cumplirse de manera cabal. Solo por mencionar un dato que refleja cómo la impunidad es uno de los grandes obstáculos para dar a las víctimas la justicia que merecen, la PGR informó en 2015 que a pesar de existir más de 2 mil investigaciones en trámite por el delito de tortura solo había 15 sentencias condenatorias por este hecho. Otra de las prácticas estrechamente relacionadas con el fenómeno de la impunidad en México es la corrupción. Es por ello que los hechos de corrupción cometidos por funcionarios públicos deben investigarse de manera exhaustiva, imparcial y sancionarse de manera ejemplar, como lo ha señalado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pues esta es la única forma de erradicar este cáncer que daña tanto a nuestro país. Entendemos que las atribuciones de la Comisión son insuficientes para dar respuesta oportuna a los casos en los que se lesionan los derechos fundamentales, como es el caso de la recomendación, lo cual la mayoría de las veces se emite cuando el daño ya se ocasionó. En este sentido, como legisladores, nuestra obligación es dotar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de todas las facultades necesarias para que se pueda investigar y tenga un papel más activo en la defensa y procuración de los derechos humanos, lo cual incluye que se armonicen disposiciones legislativas internas con los instrumentos internacionales ratificados por nuestro Estado mexicano. Lo anterior también incluye velar por el cumplimiento de las sentencias internacionales contra el Estado mexicano, como la más reciente impuesta en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, como es el caso de Digna Ochoa y familiares contra México, en noviembre de 2021, lo cual considera necesario que México cuente con una institución, un instituto nacional forense que sea imparcial y que se rija con criterios científicos. La existencia de este instituto sería un paso fundamental hacia el funcionamiento de un servicio forense efectivo y resultaría determinante en el combate a la impunidad en nuestro país. Por lo anterior, queremos resaltar la importancia, el papel que tienen los defensores de los derechos humanos y que se procuren los procedimientos para que las instancias administrativas y judiciales sean efectivos, y se eviten las violaciones a nuestros derechos. En particular, nos queremos referir al caso de los ambientalistas, los defensores de los derechos humanos de un medio ambiente sano, que en muchas ocasiones son amenazados por grupos de poder, de organizaciones criminales, por oponerse a la deforestación, la contaminación de nuestros ríos, la pesca, la caza ilegal de especies en peligro de extinción y, en general, al daño del ecosistema... La presidenta senadora Olga Sánchez Cordero Dávila: Muchas gracias, diputada.