EL DIP. GUSTAVO RIOJA SANTANA: Muchas gracias señor Presidente. Señores diputados, muchas gracias por la catarsis que vamos a tener en este momento, y para poder de alguna otra manera, junto con mis compañeros de Alianza Social y de Convergencia por la Democracia, el expresar en este lo que llaman algunos "muro de lamentos", el tratar de expresar la posición del Partido de la Sociedad Nacionalista. Como se ha reiterado aquí, lo más importante que los legisladores tenemos la obligación de ofertar a la ciudadanía, a esa ciudadanía que decidió cuál fue la conformación de esta Cámara, a muchos de los mismos legisladores que hicieron las reformas electorales que permitieron las alianzas, y que en ese concepto de alianzas se nos invitó para participar. En ese sentido es importante reiterar que no es con exclusión, no es con sectarismo, no es con la decisión de tres, cuatro o cinco diputados, coordinadores de las fracciones, el que se tomen decisiones que afecten los intereses y los derechos de los partidos, porque yo estoy plenamente convencido que no a todos nuestros compañeros diputados se les informó: ¿cómo ven, les damos la palabra a la Chiquillada, les damos la palabra a los partidos de reciente ingreso?; yo estoy completamente seguro que fue una decisión tanto del Senado como de la Coordinación de esta Cámara de Diputados. Yo creo que lo más importante que está pasando aquí, y lo que debemos de reflexionar, es que se nos tome en cuenta a todos los diputados, pero no nada más a nosotros, porque creo que muchos diputados de otras fracciones, aunque sean mayoritarias, siguen o están teniendo el mismo tratamiento: no se les pide opinión para nada, no se les consulta en las grandes decisiones y en los dictámenes que se tiene. Yo creo que un diputado que se respete su investidura que tiene, debe exigírsele cuando menos a nuestros coordinadores o a nuestra bancada, el de que realmente se tome la opinión de todos y cada uno de nosotros. Se habla aquí de democracia, inclusión, pluralismo, y también podemos hablar de la coca cola que a algunos les puede gustar mucho, podemos hablar de diferentes temas, pero yo lo más importante y lo que creo, es que debemos de actuar congruentemente con lo que somos. El posicionamiento que ha tenido el Partido de la Sociedad Nacionalista, en ningún momento se ha desviado de la ideología que participamos y pretendemos inculcar a todos y cada uno de los ciudadanos nacionalistas. La congruencia y el respeto que se le tiene a este recinto, debe prevalecer en todo tiempo. Me uno, señor Presidente, a la solicitud que han hecho los representantes del Partido de Alianza Social, de Convergencia por la democracia, para que de una vez por todas, de una vez por todas nos pongamos todos y cada uno a respetarnos entre nosotros y a dar cabalidad a los derechos y obligaciones que se tienen en este Congreso de la Unión. Finalmente, no quiero dejarles alguna frase, pero sí una reflexión: "O los mexicanos trabajamos en conjunto, en armonía bajo el diálogo y la negociación seria y respetuosa, o vamos a echar a perder lo que tanto ganamos este pasado 2 de julio". Por su atención, muchas gracias. EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado Gustavo Riojas Santana. Esta Presidencia ratifica lo ofrecido al diputado José Manuel Del Río Virgen de Convergencia, y lo que ha también solicitado tanto el diputado José Antonio Calderón Cardoso como Gustavo Riojas Santana, de hacer llegar a los órganos de gobierno, particularmente las Juntas de Coordinación Política de ambas Cámaras su pedimento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Señor Secretario, solicito dé lectura a la comunicación de la Junta de Coordinación Política. EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES. Comunicación de la Junta de Coordinación Política. EL C. PRESIDENTE. Gracias, señor Secretario. Consulte a la Asamblea en votación económica, si se aprueba el proyecto de presupuesto de la Contaduría Mayor de Hacienda. EL C. SECRETARIO, DIPUTADO BERNARDO BORBON VILCHES. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la Asamblea en votación económica si es de aprobarse el anteproyecto de presupuesto de la Contaduría Mayor de Hacienda de esta Honorable Cámara de Diputados, al que se acaba de dar lectura. Los ciudadanos diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo (votación) Los ciudadanos diputados que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. (votación) Mayoría por la afirmativa, señor Presidente. EL C. PRESIDENTE. Se aprueba el proyecto de presupuesto remitido por la Contaduría Mayor de Hacienda, y túrnese al Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Honorable Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal del año 2001. Para hacer un pronunciamiento sobre la integración del Poder Judicial en Colima, ha solicitado el uso de la palabra el diputado Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y se le concede hasta por diez minutos. DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias señor presidente; compañeras y compañeros diputados: El Estado de Colima vive en estos momentos en la incertidumbre jurídica, pues se corre el riesgo de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desaparezca los poderes, debido al incumplimiento de las ejecutorias dictadas al principio de este mes, por parte del Ejecutivo y del Poder Legislativo. La historia en resumen es la siguiente: en el mes de noviembre de 1997 y a tan solo unos días de que el ciudadano Fernando Moreno Peña, tomara protesta del cargo como gobernador del estado, nombró a cinco magistrados en sustitución de otros cinco, para integrar al Supremo Tribunal de Justicia. Nombramientos que por así disponerlo la Constitución del Estado, puso a consideración el Congreso, conformada en ese entonces por 20 diputados, resultando una votación de diez a favor y diez en contra. Lo que para el Ejecutivo fue una aceptación tácita y para los diputados panistas y perredistas, fue una negativa. Eso ocasionó una controversia constitucional habiéndose resuelto en favor del Poder Ejecutivo. Sin embargo, los magistrados sustituidos, iniciaron cada uno por su lado, un juicio de amparo en contra de los actos del gobernador, del Poder Legislativo y del Supremo Tribunal de Justicia, los cuales fueron resueltos en definitiva por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los primeros días de este mes y año, el cual resuelve lo siguiente cito: "Se confirma la concesión del amparo y protección de la justicia de la Unión al quejoso, para el efecto de que las autoridades responsables dejen insubsistentes los actos reclamados en relación al quejoso y se le reinstale en el cargo, con el pago de las percepciones inherentes que dejaron de cubrírsele desde que fue separado". Hasta aquí la cita. Y en el caso de dos magistrados se agrega lo siguiente, cito: " Hecho lo anterior se emita por el gobernador el dictamen de evaluación de su desempeño en el puesto que concluya con la determinación de si procede ratificarlo o no, en el cargo, atendiendo a los criterios especificados en el artículo 116 de la Constitución Federal. Lo cual deberá ser sometido para su aprobación al Congreso del Estado". Hasta aquí la cita. Para el cumplimiento de lo anterior se otorgó a las autoridades responsables un plazo de 24 horas contadas a partir de la legal notificación. Consecuentemente, los magistrados fueron reinstalados, declarándose insubsistentes los actos reclamados. No así, el pago de salarios que dejaron de percibir y que asciende a poco más de cinco millones de pesos . Sin embargo, el Ejecutivo del estado en su afán de que los magistrados nombrados por él continuaran en el cargo y sin cumplir en su totalidad con las ejecutorias de la Corte, les extendió nuevo nombramiento, por lo que la integración del Supremo Tribunal de Justicia, aumentó de diez a quince magistrados, superior al número de Ministros que componen el Pleno de la Suprema Corte, lo cual es una clara intervención del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Lo grave de esto, por significar una burla a la sociedad y a la propia Suprema Corte, es que el Ejecutivo extendió los nombramientos en cumplimiento a las ejecuciones dictadas en los amparos en revisión, lo cual es inexacto, ya que en ninguna parte de las resoluciones se ordena que se extiendan nuevos nombramientos. La mayoría priísta en el Congreso Local, retomando el mismo argumento, aprobó los nombramientos de una manera tan rápida, dos días, que no se tuvo el tiempo suficiente para analizar su conveniencia para la sociedad, pues implicaba un tema para la reforma del estado, lo cual no les importó pues debían obedecer las órdenes del gobernador. El asunto no concluye aquí, el sábado 18 de los corrientes, la mayoría priísta en el Congreso del Estado, aprobó un dictamen enviado por el Ejecutivo, por el que decidió no ratificar en sus cargos a dos magistrados, lo que significó otro desacato a lo ordenado por el máximo órgano jurisdiccional del país, pues sin haberse cumplido en su totalidad con la resolución, deciden modificar el acto reclamado. He de mencionar que los magistrados no ratificados, ganadron el amparo por haberse violado en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Esto es, por no respetarse las formalidades del procedimiento y la garantía de audiencia. Y con los actos ejecutados por el Ejecutivo y la mayoría priísta en el Congreso del Estado, se corre el riesgo de que de nueva cuenta estos dos magistrados se amparen, ganen y consecuentemente se ordene otra vez, de nueva cuenta, la reinstalación y se les paguen salarios caídos. Riesgo que a nadie le es conveniente correr. En efecto, la resolución ordena que se declaren insubsistentes los actos reclamados; se les reinstale en sus cargos y se les pague los salarios caídos y una vez hecho lo anterior, se emita por el gobernador, el dictamen de evaluación. Lo anterior se refuerza en el auto dictado el 15 de noviembre por el juez segundo de distrito, quien de nueva cuenta ordena a las autoridades responsables cumplan con lo ordenado por la Suprema Corte, otorgando un plazo de 24 horas para su cumplimiento y con el apercibimiento que de no hacerlo, se procederá conforme a los artículos 105 y 106 de la Ley de Amparo, esto es, la autoridad responsable será inmediatamente separada del cargo y consignada ante un juez de distrito. El anterior escenario puede darse, ya que el gobernador del estado se negó a pagar dentro del plazo ordenado por la Corte, los salarios caídos, a los magistrados reinstalados, informando al Congreso del Estado, que carece de una partida específica en el presupuesto de egresos, pero sin acreditar esa información; sin embargo, sí logró encontrar una partida para pagar los salarios de los 5 nuevos magistrados que nombró. Los diputados priístas y el Ejecutivo han venido afirmando que el pago de los salarios está en vías de ejecución nótese que aceptan que no han cumplido en su totalidad con la ejecutoria lo cual se aparta de la verdad ya que en ningún momento se ha notificado a los inconformes, al Congreso o al juzgado de distrito qué actos realizaron o van a realizar para su cumplimiento. Como se puede observar, el Ejecutivo y la mayoría priísta se niegan a cumplir con lo ordenado por la Suprema Corte con el riesgo de que sean separados del cargo tanto el Ejecutivo como el Presidente del Congreso del Estado de Colima, lo que crearía una inestabilidad jurídica y política innecesaria en la entidad. Esto no se desea. Por eso se hace un llamado desde esta tribuna para que el Ejecutivo y la mayoría priísta cumplan con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, Señor Presidente.