EL C. DIPUTADO AMADOR RODRÍGUEZ LOZANO: Gracias, Presidenta. Amigas y amigos Legisladores: En 1994 se llevó a cabo una reforma constitucional en materia de administración de justicia, que tuvo como eje fundamental fortalecer a la Suprema Corte de Justicia para convertirla en un verdadero tribunal constitucional, separando las funciones administrativas que ésta tenía para otorgárselas a un nuevo órgano, el Consejo de la Judicatura, quien es, a partir de esta reforma, quien administra y disciplina el Poder Judicial de la Federación. Esta reforma, de singular importancia, porque no solamente estableció un nuevo marco constitucional para la administración de la justicia federal en México, sino también porque cambió totalmente a la integración de la Suprema Corte de Justicia, jubilando a los 25 Ministros de aquél entonces y aprobando una nueva integración. En 1995 se creó, a partir de esta reforma, una Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que viene funcionando desde entonces. En 1998 se dio una nueva reforma constitucional con el propósito, iniciado desde 1940, de fortalecer a la Suprema Corte de Justicia como un órgano de control constitucional, lo que hoy vemos ha realizado estupendamente. Esta segunda reforma le dio la facultad al pleno de la Suprema Corte de crear acuerdos generales para que aquellos asuntos, fundamentalmente de amparo que conociera la Corte, la Corte los pudiera mandar a los tribunales colegiados comunitarios a efecto de poder solamente encargarse de las cuestiones de control constitucional. Han pasado ya más de cinco años de esta Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Durante la legislatura pasada se presentaron al Senado de la República diversas iniciativas: una, del entonces senador Juan de Dios Castro en su carácter de Presidente de la Comisión de Justicia, donde todos los integrantes de la comisión presentaron esta iniciativa; otra, presentada por el entonces senador Alfredo Magno Garcimarrero, del PRD, donde presentaba una serie de propuestas interesantes; una también por el de la voz, en ese entonces senador del Partido Revolucionario Institucional, y finalmente una iniciativa del entonces Presidente de la República, Ernesto Zedillo Ponce de León, que venía a reglamentar precisamente la reforma constitucional de 1998. En ese entonces se agruparon las cuatro iniciativas y por unanimidad el 12 de abril del 2000 se aprobó el conjunto de iniciativas enviándose la minuta a esta Cámara de Diputados. Desde el 13 de abril se dio entrada a esta Cámara de Diputados y se turnó a la Comisión de Justicia. Han pasado más de dos años y esta minuta aprobada por unanimidad por el Senado de la República, no ha podido prosperar en esta Cámara de Diputados. Había un problema con la Suprema Corte de Justicia, en función de que uno de los puntos que se incluyeron de última hora en la tribuna, que tenía que ver con la adscripción de los jueces, se consideró que había afectado el trámite normal de los asuntos en el Poder Judicial Federal y por esa razón se había detenido políticamente hasta que se pudiera llegar a una solución. He dialogado, como uno de los ponentes de estas iniciativas, con el Presidente del Consejo de la Judicatura y hemos llegado a un acuerdo para poder eliminar de esta minuta estos elementos que generaron una fricción innecesaria y que de acuerdo a los argumentos del Presidente del Consejo de la Judicatura, no eran importantes y sí obstaculizaban el trámite diario de las adscripciones de los jueces. Desde hace tiempo hice yo mismo un dictamen de esta iniciativa, de esta minuta, se la puse a consideración del Presidente de la Comisión de Justicia, sin que hasta el momento se haya tocado este tema; cuando menos yo no tengo conocimiento de esto. Esta iniciativa es muy importante, porque no solamente regula esta reforma de 98 que se aprobó. La propia Corte ha venido tomando decisiones sin que el Poder Legislativo haya regulado la reforma de 1998, sino que también trata una serie de aspectos de manera fundamental: cómo nombrar al Secretario en caso de ausencia, qué sucede en un Tribunal Colegiado cuando hay empate, cómo se logra el desempate, cómo se nombran a los Secretarios de estudio en cuenta, qué sucede en caso de un conflicto de competencias entre jueces y tribunales o distintos tribunales entre sí; todos estos temas son materia de esta minuta, que son de gran relevancia para la administración de justicia en México. Por eso vengo a pedir, ciudadana presidenta, que excite a la Comisión de Justicia, para que después de dos años que esta minuta fue aprobada por unanimidad por el Senado de la República, pueda ser dictaminada por esa Comisión y presentada al pleno. Muchas gracias. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado Rodríguez Lozano. De conformidad con lo que establece el artículo 21 fracción XVI del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se realiza una excitativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para que emita el dictamen correspondiente. Se aprecia el esfuerzo de clarificación del tema que ha hecho el diputado Rodríguez Lozano. Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López, para presentar excitativa a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Asuntos Indígenas. -EL C. DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ. Con su permiso señora Presidenta. Como es del conocimiento de este pleno, el compañero Diputado Jaime Martínez Veloz trajo a esta Honorable Cámara de Diputados una Iniciativa , la Iniciativa de la COCOPA elaborada por Legisladores de todos los partidos políticos que tienen presencia en el Congreso de la Unión en el momento en que se discutieron los Acuerdos de San Andrés Larrainza, apoyada por 168 firmas de Diputadas y Diputados Federales de esta Legislatura y de 16 Senadores de la República para abrir la discusión en este Congreso de la Unión de esta Iniciativa sobre Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas. Hoy, no venimos y no queremos entrar a discutir si las reformas constitucionales sobre Derechos y Culturas Indígenas son legales o no, la Suprema Corte de Justicia lo definió así dejando de lado la argumentación fundada de más de 300 controversias y simplemente se declaró incompetente dejando consistente esta reforma. Lo que está en la discusión es si estas reformas constitucionales realmente resuelven el fondo de las demandas de los pueblos indios, es si esta reforma constitucional trajo la paz digna en Chiapas como era uno de los objetivos fundamentales de esta reforma, es si esta reforma integra a los indígenas de México al desarrollo nacional con pleno respeto a su identidad cultural, es saber si esta reforma es funcional para desactivar los focos rojos de participación de los pueblos indígenas en grupos que han optado por la vía armada para hacerse escuchar en los diversos Estados de la República. En este sentido estamos totalmente convencidos de que esta reforma no ha cumplido con los mínimos objetivos por los cuales el mismo Congreso de la Unión creó toda una infraestructura jurídica para que se pudiera afianzar el diálogo, se creó la CONAI, se creó la COSEVER, se creó la Comisión de la COCOPA para que fueran instancias que pudieran apoyar a la Mesa de negociación en San Andrés Larrainza. Este mismo Mandato de nuestro Congreso llevó al diálogo a las partes en conflicto que era el Gobierno Federal y el EZLM, hoy llegamos a la conclusión de que este Mandato que el propio Congreso había emitido no fue respetado en todas y cada una de sus formas en virtud de que lo negociado, lo signado, lo pactado por las partes aquí se pasó por alto y se sacó una Iniciativa que no correspondía realmente a las demandas de nuestros pueblos indígenas. Nos preguntamos si esta Iniciativa de alguna manera resuelve la autonomía económica de nuestros pueblos para que puedan planear su propio desarrollo, su autonomía política para que puedan estar representados en ayuntamientos, congresos locales y congresos federales; nos preguntamos si esto también les da autonomía cultural para que puedan ser respetadas sus formas de Gobierno, sus formas de organización, sus sistemas normativos para impartir justicia en sus ámbitos territoriales, absolutamente nada porque no los convierte en entidades de derecho público; por eso, ante esta situación los suscritos Diputados y Diputadas de la LVIII Legislatura de este H. Congreso de la Unión y con fundamento en el Artículo 21 Fracción VII y 87 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos respetuosamente a esta Presidencia, tenga a bien formular a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de asuntos Indígenas, con el fin de que presenten el Dictamen correspondiente en relación a las iniciativas en materia de Derechos y Cultura Indigena presentadas por el Diputado Jaime Martínez Veloz y suscrita por más de 16 Diputados y 16 Senadores integrantes de los diversos partidos políticos, esta es nuestra gran oportunidad para que este Congreso de la Unión se reivindique ante nuestros pueblos indígenas que hoy se debaten entre la miseria y la marginación. Muchas gracias. (aplausos)