El diputado Álvaro Elías Loredo: Señora Presidenta, compañeras y compañeros diputados: Decía Carlos Castillo Peraza que es ominoso que en nuestro país la ley y su cumplimiento sean negociables o se vuelvan instrumento discrecional de quien tiene el poder, para evitar críticas o suprimir la competencia política, porque sin justicia legal, ni siquiera puede plantearse la posibilidad de la justicia social. Ya ha sido debida y abundantemente demostrado que en los países más ricos y más justos, no se dieron leyes después de serlo, sino que están donde ahora se encuentran, merced al imperio del derecho. La historia enseña que las democracias sin estado de derecho, mueren de sí mismo. Si no hay respeto por la ley, si la autoridad renuncia a imponer la legalidad, si se considera que cualquier uso de la fuerza para hacer valer normas y fallos judiciales, es imposible o indeseable, lo que sigue es la nada democrática guerra de todos contra todos, situación que convoca al tirano que monopoliza el uso arbitrario de la fuerza para imponer el orden, la paz de los sepulcros. La democracia pasa por el respeto al estado de derecho. No hay bien común sin respeto a la ley, no hay justicia sin el imperio de la ley. Sin lugar a dudas una de las obligaciones legales esenciales que le han sido conferidas por el constituyente permanente al Congreso, es la de atender con diligencia los procedimientos de naturaleza diversa a la legislativa, como lo son el juicio político y la declaración de procedencia en contra de determinados servidores públicos a los que se les imputen conductas delictivas o contrarias a derecho, los cuales indiscutiblemente constituyen procedimientos que se deberán desahogar en función de la legalidad, teniendo siempre en mente la salud de las instituciones. Por ello es menester que el Congreso de la Unión sea concebido no sólo como el Poder encargado de la creación del ordenamiento jurídico, sino como el órgano de control político, función que es indispensable para el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. En este contexto la legislación vigente en materia de responsabilidad política y declaración de procedencia, adolece de diversas imprecisiones y falta de sistematización. Por ello he considerado necesario plantear una nueva ley reglamentaria del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de juicio político y declaración de procedencia. En tal sentido, presenté durante el mes de diciembre de 2004 una iniciativa de reforma integral al Título Cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para genera mayor certeza jurídica en la tramitación de dichos procedimientos constitucionales, específicamente en materia de responsabilidades políticas, penales y administrativas de los servidores públicos. Ahora someto a la consideración de esta asamblea la iniciativa legal que complementa tal esfuerzo. Esta asamblea tiene por objeto establecer un verdadero y efectivo marco jurídico que impida la impunidad en el servicio público y al propio tiempo garantice la estabilidad y correcto ejercicio de la función de los servidores públicos. En tal virtud, considero necesario perfeccionar el marco legal que regula el juicio político y la declaración de procedencia, adecuándolo a una realidad que nos llevado a emplear estos mecanismos constitucionales cada vez con mayor frecuencia y no con pocas controversias respecto a su interpretación, suscitadas no solo por la naturaleza política que rodea los procedimientos o los órganos encargados de sustanciarlos, sino por lagunas y falta de claridad en la legislación. Por ello propongo, entre otros puntos, establecer que en sus respectivos ámbitos de aplicación en el Distrito Federal regirán el ordenamiento que someto a su consideración y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos; generar una mejor sistematización y hacer más expeditos y menos burocráticos tanto el procedimiento de declaración de procedencia como el de juicio político. Respecto a este último se incorpora el principio de presunción de inocencia, ya que se considera necesario por tratarse de un procedimiento materialmente jurisdiccional y con consecuencias jurídicas y posibles afectaciones de derecho. También se elimina la Subcomisión de Examen Previo. Asimismo se propone que la Sección Instructora deberá integrarse al inicio de cada Legislatura, al igual que ocurre con las comisiones ordinarias de dictamen legislativo. Por otra parte se establece que la integración de la Sección Instructora y la de Enjuiciamiento reflejen la pluralidad de la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, y también que esto órganos estén integrados por un número impar, situación lógica en todo órgano colegiado. Se suprime la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados, se señala con claridad que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal no podrá conocer de juicio político o declaración de procedencia en contra del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. También se incluye como requisito el de la denuncia del juicio político, la protesta de decir verdad en los términos de la legislación penal, a fin de evitar un mal uso de este mecanismo constitucional. Se especifica, para ambos procedimientos, que el servidor público denunciado deberá señalar domicilio en el Distrito Federal para evitar las dificultades en las notificaciones. Igualmente se elimina por completo la posibilidad de iniciar procedimiento de Declaratoria de Procedencia sin que medie la petición del Ministerio Público. Se aclara que la naturaleza del procedimiento de Declaración de Procedencia es administrativa, por lo que se establece que la Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias y acordes con esta naturaleza. Se establece con claridad que el objeto de la Declaración de Procedencia es proteger la función pública y no al individuo que detenta el cargo objeto de la protección constitucional, aclarando que por lo tanto no se requerirá Declaración de Procedencia cuando el servidor público se encuentre separado de su encargo por cualquier motivo, así mediante muchas otras disposiciones que por limitaciones de tiempo no puedo enumerar, pretendo crear una herramienta más para la consolidación de la democracia, la que en un sistema de división de poderes requiere de que los pesos y contrapesos necesarios para un adecuado equilibrio entre los poderes, es ahí cuando el mutuo control y supervisión legítima entre éstos, se hace indispensable para la consolidación de un estado democrático de derecho y la responsabilidad política y penal de los servidores públicos pasa desde luego por este camino. Compañeras y compañeros: No hay paz social sin respeto a la ley. No hay democracia sin el imperio del derecho. Muchas gracias, señora Presidenta. Y solicito que el texto íntegro de seta iniciativa se integre en el Diario de los Debates. Gracias a todas y a todos por su atención.