LA DIP. AMALIN YABUR ELIAS: Iniciativa que reforma los artículos 30 y 31 y adiciona a éste último el párrafo 3° de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sobre las facultades para establecer las tarifas de consumo de energía eléctrica, que reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que reforma la fracción I del artículo 3° de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía y deroga el Decreto del Ejecutivo Federal, donde se establece el acuerdo que autorice el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y disminuya el subsidio a las tarifas domésticas; publicado en el Diario Oficial de la Federación de 7 de febrero 2002, presentado por una servidora como integrante y en representación de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Antecedentes. Los problemas sociales se iniciaron por la inconformidad de la población debido a los altos costos de las tarifas eléctricas, desde el periodo del Presidente Plutarco Elías Calles, en los años 26 y 28 y posteriormente con Miguel Alemán; con Ruiz Cortines y así se agudizo de manera peligros en el periodo del Presidente Adolfo López Mateos. Durante su sexenio el Constituyente Permanente, modificó el artículo 27 y 28 constitucional, con el objeto de que en materia de generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de energía eléctrica, sólo el Estado pudiera hacerlo y se prohíbe el otorgamiento de concesiones a particulares. Lo anterior en congruencia con el principio constitucional que establece que, el aprovechamiento de los recursos naturales para un servicio público, sólo el Estado puede realizarlo. Sin embargo desde el año 92, fue modificada inconstitucionalmente la citada ley y el comportamiento de CFE y Luz y Fuerza del Centro, ha sido distinto y contrario a lo que está plasmado en la Constitución y en la misma ley. Considerando que hasta la reforma del año 92, el comportamiento del precio de la venta de energía eléctrica derivado de las tarifas de consumo eléctrico, eran congruentes con el carácter social y no de lucro del servicio público referido y con el poder adquisitivo de la población, en congruencia la actualización de las mismas, eran acorde con la inflación. Sin embargo, a partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero del 2002, se actualizó el precio del público en tarifas, multiplicándolo por el 2.3% cada mes y acumulándolo, lo que da como resultado un incremento de más del 72%, hasta el mes de marzo del 2004. Lo anterior, inequitativo y desproporcionado, si consideramos que la inflación anual 2002-2003 y 2004, es inferior al 4%, según informantes que ha presentado el Banco de México en consecuencia, este incremento en el precio de la venta de la electricidad, atenta contra el derecho humano a un nivel de vida adecuado y a una mejora de las condiciones de existencia de las personas y las familias, estableciendo en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de mayo del 81. Además, esta política pública de precios de la electricidad es contraria a la fracción VI del artículo 123 de la Constitución General de la República, pues disminuye el poder de compra de los salarios mínimos para satisfacer las necesidad de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural y para proveer la educación obligatoria de sus hijos. Debido a lo anterior, el Secretario de Hacienda y Crédito Público con el decreto publicado en el Diario Oficial del 7 de febrero del 2002, que modificó las tarifas para encarecerlas progresivamente, sin fundamento legal y otorgándose una facultad que no tiene, invalidó la esfera de competencia del Poder Legislativo, en especial de la Cámara de Diputados, toda vez que los subsidios se establecen en la Ley de Presupuesto de Egresos de la Federación, la cual es facultad exclusiva de esta Cámara, violando lo que establece el artículo 74 fracción IV constitucional. Aunado a lo anterior, este nuevo sistema de tarifas de energía eléctrica para consumo doméstico, en diez años fue más del 187% que la tarifa de consumo eléctrico comercial, para el 98 la tarifa ha aumentado 145% más cara que el servicio doméstico. En consecuencia, la política pública tarifaría en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha abandonado la función social del servicio público de energía eléctrica y se ha convertido en un sistema de recaudación fiscal. Para recuperar la función social del derecho a la electricidad, vinculado al derecho humano al nivel de vida adecuada de la mujer, consagrada en la Convención para Eliminación de toda Forma de Discriminación sobre la Mujer, es necesario otorgarle la facultades y aprobar los costos de las tarifas de energía eléctrica a la representación del pueblo de México, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y garantizar que el derecho a la electricidad sea concebido como un derecho humano y no como una mercancía. Esto se traduce en un mecanismo de equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para impulsar diversas soluciones a las necesidades de inversión de las paraestatales. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 55, 56 y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a su consideración la siguiente iniciativa: Artículo 1º. Se reforman los artículos 30 y 31 y se adiciona a éste último el párrafo 3º de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para quedar como sigue: Artículo 30: La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Artículo 31: La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, bajo análisis, revisión y acuerdo tomado por los propios diputados y con la participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Economía y la Comisión Reguladora de Energía, fijarán las tarifas, su ajuste, modificación o reestructuración, así como los subsidios a las mismas, en los términos de la Constitución General de la República, observando que el derecho a la electricidad sea accesible con un costo actualizado no mayor a la inflación anual y de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de la aplicación del servicio público y el racional consumo de energía eléctrica. Asimismo, y a través de procedimientos señalados, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, de demanda mínima o una combinación de ambas. Para ello tomará en cuenta la región geográfica de que se trate, la calidad de generador de recursos naturales energéticos de las entidades federativas; las condiciones climatológicas de temperatura y humedad; la situación salarial; condiciones económicas y sociales y estimulará el consumo racional y ahorro de energía. Artículo Segundo. Se reforma la fracción X del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, para quedar como sigue: Artículo 31. Igual. Inciso I al IX igual. X: Establece y revisar los precios de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal o bien las bases para fijarlo, escuchando a la Secretaría de Economía y con la participación de las dependencias que corresponda. Entratándose de tarifas correspondientes al servicio de energía eléctrica, deberá estarse a lo dispuesto en la ley de la materia. Artículo 3º. Se reforma el artículo 3º de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía para quedar como sigue: Artículo 3º , igual. Incuso I. Participar en la propuesta de los precios y tarifas para el suministro y venta de energía eléctrica. Artículos transitorios: Primero. Se deroga el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 7 de febrero de 2002, donde establece y disminuye el subsidio a las tarifas domésticas. Segundo. En tanto la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprueba las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica al servicio doméstico, se aplicará la anterior vigente. Tercero. En caso de la tarifa doméstica, se deberá retomar la tabla de pasos vigentes contenida en la tarifa anterior a la tarifa del decreto del 7 de febrero de 2002 que se deroga, para la venta de energía eléctrica. Cuarto. Se impulsará un mecanismo de compensación a los usuarios por la diferencia de aplicación entre la tarifa anual y la anterior, a través del mecanismo de ajuste aplicado en las futuras facturaciones. Muchas gracias.