El diputado José Humberto Vega Vázquez: Buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados de esta LXII Legislatura, incluir en la Ley Agraria la disposición expresa de que en México están prohibidos los latifundios tiene la mayor relevancia para el Partido de la Revolución Democrática. Como es de todos conocido, el latifundismo en México no significa únicamente grandes extensiones de tierras ociosas o mal aprovechadas. Significa, sobre todo, el despojo violento de las tierras comunales de los pueblos originales y la explotación inhumana de campesinos, comuneros y obreros agrícolas. Ejemplo, Valle de San Quintín, Baja California Sur. Significa uso de la represión y de guardias blancas para perseguir y asesinar. Desgraciadamente no es tampoco un tema que haya quedado en el pasado de nuestro campo mexicano. Como lo dice bien la exposición de motivos de la iniciativa en discusión, el latifundismo en México arrastra un negro historial de atropellos desde La Colonia, el porfiriato y en la actualidad. Para que el latifundio fuera ilegal y para que se repartieran las haciendas de miles de hectáreas en los tiempos de Porfirio Díaz, los campesinos tuvieron que hacer una revolución bajo el lema histórico de Tierra y Libertad, que costó un millón de vidas por este anhelo. Y luego, promulgar en la Constitución, en el artículo 27, que en la nación mexicana estaban prohibidos los latifundios agrarios. Hacer realidad este principio constitucional significó una larga lucha de campesinos y comuneros por el reparto agrario, por recuperar lo que en otros tiempos había pertenecido a sus abuelos y tatarabuelos, tierras comunales, bosques, aguas y selvas. Con Zapata y Villa, pasando por Rubén Jaramillo, Genaro Vázquez Rojas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y la lucha de cientos de organizaciones campesinas y luchadores sociales, se hizo posible reflejar en nuestras leyes la propiedad social de la tierra y dar vida a 31 mil 426 núcleos agrarios en el país, con una superficie además de 100 millones de hectáreas. Por desgracia la lucha contra los latifundios y los terratenientes de viejo y de nuevo cuño aún no terminan. Tenemos nuevos procesos de privatización y concentración de la tierra, tan insultantes para los mexicanos, como los latifundios en tiempos de Porfirio Díaz. En las reformas de la presidencia de Salinas, en 1992, en la fracción IV, del artículo 27 constitucional se estableció como límite el equivalente hasta 25 veces la pequeña propiedad para sociedades mercantiles por acciones. Esto es, que se considera legal una propiedad de hasta 20 mil hectáreas, mientras que por otra parte, en esa misma reforma se dio por concluido el reparto agrario y se permite que las tierras, aguas y bosques de ejidos y comunidades se puedan rentar, comprar y vender libremente. Además de los muchos núcleos agrarios que siguen reclamando o defendiendo sus tierras ante los tribunales agrarios, tenemos nuevas amenazas sobre la propiedad social con las nuevas leyes y políticas neoliberales, alimentando el voraz apetito por las riquezas del subsuelo. En los últimos 20 años se han entregado concesiones a compañías mineras, nacionales y extranjeras, por cerca de 100 millones de hectáreas, con lo que prácticamente se restablecen los antiguos latifundios. También la reforma energética, al señalar que las actividades de exploración y de extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos tienen preferencia por cualquier otra actividad que implique el aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, anuncia las nuevas amenazas que se ciernen por el latifundismo moderno contra las tierras de ejidos, comunidades y de la pequeña propiedad. Los nuevos latifundistas van por las riquezas del subsuelo, por el petróleo, por el gas, el agua y los minerales, pero para llegar a esas riquezas antes deben apropiarse de las tierras por cualquier vía. Los ejidos y comunidades de los pequeños propietarios están en riesgo. Aquí quiero hacer un llamado a la Comisión Federal de Electricidad porque a miles de campesinos y ejidatarios comuneros y pequeños propietarios que fueron despojados por el paso de servidumbre ya no los quieren indemnizar, a pesar de que hayan hecho sus trámites. Por estas razones, compañeros, el Grupo Parlamentario del PRD considera relevante establecer en la Ley Agraria que en México están prohibidos los latifundios y votará a favor del dictamen de esta comisión. Es cuanto, compañero presidente.