La diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Vengo a presentar una iniciativa con proyecto de decreto que reforma los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Juanita Arcelia Cruz Cruz, en mi carácter de diputada federal de la LXI Legislatura de esta honorable Cámara de Diputados; integrante de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 constitucional, en razón de la siguiente Exposición de motivos Como mexicanos, aspiramos a la construcción de una patria democrática, donde una de las premisas fundamentales es el respeto al Estado de derecho, entendiendo que como integrante del Estado mexicano, el respeto no debe ser únicamente de los gobernados, sino por aquellos ciudadanos que tienen alguna responsabilidad gubernamental. De tal premisa resulta necesario comprometer a los órganos administradores de justicia y sobre todo a quienes los integran, a realizar sus funciones dentro del respeto a la Carta Magna. En el caso de la administración de justicia, independientemente del respeto al derecho sustantivo de las partes, es necesario obligar a nuestros administradores de todos los niveles a que entren al estudio de las cuestiones planteadas y que las resoluciones que dicten se apeguen a lo que fue planteado en la litis por las partes. Así, los órganos administradores de justicia deben tener la capacidad de satisfacer íntegramente las necesidades de los justiciables. Por lo tanto, el derecho de una justicia completa implica que el órgano jurisdiccional resuelva los asuntos que son sometidos a su jurisdicción, del tal forma que proporcionen respuesta a todas las cuestiones controvertidas, ya sea favorablemente o no, pero siempre entrando al estudio exhaustivo del asunto planteado. Así, la garantía de justicia completa referida en el artículo 17 constitucional debe contener los recursos necesarios para que en el caso de que un gobernado acceda al sistema de administración de justicia, le puedan ser reivindicados sus derechos, por lo que la actuación de los órganos administrativos de justicia debe hacer que los derechos legítimos efectivamente se satisfagan, resolviendo todo lo que se plantea por las partes que se encuentran sometidas a su jurisdicción. Bajo esta perspectiva, todas las resoluciones deben satisfacer los principios de congruencia y de exhaustividad. Por congruencia se entiende que la resolución no sólo debe ser congruente consigo misma, sino que debe referirse a la controversia planteada en el proceso, situación que aunada a la exhaustividad, mediante la cual el órgano impartidor de justicia deberá apreciar y valorar las pruebas conducentes, resolver sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer por las partes en el proceso ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, con lo cual se obliga al impartidor de justicia a pronunciarse sobre todas y cada una de las cuestiones debatidas. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de Decreto por el que se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforman los párrafos segundo y quinto del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene el derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, exhaustiva, congruente e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales, la plena ejecución de sus resoluciones y las sanciones administrativas a los juzgadores que violen las garantías de justicia del presente artículo. Las sanciones no podrán modificar el acto que no fue impugnado. Contra tales sanciones no se podrá alegar consentimiento del acto de la parte afectada. Transitorio Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diputada Juanita Arcelia Cruz Cruz. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 23 días del mes de marzo. Es cuanto, señor presidente.