El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. La justicia es el principio y el fin de la sociedad. Solo con justicia la civilización es posible. En esta Legislatura y en especial en la Comisión Justicia, todos los partidos trabajamos para que nuestra sociedad sea más justa, más libre y más democrática. El día de hoy tengo el honor de presentar a consideración de este honorable pleno cinco dictámenes que han sido votados y aprobados por todos los que integramos la Comisión de Justicia el pasado 23 de noviembre. El primero de ellos. Reformas, adiciones y derogaciones de diversas disposiciones de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; del Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Ejecución Penal, con el objeto de establecer elementos de protección para los niños y niñas cuyos padres, madres o tutores se encuentren privados de la libertad, atendiendo en todo momento el interés superior de la infancia. También asegurar que las autoridades correspondientes garanticen el ejercicio, el respeto, la protección y promoción de los derechos de la niñez, y también generar acciones, programas y mecanismos que permitan el crecimiento y desarrollo pleno de los niños y niñas cuyos padres o tutores se encuentren en prisión. El segundo dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 264 y 289, y se derogan los artículos 158 y 334 del Código Civil Federal en materia de acciones discriminatorias para volver a contraer matrimonio. Por medio de este dictamen se podrán derogar las disposiciones establecidas en el Código Civil Federal para hacer posible que la mujer pueda contraer inmediatamente un nuevo matrimonio después de divorciarse. Armonizar esta propuesta con otros ordenamientos jurídicos a fin de garantizar el derecho a la igualdad, a la no discriminación y al libre desarrollo de la personalidad. El tercero es el correspondiente al proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 303 del Código Civil Federal en materia de retrotraer la deuda alimentaria que busca, garantizar la pensión alimenticia a los hijos que no la recibieron pudiendo exigirse cuando exista una relación paterno filial, incluso aunque el hijo o hija sean mayores de edad, y responder a los estándares más altos en materia de alimentos, tomando siempre en cuenta las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese sentido. El cuarto contiene el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción V del artículo 420 del Código Penal Federal en materia de abandono de animales que sanciona con pena de prisión de uno a nueve años a quien abandone a algún ejemplar de fauna silvestre. Y por último, el número quinto, es el dictamen relativo al proyecto de decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en materia de robo en carreteras. Este dictamen fue aprobado por unanimidad el pasado 23 de noviembre por la Comisión de Justicia, y representa una acción importante que integra iniciativas de todos los grupos parlamentarios, incluido el de un servidor, con una propuesta que atiende integralmente esta problemática que nos afecta a todos los mexicanos. Considero importante destacar la labor, ideas y propuestas impulsadas por los otros legisladores proponentes, los diputados Alfredo Anaya Orozco, Jorge López Martín, José Luis Orozco Sánchez Aldana, Xavier Nava Palacios, Maricela Contreras Julián, Arturo Santana Alfaro, Daniel Torres Cantú, Lorena Corona Valdés y Jonadab Martínez García. En los últimos años, la industria de autotransporte se ha visto considerablemente afectada por el incremento de los robos cometidos contra sus unidades y los pasajeros. Solo en el 2017, el 45 por ciento de las empresas sufrieron al menos un robo en sus unidades, lo que ha generado pérdidas de por lo menos mil 75 millones de pesos de enero a septiembre de este año. Ante lo anterior, proponemos un marco jurídico que brinde certeza jurídica a quienes sean víctimas de delitos carreteros impulsando una pena de 6 a 12 años de prisión cuando el objeto del robo sea la mercancía, y de 2 a 7 años cuando sea equiparable al equipaje o valores de los pasajeros, que la penalidad sea de 7 a 15 años de prisión cuando el objeto del robo sea el vehículo automotor y su remolque, de cuando el delito sea cometido por un servidor público se imponga una pena de hasta 18 años de prisión e inhabilitación y destitución de su encargo, y una pena de hasta 22 años cuando la conducta ilícita sea cometida en pandilla o asociación delictuosa. De aprobarse esta reforma permitirá, entre otras cosas, presentar la denuncia en el fuero federal o local, proteger a los pasajeros y empresas de transporte desarticulando a los grupos delictivos y contar con mayor información e instrumentos para una investigación más eficiente y subrayadamente prevenir que se siga cometiendo este delito. Compañeras y compañeros diputados legisladores, estos cinco dictámenes son muestra del compromiso que tenemos las y los legisladores de impulsar reformas que trasciendan para el beneficio y protección de las personas tanto en materia civil, penal, medio ambiente y de protección de derechos humanos. En suma, se trata de reformas que privilegian por encima de todo el interés superior de la nación y que contribuirán a que todos vivamos con justicia y en paz. Es cuanto, señora presidenta.