El diputado César Camacho Quiroz: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeros legisladores. El Poder Legislativo mexicano está pagando con este dictamen puesto a la consideración de ustedes, una deuda legislativa histórica. Hace 133 años a propósito de la restauración del Senado, que paradójicamente en la Constitución Federal —lo subrayo— de 1857, había desaparecido de la vida pública, suscitó el debate de sobre quién debía resolver los diferendos políticos entre Poderes del Estado, y después de una acalorada discusión se resolvió, en aquel entonces, que debía ser el Senado, en tanto Cámara del federalismo; en tanto instancia política y jurídica responsable de mantener la unidad de la Unión. Y no obstante, el mandato expreso en la Constitución de expedir las leyes reglamentarias de esta facultad, la que se refiere a resolver cuestiones políticas, y otra, la relacionada con la desaparición de Poderes; no obstante este mandato expreso hasta ahora es cuando el Poder Legislativo cumple esta expresión concreta. Quizás el diagnóstico de lo que ocurría en México a lo largo de las últimas décadas nos puede decir que un Poder Ejecutivo omnipotente hacía innecesaria la existencia de la ley y del mecanismo para resolver este tipo de diferendos. Sin embargo, la intensa vida política que hoy caracteriza al Estado mexicano; la vida entre instancias de gobierno en la que los partidos políticos tienen un especial papel ha hecho que el diagnóstico cambie y que también en consecuencia, la respuesta institucional venga igualmente en un sentido moderno y eficaz. Para evitar resolver las cuestiones políticas que surjan entre Poderes del Estado, la intención de la ley que nos ocupa es evitar que se resuelva con discrecionalidad o con posiciones facciosas. Hasta los conflictos políticos pueden y deben ser tratados de manera tasada, ordenada y regulada por la ley. Bien se ha dicho aquí: primero definir cuáles son las cuestiones políticas; cuáles son los supuestos que se deben surtir para estar enfrente de una cuestión política; cuál es el procedimiento al que nos debemos atener; cuáles son las autoridades competentes para resolverlo. Y finalmente —que esto es lo que le da eficacia al precepto jurídico— cuál es la consecuencia específica en el caso de un desacato de la resolución del Senado de la República a este respecto. De otra suerte, como ya ocurrió en algún incidente de esta naturaleza hace dos o tres años, queda trunca la disposición del Senado, no tiene eficacia y, por supuesto, no tiene sentido para la gente. La consecuencia específica que prevé la ley que ahora está a discusión es poner en la antesala del juicio político a la autoridad que deje de acatar las decisiones del Senado. Me da mucho gusto que este dictamen llegue hasta el pleno de la Cámara de Senadores, en tanto Cámara de Revisión, porque ha sido objeto de una larga discusión y un intercambio fructífero de ideas; y acreditamos —creo que como una buena señal para los mexicanos— que los legisladores, independientemente de origen partidario, somos capaces de ponernos de acuerdo cuando en el centro de la atención se encuentra el interés nacional. Qué bueno que hoy el Senado de la República se consolide como la Cámara que tiene a su cargo la salvaguarda del pacto federal y que podamos entregar un instrumento eficaz y que lo pongamos en buenas manos. Un órgano colegiado de integración plural que —estoy seguro— estará en cada episodio de la vida política a la altura de las demandas de su tiempo. Compañeras, compañeros legisladores. Les pido respetuosamente su aval jurídico, su apoyo político a través del otorgamiento positivo del voto, de suerte que de esta manera redondeamos, completamos el marco jurídico para que el pluralismo, la consolidación de la democracia, tenga un instrumento más de su lado. Gracias a todos por su atención.