El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta. La administración de los recursos públicos de forma eficiente, eficaz, con economía, transparencia y honradez, que mandata el artículo 134 constitucional, es muy diferente a la política de austeridad planteada por el actual gobierno. A escasos 10 meses de la actual administración, la política de austericidio adoptada ha sido un factor importante en el colapso de nuestra economía. Hemos pasado de crecimientos de arriba del 2 por ciento, a una proyección de crecimiento apenas del 0.4 Hoy estamos discutiendo otro instrumento de esta errónea política, instrumento que además viola derechos humanos y laborales de los servidores públicos, sin dejar de mencionar que carece de sentido. Esta minuta la regresa el Senado corrigiendo los errores a causa de las prisas. Una más, una ley más. La debilidad legislativa, jurídica y técnica, hasta por la incapacidad de redacción del grupo mayoritario que hace las propuestas de dictamen y que se aprobaron el pasado 30 de octubre. Estos errores resultan de la necesidad de cumplir caprichos de un presidente que disfruta gobernando con símbolos. Por ser incondicionales y aceptar lo que diga el presidente, se mandó una minuta al Senado que nos regresa hasta con errores de redacción. De los cinco cambios solo uno representa un cambio sustantivo, es decir, el Senado le enmienda la plana a la Cámara de Diputados por no saber escribir una ley, por las prisas, porque la mayoría hace oídos sordos y nunca aceptará un cambio por bueno que sea si este viene de la oposición. Increíble que el cambio al artículo 2 sea porque no saben quiénes redactaron la minuta, el nombre correcto de la ley. Que los cambios al artículo 17 sean por la incapacidad de redactar ideas completas y dejar una redacción poco clara. Que el cambio al artículo 27 sea porque ni siquiera se armonizó la redacción entre artículos. Y, por último, que el artículo 28 tenga un cambio únicamente en mayúsculas. Ya lo dijo el diputado Muñoz Ledo, qué manera de legislar, compañeros de la mayoría. Lo denunciamos en abril... Dijo otra cosa que por respeto no deberíamos de decir. Lo denunciamos en abril y lo volvemos a decir, este instrumento sobrerregula al ejercicio presupuestal y al administrador público. Existen al menos seis leyes que reglamentan lo que la Ley de Austeridad pretende atender, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, etcétera. Ejemplo de lo anterior es lo correspondiente a los fideicomisos, que está perfectamente regulado en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En la Ley de Austeridad se estigmatizan los fideicomisos, un instrumento válido a nivel internacional para trascender la barrera del ejercicio fiscal en el ejercicio del gasto público. La modificación trascendente es el enfriamiento por 10 años de servidores públicos en puestos de nivel jerárquico superior que quieran desempeñarse en el sector privado. Esto sin duda es un duro golpe para la profesionalización del servicio público, una medida que va en detrimento de la calidad de los servidores y que transgrede derechos fundamentales de quienes trabajan en el sector público. Las experiencias internacionales nos permitirían una mejor legislación, pero la cerrazón de la mayoría y del presidente no permiten avanzar. Casos como Brasil, España o Argentina, que tienen periodos de enfriamiento laboral perfectamente regulados, con pago de sueldo o con supervisión por parte del gobierno en el desempeño de funciones privadas, nos permitiría, observando estas legislaciones, construir de mejor manera esta ley inacabada. Al presidente le funciona bien el linchamiento público, en este caso el linchamiento es simulado. No debemos de obviar que quienes vienen de la iniciativa privada también tienen conflicto de interés en el gobierno y que pueden hacer aún más daño a la nación. El ejemplo inmediato es el secretario de Agricultura, que vino a comparecer a la glosa, que antes de ser secretario promovía los intereses de Monsanto y otras empresas que producen semillas modificadas. Ahora, desde su puesto puede promover esas semillas de mejor manera. Ir en contra de sus propios servidores públicos, cerrarles la posibilidad de desempeñarse en el sector público al final de su gestión, realmente es un exceso. Recordemos que esta iniciativa no es retroactiva, por lo que los primeros afectados serán los funcionarios de este gobierno, funcionarios de la cuatro T. Aprobar esta minuta significará aceptar los errores de la mayoría en la construcción de leyes, significará aceptar que se equivocaron legislando, pero eso parece que poco les importa. Realmente, eso significará...