La diputada Norma Xochitl Hernández Colín: Con su venia, diputado presidente. Agradezco a la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social el trabajo realizado. Las sociedades de solidaridad social son aquellas que se constituyen con el patrimonio de las personas que la conforman, en las cuales los socios principalmente ejidatarios, comuneros, campesinos sin tierra, realizan actividades mercantiles en beneficio de sus familias y de la comunidad en general. Estas sociedades tienen como principal objetivo la creación de fuentes de trabajo para sus integrantes. La práctica de medidas relacionadas con la conservación y mejoramiento de la ecología, la explotación de los recursos naturales, la producción, la industrialización y comercialización de bienes y servicios, así como la creación de un fondo de solidaridad social que permita proveer de servicios médicos y educativos a los socios y sus familiares, entre otras actividades encaminadas para elevar la calidad debida y de la comunidad en general, para otorgarles reconocimiento legal, así como para delimitar sus funciones y alcances, este tipo de sociedades se amparan bajo las disposiciones contenidas en la denominada Ley de Sociedades de Solidaridad Social, que fueran publicada en el Diario Oficial de la Federación hace casi 40 años, sin que hasta el momento haya sufrido reforma alguna. Muchos han sido los acontecimientos y cambios políticos, económicos y sociales y culturales que han ocurrido en el devenir de las pasadas cuatro décadas, cambios que han generado nuevos panoramas para la creación y para el funcionamiento de estas sociedades. En el reconocimiento de ello se estima por demás necesaria la adecuación del marco normativo que las regula, en aras de mejorar las condiciones en las que opera una de las organizaciones sociales más importantes para el sector de la economía social. Como todo ordenamiento, la Ley de Sociedades de Solidaridad Social requiere actualizarse a efecto de que esté en condiciones de reflejar la situación actual de su objeto y aplicación, que redunda en la satisfacción de las necesidades de las sociedades. Es nuestro deber como legisladores reconocer los problemas ocasionados por el anacronismo de esta ley y encontrar los mecanismos necesarios para que las disposiciones sean el reflejo de esta realidad con su aplicación en la ley actualizada. Con la adecuación y actualización de los artículos 2, 4, 7, 20, 28, 34, 36 y 39 de la Ley de Sociedades de Solidaridad Social, se consigue: 1. Que la explotación de los recursos naturales que emplean las sociedades para el desempeño de sus funciones, se lleve a cabo de manera sustentable con respecto a la disponibilidad de los recursos naturales del territorio nacional propiciando su regeneración. 2. Que para la constitución de una sociedad se requiera la unión de un mínimo de cinco socios en contraposición con los 15 requeridos previamente a la presente modificación. Esto responde a la necesidad de facilitar la constitución de sociedades, derivado de sus importantes funciones para la economía social al cumplimiento de los objetivos de la ley. 3. Que la autorización para la constitución de las sociedades sea provista por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en contraste con lo dispuesto en la legislación, que en este caso se actualizó, la cual dispone de manera anacrónica que tal permiso sería concedido por la Secretaría de Reforma Agraria fenecida en 2009. 4. Que los principios que orientan la educación proporcionada a los socios de las sociedades se ha establecido en la Ley General de Educación, misma que en 1993 abroga la Ley Nacional de Educación para los adultos a que hacía referencia la legislación que se actualiza, y que al momento de recibir estímulos, franquicias o subsidios, las sociedades sean sujetas de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables, imponiendo también la obligación de informar a la autoridad sobre su uso y resultados derivados de su aplicación. 5. Como se aprecia, con el decreto que en este acto se somete a la consideración de esta soberanía, se actualiza la ley para dar certeza al funcionamiento de las sociedades. Asimismo facilita su constitución atendiendo las necesidades particulares del sector que la conforman, que se ha visto imposibilitado a obtener el reconocimiento legal por el número de personas que están en condiciones de conformarla. Asimismo, se establecen nuevas obligaciones a cargo de las sociedades en materia de recursos proveniente del erario, lo cual posibilita la transparencia en el ejercicio de los recursos que provienen de los impuestos que pagamos todas y todos. Para esta soberanía y las comisiones que la integran, es importante atender el dinamismo que caracteriza la legislación. Las leyes deben ser un reflejo de las condiciones actuales de esta esfera de competencia, también un medio por el cual se da certeza y certidumbre a quienes se ubican bajo estos supuestos. Es cuanto.