La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. La principal fuente de información acerca de la actividad de las políticas y programas públicos es la evaluación de los mismos. Por ello, la evaluación de los programa públicos debe ser una preocupación firme de un gobierno que está interesado en lograr la mejor política social y de desarrollo posible. El progreso se alcanza mediante una administración pública eficiente, que sea responsable de sus actos, con instituciones sólidas y una clara determinación de extirpar la corrupción. Por ello, un punto muy importante es el de la transparencia y la rendición de cuentas, pues por muy exitosas que parezcan las políticas públicas, programas y estrategias para superar la pobreza en nuestro país, en la práctica no resultarían así, si el gobierno, dependencias e instituciones no operan con sistemas apegados a la transparencia y sujetos a la rendición de cuentas. Una de las críticas más recurrentes a los programas encaminados al desarrollo de capacidades básicas, protección a grupos vulnerables, disminución de las paridades regionales, así como la mejora de la calidad de vida de la población en general que la Secretaría de Desarrollo Social formula y coordina, tiene que ver con la falta de transparencia en la gestión de los recursos y en el otorgamiento de los apoyos. Mucho se ha señalado sobre la existencia de actos irregulares y de corrupción por parte de servidores públicos, así como falta de transparencia en los trámites y apoyos otorgados por la Secretaría. Con independencia de los temas que se lograron regular con la reforma constitucional en materia electoral de 2007, el de la propaganda resulta particularmente endeble ya que en nuestro país se considera políticamente válido que los gobernantes en turno autoricen programas sociales en beneficio de determinado candidato y por ende, de su partido político a pesar de la prohibición constitucional establecida en el artículo 134. Para el Grupo Parlamentario Nueva Alianza son actos de propaganda de cualquier servidor público: la orden o consentimiento de ejecución de una acción que implica el beneficio de cualquier partido político o algún candidato, ya sea con hechos, como el pintar edificios públicos de colores alusivos al partido político o de igual forma, la autorización de programas sociales de mejora de la imagen en las fachadas de viviendas particulares que utilicen colores o símbolos que directa o indirectamente se vinculen con los partidos políticos o algún candidato. En ese mismo sentido nadie puede negar que los padrones de beneficiarios de los programas presentan irregularidades tales como discrecionalidad en la asignación de los recursos y procesos de selección de beneficiarios diferentes a los establecidos en las reglas de operación de cada programa, traduciéndose en que los recursos se distraigan para fines ajenos a la política social y, sobre todo, en el hecho de que éstos no atienden a su población en el objetivo para el que fueron creados. En Nueva Alianza estamos convencidos de que las obras públicas no deben considerarse una extensión del patrimonio de los partidos políticos en el poder. Debemos fortalecer la cooperación entre el gobierno federal, los estatales y los municipales junto con la sociedad, para avanzar a una política de combate a la pobreza que efectivamente dé cobertura a quienes lo necesiten y que se apliquen en un marco de transparencia y rendición de cuentas. Los recursos de por sí son escasos, no pueden ser utilizados para fines diferentes a los que han sido destinados. La transparencia es y debe seguir siendo una condición ineludible en la ejecución de los programas de combate a la pobreza. Muchas gracias por su atención.