El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Si, presidente, quise subir para hacer dos consideraciones que me parecen importantes. Agradezco mucho las palabras también del diputado Benítez Treviño, que confirma esa tendencia que existe en el derecho penal mexicano para establecer un derecho de excepción, un derecho de excepción muy duro, un derecho de excepción, por ejemplo en este caso, de la Ley Antisecuestro, que llega a contemplar sanciones hasta por 70 años de prisión, lo que va a impedir, desde luego, cualquier readaptación social, cualquier rehabilitación de aquellas personas que cometan el delito porque no solamente se castiga hasta con 70 años de prisión en algunos casos el delito, sino que como aquí también se ha dicho, cinco años después que se compurga la sanción, que se compurga la pena hay vigilancia policial extracárcel, extracentro penitenciario. Si esto no es derecho penal del enemigo, no sé lo que es. El derecho penal del enemigo es grave, porque no es un derecho que coincida, que sea conforme al Estado democrático, al Estado de derecho. Es verdad, el secuestro, como otros delitos, son delitos lacerantes, pero son delitos que deben atenderse no mediante penalidades agravadas, sino como todos bien sabemos en este pleno, llevando a proceso penal a todos los que incurren en esos delitos, a todos aquellos que actualizan los supuestos del tipo penal. El gran problema en México se llama impunidad, que muy pocos delitos son llevados ante los jueces y los responsables son sometidos al debido proceso penal. Si todos los que cometen el delito o un porcentaje muy alto de los que cometen delitos fuesen sometidos a un proceso penal, creo que la actitud de la sociedad hacia cualquier delito, por más reprochable que sea, sería distinto. El problema es que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema penal, no lleva a las personas a los procesos penales, es un sistema que privilegia la impunidad penal. Eso es lo que tenemos que cambiar en México, tenemos que llevar a las personas que cometen delitos a los procesos correspondientes, pero llevarlos con todas las garantías, con todos los derechos fundamentales que les corresponden; no menoscabarles los derechos al debido proceso penal. Esta Ley Antisecuestro está menoscabando los derechos procesales, los derechos al debido proceso penal, está limitando los beneficios penales. Constitucionalmente en el artículo 19, se obliga a que los responsables de estos delitos tengan que comparecer o ventilar los procedimientos correspondientes en prisión preventiva. Se trata de violaciones, en este caso, aunque sean constitucionales, al debido proceso penal. Eso es lo que me alarma. No podemos seguir apuntalando un derecho penal de excepción. Tenemos que establecer un derecho penal ordinario para todos, con las suficientes garantías. Y lo que tenemos que resolver en nuestro país es el problema de la impunidad en materia penal. Debemos someter a los delincuentes al proceso penal, pero estos delincuentes deben tener derecho, como cualquier persona, a la readaptación social, a la rehabilitación, y las penas, tal como lo establece también el artículo 22 de la Constitución, deben ser penas proporcionales a las faltas cometidas, no ser penas inusitadas. Y este cuerpo legislativo, esta ley que se va a aprobar establece penas inusitadas, contrarias al artículo 22 de la Constitución e impide además la rehabilitación de las personas y también limita el debido proceso penal. Por eso yo refrendo mi voto en contra de esta minuta proveniente del Senado de la república. Por su atención, compañeros, muchas gracias.