El diputado Carlos Lomelí Bolaños: Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados y compañeras, nuestra Constitución Política, en su artículo 2, señalar que la nación mexicana es única e indivisible. A su vez, el artículo 26 de la Ley Fundamental establece como tal, ineludible del Estado, organizar un sistema de planeación que imprima dinamismo, competitividad, permanencia, equidad, crecimiento de la economía para la independencia y democratización política, social y cultural de la nación. Nadie pone en duda la validez de las disposiciones anteriores. Sin embargo, la realidad de muchas de las regiones de nuestro país, sobre todo, las del sur muestran que están quedando relegadas respecto al crecimiento económico y de competitividad de otras zonas del país, como si los estados y los municipios del sur no fueran parte de la única nación mexicana ni tuvieran derecho a gozar de los beneficios de una economía pujante, tal como lo prevé el artículo ya mencionado de nuestra Carta Magna. Los datos nos indican que en el sur del país se encuentran las tres entidades más rezagadas en términos de bienestar social y desarrollo económico, con una incidencia de pobreza patrimonial del 72.2 por ciento. De igual forma, en el sur de México reside el 60 por ciento de los municipios con el nivel de marginación más alto de toda la República Mexicana, lo que se debe, entre otras cuestiones, al limitado desempeño de las actividades económicas y productivas. El anterior panorama es sólo un ejemplo de la deuda histórica que tiene el Estado con los mexicanos que habitan esa región. Bajo este contexto, la Ley de Zonas Económicas Especiales que hoy estamos discutiendo, contribuye a una vía para impulsar con acciones concretas la economía de esta región, pues aunque la ley por ser de ordenamiento de carácter general, no lo limita ni lo suscribe a zonas específicas al campo de la aplicación de la misma, las primeras beneficiadas con el régimen jurídico particular que se propone, se encuentran al sur del país. Así podemos mencionar al puerto de Chiapas, puerto de Lázaro Cárdenas, en los municipios colindantes de Guerrero, Michoacán, así como el corredor interamericano del Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos y Veracruz. En la actualidad, a nivel internacional existen más de 3 mil 500 zonas económicas especiales, como en China, Corea, Corea del Sur, India, Malasia, Irlanda, Polonia, entre otros países. La Organización Mundial del Trabajo ha señalado que la presencia de las zonas económicas especiales cada vez es más relevante. Durante 1975 y 2006, el número de las zonas económicas aumentó de 79 en 29 países, a 3 mil 500 en 130 países. En las últimas tres décadas, países como Corea del Sur, China y Chile han alcanzado tasas elevadas de crecimiento, disminuyendo sus niveles de marginación y generando nuevas alternativas de empleo para quienes viven en el área de influencia de las zonas especiales. En Centroamérica, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana ya implementan esta figura como parte de un orden jurídico y se tienen casos exitosos en otras partes del continente americano como la zona franca de Manaos, en Brasil, y la zona franca de Colón, en Panamá, donde se reportan crecimientos significativos del producto interno bruto. Lo anterior nos ejemplifica que las zonas económicas especiales, a pesar de ser la primera vez que se implementan en nuestro país tienen arraigo a nivel mundial y han propiciado resultados satisfactorios para la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de cadenas de valores y productividad, reduciendo así la breca a nivel económico que existe entre las distintas regiones que integran un país. Pero además, la creación de la zonas económicas especiales en el contexto de los estados y municipios del sur de México permitirá a las autoridades retomar, en gran medida, el control sobre una zona donde el crimen organizado ha echado raíces, ha contribuido precisamente al estancamiento de las actividades productivas y económicas, pues todos sabemos que el alto nivel de inseguridad y los efectos asociados a ésta frenan la llegada de inversiones, pero sobre todo, estropean la vida de los hombres y mujeres, incluso de jóvenes y niños induciéndolos a la comisión del delito al aprovecharse de su pobreza y desesperación en los que estos se encuentran, al no poder contar con una alternativa digna y legal para sacar adelante a sus familias. La razón anterior, en un contexto internacional y local muestran las bondades que para un país tiene la regulación de las zonas económicas especiales. En este sentido, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano coincide con el espíritu en lo general del dictamen. No obstante, creemos que las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y otras instancias involucradas se presten a la discrecionalidad, lo que puede generar conductas para favorecer a ciertos empresarios para la explotación de estas zonas sin la adecuada transparencia y rendición de cuentas que se necesitan, propiciando, por tanto, posibles actos de corrupción. Por tal motivo, Movimiento Ciudadano se abstendrá en el presente dictamen y estaremos vigilantes para evitar posibles abusos de inversionistas que solo buscan su beneficio. Es cuanto, señor presidente.