La diputada Anabel Acosta Islas: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados, en la vasta y noble red de derechos que consagra nuestra Constitución hay uno que sobresale de manera particular, el derecho a la salud. Este derecho no solo es un concepto sino un compromiso profundo, un pacto social que trasciende los límites del papel para atender y transformar realidades. En el artículo 4o. de nuestra Constitución se consagra a la salud como un derecho fundamental, y es nuestra responsabilidad garantizarlo, defenderlo y preservarlo. En el contexto actual hay una amenaza que se destaca con mayor gravedad y urgencia, la expansión de los productos relacionados con el tabaco, como los cigarrillos electrónicos y los dispositivos análogos. La salud no se construye solo con leyes sino con la acción decidida de aquellos que entendemos que una nación sana es una nación fuerte. No basta con decir que la salud es un derecho, debemos de garantizarlo de manera activa y constante. Ese derecho implica no solo la atención de quienes ya sufren las consecuencias de consumir estos productos, sino la prevención de aquellos que podrían caer en la trampa mortal de las sustancias tóxicas. Por eso, la sanción a toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y dispositivos análogos es una medida que va más allá de una simple prohibición, es un acto de protección, de cuidado de nuestras generaciones presentes y también de las futuras. No podemos ser testigos indiferentes a la proliferación de productos que buscan seducir a los más jóvenes. La producción, distribución y enajenación de estas sustancias nocivas deben de ser frenadas con mano firme, al igual que el uso ilícito del fentanilo y otras drogas sintéticas. Estas sustancias no solo son veneno para el cuerpo, sino que son armas silenciosas que destruyen sueños, destruyen familias, comunidades y se empoderan de las libertades de las personas. En este sentido, el artículo 4º., párrafo quinto del decreto propuesto en el presente dictamen, se erige como una defensa de nuestra población, especialmente de nuestra juventud y de nuestras familias. Este esfuerzo no es un capricho ni una medida aislada, responde a la realidad global. A una epidemia que, aunque menos visible, es tan destructiva como cualquier otra. A nivel mundial, mil 100 millones de personas mayores de 15 años y 50 millones de adolescentes entre 13 y 15 años son fumadoras. La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que el tabaco es una de las principales causas prevenibles de muerte en el mundo, con más de 8 millones de fallecimientos anuales. Es por estas vidas que debemos de actuar, por esos futuros truncos que debemos de construir barreras. Prevenir el consumo temprano puede salvar vidas y dar esperanzas. Hoy las y los jóvenes de nivel secundaria, una edad en la que apenas están consolidando el carácter y valores, están siendo incitadas a consumir productos diseñados para atraer su atención con sabores llamativos que se presentan como inofensivos. Con este contexto global en mente no es suficiente con esperar a que el cambio venga de las buenas intenciones. Es necesario legislar con firmeza, es necesario prohibir lo que nos hace daño antes de que se propague como una plaga invisible. El 19 de febrero de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que modifica la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, prohibiendo la importación y exportación de cigarrillos electrónicos y dispositivos personales de vaporización, esta medida se encuentra alineada con los esfuerzos internacionales para limitar el acceso de los más jóvenes a estos productos, porque estos dispositivos, como los sistemas electrónicos de administración de nicotina o los sistemas similares sin nicotina son herramientas sofisticadas, que lejos de ofrecer una alternativa saludable, terminan siendo una puerta de entrada a otras sustancias, a otras adicciones. Así, a partir de la constitución de la ley que protege nuestra salud, pasamos a lo específico, a lo particular, a lo que cada uno de nosotros podemos hacer. Prohibir la profesión, la industria y comercio relacionado con productos que atentan contra la salud, es un acto de responsabilidad que va más allá de la política. De esta manera, alzamos la voz por el derecho a la salud, un derecho que no se agota en la letra fría de la ley, un derecho que de lo abstracto se ejecuta en la acción, que se transforma en acción concreta, en medidas que protejan a nuestros niños, a los jóvenes y adultos de los efectos devastadores que pueden causar...