La diputada Ana Lucía Riojas Martínez (vía telemática): Muchísimas gracias. Las reservas que aquí presentamos tienen como base el trabajo del equipo técnico de la Comisión de Igualdad de Género, así como de varias de las organizaciones de activistas que hicieron grandes aportaciones en esta discusión, pero que lamentablemente fueron ignoradas en el texto final del dictamen. Andrea Medina Rosas, una abogada independiente; Agneris Sampieri, de R3D; Priscila Ruiz, de Artículo 19; Aimeé Vega Montiel, Carolina Pacheco y Daniela Esquivel, de Laboratorio Feminista de Derechos Digitales, muchas gracias por su valioso trabajo. Estas reservas tienen dos sentidos generales. El primero, es definir de mejor manera la violencia digital, para así generar políticas públicas de prevención ante esta clase de violencias que todas las mujeres vivimos a diario. No podemos y no debemos centrarnos en el castigo, hay que pensar en cómo parar y reparar el daño que estas acciones nos causan a las mujeres que sufrimos estas violencias. ¿Qué sucede el día después de ejercida una violencia o después de emitida una sentencia condenatoria en contra de un agresor? Pues necesario cuidar y cuidarnos a todas nosotras desde la multiplicidad de necesidades que estas situaciones generan, atendiendo nuestra salud psicológica, física, social, etcétera. En ese mismo sentido y atendiendo al contexto nacional, no podemos darnos la libertad de abonar a los crecientes niveles de control y de censura en los contenidos que se difunden en las redes sociales y medios de comunicación. No podemos pretender construir un muro entre nuestra seguridad y la realidad que acontece día a día. Es nuestro deber poder construir leyes que se apeguen a los derechos humanos y en este caso obligar a que las plataformas se apeguen a estos y sean transparentes en las decisiones del manejo de contenidos que ahí publican, siempre teniendo en cuenta la realidad global en la que nos encontramos. Eso significa, a partir derecho de que varias de estas plataformas simplemente no están obligadas a acatar las leyes mexicanas. Hay soluciones que en estos momentos requieren de interlocución internacional. Y, segundo, no nos parece necesario seguir proponiendo la creación de nuevos delitos, cuando ya existen tipos penales que pueden y deben ser aplicados. Menos en el orden federal, donde esta clase de conductas jamás son investigadas, pues es tarea de las fiscalías estatales. Además de ser un despropósito por construir una falsa idea de avance hacia una sociedad más justa y libre, cuando en realidad la ampliación del catálogo de delitos solo abona a mantenernos en el estado de violencia perpetua en el que nos encontramos. Como he mencionado antes, necesitamos centrarnos en las políticas de prevención, de atención integral a las víctimas, en modelos que atajen la violencia y no debemos centrarnos en el castigo. Hay que poner a las víctimas al centro de la creación de políticas públicas y evitar que sean revictimizadas y que sufran mayores daños a su persona. Esta es la presentación de las reservas. Y nada más me gustaría unirme a lo dicho por el diputado Fernández Noroña. También lamento el fallecimiento del general Gallardo, una persona ejemplar y a quien este país le extrañará en estos tiempos que se necesitan tantas mentes, como la suya. Muchas gracias.