EL C. DIPUTADO RAMÓN LEÓN MORALES (PRD): Muchas gracias, señor Presidente. "La Revolución Mexicana tuvo en sus causas, en un proceso de lucha y en sus resultados, un claro sentido agrarista. Fueron fundamentales la gente del campo, quienes aportaron su vida por la construcción de un régimen político más justo en lo social. Resultado de esa lucha fue la incorporación en nuestra Carta Magna, en 1917, de los derechos sociales. Los artículos 3º, 27 y 123 de la Carta Magna son claros ejemplos del sentido social de la Constitución del Estado Mexicano derivado de la Revolución. Muchos justificaron o más bien explicaron la ausencia de valores políticos-democráticos durante muchos años en nuestra vida pública, con la amplia existencia de postulados y aspiraciones de contenido social. Sin embargo, en la actualidad las estructuras políticas son las mismas en lo fundamental y sin embargo en lo social se retrocedió en programas de gobierno y en diseño normativo. Los gobiernos neoliberales, incluyendo al actual, no son más democráticos que los anteriores, pero sí más injustos desde el punto de vista social. Salinas de Gortari constituyó en la segunda mitad de su gobierno una mayoría calificada en el Congreso, para llevar a cabo reformas constitucionales en detrimento de conquistas sociales. En ese terreno debemos ubicar las contrarreformas constitucionales de 1991 al artículo 27, que terminaron de exacerbar la situación del campo mexicano y cuyas consecuencias estamos viviendo ahora. Parece que desmantelar la capacidad del campo fue la verdadera intención oculta de esas reformas aprobadas en tiempo récord, sin análisis y sin medir las consecuencias que se generarían. Se dijo entonces que esa reforma era una, cito: "respuesta para dar oportunidades de bienestar a los modos de vida campesina y fortalecer nuestra nación". También se dijo pretender en las circunstancias actuales, que el camino nacionalista debe seguir siendo el mismo que ayer. El del reparto agrario pone en riesgo los objetivos mismos que persiguió la reforma agraria en la Revolución Mexicana, por lo que hoy se dijo- debemos emprender nuevos caminos. Se justificó el giro diciendo que la inversión del capital en las actividades agropecuarias tienen hoy así lo dijeron- pocos alicientes, debido en parte a la falta de certeza para todas las formas de tenencia que se deriva de un sistema obligatorio para el Estado, de reparto abierto y permanente. Se afirmó que el marco jurídico de entonces había provocado que una parte importante y creciente de los alimentos esenciales que consumía el pueblo mexicano, tuviera que adquirirse fuera de nuestras fronteras. Se manifestó que con esa reforma se reactivaría el crecimiento sostenido del campo a través de la inversión. Se decía que de aprobarse la reforma sería el arranque de un nuevo proceso de crecimiento en el agro. Se buscaba según la iniciativa- generar una mayor participación de los productores del campo en la vida nacional. Se utilizaron eufemismos como el de tener como propósito dar certidumbre jurídica al campo. Asimismo, se afirmó como justificante que era necesario propiciar un ambiente de certidumbre en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y en la pequeña propiedad, que fomentara su capitalización, transferencia y generación de tecnología para así contar con nuevas formas de creación de riqueza en provecho del hombre del campo. Se quiso entusiasmar con la idea de que al aprobarse la iniciativa se iba a capitalizar el campo, pues se superarían las restricciones productivas del minifundio para lograr, mediante la asociación, las escalas de producción adecuadas. Se afirmó en clara exaltación oratoria, que con esa reforma se daría el carácter de adulto al ejidatario. Por eso se plantearon cambios para: Terminar por decreto con el reparto agrario; revertir el minifundio en el campo así se dijo- a través de eliminar impedimentos a las sociedades mercantiles y sociedades por acciones en la propiedad de producción rural; flexibilizar las normas para cambiar el uso agropecuario; fragmentar la propiedad social, sea ejidal o comunal, al establecer que son tierras de ejidatarios y comunales y dejarles a ellos las decisiones sobre su manejo. Asimismo se permitió la libre enajenación de ejidos entre ejidatarios. En el colmo de la argumentación, Salinas llegó a expresar en la Exposición de Motivos que los ejidatarios que quisieran permanecer como tales recibirían el apoyo para su desarrollo, que no habría ventas forzadas por deuda o por restricción y que a ellos les correspondería resolver la forma de aprovechamiento de sus predios dentro de los rangos de libertad que ofrecía la Constitución. Conviene, a casi doce años de esta Reforma, evaluar cuáles son sus resultados. El campo en México atraviesa por la peor crisis de su Historia, se acabó el reparto agrario, se exacerbó la descapitalización del agro y los ejidatarios por necesidad han tenido que vender sus ejidos y emigrar principalmente a los Estados Unidos y las sociedades no se han dado en beneficio del campesino. A esta realidad que se traduce en pobreza extrema para millones de mexicanos, tenemos que sumarle las políticas agropecuarias que le han acompañado, todas estas han sido erróneas pues se han abocado sólo a apoyar a las grandes empresas con capacidad de exportación. En estos momentos por el cumplimiento de los plazos desregulatorios del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en materia Agropecuaria, los restos de potencialistas. pues lo muy poco que todavía se traduce en territorio nacional, puede ser desplazado de manera irreversible por los productos norteamericanos. El agro nacional es un sector abandonado a las fuerzas del mercado bajo el mayor engaño neo liberal de que precisamente el mercado determina el mayor reparto de capital. A esta situación adversa, debemos añadir las barreras comerciales, la competencia desleal y las medidas proteccionistas de los Estados Unidos principalmente, por la cantidad de población que depende de la actividad agropecuaria , por la gran dependencia alimentaria del exterior que ya en la actualidad tiene nuestro país, misma que amenaza a la propia Soberanía nacional, el problema agropecuario es un problema de seguridad nacional. Por ello proponemos volver a la redacción del Artículo 27 Constitucional, anterior a la contrarreforma impulsada por Carlos Salinas de Gortari en 1991 y establecer con claridad los principios históricos de la propiedad ejidal y comunal y lo que se define como inalienable, imprescriptible , inembargable e intransferible. Sabemos que esto sería una parte fundamental para la solución de la problemática del campo; la otra, corresponde a la exclusión o renegociación en términos más equitativos del Apartado Agropecuario del Tratado de Libre Comercio y al cambio de la política agropecuaria hacia el apoyo y fortalecimiento de nuestro campo y nuestros productores. Como resultado de las mesas de diálogo recientemente llevadas a cabo, se planteó esta Reforma como un asunto urgente; por ello y para que exista la Iniciativa sobre la cual dictamine este Congreso con fundamento en lo expuesto, presentamos la siguiente Iniciativa de Decreto de Reformas al Artículo 27 Constitucional. Para no leer todo el articulado señor Presidente, solicito que en forma completa sea publicada en el Diario Oficial y las instancias correspondientes y esperamos congruencia de todos los miembros del Congreso de la Unión para que agilicemos precisamente esta Reforma que estamos proponiendo a fin de darle <az los campesinos no solamente seguridad jurídica sino también justicia social que han venido exigiendo desde hace muchísimos años. -