El diputado Víctor Suárez Carrera (PRD): Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeras diputadas, diputados: Me permito presentar la siguiente iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, para reglamentar la formación de nuevas entidades de ahorro y crédito popular en áreas rurales. La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada por el Legislativo en 2001, representa el marco reglamentario más integral diseñado hasta ahora para la creación de organizaciones financieras populares de ahorro y crédito en México, permite el funcionamiento de lo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en su Capítulo Décimo Primero, define como banca social y que en la Ley que crea la financiera rural, se denomina "intermediarios financieros rurales", refiriéndose a las sociedades cooperativas y sociedades financieras populares. La Ley de Ahorro y Crédito Popular aprobada en 2001, fue diseñada para regular al sector de cajas populares existente en México y evitar los fraudes recurrentes originados a fines de los años 90´s. Esta Ley fue pensada para regular organismos existentes y su diseño fue inspirado en experiencias internacionales exitosas. Sin embargo, al diseñar la ley dos hechos fueron ignorados, el primero fue la desigualdad existente, incluso al interior de los sectores populares urbanos y rurales donde el sector rural, por las barreras estructurales como la dispersión geográfica, escasa infraestructura física y de comunicaciones, unidades económicas pequeñas con ingresos estacionales, realizan transacciones de bajos montos con altos costos de transacción, lo que ha originado un número limitado de organismos financieros populares. Por otro lado, se pasó por alto que los grandes sistemas financieros exitosos que hoy inspiran la Ley de Ahorro y Crédito Popular como las Cooperativas Rayfaisen (?) de Alemania, las cajas populares de Canadá o las cajas rurales francesas, en sus orígenes no tuvieron una reglamentación bancaria tan estricta como la diseñada en México y todas nacieron de procesos de organización comunitaria regional, que con el paso de los años alcanzaron escala financiera para conformar los sistemas financieros exitosos que hoy conocemos con renombre internacional. La Ley de Ahorro y Crédito Popular reglamentó una realidad mayoritariamente urbana con una historia organizativa de al menos 50 años, mientras que dejó un vacío legal para la creación de nuevas instituciones financieras rurales que se basan en la autoorganización. La problemática rural nunca fue una prioridad en la discusión de la ley y su problemática específica es ampliamente desconocida en el sector financiero. Por tanto la regulación diseñada, no le es totalmente adaptable, impidiendo que amplios sectores de la población rural, participen en la organización de entidades de ahorro y crédito popular. La ley, al no contemplar un espacio de regulación que permita la creación de nuevas entidades e intermediarios financieros rurales, reconociendo la gradualidad en su crecimiento, hasta alcanzar el tamaño y maduración institucional necesario para cumplir los estándares que establece, ha establecido barreras de acceso que discriminan a las pequeñas iniciativas del medio rural y afectan las estrategias de desarrollo económico para los pobladores de escasos recursos. Como Legislativo debemos garantizar que todos los mexicanos tengan las mismas oportunidades, evitar exclusiones que profundicen la desigualdad. Con esta iniciativa de reforma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, estaremos permitiendo que las familias rurales, campesinos y comunidades indígenas, tengan oportunidad de participar organizadamente en el sistema financiero del país. Es una iniciativa que establece un vínculo de coherencia y de viabilidad con otros ordenamientos legales, como la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y la ley que crea a la Financiera Rural. Permite también dar sustento al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Nacional para el Campo en materia de financiamiento rural. La creación de un amplia base de intermediación financiera rural, es condición ineludible para posibilitar oportunidades productivas y de integración de áreas rurales pobres al desarrollo económico, que representa una condición ineludible de la democracia económica. El acceso a servicios financieros es una condición también ineludible para el desarrollo económico y el combate a la pobreza en el medio rural, pero es necesario reconocer la diferencia de condiciones en que se desarrollan las instituciones financieras en el medio rural tan diverso, como es el de nuestro país. La calidad de los organismos de banca popular está centrado en la identidad y organización autogestiva, esta cuestión social es un proceso de organización gradual, el aprendizaje institucional y la creación de capacidades locales para gestionar, en forma eficiente, organismos financieros de ahorro y crédito popular, también requieren procesos de gradualidad en el crecimiento. Todas las experiencias exitosas de auto gestión y auto organización financiera popular, han requerido de marcos regulatorios apropiados, de políticas públicas favorables. El sentido de la reforma que se presenta hoy, incorpora el reconocimiento de esta problemática que enfrenta una población considerable en nuestra población rural. Existen en México un número importante de organizaciones financieras populares en áreas rurales y ellas han demostrado que es posible construir soluciones desde la organización autogestiva de la sociedad rural, pero que hace falta que las leyes garanticen igualdad de oportunidades para las comunidades rurales. Esta iniciativa permitirá reconocer procesos de organización financiera de dichas comunidades, en un marco de certidumbre jurídica y crecimiento gradual para alcanzar escalas financieras suficientes para lograr viabilidad en el sistema financiero nacional. Esta iniciativa que se presenta, particularmente una adición de un artículo 9 bis, establece los términos y procedimientos para la creación de nuevas entidades de ahorro y crédito en áreas rurales y establece un régimen simplificado, que les permita madurar para que alcancen los estándares de los niveles superiores del sector, en reconocimiento a la importancia de apoyar la cobertura de servicios financieros en este sector de la población. En este régimen simplificado se busca eliminar barreras legales y crear un ambiente propicio para activar las iniciativas de apoyo a la emergencia de intermediarios financieros rurales, tal y como se ha establecido en leyes y acuerdos promovidos por el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo del país. La constitución de nuevas entidades se realizará cumpliendo los requisitos mínimos, en cuanto número de socios, teniendo las nuevas entidades de ahorro y crédito popular, previo a su constitución la obligación de contar con la autorización de la Federación, a la que habrá de ampliarse para su supervisión. La comisión establecerá disposiciones particulares y de naturaleza simplificada para nuevas entidades en proceso de constitución y su etapa operativa inicial, respetando lo siguiente: Libertad de constituirse legalmente, iniciar operaciones. Operaciones en un ámbito regional con proximidad a sus socios. Afiliación a una federación de supervisión y funcionamiento bajo tutela de la misma. 4. Contar con un período de crecimiento para su maduración de hasta siete años. 5. Gradualidad en aplicación y logro de las normas prudenciales para lograr los estándares financieros. 6. Responsabilidad de las federaciones para establecer los mecanismos de salida del sistema en caso de no alcanzar los estándares en los plazos que establece la ley. Esta iniciativa en su totalidad ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy y requiero y solicito el respaldo de todas las fracciones parlamentarias, para que en las comisiones particulares se dictamine favorablemente esta iniciativa de adición de un artículo "bis" a la Ley de Ahorro y Crédito Popular, que posibilitará un acceso equitativo a las organizaciones rurales para participar en el sistema financiero del país y posibilitar con esto la construcción de una herramienta indispensable para el desarrollo económico y la superación de la pobreza en el medio rural. Muchas gracias. Es cuanto, señora Presidenta.