El diputado Salvador Sánchez Vázquez (PRI): Con su venia señor presidente: Honorable Asamblea: Abusos de particulares y omisión de autoridades federales han limitado y hasta cancelado el libre tránsito de personas por áreas costeras comprendidas en la zona llamada Zona Federal Marítima, a cargo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Esto afecta actividades y formas tradicionales de lugareños y visitantes, toda vez que pescadores ribereños o de altura, necesariamente deben transitar por esas zonas. Lo mismo que quien acude con la familia para disfrutar de un día de playa, acampar, practicar pesca deportiva y recreativa o a realizar actos de comercio. Esa circunstancia es una demostración de que el pueblo de México acusa una disminución de posibilidades de gozar de una vida digna por el disfrute de bienes comunes, de bienes sociales. Una vida digna no sólo significa mantener y elevar un nivel de vida económica y social, sino también de la capacidad de disfrutar de esos bienes. Un claro ejemplo de lo asentado, ocurre en las playas del municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, en las cuales se localizan desarrollos turísticos, construcción de hoteles, complejos residenciales, conjunto habitacionales o cualquier inmueble o edificación contigua a la zona federal marítima terrestre, obligando al establecimiento de accesos a través de la costa en los cuales se han restringido y hasta cancelado el tránsito y uso para quienes en forma tradicional las han disfrutado. Es obligado garantizar el libre uso de las playas a los habitantes de la República en cualquier desarrollo de esta naturaleza. Por ningún motivo puede permitirse la existencia de playas particulares o privadas. La riqueza de playas mexicanas y terrenos conexos o vinculados, componentes de la zona costera, cada vez más se reserva para quienes pueden pagar. Amplios sectores de la población, principalmente trabajadores y clases populares, no sólo padecen desprecio por parte de usufructuarios de esos bienes, sino que además se les pretende excluir de lo que por ley pertenece a la comunidad en pleno. Desde el Constituyente aquello que se define como propiedad de la nación es inalienable e imprescriptible y va más allá al establecer como de dominio directo a la nación los recursos naturales de la plataforma continental y de los zócalos submarinos de las islas. Si comprendemos como plataforma continental tanto las aguas como la tierra y comprendemos como plataforma continental tanto las aguas como la tierra y entre ellas la zona federal marítimo-terrestre, no sólo restringe la Constitución que niegue el uso público de las playas comprendidas en esta zona, sino también el Gobierno Federal que es omiso a favor de quien niegue el derecho y por lo tanto se hace copartícipe de la infracción. Estamos ante un caso de infracción a la ley en el que participan por una parte los particulares por el uso abusivo de esos bienes y por otro las autoridades por omisión. El párrafo tercero del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de la nación para imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales, lo que tiene por objeto hacer una distribución equitativa de la riqueza pública a la vez que cuidar de su conservación, así como lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por lo expuesto, en mi carácter de diputado federal, presento a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto que reforma, modifica y adiciona los artículos 8º, 72 fracción VIII, 76 fracciones VII y VIII, 119 fracción I y último párrafo, 120 y 127 de la Ley General de Bienes Nacionales. Artículo Primero.- Se reforman los artículos 8º, 76 fracción VII, 119 fracción I y último párrafo, 120 y 127. Se adiciona una fracción VIII al artículo 72 y una fracción VIII al artículo 76 de la Ley General de Bienes Nacionales, para quedar como sigue: Artículo 8º.- Todos los habitantes de la república pueden usar los bienes de uso común sin más restricciones a las establecidas por la ley y sus reglamentos administrativos. Para aprovechamientos específicos sobre los bienes de uso común, se requiere concesión, autorización o permiso otorgado con las condiciones y requisitos que establezca la ley. En el caso de las fracciones IV, V, VIII y IX del artículo 7º de la presente ley, dichas concesiones, autorizaciones o permisos deberán garantizar su libre uso a los habitantes de la república de manera gratuita. Fracción VIII del artículo 72.- En el caso de los inmuebles comprendidos en la zona federal, marítimo terrestre y en especial a las playas y aguas comprendidas en esta franja, se garantizará el libre acceso y uso de estos bienes nacionales a los habitantes de la república. Artículo 76.- Las concesiones sobre inmuebles federales podrán ser revocadas por cualquiera de estas causas: Fracción VII.- A quienes impidan el acceso por razones no establecidas en los reglamentos o leyes administrativas, a los habitantes de la república. Fracción VIII.- Los demás permisos que en esta ley y sus reglamentos o en sus títulos de concesiones. Artículo 119.- Tanto en el macizo continental como en las islas que integran el territorio nacional, la zona federal marítimo terrestre se determinará: Primero, cuando la costa presente playas. La zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de 30 metros de ancho de la tierra firme transitable y contigua a dichas playas, o en su caso a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de estos en el mar, hasta 100 metros río arriba. A la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales corresponderá el deslinde y delimitación de la zona federal marítimo terrestre, garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en esta a los habitantes de la república. Artículo 120.- El Ejecutivo Federal a través de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales promoverá el uso y aprovechamiento sustentables de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar. Con este objetivo, dicha dependencia previamente en coordinación con las demás que conforme a la materia deben intervenir, establecerá las normas y requerimientos de la navegación y el comercio marítimo, la defensa del país, el impulso de actividades de pesca y acuacultura, así como el fomento de las actividades turísticas y recreativas, garantizando el libre uso de las playas a los habitantes de la república en cualquier desarrollo turístico o que implique la construcción de hoteles, casas habitación, conjuntos habitacionales o cualquier inmueble o construcción contigua a la zona federal marítimo terrestre, obligando al establecimiento de accesos a través de toda la costa. Por ningún motivo existirán playas particulares o privadas. Artículo 127.- Los concesionarios y permisionarios que aprovechen y exploten la zona federal marítimo terrestre, pagarán los derechos correspondientes conforme a lo dispuesto en la legislación fiscal aplicable. Asimismo, se obligan a garantizar el libre acceso o al uso de las playas y aguas comprendidas en la zona referida a los habitantes de la república y no podrán establecer más requisitos que los establecidos en las leyes y reglamentos administrativos. Estos no podrán exigir pago alguno ni ninguna otra forma que obligue al desembolso monetario o en especie. Además, se obliga a hacer del conocimiento del público en general, el derecho al goce y disfrute de las playas y aguas mexicanas, mediante avisos colocados en lugares visibles. Octavo.- Ejercer la posesión y propiedad de la nación en las playas, zona federal, marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en éstas a los habitantes de la República. 39. Otorgar contratos, concesiones, licencias, permisos autorizaciones, asignaciones y reconocer derechos, según corresponde en materia de aguas, forestal, ecológica, explotación de la flora y fauna silvestres y sobre playas zona federal marítimo terrestre y terrenos ganados al mar, garantizando el libre acceso a las playas comprendidas en éstas a los habitantes de la República. Transitorios. Artículo 1. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al contenido de este decreto. Artículo 2. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, San Lázaro, 9 de noviembre del 2004, diputado federal Salvador Sánchez Vázquez. Grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Le solicito, señor presidente, se inserte el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.