LA C. DIPUTADA MAGDALENA NÚÑEZ MONREAL: Con el premiso de la Presidencia. La suscrita integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición de punto de acuerdo con base en las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S Primero. El 19 de octubre del 2001, fue asesinada la licenciada Digna Ochoa y Plácido, distinguida defensora de los derechos humanos, crimen que pone en entredicho a instituciones fundamentales de nuestro país, al evidenciar omisiones de la impartición y procuración de justicia. Por las características de este artero crimen y las circunstancias en que fue realizado, se constituye en una amenaza clara y directa contra toda persona comprometida en la defensa y promoción de los derechos humanos y sociales en nuestro país. Segundo. Puntual y públicamente, la Cámara de Diputados condenó el brutal homicidio mediante un punto de acuerdo presentado por la diputada Hortensia Aragón Castillo, aprobado por unanimidad el pasado 23 de octubre del 2001, acuerdo del cual se derivó no sólo la condena del acto criminal, sino la exigencia de una investigación exhaustiva y expedita que lleve a procesar a los autores materiales e intelectuales, así como la necesidad de que se hagan públicos los avances de estas investigaciones, lo que a la fecha no ha sucedido. Tercero. Asimismo, con fecha 6 de noviembre del año próximo pasado presenté un punto de acuerdo en el cual propuse la creación de una Comisión Especial Pluripartidista que dé seguimiento riguroso a las investigaciones que las autoridades competentes lleven a cabo en torno al asesinato de la licenciada Digna Ochoa y Plácido. Esta propuesta fue turnada a la Junta de Coordinación Política, sin que a la fecha haya sido presentado al pleno de la Cámara el acuerdo correspondiente. Cuarto. Al igual que en mi proposición anterior, reitero que es obligación y responsabilidad de este Honorable Congreso de la Unión contribuir al fortalecimiento de las instituciones nacionales en el marco de la transparencia, la rendición de cuentas y la plena legalidad. En este caso están en juego no sólo las garantías individuales de quienes hacen de la defensa de los derechos humanos su actividad primordial, sino la credibilidad del sistema político mexicano, que pareciera transitar hacia una normalidad democrática en los que la acción institucional responda a las demandas ciudadanas en todos los rubros, particularmente en lo que se refiere a la seguridad, la impartición y la procuración de justicia. El asesinado de Digna Ochoa y la impunidad de sus autores demuestran lo contrario. Quinto. En este crimen y en las amenazas vertidas antes y después de él a otros miembros destacados de grupos de defensa de los derechos humanos, se han visto ligadas instituciones nacionales de primer orden: el Ejército, las Procuradurías General de la República y del Distrito Federal, entre otras. A nadie beneficia que la duda y la sospecha se extienda sobre estas instituciones de gobierno que hoy más que nunca, se debieran consolidar como ejemplos de eficiencia, eficacia y apego a derecho. Sexto. El Gobierno Federal y particularmente el Presidente Vicente Fox, se comprometió a garantizar la plena colaboración y apoyo de todas las dependencias involucradas para el esclarecimiento de este lamentable caso. Hasta ahora es una promesa más no cumplida. El gobierno del Distrito Federal tiene también una deuda con la sociedad: seguimos sin conocer de avances en las investigaciones de la Procuraduría capitalina. Séptimo. Las circunstancias que rodearon al lamentable homicidio exigen de este Congreso una postura clara sin mayor dilación y con un mayor compromiso. Por lo que, con fundamento en el artículo 116 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 58, 59 y 79 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración y aprobación de esta Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente: "PUNTO DE ACUERDO "PRIMERO: Que la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, designe de entre sus miembros a un grupo plural de trabajo que se entreviste con las autoridades responsables de las investigaciones en torno al asesinado de la licenciada Digna Ochoa y Plácido, así como que recabe la información pertinente e informe a esta Comisión Permanente, sobre los avances de dichas indagaciones. SEGUNDO: Que se haga un llamamiento al Presidente Vicente Fox, para que en ejercicio de sus atribuciones, ordene a las dependencias del Gobierno Federal, que brinden su total apoyo y colaboración a las autoridades que llevan a cabo la investigación de este crimen. Por su atención muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputada Magdalena Núñez Monreal, del grupo parlamentario de la Revolución Democrática. Túrnese a la Comisión de Justicia, de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Tiene la palabra el ciudadano diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una Proposición con Punto de Acuerdo, en relación al artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, para el ejercicio fiscal del 2002. -DIP. JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores: Antes de continuar con mi Punto de Acuerdo, me gustaría hacer reflexión de un refrán que dice: "La experiencia es algo maravilloso porque nos da la oportunidad de evitar los problemas que podríamos cometer de nuevo" Por eso ahorita compañeros les pido recapacitar sobre el Punto de Acuerdo que les haré llegar ahorita, para poder darle a nuestro país lo mejor, a nuestro gobierno lo mejor y nuestra seguridad, que es muy importante también. "CONSIDERACIONES "Los puertos marítimos mexicanos deben ser considerados como uno de los activos más importantes de la Nación debido principalmente a que son una de las vías más importantes para el desarrollo y la prosperidad del comercio nacional, en beneficio de millones de mexicanos. "Por ello debemos proteger a las administraciones portuarias integrales, las cuales han logrado revertir el abandono e ineficacia en que se encontraban hace algunos años nuestros puertos mexicanos. "En administraciones pasadas existía una asignación ineficiente de recursos, asociada principalmente a una elevada dispersión de las inversiones y con un monopolio del Gobierno Federal, con una administración excesivamente centralizada; situación que provocaba que algunos puertos presentaban niveles de saturación mientras otros estaban siendo subutilizados. "A pesar de que son muchas las modificaciones que son necesarias a las leyes en materia tributaria que se han aprobado, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, propone un Punto de Acuerdo referente a la suspensión del artículo sexto transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y el cual señala que: "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, transferirá de manera no onerosa, el 20% de las acciones de la sociedad mercantil Administración Portuaria Integral, a los gobiernos de los estados y el 6% de las mismas a los municipios donde se encuentren operando las referidas administraciones portuarias integrales, siempre y cuando así lo soliciten los estados y municipios interesados y se trate de administraciones en las que la Federación tenga más del 76% de estas acciones. El tema a que se refiere este artículo transitorio es eminentemente de carácter federal, el cual de ninguna manera debe ser considerado dentro de una estructura local o estatal, como es la intención del precepto, y mucho menos en la Ley de Ingresos de la Federación. Dentro de esa disposición, los puertos son considerados indebidamente, sin lógica jurídica, y desvirtuando lo que es la materia federal, por lo que podría ocasionar esta reglamentación es facultar a las entidades federativas y municipios para adquirir participación de empresas públicas federales, como lo es Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad. Es necesario mantener una equidad dentro de la Federación que asegure un patrimonio a toda la nación por igual y no sólo a determinados estados. El Congreso de la Unión deberá cuidar un sistema que ha costado construir a lo largo de muchos años, con el esfuerzo de muchas generaciones de mexicanos. La Ley de Ingresos tiene como objetivo fundamental normar las reglas que rigen en materia de impuestos e ingresos para la Federación; sin embargo, al parecer ésta no se reduce sólo al tema de recursos, ya que con esta Ley se está viendo cómo entregar los bienes de la Federación y definitivamente no es el espíritu de la Ley de Ingresos. También es preciso señalar que las administraciones de puertos integrales son empresas de la administración pública que en la actualidad trabajan con cifras que les son favorables; sin embargo, éstas no son suficientes para todas aquellas necesidades que hoy en la actualidad requieren los puertos en esta era de globalización para poder competir con los puertos internacionales. La descentralización con autonomía operativa y financiera de los puertos mexicanos se sustenta en la libertad operativa y en el esfuerzo por competir y ser eficientes, generando sus propios recursos que les permitan el crecimiento y el desarrollo sostenido. Esta es la estrategia nacional que tiene como objetivo alcanzar la calidad internacional portuaria. Los puertos del presente deben tener una infraestructura actualizada y eficiente que den un beneficio positivo a la nación. No nos oponemos al beneficio que pudiese traer esto a los estados y a los municipios, siempre y cuando se haga de manera adecuada desde el punto de vista jurídico, económico, social y político. Como posible solución se pueden ver contratos o inversiones para activar la economía estatal o la municipal y de esta manera no se tendría que despilfarrar el patrimonio nacional. Para poner un marco legal y con la transformación a nivel nacional, actualmente existe certeza y confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros sobre las ventajas de aportar recursos al sector marítimo portuario en México. Anteriormente a la existencia de las administraciones portuarias integrales, las inversiones nacionales y extranjeras estaban muy limitadas debido a la gran inseguridad financiera y jurídica propiciada por el marco legal obsoleto con el que funcionaban los servicios portuarios del país, en un franco retroceso al desarrollo de la actividad económica de todos los estados y municipios que integran la Federación. Para dar un ejemplo de lo anterior, en el puerto de Altamira, en el estado de Tamaulipas, durante el año 1995 se lograron inversiones privadas por un monto de 383 millones de pesos. Con la Administración Portuaria Integral, durante el año 2001, se lograron inversiones privadas por un total de 4 mil 492 millones de pesos, cifra esta última que es la mayor inversión privada en el rubro de comunicación y transporte. Por lo que respecta al rubro de carga en dicho puerto, se movilizan actualmente 6.6 millones de toneladas, lo que supera considerablemente las 1.9 millones de toneladas manejadas en el 94. Esta inversión y cifras con las que trabajan nuestros nuevos puertos mexicanos, sin duda decaerán si se establece lo propuesto en el artículo 6º. Transitorio de la Ley de Ingresos en comento. Por otra parte, es importante resaltar que si se considera otorgar un 20 % de las acciones de la sociedad mercantil administración portuaria integral a los estados y el 6 % de estos mismos a los municipios, la Federación se quedaría únicamente con el 50 % de las acciones, ya que en principio se parte del supuesto de que como mínimo deberá contar con el 76 % de las acciones. Esto traería como consecuencia que no se tendría el control necesario para la toma de decisiones y peor aún en un tema de seguridad nacional para todos los mexicanos, como son los puertos de México. Compañeros legisladores: Es competencia federal, no estatal ni municipal. Es una medida ilógica sin ningún sentido la que en este artículo transitorio se ha publicado. No podemos denotar ignorancia en el Congreso. Les solicito recapacitar y solicitar la suspensión del artículo 6º. Transitorio de la Ley de Ingresos a fin de que no entre en vigor de manera tal que el Honorable Congreso de la Unión tenga el tiempo necesario para hacer unas modificaciones de la Ley consensada y responsable, para no generar un precedente que el día de mañana no podamos detener. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en los artículos 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados que suscriben la presente Proposición nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente Punto de Acuerdo UNICO.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que en el ámbito de su competencia para dar cumplimiento a lo establecido en las leyes emitidas por el Congreso de la Unión, por lo que toca a lo decretado en el artículo 6º. Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, postergue la aplicación del artículo 6. transitorio hasta que el Honorable Congreso de la Unión precise las nuevas disposiciones en esta materia, ya que la operación de los puertos, es de naturaleza y competencia federal. Dado en el Salón Legisladores de la República sede de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 23 días del mes de enero del año 2002. Hago entrega a la Secretaría de la presente Proposición con Punto de Acuerdo. Por su atención, muy amables y muchas gracias. -