La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputada presidenta. El presente dictamen que reforma la Ley de Instituciones de Crédito fortalece el Estado de derecho al establecer un procedimiento tanto para la autoridad como para los gobernados. En el caso de existir indicios suficientes para la Unidad de Inteligencia Financiera, para la conclusión, la inclusión, perdón en la lista de cuentas boqueadas por actividades vinculadas a delitos de financiamiento del terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este dictamen pretende llenar la laguna jurídica para realizar el congelamiento de cuentas bancarias a partir de investigaciones nacionales, pues la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación solo prevé la constitucionalidad de estas medidas cautelares si son consistentes en el cumplimiento de una obligación contraída con un gobierno extranjero o la ejecución de una resolución adoptada por un organismo internacional o agrupación intergubernamental cuyas atribuciones fueron reconocidas con base en una obligación asumida por el Estado mexicano. Este procedimiento prevé garantizar las formalidades del caso y el derecho humano al debido proceso, forma parte de la lucha contra la corrupción y la violencia que azota a nuestro país, pues no es solo la fuerza letal con la que se ha de hacer frente a la delincuencia organizada. El Estado mexicano debe contar con herramientas jurídicas necesarias para seguir la ruta del dinero y desmontar la corrupción e impunidad que permea desde hace décadas para este tipo de actividades ilícitas. O nos quedamos como en 20 años a la fecha, solo decomisándole al Chapo una casa, una pistola, un reloj y unos cuantos dólares. No, estas son las herramientas jurídicas y pacíficas, decía aquí una compañera, que debemos habilitar para el combate a la delincuencia organizada. El proceso de inteligencia para prevenir e interrumpir los actos ilícitos que ponen en riesgo la seguridad nacional o la seguridad pública, la economía nacional o el sistema financiero, de conformidad con el marco jurídico que lo regula es un proceso administrativo que goza de la presunción de legalidad, salvo prueba en contrario. No estamos invadiendo ninguna cuestión penal. En ese sentido, la inteligencia financiera se lleva a cabo principalmente a través de tres etapas: 1. La recepción de reportes y avisos remitidos por el sistema financiero y las actividades consideradas vulnerables, de conformidad con lo previsto en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones de Recursos de Procedencia Ilícita. 2. El análisis de dicha información, a través de algoritmos e indicadores de riesgo, así como el cruce de información con otras bases de datos y la coordinación institucional e internacional. 3. La diseminación de productos de inteligencia, ya sea a través de la presentación de la denuncia a través de la Fiscalía General de República, de su comunicación a instancias encargadas del combate a la corrupción o de procuración de justicia de las entidades federativas, o a través de reportes de inteligencia remitidos a otras autoridades de prevención y/o combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, o cualquiera de los delitos relacionados. Derivado del proceso de inteligencia antes descrito, es imperativo para la consecución de su objeto el resguardo de los recursos de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley, y el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda, detecte que podrían estar vinculados en un esquema de lavado de dinero o de financiamiento al terrorismo y, con ello, evitar que los bienes sean utilizados para fortalecer las estructuras del crimen organizado y desestabilizar o vulnerar la integridad del sistema financiero mexicano. El Grupo de Acción Financiera Internacional, al que corresponde y pertenece este país, hizo un análisis en 2018 en donde encontraron hallazgos muy importantes y uno de los que me gustaría resaltar aquí es que este país, nuestro país enfrenta un riesgo significativo de lavado de activos, proveniente principalmente de actividades asociadas con la delincuencia organizada, tales como el tráfico de drogas, extorsión, corrupción y evasión fiscal. El sector financiero demuestra una buena comprensión de las principales amenazas de lavado de dinero proveniente de los grupos de delincuencia organizada y actividades delictivas asociadas, así como también de delitos fiscales. Pero, su reconocimiento de la corrupción como amenaza principal es desigual. Este es un análisis de una instancia internacional que se está atendiendo con esta reforma. Si bien reconoce la amenaza general de la delincuencia organizada que enfrenta México, la apreciación por parte de las profesiones y actividades no financieras designadas de los riesgos de lavado de activos, parece limitada. Por eso queremos contrarrestar con esta reforma estas actividades ilícitas, que lamentablemente no han sido enfrentadas por no seguir el destino del dinero y quienes realmente son dueños de estas cuentas. Hasta hace relativamente poco, la extinta PGR no consideraba la identificación e investigación de lavado de activos como una de las prioridades clave. El lavado de activos no es investigado ni perseguido penalmente de manera proactiva y sistemática, sino de manera reactiva, caso por caso...