El diputado Antonio Ortega Martínez: Una disculpa, presidenta, vengo de una comisión, por eso el retraso. Compañeras diputadas, compañeros diputados, debemos iniciar por señalar que estamos de acuerdo en fortalecer los mecanismos legales que favorezcan la detección, la prevención y el bloqueo de las operaciones que se llevan con recursos de procedencia ilícita, coloquialmente llamadas como lavado de dinero y no podría ser de otra manera, puesto que ese propósito ya se encuentra perfectamente tutelado en nuestra Carta Magna, y regulado en diversas disposiciones legales. La minuta a discusión en realidad pretende desacatar las jurisprudencias 1214/2016 de la primera sala y de la segunda sala de la Suprema Corte del 4 de octubre de 2016, ambas repito de la Suprema Corte, que han declarado inconstitucional el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito que obliga a dichas instituciones de crédito a bloquear las cuentas de los clientes o usuarios a los que la Secretaría de Hacienda les informe, que con la finalidad de atajar las operaciones que con recursos de procedencia ilícita que establece el Código Penal Federal en diversas disposiciones. Es decir, la Corte repito la Corte ha negado categóricamente a la Secretaría de Hacienda y a su Unidad de Inteligencia Financiera, la facultad de bloquear las cuentas, excepto cuando se trate de una resolución de un organismo internacional. Compañeros de la mayoría, compañeras de la mayoría, estamos nuevamente ante el riesgo de que se nos enmiende la plana en la Corte por preceptos que violan de manera determinada la Constitución. No se trata, como pretende la minuta, el otorgar la garantía de audiencia o establecer un procedimiento para desahogar una defensa ante la Unidad de Inteligencia Financiera. Dicha garantía de audiencia ya está establecida por el artículo 14 constitucional, así como las obligaciones que se imponen a la autoridad en los juicios que se sigan y que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. La Secretaría de Hacienda y su Unidad de Inteligencia Financiera son solamente autoridades administrativas y no tienen facultades para dictar medidas cautelares como el bloquear la cuenta de un ciudadano, ya que ello implica prejuzgar un delito y esa facultad, la de investigación de los delitos, le está conferida por mandato constitucional al Ministerio Público. Solo él tiene el monopolio de dicho ejercicio. El dotar de facultades a la Unidad de Inteligencia Financiera para dictar medidas cautelares como el bloqueo de cuentas que constituyen medidas de molestia, es violatorio del artículo 16 de nuestra Carta Magna que establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Si la mayoría de esta soberanía insiste en aprobar el dictamen a discusión será un ejercicio ocioso. Lloverán los juicios ante la Corte y se declarará la inconstitucionalidad establecida porque no se supera este procedimiento con la audiencia, y mucho menos con el texto de su fracción III que a la letra dice. De igual forma en la misma resolución administrativa en términos de la Ley Reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la secretaría podrá promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados. Es decir, el abuso se lleva a grado extremo. Se faculta a la Secretaría de Hacienda no solo a bloquear, sino a promover la extinción de dominio de esos bienes, es decir a la apropiación de recursos de los ciudadanos por una presunción de una autoridad administrativa. No lo duden, este artículo será declarado inconstitucional. El terrorismo en su máxima expresión, además con el grave riesgo de implantar una persecución política con el uso arbitrario de esta facultad conferida. No abogamos por la impunidad. El camino correcto es que Hacienda detecta un movimiento indebido, debe dar vista al Ministerio Público, al fiscal, el fiscal debe dar vista a un juez y este debe seguir los procedimientos de la ley. La única excepción para ejercer la facultad que planea la minuta a la Secretaría de Hacienda es a través de su Unidad de Inteligencia, como lo señala la Corte. La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con procedimientos relativos a compromisos internacionales asumidos por nuestro país.