La diputada Mónica Tzasna Arriola Gordillo: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. La grave situación de inseguridad que azota a nuestro país y sobre todo los pobres resultados en la lucha contra la delincuencia hacen urgente una revisión integral de cómo estamos enfrentando el problema. Y me refiero a una revisión de fondo, a un enfoque humanista, que ponga al individuo en el centro de nuestros esfuerzos, no se trata de descuidar las modificaciones a todos los procedimientos de procuración e impartición de justicia que hoy no funciona, pero debemos hacerlo poniendo énfasis precisamente en esa palabra: justicia. Para ello, centremos nuestra atención ahí, a donde hemos menos volteado, en las personas. No basta con castigar el delito, nuestro reto como sociedad es generar oportunidades y para ello ciudadanos libres, capaces de integrarse a la comunidad y de abrirse paso de forma productiva con los instrumentos y hábitos para crecer en lo individual y generar valor para la comunidad. Como hemos olvidado al hombre, hemos descuidado aquellas etapas de nuestro sistema de justicia que salvan al hombre en lugar de condenarlo, me refiero a la prevención del delito y a la readaptación social. Seamos una sociedad con menos delincuentes, no con más cárceles, por supuesto que hay que enfrentar y castigar a la delincuencia, pero debemos sobre todo dedicar recursos y energía, para que nuestros ciudadanos no se conviertan en delincuentes o bien que aquellos que delincan puedan rectificar el rumbo. Por eso es nuestra propuesta para una readaptación social de verdad, que haga de la pena en prisión no sólo un castigo sino una oportunidad para que el interno se inserte a la legalidad. La reinserción no se garantizará nunca con el simple cumplimiento de la sentencia sino cuando los internos adquieran conductas y herramientas que les permitan ganarse la vida dignamente y respetando la ley. La reinserción de los presos es también una segunda oportunidad para toda nuestra sociedad, que muchas veces por no abrir oportunidades ni saber encauzar a los ciudadanos, es en parte culpable de la propia delincuencia que la azota. Finalmente, la reinserción social es un eficaz instrumento —actualmente no utilizado— para combatir, para bien de todos, el crimen. Toda vez que en nuestro país es alto el porcentaje de quienes pisan una cárcel y vuelven a cometer algún delito cuando salen de ella, debemos actuar ya frente a uno de los retos sociales más significativos en el proyecto humanista de México. Por eso es pertinente mencionar que nuestra Constitución, en su artículo 18, establece que la readaptación social de los reos será, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación. Y aunque el trabajo y la educación han sido ejes históricos del desarrollo nacional, son elementos ausentes en las cárceles de nuestro país; en donde en consecuencia, la reinserción social está sólo en el papel. Nuestras cárceles son en realidad academias del crimen, en donde muchos reos se conectan con redes criminales y aprenden a delinquir, en lugar de que se les enseñe a valerse por sí mismos de forma honesta. Raramente los prisioneros reciben una educación o tienen la oportunidad de trabajar mientras se encuentran en prisión. Por el bien de todos, la readaptación social del preso debe ser una realidad. La educación, las actividades laborales y la capacitación para el trabajo deben ser obligatorias en nuestras cárceles. La reforma que se propone parte de que el trabajo, en contraposición con la ociosidad, genera autoestima, sentido de vida y la oportunidad de aprender oficios; por lo que debe ser obligatorio, sea en ejecución de sentencia o incluso en prisión preventiva. Para todos los internos que se encuentren en las distintas cárceles del país, federales o estatales, recordemos que actualmente existen más de 80 mil detenidos en prisión preventiva; lo cual representa casi el 43 por ciento de la población total del sistema penitenciario. La educación —por su lado— es un eje rector del desarrollo de los seres humanos y de las naciones. En ese sentido y retomando la garantía establecida en el artículo 3º de nuestra Constitución, que a la letra dice: "... La educación que imparte el Estado tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la patria y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia". Vemos en la educación un instrumento para la readaptación social que hoy no hemos sido capaces de conseguir. La propuesta de reforma que sometemos a su consideración asume que el proceso educativo es obligación compartida entre las autoridades y el preso, porque en primera instancia corresponde al Estado, de manera precisa, proporcionar el acceso al conocimiento por medio de la educación. En segunda, habrá que asegurar que el procesado o penado, atienda la instrucción académica de acuerdo a sus posibilidades y necesidades, con la finalidad de que supere armónicamente y eleve su nivel cultural y de entendimiento; y con ello tenga mayores elementos de readaptación. No se omite mencionar que en la actualidad el trabajo que realizan algunos presidiarios en los Ceresos es sólo a iniciativa propia, de carácter voluntario. Hagamos que la enorme inversión del Estado en la manutención de los presos sea productiva, confiriendo mediante la educación y la práctica de oficios, una mayor productividad para quienes algún día se enfrentaran de nuevo a su libertad. Lo anterior generaría, además, una terapia ocupacional para que el reo que podría contribuir a alejarlo de posibles inclinaciones a la delincuencia. Para que se alcance el objetivo buscado con la readaptación, resulta indispensable que el régimen carcelario adopte procedimientos que se sustenten en el respeto a los derechos humanos de los reclusos. Es así que la modificación al artículo constitucional en comento está relacionado con la prisión preventiva y con el cumplimiento de las sentencias y ello debe darse en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos. El penitenciarismo moderno establece que la pena impuesta por un juez o tribunal, no debe ser un castigo, sino un medio para que el delincuente tenga la posibilidad de reestructurar su personalidad dañada o insuficiente para vivir en sociedad y no sólo no vuelva a causar daño, sino además haga el bien y sea productivo. Hagamos de este principio una realidad. En mérito de lo antes expuesto, someto a la aprobación de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 18 constitucional, que quedaría como sigue: "Los gobiernos de la Federación y de los estados organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones, sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación social, serán obligatorios parar los individuos que se encuentren en prisión". Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Les agradezco su atención. Por favor, pido que se inserte en la Gaceta Parlamentaria y le agradezco.