El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Muchas gracias, compañeras, compañeros diputados. Efectivamente para un servidor, para la diputada Maribel Martínez Ruiz, y probablemente para muchos de los presentes, el concepto de seguridad interior, como sabemos, ha existido a lo largo de la historia del constitucionalismo mexicano. Efectivamente, las Constituciones de 1824, de 1836 y de 1857 ya lo preveían, pero jamás fue definido ni tampoco se clarificaron sus alcances. Nuestra Constitución vigente también previó este concepto desde su redacción original. Sí, en el artículo 89, fracción VI, y permaneció ahí por décadas, sin ser definido y sin aplicación alguna. Al inicio de su administración, tras haber usurpado la presidencia, Felipe Calderón ordenó el despliegue de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública sin un marco legal para ello, y en el 2017 Peña Nieto impulsó la aprobación en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior, lo que logró con la complicidad de las bancadas del PRI y del PAN en ambas Cámaras. Dicha ley, compañeras y compañeros, contenía una definición vaga, poco clara, rimbombante dirían algunos pero yo diría, hasta embaucadora del concepto de seguridad interior. Era una definición que mezclaba este asunto con la seguridad nacional. En el fondo, para un servidor, la intención era precisamente esa, entremezclarlas con el fin de legalizar la participación de los militares en tareas de seguridad pública. Y como todas y todos sabemos, la Ley de Seguridad Interior generó un amplio rechazo de la sociedad y de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Atinadamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior y como resultado de ello el concepto también de seguridad interior previsto en el artículo 89, fracción VI de la Constitución, volvió a ser nuevamente una figura sin ningún alcance jurídico, ni aplicación real. Es un concepto, compañeras, compañeros, indeterminado e inaplicable, cuya permanencia en el texto constitucional es innecesaria. A ello, se suma que en la actual legislatura, aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de marzo del 2019, con un amplísimo consenso, incluido el voto a favor de esta legislación, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, que después se desdijo promoviendo controversias constitucionales. Por eso, compañeras y compañeros, hoy venimos a presentar una iniciativa para eliminar el concepto de seguridad interior de nuestra legislación. En esta legislatura se han presentado muchas iniciativas para abrogar la Ley de Seguridad Interior, pero lo que yo propongo es eliminar ese concepto desde la Constitución. Con la creación de la Guardia Nacional, en la cuarta transformación impulsamos la ruta de la desmilitarización paulatina de la seguridad pública. Pusimos un plazo para que los militares regresen a sus cuarteles y les dimos a las Fuerzas Armadas un marco legal para que su actuación temporal tenga un sustento jurídico, en tanto se consolidan las capacidades institucionales operativas de la Guardia Nacional. Y es que, en la 4T, en la cuarta transformación, no somos como Felipe Calderón, que desplegó a las Fuerzas Armadas violando la Constitución. Sabemos, finalmente, que Alfonso Durazo, Durazo y sus colaboradores, tienen aún mucho que hacer en el tema de seguridad. Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la incidencia delictiva, a julio de este año, es de un millón 42 mil delitos, sin contar la cifra negra. Y nuestro propio presidente, el licenciado López Obrador, ha reconocido que los homicidios dolosos y la extorsión siguen siendo una deuda, pero no tengan duda que el gobierno de la 4T está trabajando en ello y se reducirá la incidencia de estos delitos. Es cuanto, diputada Sauri.