El diputado Miguel Pavel Jarero Velázquez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la historia legislativa en materia político-electoral a partir de la vigencia de la Constitución de 1917 da cuenta de importantes reformas en pro de la democracia. Destacan el reconocimiento al derecho de las mujeres a votar y ser votadas en 1953, la reforma de 1964, que abrió espacios a la oposición en las Cámaras del Congreso, y la reforma de 1977, que sentó las bases para la democratización del sistema político, dando paso a una nueva época. Las reformas electorales de los años noventa consiguieron perfilar a nuestro país hacia la apertura del sistema político mediante la implementación de un sistema político-electoral que promovía el pluripartidismo y por primera vez la eficacia en la competencia política. No obstante, la búsqueda permanente de la equidad y la constante intromisión del dinero privado, bien o mal habido, generó la impresión de que un incremento en el financiamiento público de los partidos reportaría beneficios a la democracia. En la reforma de 96, por ejemplo, tuvo como propósito equilibrar las posibilidades de erogación en periodo de campaña que tenía el partido en el poder y las que tenía la oposición, por cierto, utilizando grandes cantidades de dinero público, generando una perversa dinámica en la que, si no hay gasto, no hay votos. La virtud de la reforma a discusión es que, si bien se disminuye considerablemente el gasto del Estado en actividades político-electorales, también garantiza una distribución proporcional y equitativa de los recursos públicos asignados a la vida partidista y a las actividades de obtención del voto. Disminución que deberá promover que los partidos políticos realicen un uso racional y eficiente de los recursos públicos y ejerzan sus funciones con objetivos más incluyentes, ideológicos y sociales. Es preciso que la política retome el valor de las convicciones y que los más altos principios democráticos, que ya se deje de intercambiar por dádivas, votos por dádivas, que no se lucre con la necesidad de la gente, que los partidos regresen a las calles a conseguir votos y no a condicionar votos. Por otra parte, la reforma que se discute mantiene intacto el principio de equidad en la contienda política. Si bien se realiza una disminución importante del financiamiento público, ello no significa que todos los partidos la resentirán por igual. Es la oportunidad que tenemos las fuerzas políticas para lanzar un mensaje a la sociedad. Por eso el Grupo Parlamentario de Morena manifiesta su compromiso con la transformación de las caducas formas de hacer política. Reducir el dispendio de recursos en campañas políticas que poco aportan a la decisión verdaderamente informada de la ciudadanía, es parte de la transformación. El mensaje que expresaron la gran mayoría de los votantes en el proceso electoral de 2018 fue el hartazgo y el repudio a las formas tradicionales de la añeja y de la rancia política mexicana. Hoy la ciudadanía reclama que las y los candidatos regresen a las comunidades a rendir cuentas y a escuchar al pueblo. Por todo lo expuesto, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, llamamos a todas y a todos los legisladores a sumarse al dictamen que pone a consideración la Comisión de Puntos Constitucionales para reducir el financiamiento público a los partidos políticos. No dejemos esta oportunidad, compañeras y compañeros, para iniciar una nueva historia en este país. Vayamos y aprobemos la propuesta de la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias.