La diputada Angélica de la Peña Gómez: Gracias señor presidente. Voy a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes. ANTECEDENTES Con fecha 28 de noviembre de 1985 fueron aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su Resolución 40/33, las reglas mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, conocidas como reglas de Belly (?). Con fecha 20 de noviembre de 1989, fue abierta la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas, la Resolución que da origen a la Convención Internacional de Hechos del Niño. El 19 de junio de 1990, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en julio de 90, el Senado de la República aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño. Con fecha 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 40/113, adoptó las reglas de las Naciones Unidas, para la protección de los menores privados de libertad. En esa misma fecha la Asamblea General de Naciones Unidas, adopta y proclama las directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil. Con fecha 7 de abril del 2000 se publica en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al artículo 4o. constitucional que reconoce los derechos de niñas y niños. En mayo del 2000, un poco después de la reforma constitucional, el Diario Oficial de la Federación, publican la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentarias de esta reforma constitucional que mencioné anteriormente. El Título Cuarto de esta ley, está dedicado a desarrollar las garantías y los derechos procesales constitucionales que deben ser reconocidos para adolescentes que se presuma han infringido la Ley Penal. Este título cuarto de esta ley en comento, refiere todas las directrices y normas inscritas en la doctrina de protección integral de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez que plasma literalmente esta obligación que nuestro país adquirió al vincularse al aprobar la Convención. El 29 de agosto de 2001, también conviene recordar de manera muy puntual, que el Senado de la República celebra dos convenios de colaboración con UNICEF. El segundo, de manera muy particular, establece un compromiso para trabajar en distintas iniciativas que apliquen este título cuarto de la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de manera muy particular, también reconozca los derechos, las garantías procesales de adolescentes que infrinjan la Ley Penal. Este convenio es muy importante mencionarlo, porque concreta lo que establece el artículo 37 y 40 de la propia Convención de Derechos de la Niñez. A partir de la firma de estos convenios, la consultoría jurídica y legislativa del Senado, junto con UNICEF a través de la Oficialía de Reforma Legislativa y de consultoras y consultores, realizamos un intenso trabajo, riguroso trabajo, que derivó en el anteproyecto que hoy pongo a consideración de esta Asamblea de manera textual. Quiero mencionar que este proyecto, esta iniciativa que presento hoy ya como iniciativa, se fundamenta precisamente en todas estas normas y directrices inscritas en Naciones Unidas y que también están inscritas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. La iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en abril del 2004, en su mayoría contiene preceptos de esta iniciativa que se trabajó entonces; ahora, con base en lo que establece nuestra normatividad, estamos presentando esta iniciativa para que pueda instalarse en la discusión en conferencia con el Senado de la República, de tal forma que México pueda sacar adelante estos compromisos no solamente en el ámbito nacional, fundamentalmente con este sector de la población que se encuentra en una gran situación de vulnerabilidad. Finalmente, diputadas y diputados, yo creo que la discusión en su momento, va a tener que resolver esta tendencia a los eufemismos, a no decirle a las cosas como son. Quienes están ahora privados de su libertad en un Consejo Tutelar, es eso: están privados de su libertad. Esta discusión no inicia meter a un centro de privación de libertad a un adolescente que infringe la Ley Penal, eso ya acontece hace mucho tiempo. Yo recordaría las discusiones que en esta misma tribuna se dieron para que se aprobara la Ley de Tratamiento a Menores Infractores, en donde desde entonces se tenía la intención de trascender de la doctrina tutelar a la doctrina garantizta y la realidad es que finalmente tenemos una ley y una serie de leyes en las entidades de la República, en donde por decirlo coloquialmente- a propósito del comentario del doctor Emilio García Méndez, pareciera que lo que dio resultado es una mujer que está medianamente embarazada y finalmente tarde o temprano termina notándosele. Eso aconteció con la ley del 91. Es una doctrina tutelar la que imperó en esa ley, que es la misma que tenemos en todas las entidades federativas y entonces la oportunidad que se tuvo en México para transitar al cumplimiento de la Convención de Derechos de la Niñez, no se concretó. Yo espero que por el bien del respeto por nuestro país, ahora tengamos esa oportunidad de cumplirle a esta parte de la sociedad, que por cierto siempre manda a un centro tutelar privado de su libertad- fundamentalmente a jovencitos que se encuentran en una situación fundamentalmente apremiante y marginados socialmente. Nunca encontraremos en un Consejo Tutelar, privado de su libertad, a un chico o a una chica que forme parte de la clase media, media alta. Entonces también aquí tenemos un asunto que corregir porque se generaliza la pobreza. Es cuanto y muchas gracias por su atención. Solicito al presidente que sea tan gentil de turnar esta iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por favor.