La diputada Cristina Olvera Barrios: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, México vive una paradoja en su agenda social y de salud: por un lado hay 28 millones de compatriotas que no tiene acceso a una alimentación adecuada y, por el otro, tenemos una prevalencia de sobrepeso y obesidad entre nuestras niñas, nuestros niños y nuestros jóvenes. Esta paradoja muestra que requerimos políticas públicas integrales que atienden un tema de exclusión social y que al mismo tiempo dichas acciones tengan un impacto positivo esperado por la comunidad. Las políticas deben tener un sustento legal para aminorar los efectos perversos que pudiera trae consigo tratar de acabar con el hambre en el país. Sin una alimentación nutritiva y adecuada, porque atender el hambre no es sólo alimentar a la población, es alimentarla bien con nutrientes y la dieta balanceada que permite el desarrollo físico e intelectual acorde con los estándares mundiales. Durante el 2011 se aprobó la reforma del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la que se adicionó un párrafo en el que se establece que toda persona tiene el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que el Estado garantiza. Con una enmienda constitucional se aprendió a dar certeza a la seguridad alimentaria y nutricional, y superar la crisis alimentaria que sufren los sectores más desprotegidos del país. En el año 2012, con el cambio de gobierno a nivel federal el tema de la desnutrición se incorporó como un asunto prioritario en la agenda nacional. El Poder Ejecutivo Federal creó el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, Sin Hambre. Dicho sistema constituye una estrategia que busca la inclusión y bienestar social a través de conjuntar esfuerzos y recursos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, así como del sector privado y de Organismos e Instituciones Internacionales, orientado a la población en estado de pobreza multidimensional extrema y que presentan carencia de acceso a la alimentación. Reconociendo el esfuerzo que conlleva este importante programa encabezado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), dicha estrategia no consideró la modificación mencionada del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, referente al importante concepto de alimentación nutritiva. La presente iniciativa tiene el propósito de incorporar el concepto de alimentación nutritiva y de calidad en la Ley General de Desarrollo Social, con el que se pretende que todos los programas de gobierno consideren de manera conjunta la alimentación con la nutrición, particularmente en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, Sin Hambre. Mantener separados ambos términos va en contra de la esencia de una alimentación nutritiva, que fue el espíritu de la Declaración de Roma al referirse a alimentación nutricionalmente adecuada; es decir, realizar una selección adecuada de los alimentos que se van a ingerir con la finalidad de que no solo gocemos de una alimentación o comida, sino que esto aporte a nuestro cuerpo, los nutrientes requeridos para participar de una mejor salud óptima. Estimados compañeros y compañeras diputadas, en el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, consideramos importante adecuar la Ley General de Desarrollo Social, con la que establece el artículo 4o. constitucional, no solo por un asunto de modernización legislativa, sino porque es necesario orientar la integridad de la política social con la agenda de salud. Una alimentación accesible, adecuada, nutritiva y de calidad debe ser nuestro mayor compromiso con la sociedad. Es cuanto, diputado presidente.