El diputado Carlos Ernesto Navarro López: Con su permiso, señor Presidente. Con fundamento en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la alta consideración de esta soberanía la siguiente proposición con punto de acuerdo en calidad de urgente resolución al tenor de las siguientes consideraciones. En los últimos años, en nuestro país 23 periodistas han sido asesinados y tres están en calidad de desaparecidos desde el año 2000 a la fecha, y las condiciones para la labor periodística se han tornado peligrosas. Ésta es la conclusión de los diez meses de labores del grupo de trabajo de seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación de la Cámara de Diputados de la anterior Legislatura. La lista de los periodistas asesinados y desaparecidos es preocupante y se extiende a varios estados del país. Destacadamente: Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sinaloa y Veracruz. Hasta la fecha, continúa desaparecido el joven periodista José Alfredo Jiménez Mota, colaborador del periódico "El Imparcial", de Sonora, sin que las investigaciones realizadas por las autoridades locales y federales hayan logrado resultados positivos. El propio Presidente de la República asumió el compromiso, el 19 de abril del año 2005, de emplear toda la fuerza del Estado para esclarecer la desaparición de Jiménez Mota y, hasta la fecha, no existen resultados concretos de la investigación. Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, OEA, en un informe señala a México como el tercer país donde se han registrado más asesinatos de periodistas por motivos de su ejercicio profesional, esto en el período que va de 1995 al año 2005, sólo por debajo de países como Colombia y Brasil. En nuestro país, las condiciones básicas para que los medios de comunicación puedan ejercer su trabajo de manera crítica y responsable están siendo amenazadas por hechos de violencia en contra de los periodistas. Las autoridades estatales y federales, han demostrado una grave ineficacia para resolver estos problemas. Además, en algunos estados de la República, son las propias autoridades las que obstaculizan el trabajo de los distintos medios de comunicación. El caso más reciente es el protagonizado por el Gobernador de Sonora, Eduardo Burs que, en un acto de represión política, ha demandado por la vía penal y luego por la vía civil a los editores del periódico "El Imparcial", por el solo hecho de haber publicado en una columna de dicho diario la petición de que fueran transparentados y publicados los gastos de apoyo que el gobierno de dicho estado otorga a las organizaciones no gubernamentales. El gobernador de Sonora viola las garantías constitucionales. El artículo 6° establece que "la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa. El derecho a la información será garantizado por el Estado". También el artículo 7° establece que "es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley o autoridad puede establecer la previa censura ni exigir a los autores o impresores ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más limites que el respeto a la vida privada a la moral y la paz pública". En el marco de una república democrática y representativa, el ejercicio de estas libertades enmarcadas en nuestra Constitución deben de ser respetadas por todas las autoridades. Por todo lo anteriormente expuesto propongo. como punto de acuerdo, primero, demandar a las autoridades federales informen a esta soberanía acerca de los resultados de la investigación sobre la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota, del estado de Sonora. Segundo, se exige del gobernador de Sonora el cumplimiento irrestricto de los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que garantizan la libertad de pensamiento y manifestación de las ideas. Tercero, se exhorta al titular del Ejecutivo estatal cese la campaña de hostigamiento contra el diario "El Imparcial" y sus editores. Y finalmente, cuarto, hacemos nuestras las resoluciones de la Sociedad Interamericana de Prensa en el sentido de que las autoridades estatales y federales cumplan las indispensables garantías para que los medios de comunicación puedan desarrollar su labor sin temor de ser reprimidos y hostigados tanto por el crimen organizado como por las mismas autoridades. Es cuanto, señor Presidente.