El diputado Pablo Trejo Pérez: Con su permiso, diputada Presidenta. Como ustedes saben compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el 20 de junio del año en curso el Ejecutivo federal presentó a la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión, la iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Las Comisiones Dictaminadoras al analizar la iniciativa en comento hicieron varias modificaciones, entre ellas, la adición a la fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, argumentado que era para el respeto del diseño institucional previsto en la Constitución, específicamente en relación con la distribución de competencias entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, relacionado con la evaluación de programas y evitar el incremento del gasto burocrático, e hicieron los siguientes ajustes: Prohibir que las prestaciones aplicables a los trabajadores sindicalizados se hagan extensivas a los funcionarios de confianza, con excepción de la seguridad social y la protección al salario. El dictamen de las Comisiones Unidas fue aprobado en sus términos por el pleno de la Cámara de Diputados y de igual forma por la colegisladora. Fue publicado el primero de octubre del presente año. Al respecto, la fracción XII del artículo 65 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, establece a la letra y señala: que los ejecutores del gasto al realizar pagos por concepto de servicios personales deberán observar lo siguiente. Fracción XII. Las condiciones de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la administración pública federal, no se harán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores y personal de enlace. Precisamente este concepto de personal de enlace es lo que hoy estamos proponiendo que se modifique. Las prestaciones derivadas de los contratos colectivos y condiciones generales de trabajo de la administración pública federal y central y paraestatal, a los servidores públicos de mandos medios y superiores y al personal de enlace. Aquí también se solicita que se elimine el término personal de enlace. Sin duda la reforma planteada por esta soberanía viola el principio de extensibilidad contenido en el artículo 396 de la Ley Federal del Trabajo, el cual establece que las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajan en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado. "Con la limitación consignada en el artículo 184, el cual a su vez dispone y a la letra dice: Las condiciones de trabajo contenidas en el contrato colectivo que rija en la empresa o establecimiento, se extenderán a los trabajadores de confianza, salvo disposición en contrario, consignada en el mismo contrato colectivo". Con base en las anteriores disposiciones tenemos que una ley que tiene por objeto regular la actividad presupuestal del Estado mexicano pretende modificar el régimen laboral de los servidores públicos de confianza, aunado a que otorga carácter de confianza a quien no lo es; suprime derechos sobre las bases de la discrecionalidad y rompe con el principio general de igualdad. En ese tenor es de señalarse que los mandos medios y superiores no se ven agraviados por esta exclusión en virtud de los elevados salarios de que gozan, incluyendo las prebendas excesivas que con cargo al erario reciben, los seguros de gastos médicos y de separación individualizada que se han otorgado al amparo de las disposiciones administrativas contrarias a la ley. Sin embargo, en el caso de los servidores públicos de enlace, la situación es diferente ya que son personal técnico profesional, equivalentes a la categoría de analistas, con un salario ligeramente mayor a los demás trabajadores de base y que en realidad no realizan ninguna de las funciones de dirección, inspección, vigilancia, fiscalización, manejo de fondos o valores, control directo de adquisiciones, entre otras, a las que se refiere el artículo 5o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Es decir, sus funciones son operativas y de las cuales depende la eficacia del servicio público. Su trabajo es fundamental para el desempeño y su funcionamiento de las dependencias del gobierno. Por lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta soberanía la modificación al artículo 65, fracción XII, para quedar como sigue: las condiciones generales de trabajo, los beneficios económicos y las demás prestaciones derivadas de los contratos colectivos de trabajo o que se fijen en las condiciones generales de trabajo de la administración pública federal no serán extensivas a favor de los servidores públicos de mandos medios y superiores. Los titulares de las entidades, independientemente del régimen laboral que las regula, serán responsables de realizar los actos necesarios y la negociación que sea procedente durante los procesos de revisión de las condiciones generales de trabajo de los contratos colectivos de trabajo, así como durante las revisiones de salarios anuales, para que los servidores públicos de mando al servicio de las entidades queden expresamente excluidos del beneficio de las prestaciones aplicables al personal de base en los términos del artículo 184 de la Ley Federal del Trabajo, en aplicación directa y supletoria según se trate, con excepción de la seguridad social y protección al salario. Transitorio Único. El presidente decreto entraría en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo a los 22 días del mes de noviembre de 2007. Suscriben esta iniciativa el diputado Manuel Cárdenas Fonseca, del Panal, y un servidor, Pablo Trejo Pérez. Es cuanto, diputada Presidenta.