El diputado Leonardo Arturo Guillén Medina: Con su permiso, señor presidente. Ahorita que estamos tocando el tema de corrupción e impunidad, no se me sientan los amigos de Tamaulipas, porque vamos a hablar el caso de los ex gobernadores, precisamente de ese estado. Este tema ocupa la atención de la opinión pública y no deja de causar polémica por todos los argumentos que se han esgrimido y por la sensibilidad que despierta en este año electoral. Lo entendemos, sin embargo, en Acción Nacional somos conscientes de que el caso exige diferenciar entre la actuación de un funcionario menor, como lo fue el de SCT y en otro tema, las investigaciones que está llevando a cabo la Procuraduría General de la República. Comprendemos bien que la justicia en cualquier Estado democrático debe responder de manera rápida e imparcial y aplicar todo su rigor a aquellas personas que la infrinjan. En Acción Nacional estamos firmemente convencidos de que nada ni nadie debe estar por encima de la ley. Compañeras y compañeros, los tiempos violentos del autoritarismo del Estado han quedado atrás. Confiamos firmemente en que la ciudadanía mexicana, así como los actores políticos sensatos, juntos haremos lo posible por evitar un retroceso democrático o cualquier vestigio de corrupción, impunidad o de pacto entre autoridades y criminales. Estamos convencidos de que no permitiremos el uso electoral en la justicia. La justicia debe ser un universo al que todos tengan acceso, y aquellos que merezcan ser alcanzados por sus brazos, como lo pueden ser estos ex gobernadores, deben ser sancionados, dejando de lado el interés particular y político. Qué fácil pareciera para algunos poner de pretexto, porque eso es un pretexto, que la persecución política en tiempos electorales es para eludir responsabilidades. Como si en tiempos electorales hubiera que decretar una veda para perseguir a criminales. Esto es una burla. Investigar y sancionar un delito está lejos de representar un trofeo electoral. Es el anhelo de la sociedad mexicana, la cual reclama un alto a la impunidad sean tiempos electorales o no; o sea, cualquier tiempo en el que se esté y si pertenece o no a un gobierno o a un partido político. Cuando alguien comete un delito el pueblo exige su sanción pronta y sin dilaciones. México no puede esperar a que el tiempo y las circunstancias sean benignos para el que debe ser sancionado, hacerlo sería ayudar a la injusticia y a la impunidad de los ex servidores públicos, y sería notar más precedentes letales a nuestra democracia. Una de las cualidades de la justicia es que se encuentra por encima de cualquier otro interés, por eso debe aplicarse sin importar si debe recaer sobre algún integrante de un partido político o de un gobierno. La transición democrática en nuestro país, su consolidación y el fortalecimiento del Estado de derecho exigen que cualquier acto contrario a la ley sea castigado sin importar quién lo cometa o la coyuntura en que se encuentra el país. La sociedad ha perdido la confianza en las instituciones públicas, permitir la corrupción de algún servidor público en el despacho de sus funciones sería continuar con la venda en los ojos. Los mexicanos reclaman quitarse esa venda y abatir la impunidad de los servidores públicos que traicionan la confianza de la ciudadanía. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ¿qué será lo correcto? ¿Denunciar hechos delictivos sin considerar que fueron cometidos por personas relacionadas con el servicio público? ¿O lo correcto es callarnos ante tales hechos por que políticamente sería lo adecuado para unos cuantos? El combate a la impunidad no puede esperar, la ley debe aplicarse en año electoral o en el año que sea. México ha sido objeto de innumerables felonías marcadas por la impunidad y el daño a la nación. Lamentamos que en estas ocasiones haya sido víctima de quienes han sido sus gobernantes. Cómo olvidar y les recuerdo aquí a los que no tienen el dato en la memoria a Mario Villanueva, hoy extraditado a la justicia estadounidense; cómo olvidar al gobernador Precioso, a Mario Marín, protegiendo a redes de la pederastia; el ilegal e inmoral endeudamiento que legó Humberto Moreira y que también lo tuvieron que sacar de su partido político en la dirigencia; cómo olvidar los crimines impunes de Ulises Ruiz, por citar sólo algunos cuantos. En la actualidad la sociedad mexicana demanda sin demora la aplicación de la justicia y el castigo a esos infractores o delincuentes, según sea el caso, sin importar quiénes sean y sin importar que sean tiempos electorales como unos ponen de pretexto. Nuestro país requiere una administración pública a cargo de ciudadanos probos y con vocación de servicio, así que si estos se conducen fuera de la ley termino, presidente deberán afrontar las consecuencias de sus actos sin que medie prerrogativa alguna como a cualquier otra persona que violenta la ley o como cualquier criminal en este caso. Para los que dicen que México está detenido mienten y chiflan, lo que están haciendo es provocando que México se estanque. Si en realidad están contra esa simulación aprueben las reformas...