El diputado José Luis Montalvo Luna: Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. Quiero compartir a usted, señor secretario, una reflexión personal con relación a lo que su servidor piensa con lo que yo le llamaría las tres caras de la corrupción: la complicidad, la omisión y la ignorancia. Señor secretario, es del dominio público y está ampliamente documentado que su gestión al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha estado plagada de hechos de corrupción, que no solo han sido y han ido en detrimento del erario público, sino que incluso han cobrado vidas humanas. En una revisión a las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría a su cargo identificamos que del año 2013 al 2017 dicha instancia detectó irregularidades por casi mil 985 millones de pesos, destacando que en la revisión de la Cuenta Pública de 2015 se hallaron anomalías por un monto de mil 500 millones de pesos. En el estado de México, del cual soy representante, Eduardo Rafael Luque Altamirano fue el titular del Centro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad durante los primeros años de este sexenio, es investigado por desvíos de más de 2 mil millones de pesos. Actualmente, sin embargo, usted lo premia y lo nombra director de la Administración Portuaria Integral de Tampico, Tamaulipas. Esta es una cara de la corrupción, se llama complicidad. Señor secretario, usted ha sido omiso en reiteradas ocasiones ante señalamientos de hechos de corrupción. La Auditoría Superior señaló en el año 2013 los costos millonarios y operativos que representaba el lanzamiento del satélite Centenario, debido a que habían existido postergaciones y fallas técnicas por parte de la empresa rusa que realizaría el lanzamiento. A pesar de ello, decidió que dicha empresa siguiera a cargo del proyecto, el resultado lo conocemos todos, el satélite estalló junto con el cohete ruso a unos minutos de haber despegado, lo que significó una pérdida de 7 mil 500 millones de pesos y la postergación de diferentes servicios en telecomunicaciones. Aquí lo han dicho, en el socavón, en el Paso Exprés, donde dos personas perdieron la vida, diversas organizaciones documentaron que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a su cargo, tuvo conocimiento de las irregularidades de la obra, a través de al menos diez reportes. Omisión. Estos no han sido los únicos hechos en los que usted ha sido omiso. Tal es el caso de las constantes irregularidades que han documentado diversos medios en relación a más de 402 aviadores que existen dentro de la Secretaría de Comunicaciones. Entre estos aviadores se encuentran familiares de Víctor Bernardo López Carranza, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En consecuencia, si usted lo sabe, es cómplice de los moches. En la lista también se encuentra, grave, el magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de la Octava Sala, Ángel Humberto Félix Estrada, así como su esposa Dora Leticia Chaires Aragón, lo que evidentemente representa un caso de conflicto de intereses. Usted estaba obligado a saberlo, y lo supo y entonces es usted cómplice. Por si esto no fuera suficiente, también se ha acreditado el uso indebido de las instalaciones de la secretaría, todo ello bajo la anuencia del oficial mayor de la secretaría, Rodrigo Ramírez Reyes, quien se beneficia de estos moches. Estos hechos, sin duda, no podrían haberse llevado a cabo sin su anuencia. ¿O es posible que el oficial mayor pueda actuar con total impunidad sin que usted se entere? Por estas denuncias, personal de la secretaría a su responsabilidad fueron ilegalmente separados de su empleo. Bajo estas consideraciones, señor secretario, mis preguntas: ¿podría informarnos del estado que guarda la solventación de las observaciones hechas por la Auditoría durante el periodo 2013 y 2017, y que ascienden a irregularidades por casi mil 985 millones de pesos? ¿Podría decirnos de qué manera está coadyuvando la secretaría a su cargo en las investigaciones que lleva a cabo la PGR y la Secretaría de la Función Pública por el presunto desvío de recursos y demás...