El diputado José Antonio Gutiérrez Jardón: Muy buenas tardes amigas y amigos, diputados y diputadas. El día de hoy quiero presentar ante la más alta tribuna de la nación, una iniciativa que tiene como propósito adicionar diversas disposiciones a la Ley para la Transparencia y al Ordenamiento de los Servicios Financieros. El 8 de mayo del 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el cual se reforma el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer que las personas mayores de 68 años tengan derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos que fije la ley. Para tal efecto, el gobierno de México en el marco del sistema de planeación nacional, puso en marcha el Programa Pensión para Adultos Mayores, un programa para todos los adultos mayores en el cual se encuentra alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio del 2019. En este eje, la política social dice lo siguiente: construir a un país con bienestar y que tiene como propósito favorecer el acceso a mejores niveles de bienestar y revertir la situación de desigualdad social en nuestro país. Producto de la presión social y a propuesta de los integrantes de nuestra fracción parlamentaria, se tomó la decisión de ampliar o más bien regresar el programa a mayores de 65 años, lo cual reconocemos como una victoria de uno de los sectores más vulnerables. Para acelerar el proceso de esta transferencia, las reglas de la operación del programa permiten a la instancia ejecutora de establecer el método de pago que es, en este caso, a través de la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar, donde se deposita el apoyo económico. La gran mayoría de estos beneficiarios reciben su apoyo mediante dicha tarjeta y pueden retirar sus recursos en más de 15 comercios y entidades y casi todas las entidades bancarias. Desafortunadamente, al día de hoy solamente existen 500 sucursales del Banco del Bienestar, de un proyecto de más de 2 mil, por eso esto deduce que en estas el costo que representa para estas personas, que no abarca con estos 500 bancos, no dan abasto para poder dar el beneficio a los más de 9 millones de beneficiarios que tenemos como adultos mayores. De lo anterior se concluye que la mayoría de los usuarios o derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores utilizan los servicios financieros comerciales para llevar a cabo sus consultas de saldo, o bien de retiro en efectivo, por lo que se enfrentan a cargos de comisiones. Con base en los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Condusef, las comisiones fluctúan entre los 10 y los 40 pesos por cada consulta de saldo o retiro de efectivo. De acuerdo con el estudio publicado en el Coneval, en México el porcentaje de la población de 65 años o más en situación de pobreza es similar al que observa el resto de la población. Sin embargo, el deterioro de las capacidades físicas, el retiro del mercado laboral, entre otras causas, provocan que esta población sea más sensible a los factores como la disminución del ingreso o altos gastos en el tema de la salud, lo que aumenta el riesgo de que se ubiquen en una situación de pobreza alimentaria. Por ello, una solución que se propone en el proemio de esta iniciativa es justo reformar la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, con el objetivo de eximir a las tarjetas de la Pensión para el Bienestar de los 65 Años o Más en el cobro de comisiones por consulta de saldo. Repito. De eximir a las tarjetas de Pensión para el Bienestar de los 65 Años o Más en el cobro de comisiones por consulta de saldo, o bien de retiro en efectivo, de los servicios financieros tradicionales, a fin de apoyar las necesidades básicas de alimentación. Diputadas y diputados de las diferentes fracciones, hagámoslo por ellas y por ellos, hagámoslo por nuestros adultos mayores. Es cuanto, presidente.