El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Este dictamen como aquí se ha señalado fue congelado durante varios meses. Esto se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales desde el mes de abril y es una iniciativa del diputado Marco Antonio Aguilar que, entendemos, lo hizo con la mejor intención. Como una Ley de avanzada en materia de Movilidad Urbana tendiendo algunos precedentes legislativos, pero ha corrido mucha agua debajo del puente desde el mes de abril. Esta ley, en apariencia progresista, innovadora, en la coyuntura políticosocial que vive hoy el país, puede bien utilizarse como una coartada para la represión. Como una coartada para frenar el legítimo derecho del pueblo a manifestarse en términos de la Constitución Política del país. Ya se ha referido en esta tribuna la previsible contradicción entre dos derechos constitucionales. La libertad de tránsito y ahora este concepto de movilidad universal. Nosotros creemos que este dictamen es políticamente inoportuno. Que la situación del país de intensas movilizaciones sociales, de repudio al gobierno federal, de enojo frente a las violaciones a los derechos humanos, la inseguridad y la caótica situación económica, no permite que se envuelva bajo el tema de la movilidad lo que puede ser la puerta de entrada para frenar otros derechos fundamentales. Nada impide hoy que los congresos locales puedan apuntalar medidas para atender a grupos con necesidades especiales, en materia de transporte, que se procure la utilización ecológica del transporte público, que se realicen campañas para desincentivar el uso del automóvil y privilegiar el transporte público. Nada hoy en el marco jurídico mexicano impide que se pueda avanzar en esas medias legislativas o reglamentarias para facilitar el transporte y la movilidad urbana. Pero reformar hoy los artículos 11 y 73 para introducir este derecho, puede, insistimos, ser la vía para justificar, frenar movilizaciones, frenar actos legítimos de protesta, impedir el libre tránsito o violentar derechos humanos. No lo dice así desde luego el dictamen, pero no faltará algún tramposo desde el gobierno o desde los tribunales que con esta justificación justifique atrocidades y violaciones a los derechos. Hoy México vive una crisis económica, decíamos y hoy lo señalo textualmente, analistas del sector privado han ajustado la meta del crecimiento económico del 2.3 al 2.19. Hay un deslizamiento permanente del peso y por otro lado el precio del barril de petróleo está en franco descenso. Hay, pues, un escenario difícil en materia económica que se suma a un escenario de inconformidad social creciente. La encuesta de ayer en un periódico, es contundente. El 91 por ciento de los líderes del país reprueban el manejo en el tema de la corrupción al presidente, y el 72 por ciento a población abierta. Y la calificación desciende hasta 3.1 para el presidente, entre los líderes, que fueron los que al inicio del sexenio calificaban de manera más favorable al titular del Ejecutivo. En este escenario de inconformidad, introducir una reforma en el tema de movilidad que pueda utilizarse para frenar el descontento social es un tema que no podemos acompañar. No obstante, en su momento, en abril, en otras condiciones del país, en otra situación, podríamos haber acompañado esta reforma. Insistimos en que se pueda reconsiderar y no se apruebe por el PRI, por el PAN y sus aliados esta reforma que puede ser el pretexto de Peña Nieto para reprimir a los manifestantes. De por sí ya lo están haciendo lo decíamos hace un rato que ahora primero detienen, primero mandan a los penales de alta seguridad y luego sueltan a la gente, como una medida para sembrar terror, para atemorizar y para inhibir la participación ciudadana. Pero miren ustedes la paradoja. En el norte, que pareciera que todo está bien porque no hay la magnitud de las marchas que hay en el sur y en el centro del país, es donde más reprueban al actual gobierno, y para ello vean la encuesta de Reforma y de El Universal del día de ayer. Concluyo señalando, señor Presidente, que vamos a votar en contra de esta reforma constitucional que hoy, en la coyuntura del país, es políticamente inoportuna y puede ser la vía para justificar la represión con un texto constitucional. Es cuanto.