La diputada Lidia Pérez Barcenas: Con su venia, presidente. Una de las principales causas de la desigualdad económica y social heredara del antiguo régimen es la corrupción. El uso del poder público en beneficio privado de una minoría que lucró por décadas en un ambiente de complicidad de las autoridades y de absoluta impunidad, dañó enormemente al país y lesionó su tejido social. Antes del triunfo de la 4T, el poder político y el poder económico se habían alimentado y nutrido mutuamente y se había implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. El mandato de este gobierno fue abatir las desigualdades, instaurar la democracia verdadera y erradicar de la vida pública el cáncer de la corrupción. El costo económico de la corrupción durante los gobiernos neoliberales, según el Banco Mundial y cálculos del propio Banco de México en 2018, ascendía al 9 por ciento del PIB. Para rematar, en ese año el Inegi reportó una cifra dramática, 86 por ciento de la población opinaba que el desempeño del gobierno federal ocurría en espacios de corrupción. La confianza de los mexicanos en las instituciones públicas estaba destrozada, y cómo no, si solo basta recordar, las privatizaciones fraudulentas de las empresas del Estado durante el salinismo, el quebranto a las finanzas públicas. Escándalos como los amigos de Fox y el Pemexgate. El costo desmesurado e inútil de la Estela de Luz y los contratos a modos de empresas consentidas como Iberdrola, durante el gobierno de Felipe Calderón. El episodio de la Casa Blanca, de la relación de los negocios y conflictos de interés con el Grupo Higa y la Estafa Maestra en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y qué decir de Odebrecht, que salpica a los altos funcionarios públicos y legisladores beneficiarios de la etapa neoliberal reciente. Estos hechos crearon un ambiente oprobioso que la sociedad no olvida y no ha perdonado. Sucesos tan dolorosos como los ocurridos en la guardería ABC, Pasta de Conchos y Ayotzinapa, en donde se perdieron vidas y se violaron derechos humanos al amparo de la negligencia y la complicidad corrupta de las autoridades. Los gobiernos neoliberales llevaron al límite de lo intolerante la corrupción y la impunidad. Esto explica las medidas firmes tomadas desde el inicio del actual gobierno para poner freno a las prácticas corruptas, como el huachicoleo, terminar con la corrupción en el sector salud, en donde un pequeño grupo se enriquecía con la venta de medicinas a costa del dolor y sufrimiento humano, combatir el crimen de cuello blanco, inhabilitar altos servidores y ex servidores públicos por hechos de corrupción. Entre el 2019 y 2020 se han congelado más de 31 mil cuentas bancarias y más de 7 mil millones de pesos. La mayoría democrática en Morena en el Congreso impulsó la prohibición de la condición... de la conducción... Perdón. La mayoría democrática de Morena en Congreso impulsó la prohibición de la condonación de impuestos y la tipificación a nivel constitucional de la corrupción como un delito grave, que amerita prisión preventiva oficiosa. Se acabaron los moches y el festín que significaba en esta Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto anual. Se acabaron los privilegios de los altos funcionarios. Esta política firme y decidida, que se ve reflejada en los reportes de organismos internacionales, como Latinobarómetro y Transparencia Internacional, en que se reconoce que ha disminuido la percepción de la corrupción durante este gobierno. Pero la mejor evaluación del avance de la lucha contra la corrupción es la popularidad y aceptación de que goza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar del intento fallido de la derecha por magnificar supuestos hechos que no logran comprobar, y mucho menos manchar la imagen de un gobierno honesto. Hoy podemos afirmar que ningún gobernante se propuso un desafío tan grande como abatir la corrupción y la impunidad en nuestro país. Al hacerlo la actual administración ha tocado grandes intereses, como los que ahora ya se ven amenazados. Esos intereses están claramente identificados con un régimen que se niega a morir. Separar el poder público... separar el político del poder económico no ha sido fácil. Por eso, si de verdad queremos combatir la corrupción, también echemos abajo la reforma energética del 2013, aprobada en un ambiente de corrupción y que ha dañado el patrimonio nacional. Llamo a la oposición a dar muestras de su voluntad por combatir la corrupción y que aprobemos la reforma eléctrica, para recuperar nuestra soberanía energética y por el bien del pueblo de México. Es cuanto, presidente.