El diputado Javier Salinas Narváez: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, el combate a la delincuencia organizada y la corrupción es, sin duda, la mayor prioridad estratégica para la seguridad nacional y pública de nuestro país. El crimen organizado y los servidores públicos corruptos incurren en conductas cada vez más complejas y sofisticadas para ocultar los recursos derivados de sus actividades. Como respuesta a este fenómeno, en el año 2008 se promulgó la reforma constitucional que introdujo la figura de la extinción de dominio en nuestro sistema jurídico bajo el principio de que la generación de recursos a partir de la actividad criminal, no puede derivar en efectos jurídicos. Con la entrada en vigor del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, aumentó sustancialmente la extinción de dominio de inmuebles por la Procuraduría General de la República, pasando de 11 bienes en 2016 a 44 en 2017. No obstante, la introducción de la extinción de dominio ha resultado un rotundo fracaso, pues los procedimientos de extinción de dominio instaurados siguen siendo mínimos a nivel federal y de las entidades federativas, porque el procedimiento implica cargas procesales y probatorias propias del derecho penal, ya que el artículo 22 constitucional en vigor no distingue apropiadamente entre el procedimiento de extinción de dominio y la acreditación de la conducta delictiva de las personas que se refuta propietaria del bien. Por ello, es urgente precisar con toda claridad en nuestra Carta Fundamental, que el procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza civil y no penal. De acuerdo con ello, el dictamen que hoy se somete a consideración de esta asamblea permitirá que, en un litigio civil, el Ministerio Público plantee que el bien incorporado al patrimonio de una persona investigada por la comisión de ciertos delitos, tiene una procedencia ilegítima. Para tal efecto, en la reforma se establece que la extinción de dominio se ejercitará a través de un procedimiento autónomo en la materia penal sobre sus bienes que sean instrumento, objeto o producto de actos de corrupción o de actividades ilícitas. Asimismo, consideramos de la mayor transcendencia la disposición en el sentido de que el procedimiento de extinción de dominio es distinto respecto de los procedimientos fiscales, de responsabilidad civil derivada de juicios penales, de decomisos y de abandono de bienes. Por otro lado, para precisar la excepcionalidad de la figura, se plantea una enunciación limitada de la procedencia de la extinción de dominio, exclusivamente con relación a las investigaciones de ciertas conductas típicas, hechos de corrupción, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, delitos contra la salud, secuestro, trata de personas, encubrimiento y delitos en materia de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos. Para reforzar lo anterior, se propone establecer la facultad del Congreso de la Unión para expedir una legislación nacional única en la materia, precisando en las disposiciones transitorias la permanencia de la ley federal y las leyes locales relativas, hasta en tanto no se expida la nueva legislación federal. En el mismo tenor, vemos con agrado la inclusión de los mecanismos para la administración de los bienes asegurados propuesta por senadores de nuestro partido, con lo cual se dará mayor certidumbre jurídica al accionar de las autoridades responsables de administrar los bienes asegurados, a fin de evitar su vano deterioro y monetizarlos, así como la posibilidad de su destrucción para hacer más económico el aseguramiento. Señoras y señores, la extinción de dominio es la figura más idónea para la recuperación de activos derivados de los hechos de corrupción o actividades ilícitas. Empero, es urgente fortalecer la figura de la extinción de dominio para atender y evitar los obstáculos procedimentales que se interponen con el principal objetivo de esta institución jurídica, que es el combate inteligente a la raíz del crimen organizado y la corrupción, desmantelamiento de su capacidad operativa y el lavado de dinero. Por ello, las diputadas y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor de la minuta. Estamos ciertos de que la buena instrumentación de esta figura la convertirá en una herramienta indispensable para el combate de los terribles flagelos del crimen organizado y de la corrupción. Es cuanto, señor presidente.