El diputado Kevin Angelo Aguilar Piña: Buenas tardes compañeros y compañeras, diputados. El presente dictamen de aprobarse pondrá solución a un gran problema que viven los estados y los municipios y que afecta considerablemente a sus haciendas públicas y, por consecuencia, a las y los mexicanos que habitan en ellos, me refiero a la corrupción. Permítanme plantearlo de la siguiente manera. La Ley de Disciplina Financiera tiene como objeto establecer los criterios generales de responsabilidad hacendaria y financiera que regirán a las entidades federativas y a los municipios, así como sus respectivos entes públicos para un manejo sostenible de sus finanzas públicas. De igual forma, dicha ley hace referencia a la contratación de deuda pública y obligaciones, indicando que se tiene que garantizar que se contraten al menor costo financiero de manera eficiente y transparente, con un control y rendición de cuentas y bajo un límite de afectación de participaciones, teniendo como destino la inversión pública. Estos conceptos van alineados con lo que indica la Constitución, la cual es muy clara al respecto en su artículo 117, fracción VIII, señala a la letra que: los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismas que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. Lo que nos corresponde como legisladores, es que se cumplan esos preceptos ya establecidos en nuestra Carta Magna y por lo tanto terminar con los incentivos perversos que permite la legislación vigente. A lo que me refiero y que lograríamos con la aprobación de este dictamen, es garantizar que los recursos obtenidos por la contratación de deuda por parte de los entes públicos y gobiernos subnacionales, realmente se destinen a la inversión pública, productiva, garantizando que efectivamente sea el menos costo para los y las mexicanas. Otro problema que resolveríamos de aprobar este dictamen, es el relativo con los excesivos costos que cobran las instituciones financieras a dichos entes públicos, que muchas veces están justificados y que, en el peor de los casos, ni siquiera tienen un destino y su finalidad es repartirse entre los mismos interesados. Volvemos a lo mismo, la corrupción. Actualmente en ningún ordenamiento se define un porcentaje de gastos y costos relacionados con la contratación de dichas obligaciones y financiamientos, es aquí donde está el vacío legal y el incentivo perverso que mencionaba anteriormente. Si bien es cierto que se señala que sea al menor costo y bajo las mejores condiciones de mercado, consideramos prudente ponerle un tope y al mismo tiempo un alto a la corrupción, para dar mayor certeza a todas las entidades federativas y entes públicos que están sujetos a dicha normativa. Asimismo, estamos blindando esta ley en comento con un componente que es fundamental para el actuar de todos ellos, que es garantizando la transparencia, y así no permitir que se desvirtúe el destino de los recursos. Pensemos por un momento en la situación actual de todas y todos los mexicanos en los últimos meses, sumergidos aún en una pandemia que nos afectó económicamente. Traslademos esta situación a cada persona que vive en cualquiera de los 2 mil 471 municipios que tenemos en el país. Es nuestra oportunidad para ayudarlos en la construcción de una mejor hacienda pública estatal y municipal. El Grupo Parlamentario del Partido Verde está en contra de la corrupción y a favor de la transparencia y la rendición de cuentas. Estamos a favor de construir una hacienda púbica que beneficie a todas y todos los mexicanos. Es por esto que votaremos a favor del presente dictamen. Sabemos que hay mucho por hacer en esta materia, y este es un muy buen comienzo. Es cuanto. Muchas gracias.