El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Con la venia de mis compañeras y compañeros diputados, nuestra democracia está lejos de considerarse como una democracia ideal. Sin embargo, tenemos la aspiración de construir un sistema político de instituciones y ciudadanos comprometidos con los valores y principios democráticos y, al mismo tiempo, comprometidos con la participación en los procesos de toma de decisiones, sobre todo, cuando se trata de aquellas que afectan de manera decisiva el rumbo del país. Fomentar la participación de la ciudadanía en las decisiones políticas ha sido parte de las exigencias de los últimos tiempos en la mayoría de las democracias modernas. Por ello, la regulación de mecanismos de democracia participativa se ha incrementado a fin de transitar de los modelos tradicionales para gobernar y ejercer el poder a la implementación de nuevas modalidades de participación democrática, en donde por medio de la apertura de procesos políticos la ciudanía se involucre activamente en los asuntos públicos. En este sentido, la democracia participativa se concreta a partir de la implementación de mecanismos electorales o deliberativos, los primeros hacen referencia a la práctica en donde la ciudadanía acude a las urnas a fin de decidir entre opciones políticas previamente diseñadas por las autoridades que ponen a consideración algún tema o problemática de interés nacional. Por su parte, los espacios deliberativos son diseñados para que los ciudadanos, la sociedad civil y autoridades involucren un diálogo e intercambio de ideas sobre la problemática pública del país. Bajo esta lógica, el fortalecimiento democrático recae en el compromiso de los estados de diseñar instrumentos cuyo objetivo fundamental sea ampliar los espacios de participación en la esfera pública, que no únicamente se centren en la promoción del voto, sino en la creación de espacios o mecanismos específicos donde la ciudadanía participe activamente. Aquellos regímenes donde se fomenta la creación de espacios de participación e interacción entre la ciudanía y las autoridades presentan mayores índices de satisfacción, ya que se van construyendo compromisos entre gobernantes y, por supuesto, entre gobernados. En este contexto la inclusión y regulación de nuevos mecanismos de participación ciudadana se ha convertido en una práctica muy frecuente, no solo en nuestro país, sino a nivel internacional. Hoy la ciudadanía en México tiene claro que no es suficiente con que la sociedad esté informada sobre los asuntos públicos, sino que resulta fundamental su participación activa en la toma de decisiones de las decisiones más relevantes en el ámbito público. En este sentido, la incorporación de este mecanismo a nuestra Carta Magna ha representado uno de los cambios democráticos más importantes en los últimos tiempos en México, uno de ellos, por supuesto, es la figura de revocación de mandato, con lo cual hoy la ciudadanía en nuestro país tiene la posibilidad de participar en un ejercicio que hasta hace algún tiempo pues era imposible siquiera de pensarlo. La revocación de mandato la podemos definir de manera concreta como un procedimiento a través del cual los gobernados tienen la posibilidad de destituir por medio de votación a un servidor público antes de la conclusión del periodo para el que fue electo y otorga a la población la facultad de dejar sin efecto el mandato del titular de un cargo de elección popular como resultado de un proceso de consulta. El establecimiento del texto constitucional del derecho de las y los mexicanos a participar en los procesos de revocación mandato y su eventual puesta en práctica, permitirá dar cauce al ímpetu cada vez más participativo del pueblo de México, que desde hace décadas demandaba la creación de mecanismos que permitieran un mayor involucramiento en los asuntos públicos y en la toma de decisiones colectivas, así como en el control político sobre las personas que han recibido la confianza para convertirse en gobernantes. Al consultar a la ciudadanía sobre la posibilidad de terminar de manera anticipada con el encargo para el cual fue electo el o la titular del Poder Ejecutivo federal, se obliga a este a cuidar su actuación a fin de no perder la confianza del pueblo, lo cual abona de manera significativa la construcción de un modelo de democracia representativa más robusto, en donde se asegura que el poder público está efectivamente al servicio del pueblo y que se instituye para beneficio de este. Estamos convencidos de que consolidar una democracia participativa requiere del esfuerzo y compromiso de todas y de todos. Somos conscientes de que alcanzar una mayor calidad democrática se logrará no solamente a través de mecanismos electorales para la renovación de los poderes públicos cada cierto tiempo, sino principalmente mediante la creación de espacios de consulta y de liberación permanente para la toma de decisiones que nos afectan a todos. Por lo anterior, es fundamental crear conexiones eficientes entre el gobierno y la sociedad, donde los procesos de diálogo se coloquen al centro de la esfera política para que la ciudadanía tenga auténticamente la oportunidad de incidir y ser parte del ejercicio del poder en nuestro país. En el Partido Verde, reiteramos nuestra convicción de que la revocación de mandato es un mecanismo fundamental para la democratización de nuestro régimen y para el empoderamiento de la ciudadanía frente a los gobernantes. Por ello creemos que las y los mexicanos tienen la oportunidad histórica de participar en uno de los procedimientos democráticos en el cual puede ejercerse el derecho a decidir, si se ratifica o no se ratifica la confianza del presidente de la República para seguir gobernando hasta concluir el periodo para el cual fue electo. Reafirmamos nuestra aspiración de transitar a un modelo de democracia en donde se fomente la vinculación entre el gobernante y los ciudadanos. En este sentido, con la revocación de mandato se optimiza el principio de soberanía popular al recuperar el lugar del ciudadano en la vida pública, porque, compañeras y compañeros, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. No concebimos una democracia en la que no se escuche la voz de la ciudadanía. Eso es inherente a los regímenes auténticamente democráticos. Sin embargo, se debe también señalar que estos se caracterizan por el uso racional de los recursos que son del pueblo. Entendemos que los procesos de democracia directa, como lo es la revocación de mandato, son de gran utilidad para que los ciudadanos sean los protagonistas de la toma de decisiones fundamentales para el país y estamos conscientes de que su instrumentación implica el ejercicio de recursos. En este sentido, en el Partido Verde reiteramos nuestra convicción de que se puede hacer más con menos y de que todas las instituciones involucradas en el proceso de revocación de mandato deben comprometerse con su realización y encontrar alternativas para que la democracia que con tanto esfuerzo hemos construido nos cueste menos, sin que ello sea un obstáculo para el ejercicio del derecho de las y los mexicanos a participar de manera más activa en las decisiones públicas y, por supuesto, en el control político de quienes nos gobiernan. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.