EL C. DIPUTADO JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN (CD): (Da lectura a una iniciativa de reformas a los artículos 35,36, 71 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) (LEYO. INSERTESE) INICIATIVA De reformas a los artículos 35, 36, 71 Y 73, de la Constitucionales en materia de participación ciudadana y fortalecimiento de la cultura democrática, cívica y de la legalidad, mediante el plebiscito. Referndum e iniciativa popular, presentando por el diputado José Manuel del Río Virgen, del Partido Convergencia por la Democracia. José Manuel del Río Virgen, en mi carácter de Diputado Federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional; con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Cámara de Diputados y de su soberanía representada por todos y cada uno de ustedes señoras y señores legisladores, la presente iniciativa que adiciona una fracción VI al artículo 35; adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36; adiciona una fracción IV al artículo 71 y; adiciona la fracción VI del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Los mexicanos, históricamente decidimos optar por la democracia, como única vía para alcanzar las metas trazadas que en nuestra Carta Magna, visionariamente los constituyentes de 1917 plasmaron. Titanes, sin duda alguna, son junto con muchos héroes más de la Independencia, la reforma y la revolución, quienes nos mostraron y demostraron incluso con la sangre de sus propias vidas, lo que sigue significando la libertad, soberanía, igualdad, justicia, trabajo, seguridad social, respeto a la legalidad y la educación popular. Precisamente ésta, la educación, basada en el resultado del progreso científico, debe seguir luchando contra todo tipo de ignorancia y sus devastadores efectos, contra las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, logrando el desarrollo armónico de las facultades del ser humano que fomente en él, el amor a la patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Las reformas constitucionales de 1934 y 1946 al artículo 3o., concretaron los anhelos de los constituyentes de 1917, cuando éstos establecieron que la educación es libre y laica. Empero, de aquellos días y con las reformas efectuadas a la fecha, la educación en el país, sigue siendo la más sentida demanda de los desheredados de la fortuna nacional; aquellos millones que por generaciones siguen esperando el arribo de la justicia social. Nuestra Carta Magna establece que la educación será democrática, considerándola no sólo como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento, económico, social y cultural del pueblo. Que será nacional, en cuanto, sin hostilidades y exclusivismos, atenderá a la comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestra independencia económica y, a la continuidad y aseguramiento de nuestra cultura. Establece también, como una de sus principales máximas, contribuir a la mejor convivencia humana, robusteciendo la dignidad de la persona, la integridad de la familia y los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando así los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos y de individuos. Lo anterior nos demuestra que aún tenemos una visión muy corta de lo que debe significar la educación en México, ya que no sólo se refiere aquella que hoy se imparte a nuestros hijos desde pequeños hasta la educación superior, cuando así la situación económica lo permite. La que se imparte en forma todavía deficiente a la población nacional analfabeta y que suma más del 9% de los mexicanos más pobres. Una revisión integral del los principios rectores de la educación en el país, nos indica que la enseñanza nacional, no sólo es transmisión de conocimientos, saber leer y escribir, tener cualquier profesión mediante el estudio. Su fin es más supremo; es para bien, transformar la realidad social que nos rodea con pleno respeto a la norma jurídica que da sustento a la convivencia civilizada de los hombres y mujeres en el país. Es lograr en la sociedad, una participación social más decidida y responsable, que le augure mejores niveles de vida, pero sobre todo, que le permita estar en posibilidad de construir junto con el Gobierno y sus representantes su propio futuro. No es sólo tener más y mejores profesionistas, técnicos o ningún analfabeta. No basta saber que la educación en el país, nos permite entender lo que pasa a nuestro alrededor, su fin está precisamente en utilizar lo aprendido reflexionando primero, para cambiar las estructuras del poder público, cuando éste se vuelve ineficiente, corrupto, prepotente, inoperante. La educación nacional compañeras y compañeros diputados, va más allá del aula escolar, porque desea que no sólo sus hijos jóvenes estén preparados. La educación que la patria requiere, también va dirigida a los sectores más diversos de la sociedad, sociedad enriquecida por ese mosaico pluricultural y hoy cada vez más democrática que decidimos ser. La educación que necesitamos impulsar todos y cada uno de los mexicanos, también debe ser aquella que siendo dirigida a los diversos sectores de la sociedad, les permita en su cotidianidad, fortalecer los principios de amor a la patria, solidaridad y civismo, tres premisas fundamentales que nos dan identidad y cohesión como país. Fue la mayoría de la voluntad ciudadana la que determinó el 2 de julio de 2000, darse una nueva oportunidad, de tener otro tipo de gobierno. Pero esta nueva oportunidad, no le garantiza que realmente pueda ser o haya sido la adecuada. Será el tiempo quien determinará si la mayoría estuvo o no equivocada, porque si bien es cierto que México ya vive en la alternancia política en los niveles federal y estatal, también lo es que muchas veces la decepción es grande y más aún frustrante, cuando sabe que debe esperar el tiempo constitucional de encargo, para volver a sufragar por un partido o candidato distinto, en virtud de que el anterior simplemente no les cumplió. Muchas veces su protesta es en silencio, porque se siente impotente ante las medidas que el gobierno adopta y que considera perjudicial para ellos. Un triunfo electoralmente constitucional, no otorga un poder absoluto al gobernante, para disponer medidas políticas o económicas que según él, son las más indicadas para el país. La protesta por las acciones gubernamentales a veces queda también truncada, cuando los ciudadanos acuden con sus representantes populares de sus distritos electorales, nosotros señores diputados, encontrando un "déjeme ver que se puede hacer", "está muy ocupado el señor diputado legislando", "se encuentra en una reunión muy importante" y en el peor de los casos "luego, luego lo vemos, platique con mi secretario". Así, cuando la demanda ciudadana no encuentra respuesta por parte del poder ejecutivo y legislativo, cuando se ha violado su derecho constitucional de petición, por arrogancia, ocupación o desinterés, vemos a los mexicanos utilizando otro tipo de medidas para hacerse escuchar, muchas veces con resultados lamentables y fatídicos para los ciudadanos y la estabilidad del país. Cierto es que hoy los mexicanos tienen en los partidos políticos, el mejor instrumento para acceder a las esferas del poder democrático y cambiar sus condiciones de vida en lo político, económico y social, pero no siempre son éstos, los partidos políticos, sus mejores aliados. No podemos entender la competencia política si no es a través de los partidos, pero la práctica y el reclamo de la sociedad, es en el sentido de que los partidos se convierten muchas veces en instrumentos de grupos más que en portadores y representantes de una amplia participación ciudadana. Para algunos estudiosos, los partidos políticos son órganos diseñados con el propósito explícito de obtener el poder y en consecuencia sacrifican los ideales más caros de la participación democrática. Así, además advierten, que estas actuaciones son la crítica más sentida a lo que hoy conocemos como régimen de partidos. Pero además de ellas, se desprenden otras, a saber: la supremacía de los líderes partidistas sobre la organización misma que representan; la consolidación "institucional" de ciertas prácticas y decisiones excluyentes sobre la voluntad soberana, mucho más abstracta de la nación; los privilegios que los miembros de los partidos se conceden así mismos, y que le conceden también a ciertos grupos aliados a ellos, como la burocracia gubernamental, las grandes organizaciones sindicales que les ofrecen votos, o la falta de transparencia en el ejercicio de sus poderes y del dinero que se les otorga para cumplir con su labor. Ante esto, los ciudadanos escépticos optan por cambiar de partido o en otros casos, agruparse con fines específicos que sin duda, lejos de debilitar el pluralismo político, lo enriquecen sustancialmente, porque encuentran en estas formas de participación lo que los partidos muchas veces les negamos: vida democrática. Así, la democracia no se agota en los procesos electorales, ni los partidos políticos tienen en absoluto el monopolio exclusivo de la actividad democrática. La democracia en México y el mundo, es mucho más que una contienda entre partidos políticos contendientes en la búsqueda del voto. Por ello y por el bien del país, los ciudadanos deben extender más allá de los votos la participación ciudadana, convirtiéndola en algo más que una sucesión de elecciones, en una actividad cívica que muchas veces no le satisface realizar o les es indiferente. En ningún país del mundo con régimen democrático, la sociedad está totalmente satisfecha con la participación de los partidos políticos hecha Gobierno y nuestro país por supuesto no es la excepción. La incipiente democracia que vivimos, debemos fortalecerla para no repetir los errores del pasado y que hoy sin duda, nos ubican en los no muy honrosos primeros lugares en materia de respeto a la democracia, derechos humanos, legalidad, desarrollo y justicia, por el contrario, los fantasmas de la pobreza, la impunidad, corrupción, desempleo e inseguridad pública rondan muy cerca del caos y la revuelta. Cabe agregar, que en las conclusiones y propuestas de la comisión de estudios para la reforma del estado editado por la Universidad Nacional Autónoma de México y presentadas en este año, por primera vez se reconoce que la cultura política debe ser tema de la agenda nacional y, por ello, debe atribuirse al sistema educativo la responsabilidad de desarrollar en los educandos una cultura política democrática, lo que confirma nuestros argumentos, en el sentido de que la educación en México tiene una visión universal. Por ello, debemos impulsar figuras jurídicas que nos permitan arribar en esta nueva etapa de nuestra vida política y social, como un país de leyes, de respeto a la legalidad, a la constitución y el Estado de derecho y en este sentido, la democracia y participación semidirectas son el camino idóneo. PROPUESTA Convergencia por la Democracia, es un partido que busca con el concurso de la sociedad en general un nuevo rumbo para la nación. Por ello, nos pronunciamos por una mayor apertura de opciones a la participación popular en la toma de las grandes decisiones y en el conocimiento de la información que se requiere para formar un criterio objetivo en la opinión pública. Nuestro partido sostiene, que la iniciativa popular, el plebiscito y el referendum, deben ser puntos de partida para el trabajo político y para otorgar sentido y contenido democrático a la administración pública, compensando y complementando la participación política de la ciudadanía, en aquellos asuntos de primordial importancia o de carácter general que permitan corregir desvíos y, llegado el caso, remover a los gobernantes y servidores públicos que contraríen la voluntad popular. Bajo estas consideraciones, los militantes y simpatizantes de nuestro partido, Convergencia por la Democracia, creemos firmemente que, figuras como el plebiscito, referéndum e iniciativa popular, deben formar parte de nuestra vida constitucional, jurídica y legal, a fin de fortalecer la cultura cívica, la cultura de la legalidad y la cultura democrática que impostergablemente debemos consolidar. Referendum: El Diccionario Jurídico Omeba, lo señala como una institución en la transición entre un sistema de democracia directa y el de una democracia representativa y, que consiste en una consulta que se hace a los electores para que ratifiquen lo que votaron sus representantes. Por otra parte, el Diccionario Universal de Términos Parlamentarios, lo define como un procedimiento jurídico por el que se someten al voto popular leyes o actos administrativos, cuya ratificación debe ser hecha por el pueblo. El doctor Ignacio Burgoa señala que más que implicar una fiscalización popular, es un verdadero acto jurídico con que, algunos casos, culmina el proceso de formación legislativa y a través del cual los ciudadanos, sin exponer sus razones ni deliberar dan o no su aquiescencia para que una ley entre en vigor o sea que se permite al pueblo intervenir directamente en la aprobación o rechazo de las leyes. Plebiscito: Su origen se remonta a la república romana en la que la clase plebeya establecía sus propias leyes y que hoy en día es entendido, como el procedimiento por el que se somete a la aprobación directa de los ciudadanos con derecho a voto una decisión propuesta por los gobernantes. Maurice Duverger menciona que se llama así al voto de confianza personal dado a un hombre aunque sus resultados son conservadores, que nos merece el derecho a la ciudadanía para resolver por si mismos los problemas importantes y evitar que sus representantes acaparen todo el poder político. Iniciativa popular: La entendemos como una figura jurídica por el que se concede derecho al pueblo a fin de presentar propuestas de gobierno a los gobernantes establecidos. El Diccionario Universal de Términos Parlamentarios establece que la Iniciativa Popular, consiste en la transmisión de la potestad de iniciar el procedimiento de revisión constitucional o de formación de la ley formal, a una determinada fracción del cuerpo electoral. Diferencia de conceptos: El doctor Ignacio Burgoa, menciona que los plebiscitos originalmente fueron actos resolutivos de la plebe, es decir, una clase social para la preservación y mejoramiento de sus mismos intereses colectivos frente a la clase patricia; en cambio el referendum, es un acto decisorio por virtud del cual los ciudadanos emiten su voto adhesivo o repulsivo a cualquier acción gubernativa que conforme a la ley deba ser sometida para su aprobación. Generalmente los conceptos de referendum y plebiscito son considerados como sinónimos en su aplicación, sin embargo la naturaleza de estos términos son diferentes de tal forma, que la naturaleza jurídica del referéndum es la de un acto de ratificación, aprobación y de decisión; en cambio la del plebiscito implica una alteración del método precedente ya que no afecta actos de naturaleza normativa, se refiere sólo a cuestiones de hecho, actos políticos y medidas de Gobierno, especialmente afecto a cuestiones de carácter tererritorial y materias relativas a la forma de Gobierno. El autor italiano Gladio Gemma, señala que tanto el plebiscito como el referendum son pronunciamientos populares sobre temas de relevancia constitucional, señalando que el plebiscito implica un menor espacio para la participación del constituyente primario ya que se resta más para el manejo de la opinión pública y por ende de los resultados de su aplicación. Sin embargo, creemos son de suma importancia dichas figuras de participación semidirectas para el país. Antecedentes en México La constitución de 1917, por reforma al artículo 73, de 6 de diciembre de 1977, incluye en su fracción VI, apartado segundo, que el Congreso tiene facultades para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, que los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos al referendum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la misma ley señale. En el sistema constitucional mexicano se incorporaron en 1977 dos procedimientos de la democracia semidirecta, al referir el artículo 73, fracción VI de la Constitución, "que las leyes y los reglamentos relativos al Distrito Federal son materia de referendum y de iniciativa popular, de acuerdo con lo preceptuado por la Ley Orgánica del citado departamento. Así los artículos 53 y 55 de la citada ley establecían que la iniciativa popular es un método de participación directa de los ciudadanos del Distrito Federal, para proponer la formación, modificación o derogación de ordenamientos legales y reglamentarios de la propia entidad, siempre que se compruebe que la citada iniciativa se encontrara apoyada por un mínimo de 10 mil ciudadanos. Esta reforma, desafortunadamente no tuvo el eco deseado dentro de nuestro sistema político ya qué las instituciones establecidas se quedaron a medio camino teniendo sólo reconocimiento constitucional. Las mencionadas reformas a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, publicadas en el DOF, de 29 de diciembre de 1978, señalaban en el artículo 58, que el referendum era obligatorio cuando los ordenamientos legales y los reglamentos en proceso de creación, modificación o derogación, puedan tener actos sobre la totalidad de los habitantes del Distrito Federal y correspondan a la satisfacción de necesidades sociales de carácter general y, será facultativo cuando los ordenamientos y los reglamentos en proceso no corresponda, en términos generales, a las características dadas respecto al referendum obligatorio. Después surgieron otras reformas a la fracción VI del referido artículo 73 publicadas en el DOF, de 10 de agosto de 1987, posteriormente se volvió a reformar y fueron publicadas dichas reformas el 6 de abril de 1990 en las que se mencionaba el origen de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, abrogando todo lo 'relacionado al referendum y, estableciendo en su base cuarta que "para mayor participación ciudadana el gobierno del Distrito Federal, además, establece el derecho de iniciativa popular respecto de las materias que son competencia de la Asamblea" requiriendo para su formal presentación un mínimo de 10 mil ciudadanos debidamente identificados. Nuevamente el 25 de octubre de 1993 se vuelven a realizar reformas al artículo y fracción en mención, instituyendo la facultad del Congreso para expedir el estatuto de Gobierno del Distrito Federal, mismo que fue publicado el 26 de julio de 1994, en el que se abroga por completo todos los términos participación semidirecta. Comentarios generales Jesús Reyes Heroles en su obra "Tendencias Actuales del Estado", menciona que desde la Declaración de los Derechos del Ciudadano de 1789 y en la Constitución francesa de 1791, los conceptos de soberanía popular y de representación política son consignados universalmente, podría decirse, como elementos insustituibles del estado moderno. De ahí en adelante, el Estado tendrá siempre en cuenta que la soberanía reside en el pueblo y que su legitimación como organismo estatal, depende que sea representativo de la soberanía popular. En este sentido, Francisco Berlín Valenzuela nos dice que en México ha existido incomprensión total a estos términos de participación popular tal vez por la estrecha perspectiva de lo que significa, dando lugar a una actitud negativa para la implantación, al parecer porque su práctica puede ser adversa en un momento dado a las decisiones gubernamentales, pero añade que es probable que al principio en un país como el nuestro pudiera ser manipulado un referendum, plebiscito o iniciativa popular, pero que en la medida que el pueblo se acostumbrara a vivir y practicar estas formas, que por otra parte son promotores de instrucción publica, las posibilidades de su manipuleo serían cada vez más limitados. Diego Valadés afirma, que de poco o nada serviría que la Constitución o algún otro ordenamiento jurídico consagrase una institución como éstas, si de su reglamentación resultaran restricciones para su ejercicio; de ser este el caso, se estaría siguiendo más la tradición del referendum, del plebiscito o de la iniciativa popular como un instrumento de manipulación y control de la ciudadanía. En este sentido, debemos destacar que aunque hablamos de que somos un país democrático, no podemos recibir este calificativo, si no instrumentamos un mecanismo efectivo y seguro de dar fuerza y vida a la soberanía del pueblo, no sólo con su instauración constitucional, sino también instituyéndose en leyes ordinarias, secundarias, o reglamentarias de la propia Constitución en aquellos casos considerados como trascendentes e importantes. Por otra parte, las anteriores reformas que se han mencionado no han dejado satisfechos a los ciudadanos, de tal forma que sigue siendo el Congreso de la Unión el encargado para buscar mejores formas de participación ciudadana, pugnando por una mayor participación política hoy en día, en el que el mundo se encuentra ante una serie de trasformaciones económicas, sociales y políticas, lo cual redundaría también en abandonar acciones de paternalismo gubernamental y responsabilizaría al pueblo en decidir que derroteros seguir en beneficio del mismo. Debe destacarse que varios países cuentan con estas figuras de participación semidirecta como Brasil, Cuba, Uruguay, Ecuador, Panamá; Chile, Colombia y Costa Rica entre otros. Debemos darnos la oportunidad de lograr una mejor participación para los mexicanos y su destino, por ello es importante que incorporemos en nuestra constitución estas figuras jurídicas que permitirán un país más democrático y justo. Por lo antes expuesto, se somete a la consideración de esta soberanía las siguientes reformas constitucionales. Artículo único. Se adiciona una fracción VI al artículo 35; se adiciona un párrafo a la fracción III del artículo 36; se adiciona una fracción IV al artículo 71 y se reforma la fracción VI del artículo 73 de la Constitución Política Mexicana, para quedar en los siguientes términos. Artículo 35. Son prerrogativas del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, teniendo las calidades que establezca la ley; III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país; IV. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, en los términos que prescriben las leyes y V. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición y VI. Participar en los procesos de referendum, plebiscito e iniciativa popular. La ley regulará los procedimientos de éstos. Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República: I. Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como también inscribirse en el registro nacional de ciudadanos, en los términos que determinen las leyes. La organización y el funcionamiento permanente del registro nacional de ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana, son servicios de interés público y, por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley; II. Alistarse en la Guardia Nacional; III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley; así como participar en los procesos de referendum y plebiscito de conformidad con la ley competente. IV. Desempeñar los cargos de elección popular de la Federación o de los estados, que en ningún caso serán gratuitos y V. Desempeñar los cargos concejiles del municipio donde resida, las funciones electorales y las de jurado. Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: I. A1 Presidente de la República; II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; III. A las legislaturas de los estados; IV. A los ayuntamientos vía sus legisladores locales o federales y los ciudadanos, mediante iniciativa popular, en los términos que establezca la ley. Artículo 73. El Congreso tiene facultad: I. Para admitir nuevos estados a la Unión Federal; II. Derogada; III. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten con una población de 120 mil habitantes, por lo menos. 2o. Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes para proveer a su existencia política. 3o. Que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación respectiva. 4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días, contados desde la fecha en que le sea pedido. 5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas cámaras. 6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de los estados, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate. 7o. Si las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de las legislaturas de los demás estados; IV. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando con las diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso; V. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación; VI. Para aprobar los proyectos de ley que deban someterse a referendum e iniciativa popular. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Las entidades federativas deberán adecuar sus constituciones y legislación secundaria, para lograr el pleno funcionamiento de las figuras de participación semidirecta que se proponen en el presente decreto, en un plazo no mayor de 90 días contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto. México, DF, a 8 de noviembre de 2001. Diputado José Manuel del Río Virgen, de Convergencia por la Democracia, Partido Político Nacional. Señor Presidente: Solicito respetuosamente que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates y le ruego también se envíe a la Comisión de Puntos Constitucionales. Muchas gracias, compañeras y compañeros. EL C. PRESIDENTE, DIPUTADO ELOY CANTU SEGOVIA (PRI): Muchas gracias diputado José Manuel del Río Virgen y se instruye a la Secretaría para que el texto íntegro de la iniciativa se incluya en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales. Para presentar una iniciativa...