EL DIP. DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE: Muchas gracias señora Presidenta. Honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de decreto por la que se reforma el primer párrafo del artículo 72 y se adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente exposición de motivos: Es un hecho que en muchas ocasiones, y dada la urgencia para solucionar los grandes problemas nacionales, los grupos parlamentarios representados al interior del H. Congreso de la Unión aprueben leyes que además de resultar inconstitucionales, con el transcurrir de su vigencia demuestran insuficiencia, dada la precipitación con que se elaboran las mismas. Así lo demuestran la infinidad de juicios de garantía tramitados día a día ante el Poder Judicial de la Federación por leyes que atentan en contra de los preceptos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con lo anterior no quiero decir que el Poder Legislativo Federal deba permanecer en estado de inactividad, sino que, al contrario censu (¿) lo que se propone es eficientar los mecanismos de defensa de la Constitución que se encuentran a su disposición y tratar de asegurar que los asuntos de su competencia sean analizados y discutidos con la debida responsabilidad y oportunidad. La naturaleza del derecho debe ser dinámica y no estática. El derecho debe de adaptarse a la realidad sin que esto signifique caer en las demagogias que tanto daño han causado y siguen causando a nuestro país. Por lo tanto, el marco jurídico en el cual se desenvuelve nuestra sociedad debe ser revisado en forma continua, a fin de que cuando se detecten imprecisiones o insuficiencias, las mismas sean corregidas. En este orden de ideas, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sostenemos que el derecho no sólo debe de servir como una herramienta correctora y sancionadora, sino que cuando se advierte la posibilidad de que ocurran conductas que podrían resultar jurídicamente aberrantes, dada la imprecisión y la vaguedad de un precepto jurídico aun constitucional, la función que el derecho debe de asumir es la de servir a los fines del Estado como una herramienta preventiva. Todo ordenamiento jurídico es perfectible y llegada la hora no se debe de dudar en reformarlo o adicionarlo, máxime si con lo mismo se fortalecen instituciones que por su naturaleza son benéficas para la vigencia plena del estado de derecho. Sin querer subrogarnos ni contraponernos a las facultades de que se halla investido el Poder Judicial de la Federación, hemos considerado necesario adicionar la fracción II del artículo 105 constitucional, dado que su actual redacción no es precisa en señalar acerca de la procedencia de la acción de inconstitucionalidad respecto de las normas generales emitidas por el H. Congreso de la Unión, cuando las mismas se ataquen por adolecer de vicios en el proceso legislativo señalado en al artículo 72 de la suprema ley. Asimismo existen distinguidos constitucionalistas como el licenciado Elizú Arteaga Nava quienes establecen que la acción de inconstitucionalidad es improcedente respecto de vicios en el procedimiento legislativo. La acción de inconstitucionalidad es una vía de impugnación limitada, se encamina a enmendar posibles contradicciones entre una ley en sí en cuanto a su contenido y la Constitución, eso es lo que se concluye del texto fundamental. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear una posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, no es factible que por medio de ésta se ventilen materias relacionadas con violaciones a los principios que regulan el proceso legislativo prevista en la Constitución y en las leyes. Nosotros respetamos ese criterio pero asimismo observamos que el párrafo primero del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos establece que: "todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones". El citado párrafo del artículo constitucional no deja lugar a duda, existe una obligación de parte del Poder Legislativo Federal de observar en todo momento el reglamento de debate respecto del proceso legislativo, puesto que como cualquier otro ente de naturaleza pública o privada no debe ni se encuentra por encima de lo que las leyes establecen, máxime tratándose de una disposición de naturaleza constitucional. Por lo anterior y en virtud de que en la materia que nos ocupa no existe una definición por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considera que es necesario precisar la procedencia de la acción de inconstitucionalidad por vicios en el proceso legislativo y elevarla a rango constitucional para así despejar cualquier duda al respecto. No obstante lo anterior surge la duda de sí el Reglamento de Debates a que hace mención el párrafo primero del artículo 72 constitucional, es el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros estamos por la afirmativa, pero de no existir hasta el momento un pronunciamiento al respecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien es el máximo órgano de control constitucional en nuestro país, queda un dejo de incertidumbre al respecto. Por lo anterior se propone reformar el citado párrafo constitucional a fin de establecer una plena correspondencia entre lo que éste preceptúa y el ordenamiento que en la actualidad es fuente supletoria de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien, el Reglamento es aplicable en forma supletoria a la Ley Orgánica, en todo lo que se refiere al proceso legislativo, no podemos dejar de observar que ésta se refiere a todo lo que toca, como su nombre lo indica, a la conformación y estructura de los órganos que hacen posible el trabajo al interior de la Cámara del Congreso. En este orden de ideas se ha considerado oportuno el incluir también en la reforma propuesta al artículo 72 constitucional, la mención de que las Cámaras deberán observar el Reglamento para el Gobierno Interior en la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones así como lo que la Ley Orgánica disponga en la materia que ésta regula. Lo anterior, a efecto de dar congruencia y armonía a las reformas que se proponen así como otorgar certeza y seguridad para que el importante trabajo de las Cámaras del H. Congreso de la Unión se desarrolle bajo un marco institucional. Cabe señalar que de aprobarse la adición y reforma propuesta a los artículos señalados, la misma beneficiaría por igual a todos los grupos parlamentarios representando al interior del H. Congreso de la Unión, puesto que tendría a su disposición una herramienta por medio de la cual podría hacerse valer el respeto irrestricto a lo preceptuado por la Ley Suprema de la Unión. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 72 y se adiciona la fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. UNICO. Se reforma el párrafo primero del artículo 72 y se adiciona la fracción II al del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente manera: Artículo 72.Todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la Ley Orgánica y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la forma, intervalos y modos de proceder en las discusiones y votaciones. Artículo 105.La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá en los términos que señala la Ley Reglamentaria de los asuntos siguientes: fracción II) De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una ley o tratado internacional y esta Constitución, aun cuando dicha contradicción se origine por haber existido vicios dentro del proceso legislativo, señalado en el artículo 72 de esta Constitución. T R A N S I T O R I O UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 4 días del mes de abril del 2002. Señora presidenta, le pido que se publique íntegramente el contenido de la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. -