La diputada Beatríz Elena Paredes Rangel: Compañeras y compañeros legisladores, soy integrante de esta LXI Legislatura tal como ustedes. Tengo conciencia de las limitaciones e insuficiencias de nuestra Cámara y asumo, como muchos de ustedes lo hacen, la necesidad de reformar a profundidad el trabajo legislativo. Hay iniciativas a ese respecto, sin embargo la historia nos ha enseñado que todo proceso de deterioro de las instituciones de la democracia representativa corre el riesgo de devenir en intentonas autoritarias, pues por deficiente que sea la operación del Poder Legislativo en las democracias representativas la representación popular en las Cámaras es fundamental, fundacional diría, y a los representantes populares legítimamente electos recae la trascendental tarea de legislar. Me enorgullece formar parte de una legislatura no subordinada a factores exógenos, representativa de la compleja, heterogénea, contradictoria realidad de la sociedad mexicana en el México de hoy, cuyo registro histórico, el de la LXI Legislatura, tendrá que ver con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. La profundidad, el calado de la reformas en materia de derechos humanos, el escenario que abre para el país incorporando en toda la legislación reglamentaria a partir de esa reforma constitucional, una visión humanista de la convivencia social y la responsabilidad del Estado de salvaguardarla es timbre de orgullo para nosotros los legisladores. Pero la otra reforma por la cual esta legislatura trascenderá en el tiempo es la que hoy somete a su consideración las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y Educación. Me refiero al dictamen que reforma los artículos 3o y 31 constitucionales para garantizar la obligatoriedad de la educación media superior. Quiero expresar un reconocimiento personal al diputado Baltazar Hinojosa por el diseño de esta iniciativa y mi reconocimiento a todos los grupos parlamentarios por respaldar el que pueda convertirse en ley. Un valor fundamental de la iniciativa en comento es que repercute de manera directa, y en la medida en que seamos consistentes en el Presupuesto de Egresos de la Federación en atender a uno de los segmentos de población más sensibles de nuestro conglomerado social, la juventud. Los jóvenes mexicanos de los cuales muchos hablamos y requerimos que toda la sociedad se comprometa genuinamente con ellos. Actualmente alrededor de una tercera parte de los 6 millones 710 mil jóvenes de entre 15 y 17 años de edad están excluidos de la educación media superior, lo que significa que alrededor de 2 millones 200 mil jóvenes mexicanos en edad normativa para cursar el bachillerato está fuera de la escuela. Ya se expresó aquí, por los que me antecedieron en el uso de la palabra, lo delicado que representa para la sociedad mexicana que este segmento poblacional no encuentre oportunidades de formación, de aprendizaje y de acompañamiento en esta etapa de su vida. México es un país de jóvenes. Entre los 10 y los 14 años existen alrededor de 11 millones de mexicanos. Entre los 15 y 19 años alrededor de nueve millones 900 mil mexicanos. Estamos hablando de un horizonte de 20 millones de mexicanos que requieren que el Estado mexicano y el compromiso de la sociedad en su conjunto encuentren respuestas imaginativas y consistentes para atender sus expectativas. Allí radica el mayor mérito de esta reforma. En que esta Legislatura, en concordancia con la Colegisladora, decidió entrar de frente a resolver de fondo una problemática que no sólo afecta a la juventud, sino al núcleo esencial del porvenir de nuestro país. Por eso estimamos conveniente que acompañando esta decisión legislativa, las autoridades presupuestales del país y las autoridades financieras, destinen mayores recursos para ampliar de una buena vez la cobertura de atención en la educación media superior. La reforma se encuentra en el curso de las grandes reformas constitucionales que han hecho del Estado mexicano un Estado preeminente en materia de derechos sociales educativos. Tiene la envergadura de representar una transformación de la visión de las instituciones públicas en materia de educación. Recoge la estafeta que en 1917 garantizó el derecho a la primaria; que en 1993 garantizó el derecho a la secundaria; y, ahora, a casi 100 años de distancia del Movimiento Revolucionario, es un orgullo para esta Legislatura que se garantice la obligatoriedad de la educación media superior. Pero no resuelve una ley todos los problemas. Es el instrumento básico, es la tea encendida que ilumina el entorno, pero es indispensable que haya correspondencia en el diseño institucional y en la aplicación de las políticas públicas para que esa ley se vuelva una realidad. Probablemente el mayor de los desafíos se encuentra no sólo en el currículum y la especificación de conocimiento, habilidades y competencias, sino en la definición de los modelos pedagógicos para lograr una formación humanista, ética, para el ejercicio de una buena ciudadanía y para que las aptitudes y habilidades puedan proyectarse en el mercado laboral. Estaremos atentos de que las instituciones educativas cumplan cabalmente con su responsabilidad. La calidad de la educación es una de las asignaturas pendientes; mayor cobertura, sí, pero mejor calidad también. Finalmente, compañeras y compañeros legisladores, quiero coincidir con los criterios de la UNESCO y las expresiones de Federico Mayor: La educación, según el informe de Jacques Delors, en el documento Educación en el siglo XXI, debe permitir que los jóvenes y los educandos en general, aprendan a conocer, aprendan a hacer, aprendan a ser y aprendan a vivir juntos. Sin embargo vale la pena subrayar que hay otros dos grandes conceptos del aprendizaje: aprender a entender y aprender a atreverse, lo que confiere alas sin adherencias ni adicciones para volar alto en el campo infinito del espíritu...