El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muy buenas tardes. Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la búsqueda de la justicia colectiva es el ideal más alto al cual se puede acoger el servidor público. Encontrar mejoras paulatinas en las instituciones de la nación para cambiar la vida de todos los ciudadanos, es el paro que puede llevarnos a construir un México mejor. En donde cualquier persona tenga la libertad y los medios para alcanzar su felicidad. El reconocimiento amplio de los derechos universales del hombre se enmarca dentro de esta búsqueda, como un logro de la sociedad actual que ve con cada vez más extrañeza el sufrimiento de un grupo numeroso de gente. En México tenemos deshonrosos casos, en los que los derechos de alguna colectividad han sido violados. Por tanto, es menester actualizar nuestra legislación para dotarles de elementos para su defensa. Nueva Alianza es el partido liberal de las causas sociales. El partido de los jóvenes, de los indígenas, de las mujeres y de los maestros. Estamos plenamente convencidos de convertirnos en la institución política del siglo XXI que responderá eficazmente a las necesidades y exigencias de todos los grupos de la sociedad. Y es por eso que ponemos a su consideración el presente punto de acuerdo en el que proponemos que el Estado mexicano firme el protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a partir de éste se hacen operables y amplios los derechos contenidos en el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. El Estado mexicano ratificó el pacto el 23 de marzo de 1981, junto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Mientras que los recursos nacionales siempre deben constituir la primera instancia para la presentación de quejas, resulta necesario que también existan mecanismos regionales e internacionales ante los cuales las víctimas puedan denunciar violaciones de sus derechos humanos. Esto es justicia igualitaria para todos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reconoce derechos en estos ámbitos y compromete a las partes a trabajar para la consecución de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas. Esto incluye los derechos laborales y los derechos a la salud, a la educación, el derecho a la alimentación, a los beneficios del progreso científico y el derecho a tener un nivel de vida digno. En esta sociedad del conocimiento, en donde competimos como nación a nivel global, es de vital importancia el dotar a nuestra a nuestros ciudadanos con las garantías para desarrollarse plenamente. De tal suerte, el protocolo facultativo de este Pacto Internacional sería un paso muy significativo hacia la implementación y pleno ejercicio de éste. Con ello el gobierno mexicano demostraría su compromiso hacia os derechos humanos, pasando de las palabras a la acción en la batalla por la justicia colectiva que tanto hemos buscando. La entrada en vigor del protocolo, el 5 de mayo de este año, después de que Uruguay lo ratificó, resulta de la mayor trascendencia, pues reconoce la competencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para examinar las denuncias de personas o grupos que afirmen que sus derechos en virtud del pacto han sido violados. Los denunciantes deben antes haber agotado todos los medios domésticos, y no son permitidas las quejas anónimas o las que se refieran a hechos ocurridos antes de que el país en cuestión ratificara el protocolo. Esto garantizará y generará los incentivos para que nuestro país actualice sus procesos de justicia antes de la entrada en vigor de este protocolo. Este protocolo genera motivos trascendentes para que los estados fortalezcan los mecanismos para la protección de estos derechos humanos, ofreciendo una reparación a nivel nacional. En este sentido el objeto es complementar y no sustituir los sistemas nacionales, que deben seguir siendo las vías más inmediatas para lograr justicia en cada asunto social. El protocolo abre la posibilidad para individuos y grupos históricamente marginados a que denuncien las violaciones de sus derechos económicos, sociales y culturales, y a demandar reparaciones ante un mecanismo jurídico internacional. También abre la puerta para dar respuestas oportunas del comité dependiente del protocolo a violaciones graves y sistemáticas de estos derechos a través del procedimiento de investigación. Esto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, es una búsqueda activa de la justicia colectiva. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza los invita a votar a favor del presente punto de acuerdo y que juntos vayamos construyendo esperanza para fortalecer un sistema en el que puedan creer los individuos, los ciudadanos, de todos los estratos, de todos los trasfondos y de todos los colores. Nuestras familias, nuestras ciudades, nuestros pueblos y nuestras generaciones nos lo agradecerán. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, diputado presidente.