La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. En Movimiento Ciudadano hemos escuchado con atención todos los posicionamientos y las reservas, y en todos y en cada uno de ellos se expuso la necesidad de combatir los monopolios. Los ciudadanos allá afuera, y quienes están siguiendo este debate se preguntan por qué la discusión, por así decirlo, si los monopolios están prohibidos en la Constitución. Y les respondo. Es sencillo porque ésa es la realidad de nuestro país. Los monopolios existen, están presentes, aun cuando estén prohibidos en la Carta Magna. Una figura más que es letra muerta en nuestra Constitución y que por supuesto rebasa la situación actual de los mexicanos. Y también debo decirlo, esta ley no acabará tampoco con los monopolios. Aunque presenten un atraso económico para todo el mundo, la desigualdad en la distribución de los ingresos ha sido identificada como el mayor de los riesgos globales. Según información de una organización no gubernamental británica, Oxfam que es una organización que moviliza el poder de las personas contra la pobreza, la mitad de la riqueza del mundo es administrada por el 1 por ciento de la población mundial. En México la falta de competencia y las fallas regulatorias han sido determinantes para tener en el país al hombre más rico del planeta. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también mostró un estudio titulado Gobernar para unos pocos. Que los ingresos del 1 por ciento de las personas más ricas del planeta representan 65 veces la riqueza acumulada del 50 por ciento de la población más pobre. Pero no conformes con la existencia de las prácticas monopólicas también encontramos concentraciones ilícitas y barreras que disminuyen, dañan o impiden la libre competencia en la producción, procesamiento, distribución o comercialización de bienes y servicios. Existen empresas que cuando se ven presas de la competencia recurren a prácticas ilícitas que, por mencionar un ejemplo, llevan a forzar a los consumidores a no utilizar productos de las marcas que ponen en riesgo sus intereses, creando un ambiente de incertidumbre hacia los usuarios que comercializan los distintos productos o servicios. Estas prácticas no pueden seguir ocurriendo, ya que dañan y laceran la economía de los ciudadanos. La solución que plantea el Ejecutivo es sancionar a las personas que realicen estas actividades con su inhabilitación, por un plazo de cinco años y multas equivalentes a 200 mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal. Es decir, las personas que incidan en prácticas monopólicas como consejeros, administradores, directores, gerentes, directivos, ejecutivos, agentes, representantes o apoderados de alguna persona moral deben ser inhabilitados de sus labores por cinco años, además de pagar una multa aproximadamente de 13 millones de pesos, según el salario mínimo general vigente. Sin embargo, consideramos que estas medidas no serán suficientes para evitar que se incurra nuevamente en estas graves fallas que dañan tanto a la economía mexicana. Es por tal razón que presentamos estas reservas con la finalidad de aumentar la cantidad a pagar por concepto de multas, y lo más importante, proponemos la inhabilitación definitiva a las personas que incurran en prácticas monopólicas y concentraciones ilícitas, ya que será la única forma de evitar que los grandes consorcios corrompan la legalidad de nuestra Carta Magna. La propuesta para la fracción X del artículo 120 es para quedar como sigue. Inhabilitación definitiva para ejercer como consejero, administrador, gerente, directivo, ejecutivo, agente, representante o apoderado en una persona moral y multas hasta por el equivalente a 300 mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; a quienes participen directa o indirectamente en prácticas monopólicas o concentraciones ilícitas en representación o por cuenta y orden de personas morales. La propuesta para la fracción XI del artículo 120 para quedar como sigue: Multas hasta por el equivalente a 370 mil veces el salario mínimo general diario vigente para el Distrito Federal; a quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido en la comisión de prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas o demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados en términos de la ley. La reserva para el artículo 129. Debo decir que en el dictamen a discusión se contemplan algunas sanciones, como lo son el orden de suprimir o corregir una conducta por ser una práctica monopólica, multas de carácter administrativo y hasta el 10 por ciento de los ingresos anuales del infractor y sanciones penales de tres a 10 años. En caso de reincidencia la Comisión Federal de Competencia Económica puede imponer una multa hasta por el doble de lo que corresponda. Entrando al tema de sanciones, observamos que además de no tener el peso suficiente para evitar reincidencias o eliminar estos hechos, la gran mayoría de las veces no se realizan conforme a derecho dejando pasar los términos marcados por la ley; pudiéndose dar el caso, por ejemplo, de iniciar una investigación nueve años después de cometido un ilícito, por lo tanto la prescripción otorgada por la ley contaría solo con un año, tanto para investigar e imponer la sanción, tiempo que no daría oportunidad alguna de desahogar los resultados ni de implementar el castigo adecuado dando finalidad al caso y quedando impune ese ilícito. Algo que nos parece absurdo de esta ley es que el plazo tanto para investigar como para sancionar sean los mismos 10 años, sin tener en cuenta que son dos cuestiones totalmente diversas y por lo mismo deberían darse dos periodos distintos, uno para recabar toda la información pertinente, cuya prescripción sea lo que estipula la ley y que además agregue otro periodo de dos años para poder iniciar el proceso de imposición de sanciones después de concluir la recopilación de información. Esto nos hace entender, que si bien las investigaciones realizadas por las autoridades competentes no se realizan de una manera adecuada, el tiempo para generar una sanción se traslapará y no podrá ser suficiente para ejecutar la misma con base a lo que señala en esta ley. Añadiendo este periodo extra para imponer las sanciones, se podrá hacer más eficiente la revisión del producto de las investigaciones y así no se tendrán excusas por parte de las autoridades de no poder imponer los castigos por falta de tiempo o pruebas. Por lo que se propone que en el artículo 129 del dictamen se agregue una última parte para quedar como sigue: Para la imposición de sanciones transcurrirá el plazo de dos años después de terminadas las investigaciones. Muchas gracias.