El diputado Mariano González Zarur: Ciudadano presidente, compañeras y compañeros legisladores, el nivel de competitividad de un país refleja la capacidad del Estado para brindar un estado físico, económico, social e institucional que coadyuve en mayor productividad y prosperidad de sus empresas y de los ciudadanos. La competitividad no es una palabra de moda, es la nueva forma en que se están consolidando estrategias de desarrollo económico ante las exigencias que impone la globalización económica. Nuestro país permanece estancado en la materia y todos los índices nacionales e internacionales así lo demuestran. De acuerdo con el reporte de competitividad global 2008-2009 del Foro Económico Mundial, México ocupó el lugar 60 entre 134 economías, perdiendo ocho posiciones con respecto al reporte del año pasado. En el Congreso de la Unión se ha reconocido que el impulso a la competitividad en nuestro país es una tarea pendiente y fundamental en la agenda legislativa y económica del país. Por ello, durante la LIX y la LX legislaturas se instalaron comités de competitividad, teniendo como encomienda primordial proponer una agenda legislativa para fomentar la competitividad de las diversas regiones del país y coadyuvar en el logro de los acuerdos necesarios para la aprobación de los temas de dicha agenda. Para cumplir con dicha encomienda, durante la presente Legislatura los integrantes del Comité de Competitividad de esta Cámara llevamos a cabo diversas mesas de trabajo, foros y reuniones para establecer un diálogo permanente con el sector público, privado y social. Derivado de estas actividades hemos presentado diversas iniciativas e impulsado reformas que contribuirán a que nuestro país sea más competitivo. Consideramos que la tarea de los comités de competitividad es limitada, pudiendo tener un papel más participativo y coadyuvante con las comisiones ordinarias, que son las encargadas de dictaminar los proyectos de reformas y leyes. Por ello proponemos que sean órganos legislativos permanentes, encargados de emitir opinión vinculatoria a las comisiones dictaminadoras, a efecto de que las tomen en cuenta al momento de discutir y aprobar sus resoluciones. Las Comisiones de Competitividad lejos de retrasar el trabajo legislativo, lo enriquecería, asegurándose de identificar las leyes o reformas que contribuyan o inhiban la competitividad a través de la discusión, del análisis, con todos los actores involucrados, lo que garantizaría que los dictámenes que se aprueben en el pleno de la Cámara no van a afectar negativamente la competitividad del país. Asimismo, ?y para que las comisiones de competitividad puedan ejercer sus funciones de manera ágil? se propone que tenga un máximo de ocho legisladores. Las nuevas condiciones del entorno económico nos obligan a identificar las áreas de oportunidad y no desaprovecharlas. La competencia llegó para quedarse. Competimos a nivel mundial. Las empresas y los trabajadores lo hacen con sus homólogos del otro lado del mundo. Las leyes y las reformas deben identificar estos retos. Debemos adecuar nuestro marco jurídico a las nuevas exigencias de los mercados, hacernos más eficientes, agregar mayor valor agregado y encauzar en la era del conocimiento, la innovación. Es fundamental señalar que el nivel de competitividad de México no sólo es responsabilidad del gobierno federal. También es responsabilidad de nosotros los legisladores. Los retos que enfrentamos no son fáciles. Tenemos que fortalecer nuestras instituciones públicas, simplificar el marco regulatorio. Establecer las bases para tener mercados competitivos. Impulsar la creación y desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas; así como promover una cultura de conocimiento basado en la investigación, la innovación, la ciencia y el desarrollo tecnológico. Por estas razones, consideramos que tanto el Comité de Fomento para la Competitividad del Senado, como el Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados, deben ser comisiones permanentes en el Congreso y estar facultadas para emitir opiniones contundentes a las reformas que se propongan, lo que sin duda contribuirá a que nuestro trabajo legislativo sea más productivo; y a que nuestro país, nuestras empresas y ciudadanos, puedan enfrentar la fuerte competencia internacional. Esto es por lo que corresponde a las modificaciones a los artículos 40 y 90, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que fue a iniciativa del compañero diputado Carlos García, y que la signamos casi la totalidad de los integrantes del Comité de Competitividad. Por lo que corresponde al proyecto de decreto que adiciona los artículos 45, 69, 70, 71 y 72, de la Ley General de Educación; 14 y 15, de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, les comento que la acción educativa resulta decisiva para el desarrollo de cualquier nación; contribuye al fortalecimiento de la soberanía y robustece su presencia en el contexto internacional. Todo ello deriva en una economía creciente, estable y competitiva. Sin embargo, pareciera que el sistema educativo nacional no se ha adaptado como debiera a las rápidas y profundas transformaciones que nuestro país ha tenido en su entorno económico, social y político. En el ámbito económico, la apertura comercial y financiera; la desregulación; la descentralización económica, administrativa y presupuestaria han significado un cambio radical que sin duda plantean un nuevo contexto de exigencias y demandas para la educación. Aunado a ello, la educación en todos sus niveles permanece desvinculada del aparato productivo. El actual modelo educativo muestra una escasa participación de la sociedad, especialmente del sector empresarial. El propiciar una mayor participación de la sociedad en la educación no debe verse como un instrumento en detrimento de la rectoría estatal y de su capacidad normativa que le confiere la Constitución. Por el contrario, una mayor coordinación y cooperación entre el Estado y el sector empresarial favorecerá la elevación de los índices de calidad y extensión de la educación. El mismo Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece como uno de sus objetivos en materia educativa, fortalecer la vinculación entre el sistema de educación media superior y el aparato productivo. En este sentido, es importante que el sector privado participe identificando y exponiendo cuáles son sus necesidades para adecuar planes y programas de estudio, además de que puedan detectarse los requerimientos de recursos humanos calificados en el sector productivo y promover su formación en las instituciones educativas. Es en este sentido que los integrantes del Comité de Competitividad proponemos adicionar los artículos 69, 70, 71 y 72 de la Ley General de Educación, para que el sector empresarial participe activamente en los Consejos Escolares de Participación Social que hoy día se encuentran integrados solamente por padres de familia y representantes de sus asociaciones, maestros, directivos escolares, ex alumnos y algunos otros miembros de la comunidad. Cabe mencionar, además, que actualmente se prevé en el artículo 45 de la Ley General de Educación que podrán celebrarse convenios para que la formación para el trabajo se imparta por las autoridades locales, los ayuntamientos, las instituciones privadas, las organizaciones sindicales, los patrones y demás particulares. Sin embargo, se requiere una mayor vinculación en las organizaciones empresariales y organismos patronales en la base de planeación y diseño del régimen de certificación para acreditar conocimientos, habilidades o destrezas, por lo que se propone también adicionar el artículo en comento. Finalmente, proponemos adicionar los artículos 14 y 15 de la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, para que el sector empresarial tenga representación en el Consejo Consultivo de Educación Normal y en el Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica. Un factor decisivo en la caída de competitividad de nuestro país ha sido la baja calidad de nuestra educación y su desvinculación con el mercado laboral. Es tiempo de que las instituciones educativas mexicanas amplíen los espacios para que un mayor número de sectores y actores participen en el desarrollo de un sistema educativo moderno y eficiente, comenzando programas y planes educativos de calidad. Por lo que corresponde a la iniciativa con el proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Salud, les comento que en noviembre del año pasado los integrantes del Comité de Competitividad realizamos el Foro para impulsar la competitividad en el sector farmacéutico en México. Durante tres jornadas de trabajo escuchamos los planteamientos de representantes del sector público, de las cámaras farmacéuticas, de los proveedores, de las farmacias, de investigadores y expertos, con la finalidad de que nos expusieran la problemática del sector, así como sus propuestas para hacerlo más competitivo. Una de las principales demandas fue la de fomentar el uso de medicamentos genéricos entre la población, como ya sucede en diversos países desarrollados. La ausencia de una cultura de uso de medicamentos genéricos afecta la economía de las familias mexicanas. Cerca de 30 por ciento del gasto en salud directo de los hogares se destina a la compra de medicamentos y es preocupante que los medicamentos genéricos representen apenas 6 por ciento del mercado farmacéutico privado, cuando su precio, en promedio, es de casi una cuarta parte el precio de los fármacos de marca. Ante este escenario, esta legislatura debe dotar de los elementos legislativos que contribuyan a que se logre un debido acceso a medicamentos de calidad y de menor costo para la población, por lo que el apoyo a la producción y uso de medicamentos genéricos es una de las principales herramientas para lograr este acceso. La Organización Mundial de la Salud ha exhortado en diversas ocasiones a los gobiernos para que formulen políticas de medicamentos genéricos como un medio para aumentar la disponibilidad y el acceso de los medicamentos esenciales, así como para promover políticas de prescripción de medicamentos por nombre genérico, con el objetivo de reducir incidencias del gasto en salud, en especial de los que menos tienen. En línea con lo anterior y considerando que en México se ha generado un marco normativo suficiente para garantizar que los medicamentos genéricos tengan eficacia, calidad, seguridad, y los mismos efectos terapéuticos que los medicamentos de referencia, resulta necesario e indispensable ahora fortalecer el marco normativo que permita dar a conocer, entre los consumidores, la disponibilidad de los diversos medicamentos genéricos. Es por ello que los integrantes del Comité de Competitividad de la Cámara de Diputados proponemos las siguientes reformas a la Ley de Salud. Que la Secretaría de Salud publique un Catálogo de Medicamentos Genéricos, el cual deberá ser actualizado permanentemente y contendrá la descripción de los medicamentos genéricos, tanto nacionales como importados, cuyo consumo esté autorizado en el país con la denominación genérica "forma farmacéutica", presentación, laboratorio fabricante, registro sanitario y sus medicamentos equivalentes de referencia, así como un apartado que contenga el estado de los medicamentos cuya patente sigue vigente. También proponemos que todos los establecimientos autorizados para la comercialización y venta al público de medicamentos de uso humano deberán poseer, utilizar y tener a la vista del público en general, la edición actualizada del catálogo de medicamentos genéricos, a fin de que el paciente seleccione el que más le convenga, que sea de la misma calidad, pero con un precio de un 70 o 65 por ciento más barato. Al respecto, quisiera hacer la aclaración que no buscamos que este catálogo sea un medio para que la población se automedique, por lo que no se está incluyendo en él ninguna información sobre su uso y síntomas a tratar. Proponemos que se eleve a rango de ley la obligatoridad de que en la prescripción del medicamento se indique obligatoriamente la denominación genérica, independientemente de que prescriba genérico o patentado. Asimismo, cuando en la receta se exprese la denominación distintiva del medicamento, el farmacéutico deberá presentarle al paciente la alternativa genérica que contenga la misma sustancia activa, forma farmacéutica y dosificación que le fue prescrita, de acuerdo con el catálogo de medicamentos genéricos emitido por la autoridad sanitaria. Finalmente, planteamos que en el etiquetado de medicamentos genéricos se pueda incluir cualquier otra expresión, palabra, imagen o símbolo cuyo fin sea informar al consumidor que el medicamento genérico es equivalente con el medicamento de referencia. Algunos de estos planteamientos ya se consideran en cierta forma en el reglamento de insumos para la salud; sin embargo, estamos convencidos de que es fundamental que sean más claros y se encuentren en rango de ley para su veraz y puntual cumplimiento. Los medicamentos genéricos son hoy una realidad en México y es imperativo que los mexicanos los conozcan como la alternativa a la que tienen derecho para tratar de manera efectiva sus padecimientos, especialmente cuando el desembolso para lograr esto sale directamente de sus bolsillos. El fin último de la presente iniciativa es ampliar y reforzar la información a la población, de la existencia de alternativas de medicamentos en el mercado, que no conlleven a la afectación de su economía. Muchas gracias por su atención, gracias, presidente.