El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. De la naturaleza y de su bienestar depende la existencia de todos los seres vivos. La naturaleza, aunque parezca una obviedad, no es propiedad de nadie, sino es un bien común que tenemos todos la responsabilidad de salvaguardar. Por supuesto que no sólo en aras de nuestra supervivencia sino como un imperativo ético, porque si hablamos de respeto a la vida, si hablamos de derechos, es obligado también hablar de respeto a la naturaleza. México, durante los últimos años, si bien es cierto ha avanzado en la confección de un andamiaje jurídico, institucional para proteger la naturaleza y sus recursos, también es cierto que contamos con instituciones dedicadas a su vigilancia, y vale la pena señalar lo que señala el artículo 4o constitucional, donde se establece como mucha precisión que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano, y que el daño al ambiente genera, por supuesto, o debiera generar, ciertas responsabilidades. Lamentablemente, todos los esfuerzos hasta ahora efectuados, han sido insuficientes por una razón muy sencilla, porque en términos generales la agenda medioambiental en México ha permanecido sujeta a intereses políticos y ha quedado reducida al intercambio de agendas particulares y de agendas partidistas. Así hemos visto cómo se han desarrollado proyectos que atentan contra el medio ambiente, como Tajamar, y hemos visto cómo se ha estancado la política nacional de conservación, protección y ampliación de las áreas naturales. También hemos visto cómo los programas medio ambientales son constantemente observados por la propia Auditoría Superior de la Federación, por presuntos malos manejos financieros. Y hemos visto también en última instancia cómo se deteriora el medio ambiente, la calidad del aire, el agua, el suelo, los recursos y el patrimonio natural. La Agenda Verde Nacional, al ser un objetivo o ser prácticamente un rehén de las negociaciones políticas, pues ha terminado por ser relativa y por no cumplir sus fines, mientras el deterioro ambiental queda lamentablemente sin consecuencias. Por ello es que el día de hoy el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presenta una iniciativa, que se suma a varias que ya hemos presentado en materia de patrimonio natural, para reconocer en la Constitución los derechos de la naturaleza. Proponemos adicionar un título décimo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por supuesto no como un capricho legislativo ni como una ruptura con nuestros fundamentos constitucionales, sino fundamentalmente porque estamos convencidos que el respeto y cuidado de la naturaleza debe tener efectos transversales en la salvaguarda y el ejercicio de todos, absolutamente todos los derechos ciudadanos. El reconocimiento de los derechos de la naturaleza en nuestra Carta Magna no tiene implicaciones solamente simbólicas o retóricas, sino que desde luego tiene implicaciones jurídicas muy profundas. En este sentido planteamos cuatro puntos: 1. Establecer obligaciones concretas para que el Estado y la población garanticen los derechos de la naturaleza, particularmente en su responsabilidad de mantener un equilibrio entre las políticas de desarrollo y la salvaguarda del medio ambiente; 2. Instaurar las bases para que el cuidado del suelo, el aire, el agua y la biodiversidad, así como la preservación del patrimonio natural, sean considerados como prioridades de interés públicos nacional; 3. Diseñar las bases para que los ciudadanos defiendan los derechos de la naturaleza y exijan la reparación del daño ocasionado, porque si ya reconocemos el derecho humano a un medio ambiente sano en el artículo 4o. constitucional es hora de dotar a los ciudadanos de las herramientas necesarias para defender este derecho; y 4. Estipular que quien ocupe la titularidad de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales deba ser ratificado por esta Cámara de Diputados, dado que con ello el Estado mexicano reconocería la importancia y la estatura de este ramo, incorporando mecanismos de control y rendición de cuentas. Estas adiciones a nuestra Constitución se reconocerían a la naturaleza como sujetos de derecho, además de generar deberes y obligaciones para el Estado y para los mexicanos implica elevar al medio ambiente a un rango de protección jurídica de gran relevancia, que haría mucho más difícil evadir su cumplimiento, que hará mucho más difícil dejar en la impunidad el deterioro ambiental y que permitirá construir una nueva política nacional de protección al ambiente. Para concluir quisiéramos decir que para dimensionar las implicaciones jurídicas de esta reforma, basta mencionar que con ella cualquier persona estará legitimada para ejercer acciones legales y defender los derechos de la naturaleza, y por lo tanto denunciar cualquier daño o deterioro al medio ambiente. Es decir, para que los ciudadanos mexicanos puedan gozar de un medio ambiente sano los habilitaremos con herramientas jurídicas para ser portavoces y defensores de la naturaleza. Muchas gracias por su atención.