El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, en la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del presente año se adujo que el gasto público es un instrumento fundamental para dar cumplimiento al programa de gobierno, y que la propuesta presupuestaria remitida por el Ejecutivo federal debía cumplir con objetivos muy concretos: Dar prioridad a los programas para la superación de la pobreza y propiciar un mayor crecimiento de la economía y el empleo; privilegiar el gasto social; incrementar el gasto en educación y salud y la calidad de los servicios; favorecer el acceso a la vivienda para las familias de menores ingresos y contribuir a una mejor protección del medio ambiente y los recursos naturales. Todos coincidimos en estas prioridades para el país, por lo que estamos obligados con el concurso de todas las fuerzas políticas, no sólo a analizar y a aprobar cada año el gasto público para cumplir tales objetivos sino a realizar las adecuaciones a nuestro orden jurídico para dar puntual respuesta y satisfacción a las necesidades más apremiantes de la sociedad y de esta forma consolidar a México como un Estado garante del desarrollo y bienestar de todos sus ciudadanos. El mandato popular que se nos ha conferido nos pide reconocer que ya no es posible seguir destinando recursos económicos para cubrir partidas presupuestales que hoy en día no encuentran justificación política, jurídica y social alguna; por el contrario, ante el grave deterioro de las economías familiares por la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia del incremento de precios de productos básicos, aunado al aumento del desempleo y la falta de oportunidades para millones de mujeres y hombres, esta erogación de recursos públicos discrepa y obstaculiza el avance de los procesos de recuperación y desarrollo económico y social que la República reclama de manera urgente emprender. Tal es el caso de los recursos económicos que se erogan para el pago de la pensión vitalicia a los ex presidentes de la República, que por el estado actual de cosas significa una afrenta para la mayoría de los mexicanos cuyas condiciones nos indican que el 81.3 por ciento de la población vive en la pobreza y el 39.1 por ciento en la indigencia a nivel nacional, de acuerdo con un estudio realizado por el economista Julio Boltvinik, también investigador del Colegio de México. Cabe referir que este beneficio de la pensión vitalicia con otro conjunto de prerrogativas para los ex presidentes se encuentran previstas en dos acuerdos presidenciales de fecha 25 de noviembre de 1976 y 31 de marzo de 1987. En estos acuerdos se establecieron, entre otros aspectos, que al concluir su mandato el ciudadano que hubiese ocupado el cargo de Presidente de la República dispondría bajo sus órdenes directas y como apoyo para el desempeño de sus actividades generales, de personal del Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Dichos ciudadanos disfrutarían de una pensión y de prestaciones de seguridad social equivalentes a las que percibe en la actualidad un secretario de Estado, además que se garantizó el derecho del cónyuge para continuar disfrutando de la pensión presidencial en caso de fallecimiento del ex presidente, así como de los seguros de vida y gastos médicos mayores incluidos los hijos. También se incrementó la planta de personas a su servicio, destinando 25 servidores públicos civiles adscritos a la Presidencia de la República para atender los asuntos personales de cada ex presidente. Estas disposiciones contenidas en tales acuerdos, más que prestaciones representan privilegios cuya naturaleza no encuentra base constitucional ni legal, particularmente la relativa a la pensión presidencial, ya que la pensión en lato sensu se concibe como el derecho que tiene toda persona que se retira de la actividad laboral fundamentalmente por razones de edad y que deja de percibir una remuneración o ingresos económicos para recibir una renta de carácter vitalicia, en sustitución de la remuneración o ingreso que percibía durante su actividad o vida laboral. A manera de ejemplo, basta señala que un trabajador para poder disfrutar una pensión o jubilación debe reunir requisitos como el de haber laborado por un tiempo determinado, aproximadamente 30 años o más, además de haber realizado durante el mismo ciertas aportaciones, así como reunir otros requisitos legales; a diferencia de los ex presidentes, cuyas pensiones vitalicias se justifican tan sólo bajo el argumento endeble de que en países como Francia, Estados Unidos, Alemania, Chile, Argentina y Canadá, entre otros, se acostumbra desde hace ya varios años la aplicación y otorgamiento de este tipo de beneficios económicos, toda vez que los ciudadanos que han ocupado el cargo de presidente o primer ministro gozan de una pensión vitalicia en reconocimiento a la labor que desempeñaron como jefes de gobierno o Estado. Tal fue el caso de la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos enviado a esta Cámara en el 2002 por el ex Presidente Vicente Fox, quien ahora ya goza de ese reconocimiento por haber ostentado durante seis años el cargo de Presidente de la República, con los resultados por todos conocidos. Haciendo un análisis de los recursos que se destinan para el pago de dicha pensión, puede establecerse que la percepción anual total de los ex presidentes oscila entre los 29 y 53 millones de pesos, considerando los rangos mínimos y máximos que tienen todos y cada uno de los servidores públicos que se encuentren prestando servicios con cada uno de los expresidentes. Estudios que se han realizado sobre este tema señalan que con las pensiones vitalicias de un año que percibe cada uno de los expresidentes se podrían pagar 17 mil salarios mínimos mensuales en sólo un año; cuatro mil 814 días de salarios de policías en el DF en el mismo período, así como la construcción de mil 444 viviendas populares. Con estas cifras debemos preguntarnos ¿cuál debe ser la posición y el camino a seguir por esta Cámara en el propósito de alcanzar una mejor distribución y aplicación de los recursos públicos en favor de las clases más desprotegidas? Por salud de la República, tenemos que reorientar el gasto público hacia la aplicación de programas sociales e inversiones útiles para la nación en materia de salud y educación, así como en medidas que hagan posible un incremento en los salarios mínimos o, porqué no, modificar nuestra legislación para establecer e incrementar las pensiones a favor de los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad o capacidades diferentes o adultos mayores. Compañeras y compañeros diputados, la propuesta de reforma constitucional que propongo a su consideración no tiene mayor objetivo que el de armonizar la norma constitucional con nuestra realidad social, lo que debe motivar al Constituyente Permanente para tomar la decisión política fundamental de suprimir los privilegios o prerrogativas contrarias a los intereses colectivos. Este propósito se inspira en otras decisiones de igual naturaleza, como aquella que expresa que ninguna persona o corporación puede gozar más emolumentos que los que sean compensaciones de servicios públicos y estén fijados por la ley; así como en la máxima de Morelos que sostiene: "Como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicta nuestro Congreso deben ser tales que obligan a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte aumente el jornal del pobre y que mejore sus costumbres al eje de la ignorancia, la rapiña y el hurto". Por lo anterior expuesto, y con el fin de eliminar privilegios que representan una carga onerosa e innecesaria para el erario público y la sociedad mexicana y poder construir una política eficaz para garantizar el uso eficiente y racional de los recursos y riqueza públicos, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona un segundo párrafo a dicho artículo del mismo ordenamiento para quedar como sigue Artículo 127. El Presidente de la República, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán una remuneración adecuada, irrenunciable, durante el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que será determinada anual y equitativamente en los Presupuestos de Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades paraestatales, según corresponda. El ciudadano que hubiese ocupado el cargo de Presidente de la República no podrá recibir remuneración, prestación económica o pensión por retiro con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación, excepto cuando se reúnan los siguientes requisitos Primero. Tener cumplidos los 60 años de edad al momento de haber concluido su encargo.