EL C. DIP. VICTOR MANUEL OCHOA CAMPOSECO: Con su permiso señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. La configuración política surgida del proceso electoral del año 2000 reflejó con precisión la diversidad de la sociedad mexicana y la diversidad de sus demandas; fue una metáfora de las muchas voces de nuestra sociedad que reclaman cambios en las normas que rigen nuestra convivencia con el resto del mundo y hacia el interior de nuestro país. La sociedad reclama cambios que nos permitan acceder a una etapa histórica en donde prevalezca la seguridad social para todos; la oportunidad de una buena educación para nuestros hijos; la seguridad de nuestras familias; una equitativa distribución del producto del trabajo; y en general, condiciones democráticas y de vida digna sin distinción alguna para nadie. Uno de los puentes por los que habrá de pasar este proceso de cambio democrático es la reforma laboral. El tema finesecular del siglo pasado que se prolonga hasta nuestros días quizá con mayor vigor, se llama globalización que no es más ni menos que el nombre que le damos a un sistema de poder omnímodo y omnipresente en las naciones del orbe. La cara amable de este sistema de poder es el vertiginoso avance tecnológico y científico, el instantáneo acceso a la información, el intercambio cultural, la universalización de los derechos humanos y la justicia, entre otras buenas noticias pero la globalización, como el dios latino Jano tiene dos caras y su segundo rostro es ingrato y hace de la cultura global como dice Carlos Fuentes, cito: "Un desfile de modas, un estruendo estereofónico, una existencia de papel cuché que hace de muchos hombres robots alegres que se divierten hasta la muerte mientras millones de seres humanos mueren sin haber sonreído jamás". Uno de los signos más emblemáticos de la globalización es la pérdida de empleos y los bajos salarios; hoy se intenta imponer a las nacoines pobres y emergentes como la nuestra, leyes laborales que antes de proteger los intereses de la nación y de los trabajadores lo hagan con los intereses de las sociedades mercantiles. Hay una insostenible inversión de valores sociales y políticos en el fondo del proceso de globalización; se privilegia al capital sobre las personas; se privilegian las ganancias sobre la calidad de vida de las mayorías y conforme crecen las utilidades crece la cantidad de pobres. Hay que sujetar las nuevas formas de relación económica internacional y nacional al control democrático y a nuestra realidad social. Nuestras iniciativas de reforma constitucional y legal en materia laboral recogen las demandas de múltiples organizaciones sociales y sindicales, de trabajadores del campo y la sociedad, de todas las ramas productivas principalmente las reunidas en la Unión Nacional de Trabajadores, asimismo de distinguidos académicos, investigadores, abogados, laboristas y estudiosos de la materia. Con la UNT desarrollamos un amplio trabajo de consenso que logró conciliar con nuestra visión de partido en una sola iniciativa las legítimas de bastos sectores de la sociedad que luchan desde hace muchos años por una reforma productiva y democrática de nuestra ley laboral. Dos principios rectores orientan nuestra visión legislativa, la equidad y la democracia. De la equidad se desprenden entre otras demandas, la necesidad de otorgar a todos los trabajadores iguales derechos, sin excepciones ni apartados; regular lo necesario para que en el mundo laboral haya equidad de género, justicia en la distribución del producto del trabajo, riguroso apego a derecho en los diferendos legales, que no exista discriminación por sexo, religión, ideología, raza, preferencia sexual o por capacidades físicas distintas; establecer un solo salario mínimo y facultar a las comisiones de derechos humanos para conocer de asuntos laborales. De nuestro segundo gran eje rector, la democracia, se desprende la necesidad de transparentar en todos los ámbitos del mundo laboral el ejercicio pleno de los derechos de los trabajadores, como son la libertad de asociación, elegir libremente a sus representantes, terminar con el ocultamiento de organizaciones sindicales espurias y contrataciones colectivas ilegítimas, así como el proceso administrativo conocido como "toma de nota". Para conseguir lo anterior proponemos la creación del Registro Público Nacional de Organizaciones Sindicales y Contratos Colectivos de Trabajo. Es necesario terminar con el corporativismo y la corrupción en los sindicatos, impulsar la democracia, la rendición de cuentas, le celebración de elecciones limpias y de asambleas periódicas. Es indispensable que los patrones y las autoridades no tengan ingerencia alguna en la vida de los sindicatos; es necesario garantizar la autonomía sindical. Impulsamos una reforma laboral democrática que conserve los mecanismos de seguridad en el empleo, con perspectiva de género y programas de acción afirmativa que garanticen plenamente los derechos de la mujer y se termine con cualquier expresión discriminatoria. Proponemos que la maternidad de convierta en un compromiso social y deje de ser una responsabilidad únicamente para la mujer embarazada; establecer un programa de recuperación salarial; revisar ampliamente las condiciones de los trabajadores del campo y atender lo relacionado con productividad como un sistema de mejoramiento, tanto de la producción como de las condiciones de trabajo. En este sentido, nuestra iniciativa propone que exista un solo salario mínimo constitucional que aprobaría esta Cámara de Diputados, previa recomendación del Instituto Nacional del Salario Mínimo, Productividad y Reparto de Utilidades, cuyos integrantes serán también designados por la Cámara de Diputados, por lo tanto desaparecería la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Nuestra iniciativa mantiene la jornada diaria de trabajo como está actualmente en la ley, pero proponemos establecer la semana laboral de 40 horas con pago de 56. Es necesario democratizar el sindicalismo por medio del voto libre, directo, universal y secreto de los agremiados en todos los órdenes de la vida sindical, así como establecer la obligación de celebrar asambleas periódicamente y rendir cuentas del estado financiero de las organizaciones sindicales. Nuestra iniciativa prohíbe expresamente la afiliación en masa de los integrantes de los sindicatos a los partidos políticos, como se proscribe igualmente la aplicación de la cláusula de exclusión por renuncia al sindicato. Una demanda muy enérgica de los sindicatos democráticos con la que coincidimos totalmente, es la desaparición de las juntas federales y locales de conciliación y arbitraje y en su lugar la creación de jueces de lo laboral dependientes del Poder Judicial, dichos jueces deberán respetar el carácter tutelar de la ley. Además nos parece una contradicción al principio de separación de poderes el hecho de que la impartición de la justicia laboral esté en manos del Poder Ejecutivo. Democracia y desigualdad son excluyentes, no pueden coexistir una con la otra, la justicia social es un componente indispensable de la democracia y la paz interna. Empresarios ricos y trabajadores pobres no pueden conformar una nación libre; no habrá democracia mientras exista tanta pobreza. La democracia pasa necesariamente por terminar con la desigualdad. En nuestro afán por ser una nación integrada al proceso económico y tecnológico global, no podemos ser un país que festina la llegada de las inversiones extranjeras y calla ante la creciente pobreza nacional. La pobreza no puede ser base para el desarrollo; la pobreza no crea ningún mercado; la mejor inversión es acabar con ella. Por las razones expuestas y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presento la iniciativa de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de los artículos 74, 78, 102, 115, 116 y 123 de la Constitución General, así como la iniciativa integral a la Ley Federal del Trabajo. Dejo a la Secretaría ambos textos que solicito se inserten íntegros al Diario de los Debates y se publiquen en la Gaceta Parlamentaria. Suscriben esta iniciativa diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara de Diputados y por supuesto, la totalidad de los diputados y diputadas que integran la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Asimismo, esta iniciativa ha recibido el apoyo de un amplio sector del Movimiento Obrero que incluye trabajadores de todas las ramas industriales: telefonistas, pilotos, tranviarios, universitarios, etcétera, trabajadores de la industria automotriz, trabajadores al servicio del Estado, trabajadores bancarios y en general de la Unión Nacional de Trabajadores cuyo anteproyecto de reforma laboral, hemos unificado con esta iniciativa. Gracias, señor Presidenta.