La diputada Mónica Almeida López: Gracias. Con el permiso de la Mesa Directiva, saludo a todas y todos los legisladores. El acceso a la información es un derecho humano por el cual se fomenta la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la cultura de transparencia en el ejercicio de la función pública. Por tanto, es una forma de hacer exigibles otros derechos. Con la transparencia el poder está sujeto al escrutinio de los ciudadanos, mientras que sin la transparencia la opacidad se apodera de sus prácticas. La transparencia es una conquista de la sociedad frente al Estado y un instrumento efectivo para que los ciudadanos puedan ejercer una vigilancia más sistematizada y detallada sobre la actuación gubernamental. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente estableció la obligación del Poder Judicial de publicar sentencias, con base en un concepto jurídico indeterminado, es decir, el interés público. Lo que favorece es que hay apreciaciones subjetivas y discrecionalidad judicial en el acto de decidir qué sentencias se han de publicar y cuáles no. Estas apreciaciones subjetivas y la discrecionalidad judicial en la publicación de sentencias provocan que entre las entidades federativas haya condiciones desiguales para el ejercicio del derecho de acceso a la información, dado que la disponibilidad de la información depende de la interpretación que cada Poder Judicial haga de la obligación estipulada en la ley. Por lo tanto, la ley general y las leyes de transparencia locales en este momento no establecen con precisión qué tipo de sentencias o resoluciones cumplirían con el requisito de interés público. Por lo tanto, el contenido y el alcance de publicar las sentencias judiciales quedan sujetas a la interpretación que las autoridades hagan sobre la misma. Este tipo de ejercicios tendrían que sujetarse a criterios de objetividad y racionalidad. Sin embargo, no está exento de que se incurra en prácticas de interpretación arbitrarias y discrecionales, máxime si no se atienden los estándares de protección del derecho de acceso a la información. Por citar un ejemplo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Baja California ordena que sean publicadas las sentencias de interés público mientras que el Poder Judicial del estado interpreta esta disposición concluyendo que su deber es publicar la contradicción de criterios, la reiteración de estos y la denuncia de contradicción de criterios improcedentes. De acuerdo con los resultados del ranking de (In)Justicia Abierta, todos los Poderes Judiciales del país están reprobados en transparencia y en contar con mecanismos para la participación ciudadana débiles. De igual forma, en el informe Transparencia en la publicación de sentencias de Equis-Justicia para Mujeres A.C; para el año 2018, 10 legislaciones estatales redujeron el estándar en cuanto a la obligación de publicar las sentencias a partir de la homologación con la ley general.+ Es decir, estas legislaciones establecían la obligación de publicar todas las sentencias o resoluciones que hubiesen causado estado ejecutorio. En la actualidad ordenan publicar las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público. Lo anterior deriva en que la mayoría de las sentencias no son públicas en nuestro país. Solo el propio Poder Judicial y los involucrados en los juicios conocen su contenido. Esto impide que haya un monitoreo de la sociedad hacia el desempeño de los juzgadores en su labor cotidiana. La falta de publicidad de las sentencias afecta de forma directa la posibilidad de que la población puede fiscalizar y exigir cuentas sobre la labor del Poder Judicial, función que, entre otras cosas, afecta al vida de millones de personas, sin que las mismas tengan oportunidad siquiera de saberlo. Es por ello que, para garantizar el ejercicio al derecho a la información como derecho humano, el cual se encuentra establecido en el artículo sexto de nuestra Carta Magna, así como en diversos tratados internacionales en los que México es un país parte, las diputadas y diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía, para que todas las sentencias emitidas sean versiones públicas. Es cuanto. Muchas gracias.