El diputado Marco Humberto Aguilar Coronado: Señoras y señores legisladores, el proceso legislativo en el que estamos inmersos significa de forma irreversible la derrota del poder civil frente al poder militar. En México la lucha por encontrar los mecanismos que permitieran que los militares dejaran de ser el centro de las decisiones políticas y accedieran a trasladar el poder al mundo civil, significó una de las luchas más cruentas y violentas de nuestra historia. Después de la Revolución Mexicana, el proceso de civilización del poder público y el control político civil sobre las Fuerzas Armadas, que ya era parte del diseño constitucional, no se logró sino hasta mediados del siglo XX. Durante esos años y hasta finales de siglo las Fuerzas Armadas construyeron un modelo de institución al servicio de los intereses de la patria, que además gracias a su disciplina y sobre todo a su lealtad fueron pieza fundamental de la estabilidad política de que gozamos los mexicanos, incluso en momentos tan delicados como los posts electorales de alto conflicto que vivimos en el siglo pasado. Acción Nacional reitera que las Fuerzas Armadas deben desplegar sus tareas de manera permanente en todo el territorio nacional, para poder cumplir con las funciones que tienen a su cargo, la de seguridad nacional, la de seguridad interior y de manera temporal y condicionada las de apoyo a la Guardia Nacional en las tareas de seguridad pública, y finalmente las de protección civil, cuando la población y las autoridades así lo requieran. El PAN sostiene, eso sí, que ese despliegue que llevan a cabo las Fuerzas Armadas se haga con estricto apego a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, suscritos por nuestro país, tal y como ambos órdenes normativos han sido interpretados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre 1994 y 1996, vivimos en México acontecimientos políticos que afectaron sustancialmente el rol de las Fuerzas Armadas, la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, que alineó intereses de seguridad entre México y Estados Unidos, el movimiento armado zapatista en Chiapas, que exigió la intervención del Ejército frente a un movimiento armado y los asesinatos políticos de esos años, que obligaron a impulsar importantes reformas constitucionales y a las leyes secundarias, entre ellas la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dio origen a la acción de inconstitucionalidad 196, que resolvió que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en tareas de seguridad pública, pero siempre con el carácter de auxiliar de las autoridades civiles y bajo un mando civil. Por cierto, uno de los que firmó esa acción de inconstitucionalidad hoy forma parte de la mayoría indolente, como el segundo de a bordo de ustedes y de muchos de ustedes ahora. Los gobiernos anteriores no estuvieron sujetos al marco jurídico de un artículo transitorio constitucional para fundar la actuación de las Fuerzas Armadas, contaron con las facultades constitucionales propias de la seguridad nacional y de la seguridad interior y, aunque las facultades de los presidentes anteriores eran más amplias, nunca plantearon que los efectivos de las Fuerzas Armadas fueran los primeros respondientes ante la ciudadanía, como tampoco los obligaron a cumplir de manera permanente funciones de seguridad pública. La resolución de la acción de inconstitucionalidad comentada abrió la puerta a la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas ordinarias de seguridad pública desde 1996. En congruencia con esa resolución, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de la Ley que regula el uso de la fuerza pública en el estado de México y la muy controversial Ley de Seguridad Interior, por considerar que ampliaban injustificadamente el rol del Ejército en tareas de seguridad pública. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver un doloroso caso en contra de México, enfatizó la excepcionalidad de la participación del Ejército en tareas de seguridad y delimitó las características de esa intervención, exigiendo que fuese extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada. Esas características fueron incluidas en la minuta que el Senado devolvió con modificaciones en el 2018. Queda claro que lo que nos envían hoy es una enorme tomadura de pelo, desde la reforma constitucional del 18 quedaron establecidas todas las condiciones, delimitación y vigilancia que tendría la intervención del Ejército en tareas de seguridad pública. Por ello se incluyeron en el transitorio los criterios de la Corte y de la Corte Interamericana al enfatizar la excepcionalidad de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública. Están manipulando, engañando y siendo omisos en las definiciones de los criterios de la Corte que están en el transitorio. No eran necesarias esas modificaciones que solo sirven para justificar el cambio de opinión de distintos actores políticos y quizá le sirvan más para garantizar la impunidad. Este poder no ha sido capaz de supervisar y vigilar el uso que el presidente hace de la Fuerza Armada por la indolencia de la bancada mayoritaria. La nueva propuesta de comisión bicameral nos da la razón, en tres años no han podido consolidar y fortalecer la Guardia Nacional. No engañen a los mexicanos, el Congreso puede citar a comparecer a los funcionarios cuantas veces quiera. Es evidente que el séptimo transitorio vigente obliga a dotar a los municipios de recursos y ustedes se lo han negado en los presupuestos de Egresos, han renunciado al principio básico del mando civil ordenado por el 21 constitucional. Como en los siglos XIX y XX, los mexicanos del 21 tendremos que desahogar largas luchas para que el poder militar pueda estar supeditado al poder civil. La mentira y la traición se pagan caro en la historia nacional. Termino con una frase que no es mía, pero que la hago mía y la deberían hacer suya. Carlos Bravo dijo: no tengo memoria de una victoria parlamentaria de semejante trascendencia, tan carente de argumentos...