El diputado Juan Francisco Rivera Bedoya: Con su permiso, señora Presidenta. En mi carácter de diputado federal por el estado de Nuevo León, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con base en la facultad que me confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos me permito someter a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, proyecto de decreto que reforma y modifica diversas disposiciones de la Ley de Concursos Mercantiles y del Código Fiscal de la Federación. Esta iniciativa hace referencia a la necesidad de modernizar y hacer más justos los derechos de los acreedores en el proceso de concursos mercantiles que actualiza la Ley de Quiebras centenaria, en virtud de se requiere más equidad, más justicia entre los acreedores que concurren cuando un comerciante ha caído en desgracia y particularmente refieren la participación que debiera tener el fisco federal en el tratamiento de su carácter de acreedor y participar más en la rehabilitación del comerciante que en su cierre, que en su destrucción. En efecto, a raíz de que fue promulgada la Ley de Quiebras y en su lugar la Ley de Concursos Mercantiles, el legislador se ha planteado cuál es la mejor forma de hacer valer los derechos de los acreedores, de quienes se hayan en concurso mercantil y atender de manera efectiva también los derechos del fisco, que representa ante el público el valor oficial de estos procesos. Con las reformas que se pretende dotar a las autoridades fiscales, se trata de que éstas tengan facultades amplias para concurrir junto con los acreedores privados y buscar una forma justa de tratar a los comerciantes. Sabemos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Constitución de la República, corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza para que se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Que el Estado planeará, conducirá, coordinará y orientará la actividad económica nacional y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demanden el interés general, y que bajo criterios de equidad social y en productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores sociales privados, sujetándolos a las modalidades que dicte el interés público y el uso en beneficio general de los recursos productivos. Se hace mención de lo anterior con la finalidad de dejar claro que la participación del Estado es determinante para el desarrollo nacional. Participación que se da en el marco de una rectoría estatal que implica la búsqueda de los equilibrios necesarios, para que se desarrollen armónicamente los sectores productivos de la nación. Es en ese mismo sentido se han constituido instituciones múltiples que tienen que ver con esta regulación económica, porque en última instancia, el buen desarrollo de los sectores productivos de empresas sanas significa empleos para cientos de familias y mejores condiciones y expectativas de vida. Éste es el bien superior de la comunidad que el Estado debe tener presente cuando se crean programas de apoyo a los programas de empresas privadas de todas las dimensiones, pero sobre todo las micro, pequeñas y medianas empresas que son las que mayor número de empleos generan y que son la parte sustancial que soporta la producción nacional a través de las cadenas productivas. Por lo anterior, es claro que este apoyo debe de estar presente para el caso de que una empresa esté en problemas y es motivo de concurso mercantil, por lo que se debe dar prioridad a la preservación de las fuentes de trabajo generadoras de riqueza para las familias, como queda de manifiesto al establecer los créditos laborales por encima del resto de los demás créditos. Pero el mismo espíritu de preservar el ingreso de los trabajadores debe de estar presente también en el momento de la celebración de los convenios para los concursos mercantiles, a fin de participar en la recuperación de los diversos créditos que se tienen con estas empresas sujetas a concurso. Es decir, se debe privilegiar, no afectar los intereses de quienes ya cuentan con un empleo dentro de la totalidad de la cadena productiva, procurando que los acreedores diversos al fisco hagan valer sus créditos motivo del concurso y no verse perjudicados de manera que puedan entrar también en situaciones de riesgo en sus propias empresas. Así con las reformas que se presentan, se pretende que los créditos fiscales sean parte de los convenios respectivos, a fin de que si bien se garantice el interés general a través de la recuperación de los créditos fiscales, también se garantice que los sectores productivos no se vean afectados. Sería triste e injusto que el fisco federal acabe con las empresas, con las pequeñas empresas, y deje también en la calle a muchos proveedores, a muchos comerciantes que dependen del buen funcionamiento de la empresa materia del concurso. No tiene ningún sentido privilegiar a través de una disposición legal, hacer efectivos los créditos fiscales para ingresarlos a las arcas nacionales y después, mediante programas, dar apoyo a los sectores productivos. Se trata de que mediante una evaluación de los involucrados y el Estado se juzgue qué es lo más conveniente para cada caso específico respecto de los créditos fiscales en un marco de integralidad con el resto de los acreedores. De esta forma se pretende dejar sustentado legalmente que los créditos fiscales sean sujetos también a los convenios, en los cuales, por supuesto, deberán de participar las autoridades correspondientes. De lo que se trata es de confiar en el buen juicio y en la honradez de las instituciones y autoridades del Estado mexicano, quienes a través de las evaluaciones correspondientes podrán celebrar los convenios que juzguen más convenientes para el interés público, pero sin afectar el interés privado o social. Se trata de ejercer de manera inmediata esta atribución —director de la economía nacional— buscando el equilibrio del desarrollo nacional y de velar por el interés de la clase trabajadora. En beneficio de la empresa y de los comerciantes mexicanos, presento esta iniciativa para actualizar la Ley de Concursos y hacer más justa la distribución de lo que quede de los activos de la empresa y que no sea el fisco el que se lleve la mayor parte. Desde luego, respetando por siempre el derecho inalienable de los trabajadores mexicanos para ser preferidos en los activos de una empresa, pero sí solicitar la intervención del fisco federal para que, como los demás acreedores, se sume el esfuerzo de rehabilitar al comerciante. Solicito a usted, señora Presidenta, se inscriba esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias.