La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Compañeras y compañeros legisladores. A nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para hablar a favor de la declaratoria de validez a la reforma constitucional en materia de revocación de mandato y consulta popular. En el Partido del Trabajo hemos sido firmes impulsores de la incorporación al marco constitucional de figuras de democracia participativa, cuyo propósito central ha sido dotar a ciudadanos de mayores instrumentos de control respecto de quiénes han elegido para que los representen en el Poder Legislativo y en los órganos Ejecutivo federales y de los estados. Nuestro texto constitucional prevé tres mecanismos por medio del cual un servidor público puede ser separado de sus funciones. Primero. Juicio político, que desde lo que llevan de vigencia las reformas al Título Cuarto de nuestra Constitución en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, no han procedido en ningún caso. Segundo. Declaración de procedencia. Parte del principio de que algún servidor público cometió algún delito y la inmunidad constitucional es un obstáculo a la actuación del poder Judicial y la Cámara de Diputados debe retirar esa inmunidad para que el probable responsable quede a disposición de la justicia que le reclama. Tercero. El incumplimiento de ejecutoría en amparo, por lo que la Suprema Corte de Justicia puede orden la destitución de servidores públicos aun en el caso de quienes accesaron al cargo mediante un proceso electoral. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, de una premisa fundamental. Es pueblo es el titular de la soberanía. En ejercicio de tal derecho puede elegir, pero también debe tener la capacidad de retirar del cargo a un mal servidor público. Por eso no es de extrañarse que en el momento fundacional de nuestro partido en la década de los noventa, los petistas decidimos utilizar como lema de nuestro partido, todo el poder al pueblo. En tal virtud, somos solidarios en cualquier propuesta que tienda a ampliar los derechos políticos ciudadanos. Democracia representativa, democracia participativa no son extremos políticos que se excluyan, antes lo contrario, se complementan para bien del ejercicio del poder. En el sistema político actual debemos superar el esquema tradicional planteado por los teóricos políticos del siglo XVII y el siglo XVIII, de que el poder solo se limita mediando pesos y contrapesos que en los textos constitucionales se establecen. A partir de este gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, superamos esta tesis tradicional en la reforma constitucional del 2013 por lo que se estableció la reelección en favor de legisladores e integrantes de los ayuntamientos. Hubo quienes dijeron que eso era un instrumento de control del ciudadano hacia quien ejercía un cargo político, ya que, si hacía mal su tarea, el electorado ya no le daría su confianza. Falso, el verdadero medio de control del ciudadano hacia un gobierno eficaz, es por excelencia la revocación de mandato. Conforme al transitorio primero del dictamen, el presente decreto, una vez aprobado por el Constituyente Permanente, entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, dichos preceptos remiten a la respectiva constitucional en los estados y de la Ciudad de México, para que ahí se establezca el derecho de los ciudadanos y que posteriormente las legislaturas locales expidan las leyes secundarias. Compañeros y compañeras legisladoras, con la aprobación del presente decreto sin lugar a dudas estamos estableciendo el acto de función del nuevo Estado al regresar a la ciudadanía algo que es de origen. Si el presidente de la República y los gobernantes de los estados de la Ciudad de México no cumplen, el ciudadano tiene todo el derecho de revocarles el mandato. Reiteramos, con la aprobación de este dictamen...