El diputado Iván Arturo Pérez Negrón Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el 10 de febrero de 2014 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, en una materia que sin duda revierte una gran importancia, como es la político-electoral. Esta reforma integral generó un cambio sustancial respecto al esquema de nombramientos de los funcionarios públicos, particularmente a los artículos 74 y 76 de la Carta Magna, para otorgar la facultad exclusiva a la Cámara de Diputados de ratificar al secretario de Hacienda y a los empleados superiores de esa importante dependencia. Ello trajo como consecuencia la eliminación de la facultad al Senado de la República para llevar a cabo los nombramientos. Estas reformas atendieron principalmente a fortalecer la atribución constitucional que tiene esta Cámara de Diputados en materia hacendaria, particularmente en lo relativo a la aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, ello siempre previo examen, discusión y en su caso las modificaciones pertinentes que considere hacer a los proyectos enviados por el Ejecutivo federal. Sin embargo, la reforma de 2014, por omisión no modifica la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política, donde se establece de manera muy precisa cuáles son las facultades del presidente de la República, generándose con ello lo que técnicamente se ha dado en denominar en el ámbito jurídico una antinomia, misma que como aquí ya se ha señalado se entiende literalmente como un conflicto de leyes o más propiamente como una gran contradicción de leyes. Aunado a lo anterior, la incompatibilidad entre normas tiene que ver esencialmente con la discrepancia del carácter o modalidad de deóntica, que es la obligación, permisión o prohibición, y la coincidencia del contenido de la conducta regulada. De ahí que los problemas que surgen de las antinomias están relacionados justamente con estos conflictos, ya que pega a los intereses específicos de cada una de las normas, los conflictos normativos surgen de antinomias que después desafortunadamente se exteriorizan dentro de un sistema normativo, como es el caso que hoy nos ocupa. Cabe mencionar que las consecuencias que originan estas contradicciones son sumamente delicadas, porque desprotegen a los sujetos que intervienen en las relaciones de tipo jurídico. Es por ello que consideramos que el contenido del dictamen que hoy se ha puesto a consideración de esta honorable asamblea es acertado, en virtud de que permite garantizar la alineación del ordenamiento jurídico, a efecto justamente de evitar esas contradicciones que posteriormente pudiesen estar generando incertidumbres de carácter jurídico y de manera todavía más riesgosa, la inaplicabilidad de la norma. En Encuentro Social estamos convencidos de que necesitamos actualizar y modernizar nuestros marcos normativos y, para ello, debemos llevar a cabo un trabajo pulcro, un trabajo disciplinado y profesional. No se trata de reformar leyes por reformarlas, implica tener la capacidad de análisis para establecer todos aquellos elementos que se tienen que modificar también en otro tipo de legislaciones. Estamos convencidos de que hoy la sociedad mexicana exige que el Estado de derecho sea una realidad, exige que prevalezca la justicia por encima de cualquier decisión unipersonal. No permitamos que estas contradicciones de ley pongan en riesgo lo que con tanto trabajo se ha construido en este país, un Estado de derecho que institucionalmente va acompañado de un trabajo legislativo profesional. Por su atención, muchas gracias.