La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Con su permiso, señor presidente. Muy buenas tardes diputadas y diputados. El Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. La culminación de este proceso de discusión, de análisis, en que el Poder Legislativo ha acompañado los esfuerzos de activistas por la paz y los derechos humanos, solo puede causarnos beneplácito por el proyecto de dictamen positivo a esta minuta. Ésta es una señal de reconocimiento de aquella realidad negada por años para decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas, a cuyos familiares se les ha negado el derecho a conocer la verdad y a recibir medidas de reparación por los efectos de la omisión o la acción del Estado. Esta reforma que hoy nos ocupa es producto del diálogo entre sociedad civil y poderes públicos, del trabajo colectivo y del esfuerzo por un marco legal que respete los derechos humanos. Queremos externar un reconocimiento a las organizaciones de la sociedad civil y desde luego al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y a cientos de familiares de las víctimas de la violencia. No podemos omitir que la Ley General de Víctimas tuvo un tránsito muy difícil. Desde un procedimiento parlamentario irregular hasta enfrentar la controversia constitucional de Felipe Calderón, quien satanizó esta ley para ocultar el saldo de su gobierno: Miles de personas asesinadas, desaparecidas, huérfanas, por su política de guerra al narcotráfico. Este paquete de ajustes tiene el fin de hacer más efectiva la aplicación de la Ley General de Víctimas. Significa avanzar hacia los mecanismos de reparación integral de acuerdo al mandato constitucional y a los lineamientos de instancias internacionales. El orden jurídico nacional apenas está dando una respuesta concreta a familiares de víctimas que durante más de cuatro décadas han buscado la verdad y la justicia, como los movimientos surgidos ante la represión en la guerra sucia. Con esta reforma se hace posible comenzar el cumplimiento de fondo de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hacia México. Las medidas de reparación implican no sólo una indemnización económica sino la restitución de derechos como educación, trabajo o salud y la intervención del Estado para evitar que los derechos de las personas sean vulnerados. El Legislativo tiene la tarea de dar un atento seguimiento al desarrollo en la práctica de esta ley. Sin una estrecha colaboración y vigilancia será imposible dirigirnos al objetivo de la no repetición. Con las adecuaciones se avanzará hacia la constitución de un Registro Nacional de Víctimas, que permitirá a las víctimas de delitos y de violaciones a los derechos humanos contar con una vía específica de atención. Decenas de miles de víctimas no pueden permanecer invisibles ni desatendidas. El Estado ni siquiera ha emprendido la búsqueda de ellas. En el marco que provee el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, ofrecemos nuestro compromiso para trabajar porque las víctimas cuenten con los recursos necesarios disponibles para que el Estado repare las violaciones a sus derechos, por lo que deben aprobarse montos presupuestarios suficientes para cumplir con el mandato de la ley. Queremos destacar que con la definición de víctimas potenciales se armoniza este instrumento con la legislación para la protección de periodistas y personas defensoras, a fin de que el daño no se extienda a estos sectores que velan por los derechos de las personas y la libertad de expresión. Estas modificaciones hacen más operativa la estructura administrativa que genera la ley al mejorar la distribución de competencias de instituciones y de recursos de autoridades de los tres niveles de gobierno. En el Sistema Nacional de Víctimas se compacta e integra representaciones de los Poderes de la Unión, los gobiernos de las entidades y las dependencias federales que son necesarias, además de la representación de las propias víctimas. Uno de los más grandes pendientes en la historia de este país adquiere una nueva forma de solución, pues se contempla la declaración de ausencia por desaparición a fin de que los familiares de personas desaparecidas puedan tener acceso a los beneficios de la ley. Desde luego que el fundamento legal está plenamente esclarecido, pues la facultad explícita para legislar en materia de víctimas se circunscribe a diversos ordenamientos y disposiciones sobre derechos humanos, comenzando con el principio pro persona, el transitorio que ordena una ley de reparación integral del daño, y el artículo 17 de la Constitución, que permite mecanismos de solución alternativa de controversias y reparación del daño en el ámbito penal. Para terminar, queremos decir que vamos a votar a favor de este dictamen; pero tenemos enfrente y pronto, como legisladores, la tarea de discutir sobre la figura de arraigo. Hay que eliminar la figura de arraigo para contribuir a disminuir el problema de las detenciones arbitrarias en nuestro país y, por tanto, la generación de nuevas víctimas en México. Muchas gracias.