La secretaria diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Estimado, estimada, diputada o diputado, y senador o senadora. Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi calidad de representante de la Oficina en México, del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONUDH, en el marco del acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, relativo al establecimiento de una oficina en México. Por medio de la presente, y en seguimiento al diálogo sostenido a lo largo del proceso legislativo en curso, hago referencia al dictamen con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional (dictamen). Luego de una revisión preliminar del dictamen modificado, la ONUDH desea saludar los cambios positivos albergados en materia del uso de la fuerza, registro de detenciones y esquema de fortalecimiento de los cuerpos policiales, sin embargo, la ONUDH mantiene preocupaciones generales expresadas en las anteriores comunicaciones del 21 de noviembre y del 19 de diciembre de 2018, así como en las audiencias convocadas por la Comisión de Puntos Constitucionales y Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Dichas preocupaciones versan sobre la participación permanente de los elementos militares en tareas de seguridad pública y su involucramiento en tareas de investigación criminal. Para la ONU, el dictamen que se somete a consideración del Congreso de la Unión es particularmente preocupante por los siguientes tres componentes. 1. Naturaleza de la Guardia Nacional. Artículo 21 y algunos transitorios. Si bien la ONU reconoce que se incluye a la Guardia Nacional como una institución de seguridad pública con carácter y dirección civil, resultan preocupantes los componentes del orden militar que aún se contemplan en el proyecto y que contradicen su deseable esencia civil, la estructura jerárquica; la composición de la Junta de Jefes de Estado Mayor; el régimen de ascensos e ingreso; la profesionalización; la competencia de la jurisdicción militar ante las faltas y delitos cometidos; la conformación tripartida de elementos de la Policía Federal, Policía Militar y Policía Naval, entre otros elementos que son de tal envergadura que desnaturalizan el carácter civil de la institución y confieren a las Fuerzas Armadas un papel ajeno al que da forma extraordinaria y excepcional que podrían desarrollar. La indebida regulación de los alcances del fuero militar, artículo 13. La redacción propuesta resulta una problemática en dos sentidos. Primero. Amplía los alcances de la jurisdicción militar para conocer de las faltas y delitos cometidos por integrantes de una corporación que se define como civil. Lo anterior, trastoca el carácter excepcional y restringido de la jurisdicción militar. Segundo. Circunscribe la competencia de autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la Guardia Nacional, cuando estos son cometidos en el ejercicio de las funciones. De acuerdo con dicha propuesta se entendería que si los integrantes de la Guardia Nacional cometen delitos cuando no están en ejercicio de sus funciones, dichos delitos serían investigados y juzgados por autoridades militares. Tercero. Puesta a disposición de las personas privadas de la libertad. Artículo 16, la redacción propuesta abre la puerta a la privación de la libertad de personas civiles a instalaciones militares. La puesta a disposición es un concepto jurídico y formal, independiente a la privación de la libertad como hecho material, al ser la privación de la libertad y puesta a disposición a conceptos diferentes con la redacción propuesta, se podría legitimar una puesta de un momento de privación de la libertad en instalaciones militares. Por tanto, la ONU reitera su recomendación para que se ajuste lo dispuesto en el dictamen para establecer que toda persona civil que sea detenida debe ser trasladada y privada de su libertad solo en instalaciones civiles. La ONU alienta respetuosamente al Congreso de la Unión a reconsiderar los contenidos del dictamen, a la luz de las obligaciones internacionales del Estado mexicano en materia de derechos humanos. La ONU reitera su plena disponibilidad para brindar asesoría y cooperación técnica que precise al honorable Congreso de la Unión dentro del marco del más amplio respeto a los procedimientos parlamentarios. Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterar a ustedes las seguridades de mi más alta consideración. Jan Jarab, Representante en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.