El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Compañeros diputados. En el caso del dictamen que hoy nos ocupa debemos señalar que al igual que los demás que se abordan en este periodo extraordinario resultan de vital importancia para la administración de justicia en México, a partir de la implementación del sistema penal acusatorio que hemos venido construyendo desde el 2008. Desde aquí mi agradecimiento a los integrantes de la Comisión de Justicia; al presidente Álvaro Ibarra y a todos que estamos aquí con esta autorización que permitirá que el nuevo sistema de justicia penal entre en operación dentro de unos días. Muchas gracias. Aun y cuando al parecer de nuestro grupo parlamentario la existencia de un régimen procesal especial para los delitos relacionados con la delincuencia organizada podría considerarse extralimitado, y nos hemos pronunciado en múltiples ocasiones en contra de figuras que violentan los derechos humanos como el arraigo, la gravedad de la situación que hoy vive nuestro país resulta de tal importancia que no debemos soslayar el impacto de todas y cada una de las medidas que puedan ser implementadas para su erradicación. Específicamente para el caso que nos ocupa debemos señalar que las modificaciones que se prevén en el dictamen de la Comisión de Justicia que hoy estamos discutiendo, se encuentran armonizadas con lo establecido en diversas disposiciones nacionales e internacionales como el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Convención de Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada, trasnacional, mejor conocida como la Convención de Palermo. Es por lo anterior que el dictamen en comento realiza un ajuste general a este ordenamiento para alinear las disposiciones especiales que en materia de delincuencia organizada deben seguirse para garantizar de manera plena los derechos de las personas sujetas a investigaciones de este tipo de delitos. Por ejemplo, se propone que las autoridades federales tendrán la facultad de atracción en los casos de delitos de trata de personas, delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Se contempla sanción con penas de prisión que van de los cuatro a los ocho años a los servidores públicos que divulguen o revelen información relacionada con las técnicas de investigación utilizadas en procedimientos seguidos contra la delincuencia organizada. Se prevén además reglas específicas sobre la detención, aprehensión y retención de personas por estos delitos. Los procedimientos para la determinación de la reserva de las actuaciones, los mecanismos por los cuales los jueces de control van a obsequiar órdenes de cateo e intervención de telecomunicación; las reglas especiales para la valoración de las pruebas y las técnicas especiales de investigación, entre los que se encuentran procedimientos especiales como la implementación de operativos encubiertos, los usuarios encubierto, entre otras, cuya finalidad esencial es el desmantelamiento de las redes de protección a la delincuencia organizada. Es menester señalar que nuestro grupo parlamentario ha expresado en múltiples ocasiones su desacuerdo con figuras como el arraigo, debido a que resultan violatorias de los derechos humanos. No obstante consideramos que los mecanismos de equilibrio establecidos en el nuevo Sistema de Justicia Penal, serán, sin duda, un contrapeso efectivo para el uso discrecional de estos instrumentos. Es cuanto, señor presidente.