La diputada Clementina Marta Dekker Gómez: Con su venia, diputado presidente. Por una minería responsable, consulta y consentimiento para los pueblos indígenas. Apreciables compañeros y compañeras diputadas, me presento ante ustedes para compartirles una sincera y honda preocupación. Es verdad que mucho se ha dicho en este recinto sobre las carencias, violencias y privaciones que afectan a nuestra población y que sufren especialmente los sectores más desposeídos. Desde la pobreza de más de 53 millones de mexicanos hasta la subocupación de 3 millones 600 mil trabajadores, pasando por la dolorosa desaparición de al menos 37 mil personas, todo esto y más ha sido motivo de intensos debates y valiosos pronunciamientos por parte de compañeros y compañeras legisladores. Sin embargo, a casi de un mes de haber iniciado la legislatura sigue sin denunciarse uno de los mayores actos de rapiña que hoy por hoy tiene lugar en nuestro país, el saqueo y la devastación provocada por la expansión descontrolada de la industria minera. El asunto no es menor, en datos duros hablamos de una problemática vinculada a la operación de más de 300 empresas, la mayor parte de ellas extranjeras y mucho de ellas canadienses, responsables de al menos 830 proyectos mineros en 24 estados de la República, justificados mediante la entrega por parte del gobierno federal de 26 mil títulos de concesión que amparan la explotación de 56 millones de hectáreas. Esta es un área que en su conjunto representa casi la tercera parte del territorio nacional, más de la mitad del total de la propiedad social del país. Ni en el porfiriato hubo semejante enajenación del suelo patrio. Aunque es cierto que en buena medida esta situación es producto del clima de impunidad y corrupción que ha imperado en los últimos gobiernos, lo es también que en la vigencia de una regulación laxa y permisiva más enfocada en proteger y favorecer a intereses corporativos que en velar por la sustentabilidad de los recursos nacionales y el bienestar de los pueblos y comunidades de México, como era de esperarse, en este marco de opacidad regulatoria, la industria minera, pero sobre todo los intereses corporativos asociados a ella, han prosperado como nunca antes en la historia. Este jugoso negocio ha convertido a la actividad minera en la cuarta fuente de generación de divisas y ha abierto también el camino para la conformación de las más grandes fortunas privadas que existen a costa del pueblo de México. Peor aún, el nuevo auge de la minería en México ha implicado efectos devastadores y a menudo irreversibles a la biodiversidad y el medio ambiente en todo el país. Además, ha contribuido a la desarticulación de las localidades, el despojo de tierras comunales y ejidales. La persecución y criminalización de opositores y el desplazamiento forzado de poblaciones sin plan de reubicación. Desde luego, esto ha derivado en la conformación de más de mil conflictos mineros y el surgimiento de decenas de movimientos en defensa del territorio. Por desgracia, en este como en muchos otros casos, del despojo y empobrecimiento han sido los pueblos indígenas los más afectados. El problema radica en que la expansión de la industria minera en territorio indígena se ha llevado a cabo en franca oposición con lo dispuesto en las normas y tratados internacionales, entre los que destaca el Convenio 169 de la OIT, que obliga a los gobiernos a establecer acciones coordinadas con los pueblos y comunidades indígenas para proteger sus derechos y garantizar su integridad. En este sentido, una de las figuras más importantes es la del derecho a la consulta y el consentimiento informado. Sin embargo, lejos de avanzar su legislación, el Poder Legislativo se ha encargado de retrasarla, alimentando la comparsa que existe para privilegiar los intereses transnacionales sobre la soberanía nacional. Por suerte, hoy como nunca antes, las fuerzas de izquierda somos mayoría en este recinto. Esto ha implicado un renovado compromiso por escuchar, atender y hacer valer las causas que han guiado desde muchos años las luchas para hacer de este país un lugar más justo. Apelando a este compromiso estoy acá, ante ustedes, para presentarles la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo primero del artículo 6o. de la Ley Minera, para que ante la posibilidad...