El diputado Andrés Lozano Lozano: Gracias, diputada Presidenta. Con su venia. La visión que el grupo parlamentario del PRD tiene respecto del tema de seguridad pública, administración y procuración de justicia, ejecución de penas, medidas alternativas a la prisión y otras relacionadas con el mismo es precisamente una visión integral. Por eso el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presenta en este momento estas siete iniciativas respecto de los temas a los que me he referido. Agradezco a todo el grupo parlamentario y principalmente a los diputados Miguel Ángel Arellano, Armando Barreiro, Victorio Montalvo, Alliet Bautista, Claudia Cruz, quienes se han involucrado de manera directa en el grupo de trabajo que permite al Partido de la Revolución Democrática estar presentando el día de hoy en su conjunto estas iniciativas. La primera de ellas tiene que ver con el proceso penal acusatorio. Para nosotros es fundamental modernizar la justicia penal mediante un sistema con una tendencia acusatoria y que respete un principio fundamental, que es el de la presunción de inocencia. Se busca cambiar la forma en que los tribunales desarrollan el proceso penal, a través de los ya denominados juicios orales, proyectando ese cambio en la forma en que los órganos de procuración de justicia, por un lado, realizan la investigación de los delitos y la preparación de las pruebas de la acusación, y en términos generales del conjunto de las actividades estatales, que constituyen la respuesta represiva a la criminalidad. Esta reforma establece esas bases y esa visión de este nuevo sistema procesal penal que implica no sólo un cambio en las reglas procesales, sino de todo el sistema. De sus instituciones, de su organización, operación, valores y cultura. Proponemos por ello también que la gravedad del delito se mida en función de la pena y no por un listado arbitrario de delitos graves, pues lo anterior ha permitido que ciertas conductas que afectan gravemente a la sociedad no sean sancionadas con la severidad debida. En materia penitenciaria, proponemos que el juez que decrete la prisión preventiva, deba revisar cada tres meses si persiste la necesidad de continuar con dicha medida, sobre todo tratándose de aquellas personas que no pudieron obtener su libertad por falta de recursos económicos. Para garantizar la independencia e imparcialidad de los magistrados y jueces, proponemos la creación de un fondo de justicia que estaría integrado tanto por recursos federales como por recursos locales. Los poderes judiciales deberán contar con un consejo de la Judicatura que será integrado por siete miembros, de los cuales tres serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia, tres por el Congreso del estado, de los cuales, uno será elegido entre abogados postulantes de mayor prestigio en la entidad. Esta propuesta integral en materia de seguridad pública y justicia contribuye al combate eficaz a la delincuencia y modifica de manera sustancial el sistema penal que tenemos en la actualidad. La segunda iniciativa tiene que ver con las disposiciones constitucionales en materia de seguridad pública. Debemos formular una estrategia de prevención social de los delitos, implementar sistemas que por primera vez hagan digna de confianza la estadística oficial, transformar las corporaciones policiacas en instituciones sólidamente capacitadas, profesionales, honestas y eficaces; iniciar la transformación del Ministerio Público a fin de que llegue a ser un órgano que persiga con eficacia y prontitud los delitos, y cuyos agentes sean objeto de una auténtica supervisión de parte de los superiores jerárquicos. Ante este planteamiento, el Grupo Parlamentario del PRD pone a consideración de esta soberanía una propuesta integral en materia de seguridad pública que contribuye a combatir eficazmente a la delincuencia organizada. Es necesario reformar el artículo 21 constitucional para establecer y definir a la seguridad pública como una garantía, de tal manera que los habitantes del país puedan exigir a las autoridades el cumplimiento de sus obligaciones. También se pretende reformar el artículo 73 de la Constitución, para que sea el Congreso el que establezca las nuevas directrices bajo las cuales debe funcionar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, dotando al Congreso de estas facultades que le permitan evaluar el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la ley. De igual manera se propone modificar los artículos 115 y adición al 116 y 122, con el propósito de establecer para los gobiernos municipales, estatales y del DF, la posibilidad de la emisión de sus leyes en materia de seguridad pública. También se propone como requisito fundamental que los agentes de policía puedan realizar sus funciones, ya sea de prevención o de investigación del delito, a que ellos sean sometidos a un proceso de certificación cuyas directrices deberán estar establecidas en las leyes federales, y que tendrán que ser incorporadas en las legislaciones locales. Otro tema fundamental es el relativo a los jueces especializados en materia de delincuencia organizada. Una jurisdicción especializada para este tipo de crímenes, para este tipo de delincuentes, que permita la atención de este tipo de delitos tanto en las dos instancias del proceso penal, como en el juicio de amparo. Aquí la intención es optimizar la concreción en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a fin de que las autoridades encargadas de la impartición de justicia cuenten con las herramientas adecuadas para combatir a la delincuencia organizada. Otro tema fundamental es el relativo a la autonomía del Ministerio Público. No se puede negar que las instituciones de procuración de justicia se encuentran actualmente en una crisis de falta de legitimidad y confianza e independencia. Diversos estudios en la materia indican que la percepción general de la población respecto de los procuradores es precisamente el que se encuentran al servicio de un presidente o de un gobernador en turno, y no al servicio de la ciudadanía. Por tanto, se presenta esta iniciativa con la que se pretende dotar al Ministerio Público de la Federación, y al local, de autonomía de gestión y autonomía financiera. Es fundamental en ello el modelo para la designación del procurador general de la República, en que deberá de participar tanto el Legislativo como el Ejecutivo, éste último a través de la Cámara de Diputados, que integrará una terna, la cual emitirá al Ejecutivo para su validación y una vez validada por el Ejecutivo, la remitirá a la Cámara de Senadores para que ésta elija al procurador. También se impone la obligación de presentar por parte del procurador, al menos una vez al año, un informe de resultados de su gestión y de comparecer ante las cámaras cuantas veces sea necesario. Esta reforma es fundamental para que verdaderamente tengamos autonomía. Mientras los procuradores, mientras el procurador general de la República siga atendiendo a la línea política del titular del Ejecutivo en turno va a ser muy difícil que verdaderamente podamos contar con un Ministerio Público autónomo y eficiente. La siguiente iniciativa tiene que ver con las medidas alternativas de resolución de conflictos sociales. Estas medidas alternativas a las sentencias deberán de aportar mayor rapidez a la solución de conflictos, que podrán solucionarse en un menor tiempo. Una sexta iniciativa que tiene que ver con reformas a los artículos 18, 21 y 104 de la Constitución respecto del sistema penitenciario. Con esta iniciativa proponemos una profunda reforma al sistema penitenciario, pues las cárceles son los lugares por excelencia donde sistemáticamente se violan los derechos humanos de las personas que se encuentran sujetas a proceso. Por eso es impostergable modificar el artículo 18 constitucional, a fin de enfatizar que los reclusos deben de gozar y ejercer los derechos humanos que les consagra nuestra Constitución. También esta transformación del sistema penitenciario sabemos que no es posible si éste permanece bajo el control absoluto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, se propone limitar la facultad de éste únicamente a la administración de prisiones y otorgar la facultad de ejecutar lo juzgado al propio Poder Judicial para lograr que se cree la figura de los jueces de ejecución de sentencias, los cuales dependerán, obviamente, de este Poder Judicial. Y por último, una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política para crear un tribunal constitucional, un tribunal constitucional autónomo de los Poderes de la Unión, como garante del respeto a la Constitución y protector de los derechos fundamentales. Un tribunal que haga valer los postulados y contenidos de la Constitución sobre cualquier acto de autoridad, resolución administrativa, instancia o poder tanto público como privado, que les permita a los ciudadanos plena certeza de la aplicación del principio de supremacía constitucional o de la aplicación efectiva de la Constitución, con ministros especializados en derecho constitucional, con el perfeccionamiento de los mecanismos de control, competencia para la protección de derechos sociales, humanos o colectivos y declaración de inconstitucionalidad de leyes. Como ven, en síntesis, estas siete iniciativas que presentamos el día de hoy tienen que ver con nuestra definición y posición como Grupo Parlamentario del PRD respecto al tema de justicia penal y de la creación de este tribunal constitucional. Para nosotros es fundamental que sean analizadas todas las iniciativas en su conjunto, para poder entrarle a esta reforma y no única y exclusivamente la que pudo haber presentado algún otro titular de un poder de la Unión. Necesitamos de esa visión, de todas las iniciativas que han sido presentadas aquí, en la Cámara de Diputados, para que verdaderamente estemos en posibilidad de tener una visión integral. Lo digo claro y lo digo desde este momento: es importante y fundamental tener la visión de los que legislamos tanto aquí en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, y que esto verdaderamente nos lleve a constituir un régimen, un fundamento, un andamiaje constitucional de lo que nosotros pretendemos respecto de la justicia penal y de la justicia en todo en su conjunto. Si no es revisado esto con esta imagen y con esta visión profunda estaremos, entonces, seguramente fracasando ante, única y exclusivamente, la visión de una pequeña parte, de una pequeña iniciativa presentada en su momento y no tomando en cuenta todas las presentas aquí en el Congreso de la Unión. Es cuanto, diputada Presidenta.