La diputada Delfina Gómez Álvarez: Buenas tardes, compañeros diputados, diputadas. Si partimos de que las instituciones de carácter privado se han considerado como una opción por parte de los padres de familia de los alumnos que no logran obtener una inscripción en una escuela pública, entre otras causas por los insuficientes espacios con los que se cuenta en esas instituciones, deberíamos no perder de vista que muchos padres de familia hacen un esfuerzo para que sus hijos continúen sus estudios y de esta manera aseguren lo que por derecho les corresponde, que es el derecho a la educación. Esto nos debería de hacer reflexionar acerca del dictamen que el día de hoy se pone a consideración. Esta iniciativa debilita precisamente ese derecho que se refleja en el artículo 3o, además de que también debilita lo que es la escuela pública, como en su momento lo fue la autorización para que el gasto en colegiatura fuera deducible del impuesto sobre la renta. La fracción parlamentaria de Morena considera que la mayoría de las modificaciones que se incorporan a esta ley legalizan efectivamente prácticas indebidas que durante mucho tiempo se han querido precisamente, y se ha pugnado por impedir, como es precisamente en particular la lesiva costumbre de suspender el servicio educativo a los alumnos por falta de pago, y en muchos casos exhibir en listas públicas a los alumnos que adeudan colegiaturas. Comentaba hace rato el compañero que me precedió, que en ocasiones efectivamente se iba a evitar lo de condicionar la entrega de documentos, esto es algo que se ha luchado y que actualmente ya se lleva a cabo. Por ello, consideramos que estas prácticas atentan contra el interés superior de la niñez y además promueven la discriminación y el bullying, afectando a quien menos debíamos de fastidiar o deberíamos de molestar, como son los educandos, por lo que el dictamen que el día de hoy se pone a consideración es insuficiente, y lo es al menos por dos carencias. Primero, porque se considera a la escuela privada, en muchos de los casos, como un negocio y no como un servicio público. Yo creo que a nosotros nos tocaría ver de qué manera podemos ofrecer esa educación gratuita que se establece, laica y obligatoria, y no estar pensando cómo ayudar a particulares, en donde la sociedad estaría lastimada en su economía. Mientras a la escuela pública se le ha recargado de evaluaciones, normas, se le fiscaliza minuciosamente el presupuesto, a la educación privada se le deja las manos libres para hacer lo que quieran, e incluso se les apoya económicamente con recursos públicos. Asimismo se encuentra ausente el tema de la seguridad estructural de los edificios escolares y de la obligación de contar con un programa de protección civil, que es un aspecto que no se debe perder de vista. Cabe señalar que muchas escuelas públicas fueron adecuadas en unas casas que eran particulares. Por ello, Morena reconoce que el servicio privado de la educación efectivamente tiene un costo, lo que decía el compañero, una contraprestación económica. Sin embargo, consideramos que debe ser una forma diferente la que puede atender esta situación. Es necesario buscar otras alternativas que no vulneren el derecho sustantivo de los niños a la educación. Por estas razones que he expuesto anteriormente, los diputados de Morena votaremos en contra del dictamen que modifica la Ley de Protección al Consumidor, en materia de regulación de los servicios educativos que prestan los particulares. Los invitaría, insisto, a que checáramos mejor cómo podemos hacer en apoyar a nuestras escuelas públicas, para que efectivamente se lleve lo que tanto anhelamos los ciudadanos, que es una educación gratuita y de calidad. Es todo, señora presidenta.