La diputada Martha Beatriz Córdova Bernal: Con su venia, diputado Presidente. La discapacidad se ha definido como aquella condición en la cual alguna persona presenta capacidades diferentes que le pueden impedir su plena y efectiva integración en la sociedad y en igualdad de condiciones que los demás, sobre todo ante una sociedad demasiado ajena y ante un gobierno sin una verdadera atención ciudadana. De conformidad con datos de la Organización Mundial de la Salud, poco más de mil millones de personas tienen capacidades diferentes, es decir, que un 15 por ciento de la población mundial tiene capacidades diferentes. De conformidad con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en nuestro país actualmente hay 5.1 millones de personas con capacidades diferentes, calculándose que al menos el 10 por ciento de la población en México tiene algún tipo de capacidad diferente que le provoca dificultad para caminar, moverse o comunicarse. Las personas con capacidades diferentes durante el transitar de su vida enfrentan un sinnúmero de barreras que les impiden una inclusión efectiva en la sociedad, gobiernos insensibles que no adoptan ni regulan tampoco medidas para facilitar el mejor desarrollo de estas personas. Son víctimas de discriminación en cuanto al acceso al mercado laboral que no se ajusta a sus posibilidades reales. Un sistema educativo que difícilmente los contempla como consecuencia indudablemente, de un estado que no genera las políticas públicas necesarias para garantizar el goce de sus derechos más elementales. México ha contraído diversas obligaciones en manera de respeto y protección de los derechos fundamentales de estas personas a través de la suscripción de diversos instrumentos internacionales entre los que destacan la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad; la Convención por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Sin embargo, con tristeza podemos afirmar que las medidas y mecanismos que se implementaron en nuestro país para asegurar a este sector de la población la igualdad de condiciones en cuanto al goce y disfrute de sus derechos individuales y sociales, han sido nulos. Hoy el dictamen, objeto a discusión, busca que las personas con alguna discapacidad visual, auditiva o silente, puedan ejercer efectivamente su derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución a través de las modificaciones pertinentes a la ley sustantiva, garantizándoles la posibilidad de intervenir en procesos judiciales como participantes directos o indirectos en todas las etapas de un proceso con el auxilio de un intérprete con expertise en el sistema o por medio del que el interesado se comunique. Reconocemos que lo propuesto es un gran avance y lo apoyaremos tal y como siempre lo hemos hecho cuando se busque garantizar la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida social para las personas con discapacidad. No obstante, consideramos que la eficacia de las medidas propuestas necesariamente deberán ir acompañadas de la implementación de las políticas públicas que avalen debidamente el derecho de todo ciudadano a contar con un intérprete que le permita comunicar sus intereses dentro de un proceso judicial. Es cuanto, y les comento que se oyen muy mal chiflando y gritando, es un tema muy importante para las personas con discapacidad. No sean insensibles.