El diputado Mariano Lara Salazar: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Al inicio del año 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Comercio mediante el cual se introdujo la oralidad en los juicios mercantiles. Con ello, se establecieron los lineamientos necesarios para transformar la manera en qué se llevan los procedimientos al pasar de un sistema escrito a uno oral. De tal suerte que mediante los principios de oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, se agiliza la resolución de los conflictos en este ramo. El nuevo esquema tiene como primera ventaja la celeridad procesal en la resolución de los conflictos, además la transparencia, toda vez que consta de una serie de audiencias donde las personas observan directamente el modo en el que se conducen los jueces y abogados durante los procesos. De acuerdo con de indicador de cumplimiento de los contratos Doing Business 2015, y en análisis de juicios orales mercantiles de la Ciudad de México, existe un universo total de 21 procedimientos resueltos en un plazo de 270 días con un costo del 32 por ciento del valor de la demanda, lo que representa una reducción de 17 procedimientos y 130 días en relación a los resultados del Doing Business 2014. No obstante, la reforma implementada quedó corta al no prever la totalidad del proceso mercantil que se realizara de manera oral. El dictamen que hoy nos ocupa pretender resarcir dicha omisión mediante la simplificación de los procedimientos y una amplitud para la aplicación de la oralidad durante los juicios mercantiles. El propósito de la reforma no sólo es dotar de mayor claridad a los juicios orales, sino también agilizar y realizar la naturaleza sumaria de estos consensos. En ella se atiende, además, una laguna legal en el juicio ordinario mercantil consistente en la falta de disposición normativa que regule de forma expresa los requisitos formales que deben reunir una demanda y la reconvención, así como las contestaciones, así como las contestaciones a estas que hoy en día ocasionan problemas de interpretación. Asimismo, adiciona como requisito que el promovente deba asentar en la demanda su Registro Federal de Contribuyentes y su Clave Única de Registro de Población, a fin de facilitar la identificación de las personas y evitar problemas que pudieran generarse con la homonimia en los nombres de los involucrados. Por otra parte, con el propósito de desahogar el saturado sistema judicial la reforma establece los montos aplicables para la procedencia de los juicios orales, fijando que el valor principal sea de poco más de 500 mil pesos y hasta los 4 millones, sin tomar en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de interposición de la demanda, debiendo actualizarse dichas cantidades de forma anual. En Nueva Alianza entendemos la importancia de esta reforma, por eso votaremos a favor. Sabemos que con ella propiciaremos una mejora en el desarrollo administrativo y judicial de nuestro país, así como una mayor igualdad y transparencia en el sistema en aras de contribuir a alcanzar el México que tanto anhelamos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.