El diputado Marcos Carlos Cruz Martínez: Compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de ayer se realizó la segunda reunión de alto nivel del Grupo Consultivo México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, en donde se analizó la evolución de este proyecto bilateral. Ésta fue la segunda reunión formal después de la celebrada en Washington en 2008. Sus resultados pueden resumirse en tres aspectos: El reconocimiento de Hillary Clinton de que la demanda de droga en su país y el flujo de armas de Estados Unidos, facilitan la violencia en México. El anuncio de los dos gobiernos de la ampliación de la Iniciativa Mérida, por lo que esta estrategia no sólo se enfocará en el aspecto policíaco-militar, sino que también avanzará en temas como educación, salud, desarrollo económico y social, y la manera tan ligera en la que apenas se abordó la necesidad de trabajar para proteger los derechos humanos. También se confirmó que hasta el momento Estados Unidos, de los mil 351 millones de dólares aprobados para esta iniciativa, ha entregado prácticamente nada: 2 por ciento a diciembre de 2009. La Iniciativa Mérida tiene como objetivo promover la cooperación entre los dos países conforme a los principios de autodeterminación, no intervención, igualdad jurídica y respecto a la integridad territorial. Su propósito inicial fue como un programa de colaboración para frenar el tráfico de drogas, armas y dinero ilícito entre ambas naciones, para frenar la violencia de las bandas criminales. Pero más allá de la foto y los buenos propósitos de esta segunda reunión, lo más importante es hacer una revisión crítica y positiva de los resultados de este acuerdo. De nuestra parte podemos afirmar que la Iniciativa Mérida ha fracasado y que sus consecuencias son insatisfactorias para los mexicanos. Nuestro país ha cargado con los costos a cambio de una actitud poco cooperativa del vecino del norte, y si no, veamos lo siguiente: La confrontación abierta de las instituciones del Estado con el crimen organizado fue una política impuesta al gobierno de Calderón desde la Casa Blanca, obedeciendo a los intereses de protección de los Estados Unidos y no como un asunto de seguridad interna. El territorio nacional se ha convertido en el campo de batalla entre los proveedores de la cocaína sudamericana y el mercado de consumo norteamericano. Esta guerra le ha costado a México un desgarramiento de sus estructuras sociales y una pérdida de imagen como destino confiable para el turismo y las inversiones. El aporte de sangre lo ha puesto el pueblo mexicano con una cifra cercana a los 18 mil muertos, superior a las bajas del Ejército norteamericano en las guerras de Irak y Afganistán. Estados Unidos no ha cumplido su parte de disminuir el consumo de drogas en su población, por el contrario la demanda de enervantes sigue incrementándose de manera exponencial. Estados Unidos no ha cumplido en su compromiso de combatir y acotar la producción y el tránsito de cocaína en los países de origen. Estados Unidos tampoco ha cumplido en evitar el tráfico ilegal de armas a territorio mexicano, con lo que se han fortalecido los cárteles criminales. Todos estos costos que ha pagado la nación mexicana han generado un daño social y económico a nuestro país. Según cálculos del gobierno norteamericano, durante los primeros 24 meses de la Presidencia de Calderón, el gobierno mexicano gastó aproximadamente 7 mil millones de dólares en la guerra contra el narcotráfico. Por lo que el gobierno debiera exigir una indemnización de daños y no sólo resignarse obedientemente a la supervisión y al regaño de la potencia norteamericana. La guerra contra el narcotráfico?