El diputado Yerico Abramo Masso: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas. De conformidad con los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el de la voz, Yerico Abramo Masso, del grupo parlamentario del PRI presento a esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción VIII al artículo 25 y adiciona los artículos 46 y 47 y renumera el actual artículo 46 como artículo 48, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, bajo la siguiente Exposición de motivos Independientemente de las cuestiones teóricas que involucren a las diversas concepciones acerca del Estado, la realidad nos dice que el hombre ha creado instituciones estatales y ha sido para poder solucionar sus problemas, fundamentalmente de desarrollo y progreso. La crisis del federalismo centralizador manifiesta y precisa sus límites e impone hoy en día la obligación de formular un nuevo pacto federal, en el cual la dimensión política vuelva a ser significativa. De acuerdo con Cabrero y José Mejía, en su libro "Marco Teórico Metodológico para el Estudio de las Políticas Descentralizadoras en México", la vinculación entre la descentralización a una diferenciación funcional y el desarrollo se expresa en el planteamiento de que una sociedad es más desarrollada en medida de que es capaz de diferenciar y especializar el mayor número de aspectos. Así, un Estado moderno debe descentralizar responsabilidades y toma de decisiones en áreas de una mayor exigencia de la sociedad y una mayor complejidad social que la modernidad impone. Cuando se habla de descentralización, se entiende, pues, la transferencia del poder de decisión y ejecución de políticas públicas del gobierno central a las entidades federativas y municipios, pero también a la sociedad que ahí habita; luego entonces es indispensable considerar al menos tres aspectos para que la descentralización pueda llevarse a cabo: Uno. La transparencia de las competencias administrativas; Dos. Los recursos para poder asumir las diversas competencias; y Tres. La capacidad política para tomar decisiones acerca de cómo administrar las funciones y los recursos descentralizados. Un verdadero federalismo no puede ser presidencialista porque su esencia misma es la división de Poderes, la división horizontal que es saludable porque evita que un Poder se corrompa, atendiendo exclusivamente las funciones para las que fueron creados. Con la descentralización hasta ahora puesta en marcha, la Federación ha incrementado su capacidad de intervención en las economías locales, pero de lo que se trata es de trasladar recursos a los estados y municipios para que tengan un manejo autónomo de los mismos, como lo apuntamos líneas arriba. Otro aspecto más de esta descentralización tradicional, es que se han incrementado los Poderes federales por incremento de sus burocracias en los estados; ejemplo, las delegaciones y representaciones federales que hay en los mismos, que han cumplido, entre otras, la función de verdaderos agentes de información para la Federación. La participación de ingresos tradicionalmente ha sido la forma más debatida de interacción fiscal entre los estados y el gobierno federal en las federaciones latinoamericanas. El citado constitucional en Venezuela, la coparticipación en Argentina y la participación fiscal en México tienen características sustancialmente diferentes. La participación de ingresos puede establecerse en la Constitución o en una ley secundaria, puede abarcar prácticamente todo en ingreso recaudado por el gobierno federal o disposiciones específicas impuesto por impuesto. La distribución de fondos entre los estados puede caminar en repetidas ocasiones o puede seguir relativamente permanente; sin embargo, el rasgo común de todos esos sistemas es que la participación de ingresos les ha permitido a Argentina, México y Venezuela, concentrar la autoridad recaudatoria, lo que provoca que los estados dependan aún más de su gobierno federal. Además de la participación de ingresos, los gobiernos federales transfieren recursos que no están directamente vinculados con la extracción de ingresos. Esas transferencias se refieren a una asignación de gasto o aportaciones que se han vuelto un tema central de debate de las políticas públicas en años recientes. Gran parte de la discusión se ha centrado en cómo diseñar transferencias que puedan inducir el tipo del correcto comportamiento por parte de los gobiernos estatales, promoviendo la responsabilidad fiscal y evitando restricciones presupuestales suaves. En este sentido, el programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), fue concebido como un subsidio federal para promover el fortalecimiento de las entidades federativas y así ser promotor del desarrollo equitativo y regional, dando a las entidades con menos recursos una partida que les permitiera invertir en infraestructura, saneamiento de sus finanzas, apoyo a los sistemas de jubilación y fortalecimiento a los proyectos de investigación científica y tecnológica. Este programa aparece en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2000, aunque ya había aparecido bajo otro concepto en el Presupuesto del 97, incorporándose al Ramo 23 y a partir del Presupuesto de 2003 se incorpora ya como un monto aprobado por la Cámara de Diputados. Los excedentes petroleros y los derechos extraordinarios por la exportación de petróleo, éstos dos últimos son aplicados a través del fideicomiso para la infraestructura de los estados y el fondo de estabilización de los ingresos de las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se deriva de la distribución del Fondo General de Participaciones. Esto le da su naturaleza de aportación del gobierno federal y no de apoyo, como se establece en la definición arriba mencionada, y mucho menos de subsidio. De acuerdo con la tesis doctoral "La construcción del sistema de coordinación fiscal. Poder y toma de decisiones son una esfera institucional", del doctor Rigoberto Soria Romo, establece que para el 2003 se crea el Ramo 39 para el PAFEF, lo que le da un sentido de pertenencia e institucionalidad al interior del Presupuesto. La propuesta adicional de la Conago continuó con la cita de hacer del PAFEF el octavo fondo del Ramo 33, con una asignación del 2.5 por ciento de la recaudación fiscal participable, lo que garantizaría su permanencia desde el punto de vista legal y se evitarían los vaivenes que se han presentado durante su corta existencia. Esto tendría varias ventajas. Aseguraría en un nivel de inversión en el presupuesto de infraestructura necesario en las entidades federativas; impactaría positivamente el empleo, el nivel de vida y la competitividad de las economías estatales; ayudaría a la toma de decisiones de inversión en las economías locales y respondería a las necesidades, como fondos auditables directamente por la Federación. Además de su monto y destino, en la importancia del PAFEF se pone en acción un nuevo actor en las relaciones fiscales intergubernamentales en México. Los gobernadores de las entidades federativas que hasta este año jugaron un papel marginal, el PAFEF muestra el rompimiento de una estructura tradicional de la interacción entre el Legislativo y el Ejecutivo y la resistencia entre la irrupción de un nuevo actor en las relaciones fiscales intergubernamentales. De los cuatro años en que ha estado en vigor el PAFEF, en dos años la Secretaría de Hacienda no lo ha incluido en su iniciativa; en otros tres ha recortado su asignación una vez aprobado por la Cámara de Diputados y en el presupuesto de 2006 tenía una asignación de cero pesos. Prueba de esta resistencia es que el secretario de Hacienda tardó seis meses en recibir a los gobernadores para escuchar sus puntos de vista en relación con los problemas presupuestales que sufrieron durante los años 2001 y 2002. En esta iniciativa se propone eso, precisamente para establecer la permanencia del programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas como un fondo dentro del Ramo 33 de las aportaciones federales, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal y el Decreto de Presupuesto en un monto asignable al 2.5 por ciento de las recaudaciones fiscales participables con los beneficios antes expuestos. Por lo anterior presento a esta honorable soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto Artículo primero. Se adiciona una fracción VIII al artículo 25, se adicionan los artículos 46 y 47 y el artículo 46 actual pasa a ser el artículo 48, todos de la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: Artículo 25. Del uno al siete y artículo ocho, que diga: Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas. Artículo 46. El Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente al 2.5 por ciento de la recaudación fiscal participable a que se refiere el artículo segundo de esta ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Los montos de este Fondo se enterarán mensualmente de acuerdo al porcentaje de la participación a que se refiere el artículo segundo de esta Ley a los estados por conducto de la Federación de manera ágil y directa, sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo las de carácter administrativo que las correspondientes a los fines que se establezcan en el artículo 47 de esta Ley. Artículo 47. Los montos del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, se destinarán: 1. Cuando menos el 50 por ciento de la inversión en infraestructura física, incluyendo la construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento y conservación de infraestructura, así como la adquisición de bienes para el equipamiento de las obras generadas o adquiridas, infraestructura hidroagrícola y hasta un tres por ciento del costo del programa proyecto programado en el ejercicio fiscal correspondiente, para gastos indirectos por concepto de realización de estudios, elaboración y evaluación de proyectos, supervisión y control de estas obras de infraestructura. 2. Saneamiento financiero preferentemente a través de la amortización de deuda pública, expresada como una reducción del principal al saldo registrado al 31 de diciembre del año inmediato anterior. 3. Asimismo podrán realizarse otras acciones de saneamiento financiero siempre y cuando se acredite un impacto favorable en la fortaleza de las finanzas públicas de los estados. Apoyo para sanear y reformar los sistemas de pensiones de las entidades federativas prioritariamente a reservas actuariales. 4. Modernización de los catastros con el objeto de actualizar los valores de los bienes y hacer más eficiente la recaudación de contribuciones.