La diputada Martha Gutiérrez Manrique: Con su permiso, señora presidenta. A nombre de mi grupo parlamentario quiero expresar nuestro absoluto respeto a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Debemos reconocer que más allá de la formalidad de sus integrantes, estos han cumplido cabalmente con las cada vez más exigentes tareas que le impone la propia evolución de nuestro sistema democrático y jurídico. No podemos olvidar que, por primera vez en la historia de México, mediante las reformas constitucionales que recientemente aprobamos, se estableció la posibilidad de realizar consultas populares como un mecanismo novedoso para fortalecer la democracia participativa en nuestro país. La consulta popular es un mecanismo existente en más de la mitad de los países del mundo, mediante el cual se pregunta la población su opinión respecto de propuestas de cambios legislativos o proyectos de gobierno en una lógica prospectiva. Recordemos, compañeras diputadas y compañeros diputados, que este mecanismo fue objeto de múltiples y muy profundos debates durante la discusión de la reforma constitucional en ambas Cámaras, obtuvo el voto aprobatorio de la mayoría calificada requerida y cuyo dictamen además fue aprobado por la mayoría de las Legislaturas de los estados en cumplimiento con el procedimiento establecido para llevar a cabo una reforma constitucional. Es decir, la consulta popular es producto del Constituyente Permanente y nosotros somos los primeros obligados en respetar sus términos. La Corte es la instancia facultada para calificar la constitucionalidad de las propuestas de consulta popular atendiendo las materias, que en el artículo 35 de la Carta Magna se estableció que no serán objeto de consulta popular, como son: los ingresos y el gasto del Estado, la materia electoral, los principios previstos en el artículo 40 constitucional, los que restrinjan los derechos humanos, pongan en riesgo la seguridad nacional o la organización y el funcionamiento de las Fuerzas Armadas. Consideramos que, si bien estos criterios generales deben prevalecer, también es preciso reconocer que durante los debates sostenidos entre los ministros de la Corte se vertieron cuestiones que conviene tomar en cuenta para que desde el Legislativo podamos debatir y establecer criterios más claros, para evitar interpretaciones subjetivas en la evaluación de constitucionalidad de una propuesta de consulta que corresponde al máximo tribunal. El Grupo Parlamentario del PRI está abierto a la posibilidad de perfeccionar este mecanismo de democracia participativa recién establecido para que sea un instrumento viable y eficaz. La figura de consulta popular es imperfecta, si es así debemos mejorarla. Los propios debates de los ministros al analizar las distintas propuestas de consulta popular marcan la ruta que podemos recorrer para revisar los aspectos de la legislación que deban modificarse a la luz de esos criterios, aunado a nuestra propia experiencia parlamentaria para hacer los cambios que se requieran y contar México con una verdadera democracia participativa. Se trata entonces de abordar con seriedad la tarea de dar certeza y viabilidad al derecho ciudadano de participar en consultas populares consagrado en la Constitución, para que cumpla con su función y consolide la participación y la confianza ciudadana en nuestra democracia. Lo que no se vale es descalificar los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie puede eludir su responsabilidad, porque la Corte interpretó y resolvió en uso de los instrumentos legales con los que nosotros mismos le dotamos. Tampoco se vale una manipuladora ceguera. Tampoco y lo subrayo- se deben hacer juicios de valor y partidizar una resolución cuando ésta no les favorece, y solamente aplaudir lo que partidistamente les beneficia. Ése es un doble discurso que carece de fundamento. Se trata entonces de abordar con seriedad la tarea de dar certeza y viabilidad al derecho ciudadano de participar en consultas populares, consagrado en la Constitución. No es atacando a las instituciones ni menoscabando su autoridad aludiendo intereses político-electorales como podemos perfeccionar nuestro marco normativo ni fortalecer nuestra democracia. Hoy más que nunca los legisladores debemos ser ejemplo de cumplimiento a las normas que nosotros mismos creamos, porque las decisiones que se toman de acuerdo con el procedimiento legislativo establecido y éste ha sido el caso- son decisiones que nos obligan a su exacta observancia y cumplimiento a todos, y no solamente a quienes votamos a favor. Ello, compañeras y compañeros diputados, se llama congruencia. Ello se llama respeto por la ley, por la democracia y por el estado de derecho. Es cuanto, señora presidenta.