La diputada Rocío del Pilar Villarauz Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el compromiso con la transformación de México lo mantenemos fuerte y firme, nada nos detendrá. No permitiremos que se siga legislando para satisfacer intereses particulares, estamos aquí dispuestos a salvaguardar nuestros recursos, a luchar por la autosuficiencia, por la seguridad nacional y seguridad energética. Seguimos combatiendo la corrupción y el saqueo al que estuvieron acostumbrados. Nuestra Carta Magna obliga al Estado mexicano a planificar, conducir, coordinar y orientar la economía, a velar por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero. A organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. La reforma a la Ley de Hidrocarburos enviada por el Ejecutivo federal es necesaria, contiene principios y propósitos muy claros y definidos. Sin embargo, como es costumbre, la oposición pretende desvirtuarlos. Es tan evidente la desesperación en la que se encuentran que no hacen más que gastar sus energías en intentos fallidos por confundir al pueblo de México. Si fueran inteligentes, deberían de ocuparse en canalizar esa energía en acciones y propuestas que demuestren verdaderamente que les importan el país, aunque sea por una vez y por dignidad ocúpense en escuchar al pueblo de México. Con la aprobación de esta reforma fortaleceremos a las empresas productivas del Estado. Serán garantes de que se lleve a cabo el suministro de hidrocarburos y petrolíferos en estricto apego a la ley de nuestra Constitución. Estaremos delimitando el acceso a la energía debido a la nefasta corrupción y el robo de combustible. Disminuiremos el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, aunque el objetivo es su erradicación. No hay duda de que los objetivos de la iniciativa son posibles, es ilógico que algunos puedan estar en contra del combate al robo de combustible, al fraude, a la ley, por empresas que no cumplan al momento de obtener permisos o que los hayan obtenido sin cumplir con los requisitos. Somos nosotros quienes ahora nos estamos ocupando de arreglar el desastre que han ocasionado gobiernos ineficaces del PRIAN. El sexenio pasado se reformó el artículo 28 de la Constitución, con la finalidad de que los particulares pudieran intervenir en este sector. El pacto contra México afirmaba que la apertura del sector energético en materia de hidrocarburos iba a detonar grandes inversiones en el sector. Que con la entrada de particulares se potencializaría la producción y se garantizaría que después de tres años se estarían extrayendo un millón de barriles de petróleos diarios. Totalmente falso. Sin embargo, esta apertura no resultó en más inversión en infraestructura, tampoco el lograr un aumento considerable en la producción, como lo prometían. Actualmente los privados del sector apenas extraen mil barriles diarios, del millón prometido por el gobierno de Enrique Peña Nieto, sólo se impulsó el huachicoleo y la simulación en el sector. Así nos encontramos que los permisos para almacenamiento, distribución y venta final de hidrocarburos se otorgaban por el simple hecho de solicitarlos, no importaba si las empresas que lo solicitaban contaran o no con la infraestructura y medidas de seguridad necesarias para explotar su permiso. Como tampoco se establecieron medidas claras por las cuales las autoridades pudieran regular, suspender o revocar los permisos cuando no cumplían con los requisitos de seguridad necesarios para cumplir su fin. Esa falta de regulación generó empresas que no contaban con la infraestructura necesaria para cumplir con el objetivo de garantizar el suministro de hidrocarburos. Se les otorgara permisos para almacenamiento, distribución y venta final de hidrocarburos, sin que se pudiera revocar o suspender, aún cuando se demostrara que estas tuvieran nexos con las mafias del robo de hidrocarburos, que este gobierno ha combatido sin tregua. Por eso, es de suma importancia la iniciativa que presenta el titular del Poder Ejecutivo, ya que con ella se garantiza que las empresas cumplan con los requisitos para almacenar y distribuir los hidrocarburos. Permite que las autoridades regulatorias puedan suspender los permisos cuando no cumplan con los requisitos para el almacenamiento, cuando cometan delitos de contrabando de hidrocarburos o se ponga en riesgo la seguridad nacional o económica del país. Ahora bien, la Cofece emitió recomendaciones a la iniciativa, algunas se incorporaron al dictamen. Afirmar que con la reforma se atenta contra la seguridad jurídica de los solicitantes, es un despropósito, ya que existen procedimientos establecidos en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para combatir el silencio de la autoridad en caso de falta de respuesta, por lo que no se deja en estado de indefensión a los particulares que soliciten ante la autoridad y que no reciban contestación oportuna. Lo que es lamentable es que la Cofece, que cuesta al pueblo de México más de mil 500 millones de pesos y cuyos consejeros ganan más que el presidente, antepongan los intereses de particulares a los de la seguridad energética del país. Por eso hoy, el Grupo Parlamentario de Morena seguiremos defendiendo el patrimonio de las y los mexicanos. Seguiremos defendiendo nuestro petróleo, porque tenemos el apoyo del pueblo. Es cuanto, presidenta.