La diputada Laura Barrera Fortoul (vía telemática): Gracias. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 9o. de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad dice a la letra: A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados parte adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros a otros servicios e instalaciones abiertos al público en zonas urbanas como rurales. México, atendiendo a lo que se lee en nuestra Constitución, debe ser garante de la igualdad de los derechos humanos de manera universal, progresiva y sin discriminación. Es por ello que todas aquellas personas que tienen una discapacidad, deben contar con las herramientas necesarias que le permitan su desarrollo en las mejores condiciones posibles. Según datos del Inegi, en nuestro país las personas con alguna discapacidad suman más ya de 7 millones, lo que representa la población total de los estados de Morelos, Hidalgo y Colima juntos. Mucho hemos hecho y mucho hemos hablado e impulsado campañas al respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Pero sin los recursos necesarios, todo el esfuerzo es estéril y queda en letra muerta. Tal es el caso de la eliminación de los 400 millones de pesos con los que el año pasado contaba el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, en Fotradis, el cual estaba destinado a proyectos de inversión que promovieran la integración y acceso en igualdad al entorno físico mediante el transporte público adaptado en infraestructura pública e incluyente. Este fondo que se pretende desaparecer el próximo año, era para la adquisición de vehículos adaptados y construcción, reconstrucción, rehabilitación, ampliación y adaptación de infraestructura pública incluyente y su equipamiento en vías e inmuebles públicos, un piso parejo para nuestros hermanos con discapacidad. Hemos avanzado mucho en legislar, hay mucha conciencia. Ustedes nos lo han externado en las comisiones respectivas para integrar a la Constitución el derecho a la movilidad y la seguridad vial. Les pido el día de hoy que no generemos ninguna contradicción, entonces porque, pareciera que fue solamente un logro en papel, ya que se requieren los recursos para acceder a este derecho de movilidad que permita a todas las personas sin exclusión el transporte de manera digna y segura, y hoy se desaparece. No seamos incongruentes promoviendo por un lado el reconocimiento de la movilidad como derecho humano y, por otro, retirando los recursos que en los hechos hacían de este derecho una prioridad en el Estado. Antes no estaba en la Constitución, pero el gobierno anterior garantizó durante 6 años una asignación presupuestal de más de 3 mil 147 millones de pesos. Y ahora que este derecho está plasmado en nuestra Constitución contará con 0 pesos, es una aberración. Nuestra Constitución en su artículo 3o. mandata que es una obligación del Estado, como ustedes lo saben, garantizar el derecho a la educación, como un derecho humano que va desde la educación inicial hasta la universidad, pasando por los jóvenes que se encuentran cursando el nivel medio superior. Y que corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por este, además de ser obligatoria, universal, inclusiva y pública; es decir, para nuestros hermanos con discapacidad. De acuerdo con el Coneval, el 48 por ciento de la población con discapacidad se encuentra en un rezago educativo en comparación con el 15 por ciento de la población sin discapacidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, solo 46 por ciento de la población con discapacidad de 3 a 29 años, asistía a la escuela, en contraste con el 60 por ciento de las personas sin discapacidad en ese mismo rango de edad. Resulta fundamental que se acorte la brecha del rezago educativo entre los jóvenes que tienen alguna discapacidad y, aunque existe un marco jurídico que promueve la educación inclusiva, es indispensable tomar acciones y etiquetar estos recursos para que se cumpla de manera eficaz y eficiente esta inclusión. Por lo anterior, esta reserva propone que se puedan generar las condiciones para el presupuesto al Programa de Atención de los Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad. Apelo a que estas reservas en favor de la familia con discapacidad, en donde todos tenemos un compromiso muy grande como seres humanos, de hacerlos visibles e incluyentes, podamos de verdad resolverlo en el presupuesto y no solamente en las acciones paralelas. Es terrible dejar sin recursos la movilidad, la educación inclusiva, ya que lo que está en riesgo no es solamente la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en todo el país, se trata de su dignidad, de su independencia, de su libertad, de su preparación, de su felicidad, de asegurar un trato humano incluyente. Muy estimadas compañeras y compañeros diputados, no olviden que ya sea por edad avanzada o por accidente todos tenemos un pase a la discapacidad. Apelo a su generosidad y a su conciencia en esta agenda de inclusión, en favor de nuestras hermanas y hermanos con discapacidad. Gracias por su atención.