La diputada Teresa Guadalupe Reyes Sahagún: Buenas tardes, diputados y diputadas. El ejército mexicano actual tiene su origen en la disolución del ejército federal el 13 de agosto de 1914. Es también un ejército con un origen netamente popular. Históricamente, la misión del ejército y de la armada de México ha sido la salvaguarda de la soberanía nacional y su integridad territorial. Sin embargo, en particular en esta administración, se les ha utilizado en tareas de seguridad pública que son totalmente ajenas a la función sustantiva. El artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el fuero de guerra al que son sujetos los militares, esto es, se cuenta con un sistema disciplinario al que quedan sujetos sus integrantes. Desde luego que la existencia del fuero de guerra y de los tribunales militares representa un problema en virtud de que la Procuraduría de Justicia Militar y los impartidores de justicia militar no cuentan con la autonomía e independencia suficiente para desempeñar adecuadamente su tarea. Ambas instituciones dependen jerárquicamente del mando supremo, que lo es en su momento el presidente de la república, según se desprende del artículo 89, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 11, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Armada de México. En su carácter de mando supremo, el presidente de la república designa a los integrantes del Supremo Tribunal Militar, así como al procurador de Justicia Militar, con lo que no se garantiza la total independencia en la procuración e impartición de la justicia, máxime que el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su segundo párrafo, establece: El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación. En tal virtud, en lo que atañe a la justicia militar, el Poder Ejecutivo está realizando funciones formalmente jurisdiccionales que son propias del Poder Judicial de la federación. Por tanto, sobre la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación proponemos la adición del inciso n) al artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para ampliar la competencia de los jueces penales federales para que conozcan y resuelvan sobre la probable comisión de delitos previstos en el Código de Justicia Militar. Que quede claro, no estamos planteando la impunidad para nadie; lo que se pretende es que en materia de justicia militar rija el principio de la autonomía e independencia y no el de la subordinación jerárquica al superior del mando o al propio mando supremo. Si se pretende que la justicia militar sea impartida por los jueces penales federales integrantes del Poder Judicial de la Federación lo lógico es que la persecución de los delitos presuntamente cometidos por integrantes de las fuerzas armadas corra a cargo del Ministerio Público federal. Por ello, proponemos la reforma a la fracción I del artículo 4o. de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República para que los delitos previstos en el Código de Justicia Militar en lo que corresponde a la denuncia, integración de averiguación previa y ejercicio de la acción penal ante los jueces penales federales sea competencia de la Procuraduría General de la República. El artículo 20 de nuestra norma fundamental en el apartado B a que se refieren los derechos de toda persona imputada, en su fracción primera consagra el principio de la presunción de inocencia al establecer que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; pero, ¿qué es lo que ocurre con los integrantes de las fuerzas armadas que son sujetos a proceso penal ante la justicia militar? Antes de ser oídos y vencidos en el juicio se les descuenta hasta el 90 por ciento de sus haberes con base en el Reglamento de los Grupos Militares Procesados y Sentenciados, disposición a todas luces contraria al artículo 20 constitucional y también al artículo 5 de la propia Constitución, mismo que señala: Nadie puede ser privado del producto de su trabajo sino mediante resolución judicial. Por ello, proponemos la reforma al artículo 178 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos para que los militares que hayan sido sentenciados a penas privativas de libertad se les garantice el pago de al menos 50 por ciento de sus haberes. En el mismo caso, que los integrantes del Ejército y Fuerza Aérea, quienes integran la Armada de México y son sujetos a proceso, son víctimas de descuento en sus haberes, también de hasta el 90 por ciento sin que sean oídos y vencidos en juicio, por lo que resultan aplicables las mismas disposiciones constitucionales invocadas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. De este ordenamiento planteamos que se deroguen diversas disposiciones que tienen que ver con la Procuraduría de Justicia Militar y la justicia de dicho ámbito dejando subsistente lo que corresponde a los consejos de guerra en virtud de que se tiene la convicción de que en una guerra en la que nuestro país se ve inmerso es necesario contar con los órganos que apliquen la justicia militar de manera expedita, pronta y oportuna, como lo situación lo requiera, aceptando que la normatividad de la aplicación de la propia justicia militar, en el marco de nuestra propuesta, corresponde a los jueces penales federales. Solicito a la Presidencia que se inserte el texto completo en el Diario de los Debates. Gracias.