El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, mi intervención a favor del punto de acuerdo tiene que ver en primer término con la propia aprobación que el 24 de julio del año en curso realizara la Comisión Permanente de ambas Cámaras sobre este particular. En el dictamen aprobado el 24 de julio se resaltó que la Tercera Comisión de la Permanente compartió la preocupación y los planteamientos de los promoventes, de acuerdo a la obligación de las autoridades del trabajo de vigilar el cumplimiento de las normas laborales, así como la presentación que requirió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Energía, Función Pública y del director de la CFE, para proporcionar un informe detallado que esclarezca la imputación relativa a la desaparición de los 638 mil millones de pesos. En segundo término, el pronunciamiento a favor del punto de acuerdo por parte del Grupo Parlamentario del PRD tiene que ver con la justicia social y el respeto de los derechos laborales en las relaciones entre trabajadores y patrones, por los que históricamente hemos luchado y lo seguiremos haciendo. Es, por tanto, evidente la urgencia que existe al pago de las aportaciones del Fondo Mutualista, integrado en el Sindicato Único de Trabajadores de Electricistas de la República Mexicana, que durante 40 años les fue descontado por nómina a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y que el 25 de abril de 1999 la CFE y el Sindicato sustituyeron por el seguro colectivo correspondiente al bienio 1990-1992, sin que se les devolvieran sus aportaciones. De conformidad con el laudo emitido por la Junta Especial Número Cinco de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la CFE y el Sindicato están obligados al pago de las prestaciones demandadas por 8 mil 600 trabajadores, de los 96 mil que aportaron o les descontaron su dinero. Por tal motivo, consideramos que debe exhortarse a las autoridades involucradas a dar cumplimiento del laudo y los derechos en el tutelado; pero no a discreción. Que, en todo caso y como única alternativa viable, se embarguen y rematen bienes de la Comisión Federal y del sindicato, como autoridades directamente responsables. Que no se le caigan al pueblo otra vez los latrocinios a que son sometidos los trabajadores. Existen muchos antecedentes de deudas que por los malos manejos del gobierno terminaron en deudas públicas. Así tenemos, por citar algunos, al Fobaproa y el caso de los ex braceros, sin que se haya castigado a los responsables. Nadie sabe, nadie supo adónde quedó el dinero. Algunos hasta a los difuntos les van a echar la culpa, pero lo que conocemos todos es el robo que ha sufrido el pueblo de México, nuestro querido México. Por esta razón no permitiremos que, una vez más, se traslade el costo de ese tipo de fraudes a la ciudadanía. Apoyamos la aprobación de este punto de acuerdo y exigimos al Ejecutivo federal que remita de manera urgente el informe solicitado desde el mes de julio a la Secretarías de Trabajo y Previsión Social, Energía, Función Pública y Comisión Federal de Electricidad. Termino, presidente. Compañeros y compañeras, se trata de un laudo a favor de 8 mil 600 trabajadores que demandaron legítimamente el pago que les corresponde. Sin embargo, no olvidemos que fueron 96 mil trabajadores los que realizaron sus aportaciones durante 40 años, y por ello también deben quedar a salvo los derechos de las familias a las que les corresponde recibir ese ahorro y que están siendo vulneradas por la Comisión Federal de Electricidad y por el Sindicato Único de Trabajadores Electricista de la República Mexicana. Queda claro de nueva cuenta que la transparencia y rendición de cuentas son temas pendientes por resolver, y un gran reto para esta legislatura, por lo que espero estemos a la altura de las circunstancias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.