EL C. DIPUTADO RENE MEZA CABRERA: Con su permiso señor presidente. H. Asamblea. En razón al límite de tiempo solicito a esta presidencia sea publicada íntegramente la presente iniciativa en el Diario de Debates y la Gaceta Legislativa. Esta iniciativa de reformas al Artículo 82 Constitucional la presenté para su inclusión en el Orden del Día durante el primer período ordinario de sesiones el 9 de octubre del 2003, pero por alguna razón que no se me explicó quedó congelada, motivo por el cual le doy lectura seis meses después y por la razón fundamental de estar a mi consideración más completa de las dos posteriores. El proyecto que propongo se divide fundamentalmente en dos partes: la primera destaca la necesidad de actualizar la fracción VI que hace una relación de los funcionarios públicos que para ser presidente de la república, deben separarse de sus puestos, seis meses antes del día de la elección. Esta fracción VI en su penúltima reforma de diciembre de 1942, publicada el día 8 de enero siguiente, agregó a los Secretarios de Estado, al Procurador General de la República y de manera poca clara al Jefe o Secretario General del Departamento Administrativo, lo cual ha dado motivo a equivocaciones, porque se le ha confundido con un jefe o secretario único, cuando la limitación constitucional se refiere genéricamente a jefe o secretario general de cualquier secretaría de Estado, un puesto similar al oficial mayor o su equivalente lo cual se aclara si leemos los artículos 90, 92, 93, 110 y 111 constitucionales. Aun así la fracción VI ya está incompleta porque falta agregar a la relación al Consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, al Jefe del Gobierno del Distrito Federal, al Procurador General de Justicia del Distrito Federal y a los titulares de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y fideicomisos públicos. La objetividad, equidad y legitimidad que requiere la celebración de la elección presidencial debe tener como primer requisito que los candidatos contendientes lo hagan en igualdad de condiciones, sin ninguna ventaja o desventaja. Por eso se establece que ningún participante ocupe una posición que lo favorezca en detrimento de los otros, lo que ocurriría si alguno de los funcionarios que no están impedidos en la fracción vigente se presenta como candidato en la próxima elección del año 2006. De ahí la necesidad de adicionar esta fracción VI del artículo 82 constitucional como lo propongo en mi proyecto, actualizando la relación de funcionarios que deben separarse de sus puestos. La segunda parte se refiere a la reciente intención de algunos familiares de funcionarios que ocupan puestos de elección popular, de sucederlos en el cargo. Esta aspiración es lógica y es explicable, desafortunadamente la historia está repleta de ejemplos en que el procedimiento sucesorio o hereditario ha sido funesto para los pueblos que gobernó el descendiente de un gran soberano. Pocas son las excepciones, por esto las naciones al evolucionar al proyecto y a la modernidad, optan por los sistemas democráticos en donde se elige a los mejores para ejercer los puestos ejecutivos desechando regímenes dinásticos o hereditarios. En los sistemas democráticos la popularidad es un elemento determinante para ascender a los puestos directivos. La popularidad es una característica que le da al pueblo, mejor dicho, que se gana por el favor del pueblo y la cual obtiene el funcionario público que en realidad sirve a la comunidad que se desempeña. La popularidad es inherente a los cargos públicos, más aún cuanto más importante es la posición del gobernante, el clásico desde luego es el puesto del Presidente de la República, cuya popularidad se refleja en las personas que lo rodean, entre ellas sus familiares. Pero esta popularidad no es propia, es decir, no se adquiere por actividades que merecieran el reconocimiento de la población sino que es ficticia y al mismo tiempo engañosa. Ante la hipótesis de que un familiar de un funcionario de la elección popular en el caso concreto del Presidente de la República, quiera sucederlo basándose en la popularidad que recibe por reflejo y en la contienda electoral alcanza el triunfo sobre sus adversarios, su victoria podrá ser legal si cumplió con las reglas preestablecidas, pero no será legítima porque compitió con un atributo que no es propio. Dicho de otra manera la popularidad la llevó al triunfo, no es suya. Estas dos razones, la igualdad de los contendientes al no tener cargo público que pudiera favorecerlos y el establecer como impedimento de elegibilidad la relación familiar quien ocupa el puesto en la elección para suceder al Presidente de la República, me motivaron fundamentalmente para proponer la iniciativa que hoy presento a la consideración de esta Soberanía, consistente en reforma de la fracción VI y la adición de la fracción VIII al artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Me permití redactar la fracción VIII en términos enumerativos, para no disentir con el estilo de las demás fracciones de este numeral. Le agradeceré, señor presidente, disponga la publicación de la iniciativa y esta explicación en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.