La diputada Patricia Garduño Morales: Gracias señor Presidente. Señoras y señores legisladores: Con la creación de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de noviembre de 1996, se introdujo dentro del Sistema Jurídico Mexicano la figura de los llamados testigos protegidos. Con dicha incorporación se recogió la experiencia de otros países y los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano. La protección de testigos es una decisión acertada por este Poder Legislativo, que responde a la necesidad de buscar soluciones al problema de la creciente delincuencia organizada. Su incorporación representa un esfuerzo valioso para logra que la Procuraduría tenga mayores elementos para lograr la consignación, enjuiciamiento y sanción de quienes intervienen como sujetos activos en los delitos previstos por dicha ley. No obstante, consideramos que la protección prevista en el artículo 14 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, que consiste en la posibilidad de mantener bajo reserva hasta el ejercicio de la acción penal, la identidad de las personas que rindan testimonio en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, debe ser extensiva a todas aquellas personas que aun no fungiendo como testigos, vean amenazada su vida o su integridad con motivo de su intervención en una averiguación previa o proceso penal en contra de algún miembro de la delincuencia organizada, como pueden ser funcionarios del Poder Judicial de la Federación, peritos, víctimas e incluso cualquier otra persona con quien éstos tengan lazos afectivos, como puede ser el cónyuge, concubina y familiares, por mencionar algunos ejemplos. Con esto se busca en primer lugar cumplir con la obligación estatal de brindar protección y seguridad a las personas, más aún cuando la amenaza a su vida o integridad proviene de entes tan poderosos como los miembros de la delincuencia organizada. En segundo lugar, se busca generar un clima de mayor confianza y certidumbre en las instituciones encargadas de la administración e impartición de justicia. Consideramos que la debida protección y apoyo a aquéllas cuya declaración, testimonio, opinión técnica o actuación judicial sea contra la delincuencia organizada contribuirá a la detención y desarticulación de estos grupos organizados que ponen en grave riesgo el estado de derecho y la necesaria armonía social. En estos términos, las medidas de apoyo y protección son una respuesta a la sofisticación y perfeccionamiento que han alcanzado las organizaciones criminales y que obliga a los diferentes órdenes de gobierno a buscar alternativas de solución para lograr que la persecución, investigación y sanción de los delitos den mejores resultados. La revisión constante del marco jurídico que contempla los instrumentos y medios de prueba con que cuentan los órganos encargados de la investigación y persecución de los delitos, así como de los que deben resolver los procesos penales contra la delincuencia organizada, deben ser una tarea constante de este órgano colegiado. Por esta razón, la presente iniciativa introduce una serie de reglas para el apoyo y protección de personas que se encuentren expuestas a un riesgo por su intervención en procesos penales o investigaciones relacionadas contra la delincuencia organizada, entre las que se destacan las siguientes: Primero. Se sustituye la mención de apoyo y protección a jueces para referirse a todo funcionario del Poder Judicial de la Federación. Con dicha modificación, el supuesto jurídico hace extensivas las medidas para cualquier empleado o funcionario que intervenga no sólo durante el proceso penal sino incluso desde la averiguación previa con motivo de la comisión del delito de delincuencia organizada. Segundo. Se contempla que serán sujetos de apoyo y protección, además de las personas que se encuentren en peligro con motivo de su intervención en la averiguación previa o proceso penal, su cónyuge, concubina o concubino, familiares o cualquier otra persona con quien tenga lazos afectivos. Tercero. Se otorga a las personas el derecho de acudir ante el juez de distrito cuando la Procuraduría General de la República les niegue su incorporación al Programa Federal de Apoyo y Protección de Personas. El mismo derecho corresponderá al interesado cuando no se le haya incorporado al Programa de Protección o cuando, a su juicio, las medidas otorgadas resulten insuficientes. Para tal efecto, la Procuraduría deberá resolver dentro de las 48 horas siguientes a las que se hubiere recibido la petición. Cuarto. Se establece que contra las resoluciones que otorguen la procedencia de la incorporación al Programa Federal de Apoyo y Protección no procederá recurso legal alguno. Quinto. Considerando que es la propia Procuraduría General de la República la que mejor conoce las diferentes circunstancias que se presentan en la investigación y persecución de los delitos de la delincuencia organizada, se faculta al titular del Ministerio Público Federal para la elaboración y expedición del Programa Federal de Apoyo y Protección de Personas, señalándose expresamente en la ley las medidas de apoyo y protección que podrán otorgarse. Sexto. Dada la naturaleza del Programa Federal de Apoyo y Protección de Personas y la confidencialidad que debe haber en el manejo de la documentación o expedientes que se abran con motivo del otorgamiento de las medidas de apoyo y protección, se otorga la información relativa al Programa el carácter de reservada para efecto de la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Siete. No obstante lo anterior y con el objeto de evitar el manejo discrecional de los recursos que se aplican a dicho Programa, se establece que la información financiera, estadística y de evaluación del desempeño del mismo deberá remitirse anualmente al Congreso de la Unión. Ocho. Para preservar la confidencialidad de los datos de las personas incorporadas al Programa, así como cualquier otro tipo de información que ponga en riesgo su vida o integridad, se establecen como sanción las penas relativas a la violación de la confidencialidad en el delito contra la administración de justicia, de conformidad con el Código Penal Federal. Nueve. Considerando que las medidas de apoyo y protección son un instrumento para la debida administración de justicia, se establece que cuando se tenga la certeza de que la persona protegida se haya conducido falsamente o no cumpla con las obligaciones que establece la ley, la Procuraduría estará facultada para revocar el otorgamiento de dichas medidas. Sin embargo, con la finalidad de no dejar a las personas protegidas sin la posibilidad de oponerse a la revocación, se les concede el derecho de recurrir la referida revocación ante el órgano jurisdiccional. Es evidente que la presente propuesta se suma al esfuerzo de construcción de una nueva arquitectura de nuestras instituciones de administración y procuración de justicia que sirva mejor a los intereses de la población, en congruencia con la vigencia de los derechos humanos. Señor presidente, por economía parlamentaria no daré lectura al decreto, por lo que le solicito respetuosamente gire sus apreciables instrucciones para que el texto íntegro sea publicado en el Diario de los Debates. Muchas gracias.