EL C. DIP. JOSÉ LAMBERTO DÍAZ NIEBLAS: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea: En esta Quincuagésima Novena Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y considerando la importancia y urgencia de apoyar a los habitantes que viven en el medio rural, hago uso de esta tribuna para expresar lo siguiente: Al igual que muchos de ustedes, tengo por origen el campo y he llegado aquí con la responsabilidad de defender sus intereses; ustedes saben que durante muchos años la lucha agraria fue el motor del desarrollo social en México y que esta lucha vino a desembocar en la entrega de 30 mil ejidos y comunidades y a la creación de todo un aparato institucional en su apoyo. Sin embargo, también sabemos que el campo se encuentra desde hace más de 20 años en una profunda crisis, al dejar de crecer y generar los alimentos y productos que demanda su población y el bienestar general del país. Se tiene que reconocer de entrada, el debilitamiento creciente del Estado en su responsabilidad hacia el campo y con ello, la devastación de las redes institucionales y de fomento en el mundo agropecuario. No resulta ocioso insistir en algunos datos reveladores: en los últimos 20 años, el crédito de la banca disminuyó de 19 mil millones de pesos a nueve mil; la inversión productiva ejercida en el sector agropecuario, de acuerdo con la cifra del Informe de Gobierno, cayó de 20 mil millones a 973 millones; la producción de oleaginosas cayó a poco más de la tercera parte y los granos forrajeros apenas crecieron en una quinta parte en todo este tiempo. La superficie habilitada pasó de 7.3 millones de hectáreas a 1.5 millones; 69% de la población rural es pobre y de éstos, el 42% vive en miseria. Nuestra dependencia alimentaria ha crecido vertiginosamente, al grado que en el año 2000 más del 40% de nuestro consumo de los 10 productos básicos, dependía de la voluntad productiva de otros países, ésta es nuestra triste realidad. Es tiempo de asumir que estamos ante una emergencia nacional, derivada sin duda de una crisis de las políticas públicas y de las estrategias de desarrollo. Así, nuestra agricultura sufrió una verdadera agresión, ya que en forma casi simultánea abrimos nuestras fronteras por la vía de los tratados comerciales a una competencia injusta y desleal para nuestros productos y productores, pues nos hicieron competir con productos extranjeros de menor costo y fuertemente subsidiados en sus países de origen. De todas estas consecuencias negativas para nuestro campo, quien más ha sido afectado es el sector social, los ejidos y las comunidades. El Gobierno de la República se encuentra atrapado en el frenesí del cambio, pero debemos evitar que este cambio nos destruya e impulse el éxodo de campesinos a otros países. Considero, con carácter de urgente, debemos fijar nuestra posición como legisladores en los siguientes aspectos: el fortalecimiento de la dependencia del Ejecutivo Federal, encargada de la atención directa a la propiedad social y al campesinado del país; la posición definitiva con respecto a la apertura comercial derivada del Tratado de Libre Comercio y la política de subsidios de los países desarrollados. Asimismo, al Poder Legislativo le corresponderá activar y acelerar la promulgación de leyes y ordenamientos para articular una nueva red de apoyo al campo, para concluir en un esquema integral de crédito, subsidios, seguro, cadenas de comercialización, inversión en infraestructura, agroindustrias y profundizar en la elaboración de propuestas fiscales para recuperar la perspectiva de mediano y largo plazo, con fines de capitalización y crecimiento del campo mexicano. Por otro lado, es imperativo vincular, de una vez por todas, el ciclo de la reforma agraria al objetivo de reconstruir el aparato jurídico definitivo, que de certidumbre y estabilidad al desarrollo rural en México. Los rezagos e insuficiencias son muchas e importantes, pero ninguno es más grave que la pobreza que se concentra en el medio rural. Moderarla, combatirla y erradicarla, es el reto supremo de nuestro momento, de nuestra generación. Por todo lo anteriormente expuesto me permito presentar a su consideración el siguiente PUNTO DE ACUERDO: Unico.- Se exhorta al titular del Ejecutivo federal y a la dependencia responsable del Sector Agrario, impulsar en los términos de los Artículos 89 fracción I y 131 de la Carta Magna, una reforma agraria integral que atienda al desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y comunidades dentro de los programas de desarrollo rural. Señor presidente, en base al artículo 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y dada la urgencia y naturaleza del planteamiento, solicito que otorgue el trámite de urgente y obvia resolución. Palacio Legislativo de San Lázaro a 18 de noviembre de 2003. Firman la presente proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución los legisladores siguientes: Diputado Cruz López Aguilar, presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Diputado Javier Manzano Salazar, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas. Diputado Miguel Luna Hernández, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. Diputado Teófilo Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Reforma Agraria. Diputado Francisco Javier Obregón Espinosa, presidente de la Comisión de Pesca y Acuacultura. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias señoras y señores legisladores. -