El diputado Marcos Pérez Esquer: Gracias presidente. Antes de iniciar con la presentación de mi iniciativa quisiera solicitarle que, toda vez que tengo varias registradas para el día de hoy, las otras que tengo registradas, además de la que usted ya enunció, pudieran ser turnadas a la siguiente sesión. La propuesta que someto a consideración de esta soberanía reforma y adiciona el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso General con el objeto de subsanar la falta claridad de la que adolece el artículo 70 constitucional, lo que ha generado problemática al momento de su aplicación, misma que puede evitarse mediante la concreción de definiciones en el texto legal. Dicho precepto constitucional determina que las resoluciones del Congreso tendrán carácter de ley o decreto, sin definir lo que debe entenderse por una u otro; además, ningún otro precepto de la carta fundamental, o incluso de la ley, sienta bases para conceptualizar o delimitar ambos términos. La ausencia de definiciones en una norma constitucional no es un problema menor, pues de ello depende su eficacia y aplicabilidad. Por ello, el artículo 70 constitucional bien puede calificarse como una norma de eficacia limitada, en tanto que su estructura no es lo suficientemente completa para ser aplicada con facilidad, lo cual se corrobora con el hecho de que su aplicación ha generado una serie de inconvenientes o dificultades. Por citar un ejemplo: cuando el 30 de enero de 2001, el titular del Ejecutivo Federal emitió un decreto por el cual fijó el horario de verano, quedó de relieve -aun cuando no se trató de un acto del Poder Legislativo- la falta de claridad sobre la distinción entre un decreto y la ley. Fue a través de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se resolvió considerar ese acto que tenía la denominación formal de decreto, como una norma jurídica, pues reunía las características de generalidad y abstracción. Consecuentemente se propone reformar y adicionar en el artículo 3o. de la Ley Orgánica del Congreso, a fin de dar especificidad y concreción al artículo 70 constitucional en cuanto a lo que debe entenderse por ley y decreto sin que se estime conveniente modificar el propio texto constitucional con ese fin, dado que éste debe reservarse para establecer los principios y valores que nutren el Estado. Por lo que dentro del diseño constitucional no es recomendable establecer definiciones casuísticas, mismas que deben ser materia del desarrollo de la ley. Para dar contenido y significado a esas expresiones, en la iniciativa se plantea retomar la definición de ley y decreto en las normas constitucionales de 1836 y 1843 sí preveían, y que sin razón o justificación alguna desaparecieron de los ordenamientos posteriores. Conforme esos textos, el nombre de ley se asigna a aquellas resoluciones del Congreso que versan sobre materia de interés común dentro de la órbita de atribuciones del Poder Legislativo, en tanto que la nominación de decreto corresponde a las que dentro de la misma órbita sean solo relativas a determinados tiempos, lugares, corporaciones, establecimientos o personas. Con el mismo propósito de fortalecer la labor parlamentaria, se propone reconocer expresamente, como otro tipo de actos provenientes de este Poder, los acuerdos, figura que ha adquirido una relevancia significativa, no solo por su uso frecuente, sino porque ante la insuficiencia o ausencia de normatividad interior ha permitido al Congreso dar atención a situaciones propias de la vida legislativa, lo que a su vez ha evitado la parálisis y permitido una puntual manifestación de la pluralidad política. Hoy en día, a través de los acuerdos legislativos se ha venido a subsanar la falta de regulación en materias tales como los trámites que deben recaer en iniciativas y proposiciones que se presentan, el desarrollo de las sesiones, las formas y reglas de las discusiones, el procedimiento para revisión de los proyectos de ley y el método para emitir votaciones. En consecuencia con ello, se propone definir en la Ley Orgánica a los acuerdos como aquellas determinaciones o resoluciones que tienden a regular situaciones relacionadas con la organización, el funcionamiento interno o el correcto desarrollo del trabajo legislativo en cada una de las cámaras, las relaciones de éstas con el exterior o que implican un posicionamiento o definición respecto de problemas o asuntos de interés nacional. Es cuanto, presidente, muchas gracias.