La diputada Aleida Alavez Ruiz (vía telemática): A todas, a todos, escucho con atención a quienes me anteceden y cabría preguntar: ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no reformaron antes la Constitución para tener esta posibilidad de acceder a la justicia en el país? Es muy sencillo, porque ustedes no tuvieron un presidente como el nuestro que puede gozar de decirse honrado y de trabajar con honestidad, cosa que a ustedes no les queda claro ni lo sabrán hacer. Por eso, siguen regateando reformas como estas que hacen historia, les guste o no, porque esta legislatura se ha caracterizado precisamente por hacer historia. Avanzamos en un tema fundamental para la cuarta transformación, se eliminan los obstáculos a la justicia. En nuestro movimiento identificamos la corrupción como el peor de los males que aquejan al país, la restauración del Estado de derecho social y democrático es la única opción para afrontar los retos de la sociedad mexicana. Sin duda, nuestro desarrollo como nación dependerá del éxito de acabar con la corrupción. En México, según los datos de la Organización de las Naciones Unidas y de la Secretaría de la Función Pública, el costo de la corrupción oscilaba entre 5 y 10 por ciento del producto interno bruto, cuando la media internacional es de 5 por ciento de los gobiernos neoliberales. Nuestro país se encontraba en los últimos lugares del combate de la corrupción e impunidad. Recientemente, Transparencia Internacional en su índice de percepción de la corrupción señala que México ha recuperado 14 lugares en los dos últimos años. La corrupción se permitió de manera bochornosa desde los actores públicos y privados, por décadas enteras, en detrimento de los derechos humanos y de las grandes mayorías. Mientras unos cuantos se enriquecieron a costa de los bienes públicos y del poder, más de la mitad de los mexicanos fueron desterrados a la pobreza extrema, episodios tan vergonzosos como la casa blanca, la casa de Malinalco, los casos de los exgobernadores de Veracruz, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, entre otros, son paradigmáticos para los niveles de corrupción que alcanzaron. Esta insultante desigualdad solo es posible de concretarse a través de la complicidad de la clase política más alta del país. En congruencia con la lucha por acabar con la corrupción el presidente López Obrador buscó desde el comienzo de su mandato diluir los obstáculos que establecían a la figura presidencial como un monarca intocable, eso se acabó y ya quedó claro, el presidente de la República es un servidor público sujeto al escrutinio de la sociedad y, en consecuencia, puede ser investigado y, en su caso, procesado como cualquier ciudadano. Para hacer esto realidad, se ampliaron a todos los delitos los supuestos por los que el presidente puede ser acusado durante su mandato. Ya no hay una protección insuperable. Y, por otro lado, se diluye la barrera infranqueable que, para las deliberaciones de ambas cámaras, de proceder contra el titular del Ejecutivo federal, solo será una. En este sentido, se debe mencionar que las reformas al artículo 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tienen como propósito avanzar gradualmente en favor de la eliminación del fuero de los servidores públicos y de quienes lo ostentan, para contribuir a desaparecer esa brecha existente entre inmunidad e impunidad. El fuero es, según su génesis, un apoyo que se confiere a determinados servidores públicos, para salvaguardarlos de eventuales acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado dentro de un régimen democrático. Se mantiene la deliberación de la Cámara de Senadores como una medida contra las acusaciones frívolas y temerarias, aquellas que no persigan la justicia sino la inhabilitación política, cosa que hemos sufrido también. Sabemos que son capaces, en la oposición moralmente derrotada, el desafuero contra el entonces jefe de gobierno, por abrir una calle hacia un hospital, que fue el pretexto que usaron sus adversarios para pretender derrotar políticamente a un movimiento legítimo. Se revirtió en su contra esa burda pretensión, nuestro movimiento no solo no acabó sino se fortaleció en su calidad moral. Seguiremos haciendo historia, porque es un mandato de la gente, la población pidió un cambio verdadero, no una transición gatopardista. La transformación de nuestro país es una obligación de Estado en la que estamos comprometidos. Es cuanto.