La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Buenos días, compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la norma suprema de la nación. Es a través de ella que se expresan los principales valores de nuestra sociedad y se asientan las bases de nuestro sistema jurídico e institucional. Debido a tan alta dignidad jurídica su modificación no es una tarea menor, pues previamente puede efectuarse un profundo análisis de los problemas surgidos de la realidad histórica, que desemboque en soluciones racionales y que respondan tanto a las necesidades de las generaciones actuales como de las futuras. En esta tesitura, el dictamen a discusión parte del estudio de múltiples fenómenos que aquejan gravemente a nuestro país y propone como solución facultar al honorable Congreso de la Unión para expedir cuatro leyes generales, a efecto de establecer los principios y bases para la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en materia de métodos alternativos para solución de controversias, mejora regulatoria, justicia cívica e itinerante, así como el registro civil. De manera común las medidas propuestas conllevan un beneficio doble, pues por partes se establecen a través de las leyes generales, plataformas homogéneas y armónicas para los tres niveles de gobierno; mientras que, en el ámbito local, se permiten en los Congreso de las entidades federativas se nutran de la normatividad estatal, atendiendo a las circunstancias particulares en su entorno geográfico. Detallando las bondades específicas de cada una de las leyes a desarrollar, tenemos que al fomentarse el uso de métodos alternativos para la solución de controversias, además de contribuir a la despresurización del sistema judicial, se promueve la autocomposición de las partes, factor fundamental al menos de las recientes reformas de largo alcance en materia penal, mercantil y laboral. Por lo que hace a la mejora regulatoria, en Encuentro Social estamos convencidos en que la expedición de tal y general elevará sustancialmente el nivel de seguridad jurídica de los gobernados, pues se contará con el marco jurídico claro, congruente y consistente desde la normatividad local hasta la Constitución General, haciendo de la norma un instrumento accesible no solo del perito en derecho, sino para la totalidad de los individuos. Para cuando toca la materia de justicia cívica su regulación genera y resulta sumamente trascendente, pues asentará de manera común las bases mínimas de seguridad ciudadana en torno al urbano y así como la convivencia diaria. Para lo que hace a la justicia itinerante, el tratarse de una de las principales responsabilidades del Estado se considera que la expedición de la norma general resulta muy oportuna a efecto de establecer las condiciones en las que se deberá participar el Estado y el uso de sus facultades soberanas para dictar la resolución judicial en aquella localidades que por sus ubicaciones geográficas no se encuentren con órganos jurisdiccionales instalados permanentemente. Finalmente, en materia de registro civil, su regulación en el ámbito general permitirá como bien señala el dictamen, instrumentar el ejercicio del derecho humano a la identidad. Esto lo hará posible la optimización de procesos y subsanará la evaluación desigual de la actividad registral de las entidades federativas. Por las bondades expuestas, este Grupo Parlamentario de Encuentro Social saludamos la letra y el espíritu del dictamen y ofrecemos no sólo votar a favor, sino además de coadyuvar a dar permanentemente lustre y vigor a las leyes generales que harán... de la vida jurídica mexicana. Es todo y cuanto, señor presidente.