El diputado Ángel Benjamín Robles Montoya: Es de todos sabido, por lo menos debiese ser, justamente como lo sostiene Arantxa Tirado en su libro El lawfare, que se ha puesto de moda orquestar golpes de Estado en nombre de la ley, usando artimañas, calumnias para incriminar falsamente a los líderes del progresismo y la izquierda en Latinoamérica. Ya lo ha denunciado el presidente López Obrador, ante las acusaciones falsas del New York Times. Y no es casualidad, compañeras y compañeros, que, en estos momentos cruciales, en que se dirime un proceso electoral de enorme trascendencia para lograr la profundización de la cuarta transformación, pues se suscite una ofensiva mediática internacional, con acusaciones para manchar la Presidencia mexicana. Pero tampoco es casualidad, compañeras y compañeros, la ofensiva jurídica para buscar irracionalidades, como las que propone la magistrada Otálora, que pretende armar un cuadernillo de antecedentes que no tiene ningún fundamento legal, y que además amenaza con usarlo para resolver impugnaciones electorales que aún ni siquiera existen. A menos, por supuesto, que ya desde ahora la magistrada tenga la noticia de que las habrá. En cuyo caso pues habría que preguntarle si es adivina o simplemente si tiene relaciones políticas inconfesables. Lo que yo quiero denunciar es la intentona jurídica de generar un golpe de Estado blando, tal como lo ha dicho el presidente, a partir del caso del New York Times. Ellos, los autores de esta guerra híbrida, son los mismos que ampararon la corrupción, que, desde hace mucho tiempo, desde el Poder Judicial, han venido boicoteando la impartición de justicia, la protección de capos del narcotráfico en su carrera desesperada por contener el avance de la cuarta transformación. Ellos son los mismos, son los mismos que, en nombre de la democracia, propician la desaparición del Estado y la imposición de regímenes fascistas. Debemos, por lo tanto, advertir que no se trata de una acción aislada. Esta pretensión de armar un cuaderno de antecedentes, esta pretensión de deslegitimar los resultados de la próxima elección utilizando un cuaderno de antecedentes que supuestamente sancionaría actos que ni siquiera formaron parte del proceso electoral, evidentemente son parte de una concertación internacional que pretende descarrilar el proceso democrático mexicano, que pretende descarrilar al Estado nacional y que quiere, por todos los caminos, evitar el triunfo inminente de nuestro movimiento. Están enmarcadas dichas acciones en la intención de manchar el proceso electoral venidero para acusar de fraude de Estado a la legitimidad del inevitable triunfo de la cuarta transformación. Y es que saben perfectamente que seis años más de 4T son garantía de que desaparecerán del mapa político. Que es garantía de que al menos dos generaciones seguidas de mexicanos lleguen a tener la fuerza institucional para hacer irreversible el bienestar de la gente. Y ahora una muestra de parcialidad y sobrepasando sus atribuciones pretende crear un catálogo de sentencias contra el presidente de la República. Yo me pregunto: ¿de dónde cree la magistrada Otálora que puede hacer algo así? ¿De dónde cree que puede realizar un acto que no tiene base legal, pero cuyos efectos son enteramente políticos? El hecho de que diga que será utilizado para calificar la elección federal no es solamente un disparate, sino que además constituye una franca amenaza. Fíjense, fíjense compañeras y compañeros, nada más la gravedad del asunto: desde ahora está amenazando con resolver eventuales impugnaciones electorales con base en expedientes de actos cometidos fuera del proceso electoral. Ver para creer. Todavía ni siquiera existen esas impugnaciones, pero una magistrada ya está amenazando con resolverlas en base a actos anteriores al proceso electoral. Y qué curioso, que eso a ustedes, diputadas y diputados de la oposición y a sus pseudoperiodistas y pseudoanalistas no les parezca algo antidemocrático. Eso no les parece una muestra de parcialidad, eso no les parece una aplicación retroactiva prohibida por la Constitución. Y es que dice la magistrada Otálora que como el presidente no puede ser sancionado por la Sala Superior, pues entonces propone hacerle un cuaderno de antecedentes que no tiene absolutamente ningún sustento legal. Pues es que no le importa. Ella propone hacerlo de todas formas. Y la pregunta es: ¿si un cuaderno semejante no tiene sustento en la ley, entonces, pues cuál es la intención de hacerlo? ¿Acaso incidir en la elección? ¿Golpear políticamente al presidente? ¿Tratar de desacreditar a nuestro movimiento? ¿Para quién trabaja la magistrada Otálora? ¿Para quién trabajan, señoras y señores magistrados? ¿Para México o para la oposición? Un tribunal que sobrepasa sus atribuciones, que pretende actuar por encima de la ley, por encima de las facultades que este Congreso de la Unión le otorgó, que pretende convertirse en un actor político golpeteando al presidente de la República en lugar de ser un jugador imparcial, eso no lo podemos admitir. ¿Es ese tribunal el que va a calificar la elección presidencial? ¿Que desde ahora está amenazando con usar otros expedientes, que está advirtiendo sobre anular elecciones por presencia del crimen organizado, cuando todavía ni siquiera empiezan las campañas? Y todavía, y todavía se atreven a decir que el tribunal no se toca, pues con razón lo defienden tanto. En el PT, lo digo con firmeza, con claridad, externamos categóricamente nuestro rechazo al proyecto de la magistrada Otálora y su intención de abrir un cuaderno de antecedentes que no tiene ningún fundamento legal y que solamente tendría el efecto de hacerle el trabajo sucio a los opositores de este gobierno. Exigimos que desde la Sala Superior se respetan las atribuciones del Tribunal Electoral y que se honre y se enaltezca su papel como impartidor de una justicia electoral. El Tribunal no puede convertirse en actor político ni jugar a favor o en contra de nadie. Somos respetuosos, sí lo decimos, somos respetuosos de las autoridades electorales, pero no nos vamos a quedar callados ante injusticias, ante excesos, ante complicidades. No lo hicimos nosotros con el Poder Judicial y no lo haremos tampoco ante el eventual abuso de este Tribunal. Reitero, compañeras y compañeros, a nombre de las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expreso nuestra inconformidad por el proyecto se sentencia formulado en la ponencia de la magistrada Otálora, y que recae en el expediente SUP REP 39/2024. Estamos convencidos de que este proyecto debe ser rechazado por la mayoría del pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que es totalmente violatorio del principio rector de la materia electoral, que es el de la certeza como se aprecia, por lo tanto, este proyecto de resolución es invasivo, es nugatorio de las etapas del proceso electoral correspondiente, y si la magistrada ponente aplica retroactivamente los dichos del presidente, del primero de julio de 2023, que en plenitud de jurisdicción, entonces, como ella se justifica, que sancione otras conductas, esas sí claramente ilegales, como las de Vicente Fox en 2006 y como las de otros actores que han manchado la vida política electoral y a nuestra nación misma. Claudia Sheinbaum Pardo y Andrés Manuel López Obrador tienen en muchos legisladores de esta Cámara...