La diputada Tomasa Vives Preciado: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad nos otorga una definición según la cual se debe considerar como tal a aquellas personas que tengan deficiencias físicas, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. En México, la Ley General de las Personas con Discapacidad presenta una definición muy similar según la cual define a una persona con discapacidad como "toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social". Esta definición debe ser positiva para mejorar las actitudes de los demás y presentar un mayor conocimiento sobre este tema, para que valoren y acepten la discapacidad. Desafortunadamente, la forma en que la sociedad se refiere a las personas con discapacidad refleja una imagen negativa, en donde no se reflexiona que el hecho de la discapacidad es sólo una de las múltiples características que posee una persona, porque al considerarse sólo ese aspecto se nulifica la posibilidad de percibirla como otro ser del que podemos aprender y convivir; además de no respetar su dignidad y sus derechos. Debemos reconocer que si bien las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que el resto de la población, hoy día siguen enfrentando una serie de obstáculos que les dificultan e incluso les impiden, ejercerlos plenamente y participar de manera activa en la sociedad. Lo anterior, no obstante los avances logrados en materia legislativa y de política pública. Hoy en día, un porcentaje alto de la población con discapacidad es víctima de discriminación y a menudo se encuentra al margen del ejercicio de sus derechos humanos consagrados en la Constitución.De acuerdo a la primera encuesta nacional sobre discriminación en México en el 2005, los dos grupos que se perciben con más discriminación son las personas con discapacidad y los homosexuales. Con el propósito de contribuir al desarrollo integral e inclusión plena de las personas con discapacidad en la vida social, política y productiva del país, en absoluto respeto a sus derechos humanos y libertades fundamentales, esta iniciativa que hoy presentamos ante esta soberanía, busca fortalecer las atribuciones y el objeto del Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad y reforzar su integración para contribuir a sentar las bases de transición hacia un modelo social centrado en el ejercicio pleno de sus derechos de las personas con discapacidad. Durante muchos años la discapacidad se visualizó desde la perspectiva médica o desde el conocido modelo médico de la discapacidad, el cual se centra en los rasgos médicos de las personas, tales como sus discapacidades particulares, situando el problema en la persona asociándolo a ella y considerando ésta un objeto de la intervención clínica. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo del 2008, reconoce la universalidad de los derechos humanos y plantea un cambio de paradigma de un modelo estrictamente médico y asistencial en la atención de las personas con discapacidad, a un modelo basado en el reconocimiento de los derechos humanos en el que las personas con discapacidad son sujetos con la capacidad de lograr su pleno desarrollo mediante el ejercicio de sus derechos sociales, culturales, cívicos y políticos. En este sentido, con las modificaciones a la ley que se proponen, se pretende que el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad establezca, articule y coordine con perspectiva de derechos humanos el Programa Nacional para el Desarrollo de las Personas con Discapacidad, y demás acciones y programas que generen la igualdad de oportunidades para estas personas. Compañeras y compañeros legisladores, esta propuesta de reforma a la Ley General de las Personas con Discapacidad busca coadyuvar en la definición de las bases legales para transitar de una política asistencialista para personas con discapacidad, a una política que facilite el ejercicio pleno de sus derechos, así como su participación efectiva en la vida social, económica y política del país, en condiciones de igualdad de oportunidades con los demás miembros de la sociedad. La ponemos a su consideración para que la enriquezcan y la impulsemos juntos, por una cultura de la inclusión e incorporación de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias.