El diputado Mariano Lara Salazar: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy llega a su fin un largo proceso legislativo al aprobar la minuta por la que se modifican los artículos 3o., fracción VIII; 4o., fracción III; 27, párrafo tercero; 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81 del decreto de la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobado por el Congreso de la Unión. Contamos con una estructura constitucional sólida, la cual nos permite analizar y reconocer, cuando es el caso, que las normas aprobadas por ambas Cámaras pueden ser más claras y precisas. El Ejecutivo federal hizo uso de la facultad que le confiere la fracción B del artículo 72 de nuestra Constitución, para devolver el decreto por el que se expide la Ley General del Sistema General Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En Nueva Alianza sabemos que no hay marcha atrás en la integración del Sistema Nacional Anticorrupción. Hemos estado del lado de esta iniciativa ya que en ella, como nunca antes, se vio la decidida participación de la sociedad. Recordemos que este ejercicio inicio de una sentida demanda de los mexicanos: la necesidad de combatir de forma decidida y ejemplar los actos de corrupción. Durante el proceso legislativo algunas de las disposiciones aprobadas, de aplicarse, afectarían a un enorme sector de la población, ya que las obligaciones contenidas podrían constituir una intromisión en la esfera jurídica de las esferas jurídicas y morales. A lo largo de las discusiones y negociaciones del marco jurídico derivado del precepto constitucional referido, quedó claro que su espíritu y esencia es combatir e impedir los actos de corrupción. Esto incluye a quien incurre en faltas administrativas, mismas que se precisan en la ley y son acordes con la Constitución. Hemos tenido la oportunidad de analizar y perfeccionar la redacción de esta ley, de esta manera la minuta se establece en el artículo 32, que solo los servidores públicos estarán obligados a presentar sus declaraciones, es decir, que las personas físicas o morales ya no serán sujetos obligados. Del mismo modo, se elimina la posibilidad de que las Secretarías y los órganos internos de control realicen una verificación aleatoria de las declaraciones de los particulares, así como de las sanciones en caso de no presentarlas. Asimismo, se descarta la obligación de los particulares para presentar la inscripción de los datos públicos en el sistema de evolución patrimonial, su declaración de intereses y de constancias de presentación de declaración fiscal de la plataforma digital nacional, así como la inscripción de la constancia que emita la autoridad fiscal sobre la presentación de su declaración anual de impuestos. Queremos que se castigue la corrupción y a los funcionarios y que en ella incurren, que ése es el objetivo de la ley y del sistema en todo su conjunto, no podemos distraer nuestra atención de dicho propósito. No quiero dejar de mencionar la importancia que los medios electrónicos y las redes sociales han tenido en la discusión de estas reformas, sobre todo en lo que se refiere a la contribución de la sociedad. Celebramos esa participación, eso es sano en toda democracia. Un gobierno democrático y honesto se debe sostener con base en la mayor publicidad y transparencia en sus acciones. Ésta es la forma de legitimar la gestión gubernamental y de recuperar la confianza de las instituciones. Escuchamos la voz de la ciudadanía, tengan la certeza de que actuaremos en consecuencia. Nuestra apertura a la discusión, al diálogo y a la construcción de acuerdos y a las nuevas ideas no termina con la aprobación y la publicación del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes que lo conforman. Estaremos atentos a la aplicación del marco normativo que hemos aprobado, a fin de que cumpla con las expectativas de todos los mexicanos. En Nueva Alianza los retos de México son nuestro impulso. Muchas gracias.