EL C. DIPUTADO FRANCISCO JAVIER SAUCEDO PÉREZ (PRD): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: "Vengo a traer una proposición de punto de acuerdo para exhortar al Poder Ejecutivo la liberación del ciudadano vascomexicano Lorenzo Llona Olalde. "El ciudadano mexicano de origen vasco Lorenzo Llona Olalde fue detenido el pasado día 26 de abril en la ciudad de Zacatecas, donde vivía y trabajaba. Se le acusa de haber cometido una acción armada que costó la vida de tres personas dentro de la organización ETA en España, en el año de 1981. "Lorenzo Llona Olalde llegó a nuestro país el 19 de noviembre de 1980, se refugió como otros miles de vascos de la represión del gobierno español, la tortura, la cárcel, los grupos paramilitares. En México comenzó una nueva vida. Se casó con una mexicana en 1982, tuvo tres hijos mexicanos y en 1993 obtuvo la nacionalidad. "La entrada en el país, como lo ha sido toda su estancia, fue totalmente legal. El pasado mes de marzo Lorenzo Llona recibió la visita de policías españoles y mexicanos, que lo presionaron para que colaborara con ellos en proporcionarles información sobre el grupo de exiliados políticos que residen en México. Lorenzo Llona se negó y le advirtieron que esa respuesta tendría consecuencias funestas para él y su familia. La amenaza se cumplió el 26 de abril con su detención. "A Lorenzo Llona Olalde se le acusa de haber participado en una acción que nunca pudo haber cometido, pues se hallaba en México cuando ocurrieron los hechos que se le imputan. Cuenta con todos los documentos que acreditan su estancia en el país en la misma fecha en que era llevada a cabo la acción armada en el pueblo de Tolosa, España; ésta se produjo el 24 de junio de 1981, misma fecha en que a Lorenzo le fueron expedidos los recibos para la obtención del formado FM3. Lorenzo realizó el pago en persona el 25 de junio de 1981, a raíz de una notificación del 29 de mayo de 1981. Migración hizo esta notificación a Lorenzo Llona Olalde en Querétaro y le comunicaba que ya estaba la autorización para que trabajara en el país y que debía realizar los pagos correspondientes. "Ese mismo día, aprovechando su viaje de Querétaro al Distrito Federal, realizó trámites en la Secretaría de Hacienda y en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Su esposa ha localizado a media docena de personas entre jefes y compañeros de trabajo que confirman la obtención de un empleo como gerente de ventas en una maderería que comerciaba en el Bajío y que están dispuestas a testificar que se presentó todos los días a trabajar sin ausentarse. "La detención de Lorenzo y la petición de extradición enviada por el gobierno español son injustificadas. "La defensa de Lorenzo Llona Olalde ha presentado ya una solicitud de amparo contra la decisión del Juez de lo Penal, licenciado Ranulfo Castillo, que en días pasados decidió dar el visto bueno a la petición de extradición por parte de las autoridades españolas. "La defensa ha exhortado al presidente Vicente Fox a que no ejecute la orden de extradición. "El proceso de extradición contra Lorenzo Llona se encuentra en fase definitoria. El caso está ahora en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que deberá decidir en los próximos días. "En estos momentos podemos confiar en que se estime el recurso interpuesto en favor del preso político y se analicen al detalle las pruebas de descargo presentadas y que el juez no tomó en cuenta. En esos documentos aparece incluso su huella digital. "De conformidad con el artículo 7 del Tratado de Extradición celebrado entre México y España, el Presidente de la República está facultado para impedir que un connacional sea extraditado si lo considera conveniente. Por ello, a través de este punto de acuerdo nos dirigimos directamente al presidente Vicente Fox. "De concretarse la extradición de Lorenzo Llona, nuestro país estaría cediendo parte importante de su soberanía ante la presión del gobierno español. "Cada día que pasa la justicia mexicana se resquebraja, pues mantiene preso a un ciudadano mexicano por naturalización sin juicio alguno. "Por lo antes expuesto, los firmantes, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a esta soberanía el siguiente: "Punto de Acuerdo "Único.- La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Poder Ejecutivo de la Unión para detener el proceso de extradición del ciudadano Lorenzo Llona Olalde, de conformidad con el artículo 7 del Tratado de Extradición celebrado entre los gobiernos de México y España y que por consecuencia traería su inmediata libertad. "Por el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, firman: Dip. Francisco Saucedo Pérez, el de la voz; Dip. Pablo Gómez Alvarez; Dip. Eduardo Espinosa, Dip. Iván García Solís; Dip. Eliana García; Dip. Rocío Sánchez". Anexo más firmas de diputados del Grupo Parlamentario del PRD. "Por el Partido del Trabajo: Alejandro González Yánez, Pedro Vázquez González y más firmas de compañeros Diputados del PT, por el Grupo Parlamentario de Convergencia, Jesús Martínez Alvarez, Luis Maldonado Venegas, más firmas del Grupo Parlamentario de Convergencia. Dejo a la Secretaría el documento, señor Presidente. -EL C. PRESIDENTE. Gracias señor Diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. En tanto se designa a la Comisión, consérvese en la Dirección de Proceso Legislativo. En el siguiente punto de la Orden del Día, se harán comentarios respecto a la Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de 3 de Septiembre de 2003. Se han registrado para intervenir en este tema, los siguientes señores Diputados: Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista de México: Luis Maldonado Venegas del Partido de Convergencia; Francisco Amadeo Espinosa ramos, del Partido del Trabajo; Horacio Duarte Olivares del Partido de la Revolución Democrática; Rubén Mendoza Ayala del Partido Acción Nacional y Rebeca Godínez y Bravo del Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia tiene el uso de la palabra, el Diputado Manuel Velasco Coello del Partido Verde Ecologista de México hasta por diez minutos. --EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO. Con la venia de la Presidencia. Honorable Asamblea, compañeras y compañeros Diputados. El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México hace uso de esta tribuna para denunciar los ultrajes que hemos padecido los militantes del Partido Verde, por culpa de un Gobierno títere, de ultraderecha revanchista y enajenada de poder. Ultrajes que han sido perpetuados sistemáticamente por los círculos de poder, amparados por la perversa complicidad de la Presidencia de la República. El día de ayer, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió de manera incongruente y sin apego a Derecho, un juicio que afecta sensiblemente la vida democrática del país y particularmente al partido que represento en este Congreso por mandato popular. A nivel procedimental, la Resolución emanada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es insólita, quizá parecida a la resentida por otro partido político aquí representado y en la cual, con base en presunciones y sin estricto apego al principio de legalidad lo sancionó económicamente causando una grave afectación a sus intereses por situarse esta en tiempos electorales y con la complacencia presumible del Ejecutivo Federal y de la entonces extinta Contraloría de la Federación. (aplausos) El Tribunal Electoral tiende a una marcada complicidad con el Ejecutivo para afectar a todos aquellos que no responden a sus intereses como lo somos todos los partidos de oposición al régimen. Hacemos del conocimiento público que anteriores Resoluciones de dicho Tribunal no han manifestado ninguna inconstitucionalidad en los Estatutos del Partido Verde, situación que merece la sospecha y un reclamo ante la ligereza de interpretación jurídica del Tribunal Electoral. Censuramos la causa que motivaron estas penosas situaciones y por las que nos vemos obligados a hacer un claro pronunciamiento acerca de la necesidad de proteger el mandato popular que le otorgó al Partido Verde el 7% de la votación nacional respetando los derechos cívicos de todos los ciudadanos. Estamos en presencia de un asunto sumamente grave, lo ocurrido ayer no es ni más ni menos que un espectáculo más de las autoridades electorales y no es el único sino que ha habido antecedentes en diversas resoluciones en las cuales, sin acatar la legalidad y el deber de juzgar con la ley y la razón, se realizan con intereses y complicidades con otro poder; por ello, tengo que hacer una censura ante la parcialidad en estas instituciones y demostrar que el estado de derecho puede ser defendido en cualquier circunstancia. Es el momento de acotar las ilegalidades, es el momento de excluir cualquier facultad meta constitucional en estos órganos para que se dignifique la justicia y para que sea posible el Estado e imperio del derecho. Los magistrados deben responder oportunamente a las expectativas que ha depositado la ciudadanía en los órganos encargados de vigilar y procurar el correcto desarrollo de la actividad democrática y no provocar incertidumbre donde ya existe certeza y no debilitar el imperio de la justicia y legalidad ante la facilidad de responder a intereses políticos. La nula capacidad del Gobierno para concretar los pocos proyectos que propone, le ha provocado dirigir sus ataques en contra del partido político menos sancionado por las autoridades electorales. Ensuciando al más limpio en el juego democrático, pretende disimular sus ineptitudes y diferencias internas. Lo paradójico del caso que enfrentamos el día de hoy, es que cuando se consideraba extintos los vicios del pasado, surgen nuevos ataques con tintes de revanchismo a través del Presidente del Tribunal Electoral el cual ha inducido a sus compañeros en la parcialidad para sus determinaciones. Compañeras y compañeros: Denunciamos la falta de capacidad jurídica del Tribunal, el cual se asignó atribuciones fuera de su ámbito y marco jurídico para agraviar al primero de una lista de opositores al Gobierno. De igual forma, no debe pasar desapercibido que ese Tribunal, de manera por demás absurda y antijurídica, rechazara los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, los cuales cumplen con todos los extremos a los que se refiere el artículo 38, párrafo primero del Código Federal de Institutos y Procedimientos Electorales. (aplausos) La pretensión de pisotear por esta vía los estatutos del Partido Verde, es irracional porque de conformidad con todos los ordenamientos legales aplicables, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación carece de facultades para revisar y resolver la legalidad y constitucionalidad de las resoluciones del Consejo General del Instituto Federal Electoral en materia de aprobación de modificaciones a los estatutos de los partidos políticos. El pretender que los órganos jurisdiccionales deban dictar una sentencia de nulidad en contra de un acto de autoridad, sería tanto como dar facultad a cualquier gobernado de que impugne cualquier acto de autoridad sin tener el menor interés ya no digamos jurídico- para demandar la acción de los tribunales. El permitir que se consoliden espacios de parcialidad, conlleva a un estado de indefensión para los actores políticos del derecho electoral y a la impunidad por parte de las autoridades. Por ello, el Partido Verde Ecologista de México denuncia estas ilegalidades cotidianas de cara a todos y cada uno de los ciudadanos que favorecieron con su sufragio lo que nos lleva a afirmar que tenemos dignidad democrática. (aplausos) De esta forma, el Partido Verde Ecologista de México documentará la clara violación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a la Ley Electoral y su clara intención de influir en la vida interna de los partidos políticos. Por esa causa, estamos analizando con toda seriedad presentar una solicitud de juicio político en contra de los magistrados de ése Tribunal. La ley debe aplicarse y no debe usarse para esconder el fracaso y la inoperancia. El Tribunal Electoral ha privilegiado el uso político en sus determinaciones, en lugar de aplicar la justicia, la ley y el derecho. El Partido Verde Ecologista de México seguirá luchando por los valores que le han dado prestigio en la lucha política por un México sustentable. A los que, con invenciones y conspiraciones nos quieren socavar, les decimos que midan sus embates, porque no cederemos ante las calumnias y las falsas acusaciones que sólo buscan desestabilizar la contienda democrática. Muchas gracias. -