La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el día de hoy acudo a esta tribuna a presentar dos iniciativas como ya se ha dicho relativas a la protección de los derechos humanos y derechos de las víctimas. En la primera, propongo protección a las niñas, niños y adolescentes que han perdido a su padre o a su madre por un hecho victimizante. Ante la grave crisis de derechos humanos que se viven en el país, se debe garantizar por parte del Estado, no solo la no repetición de estos hechos, sino la protección también, de los huérfanos de estos acontecimientos. El Estado mexicano debe garantizar la reparación integral que particularmente esta iniciativa hace énfasis en la protección de los menores huérfanos que deberían de ser preocupación de todas y de todos nosotros. La reforma a los artículos 8, 47 y 51 de la Ley General de Víctimas en materia de menores de edad que hayan quedado en la orfandad a consecuencia de un hecho victimizante, señala que se debe de dotar de facultades a la CEAV y a las comisiones de víctimas locales para que puedan eximir a las víctimas de la obligación de presentar la comprobación de pagos académicos. Por otra parte, que las víctimas inscritas en el Registro Nacional de Víctimas tengan el derecho a la exención de todo tipo de costos académicos en las instituciones públicas, desde el nivel preescolar hasta la formación universitaria. Que las víctimas tengan derecho además a recibir con cargo a los fondos estatal o nacional según corresponda becas completas de estudio en instituciones públicas como mínimo hasta la educación universitaria. Dichas becas deben incluir además, de todo lo relativo a los estudios, la cantidad mensual necesaria para su desarrollo integral hasta cumplir la mayoría de edad. Recibir estas becas completas y el apoyo económico para cubrir necesidades básicas con lo que se garantice el desarrollo integral que está en riesgo al quedar sin la figura materna o paterna, o incluso sin ambas figuras por el hecho victimizante. Compañeras y compañeros quisiera que pudiéramos poner atención en varios hechos. Lo primero es que estudios de organizaciones no gubernamentales señalan alrededor de 30 mil menores huérfanos por hechos victimizantes. Aunado a esto, no se conoce el número preciso, pero tampoco su paradero, y no hay ningún órgano atendiendo esa situación... Perdón. Esa iniciativa que se presenta es para que los hijos e hijas de esas personas que no debieron irse por hechos victimizantes queden atendidos. La segunda iniciativa que presento es para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos en las transmisiones de radio y televisión, haciendo exigible a la Secretaría de Gobernación el verificar que los criterios de la clasificación garantice la protección de los derechos humanos. La reforma al artículo 217, fracción VIII, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para garantizar la protección y respeto de los derechos humanos. La iniciativa busca establecer que corresponderá a la Secretaría de Gobernación verificar que las transmisiones de radio y televisión cumplan con los criterios de clasificación que se emitan en términos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, garantizando la protección y respeto de los derechos humanos. Lo anterior tiene como finalidad garantizar la protección de los derechos reconocidos en el artículo 4o. constitucional, a partir de la reforma de 2011, específicamente evitando la reproducción de estereotipos de género o de cualquier otra índole y de actos discriminatorios en la programación de radio y televisión. Al respecto el propio Instituto Federal de Telecomunicaciones ha señalado que los niños en México ocupan el primer lugar en horas frente a la televisión, es decir, nuestros niños están alrededor de 4.34 horas diarias al frente de un televisor. Sin embargo, la programación que las niñas y los niños ven en estos medios de comunicación no es apta ni está diseñada para ellos, es decir que un niño o una niña en nuestro país ve 740 veces más telenovelas que programas culturales o incluso programas infantiles. Tomando ese tiempo frente a la televisión como factor determinante en el desarrollo de las niñas y los niños, el propio artículo 4o. constitucional, párrafo décimo, señala que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez. Quiero aprovechar, compañeras diputadas y diputados, para además de estas iniciativas señalar que he presentado tres puntos de acuerdo. El primero exhortando al presidente de la República, para que se publique ya la Ley General de Desaparición Forzada, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores ya desde el 12 de octubre. Otro exhorto es al Poder Ejecutivo federal, para que permita la visita del Comité Contra la Desaparición Forzada de Personas, de Naciones Unidas, a nuestro país según se establece en el artículo 33 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra la Desaparición Forzada. Finalmente, exhortar al presidente de la República a efecto de que, de conformidad con lo establecido en los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra la Desaparición Forzada, declare el reconocimiento del Estado mexicano de la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada para recibir y examinar las comunicaciones presentadas por personas que se encuentren bajo su jurisdicción o en el nombre de ellas, que argumenten ser víctimas de violaciones de los derechos humanos por el Estado mexicano. Agradeciendo de todas y de todos ustedes su atención a estas dos iniciativas, es cuanto, presidenta.