La diputada Alliet Mariana Bautista Bravo: Compañeras, compañeros diputados. Presento esta reserva preocupada por los riesgos que esta ley genera para el debido respeto y la oportuna defensa y garantía de los derechos humanos de todos aquellos que poseen ejidos, que están en algunas comunidades y que son propietarios de tierras que pudieran ser afectados por la decisión de los órganos reguladores de otorgar contratos, permisos y autorizaciones de acuerdo con el artículo 33 de esta ley. Lo anterior abre el riesgo de violaciones recurrentes y sistemáticas en las que su interpretación y aplicación inexorablemente tendrá impacto en la esfera jurídica de millones de mexicanas y mexicanos. Así procedo a manifestar mi rechazo al contenido en el artículo 27 de esta ley, y que niega la suspensión del acto reclamado en aquellos casos en que los sujetos afectados por los actos u omisiones de los órganos reguladores coordinados en materia energética decidan proteger y hacer valer sus derechos fundamentales a través de la promoción del juicio de amparo por la vía indirecta. Por eso resulta de vital trascendencia que los tribunales jurisdiccionales, que velan por el cumplimiento de nuestra norma fundamental, estén en la posibilidad de poder resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del o de los actos de autoridad de los órganos reguladores reclamables. Por eso, en el momento procesal oportuno se debe conceder el amparo y la protección de la justicia de la nación a quien así lo haya solicitado. Expuesto lo anterior me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea una propuesta de modificación al texto del artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, con el propósito de establecer, insisto, la procedencia de la suspensión del acto reclamado en cuanto dé inicio a un proceso de carácter constitucional, en tanto el juzgado que resulte competente en función de la materia y del territorio en donde se haya ejecutado no resuelva sobre la existencia o la realización de actos inconstitucionales por parte de estos órganos reguladores. Asimismo propongo eliminar los párrafos segundo y tercero del artículo en cuestión, con la finalidad de posibilitar la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios que prescriben las leyes administrativas en contra de los acuerdos y resoluciones que adopten los órganos reguladores coordinados en materia energética, y que se encuentren afectados de ilegalidad. De esa manera cuando los tribunales competentes, previa substanciación y desahogo del recurso correspondiente con apego a las formalidades esenciales que la ley establece, concluyan si es de confirmarse se revocará o modificará el asentido de la determinación impugnada. Por otra parte, no puedo dejar de señalar que en realidad interpuse muchas más reservas contra el consejo consultivo, que es muy preocupante por la forma en la que se eligen a los comisionados, por el riesgo que significa la posibilidad de que los órganos reguladores dispongan de los ingresos derivados de sus funciones, lo que podría volverlos mercenarios; por la falta de disposiciones para una coordinación eficiente entre las entidades del sector energético para impulsar una estrategia nacional, en fin. No estoy de acuerdo con estas reformas, su diseño impide corregirlas con reservas. Habrá que derogarlas por otras realmente adecuadas para el desarrollo de nuestro México y los mexicanos, y no de los extranjeros. Muchas gracias.