El diputado Armando Antonio Gómez Betancourt: Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por la oportunidad de hacer efectivo el derecho que tenemos los legisladores para expresar reflexiones e ideas relacionados con esta fecha tan sensible y tan importante en la historia de nuestro país. Lo expreso no solo como legislador, sino también como maestro normalista. Crecimos siempre con expectativas de un cambio profundo cuando estás en el aula, de mandar mensajes a tus alumnos, darles la posibilidad de la creación de un país mejor, de un mundo mejor. Me expreso como legislador, lo expreso como normalista y también lo expreso como un padre que ha perdido a su hijo en un acto de absoluta contra natura, por eso entiendo el sentir de los 43, de sus familias, de los que hoy están con nosotros. Nada predice mejor el comportamiento futuro de una sociedad, como la impunidad de su pasado. Así lo escribió Jane Mayer, en The New Yorker. Lograr un México en paz, con justicia y dignidad, como al que aspiramos todas y todos los mexicanos pasa inexorablemente por reconocer el pasado y asumir responsabilidades que a cada uno nos tocan como miembros de un Estado democrático y de derecho. Por las accione u omisiones que pudieran haberse cometido en contra de los derechos de un grupo colectivo. En otras palabras, conocer nuestra historia es crucial para construir un mejor mañana y se debe entender que todo pasado, por lejano que sea, tanto presente como futuro, define a las personas, a los gobiernos y a las sociedades enteras. Los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre del 2014, representan en la historia de nuestro país una de las páginas más negras para la justicia y la verdad. Acontecimientos como los que tuvieron lugar aquellos trágicos días en la zona de Iguala, en el estado de Guerrero, con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural, Raúl Isidro Burgos, son parte de un México que estamos dejando atrás, pero que no podríamos superar del todo, si no resolvemos en el presente lo ocurrido en el pasado y que hoy sigue avergonzándonos como sociedad y ensombreciendo nuestro futuro como nación. Tenemos todos, con los 43 desaparecidos, todos, una deuda moral por el simple hecho de ser representantes populares y ser servidores públicos, deuda que tenemos el compromiso de saldar, contribuyendo con lo que nos corresponde desde aquí, desde la casa del pueblo, para esclarecer lo ocurrido la noche negra de Iguala. Compañeras y compañeros legisladores, necesitamos entender que el derecho a la verdad representa una premisa fundamental para toda sociedad. Y, por ello, estamos obligados todos a luchar desde cada una de nuestras trincheras por este noble e indispensable valor que requiere la ciudadanía para confiar en sus instituciones. Por esta razón no mentir y no traicionar son, como lo ha reiterado el presidente, dos principios básicos del nuevo régimen que se está construyendo. Después de los trágicos 26 y 27 de septiembre de 2014 comenzó la mistificación de un concepto básico de derecho. El gobierno en turno manejó lo que a la postre caería por su propio peso. Una verdad histórica que ni era verdad ni mucho menos histórica, sino el reflejo de la descomposición de la cual fueron objeto las instituciones de procuración y administración de justicia en nuestro país en esa época, resultado de años de corrupción e impunidad. Además, el enquistamiento de la delincuencia organizada en la política nacional. Enmedio de esta podredumbre quedó el alma de 43 estudiantes, 43 maestros rurales que hoy no están en sus aulas, 43 maestros rurales que ya no pudieron inculcar en sus alumnos la convicción por una lucha social y por la construcción de un mejor país. 43 personas, hijos, hermanos, esposos, padres, amigos de los que sus seres queridos apenas tienen algunos indicios de lo que sucedió con ellos. La cuarta transformación no solo ha expresado su voluntad de llegar a la verdad en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, sino que además lo ha establecido como un compromiso de gobierno. En este sentido, el propio presidente de la República ha solicitado al primer ministro de Israel la extradición de Tomás Zerón, ubicado por las autoridades en aquel país y señalado como uno de los responsables de la construcción de la mal llamada verdad histórica. Es decir, uno de los responsables de que hace siete años en la noche negra de Iguala estemos tan lejos de saber qué fue lo que realmente sucedió. Según los reportes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, enfocados en realizar una investigación paralela a los acontecimientos ocurridos en Iguala, el caso de Ayotzinapa representa un compendio de delitos, como lo son: tortura, desaparición forzada de personas, delitos contra la administración de justicia, homicidio doloso, corrupción y la delincuencia organizada, que no podemos permitir que sigan presentándose en nuestro país y, mucho menos y mucho menos como lo dije al principio de mi intervención, ello llena de vergüenza nuestro presente y ensombrece nuestro futuro como nación. Por lo anterior, reitero que hoy estamos frente a una gran oportunidad de comenzar a saldar la deuda que tenemos con un país y su historia. Cuando digo comenzar me refiero solo a un aspecto técnico, porque la desaparición de 43 estudiantes, el dolor de sus familias y amigos con motivo de su ausencia jamás lo podremos menguar, porque es incalculable, en algunos casos irreparable. En el presente tenemos la oportunidad de reformar el poder y sus instituciones para que nunca más en México sea posible atentar tan brutalmente contra los jóvenes, contra de los estudiantes, en contra de quienes luchan por la construcción de un mejor país y que esas agresiones jamás queden impunes. Durante las primeras sesiones de la presente legislatura se han aprobado ordenamientos que refrendan el compromiso y la convicción de quienes respaldamos la cuarta transformación de la vida pública de nuestro país, al combatir firmemente y sin pretextos la corrupción y la impunidad, como se ha hecho desde 2018, por virtud de un mandato de la sociedad que se expresó en las urnas, manifestando su hartazgo con el viejo régimen y sus peores prácticas, las cuales no van a volver a repetirse en México. Evitar más casos como el de los normalistas de Ayotzinapa solo puede ser posible mediante el impulso de un modelo de instituciones y mecanismos anticorrupción que permitan acceder a la justicia a quienes claman por ella. Y que responda a las exigencias ciudadanas de contar con un sistema de procuración y administración de justicia autónomo, constituido atención por auténticos defensores del pueblo, capaz de allegar la justicia a los rincones más alejados del país, a la gente más pobre, a la más olvidada, como el caso de los 43jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Hoy, no le podemos seguir regateando a nuestro país su derecho a saber lo que pasó en la noche de Iguala y por qué ocurrieron esos hechos. La lección que nos deja lo ocurrido con los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa es durísima y nuestro compromiso con ellos y sus familias, seres queridos, el país completo tiene que ser encontrar y castigar a quienes realmente operaron, ejecutaron, encubrieron desde lo más alto de los niveles estas conductas delictivas ya señaladas, privilegiando en todo en momento el más elemental derecho de estas 43 familias para acceder a la verdad como un mecanismo indispensable para devolverles la esperanza en la justicia y darles lo que han buscado en los últimos años, que es su paz. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.