La diputada Lorena Méndez Denis: Muchas gracias, presidente. Compañeros y compañeras diputadas, ciertamente los niños, niñas y adolescentes constituyen un grupo vulnerable que merece un tratamiento y consideración especial en el diseño de garantías políticas de protección de los derechos humanos. Empero, cuando esos niños, niñas y adolescentes tienen el carácter de migrantes extranjeros y no acompañados, entonces estamos hablando de una vulnerabilidad en grado superlativo. Esto es así porque las violaciones sistemáticas a los derechos humanos más elementales de los migrantes que atraviesan el territorio nacional desde Centroamérica, donde se incluye a los niños y adolescentes no acompañados, son equiparables con los genocidios más atroces de la historia de la humanidad. Las condiciones de vulnerabilidad de los migrantes en general, tienen incluso, una explicación sociológica, el migrante pobre, nos dice Juan Casas, es un ejemplo del extraño quién. Encarna la figura de la exclusión. Carga sobre sus hombros el peso de la estigmatización social. El migrante oscila entre dos procesos, la desorganización y la organización. El primer aspecto involucra puntos de ruptura con la comunidad de origen y todo lo que ello implica. El segundo, la reorganización alude al proceso de adaptación, éste se manifiesta de dos maneras: positivo o negativo. En el primer caso la adaptación pareciera lograrse hipotéticamente por medio un paulatino posicionamiento laboral y en consecuencia cultural. En el segundo la adaptación se vive como colapso, el inmigrante se siente extranjero, es el otro, el inmigrante se autoexcluye de los lazos de sociabilidad. Es por ello que si la propia sociedad mexicana está sufriendo estrepitosamente las consecuencias de la inseguridad, la corrupción, la violencia y la impunidad, tales efectos funestos se reproducen con mayor rigor en contra de los migrantes. Cabe recordar uno de tantos sucesos lamentabilísimos, llevados a cabo en contra de los migrantes y que causó conmoción a nivel internacional, como lo fue el hallazgo de los cadáveres de 72 migrantes, la mayoría centroamericanos, el 24 de agosto de 2010, los cuales fueron encontrados en un rancho de Tamaulipas. El propio gobierno actual ha confirmado que en el sexenio pasado desaparecieron más de 26 mil personas, empero se quedaron viendo tan sólo la paja ajena y no han dado mayores datos para identificar el número de desaparecidos durante la presente administración. Cabe agregar que no existen registros confiables de migrantes desaparecidos, menos aún de niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados desaparecidos. Con todo, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos 20 mil migrantes son secuestrados cada año en México para pedir rescate a sus familias, sin embargo ha sido una constante el gran número de inmigrante masacrados en el corredor Guatemala, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, los cuales no sólo son objeto de tratos inhumanos en las estaciones migratorias, sino que además son sometidos a condiciones de hacinamiento, insalubridad, maltrato, inseguridad, robo de pertenencias, incomunicación y negación de asistencia legal o de acceso a abogados particulares, al que tienen derecho. Es por lo que ve desde la dimensión gubernamental y los malos elementos policiacos, pero resulta aún más trágico el hecho de que son presa fácil de grupos criminales, los cuales llevan a cabo de continuo la leva de inmigrantes ilegales, dese su ingreso por Chiapas hasta su internación por Veracruz o su paso por el temible filtro de San Fernando Tamaulipas. A esto último habrá que agregarle las quejas que existen sobre la participación de cuerpos no competentes, como policías privadas, que intervienen en la detención de indocumentados, los cuales nos hablan de una red organizada de violencia y corrupción. Como se puede apreciar, las vejaciones y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de los migrantes no se ha detenido desde entonces, por lo que resulta claro que los esfuerzos llevados a cabo por el gobierno mexicano ha sido completamente insuficiente. Seguimos presenciando con tristeza secuestros y desapariciones forzadas masivas, prácticas que se creían erradicadas y, no obstante, siguen ingresando clandestinamente al país cada año cerca de 140 mil hombres, mujeres y niños principalmente centroamericanos. Los integrantes de Movimiento Ciudadano estamos convencidos que México debe honrar su añeja tradición de respeto y promoción del derecho internacional de los derechos humanos. No podemos seguir siendo candil de la calle y obscuridad en nuestra casa. Por ello estamos de acuerdo con el sentido del dictamen en estudio, mediante el cual se pretende fortalecer la protección y asistencia de los menores migrantes no acompañados de un adulto cuando caen bajo la jurisdicción o competencia del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo de lo expuesto con antelación, queda claro que son muchas las cuestiones que quedan pendientes, la realidad nos está desbordando y aun cuando legislativamente restan muchas reformas o adiciones por hacer, el principal problema se está presentando en la dimensión gubernamental de carácter ejecutivo, el trato hacia los extranjeros indocumentados que cruzan nuestras fronteras nacionales debe ser acotado al espíritu pro derechos humanos contemplado en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales. En tal virtud, las medidas a adoptar por parte del Estado mexicano no admiten demora.