La diputada Amalia Dolores García Medina: Mi intervención se refiere al pago de derechos de la industria minera y su distribución, coincidimos en que es pertinente modificar el párrafo segundo del artículo 275 de la Ley Federal de Derechos, pero no en los términos que se nos presenta. El texto actual plantea que un 85 % se destine a las Secretarías de Salud y de Educación, en lo cual estamos de acuerdo, que buena parte del recurso que se aporta por derechos mineros vaya a educación y a salud. Como además hemos subrayado, sobre todo a las comunidades donde están estos recursos mineros. Pero dicho artículo, tal como se nos presenta señala que este recurso también irá a otras dependencias de la administración pública federal y a la Secretaría de Economía para el fomento minero. La propuesta que presentamos Movimiento Ciudadano parte la convicción de que debe garantizarse que una parte de ese pago de derechos de la minería se destine a programas de desarrollo social de las comunidades donde se lleva a cabo la actividad minera, y a remediar el impacto que dicha actividad realiza y que sufren las personas que viven en dichos lugares. Nuestra visión tiene dos componentes. Uno el que debe haber un mecanismo compensatorio para aquellas regiones y comunidades que aportan su riqueza minera y que no tienen el retorno que merecen en justicia. México es uno de los principales productores de minerales. Destaca, por ejemplo, Zacatecas, que coloca a nuestro país en el primer lugar mundial en producción de plata, junto a otras entidades. También Zacatecas destaca, junto a Sonora, en la producción de cobre y de oro, colocando a México en el séptimo lugar mundial. Pero no prevalece la misma lógica con estos estados mineros que la que existe con los estados petroleros, los cuales se benefician de recursos garantizados en el Fondo de Extracción de Hidrocarburos. Lo que debería prevalecer es una visión que ponga en el centro que estas regiones deben tener garantizada la condición para un desarrollo pleno y no la que prevalece con el extractivismo. Porque la segunda visión que está presente en nuestra propuesta es la que debe haber una remediación de los efectos devastadores que lesionan el medioambiente de dichas comunidades. Hoy podemos subrayar: este recurso que se obtiene por los derechos de las empresas mineras asciende a 12 mil millones de pesos. Pero las comunidades y las regiones productoras de esta riqueza reciben una parte ínfima. Lo que estamos planteando es que se modifique el segundo párrafo del artículo 275 de la Ley Federal de Derecho Minero para que, por un lado, se modifique la distribución de los recursos recaudados por el derecho a la minería, pero poniendo en el centro el desarrollo social y la atención a las comunidades en donde están estas riquezas mineras. De tal manera que sí, sin duda se garantice el recurso para educación y para salud. También una parte del recurso a programas de infraestructura para esas regiones y esas comunidades, pero fundamentalmente que se ponga en el centro el derecho de estas comunidades y de estas regiones que aportan la riqueza, que sufren el deterioro y el impacto del extractivismo, para que pueda haber mecanismos de remediación, de protección al medio ambiente y de desarrollo, como lamentablemente no sucede hasta el día de hoy. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.