El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a hablar a favor de la promoción de la controversia constitucional que propone el diputado Héctor García García, del Grupo Parlamentario del PRI, en el sentido de impugnar la constitucionalidad de las reformas al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Efectivamente, el 19 de octubre del presente año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, específicamente por lo que hace a la reglamentación de las máquinas tragamonedas que se refiere en la fracción XII Bis del artículo 3, y en el artículo 9 del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del reglamento de dicha Ley Federal de Juegos y Sorteos. Es evidente que existe un exceso en la facultad reglamentaria que invade el principio de reserva de ley en materia de juegos y sorteos, de acuerdo a lo que dispone el artículo 73, fracción X, que reserva al Congreso de la Unión la atribución exclusiva de expedir las normas en materia de juegos y sorteos. Ello en sí, en razón de que en la Ley Federal de Juegos y Sorteos no están previstos los juegos con apuestas a través de máquinas tragamonedas, por lo que su reglamentación y permisión por la autoridad administrativa claramente va más allá de lo que dispone la multicitada ley. No se niega la existencia de la facultad reglamentaria que tiene el Ejecutivo federal en términos de la fracción I, del artículo 89 constitucional, sin embargo la misma debe ceñirse estrictamente al contenido previsto en la ley, ya que en caso de excederse como en el caso particular el Ejecutivo federal se estaría convirtiendo y subrogando en el papel de legislador ordinario, desde luego en clara contravención al principio funcional de las atribuciones que corresponde a cada poder público. En tal tesitura existe un exceso o invasión a las atribuciones de este Congreso General con la emisión del decreto de reformas y adiciones al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, por lo que tal y como lo afirma el diputado proponente de la interposición de la controversia constitucional se atenta contra el principio de subordinación estricta de la ley. No podemos dejar de reconocer que nosotros los mexicanos por naturaleza somos fajadores, apostadores; nos gustan las peleas de gallos, las carreras de caballos, los albures. Pero otro hecho importante a considerar es el grave problema de ludopatía que exista en el país y como representantes populares estamos llamados a proteger el patrimonio individual y familiar de aquellas personas que padezcan este trastorno. Es evidente que pululan en las calles maquinas tragamonedas en tiendas, estanquillos, a las afueras de las escuelas, en los paradores de autobuses, etcétera, lo que conlleva un riesgo de salud pública y de bienestar en el patrimonio familiar de las personas que desde el Congreso se debe discutir y prevenir. En ese sentido es igualmente oportuno referir que se hace necesario revisar y actualizar la Ley Federal de Juegos y Sorteos, ya que se trata de un ordenamiento que se emitió desde el 31 de diciembre de 1947, como lo indica el diputado que me precede y que no se ha actualizado desde entonces. De ahí la necesidad de contar con normas jurídicas pertinentes y actualizadas y que respondan a la dinámica y condiciones actuales del país. En esa tesitura, compañeras y compañeros diputados, pido su voto a favor de la interposición de la controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicado el pasado 19 de octubre del año en curso en el Diario Oficial de la Federación. Esto, a fin de recuperar la plena atribución del Congreso para legislar en materia de juegos y sorteos. Es cuanto, señor presidente.