La diputada Beatriz Savala Peniche: Con el permiso de la Honorable Asamblea. Los suscritos diputados, Beatriz Zavala Peniche, María Guadalupe Suárez Ponce, Armando Rangel Hernández, Miriam de Lourdes Sarabian Cotolen, María del Carmen Mendoza Flores, Juan Carlos Núñez Armas, Maki Esther Ortiz Domínguez, Renato Sandoval Franco y José Luis Treviño Rodríguez, integrantes de esta LIX Legislatura, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa de ley que adiciona el Titulo Sexto de las Sanciones e Infracciones a la Ley General de Desarrollo Social, al tenor de las siguientes consideraciones: La Ley General de Desarrollo Social, entró en vigor el 20 de enero del 2004, constituyendo un avance significativo para cumplir con la necesidad de instituir jurídicamente las medidas que aseguren el acceso de los mexicanos al desarrollo social, sin que medie ningún otro motivo que no sea el de los fines que la ley define. Esta ley reconoce que la pobreza reduce la posibilidad de las personas de ejercer su racionalidad, su voluntad de proponerse fines y de buscar los medios más adecuados para llevarlos a cabo, derivando de aquí, que tanto las políticas de combate a la pobreza, como los medios para implementarlas, deben tener en cuenta el respeto a las personas. Los servidores públicos deben respetar el hecho de que los beneficiarios de las políticas contra la pobreza, son personas autónomas con capacidad de elección, sólo así se avanzará en la radicación del paternalismo y de la coacción del voto ciudadano con el escamoteo de los recursos de combate a la pobreza y al desarrollo social. El diseño de la nueva legislación electoral a partir de 1993, hizo posible el castigo penal de la coacción electoral en todas sus variantes. Sin embargo, existen inercias de comportamiento vinculatorio entre el ejercicio del gasto social y el voto que deben ser enfáticamente configurados como delitos y castigadas para clausurar su reproducción en el México del Siglo XXI. En las elecciones locales del año 2004, en Hidalgo, Yucatán, Zacatecas, Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala, continuaron las denuncias de coacción electoral, aunque en menor proporción que en otras conyuntas electorales. La alternancia democrática ha tenido como una de sus banderas transparentar el ejercicio del gasto público y desvincularlo de cualquier uso patrimonialista o corrupto del mismo. Por lo que el 13 de marzo de 2002, se promulgó la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que penaliza el comportamiento de los servidores que hagan mal uso de los recursos que el Estado Mexicano destina a sus acciones institucionales. La experiencia ha demostrado que las acciones de gobierno han tenido un impacto importante en los terrenos del blindaje, sobre todo a partir del estímulo de la denuncia y la tipificación de los delitos de servidores públicos en el Código Penal y en la Ley Federal de Responsabilidades; sin embargo, en la medida en que se trate de un fenómeno particularmente inercial por el arraigo en las tradiciones patrimonialistas con las que el Estado Mexicano instrumentó el gasto social en el pasado, consideramos que debe quedar perfectamente tipificada la penalización del uso incorrecto de los recursos para el gasto social en la legislación del desarrollo social. Se hace necesario precisar con claridad y consistencia la limitación y la sanción legal a que se hacen acreedores los ciudadanos, servidores públicos, organizaciones civiles, que utilicen recursos públicos del desarrollo social como instrumentos de captación de votos o de apoyo político electoral. Deben quedar plasmadas en la Ley de Desarrollo Social para estrechar, aún más, el espacio de las posibles violaciones y como correspondencia, el derecho de denuncia de los beneficiarios que la misma ley especifica. Por todo lo anterior, proponemos la siguiente adición al texto de la Ley General de Desarrollo Social: Título Sexto. De las sanciones e infracciones. Capítulo Uno. Artículo 86. "...los servidores públicos que en el ejercicio de sus funciones contravengan u ordenen contravenir las disposiciones de esta ley, serán acreedores a las sanciones de apercibimiento o amonestación y si la gravedad de la infracción lo amerita, de suspensión o remoción del cargo. Las sanciones a que se refiere la presente ley se aplicarán sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o administrativas a que haya lugar y sin menoscabo de lo que se establece en el Código Penal Federal, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás disposiciones legales aplicables. Artículo 87. Incurren en responsabilidad los servidores públicos cuando: Utilicen los programas, padrones, fondos presupuestales o recursos humanos y materiales de los programas de desarrollo social para fines electorales o con propósitos políticos. 2. Desvíen o malversen los fondos o recursos destinados a actividades de desarrollo social. 3. Nieguen, condicionen o retrasen sin causa justificada la canalización de subsidios, el acceso a los bienes o la prestación de los servicios garantizados en la presente ley. 4. Violen o alteren la normatividad de los programas con la finalidad de favorecer a personas u organizaciones sin derecho a recibir beneficios. 5. Usen la información de los programas y beneficiarios para fines contrarios a los que establece la ley. 6. Las demás que establezca la presente ley. Artículo 88. Cuando la Secretaría compruebe desviación o el mal uso de los recursos federales asignados a los programas, acciones u obras convenidos en el marco del Sistema Nacional o incumplimiento de los objetivos y prioridades de dichos programas, formulará la denuncia correspondiente ante la Secretaría de la Función Pública y en su caso, podrá suspender la radicación de fondos federales e inclusive solicitar su reintegro. Artículo 89. Las organizaciones civiles que ejerzan recursos públicos o tengan bajo su responsabilidad la operación de los programas sociales, deberán observar lo establecido en la presente ley y serán sancionados en términos de lo que establece el capítulo sexto de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil". Transitorios: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Agradecería la inserción completa del proyecto de iniciativa en el Diario "oficial" de los Debates. Muchas gracias por su atención.