La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor presidente. A lo largo de este debate, diputadas y diputados de izquierda han demostrado, hemos demostrado, las graves deficiencias de esta reforma energética; sus ocultas intenciones, los datos, la historia de corrupción que ha tenido la paraestatal bajo los gobiernos priistas y panistas. También, quisiera decírselo a todas y a todos, pero en especial al diputado que me antecedió, hemos presentado alternativas, alternativas viables a esta reforma. Es que, diputado Bueno Torio, tenemos diferencias, sí. Tenemos diferencias profundas que se han visto desde el inicio de esta Legislatura cuando discutimos la reforma laboral. Estas diferencias son que para el PRI y para el PAN es muchísimo más importante favorecer al capital y al gran capital aunque esto signifique dejar a la inmensa mayoría de los mexicanos y las mexicanas en la pobreza. Esto no ha quitado que nosotros en la izquierda intentemos convencerles de buscar una forma de desarrollo económico y social en donde haya una distribución más equitativa de la riqueza. Pero sabemos que a eso hay oídos sordos. Y vengo a hablar en contra de esta reforma y en particular de este dictamen, porque ésta es una reforma que no reorienta los ingresos de Pemex para modernizarlo, que no establece una competencia plena, que no promueve un tránsito gradual y racional hacia el uso de las nuevas tecnologías de energías limpias, que no honra al interés público mediante una regulación adecuado de los agentes del mercado. La aspiración de una estructura económica y política que mediante el manejo soberano de los recursos energéticos combata la inestabilidad, la escasez, la hambruna, la desigualdad, la dependencia y el subdesarrollo que genera la concentración de la tecnología y de la propiedad, se está muy lejos de cumplir en este dictamen. La seguridad energética de México es un sueño cada vez más lejano. Consideramos que el esquema orgánico de la Comisión Nacional e Hidrocarburos y a la Comisión reguladora de Energía, no responde a las obligaciones del estado para materializar el interés social, para contribuir con prácticas que configuren un mercado energético competitivo en el que como se pretende decir, bajarán los precios finales de los bienes y servicios del sector. Eso lo veremos más adelante. Los dos órganos reguladores no cuentan con criterios adecuados para operar con base en diagnósticos del sector y de las necesidades sociales; mucho menos para contribuir con las autoridades administrativas y de control para avanzar en la transparencia y el combate a la corrupción. Ya se han citado aquí en tribuna al gobernador de California, de Estados Unidos, Jerry Brown y al senador Lou Correa, quienes han debido enfrentar los abusos de las grandes empresas energéticas que se confabularon para poner en riesgo el acceso a energéticos y al servicio eléctrico en su estado. Lamentamos que no se haya atendido esta lección para establecer una regulación estricta y evitar acciones fraudulentas de estas empresas. Pero por otro lado los criterios de selección de los comisionados o comisionadas de los órganos son demasiado permisivos, demasiado permisivos con los intereses de grupos de poder político y económico. La autonomía con la que cuentan está limitada a las determinaciones de la Secretaría de Hacienda, que es la dependencia más aventajada por esta reforma, pues es la encargada de administrar los limitados ingresos para el erario público y distribuirlos a discreción. Por etas razones esta reforma no sólo es privatizadora, sino que también es presidencialista y apuesta a una mayor concentración del poder. Los equilibrios, la vigilancia y el control horizontal, elementos necesarios para una reforma como ésta, se diluyen en una estructura burocrática bajo el control discrecional del Ejecutivo. Lo que resulta más alarmante es que los órganos reguladores serán los cómplices de intereses particulares. Se prefiere poner al poder coercitivo del Estado al servicio de los inversionistas, con la facultad de alegar utilidad pública para favorecer las utilidades privadas. Por estas razones en nuestro grupo parlamentario rechazamos el planteamiento de este dictamen y hacemos un llamado a que nos acompañen en una propuesta alternativa. Habremos de ver en la consulta del 2015 cuál es el verdadero mandato de la soberanía nacional. Finalmente quisiera pedirle, señor Presidente, que sea tan amable de solicitar la inclusión en el Diario de los Debates de una compilación que hemos realizado y que incluye todos los instrumentos y jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos que esta reforma viola e ignora y que sería imposible, por razones de tiempo, presentar aquí. Muchas gracias por su atención.