La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la construcción de la democracia mexicana siempre ha tenido como obstáculo las tentaciones autoritarias de los gobernantes del país. No obstante, en los últimos 20 años, con el esfuerzo de distintas fuerzas políticas entre las que destaca el Partido de la Revolución Democrática, se han edificado instituciones autónomas para generar equilibrios entre los poderes. En principio, la autonomía implica independencia administrativa y financiera de las instituciones, lo que permite que dichos entes puedan llevar a cabo sus funciones sin subordinarse a ningún otro poder público. Por ello, la ruta que ha seguido el país con la creación de este tipo de instituciones, ha servido para mermar el férreo autoritarismo que se vivió a mediados del siglo XX. Históricamente el Ejecutivo es quien ha buscado los mecanismos para concentrar el poder. Por ello, la figura del presidente de la República se transformó, en su momento, en una figura poderosa a partir del que giraba todo el sistema político, dinámica que comenzó a transformarse a razón de la creación desde hace dos décadas de los órganos constitucionales autónomos. Dichos órganos, sin embargo, no están exentos de ser subordinados el Ejecutivo federal a través de la imposición de sus integrantes. El control de los recursos públicos o políticamente, por lo que su simple existencia no garantiza un contrapeso al poder político, para eso estamos las y los diputados de esta honorable Cámara, quienes debemos legislar para establecer de manera precisa las funciones, atribuciones y mecanismos bajo los cuales operará una institución autónoma. En el caso de la Fiscalía General de la República, esta requiere gozar de plena autonomía para afrontar los retos en materia de impartición de justicia que enfrenta el país, cumpliendo para ello, con los principios de legalidad, independencia y objetividad. Además, la Fiscalía debe de ser firme para investigar los delitos cometidos no sólo por los ciudadanos o grupos criminales, sino también para investigar los delitos cometidos por los servidores públicos. No debe ser una extensión más del poder ejecutivo, sino por el contrario, debe de garantizar la procuración de justicia. La Fiscalía requiere una reconstrucción en su modelo para no seguir operando con las prácticas que con anterioridad venía funcionando, en donde la corrupción y la impunidad reinaban por encima de garantizar justicia para todos los mexicanos. Para ello es importante que sea efectiva la autonomía de dicha institución, pues de no ser así, la Fiscalía será solo un ornamento institucional más del país. La autonomía de la fiscalía nace desde el nombramiento de fiscal general de la República, mismo que se debe de dar bajo en la evaluación de perfiles idóneos que cumplan con las responsabilidades que el cargo demanda y por la venía de un grupo político. Debe ser una persona imparcial emanada del equilibrio entre los poderes que genere contrapesos y que se mantenga al margen de los intereses particulares de grupos políticos. Para cumplir con lo anterior el perfil del titular y su proceso de designación también debe de ir acompañado del consenso generalizado de la ciudadanía. Hoy su nombramiento está en debate no solo por parte de grupos políticos, sino por un amplio número de organizaciones civiles y ciudadanos que nos exigen exista una Fiscalía que sea eficiente y eficaz en la materia. En el caso del nombramiento del fiscal general de la República por parte del Poder Ejecutivo, como lo establece hasta hoy la normatividad, implica un nombramiento a modo, que bien puede ser interpretado como un mecanismo a través del cual el presidente de la República puede resguardarse ante cualquier acto que viole o irrumpa la institucionalidad del país, o en el peor de los casos como un mecanismo de control político en contra de grupos opositores. Por ello, la bancada parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática propone que el fiscal sea realmente autónomo y su nombramiento no quede sujeto a la figura del presidente, ya que ello implicaría poner en riesgo la autonomía del organismo, por lo que proponemos se analice el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de designación del fiscal general de la República. Es cuanto, diputada presidenta.