LA C. DIPUTADA NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores: Los legisladores del Partido de la Sociedad Nacionalista siempre hemos votado a favor de todas aquellas propuestas que busquen el fortalecimiento de un Estado nacionalista y de un México para los mexicanos. En esta ocasión, congruentes con este principio, hacemos uso de esta tribuna para manifestar nuestro voto a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Si bien es cierto que la Ley Federal de Protección al Consumidor nace para reglamentar el artículo 28 constitucional y cumplir con las políticas y protección al consumidor, también es cierto que esta Ley necesita de adecuaciones jurídicas que le permitan estar acorde a las exigencias actuales del comercio para ser una ley ágil, justa y eficaz que cumpla no sólo con las exigencias internacionales, sino con la protección interna al consumidor en general. Es por estas razones que los integrantes de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, en un esfuerzo conjunto y con la voluntad política de todos los partidos representados al interior de la Comisión, nos dimos a la tarea de trabajar en conjunto con funcionarios de la PROFECO, con la finalidad de dictaminar las iniciativas presentadas por el titular del Ejecutivo Federal y el diputado Alfredo Hernández Raigosa. Entre los puntos importantes de esta reforma, destaca el establecimiento, en el artículo 2º., fracción I, la figura jurídica de los consumidores intermedios, la actualización del monto de las sanciones, ya que éstas actualmente son irrisorias. Por otro lado, se fortalece principalmente en los artículos 5º., 24, 128 cuarter, entre otros, la competencia de la PROFECO, en virtud de que en el dictamen se le faculte para conocer sobre las reclamaciones de los servicios mercantiles para celebrar acuerdos interinstitucionales, para vigilar y verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Metrología y Normalización; asimismo se le otorga en el artículo 25 bis la atribución de realizar medias precautorias como la colocación de sellos, suspensión de la comercialización y publicidad, la inmovilización de productos y servicios cuando existan prácticas comerciales que afecten o puedan afectar la vida, la salud, la seguridad o la economía de la colectividad de los consumidores. Para los nacionalistas son adecuadas las modificaciones para hacer más expedito el procedimiento para la presentación y desahogo de las quejas y reclamaciones, pues el consumidor podrá presentarlas por vía electrónica, telefónica o por cualquier otro medio idóneo. De igual forma, resultan oportunas las modificaciones a los artículos que tratan sobre los contratos de adición que utilizan los proveedores, ya que de esta forma proporcionaremos a los consumidores condiciones de igualdad en cuanto al conocimiento y alcance legal de los propios contratos que sancionan, a fin de evitar abusos y prestaciones desproporcionadas. Con el afán de ampliar el margen de la protección al consumidor, esta Comisión determinó procedente señalar que en las relaciones en que el consumidor facilite datos confidenciales al proveedor o a las empresas con fines mercadotécnicos o publicitarios, éstos de ninguna manera podrán darles un fin distinto al específico para que se le hubiere proporcionado o señalándole la prohibición de ceder o transmitir esta información a terceros, a no ser que exista consentimiento expreso de aquél. Con el objeto de dar una respuesta más eficaz al consumidor, se plantea un esquema normativo para reforzar las figuras de la bonificación o compensación, para reclamar la indemnización por los daños y perjuicios en un momento pactado para que pudiera sufrir. A este respecto en el dictamen se prevé que la Procuraduría emita un dictamen cuantitativo obligado, asimismo tendrá carácter de título ejecutivo. Asimismo, los nacionalistas estamos seguros de que con estas reformas contribuiremos a crear una cultura de consumo crítica, consciente y responsable en donde el propio consumidor se convierta en un instrumento vigilante del Estado que coadyuve en la protección al consumidor. Para los nacionalistas ¿Señor presidente, me permite concluir? -PRESIDENTE: Continúe diputada. -DIP. NORMA PATRICIA RIOJAS SANTANA: para los nacionalistas, los del Partido de la Sociedad Nacionalista, describir en cinco minutos todas estas bondades de esta reforma es imposible. Sin embargo, los nacionalistas en un ejercicio serio y responsable, exhortamos a todos los legisladores a emitir su voto a favor de este dictamen, ya que de aprobarse el mismo proporcionaremos a todos los gobernados seguridad jurídica en sus relaciones comerciales y crearemos las condiciones mínimas para el ejercicio de nuestros derechos fundamentales, teniendo como premisa fundamental que la patria es primero. Es cuanto, señor presidente. -PRESIDENTE: Tiene el uso de la palabra el diputado Alfredo Hernández Raigosa, por el Partido de la Revolución Democrática Tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Tapia Bahena, del Partido Acción Nacional, hasta por 10 minutos. -DIP. MARIA TERESA TAPIA BAHENA: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados; Honorable Asamblea: A nombre de los diputados que integramos el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, tomo la palabra ante este Pleno, para apoyar el dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, a las iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor, que sin duda implica un esfuerzo notable a favor del consumidor. En una economía de mercado la competitividad y la eficiencia son dos grandes objetivos que deben de seguir las empresas para tratar de permanecer en el mismo. Sin embargo, en la actualidad ser eficiente y competitivo no garantizan una participación en un sector o en una industria, es el consumidor quien finalmente incide en el número de empresas que permanecen en el mercado, dada la capacidad para satisfacer sus necesidades. Muchas veces las empresas en su búsqueda por ganar un mayor porcentaje de consumidores y generar mayores utilidades, desarrollan estrategias que en ocasiones atentan contra la libertad de los consumidores o abusan de la buena fe de éstos. Es ahí donde la actividad del gobierno es fundamental para proteger al consumidor. El principal objetivo de la protección al consumidor debe ser: adecuar de la mejor manera el resultado de las transacciones comerciales con las expectativas de los consumidores, mediante el cumplimiento de contratos, disposiciones, convenios, acuerdos, garantías, etc. En otras palabras la protección al consumidor debe ser tal que las expectativas de los consumidores se cumplan desde el momento mismo en que se celebra la transacción para la adquisición de un bien o servicio. Esto debe ser así porque las correcciones posteriores a un evento indeseable, no siempre devuelven las cosas al estado en que se encontraban antes de celebrar la transacción y resulta costosa su reparación, tanto para el proveedor como para el consumidor. En este marco la política de protección al consumidor incentiva un mejor funcionamiento de los mercados para aumentar el bienestar general. Las fallas del mercado, sobre todo en materia de información, justifican la intervención del Estado. No obstante, esta intervención debe ser la estrictamente necesaria para el mejor desenvolvimiento de las relaciones comerciales. En su momento la Ley Federal de Protección al Consumidor, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre de 1975, recogió preceptos que pretendían proteger al consumidor, que se encontraban dispersos en la legislación civil y mercantil para darles, en un principio, unidad y congruencia y colocarlos en un mismo ordenamiento en el marco de una economía cerrada, con protección del Estado a la industria y al comercio. La política de protección al consumidor es un instrumento del Estado para incidir en el mejor funcionamiento de los mercados y mayor transparencia en las relaciones comerciales. El dictamen que se presente subraya el papel de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, como una institución fundamental para coadyuvar y corregir las distorsiones que se presentan en los mercados a través de la alineación de intereses entre productores, distribuidores y consumidores. Debemos recordar que la Profeco es un organismo descentralizado de servicio social, cuyo propósito fundamental es procurar la protección y defensa de los derechos de los consumidores y que, de conformidad con el artículo 3º. de la Ley Federal de Protección al Consumidor, le corresponde vigilar que se cumpla con lo dispuesto en la propia Ley y sancionar su incumplimiento. Se atribuye a la Profeco la facultad expresa de vigilar y verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y para aplicar las sanciones y medidas establecidas en dicho ordenamiento. Lo anterior con objeto de evitar las impugnaciones que en el ámbito del Poder Judicial de la Federación se realizan respecto de las actuaciones de la Procuraduría, sustentadas en dicha ley. Actualmente la ley no prevé el uso de tecnologías modernas para presentar reclamaciones o recibir notificaciones. Entonces, el proyecto de reformas objeto del dictamen busca facilitar al consumidor la presentación de reclamaciones y denuncias y la recepción de notificaciones por todos los medios disponibles. Así, Profeco recibirá reclamaciones y denuncias presentadas por cualquier medio electrónico: fax, internet, teléfono, etcétera. También se amplían las opciones de espacio donde el consumidor puede desahogar sus reclamaciones, como es el lugar de los hechos, el domicilio del reclamante o del proveedor, el lugar donde el consumidor desarrolla su actividad habitual y su lugar de residencia. Se procura con esto acercar la autoridad al ciudadano para facilitarle el ejercicio de sus derechos. El proyecto de reformas procura dotar de mejores herramientas a Profeco para que, realizando pocas acciones, se beneficie a un mayor número de consumidores, por lo que se mejora la regulación sobre las acciones de grupo, que son aquéllas que se instauran ante la autoridad jurisdiccional con el objeto de salvaguardar el interés de una colectividad de consumidores. La propuesta acota la facultad discrecional que actualmente le confiere la ley a la Profeco y establece que las mismas se ejercerán en función de la gravedad y el número de reclamaciones que se hubieren presentado en contra de un proveedor. En la reforma se propone proteger al consumidor hasta que se aclare la situación de la queja y agotare el proceso de conciliación que se siga ante la Profeco. "Es de todos conocido que proveedores de bienes o servicios de suministro público, tales como energía eléctrica, gas o telecomunicaciones, ante cualquier intento de aclaración o ante la recepción de una reclamación ante PROFECO, de inmediato proceden a cortar el suministro de bienes o servicios. "Ante tal situación se propone que el proveedor no pueda suspender este servicio hasta que concluya el procedimiento de conciliación. "La PROFECO o los consumidores que hubiesen sufrido daños y perjuicios por conductas de una o varias personas, podrán presentar la reclamación respectiva con base en la sentencia de la autoridad judicial. "De esta manera se establece la opción al consumidor para que directamente pueda presentar el incidente correspondiente o bien para que la Procuraduría lo haga en su representación. "Esta propuesta de reformas, también amplía la aplicación de la ley a los consumidores intermedios. Es decir, a las personas físicas que consumen bienes y servicios para integrarlos al proceso productivo. "También se amplía la cobertura de aplicación de la ley a actos relacionados con el fraccionamiento, construcción, promoción y compra-venta de bienes inmuebles destinados a casa habitación. "Una propuesta de reforma importante es el incremento del monto a pagar con sanciones y medidas de apremio, así como su actualización mediante el empleo del Indice Nacional de Precios al Consumidor, publicado por el Banco de México. "Esto sin lugar a dudas es un mecanismo eficiente que desincentiva una conducta poco honesta por parte de los oferentes del mercado. "Como se puede apreciar, se busca por una parte fortalecer a los consumidores al dotarlos de herramientas más modernas para que con un mínimo de tiempo y esfuerzo puedan hacer valer sus derechos y por otra se otorga a la autoridad un mejor marco jurídico ara que su actuación se encuentre revestida de legalidad y de legitimidad. "Por lo anteriormente expuesto los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional apoyamos este dictamen de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, ya que no dudamos que estas adecuaciones al ordenamiento vigente otorgarán mayores elementos de certidumbre a los participantes en el mercado. "Muchas gracias". -