El diputado Emilio Manzanilla Téllez: Con el permiso del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna para hablar en favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Comunicaciones y Transportes, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La telefonía móvil es uno de los medios de comunicación más utilizados en todo el mundo, debido a su fácil acceso e interacción entre las personas. Sin embargo, los teléfonos celulares se han vuelto una de las principales herramientas utilizadas por la delincuencia para cometer delitos, como secuestros, extorsiones telefónicas. Es muy fácil adquirir una tarjeta SIM prepago de cualquier compañía y mantener el anonimato. El Centro Nacional de Información (CNI) señaló que en 2019 se han utilizado poco más de 10 mil números telefónicos para realizar ese tipo de delitos de extorsión telefónica. Ubicó 11 mil 960 números telefónicos desde los que realizaron 18 mil 885 llamadas de intimidación, en su mayoría desde teléfonos celulares y en al menos 18 entidades del país. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia señaló en 2019 que a escala nacional se reportan alrededor de 5.7 millones de delitos que involucran fraude y extorsión al año, de los cuales 92 por ciento son vía telefónica. Se señala que, en promedio, el daño patrimonial por fraude es de 8 mil 400 a 8 mil 500 pesos. Pero hay algunos que han llegado hasta los 100 dólares. Y, en contraparte, otros son de mil o mil 500 pesos. De ese tamaño es el problema de inseguridad que se ha heredado de administraciones pasadas. Con este proyecto de reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones se prevé enfrentar en parte a la inseguridad y delincuencia organizada, quienes realizan gran parte de la labor de extorsión mediante dispositivos móviles y con números desechables. Por lo que prevé la creación del Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, para evitar el uso indebido de chips en delitos. El registro estará bajo cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. La información que contará el registro será la siguiente: el número telefónico y el identificador de la SIM o chip, el nombre de la personas o su razón social, nacionalidad, identificación con fotografía y clave única de población, datos biométricos del usuario y representante legal, domicilio, datos del concesionario, así como esquema de contratación de la línea telefónica, ya sea pago o prepago. La información de este registro será accesible para las autoridades de seguridad y procuración de justicia. Es de señalar que la iniciativa incluye un apartado sobre el tratamiento de los datos personales, en relación con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el fin de evitar cualquier vulneración a la privacidad y a los datos personales de cada uno de los ciudadanos. Cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes, ya sea en materia administrativa o penal. En el dictamen también se prevé el robo y extravío de los dispositivos móviles, contando con mecanismos de suspensión de servicio telefónico, así como del bloqueo inmediato de las líneas de comunicación. Asimismo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones debe mantener un registro actualizado de los números y SIM de los celulares reportados como extraviados o robados. Asimismo, se recalca la responsabilidad de las empresas de telecomunicaciones en la seguridad de los usuarios. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo hemos trabajado con el objeto de establecer la obligatoriedad para que las compañías de teléfonos celulares lleven el registro de quiénes adquieren un chip para su dispositivo. Sabemos que las acciones delictivas que se realizan de manera telefónica dañan la seguridad de las y los mexicanos. Por ello, votaremos a favor del presente dictamen, ya que el registro de usuarios de telefonía móvil será una herramienta en el combate a la delincuencia organizada. Con esta reforma se avanza hacia la construcción de un México con seguridad y tranquilidad. Es cuanto, diputada presidenta.