El diputado Benjamín García Meza: Compañeras y compañeros diputados. El dictamen de la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable que se presenta en esta ocasión, es trascendente, propuesta que busca brindarle nuevo marco jurídico a la actividad pesquera y acuacultura de nuestro país. En primer lugar, cabe señalar que esta iniciativa fue presentada el 9 de diciembre del 2004 por los integrantes de los cuatro grupos parlamentarios representados con la Comisión de Pesca en un ejercicio de participación consensada. Esta propuesta reconoce el desarrollo de la acuacultura como una actividad productiva que permite la diversificación pesquera para ofrecer opciones de empleo en el medio rural, incrementar las ofertas de opción de empleo, incrementar la producción pesquera y la oferta de alimentación que mejore la dieta de la población mexicana, así como la generación de divisas. De esta manera los diputados buscamos reposicionar a la pesca y a la acuacultura para que se oriente a la producción de alimentación para el consumo humano directo, como fuente de proteína de alta calidad y de bajo costo para los habitantes de la nación. Para ello, la iniciativa garantiza el desarrollo sustentable e integral de la pesca y la acuacultura a través de la conservación, preservación, aprovechamiento, repoblamiento, cultivo, transformación, distribución y comercialización de los recursos pesqueros y acuícolas, así como su adecuado fomento y administración. Además, en consecuencia con el ánimo federalista prevaleciente en nuestra nación, la Comisión de Pesca de esta Cámara de Diputados impulsó el desarrollo de una legislación concurrente en materia de pesca y acuacultura. Con la iniciativa se da cuenta del crecimiento y la capacidad política y administrativa de los gobiernos locales considerando que debe transformarse en una participación más activa y responsable, que denote regionalmente la pesca y la acuacultura como actividad prioritaria del desarrollo social y económico de dichas entidades y por ende, de los habitantes del país. Otra de las virtudes de esta iniciativa es que por primera vez obliga a quienes realicen la explotación de los recursos pesqueros a que lleven a cabo una evolución del impacto ambiental que dicha explotación generaría. La iniciativa permitirá que el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas, su conservación, rehabilitación y la protección del ecosistema en el que se encuentre sea compatible con su capacidad natural de recuperación y disponibilidades. Además introduce el concepto de plan de manejo que posibilitará, llevará a cabo la explotación bajo una planeación de largo plazo. La iniciativa contempla que este plan se realice de manera conjunta entre el centro de investigación y los propios pescadores, los cuales sientan la base de un esquema de manejo participativo. Así la investigación científica y tecnológica será una herramienta fundamental para la definición e implementación de políticas, instrumentos, medidas y mecanismos. Recordemos que la Ley de Pesca de México se promulgó en 1925 y tiene como base el Reglamento de Pesca Marítima y Fluvial de la República Mexicana. De la Ley del Agua que se publicó en 1924, la ley permitía al Estado regular los permisos de pesca para las naciones y extranjeros. (sic) De esta primera ley hasta la vigente que fue publicada en 1992, la pesca y sus actividades conexas han permanecido bajo el control exclusivo de la Federación. Es la única actividad vinculada con el uso de los recursos naturales donde no se han incorporado las participaciones de las entidades federativas en su administración y manejo. Hasta hoy, la participación de los gobiernos estatales y municipales han sido muy limitadas, sin ninguna libertad de acción que no se constriña al expresamiento (sic) pactado en algunos convenios o acuerdos signados en el Gobierno Federal. Por ello, el eje fundamental de la iniciativa es la distribución de competencias de la federación, entidades federativas y municipios bajo el principio del federalismo con responsables. Considerando que la naturaleza jurídica de las aguas donde se llevan a cabo las actividades de pesca y acuacultura es de jurisdicción federal, como lo señala el artículo 27 constitucional. Esto se traduce específicamente en que el otorgamiento de concesiones y permisos corresponde a la federación y no es transferible a las entidades federativas y los municipios. Sin embargo, para atender las demandas de los gobiernos locales de contar con mayor información de las solicitudes que se reciben para la explotación de recursos pesqueros en sus regiones, se propone que, a través de los consejos estatales de pesca y acuacultura, se envíe copia de la solicitud recibida y puedan emitir una opción sobre estas solicitudes. En cuanto a las entidades federativas, se propone que participen en la elaboración de programas de manejo pesquero, en la formulación del ordenamiento pesquero y los planes de ordenamiento piscícolas y en acciones de inspección y vigilancia a través de convenios específicos. Se propone que los municipios se hagan cargo de conducir la política municipal de información en materia de pesca y acuacultura, del fomento a la actividad acuícola en armonía con la preservación del ambiente y la conservación de la biodiversidad, la participación en la inspección y vigilancia en su municipio. Por eso, compañeros, los llamo a apoyar esta iniciativa que garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de los pescadores y acuicultores del país y de toda la población, logrando alimentos de calidad. En suma, esta iniciativa es un paso más hacia la soberanía alimentaria en nuestro país.