El diputado José Javier Osorio Salcido: Con su venia, compañera Presidenta. El suscrito diputado federal José Javier Osorio Salcido, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento iniciativa con proyecto de decreto que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Los avances científicos de la última mitad del siglo XX fueron asombrosos con el surgimiento de nuevas tecnologías. Estas industrias han impulsado el uso de métodos y procesos de producción y elaboración de productos que hasta no hace mucho tiempo eran elaborados por medio de procesos más o menos convencionales. La ciencia intervino en estos procesos para tratar de eficientar la producción con la creación de alimentos de mayor calidad y a un bajo costo. La industria que ha desarrollado y patrocinado a la biotecnología, nos ha hablado de todos los beneficios que aportará esta tecnología a la humanidad. Afirman que el avance de la biotecnología en el desarrollo de productos transgénicos o genéticamente modificados, influirá de manera directa en elevar la calidad de vida de toda la humanidad. Señalan que con la modificación genética de la flora y la fauna, se resolverán las necesidades ilimitadas de la humanidad. Por el otro lado se encuentran los ambientalistas para quienes la manipulación genética de la biodiversidad del planeta no puede traer nada bueno para la vida. Señalan que la naturaleza ya ha empezado a responder a esta intromisión depredadora del hombre. La existencia y el ejercicio de un verdadero derecho a la información enriquece el conocimiento que los ciudadanos requieren para una mejor participación democrática. La información no debe concebirse como el ejercicio de una libertad plena, así como un medio para el desarrollo económico, político y social. El Estado debe de garantizar plenamente el derecho de los ciudadanos a estar informados; de lo contrario, se estaría violando una garantía constitucional y de los derechos humanos de la población mexicana. Es necesario que se legisle para el etiquetado de los productos que contengan organismos genéticamente modificados o transgénicos; garantizando una libre e informada elección de los ciudadanos mexicanos. De esta forma los consumidores finales tendrán la posibilidad de saber si lo que consumen cumplen con sus expectativas de precio, calidad y contenido e inocuidad. Con esta iniciativa se pretende dar los instrumentos necesarios a las personas para que de manera informada elijan si consumen o no un producto que contenga un transgénico o un organismo genéticamente modificado. Es necesario exigir a las empresas manufactureras, comercializadoras y distribuidoras, que señalen mediante el etiquetado de sus productos, si el producto que pretenden poner a la venta contiene organismo transgénicos o genéticamente modificados. Lo mismo aplicará para la venta de frutas, legumbres, carnes, semillas y demás productos que se vendan a granel. La etiquetación es necesaria por muchas razones y no admite más dilaciones por parte de que dará cumplimiento fehaciente al artículo 6o. constitucional, que garantice el derecho a la información y de informar a los consumidores para que su elección sea libre e informada, se podría enfrentar adecuadamente al surgimiento de enfermedades y problemas de carácter ecológico que eventualmente pudieran presentarse por la manipulación genética que hacen de ciertos organismos. Todos tenemos derecho a saber que compramos y qué consumimos. Ahora bien, si los laboratorios y las empresas que los patrocinan dicen que ciertamente no producen ningún daño al consumo, no entendemos por qué oponerse al etiquetado de estos productos. Algunos de los riesgos biológicos que generalmente se le aducen al uso comercial del cultivo en modificados genéticamente, es que amenaza la diversidad genética y la simplificación de los sistemas de cultivo. La creación de nuevas bacterias patógenas y la generación de variedades de virus más nocivos sobre todo en plantas transgénicas diseñadas para la resistencia de algunos virus. Los que están a favor de esta tecnología argumentan que sólo bajo el uso de la biotecnología y la modificación genética de organismos, se podrá alimentar a la creciente población mundial. Pero el derecho a la información es un derecho fundamental y otorga la decisión final acerca de la conveniencia de consumir productos creados, modificados con las nuevas tecnologías. El principio precautorio está ligado a una evaluación de riesgo y obliga a las autoridades y científicos en la toma de decisiones de carácter general. El derecho a la información se entiende en el principio de que el más indicado para decidir qué consumir, de los riesgos y beneficios es el propio consumidor. Y que no debe ser la autoridad gubernamental o científica la que decida de forma paternalista lo que debe o no consumir la población. El Protocolo de Bioseguridad de Cartagena promueve la regulación del comercio mundial de productos generados por la biotecnología y obliga a los estados signados, entre ellos México, a emprender reformas legales para garantizar el principio precautorio. El Protocolo de Cartagena exige el etiquetado de los productos modificados genéticamente para que el consumidor esté informado y conozca lo que consume, garantizándole así una elección informada. Esta iniciativa no pretende entrar en la discusión si los organismos genéticamente modificados son buenos o malos para la salud de las personas o si se afecta de forma nociva o no al medio ambiente; o si se atenta también contra la estabilidad biológica del planeta. Por lo que se hace necesario establecer un marco jurídico que proteja los derechos de los consumidores, quienes actualmente ven violados sus derechos cuando no se les garantiza una información objetiva que les permita saber exactamente el contenido de lo que compran para su consumo. Por lo que el Estado debe de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Así, se hace necesario la modificación de la Ley Federal de Protección al Consumidor para exigir el etiquetado de los productos que contengan organismos genéticamente modificados. De no ser así, el Gobierno Mexicano estaría violando los derechos fundamentales de su población, por lo que debemos salvaguardar los derechos fundamentales de los mexicanos. Por otro lado, se debe de aprovechar los beneficios que traería el hecho de que la obligación del etiquetado de productos transgénicos se encontrara regulado dentro de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Esta ley es más amigable para la población debido al uso de términos jurídicos y técnicos, sencillos y de fácil comprensión. Aunado a lo anterior, se aprovechará la infraestructura con la que cuenta la Procuraduría Federal del Consumidor, así como revistas, programas de radio, televisión, consulta telefónica y demás servicios que presta esta institución a los consumidores, a la gente que se encuentra altamente identificada con el funcionamiento y los servicios que suministra esta Procuraduría. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta H. Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se adiciona el artículo 34-bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor: ARTICULO UNO.- Se adiciona un artículo 34-bis a la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue: "Artículo 34-bis.- Para el caso específico de la venta de productos que contengan organismos genéticamente modificados, destinados para el consumo humano, su venta al público debe cumplir con los siguientes requisitos: Por organismos genéticamente modificados se entiende aquél organismo natural que haya sido sujeto de aplicación de técnicas o procedimientos de manipulación genética para su mejoramiento o conservación" En el etiquetado de estos productos se deberá señalar expresamente la leyenda: "Producto genéticamente modificado de acuerdo a lo señalado por las Normas Oficiales Mexicanas expedidas para el etiquetado de estos productos. La falta del cumplimiento de lo señalado en el párrafo anterior, se le impondrán las sanciones a que se refiere el artículo 128 de esta ley" Transitorio.- Este decreto entrará en vigor, a los noventa días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, febrero del 2006. Muchas gracias por su atención.