EL C. DIPUTADO FRANCISCO AGUNDIS ARIAS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Uno de los problemas estructurales de nuestro país ha sido la crónica precariedad de las finanzas públicas; a pesar de las sucesivas reformas fiscales instrumentadas por esta soberanía para tratar de superar las severas restricciones financieras del Estado, el Ejecutivo continúa aumentando su ineficiencia en la recaudación al proponer año con año reformas tributarias que implican un mayor cobro de impuestos como única vía para solventar el gasto nacional. No es posible que sigamos lapidando los ingresos de los mexicanos con medidas que poco ayudan a la creación de un esquema fiscal sólido y que fortalezcan al mercado interno. Al Ejecutivo se le ha olvidado que su función principal debe ser la procuración del bienestar social y para ello, debe ser eficiente en el cobro de las contribuciones y en el uso y distribución del gasto. ¿Hasta cuándo los contribuyentes cautivos seguirán siendo rehenes de un sistema tributario poco equitativo, en donde los impuestos son utilizados sólo para mantener una carga burocrática y programas con poca viabilidad que no están resolviendo los problemas de fondo de la Nación? Hoy como cada año, nos encontramos ante la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del próximo año y no hemos encontrado ninguna propuesta del Ejecutivo que amplíe la base gravable que modifique la Ley de Coordinación Fiscal, que promueva un federalismo fiscal y que asegure y diversifique las fuentes de ingreso. A pesar de ello, el grupo parlamentario del Partido Verde, nos pronunciamos a favor del presente dictamen en cumplimiento de nuestra obligación constitucional que compromete a este cuerpo legislativo a emitir una Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal del año 2003. Sin embargo, no es posible seguir aprobando una ley que no se cumple; que año con año el Ejecutivo disminuye en virtud de su inhabilidad para aumentar su capacidad recaudatoria y que sólo justifica con la inestabilidad del sector externo. No podemos seguir presupuestando metas inalcanzables, pues el gran esfuerzo que le estamos exigiendo a la ciudadanía en cumplimiento de sus obligaciones como mexicanos, nos exige el compromiso de asegurar el cumplimiento de la ley. Por otro lado, no es posible estar plenamente satisfechos con una Ley de Ingresos que sigue implicando el cobro de impuestos no justificables a sectores prioritarios para la nación. Sin duda, este tipo de medidas fomentan la generación de un desarrollo inequitativo. De igual forma, la imposición de montos menores de derechos a la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables, es un estímulo cuestionable para el fomento de la utilización de este tipo de energía. Aunque se redujo el monto propuesto por el Ejecutivo, no deja de ser un obstáculo para la implementación de programas energéticos que actualmente tienen un uso muy escaso. Es necesario que nosotros como legisladores, aseguremos a través de las finanzas públicas, vía política fiscal, la modificación de indicadores macroeconómicos, tales como el ahorro, la inversión o el consumo público y privado. Esto para promover el desarrollo y el crecimiento. De tal forma que los impuestos sean un verdadero instrumento regulador de actividades y promotor de una distribución de la riqueza nacional en una forma igualitaria y no sólo una mera herramienta recaudatoria. Finalmente ahora queda el compromiso de traducir esta ley en un Presupuesto de Egresos viable que retribuya a los mexicanos el esfuerzo de aquéllos que sí pagan impuestos; que se encuentran dentro de la economía formal cargando todo el peso de un gobierno incapaz de generar crecimiento. Muchas gracias señor presidente. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Para fijar posición a nombre del Partido de la Revolución Democrática, tiene el uso de la palabra el diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, hasta por 10minutos. -DIP. JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: Con su permiso diputado presidente: La política económica debe orientarse hacia el logro de un objetivo principal: el desarrollo social y productivo, las políticas fiscal, monetaria, comercial, financiera y salarial, deben formularse y evaluarse no sólo en función de las metas de corto plazo que se les asignan; si no debe tomarse en cuenta también su contribución a la superación de los obstáculos estructurales. Siendo la Ley de Ingresos un instrumento de política económica que provea de los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado, la Cámara de Diputados, tiene una responsabilidad mayúscula con la sociedad. La propuesta de Ley de Ingresos que recibimos los diputados se restringe a establecer la misma fórmula recaudatoria en años anteriores. No contiene elementos suficientes para fomentar el desarrollo; se encuentra limitada y expuesta a la normalización de la economía mundial, sin mirar hacia adentro, sin promover el mercado interno. En este mismo sentido deja un escaso margen de reformulación al Poder Legislativo. La situación fiscal actual no es precaria, es dramática; pues subsiste la dependencia y vulnerabilidad estructural de los ingresos petroleros. Estos aportan el 36.8% del total recaudatorio del Gobierno Federal. La tributación es notoriamente baja para atender las necesidades económicas y sociales del desarrollo y el balance público estimado para el 2003, el 0. del PIB, no revela los verdaderos requerimientos financieros del Estado. El rescate bancario y el pago de los proyectos de inversión financiada, PIDIREGAS, realizados por el sector privado, evidencian que las finanzas públicas se encuentran seriamente comprometidas para el futuro. Ante los limitados ingresos recibidos, la corrección fiscal ha recaído principalmente en una mayor contracción de los egresos diferentes al costo financiero de la deuda pública. Los efectos nocivos de esta medida han sido la acumulación de notables rezagos en la calidad de los servicios públicos, el bienestar social, que ha contribuido a acrecentar el empobrecimiento. El malestar social de la mayoría de la población y el riesgo de estallidos políticos y el deterioro de la inversión física, el cual por no ser compensada con la privada, ya representa un grave deterioro en la infraestructura básica y el desarrollo próximo del país. Las modificaciones que hemos realizado al proyecto original del Ejecutivo, si bien aún son insuficientes para lograr los objetivos de crecimiento económico, incrementan los recursos disponibles del Ejecutivo. La estimación mayor del precio del barril de petróleo en los mercados internacionales no cubre con las necesidades de gasto que requiere el país; sin embargo, se traduce en un incremento del 0.95% en los ingresos del gobierno. Aun así debemos avanzar en encontrar nuevas fuentes de ingresos. Los cambios que realizamos a diversos ordenamientos, incluidos en la miscelánea fiscal si bien es cierto que redujeron el nivel de ingresos esperado, éstos se vieron más que compensados con la estimación mayor de petróleo. No obstante, no es la única fuente de recursos. Existen alternativas. Persisten en nuestro país paraísos fiscales sin ninguna justificación. Grandes empresas transnacionales y mexicanas consolidan pérdidas en detrimento de la mediana, pequeña y microempresa. Bancos extranjeros que operan en nuestro país recibiendo millonarias transferencias a cargo del presupuesto, sin otorgar créditos y difiriendo impuesto al margen de la Ley de Instituciones de Crédito. Existen pérdidas reconocidas por concepto de evasión, elusión y omisión fiscal, así como por la corrupción. No obstante, no se ha dado un paso cualitativo para resolver estas ilegalidades ni se contempla para incrementar los ingresos en el futuro inmediato. Entre otras medidas, la ortodoxia monetarista propone enfrentar la crisis fiscal por medio del método fácil o falso: la austeridad, que descansa esencialmente en la contracción del gasto ante la escasa elasticidad en el aumento de los ingresos. El Partido de la Revolución Democrática considera que el artículo 3 de la Ley de Ingresos es altamente discriminatorio en virtud de que no se le da el mismo tratamiento al Distrito Federal que a las entidades federativas en materia de deuda pública. Desde un principio de esta discusión de esta ley en comento se ha pretendido poner trabas y candados al ejercicio de los recursos obtenidos por contratación de deuda, esgrimiendo el argumento de que los proyectos que se pretende financiar si bien es cierto que incrementan los activos fijos de la ciudad, no generan su propia fuente de repago. El gobierno del Distrito Federal tendrá graves deficiencias y la población en consecuencia. Los programas de infraestructura de las delegaciones y de la capital de nuestro país implican, entre otras cosas, la suspensión de proyectos en proceso. Apoyamos la propuesta de no contratar deuda externa adicional; sin embargo, el Ejecutivo debe avanzar en la renegociación de los pasivos internacionales. La reducción de seis pesos a tres pesos por kilogramo de agave para la producción de tequila o mescal se hizo sin la consulta a los productores. Los estímulos fiscales que logramos a favor de esta actividad productiva que genera miles de empleos, de ingresos presupuestarios y de divisas se reduce sin justificación económica congruente. Por otra parte, avanzamos en materia de transferencia al dar la posibilidad de que el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal revise la forma en que se elabora la recaudación federal participable a través del Comité de Vigilancia. "El dictamen deja establecido el compromiso de transparencia que debe de prevalecer en esta materia. Ello con el fin de evitar confrontaciones innecesarias que deterioran las buenas relaciones que actualmente prevalece entre los distintos niveles de autoridad. "Además en este proyecto en comento se evidencia la magnitud real de los problemas que enfrentan las finanzas públicas. "Si se asumen estos conceptos como deuda pública interna, el déficit se elevaría sustancialmente y equivaldría al menos al 3 % del PIB en el 2003 y al 4. % en el 2006, junto con los recursos que se necesitarían para financiar el déficit. "Es por ello que en el dictamen proponemos un cambio de metodología en el proceso de información que se proporciona para formular el Presupuesto de Ingresos y Egresos. "Para el Partido de la Revolución Democrática la política tributaria debe asegurar una fuente de ingresos sólida que coadyuve a mantener finanzas públicas sanas y a dotar de recursos suficientes para enfrentar los rezagos existentes en materia social y productiva. "Entendemos como una responsabilidad ineludible aprobar una Ley de Ingresos congruente con nuestra realidad económica. Pero insistiremos en buscar alternativas para incrementar los recursos disponibles del gobierno y el estado mexicano cumpla con los requerimientos urgentes de su población. "Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del PRD, quiere dejar claro que el gobierno está equivocado, está equivocando la conducción económica del país, que la crisis de ingresos públicos por la que se atraviesa, no es producto de la falta de disposición de los diputados de mi partido para aprobar leyes, sino de la falta de disposición del Ejecutivo Federal para proponer alternativas viables que generen los consensos adecuados y que reviertan las fallas estructurales del sistema tributario mexicano". Es cuando, diputado Presidente. -