La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras diputadas y diputados. Hoy en la discusión de este dictamen escucharán, sin lugar a dudas, la voz de la mayoría y sus aliados decir que esta ley beneficiará a las mujeres que han abortado, a los indígenas pobres y a quienes han cometido algún delito y que es necesario que por alguna falla en su proceso tengan que aplicárseles la amnistía. Lamento decirles que esta es una propuesta engañosa, que esta propuesta viola la Constitución, que transgrede las leyes y, sin duda alguna, serán muy pocas las personas que puedan beneficiarse de esta amnistía. El Grupo Parlamentario del PRD considera que la falta de responsabilidad presidencial para asumir su compromiso, el compromiso que significa el otorgar el indulto, los indultos que fueran necesarios, ha conducido a este Congreso a aprobar este amasijo legislativo que no tiene pies, ni cabeza. El PRD votará en contra del presente dictamen, porque observamos problemas serios de constitucionalidad que pueden viciar una ley que, al menos en el discurso político del presidente, tiene un objetivo pobre. Un objetivo noble, pero que finalmente únicamente exime a Morena, a sus Congresos estatales a que se promuevan las reformas legales que darían solución a las mujeres encarceladas por abortar, a quienes han sido utilizadas como mulas por el narcotráfico o a aquellos que se han visto obligados a robar por hambre. Votaremos en contra porque este dictamen que hoy se nos presenta se olvida de las víctimas. Votaremos en contra porque se olvida de la reparación del daño. Votaremos en contra porque evita el derecho de saber la verdad. Como partido político, hemos realizado propuestas legislativas y de política pública encaminadas a garantizar el derecho de acceso a la justicia y a disminuir los índices de impunidad. Lo hemos señalado en condiciones anteriores, que en las cárceles se encuentran inocentes que, una vez que han sido privadas de su libertad y debido a la imposición de pagar los honorarios de abogados, son doblemente víctimas de injusticias. Sin embargo, estamos convencidas y convencidos de que esta no es la manera, estamos convencidas y convencidos de que muchas de las personas primodelincuentes que se encuentran en las cárceles de nuestro país han sufrido injusticias, malos procedimientos o defensores muy poco comprometidos y que es justamente la pobreza la que agudiza estos factores, victimizando a quienes no cuentan con los recursos económicos para defenderse. Estamos convencidas y convencidos de que esta ley servirá de poco y, en muchos casos, de nada. Debemos recordar que no hay una sola mujer encarcelada por abortar en el fuero federal. No existe una sola persona detenida por sedición. Y en caso de los robos y narcomenudeo, las condiciones que se requieren para ser del conocimiento federal son tales, que prácticamente hacen inaplicable la amnistía que el Ejecutivo pretende. En el caso de los indígenas la amnistía que se propone es inconstitucional, porque las facultades que la Constitución otorga a este Congreso son específicamente por delitos del fuero federal. Es menester señalar que la amnistía es una figura jurídica que extingue la acción penal por un delito y favorece a todas las personas que lo hayan cometido, reestableciendo sus derechos en su totalidad. En el caso de lo que se propone con los indígenas, se está hablando de errores procedimentales y violaciones a garantías que deben ser examinadas a la luz de otros procedimientos ya contemplados en el Código Nacional de Procedimientos Penales y en la Ley de Amparo. Debemos mencionar también que en lo establecido en materia de reinserción social queda muy debajo de lo que ya establece la Ley Nacional de Ejecución Penal, violentando con ello los derechos de quienes, en su caso, serían beneficiados de esta amnistía. En relación con la comisión que se propone conformar para examinar los casos de quienes lo soliciten, no sabemos quiénes la integran ni sus funciones. Al contrario, suponen un escalón burocrático que no tiene razón de ser porque la aplicación de la ley corresponde directamente al juez y, en todo caso, a la Fiscalía General de la República y no a una comisión del gobierno en donde únicamente cobrarán los amigos y allegados del presidente. Esta ley también resulta violatoria de la autonomía de la Fiscalía General de la República, ya que este órgano y no otro es el que constitucionalmente tiene encomendado el ejercicio de la acción penal. Termino, presidenta, diciendo que votaremos en contra porque esta pretende ser una ley engañosa que viola la Constitución. Aboquémonos a aplicar la ley como la tenemos ahora.