LA C. SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL: Quisiera hablar de lo que hemos venido haciendo de manera distinta bajo esta visión que tenemos de un cambio responsable, pero quisiera también señor diputado, si se me permite, poder compartir también hacia dónde vamos y cuáles son no solamente aquellos aspectos de fondo que queremos replantear en esta nueva visión de la política social, sino que en materia presupuestal haremos llegar a esta Cámara de Diputados. Hemos venido hablando de la concepción de PROGRESA. Quisiera yo decir que PROGRESA es una herramienta importante de la política social, pero no se instituye, ni significa toda la política social de este gobierno. Creemos que PROGRESA requiere hoy de una mayor fortaleza en términos comunitarios, se ha ampliado la cobertura del programa, se ha hecho posible la incorporación a niveles de media superior que hasta antes no se había logrado y hemos empezado a incorporarnos a zonas semiurbanas de hasta 75 mil habitantes con condiciones e indicadores distintos reconociendo las diferencias entre la pobreza rural y la pobreza urbana. Hay dos ingredientes que ya he venido mencionando que vemos urgentes incorporar a este programa, uno de ellos tiene que ver con una vertiente de ahorro y una vertiente de financiamiento, creo que esto daría la base para que esta red que sumará ya más de 3 millones de familias a nivel nacional se convierta en una red, no solamente una materia de tejido social importantísimo, sino en una red con una posibilidad y una vertiente productiva que evidentemente sea más incluyente y plural. Otro de los cambios que hemos venido realizando y queremos destacar en esta comparecencia, es todo lo que tiene que ver con la transparencia y aquí valoramos enormemente la participación de la sociedad civil de la ciudadanía, el que ellos operen y actúen como contralores sociales creemos que es una de las demandas ciudadanas que más se había venido reiterando a lo largo de los últimos años y a la cual hoy estamos dando cumplimiento. Hemos hecho este tipo de alianzas con más de 111 organizaciones de la sociedad civil y como se mencionó al principio de esta comparecencia, en un acuerdo con la Procuraduría General de la República, teniendo al IFE como testigo, lo cual evidentemente garantizará que el uso de estos programas llegue directamente y en los términos que así marca la ley a los beneficiarios. Los temas de vivienda que he venido comentando, lo quiero destacar como uno de los avances más importantes a lo largo de esta gestión, vamos a empezar a ve resultados sin duda más concreto, pero el haber alineado los programas, el haber logrado la conformación de este consejo y también de la operación y las reglas mismas, lo apuntamos como un avance sustancial. Creemos, sin embargo, que bajo ninguna circunstancia debemos de caer en la trampa de una visión triunfalista, los retos y la magnitud de la pobreza que hoy enfrentamos son de tal magnitud, son tan cercanos y mediatos a c ada uno de nosotros, que nos obliga, como ya lo han planteado aquí diferentes grupos parlamentarios, a seguir con una implementación de evaluación diferente a la que se había venido instrumentando. Hoy en la Secretaría tenemos un enfoque preciso por indicadores y metas, una evaluación independiente para medir también impactos reales. Creemos que no se puede ser juez y parte y creemos que ya no basta con venir a informar al Congreso o a los ciudadanos que se cumplió con el presupuesto o que generamos tantos empleos temporales o que hay tantas escuelas construidas en el país. Tenemos que ser capaces de contestar si los maestros acuden o no a esta escuela, si las medicinas están o no en ese hospital, si realmente lo que estamos haciendo colabora a que estas familias puedan superar las condiciones de pobreza o se están arraigando en ella. Hemos manifestado esto desde el principio de la administración y hoy la evaluación acompaña a cada uno de los programas y de las acciones de la Secretaría. El día de ayer acordamos con todos los Secretarios de Desarrollo Social de los estados, una serie de indicadores, porque lo que también nos hemos encontrado es que hay incentivos perversos, incluso en la asignación de recursos presupuestales para estados y municipios. En materia de superación de la pobreza, no siempre se tienen incentivos que reconozcan a aquellos que más han trabajado para superar la pobreza, se trata igual a quienes lo han hecho, que a quienes han hecho muy poco en materia de inversión social y creemos que es urgente diseñar nuevos indicadores de tal forma que lo que más prevalezca en la asignación de recursos son sea solamente el alto índice de marginalidad que es importante y debe estar presente, sino que tenemos estados claramente ubicados, y no quisiera dar nombres aquí, porque no quiero cometer omisiones que pudiesen ser graves, que han trabajado con un enorme compromiso social que tienen inversiones en suelo, que tienen inversiones productivas y sin embargo se les castiga en lugar de premiárseles. Me he encontrado con presidentes municipales o gobernadores de estado, que me comentan: "Secretaria, no me conviene reportar un menor número de pobres, porque entonces me quitan presupuesto". Y esto es algo que no solamente compete a la Secretaría de Desarrollo Social, que tiene que ver con otras instancias del gobierno y que evidentemente significa un acuerdo político para hacer posible una serie de reformas estructurales que nos permitan generar los incentivos para que municipios, estados, comunidades se vean favorecidas con la inversión social que vienen realizando. Creo que es una de las tareas más importantes en las que debemos de lograr acuerdos entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, con el propósito de incentivar de manera real y estructural la superación de la pobreza. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Yo he encontrado un consenso que considero muy afortunado en esta comparecencia. Los consensos que he encontrado es que se requieren más recursos para el desarrollo social, y este consenso fortalece enormemente los trabajos de la Secretaría, porque se da en la Cámara de Diputados, que es la Cámara que tiene el mandato y la responsabilidad en materia presupuestal. Por lo tanto creo que al margen de nuestras convicciones partidistas o políticas, este consenso es nuestro consenso: o colocamos al desarrollo social en el centro y en la columna vertebral de las políticas públicas y de la Administración Federal, o me parece que no obstante los esfuerzos en políticas económicas o en otro tipo de acuerdos, no lograremos ese bienestar y esa mejora en las condiciones de vida, que evidentemente coincido con quien así lo exponía, el tiempo de los pobres es un tiempo distinto a nuestro tiempo. Hay un sentido de urgencia, hay un sentido de lo inmediato, hay un sentido de resolver ahora. El segundo consenso que recojo es que requerimos herramientas más poderosas para trabajar en materia de desarrollo social, en una vertiente mucho más productiva. Y otro de los consensos evidentemente es fortalecer el tejido social y la participación comunitaria, con el que coincidimos total y absolutamente, y en esa visión integral que debemos de tener cuando se habla de desarrollo social. Estos consensos no solamente son compatibles, sino marcan las bases de una política social de Estado.