El diputado Jorge Antonio Kahwagi Macari (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Lo que la actividad científica pueda aportar al desarrollo de México, es meritorio de ser considerado por todos los mexicanos como algo indispensable para ser un país competitivo en el contexto internacional. La brecha entre las capacidades científicas y tecnológicas entre los países más industrializados y los que estamos en vías de estarlo, es una de las manifestaciones contemporáneas de la persistencia del subdesarrollo y también una de sus principales causas. Si bien la labor científica ha permitido grandes avances y transformaciones de la humanidad, ocasionalmente sus resultados han acentuado las desigualdades entre los pueblos. Los países que se han esforzado por invertir más en investigación y desarrollo, han logrado como resultado elevar su posición competitiva internacional, convirtiendo las ideas científicas en un importante recurso económico para la Nación. La necesidad de mayores inversiones en este rubro es evidente para cualquiera que desee futuro mejor para nuestro país, sin embargo, los recursos federales son limitados y todos los ramos presupuestales son importantes y requieren atención. Al momento de realizar un análisis concienzudo en relación a en qué conviene a México invertir sus limitados recursos, en nuestra opinión es fundamental y de elemental justicia considerar que la inversión en ciencia y tecnología es con la intención de impulsar áreas estratégicas del conocimiento que puedan resolver problemas concretos de los distintos ramos que atiende el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que si se invierte en desarrollo científico y tecnológico se invierte también en salud, en medio ambiente, en desarrollo rural, en alimentación, en seguridad, en generación de más y mejores empleos, en elevar la competitividad de nuestra industria en turismo; en general, en todo cuanto significa desarrollo. A ese respeto, la tendencia internacional apunta a inversiones en ciencia y tecnología del orden entre el 1 y el 3% del Producto Interno Bruto con una participación por parte del Estado de entre el 18 y el 40% del total. En el caso de México la inversión total equivale escasamente al .4% del Producto Interno Bruto con una inversión por parte del Estado del 61%. Tomando como referencia la experiencia de las naciones que han obtenido mejores resultados en cuanto a desarrollo científico se refiere, lo que México necesitaría alcanzar es una inversión del 1% del Producto Interno Bruto con una participación mucho mayor por parte de la iniciativa privada. Para lograr un aumento en la inversión destinada a ciencia y tecnología por parte de la iniciativa privada, la estrategia optada por distintos países ha sido por medio de incentivos fiscales y México no es la excepción. El incentivo fiscal que señala la Ley del ISR en su artículo 119 (¿), ha resultado muy atractivo para la industria privada nacional. Desafortunadamente el tope máximo de 500 millones de pesos para este incentivo descrito en el artículo 17 fracción IX inciso A) y B) de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2003 resulto insuficiente, ya que para el Ejercicio Fiscal del 2004 se inició con más de 170 millones de pesos comprometidos. Si México quisiera alcanzar con estos incentivos fiscales los mismos niveles de inversión que tienen los países que menos inversión en ciencia y tecnología, de la OCDE (¿), el tope máximo tendría que ser del orden de 11 mil 500 millones de pesos. Si bien es digno de reconocer el hecho de que se haya autorizado un importante incremento del monto del estímulo a mil millones de pesos, todavía nos falta mucho por andar. Para el año 2005 lo ideal, dentro de nuestras posibilidades económicas, es incrementar nuevamente el tope a 3 mil millones de pesos, con la intención de proporcionar un incremento de la inversión que realiza el Sector Productivo en actividades científicas y tecnológicas y de ese modo poder acceder una inversión cada vez más cercana al 1% del Producto Interno Bruto en este ramo para el 2006. Según información proporcionada por el CONACYT, lo idóneo para el caso de México es incrementar la participación privada para el año 2006 a un total de 30 mil millones de pesos, pasando por 23 mil millones de pesos por el año 2005. En este sentido el tope máximo establecido para el incentivo fiscal debería de ser del orden de 6 mil 900 millones de pesos. Sin embargo, la inversión privada en este rubro debe ser motivada por su rentabilidad económica y no sólo por la posibilidad de acceder a un beneficio fiscal. Por lo que proponemos incrementar el tope máximo a 3 mil millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2005. Sensibilizados por todo lo anteriormente expuesto, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a su consideración la siguiente: Iniciativa de Decreto por la que e reforma el inciso b) de la fracción IX del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación. El artículo 1 por el que se reforma el inciso b) de la fracción IX del artículo 17 de la Ley de Ingresos de la Federación para quedar como sigue: El artículo 17 en materia de estímulos fiscales durante el ejercicio fiscal del 2004 se estará a lo siguiente: Para la aplicación del estímulo que hace referencia el artículo 219 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se estará a lo siguiente: B. El monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio no excederá de 3 mil millones de pesos para el año 2005. Transitorio Primero. Este decreto entrará en vigor el 1o. de enero del 2005. Por su atención muchas gracias.