La diputada Karen Yaiti Calcaneo Constantino: Con el permiso de la Presidencia. Legisladoras y legisladores, comparezco ante esta soberanía con el compromiso firme de respaldar una reforma de la mayor trascendencia para el país, la que fortalece nuestro marco jurídico para combatir el lavado de dinero y proteger la integridad de nuestro sistema financiero. Esta reforma, es el resultado de un trabajo técnico riguroso, pero, sobre todo, responsable. Agradezco el esfuerzo de las y los integrantes de las Comisiones Dictaminadoras, así como el del diputado, el doctor Ricardo Monreal Ávila, por su liderazgo y seguimiento en este vital proyecto. Es de reconocer que la lucha, el crimen financiero no admite postergaciones ni ambigüedades. El lavado de dinero es una amenaza a la economía nacional, a la justicia y a la democracia misma. El proyecto que hoy analizamos, reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y del Código Penal Federal. Es una respuesta legal, pero también política al reto que representa el uso ilegítimo de los recursos económicos para infiltrar sectores legítimos de la economía. La realidad nos demanda a actuar, México ha sido objeto desde el 2018 de un proceso de evaluación intensificado por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, debido a deficiencias detectadas en sus mecanismos de prevención de lavado de dinero, este señalamiento nos coloca en una posición de vulnerabilidad, frente a la comunidad internacional y el sistema financiero global. Hoy, este poder tiene la oportunidad histórica de corregir esa situación y de fortalecer los cimientos institucionales del país, el proyecto de decreto que se presenta responde a dos exigencias fundamentales: Cumplir con nuestras obligaciones internacionales y blindar nuestra economía ante las redes criminales que se benefician de la opacidad financiera. Una de las principales aportaciones de esta reforma es la actualización del catálogo de actividades vulnerables, incorporando operaciones inmobiliarias, transacciones con activos virtuales y donativos dirigidos hacia asociaciones civiles, sindicatos, partidos políticos y organizaciones sin fines de lucro. Estos decretos, sin una regulación adecuada pueden ser utilizados como vehículos para el ocultamiento de recursos ilícitos. También, se incorpora y fortalece el concepto del beneficiario controlador, esta figura busca identificar con claridad a la persona que realmente detenta el control o los beneficios económicos de una estructura jurídica. Es decir, quién está detrás de la cortina. Esta modificación es clave para desmantelar esquemas sofisticados de simulación y de ocultamiento activos. La reforma, también otorga nuevas atribuciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y en coordinación con la Guardia Nacional para desplegar mecanismos de supervisión, monitoreo y controles muchos más rigurosos. Asimismo, se fortalece las facultades de la Fiscalía General de la República para atender los casos de complejos que derivan de estos delitos financieros. Quiero destacar un aspecto central de este dictamen. Se ha optado con responsabilidad por excluir cualquier modificación relacionada con el financiamiento al terrorismo. Esta decisión obedece a las necesidades de tratar esa materia en un instrumento jurídico separado, dada su especificación y relevancia. Al hacerlo, se garantiza la claridad normativa y se evita generar ambigüedades que puedan dificultar la aplicación efectiva del presente decreto. Lo que está en juego no es un simple ajuste técnico o legislativo. Lo que hoy aquí se juega es la credibilidad del Estado mexicano, la estabilidad de nuestras finanzas, la confianza que los ciudadanos y los mercados depositan en nuestras instituciones. En el Grupo Parlamentario de Morena estamos convencidos de que esta es la ruta correcta, una ruta de legalidad, justicia y de compromiso con el futuro de México.