El diputado Guillermo Sánchez Torres: Ante la falta de reglas claras o procedimientos o bien ante la falta de disposiciones expresas que den solución a los conflictos que a diario surgen en los ejidos y comunidades del país, las cuales han aumentado. El dictamen señala que cuando el ejidatario pretenda enajenar sus derechos agrarios, se encuentra obligado a notificar a su cónyuge, concubina o hijos, a efecto de que éstos dentro del término de 30 días hagan valer su derecho al tanto. No haciéndolo en dicho plazo perdieron ese derecho, o bien si el ejidatario omitiera la notificación, la enajenación sería nula. La notificación constituye el acto procesal mediante el cual se hace del conocimiento de una persona la existencia de una situación jurídica concreta y a efecto de que ejercite o no un derecho dentro del plazo perentorio. Al suprimir la notificación o al contener deficiencias ésta, se viola la garantía constitucional de audiencia. Los hijos o las personas con derecho al tanto por parte de determinados ejidatarios que se vieron como obligación de emigrar a otros lugares se hizo imposible que en algunos casos la notificación del derecho al tanto, ha originado que muchos ejidatarios no puedan enajenar sus derechos o bien quienes lo hicieron corrieron el riesgo que después se decretara la nulidad de la enajenación, lo que originaba otro problema jurídico que bien podría evitarse con la flexibilidad de la Ley Agraria en materia de notificaciones, al momento de que el ejidatario quiera realizar la enajenación de sus derechos. Con la notificación del derecho al tanto al cónyuge e hijos del enajenante, el legislador pretendió que los derechos parcelarios no salieran del propio núcleo familiar del ejidatario. El dictamen propone hacer más ágil el requisito de la notificación del derecho al tanto en caso de desconocer el domicilio las personas a quienes les corresponde el derecho al tanto, se supla el mismo con la notificación que se haga al comisariado ejidal con la participación de dos testigos o ante fedatario público, surtirá los efectos de notificación personal. Al efecto, el comisariado, bajo su responsabilidad publicará de inmediato en los lugares más visibles del ejido una relación de los bienes o de los derechos que se enajenan, lo que permitirá a los ejidatarios realizar sus enajenaciones en términos del numeral 80 de la Ley Agraria, sin limitación procesal alguna, sólo en aquellos casos en que se desconozca el domicilio de algunos de los beneficiarios del derecho del tanto y que permitiría que quienes lo hagan no corran riesgo de que con posterioridad se les pretenda decretar la nulidad de la enajenación, situación que permitirá evitar este tipo de conflictos. En este contexto, resulta importante recordar que la República Mexicana cuenta con 50.6 de superficie de propiedad social. Es decir, ejidos, comunidades y colonias agrarias, en la que se asientan 31 mil 663 núcleos agrarios conformados por 29 mil 321 ejidos y dos mil 342 comunidades. Sobre esta tierra existen cuatro millones 661 mil 878 titulares de derechos y en ellas se concentra el 80 por ciento de los bosques y selvas, 74 por ciento de la biodiversidad y dos terceras partes de los litorales del país. Cabe recordar que en México la primera entrega de tierras se efectuó en 1915 y las dotaciones ejidales y el reconocimiento de comunidades continuaron hasta 1997. El nuevo marco legal agrario previó la certificación de los derechos parcelarios y la titulación de los solares del asentamiento urbano, mediante la identificación de los núcleos agrarios y la realización del diagnóstico sobre su situación. El artículo 27 constitucional reconoce, en su fracción VII, la personalidad jurídica de los núcleos agrarios de poblaciones ejidales y comunales y protege su propiedad sobre la tierra, tanto para asentamientos humanos como para actividades productivas. Tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población también fija los requisitos y procedimientos, conforme a los cuales la asamblea otorga al ejidatario el dominio sobre su parcela. La Ley Agraria otorga a ejidatarios y comuneros la facultad de decidir sobre la mejor manera de constituirse colectivamente para mejorar sus actividades económicas y con ello su ingreso y nivel de vida. De acuerdo con la Ley Agraria pueden suscribir contratos en los que se les otorga a terceros el usufructo, explotación o uso de la superficie o bien, en un marco superior la constitución de sociedades, asociaciones, cooperativas y uniones de conveniencia. Por la ley la Procuraduría Agraria, como garante de la defensa de los derechos de los sujetos agrarios de la institución es responsable de vigilar que se cumpla lo establecido por el artículo 27 constitucional, que ordena respetar la voluntad de ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones y forma que más le convenga en aprovechamiento de sus recursos productivos. Lo anterior como respuesta de la vida rural, al minifundismo y las condiciones de pobreza, y a las dificultades para acceder a financiamiento, tecnología y escala de producción rentable. Estas prácticas cotidianas y extendidas al no estar jurídicamente amparadas disminuyen el valor del ingreso que tienen los campesinos por dichas operaciones y pierden en esos casos la defensa legal de sus intereses. Una de las características del ejido como propiedad social hasta antes de la ley de 1992, fue contemplar los derechos agrarios como patrimonio familiar. Con la legislación derogada el ejidatario tenía limitaciones para el uso de la parcela, ya que según la ley su usufructo operaba en función de la sociedad del núcleo campesino y de su familia. La nueva ley al suprimir, tanto el carácter patrimonial...