El diputado Alejandro Cañedo Jiménez: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, y muy especial al pueblo de México, con tristeza seguimos escuchando como las notas periodísticas nos informan sobre el turismo sexual. Práctica deleznable que persigue a nuestra niñez y que cada vez se hace más frecuente en nuestro país, por la falta de una regulación y políticas públicas que persigan a tal delito. Según informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de América, sobre la trata de personas del año 2013, exhibe que cada año en México 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual; mientras que otros 85 mil son usados en actos de pornografía en 21 de las 32 entidades que conforman nuestra federación. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos considera en su artículo 13 al turismo sexual como una forma de explotación sexual remunerada que se encuentra dentro del fenómeno de la trata de personas, y sanciona con penas de 15 a 30 años y multas de mil a 30 mil días al que se beneficie de la explotación de una o más personas a través de la prostitución, la pornografía, las exhibiciones públicas y privadas de orden sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad sexual remunerada. El tema de la existencia de turismo sexual en nuestro país es invisibilizado, no se ve para no ponerle atención. Es, en esencia, una cortina de humo. Una de las agravantes en torno a este ilícito es la red de complicidad, tanto de los que promueven el acto como de la prevalecencia e impunidad por parte de los parientes de las víctimas, que otorgan amplias facilidades para que los turistas extranjeros, mayormente estadounidenses y de procedencia europea, para que puedan acceder a los menores de edad, todo se da bajo la descomposición de un enorme tejido social que acontece en nuestro país. Con tristeza y preocupación se ha visto que actualmente a los padres y familias de niños participan en esta práctica, aunque las leyes ahora protejan a los menores no se llevan a la cabalidad esta protección. El caso más claro quedó el reciente del canadiense multicitado en las redes sociales llamado Walter Suk, fue encarcelado por este hecho, pero el padre del menor que aparece en la escena del ilícito no se le fincó nunca una responsabilidad penal por tal ilícito. Los pequeños confían en que los padres, familiares y tutores los protejan, pero ahora no es así, no siempre es así, por desgracia. La facilidad de obtener dinero por la venta de menores ha corrompido la sociedad, por lo que no podemos permitir que estas atrocidades sigan ocurriendo con nuestros hijos. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía a su consideración, la parte adicionada al artículo 203 del Código Penal Federal que aumenta las penas armonizándolas con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, a lo cual dice lo siguiente: Al autor de este delito se le impondrá una pena de 15 a 30 años de prisión y de 1000 a 30,000 días de multa y se aumentarán en una mitad de la que corresponda cuando el autor tuviere para con la víctima, alguna de las siguientes relaciones: Los que ejerzan la patria potestad, padre, madre o tutor o quien esté ligado con la víctima por una lazo afectivo, tales como familiares y línea colateral hasta el cuarto grado, ascendientes o descendientes, tutores o curadores. Para ello en estos incisos, además de las sanciones señaladas, los autores del delito perderán la patria potestad, la tutela o la curatela, en su dado caso. En todos los casos el juzgador acordará las medidas pertinentes para que se le prohíba permanentemente al ofensor tener cualquier tipo de contacto o relación con la víctima. Por el bien de los niños de México y del mundo, lo pongo a su consideración. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.