El diputado Eduardo Alfonso Bailey Elizondo (PRI): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y diputados: México atraviesa por una de las etapas más críticas de su historia en materia de desempleo, debido a la falta de políticas públicas que incentiven en términos reales a la micro, pequeña y mediana empresa, lo que se ha visto acentuado en la reciente administración, en la que no sólo no se ha logrado detener el deterioro de empresas, sino que se ha visto incrementado, provocando un proceso acelerado de desplazamiento de los sectores formales a los informales de nuestra economía. El Banco Mundial considera como sector de la economía informal al sector que no aparece en las estadísticas oficiales, donde sus transacciones se llevan a cabo principalmente en efectivo y no pagan impuestos. Para el caso de México, conforme a lo anterior, las estadísticas oficiales del INEGI no son del todo confiables, ya que en esta economía informal no se considera la economía llamada "subterránea" ni las actividades ilegales, como lo son la piratería, la evasión fiscal, la producción y el tráfico de drogas, el comercio y transporte de mercancías de contrabando, entre otras muchas. Con la reserva anteriormente planteada, se estima que para México la cifra de esta economía informal ya rebasa el 50 por ciento de su participación dentro del Producto Interno Bruto. Cifras conservadoras del INEGI del 2002 hablaban de que este sector contribuía con el 42 por ciento del PIB nacional. Este fenómeno es mundial. Cifras globales nos dicen que la economía informal representa en los países industrializados entre el 14 y el 16 por ciento. En los países en transición el 21 y el 30 por ciento. Y los países en vías de desarrollo entre el 35 y el 44 por ciento. Ya para el año del 2003 había en el mercado laboral nacional una cifra superior a los 2 millones 300 mil personas desarrollando su actividad dentro de la informalidad, lo que representa una cuarta parte de la totalidad de las personas ocupadas en el país. Además de lo anterior, el subempleo se sigue incrementando. Lo anterior hace necesario fortalecer la micro, pequeña y mediana empresa, que como sabemos son la que más empleo genera. En este sentido el artículo 3º de la propia Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, señala que la microempresa es la que ocupa en el sector industrial, el comercio y los servicios de 0 a 10 trabajadores. Para el caso de la pequeña el número de trabajadores es de 11-50. Y finalmente la mediana entre el 51 a 250 y de 51 hasta 100 respectivamente. Son éstas las empresas que generan mayor empleo, las que dan la oportunidad d sobrevivencia a millones de personas y de familias que cada vez más se ven empujados a la informalidad y al subempleo, cancelándole las expectativas de una vida digna, ya que estos empleos por lo general carecen de toda garantía de seguridad social. Lo anterior nos lleva a la reflexión de la imperante reconsideración de los esquemas de promoción de la micro, la pequeña y mediana empresa, que conservadoramente se estima produce al menos 6 de cada 10 empleos; esquemas que lleven a fortalecer a la micro, la pequeña y la mediana empresa en procesos más competitivos con las industrias de más alto desarrollo del país y sobre todo con las del extranjero, para que su producción sea lo más competitivo posible. Pasar a hacer de las cadenas productivas una realidad, en donde todos se vean beneficiados, sobre todo los sectores productivos en su ganancia legítima, pero también en su compromiso social. Por ello, el compromiso debe de ser compartido por los sectores público, social y privado. El sector público mediante el diseño de políticas públicas que incentiven esta competitividad y proporcione los créditos fiscales, para crear las bases sólidas que permitan este impulso. En este mismo sentido es que se establece la necesidad de convenir con las entidades federativas, las 32, y con ellas la participación de los municipios y los sectores público, social y privado, las acciones a realizar en el ámbito y territorio de las mismas. Se propone el establecimiento de un consejo estatal que armonice los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y de los sectores, lo cual es fundamental, por lo que la conformación y operación de este consejo estatal no sea potestativa sino obligatoria. Por ello se propone que en la ley se establezca esta obligación que sin duda alguna asumirán plenamente las autoridades locales a cargo de quienes quedara la coordinación de esfuerzos, con la participación técnica de la Federación, a través de la Secretaría de Economía. Es en este esquema de corresponsabilidad que la propia ley establece se inserta la creación del Sistema Nacional para el Desarrollo de la Competitividad. El fomento al empleo y a la producción mediante la competitividad de un esquema de corresponsabilidades de la Federación, los gobiernos locales y los sectores productivos, es el sentido que debe privar en la legislación de ordenamientos normativos, como la Ley para el Desarrollo. Por lo antes expuesto, se presenta la iniciativa por la que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley para el Desarrollo y la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, para quedar como se publicó en la Gaceta. Es cuanto, diputada Presidenta.