La diputada Karina Sánchez Ruiz: Un saludo fraterno a todos los que nos siguen a través del Canal del Congreso y las redes sociales, buenas tardes. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Social, cuya finalidad es incorporar en el texto de la ley disposiciones que garanticen la rendición de cuentas de la política social del país. Dentro de los principales objetivos de la Ley de Desarrollo Social se encuentra definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la política nacional de desarrollo social, y establecer mecanismos de evaluación y seguimiento de los programas y acciones de la misma. A pesar de esta disposición, el gasto y las políticas de desarrollo asignan los recursos públicos sin considerar los resultados que se pretenden alcanzar, ya que la programación de recursos se hace con base en el presupuesto del año anterior, se haya o no se haya cumplido con las expectativas planteadas. Ejemplo de lo anterior, es que en febrero pasado la Auditoría Superior de la Federación dio a conocer los resultados de la auditoría realizada a la cuenta pública 2015, donde se hizo una crítica al programa Cruzada Nacional contra el Hambre. Uno de los comentarios que hace la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Desarrollo Social consiste, en que no fueron atendidas las recomendaciones realizadas con respecto a las reglas de operación de 2016 sobre los programas que participan en la cruzada nacional en cita. Es de señalar que la Ley General de Desarrollo Social creó el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social como instancia con atribuciones para medir la pobreza y evaluar la política social de desarrollo social. En su artículo 82, la ley señala que el Consejo estará integrado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Social o la persona que este llegue a designar. También por seis investigadores académicos y por un secretario ejecutivo que designará el presidente de la República. En Nueva Alianza consideramos que es preciso modificar este modelo, ya que incurre en evidente conflicto de interés al ser la Secretaría juez y parte, o en este caso, evaluado y evaluador, situación que resta transparencia a la información que derive de las evaluaciones que se realicen. Para que las políticas de desarrollo social funcionen y disminuyan efectivamente la enorme brecha de desigualdad que afecta a millones de personas, es imprescindible que se evalúen de manera constante los programas que se llevan a cabo desde el gobierno federal. Los recursos del país son limitados y los retos y la incertidumbre internacional que enfrentamos nos impone un compromiso cada día mayor para que estos recursos sean ejercidos de forma responsable, transparente y rindiendo cuentas. Por estos motivos, en Nueva Alianza proponemos que sea incorporada en el texto de la ley la obligación de considerar los resultados y las recomendaciones que emite la Auditoría Superior de la Federación en las evaluaciones multidisciplinarias que realiza el Coneval. Es preciso que la ley que conduce los esfuerzos del Estado para terminar con la pobreza esté dotada de todos los mecanismos necesarios para que los recursos sean ejercidos de la mejor manera posible, y basándose, sobre todo, en resultados. Las y los diputados turquesa estamos convencidos que la simple dádiva no generará un cambio, ninguna mejora sustantiva en niveles de vida de la población. Es preciso crear, sobre todo, oportunidades verdaderas de desarrollo para millones de mexicanas y mexicanos. La política social debe estar estrictamente evaluada para ver su funcionalidad, porque de ella depende el futuro y aún más que nada, el presente de nuestro país. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.