La diputada Sonia Rincón Chanona: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia aborda un tema de mayor importancia por su impacto, no sólo en materia penal, que es sancionar una conducta que contraviene la legalidad, sino que además genera daños irreparables, como es la integridad de las personas y al medio ambiente, nos referimos al robo de combustible y que se ha convertido en uno de los mayores problemas que enfrenta Petróleos Mexicanos en los últimos años. En el año 2010, Pemex detectó y clausuró 710 tomas clandestinas. En 2011, se incrementaron a mil 419. En 2012, a mil 744. Y en el año 2013, el número de tomas clandestinas detectadas fue de 3 mil 46. Mientras que tan sólo de enero a agosto del presente año, el robo de combustible representó una fuga financiera para Pemex de 15 mil 300 millones de pesos, cifra equivalente a 7 millones 500 mil barriles de hidrocarburos y se clausuraron 2 mil 481 tomas clandestinas, según reconoce el director general de la empresa, Emilio Lozoya. La extracción ilícita de combustibles se ha vuelto cada vez más frecuente, la ordeña persiste debido a que los oleoductos están tomados prácticamente por bandas del crimen organizado, asociadas a grupos fuertemente armados, situación que pone en riesgo la seguridad nacional y la integridad de personas, poblaciones y el medio ambiente, además de que ocasiona severos daños económicos. Las reformas presentadas al Código Penal Federal, al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, a la Ley Federal de Extinción de Dominio y al Código Fiscal de la Federación, permitirá que la configuración del tipo penal sirva para que el Ministerio Público y la autoridad judicial puedan tener mayores elementos jurídicos para castigar este delito que tanto daño hace a la sociedad. El actuar de la delincuencia organizada en el robo de diversos combustibles ha provocado las tomas clandestinas, las cuales ante el desconocimiento del producto que se transporta en los ductos generan un peligro inminente. Esto ha ocasionado graves accidentes, como el ocurrido en San Martín Texmelucan, Puebla, el 19 de diciembre del año 2010, que dejó 30 personas fallecidas, decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales. El robo de hidrocarburos se ha diversificado al extenderse a su almacenamiento, transporte, suministro, distribución y enajenación, creando una cadena de ilícitos que toca a establecimientos mercantiles o a empresas que son el último filtro para llegar al consumidor. En los últimos años las autoridades mexicanas han implementado medidas para contrarrestar estos hechos, aunque los resultados han sido desalentadores. En la medida en que estas conductas no son sancionadas de forma oportuna y eficaz, la impunidad se convierte en un incentivo para que estos grupos criminales sigan actuando en contra del orden jurídico. Compañeras y compañeros legisladores, en Nueva Alianza estamos convencidos de la necesidad de combatir esta actividad, por lo que votaremos a favor del dictamen para elevar a delito grave el robo de hidrocarburos para que en el marco jurídico tipifique determinadas conductas que dañan severamente a todo el sector energético. Sin embargo, debemos señalar que ninguna norma será efectiva si los funcionarios encargados de vigilar el debido cumplimiento a la ley y el cuidado del patrimonio de las y los mexicanos, sean quienes solapen este tipo de ilícitos. Por su atención, muchas gracias.