La diputada María Mercedes Maciel Ortiz: Compañeras y compañeros diputados, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, acude a esta tribuna para respaldar en sus términos el dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas y que adiciona otros ordenamientos jurídicos. En primer lugar, la ley que se expide tiende a erradicar la nefasta práctica de traficar seres humanos para explotarlos sexualmente. Existen en México y en el mundo redes delincuenciales que secuestran personas en sus países de origen, para llevarlos a otros, a ejercer la prostitución. México es un país receptor de este tipo de casos, pero también expulsor, ya que se tiene conocimiento de que en regiones del estado de Tlaxcala se fuerza a mujeres, que mediante engaños, son llevadas a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si ésta es una conducta aberrante cuando se trata de adultos, más lo es tratándose de niños y niñas. En segundo lugar, el mérito de esta ley es que tipifica la conducta de trata de personas, definiéndola en el artículo 5o. como: "Comete el delito de trata de personas quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue o reciba, para sí o para un tercero, a una persona por medio de violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para someterlos a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes". Como podemos apreciar, estamos integrando al tipo penal de trata de personas, la amplia cadena de hipótesis que se pueden presentar en la comisión de este delito. Con ello pretendemos cerrar la descripción de la figura típica y evitar que quienes cometen este delito puedan evadir la acción de la justicia. Resulta paradójico que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíba la esclavitud en los hechos, mientras en materia de explotación sexual esta conducta persista y no sea combatida oportuna y adecuadamente. En tercer lugar, otro mérito del dictamen en comento es que en la ley se ordena la creación de una comisión intersecretarial integrada por dependencias y entidades de la administración pública federal y por la Procuraduría General de la República. Dicha comisión tendrá, entre otras tareas, la de elaborar el programa nacional para prevenir y sancionar la trata de personas. Con esta medida el Estado mexicano se obliga a diseñar toda una política integral de combate a quienes realizan esta actividad. Asimismo, se establece como obligación para las autoridades disponer todas las medidas necesarias para la protección y asistencia a las víctimas u ofendidos de la trata de personas. Ésta es una disposición bondadosa que reconoce el estado de vulnerabilidad y alto riesgo en el que se encuentran las personas que son víctimas de este delito. La ayuda que se les proporcionará comenzará desde trámites migratorios hasta ponerlos en contacto con sus representantes diplomáticos e inclusive las de permanecer en el país. Adicionalmente se proponen reformas a otros ordenamientos jurídicos que también contribuyen al combate del delito de trata de personas. Por todo lo anterior, nuestro voto es a favor del dictamen. Es cuanto, señora Presidenta.