El diputado Heliodoro Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. La Unión General Obrero, Campesina y Popular, AC (UGOCP), es una organización no gubernamental constituida hace 25 años para organizar y coordinar a grupos, comités, sociedades y asociaciones de mujeres, de obreros, de campesinos, en fin, de la sociedad en su conjunto para mejorar sus condiciones y levantar luchas de reivindicación social históricas. A lo largo de ese periodo, la UGOCP ha integrado comités regionales en muchas entidades federativas, ha cimentando su presencia y su participación en las luchas campesinas de manera importante en el área de Veracruz y Oaxaca. El fundador de la UGOCP fue el ingeniero sonorense Margarito Montes Parra, para algunos un personaje controvertido y marginal, pero a quien deben reconocérseles sus indudables méritos de luchador social y su actuar congruente con su ideología y con sus particulares métodos. Margarito Montes Parra, quien podría decirse, casi siempre vivió en la frontera de lo permisible y lo no permisible, de un código de justicia tomada por propia mano, de la confrontación con quienes consideraba adversarios de los desprotegidos, sufrió la pérdida violenta de casi toda su familia y de muchos de sus compañeros de acción. Hijos, hermanos, esposa, compadres perecieron asesinados, algunos lo precedieron, otros murieron junto a él. El 30 de octubre de 2009, el líder de la UGOCP, junto con otras 14 personas, fue emboscado y muerto con armas de alto poder, al salir del rancho Los Alamitos, en Cajeme, Sonora. Hasta ahora, pasados más de dos años de sucedido el multihomicidio permanece impune. La averiguación respectiva, a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, no reporta avances que permitan determinar quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del crimen, mucho menos existen datos fehacientes que posibiliten su aprehensión y consignación ante el juez de lo penal competente para enjuiciarlos y sancionarlos. Quince homicidios cometidos a plena luz del día, a la vista de varias personas, con armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, es una acción concertada, organizada y ejecutada por varios agentes sicarios, sin duda parece que engrosarán la larga lista de crímenes sin castigo que se cometen en nuestro país. Ni la figura pública, ampliamente conocida de Margarito Montes Parra, ni las repercusiones mediáticas del suceso, ni las eventuales reacciones contestatarias de los militantes de la organización que éste fundó ni las exigencias de la sociedad han motivado lo suficiente al gobierno sonorense para que esclarezca los hechos y haga justicia. Por todas estas razones, presento en comento punto de acuerdo: Único. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en ejercicio de la facultad que le conceden los artículos 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, atraiga la averiguación previa relacionada con el homicidio de Margarito Montes Parra y otras 14 personas, cometido en Cajeme, Sonora, el 30 de octubre de 2009, y realice las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Público de la Federación pueda resolver si ejercita o no la acción penal contra quienes resulten presuntamente responsables. No podemos seguir deambulando en la impunidad, sobre todo en los asesinatos de dirigentes sociales, políticos, pues mucho daño hacen a nuestra sociedad y a la estabilidad, sobre todo ahora que requerimos de tiempos de mesura y madurez por la coyuntura electoral que vamos a vivir. Necesitamos que impere la justicia, que se aplique la ley. El gobierno federal tiene la palabra. Es cuanto, señor presidente.