La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias. Pregunta sobre el gasto federalizado. También son falsas las cifras que aquí dieron algunos diputados. De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación, el gasto federalizado total es de 1 billón 867 mil 338.4 millones de pesos. Hay una disminución del gasto total de menos 5.5 por ciento. Eso no es catastrófico, eso significa que hubo una crisis en el 2020, y que para el 2021 habrá menos recursos. De participaciones federales, en efecto, hay un recorte de 30 mil 52 millones de pesos, menos 6.4. Pero de aportaciones federales a través de los fondos hay un aumento de 18 mil 82 millones de pesos. Las aportaciones de servicios de salud aumentan, la infraestructura social el FAIS queda igual, la infraestructura educativa queda igual. El Fortamun disminuye un poquito. Seguridad Pública, y me interesa mucho decirlo, aumenta el Fondo de Seguridad Pública, el FASP, que aumenta de este año, que se tuvo 7 mil 444 millones a 7 mil 695 millones. Es decir, se les está aumentando a los estados en materia de seguridad pública 251 millones de pesos. También fortalecimiento a las entidades federativas, el Ramo 25. Total, la recaudación federal participable, en efecto, se cae 5.5 por la crisis. Hay, por ejemplo, gracias a las compañeras, lo sé, de Educación, lograron 200 millones de pesos más para el Ramo 25, que les tocará también a todos los estados. Jalisco aquí se ha mencionado. Es falso que se le haya quitado el dinero que aquí dijeron. Tiene, como todos los estados, en promedio menos 5.5. El mismo porcentaje en que disminuye el Fondo General Participable. Lo mismo Aguascalientes, 4 por ciento. Hay unos estados, como Tamaulipas, que solo disminuye 2.1, menos de lo que disminuye el Fondo General Participable. Pero si de gasto federalizado hablamos, habría que hacer 3 conceptos, estimado diputado. Primero, que la Constitución Mexicana, en la fracción VII del artículo 73 establece que corresponde al Congreso imponer las contribuciones para cubrir el presupuesto. Pero que el artículo 115 constitucional establece que puede haber impuestos locales. Incluso marca el de la propiedad inmobiliaria, el de los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos, el impuesto sobre nómina, el de la tenencia sobre el uso de vehículos. Es decir que los gobernadores tienen facultades para decidir contribuciones en sus estados, que deberían acudir a sus Congresos locales, si es que necesitan recursos. Pero vienen a la federación a estirar la mano, sin hacer ningún esfuerzo de eficiencia administrativa, y quieren que la eficiencia administrativa que ha logrado el presidente de la República, que a pesar de la caída estrepitosa de los ingresos, los ingresos tributarios no muestran una caída estrepitosa gracias a la eficiencia administrativa del presidente López Obrador. Y quieren que esa eficiencia se les entregue a los gobernadores. Pues, ¿en qué cabeza cabe que podamos aceptar eso? Entonces, los gobernadores tienen facultades contributivas. ¿Por qué no acuden a aumentar los impuestos en sus estados? Pues porque no quieren pagar costo político. Mucho menos cuando se avecina una elección. Quieren que nosotros paguemos el costo político, que nosotros paguemos el costo electoral. Que asuman las consecuencias de sus actos. Pero yo termino la pregunta, diputado, diciendo que la Ley de Coordinación Fiscal, diputado, se creó en 1978. En ese año se publicó la ley y desde entonces ha estado vigente. Y el último cambio que hubo a esta ley fue a propuesta de Felipe Calderón, en 2007. La aprobaron por unanimidad todos los de este lado, incluidos los que están en extinción, también la aprobaron. Qué quiero decir con eso. Que no hemos modificado nada. ¿Qué es lo que les disgusta a los gobernadores de la Ley de Coordinación Fiscal? ¿Por qué ahora están en contra del sistema fiscal?, si ellos lo crearon, si ellos lo diseñaron y lo estamos respetando a pie de juntillas. No le hemos movido absolutamente nada. Los gobernadores reciben el Ramo 28, las participaciones federales, que son las más importantes. Reciben las aportaciones federales, que es el Ramo 33. Y a propósito del Ramo 33, fue en 1994 cuando se inició la descentralización de los servicios educativos, pero también hay descentralización de los servicios de salud porque en la Constitución hace concurrentes las facultades en materia de salud y educación a la federación, a los estados y a los municipios, y las aportaciones federales, el Ramo 33, es el que acabo de señalar, vienen unas partidas que suben, otras que bajan, pero en promedio no se está afectando a los gobernadores. Adicionalmente, se han implementado mecanismos de transferencia de recursos a través de subsidios, a través del Fideicomiso de Infraestructura para los estados y del Fondo de Estabilización de los ingresos para las entidades federativas. Esta es otra fuente de recursos que tienen los gobernadores, y además están los convenios específicos de descentralización de educación, de salud, de infraestructura educativa o de otros que quieran firmar, que por cierto la propia Ley de Coordinación Fiscal establece que se pueden seguir firmando convenios. ¿Cuál es la gran diferencia entre los convenios de antes y los convenios de ahora, si no hemos modificado la ley? Pues que los convenios de antes eran discrecionales y que ahora los gobernadores sí podrían tener más recursos, pero firmando el convenio que ordena la ley. Y van a estar sujetos a revisión presupuestal. Eso tal ves es lo que no les gusta, pero el Presupuesto realmente no se altera gran cosa. Espero haber respondido su pregunta, diputado. Termino mi participación diciendo...