El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Presento a su consideración una iniciativa de proyecto de decreto que reforma el artículo 76 constitucional, fracción I; y el artículo 117, fracción I, también de nuestra Carta Magna, en el sentido de permitir a los estados celebrar convenios y tratados internacionales en relación específicamente al desarrollo y solamente para el desarrollo. Hoy, en el marco de la reforma del Estado se hace impostergable el fortalecimiento del pacto federativo y de todos sus instrumentos. Es un hecho que los estados de la federación conducen diferentes acciones en materia exterior, vinculadas —como señalaba— a la promoción de su desarrollo regional; y sin embargo, y sin embargo compañeras y compañeros, no está contemplado en nuestra Constitución. La presente iniciativa se sustenta en los siguientes fundamentos. La historia constitucional de nuestro país establece que la celebración de tratados, alianzas o coaliciones internacionales corresponde exclusivamente a la federación, lo cual se entiende en un escenario históricamente inestable, y particularmente, de debilidad política al interior de las naciones. No nos confundamos, compañeras y compañeros. Las materias a las que se refiere son consustanciales a la naturaleza del Estado y su soberanía, y tienen que ver directamente con situaciones de conflicto armado, y hoy, en nuestro presente, amenazas a la estabilidad, viabilidad y existencia del Estado. De este modo, la prohibición a los estados para concluir acuerdos internacionales se inscribe únicamente en el contexto de no permitirles entrar efectivamente en guerra o en coaliciones, mas no —y esto es muy importante— en su derecho legítimo para impulsar su desarrollo. Esta tarea, compañeras y compañeros, puede ser ya una responsabilidad compartida. Nuestra historia constitucional da firme testimonio de ello en el acta constitutiva de 1824, en la Constitución federal del 24, en l Constitución de 1857 y, desde luego, está consagrado en nuestra Carta Magna de 1917. Avancemos pues en el fortalecimiento del pacto federal que responda sin duda a las nuevas circunstancias nacionales e internacionales, a los nuevos contextos regionales y desde luego, globales. Por ejemplo, el proceso de mundialización hace imposible sustraer a las entidades federativas para convertirlas —por qué no decirlo—, en actores aislados o aún así, para decirlo más claramente, impedirles justamente su proyección internacional. Continuar asumiendo que la acción en el exterior es ámbito exclusivamente de la federación, es ignorar un hecho que se impone por su propia fuerza. Otras naciones ya han transitado este nivel, otras federaciones lo hacen sin debilitar al Estado federal. El derecho constitucional comparado ofrece ejemplos espléndidos que nos permiten resolver un asunto, en México, inconcluso. Tanto en regímenes federales como unitarios, los Estados tienen la facultad de celebrar tratados como una práctica cada vez más difundida y más consecutiva. Ejemplos claros de ello son las constituciones de Alemania, de Suiza, de Bélgica, de Canadá, y desde luego, la de los Estados Unidos, que otorgan a las entidades federadas la capacidad de celebrar tratados en aquellas materias en las que tienen facultades legislativas. La lección es clara, únicamente serán esas materias las de los Estados que componen los acuerdos internacionales. Los tratados políticos, militares o que comprometen la unidad de la federación o su política exterior, efectivamente no son componentes del ámbito de competencia de las entidades federativas. Esta fórmula, llamo su atención, esta fórmula es precisamente la que es necesario integrar en nuestro sistema constitucional. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, en México la paradiplomacia, es decir, la práctica internacional de los estados miembros de la federación, es una realidad que nos ha rebasado. Existen mecanismos por los cuales esta paradiplomacia se lleva a cabo, incluso hay instrumentos y compromisos firmados por los estados de la federación y cuyo régimen jurídico, vamos al quid del asunto, no es claro y conviene, por lo tanto, normarla con base en las condiciones vigentes. Los estados conducen actividades en el exterior, por ejemplo, a partir del establecimiento de oficinas encargadas de los asuntos exteriores. De acuerdo con ello, casi la mitad de las entidades federativas cuentan con este tipo de oficinas, además éstas firman acuerdos con entidades y organizaciones internacionales. La propia Secretaría de Relaciones Exteriores orienta a las federaciones para la conducción de su actividad internacional. Fortalezcamos, pues, el marco normativo que actualice esta circunstancia y hagamos de la ley el vehículo para armonizar el federalismo e impulsar, como señalaba al principio, el desarrollo regional. Por ello, compañeras y compañeros, me permito someter a la consideración de esta soberanía la iniciativa que ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria, y desde luego ruego a la Presidencia de la Mesa Directiva, insertar el texto íntegro de esta intervención en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.