El diputado Héctor Hugo Roblero Gordillo: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con la presentación ante el Congreso de la Unión del último informe de gobierno de la administración de Felipe Calderón, prácticamente concluye ese gobierno. Inició entrando por la puerta trasera de este honorable recinto y concluye igual que como inició. El balance de los seis años de política interior, como en toda la administración, es negativo. Nos quedan a deber. La elección presidencial no fue limpiamente ganada, fue comprada aprovechándose de la necesidad de la gente. En democracia –y ésa es nuestra convicción– se gana o se pierde por un solo voto. El 1 de julio del 2012 ése no fue el caso. Al interior del país enfrentamos una seria crisis derivada de la inseguridad. La colusión entre policías y delincuentes es simbiótica; no se sabe quién de ellos causa más daño a la ciudadanía, cuál de ellos es más corrupto. En su afán de búsqueda de la legitimación que no encontró en las urnas y que nunca obtuvo en su administración, sin diagnóstico ni análisis, según sus propias palabras, Calderón desplegó una guerra a la delincuencia organizada que sólo ha traído luto y desolación a miles de hogares mexicanos a quienes con desdén les denomina víctimas colaterales. En tanto, las altísimas utilidades de la delincuencia organizada son blanqueadas en las tuberías del sistema financiero mexicano, contando con la anuencia u omisión de las autoridades hacendarias. Calderón ofreció crear y promulgar la Ley de Víctimas, cuyo propósito es resarcir en parte muy mínima los daños ocasionados, y la respuesta fue vetarla. Sin contar con sustento jurídico ni consultar a nadie, Calderón sacó a las calles al Ejército y a la Armada, militarizó al país, sin que los resultados en sentido positivo de esta política del combate al crimen se noten hoy. Hoy más que nunca los derechos humanos se vulneran. Ha existido negativa para dar cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular en los casos de Rosendo Radilla, de Campo Algodonero, de Valentina Rosendo, de Inés Fernández, de Teodoro Cabrera y de Rodolfo Montiel. Tampoco se cumplió con eliminar el fuero militar. El artículo 57, fracción II, inciso a) del Código de Justicia Militar no ha sido modificado por el Poder Legislativo, no obstante que en la pasada Legislatura se presentaron varias iniciativas para derogar el fuero militar. Las dos fuerzas mayoritarias de la cámara, PRI y PAN en la Comisión de Justicia jamás abordaron este asunto, con lo que dieron un voto en contra de la derogación. En materia religiosa se ha dado un retroceso o se pretende dar un retroceso a la separación entre el Estado y la Iglesia que se tiene desde el siglo XIX con las Leyes de Reforma. La reciente reforma al artículo 24 constitucional que está en proceso de ratificación en las legislaturas de los estados carga los dados hacia una expresión religiosa que no es única en el país. Prueba de que las disposiciones legales no se cumplen por la Secretaría de Gobernación, es lo que acontece en el estado de Michoacán, donde la comunidad religiosa de Turicato, en los hechos, es un enclave religioso en el Estado mexicano, sin que se apliquen las disposiciones de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Como resultado de la reciente publicación de la mal llamada reforma política, Felipe Calderón envió a esta soberanía, con el carácter de iniciativa preferente, una iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, sobre esta ley debemos decir que pretenden conculcar los derechos de los trabajadores a la estabilidad en el empleo a un salario digno y remunerador, porque de ser aprobada dicha iniciativa el salario podrá pactarse en horas. En apretada síntesis la iniciativa reciclada del PAN y el PRI, y ahora por Calderón, pretende además hacer una práctica usual, la contratación de personal fuera de los cauces usuales, la contratación por períodos de prueba y de capacitación inicial bajo condiciones inaceptables para que los trabajadores no acumulen antigüedad que den derecho a indemnizaciones, a la limitación del pago de salarios caídos por un año cuando un empleado gane un juicio laboral por despido injustificado. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo manifiesta contundentemente que no cejará en su compromiso de defender los intereses de los trabajadores; no convalidaremos ninguna regresión laboral. El autodenominado presidente del empleo en flagrante violación al texto constitucional ha condenado a millones de mexicanos a la falta de generación de plazas de trabajo, al desempleo y al subempleo, a la informalidad y a no contar con un salario que satisfaga las necesidades de los ciudadanos y sus familias. Ha dicho en cuanto foro asiste que en este sexenio se crearon 2.2 millones de empleo. No compara esta cifra con la demanda sexenal de 7.5 millones de plazas integradas por un millón 250 personas que anualmente salen a la calle a buscar empleo, por lo que deja un deficiente de 5.3 millones de puestos de trabajo no creados que debe adicionarse a los rezagos de anteriores sexenios del PRI y del PAN. Tampoco ha hecho mención de que en este sexenio sólo se ha cumplido el universo de derechohabientes en el Seguro Social con un millón 790 mil 643 ciudadanos, que resulta de comparar los afiliados en 2006 de 13 millones 965 mil 558 con los 15 millones 756 mil 206 de julio de 2012. Comparando los 15 millones 756 mil 206 afiliados al Seguro Social con los 50 millones 900 mil personas que integran la población económicamente activa, resultan 35 millones 144 mil mexicanos que no tienen acceso a los beneficios de la institución. Otros datos negativos lo constituyen los siguientes: la OCDE ha señalado que hay 7 millones 248 mil jóvenes que no estudian ni trabajan, que los desempleados representan el 4.91 por ciento de la población económicamente activa; es decir, más de 2.5 millones de mexicanos que hay de 13.4 millones de empleos informales a los que hay que adicionar a los ciudadanos que tuvieron que emigrar a los Estados Unidos por falta de oportunidades para trabajar en México. Obviamente los datos citados desembocan en la pobreza que alcanzan números escalofriantes. Según el Coneval, en su último reporte sobre el tema, nos dice que en el país existen 4.3 millones en pobreza moderada, que hay 11.7 en pobreza extrema que hacen un total de 52 millones de pobres. Mexicanos con carencias sociales son 32.3 millones, y población vulnerable por ingresos son 6.5 millones. Sumadas a éstas últimas cantidades con los primeros hacen un gran total de 90.8 millones de pobres en el país. Los 21.8 millones restantes viven en el primer mundo. En este tema, en los últimos cuatro años ha crecido en un 23 por ciento la población sin acceso a alimentos. El incremento de la inflación prevista de 3 por ciento para este año por Hacienda se elevó a un 4.57 por ciento, que llevamos agosto de 2012. La estrategia mediática que ha seguido Calderón hay sido la de etiquetar recursos para la superación de la pobreza, ampliando las cantidades asignadas supuestamente con aquel objetivo, sin percatarse que el problema no radica en presupuestar más, que siempre es bienvenido, sino en crear condiciones para un mejor entorno que permita producir más, crear empleos bien remunerados, abatir el desempleo y disminuir la pobreza. En los últimos seis años, Calderón, el presidente del empleo, en vez de generar empleo se encargó con mucho éxito, por cierto, de crear más pobres y más desempleados. En los últimos cinco sexenios de priistas y panistas, incluyendo el actual, nos han dicho que la pobreza está controlada y terminada en el discurso, pero la triste realidad nos ubica con aumentos en la cantidad de pobres, que a la fecha llegan a 90.8 millones de mexicanos. La salud de los mexicanos fue una asignatura pendiente debidamente por esta administración, que como es natural pone en peligro a la población del país. Con bombo y platillo se publica que hemos alcanzado la cobertura universal, lo que resulta una falacia. El padrón de afiliados al Seguro Popular no es público, lo que redunda en que no es posible saber si las familias que reciben subsidio de la Secretaría de Salud en efecto tienen acceso formal y efectivo a los servicios. En nuestro país la educación, la ciencia, tecnología, innovación y la cultura son temas que las administraciones panistas les causa escozor. La gratuidad de la educación mandatada por la Carta Magna ha sido agraviada. Para concluir, señor presidente. El Partido del Trabajo se pronuncia y lucha porque nuestro pueblo tenga mejores opciones de subsistencia, que coma mejor; que su educación sea más provechosa; que no sea tan pobre; que tenga más y mejores universidades; que tenga mayores accesos a la salud. Es cuanto, diputado presidente.