La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros legisladores. A nombre de la Comisión de Justicia vengo a presentar el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos. El grave problema de inseguridad que enfrenta el Estado mexicano desde hace algunos años como consecuencia del combate a la delincuencia organizada, ha provocado que algunos delitos distintos a los cometidos en contra de la salud crezcan de manera silenciosa bajo el manto de la impunidad, del cual gozan varias organizaciones en este rubro. En fechas recientes, uno de esos problemas que se ha visibilizado con mayor amplitud es el fenómeno delictivo del robo de hidrocarburos, o delitos cometidos en relación a esta circunstancia. Un problema que afecta directamente a las finanzas del Estado mexicano que ha creado un mercado paralelo al que está legalmente establecido y que inclusive se ha enraizado en la cultura popular de nuestro país, al grado de que palabras como huachicol o huachicolero ya son parte de la conversación cotidiana de las y los mexicanos, y un tema permanente en la agenda pública nacional. Más allá de las estimaciones económicas acerca de las pérdidas que representa la comisión de este ilícito que afecta principalmente a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, el delito de robo de hidrocarburos hoy tiene efectos distintos a este, y funestos también, porque hemos visto cómo se ha venido incrementando de manera exponencial la violencia en nuestro país a raíz de la comisión de este delito. El problema de robo de hidrocarburos no es nuevo, pero ha crecido de manera exponencial. De acuerdo con estimaciones de la propia empresa productiva Pemex, durante los últimos 10 años el robo de combustibles creció en 868 por ciento. Para poner en perspectiva este dato, hace 10 años se detectaba una toma clandestina diaria, y actualmente se detectan 20. Entre 2013 y 2017 se detectaron 28 mil 76 tomas clandestinas en todo el país, en contraste con las encontradas en 2018 que ascendieron a 12 mil 581 tomas clandestinas. Tan solo las tomas encontradas en 2018 representan poco más del 40 por ciento de las tomas reportadas en 4 años. Como en todos los mercados ilegales, el robo de hidrocarburos ha diversificado sus métodos y alcances. Una de las actividades ilícitas que han surgido como consecuencia del robo de hidrocarburos es la compra por parte de expendedores que adquieren grandes cantidades de combustible robado a un precio menor, menor del que pagarían por combustible de origen legal, afectando a la industria legalmente establecida, y por supuesto, al erario público. El sector de los hidrocarburos es una parte fundamental para la economía de nuestro país, para las finanzas del Estado mexicano representan una fuente considerable de ingresos, dado que Petróleos Mexicanos, empresa productiva del Estado, aun concentra gran parte del mercado de los hidrocarburos de este país. Por ello, el desarrollo de las distintas actividades que forman parte de las áreas estrategias de la nación, como la compra, enajenación, comercialización o negociación de hidrocarburos petrolíferos o petroquímicos, ameritan una especial protección jurídica, pues su adecuado ejercicio constituye un área fundamental no solo para la economía, sino para la seguridad nacional. Es por ello, que la Comisión de Justicia presenta hoy este dictamen, que tiene como objetivo realizar modificaciones a la Ley Federal en materia de Hidrocarburos, para generar medidas importantes en materia de estos delitos. De entrada, establecer agravantes a la pena cuando estos delitos estén involucrados franquiciatarios, asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores. También se establecen medidas importantes para efecto de que, además de las sanciones que implican la revocación del permiso, se establezcan también la inhabilitación para solicitar un nuevo permiso para la realización de la actividad, objeto de la sanción, hasta por 15 años. También se establece que, para garantizar el éxito de la investigación, el juez de control podrá solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión temporal del permiso y, en su caso, la suspensión del o los procedimientos iniciados para el otorgamiento de algún permiso de las actividades reguladas por el título tercero de la Ley de Hidrocarburos a solicitud del Ministerio Público, o cuando lo considere procedente. Esto es, dentro del proceso de investigación. Se establece como una especie de medida cautelar, con características muy específicas que están señaladas en el dictamen que hoy está a su consideración, y que es una medida muy importante que tendrá en sus manos la autoridad investigadora. Además, se crea un registro de aquellas personas físicas o morales cuyo permiso o procedimiento se hubiesen suspendido definitivamente con motivo de una sentencia ejecutorial. Otro aspecto medular e importante de este dictamen es que, como medida de prevención, los titulares de permisos de distribución y transporte de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, tendrán la obligación de incorporar un sistema de geoposicionamiento en todas las unidades vehiculares utilizadas para el desarrollo de sus actividades, las cuales se sujetarán a las disposiciones aplicables en materia de comunicaciones y transportes. Esas modificaciones a la ley significan una medida de apoyo a la labor investigadora de la Fiscalía para lograr que cuente con más herramientas para integrar evidencias contra quienes comenten estos ilícitos, y de esta forma poder coadyuvar para desincentivar el crecimiento de este fenómeno delictivo que afecta de manera grave a nuestro país. Es por ello que lo ponemos a consideración de la asamblea, solicitando el voto a favor del mismo. Es cuanto, presidente.