La diputada Lilia Aguilar Gil: Con la venia de la asamblea. Lo que vamos a tratar de hacer desde el PT es, tratar de centrar el debate. No estamos en contra de la minuta, pero la minuta responde a un dictamen votado en la legislatura anterior que incluye graves violaciones desde nuestro punto de vista a los derechos humanos. El artículo 18 constitucional, y ustedes lo pueden leer y lo pueden checar desde sus curules, es completamente garantista y es, como decía un compañero de la Comisión de Justicia, el sueño de lo que debería de ser el sistema de justicia para adolescentes. ¿Qué es lo que tenemos en la realidad? Un decreto aprobado en la legislatura anterior que no contempla una defensoría autónoma, por lo tanto no hay separación entre los actores del proceso. No hay adversalidad ni oralidad en el proceso. El proceso es por escrito, compañeros diputados. ¿Cuál oralidad? ¿Cuál transparencia? No se respeta el interior superior del adolescente. Los invito a que lean el artículo séptimo transitorio que dice que mientras entra en vigor esta ley, se sacará un protocolo para la utilización del uso de la fuerza en los centros de internamiento. Compañeros diputados, fíjense bien lo que se aprobó y lo que tiene esta minuta detrás, un séptimo transitorio que dice que mientras esta iniciativa entra en vigor en una vacación legal que le dieron de dos años, porque no sabemos cuál es el apuro, si el vacatio legis es de dos años, que mientras tanto dentro de los seis meses siguientes, se determinará un protocolo del uso y coerción para los centros de internamiento para adolescentes. Es decir, no les damos derechos, pero sí los vamos a maltratar adecuadamente. No hay división de grupos etarios; es decir se establecen las sanciones de manera general. Pierde el objetivo de un sistema penal garantista y adversarial, rompe el contrato social de los ciudadanos con este gobierno porque las medidas de reinserción están basadas en el castigo y es restrictiva en temas de derechos humanos y rompe todo principio de derecho penal, porque como muchos de ustedes saben, que son abogados, el objetivo del derecho penal no es el castigo general a la ciudadanía; el objetivo del derecho penal es castigar las actividades o las acciones antisociales de los ciudadanos que están rompiendo con este contrato social. No es castigar sino tratar de remediar. Coincido con el diputado Gutiérrez de la Garza, al que respeto y no puedo más que coincidir con él y con esto termino, señor diputado- que claro que la reforma de justicia integral no puede aplicarse de un solo porrazo, y discúlpenme el término, tiene que ser gradual. Simplemente aceptemos que en este tema, diputado, empezamos al revés. El artículo 18 constitucional está aprobado en 2005, esta iniciativa se presentó en 2009, ha ido y venido en las Cámaras, pero se utiliza como manera supletoria un Código de Procedimientos Penales que todavía no tenemos, entonces empezamos al revés. Por qué no empezamos con el Código Penal, con el Código de Procedimientos Penales, en lugar de darle una vacatio legis de dos años, y hacer las cosas adecuadamente y como usted dijo, poco a poco con tiempo, pero bien hechas. Ésa es la posición del Partido del Trabajo. Muchas gracias, señor presidente.