El diputado Jesús Fernando García Hernández: Ánimo, ánimo. Desde Navolato vengo. Con el permiso del pueblo de México, con el permiso de la Mesa. Compañeras y compañeros diputados, el pueblo que nos sigue a través de los medios de comunicación, hoy nadie puede manifestar o señalar dudas sobre la legitimidad de la reforma al Poder Judicial. Se han superado todos los problemas y el Congreso de la Unión ya había mandatado que se debía tener un nuevo sistema para acabar con la corrupción y el enriquecimiento ilícito que imperaba en el Poder Judicial Federal. Ayer, con el razonamiento adecuado, las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, y al que se sumó el voto del ministro Alberto Pérez Dayán, desestimaron el proyecto que pretendía imponer una sentencia parcial que trataba de modificar la elección total de cargo de integrantes del Poder Judicial Federal, que no fue el mandato de los 36 millones de mexicanos que confían en la cuarta transformación. La reforma es un acierto para que llegue la verdadera justicia pronta, expedita, gratuita para todos. Con esto la actual Suprema Corte de Justicia debe culminar en unos meses y con ello una historia de rezago de sentencias, de nepotismo, de influencias que dejaron fase terminal a todas las áreas del Poder Judicial desde la Suprema Corte, magistraturas, juzgados, y ejemplos sobran. La propuesta de reforma que se plantea es la de abrogar la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en el entendido que contiene instituciones que fueron eliminadas por ineficientes y se crean controles para combatir y eliminar la corrupción, como son el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial. Esta Ley Orgánica regula la organización y funcionamiento de los diversos órganos judiciales, entre ellos, el órgano que administrará los recursos humanos y materiales, así como del Tribunal de Disciplina, quien impondrá las sanciones por faltas administrativas que incluso dará parte a las instancias correspondientes por comisión de delitos o a la Cámara de Diputados para el debido juicio político cuando sean cargos de elección popular. De lo que se trata es de renovar y mejorar la impartición de justicia, proteger los derechos humanos, los derechos políticos electorales y los derechos establecidos en la Constitución Federal y los tratados internacionales. Conforme a datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, Envipe 2024 del INEGI, que en 2023, de los 31.3 millones de delitos ocurridos, solo el 10.4 % se denunció. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación solo en el 68 % de las denuncias. Lo anterior implica que, del total de delitos ocurridos, 92.9 % no se investigó y menos existió sentencia, quedando como una cifra muy negra. Del 68 % de denuncias en las que se abrió una investigación, en el 47.9 % no pasó nada o no se resolvió la renuncia y el 27.6 % resultó mero trámite. Lo anterior se traduce en que el 75.5 % de las denuncias no arrojaron conclusión alguna en el año 2023. Tenemos que terminar con el alto índice de impunidad. El sistema judicial será reestructurado para operar la gran cantidad de casos que tienen que manejar y dejar de ser omisos. Vamos a terminar con los retrasos en la resolución de los juicios, que afecta tanto a las víctimas como a los imputados, para generar certeza en la absolución o del castigo. Se terminará la presión política de los demás Poderes del Estado, como ocurría antes de la reforma, para imponer a los titulares del Poder Judicial, que además influían en las decisiones judiciales, lo que cambia completamente con la elección directa por voto popular. Habrá representación legal adecuada en la Defensoría Pública porque habrá más cursos para actualizar a los abogados del Sistema Federal de Defensoría y coadyuvarán con el órgano de administración, mejorando la capacitación y mayor profesionalismo. Se propone la abrogación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debido a que no basta con reformar el articulado de la actual para lograr atender el decreto porque muchos temas se modifican desde la creación de nuevas instituciones, se modifica la administración, mejora la operatividad, se implementará mayor disciplina y se aplicarán verdaderas sanciones para los malos servidores públicos del Poder Judicial. Su implementación en esta nueva etapa requiere de confianza ciudadana, colaboración y adaptación a las nuevas adecuaciones que plantea la reforma al Poder Judicial. La nueva ley propone, en el caso del órgano de administración judicial, que cuente con independencia técnica y de gestión, y será responsable de la administración y carrera judicial del Poder Judicial, y tendrá a su cargo la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales colegiados de apelación y de los juzgados de distrito. El ingreso, permanencia y separación del personal de carrera judicial y administrativo, así como su formación, promoción y evaluación del desempeño, la inspección del cumplimiento de las normas de funcionamiento administrativo del Poder Judicial y las demás que establezcan las leyes. La Escuela Nacional de Formación Judicial será la encargada de capacitar a las y los defensores públicos, así como de llevar a cabo los concursos de oposición. El Tribunal de Disciplina Judicial es el órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica de gestión y para emitir resoluciones. Su pleno será la autoridad sustanciadora en los términos que establezca la ley y resolverá, en segunda instancia, los asuntos de su competencia. El Tribunal desahogará el procedimiento de responsabilidades administrativas, en primera instancia, a través de comisiones conformadas por tres de sus integrantes, que fungirán como autoridad sustanciadora y resolutora en los asuntos de su competencia. El Tribunal conducirá sus investigaciones a través de una unidad responsable de integrar y presentar al pleno o a sus comisionados los informes de probable responsabilidad, lo cual podrá ordenar la recolección de indicios y medios de prueba, requerir información y documentación, realizar inspecciones, llamar a comparecer y apercibir a personas que aporten elementos de prueba, solicitar medidas cautelares y de apremio para el desarrollo de sus investigaciones, entre otras que determinen las leyes. Las sanciones que emite el Tribunal podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución o inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y magistradas y magistrados electorales que solo podrán ser removidos en los términos del Título Cuarto de la Constitución. También, se elimina la Comisión de Administración del Tribunal Electoral y se crea el Comité de Administración, adecuando su integración conforme a las nuevas disposiciones constitucionales y se faculta para la colaboración que debe tener con el órgano de administración judicial. Esta propuesta de Ley Orgánica dispone la integración, funciones, atribuciones, sanciones, coordinaciones y... que impacta a las y los servidores del Poder Judicial de la federación, Por último, para el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, es importante y urgente dar celeridad a las reformas de leyes secundarias para atender el decreto de reforma al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo que encabeza nuestra presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo y el Congreso de la Unión, habremos de cumplirle al pueblo para que se le administre justicia pronta, expedita y gratuita. Unidad Nacional. Todo al poder al pueblo. Sáquense un diez. Y, por último, pedirles a estas personas de este Poder Judicial que están pidiendo su retiro, ojalá se les pague el UMA´s, como se les pagó a todo el personal que trabajó y que ellos determinaron que se les pagará en eso. Justicia pareja para todos, ánimo. Es cuanto.