El diputado Jesús Martínez Alvarez: Como legisladores tenemos la gran oportunidad y la obligación de considerar el largo plazo de nuestras deliberaciones, así como de resolver de fondo los asuntos que más trascienden en la convivencia social. Lo hicieron los legisladores de 1917, lo hicieron los legisladores de 1857. Ahora que aquellos loables esfuerzos constituyentes han quedado rebasados, nos corresponde a nosotros estar a la altura del México de hoy. La cercanía de las elecciones presidenciales no implica por sí misma una razón para posponer la atención de la urgente necesidad de hacer de nuestra Carta Magna una expresión actualizada y fiel de las demandas sociales y de las necesidades de nuestro país. Este último periodo de sesiones puede caracterizarse por lograr lo que ha sido pospuesto por muchos años y lo que puede significar la diferencia entre el México del siglo XX y el México del siglo XXI. Esta iniciativa a la reforma del artículo 135 de los Estados Unidos Mexicanos es para agravar el procedimiento de reforma constitucional. El estado constitucional democrático y de derecho, se formaliza jurídicamente a partir de la promulgación, desarrollo y expansión normativa de su Constitución, de tal suerte que la norma suprema y su acatamiento, es el reflejo más fiel de la nación. Sin embargo, los regímenes políticos que han tenido, por diversas circunstancias, la mayoría suficiente para externar su voluntad y modificar así el texto de la Constitución, plasman en ella programas limitados a una ideología en particular y corre el peligro de alejarse del verdadero cometido, contenido, valor y significado de la ley de leyes. Al mismo tiempo, la Constitución es empatía histórica y significado del devenir político, por ello, su reforma implica una tarea tan delicada y tentadora, la nuestra no ha escapado a múltiples reformas y a pesar de ello lo seguimos derogando como la original de Querétaro. El riesgo de la loa a la historia, implica inamovilidad o autocomplacencia normativa, en detrimento de su concreción. México ha sufrido ambas cosas, sin perjuicio, desde luego, de espléndidas modificaciones, que han reflejado un avance sustantivo en nuestra creciente incorporación da la vida democrática, la función de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional, como auténtico tribunal constitucional; los legisladores plurinominales; la autonomía del Banco Central; la ciudadanización y constitucionalización del Instituto Federal Electoral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, son la mejor prueba de ello. Pero no por ello debemos dejar de lado la sentencia de Ortega y Gasset que afirmaba y cito literalmente: "La Constitución es su totalidad y por lo mismo no cabe de hablar de aciertos parciales en una constitución": La nuestra ha sido cambiada, parchada incluso cuenta con antinomías y aun así carece todavía de normas básicas para cualquier democracia contemporánea. Los múltiples cambios al texto de la ley fundamental, 417 hasta antes de del presidente Fox, su 150 fe de erratas, cuatro aclaraciones posteriores y más de mil iniciativas pendientes en las Comisiones de Puntos Constitucionales de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, provenientes de todas las bancadas parlamentarias, confirman esta triste aseveración. El diseño institucional normativo mexicano ha sido rebasado por su propia realidad, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos aceptarlo, está agotada, tanto que el propio artículo 135 correspondiente nada menos que a la reforma constitucional, prohibe la posibilidad de una reforma total, pues en comparta con el Numeral 136 dieron paso a un verdadero ejercicio democrático, contradiciendo los artículos 39, 40 y 41 base de la soberanía juridificada que reconoce al pueblo el derecho básico de alterar o modificar la forma de su gobierno. Pero no lo hemos hecho así, hemos engordado la Constitución. Hemos hecho poesía constitucional y hemos resaltado su valor trascendente, su eficacia jurídica. ¿Cuántos derechos sin desarrollo legislativo, ¿Cuántos más sin tutela judicial efectiva? ¿Cuántos otros difusos, que sólo han inventado el discurso revolucionario, pero que no han aterrizado en verdadera justicia social? ¿Qué le hubieran dicho al presidente en turno, Villa y Zapata, de la enorme emigración al estado país vecino del norte? ¿Qué hubiera dicho Juárez del de derechos sin defensa? ¿Y qué hubiera dicho Morelos de las lagunas constitucionales. El poder de reforma se ha subordinado a mitos y a voluntad presidencial. Permanentemente hemos estado enmendando la Constitución, en todo caso debemos seguir trabajando y tomar la decisión de fondo de hacer una revisión integral de la misma, para ello debemos empezar por derogar el artículo 135 de nuestra Constitución. La propuesta aparece en la publicación correspondiente y para sintetizar al contenido de la misma mencionaría solamente que existirían cuatro procedimientos: Uno de carácter ordinario; otro agravado; otro extraordinario agravado y finalmente la abrogación. Para cada uno de estos procedimientos se establece qué son los requisitos y qué se requiere para poder lograrlo. Muchas gracias.