La diputada Blanca Araceli Narro Panameño: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el interés superior de la niñez debe continuar caracterizando el trabajo legislativo que realzamos en esta Cámara de Diputados. La realidad y las estadísticas nos obligan a la construcción de un marco normativo sólido en beneficio de las niñas, niños y adolescentes de México. De ahí que insisto en la necesidad de perfeccionar el último párrafo del artículo 109 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el objeto de establecer que el plazo de prescripción del delito de corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual cometida por un adolescente en contra de un menor de edad comenzará a partir de que la víctima cumpla 18 años. La propuesta que pongo a su consideración subsana una omisión legislativa, toda vez que la norma vigente prevé que el plazo de prescripción empezará a correr cuando la víctima cumpla 18 años únicamente por la comisión de delitos sexuales y de trata de personas. Sin embargo, de acuerdo con los criterios y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha prescripción debe aplicar también para el delito de corrupción de menores en la modalidad de inducir a la realización de una conducta sexual, independientemente de que hayan sido cometidos por un adolescente. En consecuencia, la pretensión de la presente iniciativa es garantizar que las infancias puedan acceder a la justicia y participar en los procedimientos judiciales en igualdad de condiciones, superando las barreras que enfrentan al denunciar un acto de violencia sexual, por lo que es necesario posibilitar y asegurar el acceso a la justicia de todas aquellas víctimas que durante su niñez sufrieron violencia sexual. Debemos otorgar certeza jurídica a las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas del delito de corrupción de menores por parte de un adolescente mayor que ellos. Y además garantizarles que no se exonerará a su agresor antes de que tengan la capacidad de comprender la magnitud de los hechos y de denunciarlos. No podemos pasar por alto que los delitos de corrupción de menores, en su variante sexual, atentan contra la libertad, autonomía y el sano desarrollo de las víctimas. La violencia sexual no solamente violenta el derecho a una vida libre de violencia, sino que además vulnera el derecho a la salud física y mental y a un sano desarrollo integral. De ahí que es necesario plasmarlo en la ley, a fin de que nunca más una laguna dé paso a la libre interpretación, sobre todo si el máximo tribunal ya se ha pronunciado al respecto. Es de recordar que esta reforma es congruente con las reformas en materia de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra personas menores de edad, aprobadas por esta soberanía en 2023, mismas que cumplimentan diversos instrumentos internacionales de los que México ya forma parte. Reformas que constituyeron un parteaguas para hacer efectivo el derecho de las niñas, niños y adolescentes a la justicia, resarciendo así décadas de olvido e impunidad. Por lo que ahora les invito a seguir por la misma ruta, en la que las niñas, niños y adolescentes de México en esta Cámara de Diputados están y estarán siempre bien representados. Es cuanto.