La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada presidenta. Sin dejar de reconocer la importante participación ciudadana del proceso electoral del primero de julio, no podemos dejar de señalar que estas elecciones han sido las más violentas en la historia reciente de nuestro país y las más violentas de América latina. Esta violencia tuvo un costo para las mujeres de 17 candidatas asesinadas. La OEA, en su informe sobre el proceso electoral de nuestro país, destaca que tuvo conocimiento de los preocupantes episodios de violencia política de género dirigida a limitar la participación de candidatas a diversos cargos de elección popular. En México, las mujeres que participamos en los espacios públicos seguimos enfrentando severas resistencias que obstaculizan el ejercicio de nuestros derechos político-electorales y que son un reflejo de la discriminación, los estereotipos de género que aún prevalecen en nuestro país. En este proceso electoral vimos prácticas verdaderamente aberrantes para una democracia, que tienen que ver con renuncias manipuladas o forzadas de mujeres una vez electas, presión o bloqueo en el desempeño normal de las campañas, prohibiciones al ejercicio de la libertad de expresión, difamación, calumnias, acoso a través de los medios de comunicación, agresiones físicas, dominación económica en el plano doméstico y político, así como la persecución a familiares y colaboradores. Cómo olvidar hechos verdaderamente vergonzosos, como el de hace una semana en Chiapas, donde a 51 mujeres que resultaron electas como diputadas locales y regidoras, son obligadas a renunciar y dejarles los espacios a los hombres. Eso también es violencia política en razón de género, porque nos enfrentan al patriarcado del poder. Hacer visible la violencia, el acceso a la intimidación, la amenaza, las agresiones físicas, verbales y sexuales, han sido una conquista de mujeres valientes que han tenido que romper este velo de normalidad que justifica los abusos y las agresiones en contra de las mujeres, los cuales deben ser erradicados del discurso, pero también y principalmente del comportamiento político. Es preocupante que diputadas, alcaldesas, regidoras, síndicas, tengan que acceder a sus cargos legítimamente ganados en las urnas a través de resoluciones de la autoridad electoral o de los tribunales. Por tanto, la iniciativa que pongo a la consideración de esta soberanía, propone definir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia la definición de violencia política en razón de género, así como sus alcances y modalidades de la misma. Consideramos que la violencia política por razón de género, es la acción u omisión que en el ámbito político o público tiene por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, a su función pública, se manifiestan en presión, persecución, hostigamiento, acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad y de la vida en razón de género. Asimismo proponemos establecer en la Ley General en Materia de Delitos Electorales el tipo penal de violencia política, con una pena de prisión de 3 a 7 años, a quien impida, restrinja, anule, limite el acceso o el ejercicio de uno o varios derechos políticos o derechos electorales, o el ejercicio de las funciones inherentes al empleo, cargo o comisión de una mujer por razones de género. Estableciendo además como agravantes las intimidaciones, las coacciones, las presiones o actos de violencia física o del aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad. Con esta iniciativa proponemos establecer mecanismos de justicia que protejan de inmediato a las mujeres, que se sancione a los agresores, que se repare el daño y se evite la repetición de este tipo de conductas. Queremos que la sanción por violencia política sea efectiva cuando se agrede a una mujer, cuando se le ultraja, se le golpea, se le violenta, siendo candidatas o funcionarias electas. Cuando se les queman sus casas, sus oficinas, se les expulsa de sus comunidades, se les impide subir a esta tribuna o la de sus Congresos, se les impide el derecho a asistir a asambleas o reuniones políticas o se les oculta información. Diputada presidenta, dado a la brevedad del tiempo para la presentación de nuestra propuesta, solicito que el texto de esta iniciativa se incluya integralmente al Diario de los Debates. Muchas gracias, presidenta.