El diputado Fernando Quetzalcoátl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputado Presidente. Si bien se ha logrado en los últimos años adaptar el entorno social a favor de las personas con discapacidades, a fin de evitar su exclusión del medio y la sociedad misma, aún no se ha logrado completamente crear un ambiente de igualdad de oportunidades para quienes padecen alguna discapacidad. El problema de la discapacidad en México es cuantitativamente significativo. De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda del año 2000, las cifras hablan de poco más 2.2 millones de mexicanos con algún tipo de discapacidad, de los cuales 629 mil, el 28.6 por ciento, son ciegos o débiles visuales; 383 mil, el 16.5 por ciento, son sordos o requieren de algún aparato auditivo y 90 mil, el 4.5, son mudos. De ahí la importancia de establecer en la ley la obligación de los jueces de garantizar que aquellas personas que tengan una discapacidad física puedan contar con los intérpretes o asistentes necesarios para superar su impedimento y lograr el absoluto conocimiento, tanto de los argumentos esgrimidos por la parte contraria como de las actuaciones judiciales y, en general, de todas las etapas del juicio, a efecto de garantizar un adecuado acceso a la impartición de justicia. El combate a todas las formas de discriminación fue recogido puntualmente en nuestra Carta Magna, según se desprende de la reforma practicada al texto de su artículo 1 y 2, la cual fue publicada en agosto de 2001. La reforma otorgó un carácter tan trascendente a la asignatura del combate a la discriminación que más adelante incidió en la reforma de diversas disposiciones legales, incluso en la elaboración de leyes secundarias que refirieron su espíritu, como la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación y la Ley General de las Personas con Discapacidad, que pasaron a formar parte de nuestro derecho positivo en junio de 2003 y junio de 2005, respectivamente. En ambas leyes se establece que las personas con discapacidad tienen derecho a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y judiciales en que sean parte, asesoría y representación jurídica en forma gratuita, así como la obligación de los gobiernos federal y estatales de disponer de los recursos de comunicación, ayudas técnicas y humanas necesarias para el acceso equitativo de las personas con discapacidad a su jurisdicción. Asimismo, la Ley General de las Personas con Discapacidad incluye una definición importante de estenografía proyectada, entendida como el oficio y la técnica de transcribir un monólogo o un diálogo oral de manera simultánea a su desenvolvimiento, y a la vez, proyectar el texto resultante por medios electrónicos visuales en sistema de escritura Braille. En el dictamen a discusión se propone reformar el Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de que el juez de la causa esté obligado a garantizar en todas las etapas procedimentales del juicio, que las personas con discapacidad auditiva y audiovisual cuenten con los apoyos necesarios, a efecto de que estén en posibilidad de tener conocimiento pleno del contenido y alcances de las actuaciones judiciales y del mismo modo, se logre el absoluto conocimiento de sus argumentos, haciendo uso de la estenografía proyectada prevista en la Ley General para las Personas con Discapacidad. Es así como la fracción parlamentaria del PRI apoya esta reforma propuesta que define, en efecto, no sólo a la reforma constitucional ya señalada, sino a los diversos ordenamientos a los que nos hemos referido, al mismo tiempo de cumplir con una exigencia social en materia de justicia y acercar las diferencias que tristemente subsisten hacia nuestros sectores más desprotegidos. Es cuanto, diputado Presidente.