El diputado Carlos Madrazo Limón: Gracias, Presidenta. Los que suscriben, Carlos Madrazo Limón, Marco Antonio Peyrot Solís, Francisco Javier Santos Arreola y Manuel Cárdenas Fonseca, diputados federales de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Acción Nacional, Partido de la Revolución Democrática y Partido Nueva Alianza, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de ley reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de estados de excepción. Nuestro país contempla en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna que en los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Esto nos remite al artículo 29 constitucional que dice que en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con los titulares de las secretarías de Estado y la Procuraduría General de la República, y con aprobación del Congreso de la Unión, y en los recesos de éste, de la Comisión Permanente, podrán suspender en todo el país o en lugar determinado, las garantías que fuesen obstáculo para hacerle frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerse por tiempo limitado y por medio de prevenciones generales y sin que la suspensión se contraiga a determinado individuo. Si la suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación, pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará sin demora al Congreso para que las acuerde. Miren ustedes, esta ley lo que pretende es que siempre el Ejecutivo esté actuando con legalidad y necesitamos darle certeza jurídica a la aplicación del artículo 29 constitucional, establecer el orden jurídico para su aplicación, darle al Congreso la atribución de sancionar las acciones del Ejecutivo en esta situación, que el Congreso pueda dar por terminado en todo tiempo ese estado de excepción que no lo contempla la misma Constitución, otorgarle poderes especiales al Ejecutivo Federal sobre otras autoridades. Me refiero sobre el gobernador y sobre los presidentes municipales en donde se esté dando efecto a esta situación. Dotar al Ejecutivo de instrumentos y recursos para hacerle frente a esta situación que es muy importante, sancionar acciones u omisiones de los funcionarios públicos, cumplir con los convenios internacionales que México ha signado. Es importantísimo esto, porque el Congreso de la Unión —nosotros— haremos una comisión bicameral que estará al pendiente de la situación que se esté dando y nosotros podremos —me refiero al Congreso— darlo por terminado, si es que se da ese estado. Además, ésta es una ley garantista porque en ella hablamos de que hay garantías individuales que jamás podrán ser suspendidas, y me refiero a la prohibición de la pena de muerte, a la audiencia y defensa, a la relativa, gratuita y expedita administración de la justicia, al juicio de amparo, a las facultades del Congreso para conceder amnistía en la facultad del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para conceder indultos únicamente en los casos en que la sanción sea pena de muerte, prohibición de las penas de mutilación y de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitada y trascendental. La proscripción de la esclavitud, la relativa a la prisión por deudas civiles, la prohibición de la aplicación retroactiva de las leyes en perjuicio, la que establece que en los juicios del orden criminal quede prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley, exactamente aplicable al delito que se trata. La libertad de religión, la que establece que en todo maltrato en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia, gabela o contribución que se infiera sin motivo legal en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades. La prohibición de estar obligado a prestar trabajos personales sin la justa retribución y sin pleno consentimiento salvo el de las armas y el trabajo impuesto por la autoridad judicial; la igualdad ante la ley, la de la protección de la familia y la decisión sobre el número y espaciamiento de los hijos, la nacionalidad, incluidos los derechos que de ésta dependen y las prerrogativas de los ciudadanos. Con esta ley, hacemos que hoy, una laguna que existe para atender ciertas situaciones donde es indispensable tener atribuciones adicionales que en nuestro país han sucedido y que pueden ser mucho más graves en el futuro, tengamos esta herramienta para que finalmente tengamos siempre al derecho como nuestras capacidades o nuestras atribuciones como ciudadanos, que siempre tengamos el derecho de nuestro lado. Muchas gracias.