La diputada Silvia Luna Rodríguez: Con permiso, de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores. Señora, secretaria, el desafío de la gobernabilidad y la seguridad de nuestro país se traduce en la consolidación de la política social como componente imprescindible para la sana integración de la sociedad mexicana. El derecho al desarrollo debe ser una realidad para las personas que hoy viven marginadas, pero más aún, para aquellas que por su condición de pobreza son en extremo vulnerables. Ante lo expresado por el presidente Calderón, en cuanto a que reducir la desigualdad es el reto más importante de nuestra generación. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza comparte esa visión, pues consideramos que desplegar esfuerzos contra la desigualdad y la pobreza no sólo es una tarea prioritaria que exige ser atendida por razones económicas y políticas, sino también por un compromiso ético. Reducir la desigualdad nos obliga a promover una estrategia que involucre al gobierno y a la sociedad. El combate a la pobreza, señora secretaria, es una cuestión de Estado. El derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo y al desarrollo integral de las personas se debe garantizar como una obligación constitucional. Quienes hoy viven marginados por su condición de pobreza se encuentran en un estado de indefensión y vulnerabilidad. Estos son también rezagos de la democracia y la justicia. Concebimos por democracia lo que dice el artículo 3o. de nuestra Constitución, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Debemos vigilar que la institución responsable cumpla a cabalidad lo que señala nuestra Carta Magna. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza hace un llamado enérgico para que lo plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo tenga la congruencia vital que obligue a pasar de las políticas de coyuntura, de los paliativos, a una política integral que iguale oportunidades en un país profundamente desigual. En México, los indígenas, las mujeres, los niños y los adultos mayores viven una suerte de doble marginación: por la pobreza y por su condición. Pero ante esta insultante realidad, ¿cuál es la política social prevista para subsanar su situación? ¿De qué manera se prevé solventar la desigualdad que viven estos grupos? ¿Y qué plazos ha fijado la Secretaría a su cargo para revertir dicho escenario? El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 estableció, como uno de sus principales retos en el ámbito social, conjuntar el aprovechamiento del excepcional patrimonio cultural y natural de los pueblos indígenas para promover el desarrollo económico. Durante los últimos meses hemos sido testigos de reiteradas denuncias de violación de los derechos humanos de la población indígena. Los numerosos conflictos agrarios y políticos que viven en sus regiones agudizan sus rezagos en salud, educación y calidad de vida. Situación que se suma al nulo derecho a la procuración de justicia que enfrentan de manera cotidiana. Otro tema prioritario para nuestro grupo parlamentario son los adultos mayores. El 88.4 por ciento de los entrevistados, en la Primera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, catalogó a este segmento poblacional como las principales víctimas de algún tipo de discriminación por ser sujetos de abandono, maltrato físico, emocional y económico, así como padecer carencias en materia de servicios de salud. Dentro de nuestro panorama actual es preciso dar atención a dos de los sucesos sociales vinculados a la edad adulta que ocupan un lugar destacado en los perfiles epidemiológicos y demográficos de nuestro país: el envejecimiento y la enfermedad crónica. Finalmente quisiera hacer hincapié en las difíciles condiciones de vida que enfrentan las personas con capacidades diferentes y claramente reflejan, no solamente la falta de atención por parte del Estado, sino además, la poca efectividad de las políticas que hasta ahora se han instrumentado. Aun cuando existen en México normas y programas para proteger a las personas con capacidades diferentes, al igual que otros grupos vulnerables, éstas no se han reflejado en oportunidades y acciones que favorezcan una mejor calidad de vida para este sector de la población. Señora secretaria, su participación en la política nacional debe alejarse de las tentaciones electoreras y fortalecer la cooperación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales y municipales junto con la sociedad, para avanzar hacia un desarrollo social equilibrado, justo e incluyente que garantice los derechos y atienda las necesidades de niñas y niños, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, mujeres, indígenas y demás grupos marginados. No más programas asistencialistas que provean a su secretaría de clientelismo político. Para Nueva Alianza la seguridad social es un derecho, por lo que la obligación del Estado es establecer las bases necesarias para cumplir con una de sus prioritarias obligaciones y razón de ser. No podemos seguir eludiendo nuestra responsabilidad. Por su respuesta, muchas gracias.