La diputada Melissa Estefanía Vargas Camacho: Gracias, muy buenas tardes a todas. En el año 2021, en México, cerca del 40 % de las mujeres de 15 años y más han sufrido alguna relación violenta con su pareja. Desafortunadamente estas cifras no han disminuido, al contrario, han ido incrementándose. Y es precisamente en el hogar donde de cada 10 mujeres violentadas, 9 sufren este tipo de violencia con su pareja, que muchas de ellas se encuentran en una situación de desventaja, principalmente aquellas mujeres que no cuentan con una casa propia o que no han pagado una casa propia para vivir. Desafortunadamente, cuando se encuentran ante este fenómeno, son principalmente las mujeres quienes, presa del miedo, de la angustia, de la desesperación, son quienes salen a mitad de la noche huyendo de sus casas en busca de ayuda, de un refugio, del apoyo de alguna familiar o de quien se encuentre enfrente. La mayoría de la normatividad protege de alguna manera al dueño de la casa. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el dueño de la casa es el agresor? Hoy tenemos que proteger principalmente a la víctima. En el caso de nuestro país no existen datos exactos sobre cuántas órdenes de protección se han emitido, a cuántas mujeres se han beneficiado con esta medida y cuáles son las medidas que contienen. En la gran mayoría de los casos existen iniciativas locales que ya cuentan con procedimientos específicos para que las mujeres puedan acceder a la protección del Estado en caso de vivir violencia, y cuando hablo de protección del Estado también hablamos de manera muy particular con lugares donde puedan estar viviendo. Esta iniciativa, por lo tanto, tiene como objeto que las órdenes de protección y cautelares que dicten las autoridades administrativas y los ministerios públicos, fundamentalmente busquen que el agresor de la violencia familiar sea quien salga de domicilio conyugal. La desocupación de las personas agresoras del domicilio conyugal o de pareja, independientemente de la acreditación de propiedad o de la posesión del inmueble, aún en el caso del arrendamiento de los mismos y, en su caso, el reingreso de la mujer en situación de violencia una vez que se resguarde de su seguridad. Con esta iniciativa buscamos principalmente proteger y cuidar en su domicilio a las mujeres a sus hijos y a sus hijas. Desafortunadamente muchas veces al no tener dónde vivir o dónde resguardarse, estas mujeres y sus hijos y sus hijas que han sufrido violencia, han sido presas del crimen organizado o quedan a merced de la voluntad de sus redes de apoyo si es que la tienen, o cuando pasan la etapa de vivir en un refugio, simplemente ya no tienen a dónde regresar. Por eso es que consideramos que cuando haya una agresión directa, sean las mujeres, si son las agredidas, las que tengan el derecho como medida cautelar a quedarse en su casa y el agresor, el que tenga que salir de la casa. Quiero, además, aprovechar, estos minutos que me quedan, también para informar que he ingresado una iniciativa sobre el mismo tema que tiene que ver con el combate a la violencia, pero de manera muy concreta con el combate a la violencia y al acoso escolar conocido como bullying, ustedes saben que siete de cada diez niños adolescentes sufren esta práctica diariamente en nuestro país. La población más vulnerable, son aquellos de 8 a 14 años y, particularmente, los menores que tienen alguna discapacidad. Según cifras publicadas por Wertman, en el 2009, tan solamente se registraron 190 suicidios de jóvenes y de niños y, tanto solo el año pasado fueron 34 muertes de niños víctimas de bullying. En México, esta tendencia se ha ido incrementado drásticamente a partir del 2020. Creemos de urgente necesidad atender esto como un problema de salud pública, recientemente vimos el caso de una adolescente fallecida en el municipio de Teotihuacán, estado de México, a causa de los golpes que le propinó una compañera, precisamente por motivo de bullying. Así que esta iniciativa que también he presentado, tiene que ver fundamentalmente con tres temas: Primero, desarrollar e implementar programas y acciones para prevenir, detectar y atender el acoso escolar o cualquier forma de maltrato físico, psicológico hacia los estudiantes. Segundo, sancionar cualquier acción u omisión que resulte en daño o el perjuicio de la integridad física, psicológica o social de los menores, atribuible a docentes y al personal que labore dentro de los planteles educativos. Desafortunadamente muchos de estos casos se han denunciado ya ante las autoridades educativas, maestros, orientadores y no se tomen cartas en el asunto. Tenemos que sancionar a los docentes que no actúen de manera inmediata y que no prevengan estas circunstancias o no informen a la autoridad competente. Y tercero, implementar por primera vez como una medida cautelar, que los menores agresivos, bueno los menores que agreden ya sea psicológicamente, físicamente o de manera cibernética, sean suspendidos de manera temporal del plantel y, en su caso, sancionarlos administrativamente turnados a las autoridades competentes. Es muy triste ver cómo en la mayoría de los casos, el niño al que quieren cambiar de escuela como una opción, es el niño que está siendo agredido, sin tomar ninguna medida para los menores que están siendo los agresores. Sería cuanto. Muchas gracias.