El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: No cabe duda que hay hipócritas que se paran en esta tribuna con una doble moral. No he dicho nombres, no empiecen, no se adjudiquen las cosas sin antes decirles su nombre. Los panistas, priistas hipócritas, de doble moral, cuando Javier Lozano fue secretario de trabajo aniquiló, junto con Felipe Calderón, el alcohólico presidente, a Luz y Fuerza del Centro. Él es el enemigo público número uno de los trabajadores de México y hoy vienen a vanagloriarse los panistas, cuando querían dilapidar de este proceso que fue importantísimo, impulsado por gente de izquierda, no por el centro ni la derecha que se disfrazan de falsos demócratas. La problemática compleja de la justicia procesal laboral se ha estudiado desde hace décadas por especialistas y sindicalistas, y en varias ocasiones se han hecho propuestas y hoy tenemos la oportunidad de analizar y votar este dictamen. Creo que todos compartimos la evidencia de que las reglas laborales sufren una gran transformación. Hoy los criterios y principios laborales son sujetos a cambios profundos. La clave es cómo conciliar estos cambios con la parte sustantiva que lleva consigo nuestro derecho social, sobre todo porque necesitamos transformar nuestras normas legales manteniendo el carácter protector del derecho del trabajo, y a la vez impulsar un modelo de desarrollo que atienda las necesidades de la gente y sus trabajadores. Lo primero que hay que reconocer es que la justicia laboral se ha quedado rezagada, y prueba de ello es el tiempo que dura un juicio para sustanciarse. Es demasiado lento las cargas de trabajo que sufren las Juntas de Conciliación y Arbitraje tanto en el ámbito local como federal conlleva la acumulación de expedientes en los tribunales colegiados. Es decir, su reforma laboral del 2012, impulsada por el traidor de Peña Nieto no ha funcionado, al igual que todas las reformas estructurales. Otro problema constante es la reducción de presupuesto que se hace cada año y que afecta la viabilidad de estos órganos de justicia que forman parte del conjunto de factores que la condicionan. Esto se podría solucionar, sin embargo, está el mayor problema, que tiene que ver con la imparcialidad y el respeto del Estado de derecho, lo cual es fundamental que los jueces cuenten con formación social y que resuelvan de acuerdo a los principios protectores establecidos en la ley. No a favor de políticos disfrazados de empresarios y que estén sujetos a mandatos de autoridades corruptas. La minuta que hoy recibimos del Senado es una reforma constitucional que modifica dos artículos: el 107, que regula el juicio de amparo, y el 123, que regula la materia laboral de los trabajadores que pertenecen al Apartado A. Básicamente el planteamiento es la sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje federal y locales, que actualmente son tripartitas por jueces federales y locales que dependan del Poder Judicial y no de los corruptos gobernadores ni del corrupto del presidente de la República, que es quien nombra en el caso de la Ciudad de México. Esta demanda, que es de izquierda, se ha hecho por décadas en virtud de que las juntas han dependido de los Ejecutivos federal y locales, y de un falso tripartismo que impera desde hace casi un siglo. Cabe hacer mención de que este sistema de justicia laboral que hoy existe en México ha sido abolido en todos los países que alguna vez lo adoptaron y que hoy, lamentablemente, solo existe en México. La iniciativa crea también un organismo descentralizado de carácter federal y autónomo que registrará a los sindicatos y sus contratos colectivos, sustituyendo a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y a las mismas juntas, que han tenido el control corporativo de los trabajadores a costa de la libertad sindical y de los contratos colectivos de protección laboral que hemos denunciado siempre, como la CNTE, la CTM y muchos más brazos operadores de la derecha. Ese organismo autónomo tendrá también la función de conciliación y se crearán órganos autónomos en cada estado para lo mismo. Algo muy importante es que el titular va a ser nombrado de una terna que enviará el Ejecutivo federal al Senado con dos tercios de la votación. Actualmente el o la presidenta de la Junta es nombrada por el Ejecutivo y espero que no se repita mismo el esquema de ayer de repartición de cargos, como lo hicieron con los magistrados. El contenido de esta reforma reglamenta la contratación colectiva que incluye la consulta a los trabajadores. Este es un gran avance, pues se establece el voto personal, libre y secreto para elegir al sindicato que los va a representar o que negociará el contrato colectivo, demanda histórica de los sindicatos autónomos que promoverán la tan deseada democracia sindical, sindicatos verdaderamente democráticos como el STUNAM, como el SUTIM, como el SITUAM y muchos más. Sin duda esta reforma es prioritaria para el beneficio de los trabajadores y de los sindicatos independientes, ello requiere de una infraestructura para los tribunales de justicia. Hoy muchas Juntas de Conciliación sufren una gran carestía porque las plazas han sido canceladas y no se proveen los medios para lograr la capacitación que se estableció en la fallida reforma laboral de 2012. Contar con un sistema de justicia eficiente apoyado en jueces imparciales que den confianza a la ciudadanía es fundamental. La reforma constitucional propuesta es un avance y que hay que reconocer, que recoge planteamientos de especialistas y de fuerzas progresistas...