La diputada Amalia Dolores García Medina: Intervengo en este momento para presentar una iniciativa, con proyecto de decreto para la creación de un fondo sustentable en regiones mineras. La minería es uno de los sectores más importantes de las cadenas productivas industriales. La minería también es una parte fundamental de la vida de los seres humanos. En México es uno de los sectores productivos más importantes, representa el 2.3 por ciento del producto interno bruto y, además, durante 2020 logró generar 367 mil 935 empleos directos y más de 2 millones y medio de empleos indirectos. A nivel mundial, México está dentro de los diez principales productores de minerales, ocupando el primer lugar en la producción de plata y el segundo lugar en la producción de fluorita. Durante 2020, los estados que tuvieron mayor participación en el valor total de la producción fueron: Sonora, con 35 por ciento y Zacatecas, con el 24 por ciento; Chihuahua, con el 13 por ciento. Pero los recursos naturales que se explotan por esta actividad no son recursos renovables y así como se generan empleos, como se genera riqueza, también hay un enorme impacto en el medio ambiente en las regiones que tienen yacimientos mineros. Además, en muchos casos las compañías pagan sus impuestos no en el lugar en donde está la explotación minera, sino en donde tienen su domicilio fiscal, que no siempre es en esa misma entidad. Bajo esta idea, durante 2013 se impulsó una reforma hacendaria donde se estableció el pago especial de un derecho adicional a los beneficiarios de la explotación de minerales y sustancias del subsuelo para retribuir con un porcentaje de los recursos obtenidos a los estados y municipios, con la finalidad de elevar la calidad de vida de sus habitantes en zonas de extracción minera y subsanar, por lo menos, algunos de los efectos negativos de esta actividad. Se creó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de los estados, sin embargo, tenemos que decir que aunque dichos recursos tenían como fin generar un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano, sobre todo para contribuir a centros escolares, a infraestructura para la protección ambiental y la preservación de áreas naturales, en 2019 hubo un cambio radical y este Fondo Minero desapareció. Hoy, la mayor parte del recurso que es resultado de estas explotaciones mineras por las empresas mineras, va a la Secretaría de Educación Pública, lo cual está bien, aunque debería ser en acuerdo con las comunidades, también a la Secretaría de Economía y al gobierno federal, pero se rompió la continuidad y la relación con las comunidades y con las regiones en donde están estos yacimientos mineros. Es por eso que proponemos que el artículo 271 de la Ley Federal de Derechos establezca un fondo sustentable para regiones mineras, con los recursos que forman parte de los pagos de las compañías y que los artículos 268, 269 y 270 de esta ley sean empleados en inversión física con un impacto social, ambiental y de desarrollo urbano. Este recurso se deberá destinar en un 62 por ciento, sí a la Secretaría de Educación Pública, pero en coordinación estrecha con los municipios y demarcaciones de los territorios en donde están los yacimientos. Adicionalmente, tendría que canalizarse el recurso para remediación ambiental y para protección de zonas que han sido lastimadas por estos yacimientos mineros. No quiero dejar de señalar que siendo la minería una gran industria, los daños que ha generado en muchas ocasiones no han sido atendidos. Están casos extremos como el de Grupo México en Sonora y tenemos el caso de El Oro, en Durango, en donde lo que se requeriría sería una remediación inmediata. Por eso es que lo que requerimos es este fondo sustentable de regiones mineras y entre la propuesta para que se cree el fondo sustentable y para que haya esta comunicación con las regiones y se pueda atender de manera adecuada a los habitantes y las comunidades donde están asentados estos yacimientos. Es cuanto, señora presidenta, Mesa Directiva. Muchas gracias.