El diputado Francisco Javier Valdez de Anda: El suscrito, diputado de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en uso de la facultad que me es conferida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, me permito presentar iniciativa de reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Amparo al tenor de la siguiente exposición de motivos: "El derecho como el aire está en todas partes; la vida del ser humano está impregnada de normas", como lo ha señalado Carlos Santiago Nino; y como el derecho es vida y la vida cambia, por tanto el derecho debe ser cambiante y adaptarse a las nuevas condiciones, que como decía Herman Heller (¿), el derecho debe adaptarse a la época y por ello es fundamental que nuestra Constitución Política esté a la altura de la dinámica de la sociedad. Como bien lo ha señalado Francisco Martínez Sánchez, una Constitución pasiva, sin defensa, es un documento de ilusión social que puede implicar el riesgo de la tiranía en detrimento del ideal democrático y en el resquebrajamiento de la justicia. El principio reconocido como relatividad de las sentencias se encuentra consignado en la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que la sentencia será siempre tal, que sólo se ocupe de individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. La fórmula anterior se enunció por primera vez en la Constitución de Yucatán de 1840, a instancias del gran jurista Manuel Crescencio Rejón y fue incorporado a nivel federal en el Acta de Reformas de 1847 por el Jurista Mariano Otero. El principio de relatividad de las sentencias denominado "fórmula Otero", es un candado que determina que la protección constitucional sólo beneficia a aquel que la solicita, es decir, la relatividad de la sentencia de amparo se expresa en que sólo se ocupa de las personas promoventes del juicio, limitándose a ampararlos y protegerlos, sin hacer una declaración de la ley o del acto que lo motivó. Resulta evidente que la "fórmula Otero" ya cumplió su misión histórica, pero ya no se justifica hoy en día, sobre todo cuando existe una clara manifestación de los conflictos jurídicos, mismos que no pueden resolverse con criterios anacrónicos. Una norma no puede ser inconstitucional para un individuo y al mismo tiempo tener validez y aplicación para otros. La injusticia que comete la referida fórmula, consiste en que sólo aprovecha al promovente excluyendo a todos los demás; con ello se hace inoperante la igualdad de los hombres ante la ley, pues sólo aprovecha a quien interpone el juicio. En otras palabras, frente a una ley inconstitucional, únicamente las personas que cuentan con los recursos económicos para obtener asesoramiento jurídico quedan excluidos de la obligación de cumplirla en caso de haber obtenido un fallo favorable; en tanto que un gran número de personas son forzadas a acatar las disposiciones legales contrarias a los preceptos fundamentales, en virtud de no haber litigado en contra de éstas, ya sea por ignorancia o debido a la falta de recursos. Pero lo más grave es que habiéndose declarado por la autoridad competente una ley inconstitucional, pueda seguir causando agravios a toda la población afectada por su entrada en vigor, sin que la propia autoridad ponga remedio a tal injusticia. Terminar con dicha situación injusta implica además economía procesal, ya que si se reconociera la declaración general, se evitaría la interposición continua de juicios de amparo respecto de la inconstitucionalidad de un ordenamiento sobre el cual la propia Suprema Corte se ha pronunciado en repetidas ocasiones, que no hace sino saturar el trabajo de los tribunales. En conclusión esta iniciativa pretende remediar la violación al principio de igualdad de la aplicación de la ley, dotando a nuestro sistema de protección constitucional, de mayor alcance, acceso y actividad. Por lo anterior propongo a esta Soberanía reformar la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como también su correlativo el artículo 76 de la Ley de Amparo en vigor a efecto de que la sentencia que se dicte por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además de ocuparse de los individuos promoventes amparándolos y protegiéndolos, hará una declaración general respecto de la ley o acto que la motivare. Con lo anterior, actualizamos nuestra legislación, haciendo con ello una Constitución y leyes reglamentarias adecuadas a la época, que nos exige claridad, fortaleza y transparencia en el ejercicio del poder haciendo con ello una Constitución defendible por parte de la sociedad. Muchas gracias. Solicito a la presidencia respetuosamente se sirva insertar la presente en el Diario de Debates de esta Cámara y en su oportunidad enviarla a comisiones para su discusión y aprobación en su caso. Muchas gracias.