La diputada Valentina Valia Batres Guadarrama: Compañeras y compañeros legisladores, en el diseño del presupuesto, para una época de crisis, la decisión de ahorrar en gastos superfluos desempeña un papel central y decisivo. En ese sentido, considero indispensable tomar medidas encaminadas a generar ahorros que permitan hacer frente a las urgentes necesidades de la inversión para reconstruir la economía nacional. En los años recientes, debido a diferentes circunstancias, hubo un aumento acelerado en los ingresos petroleros y, en consecuencia, un sustancial aumento de los ingresos públicos. Además, un importante ingreso de las remesas fueron utilizadas para subsidiar las importaciones que propiciaron la estabilidad de precios. Se elevó sustancialmente el gasto corriente del sector público, que pasó de un billón, 427 mil millones de pesos en 2002, a una propuesta para el 2009 de 2 billones, 435 mil millones de pesos. Un derroche de recursos que no contribuyó a mejorar la atención de los problemas de nuestros conciudadanos. Ese aumento en el gasto corriente se dirigió a constituir una elite de funcionarios que condicionaban su participación en el sector público a cambio de recibir elevados sueldos, además de canonjías y prebendas. Nada justifica esa situación ante tanta miseria del pueblo mexicano. No existe ninguna razón para mantener una elite de funcionarios que, por cierto, no ha contribuido a mejorar la administración pública ?pero cómo cobran?, a ofrecer mejores servicios a la ciudadanía, sino por el contrario, han actuado como Caballo de Troya, debilitando desde dentro la administración pública al Estado y a su capacidad de dar cauce a los esfuerzos nacionales. A lo anterior se agrega que esa disparidad de ingresos tiene muchas veces su origen en un esquema que privilegia la amistad, antes que el perfil del servidor público. El deterioro de la función pública ha llegado al extremo de considerar el tráfico de influencias como una virtud. El amiguismo como una ventaja y la impunidad como una garantía para trascender. Ése es el verdadero daño a las instituciones públicas. Por esa razón, propongo modificar la redacción del artículo 21 y el Anexo 15 del decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal de 2009 que refiere los límites a las percepciones de los servidores públicos de los ramos administrativos para establecer como un ingreso máximo el de 80 mil pesos mensuales. Máximo, así que imagínense de cuánto estamos hablando, es un ahorro enorme. De acuerdo con la información del analítico de plazas que proporciono la Secretaría de Plazas que proporciono la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el proyecto de decreto, esta propuesta sólo afectaría los ingresos de 11 mil funcionarios que actualmente reciben ingresos superiores a 65 mil pesos mensuales. Apenas el 3.por ciento de los empleados del sector público, sin considerar a las Fuerzas Armadas. Es importante señalar que aún con la propuesta de compactación que se propone incluir en el presupuesto para 2009, el sueldo promedio de los 11 mil 300 trabajadores mencionados sería, todavía muy alto, sería de 70 mil 842 pesos mensuales. Un ingreso decoroso, incluso desproporcionado para los que tienen un salario mínimo. Por su parte, el ingreso promedio de los 634 mil empleados públicos restantes se situaría en 15 mil 176 pesos, aun y cuando disminuya la disparidad, el promedio de los ingresos superiores a 65 mil pesos, sería equivalente a 5 veces el promedio de los salarios más bajos. Sin afectar los ingresos de los integrantes del Ejercito y la Defensa se considera que esta propuesta permitiría liberar más de 5 mil millones de pesos que se deberán destinar a fortalecer el programa de becas de 600 pesos mensuales, para estudiantes del Sistema Público de Educación Media Superior, proporcionando apoyo a casi 50 por ciento de la matricula de bachillerato público, un recurso que si es bien administrado deberá permitir la apertura de oportunidades y la generación de expectativas constructivas para un sector importante de jóvenes. Es por eso que me he permitido hacerle modificación al artículo 21. Para terminar quiero decir, miren lo que paso en la Cámara de Diputados. En el primer año de legislatura, nuestros trabajadores de limpieza, que se contratan por medio de una agencia de trabajo, tenían una percepción de 200 pesos semanales más alta de la que el siguiente año, el segundo año legislativo, tuvieron nuestros trabajadores de limpieza en la Cámara. Sin embargo, la Cámara de Diputados se aumentó el 4 por ciento de aumento a su presupuesto. Estamos hablando de que no hay reparo, no hay prudencia, no hay decoro y que ni siquiera nosotros que aprobamos presupuesto somos capaces de tener la sensibilidad para asegurarles a nuestros trabajadores, que indirectamente se contratan en la Cámara de percibir un salario digno. Estos trabajadores de limpieza que tienen un aumento cada vez que estas sesiones se prologan y no tiene un premio más por su rendición. Ellos que se aumenta su jornal de trabajo, pero no solamente existe eso, sino resulta que aquí hay una serie de condiciones que han mejorado a lo largo del tiempo las condiciones de los trabajadores de base de la Cámara. Aún así, altos funcionarios administrativos de la Cámara se le hace ofensivo que una secretaria que trabaja tiempo extra gane bien. Cuando los funcionarios altos de esta Cámara ganan más que un diputado. Tenemos funcionarios administrativos que ganan más de 200 mil pesos, ¿trabajan más? No lo sé. ¿Trabajan más que un trabajador de limpieza? No lo sé, creo que no. A veces se tardan mucho tiempo en comer, ahí los vemos en los cristales con 3, 4 horas de comida, que no tiene nuestros trabajadores de base. Lo que quiero decir es, por qué en otros países como por ejemplo Uruguay, no se vive una delincuencia tan grande y porque su nivel, su medida de corrupción lo ha ubicado en el sexto lugar, mientras que países como México, nos ubicamos en el lugar 77. ¿Qué quiero decir? Que ante mayor distancia entre un salario de personal de base que se lleva una friega enorme a trabajar, ellos que quieren que sus hijos, con muchos esfuerzos, que van en escuelas públicas, terminan la escuela, tienen una distancia grande con respecto a los altos sueldos de funcionarios que, por cierto, poco le han servido a este país. Y entonces resulta indecoroso que administrativos ganen más de 200 mil pesos. Que no sepan lo que le cuesta a este país otorgar ése sueldo, es más, por qué eso no sale en la tele del Congreso. Aquí hay una fracción mayoritaria que seguramente ya está cansada, pero las condiciones de este debate la impusieron ustedes, señores legisladores. Y se la han pasado dedicados chiflando. Estos legisladores tienen asignado un sueldo de más de 100 mil pesos nominales. ¿Ustedes creen que la ciudadanía les paga por chiflar y rehuir el debatir? ¿De veras creen? Digo, es vergonzoso, lo tengo que decir aquí en el micrófono porque creo que se utilizarían mejor esos recursos con los cuales les pagan el sueldo por chiflar, para los chavos de bachillerato que les está costando mucho trabajo, sobre todo a sus familias, mantenerlos durante los tres años de bachillerato. Creo que ellos han resultado más productivos para el país, que su tiempo aquí chiflando, compañeros, porque ni siquiera son capaces de dar el debate. Por su atención, muchas gracias.