La diputada Mariana Rodríguez Mier y Terán: Muchas gracias, presidenta, con su venia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros, vengo esta tarde a presentar en nombre de la Comisión de Justicia este dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman el articulo 203 y 205 Bis del Código Penal Federal en materia de turismo sexual. Estoy segura de que este es un tema de la mayor trascendencia para la sociedad mexicana, principalmente por las víctimas a las que ataca que son personas menores de 18 años o que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo. Es decir, estamos hablando de grupos vulnerables. Por los bienes jurídicos tutelados, de la misma manera, para la norma penal, en este caso, el libre desarrollo de la personalidad que también involucra la libertad, la seguridad, la salud, así como la integridad personal y emocional de una persona, e incluso de su familia, lo cual nos exige acciones legislativas contundentes para buscar, inhibir la comisión del delito y, en su caso, imponer castigos ejemplares y que a su vez inhiban otros delitos que están íntimamente relacionados con este, como lo es el de la trata de personas. En el marco de las reformas que estamos poniendo a su consideración, cabe tener presente la obligación dispuesta en el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes, a efecto de adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger a los menores de edad contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido por supuesto, el abuso sexual mientras se encuentre la persona menor de edad bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que la tenga a su cargo. Es importante reconocer que no obstante los esfuerzos realizados desde el ámbito legislativo y en la implementación de políticas públicas en los últimos años, las cifras publicadas por diversas organizaciones internacionales y organismos de la sociedad civil, nos muestran que dicho delito, el de turismo sexual, lejos de disminuir, se ha incrementado. De acuerdo con estudios de la UNICEF, alrededor de 16 mil niñas, niños y adolescentes son víctimas de trata con fines sexuales en todo el territorio nacional, identificando puntos críticos en lugares como Cancún o la ciudad fronteriza de Tijuana, donde la situación tiende a agravarse en comparación con otras entidades federativas. Como se expresa en el dictamen que está a su amable consideración, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes es una de las violaciones más graves a sus derechos humanos, que provoca enormes trastornos, sufrimientos y consecuencias irreversibles, físicas, emocionales, psicológicas, no solo para las víctimas, sino también para sus familias. De acuerdo con un cálculo reciente de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU, de los 12.3 millones de personas que son víctimas de trabajo forzoso en todo el mundo, 1.39 millones están involucrados en la prostitución infantil forzada, de un 40 por ciento niños y un 50 por ciento niñas. Asimismo, conforme el informe mundial sobre explotación sexual, en el mundo se prostituyen entre 40 y 42 millones de persona, y de ellas, 80 por ciento son mujeres y niñas, la mayoría de estas en edades que van de los 13 a los 25 años de edad. Lamentablemente, el turismo sexual ha aumentado en todo el mundo, pero destacadamente en América Latina. Es necesario dar este contexto para dimensionar el grave problema de turismo sexual e impulsar estas reformas legislativas e institucionales que son necesarias para enfrentarlo con toda la fuerza y capacidades del Estado. Según la Organización Internacional para la Migraciones, en épocas de vacaciones aproximadamente el 20 por ciento de los turistas buscan relaciones sexuales pagadas, y de este porcentaje el 3 por ciento son con niñas, niños o adolescentes. Con los razonamientos expresados, las reformas objeto del presente dictamen tienen los siguientes objetivos: En primer término, el artículo 203, en su párrafo segundo, efectúa el aumento de la pena de prisión y de la sanción económica a quien cometa alguna de las conductas que integran el tipo delictivo de turismo sexual. La propuesta que traemos a su consideración es que la pena pasaría de 7 a 12 años, para quedar en una pena mínima de 15 y una máxima de 30 años. Y la multa también estaría pasando de mil a 30 mil días. El incremento de la pena en los términos propuestos implica también, y esto es muy importante compañeras y compañeros, la homologación con la sanción dispuesta en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata, con lo cual se evita una disparidad de penas que pudiera favorecer a los sujetos activos del delito, cerrando una posible brecha en la impunidad. En el caso del 205 Bis, lo estamos reformando para dar la condición de imprescriptible a este tipo penal, y asimismo, para contemplar un agravante cuando el autor de esta conducta, de este ilícito, tuviera con la víctima alguna de las siguientes relaciones: ejerza la patria potestad, guarde custodia, sea ascendiente o descendiente sin límite de grado, familiar en línea colateral hasta el cuarto grado, tutores o curadores, y algunas otras concepciones que tenemos también aquí previstas. Debemos tener presente que la niñez de hoy, compañeras y compañeros, todos lo sabemos, se ha dicho aquí, es el futuro de nuestro país y que la explotación sexual vulnera de manera particularmente grave sus derechos, por lo que debemos redoblar los esfuerzos para su erradicación con el mayor compromiso, con la mayor responsabilidad, por supuesto con amor, con el amor que debemos tenerle a nuestros niños, niñas y adolescentes. Es necesario asimismo que la niñez pase a ocupar el lugar central que le corresponde en las reformas legislativas y en las políticas públicas de este gobierno y de este país, por lo que nosotros votaremos y sometemos nuestra consideración por parte de la comisión a favor de este dictamen, lo cual celebramos. Y solicitamos también de ustedes que tengan la solidaridad para hacer lo mismo y en el mismo tema de derechos de la niñez poner a la consideración el llamado que hacemos para que también las licencias en el tema de padres para niños que están enfrentando el cáncer, puedan ser de la misma manera aprobadas puesto que forma parte también de la protección integral de la infancia, que tenemos nosotros la obligación de cumplimentar. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.