El senador Luis Alberto Villarreal García: Gracias, presidente. He puesto este punto de acuerdo como de urgente u obvia resolución porque nos estamos enfrentando a un nuevo desafío que pone en peligro la integridad y el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales en los Estados Unidos. El pasado 15 de diciembre en el Senado de los Estados Unidos, fue aprobada la Ley de Autorización de Defensa Nacional, NDAA, por sus siglas en ingles, National Defense Authorization Act Two, y fue firmada para su publicación y entrada en vigor el pasado 31 de diciembre por el Presidente Obama. Esta Ley de Autorización de Defensa Nacional, en su apartado 1031, permite al Ejército detener a todos los sospechosos de terrorismo por tiempo indefinido, hasta que terminen las hostilidades, sin que se presente cargo o denuncia y sin que se realice un juicio previo. Es decir, cualquier persona que esté en el territorio norteamericano, en cualquier parte del territorio norteamericano, no necesariamente en la zona fronteriza, podrá ser detenido por su apariencia, porque parezca o se pueda sospechar que es terrorista y al margen de que sea documentado o indocumentado, se le podrá detener por tiempo indefinido. Esta ley a los únicos que deja a salvo es a aquellas personas que logran demostrar que son ciudadanos o que viven en ese país. Cualquier otra persona, incluyendo un turista, puede ser detenido. Y si nos ponemos a pensar que la mayoría de las leyes antiinmigrantes que se están llevando a cabo en la Unión Americana, en parte de la exposición de motivos se señala que los mexicanos pueden ser o forman parte de las redes que tienen que ver con Al Qaeda o las redes terroristas, entonces está ahí vigente la posibilidad de que cualquier autoridad, incluso en todos estos estados hostiles contra los migrantes, detengan so pretexto de un asunto de terrorismo y de seguridad a cualquier mexicano por su propia apariencia física, lo que hace una ley totalmente discriminatoria. Por ese motivo y porque constituye una amenaza a las libertades fundamentales, a los derechos civiles que contempla la propia Constitución norteamericana pero también porque constituye una violación a los derechos humanos que se contemplan en todos los instrumentos internacionales de los cuales muchos de ellos está Estados Unidos adherido, es que estamos promoviendo este punto de acuerdo. Nos parece también que se está violando la presunción de inocencia porque no hay el derecho a tener un juicio justo, porque no hay derecho a defenderse ante las cortes civiles y federales, como se encuentra expresado en la propia sexta enmienda de la constitución de ese país o en el propio Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1992, de las Naciones Unidas, porque nos parece que es un excesivo abuso el que se está poniendo en esta ley al poderse retrasar cualquier juicio, al no respetarse la presunción de inocencia y al negarse la protección procesal a las personas acusadas. Por lo anterior, y para obviar el tiempo, quisiera comentarles que estamos pidiendo básicamente tres cosas: Uno, que la Secretaría de Relaciones Exteriores manifieste su enérgico rechazo a las disposiciones del apartado d), ante el gobierno norteamericano. Dos, que le envíe a esta soberanía, un informe sobre la estrategia de nuestro gobierno para proteger la integridad física y el respeto de los derechos humanos de los mexicanos y, Tres, que se cree un número 1 800 de asesoría legal gratuita a los migrantes mexicanos en ese país para poder prevenir y proteger los derechos a través de nuestra red consular. Es cuanto, presidente. Le solicito a la asamblea nos autorice la urgente u obvia resolución. Muchas gracias.