El presidente Raúl Plascencia Villanueva: Muy buenos días. Diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Senadora Lisbeth Hernández Lecona y senador Fernando Herrera Ávila, vicepresidentes. Diputada Verónica Beatriz Juárez Piña, diputado Raymundo King de la Rosa, secretarios. Senadoras y senadores, diputadas y diputados integrantes de la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión. Señoras y señores consejeros de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Señoras y señores, acudo a la más alta tribuna del país para dar cumplimiento a la obligación de presentar el informe de actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a mi cargo, correspondiente al ejercicio 2013, de conformidad a lo previsto por los artículos 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es preciso reconocer los importantes avances legales e institucionales que se dieron durante el año 2013, entre ellos, una constructiva tarea legislativa que dio lugar a la expedición de la Ley General de Víctimas y de una nueva Ley de Amparo. También, los importantes cambios y adecuaciones a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Por ello quiero externar públicamente reconocimiento al Congreso de la Unión por estos importantes avances legislativos, pero también quiero expresar que existen todavía retos que aún están pendientes de superarse para vencer la desigualdad, la injusticia y la impunidad que aquejan a muchos mexicanos. En diversas regiones del país se aprecia un sentimiento de incertidumbre social por la violencia e inseguridad derivadas de la ineficacia de los cuerpos policiales, no sólo para enfrentar las acciones de la delincuencia organizada sino también para combatir los delitos del orden común. Lo anterior lamentablemente propició, como lo advertí aquí hace un año, que en algunos estados de la república se multiplicaran las expresiones de la sociedad civil a través de grupos de personas denominadas autodefensas, que tienen en común el pretender ejercer las tareas de seguridad pública de los órganos del Estado mexicano. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hacemos nuestro el reclamo de esas comunidades que se han visto lastimadas y severamente agraviadas por la acción de la delincuencia, y como presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos refrendo mi compromiso de estar al lado de las víctimas acompañándolas, exigiendo a las autoridades del Estado mexicano acciones eficaces en materia de seguridad pública y justicia, para evitar que sean los propio civiles quienes tengan que ejercer lo que ellos llaman justicia por propia mano, y pretender autodefenderse. A continuación me permito hacer un recuento de las principales acciones llevadas a cabo por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos durante 2013, y que corresponde al cuarto año de mi gestión como presidente de este organismo. Con el objeto de fortalecer la protección de los derechos humanos, se estableció una oficina foránea en Morelia, Michoacán, la cual se incorporó a las 15 ya existentes y empezó a funcionar a partir del 16 de agosto pasado. Esto a fin de tener una presencia contante de personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el estado y brindar así una atención inmediata a la población en general. De esta forma, la ubicación estratégica de las oficinas regionales, el impulso a las actividades de promoción de los derechos humanos y la ampliación de sus facultades son algunos de los factores que incidieron para que este año se proporcionaran 348 mil 15 servicios de atención al público, lo cual representa más del doble de lo que se hacía en el año 2009. En materia de protección cabe destacar la cobertura en los servicios de atención y orientación, así como el monitoreo permanente en todo el país para iniciar quejas de oficio ante diferentes situaciones que pueden implicar la vulneración de los derechos humanos. En este año, se recibieron y clasificaron 45 mil 972 escritos de quejas. De este total, 23 mil 716 dieron origen a expedientes de quejas, orientación directa, remisión e inconformidad. Los restantes 22 mil 256 se refieren a diferentes solicitudes llevadas a cabo por la población en general, para que se les oriente respecto a diversas peticiones. Las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos durante 2013 fueron, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Policía Federal, la Secretaría de Educación Pública, la Policía Federal, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el Instituto Nacional de Migración, la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Marina. En 2013 se emitieron 86 recomendaciones en las que fueron señaladas 109 autoridades, de éstas, 65 dirigidas a autoridades del ámbito federal y 44 dirigidas a autoridades de los ámbitos estatal o municipal. Al respecto, es importante precisar que el gobierno federal aceptó todas las recomendaciones, incluyendo a algunas que habían sido rechazadas durante el año 2012. Debo señalarles, que la protección y defensa de los derechos humanos no se realiza únicamente a través de la emisión de recomendaciones, sino también cuando se logra restituir los derechos vulnerados al quejoso en forma pronta y expedita. Por ello, cuando la autoridad asume la responsabilidad sobre las violaciones a los derechos humanos y adopta medidas eficaces para su reparación, los asuntos se pueden concluir por conciliación, o bien, durante el procedimiento. En 2013, se resolvieron 3 mil 500 casos bajo estas modalidades. Esto es, el triple de lo que se hacía en el año 2009. Por otra parte, la institución elaboró y llevó a cabo informes especiales acerca de temas altamente sensibles para la sociedad mexicana en lo que corresponde al tema de los derechos humanos. Se abordó el estado que guardan los derechos humanos de las mujeres internas en los centros de reclusión de la República Mexicana, en los cuales, por lo general, no se contempla de manera específica y clara la situación de este sector, a fin de garantizarles una estancia digna, segura y plenamente separada de los hombres, como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De igual manera, el informe que documenta el abandono en torno a la observancia de los derechos humanos en los hospitales psiquiátricos, en los que se identificaron violaciones relacionadas al trato digno, la legalidad y seguridad jurídica entre otras circunstancias por las inadecuadas instalaciones, la mala alimentación, la falta de abastecimiento, vestido y calzado, restricciones a la comunicación con el exterior, omisión de notificar al Ministerio Público sobre ingresos involuntarios y falta de reglamentos y manuales de procedimientos en esas instituciones hospitalarias. En dicho informe también se identificó que actualmente existen siete entidades federativas que no cuentan con atención hospitalaria en materia psiquiátrica: Morelos, Nayarit, Guerrero, Querétaro, Quintana Roo, Tlaxcala y el Distrito Federal. Por ello, formuló un exhorto con el objetivo de que pudieran establecerse las unidades médico hospitalarias en materia de psiquiatría en esos estados, a fin de atender a este sector de la población. También, el informe relativo a la situación relacionada con los llamados grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, en el que se reiteró la preocupación por los peligros y retrocesos que representa la existencia de estos grupos que pretenden ejercer lo que ellos denominan justicia por propia mano y pretender suplantar también las labores a cargo de las autoridades del Estado mexicano. La promoción y observancia como estrategia de prevención de violaciones a los derechos humanos, es una de las acciones en las que la Comisión Nacional está comprometida. Por ello, se incrementaron sustancialmente las actividades de educación, capacitación, difusión y divulgación en la materia. Fomentar el respeto a la dignidad de las personas debe convertirse en una acción permanente para lograr un cambio en la perspectiva y actitudes, tanto de los servidores públicos como de la sociedad en su conjunto. Éstas son acciones fundamentales para la construcción de una cultura de los derechos humanos a largo plazo, pero también para el fortalecimiento y la plena vigencia del Estado de derecho en México. Es por ello que durante 2013 se llevaron a cabo 7 mil 394 eventos de capacitación. Con estas actividades, sumadas a las acciones de vinculación, se logró impactar a un total de 1 millón 206 mil 630 personas. Con esto se contribuye al conocimiento de los derechos humanos en nuestro país, como la mejor estrategia para evitar la violación de los mismos derivada del desconocimiento. Un alto porcentaje de las actividades de capacitación se dirigieron a los servidores públicos de las dependencias y entidades gubernamentales, en donde se concentró el mayor número de quejas. Acciones como éstas permitieron que el número de quejas recibidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, específicamente a cargo de elementos de las Fuerzas Armadas, se vieran disminuidas en un 50 por ciento en comparación con las quejas que se recibieron en el 2012. Plenamente conscientes de que sólo con la suma de esfuerzos podremos alcanzar las metas que nos hemos trazado para fortalecer a la sociedad y a las instituciones del Estado en este periodo suscribimos mil 704 convenios de colaboración, lo cual significa casi el doble de lo que se había hecho el año previo y 10 veces más de lo que se hacía en el 2009. La mayor parte de los foros, talleres, cursos, seminarios y conferencias, así como su cobertura nacional, se llevaron a cabo en coordinación con las Comisiones y Procuradurías de Derechos Humanos de las entidades federativas, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, instituciones académicas y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Como parte de la labor internacional de la Comisión Nacional se destaca la colaboración con el Comité Internacional de Coordinación de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos, la Red Americana de este tipo de organismos y la Federación Iberoamericana del ombudsman que México preside actualmente, asimismo una intensa labor de trabajo con la Organización de las Naciones Unidas. En cuanto a la cooperación técnica otorgada por la comisión nacional a instituciones de otros países, durante 2013 se continúo con el trabajo que se venía llevando a cabo con países tales como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Uruguay y Marruecos, aunado al hecho de que se amplió dicha cooperación a nuevos países como Ecuador y Nigeria. Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha mantenido una dinámica actividad en materia de estudio y divulgación; esto con el objeto de ofrecer a la población conocimientos acerca de los derechos humanos. En el año se publicaron 7 millones 168 mil 551 ejemplares, lo cual representa una cifra sin precedente en la institución. Asimismo, se mantiene una presencia constante en radio, televisión, medios escritos y virtuales de comunicación masiva aprovechando los tiempos oficiales. Nuestra página electrónica recibió 4 millones 70 mil 551 visitas en 2013, esto la ha posicionado como un importante instrumento de contacto con la sociedad en general y con personas de más de 120 países que frecuentemente acuden a la misma para conocer el trabajo de esta institución. En materia de víctimas del delito tenemos consolidada una amplia red de atención integral; en este año se llevaron a cabo 4 mil 838 servicios de atención victimológica. Por lo que respecta al tema migratorio estamos conscientes de que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes; es, además, un país con un alto índice de migración interna. Estos escenarios interrelacionados derivan a su vez en distintas problemáticas que transgreden los derechos humanos de este grupo en situación especial de vulnerabilidad. Para atender este sector se efectuaron 2 mil 700 visitas a estaciones migratorias, albergues y lugares de alta concentración de estas personas, en las que se realizaron 9 mil 598 gestiones ante las autoridades y se atendió a un total de 83 mil 999 personas migrantes. Otro fenómeno que en muchas ocasiones se asocia a la propia condición de los migrantes es la trata de personas, que constituye una agresión directa a la libertad y a la dignidad del ser humano. Desafortunadamente esta práctica que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas se ha expandido y no respeta fronteras, edades ni condición social. En este año se llevaron a cabo 200 eventos de promoción en los que fueron impactadas 22 mil 800 personas en las 32 entidades federativas, incluido el Distrito Federal. Esto, con el propósito de fortalecer la prevención en materia de trata de personas. También se dio continuidad a la campaña contra trata de personas en lenguas indígenas nacionales como el chol, mazateco, mixteco, náhuatl, purépecha, tlapaneco, tzeltal, tzotzil y zapoteco, con la finalidad de abarcar diferentes regiones del país que cuentan con una mayor densidad de población indígena, pero también en donde hemos identificado el fenómeno de la trata de personas. Por otra parte, el Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos aprobó la emisión de la recomendación general sobre agravio a periodistas en México y la impunidad imperante. De ahí que debamos insistir en que todo agravio en perjuicio de los periodistas y medios de comunicación debe ser investigado de manera oportuna y eficaz, para impedir la impunidad y garantizar plenamente la libertad de expresión. En 2013 se erradicaron 68 casos correspondientes a actos cometidos en perjuicio de periodistas y comunicadores, y 54 asuntos en agravio de defensores civiles de derechos humanos. En cuanto a la situación de la niñez, esta comisión nacional ha identificado una creciente violencia escolar. De ahí la urgencia de poner en práctica actividades que favorezcan el diálogo y la confianza entre padres e hijos, así como entre profesores y alumnos con el fin de detectar situaciones que pongan en riesgo la integridad de los menores. Por ello, este año se organizaron 156 eventos de promoción que contaron con la participación de 39 mil 310 asistentes y se distribuyeron 241 mil 939 materiales de difusión para dar a conocer los derechos humanos de estos sectores de la población, así como de la familia y de los adultos mayores. En lo referente a las personas que viven con VIH Sida es preciso señalar que esta condición de salud no debe ser motivo de estigma, por lo que es necesario que exista una adecuada protección del derecho a la salud y se combatan todos aquéllos actos de discriminación con el objetivo de respetar la dignidad de las personas que viven con dicha enfermedad. Es por ello que en este año se efectuaron 157 eventos de capacitación con 9 mil 270 asistentes, entre ellos, servidores públicos, personas que viven con VIH Sida, activistas de organismos no gubernamentales, estudiantes y público en general. Las mujeres en México siguen sufriendo diversas formas de violencia y discriminación que no pueden ni deben de ser toleradas; al contrario, deben de ser denunciadas, investigadas y combatidas. Quiero reiterar que no existe ninguna justificación para que se ejerza violencia en contra de las mujeres ni en la casa ni en la calle ni en la escuela ni en el trabajo. Debe llevarse a cabo un proceso importante para buscar prevenir la violencia, evitarla y cuando ésta se presente, que se lleve a los responsables ante la justicia. De igual manera las acciones de promoción de los derechos de la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres, constituyen un tema pendiente en las políticas públicas del país. En este año se distribuyeron 45 mil 241 materiales de difusión. De igual forma se realizaron 193 eventos de capacitación dirigidas a un total de 16 mil 385 personas. La población indígena en nuestro país con frecuencia enfrenta actos de discriminación y violencia tanto física como emocional, exclusión de servicios de salud y educación, explotación laboral y limitaciones de acceso efectivo a la justicia, lo que vulnera su calidad de vida y sus posibilidades de desarrollo. En 2013, visitamos 520 comunidades indígenas y fueron capacitadas 17 mil 234 personas. De igual manera fueron distribuidos 124 mil 270 materiales informativos con el objetivo de que se garantice el ejercicio pleno de sus derechos, así como la igualdad de oportunidades. Además a partir de las 68 visitas de servidores públicos de la institución a diversos centros penitenciarios para conocer la situación prevaleciente en la población indígena recluida, se logró la libertad anticipada de 121 indígenas que se encontraban en reclusión y que no existía justificación alguna para que estuvieran en esas instituciones. Con el objeto de prevenir la tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, este año se llevaron a cabo 539 visitas a distintos lugares de detención o internamiento, a fin de identificar prácticas que pongan en riesgo a las personas y para verificar el mejor cumplimiento de las tareas de la autoridad encargadas de dichos lugares. Como producto de estas visitas se emitieron 10 informes en los cuales se señalaron 2 mil 109 irregularidades entre las cuales se encuentran: la falta de capacitación de los servidores públicos adscritos a esos lugares de detención en materia de prevención de la tortura, la insalubridad de las instalaciones, las deficiencias de alimentación, las carencias de áreas exclusivas para alojar a mujeres detenidas y deficiencias en la prestación de servicio médico. Debe destacarse también que en el periodo que comprende el informe se dio a conocer el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2012, el cual permitió observar la lamentable situación que prevalece en el Sistema Penitenciario Nacional. Durante ese año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió un incremento en el número de incidentes vinculados con riñas, motines, fugas y homicidios en diferentes centros de reinserción social del país. Además, los resultados mostraron que en 65 de 102 establecimientos visitados existía un autogobierno, cifra que representó un 4.3 por ciento más de autogobierno con respecto a la reportada en el año anterior. Otra deuda que subsiste aún en nuestro país es con las personas con algún tipo de discapacidad que representan poco más del 5 por ciento de la población total y que deben luchar para enfrentar no sólo los retos que plantea la vida misma, sino también para superar las barreras que, por ignorancia o desconocimiento, le ha impuesto la sociedad y que dificultan su plena integración. Durante 2013 llevamos a cabo 207 actividades de promoción sobre una cultura incluyente dirigida a más de 20 mil 530 personas y se entregaron 75 mil 789 materiales de difusión; además, se llevaron a cabo 286 reuniones en todo el país, tanto con organismos de la sociedad civil como con autoridades de los tres ámbitos de gobierno, todo ello tendente a promover el análisis y la definición de propuestas para que este sector de la población pueda gozar de una vida en igualdad de condiciones. En cuanto a las investigaciones sobre personas reportadas como desaparecidas o no localizables, se formularon 21 mil 918 solicitudes de información en torno a estos asuntos dirigidas a diversas autoridades. Todo ello con objeto de reunir los elementos necesarios que permitan conocer la verdad histórica de los acontecimientos que propiciaron su ausencia o bien su desaparición.