El diputado Francisco Antonio Fraile García: Gracias. Acudo a esta tribuna para presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas, al tenor de las siguientes Consideraciones De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2o. de nuestra Constitución Política, el Estado debe preservar y enriquecer las lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan la cultura e identidad de las comunidades y pueblos indígenas. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes establece en sus artículos 2o. y 4o., que los gobiernos que están obligados al cumplimiento de dicho convenio, como es el caso de México, deben desarrollar acciones y tomar medidas para proteger, por una parte los derechos culturales de los indígenas y por la otra, para preservar las culturas indígenas. Estamos conscientes de que nuestro orden jurídico vigente regula la propiedad intelectual en dos vertientes: la de derechos de autor y la de propiedad industrial; sin embargo, ninguno de estos ordenamientos hace referencia al conocimiento tradicional o a los derechos individuales o colectivos de los indígenas salvo en lo general, como tratándose del conocimiento y del derecho que tiene cualquier ciudadano. Los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas son conocimientos desarrollados de manera colectiva, producto de la experiencia acumulada de generaciones en su estrecho contacto con la biodiversidad y transmitidas de generación en generación como producto de la colectividad, pertenecen a la comunidad o pueblo indígena en su totalidad y no a algún individuo en particular. El principio rector de la protección al conocimiento tradicional de los pueblos indígenas es que forma parte de su cultura y que por lo tanto, no puede ser sujeto de apropiación porque pertenece colectivamente a un pueblo o a varios. En este sentido, cualquier apropiación indebida de un conocimiento tradicional debe de ser nula de pleno derecho. Las comunidades indígenas desempeñan una tarea importante en la conservación de los recursos genéticos, de la biodiversidad y en la transmisión de los conocimientos tradicionales, lo que representa una enorme aportación para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la industria, y a la postre se traduce en una fuente importante de información para la investigación y la elaboración de nuevos productos que eventualmente son comercializados y generan ganancias para las empresas investigadoras. Diversas organizaciones han señalado que los investigadores de grandes transnacionales y laboratorios farmacéuticos se han dedicado a preguntar en las comunidades para qué sirven determinadas plantas, conocimientos que después registran como propiedad de sus laboratorios. Cuando las empresas farmacéuticas encuentran algún recurso genético de interés para fabricar un producto comercial tratan siempre de protegerlo con una patente, con el propósito de tener el monopolio de la comercialización; sin embargo, frecuentemente se otorgan las patentes sin cumplir con los requisitos de novedad y que expliquen una invención. La apropiación indebida de los conocimientos y recursos de los pueblos indígenas con propósitos comerciales constituye un saqueo impune de la biodiversidad que debe de ser frenado. La inexistencia de un marco jurídico que regule su situación y que establezca normas para acceder a ellos favorece las prácticas de biopiratería, que tienen su inicio en la libre recolección de muestras de bioprospección. El libre acceso de bioprospectores a los territorios tradicionales indígenas atentan contra el conocimiento de ellos en la medida que dicho conocimiento es el resultado de prácticas ancestrales de las comunidades y de pueblos. Por ello es necesario crear un marco regulatorio que posibilite la investigación, la negociación, la inversión en torno a los conocimientos colectivos de los pueblos indígenas, que regule su protección en condiciones de equidad entre las partes y que permita la conservación y aprovechamiento sustentable de la diversidad biológica, un régimen alternativo de protección especial distinto a los demás regímenes de protección a los derechos de propiedad vigente. Establecer un marco jurídico para proteger los conocimientos tradicionales está directamente relacionado a su innegable valor económico, como materia prima indispensable para elevar productos de la industria alimentaria, la agrícola, farmacéutica, de alto valor comercial en el mercado, del cual los pueblos y comunidades indígenas no perciben ingresos. El Estado no puede renunciar a su obligación de tutelar este derecho. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Protección al Conocimiento Tradicional de los Pueblos Indígenas. Señor Presidente, en virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, solicito también se integre el texto íntegro en los diarios de los debates y no entrar ya en mayor detalle por su extensión. Se lo agradezco mucho, a la vez que le solicito, a los 500 diputados, que les haré llegar la iniciativa, para que pregunten en sus comunidades y pueblos indígenas qué podemos hacer para proteger este patrimonio que es de México y de nadie más. Muchas gracias.