El diputado Antonio Ortega Martínez: Diputadas, diputados, estamos revisando la Cuenta Pública de 2016, cuenta que le corresponde revisar a esta legislatura. Y el informe que entrega la Auditoría Superior de la Federación a la Comisión de Vigilancia, se destaca que esta administración y particularmente el 2016, el gobierno de Peña Nieto cayó en excesos quizás nunca antes vistos. Ello obviamente impactó la vida política y tuvo un resultado palpable en los procesos electorales pasados. El Grupo Parlamentario del PRD ha decidido votar a favor del dictamen y rechazar la Cuenta Pública 2016, pues no podemos dejar pasar en el análisis crítico temas recurrentes de la administración de Peña Nieto que lo marcan ineludiblemente. Graves daños al erario. Una gran discrepancia entre los resultados prometidos e incluso esperados y los finalmente obtenidos. Discrecionalidad en el manejo de estos recursos. Información financiera contable incorrecta o insuficiente, reporta la Auditoría Superior de la Federación e incluso otros órganos fiscalizadores y la gran vulnerabilidad en las finanzas públicas que, como ya dijimos, fue saqueada en muchas áreas del gobierno central a nivel de las secretarías de Estado y desde luego a nivel de entidades federativas y municipios. Por otra parte, respecto de la operación gubernamental hubo asuntos de distinta índole pero recurrentes que tuvieron efectos económicos y sociales significativos. Me gustaría destacar como los más relevantes la estafa maestra. Me refiero en primer lugar a las contrataciones que se realizan al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Este tipo de operaciones han sido señaladas recurrentemente por la Auditoría Superior, por poner en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos. Son de excesiva discrecionalidad que propician y estimulan irregularidades. Crean condiciones para que no se cuente con los controles mínimos contemplados en los procesos de licitaciones públicas. La Auditoría Superior constató que en este tipo de esquemas participaron sobre todo universidades públicas como supuestas proveedoras de bienes y servicios, sin embargo, no sólo universidades, como ya lo demostró el actual gobernador de Chihuahua, Javier Corral. En distintas revisiones practicadas para la Cuenta Pública 2016 se ha podido identificar la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos como son empresas paraestatales de entidades federativas y en ocasiones de la propia federación, incluso empresas privadas y partidos políticos. Hay que enfatizar que la contratación entre entes públicos fuera de los mecanismos de licitación es válida, pero siempre en estricto apego a lo que las leyes establecen. Otra grave deficiencia en el gasto de la administración pública de Peña Nieto fue la obra pública. La Auditoría Superior de la Federación también ha identificado cuatro causas principales que propician las deficiencias en proyectos de infraestructura. Pésima planeación y programación de los trabajos, deficiencias graves de carácter técnico, insuficiencia económica y sobrecostos, fallas de ejecución. Incluso, particular mención en relación con la Cuenta Pública de 2016 deben de tener las operaciones de las empresas públicas del Estado Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Se ha apreciado por la Auditoría Superior áreas de riesgo en el esquema de gobierno que las rige, sin embargo, no sobran ejemplos. Adquisiciones de complejos industriales en condiciones desfavorables con costos de reparación irrecuperables como son los casos de las plantas de fertilizantes agronitrogenados y de tipo fosfórico, enajenación de activos vinculados con los procesos industriales de las empresas rentables y productivos para supuestamente salir de problemas temporales de liquidez. El gobierno de Peña Nieto se caracterizó por la carencia de cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos, se mantuvo la opacidad en fideicomisos, fondos y contratos análogos y fue débil la incorporación de tecnologías de información en el ejercicio gubernamental. Dice la Auditoría en su informe: Se observaron problemas estructurales que limitan el impacto del gasto en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Si bien es cierto se han perseguido mejorías en la gestión de algunas entidades federativas de manera general, aún persisten áreas de oportunidades...