El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Buenas tardes, diputadas, diputados, presidenta. El Grupo Parlamentario de Morena se abstendrá de votar el dictamen en discusión, porque la nueva ley que se crea encierra disposiciones que parecieran apuntar hacia una transparencia expansiva; sin embargo, no podemos ser omisos ante los errores que contiene y que pudieron haberse subsanado en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción o en el mismo Grupo de Trabajo. Ahora tenemos la oportunidad de enmendar esas desatenciones, votar a favor de este dictamen en sus términos nos convertirá en cómplices. Tenemos en nuestras manos el momento justo e idóneo para ofrecer a la ciudadanía una verdadera democracia. No obstante, el documento, tal y como se pretende votar, trunca el camino de consolidar el acceso a la información como derecho humano, irrenunciable y de principio de máxima publicidad. Esta ley tenía como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquier otra entidad federal que recibiera recursos públicos. Lamentablemente, no se concluye como tal. Este dictamen no es una herramienta que dé certeza para garantizar el acceso a la información. El paso que hoy se registra no es resultado de los grandes esfuerzos de los Poderes de la Unión. Esto solo es posible porque contamos con una sociedad más activa y porque nuestro país ha sido receptivo a partir de esa presión de la sociedad a las definiciones y compromisos adoptados por organismos internacionales en materia de derecho a la información de transparencia y de rendición de cuentas. Por cierto, le aclaro a mis compañeros de Movimiento Ciudadano, que la adenda que mencionaron no fue propuesta por ellos, sino fue propuesta del INAI, presentada en el grupo de trabajo que coordinó Morena. Ejercer el derecho a la información y la transparencia es un mecanismo privilegiado para que la sociedad participe y controle a los gobernantes corruptos y representantes populares por igual y mejore la calidad de nuestra incipiente democracia. Además, al hacerlo la sociedad puede inhibir la impunidad y la corrupción, fenómenos que minan la legitimidad de cualquier gobierno, en nuestro caso vale recordarlo, servidores públicos del más alto nivel han protagonizado escándalos lamentables, pero no han recibido castigo gracias a la debilidad de nuestro marco normativo. La nueva Ley Federal de Transparencia debe buscar fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, sobre todo si se aceptan las propuestas para mejorar la que Morena presentará en este debate y que buscan acabar con la opacidad en actividades sustantivas en las que se manejan cuantiosos recursos públicos. Precisamente por ello, la Cámara de Diputados debe aprovechar la oportunidad que nos brinda esta discusión para corregir y mejorar el contenido de la nueva ley, lo debemos hacer con plena convicción. No hay duda que las leyes de transparencia son benéficas para el desarrollo democrático de un país y las evidencias internacionales así lo confirman. Si desde nuestra óptica la transparencia debe ser expansiva, la nueva ley no debe dar cabida a retrocesos como el contenido en su artículo 23, incluso los artículos décimo transitorio de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 2014, el 9 de la Ley Federal del Trabajo y 5 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, e importantes tesis de jurisprudencia en materia de trabajadores de confianza, emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, si la ley queda como lo propone el dictamen, será impugnable porque vulnera el principio de certeza jurídica al contener antinomias, como señalan plazos distintos en su artículo 91, para un mismo procedimiento regulado en el artículo 95, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información relativa a la rendición del informe con justificación por el sujeto obligado. Este asunto no es menor, porque a la fecha se ventilan en el INAI litigios por la negativa de filiales a proporcionar la información que solicitan los ciudadanos, al argumentar que al dejar de ser entidades paraestatales, dejaron de ser sujetos obligados para informar sobre los recursos públicos que reciben, por lo que rendir cuentas no está en la lista de sus prioridades. Morena se abstendrá de votar este dictamen, porque considera que es incongruente a la hora de ejercer el derecho de acceso a la información. Un ejemplo de la opacidad y la simulación es el caso de la solicitud de Morena de visitar y conocer el avión presidencial y que fue negada por el Estado Mayor presidencial. Sé también porque no soy ingenuo que aprobarán, porque así se los ha indicado la mafia del poder que muchos de ustedes representan desde que firmaron el Pacto por México, junto con los partidos satélites y cómplices de este régimen. Vale la pena recordar los casos más emblemáticos de actos de corrupción. El conflicto de interés de las empresas que fueron apoyadas durante la administración de Peña Nieto cuando fue gobernador del estado de México. Ahora como presidente es peor su cinismo, ejemplo de esto es OHL e Higa, que hasta hace unos días se ha visto involucrada en los Panamá Papers y en donde su presidente guardaba un silencio que lo convierte en cómplice del mayor escándalo de corrupción. Solo por citar un ejemplo está Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Publicidad y Artículos Creativos, Concretos y Obra Civil del Pacífico, Eolo Plus, Autopistas de Vanguardia, en la que fue reprimida la comunidad de San Francisco Xochicuautla en el estado de México. Solo por mencionar algunos de los negocios del constructor favorito de su presidente corrupto de empresas de Hinojosa Cantú. Es cuanto, gracias.