El diputado Nazario Norberto Sánchez: Con su permiso, diputado presidente. Señor secretario, de manera constante somos testigos de una campaña mediática implementada desde su secretaría. Diariamente los medios de comunicación nos presentan una serie de personas que son detenidas en los operativos. Estos presuntos narcotraficantes son presentados hoy día como logros de la dependencia a su cargo. También hay cuestiones sobre las cuales debemos llamar la atención y me permito señalar que desde el inicio de su administración Felipe Calderón tomó la decisión de que las fuerzas armadas serían las instituciones en las que se apoyaría la lucha contra el crimen organizado. Por tanto, este tipo de operativos son acciones planeadas, dirigidas, coordinadas y supervisadas por mandos del Ejército. Las estrategias son de tipo militar y no policiacas, y dirigidas a obtener un control territorial en donde éstos se están desarrollando. En este tipo de operativos, las instituciones de seguridad pública desempeñan un papel testimonial. Las autoridades locales de la misma manera, igual que los mandos militares que están al frente, no reportan a ninguna autoridad civil. Únicamente responden al secretario de la Defensa o al titular del Ejecutivo federal. La línea de mando es muy clara y en ella se encuentran excluidos los gobernadores de los estados, como pudimos constatar en los operativos de Michoacán. A todo lo anterior habrá que agregar los daños colaterales que este tipo de operativos traen consigo y que tienen que ver con los ataques con armas de fuego, tortura, cateos ilegales y agresiones en contra de civiles y de grupos vulnerables. Para darnos una idea del tamaño de la problemática que estamos abordando, cabe recordar que la Sedena dio a conocer que son por los menos 934 las quejas que le han sido notificadas en su contra hasta julio de 2009, en las que se dijeron afectados por lo menos 888 civiles, dentro de un total de más de 2 mil quejas en lo que va del sexenio. Sin embargo, aunque la decisión de utilizar el Ejército en el combate al narcotráfico y ante la creciente ola de asesinatos y ejecuciones vinculadas al crimen organizado, no hay que olvidar que la batalla que enfrenta al Estado mexicano es contra un fenómeno de naturaleza transaccional. Por tanto, para su combate se requiere de medidas que desmantelen su estructura financiera, industrial y comercial, las cuales hemos visto en las dependencias a su cargo. Señor secretario, la institución que usted encabeza no actúa bajo el diseño de una estrategia efectiva para combatir el crimen organizado, ni una política de prevención del delito, y es preciso recordarle que el artículo 21 de la Constitución señala que, el Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes del gobierno, deberán coordinarse entre sí para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, el desempeño es contrario al mandato judicial. En lo personal, he tenido conocimiento directo de la averiguación previa integrada en contra del diputado federal electo, Julio César Godoy Toscano, y pude constatar la manera vergonzosa en cómo se abusa de la figura de los testigos protegidos. Dentro del expediente ni siquiera se acredita si esta persona tuvo la intervención en un hecho delictivo, pero se utiliza nuevamente a los medios de información para generar en la opinión pública que existen pruebas contundentes de su responsabilidad, lo cual hasta este momento no ha sido acreditado en dicho expediente. Señor secretario, hemos sido testigos de la liberación de indígenas en Acteal, que estuvieron recluidos durante 12 años, tiempo que tuvo que transcurrir para que llegara su caso a manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y determinara que las pruebas en su contra fueron confeccionadas ex profeso. Y qué decir del caso de la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial, quien después de dos años de estar interna en la prisión tuvieron que ser retirados los cargos porque no había pruebas que la inculparan en el supuesto secuestro. Ya sabemos que no existieron pruebas de la culpabilidad de Jacinta Francisco Marcial, pero debemos preguntar, ¿qué fue lo que sucedió en este caso? También así, deseo manifestar que en la madrugada del 16 de mayo del año en curso se fugaron 53 internos del Centro de Readaptación Social de Cieneguillas, en el estado de Zacatecas. La fuga fue perpetrada por un comando de más de 20 sujetos fuertemente armados con fusiles de alto poder y con una vestimenta de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones, dependiente de la Procuraduría General de la República, sí, como 14 vehículos con torretas e insignias de la Policía Federal Preventiva. La fuga implicó un elevado grado de planeación, corrupción, pero sobre todo secrecía. La acción de la evasión duró sólo 5 minutos; sin embargo, la huída vía terrestre del convoy compuesto de 14 vehículos con torretas encendidas y con más de 80 personas armadas y a exceso de velocidad, pasó inadvertida para los elementos de la Procuraduría General de la República, cuya sede estatal se encontraba a 700 metros del lugar. La fracción parlamentaria ?con esto concluyo, compañeras diputadas y compañeros diputados? a la que pertenezco estará dispuesta, sin reticencias, a realizar las acciones legislativas y políticas que sean necesarias para resolver conjuntamente la problemática en que se ha sumido a las instituciones, con motivo del grave aumento de la delincuencia. Estará también pendiente de la actuación de la secretaría a su cargo, con el propósito de garantizar a la sociedad un clima de tranquilidad, en todo el país, que dé paso a las labores productivas encaminadas a la reactivación de la economía y a la seguridad de la ciudadanía. Muchas gracias.