El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados, me permito presentar la reserva por la que se reforma la fracción IV del apartado a) del artículo 102, en base a las siguiente exposición de motivos: Sin duda alguna el Ministerio Público constituye una de las principales figuras del orden jurídico procesal mexicano. Su presencia e influencia van más allá del procedimiento jurídico. Es más bien un representante de la sociedad encargado de ejercer la acción penal, así como de investigar y perseguir los delitos y efectuar la consignación que proceda para que se lleven a cabo los juicios correspondientes. Por lo anterior la facultad del Ejecutivo federal para remover al fiscal general de la república distorsiona considerablemente su función como ente constitucional autónomo, influyendo de manera directa en la función y en las decisiones de dicho organismo. Actualmente el Ministerio Público ha sido causa de múltiples observaciones y recomendaciones por parte de los organismos nacionales e internacionales garantes de los derechos humanos, la cual ha denunciado la grave crisis que existe en la procuración y administración de justicia. Esta crisis se debe principalmente al desastre institucional que existe entre policías y jueces, que utilizan el proceso penal a conveniencia de algún grupo político, por instrucciones superiores. En México quienes son investigados, perseguidos y apresados por el Ministerio Público, son aquellas personas que no cuentan con recursos suficientes para pagar una defensa digna, lo cual no aplica para el caso de las clases más privilegiadas. Con la aprobación del dictamen en sus términos se estaría planteando retornar al tipo de justicia aplicada durante el gobierno porfirista, caracterizado por el progreso material y selectivo, el autoritarismo político, la explotación económica, la discriminación social y la corrupción administrativa. Así la Secretaría de Justicia se veía como la mano del Ejecutivo que restringe y condiciona la libertad jurisdiccional. La inamovilidad de fiscal general de la república por parte del Ejecutivo federal, complementada con las garantías judiciales otorgadas a los agentes del Ministerio Público y la profesionalización de la policía de investigación, mejoraría considerablemente las funciones de la procuraduría de justicia en nuestro país. Sin embargo al mantener su vínculo con el Poder Ejecutivo, los avances logrados en su autonomía e independencia, en su caso, se demeritarían ante la opinión pública, ya que se abanderaría la vinculación directa con dicho poder que tradicionalmente ha afectado gravemente los principios de objetividad y de buena fe que deben inspirar las actividades del Ministerio Público, puesto que ha imperado la discrecionalidad sobre la legalidad. Está claro que la evolución en esta materia no debe parar aquí, por lo que un avance importante es dejar la facultad de remoción del fiscal general de la república a la Cámara de Senadores para que sea ésta, a través de las dos terceras partes de los miembros presentes, quien decida su permanencia en aquellos casos de claras violaciones a la ley. Esta, compañeras y compañeros, es la reserva y la modificación que pretendemos a la fracción IV en los términos, reitero, que sería precisamente la Cámara de Senadores quien pudiera remover en su caso al fiscal general. Es cuanto, compañeras y compañeros.