El diputado Luis de León Martínez Sánchez: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, el día de hoy se cumple el vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, un acontecimiento que pareciera lejano en el tiempo, pero que se encuentra cercano en la memoria. Fue a partir de la década de los noventa, derivado del levantamiento armado del EZLN, a través de la Declaración de la Selva Lacandona, en diciembre de 1993, e inmersos en los grandes debates acerca de la transición a la democracia en México, sobre la globalización, mundialización, regionalismos, entre otros temas de índole geopolítico y social, que los sectores políticos, sociales y económicos del país, así como la comunidad internacional, comenzaron a voltear la mirada y prestar atención a temas tan sensibles y descuidados por el Estado durante décadas, como lo son los derechos indígenas. Los acuerdos firmados en San Andrés en 1996, significaron la reivindicación histórica de las comunidades más alejadas y excluidas de la mano del Estado y el reconocimiento de una realidad silenciosa y negada por los gobernantes federales y locales. Acción Nacional, fiel a sus principios de doctrina, participó activamente no solo en la búsqueda de alternativas para distender el conflicto en Chiapas, con su participación en la Comisión de Concordia y Pacificación, sino también proponiendo reformas a nuestro marco jurídico, en pro de dotar de mejores condiciones de vida y reconocimiento sociocultural a las comunidades indígenas. Para nuestro partido no era suficiente la firma de acuerdos, si estos no iban acompañados de acciones concretas y de una legislación capaz de resumir e integrar las demandas y el clamor de justicia de quienes por décadas vivieron bajo la injusticia del rechazo y la discriminación. El PAN fue el primero en proponer en el Senado de la República, una iniciativa que asumió la esencia de los Acuerdos de San Andrés, la esencia para lograr la paz en Chiapas y el reconocimiento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, con el objeto de que fuera tomados en cuenta en los juicios y procedimientos en que participen individual o colectivamente los indígenas. Propusimos, que las comunidades indígenas fueran sujetos de derecho y que tuvieran pleno reconocimiento por parte del Estado, con las consecuencias jurídicas que se establecieran en la Constitución y en la legislación federal y local. En aquel entonces, como ahora, impulsamos la participación de estas comunidades en la formulación de planes y programas de desarrollo y educativos con la finalidad de que sus características culturales sean tomadas en cuenta en el diseño de las políticas públicas. En el PAN nos congratulamos porque la primera iniciativa constitucional de la alternancia política presentada por el presidente Fox y aprobada en el Congreso de la Unión en el 2001 era una deuda histórica del Estado mexicano y que tuvo como base los Acuerdos de San Andrés, el reconocimiento en nuestra Carta Magna de las garantías jurídicas y derechos políticos y sociales de los indígenas mexicanos y el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación mexicana. Compañeras y compañeros diputados, conmemorar el vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, nos hace ver que la tarea está inconclusa; y estará inclusa hasta en tanto la pobreza y la discriminación sigan siendo una realidad en México. No podemos hablar de una democracia consolidada mientras en nuestro país no haya la inclusión de todos a las mismas oportunidades, mientras se piense en favorecer a unos cuantos y no a todos los mexicanos sin importar su origen o condición social. Ese es nuestro reto como legisladores. Es el reto que asumimos en Acción Nacional, legislar para hacer de México una nación que se reconozca a sí misma en el valor de cada persona, de cada comunidad, de cada visión del mundo, de cada realidad. El reto de legislar para una nación más justa de legislar para todos. Es cuanto, señor presidente.