La diputada María Elena Orantes López: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros legisladores: En ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante este Pleno de la H. Cámara la presente iniciativa de reformas, fundamentada en las siguientes Consideraciones Según el Código Penal Federal, artículo 386, comete el delito el que, engañando o aprovechándose del error en que otro se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa, alcanzando un lucro indefinido. Los elementos que constituyen el delito son engaño, aprovechamiento del error, obtención del lucro indebido y relación de la causalidad. Es un delito que se castiga, como lo dispone el artículo en mención, con las penas que van atendiendo al grado de temibilidad del delincuente y en proporción al valor de lo defraudado y con multa, tomando en consideración el salario mínimo general vigente en el momento y lugar en que se cometió el delito. El Código Penal para el Distrito Federal, además de tipificar el delito de fraude genérico en el artículo 386, lo hace también específicamente en las 22 fracciones del 387, en la mayoría de las hipótesis contenidas en sus diversas fracciones, en las que encontramos denominaciones específicas, que son las sancionadas a título de delitos, sólo si reúnen todos y cada uno de los elementos de fraude genérico. Dejando fuera el fraude alimentario, que con tanta cotidianidad se da en nuestros días, el consumidor precisa de normas y medios eficaces para la defensa de sus intereses y la protección de sus derechos frente al fraude alimentario. El control legal de aquellas conductas en el ámbito alimentario precisa de cuerpos policiales especializados y adaptados a la realidad social, económica y tecnológica de nuestros días. A pesar de los avances tecnológicos, científicos, jurídicos e informativos desarrollados durante el siglo pasado en el ámbito alimentario, siguen produciéndose con mayor frecuencia intoxicaciones alimentarias, así como conductas fraudulentas que pueden atentar contra la salud de los consumidores. El consumidor está cada vez más alejado de la selección y preparación de los alimentos, por lo que depende en muchas ocasiones de suplementos alimenticios, alimentos procesados y, más en esta misma clasificación, una situación que en determinadas circunstancias ha conllevado una cierta desconfianza del público, se ha extendido no sólo hacia los sujetos que intervienen en toda la cadena alimentaria sino también hacia los poderes públicos, encargados de controlar que los alimentos sean seguros. La cuestión más preocupante no es otra que la aparición de nuevos riesgos, aún poco conocidos para la ciencia, donde la mayoría tiene un periodo de incubación de hasta 30 años, cuya naturaleza los hace incompatibles por cualquier protección legal actual. No ha pasado mucho tiempo desde que la sociedad, a través de sus instituciones, toma conciencia de que los fraudes alimentarios son una agresión y un peligro grave hacia la salud pública. Será a partir de entonces cuando se adopta la decisión de controlar la adulteración y la toxicidad de los alimentos, a través de determinados órganos controlados inicialmente por la Administración Pública Federal. La nueva situación plantea la necesidad de incrementar y tecnificar el control de los alimentos al amparo de un nuevo marco jurídico en el que tengan cabida las patentes, los laboratorios, las autorizaciones y la especialización de determinados funcionarios en la persecución de conductas. La situación se inicia, como era de esperar, en los países más desarrollados, cuyo principal objetivo era controlar los efectos sanitarios de los alimentos industriales, estandarizando sus composiciones y características y estableciendo de esta manera pautas de control y seguimiento de su producción y, asimismo, de su consumo. La intervención de su administración en materia alimentaria es entonces considerada esencial para la protección de los derechos del consumidor. Ya en pleno siglo XX nace la protección de la salud pública. Con ello inicia el del etiquetado normalizado, datos de composición e información hacia el consumidor, así como un marco jurídico y la declaración de sus derechos fundamentales. La persecución de las conductas delictivas que atentan contra la salud de los consumidores es necesario incluirla en los textos de nuestra legislación penal. Si bien se han incorporado nuevas modalidades por la adaptación a las necesidades de cada momento, esta situación hace evidente lo que a voces venía denunciándose por la mayor parte de los expertos: la deficiente protección penal del consumidor en el ámbito del fraude de alimentos. La situación debe enmendarse mediante una intervención administrativa exhaustiva y, principalmente, en el establecimiento de un marco legal adecuado de seguridad e higiene en los alimentos y en el cumplimiento de materias regulatorias, como es la presentación, el etiquetado, la publicidad, la comercialización y el envasado, entre muchos otros aspectos. Por las razones expuestas y estableciendo la gran necesidad y el vacío que existe en este sentido, someto a esta Cámara de Diputados lo siguiente: Decreto Único. Que se incluya en el Código Penal Federal el tipo de fraude alimentario, ya sea en una fracción del 387 o como un artículo más, quedando de la siguiente forma: "Incurre en fraude alimentario el que engaña a uno o a otros, aprovechándose del error en que éstos se hallan, haciéndose ilícitamente de alguna cosa o alcanzando un lucro indebido por la producción, comercialización, distribución o promoción de alimentos o suplementos de éstos." Por las razones expuestas, someto a esta Cámara de Diputados el presente Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día después de su publicación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro este día, 22 de febrero de 2005. Es cuanto, señor Presidente.