El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Con su venia, señor presidente. El viernes 30 de octubre de 2009 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 72/2009, dirigida a la Procuraduría General de la República y a la Secretaría de Seguridad Pública federal, por diversas violaciones cometidas durante el operativo realizado el pasado 26 de mayo en Michoacán. En ella se hace constar que durante las detenciones de los diversos funcionarios públicos, estatales y municipales, y en lo que va de su proceso, se ha incurrido en violaciones a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y defensa adecuada, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La recomendación, dirigida a las dos instituciones encargadas de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, así como de garantizar la procuración de justicia apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos, según rezan sus principios, contaban con 15 días hábiles para que éstas informaran a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos si aceptaban o no la recomendación. Debe preocuparnos que las recomendaciones emitidas por nuestro máximo órgano en la materia sean ignoradas, pues el plazo perentorio concluyó el pasado 24 de noviembre sin obtener del gobierno federal una respuesta, hecho por el que legalmente se tiene por no aceptada. La aceptación de los puntos resolutivos consistía en la reparación de daño ocasionado a los agraviados, por medio de apoyo psicológico; la integración de averiguaciones previas contra los servidores públicos de la Siedo que estuvieron involucrados en los hechos; dar vista al órgano interno de control de la Procuraduría General de la República para la iniciación de procedimientos administrativos. Fomentar que las actuaciones del Ministerio Público sean apegadas a lo establecido en el orden jurídico mexicano. Garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los indiciados. Garantizar el derecho a la defensa adecuada. Resarcir los daños ocasionados con motivo de los cateos ilegales que se practicaron. Iniciar averiguaciones previas en contra de los elementos de la entonces Procuraduría Federal Preventiva o Policía Federal Preventiva. Que se garantizara que las personas detenidas por elementos de la Policía Federal, sean puestas de inmediato a disposición de autoridades competentes. Asimismo, se señalaron en el cuerpo de la recomendación allanamientos a diversos edificios públicos, estatales y municipales, el abuso de las órdenes de localización y presentación, las cuales tienen el objetivo de asegurar la comparecencia dentro del proceso, no la de privarlos de su libertad; dilación en los procesos, pleno valor probatorio a las declaraciones de los testigos protegidos, entre otras. Es cierto, como ya se dijo, que el plazo que establece la Ley General de Derechos Humanos ya se venció, pero lo señalado en el cuerpo de la recomendación 72/2009, hace referencia a violaciones cometidas a distintas prerrogativas que son inherentes a la naturaleza de todo individuo, mismas que se encuentran previstas en nuestra Carta Magna y en los diversos instrumentos internacionales que sobre la materia han sido aprobados y ratificados por el Estado mexicano, por lo que su cumplimiento no se encuentra sometido a plazo útil ni a la potestad de autoridad alguna. Por ello, ponemos a su consideración el siguiente Punto de acuerdo Único. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta al Ejecutivo para que, en cumplimiento de lo que establece el artículo 87 constitucional respecto a su compromiso de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, instruya al C. Arturo Chávez Chávez, procurador General de la República; y al C. Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, a instrumentar y desarrollar las acciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la recomendación 72/2009, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por contener actos de violación a los derechos fundamentales de cualquier individuo protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversos instrumentos internacionales que el Estado mexicano ha suscrito. Es cuanto, señor presidente.