LA C. PRESIDENTA: Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Participación Ciudadana. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Miguel Barbosa Huerta del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de Ley Federal de Protección a Informantes Confidenciales de Actos de Corrupción. EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA. Gracias, Presidenta. La presente iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Protección a Informantes de Actos de Corrupción, forma parte de un conjunto de propuestas que hemos hecho ante esta Cámara de Diputados en relación al tema de la información. Así presentamos la iniciativa sobre Ley de Acceso a la Información Pública sobre protección de datos personales, sobre información y organismos de inteligencia y en este momento la presente que se refiere a la protección a informantes de actos de corrupción, la cual sujeto al tenor de la siguiente exposición de motivos: Resulta axiomático aseverar que en las sociedades no democráticas, los gobernados no confían en las instituciones públicas; no tienen otra alternativa que aceptar lo que sus líderes autocráticos les imponen, pero que en las democracias los ciudadanos tampoco confíen, es enigmático. En sociedades abiertas, liberales y en las que se estimula a las personas a participar en los asuntos públicos y a elegir sus propios representantes gubernamentales, donde las instituciones públicas defienden los derechos humanos fundamentales, preguntas obvias son: ¿por qué no se confía en las instituciones públicas que ellos mismos han forjado y que pueden rediseñar en cualquier momento y en líderes que pueden ser removidos en la próxima oportunidad? ¿Qué es lo que provoca esa pérdida de confianza y por qué no se lucha por restaurarla de inmediato? La respuesta es sencilla pero preocupante: se deja de creer porque la brecha entre lo que es y lo que debería ser, es demasiado grande; los líderes trastocan y desvían el rumbo y los fines de las instituciones. El mismo término "corrupción", implica que las cosas no son como deberían ser; han sido pervertidas, torcidas, manipuladas, distorsionadas, desviadas o de cualquier manera sacadas fuera de su camino previsto. En ese proceso, los corruptos han logrado ganancias injustas o se han beneficiado de manera indebida a costa y en perjuicio de todos los sectores sociales. Un régimen democrático se caracterizaría por la promoción del interés público y el servicio a la comunidad, la protección de las libertades civiles y los derechos humanos; el gobierno representativo y responsable, el imperio de la ley, organismos autónomos para asegurar la rendición de cuentas, la actitud abierta e imparcial, la División del Poder, la libre competencia entre rivales, la participación ciudadana, el debido proceso de la ley y las prácticas administrativas justas. La corrupción corroe y contradice todos éstos elementos democráticos, es la manifestación de hechos antidemocráticos; expresa el egocentrismo, el particularismo, los privilegios injustos, el aprovechamiento de las debilidades y de las fallas; la utilización inescrupulosa de los débiles, los explotables y los indefensos y toda clase de acciones cuestionables. Se trata de beneficios no merecidos, no equitativos, injustos e inmorales, derivados de posiciones de confianza y de responsabilidad pública que son utilizadas para acciones mezquinas e innobles, las cuales resultan ofensivas a cualquier noción de salvaguarda pública sobre la cual se edifica la democracia. La corrupción es algo que tiene un alto costo directo e indirecto para todos; socava las decisiones políticas fundamentales; conduce a un uso ineficiente de los recursos y beneficia a los inescrupulosos a expensas de quienes acatan la ley; implica la pérdida de la autoridad moral; debilita la eficiencia de las operaciones gubernamentales; aumenta las oportunidades de la impunidad y para el delito organizado estimula los abusos de fuerza de la policía; agrega cargas al contribuyente y tiene un impacto devastador sobre la desigual distribución de la riqueza. Sino se le combate con decisión se extiende con toda su suciedad, amenazando en última instancia a la democracia misma. Llega un momento en que los estados democráticos se tornan tan vulnerables por la corrupción, que no se requiere de mucho esfuerzo para echarlos de lado. Y es que uno de los más graves problemas que acompañan a los fenómenos de corrupción es precisamente la creciente pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas. Dicho proceso de deterioro está vinculado a la tendencia de convertir en permanentes las costumbres corruptas, al punto que se tornan verdaderos elementos espúreos que trágicamente terminan por ser aceptados por el común de los ciudadanos. Es por ello que la única forma de reencontrar la legitimidad perdida del sistema institucional de la democracia, es a través de la modernización de las instituciones y del desarrollo de mecanismos jurídicos de participación ciudadana en el control y vigilancia de los asuntos de interés público y en generar más transparencia del funcionamiento de la Administración Pública. Cuando se enfoca la conducta de un servidor público en función de la corrupción, existe una disyuntiva que es invariable: el funcionario público no delinque o por convicciones morales, por un mandato ético de su propia conducta o no delinque porque tiene miedo a ser descubierto y tiene miedo también a la sanción. No hay más variantes, a partir de ahí, lo que debemos saber es cómo el Estado pone en funcionamiento las más eficaces instituciones para disuadir al potencial corrupto que tiene a su cargo una función pública. Por eso Carry Poper (?) un gran pensador decía: No necesitamos tan buenos funcionarios como saludables y fuertes instituciones. La misma complejidad del fenómeno de la corrupción dificulta su tematización desde la óptica del Derecho, ya que el acercamiento jurídico a sus manifestaciones, las más de las veces suele ser tardía y circunscrita a los casos que con alguna dificultad se documentan y se persiguen formalmente; más aún, cuando el único enfoque para atacar el mal depende del impacto de las sanciones de carácter penal. Por eso, la atención a los diversos aspectos que caracterizan a la corrupción, no deben circunscribirse únicamente al Derecho Punitivo, sino que debe haber un acompañamiento legislativo en otros sectores, que permita afinar el instrumental con el que cuente el ordenamiento jurídico para impedir el secreto, la ignorancia y la desinformación; elementos que suelen proveer el terreno fértil en el que se desarrolla y se difunde este flagelo dentro de las instituciones del Estado y en la sociedad. Para hacer efectiva la participación civil en contra de la corrupción, no se puede basar exclusivamente en la buena voluntad de los grupos que conforman la sociedad, sino que depende directamente del nivel de acceso a la información sobre los asuntos públicos que estos grupos tengan. Las denominadas leyes de apertura del gobierno instrumentadas ya en diversas legislaciones del mundo, recogen a plenitud este espíritu, todas ellas se fundan en los conceptos de responsabilidad democrática y responsabilidad de los ciudadanos en el estado de derecho y reivindican los derechos de los ciudadanos de organizarse, promover causas e impugnar las decisiones del gobierno que los representa; leyes de acceso a la información, de protección a informantes de actos de corrupción y de revelación pública de activos financieros, aumentan la probabilidad del castigo de actos de conducta ilícita y recuerdan a los funcionarios públicos que están sujetos a responsabilidad política y jurídica. El momento en que el acceso a la información está a disposición, tiene tanta transcendencia como el hecho mismo cuando lo está ya. En este sentido, la protección de las personas que denuncian actos de corrupción aumenta la disponibilidad de información y su presentación puntual. Las personas que denuncian actos de corrupción pueden garantizar el acceso a la información mucho antes de que puedan realizarse los procedimientos de acceso de los ciudadanos. De hecho, los datos proporcionados por los denunciantes pueden indicar la necesidad de utilizar los procedimientos de acceso público a documentos y registros gubernamentales para llevar adelante la investigación de la supuesta conducta ilícita que revela esa información. Entonces, la protección de las personas que denuncian actos de corrupción es un importante complemento del derecho al acceso a la información en poder del Estado. Cuando se trata de la persecución de actos corruptos, indudablemente que la responsabilidad de los ciudadanos se acentúa, pero, al mismo tiempo, la sociedad debe ser consciente de que la mayor de la veces proveer datos conducentes a la investigación y castigo de un funcionario corrupto acarrea, para los delatores, consecuencias negativas que pueden impedir el ejercicio de dicha responsabilidad cívica. A falta de una libre circulación de la información emanada de testigos fidedignos, las campañas de lucha contra la corrupción son vacías y carecen de vitalidad. Sin embargo, la experiencia demuestra que en un entorno represivo serán observadores silenciosos en lugar de expresar su voz con libertad. Como consecuencia, la iniciativa de ley que se somete a estas soberanía adopta un espíritu protector en defensa de quienes denuncian actos de corrupción, acercándoles medios eficientes paras evitar represalias formales e informales de mafias afectadas por la delación o bien propiciando en su favor un fácil acceso a la justicia para resarcirles cualquier daño que sufran. Al efecto, en las disposiciones generales del proyecto se definen con precisión los términos: testigo protegido, como la persona física o moral que realiza o realizará una actividad protegida; actividad protegida, como la revelación lícita de información que ponga en evidencia actos de corrupción y discriminación, como la acción de incitar, inducir, recomendar, amenazar o adoptar activa o pasivamente cualquier acción o medida para intimidad o inhibir la delación de un acto de corrupción que afecte a la persona o a los intereses de un testigo protegido o de sus familiares. Este concepto de discriminación debe de ser interpretado en sentido amplio, de modo que incluya todo acto que inhiba la denuncia de actos de corrupción, abarca modalidades comúnmente conocidas de represalias percibidas como tales, como la destitución del empleo, el cambio de funciones, la supresión de cometidos o la omisión de aprobar ascensos o de proporcionarle capacitación, comprende discriminación política, como someterlo a investigaciones y vigilancia como represalia, privarlo de libertad o cualquier violación de derechos humanos. Comprende cualquier tipo de amenaza o acoso físico. El límite no está dado por el tipo de discriminación, sino por el hecho de que su consecuencia sea paralizar el flujo de denuncias lícitas provenientes de testigos protegidos. Para la instauración de las actividades protegidas por la ley todas persona que aduzca discriminación lícita podrá procurar protección, acudiendo ante la contraloría interna de los órganos y dependencias de los poderes de la unión, pero también estará legitimada para ocurrir directamente ante los tribunales federales a ejercer acción de resarcimiento. Esta acción incluiría el restablecimiento de los derechos laborales conculcados y el pago de los daños y perjuicios causados y la entidad pública y los servidores públicos involucrados serían solidariamente responsables del pago de la acción de resarcimiento. Sin embargo, las más de las veces la amenaza principal de la discriminación consiste en la violencia física y no en medidas relacionadas con daños patrimoniales. Casi siempre estas amenazas se extienden a los miembros de la familia u otras personas vinculadas con un testigo protegido. En consecuencia, en el proyecto también se prevé que, antes de consentir en la revelación de su identidad, el denunciante podrá solicitar que la entidad pública lo incluya como testigo protegido en un programa de protección de identidad que, para guardar de su integridad física y de sus bienes y de las personas involucradas con él, podrá incluso aumentar los siguientes mecanismos. Cambio de la identidad del testigo protegido y de las personas vinculadas a él, en cuyo caso los individuos protegidos por esta medida sólo podrán usar la nueva identidad. Expedición de nuevos documentos sustitutivos necesarios que acrediten la identidad del testigo protegido y de las personas a él vinculadas, tales como el certificado del Registro Civil, documentos de identidad, pasaportes, certificados de antecedentes judiciales, certificados de trabajo o administrativos u otros documentos análogos, debiendo prescindirse de los procedimientos ordinarios que puedan revelar la identidad del testigo protegido con consentimiento del testigo protegido y de las personas con él vinculados. La selección de cualquier ubicación nacional o internacional como lugar de residencia permanente o transitoria de las personas. Protección necesaria a cargo de Seguridad Pública del testigo protegido y de quienes estén vinculados con él. Opción de alteración de sus rasgos físicos en la medida en que sea necesario para impedir la identificación. Medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones monetarias, civiles, laborales, comerciales, fiscales y administrativas asumidas por cualquier persona en el marco del Programa de Protección de Identidad, antes de que sea admitida, en él programada, o como resultado de su participación en él. Y suministro de los recursos materiales necesarios para cubrir los gastos de subsistencia corrientes, así como todo el respaldo necesario para que las personas protegidas encuentren un empleo, inclusive brindándole asistencia para su capacitación y colocación. Ese deber de protección no sería discrecional y se aplicaría a todo aquel que realizara una actividad que se describa como legalmente protegida y pueda dar lugar a la revelación, tan pronto como el representante gubernamental afectado tenga conocimiento de la actividad protegida, extendiéndose incluso a favor de servidores públicos que hubiesen sido cesados en sus cargos. Con ello se lograría poner fin al aislamiento de quienes efectúan denuncias protegidas. Aislar al testigo es una táctica común utilizada para intimidar a otros posibles testigos y obligarlos a limitarse a sí mismo a ser observadores silenciosos de la corrupción. Asimismo la nueva ley brindaría a los testigos protegidos los derechos de no utilizarse la información revelada hasta en tanto no se decida su aceptación en el Programa de Protección de Identidad, de controlar el flujo de información que contienen sus declaraciones y que a su juicio permitan identificarlos y de renunciar en cualquier momento al régimen de protección de la identidad, lo que indudablemente es necesario no sólo para prevenir actos de discriminación, sino también para impedir un efecto paralizante que inhiba el flujo de información proveniente del denunciante que no se sienta seguro. Esto es obvio. La obligación ciudadana de denunciar actos de corrupción no implica la obligación del informante de poner en peligro a su familia o correr el riesgo de convertirse en un mártir político. En contrapartida el testigo protegido estaría obligado a participar de buena fe en el Programa de Protección de Identidad. Esta obligación comprende la responsabilidad de cooperar y prestar declaración testimonial en condiciones de seguridad en los procedimientos correspondientes, a fin de que puedan adoptarse medidas ante la denuncia de supuesta corrupción. El incumplimiento de este deber de participación, así como el hecho de que se hubiese fundado en datos falsos su admisión, constituirían causales de supresión del régimen de protección, previo cumplimiento del requisito de una notificación escrita con antelación razonable. En vista de las anteriores consideraciones, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la presente iniciativa de decreto que expide la Ley Federal de Protección a Infomantes de Actos de Corrupción, cuyo articulado está contenido en el documento que entrego a esta Mesa Directiva para que respecto de él se agote el trámite del proceso legislativo correspondiente. Muchas gracias, compañeros y compañeras. (Aplausos de la fracción parlamentaria perredista) LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA MARIA ELENA ALVAREZ BERNAL (PAN): Gracias a usted, señor Diputado. Túrnese la iniciativa presentada a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Gobernación y Seguridad Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- La siguiente iniciativa agendada por el Partido Verde Ecologista de México en el orden del día, a petición del mismo se pospone para una próxima sesión. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Jaime Cervantes Rivera, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito y a la Ley de Inversión Extranjera.