La diputada María Esther Garza Moreno: Gracias, señor presidente. En el marco de la conmemoración del 25 de noviembre es necesario hacer un ejercicio de reflexión de los desafíos pendientes del Estado mexicano en la materia. Una de las expresiones más graves de violación sistemática a los derechos humanos es la violencia contra las mujeres. Este flagelo, sufrido por todas las mujeres en todas las regiones del mundo, tiene muchas aristas y caras que se expresan a través de la explotación sexual, de la violencia psicológica, violencia económica, violencia familiar, violencia institucional, violencia laboral, entre otras, y en cada una de ellas se puede observar el velo de la discriminación que cubre a todas las mujeres. Estos factores persisten y se acentúan en las niñas, en las adolescentes y en las mujeres indígenas, ya que esta violencia es aceptada tácitamente o invisibilizada en gran parte de la sociedad. El común denominador y la meta a alcanzar es la construcción de un modelo social androcéntrico basado en normas, valores y principios, que sitúa a las mujeres en una posición de inferioridad y subordinación frente a los hombres. Dado lo anterior la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Según estimaciones de la Organización de Naciones Unidas, la ONU, hasta un 70 por ciento de mujeres sufren en el transcurso de sus vidas violencia física o sexual ejercida por varones, en su mayoría esposos, compañeros íntimos o alguien conocido. Por su parte, las mujeres y las niñas conforman el 80 por ciento de las 800 mil personas que son sometidas anualmente a la trata de personas, y en su mayoría son explotadas sexualmente. Asimismo, una de cada cuatro mujeres experimenta violencia física y/o sexual durante el embarazo y hasta un 53 por ciento de las mujeres abusadas físicamente por su compañero íntimo reciben patadas o puñetazos en el abdomen. A 17 años de entrar en vigor la Convención Belém Do Pará, la violencia contra las mujeres en el Continente Americano constituye uno de los grandes obstáculos para la consolidación de una sociedad democrática. Por lo que garantía del derecho a una vida libre de violencia de las mujeres constituye un pilar básico para el fortalecimiento de un estado de derecho. Con la publicación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el 1o. de febrero de 2007 se avanzó un gran trecho en la lucha por la protección de los derechos humanos de las mujeres. En dicho ordenamiento se establecieron figuras sin precedentes para la protección de la mujer como la alerta de violencia de género y se busco extender la implementación de otras para lograr que a nivel nacional las mujeres vivan una vida libre de violencia, lo cual es el caso de las órdenes de protección cuya figura jurídica busca expresamente atender casos de violencia de género con el objetivo de evitar daños irreparables para las mujeres. A pesar del reconocimiento formal y jurídico del gobierno mexicano, de que la violencia contra las mujeres y las niñas constituye un tema prioritario y de singular gravedad para el país, hoy en día los datos y estadísticas nos brindan un panorama alarmante, sobre este flagelo que afecta diariamente a mujeres en nuestro país. Por un lado la Encuesta Nacional de Violencia contra las Mujeres nos señala que del total de mujeres de 15 años y más, el 46 por ciento sufrieron algún incidente de violencia de pareja. Por su parte, 42 por ciento de mujeres mayores de 15 años expresó haber sufrido violencia emocional por parte de su pareja; el 24 por ciento expresó haber sufrido violencia económica; el 13 por ciento de las mujeres mayores de 15 años sufrió violencia física con lesiones permanentes o temporales; el 7 por ciento de mujeres mayores de 15 años de edad fueron víctimas de violencia sexual por parte de sus parejas. Esta encuesta nos muestra también la aceptación tácita de la violencia ya que el 20 por ciento de las mujeres encuestadas dijo estar de acuerdo que los golpes son asunto de familia y se debe quedar ahí. El 16 por ciento estaban de acuerdo en la obediencia de las esposas en su hogar y el 14 por ciento afirmó estar de acuerdo en la obligación de las mujeres en mantener relaciones sexuales con su esposo. Estas cifras son desoladoras, ya que representan una tarea pendiente en los tres órdenes de gobierno para la prevención, atención y sanción de la violencia perpetrada hacia las mujeres y niñas en nuestro país. Es importante señalar que con fundamento en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, todo servidor público deberá acatarse a la premisa fundamental de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las mujeres y omitir cualquier acción o práctica de violencia contra las mujeres; especialmente quienes tienen a su cargo la administración de justicia, deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra ellas y adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de las mujeres. Por lo anterior no hay duda de que para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres de una manera efectiva, como lo exige la comunidad internacional, se requiere la suma de esfuerzos y propósitos entre los tres órdenes de gobierno a través de la unificación de procedimientos que permitan una protección eficaz de los derechos de las mujeres, que a su vez permitan construir protocolos aplicables en toda la República mexicana. Hoy en día constatamos que la violencia contra las mujeres sigue siendo un tema que nos lastima y avergüenza. Como Estado, le debemos mucho a cada una de las víctimas directas o indirectas- de la violencia contra las mujeres, por lo que exhortamos al Estado mexicano a atender las recomendaciones y observaciones emitidas por el Comité de la CEDAW y del mecanismo de seguimiento a la implementación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer. Desde el Poder Legislativo reafirmamos el compromiso de intensificar los trabajos de prevención, protección, atención y sanción de la violencia, así como lo hicimos las mujeres que integramos el Grupo Parlamentario del PRI para que el Instituto Nacional de las Mujeres continúe con su estatus jurídico actual. Seguiremos sumando esfuerzos con todos los sectores de la sociedad a fin de erradicar este flagelo y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación de nuestro país. Muchas gracias, señor presidente.