La diputada Zulma Espinoza Mata: Con la venia de la Presidencia. El pasado 26 de marzo el Ejecutivo federal envió una propuesta de reforma a la Ley de Hidrocarburos, que prohíbe inhibir, a través de una mejor sanción, prácticas relacionadas con el comercio ilícito de hidrocarburos y petrolíferos, así como reordenar diversas actividades económicas en el sector energético. Es claro que en México existe un problema asociado con el comercio ilícito de combustibles y que, como lo han manifestado diversos actores, nadie podría estar en contra de una propuesta que pretende erradicar el robo y el contrabando de combustibles, así como el fraude que implica para los consumidores no recibir ni la calidad, ni la cantidad por la que están pagando, pues esto sería atentar en contra del Estado de derecho, en contra del interés público y en contra de la economía de millones de mexicanos afectados por las prácticas indebidas. Debemos tener en cuenta que la dimensión del problema ha adquirido tintes alarmantes, de lo cual da cuenta el hecho de que las pérdidas generadas por el robo y contrabando de hidrocarburos representaron el 40 por ciento del total recaudado por el IEPS, aplicado a combustibles en el 2020. Cabe también destacar que, de acuerdo a consultores del sector energético, solo el 50 por ciento de las gasolineras que hay en México logran ser verificadas por la autoridad, de las cuales 4 de cada 10 suelen tener alguna irregularidad relacionada con no despachar litros completos. Lo anterior deja en claro que las disposiciones hoy previstas para inhibir estas conductas ilícitas han resultado insuficientes. Por ello, es fundamental sumar esfuerzos para poner un alto definitivo al fenómeno, incluso mediante el endurecimiento de las sanciones para quienes incurren en ellas, especialmente los reincidentes. El reto, sin duda, se encuentra en encontrar la manera de fortalecer el combate a los ilícitos en la comercialización de combustibles, evitando al mismo tiempo, sobrerregulaciones que puedan afectar el interés de los particulares por invertir en este mercado. Queda claro que vivimos tiempos de cambio en el sector energético del país y como legisladores tenemos la oportunidad de contribuir a fortalecer el marco jurídico que regula al mercado de los combustibles, pensando siempre en el beneficio del consumidor final. No podemos no tener en cuenta la opinión emitida por la Cofece sobre el dictamen de la iniciativa que hoy se discute. En nuestro caso, compartimos la preocupación señalada por la institución en el sentido de que la reforma planteada pudiera desincentivar la entrada y reducir la oferta de combustibles en nuestro país, dado que faculta y da amplia discrecionalidad a la autoridad sin criterios claros en su aplicación para suspender permisos. Igualmente preocupante nos resulta la subjetividad que pudiera presentarse en el manejo de criterios, referente a las sanciones propuestas para castigar diversos delitos y las medidas de carácter económico y administrativo relacionadas a conceptos como peligro inminente para la seguridad nacional, seguridad energética o para a economía nacional. Respeto a los requisitos relativos a la capacidad de almacenaje, se teme que lo anterior pudiera reducir el número de competidores y la oferta, al establecer la comprobación previa de cierta capacidad de almacenamiento requerida por la autoridad para el otorgamiento de permisos, lo cual podría desalentar las inversiones en este rubro. Finalmente, creemos que se debe poner atención a las eventuales afectaciones que pudieran derivarse de la reforma en el ámbito medioambiental, lo cual apenas ha sido considerado. Cabe precisar que las nuevas marcas de combustible existentes en nuestro país ofrecen a sus clientes diversos elementos diferenciadores respecto a las estaciones de Pemex, con el fin de ganar una porción más amplia de un mercado, que hasta hace unos cuantos años se encontraba totalmente restringido a una única opción. Los elementos diferenciadores de las nuevas marcas de combustible van desde una imagen renovada, pasando por un mejor servicio hasta combustibles que prometen un mayor rendimiento y proteger los motores de los automóviles que los consumen. De acuerdo con la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo, Pemex aún conserva poco más del 80 por ciento del suministro de gasolina y diésel a las gasolineras de México. No obstante, las nuevas marcas agregan aditivos al combustible entregado por Pemex para mejorar su rendimiento. Seis de las principales competidoras de Pemex, con al menos 200 estaciones de servicio operando en el país, señalan contar con tecnología que en términos generales cuida el desempeño del motor, previene la formación de depósitos y brinda mayor rendimiento por litro. Consecuentemente, disminuye las emisiones contaminantes. En este sentido, pensamos que la eventual disminución o desaparición de los competidores que pudiera llegar a generarse podría tener también afectaciones de carácter medioambiental, al ya no existir incentivos para que las empresas se centren en ser más amigables con el medio ambiente como medio para ganar sus clientes. No olvidemos que la buena o mala calidad del aire de los combustibles contribuye a mejorar o a empeorar la calidad del aire y, con ello, la salud de las personas. En el Partido Verde estamos a favor del Estado de derecho, siempre ha sido así. Estamos a favor de erradicar el huachicol, el contrabando de combustible y cualquier otra práctica ilícita en el sector de los hidrocarburos, especialmente cuando esto beneficia a los consumidores finales. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.