La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros: Estoy muy agradecida con los cuestionamientos, con las preguntas, con el diálogo respetuoso sobre todo que vamos a sostener y los posicionamientos de cada uno de ustedes. Agradezco desde luego a la diputada Beatriz Robles, a la diputada Josefina Salazar, a la diputada María Alemán Muñoz, al diputado Montalvo, diputado Mario Alberto Robles Carrillo, Ernesto Vargas, Alfredo Antonio, Raymundo García y Carlos Alberto Morales. Muchísimas gracias a todos ellos. Reconozco que los diputados han planteado las cuestiones con mucho respeto y por ello merecen respuestas puntuales. Me llena también de entusiasmo constatar que hoy todos estamos unidos en la convicción del combate a la corrupción. Creo que eso es en sí mismo un logro de este nuevo gobierno y ese motivo de acuerdo es el primer paso para resolver los problemas. La Secretaría de la Función Pública o la función pública como esencia de esta Secretaría es toda actividad que nos involucra, toda manifestación estatal que tiene como objeto el logro de los fines esenciales del propio Estado, la realización de los intereses colectivos y de alguna forma me llena de orgullo saber que nuestro ministerio, nuestra Secretaría es incluso la razón de ser de la administración pública federal. Creo que ello nos da mucha energía para utilizar la tridimensional de la nuestra Secretaría de la Función Pública. Todas sus preguntas han estado orientadas a esta tridimensionalidad. La Función Pública es, a la vez que un órgano preventivo de actos u omisiones o violentaciones a la norma, es también, en un segundo rubro, una Secretaría, un órgano de acción inmediata, por eso le llamo a nuestros órganos internos de control nuestro tejido nervioso en la administración pública. Es nuestro tejido nervioso de acción inmediata, de reacción inmediata en el seguimiento y la vigilancia para la aplicación de los recursos públicos. Y también en una tercera dimensión y arista, la Función Pública tiene esta característica de ser un instrumento sancionador, un instrumento de acción directa al generarse, al documentarse y al presentarse las acciones indebidas por parte de los servidores públicos. Esta tridimensionalidad nos llena de grandes posibilidades para combatir de raíz la corrupción, porque está presente en toda la administración pública federal. Entonces, yo quiero dejar claro que en este gobierno la corrupción ya no se tolera. Respecto al planteamiento de la diputada representante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, la instrucción del presidente y la convicción de una servidora es que ya no hay intocables y lo hemos demostrado con las investigaciones abiertas. La respuesta a la denuncia que se presentó en nuestro Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas en la Función Pública, que fue respondida de inmediato en términos de abrir la investigación correspondiente y ello, de hecho, se inscribe en esta lógica de combatir la impunidad. Lo mismo se ha sancionado a servidores públicos de la pasada administración como de la actual, algunos del actual gobierno son altos mandos, sus nombres del dominio público y están siendo investigados e incluso se han tomado ya medidas sancionatorias a algunas de sus empresas involucradas con estos funcionarios, altos miembros del gabinete legal y ampliado. Pero, lo que sí tenemos claro es que tenemos que hacer todo con mucha responsabilidad, con mucho apego a la norma y uno de los principios fundamentales para realizar nuestras tareas son el principio de presunción de inocencia y el principio de exhaustividad. Entonces, tenemos que hacer las investigaciones como corresponden, cumpliendo las diligencias en tiempo y forma y yendo a fondo para que las investigaciones sean exhaustivas y muy concretas y se apeguen a los procedimientos y a los tiempos. Y por ello, no podemos acusar a priori, apriorísticamente ni perseguir a nadie, como sí lamentablemente ocurría en el pasado. Como todos ustedes saben, gracias al voto de la mayoría de la ciudadanía, gracias al voto mayoritario que también ustedes como soberanía representa, el nepotismo quedó en el pasado. El nepotismo está definido, de hecho, por ustedes mismos en una concepción muy moderna, una concepción que tiene gran claridad para caminar en el futuro. El nepotismo está definido en el artículo 4, fracción IV también, de la Ley Federal de Austeridad Republicana, que también es una ley que emerge de la cuarta transformación. Y esta descripción, esta concepción dice lo siguiente: el nepotismo es la designación, el nombramiento o la contratación que realiza un servidor público de personas con las que tenga lazos de parentesco o vínculos matrimoniales o de concubinato para que preste sus servicios en la misma institución pública. Debería bastar con esta definición legal y jurídicamente vinculante para clarificar que estas mentiras y hasta injurias que se han expresado en algunos medios sobre mi persona, no corresponden a la situación personal de mi familia en el servicio público. Lo señalo porque es importante, desde esta máxima tribuna y esta soberanía que tanto respeto, señalarlo para acallar estos falsos alegatos de nepotismo. Pero más allá de eso, lo relevante es que todos participamos con mucho brío, con mucha convicción y lo hacemos como mexicanos, con toda la fuerza para hacer de este país, ese país que necesitamos entre todos, un país más justo. No sé si es un poco la incredulidad por la corrupción a la que nos tenían acostumbrados en el pasado o simplemente por una mala intención deliberada, quienes no quieren reconocer en su servidora los méritos propios y evidentemente las carreras independientes que hemos llevado en esta familia. Pero, volvamos a las preguntas verdaderas, que son las importantes en esta hora de trabajo con esta soberanía. Creo que es muy relevante lo que se nos pregunta al respecto del proyecto de tren interurbano de México-Toluca. Ahí hay un diagnóstico muy claro, se han hecho auditorías al respecto de este fallido tren interurbano todavía, o inconcluso tren interurbano México-Toluca. El proyecto originalmente se registró en la cartera de inversión ante la Secretaría de Hacienda, en 2014, con un monto de más de 44 mil millones, y de acuerdo a la información publicada hoy en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, al año pasado, a 2018 se tenía comprometido un monto de 51 mil, más de 51 mil, casi 52 mil millones, lo que representó evidentemente un sobrecosto insostenible de 15 por ciento. Este tren estaba contemplado en tres tramos, el tramo inicial desde Zinacatepec a La Marquesa, el tramo siguiente, un túnel que tenía digamos, una longitud de 4 kilómetros, y después un tramo de Santa Fe a Observatorio, que incluye estaciones también muy importantes. Se concluyó esta auditoría en lo relativo a uno de los tramos que estamos señalando aquí y por la, en esta auditoría también se entregó la información y la documentación comprobatoria para que se atiendan las documentaciones emitidas. En los próximos días se va a formalizar ya el inicio del seguimiento respectivo a estas observaciones que las auditorías generaron, para que se determine lo procedente. Me parece muy relevante también todas las preguntas que se hacen al respecto de uno de los ejercicios más importantes para la prevención de la corrupción o para la prevención de los conflictos de interés, que son unas de las, que son partes fundamentales del combate a la corrupción, y ahí me parece muy relevante lo siguiente al respecto de los cambios en los formatos de las declaraciones patrimoniales y de intereses que tenemos aprobados ya en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción, y los cambios a estos formatos que se enfilan con esta nueva concepción de corrupción estructural. Como saben, su servidora, como representante legal del Poder Ejecutivo, en el seno de esta herramienta de coordinación que es el Sistema Nacional Anticorrupción, promovimos, promoví, cambios en los formatos de la declaración de situación patrimonial que se habían aprobado –me parece– irresponsablemente justo antes de cerrar el gobierno pasado, para que ahora sí caminemos a formatos más simples, más amigables al servidor público, pero también más efectivos para analizar la evolución patrimonial y los conflictos de intereses. Tuvimos la generosidad de ser escuchados y sobre todo de ser respaldados por los otros Poderes representados en el seno del Sistema Nacional Anticorrupción, y por unanimidad se aprobó, en marzo, modificar estos formatos que irresponsablemente fueron dejados como una manzana envenenada en seno del SNA y sustituirlos por una nueva versión que corrige estas deficiencias del pasado gobierno. En donde nos parecía muy relevante que se tenía, por ejemplo, la obligación de llenar casi 900 campos por cada uno de los funcionarios públicos obligados a declarar, y eso era insostenible, casi 900 preguntas para un servidor público que, además, de forma –me parece– también injusta, obligaba a todos los profesores de educación primaria, a todas las enfermeras de este país, a todos los doctores, a todos los soldados del país, a declarar cada año y a refrendar cada mayo estas declaraciones. Entonces lo que hicimos fue tener –repito– un formato más sencillo, que hoy cuenta con simplemente 400 campos, pero que además varían de acuerdo al perfil del funcionario público obligado a declarar, los funcionarios públicos de mayor mando y jerarquía, y sobre todo de mayor, digamos, vulnerabilidad en términos de los riesgos anticorrupción o de riesgos corrupción, tienen más obligación de dar información sobre sus conflictos de interés y sus patrimonios, que funcionarios públicos que no necesariamente tendrían que dar esta información de sus relaciones personales. Entonces estos campos varían entre la declaración de inicio, de modificación y de conclusión. Los formatos, y eso es algo muy interesante y que va en curso, que va en lógica con nuestra idea de la democratización de las tecnologías, estos nuevos formatos que todo ustedes conocerán son compatibles con los registros históricos del pasado. El 45 por ciento de los datos contenidos en el actual Declaranet van a coincidir con el nuevo formato que estamos proponiendo, que ya está aprobado de hecho y, en este sentido ello nos va a poder servir para analizar la evolución patrimonial de los servidores públicos que ya tenían registros previos. Eso nos va a dar, de hecho, posibilidades para analizar estos casos tan relevantes que están en el interés nacional hoy, ver cómo se va transformando la declaración patrimonial de poder a poder y evidentemente con la historia, el registro histórico de cada uno de los servidores públicos. Los nuevos formatos se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019 y ya van a estar listos para que se utilicen a partir del año próximo. Al mismo tiempo me parece muy relevante las preguntas que se me formularon al respecto de las medidas de austeridad que se contemplaron desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 y que consisten esencialmente en reducir, ya lo hemos dicho, los lujos, el gasto operativo, el dispendio innecesario, el derroche y fortalecer el gasto social. Y ahí quiero ser muy enfática, en términos de las diferentes concepciones de austeridad, la austeridad neoliberal a la que nos tenían acostumbrados y, sobre todo que venía siendo impuesta año tras año sobre el pueblo mexicano, respecto a la austeridad republicana de Estado. Entonces, ahí los ahorros van a ser enormes, en la administración actual ya lo dije en mi intervención inicial, pero lo reitero, se han devuelto casi nueve mil plazas de mando y enlace con ahorros de casi 5 mil millones de pesos, y ello nos ha dado, repito, ahorros millonarios. La meta de ahorro es de 10 mil millones de pesos, pero nosotros llevamos un muy buen avance porque a la fecha tenemos más de 5 mil millones de pesos en ahorros, que evidentemente van a ser enviados, 5 mil millones de pesos que van a ser reinvertidos al desarrollo social. Este ahorro permanente para los ejercicios presupuestales pues va a ser un signo distintivo de cómo se tienen que ir construyendo los ejercicios presupuestarios y, desde luego fiscales en los años subsecuentes. Aquí me parece que otra de las inquietudes que los colegas diputados nos plantean que me permito contestar, es que esta austeridad republicana que repito, tiene el objetivo de reducir lo superfluo, pero sobre todo robustecer el tema verdadero, el tema de la inversión pública, está vinculado con, una vez más, esta gran Ley Federal de Austeridad Republicana porque la ley nos exige lo siguiente. Me permito citar la propia ley en su artículo 7o. Señala que para aplicar la política de austeridad republicana de Estado, los sujetos obligados que, precisamente como es una ley federal, obliga no solamente a la administración pública federal sino también a los poderes diversos, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y los órganos autónomos, y todos ellos y sobre todo el Poder Ejecutivo en primer lugar, dice el artículo 7o, deberá abstenerse de afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de los que México es parte. Entonces esto claramente explica que hay una lógica de progresividad de los derechos sociales, de progresividad en la aplicación de los derechos, y por ello las medidas de austeridad republicana no tienen en lo absoluto nada que ver con lo que alguna diputada planteaba aquí en su posicionamiento de afectar el gasto social, o los gastos en educación o los gastos médicos. Al contrario, la austeridad va a generar mayores y mejores recursos, mayores ahorros y mejores recursos para los servicios médicos. Nosotros tenemos claro que con la salud de los mexicanos no se juega. El presidente López Obrador por ello ha sido muy enfático en que la austeridad republicana prohíba y como quedó establecido en esta ley que ustedes generosamente aprobaron, prohíbe afectar negativamente los derechos sociales de los mexicanos y en primer lugar el derecho a la salud es uno de los derechos constitucionales que más le importa al señor presidente y a todos ustedes como diputados. Eso me parece importante y al mismo tiempo esta austeridad se debe de vincular con la profesionalización. La austeridad tiene muchas ventajas, no está nada más un asunto de pesos y centavos y de ahorros o de dineros, sino es un tema de generación de una nueva ética pública, de una ética pública que priorice en lo sustantivo y no en lo adjetivo, y también en una profesionalización. El hecho de que estamos, se exige, todos nos exigimos ahora con la Ley Federal de Austeridad Republicana eliminar las direcciones generales adjuntas, y que como ya también lo he informado en la primera intervención, se han devuelto ya en este gobierno, en la administración pública federal 9 mil plazas de mando y enlace. Y al decir enlace no estoy diciendo el operativo, sino sobre todos los niveles de confianza. Ello nos ha dado ese ahorro permanente que ya decía, del 50 por ciento de la meta propuesta que tiene que ver con 5 millones de pesos, pero sobre todo el tema es que no se van a afectar los derechos laborales de ningún personal o ningún miembro de la administración pública federal vinculado al operativo o al personal de base. Seguimos con la claridad de que hay que profesionalizar. De hecho, en una próxima intervención, si se me permite, voy a dar los datos que tienen que ver con cómo hemos seguido operando con toda la normalidad y con toda la claridad de los concursos de ingreso al servicio público, al servicio profesional en toda la administración pública federal. Ello se vincula precisamente con la austeridad republicana, porque la austeridad republicana y la profesionalización y el respeto a los derechos laborales no son opuestos. Por el contrario, van de la mano, son necesarios para lograr esa nueva ética pública que estoy segura todos vamos a conseguir. Muchas gracias.