La diputada Sofía González Torres: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Acudo a esta tribuna para invitarlos a sumarse a una iniciativa de ley que busca resolver una realidad muy dolorosa. Me refiero a las niñas y los niños que nacen y viven junto a sus madres en los centros penitenciarios. Estos niños pasan los años más importantes para la construcción de su personalidad en sitios que no permiten su descanso, su recreación y su sano desarrollo. Hoy no se cuenta con un número exacto de ellos, ya que no integran formalmente las poblaciones de los sentenciados. Se estima que podrían ser más de 800 niños que viven en esas condiciones deplorables. En todo caso, se trata de recientes fortuitos que no reciben la alimentación y el vestido adecuados para su edad, y mucho menos atención pediátrica ni la educación que merecen. Por lo anterior crecen con traumas y resentimientos que pueden orillarlos a la comisión de delitos. Desafortunadamente la suerte que corren estos niños está en función del centro penitenciario donde les tocó vivir. Los centros federales de readaptación social aceptan a los niños hasta los seis años, en contraste con las penitenciarías locales en donde no existe un criterio uniforme para su admisión y para su egreso. Algunos permiten una estancia muy corta, de únicamente seis meses, para cumplir con el periodo de lactancia. También hay casos lamentables de niños de 12, 15, 16 años que nunca han abandonado los centros de reclusión. La situación es inquietante. Por un lado el Estado debe de garantizar el derecho del menor a permanecer junto con su madre para llevar a cabo la lactancia y convivir con ella. Por otro no debe permitir que el niño permanezca en reclusión más allá de los tres años de edad, ya que esta es la edad que internacionalmente está aceptada para facilitar la inserción social del menor. Este es el equilibrio al que se busca llegar con esta iniciativa; tres años de manera pareja para todos los centros de reclusión en el país. Los centros federales, los municipales y los estatales. Cumplida esta edad, los niños deben salir de los centros y entrar a una nueva etapa de inserción a la sociedad bajo la supervisión del Estado o de algún familiar. Asimismo, esta iniciativa durante el periodo de reclusión les garantiza a los niños una alimentación diferente a la que reciben los adultos, que sea acorde a su edad, que les reconozcan su derecho de salud y reconocer así también su derecho a la educación. De obligar a las autoridades penitenciarias a realizar gestiones necesarias con la federación, estados y municipios, para brindarles vestido adecuado a su etapa de desarrollo, atención pediátrica permanente y una educación inicial. Finalmente se realizará el primer censo nacional de niños en reclusión que permitirá tener certeza del número de infantes que viven con sus madres. Los invito a todos a sumar voluntades en torno a una iniciativa que no pertenece a ningún partido político, sino que obedece a un interés superior. En esta LXIII Legislatura tenemos la oportunidad de corregir el vicio legal que hoy invisibiliza a los niños en reclusión. Debemos reconocerlos como un grupo vulnerable del país, merecedor de acciones prioritarias en los tres niveles de gobierno. Es momento de propiciar un trato digno para las niñas y los niños en reclusión, que sea homogéneo en todo el territorio nacional. Legislar por los niños en reclusión es un tema de congruencia, de justicia y de humanidad. Es cuanto, señora presidenta.