El diputado Sergio González Hernández: Con su venia, señor presidente. Buenos días, compañeras diputadas y compañeros diputados. Desde hace tiempo el tema de la seguridad pública está en el centro del debate de nuestra sociedad. El ámbito de la seguridad y de la justicia ha pasado ser objeto de análisis y críticas constantes debido a que se ha convertido en una exigencia más de las más sentidas de la ciudadanía y necesita ser atendida de manera eficiente y oportuna por los distintos órdenes de gobierno, así como por los diferentes Poderes de la Unión en sus respectivas obligaciones y atribuciones. Un legítimo sistema de gobierno democrático, respetuoso en todo momento, de un verdadero estado de derecho, se distingue por el auténtico interés de respetar y hacer respetar el orden jurídico establecido y, específicamente, garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran dentro de su ámbito territorial, adoptado para tal efecto, una política preventiva del delito. Es claro que los resultados favorables al fenómeno de la delincuencia no deben de cesar, ni dar tregua; al contrario, deben fortalecer la estrategia para brindar seguridad y tranquilidad a los mexicanos. Es decir, la seguridad pública compone un elemento esencial en el funcionamiento de toda la nación debido a que se encarga de la protección, de la integridad física de las personas, de su patrimonio, así como del orden y la paz pública. Por ello, garantizar un ambiente ajeno de todo tipo de delitos constituye la base para la gobernabilidad y el adecuado desarrollo social. En tal sentido, el Estado se encuentra obligado a establecer mecanismos legales y políticas públicas que tiendan a la estructuración de una eficaz sistema de seguridad dentro del ámbito público, así como en el privado. Por ello la relevancia del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona y reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Seguridad Pública. Tal y como lo señala el propio dictamen, los servicios de alarma y de monitoreo electrónico entrañan un medio eficaz, tanto para disuadir la comisión de delitos, como para hacer efectiva y oportuna la reacción cuando se han perpetrado algún ilícito, principalmente de aquellos que vulneran la vida, la integridad, la libertad o el patrimonio de las personas y que su uso cada vez es más extendido entre la población que requiere una perspectiva que aporte a los usuarios certeza para recibir un servicio con calidad. Asimismo, cada usuario debe tener la garantía de que, en efecto, la seguridad privada mediante este tipo de dispositivos coadyuve con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, dándoles aviso oportuno de cualquier incidencia que registre el monitoreo con el propósito de agilizar la intervención de dichas autoridades en beneficio de la seguridad de las personas y sus bienes. Por lo anterior, es necesario regular la prestación del servicio de las empresas dedicadas a este tipo de servicios de alarmas y de monitoreo electrónico, estableciendo los requisitos que se deben cumplir, así como las condiciones mínimas de seguridad que deben guardar las propias empresas a fin de que éstas sean identificadas en forma clara y precisa. De igual forma es imperioso precisar en qué consiste el servicio que nos ocupa, destacando la conexión de los sistemas de alarma y monitoreo con los centros de emergencia de las autoridades encargadas de la seguridad pública, o sea, los C4, C3. Otro punto a destacar es la solicitud de un requisito de inscripción en el fisco para obtener la autorización para poder funcionar dentro del marco legal. No olvidemos que en todo el país existen empresas que prestan servicios de seguridad privada, mismas que se obligan a colaborar y apoyarse con las corporaciones de policía, incluidas las federales, estatales y municipales para enfrentar a la delincuencia. En este sentido, es indispensable contar con un marco jurídico preciso para las empresas de seguridad privada, con el objeto de cuidar un adecuado funcionamiento, coordinación y unidad en labores de seguridad pública por parte de estas empresas. Señoras y señores diputados, la bancada de Acción Nacional tiene claro el compromiso de generar las condiciones que permitan al individuo desarrollar sus tareas cotidianas con la confianza de que su vida y su patrimonio serán resguardados. Por ello, con la aprobación del señalado dictamen, estaremos abonando en la atención de la problemática social y, sobre todo, atacando a la delincuencia y generando sistemas de seguridad privada eficientes, confiables para nuestros ciudadanos. Es cuanto, señor presidente.