El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga (PRI): Con su permiso, señor presidente. La razón principal de la regulación que hace de los trabajos especiales, en su artículo 181, consiste en que las disposiciones generales de la ley no son suficientes para reglamentarlos. Por eso la ley desarrolla una lista de este tipo de trabajos y de trabajadores, dentro de los que están los trabajadores del campo. Respecto a ellos, la Ley Federal del Trabajo ha pretendido, bajo el punto de partida de que la actividad del campo se hace necesaria que algunas personas cooperen con el dueño de la tierra para que ésta produzca, equipararlos con los de la ciudad para asegurar su estabilidad, estableciendo en sus artículos 279 al 284, entre otros aspectos los siguientes: La presunción de que los que tengan una permanencia continua de 3 meses o más con trabajadores de planta. O evitar que por medio de la parcería o el arrendamiento agrícola se burlen los derechos de los trabajadores. O definir derechos y obligaciones para patrones y trabajadores, como los relativos a la atención de trabajadores en casos de accidentes y enfermedad, la de proporcionarles habitaciones con los servicios de estancia, dormitorios, proporcionados al número de sus familiares, sanitarios y un terreno anexo a la cría de animales de corral o, como dice, fomentar la alfabetización entre los trabajadores y sus familiares. La intención de la ley es positiva, ya que contiene principios de justicia social. Dotar de derechos mínimos a los trabajadores del campo atendiendo su situación especial. De esta forma, el jornalero agrícola, en el terreno del deber ser, tendría derechos irrenunciables como el salario mínimo o la estabilidad en el trabajo, por ejemplo. Sin embargo, en la esfera de la realidad, la de los hechos, vemos que estas condiciones están muy lejos de ser satisfechas. Los dos millones de campesinos que, dentro del territorio nacional trabajan la tierra de otros, padecen una situación diametralmente distinta a la exigida por la norma. Ellos viven condiciones de explotación, marginación y exclusión aceptado por necesidad, raquíticos salarios y sin contar con el descanso obligatorio, el derecho a vacaciones y al aguinaldo o sin que se les haga efectiva la seguridad social. Los patrones, generalmente agroindustriales de gran potencial económico, aprovechándose de su extrema necesidad, de su miseria e ignorancia, les otorgan prestaciones laborales por debajo de los mínimos previstos en la ley, utilizan para albergarlos no estancias cómodas, como lo dice, sino galeras, casas de cartón y vehículos inservibles carentes de servicio como drenaje, agua potable, electricidad, transporte público o teléfono, y les someten a condiciones de hacinamiento, insalubridad e inseguridad. Esta situación es típica, endémica, constante en diversas zonas agrícolas del país. Ocurre en San quintín, Maniadero, Baja California, en Culiacán, Sinaloa en a zona del Soconusco Chiapas, así como en Guanajuato, Michoacán, Morelos, Jalisco y otras entidades federativas caracterizadas por sus altos niveles de producción y modernización agrícola. La explotación del trabajador del campo se da lo mismo en la producción de hortalizas que en la del tomate, de la naranja, de la fresa, del ajo, del aguacate, del algodón y de otros vegetales de menor medida como el café, el tabaco, la caña de azúcar, por alrededor de 6 mil patrones que concentran en el país la producción de estos insumos agrícolas. A mi parecer el problema más que de falta u obsolescencia de normas, es un problema de actitud, de actitud de indolencia, de complicidad, de miedo de las autoridades laborales agropecuarias y sanitarias hacia la afectación de los grandes intereses de los agroindustriales; de actitud de enriquecimiento injusto, de empresas a costas de los derechos de los trabajadores del campo. Es un problema e autoridades ciegas, de empresas ricas y de trabajadores pobres. Las condiciones de vida de los jornaleros agrícolas en México, son peores incluso a la de los migrantes que se dedican a la misma actividad en los Estados Unidos de Norteamérica. La situación de desprecio a los derechos de los trabajadores agrícolas, va en contra del planteamiento que vincula el incremento salarial al incremento en la productividad. Los trabajadores del campo a pesar de haber incrementado su productividad, no han visto incrementado su salario. Deja ver, permite concluir, como he dicho, que la problemática de los trabajadores del campo radica en la impertinencia de los agroindustriales de explotarlos al usufructuar su mano de obra barata y en la indiferencia del gobierno para hacer cumplir la ley. En esa virtud es necesario, independientemente de aplicar en todos los casos de violación de normas protectoras del trabajo del campo, las sanciones establecidas por el artículo 997 de la Ley Federal del Trabajo, establecer sanciones y responsabilidades para la autoridad competente que omite aplicarlas o que no denuncie ante el Ministerio Público, al patrón de una negociación agrícola que haya dejado de pagar o pague a sus trabajadores, cantidades inferiores al salario mínimo o no otorgue las prestaciones mínimas establecidas en la ley, principalmente las indicadas en el artículo 283 del ordenamiento indicado. Al institucionalizar sanciones a los servidores públicos omisos en la aplicación de la normatividad relativa a los trabajadores del campo, podrá atacarse de manera más efectiva el autismo que actualmente padecen las autoridades comentes, y mejorar las condiciones laborales de nuestros jornaleros agrícolas. Por lo anteriormente expuesto formulo la iniciativa siguiente: Artículo Unico.- Se adiciona con un artículo 1005 bis, a la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue. Artículo 1005 bis: "A los servidores públicos en los que el Secretario de Trabajo y Previsión Social, los gobernadores de los estados, y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deleguen el ejercicio de la facultad a que se refiere el artículo 1008 de esta Ley, omitan sin causa justificada aplicar las sanciones administrativas previstas en el presente título o no denuncien oportunamente ante el Ministerio Público al patrón de una negociación agrícola que haya dejado de pagar o pague a sus trabajadores cantidades inferiores al salario mínimo general o no cumpla con las obligaciones especiales que para este se describen en el artículo 283, se les destituirá del cargo y se les inhabilitará para desempeñar cualquier otro en el ejercicio público durante los cinco años siguientes a la fecha de su separación. La sanción a que se refiere el párrafo anterior será aplicada por las autoridades y bajo los procedimientos establecidos por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y sus correlativas de cada estado de la República. Transitorios: Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente. Solicito a usted que el texto íntegro de la iniciativa se inscriba en el Diario de los Debates. Muchas gracias.