El diputado Carol Antonio Altamirano: Muchas gracias, señor presidente. Diputadas y diputados. El dictamen que se presenta tiene, entre otros errores, dos omisiones que impide dar cumplimiento a disposiciones constitucionales y que dejan pendientes temas muy sensibles, tanto para miles de trabajadores de las telecomunicaciones como a los usuarios de origen indígena que radican en pequeñas localidades de todo el país. Así, presento las correspondientes reservas para corregir las deficiencias y por razones de tiempo lo hago en una sola intervención. La primera omisión es respecto de los derechos de los trabajadores de las telecomunicaciones que se prometieron cuidar en la reforma constitucional de mayo de 2013, pero de los cuales no se dice ni una palabra en la iniciativa del Ejecutivo ni en el dictamen. Si no intervenimos con responsabilidad se crearán las condiciones para que las empresas de las telecomunicaciones, en un afán de reducir costos y ganar mercados, terminan trasladando la reducción de costos a las espaldas y bolsillos de sus trabajadores. Por tanto, quiero dejar testimonio de una propuesta para modificar el artículo 43 del proyecto de decreto desde la denominación del Capítulo Octavo que no debe referirse sólo a los trabajadores del instituto, es decir el órgano regulador, sino también a los operadores de telecomunicaciones y de radiodifusión. En consonancia con el artículo 18 transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, en la ley debe establecerse que los derechos de los trabajadores se respetarán en todo momento. De manera específica debe señalarse que en las concesiones de todas las empresas de telecomunicaciones y radiodifusión, se incluirá un capítulo que haga referencia expresa a los derechos laborales, y cuando digo todas, me refiero a las empresas de radio, las televisoras abiertas y de paga, así como a las de telefonía fija y celular. Ninguna debe eludir su responsabilidad con los trabajadores. También debe señalarse que todas las empresas de radiodifusión y telecomunicaciones llevarán a cabo la capacitación y profesionalización de los recursos humanos, para que el desarrollo del sector sea con base en la participación y mejoramiento de las capacidades de los trabajadores. Lo anterior debe hacerse en apego a los convenios de la OIT y al citado artículo dieciocho transitorio de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones que señala que los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las empresas y organismos dedicados a las actividades que comprende el presente decreto, se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Lo que les propongo es honrar y cumplir el mandato constitucional y no dejar la puerta abierta para que la lucha por el mercado de las telecomunicaciones sea aplastando los derechos de los trabajadores. La segunda omisión está vinculada al incumplimiento de dos disposiciones constitucionales. En este caso las señaladas en el tercer párrafo del artículo 6o, así como lo dispuesto en la fracción VI del apartado b) del artículo 2o., de la Carta Magna. De acuerdo al artículo 6o., constitucional, el Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. Esto quiere decir que el sentido del mandato constitucional es que todas las personas deben tener acceso a este conjunto de servicios. Pero resulta que el dictamen tiene el efecto negativo de desalentar la inversión de la compañía existente, Telmex, sin obligar a las nuevas compañías a invertir en el desarrollo de la infraestructura. Así ya no habrá nuevas inversiones, en especial, fuera de las grandes ciudades con lo cual no se cumplirá la garantía de acceso. Además existe otro mandato constitucional en el artículo 2o., apartado d) que de manera específica , para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, obliga a las autoridades a extender las redes de comunicaciones que permita la integración de las comunidades mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Ello significa que existe mandato aplicable a las autoridades federales para construir y ampliar las alternativas para la telecomunicación de las comunidades indígenas, pero lamentablemente el dictamen no se hace cargo de ese mandato. Lo anterior debe corregirse y expresarse claramente en la ley. La propuesta que presento consiste en establecer en el artículo 118 la obligación de los concesionarios que en la actualidad operen redes públicas de telecomunicaciones en pequeñas localidades, las sigan operando hasta en tanto el Instituto Federal de Telecomunicaciones imponga la obligación de participar en este mercado a los demás operadores de telecomunicaciones, partiendo del principio de la no discriminación hacia los clientes y la extensión de la red de telecomunicaciones. Es decir que si no intervenimos, el perjudicado será el usuario. La empresa existente, es decir Telmex, ya no tiene incentivo para intervenir en pequeñas localidades, y las nuevas empresas tampoco lo harán porque les importa más el mercado de las grandes ciudades, de manera que la inversión en este rubro queda en riesgo, y con ello la obligación de extender el servicio a las pequeñas comunidades donde radica la población indígena se convertirá en letra muerta. No caigamos, como cámara revisora, en el absurdo de identificar áreas débiles en el dictamen y que aun señalando ese vacío respecto de los mandatos constitucionales simplemente los ignoremos. Los invito a corregir estos dos artículos y con ello optimizar la definición y obligaciones legales. Los planteamientos son sencillos y protegen el interés general. Sólo falta la voluntad política de ustedes para tener, por lo menos en estos aspectos, una mejor ley. Le solicito, señor Presidente, insertar de manera íntegra mis propuestas de reserva en el Diario de los Debates. Por su atención muchas gracias.