EL DIPUTADO ELIAS MARTINEZ RUFINO (P.R.D.): Con su permiso señor Presidente. Señores y señoras Diputadas. Los suscritos Diputados Federales integrantes del Congreso de la Unión, en uso de las facultades que nos concede el Artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos un Punto de Acuerdo con fundamento en la siguiente Exposición de Motivos, El 23 de Marzo de 1994 en la comunidad de Lomas Taurinas en el Estado de Baja California el pueblo de México y el estado de Derecho fueron heridos profundamente por la impunidad y la intolerancia. Ese día se abrió para México una herida profunda y que hasta la fecha sigue pesando con todas las consecuencias que de ello se derivo en el ánimo y el ambiente democrático de este pueblo. El artero asesinato del Lic. Luis Donaldo Colosio toco las fibras más sensibles de todos los mexicanos, aún hoy y después de haber transcurrido 78 meses y de haber visto pasar a dos Presidentes de la República, 4 Procuradores y 4 Fiscales Especiales, hasta la fecha no se ha castigado a los autores intelectuales del crimen. Durante ese periodo se rindieron informes por parte de los Fiscales Especiales designados por el Ejecutivo Federal, el primero de ellos el Lic. Miguel Montes García y la segunda la Dra. Olga Islas de González Mariscal quienes obtuvieron la tesis del Asesino Solitario y la tesis del Complot respectivamente. Sobre ambas hipótesis se actuó incluso judicialmente. En las investigaciones de Chapa Bezanilla, se estableció la posibilidad de complot por la aparición de un presunto segundo tirador, con ello vuelve a abrirse jurídicamente la idea de una conspiración delictuosa a partir de 2 ó 3 elementos de criminalistica y análisis médico. En efecto, hemos de reconocer que en el sexenio del Presidente Zedillo las indagatorias y los procesos han transcurrido entre verdades a medias, desatinos, omisiones, contradicciones, arbitrariedades, acusaciones sin pruebas y falsedades de quienes transitoriamente han pasado como fiscales del caso Colosio. Resulta muy cuestionable que a más de 6 años de semejante crimen, no existan pistas concretas para que se esclarezcan los móviles y sobre todo para ubicar a los autores intelectuales. Las fiscalías han recabado testimonios que abarcan desde encumbrados políticos hasta personas modestas pero no han podido concluir en resultados concretos. El último fiscal designado para llevar las pesquisas, Luis Raúl González Pérez, se ha presentado ante la opinión pública sin más conclusiones en las manos que la de un asesino material confeso, solitario y sentenciado a 45 anos de prisión y con ello se pretende que la sociedad borre las dudas y sospechas que el homicidio suscitó desde el primer momento y que apuntan a un encubrimiento de Estado deliberadamente disfrazado de ineptitud, de tal calibre que parece más bien una operación para escatimar la verdad y librar a posibles autores intelectuales de la justicia. El propio fiscal especial afirmó que de las 27 líneas de investigación sólo quedan abiertas 2 y una intermedia: la primera es la relativa a la probable participación del narcotráfico; la segunda, relacionada con el entorno político que existía desde finales de 1993 y hasta el momento del crimen; y la intermedia, que es la de la narcopolítica, Sin embargo, esto no aporta nada para esclarecer el crimen de Luis Donaldo Colosio ni dilucida el vínculo del autor material con los demás autores intelectuales porque los resultados de las investigaciones en lugar de aclarar nuestras dudas e inquietudes nos lleva a fortalecer la idea de que se planeó y se ejecutó un complot para privar de la vida al entonces candidato del partido oficial. Sin embargo, aún prevalecen muchas interrogantes: ¿ por qué hasta la fecha no se ha procedido contra quienes manipularon la escena del crimen? ¿ Por qué el equipo de campaña y de seguridad permitió un evento en un sitio considerado por sus características como de alto riesgo? ¿ En dónde quedan entonces los dictámenes periciales como lo fue el primer certificado médico en donde se declara la existencia de dos heridas producidas por arma de fuego de distintos calibres? ¿Por qué no se permitió en su momento que peritos especializados, franceses, coadyuvaran en las investigaciones? Las deficientes investigaciones que han hecho los fiscales especiales hasta ahora, han Provocado una insatisfacción generalizada en torno a dicho homicidio; han mantenido la impunidad; han ocultado pruebas y no han preservado adecuadamente todos y cada uno de los posibles indicios para la mejor investigación del caso. En consecuencia, no han tenido la voluntad para encausar a los autores intelectuales del asesinato de Colosio. El pueblo de México espera que no se le dé carpetazo al asunto ya que hasta la fecha no se ha investi~3ado el entorno político que comprende la responsabilidad en ese entonces, de la Presidencia de la República y de la Secretaría de Gobernación por haber descuidado la vida del candidato priísta. El caso de Colosio no ha concluido ni podrá concluir mientras no se agoten hasta sus últimas consecuencias las líneas de investigación pendientes; por esta razón, los diputados de todos los grupos parlamentarios no podemos quedarnos pasivos ante un evento como el ocurrió el día 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas. La exigencia del pueblo de México es ir a fondo de las investigaciones sin importar quien o quiénes puedan ser los responsables de la autoria intelectual, independientemente de su posición social, política y/o económica por ello resulta trascendente que el Pleno de esta honorable Cámara de Diputados, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, acuerde la creación de una comisión especial para que se aboque a investigar los hechos relacionados con el asesinato de Luis Donaldo Colosio. La competencia de la Comisión Especial será dar seguimiento a las investigaciones que sobre el particular realice la Procuraduría General de la República a fin de responder al pueblo de México. Los innegables avances democratizadores de la elección del 2 de julio nos deben conducir a un país de leyes y a un Estado Pleno de Derecho. En un país democrático no debe caber la impunidad para nadie, nadie puede estar por encima de la ley y quien se aparte de ella, sin distinción alguna, debe ser enjuiciado por los tribunales. México exige la verdad histórica de los hechos ocurridos el 23 de marzo en Lomas Taurinas. Desde esta alta tribuna no permitiremos el desmantelamiento del estado de derecho ni toleraremos que las autoridades se conviertan en cómplices de la simulación y de la impunidad. Compañeras y compañeros diputados: Nosotros, preocupados por evitar que intereses personales o de mafias políticas continúen prevaleciendo a través de la impunidad, debemos alzar nuestras voces para exigir desde ésta el esclarecimiento del asesinato de Colosio. Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 58, 59, 60, 71 y 78 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, me permito poner a su consideración el siguiente punto de acuerdo: Primero. El pleno de la Cámara de Diputados acuerda la creación de la Comisión Especial para Darle Seguimiento a todas y cada una de las Investigaciones Relacionadas al Homicidio del Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta. Segundo. La Comisión Especial referida en el artículo que antecede, estará integrada por diez diputados, de los cuales tres serán del Partido Revolucionario Institucional, tres del Partido Acción Nacional, dos del Partido de la Revolución Democrática, uno del Partido Verde Ecologista de México y uno del Partido del Trabajo. Tercero. La Junta de Coordinación Política presentará al pleno la propuesta plural de los integrantes de la comisión, así como de su mesa directiva. Cuarto. Se exhorta a los órganos de procuración de justicia a brindar, de acuerdo a los preceptos invocados, las facilidades e información necesaria que le solicite la comisión especial. Quinto. La comisión especial fijará el plazo suficiente para efectuar sus trabajos y deberá rendir de manera periódica un informe ante el pleno de la Cámara de Diputados o ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, del estado que guardan los mismos, y Sexto. La comisión especial, con motivo del cambio de administración, tomará las medidas necesarias para que se mantenga en el mismo estado la información relacionada con el caso Colosio, por lo que esta soberanía deberá estar muy atenta a la entrega que se realice al respecto, solicitando que la Fiscalía Especial proporcione a la comisión una relación detallada de los documentos y materiales a entregar. Firman el presente acuerdo: Por la fracción del PRD, su servidor; por Convergencia Democrática, el diputado José Manuel del Río; por el Partido Revolucionario Institucional, Guillermo Hopkins y Fernando Ortiz Arana. Es cuanto, señor Presidente.