El diputado Ángel Antonio Hernández de la Piedra: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, con todo respeto. Lo que ahora se discute como unas simples modificaciones al Código Penal Federal tiene especial significado para la sociedad mexicana, no porque pensemos que esta reforma va a resolver los problemas o que ahora sí vamos a llenar las cárceles con todos aquellos que se han dedicado a saquear el erario público, sino porque al fin estamos debatiendo lo que tanto se han esforzado en ocultar los que detentan el poder. Estamos discutiendo nada menos que la relación entre política y delito. Política y delito, escucharon bien, porque delitos y no otra cosa son las conductas que establece el Código Penal, y por fin la clase política se ha decidido tipificar los hechos de corrupción como delitos. No nos engañemos. No ocultemos de la opinión pública nacional o internacional que la corrupción es el principal problema del país y que representa hasta el 10 por ciento del producto interno bruto. No tratemos a los ciudadanos como menores de edad diciéndoles que estas conductas son simplemente faltas administrativas graves vinculadas con hechos de corrupción. Este es un eufemismo para decir que se traicionó la confianza de los ciudadanos por parte de los servidores públicos, aquellos que facilitan estas conductas o de los particulares que participan de manera activa para recibir favores a costa del erario público sin prestar los servicios para los que fueron contratados. Por fin discutimos la cleptomanía de los funcionarios públicos y particulares adictos al robo de la cosa pública y al engaño. Ya no podemos hablar de que en México hay una democracia. En México padecemos una caquistocracia. Es decir, el gobierno de los peores. Eso es el PRI, el PAN y el PRD y sus aliados del pacto. En esta iniciativa versa el Código Penal, por eso es necesario abordar el problema de la impunidad. La impunidad se ha definido como la falta de sanción o castigo en contra de una persona que ha perpetuado un delito. Principalmente se origina por una crisis de institucionalidad en la cual se encuentran sumergidos los diferentes órganos que integran la administración de la justicia penal. Así que impunidad significa sencillamente, que los delitos cometidos no son sancionados por una u otra causa. Ahora bien, cuando la impunidad es regla general en una sociedad, el sistema jurídico se vuelve ineficiente para el control de las conductas ilícitas, y por consecuencia se transforma en un desencadenante de la ilicitud. El sistema penal mexicano adolece de una impunidad endémica. De acuerdo a estudios realizados por el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, en el año 2010 se denunciaron ante el Ministerio Público sólo el 22 por ciento de los delitos, y de estos, sólo el 5 por ciento fue consignado ante la autoridad judicial. El estudio concluye que el nivel de impunidad abarca el 99.3 por ciento, lo que significa que de cada 100 delitos que se cometen, en menos de uno de sanciona al delincuente. Según algunas estimaciones, la llamada cifra negra compuesta por los delitos efectivamente cometidos, que no llegan al conocimiento de la autoridad, alcanza el 75 por ciento del total de los delitos cometidos en México. En otras palabras, tres de cada cuatro delitos no se denuncian. Del 25 por ciento de los delitos que sí se denunciaron, solamente se concluye la investigación ministerial del 4.55 por ciento. Pero se pone a alguna persona a disposición de los jueces, solamente al 1.6 por ciento del total de los delitos cometidos. Es decir, de cada 100 delitos solamente 1.6 llega ante el conocimiento de un juez. Las condenas judiciales alcanzaron una cifra del 1.06 por ciento, lo que significa que la impunidad alcanza una cifra del 99 por ciento en nuestro país. Transparencia Internacional publica anualmente el Índice de Percepción de la Corrupción, mismo que se obtiene de los análisis estadísticos de la percepción que en la sociedad existe en relación con la corrupción en cada país determinado. Los datos nos enseñan que el sistema penal y administrativo en México es claramente ineficiente para combatir la corrupción, tanto por la impunidad genérica como por las causas específicas. Más aún, parecieran ser fórmulas estructuralmente diseñadas para encubrir las responsabilidades penales y administrativas de los servidores públicos. Aún así existen quienes desde el poder mencionan que la corrupción es parte de la cultura. Esperemos que eso lo tomen en consideración ahora que van a discutir la Ley General de Cultura. Los corruptos son delincuentes que no tienen necesidad de huir de nada; nadie les agarra el cuello. Están más allá de algún inexorable envilecimiento, aunque algún juez molesto los haga comparecer para una cierta denuncia. Es una incomodidad, pero finalmente no ocurre nada. Todos los días los noticiarios nos asombran con nuevos actos de corrupción, cuando no es un gobernador, es un diputado, y si no el regidor en turno, o los directores de cualquier nivel de gobierno. Parece que cada vez más los funcionarios corruptos se las ingenian para servirse del erario público, inventan nuevas figuras jurídicas, nombres para los organismos, nuevos puestos como el de los consejeros independientes estoy por concluir de las empresas productivas del Estado que están sujetos a un régimen especial. Con todas estas artimañas, con una enredadera legal es como los supuestos servidores públicos evaden la acción de la justicia. No podemos permitir que esta enredadera legal siga expandiéndose y menos en materia penal, donde la exactitud de los términos utilizados es garantía de seguridad jurídica al momento de aplicar la ley, sólo así podremos evitar la existencia de lagunas u oscuridad en la ley, que permita a los funcionarios quedar impunes. Más allá de los comités de los órganos internos de control, de las sanciones administrativas, es ante la justicia en materia penal donde la corrupción obtiene su verdadero castigo. A pesar de todos estos señalamientos, en el Grupo Parlamentario de Morena votaremos a favor, pues algo es mejor que nada. Y en verdad les digo diputadas, diputados, quien esté libre de culpa, que apruebe la primera reserva. Es cuanto, diputado presidente.