El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, presidente. Nuestra historia se vuelve a llenar de sangre inocente, el pasado 8 de septiembre de 2008, policías federales y estatales, así como cientos de esquiroles irrumpieron en Cananea, Sonora para agredir a integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, cuyo saldo fue 8 mineros golpeados; 3 heridos de bala y 20 mineros levantados. Las personas que violentan las leyes penales en ocasiones se encuentran a su paso la protección de los derechos humanos, pero los trabajadores en nuestro país son tratados peor que delincuentes, sin ninguna garantía, con lo cual se deja a un lado la normatividad que los protege, pero sobre todo el hecho indudable de que los trabajadores son la fuente de toda riqueza en nuestro país, especialmente tratándose de los mineros que desarrollan un trabajo sumamente difícil, riesgoso y con una alta calificación. De pronto pareciera que la mal llamada guerra contra el narcotráfico es sólo una cortina de humo para desmantelar las organizaciones populares y sus derechos, conseguidos como un producto de nuestra Revolución Mexicana que ahora se gusta en festejar con huecos discursos e indignantes festivales. Uno de los principales promotores de todos estos desmanes contra los trabajadores mexicanos y del cual es imposible esperar ninguna corrección, es el señor Javier Lozano Alarcón, cuyo deporte preferido es burlarse de nuestra Constitución y agredir a los trabajadores a los que debiera tutelar frente a los abusos del capital, por lo que es urgente que el señor Lozano sea sometido a un juicio político con fundamento en los artículos 110 y 109 de nuestra Carta Magna con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Hay muchos mexicanos dignos de ocupar el cargo que este funcionario malamente ocupa. Pero a estas alturas ya no basta que se le quite del cargo, sino que se le ponga ante la justicia para que dé cuenta de todos los delitos que ha cometido en contra de la clase trabajadora. Antes ya se solicitó que el Ejecutivo federal removiera a este señor. Se le solicitó directamente al señor Lozano que por un acto de mínima congruencia renunciara; pero ambas peticiones han sido desoídas. En tal virtud toca ahora a esta representación popular hacer lo necesario para quitar a esta persona mediante un juicio político, lo que resulta indispensable para que se aplique una nueva política laboral en nuestro país, congruente con los derechos humanos. Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía con carácter de urgente u obvia resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero. Se exhorta de manera respetuosa a todos los grupos parlamentarios de esta H. Cámara de Diputados para apoyar la propuesta de que se instaure juicio político al secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, con fundamento en los artículos 110 y 109 constitucionales, en relación con el artículo 7o. de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos; y en sus fracciones de la I a la III y de la V a la VII en vista de la legalidad, el decoro nacional y la justicia social. Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal y al gobernador del estado de Sonora, a que se investigue a fondo y se haga justicia sobre la agresión sufrida por los mineros de Cananea el 8 de septiembre de 2010. Muchas gracias por su atención.