El diputado Arturo Santana Alfaro: Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. José María Morelos y Pavón. Con su venia, diputado presidente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla que es un derecho contar con defensa penal gratuita en el caso de personas de escasos recursos económicos, en materia penal, civil, mercantil y familiar, asimismo lo contempla la Ley de Defensoría de Oficio Federal. Por su parte, el artículo 17 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales, así como que para sus servicios se brinden gratuitamente. Con la publicación de la Ley Federal de Defensoría Pública se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública, quien es el encargado de garantizar el derecho a la defensa, permitiendo atender a la población menos favorecida del país bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, contribuyendo a superar desigualdades sociales y a consolidar el Estado de derecho. A nombre del Partido de la Revolución Democrática me permito fijar nuestro posicionamiento en relación con el dictamen a discusión. Es un dictamen por el que se aprueba la iniciativa que presentaron las diputadas Eloísa Chavarrías y la diputada Cecilia Romero y cuyo propósito es reformar la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría de Oficio, para establecer que los servicios de asesoría jurídica se prestarán de manera preferente a los grupos vulnerables. A este respecto, el dictamen de la Comisión de Justicia se pronuncia por aprobar, con modificaciones, la propuesta inicial y queda de la siguiente manera: Los servicios de asesoría jurídica se prestarán preferentemente a las personas que por cualquier razón, económica, social o por diferentes factores enfrenten situaciones de riesgo o discriminación y tengan la necesidad de estos servicios. En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos de acuerdo con estas modificaciones planteadas, pues es claro que el riesgo y la discriminación van más allá de las razones meramente económicas y sociales. Se extienden a toda una serie de factores, como el género, la edad, el color de la piel y muchos otros, por lo que es necesario incluir como sujetos de atención preferente, por parte de la Defensoría Pública, a todas estas personas que enfrentan las más variadas formas de riesgo y discriminación. En pleno siglo XXI muchas personas de nuestro país siguen estando excluidas del acceso a los servicios jurídicos, la igualdad ante la ley es todavía una quimera, compañeras y compañeros. Medidas, como las que hoy están a discusión, contribuyen sin duda alguna a mejorar el acceso a los servicios jurídicos para las personas menos favorecidas. Hay que recordar, compañeras y compañeros legisladores, que hace algunos meses aprobamos todo un entramado de leyes en materia penal y el día de hoy estamos complementando este entramado con un tema no menos importante, como lo es el fortalecimiento, también, de la Defensoría Pública de Oficio para los grupos más vulnerables de este país. Es indudable que se requiere de una revisión un poco más exhaustiva para, también como lo han dicho algunos compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, igualar las condiciones de los defensores públicos con las del Ministerio Público, y que como contrapartes tengan también las mismas posibilidades económicas y que sean retribuidas de igual manera por parte del Estado. Creo pues y estoy convencido que es un dictamen, que es una reforma que coadyuvará sin duda al mejoramiento de la impartición de justicia en nuestro país. Por ello, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática emitirá su voto a favor del presente dictamen y de todos aquellos dictámenes y reformas que evidentemente beneficien a la población más vulnerable de nuestro país. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.