EL PRESIDENTE: Adelante diputado EL DIP. JOSE MANUEL DEL RIO VIRGEN: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Quienes pensaron que la alternancia presidencial en el poder era bastante para cortar de tajo y para siempre nuestros males.... (Leyó, insértese) Con su permiso señora Presidenta; compañeras y compañeros diputados: Quienes pensaron que la alternancia presidencial en el poder era bastante, para cortar de tajo y para siempre nuestros males se equivocaron. En ningún país del mundo que alegue defender la democracia, es suficiente el simple cambio de partido en el poder para acceder plenamente a las transiciones políticas nacionales, complementadas por una gran y extraordinaria convergencia de las fuerzas políticas existentes, sean mayoritarias o las tradicionalmente excluidas. El cambio no es simplemente votar por un partido diferente al que gobierna en turno, va más allá. El cambio debe inspirarse precisamente, en alejar de la vida nacional todo vestigio de autoritarismo y arrogancia presidencial que mantuvo al poder legislativo y al judicial en muchas ocasiones sojuzgado y en el mejor de los casos a su merced. El 6 de julio del 2000 la sociedad votó diferente para darse nuevamente el legítimo derecho de exigirse se respete la Constitución Federal. La violación a la división de poderes inscrita en el artículo 49 constitucional y, la de protestar guardas y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontrada en el artículo 87 constitucional, fue en el fondo el motivo final de que el escenario político nacional diera un giro inédito en el país. Así se presentó un nuevo rostro del Ejecutivo Federal y construyose una nueva composición del Congreso de la Unión, que dio cabida a nuevas fuerzas políticas y sentó las bases de una insipiente pero fortalecida correlación de fuerzas nacionales. La era monárquica del presidencialismo mexicano a ultranza, ha estado casi apunto de desaparecer. Sin embargo, seguidores y esbirros ante la obsesión por el poder fatuo, desde diversos escenarios la alimentan para presentarla nuevamente como una forma de complementar política e impunidad. Por otra parte, el persidencialismo seguirá vivo si no desterramos para siempre todo rito existente que ha hecho el Ejecutivo Federal y sus actos de Gobierno, una verdadera rendición al culto casi mítico que llego incluso a suponerlo un supremo Jefe de Estado. En efecto, durante muchos años, el ejecutivo fue un gran dispensador de los cargos públicos y políticos lo que motivo que muchos de sus seguidores en forma discreta o por demás publica, adularan hasta el cansancio toda actividad proveniente del ejecutivo, incluso hasta sus propios errores ofensivos para el país en el pasado inmediato recordamos los actos masivos estratégicamente planeados para que el Ejecutivo Federal llegase a sentir de alguna u otra forma el apoyo o refrendo del pueblo mexicano a su Gobierno. Llegó al grado la obcecación por la adulación, que un acto republicano del congreso como lo es la apertura de sesiones ordinarias del mismo, el Presidente de la República no solo presentara por escrito un informe si no que lo leyera, lo que en estricto sentido no a resultado tan malo para el país. Pero a cambio de este acto durante muchos años, indistintamente se utilizó este acto para establecer cada primero de septiembre una especie de culto y pleitesía al Ejecutivo Federal, que fue acompañada de verbenas populares, miles de metros de vallas humanas, hasta el recibimiento a estas puertas del palacio legislativo como el mayor símbolo de autoritarismo Presidencial. Es cierto que los tiempos han cambiado y que el Ejecutivo ya no desfila por las calles saludando a miles de acarreados y prácticamente asfixiado por la caída de confeti multicolor. Hoy esos actos han quedado prácticamente atrás. Pero en el fondo siguen vivos por que no hemos sido capaces de acotar constitucional y jurídicamente todas las facultades extra legales del Presidente, así como los actos a los cuales asiste que se encuentra intactos, casi intocables como si quisiéramos mantenerlos vivos renegando de ellos. Un ejemplo de esto es, que a la apertura de sesiones del congreso de la unión, cuando el Ejecutivo presenta por escrito un informe anual de su gestión, el acto en sí ratifica los esquemas del pasado que decimos hoy ya no existen. ¿Pero cómo entender que las cosas han cambiado si el formato de la apertura de sesiones del Congreso sigue siendo el mismo, absolutamente el mismo, con el cual el presiente culmina o inicia un año más de actividades, que hace de este acto del pueblo mexicano, un acto del Ejecutivo Federal, porque las fuerzas representadas en el Congreso exponen sus posicionamientos de partido sin la presencia del Ejecutivo Federal, ya que así lo ha dispuesto sin modificarlo la propia Ley Orgánica del Congreso del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos? El artículo séptimo de la citada ley, establece en su numeral segundo, entre otras cosas que "antes del arribo del Presidente de la República hace uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso". Esto significa que los legisladores oradores presentan los posicionamientos de sus partidos sin la presencia del Presidente de la Republica, que aunque no demerita en sentido estricto el acto de apertura de sesiones del Congreso, tampoco lo hace realmente democrático y republicano. No podemos entender que en un país que se dice plural y democrático donde el congreso dispone, el ejecutivo no escuche de viva voz, cara a cara como lo demanda la sociedad, los posicionamientos de los partidos políticos representados en el Congreso. Como todos sabemos el Presidente llega minutos después de que los partidos fijan sus puntos de vista para adueñarse del escenario, como si fuera un acto que ratificara la Presidencia que tanto daño nos causó. Por ello, es prudente cambiar el formato del primero de septiembre de cada año para que el Presidente además de asistir y dar un informe a la nación, esté presente en la sesión de apertura del Congreso y escuche los posicionamientos de los partidos políticos además de abrirse un debate plural y respetuoso que solo se da cuando los poderes de la Unión son simplemente republicanos. Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con el artículo 71 constitucional y demás relativos, así como los artículos 55 al 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de este honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso en los siguientes términos: Dice: Articulo 7o. 1. 2. Antes del arribo del Presidente de la República hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Debe decir: Artículo 7o. 2. Antes de la intervención del Presidente de la Republica hará uso de la palabra un legislador federal por cada uno de los partidos políticos que concurran, representados en el Congreso. Además deberá abrirse por una sola vez una ronda de preguntas y respuestas por parte de los oradores al Ejecutivo Federal en los términos que se fijen para este caso. Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de marzo de 2002. Diputado José Manuel Del Río Virgen, Convergencia por la Democracia. Dip. José Manuel del Río Virgen Convergencia por la democracia LA C. PRESIDENTA: Muchas gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Con objeto de presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en Materia de Fortalecimiento del Poder Judicial, tiene la palabra el diputado Eduardo Rivera Pérez, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional.. Una precisión: las iniciativas son de reforma en materia del Poder Ejecutivo y son a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EL C. DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional integrantes de esta Quincuagésima Octava Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de establecer un mejor equilibrio en la función del Ejecutivo y fortalecer el principio de la División de Poderes; iniciativa que se inscribe dentro de nuestros planteamientos para la reforma del Estado. EL C. DIP. JOSE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (desde su curul).Señora Presidenta. LA C. PRESIDENTA. Un momento, diputado. Diputado Ramírez Marín. EL C. DIP. JOSE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (desde su curul).Si, señora Presidenta, con su permiso. Solamente para aclarar esta parte del orden del día; estaba inscrito a nombre del Partido de Acción Nacional el tema reformas a diversas disposiciones de la Constitución en materia de Fortalecimiento del Poder Judicial. LA C. PRESIDENTA. Efectivamente, ese es el turno que di, el señor Secretario me informó que había un relevo de orador; de la información del señor Secretario le dimos la palabra a Eduardo Rivera Pérez que está presentando una iniciativa diversa, por lo que el orden que tenía la iniciativa presentada por el diputado Eduardo Rivera Pérez, que es inmediatamente después de la iniciativa que presentará el diputado Alejandro García Sainz Arena, se transmuta por la relativa a la iniciativa del Poder Judicial. Le agradezco al señor Secretario su aviso de botepronto. ¿No tiene usted inconveniente con que continúe el señor diputado? EL C. DIPUTADO JOSE CARLOS RAMÍREZ MARIN, (DESDE SU CURUL).No, Presidenta, muchísimas gracias. LA C. PRESIDENTA. Por favor, diputado. EL C. DIPUTADO EDUARDO RIVERA PEREZ. Gracias. Esta iniciativa se inscribe dentro de nuestros planteamientos para la reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente exposición de motivos: El presidencialismo es la deformación del régimen presidencial, nuestro país durante muchos sexenios se vio afectado por esta distorsión en la que el Presidente de la República centralizaba distintas funciones y facultades, ejerciendo una supremacía ilegítima sobre los demás Poderes Federales y Estatales, restándoles dignidad y eficacia logrando romper de esta forma con el fundamento de la organización democrática federal. Sin pretender desconocer nuestra herencia y realidad respecto de nuestro régimen de gobierno, por medio de la presente iniciativa proponemos diversas reformas de carácter constitucional, las cuales no pretenden debilitar al Ejecutivo, sino lograr un efectivo equilibrio entre los Poderes del Estado. Certidumbre en el ejercicio constitucional del veto presidencial. El veto presidencial, lejos de ser una facultad propia de un régimen donde existe un presidencialismo exacerbado, debe ser una forma de colaboración entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo, a la vez que es un elemento para llevar ponderación en actos de naturaleza grave como las leyes y un instrumento valioso en el juego de pesos y contrapesos, que pare establecer equilibrio entre dos Poderes dispone la Constitución. En el caso del denominado por la Doctrina Veto Suspensivo, el Ejecutivo Federal tiene únicamente diez días para ejercer su derecho al veto; de lo contrario, automáticamente se actualiza su obligación de promulgar y publicar el proyecto de ley enviado por el Poder Legislativo. Ahora bien, en el contenido y alcance del artículo 72 existe una laguna legal que deja en estado de incertidumbre al Congreso de la Unión ante la falta de previsión para el caso de que una ley o decreto, aprobado por esta Asamblea Nacional y enviada al Ejecutivo para su publicación se abstenga de hacerlo, inhibiendo con ello la iniciación de la vigencia, lo que algunos doctrinarios han calificado como una especie de veto de bolsillo a favor del Ejecutivo. El Ejecutivo puede mantener por tiempo indefinido la publicación de la ley y con ello su eficacia ante su falta de vigencia, consecuentemente no puede soslayarse dicha circunstancia, por lo que con el ánimo de avanzar en el perfeccionamiento y fortalecimiento del Poder Legislativo es que se considera necesario establecer una normativa constitucional que dé seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas. Por lo anterior, se propone en la presente iniciativa, adicionar un último párrafo al artículo 72 constitucional, a fin de disponer que si transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para hacer observaciones a la ley o decreto que se le remita para su publicación y no lo hiciere, se considerará promulgado y el Presidente del Congreso de la Unión ordenará su publicación. Nombramiento del Presidente Interino, Sustituto y Provisional. La sustitución del Presidente ha sido una preocupación constante en las Constituciones de México pues siendo la titularidad del Poder Ejecutivo en una persona, al estar ausente habría una carencia de poder y una acefalia que desestabilizaría el orden constitucional del país. Por ello, perfeccionar la legislación vigente para este caso, lejos de vaticinar desastres en la vida republicana, fortalece el actuar de las instituciones, toda vez que establece normas y procedimientos claros, los cuales debe de ser necesario aplicarlos. Así darán certidumbre a la Nación, así como gobernabilidad y transparencia, la posibilidad de que la decisión electoral no se vea disminuida o anulada en su representatividad. Por las consideraciones expuestas es que en la presente iniciativa proponemos reformar el artículo 84 constitucional para que en los casos de falta absoluta del Presidente de la República y que con motivo de ello tenga que nombrarse un presidente interino, provisional o sustituto, según sea el caso, el nombramiento se sujete a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Pero en todo caso la propuesta de candidato para el cargo respectivo, será presentada por el grupo parlamentario del partido político que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata anterior para ese cargo. Asimismo se plantea prever que en el caso de las coaliciones, la propuesta al cargo de Presidente provisional o sustituto, será presentada por el grupo parlamentario del partido político al que se le haya distribuido el mayor número de votos, dentro de la coalición que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata para el cargo de presidente. Adelantar la toma de posesión del Presidente de la República. El Presidente de la República asume el cargo en virtud de la protesta que rinde ante el Congreso de la Unión, misma que de conformidad con la norma constitucional. Sin embargo, nadie puede negar que la actual fecha de inicio del cargo y de toma de posesión, resulta inadecuada con relación a otros asuntos de suma relevancia para la vida nacional. Es decir, con lo concerniente a la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos, ya que actualmente se dispone que la presentación de este paquete económico deberá hacerse a más tardar el 15 de diciembre y el Congreso cerrará sus sesiones a más tardar el 31 del mismo mes. Lo cual nos conduce a situaciones negativas tales como que el presidente constitucional entrante sólo cuente con 15 días para elaborar los proyectos respectivos y que como se tiene conocimiento, prácticamente éste es elaborado por el equipo del presidente saliente. Y por la otra el que el congreso de la Unión tenga para el cumplimiento de sus atribuciones de control presupuestal y de ingreso únicamente 15 días. Por lo tanto resulta inadecuado que estas funciones se constriñen a plazos perentorios que dan lugar a que sea materialmente imposible para e Ejecutivo elaborar dichas iniciativas y que el análisis sea apresurado por parte del Congreso y se renuncie a un examen minucioso, sereno y responsable. Al proponer estas reformas, se hace por diversas consideraciones favorables a nuestro sistema político constitucional: en primer lugar, para que el titular del Ejecutivo entrante tenga el tiempo adecuada y suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingresos del Ejercicio Fiscal del próximo año. En segundo lugar, que el Congreso de la Unión con la adecuación de esta fecha de inicio de encargo y la relativa a la modificación de las fechas de presentación de estos ordenamientos jurídicos, cuente con el tiempo debido para que realice una discusión y aprobación más objetiva de los mismos. Refrendar la no reelección presidencial. Es pertinente para el grupo parlamentario del PAN señalar lo siguiente: El exceso de facultades que se fueron otorgando al Presidente de la República en detrimento del Poder Legislativo, dio origen a la fortaleza del Poder Ejecutivo, siendo éste el centro del poder y de toda la política que gira en torno de él. A este fenómeno se le ha reconocido como la enfermedad del régimen presidencial, es decir, el presidencialismo. Nuestra Constitución Política vigente en su artículo 82, establece las características del sistema presidencial, siendo éste unitario, electo directamente por un periodo de seis años y sin reelección. Actualmente y por convicción, es que refrendamos la No Reelección presidencial, la cual debe conservarse como una de las facultades de la soberanía nacional para limitar al presidente en el tiempo, para permitir un verdadero equilibrio de poderes y la pluralidad que es característica de todo sistema democrático, ya que de no ser así, se perdería la sustentabilidad de nuestras bases constitucionales. Por ello, establecemos de manera tajante e indubitable que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República electo popularmente, no podrá ser reelecto o quien hubiera tenido el carácter de presidente con el carácter de interino, provisional o sustituto y en ningún caso y por ningún motivo, podrá volver a desempeñar el puesto de Presidente de la República. Por un servicio civil de carrera en la Administración Pública Federal. A nadie escapa el hecho de que la Administración Pública Federal se ha visto sometida a cambios y reformas, las cuales han buscado en todo momento su modernización. Resulta esencial generar nuevas aptitudes y actitudes, bajo también una novedosa concepción de cultura y servicio público. Por ello, es importante organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y autorizar estructuras orgánicas y ocupacionales que permitan contribuir al mejoramiento administrativo y fortalecer la función pública. En consecuencia, se plantea establecer en el artículo 90 constitucional, que en la Administración Pública Federal se establecerá el servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus servidores públicos a fin de cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialdiad y eficiencia. Dicho servicio de carrera comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, evaluación. promoción y separación del servicio público. El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva. Compañeros y compañeras legisladores: México tiene hoy un Congreso plural y orgulloso de si mismo. Consciente de su responsabilidad histórica el Ejecutivo y el Legislativo, consideramos que son Poderes que no están opuestos entre si, sino son complementarios. Los mexicanos pueden estar seguros de que los legisladores de Acción Nacional cumpliremos cabalmente nuestro compromiso. Suplico a la presidencia instruya a la secretaría para que inserte en el Diario de los Debates, el texto íntegro de esta Exposición de Motivos y el decreto que adjunto a este mismo documento y que hago entrega en este momento. Gracias. Anteproyecto de iniciativa para perfeccionar el equilibrio en la función del Poder Ejecutivo y fortalecer la división de poderes, dentro de la reforma del estado. Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión presente. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de establecer un mejor equilibrio en la función del Ejecutivo y fortalecer el principio de la división de poderes, iniciativa que se inscribe dentro de nuestros planteamiento para la reforma del estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El presidencialismo es la deformación del régimen presidencial, nuestro país durante muchos sexenios se vio afectado por esta distorsión en la que el Presidente de la República centralizaba distintas funciones y facultades, ejerciendo una supremacía ilegítima sobre los demás poderes federales y estatales, restándoles dignidad y eficacia, logrando romper de esta forma con el fundamento de la organización democrática federal. México pasó de época en la cual el Presidente de la República era el poseedor de la última palabra, a la largamente esperada transición democrática. Ahora es tiempo de apuntalar las instituciones, para que sean éstas y no los titulares, quienes rijan la vida democrática de México. Sin pretender desconocer nuestra herencia y realidad respecto de nuestro régimen de gobierno, por medio de la presente iniciativa proponemos diversas reformas de carácter constitucional, las cuales no pretenden debilitar al Ejecutivo, sino lograr un efectivo equilibrio entre los poderes del Estado. Certidumbre en el ejercicio constitucional del veto presidencial El veto presidencial, lejos de ser una facultad propia de un régimen donde existe un presidencialismo exacerbado, debe ser una forma de colaboración entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a la vez que es un elemento para llevar ponderación en actos de naturaleza grave, como las leyes y un instrumento valioso en el juego de pesos y contrapesos que, para establecer equilibrio entre dos poderes dispone la constitución. En el caso del denominado por la doctrina veto suspensivo, el Ejecutivo Federal tiene únicamente 10 días para ejercer su derecho al veto, de lo contrario, automáticamente se actualiza su obligación de promulgar y publicar el proyecto de ley enviado por el Poder Legislativo. Ahora bien, en el contenido y alcance del artículo 72 existe una laguna legal, que deja en estado de incertidumbre al Congreso de la Unión, ante la falta de previsión para el caso de que una ley o decreto aprobado por esta Asamblea nacional y enviada al Ejecutivo para su publicación, se abstenga de hacerlo, inhibiendo con ello la iniciación de la vigencia; lo que algunos doctrinarios han calificado como una especie de veto de bolsillo a favor del Ejecutivo. El Ejecutivo puede mantener por tiempo indefinido la publicación de la ley, y con ello su eficacia ante su falta de vigencia. Consecuentemente, no puede soslayarse dicha circunstancia, por lo que con el ánimo de avanzar en el perfeccionamiento y fortalecimiento del Poder Legislativo, es que se considera necesario establecer una normatividad constitucional que de seguridad y certidumbre a las decisiones legislativas. Por lo anterior, se propone en la presente iniciativa adicionar un último párrafo al artículo 72 constitucional a fin de disponer que si transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para hacer observaciones a la ley o decreto que se le remita para su publicación y no lo hiciere, se considerará promulgada y el Presidente del Congreso de la Unión, ordenará su publicación. Nombramiento del Presidente interino, sustituto y provisional. La sustitución del Presidente ha sido una preocupación constante en las constituciones de México, pues siendo la titularidad del Poder Ejecutivo en una persona, al estar ausente habría una carencia de poder y una acéfalia que desestabilizaría el orden constitucional del país. Por ello, perfeccionar la legislación vigente para este caso, lejos de vaticinar desastres en la vida republicana, fortalece el actuar de las instituciones, toda vez que establece normas y procedimientos claros, los cuales, de ser necesario aplicarlos, darán certidumbre a la nación, así como gobernabilidad y transparencia; la posibilidad de que la decisión electoral no se vea disminuida o anulada en su representatividad. Por las consideraciones expuestas, es que en la presente iniciativa se propone reformar el artículo 84 Constitucional para que en los casos de falta absoluta del Presidente de la República, y que con motivo de ello tenga que nombrarse un presidente interino, provisional o sustituto, según sea el caso, el nombramiento se sujete a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero en todo caso, la propuesta de candidato para el cargo respectivo, será presentada por el grupo parlamentario del Partido Político que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata anterior para ese cargo. Asimismo se plantea prever que en el caso de las coaliciones, la propuesta al cargo de presidente provisional o sustituto, será presentada por el grupo parlamentario del Partido Político al que se le haya distribuido el mayor número de votos, dentro de la coalición que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata para el cargo de presidente. Adelantar la toma de posesión del Presidente de la República El Presidente de la República asume el cargo en virtud de la protesta que rinde ante el Congreso de la Unión, misma que de conformidad con la norma constitucional lo hace el 1o. de diciembre. Debe hacerlo en los términos de la fórmula ya conocida en la que existe la responsabilidad de guardar hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. La protesta marca el inicio legal del mandato presidencial, determina el momento en que comienza la responsabilidad del Presidente en los términos del Titulo IV Constitucional y fija, en forma indubitable, el inicio de las inmunidades y privilegios que constitucionalmente le asisten. Asimismo este acto formal de protesta se lleva a cabo ante un órgano envestido de legitimidad democrática que le da la elección popular; es decir, el Congreso de la Unión. Es así que los legisladores actuamos como fedatarios y testigos de este acto republicano. Sin embargo, nadie puede negar que la actual fecha de inicio del cargo y de toma de posesión, resulta inadecuada con relación a otros asuntos de suma relevancia para la vida nacional; es decir, con lo concerniente a la formulación y presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Ley de Ingreso; ya que actualmente se dispone que la presentación de este "paquete económico", deberá hacerse a más tardar el 15 de diciembre y el Congreso cerrara su sesiones el 31 de diciembre cuando inicie su encargo el Presidente. Lo cual nos conduce a situaciones negativas, tales como que el Presidente Constitucional entrante sólo cuente con 15 días para elaborar los proyectos respectivos y que como se tiene conocimiento prácticamente este es elaborado por el equipo del presidente saliente y por la otra el que el Congreso de la Unión tenga para el cumplimiento de sus atribuciones de control presupuestal y de ingreso, únicamente 15 días. Por lo que resulta, inadecuado ya que estas funciones se constriñen a plazos perentorios que dan lugar a que sea materialmente imposible para el Ejecutivo elaborar dichas iniciativas y que el análisis sea apresurado por parte del Congreso y se renuncie a un examen minucioso, sereno y responsable. Aunado a lo anterior, habría que añadir, que resulta también inconveniente el que exista un periodo tan amplio de transición; es decir, un plazo de aproximadamente cinco meses en donde tenemos por una lado al Presidente Constitucional saliente y un presidente electo entrante, lo que en un marco de pluralidad y alternancia, puede llegar a resultar un riesgo de estabilidad política. Por lo que resulta oportuno establecer un marco legal adecuado que elimine estos aspectos negativos que hoy día se originan; en tal sentido, en la presente iniciativa se plantea reformar el artículo 84 Constitucional para adelantar el inicio de encargo y toma de posesión del Presidente de la República, para que esto se lleve a cabo el día 1o. de octubre en lugar del 1o. de diciembre. Al proponer esta reforma se hace por diversas consideraciones favorables a nuestro sistema político constitucional a saber: 1. Que el titular del Ejecutivo Federal entrante tenga el tiempo adecuado y suficiente para elaborar el Presupuesto de Egresos de la Federación y la ley de Ingresos del ejercicio fiscal del próximo año, que le permita planear en la medida de lo posible una mayor precisión de las políticas públicas a aplicar durante el siguiente año y desde su visión y compromiso de gobierno; 2. Que el Congreso de la Unión, con la adecuación de esta fecha de inicio de encargo y la relativa a la modificación de las fechas de presentación de estos ordenamientos jurídicos, cuente con el tiempo debido para que realice una discusión y aprobación más objetiva de los mismos. Refrendar la no reelección presidencial El exceso de facultades que se fueron otorgando al Presidente de la República en detrimento del Legislativo, dio origen a la fortaleza del Poder Ejecutivo, siendo éste el centro del poder y de toda la política que gira en torno de él. A éste fenómeno se le ha reconocido como la enfermedad del régimen presidencial, es decir, el presidencialismo, ya que lo ha degenerado, fragmentando el equilibrio estatal acaparando el poder. Nuestra Constitución Política vigente en su artículo 82, establece las características del sistema presidencial, siendo éste unitario, electo directamente por un periodo de seis años y sin reelección. Actualmente y por convicción es que refrendamos la no reelección presidencial, la cual debe conservarse como una de la facultades de la soberanía nacional para limitar al presidente en el tiempo, para permitir un verdadero equilibrio de poderes y la pluralidad que es característica de todo sistema democrático, ya que de no ser así se perderían las sustentabilidad de nuestras bases constitucionales. Se establece de manera tajante e indubitable que el ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República, electo popularmente, no podrá ser reelecto, o quien hubiere tenido el carácter de Presidente con el carácter de interino, provisional o sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar el puesto de Presidente. Finalmente en este punto cabe mencionar que se debe distinguir la reelección presidencial de la legislativa, en virtud de que la primera, generaría acaparamiento de poder, en cambio la reelección legislativa debidamente acotada, permitiría el fortalecimiento del legislativo y de sus funciones de control sobre el Ejecutivo, permitiendo un desarrollo integral del estado. Por un servicio civil de carrera en la Administración Pública Federal. A nadie escapa el hecho de que la Administración Pública Federal se ha visto sometida a cambios y reformas, las cuales han buscado en todo momento su modernización, con el propósito de poder dar mejores respuestas a las crecientes demandas de la sociedad y proporcionar servicios públicos, no sólo de calidad sino en un esquema regido esencialmente por el criterio de la equidad. Existe la convicción compartida por muchos sectores de la sociedad mexicana de que una administración eficiente e imparcial, sin duda, contribuye a fortalecer el Estado de Derecho. Resulta esencial generar nuevas aptitudes y actitudes bajo una también novedosa concepción de cultura y servicio público, en la que el centro de atención lo constituyan los miles de ciudadanos que entablan una relación día con día con la administración pública. Organizar y coordinar el desarrollo administrativo integral de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y autorizar estructuras orgánicas y ocupacionales que permitan contribuir al mejoramiento administrativo y fortalecer la función pública, para que ésta efectivamente responda a lo que la sociedad espera y necesita de ella. En consecuencia se plantea establecer en el artículo 90 constitucional que en la Administración Pública Federal se establecerá el servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus servidores públicos, a fin de cumplir con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Dicho servicio de carrera comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, evaluación, promoción y separación del servicio público. El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva. México tiene hoy un Congreso plural y orgulloso de sí mismo. Consiente de su responsabilidad histórica. Ejecutivo y Legislativo no son opuestos entre sí, son complementarios. Los mexicanos pueden estar seguros de que los legisladores de Acción Nacional cumplirán cabalmente su compromiso. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la consideración de esta representación nacional el siguiente: Proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo único. Se reforma el artículos 85 párrafo primero; se adicionan al artículo 72 un párrafo segundo al inciso b; 84 párrafos cuarto y quinto; 90 un párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar de la siguiente forma: Artículo 72. . . a) y b. . . Si hubiese transcurrido el plazo que el Ejecutivo tiene para formular las observaciones a que se refiere el párrafo anterior y no las hubiere hecho, el decreto o ley de que se trate será considerado promulgado y el Presidente del Congreso de la Unión ordenará su publicación. c). . . Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1o. de octubre y durará en el seis años. El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Presidente de la República electo popularmente, o con el carácter de interino, provisional y sustituto, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. Artículo 84. . . El nombramiento de presidente provisional, interino o sustituto en los términos del presente artículo, se sujetará a lo previsto en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pero en todo caso, la propuesta de candidato para el cargo respectivo, será presentada por el grupo parlamentario del Partido Político que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata anterior para ese cargo. En el caso de las coaliciones, la propuesta a que alude el párrafo anterior será presentada por el grupo parlamentario del Partido Político al que se le haya distribuido el mayor número de votos, dentro de la coalición que hubiere postulado al candidato triunfador en la elección federal inmediata para el cargo de presidente. Artículo 85. Si al comenzar un periodo Constitucional no se presentase el Presidente electo o la elección no estuviese hecha y declarada el 1o. de octubre, cesará sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso de la Unión, o en su falta, con el carácter de provisional, el que designe la Comisión Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior. Artículo 90. . . En la Administración Pública Federal se establecerá el servicio de carrera como elemento básico para la formación de sus servidores públicos, para garantizar los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. El servicio de carrera comprenderá los requisitos y procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación, adiestramiento, desarrollo, actualización, permanencia, evaluación, promoción y separación del servicio público. El Congreso de la Unión expedirá la ley respectiva. ARTICULO TRANSITORIO. Único. El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de marzo de 2002.  Diputados: Manuel Minjares, Armanda Salinas, Eduardo Rivera Pérez, Luis Fernando Sánchez Nava, Miguel Gutiérrez Hernández, Salvador Escobedo, Juan Carlos Pallares Bueno, Fernando P. N., Yadira Tamayo H., Patricia Martínez, Manuel Osorio, Guillermo Anaya Ll., Miguel A. M., Raúl García Guzmán, Cuauhtémoc Cardona, Germán A. Pellegrini , y Gabriela Cuevas B.» PRESIDENTA: Muchas gracias ciudadano diputado. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Y le ruego a la secretaría tome providencias para publicar el texto íntegro, tal como lo solicitó el ciudadano diputado. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- La iniciativa que deroga el artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002, será leída al final de iniciativas por el diputado proponente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- En consecuencia tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro García Sáenz Arenas, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. DIP. ALEJANDRO GARCIA SAENZ: Muchas gracias a la presidencia. Compañeras y compañeros diputados: La infraestructura del país a lo largo de los años, ha sido edificada conjuntamente ... (LEYO. INSERTESE) «Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. LVIII Legislatura. Presente. Bernardo de la Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Epezia Maldonado; diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: EXPOSICION DE MOTIVOS La infraestructura del país a lo largo de los años, ha sido edificada conjuntamente mediante los esfuerzos del Gobierno, de la iniciativa privada y de la misma ciudadanía. Sin estas obras y construcciones no podríamos haber alcanzado por mucho, el nivel de comunicaciones y servicios con los que la nación cuenta actualmente. Estas transformaciones producen, en algunos casos, que el marco jurídico se vea rebasado por las nuevas realidades a las que nos enfrentamos los mexicanos, por lo cual, dichas transformaciones requieren un estudio más concienzudo y apegado a lo que el pueblo actualmente demanda. Razón por demás necesaria, el establecer una adecuada planeación de las comunicaciones y transportes, la cual es base indispensable para el desenvolvimiento económico del país, sobre todo cuando es concebido a largo plazo. Por ello, la necesidad de que sea la misma ciudadanía, la cual deposita en el Congreso de la Unión las facultades escrutadoras del ejercicio del Poder Ejecutivo, la que revise que dichas inversiones están apegadas a derecho. Si con estas reformas podemos dar certidumbre jurídica y moral a los actos de Gobierno; resulta imperativo implementar los cambios a la legislación correspondiente y contribuir con ello a la planeación democrática del desarrollo nacional. Las concesiones deben ser otorgadas procurando el mayor beneficio de la sociedad, pero no con una visión mediática del asunto, sino de, proyectar los beneficios de una manera más integral. Desafortunadamente, nuestro país, a través de la historia, ha vivido situaciones en las que los procedimientos para la asignación de una concesión no han sido del todo apegadas a la honestidad y transparencia requeridos. Lo anterior ha traído como consecuencia que la ciudadanía no tenga plena confianza en este tipo de procedimientos, pues existe la posibilidad de que las. autoridades encargadas de analizar las opciones que los interesados presentan, tengan claro desde un principio quien va a ser el beneficiario, contribuyendo así a la falta de equidad que lesiona los intereses de la nación. Por ello, para evitar lesionar los intereses de los particulares que con ánimo y confianza invierten en México; así como para: evitar postergar el expedito y sano desarrollo de dichos intereses, incluimos en nuestra propuesta la afirmativa ficta, la cual dotará de certidumbre y eficacia en estos procesos. Asimismo, consideramos que la Comisión Permanente deberá resolver el dictamen de la comisión especial encargada de dictaminar si la concesión cumple satisfactoriamente a juicio de esta Cámara de Diputados la normatividad aplicable en la materia. Para nosotros como legisladores, es de suma importancia recobrar la ya tan fracturada confianza de todos los mexicanos en sus instituciones, no basta decir que se generó un cambio si éste no es percibido por los ciudadanos. Es necesario promover la expedición de leyes que promuevan la planeación nacional del :desarrollo económico y social, garantizando con esto el saludable manejo de los recursos públicos y su relación con los particulares para proveer un desarrollo eficaz y sustentable. Es momento de demostrar que se terminaron los privilegios a cualquier nivel y que desde el lugar en que ahora nos encontramos, sumaremos esfuerzos para velar por los intereses generales del país y procurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos sus rincones. La fiscalización del accionar en materia de concesiones otorgadas por las dependencias de la Administración Pública Federal, cuando así lo considere necesario la Cámara de Diputados, demuestra apertura y claridad en el manejo de los recursos y servicios públicos. Si con ello se aclaran manejos turbios o se dilucidan administraciones sanas y apegadas a derecho, podremos consolidar nuestro sistema democrático, vigente. El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, tiene la plena seguridad de que con la presente iniciativa de reforma, :y dados los tiempos de cambio que estamos viviendo, se dotará de una mayor transparencia a ese procedimiento de concesiones que realiza el Ejecutivo Federal, evitando en la medida, de lo posible, que se puedan presentar, actos de corrupción o favorecimiento de intereses. Por dicho motivo se propone que el Congreso de la Unión mediante cualquiera de las dos cámaras, sea quién ratifique el otorgamiento de concesiones en cada uno de los procedimientos de la concesión que lleve a cabo la dependencia encargada del Ejecutivo. Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA DE DECRETO Mediante el cual se adicionan los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se adicionan los numerales 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 al artículo 42 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 42. 1. . . 2. En materia de concesiones, permisos y prórrogas que otorgue la Administración Pública Federal y en las que la Cámara tenga facultad para conocer y además así lo haya solicitado, se constituirá la comisión especial de concesiones coniforme al numeral anterior: : . 3. La comisión especial de concesiones, tiene a su cargo verificar que el procedimiento para otorgar concesiones, permisos y prórrogas por la Administración Pública Federal se realice conforme a las leyes aplicables en la materia. 4. Al concluir las actividades de la Comisión Especial de Concesiones, esta deberá presentar un informe detallado de todas las actividades realizadas por la-misma, y de resultar procedente, formulará las recomendaciones o denuncias que correspondan: 5. El informe a que se refiere el numeral anterior, deberá discutirse en el pleno de la Cámara, y si derivado de la discusión existiesen votos particulares, éstos se agregaran al informe. El informe deberá publicarse en el Diario de los Debates. 6. Si la Cámara solicita intervenir en este proceso, esta deberá dar respuesta antes de 40 días naturales después de que el Ejecutivo Federal haya resuelto la concesión, en caso contrario se entenderá como resuelta sin ninguna restricción para que se otorgue la concesión. 7: En caso de que la Cámara de Diputados haya terminado su periodo ordinario y el trámite de la concesión se encuentre en la comisión especial o no se encuentre sesionando en un periodo ordinario de sesiones, o no haya sido convocada a periodo extraordinario de sesiones para resolver sobre una concesión en particular, la Comisión Permanente resolverá lo conducente. 8. En todo lo no previsto en este artículo, se aplicarán las disposiciones previstas por esta ley en su Título Segundo, capítulo sexto y en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULOS TRANSITORIOS Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a 20 días de marzo de 2002. Partido Verde Ecologista de México. Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vicecoordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia Gar, cía Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arenas, lMaría Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado. PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. e insértese íntegramente en el Diario de los Debates y en la Gaceta. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Esta presidencia se hace a si misma una fe de erratas y solicita que en lugar de poner transmuta, que no existe y que fue un apócope de transfiere y permuta, se ponga permuta. Se concede el uso de la palabra a la diputada Yadira Tamayo Herrera, del grupo parlamentario de Acción Nacional, para presentar una iniciativa de reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Fortalecimiento del Poder Judicial. DIP. YADIRA TAMAYO HERRERA: Con permiso de la mesa directiva: (LEYO. INSERTESE) Ciudadana Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de fortalecer el Poder Judicial de la Federación, iniciativa que se inscribe dentro de la visión de la reforma del Estado en este rubro. misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Acción Nacional refrenda su compromiso con la renovación y perfeccionamiento de una vida social institucionalizada. De allí se desprende la necesidad de un diseño institucional que sea congruente con el cambio que se dio a partir del 2 de julio del año 2000 y que atienda las exigencias de una auténtica reforma del Estado. Así, encontramos la necesidad de jurisdicción que se impone como un deber del Estado, en donde el contenido de la norma no sólo exige su precisión como garantía, sino fundamentalmente su plenitud, verdadero anhelo de la justicia de la nación mexicana. Al Poder Judicial le corresponde la defensa del Derecho, interpretar la ley para establecer el orden jurídico, terminar con la incertidumbre, asegurar los derechos e intereses legalmente protegidos, reprimir las violaciones a la legalidad y resolver los conflictos de intereses. Este tiene la importante función de contribuir a mantener el orden, la seguridad, la legalidad, la justicia, asegurando la paz y la tranquilidad, concurriendo así a la realización del bienestar social y al buen funcionamiento de la sociedad. En tal virtud, el Poder Judicial de la Federación, como responsable de la administración de justicia, requiere de condiciones de legitimación mucha más exigentes, como lo son la independencia, la eficiencia y la accesibilidad. Con las reformas constitucionales de 1994, sin duda se dio un gran avance al fortalecimiento del Poder Judicial, mejorando su funcionamiento administrativo, pero insuficiente en cuanto a sus alcances. Sin embargo, la tarea de perfeccionar y consolidar nuestras instituciones de justicia debe continuar, por lo que presentamos la iniciativa de Reforma al Poder Judicial que plantea las siguientes propuestas: *Unicidad jurisdiccional: incorporación de los tribunales en materia agraria, laboral y de lo contencioso administrativo al Poder Judicial. El orden federal del sistema jurisdiccional mexicano, se compone a partir de diferentes tribunales no judiciales, que a pesar de que materialmente dirimen controversia, formalmente no pertenecen al Poder Judicial, tales como el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, los tribunales agrarios, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, entre otros. Lo anterior sin duda es un detrimento al Poder Judicial como poder responsable de la potestad jurisdiccional y solución de las controversias. Por ello se plantea el establecimiento de la unidad judicial, en el entendido de que todo el orden jurídico se enlace en un solo poder, que no se distribuyan en diversas instituciones y se pierdan en una complejidad administrativa las competencias de legalidad, de anulación o incluso de jurisdicción. Mediante la incorporación de los tribunales en materia agraria, contencioso administrativo y laboral, se evitarían duplicidades y disfuncionalidades en el ejercicio de la potestad jurisdiccional encomendado al Poder Judicial. No se violentarían o cuestionarían los principios de independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción. Asimismo, con esta reforma el consejo de la Judicatura Federal, sería el único responsable de la vigilancia y disciplina de los juzgadores y del servicio de la carrera judicial. Para evitar el rezago en el que se encuentra nuestro país en materia de unicidad judicial debemos destacar que países como España, Guatemala, Perú, Panamá, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda, Japón, entre otros, ya han incorporado a su fecha este mecanismo en sus sistemas jurídicos. En virtud de lo anterior, proponemos reformar el artículo 27 a efecto de establecer que los tribunales responsables de la administración de justicia agraria pertenezcan al Poder Judicial de la Federación. Se pretende establecer en el artículo 94 constitucional que el ejercicio del Poder Judicial de la Federación se deposite en la Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en los Tribunales en materia agraria, laboral y de los Contencioso Administrativo, en tribunales colegiados y unitarios de Circuito y en juzgados de Distrito. Congruentemente con la incorporación de los tribunales en materia agraria, laboral y contencioso administrativo al Poder Judicial que se hace en el primer párrafo del artículo 94, es que se plantea reformar sus subsecuentes párrafos y planteamos las adecuaciones a los numerales 94, 100, 101, 105, 107 y 110 para la viabilidad de la propuesta de la unicidad judicial planteada en la presente iniciativa. Fortalecimiento del Consejo de la Judicatura Federal. Como anteriormente se citó, en diciembre de 1994 se produjo una reforma judicial en dos vertientes principales: la reestructuración orgánica y funcional de la Suprema Corte y la creación del Consejo de la Judicatura Federal. En la segunda vertiente se crea el autogobierno del Poder Judicial, dando paso al Consejo de la Judicatura Federal como un órgano cuya misión principal es garantizar la independencia del Poder Judicial en su conjunto y cuidar que se apliquen en todo tiempo los principios de la carrera judicial. Al mismo tiempo se encarga de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. Cabe aclarar que en 1999 las normas constitucionales sobre el Consejo de la Judicatura sufrieron reformas y adiciones. Con ésta, la autonomía del Consejo de la Judicatura se vio vulnerada, ya que se confirió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de revocar las resoluciones que dicho Consejo emitiera. Asimismo se cambió el procedimiento para la designación de los miembros del consejo, de tal forma que ya no sería mediante insaculación, sino que fuera el pleno de la Corte el que los designe por mayoría de ocho votos. En tal sentido se considera indispensable reflexionar nuevamente sobre la reestructura del Consejo de la Judicatura, a fin de que cumpla de manera eficaz su función como órgano auxiliar en la administración del Poder Judicial de la Federación. Se propone reformar el artículo 100 constitucional, a efecto de establecer que el consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, pero estableciendo que las decisiones del consejo serán definitiva a inatacables. Se mantiene el precepto en lo tocante a que la Suprema Corte puede solicitar al consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. Sin embargo, esta iniciativa propone eliminar o derogar la disposición que permitía al pleno de la Corte el poder revisar y, en su caso, recovar los que el consejo apruebe por mayoría de cuando menos ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas atribuciones. Facultad de iniciativa de Ley de la Suprema Corte de Justicia de la Nación La iniciativa de ley es un derecho establecido por la Constitución para poder promover en el ámbito del Poder Legislativo, conforme a los procedimientos determinados en el propio texto de la ley fundamental. Actualmente, conforme a nuestro artículo 71 constitucional, quienes tienen la facultad para iniciar leyes son: el Presidente de la República, los diputados y senadores del Congreso y las legislaturas de los estados. En tal sentido se propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuente con esta facultad en lo concerniente a la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con esta propuesta se permitiría dar mayor legitimidad al origen, formulación y vigencia de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por otra parte, cabe destacar que en otros países se establece como facultad de la Corte el derecho de iniciar leyes, como lo son en Noruega, España, Colombia, Cuba, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Perú, Venezuela, Panamá, Brasil, República Dominicana, El Salvador y Guatemala. Por último, en la mayoría de las constitucionales locales de los estados de la República Mexicana, se reconoce este derecho. Por lo anterior se propone adicionar una fracción al artículo 71 de nuestra Ley Fundamental, para establecer que corresponderá también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la facultad de iniciativa de ley, pero únicamente en cuanto a su Ley Orgánica. FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMIA DE LOS PODERES JUDICIALES LOCALES. Uno de los principales problemas que enfrenta el Poder Judicial Federal, es el rezago de expedientes, cuya causa se fundamenta en el juicio de amparo y en la manera en que éste es interpuesto. El Poder Judicial Federal, al resolver estos juicios, actúa como el revisor de la legalidad de las decisiones de los Tribunales del Fuero Común y además, tiene la función de proteger las garantías individuales. El juicio de amparo que en principio fue ideado para proteger los derechos individuales, ha derivado en ser un recurso de revisión de la legalidad de las resoluciones de las dependencias de los Poderes Ejecutivo Federal y locales e incluso de las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales de los Poderes Judiciales locales. Por otra parte, para que la función revisora del Poder Federal disminuya, se requiere que haya mayor homogeneidad en los niveles de confianza, en la impartición de justicia entre el fuero federal y común. La autonomía de este poder en el ámbito local debe fortalecerse a través de la profesionalización de los funcionarios. Es así que el Poder Judicial, en el ámbito estatal, aún conserva una estructura y organización arcaicos. En algunas entidades de la Federación, en la práctica subsiste la sujeción de los tribunales superiores de Justicia a la autoridad del gobernador, el sistema de permanencia en la carrera judicial en el fuero común no está suficientemente garantizado en todas las entidades, lo que da lugar al sometimiento de algunos funcionarios a fin de preservar sus cargos, esto hace aparecer a la impartición de justicia, poco confiable a la luz de los ojos de los ciudadanos. No se puede mantener una organización judicial que conlleve dos niveles de justicia que no están articulados entre ellos: el local y el federal. Las deficiencias del primero traen como consecuencia el rezago del segundo y el único perjudicado con esta situación es el ciudadano. La articulación entre estos poderes sólo se logrará cuando el nivel de independencia y profesionalización del federal y de los locales sea en la medida de lo posible similar. En consecuencia, proponemos reformar la fracción II del artículo 116 de la Constitución Federal, a fin de implementar un procedimiento para que la independencia del Poder Judicial local se haga de una manera clara en la selección de los magistrados que integren este poder, por lo que integramos una adición al texto constitucional, a efecto de lograr plasman en él la elección de los miembros que conformen el Poder Judicial local en cada una de las entidades federativas del país y del Distrito Federal, realizando un equilibrio de poderes, ya que el Poder Ejecutivo será el que proponga al Congreso local una terna para que se apruebe al magistrado o magistrados que la representación popular decida. Se propone establecer la creación de consejos de la Judicatura en las entidades federativas. Por lo que se hace necesario una adición constitucional que permee en todo el país, indicando que se creen en todas las entidades federativas los consejos de la Judicatura y además dotarles de facultades como la vigilancia y disciplina del Poder Judicial local y la implantación de la carrera judicial local, para que se cumpla con los principios de honradez, imparcialidad, excelencia, legalidad, lealtad y eficiencia, así como la elaboración del presupuesto de egresos de cada uno de los tribunales locales. Con estas propuestas se podría contribuir a promover, en pocos años, poderes judiciales locales fuertes e independientes del poder político, como lo exige la división de poderes, fortaleciendo las garantías individuales de los ciudadanos y la eficacia misma de las instituciones públicas. Esto es todo por mi parte, suplico instruya a la Secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la exposición de motivos y del decreto que en estos momentos entrego. Esto es todo por mi parte. Suplico a la presidencia instruya a la secretaría para que se inserte en el Diario de los Debates el texto íntegro de la exposición de motivos y del decreto que en estos momentos entrego. Muchísimas gracias.