El diputado Gerardo Ulloa Pérez: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, hoy discutimos una reforma de fondo, estratégica y profundamente necesaria para la seguridad pública de nuestro país. La presidenta constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, presentó la iniciativa con proyecto de decreto para expedir la nueva Ley de la Guardia Nacional y reformar diversas disposiciones de seis leyes y dos códigos que forman parte del andamiaje jurídico en materia de seguridad pública y militar. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa no parte de ocurrencias, es el resultado de la necesidad de armonizar el marco legal con la reforma constitucional publicada el 30 de septiembre del 2024, en la que se reconoce a la Guardia Nacional como una fuerza profesional de carácter permanente, integrada por personal con formación policial, adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional, pero con funciones exclusivamente civiles en el ámbito de la seguridad pública federal. ¿Qué busca esta reforma? Busca consolidar a la Guardia Nacional como una institución con reglas claras, con ruta profesional, con orden jerárquico y con disciplina. Con esta reforma, la cuarta transformación crea un cuerpo policial, una fuerza que no dependa de vaivenes sexenales, sino que trascienda gobiernos y que tenga presencia territorial permanente para garantizar paz y seguridad en todo el país. La oposición vendrá a decir que esto es una militarización encubierta, pero están equivocados. Confunden la adscripción administrativa con el mando operativo y estratégico. La Guardia Nacional no cambia su naturaleza jurídica: sigue siendo una fuerza de seguridad pública y está bajo la conducción del Ejecutivo federal y actúa en todo momento conforme a lo establecido en el artículo 21 constitucional. ¿Qué ganan las y los mexicanos con esta reforma? Ganan una Guardia Nacional más capacitada, más profesional, con mayor cobertura y capacidad de despliegue. Se fortalece la presencia en estados y municipios y se articula la actuación con el Ministerio Público, policías locales y fuerzas estatales. Algunos opositores dirán que esta reforma debilita el control civil. Falso. La persona titular del Ejecutivo federal mantiene el mando supremo y es quien designa al comandante de la Guardia Nacional quien dirigirá la operación bajo reglas estrictas. El secretario de la Defensa Nacional tiene funciones de administración y logística, pero quien diseña la estrategia es el poder civil. La ciudadanía gana transparencia y control. Esta reforma establece un régimen claro de responsabilidades. La Guardia Nacional se regirá por los principios de patriotismo, legalidad, objetividad, eficiencia, honradez, honestidad y respeto a los derechos humanos y será fiscalizada por órganos internos y por la inspección del Ejecutivo, así como también se crean figuras penales específicas para castigar abusos, corrupción o uso indebido del uniforme. Afirmar que se militariza la seguridad pública es no haber leído la iniciativa, querer confundir al pueblo por razones políticas. Lo que esta reforma hace es reconocer a la Guardia Nacional en el marco legal como integrante de la Secretaría de la Defensa Nacional y coordinarse con el Centro Nacional de Inteligencia y el Centro Nacional de Información para generar, compartir y obtener información para el cumplimiento de la estrategia de seguridad nacional. Hoy dejamos atrás los modelos improvisados del pasado, hoy fortalecemos una Guardia Nacional con carácter civil, profesional, eficaz y legalmente respaldada. Es una institución que responde a la necesidad más sentida del pueblo: vivir en paz. Por eso, el Grupo Parlamentario de Morena votará a favor de este dictamen. Lo hacemos con plena convicción, sabiendo que no hay transformación sin seguridad, ni seguridad sin instituciones sólidas. Es cuanto, presidenta. Gracias.