El diputado Emilio Badillo Ramírez (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. El documento que acaba de presentar el Presidente de la Comisión de Población, Frontera y Asuntos Migratorios, es de suma importancia para la actividad administrativa de los ayuntamientos pero también nos deja ver que la no observancia y la falta de respeto a las leyes protectoras del medio ambiente por parte de la paraestatal no es un asunto menor con actitud de esta naturaleza. Petróleos Mexicanos irrumpe en algunas ocasiones en los municipios y provocan daños que en muchos casos se convierten en irreversibles al equilibrio ecológico al realizar trabajos de exploración, perforación e instalación de ductos, el deterioro ambiental no es consecuencia inevitable del desarrollo sino expresión de un mal desarrollo que lógicamente terminan por incidir sobre los sistemas naturales. Llama la atención la actitud que en algunos municipios aplica la empresa petroquímica, cuando decide realizar trabajos de introducción de ductos sin informar a la autoridad municipal, provocando en muchos casos la inconformidad de las autoridades del ayuntamiento que si se respetaran las formas adecuadas, no debieran provocar conflictos ya que indudablemente este tipo de obras conlleva beneficios económicos para la población pero es necesario que Petróleos Mexicanos mantenga una actitud de colaboración y se muestre abierto al diálogo con los municipios cuando se provoquen daños a la propiedad inmobiliaria. Se debe de crear los convenios de colaboración que implican responsabilidad de ambas partes con un marco de respeto y civilidad. Soy un convencido de que el concepto de municipio libre está vigente en nuestra Carta Magna, démosle la dimensión exacta como la célula principal de nuestro federalismo que merece respeto. Mi fracción parlamentaria se une a este reclamo del diputado Juan Antonio Guajardo, no estamos en contra del desarrollo económico de nuestro país ni de la industria petroquímica sino en pro de un desarrollo armónico donde todas las partes salgamos beneficiados, sólo pedimos un trato igualitario para los municipios y su propiedad inmobiliaria, que se preserve su entorno ecológico, que se respeten los usos y costumbres de muchos de ellos, que se tiendan puentes de comunicación entre autoridades federales, estatales y municipales en la búsqueda de mejores alternativas de solución. Todos sin excepción, tenemos la obligación de buscar siempre los canales de negociación adecuados, donde prevalezcan los consensos sobre los disensos, que no hay vencedor ni vencido, que impere en el ánimo de la negociación el bien común de los gobernados, a ellos nos debemos. El municipio es el que mayor preocupación ha despertado siempre en el legislador, esto ha merecido la mayoría de las reformas buscando el equilibrio que le doten de mecanismos jurídicos que posibiliten su autonomía en la administración, gobierno y hacienda. En cada una de las modificaciones constitucionales que los han enriquecido en su vida jurídica se explica los múltiples capítulos que el municipio ha tenido que vivir. El estatus municipal actual es el resultado de ajustes constitucionales que han acabado por colocarlo en el nivel donde se encuentran la Federación y las entidades federativas dotándolo de prerrogativas y derechos; una de ellas son las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. La cuestión al daño patrimonial y ambiental en los municipios, debe ejercerse con responsabilidad, por cada uno de nosotros en lo individual y en lo colectivo; el deterioro ecológico es la suma de acciones humanas que implican una actitud de indiferencia o ignorancia hacia nuestro entorno. La eliminación de las posibilidades de calidad de vida y de futuro para nuestros hijos, nuestras acciones, pueden contribuir –si así lo queremos- a solucionar gran parte de la problemática. Bajo este orden de ideas, el Congreso de la Unión tiene la obligación política que está debidamente sustentada en la Constitución, de coadyuvar y desplegar todos los recursos legales e institucionales a su alcance para realizar las adecuaciones que sean necesarias para darle certidumbre al desarrollo de los municipios, pero de parte de la paraestatal es necesario que asuma el compromiso firme de respetar el marco legal. Finalmente, le solicito, señor Presiente, sea publicada íntegramente mi participación en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. -