La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente, y con la venia de la asamblea. Según la OCDE, la transparencia es el proceso por el cual la información de las condiciones existentes permite ser accesada para la toma de decisiones y acciones de manera visible y entendible para los ciudadanos. El principio de este derecho de tercera generación, que es el del acceso a la información pública, así se llaman, derechos de tercera generación, porque se supone que se dan en países donde ya están cubiertos los derechos básicos, cosa que sería discutible en México, donde no estamos seguros de, mínimamente, el respeto a los derechos humanos, se entiende que tiene un principio básico, la transparencia. Y es que la información pública le pertenece a la gente, no al gobierno. Y que el gobierno y sus representantes se han arrogado la propiedad de manera inadecuada, en una concepción absurda, donde el gobierno está por encima de la gente y eso no es así. Se ha vuelto, pues, costumbre en esta Cámara de Diputados, aprobar leyes perfectibles. Todo podría ser mejor bajo el argumento de que en la negociación no todo se puede, y entonces, éste es un avance. En materia de transparencia, la realidad es que podíamos y debíamos haber ido más adelante, porque la información no le pertenece ni a los grupos parlamentarios ni al gobierno ni a la procuraduría ni a ningún ente que represente ciudadanos. Porque eso somos, representación de ciudadanos. Entonces, esta Ley de Transparencia tiene un problema básico, está hecha bajo el concepto erróneo de la pertenencia de información del gobierno que no existe. Hoy entonces, no es la excepción y nos quedamos con una ley que pudiese haber sido mejor. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información es, por decir lo menos, no solamente una ley contradictoria o una reforma contradictoria sino hasta esquizofrénica. Por qué. No deben ustedes de olvidar que la segunda semana de diciembre al Senado de la República, en completa opacidad, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó 80 observaciones al dictamen que se estaba discutiendo. Ochenta observaciones que no son públicas, que se filtraron, que nadie conoce, en una Ley de Transparencia. Y sobre éstas 80 observaciones había absurdos tan grandes como que la Consejería Jurídica pedía que se sancionaran a los organismos garantes cuando dieran información que al gobierno no le convenía. Imagínense ustedes la barbaridad, quién iba a determinar lo que se podía transparentar o no, y además se iba a castigar a los órganos que debían de dar esa información si daban la información equivocada. Había otras barbaridades, como decir que solamente se podía abrir información en materia de derechos humanos cuando hubiese una resolución previa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de la Suprema Corte de Justicia o de organismos internacionales. Es decir, que casos tan icónicos como el de Tlatlaya o el de los 43, en violaciones de derechos humanos como las que se presume que tuvo el Ejército y por qué no atendió el Ejército a los estudiantes, no podría ni siquiera ser reclamado, eso pedía la Consejería Jurídica al Senado. Y algunas otras barbaridades, como quitar el concepto de estabilidad monetaria, económica y financiera, y entonces solicitar pues al Senado que en lugar de una Ley de Transparencia hicieran una trampa para garantizar la opacidad en este país y entonces esto generó como consecuencia que el Senado tuviese que abrir foros, pero nunca abrieron las observaciones. Nunca se dijo qué era lo que la Consejería y la Presidencia querían, y entonces abrieron los foros y la sociedad civil tuvo que ir adelante a solicitarle al gobierno que no se cerrara. Y entonces se dan estos foros y ahora sí se bañaron de transparencia y publicidad. Eso es esta ley esquizofrénica, que sí tiene cosas positivas, porque también hay que reconocerlo, reduce los tiempos de procedimiento de acceso a la información gubernamental, integra finalmente el Sistema Nacional para coordinar la política en materia de transparencia, se amplía la lista de sujetos obligados, pero como bien dijo aquí la maestra Sanjuana, no para los grupos parlamentarios, porque hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre. Se aumentan las obligaciones de transparencia proactiva, pero no obstante hay 12 fallas centrales en esta Ley General de Transparencia que no son menores, la principal es el control político del nombramiento de los integrantes del IFAI. Esto quiere decir que a través del veto presidencial y las cuotas en las Cámaras ahora resulta que éstos, los consejeros del IFAI serán, como siempre se ha querido evitar por las izquierdas, cuotas de los partidos. Desgraciadamente como ya lo dije no son sujetos obligados en los mismos términos que los sindicatos y los partidos políticos, que hay que reconocer que es un avance, los poderes fácticos como por ejemplo las petroleras que reciben ahora y que tendrán obligaciones directas del Estado o los grupos parlamentarios o todos aquéllos que sean directos beneficiarios de algún beneficio del gobierno conforme a la reforma energética, sobre todo. El criterio para definir si algo es público o privado para efectos de la transparencia y el acceso a la información pública, no debiese estar solamente en el ejercicio de los recursos públicos porque entonces ahora resulta que no tenemos una Ley de Transparencia, tenemos una ley que publica en qué se gasta el dinero. Ése es un gran absurdo. Aquí se tiene que hablar también de los intereses y de cómo se manejan esos intereses. Eso también es información pública. El Poder Legislativo se otorga a sí mismo, por encima de los demás, un plazo de cinco meses para cumplir la ley, y termino con uno de los más graves y más señalados. La posibilidad prevista en la ley para que el consejero jurídico del gobierno federal interponga el recurso de revisión en materia de seguridad nacional y que concede una definición ambigua y de libre determinación de todos los entes obligados para decir que toda la información puede ser de daño a la seguridad nacional. Eso es esta ley esquizofrénica. No nos pone, compañeros legisladores perdón que lo diga así, no nos pone en el primer mundo. No nos avanza en los derechos de tercera generación. Lo único que demuestra es que otra vez en México se entiende modernizar el poner en papel unas cuantas palabras que se copian del derecho internacional, pero que no hay verdadera voluntad de avanzar. Esta Ley de Transparencia es una ley dual y esquizofrénica y por eso vamos a votar en contra. Gracias.