EL C. SENADOR ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA: Con el permiso de la Directiva. Compañeras y compañeros legisladores: El párrafo primero del artículo 3º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho a la educación básica a los habitantes del país imponiéndola de manera obligatoria en los siguientes términos: Cito: "...todo individuo tiene derecho a recibir la educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria". Por otra parte, el artículo 31 constitucional señala, entre otras obligaciones para los mexicanos, el hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación preescolar, primaria y secundaria, deber que desde luego resulta ineludible, dada la necesidad de contar con mexicanos que tengan los conocimientos científicos y sociales para el engrandecimiento de la patria y que se consagran en la fracción I de dicho numeral. Dada la obligatoriedad mencionada, el Estado Mexicano otorga de manera gratuita la educación en los términos de la fracción IV del invocado artículo 3º. De igual manera en la fracción II del mencionado numeral se señala que el criterio que orientará la educación impartida por el Estado se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Para lograr dichos cometidos, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de febrero de 1980, se creó el organismo público descentralizado del Gobierno Federal denominado Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, mismo que se encarga de la edición e impresión de los libros de texto que servirán para lograr el propósito de educar a nuestra niñez y juventud bajo los lineamientos constitucionales antes señalados. Si bien la actual Comisión mencionada comenzó sus operaciones a finales de la década de 1950, no tenía la personalidad jurídica con la que ahora cuenta. Primera. Conforme al decreto por medio del cual se creó el organismo público "Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos", éste tiene entre otras funciones la de editar e imprimir los libros de texto gratuitos y toda clase de materiales didácticos similares en sus propias instalaciones, por concurso u otro medio si éstos resultasen insuficientes. Segunda. Para lograr su cometido, necesariamente la Comisión que ahora nos ocupa, requiere de fondos económicos suficientes, entendiéndose como tales los necesarios para el pago total de su función, fondos que devienen necesariamente del erario público, mismos que se constituyen con las contribuciones de los habitantes de nuestro país. Dicho en otros términos, los recursos económicos que recibe la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, es dinero proporcionado por los ciudadanos mexicanos. En este contexto, es deber del Ejecutivo el vigilar mediante el organismo creado para tales eventos el buen uso de los recursos públicos, en este caso mediante la Unidad de Auditoría Gubernamental, dependiente de la Subsecretaría de Control y Auditoría de la Gestión Pública, misma que en uso de sus atribuciones procedió a efectuar una auditoría a la Comisión mencionada en cumplimiento a la orden de visita domiciliaria de auditoría número 67/02, de fecha octubre 25 del 2002, acreditando los ejercicios de 1999, 2000 y 2001, cumpliéndose con las normas políticas y procedimientos vigentes. Tercera. Como resultado de la auditoría practicada, se encontró que personal de la Comisión mencionada efectuó actos ilícitos que quebrantaron el patrimonio de la Comisión y consiguientemente dañaron al erario público. En efecto, se encontró que la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, conocida por sus siglas como la Conaliteg, provocó un daño patrimonial a la entidad mencionada por la cantidad de más de 367 millones de pesos, al haber adquirido o maquilado libros de texto gratuitos a un precio mayor al estimado por la comisión editorial de la Conaliteg y el mercado. La cantidad mencionada de compone de 107 millones y 270 millones. El primero es resultado de la diferencia entre el precio adjudicado y el estimado por la comisión editorial y el segundo es la diferencia entre el precio adjudicado y el precio de mercado. Como es fácilmente observable, se desplegó una conducta que da como resultado el quebranto patrimonial mencionado. Por otra parte, la Dirección antes mencionada, es decir, la de Recursos Materiales y Servicios Generales, procedió a pagar el IVA por compra de libros sabiendo de antemano que es un derecho tributario y de conformidad con lo establecido en el inciso i) de la fracción I del artículo 2 A de la Ley del Impuesto al Valor Agregado los libros se encuentran gravados con tasa cero, o sea que en la compra de libros el adquirente no paga dichos impuestos, pago indebido que causa un daño patrimonial a la Conaliteg por la cantidad de 253 mil pesos, misma que se compone de 190 mil pesos de pago directo al proveedor y de 63 mil pesos por el costo financiero generado al 30 de abril del año pasado. También la Dirección en mención causó daño al patrimonio de la Comisión por la cantidad de 560 mil pesos, al entregar ilícitamente a la empresa denominada Grupo Serla la cantidad de 130 mil hojas de cartulina couché sin estar estipulada en las bases de la licitación pública nacional, a la cual concurrió la mencionada empresa privada, entrega de papel que debió descontarse del pago hecho al proveedor; sin embargo, al no descontarse de dicho pago dio como resultado el daño patrimonial mencionado, cantidad que se compone de 466 mil pesos como costo directo y de 124 mil pesos de costo financiero. A las cantidades arriba mencionadas deberán sumarse 54 mil pesos detectados daño patrimonial como resultado de la auditoría. Por lo anteriormente expuesto y fundado solicitamos que esta Comisión cite a comparecer al secretario de la Función Pública, el señor Eduardo Romero Ramos, con la finalidad de que explique los ilícitos cometidos en la Conaliteg en el sexenio pasado y paralelamente se cite a comparecer al director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, el señor Jorge Velazco y Félix, con el fin de que explique y nos informe las acciones preventivas que esa Comisión está realizando para prohibir y evitar estos actos de corrupción. Para lo anterior se anexan a este punto de acuerdo estos documentos en donde vienen las auditorías ya mencionadas.