El diputado Enrique Ochoa Reza: El Grupo Parlamentario del PRI está a favor de esta reforma del Poder Judicial para el Poder Judicial. En algunas constituciones de los estados, los Poderes Judiciales tienen facultad de iniciativa de reforma legal. Nuestra Constitución federal no la tiene. Pero hay que recordar que esta iniciativa vino de una propuesta presentada ante el Senado de la República, del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que aglutina una serie de reflexiones que se han hecho durante mucho tiempo, sobre cuáles son los mecanismos para mejorar el actuar del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, damos un voto de confianza a que la valoración que se han hecho en múltiples foros, desde el Poder Judicial, tiene elementos potentes que ayudarán a mejorar el sistema de justicia. Este Parlamento llevó a cabo también múltiples ejercicios de análisis y discusión sobre la temática que hoy analizamos. Por supuesto que descansa en el Poder Legislativo enriquecer las propuestas parlamentarias que aquí se están analizando. Con mayor razón cuando se discuta la legislación secundaria, que le dé cuerpo a esta reforma constitucional. Rescatamos puntos específicos que nos parecen muy favorables, se eleva a nivel constitucional el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia y paridad de género. Por primera vez se incorpora al texto constitucional, dentro de la carrera judicial, este principio de paridad de género, aspecto que nos parece de primordial importancia. Pero además, precisamente se eleva a rango constitucional el que el Poder Judicial cuente con una Escuela Federal de Formación Judicial, encargada de implementar los procesos de formación, capacitación y actualización, tanto del personal jurisdiccional como del personal administrativo. También queda encargada de establecer los concursos de oposición que den acceso a las mujeres y a los hombres que estén mejor preparadas o preparados para ocupar los cargos dentro del Poder Judicial de la Federación, aspecto notable de esta iniciativa, por lo cual también la apoyamos. También se eleva a rango constitucional el servicio de defensoría pública en asuntos del fuero federal, a través de un nuevo Instituto Federal de la Defensoría Pública, que también se verá beneficiado de la formación que habrá que hacerse en la Escuela Federal de Formación Judicial de las nuevas o nuevos integrantes de este instituto, para mejorar el alcance que puedan tener los justiciables a un sistema de justicia oportuno, que ha sido uno de los talones de Aquiles del Poder Judicial de la Federación. También reconocemos que la reforma propone a nivel constitucional que los tribunales unitarios cambien y sean ahora tribunales de apelación. Serán colegiados, de tres integrantes. Nosotros consideramos que es mejor un tribunal colegiado de tres que un tribunal unitario de una persona, para poder generar mejores condiciones de acceso a la justicia. Un aspecto con el cual no coincidimos en esta reforma es que, a pesar de los avances y alcances que se establecen con el establecimiento de estos tres nuevos cambios institucionales y dos instituciones nuevas, hay un transitorio específico que deja sin recursos adicionales al Poder Judicial de la Federación para volver realidad lo que la letra de la reforma constitucional establece. Este es un error, un error que reiteradamente esta legislatura, que presupuesto tras presupuesto le ha quitado recursos al Poder Judicial de la Federación, lo cual debería ser recompuesto en esta reforma constitucional, dándole más recursos al Poder Judicial de la Federación para alcanzar los objetivos que la misma reforma establece. He escuchado con atención argumentos que dicen que se reduce la capacidad de hacer controversias constitucionales, afectando a las autoridades municipales y estatales. Ahí difiero del análisis que se ha planteado. El proyecto original modificaba el artículo 105 de la Constitución en el sentido siguiente. Decía: Solamente procederán las controversias por violaciones directas a la Constitución. Sin embargo, el Senado modifica la iniciativa y le retira la palabra directas, con lo cual queda abierta la posibilidad de atender a través de la controversia constitucional violaciones directas e indirectas y por lo tanto también aspectos de legalidad, de manera tal que los municipios y los estados pueden acudir en controversia constitucional. Ahí no advertimos cambio significativo alguno. Esta es una reforma generacional. Hace 25 años se llevó a cabo una profunda reforma al Poder Judicial, es hora de hacer la reforma de nuestro tiempo. La reforma constitucional establece el marco general, pero el debate, estudio y análisis precisos corresponderá a la discusión de las reformas legales que deberemos llevar a cabo en esta misma Cámara de Diputados a partir de febrero. Sería altamente deseable que dicha importante reforma se lleve a cabo antes de la contienda electoral y que los aspectos técnicos imperen sobre los anhelos partidarios. México así lo exige. En Partido Revolucionario Institucional así debatiremos la reforma legal al Poder Judicial. Es cuanto. Muchas gracias.