La diputada María Leticia Mendoza Curiel: Con el permiso de la presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, hace apenas una década nació una red social como un sitio desarrollado por estudiantes de una universidad de Estados Unidos que mostraba fotos de la comunidad para que votaran entre ellos, idea que dio paso al desarrollo del Facebook, el sitio de redes sociales tan extendido actualmente que conoció su versión en español entre 2007 y 2008 y se extendió rápidamente a los países de América Latina. Pongo por ejemplo la expansión del Facebook para ilustrar la rapidez con que un fenómeno informático alcanza semejante extensión y para señalar que también, con la misma velocidad actualmente surgen riesgos que son aprovechados con fines delictivos y ante los cuales debemos mantenernos atentos y aun más debemos prevenir. Si bien el mejoramiento y la creciente aplicación del uso de las tecnologías de la información en años recientes ofrecen posibilidades de desarrollo antes impensables, también es cierto que derivado de ello hoy nos enfrentamos a desafíos no imaginados que vuelven necesario hacer acopio de toda nuestra atención y creatividad. Como sabemos, la realidad rebasa siempre a la legislación, con la emergencia de esta gran diversidad y flexibilidad en las nuevas formas de interacción humana. Emergieron también importantes áreas de riesgo contra las personas, las organizaciones y los países. De acuerdo con el reporte de Cibercrimen de Norton, dado a conocer en febrero de este año, en México uno de cada cinco adultos conectados a Internet ha sido víctima de un delito informático, ya sea a través de las redes sociales o los teléfonos celulares. La legislación ha tenido que adaptarse con urgencia a los cambios para incorporar previsiones dirigidas a sancionar conductas asociadas a los nuevos riesgos contra la privacidad, la seguridad de las personas y su patrimonio, estafas electrónicas, transferencias no autorizadas, espionaje, secuestro, pornografía infantil entre otros. El dictamen de la minuta que nos ocupa atiende las inquietudes expresadas por los legisladores de diferentes grupos parlamentarios, expresadas en al menos cuatro iniciativas de reforma legislativa que datan la más antigua de 2008, en las que exponen la preocupación sobre la necesidad de fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, reconocen el lento avance en las adecuaciones del marco legal que regula la sociedad de la información y conocimiento, particularmente de la Internet y las redes sociales digitales. En armonía con las consideraciones expuestas por la comisión dictaminadora coincidimos en el reconocimiento de la necesidad de tomar mayores previsiones no sólo legales, sino de política pública para enfrentar los nuevos aspectos relacionados con la sociedad de la información y conocimiento, recobrando la importancia que para este fin tiene la educación como el proceso más importante de socialización y movilización de la cultura y el componente preventivo. La participación activa de las niñas, niños, adolescentes, de los padres de familia y de las autoridades educativas juegan un papel determinante en la organización efectiva de los trabajos encaminados a lograr una dirección y administración eficiente del sistema educativo, en la que el aprovechamiento de las tecnologías de la comunicación se dirija enérgicamente a favorecer el acceso universal, al mejoramiento de la calidad, el favorecimiento de la equidad y la máxima profesionalización de los educadores. Ante el hecho no cuestionable de que el uso de las herramientas que provén las tecnologías de la información y comunicaciones, por parte de los niños y jóvenes estudiantes, es un fenómeno en franco avance. Es necesario potencializar sus efectos benéficos y mantener estrecha vigilancia e implementar mecanismos de la protección ante los riesgos a la seguridad de este grupo de población. En ese sentido acogemos el espíritu del acuerdo alcanzado durante la presentación del Memorándum de Montevideo, para implementar acciones que involucren a la educación en la prevención contra el mal uso de las tecnologías de la información, sobre todo contra menores. Bajo esa convicción esencial compartimos las precisiones realizadas en el análisis de la comisión que dictamina, para perfeccionar la propuesta de reforma legislativa y de educar su redacción en aras de atender la energía normativa consagrada en el artículo 133 constitucional, y permitir al Ejecutivo normar los aspectos reglamentarios en la materia que corresponda. En este sentido suscribimos la propuesta de reforma para dar atribuciones a las autoridades educativas federal y local de manera concurrente, para fomentar el uso responsable y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación en el sistema educativo termino, presidenta, apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del conocimiento. De esta manera participamos del esfuerzo preventivo que permita conjugar el objetivo de aprovechar el máximo potencial de las herramientas que ofrecen las tecnologías de la información y la prioridad que ocupan las acciones de protección para las niñas, niños y adolescentes en México. Muchas gracias.