El senador Ricardo Fidel Pacheco Rodríguez: Gracias, presidente. Quisiera que constara que esta iniciativa, además de quien usted ha señalado como que la suscribimos, pudiera anotarse al senador Carlos Jiménez Macías, como proponente de la misma. Compañeros y compañeras legisladores, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es un organismo público descentralizado. Su encomienda, de acuerdo con el artículo 94 de la Ley Federal del Trabajo, es fijar los salarios mínimos generales procurando asegurar la congruencia entre éstos y los atributos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al salario mínimo, así como actualizar periódicamente el sistema de salarios. Es evidente que si observamos la realidad de los salarios y cómo se ha deteriorado su poder adquisitivo fácilmente se concluye que dicha comisión no cumple con lo dispuesto por la Constitución ni justifica su existencia ni el aparato burocrático que sostiene. Conviene recordar que la Constitución de 1917 establece la figura del salario mínimo en la fracción VI del artículo 123, bajo el principio de que deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación, sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia. Determina así mismo en la fracción VIII que el salario mínimo no podrá ser objeto de embargo, compensación o descuento alguno. Fue en 1986 cuando el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados aprobaron modificaciones que desaparecieron el sistema regional y determinaron que los salarios mínimos sean fijados por una Comisión Nacional. Desafortunadamente, nunca como hoy nos hemos alejado tanto del espíritu del Constituyente en materia de salarios. Basta un ejemplo para ilustrar esta afirmación. A principios de los años 80, el salario mínimo alcanzaba para comprar 27 kilos de tortilla de maíz, en 2009 apenas alcanza para adquirir poco más de 6 kilos, considerando un promedio de 8.50 por kilo, pero bien es sabido que este alimento básico alcanza precios de hasta 14 pesos en algunas zonas del país. En el informe de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el panorama laboral 2006, en América Latina y el Caribe, se puede observar gráficamente la caída dramática del poder adquisitivo de los salarios en México, que muchos estudiosos, representantes de los trabajadores y empresarios reconocen y han venido señalando. Para este año, dicha comisión fijó un incremento de 4.6 por ciento, que aplicado a las tres zonas geográficas que tienen determinadas, establece 54.80 pesos para la zona A y menos para el resto de las zonas. Formalmente esta decisión debe tomarse con base en trabajos de investigación y en estudios que las instancias de la comisión lleven a cabo, considerando el comportamiento de la economía del país, los cambios observados en la evolución de las actividades económicas, así como las variaciones del costo de la vida de las familias y las condiciones en el mercado laboral y en las estructuras salariales, cosa que realmente no sucede. Es cierto que el valor de los salarios no puede recuperarse por decreto, pero también lo es que sin una estrategia deliberada para lograrlo, con la participación de todos los agentes económicos, el daño no sólo se mantendrá en los sectores más desprotegidos, sino que se extenderá a la economía y al tejido social del país. Por lo anterior expuesto, señor presidente, y además de que la iniciativa en sus términos pudiera estar contenida en el Diario de los Debates, se considera fundamental hacer la siguiente Proposición de reforma Del párrafo tercero, de la fracción VI, del apartado A, artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Los salarios mínimos serán fijados anualmente por la Cámara de Diputados a propuesta del titular del Ejecutivo federal a más tardar el 8 de septiembre, excepto cuando éste inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, caso en el que la aprobación deberá darse a más tardar el 31 de diciembre de ese mes, de ese año, perdón. Lo anterior no obsta para que, de considerarlo necesario, el presidente de la Republica formule una proposición salarial de emergencia, lo cual podría ponerse, en su caso, a consideración de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente. Signamos el senador Carlos Aceves del Olmo, el senador Carlos Jiménez Macías y su servidor Ricardo Pacheco Rodríguez. Por su atención muchas gracias.