El diputado Francisco Javier Saucedo Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Vengo a poner a consideración de esta asamblea, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la nueva Ley General de Prevención de Desastres y Protección Civil y se abroga la Ley General de Protección Civil de conformidad al artículo 71 fracción II y demás relativos aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los desastres como parte de la vulnerabilidad mexicana a 20 años de los sismos de 1985, han dejado de manifiesto que el modelo institucional de la protección civil, está agotada. El balance del llamado Sistema Nacional de Protección Civil, muestra que se trata de una figura de carácter formal sin articulación. El Consejo Nacional de la materia es una pieza decorativa sin capacidad de gestión ni de coordinación interinstitucional. Debe replantearse, por tanto, todo el esquema organizativo de la Administración Pública Federal afectado por las política neoliberales y privatizadoras. A 20 años del mayor desastre, la vulnerabilidad no ha disminuido y al contrario, somos un país más vulnerable en donde las regiones, zonas, ciudades y comunidades, donde los saldos de la devastación socioeconómica y ambiental son más perjudiciales, se afecta estructuralmente la vida social e incluso impiden pensar y actuar en proyectos de largo plazo, donde miles de personas emigran después de los desastres, como ha venido ocurriendo a lo largo de los últimos 10 años. Peligros naturales se han hecho más complejos, el principal ejemplo es el cambio climático, que se expresa en el aumento de drásticos contrastes, sequías y huracanes más intensos, independientemente de su ciclo evolutivo. Por ello consideramos importante discutir las perspectivas de una nueva ley, tomando en cuenta que estamos en un momento histórico del país en que la desregulación, la apertura comercial y la política de liberalización a ultranza, han desmantelado parcialmente nuestro estado de derecho. La Ley General de Protección Civil vigente, carece de un planteamiento estratégico que articule políticas preventivas de mitigación, de auxilio y de recuperación frente a los desastres. Esta ley promulgada en el año 2000, presentó incongruencias en su objeto y en diversos contenidos específicos; limitó sus alcances a la etapa inmediata postdesastre, que es el auxilio y no se ha modificado durante el presente sexenio, pese al discurso del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, que acotó como su principio básico, pasar de la protección civil reactiva a la preventiva. El énfasis de la intervención militar como principal garante de las medidas de seguridad establecidas en la Ley General de Protección Civil, constituye otro desacierto. El propio Plan Nacional de Desarrollo, ubica los desastres mal llamados "naturales" y lo señala como parte de las amenazas a la seguridad nacional, por lo que no hay una política clara al respecto. El Ejército no debe ser el principal agente institucional para enfrentar los desastres, a menos que se quiera asumir que ante vaciamiento de las instituciones civiles, queda único recurso la cuestión militar; esto implica una desarticulación gubernamental y el riesgo de proseguir desmantelando las instituciones del Estado Mexicano. La ley vigente incurre en vicios conceptuales, por ejemplo, identificar a los fenómenos naturales potencialmente peligrosos, como desastres naturales, lo que ha permitido crear dos fondos: el Fondo de Desastres Naturales y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, en una orientación ideológica que busca evadir la responsabilidad pública y de la propia sociedad, remitiendo a la naturaleza la responsabilidad última como causante de los desastres. En la estructura de la Ley General de Protección Civil, tampoco se incorporan las sanciones y los procedimientos correlativos, omite una característica básica de toda ley, que consiste en establecer los criterios punitivos y los mecanismos de impugnación. Esta ley no fortalece el federalismo preventivo ante desastres, concentra facultades del Gobierno Federal, sin prever mecanismos para reforzar la capacidad de gestión de los ordenes del gobierno estatal y municipal. La orientación básica de esta iniciativa que estamos presentando va en términos generales, desde la denominación de la propuesta que se llama: "Ley General de Prevención de Desastres y de Protección Civil", hasta una intencionalidad clara, establecer la política, los programas y las acciones promovidas por el Estado frente a los desastres, a partir de eje fundamental, que es, la prevención, sin que ello implique omitir el ciclo del desastre, que no se reduce a la coyuntura de auxilio y la asistencia inmediata. Se propone por tanto, integrar la mitigación y la recuperación con los dos aspectos mencionados. El objeto de la iniciativa es crear las bases para restablecer las políticas, programas y acciones del Estado y la sociedad ante los desastres, incluye aspectos de organización institucional, participación social, diagnóstico, es decir, atlas de vulnerabilidad y de riesgos, vinculación con otras políticas sectoriales y articular los esfuerzos de todos los actores vinculados con la gestión pública, social y empresarial de la prevención. La organización institucional responde a los desafíos del desastre como proceso, se establecen diversas instancias, procurando un diseño participativo, donde sea factible innovar prácticas y aplicar conocimientos de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. Se consideran también los aspectos de planeación, programación y financiamiento para que se integre el proceso de intervención institucional, procurando la coordinación en todas las etapas de desastre. Las declaraciones de emergencia y desastres son replanteadas, a fin de no dejar vacíos legales y precisando la necesidad de federalizar las reglas de operación, evitando así una interpretación centralista que dé lugar a un manejo discrecional de los recursos. Por lo expuesto y fundado, pongo a consideración de esta asamblea, la presente iniciativa por el que se expide la nueva Ley General de Prevención de Desastres y Protección Civil. Compañera Presidenta, el texto íntegro ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria del día de hoy, 6 de diciembre, en el anexo 5°, en la página 34. Es cuanto. La Presidente diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputado Saucedo. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Gobernación. Esta Presidencia recibió del diputado Alejandro Agundis Arias, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, iniciativa que reforma el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y diversas disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia y Derechos Humanos. A continuación tiene el uso de la voz nuestro compañero diputado Gonzalo Moreno Arévalo, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar iniciativa que reforma el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.