La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de Presidencia. Comúnmente se confunde y no es sencillo distinguir, y es lo que falta precisar en la tipificación de las reformas que hoy se presentan, el terrorismo de delincuencia organizada o crimen organizado y lo que es los delitos del narcotráfico, lavado de dinero y otra serie de delitos que se están mezclando y confundiendo en toda la iniciativa. El terrorismo no puede confundirse con delincuencia organizada. Hay un instrumento internacional que es la Convención de Viena de Delincuencia Organizada y que exige para la comisión de este crimen que se ha cometido por una organización subrayo- por una organización estructurada que comete los delitos del crimen organizado que son lavado de dinero bueno antes- narcotráfico, lavado de dinero, trata de personas o lo regulado en otro protocolo que es el tráfico de migrantes. En el caso del terrorismo, la tipificación que se ha establecido es errónea y absolutamente vaga, un tipo penal, para los que manejan el derecho penal me pueden entender perfectamente bien, que además se exige en materia penal que el tipo penal sea preciso, porque si no de otra manera personas que no deberían de estar sancionadas o castigadas por la comisión de ciertos delitos van a ser castigadas con penalidades de más, en este caso terrorismo de 40 años. Un común denominador de las observaciones de instituciones y organizaciones de la sociedad civil internacionales de derechos humanos a nivel internacional ha sido la reiterada ambigüedad de los tipos penales asociados al terrorismo, que permiten o podrían permitir una utilización discrecional de esta figura para sancionar conductas delictivas o no que no reúnen las características necesarias para considerarse como tales. Una de las consecuencias de esta vaguedad ha sido que las personas acusadas por estos cargos se han sujetado a procesos prolongados y que se inhiba la denuncia de violaciones a los derechos, como advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su nota de remisión en el caso a la Corte e informe del fondo del caso 12661, Néstor José y Luis Uchartegui y otros, del 22 de octubre de 2010. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado en su sentencia del caso García Aspe y Ramírez Rojas contra Perú, del 5 de noviembre de 2005, recordó que el delito de terrorismo exige la concurrencia de tres modalidades del tipo penal; la primera con respecto a aterrorizar la población, la segunda respecto a los actos cometidos contra bienes o servicios y la tercera sobre los medios tipos, explosivos, armamento, materiales; todos determinados a detalle, es decir, no puede dejarse a la vaguedad, y cualquier otro medio violento. Pero por si no fuera suficiente, no es nada más el elemento, es el objetivo, los actos que se pueden realizar, sino es el subjetivo, quién puede cometer estos actos, y tiene que ser una organización terrorista. Subrayo, organización terrorista, no una manifestación, no un grupo armado, tiene que ser una organización terrorista y esto no se define en la iniciativa. Mientras no se defina se está cometiendo un grave error y que posiblemente va a derivar en la violación a derechos humanos. Es cierto que el límite del derecho de uno está, tenemos el derecho a la manifestación, el respeto a los derechos a los demás, y está sancionado y penado si se cometen delitos contra las personas, contra sus bienes. No es que queden en la impunidad, lo que pasa es que quieren precisamente penarlos con una pena de más de 40 años. Es cuanto, señor presidente.