LA C. DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ (PAN): Con su venia, señor Presidente. Diputados y Diputadas: "La suscrita, Margarita Saldaña Hernández, diputada integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de este Congreso de la Unión la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros conforme a la siguiente " E x p o s i c i ó n d e M o t I v o s : "La crisis bancaria genera gran interés de los Poderes Legislativo y Ejecutivo sobre el sector financiero en general y su modernización, lo cual se ha visto reflejado en el número de reformas que se han realizado a las leyes relacionadas con el mismo como son la Ley de Instituciones de Crédito, que a partir de 1994 se ha reformado 13 veces o la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que se ha reformado 10 veces o la Ley General de Organizaciones de Actividades Auxiliares de Crédito, que se ha reformado 10 veces. Inclusive se aprobó la denominada Miscelánea de Garantías a fin de facilitar a las instituciones financieras el cobro efectivo de las garantías que le otorgan los usuarios. "Asimismo para responder a la irritación social derivada de esta crisis y la carencia de medios de defensa eficientes para resolver las controversias con las instituciones financieras la LVII Legislatura de este Congreso aprobó por unanimidad, el 12 de diciembre de 1998, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, misma que da origen a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros como organismo especializado que procure un mayor equilibrio en las relaciones de los usuarios con las instituciones financieras. "A partir de la crisis de 1995 la imagen del sector financiero entre el público usuario se ha deteriorado consistentemente debido a la falta de credibilidad en las propias instituciones, tanto por una insatisfacción en el servicio que ofrecen como por la existencia de bajos rendimientos y altas en el cobro de diversos servicios frente al cuestionado y elevado costo del rescate bancario y en adición a esto sus clientes todavía no encuentran los conductos institucionales adecuados y suficientes para resolver sus dudas o controversias por más sencillas que éstas sean. "Asimismo, es una realidad que los usuarios de los servicios financieros se enfrentan a problemas de certeza y seguridad jurídica respecto de los servicios que reciben, no sólo por la falta de información clara y objetiva sino por las limitadas medidas de carácter preventivo que hasta ahora se han adoptado por las instancias correspondientes. "Sin embargo, en comparación con las reformas que se han hecho al sistema financiero, los esfuerzos del Congreso por equilibrar esta relación desigual entre usuarios e instituciones financieras, no han sido igual de consistentes. En distintos foros se ha señalado que a dicha entidad le faltan dientes y muslos, pero nadie se ha preocupado por dárselos. "La entidad cuenta con 36 delegaciones en toda la República, insuficientes para atender a más de 40 millones de usuarios. Su presupuesto no ha crecido en los casi cinco años que tiene de existencia. Su estructura se ha visto reducida continuamente. Esta situación evita que la entidad cuente con el personal debidamente capacitado para realizar labores de prevención y de fomento de la cultura financiera. Asimismo se ha enfrentado a actitudes hostiles por parte de las instituciones financieras y de las propias autoridades. "A pesar de éstas y otras condiciones adversas, el organismo ha demostrado en los hechos que su existencia no sólo es necesario, es primordial para un sano desarrollo del sector financiero, pero su labor aún no alcanza las expectativas originalmente planteadas por el Poder Legislativo. "En tal virtud, me permito proponer a la consideración del Honorable Congreso, esta iniciativa de decreto, con el propósito fundamental de mantener en equilibrio las relaciones entre los usuarios de los servicios financieros y las instituciones financieras. "A fin de proporcionar una visión general de las reformas y adiciones que se someten a consideración de esta soberanía, a continuación se describen las características generales de esta iniciativa, así como sus objetivos y alcances. "Por lo que se refiere a la fracción IV del artículo 12, se proponen varias modificaciones. En primer lugar derogar el segundo párrafo, con el fin de evitar interpretaciones erróneos o confusión sobre el ámbito de aplicación de esta ley. En segundo, incluir aquellas entidades que actualmente existen en el sector financiero pero que no han sido previstas en esta ley, como son las sociedades operadoras de sociedades de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de sociedades de inversión o las entidades de ahorro y crédito popular. Y finalmente, se da competencia al organismo para conocer de reclamaciones en contra de cualquier sociedad que ofrezca un producto o servicio financiero. "Se propone modificar el citado artículo 9, a fin de ajustarlo a esta disposición constitucional. "Existen casos en los cuales el quehacer de la CONDUCEF resulta insuficiente para brindar un adecuado apoyo al usuario cuando se patrimonio se ve afectado por un fraude perpetrado mediante cajeros automáticos, consumos o expedición de cheques, siendo necesario dotar a la Comisión de mayores atribuciones para coadyuvar con el Ministerio Público en la integración de la averiguación previa correspondiente, por lo que se propone adicionar al artículo 11 una fracción en los términos antes señalados. "De conformidad con las disposiciones vigentes, las instituciones financieras pueden solicitar la condonación de una sanción, sin embargo el procedimiento resulta complejo, ya que se tiene que someter el asunto correspondiente a la aprobación de la Junta de Gobierno, órgano que por ser la máxima autoridad de la Comisión Nacional, no es el administrativamente adecuado para conocer a detalle y resolver sobre el particular. Al respecto se propone trasladar esta atribución al Presidente de la Comisión, lo que permitirá agilizar la atención a este tipo de solicitudes. "De conformidad con lo establecido en la Ley sobre el Contrato de Seguro, el plazo de prescripción de las acciones derivadas de dicho acto es de dos años a partir del acontecimiento que les dio origen, por lo que se propone dar el mismo tratamiento que en justicia corresponde a un usuario afectado por un problema vinculado con seguros respecto de otro usuario, cuya reclamación se enderece contra alguna institución financiera, modificando para tales efectos el artículo 65. "De la misma forma se sugiere prever la posibilidad de realizar la conciliación vía telefónica por cualquier medio idóneo en aquellos casos que así lo permitan. Asimismo se faculta a la Comisión Nacional para que cuantifique la obligación contractual y en estos casos el dictamen que emita adquiera la naturaleza de título ejecutivo no negociable a favor del usuario, lo cual permitirá que sin resolver de manera vinculativa sobre el asunto, se proporcione al usuario un documento que le permita agilizar el procedimiento que habrá de entablar ante la autoridad jurisdiccional. "Actualmente la ley exige que en el caso de no lograrse un acuerdo conciliatorio, la autoridad necesariamente deba ordenar el registro del pasivo contingente o la constitución de la reserva técnica correspondiente, circunstancia que se vuelve inequitativa cuando de las constancias que obran en el expediente de Méritos se desprende la improcedencia de la reclamación formulada por el usuario. En este caso procede en estricta justicia, admitir legalmente la posibilidad de no ordenar dichos actos por lo que se propone la modificación respectiva. El proyecto también incorpora una disposición que pevé el carácter de Sentencia Ejecutoria que debe atribuirse a los convenios conciliatorios firmados ante la Comisión Nacional evitando así problemas de interpretación ya que la Ley vigente contempla esta circunstancia únicamente dentro del Apartado relativo al Arbitraje. Con la finalidad de otorgar más atribuciones a la Comisión Nacional para sancionar las instituciones financieras cuando reiteradamente han incurrido en violaciones a la Ley, se adiciona la facultad de ordenar la clausura de sucursales, matriz u oficinas de la infractora especificándose la gravedad de los casos que ameriten esta sanción. Se plantea un procedimiento a partir del cual las multas se hagan efectivas cargando su importe en las cuentas de las instituciones financieras, lo cual también fortalece el presupuesto del organismo haciéndolo financieramente más viable. La misma fórmula se propone para el caso de ejecución de Sentencia. Por lo que se refiere al recurso administrativo de Revisión, se propone establecer su carácter optativo, a fin de reconocer la posibilidad de que el afectado pueda demandar el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa sin tener necesariamente que agotar este recurso. Por otra parte, se establece también una nueva redacción, especificando la procedencia del recurso exclusivamente contra aquellas resoluciones que pongan fin al procedimiento o impongan una sanción con el propósito de evitar que este medio de defensa sea utilizado exclusivamente como táctica dilatoria que dificulte y de que efectúe el procedimiento conciliatorio respectivo. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente: Iniciativa de Decreto que Reforma, Deroga y Adiciona diversas Disposiciones de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros Señor Presidente, por autonomía legislativa le solicito se incluya la transcripción completa de esta Iniciativa en el Diario de los Debates concluyendo con esta la presentación.de la Iniciativa en comento, Por su atención, señores y señoras Diputadas, muchas gracias. -EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias doña Margarita Saldaña Hernández. Como lo pide, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y publíquese en la Gaceta Parlamentaria, en caso de que no haya sido publicada y se turna a la Comisión de Hacienda y Crédito Público Tiene el uso de la palabra la Diputada doña Margarita Zavala Gómez del Campo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una Iniciativa que Reforma y Adiciona diversas Disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, para prohibir Actos de Discriminación Laboral contra las Mujeres. -