LA MISMA C. SECRETARIA: Del Congreso de Quintana Roo que transcribe Punto de Acuerdo solicitando al Congreso de la Unión considere el incremento presupuestal para el Estado y municipios de Quintana Roo. DEL CONGRESO DEL ESTADO DE QUINTANA Roo CC. Diputados Secretarios. Del H. Congreso de la Unión. México, DF PRESENTES La H. IX Legislatura constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en sesión ordinaria celebrada el día 10 de octubre del presente ano, aprobó, por mayoría de votos el Acuerdo suscrito por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para solicitar al H. Congreso de la Unión, considere el incremento presupuestal para el estado y municipios de Quintana Roo, por lo que remito a ustedes copia fotostática de dicho documento, para los efectos conducentes. Sin otro particular por el momento, me es grato en viarles un cordial saludo. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Cd. Chetumal, QR, a 11 de octubre de 2000. Presidenta de la Mesa Directiva Dip. Martha Silva Martínez (rúbrica) Honorable Soberanía: Durante el presente sexenio, el federalismo hacendario ha mejorado significativamente. Las transferencias a estados y municipios con relación al gasto programable del gobierno federal registran una tendencia positiva; no obstante, las necesidades crecientes de los estados y los municipios se multiplican cada vez con mayor intensidad, en una proporción que supera por mucho la capacidad presupuestal para desarrollar una secuencia ordenada y eficaz de sus proyectos. Conforme a esta tendencia, los estados han pugnado con mayor frecuencia porque el ingreso fiscal nacional se distribuya más equitativamente; al respecto, muchas propuestas se han planteado a los Poderes de la Unión. Sin embargo, el rasgo distintivo en cada una de ellas, ha sido la falta de consensos por parte de los estados suscriptores del Pacto Federal para replantear un nuevo esquema que logre conciliar las necesidades económicas de todos por igual; indudablemente, las propuestas formuladas al respecto, no han pasado a ser más que pronunciamientos aislados que de origen, carecen de la fortaleza necesaria para ser atendidos por la federación. En este contexto se circunscribe la preocupación de los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta de la X Legislatura, para someter a la consideración de esta Honorable Asamblea en Pleno una propuesta para solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión la modificación del sistema de participaciones con la finalidad de que se incrementen las asignaciones presupuestales del orden federal para el próximo ejercicio fiscal. En el mismo sentido, estimamos conveniente hacer extensivo el planteamiento de referencia a todas las entidades federativas del país, para que se sumen a la inquietud de presentar ante la federación un proyecto que modifique las variables sobre las que se sustenta el sistema de asignación de participaciones, desde luego, conforme a la perspectiva de conciliar las particularidades económicas de cada estado. En esta virtud, los diputados que suscribimos el presente documento legislativo nos permitimos someter a la aprobación de esta honorable representación popular, el presente proyecto de Acuerdo que se sustenta conforme a las siguientes Consideraciones El Constituyente de 1917 ratificó en nuestra Carta Magna la tesis del federalismo y fincó fundamentalmente, las bases para la integración política, territorial y cultural, garantizando a las entidades federativas libertad y soberanía. Sin embargo, las circunstancias políticas y las necesidades apremiantes del momento, primero, por consolidar el gobierno y después, para llevar adelante las tareas de transformación del país, matizaron progresivamente dentro del federalismo una tendencia centralizadora que francamente, le ha arrebatado a los estados y a sus municipios, capacidad y recursos para integrarse en todos los sentidos a la dinámica del desarrollo nacional. Dicho de otro modo, los recursos para financiar el desarrollo, debían provenir de la riqueza social y ésta no podía tolerar la doble tributación. Se resuelve entonces, en forma gradual, el sistema impositivo con tendencia favorable al gobierno central. De esta suerte, se han ensanchado paulatinamente las atribuciones y el campo de acción de la federación en prácticamente todos los ámbitos; desde la organización de sistemas de seguridad social, pasando por los rendimientos petroleros o la producción y servicios de gasolinas, hasta la supremacía de los impuestos federales sobre los locales y el turismo, entre otros rubros. Indudablemente, el proceso concentrador ha tenido costos de oportunidad importantes. Se ha reconocido que en buena medida este proceso se realizó a costa de un detrimento relativo de atribuciones locales y municipales, que tiene sus repercusiones en la mejoría de las actividades económicas que se desarrollan en el amplio territorio mexicano y en la desigualdad original de los servicios públicos y de la infraestructura general del bienestar. Admitimos que se han emprendido esfuerzos significativos en materia de descentralización, como las reformas que en fecha reciente sufriera el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero en el mismo sentido debemos aceptar, que de nada servirán los esfuerzos por fortalecer competencialmente a los municipios, si no van a tener capacidad financiera para atender los propósitos planteados en el espíritu de la reforma. Es decir, ni aquella autonomía es suficiente, ni las reformas son completas, pues la asignación presupuestal de los estados y por ende de sus municipios sigue estando subordinada a fórmulas matemáticas diseñadas desde el centro del país. Las autonomías local y municipal no se acotan a un sistema de reparto de competencias públicas entre los diferentes niveles de gobierno, concepción tradicional y estrictamente legal. Para darle dimensión y sentido al contenido político de cada reforma hay que fortalecer a los estados y a sus municipios presupuestalmente, de lo contrario, los esfuerzos reformatorios, no serán más que agregados decorativos de los textos jurídicos. El presupuesto público asignado por la Federación a los Municipios, continúa siendo bastante desproporcionado de acuerdo a lo que cada Estado percibe y aporta al gobierno central. De esta particularidad han derivado economías locales con problemas presupuestales que se ven imposibilitadas para desarrollar una secuencia ordenada y eficaz, y sobre todo idónea, para hacer realidad la igualdad. Indudablemente, es momento de fortalecer verdaderamente nuestro sistema federal, reconociendo la importancia política y económica de los estados y sus municipios, ampliando el reparto de la riqueza a fin de eficientar la prestación de los servicios públicos. La tesis federalista debe ser la base para el desarrollo que aliente una mayor autonomía local y la estrategia para combatir desigualdades o asimetrías, redistribuir mejor los recursos, fortalecer la capacidad local, activar la participación social y modernizar las instituciones políticas. La descentralización, que implica una autonomía local renovada, conduce a fórmulas de cooperación entre las diferentes esferas de gobierno y privilegia el propósi to de la eficiencia en la gestión administrativa que sustenta una nueva expresión de la unidad nacional. Por ello, proponemos fortalecer sistemáticamente a los gobiernos local y municipal modificando el sistema de asignación de participaciones federales, conforme a los criterios siguientes: I. Actualmente, el sistema de participaciones empleado por la Federación para asignar recursos a los estados del país, comprende tres grandes fondos: el General de Participaciones, el de Fomento Municipal y de Impuestos Especiales sobre Producción y Servicios; el primero de ellos por su importancia, ya que representa el 21 por ciento de la recaudación federal participable, no refleja un verdadero resarcimiento a aquellas entidades con baja población y relativo movimiento económico, pero con grandes necesidades por ser entes en franco crecimiento y desarrollo. Por otra parte las variables para el cálculo de participaciones en este fondo, como la población per cápita, los impuestos asignables sobre producción y servicios y la recaudación del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y la tenencia no benefician a entidades como Quintana Roo, ya que las ubican en los últimos lugares en el cuadro de distribución de participaciones al tener factores efectivos de participación muy bajos. Por tal motivo, solicitamos se realice una revisión a la actual fórmula de participaciones, a fin de asegurar que entidades como la nuestra, reciban recursos que aseguren la continuidad de su desarrollo y cumplan con las necesidades de carácter colectivo que genera la alta migración que vive el estado. II. Con el propósito de fortalecer la finanzas públicas locales a fin de dotarlas de liquidez inmediata se propone modificar la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (ESPS), a fin de que las estaciones de servicio y las distribuidoras realicen su declaración de pago en cada entidad federativa, específicamente, en lo que se refiere a las gasolinas facultando al mismo tiempo a los estados, para llevar a cabo la tarea de fiscalización mediante un convenio de colaboración administrativa. III. Hasta 1989 las entidades federativas administraban el impuesto al valor agregado como parte de los compromisos establecidos con la federación para la adhesión al sistema nacional de coordinación fiscal, sin embargo a partir de 1990 la federación decidió administrar este impuesto lesionando con esto la liquidez de las entidades. Por ello, consideramos que es conveniente modificar la Ley del Impuesto al Valor Agregado para que la administración del IVA esté a cargo de los estados y el 30 por ciento de su rendimiento sea a cuenta de sus participaciones a efecto de darle liquidez a las economías locales. Del mismo modo estimamos que es adecuado restablecer el régimen de contribuyentes menores en el pago de los Impuestos Sobre la Renta y al Valor Agregado, que actualmente se encuentran en el régimen de pequeños contribuyentes y del simplificado, y su administración y rendimiento sea a favor de las entidades. IV. Hasta 1983, la Federación participaba a los estados de la totalidad de los rendimientos petroleros que se generaban, empero, a partir de 1984, la Federación le cambió el carácter a esa contribución a efecto de que pasara de ser un derecho único, a dos derechos denominados adicional y extraordinario, disponiendo en consecuencia, que las entidades federativas participaran únicamente, en parte de ese rendimiento. Desde entonces la Federación se ha reservado los derechos adicionales y extraordinarios sobre la extracción del petróleo y, sólo se incluyen en la fórmula de asignación los derechos por la extracción de hidrocarburos, en los términos como lo consigna el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Coordinación Fiscal. Conforme a estos antecedentes, proponemos la creación de un Fondo de Desarrollo Económico, constituido por los derechos adicionales y extraordinarios sobre la extracción del petróleo, distribuido entre los estados del país de acuerdo a su contribución al Producto Interno Bruto nacional, atendiendo a las cifras que al respecto proporcione el INEGI, correspondientes al ejercicio fiscal del año inmediato anterior. V. El Estado de Quintana Roo destaca en el concierto nacional, por ser el líder en la aportación de divisas que se generan anualmente en materia turística y por registrar una de las mayores tasas de crecimiento poblacional de América Latina. Si queremos que esta entidad continúe dentro de las preferencias turísticas de la población mundial, es necesario que la Federación se comprometa con los quintanarroenses y con los demás estados del país, permitiéndoles participar en los rendimientos del derecho que se deriva del turismo que ingresa al territorio nacional, en una proporción no inferior al 80 por ciento, a efecto de que se destine a infraestructura. VI. En el mismo sentido, proponemos que los derechos de acceso a las zonas arquequelógicas sean administrados por los estados, con el objeto de que los recursos que se generen en este rubro se destinen a infraestructura e investigación de los sitios arqueológicos de cada entidad, a través de convenios de coordinación o figuras legales que en su momento se definan para la dotación de los servicios que el visitante requiere. VII. Con el fin de fortalecer este nuevo federalismo la Cámara de Diputados aprobó para el ejercicio fiscal 2000 recursos adicionales a través del programa de apoyo a entidades federativas bajo la modalidad de subsidios a entidades federativas, en este contexto, solicitamos que estos recursos se sigan canalizando a los estados y que se incorporen al Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, como aportaciones federales. VIII. Durante las últimas reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, Fortalecimiento del Federalismo y Estudios Legislativos de la LVII Legislatura del Congreso de la Unión, señalaron con insistencia, que el municipio es el eje y centro del desarrollo nacional, reconociendo al mismo tiempo, la necesidad de dotar a esta institución de los recursos económicos necesarios para atender y resolver los asuntos que les competen. Bajo esta perspectiva, es necesario destacar que con la firma del Convenio de Adhesión, las entidades federativas han suspendido contribuciones de carácter estatal y municipal, lo que ha propiciado una importante reducción de opciones de financiamiento propio. Hay que reconocer que las entidades federativas sólo pueden incentivar el desarrollo municipal si tienen la posibilidad de contar con mayores recursos vía participaciones, aportaciones y/o nuevas potestades tributarias. En esta virtud, es necesario que la Federación incentive el desarrollo estatal y municipal, mediante incrementos al Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal y los fondos de aportaciones, los cuales, contribuyen a dotar al municipio de mayores recursos, específicamente, los de Fortalecimiento de los Municipios y el de Infraestructura Social. Ahora bien, considerando que los gobiernos locales son los que tienen el conocimiento pleno de las necesidades que se presentan en sus entidades, es conveniente que el gasto público en principio, se haga mediante el fortalecimiento de los Fondos Generales de Participaciones, para que el estado y sus municipios dispongan de los recursos suficientes a fin de que tengan mayor autonomía en su administración y en la redistribución de su asignación local. Por ello, proponemos que a partir del año 2001, se incrementen en un 25 por ciento las participaciones federales que actualmente se entregan a los estados y municipios, modificando para tal efecto, la Ley de Coordinación Fiscal. Estimamos que con el impulso de estas propuestas, la Federación y los estados estarán fincando un nuevo compromiso para hacer válidos los principios de solidaridad y de cooperación entre los tres niveles de gobierno favoreciendo la redistribución del ingreso. El reto inmediato será sin duda, que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión retome con sensibilidad este pronunciamiento, haciendo realidad los pactos de corresponsabilidad que nuestra constitución postula para el desarrollo nacional. Seguros de que así será, los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta del Honorable Poder Legislativo del estado de Quintana Roo, tenemos a bien proponer a ese alto Pleno Legislativo, los siguientes Puntos de Acuerdo. Primero. Diríjase un respetuoso comunicado a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para que retome y haga suyas conforme al trámite legislativo correspondiente, las propuestas vertidas y planteadas en los puntos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del apartado de consideraciones de este Acuerdo. Segundo. De la misma manera, remítase el presente Acuerdo a cada una de las Legislaturas locales del pas, a efecto de que previa su respectiva consideración, pudieran sumarse a esta propuesta, remitiendo el Acuerdo respectivo de apoyo y adhesión a la misma, a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para los efectos conducentes. Sala de Comisiones "Constituyentes de 1974" del Po der Legislativo, en la Ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los diez días del mes de octubre del año dos mil. La Comisión de Hacienda y Cuenta Dip. Cora Amalia Castilla Madrid (Rúbrica) Dip. Enrique Alcocer Rodríguez (rúbrica) Dip. Jorge Calderón Gómez (rúbrica) Dip. José del A. Arjona Carrasco (rúbrica) Dip. Isauro Pool y Can (rúbrica) Trámite: Túrnese a la comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EL SCRETARIO DIP. BERNARDO BORBON: De la Presidencia de la República, relativo al permiso al Doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. CC. SECRETARIOS DE LA CAMARA DE DIPUTADOS Presente. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene Minuta Proyecto de DECRETO QUE CONCEDE AUTORIZACION AL CIUDADANO ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE DENTRO DEL PERMISO CONSTITUCIONAL CONCEDIDO POR EL CONGRESO DE LA UNION, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2000, REALICE UNA VISITA DE TRABAJO A LA REPUBLICA DE SINGAPUR LOS DIAS 12 Y 13 DE NOVIEMBRE DE 2000. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, D.F., 7 de noviembre de 2000. MINUTA PROYECTO DE DECRETO ARTICULO UNICO. Se concede autorización al ciudadano Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, para que dentro del permiso constitucional concedido por el Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de noviembre de 2000, realice una visita de trabajo a la República de Singapur los días 12 y 13 de noviembre de 2000. TRANSITORIO UNICO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SALON DE SESIONES DE LA HONORABLE CAMARA DE SENADORES. México, D.F., a 7 de noviembre de 2000. Trámite: De enterado. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------