El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, el tema que hoy nos ocupa es un tema de importancia que seguramente viene a soslayar otros temas que están pendientes para adecuar nuestra legislación penal. Es verdad, la delincuencia y la forma de cometer delitos están cambiando y por eso se requiere que se hagan esas adecuaciones. Vamos atrasados en esas reformas legales. El nuevo sistema de justicia penal ha puesto como evidencia que es importante que modifiquemos las leyes que desafortunadamente han quedado con falta de certeza jurídica y, sobre todo, también con falta de herramientas jurídicas que deben tener todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal. Uno de ellos, que también es importante, es la revisión que se tiene que hacer a todo el Código Penal Federal y a los códigos punitivos de todas las entidades federativas, en cuanto al tema de la racionalidad de la pena. El nuevo sistema de justicia penal es un sistema de justicia garantista. En consecuencia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha dicho en varias ocasiones, que el hecho de que no se sancione de manera proporcional; es decir, que las penas no sean adecuadas a lo que se cometió como delito, implica también violación de derechos humanos. Por eso este dictamen que hoy estamos discutiendo viene en el sentido de dar herramientas jurídicas y de proveer lo necesario para que las autoridades investigadores puedan tener las herramientas y puedan combatir el delito. Solo por dar algunos ejemplos, en el país ha crecido lo que hoy se llama o lo que se denomina robo de identidad o usurpación de la identidad para cometer otro tipo de ilícitos. Por ejemplo, Jalisco está en primer lugar en la comisión de estos delitos. También hay que señalar lo que dice el artículo 4o. constitucional, que dispone: Toda persona tiene derecho a la identidad. Es necesario resaltar que el derecho a la identidad es un derecho humano y es necesario para poder ejercer otros derechos fundamentales; la identidad prueba la existencia de una persona como parte de una sociedad, es lo que la caracteriza y la distingue de los demás. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la UNICEF, el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujeto de derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas. La entidad tiene un núcleo central de elementos claramente identificables, que incluyen el derecho al nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho a las relaciones familiares, todo lo cual va acompañado de la obligación del Estado de reconocerlos y garantizarlos. En consecuencia de esto, podemos determinar que el derecho a la identidad consiste en el reconocimiento del derecho a un nombre, el derecho a la nacionalidad y el derecho a la personalidad jurídica, que le permitan a un individuo ejercer su ciudadanía. El robo de identidad se produce cuando una persona adquiere, transfiere, posee o utiliza información personal de una persona física o jurídica de forma no autorizada, con la intención de efectuar o vincularlo con algún fraude u otro delito. La identidad la constituyen datos personas, como el nombre, teléfono, domicilio, fotografías, huellas dactilares, números de licencia y de seguridad social, números de tarjetas de créditos y de cuentas bancarias, nombres de usuario y contraseñas, incluyendo información médica, financiera, etcétera. El robo de identidad es un problema que en los últimos años se han incrementado con el uso de Internet y el comercio electrónico. En México el delito de robo de identidad va en aumento día con día. Según datos del Banco de México, nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito. En un 67 por ciento de los casos, el robo de identidad se da por la pérdida de documentos, 63 por ciento por el robro de carteras y portafolios, y 53 por ciento por información tomada directamente de una tarjeta bancaria. Nos encontramos pues, con esta iniciativa en el sentido de sancionar a las personas que utilizan datos personales sin autorización de los titulares, con el propósito de obtener un beneficio indebido, ocasionando un daño a las personas. La usurpación de identidad tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos económicos para resolverse, ya que a las víctimas de esta conducta en ocasiones les lleva mucho tiempo darse cuenta de que su identidad ha sido robada y una vez que sucede es muy difícil recuperarla y es común tener problemas en el futuro. Por eso nos congratulamos que nos pongamos a la altura de las circunstancias, que este dictamen venga a ayudar a combatir un delito que cada día es más frecuente y que está ocasionando grandes daños en la sociedad. Es cuanto, presidente. Compañeras y compañeros diputados.