La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros, esta atribución del Poder Legislativo, con especial preeminencia de esta Cámara, el hacer la glosa del Informe anual del gobierno federal, lo que significa un ejercicio de control del Poder Legislativo sobre las actividades del Poder Ejecutivo. El Segundo Informe del presidente Andrés Manuel arrastra y hace patente una vez más el error consistente en que le fue aprobado un Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que se apartó de los principios constitucionales que debió contener y de los requisitos legales y técnicos que debió observar en su elaboración. No hay en el Plan Nacional de Desarrollo ejes estratégicos ni objetivos específicos ni acciones para alcanzarlos, mucho menos metas e indicadores de gestión, y el error se arrastra porque este Informe debería versar sobre el cumplimiento de un plan que apenas se quedó en un discurso político. Por cierto, mi primer comentario a este Informe, es que pretende infructuosamente subsanar esa grave deficiencia con la transcripción en un apartado de los indicadores de los programas sectoriales del gobierno federal. Pero aquí se encuentra otra violación a la Ley de Planeación, ya que estos programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo debieron publicarse en el Diario Oficial de la Federación antes del 12 de enero anterior, siendo que se publicaron medio año después. Arranca el apartado de política y gobierno diciendo que el principal compromiso de este gobierno es erradicar la corrupción de la vida pública, pero el recuento que se hace en el Informe es tan solo palabrería. Dice el presidente que del primero de septiembre de 2019 al 30 de junio de 2020 se establecieron las bases organizacionales y normativas de la lucha contra la corrupción. Es decir, tan solo palabras, mientras que las investigaciones de la corrupción brillan por su ausencia, y se suceden las exoneraciones en los casos como el de Manuel Bartlett y sus bienes raíces. De igual manera, el gobierno ha congelado las investigaciones en contra de los superdelegados que han sido denunciados en múltiples ocasiones por uso indebido de los recursos públicos. Por otro lado, brillan por su ausencia, en este Informe, el compromiso de erradicar las adjudicaciones directas en las contrataciones del sector público. Se sabe que el 78 por ciento, 78 por ciento de todas las contrataciones, se adjudican a los empresarios que son amigos del gobierno. Es mentira que como dice el Informe, se haya separado el poder económico del poder político. Lo único que paso es que cambió el partido en el poder, los tratos irregulares continúan. El pacto federal es uno de los principios constitucionales a que se debiera sujetar todo gobierno, pero no es mencionado una sola vez en las 475 páginas del Segundo Informe ni en las 821 de su anexo estadístico. No es federalista, sino centralista esta administración, señalamiento que comparten los 10 gobernadores de estados que se separaron de la Conago apenas en días recientes. Tampoco es municipalista este gobierno. Ninguna política de fortalecimiento del municipio está expresada en este Informe. Además, están los datos de la tabla estadística, gasto primario del sector público presupuestario, según el ejecutor final de los recursos en que se muestra el descenso nominal del rubro ejercido por los gobiernos de los estados y municipios, cuyo monto en 2019 es menor al que se le destinó en años anteriores. El Estado laico es otro gran ausente de este Informe. En días pasados el INE ordenó que se suspendiera la transmisión de uno de los espots, con lo que se difundía el Segundo Informe, precisamente por ser violatorio al artículo 130. En resumen, mucha palabrería y muchas omisiones en el capítulo de Política y Gobierno de este Segundo Informe presidencial. Es cuanto.