El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la política en México hoy en día está repleta de casos de corrupción. Hemos sido testigos de actos indignantes que hoy salen a la luz pública, de varios gobernadores y ex gobernadores. Afortunadamente, hay una denuncia sobre todos ellos y esperemos, por el bien del país, que les caiga todo el peso de la ley. Sin embargo, hay que decirlo con todas sus letras, el problema no es exclusivo de los titulares de los Poderes ejecutivos estatales, que son muchas veces una especie de gobernadores feudales, el asunto trasciende a otros poderes públicos donde el Poder Judicial no es la excepción. En el caso particular de Jalisco, lo que acabamos de atestiguar en las últimas semanas es un gravísimo caso de corrupción, encabezado nada más y nada menos que por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco. Ante ello, me parece, esta soberanía no puede hacerse de oídos sordos, todo lo contrario, tiene que tomar una decisión franca y enérgica para combatir de frente estos actos de corrupción. Permítanme hacer una breve recapitulación de los hechos. Hace unas semanas se dio a conocer un audio en el que este magistrado, le solicitaba al comisario de la policía de Guadalajara, la liberación indebida e ilegal de dos hombres armados que fueron detenidos por la policía de este municipio; el comisario de Guadalajara se negó rotundamente a participar en esta acción ilegal. Lo hecho por el magistrado implica la comisión de diversos delitos, abuso de autoridad, tráfico de influencias y delitos contra la administración de justicia, sin mencionar el gravísimo daño que le causa a las instituciones de impartición de justicia del estado y del país. Una vez dada a conocer esta información se pidió, desde distintos ámbitos y por diversas voces, la separación del magistrado Luis Carlos Vega Pámanes. Lo hizo incluso el propio gobernador del estado hace apenas unos días y lo hemos hecho en reiteradas ocasiones los diputados de Movimiento Ciudadano. Pero cuando parecía que el caso quedaría en la impunidad y por pasividad de las autoridades correspondientes, en este caso la fiscalía estatal, se dio a conocer que el señor magistrado Vega Pámanes, no solamente cometió presuntamente actos de corrupción sino que tiene antecedentes penales por homicidio, por robo, lo que viola por supuesto el marco constitucional de Jalisco, que le exigen a cualquier aspirante al cargo de magistrado del Poder Judicial, no tener antecedentes penales. Todo lo anterior, sobra decir, resulta muy grave para la vida institucional del país y por supuesto para la vida institucional del estado. Mientras sigamos permitiendo que personas con este perfil, con este comportamiento, encabecen los poderes públicos, muy poco podremos hacer en el combate a la corrupción. Que una persona con antecedentes penales que violó la Constitución para llegar a su puesto, que ha abusado del poder, incurrido en actos de corrupción, que ha utilizado de manera facciosa su cargo permanezca como magistrado y como presidente del Supremo Tribunal de Justicia, es un pésimo precedente para la vida pública nacional. Por ello, el día de hoy queremos proponerles dos cosas. Primero. Que el magistrado Vega Pámanes se separe del cargo de magistrado de manera irrevocable, porque los posibles delitos que cometió al buscar liberar a dos hombres armados detenidos en Guadalajara, hace imposible que siga ocupando una posición de responsabilidad en el Poder Judicial. Segundo. Porque no solo tiene antecedentes criminales, sino que los ocultó para ocupar el cargo de magistrado, lo que además de ser una violación al marco constitucional, es prueba de una deliberada falta de ética que lesiona de fondo el orden institucional de Jalisco y desde luego el Poder Judicial. Tercero. Que la Procuraduría General de la República atraiga la investigación sobre la intervención del magistrado Vega Pámanes en el intento de liberar a los dos presuntos delincuentes en Guadalajara. ¿Por qué? Porque hay una probable conexidad de delitos, ya que los sujetos que el magistrado busca liberar ilegalmente portaban armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, lo que constituye además un delito federal que le compete investigar a la propia Procuraduría General de la República y porque es probable que exista una configuración de delitos federales adicionales a los delitos del fuero común. Compañeras y compañeros diputados, con esto concluyo. Un voto por este punto de acuerdo de obvia y urgente resolución es un voto contra la impunidad, es un voto por la justicia, es un voto contra la corrupción. Muchas gracias.