El diputado José Santiago López: Buenas tardes a todos. Con el permiso de la Presidencia. Para el Grupo Parlamentario del PRD, en esta Cámara de Diputados resulta fundamental lograr la construcción de comunidades seguras a partir de la educación, la salud y el empleo. Métodos que son, por sí mismos, una inversión en la prevención de los delitos y de las adicciones. Las acciones en materia de seguridad y justicia en el país han privilegiado el incremento legislativo de tipos legales y penales sobre la prevención. El presupuesto público designado al castigo y a la prevención está proporcionalmente desequilibrado en beneficio del primero. En ese sentido, resulta de la mayor importancia que el Estado mexicano asuma la responsabilidad de prevenir y, cuando sea el caso, reducir los daños derivados del consumo de drogas, así como brindar atención médica a quienes tengan un problema de dependencia. Quienes padecen algún tipo de adicción no son criminales sino enfermos y deben ser considerados como pacientes que requieren atención médica, para poder rehabilitarse y lograr integrarse a la sociedad. La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un segundo párrafo a la fracción X del artículo 7 de la Ley General de Educación, para que los programas educativos contengan información sobre el problema de las adiciones, los vicios y los ocios, y generen conciencia sobre los riesgos derivados de estos. Dichos programas deberán considerar acciones que propicien la interacción de la comunidad educativa con los alumnos, maestros y padres de familia, para orientarlos a partir de un enfoque de salud, para poder brindar ayuda a partir de una actitud solidaria y sin discriminación. Esto, en atención a lo que dispone el último párrafo del artículo 1o. constitucional. La reforma al primer párrafo del artículo 184 Bis de la Ley General de Salud propone que los programas de Consejo Nacional contra las Adicciones tenga por objeto implementar estrategias para la prevención, reducción del daño, tratamiento y rehabilitación ocasionados por el abuso y dependencia de drogas; generando conciencia en los niños y adolescentes sobre las causas, riesgos y consecuencias de las mismas, buscando que la implementación de esas estrategias se haga en coordinación con la Secretaría de Educación Pública. Las autoridades educativas y las del sector Salud tienen que colaborar más estrechamente en materia de adicciones. Un factor determinante es que muchas veces los niños y jóvenes pasan más tiempo en el salón de clases y con sus maestros que con sus propios padres, ya sea porque estos tienen que salir a trabajar o por cualquier otro motivo; por lo que el aula educativa es el espacio idóneo para fomentar el intercambio del conocimiento sobre las causas y riesgos de las adicciones. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la experiencia de los países que han logrado fomentar situaciones extremas de violencia e impunidad demuestra que es imprescindible desplegar una política social que permita, desde abatir los índices más preocupantes de pobreza y exclusión social, hasta generar mejores formas de convivencia comunitaria de participación social, de recuperación de los espacios públicos y de prevención de los delitos y de las adicciones. La prevención de las adicciones en la niñez y en la juventud, siguen siendo una tarea gubernamental pendiente. Es necesario y urgente actuar. Gracias.