El diputado Jesús Rafael Méndez Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en esta ocasión me refiero al dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de las leyes: Federal de Competencia Económica, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión, del Sistema Nacional de Estadística y Geografía, General de Instituciones y Procedimientos Electorales del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, con la finalidad de regular de manera precisa el nombramiento, ratificación y remoción de los titulares de los órganos internos de control, de los organismos constitucionales autónomos. En su origen, nuestra Constitución solo reconocía tres Poderes públicos: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial; sin embargo, las circunstancias del país nos han llevado a crear órganos que no están supeditados a ninguno de los Poderes tradicionales y que gozan de autonomía presupuestal y técnica. Ahora bien, estos órganos tienen características que los distinguen, como el hecho de que son independientes en sus actuaciones, decisiones y estructura orgánica, destacando también la especialización de sus funciones. De este modo, como lo refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los órganos constitucionales autónomos buscan un equilibrio constitucional basado en los controles de poder para hacer más eficaz el desarrollo de las actividades encomendadas al Estado. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los órganos constitucionales autónomos deben estar establecidos directamente por la Constitución federal, deben mantener, con los otros órganos del Estado, relaciones de coordinación; deben contar con autonomía e independencia funcional y financiera; y deben atender funciones primarias u originarias del Estado que requieran ser eficazmente atendidas en beneficio de la sociedad. Derivado de las reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción que, entre otras disposiciones, modificó las relativas a la facultad de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, para designar por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los titulares de los órganos internos de control, de los organismos con autonomía reconocida en la Constitución, que ejerzan recursos del presupuesto de egresos de la federación. Se hace necesario adecuar el marco jurídico, ya que en el decreto publicado en mayo de 2015, no se incluyó en los transitorios un plazo para las leyes secundarias en esta materia. En Nueva Alianza sabemos de la necesidad de contar con un marco normativo preciso y adecuado a las circunstancias que nos imponen los nuevos tiempos; más aún, cuando nos referimos a la designación de quienes tendrán la responsabilidad del control interno de los órganos constitucionales autónomos. En ese sentido, coincidimos con el texto del dictamen, ya que no solo se regula el nombramiento de los titulares de estos órganos, sino que se homologa su denominación, denominándolos Contraloría General. También, se unifican los requisitos para ser contralor General, así como los procesos para su ratificación y destitución. Finalmente, queremos subrayar que este esfuerzo para robustecer las instituciones, tiene como única finalidad mejorar la vida de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.