La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Gracias, presidenta. Quienes sí prestamos atención al parlamento abierto escuchamos que representantes de pueblos y comunidades indígenas señalaron las afectaciones que suelen enfrentar ante proyectos de infraestructura en sus territorios, a lo que la mayoría artificial hizo oídos sordos omitiendo hacer propuesta alguna en esta materia. Al respecto, presenté también una reserva con el objetivo de señalar explícitamente la obligación de realizar la consulta previa, libre e informada, ante desarrollos de infraestructura que puedan afectar a las comunidades, en términos de la legislación aplicable, que por cierto tenemos aún pendiente de aprobar, ya que, para el presidente, el bienestar de nuestros pueblos indígenas no ha sido prioridad, y es claro que tampoco la de la mayoría. Así también, he propuesto conservar el mecanismo de subastas como única vía para la asignación de contratos, mecanismo que ha resultado en la reducción de precios a través del fortalecimiento de la libre competencia, por lo que ha sido adoptado en diversos países. La eliminación de las subastas que anhela CFE resultaría en precios más altos, discrecionalidad en la asignación de contratos, ineficacia en el ejercicio de recursos públicos y obstaculización de la transición energética, distrayendo a la CFE de lo que debiera ser su enfoque, la ampliación y modernización de las redes de transmisión y distribución, así como la ampliación de la capacidad de generación limpia para atender la demanda proyectada en próximos años. Para poner un ejemplo, la industria automotriz a nivel internacional ya planea sustituir su producción por vehículos impulsados por electricidad para el año 2030, lo cual aumentará considerablemente la demanda de energía eléctrica. En ese sentido, debemos fortalecer los mecanismos que nos permitan acceder a los mejores precios y que estimulen la competencia entre generadores, la libre competencia redunda en mejores servicios a menores costos para los consumidores. Por otro lado, la alta vulnerabilidad al cambio climático de nuestro país, la vemos también con el intenso frente frío en recientes días, derivando en una alza estratosférica de los precios del gas natural, que sumando de nuevo a la ineptitud de la CFE al omitir contratar las coberturas que garanticen precios asequibles, resultó en apagones y cortes del suministro que afectaron las actividades productivas de empresas de todos los tamaños, que ya de por sí atraviesan una situación económica crítica como resultado del fracaso en el manejo de la pandemia. En ese sentido, he presentado reservas en los artículos 101 y 108 encaminadas a privilegiar la generación con energías limpias, por encima de los hidrocarburos en forma equitativa para todos los participantes del mercado eléctrico, es decir, preservando el principio constitucional de libre competencia, así como las obligaciones de trato equitativo a inversiones derivadas de los tratados comerciales de los que nuestro país es parte. El objetivo es dar preferencia a la generación limpia que, además, es también la más económica. Les propongo además no pervertir la naturaleza y objetivo de los certificados de energías limpias en el artículo 126, creados como incentivo para el desarrollo de nueva infraestructura de generación limpia. Abrir la puerta a que CFE sea acreedora de estos certificados por centrales que ya existían, solamente será pretexto para que la CFE siga quemando combustóleo en termoeléctricas obsoletas, habiendo simulado su complimiento en materia de generación limpia. Asimismo, resulta inadmisible la intención del presidente de subordinar las facultades de la Comisión Reguladora de Energía a los criterios que imponga Cener, lo cual llevaría a este órgano regulador a ser inoperante. Por el contrario, les propongo que la CRE deba considerar para el otorgamiento de permisos los compromisos y objetivos vigentes en materia de transición energética y con base al cambio climático, tanto los que hemos suscrito a nivel internacional para reducir la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en el marco del Acuerdo de París, de los que además estamos obligados a la actualización periódica de la contribución determinada a nivel nacional. Hasta alcanzar el compromiso que varios países ya suscribieron, es decir, el cero neto de emisiones para el año 2050. Así como también los objetivos que nos hemos fijado en la legislación nacional en materia de ampliar la generación a partir de fuentes renovables, lo cual además nos permitirá contar con la generación instalada necesaria para atender la demanda de energía eléctrica que se proyecta en próximos años sin recursos naturales y sin condiciones de salud para población no habrá ni crecimiento ni desarrollo ni bienestar en el país. Por lo anterior, les exhorto a considerar estas reservas que buscan corregir el equivocado camino planteado en el dictamen, pues de lo contrario, como en tantos otros caprichos inviables anteriores, lo aprobado por esta Cámara terminará siendo corregido y enmendado por la colegisladora y la Suprema Corte, evidenciando una vez más el servilismo y la subordinación de los legisladores que solo se representan los intereses de un solo hombre, en vez de los intereses de las y los ciudadanos que los eligieron. Muchas gracias.