El diputado Sergio Penagos García (PAN): Gracias, diputado Presidente. En efecto, el espíritu de esta propuesta tiene su origen en una evaluación hecha al último juicio de declaración de procedencia que se sustanció en esta Cámara de Diputados, en razón de que estimamos se sentó un precedente que también es digno de análisis y de examen por parte de esta soberanía. Todos recordamos que la discusión sobre este tema surge a partir de 2 posiciones doctrinarias encontradas: quienes señalaban la persistencia del fuero constitucional, aun con la solicitud de licencia legalmente concedida y, por otra parte, quienes señalaban la ociosidad del proceso de la declaración de procedencia, en razón de que la inmunidad corresponde sólo al cargo, mas no así a la persona. Así pues, debemos evaluar la problemática considerando también la voz de quienes son nuestros representados y son ellos quienes estiman que el fuero, hoy en día, es una extralimitación del poder público. La figura, debemos de reconocer, acusa hoy una pésima reputación entre la ciudadanía, vino transitando desde la necesaria protección contra la represión política de antiguo regímenes, hasta el deformado enfoque actual, cual si se tratara de un escondrijo o una de una pared detrás de la cual se ocultan aquellos políticos corruptos que pretenden evadir sus responsabilidades frente a la ley. Quienes impulsan, incluso, nuevos argumentos sobre la desaparición absoluta del fuero constitucional, dejan de observar, por su parte, el desequilibrio que pudiera generarse a partir de ello entre los poderes públicos, dejan de observar que el monopolio de la acción penal corresponde al Ministerio Público y éste depende únicamente del Ejecutivo. Si bien, hoy las tentaciones de la represión política no están en el Ejecutivo Federal, tampoco nada garantiza la imposibilidad de una regresión en el futuro. El reto es hoy, pues, responder a la inquietud de la ciudadanía moldeando el texto de la Constitución, preservando la figura, pero impidiendo a su vez la extralimitación en su uso, a partir de ello zanjaremos, pues, la discusión doctrinaria con claridad. No vamos a pretender aquí argumentar sobre la doctrina, las posiciones ambas son respetables, sin embargo, debemos responder a la inquietud de la ciudadanía con argumentos que se estiman elementales. La licencia para que sea concedida al servidor público que goza de la inmunidad procesal, es requerida la expresión de su voluntad y por consiguiente, no existe medio lícito alguno para forzarla. Y por otra parte, también se permite, con el logro de esta reforma constitucional, que aquel servidor público que goza de la inmunidad procesal y que esté en la disposición de enfrentar una acusación derivada de la represión política, porque esté a sabiendas de que es injusta, también tendrá la vía expedita para ello, a través de ese acto de voluntad. Pero por otra parte, hay que tomar en consideración que el acto delictivo no pone en riesgo la viabilidad del poder soberano, pues la misma Constitución en el artículo 111 establece los mecanismos, mejor dicho, la Constitución establece con toda claridad los mecanismos para sustituir a aquellos servidores públicos a los que se refiere el artículo 111 de la misma Carta Magna. Por otra parte, también se trata con esta iniciativa, de hacer congruencia respecto del propio texto del 112 constitucional, cuando en su primera parte establece que no es necesaria la declaración de procedencia, cuando el servidor público investido de fuero comete un delito estando separado del cargo. Conforme al precedente que esta Cámara sentó en el sentido de que aun estando separado del cargo por licencia goza de la inmunidad procesal el servidor público, debe de admitirse entonces que la Constitución estaría previniendo un caso de excepción donde procedería la acción penal en contra de un servidor público investido con el fuero, aun cuando a éste no se le haya retirado el mismo. Por otra parte, si reconocemos que la excepción no existe, por consiguiente tendríamos que reconocer la inconsistencia del precedente sentado por esta Cámara. De no concederse que con la concesión de la licencia por parte del poder público el servidor estuviese separado de su cargo, cabría la posibilidad de que éste alegue en su beneficio la existencia de un vínculo indisoluble entre su persona y el cargo, cosa que choca con la realidad debido a que si este servidor público ejerce o pretendiera ejercer las funciones inherentes al cargo estando separado con motivo de una licencia legalmente concedida, estaría incurriendo a su vez en responsabilidad. Por otra parte, también hay que señalar que existen mecanismos para garantizar la viabilidad del poder soberano, al ser obligatorio el desempeño de los cargos públicos y no existir la posibilidad de que de manera caprichosa el servidor público que goza de esa inmunidad procesal se pueda separar del cargo, según su libre albedrío. Esa es la razón por la que proponemos a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para decir así: Artículo único. Se reforma el primer párrafo del artículo 112 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 112. No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado de su encargo. Tampoco se requerirá declaración de procedencia cuando alguno de los antes referidos se separe del cargo por habérsele concedido licencia para el efecto. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 8 días del mes de febrero del año 2005. Diputado Presidente, solicito a usted que el texto íntegro de la presente iniciativa sea publicado tanto en la Gaceta Parlamentaria, como en el Diario de los Debates. Es cuanto.