El diputado César Camacho Quiroz: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, es evidente que la justicia y la seguridad en México son deficitarias, al punto que en esta Cámara, y en lo que es bien conocido como el poder revisor de la Constitución, fuimos capaces de construir una reforma publicada hace prácticamente medio año, de modo que hemos avanzado no con la velocidad y la precisión que hubiéramos deseado. Pero, es cierto, y es un mérito atribuible a todos los partidos políticos, el hecho de haberle dotado a los mexicanos de una legislación más moderna y, esperemos todos, mucho más eficaz. Por ahora, en el afán de redondear el marco jurídico constitucional, legal y reglamentario en esta delicada materia, hemos dispuesto una reforma al artículo 73, fracción XXI, que como es bien sabido señala las facultades que de manera exclusiva puede ejercer el Congreso de la Unión. En el tema delicado del combate al secuestro que se ha convertido en uno de los flagelos que más duramente ha pegado a la estabilidad, a la paz y a la convivencia, la dispersión jurídica lamentablemente ha generado una ineficacia policíaca y, eventualmente, judicial. Por eso se ha pensado que los tres ámbitos de gobierno, en una relación armónica, de mutua complementación, pero de idéntica responsabilidad política frente a la comunidad, de la que todos formamos parte, puedan generar sinergia, no sólo normativa sino operativa-práctica, y dar mejores resultados. Esta dispersión generada, por ejemplo, por la existencia de 33 tipos penales, 31 estados, el del Distrito Federal y el del ámbito federal, así como la dispersión y la variedad en las sanciones; así como la diferente manera de acometer la investigación de los delitos y la persecución de delincuentes, ha generado ventajas solamente para los secuestradores, de suerte que estamos impelidos a trabajar juntos, pero también inteligentemente, a articular la acción de los ámbitos de gobierno y generar una respuesta como la que la gente está esperando. Las expresiones públicas sobre el particular no pueden ser más elocuentes, desde el "Ya basta" hasta la solicitud o la sugerencia de renuncia de servidores públicos, han hecho que sea un asunto prioritario como lo considera el Congreso. De suerte que el reto es articular; y articular es dotar de plasticidad y dinamismo al cuerpo social. El construir y constituir puntos de unión, generar movimientos y desarrollar capacidades. Esta reforma constitucional une, dinamiza y mejora la colaboración entre ámbitos de gobierno, concretamente frente a los secuestradores, y es evidentemente una respuesta, no la única, pero sí, de este tamaño, la primera, a una demanda social inaplazable, y es ?vale la pena decirlo? un resultado adicional que el Poder Legislativo ofrece en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Si este periodo o esta legislatura, y este periodo subrayadamente se ha caracterizado por los resultados fructíferos en materia de justicia, no podemos dejar que este tramo, que es el último de esta legislatura, éste y el periodo que viene, no nos pongamos de acuerdo para poder hacer lo que la gente está esperando. Es cierto, se concretó hace unos meses ?medio año para ser exactos? la incorporación o el establecimiento del sistema acusatorio adversarial oral que está empezando a dar algunos frutos, aún pálidamente, pero así como hay una actitud generosa y garantista de un nuevo sistema de justicia penal, debe haber toda la severidad contra quienes han querido robar la tranquilidad, la convivencia de tantas y tantas familias mexicanas, muchas de las cuales lamentablemente se han visto enlutadas. El artículo 73, en su fracción I, hasta hace unos días ?porque las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia así lo determinaron? establece la opción de expedir una Ley General del Congreso, y recordemos que las leyes generales no son las leyes federales, de la sola competencia para el ámbito federal, sino leyes que siendo del Congreso de la Unión, cubren la competencia y redistribuyen armónica e inteligentemente la responsabilidad entre federación, estados y municipios, para que haya armonía, para que haya identidad de tipos penales, pero para que también haya sanciones que se compadezcan con la misma actitud lesiva y delincuencial. Lo más importante, la distribución de las competencias, las formas de coordinarse entre federación, estados y municipios que, como dije al principio, su carencia es utilizada como un resquicio por el crimen organizado para hacer de las suyas. Las comisiones hemos determinado ?y señor presidente, pondré a su disposición el oficio que lo consigna? proponer al pleno en este dictamen a discusión una supresión respecto de la original redacción. Leo la parte conducente. Después de "el Congreso tiene facultad ?como dice el exhorto? para establecer los delitos y las faltas contra la federación y fijas los castigos que por ellos deban imponerse". Hasta aquí está el texto vigente. Y dice la propuesta de las comisiones unidas: "expedir una Ley General en Materia de Secuestro que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios". De suerte que moviendo la maquinaria del poder revisor de la Constitución podrán pronunciarse no sólo el Senado de la República con la necesaria dos terceras partes, sino lo vital: las Legislaturas de los estados que no sólo eventualmente ?así lo esperamos? avalen esta minuta, sino también se aperciban de la necesidad de trabajar de manera concertada, armónica, inteligente para poder contribuir, primero, con planteamientos jurídicos y después las otras instancias del poder público en los estados, para una persecución eficaz de este tipo de delitos. Concretamente, del secuestro. No deja de ser importante destacar que es ésta también una reforma federalista; que es una reforma que concierta, que es una reforma que suma, que es una reforma que articula no sólo las ideas y los planteamientos generales, sino la capacidad operativa de los tres órdenes de gobierno. De suerte que ?para terminar? dispersión legislativa bis a bi, homologación del tipo de penal y su sanción ante la falta de investigación o la investigación desconcertada, la colaboración virtuosa de las autoridades; la desatención a las víctimas del secuestro por el establecimiento de una política criminal que abarque desde la prevención, la persecución, la sanción y, por supuesto, el combate en su más amplia acepción para este delito que tanto daño le ha hecho a México.