El diputado José Higuera Fuentes: Con su venia, señora presidenta; compañeras diputadas, compañeros diputados, de igual manera que el diputado que me antecedió en la palabra, vengo a esta tribuna a nombre de mi grupo parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, a presentar la postura sobre dos dictámenes que están en discusión. El primero, con proyecto de decreto que reforma el artículo 4o., y el numeral seis del artículo 16, y el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 1, 3 y 11, así como la fracción I del artículo 13, ambos de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Estas reformas que hoy estamos discutiendo tienen implicaciones de fondo, principalmente para el sistema de procuración de justicia mexicano, para el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el Inali y para el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y para cada una de las instituciones de la Administración Pública Federal. Quiero aprovechar este momento para resaltar la relevancia –a manera de ejemplo– que se tendrá para las dos instituciones en mención, que deberán salvaguardar y garantizar que la nación conozca que las lenguas indígenas son lenguas nacionales igual que el español. Eso significa que las lenguas de México, tanto el español como el mixteco o náhuatl, tienen la misma validez jurídica sin importar que estén los habitantes de alguna lengua dentro o fuera de sus comunidades. Ya es tiempo que el Inali se ponga a trabajar y diseñe verdaderas políticas públicas que sean eficientes y den resultados. Que le quede claro al titular del Inali, que no es cuestión de recursos económicos, sino de hacer respetar y de que se respete lo establecido en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Basta de hacer conmemoraciones ostentosas y folklóricas en el Día Internacional de la Lengua Materna que se celebra cada año el día 21 de febrero. Los pueblos indígenas requieren de políticas públicas que salvaguarden sus derechos lingüísticos y no de acciones que financien reuniones para los amigos del titular del Inali o del secretario de Educación Pública. Por citar un ejemplo, tenemos la lamentable situación en que viven los jornaleros agrícolas de San Quintín, Baja California, que no sólo se trata de una explotación laboral de violencia, de acoso sexual hacia las mujeres por parte de los patrones o encargados de los ranchos, del trabajo infantil, de analfabetismo, etcétera. Se trata del fondo de un problema estructural en el que son corresponsables las instituciones encargadas de hacer efectivos los derechos indígenas, tal como el acceso a intérpretes y traductores que les permita a nuestros hermanos indígenas demandar por sus derechos, defender lo que les corresponde, alzar la voz y ser escuchados. Pero este vacío de las instituciones nos demuestra una vez más que no existe acceso a la justicia en esa región, que los derechos humanos básicos, como es el derecho a la comunicación, se encuentran socavados. En el caso del Inali, no sabemos qué ha hecho todos estos años para evitar el analfabetismo de los pueblos indígenas o, ¿acaso la política de esta institución es impedir el desarrollo propio de las lenguas indígenas, pues la omisión ante un deber es una responsabilidad igualmente grave? El Inali es el responsable directo de la pérdida de los idiomas indígenas, las estadísticas lo dicen: en lugar de que haya más hablantes indígenas, los censos de población reportan una disminución. En el censo de 1990, el porcentaje de la población que habla una lengua indígena respecto a la población total fue de 7.5 por ciento., mientras que en el censo de 2010 se redujo al 6.6 por ciento. Sin lugar a dudas el Inali tiene que cambiar su política pública y, en su caso, cambiar la cabeza de la institución por este genocidio estadístico. Coincidimos con los dictámenes de la Comisión de Asuntos Indígenas, ya que con estas reformas se reconocerá que el español y las lenguas indígenas tendrán la misma validez en todo el territorio nacional y ante cualquier instancia del Estado, situación que dignifica el valor de la lengua misma más allá del territorio donde ésta se aplique, pues de lo contrario sería tanto como coartar el derecho de expresión a una delimitación geográfica, siendo que es un derecho humanos inherente a la persona donde quiera que ésta se ubique. Asimismo, esta reforma salvaguarda y armoniza lo establecido en el artículo 2o., apartado A, fracción VIII, de nuestra Carta Magna, donde se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas para acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, para lo cual se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales, teniendo en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y su cultura, a fin de garantizar que en todos los juicios y procedimientos su debida defensa. Por otro lado, debemos hacer consciencia de que el reconocimiento de la lengua indígena no es sólo injerencia de las comunidades y pueblos indígenas, sino de todos los mexicanos en tanto forma parte de nuestra cultura. De ahí que de igual manera quiero aprovechar este momento para hacer un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones en esta materia, sobre todo a sus comisionados y al presidente del instituto, para que –de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radio Difusión– las lenguas indígenas como lenguas nacionales, igual que el español, sean parte de los contenidos ofrecidos por los concesionarios como un uso obligatorio, a fin de salvaguardar –entre otros– el derecho...