LA C. DIPUTADA GEMA ISABEL MARTINEZ LOPEZ: Con su permiso, señor presidente. Con fundamento en el artículo 58 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscribimos, diputados y diputadas federales, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo para exhortar a las procuradurías de justicia para que atiendan de manera integral a las víctimas del delito, bajo la siguiente exposición de motivos. Todos los días tenemos noticias de la poca sensibilidad y justicia con que son tratadas las víctimas del delito en las agencias del Ministerio Público. Las mujeres generalmente recibimos un trato discriminatorio, abusivo y grosero del personal que labora dentro de las agencias. Nos enfrentamos a la negligencia, burlas, trato despótico e inobservancia de nuestros derechos. En México existe una demanda constante en el sentido de que en nuestro país la atención a las víctimas del delito es de clara desventaja frente al trato que se le da a los delincuentes. La injusticia y la impunidad producen la inseguridad y la pérdida de credibilidad a las instituciones. La sociedad considera que los delincuentes cuentan con la complicidad y protección de la ley, las autoridades, las instituciones encargadas de proteger los derechos humanos, en tanto que a las víctimas no se les atiende adecuadamente, no se les proporciona asistencia jurídica y tampoco les es reparado el daño que les causan. Por lo tanto, no creen en la impartición de la justicia, a la que consideran ocio acudir. Durante muchos años se trató de proteger al procesado en el afán de darle garantías para defenderse. Se llegó al extremo de no ocuparse de los derechos de las víctimas. En los últimos años el interés por el tema de las víctimas del delito ha sido abordado por juristas y especialistas en derechos humanos. En 1993 la Constitución fue modificada para contemplar dicha problemática. En el inciso b) del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ya se establecen los derechos de las víctimas del delito u ofendido. Sin embargo, es de igual importancia que la procuración de justicia se haga efectiva, que los procedimientos se agilicen y que los servidores públicos estén capacitados y sensibilizados para atender de manera adecuada a las víctimas. En cuanto al derecho de recibir asesoría jurídica, considero que se dice que los derechos de las víctimas deben de ser equivalentes a los del inculpado, quien desde la averiguación previa tiene derecho a la asistencia jurídica, sea particular o de oficio. Entonces, las víctimas también deben de contar con un verdadero asistente legal que lo ilustre, lo represente de manera efectiva y gratuita. Este abogado puede ser el propio Ministerio Público, a quien se deberá dotar de las atribuciones y recursos necesarios para su cometido, o bien puede ser una institución especializada en atender no solamente los asuntos de orden penal, sino también otras materias como civil y laboral, etcétera. De otro modo, una simple asesoría es una asistencia legal limitada que sólo da consejos, opiniones y orientación, pero no representa a la víctima en su juicio. En tal situación, la defensa del ofendido es más reducida que la prevista del infractor. Para la reparación de daños propongo: ésta debe garantizarse desde el inicio del proceso al fijar la caución. Si el inculpado tiene derecho a ella, en la aplicación de este derecho las leyes deben prever mecanismos de aseguramiento de bienes desde la fase de averiguación previa. Igualmente es importante que la ley evite la práctica de absolver la reparación del daño por falta del supuesto elemento para determinarla. Debería ser práctica general que el juzgador no pueda absolver de la reparación del daño cuando haya impuesto sentencia condenatoria, y para calcular el monto al igual que lo tiene que estimar... (interrupción) -