La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros legisladores, hoy el problema principal en México en torno a los derechos humanos de mujeres y niñas no es su reconocimiento ni su fundamentación, sino su efectiva protección. Mary Tain recordaba, y a nuestro juicio muy acertadamente, que en este campo de los derechos humanos y de su protección, no son raras las sensaciones de emitir a Procusto, el famoso bandido de la época griega que tenía en un lecho el hierro ideal, para él claro está, y donde tumbaba a todas sus víctimas para ajustarles el tamaño. Aquellas que sobresalían de las dimensiones del lecho, veían recortadas sus extremidades y las que no se ajustaban en la altura con los métodos igualmente crueles, eran objeto de alargamiento forzoso de las piernas. Desgraciadamente a veces surgen los imitadores de Procusto, aquellos o estos que tienen su idea de los derechos humanos y que protegen solamente a quienes entran en su concepción, al resto no se les niega la protección, eso nunca, pero se les acomoda al tamaño obligado. La internacionalización de los derechos humanos es un fenómeno reciente que se impuso después de la Segunda Guerra Mundial, que inicia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Para dotar de obligatoriedad a dicha declaración se adoptaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el ámbito de la Organización de Estados Americanos se suscribió la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Estos instrumentos internacionales son obligatorios para México hace más de 29 años, lo que significa que desde entonces nuestro país adquirió la obligación internacional de lograr una efectiva protección de los derechos fundamentales regulados en los estados instrumento. A pesar de la ratificación de México de los tratados antes mencionados, y la ratificación de la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención Belen Do Pará, el Estado mexicano ha negado en forma reiterada, cínica e indolente, los derechos de no discriminación y el derecho de acceso a la justicia a las mujeres y a las niñas. Este último derecho puede considerarse como el derecho fundamental por excelencia por cuanto constituye la puerta de entrada para el reclamo y la efectiva protección de los demás derechos fundamentales. Esta situación de la violación de los derechos fundamentales de las mujeres, continuaría sin generar ninguna expectativa de cambio si no se hubiera dictado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras como Campo Algodonero, del 16 de noviembre del 2009. El futuro de niñas y mujeres de México, de escasos recursos, podría ser el mismo que se les deparó en ese entonces a más de 500 muertes en Juárez y que siguen falleciendo, y a más de 40 mil desaparecidas. Ninguna autoridad federal o local hoy en día, garantiza el derecho de acceso a la justicia y no discriminación de mujeres, niñas de escasos recursos. Gracias a los familiares de las víctimas, a las ONG nacionales y extranjeras y a diversas universidades del país, después de 18 años tenemos una sentencia internacional que califica estos hechos como lo que son, un crimen imperdonable,tolerado y aceptado por nuestra sociedad y por el Estado mexicano, a pesar de que en nuestra Carta Magna se dispone que gozan de la garantía de igualdad y acceso a los tribunales toda persona, en el caso de miles de mujeres y niñas de escasos recursos el acceso a estos derechos es una quimera. El Partido del Trabajo y su servidora solamente se sumarían al punto de acuerdo si se abriera precisamente la Comisión Especial de Investigación para los casos de todas las mujeres y niñas cuyos derechos humanos son violados. Gracias.