El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida: Muchas gracias, señor presidente. Compañeros diputados. Desde hace años hemos sido testigos de escaladas de violencia en algunas regiones del país. Esa violencia se traduce en zozobra ciudadana y en inestabilidad de las instituciones. La violencia se expresa en las más diversas formas, pero impacta como uno de los grandes temores sociales. Vivimos inmersos en la violencia desde el entorno más cercano que es la familia y se sufren agresiones verbales, físicas y psicológicas entre sus miembros. No existen políticas públicas que permitan actuar en contra de esa dolorosa realidad que se traduce en delitos, afectan severamente el núcleo familiar y se reproducen en la escuela y la comunidad. En efecto, en la escuela, lugar donde suponemos que nuestros hijos obtienen conocimientos útiles que los preparan para ser productivos, para integrarse plenamente a la sociedad de aportar a su desarrollo, para poder alcanzar sus metas personales y profesionales, las agresiones entre escolares son frecuentes, cada vez más continúas, sofisticadas y crueles, han provocado deserción y en casos extremos suicidios. Los niños y jóvenes que son sujetos de violencia en el hogar y en la escuela reproducen el esquema de agresión como parte de su comportamiento en el entramado de sus relaciones interpersonales. La violencia es un problema estructural, cultural, de profundas raíces que se acentúa día a día y afecta a mayor número de personas, sobre todo, cuando no se educa para evitarla, para rechazarla, para denunciarla o para condenarla. Una sociedad violenta es una sociedad en la que sus miembros no han podido procesar adecuadamente divergencias, en la que no han tenido capacidad de consensuar diferencias, en la que no se han dado o no se han querido generar los cauces para la solución razonada de conflictos o intereses, en los que la tolerancia ha estado ausente. La violencia tiene múltiples causas y múltiples actores, una de las formas más perniciosas de la violencia es la que se ejerce con el propósito de atemorizar, doblegar la voluntad, ejercer un poder ilícito en personas y comunidades como lo hemos visto a través de estos años en el caso de la delincuencia organizada, a la que no satisface cometer los más abominables ilícitos, sino que los acompaña con manifestaciones sangrientas que dan cuenta del poder de los grupos y, peor aún, dejan de manifiesto la incapacidad de las autoridades para contenerla, combatirla y evitarla. Hemos sido testigos del temor que infringen grupos organizados de sicarios que ya han provocado fenómenos inéditos, como el abandono de cientos de familias de sus hogares para proteger sus vidas. El 40 por ciento de toda la actividad productiva de Juárez, a la que ha hecho referencia hoy el diputado Fernández Noroña, con mucha claridad, el 40 por ciento de la actividad productiva ha desertado de Juárez porque no hay condiciones para poder desarrollar una tarea honesta de vida. La inactividad pública o su ineficacia ante estas expresiones ponen en riesgo la estabilidad social y han provocado serias críticas a las autoridades de todos los niveles de gobierno, acentúan con ello la ruptura de la sociedad y autoridades. La sociedad no se siente a salvo de las amenazas de los grupos delictivos de ningún tipo; no se siente protegida para el caso en que un riesgo se actualice y afecte en su integridad física, patrimonial y, peor aún, en su vida; no se siente respaldada para hacer frente desde su trinchera a la delincuencia. La violencia generada por las organizaciones delictivas es, desde luego, la más visible y aterradora; 30 mil muertos aceptados por las autoridades federales como saldo trágico de una mal dirigida guerra contra el narcotráfico o lucha por la seguridad pública, muchas de las cuales eran personas ajenas a esa lucha y no han sido suficientes para entender que existen errores en la estrategia emprendida y errores conceptuales que deberían de atenderse de inmediato. Uno de los grandes errores, es que no se ha entendido que la manifestación más dolorosa de la violencia es la pobreza y la inequidad que la acompaña. La falta de oportunidades para los niños y jóvenes, para los mujeres, para los discapacitados, para los adultos mayores, para las comunidades indígenas, esa es violencia y se genera desde el propio estado. La inaccesibilidad a satisfactores básicos, a vivienda, alimentación, empleo, trabajo, salud, de grandes capas de la población, particularmente de los obreros y campesinos, eso es violencia. A estas formas de violencia que nos acompañan desde hace décadas y que cada día se acentúan más, se suma la violencia delictiva que alzó las numerosas regiones del país y que contribuye a mayor retraso en el desarrollo social. Esta violencia toca todas las facetas de la vida de los mexicanos, no sólo afecta las regiones o zonas en las que se vive de manera ya cotidiana, sino al país en su conjunto, porque ahuyenta inversiones, retrasa el desarrollo, modifica las prioridades y distrae recursos públicos que deberán emplearse en programas productivos y sociales. De esa violencia es de la que los mexicanos ya estamos hartos. Todas las autoridades tienen la responsabilidad política e histórica de atender este problema. ¿Cuántos muertos más se requieren para enfrentar a cabalidad esa responsabilidad, que como servidores públicos y como mandatarios electos popularmente, se asumió al pedir el voto ciudadano, al protestar cumplir una responsabilidad pública? La violencia enfrenta a los gobernados con sus autoridades, generando aún mayores tensiones. La sociedad vive atemorizada, nunca antes el futuro de jóvenes en México había sido tan incierto y tan poco prometedor. No podemos ver con indiferencia la muerte de 30 mil personas que al margen de si formaban parte o no de organizaciones criminales, que por cierto, nunca nos han comprobado, solamente lo dicen, lo cual no se encuentra sustentado con una investigación concluida, son seres humanos y son mexicanos. La violencia nos afecta a todos. La delincuencia es una realidad con la que convivimos a diario. La delincuencia ha privado de la vida ya a candidatos, a presidentes municipales, a un candidato del PRI a gobernador que era nuestro compañero en esta Cámara de Diputados, a un ex gobernador antier, a diputados locales, a servidores públicos municipales, locales y federales, a niños, a jóvenes, a hombres y mujeres que eran ajenos a la violencia delincuencial y a la violencia que no es fuerza legítima; que las fuerzas policiales y militares se ejercen para atacarla. A este panorama delicado se suma la violencia verbal entre actores políticos que a través de la irresponsable denostación del adversario, no tienen empacho en hacer del insulto, de la falsedad, de la mentira fácil recurso para adornar discursos y para desacreditar al oponente ante la falta de recursos verbales y de propuestas, para sembrar la duda sobre la honorabilidad del contrincante, para polarizar y enfrentar. Estos falsarios contribuyen grandemente al clima de temor e intimidación que desde el poder público o los partidos políticos no sólo se tolera, sino irresponsablemente se ejerce o se fomenta. La reflexión que deberíamos hacernos los partidos políticos en esta Cámara es si reconocer si la violencia verbal, basada en mentiras y denostación del adversario no es contribuyente al clima de deterioro social y si no es esto un paso más en la cadena de violencia, cuyo último eslabón es la violencia física. A las autoridades responsables, particularmente a la federal le haríamos la pregunta, como Grupo Parlamentario del PRI, de si su incapacidad para esclarecer las más de 30 mil muertes derivadas de este clima de violencia, vinculadas al crimen organizado según sus propios datos no han contribuido a generar nuevos crímenes que han ido escalando en grado. Si este clima de impunidad persiste, donde da lo mismo asesinar a jóvenes que quieren recuperar su vida, abandonando las adicciones que ejecutar a candidatos a gubernaturas con todo y escolta militar, ahora a ex gobernadores, si esto no es propiciante de la violencia que sigue incrementándose. No nos quejemos que el número de los blancos de ejecuciones aumenten cualitativamente en el futuro, por eso la exigencia de esclarecer estos asuntos. Por ello, la necesidad política de que se haga justicia, por eso el imperativo moral de contribuir todos a frenar este inaudito clima de violencia que ha deteriorado como nunca las relaciones entre los mexicanos. Muchas gracias.