El diputado José Everardo Nava Gómez: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros diputados. A pesar de los importantes avances en el reconocimiento jurídico de la mujer rural dentro de nuestro sistema normativo, en la práctica actual el ejercicio de sus derechos que se supone deben ser con igualdad, siguen siendo inoperantes por los valores culturales que aún predominan en nuestro sociedad y sólo un mínimo de mujeres son las que gozan del acceso a la posesión y representatividad de la tierra ejidal. En la última década el papel de la mujer rural mexicana ha venido creciendo al grado de convertirse en el pilar fundamental para el desarrollo de las principales actividades agrícolas del país. Sin embargo, a pesar de su productividad, las mujeres del campo siguen siendo objeto de discriminación y desigualdad. Datos del Instituto Nacional de la Mujer estiman que de los 13 millones de mujeres que viven en las comunidades rurales, sólo 610 mil del total se encuentran reconocidas como propietarias y en lo que corresponde a unidades de producción en el país, del 30 por ciento que está a cargo de una mujer, sólo el 2 por ciento están registradas a su nombre, principalmente en los estados de Veracruz, estado de México, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Datos de la Confederación Nacional Campesina (CNC), aseguran que más de un millón 200 mil mujeres campesinas de nuestro país se han convertido en el principal sustento familiar, como consecuencia generada por el fenómeno migratorio tanto de sus esposos como el de sus propios hijos. Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), determinaron que el trabajo que realiza una mujer mexicana que vive en zonas rurales es 53 por ciento más que el desempeñado por los hombres y cuatro horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas, al que hay que sumar la falta de seguridad social, la ausencia de un salario y cuando lo hay, este suele ser incongruente al trabajo desempeñado. Nuestro líder de la CNC, el senador Gerardo Sánchez, ha expresado la necesidad de impulsar una nueva cultura de género que no segregue, y mucho menos que demerite el género femenino, a lo que manifestamos nuestra coincidencia y respaldo total. En el mismo sentido, miles de mujeres campesinas de diferentes asociaciones y organizaciones de todo el país, coinciden en la necesidad de dejar atrás los perjuicios sexistas para transformarlos a una nueva visión hacia la mujer, que se construya bajo los principios del respeto, la igualdad y equidad en sus derechos al acceso de la tierra. Insólitamente, a pesar de las condiciones que sujetan a las mujeres campesinas, ellas continúan mostrando gran fortaleza para enfrentar la marginación y pobreza que prevalece en sus hogares y siempre buscan brindar la mejor atención a sus hijos, hijas, enfermos y adultos, con el objetivo de lograr el equilibrio y progreso de sus familias. Con esta iniciativa que presento, se pretende solucionar la problemática actual de desventaja que se encuentran padeciendo las mujeres en el campo: niñas, jóvenes, madres o adultas, específicamente en los ejidos, mediante la revaloración y el reconocimiento de debe tener la mujer en condiciones de igualdad, respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, al considerar que es la única forma que nos permitirá lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico. El texto actual del artículo 12 de la Ley Agraria establece que: son ejidatarios los hombres y las mujeres titulares de derechos ejidales. Esta redacción resulta incongruente con la realidad que enfrenta la mujer rural campesina para acceder a la titularidad de derechos ejidales, lo que nos motiva para proponer a esta Cámara de Diputados realizar una adecuación al texto vigente del artículo 12 de la Ley Agraria. Nuestra propuesta va encaminada a plasmar el concepto de igualdad de condiciones al texto vigente, con lo que considero se fortalecerá y ampliará la protección jurídica de la Ley Agraria para la mujer rural mexicana, haciendo posible el ejercicio efectivo de los derechos ejidales que están demandando históricamente y lograremos una nueva cultura de género incluyente. En el mismo sentido, la redacción del primer párrafo del artículo 17 del mismo ordenamiento, establece la facultad que tiene el ejidatario para decidir a quién puede suceder los derechos hereditarios en caso de llegar a fallecer. No obstante y de acuerdo con la redacción actual, la lista de posibles beneficiarios resulta omisa en virtud de que solamente contempla el término hijos y el de hijas. Al referirnos al término hijos podríamos deducir que se trata del hijo varón o hija mujer, sin embargo para dar un mejor enfoque de género que permita salvaguardar con igualdad los derechos hereditarios de las hijas del ejidatario, juzgamos conveniente llevar el término de hijas en la redacción del primer párrafo del artículo 17 y de igual forma a la redacción de la fracción III del artículo 18, ambos de la Ley Agraria. Finalmente, para resolver la problemática actual de desamparo que enfrentan todas aquellas personas que dependieron económicamente del ejidatario fallecido, hijas e hijos menores de 18 años no emancipados impedidos para trabajar por alguna discapacidad; cónyuge, concubina, concubinario, padre y madre, consideramos fundamental garantizarles en la ley de la materia la obligación de los beneficiados de la herencia para que brinden alimentación y educación a los dependientes del ejidatario fallecido. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. En este mes de conmemoración del 60 aniversario del Voto de la Mujer en México, estamos en el momento oportuno para continuar con la armonización de nuestra legislación con miras a lograr la igualdad que las mujeres campesinas históricamente vienen demandando. Felicidades a todas las mujeres mexicanas. Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrada mi iniciativa al Diario de los Debates. Gracias.