La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta, compañeras y compañeros legisladores. En el Grupo Parlamentario del PRD nos congratulamos de que finalmente y después de una espera de meses, desde que la Comisión de Educación aprobó el presente dictamen, estemos discutiendo la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República, que expide la Ley General de Educación Superior, cumpliendo así el mandato que se encuentra en el transitorio sexto de la reforma al artículo 3o. constitucional de 2019. Esta ley es inédita, la culminación, su culminación no solamente de los trabajos llevados a cabo durante el año anterior, sino que también es la finalización de un proceso de varias décadas en la que investigadores, rectores, rectoras, pedagogos y académicas manifestaron la necesidad de que el Estado mexicano contara con una Ley General de Educación Superior que permitiera que el sistema se adapte a las nuevas condiciones sociales, tecnológicas, culturales, ambientales o de innovación. Esta ley perfecciona la autonomía universitaria, reconocida en la fracción VII del artículo 3o. constitucional. La redacción de dicha fracción data del año de 1979, cuando el Estado mexicano, a través del Poder Ejecutivo, reconoció que el respeto a la autonomía universitaria era un compromiso permanente del Estado mexicano en sus tres órdenes de gobierno, y que dicha autonomía les permitiría organizarse, administrarse y funcionar libremente, siendo sustento de libertades. La misma exposición de motivos de dicha reforma constitucional reconocía la responsabilidad que tendrían las universidades e instituciones de educación superior. Primeramente, con sus comunidades y, en última instancia, ante el Estado, en el cumplimiento de sus planes, programas, métodos de trabajo, así como de los recursos públicos que se les garantiza para llevar a cabo dichos fines. Desafortunadamente, desde 1980, cuando la Cámara de Diputados aprobó dicha reforma a la Constitución hasta nuestros días, el nombre de la soberanía de la cual gozan los Poderes Legislativos, tanto de la federación como de las entidades federativas, hubo atentados en contra de la autonomía universitaria, por cuestiones que en muchas ocasiones eran meramente disputas políticas. Esta ley, reconociendo, salvaguardando y garantizando la soberanía por la que gozan tanto los titulares de los Poderes Ejecutivos de la entidades federativas y las y los diputados de sus respectivos Poderes Legislativos locales, refrenda el compromiso asumido por el Estado mexicano en 1979 y ofrece una garantía a las universidades e instituciones de educación superior que cuentan con autonomía de que serán tomados en cuenta, siempre y en todo momento en lo relativo a procesos legislativos que afecten o modifiquen los instrumentos legales que les sean competentes. Esto, compañeras y compañeros diputados, cambia una actitud y una postura asumida por el Estado mexicano hace 40 años. Estamos convencidas y convencidos de que este instrumento legislativo abrirá una nueva etapa de relaciones armoniosas entres las comunidades universitarias autónomas y el Estado mexicano. Se definen además los niveles, grados y diplomas respectivos que se otorgarán a todas aquellas personas que deseen cursar dicho nivel educativo, las modalidades en las cuales se puede cursar la educación superior en México y un capítulo relacionado con las relaciones que deberá guardar el Sistema Nacional de Educación Superior, con un nuevo Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Se crea y se integra y se define un Sistema Nacional de Educación Superior, el cual aspira representar a todos los componentes que inciden, trabajan y convergen en el avance, en el establecimiento, el intercambio y la interacción entre la educación superior en México. Para coordinar todos los trabajos y todas las diferentes autoridades se crea al Consejo Nacional para la Coordinación de Educación Superior, un órgano colegiado de interlocución, de liberación, consulta y consenso integrado por distintos actores, estudiantes y autoridades en materia de educación superior. Finalmente, como un aporte fundamental para el sistema, se crean reglas claras para la educación superior ofertada por los particulares. Siguiendo con la línea establecida en la reforma educativa de 2019, se fortalecen en esta ley los instrumentos y compromisos del Estado mexicano para fortalecer las escuelas normales con políticas públicas. Conscientes de las problemáticas que viven actualmente las instituciones de educación superior, la ley trata puntualmente los puntos que consideramos muy urgentes de atender. En primer lugar, lo relacionado con el tema de igualdad, discriminación y género, así como la inclusión, para lo cual se establecerán políticas públicas en la materia y se establecerán espacios en las universidades para atender las problemáticas que sufren miles de mujeres en las áreas universitarias y se mandata la igualdad entre hombres y mujeres en los espacios de dirección y decisión. También se incorporarán políticas públicas y proyectos de infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad. Termino, presidenta, diciendo que, en definitiva, esta es una buena ley, una ley que tiene consensos entre los grupos parlamentarios del Senado de la República y la mayoría de los grupos parlamentarios de esta Cámara de Diputados, con asociaciones e instituciones de educación superior, con los distintos actores, tanto públicos, privados, la ANUIES, la FIMPES, entre otras. En este contexto termino diciendo que reconocemos el trabajo y la apertura del exsecretario Esteban Moctezuma. De igual manera, a la diputada Adela Piña y al senador Rocha, por la conducción de los trabajos, por su disposición y apertura al debate plural. Que, si bien como toda legislación es perfectible, este es el trabajo y el esfuerzo de años de trabajo, del cual nos congratulamos ahora que llega a su fin, esperando que este dictamen pueda votarse en sus términos por todas y todos los legisladores. Es cuanto, presidenta.