La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputada presidenta. El 25 de junio del 2012, el Diario Oficial de la Federación dio cuenta de la publicación de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En ella se estableció la obligación del Estado mexicano para garantizar la vida y la integridad física de quienes, desde la sociedad civil o los medios de comunicación son amenazados, amenazadas por la realización de actividades que tocan fuertes intereses creados por la delincuencia organizada o por la intransigencia, perdón, de los actores y de las instituciones del gobierno. Debemos recordar que nuestra nación ha sido catalogada, a nivel internacional, como el país más peligroso, sin guerra declarada para ejercer el periodismo, debido al número de asesinatos que se cometen en contra de este gremio. Por cierto, la actual administración, en esta actual administración van más de 20 periodistas, hombres y mujeres asesinados y se han quedado callados. Y de manera particular, siguen impunes. Es necesario, en consecuencia, abatir este índice y generar los mecanismos de prevención necesarios para evitar la repetición de tan lamentables actos. El fideicomiso del que hoy discutimos su desaparición, porque ustedes lo quieren desaparecer, porque son sometidos y obedientes al señor que está en Palacio, ese fideicomiso se encuentra destinado a financiar y dar cumplimiento a lo que su coordinación nacional ejecutiva determine como medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección para las y los defensores de los derechos humanos, así como los periodistas. Eliminar este fideicomiso pone en riesgo de muerte inminente a personas cuya actividad principal representa un alto compromiso con la sociedad. Estamos hablando de la vida de mil 300 personas que, actualmente, se encuentran protegidas por este mecanismo. Como todas las instituciones que hoy analizamos, el mecanismo ha tenido fallas en sus operaciones. Sin embargo, es importante señalar que se trata de un instrumento de política pública que, ante el clima de violencia que enfrenta el país, lo tienen en una crisis humanitaria, no se les olvide, y que han reconocido los organismos internacionales como una institución necesaria para garantizar la libertad de expresión y el derecho a defender los derechos humanos en México. Actualmente, dentro de este mecanismo se encuentran protegidas mil 304 personas, 418 periodistas, 111 mujeres y 307 hombres, y 886 defensores de derechos humanos, 471 mujeres y 415 hombres. En un contexto de agresión y riesgo constante, lo que defendemos es privilegiar la no desaparición de este fideicomiso, que aportará 250 millones de pesos al gasto discrecional de la Secretaría de Gobernación. Porque eso que dice su presidente en Palacio Nacional que quiere transparentarlo, lo quiere controlar y hacerlo opaco. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD expresamos nuestra mayor solidaridad con quienes hoy desde la sociedad civil están en las trincheras y en los medios de comunicación. Ponen su vida en juego. Hacemos lo posible por tratar de convencerles, pero ustedes no reflexionan. Así es el fanatismo, no permite a la mente reflexionar. En tanto, estamos nosotras, nosotras, convencidas y convencidos de que este fideicomiso no debe desaparecer. Vaya mi saludo a quienes están en la puerta gritándoles para que ustedes los escuchen. Pero ustedes, como aquel que dicen odiar, ni oyen ni los ven. Sigan votando, levantando el dedo, de manera irresponsable...