El diputado Luis Armando Córdova Díaz: Con el permiso de la Presidencia, así como de todos los aquí presentes. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máximo ordenamiento nacional, es clara al respecto. El Estado está obligado a que en todas sus actuaciones y decisiones se vele y se cumpla con el principio del interés superior de la niñez, garantizando la plenitud del goce de los derechos a todas las niñas y niños del interior del país, derechos como lo son la alimentación, la salud, el sano esparcimiento y el desarrollo integral. Estos derechos no pueden alcanzar su plenitud si no se desarrollan en el seno familiar, en condiciones óptimas de cariño, responsabilidad y cuidados, siendo en este mismo sentido que el artículo 4o de la Carta Magna consagra también el deber del Estado para otorgar particularidades y facilidades para que los privados y particulares puedan coadyuvar en el cumplimiento de estos derechos de los menores. Desafortunadamente, en nuestro país y en el mundo existen niñas y niños que por diversas situaciones imputables a accidentes, enfermedades o inclusive la irresponsabilidad de sus progenitores son menoscabados en su esfera personal más íntima, básica y necesaria: el derecho a una familia. Es así que el Estado crea una figura jurídica con miras a no dejar en el desamparo a criaturas indefensas y acogerlas dentro de un núcleo familiar: la adopción. Sin embargo, la adopción ha tenido un tratamiento mal encauzado en nuestra legislación, así como en varios países de tradición romano-germánica, la diferencia entre la adopción plena y la adopción simple o semiplena, siendo la pena aquella que emula la perfección a la naturaleza. El fin último y principal de la figura de la adopción incorporando totalmente al menor a una familia de la misma forma que un hijo consanguíneo, perfeccionándose la paternidad que otorga certeza, sosiego, paz y esperanza a los niños y niñas de nuestro país. La segunda figura, la adopción simple o semiplena, es una figura que no encuentra sustento axiológico ni racional, pues la finalidad de la adopción es restituir al menor al núcleo familiar que perdió, o más bien, que nunca tuvo. Limitar estas relaciones entre adoptante y adoptado no sólo es un sin sentido, sino un acto discriminatorio y a todas luces vulnera los derechos más básicos de la niñez. Celebramos el dictamen que hoy se presenta a discusión, celebramos su orientación, celebramos el cumplimiento del mandato constitucional y el de los compromisos internacionales contraídos por México en esta materia, la derogación de la adopción simple y la consolidación de la adopción plena como única figura jurídica para la incorporación del menor a una nueva familia. Esto no debe constituir sólo un acto simbólico, sino que debe ser el origen de una oleada de reformas en materia familiar en las entidades federativas que no lo han hecho en ese mismo sentido. Debe ser un aliciente a los legisladores locales para no rezagarse ni dejar atrás en esta materia a los niños y a las niñas. Compañeros y compañeras diputadas, el dictamen que hoy se presenta no es una nimia del derecho civil, se trata de derechos fundamentales del grupo que más requiere de apoyo y consideración, la niñez. Es por eso que los invito a ejercer un voto de manera razonada y responsable, reiterando su compromiso con el cuidado de los menores garantizando en todo momento el acceso y goce pleno de sus derechos, ciertos de que como legisladores no hay responsabilidad más noble que la tutela de los derechos humanos de nuestros menores, de los niños y las niñas mexicanas. Recordemos que más allá de la concepción biológica, la adopción plena es un acto de corazón. Por su atención, muchas gracias.