La diputada Clara Marina Brugada Molina: Gracias, diputado presidente. En primer lugar, nuestro grupo parlamentario quiere establecer que el proyecto que se somete hoy a discusión no representa el instrumento jurídico que requiere nuestro país para garantizarle a todos los mexicanos el acceso al derecho constitucional a la vivienda. Es un avance, es un avance y por eso vamos a votar a favor, pero quedaron pendientes temas importantes que a continuación vamos a relatar. Quedaron asignaturas pendientes que deben ser corregidas. Tal es el caso del financiamiento de la política de vivienda, donde no se establecen criterios ni mecanismos que garanticen la inclusión de partidas presupuestales específicas para abatir el déficit habitacional e incluir las políticas de financiamiento a los sectores de la población de menores ingresos que hoy se encuentran excluidos de las estrategias crediticias impulsadas por el actual gobierno. Sin embargo, teniendo ya la Ley General de Desarrollo Social, podemos garantizar que los programas sociales de vivienda tengan año con año un aumento en los recursos públicos. Faltó en esta Ley de Vivienda, un tema tan importante que era garantizar por ley que año con año aumentaran los recursos, en una política nacional de vivienda para acabar con el déficit. De igual forma faltó generar un verdadero sistema que estableciera concurrencias entre la Federación, estados y municipios en materia de política de vivienda. Sin embargo y a pesar de las insuficiencias de este producto legislativo, nuestro grupo parlamentario considera que en el trabajo realizado por la Comisión, existen avances con respecto a la ley vigente y a la minuta que nos fue remitida por la Cámara de Senadores. Se incluyeron los criterios del derecho a la vivienda adecuada prevista en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como puede observarse en el articulo 2 y 3° del primer párrafo, 72 y 73 del segundo párrafo, a pesar de que la Constitución limita tal derecho a las familias exclusivamente conforme a lo establecido en el artículo 4°. Se incorporó la producción social de vivienda con un carácter vinculatorio, no contemplado en la propuesta senatorial, tal y como quedó acotado en los artículos correspondientes. Se replanteó la estructura del Consejo Nacional de Vivienda cuidando que su integración se efectuara de acuerdo a los principios de pluralidad y equidad a fin de superar la actual sobrerepresentación empresarial, lo cual se prevé en el artículo 31. Se estableció el apoyo a los diversos tipos y modalidades de producción habitacional, no solamente al empresarial, como se puede constatar también en varios artículos de este dictamen. Se fijaron criterios para distribuir y atender de manera equilibrada las acciones de vivienda n todas las regiones del país, tal y como queda definido en los artículos 6°, 8°, y 49. Se incluyeron criterios de ordenamiento territorial y desarrollo sustentable en los términos precisados también en varios artículos. Se incluyó de forma clara y explícita, el apoyo a la vivienda rural e indígena. Se definieron criterios para la puesta en operación de programas emergentes de vivienda ante desastres. Se vincula las políticas y programas de vivienda y suelo conforme a lo planteado en varios artículos. Se sujeta a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a las disposiciones de esta Ley. Se definen los criterios de evaluación de los programas habitacionales y se establecen los criterios para fincar responsabilidades en los casos respectivos. Para nuestro grupo parlamentario quedan pendientes los siguientes aspectos: Que la Ley de Vivienda tenga un carácter general, a fin de que sea factible establecer las atribuciones de las entidades federativas y de municipios. Que se revise a estructura, funcionamiento y operación de los organismos nacionales de vivienda actualmente convertidos en entidades financieras e hipotecarias sin responsabilidad, en materia de planeación y regulación de los procesos de producción de vivienda. Ampliar el reconocimiento de las diversas formas asociativas vinculadas con la vivienda. Reformular las políticas de financiamiento, particularmente la concerniente con el crédito para los productores sociales de vivienda. Promover y fortalecer mayores controles en os rubros de suelo y oferta empresarial. Consolidar estrategias y políticas que articulen coherentemente las políticas de asentamientos humanos y vivienda y discutir la pertinencia de instituir una secretaría de vivienda, así como establecer criterios y políticas que atiendan las particularidades de la vivienda rural e indígena. Consideramos que estos aspectos quedan pendientes y que estaremos en los próximos tiempos llegando a construir un verdadero instrumento para acabar con el déficit de vivienda en este país. Vamos a votar a favor de este dictamen. Gracias.