El diputado Joel Arellano Arellano: Gracias, diputada presidenta. Con su permiso. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el de la voz, Joel Arellano Arellano, así como los diputados Miguel Ángel Monraz Ibarra y Mario Eduardo Moreno Álvarez, diputados federales de la LX Legislatura del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de motivos La claridad y la precisión con que se encuentra definido un concepto dentro de la legislación nacional redunda necesariamente en la correcta y justa aplicación de algún ordenamiento, cuanto más de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si bien es el texto rector de andamiaje jurídico mexicano, a lo largo de nuestra historia contemporánea ha requerido cambios que obedecen a adecuaciones propias de los momentos históricos que así lo han demandado, siendo el presente uno de esos momentos. En este sentido, nuestra Constitución Política requiere de una adecuación dentro del apartado doctrinario de la misma, ya que en su artículo 8o., que habla del derecho de audiencia, señala como sujetos de la norma a funcionarios y empleados públicos. Lo anterior contraviene lo estipulado por el mismo documento en su artículo 108, artículo donde se define a los servidores públicos. Esto es, existe una diferencia importante entre ambos conceptos, por un lado el del empleado público, y por otro, el del servidor público. El primero de ellos obedecía a una corriente de la teoría de las organizaciones que ha caído en desuso, siendo rebasada por teorías como la gerencia pública, que define a quienes están al servicio del Estado y, por supuesto, a los ciudadanos, como servidores públicos. Algunos tratadistas, en particular el profesor Rafael Bielsa, catedrático de la Universidad de Buenos Aires, señala que la teoría contemporánea distingue al servidor, del empleado público, puesto que el primero es una persona física elegida, nombrada o contratada para ocupar un cargo público, cuya labor implica el ejercicio del poder público en nombre del Estado, así como en sus órganos gubernamentales o en la administración pública de funciones, actividades o poderes de iniciativa y de decisiones y de mando. Puesto que los legisladores, en nuestra calidad de representantes de la población, debemos atender responsabilidades diversas, propias del Estado, como la de observar puntualmente la obligación del derecho de petición, debemos ser considerados servidores públicos. Es preciso mencionar, compañeros, que sin importar la forma en que se encuentre definido el servicio público, a éste, en sus diversos campos de trabajo dentro de la administración pública, deben asistirlo los compromisos superiores a los personales, tales como la lealtad, la entrega, la disciplina, la honorabilidad y honradez, debiendo ser todos ellos enfocados a la comunidad y a la institución en la cual labora, es decir, al Estado, máxime siendo un Estado como el nuestro, un Estado de derecho. Vale la pena resaltar que en el artículo 108 del Título Cuarto de nuestra Constitución Política, en el cual se obliga a los representantes de elección popular, entre otros servidores públicos, a respetar el derecho de petición; se puntualiza a los individuos que deben ser considerados como servidores públicos, sobre todo para atender las obligaciones impuestas en el resto de los artículos del mismo Título. En los artículos como el 34, fracción V; 109 en su fracción I, II, III; en el 110, 111, 112, 113, 114 y 134 de nuestra misma Constitución Política se hace referencia al término de servidor público, lo cual exige atender y homogeneizar dicho ordenamiento jurídico. En otros instrumentos jurídicos, como la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, así como en los códigos civiles y penales se hace referencia a los servidores públicos, sin mencionar el antiguo concepto de empleado público. Es por ello y dada la encomienda que tenemos los legisladores, de fungir ante la federación como representantes populares, debemos asumirnos como servidores públicos, al igual que todo aquel que, como ya fue expuesto, desempeña una labor y toma decisiones fundadas en la razón de Estado; es decir, aquellas dirigidas al bienestar de nuestro país. La aclaración sugerida, compañeros, en el presente documento, contribuirá al esclarecimiento y fortalecimiento de los instrumentos jurídicos que permitirán que sigamos construyendo un país mejor. En virtud de lo anteriormente expuesto sometemos a la consideración de esta honorable soberanía el proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 8o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 8o. Los funcionarios y servidores públicos respetarán el ejercicio de derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República Mexicana. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 25 días del mes de noviembre del año 2008. Es cuanto, diputada presidenta.