El diputado Waldo Fernández González: Con su permiso, señor presidente. Hoy presento ante esta soberanía una iniciativa con proyecto de decreto para que los medicamentos a que se refiere el artículo 226 de la Ley General de Salud puedan ser prescriptos por unidades adquiridos a granel y distribuidos por farmacias que cuenten con la acreditación de la autoridad sanitaria. Dichos medicamentos deberán ser empaquetados en envases que contengan como mínimo la siguiente información: denominación genérica, nombre del paciente, datos del médico que prescribe, datos de la farmacia que expende, forma de ser administrado, lote y fecha de caducidad. Esta propuesta parte de un diagnóstico sobre la dinámica demográfica en nuestro país, del análisis concreto de los altos costos de los medicamentos, del estudio sobre el impacto económico que tiene sobre las familias adquirir las medicinas que necesitan. Y parte del hecho de que millones de personas deben comprar los medicamentos porque no los encuentran o no se tienen en los diferentes servicios de salud que ofrecen las instituciones. Tenemos una problemática relacionada con la producción, comercialización y precios de los medicamentos, así como derivada de su presentación comercial. Al mismo tiempo, y según datos de la Encuesta Nacional de Salud, en medicina ambulatoria 65.2 por ciento de las personas encontraron su medicamento en el lugar en donde les dieron la receta. Esto significa que el resto tuvo que comprarlo, y además ocurre que debe comprar el paquete de medicina completo aunque no necesite todo el medicamento. También sucede que cuando se surte la receta en una institución de salud pública se otorgan medicamentos en cantidades innecesarias, hasta el punto en que se tiene una farmacia en casa. En los años por venir y ante el proceso de envejecimiento de la población y la prevalencia de otra seria de enfermedades los gastos médicos tenderán a incrementarse, lo que nos obliga como legisladores a plantear soluciones que beneficien a las personas y que garanticen el derecho constitucional de la salud, a partir de acercar medicamentos a las personas que los necesitan, en especial para los nueve millones de mexicanos sin protección de servicios de salud. Es necesario considerar que millones de personas enfrentan y enfrentaran en el futuro enfermedades crónico-degenerativas que les supondrán un gasto permanente. Ocurre que los gastos catastróficos y la descapitalización son recurrentes para los hogares de nuestro país, más aún si se considera el incremento en los precios de medicamentos en los últimos años para tratar enfermedades como cáncer, hepatitis, diabetes, nefropatologías y VIH Sida. Lo anterior, sin desestimar los efectos en los precios que tienen las patentes y otra serie de contradicciones que hace años se plantearon en la Cumbre de Doha. Ante esta situación, que es común a diferentes países, la Organización Mundial de la Salud diseñó una lista básica de necesidades de medicamentos mínimos para un sistema básico de salud, enumerando los medicamentos más eficaces, seguros y rentables para condiciones prioritarias. En ese marco, se considera necesario realizar cambios a la Ley General de Salud para que puedan otorgarse medicamentos a granel, de conformidad con la lista de medicamentos que elaboró la Organización Mundial de la Salud. Los medicamentos son bienes básicos y públicos, por ello debemos encontrar fórmulas que medien entre el derecho humano a la salud, que debe garantizar el Estado, y las dinámicas económicas de la industria de la medicina. En nuestro país, de cada 100 pesos que se gastan en salud, 65 corresponden a la adquisición de medicamentos y materiales de curación. Un estudio que se cita en esta iniciativa muestra que dispensar medicamentos en dosis unitarias en las unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social puede generar beneficios económicos considerables, derivados de los ahorros potenciales del manejo, uso y distribución racional y especializada de los medicamentos que se prescriben a los pacientes internos. Se trata de que todos podamos acceder a medicamentos a granel, pues con ello se generarán ahorros públicos, lo cual contribuirá a enfrentar la crisis financiera que experimentan los sistemas de seguridad social y salud a población abierta, en sus diferentes modalidades a lo ancho de nuestro país. El carácter público de las finanzas de las instituciones de seguridad social y de salud en general, muestra la necesidad de que los medicamentos se utilicen con racionalidad y apego a tratamientos necesarios. Lo que no puede prevalecer es que los hogares de menores ingresos sean los que más gasten en medicamentos, y que además sean los que compren las medicinas más caras. Lo que no puede prevalecer, ante todo, es el desperdicio, los inventarios innecesarios, la obligación de comprar lo que no se va a utilizar, el marco negro de medicinas y la automedicación. Por eso hoy se propone una breve reforma que generará una ruta amplia de acceso a los medicamentos con beneficios claros e inmediatos para la economía de las personas, de las instituciones de salud pública y en sí, para la ciudadanía en su conjunto. Es cuanto, señor presidente.