La diputada Carmen Julia Prudencio González: Con su venia, presidenta. Ser parte de un parlamento y simular que se escucha a las y los ciudadanos es una contradicción que limita el espíritu colaborativo de la democracia moderna. Una vez más, la Cámara de Diputados se presta a la simulación y hacer el montaje de parlamento abierto. Una vez más las voces de la sociedad civil y el conocimiento académico, fueron desechados. Una vez más la agenda del Ejecutivo federal se impuso sobre el Poder Legislativo. De forma regresiva se está convirtiendo en una costumbre que cada vez que el Ejecutivo federal busca entrometer a las Fuerzas Armadas en la vida civil, este se presta a trastocar la Constitución mexicana, porque es un hecho que la presente iniciativa tiene vicios de inconstitucionalidad, una vez más el artículo 129 queda expuesto. Ahora, buscan trasmitir las funciones de carácter civil y comercial, correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Secretaría de Marina para convertirla en la única autoridad marítima y encargarse, incluso, de controlar el comercio marítimo que hasta ahora está en manos de la Marina Mercante. La propuesta a discusión le da a la Marina Armada de México, una institución militar nacional, de corte militar permanente, funciones más allá de las atribuciones de seguridad para convertirla en un ente administrativo que podrá regular las comunicaciones y transportes por agua, dirigir la educación náutica mercante, conceder las licencias y autorizaciones. Así como, construir, reconstruir y conservar las obras portuarias y de dragado. Adjuntar, otorgar contratos y concesiones para el establecimiento y explotación de servicios relacionados con las comunicaciones por agua y administración de puertos. Queda claro que al titular del Poder Ejecutivo no le interesa mejorar la eficiencia y calidad de las instituciones civiles sino concentrar el poder utilizando a las Fuerzas Armadas. Las atribuciones que se le pretenden dar a la Marina Armada de México debilitan y ponen en riesgo su capacidad y poder naval para garantizar la preservación de lo que el derecho del mar lo reconoce como Estado soberano. Darle las atribuciones comerciales a la Marina conllevaría un manejo opaco de los recursos que ingresan al comercio marítimo, así como los gastos para la construcción de embarcaciones o puertos federales, pues no estarían obligados a rendir cuentas y sabemos muy bien que se puede justificar su actuar en materia de transparencia al reservar la información, con el solo hecho de argumentar que es de naturaleza de seguridad nacional. Los legisladores sabemos que citar al secretario de Defensa Nacional o al de Marina a comparecer ante el pleno, a fin de rendir cuentas, es una hazaña prácticamente imposible. Esto es una limitante para la rendición de cuentas sobre el desempeño de la Secretaría de Marina en la supervisión, el manejo y el control de los puertos y el comercio marítimo en nuestro país. Otorgarle funciones administrativas a la Marina limita el desarrollo económico de los puertos y el comercio marítimo. Implicaría repercusiones a nivel nacional, ya que México es el tercer país mejor conectado en comercio marítimo en América Latina y en sus 117 puertos lleva a cabo el comercio exterior, el cual representó ingresos por más de 400 mil millones de dólares en 2019. Al militarizar los puertos estaríamos enviando una señal negativa a nuestros principales socios comerciales: Estados Unidos y Canadá, ya que sus puertos son operados por autoridades civiles que tienen una visión de negocio y beneficio económico mutuo, tanto para el puerto como para el país. No podemos seguir desechando el trabajo y experiencia de las dependencias civiles, bajo el argumento que las instituciones castrenses, en nombre de la seguridad nacional, deben intervenir en la administración pública o contamos con mecanismos de coordinación que obligan a dependencias a coordinarse y articular esfuerzos, a fin de preservar la seguridad nacional. En este sentido, las empresas y los empleados civiles que trabajan en los puertos se verán afectados y su actividad comercial mermada, ya que la operación militar es incompatible con la operación de los negocios. El sistema marítimo portuario nacional requiere de toma de decisiones propias inmediatas, no de imposiciones de corte militar. Por eso, es necesario fortalecer las capacidades de comunicaciones y transportes, para que ejerza una autoridad marítima civil correspondiente. Hace algunos meses, el propio secretario de Comunicaciones, Javier Jiménez Espriú, manifestó en su carta de renuncia, la preocupación sobre la grave trascendencia económica y política que trae consigo trasladar al ámbito militar de la Secretaría de Marina, las funciones eminentemente civiles de los puertos. El mandato civil debe prevalecer en las democracias. En Movimiento Ciudadano no le daremos la espalda a los más de 70 mil empleados y mil empresas que existen en nuestros puertos y en el comercio marítimo, ya que estamos convencidos que la autoridad civil ha sido, es y será capaz de cumplir las funciones de carácter administrativo, por lo que nuestro voto será en contra. Es cuanto, presidenta.