El senador Zoé Alejandro Robledo Aburto: Muchas gracias, diputado presidente. El motivo de este posicionamiento es solicitar el voto a favor de este dictamen que fue ayer aprobado por la Tercera Comisión; y es que en materia de telecomunicaciones creo que hay que reconocer que la reforma constitucional que todos nosotros aprobamos el año pasado, le ha hecho falta un elemento, y ese elemento es velocidad, porque esta reforma tiene que ver con beneficios que van directamente a los bolsillos de los mexicanos y esos beneficios es necesario que empiecen a ser tangibles para los mexicanos y para que las empresas también tengan la certidumbre jurídica que requieren para programar sus inversiones y programarse para un entorno más competitivo. Creo que habrá que empezar por una autocrítica, ya que en el Senado el trabajo legislativo en esta materia no ha sido del todo puntual, porque ya desde el 9 de diciembre del año pasado se cumplió el plazo de 180 días que nosotros mismos nos dimos para emitir la legislación secundaria. Hay voces en todos los partidos, ahora que es temporada de plenarias, en el sentido de que se le dará la mayor prioridad a este tema empezando el periodo ordinario. Ojalá que esto así sea, pero nunca debemos de olvidar que éste es un sector de la más alta prioridad económica para México. Fíjense. El estudio que presentó hace dos años la OCDE estimaba que la falta de competencia en el sector de las telecomunicaciones le ha costado al país entre el 2005 y el 2009, 129 mil millones de dólares. Esto, para que nos demos una idea, en términos macroeconómicos equivale a 1.8 por ciento de nuestro PIB anual. O, para ponerlo en términos de las familias, es como si todos los hogares mexicanos, los 28 millones de hogares mexicanos según la estimación de Conapo- hubieran pagado en esos cinco años la cantidad de 59 mil 892 pesos. Creo que eso nos debe de apurar a que evitemos que la falta de competencia en telecomunicaciones le siga costando a nuestro país. El sector, creo que todos reconocemos, es altamente dinámico, se moderniza a corto plazo y debemos actuar en todos los frentes para que la reforma se empiece a concretar, por lo que es necesario que por supuesto el Poder Legislativo, pero también el Ejecutivo y, por supuesto y sobre todo, los órganos autónomos involucrados, avancen cada quien en lo que les corresponde emitiendo y vigilando que se emitan las normas pendientes. En ese sentido es que hoy me permito proponer el presente punto de acuerdo y solicito su votación a favor para llamar al Instituto Federal de las Telecomunicaciones el Ifetel para que proceda a definir conforma a sus atribuciones y sobre todo en lo dispuesto en el transitorio octavo de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, la preponderancia de los agentes económicos en el mercado de telecomunicaciones involucrados directa o indirectamente en la retransmisión de las señales radiodifundidas. Como seguramente todos recordamos, la reforma en Telecom tuvo como propósito que las instituciones del Estado emprendieran acciones muy concretas para la reordenación de los mercados, y entre esas acciones estaban las medidas aplicantes a agentes económicos preponderantes, también la desagregación de redes, obligaciones específicas respecto al ofrecimiento de señales radiodifundidas y su retransmisión en la televisión restringida, lo que se conoce como Must Carry y Must Offer, así como la regulación del uso y aprovechamiento del espectro radioeléctrico. Esta reforma constitucional en la materia estableció también plazos y facultades muy concretas, muy claras para este Instituto Federal de las Telecomunicaciones. Plazos y facultades concretas sobre las acciones y definiciones que le corresponde realizar. Hay que ser aquí muy claros. Al Ifetel el legislador no le confirió la facultad de definir los mecanismos de retransmisión de las señales de televisión abierta por parte de los concesionarios de televisión restringida. ¿A qué me refiero? A que estos mecanismos y sus condiciones específicas ya se encuentran definidos de manera muy puntual en la fracción I del transitorio octavo del decreto de reformas aludido. Por ello es que no podemos dejar de decir que llama mucho la atención que el Ifetel haya convocado ahora a una consulta pública para definir los lineamientos generales en relación con lo dispuesto en la fracción I de este transitorio octavo de la reforma constitucional. Dichos lineamientos, hay que aclararlo, ya fueron definidos por el constituyente permanente y por lo tanto no son susceptibles a ser modificados por ese órgano. Por esa razón, compañeras y compañeros, es que creemos que el Ifetel debe de aclarar los alcances de su consulta, debe de apegarse a lo establecido en la Constitución y sobre todo no abrir una puerta trasera a lo que el propio Poder Legislativo no ha aprobado. En cambio lo que el Ifetel debe definir como lo mandata la propia reforma constitucional, es a los agentes preponderantes en este sector. Por eso desde el Poder Legislativo debemos de ser muy cautos y debemos de observar que cada disposición administrativa se apegue a lo aprobado por el Poder Legislativo. Sabemos que son muchos los intereses que se juegan en este sector, pero debemos de recordar siempre nuestra obligación de hacer que prevalezcan los que desde el Senado y desde la Cámara de Diputados hemos considerado que favorecen más al pueblo de México. Es cuanto, ciudadano presidente; muchas gracias.