El diputado Víctor Manuel Bautista López: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, diputadas, es un hecho que la lucha contra la corrupción, la cual ha escalado niveles alarmantes en nuestro país, hasta convertirse casi en un asunto normal, cuando se habla de la administración pública debe estar orientada a la creación de un esquema en el que la regla sea la transparencia sobre las decisiones que se toman y las acciones que se realizan, y al mismo tiempo, instaurar un método eficaz de rendición de cuentas que posibilite la evaluación de las funciones que tienen los servidores públicos. Pero para lograr lo anterior es necesario, precisamente, fortalecer el régimen de responsabilidades de los servidores públicos, a través de ordenamientos que sancionen a los funcionarios a quienes se compruebe alguna práctica corrupta que genere incentivos para la denuncia y que disuada la comisión de nuevos actos de corrupción. Es por estas razones que a nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática expreso el apoyo de mis compañeros al dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que presenta la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta Cámara de Diputados. Hacemos también patente nuestro reconocimiento a sus integrantes por el trabajo realizado. Para el Partido de la Revolución Democrática, reducir los espacios de discrecionalidad de la administración pública, transparentar la gestión que desarrollan los servidores públicos y mejorar los sistemas de rendición de cuentas en el sector gubernamental es una premisa inquebrantable. A pesar de que la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas son herramientas que obstaculizan la realización de actos de corrupción, el verdadero combate a la corrupción apenas empieza. Pues hasta hoy, la viabilidad de un régimen verdaderamente democrático se pone en tela de duda, principalmente cuando este tipo de vicios dañan la confianza en las instituciones. Bajo esta lógica, debemos considerar a la denuncia como un vehículo de combate efectivo. El dictamen que hoy se somete a consideración de este honorable pleno pone especial énfasis en este tema, para establecer los requisitos mínimos que deberán contener las denuncias o quejas que se presenten ante las unidades correspondientes, y de esa manera, contar con indicios que permitan presumir la comisión de conductas irregulares para iniciar investigaciones. Estas reformas tienen como objetivo primordial fomentar una mayor participación de la ciudadanía, mediante la presentación de denuncias anónimas, y definir la obligación de la autoridad competente, de clasificar la información proporcionada, así como las actuaciones que deriven de ella. En México, el abuso del poder de los gobernantes ha dañado severamente a nuestra sociedad y a las instituciones, pues el desvío de recursos públicos provoca pobreza, hambre entre los más vulnerables, pero también merma la confianza en sus gobernados, lo que debilita, en consecuencia, el régimen democrático. Es por ello que los legisladores que apoyamos este dictamen nos manifestamos a favor de fomentar la denuncia, agravar las penas y disuadir actos futuros de corrupción, incluyendo aspectos a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos como la protección de los denunciantes y de quienes aporten información relacionada con el posible incumplimiento de las obligaciones de los funcionarios. Las reformas que hoy se proponen permiten precisar como obligación de los servidores públicos, abstenerse de inhibir por sí o por interpósita persona, utilizando cualquier medio, a los posibles quejosos o denunciantes, así como a cualquier persona que aporte información en los procedimientos establecidos en la ley de la materia, a fin de evitar la formulación o presentación de denuncias o realizar, con motivo de ello, cualquier acto u omisión que redunde en perjuicio de los intereses de las personas mencionadas. Además, permitirán ordenar a la Secretaría de la Función Pública el establecimiento de normas que regulen la forma de atención y resolución de las quejas y denuncias, previendo aspectos como los procedimientos y plazos aplicables, las instancias de recepción, la forma en que se deberán comunicar a los denunciantes o informantes, las disposiciones relativas a la protección y los estímulos conforme a los principios señalados en la ley que se analiza. El funcionamiento y la operación del sistema de recepción y seguimiento de quejas y denuncias y los mecanismos para que las dependencias y las entidades procedan a su difusión. En el dictamen se establece que la Secretaria de la Función Pública podrá otorgar con sujeción a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria, beneficios económicos a favor de las personas que proporcionen información cierta, suficiente y relevante para la identificación de conductas que rigen en el servicio público. Se precisa también la atribución de dicha secretaría para llevar a cabo investigaciones para verificar la evolución del patrimonio de los servidores, así como para que solamente en el caso de lo que estime conveniente, realice las aclaraciones pertinentes en relación con las incongruencias detectadas en los plazos expresamente previstos para ello. Una vez que la secretaría agote las diligencias de investigación que no podrán exceder del plazo de tres años, contados a partir de la notificación a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberá realizar las acciones correspondientes o en su caso emitir el acuerdo de conclusión dentro de los 15 días hábiles siguientes; asimismo, elimina el procedimiento de impugnación contra la notificación. La dependencia formulará la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, si de los elementos o datos recabados durante la investigación se desprenda el incremento sustancial del patrimonio del servidor público sin justificación de su procedencia, y en el caso de infracciones graves se podrá imponer de 10 a 20 años de inhabilitación, así como la destitución del servidor público, pero las autoridades podrán también determinar la suspensión temporal dentro de un plazo de cinco días hábiles posteriores a aquel en que tengan conocimiento de los actos u omisiones de los servidores públicos que pudieran obstaculizar o dilatar las investigaciones o procedimientos. Compañeras, compañeros, estos son solo algunos de los aspectos que contiene el dictamen, cuyo espíritu compartimos, dado que estamos en el momento preciso para fortalecer el marco jurídico en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, con la obligación que emana de nuestra encomienda como legisladores para fomentar en la sociedad mexicana una verdadera cultura de legalidad y de la denuncia, para generar condiciones que permitan conocer, investigar y sancionar los actos de corrupción. Con esta norma estamos respondiendo a la exigencia ciudadana, de contar con servidores públicos honestos; es por ello que los convocamos a apoyar y a aprobar este dictamen, el cual sin duda será un parteaguas en la lucha contra la corrupción. Por su atención, muchas gracias.