La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Gracias. Compañeras y compañeras legisladores, estamos a unas horas de que entre en vigor el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Un acuerdo cuya negociación se dio en condiciones peculiares por la renovación de los poderes en México y por un mandato de transformación del pueblo de México. Este tratado, conforme lo establece el artículo 133 de nuestra Constitución y como lo saben, es una ley suprema debe ser aplicado en su más amplia expresión para respetar los compromisos internacionales, garantizando el cumplimiento de nuestros principios fundamentales y sobre todo los derechos humanos. En este contexto, que se circunscribe la armonización de nuestra legislación penal en materia de derechos de autor, es común afirmar que las nuevas tecnologías han revolucionado el mundo de la información y las telecomunicaciones. Sin embargo, estos fenómenos también han tenido el efecto de facilitar el uso no autorizado de obras protegidas por derecho de autor o derechos conexos. Aún cuando la tecnología permite la difusión del arte, la cultura y el desarrollo científico, también provoca en cierta medida la pérdida de derechos de autor o creador sobre sus obras. Como sabemos, una sola copia en el entrono digital permite múltiples reproducciones o duplicaciones, limitando o negando en definitiva la justa remuneración a los autores o creadores. Es necesario reformar el Código Penal a fin de inhibir y sancionar aquellas conductas que mediante el uso de las tecnologías perjudican los creadores, negándoles la justa y legítima retribución por la explotación de sus obras. Además, debemos tomar en cuenta que la violación de los derechos de propiedad intelectual no solo afecta el interés de los titulares de derechos de autor, sino que repercute negativamente en diversos ámbitos, tanto económicos como productivos, limita el crecimiento de empresas formales productivas en el mercado y ocasiona escenarios de competencia desleal. Es un incentivo perverso para el aumento de la economía informal y disminuye la calidad de los contenidos. Nuestro país es parte de diversos tratados y convenciones internacionales sobre derechos de autor y derechos conexos, entre los que destacan el Tratado de la OMPI sobre Derechos de Autor y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Con el dictamen que hoy discutimos sancionaremos conductas que no solamente son un daño patrimonial al titular del derecho, sino que dañan a toda la sociedad, al desmotivar la producción del material original. Ahora se podrá perseguir y sancionar la piratería, actividad que genera pérdidas económicas de 43 mil millones de pesos al año en nuestro país, dañando la economía de las empresas formales, que sí cumplen las normas de calidad de los productos que ofrecen en los mercados. Hoy damos cumplimiento al Capítulo 20 del T-MEC y también a los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ambos obligatorios para México desde hace 18 años. Compañeras y compañeros legisladores, lo socialmente correcto es que las personas físicas y morales reciban un justa retribución por el esfuerzo y sacrificios de crear la propiedad intelectual. Por eso el Grupo Parlamentario de Encuentro Social se suma a la aprobación de este dictamen. Hoy daremos un paso firme para revertir el uso indebido de tecnologías, sancionando la distribución no autorizada de obras protegidas. En éste, como en otros casos, lo socialmente correcto es proteger a las industrias creativas, porque con ello se protegen y generan empleos formales; en resumen, se fortalece la economía nacional. Por lo expuesto votaremos a favor del dictamen, y los invitamos a hacer lo propio. Es cuanto, presidenta.