El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Saludo cordialmente a la titular de la Secretaría de Gobernación, del Poder Ejecutivo Federal, la doctora Olga Sánchez Cordero, y le doy la bienvenida a la Cámara de Diputados. En lo personal también es mucho gusto volvernos a encontrar por aquí. Hace más de una década que este país está envuelto en un proceso de violencia creciente. El cual en diversas regiones del territorio nacional se ha vuelto una pesadilla insufrible para miles de familias que han perdido a alguno de sus miembros o que se han visto afectados en su patrimonio y en su vida cotidiana. Es innegable que la extrema violencia y los altos índices de criminalidad que ha vivido el país en los últimos años, han dejado un surco de dolor que se refleja, lamentablemente, en cientos de miles de muertos, víctimas y destazados. Hoy, la gente nos exige ponerle un alto definitivo a la violencia y a la criminalidad, y eso implica la construcción de un proceso de paz duradera que nos devuelva a todos la posibilidad de vivir y trabajar con tranquilidad, que nos permita reconciliarnos entre nosotros y recuperar la confianza en los demás. Alcanzar la paz y reconstruir el tejido social en un país con una sociedad tan agraviada como la nuestra, no es de ninguna manera un proceso sencillo, pero sí es indispensable y es impostergable. Esta imperiosa necesidad de reconciliación entre los mexicanos, exige que para hacer justicia contemplemos para determinados casos, alternativas diferentes a la tradicional, basada en la lógica punitiva para transitar hacia un modelo centrado en la búsqueda de la paz, la auténtica reparación del daño y la garantía de no repetición. En este contexto, el mes pasado el Poder Ejecutivo Federal propuso a esta asamblea una iniciativa por la que se expide una Ley de Amnistía, la cual está siendo analizada por las comisiones de Justicia y de Gobernación. El propósito de la propuesta es decretar una amnistía para mujeres criminalizadas por realizarse un aborto, así como para los médicos o parteras que las hayan asistido. Para personas relacionadas con delitos contra la salud, ya sea porque son consumidores acusados de narcomenudeo o porque se vieron obligados a participar en hechos ilícitos frente a una situación de pobreza o bajo amenaza. Para personas de origen indígena que no hayan tenido acceso a una defensa adecuada. Para personas que hayan cometido el delito de robo sin violencia que no amerite más de cuatro años de prisión, y para presos políticos o de conciencia. En el Partido Verde coincidimos en la necesidad de brindarles la oportunidad de recobrar la libertad y reintegrarse a la sociedad, a personas que se vieron orilladas a cometer algún ilícito a consecuencia del hambre, la pobreza, la ignorancia o por haber sido obligadas por alguien más, y por ello apoyamos la propuesta del presidente de la República. Sin embargo, nos gustaría, señora secretaria, que pudiera usted profundizar sobre los mecanismos a través de los cuales se evitará que con la aprobación de la Ley de Amnistía se beneficie a delincuentes que hayan cometido delitos que le hacen mucho daño a la sociedad, como es el caso del narcomenudeo. Por otra parte, en el mismo contexto de la discusión sobre los instrumentos que se deben contemplar como alternativas para la pacificación del país, quiero hacer mención de otra iniciativa que considero importante para lograr este propósito. Me refiero al debate sobre la despenalización del consumo de ciertas drogas, como la cannabis. Concordamos en que las propuestas de despenalización de la marihuana representan un cambio de rumbo en las políticas de seguridad que han surgido hasta ahora en el Estado mexicano y que no han resultado eficientes para contener y reducir los niveles de violencia generados por el narcotráfico que hoy padecemos. Asimismo, consideramos que una eventual legalización de la marihuana implicaría dar un trato humano a quienes la consumen, no tratándolos como criminales sino como enfermos que requieren apoyo para superar una adicción, en el caso de quienes no puedan controlarla. De igual manera, al establecer parámetros para la regulación y vigilancia por parte de la autoridad de la producción de cannabis, se eliminaría la necesidad de los consumidores de acudir a los traficantes ilegales, garantizando con ello estándares de calidad que no se obtienen en el mercado negro, así como en el acceso a información sobre los riesgos y daños para la salud que puede provocar el consumo excesivo de la substancia. No obstante, los beneficios que la despenalización de la marihuana puede traer, también nos preocupa la posibilidad de que con ello se abra la puerta a que su consumo se salga de control y se convierta en un problema de salud pública para nuestro país. En este sentido, señora secretaria, quiero preguntarle, ¿cuál es el panorama que usted vislumbra respecto a la legalización de la marihuana en México? ¿Y cómo se contrarrestarían los efectos negativos que una propuesta de este tipo pudiera tener? Agradezco mucho su atención y me da mucho gusto saludarla.