El diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera: Con su permiso, señor Presidente. Honorable asamblea, el suscrito, diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a nombre de los diputados que integran la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social de esta LX Legislatura del H. Congreso de la Unión y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, propongo a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del artículo 25 constitucional en lo referente al sector social de la economía, bajo la siguiente Exposición de motivos La presente iniciativa es para crear una ley reglamentaria del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía. Es de orden público e interés social y de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, sin que ello limite la legislación de fomento y desarrollo que dicten los congresos locales ni de las normas del mismo carácter que correspondan expedir a las entidades federativas y municipios, de conformidad a las disposiciones de esta ley. Esta ley define y establece las reglas de organización, promoción, fomento y fortalecimiento de ese sector como un sistema eficaz que contribuye al desarrollo social y económico, a la generación de empleos, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso y la difusión de la propiedad. Esto es lo que conforma el sector social de la economía que está integrado por el sector social del campo, las empresas y organismos cooperativos o de propiedad de los trabajadores, por ello es tarea importante de esta Legislatura revisar la legislación que regula la economía social y solidaria para impulsar el desarrollo de las entidades y organismos que la conforman, con transparencia, desde luego, del manejo de los recursos. De lo que se trata al expedir esta ley reglamentaria del artículo 25 constitucional en lo referente al sector social de la economía es de retomar el curso de la historia para construir nuestra economía confiriendo derechos diferenciados a cada uno de los sectores. Se trata de una estrategia de fortalecimiento de las instituciones actualizándolas al contexto actual de la globalización y según las condiciones y potencialidades que tiene nuestra sociedad. En nuestra legislación se ha enfatizado solamente la aplicación de las leyes y reglamentos que definen el papel y las funciones del sector privado y el sector público; parcialmente se han producido elementos normativos para el sector social, teniendo una larga historia de derecho social, teniendo una larga historia que suman las proclamas de diversos luchadores de distintos periodos y un gran momento con la promulgación de la vieja Ley de Reforma Agraria que contiene importantes aspectos que definen el uso y aprovechamiento de la tierra que precisan el carácter de la propiedad y que sancionan formas de organización. Este sector que agrupa hoy en día a millones de mexicanos en todo género de empresas, fondos, cooperativas, ejidos, comunidades, uniones, cajas de ahorro, asociaciones de usuarios y tenedores paritarios de acciones, espera por la acción legislativa un nuevo redimensionamiento y actualización. El Congreso de la Unión tiene una responsabilidad pendiente para dotar a este sector social de una ley general que sancione sus derechos, que haga explícito el marco legal en el que este sector debe desarrollarse y que le permita transitar en la economía globalizada complementando la de los sectores público y privado. Al expedir esta nueva legislación se traza una estrategia de desarrollo del sector social y se le dota de un marco legal respectivo. No se pretende con ello, desde luego, vulnerar ni al mercado ni modificar la propiedad privada. Tampoco se plantean caminos excluyentes o limitar a otros sectores. Solamente se trata de abrir perspectivas a los miembros del sector social, para armarlos con un conjunto de tareas claras y coherentes y para convertirlos en parte importante de una política de empleo y desarrollo. En cuanto a lo que debe ser el espíritu de esta ley que se presenta, el mismo artículo 25 constitucional dicta que establecerá los mecanismos que faciliten la organización y expansión de la actividad económica del sector social. El desarrollo de la economía en México requiere el diseño o las fórmulas que nos lleven a una mejor distribución de la riqueza, a una disminución de las desigualdades sociales, a la equidad, a los mecanismos que aseguren el crecimiento del empleo, al fortalecimiento de la capacidad de organización y la autogestión de los grupos sociales hacia una consolidación del sector social, complementando la iniciativa y el espíritu empresarial que distingue al sector privado. La presente propuesta establece el marco general que contiene las diferencias para normar al sector social y solidario de la economía respecto al sector público y al sector privado. Ese marco general sienta las bases para el desarrollo sostenido y autónomo, conservando al Estado la rectoría del proceso, tanto en su constitución como en su vigilancia; sienta las bases también para la participación de los organismos en los procesos de planeación del desarrollo. El proceso de su formulación reconoce e incorpora las aportaciones de la iniciativa del diputado Gustavo Arturo Vicencio Acevedo, de la LVII Legislatura. Se hicieron también consultas dentro del sector, se revisaron legislaciones de otros países y se tomó en cuenta la experiencia misma de los organismos que han venido operando en territorio nacional. El texto ha contemplado la diversidad del universo cooperativo, ejidal y solidario y sienta las bases para que funcione con eficiencia. La Ley sienta las bases para una adecuada aplicación de los recursos financieros del propio Estado. Se sientan las bases para una organización que parte de lo local, se prolonga en lo regional y culmina en un organismo nacional que ha de ser interlocutor y representante ante todas las instancias del Estado. La ley que se propone está estructurada en tres títulos, dividida en capítulos para determinar las estructuras y funcionamiento de las entidades. Contempla la creación de un instituto nacional del sector de la economía social y solidaria como un organismo público, descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría de Economía, el cual tiene como principales objetivos la definición y armonización de las políticas del gobierno para el fomento y desarrollo del sector. También propone la creación de un consejo nacional de las entidades del sector de la economía social y solidaria como organismo máximo de representación. Se propone también crear un fondo de fomento para la propia economía social y solidaria, así como el registro nacional del sector de esta economía. Finalmente, en esta iniciativa de ley se establece que corresponde a la Secretaría de Economía la conducción del proceso, pues está destinada a fortalecer la estrategia de crecimiento y desarrollo en la que el Estado mexicano habrá de realizar singulares esfuerzos de coordinación, concertación y fomento. Por economía parlamentaria, solicito muy atentamente, señor Presidente, a la Mesa Directiva, se inserte la presente iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.