El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados: la Comisión de Gobernación pone a su consideración el proyecto de decreto que hoy se discute para dotar a México de una legislación de vanguardia, eficaz y eficiente, con el fin de prevenir y afrontar las consecuencias de los diversos fenómenos naturales como huracanes, terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, deslaves o cualquier otro fenómeno que ponga en riesgo a las personas, de acuerdo a las características particulares de cada región del país. Algunos de estos fenómenos han sido notables no sólo por la intensidad, sino por la magnitud del daño causado a la infraestructura y sobre todo al número de víctimas, como fueron los sismos de septiembre de 1985, el paso de meteoros como los huracanes Gilberto y Stan o las inundaciones en estados costeros como Tabasco. Los desastres en México desde el año de 1980 a 1999 han ocasionado pérdidas por 10 mil 400 millones de dólares, representando el 1.82 por ciento del total del producto interno bruto en el año 2000. Por ello, a raíz de los sismos de 85 se vio la necesidad de contar con un sistema de gestión y administración de recursos para hacer frente a situaciones de desastres. Los primeros esfuerzos gubernamentales y legislativos derivaron en la conformación en 1986 del Sistema Nacional de Protección Civil. Si bien los planes nacionales y las políticas de protección civil han querido dar cabida a la capacidad preventiva, más que de reacción ante los desastres naturales, es necesario que nuestro país cuente con un marco legal que responda a la realidad, ya que México dada la alteración de la biósfera y al impacto de los factores creados por el ser humano es un país sometido a desastres naturales y de carácter antropogénico que lo hacen vulnerable, mas aun la prevención y atención de emergencias y desastres requieren de una distribución ágil, eficaz y transparente de los recursos que son asignados para los programas preventivos y para la atención de la población en desgracia. La experiencia de los últimos 25 años ha servido para detectar los problemas más urgentes como consistentes de forma general en la carencia de información oportuna y la difusión sobre los riesgos, así como el fomento de una cultura de la prevención entre la población vulnerable a desastres naturales, la capacidad de reacción del Sistema Nacional de Protección Civil ante las emergencias, la corresponsabilidad entre los órdenes de gobierno, la población en general y en particular de los actores sociales y privados, el centralismo en la toma de decisiones, el rezago en la infraestructura para el monitoreo de los fenómenos naturales perturbadores, la constitución necesaria de las unidades de protección civil estatales y municipales y otras opciones de financiamiento para la prevención y atención de daños causados por los desastres naturales. El proyecto de decreto que hoy se pone a discusión, entre otras novedades considera un concepto importante como el de la gestión integral de riesgos que reconoce a los riesgos por fenómenos naturales, tanto en su origen y evolución como en los diversos factores de orden histórico, económico, social o cultural. Lo anterior se sustenta en el hecho de que ante los riesgos causados por los fenómenos naturales, existen las áreas de oportunidad para intervenir eficazmente, ya sea para prevenir los efectos o en su caso para elaborar la mitigación de los mismos. Se trata entonces de un proceso cuyo fin último es la resolución o la prevención y control permanente del riesgo de desastre en la sociedad a través de la coordinación de los distintos niveles de gobierno, que van desde lo global, integral, lo sectorial y lo macroterritorial hasta lo local, lo comunitario y lo familiar, brindando a los gobiernos un área de intervención más amplia, en un plano temporal y, sobre todo, en el de acciones anticipadas a la posible ocurrencia de una emergencia y/o desastre. De esta forma la nueva Ley de Protección Civil pretende que la gestión integral de riesgos se introduzca en los procesos de planeación, programación, de manera transversal y no sólo al interior de la administración pública federal, sino de las entidades federativas y municipios. Esta es una nueva Ley General de Protección Civil que se construyó desde hace cinco años con la participación de los distintos niveles de gobierno, sin distingo de origen partidario y, por supuesto, con una colaboración muy estrecha entre el Senado de la República y la Cámara de los Diputados. Es una buena noticia para el país, y es un ejemplo claro que podemos trabajar de manera coordinada aún en momentos complejos de la política nacional. Es cuanto, diputado presidente.