La diputada Hilda Miranda Miranda: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRD y del vicecoordinador, el diputado Jesús Zambrano Grijalva y del mío propio. Hoy presento ante esta tribuna la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de contrataciones públicas. Hoy es urgente que hagamos y restablezcamos, sobre todo mecanismos claros ante la corrupción en México. Es por ello que es urgente que avancemos en el marco regulatorio que nos permita acotar, reducir y, finalmente desterrar la corrupción de cualquier espacio de la actividad pública con el concurso de entes privados. Sin embargo, en esta actividad se han registrado gran cantidad de actos de corrupción, y esto además de la falta de ética y de honestidad de funcionarios y proveedores se debe al rezago que se encuentra en el marco legal en cuanto a las adquisiciones de bienes y servicios por lo que propicia el amparo de estos vacíos jurídicos. Sin embargo, ante la inercia de estos vacíos, existe la inercia de negativas que arrastran los procesos internos de contratación, y por lo tanto aflora la corrupción generando la pérdida de millones de pesos del erario público. Existen reiteradas prácticas negativas derivadas de una redacción confusa y ventajosa de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicio Público, como bien se ha observado la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, ha señalado que las contrataciones que se ha realizado al amparo del artículo 1 de la Ley de Adquisiciones y Arrendamientos del Servicios Público pone en riesgo la adecuada utilización de los recursos públicos, ya que presenta un ambiente de excesivas discrecionalidades que ha propiciado condiciones para que la comisión de irregularidades al no darse cuenta de los controles mínimos contemplados en los procesos de licitación pública. Por lo tanto, la Auditoría Superior ha constatado que en este tipo de esquemas participan universidades públicas como presuntas proveedoras de bienes y servicios, lo que se ha llamado la gran estafa. Este modus operandi también fue detectado por Sedesol y Sedatu, la que desviaron más de 2 mil 130 millones de pesos entre 2014 y 2016, con la colusión de 126 empresas. Adicionalmente, en reiteradas prácticas de la cuenta pública 2016 se identificó la participación de otro tipo de entes públicos en estos mecanismos, como son empresas paraestatales, entidades federativas y ocasionalmente también la Federación. Cabe destacar que la contratación de entes públicos fuera de las licitaciones es válida, pero sujetándose a las premisas propias de ley que establecen, así como la excepción de algunas funciones administrativas. Sin embargo, es por ello que este Grupo Parlamentario del PRD presenta ante esta soberanía la presente iniciativa, que propone reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos, para que se eliminen las excepciones que están contenidas en su artículo 1, que se ha utilizado con premeditación, alevosía y ventaja por parte de servidores públicos y contratistas particulares, para lucrar al amparo de la ley con jugosos contratos amañados y para permanecer impunes. Esto ya basta. Estamos propiciando también que los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades suscriban directamente los contratos como convenios que tengan por objeto la adquisición de bienes y servicios que sean responsables directos en los actos jurídicos derivados de estos y así también a efecto que emita la Secretaría de Hacienda, de la Función Pública, políticas transparentes que generen la contratación del sistema CompraNet. Se necesitan bases y lineamientos claros que se refiere este artículo. Por lo tanto, nosotros estamos proponiendo para que estas normas cumplan con su cometido ante cualquier violación de la ley y se hagan las investigaciones correspondientes y, sobre todo, que se sancionen. Por otra parte, el organismo de contratación interna pública de la Ley General de Responsabilidades Públicas. Sírvase a la presente, el Grupo Parlamentario del PRD, para abrir este debate a un nuevo paquete de reformas en materia de anticorrupción. Es cuanto, gracias.