EL DIP. DAVID RODRÍGUEZ TORRES: Diputado Presidente, le solicito si es tan amable de girar instrucciones para que quede incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, la iniciativa. Compañeras y compañeros diputados: En representación del grupo parlamentario de Acción Nacional me permito presentar la presente iniciativa que pretende adicionar el artículo 16 de la Constitución Política Federal con el propósito de elevar a rango constitucional la medida precautoria del arraigo, para prevenir y combatir la delincuencia organizada prevista en el artículo 133 Bis del Código Federal de Procedimientos Penales, así como en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Actualmente en este edificio legislativo se ha estado llevando a cabo una serie de reuniones y sesiones docentes, dentro de las cuales hemos tenido la oportunidad de escuchar a un connotado jurista magistrado federal en materia penal, que al estar impartiendo sus cátedras y experiencias en derecho penal y procesal penal, tuvo a bien comentar la necesidad de reforzar constitucionalmente la figura del arraigo para la impartición de justicia, con el propósito de disminuir la cantidad de juicios de amparo, que se promueven por criminales altamente peligrosos, que protegiéndose en la Constitución argumentan como actos violatorios de garantías, la medida precautoria del arraigo, según esto por constreñir su libertad, sin embargo, vemos que la mayoría de los peticionarios de garantías en este sentido, son individuos relacionados con la delincuencia organizada. Ante tal situación, debemos reforzar la figura jurídica de arraigo, para que pueda disminuirse el obsequio de suspensiones provisionales mediante el juicio de amparo a los delincuentes que participan en delitos graves y en delitos contemplados dentro de la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Se debe también concientizar a la sociedad en general, de que el amparo es para quien realmente debe ser protegido por esta figura, el candado jurídico debe ser contemplado de diversos aspectos: individual, económico-social y político, es decir, la libertad no debe ser motivo de abuso por parte de ciudadanos nocivos, de ahí que la normatividad se deba de ajustar precisamente a este tipo de personas, que por su conducta son considerados criminológicamente hablando como individuos peligrosos y algunas son hasta reincidentes, mismos que debido a las conexiones que tienen, existe el temor fundado de que se sustraigan de la acción de la justicia. Respecto a esta cuestión del arraigo, debemos mencionar algunas intervenciones de connotados doctrinistas y abogados postulantes que participaron en el foro de consulta nacional para reformar el Código Federal de Procedimientos Penales, esto celebrado en el recinto legislativo los días 5, 6 y 7 de noviembre del año 2001, entre las que destacan las siguientes intervenciones: El Maestro Marcos Castillo y Escobar, catedrático de la UNAM, se pronunció porque la única solución para reforzar jurídicamente la figura procesal del arraigo, era elevar dicha figura procesal a rango constitucional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de esta H. Asamblea, el siguiente decreto de adición del Artículo 16 Constitucional en su último párrafo: ARTICULO UNICO.- Se adiciona un último párrafo al Artículo 16 de la Constitución Política Federal, para quedar como sigue: Artículo 16.- En todos los casos de delitos graves especificados por la ley así como en los casos de delitos que la ley prevea como delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá a petición del Ministerio Público decretar la medida cautelar del arraigo a la persona en contra de quien se prepara el ejercicio de la acción penal, siempre y cuando exista el riesgo debidamente fundado y motivado, de que se sustraiga a la acción de la justicia. El arraigo se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable para la integración de la averiguación previa de que se trate, no debiendo de exceder de 30 días naturales, plazo que podrá duplicarse por una sola ocasión en los casos de delitos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto, será sancionado por la ley penal. TRANSITORIOS PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto. Muchas gracias. -