EL C. DIP. FRANCISCO JURADO CONTRERAS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. "El suscrito diputado integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a consideración de esta soberanía Iniciativa de Reforma al artículo 73 fracción XXI y de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "A pesar de que de acuerdo a los principios rectores del sistema republicano, las facultades de la Federación no deben menoscabar la autonomía de los estados miembros, la tendencia ha sido en sentido inverso en áreas prioritarias y en lo que interesa respecto a la seguridad pública, en razón de que en la actualidad los estados tienen restringido su ámbito de competencia para la persecución y enjuiciamiento de peligrosos infractores que ponen en serio riesgo a la comunidad y al mismo tiempo destinan valiosos recursos para destinar a los tribunales locales que están obligados a actuar en auxilio de la Federación. "Y lo más grave, el enjuiciamiento de un infractor que ha cometido delitos en ambos fueros, provoca en múltiples ocasiones su impunidad; así como también la ubicación de los juzgados en diferentes ciudades propicia la violación a la garantía que exige su permanencia en el lugar del juicio, básica para actualizar su derecho a una adecuada defensa. "Los planteamientos que anteceden se apoyan en que los tribunales locales concurrieron en el conocimiento de delitos del orden federal durante la etapa inicial de procedimiento. Esto significa en principio que la averiguación previa se integró en el fuero local, los jueces locales proveyeron para decidir la situación jurídica de los involucrados, pero finalmente los tribunales federales continuaron el conocimiento de esas causas, lo que desde luego trajo como consecuencia que simultáneamente los inculpados fueran procesados en ambos fueros. "Esta situación refleja duplicidad de causas penales, inadmisible en una época en que se ha subrayado la necesidad de que la función jurisdiccional se ejerza con eficiencia y ahorro de recursos humanos y materiales. Además existe una recurrente situación reveladora de impunidad, un gran número de hechos de homicidio y robo se cometen utilizando armas de fuego de uso prohibido a los particulares dentro de circunscripciones territoriales alejadas de las principales poblaciones del estado. En estos casos el deficiente ejercicio de la acción penal impide a los jueces, aun como auxiliares, hagan pronunciamientos de un delito del orden federal; lo que conduce en múltiples casos a que el inculpado quede al margen de cualquier acción punitiva que debería ser impuesta por ese ilícito. "Esto genera una discriminación entre inculpados que ejecutan conductas típicas similares pero reciben un tratamiento punitivo distinto, de acuerdo al ámbito territorial en el que ejecutan los hechos. "La reciente incorporación del segundo párrafo del artículo 73 fracción XXI de la Constitución de la República estableció una regla de atracción en asuntos del fuero local hacia el fuero federal y la ley secundaria en materia procesal de este último ámbito desarrolló esa potestad de atracción, solo que en breve lapso la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que limitar el alcance de la nueva norma. El concurso de delitos y la conexidad entre ellos trajo como resultado que los jueces locales plantearan la competencia federal para conocer de ilícitos del fuero común, que sin duda incrementarían las cargas de trabajo de los jueces federales. "Ante este fenómeno la Suprema Corte se decidió por la duplicidad de enjuiciamientos para evitar el previsible aumento de asuntos penales de especial complejidad y mediante interpretaciones cargadas de malabarismos jurídicos, finalmente sentó jurisprudencia, que en resumen hizo nugatoria la novedosa facultad de atracción incorporada a nuestra ley fundamental. "Esta delicada determinación solo merece una lectura: fracasó la pretensión de un solo enjuiciamiento contra personas que al cometer dos o más ilícitos en concurso, provocaron la intervención del aparato de justicia en ambos fueros. La consecuencia lógica es plantear otra solución que además de rescatar la respetabilidad de las funciones de justicia locales, diseña una opción que privilegia las garantías de los indiciados, el reclamo de la comunidad contra cualquier situación que provoque impunidad y la optimización de los recursos humanos y materiales que integran el aparato de justicia punitiva. "Una respuesta que involucre las inquietudes señaladas debe plantearse en el ámbito constitucional, solo así adquiere fuerza jurídica suficiente para modificar el sistema de competencias de ambos fueros. "De esta manera, se propone agregar un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI constitucional que corresponde al sistema de competencias y aclaro el sentido del segundo párrafo. Eso da lugar a que el fuero federal conserve la potestad de atracción en asuntos conexos y los órganos de procuración y administración de justicia de los estados inicien y concluyan el enjuiciamiento de quienes delinquen en una situación de concurso que significa la comisión de delitos en ambos fueros, cuando los del orden común por su gravedad soporte medidas punitivas con mayor carga represiva. "El texto propuesto resuelve el fondo de la problemática ya señalada, dado que no solo preserva las elementales garantías del procesado y evita el doble enjuiciamiento, inadmisible en una época que se caracteriza por la pretensión optimizadora de los recursos humanos y materiales, sino que permite aprovechar la infraestructura del aparato de justicia que con inmediatez y como auxiliar del ámbito federal conoce de los asuntos hasta la etapa preprocesal que fija límites a la acción penal, así como también conduce a la aplicación más eficaz de las sanciones correspondientes. "Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 71 fracción II de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de reforma que adiciona un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo Único.- Se anexa un tercer párrafo al artículo 73 fracción XXI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Artículo 73, fracción XXI, párrafo tercero.- Las autoridades de los estados conocerán de los delitos del fuero federal cuando concurran con delitos comunes de mayor gravedad punitiva. "Transitorios "Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Palacio Legislativo de San Lázaro a quince de octubre del dos mil dos. Diputado Francisco Jurado Contreras". Es cuanto. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. Túrnese la iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales. La anterior iniciativa presentada por el diputado José Soto Martínez, a petición suya se turna también en Comisiones Unidas, además de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a la Comisión de Equidad y Género. Tiene la palabra el diputado Sergio Acosta Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 138 de la Ley General de Población. -DIP. SERGIO ACOSTA SALAZAR: Gracias diputada Presidenta. "Compañeras y compañeros diputados: El suscrito, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción Ii de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar la siguiente iniciativa de decreto de reforma a la Ley General de Población, al tenor de la siguiente "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "Compañeros legisladores, hago uso de esta tribuna para referirme a un tema que es de la mayor trascendencia, el relacionado con el delito del tráfico de personas, tal vez el más vil e inhumano, las fronteras de los países donde el fenómeno de la migración de indocumentados de los diversos continentes, se encuentran plagadas de estos individuos sin escrúpulos, que hacen de su modos vivendi el tráfico de migrantes de indocumentados que desean atravesar una frontera en busca de mejores oportunidades de vida en el mejor de los casos, pero no se encargan sólo de eso, sino de traficar con menores y mujeres que después serán destinados al comercio sexual o inclusive para la venta de sus órganos. "El tema de los traficantes de personas representa un problema de la mayor importancia para México, pues dicha actividad actualmente está considerada en el segundo asunto en importancia de seguridad nacional de nuestro país. Basta con recordar a los cientos de compatriotas nuestros que pierden la vida a manos de los que lucran con la pobreza y la esperanza de aquellos cuya sola intención es asegurar a los suyos un nivel de vida decoroso. "Estos delincuentes también llamados polleros, que operan en los poco más de los tres mil kilómetros que tiene México de frontera con Estados Unidos de Norteamérica, son responsables de cientos de muertes, sí, pero además de violaciones perpetradas contra jovencitas que cruzan la frontera contra su voluntad, para además después ser la mercancía sexual de otros tantos vivales o de menores que son vendidos para ser adoptados por familias europeas o norteamericanas. El asunto es de tal magnitud, que de acuerdo al servicio de naturalización e inmigración de Estados Unidos se calcula que en solo 3 años los grupos delictivos que se dedican a introducir migrantes indocumentados a Estados Unidos, incrementaron sus ganancias en un 50% al pasar de 5 mil millones, a 7,500 millones de dólares al año; esa es la magnitud del negocio de estos señores. Y vale la pena mencionar, para resaltar la importancia del tema, que se trata que este delito, el de tráfico de personas a nivel mundial, es el tercer ilícito más lucrativo sólo detrás del tráfico de drogas y el tráfico de armas; delitos ambos de la más aberrante naturaleza porque atenta contra los elementos, derechos de las personas, contra su libertad y contra su dignidad. Sabemos bien dónde nace este delito, en los propios lugares y origen de quienes acuden a los "polleros" en la pobreza extrema, en las profundas desigualdades sociales, en la falta de oportunidades, pero además concurre de elementos que le ha permitido el crecimiento desmedido de este cruel delito y es no sólo complicidad de servidores públicos corruptos, sino también la laxitud de las leyes que sancionan tal conducta. Es por ello, que ante este Pleno vengo a someter a consideración, la necesidad de incrementar substancialmente la pena con que se castigue el delito de tráfico de personas. De acuerdo con recientes estimaciones y conforme al 2º Informe Anual, sobre el tráfico de personas 2002, elaborado por el Departamento de Estado Norteamericano durante el año 2001, por lo menos 700 mil hombres, mujeres y niños fueron objeto de tráfico en todo el mundo. Ante tales circunstancias, resulta fundamental que se legisle en torno a tal delito y nuestras leyes sean orientadas de tal modo que coadyuven a combatir a quienes viven a costa de tal lamentable conducta. Compañeros legisladores: combatir frontalmente a la banda de "los polleros" que operan en nuestro país, requiere de medidas de las más diversas índoles que van desde el fortalecimiento de campañas informativas que adviertan sobre los riesgos a que se enfrentan quienes recurren a estos delincuentes, hasta la generación de mayores lazos de cooperación entre los gobiernos de los países directamente involucrados en éste, que se ha convertido en un problema de carácter mundial. Un primer y trascendental paso será, estoy convencido, el endurecimiento de las penas para este delito pero hay mucho que avanzar. Se tienen que establecer políticas migratorias multilaterales que dificulten las actividades de los traficantes de personas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presento la siguiente iniciativa de reforma a la Ley General de Población: Artículo único.- Que se reforma el artículo 138 de la Ley General de Población para quedar como sigue: ARTICULO 138.- Se impondrá prisión de 10 a 25 años de prisión y multa de 5 mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de consumar la conducta a quienes por sí o por interpósita persona, con propósito de tráfico pretenda llevar o lleve mexicanos al extranjero a internarse a otro país sin la documentación correspondiente. Artículo transitorio: Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. San Lázaro, 15 del mes de octubre del 2002. Gracias, muy amables. -