La diputada Beatriz Elena Paredes Rangel: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, nada más grato para nuestra corriente política que en el marco del centenario del inicio de la Revolución Mexicana podamos, en este esfuerzo de continuidad histórica en defensa de las garantías individuales y de la justicia social, aprobar un conjunto de reformas que enriquecen el marco que rige el respeto a los derechos humanos en nuestro país. Además de ello, se privilegia la fortaleza del régimen parlamentario mexicano, en donde Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, en un binomio constructivo, pueden enriquecer las iniciativas para así dar certidumbre a la sociedad que los productos del Congreso de la Unión favorecen e integran la visión del conjunto de los legisladores. La reforma que estamos sometiendo a su consideración, constituye un histórico cambio en la evolución de los derechos humanos en nuestra patria y atañe a 10 artículos: 1o., 3o., un décimo, décimo quinto, 18, 29, 33, 89, 102 y 105. Con estas reformas y adiciones México se inscribe en la ruta de los países que reconocen explícitamente en sus normas internas la aplicación de las disposiciones de derecho internacional en materia de derechos fundamentales. Si algo caracteriza la evolución de la civilización humana, es trascender el que las relaciones entre la sociedad estén regidas solamente por la voluntad del individuo, sin que la colectividad se responsabilice de que estas relaciones se den en un marco de respeto a la dignidad humana. Por eso desde mediados del siglo XX y en el siglo XXI, el paradigma que preeminencia nuestra especie, es el del respeto a los derechos humanos y son los estados democráticos los que se obligan a través de sus instituciones, a cuidar de la prevalencia de los derechos humanos. Como fue aprobado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, el artículo 29, y lo quiero subrayar, de manera precisa, introduce importantes disposiciones al definir a los derechos que no pueden suspenderse ni restringirse aún en una situación de excepción, como son la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa, el principio de legalidad y retroactividad, la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada y la tortura, ni las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. En el artículo 3o., se determina que la educación deberá fomentar el respeto a los derechos humanos; el un décimo, consagra el reconocimiento al derecho de asilo y refugio; el 15, prohíbe la suscripción de tratados que menoscaben los derechos humanos; el 18, obliga al sistema penitenciario a organizarse sobre la base de respeto a los mismos. El artículo 33 limita la facultad del Ejecutivo para hacer salir del país a extranjeros y exige previa audiencia y a través de un procedimiento que establecerá la ley, como principio de política exterior, se agregue en el artículo 89 el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. En el artículo 97 se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar casos graves de violación a los derechos humanos, subsanando con esto un vacío que había en reformas realizadas con anterioridad sobre este tema. En el artículo 102 se fortalece la protección no jurisdiccional de los derechos humanos al establecer que las autoridades tienen obligación de dar respuesta a las recomendaciones de la CNDH. Compañeras y compañeros legisladores: si algo caracteriza el ejercicio superior de la política es su compromiso con el desarrollo de la persona, de los individuos y de las colectividades. Sólo en las sociedades que respetan a plenitud los derechos humanos, que fomentan una cultura de respeto a los derechos humanos y que exaltan el que la convivencia ciudadana se dé en un marco de reconocimiento de la dignidad de la persona es como podemos llamarnos plenamente una sociedad democrática y civilizada. Que sea para bien a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, reconociendo a todos sus integrantes. Por eso nuestra fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional votará a favor de estas reformas. Muchas gracias.