EL SECRETARIO DR. ALEJANDRO GERTZ MANERO: Señor Presidente; señoras y señores diputados: La Secretaría de Seguridad Pública, en los últimos 9 meses, ha establecido como tarea prioritaria y fundamental una política de combate a la corrupción, identificando, cesando y sometiendo a procedimientos administrativos y penales a quienes dañaron gravemente el patrimonio federal y corrompieron las instituciones policíacas, lo cual ha sido del dominio público. Se informó de ello a la Secretaría de la Contraloría y se iniciaron 5 averiguaciones previas contra 43 funcionarios, 2 procesos administrativos y se entregó la documentación para la investigación e integración de nueve casos adicionales. Se estableció la revisión de todos los procesos de licitación, tanto del sector central como de sus órganos desconcentrados, para lo cual se solicitó y obtuvo la autorización por parte de SECODAM para la constitución de los Comités de Adquisiciones correspondientes. A la fecha se han realizado trece licitaciones con observadores externos. Se agrupó a la Policía Federal de Caminos y se redistribuyó el personal de la Policía Federal Preventiva según su especialidad; los de caminos a las carreteras federales de mayor incidencia delictiva en este país; la Coordinación de Inteligencia creó un Grupo Especial para la Vigilancia de Puertos, Aeropuertos, Aduanas Terrestres, y otro para la Supervisión de los Ceferesos, uno de Reacción Inmediata para Operativos Especiales y se reasignó personal para el combate al narcotráfico, secuestros, terrorismo y robo de vehículos. Se implementó el Programa de Supervisión Carretera y con el apoyo de las Cámaras de Transportes se iniciaron operativos de verificación del trabajo de la Policía Federal de Caminos y a través del Centro de Atención Ciudadana se reciben las quejas y denuncias correspondientes. A cada uno de los asaltos reportados en carretera hay una investigación y son verificados por la Policía Federal y se procede a la reconstrucción de los hechos con los choferes y se les aplican exámenes poligráficos y a la fecha se han resuelto más de 60 asaltos. Semanalmente se realizan operativos por parte de la Coordinación General de Asuntos Internos en las carreteras del país a fin de verificar directamente las condiciones en que dicha corporación presta el servicio con la participación de agrupaciones de transportistas de carga y pasajeros. Con las Fuerzas Federales de Apoyo se han realizado 56 operativos en diversas entidades de la República incrementando su productividad en más de un 700 % en relación a lo hecho en los dos últimos años, siendo de particular relevancia el que se efectuó recientemente en cuatro municipios del Estado de México, sin pasar por alto el apoyo que se brindó al gobierno de Chiapas para restablecer el orden y el control sobre su Policía Preventiva y el operativo que se está llevando a cabo en estos momentos en la ciudad de Puebla. Adicionalmente con información de la Coordinación de Inteligencia y en coordinación con las Secretarías de Hacienda y de la Contraloría, se han asegurado más de cien bodegas y locales comerciales con más de mil 700 toneladas de mercancía ilegal. La Policía Federal Preventiva se está reestructurando para ser una policía activa con presencia nacional, y como resultado de estas acciones las encuestas nos revelan que más del 90 % de la población que ha visto el trabajo de esta policía, lo apoyan en sus acciones. A partir de la publicación del Reglamento Interior de la Secretaría, el 6 de febrero de este año, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, al igual que la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, así como el Patronato para la Reincorporación Social del Trabajo iniciaron su proceso de entrega y recepción a esta Secretaría. De la revisión interna se pudo establecer la existencia de redes de vínculos de parentesco y delictivos ante el personal administrativo y de custodia con los internos de los Ceferesos, lo cual propiciaba altos índices de corrupción. Por otro lado en el inicio de la presente administración se detectó un atraso en la integración técnica y jurídica de los expedientes de los internos, situación que impedía resolver la situación de ellos y se prestaba para vender favores a ellos y a sus familiares. Sin embargo a pesar de la gravedad y claridad de estas irregularidades, nunca fueron observadas por la Contraloría Interna anterior. Se creo un órgano desconcentrado con objeto de tener la autonomía técnica y administrativa necesaria para esta tarea, y a través del consenso con la comunidad de criminólogos, se decidió en forma colegiada la designación del responsable de este órgano que salió de la propia organización. Las estructuras de readaptación social son quizás uno de los focos de corrupción más graves que existen en el país y ahí hemos centralizado el control cambiando a los funcionarios de todos los niveles: se han removido a los cuatro directores de los Ceferesos federales, a los 16 subdirectores, 29 jefes de departamento y 375 custodios y se han consignado a más de 60 personas al Ministerio Público. Se aplicaron 845 exámenes de evaluación, incluyendo antidoping y bolígrafo a los empleados existentes y a aspirantes de nuevo ingreso. El número de libertades anticipadas otorgadas a la fecha es de 746, existiendo mil 165 casos que se encuentran en revisión, cifra que comparada con las 333 otorgadas en 1999, nos da una relación de más de 100 % de libertades otorgadas en los primeros nueve meses de esta administración. Se tomó el mando de la operación de los centros de control con personal de Coordinación de Inteligencia de la Policía Federal Preventiva, se recolectaron los pocos sistemas técnicos de seguridad que todavía estaban aprovechables y se estableció un sistema de supervisión y control remoto desde la ciudad de México de los Ceferesos de Puente Grande, La Palma y Matamoros. Se instaló un Grupo especial de Coordinación de Inteligencia para la supervisión externa de dichos centros y se asignó a personal de las Fuerzas Federales para la vigilancia de las áreas perimetrales. Se generaron los controles de acceso estrictos a los penales con bitácora y agenda de visita autorizada, se revisaron los equipos detectores de metales, narcóticos y explosivos de las aduanas para garantizar su operación; se instaló el equipo especial para evitar entrada y salida de llamadas de telefonía celular. Se han reubicado a más de 90 presos dentro del Programa de Redistribución de Presos Federales. En cuanto al Sistema Nacional de Seguridad Pública, actualmente se practica una auditoría al Programa Nacional de Infraestructura Penitenciaria en el que se han detectado considerables excesos en costo y tiempo en la ejecución de las obras, así como deficiencias en el diseño y desarrollo de sistemas, por lo que con la ayuda de la Universidad Nacional Autónoma se revisó el status que guardan los sistemas de información y telecomunicaciones del Sistema Nacional de Seguridad, resultando lo siguiente: Existe una infraestructura para la red de datos, que se emplea en menos del 10% y que proporciona servicios de información que son rígidos e inoportunos, existiendo en estos sistemas una grave ausencia de información técnica documental adecuada y a la fecha. Se han destinado hasta la fecha 500 millones de dolares en la conformación de la red de telecomunicaciones, que se adquirió sin licitación y en adjudicación directa, y que sólo funciona en su tercera parte de lo programado y se tienen pendientes de instalar y usar equipo por 133 millones de dólares que se encuentran en almacenes, de los cuales 50 millones corresponden a 31 mil radios, pero para que esta red cubra todo el país y garantice las comunicaciones de seguridad pública, se necesitarían invertir adicionalmente más de mil millones de dólares. Se han invertido alrededor de 4 mil millones de pesos en infraestructura penitenciaria a la fecha, de 48 cárceles programadas, parcialmente se han entregado 12, y del Programa de Dignificación parcialmente, se han entregado 2 de 5 programadas. Actualmente la Coordinación de Control Interno está revisando todos y cada uno de los Cerezos y de las cárceles, que son locales incluidas en este programa. Con relación a la participación ciudadana, la Secretaría de Seguridad Pública, no sólo ha impulsado el Programa Ojo Ciudadano, sino que ha convocado a la sociedad civil para la creación de un órgano independiente, que realmente evalúe las acciones de gobierno en materia de seguridad pública, el cual ya se encuentra en su fase final de integración. El respeto a los derechos humanos ha sido prioritario, como aspecto fundamental de la ética de la Secretaría de Seguridad Pública, y a la fecha todas y cada una de las quejas y recomendaciones que se han recibido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han atendido en forma inmediata. Los resultados de todas estas acciones, nos han llevado en un período de nueve meses, a reducir la incidencia delictiva en materia federal en 12%, mientras los delitos del fuero común a nivel nacional, se han incrementado en casi un 7%, lo cual nos revela que las acciones emprendidas por la Secretaría para la prevención de la delincuencia en materia federal, han sido las más exitosas en los últimos años. Es indispensable señalar que esta información estadística proviene de las Procuradurías, tanto federal como locales, y que la Secretaría sólo tiene la verificación ciudadana de los delitos que se cometen en carreteras federales, los cuales han disminuido, de conformidad con la información de las Cámaras correspondientes en un 60% al transporte de pasajeros y un 40% al transporte de carga. Las cifras anteriores que son satisfactorias para nosotros y las tareas emprendidas, son una base importante en la lucha por la seguridad y la justicia en el país, pero evidentemente no son suficientes, ya que existe una estructura muy añeja y una cultura profundamente enraizada en los sistemas de seguridad y de justicia, que se establecieron y se operaron durante décadas, para servir al poder, ya sea el formal o el real y no para servir al pueblo y a la comunidad. Estas estructuras crearon marcos legales que son aberrantes frente a la criminalidad que nos abruma, como es el impedimento para que las policías preventivas locales, puedan realizar las investigaciones indispensables para la prevención del delito. También se han estructurado cuerpos policíacos, que no están sujetos a programas de productividad y de resultados a favor de la ciudadanía, sino de los intereses de quienes los mandan, llegando al grado tal que de los casi 350 mil policías preventivos que hay en el país, el Sistema Nacional de Seguridad Pública sólo cuenta con huellas dactilares del 10% de ellos, sin que se sepa si efectivamente corresponden a esas personas. Tampoco se tienen las huellas dactilares de todos los procesos del fuero común, que se encuentran en los centros de readaptación de los estados. No se cuenta tampoco con la base de datos de los vehículos que existen en el país, de los que han sido reportados como robados y de los recuperados. No se tiene también la cobertura de comunicación nacional ni la información verificable de detenidos, de procesados y de sentenciados. Se han invertido en los últimos años más de 40 mil millones de pesos en capacitación, en armamento, en equipo de transporte y en infraestructura para la seguridad y la justicia y el índice delictivo del fuero común sigue subiendo. Frente a esta realidad, es indispensable estructurar un sistema jurídico, que esté al servicio de la comunidad y que proteja a las víctimas del delito, y para ello es indispensable un cambio profundo en el marco legal que rige al país, desde su Constitución hasta sus leyes reglamentarias para obtener lo siguiente: El derecho de las víctimas y de los ofendidos para defenderse y ser parte en los juicios penales, ya que es inaceptable que cualquier persona pueda defenderse en cualquier materia menos en la que más los lastima. Es necesario también que el Ministerio Público cumpla con sus tareas bajo la legalidad de un procedimiento penal y sujeto a los jueces, ya que sus actuaciones hasta el día de hoy han beneficiado al poder, pero han lastimado profundamente a la comunidad a quien dice representar y prueba de ello es el inmenso número de averiguaciones previas que no se integran, generando una impunidad que a todos nos ofende. Es indispensable que el proceso penal se inicie ante los jueces y ahí cumpla de inmediato el Ministerio Público su representación social y el ofendido pueda actuar como parte en el juicio y así se logre una justicia pronta y expedita en un procedimiento oral que reduzca los tiempos del proceso, sus costos y la posibilidad de corrupción. La reparación del daño debe ser el bien jurídicamente protegido, ya que en materia de delitos hasta el día de hoy, esa es una de tantas entelequias jurídicas que no se convierten en realidad. Dicha reparación debe establecerse y tabularse en la ley y cubrirse de inmediato al ofendido con los bienes del ofensor, con su trabajo o con los fondos de un fideicomiso general que se nutra de todos los decomisos y aseguramientos que se logren en relación con la comisión de los delitos, fundamentalmente los federales. Los presos que no tienen recursos deben mostrar su capacidad de readaptación, mediante trabajo remunerado y a favor de la comunidad y la mayor parte de dicha remuneración debe ir a la reparación del daño y al ofendido. No es posible que las cárceles estén llenas de pobres y de indefensos, mientras los ricos bien defendidos se burlan a diario de todos nosotros. En la reparación del daño está el único camino para generar un proyecto de readaptación social que verdaderamente le funcione a la comunidad. Es indispensable un solo Código Penal del fuero común para todo el país, estableciendo las excepciones de carácter federal que correspondan por daños a la propia Federación o por el crimen organizado. Estas bases legales podrían darle a nuestra comunidad la esperanza de una nueva convivencia con una policía nacional estructurada con base en su productividad, sus resultados y compensada con salarios, prestaciones y jubilaciones que no sean indignos. Se necesita un proyecto que unifique la defensa social en un solo órgano del Ejecutivo que contenga al Ministerio Público, a la policía la readaptación social y el sistema de seguridad. En esta tarea hemos trabajado durante los meses que lleva el actual gobierno y tenemos el proyecto totalmente terminado, el cual lo hemos ido consensando con miembros del Poder Judicial, foros de litigantes, gobiernos estatales y organizaciones sociales. Ojalá que el foro máximo Legislativo de este país, que es este Congreso, nos permita exponerle al detalle lo que es la política criminal de este gobierno. Muchas gracias, señores.