EL C. DIPUTADO LUCIO FERNÁNDEZ GONZALEZ: Gracias, diputado Presidente. Honorable Asamblea: El derecho de petición se encuentra reconocido como derecho fundamental de los mexicanos en el artículo 8º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, su pleno ejercicio no se encuentra debidamente regulado en cuanto al tiempo en que éste sea respetado por parte de los funcionarios y empleados públicos. Hasta ahora, el breve término que tiene la autoridad para dar a conocer el acuerdo recaído a la petición, ha sido una norma constitucional que se ha respetado por el uso y costumbre que cada funcionario ha podido resolver y por la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo no existe una certeza jurídica que garantice su pleno ejercicio, por lo que se hace necesario proceder a la adecuación de este derecho fundamental desde una perspectiva constitucional que haga más claro y ágil su ejercicio en beneficio de los peticionarios. En cuanto a los requisitos que debe cumplir la petición, actualmente en nuestra Carta Magna se indica que el peticionario la debe formular por escrito, sin embargo existen diversas instancias que a fin de facilitar los trámites y dar mejor acceso a la recepción de quejas o denuncias, permite la formulación verbal de peticiones o en otra forma. Esto se ha dado por ejemplo en materia de amparo y en la esfera de los organismos de protección al consumidor o en las figuras vinculadas a las tareas del ombudsman, así como también en otras materias como la agraria, que privilegian la oralidad en las solicitudes relativas a la prestación de los servicios al gobernado. Como por ejemplo, la Ley de Amparo en su artículo 118, permite que la petición de amparo y de la suspensión del acto reclamado pueda efectuarse aun por telégrafo con los efectos que la propia ley determina. Por su parte, la legislación de la Comisión Nacional y las estatales de Derechos Humanos, permiten la recepción de peticiones verbales con objeto de facilitar el trámite de los asuntos de su competencia. Es claro que la recepción de solicitudes orales amplia el ámbito de acción de los particulares frente a las autoridades en beneficio de aquellos y una vez que se instaura dicho procedimiento, debe entenderse que la autoridad está obligada a actuar con motivo de la referida petición y que puede incurrir en responsabilidad si no la atiende debidamente aunque no se haya hecho por escrito. Este fenómeno también ocurre en servicios en los que por su naturaleza, no es racional exigir que la petición sea presentada por escrito, tal es el caso de los llamados de emergencia a la policía, bomberos, atención médica o unidades de protección civil. De acuerdo al actual artículo 8º. constitucional, la autoridad ante la cual es presentada la petición, está obligada a emitir un acuerdo debiendo notificar dicho acto al peticionario en breve término. Sin embargo, no existe ordenamiento legal que señale con precisión definitiva cuál es el breve término a que se refiere el texto constitucional. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que por breve término debía entenderse aquel en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse. Este criterio deja abierto el término de respuesta hacia el gobernado. En el amparo de revisión 1393/58, el máximo órgano jurisdiccional del país estableció que si pasaban más de cuatro meses sin dar respuesta a un ocurso, se violaba la garantía consagrada en el artículo 8º., pero en jurisprudencia posterior aclaro que ello no significaba que debía pasar ese lapso para que se considerara violado tal artículo. En el momento actual el que justifica el reclamo de las tendencias mayoritarias que proclaman una mayor participación de los ciudadanos y de los grupos en la cosa pública, quienes exigen a voz alta la plena vigencia del estado de derecho que dé certeza a las peticiones de los gobernados, es oportuno plantear esta iniciativa con la finalidad de que aunado al reconocimiento constitucional del derecho de petición, se precise el término a que debe sujetarse la autoridad en cuanto a la respuesta que debe emitirse, suprimiendo la exigencia que el derecho de petición se haga por escrito, motivos por los que se hace necesario modificar el texto del artículo 8o. constitucional. Prevaleciendo que su ejercicio deberá formularse de manera pacífica y respetuosa y que en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la república. Agregando en el segundo párrafo, que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a que se haya dirigido, con la obligación de hacerlo conocer al peticionario en el término no mayor a 4 meses. Esta modificación permitirá establecer con mayor certeza el término en el que habrá de conocer el peticionario la suerte de su petición, entendiendo que su sola presentación no solamente deberá ser resolviendo favorablemente, tal como lo ha establecido el máximo órgano jurisdiccional del país, al establecer como requisito de la respuesta que se dé a una petición, sea congruente con la solicitud. Esto es, que deba haber una relación lógica entre lo que pide el particular y el acuerdo que recaiga a su solicitud. Con las consideraciones anteriores surge así la necesidad de reformar el texto del artículo 8o. constitucional, en virtud de que las inmensas relaciones que cada día se dan con más frecuencia entre gobernados y gobernantes, de acuerdo al siguiente: Proyecto que reforma el texto del artículo 8o. constitucional y quedaría de la siguiente manera: "Artículo 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política sólo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. "A toda petición deberá recaer un acuerdo por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer al peticionario dentro del término no mayor a 4 meses. "TRANSITORIO "UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Diputado presentante licenciado Lucio Fernández González". Por su atención muchas gracias. -PRESIDENTE: Muchas gracias señor diputado Lucio Fernández González. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. Ruego a la secretaría dar lectura del oficio proveniente de la Cámara de Senadores. -DIP. SRIA. ADELA CEREZO BAUTISTA: (Minuta por la que se reforman y adicionan diversos disposiciones de la Ley Federal de la Ley Federal de Defensoría Pública) -PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de Asuntos Indígenas) En el capítulo de excitativas se ofrece el uso de la palabra al diputado Alberto Amador Leal, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una excitativa a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. -DIP. ALBERTO AMADOR LEAL: Muchas gracias señor presidente. El pasado 11 de septiembre presenté ante esta asamblea un punto de acuerdo respecto del saneamiento de la cuenca hidrológica del río Necaxa. Pudiera parecer que se trata meramente de un proyecto regional o una preocupación local, pero sólo quiero recordar, compañeras, compañeros diputados, que esta cuenca hidrológica, después de los recursos hidráulicos de Cutzamala, es la principal fuente alternativa de abastecimiento de agua al Distrito Federal.} El punto de acuerdo estuvo motivado por una serie de convenios, de acuerdos de los tres órdenes de gobierno que hemos venido promoviendo en los últimos cuatro años, a partir de un estudio cuidadoso se realizó la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Ingeniería, en el cual se determinó que el 22% del suelo de esta región está sobreexplotado o es incompatible, que el 38% de la superficie tiene índices altos o muy altos de erosión, que los niveles de deforestación indican que en los últimos 20 años se han perdido 6 mil 767 hectáreas, o sea, una tasa del 10%, muy superior a la media nacional y otros indicadores de la misma significación y preocupación de deterioro ecológico. La Comisión de Energía y la Comisión de Medio Ambiente a las que fue turnado este asunto han procedido a hacer tengo entendidoalgunos trabajos. Lo cierto es que la Comisión de Energía se declaró incompetente, por lo cual, por la vía administrativa, mi compañero diputado federal Cutberto Cantoran y su servidor, procedimos a hacer una serie de gestiones ante los diversos órdenes de gobierno A fin de evaluar los avances que se han realizado al respecto, promovimos un foro de discusión y análisis, el pasado 22 de agosto, lo realizamos aquí en el Salón Legisladores y hubo, quiero decirles, una participación muy profesional de los funcionarios públicos, de los tres órdenes de gobierno, de los señores presidentes municipales, de jóvenes ecologistas, de las universidades y los tecnológicos e igualmente de agrupaciones sociales. Ahí logramos identificar que hay avances importantes como es la asignación de 27 millones de pesos para la construcción de tres rellenos sanitarios, uno de los cuales acaba de concluirse, así como la reforestación de 758 hectáreas, con el establecimiento de viveros con 8 millones de árboles. Para el año 2002-2006 se requiere una inversión de 8 millones de pesos para la administración de programas, de 94 millones para el tratamiento de aguas residuales, de 44 millones para recuperación de suelos y de 8 millones para manejo de riesgos geológicos, además de 27 millones adicionales para los rellenos sanitarios y para la reforestación 72 millones de pesos adicionales. En tal virtud es que proponemos una atenta y respetuosa excitativa a la Comisión de Medio Ambiente a efecto de que proceda a el dictamen del punto de acuerdo que hemos presentado. Para lo anterior solicitamos se tome en cuenta la información y las propuestas presentadas en el foro realizado en esta Cámara el pasado 22 de agosto, mismas que nos permitimos anexar a efecto de que se exhorte al Ejecutivo Federal a incluir una partida específica en el proyecto del Presupuesto de Egresos para el 2003 y asimismo se solicite a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de esta Cámara proceda a la aprobación conducente. Agradezco, compañeros, compañeras diputadas su atención y les pedimos su apoyo solidario a todos los miembros de esta asamblea. Muchas gracias.