La diputada María del Carmen Almeida Navarro: Con la venia del presidente, y gracias y bienvenido a esa posición, presidente Bonifacio. Diputados y diputadas, el dictamen que hoy propongo y pongo a su consideración tiene como, por objeto actualizar e incrementar las penas corporales y pecuniarias que como sanción puede imponer la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación por la trasgresión de las conductas tipificadas en los artículos 12, 13 y 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Es un ordenamiento que se destaca no solamente por su finalidad, sino que también reviste la característica de ser uno de los 76 ordenamientos expedidos por el Congreso de la Unión que, desde su publicación en el Diario Oficial de la Federación, no se han actualizado mediante las modificaciones que corresponden a la actual realidad. Una ley que no había sido revisada por el Poder Legislativo federal en casi 74 años. Es por ello que en pleno siglo XXI su texto incluye referencias a la Secretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de Salud o también que propone sanciones de difícil o imposible aplicación por la autoridad administrativa, como la destitución del empleo de los empresarios, gerentes, administradores, encargados y agentes de loterías o sorteos que no cuenten con autorización legal, todo esto es anacrónico. Con estos antecedentes, comparto con ustedes que en la Comisión de Gobernación y Población recibimos las iniciativas de nuestros compañeros diputados José Salvador Rosas Quintanilla y Jorge Arturo Espadas Galván, para reformar los artículos mencionados 12, 13 y 17 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, cuyas propuestas ya consideramos las diputadas y diputados que formamos parte de dicha comisión. De tal forma que con la aprobación del presente dictamen se dotará a la Dirección General de Juegos y Sorteos de los elementos necesarios para imponer y en caso de ser necesario penas privativas de libertad, multas y arresto administrativo que sean congruentes con el régimen jurídico vigente. El objetivo de las reformas que hoy se presentan fortalecen las acciones de la autoridad administrativa en la prevención y combate al juego ilegal, particularmente respecto de los lugares en donde se practican juegos y sorteos, sin contar con la autorización correspondiente, los que a juicio de uno de los proponentes ha proliferado en diversas entidades federativas, debido a la falta de sanciones ejemplares. Uno de los efectos positivos de esta reforma será que los lugares donde se realicen juegos y sorteos sean realmente utilizados como espacios de esparcimiento y que estos cuenten con las autorizaciones correspondientes. Medidas que no solamente pretenden regular o regularizar dichas actividades sino que también evitan abusos en perjuicio de las personas usuarias, que es una práctica común en los lugares clandestinos. Hoy en día rentar un espacio para realizar juegos clandestinos resulta en una pena privativa de un mes a un año de prisión y una multa de 100 a 5 mil pesos. Sanciones que de ninguna forma desincentivan la mencionada actividad ilícita, por lo que resulta procedente realizar las modificaciones necesarias para disuadirlas y erradicarlas. En forma complementaria a esta finalidad, el dictamen considera actualizar las disposiciones de la Ley Federal de Juegos y Sorteos al decreto de reformas constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016. En este aspecto, la Ley Federal, dada su antigüedad, señala sus penas y multas en cantidades que no son proporcionales al posible daño causado por sus transgresores, en donde los montos que se incorporan en el proyecto de decreto se señalan en unidades de medida y actualización, lo que facilita en el tiempo su actualización, sin ser necesaria una reforma para ello. De aprobarse el dictamen puesto a su consideración, dependiendo del caso concreto, las penas privativas de la libertad se incrementarían de tres meses la mínima y de 9 años la máxima. Y en el caso de las multas, de una hasta de 10 mil unidades de medida y actualización. De igual forma, se actualiza la pena correspondiente al arresto administrativo, donde el texto vigente considera que se puede imponer hasta por 15 días...