La diputada Ana María Balderas Trejo: Compañeras y compañeros diputados. El día de hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que tiene como finalidad reformar la fracción IV y adicionar un párrafo cuarto al artículo 214 del Código Penal Federal, con el objetivo de proteger a todas las personas que se revictimicen por una o un servidor público, que en el ejercicio de sus funciones divulguen, comercialicen, audiograben, videograben, entreguen, fotografíen, remitan, expongan, reproduzcan, intercambien, compartan imágenes, indicios o documentos del lugar de los hechos y/o hallazgo de la o las víctimas lacerando su dignidad y la de sus seres queridos. Uno de los casos más devastadores y tristes que aún creo que a la sociedad mexicana nos duele recordar es el caso de Ingrid Escamilla, una joven de tan solo 25 años de edad, a la que le fue arrebatada la vida de manera cruel e inhumana. La cual, no conforme con la extrema violencia con la que fue apagada su vida, se volvió tendencia en los medios de comunicación y redes sociales, nacional e internacionalmente, por la falta de sensibilidad y criterio de los policías, peritos y servidores públicos que arribaron al lugar de los hechos, al filtrar imágenes explícitas de la escena del crimen a diversos medios de comunicación y redes sociales amarillistas y sensacionalistas, que obtienen sus ganancias con el dolor ajeno. Es indignante y no debemos seguir tolerando este tipo de atrocidades y de profanación, y que sean pocos los estados, hoy menos de la mitad, que hayan tomado este asunto en sus agendas como prioritario. Quiero hacerles un recordatorio: que el pueblo de México nos eligió para estar aquí y solucionar este tipo de problemas, y no solo con discursos, sino con acciones que detonen en un cambio para la mejora de la vida de nuestros representados. No exagero al decir que aún falta mucho por hacer y avanzar en la protección y garantía de los derechos humanos, que hace falta perspectiva de género al interior de los organismos encargados de la procuración y aplicación de justicia. Y sobre todo mayor compromiso de parte nuestra para atender el llamado de la ciudadanía. Esta legislatura es histórica por su conformación paritaria y tenemos la responsabilidad de cimentar el cambio que se requiere, castigando de manera ejemplar a las y a los servidores públicos que se vean involucrados en este tipo de acciones, no solo con sanciones administrativas o separación del cargo, como muchas veces ha ocurrido, sino con penas que ameriten cárcel. De acuerdo con mi propuesta, van de dos a siete años de prisión, y en caso de tratarse de mujeres, niñas y adolescentes la sanción aumentaría hasta en un tercio. Tenemos la obligación de trabajar en soluciones más que en discursos, velar por los intereses e integridad de las personas y comprometernos como representantes populares en hacer oír las voces que han sido dañadas por falta de empatía. Ver más allá de las ideologías de partido y sumarnos con pluralidad por el bien común y trabajar por el país que deseamos construir para nuestras futuras generaciones y por nuestro presente. Es por ello que, en mi calidad de diputada del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, vengo a proponer esta modificación a nuestro Código Penal, porque estoy plenamente convencida de que para abonar al México que queremos y deseamos todos cabemos, todos podemos sumar. Va por México. Es cuanto, presidenta.