EL C. DIPUTADO ABELARDO ESCOBAR PRIETO: Gracias, señor presidente. Mientras en nuestro estado de Chihuahua la sociedad se encuentra sumamente alarmada y agredida por los altos índices de violencia en contra de mujeres y de la sociedad en general, los presidentes municipales priístas y los diputados locales priístas, todos ellos obedientes a una sola voz, tuvieron la desfachatez de hacer esta publicación: "Felicitamos al contador público Patricio Martínez García, Gobernador Constitucional del estado de Chihuahua, por la forma responsable y valiente como ha enfrentado los problemas de inseguridad pública que vive nuestro estado". Siguen adelante y le exigen enérgicamente al Gobierno Federal, al licenciado Vicente Fox, asuma su responsabilidad. Y finalmente repudian rotundamente la actitud de los diputados panistas que, según ellos, todo lo politizan. Compañeras y compañeros legisladores: con fundamento en el artículo 78, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento el siguiente punto de acuerdo para solicitarle al Gobernador del estado de Chihuahua, contador público Patricio Martínez García, reconsidere el nombramiento del ciudadano licenciado Jesús José Solís como procurador general de justicia del estado, bajo las siguientes consideraciones. Frente a los últimos acontecimientos ocurridos en el territorio del estado, por lo que hace a la procuración de justicia, y en congruencia a nuestra responsabilidad constitucional de representar a una gran cantidad de mexicanos en nuestras respectivas entidades federativas, creemos que es imposible dejar de señalar lo siguiente: Los chihuahuenses, particularmente quienes habitan en la frontera norte de la entidad, hemos tenido que lamentar en repetidas ocasiones diversas violaciones a los derechos humanos, sin que hasta el momento haya habido una respuesta satisfactoria por parte de la autoridad estatal competente, y en este sentido afirmamos que continúan los inexplicables asesinatos de mujeres, sin que existan todavía investigaciones serias que lleven a encontrar a todos los culpables. Peor aún, hay suficientes datos que demuestran la intención del Gobierno del Estado de no hacerse cargo de la investigación, atención y resolución de ciertos crímenes, aunque dichas obligaciones legalmente le correspondan. Tal es el caso de los asesinatos de habitantes del estado a quienes, sin que existan bases legales, se califica de ejecuciones derivadas del narcotráfico. Todo lo que las autoridades competentes del estado no saben, no pueden o no quieren resolver, se le califica como delito que debe resolver la autoridad federal. Existen casos documentados de tortura en la investigación de delitos diversos. Ejemplo concreto el caso de los presuntos responsables de los homicidios de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. En este caso, independientemente de los indicios, hay que lamentar que la confesión bajo tortura, suficientemente documentada en partes médicos de la propia autoridad, sea una de las principales, si no es que la única, pruebas de la Procuraduría. Hay evidencias de agresión física por parte de autoridades estatales a manifestantes y líderes de opinión respecto del asesinato del abogado Mario César Escobedo Anaya, agresiones que, por su naturaleza, son constitutivas de diversos delitos tales como homicidio en grado de tentativa, lesiones y abuso de autoridad, sólo por mencionar algunos. Los medios de información que no son afines a las políticas emprendidas por el gobierno del estado, son perseguidos, lo cual constituye una violación de los derechos humanos. Basta recordar lo ocurrido hace algunos años con el periódico Norte de aquella localidad, y hace apenas pocos días uno de los radiocomunicadores Tamira Izaguirre y Antonio Tirado, fueron sorpresiva violenta e ilegalmente separados de sus puestos de transmisión, y finalmente, el que haya habido un evidente cuestionamiento respecto de la designación del licenciado Jesús José Solís, mejor conocido con el apodo de "Chito" Solís, como Procurador General de Justicia, atendiendo a su desempeño en cargos previos, así como la confirmación posterior de esos mismos hechos tales como tortura, violación de los derechos humanos, agresión y delitos cometidos en grado de tentativa, entre otros, no obstante su elevada responsabilidad. Estamos convencidos de que para el desarrollo armónico de una sociedad, no pueden estar ausentes dos aspectos fundamentales: la democracia y el estado de derecho. Este último, sin duda, implica una eficiente y eficaz procuración de justicia y una perfecta protección contra todas las violaciones de la ley. Todo lo anterior nos obliga a pedir al señor gobernador del estado, Contador Público Patricio Martínez García, que reconsidere su decisión de tener como primer abogado en la entidad y como el principal responsable de las políticas públicas contra el crimen, a una persona como el licenciado Jesús José Solís, quien ha demostrado en los últimos días, no sólo su falta de capacidad, sino también su proclive y reiterada tendencia a violar la ley y los derechos humanos de los chihuahuenses. Esperamos, en efecto, que se rectifique ese nombramiento por parte del Titular del Poder Ejecutivo, no sólo como consecuencia de respetar y hacer respetar la Ley, sino como una muestra de respeto al pueblo de Chihuahua. Por lo anteriormente fundado y expuesto, el suscrito diputado federal por la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero.- Que esta soberanía, respetuosa del Pacto Federal emita un atento llamado al gobernador del estado de Chihuahua, para que reconsidere el nombramiento del ciudadano licenciado Jesús José Silva, como Procurador General de Justicia Estatal, y Segundo.- Que esta soberanía solicite al gobernador de Chihuahua, incremente sus esfuerzos para que se dé cabal cumplimiento a la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho de los gobernados a la seguridad pública y el de investigar, perseguir y sancionar los delitos con apego al marco jurídico y el respeto irrestricto de los derechos humanos. Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, México, D.. F., a 20 de febrero de 2002. Lo suscriben diputado Abelardo Escobar, servidor de ustedes, diputado César Reyes Roel, Luis Villegas Montes, María Eugenia Galván, Carlos Borunga Zaragoza, David Rodríguez Torres, francisco Jurado, Gregorio Arturo Meza, Manuel Narváez Narváez, todos ellos miembros del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y representantes del estado de Chihuahua. Muchas gracias por su atención. -