La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, hoy conmemoramos el 65 aniversario del voto de la mujer, el Día Internacional de la Niña y el Día de la Mujer Rural. Todo ello ante esta Cámara, en la que prácticamente hemos alcanzado la paridad horizontal, pero en la que aún falta mucho por avanzar para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Afirmamos lo anterior, no solo porque la Junta de Coordinación Política no ha honrado su dicho y no distribuyó equitativamente las presidencias de las comisiones, sino porque tampoco tenemos una representación igualitaria en la propia Junta de Coordinación. Esta es una situación, compañeras y compañeros, que estamos llamadas a corregir. Este escenario resulta paradójico, ya que las cifras arrojadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señalan que en 2015 éramos 65 millones de mexicanas y 58 millones de mexicanos. Es decir que, siendo más mujeres, los puestos de decisión siguen siendo ocupados por hombres, negándoles a las mujeres el papel histórico que están y estamos llamadas a ocupar. Sí, compañeras legisladoras, legisladores, tenemos los espacios, pero no tenemos el poder. En los últimos años hemos visto cómo progresivamente las mujeres se han empoderado, han asumido mayores responsabilidades y han conquistado espacios que tradicionalmente había sido reservados para los hombres. Esta situación ha derivado en múltiples cambios legales que indefectiblemente reflejan la nueva situación nacional. Mujeres en la aviación, mujeres en la milicia, mujeres en la conducción, mujeres legisladoras, todas ellas constituyen y constituimos un símbolo, y representan y representamos a la nueva mujer mexicana. Sin embargo, no podemos obviar la otra cara de la realidad de nuestro país: el rostro de la violencia, la crisis humanitaria en la que nos encontramos inmersos ahonda las brechas de desigualdad, haciendo víctimas a quienes se encuentran en situaciones menos favorecidas. La violencia ejercida por la delincuencia organizada, en su afán de control territorial, se profundiza en la violencia feminicida, dejando a su paso incontables víctimas. Los desplazamientos forzados por esta situación resultan en miles de mujeres que deben abandonar sus hogares y pertenencias. Torturas, violaciones, desapariciones, todo ello forma parte de la cotidianeidad de las mujeres en México y no podemos permitir que esta sea normalizada, porque ninguna de las víctimas merecen serlo ni merecen el olvido. Revisemos unas cuantas cifras. Abril fue el mes con mayor número de feminicidios, con 71 casos, seguido de junio, con 70. Sumó 64, y de enero a febrero 63 cada uno. Y en mayo se registraron 56, focalizándose en el estado de México, Veracruz, Nuevo León y Chihuahua, y reflejando un incremento del 10.6 por ciento respecto al año pasado. Señoras y señores, en unos siete meses hemos elevado de 7 mujeres asesinadas al día a 9 feminicidios al día. Estamos en la tasa más alta de feminicidios. Por cada 100 mil habitantes se han presentado en Colima 181. En los siguientes lugares estuvieron Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Morelos. Estos números nos obligan a que, como legisladoras y legisladores, revisemos cuidadosamente el procedimiento de la declaratoria de violencia de género y las acciones que en ella se derivan, para hacer más eficiente, pronta y expedita la respuesta del Estado frente a la violencia feminicida. Adicionalmente, debemos señalar que las autoridades de procuración de impartición de justicia no juzgan con perspectiva de género, lo cual redunda en la negación del derecho de acceso a la justicia para las víctimas directas e indirectas. Les voy a poner un ejemplo. El secretario general del gobierno del estado de San Luis Potosí, declaró hace dos días una barbarie oprobiosa: Las mujeres son asesinadas porque no denuncian. El secretario se llama Alejandro Leal Tovías. De ese tamaño es la irresponsabilidad de nuestro...