El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Con su permiso, señora presidenta. Diputadas, diputados, el dictamen que hoy votaremos es especialmente trascendente para el combate y la atención a la pobreza, que esperamos no solo traiga consigo bienestar, sino sobre todo combate a la disminución histórica de nuestro país. Para efectos de este posicionamiento dividiremos la propuesta de esta reforma en cuatro bloques. En primer lugar, me refiero al Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, para garantizar el acceso a los servicios de salud, particularmente para aquellos que no cuentan con seguridad social. Si bien la Ley General de Salud contempla un Sistema de Protección Social en Salud, garantizado para todos los mexicanos sin importar si cotiza o no un empleo formal, envía un mensaje claro, en concordancia con el texto constitucional. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, no solo algunas. Por ello, un conjunto de normas que regula la participación de los tres órdenes de gobierno para generar la entrada a los servicios de salud es una visión claramente comprometida con el bienestar de las y de los mexicanos. En segundo lugar, garantizar la entrega de un apoyo económico a personas con discapacidad permanente, particularmente a menores de edad, indígenas, aquellos que se encuentran en condiciones de pobreza, es una deuda que ha tenido el Estado y que no se ha materializado en la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad. Por eso no puede ser considerada una dádiva o un regalo. No podemos tener una visión de paternalismo, es una medida mínima que debe permitir paulatinamente ir disminuyendo la brecha de discriminación laboral, financiera y económica a personas con discapacidad permanente. En tercer lugar, una pensión no contributiva o universal para personas mayores de 68 años y de 65 años de ser persona indígena. Esta es claramente una medida proporcional y razonable, puesto que es prácticamente un hecho notorio la dificultad para que personas de esta edad puedan continuar vinculadas a la actividad laboral. Y por otro lado, la carencia de oportunidades para poder continuar en algún tipo de empleo remunerado. Muchas veces, en el mejor de los casos, teniendo como única opción de ingreso alguna actividad informal, sobre todo para aquellos que no cuentan con una pensión de seguridad social y que les exige desarrollarse en actividades productivas porque no cuentan con un apoyo que les permita tener una vida digna. Finalmente el establecimiento de un sistema de becas para estudiantes de todos los niveles escolares, pertenecientes a las familias que se encuentran en condiciones de pobreza, para garantizar con equidad el derecho a la educación. La implementación de este sistema no debe confundirse con el derecho a la educación gratuita, garantizada por el artículo tercero constitucional, puesto que una parte de la educación es el acceso al sistema escolar. Pero en otro sentido, lo relacionado con este derecho son los útiles, los alimentos, las becas, los uniformes, su transportación, la investigación, su desarrollo y muchas veces hasta su manutención, etcétera. Todos estos temas se encuentran claramente vinculados entre sí por los factores de atención, solución y combate frontal y directo a la escasez o a la carencia económica, por causas y circunstancias muy particulares. El apoyo, ya sea económico, de atención universal, de beca o de política pública o que ofrezca un servicio de salud adicional a los ya a cargo del Estado, permite que las personas que más lo necesitan, los adultos mayores, los menores de edad, los indígenas, las personas en condición de pobreza y aquellos con discapacidades permanentes, los cinco grupos de los más vulnerables a la necesidad de apoyo, puedan tener un sostén y soporte garantizado como un derecho constitucional para superar estas brechas, estas diferencias de ingresos, sobre todo de falta de oportunidades. Esta visión de generar apoyos e incentivos en lo que conocemos en doctrina constitucional como una acción afirmativa o medida legislativa de discriminación positiva, que no es un trato diferenciado con beneficios para un sector, sino un reconocimiento de que en nuestro país la pobreza, la discapacidad, el acceso a la salud sin seguridad social y la falta de un derecho pleno e integralmente garantizado, son factores preponderantes que han marcado una brecha de desigualdad, de diferencias de clases sociales, culturales y económicas que en parte explican los problemas de discriminación históricas en nuestro país. Estas medidas son armónicas en el contenido de artículo 1o. de nuestra Constitución, que obliga a las autoridades a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y prohibe toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana, y que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. En el Partido Verde estamos siempre a favor del bienestar individual y social, sobre todo el de aquellas mexicanas y mexicanos que más lo necesitan. Por ello, hemos impulsado desde el inicio de esta legislatura, tanto a nivel federal como local, que los jóvenes sin experiencia, entre los 16 y los 28 años de edad, puedan otorgárseles facilidades para acceder a un primer empleo, con la Ley del Primer Empleo, dado que más de la mitad de jóvenes en dicho rango de edad laboran en la informalidad y sus empleos son precarios, con tal iniciativa se busca evitar caer en la espiral de la pobreza, la falta de oportunidades, la brecha salarial, la dificultad para acceder a condiciones de mayor equidad a diferentes opciones para mejorar el bienestar y el desarrollo personal y familiar. Si bien actualmente existe el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, a cargo del gobierno federal y locales, y hemos apoyado tal política pública, lo cierto es que no queremos que quede como un programa, sino que sea un derecho exigible constitucionalmente para millones de mexicanos. Buscamos que no sea un esfuerzo aislado de esta administración, sino que de manera permanente, mediante su adición como norma constitucional, sea un derecho fundamental que el Estado implemente y garantice. Se aprecia y reconoce el esfuerzo de otorgar becas y apoyos, como lo dispone uno de los artículos transitorios de este dictamen y aun cuando se entienden las restricciones presupuestales, dada la situación económica mundial y nacional de nuestro país, queremos que este dictamen represente simbólicamente el inicio de lo que debe implicar garantizar derechos constitucionales, tendientes a que los mexicanos cuenten con todos los satisfactores mínimos, humanos y sociales. Estos derechos sociales progresivos y universales deben tener continuidad, privándoles del factor político. Por ello, este dictamen solo debe de ser la apertura y el banderazo de salida para continuar con la atención de verdaderas necesidades sociales que el Estado debe priorizar como métodos del cambio real que permita vivir un país mejor. Por eso, compañeras, compañeros diputados, en el uso de nuestra atribución y responsabilidad hacemos un acto de reflexión para que pueda ser apoyado este dictamen y con esto las y los mexicanos, sobre todo los grupos más vulnerables tengan una mayor oportunidad para generar un mejor nivel de vida. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.