La diputada María del Rosario Herrera Ascencio: ... tal como lo muestra el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo. Por ello resulta necesario resolver la crisis del agua, pues este recurso se encuentra en el corazón mismo de nuestra supervivencia y de la de nuestro planeta. Al respecto, en el ámbito internacional se ha discutido ampliamente que el reconocimiento del agua como derecho humano podría ser el paso más importante para abordar el desafío de brindar a la gente el elemento básico de la vida, en virtud de que es un elemento de precondición necesaria para todos nuestros derechos humanos, sosteniéndose que sin el derecho de acceder y utilizar en cantidades suficientes y en condiciones sanitarias adecuadas la cantidad de agua que necesitamos para una vida digna, serían inalcanzables otros derechos establecidos, como el derecho a la alimentación, a un nivel de vida adecuado para la salud y para el bienestar, así como los derechos civiles y políticos. El derecho al agua debe considerarse junto con otros derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de entre los que ocupan un lugar primordial el derecho a la vida, a la salud y al medio ambiente sano. No obstante lo anterior, el derecho al agua se encuentra vagamente regulado en el artículo 27 constitucional, aunque de su texto quizá no pueda inferirse un derecho fundamental al agua. En efecto, en sus párrafos primero, tercero, cuarto, quinto, octavo y noveno, en sus diversas fracciones, el artículo 27 contiene referencias al agua o a las aguas, tanto interiores como marítimas, nacionales o internacionales, pero sin que en ninguna de estas disposiciones se establezca, en términos constitucionales, un derecho al agua. De igual forma, la Ley de Aguas Nacionales, reglamentaria de dicho artículo, se refiere en términos generales a los distintos tipos de recursos hídricos, a su forma de explotación y a la coordinación que deben observar las autoridades competentes en la materia. "Sin embargo, no contiene derechos objetivos articulables frente a la jurisdicción constitucional, aunque sí permite algunas impugnaciones en el ámbito de la jurisdicción administrativa. Otra referencia constitucional se encuentra en el artículo 115, fracción III, en que se establece que los municipios tienen a su cargo la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Pero ese artículo no contiene el derecho al agua, aunque existe la obligación de las autoridades municipales de prestar los servicios que han sido mencionados. Si bien es cierto que el derecho al agua es un tema sobre el que se han empezado a generar los primeros estudios, es pertinente que esta soberanía atienda esta problemática, pues en nuestro país este punto es cuestión de la mayor importancia, ya que los recursos hidrológicos son de mayor importancia para el desarrollo socioeconómico de México. Sin embargo, la gran diversidad hidrográfica y climática de nuestro territorio hace que el agua no esté distribuida regularmente, provocando serios problemas de abastecimiento. En muchas partes, según datos internacionales, 12 por ciento de la población en México no tiene acceso sostenible a fuentes de agua mejorada, lo cual ha provocado graves conflictos en varias ciudades del país que han registrado enfrentamientos por la falta de agua entre grupos de personas y la autoridad. El más reciente es el de la comunidad mazahua de Villa de Allende, estado de México, quienes a pesar de ser vecinos de una planta potabilizadora no tienen acceso a la misma. Al respecto, es de tomarse en cuenta el caso de Uruguay, país que marcó el parteaguas en la defensa de los recursos naturales a escala mundial, al convertirse en el primer Estado que declara el agua como el bien humano fundamental, cuyo uso debe preservarse constitucionalmente con políticas de Estado y no puede ser privatizada. Por todo lo anteriormente expuesto, presento a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Artículo Único. Se adiciona un párrafo quinto al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se recorren los siguientes, para quedar como sigue: Artículo 4o. Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua suficiente, salubre, aceptable, asequible. La ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solamente solicito... Gracias, diputado Presidente. Ya concluí, compañeros... Solamente solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates.