El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, tan solo en 2015 el financiamiento para actividades ordinarias de los partidos políticos en los estados de la república ascendió a más de 3 mil 726 millones de pesos, por lo que considero oportuna una revisión a los montos erogados para tal fin. Si a ese mismo cálculo agregamos el financiamiento para gastos de campaña y el financiamiento por actividades específicas, la cifra final del año pasado es mayor a 4 mil 659 millones de pesos. El costo a las arcas públicas es altísimo. Por lo anterior, resulta necesario reformar las disposiciones relativas al financiamiento público a los partidos políticos, con el objetivo de reducir los gastos en nuestro país y, sobre todo, en las entidades federativas para así transitar a una democracia de calidad que no represente un gasto superfluo que atente contra los bolsillos de las familias mexicanas. En consecuencia, es que pongo a su consideración la siguiente reforma a la Ley General de Partidos Políticos, que tiene por objetivo respetar la libertad configurativa que otorga la Constitución Política a las entidades federativas para determinar los montos de financiamiento público estadual a los partidos políticos, sin imponer desde la federación cantidades que merman las finanzas públicas que de suyo se encuentran gravemente lastimadas. La presente iniciativa propone que los estados libres y soberanos sean los encargados de ponderar y priorizar el Presupuesto público, en atención a las necesidades que registre su población y en la medida de sus posibilidades. Actualmente el artículo 41, fracción II, de nuestra Constitución dispone que las leyes estatales deben de garantizar que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades, y señalarán las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y las campañas electorales. Esta regla tiene como objeto garantizar que los partidos políticos tengan una función activa en la promoción de la participación ciudadana, y por tanto, en la vida democrática del país. Cabe resaltar, que esta regla únicamente está destinada a los partidos políticos nacionales y en consecuencia para el desarrollo de sus actividades en ese ámbito de organización política. Por su parte, el artículo 116 constitucional, que regula la organización de las entidades federativas, en la parte relativa al financiamiento de partidos políticos, impone a los estados el deber de garantizar a los partidos un financiamiento público suficiente para el desarrollo y promoción de la participación ciudadana y en la vida democrática de las instituciones políticas locales, sin que exija las mismas reglas que aquellas destinadas a los partidos políticos nacionales. Ahora bien, la Ley General de Partidos Políticos dispone en su artículo 51 que los partidos locales tienen derecho al financiamiento público de sus actividades, estableciendo la misma fórmula que a nivel federal. Es decir, multiplicar el 65 por ciento del salario mínimo general vigente, en la región que se trate, por el padrón electoral, mismo que por cierto el Grupo Parlamentario del PAN ha propuesto reducir a 35 por ciento. Con la redacción actual, la Ley General de Partidos homologa el criterio que deben de seguir los organismo públicos locales para definir el financiamiento público estadual, con el criterio aplicable a nivel federal, situación que no necesariamente debe de ser así. Insisto, no existe disposición constitucional alguna que obligue a los estados a retomar las fórmulas previstas en el propio artículo 41. Por lo anterior, es claro que esta disposición secundaria excede lo ordenado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e invade la competencia de las entidades federativas para decidir, según sus necesidades, la forma de ejercer su presupuesto. Ante ello, es que con esta iniciativa se propone reformar los artículos 23 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos para que las legislaturas de los estados y los organismos públicos locales electorales, tengan la facultad de determinar los montos de financiamiento público a los partidos políticos, conforme a las posibilidades económicas propias de cada entidad federativa. Con esta iniciativa, señoras y señores diputados, se estaría fortaleciendo el federalismo electoral mexicano al dejar en manos de los estados la forma de repartir el financiamiento público a los partidos, y también reduciríamos gastos ordinarios de nuestra democracia con criterios de eficiencia en el recurso y asignación de recursos públicos, trayendo consigo un beneficio para la sociedad mexicana que reclama que el dinero público se use para colmar las necesidades elementales de la población. Que quede claro, en Acción Nacional promoveremos e impulsaremos siempre acciones contundentes para que se reduzca el financiamiento excesivo a los partidos políticos y apoyaremos la demanda social para que esos recursos sean encaminados a rubros como educación, seguridad y salud pública. Apelo a la congruencia en el trabajo legislativo de las señoras y señores diputados y espero que esta iniciativa sea aprobada por todos los grupos parlamentarios. Es cuanto, sea aprobada por todos los grupos parlamentarios. Es cuanto, señor presidente.