EL C. DIP. DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE (PAN): Con su permiso, señor Presidente. "Señores Secretarios de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión de la LVIII Legislatura. C.C. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNION LVIII LEGISLATURA DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente Iniciativa de Decreto por el que se Reforman, Derogan y Adicionan diversas disposiciones de la Ley Aduanera, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El contexto mundial de globalización económica que vivimos en la época actual ha provocado que las operaciones de comercio exterior se multipliquen exponencialmente, en tal virtud, la legislación aduanera de nuestro país debe modernizarse para constituirse como un ordenamiento que responda a las expectativas que imponen las demandas de la comunidad aduanera y de comercio exterior mexicanas. El despacho aduanero, como el conjunto de actos y formalidades a cumplir por parte de los importadores y exportadores en nuestro país, se ha venido simplificando. Sólo de este modo, nuestro país ha podido generar las condiciones de seguridad jurídica necesaria para el crecimiento de la actividad productiva y comercial de nuestra nación. El despacho aduanero, en general, debe estar soportado por los principios de buena fe y responsabilidad de todas las personas que en él intervienen. La actuación del Estado en las actividades aduaneras, debe estar basada en los principios generales de derecho que soportan al marco normativo de nuestro país contenidos en la Constitución, entre los que se encuentran la igualdad, equidad y seguridad jurídica. El constante incremento de la actividad comercial internacional de nuestro país requiere que el procedimiento aduanero sea lo más sencillo y ágil posible, respetando desde luego los principios constitucionales. Es un hecho que en nuestro país y en el mundo entero, el fenómeno de la globalización cada día toma más fuerza y por lo tanto es necesario que las naciones ajusten sus marcos jurídicos con el objeto de obtener el mayor provecho posible de éste fenómeno. En el Partido Acción Nacional estamos conscientes de ello, y en consecuencia sometemos al Pleno de esta Soberanía la presente Iniciativa, la cual pretendemos que sirva para contribuir a la consecución de los objetivos antes mencionados. La iniciativa tiene por objeto eficientar la labor de los agentes aduanales y de los importadores y exportadores, pues los mismos son actores esenciales para el crecimiento del Comercio Exterior de México y por lo tanto, y como Poder Legislativo Federal, nos corresponde la tarea de otorgar un marco jurídico que responda a la realidad y necesidades actuales. De acuerdo a los Principios Generales de Derecho, todo ordenamiento legal debe de adaptarse a la realidad y no viceversa, de lo contrario, se corre el riesgo de que las leyes, en lugar de coadyuvar a la consecución del Bien Común, se conviertan en un obstáculo del desarrollo de una nación, y se conviertan en lastres insoportables para la sociedad en general. NORMAS OFICIALES MEXICANAS En materia de Comercio Exterior existe la tendencia errónea a considerar las normas oficiales mexicanas como restricciones y regulaciones no arancelarias, sin embargo conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (Artículo 3° Fracción XI) la norma oficial mexicana es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes conforme a las finalidades establecidas en el Artículo 40 de dicha Ley, ninguno de los cuales hace referencia al comercio exterior y mucho menos al control del mismo. La Ley de Comercio Exterior, por su parte, se ocupa de las normas oficiales mexicanas en su título IV capítulo II Sección III "Otras medidas de regulación al comercio exterior y normas oficiales mexicanas". Si bien, de la interpretación armónica de los Artículos 4, fracción III, 17, segundo párrafo y 26 de la misma ley, se desprende que las normas oficiales mexicanas pueden aplicarse a la importación, circulación o tránsito de mercancías y pueden hacerse cumplir por las autoridades aduaneras en los puntos de entrada al país, en virtud de lo cual no se sigue que dichas normas sean creadas para regular el comercio exterior. En efecto, las normas oficiales mexicanas tienen por objeto establecer las características, especificaciones, criterios, procedimientos e información que deben cumplir los productos, procesos y servicios que se ofertan en el mercado nacional, por lo que lógicamente se hacen exigibles para las mercancías procedentes del extranjero que pretenden incorporarse a nuestro mercado. Por si quedara alguna duda, la Organización Mundial del Comercio (OMC) ha reconocido la importancia de la contribución que las normas internacionales y los sistemas internacionales de la evaluación de la conformidad pueden hacer para promover la realización de los objetivos de la OMC, al aumentar la eficacia de la producción y facilitar el comercio internacional. Así lo establece el preámbulo al "Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio", el cual tiene por objeto evitar el mal uso de las normas obligatorias para obstaculizar el comercio internacional. En conclusión, las normas oficiales mexicanas son Regulaciones Técnicas de observancia obligatoria con finalidades de protección e información de los consumidores, mejoramiento ecológico, preservación de recursos naturales y control de calidad, entre otras, destinadas a aplicarse en el mercado nacional, sin consideración alguna sobre el origen de los bienes y servicios a los que se aplican. Pretender otra cosa sería ir en contra de su vocación eminentemente científica, de su aplicación no discriminatoria y de sus propósitos de universalidad. La Ley Aduanera se ocupa de las normas oficiales mexicanas en su título octavo "Infracciones y Sanciones", equiparando su incumplimiento (Artículo 176 Fracción 11) al de las restricciones o regulaciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, imponiendo a su inobservancia medidas coercitivas que van desde su retención hasta su embargo, además de multas que van desde el 2% hasta el 100% del valor comercial de las mercancías, conforme a las disposiciones de la regla 3.26.7 de la Resolución Miscelánea de Comercio Exterior, incurriendo en violación al principio de legalidad. No omitimos recordar que la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización, en su título sexto, capítulo II, Artículos 112, 112A y 115, señala las sanciones aplicables para su incumplimiento, (entre las cuales no existe la retención ni el embargo, y tampoco el decomiso), sin perjuicio de las demás que procedan conforme a otros ordenamientos legales. Como puede apreciarse, el tratamiento que la Legislación Aduanera da a las normas oficiales mexicanas, es de toda suerte inapropiado por los siguientes conceptos: a) No distingue entre las diferentes clases de normas oficiales mexicanas (de información comercial, de eficiencia energética, de protección, de calidad, de salud ambiental, de origen, etc.) b) No gradúa la sanción ni contiene criterios para la fijación del monto de la multa (sólo lo hace la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización), dejando un amplio margen al arbitrio de la autoridad. c) Contiene medidas coercitivas de aplicación general tan graves como la retención, el embargo y el decomiso, en tanto que la Ley de la materia no las contempla. En efecto, la medida más extrema que contempla le Ley Federal sobre Metrología y Normalización, es la inmovilización de productos hasta en tanto sean acondicionados! reprocesados, reparados o sustituidos para cumplir especificaciones técnicas. Aclarando el reglamento de la materia (Artículo 99), que deberá optarse por la alternativa menos gravosa para el particular. d) En concurrencia con la Ley Federal de Metrología y Normalización, violenta el principio "NOM BIS IN IDEM" que prohibe sancionar doblemente una misma conducta. e) Desconoce el principio de "Trato Nacional" consagrado por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Artículos 102 y 301) y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (Artículo III) hoy O.M.C. pues resulta evidente que al no tener que cruzar las fronteras, los productos nacionales no están sujetos a las sanciones que la legislación aduanal prevé para la mercancía de importación. Todos los defectos legislativos antes referidos redundan naturalmente en una practica aduanal anárquica, abusiva y proclive a la corrupción, además de gravosa para el interés público, privado y social. En efecto, la fiscalización extrema de cualquier clase de norma en las aduanas con la amenaza de la retención de la mercancía, degenera en interpretaciones absurdas, tendientes a la extorsión o inductivas al cohecho, la cual ha motivado que la autoridad competente (Administrador Central de Normatividad de Comercio Exterior y Aduanal del Servicio de Administración Tributaria) se pronuncie al respecto (Oficio 325SATVIB30502 del 19 de mayo de 2000) resolviendo que es improcedente el embargo precautorio de mercancías que incumplen parcialmente con las normas oficiales mexicanas de información comercial. El reconocimiento se efectúa en una proporción, una extensión y una intensidad rayanas en lo ridículo. Tan es así, que la propia Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial ha emitido una serie de criterios tendientes a mitigar la irracionalidad en la verificación de las normas en el reconocimiento aduanero. Por otro lado, la aplicación del "Acuerdo que Identifica las Fracciones Arancelarias de las Tarifas de la Ley del Impuesto General de Importación y de la Ley del Impuesto General de Exportación en las cuales se Clasifican las Mercancías Sujetas al Cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas en el Punto de su Entrada al País, y en el de su Salida" significa una presunción "Juris Tantum" de que todo producto importado se destina a su comercialización al público en la forma en que se presenta, lo cual ha generado un costo extraordinario por concepto de "etiquetado" en beneficio de empresas extranjeras (en tráfico Terrestre) y de almacenaje (en puertos marítimos y aéreos) además de congestionar los recintos fiscales y fiscalizados con individuos ajenos al quehacer aduanal, quienes entran a "etiquetar" y de paso roban, dañan y obtienen información reservada susceptible de usarse con fines aviesos. Por si ello fuera poco la concentración del personal aduanero en la verificación generalizada de normas, distrae su atención de la aplicación de otros controles tan importantes o más que dichas normas para el país, tales como seguridad nacional, salud pública, recaudación, por citar sólo algunos. Ello es así porque el mecanismo de selección automatizado está dirigido prioritariamente al reconocimiento de mercancías que implica verificación de normas. Además, en materia de procedimientos, la legislación mexicana discrimina veladamente las mercancías objeto de verificación en función de su origen, pues mientras que la Ley Aduanera somete a las mercancías importadas al esquema general de reconocimiento, el Reglamento de la Ley Federal de Metrología y Normalización (título quinto) prevé uno específico para las visitas de verificación programadas fuera de los recintos fiscales. Si nos referimos al "Muestreo" de productos, la discriminación se hace manifiesta, pues tratándose del comercio exterior el procedimiento se entiende únicamente con el agente aduanal y no se fijan plazos perentorios de notificación de resultados, mientras que en el caso de comercio interior se notifica a vendedores, fabricantes o importadores para que participen en las pruebas, amén de señalarse plazos obligatorios de notificación de resultados. Para no variar, tampoco en materia procesal existe trato uniforme, pues las inconformidades de los afectados con las resoluciones administrativas siguen diferente curso según la autoridad emisora; así es procedente el recurso de revocación (previsto por el Código Fiscal de la Federación) tratándose del Servicio de Administración Tributaria, o el Recurso de Revisión (previsto por la Ley Federal de Procedimiento Administrativo) si se trata de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Considerando todo lo anteriormente expresado, es indispensable que en la Ley Aduanera se haga un tratamiento diferenciado entre Restricciones y Regulaciones No Arancelarias y Normas Oficiales Mexicanas; atendiendo con ello a la naturaleza del bien jurídico que cada norma protege; y, que las infracciones y sanciones sean acordes a la gravedad que la conducta representa. En este orden de ideas, en tanto se estudia la posibilidad de reformar la Ley Aduanera en forma integral, a efecto de que técnicamente se hagan las distinciones que se estimen necesarias, urge que se instrumente hoy en día una offreforma en la Ley que evite que las irregularidades que se generan por el cumplimiento de estas medidas, den lugar a los procedimientos administrativos en materia aduanera y a los consecuentes embargos, ya que con ello las aduanas distraen su función en puntos que no son esenciales en la fiscalización de las mercancías. En tal virtud, con la reforma que se propone, se contempla un escenario en que ante el incumplimiento, omisión o inexactitud de los datos, de las normas oficiales mexicanas, la sanción aplicable sea una multa, que acompañada con la obligación de que el importador o exportador subsane la irregularidad detectada, el bien jurídico tutelado sea perfectamente garantizado, ya que con el esquema que se propone no se podrá retirar la mercancía de la aduana hasta en tanto no se cumpla a satisfacción de la autoridad con dicha regulación. JUNTA TECNICA CONSULTIVA La Junta Técnica Consultiva nace en la Aduana de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en el año de mil novecientos setenta, como una instancia no obligatoria meramente conciliadora entre la aduana y los importadores y exportadores, en caso de controversias arancelarias. Años más tarde, la autoridad aduanera ordenó que se instituyeran en todas las aduanas del país. Actualmente la falta de una norma legal que le dé sustento provoca que no funcione en la práctica, no obstante lo que dispone el Manual de Operación Aduanera, dando como resultado criterios oficiales unilaterales, que la mayoría de las veces son revocados en otras instancias. La dinámica de las operaciones de Comercio Exterior demanda la existencia de una instancia operativa que elimine procedimientos innecesarios, de ahí que se proponga la adición al 43 de la Ley Aduanera. RESPONSABILIDAD DEL IMPORTADOR / EXPORTADOR Y DEL AGENTE ADUANAL Respecto del artículo 54 de la Ley Aduanera, se consideran varias reformas las cuales tienen por objeto de manera general, replantear la responsabilidad a la que se encuentra sujeta el agente aduanal frente a las operaciones de comercio exterior en los que intervengan, teniendo como referente, su verdadero rol dentro del comercio exterior, según su entorno nacional como internacional, así como su rol, como ente auxiliar en la función pública aduanera. Primer párrafo del artículo 54: El cumplimiento de una restricción y regulación no arancelaria, legalmente solo puede darse por parte del importador o exportador (obtención de permiso, certificados, etc. ); luego, la responsabilidad del Agente Aduanal debe circunscribirse a asegurarse de que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten su debido cumplimiento, lo anterior en razón de que el despachante aduanero no tiene personalidad jurídica alguna para intervenir o gestionar la obtención de las referidas medidas al comercio exterior, de ahí que se concluya que siendo el importador o exportador los únicos sujetos legitimados para obtener las restricciones o regulaciones no arancelarias a las que se encuentren sujetas sus mercancías, solo se responsabilice al agente aduanal de comprobar que sus clientes cuenten con los documentos que así lo acrediten ante la autoridad aduanera correspondiente. Por lo que toca a la reforma de la fracción II del supracitado artículo, la autoridad aduanera ha señalado repetidamente que la subvaluación de las mercancías de importación constituye actualmente uno de los actos de defraudación fiscal de mayor incidencia en la actividad aduanera, sin embargo, en un esquema de fiscalización basado en la administración inteligente de factores de riesgos, no tiene cabida la simple transferencia de responsabilidad, ya que por si mismo este hecho no corrige las desviaciones originales del sentido de la Ley en materia de valoración. En tal virtud se propone modificar la fracción II del artículo 54 para precisar que el agente aduanal solo podrá tener la excluyente de responsabilidad cuando coloque a disposición de la autoridad aduanera la manifestación de valor debidamente requisitada por el importador en términos del artículo 59 de la Ley Aduanera. Respecto de la fracción III del mencionado artículo 54, la reforma, en consistencia con las propuestas anteriormente señaladas, se propone transferir la responsabilidad de señalar el criterio de origen al importador, atentos a la circunstancia de que el Agente Aduanal no tiene posibilidad práctica de asegurarse que el criterio de origen corresponda a la regla de origen aplicable a las mercancías de que se trate, toda vez que los procedimientos de investigación y comprobación del origen de las mercancías se encuentran debidamente marcadas y acotados tanto para los importadores y exportadores como para la autoridad en términos de los distintos tratados comerciales. Prueba de lo anterior, se ve reflejado en lo dispuesto por la fracción X, del artículo 105 del Código Fiscal de la Federación, en donde el legislador fiscal, en consideración a las razones comerciales como operativas del comercio exterior anteriormente aludidas, fincó una responsabilidad penal al exportador o productor de las mercancías, cuando éstos certificarán falsamente su origen, con el objeto de introducir en otros países sus productos al amparo de un tratado comercial. Ello resulta lógico, tomando en cuenta que el productor o exportador mexicanos, son los únicos sujetos que conocen con que materiales se elaboraron realmente sus productos, coligiéndose que al carecer de esta información, el agente aduanal no sea responsable de la información proporcionada en materia de certificación de origen, en tal virtud, dicha posición debe ser reconocida por la Ley Aduanera, en operaciones de importación por efectos de la más elemental consistencia jurídica en nuestros ordenamientos. PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS EN MATERIA ADUANERA SEGURIDAD JURIDICA A efecto de poder presentar las pruebas y alegatos necesarios para desvirtuar los supuestos contenidos en el Acta, el interesado, además de ser notificado, debe ser proveído de una copia de dicho documento, toda vez que en la práctica operativa, diversos usuarios, se ven afectados por algunas autoridades aduaneras en el sentido de que no les proporcionan de manera oportuna, el documento base de la acción ello sin considerar que el plazo de 10 días es respetado cabalmente por las mismas, de ahí que la reforma a la Ley Aduanera puntualice la obligación de proporcionar una copia al interesado y de que el cómputo del plazo para interponer su defensa, corra a partir del día siguiente a aquel en que surta sus efectos la notificación, acorde a lo contemplado con el Código Fiscal de la Federación, evitando con ello dejar a los particulares en estado de indefensión jurídica. La ausencia de esta disposición expresa en la Ley ocasiona interferencias en la legítima defensa del contribuyente. La reforma de la fracción III del artículo 151 de la Ley Aduanera, atiende a que la existencia actual de manera aislada del supuesto: UCUANDO NO SE ACREDITE CON LA DOCUMENTACION ADUANERA CORRESPONDIENTE, QUE LAS MERCANCIAS SE SOMETIERON A LOS TRAMITES PREVISTOS EN ESTA LEY PARA SU INTRODUCCION", ha dado lugar a las más diversas y heterogéneas interpretaciones, motivo por el que se propone especificar los actos de fiscalización en los que se puede actualizar dicho supuesto normativo, partiendo de la premisa de que dicha hipótesis jurídica, es aplicable al ejercicio de las facultades de comprobación distintas al reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento, como lo es por ejemplo la verificación de mercancías en transporte. El cuarto párrafo del artículo 151 de la Ley Aduanera, ha suscitado que en una interpretación extensiva y analógica de las disposiciones fiscales, se embarguen mercancías de otros contribuyentes, distintos al que se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo en materia aduanera, por el solo hecho de que la mercancía detectada como supuestamente irregular se transportaba en el mismo medio de transporte, lo cual además de injusto, resulta atentatorio de las garantías individuales, consagradas, en los artículos 14, 16 y 22 de la Ley Fundamental, ya que en ningún momento existe una justificación a los importadores afectados que les permita contar con el mandamiento por escrito que funde y motive la causa legal del procedimiento, a efecto de que ejerciten su defensa legal; aunado a lo anterior, con esta medida, la pena que debe sufrir el importador de las mercancías supuestamente irregulares, se traslada automáticamente a los demás importadores que aún y cuando cumplieron estrictamente con todas las regulaciones arancelarias y no arancelarias, son tratados de igual manera, lo cual es evidentemente una pena trascendental prohibida por la Constitución Federal. En tal sentido, el articulo 60 de la Ley Aduanera al señalar el principio de afectación de las mercancías por los créditos fiscales generados por su introducción o salida del territorio nacional, sustenta la presente propuesta de reforma en el sentido de que las mercancías que acrediten su legal estancia o tenencia, no formen parte de la garantía del interés fiscal, máxime si pertenecen a contribuyentes distintos al propietario de las mercancías que dé lugar al embargo. CARTA DE ENCOMIENDA SEGURIDAD JURIDICA La modificación al artículo 162, fracción VII, inciso g) de la Ley Aduanera, atiende a una necesidad de congruencia, conforme a la propuesta de reforma del artículo 54, fracción II, inciso a), como del segundo párrafo del artículo 59, fracción III, de la Ley Aduanera, las cuales versan respectivamente, en contar con la documentación aduanera que compruebe el valor de las mercancías, y el documento que compruebe el encargo, con la excepción a que se hace referencia. FIGURA DEL SUSTITUTO DE AGENTE ADUANAL Como antecedentes a esta propuesta encontramos que el abrogado Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos, expedido por el Congreso de la Unión, promulgado por el Presidente de la República y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1951, con vigencia a partir del 10. de abril de 1952, estableció en su artículo 716 que en los casos de cancelación de patente por fallecimiento del Agente, los herederos del finado no podrán exigir el otorgamiento de nueva patente en favor de alguno de ellos; pero éstos podrían solicitarla llenando los requisitos fijados por el propio Código. Si bien es cierto que esta disposición no consagró la transmisión por herencia del derecho a obtener una patente aduanal, si reconoció de manera obvia que significaba un patrimonio y una inversión del Agente Aduanal, por lo que otorgó a algunos de los herederos del titular de la patente, el derecho a solicitar la misma, previo cumplimento de los requisitos legales relativos. Esta circunstancia motivó que el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con fecha 21 de abril de 1958, emitiera un acuerdo que establecía las normas para que los Agentes Aduanales pudieran designar persona que los sustituyera en caso de fallecimiento o de incapacidad física, acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de junio de 1958. El citado acuerdo dice textualmente: "Esta Secretaría, tomando en cuenta que la función de agente aduanal constituye un patrimonio y requiere hacer inversiones y formar un crédito de índole comercial y que por lo mismo no debe quedar sujeto a la contingencia de desaparecer por la muerte o inhabilitación del titular de la patente y considerando además, que los empleados de un agente aduanal que fallece o sufre inhabilitación quedan sin trabajo lo cual constituye un daño grave para ellos y para sus familiares, se ha considerado conveniente establecer: 1o. Los agentes aduanales en ejercicio tienen la facultad de designar ante esa Dirección (Dirección General de Aduanas), persona que lo sustituya en caso de fallecimiento o de incapacidad física debidamente comprobada, a juicio de esta Secretaría, pudiendo asimismo revocar o variar su designación cuando así le convenga, pero sin perjuicio de la facultad discrecional que otorga a la Secretaría de Hacienda el artículo 692 del Código Aduanero. La persona designada como sustituto deberá comprobar que ha formado parte de la sociedad que explote la patente o prestado servicios efectivos en la agencia de que se trate, cuando menos con cinco años de anticipación a la fecha en que sea designado como sustituto y satisfacer, desde luego, todos los requisitos que se exijan para ser agente aduanal, inclusive el de la garantía. Llenadas todas esas condiciones y comprobando el fallecimiento o incapacidad del titular, el sustituto podrá entrar en funciones inmediatas y esa Dirección procederá a otorgar y cancelar las patentes respectivas". Este acuerdo, en el sentido de que se trata, fue ratificado por nuevo acuerdo del Secretario de Hacienda y Crédito Público del 10 de junio de 1967, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 23 del mismo mes y año, en cuyo nuevo acuerdo se sostuvo, en lo conducente, los siguientes: "Esta Secretaría tomando en consideración que el desempeño de las funciones de agente aduanal es una actividad de interés público por su naturaleza y que, por lo mismo se requiere que exista continuidad en su desarrollo, así como la conservación del patrimonio formado por las inversiones realizadas y por el crédito de índole comercial de los propios agentes y considerando, además, que la facultad que tienen los agentes aduanales en ejercicio, para designar ante esa Dirección (Dirección General de Aduanas), persona que los sustituya en caso de fallecimiento o de incapacidad física debidamente comprobada, debe ampliarse para que los agentes aduanales que tienen más de quince años de servicio puedan asimismo designar persona que lo sustituya se ha considerado pertinente modificar el punto primero del Acuerdo del 21 de abril de 1958, para quedar en los siguientes términos: 1. Los agentes aduanales en ejercicio tienen la facultad de designar ante esa Dirección, persona que los sustituya, en caso de fallecimiento, incapacidad física debidamente comprobada a juicio de esta Secretaría, o retiro voluntario; pudiendo asimismo revocar o variar su designación cuando así les convenga; pero sin perjuicio de la facultad discrecional que otorga a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el artículo 692 del Código Aduanero. La persona designada como sustituto deberá comprobar que ha formado parte de la sociedad que explota la patente o prestado servicios efectivos en alguna agencia aduanal, cuando menos con tres años de anticipación a la fecha en que se le haya designado. Comprobado el fallecimiento o incapacidad del titular de la patente, o autorizado el retiro voluntario, en su caso, esa Dirección previa la garantía que debe otorgar el sustituto, procederá a cancelar y expedir las patentes respectivas. Los agentes aduanales en ejercicio podrán solicitar a la Secretaría su retiro voluntario, cuando hayan cumplido más de quince años en el ejercicio de su actividad, en forma ininterrumpida..." Ahora bien, la Ley Aduanera publicada en el Diario Oficial de la Federación del 30 de diciembre de 1981, con vigencia a partir del lo. de julio de 1982, establece en su artículo 144 que la patente es personal e intransferible, pero en caso de fallecimiento del titular si hubiese "sustituto autorizado", se permitirá a éste, bajo su responsabilidad, la continuación de las operaciones durante un plazo de tres meses. Por otra parte, el reglamento de la Ley Aduanera publicado en el Diario oficial de la Federación del 18 de junio de 1982, establece expresamente en su artículo 194, lo siguiente: Art. 194. "El agente aduanal propondrá ante la Secretaría un sustituto para el caso señalado en el segundo párrafo del artículo 144 de la Ley que deberá satisfacer, para su autorización, todos los requisitos que se exigen para el agente aduanal. En caso de fallecimiento del titular, la citada Secretaría podrá otorgar la patente de agente aduanal al sustituto autorizado". Como es de verse, con fundamento en el precepto invocado del Código Aduanero y en los acuerdos administrativos de orden general emitidos por el Secretario de Hacienda y Crédito Público, concernientes a la interpretación de la disposición aduanera citada, se generó el derecho por una parte, de los agentes aduanales para designar agente aduanal sustituto, y por otra parte, el derecho de sustituto para que al ocurrir el fallecimiento, incapacidad física permanente o retiro voluntario del titular, se le otorgará la patente aduanal respectiva. Finalmente, la Ley Aduanera en vigor establecen su artículo 166, la probabilidad de que el mandatario o apoderado del agente aduanal que fallezca, pueda continuar con las operaciones dentro de un plazo determinado, tal y como a continuación se cita: "Art. 166. El derecho de ejercer la patente de agente aduanal se extinguirá cuando deje de satisfacer alguno de los requisitos señalados en el artículo 159 de esta Ley, por más de noventa días hábiles, sin causa justificada. En caso de fallecimiento del agente aduanal, el mandatario a que se refiere el artículo 163, fracción IV de esta Ley que dé aviso a la autoridad aduanera dentro de los cinco días siguientes al del fallecimiento y acompañe copia del acta de defunción, podrá efectuar los trámites necesarios para concluir las operaciones amparadas con los pedimentos que hubieran sido validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento, en un plazo no mayor a dos meses." En esta tesitura, es claro que la actividad del agente aduanal, gira en torno a la patente otorgada por la autoridad aduanera, sin embargo el actual legislador aduanero ha sido omiso en reconocer la necesidad de contar con la posibilidad de que un agente aduanal pueda designar a un sustituto, previo el cumplimiento de los requisitos que la Ley Aduanera establece para que una persona actúe con tal carácter. En este contexto, la negociación que emprende el agente aduanal, la inversión en materia de muebles e inmuebles, la fuente de trabajo de los trabajadores, y en general la derrama económica que una agencia aduanal puede generar, se pierden si llegará a presentarse cualquier contingencia, como lo es la muerte o incapacidad física o mental del titular. En tal virtud, si la SHCP tiene claro que una agencia aduanal ha observado un comportamiento ético y profesional, y en el que la conducta de dicha negociación sea la de procurar el correcto y oportuno pago de las contribuciones de los importadores y exportadores, como de la agencia aduanal en sí misma, consideramos que es necesario introducir nuevamente en la Ley Aduanera, la figura del sustituto del agente aduanal, con las medidas y controles que estime pertinentes el H. Congreso de la Unión y el propio Ejecutivo Federal al instrumentar las disposiciones sustantivas en el correspondiente Reglamento. PROCEDIMIENTOS DE CANCELACION DE PATENTE ADUANAL SEGURIDAD JURIDICA La fracción IV, del artículo 165 de la Ley Aduanera vigente, establece supuestos de cancelación de patente aduanal que atentan contra las más elementales garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, tal y como son la Libertad de Trabajo y Asociación, consagradas en sus artículos 5° y 9°, en virtud de que es causa suficiente que un agente aduanal, que observó a lo largo de su vida profesional un correcto desempeño de su actividad, incurra por una sola vez en el supuesto que establece la supracitada fracción, sin que exista necesariamente algún daño o lesión al fisco federal. para que la SHCP inicie en su contra un procedimiento administrativo de cancelación de patente, con la consecuente suspensión de sus actividades por un plazo ciertamente indeterminado. Adicionalmente, se apunta que la autoridad aduanera competente para iniciar procedimientos de cancelación de patente, no ha actuado por esta causal en contra de ningún agente aduanal en los últimos 4 años, lo cual nos da una clara razón para su derogación, ello sin considerar que en los sistemas aduaneros de otros países, no hay una disposición similar que contempla una prohibición de esta naturaleza. Cabe mencionar, que la propia Ley Aduanera establece en su artículo 163, fracción II, el derecho de que todo agente aduanal pueda constituir sociedades para la mejor prestación de los servicios aduanales. Asimismo, el artículo 162, fracción V, segundo párrafo, de la Ley Aduanera, establece como beneficio de que el agente aduanal que haya ejercido el derecho de constituir sociedades, no estará obligado a observar las restricciones a que se refiere el primer párrafo de la fracción V, del numeral 162 en comento, prohibiciones que se encuentran contemplados en los mismos términos en la fracción IV, del artículo 165 en cita. En efecto, el hecho de constituir una sociedad, impide la aplicación de lo dispuesto por el artículo 162, fracción V, del ordenamiento jurídico en cita, y por ende la actualización de la causal de cancelación de patente, prevista en el numeral 165, fracción IV, del ordenamiento aduanero en estudio, toda vez que el legislador aduanero consideró que si un agente aduanal constituía una sociedad con otro agente aduanal para los efectos comerciales antes indicados, la probable lesión al fisco federal por el mal uso o explotación de la patente se diluía, quedando claro que la obligación contenida en la fracción V del artículo 162, no se perfecciona, ya que los efectos de los mencionados preceptos, no se pueden retrotraer en el tiempo en perjuicio de un agente aduanal. Por lo anterior, se somete a la consideración de esta Honorable Asamblea la derogación de dicha fracción IV, del artículo 165 de la Ley Aduanera. En este orden de ideas, la derogación de la fracción VI, del mencionado artículo 165, es una causal de cancelación que por su naturaleza es inaplicable en el campo de lo aduanero, en virtud de que ningún tercero, puede actuar al amparo de una patente aduanal, sino es con el otorgamiento de un contrato de mandato, pasado ante un fedatario público, y con la autorización de la autoridad aduanera. Por tal motivo, se estima que en la actividad aduanal hay muchos sujetos que teniendo el carácter de terceros, pueden actuar en una agencia aduanal, tal es el caso del apoderado o mandatario del agente aduanal, los empleados o dependientes autorizados ante la aduana. En tal virtud, nuevamente esta fracción VI del articulo 165, de la Ley Aduanera, carece de sentido jurídico, como de aplicabilidad, por lo que se propone buscar nuevos mecanismos más eficientes que eviten el mal uso o explotación de la patente aduanal, y derogar en consecuencia la fracción en estudio, ya que desde cualquier punto de vista, el agente aduanal guarda un estrecha responsabilidad fiscal solidaria con sus clientes en todas sus operaciones de comercio exterior, de ahí que el interés del fisco se encuentre resguardado, bajo las obligaciones a las que se encuentra sujeto el propio agente aduanal. De acuerdo a la Ley Aduanera en vigor, se advierte que el agente aduanal puede ser suspendido en virtud del inicio del procedimiento administrativo de cancelación de patente, sin tomar en consideración que la irregularidad que motivó dicho procedimiento administrativo, está siendo ventilada en otra instancia legal, como lo es el procedimiento administrativo en materia aduanera, instancia en la cual, el agente aduanal esta en la posibilidad de desvirtuar las imputaciones en los correspondientes medios ordinarios de defensa, tales como la contestación al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, la interposición optativa del recurso de revocación o juicio de nulidad, e inclusive acudir a la vía judicial del juicio de amparo directo, en donde finalmente se resolvería el fondo del asunto. En esta tesitura, es practica común que el agente aduanal que se encuentra litigando una probable omisión de contribuciones, o la omisión de algún permiso. sea suspendido por efectos del procedimiento de cancelación, de ahí que surja la necesidad de precisar en la Ley, que el procedimiento de cancelación de patente, procederá hasta en tanto no haya sido comprobado la lesión al fisco federal. En este mismo sentido, en los últimos 3 años, la Administración General Jurídica de Ingresos del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de un 100% de los procedimientos iniciados en contra de agentes aduanales, aproximadamente el 68%, son motivados por la supuesta actualización de la hipótesis que prevé la fracción III del artículo 165 de la Ley Aduanera, el cual consiste en utilizar los datos del Registro Federal de Contribuyentes de un importador o exportador sin su autorización. Esta causal se actualiza con la sola presentación que haga un importador o exportador de una denuncia por escrito ante cualquier autoridad aduanera, en el que desconozca una o varias operaciones de comercio exterior en el que se observen sus datos fiscales. Esta medida, tal y como está, ha producido que los clientes de los agentes aduanales por diferencias comerciales ejerzan esta irresponsable denuncia. Lo anterior no encuentra punto de comparación, con respecto a las diversas hipótesis que se pueden presentar con motivo de esta causal de cancelación, ya que la misma se presta para que ciertos sujetos extorsionen al agente aduanal, bajo pena de desconocer la firma de la carta de instrucciones que el propio cliente haya efectuado al solicitar los servicios de un agente aduanal. Así las cosas, la autoridad fiscal se encuentra obligada a actuar en contra del agente aduanal, a pesar de que el mismo haya cumplido de manera estricta con sus obligaciones aduanales, legitimando con ello un delito que en ocasiones es evidente y manifiesto. En tal virtud, se somete a consideración de esta Soberanía la derogación de la fracción IV del artículo 164 de la Ley Aduanera. Finalmente, al respecto el Poder Judicial de la Federación, se ha pronunciado en diversas, tesis y jurisprudencias al otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, lo cual deja de manifiesto la necesidad del órgano de control constitucional de atemperar el sentido y aplicación de la Ley Aduanera. En este sentido se manifiesta al respecto argumentando que con fundamento en el artículo 124, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a fin de conservar la materia del juicio de garantías, debe concederse la suspensión provisional del acto reclamado, en virtud de que la suspensión provisional de un agente aduanal en sus funciones se traduce no solo en la inhabilitación temporal para el ejercicio de las funciones propias de agente aduanal en nuevos despachos de mercancías, sino también en la abstención de las autoridades aduanales a dar tramite a cualquier gestión que durante esa suspensión pretenda realizar un agente suspendido. Así mismo el Poder Judicial de la Federación, ha sostenido en cuanto a los efectos de la suspensión de un Agente Aduanal, que el acuerdo que le impide continuar en el desempeño de sus funciones es un acto prohibitivo si la autoridad responsable ordena a un agente aduanal que suspenda el desempeño de sus funciones, ya que por su naturaleza es de carácter prohibitivo, e implica en realidad una orden positiva del gobierno tendiente a impedir a futuro en el tiempo y en el espacio la actividad legalmente autorizada en favor del particular, siendo procedente otorgar la medida suspensiva para que continúe en sus funciones hasta tanto se decida sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la prohibición. MULTAS ADMINISTRATIVAS Esta disposición señala actualmente la sanción correspondiente a la infracción cometida por presentar documentos o declaraciones con DATOS INEXACTOS O FALSOS U OMITIENDO ALGUN DATO, SIEMPRE QUE SE ALTERE LA INFORMACION ESTADISTICA. De la tipificación de la infracción se infiere que el bien jurídicamente tutelado ES LA INFORMACION ESTADISTICA, sin embargo una sanción pecuniaria en si no corrige la desviación del sentido de la ley, por lo que se propone la implementación de la obligación de enmendar la imprecisión declarada, con una sanción pecuniaria para quien no cumpla con tal obligación dentro del termino propuesto En la práctica cotidiana del despacho aduanero esta infracción, que nominalmente es la más simple, se ha convertido en la más grave, no por el monto de la sanción, sino por el tortuoso proceso administrativo que para liquidarla se debe de seguir, lo que da lugar a actos de impunidad y corrupción. El Reglamento de la Ley Aduanera debe establecer un procedimiento simple y transparente a efecto de que se cumpla con toda oportunidad la obligación de rectificar el dato impreciso. Igualmente se propone la adición de un párrafo que evite la retención arbitraria de las mercancías ya que, como se ha señalado, es practica común que la autoridad aduanera condicione la entrega de la documentación aduanera, previo el pago de la multa de una probable comisión de alguna infracción simple que obviamente no motiva el embargo precautorio de las mercancías. Por otra parte, se propone la reforma a la sanción establecida para el artículo 184, fracción III de la Ley Aduanera, ya que dicha multa resulta a todas luces excesiva como desproporcionada al hecho que la motiva. En efecto, cuando en el despacho no se anexa un documento que acredita el cumplimiento de algunas restricciones o regulación no arancelaria, se inicia un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, el cual se resolverá a favor del contribuyente, si éste comprueba que por olvido no se anexo al pedimento( hecho que se comprueba, ofreciendo la regulación o restricción no arancelaria obtenida con fecha anterior a la activación del mecanismo de selección automatizada), sin embargo, la multa prevista actualmente por la Ley Aduanera, para sancionar tal "olvido" es equivalente al 50 y hasta el 65% del valor comercial de las mercancías amparadas por el pedimento de que se trate, de ahí que se arribe a la conclusión que tal sanción se antoja punto mas que inconstitucional, ya que si se analiza el supuesto, las mercancías cumplieron con todas las formalidades para su introducción al territorio nacional, siendo el caso que se olvido anexar un documento que había sido obtenido con toda oportunidad, de ahí que se solicite que dicha norma se adecue al bien jurídico tutelado, en estricto apego al principio de equidad y proporcionalidad que previene el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal de la República. Por lo antes expuesto, el que suscribe, diputado federal e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, se permite someter a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa de: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY ADUANERA ARTICULO UNICO. Se adicionan dos párrafos al artículo 43; se reforma el primer párrafo y las fracciones II y III del artículo 54; se adicionan dos párrafos a la fracción III del artículo 59; se reforma la fracción III del artículo 127; se reforma el último párrafo del artículo 150; se reforman las fracciones II y III, y el párrafo cuarto del artículo 151; se reforma el párrafo primero y segundo del artículo 153; se reforma y adiciona en un párrafo el artículo 158; se deroga el párrafo segundo de la fracción VI y se reforma el párrafo tercero recorriéndose el orden para quedar ahora como párrafo segundo del artículo 160; se reforma el inciso g) de la fracción VII del artículo 162; se adiciona una fracción VII al artículo 163; se reforma el primer párrafo y se deroga la fracción IV del artículo 164; se derogan las fracciones IV y VI del artículo 165; se reforma el segundo párrafo y se adiciona un párrafo tercero el artículo 166; se deroga el cuarto párrafo del artículo 167; se reforma la fracción II del artículo 176; se reforma la fracción XIV del artículo 184 y; se adiciona la fracción II y se reforma la fracción III del artículo 185 disposiciones todas de la Ley Aduanera para quedar como sigue: Art. 43.... En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero de las mercancías se detecten irregularidades, los agentes o apoderados aduanales podrán solicitar sea practicado el segundo reconocimiento de las mercancías, excepto cuando con motivo de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado el reconocimiento aduanero de las mercancías hubiera sido practicado por parte de los dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento existan discrepancias en la clasificación arancelaria por diferencia de criterios en la interpretación de las tarifas contenidas en las Leyes de los Impuestos Generales de Importación o Exportación, se turnará el asunto a la Junta Técnica Consultiva, con el propósito de que ésta emita su opinión, conforme al procedimiento que establezca el Reglamento. Las opiniones que corroboren la clasificación arancelaria declarada por el agente o apoderado aduanal, constituirán resolución favorable al contribuyente. Art. 54. El agente aduanal será responsable de la veracidad y exactitud de los datos e información suministrados, de la determinación del régimen aduanero de las mercancías y de su correcta clasificación arancelaria, así como de asegurarse que el importador o exportador cuenta con los documentos que acrediten el cumplimiento de las demás obligaciones que en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias rijan para dichas mercancías, de conformidad con lo previsto por esta Ley y por las demás leyes y disposiciones aplicables. El agente aduanal no será responsable en los siguientes casos: I.. II. De la veracidad y exactitud del valor declarado, cuando conserve a disposición de las autoridades aduaneras en los términos del artículo 162 fracción VII de esta Ley, la manifestación a que se refiere la fracción III del artículo 59 del mismo ordenamiento. Asimismo, el Agente Aduanal no será responsable cuando las mercancías se encuentren sujetas a precios estimados por la Secretaría, siempre que el valor declarado sea igual o mayor al precio estimado o se haya otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86A, fracción I, de esta Ley. III. De las contribuciones omitidas que se deriven de la aplicación de un arancel preferencial cuando de conformidad con algún tratado o acuerdo internacional del que México sea parte, se requiera de un certificado de origen para gozar de trato arancelario preferencial, siempre que conserve copia del certificado de origen que ampare las mercancías y se asegure que el certificado se encuentra en el formato oficial aprobado para tales efectos, que ha sido llenado en su totalidad conforme a su instructivo y que se encuentra vigente a la fecha de la importación. Art. 59. Quienes importen mercancías deberán cumplir, sin perjuicio de las demás obligaciones previstas por esta Ley, con las siguientes: I.. II. . . . III. Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el despacho de las mercancías, una manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad con los elementos que en los términos de esta Ley permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. El importador deberá conservar copia de dicha manifestación y obtener la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido determinado de conformidad con las disposiciones aplicables de esta Ley y proporcionarlos a las autoridades aduaneras, cuando éstas lo requieran. Tratándose de despachos en los que intervenga agente aduanal, igualmente deberá hacerle entrega del documento en el que conste el mandato que compruebe el encargo que se le hubiere conferido, el cual podrá expedirlo para una o más operaciones o por períodos determinados. El importador quedará exceptuado de la obligación a que se refiere el párrafo anterior, siempre y cuando adopte los medios electrónicos de seguridad para encomendar las operaciones de comercio exterior al agente aduanal a que se refiere el Reglamento. Art. 127. El régimen de tránsito interno, se promoverá, por conducto de agente o apoderado aduanal. Para realizar el tránsito interno a la importación se deberá cumplir con los siguientes requisitos: I.... II. ... III. Anexar al pedimento la documentación que acredite el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, aplicables al régimen de importación y, en su caso el documento en el que conste el depósito efectuado en la cuenta aduanera de garantía a que se refiere el artículo 84A de esta Ley, excepto en los casos que establezca el Reglamento. Art. 150.... Dicha acta deberá señalar que el interesado cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación, a fin de ofrecer las pruebas y formular los alegatos que a su derecho convenga. La autoridad que levante el acta respectiva deberá entregar al interesado en ese mismo acto, copia del acta de inicio del procedimiento, momento en el cual se considerará notificado. Art. 151. Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos: I II. Cuando se trate de mercancías de importación o exportación prohibida o sujetas a las regulaciones y restricciones no arancelarias a que se refiere la fracción II del artículo 176 de esta Ley, con excepción de las Normas Oficiales Mexicanas, y no se acredite su cumplimiento o, en su caso, se omita el pago de cuotas compensatorias III. Cuando con motivo de la verificación de mercancías en transporte o por el ejercicio de las facultades de comprobación distintas del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento, no se acredite con la documentación aduanera correspondiente, que las mercancías se sometieron a los trámites previstos en esta Ley para su introducción al territorio nacional o para su internación de la franja o región fronteriza al resto del país y cuando no se acredite su legal estancia o tenencia, o se trate de vehículos conducidos por personas no autorizadas. En el caso de pasajeros, el embargo precautorio procederá sólo respecto de las mercancías no declaradas, así como del medio de transporte, siempre que se trate de vehículo de servicio particular, o si se trata de servicio público, cuando esté destinado a uso exclusivo del pasajero o no preste el servicio normal de ruta. Por lo que se refiere a las fracciones III y IV, el resto del embarque quedará como garantía del interés fiscal, con excepción de aquellas mercancías pertenecientes a contribuyentes distintos del presunto infractor y acrediten su legal estancia en el territorio nacional, o cuando se trate de maquiladoras o empresas con programas de exportación autorizados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, en este caso, sólo se procederá al embargo de la totalidad del excedente, permitiéndose inmediatamente la salida del medio de transporte y del resto de la mercancía correctamente declarada Art. 153. El interesado deberá ofrecer por escrito, las pruebas y alegatos que a su derecho convenga, ante la autoridad aduanera que hubiera levantado el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dentro de los diez días siguientes a aquel en que surta efectos la notificación de dicha acta. El ofrecimiento, desahogo y valoración de las pruebas se hará de conformidad con lo dispuesto por los artículos 123 y 130 del Código Fiscal de la Federación. Cuando el interesado presente pruebas documentales que acrediten la legal estancia o tenencia de las mercancías en el país; desvirtúen los supuestos por los cuales fueron objeto de embargo precautorio o acrediten que el valor declarado fue determinado de conformidad con el Título III, Capítulo III, Sección Primera de esta Ley en los casos a que se refiere el artículo 151fracción VII de esta Ley, la autoridad que levantó el acta a que se refiere el artículo 150 de esta Ley, dictará de inmediato la resolución, sin que en estos casos se esté obligado al pago de gastos de ejecución; de existir mercancías embargadas se ordenará su devolución. Cuando la resolución mencionada se dicte por una aduana, la misma tendrá el carácter de provisional. en cuyo caso las autoridades aduaneras podrán dictar la resolución definitiva, en un plazo que no excederá de cuatro meses, a partir de la resolución provisional; de no emitirse la resolución definitiva, se entenderá que el procedimiento instruido fue resuelto a favor del interesado. Art. 158. En los casos en que con motivo del reconocimiento aduanero o segundo reconocimiento se retengan mercancías por no haberse presentado la garantía a que se refiere el artículo 36 fracción 1, inciso e) de esta Ley, o no se compruebe el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, las autoridades aduaneras procederán a retener las mercancías hasta que sea presentada dicha garantía, o se cumpla con la norma oficial mexicana de que se trate. Tratándose de casos distintos a los que se refiere el párrafo anterior y de no existir causales de embargo precautorio, por ningún motivo procederá la retención de las mercancías por parte de las autoridades aduaneras Art. 160. El agente aduanal deberá cubrir los siguientes requisitos para operar I a V. VI.... ... Derogado Se entenderá que el agente aduanal es notificado personalmente cuando la notificación de los actos derivados del reconocimiento aduanero y segundo reconocimiento se efectúe con sus mandatarios. Art. 162. Son obligaciones del agente aduanal: I a VI. VII. Formar un archivo con la copia de cada uno de los pedimentos tramitados o grabar dichos pedimentos en los medios magnéticos que autorice la Secretaría y con los siguientes documentos: a) a f) g) El documento que compruebe el encargo que se le hubiera conferido para realizar el despacho de mercancías, excepto en los casos a que se refiere el último párrafo, de la fracción III, del artículo 59 de esta Ley. Art.163. Son derechos del agente aduanal: I VII. Proponer ante la Secretaría un sustituto, quien deberá de satisfacer para su autorización todos los requisitos que exige esta Ley para el agente aduanal. En caso de fallecimiento, la Secretaría otorgará la patente al sustituto autorizado en un plazo que no excederá de 15 días. Si al presentarse el supuesto señalado en el párrafo anterior, el sustituto propuesto no tuviera la totalidad de los requisitos cumplidos, contará con un plazo de dos meses para dar debido cumplimiento a los mismos, ocurrido lo cual la Secretaría otorgará la patente en un plazo que no excederá de 15 días. En todo caso el reglamento establecerá los procedimientos que deberán observarse para el cumplimiento de lo establecido en el presente articulo. Art. 164. El agente aduanal será suspendido en el ejercicio de sus funciones hasta por noventa días, o por el plazo que resulte en los términos de las fracciones I, V y VIII de este artículo, por las siguientes causas: I II. .. III. ... IV. Derogada Art. 165. Será cancelada la patente de agente aduanal, independientemente de las sanciones que procedan por las infracciones cometidas, por las siguientes causas I.... II. ... III. IV Derogada. Art. 166.... En caso de fallecimiento del agente aduanal, y de no existir sustituto autorizado o sustituto propuesto pendiente del cumplimiento de requisitos el mandatario a que se refiere el artículo 163, fracción IV de esta Ley que dé aviso a la autoridad aduanera dentro de los cinco días siguientes al del fallecimiento y acompañe copia del acta de defunción, podrá efectuar los trámites necesarios para concluir las operaciones amparadas con los pedimentos que hubieran sido validados y pagados antes de la fecha del fallecimiento, en un plazo no mayor a dos meses. Cuando exista sustituto autorizado o sustituto propuesto pendiente del cumplimiento de requisitos, el mandatario a que se refiere el párrafo anterior podrá promover el despacho de mercancías hasta por los plazos citados en el articulo 163 fracción VII de esta ley. Art. 167.... ... Derogado Art. 176. Comenten las infracciones relacionadas con la importación o exportación, quien introduzca al país o extraiga de él mercancías, en cualquiera de los siguientes casos: II. Sin permiso de las autoridades competentes o sin la firma electrónica en el pedimento que demuestre el descargo total o parcial del permiso antes de realizar los tramites del despacho aduanero o sin cumplir cualesquiera otras regulaciones o restricciones no arancelarias emitidas conforme a la Ley de Comercio Exterior, por razones de seguridad nacional, salud publica, preservación de la flora o la fauna1 del medio ambiente, de sanidad fitopecuaria o los relativos Normas Oficiales Mexicanas1 compromisos internacionales1 requerimientos de orden publico o cualquiera otra regulación. Art. 184. Cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación, declaraciones y cumplimiento de Normas Oficiales Mexicanas, quienes: XIV. Omitan cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas o asienten datos inexactos en relación con las mismas. Art.185. Se aplicaran las siguientes multas a quienes cometen las infracciones relacionadas con las obligaciones de presentar documentación y declaraciones, previstas en el artículo 184 de esta Ley: II. Multa de $836.00 a $1,194.00 a la señalada en la fracción III, por cada documento, siempre y cuando el agente o apoderado aduanal no presenten la rectificación correspondiente, en un plazo de 3 días. Art. 185 II.. III. Multa de $1,500 00 a $2,500 00 tratándose de la fracción IV IV XIII... ARTICULOS TRANSITORIOS UNICO El presente decreto entrará en vigor 60 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio de San Lázaro a los 19 días del mes de Noviembre de 2000 (Cuando el orador en su lectura llega a la parte donde dice: "... Por lo antes expuesto, el que suscribe, diputado federal, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, se permite someter a la consideración de esta soberanía la presente Iniciativa de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Aduanera". El Presidente le interrumpe diciendo: . . . ) EL C. PRESIDENTE, DIP. RICARDO FRANCISCO GARCIA CERVANTES: Don Diego, si me permite, quiero solicitarle que autorice que se incorpore en el Diario de los Debates Integra la iniciativa con el articulado, que le pido omita su lectura; igualmente que se incorpore Integra al Diario de los Debates como ha sido publicada en la Gaceta Parlamentaria. Si usted lo autoriza ese sería parte del trámite que dictara esta Presidencia.