EL C. DIP. ARTURO ESCOBAR Y VEGA: Con su venia señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Es lamentable que el día de hoy nos veamos forzados a usar esta tribuna para debatir el único tema que ha empañado el ejemplar ejercicio democrático realizado por la sociedad mexicana y sus autoridades el pasado 2 de julio. Por supuesto me refiero a la más y discutible sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 9 de septiembre pasado, mediante la cual dicho órgano jurisdiccional al apoyarse en una serie de argumentos del todo antijurídicos y antidemocráticos, decidió de facto declarar la inconstitucionalidad del artículo 47, párrafo tercero, del Código Electoral del Distrito Federal y de paso declaró el antidemocrático contenido de los artículos 54 fracción V y 122 base primera, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos pero por supuesto sin contar con facultad alguna para ello, Sí compañeras y compañeros diputados, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que votaron en contra del acertado proyecto del magistrado oponente, quien ratificaba la resolución del Tribunal Electoral del Distrito Federal que a su vez confirmaba la legalidad y constitucionalidad de la aplicación de la cláusula de gobernabilidad para la asignación de diputados por el principio de representación proporcional a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en favor de la Alianza por el Cambio, faltaron a su protesta de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Para el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México al cual represento, el proceder de los magistrados aludidos es absolutamente reprobable porque desde la soledad y obscuridad de sus despachos modificaron la voluntad de los ciudadanos del Distrito Federal expresada sin ambigüedad alguna el pasado 2 de julio, aplicando la formula de representación pura asignándole al Partido Revolucionario Institucional 11 diputaciones de representación proporcional adicionales. Si la voluntad de los ciudadanos del Distrito Federal hubiera sido que el Partido Revolucionario Institucional tuviera 16 diputados en la Asamblea Legislativa, pregunto, ¿por que entonces no les dio la mayoría en alguno de los 40 distritos electorales locales? ¿Por qué entonces no les dio la mayoría en alguno de los 30 distritos electorales federales? ¿ Por qué entonces no les dio la mayoría en alguna de las 16 jefaturas delegacionales? ¿Por qué entonces no les dio la mayoría en la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal?, Lo único cierto es que de 87 puestos de elección popular directa en el Distrito Federal, el Partido Revolucionario Institucional no ganó ninguna. Resulta paradójico (aplausos) que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró inatendible el escrito de tercero interesado promovido por el Partido Revolucionario Institucional por considerar que no justificaron la razón de su interés jurídico careciendo de legitimación en dicha causa en relación con el medio de impugnación interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, 5 de los magistrados resuelven la causa aplicando la fórmula de proporcionalidad pura, dándole vida y triunfo al escrito de tercero interesado previamente declarado inatendible. Nadie, ni el Presidente de la República, ni los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni los diputados y senadores del Congreso de la Unión y por supuesto, mucho menos, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, están facultados para omitir el cumplimiento de ley alguna, federal o local, que esté de acuerdo con nuestro máximo ordenamiento. Ahora bien, ¿por que afirmo que los magistrados faltaron a su protesta? Porque sencillamente omitieron cumplir, es mas, violaron flagrantemente lo establecido por el artículo 47, tercer párrafo, del Código Electoral del Distrito Federal, mismo que sin lugar a interpretaciones en contrario indica: "A la coalición de diputados a la Asamblea Legislativa, le serán asignados el número de diputados por el principio de representación proporcional que le corresponda como si se tratara de un solo partido político. . . ", repito, como si se tratara de un solo partido político. Ninguna disposición jurídica de carácter constitucional o legal autoriza a contravenir lo que el propio Poder Legislativo Local del Distrito Federal determine el precepto indicado. Así pues, niego la validez del argumento que afirma que lo dispuesto por el artículo 122, Base I, Fracción III de la Constitución, sea motivo para determinar que la Alianza por el Cambio al ser una coalición integrada por dos partidos políticos, no le sea aplicable lo establecido por el artículo 47, Párrafo Tercero del Código Electoral del Distrito Federal, ya que tal criterio no es un argumento válido constitucionalmente hablando, para excepcionarse de la aplicación de la cláusula de gobernabilidad prevista por el propio dispositivo constitucional en que tal resolución pretende encontrar sustento. Y afirmo por igual, que es por decir lo menor y lógico, sostener que tal cláusula de gobernabilidad sea antidemocrática. En efecto, argumentar que no debe de aplicarse el artículo 47, Párrafo Tercero del Código Electoral del Distrito Federal en favor de la Alianza por el Cambio, porque éste no es un partido político, es ilegal, ya que tal criterio viola lo dispuesto por los siguientes artículos de la Constitución: 41, Fracción I, en cuanto dispone que la ley determinará las formas específicas para la intervención de los partidos políticos nacionales en el proceso electoral; 122, Base I, Fracción V, Inciso F, que confiere la facultad de legislar en materia electoral a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, limitando la participaci6n en los procesos electorales locales de la entidad a los partidos políticos con registro nacional. Lo que sostengo, encuentra apoyo en el criterio sustentado por nuestro más alto Tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al dictar las ejecutorias correspondientes a diversas acciones de inconstitucionalidad ejercitadas por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y del Trabajo, contra las reformas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que determinarán el sistema de financiamiento público a los partidos políticos emitidas por el Congreso de la Unión a finales de 1996, tales juicios fueron resueltos por la Corte durante el mes de enero de 1997, Es menester recordar que dichos partidos políticos impugnantes sostuvieron sus demandas que las reformas legales combatidas en aquél entonces eran inconstitucionales, porque supuestamente si violaban los principios que para determinar los montos de financiamiento de los partidos políticos, debía seguir el Congreso de la Unión, mismos que se establecían, según ellos, en el propio artículo 41 de nuestra ley fundamental, Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de votos en todos los casos, sostuvo que el Congreso de la Unión tiene amplias facultades para disponer cómo se otorgará el financiamiento público a los partidos políticos, ya que interpretó en tal sentido la parte final del Párrafo Segundo de la Fracción II del artículo 41 Constitucional, la Corte estableció que el poder revisor de la Constitución no limitó las facultades del Congreso en la materia, ya que lo dejaba en libertad de determinar el sistema de financiamiento público de los partidos políticos, al indicar la formula: "se otorgara el financiamiento público conforme a lo que disponga la ley". Disposición no sólo similar, sino idéntica a la contenida en el artículo 41, Fracción I de la Constitución, que a la letra dice en lo conducente: "Los partidos políticos son entidades de interés público, la ley determinará las formas específicas en su intervención en el proceso electoral". Por lo tanto, ¿Qué autoriza a los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci6n para erigirse en el supremo poder conservador del estatus quo y de la pureza democrática de las instituciones, comenzando por nuestra Constitución? tal arrogancia no encuentra paralelo, ni aún en los capítulos más oscursos de nuestra historia. Los que pensamos que habíamos liquidado democráticamente el sistema el pasado 2 de julio, quizás nos dejamos llevar por la alegría del cambio, sin embargo el sistema sigue vigente y se reflejo con esta resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hoy la nación a través de sus representantes les demanda el incumplimiento de su protesta constitucional; mañana la historia los juzgará. Muchas gracias.