El diputado Juan Romero Tenorio: Convenio de la Mesa Directiva. Este fast track, o este proceso legislativo sumario para aprobar una Ley General de Ordenamiento Territorial y Asentamientos Humanos se justifica porque va a haber un evento internacional en Ecuador. Y me centraré, de las tres reservas presentadas, en una para señalar la importancia del tema. Artículo 15. Se señala que el secretario del ramo, esto es la Sedatu, determinará la forma de organización e integración del Consejo Nacional, atendiendo al principio de pluralidad, equidad, género, así como considerando el régimen federal del país y la representatividad de los sectores público, social y privado. Consejo Nacional, que la propia ley señala de órgano auxiliar. Este Consejo Nacional no tiene facultades para determinar los contenidos de la política en ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Se faculta al secretario para que en sus atribuciones determine cuántos miembros serán los que integren este Consejo Auxiliar Nacional, dejando a la vaguedad, dejando a la discrecionalidad cómo se va a integrar la representación federal, cómo se va a integrar el gobierno municipal, cómo integrar al sector social y al sector privado. No hay lineamientos o parámetros que nos den en forma cierta cómo se integrará este Consejo Consultivo. Urge esta ley, es cierto. Hicimos observaciones que también consideraron los asesores técnicos de la Sedatu, alguna que otra la tomaron en cuenta y son parte del dictamen. No obstante, el esquema no es funcional. Por qué no es funcional. El Consejo Nacional es un órgano auxiliar, no determina ni resuelve. Queda en la línea del Ejecutivo determinar la política de ordenamiento y desarrollo urbano. No hay una coordinación real con los estados. Si al presidente le interesara el ordenamiento territorial y la seguridad de la población en el desarrollo urbano, que no solamente es vivienda y caminos, movilidad; también es seguridad. El diputado Marín en enero de 2015 hablaba de 400 mil viviendas abandonadas. Ello no obliga a tomar en cuenta el concepto de seguridad, seguridad pública que no se garantiza en el desarrollo urbano y, consecuentemente, tenemos grandes unidades habitacionales fantasmas. Tenemos barrios, pueblos en varios estados, fantasmas. Lugares de población urbana que el ciudadano abandona por la inseguridad en que se encuentra. Sin embargo, la inseguridad no es criterio fundamental en el ordenamiento y en el desarrollo urbano. Estamos mintiendo a la población con vivienda segura, con un desarrollo sustentable. Lo estamos engañando porque no garantizamos un principio básico, que es la seguridad del ciudadano en el entorno urbano. Proponemos en la modificación que sea el presidente de la República quien presida el consejo y que sea un consejo facultado para definir políticas públicas. Un consejo acuerpado con la participación social privada, con la participación social de comunidades y pueblos, con la participación social de los ciudadanos y con la observación ciudadana. Esta es una ley mocha, una ley que no atiende la seguridad, una ley que no atiende la forma de evaluación de la política de ordenamiento territorial, una ley que no atiende la participación ciudadana en forma objetiva. Esa es nuestra propuesta, modificar y que asuma el presidente la responsabilidad en un ordenamiento, en un ordenamiento garante, de derechos fundamentales de los ciudadanos. Con la reforma del 2 de enero de 2013, la Sedatu asume funciones que venían desarrollando la Secretaría de la Reforma Agraria, así como la Secretaría de Desarrollo Social. Una súper secretaría que ha sido incapaz de establecer lineamientos y criterios objetivos para el ordenamiento urbano. Que ha sido incapaz de implementar programas que recuperen el sitio urbano. En las ciudades hay colonias viejas que ya están siendo deshabitadas por la falta de servicios. El crecimiento desordenado genera unidades habitacionales modernas, pero con carencias en servicios básicos, como el agua. En esta ley, el agua tampoco se considera como eje fundamental para el ordenamiento urbano. Tenemos una crisis hídrica a nivel nacional en asentamientos urbanos que no garantizan ya el derecho a este recurso básico, como el agua. Por eso señalamos y solicitamos que se regresara el dictamen a la comisión, para efectos de contemplar estos problemas que no resuelve esta ley y que es una mala ley, de la cual se informará en Hábitat III, en Ecuador. Es cuanto, señor presidente.