El diputado Luis Carlos Campos Villegas: Con su permiso, señor presidente, con el permiso de la honorable asamblea. El día martes 31 de enero de 2012, el gobernador constitucional del estado de Chihuahua, César Duarte Jaques puso en marcha el programa Chihuahua con vida, emitiendo los acuerdos administrativos correspondientes, mediante el cual se busca coordinar las acciones públicas y de la sociedad civil para enfrentar las condiciones adversas derivadas de una sequía extraordinaria y atípica que ha llevado a la Comisión Nacional del Agua a declarar que el estado de Chihuahua es la entidad con mayor afectación por la sequía. Estas circunstancias afectan de manera drástica a todos los pobladores de la Sierra Tarahumara, donde la sequía ha provocado, incluso, la incapacidad de proveer a las necesidades básicas de alimentación. Las etnias que habitan en la Sierra Tarahumara, como los rarámuris, los tepehuanes, los pimas y los guarojíos se encuentran en una situación de emergencia y reclaman el apoyo solidario del pueblo de México. Las adversidades de la sequía, además de la carencia de alimentos tienen otros efectos colaterales y que se refieren al abastecimiento de agua potable, la salud, el desarrollo social, la infraestructura, el empleo, la economía en general, así como el medio ambiente, sólo por citar algunos de ellos. Ante esta situación miles de ciudadanos mexicanos han comprendido las condiciones de dolor y desesperanza de más de 350 mil habitantes de la Sierra Tarahumara, que dependen de la agricultura de autoconsumo. Pero también, hoy en día tenemos 150 mil chihuahuenses que habitan en las zonas desérticas más afectadas por la sequía. Es decir, 500 mil chihuahuenses demandan de manera urgente programas de alimentación y de suministro de agua. Ciudadanos, empresarios, estudiantes, maestros, universidades, centros de educación, fundaciones y asociaciones civiles han mostrado su apoyo y solidaridad enviando alimentos a la gente que más lo necesita. A todos ellos, muchas gracias. Es necesario el replanteamiento de las políticas públicas e impulsar de una vez por todas el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos indígenas, respetando sus usos y costumbres, respetando su cultura, debemos encausar una adecuada política de ayuda solidaria que evite el asistencialismo que con frecuencia afecta la esencia y la dignidad de las etnias y con frecuencia limita sus derechos. El 24 de enero de 2012 el presidente de la República firmó el decreto que estableció el programa para apoyo a la sequía, flexibilizando las reglas de operación para operar todos los programas encaminados a atender este grave problema. El titular del Poder Ejecutivo escuchó por fin aunque sea en parte los reclamos de los diputados del sector agrario y de otros más, mismos que en su oportunidad hicieron desde esta alta tribuna, así como las marchas y manifestaciones de los productores agropecuarios, quienes reclamaron su urgente intervención. Los hechos acreditan que el decreto emitido por esta soberanía, para atender los estragos de la sequía, era viable y no se justificaba el veto impuesto por el Poder Ejecutivo. Es tiempo de romper con una visión estrictamente asistencialista y evitar a toda costa que los programas oficiales pudieran tener un tinte de interés electoral. Eso no lo podemos permitir. La transparencia, la rendición de cuentas y el blindaje para efectos electorales de estos apoyos deben ser regla de oro en las acciones de solidaridad y compromiso social. en la reunión del 31 de enero de 2012, celebrado en el patio central del gobierno del estado de Chihuahua, en la capital del estado, se escuchó la voz clara y franca de la compañera rarámuri Rosalba Loya, representante de las mujeres indígenas, quien reclamó para su pueblo respeto, trato digno, oportunidades de trabajo y acceso a mejores condiciones de vida, con apego a sus usos y costumbres.