La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Gracias, diputado presidente. Con su permiso. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores. En 2008 el presidente Calderón manifestó que la prioridad del gobierno era la seguridad de los ciudadanos, y declaró en una de sus primeras visitas a ciudad Juárez, que los juarenses y sus autoridades no estaban solos en la batalla para lograr que esta localidad se convierta en la ciudad segura que todos anhelamos. Por ello, el gobierno federal ha estado y seguirá estando con todo el apoyo. A tres años de ello, y tras la implementación de estrategias como: “todos somos Juárez”, que incluyó 160 acciones en los temas de economía, empleo, salud, educación y desarrollo social, dirigidas a atacar la violencia y reconstruir el tejido social y del reciente plan de seguridad que la Secretaría de Gobernación anunció que para depurar a la policía local y mejorar la coordinación entre corporaciones, la realidad está muy lejos de que se cumplan las promesas y compromisos hechos. Hoy ciudad Juárez ese el ícono de la violencia y la crisis de inseguridad que golpea al país como resultado de la lucha contra el crimen organizado. La presencia de más policías y militares no ha logrado abatir la inestabilidad social. Los más de 3 mil asesinatos y lo que llama el gobierno “efectos colaterales de esta batalla, son verdaderamente alarmantes”. Los habitantes de ciudad Juárez se encuentran entre la violencia relacionada con el tráfico de drogas y violaciones a las garantías fundamentales cometidas por las Fuerzas Armadas, la mayoría de ellas impunes. Señala el informe elaborado en 2010 por la Oficina en Washington para los Asuntos Latinoamericanos: la situación de inseguridad en la región es tan alta que paradójicamente, alrededor de 230 mil personas abandonaron la ciudad desde que el gobierno federal implementó el Operativo Conjunto Chihuahua. De la misma manera, las cifras tampoco logran describir a plenitud otras muertes que recorren las calles de la ciudad: femenicidios, ejecuciones de jóvenes a manos de la delincuencia organizada y también de las fuerzas del orden llamadas a garantizar la seguridad en el territorio; miles de asesinatos de migrantes anónimos en su recorrido final a Estados Unidos. Y es en este crudo escenario que casos como el que hoy nos trae a esta tribuna acontecen sin ninguna respuesta: el asesinato de Josefina Reyes en enero de 2010, activista y defensora de derechos humanos y la posterior persecución de la que ha sido protagonista su familia, que incluye entre otras cosas la ejecución de uno de sus hermanos, siete meses después de su muerte; el secuestro en febrero pasado de su cuñada y otros dos hermanos y el acoso que ha sufrido Sara Salazar, su madre. Están también el brutal asesinato de Susan Chávez, la ejecución de Maricela Escobedo Ortiz, por mencionar algunos más. Todos ellos, muestras claras de que ser periodista o defensor de derechos humanos en México es igual a ser víctima de abuso, tortura, homicidio, levantones, actos de acoso y detenciones arbitrarias. Compañeras y compañeros legislaciones: ¿Cuántos defensores más tendrán que ser amenazados, secuestrados o asesinados para que el gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar su seguridad y conceda de una vez la importancia que merecen las recomendaciones de organismos internacionales? Quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza coincidimos en que resulta decisiva la creación de un mecanismo de protección efectivo que incluya funciones de prevención, protección e investigación, que sea de jurisdicción federal y que cuente con suficientes recursos e independencia. Si el gobierno tiene la intención de diseñar un mecanismo de protección que realmente funcione, las organizaciones de derechos humanos deberán participar en todos los aspectos de su diseño, implementación y seguimiento. ¿Cómo no hacerlos partícipes si son ellos quienes están sufriendo junto con la sociedad en su conjunto las consecuencias de Estado de violencia agravado? Es indispensable recuperar la confianza de la población. Las estrategias están ahí, sin embargo, si no se implantan acciones claras que se materialicen en la vida diaria de las personas, no avanzaremos. Combatir los abusos y proteger los derechos de quienes dedican su vida a alzar la voz y visibilizar los abusos, los crímenes y los actos de corrupción e impunidad es condición necesaria de una política de seguridad firme. Sólo así empezaremos por hacer que la premisa Todos somos Juárez sea parte de una realidad y no de un discurso más. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.