El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández: Gracias, presidente. El asunto que no ocupa se ha venido discutiendo a lo largo de los últimos días, desde que se hizo pública la pretensión de aprobar en comisiones el dictamen que reforma la Ley del Seguro Social, y que esta pretensión buscaba hacerlo atropellando así lo decimos, con todas sus letras, atropellando la legalidad. Hasta que en la sesión del pasado martes finalmente fue incluida en el orden del día para dar declaratoria de publicidad al dictamen de referencia este asunto sin duda alguna ha generado polémica. En primer término, y a nombre del Partido Acción Nacional, de su grupo parlamentario, resulta fundamental dejar en claro una primera circunstancia: No estamos en contra del fondo de la discusión. No estamos en contra como se ha pretendido hacer saber a la opinión pública ni de los trabajadores ni de los eventuales beneficios que la aplicación de una ley de esta naturaleza, de una reforma de esta naturaleza, pudiera acarrear. Pero de lo que sí estamos en contra es de la evidente falta de apego a la normatividad que rige los trabajos de esta Cámara y de la también evidente falta de respeto al clima de acuerdo, de diálogo y de civilidad política que también deben privar en la Cámara de Diputados. En primer término respecto de los argumentos jurídicos, no obstante desde la tribuna el día martes, los diputados Rubén Camarillo y, el presidente de la Comisión de Hacienda, el diputado José Isabel Trejo dieron argumentos sólidos y consistentes, para acreditar que los supuestos bajo los cuales está expresamente facultada la posibilidad a los secretarios de la comisión para convocar a falta de la convocatoria del presidente, no están acreditados. No obstante, se ha hecho este señalamiento en reiteradas ocasiones, hoy la pretensión del atropello a la legalidad está llegando a un culmen que nos obliga a repetir la argumentación. El artículo 45, numeral 6, inciso d) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 146, numeral 4 del Reglamento de la Cámara de Diputados dan cuenta justamente de la obligatoriedad a la que están sujetas las comisiones de convocar y de reunirse cuando menos una vez al mes. Sin embargo, la interpretación bajo la cual se pretende hace cuadrar la convocatoria ilegal que ha dado pie a este dictamen, tiene que ver con considerar que esta obligatoriedad mensual debe contabilizarse a partir del último día de la sesión. Es evidente que esta interpretación está hecha a modo para justamente dar justificación y cauce al dictamen. Si el mes no ha vencido, en consecuencia, la comisión no está en falta, evidentemente la convocatoria celebrada por los secretarios no encuentra causal y, por supuesto, el dictamen que emane de una sesión cuya convocatoria es cuestionable, evidentemente no es legal. Nosotros hemos venido señalando reiteradamente el llamado al diálogo, para no poner en riesgo una reforma de este calado. Yo y nuestro grupo parlamentario, no entendemos cuál es la razón y la prisa por la cual hay esta reiterada pretensión de atropellar la norma. Pero no es solo eso, estimadas diputadas y diputados, también hay un atropello al clima de civilidad y diálogo que debe imperar en los debates que se desahogan al interior del Congreso. También hemos señalado, que en el marco de actuación en que las fuerzas políticas hemos decidido darle cauce a las reformas, había un acuerdo claro de que todas las reformas que contuvieran justamente un componente recaudatorio, debieran ser tratadas en el segundo semestre del año. Esto no es un producto de un capricho, ni de sujetarse irrestrictamente a una agenda que eventualmente nosotros podemos complementar y perfeccionar, sino para hacer un adecuado balance integral de la reforma hacendaria improrrogable para el país. No es pues caprichosa nuestra solicitud de respetar los acuerdos. Cuando nosotros exigimos el respeto a la legalidad, también exigimos respeto al interlocutor y al clima que debe imperar en la Cámara. En la sesión del martes, tras la intervención de nuestro compañero diputado Rubén Camarillo, se señaló que los presidentes de las comisiones termino, presidente no eran dueños de las mismas; que no eran dueños de los temas que ahí se abordan. No podemos sino coincidir con esta afirmación, pero también señalamos que tampoco las mayorías son dueñas de la legalidad ni les está permitido atropellarlas. Para todos es sabido que este tema es tan polémico, que incluso en el proyecto que se circuló el día de ayer a todos nosotros, el asunto no estaba en el orden del día; se incorporó. Porque se sabe que en lo jurídico y en lo político pone en riesgo la naturaleza del dictamen y el clima de diálogo con el que debeos seguirnos conduciendo. Por ello solicitamos se dé cauce a esta moción. Gracias.