EL C. DIPUTADO JOSE NARRO CÉSPEDES: Vamos a participar buscando hacer algunas observaciones sobre el paquete financiero presentado y también presentar nuestra propuesta ante los mexicanos de qué es lo que pensamos se debe hacer. Con el permiso de la Presidencia. Durante 2002, el gobierno del Presidente Fox se verá obligado a hacer frente a una realidad que hasta hace pocos meses se había negado a reconocer, la recesión que afecta a nuestro país. Por eso, al igual que frente a otros grandes desafíos nacionales de 15 minutos, el programa económico para el próximo año revela improvisación, falta de profesionalismo y de sensibilidad. Por lo tanto, señor Secretario, su comparecencia da inicio al debate del presupuesto, a la construcción de acuerdos y a la definición de desacuerdos. Queremos señalar que en este momento con la propuesta presentada, son mayores nuestros desacuerdos. El argumento central y por lo tanto el eje del diagnóstico para el 2002 que ofrece el gobierno, es suponer que el mundo en su conjunto, empezando por Estados Unidos, el motor de la economía mundial ya se encuentra en recesión y por lo tanto no tiene sentido que México intente navegar contra la corriente aplicando una política expansionista. En función de ese diagnóstico el gobierno propone aplicar la misma estrategia conservadora aplicada por Zedillo, con la diferencia de que el entorno será recesivo y no expansivo, esto es, recetan la misma medicina para escenarios distintos; en otras palabras, anteponen preservar los avances fiscales junto con la restricción monetaria y avanzar en la convergencia inflacionaria en un contexto de caída de la producción y del empleo. Tenemos no una crisis financiera, pero sí una profunda crisis productiva. En este gobierno está prácticamente paralizada la planta productiva; este gobierno no alcanza a percibir que si los países desarrollados inician una recesión; efectivamente tienden a aceptar que el crecimiento será bajo o nulo, .13 plantea para Estados Unidos, pero eso no significa propagar los costos sociales de la crisis ante la gran masa de la población. En dichos países aún existen mecanismos como el seguro del desempleo o los estabilizadores automáticos del gasto público que absorben parte del choque provocado por la recesión que de otra manera haría estragos entre los trabajadores y las familias mexicanas y los más necesitados. El paquete económico que somete el Ejecutivo Federal a esta soberanía, para nosotros plantea las cosas de la siguiente manera: No plantea ningún programa emergente para superar la crisis actual; lejos de resolver el problema de los hombres del campo, atenta contra su economía, el gasto social decrece en términos reales, afectando la salud, la alimentación, la educación, el gasto para las universidades y el sano desarrollo del pueblo, pero sobre todo golpea a los más pobres y en particular a los indígenas. A pesar del compromiso; cancela la política de federalismo fiscal, al suprimir el programa de apoyo a las entidades federativas y municipios; por el contrario, privilegia el bolsillo de los banqueros e incrementa el salario de los servidores públicos de alto nivel y define como prioridad el pago de la deuda, como el IPAB y el pago de la deuda externa, que es fundamentalmente lo que más crece, dada la estrechez que enmarcan esta propuesta, no extraña que esté ausente una reflexión sobre los costos sociales de la crisis y que la argumentación se centre en minimizar la profundidad de la recesión, sugiriendo que para fines del 2002 habrá una recuperación firme más intensa que en Estados Unidos. Pasan por alto otra cuestión, que esta crisis opera en el marco de una sincronización cíclica entre las economías de México y Estados Unidos, por lo tanto la oportunidad de mitigar el impacto del desempleo a través de una mayor migración legal e ilegal queda en gran medida anulada. Para el Gobierno de Fox, la ampliación del programa de gasto diferido es sólo un paliativo, como los PIDIREGAS, dirigido básicamente a los grandes contratistas del gobierno que tienen el suficiente poder de representación como para exigirle respuestas concretas ante la recesión al propio gobierno. Nosotros proponemos que el eje de un plan de emergencia contra la recesión se apoye en un programa de obras públicas dirigidas a metas selectivas y que estén en condiciones de arrastrar a la inversión privada, sobre bases de participación eficiente y productiva. Necesariamente el plan debe de apoyarse en una ampliación prudente de la liquidez que llevaría a replantear las metas anti inflacionarias y los escenarios para el tipo de cambio. El eje del programa de obras públicas debe estar en la inversión en infraestructura física, como energía, comunicaciones y transportes, entre otros, que tengan la capacidad de potenciar una futura recuperación de modo que las inversiones actuales tengan una tasa elevada de recuperación social a mediano plazo. Una estrategia que puede dar mejores resultados sería también la utilización de fondos de retiro para la inversión productiva, siempre y cuando se garantice plenamente su capitalización, tal y como lo han señalado algunos empresarios mexicanos, conjuntado con la emisión de valores gubernamentales que se traduciría en un aumento de la liquidez. El impacto en la inflación no sería exorbitante como quieren hacer creer algunos voceros del gobierno, no se trataría de una escalada inflacionaria, sino más bien de un rezago de un año que no comprometería la credibilidad de las instituciones públicas de nuestro país. El tipo de cambio, al haberse sobrevaluado, tendería a ajustarse a la baja ante el incremento de la liquidez, esta situación sería saludable ya que restablecería la competitividad de las exportaciones, sin que se le juzgue externamente como una forma de competencia desleal. Obviamente, quienes sentirán un fuerte impacto por un eventual ajuste del tipo de cambio son los grandes consorcios privados que se han sobre endeudado en dólares. Es necesario subrayar que no hay plan de emergencia eficaz al margen del fortalecimiento de la economía a largo plazo y de la reorientación de las reformas estructurales. Los avances que realizó México en la década de los 90 fueron parciales y varios de ellos se vieron revertidos por la crisis financiera de mediados de los 90, de modo que la recesión llega en momentos en que los grupos sociales mayoritarios son en extremo vulnerables. Los avances institucionales para proteger a dichos grupos han sido hasta ahora precarios, por lo que es impostergable proponer un programa económico que combine las medidas de emergencia con el fortalecimiento de la capacidad potencial de crecimiento a largo plazo. Nuestra propuesta va precisamente en ese sentido, apuntando medidas movilizadoras de recursos que rompan los cuellos de botella, pero estas metas serían inalcanzables si no está presente un factor fundamental de soporte que es la política industrial. La política industrial que proponemos para México estaría constituida por un conjunto de medidas para coordinar la acción de todos los agentes productivos, a fin de que México inicie el proceso de especialización en industrias de frontera, más allá de su papel como proveedor de simples insumos o de operaciones de maquila. Bajo esa prioridad, la política industrial sería el pivote fundamental para reintegrar la modernización y la ampliación de la infraestructura física, con un fuerte impulso a la educación y a la calificación laboral, cosa que no se ve planteada en el presupuesto. Finalmente, queremos decir que no estamos de acuerdo con la acotación hecha por los voceros del gobierno, de que el margen de maniobra para luchar contra la crisis se hubiera ampliado de haberse aprobado la reforma fiscal foxista, porque una propuesta para elevar la captación tributaria basada en impuestos indirectos hubiera agudizado los efectos de la recesión que tenemos en puerta, de modo que nuestra propuesta es la de trabajar para evitar que esta crisis profundice los abismos sociales que ya existen en México, y que al lograrlo cimienten el terreno para avanzar en un nuevo pacto social, en el cual la reforma fiscal sea un aspecto más nada más. Señor Secretario: Le preguntamos, ¿cómo podremos afrontar esta sombría situación con un Presupuesto de Ingresos y un decreto de Presupuesto de Egresos que no responde a la situación que enfrenta nuestro país ? Los gobiernos neoliberales, de los cuales usted ha participado en diversas ocasiones, muestran una obcecación que rompe los límites establecidos; la renta petrolera que en su momento fue empleada como un recurso emergente, se ha convertido en una constante fundamental de los últimos presupuestos. Las estimaciones que se señalan en los criterios generales de política económica para el 2002, sobre el precio promedio del barril de petróleo y de la plataforma de exportación son totalmente ilusorias. Analistas internacionales han declarado recientemente que para que el mercado petrolero internacional mejore su precio, tendrá que recortarse la producción y la exportación del crudo. No exageramos, señor Secretario, al afirmar que con esa política irresponsable estamos despojando a las generaciones futuras de un recurso no renovable que es cada vez más escaso. Nos preguntamos además: ¿Por qué no atacar de fondo la evasión y la elusión fiscal, que significaría un ingreso notablemente superior, si consideramos que no se cobra por el Impuesto Sobre la Renta alrededor de un 35% del él, y del Impuesto al Valor Agregado un 45% que aproximadamente podrían significar la más despreciable cantidad y suma de 200 mil millones de pesos? ¿Cómo puede observarse montos de esta dimensión? Solo es posible que no los paguen los grandes empresarios. Está claro, señor Secretario, los evasores se encuentran en el restringido círculo del gran capital que en colusión y en complicidad con algunos funcionarios públicos no pagan los impuestos que le corresponden. En lo referente al gasto, se repite la historia de siempre, privilegiando al gran capital nacional e internacional con enormes recursos en tanto que el gasto social, particularmente la salud, la educación, el combate a la pobreza, la vivienda popular y los apoyos a la producción del campo y a la educación universitaria, sean reducidos aún más. En cambio, los sueldos de los funcionarios federales del Ejecutivo se han incrementado notablemente sin mediar ningún criterio de rentabilidad social que se traduzca en beneficios palpables para el pueblo: no comer, no salud, no educación, no vivienda y sí a la prioridad que ha definido ese proyecto que ustedes han presentado, que es la prioridad, la del pago de la deuda ¿o a caso podrá usted desmentir la información referente en cuanto a los incrementos salariales, al tabulador de percepciones para los funcionarios públicos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de noviembre del 2001, que por cierto, no corresponde a lo aprobado por esta H. Cámara de Diputados para el presente ejercicio fiscal y que está muy lejos de los misérrimos ajustes a salariales que perciben la mayoría de los trabajadores mexicanos? Compañeras y compañeros diputados, para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, representa una enorme preocupación el hecho de que en las políticas del actual gobierno continúen ensayándose medidas contradictorias que no apoyan una salida viable, coherente y consistente a la actual situación de crisis por la cual atraviesa nuestra economía. Además, las escasas propuestas de política económica están basadas en atentar contra los ingresos de la población más desprotegida, de los campesinos de subsistencia, de las clases medias bajas, de los micro y pequeños empresarios y dejando y promoviendo privilegios para una minoría de la población que detenta la mayoría de los medios de producción tanto nacionales como internacionales. Señor Secretario, tenemos interés como fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, de que la propuesta, en la que no estamos de acuerdo que ustedes presentaron, por la propuesta que se pueda construir al final por este Congreso, sea una propuesta que permita resolver y enfrentar los graves problemas que tiene nuestro país sin afectar los intereses de los más necesitados y atendiendo las prioridades como salud y educación y conduciendo la política económica, que permita ésta encausar el desarrollo industrial y el desarrollo de nuestro país hacia condiciones más justas y más equitativas de la población. Muchas gracias. -