El diputado Alejandro Viedma Velázquez: El 20 de diciembre de 2019, la Junta General Ejecutiva del INE aprobó el Manual de Remuneraciones para los Servidores Públicos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, contrariando lo estipulado por este órgano legislativo dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2020. Esta determinación implicó la actualización de los salarios de funcionarios que integran actualmente a este órgano, dentro de la rama administrativa, hasta el Servicio Profesional Electoral, realizando aumentos salariales, en algunos casos, de hasta 153 por ciento mayor con referencia a los obtenidos en 2019. La decisión se tomó con fundamento en una interpretación que se realizó del artículo 127, el cual sabemos estipula que ningún servidor público puede recibir mayor remuneración por sus servicios que la que gana el presidente. El principal argumento que se utilizó para violar de manera flagrante la Constitución es que, si bien es cierto que el artículo 127 estableció el límite de las remuneraciones de los servidores públicos, el tope máximo de lo que recibe el presidente, los servidores públicos del INE, como personal perteneciente a un organismo constitucional autónomo, se rigen bajo reglas de excepción. Sin embargo, dicho régimen no está contemplado en nuestra Constitución por cuanto hace a los organismos constitucionales autónomos. De tal manera que pareciera que se busca colocar al INE por arriba del resto del aparato estatal y, como Cámara de Diputados, no lo podemos permitir. Al aprobar su Manual de Remuneraciones, el INE pretende prácticamente sobreponerse al supremo poder federal, al invadir atribuciones exclusivas de dos entidades que lo conforman. Por un lado, las del Poder Judicial de la federación, al realizar criterios interpretativos del artículo 127, una facultad que únicamente le corresponde al propio Poder Judicial. Y, al mismo tiempo, las de esta soberanía en materia presupuestal, toda vez que a esta Cámara de Diputados le corresponde como facultad exclusiva determinar y etiquetar los recursos públicos que deben ejercer todas las instituciones del Estado. Y por cuanto hace al INE, esta máxima soberanía determinó en el Anexo 23.8 del Presupuesto los montos mínimos y máximos que sus funcionarios debieran percibir para el ejercicio fiscal de este año. En pocas palabras, en INE no respetó lo que esta Cámara de Diputados etiquetó para su presupuesto, pues los salarios de sus servidores públicos, pertenecientes a la rama administrativa, se elevaron por encima de lo establecido por esta soberanía. El INE, como organismo constitucional autónomo es cierto que goza de independencia para el eficaz cumplimiento de sus funciones, pero ello no significa que este no forme parte del Estado. De esta manera, la autoridad electoral no puede ni debe ubicarse en un régimen de excepción a la ley y otorgarse facultades que constitucionalmente no le corresponden. Todas las instituciones, incluido el INE, deben estar supeditadas a lo que la Constitución determine, y si esta no se respeta, nosotros, al ser el máximo órgano representante del pueblo de México, debemos defender su mandato expreso en la Ley Fundamental. Ahora bien, recordemos que por diversos medios de comunicación el INE señaló a esta soberanía diciendo que hicimos un recorte presupuestal que les afectaría y les llevaría a iniciar el 2020, en palabras del consejero presidente, con un déficit presupuestal severo. Si en verdad el INE afrenta un déficit presupuestal, no se estarían incrementando sus salarios. Para Morena es claro que el INE está violentando la Constitución bajo el amparo de una idea equivocada de la autonomía constitucional. Por tanto, esta controversia constitucional se hace necesaria para la defensa de nuestras facultades y la certeza de la aplicación de nuestra Constitución. Es cuanto. Muchas gracias.