La diputada Leticia Quezada Contreras: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, creo que a nadie nos queda duda, a ninguna diputada, a ningún diputado, sobre los hechos que reprobamos, y todos nos sumamos. La sociedad también reprueba la impartición de justicia que en este caso se ha violado el debido proceso de tres mujeres inocentes, en donde el Grupo Parlamentario del PRD exige de manera inmediata su liberación y se les restituyan todos los daños a los que hayan sido acreedoras. El Grupo Parlamentario del PRD se suma al punto de acuerdo de las compañeras y al punto de acuerdo de la Junta de Coordinación Política. El Grupo Parlamentario del PRD siempre ha exigido y en este caso exigimos el respeto de los derechos de las mujeres, exigimos el respeto de los derechos de las mujeres indígenas. El Grupo Parlamentario del PRD condena los hechos ocurridos y denuncia que a todas luces se denota que no han existido las garantías del debido proceso y exige, en consecuencia, dictar una sentencia absolutoria a las enjuiciadas. Condenamos que Jacinta, Alberta y Teresa continúen privadas de su libertad en el Cereso Femenil de San José del Alto, porque todas y todos somos Jacinta, Teresa y Alberta. El Grupo Parlamentario del PRD denuncia que Jacinta, Alberta y Teresa han sido víctimas de discriminación racial y violencia institucional. En este caso persisten graves desigualdades del sistema de justicia, como la falta de acceso a un traductor y les negaron el principio de presunción de inocencia. Salen a relucir también las deficiencias de un modelo de justicia en el que subsisten elementos inquisitivos como la preponderancia a las pruebas desahogadas por el propio Ministerio Público y que generan desigualdad procesal. También pone de manifiesto la aplicación de tipos penales para procesar a quienes tienen alguna participación de manifestación pública, y esto es reprobable. Como se ha acreditado públicamente, Jacinta, Alberta y Teresa no participaron en las acciones de los comerciantes. Sin embargo, es claro que la respuesta punitiva del Estado constituye una represalia a la manera en que los tianguistas se defendieron de los abusos de los agentes de la AFI, como ha sucedido en casos similares de protesta. No obstante, una vez más han existido violaciones procesales que dejan en estado de indefensión a Jacinta y no le garantizan el derecho a un juicio justo; pero más aún: se ha violado el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el reconocimiento a la composición pluricultural de nuestra nación que se encuentra sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. En este caso no se ponderaron, en su momento, por las autoridades judiciales las circunstancias de vulnerabilidad social que tienen las mujeres sujetas a proceso. Es decir, su condición de mujeres indígenas en el caso particular de las tres y su situación económica. Ésta constituye una de las violaciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, toda vez que se ejerció violencia institucional. Es decir, una de las manifestaciones más comunes de la violencia preparada desde los órganos estatales contra las mujeres. Este hecho supone el reconocimiento de la inexistencia de pruebas contundentes y legales en contra de Jacinta y significará eventualmente, una vez más, cerrada la instrucción. Es por todo lo anterior también que el Grupo Parlamentario del PRD exige a la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus competencias garantice la presencia de los agentes federales de investigación que deben comparecer en las diligencias citadas ante el juez cuarto de Distrito, en el estado de Querétaro, en el proceso penal que sigue en contra de Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González. Por último, pide que el punto de acuerdo que aquí se vota se publique, se le dé publicación en dos diarios de circulación nacional para su mayor difusión y en la página de Internet de este órgano legislativo. Es cuanto, señor presidente.