El diputado Javier Huerta Jurado: Diputadas y diputados, buenas tardes tengan todos ustedes. Quiero utilizar esta tribuna para dirigirme a ustedes y al pueblo de México, para explicar por qué consideramos necesaria la reforma que hemos presentado. Partimos del principio de que las propuestas de modificaciones a las leyes o su reformulación tienen como finalidad salvaguardar y ampliar los derechos de la sociedad. En este sentido, quiero compartir con ustedes que en el año de 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, y esta dio origen a la fundación de la Procuraduría del mismo nombre, como el organismo encargado de promover la protección de los derechos del consumidor fomentando el consumo inteligente, procurando la equidad, la seguridad jurídica entre los proveedores y consumidores, garantizando el derecho a la información y educación a elegir a la seguridad, a la calidad, a la comprensión, a no ser discriminados y al acceso seguro de los bienes y servicios. Sin embargo, en la actualidad hay quejas por abuso de los proveedores a pesar de la existencia del buró comercial y del registro de contratos de adhesión. En el año 2021, fueron presentadas 31 mil 779 consultas, principalmente al sector privado de las cuales 88 % quedaron en conciliación reflejando incertidumbre y medio por parte de los consumidores en los costos excesivos que tienen que pagar al adquirir un bien o un servicio, lo que demuestra que es necesaria la intervención de la autoridad protectora de los derechos del consumidor para solucionar los abusos exorbitantes de los proveedores. En este sentido, informo a la Mesa Directiva, al pleno y al pueblo de México que hemos presentado una propuesta de reforma a los artículos 15, 24, 42, 86, 87 Bis y 88 de la ley federal de Protección al Consumidor y al artículo 4o. y al 11 de la Ley de Transparencia, de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, a fin de establecer condiciones equitativas e igualitarias entre los proveedores y los consumidores; y garantizar que los contratos de adhesión sean ejercidos conforme a lo convenido y cuenten con el registro correspondiente para que no haya la existencia de cláusulas abusivas e inequitativas no acordadas. Quiero destacar que en México fue el primer país latinoamericano en donde se creó esta Procuraduría y el segundo en crear una ley en la materia. Pero, al no ser obligatorio el registro previo para todos los contratos de adhesión ante la Procuraduría, desemboca en un obstáculo para no concretar fehacientemente la protección al consumidor. Además, es importante revisar el ejercicio de la aplicación de los contratos de adhesión, porque han servido como factor determinante para incrementar las excesivas ganancias de los proveedores y los consumidores, perdón, y los consumidores tienen que acudir a la Profeco forzosamente para hacer respetar sus derechos de consumidor. Bajo esta tesitura no hay duda de que los contratos de adhesión de los proveedores transgreden los derechos de los consumidores. Por eso, hoy, con el compromiso de la cuarta transformación de restituir el Estado y el derecho como garante de los intereses de toda la sociedad, es en este sentido que para proteger los intereses de los consumidores que por la falta de recursos se ven en la necesidad de comprar bienes o servicios en tiendas departamentales en abonos o, dicen bien, en pagos chiquitos y termina pagando hasta tres veces el valor de un bien. Por tal motivo, se requiere fortalecer el registro de los contratos de adhesión, entre los registrados actualmente y los que tiene que registrarse, para garantizar la certeza jurídica y proteger a los que menos tienen. Muchas gracias, señora presidenta.