El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, nosotros en cambio, la compañera Tere Lupe, que ahora seguramente pasará a tribuna y los miembros de la diputación del PT, y me imagino que también del PRD y de Convergencia, nos oponemos tajantemente a la pena de muerte. La pena de muerte no es la solución para enfrentar el fenómeno del delito ni aún los delitos más graves que preocupan más a la sociedad, como el secuestro. La pena de muerte, hay que decirle a la sociedad mexicana, está proscrita en los tratados internacionales, en las convenciones sobre derechos humanos que ha suscrito y ratificado el Estado mexicano. No es la solución la pena de muerte. Nosotros decimos: no al derecho penal del enemigo, que ve en el sujeto activo de los delitos a un enemigo de la sociedad y del Estado. La pena no puede ser una venganza institucional, un desquite de parte del Estado y de la sociedad. Como sabemos, la pena debe permitir dos cosas: la reinserción del sujeto activo en la vida social y también retribuir el daño a las víctimas, a la sociedad. Nosotros, en lugar de pena de muerte, proponemos una modificación al sistema penal mexicano que contemple penas sustitutorias. No necesariamente la pena privativa de libertad es la solución. Penas sustitutas, penas sustitutorias que permitan la reinserción real de los sujetos activos del delito en la vida social. En ese sentido, la solución a los delitos de secuestro y a otros ilícitos graves, solamente consideramos que se puede resolver con una transformación de las instituciones y una consolidación real del Estado de derecho, con cinco puntos muy concretos: 1. Policías profesionales que investiguen los delitos. Requerimos en México policía científica, policía investigadora que no deje los delitos en la impunidad. 2. Un Ministerio Público autónomo que persiga los delitos con independencia, con imparcialidad, más allá de filias y fobias y de intereses políticos. 3. Jueces independientes e imparciales. Que cuenten con autonomía los sistemas de tribunales superiores de Justicia y el Poder Judicial federal también. Que cuenten con la autonomía presupuestal, con la independencia judicial interna y con la independencia judicial externa. Poderes judiciales independientes, que puedan realizar con plena imparcialidad el servicio de administración de justicia. 4. Penas que propendan a la reinserción social del sujeto activo del delito. Cuando se comete un delito no solamente es responsable el que lo realiza, es responsable toda la sociedad y la sociedad debe estar comprometida en volver a incorporar en su seno y en las tareas productivas de la sociedad a ese sujeto que ha cometido el delito. Para esto se requiere una visión completamente distinta del Estado, un Estado del bienestar que brinde y proteja plenamente los derechos económicos, sociales y culturales de los mexicanos. 5. Finalmente, un Estado de derecho en donde los centros penitenciarios no sean escuelas del crimen, que sean escuelas para el desarrollo productivo, el desarrollo humano de los que han cometido un delito y han sido responsables del mismo. Esta es la solución, no la pena de muerte. La pena de muerte es inhumana, es degradante. Está prohibida no solamente por los tratados internacionales ratificados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La pena de muerte, hay que decirlo, es contraria al artículo 22 de la Constitución General de la República. Por su atención muchas gracias, compañeros diputados, compañeras diputadas. Muy amables.