La diputada Abril Alcalá Padilla: Diputados y diputadas, con toda sinceridad, hoy vengo a decirles que este ejercicio de reforma es una simulación, y es una simulación en una época donde deberíamos de estar discutiendo asuntos que realmente impacten la vida de mexicanos y mexicanas. Deberíamos estar reformando el sistema de justicia, estar hablando de la creación de unidades especiales en contra del feminicidio. Deberíamos encontrar mecanismos para que sí funcione el Insabi. Deberíamos discutir la Ley General de Adopciones, revisar y discutir la Ley de Obra Pública, para que realmente se conecten esas partes de México tan abandonadas. Del tratamiento de aguas, que están envenenando a nuestra gente. De la creación de oportunidades de empleo para personas mayores de 40, para que no sean dependientes del papá gobierno. Deberíamos estar haciendo exhortos a las autoridades pertinentes para que se implemente la reforma educativa y que se viva en las aulas y en las vidas de nuestros chiquitos. Deberíamos hablar de cuidados paliativos, y entre tantas y tantas cosas, de cómo vamos a destinar recursos extraordinarios a la salud, para entre otras cosas combatir el coronavirus, cosa que el resto del mundo ya entendió, menos nosotros. Con esto nada más quiero dejar testimonio de lo que está dejando de hacerse por darle prioridad solo a la agenda del presidente. Porque es importante que los ciudadanos sepan que mientras aquí se está discutiendo una reforma que no va a cambiar nada, hay alrededor de 3 mil iniciativas y puntos de acuerdo, literalmente atoradas en comisiones, entre ellas 40 que tratan del combate a los feminicidios, y aquí no se discuten, porque hoy el Poder Legislativo se le ha entregado en bandeja de plata a un solo hombre y se ha convertido en una mera Oficialía de Partes para ayudar a las mañaneras, en ese ejercicio de distracción al pueblo bueno y sabio. En las participaciones que me antecedieron escuché mucho hablar de buena voluntad. Escuché que con esta reforma se posicionaría a México finalmente en el lugar que le corresponde en lo que respecta a derechos humanos y se cumpliría con el cometido. Escuchen bien la dimensión de esta reforma y no hay un centavo que la respalde. Ah, pero eso sí, para subsanar este pequeño detallín del dinero, escuché a un diputado decir que se trataba de buena voluntad y no de economía. A una diputada que seguramente desconoce el dictamen, dice que no tendrá pues ni siquiera impacto presupuestal. Y saben ustedes lo que cuesta que más o menos se eche a andar a un sistema de salud universal y gratuito, pues alrededor de unos 70 mil millones de pesos, no los 2 mil milloncitos del avión. Y saben, que de acuerdo al Inegi, hay en torno 7 millones de personas con alguna discapacidad permanente y que para ellas no hay nada presupuestado en el PEF 2020. Obviamente, obviamente que estamos de acuerdo en que se apoye a todas las personas con discapacidad permanente y además a sus familias que tienen que vivir con un montón de obstáculos innumerables, obvio que queremos cuidar a nuestras personas de la tercera edad, a las personas en pobreza, que son en torno a los 60 millones de mexicanos y mexicanas, y claro que queremos proporcionarles una vida en igualdad. Pero por eso, en esta reforma me preocupan, sobre todo, una redacción partidista y anticonstitucional. Por una parte, se puja por este sistema nacional de salud burdamente centralista e ignorante de la realidad en los estados y los municipios, que ya demostró que además es ineficiente, pero encima de todo tiñe de politiquería partidista a nuestra Carta Magna. Otro hecho que también me preocupa, es la falta de cultura constitucional quien redactó este documento, porque una Constitución es un texto fundador en el cual una sociedad se crea una identidad propia y establece un orden común, consagra derechos y libertades fundamentales sin distinción alguna, y aquí la ley hace desiguales a los iguales. En este sentido, sabemos que los pueblos indígenas son ciudadanos mexicanos en pleno derecho y soberanía, y si bien les hemos quedado mal a lo largo de la historia, este tipo de políticas afirmativas no son la solución porque son discriminatorias per se. En ese caso también propongo una redacción más general y por tanto más constitucional que diga que sean atendidos todos aquellos que estén en condiciones de pobreza o vulnerabilidad y que puedan acceder a dichos derechos independientemente de su condición étnica o social. Ahora bien, el sistema educativo nacional evidentemente enfrenta problemas y una visión simplista, populista y miope puede pensar que son las becas la solución número uno y única, pero resulta que todas las otras condiciones no están dadas. Por ello propongo una redacción que retome los principios y fines del artículo 3o. constitucional, porque el derecho a la educación no se garantiza solo con becas. Y bueno, les cuento todo esto porque yo realmente quisiera confiar en la buena voluntad de ustedes, pero yo creí en esa misma buena voluntad con la reforma al 3o constitucional, en donde les pedí que después de una reforma tan ambiciosa, pues que los quería ver aquí pujando, luchando hasta el cansancio por un presupuesto digno para la educación. Y como sé, digo, llámenme malpensada, llámenme pesimista, pero sé que no van a pelear por ese presupuesto, para respaldar estas promesas...