EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Inmediatamente después, tiene la palabra el diputado Herbert Taylor Arthur a nombre de diputados integrantes de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, para presentar una iniciativa de reformas a los artículos 16, fracción I. 24, fracción XII y 77 fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta. EL C. DIPUTADO HERBERT TAYLOR ARTHUR. Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 71 fracción II, 73 fracción VI, X, y XXX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral primera inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputadas y diputados integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, provenientes de distintos grupos parlamentarios de esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16 fracción I, 24 fracción XII y 77 fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto Sobre la renta bajo la siguiente exposición de motivos: Nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas define las sociedades cooperativas como una forma de organización social... (Dio lectura a la iniciativa. Se inserta) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados LVIII Legislatura. Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social. Iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16, fracción I; 24, fracción XII y 77, fracciones IV y VI, de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 25, 71, fracción II y 73 fracciones VII, X y XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 39, numeral 1, inciso a) de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputadas y diputados, integrantes de la Mesa Directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, provenientes de distintos grupos parlamentarios de esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de decreto por el que se reforman los artículos 16, fracción I; 24, fracción XII y 77, fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto sobre la Renta, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas define a la sociedad cooperativa como una forma de organización social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de satisfacer necesidades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Este tipo de sociedades se rigen por los valores de autoayuda, autorresponsabilídad, la democracia, la igualdad, la equidad y la solidaridad, así como por los valores éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social, donde la cooperación es una actitud y un compromiso de cada uno de los miembros, con el objetivo común de mejorar en lo económico y social, fundados siempre en la ayuda mutua. Los principios por medio de los cuales las cooperativas implementan estos valores también están incluidos en nuestra legislación y son los siguientes I. Libertad de asociación y retiro voluntario de los socios. II. Administración democrática. III. Limitación de intereses a algunas aportaciones de los socios si así se pactara. IV Distribución de los rendimientos en proporción a la participación de los socios. V. Fomento de la educación cooperativa y de la educación en la economía solidaria. VI. Participación en la integración cooperativa. VII. Respeto al derecho individual de los socios de pertenecer a cualquier partido político o asociación religiosa. VIII. Promoción de la cultura ecológica. La sociedad cooperativa es la figura jurídica por excelencia que permite a las personas físicas generar sus propias oportunidades de autoempleo, mejorando así sus condiciones de trabajo, su nivel de ingresos y su calidad de vida, ya que el cooperativismo no sólo es un modelo económico para impulsar la formación de empresas sociales, sino que constituye un verdadero estilo de vida en el que se promueven los valores antes mencionados entre los socios. En este tipo de sociedades, son los mismos trabajadores los que son dueños de su propia empresa, ya que cada uno de ellos se vuelve socio de la misma y cuenta con un solo voto en la asamblea general. Esta doble naturaleza de los miembros de las sociedades cooperativas en las que por una parte se es socio y por ende dueño de la empresa, pero al mismo tiempo también se tiene la calidad de trabajador de la misma, ha provocado confusión en el tratamiento que a la sociedad y a sus socios se les da en distintas leyes fiscales o simplemente este tema no se prevé en dichas leyes. Debemos recordar que la Ley General de Sociedades Cooperativas establece en su artículo 27 que en las Sociedades Cooperativas de Producción, los socios deben trabajar en común en la producción de bienes y/o servicios, aportando su trabajo personal, físico o intelectual, por lo que para los efectos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, es el carácter de trabajador el que debe predominar sobre la calidad de socio o dueño de la empresa cooperativa. En la presente iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta que se presenta, se proponen diversas precisiones al pago de este impuesto efectuado por las sociedades cooperativas y sus socios, las cuales desarrollamos a continuación. Se propone la reforma al artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para incluir en el último párrafo de su fracción primera a las sociedades cooperativas de producción, adicionalmente a las sociedades civiles y a las asociaciones civiles. Estos tres tipos de personas morales quedarían facultados para que se considere que sus ingresos se obtienen en el momento en que efectivamente se cobre el precio o la contraprestación pactada por la prestación de servicios personales independientes. Actualmente sólo las sociedades civiles y las asociaciones civiles gozan de esta prerrogativa, la cual es conveniente otorgar también a las sociedades cooperativas que realizan este tipo de actividades y que hasta el momento se han visto obstaculizadas para acumular fiscalmente sus ingresos hasta el momento en que los cobren, lo que ocasiona en su perjuicio una descapitalización. Respecto del artículo 24 en su fracción XII, se plantea que de acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas, que en sus artículos 53 y 57 establece que las cooperativas podrán constituir un fondo de previsión social para cubrir los riesgos y enfermedades profesionales y formar fondos de pensiones y haberes de retiro de socios, primas de antigüedad y para fines diversos que cubran gastos médicos y de funeral, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, se aclare que las sociedades cooperativas de producción podrán efectuar las deducciones de los gastos de previsión social derivados de este fondo, los cuales son otorgados en beneficio de sus socios, como un rubro distinto a los gastos de previsión social realizados en relación con los trabajadores que no sean socios de la cooperativa. Al hacer efectivas dichas prestaciones a sus socios, las cooperativas de producción aligeran al Estado en su obligación de otorgar tales acciones de previsión social, por lo que es conveniente se incentive a las cooperativas de producción para que establezcan fondos de previsión social en los términos que marca la propia Ley General de Sociedades Cooperativas, siempre que. se otorguen en forma general y para todos los socios. No es necesario incluir a las sociedades cooperativas de Consumo ni en el artículo 16, fracción I, ni en el artículo 24, fracción XII, ya que este tipo de cooperativas son consideradas como personas morales no contribuyentes. El último artículo cuya reforma prevé esta iniciativa, es el artículo 77 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus fracciones IV y VI. En ambos casos se proyecta que se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas para los efectos de dichas fracciones, como un rubro distinto y adicional a los trabajadores que no sean socios. Lo anterior con el objeto de que los socios cooperativistas no tengan que pagar el Impuesto sobre la Renta cuando se trate de ingresos provenientes de primas de seguros médicos pagadas por la sociedad cooperativa, así como los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se realicen en territorio nacional y se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes, ni cuando se trate de ingresos percibidos con motivos de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los socios cooperativistas o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes. En ambos casos, es decir, tanto la fracción IV, como la fracción VI del artículo 77 cuya reforma se propone, se aclara que los socios de las sociedades cooperativas no pagarán el Impuesto Sobre la Renta por los ingresos que obtengan por los distintos beneficios de previsión social que la cooperativa les proporcione. Esta iniciativa se presenta en el entendido de que actualmente se discute en esta Cámara de Diputados otra iniciativa integral de reformas a distintas leyes fiscales, pero en la cual los suscritos no encontramos suficientemente contemplado el tema de la regulación' hacendaría de las cooperativas. Es por esto que la mesa directiva de la Comisión de Fomento Cooperativo y Economía Social, cumpliendo con la obligación de realizar propuestas que beneficien y fomenten al mundo cooperativo elaboró estas propuestas de modificación a la Ley del Impuesto sobre la Renta. En consecuencia, por las razones y fundamentos legales expuestos, las diputadas y los diputados suscritos presentamos el siguiente Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Artículo único. Se reforman los artículos 16, fracción I; 24, fracción XII y 77, fracciones IV y VI de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue: Artículo 16. Para los efectos del artículo 15 de esta ley se considera que los ingresos se obtienen, en aquellos casos no previstos en otros artículos de la misma ley, en las fechas que se señalan conforme a lo siguiente: I. Tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, cuando se dé cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero: a) Se expida el comprobante que ampare el precio o la contraprestación prestada. b) Se envíe o entregue materialmente el bien o cuando se preste el servicio. c) Se cobre o sea exigible total o parcialmente el precio o la contraprestación pactada, aun cuando provenga de anticipos. Tratándose de los ingresos por la prestación de servicios personales independientes que obtengan las sociedades cooperativas de producción o las sociedades o asociaciones civiles y de ingresos por el servicio de suministro de agua potable para uso doméstico o de recolección de basura doméstica que obtengan los organismos descentralizados, los concesionarios, permisionarios o empresas autorizadas para proporcionar dichos servicios, se considera que los mismos se obtienen en el momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. II a la IV. . . Artículo 24. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: I a la XI. . . XII. Que cuando se trate de gastos de previsión social, las prestaciones correspondientes se destinen a jubilaciones, fallecimientos, invalidez, servicios médicos y hospitalarios, subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, fondos de ahorro, guarderías infantiles o actividades culturales y deportivas y otras de naturaleza análoga, siempre que dichas prestaciones se otorguen en forma general en beneficio de todos los trabajadores, sin que puedan ser distintas para los trabajadores de confianza y los otros trabajadores. En el caso de las sociedades cooperativas de producción, tratándose de los gastos de previsión social que señala el artículo 57 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, éstos deberán ser otorgados en forma general en favor de todos los socios. Artículo 77. No se pagará el Impuesto Sobre la Renta por la obtención de los siguientes ingresos: I a la III. . . IV. Las primas de seguros médicos pagadas por los patrones, así como los reembolsos de gastos médicos, dentales, hospitalarios y de funeral, que se realicen en territorio nacional y se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o contratos de trabajo. Para los efectos de esta fracción, se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas. V. . . VI. Los percibidos con motivos de subsidios por incapacidad, becas educacionales para los trabajadores o sus hijos, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas y otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, que se concedan de manera general, de acuerdo con las leyes o por contratos de trabajo. Para los efectos de esta fracción, se considerará como patrones a las sociedades cooperativas y como trabajadores a los socios de las mismas. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, el día 23 de octubre de 2001.Diputados: Herbert Taylor Arthur, Celia Martínez Bárcenas, Fernando Herrera Ávila, Manuel Duarte Ramírez, Maricela Sánchez Cortés y Eduardo Abraham Leines Barrera. EL C. PRESIDENTE. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- La iniciativa de reformas al artículo 4º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha solicitud del grupo parlamentario del PRD, se pospone para una próxima sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Rafael Hernández Estrada del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales y que abroga su Ley Orgánica. EL C. DIPUTADO LORENZO RAFAEL HERNÁNDEZ ESTRADA. Con el permiso de la Presidencia. Los suscritos diputado federal Sergio Baca Betancourt del Partido Acción Nacional y un servidor, Rafael Hernández Estrada del PRD, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reformas al decreto por el que se extingue el organismo público descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica, mismo que fue publicado el 4 de junio de 2001 en el Diario Oficial de la Federación. Es función de los legisladores federales velar por los intereses de la Nación. En este sentido, en el caso particular, nos corresponde procurar un manejo honesto y transparente de todos los activos remanentes... (Dio lectura a la iniciativa. Se inserta) Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y de abroga su Ley Orgánica. Los suscritos, diputados federales de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción Il del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa de reformas al "Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica", al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS El 4 de junio del 2001 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica". Es función de los legisladores velar por los intereses de la nación. En este sentido, en el caso particular nos corresponde procurar un manejo honesto y transparente de todos los activos remanentes del organismo en liquidación, así como cuidar que se respeten los intereses y los derechos de los trabajadores de la paraestatal. Ferrocarrileros jubilados han tenido reuniones con diputados de diversos grupos parlamentarios representados en esta Cámara, para expresar sus preocupaciones por algunos problemas que no fueron considerados en el "Decreto por el que se Extingue el Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se Abroga su Ley Orgánica". Es necesario mencionar que las consideraciones contenidas en este proyecto formaron parte de un voto particular presentado en comisión por varios legisladores, mismo que buscaba modificar varias disposiciones contenidas en la minuta que envió el Senado de la República. Hoy, esas consideraciones cobran mayor, fuerza en virtud de que legisladores de diversos partidos las han hechos suyas. 1.Es necesario que se dé solución definitiva al problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982, que no gozan de las pensiones de vejez y de cesantía en edad avanzada que otorga el IMSS y que el Congreso ha tenido que atender parcialmente en ejercicios anteriores mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación. Solucionar dicho problema, ampliamente conocido en esta Cámara, es un acto de elemental justicia. El decreto en cuestión no lo considera. El ex director de Ferronales Ramiro Sosa Lugo, en reunión de trabajo celebrada el 28 de marzo del presente año, calculó en 8 mil 752 el número de los jubilados que sobreviven de un total de 25 mil que había en 1982. La abrumadora mayoría han muerto en el camino de la búsqueda de justicia. Los jubilados interesados se quejan de. que el listado proporcionado por, la paraestatal, incluye indebidamente a ferrocarrileros que fueron jubilados antes de 1982, pero que no son afectados, pues son trabajadores de los ex ferrocarriles Sonora-Baja California, Chihuahua al Pacífico, Unidos del Sureste y Servicio de Coches Dormitorio, que fueron incorporados al IMSS antes que los trabajadores de los ferrocarriles del Pacífico y Nacionales de México, que son los únicos que carecen de las pensiones. mencionadas de vejez y cesantía. Asimismo refieren los jubilados anteriores a 1982 que en la mencionada lista aparecen indebidamente trabajadores ya fallecidos. Se requiere entonces que el liquidador de Ferrocarriles Nacionales de México y el IMSS realicen una depuración cuidadosa de la relación para determinar con exactitud el número de trabajadores afectados realmente y mediante los estudios actuariales correspondientes se puedan calcular los capitales constitutivos necesarios para resolver el problema en forma definitiva, con el objeto de que el Ejecutivo Federal proponga a esta Soberanía la partida correspondiente en el marco del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. 2. El decreto de extinción de Ferrocarriles Nacionales de México excluyó a los ferrocarrileros liquidados del beneficio de la donación en caso de poseer casa o terreno de la paraestatal y no incluye prevenciones para evitar posibles invasiones de los bienes inmuebles de la empresa. La empresa de Ferrocarriles Nacionales de México estaba obligada, por el Contrato Colectivo de Trabajo, a proporcionar casa habitación a los ferrocarrileros de varias especialidades (de vía y de alambres, por ejemplo). En el caso de otros ferrocarrileros, aun cuando no tenía ninguna obligación, la empresa les facilitó terrenos o casas de su propiedad para que los habitaran, con el fin de auxiliarlos en su situación económica. Hay familias que han habitado estas casas o terrenos por varias generaciones. Hoy esos trabajadores, debido al proceso de privatización del sector, han sido jubilados o liquidados y dichos asentamientos humanos constituyen un grave problema social, pues las pensiones de los jubilados son en promedio del orden de los 2 mil 500 pesos mensuales y de los 83 mil 200 trabajadores con que contaba la paraestatal en 1990, hoy laboran para las nuevas empresas privadas alrededor de 15 mil ferrocarrileros únicamente, es decir que la mayoría de los obreros liquidados no fueron recontratados. La iniciativa que originalmente envió al Senado el ex presidente Zedillo en diciembre de 1999, preveía donar bienes inmuebles incluso a instituciones o asociaciones privadas, mientras que a los trabajadores ferrocarrileros que ocuparan una casa o terreno de la paraestatal se les vendería. Debido a lo anterior la colegisladora modificó el proyecto de decreto para hacer extensiva la donación a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, o sus sucesores en línea directa, que ocupen una casa o terreno propiedad de la paraestatal. Sin embargo tal reforma resulta insuficiente por las siguientes razones: En primer lugar, porque excluyó a los trabajadores ferrocarrileros liquidados o a sus sucesores en línea directa, que son quienes tienen mayor necesidad. En segundo lugar, es necesario cambiar, la figura jurídica de la donación que la Ley General de Bienes Nacionales (articuló 18) establece como posible sólo para entidades federativas, municipios o instituciones y asociaciones privadas que no persigan fines de lucro, por la figura de la transmisión de dominio a título gratuito para el caso precisamente de los trabajadores jubilados, liquidados o sus sucesores en línea directa, que la misma ley establece (artículo 59) tratándose de personas físicas. Por último, es conocido que a raíz de la privatización de la industria, se .ha desatado una ola de invasiones en las propiedades de la paraestatal, tanto por trabajadores ferrocarrileros como por particulares. Por ello es indispensable establecer reglas claras para el caso de los trabajadores ferrocarrileros o sus sucesores, en el sentido de que la transmisión de dominio a título gratuito de los inmuebles que ocupan, sólo será procedente si cuentan con una residencia probada de por lo menos cinco años anteriores a la entrada en vigor del decreto. De lo contrario tenderemos a beneficiar a muchos invasores y lo que es peor propiciaremos nuevas invasiones. 3. Es necesario deslindar responsabilidades entre la anterior administración de la paraestatal y el ente liquidador y transparentar la entrega-recepción de los activos y pasivos de la empresa en liquidación. En el artículo 2o. del decreto se establece que la "Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso" y en XI fracciones detalla cuáles serán las funciones del liquidador. En la fracción II se dice que el liquidador "Ievantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos del organismo" y en la fracción X se señala que el liquidador Ievantará y actualizará el inventario de los activos pertenecientes al organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo". Es preciso deslindar la responsabilidad entre la anterior administración de la paraestatal y el liquidador y transparentar la entrega-recepción de los activos y pasivos del organismo. Para ello, el procedimiento elemental en estos casos es que la administración de Ferrocarriles Nacionales de México debe entregar al liquidador, acta de entrega-recepción de por medio, todos los activos y pasivos del organismo debidamente inventariados. En consecuencia, la responsabilidad de levantar ese inventario es de la administración de la paraestatal, no del liquidador, quien debe limitarse a actualizarlo en la medida en que avance el proceso de liquidación. El licenciado Luis Antonio de Pablo Serna fue Director General de Ferronales durante casi todo el proceso de privatización. Al poco tiempo de ocupar el puesto, en una disertación ante miembros del Colegio de Ingenieros Civiles de México, afirmó que "el ferrocarril es dueño de la mitad del uno al millar del territorio nacional"; agregó que Ferronales no contaba con los títulos de propiedad en orden de todos sus bienes y que entre las tareas pendientes del organismo, estaba la de levantar un inventario completo de sus activos (El Financiero, 9 de octubre de 1995). Luego entonces, la desaparición de Ferrocarriles Nacionales de México significó la extinción del organismo propietario de la mayor extensión de territorio nacional. No hay un organismo público ni privado con mayores recursos inmobiliarios que Ferrocarriles Nacionales de México. No se extinguió un estanquillo. Hablamos de millones de metros cuadrados de una paraestatal en la que, según confesión de un ex director general, existía (¿o existe?) un gran desorden administrativo y ya sabemos que a río revuelto ganancia de pescadores. El dictamen aprobado por la colegisladora fue elaborado, a todas luces, a partir de información proporcionada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y salta a la vista que de las páginas 12 a la 14 del informe presentado por la SCT se abunda en datos precisos, cantidades, porcentajes, cifras exactas de diversos conceptos a favor de las bondades de haber privatizado los ferrocarriles. Información que, por cierto, no era materia del dictamen. Sin embargo, en el apartado destinado a los activos remanentes del organismo (bienes muebles e inmuebles sobre todo) se prevén vaguedades e imprecisiones. En ningún momento se dice de cuántos millones de metros cuadrados estamos hablando, cuántos han sido concesionados y a quienes; cuántos han sido donados y a quienes; cuántos han sido enajenados y a quienes; cuántos metros están ocupados por asentamientos humanos irregulares y por cuántas familias y de éstas cuántas son dependientes de ferrocarrileros y cuántas son particulares, etc. Ha transcurrido el tiempo necesario para que el inventario de los activos de la empresa en extinción esté terminado. Por el bien de la República, debemos garantizar que la liquidación de los cuantiosos activos de esta empresa se lleve a cabo de la manera más transparente posible. Por lo anteriormente expuesto, ponemos a su consideración la presente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el decreto por el que se extingue El Organismo Público Descentralizado Ferrocarriles Nacionales de México y se abroga su Ley Orgánica Artículo Primero. Se reforman los artículos 20, fracciones II, IV y X; artículo 4o., para quedar como sigue: Artículo 2o. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes, en su carácter de dependencia coordinadora del sector, establecerá las bases para llevar a cabo la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de México, mediante la debida consolidación de su patrimonio y designará al liquidador responsable de ese proceso quien realizará las siguientes funciones: I... II. Levantará y certificará el acta de entrega-recepción de los bienes y recursos debidamente inventariados del organismo. III... IV. Llevará a cabo la regularización y tramitará la desincorporación de los activos remanentes para proceder a su enajenación, donación o reversión al Gobierno Federal, sujetándose a lo previsto por la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General de Asentamientos Humanos. Las donaciones sólo procederán en los casos de entidades federativas, municipios e instituciones públicas o privadas que no persigan fines de lucro, a fin de que sean utilizadas para beneficio social. En el caso de los asentamientos humanos existentes en inmuebles de Ferrocarriles Nacionales de México, a los trabajadores ferrocarrileros jubilados, liquidados o sus sucesores en línea directa, que estén en posesión y cuenten con una residencia probada no menor a cinco años anteriores a la entrada en vigor del decreto que extinguió al organismo, se les hará la transmisión de dominio a su favor a título gratuito. En el caso, de reversión, los gobiernos de los estados, el Distrito Federal y municipios, tendrán preferencia, en igualdad dé condiciones, para adquirir los bienes, remanentes. V a la IX. X. Actualizará el inventario de los activos pertenecientes al organismo, así como respecto de los pasivos a su cargo y XI. .. Artículo 4o. Los derechos laborales de los trabajadores de Ferrocarriles Nacionales de México, generados conforme al contrato colectivo de trabajo y a la ley, serán respetados. Tratándose de los derechos adquiridos por los ferrocarrileros jubilados. el Gobierno Federal se obliga a garantizar en cualquier época, el pago vitalicio de las pensiones y prestaciones otorgadas a dichos trabajadores, para el caso de que por cualquier causa el fondo de jubilaciones sea insuficiente. Asimismo el Gobierno Federal se obliga a resolver de manera definitiva el problema de los ferrocarrileros jubilados antes de 1982. Para ello deberá cubrir al Instituto Mexicano del Seguro Social los capitales constitutivos: suficientes, con el objeto de las pensiones de vejez y cesantía en edad avanzada, se cubran a partir del 10 de enero de 2002. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Suscriben Palacio Legislativo de San Lázaro a 30 de octubre de 2001. Firman los Diputados: Rafael Hernández E. y Sergio R. Vaca B. LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado. Túrnese a la Comisión de Transportes y transcríbase en la Gaceta. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del orden del día, es el relativo a dictámenes a discusión. DIP. SRIO. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: (Dictamen con Punto de Acuerdo para que se exhorte a la Sría. de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y a la Sría. de Economía para que se vigile entrada al país del producto zilmax (Chorhidrato de Zilpalterol) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados.LVIII Legislatura. Honorable Asamblea: a la Comisión de Agricultura y Ganadería, le fue turnada para su estudio y dictamen la proposición con punto de acuerdo presentada por el diputado Ramón León Morales del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el 21 de marzo de 2001, proposición que pretende la eliminación del producto zilmax en la alimentación del ganado bovino. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 39, 45, numeral seis, inciso f, de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 65, 66, 85, 87, 88 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a esta Comisión de Agricultura y Ganadería, corresponde dictaminar la proposición con punto de acuerdo en comento a partir de los siguientes: Antecedentes E121 de marzo de 2001, el diputado anteriormente referido, presentó una proposición con punto de acuerdo para que en los alimentos del ganado bovino se eliminara el producto zilmax. En la misma fecha, la mesa directiva de la Cámara de Diputados turnó dicha proposición para su estudio y dictamen a la Comisión de Agricultura y Ganadería. Con base en los antecedentes mencionados los integrantes de esta comisión, formulamos las siguientes: CONSIDERACIONES Que es conveniente que se instrumenten acciones y mecanismos para poner un alto definitivo a la utilización de todos los betanálogos, particularmente, el.clorhidrato de zilpalterol, hasta no contar con un ambiente de responsabilidad compartida absoluta, que garantice la total inocuidad de esta tecnología, siendo necesario realizar un esfuerzo concentrado entre el sector oficial, industria farmacéutica y todos los eslabones de la cadena de la carne de bovino en México, para que, habiéndose identificado las deficiencias incurridas en nuestra historia del uso de betanálogos, se subsanen los vacíos de conocimientos identificados en particular como consecuencia de nuestras tradiciones culinarias y su aplicación con el uso de estos productos. Asimismo tomando en consideración de que existe, al parecer, una falta de información de los niveles de residuos del clorhidrato de zilpalterol, comercialmente llamado zilmax, potencialmente presentes en todos los tejidos de origen animal, consumibles por la población de México, y una ausencia de capacidad de diagnóstico en el país, sobre la posible presencia de residuos en tejidos bajo condiciones de uso comercial de este producto, además que ningún país con los que México ha firmado tratados de libre comercio, autoriza el uso de betanálogos como aditivos alimenticios para el ganado bovino, imponiéndose por este hecho una doble desventaja para el sector ganadero bovino del país en términos comerciales. Con base a las consideraciones anteriormente expuestas los integrantes de esta comisión hemos llegado a las siguientes: CONCLUSIONES Que independientemente de los beneficios comerciales que pudiera generar la utilización del producto mencionado y en especial la falta de capacidad de diagnóstico en el país de la posible presencia de residuos de algún betanálogo en los tejidos del ganado bovino, lo más importante y trascendente es garantizar y prevenir un posible impacto negativo en la salud del ser humano, por los efectos secundarios que pudiera provocar cuando éste consume productos cárnicos en donde se haya utilizado algún tipo de betanálogo y particularmente el clorhidrato de zilpalterol, comercialmente llamado zilmax. Por lo anteriormente expuesto, los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería hemos decidido emitir el siguiente: DICTAMEN Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado zilmax (clorhidrato de zilpalterol) utilizado en la alimentación del ganado bovino. Palacio Legislativo de San Lázaro, México, D. F., a 25 de abril de 2001. Por la Comisión de Agricultura y Ganadería. Diputados: Jaime Rodríguez López, presidente; Jesús Dueñas Llerenas, Miguel Ortiz Jonguitud, Alfonso Oliverio Elías Cardona, Ramón Ponce Contreras secretarios; Oscar Alvarado Cook, José María Anaya Ochoa, Francisco Arano Montero, Feliciano Calzada Padrón, Francisco Castro González, Miguel Castro Sánchez, Arturo B. de la Garza Tijerina, José R. Escudero Barrera, Francisco Esparza Hernández, Francisco Javier Flores Chávez, José Luis González Aguilera, Santiago Guerrero Gutiérrez, Arturo Herviz Reyes, José de Jesús Hurtado Torres, José Jaimes García, Silverio López Magallanes, Juan Mandujano Ramírez, Martha Ofelia Meza Escalante, Martín G. Morales Barragán, María del Rosario Oroz Ibarra, Francisco Javier Ortiz Esquivel, Juan Carlos Regis Adarve, Jaime Tomás Ríos Bernal, José Roque Rodríguez López, Petra Santos Ortiz. PRESIDENTA: En consecuencia está a discusión el Punto de Acuerdo. Se abre el registro de oradores en contra y en pro. Nos ha comunicado su deseo de participar en pro del dictamen el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se le concede el uso de la palabra. DIP. RAMON LEON MORALES: Muchas gracias señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: Justo es decir que sobre este problema se han manifestado casi en su totalidad los ganaderos del Estado de Colima. También justo es decirlo, que este Punto de Acuerdo se deriva a su vez de una comunicación que nos envió el Congreso del Estado de Colima, en la que se nos conminaba a que realizáramos acciones para evitar este grave problema que afecta sustancialmente al ganado, pero que también afecta la salud de la población. Un refrán popular nos dice: "que hombre prevenido vale por dos" yo diría que tratándose de la salud, vale por muchos. El dictamen que hoy estamos discutiendo tiene su valor en que se evitará un posible impacto negativo de salud del ser humano por los efectos secundarios que pudiera provocar el consumo de carne con el clorhidrato de zilpalterol comercialmente llamado zilmax. Esta sustancia utilizada para incrementar los volúmenes de la producción de carne bovina, contiene moléculas muy similares a la adrenalina y noradrenalina que consumidas en pequeñas cantidades provocan reacciones importantes y desaparecen inmediatamente. Sin embargo, queda la duda nada menor, de que el nivel residual de metabolitos de clorhidrato de zilpalterol se puede encontrar en los tejidos bovinos. En tanto no quede claro lo anterior, la salud pública se encuentra en constante riesgo. Deseo que no traiga consecuencias negativas, por eso también deseo que se resuelva lo más pronto posible pues de esta manera los ganaderos y consumidores tendrán la certeza de que no existe peligro alguno y las autoridades de salud por su parte, le dedicarían mayor tiempo a otras prioridades. Pero si resulta lo contrario, será urgente actuar en consecuencia. Por ello es que se propuso que en tanto no se tenga conocimiento de los efectos secundarios, se suspenda de inmediato en todo el país el uso del clorhidrato de zilpalterol o zilmax. Es necesario recordar que entre 1946 y 1952, la población se tuvo que enfrentar al problema de la fiebre aftosa por no tomarse las precauciones pertinentes en el momento en que esto parecía venirse como un problema. Los pequeños ganaderos prefirieron enfrentar al propio gobierno por defender la vida de sus animales. No debemos permitir que esto vuelva a suceder. Por esto la responsabilidad de este Pleno es grande y delicada. Tenemos que exigir que se aclaren los efectos nocivos secundarios de la sustancia citada. Esto es, si los hay o no, y en caso de que los haya verificar el procedimiento realizado que condujo a autorizar el producto Zilmax, para deslindar las responsabilidades y así salvaguardar la salud pública. En el momento en que propusimos este punto de acuerdo hubo voces de distintos partidos políticos que secundaron este punto de acuerdo y ahora que la Comisión en pleno lo ha aprobado, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ratifica su postura a fin de que se apruebe este punto de acuerdo por esta soberanía, en el sentido de que se suspenda de inmediato en todo el país el uso del clorhidrato de zilpalterol o Zilmax como aditivo del alimento destinado al ganado bovino. Asimismo que el Congreso de la Unión, a través de la Comisión correspondiente, realice una investigación sobre el procedimiento llevado a cabo por la anterior Sagar hoy Sagarpa que dio como resultado el autorizar el producto Zilmax en la alimentación del ganado bovino y se deslinden responsabilidades ante la autoridad competente. Es por eso que el día de hoy nos sumamos, como partido, a esta propuesta, a este dictamen, que nos hace la Comisión, a fin de exhortar al gobierno federal para que de inmediato se evite la entrada de este producto al país y se suspenda el consumo de este producto por el ganado bovino. Por su atención, muchas gracias. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Muchas gracias, ciudadano Diputado. Le ruego a la Secretaría dé lectura al resolutivo del dictamen de la Comisión. EL C. SECRETARIO, DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN (PAN): "Dictamen. "Único. Se exhorta a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, así como a la Secretaría de Economía, para que se vigile en todos los puntos de entrada del país y se evite el ingreso del producto comercialmente llamado Zilmax, utilizado en la alimentación del ganado bovino".