La diputada María del Rosario Guzmán Avilés: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. El día de hoy presento esta reserva al artículo 10 de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ya que, si bien en el PAN hemos votado a favor de esta ley en lo general, no podemos ser omisos en que se puede mejorar para fines prácticos y así pueda resultar una ley operante y eficiente. Esta ley es una herramienta más en el ataque frontal contra los grandes capos de la delincuencia organizada, de cuello blanco o miembros activos en actos de corrupción. De igual forma, no podemos dejar de lado el carácter procedimental que conlleva esta legislación, ya que, al determinar sus reglas de procedimiento, este debe ser apegado a derecho y funcional a la vez, asegurando procedimientos legales transparentes y que cumplan con su función. El artículo 10, al cual presento esta reserva, contempla el desistimiento de la acción por parte del Ministerio Público en cualquier momento por causa justificada antes de que se emita sentencia definitiva. Esto va en contra del sentido de la ley, ya que para poder ejercer la acción de extinción de dominio se está sujeto a diversos elementos de procedencia previamente. Entonces, si no se cumple con estos elementos, ¿por qué un Ministerio Público habría de desistirse de la acción en un procedimiento de esta naturaleza? ¿Y quién calificará a la causa justificada que dé un Ministerio Público al desistirse de la acción de extinción de dominio? Tengamos en cuenta los efectos del desistimiento de una acción, ya que no es lo mismo desistirse de la acción que de la demanda o instancia, dado que en el desistimiento de la demanda se pierden todos los derechos y situaciones procesales. Y si no ha prescrito la acción, puede volverse a ejercitar mediante la presentación de una nueva demanda. Mientras que con el desistimiento de la acción se produce la pérdida del derecho que el actor hizo valer en el juicio, porque al renunciar a la acción se renuncia al derecho. Esto es, que por el motivo que sea, si un Ministerio Público encargado de impulsar un procedimiento de extinción de dominio sobre un bien, independientemente de la imprescriptibilidad de la acción en casos de bienes que sean de origen ilícito o de 20 años para bienes de destinación ilícita, si decide desistirse de la acción no podrá volverse a ejercer dicha acción por haber renunciado a ese derecho. Ahí la problemática de la redacción de este artículo, ya que da pie a actos de corrupción con efectos irrestituibles, respecto de esta acción. Es por ello que proponemos que en lugar de lo establecido se cambie la redacción de dicho artículo para establecer que la autoridad competente para ejercer la acción de extinción de dominio iniciará y dirigirá la investigación con el fin de identificar, localizar y ubicar los bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio; acreditar que concurren los elementos exigidos en los presupuestos de extinción de dominio; identificar a los posibles titulares de derechos sobre bienes que se encuentren en un presupuesto de extinción de dominio; acreditar el vínculo entre los posibles titulares de derecho sobre los bienes y el presupuesto de extinción de dominio y desvirtuar la presunción de buena fe. Todo esto con el fin de impulsar los procedimientos con celeridad, legalidad y eficiencia, dando mejores resultados sin entorpecer los procedimientos y poniendo candados a posibles actos de corrupción. Pongo esta reserva a su consideración esperando que, en aras de evitar futuros actos de corrupción, se vote a favor. Es cuanto, ciudadana presidenta.