EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO MAGALLANES RODRIGUEZ: (LECTURA DE INICIATIVA, INSERTESE) Iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación El que suscribe, diputado José Antonio Magallanes Rodríguez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LIII Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante el pleno de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Para el Partido de la Revolución Democrática es claro que las; características que deba debe reunir un buen sistema tributar está asociada con los principios de: equidad, justicia, eficiencia, neutralidad, sencillez administrativa y diseño eficiente de la política impositiva. Dentro del marco de propuestas que ha presentado el PRD en materia de reforma fiscal integral, se inscribe ahora la iniciativa de reformas al Código Fiscal de la Federación, misma que tiene como principal eje reducir la evasión fiscal a través de la simplificación administrativa, cumpliendo con el principio de simplicidad y claridad. Los problemas político-administrativos del sistema tributario mexicano están asociados con la elevada cantidad de trámites que se deben cubrir, la dificultad para llenar las formas fiscales y el tiempo que se emplea. Asimismo, la provisión de bienes y servicios públicos de cuestionada calidad asociada con la alta corrupción y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos también inciden negativamente en la recaudación fiscal. El sistema tributario mexicano ha incurrido en ineficiencias en la recaudación. Solo por citar el ejemplo del IVA: las pérdidas que generan las exenciones y excepciones significan que de cada peso que se podría recaudar, sólo se ingresa al erario público 52 centavos. En el caso del impuesto sobre la renta, cada año dejan de ingresar al erario público cerca de 180 mil millones de pesos. Otro problema que debe enfrentarse de manera permanente es el de la elusión fiscal, por medio del cual algunos contribuyentes buscan encontrar en los textos legales una interpretación conceptual distinta a la intención del legislador, todo ello con el ánimo de obtener un beneficio económico. Tanto la evasión como la elusión, junto con otros problemas estructurales de nuestro sistema impositivo, obligan a una reforma fiscal integral, pero una en la que no se dependa del consumo de las mayorías para obtener más recursos. Una que no dependa del IVA en alimentos y medicinas. Recordemos que la cifra que pretende recaudar el Ejecutivo por concepto de IVA es casi equivalente a la que se evade por el pago del mismo impuesto: ceca de 120 mil millones de pesos. Nuestra propuesta de reformas al Código Fiscal de la Federación busca también propiciar que el contribuyente no quede en un estado de indefensión por un acontecimiento ajeno a él y con ello se pretende dar cumplimiento al principio de seguridad jurídica. Otra parte de la propuesta tiene un carácter más bien económico, pues busca eliminar la inequidad que existe en la devolución de contribuciones, pues cuentan con una tasa de interés que hace más atractivo para algunas empresas invertir en el fisco que en activos productivos. Estas propuestas son trascendentes, considerando que son el principio para reformar nuestro sistema tributario, acorde con las necesidades del país y con el objetivo de obtener mayores ingresos para el Estado, asimismo. El sistema tributario mexicano ha incurrido en ineficiencias en la recaudación. Solo por citar el ejemplo del IVA: las pérdidas que generan las exenciones y excepciones significan que de cada peso que se podría recaudar, sólo se ingresa al erario público 52 centavos propiciando en los contribuyentes incentivos, para que sigan invirtiendo en nuestro país. En materia fiscal los plazos son fatales, ya que en caso de siniestro o emergencia se suspenden las labores en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; sin embargo, los mismos se consideran sin modificación, lo que reduce el margen de días que tienen los contribuyentes para presentar una promoción y pagar su adeudo en tiempo y forma. Por tal motivo, la propuesta, de reforma del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación tiene como finalidad propiciar que el contribuyente no quede en estado de indefensión por un acontecimiento ajeno a él y con ello se daría cumplimiento al principio de seguridad jurídica. El artículo 18-A resulta violatorio del principio de simplicidad y claridad, ya que para hacer una consulta prevé demasiados requisitos, lo que también resulta contrario al derecho de petición consagrado en el artículo 82 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo tanto, podemos afirmar que la autoridad no cumple con lo establecido en el artículo 33, fracción I, de este mismo ordenamiento, en el que se señala la obligación de proporcionar asistencia al contribuyente. Asimismo, la aplicación del índice nacional de precios al consumidor es contraria a la garantía de legalidad tributaría. Sobre el particular encontramos una jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la que se observa que este cálculo no precisa los componentes, las bases, los criterios o las reglas que deberían considerarse para formular el citado índice y deja en manos del Banco de México la determinación de uno de los elementos que los contribuyentes deben considerar para calcular la base en el monto de los recargos, siendo que esta facultad es exclusiva del legislador. El párrafo séptimo del artículo 20 es contrario al principio de simplicidad y claridad, porque algunos contribuyentes tienen dificultades generadas por causas en ocasiones fortuitas que llegan a caer dentro de los límites establecidos por la ley para que se efectúe el pago a través de transferencia electrónica. Por lo tanto, se propone cambiar la palabra "deberán" por la palabra "podrán", con la finalidad de que el contribuyente esté en aptitud de cumplir en forma simplificada con sus obligaciones fiscales. La aplicación de la actualización desde el momento en que el contribuyente no cumple al presentar alguna obligación, genera una indemnización al fisco por el daño causado por la falta de pago oportuno. El procedimiento de indexación aplicado a las cantidades adeudadas genera una duplicidad con los recargos, por lo tanto, este párrafo del artículo 21 es inconstitucional. El artículo 22 no cumple con los principios de simplicidad y claridad; además, resulta confuso y absurdo porque la autoridad exige del contribuyente la presentación de una garantía equivalente al monto de la devolución solicitada, apercibido de que en caso de no cubrir este requisito se le tendrá por desistido. Como podemos observar, resulta contradictoria la exigencia de una garantía cuando se trata del reclamo de un derecho, ya que la misma es exigible sólo en caso del incumplimiento de obligaciones. Este procedimiento no es legal. En la práctica sucede que cuando el contribuyente solicita la devolución de un saldo a favor, la autoridad ejerce sus facultades de inspección o auditoría con fundamento en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y exige la exhibición de libros, además de papeles de trabajo, para comprobar que se han aplicado las disposiciones fiscales al solicitar el crédito. La autoridad debe sujetarse a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas pata cateos, y no dejar al contribuyente a merced de las facultades discrecionales de la autoridad. Se busca la reforma administrativa piara simplificar los trámites de devolución en saldos a favor, pero también se prevé la sanción en caso de que el reclamo por parte del contribuyente sea improcedente. Se pretende con esta medida crear en el ciudadano una conciencia de pago y se avanza para que existan disposiciones menos complicadas de entender y de aplicar. La compensación entre diferentes impuestos debe establecerse porque muchos contribuyentes se encuentran en la situación de tener un adeudo de impuesto al valor agregado y un saldo a favor en impuesto sobre la renta. De llegarse a aprobar esta reforma, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendría probablemente un costo menor por el manejo de la recaudación. Siendo la compensación una de las formas de extinción de las obligaciones fiscales, no existe un argumento que contravenga su aplicación. Sucede que en muchas ocasiones el desconocimiento por parte del contribuyente de las leyes tributarias, no le permite utilizar sus tres oportunidades para presentar declaraciones complementarias y con la presente reforma se le permitiría regularizar su situación fiscal: Con objeto de dar cumplimiento a la garantía de información consagrada en la última parte del artículo 6o. de la Constitución y con el fin de coadyuvar en el mejoramiento de la administración tributaria y de la aplicación de la legislación fiscal, proponemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunda la información y orientación necesarias que, permitan crear una auténtica conciencia del cumplimiento fiscal entre la sociedad . Considerando que en el Estado de México existe la figura de la afirmativa ficta, proponemos que se autorice en la Federación. Cabe destacar que la autoridad fiscal no aplica el actual artículo 37 de este ordenamiento jurídico y deja pasar el tiempo para que se configure la negativa ficta sin resolver las peticiones que le son requeridas. Encontramos incongruencia en la redacción del artículo 41-A, ya que por un lado se señala que las facultades de comprobación se inician con la solicitud de informes y documentos y por otro lado, que no se considerará este ejercicio de facultades de comprobación cuando únicamente se soliciten los datos, informes y documentos. Por lo tanto, proponemos que la redacción se cambie para decir que el ejercicio de dichas facultades podrá continuar después de solicitar datos, documentos e informes y con ello se, lograría salvaguardar la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 14 de nuestra carta magna. En la práctica, la autoridad amplía los plazos para continuar con las auditorías fundamentándose principalmente en presunciones, por lo que el contribuyente queda en estado de indefensión, y en consecuencia se viola la garantía antes mencionada. De acuerdo con lo anteriormente dicho, es necesario que la autoridad reconsidere sus métodos sobre el particular y cumpla con todas las formalidades del procedimiento. Existen lagunas en la ley que fomentan el estado de indefensión del contribuyente, por lo que consideramos necesario corregir a la brevedad posible esta situación anómala. Es común que al inicio de las facultades de comprobación, la Secretaría de Hacienda encuentre documentos que no estén registrados: por ejemplo, libros o sistemas contables. Cuando esto sucede, los documentos en estas condiciones no son tomados en consideración. Al respecto cabe hacer mención de que las autoridades tienen oportunidad de hacer compulsas para verificar la autencidad de los documentos, independientes de las sanciones que pueden imponer por la falta de registro; de tal manera, el cruce de información permite determinar la omisión en caso de existir y por lo tanto, estos documentos deben considerarse como auxiliares en la revisión. El actual texto del artículo 52 resulta ser violatorio de la garantía de libertad de trabajo o profesión contenido en el artículo 5o. de la Constitución. La propuesta que hacemos sobre el artículo 66 de este código tiene su fundamento en el principio de capacidad contributiva contenida en la fracción IV del artículo 31 Constitucional, misma que debe tomarse en consideración en virtud de que existe una estrecha relación entre la capacidad contributiva y la exigencia de las garantías, lo cual ocasiona una pesada carga al contribuyente. Con el fin de uniformar los plazos, es necesario considerar que cuando la autoridad ejerza sus facultades de comprobación se sujete a las mismas condiciones que tiene el contribuyente, es decir, de acuerdo con lo estipulado en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 67 de este ordenamiento. El fin primordial de esta propuesta es otorgar facilidades al contribuyente que voluntaria y espontáneamente cumple sus obligaciones fiscales. Por otra parte, es necesario que se valore el dictamen fiscal en razón de los requisitos que se exigen para que un contador. público obtenga su primera certificación para ejercer su profesión, que es el título profesional, y pueda hacer dictámenes. Resulta absurdo que un dictamen al final de cuentas no tenga ningún valor y sea un gasto infructuoso para el contribuyente que lo realiza. Sucede en muchas ocasiones que los contribuyentes omiten el pago de sus impuestos por diversos motivos, como son el desconocimiento de la ley, lo complicado de la misma o por error. Por esa razón se propone que la Secretaría, antes de elaborar denuncia o querella, compruebe que la omisión fue cometida con dolo, aun cuando el desconocimiento de las leyes no exime de su cumplimiento. Es menester hacer notar que por lo compleja que resulta la aplicación de la ley fiscal, ni el más experto profesionista puede afirmar que la conoce perfectamente. En consecuencia, sería conveniente que la autoridad, además de valorar si existe o no el dolo, valore la situación del contribuyente respecto al conocimiento de la misma. La adición del artículo 29-C es una propuesta del sector involucrado y conviene resaltar su voluntad por convencimiento propio de solidarizarse en el pago de sus impuestos generando las condiciones para que el principio de cumplimiento voluntario consagrado en la exposición de motivos del Código Fiscal de la Federación de 1982 sea una realidad. Se propone derogar el artículo 17-A porque no cumple con los requisitos para que un impuesto tenga validez constitucional, y éstos son los siguientes: Primero. Que sea establecido por ley. Segundo. Que sea proporcional y equitativo, y Tercero. Que sea destinado al pago de los gastos públicos. En el caso de la actualización, lo que establece el Código Fiscal no es de ninguna manera proporcional y equitativo. Si consultamos la ley, dé Ingresos de la Federación, observamos que no están considerado ningún rubro referente a la misma; por lo tanto, se cree que no se destina a cubrir los gastos públicos y, en consecuencia, no cumple con los requisitos de validez constitucional para generar un recurso hacia la Federación. Incluso existe una jurisprudencia emitida por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la nación, donde se declara inconstitucional la aplicación del índice nacional de precios al consumidor. Estas propuestas son importantes, considerando que son el principio para reformar nuestro sistema tributario, acorde con las necesidades del país y con el objetivo de obtener mayores ingresos tributarios para el Estado, propiciando en los contribuyentes incentivos para que sigan invirtiendo en nuestro país.. Por las razones anteriores expuestas se presenta el siguiente PROYECTO DE DECRETO Artículo primero. Se reforman el primer párrafo del artículo 12, el séptimo párrafo del artículo 20, los párrafos primero y segundo del artículo 21, los párrafo cuarto, séptimo y décimo del artículo 22, el primer párrafo del artículo 23, el primer párrafo del artículo 32, el inciso e de la fracción I del artículo 33, el párrafo primero del artículo 37, el segundo párrafo del artículo 41-A, el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46, el segundo párrafo del artículo 46-A, el primer párrafo del artículo 47, la fracción VI del artículo 48, el inciso a de la fracción I del artículo 52, el sexto párrafo dela fracción IV del artículo 67, y el párrafo primero, la fracción I y el tercer y cuarto párrafos, así como, el inciso, del quinto párrafo del artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: Artículo 12. En los plazos fijados en días no se contarán los sábados, los domingos, los días que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no labore, ni el 12 de enero, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 12 y 5 de mayo, el 12 y 16 de septiembre, el 20 de noviembre, el 12 de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transición del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre . Artículo 20. . . Se aceptarán como medios de pago, los cheques certificados o de caja, los giros postales, telegráficos o bancarios y las transferencias de fondos reguladas por el Banco de México; los cheques personales, únicamente se aceptarán en los casos y con las condiciones que establezca el Reglamento de este código. Los contribuyentes obligados a presentar pagos provisionales mensuales de conformidad con las leyes fiscales respectivas, podrán efectuar el pago de sus contribuciones mediante transferencia electrónica de fondos a favor de la Tesorería de la Federación, de conformidad con las reglas de carácter general que al efecto expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La citada dependencia podrá autorizar a otros contribuyentes a efectuar el pago de sus contribuciones mediante transferencia electrónica de fondos. I a la IV. . . Artículo 21. Cuando no se cubran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado por las disposiciones fiscales, además deberán pagarse recargos en concepto de indemnización al fisco Federal por la falta de pago oportuno. Dichos recargos se calcularán aplicando al monto original de las contribuciones o de los aprovechamientos por el periodo a que se refiere este párrafo, la tasa que resulte de sumar las aplicables en cada año para cada uno de los meses transcurridos. La tasa de recargos para cada uno de los meses de mora será la que resulte de incrementar en 50% a la señalada en la Ley de Ingresos de la Federación. Los recargos se causarán hasta por el periodo de un año, salvo en los casos a que se refiere el artículo 67,de este código. Artículo 22. . . Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de 20 días posteriores a la presentación de, la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideran al promovente a fin de que en un plazo máximo de 20 días cumpla con lo solicitado apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la determinación de la devolución antes mencionada. No se considerará que las autoridades fiscales inicien el ejercicio de sus facultades de comprobación cuando solicite los datos, informes y documentos a que se refiere este párrafo pudiendo ejercerlas en cualquier momento . Si la devolución no se efectuare dentro de los plazos indicados, computados en los términos del párrafo anterior, las autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán a partir del día siguiente al del vencimiento de dichos plazos, según se trate, conforme a una tasa que será igual a la prevista para los recargos por mora, en los términos del artículo 21 de este código, que se aplicará sobre la devolución. Cuando el fisco federal deba pagar intereses sobre las cantidades que deba devolver, pagará dichos intereses conjuntamente con la cantidad principal objeto de la devolución. Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución de cantidades señaladas como saldo a favor en las declaraciones presentadas por los contribuyentes, sin que medie más trámite que el requerimiento de datos, informes o documentos adicionales a que se refiere el tercer párrafo de este artículo o la simple comprobación de que se efectuaron los pagos de contribuciones que el contribuyente declara haber hecho, la orden de devolución no implicará resoluciones favorables al contribuyente. Si la devolución se hubiera efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este código sobre las cantidades tanto por las devueltas indebidamente, como por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la fecha de la devolución. Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligados a pagar por adeudo propio o por retención de terceros aun y cuando no deriven de una misma contribución, incluyendo sus accesorios. Al efecto bastará que efectúen la compensación de dichas cantidades presentando para ello el aviso de compensación correspondiente, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que la misma se haya efectuado. Artículo 32. Las personas obligadas a presentar declaraciones tienen el derecho de presentar declaraciones complementarias, modificando los datos de la original. Este derecho puede ser ejercido durante los cinco años siguientes a la fecha en que se hubiera presentado la original. Artículo 33. . . . I. a) a d) . . . e) Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de defensa que se pueden hacer valer contra las resoluciones de las autoridades fiscales, así mismo para uniformar los criterios entre las diversas disposiciones planteadas a través de los medios de defensa. La Secretaria de Hacienda y Crédito Público se encargará de difundir a través de un órgano oficial informativo las diversas resoluciones que se refieran a los medios de defensa, para el conocimiento de los contribuyentes. f) y g) . . . II. . . . III. . . . Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió positivamente. Artículo 41-A. . . . Se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de comprobación, cuando soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo continuarlas en cualquier momento. Artículo 46. . . . I a III. . . . IV. . . . Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos 20 días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos aún no registrados, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro de 20 días. V a VII. . . . Artículo 46-A. . . . El plazo a que se refiere el párrafo anterior, podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones, siempre que el oficio mediante el cual se notifique la prórroga correspondiente haya sido expedido, en la primera ocasión por la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la visita o revisión y, en la segunda, por el superior jerárquico de la autoridad o autoridades fiscales que ordenaron la citada visita o revisión, salvo cuando el contribuyente durante el desarrollo de la visita domiciliaria o de la revisión de la contabilidad, cambie de domicilio fiscal, supuesto en el que serán las autoridades fiscales que correspondan a su nuevo domicilio las que expedirán, en su caso, los oficios de las prórrogas correspondientes. En su caso, dicho plazo se entenderá prorrogado hasta que transcurra el término a que se refiere el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 46 de este código. Sólo podrán ampliarse los plazos, si existen pruebas contundentes de alguna omisión y detallándose las anomalías detectadas por la autoridad en e¡ ejercicio de sus facultades. Artículo 47. Las visitas en los domicilios fiscales ordenadas por las autoridades fiscales podrán concluirse anticipadamente en los siguientes casos. Artículo 48. . . . I a V. . . . VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en esta última fracción. El contribuyente o responsable solidario contará con un plazo de 20 días, contados a partir del día siguiente a aquel en el que se le notificó el oficio de observaciones, para presentar los documentos aún no registrados, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por 15 días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo de 20 días. VII a IX. . . . Artículo 52. . . . I. . . . a) Las personas de nacionalidad mexicana que tengan título de contador público registrado ante la Secretaría de Educación Pública, previa presentación de la constancia de actualización fiscal emitida por una institución educativa de reconocido prestigio en la materia por la misma secretaría. b) . . . II y III. . . . Artículo 67. . . . I a III. . . . V. VI. En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de cinco años. Tratándose de visitas domiciliarias y de revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades, en que las mismas estén sujetas a un plazo máximo de tres meses para su conclusión y dos ampliaciones por periodos iguales, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha caducidad, no podrá exceder de cinco años. Artículo 108. Comete el delito de defraudación fiscal con dolo comprobado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público quien omita total o parcialmente el pago definitivo de alguna contribución o del impuesto del ejercicio concluido una vez cumplidos los plazos establecidos en los términos de las disposiciones fiscales. El delito de defraudación fiscal se sancionará con las penas siguientes: I. Con multa equivalente a 50% del monto defraudado, siempre y cuando este monto no exceda de 500 mil pesos. II y III. . . . Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será equivalente a la del monto debidamente comprobado. El delito de defraudación fiscal será calificado cuando éste se origine por: a) a c) . . . d) No llevar los sistemas o registros contables a que esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos en dicho sistema o registro cuando el monto de lo defraudado exceda de 500 mil pesos. Artículo segundo. Se adicionan el artículo 29-C, la fracción I y II del artículo 47, el segundo párrafo del inciso b, de la fracción I del artículo 52, un tercer párrafo en la fracción II del artículo 66, el artículo 92-A y el segundo párrafo del artículo 108, para quedar como sigue: Artículo 29-C. Para las operaciones que no cuenten con documentos de origen que realice el sector de recicladores se podrá generar autofactura que será comprobante con los requisitos fiscales señalados en este artículo para su deducción fiscal. La autofactura mencionada deberá tener los siguientes requisitos: 1. Nombre, razón o denominación social, domicilio fiscal, clave del registro federal de contribuyentes y número de folio, los cuales deberán estar impresos. 2. Nombre del vendedor, ubicación de su negocio o domicilio, la firma del mismo o quien reciba el pago y en su caso la clave del registro federal de contribuyentes. 3. Nombre del bien objeto de la venta, número de la unidad, precio unitario,. precio total, lugar y fecha de expedición. 4. En su caso el número del cheque con el que se efectúa el pago, y nombre del banco contra el cual se libra. Los comprobantes a que se refiere esta fracción deberán ser impresos en establecimientos autorizados por el Servicio de Administración Tributaría y cumplir con los requisitos establecidos. En todo caso la aplicación de lo previsto en este artículo podrá ser el 100% del total de la compra. Artículo 47. . . . I. Cuando el visitado antes del inicio de la visita hubiere presentado aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifestando su deseo de presentar estados financieros dictaminados por contador público autorizado, a que se refiere el artículo 32-A antepenúltimo párrafo de este código, siempre que dicho aviso presentado y cumpliendo con los requisitos que al efecto señale el Reglamento de este código. II. En el caso de conclusión anticipada a que se refiere este artículo se deberá levantar acta en la que se señale esta situación. Artículo 52. . . . a) . . . b) . . . Además deberán cumplir con los requisitos que marca el inciso a) de este artículo. II y III. . . . Artículo 66. . . . I. . . . II. . . . Los contribuyentes con adeudos fiscales, hasta por un monto original de 251 mil 485 pesos, no tendrán la obligación de garantizar el. interés fiscal. Artículo 92-A. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se abstendrá de presentar querella, denuncia de hechos o declaratoria ante el ministerio público, de que el fisco ha sufrido o pudo sufrir perjuicio, en los casos de aquellos contribuyentes que hayan dictaminado sus estados financieros y hubieran manifestado en el informe de situación fiscal, los gravámenes, periodos y montos de los adeudos. Tampoco se considera que hay delito fiscal en los casos en que el contribuyente se encuentra dentro de] supuesto establecido en el primer párrafo de este artículo o que hubiesen acudido a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para: a) Ofrecer daciones en pago. b) Cuando se hubiese adherido a cualquiera de los esquemas o programas de apoyo a deudores del fisco. c) Cuando se encuentra perfectamente garantizado el interés fiscal sobre el monto de lo adeudado. d) Cuando no existía el dolo en la conducta del contribuyente, que lo llevó a la omisión total o parcial de la contribución. Artículo 108. . . . En el caso de los pagos provisionales no enterados en tiempo y forma que señala el artículo 62 se aplicará la sanción que se establece en la fracción IV del artículo 81. Artículo tercero. Se derogan los artículos 17-A, 18-A, el segundo párrafo del artículo 20 y el artículo 109, para quedar como sigue: Artículo 17-A. Derogado. Artículo 18-A. Derogado. Artículo 20. . . . (Segundo párrafo). Derogado. Artículo 109. Derogado. ARTICULO TRANSITORIO Único. La presente reforma que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, entrará en vigor a partir del 12 de enero del año 2002. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 8 de noviembre de 2001. Diputado José Antonio Magallanes Rodríguez. EL MISMO CIUDADANO DIPUTADO: Ciudadano Presidente, yo quisiera pedirle que, por obvio de tiempo y por lo extenso que sería el leer la modificación de artículo por artículo, pediría que pasara su articulado a la Gaceta Parlamentaria y se me autorizara obviar la lectura de todo el texto por cuestiones de tiempo y de respeto también a los siguientes temas.