La diputada María Antonia Cárdenas Mariscal: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la desaparición de menores es un grave problema. Cada año miles de niñas, niños y adolescentes en el mundo desaparecen, pocos son los localizados pero muchos de ellos no son encontrados nunca, o al menos con vida. México no escapa a esta compleja realidad. Actualmente transitamos por un doloroso problema social de robo, extravío, explotación y desaparición de menores, cuyo paradero con el paso del tiempo es muy difícil de ubicar. Vivir sin saber qué ha sido de un menor es la dura realidad que enfrentan miles de familias afectadas por esta dolorosa experiencia. Los menores de edad son uno de los sectores más afectados, calculándose que 3 de cada 10 desaparecidos son menores de 19 años. En nuestros países diversas son las causas de desaparición de menores, siendo sustraídos de hospitales, de sus hogares o robados en vía pública con diversos fines. Principalmente la trata o tráfico de personas es con propósito de esclavitud, explotación sexual, trabajos forzados o extracción de órganos, representando una de las violaciones más graves de los derechos humanos que atentan contra la libertad y la dignidad consagradas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las cifras oficiales sobre menores desaparecidos varían de una dependencia a otra. Mientras que la Procuraduría General de la República contempla un listado de 4 mil 800 expedientes, en la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México, donde se encuentran reportes de toda la República Mexicana, tiene un registro de 5 mil 229 personas extraviadas en todo el país. Es decir, 429 más casos que los que se encuentran citados en primer lugar. Por otro lado, el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas registró a 6 mil 467 personas desaparecidas entre 0 y 19 años. Mientras que las asociaciones civiles especializadas en el tema afirman que las cifras de menores desaparecidos ascienden a más de 50 mil. En contraste, entre las cifras anteriores plantea serias dudas sobre la credibilidad de los procedimientos que los órganos de gobierno utilizan para el registro de menores de edad desaparecidos. Un dato muy preocupante que es la problemática de desaparición ha evidenciado al factor de género, estimando que de 2012 a la fecha el número de desaparecidos de niñas y adolescentes de 0 a 17 años, se incrementó en 191.8 por ciento. A pesar de que existen mecanismos que pretenden hacer frente a esta realidad, como el Protocolo Nacional de Alerta Amber, se estima que de cada 10 menores desaparecidos, solo uno es recuperado. Está claro que el caso de desaparición de menores, las autoridades deben acortar el plazo de reporte, actuar con una oportuna y necesaria, y adoptar medidas especiales que permitan investigar y localizar el paradero de niños menores, garantizando el principio de prioridad en el ejercicio de sus derechos establecidos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por lo anterior, la presente propuesta pretende reconocer la obligación que el Estado tiene de coordinar acciones intra e interinstitucionales que permitan brindar atención inmediata de manera exhaustiva y efectiva, cuando se trate de caso de desaparición de niñas, niños y adolescentes, considerando que las primeras horas tras la desaparición de un menor son cruciales para encontrarlos dentro del país. En virtud de lo anterior, someto a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto que modifica la fracción X, del artículo 116 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Es cuanto, señor presidente.