La diputada Claudia Pastor Badilla (vía telemática): Muchas gracias. Gracias, presidenta. Buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. En el Grupo Parlamentario del PRI agradecemos la disposición de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población, especialmente a su presidenta, Rocío Barrera, al haber incorporado algunas de las observaciones que dictamos. En mi grupo parlamentario, sin duda, coincidimos con la dictaminadora en la necesidad de retomar esta ley para adecuarla a la reforma constitucional aprobada, que fue publicada el 20 de diciembre del año pasado. Hay elementos importantes que definitivamente requieren de nuestra atención, como la fecha de la consulta de aquellas materias que por disposición constitucional no pueden ser sometidas a las decisiones mayoritarias. A primera vista, pareciera que con este dictamen solo se pretende modificar la ley para su adecuación al orden constitucional. Sin embargo, el dictamen contiene disposiciones que generan dudas en los alcances de su aplicación, y en este aspecto quiero ser muy puntual. Habría sido deseable que en el contexto de un parlamento abierto, al cual también hemos convocado en otros asuntos, contáramos con las opiniones, posturas y retroalimentación del Instituto Nacional Electoral, órgano que, a final de cuentas, será quien se encargue de llevar a la práctica lo que ahora discutimos. Es absurdo legislar sin atender a la experiencia de quienes organizan los comicios y aplicarán las consultas. Las prisas para legislar nunca han sido buenas. Tenemos infinidad de casos en los hemos tenido que modificar lo aprobado por no darnos el tiempo necesario para analizar los temas. Los procedimientos de consulta popular no son un asunto menor. Está de por medio la credibilidad que la ciudadanía se forjará ante la primera muestra de democracia participativa con respaldo constitucional. Por ello, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar las siguientes observaciones. Nos preocupa la modificación al artículo 13. Como ustedes saben, la redacción vigente permite que se presenten peticiones de consulta popular a partir del primero de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre. En el dictamen se abre la puerta para que se puedan presentar peticiones de consulta popular en cualquier año, sin ningún límite. Compañeras y compañeros, para nadie es desconocida la crisis económica que enfrenta el país. Tampoco debe ser desconocido para ustedes que cada consulta popular puede llegar a costar hasta mil 500 millones de pesos, y que los procedimientos de verificación de firmas que realice el INE implica gastar otros 28 millones de pesos por cada petición. ¿De verdad esas son nuestras prioridades para destinar los recursos públicos en medio de una crisis económica sin precedentes y una pandemia global? Peor aún, ni siquiera se han destinado los recursos para llevar a cabo la consulta ya aprobada ¿y ustedes proponen hacerlas cada año? ¿No tendríamos que reflexionar si es más pertinente que primero se declare la procedencia de la consulta ante la Corte antes de verificar las firmas, a efecto de ahorrar recursos? ¿No tendríamos que estar haciendo este tipo de reflexiones? Otra de nuestras observaciones está vinculada con la posibilidad de que el INE lleve a cabo las consultas con las herramientas informáticas. Me refiero a los artículos 43, 53, 56 y 58. Al respecto, nuestras observaciones son de forma y de fondo. Primero, debemos tener presente que las herramientas tecnológicas pueden ser utilizadas como mecanismos para facilitar el proceso de voto, pero también como elementos para ejercer el voto por sí mismo. Es decir, se puede votar a través de un dispositivo electrónico, sea una urna, o directamente a través de internet. Esto no está precisado en el dictamen y genera indefinición para el INE. Además, la sola utilización de las herramientas tecnológicas no garantiza por sí misma la observancia de los principios que rigen la emisión del voto, como la universalidad, la secrecía, la autenticidad, la libertad, entre otros. Consideramos que tales aspectos deben al menos tener trazos generales que delimiten el ámbito de aplicación para el INE. En el contexto de la selección de los funcionarios de mesas directivas de casilla, tarea en la cual se tiene mucha experiencia en el INE, el artículo 48 indica que el Instituto procurará que las mesas directivas estén integradas por ciudadanos designados de entre quienes las conformaron en la última jornada electoral. Es cierto que esta propuesta tiene sentido si la elección federal se lleva a cabo el primer domingo de junio y la consulta se realiza el primer domingo de agosto del mismo año. No obstante, la razonabilidad se pierde cuando se presentan consultas populares alejadas de la última jornada electoral federal. En esos casos consideramos que debería privilegiarse el principio de aleatoriedad en la designación de los funcionarios de las casillas, para evitar la conformación de padrones previos contrarios a los principios electorales. Hagamos las precisiones que se requieren. En cuanto a la propuesta de incorporar a la abstención como una nueva clasificación de los votos, tampoco encontramos justificación racional. Como ustedes ya lo saben, en las elecciones constitucionales los votos en blanco depositados en las urnas son contados como nulos ante la imposibilidad para conocer el sentido de la voluntad del electoral. ¿Qué acaso no ocurre lo mismo con la abstención? ¿Cómo vamos a definir esa intención? ¿Piensan agregar esa opción a la compleja cantidad de información de las boletas? Este también es un tema ambiguo. Corrijamos. Finalmente, en el artículo 58 se propone que los cómputos distritales inicien a partir del término legal de la jornada de la consulta popular, es decir el mismo domingo y de forma ininterrumpida. Nosotros advertimos a la comisión dictaminadora que esto es materialmente imposible, porque el tiempo que se requiere para trasladar los paquetes electorales a los consejos distritales no permite que el cómputo inicie el mismo día. Si bien puede presentarse la posibilidad de que se implemente el uso de herramientas tecnológicas, también debe preverse la recepción tradicional. Hay que precisarlo. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ojalá se encuentren abiertos a escuchar nuestras preocupaciones y podamos lograr los consensos necesarios para aprobar un dictamen tan relevante como este, con el respaldo de todas las fuerzas políticas. Concluyo, presidenta, solicitándole que el conjunto de reservas que se inscribieron en el Grupo Parlamentario del PRI se les dé el trámite que corresponda y queden registradas en el Diario de los Debates. Muchísimas gracias.