El diputado Javier Guerrero García: Permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La libertad es uno de los derechos fundamentales que nos garantiza nuestra Constitución Política. Es por ello que en su primer artículo prohíbe la esclavitud y es por ello también que cualquier persona que haya vivido en condiciones de esclavitud o servidumbre en otros países, por el solo hecho de ingresar al territorio nacional tiene garantizada su plena libertad como ser humano. Esta vocación por la libertad ha estado presente a lo largo de nuestra historia y forma parte del acervo de los mejores valores que tenemos como sociedad y que al mismo tiempo fortalecen el sentido del proyecto de realización colectiva de nuestro país. Así visto, para México y para cualquier país debe resultar inaceptable que se generen las condiciones para una regresión en contra de la libertad. Ninguna democracia y ninguna sociedad abierta puede darse el lujo de permitir que a su interior se generen enclaves perversos que generen la violación sistemática de la libertad y con ello de la dignidad de las personas. Con base en este planteamiento, resulta lamentable que en pleno siglo XXI se estén configurando nuevas formas que atenten en contra de la libertad y la dignidad de las personas y, en particular, en contra de las personas más vulnerables en prácticamente todos los países. Estas nuevas formas se configuran en el perverso crimen de la trata de personas. Este fenómeno es una de las formas más crueles de someter la voluntad de las personas y también una de las peores formas de violencia y explotación en contra de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. En efecto, datos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, señalan que más de 700 mil personas son victimizadas cada año y que este crimen se ha convertido en el tercer negocio ilícito más lucrativo del mundo debido al grado de impunidad y lagunas legales para combatir y enjuiciar a los tratantes. Es un fenómeno que lastima a las personas, que fractura sus ambientes familiares y que interrumpe la posibilidad de construir y realizar proyectos personales y colectivos de vida. En nuestro país no contamos con estadísticas precisas para determinar la dimensión del problema. El no estar tipificado como un delito, la trata de personas no puede ser combatida con efectividad por las autoridades y los tratantes pueden actuar en medio de un ambiente de impunidad que no podemos tolerar más, sin que contemos, por tanto, con cifras aproximadas que nos den cuenta de qué dimensión tiene numéricamente este problema. Aun con ello, el citado informe sobre trata de personas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, habla de más de 20 mil personas, en su inmensa mayoría mujeres y niños que son víctimas año con año de estos tratos degradantes, abuso y servidumbre. Frente a estos fenómenos, en la anterior Legislatura en el año de 2003, las entonces senadoras Yolanda Eugenia González Hernández y Dulce María Sauri Riancho, presentaron en conjunto una iniciativa en la materia, que además contiene importantes reformas complementarias a otros ordenamientos jurídicos. Posteriormente, en el 2004, los también senadores Sadot Sánchez Carreño y Enrique Jackson Ramírez, presentaron la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en México. Ésta pasó como minuta a la Cámara de Diputados y se debe de encontrar en análisis en comisiones. Debe señalarse que esta iniciativa puede ser mejorada y que sin duda debemos abordarla, dado el nivel del drama humano y de fractura que esa actividad criminal propicia tanto en las víctimas como en sus entornos personales y familiares. Ya se señaló que no contamos con cifras y estadísticas precisas sobre el tema, pero hay que señalar también que una sola víctima de la esclavitud o de tratos denigrantes en nuestro país es demasiado y su sola presencia bastaría para justificar contar con un ordenamiento jurídico que no sólo permita combatir el fenómeno, sino además prevenirlo y construir un sistema de protección que permita dar atención y protección a las víctimas de este crimen. Nuestro país no puede convertirse en un paraíso para los tratantes, los cuales en muchos de los casos son también abusadores de niñas y niños, lenones, promotores del turismo sexual o promotores de pornografía y prostitución infantil y prostitución forzada de mujeres y niñas. Este es, sin duda, uno de los crímenes de mayor perversidad pues no solo convierten a las personas en menos que mercancías; se trata del abuso alevoso de las personas más frágiles y vulnerables y de su sometimiento y quebrantamiento de su voluntad, de su dignidad y de su libertad. Por lo anterior, hago un llamado a esta honorable Asamblea para aprobar por urgente y obvia resolución el siguiente Punto de acuerdo Único. Se solicita a las comisiones dictaminadoras de la minuta enviada por la colegisladora, la que contiene la iniciativa de Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, para que en lo inmediato inicie la discusión sobre la materia y convoquen a un foro de discusión en el que participen los expertos, los académicos y las organizaciones de la sociedad civil involucradas en el tema, para mejorar la iniciativa y aprobarla en el menor lapso posible. Es cuanto, señor Presidente.