El diputado Alejandro Pérez Cuéllar: Compañeros y compañeras diputadas, el financiamiento de actividades delictivas no es únicamente un problema económico. Es una amenaza estructural que debilita nuestras instituciones, corroe la justicia y pone en riesgo la seguridad nacional. Es un cáncer que avanza silencioso, pero con efectos devastadores sobre el bienestar colectivo. El tráfico de drogas, la trata de personas, la extorsión, la corrupción y el terrorismo son actividades sumamente lucrativas, las cuales para operar necesitan redes de financiamiento que les permitan lavar sus ganancias ilícitas y mover el dinero alrededor del mundo. En este sentido, el flujo del dinero es el oxígeno que mantiene vivo al crimen organizado. La legislación vigente, aunque surgió con buenas intenciones, hoy resulta insuficiente frente a la realidad que enfrentamos. No se trata de descalificar lo que se ha construido, sino de reconocer con claridad que el crimen ha evolucionado y nosotros como Estado debemos evolucionar también. Adaptarnos no es una opción, es una obligación frente a la magnitud del reto. Las redes criminales de hoy son sofisticadas transnacionales y utilizan tecnologías emergentes para ocultar su rastro. El dinero ilícito se mueve a gran velocidad a través de complejas redes de empresas fachada, paraísos fiscales y activos virtuales como criptomonedas. Por lo anterior, es urgente hacer modificaciones a nuestra legislación. No podemos seguir combatiendo un problema del siglo XXI con herramientas del siglo pasado. Esta reforma fortalece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, ampliando el catálogo de sujetos obligados y de actividades vulnerables. Entre los sectores incorporados se encuentran el desarrollo inmobiliario, la comercialización de activos virtuales, así como otras formas de financiamiento no tradicionales tales como tarjetas de prepago, vales y cupones. En primer lugar, es necesaria la implementación de registros públicos de beneficiarios finales de empresas y fideicomisos para que podamos conocer quiénes están detrás de la máscara de las corporaciones. Sabemos que las empresas fantasmas son el refugio perfecto para el dinero ilícito, por eso debemos dotar a la Secretaría de Hacienda y las instituciones de seguridad pública de todas las herramientas para investigarlas. Por otra parte, las dependencias encargadas de la aplicación de la ley necesitan acceso a tecnologías de vanguardia para rastrear los flujos de dinero ilícito. Esto incluye la capacitación en el análisis de criptomonedas y la colaboración con expertos en ciberseguridad para desmantelar las redes financieras, que hoy en día operan principalmente a través de medios electrónicos. Debemos también fortalecer la cooperación internacional con otros países y organizaciones globales, esto implica la creación de mecanismos más ágiles para el intercambio de información, asegurando que los criminales no encuentren refugio en ninguna parte del mundo. En este contexto, la legislación debe contemplar sanciones más severas para quienes faciliten el financiamiento delictivo ya sea de manera directa o indirecta. Finalmente, debemos invertir en la educación y en la concientización de la población en general. Es crucial que entendamos que el lavado de dinero nos afecta a todas y a todos. ¿Quién puede estar en contra del lavado de dinero? Tenemos que cerrar el círculo vicioso del crimen organizado y fortalecer todo el entramado legal para fortalecer la seguridad de todas las mexicanas y mexicanos. Diputadas y diputados, cada día que pasa las organizaciones criminales se fortalecen a través del lavado de dinero. La minuta que hoy discutimos se trata de una cuestión de justicia, seguridad y soberanía. Por ello, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor de su aprobación. Es cuanto. Muchas gracias.