El diputado Alfredo Basurto Román: Gracias, presidenta, con su venia. Saludo con agrado a mis compañeros diputados de Morena, a mi coordinadora. El tema que hoy traigo sobre la adición y la reformas al artículo 133, fracción XVI de la Ley Federal del Trabajo, y el artículo 27, fracción V, inciso g) de la Ley Nacional de Ejecución Penal, implica lo siguiente, compañeros. Antes de entrar al fondo del asunto me gustaría explicarles como antecedentes que a lo largo de la historia de México, sobre todo a las mujeres que están por festejar su día intencional, no eran contratadas laboralmente cuando se encontraban en estado de gestación. Eso era un obstáculo para que puedan ingresar a alguna fuente de trabajo, desde luego lo mismo constituía una violación a sus derechos fundamentales de acceder a una fuente o a un empleo. También es sabido de todos ustedes que alguna persona, después de 33 años de edad, difícilmente puede ser contratada por la edad, aparentemente porque se dice que ya no rinde, ya no tiene la misma funcionalidad que un joven de 18 o 20 años, cosas que parecen y son totalmente absurdas y al mismo tiempo sí implica violación de derechos humanos. Yéndome incluso un poquito más allá, en nuestro país y en algunos países sobre todo de América Latina algún ciudadano que quisiera ingresar a las Fuerzas Armadas, al Ejército, se le preguntaba sobre su preferencia sexual y si implicaba que la perdona o el ciudadano era homosexual era un impedimento para que pudiera ingresar a formar parte del Ejército. Son cuestiones, compañeros, como antecedentes en la historia de nuestro país, que desde luego implican violación a sus más sagrados derechos fundamentales, como el tener derecho a una fuente o a un oficio, una provisión que mejor nos acomode; tal y como lo establece el artículo 1o., que establece un principio fundamental: el derecho a la no discriminación. Una vez dicho lo anterior, el presente dictamen con reforma que presento ante este pleno es en el sentido, que bien es sabido para todos ustedes, que algún ciudadano que va a solicitar trabajo, una fuente de empleo, o de lo que sea, le piden lo que es una carta de no antecedentes penales. Y aquí es necesario hacer una aclaración o algún un paréntesis en el sentido de aclarar, cuando una persona es sujeta a proceso penal o incluso existe una resolución de por medio que haya causado ejecutoria, que se le impone una pena, por ejemplo, de cinco años, bueno, pues esa persona puede tener la opción de sujetarse a los beneficios de la conmutación de la pena y poder pagar su condena en libertad, otorgando de por medio una caución, que es una fianza en económico. Pero al transcurso del tiempo esa persona cree que por haber cumplido ya con la condena que se le impuso desaparece el antecedente penal; y cuál sorpresa, compañeros, hay personas que después de 30 años de haber cometido alguna falta, incluso un delito no grave, sigue apareciendo en los sistemas de la procuración de justicia de los estados y de la República, como si tuviera un antecedente penal y por lo tanto, cuando solicita, cuando acude a la autoridad administrativa a pedir la carta de no antecedentes aparece el antecedente y es motivo por lo cual no se le dé la fuente de trabajo y en consecuencia, compañeros, es violatorio al artículo 22 constitucional que prohíbe de entrada las marcas. Esto constituye una marca, un estigma para el ciudadano e incluso trasciende y va más allá porque afecta incluso la vida y la convivencia familiar con su pareja e hijos, porque se supone que era para llevar el sustento del hogar y con el hecho de no contraer trabajo se imaginan todas las consecuencias sociales y familiares que trae de por medio. Entonces también por ahí se viola con este requisito que se pide, se viola lo establecido en el artículo 18. El artículo 18 dice que están prohibidas las marcas y los estigmas en contra de los ciudadanos. También el artículo 18 constitucional establece sobre el principio de la reinserción social, es decir la reintegración del ciudadano que ha cometido algún delito sobre la integración a la sociedad una vez que haya compurgado la pena, de lo contrario al seguir apareciendo en sus antecedentes nunca va a poder conseguir trabajo. De por sí vivimos en un país que lo que priva es el desempleo. Entonces esta modificación, compañeros, es para que se elimine esa carta de no antecedentes penales de la autoridad administrativa, aclarando, deben de existir las estadísticas de los índices de criminalidad, de comisión de delitos, sí, pero únicamente como estadísticas, pero que no queden sobre todo para los cuerpos policiacos y los militares que cometen algún delito, sí debe de quedar establecido y registrado como antecedente, pero únicamente para cuestiones de profesionalización interna o de contratación de cuerpos policiacos, pero no a los ciudadanos en general, porque por lo tanto constituiría de por medio la comisión de violaciones de los derechos más sagrados de los ciudadanos, como ya los especifiqué hace un momento. A esta iniciativa quiero recalcar y agregar, compañeros, que el pasado incluso 3 de enero de 2017, el secretario técnico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo llegar un oficio dirigido a mi coordinadora, a la diputada Rocío Nahle, donde hacía suya esta iniciativa y decía que este tema de discriminación y de violación de derechos humanos de los ciudadanos que quieren encontrar trabajo constituía violación de derechos humanos. Por lo tanto la hizo suya y felicitó el fondo de esta iniciativa por lo cual lo hago de su conocimiento para en su momento que se dictamine se tome en cuenta como antecedentes. Por último, pediría a la Presidencia si es posible que se turne a la Comisión de Justicia, porque estamos hablando de por medio de una reforma constitucional en cuestión de justicia laboral. Es cuanto, presidenta, y agradezco por su atención.