La diputada Lorena Martínez Rodríguez: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeros diputados y senadores. La iniciativa que presento el día de hoy es una iniciativa que sin duda será polémica, pero no por ser polémica deja de ser importante y fundamental para la vida de los mexicanos, en especial de aquellos mexicanos que nada tienen. Ustedes saben que en nuestro país cerca de 32 millones de mexicanos, de los dos quintiles de mayor pobreza, no cuentan con seguridad social. Otros 20 millones de mexicanos tampoco cuentan con la protección de la seguridad social y sólo el 42 por ciento de los mexicanos tienen el beneficio de contar ya sea con alguno de los mecanismos de seguridad social del IMSS o del ISSSTE. Esto nos lleva a una realidad en nuestro país que significa que la gran mayoría de los mexicanos tenemos la necesidad de recurrir a nuestro gasto, a nuestro dinero para poder sufragar el servicio de una consulta externa y por consiguiente, la adquisición del medicamento que ahí se requiere. Desde 1994 en que México suscribió el Convenio para formar parte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México suscribió distintos convenios internacionales que tienen que ver con el registro de las patentes y las marcas, y dentro de estos convenios evidentemente están aquellos que se refieren o tienen que ver con el registro de patentes y marcas en la producción de fármacos. El efecto que se ha venido cosechando a lo largo del mundo en distintos países es que a partir de la suscripción de estos convenios se vino en cascada un incremento en el precio de la medicina en prácticamente todos aquellos países que suscribieron dichos convenios, y por esta razón, la Organización Mundial de la Salud en el año 2000 impulsó una modificación a estos convenios internacionales que tuvieran como efecto la posibilidad de flexibilizar las normas de los convenios internacionales y darle a cada país participante de la OCDE, la posibilidad de modificar sus normas, de modificar sus reglas y poder, en ese sentido, modificar el registro de patentes y marcas. Este impulso que dio la Organización Mundial de la Salud hoy nos permite que cada uno de los países miembros de la OCDE hagamos un recuento de qué es lo que ha sucedido en cada una de estas naciones, qué es lo que ha pasado en nuestro país y cuál es la necesidad de revisar nuestro marco legal y nuestras condiciones sociales, socioeconómicas, para adecuar el marco a la necesidad que hoy tenemos en México, de poder garantizarle a todos los mexicanos el acceso a un servicio de salud eficiente, oportuno y justo en el costo. En México destinamos apenas el seis por ciento del producto interno bruto a la salud, a comparación de otros países en donde el promedio de esta orientación presupuestal alcanza cerca del 10 o hasta el 15 por ciento. En el gasto público apenas si invertimos el 44 por ciento, mientras otros países invierten cerca del 75 por ciento. En nuestro país el gasto per cápita en materia de salud apenas si alcanzan 350 dólares; en países como España, llegamos a mil 500 dólares, Noruega dos mil dólares, Canadá dos mil 160 dólares, Estados Unidos cuatro mil 900 dólares; pero lo verdaderamente preocupante es que en nuestro país el gasto en salud es un gasto que recae fundamentalmente en el presupuesto de cada uno de los mexicanos y fundamentalmente en aquellos que no tienen seguridad social. Así nosotros aportamos el 80 por ciento de gasto en salud a través de nuestro gasto directo como consumidores y esto se va directamente a lo que llamamos gasto de bolsillo. Significa pues, que el impacto en medicinas se va directamente al erario o al ingreso de cada uno de los mexicanos. Ahí tenemos un severo problema porque entonces esos 32 millones de mexicanos que son los que no tienen seguridad social y que son los más pobres de entre los pobres, destinan casi el 90 por ciento de su presupuesto o de sus ingresos al mes, para adquirir un servicio médico, una consulta externa y eventualmente poder comprar las medicinas que se le recetan. A partir de esta flexibilidad que se da en los tratados internacionales, la estrategia revisada de medicamentos de la Organización Mundial de la Salud, estamos en posibilidades, señores diputados, señoras senadoras, de iniciar un proceso de revisar puntualmente nuestro marco legal y hacer las modificaciones que nos permitan poder abaratar el precio de los medicamentos en México y poder garantizar el acceso de todos los mexicanos a estos bienes. Por ello es que en esta iniciativa estamos proponiendo varias reformas a distintas leyes, una de ellas es la que tiene que ver con la Ley de la Propiedad Industrial, que en México desde 1992 y a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio, firmamos otorgando una patente de 20 años a la fabricación de fármacos, que así establece el artículo 23 de la Ley de la Propiedad Industrial para la Industria de Farmacéutica Nacional y obviamente para el registro de los patentes. Y añadiéndole a esto otra serie de fenómenos, como tiene que ver la transición epidemiológica, las nuevas enfermedades que hoy son las enfermedades del siglo, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes mellitas, el SIDA, el cáncer, etcétera, que son enfermedades que todos sabemos que es una catástrofe el que nos pueda a llegar a ocurrir una enfermedad de esta naturaleza, porque evidentemente no solamente nos va a dejar en condiciones de salud deprobables, si no seguramente nos va a dejar en la quiebra. Por eso es que hemos planteado y estamos planteando una reforma justo que va orientada a poder modificar la Ley de la Propiedad Industrial y que llevemos a reducir el registro de patentes para la fabricación de fármacos a 10 años. Hemos hecho una revisión puntual de los marcos jurídicos en muchos países del mundo y prácticamente como una tendencia en los últimos 10 años, a la baja, hay una gran cantidad de países que han venido reformando sus leyes precisamente para adecuarlas al registro de patentes de fármacos a los 10 años, lo que nos permitiría, de entrada, poder llevar al mercado de los genéricos intercambiables a un sinnúmero mucho muy importante de medicinas que hoy día no se elaboran, porque están sujetas a la patente y que obviamente eso nos lleva a registrar precios verdaderamente inaccesibles para los mexicanos. El efecto inmediato que hemos advertido en todos estos países, es que entran al mercado un sinnúmero de productos que hoy están sin posibilidades de poder competir en el mercado y logramos que sea el mercado el que imponga el precio y no que los industriales de la producción de los fármacos nos impongan el precio a nosotros, los consumidores. Este efecto que se ha venido observando en muchos países, podríamos lograrlo, evidentemente, sin descuidar una parte que es muy importante, que es la vigilancia estricta de la producción de fármacos en nuestro país. En México, a penas el mercado de los genéricos intercambiables alcanza el uno por ciento, mientras países como Estados Unidos llega a alcanzar el 40 por ciento y en un promedio generalizado de Sudamérica llega a alcanzar hasta el 10 y el ocho por ciento en el consumo de genéricos intercambiables y esto ha sido posible, precisamente, por la reducción en los años de las patentes de la fabricación de los fármacos y ha traído un beneficio inmediato para los consumidores, de llegar a reducir el precio de un producto hasta en un 300 por ciento de una misma sustancia activa con las mismas características de bioequivalencia que tienen los productos de registro de patentes. Por eso es que creemos que ha llegado el momento de que hagamos una revisión puntual y de que analizamos tres aspectos importantes, la Ley de la Propiedad Industrial para que podamos reducir el registro de patentes de 20 a 10 años, revisar la Ley General de Salud y que podamos en ese sentido establecer requisitos puntuales, precisos, de calidad de la Norma Oficial Mexicana, en la producción de genéricos intercambiables. De tal manera, que podamos ofrecerle a los consumidores mexicanos mejores precios, mayor variedad y evidentemente con la misma calidad y con la misma bioequivalencia y garantía de que lo que se está comprando sirve puntual y precisamente para curar la enfermedad que se está pretendiendo. Estamos planteando también una reforma a la Ley General de la Administración Pública, que nos permita fortalecer las facultades de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía y del Consejo Nacional de Salubridad Pública para que podamos fortalecer su injerencia y su posibilidad de normar el precio máximo de las medicinas al público y, por otro lado, nos permita corregir las desviaciones del mercado y las distorsiones en los mecanismos de distribución de las mismas. Dejo a consideración de este cuerpo colegiado esta iniciativa que estoy segura deberá traer a los mexicanos un enorme beneficio: el poder tener la posibilidad de acceder a medicinas con la misma calidad con la que hoy cuenta una patente, pero obviamente, con un precio verdaderamente accesible a los consumidores. Es cuanto, señora Presidenta.