La diputada Roxana Luna Porquillo: Compañeros y compañeras, buenas tardes. Diputado, con su venia. Los suscritos Roxana Luna Porquillo, Roberto López Suárez y Carlos de Jesús Alejandro e integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, integrantes de esta LXII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración del pleno la presente proposición como punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con base en lo siguiente. Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 mil millones 994 mil 312.7 hectáreas del territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación. En Puebla son 11 millones 325 mil hectáreas que se entregaron a las compañías nacionales y extranjeras. Las afectaciones al medio ambiente, al agua y a la población, en especial al entorno social y cultural en el lugar en donde están asentadas las mineras. No se ha tenido ninguna reserva alguna para su destrucción. Puebla, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Michoacán, los estados de mayor biodiversidad en México, son precisamente los más afectados en las concesiones mineras y en donde también se están construyendo presas para facilitarles a estas compañías su producción y regalándoles el agua. En Puebla son Tulcingo de Valle, de Tela de Ocampo y Olintla, las regiones más afectadas por las mineras y donde se ha organizado la población en resistencia para impedir estas afectaciones a los ecosistemas. Pero es precisamente allí en donde la represión del gobierno federal, de los gobiernos municipales y el estatal se ha concentrado. El ejemplo más crudo lo encontramos en la comunidad de Ignacio Zaragoza, del municipio de Olintla, que el pasado 26 de enero los pobladores y grupos ambientalistas y defensores de derechos humanos que se oponen a la instalación de una planta hidroeléctrica del Grupo México, fueron retenidos con un grupo de gente azuzada por el alcalde Héctor Arroyo Bonilla. Al término de la asamblea en la comunidad donde se dieron a conocer los efectos nocivos que la planta provocará en los márgenes del río Ajajalpan, además de la explotación de ésta, la cual forma parte de un proyecto mayor para explotar minas de oro y plata en la región. Desde el 5 de diciembre del 2012, los pobladores sostienen un plantón cerca de la rivera de Ajajalpan y que éste, el presidente municipal, intentó en esa fecha iniciar la construcción de la hidroeléctrica sin consentimiento de la población. La ley es muy clara y los pueblos indígenas tienen el derecho a ser consultados de las medidas legislativas o administrativas que pueden afectar. De acuerdo a lo que se establece en el artículo 1o., constitucional, los convenios signados por nuestro país son la ley suprema y son de obligatorio cumplimiento. También lo establecen los artículos 6o., 15, 17, 22 y 28 del Convenio 169 de la OIT. Se tiene conocimiento que a las 17:00 horas del 26 de enero del presente los integrantes de la movilización pacífica emprendieron la retirada, pero les salió al paso una turba encabezada por el edil, quien les dijo que sólo podían irse de Olintla si firmaban un documento comprometiéndose a nunca más regresar. De entre la turba surgieron gritos diciendo que lincharían a los activistas y los quemarían vivos. A las siete horas llegó un contingente de la policía estatal, pero sólo se mantuvo a la expectativa. Durante la primera semana de enero policías estatales iniciaron un plantón frente al campamento instalado por la comunidad, una clara acción de intimidación, mientras el edil y el síndico municipal presionaron a los pobladores para dejar pasar máquinas y permitir los trabajos preliminares. Es importante señalar que Grupo México, empresa que pretende construir la hidroeléctrica, ha sido vinculado con denuncias de omisiones y violaciones a los derechos humanos y es señalado como responsable de la tragedia de la mina Pasta de Conchos en Coahuila, entre otros temas, en donde está involucrado el grupo que encabeza Germán Larrea Mota. Por lo anteriormente expuesto y fundado, pedimos que se someta a consideración como de urgente y obvia resolución el siguiente punto de acuerdo. Primero. La Cámara de Diputados exhorta al honorable ayuntamiento de Olintla, Puebla, al gobierno del estado de Puebla, a la Secretaría de Economía, a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Secretaría de Gobernación federal a instalar una mesa a fin de solucionar el conflicto social sobre la construcción de la hidroeléctrica del Grupo México. Segundo. La Cámara de Diputados exhorta al gobernador Rafael Moreno Valle y a las autoridades municipales a garantizar la seguridad e integridad física y sicológica de los pobladores totonacas de la Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, quienes se mantienen en resistencia en defensa de sus tierras. Tercero. La Cámara de Diputados exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal para que cuando se trate de planes de desarrollo o inversión a gran escala que tengan impacto social, económico, cultural, ecológico y de salud en los pueblos y comunidades, el Estado tendrá la obligación no sólo de consultar a éstos, sino también de obtener el consentimiento libre y previo e informado de éstos, según las normas que establece el artículo 169 del convenio de la OIT. Es todo, señor presidente.