El diputado Juan Abad de Jesús: Gracias, señora Presidenta. No puede opinar correctamente quien no se encuentra bien informado. Esta reflexión es aplicable a esta Cámara de Diputados, pues el derecho constitucional de acceso a la información no está garantizado. Es lamentable que en donde se hacen las leyes no tenemos quién garantice el acceso a la información pública, pues la Unidad de Enlace de la Cámara de Diputados sólo convalida los actos de ocultamiento del reparto discrecional de los recursos públicos. Es de amplio conocimiento que frecuentemente ante las solicitudes de información de los ciudadanos, las autoridades de la Cámara de Diputados dan respuestas evasivas, sin satisfacer plenamente la información requerida, y muchas veces sólo expiden oficios en los que se manifiesta no tener la información solicitada. Es evidente la opacidad en esta Cámara de Diputados, pues cuando se pide información a la Unidad de Enlace sobre los recursos presupuestales que manejan los grupos parlamentarios siempre se niega bajo el argumento de que no son sujetos obligados a transparentar la administración de su presupuesto. Esta semana mi compañera Layda Sansores, al participar en el Seminario Congreso, justicia y autonomía: los retos de la transparencia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, anunció la presentación de esta iniciativa, que tiene como propósito crear un órgano autónomo de revisión sobre las solicitudes de información en esta Cámara, para que el Poder Legislativo deje de ser juez y parte en lo relativo a la apertura de la información. La intención de la presente iniciativa es colocar el imperativo de la imparcialidad, como característica obligada al órgano de transparencia, que resuelva los recursos de revisión expedita y garanticen plenamente el derecho de acceso a la información a través de un procedimiento abierto y transparente, mediante el cual el órgano de revisión de transparencia de la Cámara de Diputados enlace la mayor independencia en la relación con los sujetos obligados a proporcionar la información. La especialización, y sobre todo la imparcialidad, se logrará a través de tres tipos de autonomía para el órgano de transparencia de la Cámara de Diputados: la operativa, la gestión presupuestaria y de decisiones. Es por ello que los diputados tenemos que participar en la sociedad con un nuevo rol y ser un ejemplo de calidad moral para todos los mexicanos. La conducción del órgano autónomo de garantía de acceso a la información y transparencia y datos personales de la Cámara de Diputados estará a cargo de tres comisionadas o comisionados, que serán elegidos de conformidad a los lineamientos y procedimientos que se establecen en la presente iniciativa y que destaca que los comisionados o las comisionadas serán nombrados por el pleno de la Cámara de Diputados por voto vía cédula, de las dos terceras partes de los legisladores presentes, y serán electos por cinco años prorrogables por un periodo igual y deberán ser aprobados por las dos terceras partes del pleno de la Cámara. De las comisionadas o los comisionados ciudadanos designados, uno fungirá como presidente: el presidente del órgano autónomo de garantías de acceso a la información y transparencia y datos personales de la Cámara de Diputados. Será electo por mayoría simple de sus miembros, por un periodo de un año. De esta forma debemos cumplir con la intención de eliminar el conflicto de intereses, evitando suspicacias que dañen la confianza de los ciudadanos en los legisladores populares. La corrupción pública dificulta el funcionamiento del sistema democrático, pues no sólo importa una desviación del poder respecto al interés común para el cual éste es otorgado, sino también implica la reducción de los niveles de legitimidad, arriesgando con ello la gobernabilidad y viabilidad democrática de los países. Un Estado constitucional, de derecho, tiene la obligación de actuar con transparencia frente a los ciudadanos mientras que los servidores públicos deben rendir cuentas. La reforma permitirá también romper actos de corrupción, garantizar una mejor administración de los recursos humanos, materiales y financieros de esta institución legislativa, erradicar dispendios y acotamiento de conductas inadecuadas para seguridad jurídica a los solicitantes de información. En el caso de México, el artículo 70 constitucional faculta al Congreso a expedir la ley que regulará sus estructuras y reglamentos internos, lo que da soporte a otorgamiento de la autonomía operativa, de gestión y de decisión a la Secretaría de Acceso a la Información y Transparencia de la Cámara de Diputados, del pleno. Por lo que exhorto a mis compañeros diputados y compañeras diputadas de todas las bancadas representadas en esta Cámara a privilegiar nuestra razón y voluntad política, para que los caminos de la transparencia sean una realidad en el ejercicio de nuestras facultades y obligaciones constitucionales de cara a la nación. Por lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma la Ley Orgánica del Honorable Congreso de la Unión, solicitando a la Mesa Directiva de esta honorable Cámara se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias.