El diputado Sabino Bautista Concepción: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Dentro del marco de las responsabilidades del Estado mexicano se encuentra el de dotar a la población de servicios públicos para satisfacer, de manera regular y continua, sus diversas necesidades básicas colectivas, privilegiando abatir el rezago en aquellas comunidades consideras como de alta y muy alta marginación, donde carecen de servicios públicos básicos para el desarrollo de su población. Sin embargo, es evidente que en el servicio público de energía, los altos costos que se tienen que pagar siguen siendo un obstáculo para el buen desarrollo productivo y socioeconómico de la comunidad. No olvidemos que la energía eléctrica es un insumo básico para lograr una mejor calidad de vida. Como legisladores tenemos el compromiso de establecer condiciones para que en nuestro país la prestación del servicio de energía eléctrica se realice atendiendo el beneficio social para el pleno desarrollo nacional, por lo cual, es necesario establecer una política de reajuste de las tarifas, en donde se considere como prioritario establecer tarifas de bajo costo en las zonas de atención prioritaria que son aprobadas por esta soberanía. Hay que recordar que las altas tarifas eléctricas hacen inaccesible un servicio que es fundamental para llevar a cabo las actividades socioeconómicas de cada comunidad para alcanzar su desarrollo económico y social. Por tal razón, es justa la exigencia de tarifas eléctricas accesibles a la situación económica de cada región del país. En este proceso han participado integrantes de los sectores públicos, social y privado en razón de que se trata de una demanda cuya resolución beneficiará el bolsillo de todos los mexicanos. Es oportuno exigir al gobierno federal, y ante la crisis económica en que está inserto el país, proceda a elaborar un programa de tarifas preferenciales que atiendan de manera adecuada la problemática de los costos elevados de la energía eléctrica. Ya que hemos estado observando cómo la política tarifaria, que está en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha sido abandonada para convertirse en un sistema de recaudación fiscal. El exceso de aumento en las tarifas eléctricas se ha dado en todos los sectores de la sociedad mexicana. Pero lo más lamentable es que en los estados de la república donde se generan mayores volúmenes de energía para el abasto del país, sean los más afectados en el cobro de este vital servicio. Como ejemplo tenemos que en San Luis Potosí, considerado como uno de los principales generadores de energía eléctrica en el país en los últimos años, con la termoeléctrica que se encuentra en el municipio de Tamazunchale, la población ha manifestado su exigencia por la disminución en el cobro de las tarifas eléctricas, al afirmar que en sus recibos por este servicio son muy elevados e imposibles de pagar. Por tal motivo, es fundamental impulsar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida, no sólo para el estado sino para toda la población. Para ello, hay que demandar a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Energía a instaurar mecanismos de ajuste y reestructuración de las tarifas eléctricas, con base en los estudios socioeconómicos elaborados tanto por la Secretaría de Desarrollo Social como por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de las zonas de atención prioritaria aprobadas anualmente por esta soberanía. Al utilizar este criterio permitirá el establecimiento de cobros justos del servicio de energía eléctrica, para las zonas de alta y muy alta marginación y con situación de extrema pobreza, buscando mejorar su bienestar y condiciones de vida. Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea integrado el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.