EL C. DIP. MARCO ANTONIO GAMA BASARTE: Gracias, diputado Presidente. Diputadas y diputados: El suscrito, diputado federal miembro del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrante de la LIX Legislatura, someto a la consideración del Pleno de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo que disponen los artículos 58 y demás relativos al Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el referido punto de acuerdo bajo las siguientes consideraciones. El fenómeno migratorio hacia el vecino país del norte, proveniente de los diversos estados del país, inclusive de otros países, merece el establecimiento de instituciones locales para la atención de las y los migrantes, quienes por lo general son víctimas de las condiciones de vida que no logran alcanzar en sus lugares de origen. Los poderes públicos no pueden olvidarse de las múltiples y a menudo graves motivaciones que impulsan a tantos migrantes a abandonar sus lugares de procedencia; su decisión no nace solamente de la necesidad de mayores oportunidades, con frecuencia los impulsa la necesidad de escapar a conflictos culturales, sociales y religiosos, a tradiciones de explotación y a leyes injustas o discriminatorias, por citar sólo algunos ejemplos. Es por ello que los gobiernos del país y desde luego, los Poderes Legislativos federal y locales, debemos llevar a cabo una acción común para identificar este problema y darle efectiva atención y, en su caso, sancionar o promover legislación que sancione a los responsables de ofensas contra la dignidad humana. Para arribar a esta política de atención al migrante se requiere de la promoción, enlace y gestoría de los asuntos y demandas de la comunidad migrante a lo largo y ancho del territorio nacional; sin embargo, para que dicha política humana y generosa se materialice, además del concurso de voluntades subsidiarias, es menester la existencia de marcos jurídicos locales, que posibiliten y delimiten las instituciones y procedimientos que darán vida a estas acciones. El fenómeno migratorio constituye un riesgo y una preocupación constante para los mexicanos, dado que los migrantes quedan muchas veces al arbitrio de las circunstancias imperantes en cada comunidad, mismas que inciden en los problemas de seguridad pública, consumo y tráfico de drogas, prostitución, vagancia, a demás de otros delitos. En múltiples ocasiones, el migrante no sabe a lo que se enfrentará al pretender cruzar con destino a Norteamérica y ante la frecuente frustración de sus propósitos, acude a los poderes públicos del Estado en búsqueda de ayuda asistencial emergente para sobrevivir, así como para regresar a su lugar de origen, en el mejor de los casos. De tal suerte, que la necesidad de atención al migrante se vuelve parte de nuestra diaria realidad. Hoy más que nunca debemos generar una política de solidaridad, atención y protección a las personas migrantes, porque detrás de éstos preceden necesidades, familias y condiciones sociales, que motivan el fenómeno migratorio. Creo sinceramente que los legisladores de los ámbitos locales, en distintas entidades del país, están genuinamente preocupados y ocupados por estas situaciones, de tal suerte que hoy los Poderes Legislativos de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Zacatecas, Hidalgo, San Luis Potosí, Chiapas, Michoacán, Coahuila, Sonora y Oaxaca, cuentan con comisiones que atienden el fenómeno migratorio o de asuntos fronterizos. Con esta propuesta, presento una idea más para nuestro sistema federalista, que pretende ser generosa por cuanto al fin y al objeto de la intención legislativa, que tanto en lo particular como en lo general, se distingue por su espíritu humanista, solidario y subsidiario, que permitirá en lo sucesivo generar un bienestar común, para un sector importante de la población fluctuante de las entidades federativas denominada migratoria. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Único. Que esta Cámara de Diputados, en el marco del respeto republicano a la soberanía de los Poderes Legislativos de Aguascalientes, Campeche, Colima, Distrito Federal, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, los exhorta para que con base en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos, integren comisiones de asuntos de migrantes o en su caso, sus comisiones conozcan de los asuntos de migrantes. Es cuanto diputado presidente. -PRESIDENTE: Gracias diputados. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Javier Salinas Narvaéz, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con punto de acuerdo, para que se examine la partida destinada a los ex presidentes de la República en el proyecto de Presupuesto de Egresos. -DIP. JAVIER SALINAS NARVAEZ: Muchas gracias señor presidente. Solicito que se publique íntegro este punto de acuerdo y sus anexos a la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Señoras y señores diputados: Una vez más podemos constatar que prevalece la falta de sensibilidad por parte del Ejecutivo, ya que de acuerdo con la propuesta presentada en el proyecto de Presupuesto de Egresos para el año 2004, en su artículo 40 dice: "El ramo administrativo 02 presidencia de la República a que refiere el anexo 1B del decreto, incluye los recursos para cubrir las percepciones de quienes han desempeñado el cargo de Titular del Poder Ejecutivo". En el documento se menciona que las percepciones de los expresidentes no podrán exceder el monto que cubre el primer nivel salarial del puesto de secretario de Estado, así como aquéllas correspondientes al personal de apoyo que tengan asignado. Cabe recordar que dichas percepciones tienen como antecedente lo dispuesto en el acuerdo presidencial de fecha 31 de marzo de 1987, expedida por el entonces Presidente de la República, MIguel de la Madrid Hurtado. El acuerdo señala que los ciudadanos que hayan desempeñado el cargo de Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, también tendrán a su disposición, mientras vivan, a sus órdenes directas, a un total de 25 empleados de la Federación. En dicho decreto también se establece que esos ciudadanos tendrán derecho a percibir las prestaciones de seguridad social que correspondan a los servidores públicos que ocupan el cargo de secretarios de Estado, consistentes en seguro de vida y seguro de gastos médicos mayores, a cargo del erario federal. De esta forma para el 2004 se destinarán recursos por 149 mil 327 pesos mensuales para cada uno de los expresidentes, entre ellos Miguel de la Madrid, Luis Echeverría, José López Portillo, Carlos Salinas y Ernesto Zedillo. Por cada ex titular del Ejecutivo, el monto asciende a 1 millón 791 mil 927 pesos en un año y suma 8 millones 959 mil 636 pesos para los cinco ex mandatarios. Además, el sueldo de los 25 empleados suman un total de 7 millones 370 mil 228 pesos al año, por lo que el monto del gasto por el apoyo a 5 ex presidentes, asciende a 45 millones 810 mil 778 pesos. Cantidades muy contrastantes con las percepciones de los jubilados y pensionados del ISSSTE y del Seguro Social. Las disposiciones vigentes que benefician a los ciudadanos que han desempeñado el cargo de presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, son acuerdos del Ejecutivo, que no se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, es discrecional; además, el Poder Legislativo ha sido excluido en el establecimiento de los recursos que reciben los ex presidentes de la República ya que la determinación de estas decisiones han sido dictadas por el Titular del Ejecutivo en turno. Las pensiones que reciben los presidentes por 6 años de servicio, contrastan con los magros ingresos que perciben los servidores públicos jubilados y pensionados, luego de toda una vida de trabajo. Los recursos que año con año se han venido destinando a los ex presidentes hoy resultan ofensivos en el país con tasas crecientes de desempleo, con más de la mitad de la población que vive en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Con millones de mexicanos con ingresos inferiores a dos salarios mínimos y particularmente con una importante sangría a las finanzas públicas. Con el pago que el gobierno destina en un mes a los 5 expresidentes, se podían pagar por ejemplo 17 mil 105 salarios mínimos en Baja California; unos 17 mil 840 en sonora y 18 mil 526 salarios en Yucatán. Con las prestaciones que ellos reciben al año, se podría cubrir 260 salarios mínimos en la zona geográfica A y unos 214 mil 89 en la zona B y 222 mil 323 en la zona C o bien destinar estos recursos para generar empleo temporal y de apoyo a proyectos productivos de esta zona. Con los recursos destinados a los expresidentes se podrían pagar por un año becas de Oportunidades de la siguiente forma: para 3º. de primaria 85 mil 329 becas, para 4º. 74 mil 663 becas. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, las y los diputados que suscribimos el presente punto de acuerdo solicitamos: UNICO. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhorte a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para que en el marco de la discusión y aprobación del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2004 y sucesivos elimine en la partida correspondiente los recursos destinados a los expresidentes de la República. Atentamente, diputado Javier Salinas Narváez, diputada Jazmín Zepeda Burgos, diputado Gerardo Ulloa Pérez, diputada Cristina Portillo Ayala. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.