EL C. PRESIDENTE: A solicitud del diputado autor de la iniciativa, se turna a la Comisión de Gobernación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado César Duarte Jaquez del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley de Energía para el Campo. EL C. DIPUTADO CESAR HORACIO DUARTE JAQUEZ. Con su permiso, señor Presidente. A nombre del Comité Promejoramiento del Agro Nacional de Productores Agropecuarios del Noroeste de Chihuahua, de los cenecistas de Chihuahua y de los cenecistas del país, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa: (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVII Legislatura. INICIATIVA De ley de energía para el campo ("Ley 20 de noviembre") A nombre del comité pro mejoramiento del agro nacional, y productores agropecuarios del noroeste de chihuahua, cenecistas de chihuahua y del país, en ejercicio de la facultad que me concede el artículo 71 fracción II de la constitución política de los estados unidos mexicanos y el artículo 55 fracción II del reglamento interior del congreso general de los estados unidos mexicanos, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente INICIATIVA Ley de energía para el campo, con la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Al estado corresponde el dominio directo de los recursos naturales, entre ellos, y esta obligado a garantizar el desarrollo de las actividades agropecuarias en general; según lo indican los artículos 4o., 25, 26 y 27 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Es necesario crear una Ley de Energía Para el Campo, que otorgue y dote precios preferenciales a los hidrocarburos y energéticos que se usan en la actividad agropecuaria, porque en México carecemos de una política del Gobierno, que tenga programa de precios preferenciales en los energéticos que se usan para nuestra agricultura y actividades agropecuarias en general: Es indispensable y urgente crear una Ley de Energía Para el Campo, porque, estamos inmersos en la globalización y dentro de un tratado de libre comercio; en donde nuestros socios comerciales, si aplican una política especial con precios preferenciales en los energéticos que utilizan para la agricultura; con los que apoyan, financian y subsidian, los costos reales de su propia actividad agropecuaria, y que con esta política de subsidios con precios preferenciales en los energéticos; logran y obtienen grandes cosechas superavitarias, de leche, carne, granos y frutas y que estos productos agrícolas; se presentan en nuestros mercados muy baratos y donde nuestros propios productos agropecuarios no pueden competir. En cambio, nuestra política fiscal, ha provocado una baja muy considerable en la producción nacional como resultado de los aumentos constantes en los energéticos que se usan para nuestra agricultura y por consecuencia ha bajado la demanda de nuestros productos en el mercado nacional. ocasionando que se presente una gran demanda de productos agropecuarios extranjeros provocando también un gran contrabando de productos del campo agravando aún más la economía de los productores con esta desleal competencia. Entonces, es imperativo la aprobación de la Ley de Energía Para el Campo, para que el sector agropecuario se reactive, se mantenga vigente, se desarrolle, y sea competitivo dentro del TLC, y se defienda de la feroz globalización, porque la actual política fiscal, así como la regularización en tarifas y precios de los hidrocarburos que se usan en el campo; solo contempla mantener aumentos mensuales programados, que a su vez mes con mes hacen menos rentable la actividad del sector agropecuario, situación que nos mantiene en verdadera bancarrota, en desventaja, y fuera de toda competitividad de nuestros productos en los mercados. Es necesaria la ley de energía para el campo porque ante la falta de precios preferenciales en los energéticos para la agricultura en México en los años que tenemos dentro del TLC, ha hecho que los costos en los hidrocarburos que usamos para la agricultura, aumenten de 100% hasta 500% y en cambio, nuestras cosechas valen lo mismo que en 1994, y en algunos casos del 20% al 40% menos, como sucede en el maíz, trigo, avena, sorgo y fríjol. Entonces, la desventaja y la bancarrota del campo; es inducida, por la actual política fiscal, que presenta uniformidad en el cobro de los impuestos de los energéticos; como es diesel, etcétera. sin importar en que sectores productivos se usa, ni la inmovilidad que deben de presentar los precios de estos energéticos para la agricultura; dentro de la globalización y del TLC en que estamos inmersos. Es necesaria la Ley de Energía para el campo, porque, si bien es cierto, la ley de ingresos de la Federación, otorga la posibilidad de reembolsar a los agricultores; algunos impuestos con el IEPS, el IVA, etcétera que están contenidos en el precio del diesel, estas mediadas de devolución de impuestos no satisfacen la necesidad de contar con energía barata desde el inicio de trabajos en los ciclos agrícolas en el campo; pues solo son subsidios compensatorios, que de ninguna manera ayuda a que existan subsidios al desarrollo o "precio preferencial" en el diesel. Las consecuencias de esta política fiscal, son de desastre en las finanzas de los productores; porque el diesel, que se usa en la agricultura, presenta en impuestos "al consumo" más de 6.0% de su valor total; en cambio los programas, de apoyo del Gobierno para el agro que provienen de los impuestos al consumo que tiene el diesel, y los demás energéticos para uso agrícola, no suplen, a la hora de aplicar esos programas, el daño que causa cobrar dichos impuestos en los hidrocarburos que se usan para la agricultura, y pone una barrera hacia la competencia y productividad a todas las actividades del sector agropecuario. Es indispensable la ley de energía para el campo, para que acabe con la vieja practica de los gobiernos; de otorgar subsidios compensatorios, esto es con la filosofía que reza; "pobrecitos los agricultores y los hombres del campo, les fue mal, tengan un poco, para que les vaya menos mal" y que en la realidad solo sirven para compensar perdidas y en nada sirven para la productividad en cambio, es mejor utilizar los energéticos e hidrocarburos de los que tenemos suficientes en el país y con menos impuestos y más energía; aplicar verdaderos subsidios al desarrollo del agro. El comité pro mejoramiento al agro nacional, noroeste de Chihuahua ha gestionado, por más de 10 meses ante las diferentes secretarías y sus respectivos secretarios, que tienen que ver con el sector agropecuario, se ponga en práctica la solicitud que se hizo al presidente de la república de un "programa de inducción de energía para el campo", para que se venda el diesel a $ 2.00 m.n. el litro al 50% del precio actual los fertilizantes líquidos y granulados, y que la energía eléctrica se venda a 14cts. k.w.h. con precios fijos por seis años, obteniendo de parte del Gobierno su negativa y una gran resistencia; de aplicar este "programa de inducción de energía para el campo". Es necesaria la ley de energía para el campo porque el Ejecutivo Federal carece de voluntad de Gobierno expresada en su plan nacional de desarrollo de una política de precios preferenciales en los energéticos para el sector agropecuario. Que los precios de nuestros productos en los mercados no los podemos manipular ni modificar, por el Estado; para que se cambie el esquema de "perdidas a ganancias"; que tiene nuestra agricultura, sin embargo, él petróleo, materia prima de estos energéticos; esta en manos del estado, por ser patrimonio de todos los mexicanos, y que este hecho resulta una ventaja única e inigualable, que tiene nuestro país ante nuestros socios comerciales, y entonces el gobierno federal si puede con una ley de energía para el campo manipular, modificar y entregar precios preferenciales a estos energéticos para uso del sector agropecuario y así adaptar al campo mexicano, en su nueva realidad de globalización en que vive. Ningún programa de gobierno para el agro, que provenga del cobro de impuestos, podrá ser mejor que una ley de energía para el campo, que facilite los energéticos baratos para el agro; para impulsar el desarrollo económico del país. Objeto de esta ley Que sea una ley de observancia general para toda la república de utilidad pública que sea de competencia exclusiva del Ejecutivo Federal la aplicación de la misma. Que la Ley de Energía, considere y decrete de "uso estratégico para el desarrollo nacional", a todos los energéticos que se usan en el sector agropecuario. Que la ley de energía para el campo, ordene regule y reglamente todos los energéticos e hidrocarburos; que tengan "precio estratégicos" y "precio preferencial" para la actividad agropecuaria. Que la ley de energía faculte y obligue al ejecutivo federal a aplicar el "programa de inducción de energía para el campo", así como los demás programas de apoyo de energía; contenidos en esta ley y que tienen como fin el uso de los energéticos e hidrocarburos, a "precios preferenciales" para inducir la energía barata y en forma estratégica, a cada una de las actividades agropecuarias; con el propósito de reactivar y desarrollar el sector agropecuario. La Ley de Energía faculte al Gobierno Federal, para que Pemex venda los hidrocarburos y energéticos que se usen para la agricultura; en dos formas: a "precio estratégicos" y a "precio preferencial". Que la Ley de Energía faculte al Gobierno Federal para dotar y vender hidrocarburos con "precio estratégicos", para la generación y transformación de energía eléctrica; exclusivamente para satisfacer las demandas de las tarifas 9 y 9m para uso agrícola. Para que esta ley faculte al Gobierno para que venda energéticos a "precio estratégicos", para la fabricación de fertilizante. Para que esta ley faculte vender a "precio preferencial" los hidrocarburos y energéticos que se usen para proveer la demanda y el gasto de toda maquinaria agrícola del país y la que demanden las máquinas instaladas dentro de las plantas agroindustriales. Que la ley de energía permita y obligue al Gobierno Federal, a la fabricación de fertilizantes y realice convenios con fabricantes nacionales de fertilizantes, para que les otorgue energéticos con "precio estratégicos", y estos a su vez vendan fertilizantes con precios preferenciales para la agricultura. El nombre y las siglas oficiales que se usen para mencionar y diferenciar el costo de estos energéticos de los demás que se usan para las otras actividades productivas, que se usan en el país, sea el de "precio estratégicos para el desarrollo nacional de la agricultura" y como siglas conocidas (Pedenagra). Que esta ley permita, una gran transferencia de energía; contenida en él petróleo, a través del estado a el campo, con el propósito de que con la movilidad de los productores; éstos energéticos, se conviertan, en grandes productores de granos, leche, carne, huevos, hortalizas etcétera, para satisfacer la demanda de alimentos al país y a precios competitivos en el mercado nacional y extranjero. TITULO SEGUNDO De los programas y reglamentos de aplicación CAPITULO I Programa de inducción de energía para el campo Artículo 1o. La Ley de Energía para el campo es de interés social, es de observancia general, para toda la república; y es competencia exclusiva del el ejecutivo federal la aplicación de la misma. Artículo 2o. se declara como de "uso estratégico para el desarrollo agropecuario" a todos los hidrocarburos y energéticos cuyo fin sea para uso de la actividad agropecuaria. Artículo 3o. Así mismo, se declara como de "uso estratégico para el desarrollo agropecuario"; a los hidrocarburos que tengan como fin, utilizarlos para la generación y transformación de energía eléctrica; para uso de la actividad agropecuaria. Artículo 4o. el nombre y las siglas oficiales, de los energéticos que se usen como "estratégicos para el desarrollo agropecuario", y así diferenciarlos de los mismos energéticos; que se usan para las otras actividades productivas del país, sea el de "precio estratégico para el desarrollo nacional de la agricultura" y como siglas conocidas (Pedenagra). Artículo 5o. Se conocerán como energéticos de "precio estratégicos" a aquellos hidrocarburos que surta el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Energía para la generación y transformación de energía eléctrica exclusivamente para uso agropecuario y los que surta para la fabricación de fertilizantes. Artículo 6o. Se conocerán como energéticos de "precio preferencial", a aquellos hidrocarburos; que su destino sea satisfacer la demanda del gasto de maquinaria agrícola, maquinaria pesada, bombeo agrícola, bombeo y rebombeo para uso pecuario. y todos los que demanden y gasten las agroindustrias, en la transformación de sus productos. Artículo 7o. El Gobierno Federal, esta facultado para vender los hidrocarburos que produce Pemex, a "precios estratégicos" a la Comisión Federal de la Electricidad, para la generación de energía eléctrica; que tenga como fin satisfacer la demanda de la actividad agropecuaria. Artículo 8o. El Gobierno Federal, esta facultado para vender los hidrocarburos que produce Pemex, a todos los productores agropecuarios y todas las empresas agroindustriales del país, a "precios preferenciales para la actividad agropecuaria". Artículo 9o. La Federación, esta obligada a que de forma inmediata, aporte los recursos financieros necesarios, para reactivar la planta productiva de fertilizantes que tiene Pemex en el País, y realice convenios con los productores nacionales para que les venda estos a su vez a precio preferencial. Artículo 10. El Gobierno Federal, al mismo tiempo aportará los recursos suficientes, para establecer programas de financiamiento a los productores y a las empresas agrícolas para obtener los fertilizantes a costo de precio preferencial. Artículo 11. El Gobierno Federal, aplicará el "programa de inducción de energía para el campo" que consiste en que los productores obtengan en paquete la energía como es el diesel con un costo de $2.00 m.n. el litro, fertilizante a $ 1.00 m.n. la tonelada de urea y fosfato 18-46-00 a $1,600 m.n. tonelada, amoniaco a 800 pesos tonelada y energía eléctrica a 14 centavos el kwh con precio fijo por seis años. Artículo 12. El Gobierno Federal, independientemente del "Programa de inducción de energía para el campo", aplicará los energéticos e hidrocarburos a "precio preferencial", en forma diferenciada y en cantidades y tipo de energético; que los estudios previos dictaminen como necesarios, para cada rama productiva, del sector agropecuario; en los siguientes programas de apoyo de energía que se diseñaran; de acuerdo a la actividad productiva y a las diferentes regiones, del mosaico productivo nacional y que son: l. programa de apoyo con diesel, gas LP y gas natural, cualquiera de estos que sea el caso y que demanden los motores que se usan para el bombeo agrícola, bombeo y rebombeo ganadero y los volúmenes de dotación, serán de acuerdo a estudios preeliminares, que dictaminen el gasto por hora, mensual o anual según sea el caso. II. Programa de apoyo con diesel, para tractores de oruga, trascavos y motoconformadoras, que se usen en las mejoras de terrenos agrícolas y de agostadero y las máquinas que sean propiedad de productores, de sociedades ganaderas, de asociaciones y uniones ganaderas regionales, que realicen para beneficio de los productores; desmontes, reparación y construcción de caminos y presones, para la actividad agrícola, frutícola, ganadera, avícola, porcícola y silvícola. III. Programa de apoyo de energía eléctrica, para rastros tipo Tif para alumbrado de corrales de engorda, para molinos, mezcladoras y revolvedoras, que usan los ganaderos y las que estén dentro de instalaciones de las asociaciones ganaderas locales; sociedades ganaderas, uniones ganaderas regionales empresas integradoras, cooperativas, etc. IV. Programa de apoyo de energía eléctrica, para módulos lecheros, ordeñadoras, enfriadores, conservadores de leche, alumbrado de establos, para la actividad lechera, V. Programa de apoyo de energía eléctrica y diesel, según sea el caso para molinos, revolvedoras y mezcladoras de alimentos balanceados, bodegas, almacenadoras y secadoras de granos. VI. Programa de apoyo de gas LP, gas natural y energia eléctrica, según sea el caso, para que se use exclusivamente para calefacciones y aires acondicionados, de los galopones y naves, que se usan para el desarrollo y engorda de aves, así como para salas de incubación y rastros de aves y bodegas de refrigeración. VII. Programa de apoyo de energía eléctrica, gas LP y gas natural, según sea el caso, para que se use exclusivamente para calentar o enfriar salas de maternidad y áreas de desarrollo y engorde de la actividad porcicola. VIII. Programa de apoyo a la energía eléctrica para empacadoras y procesadoras de fruta así como amoniaco y energía eléctrica exclusivamente para la refrigeración de la actividad frutícola. IX. Programa de apoyo con diesel, gas natural, gas LP y energía eléctrica según sea el caso para los tractores de oruga, trascavos y motoconfromadoras que se usan en la construcción y reparación de caminos y gasto de los motores que mueven los aserraderos. X. Programa de apoyo de gas LP y gas natural, según sea el caso, para el café y energía eléctrica para la. maquinaria que se utiliza para los molinos, secadoras y envases. XI. Programa de apoyo de gas LP y gas natural, según sea el caso, para la fundición de cera y energía eléctrica para la maquinaria que se utiliza para la purificación procesamiento y envasado de miel. XII. Programa de apoyo de gas LP y gas natural, según. sea el caso, para la caña de azúcar y energía eléctrica para la maquinaria que se utiliza para los procesos de industrialización. MAQUINARIA PESADA Y ASERRADEROS Artículo 15. El diesel, de costo preferencial para la agricultura, deberá de ser; de un color diferente del que se usa, para todas las demás actividades productivas; donde se consume diesel. Artículo 16. El diesel que se autorice, para el consumo de tractores agrícolas; será en base a los litros de diesel que se consume una hora tractor, por las horas tractor que se necesitan para cultivar una hectárea y a los promedios estatales de mecanización, de cada estado de la república y que reconoce en los estudios que tiene la Sagarpa de estos promedios. Artículo 17. Para calcular el diesel, que necesite cada productor para cultivar su tierra se multiplicará el factor litros diesel-hora tractor por las horas tractor que necesita una hectárea por el número total de hectáreas cultivables que posea cada productor. Artículo 18. Para calcular el diesel, que necesite cada tractor tipo oruga, motoconformadoras, trascavos, etc. será de acuerdo; al gasto de los litros diesel-hora tractor, y de acuerdo al gasto y al estudio que ya tienen previamente estimado o que estimen las delegaciones de Sagarpa de acuerdo al tipo de trabajo que normalmente desempeñe cada productor con su respectiva maquinaria. Artículo 19. Para solicitar el diesel, con costo preferencial para maquinaria pesada; será necesaria una solicitud tipo y una supervisión por parte de la Sagarpa; del estado físico que presenta la maquinaria, que usara dicho energético así como los demás requisitos que exige esta ley. Artículo 20. Para solicitar el diesel, para motores que se usan en el bombeo agrícola y bombeo y rebombeo para uso ganadero y de otras máquinas que consumen diesel como trilladoras, cortadoras, ensiladoras, etc. será también de acuerdo al gasto de diesel-hora máquina que ocuparán en desempeñar las actividades programadas por los agricultores para ellas. Artículo 21. Para solicitar los energéticos, como es el gas natural y el gas LP que utilicen las actividades agroindustriales, se calcularán de acuerdo; a la demanda del energético que presente cada una de ellas, así como del gasto de las máquinas móviles o fijas, que sirvan para limpieza, selección, empaque, la transformación y conservación de productos agrícolas y pecuarios que presente cada empresa. Artículo 22. La secretaría de energía y la Sagarpa expedirán una tarjeta plástica tipo a los productores o empresas agroindustriales, asociaciones, uniones de crédito, uniones de ejidos, etc. que acrediten el derecho de usufructuar energéticos con precio preferencial. CAPITULO III De la forma y los requisitos para adquirir energéticos con costo preferencial Artículo 23. Para que el productor o las empresas obtengan energéticos con precios preferenciales deberán de presentar esta tarjeta plástica tipo, en cada uno de los lugares donde, le vendan y tenga contratada. energía para su uso agrícola y su mecanismo será de descuento una vez que tenga acreditada previamente a su cuenta y de acuerdo a los estudios correspondientes, la cantidad que le corresponde a cada productor o empresa de energéticos. Artículo 24. Cada productor o empresa para obtener esta tarjeta plástica tipo previamente deberá de presentar en las oficinas de la Sagarpa, en cada localidad, municipio o estado, los siguientes requisitos: I. Copia de acta de nacimiento y copia de la credencial de elector o identificación con fotografía. II. Certificado de derechos agrarios o sentencia de tribunales agrarios que acrediten la posesión de sus predios; así como los planos de los mismos donde van a aplicar energéticos con precios preferenciales. III. En el caso de los colonos y propietarios, presentarán copia simple de sus escrituras con sus respectivos planos de los terrenos agrícolas o de agostadero donde se van - a aplicar energéticos con precios preferenciales. IV. Copia fotostática del registro fiscal y cédula Curp. V. Certificado de posesión de hectáreas cultivables que expida la Sagarpa. VI. En caso de las empresas agrícolas, plantas agroindustriales, asociaciones, etc. presentarán los documentos que acrediten la propiedad y actividad de la misma; así como una constancia de su registro fiscal y que acredite bajo una supervisión de la Sagarpa que esta trabajando en la actividad productiva de que se trate. VII. Copia del formato "registro de maquinaria y motores para uso agrícola". que deberá de expedir y verificar la Sagarpa. CAPITULO IV De las normas y sanciones Artículo 25. Las tarjetas plásticas tipo serán utilizadas para uso exclusivo del usuario que señale dicha tarjeta, será intransmisible y el destino del energético será para que se utilice en la maquinaria agrícola, maquinaria pesada o motores y en los predios que se haya declarado previamente, el productor o la empresa. en la solicitud de energía de precios preferenciales. Artículo 26. El productor que rente la tierra lo hará junto con su derecho de energía pero no percibirá ninguna remuneración económica por su derecho de energía ya que se considera a este como derecho exclusivo de la tierra. Artículo 27. Queda prohibido cualquier tipo de negociación en donde el poseedor reciba algún beneficio por estos actos. Artículo 28. El productor o empresa deberá de dar de baja el saldo a su favor de energía que todavía le quedase acreditada en su tarjeta plástica tipo cuando hayan acabado los trabajos del ciclo agrícola o anualmente. DE LAS SANCIONES Artículo 29. El productor o empresa perderá su derecho de energía con costo preferencial hasta por un año, cuando en las supervisiones se detecte que esta haciendo mal uso de la energía con precios preferenciales como venta de uno o varios litros de el energético que le corresponda. Artículo 30. Así mismo; perderán sus derechos de energía con costo preferencial hasta por dos años y pagará una multa equivalente a 30 días de salario mínimo, al productor que se sorprenda usando energía de precio preferencial en cualquier tipo de vehículos de transporte de su propiedad o que haya dispuesto de sus energéticos para vehículos ajenos y a dichos vehículos se les consignará y detendrá por tres meses y la multa también la pagará por la misma cantidad el dueño del vehículo cuando este sea ajeno al productor. Artículo 31. También perderán hasta por tres años sus derechos de energía con costo preferencial y recibirán una multa hasta por 60 días de salario mínimo a aquellos productores o empresa que se sorprenda utilizando energéticos de precios preferenciales en el transporte de sus propias cosechas y de otros y además se les consignará y detendrá los vehículos infractores hasta por seis meses y la multa también la pagará el dueño del vehículo que no tiene derecho a energético con precio preferencial. Artículo 32. A el productor que se sorprenda gastando energía con precios preferenciales en la siembre, cosecha y transportación de enervantes perderá hasta por seis años sus derechos de energía con costo preferencial. Artículo 33. a perdida de derecho de energía con precio preferencial que tenga el productor por haber cometido algún ilícito que se le haya comprobado, ocasionará la prohibición de uso de energéticos con precio preferencial, hasta por dos años a la parcela y a todas las tierras que ese productor haya registrado cuando solicito el beneficio de la energía con precios preferenciales. Artículo 34. Los mismos términos y penas serán para la empresa que haga uso indebido de los hidrocarburos, de los fertilizantes y de la energía eléctrica. Artículo 35. Lo no estipulado en esta ley lo resolverá el Gobierno Federal a través de las leyes correspondientes según sea el caso. Esta ley la consideramos tan importante como la del 6 de enero de 1915, por eso hemos denominado "ley 20 de noviembre". Los campesinos de México no solo nos sabemos quejar o manifestar, sino también presentar alternativas viables y sobre todo responsables para salir adelante. La ley de desarrollo rural sustentable, la ley de capitalización del Procampo requieren de una herramienta como ésta para ser verdaderamente útiles y será ésta ley un motor de arranque a la deprimida situación que vive el campo de México, porque si tenemos energéticos y los aplicamos adecuadamente, paremos esa fábrica de pobres que es el campo de México. Resolvamos y apoyemos de manera definitiva el desarrollo nacional. Es cuanto. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2001. Los diputados: César H. Duarte Jáquez, Martí Batres G., Rufino Rodríguez, Elías Martínez, Magdalena Núñez M., Olga Haidee Flores, Lorena Martínez, Roberto Domínguez C., Jesús de la Rosa G., Enriqueta Basilio Sotelo, Hilda A., Amador Rodríguez Lozano, César A. S., Olga Margarita Uruarte Ríos, Miguel Arizpe, Jaime Martínez U., Marco A. Davila M., Hermilo Monroy Pérez, Tomás Torres M., Jorge Esteban Sandoval, Agustín Trujillo I., Patricia Aguilar García, A. Carolina Viggiano Austria, Samuel Aguilar Solís, Francisco Javier López González, Santiago Guerrero Gutiérrez, Sergio Maldonado, Enrique Garza Tamez, Salvador Castañeda Salgado, Jesús Alí De la Torre, Alfredo Ochoa Toledo, José Alvaro Vallarta Ceceña, Santiago López Hernández, Fernando J. M., Rubén Félix, Enrique Meléndez, Jorge Luis García Vera, Cutberto Cantoran E., Juan N. Callejas, José Jaime Barrón, Roque García, Bentito Vita, Lorena Bearegara, Arturo León Lima, Uuc-kib Espadas, Librado Treviño Gutiérrez, Luis Priego Ortiz, Juan Sepúlveda, Julian Luzanilla C., Abel Guerrea, Jaime García González, Erendira Cova, Melitón Morales S., José F. Yunes Z., Marcos López Mora, Laura Pavón Jaramillo, Gustavo Calvajal, Edilberto Buenfil, José Ignacio mendicoti, Omar Fayad. Apoyan esta iniciativa todos los miembros del Partido Revolucionario Institucional de mi bancada, la bancada cenecista; del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo, de Convergencia Democrática y algunos miembros de la diputación de Acción Nacional en esta soberanía. EL C. PRESIDENTE. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Comisión de Energía. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ. Se informa a la Presidencia que hasta el momento, el sistema registra a 417 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL C. PRESIDENTE. La iniciativa que reforma el artículo 5º. de la Ley de Vías Generales de Comunicación y el artículo 125 de la Ley Federal de Derechos, a solicitud del grupo parlamentario del PRD se pospone para una próxima sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En consecuencia tiene la palabra el diputado Juan Manuel Carreras López del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el establecimiento de principios y procedimientos para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL CARRERAS LOPEZ. Con su permiso, señor Presidente. Antes de empezar mi exposición, solicitaría a la Mesa Directiva se acuerde que el texto completo de esta iniciativa, sea incluido en la Gaceta Parlamentaria de esta Cámara. Compañeras y compañeros diputados: Los estados democráticos han buscado el perfeccionamiento de los mecanismos de control del poder público, en particular del Ejecutivo, con el fin de que este no avasalle con su actuación a los demás Poderes, sino que por el contrario, desarrolle sus actividades... (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforman los artículos 74, fracción IV, párrafos segundo, sexto y se deroga el séptimo; artículo 79, fracción II, primer párrafo, y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el establecimiento de principios y procedimientos para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, que presenta el diputado federal Juan Manuel Carreras López. Ciudadana Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión: El suscrito, diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno del Congreso de la Unión, la presente iniciativa por el que se reforman los artículos 74, fracción IV, párrafos segundo, sexto y se deroga el séptimo; 79 fracción II, primer párrafo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS I. Control del poder público y división de poderes. Los estados democráticos han buscado el perfeccionamiento de los mecanismos de control del poder público, en particular del Ejecutivo, con el fin de que éste no avasalle con sea actuación a los demás poderes sino que;, por el contrario, desarrolle sus actividades sometido a límites específicos. Los orígenes de los parlamentos modernos se han dado precisamente con la función particular de limitar a los poderes que .ejecutan las leyes por ellos aprobadas. A través de nuestra Constitución se configuran y ordenan los poderes del Estado mexicano y se establecen los límites del ejercicio de cada poder, lo que supone el establecimiento de un sistema de competencias delimitadas y atribuidas a cada uno de los órganos de gobierno constituidos en el marco de una compleja trama de frenos y contrapesos. El principio de división de poderes se creó para evitar los absolutismos que habían creado los Ejecutivos e instituyó en los congresos las facultades de control sobre todas y cada una de las funciones ejecutivas. Es dentro de este contexto que la Constitución atribuye al Congreso de la Unión diversas atribuciones para controlar y fiscalizar al Ejecutivo. Desde los primeros tiempos del constitucionalismo inglés, el parlamento no sólo ejerció la función de legislar sino también atendió las relativas al control político y económico de los monarcas, el cual comprendía las exacciones y gabelas que el soberano pretendía imponer a sus súbditos así como los mecanismos de control de gastos para evitar los excesos en que podía incurrir la corte. La función legislativa tradicionalmente asociada a los Congresos, ha tenido una participación de los poderes ejecutivos cada vez más decisiva; a través de facultades, como la iniciativa, la promulgación, las observaciones o vetos y la publicación de los proyectos de ley aprobados. De tal manera que el proceso legislativo, tan importante como lo es, no es una función exclusiva del Poder Legislativo. Sin embargo, las funciones de control que ejercen los congresos constituyen en la actualidad las atribuciones exclusivas que dan relieve y sentido a la labor parlamentaria. Con su exclusivo ejercicio y su plena autoridad sobre las mismas, se puede garantizar que el principio de división de poderes se concretice en un estado democrático de derecho. En México, desde la reforma constitucional de 1874 quedó establecida la aprobación del presupuesto como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, de tal manera que los diputados, en su calidad de representantes de la nación, tienen entre sus funciones la aprobación de las partidas de gasto público y la fiscalización del mismo. Posteriormente, la Constitución de 1917 confirmó este criterio y la reforma constitucional de 1977 redactó el artículo 74, fracción IV, en los términos actualmente vigentes. Lo anterior refrenda la función de control presupuestario que, desde la edad media, ha sido característica de los parlamentos. Es necesario comprender que el Presupuesto de Egresos de la Federación no constituye sólo el desglose de los gastos necesarios para el gobierno del país, sino que representa un importante instrumento de fijación de políticas públicas, por lo tanto no es sólo un procedimiento administrativo para saber cuánto se gasta, sino que es un decreto que la Constitución encomendó ala Cámara de Diputados para determinar el cómo se gasta y en qué se gasta, con el consecuente control sobre el Ejecutivo que esta facultad implica. En este sentido, el presupuesto es un proceso de carácter eminentemente político, a través del cual las políticas públicas se deciden de manera exclusiva .por los representantes populares ante la Cámara de Diputados, para ser financiadas . con el gasto público. La elaboración del proyecto de presupuesto es de la competencia del Presidente, pero el presupuesto aprobado es un decreto que expide la Cámara de Diputados, concebido como el documento decisorio fundamental cuanto a los gastos y las políticas públicas dentro del ejercicio fiscal anual. Es decir, el presupuesto de egresos no es un mero acto administrativo del Poder Ejecutivo que se aprueba de manera mecánica por la Cámara de Diputados, pues entonces no tendría sentido involucrar a dos órganos de gobierno en su aprobación, sino que por su organización constitucional debe formarse de conformidad con el principio de división de poderes; es decir, observando los frenos y contrapesos apropiados respecto de la facultad exclusiva del Presidente de elaborar y presentar el proyecto de presupuesto correspondiente. De esta manera, el Poder Legislativo a través de una de sus Cámaras, ejercita el más importante instrumento de control sobre la actuación del Poder Ejecutivo, pues a través de la aprobación del proyecto de presupuesto la Cámara de Diputados decide cuáles serán las políticas públicas adoptadas por el estado federal y cuántos recursos se destinarán para ejecutarlas. Esta importante facultad del parlamento mexicano ha pretendido ser debilitada con la iniciativa presentada por el Presidente de la República el pasado 5 de abril, en la cual hace aparecer el procedimiento de aprobación del presupuesto como un acto estrictamente administrativo, de incumbencia única del Poder Ejecutivo Federal, al cual se espera concurra la Cámara de Diputados con un simple papel simbólico. La iniciativa Presidencial propone para ello introducir la facultad presidencial de hacer observaciones a los cambios operados en el proyecto de presupuesto por parte de la Cámara, cómo una nueva facultad de veto Presidencial que debilita nuestro equilibrio de poderes. En lo particular, estamos en desacuerdo con esta visión. Tomando en cuenta la evolución de nuestro desarrollo democrático y de nuestras instituciones, estamos convencidos de que el camino a seguir es el contrario al propuesto por el Ejecutivo en esta iniciativa. Creemos que para actualizar y perfeccionar el principio constitucional de la división de poderes, se debe fortalecer la función del Poder Legislativo en cuanto a su facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación así como de revisar lo que se hace con él a través de la Cuenta Pública, sobre la base de que el Presupuesto de Egresos presenta dificultades en cuanto a su concepción, oportunidad y fiscalización. Para ello, proponemos en esta iniciativa se adopten medidas que busquen fortalecer tres principios básicos del proceso presupuestario: 1. División de poderes. El proceso presupuestario debe respetar las facultades exclusivas de cada uno de los órganos de gobierno que participan en él, sin intervenciones mutuas que perturben su independencia. Dichos órganos son el Presidente de la República, la Cámara de Diputados y la entidad superior de fiscalización. 2. Proceso Político- La formación del presupuesto es un proceso de la mayor importancia política y no sólo un registro contable o administrativo de los gastos públicos; la Constitución debe garantizar que cada etapa del proceso se efectúe con plena responsabilidad por parte del órgano de gobierno encargado y con plena independencia, siendo definitivas las resoluciones a que llegue, sean a nivel de proyecto, de decreto aprobatorio, de decreto modificatorio o de informe de evaluación de su ejercicio. Congruencia del proceso. Este proceso debe contar con plazos razonables para cada -una de sus etapas; dotando al órgano de gobierno encargado de ellas de todos los elementos necesarios para que su resolución esté basada en la información, criterios y evaluaciones pertinentes; todo ello encaminado a formar la convicción técnica y política que fundamente la aprobación del presupuesto. Los plazos que se establecen actualmente en la Constitución Federal son del todo desproporcionados: el Presidente de la República tiene la posibilidad de entregar su proyecto de presupuesto a última hora, el 15 de noviembre, e incluso con la posibilidad de retrasarlo aún más con una prórroga; así como presentar la cuenta pública "en los primeros días" de junio, con también una permisiva prórroga; mientras que la Cámara de Diputados tiene escasamente un mes, para aprobar el proyecto de presupuesto. Lo anterior provoca que la Cámara de Diputados no cuente con los elementos de convicción necesarios para aprobar meditadamente el proyecto de presupuesto, pues está siempre bajo la presión de que el inicio del siguiente ejercicio fiscal está por comenzar. De la misma manera, la entidad superior de fiscalización tiene que recorrer, con estos angustiosos plazos, hasta el 31 de marzo del año siguiente al de la entrega de la cuenta pública, el informe de la revisión de la misma, que se refiere al ejercicio de un presupuesto ejercido dos años atrás. Con estos plazos no es posible dar un seguimiento congruente al control presupuestario. De tal manera que los plazos actuales inducen la ineficiencia en el control presupuestario, razón esencial de la actuación de la Cámara de Diputados, pues la falta de información adecuada y oportuna, hace nugatoria su correcta evaluación de cada proyecto de presupuesto presentado por el Ejecutivo. Con el fortalecimiento de estos principios se complementará el nuevo esquema de ingreso y gasto que tuve el honor de someter a la consideración de esta Cámara el pasado 9 de octubre de 2001, a través del cual el ejercicio del gasto público del país por cualquier instancia de Gobierno debe sujetarse a los principios de equilibrio, transparencia y eficiencia que propuse incorporar a nuestra Constitución en un segundo párrafo del artículo 126 constitucional. Es decir, es con principios constitucionales que ambos poderes, el Legislativo y el Ejecutivo, tendrían que acatar en la formulación de la política económica, como se garantizará que ésta sea diseñada sobre bases de congruencia y responsabilidad, no con la vulneración del principio de división de poderes y la disolución de los controles y contrapesos políticos. Por todo ello, consideramos que los procedimientos tanto de aprobación del presupuesto, como de revisión de la Cuenta Pública, requieren transformarse en cuanto a la etapa de su presentación por parte del Ejecutivo Federal. De la misma manera, requiere reformarse el procedimiento de modificación al presupuesto que se de por el Ejecutivo así como el procedimiento de revisión de la Cuenta Pública, con el fin de que se tenga un proceso presupuestario congruente en todas sus fechas y que la Cámara de Diputados cuente con más y mejores instrumentos, para ejercer al máximo sus facultades relativas al gasto público. II. Procedimiento de presentación del presupuesto. En materia presupuestaria, el Poder Ejecutivo tiene asignadas diversas e importantes funciones que ejerce de manera exclusiva y que son la elaboración y presentación presupuesto ante la Cámara de Diputados, el ejercicio del presupuesto aprobado, la presentación de modificaciones al presupuesto durante el ejercicio fiscal y la rendición de la cuenta pública de un presupuesto ya ejercido. Estas funciones son exclusivas del Presidente de la República. En el desempeño de las mismas, ningún órgano de Gobierno está autorizado para intervenir o revocar alguna de las decisiones tomadas por dicho poder, la fiscalización tampoco está permitida durante el ejercicio del presupuesto, sino que se presenta formalmente en una etapa posterior a su ejercicio. Estas facultades exclusivas otorgan un amplio margen de discrecional ¡dad al Poder Ejecutivo que deberá ejercer bajo principios constitucionales de equilibrio, transparencia y eficiencia. De esta manera, la unidad presupuestaria gira en torno al Presidente y el proceso presupuestario se inicia con un proyecto presentado sólo por él. Aunque en la iniciativa de todas las leyes y decretos, según lo establece el artículo 71 constitucional, concurren con la facultad de presentar iniciativas el Presidente, los integrantes del Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, la misma Constitución exceptúa esta facultad genérica para establecer que en materia presupuestaria sólo corresponde al Presidente presentar el proyecto correspondiente, tanto del Presupuesto de Egresos como de la Ley de Ingresos. No está facultado ningún diputado o senador ni diputado local, a título individual o a nombre de la correspondiente Cámara o legislatura, para presentar el proyecto de Presupuesto para el siguiente año fiscal. Esta es la esencia de una facultad exclusiva, en la que ningún otro poder puede intervenir en la función asignada al titular de dicha facultad. De reconocerse lo contrario, sería desvirtuar esta facultad exclusiva y exigir que por tratarse de una ley o decreto, deberían concurrir en la iniciativa o proyecto de presupuesto cualquiera o todos los actores a que se refiere el mencionado artículo 71 constitucional, reformando la Constitución para tal efecto. En este sentido, la iniciativa del Presidente de la República que pretende desvirtuar la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto, mediante la introducción de una facultad de veto presidencial a los cambios que esta soberanía juzgue pertinentes al proyecto, atentaría contra el principio de división de poderes, pues afectaría la independencia de la Cámara en su facultad exclusiva de decidir definitivamente, la aprobación o en su caso, modificación del proyecto de presupuesto. En este sentido, la fecha de presentación del proyecto de presupuesto es de singular importancia para el acto decisorio de la Cámara de Diputados de aprobarlo. De la fecha de presentación que señala la Constitución, depende el periodo de tiempo con que cuenta la Cámara para la deliberación del presupuesto. La mayoría de los países democráticos consideran un plazo de aproximadamente tres meses para la aprobación del proyecto de presupuesto por parte del órgano Legislativo. Por lo anterior, el actual sistema mexicano de cuatro o seis semanas para analizar y aprobar el proyecto de presupuesto debe ser desechado. De tal manera, la presentación del proyecto de presupuesto debiera coincidir, para darle congruencia al proceso, con el momento en que, habiendo rendido el Presidente de la República su informe anual ante el Congreso en la apertura de sesiones de su primer periodo ordinario, la Cámara de Diputados comienza a evaluar dicho informe, que refleja el ejercicio del presupuesto en sus políticas públicas anteriores. Por lo que la significativa fecha del 15 de septiembre resulta la idónea para presentar dicho proyecto de presupuesto y coincide con los tres meses previos ala aprobación del proyecto por la Cámara de Diputados, es decir, el 15 de diciembre, que a su vez significa la conclusión del periodo de sesiones referido. Con estas fechas se daría cumplimiento a una antigua disposición constitucional mexicana que ordenaba al Congreso aprobar el presupuesto en la Cámara de Diputados, como primer punto de la agenda legislativa en su primer periodo de sesiones ordinarias. La congruencia del proceso legislativo no permitiría prórrogas en la fecha de presentación del proyecto por parte del Presidente, pero con un mayor plazo por la Cámara de Diputados, el secretario del despacho podría dar cuenta del presupuesto con mayor holgura. Para implementar lo anterior, se propone la reforma del segundo párrafo de la fracción IV, del artículo 74 constitucional, así como la derogación del último párrafo de la fracción IV del mismo artículo, de tal manera que el Ejecutivo Federal tenga la obligación de hacer llegar a la Cámara de Diputados, en el término improrrogable del 15 de septiembre, el proyecto de Presupuesto de Egresos. Por otra parte, dada la experiencia de la anterior transmisión de la titularidad del Poder Ejecutivo, en los años de renovación del Ejecutivo Federal el proyecto inicial de presupuesto deberá presentarse por el Presidente saliente en el plazo determinado del 15 de septiembre, pero el entrante podrá presentar modificaciones al proyecto presentado en el mismo día de la toma de posesión, es decir, el 1o. de diciembre, para que la Cámara pueda contar con un mes para analizarlas y decidirlas hasta el 31 de diciembre de dicho año. El presupuesto debe contar con un plazo congruente para la valoración de la pertinencia de las políticas públicas con sus equivalentes concreciones en paradas, ello será facilitado si la Cámara de Diputados lo efectúa cuando está llevando a cabo la evaluación del informe presidencial, donde se contienen las políticas públicas realizadas, por lo que la presentación del proyecto en el plazo mencionado, daría a la Cámara el tiempo prudente para hacerlo. III. Procedimiento de aprobación y modificación del presupuesto. De la misma manera con que el Presidente de la República cuenta con la facultad exclusiva en el proceso presupuestario, la Cámara de Diputados tiene por disposición constitucional la facultad exclusiva para decidir definitivamente el presupuesto presentado por el Ejecutivo, así como sus modificaciones. Desde 1824 se han diferenciado las leyes que son resoluciones del Congreso mediante la aprobación de un proyecto por las dos cámaras del Poder Legislativo Federal, con el concurso del Ejecutivo, a través del veto y la promulgación; y, por otra parte, los decretos, los cuales, entre otros significados, tienen el de ser las resoluciones de una Cámara en uso de facultades exclusivas otorgadas directamente por la Constitución. El actual artículo 70 constitucional determina que el Congreso de la Unión resuelve los asuntos de su competencia a través de dos tipos de instrumentos: las leyes y los decretos. Ambos términos tienen un significado distinto uno del otro. Esta referencia proviene del original artículo 47 de la Constitución de 1824 que estableció de manera categórica que "ninguna resolución del Congreso general tendrá otro carácter que el de ley o decreto". El término decreto proviene del latín derretum, el cual se deriva del término decernere que produce la palabra decidir. Por su parte, decidir es sinónimo de resolver y significa formar un juicio definitivo sobre algo dudoso o contestable. No cabe duda que este origen semántico del término "decreto" le otorga definitividad a la resolución contenida en él y exclusividad a quien lo dicta. En consecuencia, el Presupuesto de Egresos de la Federación al ser un decreto, resulta una facultad resolutoria de la Cámara de Diputados, cuya decisión es definitiva y exclusiva por parte de dicha Cámara, sin posibilidad de que un poder extraño sea capaz de vetarla; suspenderla o alterarla. El texto original de la Constitución de 1857 cambió el término de decreto por el de "acuerdo económico" con la protesta del entonces diputado Espiridión Moreno en la sesión del 15 de octubre de 1856, indicando precisamente que el término de decreto implicaba el pleno control de dicha resolución por parte de la Cámara, pero el término de "decreto" no se reintegró a la Constitución, sino hasta la reforma del 13 de noviembre de 1874. Dicha reforma aprobó las facultades exclusivas de cada Cámara que promoviera Benito Juárez siete años atrás. El reestablecimiento del Congreso dividido en dos cámaras en 1874, trajo aparejada la asignación de facultades exclusivas para cada una de ellas. Fue precisamente el presidente Juárez quien definió durante 1870 y 1871, ante mensajes dirigidos al Congreso, la necesidad de que cada Cámara desempeñara facultades de control político, del exclusivo conocimiento y resolución por parte de cada una de ellas. Para el Senado, la reforma de 1874 le asignó facultades políticas de su exclusivo conocimiento en materia de federalismo, mientras que a la Cámara de Diputados le asignaron las facultades de índole presupuestaria y económica. Ninguna resolución pertinente a dichas facultades exclusivas tendría el carácter de ley, puesto que ninguna seguiría el procedimiento de creación determinado para las leyes por la Constitución. De tal manera que su resolución estaría confiada únicamente a la Cámara en cuestión, sin intervención de la otra Cámara ni, por supuesto, del Presidente de la República. Como hemos mencionado, en materia presupuestaria el Poder Ejecutivo tiene asignada una función exclusiva que es la elaboración del presupuesto, su ejecución y la rendición de cuentas, así como la Cámara de Diputados la tiene respecto a la aprobación del mismo y la verificación de los resultados. Ambas son exclusivas para cada órgano de gobierno y la Constitución mexicana, desde 1857, no confunde ni pretende relacionar a la Cámara de Diputados o al mismo Congreso con la elaboración o ejecución del presupuesto, como tampoco es dable, aceptar la intervención del Ejecutivo en la aprobación o modificación del presupuesto, ni en la revisión de la Cuenta Pública, ambas funciones exclusivas de otros órganos de Gobierno. Como consecuencia de que el Presupuesto de Egresos es un decreto de la exclusiva competencia de la Cámara de Diputados, su tratamiento distinto a lo que es un decreto implicaría una infracción al principio de división de poderes que subvierte todo el régimen de las facultades exclusivas de ambas cámaras del Congreso de la Unión, además de aceptar una intervención del Ejecutivo que constitucionalmente no ha tenido desde 1857. En este sentido, el presupuesto, como cualquier precepto normativo puede ser modificado para adecuarse a la realidad y a las contingencias durante el ejercicio fiscal. Sin embargo, para ello el artículo 126 constitucional señala la posibilidad de hacer modificaciones a las previsiones del presupuesto a través de determinaciones contenidas en una "ley posterior", en lo que sin duda constituye un error lógico y jurídico. Es decir, respecto a la modificación del presupuesto aprobado, siguiendo el principio establecido en el inciso f, del artículo 72, de la propia Constitución Federal, debiera aplicarse el principio de que para la reforma de cualquier decreto, debe respetarse el mismo procedimiento que .se ha seguido para su creación; por lo que se considera necesario subsanar el lapsus en que incurre el artículo 126 constitucional al referirse a una ley posterior, cuando el Presupuesto de Egresos no es una ley, sino un decreto aprobado por la Cámara de Diputados. El término de "ley posterior" utilizado en el artículo 126, proviene de la disposición del artículo 119 de la Constitución de 1857, cuando no había Senado de la República y, en consecuencia, tampoco existían facultades exclusivas pues el Congreso era unicameral y éstas surgieron con el reestablecimiento de dos cámaras en 1874; por lo que la diferenciación entre ley y decreto no había evolucionado en los términos actuales. Con esta propuesta se pretende corregir este error. Si fuera una ley, podría permitirse que el presupuesto fuera modificado no sólo por el Ejecutivo, sino por todos los actores legislativos contemplados en el artículo 71 constitucional, tal como lo mencionamos con anterioridad. Pero nunca se ha dado el caso de que un senador, un diputado federal o una legislatura local, presenten iniciativas de modificación al presupuesto de egresos en vigor durante el ejercicio fiscal. Por todo ello, se propone reformar el contenido del artículo 126 de nuestra Constitución, para que se prevea que las modificaciones al presupuesto sólo procedan mediante una reforma al decreto correspondiente, siguiéndose el mismo procedimiento establecido en el artículo 74, fracción IV, de la propia Constitución. De esta manera se respetaría el principio constitucional del artículo 72 referido, que señala que en la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos, se deben observar los mismos trámites establecidos para su formación. De esta manera se fortalece la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados respecto de la dirección del Gasto Público, ya que permitir observaciones del Ejecutivo o proporcionarle facultades excesivas de modificación por sí mismo de las disposiciones presupuestales al ejecutarlas, desvirtúa el régimen de facultades exclusivas del proceso presupuestario y, en consecuencia, el principio de división de poderes. IV. Procedimiento de revisión de la Cuenta Pública. La reforma constitucional publicada el 30 de julio de 1999 dio el primer paso hacia una eficiente y transparente revisión de la Cuenta Pública. En esta ocasión, la reforma que hoy someto a esta digna soberanía, pretende fijar las nuevas condiciones del proceso presupuestario para fortalecer el principio de división de poderes a través de todas sus etapas, incluyendo la revisión de cómo se gastaron los recursos públicos. La revisión de la Cuenta Pública no constituye una cerrada auditoría fiscal de montos asignados y ejercidos por los poderes de Gobierno, sino que debe constituir el proceso para que la Entidad Superior de Fiscalización evalúe el ejercicio de las políticas públicas aprobadas en el respectivo Presupuesto de Egresos y determine las responsabilidades aplicables. Por lo tanto, debe haber confrontación de dichas políticas con. los gastos erogados en el anterior año fiscal. Más aún, su revisión debe traer como consecuencia no sólo el establecimiento de las responsabilidades que dispone la Constitución, sino el señalamiento de acciones correctivas para la aprobación del siguiente presupuesto. Por tal motivo, también es congruente reformar la Constitución para reducir el plazo de entrega de la Cuenta Pública, que en la actualidad es en los primeros 10 días de junio; es decir, casi seis meses después del fin del ejercicio del año fiscal anterior. Si para la aprobación del presupuesto consideramos en la presente iniciativa un plazo aproximado de tres meses para la Cámara de Diputados, seria proporcional otorgar uno equivalente al Poder Ejecutivo para consolidar la Cuenta Pública y rendirla a la Entidad Superior de Fiscalización. De tal manera, consideramos oportuno que la rendición de la Cuenta Pública coincida con el día de la apertura del segundo período de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, que conforme al artículo 65 constitucional, ocurre el 15 de marzo de cada año. A petición del Presidente, la rendición de la Cuenta Pública podría posponerse hasta por 30 días naturales siempre que la Cámara de Diputados lo autorizara por dicho lapso o por uno menor, dando así la flexibilidad necesaria a la presentación de la misma. De esta manera, propongo también la reforma al párrafo sexto de la fracción IV del artículo 74 constitucional para contemplar esta posibilidad. Como complemento de estos plazos que darán congruencia al proceso presupuestario, se propone reformar la fracción II del artículo 79 constitucional, para que la Entidad Superior de Fiscalización rinda el dictamen definitivo de la revisión de la Cuenta Pública en un plazo máximo de seis meses en lugar de los aproximadamente nueve meses actuales, contados a partir de la fecha de presentación de la Cuenta Pública por el Ejecutivo Federal, con el objeto de que durante la evaluación del informe del Presidente, la Cámara de Diputados cuente con los resultados de la Cuenta Pública, así como con los proyectos de presupuesto y de ley de ingresos para el siguiente ejercicio fiscal. Sólo de esta manera la Cámara de Diputados tendría tiempos más adecuados y la posibilidad de reunir todos los elementos necesarios para el ejercicio de la función de control que le otorga la Constitución General y así aprobar responsablemente el Presupuesto de Egresos de la Federación del siguiente ejercicio fiscal. Por lo anterior, se pretende que la Cámara de Diputados pueda contar en septiembre de cada año con el informe presidencial sobre el estado que guarda la Administración Pública del país; más el informe que le rendiría la Entidad Superior de Fiscalización sobre la revisión de la Cuenta Pública del ejercicio anterior; así como con la presentación de los proyectos de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos para el siguiente año. En resumen, el proceso presupuestario debe estar regulado desde el momento de la presentación del proyecto de presupuesto por un estricto apego al principio de división de poderes, respetando las facultades exclusivas de cada órgano de gobierno involucrado, así como por el principio de congruencia del proceso, que permita a la Cámara de Diputados desempeñar su función de control político más importante, con los elementos que aporta la glosa del informe presidencial y la revisión de la Cuenta Pública. Por todo lo anterior expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara el siguiente PROYECTO DE DECRETO Decreto que reforma los artículos 74, fracción IV, párrafos segundo, sexto y deroga el séptimo; 79 fracción II, primer párrafo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para el establecimiento de principios y procedimientos para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación: Artículo primero. Se reforman los párrafos segundo, sexto y se deroga el último párrafo de la fracción IV del artículo 74 constitucional del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 74. (. . .) Fracción IV. (. . .) El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 15 de septiembre, debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. En el año de renovación del Ejecutivo Federal, el Presidente saliente deberá presentar un proyecto de presupuesto en el mismo plazo; pero el entrante podrá proponer las modificaciones pertinentes en el día en que tome la protesta del cargo. La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el día de inicio del segundo período de sesiones ordinarias. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la Cuenta Pública, cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara de Diputados, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven. La Cámara de Diputados podrá dispensar una prorroga hasta por 30 días naturales: (. . .) (El párrafo séptimo se deroga) Artículo segundo. Se reforma la primera parte del primer párrafo de la fracción II del artículo 79 constitucional, para quedar como sigue: Artículo 79. (. . .) II. Entregar el informe del resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se haya presentado la Cuenta Pública por el Poder Ejecutivo. Dentro de dicho informe se incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderán los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter público. Artículo tercero. Se reforma el primer párrafo del artículo 126 constitucional para quedar como sigue: Artículo 126. No podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por una reforma al decreto correspondiente. Dicha reforma sólo podrá iniciarse por el Presidente de la República y seguirá el mismo procedimiento establecido en el artículo 74 fracción IV para su modificación ante la Cámara de Diputados. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a 29 de noviembre de 2001. Diputado Juan Manuel Carreras López. Ojalá esta Cámara de Diputados tenga clara conciencia de la importancia de la función del control político que se ejerce sobre el Poder Ejecutivo y de nuestro compromiso con nuestro país con futuras generaciones para poder seguir acentuando los mecanismos de control y fortaleciendo a este Poder Legislativo con su función con este país. Muchísimas gracias. EL C. PRESIDENTE. Gracias, diputado. Túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Presupuesto y Cuenta Pública. PRESIDENTE: Túrnese corrigiendo el turno túrnese únicamente a la Comisión de Puntos Constitucionales. Igualmente publíquese íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Ramón León Morales, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 2º. A, de la Ley de Coordinación Fiscal. DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias diputado presidente; compañeras y compañeros diputados: Vamos a presentar una iniciativa que reforma y adiciona la fracción I del artículo 2A de la Ley de Coordinación Fiscal. "Los suscritos diputados federales con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55 fracción II del Reglamento (LEYO. INSERTESE) INICIATIVA Que reforma y adiciona la fracción I del artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Los suscritos diputados federales, con fundamento en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto de modificaciones a la Ley de Coordinación Fiscal. EXPOSICION DE MOTIVOS Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Estado mexicano vio aumentada su demanda en la importación y exportación de productos, por lo que el Gobierno Federal procedió a cambiar la fórmula de participaciones o reparto a los municipios colindantes con las fronteras o los literales por las cuales se realizan las operaciones de comercio exterior. Lo anterior derivó en distorsiones en la distribución del Fondo de Participaciones Constituido por el 0.136% de la recaudación federal participable, pues no se incluyó para la distribución el monto de los impuestos al comercio exterior que recaudan las aduanas ubicadas en dichas localidades, resultando con ello una distribución iniquitativa de tales recursos, pues ya no es proporcional a la captación obtenida de los mencionados gravámenes. La fórmula vigente, que establece el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, considera, para efectos de distribución, la recaudación local de predial y de los derechos de agua en cada municipio, situación que a través de prácticamente 10 años de aplicación, ha venido restándole eficiencia para financiar mejores servicios públicos, desalentado, a su vez, a los municipios en donde se concentran los mayores niveles de operaciones de comercio exterior. En este sentido y con el propósito de que los municipios cuenten con la infraestructura adecuada para llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, pero además y sobre todo, el de lograr un tratamiento más equitativo y justo se propone a la Comisión de Hacienda se modifique el actual esquema de cálculo de la fórmula para que. a) El 94% del fondo se distribuya con base en los ingresos que tiene cada Municipio de la recaudación de los conceptos de predial, derechos de agua e impuestos al comercio exterior, y b) El 6% restante se distribuya aplicando la inversa respecto del porcentaje de participación señalado en el punto anterior. Es importante mencionar que el 0.136% de la recaudación federal participable, no se modifica con la propuesta. Lo que cambia son los coeficientes y las variables a considerar para el cálculo de su distribución, al incluir, además de la recaudación del impuesto predial y los derechos de agua, a los impuestos al comercio exterior, referenciados todos ellos al ejercicio fiscal del año 2000. De igual manera, la fórmula contempla la realización de ajustes anuales de acuerdo a los diferenciales de los montos recaudados por los conceptos mencionados en los dos años anteriores. Así la diferencia resultante, se multiplicaría por el coeficiente del último año. Cabe subrayar que con la propuesta que estamos planteando se estaría beneficiando a la gran mayoría de los 39 municipios que son colindantes con frontera o litorales, donde se realiza la entrada y salida física de mercancías del y hacia el exterior. Por lo expuesto me permito someter a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente: INICIATIVA Que adiciona y reforma la fracción I del articulo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo único. Se reforma y adiciona el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: "Artículo 2-A. En el rendimiento de las contribuciones que a continuación se señalan, participarán los municipios, en la forma siguiente: 1. En la proporción de la recaudación Federal participable que a continuación se señala participarán los municipios de la manera siguiente: 0.136% de la recaudación federal participable, a aquellos municipios colindantes con la frontera o los litorales por los que se realicen materialmente la entrada al país o la salida de él de los bienes que se importen o exporten, siempre qué la entidad federativa de que se trate celebre convenio con la Federación en materia de vigilancia y control de introducción ilegal al territorio nacional de mercancías de procedencia extranjera y en dichos convenios se establezcan descuentos en las participaciones a que se refiere esta fracción, en los casos en que se detecten mercancías de procedencia extranjera respecto de las cuales no se acredite su legal estancia en el país. La distribución del 94% de este fondo se realizará entre los municipios mediante la aplicación del coeficiente de participación que se determinará para cada uno de ellos conforme a la siguiente fórmula: a) Para determinar el coeficiente de origen se utilizará CCIT° = Bi°/Tb° Donde: BI° es la suma para el municipio de que se trate, de la recaudación de predial, derechos de agua e impuestos al comercio exterior registrados en ese municipio, en el año inmediato anterior a la determinación de estos coeficientes; TB° es la suma de BI° b) El coeficiente de origen registrará variaciones anuales que se registrarán utilizando la fórmula CCIT = BI/TB donde: CCIT es el coeficiente de participación del municipio I en el año para el que se efectúa el cálculo. TB es la suma del BI; I es cada municipio colindante. BI= (CCIT-1) (IPDAICE-1) /(IPDAICE-2) CCIT-1= coeficiente de participación del municipio I en el año inmediato anterior a aquel para el cual se efectúa el cálculo. IPDAICE-1= recaudación de predial, derechos de agua e impuestos al comercio exterior en el municipio I en el año inmediato anterior para el cual se efectúa el cálculo. Habida cuenta de que por su evidencia es ya prácticamente un lugar común hablar del desarrollo asimétrico que existe entre las entidades del norte del país, del centro de la República y del sur de la nación, resulta imperativo desplegar esfuerzos concretos y conscientes para evitar inconvenientes concentraciones del desarrollo detonadas por la disparidad presente. Como Estado Federal que aspira a preservar sus características regionales en un contexto de fortalecimiento integral de la nación, no es posible asumir tratamientos igualitarios en condiciones de desigualdad. Nuestra tesis es y ha sido, que la única manera de concretar el principio de igualdad en el desarrollo nacional es brindando un trato desigual y de justicia social a quienes se hallan en un estadio comparativo de mayor rezago, porque sólo de esa forma podrán colocarse en una situación de superación que, a lo largo del tiempo, los lleve a la ansiada condición de igualdad. Esto tampoco quiere decir, por ningún motivo, que hay que dejar de lado el desarrollo de aquellas entidades federativas que con mayor dinamismo y pujanza llevan a cabo tareas en ese sentido. No, nuestra propuesta es por alcanzar equilibrios armónicos en una ruta de superación mutuamente benéfica, y no estancamientos ficticios para brindar mayor celeridad en el desarrollo de quienes desafortunadamente van más rezagados. Nuestra propuesta tiene también como propósito hacer transparente ante esta representación nacional y por su conducto, ante la nación misma, los compromisos, las proposiciones y decisiones que se tomen en la asignación de recursos públicos que inciden directa e indirectamente en el desarrolló de las diferentes regiones y entidades federativas del país. Al analizar la estructura de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, estimamos que el planteamiento que llevaría a la posibilidad de evaluar puntualmente la incidencia del Presupuesto de Egresos de la Federación en las entidades federativas, debe contenerse en el Capítulo II de ese ordenamiento, relativo a la preparación del proyecto de Presupuesto de Egresos. En particular, cabe señalar que actualmente el artículo 21 de esta ley carece de contenido, al haberse dispuesto la derogación del mismo mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1986. En tal virtud, planteamos la utilización de ese precepto para lograr el propósito que anima a esta iniciativa de decreto. Con base en lo expuesto y fundado, nos permitimos proponer al Poder Legislativo Federal, por conducto de esta Cámara de Diputados, la siguiente Iniciativa de decreto que adiciona la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Publico Federal. Artículo único. Se adiciona el texto siguiente en el actualmente derogado artículo 21 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal: Artículo 21. El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación será acompañado de un documento que precise: I. Los montos de la inversión física que la Federación estima realizar en cada una de las entidades federativas, señalándose la cuantía de la misma, la generación directa e indirecta estimada de empleos y la evaluación sobre el impacto económico y social de las erogaciones para el desarrollo regional, a través de un análisis costo-beneficio que estime la rentabilidad social de dichos proyectos; II. Los montos de la erogación por concepto de gasto corriente federal en cada una de las entidades federativas y III. El monto de las aportaciones federales y de la asignación de recursos federales a las entidades federativas. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. Publíquese en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Este decreto entrará en vigor el día 1o. de enero de 2002, para efectos de la preparación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2003. Solicitamos atentamente a la mesa directiva de este pleno se sirva disponer el turno correspondiente. Atentamente. México D. F., a 29 de noviembre de 2001. Los diputados: Jesús Alí de la Torre, Jorge A. Chávez Presa, Miguel Piñeyro, Miguel Angel Moreno, Patricia Aguilar, Celestina B., Juan Manuel Martínez Nava, Federico Granja Ricalde, Raúl E, Sicilia S., Silvia Romero, Rosa Elena B., Efrén Leyva, José Antonio Hernández Fraguas, Víctor E. Díaz Palacio, José Luna, Héctor Esquivel, Aarón Irizar L., Agustín Trujillo I., Jacobo Nestor Morales, Adolfo Zamora, Roberto Domínguez Castellanos, Jesús Alejandro Cruz Guriérrez, Andrés Carballo Bustamante, Alfredo Ochoa Toledo, Luis Priego Ortiz, Salvador Castañeda, José Gerardo De la Riva, Neftali Jimémenz, Salvador Cosio Gaona, Abel Trejo González, Jorge Carlos Ramírez, Adilbertp Buenfil, Lilia Mendoza Cruz, Eddie Varón Levy, Rafael López Hernández, José Luis González Aguilar, Carlos Aceves del Olmo, Erika Spezia M., Diego Cobo Terrazas, José Ignacio Mendicoti P., Eduardo A. Lenis B., Marcos López Mora, Francisco Ríos Alarcón, Jaime Mantecon, Egar Consejo Flores, David Penchyna G., Alma Carolina Viggiano Austria, Arnulfo Marquéz, Eduardo Andrade, Francisco Bustos, José María Guillén Torres, Gustavo Carvajal, Araceli Domínguez, Guillermo Díaz Gea, Jesús A. Taracena, Rodolfo G. González, María Elena Chapa, Ma, de las Nieves García, Julián L., Ma. Del Rosario Oroz, Arturo León Lerma, Víctor R. Infante G., Esvedia Bravo M., Ildelfonso G., Manolo S.C., César Duarte, Maricruz Montenegro Gordillo, Enrique Ramón Rodríguez, José Ramírez Gamero, Samuel Aguilar Solís, Jorge Esteban Saldoval, Roberto Domínguez Castellanos, Olga Margarita Uruarte, Santiago López Hernández, Nabor Ojeda, Jesús de la Rosa, Jesús Burgos Pinto, Jesús Reyna García, Carlos Romero Deschamps, Roque García Sánchez, Alberto Amador Leal, Rubén García, Laura Pavo H., Arturo de la Cruz, Petra Santos, Ildelfoso Zorrilla, Hilda Anderson Erendira Cova, Rito Salinas, Ernesto Rodríguez, Manuel Añorve, José Manuel Del Río y Angel Meixueiro. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Jesús Ali de la Torre, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de adiciones a la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. DIP. JESUS ALI DE LA TORRE: Muchas gracias diputado presidente en funciones; Honorable Asamblea: "Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, quienes suscribimos diputados integrantes de la LVIII Legislatura (LEYO. INSERTESE) Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución General de la República, quienes suscribimos, diputados federales a esta LVIII Legislatura, venimos a presentar ante esta soberanía una iniciativa de decreto para adicionar la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, con objeto de que el Presupuesto de Egresos de la Federación tenga una valoración específica de la incidencia de los recursos públicos federales en el desarrollo regional y en las diferentes entidades federativas del país. En tal sentido, nos permitimos solicitar se turne a las comisiones competentes para los efectos de la formulación y presentación del dictamen correspondiente, atento a lo dispuesto por los artículos 39, párrafo primero y 45, párrafo sexto inciso f de la Ley Orgánica del Congreso General y en el artículo 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del propio Congreso. Basamos la presentación de esta iniciativa en la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS Nuestra ley fundamental establece en forma indubitable la conformación de un Estado Federal, cuya esencia entraña la unidad de la República sobre la base de la voluntad de sus partes integrantes por constituirla, sostenerla y fortalecerla, y a la luz de criterios específicos para la distribución de competencias entre la Federación, las entidades federativas y de acuerdo a la evolución de nuestro constitucional ismo, de los municipios. En el federalismo conviven distintos órdenes para la actuación pública. La decisión fundamental del Constituyente en esta materia es asignar a la Federación, una serie de tareas que por su connotación eminentemente nacional, corresponden a la Federación y señalar otras como competencia de las entidades federativas por sus características propias de naturaleza regional. En México, sin entrar aquí en disquisiciones sobre las previsiones de excepción, la regla básica para la distribución de competencias entre la Federación y los Estados de la Unión, establecida en el artículo 124 constitucional, es la asignación específica de tareas a las autoridades federales en el ámbito de la Constitución General de la República, de tal suerte que todo aquello que no fue reservado expresamente para la acción de la autoridad federal se entiende como una competencia de los Estados de la Unión, en el ámbito que corresponde a su jurisdicción. Así, la Federación tiene importantes atribuciones para propiciar el desarrollo nacional, como pueden ser las tareas en materia de vías generales de comunicación, de infraestructura para la prestación de servicios públicos y de explotación de bienes del dominio público, sea a través de la gestión propia o mediante el otorgamiento de concesiones cuando así lo permite el orden normativo. Nuestra Carta Magna, en el artículo 74, fracción IV, establece que el Presupuesto de Egresos de la Federación entraña una facultad exclusiva de iniciativa para el Presidente de la República, y también una competencia exclusiva para la Cámara de Diputados en lo que hace a su discusión, modificación y aprobación. También de nuestra Carta Magna se desprenden algunos principios en materia presupuestaria, como son el plazo para su presentación ante la Cámara de Diputados, el necesario equilibrio entre los montos estimados para el rubro de ingresos y las cantidades previstas para el rubro de egresos públicos. Por otro lado, a la luz de las atribuciones de control y fiscalización del gasto público que se autoriza, la Cámara de Diputados también tiene atribuciones para evaluar la ejecución del presupuesto de egresos, con base en la asignación de recursos a programas específicos y de los resultados obtenidos con motivo del ejercicio correspondiente. Si bien la Constitución General de la República no contiene ningún precepto que en forma literal señale el imperativo de alentar un desarrollo nacional equilibrado, podemos afirmar que el espíritu mismo de la Carta Magna está imbuido de ese principio. Si tomamos en cuenta que la rectoría económica del Estado, artículo 25, debe propiciar un desarrollo "integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad de los individuos, grupos y clases sociales", podemos afirmar que el mandato constitucional es por un desarrollo cuya integralidad abarca a las diferentes regiones del país. A su vez, si apreciamos que la planeación nacional del desarrollo, artículo 26 constitucional, debe incluir necesariamente una vertiente de coordinación con la planeación del desarrollo en las entidades federativas, concluiremos que el desarrollo nacional debe buscar el equilibrio y la armonía de los diferentes procesos de desarrollo de carácter regional. No hablamos de una determinación para uniformar, descontextualizadamente y sin reparar en la realidad de cada entidad federativa o región del país, las consideraciones de la rectoría estatal del desarrollo o la planeación del mismo, sino de reafirmar que los procesos de integración nacional reclaman equidad en las posibilidades de desarrollo y de acceso a mejores condiciones de vida para la población del país en sus propias regiones y lugares de actuación. Con la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal que se expidió en 1976, a partir de su antecedente, la Ley Orgánica del Presupuesto de Egresos de la Federación, se revisó la normatividad sobre los procesos de elaboración, presentación y ejecución del instrumento fundamental que autoriza el ejercicio de gasto público. En particular, cabe destacar que la noción de gasto público federal (artículo 20) comprende diversos tipos de erogaciones, como son el gasto corriente, la inversión física, la inversión financiera, el pago de deuda pública y el pago de obligaciones derivadas de la responsabilidad patrimonial del Estado; y que la programación del gasto público federal debe basarse en las previsiones del Plan Nacional de Desarrollo y sus directrices (artículo 4o.). En otro orden de ideas, el ordenamiento citado refiere que la dependencia federal encargada de la elaboración del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, en este caso, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está obligada a proporcionar a los diputados federales todos los datos estadísticos e información general que contribuya a la mejor comprensión de las propuestas formuladas por el Ejecutivo de la Unión. Es con esta ley que se establece (artículo 19) la necesidad de que el proyecto del Presupuesto de Egresos se integre y presente con diversos documentos pertinentes para la actuación de la Cámara de Diputados, como son la descripción de los programas que se ejecutarán; la explicación correspondiente a los programas que pueden abarcar dos o más ejercicios fiscales; la estimación de los ingresos y gastos del ejercicio fiscal con la indicación de los empleos que comprende; y las condiciones económicas, financieras y hacendarias presentes y previsibles en el futuro inmediato de la ejecución del presupuesto. Es decir, que el proyecto de Presupuesto de Egresos debe incluir no únicamente el catálogo de gastos previstos sino los programas a que se destinarán los egresos y el entorno en el que se dará el ejercicio correspondiente. Hasta ahora el proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación permite colegir con precisión y nitidez los recursos que se plantea asignar a los poderes públicos, a los organismos autónomos por disposición constitucional a las dependencias de la administración pública federal y a las entidades de la propia administración pública federal de control presupuestal directo, a fin de que den cumplimiento de sus funciones; asimismo, también se destacan algunos rubros de gasto que no se elucidan sobre la base de la institución pública que ejercerá los recursos, sino bajo la concepción de programas específicos de gasto. En los primeros casos, se habla de ramos de ejercicio presupuestal por institución pública y en el segundo de ramos por programas (artículo 3o. del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2001). Dado que dos de los rubros fundamentales del Presupuesto de Egresos de la Federación son las previsiones de inversión física y las estimaciones de gasto corriente, a efecto de que la Cámara de Diputados pueda colegir la incidencia del ejercicio presupuestal en el desarrollo regional del país, estimamos indispensable que la presentación del proyecto de Presupuesto de Egresos contenga señalamientos específicos sobre la asignación y ejercicio del presupuesto federal por regiones y específicamente, por entidades federativas. Resulta imposible negar la importancia del Presupuesto de Egresos de la Federación como instrumento para la acción directa del poder público en las tareas del desarrollo nacional. Sin duda que éste debe estructurarse para atender las competencias constitucionales que corresponden a la Federación. Esa es su naturaleza y sentido, y si bien hay diferentes precedentes para afirmar propósitos y actuaciones para la descentralización del gasto público federal, la proporción de las finanzas federales dentro del gasto nacional (que comprende las erogaciones de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios) es todavía muy amplia. Postulamos la conveniencia de que el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación contemple una evaluación específica del impacto que tendrán los gastos públicos fundamentales para el desarrollo regional del país, a fin de que la Cámara de Diputados pueda imbuir a los gastos públicos que le corresponde autorizar un sentido eminentemente federalista. Si bien el diseño constitucional del Estado Mexicano refiere a este pleno como un órgano esencial de representación de la nación y al Senado de la República como el cuerpo colegiado donde tiende a expresarse nuestro federalismo, es necesario que la Cámara de Diputados tenga una apreciación, una valoración y un punto de vista específicos sobre la asignación del Presupuesto de Egresos a la luz de los propósitos del desarrollo regional armónico. Habida cuenta de que por su evidencia es ya prácticamente un lugar común hablar del desarrollo asimétrico que existe entre las entidades del norte del país, del centro de la República, y del sur de la Nación, resulta imperativo desplegar esfuerzos concretos y conscientes para evitar inconvenientes concentraciones del desarrollo detonadas por la disparidad presente. Como estado Federal que aspira a preservar sus características regionales en un contexto de fortalecimiento integral de la Nación, no es posible asumir tratamientos igualitarios en condiciones de desigualdad. Nuestra tesis es y ha sido, que la única manera de concretar el principio de igualdad en el desarrollo nacional es brindado un trato desigual y de justicia social a quienes se hallan en un estadio comparativo de mayor rezago, porque sólo de esa forma podrán colocarse en una situación de superación que, a lo largo del tiempo, los lleve a la ansiada condición de igualdad. Esto tampoco quiere decir, por ningún motivo, que hay que dejar de lado el desarrollo de aquellas entidades federativas que con mayor dinamismo y pujanza llevan a cabo tareas en ese sentido. No, nuestra propuesta es por alcanzar equilibrios armónicos en una ruta de superación mutuamente benéfica, y no estancamientos ficticios para brindar mayor celebridad en el desarrollo de quienes desafortunadamente van más rezagados. Nuestra propuesta tiene también como propósito hacer transparente ante esta representación nacional y, por su conducto, ante la Nación misma, los compromisos, las proposiciones y decisiones que se tomen en la asignación de recursos públicos que inciden directa e indirectamente en el desarrollo de las diferentes regiones y entidades federativas del país. Al analizar la estructura de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal, estimamos que el planteamiento que llevaría a la posibilidad de evaluar puntualmente la incidencia del Presupuesto de Egresos de la Federación en las entidades federativas, debe contenerse en el Capítulo II de ese ordenamiento, relativo a la preparación del proyecto de Presupuesto de Egresos. En particular, cabe señalar que actualmente el artículo 21 de esta Ley carece de contenido, al haberse dispuesto la derogación del mismo mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de diciembre de 1986. En tal virtud, planteamos la utilización de ese precepto para lograr el propósito que anima a esta iniciativa de decreto. Con base en lo expuesto y fundado, nos permitimos proponer al Poder Legislativo Federal, por conducto de esta H. Cámara de Diputados, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA LA LEY DE PRESUPUESTO, CONTABILIDAD Y GASTO PUBLICO FEDERAL ARTICULO UNICO.- Se adiciona el texto siguiente en el actualmente derogado artículo 21 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal: Artículo 21.- El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación será acompañado de un documento que precise: I. Los montos de la inversión física que la Federación estima realizar en cada una de las entidades federativas, señalándose la cuantía de la misma, la generación directa e indirecta estimada de empleos, y la evaluación sobre el impacto económico y social de las erogaciones para el desarrollo regional, a través de un análisis costo beneficio que estime la rentabilidad social de dichos proyectos; II. Los montos de la erogación por concepto de gasto corriente federal en cada una de las entidades federativas; y III. El monto de las aportaciones federales y de la asignación de recursos federales a las entidades federativas. TRANSITORIOS ARTICULO PRIMERO.- Publíquese en el Diario Oficial de la Federación ARTICULO SEGUNDO.- Este decreto entrará en vigor el día 1º de enero de 2002, para efectos de la preparación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, correspondiente al ejercicio fiscal 2003. Solicitamos atentamente a la Mesa Directiva de esta H. Pleno se sirva disponer el turno correspondiente. Atentamente, Dip. Jesús Alí de la Torre (Termina lectura) DIP. JESUS ALI DE LA TORRE: Firmamos esta iniciativa más de 100 legisladores federales de esta Honorable representación nacional, por lo que solicitamos atentamente a la mesa directiva de este Pleno, integrar al Diario de Debates y a la Gaceta Parlamentaria el texto íntegro de esta iniciativa, la cual entrego a la secretaría al tiempo que se disponga indicar el turno correspondiente. Muchas gracias. PRESIDENTE: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuanta Pública e insértese íntegro en el Diario de los Debates. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene el uso de la palabra el diputado Francisco Patiño Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.