El diputado Francisco Javier Luévano Núñez: En México viven 15 millones de personas adultas mayores, pero a pesar de su importancia poblacional se encuentra dentro de los grupos más vulnerables. Los datos y muchas historias personales nos dicen que los adultos mayores son objeto de un sinnúmero de abusos, de discriminación y de limitaciones para ejercer sus derechos. Es un problema muy complejo. Por un lado, no existe un sistema de seguridad social que garantice retiros dignos que les permitan mantener independencia, poder de decisión y de agencia. Por otro lado, hay prejuicios y dinámicas sociales que los van aislando de la convivencia social y de la vida productiva, pero también existe un componente normativo deficiente que es incapaz, hasta la fecha, de garantizar sus derechos. La ley actual si bien establece ciertas prerrogativas de las y los adultos mayores, no contempla la totalidad de sus derechos ni los reconoce como personas completamente independientes, además contiene omisiones que impiden defender estos derechos cabalmente y, por lo tanto, dificultan el acceso de estas personas a gozar una vida plena. Hoy presento esta iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores con el objetivo de esta reforma, que es actualizar la legislación vigente para reconocer y defender a las personas adultas mayores como sujetos de derecho, merecedores a una vida digna. Todos tenemos vínculos con personas adultas mayores y todos, en el mejor de los casos, algún día seremos parte de este grupo poblacional. Muchas personas adultas mayores son víctimas de discriminación, maltrato, violencia o indiferencia. De acuerdo con cálculos del Inapam y el Inegi, el 70 por ciento de las personas adultas mayores son víctimas de abusos como despojo de bienes, negligencia, violencia física, maltrato psicológico y abandono. Una de cada seis personas de adultos mayores sufre vejaciones en sus entornos comunitarios. Más preocupante aún ese hecho de que la posibilidad de algún maltrato se incrementa si la persona reside en alguna residencia o centros de atención especializada, pues dos de cada tres empleados de estos lugares han confesado haber ejercido algún maltrato hacia ellos. Otra cifra alarmante es la cantidad de personas adultas mayores que se encuentran en situación de analfabetismo. Esta condición dificulta aún más el ejercicio de algunos de sus derechos. En última instancia el problema de raíz reside en la percepción que prevalece de la persona adulta mayor pues mucha gente considera llegar a la vejez como una desventaja en la sociedad. Las condiciones físicas que muchas veces dificultan la movilidad o imponen condiciones precarias de salud, son confundidas con discapacidades para ejercer la autoeficiencia y la independencia. En muchas ocasiones a esto se le suma la falta de ingreso y la ausencia de una protección legal eficaz. El objetivo de esta iniciativa es justamente ese, actualizar nuestro marco normativo para que las personas adultas mayores sean reconocidas como sujetos de derecho a cabalidad. El más importante de los cambios que se propone, es establecer de manera explícita, que las personas adultas mayores son individuos autónomos, y se debe respetar su independencia en todas y cada una de las decisiones que realicen. También se expanden los derechos que se les reconoce, entre los que se incluyen la no discriminación por razones de edad, el consentimiento libre en la toma de decisiones en materia de salud, la privacidad, la intimidad y sus derechos políticos. Con estos cambios, junto con la nueva definición de envejecimiento, que también se incluye en la iniciativa, se busca cambiar la concepción que se tiene de la persona adulta mayor dentro del marco legislativo. Otro de los objetivos de esta iniciativa es hacer que los derechos de las personas mayores se defiendan de manera eficaz. Debido a ello se proponen las definiciones de maltrato, abandono y negligencia, llenando los vacíos que propician interpretaciones diferentes al propósito de la ley vigente. También se establece de manera explícita la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vida y el envejecimiento activo a través de medidas concretas, como el otorgamiento de una seguridad alimentaria. Por último, se reconoce su derecho a participar en los programas educativos existentes. Compañeros y compañeras, el pleno reconocimiento a la autonomía y de los derechos de las personas adultas mayores es una terea que debemos cumplir con urgencia. Defender efectivamente la autonomía y los derechos de las personas adultas mayores implica reconocer y garantizar el acceso a una vida digna a un número cada vez mayor de personas. Muchas gracias, presidenta.