La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados. Llama la atención que ahorita nos lamentemos de una reforma constitucional en materia de consulta popular y la aprobación de su ley cuando esto fue materia y objeto del famoso Pacto por México; es decir, fue aprobado por el Partido de Acción Nacional, por Nueva Alianza, por el Verde Ecologista, por el Partido de la Revolución Democrática. Los únicos que votaron en contra fueron el MC y el Partido del Trabajo y las razones que argumentamos en ese momento se centraron básicamente en que no se estaba respetando un derecho fundamental de toda persona, de todo individuo; un derecho humano, contemplado en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos y que a la vez está protegido por el artículo 1o. constitucional que es el derecho a la participación de los asuntos políticos en este país y que no se respetó. A raíz de la reforma, precisamente del 9 de agosto de 2012, la Constitución fue reformada para establecer este derecho a la consulta; actualmente este derecho se encuentra previsto, como se señaló en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución. Al aprobarse la reforma constitucional que reconoció el derecho a la consulta, se señaló en un artículo transitorio que el Congreso de la Unión tenía un año para aprobar la ley secundaria. La Ley Federal de Consulta Popular se aprobó el 27 de febrero de 2014, se publicó el 14 de marzo de este año y fue publicada posteriormente en el Diario Oficial de la Federación. Posteriormente, las ciudadanas Elena Poniatowska, Claudia Sheinbaum y otros ciudadanos presentamos ante la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión un aviso de intención con petición de consulta popular, la cual formalizaron mediante escrito del 10 de septiembre de 2014, que cumplía con todos los requisitos establecidos en los artículos 35, fracción VIII, numeral 1, inciso c) de la Constitución federal, y 22 fracción III de la Ley Federal de la Consulta Popular. Esto es, al menos 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, casi 3 millones de firmas. La Constitución es un ordenamiento que no puede exclusivamente interpretarse gramaticalmente, debe ser interpretada de tal suerte que las normas y principios que contiene se realicen en la mayor medida posible para acortar la distancia entre la norma, el deber ser y la realidad, el ser. La Constitución es el marco que puede justificar la existencia del Estado y el orden jurídico de un país, siempre y cuando su interpretación y aplicación tengan como propósito posibilitar la realización efectiva de los derechos humanos fundamentales y de los principios democráticos de los ciudadanos. Una interpretación restrictiva deslegitima, subrayo, deslegitima al Estado y al orden jurídico y hace a la Constitución un simple instrumento al servicio del poder. Vuelvo a subrayar. El derecho a la consulta previsto en el artículo 35, fracción VIII de la Constitución procede respecto a la pregunta formulada por Morena por las razones siguientes. El numeral 3 de la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución precisa las materias que no pueden ser objeto de consulta. En esa norma no se establece que los principios de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución no pueden ser objeto de ella. Según la Constitución, no serán objeto de consulta las siguientes materias: restricción a los derechos humanos reconocidos por la Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización; funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente. Lo anterior significa a contrario sensu que todas las materias no especificadas en el artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución pueden ser objeto de consulta, incluyendo a las reformas constitucionales. Segundo. De acuerdo a nuestra Constitución, en la interpretación de los derechos fundamentales, el derecho a la participación ciudadana en una consulta, es un derecho fundamental de carácter político. Se debe proteger en la mayor medida posible a las personas y la interpretación de las normas que afecten derechos fundamentales, tiene que ser progresiva y maximizadora de los derechos antes mencionados, según indican los párrafos segundo y tercero del artículo 1o., de la Constitución, por lo que establecer restricciones que la Constitución no prevé, implica vulnerar la Constitución, principalmente el principio de interpretación pro omine o a favor de la persona. Los derechos fundamentales no están sujetos a regateo político. Como dijo Ronald Dorkins cartas de triunfo. En este sentido si la Constitución no restringe o limita la consulta y no la prohíbe, para preguntar a los ciudadanos, si están de acuerdo con el sistema de contratación de la reforma energética, el intérprete no puede agregar limitaciones que reduzcan los significados constitucionales. Cuarto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación debió garantizar una interpretación conforme y pro omite; el derecho de la consulta ciudadana, pues a partir de la reforma constitucional sobre derechos humanos publicada el 10 de junio del 2011 en el Diario Oficial de la Federación, principalmente en los párrafos segundo y tercero del artículo 1o., de la Carta Magna y con apoyo también entre otras en la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en el expediente varios 912- 2010 en relación al caso Rosendo Radilla Pacheco, su engrose fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de octubre del 2011, que delimitó el contenido del control constitucional y de convencionalidad en nuestro país, admitía el control difuso de constitucional y de convencionalidad, y reconoció que éste debía ejercerse de oficio, que es obligatorio y no potestativo para todas las autoridades, interpretar al ordenamiento, a la luz de los principios pro omine, todos los derechos fundamentales y la legislación y demás normas que se aprueben en este país. En consecuencia la Suprema corte de Justicia de la Nación debía en el caso concreto maximizar los derechos políticos previstos en diversas disposiciones de la Constitución, artículos 1o., décimo tercero, 6o., trigésimo quinto, trigésimo noveno, entre otros. Y en los artículos 1o., 2o., décimo tercero, vigésimo tercero, vigésimo noveno y vigésimo de la Convención Americana de los Derechos Humanos, misma que es parte de nuestro ordenamiento jurídico, según lo dispone el artículo 133 de la Carta Magna. En una interpretación conforme, tal como se ordena en el párrafo segundo del artículo 1o., de la Constitución, se debe atender a lo previsto en la Constitución y en los tratados y leyes y demás ordenamientos para lograr la mayor efectividad del derecho humano o libertad de que se trate, con mayores alcances posibles en los términos del principio pro homine y favor libertatis. En consecuencia, la suprema corte estaba obligada a promover y a ampliar la garantía de los derechos humanos de la participación política. La decisión mayoritaria de los ministros de la suprema corte, con excepción del voto particular del ministro Cosío, es violatoria de derechos humanos y por eso el Partido del Trabajo y los de Morena estamos inconformes porque estamos viviendo no un estado de derecho, sino en un estado violatorio de los derechos fundamentales. Es cuanto, diputada presidenta.