LA C. PRESIDENTA: TÚRNESE a la Comisión de Ciencia y Tecnología y a la Comisión de Salud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL C. SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: ( En relación al informe sobre desaparecidos que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos ) Punto de Acuerdo El Informe de la CND Sobre los Desaparecidos Diputado Miguel Bortolini Después de casi 11 años de existencia, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha presentado un informe sobre cerca de 500 casos de detenidos desaparecidos. A partir de ese momento, tanto desde la presidencia de la República como entre algunos analistas, han echado las campanas a vuelo: por fin, se nos dice estamos viviendo la transición a la democracia, por fin se respetarán los derechos humanos. La misma CNDH, en un comunicado público sobre el Día Mundial de los Derechos Humanos, ubica este informe, junto con su beneplácito por la contrarreforma indígena que se aprobó por el Congreso de la Unión -avalando una Ley que conculca el derecho a la autodeterminación y a la autonomía- como elementos que avanzan en "la cultura, defensa y protección de los derechos humanos". La realidad es un poco más compleja, analicemos un poco más de cerca el informe: l.- El informe esta elaborado en i lo fundamental, con base en cuatro elementos: einfo - del exprocurador Oscar Flores lrme Sánchez, los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, los archivos del CISEN y las denuncias presentadas por los familiares de los desaparecidos, en especial las del Comité que preside doña Rosario Ibarra. 3.- Al no ser ministerio público, la CNDH no realiza una investigación que permita ubicar las responsabilidades sobre esa terrible práctica, por lo tanto los nombres mencionados, casi siempre de policías y soldados, no llegan nunca hasta los puestos de responsabilidad superior. La Federal de Seguridad dependía de la Secretaría de Gobernación, la Brigada Blanca fue un híbrido que a pesar de que no estaba en la estructura administrativa del gobierno, su disolución fue anunciada por el Secretario de la Defensa, Félix Galván López, por lo que podemos deducir que estaba bajo su responsabilidad y finalmente los mandos del ejército eran responsables de las acciones de su tropa. 4.- Por el número de desapariciones y su continuidad, sexenio tras sexenio, podemos deducir que se trato de una política de Estado. Por lo tanto, no se le pide al ministerio público que investigue sobre 1a actuación de los sucesivos titulares del poder ejecutivo, los cuales, por decir lo menos, tuvieron una actitud totalmente negligente ante esta terrible práctica. 5.- En el informe, la política de detencionesdesapariciones se detienen abruptamente en el sexenio de Miguel de la Madrid, en el cual de 20 desparecidos reportados solamente se informa sobre 8, mientras que-no se informa sobre ninguno bajo los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo, a pesar de que hubo más de 20 casos reportados. ¿Tendrá que ver esto con la fecha de creación de la CNDH? Muy posiblemente con este hecho se busque querer pasar por abajo del tapete la ineficacia de un organismo al cual rectarrieron varios familiares de desaparecidos en lo individual y del cual nunca obtuvieron la minima respuesta, más allá de promover la división del Comité Eureka. 6.- En el informe se plantean cono "desapariciones recientes", las ocurridas en contra de Alejandra Cárdenas; Antonio Hernández y Humberto Zazueta (exDiputado Federal), entre otros, sucedidos entre 1978 y 1980, cuando tan sólo en la actual admistración existen 6 denuncias de detenciones-desapariciones. 7.- Sin embargo la debilidad fundamental del informe es que no responde a la pregunta clave: ¿Qué pasó con los desaparecidos? Hace algunos meses, un miembro del Comité Eureka, Antonio Hernández (exdesaparecido que fue rescatado de sus torturadores) declaró que en una reunión de este Comité con el capitán Fernando Gutiérrez Barrios, éste les señaló que la práctica de la desaparición forzada fue una decisión de Estado y que solamente una decisión de Estado podría resolver el problema. Y aquí se encuentra la clave del problema: Más de 500 desaparecidos a partir de 1969 y llegando hasta el 2001, no puede ser considerado como una simple acción de cuerpos represivos menores sino como una práctica de Estado. * Práctica que no será erradicada mientras se mantenga la impunidad de los que la idearon y la condujeron, o peor aún, de los que la conducen, en tanto se sigue repitiendo. No es posible que, mientras esto no salga a la luz pública, se echen las campanas a vuelo por un informe de una institución, que no solamente no cumplió durante 11 años su cometido sino que muchas veces actuó como cómplice. Y sobre todo, nada cambiará mientras no se responda a la pregunta ¿dónde están los desaparecidos? Paralelamente es indispensable señalar que mal comienza la investigación en la actual administración cuando a pesar de que el 28 de agosto, una vez más, el Comité Eureka presentó una denuncia frente a la Procuraduría General de la República, no fue sino hasta que se hizo la presentación del informa de la CNDH, que el titular de la PGR anunció que se iniciaría la investigación. Parece que nada ha cambiado, la demanda ciudadana no cuenta y creo que todo esto tiene que ver con un problema esencial de la pospuesta y parece olvidada Reforma del Estado; la PGR tiene que ser autónoma, debe ser un órgano del Estado y no del gobierno. Es increíble que se haya decidido dotar de autonomía al Banco de México y no a la institución encargada de la promover la impartición de justicia. A este hecho ominoso hay que agregar uno nuevo: la PGR ha agregado al agravio la injuria, al mandar un citatorio a la casa de Rosario Ibarra en el cual se demanda la comparecencia frente a esta institución, de 27 compañeros ,que son precisamente parte de los desaparecidos que existen en México. Algunos alegarán ineficiencia burocrática, pero creo que se trata de algo más grave. Refleja una incapacidad estructural para atender un problema de ese tamaño. ¿Así es como la PGR piensa resolver esta terrible realidad? ¿Esa será la atención y el cuidado que le dedicará? ¿O se trata de añadir la burla al escarnio para desmoralizar a un grupo de ciudadanas y ciudadanos mexicanos que para muchos, tanto en México como afuera, son ya símbolos de la constancia y dedicación en pro de los derechos humanos? Compañeras y Compañeros Diputados Una decisión de Estado debe ir precedida de una voluntad de Estado. La mejor señal que podríamos esperar es que se resuelvan los 6 casos de desaparecidos del régimen foxista. No se puede querer ver hacia el pasado cuando ese pasado es un presente ominoso. No se puede ni se debe cometer el error de querer ubicar todo en los sexenios de Luis Echeverría o de José López Portillo sin percatarse de que en todos los otros sexenios también ha existido esta terrible actuación. Y aquí no vale lo que se conoce como "la estadística del terror", según la cual si cada vez son menos los desaparecidos hay que conformarse. Un solo caso de desaparición es una mancha para cualquier Estado. Por lo tanto es hipócrita iniciar una investigación sobre el pasado y _al mismo tiempo no responder rápidamente a los casos que tienen que ver con la actual administración. El problema de los desparecidos no es un caso-cerrado, existe siempre la tentación de los voceros y amanuenses del poder de comerse el pastel antes de hornearlo. Parece que no existen muchos abogados ansiosos de ocupar el cargo de la fiscalía especial: Y esto tiene que ver con una serie de cuestiones claves que no están definidas: l.- ¿Se tiene la voluntad política de llegar hasta sus últimas consecuencias en función no de tal o cual acuerdo político sino de la justicia? 2.- ¿Se buscará establecer la responsabilidad intelectual y no tan sólo directa en la aplicación de esta terrible práctica? Nadie se puede escudar en el argumento de que "no fue policía sino presidente" en tanto éste ha sido siempre la excusa del genocida. 3.- Una investigación sobre lo que sucedió con los desparecidos no puede comenzar con la hipótesis de que están muertos sino con la necesidad de saber que pasó con ellos. Ahora, con el informe de la CNDH y con la decisión del ejecutivo de nombrar un fiscal especial se reconoce públicamente lo que antes se negaba, sí existen más de 500 casos de desaparecidos en México; ahora por primer vez se acepta que estuvieron en cárceles clandestinas; ahora por primera vez se acepta que el campo militar número uno, fue utilizado como cárcel clandestina, ahora por primera vez se acepta que mandos policiacos y militares fueron los encargados directos de esas abominables acciones. Con tanta gente involucrada ¿no es posible saber que pasó con los desaparecidos? 4.- Finalmente es indispensable establecer el criterio de que bajo la Ley sobre desapariciones que aprobamos recientemente, ese tipo de delitos .no prescriben en tanto se trata de un delito continuo y nadie se puede escudar cínicamente en esta posibilidad, como lo hizo cínicamente el actual Procurador del estado de Colima, Sam López, uno de los señalados en el informe de la CNDH como asiduo encargado de las desapariciones Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 5 8 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Honorable Asamblea una proposición con: Punto de Acuerdo l.- Se cite al Titular de la Procuraduría General dela República, ante el pleno de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para que explique la forma en que se está llevando a cabo la investigación del caso de los desparecidos, tanto de los que se plantean en el informe de la CNDH como de todos los otros qué no fueron contemplados en dicho informe, pero sobre los cuales hay demandas ya metidas en la PGR.