La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada presidenta. El día de hoy conmemoramos el octogésimo tercer aniversario de la Expropiación Petrolera, acto por el cual se nacionalizó la industria petrolera de nuestro país, después de que durante más de 30 años las compañías extranjeras actuaran con toda libertad dentro del territorio nacional, explotando de manera irracional los yacimientos petroleros y oponiéndose de manera permanente al cumplimiento de sus responsabilidades. El 18 de marzo de 1938, el presidente de México, Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la Expropiación Petrolera, consistente en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. Grande fue el apoyo que el presidente recibió de la población. Muchos cooperaron para pagar las altas indemnizaciones a estas compañías y se podía ver a las personas entregando las más disímbolas aportaciones en especie y en contante. En México y en el mundo utilizamos distintos recursos naturales para transformarlos en energía, clasificadas como primarias las que se obtienen directamente de la naturaleza como el viento, el sol, el agua en movimiento, la biomasa, el uranio, el petróleo, el gas y el carbón. Las secundarias se obtienen a partir de los flujos energéticos, de la transformación de algunas de las fuentes primarias, por ejemplo, la electricidad, el hidrógeno y los combustibles. En los últimos tiempos, debido al cambio climático, el mundo ha caminado cada vez con mayor contundencia hacia el uso de energías limpias cuya huella de carbón sea mínima o inexistente. Sin embargo, a contraflujo, el gobierno del presidente López Obrador ha privilegiado las energías fósiles sobre las renovables, imponiendo megaproyectos, cuya utilidad es seriamente cuestionable y que nos alejan cada vez más del cumplimiento de los compromisos internacionales que hemos adquirido para la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. La última gabela la constituye la nueva normativa que otorgando a la Comisión Federal de Electricidad el monopolio en la gestión de la energía eléctrica del país, contraviene tratados internacionales, lesiona la libre competencia en nuestro país y afecta al consumidor final, ya que el criterio para la adquisición de la energía no es la eficiencia en la generación energética. En este sentido, es importante recordar que fue este Congreso de la Unión, el que aprobó la iniciativa que reforma la Ley de la Industria Eléctrica enviada como iniciativa preferente por el presidente López Obrador, con el objetivo de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. El inquilino de Palacio Nacional dio línea política a su rapaz mayoría en el Congreso, con el fin de que no se le cambiara ni una coma a su iniciativa, violentando el principio fundamental de la separación de Poderes y la autonomía de este Poder Legislativo. Para el 11 de marzo un juez federal suspendió todos los efectos y consecuencias de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica al conceder dos amparos promovidos por empresas privadas de energías renovables. A la fecha, se cuenta con más de 30 suspensiones, porque tal y como lo advertimos las disposiciones que contiene resultan inconvencionales e inconstitucionales. Lo anterior, ha provocado la furia del presidente quien, en un acto de insólito autoritarismo, señaló al juez otorgante de corrupto y solicitó al Poder Judicial que investigue y esclarezca la actuación del juez segundo distrito en materia administrativa, especializado en materia competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, violentando con ello la autonomía constitucional de la que gozan los juzgadores en nuestro país. El 18 de marzo constituye una fecha fundamental en el calendario histórico de nuestro país, no solo conmemoramos la expropiación petrolera, sino que hace un año exactamente se sucedió la primera muerte en territorio nacional debido a la Covid-19. Después de que el presidente enunciara que nuestro país estaba preparado para enfrentar la pandemia con estampitas y escapularios, han transcurrido 365 días, han muerto casi 200 mil personas y el gobierno sigue insistiendo en que tiene dominada la pandemia con una electorera estrategia de vacunación y una nula atención de los pacientes enfermos de Covid. Ochenta y tres años han pasado y las comparaciones son ineludibles, de un presidente visionario con altura de miras, a un presidente autoritario que les ha fallado a las personas y al país. Y termino, y si el gobierno federal tiene elementos suficientes para acreditar la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, que lo haga valer en tribunales y revierta la atinada decisión de los jueces federales, de quienes reconocemos el total respeto a la Constitución y que no rinden pleitesía a un mesías, como la mayoría mecánica de este Poder Legislativo, en donde desde el día uno de esta legislatura se fue al bote de la basura la División de Poderes. Es cuanto, diputada presidenta.