La diputada Alma Lilia Luna Munguía: Con su venia, presidente. Ha sido y es preocupación de la Comisión de Defensa Nacional, de la que soy integrante y secretaria, de esta honorable Cámara, en general, la defensa de la naturaleza jurídica de nuestro Ejército Nacional. Su uso en actividades que correspondieron, en primera instancia, a las instituciones de Seguridad Pública, ha sido ampliamente debatida y existen grandes consensos en torno a que el ejército debe regresar a sus cuarteles, por lo cual se hace urgente la profesionalización de nuestros cuerpos policiales. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática ha denunciado en innumerables ocasiones que la salida del Ejército y la Armada de México a las calles, y la constante violación al marco constitucional en materia de Fuerzas Armadas y garantías individuales ha establecido un estado de excepción factual. Hemos hecho explícito nuestro rechazo a la violación al artículo 129 constitucional, que señala: En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión, o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones estableciere para la instalación de las tropas. Al artículo 11 de nuestra Carta Magna, con el establecimiento de retenes policíacos y militares: Todo hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su territorio y mudar su residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otro requisito semejante. Al artículo 16 constitucional, en lo relativo a las facultades del Ministerio Público, cuando los militares solicitaron la presentación de denuncias en sus oficinas; y a muchos otros artículos que procuran el establecimiento de un estado democrático de derecho. Los oídos de las autoridades federales han sido sordos a nuestros reclamos, y lejos de retirar a las fuerzas militares de nuestras calles, el número de efectivos se ha venido incrementando de manera preocupante. La naturaleza jurídica de la propia institución castrense establece que su misión fundamental es, y debe ser, la defensa de la patria. Esta característica especial de las Fuerzas Armadas implica que no estén capacitadas para la interacción cotidiana con la población, específicamente en labores de seguridad pública, porque su destino es el resguardo final de la nación y sus fronteras a través, e incluso del uso indiscriminado, pero legítimo de la fuerza del Estado, cuando las opciones pacíficas de resolución de los conflictos no resultaron suficientes para alejar las amenazas a nuestra soberanía. Fue gracias a los reclamos de amplios sectores de la izquierda mexicana y de la sociedad civil, específicamente aquéllos interesados en el respeto irrestricto de los derechos humanos, que se creó, el 4 de enero pasado, la Dirección General de Derechos Humanos en la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual, sin embargo, no cuenta con recurso presupuestal alguno en este decreto de Presupuesto. Asimismo, resulta indispensable asignar recursos para que esta Dirección General implemente las 53 secciones generales y las cuatro acciones especiales que le han sido asignadas en el presente programa nacional de Derechos Humanos, ya que esta institución ha recibido por parte de los organismos públicos de derechos humanos durante 2007 y durante 2008, 35 recomendaciones. Es por ello que proponemos la reasignación de 16 millones 319 mil 543 pesos, recurso excedente situado en las diversas unidades responsables de gasto de este ramo, correspondiente a la partida mil 102, "Haberes", que en total suman 7 mil 394 millones 50 mil 774 pesos; y del .1 por ciento de los recursos presupuestales asignados a este ramo, correspondientes a 4 millones 242 mil 332 pesos reasignados de la partida 3 mil 300, "Asesorías, consultorías, servicios informativos, estudios e investigaciones y otros servicios de la unidad responsable de gasto". Mil 101, "Jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional", que tiene un total de 221 millones 301 mil pesos. Estas reasignaciones para la operación de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que tendría a su cargo la implementación del programa Nacional de los Derechos Humanos de ese ramo. Por lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía Único. Se adiciona un artículo transitorio al decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, en los términos siguientes. Compañeros diputados, nada más recordarles que esta dirección se crea a propuesta del Ejecutivo federal y en este momento no cuenta con recursos para su operación. Espero que sean conscientes que es el Ejecutivo quien decide que se cree esta dirección, pero no tiene recurso para trabajar y es importante por las actividades que viene realizando el Ejército nacional. Ya termino, presidente, si me permite.