La diputada Marbella Casanova Calam (PRD): Muy buenas tardes a todos y todas los presentes. Con su permiso, señor Presidente. Sin duda alguna el debate sobre las facultades, atribuciones y obligaciones de las entidades federativas con respecto a los Poderes de la Unión, ha estado más presente que nunca en este Poder Legislativo. Es urgente atender las distintas problemáticas generadas, según las características y condiciones de los estados de la República. Sin embargo, poco habremos de avanzar cuando a nivel local se entiende el ejercicio de gobierno como método para perpetuarse en el poder y para beneficiar sólo a aquellos grupos que son afines a los intereses y objetivos planteados por el gobierno en turno. En el pasado proceso electoral del 16 de mayo, en mi estado natal Yucatán, fue muestra de las prácticas y métodos antidemocráticos que evidenciaron la canalización de recursos públicos a disposición del gobierno con fines electorales. Así lo demostraron los fallos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que respecta a los municipios de Akil, Quintana Roo y Tahmek, en donde se tuvieron que anular los comicios por irregularidades comprobadas. Aún así, parece que la arena electoral no ha sido suficiente para demostrar que la decisión de miles de ciudadanas y ciudadanos yucatecas, se ha inclinado hacia una verdadera forma democrática de gobierno. Me refiero específicamente al municipio de Valladolid, siendo uno de los más económicamente importantes del estado, existe el hecho de que el material aportado por las Secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Rural y Pesca del estado, se ha entregado de manera unipersonal, por parte de una regidora panista de este ayuntamiento; materiales como son: carretillas, picos, etcétera, se han entregado en fechas recientes en comisarías de manera personal. Todos coincidiríamos que en tales acciones corresponden a las tareas que como representantes populares, las y los regidores tienen la obligación de cumplir, sino fuera porque los recursos públicos pertenecientes a los municipios en su conjunto y suministrados por el gobierno del estado, se están canalizando a una sola persona en su domicilio particular, por encima de la representación oficial y de las facultades constitucionales de la presidencia municipal de Valladolid, acciones que contravienen las diversas disposiciones y ordenamientos estatales como la Constitución Política del Estado de Yucatán, la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Bienes de Yucatán, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, la Ley Orgánica de los Municipios. Por si fuera poco, estas dos Secretarías ya tienen como antecedentes denuncias fehacientes en contra de sus titulares, por el presunto desvió de recursos públicos con fines electorales, a favor del Partido Acción Nacional, llevándolos a la penosa necesidad de comparecer ante la Subprocuraduría Especial de Delitos Electorales y en el caso del gobierno del estado la malversación de recursos destinados en el Fondo de Desastres Naturales para atender las consecuencias del pasado huracán Isidoro. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente punto de cuerdo: Primero. Que esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, exhorte al gobierno del estado de Yucatán, instruya a la Secretaría de la Contraloría General del Poder Ejecutivo, a realizar una auditoría imparcial y objetiva a las Secretarías de Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Pesca, en relación a la mala utilización de los fondos de los recursos públicos. Segundo. Esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, exhorte al Congreso del estado de Yucatán instruya a la Contaduría Mayor de Hacienda a instrumentar las acciones necesarias para transparentar y fiscalizar los recursos públicos destinados a los municipios del estado. Es cuanto, señor Presidente.