El diputado Manuel de Jesús Baldenebro Arredondo: Con motivo del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de subcontratación laboral, y con la venia de la Presidencia de la Mesa Directiva. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el derecho al trabajo que consagra nuestra Constitución se basa en el principio de dignidad y unidad social, otorgando seguridad jurídica a las trabajadoras y a los trabajadores de nuestro país y corresponde al Poder Legislativo fortalecer la legislación eliminando toda práctica que violente, dañe o sea contraria a la protección de los derechos de los trabajadores. El día de hoy, a nombre de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, que me honro en presidir, con fundamento en el artículo 104, fracción II del Reglamento de esta Cámara, presento a su consideración la reforma en materia de subcontratación laboral, por medio de la cual se modifican, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, del Código Fiscal de la Federación, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley Reglamentaria de la Fracción XIII Bis del Apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas modificaciones erradican una práctica que afecta a los derechos de los trabajadores, derogando las disposiciones que constituyen un medio de vulneración a los mismos. Con esta reforma, se señala de manera clara y precisa que solo podrán existir subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra especializada o servicios complementarios, siempre y cuando no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de estas empresas. Se establecen formalidades y requisitos que cualquier persona física y moral deberá cumplir para poder contratar la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, como es la formalización de un contrato en el que se señale el objeto de los servicios a proporcionar o las obras a ejecutar, el número aproximado de trabajadores que participarán para dar cumplimiento al mismo y la observancia de las disposiciones aplicables en materia de condiciones de trabajo, seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo que se prevén en la Ley Federal de Trabajo. Se establece la obligación para que las empresas realicen dichos servicios, se inscriban en el padrón a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con la finalidad de que antes de celebrar un contrato acrediten el carácter especializado de los servicios que otorgan, y que se encuentran al corriente del cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de seguridad social. Se proponen las reglas claras respecto a la sustitución patronal y al registro de sus trabajadores. Se establece un reparto de utilidad de 90 días del salario del trabajador o el promedio de los últimos tres años, lo que resulte más beneficios para el trabajador. Se instituye que, para la verificación de los cumplimientos de las obligaciones establecidas en las diversas leyes, los institutos y las autoridades correspondientes celebrarán, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, convenios de colaboración para el intercambio de información y la realización de acciones de verificación conjuntas, en el respectivo ámbito de su competencia. Se endurecen las sanciones para patrones que niegan el desahogo de inspecciones, así como aquellas que utilizan la subcontratación en contravención de las leyes establecidas. En suma, las modificaciones presentadas erradicarán prácticas que operan en la actualidad a través de diversas formas de simulación, en perjuicio de los trabajadores y del erario público. Las diputadas y los diputados que integramos las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Hacienda y Crédito Público, aprobamos el presente dictamen con la finalidad de contar con una protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras, pero también reglas claras para que los buenos patrones de este país sigan impulsando el progreso de México. Es de señalar y reconocer, que diputadas y diputados de los diferentes grupos parlamentarios representados en esta soberanía, muchos de ellos integrantes de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, presentaron importantes iniciativas, las cuales coinciden en la necesidad de acabar con prácticas que vulneran los derechos del sector laboral en nuestro país. Ha sido una constante en el trabajo desarrollado por la comisión que presido, realizar las adecuaciones que se requieren para contar con el marco legal que proteja y aumente de manera progresiva los derechos de todos los trabajadores, y este dictamen no es la excepción, por lo que ha sido aprobado por dos comisiones y con la opinión favorable de las Comisiones de Seguridad Social y Vivienda. Compañeras y compañeros, estamos seguros que estas reformas dejan constancia de nuestro compromiso de velar por los derechos laborales de los trabajadores de nuestro país, al tiempo que continuamos sumando a las importantes reformas realizadas en esta legislatura para dignificar de manera progresiva los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de nuestro país. Es por todo lo anterior, que no me resta más que invitarlos y exhortarlos para que voten a favor de este trascendental dictamen, que es de suma importancia para lograr la fortaleza jurídica de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, que dignamente impulsan el progreso del mismo. Reglas claras para que los patrones cumplan con sus obligaciones para con los trabajadores y de esta forma en conjunto salir adelante. Es cuanto, presidenta.