El diputado Isidro Pedraza Chávez: Gracias. Con su permiso, diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, bajo la siguiente Exposición de motivos La agricultura, y en general las actividades agroalimentarias tienen un carácter estratégico, son componentes primarios de un concepto de desarrollo nacional que entraña, en su esencia, la satisfacción de las necesidades alimentarias y nutricionales de la población. El carácter estratégico de la alimentación y de la nutrición de la población las inscribe dentro del marco de seguridad nacional y, desde esta visión, pertenecen a las obligaciones más importantes del Estado mexicano. Dentro del desarrollo económico el campo mexicano ha jugado un papel fundamental, aportando los bienes alimenticios socialmente necesarios a precios subsidiados por los productores rurales, habiéndose transferido una importante porción del excedente económico generado en el campo a las ferias urbanas, sin que haya existido reciprocidad en los flujos netos de recursos públicos que hayan permitido un desarrollo equilibrado campo-ciudad. En la actualidad, la disparidad en los grados de desarrollo de las áreas rurales y las urbanas, expresan que el conjunto de la sociedad mexicana tiene una enorme deuda histórica con el campo. Lo anterior ha implicado un flujo financiero neto desfavorable al campo, lo que ha traído como consecuencia la creciente descapitalización, atraso relativo en materia tecnológica, menor productividad relativa y falta de competitividad, dando como resultado ingresos insuficientes para la satisfacción de las necesidades sociales fundamentales. Siendo precisamente en las zonas rurales donde se localiza la mayor proporción de pobreza extrema en el país, es decir, alrededor de 68 por ciento de los casi 24 millones de habitantes en pobreza extrema, oficialmente reportados para el año 2000. La Encuesta Nacional de Nutrición de 1999, realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Zubirán, detectó que cerca del 18 por ciento de la población total estaba desnutrida, es decir, alrededor de 18 millones de personas. Es en las áreas rurales donde habitan un poco más de 25 millones de personas, casi el 32 por ciento están desnutridas; es decir, casi ocho millones de habitantes. Es pertinente destacar que en las entidades del sur del país este porcentaje aumenta a cerca del 42 y a 44 por ciento si se trata de población indígena. En México la pobreza extrema, rural y urbana, expresa una realidad lacerante y manifiesta el grado de incumplimiento de las obligaciones constitucionales fundamentales del Estado mexicano. Aunado a lo anterior se ha tenido una creciente dependencia agroalimentaria de la nación, vinculada estrechamente a la pérdida de productividad, competitividad y rentabilidad que afecta a la mayoría de los productores rurales y genera la migración de esa población, la reducción de sus ingresos y empleos, y la desnutrición que lastima a la población más pobre del país. Esta circunstancia exige una respuesta del Estado mexicano, para revertir esta realidad de manera definitiva. El grado de desarrollo del país es heterogéneo entre regiones y sectores, prevaleciendo condiciones de mayor marginación en el medio rural que se acentúa en la mayoría de los pequeños productores con tierras lejanas a los servicios y mercados. En términos generales, el campo mexicano se caracteriza por la incertidumbre productiva, la inestabilidad social, la creciente dependencia externa y la pérdida de soberanía y seguridad agroalimentaria; así como de millones de empleos agroalimentarios en la última década, abandono de tierras, degradación ambiental, migración económica forzada de cientos de miles de campesinos, entre otros rasgos. Por el contrario, los socios comerciales de México en el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica aseguran liquidez de ingreso y rentabilidad a los productores a lo largo de todo el año, a través de múltiples acciones: comercialización que beneficia al productor, créditos a tasas preferenciales, acceso al financiamiento para todos los productores y agronegocios en términos ventajosos; programas para compensar pérdida de mercados, entre otros. Las políticas vigentes no han reconocido las profundas diferencias que existen en el campo mexicano, esto lleva implícito la ejecución de políticas "iguales para desiguales", lo que trae como consecuencia la reproducción y ampliación de las desigualdades prevalecientes en el ámbito rural debido a que tal tipo de políticas favorecen generalmente a los actores rurales con mayores recursos. En el artículo 25 de la ley suprema se establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. Por su parte, en la fracción XX, del artículo 27 constitucional, se establece la obligatoriedad del Estado mexicano para generar las condiciones necesarias para el desarrollo rural integral, derivándose de este precepto constitucional, que nadie puede quedar marginado del desarrollo. De los preceptos constitucionales invocados se puede inferir que la justa distribución del ingreso y la riqueza, y la integración de toda la población a los beneficios del desarrollo, deben constituir principios rectores del accionar del Estado mexicano. La situación enunciada en la sección anterior manifiesta que el Estado mexicano ha sido omiso, hasta el día de hoy, en la observancia de estos mandatos constitucionales. Es por lo tanto menester llevar a cabo acciones orientadas a coadyuvar en el cumplimiento de estas disposiciones. El Ejecutivo federal dispone de una serie de políticas e instrumentos que pueden ser utilizados para dar cauce al acatamiento de los mandatos constitucionales aludidos. Entre ellos se encuentran los diversos programas de adquisición de bienes y servicios para el cumplimiento de sus funciones sustantivas, reguladas, entre otras disposiciones normativas, por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Sector Público. En el universo de proveedores de las dependencias y entidades del sector público se hace referencia a los campesinos o grupos urbanos marginados. Lo que la ley pretende, en los hechos, se queda en buenos deseos: dar a tales grupos, debido a que su situación de marginación, facilidades en las relaciones comerciales que con ellos establezcan las instancias públicas en materia de garantía de contratos y de penalizaciones por su incumplimiento; sin embargo las decisiones correspondientes las sujeta a una determinación del sector público respectivo, quien actúa bajo su responsabilidad, lo que ha impedido en la práctica el goce por parte de tales grupos, dé estas facilidades. Como es sabido, uno de los cuellos de botella más importantes en el ámbito rural es el problema de la comercialización. La adquisición de bienes y servicios por parte de instancias públicas es una vía importante para solucionarlo, así sea parcialmente, porque se pueden establecer condiciones de intercambio comercial justo que auxilien a los grupos marginados para superar su situación de pobreza. En virtud de los elementos vertidos en las secciones anteriores, estimo que existen justificaciones plenas para añadir y modificar algunos preceptos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector público, precisamente en el ánimo de coadyuvar en el cumplimiento de los mandatos constitucionales antes referidos, mediante el otorgamiento de exenciones en materia de garantías y de penalizaciones en las relaciones comerciales entre los grupos de campesinos o grupos suburbanos marginados y las instancias públicas. Permanecer en las circunstancias normativas actuales mencionadas impide que tales grupos campesinos y urbanos marginados salgan de su aislamiento lo que por otra parte significa que el Estado mexicano, debiendo y pudiendo hacerlo, no lleva a cabo acciones en su beneficio. Sin otro particular, suplico se turne a la Comisión y se inserte la presente iniciativa en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora Presidenta. Compañeros diputados, gracias.