La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, señora presidenta. compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vengo a presentarles esta propuesta de reforma constitucional que tiene como objetivo derogar la figura mexicana violatoria de los derechos humanos por excelencia: el arraigo, el cual se encuentra consignado en el párrafo octavo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que le dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Esto quiere decir, compañeras y compañeros, que si se presume que una persona es parte de la delincuencia organizada, es decir, organización de tres o más personas, si se arguye que se busca el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando existe temor de que el inculpado se sustraiga, se violarán sus derechos humanos y se le dejará en completa indefensión. Es decir, a causa de una investigación defectuosa del Ministerio Público, el que va a pagar es el probable responsable, violando su garantía constitucional respecto de la presunción de inocencia. El 10 de junio de 2011 México dio un paso trascendental en la reforma de derechos humanos, mostrándole al mundo nuestras más altas aspiraciones para protegerlos y garantizarlos; sin embargo, conservamos en nuestro marco jurídico la figura del arraigo como un mecanismo que les permite a las autoridades tener a los ciudadanos a su disposición, y debemos decirlo, cometer violaciones graves a los derechos humanos, como se han comprobado las prácticas de tortura, entre otros tratos crueles. Es importante señalar que en el periodo que va de junio de 2007 a junio de 2014 el Poder Judicial de la Federación ha obsequiado a la Procuraduría General de la República 14 mil 523 órdenes de arraigo, de ellas únicamente 464 recibieron sentencia condenatoria, es decir, que después de un procedimiento de arraigo convencionalmente violatorio de los derechos humanos, la PGR tiene una efectividad de 3.2 por ciento, según los datos del observatorio ciudadano de justicia. México no puede ni debe mantener un doble discurso respecto de los derechos humanos, como sociedad hemos decidido regirnos bajo esos principios, por lo que resulta imperativo que la figura de arraigo desaparezca de nuestro marco jurídico. La fortaleza de las instituciones de procuración de justicia no debe recaer en la vulneración de los derechos humanos sino en sus verdaderas capacidades de investigar y sancionar, de otra forma solo estaremos solapando el mal desempeño de las instituciones y contribuyendo con un clima de inseguridad y corrupción. Debemos estar claros, la PGR puede seguir siendo una institución ineficiente y cara, ya que en un país en donde la mayoría de la población no gana más de 10 mil pesos, cada averiguación previa despachada por la PGR pasó de costarnos 89 mil 100 pesos en 2007 a costarnos en 2014, 163 mil 493 pesos, y en 2015, 169 mil 516, según datos de la Auditoría Superior de la Federación. Compañeras y compañeros, no nos engañemos, el arraigo vulnera derechos humanos, contradice nuestras intenciones de un país mejor y merma la confianza de la población en nuestras instituciones encargadas de administrar justicia. Quitemos la figura del arraigo de nuestra Constitución, es contraria a su espíritu, es contraria al respeto de los derechos humanos. Mantener esta figura en nuestra Carta Magna es un síntoma que refleja nuestros límites para avanzar, para contemplar de frente los errores y decidir mejorar. Eliminar la figura del arraigo de nuestro sistema de impartición de justicia es un acto de congruencia y armonía con el proyecto de nación justa que espero, todas y todos aquí busquemos. Es nuestro compromiso con México y con nuestros ciudadanos. Es cuanto, diputada presidenta.