La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Hace aproximadamente dos siglos, en el debate académico de los teóricos del derecho penal, se señalaba que el encarcelamiento era la base y el edificio casi entero del sistema penal. Se señalaba que este sistema de encarcelamiento era producto del avance de ideas modernas. A casi dos siglos de distancia de que estas ideas se convirtieron en el pilar central de la tradición penalista en el mundo, esto ha cambiado, esto se ha transformado y estas tesis han quedado rebasadas porque demostraron su ineficacia. Pero en México es evidente que hay quienes insisten en hacer de este modelo punitivista e inquisitorio el centro de la política criminal. En contraparte a esta visión que permeó prácticamente durante todo el siglo XX con el sistema inquisitivo y después el sistema mixto que reproducía el mismo sistema, se impulsó la construcción de un nuevo sistema de justicia penal, que nació a raíz de la reforma constitucional de 2008 y entró en pleno vigor en 2016, con la expedición del Código Nacional y con la obligación de las entidades federativas de adoptar ese sistema, basado en principios como el de la legalidad, el debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a los derechos humanos. El nuevo sistema de justicia se concibió con el objeto del esclarecimiento de los hechos, la protección del inocente, procurar que el culpable no quede impune y la garantía de la reparación del daño. Por primera vez, se puso a la víctima como parte y centro de este proceso. Sin embargo, en su diseño se conservaron resabios de una política punitivista. El mayor ejemplo de ello lo es justamente este catálogo de delitos en el artículo 19 constitucional. Este catálogo de delitos que establecía excepciones a la prisión preventiva justificada, aplicada como medida cautelar a petición del Ministerio Público, cuando pudiera correr peligro la víctima o cuando el imputado pudiera extraerse de la acción de la justicia o en otros casos excepcionales. Sin embargo, se estableció un catálogo para que en una serie de delitos el juez debiera otorgar la prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, desde que es posible aplicar dicha medida de manera oficiosa, se han advertido dos efectos negativos graves. Uno, que se incumple con el principio de excepcionalidad que establece que esta medida se debería aplicar solo cuando otras medidas no sean suficientes. Y dos, que la medida se ha aplicado en exceso. De acuerdo con el Inegi, al menos el 44.4 por ciento, casi la mitad de los imputados procesados han recibido prisión preventiva, con lo cual queda en evidencia que no se trata de una medida excepcional, sino de la regla en los procesos penales. Es un asunto grave si recordamos que la sola privación de la libertad podemos estar hablando de una pena anticipada que es violatoria de derechos humanos. En términos institucionales, abrir la puerta a la prisión preventiva oficiosa es grave, pues implica que no se desarrollen capacidades para la persecución efectiva de los delitos. Lejos de ser una solución, perpetúa los grandes vicios de nuestro sistema penal. Solo se procesa a quienes son detenidos en flagrancia, no genera incentivos para que los ministerios públicos realicen una investigación integral del fenómeno criminal. Y promueve la saturación de nuestro rebasado sistema penitenciario. En pocas palabras, la prisión preventiva termina por promover impunidad. Durante la discusión a la reforma del 19 constitucional, publicada el año pasado, donde se abre la puerta todavía más a la prisión preventiva oficiosa, sumando nueve conductas más, hubo posicionamientos encontrados al interior de distintos grupos parlamentarios. Y finalmente se introdujeron estas nuevas hipótesis delictivas al Catálogo de la Prisión Preventiva Oficiosa. Una vez que la reforma constitucional fue publicada correspondía armonizar al Poder Legislativo y, de hecho, la Comisión de Justicia el año pasado emitió un dictamen. Sin embargo, ahora vemos que en un caso lamentable de falta de técnica legislativa el Senado de la República nos envía una minuta que excede con mucho el propósito de armonizar la prisión preventiva en la legislación secundaria. De manera indebida se pretende engrosar la lista aprobada por este mismo Congreso, creando todavía nuevos equipos panales, modificando otros e incrementando penas en una suerte mal lograda de miscelánea penal. Esta modificación unilateral del Senado representa un fraude a la ley...