El diputado Adrián Chávez Ruiz: Con su permiso, ciudadano Presidente. Jacqueline Arguelles Guzmán y Adrián Chávez Ruiz, Diputados de la LIX Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con fundamento en los Artículo 71 Fracción II y LXXII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el Artículo 26 de la Ley Orgánica del Congreso General y LV Fracción II, LVI , LX y LXIV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, ocurren a solicitar se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente Iniciativa de Ley. ANTECEDENTES A raíz de la aplicación de un modelo económico que privilegia la mayor ganancia al menor esfuerzo y con la menor responsabilidad, la civilización se ha alejado progresivamente del equilibrio que reinaba originalmente en los Ecosistemas que el hombre habitaba. El costo ha sido muy alto, ya que en estos momentos está en juego incluso la supervivencia de la especie misma. Como un mecanismo de contención insuficiente quizás, mientras no se modifiquen las causas de la destrucción de nuestro entorno, se han establecido herramientas de conservación que han permitido reconstituir paulatinamente áreas de actividades que anteriormente se encontraban en franco desequilibrio. Así hoy, la Implementación de Areas Protegidas, es una de las medidas tendientes a aminorar la acelerada destrucción de nuestro entorno permitiendo un aprovechamiento sustentable de los recursos de los Ecosistemas que se intentan proteger. Las áreas naturales protegidas, son consideradas el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación de la Biodiversidad. Son definidas por la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas como porciones terrestres o acuáticas del territorio nacional representativas de los diversos Ecosistemas en donde el ambiente original no ha sido esencialmente alterado y que producen beneficios ecológicos cada vez más reconocidos y valorados. Se crean, mediante un Decreto Presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo en ellas, se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley. Es necesario reconocer que en nuestro país la creación de dichas zonas no ha ido a la par de la generación de Proyectos de Desarrollo Sustentable y de los recursos económicos y humanos necesarios para su adecuado funcionamiento, llevando al surgimiento de conflictos entre los objetivos de conservación de los recursos naturales y los de desarrollo de las comunidades que habitan en o en torno a ellas. La importancia de la conservación ambiental, en muchas ocasiones ha implicado la exclusión de la gente; ahora, en el marco de la sustentabilidad debe dar paso a un énfasis más amplio en la participación social del acceso a los recursos naturales. Las áreas naturales protegidas de México tienen entre sus objetivos asegurar el aprovechamiento sustentable de los ecosistemas y sus elementos, en ese mandato, se obliga a las CNPS que incluyan porciones marianas, asegurar el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros en las áreas a su cargo. Esta situación encierra una paradoja, ya que mientras la aplicación efectiva de la Lejepa obliga a los administradores de las CNPS a abordar la problemática pesquera, la estructura y práctica de la administrción pesquera no le reconoce medios para su participación en este tema, específicamente en las áreas naturales protegidas del noroeste de México, de la Península de Baja California, en Baja California y Baja California Sur, la actividad pesquera suele tener una importancia preponderante, siendo la fuente de empleo para un segmento significativo de la población local. Por lo general, los principales conflictos sociales, presiones sobre los recursos naturales, impactos ambientales en islas y franjas costeras y gran parte de la vida económica de estas áreas, están en relación con la actividad pesquera, por lo que su atención ha resultado un compromiso ineludible para el personal encargado de cada ANP. Existen fuertes problemas en dichas áreas, donde habitan pescadores, fundamentalmente por la falta de consenso con estos actores, en la definición de los planes de manejo de las mismas o porque se percibe su establecimiento como una imposición del gobierno federal. Una de las causas de esos problemas, se deben a una mala coordinación e interpretación de las leyes vigentes relacionados al tema pesca, y esta falta de coordinación representa una de las principales amenazas para la conservación y uso sustentable de los recursos pesqueros, en las áreas que debieran ser modelos de manejo. La Lejepa en la actualidad, establece, que la realización de actividades pesqueras que puedan poner en peligro la preservación de una más especies o causar daños al ecosistema, requerirán previamente autorización en materia de impacto ambiental. b) La explotación, exploración, aprovechamiento y administración de los recursos acuáticos, vivos y no vivos, se sujetará a lo que establezca esta ley, incluyendo la Ley de Pesca, las NOMS y las demás disposiciones aplicables. c) Se deberá solicitar a los interesados la realización de un estudio de impacto ambiental previo al otorgamiento de concesiones, permisos y en general, autorización para la plutarización de actividades pesqueras, cuando el aprovechamiento de especies ponga en peligro su preservación o pueda causar desequilibrio ecológico. De acuerdo a la clasificación que la propia Lejepa hace sobre áreas nacionales protegidas, existen áreas en donde el aprovechamiento de los recursos es permitido al igual que las actividades que allí las comunidades desarrollan. Tal es el caso que el Artículo 47 Bis de la misma, establece las actividades que son permitidas en las zonas y subzonas de ANP, sin embargo, en la fracción II inciso d) sobre las zonas de aprovechamiento sustentable de los ecosistemas, se ha excluido dentro de los temas de aprovechamiento a la actividad pesquera. En dicha fracción se enlistan únicamente dos actividades: agrícolas y pecuarias de baja intensidad, si bien hablamos de un aprovechamiento de los ecosistemas, debemos también entonces considerar a los ecosistemas acuáticos y marinos, por lo que se deberían enlistar también a la actividad pesquera y a la acuacultura. Por lo tanto, y en atención a lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados, respetuosamente someten a la consideración de esta H. Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el inciso d) de la fracción II del Artículo 47 Bis de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: Artículo 47 Bis Fracción I se mantiene igual. Fracción II se mantiene igual. Incisos a), b) y c) Inciso d) De aprovechamiento sustentable de los ecosistemas. Aquellas superficies con usos agrícolas, pesqueros, acuícolas y pecuarios actuales. En dichas subzonas se podrán realizar actividades agrícolas, pesqueras, acuícolas y pecuarias de baja intensidad, que se lleven a cabo en predios que cuenten con aptitud para este fin y en aquellas en que dichas actividades se realicen de manera cotidiana y actividades de agroforestaría y sirvopastoriles, siempre y cuando sean compatibles con las acciones de conservación del área y que contribuyan al control de la erosión y evitar la degradación de los suelos. La ejecución de las prácticas agrícolas, pecuarias, agroforestales y sirvopastoriles que no estén siendo realizadas en forma sustentable, deberán orientarse hacia la sustentabilidad y a la disminución del uso de agroquímicos e insumos externos para su realización. Las prácticas de aprovechamiento pesquero y acuícola, deberán de fundamental su actividad en la sustentabilidad y preservación de los recursos, guardando un equilibrio con el medio ambiente, no introduciendo especies exóticas no nativas e invasoras que degraden el equilibrio ecosistémico, evitando el vertimiento de desechos resultantes del proceso de aprovechamiento del recurso y fomentando y promoviendo el uso de artes de pesca altamente selectivas y no depredatorias. Transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos a los 20 días del mes de octubre del 2005. Es cuanto ciudadano Presidente.