El senador Guadalupe Francisco Javier Castellón Fonseca: Gracias, Presidenta. Gracias. Este tema es de la mayor importancia. No se trata de un tema privado, eso hay que tenerlo muy claro. No se está hablando de la decisión de una empresa para poder retirar o no dejar seguir un contrato que ya tenía. Éste es un asunto público y es un asunto que atañe tanto al derecho a la información, como también a la libertad de expresión. Afortunadamente los grupos políticos representados en esta Cámara han planteado no solamente el reconocimiento a la periodista Carmen Aristegui, que se había convertido en un programa; el programa se había convertido en un programa de alto rating, sino también han reiterado su preocupación para que la libertad de expresión y el derecho a la información sigan vigentes en nuestro país, porque al principio de las discusiones se establecía que era un problema privado, cuando no lo es. Quiero recordar —porque estos problemas así tienen que ser— que la Suprema Corte de Justicia ya perfiló, ya planteó el sentido público de los medios y todo lo que ocurra en lo que se refiere, no solamente a la transmisión de la información sino a la utilización de los medios tiene un sentido público y no necesariamente se escribe en el ámbito de lo privado. Yo quiero anotar no solamente los casos que había planteado el que me precedió en la palabra, el de Loret de Mola y el de otros periodistas. Nos hemos olvidado de los casos que existen en los estados de la república, ahí sí existen abusos de poder. Algunos gobernadores —yo no voy a hablar de otros estados, hablaré del mío— han utilizado presiones políticas en contra de los medios de comunicación para que programas que eran incómodos a su política y a sus políticas y a su imagen pudieran haber desaparecido. Dos gobernadores, uno, que era producto de una alianza, y otro, que es priísta, utilizaron esos mecanismos. Uno de ellos, cuando termina un contrato de un programa de televisión de unos exitosos periodistas en Nayarit, solamente presionaron a los concesionarios del medio para que ya no renovaran el contrato y jamás volvieron a hablar en televisión. Otro recientemente presionó a un dueño de una radio privada que tenía arrendada a un particular para que terminara el contrato de arrendamiento y terminara un programa de radio, de esos programas de radios públicos, de teléfono abierto que también le era molesto al gobernador. Yo quiero decirles que eso ha sucedido y seguramente sucede en muchos estados de la república, y no necesariamente públicamente se sabe que hay una presión de parte de los hombres del poder político y económico para acallar la libertad de expresión. Por eso saludo, saludo la decisión de todos los grupos políticos de mantener la libertad de expresión y el derecho a la información como preceptos que el Congreso también tiene que garantizar. Quisiera hacer, entonces, una propuesta de modificación a nuestra Mesa Directiva del punto de acuerdo; que el punto tercero habla —a mi parecer— de manera errónea, sobre la naturaleza de este punto, de que la Comisión Permanente reconoce que entre las facultades que le confiere la Constitución General de la República no se tiene el citar o solicitar información en materia laboral a empresas privadas. El asunto de Carmen Aristegui no es un asunto laboral, para empezar, y dentro del considerando del punto de acuerdo se establece muy claramente el sentido de que no es oportuno —así lo establece la comisión dictaminadora— realizar la investigación que estableció la proponente para el objeto del presente dictamen. Yo quiero retomar la naturaleza de esa propuesta y retirar el punto tercero, ésa es mi propuesta; porque no es información en materia laboral, es un asunto contractual y es un asunto que supera la situación laboral en empresas privadas. Es cuanto, Presidenta.