La diputada Olga Luz Espinosa Morales: Con su venia, diputado presidente. Diputadas, diputados, la modernización de las instituciones de los poderes de la Unión es una exigencia de la sociedad para responder a los constantes cambios que en ésta se dan. Un ejemplo de ello es la evolución a su democracia. Nuestra democracia, aún imperfecta, ha transitado a la transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad de los datos en poder del gobierno. Esta reforma que la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias pone a nuestra consideración es producto de dos indicadores de evolución político-social: los derechos de grupos sociales emergentes en condiciones de discapacidad a la no discriminación y a la armonización del derecho a la información, consagrados en nuestra Constitución política como garantías individuales. El dictamen objeto de esta discusión es el resultado del análisis de la iniciativa que en la sesión ordinaria del día 23 de marzo de 2010 la diputada Claudia Edith Anaya Mota, de nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó con el objeto de reformar el artículo 4 del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos para que la información que difunda el Canal del Congreso se traduzca simultáneamente a la lengua de señas mexicanas o subtitularse con palabras en español, o ambas. Este decreto entrará en vigor el primero de febrero de 2012 en razón de que la señal del Canal del Congreso será abierta a la población en general. Esta reforma, diputadas y diputados, va dirigida a garantizar el derecho a la información pública que se difunde por el Canal a las personas con discapacidad auditiva, que de acuerdo con los datos del Inegi, los sordos, entre los hombres, representan el 16.5 por ciento; y entre las mujeres, el 14.8 por ciento, del porcentaje total de las personas con discapacidad. Esta población se encuentra segmentada de acuerdo con los grupos de edad en los siguientes porcentajes: el 12 por ciento tiene entre 0 y 14 años; el 11.2 por ciento, de 15 a 25 años; 12 por ciento más, entre 30 y 59 años; y un 21 por ciento, entre 60 y más años. Garantizar el derecho humano a la información y a la no discriminación tendrá un costo aproximado a los 800 mil pesos anuales, monto insignificante en comparación al beneficio que representa la modernización de este órgano del Estado mexicano. Esta reforma nos pondrá a la vanguardia mundial en el acceso incluyente a la información pública. Nuestro Congreso podrá estar a la par del Parlamento Europeo. Aún queda pendiente, en la tesitura del acceso pleno a la información, la modernización de la página Web de nuestra Cámara para hacerla accesible, como lo recomiendas organismos internacionales, en materia de derechos humanos. En este sentido estamos avanzando. Sé que hay proyectos en marcha; es por lo que utilizo la máxima tribuna de la patria para hacer un llamado a los órganos de gobierno de esta Cámara a que se asignen recursos suficientes para que el proyecto se consolide lo más pronto posible y sume a esta reforma instrumentos que garanticen el acceso a la información pública, a todas y todos, sin discriminación de ningún tipo. Nuestro grupo parlamentario votará a favor de este decreto y exhorta a los demás grupos a expresarse en el mismo sentido, y con ello mantener el nivel de prioridad para esta Cámara con los derechos humanos de las personas con discapacidad. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.