La diputada Mónica Arriola: Con el permiso de la Presidencia, compañeros y compañeras legisladores, la justicia es el tema central y de mayor interés para los mexicanos. El sistema de impartición de justicia se encuentra en entredicho, ya que no garantiza la confiabilidad que la sociedad mexicana exige y merece. La actuación de las autoridades genera varios problemas: que las víctimas no acudan al Ministerio Público a denunciar los delitos; que gran número de los delincuentes no terminen condenados; que las audiencias en los procesos penales se desarrollen sin la presencia del juez; que las órdenes de aprehensión no sean ejecutadas; que haya una gran cantidad de detenidos que nunca hablaron con el juez que dictó su condena, vulnerándose así sus garantías constitucionales de audiencia y debido proceso, y que a los sujetos que son detenidos en la averiguación previa nunca se les haya designado un abogado que los defendiera. El aumento de la delincuencia supera por mucho al aparato estatal. Basta ver las estadísticas de la gran cantidad de agentes policiales y ministeriales consignados como presuntos responsables del delito ante la autoridad judicial. De diciembre de 2000 a junio de 2006 se puso a disposición de jueces penales a 7 mil 571 agentes preventivos y a mil 424 servidores públicos de la Procuraduría General de Justicia. El INEGI reportó una tasa del 4 por ciento de crecimiento promedio anual de los principales delitos denunciados; y el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad reveló en su IV Encuesta Nacional sobre Inseguridad Urbana, que en promedio 2 de cada 10 habitantes, de las 17 ciudades analizadas en este estudio, han sido víctimas por lo menos de un delito en su vida. Es preciso y urgente rediseñar el sistema de procuración y administración de justicia para brindarle a la sociedad plena certeza de que sus derechos están garantizados, no sólo dentro del marco jurídico, sino también por las autoridades responsables de aplicarlo. En Nueva Alianza estamos conscientes de que la reforma judicial es una de las más urgentes para nuestro país, pero ésta no debe ser el resultado de acuerdos políticos que atropellen los derechos de los ciudadanos. En el combate a la delincuencia organizada este dictamen propone elevar a rango constitucional la penalización de esta modalidad, cambiando la jerarquía normativa del tipo penal en la Carta Magna, garantizándole a la ciudadanía que el Estado mexicano, en todos sus niveles de gobierno, está obligado a velar por su bienestar social. Resulta positiva, por no decir oportuna, la figura de los juicios orales, toda vez que esto permitirá disminuir el uso de la prisión preventiva de la que los agentes del Ministerio Público han abusado. Según cifras oficiales, de 213 mil personas privadas de su libertad, alrededor de 40 por ciento, es decir 90 mil, no han recibido sentencia. En suma, en el Grupo parlamentario Nueva Alianza votaremos a favor del presente dictamen en lo general, haciendo las precisiones que consideremos oportunas a fin de evitar el menoscabo de garantías individuales, producto de un proceso histórico y demandas sociales por el pleno respeto y defensa absoluta de los derechos humanos. Esperando que la aprobación del presente dictamen se traduzca en un instrumento que dé respuesta a las demandas de seguridad pública, traduciéndose en una eficaz y eficiente impartición y administración de justicia. Muchas gracias, compañeros.