EL C. SECRETARIO DIPUTADO RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: (Oficio de la Junta de Coordinación Política relativo a la solicitud de modificación en la integración de la Comisión respectiva, del C. Diputado ABELARDO ESCOBAR PRIETO sustituya al C. Diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público) «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara Diputados. LVIII Legislatura. Junta de Coordinación Política. Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Presente. Con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso c de la Ley Orgánica del Congreso General de Estados Unidos Mexicanos, y a solicitud del Diputado Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, me permito solicitar a usted, la modificación en la integración de la siguiente comisión:  Que el diputado Abelardo Escobar Prieto sustituya al diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, como integrante en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, para los efectos a que haya lugar. Sin otro particular, quedo de usted. Atentamente. México, D.F., a 10 de abril de 2002. Diputado Felipe Calderón Hinojosa presidente.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara Diputados. LVIII Legislatura. Felipe Calderón Hinojosa, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados. Presente. Sirva el presente para enviarle un cordial saludo y para remitirle la siguiente sustitución: Que el diputado Abelardo Escobar Prieto, entra a la Comisión de Hacienda y Crédito Público en sustitución del diputado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Lo anterior para que se notifique a la comisión antes referida, para los trámites a los que haya lugar. Sin otro particular de momento, le reitero las seguridades de mi consideración más alta y distinguida. Atentamente. Palacio Legislativo a 9 de abril de 2002. Diputado federal Cuauhtémoc Cardona Benavides, subcoordinador de relaciones internas del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional.» LA C. PRESIDENTA. DE ENTERADO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL MISMO C. SECRETARIO. (Oficio de la Secretaría de Gobernación solicitando Permiso Constitucional necesario a efecto de que el C. LUIS ERNESTO DERBEZ BAUTISTA, pueda aceptar y usar la Condecoración  Conferida por gobierno extranjero). «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de Economía, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden Gwanghwa, en Primer Grado, que le confiere el gobierno de la República de Corea. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada de su acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente México, D.F., a 8 de abril de 2002. El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» LA C. PRESIDENTA. TURNESE A LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PUBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL MISMO C. SECRETARIO. (Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el Permiso Constitucional necesario a fin de que el C. EDGAR SEGURA RUIZ, pueda aceptar y usar la condecoración que le ha sido Conferida por Gobierno extranjero.) «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el coronel de infantería DEM Edgar Segura Ruiz, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Encomio del Ejército, que le confiere el gobierno de Estados Unidos de América. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su curriculum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 2 de abril de 2002. El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» LA C. PRESIDENTA. TURNESE A LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PUBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL MISMO C. SECRETARIO. (Oficio de la Secretaría de Gobernación, solicitando el Permiso Constitucional necesario a efecto de que el C. ALEJANDRO JOAQUIN LUCAS JOSE LEGORRETA, pueda aceptar y usar la Condecoración que le fue conferida por Gobierno extranjero). «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Alejandro Joaquín Lucas José Legorreta y Chauvet, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden de la Corona, en grado de Oficial, que le confiere el gobierno del Reino de Bélgica. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada de su acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 8 de abril de 2002. El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» LA C. PRESIDENTA. TURNESE A LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PUBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL MISMO C. SECRETARIO. (Oficio de la Secretaría de Gobernación, por el que se solicita el Permiso Constitucional necesario, a efecto de que el C. ANTONIO DUEÑAS PULIDO, pueda aceptar y usar la Condecoración que le fue conferida por un Gobierno extranjero). «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado c del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el embajador Antonio Dueñas Pulido, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Elefante Blanco, en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno del Reino de Tailandia. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada de su acta de nacimiento y copia simple de su curriculum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., a 8 de abril de 2002. El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» LA C. PRESIDENTA. TURNESE A LA COMISION DE GOBERNACIÓN Y SEGURIDAD PUBLICA. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL MISMO C. SECRETARIO. (Oficio de la Cámara de Senadores, remitiendo Iniciativa que adiciona el Artículo 183B de la Ley Aduanera ) . «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura. Mesa Directiva. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes. Me permito informarles que en sesión celebrada en esta fecha, la senadora Gloria Lavara Mejía, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, presentó iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona el artículo 183-B de la Ley Aduanera. La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, D.F., a 9 de abril de 2002. Senador César Jáuregui Robles, vicepresidente.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura. Grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Gloria Lavara Mejía, Sara Isabel Castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo, Jorge Emilio González Martínez y Verónica Velasco Rodríguez, senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II; 72 y 73 fracción XXIX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las comisiones: de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: EXPOSICION DE MOTIVOS En cuestión de residuos o sustancias peligrosas debe considerarse como un principio de indispensable aplicación, el hecho de que resulta más rentable contar con procesos limpios que tratar o confinar los contaminantes derivados de procesos sucios. El concepto de residuos peligrosos está unívocamente definido en el reglamento mediante la clave C.R.E.T.I.B., cuyo nombre resulta de conjunción de cada una de las iniciales de los nombres de seis características que tienen las sustancias o materiales conocidos hoy en día. La letra "C" corresponde a la corrosividad, la "R" a la reactividad, la "E" a la explosividad, la "T" a la toxicidad, la "I" a la inflamabilidad y la "B" al infecto biológico(1). Para que un residuo se considere peligroso basta con que rebase una de las seis características de peligrosidad. Dado el origen tan diverso de los residuos y substancias peligrosas, la prevención y su eventual tratamiento requieren de soluciones únicas. En los casos de confinamiento, es necesario cuidar su ubicación de manera que se encuentren suficientemente alejados de cuerpos de agua subterráneos y superficiales. Nuestro país debe estar atento a la evolución mundial de las alternativas de administración de los residuos peligrosos y de los convenios internacionales y al mismo tiempo ser muy cuidadoso de las implicaciones derivadas de su reciente ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE.) En México, el proceso de industrialización ha venido avanzando y diversificándose aceleradamente en los últimos 50 años. Lo cual ha traído como consecuencia una producción creciente y variada de materiales y residuos peligrosos. En el futuro, con una economía moderna y abierta al comercio internacional, el volumen generado y su diversidad inevitablemente aumentará con mayor rapidez a través del tiempo. Analicemos las cifras de residuos producidos por la industria en la República Mexicana. De un total generado de 45 mil toneladas diarias, se estima que casi una tercera parte corresponden a residuos peligrosos, esto es, 14.5 mil toneladas diarias. Al año representan 5 millones de toneladas que tienen que ser dispuestas adecuadamente. En algunas regiones del país este problema es mayor debido a la composición particular de la industria. Por ejemplo, se estima que en la zona fronteriza norte el 78% del total de residuos industriales es peligroso. Es evidente que la producción industrial es importante para el crecimiento económico del país, ya que contribuye con una tercera parte del Producto Interno Bruto y su participación en el empleo es aún mayor. Por ello, es fundamental que la actividad industrial sea sustentable, lo cual sólo lograremos, cuando asumamos plenamente la responsabilidad de manejar los residuos y materiales peligrosos y causemos el mínimo impacto a la salud y al ambiente. El crecimiento económico es vital, sin embargo no está peleado con la ecología y sí puede realizarse responsablemente y en armonía con el medio ambiente. México enfrenta de varias maneras el reto que representan los residuos peligrosos. Existe un reglamento para regular su manejo de manera ambientalmente adecuada. A ello se agregan las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) que cubren aspectos relacionados con la clasificación y caracterización de los residuos peligrosos y con su disposición en confinamientos controlados. El objetivo de una política ambiental no debe ser la protección o conservación a como dé lugar. En el diseño de una regulación ambiental que mejore efectivamente el bienestar de los mexicanos, debemos considerar los beneficios que se obtienen al mejorar el ambiente, pero también los costos que el país, como en todo, paga por alcanzarlos. Dentro de estas consideraciones la política debe utilizar los mejores instrumentos, desde el punto de vista de la eficiencia económica, equidad social y responsabilidad. Este criterio es precisamente el que se está aplicando al diseño de la política ambiental en México. Como parte de nuestra reforma microeconómica, la política de desregulación busca cortar las amarras que detenían la productividad de las empresas. Se pretende que las regulaciones que permanezcan, así como las que a futuro se crearán, nos aporten realmente más beneficios sociales que costos. Por ello, el Congreso aprobó la iniciativa de una nueva Ley Federal de Metrología y Normalización, que requiere de todas las Normas Oficiales Mexicanas, incluyendo las ambientales, fueran sujeto de un análisis costo-beneficio. Es fundamental entender que en el área ambiental tendremos cada vez un mayor número de regulaciones. Necesitamos normas ambientales que sean sólidas desde el punto de vista técnico y económico. Aunado a todo esto, no debemos perder de vista el riesgo que existe de que a través de nuestras fronteras ingresen a territorio nacional una considerable cantidad de los mencionados residuos y substancias peligrosas provenientes de otros países ya sea por mar o tierra, cuya importación se encuentre prohibida. Como legisladores, no podemos dejar a un lado este latente problema que puede venir a afectar aún más nuestro ya deteriorado medio ambiente, por lo que debemos tomar medidas en el asunto. Así las cosas, es imprescindible que en los casos en que en las aduanas o bien durante el tránsito por territorio nacional las autoridades competentes detecten estos tipos de residuos o substancias, no sólo estén facultados para confiscarlos y aplicar sanciones correspondientes, sino que también sea exigible imponer la obligación al importador o en su caso contrabandista, de retornar a su lugar de origen los residuos o substancias peligrosas de que se trate. De lo contrario, el riesgo ambiental sería enorme ya que al permanecer dichos residuos o substancias peligrosas en territorio nacional sólo acrecentaríamos más la posibilidad de dañar de manera irreversible nuestros ecosistemas nacionales. Por lo tanto, es urgente reformar nuestra legislación en materia aduanera y de comercio exterior, con el objeto de proteger nuestro medio ambiente de cualquier posible riesgo que pudiese derivar de la permanencia en nuestro país, de residuos o materiales peligrosos introducidos a través de nuestras fronteras. Por todo lo anterior, sometemos a esta Cámara de Senadores de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA DE DECRETO Mediante el cual se adiciona el artículo 183-B de la Ley Aduanera. Artículo único. Se adiciona el artículo 183-B de la Ley Aduanera, para quedar como sigue: Artículo 183-B. Cuando se trate de mercancías introducidas a territorio nacional, cuya importación esté prohibida, por tener la naturaleza de residuos o substancias peligrosas, de acuerdo con los criterios de la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas y las Normas Oficiales Mexicanas sobre residuos peligrosos, el infractor tendrá la obligación de retornarlos a su país de origen, dentro de un plazo no mayor al previsto para el despacho aduanero. Lo anterior independientemente de las demás sanciones aplicables. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, a 9 de abril de 2002. Senadores: Jorge Emilio González Martínez, Verónica Velasco Rodríguez, Sara Isabel castellanos Cortés, Emilia Patricia Gómez Bravo y Gloria Lavara Mejía.» LA C. PRESIDENTA. TURNESE A LA COMISION DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al Capítulo de Iniciativas de Ciudadanos Diputados. En consecuencia se ofrece el uso de la palabra al Diputado José Socorro Velázquez Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una Iniciativa de Reformas a los Artículos 66, 68 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EL C. DIPUTADO JOSE SOCORRO VELAZQUEZ HERNANDEZ. Con el permiso de la Presidencia, señoras y señores Diputados. José Socorro Velázquez , integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito presentar ante esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, Iniciativa de Reformas a los Artículos 76, 78 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en la siguiente: Exposición de Motivos. La nueva realidad política que vive el país hace necesario un re planteamiento de las relaciones entre los Poderes de la Unión. La sabiduría política del pueblo mexicano, si bien optó el 2 de Julio del año 2000 por darle oportunidad a la alternancia en la titularidad del Ejecutivo, también expresó su deseo de darle a los Poderes un mayor equilibrio al no conceder a ninguna fuerza política la mayoría absoluta en las Cámaras de Senadores y de Diputados del Congreso General. Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha fortalecido como garante del estado de derecho y sus resoluciones cada día son más respetadas y aceptadas como una muestra de que poco a poco nos vamos acercando más a la tan deseada cultura de la legalidad. En estas condiciones, resulta especialmente importante revisar el marco constitucional que rige las relaciones del Ejecutivo con el Legislativo, debiéndose tener especial cuidado en corregir aquellos aspectos que persisten como resabios de un presidencialismo que si bien en un momento de nuestra Historia fue necesario fortalecer, ahora debe ser normativamente acotado para un mejor funcionamiento del Gobierno y, en consecuencia, para beneficio del país. El artículo 66 de nuestra ley fundamental que establece las fechas hasta las cuales podrán prolongarse los períodos ordinarios de sesiones, otorga al Presidente de la República una facultad mediante la cual le da derecho a inmiscuirse en la vida interna del Congreso al señalar que: si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República. Dicho precepto debe modificarse para evitar lo que podría interpretarse como una muestra de un presidencialismo dominante que ya no tiene cabida en el nuevo escenario democrático que hoy vive la nación. Si las dos Cámaras no logran un acuerdo sobre las fechas de terminación de los períodos ordinarios de sesiones, los trabajos de ambas deberán concluirse en las establecidas en el primer párrafo del propio artículo 66. Lo mismo ocurre con el artículo 68 que también faculta al Ejecutivo para resolver una controversia que teóricamente podría suscitarse entre las dos Cámaras cuando contengan en una traslación de su sede pero difieran en cuanto a tiempo, modo y lugar. En este caso, lo más conveniente sería que las propias Cámaras resolvieran la diferencia en cuestión mediante la reforma que se propone; es decir, con la decisión de quien ostente la presidencia de la Cámara de Diputados que lo es también del Congreso para los efectos del artículo 5º de la Ley Orgánica del Congreso General y por la mayoría numérica de sus integrantes en relación con el Senado de la República. Por lo que respecta al propio artículo 68 constitucional, es conveniente clarificarlo con el señalamiento expreso de que ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días hábiles sin el consentimiento de la otra, porque sin esa aclaración tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores estarían violando la disposición constitucional al sesionar sólo martes y jueves como ocurre normalmente en la actualidad durante los períodos ordinarios de sesiones. Por otra parte, el texto vigente del artículo 67 de nuestra Ley Suprema establece que: el Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente pero en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. Esta disposición es congruente con lo que ordena la fracción IV del artículo 78. No obstante lo anterior, la fracción IX del artículo 89 señala la obligación del Ejecutivo de convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Comisión Permanente, por tanto si la Comisión Permanente es la instancia que resuelve la realización de un período extraordinario de sesiones ya sea del Congreso o de una sola de sus Cámaras, la propia comisión permanente debe ser la única facultada para convocarlo por lo cual resulta innecesaria una intervención del Ejecutivo en tal sentido. Así pues, la citada fracción IX del artículo 89 debe derogarse como un signo más de los avances en la independencia de los poderes. En consecuencia y en uso de las atribuciones a las que he hecho referencia, me permito someter a esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto: ARTICULO 1º. Se reforma el segundo párrafo del artículo 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: ARTICULO 66: Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer período no podrá prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año. Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas, los trabajos deberán concluirse precisamente en las mismas. Artículo 2º. Se reforma el artículo 68 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 68: Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de ambas pero si conviniendo las dos en la traslación difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, quien ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días hábiles sin consentimiento de la otra. Artículo 3º. Se deroga la fracción XI del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Transitorios: UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal, a los once días del mes de abril del 2002. Les agradezco su atención.