El diputado Agustín García Rubio: No hay instrumento que refleje mejor las prioridades de un gobierno que su presupuesto. Las promesas de campaña materializadas, los discursos vueltos hechos y las grandes promesas hechas realidad son la constante de la cuarta transformación. Misma que esta materializando todo lo dicho por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, al proponer una legislación robusta y acorde a los tiempos, tiempos libres de corrupción. Las empresas productivas del Estado, muy en particular Petróleos Mexicanos, ocupan un lugar predominante en la agenda política del gobierno que desea convertirla en una empresa, como su nombre lo dice, productiva. Una empresa que sea el orgullo de cada uno de los mexicanos, una empresa que deje de soportar una carga fiscal sin sentido, llena de malas prácticas que al pasar de los años la llevaron al extremo, a hacer casi desaparecer su patrimonio contable, comprimiendo más de lo razonable su gasto, debilitando su personal técnico y sus capacidades de concebir, diseñar y administrar proyectos de formación de capital. Durante los gobiernos anteriores, la renta petrolera generada por Pemex contribuyó a financiera entre 30 y 40 por ciento del presupuesto gubernamental. La estructura monopólica y de propiedad estatal, al servicio del gobierno en turno, constituyó el mecanismo idóneo para imponer a Pemex una política de extracción de rentas, que se convirtió en la garantía de estabilidad de las finanzas públicas. El equilibrio hacendario fue cimentado a costa de la producción petrolera, sacrificando tanto la construcción de instituciones tributarias fuertes, como una estrategia alternativa de negocios con base en criterios de empresa productiva. Como consecuencia de esta voracidad fiscal, Pemex se ha visto obligada a pagar al erario público, durante más de dos décadas, más del 100 por ciento de sus utilidades por concepto de derechos e impuestos. Ello ha sido obstáculo para que Pemex cuente con liquidez suficiente para atender sus operaciones, requerimiento de inversión, créditos y obligaciones laborales, por lo que la empresa se ha apalancado desmedidamente para salir del paso. Por lo anterior expuesto, nos encontramos aquí para discutir y aprobar cambios en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, mismos que tienen como objeto disminuir el pago de la tasa de derecho por utilidad compartida que realiza Pemex, así como establecer las fechas que estará obligado a pagar mensualmente los derechos de explotación y extracción de hidrocarburos que integra la figura de compensación contra los pagos posteriores de su propio impuesto a su cargo. Como podemos ver, es necesaria, urgente y de suma importancia esta reforma misma que otorgará un alivio fiscal a Pemex para que esté en condiciones de fomentar la inversión de explotación y extracción. Esta es una reforma progresiva, en la que el tema de hidrocarburos que busca apuntalar no solo a la mayor empresa productiva del Estado, sino que dará certeza ante el cumplimiento de sus obligaciones de pago ante terceros, sin verse afectada por desfases operativos. Una política tributaria bien diseñada como esta, puede servir como un instrumento para lograr su rentabilidad. Estamos ante una oportunidad única para romper las sinergias históricas de nuestro sistema fiscal y saldar una deuda pendiente del Estado mexicano con Pemex y, por ende, con los mexicanos. Compañeros diputados y diputadas, no desperdiciemos la oportunidad invaluable de implementar cambios de suficiente espacio fiscal a Pemex en el corto y mediano plazo y, en consecuencia, una mejora en sus finanzas y operación. Compañeros, el rescate y apoyo a Pemex es una obligación que tenemos como mexicanos, apoyemos esta iniciativa, apoyemos el crecimiento y desarrollo de México. Es cuanto diputada presidenta.