La diputada Ana Lilia Guillen Quiroz: Con su permiso diputado Presidente. La que suscribe integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados y con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 124, 125 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, formulamos reservas con relación al dictamen de la Ley Federal de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia al tenor de los siguientes Antecedentes El 7 de diciembre de 1999 la Mesa Directiva e la H. Cámara e Diputados turnó a las Comisiones de Justicia y de Defensa Nacional, la iniciativa de decreto por el que se crea la nueva Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y reforman el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal. Durante la LVII Legislatura se presentaron tres iniciativas por parte del PRI, PRD y PAN que afectan la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. Durante la LVIII Legislatura se presentó una iniciativa a cargo del diputado David Mireles Pérez del grupo parlamentario de Acción Nacional, en la actual LIX Legislatura se han presentando dos iniciativas de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; una del Congreso de Puebla y otra de la diputada Cristina Portillo Ayala, misma que también reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como una minuta del Senado de la República. Consideraciones. Las relaciones civiles-militares son esenciales en un proceso de creación de instituciones y mecanismos democráticos, para lo cual se tienen que establecer controles. Son muchos los estudiosos de los procesos de transición que otorgan una importancia decisiva al control militar en la explicación de su éxito o fracaso. Adam Sheurovsky (¿) en una obra dedicada al estudio de las reformas políticas y económicas de la Europa del Este y América Latina, afirma que el marco institucional en el que e ejerce el control civil sobre las fuerzas armadas se constituye el punto neurálgico para la consolidación democrática. Colocar a los militares bajo la autoridad del Gobierno elegido es una condición clave para facilitar la condición democrática. En la medida en que los gobiernos elegidos no tienen éxito en sus intentos de subordinar a los militares, la autonomía militar resulta contraria a la consolidación de la democracia, puesto que sería, en la concepción indicada anteriormente, un dominio reservado que contiene un ingrediente fundamental del poder del Estado: la fuerza de las armas. En este caso, reducir la autonomía militar es un ingrediente indispensable para la consolidación democrática. Aunque los militares son la garantía del orden no son los que gobiernan al país como institución, sin el control de las relaciones democráticas entre civiles y militares no hay una verdadera democracia Un estado de derecho admite, sin embargo, niveles distintos de autonomía. Los militares no pueden ni deben autorizar acciones o solicitudes a los civiles, ya que contraviene el principio constitucional de supremacía de la autoridad civil sobre cualquier autoridad militar. En el artículo 129 constitucional establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan conexión con la disciplina militar. Si permitimos que la Secretaría de la Defensa tenga como facultad exclusiva expedir, negar, suspender o cancelar licencias para portar armas, se estaría violentando el principio de supremacía de la autoridad civil, además de sentar un mal precedente. Por las razones anteriormente expuestas y con fundamento en los artículos 124, 125 y 133 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentamos a la consideración del pleno la siguiente reserva al dictamen de la Ley de Armas de Fuego, Explosivos y Pirotecnia: Artículo 5: "Corresponde a la Secretaría...Inciso 3: Expedir, negar, suspender y cancelar las licencias para portar armas. Esta facultad se hará en coordinación con la Secretaría de Gobernación". Artículo 21: "Para la portación de armas se requiere licencia expedida por la Secretaría de Gobernación". Artículo 25: "Para obtener una licencia particular individual, se requiere presentar solicitud correspondiente ante la Secretaría de Gobernación...Inciso V, documento mediante el cual se autorice a la Secretaría de Gobernación para solicitar al Sistema Nacional de Seguridad Pública y cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal competente, información sobre la existencia de antecedentes penales vinculados con el empleo de armas y uso de explosivos en general o con delitos calificados como graves por la ley del solicitante y, en su caso, de su representante legal". Artículo 32: "Las licencias a que se refiere el presente capítulo se sujetarán a las disposiciones siguientes: "Fracción IV: Para resolver las solicitudes, la Secretaría de Gobernación dispondrá de un plazo no mayor de 45 días hábiles, una vez que esté satisfecha la totalidad de los requisitos establecidos en la presente ley". Artículo 35 debe decir: "La Secretaría de Gobernación". Y artículo 36: "Las licencias podrán ser canceladas por la Secretaría y por la Secretaría de Gobernación, en su caso". Es cuanto compañero Presidente. Gracias.