La diputada Miroslava Sánchez Galván: Gracias. Las y los integrantes de la Comisión de Salud, una vez realizado el análisis de las iniciativas en materia de eliminación, de discriminación para personas en situación de calle y lenguaje incluyente, celebramos y abrazamos con agrado las propuestas realizadas por los diputados federales, por tratarse de un tema de suma importancia para la población en general, debido a que el respeto y la garantía de los derechos fundamentales deben ser contemplados en todos los ordenamientos jurídicos de nuestro país. Por lo que, en cumplimiento de nuestro deber constitucional, así como de nuestros compromisos adquiridos en el ámbito internacional en el ejercicio de nuestra soberanía, guiados principalmente por el principio pro persona, previsto en el segundo párrafo del artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobamos las pretensiones previstas en las iniciativas de ley que nos ocupan, sin dejar de mencionar que es en respuesta de nuestras obligaciones adquiridas a nivel internacional en materia de derechos humanos, en las que se exige que respetemos y garanticemos su ejercicio para todas las personas que se encuentran en territorio y jurisdicción mexicana. Las personas en situación de calle son miradas y tratadas como potenciales delincuentes, lo que agudiza los actos de discriminación por parte de la población en general. Las acciones y programas gubernamentales generados para la atención de esta población se han realizado desde una perspectiva de discriminación titular o cero tolerancia. Eso los estigmatiza y trata como víctimas o delincuentes. En nuestra sociedad se puede apreciar una gran diversidad en la que encontramos a grupos vulnerables, como el de la mujer, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad, personas LGBTTI, personas migrantes y sujetas a protección internacional, personas privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, personas de identidad indígena, personas afrodescendientes, minorías religiosas, personas en situación de calle y víctimas de violaciones a derechos humanos o de la comisión de delito, entre otros. La invisibilización histórica y la marginación a la que estos individuos o grupos poblacionales han sido sometidos se han intentado revertir paulatinamente mediante la realización e implementación de políticas públicas, legislaciones y acciones específicas que reviertan las condiciones de desigualdad y discriminación que enfrentan. Al mismo tiempo, que atiendan sus necesidades particulares y los doten de las condiciones mínimas para el ejercicio pleno de sus derechos. A todas las personas se les debe garantizar su derecho humano de manera adecuada. Ese por ello que se destaca que tanto el hombre como la mujer nacen libres e iguales ante la ley, tal como lo prevén tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin dejar de mencionar lo previsto en nuestra Carta Magna, en su artículo 4o., que señala que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Al plantearse este mandato constitucional se quiere dilucidar que el motivo de su existencia es para garantizar la paridad de género, para instrumentar los mecanismos para reducir las desigualdades entre mujeres y hombres, y fundamentalmente para lograr que las mujeres sean visualizadas de manera efectiva en todos los ámbitos, en especial en el lenguaje que se utiliza en nuestro marco normativo. En este sentido, se desprende que el uso del lenguaje de modo incluyente, no discriminatorio... y no exista... además de preverse en nuestro marco jurídico vigente para que se garantice el acceso a los derechos de igual manera tanto para hombres como para mujeres, empleándose de manera cuidadosa, con el objetivo de introducir el uso correcto del lenguaje para construir leyes incluyentes y evitar masculinizar o feminizar la forma de visibilizar a las mujeres. El lenguaje de manera incluyente es un modo de expresión oral, escrito y visual que busca dar igual valor a las personas al ponerse de manifiesto la diversidad que componen en la sociedad y dar visibilidad a quienes en ella participan. En nuestro país, si bien existe la garantía para el derecho humano de la salud para la mujer, se debe atender de manera correcta el lenguaje que se emplee para hacer mención de quiénes son las personas que podrán hacer exigibles sus derechos y en reconocimiento de sus necesidades, que surgen en este paradigma del respeto a los derechos fundamentales sin discriminación alguna, para responder a las expectativas tanto de los retos institucionales como las demandas externas. Por todo lo anterior, se presenta a este pleno el proyecto de decreto para que se reformen y adicionen diversas disposiciones de la Ley General de Salud, y de la Asistencia Social. Es cuanto, diputada presidenta.