El diputado Guillermo Rafael Santiago Rodríguez: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, y la verdad histórica resultó la mentira histórica. El informe de los seis meses de trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado a conocer el pasado domingo 6, es alarmante. La verdad oficial de la Procuraduría General de la República queda en entredicho. Es una historia fabricada a lo que las evidencias físicas y los peritajes demuestran que no es posible que haya ocurrido. Este hecho es por sí mismo gravísimo, porque nos muestra la intentona desde los más altos niveles de gobierno para manipular la justicia y continuar ocultando la verdad sobre el paradero de los estudiantes y el móvil de la agresión masiva. Esto sólo acrecienta la percepción de amplias capas de la sociedad sobre la responsabilidad del Estado en este crimen. Nadie creyó en la supuesta versión oficial. Las nuevas aportaciones científicas y evidencias aportadas por los forenses argentinos y por los expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sepultaron la supuesta verdad histórica, anunciada por el entonces procurador general de la República, que intentó dar carpetazo a la investigación y dejar atrás el crimen de Ayotzinapa. Después de meses de investigación y estudio, los expertos independientes dieron a conocer los resultados demoledores de las supuestas conclusiones sobre la desaparición y posible asesinato de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las conclusiones señalan que no existe ninguna evidencia que apoye a la hipótesis generada con base en testimonios, sin pruebas, de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula, por lo que se debe continuar la búsqueda de los estudiantes. En sus más de 500 páginas, la investigación independiente critica la inacción de las fuerzas federales ante los hechos. Esto pone en jaque al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya popularidad se ha ido a pique a raíz del trágico crimen. El informe del grupo demuestra la incapacidad de nuestras autoridades judiciales y de investigación, pues dicho informe nos demuestra que se fabricaron pruebas, se afectaron evidencias y que se utilizó la tortura como método de inculpación. Y se obtuvo lo que dan esos métodos, verdades a medias, mentiras completas, encubrimientos y chivos expiatorios. No obstante, y más allá de estas importantes conclusiones que desmienten los resultados del gobierno mexicano, es necesario hacer algunas reflexiones sobre los hechos de Ayotzinapa. La mala actuación de la Procuraduría ha dañado profundamente la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Ha socavado la imagen de México en el exterior, al grado de dejarla como si de una República bananera se tratara. Pero lo más grave es que ha puesto en entredicho las actuaciones judiciales, y por tanto, abre una vía ancha para que los autores materiales pudieran salir libres de todo cargo. Esto, señores y señoras, es inaceptable. Recordemos que la Procuraduría trató de ocultar los sucesos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala. Con ello se trató de ocultar la peor y más indignante atrocidad que registra la historia reciente del país, que sintetiza la descomposición del Estado y pone al descubierto la complicidad del crimen organizado con autoridades, funcionarios y políticos. Sí, es cierto, ya no tenemos a un Gustavo Díaz Ordaz, pero en su lugar tenemos una alianza entre las autoridades de Iguala, policías estatales y federales, fuerzas del Ejército y un cartel del narcotráfico. La realidad ha demostrado que Ayotzinapa es el símbolo manifiesto de que algo muy hondo se rompió en el cuerpo de la nación, después de esos lamentables hechos ya nada es igual, nada puede ser igual. Y no es que anteriormente no hubiera violencia ni existiera descomposición en las instituciones, pero Ayotzinapa marcó un punto de inflexión, porque develó el verdadero rostro del México actual: la injusticia, la impunidad y la crisis humanitaria por la que atraviesa el país. La desaparición forzada de personas se ha convertido en un problema de Estado y no de un gobierno. Si no, recordemos las administraciones pasadas, en la que en la pasada hubieron más de 20 mil desaparecidos y en estas vamos miles ya contando Afrontarlo requiere ante todo de voluntad política para empezar aceptando todas y cada una de las recomendaciones que contiene el informe. La desaparición forzada de personas en México es una estrategia del terror, una forma del control de la población, donde participan policías municipales, estatales, federales, el Ejército, presidentes municipales, gobernadores y no sabemos hasta qué grado algunas ramas del Poder Ejecutivo federal, un crimen que le es funcional al Estado y del cual se benefician las transnacionales y el crimen organizado. En México el uso del miedo, del terror, ha sido un mecanismo para inmovilizar procesos sociales o esfuerzos y luchas en las comunidades. Los recuerdos de incontables experiencias de terror han forjado una memoria del mismo que ha sido empleada como instrumento de control social. Detrás de la brutal violencia que vivimos en México está la lucha por el territorio y los recursos. Ayotzinapa, se convirtió en un claro símbolo de la situación del país, en síntoma de una enfermedad grave, pero también en emblema de la inusitada reacción colectiva de la sociedad civil mexicana. La desaparición de los normalistas fue lo que terminó develando al verdadero México. Desde los sucesos la indignación por los normalistas desaparecidos traspasó muy rápido a Guerrero, se extendió por todo México y ha llegado a diversos rincones del mundo. Hoy los padres, sus representantes legales y organismos defensores de derechos humanos, así como los normalistas, se mantienen firmes por la presentación con vida de los 43 estudiantes y persisten en su justa demanda por encontrarlos. Y seguiremos en ellas hasta que aparezcan y se castigue a los responsables, porque es un reclamo nacional e internacional. Por su parte, mientras los padres y la sociedad demandamos justicia, el gobierno no da señales claras por llegar a la verdad. En cualquier país democrático, el gobierno habría caído por un caso como el de Ayotzinapa. Hay cosas que no resisten en democracia, pero sí en el autoritarismo. No se debe encubrir a nadie. Todos los responsables por acción o por omisión, sin importar jerarquía, nivel o filiación política, deben de ser castigados de manera ejemplar. No, señores y señoras; no basta con solo los discursos y la rasgadura de vestiduras. Necesitamos una solución a esta crisis, por favor, dejen a un lado la hipocresía. Son 43 jóvenes estudiantes como el que les habla, que les truncaron sus sueños por luchar por un México distinto. Aquí todos han hablado de lo que pasó, pero nadie habla por qué estaban luchando esos jóvenes. Esos jóvenes estaban luchando por un país distinto, esos jóvenes estaban luchando por que la realidad del país cambiara. Las y los jóvenes nos sentimos profundamente dolidos. Pareciera que en este México el ser joven y estudiante fuera todavía peor que ser delincuente. ¿Qué futuro le espera a un país que desaparece a los futuros maestros? ¿Qué cosecha un país que siembra cuerpos? Amigas y amigos, hace casi un año en que agentes del Estado mexicano secuestraron a 43 estudiantes. Un año que no sabemos su destino, un año sin ninguna investigación veraz por parte del gobierno, un año en la zozobra, un daño adoloridos, un año en la mentira, un años sin justicia, sin cuerpos, sin olvido. Casi un año de la noche sangrienta de Iguala. Seguimos esperando, seguimos gritando justicia, justicia, justicia. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Muchas gracias.