El diputado Jorge Alfredo Pérez Covarrubias: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros diputados, con la aprobación realizada por el Congreso de la Unión y su posterior publicación en el Diario Oficial de la Federación el pasado 14 de julio de 2014, de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se dio un paso importante para conciliar diversos intereses del Estado, los prestadores de servicios de telecomunicación y radiodifusión, y principalmente los usuarios. En materia de seguridad, justicia en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se estableció la obligación de concesionarios de telecomunicaciones y en su caso de los autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos, y atender todo mandamiento por escrito fundado y motivado de la autoridad competente en términos que se establezcan en la ley. Asimismo, en la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de nuestra Constitución Política también se estableció la obligación de los concesionarios de servicios de telecomunicaciones a prestar auxilio a las autoridades investigadoras en la intervención de comunicaciones privadas, siempre y cuando medie orden de la autoridad judicial competente. Lo anterior, sin duda, representa un paso importante para involucrar más a sectores de la población, ya sean públicos o privados, para la prevención y combate de diversos delitos que como lo es uno de los más importantes, el caso del secuestro. No obstante lo anterior y con la finalidad de que la cooperación entre autoridades y concesionarios de telecomunicaciones durante la investigación del delito de secuestro sea eficaz y rápida, es que la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados presenta a consideración del pleno el presente dictamen. Al presentarse una incompatibilidad entre los ordenamientos anteriormente mencionados, esto es el artículo 25 de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro, actualmente establece determinadas obligaciones a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y en lo aplicable a las empresas comercializadores de servicios de telecomunicaciones. Y cuyo cumplimiento requiere de una autoridad judicial y se considera que dicho requerimiento podrá obstaculizar las investigaciones, prolongar el periodo de privación de la libertad e, incluso, poner en riesgo la vida de la víctima. Por lo tanto, con la finalidad de facilitar las investigaciones en materia de secuestro, se propone un ajuste al artículo mencionado para que los titulares del Ministerio Público de la federación o de las entidades federativas o de los servidores públicos en quienes se delegue dicha atribución, bajo su más estricta responsabilidad ordene a los concesionarios de telecomunicaciones, mediante mandamiento fundado bajo los principios de legalidad, motivación, racionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad, proporcionar de forma inmediata y sin demora la información relativa a la localización geográfica de los equipos de comunicación móvil en caso de ser necesario para atender un riesgo inminente a la vida de una persona. Asimismo proporcionar de manera expedita la información relativa a los datos del usuario registrado, así como aquella respecto a la línea y equipo de comunicación móvil y suspender el servicio de telefonía para efectos de aseguramiento, así como lo instruya el Instituto Federal de Telecomunicaciones en cumplimiento del mandato ministerial o judicial correspondiente. No obstante que el voto del Partido Acción Nacional sea a favor del presente dictamen termino, señor presidente se someterá a los titulares del Ministerio Público de la federación y en las entidades federativas, así como de los servidores públicos en quienes se les delegue dicha atribución, a una estricta vigilancia de su actuar para que sean respetados en todo momento los derechos humanos y así como prevenir principalmente solicitar se sancione todo tipo de abusos. Es cuanto.