El diputado Rubén Cayetano García: Muchas gracias, presidenta. Diputadas y diputados, aquí se actúa de forma parcial, se favorece al PRIAN, se me negó una evidente alusión. Desde aquí les digo a quienes refieren a mi forma de conducirme como a la Cayetana, que yo respeto mucho a sus padres, a sus abuelos, a sus ancestros. Creo que ningún apellido de un mexicano o mexicana bien nacido, merece ese tipo de adjetivos. Cuando decimos en Morena que no vamos a perder el impulso y mantener la mística, nos referimos a que lo que hemos venido haciendo bien no vamos a dejar de hacerlo. Quisiera terminar pronto esta remembranza de perlas legislativas del PRIAN, pero son muchas, se pasaron, fue robo en despoblado y, lo peor de todo, dejaron constancia. Miren, voy con la 14 y ya por el tiempo que me están acotando, no sé si vaya a terminar, pero ahí les van. El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de haber tomado posesión de la Presidencia, Enrique Peña Nieto firmó con los partidos PRI, PAN y PRD el llamado Pacto por México, en el cual se acordó profundizar en las privatizaciones del sector energético la educación, la seguridad social y las comunicaciones, así como reformar leyes fiscales, laborales y hacendarias. Todo, en beneficio de la clase dominante del país y de los intereses extranjeros. Poco antes, el 30 de noviembre de 2012, diputadas, diputados y senadores del PRI y del PAN aprobaron la reforma laboral, que eliminó derechos históricos a los trabajadores, al permitir la subcontratación, el pago por horas y sin prestaciones. Miren qué casualidad, hoy el presidente presenta una iniciativa para abolir todo esto que mal hicieron los prianistas. Quince. El 13 de diciembre de 2012, la Cámara de Diputados aprobó la mal llamada reforma educativa, que tenía como consigna someter al magisterio y avanzar en la privatización de la enseñanza. La mayoría de senadores votó a favor de la modificación constitucional el 20 de diciembre de 2012. A partir de ese momento comenzó una campaña de desprestigio, criminalización y persecución, sin precedentes, en la historia contra el magisterio. Dieciséis. El 18 de diciembre de 2012, el Senado aprobó las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, realizadas a los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105. Estas modificaciones garantizan los derechos de las empresas, pero no los de la ciudadanía y permiten la censura previa y violan el derecho a la privacidad. Además, los legisladores de ese entonces dejaron fuera a las radios comunitarias indígenas y los derechos de las audiencias. La Ley de Telecomunicaciones creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para regular al sector. Sin embargo, este acabó favoreciendo a los agentes económicos preponderantes que han fortalecido su presencia en el mercado. Diecisiete. En octubre de 2017 el Senado aprobó nuevos cambios a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que fueron considerados un retroceso democrático, se nulificó el derecho de las audiencias, pues se eliminó la facultad de la Secretaría de Gobernación de supervisar los contenidos y velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales. En los hechos se dejó sin sanción el incumplimiento del respeto a los derechos de las audiencias infantiles y la diversidad, y se omitió la obligación de observar un lenguaje no sexista y de no promover la violencia. Dieciocho. El 17 de octubre de 2013 la Cámara de Diputados aprobó la reforma hacendaria, que significó cobrar más impuestos a la mayoría de los contribuyentes, manteniendo los privilegios fiscales para las grandes empresas y los bancos. La reforma aprobada por el Legislativo y publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de diciembre de 2013, fue modificada por la Presidencia, mediante dos decretos del 26 de diciembre de 2013. En ellos se estableció que el Ejecutivo tenía facultades para ejercer en la práctica un poder determinante en la definición de la política tributaria. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, en la Cámara de Diputados de 2014, lo habilita para condonar o eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios sin conceder subsidios o estímulos fiscales. Diecinueve. No conformes con el avance de las privatizaciones de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, el 11 de diciembre de 2013 los senadores del viejo régimen aprobaron la reforma energética para entregar el 20 por ciento del potencial petrolero del país a empresas particulares nacionales y extranjeras, y permitir el aumento ilimitado de la participación privada en la generación de electricidad. No pues, con lo que está saliendo ahora precisamente de los sobornos, se pasaron. Me quedan dos minutos, presidenta. Para concluir esta larga cadena de fechorías legislativas, que llevaron a cabo la derecha conservadora, muchos dicen: ¿Qué le diremos a quienes votaron por nosotros? Pues que estamos legislando a favor del pueblo como nunca, porque caso contrario, ¿ustedes qué les van a explicar? Nada. Nada. A ver, ¿el pueblo les autorizó que aprobaron o que aprobaran el Fobaproa? No. ¿Que aplicaran gasolinazos? No. ¿Que hicieran una reforma energética para privatizar nuestros recursos naturales? No. ¿El pueblo les autorizó perseguir a sus maestros? Tampoco. ¿Le preguntaron al pueblo conceder, a través de los contratos de utilidad compartida, las ganancias del petróleo con empresas extranjeras? Pues no. Así que no nos van a poner en el mínimo el contratiempo, y les vamos a revirar. Que no se use la tribuna para atacar al presidente.