La diputada Gabriela Medrano Galindo: Con el permiso de la asamblea. El régimen de derechos debe engrosarse constantemente y mucho más cuando los destinatarios son sectores sociales clasificados tradicionalmente como los menos favorecidos. Es por ello que en la bancada del Partido Verde recibimos con agrado los cambios propuestos en el dictamen que tenemos en este instante a discusión. En este sentido recordamos que uno de los pilares del régimen constitucional contemporáneo en occidente son los derechos humanos. Sin embargo, materialmente a diario muchas personas quedan fuera de los beneficios legales procurados por el derecho. Ello se origina por el motivo de diversas discapacidades que impiden al involucrado expresarse, siendo que en la actualidad los tribunales no cuentan con sistemas de estenografía proyectada o bien especialista en lenguas de señas mexicanas, escritura Braille o cualquier otro sistema de comunicación. Lo anterior es reprobable, pues los afectados en las condiciones aludidas son incapaces de expresar su voluntad, constando hechos o precisando circunstancias sustantivas para diversos procesos. En este marco, deben ser analizadas todas sus intervenciones con el mismo valor referencial y probatorio que el de cualquier persona que no tenga una discapacidad. De no hacerlo de esta manera, se daría un trato discriminatorio atentando así contra el principio de igualdad consignado en el artículo 1o de nuestra Carta Magna. El principio pro-persona, la supremacía constitucional establecida en el artículo 133 y de ser el caso, también contra la identidad de derechos entre hombres y mujeres, redactado en el artículo 4 de la propia Constitución. Por si lo anterior fuera poco, debemos decir que al no procurar el Estado los medios de expresión adecuados para todos quienes padezcan una discapacidad, se contraría el texto máximo del orden jurídico en el aspecto adjetivo; es decir, en los hechos se les prohíbe a todas las personas encuadradas en el respecto supuesto a no tener acceso adecuado a la justicia, violando así las formalidades del procedimiento judicial reconocidas en los artículos 14, 16 y 17, entre otros. Por último, no se nos olvida manifestar que en la actualidad la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce en su artículo 12 el rubro de igualdad de personas ante la ley. Asimismo, el artículo 13 trata del acceso a la justicia de éstas. En este sentido la bancada del Partido Verde Ecologista de México apoya y, en su caso, aprobará el dictamen en discusión, el cual tiende a modificar el artículo 29 de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y el artículo 271 del Código Federal de Procedimientos Civiles, reformas que además de ser nobles resultan impostergables respecto a su consentimiento, ya que finalmente recaerá en el beneficio indirecto de todos los mexicanos, pues estaremos así cada vez más cerca del acceso pleno a la justicia. John Rawls, en La justicia como equidad, expresó que la exclusión es causada por la forma en que el sistema institucional procesa los hechos de la naturaleza con los que son favorecidos o no las personas. En este sentido nosotros, los legisladores federales, tenemos hoy el gran compromiso de contribuir para disminuir las diferencias nefastas que no permiten la auténtica igualdad entre todos los seres. Por ello votaremos positivamente, ya que nuestra decisión implicará contribuir a disminuir la iniquidad, la injusticia y la desigualdad en nuestro país. Es cuanto, señor presidente.