EL C. PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Relaciones Exteriores. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARIA DE LAS NIEVES GARCIA FERNÁNDEZ.- (Oficio del Secretario Ejecutivo del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, número IPAB-SE/022/203. Se inserta) -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. -DIP. SECRETARIA MA. DE LAS NIEVES GARCIA FERNANDEZ: (Oficio de la Sría. de Gobernación que solicita permiso para que las CC. Brenda Eugenia Saldívar Maldonado y Norma Alicia Domínguez Rodríguez, presten sus servicios en el Consulado de los Estados Unidos de América en MOnterrey, N.L. y que han dejado de prestar servicios los CC. Ana Olivia Espinoza Acuña y Raúl Emilio Castañón Palacion en el Consulado de Nogales, Son. y en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, respectivamente. -PRESIDENTE. Por lo que se refiere a las solicitudes de permiso, recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. Por lo que se refiere a los ciudadanos que han dejado de prestar servicios, túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados y a la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores, para su conocimiento. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1o. del acuerdo relativo al sistema electrónica de registro de asistencia, se pide a la secretaría dar cuenta del mismo e instruya su cierre. -DIP. SRIO. RODOLFO DORADOR: Se informa a la presidencia que existen hasta el momento la asistencia de 397 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico. -PRESIDENTE: Nuestro siguiente punto del Orden del Día es el de iniciativas de los ciudadanos diputados. Tiene la palabra el diputado Omar Fayad Meneses, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que deroga y reforma diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para constituir a la Procuraduría General de la República como un órgano constitucionalmente autónomo. -DIP. OMAR FAYAD MENESES: Gracias señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: Los procesos de transición democrática en todo el mundo han sido acompañados y perpetuados por cambios estructurales y cambios en el diseño de las instituciones, como una forma eficaz para dotar al estado democrático de una existencia permanente y estable. Como un reflejo de esa tendencia nuestro país inició desde hace algunos años un esquema de transición mediante el cual las instituciones constitucionales y legales han sido gradualmente reformadas para consolidar un estado de derecho cada vez más democrático. Una de estas transformaciones aconteció en diciembre de 1994, que entre otros preceptos reformó el Apartado A, del artículo 102 constitucional, para marcar una nueva directriz respecto a una de las entidades públicas más trascendentales en la vida política, social y económica de México: la Procuraduría General de la República. Este cambio tuvo como finalidad someter el nombramiento que el presidente haga del Procurador General a la ratificación del Senado de la República, así como liberarlo de la obligación de ser el consejero jurídico del gobierno y eliminar así las grandes contradicciones que esta calidad imponía al desempeño de sus funciones primordiales. Sin duda esta reforma tuvo como mérito dotar a esta instancia de mayor autonomía y legitimidad. No obstante, vista a la distancia podemos estimarla en este momento como parcial e insuficiente. Hoy, la Procuraduría General de la República sigue siendo parte del Poder Ejecutivo, quien puede ordenar y decidir el actuar de la misma. El presidente puede remover libremente al Procurador y sigue nombrando y removiendo libremente a los restantes funcionarios del Ministerio Público. Y el status del Procurador es el de un secretario de estado, aun con el amparo de la ratificación que se hace sólo para su designación. Esta circunstancia cobra amplia relevancia si consideramos que precisamente por la naturaleza de sus funciones la Procuraduría desempeña una multiplicidad de acciones que le permiten asumir un papel destacado en la formulación e implementación de la política criminal y de seguridad. Además, la procuración de justicia como condición necesaria para la administración de la justicia penal es una función elevada a rango de garantía constitucional, la cual reclama la absoluta imparcialidad de la ley, la imperiosa imparcialidad de los órganos encargados de actuar en materia de justicia y la imparcialidad sin condición de los hombres que tienen encomendada la elevada función de procurarla. Sin estas tres dimensiones el Estado mexicano no puede garantizar de forma válida que los actos realizados cotidianamente por sus órganos nos conduzcan a configurar la justicia como una condición de vida social y no sólo como un acto jurídico que garantiza derechos. Queda claro que la procuración de justicia es una pieza fundamental para hacer frente de manera eficaz al problema de la delincuencia y la inseguridad en todas sus manifestaciones. De su correcta ejecución depende que aquéllos que han violado la ley en perjuicio de los derechos personales y la paz social sean llevados ante la autoridad judicial y reciban un castigo acorde con el daño realizado. Pese a ello, la actuación del Ministerio Público de la federación y de su titular se ve afectada por factores como la subordinación orgánica y funcional y la dependencia política y presupuestaria respecto del Poder ejecutivo. Actualmente los mayores desafíos que enfrenta la Procuraduría General de la República son la lucha contra la delincuencia organizada y el combate al narcotráfico, problemas que deterioran el ejercicio de la función pública, causan graves daños al erario y menoscaban la imagen de la democracia y de sus instituciones frente a los ciudadanos, vulnerando la tranquilidad y la seguridad de todos los mexicanos, además de su reforma interna, cuyo proceso continúa y su intervención en sonados procesos penales relacionados con asuntos de carácter político. Es por ello que ahora planteo la necesidad de que los diputados y senadores del Poder Legislativo discutamos sobre la pertinencia de dotar, de una vez por todas, a la Procuraduría General de la República de una total autonomía orgánica, funcional y presupuestaria. La propuesta consiste en reformar el apartado a) del artículo 102 constitucional para hacer de esta dependencia pública un órgano constitucional autónomo, una institución que goce de plena autonomía constitucional, que en estricto sentido no se encuentre adscrita a ninguno de los poderes de la unión, sino que se relacione, con independencia de ellos, bajo el amparo del marco único de nuestra Constitución. Como órgano del Estado mexicano deberá de gozar de plena autonomía financiera y funcional. El procurador general de la República será designado por los votos de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados y con la ratificación de la Cámara de Senadores. Sus funcionarios tendrán garantías de inamovilidad e independencia, obligaciones de transparencia e información sobre sus finanzas y acciones realizadas en los casos y bajo las condiciones pertinentes, así como sujeción a los funcionarios al régimen de responsabilidades de los servidores públicos. Propongo, en el mismo apartado a) del artículo 102, que el procurador general de la República sea designado por la Cámara de Diputados en atención a las propuestas que le envíen los otros poderes de la unión o las organizaciones civiles. De esta manera cederá a la Procuraduría la independencia suficiente para conformar un órgano técnico y no político, ajeno a intereses de partidos o de grupos, que pueda actuar de forma libre y no bajo consignas. El reto consiste en lograr que la Procuraduría General y el Ministerio Público de la federación adscrito a ella se conviertan en un órgano capaz de evitar la preeminencia de alguno de los poderes constitucionales sobre los otros y que también sujete al derecho a todos los que infrinjan la ley en todos los ámbitos de la vida social, política y económica de este país, es decir, se constituya en un verdadero órgano de Estado, con funciones independientes, reconocidas y garantizadas en la Constitución, con capacidad de emitir actos definitivos, inmodificables por presión de otros órganos o actores formales e informales, salvo por las instancias del Poder Judicial que tienen a su cargo el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. En este orden de ideas proponemos eliminar también las actuales facultades del procurador para intervenir en las controversias y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere el artículo 105 constitucional por las razones y los términos que ya he expresado en la iniciativa de reforma que presenté en noviembre del año pasado ante este pleno. "De igual forma, dada la naturaleza y funciones del Ministerio Público de la Federación ya como órgano autónomo, resultaría indispensable eliminar su intervención en los juicios como representante de los intereses de la Federación, toda vez que dichos intereses son defendidos por los órganos, organismos, dependencias e instancias competentes para ello, pues esto si no sería incompatible con su carácter de imparcial. "Por esas mismas razones esta iniciativa contempla crear un apartado "c" en el artículo 102 para reubicar lo concerniente a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. "Esta iniciativa contempla modificar los artículos pertinentes de la Ley Orgánica de la Procuraduría para hacerla acorde a este nuevo marco constitucional derogando también de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal los preceptos que aluden a esta Procuraduría como parte del ámbito del Poder Ejecutivo Federal. "Estamos convencidos de que es imprescindible que busquemos como objetivo la eficiencia global del sistema jurídico y político mexicanos, que aprovechemos el contexto de apertura y pluralidad para realizar los cambios que permitan una profundización del diseño democrático que reclama nuestra nación. "En México el nuevo entorno económico y la pluralidad política, exigen que el derecho y los organismos públicos como la Procuraduría, sean capaces de constituirse en órganos que institucionalmente impidan la manipulación política, la presión coyuntural o la intromisión de los partidos políticos. "La independencia del Ministerio Público es indispensable para garantizar que la investigación de los delitos y la persecución de los delincuentes no sean instrumentos de poder, sino que sean funciones que se realicen de manera técnica y con apego a la ilegalidad. "Pudimos avanzar en materia electoral y también en derechos humanos. Les pido a todos, compañeras y compañeros legisladores, que avancemos en uno de los temas que más importan a México y a los mexicanos: ¡La justicia! "Es cuanto, señor Presidente". -