El diputado Carlos Altamirano Toledo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en virtud de que se ha publicado en la agenda, le ruego, señor presidente, que se integre al Diario de los Debates la presente iniciativa. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria ha sido puesta en aplicación desde el año 2006, de forma que ya es necesario mejorarla y encarar algunos de los problemas que se han identificado en la actual legislatura. Durante los tres presupuestos que se han aprobado se han discutido, entre los grupos parlamentarios y con el Ejecutivo federal, los problemas de opacidad en los movimientos que realiza el Ejecutivo, una vez aprobado el Presupuesto, los subejercicios y las deficiencias en las reglas de operación. La finalidad de la propuesta que hoy estoy planteando es evitar que las decisiones del Legislativo sean afectadas y reducir los actuales márgenes de discrecionalidad en el manejo del presupuesto. En atención al tiempo voy a señalar sólo algunos de los objetivos y orientaciones básicas de la presente iniciativa. Propongo establecer un flujo de información con el cual la Cámara de Diputados pueda realizar un seguimiento permanente en la evolución del gasto, para que sus modificaciones gocen de la transparencia debida, en particular respecto a las adecuaciones presupuestarias. Para ese efecto se plantea eliminar la opacidad con que actualmente el gobierno realiza las adecuaciones presupuestarias, lo que modifica el destino de los recursos sin que la Cámara de Diputados y la opinión pública tengan conocimiento oportuno. Uno, propongo que el Ejecutivo conserve la facultad de realizar adecuaciones, pero que éste se realice informando al Legislativo y a la opinión pública de manera oportuna y con transparencia, para evitar una saturación de información, y hacer un buen análisis de ésta. Se plantea que la información sea turnada a la comisión respectiva de la Cámara de Diputados y que las dependencias la publiquen en sus respectivas páginas electrónicas. Dos, propongo establecer un mecanismo con el cual los subejercicios de las dependencias tengan definido un destino por parte de la Cámara de Diputados. El subejercicio se define en contraste con los recursos programados. De esta forma, la ley lo señala como las disponibilidades presupuestarias que resultan con base en el calendario del presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas o sin contar con el compromiso formal de su ejecución. Si el dinero se usa para lo programado, no hay ninguna anomalía; el problema es que la práctica del gobierno no respeta la decisión presupuestal y lo hace abusando del subejercicio para llevarse el dinero a otros destinos, alterando las decisiones, que en su momento tomó el Legislativo, y que corresponden a las prioridades tanto del mismo gobierno, como de los grupos parlamentarios. Reconozcamos que la emisión de reportes trimestrales no ha evitado la acumulación de saldos o subejercicios presupuestarios. Cada fin de año nos encontramos con grandes cambios al presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados. Para modificar esas condiciones propongo incluir la mecánica de programas prioritarios. Considero necesario establecer que de acuerdo con su importancia social, determinados programas tendrán condiciones que garanticen su adecuada y cabal puesta en práctica. ¿Cuál sería la consecuencia práctica de esa determinación? Que en el proceso de aprobación presupuestal, la Cámara de Diputados definiría un conjunto de programas prioritarios, de forma que el Ejecutivo se mantenga en posibilidad de realizar cambios por necesidades administrativas, pero que en el caso de los programas prioritarios no puedas quitarles dinero para transferirlo a los demás programas ni puedas reducir los montos de los programas definidos como prioritarios. Además, se propone precisar que el destino de los saldos acumulados al tercer trimestre del año. Es decir, los subejercicios se destinarían a ese conjunto de programas prioritarios definidos por la Cámara de Diputados. Este punto se acotaría, acotaría el margen de discrecionalidad del Ejecutivo, que mantendría la oportunidad y la flexibilidad de hacer modificaciones durante los tres primeros trimestres del año, pero una vez superados esos términos, los recursos tendrán que destinarse a los programas prioritarios establecidos por el Legislativo. Finalmente, planteo dar entrada como opiniones no vinculantes a los comentarios de los legisladores sobre las reglas de operación de los programas del Ejecutivo sujetos a ellas. Creo, sin embargo, que esto debe hacerse respetando la facultad del Ejecutivo para definir, publicar y aplicar las referidas reglas de operación. Lo único que se propone en esta iniciativa es tan simple, como el que el Poder Legislativo pueda, por medio de sus comisiones, dar una opinión sobre las reglas. Creo que no hay daño alguno con que los legisladores no se limiten a debatir los montos de los programas, sino que puedan ayudar a que sus disposiciones verdaderamente brinden transparencia, así como una aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recursos públicos. Compañeras y compañeros legisladores, por esta razón es que se propone reformar los artículos 2, 23, 58 y 77, y adicionar un artículo 32 Bis a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Les pido que abramos el debate, que mejoremos la ley para reducir la opacidad, para que se reduzca la discrecionalidad del gobierno y para emitir opiniones que mejoren la aprobación y, en consecuencia, el uso de los recursos públicos. Muchas gracias.