El diputado José Juan Barcenas González (PAN): Con su venia, diputada Presidenta. El suscrito diputado federal Juan Bárcenas González integrante del grupo parlamentario del Partido acción Nacional, presenta la siguiente iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. Uno de los problemas que ha tenido mayo impacto negativo en nuestro país durante las últimas décadas es sin lugar a dudas la carencia y mala distribución de recursos financieros que den sustentabilidad y sostenibilidad al desarrollo de nuestro país. La oferta de servicios de captación y ahorro, está concentrada en los grandes centros urbanos y dentro de ellos en las zonas donde habitan las personas con mayores niveles de ingresos o en los sitios de gran actividad comercial, industrial y de negocios. También encontramos este desequilibrio en el campo mexicano, ya que las grandes empresas bancarias suelen atender prioritariamente los Centros de Producción, Almacenamiento, Transporte y Comercialización de Productos Agropecuarios Existe entonces una problemática asociada a desequilibrio territorial de la oferta de servicios bancarios de ahorro y préstamo; pero también se encuentran barreras, por ejemplo a nivel de los montos, tasas de interés y garantías que hacen poco atractiva o de imposible acceso la oferta de servicios bancarios a una gran parte de la población. No obstante los pobladores de las pequeñas comunidades rurales y urbanas, así como de los pueblos y las ciudades de mediano tamaño, desarrollaron un sistema institucional de ahorro y préstamo de carácter popular. Estas instituciones de la llamada "Banca Social", con base en la confianza y el conocimiento mutuo entre las personas, dieron sustentabilidad financiera y por tanto sostenibilidad durante décadas, a una parte considerable de la actividad económica en nuestro país. Y eso ocurría mientras el sector globalizado de la economía sufría descalabros sexenales o entraba en crisis cada vez que el sistema financiero internacional colapsaba. No es exagerado considerar que el sector de ahorro y crédito popular tiene un valor estratégico muy importante para sustentar sobre bases firmes el crecimiento de nuestra economía. Su debilitamiento dejaría sin mecanismo duraderos y estables de financiamiento a las actividades productivas de un vasto sector de la oblación mexicana, que suele acudir a las cajas de ahorro y crédito y a las cooperativas de ahorro y préstamo popular con la finalidad de colocar sus recursos financieros y obtener los préstamos que requiere. En suma, el carácter estratégico del sector de ahorro y crédito popular ofrece un eficiente blindaje financiero a una parte muy importante de la actividad económica financiera. Cuando las crisis cíclicas y coyunturales de la economía globalizada llevan a la quiebra al sector productivo orientado hacia el mercado externo, y con él a la banca comercial que financia sus necesidades de crédito, const... No debemos olvidar que su recate por parte del gobierno federal constituye una derrama enorme de recursos públicos que dejan de invertirse, por ejemplo, en desarrollo humano con un alto costo social para los amplios sectores de la población de pobreza extrema. El día 4 de junio del año 2001, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ahorro y Crédito Popular, la cual se derivó de un proceso de consulta y consenso con las organizaciones representativas del sector de las finanzas populares en México. Este ordenamiento legal tuvo como propósito fundamental lo siguiente: "A. Disminuir los riesgos sistémicos del sector, los cuales habían evidenciado con las experiencias de fraudes que afectaron a miles de ahorradores, los cuales en su mayoría se perpetraron sobre la base de la laxitud y obsolescencia de la Ley General de Sociedades Cooperativas. "B. Promover mecanismos efectivos de protección y seguridad de los ahorradores, mediante la autorización expresa para operar como entidad de ahorro y crédito popular la supervisión auxiliar a través de las federaciones y el establecimiento del Fondo de Protección de los Ahorros y Depósitos. "C. Profesionalizar las finanzas populares mediante una regulación adecuada para intermediarios financieros con características especiales y enfoque social. "D. Extender servicios financieros a grandes segmentos de la población mediante el crecimiento ordenado, viabilidad institucional y competitividad del sistema financiero popular. "La generalidad de los intermediarios financieros del sector popular, así como sus federaciones de representación y servicios especializados, de inmediato se sometieron al proceso de saneamiento y estabilización financiera, fortaleciendo esquemas de gobernabilidad y ampliación de ventajas competitivas, sin menoscabo de su vocación social y especificidad operacional. De esta manera adoptaron como guía de conducta varios valores universales como la transparencia, honestidad y responsabilidad social. "Recientemente 18 organizaciones, que representan a más del 90 por ciento del sector financiero popular, con más de 3 millones de socios, en más de 500 entidades a nivel nacional y cuyo activo supera los 17 mil millones de pesos, han logrado un trabajo de consenso para proponer mejoras a la legislación. Estas organizaciones son las siguientes: "Consejo Mexicano de Ahorro y Préstamo. "Confederación de Cooperativas Financieras de la República Mexicana. "Consejo Coordinador Nacional de Cajas Solidarias. "Federación Mexicana de Ahorro y Crédito. "Federación Integradora Nacional de Entidades. "Federación UNISAB de Occidente. "Federación de Cajas Populares Alianza. "Federación Sistema Coopera. "Federación Centro-Sur. "Federación Regional de Cooperativas de Ahorro y Préstamo del Noreste. "Red de Finanzas Sociales. AMACRED, AMUD. "Federación Atlántico-Pacífico. "Federación de Cooperativas de Occidente. "Federación Alianza Mexicana de Cooperativas y Federación Victoria Popular, y "Finalmente Fortaleza Social. "Me queda la convicción de que las organizaciones involucradas en este proceso de mejora demostraron su madurez y responsabilidad, ya que evadieron posiciones acomodaticias o de oposición sistemática a la ley. Igualmente se evitó ampliar el régimen de excepción determinado en el artículo 4 Bis de la Ley de Ahorro y Crédito Popular, así como el plazo concedido para la formalización de entidades y organismos de integración. "Por lo tanto, esta propuesta contiene reformas de fondo y forma a la Ley de Ahorro y Crédito Popular. El espíritu que me anima a este proyecto de reformas es sin duda alguna crear las condiciones necesarias que faciliten a las entidades y federaciones su tránsito a la formalidad plena, manteniendo incólume la seguridad de los ahorradores que participan en el sistema de ahorro y crédito popular. "Esta propuesta puede explicarse de la siguiente manera: "1. Régimen de autorización especial. El proceso propuesto posibilita que de manera ordenada y observando los requisitos legales se garantice el cumplimiento de los objetivos que persigue la Ley de Ahorro y Crédito Popular, aparte de disminuir los riesgos sistémicos y evitar que la Comisión Nacional extienda autorización a sociedades sin viabilidad financiera presente ni futura, de manera específica el mecanismo legal propuesto tiene las siguientes particularidades: "La viabilidad de las entidades serán sus condiciones financieras. "Evita que se amplíe nuevamente el periodo de transición para la autorización de entidades cuyo límite es el 4 de junio de 2005. "Evita la ampliación del régimen de excepción que se indica en el artículo 4 Bis. "Evita cualquier posibilidad de competencia desleales y la tentación de escisiones artificiales. "Evita la generación de nuevas figuras que operen al margen de la ley. "Fortalece el proceso de integración, facultando a las federaciones para el acompañamiento de las entidades hasta lograr su plena viabilidad financiera, administrativa y competitiva. "Se incorporan requisitos rigurosos para asegurar que la entidad mejorará sus condiciones financieras y organizacionales, no sólo a través de buenos propósitos, sino mediante la aportación económica especial al Fondo de Protección. "Se establecen reglas precisas para tomar las decisiones preventivas o correctivas que correspondan. "Se indican obligaciones mínimas de información a las que se sujetarán las entidades y sus federaciones, al obtener las autorizaciones bajo este régimen especial. "Número 2.- Incorporación de nuevas operaciones. "La incorporación de nuevas operaciones que pueden realizar las entidades, responde a la necesidad de ampliar sus ventajas competitivas, a través de la diversificación de servicios y productos. "Se incluye de manera expresa la posibilidad de suscribir contratos de arrendamiento. "Se precisa la facultad de las entidades para invertir en títulos representativos del capital social. "Se prevé expresamente la participación de las entidades en la operación de remesas, así como en la distribución y pago de servicios, productos y programas gubernamentales". Puesto que el tiempo ha concluido, le solicito al a Presidencia sea tan amable de incluir el texto completo en la Gaceta Parlamentaria y el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. (aplausos)