El diputado Christian Mishel Castro Bello: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, presento reserva del artículo 4o. de la Ley de la Guardia Nacional, porque en el Grupo Parlamentario del PRI creemos que la actuación de esta fuerza armada en materia de seguridad pública debe de estar bajo estricta coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, esto es con un mando civil. La suprema Corte de Justicia de la Nación ya lo advirtió y la ciudadanía lo exige y necesitamos seguridad con legalidad y con una fuerza con controles democráticos. Estamos ante un paquete legislativo que lejos de fortalecer las instituciones civiles de seguridad, consolida un modelo militarizado para funciones que, por su propia naturaleza y lo reitero, deben permanecer en manos de civiles. Se pretende que la Guardia Nacional, una institución que en teoría es civil, sea en realidad una extensión del Ejército, bajo disciplina militar, formación castrense y subordinación operativa a la Secretaría de la Defensa Nacional. En este punto yo quisiera plantear una pregunta seria y de fondo, y que estoy seguro que muchos de los que estamos aquí también nos hacemos: ¿por qué estas reformas no las dictaminó la Comisión de la Defensa Nacional? ¿Por qué no se turnaron las iniciativas a la Comisión de la Defensa Nacional? El dictamen que se aprobó en lo general modifica directamente siete leyes militares y ninguna de ellas cuenta con el debido análisis, ni siquiera con la opinión por parte de la Comisión de la Defensa Nacional, a la que orgullosamente pertenezco como legislador. ¿Con qué lógica parlamentaria se deja fuera del análisis a la Comisión que tiene la competencia constitucional y reglamentaria sobre las Fuerzas Armadas? Esto no es un mero error de trámite, compañeros. Esta es una falla de origen que le resta validez al dictamen y muestra una vez más cómo el oficialismo utiliza a esta soberanía como ventanilla de trámite para legislar al vapor, sin un verdadero análisis técnico legislativo. No se puede reformar el corazón jurídico del régimen militar mexicano sin que la Comisión de Defensa de esta Honorable Cámara revise, analice, opine y dictamine estas iniciativas. Es como querer legislar en materia de salud sin escuchar a la Comisión de Salud o reformar el sistema educativo sin incluir a la Comisión de Educación. Desde esta tribuna exigimos respeto al debido proceso legislativo y a la división de responsabilidades entre comisiones. Compañeras y compañeros, la seguridad pública debe estar en manos de autoridades civiles, con preparación policial, con protocolos de actuación en derechos humanos y con mecanismos de rendición de cuentas. Militarizar no es profesionalizar. Militarizar no es institucionalizar. Y lo hemos dicho con respeto, pero también con mucha claridad: El Ejército tiene funciones nobles y específicas de defender la soberanía nacional, auxiliar a la población en desastres naturales y apoyar temporalmente en tareas de materia de seguridad; pero su vocación no es patrullar calles ni sustituir policías. Este dictamen renuncia a construir cuerpos civiles eficientes en materia de seguridad. Renuncia a formar policías estatales y municipales capaces. Renuncia, en pocas palabras, a la visión de una seguridad ciudadana. Lo más grave de todo es que normaliza la presencia militar en la vida pública, transforma una excepción en regla y sienta un precedente peligroso para la democracia. El PRI no está en contra de las Fuerzas Armadas, al contrario, las respetamos y apoyamos profundamente, pero también somos conscientes que la seguridad pública es una labor que debe estar coordinada por mandos civiles. Con respeto y firmeza, reiteramos nuestra convicción: La seguridad no debe ser pretexto ni para militarizar, ni debilitar lo civil. México no necesita más soldados en las calles, necesita cuerpos policiales mejores preparados, con perfiles profesionales adecuados a los retos de seguridad que enfrentan nuestro país. Urge contar con policías capacitados, con formación e investigación en proximidad social y sobre todo, respeto a los derechos humanos. Desde el PRI lo decimos fuerte y claro, siempre estaremos a favor de las reformas que reconozcan el valor de nuestras fuerzas armadas, que fortalezcan a los mandos civiles en las tareas de seguridad pública y que garanticen plenamente el respeto a los derechos humanos. Esta ha sido nuestra historia y seguirá siendo nuestro compromiso con México. Es cuanto.