El diputado Ricardo Cantú Garza: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, nuestra patria vive días aciagos, la voluntad popular ha sido burlada, los Poderes fácticos, Calderón, el PRI y la oligarquía pretenden imponer a Enrique Peña Nieto en la Presidencia de la República; se reeditan con mayor contundencia las prácticas más sucias del priismo. En México la frase sufragio efectivo es todavía un anhelo por cumplir, ya que ahora la elección no la roban, la compran. Coaccionaron el voto y lucraron con la pobreza que en 70 años de gobiernos del PRI y 12 del PAN ellos mismos crearon. El Instituto Federal Electoral no solo fue comparsa de las violaciones a la ley, sino que además traicionó la democracia, ya que de manera sistemática rechazó nuestras quejas, no investigó el origen del dinero, el rebase de topes de campaña, el lavado de dinero, las tarjetas Monex y Soriana, dejando de ser árbitro para convertirse en cómplice del PRI. Con oportunidad los integrantes de la Coalición Movimiento Progresista impugnamos dicha conducta. Al final, y como resultado de las irregularidades de la jornada electoral, interpusimos el juicio de inconformidad, mismo que el jueves pasado fue resuelto por la Sala Superior desechando nuestras argumentaciones. Al validar las irregularidades de Enrique Peña Nieto, el Tribunal Electoral afrenta a millones de mexicanos, a los que nos consta la compra de la elección presidencial. Con esta validación el Tribunal Electoral está dando entrada al regreso del autoritarismo del PRI. Estaremos regresando a las viejas prácticas del presidencialismo priista. Muy lejos estuvo el Tribunal Electoral de apegar su resolución a los principios contenidos en el artículo 41 constitucional en cuanto a la libertad de sufragio, financiamiento público y acceso a medios de comunicación. En su sentencia el Tribunal Electoral creó una realidad ficticia y nos demuestra que no conoce o no le importa la opinión de millones de mexicanos que no compartimos su fallo. La decisión que tomaron los magistrados del Tribunal Electoral tiene efectos devastadores para las instituciones que dicen defender. Están validando que se puede actuar con total impunidad sin que se sancionen las conductas ilícitas. Todo esto daña al sistema democrático porque se violenta la voluntad de millones de ciudadanos que hoy nos sentimos burlados porque supuestamente deben ser los garantes del voto libremente emitido. Enrique Peña Nieto, a partir del primero de diciembre llevará la carga de la ilegitimidad de origen, como oprobio para la ciudadanía que aún confía en el voto como mecanismo de elección de sus gobernantes. A los magistrados de la Sala Superior los perseguirá por siempre su abyección ante el poder. Compañeras y compañeros legisladores, en el entorno nacional y concretamente en el económico y social, los diputados federales y senadores del Partido del Trabajo manifiestan su indignación porque la situación de México y los mexicanos está más deteriorada que nunca. La economía mexicana prácticamente no ha crecido en los seis años de Calderón; sólo el 1.78 por ciento en promedio. Es el segundo sexenio de menor crecimiento en 30 años de neoliberalismo. Calderón presume que en esta administración se han creado 2 millones 200 mil empleos, con lo que queda a deber a los ciudadanos un total de 5 millones 300 mil plazas. Lo del presidente del empleo no es más que una frase de humor negro. Además existen casi 14 millones de mexicanos que fueron arrojados a la informalidad, aumentando el desempleo. Los pronósticos de inflación del gobierno calderonista no se cumplirán porque a la fecha tenemos una inflación de 4.45 por ciento. Los incrementos mensuales a los combustibles y energía eléctrica, han jugado un papel importante en el aumento de la inflación que impacta a los bolsillos de los mexicanos. Eso fue aprobado por las bancadas del PRI y del PAN en la pasada legislatura. Ejemplos claros lo constituye el precio del huevo que pasó de 8 pesos a 45 pesos en promedio y el de la tortilla, de 2.50 en el 2006, a 11 pesos en el 2012. La deuda mexicana se está tornando inmanejable. Los datos de Hacienda y de estudios sobre pensiones y jubilaciones, nos dicen que el pasivo mexicano es igual a 21 billones 935 mil millones de pesos, que representan el 144 por ciento del producto interno bruto. La pobreza imperante lacera la dignidad de los ciudadanos. De ninguna manera es aceptable que tengamos 93 millones de pobres o 56 millones de ellos en niveles extremos de indigencia. Temas sensibles para la ciudadanía son los que se refieren a la cotidiana violación de los derechos humanos, a la inseguridad avasallante en la mayoría de los estados de la nación, a la falta de justicia en las dependencias institucionales y a la corrupción y a la impunidad. El problema radicó en que Calderón en su afán de legitimar su usurpación el poder, inició una guerra sin análisis ni diagnóstico, según sus propias palabras. Su llamada estrategia ha producido un saldo muy grave de más de 70 mil mexicanos asesinados; más de 17 mil desaparecidos y más de 120 mil desplazados por una guerra sin sentido. El resultado de esta estrategia de combate al crimen, se ha reflejado en que estamos inmersos en una situación donde los carteles de la droga imponen su ley por encima de las instituciones, corriendo el riesgo de la instauración de un narco Estado que opere de forma paralela al gobierno constituido. El fracaso de la política social y la ausencia de políticas educativas que no dio oportunidades de acceso al bachillerato y a las universidades a los jóvenes, los hace vulnerables ante la cooptación de las organizaciones delictivas. Así se han detectado 7 millones y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan. El sector salud no es ajeno a esta circunstancia. Los tratados internacionales signados por el gobierno mexicano han sido letra muerta y así tenemos que las sentencias de la Corte Interamericana de los derechos humanos en los casos de radilla y campo algodonero, entre otros, no se han cumplido. Los principios de política exterior consagrados en nuestra Constitución se han traicionado. Los hechos de Tres Marías y los operativos Rápido y Furioso y Arma Blanca, así lo demuestran. Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México. La agenda legislativa que impulsaremos tiene el propósito central de beneficiar a la gente, en especial a aquellos mexicanos que han sido marginados y que han sufrido los estragos de 30 años de política neoliberales. Con el cambio verdadero, no habrá más simulación, no más privilegios para unos cuantos. Nos comprometemos ante los pueblos originarios a realizar, a relanzar la iniciativa Cocopa que recoge los Acuerdos de San Andrés Larráinzar. En materia económica estamos planteando una nueva economía que genere crecimiento y desarrollo para los mexicanos, que abra oportunidades para las pequeñas y medianas empresas, que cree empleos, que permita una distribución equitativa de la riqueza que se produce en nuestro país. De la mano del cambio del modelo económico tenemos la firme convicción de defender la propiedad de los recursos energéticos que son de la nación como se señala en el artículo 27 constitucional. Fortaleceremos el marco legal para que Pemex y CFE puedan contar con recursos suficientes para impulsar su desarrollo, recuperen su liderazgo y permanezcan como empresas públicas. Estamos planteando una reforma hacendaria que cobre impuestos a los que más ganan y que en contraparte proteja la economía familiar. Les decimos con toda claridad, no aceptaremos que se cobre IVA en alimentos y medicinas, como es la pretensión del PRI y el PAN. Propondremos eliminar el IETU. Es impostergable una reforma en materia de medios de comunicación para democratizar el otorgamiento de concesiones que inhiba las prácticas monopólicas, fundamentalmente para que ejerzan su función social, garantizando el derecho de los mexicanos a estar debidamente informados. Es indispensable establecer una política social que vaya más allá del asistencialismo y el clientelismo, que permita la generación de capacidades. Promoveremos que los derechos sociales sean universales para que todos los mexicanos, sin distinción alguna, puedan gozar de ellos. Ése es el caso de la educación y la salud, cuyos lineamientos deben apegarse a lo mandado en la Carta Magna. En el tema de la seguridad y acceso a la justicia, promoveremos cambios que garanticen la aplicación de una justicia imparcial, efectiva, pronta y que respete los derechos humanos con personal calificado que se desempeñen condiciones laborables aceptables. Compañeras y compañeros legisladores, agradecemos a millones de mexicanos todo el esfuerzo y dedicación para hacer del movimiento democrático encabezado por Andrés Manuel López Obrador el más representativo del país, en el que han coincidido partidos políticos, el Movimiento Regeneración Nacional, organizaciones sindicales y campesinas. El Partido del Trabajo reconoce la lucha que han dado para promover el cambio verdadero. Destacamos el apoyo de los jóvenes que con su energía y creatividad se han sumado y han promovido el cambio democrático. Lucharemos por hacer de México un país mejor, seguiremos dando muestra de coherencia y de compromiso con el proyecto alternativo de nación que enarbola Andrés Manuel López Obrador. Al sector estudiantil, a los obreros, a los campesinos como los de Atenco, sindicatos como el SME y la CNTE, a las organizaciones civiles y usuarios de las redes sociales afines al movimiento, les hacemos un llamado para no claudicar en la lucha democrática. Todos unidos demostraremos que el cambio verdadero es posible. Movimientos sociales como el de 1968, el de 1971 tuvieron su punto más relevante en 1988, año en que ganó la Presidencia el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas con el Frente Democrático Nacional y se robaron ese triunfo. Eso también ocurrió en 2006, cuando el fraude electoral se volvió a imponer. Sin embargo, no hemos abandonado la lucha, lo que ha permitido que las fuerzas progresistas logremos conquistar espacios de representación y de gobierno, en beneficio de los que menos tienen. Estamos convencidos que el nuevo gobierno, producto del fraude electoral, no tendrá legitimidad, capacidad ni el interés para resolver las difíciles condiciones económicas y sociales en las que está sumido el pueblo de México. De nuevo se estará usurpando la Presidencia, ahora con otro color. La conformación del Frente Legislativo Progresista, integrado por los diputados del PRD, PT y Movimiento Ciudadano representamos la segunda fuerza al interior de la Cámara de Diputados, y con ese carácter promoveremos una agenda común en los temas más relevantes del contexto nacional y defenderemos las conquistas sociales de los mexicanos, y este próximo 9 de septiembre estaremos con Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo para continuar la lucha por la transformación democrática de México. Viva el cambio verdadero, viva el Movimiento Regeneración Nacional, viva Andrés Manuel López Obrador.