El diputado Luis Enrique Martínez Ventura: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna a fijar posición respecto del dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Hidrocarburos. Esta ley cumplió tres años de haber sido aprobada y de estar en vigor, tiene el propósito de prevenir y sancionar el robo de hidrocarburos que afectan a la industria petrolera. De todos es sabido que Petróleos Mexicanos es la principal empresa pública del país y una de las más importantes del mundo, lo que Pemex hace básicamente es extraer, trasladar, refinar y distribuir el petróleo y sus derivados. Su contribución a la hacienda pública es muy importante por los impuestos que entera al fisco. En el dictamen que se nos presenta se plantea la adición al artículo 9 Bis, para establecer la presunción de que no se cuenta con derecho y que, por tanto, no se puede acreditar la propiedad o legítima posesión de hidrocarburos petrolíferos por parte de asignatarios, contratistas, permisionarios o distribuidores, cuando no tengan el original de factura electrónica o de comprobante fiscal digital. En consecuencia, al no acreditarse la legítima propiedad o posesión, se entiende que estamos ante el ejemplo palpable de robo de hidrocarburos. En el caso del artículo 21, párrafo primero, se hace la adecuación legislativa a la mención que existe en el artículo 21 vigente de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos –lavigente–, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en los casos en que esta resulte aplicable. Además, a los titulares de franquicias, contratistas, permisionario o distribuidor, además de las penas establecidas en la ley, se les podrá aplicar, uno, suspensión de actividades por un periodo mínimo de tres meses a tres años; dos, la inhabilitación temporal para solicitar un nuevo permiso; y tres, la disolución y liquidación de la sociedad cuando se advierta que la misma es utilizada de manera sistemática para la comisión de ilícitos en materia de hidrocarburos. Se faculta en el nuevo artículo 22 Ter a los jueces de control para solicitar a la Comisión Reguladora de Energía la suspensión de permisos de quienes ilegalmente actúan en la industria petrolera violando la ley. También se faculta a la Comisión Reguladora de Energía para publicar en su página oficial el listado de personas física o morales que han sido sancionadas. Compañeras y compañeros legisladores, sin lugar a duda todos hemos conocido información del gran saqueo financiero del que Pemex ha sido objeto. Es tiempo de que se tomen las medidas que resulten más apropiadas para evitar estos robos que corresponden auténticamente a la delincuencia organizada. En múltiples lugares del país los ductos de Pemex son ordeñados poniendo en riesgo la integridad física e incluso la vida de las personas que realizan esta actividad, como lamentablemente ocurrió el 18 de enero en el estado de Hidalgo. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de que es imprescindible blindar a Petróleos Mexicanos en sus actividades, porque lo que Pemex explota y distribuye es la riqueza del subsuelo que es de todos los mexicanos. Sin lugar a dudas hay cómplices dentro de la empresa que deliberadamente por acción y omisión no presentaron oportunamente las denuncias penales correspondientes. Es imperativo que el nuevo gobierno combata la delincuencia organizada y a aquellos que lucran con la pobreza y marginación de la gente para obligarlos a delinquir. Por las consideraciones antes expuestas, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto.