El diputado Antonio Ortega Martínez: El agua es un bien público común, social y cultural. Nuestro país reconoció en el año 2012 el derecho humano al agua, plasmándolo en el artículo 4o. de la Constitución Política. Se reconoció el derecho al acceso, disposición y saneamiento, además de plasmar la responsabilidad del Estado de garantizar este derecho definiendo en las leyes subsecuentes, las bases, apoyos y modalidades para garantizar dichos fines. La responsabilidad de su cuidado nos lleva a realizar acciones concretas en la búsqueda de su adecuada preservación. Tal es el caso de las modificaciones de ley que fueron aprobadas en la Comisión de Recursos Hidráulicos. Existe en México un principio en materia de daño ambiental: el que contamina debe de pagar, y representa la obligación de responder por un mal causado al entorno, aunque no haya habido intención de ocasionarlo. México es prácticamente nuevo en estos ámbitos, pues apenas en 2013 entró en vigor la Ley de Responsabilidad Ambiental, donde comenzaron diversos esfuerzos por buscar disminuir la contaminación a través de sanciones, entre ellas las económicas. Las sanciones se aplicarán a quien descargue, deposite o infiltre aguas residuales, químicos o desechos contaminantes que estén fuera de los parámetros de la norma oficial mexicana. Dichas sanciones aún estaban expresadas en salarios mínimos, esto en discordancia con lo plasmado en la ley, en cuanto a la unidad de medida y actualización, que nace para sustituir el salario mínimo, como unidad-base, para calcular pagos que no son de naturaleza laboral. La UMA, es la unidad de medida y actualización que sirve de referencia económica, y es a partir de diciembre de 2016, que se estableció esta, para sustituir al salario mínimo, como indicador de conceptos jurídicos, como multas, prerrogativas o créditos, las actualizaciones de las infracciones y las cantidades, e independientemente de las sanciones estipuladas en la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Ley de Bienes Nacionales, entre otras. No solo se estipula en el sentido de reconocer una necesidad de actualización, sino también en la búsqueda de un incremento de aproximadamente 30 por ciento en los montos de las multas. En el PRD reconocemos la vocación que guarda el dictamen presentado ante la Comisión de Recursos Hidráulicos, que plantea modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales en el sentido de prever que las personas físicas o morales que efectúen descargas de aguas residuales a los cuerpos receptores deberán adoptar dentro de sus procesos la utilización de materiales biodegradables, así como aumentar las multas para quien haga mal uso de estas. Por lo que, en concordancia con la votación realizada en la reunión de la comisión, reafirmamos nuestro compromiso de defender la correcta utilización del agua y adelantamos la necesidad de revisar temas como el vertido de desechos industriales sin tratamiento, el vertido de desechos municipales sin tratar, el uso de pesticidas y fertilizantes, la contaminación por metales pesados producto de la actividad minera, la contaminación producida por la producción de energía eléctrica, como en procesos termoeléctricos, arrojar desechos sólidos a los cuerpos de agua, etcétera. Por lo que nos pronunciamos a favor del presente dictamen y señalamos que este solo es un precedente de futuras discusiones y decisiones que sostendremos rumbo a la construcción de una nueva Ley de Aguas Nacionales. El PRD votará a favor. Gracias.