El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Sobre pocos temas se ha generado una polémica tan permanente y aguerrida como lo es el aborto, estudiado y analizado desde innumerables puntos de vista como el médico, el ético, el jurídico, el moral, el religioso, el social, y por supuesto, el de derechos humanos y el derecho a la vida. El Estado mexicano en nuestra Constitución Política y a través de la firma y ratificación de varios tratados internacionales, protege los derechos sexuales y reproductivos de los individuos, quienes pueden decidir de manera libre y responsable el número de hijos y los intervalos entre los nacimientos, así como el derecho a alcanzar el mayor nivel de salud sexual y reproductiva posible. Lo cierto es que aun con todos los instrumentos nacionales e internacionales de protección, gran parte de las mujeres de nuestro país no tiene acceso a los servicios ni a la información necesaria para ejercer de manera plena y responsable sus derechos sexuales y reproductivos, por lo que los embarazos no deseados y por consecuencia los abortos, son una realidad que ocurre día a día poniendo en riesgo la salud física y emocional de un amplio sector de nuestra población. Las cifras, compañeras y compañeros legisladores, son determinantes. Una de cada tres mujeres adultas y más del 40 por ciento de las adolescentes, quedan embarazadas sin desearlo o planearlo. Esto se traduce en una elevada demanda de interrupciones de embarazos. Se estima que cada año se realizan más de 1 millón de abortos inducidos en el país. La desigualdad de poder entre hombre y mujeres, las normas socioculturales de género, que influyen en el comportamiento de las relaciones sexuales provocan que muchas mujeres no expresen y mucho menos exijan sus deseos y preferencias. Incluso en la relación al uso de anticonceptivos, se someten a disposición de su pareja. Según la última Encuesta Nacional sobre la Violencia contra las Mujeres, publicada en 2009, el 8 por ciento han sido obligadas a tener relaciones sexuales con su pareja en contra de su voluntad; aunado a esta situación muchas mujeres son violentadas no sólo de manera física, sino también psicológicamente. De tal suerte que cuando estas mujeres se saben embarazadas y deciden abortar, se convierten de nuevo en víctimas ante la persecución y criminalización de la que son objeto. La interrupción de un embarazo está relacionada con sus derechos fundamentales, con su libertad, con su salud y con su vida. Es una decisión que está más allá de convicciones religiosas, morales o políticas; es una decisión multifactorial y por ende, subjetiva. Dado el contexto de un marco jurídico muy restrictivo en relación al tema, la falta de recursos económicos y la criminalización de la que son objeto, miles de mujeres se ven obligadas a practicarse abortos en condiciones de alto riesgo para su salud y para su propia vida. En este sentido en Nueva Alianza estamos conscientes de que toda mujer que decide interrumpir su embarazo, tiene el derecho de abortar en un sistema de salud seguro donde no ponga en riesgo su propia vida. Sin embargo es imperante que podamos unificar y armonizar las leyes en el Código Penal Federal para que la despenalización del aborto se aplique de igual manera en todo el país y de esta forma brindar las mismas condiciones hospitalarias y de salud a las mujeres a lo largo y ancho del territorio nacional. En Nueva Alianza estamos decididos a brindar los mecanismos necesarios que permitan salvaguardar la integridad física y emocional de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo ante de las 12 semanas de gestación. Desde nuestra concepción como instituto político nos hemos dado a la tarea de impulsar el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales y la equidad entre los miembros de nuestra sociedad. Somos un partido joven comprometido con las causas sociales y los derechos humanos y si hoy presentamos una iniciativa potencialmente polémica que no quepa duda que lo que nos anima es el anhelo de ampliar la libertad individual de quienes representamos. Señor Presidente, solicito que la iniciativa que presento se turne a la Comisión de Igualdad de Género para dictamen. Agradezco su paciencia y atención. Muchas gracias.