La diputada Joanna Alejandra Felipe Torres: La violencia hacia las mujeres es una realidad, tan naturalizada y tan institucionalizada que ha enquistado la creencia en la sociedad de que la desigualdad entre los sexos, la relación asimétrica de poder y la violencia en contra de las mujeres son normales. Que el solo hecho de nacer mujer implica inferioridad, sumisión y obediencia y este mandato social de la sumisión y de la obediencia deben de ser asegurados mediante el uso puntual de la violencia como un instrumento de afianzamiento e intimidación constante en contra de las mujeres. Lo que pasa en casa, se queda en casa. La ropa sucia se lava en casa. Frases constantes que se repiten entre la sociedad para mantener oculta e invisibilizada la violencia a la que miles de mujeres y sus hijas e hijos son diariamente sometidos. La escena de crímenes contra las mujeres y niñas termina siendo su propio hogar. Así, la violación de los derechos de las mujeres y la violencia de género suponen conductas que en muchos lugares continúan siendo socialmente aceptadas y que, por estar circunscritas al ámbito de la vida privada, son ignoradas y son poco cuestionadas. Hoy, más que nunca, se reconoce que los actos de la vida personal o privada de una persona, el cómo actúa, el cómo se expresa, el cómo se relaciona, trasciende al ámbito público. Un servidor público que en el ámbito privado ejerce violencia, también lo hará en el ámbito público. Y no buscará prevenirla ni atenderla ni erradicarla, como sería su obligación, utilizará su poder para perpetuarla, porque la violencia es su mecanismo de control y de dominación. Un servidor público que es golpeador de mujeres, violador, acosador sexual, un violentador de su propia familia, una persona irresponsable con la manutención de sus hijas e hijos, utilizará su poder para seguir golpeando, para seguir violando, para conservar su irresponsabilidad parental bajo el amparo del cargo y en total impunidad. Un violentador que es un servidor público tiene una doble responsabilidad, es victimario directo de las mujeres cercanas a las que agrede, pero también es victimario indirecto de las mujeres gobernadas, por las que no vela, por las que no hace nada, a las que no les cree, a las que revictimiza, porque se pone del lado de los agresores, porque se identifica con ellos, porque es su cómplice. Un violentador es un delincuente y a los delincuentes se les sanciona, no se les premia con cargos. Hace muchas décadas que las mujeres nos dimos cuenta de que nuestra unión, nuestra solidaridad, el mutuo reconocimiento genera verdaderos cambios sociales. Nos dimos cuenta de que anteponer nuestras diferencias a nuestras coincidencias puede ser un obstáculo insuperable para lograr objetivos del interés común. En nuestro camino hacia la igualdad sustantiva, hoy nos encontramos en una fase de aumento cuantitativo de mujeres en las legislaturas, pero este aumento cuantitativo debe de ser seguido necesariamente por una fase cualitativa que mejore la democracia, que aumente la incidencia de las mujeres en los espacios de decisión y que así se mejore la calidad de vida de las mujeres y niñas. Ante ello, las mujeres que ocupamos hoy un cargo público, que ocupamos un espacio en la denominada legislatura de la paridad, nos encontramos ante un momento histórico que implica la responsabilidad de impulsar profundos cambios cualitativos en la manera de hacer política y en la forma de gobernar. Parte de los cambios en la manera de hacer política es evitar que la segmentación partidista sea un obstáculo para luchar por la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y de las familias mexicanas. Compañeras, aliadas, colegas diputadas, hoy la lucha social únicamente se logra con resultados sustantivos a partir de la inclusión y jamás de la exclusión o de la marginación de la mitad de la población o de uno de los sexos. Por ello es que invitamos a todos los compañeros diputados a conocer la iniciativa y a sumarse a esta causa que es de todas y de todos. La lucha por el acceso a las mujeres y niñas a una vida libre de violencia requiere formar alianzas estratégicas entre todas y todos, no puede ser una labor individual, debe de ser un esfuerzo colectivo, plural e incluyente que a partir de nuestras propias convicciones, principios e ideologías, construyamos juntas y juntos el camino hacia la erradicación del mayor problema social en el que históricamente se encuentra sumida la humanidad. La violencia no es un problema de las mujeres, la violencia contra las mujeres y niñas es un problema social, por ello, debemos de intervenir todas y todos. Mujeres y hombres estamos llamados a la acción pacífica para liberarnos de las violencias, a la acción de sensibilización y al movimiento de conciencias, a la acción de empatía, de congruencia, de construcción de nuevas formas de pensar, de nuevas formas de relacionarnos que no impliquen la superioridad de los unos y la inferioridad de las otras; estamos obligadas a generar nuevas formas de gobernar. Hoy más que nunca la política y el servicio público necesitan ser dignificados, necesitamos regresar a los estándares mínimos de ética y moralidad como principios rectores de la conducta pública. Es urgente poner límites a las desviaciones y perversiones del poder. Es urgente reivindicar a la política y atender las demandas ciudadanas de ser representados por personas con firmes convicciones y valores éticos, que garanticen que todos sus actos persigan el bien común. Es urgente llamar a una reforma social verdadera que garantice la justicia, la igualdad y la libertad de las mujeres y niñas mexicanas. Es urgente atender las demandas de las mujeres de ser representadas por mujeres y hombres que protejan nuestra dignidad humana y que firmemente defiendan nuestro derecho y el derecho de nuestras hijas e hijos a vivir libres de violencia. El dictamen que hoy se somete a su consideración es el producto de las demandas, preocupaciones y propuestas de las mujeres activistas, de las mujeres integrantes de la sociedad civil organizada, de las mujeres que han sido víctimas de violencias, de agresiones sexuales, de acoso sexual en su casa, en la calle, en el trabajo. De las mujeres que siguen siendo las principales cuidadoras de sus hijas y de sus hijos. De las mujeres que sacan la casta por ellos cuando los padres abandonan sus responsabilidades paternas. Y, también, este dictamen, es producto del trabajo y del consenso de diputados y diputadas de todos los partidos políticos, que desde las legislaturas anteriores y en la actual hemos decidido promover acciones contundentes para depurar a la política de los vicios y de la depravación, para impedir que el poder público continúe siendo utilizado por algunos, como una vergonzosa herramienta de impunidad, de vejación de la dignidad de las mujeres y de protección de los violentadores. Hoy, esta legislatura tiene la valiosa oportunidad de ser congruentes y abonar en la renovación de la política, la renovación urgente que ayudará a que los servidores públicos que gobiernan y los que se encuentran en la procuración de justicia sean un ejemplo de probidad y respeto de los derechos humanos de las mujeres. Y, que sin simulaciones, tengan un verdadero compromiso con la atención y la erradicación de la violencia. Por nuestras mujeres y niñas mexicanas, ni un agresor más al poder. Es cuanto.