La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez (vía telemática): Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, establece en su artículo 7o., que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de esa ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración, y contra toda provocación a tal discriminación. De este modo, el artículo 19 del citado instrumento señala que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, y también recibir informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras. Tal declaración, al igual que los principios, lineamientos, estándares y recomendaciones no tienen poder vinculante, pero sí fuerza moral y proporcionan guías prácticas para la conducta de los Estados. Por otra parte, a lo que hace a las convenciones, estatutos y protocolos, sí tienen un efecto vinculante para aquellos Estados que los ratificaron, pues no fue hasta 1966 que, por medio del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Estados se comprometen a respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentran en su territorio y están sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el pacto, y a garantizar que toda persona cuyos derechos o libertades hayan sido violados puedan interponer un recurso efectivo. La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos constituye un congruente argumento para que nuestro país reconozca una mayor jerarquía y relevancia a los tratados internacionales sobre derechos humanos, pues nuestra Constitución, en su artículo 1o., señala que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar derechos y libertades de las personas. La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 9o., fracción XV, y 17, considera que es discriminación promover el odio y la violencia a través de mensajes e imágenes en los medios de comunicación, así como incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución y la exclusión. Lo anterior pone de manifiesto que la adopción de un sistema internacional de derechos humanos es fundamental para alcanzar los fines de un Estado, en aras de constituirse o afianzarse en un Estado democrático de derecho. Es así, pues, que la construcción de normas internacionales es producto de la colaboración entre Estados que inquieren los mecanismos más convenientes. Es así como el Estado mexicano debe garantizar el trato igualitario y el respeto a todas las personas, ideas que deben permear entre todos los mexicanos, evitando la difusión de ideas de odio, humillación, agresiones, violencia, rechazo, marginación o vulnerabilidad. Tales circunstancias complementarán el combate a la discriminación racial al prevenir una de las causas que dan lugar a ella. El día de hoy sometemos a consideración de esta asamblea la introducción de varios tipos penales, que lo que persiguen justamente es poner visibles este tipo de discriminación de orden racial. Tal prohibición también debe alcanzar a la actuación de los servidores públicos, ya que no se deben utilizar las instituciones para promover este tipo de ideas discriminatorias y de odio. Reitero, en este tenor, desde marzo de 1975 nuestro país es Estado en la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, y en marzo de 2002 reconoció la competencia del Comité para la Eliminación de Discriminación Racial como el órgano que verifica el cumplimiento e interpreta las disposiciones contenidas en dicha Convención. Por lo que el referido Comité ha emitido una recomendación a nuestro país para que tipifique como delito la difusión de ideas basadas en la superioridad o el odio racial en toda la incitación a la discriminación racial, así como todo acto de violencia con motivación racial, así como su financiamiento ante la ausencia de regulación en disposiciones penales. Este Comité, hay que decirlo, recomienda al Estado mexicano intensificar sus esfuerzos a adoptar una ley especifica que tipifique como acto punible las distintas manifestaciones de discriminación racial, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 4o. de la Convención. En este tenor, el 14 de julio de 2017 la asociación civil Zafiro pro Derechos Humanos, Asociación Civil, por medio de su representante legal, reclamó la omisión legislativa en la que incurrieron como autoridades responsables el Congreso de la Unión, el titular del Ejecutivo y la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el sentido de que dichas autoridades han sido omisas para tipificar como delito las conductas señaladas en el artículo 4o., incisos a) y b) de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Expresión de Discriminación Racial. Debemos tener en cuenta que las normas que contengan derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, sino que en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano. En otro aspecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha distinguido entre omisiones legislativas y relativas. Las primeras, es decir las absolutas, se presentan cuando el órgano legislativo no ha ejercido su competencia de crear leyes en ningún sentido ni ha externado normativamente ninguna voluntad de hacerlo, y las omisiones legislativas relativas ocurren cuando el órgano legislativo ha ejercido su competencia, pero, de manera parcial, o simplemente no realizándola de manera completa. Bajo esta tesitura es menester señalar que producto de la reforma constitucional en materia de amparo de 2011, la fracción I del artículo 103 constitucional establece con toda claridad, que los tribunales de la federación conocerán de toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos. Por ello, ante la petición de amparo que ha hecho esta organización hoy nos encontramos ya bajo un mandato judicial que nos ordena como Congreso de la Unión, emitir la legislación penal para tipificar los delitos de odio racial, a través de un dictamen que se fue generando desde hace meses y con la participación y observación de las y los legisladores de la Comisión de Justicia. El día de ayer finalmente pudimos aprobar este importante dictamen. Esta iniciativa que surge de varias propuestas de reforma de distintos legisladores pretende que, en un estricto apego a las determinaciones del órgano de control constitucional, dar cabal cumplimiento a la tipificación de la discriminación, el odio y la violencia por motivos raciales en la legislación penal sustantiva. Considero que tal como se expresa en la propuesta, el tipo penal debe ser extensivo a todas las formas de discriminación previstas en el artículo 1o. constitucional, de tal manera que hoy ponemos a consideración de ustedes esta importante reforma que será histórica no solo en la consecución de reconocer los derechos humanos de todas y de todos los mexicanos, sino también en visibilizar algo que nos lastima como mexicanos; estas diferencias fuertes que todavía son muy agudas en nuestro territorio nacional, en donde hay una profunda discriminación entre nosotros. Esto ayudará, compañeras, compañeros, a ponerlo, a visibilizarlo, pero, también que lo que es más importante, a sancionar conductas de discriminación racial que siguen vigentes en nuestro país, y hoy adecuamos el marco penal para establecer estos tipos penales. Por lo cual, les solicito a nombre de la Comisión de Justicia, aprobar este dictamen en un entorno muy importante en el Día Internacional de los Derechos Humanos. Es cuanto, presidenta.