El diputado Adán Pérez Utrera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados. La reforma que planteo a los párrafos cuarto y quinto del artículo 21 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República es para que los delitos y las faltas administrativas en que incurran los servidores públicos de la visitaduría general, incluyendo a su titular, sean investigados y perseguidos directamente por el procurador general de la República. Con la redacción actual así se determina, pero da la posibilidad de delegar estas responsabilidades en otros servidores sin especificar a quiénes. Lo que se propone es que sea directamente el procurador quien realice estas tareas y se omita la posibilidad de delegar tan delicada responsabilidad. En este nuevo andamiaje jurídico anticorrupción, la creación de la fiscalía de combate a la corrupción es una pieza clave aunque indebidamente inserta en la Procuraduría General de la República. Con las modificaciones a esta ley es cierto, hay avances, pero ahora existe la posibilidad de que esta fiscalía se convierta en una herramienta poderosa para la obtención de indicios o de pruebas vinculadas con hechos de corrupción al tener acceso a la información de los registros públicos de la propiedad y poder ejercer la facultad de atracción de los delitos del orden común o del orden federal en materia de hechos de corrupción. Sin embargo, tal y como ayer lo expresamos, quedan muchos pendientes que eran atendibles con esta reforma y que no se les dio la debida respuesta. Se dirá que el tema es de corrupción y no de materia electoral, pero ambas cuestiones van de la mano. Es inadmisible que en este dictamen eliminen la posibilidad de integrar a la Fepade como una institución cuyo fundamento legal sea precisamente la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y en lugar de ello, se opta por seguirla marginando a una instancia creada mediante acuerdo del titular de dicha procuraduría. Procurar la justicia exige establecer bases institucionales que permitan prevenir, combatir y sancionar la corrupción en todos los niveles de gobierno y en cada uno de los poderes del Estado, y con este dictamen no damos plena certeza a este objetivo. Es ampliamente sabido que en México lamentablemente el ejercicio de la política es una vía para el enriquecimiento personal. Con las leyes anticorrupción deberíamos estar atacando a ese modus operandi, pero no es así; este se deja prácticamente intocado. Tres ejemplos son tan ilustrativos como consistentes. Sigue siendo materia pendiente darle plena independencia a la Procuraduría General de la República. No se aborda debidamente el nexo entre el sector privado y público en hechos de corrupción, y por falta de una reforma constitucional que no se ha querido tocar; el presidente de la República sigue siendo el único servidor que no se le puede juzgar por actos de corrupción. Auténticos dientes para aplicar justicia, no sólo se logran con mejores y nuevos tipos penales o con un nuevo diseño institucional, sino con plena independencia y voluntad política para investigar, prevenir y conocer de los delitos en materia de corrupción del funcionario que sea y del nivel que sea. Es cuanto.