La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. En virtud del tiempo, solicito a la Presidencia que sea incorporada íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Legisladoras y legisladores, la presente iniciativa se suma a las presentadas en el Senado por Rosario Ibarra y Santiago Creel Miranda y por las diputadas Alliet Bautista y Holly Matus para incorporar los derechos humanos en nuestra Constitución. Mucho se habla de que en nuestro país debe existir un respeto irrestricto al estado de derecho, entendiendo por éste un ambiente donde se cumplan las leyes y exista certeza jurídica para la población. Sin embargo, no sólo es el cumplimiento de las leyes lo que viene a materializar ese estado de derecho, sino que debe darse prioridad al respeto y promoción de los derechos humanos, con la finalidad de que se puedan ejercer de manera plena. Una manifestación de lo anterior son los tratados internacionales sobre derechos humanos, los cuales buscan dar mayor proyección a los derechos de las personas. Al ser aprobados estos instrumentos, los Estados se obligan a traducir sus disposiciones en los ordenamientos jurídicos nacionales, pues los derechos consagrados en la legislación interna son menores a los que se plasman en los tratados sobre derechos humanos. Un claro ejemplo es el hecho de que México, hasta el año de 2005, contemplaba a nivel constitucional la pena de muerte, aun cuando habían sido firmados ya diversos acuerdos internacionales en la materia. Sin lugar a dudas, un tema que ha causado debate en nuestro país es la jerarquía de los tratados internacionales, y más en el proceso de globalización económica que estamos viviendo, donde algunos tratados han sido celebrados por las autoridades mexicanas y no se han tomado en cuenta los intereses de la población y en algunos casos han vulnerado derechos de diversos sectores de la sociedad, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. En la controversia de la jerarquía de los tratados, un papel fundamental lo ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en febrero de ese año definió que los tratados internacionales se encuentren en un nivel superior a las leyes federales, pero por debajo de la Constitución, aunque en las discusiones de este tribunal se habló de la necesidad de poner especial énfasis sobre la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanes, pero no se reflejó en la resolución final del citado órgano judicial. Por ello, la presente propuesta de establecer la jerarquía de los tratados internacionales sobre derechos humanos al mismo nivel que la Constitución Política tiene su fundamento en este tipo de acuerdos que buscan la máxima protección de los derechos de las personas y que, en algunos casos, sus disposiciones van más allá de lo que establece nuestro propio texto constitucional; tal es el caso de los derechos de las mujeres. Además, busca que toda persona pueda acogerse a las disposiciones de un tratado sobre derechos humanos, cuando contengan una tutela mayor que sus derechos respecto al ordenamiento constitucional y sólo si es vigente para nuestro país en los términos que establece el marco jurídico constitucional. La reforma planteada contribuiría en un tema de mi especial interés, que es el reconocimiento de los derechos de las mujeres contemplado. Está en diversos ordenamientos internacionales que avanzan hacia la protección de los derechos económicos, sociales, políticos y culturales de las mujeres y buscan eliminar la desigualdad y discriminación por razones de género. Compañeras y compañeros, el eje rector del ejercicio de gobierno debe ser el pleno respeto a los derechos humanos. Por ello se requiere la voluntad y la convicción. No necesitamos gobiernos que tengan visión verde olivo ni que propicien la violación de los derechos humanos bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo o el combate al narcotráfico. Tenemos una responsabilidad histórica como representantes populares para avanzar en materia de derechos humanos y más en estos momentos donde se privilegia la ambición de poder económico y político por encima del respeto a los derechos y dignidad de las personas. Muchas gracias. Es cuanto, diputado Presidente.