La diputada Jeny de los Reyes Aguilar: Con su permiso, compañero diputado presidente; compañeras y compañeros. Desde esta tribuna los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, condenamos de manera enérgica el atentado perpetrado en contra de Minerva Bautista Gómez, secretaria de Seguridad Pública del gobierno del estado de Michoacán; así como el fallecimiento de dos de sus escoltas y dos civiles. Este atentado, como muchos otros, con claros signos del crimen organizado en el que murieron dos escoltas, dos civiles y dejó en muy malas condiciones y muy mal herida a la titular de Seguridad Pública michoacana. Se trata nuevamente de un crimen en contra de una funcionaria de primer nivel, pero que va más allá del mero atentado y asume tintes de terrorismo, el mismo que sufrimos y padecimos en la ciudad de Morelia el pasado 15 de septiembre de 2008, cuando la sociedad moreliana y michoacana celebrábamos el grito de Independencia, y manos asesinas lanzaron una granada, con el único fin de asesinar y sembrar terrorismo y zozobra ante la población. No es, desafortunadamente, el único caso en el país, en el que funcionarios de primer nivel encargados de la seguridad pública y la procuración de justicia, que por medio de atentados buscan ser silenciados y amedrentados por el narcotráfico. Por desgracia, compañeras y compañeros, en Michoacán, el estado donde el gobierno federal dio comienzo a los operativos en contra del crimen organizado al iniciar este sexenio, se ha visto de manera permanente y progresiva, asediado por la violencia y el crimen. Michoacán ocupa el octavo lugar en ejecuciones y crímenes relacionados con el narcotráfico. Como en pocas entidades del país, se ha visto amenazado por la intimidación y amedrentamiento cotidiano contra las autoridades políticas en todos los municipios del estado y de este propio país. El objetivo de estos actos está muy claro: obligar a los poderes civiles y aun a las fuerzas del orden, policiacas y del Ejército, a replegarse, a bajar la guardia y dejar que el narcotráfico se establezca a plenitud, sin ninguna autoridad que lo frente y que le ponga límites o lo persiga. El mensaje es que todos los michoacanos, comenzando con su propia Secretaría de Seguridad Pública y la sociedad civil, se sientan y nos sintamos todos amenazados, vulnerables, con miedo; que no salgan de sus casas, que dejen de hacer su trabajo para que el narcotráfico opere de manera libre. Eso, señoras y señores legisladores, es lo que no podemos permitir. Sabemos que no está en nuestras manos velar por la seguridad pública, que es responsabilidad de las autoridades ejecutivas a nivel municipal, estatal y federal, pero es nuestra responsabilidad como legisladores alzar la voz de manera enérgica y trabajar en leyes más eficaces y especialmente, en exigir que no queden impunes los crímenes que se cometen. Michoacán orgullosamente es la tierra del Siervo de la Nación. Se ve, como pocas, azotada por la pobreza, la marginación y en muchos de sus municipios rurales, que son presa más común del crimen organizado, se encuentran siempre jóvenes dispuestos a seguirlos aún a costa de sus propias vidas, con tal de tener una oportunidad de desarrollo personal, un ingreso y estatus de vida, que les ha sido negada. Fue Michoacán donde las mantas con narcomensajes comenzaron a aparecer, para después volverse comunes en todo el país. Mensajes aterradores y amenazadores, de reto a la autoridad, de advertencia velada. Hay que reconocer, que debemos decirlo, que la autoridad federal no ha actuado bien en Michoacán. Que se aprehendieron a autoridades municipales y funcionarios estatales sin contar con los elementos suficientes y sólo en el despliegue propagandístico, al calor de una contienda electoral el año pasado. Hoy han sido libres de cargos la mayoría de los presuntos responsables, por lo endeble de las acusaciones y de las pruebas. Eso significa, porque aquí en esta tribuna lo hemos sostenido muchas ocasiones, que la corrupción y la complicidad de las autoridades es el componente mayor que permite al narcotráfico asentarse y moverse libremente por todo el territorio nacional. Es la corrupción el cemento y el aditivo que deja pasar el crimen; lo solapa quien lo protege. Pero el nivel de violencia ya es insostenible. No podemos permitir que siga escalando, que se trate amenazando permanentemente a la autoridad, y atentando contra servidores públicos; más grave en este caso tratándose de una mujer valiente que lucha por mantener seguras las calles y las ciudades michoacanas.