La diputada Claudia Edith Anaya Mota: Con su permiso, presidente. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 2001, establece que está prohibida toda forma de discriminación en este país. Esto sin duda es un gran paso en el camino a la igualdad de oportunidades y el trato a las personas. También la prohibición de las conductas discriminatorias, señaladas en el artículo 1o., establecen medidas positivas y compensatorias a favor de mujeres, personas con discapacidad, niñas y niños, adultos mayores y población indígena, entre otros, esto es parte de la Ley Federal para prevenir y eliminar la Discriminación publicada en el 2003. Derivado de dicha legislación se han propuesto diversas modificaciones legislativas a nuestro orden jurídico, con el fin de crear las condiciones que posibiliten la igualdad de oportunidades y el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos de las personas que conforman los denominados "grupos en situación de exclusión". Entre estos están integradas las trabajadoras domésticas. Pese a estar reconocido en distintos ordenamientos, continúa siendo objeto de conductas discriminatorias que se traducen en la vulneración de los derechos fundamentales que nuestro Estado reconoce en todas las personas. Es importante recordar que históricamente el trabajo doméstico ha sido regulado de manera discriminatoria. Un ejemplo claro de la discriminación que se ejercía contra este sector estaba en la Constitución de Cádiz de 1812, en la cual en su artículo 25 establecía que "los derechos del ciudadano se perdían por el estado de ser sirviente doméstico". Para el caso de México, el Inegi refiere que durante el 2005 y hasta 2008, aproximadamente el 11 por ciento de los 13 millones de mujeres menores de 12 o más años, estaban ocupadas en el trabajo doméstico. A este respecto y con base a la Encuesta Nacional de Empleo en el 2002, el Instituto Nacional de las Mujeres, con motivo del Día Internacional del Trabajo Doméstico, dio a conocer información muy dura referente a las empleadas domésticas. Casi una quinta parte de las mujeres son menores de 20 años; el 16 por ciento no asistió a la escuela y el 7 por ciento no la concluyó y sólo un 24 por ciento ingresó a la secundaria. Una quinta parte de las trabajadoras domésticas son jefas del hogar; 40 por ciento de las empleadas domésticas ganan menos de un salario mínimo; 44 por ciento, de uno a dos salarios mínimos; y el 13 por ciento, más de dos salarios mínimos. Relacionado con los bajos niveles de ingresos, se observa que tres cuartas partes de las trabajadoras domésticas no tienen ningún tipo de prestación social y sólo una de cada 100 cuenta con seguridad social; 20 por ciento de las trabajadoras doméstica recibe alguna prestación y el 97 por ciento de ellas recibe aguinaldo; sólo el 44 por ciento de ellas tiene vacaciones pagadas con goce de sueldo. En esta panorámica, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su relatoría especial sobre formas contemporáneas de esclavitud, ha considerado que las empleadas del hogar son víctimas de explotación laboral, bajo salario, abuso físico e incluso sexual. La ONU ha señalado que la falta de una regulación puntual sobre esta actividad, ha permitido la generación de situaciones en las que se obliga a una persona en situación de vulnerabilidad, a trabajar sin una compensación económica real y que, incluso, se llega al extremo de ser privada de su libertad. Por eso es necesario hacer una serie de modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social que permita, partiendo de la realidad actual, regular de manera digna los derechos laborales que deben asistir a las personas que prestan sus servicios en el hogar, dejando atrás argumentos discriminatorios en los que se les priva de seguridad social, de vivienda, del descanso, del pago de jornadas extraordinarias, sólo por citar algunos. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la Ley de Seguridad Social. Lo anterior a fin de que se establezcan las condiciones laborales por parte de las personas empleadoras y de las trabajadoras del hogar, que establezcan beneficios y obliguen mutuamente, el contrato especifique salario digno y justo, que dé la posibilidad de tener una calidad de vida digna; jornada laboral justa, que debe respetar el horario y días de descanso que establece la Ley Federal del Trabajo para las y los trabajadores en general; Seguro Social, el cual debe de dejar de ser considerado como "voluntario" e incluido como parte del régimen obligatorio; vacaciones que deben ser mínimo de 6 días al cumplir 1 año de servicio, que aumente 2 días por cada año siguiente, hasta un máximo de 12 días con goce de salario mínimo; aguinaldo, que debe de entregarse antes del 20 de diciembre de cada año y la cantidad será correspondiente a 15 días de salario; indemnización en caso de despido injustificado o de violación de los derechos laborales; trato respetuoso y sin discriminación, reconociendo ante todo su integridad como persona y valorando el trabajo de desempeño. Las empleadas del hogar no son nuestras criadas ni nuestras sirvientas; merecen respeto, un trato digno y leyes justas. Es cuanto, presidente.