El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Compañeras y compañeros diputados, el fortalecimiento a las instituciones y al estado de derecho son tareas inalienables y urgentes para concretar la transición política que desgraciadamente se ha prolongado demasiado, se estancó y lo que es todavía peor fue secuestrada por los partidos políticos. Así pues, para consolidar la transición democrática es fundamental que las instituciones reconocidas en la Carta Magna y sostenidas con financiamiento público como lo son los partidos políticos, cumplan con su función de ser medio para promover la participación ciudadana en los asuntos públicos de nuestro país, y que además no se conviertan en una burocracia partidaria interesada en mantener sus privilegios. La crisis de credibilidad por la que atraviesa la política y los partidos políticos ha sido señalada desde hace siete años al menos, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver el caso Castañeda Gutman contra el Estado mexicano. Y nos dijo la Corte: A la Corte no se le escapa que en la región existe una profunda crisis en relación con los partido políticos, los Poderes Legislativos y con quienes dirigen los asuntos públicos, por lo que resulta imperioso un profundo y reflexivo debate sobre la participación y la representación política, la transparencia y el acercamiento de las instituciones a las personas, en definitiva, sobre el fortalecimiento y la profundización de la democracia. La sociedad civil y el Estado tienen la responsabilidad fundamental e inexcusable de llevar a cabo esta reflexión, y realizar propuestas para revertir la situación, concluyó la Corte en aquella ocasión. Hoy, atendiendo a este llamado a la responsabilidad, es que propongo lo siguiente: si el sistema de partidos es fuerte, como lo es y como ustedes dicen que es, quiere decir que el Estado cumplió ya su función subsidiaria y que por lo tanto se hace necesario reformar los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos, en lo que respecta al financiamiento de sus actividades ordinarias permanentes, que actualmente dice que el importe de recursos será aquel que resulte de multiplicar el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del salario mínimo general vigente para el Distrito Federal. Entonces, la pregunta que brota es: ¿Es sano, mis amigos, para una democracia en construcción y en un país débil en sus finanzas públicas que el financiamiento público a los partidos aumente año con año por el solo hecho de crecer el número de afiliados al padrón electoral cuando la confianza y la credibilidad en los partidos políticos y la correspondiente votación electoral de los ciudadanos van a la baja? Compañeros, podemos salir juntos, sociedad, partidos políticos y Estado, de la actual crisis por la que atravesamos, siempre y cuando veamos ésta como una gran oportunidad y no como un riesgo. Lo que sí es un riesgo es seguir igual, con oídos sordos y sin escuchar el reclamo social. Por lo que mi propuesta y la de muchos mexicanos es que la fórmula para obtener financiamiento público para el sostenimiento anual de las actividades ordinarias permanentes de los partidos políticos sea ya la de multiplicar no el total de afiliados al padrón, sino la votación total emitida en una elección federal inmediata anterior en la que se eligió a diputados por el principio de mayoría relativa, ahí sí por el 65 por ciento del salario mínimo general vigente en el país. Es decir, que la base no sea el padrón sino la votación. Invito a todos mis amigos a que le demos fortaleza al voto ciudadano, para que su orientación incida no solo en quienes nos van a gobernar sino también en el financiamiento a los partidos políticos. Es cuanto, señor presidente.