El diputado Hilario Everardo Sánchez Cortés: Gracias, presidente. Señoras diputadas, señores diputados, este dictamen que se somete a su consideración, los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales coincidimos plenamente con la minuta del Senado de la República en el sentido de que debe devolverse a nuestro alto tribunal las facultades que desde 1917 tenía conferidas para resolver conflictos sobre límites territoriales. En efecto, este proyecto viene a resarcir una afectación a la esfera competencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además busca reafirmar el respeto a la división de poderes. El principio fundamental de división de poderes tuvo como fin establecer el equilibrio del poder público, para que cada uno de los poderes ejerza sus f unciones de forma autónoma e independiente, existiendo mecanismos de control recíproco para evitar el abuso del poder. En este sentido, los poderes Constituyente y Reformador establecieron diversos medios de control constitucional, referidos a los órdenes federal, estadual, municipal y del Distrito Federal. Entre estos mecanismos se encuentran las controversias constitucionales, previstas en el artículo 105, fracción I, de la Carta Magna y cuya resolución ha sido encomendada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su carácter de Tribunal Constitucional. El espíritu primordial de la reforma constitucional, vigente a partir de 1995, fue en el sentido de fortalecer el federalismo y garantizar la supremacía constitucional, para que la actuación de las autoridades se ajustara a la norma suprema. El 8 de diciembre de 2005 se reformaron los artículos 46, 76 y 105 constitucionales, estableciendo que el Senado de la República resolvería los conflictos sobre límites territoriales, dejando a un lado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que únicamente conociera de la ejecución de las resoluciones de la colegisladora. Error grave fue quitarle a nuestro alto tribunal, el conocer de los conflictos derivados de límites territoriales, pues el contenido actual del artículo 46 constitucional, que a la letra dice: Las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores. A falta de acuerdo, cualquiera de las partes podrá acudir ante la Cámara de Senadores, quien actuará en términos del artículo 76, fracción XI, de esta Constitución. Las resoluciones del Senado, en la materia, serán definitivas e inatacables. La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá conocer, a través de controversias constitucionales, a instancia de parte interesada, de los conflictos derivados de la ejecución del correspondiente decreto de la Cámara de Senadores. Este texto viola el principio de división de poderes, al intervenir el Senado de la República como órgano jurisdiccional, función encomendada en términos de los artículos 93, 103 y 105 de la Constitución a la Suprema Corte. Como lo dije anteriormente, la modificación a los artículos 46, 76 y 105 constitucionales vigentes, a partir de 2005, constituyen un error legislativo, en virtud de que están basados en apreciaciones incorrectas, al establecer que los problemas derivados de conflictos sobre límites territoriales podrían ser resueltos como asuntos políticos, no jurídicos, vulnerando en consecuencia la esencia del espíritu del artículo 105 constitucional, en materia de controversias constitucionales, en las que se dirimen conflictos entre entes públicos, competencia de nuestro tribunal constitucional. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, solicito a ustedes, señoras y señores legisladores, la aprobación de este dictamen, que rectifica un error legislativo y fortalece la autonomía de los poderes. Muchas gracias.