EL C. DIP. JOSE ANTONIO ARÉVALO GONZALEZ: Con la venia de la Presidencia. Señor Secretario: El artículo 73 fracción VIII de la Constitución Política señala, entre otras cosas, que: "Compete al Congreso de la Unión fijar las bases de los empréstitos, aprobar los que se hubieren celebrado y mandar pagar la deuda pública". Sin embargo en el Proyecto de Ley de Ingresos, como en años anteriores, se señalan como propuesta de endeudamiento los montos tope que podrá contratar el Ejecutivo sin que en la propia iniciativa se establezca con precisión el destino de las contrataciones de deuda pública directa que se lleven a cabo. Esto no es un asunto menor, pues para el próximo año el sector público enfrentará un costo por servicio de deuda de 185 mil 712 millones de pesos. Se trata de una cifra estratosférica si la comparamos con toda la inversión física presupuestaria del sector público que será de 128 mil 944 millones de pesos. Es por ello que resulta indispensable saber con plena exactitud para qué se utilizarán los recursos provenientes de dichos ingresos extraordinarios por contratación de empréstitos y si son autofinanciables como lo exige el precepto constitucional antes señalado. Por otro lado el Presupuesto de Egresos de la Federación este año presenta una clasificación funcional de acuerdo a las definiciones utilizadas por el Fondo Monetario Internacional. Se menciona que esta propuesta busca privilegiar las asignaciones destinadas al desarrollo social y a actividades productivas y reducir las erogaciones en materia de gestión gubernamental. Por ello quisiéramos saber si basta tan sólo con una nueva clasificación para llevar a cabo lo que por años se ha buscado: dar un mayor y mejor presupuesto a los sectores sociales. ¿Representa esta nueva clasificación un ahorro de ingresos públicos? Asimismo ¿no considera que esta nueva clasificación provoca una distorsión en la información respecto a los programas incluidos en sectores y funciones de la clasificación pasada? Asimismo ¿por qué el medio ambiente no es más una función de desarrollo social y ahora es considerada solo una función de gestión gubernamental? Por otra parte, señor Secretario, aprovechando el buen ánimo con el que asiste a esta soberanía y su reiterado compromiso en cooperar en nuestras tareas legislativas, quisiera hacerle una pregunta muy puntual que espero que me conteste de igual manera: ¿Cuál es la postura de la Secretaría de Hacienda ante la petición de la Conferencia Nacional de Gobernadores que solicitan una auditoria a su dependencia, en virtud de la poca claridad en la distribución de las participaciones de aportaciones a los estados? Y finalmente ¿cuáles son las medidas que la presente Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación establecen para lograr una adecuada descentralización del sistema tributario, fortalecer el federalismo fiscal y mostrar un verdadero cumplimiento de las estipulaciones de la Ley de Coordinación Fiscal? ¿Por qué no ha sido proporcionado un desglose en materia de ingresos, similar al del Presupuesto de Egresos? ¿Hasta cuándo la Secretaría entregará un presupuesto en el cual queden plenamente justificados los ingresos provenientes de cada distribución y empréstito contra el gasto que se ejerce? Por sus respuestas, muchas gracias. -