El diputado Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda: Con su permiso, diputado presidente. Para 1950 había en el país ocho universidades públicas: la UNAM, las universidades de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guadalajara, Yucatán, Puebla y la de Michoacán de San Nicolás de Hidalgo; así como cinco universidades privadas: la Autónoma de Guadalajara, la Femenina de México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Tecnológico Autónomo de México. La educación técnica pública se impartía en el Instituto Politécnico Nacional y en 4 institutos tecnológicos regionales. Actualmente existen 4 mil 585 escuelas a nivel superior, de las cuales 432 son federales, 564 estatales, mil 249 autónomas y 2 mil 340 privadas. Los países desarrollados como Australia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y algunos territorios europeos, invierten entre 1.5 por ciento y 3.8 por ciento del producto interno bruto en ciencia y tecnología. México, según datos del Almanaque Mexicano 2008, gastó en 2005 el 0.37 por ciento, muy por debajo del 1 por ciento que se sugiere, como inversión mínima para asegurar un desarrollo que evite el rezago económico y cultural, consecuencia insoslayable de los países, cuyo desarrollo no está basado en el conocimiento. De acuerdo con el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la UNAM, y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, las universidades privadas aquí atienden 33 por ciento de la matrícula nacional en licenciatura, es decir, poco más de 640 mil jóvenes. De continuar con esta tasa de crecimiento, en 2010 atenderá 40 por ciento. Lo grave de su crecimiento anárquico y desregulado es que muchas de esas universidades privadas son de baja calidad, ya que no cumplen con planes y programas que garanticen una formación académica sólida o carecen del reconocimiento de validez de estudios Revoe. En su mayoría son instituciones en busca de las mayores y más rápidas ganancias económicas, cuyo interés es generar ingresos para los dueños o socios. Las universidades carecen de reglas claras en la investigación. La investigación en este tipo de instituciones puede distraer la misión para obtener ganancias. La mayoría de este tipo de escuelas privadas se concentran en zonas geográficas de alta densidad demográfica, que son atractivas para invertir, desde el punto de vista comercial, y con una población en constante demanda por este tipo de educación, incluso, se tiene indicios de que con sólo sumar entre 4 y 8 horas de clases virtuales, a la semana, que se puede tomar en la casa, el trabajo o desde un café Internet, proporcionan títulos universitarios. En general esas instituciones ofrecen cursos a costos que van de los mil pesos mensuales por una capacitación, hasta los 7 mil 800 dólares por un doctorado, con la posibilidad de contar con diferentes esquemas de pago, entre ellos los diferidos con depósitos a cuentas bancarias fijas, giros postales, empresas de mensajería o en pagos con tarjetas de crédito. Además, al terminar los estudios los alumnos deben cubrir un pago de entre 16 mil a 25 mil pesos para obtener el certificado, sin necesidad de hacer tesis o alguna prueba final de evaluación para obtener un título profesional. Recientemente el director general del Instituto Politécnico Nacional, el doctor José Enrique Villa Rivera, dijo que las instituciones de educación superior enfrentan tiempos difíciles, pues este año cerca de 90 mil jóvenes se quedarán fuera de la UNAM, la UAM y el Politécnico, y éste es un gran reto político que se debe resolver. Por ello, deben existir normas claras que regulen tanto las universidades públicas como las privadas, para que se determine a nivel licenciatura en qué casos se debe realizar tesis para obtener un título profesional, y en qué casos existe otra forma de titulación, como es el estudio inmediato de la maestría. Asimismo, es preciso que para obtener el título de maestría se requiera una tesis y para el doctorado una tesis forzosa por el término de los estudios, dado que ambos se orientan a la investigación y a la especialización científica; además, deben estar unificados los planes de estudio, así como la duración de las carreras que se imparten, tanto en universidades públicas como privadas. Mientras en Estados Unidos existe un investigador por cada 10 mil habitantes, en nuestro país Conacyt informó que sólo el 0.036 por ciento de la población cuenta con un posgrado, lo que restringe la competitividad y el futuro del país. Por lo anteriormente expuesto, someto a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona los artículos 48 Bis y 50 Bis a la Ley General de Educación. Artículo único. Se adicionan los artículos 48 Bis y 50 Bis a la Ley General de Educación para quedar como sigue: Artículo 48 Bis. En el nivel superior, la secretaría establecerá una Comisión de Validación y Reconocimiento de Estudios Superiores y de Posgrado, para determinar los planes y programas de estudio, la duración, el contenido y la forma de acreditar la terminación de estudios de nivel licenciatura y de posgrado, alcanzando las tendencias mundiales de desarrollo. Artículo 50 Bis. La evaluación para obtener el grado de licenciatura y de posgrado en instituciones públicas y privadas se realizará mediante tesis en las carreras que así lo requieran. Asimismo, se establecerá una lista de las carreras que obtendrán el grado sin la presentación de la tesis y la forma de evaluación para obtenerlo, previo análisis de la pertinencia de esta exención. Para obtener la maestría se requerirá tesina y para el doctorado, sin excepción, tesis. Artículo transitorio Primero. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, octubre de 2008. Señora presidenta, solicito que sea turnado el texto íntegro al Diario de los Debates, si es tan amable. Eso es todo. Muchas gracias.