La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente. Si la Constitución no existe para una mujer pobre, anciana, indígena; no existe para nadie y que no nos demos cuenta de esto es muy grave. Para Ernestina Ascencio Rosario, su familia y sus vecinos en su comunidad ésa es la realidad. El artículo 17 de la Constitución que establece el derecho a una justicia pronta, completa e imparcial, en este caso no le hace sentido a nadie. Evidentemente me refiero a la actuación de las dependencias involucradas tanto a nivel federal como estatal en las investigaciones. A todas luces resulta inaceptable el agravio generado a la ciudadanía de este país con el tratamiento ligero, poco escrupuloso, en suma irresponsable, que se ha dado hasta hoy en este asunto. El caso nos refleja una nación donde para las instituciones señaladas anteriormente, la procuración de justicia se reduce a la mera emisión de boletines de prensa donde se incriminan y se exculpan con declaraciones que pretenden más convencer a la opinión pública que alcanzar la verdad de los hechos. ¿Y dónde está la transparencia tan llevada y tan traída de las instituciones? No hay un solo elemento en ninguna de las páginas Web de las instituciones involucradas, que dé cuenta de las investigaciones que se están haciendo en el caso. En primera instancia el gobierno de Veracruz y Subprocuraduría General de Justicia no sólo no concluyen sus pesquisas, sino que los procedimientos inicialmente realizados han sido descalificados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De ser ciertas las afirmaciones de dicho órgano autónomo, estamos ante un caso extremo de incompetencia e incapacidad. Por su parte, la Secretaría de la Defensa Nacional emite comunicados, en el mejor de los casos, que rayan en la ingenuidad, al afirmar el 6 de marzo que peritos especialistas llevan a cabo dictámenes forenses consistentes en comparar el líquido seminal recogido en el cuerpo de la occisa, para afirmar un mes después, repito, un mes después, que nunca se contó con las pruebas para realizar tal comparación. ¿Acaso el secretario de la Defensa fue mal informado o nos está mintiendo? Cuando el 7 de marzo me entrevisté con él, me reiteró la realización de dichas pruebas para demostrar si hubo o no participación del personal militar en la violación de Ernestina. ¿Debo dudar de su palabra? ¿Debo dudar entonces también de su palabra empeñada en el caso de Castaños, Coahuila, cuando me dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional no protege delincuentes? En tercer lugar, la Comisión Nacional de Derechos Humanos no es ajena a esta perversa forma de esclarecimiento de los hechos, al emitir otros tantos comunicados de prensa los días 14 y 29 de marzo, donde señala las ineficiencias de la Procuraduría de Justicia de Veracruz. Pero se cuida a la fecha, de presentar el informe final de la investigación por tratarse, según la propia visitadora, de una investigación que sigue abierta. Si ése es el caso ¿qué sentido tiene que haya hecho tales comunicados? Finalmente el Presidente de la República emite el 13 de marzo una declaración que no puede calificarse sino de ligera, en la que descalifica toda la posibilidad de muerte violenta sin que ninguna instancia hubiera concluido sus investigaciones. Debo recordarles que en este momento la palabra del Presidente está en juego. La función de cualquier institución es generar certeza. Y la actuación de la Procuraduría de Veracruz, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Comisión de los Derechos Humanos y de la Presidencia de la República, sólo han generado duda e incredulidad. Lo dijimos y lo reiteramos, el mayor daño a las instituciones es el que generan los responsables de las mismas al emitir mensajes contradictorios. No han sido los pobladores de la sierra de Zongolica o los medios de comunicación o los partidos opositores los que atentan contra las instituciones y su credibilidad, son los propios encargados de su conducción, que con tales mensajes sólo generan incertidumbre; pero sobre todo, dejan en total indefensión a la ciudadanía. Ernestina, mujer anciana, pobre e indígena, para ella no hay justicia, para su familia no hay justicia y para su comunidad no hay justicia; pero sobre todo, no hay consuelo a su dolor. Por eso nosotros solicitamos que la Procuraduría General de la República atraiga el caso y particularmente a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres, ya que la Procuraduría del estado ha sido incapaz de resolver el asunto. Al mismo tiempo propongo integrar una comisión de investigación conformada por legisladores de todos los grupos parlamentarios que tengan por cometido aclarar la profundidad de los hechos que ahora debatimos; así como para que conozca también los avances y la situación que guarda el caso de las mujeres agredidas en la ciudad de Castaños, Coahuila. Reconozco que éste último no es el motivo que ahora nos ocupa. Pero tanto en Zongolica como en Castaños se presentan al menos tres similitudes básicas que resultan por demás preocupantes son agresiones contra mujeres en las que se presume la participación del personal militar y donde las instancias locales, por lo menos de manera eufemística lo digo, han tenido dificultades para resolver los casos. Tal comisión deberá concluir sus trabajos y presentar sus conclusiones en un plazo máximo de dos meses. Compañeras y compañeros diputados. Este caso es muy importante y no podemos dejarlo de lado, no es un asunto contra las mujeres, es un problema de justicia que no ha sido resuelto y que parece que no va a ser resuelto y que los diputados tenemos que poner lo que toca de nuestra parte. Le pido al Presidente de la Mesa que mi solicitud de Comisión Especial se turne a la Junta de Coordinación Política. Gracias.