EL C. PRESIDENTE: muchas gracias diputada López Hernández. Tiene el uso de la palabra el diputado José María Eugenio Núñez Murillo del Partido Acción Nacional , hasta por 6 minutos. -EÑ C. DIPUTADO JOSEMARIA EUGENIO NUÑEZ MURILLO.-Diputados Presidentes, compañeras y compañeros Diputados. Lic. Julio César Méndez. El 28 de Agosto de 2000 quedó formalmente instalada la LVIII Legislatura de esta Cámara de Diputados en la que protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y como representantes populares velar en todo y ante todo por el interés nacional, la patria y el estado de derecho son lo primero. Los diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional conscientes de la responsabilidad que implica la congruencia política, manifestamos nuestra voluntad de continuar con los trabajos referentes al rescate bancario con todas las implicaciones que ello conlleva. La pasada Legislatura adoptó varios compromisos políticos y legislativos con el fin de enfrentar mediante una salida institucional el rescate bancario que había sido instrumentado ante el riesgo de una crisis financiera sistémica Tomar medidas era necesario pues el problema financiero pudo haberse agravado por la crisis cambiaria en la que se encontraba el país en ese momento. El 12 de Diciembre de 1998 después de un proceso de discusión interna se aprobó la Ley de Protección al Ahorro Bancario creándose el IPAB. Institución que asumió las obligaciones necesarias para proteger el ahorro y evitar el colapso. En este momento dos son las prioridades y obligaciones centrales para el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, encontrarla fórmula para abatir el costo fiscal del rescate bancario y recobrar lo recuperable en el menor tiempo posible. Ha transcurrido poco más de un año desde que la comisión para investigar el funcionamiento del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario rindió un informe en el que se presentaron 27 recomendaciones, éstas no han sido verificadas ni supervisadas por la actual Legislatura y por ello no han podido cumplirse eficientemente. Nuestra primera gran responsabilidad como diputados consiste en dar continuidad a los trabajos legislativos, ya sea mediante la elaboración de leyes o siguiendo las recomendaciones que este órgano haya determinado. La postura de Acción Nacional es muy clara: ¡No a la impunidad! y realizar todo aquello que signifique un menor costo fiscal. Nuestro partido tiene muy claro que aquellas personas, empresas, funcionarios públicos o bancos que se hayan aprovechado las circunstancias adversas del país para beneficio propio, actuaron contra la ley y contra el pueblo mexicano, por ello debe procederse conforme a derecho para que las autoridades cumplan su responsabilidad y castiguen a los culpables. La ley que rige y norma al Instituto establece de manera muy clara que las obligaciones asumidas por el fideicomiso FOBAPROA y absorbidas por el IPAB, no constituyen formalmente deuda pública, además prescribe que dicho fideicomiso se extingue hasta que se cumpla el artículo 5º. Transitorio de la propia ley; este artículo establece: Deben concluirse las auditorías, deslindarse y fincar responsabilidades sobre los actos contrarios a la ley y luego proceder a la depuración de cartera de las operaciones ilícitas con el fin de lograr una reasignación del rescate, la mayor equitativa posible. La Auditoría Superior de la Federación demandó al IPAB que se hiciera una nueva auditoría a las transacciones reportables nombradas en el informe de Michel Mac Kay como AA, a la que los bancos se han negado. Los diputados de Acción Nacional exigimos que estas auditorías se lleven a cabo para poder estar seguros de dónde hubo irregularidades, castigar a los culpables, reducir el costo fiscal y entonces poder seguir adelante. México tiene memoria, apuesta y vota por la vía institucional, los conflictos que restan deben resolverse dentro del marco legal y sometiéndose al estado de derecho; por ello el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario debe continuar, debe perfeccionar sus instrumentos jurídicos y debe consolidarse institucionalmente. Otras instancias del sector financiero: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, tienen funciones específicas con respecto a regulación, supervisión e intermediación, respectivamente y el IPAB, la de seguro al depósito bancario. Este es el marco de coordinación por el cual la ley los mandata, por ello no debe existir conflicto frente a los trabajos que demandan atención; se deben llevar a cabo con responsabilidad y a la altura de las nada fáciles circunstancias, las acciones ligadas al delicado problema nacional financiero del rescate bancario. Por lo anteriormente expuesto y considerando el acuerdo dictado por la Junta de Coordinación Política, de convocar al Secretario del IPAB, demandamos que se informe claramente y se esclarezcan los puntos del rescate bancario y el seguimiento posterior, porque son preocupaciones de esta representación nacional y de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.