La diputada Juanita Guerra Mena: Compañeras y compañeros legisladores, así como que dignamente representamos cada uno de nosotros. Uno de los procesos de transformación más importantes para el país está ocurriendo en la construcción y mejora de la infraestructura vial. La finalidad de generar beneficios a los usuarios a través de más y mejores accesos, a mercados, escuelas, hospitales, así como el flujo de personas y mercancías con mayor seguridad y mejores costos de operación vehicular. Contar con una red de infraestructura carretera requiere del esfuerzo y compromiso de miles de personas, no solo para la construcción, sino para el mantenimiento, rehabilitación y conservación de las carreteras mexicanas. Estas son el factor determinante del crecimiento económico y conectan polos regionales de desarrollo, centros de población, así como de producción y consumo. Por ello, para esta honorable Cámara de Diputados no pasó desapercibido el clamor de la sociedad ante un aumento indiscriminado de actividades ajenas a movimientos legítimos. Y lo digo claramente, movimientos legítimos como lo es, en este caso, una toma ilegal de casetas, eso sí es ilegal. Los tres meses son solamente para castigar los que lucran a cambio, en este caso, de pasar con tomas de boteo. Con esta actividad, que no se encuentra regulada ni sancionada, se afectan los ingresos que recibe el Estado mexicano y por concepto de contraprestación de la concesión carretera. Estos costos son directos en los casos al Fondo Nacional de Infraestructura Carretera (Fonadin) y a Caminos y Puentes (que es Capufe). Se afecta directamente a los ingresos de... En este caso los mecanismos de reinversión y mantenimiento de la carretera, salarios de operación y hasta la seguridad que integra. Cada año incrementan las pérdidas por el cobro de peaje. Reportan pérdidas por más de 7 mil millones de pesos y ese recurso, pregunto: ¿adónde van esas pérdidas, quién las administra? Segura estoy que no es el pueblo que exige. Porque tan segura estoy que he atendido claramente a los ejidos de Tlaltizapán y a los ejidos de Ayala cuando han hecho una manifestación. Porque también estoy segura de que este gobierno ha hecho la diferencia. Y este gobierno ha atendido los reclamos que los gobiernos anteriores no cumplieron con la afectación del tramo carretero. Esta actividad ilícita se realiza por grupos que simplemente buscan aprovecharse de los recursos del erario mediante el doble esquema de robo. Por un lado, impiden que el peaje llegue a las casetas, afectando las finanzas del gobierno federal, municipios y, por lo tanto, extorsionan a los usuarios con su cobro, impidiendo además que estos puedan contar con una cobertura, la póliza de seguro a la que tienen derechos por el pago de peaje. Si consideramos que en los 4 principales corredores carreteros en promedio transitan 4 mil 576 vehículos por hora, en un día son más de 109 mil automóviles los que se verían afectados al no poder contar con esa cobertura ante cualquier percance durante el trayecto. A las empresas transportistas les genera un doble cobro, por un lado, el que se registra por el paso automático en el TAG, y por el otro a quienes, con el fin de lucro, toman casetas y piden, incluso exigen una cuota a cambio de ceder el paso. De acuerdo con... En este caso se toma... Los manifestantes pueden pedir cuotas que se elevan de 10 a 20 pesos hasta 400 pesos, como es el caso de Nayarit, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Morelos y Guerrero, las entidades donde más pérdidas se han registrado por el huachicol carretero. La exigencia para legislar de esta materia surge desde la propia sociedad civil. Incluso, y lo digo claro, el señor presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado y afirmó que no debe permitirse este tipo de actividades ilícitas, y que se debe legislar en la materia. Por ello, congruentes con el llamado del señor presidente de la República y de la sociedad civil, y también a las autoridades del sector carretero, se construyó esta propuesta de consenso, consultada y opinada por los especialistas. Por esta razón tenemos la firme convicción de que esta reforma castigue a quienes se esconden en ella para cometer delitos, enriquecerse, y a costa de nuestra infraestructura carretera, por la seguridad de los usuarios. Ya no más abusos en contra de las personas vulnerables. Y que quede claro: el libre derecho de manifestación se seguirá dando, porque para eso este gobierno tiene la atención con el pueblo, porque el pueblo es sabio. Muchas gracias, presidente.