La diputada Mariana Dunyaska García Rojas: Con su venia, diputada presidenta. Honorable asamblea, medios de comunicación y ciudadanía que nos sigue en el Canal del Congreso, acudo a esta tribuna a fundamentar el presente dictamen a nombre de la Comisión de Justicia y sus integrantes, destacando la deferencia de la presidenta María del Pilar Ortega Martínez, para presentar este dictamen. Fortalecer la justicia con perspectiva de género para las mujeres indígenas es fundamental, y atender el interés superior de los derechos de la niñez motiva este dictamen. Si bien es cierto que el sistema de justicia penal pugna de manera natural por el respeto de los derechos de las víctimas y de los imputados, también es cierto que se tiene claridad en la aplicación de mecanismos alternativos para la solución de conflictos. Por ello, en el artículo 420 del Código Nacional de Procedimientos Penales se reconoce la justicia indígena y su sistema normativo para resolver conflictos que se presenten entre los integrantes de los pueblos indígenas. Pero dentro de sus limitaciones se afrontan problemas transculturales de falta de atención a la perspectiva de género y a los derechos de las mujeres, y también de niñas y niños. Las indígenas son quienes más accionan la justicia comunitaria, por ello es importante que autoridades que cuenten con la misma lengua y respeten el sistema de justicia atiendan sus necesidades. Pero en caso de que esto no se dé, las mujeres indígenas asisten a Ministerios Públicos o juzgados. Es claro que es una obligación del Estado mexicano el atender el acceso a la justicia de mujeres, de niñas y niños. Por ello, es indispensable que se dé el conocimiento en materia de la resolución de diversos conflictos que se den en pueblos indígenas a, obviamente, la entidad de justicia. Tiene como objetivo el fundamentar que se identifique cuándo no se han respetado los derechos de los niños y las niñas o la perspectiva de género, y también que se identifique cuando existan violaciones a los derechos de estos dos grupos. Por ello, queremos fortalecer el acceso a las mujeres, a las niñas y los niños en un sistema de justicia que sea atendido por las autoridades del Estado, cuidando un debido proceso, teniendo una resolución de conflictos en los sistemas normativos sí indígenas, pero cuando haga falta obviamente se le dé siempre el cauce en materia del artículo 2o. de nuestra Carta Magna. También que se reconozca el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales de diferentes países de la Organización Internacional del Trabajo, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, porque reconocemos ese derecho consuetudinario o común que se da en estas comunidades. Y también que resuelven obviamente esos conflictos en el marco de la diversidad y ejercicio de la libre determinación. La Comisión Nacional de Derecho de los Pueblos Indígenas este 8 de marzo de 2018, plantea que existen en México más de 12 millones de pobladores indígenas. El 10 por ciento de la población, y en México hay 68 pueblos indígenas, 75 por ciento están en solo ocho estados, Oaxaca, con el 14.4 por ciento; Chiapas, con el 14.2; Veracruz, con el 9.2; México, con el 9.1; Puebla, con el 9.1; Yucatán, con el 8.1; Guerrero, con el 5.7; Hidalgo, con el 5 por ciento. En total, con esto beneficiaríamos a más de 6 millones de mujeres indígenas. Por eso presentamos el presente precepto jurídico que nos ocupa. Cuando una persona sujeta a investigación, o sea imputado, o bien una persona que sea víctima, sea mujer indígena, o estén involucrados niñas y niños, si bien es cierto se respetará la justicia comunitaria de usos y costumbres, con quienes asisten de manera natural, con este dictamen se solicitará que se haga de conocimiento de la autoridad federal o local competente, en términos de la solución del conflicto, para garantizar la perspectiva de género y el interés superior de los derechos de la niñez, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia...