El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su permiso, diputada presidenta; diputadas, diputados. En esta ocasión acudo a esta tribuna a presentar dos iniciativas con proyecto de decreto que tienen como eje rector la protección de los derechos de la niñez y el fortalecimiento institucional para garantizar su interés superior y la armonización de nuestro marco normativo, así las cosas. Pongo a consideración de este honorable pleno, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción al artículo 3 de la Ley General de Desarrollo Social y la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. Permítanme exponer la primera propuesta. La Ley General de Desarrollo Social tiene como objeto garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social. Esta ley sujeta la política de desarrollo social a grandes principios que no incorporan el interés superior de la niñez. Así, este ordenamiento establece diversos principios bajo los cuales se deberá sujetar la política de desarrollo social, libertad, justicia distributiva, solidaridad, integralidad, participación social, sustentabilidad, respeto a la diversidad, libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades, transparencia y perspectiva de género. Aquí es donde se inscribe la presente iniciativa, pues dentro de los principios que establece la citada ley en el artículo 3 no incluye el interés superior de la niñez como eje rector de la política de desarrollo social, lo cual contraviene lo establecido en la legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país, por lo cual propongo que así como se plasman y se definen los principios en la ley, se incluya el interés superior de la niñez y se defina como el conjunto de procesos y acciones enfocados a garantizar las condiciones necesarias que permitan un desarrollo pleno e integral y el acceso a una vida digna de niñas, niños y adolescentes. Cabe hacer mención, de que el artículo 4o. de nuestra Carta Magna fue reformado ya para elevar a nivel superior los derechos de la niñez, a la satisfacción de sus necesidades, de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Desde esa lógica y tomando como antecedentes lo establecido en los ordenamientos nacionales en cuanto a este principio, la reforma que se plantea abona la integralidad en cuanto al reconocimiento del principio del interés superior de la niñez como eje rector que sostiene y dirige la tarea legislativa, la interpretación judicial, la actuación de las autoridades administrativas y las políticas públicas en torno a los derechos de la niñez en México. Aunado a lo anterior, propongo a ustedes que redoblemos el esfuerzo y el compromiso con las niñas, niños y adolescentes y reformemos también el artículo 40 de la Ley de Coordinación Fiscal. La reforma propuesta tiene como objetivo que una tercera parte del recurso destinado para la asistencia social proveniente del fondo de aportaciones múltiples que reciben los estados de la federación, sean destinados a proyectos específicos de asistencia y protección de la infancia. Es decir, que de los nueve mil 980 millones de pesos de asistencia social de este fondo sean destinados tres mil 320 millones de pesos exclusivos para la atención de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Con esto, estaremos dando, ahora sí, un claro cumplimiento a la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, que sin duda es de las más avanzadas del mundo pero también con un presupuesto casi nulo que esta Cámara no ha aportado. Lo anterior es prioritario, ya que no hemos previsto como Estado mexicano los recursos necesarios para la atención prioritaria de la infancia y la adolescencia. Ejemplo de ello es que la asignación de recursos para la provisión del sistema nacional integral de protección de niñas, niños y adolescentes ocurrió hasta la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación en 2017, el cuan no prevé recursos que permitan a los gobiernos estatales y municipales la instrumentación de acciones específicas en materia de asistencia que fortalezcan al sistema y que además son mandatos establecidos en la propia ley general. Así no se resuelve ningún problema, pues los gobiernos estatales y municipales participan en un nivel de coordinación sin posibilidades de generar proyectos e inversiones que respondan a las necesidades locales y la situación objetiva de la infancia. Con ello, compañeras y compañeros, estoy seguro que estaremos fortaleciendo las acciones que el Estado emprende en materia de protección y cuidado de la infancia. Es cuanto, diputada presidenta.