El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente. Diputadas y diputados. Es loable que se impulse una ley que busque la transparencia y la rendición de cuentas, más en un tiempo de crisis en donde los propios estados están preocupados por la insolvencia en que están por caer por una deuda injustificada que se ha construido en los últimos años. Una deuda descontrolada que ahora se pretende frenar a través del dictamen que hoy se presenta. De nueva cuenta traemos propuestas que en el tiempo se van a ir desdibujando para no generar ninguna consecuencia de responsabilidad sobre quienes han mal administrado el recurso público, y más aún, quienes han contraído una deuda irresponsable sin ningún beneficio, a mediano o a largo plazo, para las propias entidades o municipios que gobiernan. Aquí se habla de responsabilidad financiera, del manejo responsable de los recursos públicos, y para ello se propone esta ley. Sin embargo, habría que preguntarse quiénes son los responsables del actual nivel de deuda de los estados, qué gobernadores con el aval de sus congresos en los cuales están representados diputados de las distintas fracciones parlamentarias han abonado a un manejo irresponsable de la deuda. Repito, es loable la propuesta que se presenta, pero desde nuestro punto de vista, tiene inconsistencias. Inconsistencias que aquél estado que se quiera oponer a esta ley, encontrará una puerta a través de una controversia constitucional. La ley va más allá de lo que la propia Constitución determina como atribución de este Congreso. El Congreso está limitado a la atribución que le genera la reforma del artículo 73, que fue publicada el 26 de mayo de 2015. Ahí mandata al Congreso para legislar en empréstitos y obligaciones, en endeudamientos, límites y modalidades, pero siempre atendiendo a un límite establecido por la propia Constitución. Hay artículos que pueden tacharse de inconstitucionales, el artículo 9, que afecta los egresos de las entidades federativas, el artículo 10, que en la última propuesta que se presentó ayer en la Comisión de Hacienda, es una propuesta no garantista de los derechos de los trabajadores. Señala el artículo 10 que en los gastos de servicios personales que sean estrictamente indispensables para la implementación de las nuevas leyes, no podrá incluirse los pasivos que generen las demandas de los trabajadores hacia los gobiernos estatales y municipales. Es recurrente que los estados y municipios, cada vez que cambia gobierno, cambie o sustituya a su personal, generando pasivos laborales a partir de las resoluciones de las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje, llegando al cinismo de hacer inembargable cualquier bien del estado, y dejando en estado de indefensión a todos los trabajadores que cada tres años o cada seis años son expulsados de su fuente de trabajo. Esta ley abona en ese sentido y violando un principio constitucional de que prevalece el derecho del trabajador a su sueldo o a sus derechos, se le pospone para que primero se atenga a necesidades como casos de siniestro que quedaría en proyecto, nada más, o en caso de pasivos, la ley propone primero pagar los pasivos y después los derechos de los trabajadores que han sido despedidos en los estados y municipios. Hay varias inconsistencias que los propios estados tendrán para presentar controversias constitucionales. En cuanto a la responsabilidad pues remite a las leyes vigentes, y las leyes vigentes sirven para lo mismo. No hay gobernadores, no hay diputados en los Congresos locales que se les haya imputado responsabilidad por el mal manejo del recurso público y por el alto déficit que tienen sus estados ante esta situación de crisis. Habría que trabajar más y establecer verdaderamente un marco de responsabilidad para quienes han votado leyes de deuda pública en los estados y quienes utilizan el cargo público para lucrar. Tenemos el ejemplo de Zacatecas, el gobernador está por salir y está ya contratando una deuda de mil 700 millones de pesos. Esta ley va a tardar en aplicarse, y en lo que se aplica sigue el arca abierta para todos los servidores públicos que distorsionan y que desvían el recurso público. Es cuanto, señor presidente.