El diputado Homero Ríos Murrieta (PAN): Con su venia, señor Presidente. En uso de la facultad que me confiere los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a esta soberanía para estudio, análisis y, en su oportunidad, la aprobación correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX, inciso k), del artículo 73 constitucional con el fin de que el Congreso de la Unión tenga facultades para expedir leyes que establezcan la concurrencia tanto del Gobierno Federal, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. En términos del artículo 94, cuarto párrafo, del Reglamento del Gobierno Interior del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que los dictámenes que las comisiones produzcan sobre asuntos que no llegue a conocer la Legislatura que lo recibió, quedarán a disposición de la siguiente Legislatura con el carácter de proyectos. Y considerando que en la pasada Legislatura se presentó iniciativa en esta materia me permito retomar dicha inquietud como proyecto de trabajo por considerarla el suscrito como una necesidad fundamental para que diputados y diputadas integrantes del Congreso de la Unión cumplan con los segmentos más débiles de la nación, que son los grupos vulnerables, otorgando las leyes que permitan proteger su pleno desarrollo. Se estima que en la actualidad la población mexicana reúne más de 104.2 millones de habitantes, por lo que México se ubica en el undécimo lugar entre los países más poblados del mundo. Ante esta situación, las estructuras de gobierno están obligadas a proporcionar los servicios que los mexicanos y la población requieren en su futuro. Lamentablemente uno de estos sectores mayormente impactados por los problemas que afectan a la sociedad, son el caso de las personas vulnerables, que son aquellos que por su característica de edad, sexo, estado civil, origen étnico, nivel educativo, situación de riesgo, condiciones especialmente difíciles o de desigualdad, requiere de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia por encontrarse en desventaja ante el resto de la sociedad. De acuerdo con el Consejo Nacional de Población, se encuentran en situación vulnerable 4 de 10 hogares mexicanos, destacando la emergencia y súper posición de diferentes tipos de vulnerabilidad, incluidas las de origen sociodemográfico, éstas están contribuyendo a atrapar a grupos, hogares y personas en una situación de pobreza y a gestar las condiciones para reproducirlas de una generación a otra, lamentablemente. Por ejemplo, ellos son los hogares encabezados por mujeres que cuentan entre sus miembros con menores condescendientes de quince años; los hogares por adolescentes y jóvenes, alrededor de medio millón de unidades domésticas cuentan con muy escasos recursos y los hogares formados únicamente por adultos mayores, alrededor de 650 mil hogares viven con ingresos muy reducidos, entre otros segmentos que se encuentran en situación apremiante y viven una sensación creciente de riesgo, inseguridad e indefensión. El Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece que la política social será un eje articulador de los objetivos y programas de gobierno, ya que su obligación será la de atender prioritariamente y sin distinción, a toda persona que por su condición de pobreza o su situación de vulnerabilidad, así lo requiera. De esta forma destacar toda forma de discriminación o exclusión para promover la integración y el desarrollo pleno de cada persona con respecto ala diversidad, tomando como principio rector, la dignidad de los individuos y el ejercicio pleno de sus derechos. Dentro del nuevo esquema del derecho, el enfoque de grupos vulnerables implica reconocerles múltiples causas que refuerzan la vulnerabilidad como son los factores de salud, económicos, de educación, de discapacidad y demográficos. Como fenómeno social no basta destinar subsidios en ingresos o bienes y servicios para resolver el problema, sino mediante acciones integrales, en múltiples áreas y niveles, sobre todo con acciones legislativas que implican una amplia participación social. Los niños y las niñas de México actualmente, mientras la esperanza de vida se incrementa, se denota una disminución en su fecundidad y la población del país se concentra principalmente en ese sector entre los 18 y los 34 años. Ello incide indirectamente en las demandas que en materia de salud y educación se generen, así como en las problemáticas en torno a abuso, maltrato y explotación que se genera y limitan y condicionan el pleno desarrollo individual y colectivo de las niñas, niños y adolescentes de México. No obstante un punto vulnerable al respecto lo constituye el que de acuerdo con estimaciones del Programa OPORTUNIDADES, más del 40 % de las niñas y niños menores de cinco años, viven en los hogares de bajos ingresos, lo que equivale a establecer en condiciones de pobreza extremadamente. También las personas con algún tipo de discapacidad. La discapacidad se caracteriza por exceso o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal, las cuales pueden ser temporales o permanentes, reversibles o irreversibles, progresivos o regresivos. Esta se clasifica principalmente en tres grupos: Discapacidad física; sensorial e intelectual. Adultos Mayores. Se conoce como el nuevo orden internacional de integración de la población, dado que este fenómeno se presenta en todo el mundo. En México hay más de 7 millones de personas de 60 años y cada año se agregan 200 mil personas. Ello implica directamente a la atención a la salud, el empleo, la protección social y por ende el crecimiento económico en este sector. Como podemos darnos cuenta, con la presentación de esta iniciativa es dar confianza y seguridad jurídica a los grupos que presentan una mayor vulnerabilidad, así como dar persuasión jurídica al trabajo federal y sentando las bases para que las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios brinden una protección integral a las niñas, a los niños, a las personas con discapacidad y por supuesto a nuestros adultos mayores. El derecho social debe promover y lograr el desarrollo humano con equidad y justicia, con el fin de integrar a la convivencia social a sectores empobrecidos, vulnerables y excluidos. Pero no se trata de ayudar por las vías asistencial o proteccionista a los que carecen de lo básico o disminuir su distancia económica respecto de quienes lo tienen todo, sino de generar un entorno favorable al crecimiento humano integral sin excluir a nadie. Estoy seguro que al otorgar facultades de manera expresa al Congreso General sentamos las bases jurídicas para que se constituya sobre materias en torno al territorio mexicano, evitando así realizar interpretaciones erróneas al texto de la Constitución, al legislar con facultades que la Constitución no nos confiere y con el fin de evitar posibles conflictos de competencia innecesarios. Es por eso que se hace necesario establecer un marco jurídico con indiscutible sustento constitucional que establezca los mecanismos idóneos y que regule los derechos otorgados por la Constitución General y los tratados internacionales suscritos por México a favor de estos grupos vulnerables. Por último, la propuesta que adiciona la fracción XXIX del inciso K del artículo 73 constitucional se consideró necesidad a efecto de facultar al Congreso Federal a expedir leyes que establezcan las bases de coordinación en las materias de grupos vulnerables entre los distintos órdenes de gobierno. Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a la consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto "Unico.- Se adiciona la fracción XXIX inciso K al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: "Artículo 73, Fracción XXIX, inciso K: Expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de niños y niñas, personas con discapacidad y adultos mayores. "Artículo Transitorio Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". También, Presidente, le solicito que el texto íntegro de esta iniciativa sea incluido en la Gaceta Parlamentaria, así como en el Diario de los Debates.