El diputado Pedro Pablo Treviño Villarreal: Compañeras y compañeros diputados, en el PRI estaremos siempre a favor de acciones que fomenten el uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. Apoyaremos siempre las políticas de ahorro en todos los niveles de gobierno, siempre y cuando no afecten el trabajo de la administración pública ni violenten escúchenlo bien ni violenten los derechos laborales de los servidores públicos. Nuevamente nuestras compañeras y compañeros senadores nos corrigieron la plana y nos envían cinco modificaciones, lo cual no habría ocurrido si el grupo mayoritario, cuando aprobamos esto aquí, hubiere escuchado a los diferentes grupos parlamentarios que quisimos arreglar ese dictamen. Dentro de las modificaciones incorporan la prohibición de la creación de instrumentos jurídicos financieros en materia de salud, educación, procuración de justicia, seguridad social y, particularmente, seguridad pública. Sin embargo, en casos particulares faculta a los entes públicos para que puedan constituir fideicomisos o mandatos, cuando sean autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto representa un serio riesgo, ya que de no incorporar los candados adecuados las atribuciones se traducirán en una extralimitación de funciones, en el uso inadecuado de recursos públicos y en el uso y la posible violación de derechos laborales y humanos de los servidores públicos. Nos preocupa que se proponga ampliar de cinco a 10 años el periodo durante el cual los servidores públicos no podrán ocupar posiciones en las empresas que hayan supervisado, ya que de aprobarse en sus términos estarían institucionalizando un mecanismo de sanción a la experiencia, a la honestidad, al de revanchismo y de castigo de los buenos servidores públicos. Estamos conscientes de que la corrupción es uno de los principales males que afectan la labor pública y que debe ser eliminada cuanto antes. Sin embargo, es justo decir que también hay miembros del servicio público que han contribuido a la construcción de instituciones democráticas que han impulsado el desarrollo de este país. Desde ahora les advertimos, la pérdida de buenos funcionarios en la administración pública es algo que no le conviene al gobierno, particularmente cuando han demostrado ya varias veces su inexperiencia y desconocimiento del servicio público y en el manejo gubernamental. Nos preocupa también que en el fondo esta iniciativa tenga cierto halo de populismo, cuyo objetivo sea solo de ganar votos en nombre de la austeridad republicana. Lo que ustedes llaman austeridad, no es más que una cortina de humo con la que buscan ocultar las deficiencias del gobierno en el manejo de la administración pública. Que no se pretenda solapar el mal uso de recursos. Que no se pretenda obtener, a costa de los trabajadores de la administración pública los fondos necesarios para financiar proyectos aventureros que en diversas ocasiones los expertos han calificado de inviables y como derroches de dinero. Por estas razones, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI no acompañaremos esta modificación, por lo que presentaremos una serie de reservas para evitar su aprobación. Por otro lado, hoy nuevamente tenemos la oportunidad de establecer con claridad lo que debe entenderse por información privilegiada, situación que si no se atiende se traducirá en lagunas legales y en la intimidación sistemática a la clase trabajadora al servicio del Estado. Compañeras y compañeros diputados, la Ley de Austeridad que presentó el partido mayoritario a esta soberanía no obedece a un interés sincero y honesto de reducir los gastos superficiales o innecesarios de la administración pública ni de generar ahorros importantes para el erario. Es precisamente a los buenos servidores públicos a quienes se les está afectando más, de aprobarse esta reforma se estarían minimizando y devaluando los conocimientos y la experiencia que por décadas de esfuerzo han obtenido los trabajadores del Estado. Que quede muy claro, no estamos pidiendo que se asignen a los funcionarios sueldos estratosféricos, sino que se pague lo justo, lo correspondiente a su trayectoria académica y profesional. Si devaluamos...