La diputada Ma Cristina Vargas Osnaya: Compañeras, compañeros, diputadas, diputados, ciudadanas, ciudadanos, que siguen la sesión por cualquiera de los medios disponibles, vengo a presentar una iniciativa para reformar el artículo 27 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, agregándole un último párrafo. Justo ahora que nuestro país y, sobre todo, la megalópolis, padecen una serie de incendios forestales, nos percatamos de la necesidad de tomar medidas urgentes a inmediato, mediano y largo plazo para preservar nuestras reservas hídricas naturales. La finalidad de mi propuesta es acreditar la urgente y obvia necesidad de crear un instrumento jurídico que permita declarar regiones estratégicas de la nación como reserva hídrica de seguridad nacional. Es indudable que estamos ante una crisis hídrica. Según la investigación y datos obtenidos por el maestro Víctor Ávila, del municipio de Isidro Fabela, estado de México, quien además aportó gran parte de la información técnica, científica, de la presente propuesta, 60 % de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación, 157 acuíferos están sobreexplotados, además de que 50 % del territorio ha perdido su cobertura vegetal original. El suministro de agua potable a las grandes concentraciones poblacionales de nuestro país, son llevadas desde otros lugares, incluso desde otras entidades. Lo anterior implica grandes costos técnicos, económicos, sociales, ambientales, incluso, disputas legales. A lo anterior debemos agregar que esa cantidad de agua que se envía a las grandes zonas metropolitanas no se utiliza para el consumo humano, es decir, pierde su finalidad como agua potable. Pensemos en cualquier gran ciudad de nuestro país y su respectiva zona conurbada, Monterrey, Guadalajara, Jalisco, Puebla, Veracruz, o la Ciudad de México, todas padecen el mismo problema. El agua potable les es enviada desde otro lado a pesar de que todas están rodeadas de áreas forestales o montañosas, que bien podrían resolver gran parte del problema. Como un claro ejemplo de lo anterior, tenemos la zona conocida como el Gran Bosque de Agua. Esta región alberga 10 % de la biodiversidad nacional y 2 % de la biodiversidad mundial y abarca 37 municipios. Reúne las Sierras del Chichinauhtzin, Zempoala, Ajusco y las Cruces. El Bosque de Agua recarga pozos que suministran 70 % del agua usada por 28 millones de personas en las zonas metropolitanas de la Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, donde se produce 30 % del producto interno bruto nacional. La región fue reconocida oficialmente por la Conferencia Nacional de Gobernadores, Conago, en el año 2013 como asunto de seguridad nacional. De acuerdo con Conafor, se siguen perdiendo anualmente 2 mil 400 hectáreas de superficie forestal, lo cual pone en riesgo al Bosque de Agua en desaparecer en 50 años. A pesar de que 71 % del Bosque se encuentra bajo alguna de las 21 áreas naturales protegidas, la mayoría de ellas no cuentan con programas de manejo y no han sido suficientes para detener la expansión urbana, la tala ilegal, incendios, plagas y destrucción provocada por la iniciativa humana. Además, hay que tener en cuenta que una gran parte de su territorio está bajo propiedad comunal o ejidal. Esos y muchos problemas más enfrentan las zonas hídricas que rodean nuestras grandes urbes. Por ello, mi planteamiento es que nuestra Carta Magna reconozca a las reservas de agua, incluidas las aguas superficiales subterráneas y los ecosistemas terrestres y acuáticos, como parte integral de la seguridad nacional, ya sean áreas naturales protegidas de nivel federal o estatal o no. Al Estado se le confiará la responsabilidad de salvaguardar las reservas hídricas, incluida la conservación, la gestión y la asignación equitativa, incluyendo la regulación de la tenencia de la tierra, buscando la preservación de los derechos de los entes particulares, ejidales o públicos, al mismo tiempo el interés común que representa el cuidado de las zonas estratégicas para la vida. La manera idónea es agregar un último párrafo al artículo 27 constitucional que establezca una reserva hídrica de seguridad nacional debe entenderse como aquella porción del territorio, cuyas virtudes naturales representen espacios fundamentales para el aseguramiento en la provisión de servicios ambientales, principalmente relacionados con el agua, a grandes concentraciones poblacionales y sitios prioritarios para el bienestar social y económico de México. En todo momento el Estado mexicano, a través del Ejecutivo federal, a petición del Poder Legislativo, podrá decretar las áreas territoriales que se declaren de esta manera, bajo las condiciones de las leyes que...