El diputado Alejandro Armenta Mier: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional refrenda la política social que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto. Transferir el Instituto Nacional de Economía Social, Inaes, actualmente adscrito a la Secretaría de Economía, a la Sedesol, tiene por objeto orientar e instrumentar una política de Estado de fomento al sector social de la economía con el fin de fortalecer y consolidar los pilares del desarrollo social del país. El sentido de la presente iniciativa de decreto obedece a lo dispuesto por el propio Sistema Nacional de Planeación Democrática mediante el cual se formalizan los procedimientos para la elaboración del Plan Nacional del Desarrollo, en donde se mandata el eje de política social de nueva generación mediante objetivos, estrategias y líneas de acción del Programa Sectorial de Desarrollo Social con el propósito de mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza; es decir, no es una ocurrencia. La política social del presidente está basada en un enfoque de derechos que parte de una visión en que los beneficiados son ciudadanos con derechos plenos. Los esfuerzos que el gobierno dela república ha creado para emprender una lucha frontal contra la pobreza requieren de la atención coordinada entre los tres órdenes de gobierno. La reducción de la desigualdad económica y social en el país requiere que el sector social de la economía crezca y se consolide como una sólida opción de inclusión laboral y financiera mediante el acompañamiento de asistencia técnica y capacitación que garanticen su desarrollo, consolidación y expansión. Actualmente el conjunto de organismos del sector social agrupa a los ejidos, a las comunidades, a las organizaciones de trabajadores, a las sociedades cooperativas, entre otras, definiendo una población potencial de atención de más de 60 mil organizaciones bajo diferentes figuras jurídicas. La coordinación interinstitucional e intergubernamental tiene el reto de orientar los recursos para universalizar los derechos a través de depositar capital semilla a los grupos e individuos socialmente organizados con el propósito de que el Inaes los empodere y, llegado el momento, transiten al sector formal de la economía. La presente iniciativa de decreto con la cual se reforma la denominación y diversas disposiciones de la Ley de Economía Social y Solidaria, así como el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, fue discutida y aprobada por la Comisión de Desarrollo Social por la mayoría de las fuerzas políticas representadas. Las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen la columna vertebral de la economía nacional y, así mismo, por su alto impacto en la generación de empleos y en la producción nacional. En la óptica de la política social de la presente administración los beneficios del sector social de la economía son la generación de capital social a través del empoderamiento de las personas que atienda a los segmentos de la población en condiciones de vulnerabilidad, marginación y pobreza, que por distintas circunstancias no han encontrado ni las capacidades ni las oportunidades para insertarse a una economía global que les permita disponer y vivir en condiciones dignas. Con esta iniciativa se fortalece una auténtica política de Estado que desalienta las políticas asistencialistas que tanto ocupa a esta Cámara, y promueve el empoderamiento social de los segmentos más vulnerables y pobres del país. La pobreza en México no se podrá abatir pavimentando calles en los municipios y en las delegaciones, sino generando riqueza social. Les convoco a apoyar esta iniciativa y a vigilar que los recursos lleguen, efectivamente, a los que menos tienen. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.