La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La iniciativa que les vengo a presentar es para todas las mujeres de este país, porque tiene que ver con la alerta de género. Este es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres que es prácticamente único en América Latina. Además, es una política pública que nos permite que reconozcamos que el feminicidio es un delito y que debe ser sancionado, pero sobre todo que tenemos que erradicarlo de nuestras vidas. De tal suerte, la alerta de género y quienes la emiten, y todas las personas que participan en la implementación y operación, necesitamos rearticular lo que significa esa alerta, porque como mecanismo que también es una política pública tiene una responsabilidad enorme el día de hoy. Es urgente asegurarse de que sea efectiva y eficiente, y no solamente un trámite vacío que mal funciona por intríngulis burocráticos, y que necesitamos enfrentar la crisis que en nuestro país es prácticamente una epidemia como es la incidencia del feminicidio. Prácticamente siete feminicidios al día son reconocidos. En este orden de ideas parte de las acciones que tenemos que emprender para optimizar la ejecución e implementación de las herramientas con las que actualmente cuenta esta figura, es mejorar los instrumentos jurídicos que dan guía al actuar de todos los servidores públicos involucrados con esta alerta. Urge crear una metodología que optimice el funcionamiento de la implementación de la Alerta de Género, y el primer paso para lograrlo es la armonización tanto legislativa como de operatividad en todos los órdenes de gobierno. Asimismo resulta fundamental indicar y especificar desde nuestra norma jurídica, en dónde recae cada responsabilidad de la cadena de implementación para que no haya justificación válida de la inoperatividad, de la negligencia o de cualquier factor que impida la ejecución de la Alerta de Género. También las definiciones, los mecanismos de operación, la distribución de responsabilidades y de recursos, así como las penalidades e incluso la metodología para la creación y presentación de los reportes e informes de cumplimiento que deben armonizarse en todas las legislaciones locales. La claridad en cuento a dónde recae la responsabilidad de cada una de las acciones es fundamental para así impedir que haya quien se deslinde de la misma, hecho que se suele presentar en la relación entre los gobiernos municipales, estatal y federal. Es necesario que los informes de cumplimiento sean un requisito para todos los estados que cuenten con Alerta de Género, fundamentados en indicadores de resultados y no sólo de desempeño. Es muy importante que la Comisión Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres recopile los informes pero los revise y además haga observaciones a los mismos. Aunado a lo anterior, para que el ejercicio del presupuesto pueda efectuarse de manera óptima, también es necesario que este contemple tanto las medidas estructurales como las inmediatas que eventualmente se tienen que llevar a cabo. En la reunión que tuvimos aquí con operadores de Alerta de Género, ni un solo estado tiene involucradas a las policías estatal y municipal, es gravísimo. Entonces cómo se imaginan que van a atender el feminicidio si las policías no participan. Es necesario una rendición de cuentas plena tanto de la operatividad como del ejercicio del presupuesto otorgado. Se debe crear un consejo interinstitucional de seguimiento formado por la comisión nacional, por el Instituto Nacional de las Mujeres, y propongo por una comisión de diputadas que monitoree el desempeño pleno de todos los mecanismos involucrados en la alerta de género. Por ello, es que les presento esta iniciativa para hacer realmente eficiente, asequible y operativa la alerta de violencia de género que es urgente en este país para la vida de las mujeres. Muchas gracias.