La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenas días, compañeras y compañeros diputados. La motivación y justificación de la moción suspensiva que el día de hoy presento, data de un acto ocurrido en el mes de enero de 2012 cuando el precandidato presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, decayó ante líderes reunidos en el Foro Económico Mundial de Davos, su propuesta de abrir la inversión en Petróleos Mexicanos. Señaló en esta ocasión que la modernización y el desarrollo de Pemex, la fuente de recursos económicos más importantes en México es una propuesta central y objetiva de su campaña y un modelo que defiende su partido político y que el día de hoy apoyan otros. El cuantioso compromiso con el capital extranjero explica por sí sólo la sinrazón con la que actúan legisladores de PRI banal. Su intolerancia por el bien público es inquietante, perdieron el pudor y la decencia, ojalá sólo se tratara de ambición pura, finalmente con unos pesos se conformaría, pero no, ustedes van más allá, entienden la desigualdad no como una consecuencia de prácticas equivocadas en el mercado, aspiran a construir desigualdades, favoreciéndose con ellas. El dictamen en comento señala en su exposición de motivos que el principal propósito de las nuevas leyes es la conversión de Pemex y la CFE, de organismos descentralizados a empresas productivas del Estado, para que disque operen con mayor autonomía de gestión. Se dice que la pretensión es dotar de mayor autonomía en cuanto a organización, funcionamiento y hasta en materia presupuestal a estas empresas. Sin embargo, se establecen restricciones para el uso de los recursos que generan y esta restricción precisamente es para las empresas que quieren fortalecer, Pemex, Petróleos Mexicanos. De igual forma, la supuesta autonomía presupuestal es absolutamente limitada, porque ambas empresas están sujetas al balance financiero y techo de gastos de personal que les establecerá, nada más y nada menos que la Secretaría de Hacienda, tan atinada que ha estado que yo creo que atinará cómo definir estas responsabilidades. La propuesta dice que se dotará de esa autonomía y que permitirá competir con las empresas privadas que se incorporarán al sector. Desafortunadamente se trata de ficción pura. Al estar sujeto a tratamientos regulatorios y fiscales distintos a los que se aplicarán a las empresas privadas, restricciones financieras heredadas con lo que tanto Pemex como CFE entrarán en franca desventaja. Se modifica el gobierno corporativo, ahora el gobierno federal va a actuar disque como propietario y no como administrador, y obviamente seguirá actuando como ha actuado a través de muchos años, avalando y solapando corrupción. La propuesta que se nos presenta introduce la obligación de que ambas empresas, Pemex y CFE elaboren cada cinco años su plan de negocios, mismo que deberán hacer público. Con eso ya dicen que está más que cuidado. Se establece que Pemex y CFE podrán contar con las empresas subsidiarias y filiales que sean necesarias para su operación. En el caso específico de Pemex se propone que las actividades de exploración y explotación se lleven a cabo a través de empresas productivas filiales. Esto propiciaría la creación de un sinnúmero de empresas encargadas de operar cada una de las asignaciones, lo que facilitaría su migración a contratos, y en consecuencia, la privatización de los mismos. Las iniciativas que se someterán a discusión el día de hoy contienen un conjunto de defectos e incongruencias que impedirán alcanzar el propósito de lograr lo tan cacareado, autonomía técnica y de gestión que en teoría se pretende. Se dice que se trata de modificar la intervención del Estado de administradora a propietaria. Sin embargo, se identifica como propietario el Ejecutivo, lo que es un grave error. El propietario es el pueblo de México, no se equivoquen. El que tiene a sus representantes en esta Cámara de Diputados. Y por tanto, este poder de detener una participación mucho más activa en aspectos fundamentales, como la designación de los y las consejeros y directores, la aprobación de los planes de negocios y su seguimiento y evaluación. En suma, la seguridad energética nacional y la soberanía del país sobre los recursos naturales se encuentran en riesgo. Es un error no establecer plazos para las concesiones petroleras. Esto genera incertidumbre, pues prácticamente perpetuará el control de empresas trasnacionales sobre el petróleo mexicano. Ponen en riesgo la captación de ingresos del Estado mexicano, violentan derechos humanos, no se combate la corrupción, entregan el patrimonio nacional y violenta el procedimiento legislativo a los presidentes de comisiones que aspiran gobernar a sus estados. No se equivoque, tiene que debatirse a fondo, no tenemos evidencias de que hayan sido muy buenos inversionistas y que hayan cuidado de manera transparente y limpia, cuando por ejemplo el diputado Juan estuvo responsable en Pemex. Saben perfectamente bien de mañas y artimañas para hacerse de ese recurso; requiere más debate y ojalá que en esta sesión sí se dé. Por lo tanto solicito que este dictamen sea devuelto a la Comisión de Energía para su análisis a fondo y no somero, permitiendo solamente la opinión de quienes son socios de muchas y de muchos que se encuentran en este pleno. Es cuanto y agradezco su tolerancia, señor presidente.