El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que reforma el artículo 186 de la Ley del Impuesto sobre la Renta en materia de incentivos fiscales a empresas que contraten a personas con discapacidad y adultos mayores. Como ustedes saben, las personas con discapacidad son uno de los sectores más vulnerables del país, pues de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, en México hay poco más de 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, lo que representa el 5 por ciento de la población total del país. De estos 6 millones de personas con algún tipo de discapacidad, menos de la mitad cuenta con algún empleo formal o con un ingreso fijo que ayude a solventar sus gastos de la vida cotidiana. Ante esta situación hay que mencionar que los efectos económicos, profesionales, incluso psicológicos de la pandemia, afectaron en mayor proporción a este sector de la población. Las personas que contaban con un empleo fijo se vieron afectadas por recortes de personal durante los dos años previos a raíz de la pandemia por Covid-19, por el quiebre de comercios y establecimientos locales o por la reducción o desaparición de programas sociales. Esta situación se agrava aún más cuando recordamos que las personas con discapacidad suelen tener gastos cotidianos adicionales, como puede ser el caso de ayudas técnicas o personales, los cuales representan un aspecto importante para lograr una vida autónoma, pero que pueden llegar a implicar una fuerte carga económica. Una persona con discapacidad tiene un mayor riesgo de caer o reingresar en situación de pobreza si no cuenta con las herramientas políticas y apoyos que hagan sostenible una vida digna. Adicionalmente es importante mencionar, diputadas y diputados, que el sector por edad en México, que tiene una mayor cantidad de personas alguna discapacidad, es el de los adultos mayores, los cuales representan el 40 por ciento de la población mexicana que tiene alguna discapacidad. Ahora bien, hay que reconocer que el gobierno federal, si bien tiene apoyos a los adultos mayores, estos resultan claramente insuficientes. Como lo hemos dicho en Acción Nacional, la mejor política pública es un Estado de derecho que pueda impulsar circulo virtuoso de inversión-empleo, impuestos-gasto público. En este sentido, es nuestra obligación impulsar los mecanismos legislativos que permitan perpetuar este círculo virtuoso y el primer paso para ello es sentar las bases de incentivos fiscales que permitan a las empresas generar más fuentes de empleo para las personas de este sector vulnerable. No olvidemos que las empresas que han incorporado personas con alguna discapacidad reportan tener un mejor clima laboral, una mejor reputación, mayor trabajo en equipo y una cuadrilla de empleados más comprometidos y orgullosos de su trabajo. Por lo tanto, la presente iniciativa tiene como objetivo establecer un estímulo fiscal a los contribuyentes, personas físicas o morales, que empleen a personas que padezcan discapacidad motriz, mental, auditiva o de lenguaje, que consiste en poder deducir de los ingresos acumulables del contribuyente para los efectos del ISR, un monto equivalente al 30 por ciento del salario efectivamente pagado a las personas antes señaladas. Con la aprobación de este incentivo fiscal estaremos generando las condiciones para que las empresas contraten un mayor número de personas con discapacidad y podamos coadyuvar a que estas personas cuenten con calidad de vida que merecen. Lo vuelvo a repetir, la mejor política pública no es la que da dádivas, es la que genera un Estado de derecho que permite generar empleos dignos y bien remunerados para una mejor calidad de vida. Es cuanto, presidente.