El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Buenas tardes, los que aún se encuentran aquí. Calma. Históricamente el salario ha representado un componente fundamental del desarrollo económico y del bienestar social. Es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida. Según la OIT, el salario mínimo es la suma mínima que deberá pagarse el trabajador, que no puede ser disminuida ni por acuerdo individual ni colectivo, que está garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales de los países. Esta es una legítima aspiración de cualquier trabajador, acceder mediante el empleo a un nivel de vida decoroso, holgado, digno, con expectativas de desarrollo personal, familiar y colectivo. Sin estas condiciones y sin aspiraciones el trabajo y buena parte de la existencia pierden su razón profunda de ser. Como otros, el derecho a un salario mínimo suficiente es un derecho humano; sin embargo, sabemos que en México el salario mínimo nunca ha cubierto sus propósitos constitucionales. Hemos visto la pérdida que año con año ha sufrido el mismo, el poder adquisitivo de los salarios. Esto ha orillado a millones de trabajadores a buscar una forma de resarcir el quebranto. A partir de entonces, han aumentado las jornadas dobles de trabajo, ha aumentado la informalidad y, sin duda, ha disminuido el nivel de vida de la población. Según la investigación del Centro de Análisis Multidisciplinario de la UNAM, de 1997 a la fecha el precio de la canasta alimentaria recomendable registra un incremento acumulado de 4 mil 773 por ciento, mientras que el salario creció en solamente un 940 por ciento. Lo que significa que los alimentos han aumentado en una proporción de 4 a 1, en comparación con el incremento de los salarios mínimos. Más de 23 millones de trabajadores en México reciben de 0 a 3 salarios mínimos y 12 más están en el rango de 3 a 5, lo cual se traduce en que el 71 por ciento de la población sobrevive con estos salarios. El informe de medición de pobreza en México del 2014 del Coneval, estima el número de mexicanos en pobreza de 55 millones 341 mil 600 mexicanos y de ellos 11 millones 442 mil 300 en pobreza extrema. También vemos que el reparto de utilidades se ha convertido en una práctica de simulación y de fraude. Es un derecho que prácticamente está en extinción en diversos sectores del país, como el comercio y los servicios, donde tiendas de autoservicio departamental y de conveniencia prácticamente han nulificado esta prestación, en tanto en el sector manufacturero ha descendido el mínimo al número de trabajadores que reciben este reparto, así como el monto del mismo. La regulación de este derecho tiene muchos huecos que algunos patrones aprovechan para tratar de evitar el pago de utilidades. Muchos contratan a sus trabajadores por honorarios para no tener que darles prestaciones. Las empresas más grandes crean subsidiarias de servicio cuyo único fin es administrar la nómina. Algunos optan por contratar su personal utilizando los servicios de una empresa Outsourcing de recursos humanos. Según estudio del CAM de la Facultad de Economía de la UNAM, más del 60 por ciento de trabajadores no recibe aguinaldo y 15 por ciento no recibe lo correcto. Datos duros, como los anteriores, basados en cifras oficiales son contundentes. Enfrentar esta realidad es un asunto de decisión política, para construir acuerdos y atender con urgencia y pertinencia, ya que de nada sirven las reformas si no se traducen en medidas que ayuden a poner un piso más parejo y combatir la desigualdad. Se necesita tomar decisiones y entrar al fondo del debate. Se necesita alcanzar un verdadero acuerdo nacional. Esta es una reforma imprescindible, urgente y absolutamente pertinente para establecer nuevas estructuras de igualdad y equidad en el país. En la presente iniciativa se propone la creación del Instituto Nacional de Salarios Mínimos, productividad y reparto de utilidades, como un organismo constitucional autónomo, dotado de autonomía técnica, dedicado a analizar los diversos factores que intervienen en la determinación de un salario constitucional, como puede ser la inflación, el precio de la canasta básica, las líneas de pobreza, la productividad, el crecimiento económico y la generación del empleo y cualquier otro factor que incide en el costo de la vida constitucional, y tendrá que fijar el porcentaje adecuado a repartir de las utilidades de las empresas. Concluyo. Desde Morena proponemos esta iniciativa constitucional, para que pueda haber una verdadera recuperación estable y sostenida del salario mínimo en cuanto a su poder adquisitivo, para así compensar verdaderamente a los trabajadores por su fuerza laboral aportada en la productividad, con el reparto de utilidades que tienen derecho para que sus condiciones laborales sean mucho más dignas y justas. Iniciar hoy una política salarial que nos ayude a recuperar el poder adquisitivo del salario y mejorar el ingreso de los trabajadores, especialmente de los que menos ganan, es una deuda que tenemos pendiente con ellos desde hace más de 30 años. Por su atención, muchas gracias.