La diputada Ana María Esquivel Arrona: Compañeras y compañeros, el día de hoy presento ante este pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma el artículo 390 del Código Penal Federal en materia de extorsión. La extorsión, al igual que otra serie de delitos, por su naturaleza gravosa es considerado por la sociedad como un delito atroz y esos fenómenos delictivos vulneran la percepción de seguridad social y bienestar de las personas e inhiben la inversión formal, principalmente de pequeñas y medianas empresas, afectando el desarrollo económico regional y hasta nacional. En México este delito se ha convertido en un fenómeno complejo debido a la diversidad de posibles sujetos activos que pueden cometerlo, esto se debe a que detrás de la extorsión puede estar un integrante de un grupo del crimen organizado, autoridades de cualquier orden de gobierno, personas que se encuentran en centros de reinserción social o simplemente alguien que intenta hacerse pasar por otra persona más para engañar. La principal problemática que actualmente enfrentan las mexicanas y los mexicanos consiste en ser víctimas de extorsión a través de una llamada telefónica o un cobro de derecho de piso, como prueba de ello, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, durante el 2021 ocurrieron 2.9 millones de delitos que afectaron a 1.2 millones de unidades económicas, siendo la extorsión uno de los delitos con mayor incidencia, y durante ese mismo periodo se cometieron 676 mil delitos de extorsión en la calle, en el establecimiento o cobro de piso, y en el 44.8 de los casos se pagó dicha extorsión. Es decir, este tipo de conductas atacan distintos bienes jurídicos, aparte del patrimonio, con la libre determinación y la tranquilidad de las personas físicas e incluso la seguridad pública. Por lo anterior, propongo reformar el artículo 390 del Código Penal Federal, para actualizar, aclarar y dar mayor certidumbre a las distintas modalidades del delito de extorsión que actualmente se comete, para que, a quien con el ánimo de obtener un beneficio indebido para sí o para otro, el que exija a otra persona por medio de la violencia física o digital, dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo en su perjuicio o en un tercero, a través de conductas que ataquen sus bienes jurídicos, patrimoniales en su libre determinación y en su tranquilidad, se le aplicarán de 4 a 16 años de prisión y de 60 a 240 días de multa. Además, propongo que las penas se aumenten de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, si en la extorsión concurren circunstancias específicas que involucran al sujeto activo que comete el delito. En caso de que el responsable del delito de extorsión sea servidor público y lo cometa en ejercicio de sus funciones, se impondrá además la destitución del empleo, cargo o comisión e inhabilitación para desempeñar otro cargo, hasta por un tiempo igual al de la pena de prisión impuesta. Y, por último, en concordancia con el Código Penal Federal vigente, si se tratara de un miembro de las Fuerzas Armadas en situación de retiro, de reserva o en activo, se dará de baja definitiva de la Fuerza Armada a la que pertenezca y se le inhabilitará de 1 a 5 años para desempeñar cargos o comisiones públicas. Esta propuesta tiene por objeto combatir a la criminalidad y reforzar la política nacional en materia de procuración e impartición de justicia. Muchas gracias a todos y es cuanto, presidenta.