El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Ésta, compañeras y compañeros diputados, es la historia de un desacato, de un vulgar desacato a una resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nosotros en Movimiento Ciudadano y, en general en el Movimiento Progresista, cuestionamos las decisiones del tribunal. A veces nos parecen injustas pero no desacatamos, y aquí lo que está haciendo la Cámara de Diputados es un desacato a una resolución del Tribunal Electoral. Es además una burda simulación porque el resolutivo de la sentencia 896/2013 y acumulados del tribunal era inequívoca y hay que decirlo, fue promovida por diputados del Partido Revolucionario Institucional. Vean ustedes el tamaño del absurdo. Se da la convocatoria en febrero. La Comisión de Gobernación entrevista a varias decenas de aspirantes en un proceso que se reputaba como abierto. Eligen a 37 aspirantes y, finalmente el 11 de abril, la Comisión de Gobernación emite un dictamen con cinco aspirantes. Según la convocatoria, lo que procedía era que la Junta de Coordinación Política pusiera a consideración del pleno una propuesta para cumplir con el dispositivo constitucional del artículo 41. Evidentemente al no haber acuerdo no se pudo procesar en el plazo original de la convocatoria que era a más tardar el 30 de abril, que era cuando culminaba el periodo ordinario. Pero vaya sorpresa, son diputados del PRI. La diputada Lourdes Quiñones, el diputado Marco Antonio Bernal y otros, quienes promueven el 3 de mayo un juicio de protección de derechos ciudadanos, invocando a aquél que en su tiempo presentara el doctor Jaime Cárdenas y que motivó que esta asamblea, que esta Cámara eligiera a tres consejeros que actualmente están en funciones- precisamente porque había una omisión de la Cámara. Lo que alegaron en ese recurso que promovió Jaime Cárdenas, era que se le estaba negando al diputado su derecho ciudadano a ejercer la función legislativa. El tribunal resolvió que era procedente y la Legislatura pasada cumplió. Y ahora, haciendo caso a ese precedente, es el PRI quien lo impugna y el tribunal le concede la razón en una sentencia el pasado 29 de mayo. La sentencia señalaba en sus resolutivos, en el segundo: Requería a la Comisión Permanente que convocara a un periodo extraordinario de la Cámara de Diputados para nombrar al consejero faltante. Y para ser más explícito en tribunal en el resolutivo cuarto, requería a la Cámara de Diputados designar al consejero electoral del Consejo General del IFE que estaría en funciones hasta el 30 de octubre de 2019. Sin embargo, en un jaloneo en la Junta de Coordinación Política no se presenta esta propuesta y viene un incidente de inejecución de sentencia que promueve el diputado Huerta, y nuevamente el tribunal le pide a la Cámara que cumpla con la sentencia. Y ahí es cuando en el periodo extraordinario la Cámara notifica que se está en vías de cumplimiento. Pero ahora en un acuerdo que constituye el colmo, que constituye una aberración jurídica, simple y sencillamente la Junta propone que se culmine el proceso. Es decir, se está desacatando una sentencia judicial. Y por ahí alguien en la Junta decía es que el tribunal lo que quiere es que culminen. Y eso no solamente es una burla, sino es una simulación porque el resolutivo fue muy claro, que se elija al consejero faltante. Por esa razón nosotros no vamos a acompañar este acuerdo, porque viene acompañado además de una convocatoria que constituye un retroceso. En esta convocatoria lo que se está planteando es un reparto faccioso y partidista de los espacios del Instituto Federal Electoral. Y si algo ha dañado a la democracia en el país son las cuotas en el IFE. Y hoy vemos además con gran cinismo, que cada consejero que se va a retirar se va a embolsar 4.6 millones de pesos para irse muy tranquilos después de que hicieron atracos a la democracia nacional. Por esa razón lo que estamos viendo y concluyo, presidente, es que nosotros le pedimos al pleno que no se cometa este desacato judicial y esta burda maniobra para seguir con el reparto de cuotas. Además convoco a quienes se opusieron en su momento a la otra convocatoria, que actúen en congruencia. Se quiere la democracia o su queja era el reparto de las cuotas para tener asientos, porque ahora van cinco cargos: va el faltante, tres consejeros y quien va sustituir a Leonardo Valdés. Nosotros lo que planteamos, de entrada, que se cumpla con el mandato judicial, y segundo, que la convocatoria plantee una ciudadanización del órgano electoral y no un botín de los partidos, porque además resulta un mal presagio para el Instituto Federal Electoral en que muchos coincidimos; si ese va a ser el criterio, un reparto de cuotas en los asientos del nuevo Instituto Federal Electoral, pues flaco favor le hacemos a la democracia. Por esa razón, compañeras y compañeros, pedimos que se rechace este acuerdo que implica, lo sostengo, un desacato judicial y una burda maniobra para secuestrar partidistamente al Instituto Federal Electoral. Es cuanto.