EL C. DIP. MANUEL ARTURO NARVÁEZ NARVÁEZ: Con el permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados: En obvio de tiempo voy a leer una síntesis de la presente iniciativa y haré llegar a la Secretaría de la Mesa Directiva el texto completo de la misma a efecto de que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. "El suscrito diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados nidos Mexicanos someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la presente Iniciativa de Decreto por la que se reforman diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la Ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social bajo la siguiente "EXPOSICION DE MOTIVOS "El grupo parlamentario de Acción Nacional considera de acuerdo a su congruencia histórica, que el sistema penitenciario en México es un problema que debemos corregir de fondo. "El penitenciarismo mexicano busca el equilibrio entre la seguridad y la protección de los derechos humanos de los encarcelados, concepto que comprende no sólo la garantía de su integridad física y mental, sino también el aseguramiento de mejores condiciones de cumplimiento de la pena dentro de un marco de legalidad y solidaridad, tales como: Equipamiento, alimentación, salud, educación, trabajo, clasificación e individualización. "En menos de diez años transitamos del causalismo al finalismo, del finalismo de nuevo a un causalismo sui géneris, originando, entre otras cosas, el incremento de las penas y la sobrepoblación penitenciaria. "Las más de 400 prisiones que existen en territorio nacional, exige una atención inmediata, requieren de la separación entre sentenciados y procesados sea una realidad. "Que los inmuebles obsoletos que continúen funcionando como prisiones, sean sustituidas por modernos edificios. "Lograr la readaptación social de sentenciados y que el individuo sea útil a la sociedad en que vive, es una realidad que demandan las más de 170 mil personas privadas de su libertad en la República Mexicana. "Consciente de esta situación el Presidente Vicente Fox Quesada, a través del Plan Nacional de Desarrollo estableció en el apartado de Seguridad Pública la estrategia de reformar los ordenamientos jurídicos que permitan la renovación del sistema penitenciario mexicano y reestructurarlo de forma integral, entendiendo por integral el cambio del viejo paradigma que ha puesto en evidencia el fracaso de la readaptación y reinserción social de los internos y de quienes ya cumplieron su sentencia. "Con esta nueva visión es necesario cambiar la concepción de los centros de reclusión para convertirlos en centros de trabajo, educación y deporte, combatir la corrupción en todas sus formas y mejorar las instalaciones. "En tal contexto el Gobierno Federal ha implementado en el ámbito de su competencia diversas acciones tendientes a reforzar y modernizar los instrumentos e instituciones para la ejecución de sanciones penales que garanticen la seguridad jurídica e integridad física a los sentenciados del fuero federal. "Cabe señalar que entre las diversas acciones realizadas por el Ejecutivo se propuso a este Honorable Congreso cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública y fue así que en su momento aprobamos dichas reformas para crear la Secretaría de Seguridad Pública, misma a la que se le dotó entre otras atribuciones, las relativas a la ejecución de las penas por delitos del orden federal, la administración del Sistema Federal Penitenciario, la participación en el traslado de los reos, la administración del sistema Federal para el Tratamiento de Menores Infractores, atribuciones que anteriormente tenía encomendada la Secretaría de gobernación y que eran realizadas a través de la dirección General de Prevención y Readaptación Social. "Ahora bien el día 6 de febrero de 2001, se publicó en el diario Oficial de la Federación el Reglamento Interno de la Secretaría de Seguridad Pública, mediante el cual en sus artículos 3º., 29, señala que para el estudio, planeación y despacho de los asuntos de su competencia, se auxiliará de las unidades administrativas, entre las cuales se destaca el órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social, confiriéndole amplias atribuciones en el ámbito penitenciario. "Posteriormente para el debido cumplimiento de las atribuciones a cargo del órgano administrativo en comento, el 6 de mayo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Readaptación Social. "Como consecuencia de lo anterior es importante destacar que a la mayoría de la legislación vigente que rige y reglamenta la actuación de la autoridad ejecutora federal en materia de sanciones, prevención y readaptación social, además de encontrarse dispersa con frecuencia se hace mención en ella a la Dirección de Prevención y Readaptación Social, dependencia que antes de la reforma de 2000 era la competente para resolver lo relacionado a la ejecución de las sanciones y que dependía de la Secretaría de Gobernación. "Ante tal situación Acción Nacional considera impostergable que se adecuen los cambios anteriores a la legislación vigente y se utilice la denominación correcta de la autoridad competente, a efecto de que todos los que de alguna manera estén involucrados en la materia respectiva conozcan con precisión quien es la autoridad responsable y a la que se debe acudir para ejercitar sus pretensiones, acciones o excepciones. "Por tanto, el grupo parlamentario de Acción Nacional propone a través de esta iniciativa reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal y de la ley que establece las normas mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, a efecto de establecer en sus partes conducentes la denominación correcta de la autoridad competente en materia de ejecución de sanciones, prevención y readaptación social a nivel federal. Es decir, se pretende cambiar dentro de dichos cuerpos normativos las disposiciones legales que hacen referencia a la desaparecida Dirección General de Prevención y Readaptación Social, dependiente en ese entonces de la Secretaría de Gobernación, para que en su lugar hacer mención al órgano administrativo de Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, órgano que sustituye actualmente la autoridad federal competente en materia de ejecución de sanciones, prevención y readaptación social. "Concluyo mi intervención señalando que la presente Iniciativa constituye un primer paso para poder contar con un marco jurídico actualizado y acorde con las nuevas políticas federales en materia de prevención, exposición de sanciones y readaptación social". Es cuanto, señor Presidente. -