La diputada Elsa Conde Rodríguez: Con su venia, señor presidente. El Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata ha insistido en esta Cámara en enfocar el tráfico ilícito de drogas como un problema de salud pública y de derechos humanos, más que como un problema de policías y ladrones. La Ley contra el Narcomenudeo elaborada por el Ejecutivo, y avalada por el Senado, refrenda esta visión policíaca y es carente de una estrategia integral para enfrentar el consumo y el tráfico ilegal de drogas en el país. Al mantener en la ilegalidad el cultivo, la distribución y comercialización de las drogas, el Estado mexicano renuncia una vez más a la posibilidad de tener un control real sobre ellas y sobre la delincuencia organizada. A pesar de lo anterior, es importante reconocer que con respecto a la iniciativa enviada por el Ejecutivo el dictamen aprobado por el Senado avanza en cuatro premisas sustantivas: Establece que el consumidor y el criminal no pueden ser, en principio, la misma figura jurídica. Elimina la rehabilitación obligatoria para consumidores no farmacodependientes. La inclusión del concepto de reducción de riesgos y daños es fundamental para enfrentar de forma integral el problema de las drogas. Y, por último, el respeto a los legítimos derechos de numerosos pueblos y culturas de México a los usos rituales de ciertas sustancias. No obstante, se trata de una propuesta de ley que no solucionará el problema del tráfico ilegal de drogas ni de su consumo, ya que para ello se requiere de un enfoque que regule tanto la oferta como la demanda. En México la guerra contra las drogas es una guerra que ha dejado más de siete mil muertes en poco más de dos años, y no ha logrado detener ni la producción de enervantes ni el consumo. Es un dictamen, en este sentido, que apacigua el nerviosismo del gobierno para enfrentar la delincuencia organizada, pues le permitirá delegar su tarea en 32 entidades federativas, que han reconocido que no cuentan con presupuesto, infraestructura y capacitación suficiente. Se va a atacar el suministro, la comercialización y, sobre todo, la posesión de enervantes, pero no la producción, el transporte y el tráfico, que no pertenecen a la esfera del narcomenudeo. ¿Qué va a hacer este gobierno para enfrentar el incremento en el consumo, como se observa en las cifras que da el Consejo Nacional contra las Adicciones, si su actual guerra contra las drogas es un fracaso y no va al fondo del problema, que es la regulación del cultivo y la producción de enervantes en nuestro país? Es evidente que el propósito de esta iniciativa no es mejorar ni la salud ni la seguridad pública del país, ni la situación que viven tanto los consumidores como los no consumidores. Nos queda claro que el principal propósito de esta iniciativa está dirigido a incrementar las estadísticas de encarcelamiento. Esta política carcelaria lo que significa es un evidente costo monetario y mayor deterioro de nuestro sistema carcelario. La pobreza y la desigualdad es la antesala del narcomenudeo. Por cada narcomenudista capturado hay 10 esperando ocupar su puesto. De hecho, fomentará la corrupción policiaca y la violencia ya que elevará el costo de protección que cada distribuidor tendrá que pagar para permanecer en la vía pública. Para ilustrar esta premisa basta con mirar las cifras. De los 58 mil delitos contra la salud que hubo en 2006, la cifra creció hasta 84 mil ilícitos en 2007, primer año del gobierno de Felipe Calderón; un aumento de 45 por ciento. De todos los arrestos ligados a los diversos cárteles del narcotráfico, un promedio anual de 13 mil 333 personas capturadas, 98 por ciento corresponde a sujetos catalogados como colaboradores y distribuidores al menudeo, de acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República. Las demás personas, el 1.2 por ciento son líderes de los cárteles financieros, lugartenientes, sicarios y funcionarios involucrados con el crimen organizado. ¿Qué nos dicen estas cifras? Que los verdaderos peces gordos, los que lucran con la pobreza, la vulnerabilidad y la salud de la sociedad mexicana siguen muy bien instalados en la impunidad de un sistema político que busca legalizar la cacería de chivos expiatorios, empezando por sus jóvenes y terminando por encarcelar a las abuelas. Hace poco, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, informó que se ha registrado un aumento en la participación de mujeres en actividades de narcomenudeo, sobre todo de personas de la tercera edad. Precisó que 70 por ciento de las mujeres que están recluidas en centros de readaptación social es por delitos contra la salud. Explicó que casi todas están por echarse la culpa de sus parejas o porque les llevaban drogas a los hijos o a los maridos en los reclusorios. Señaló que aunque no tienen estadísticas oficiales, de acuerdo con las investigaciones y los análisis que ha hecho esta institución, junto con la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se detecta cómo ha aumentado la participación de mujeres en el narcomenudeo, sobre todo entre las abuelas. Yo quisiera pedir a esta asamblea, respeto. Por primera vez estoy acá arriba pasándome de los cinco minutos que religiosamente nos dan a todos los diputados para subir a defender nuestros dictámenes. Hoy, yo quisiera pedírselos; no me estoy ni me voy a amparar en el 103 para pedirles media hora, pero sí me gustaría que me escuchen para que les dé mis argumentos. En el mismo sentido, Juan Pablo Becerra-Acosta, en un artículo de 2008 menciona "los narcomenudistas son los soldados rasos del narcotráfico. No tienen restricción de edad y tampoco hay límites de género". Los narcomenudistas son, en el mejor de los casos, el eslabón más débil de la cadena del negocio del tráfico ilegal de sustancias. Esta actividad supone una vía ilegal alterna para hacer dinero y para escalar socialmente para una gran cantidad de personas, características, ambas, sumamente atractivas en un país con las desigualdades y la falta de oportunidades como el nuestro. Adicionalmente, permitir a la policía comprar droga para identificar a narcomenudistas es propiamente una técnica de inducción al delito propia de regímenes autoritarios. No se trata, de ningún modo, de no combatir el tráfico ilícito de drogas, que sin duda constituye un delito que afecta la seguridad y la salud pública. Sin embargo, es fácil percatarse de que la inmensa mayoría de las personas que se dedican a este delito no necesariamente forman parte cocircunstancial del crimen organizado, sino que más bien encuentran en esta actividad una fuente de ingresos imposible de encontrar en otras áreas de la actividad económica legal. Enfocar esfuerzos en perseguir a narcomenudistas va a desgarrar el tejido social en zonas marginadas donde los narcomenudistas son los propios usuarios o adictos, jóvenes que muchas veces usan esos ingresos para sustentar la economía familiar. La iniciativa en cuestión tendrá entonces consecuencias que pueden observarse en otras partes del mundo cuando se han instrumentado estrategias parecidas. Queremos que, como en los Estados Unidos, uno de cada cinco jóvenes marginados haya estado en prisión, en este país la estadística nos habla de que en México el 40 por ciento de la población es pobre y una buena parte de esta población la estamos condenando a la prisión. Adicionalmente la distribución de competencias y responsabilidades que se propone sólo harán mucho más agudo el problema de corrupción de los cuerpos de seguridad del país. De ahora en adelante las policías locales y las estatales tendrán mayores incentivos para pertenecer al negocio de las drogas ilegales. Asimismo, al tipificar una conducta en una ley federal, como es la Ley General de Salud, aunque sea una ley en materia concurrente y desde ahí obligar a los estados a perseguirlos, es un precedente peligrosísimo que tergiversa todo el régimen federal. La ley debería prever, en todo caso, un mecanismo para que sean las propias entidades federativas las que decidan mediante convenios con la federación, por ejemplo, el apoyo económico de la federación a un estado para mejorar los cuerpos de seguridad y procuración de justicia, y asumir la responsabilidad de perseguir al narcomenudeo a nivel local. Por último, decirles, que le Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata reitera que en la medida que los temas tratados en el dictamen en discusión están estrechamente vinculados con los temas que se debatieron en el foro para la regulación de la planta de cannabis en México, impulsado por esta Cámara de Diputados, una actitud responsable y respetuosa de esta Cámara hubiera sido considerar para el análisis las conclusiones del mencionado foro. No ha sido así y una vez más el Congreso de la Unión no escucha lo que la ciudadanía y los especialistas opinan sobre este tema. Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario de Alternativa Socialdemócrata no votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.