La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Con su venia, diputada presidenta. El 21 de abril de 2016, presenté a esta soberanía un punto de acuerdo para exhortar al secretario de Hacienda y Crédito Público, al secretario de la Función Pública y al director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a revisar y poner al corriente a esta institución respecto del pago retroactivo de los trabajadores jubilados y pensionados. Desde el ejercicio del 2008 (época calderonista) a la fecha (tiempo peñista), ya ven que son iguales ¿verdad? Aquí se nota. Bueno, los conceptos de los que les hablo, no se han actualizado. Esos conceptos denominados bonos de despensa y previsión social múltiple, y de igual manera exhorté al secretario de Hacienda y Crédito Público, a efecto de que se destinaran de manera inmediata recursos de los remanentes de operación del Banco de México para pagar el retroactivo correspondiente. Es lamentable que el abandono a los trabajadores del Estado haya sido por un secretario de Hacienda que hoy se dice paladín de la honestidad y la transparencia, pero no se dice paladín de las transas del Ejecutivo. Como es la inversión del dinero de los trabajadores del Estado, en un aeropuerto. Les pregunto: ¿De verdad Pensionissste es la única Afore que invirtió? Entonces ¿por qué no pagarles a los trabajadores sus adeudos? La respuesta es sencilla: porque primero son los negocios entre cuates, y así lo dije en su momento. Que les quede claro, se les debe de pagar a los trabajadores pensionados y jubilados lo que en derecho les corresponde, pues ellos son el pilar de las instituciones, y que gracias a ellos existen, gracias a su trabajo y a su esfuerzo. Ya lo trabajaron ¿por qué no les pagan? Es de hacer notar que dicho punto de acuerdo, como muchos que hemos presentado los integrantes de la bancada de Morena, se precluyó por las comisiones que tiene en su custodia el partido en el poder. No quisieron entrarle a los temas incómodos para sus ahora candidatos. Por eso hoy, a nombre de miles de pensionados del Pensionissste, exijo se les pague lo que se les debe. Con respecto a la iniciativa, diputada presidenta, con la reforma a los artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, se desvincula a este como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia en el pago de obligaciones o supuestos que se establecen en leyes federales y estatales. Es así que con fecha 27 de enero de 2016, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se declaran reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo conforme al cual se creó la Unidad de Medida y Actualización UMA. Lo anterior, para estar en posibilidades de realizar la desvinculación del salario mínimo como unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones etcétera, con la finalidad de poder recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo. De igual manera, el transitorio cuarto del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, se confiere la obligación al Congreso de la Unión para realizar las adecuaciones que corresponden a las leyes u ordenamientos de su competencia. Con base en lo anterior, es que se hace necesario legislar para eliminar las referencias de salario mínimo a que se refiere la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no solo por una cuestión de concordancia con dicha reforma, sino para dar certeza jurídica a la ciudadanía, máxime cuando se trata de sancionar a las personas que otorgan garantías mediante prenda sin transmisión de la posición o a los que otorguen garantías a través de fideicomisos de garantías que trasmita, grabe o afecte la propiedad o posesión de los mismos. En conclusión, se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican diversos artículos de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, ya que no solo implica el cambio de referencia del salario mínimo a la UMA, sino representa certeza jurídica para el gobernado, además de ser un pendiente legislativo de esta Cámara de Diputados, del cual debemos legislar de manera inmediata. Muchas gracias, presidenta.