La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Compañeras y compañeros diputados. Estamos, sin duda alguna, frente a una reforma constitucional histórica que despoja al presidente de la República de privilegios o mantos de impunidad al ampliar las conductas por las que se puede ser enjuiciado. Inauguramos la responsabilidad penal para el presidente de la República. Y también es histórica y decirlo claramente, porque esta iniciativa que seguramente vamos a aprobar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, fue promovida por el propio presidente de la República, quien renuncia el día de hoy a los privilegios que lo hacían intocable. A nadie es ajeno que el llamado fuero constitucional de los servidores públicos es uno de los más nefastos privilegios que han distinguido el ejercicio de la función pública en México. Es por cierto el privilegio que más descrédito social ha merecido. No, no es porque por sí mismo el fuero sea un instrumento del autoritarismo. Por el contrario, nació como una necesaria protección al cargo de los servidores públicos dirigida a conjurar la permanente tentación de la persecución política por parte de los gobiernos autoritarios y de esa manera garantizar el papel de control que un poder del Estado debe ejercer sobre el otro con absoluta independencia. En ese sentido, tanto la impunidad procesal penal de los altos funcionarios públicos, como la inmunidad constitucional de los parlamentarios, son figuras que nacieron al mismo tiempo que el Estado moderno, instituciones jurídico-políticas que tuvieron su mejor asidero en la función primigenia de posibilitar el desarrollo de los principios de organización democráticos y republicanos, sin embargo, en México, el fuero constitucional ha degenerado en dos efectos que contradicen su origen. En principio derivado en un privilegio que garantiza a los altos funcionarios la posibilidad de abusar de su investidura con total impunidad, tanto para imponer su poder y perpetuarse en este, como para enriquecerse a costa de los recursos públicos. En los últimos tiempos hay ejemplos de este sistema de impunidad, prácticamente en todos los espacios de nuestro país. En segundo lugar, el fuero ha servido como un sistema de represión política de opositores mediante la aplicación selectiva del procedimiento de declaratoria de procedencia o desafuero en contra de los enemigos políticos del régimen. Y el mejor ejemplo, creo que es importante recordarlo, de este mal uso es el artero proceso de desafuero al que se sometieron justamente a quien hoy ocupa la presidencia de la República con la aciaga intención de inhabilitarlo para participar como candidato a ese mismo puesto de elección popular. Por ello, en estos tiempos de la cuarta transformación de la República, esas desviaciones del fuero constitucional deben terminar, tanto la que tiende un manto de total impunidad en el sector público como la que permite la persecución penal de adversarios por razones políticas. La protección constitucional debe dirigirse únicamente a garantizar la permanencia, continuidad y estabilidad en el ejercicio de la función pública en nuestro país, pero no debe impedir que los falsos funcionarios puedan ser llevados ante los tribunales por la comisión de delitos, especialmente de aquellos que resultan más lesivos para el interés social como son la corrupción gubernamental, la corrupción política y los delitos que la Constitución determina como de mayor impacto social. Tal es la intención de la reforma que hoy discutimos. Como expresamente propuso el presidente de la República en la iniciativa que presentó ante el Senado, nuestro grupo parlamentario sostiene que debe modificarse el texto constitucional para hacer posible que el propio titular del Ejecutivo de la Unión sea procesado penalmente si incurre en actos de corrupción, delitos electorales o alguno de los delitos contenidos en el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Es decir, aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa. Así lo establece el dictamen que hoy discutimos en las reformas que contienen los artículos 108 y 11 de la Constitución Política. En ello se especifican los delitos por los que deberá responder el presidente de la República durante el tiempo de su mandato, con lo que se elimina la incertidumbre que actualmente generan dichos preceptos y se termina todo el debate interpretativo. Además, esclarece el procedimiento que habrá de seguirse tanto para evitar la impunidad del mandatario como para prevenir toda posibilidad de persecución política, pretensión que ha estado patente, como aquí se ha comentado, en prácticamente todos los procesos de democratización social que se han emprendido en América Latina. Se trata de terminar con el espectro de absoluta impunidad que trae consigo el fuero para garantizar que el presidente de México se haga cargo de la responsabilidad penal que generan las conductas que lesionan los intereses públicos, fundamentalmente si incurre en alguna y que de esa manera la justicia penal se convierta en un instrumento más de rendición de cuentas del mandatario. Pero se trata también de mantener viable el sistema de organización del Estado mexicano en torno de una república democrática, cuyos poderes se sostienen en los principios de decisión, colaboración y control entre uno y otro, sistema en el que debe de estar proscrita toda posibilidad de persecución o desestabilización por motivos políticos. Por eso consideramos que este paso decisivo, que no hay que demeritarlo, en lo que ha sido un difícil camino hacia la eliminación del fuero de todos los altos servidores públicos en México. Somos conscientes de que no estamos eliminando esta protección constitucional para todos los que actualmente gozamos de ella, lo cual no impide, esto es muy importante, no impide que seamos responsables de nuestras conductas. Somos responsables ante la ley por cualquier delito. Pienso, y esta es una reflexión personal, que deberíamos de repensar la declaración de procedencia, en su momento, para evitar cualquier filtro que se aleje justamente a lo que establecen las leyes penales. Pero iniciar estableciendo la clara posibilidad de que el más alto mandatario, el presidente de la República pueda ser sujeto al proceso penal precisamente por las conductas que nos condujeron hasta la grave crisis de corrupción que hoy estamos superando, sin duda inaugura una ruta correcta. Ciudadanas y ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Morena en esta Cámara se congratula del avance, pero no cederemos en el esfuerzo para abatir de forma total y definitiva ese resabio de los tiempos del autoritarismo, ese velo de impunidad bajo cuyo amparo se tejieron las más escandalosas tramas de la delincuencia de cuello blanco. Misión cumplida, presidente. Se acabó la impunidad y será responsable penalmente como lo ofreció usted a los ciudadanos mexicanos. Es cuanto, muchas gracias.