El diputado Samuel Aguilar Solís: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En México las primeras medidas de protección al ingreso formalizadas en la legislación laboral surgieron a principios de los años 30, y la seguridad social se inició una década después con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social. La seguridad social que a partir de ese momento ofrecería esta institución converge en un sistema general y homogéneo de prestaciones de derecho público y supervisión estatal. La reforma de la Ley del Seguro Social que entró en vigor el primero de julio de 1997 tuvo, entre sus principales modificaciones, el cambio al sistema de pensiones de beneficio definido de los trabajadores afiliados al Instituto que operaba como un sistema de reparto, por un sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales administradas por empresas de giro exclusivo, denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore). Dicha reforma señaló como objetivo estratégico promover un crecimiento económico, vigoroso y sustentable que fortalezca la soberanía nacional y redunde en el bienestar social. Todo ello a través de la generación de empleos permanentes, bien remunerados, así como por el incremento de los ingresos de la población. La estabilidad y el crecimiento económico sostenido son condiciones indispensables para el progreso social. La constitución de ahorro interno indispensable para incrementar la inversión se orienta a la generación creciente de empleos sobre bases sólidas para hacer posible el bienestar social de manera perdurable. Estos objetivos coinciden con las demandas de los mexicanos, quienes exigen mejores niveles de vida, estabilidad y certidumbre, mayores oportunidades de empleo y salarios más elevados, mejores y más equitativas condiciones al momento de su retiro laboral. Es decir, un Estado garante en sus derechos y un desarrollo compartido. La obligación estatal de contribuir de manera más efectiva al desarrollo nacional, a la generación del ahorro interno y al crecimiento del empleo coincide con la necesidad de enfrentar las complejas circunstancias como el adecuarse al cambio demográfico, responder a las crecientes demandas de mayor eficiencia en el uso de cuantiosos recursos que le confieren al Instituto, para convertirlos en servicios y prestaciones y de superar insuficiencias con la firme voluntad de dar plena vigencia a sus principios y filosofía originales de la seguridad social. Hoy empezamos a vivir un proceso de transición demográfica consistente en que ha aumentado la esperanza de vida y paulatinamente han disminuido las tasas de natalidad y mortalidad, teniendo por resultado el crecimiento de la población y la edad promedio de ésta, la cual se agudiza en aquélla que tiene derecho a la seguridad social. El aumento en la esperanza de vida implica que más gente llegue a la edad de retiro y que el número de años durante los cuales se paga una pensión se incrementa sustancialmente, prolongándose el tiempo en el que se ofrece la atención médica respectiva, precisamente en la edad que resulta más necesaria y también más costosa el sistema de pensiones habría entrado en una trayectoria de crisis si no se hubiera reformado y de persistir las tendencias que acusaba, se hubiese llegado a un colapso financiero. En efecto, las previsiones demográficas estimadas para los países desarrollados donde la estructura demográfica y su evolución ha alcanzado lo que puede llamarse una madurez demográfica, presenta situaciones críticas, pues la relación de pensionados al personal activo, puede representar porcentajes sumamente elevados. En México, en diciembre de 1995 fue aprobada por el Congreso una nueva ley que constituye un cambio radical, incluso para muchos analistas, significaba el desmantelamiento de la concepción y práctica de la seguridad social mexicana vigente a principios de los años 40. El objetivo central de dicha reforma fue la privatización de los fondos para el retiro de pensiones de cientos de millones de trabajadores asalariados del mercado formal de trabajo afiliados al régimen obligatorio de la seguridad social. En el nuevo sistema cada trabajador posee una cuenta que confía para su administración a una empresa especializada en la administración de fondos de retiro, que a su vez lo invierte en instrumentos financieros. Esas empresas especializadas compiten entre sí con base en el rendimiento que ofrezcan al trabajador, o en su defecto, a partir de las comisiones que cobran por el manejo de cuentas. El trabajador puede cambiar periódicamente de empresa y en general existen regulaciones que impiden que alguna administradora de fondos de pensiones acapare un alto porcentaje del mercado. El Estado lleva a cabo las labores de supervisión y regulación mediante organismos especializados y en algunas pensiones realiza aportaciones a las cuentas, además de garantizar a todos los trabajadores una pensión mínima; así queda expresamente en la ley. La transición en el sistema de pensiones es un proceso importante. En efecto, de un sistema de pensiones público, colectivo y de beneficios definidos o de reparto, se da paso a un nuevo sistema de pensiones de mercado individual y de contribuciones definidas. Esta nueva modalidad teóricamente busca eliminar inequidades, mantener el valor real de las pensiones, establecer una pensión mínima garantizada por el Estado y mediante la individualización de las cuentas, asegurar el acceso directo del derechohabiente de sus recursos, ofreciéndole una alternativa segura de ahorro. Sin embargo, las elecciones individuales no garantizan que los anteriores pronósticos se vayan a cumplir de manera efectiva. Con este nuevo sistema se pretende también alcanzar tres ambiciosos propósitos: contribuir a la generación de ahorro interno y crear nuevos empleos en la economía; segundo, la indización de las pensiones para mantener su valor real; y tercero, mantener un nivel de ingresos de un salario mínimo para todos los pensionados. El ahorro interno en México comprende a todo el ahorro realizado en instrumentos financieros tanto bancarios como no bancarios y se mide mediante el agregado monetario amplio, menos billetes, más monedas en poder del público. Este ahorro interno incluye, entre otros conceptos, al ahorro obligatorio que proviene de las aportaciones al sistema de ahorro para el retiro de las empresas y entidades del sector público que tiene que realizar a favor de sus trabajadores. De 1998 a 2005 el ahorro interno ha incrementado su proporción con respecto al producto interno bruto. El ahorro interno sin los recursos del SAR representa el ahorro voluntario del país, y a diferencia de lo que ha pasado con el ahorro interno, su proporción con respecto al PIB no ha aumentado de final de 1998 a 2006. Este comportamiento se explica por la mayor tasa de crecimiento que el ahorro interno ha registrado en compensación con el ahorro voluntario en el mismo lapso. Así, de diciembre de 1998 a finales de 2006 la tasa de crecimiento medio anual real del ahorro voluntario fue del 7.4 por ciento; en tanto que en el ahorro voluntario ascendió a 5.3 por ciento. El mayor dinamismo del ahorro interno y en compensación al del ahorro voluntario se explica porque su componente de ahorro obligatorio ha crecido a tasas altas. Esto se ha reflejado en una proporción creciente de ahorro interno con respecto al PIB, lo cual no ha sucedido con el ahorro voluntario. Conforme al ambiente económico mejore y el sistema financiero madure, el papel de la regulación prudencial debería fortalecerse y las restricciones cuantitativas a las inversiones reducirse. Lo anterior ampliaría las opciones de riesgo-rendimiento de los ahorradores sin recurrir en riesgos excesivos. Estas medidas ampliarían la diferencia en estrategias de riesgo-rendimiento y permitiría que ésas se aproximen a las necesidades y preferencias de los diferentes trabajadores. Asimismo, se incrementarían los incentivos para que los trabajadores se involucren más en sus planes de pensiones. Por eso, esta iniciativa propone llevar una política conservadora en la inversión de los fondos de pensiones y reducir la inversión de los fondos de pensiones en valores extranjeros de 20 por ciento a 10 por ciento, generando así un aumento en el ahorro interno y por ende mayor inversión en el país. Solamente hago una acotación. Si en este momento esta iniciativa se aprobara, de manera automática se reduciría el 50 por ciento en términos de ahorro invertido en el exterior y significaría en este momento 10 mil millones de dólares adicionales, directamente para la inversión productiva en nuestro país. Debemos buscar, pues, esquemas más justos y equitativos. Debemos de revisar nuestra manera de entender el desarrollo y atender las necesidades nacionales como el empleo, la alimentación y el bienestar en su conjunto. Por último, diputada Presidenta, de manera atenta solicito que la iniciativa, así como esta intervención, sean publicadas en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria. Muchísimas gracias por su atención.