El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadanos legisladores, ciudadano presidente, la vieja Ley de Competencia Económica se decretó en 1992. Tenía por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios. Esta vieja ley ahora se corrige y ahora se minimizan los efectos que ésta contenía y las facultades que disponía. En la vieja ley se eliminaban monopolios. En la que se pretende aprobar sólo previenen, investigan y combaten los monopolios, las prácticas y las concentraciones, pero no eliminan los monopolios. Nosotros creemos que no se resuelve el problema de fondo. Desde las teorías económicas clásicas hasta las numerosas corrientes que derivaron del keynesianismo, la economía ha colocado a la competencia como uno de los elementos necesarios e inherentes del correcto funcionamiento del mercado. De este modo, la competencia económica se traduce como la rivalidad entre los agentes, que participan en un mercado, lo cual los obliga a mejorar sus estrategias para minimizar costos, pero para ellos sí maximizar ganancias, y para el público consumidor someterse a ellos como una auténtica ley de mercado. Es así, que dicho concepto se traduce en la creación de incentivos de continúa mejora para los productores y que en teoría los consumidores puedan acceder a los mercados y beneficiarse de la variedad de opciones en los mismos. Éste debiera ser el propósito de la ley. En nuestro país, el artículo 28 de la Constitución señala que es el instrumento que hace efectivo lo anterior, no obstante, que se limita a proteger una garantía individual, por el contrario, se fundamenta como el derecho que tiene la sociedad, de beneficiarse de los efectos de un mercado en competencia. Nosotros no podemos admitir que esta ley se haya realmente aligerado. Por esto, hacemos un estudio de derecho comparado, que por cierto, presidente, solicito se plasme íntegro el documento, porque en él contengo lo que está ocurriendo en Estados Unidos. La política económica tiene como propósito principal evitar la formación de cárteles, apoyándose en la Ley Antitrust, es un programa de amnistía para las personas que colaboran con información. Y en la Ley Sherman, la cual establece un máximo de diez años de prisión y un millón de dólares en sanciones para individuos y 100 millones de dólares para compañías, mientras que en España y en la Unión Europea, el objetivo principal es la disuasión, por lo que como principales instrumentos se utilizan el poder de la autoridad de competencia de iniciar de oficio inspecciones, inspecciones domiciliarias y programas de clemencia y la indemnización por daños y perjuicios, fijando únicamente sanciones, ya que su legislación no contempla la pena de cárcel para actividades competitivas. Ante lo expuesto, vale la pena preguntarnos, ¿en qué contexto de competencia económica se encuentra México? ¿Qué es lo que se quiere regular? ¿Qué se debe combatir? ¿Qué nivel de concentración se observa en los mercados? ¿Qué tan fuertes deben ser las sanciones para inhibir este comportamiento? Lamentablemente, el panorama no podría ser más desalentador, lo cual se puede comprobar observando todos los indicadores que miden el grado de competitividad. El Global Competitiveness Report ubica a México en el lugar 53 de 153 países. El World, también, Year Book, señala que México se encuentra en el número 32 de 58. El Green Business en el 53 de 183. Y el Índice de Competitividad Internacional del Instituto Mexicano para la Competitividad, en el 32 de 46. ¿Por qué el país se encuentra en lugares tan mediocres en los principales rangos? Muy sencillo. Telmex controla el 95 por ciento de la telefonía y fija sus reglas. El 75 de todo el país, incluida la telefonía móvil, pertenece a ellos. Cemex, el 90 por ciento del mercado cementero nacional. Grupo México el 95 por ciento de la explotación de cobre. Televisa el 70 por ciento de la televisión. Grupo Modelo el 65 por ciento de la industria cervecera y Femsa el 60 por ciento de la producción de los refrescos. El fenómeno se reproduce en el sector bancario, en el cual 4 bancos extranjeros y uno nacional controlan el 80 por ciento de los créditos otorgados a tasas que permiten compensar las pérdidas foráneas con utilidades domésticas. Aunque el consumidor tenga que pagar grandes tasas de interés con tarjetas de crédito, créditos hipotecarios, esos no se tocan en esta ley. Y el colmo, los diputados que dictaminaron no pudieron definir cuáles son las barreras de la competencia e insumos esenciales, y dejar en la confusión a la Cofece. No podemos admitirlo, es inadmisible que los bancos se mantengan en la impunidad y esta Ley de Competencia Económica no los toque ni con el pétalo de un transitorio. En ese entorno no podríamos aprobar esta ley, que en lugar de beneficios al consumidor, al más pobre, al que menos tiene, se rediseña con la asesoría de los grandes monopolios en la Comisión de Economía, un beneficio de las grandes empresas monopólicas, las grandes empresas controladoras del mercado en perjuicio de la sociedad. ¿Cómo repercute esto en los consumidores? De acuerdo con el buró comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor, cada vez se incrementan las quejas en contra de Nextel, de Telcel, de Iusacel, de Dish, de Megacable, de Coppel y de todas las grandes concentradoras de mercancías que actúan como monopolios o como oligopolios. En este panorama en el que se presenta este dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica y reforma el artículo 254 Bis del Código Penal Federal, el cual ante lo descrito resulta un mero paliativo acotado, insuficiente y cortoplacista, sostengo que es un ejercicio light, éste que estamos intentando hacer. Nosotros votaremos en contra; que se deja claro que es un ejercicio tibio, que no se toca con profundidad la actividad económica concentrada, los grandes monopolios seguirán actuando a sus anchas. Con esto concluyo, presidente. ¿Qué sucede en el fondo? En el fondo de la discusión y de este tipo de reformas estructurales, que por cierto aún no se aprueba la Ley de Competencia Económica y está ya el bombardeo en la radio y en la televisión de que ha sido aprobada. Es inadmisible y es verdaderamente reprobable que eso se haga. Nos encontramos frente a un modelo económico agotado, el modelo económico neoliberal. El PRI, el PAN y sus aliados intentan profundizar este modelo económico que se ha demostrado no ha cumplido en México y ha empobrecido grandes sectores de la población; los jóvenes se encuentran sin empleo y sin alternativas, los jóvenes y los hombres y mujeres de México están sufriendo los embates de un modelo económico que el PRI persiste en profundizar el proyecto neoliberal. Chiflen chiveros tenían rato que no chiflaban, porque no tienen capacidad de venir a debatir, más que simplemente chiflar. Levantar el dedo, levantar la mano, como siempre suelen hacerlo; pero no son capaces de escuchar razonamientos técnicos serios y lamento que el Bronx en esta Cámara haya revivido. Larga vida al Bronx priísta.