La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la salvaguarda de la salud pública es uno de los mayores retos de las sociedades contemporáneas. Muchos son los males y padecimientos que aquejan a las personas y que año con año se suman a una inmensa lista. Al respecto, el Estado se ve rebasado para brindar un servicio público de atención oportuna y suficiente. El caso del alcoholismo es un ejemplo claro. Regular en materia de consumo de alcohol y sus efectos no sólo es regular en materia de salud pública sino en materia social. En el país hay 4.2 millones de personas que padecen este mal y cuyas repercusiones, además de representar costos financieros elevados para el sector salud, conllevan problemas de orden social como la violencia intrafamiliar, la alteración de la paz social, e incluso la baja productividad. Debido a que los especialistas y la misma organización mundial de la salud señalan que el alcoholismo es una enfermedad incurable, progresiva y mortal, en Nueva Alianza consideramos que el problema se debe atacar con la prevención y con medidas de éxito probado en la atención del mal una vez que sea adquirido. En el país diversas asociaciones o centros de atención operan bajo el programa de Alcohólicos Anónimos, mejor conocidos como doble A, que es uno de los recursos más reconocidos a nivel mundial para la atención de este padecimiento. La demanda por la atención y tratamiento que se brinda en estos centros es cada día mayor, pues el alcoholismo desgraciadamente es una enfermedad contemporánea y en constante crecimiento. De ello se valen diversos grupos que utilizan el emblema de doble A para operar de manera ilegal, fraudulenta y poco ética. En el país se tiene cuenta de 150 grupos de este tipo, la razón no es más que la carencia de una regulación clara y de vigilancia respecto a su operación por parte de alguna entidad pública. El objeto es que desde el Estado se emprendan acciones para atender este mal y se regulen o erradiquen los vicios que con los años han adquirido las instituciones y/o asociaciones que atienden a las personas con este padecimiento. Fraude, abusos físicos y emocionales, extorción, son sólo algunos ejemplos que sin duda son producto de la desregulación oficial en la materia. De ahí que legislar la operación de aquellos lugares que brindan servicios de salud, ya sea emocional, mental, o física, es una prioridad y una necesidad. Hacerlo nos permite abonar integralidad a la legislación. Como diputadas y diputados estamos aquí para que la norma sea pertinente, responda las demandas y necesidades de la sociedad y por supuesto, que se haga cumplir. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza la salud es un derecho humano que debe salvaguardarse de manera integral. Es por ello que no nos queda duda que para la problemática que aqueja a los alcohólicos el Estado debe propiciar las condiciones que permitan regular de manera efectiva y sistemática la operación de aquellas agrupaciones que actúan hoy día bajo el estandarte de la ayuda, pero que en la realidad lo hacen de forma fraudulenta, inhumana y fuera de todo marco jurídico. Es así, que la iniciativa que hoy someto a su consideración propone que los grupos denominados 24 horas, y 24 horas y terapia intensiva, que son quienes reciben a los alcohólicos para su internamiento, así como los llamados grupos tradicionales, tengan como imperativa la obligación de obtener un registro ante el Consejo Nacional de Adicciones, Conadic. Para ello, se adiciona un artículo 184 Bis a la Ley General de Salud y tres numerales en los que se determinan las obligaciones que al respecto tendrá el Conadic, como son los requisitos para dar de alta y de operación de los grupos mencionados; la creación de un padrón de instituciones, organismos y agrupaciones de Alcohólicos Anónimos; el fomento de acciones que apoyen a las familias con miembros que padezcan este mal; la supervisión del personal de los centros; la intervención de médicos certificados para la prescripción de tratamientos; la infraestructura básica de los centros, entre otros, y finalmente las sanciones a los que se harán acreedores los centros que no den cumplimiento a lo señalado. Quiero destacar que en Nueva Alianza somos respetuosos de la autonomía que como tal tienen los particulares para operar en el ámbito de la prestación de servicios, sin embargo somos firmes convencidos de que dicha operación debe darse siempre y sin excepción bajo la estricta vigilancia de la autoridad que el Estado determine como competente. Reconocemos que centros como éstos brindan a la sociedad un servicio que el Estado no puede cubrir, pero éste sí puede vigilar para que el servicio sea de calidad y se cumpla con el objetivo primordial; la atención de un problema de grandes dimensiones para la salud de millones de mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Le solicito, diputado presidente, que quede íntegro el texto en el Diario de los Debates. Es cuanto. Gracias.