La diputada Claudia Cruz Santiago: Gracias señor Presidente. Señoras y señores legisladores. Las y los suscritos, legisladores federales de los Partidos de la Revolución Democrática, Convergencia, Partido Alternativa Social Democrática y Campesina y el Partido del Trabajo de la LX Legislatura de la Cámara de Diputados con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente proposición con punto de acuerdo a tenor de lo siguiente. Los Estados Unidos Mexicanos soberanamente se han constituido política y jurídicamente como un estado laico. La lucha histórica para lograrlo ha constituido un motor fundamental para lograr contar con las instituciones mínimas que permitan desarrollar al máximo uno de los principales fundamentos de la República, la separación del Estado y de la iglesia. El 12 de enero del 2001 se creó el Instituto Nacional de las Mujeres como un organismo público autónomo descentralizado de la administración pública federal y lo consideramos como un logro a favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres en nuestro país. Como máximo órgano del Instituto la Junta de Gobierno tiene entre sus facultades la de designar y remover, a propuesta de la Secretaría Técnica, quien asistirá a las sesiones de la Junta de Gobierno con voz pero sin voto. Entre sus facultades está la de proponer a la presidencia del Instituto las políticas generales en materia de equidad y género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres que habrá de seguir el Instituto ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales nacionales e internacionales. Tenemos conocimiento de la señora María Eugenia Díaz de Pfennich, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres, es una persona vinculada a las más altas jerarquías de la iglesia católica pues, entre otros cargos a lo largo de su historia, ha sido designada personalmente por el papa Juan Pablo II en el año 2004 como miembro constitutivo del Pontificio Consejo para la Cultura, además fue nombrada por la Santa Sede a la Organización de Estados Americanos en 1999 y en el 2000 y también lo ha sido ante la Cepal en el 2004. El nombramiento de la señora María Eugenia Díaz de Pfennich constituye una afrenta para nuestro sistema de gobierno republicano y laico. Una persona que tiene nombramiento del Estado Vaticano para representar a la Santa Sede no puede representar también al Estado mexicano. Queremos finalmente resaltar que no se trata de discutir sobre las preferencias y libertades religiosas de nadie en particular, pero sí poner el acento sobre el conflicto de intereses jurídicos y programáticos en que estaría incurriendo el Instituto Nacional de las Mujeres con este nombramiento, al insistir en una cuestión fundamental que mucho le ha costado al pueblo mexicano, como es el de constituirnos en una república laica. Por lo anterior, proponemos someter a esta soberanía la aprobación del siguiente punto de acuerdo de urgente resolución. Unico. Solicitar a la Secretaría de la Función Pública su intervención para investigar y determinar la improcedencia e ilegal actuación como representante del Estado Vaticano a través de la señora María Eugenia Díaz de Pfennich, secretaria ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. También solicito, señor Presidente, que este escrito sea insertado en el Diario de los Debates, e igualmente estamos pidiendo que sea una votación nominal. Muchísimas gracias.