EL C. DIP. AMADOR RODRIGUEZ LOZANO (PRI): Gracias, señor Presidente. Amigas y amigos Legisladores: Mi intervención para hechos en este asunto no busca bajo ninguna circunstancia criticar la resolución de la Suprema Corte de Justicia en el caso de Punta Banda. La Corte aplica por primera vez el Artículo 107 constitucional, resultado de una reforma que realizáramos y se iniciara en el Senado de la República en 1994. Sin embargo, el asunto es verdaderamente complejo, porque los campesinos que se detentaban como ejidatarios de esas tierras no son ladrones, no son invasores, no cometieron ninguna irregularidad sino son campesinos mexicanos que fueron dotados en 1973 por una resolución presidencial precisamente de estas tierras. Y fue también a instancias de las autoridades de la Reforma Agraria que se creó este fideicomiso para que pudieran invertir en estas tierras bellísimas de mi estado, Baja California, de Ensenada, inversionistas norteamericanos a través del procedimiento de fideicomiso, para que pudiera darse un ejemplo de una asociación de campesinos en ejidos turísticos. Ciertamente el asunto es más complejo de lo que aquí se ha expresado. Una gran cantidad de intereses han participado para que la resolución se pueda ejecutar. Hace aproximadamente seis meses se quiso ejecutar esta resolución, los campesinos lo impidieron y por eso se lleg6 nuevamente a esta resoluci6n sin precedente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, vengo yo aquí a esta tribuna apoyando el punto que presentaran las distintas fracciones parlamentarias, pero también a exigirle a las autoridades de la Reforma Agraria y a las autoridades ejecutivas que le soliciten a la Suprema Corte de Justicia la aplicación de la última parte del Artículo 107 constitucional. La última parte del Artículo 107 constitucional establece con precisión que cuando una resolución, como es la de este caso, el impacto económico o el beneficio económico que tendrá la parte actora, sea inferior a los disturbios de carácter social que va a generar esa resolución, pueda entonces buscarse una substituci6n de la ejecuci6n de la sentencia. Y aquí nos encontramos precisamente en ese caso, que por un lado hay un grupo de mexicanos que ejerciendo su derecho lograron que la Suprema Corte de Justicia les diera la razón. Es irrelevante si la tenían o no, esa es la razón legal y tienen derecho a que les sean protegidos precisamente sus intereses jurídicos, pero la aplicación de esa resolución que los va a beneficiar económicamente de manera importante, porque son muchos millones de dólares, va a generar perjuicio social no solamente a 500 o más ejidatarios, a 500 familias mexicanas que desde hace más de 30 años se han ostentado como dueños de esas tierras, sino que está a punto de crear un conflicto internacional porque allí hay un grupo importante de norteamericanos que también de buena fe compraron o adquirieron un fideicomiso. De tal manera que aquí se actualiza la última parte del Artículo 107 constitucional, porque hay un conflicto entre el beneficio econ6mico que van a recibir esos mexicanos que ejercieron su derecho y los ejidatarios que van a sufrir un perjuicio mayor, Por eso, independientemente de apoyar el punto presentado aquí en esta tribuna, le exijo a las autoridades de la Secretaría de la Reforma Agraria, que soliciten a la Suprema Corte de Justicia la aplicación del último párrafo del artículo 107 constitucional. Muchas gracias. (aplausos)