La diputada Martha Elisa González Estrada: Con su venia, presidenta. Señora secretaria, durante la campaña política del presidente López Obrador prometió a los mexicanos acabar con la corrupción, esta fue su principal bandera política y la razón por la que muchos mexicanos votaron por él. Sin embargo, a pesar de que al inicio de este gobierno se determinó que las contrataciones se harían a cabo mediante licitación pública e incluso se previó como uno de los principales ejes del Plan Nacional de Desarrollo la prohibición de las adjudicaciones directas. En la realidad está ocurriendo totalmente lo contrario. Varias organizaciones sociales desde el año pasado ya venían advirtiendo de esta situación y dando cuenta de la opacidad y la discrecionalidad con la que se llevan a cabo dichas adjudicaciones. Las cuales se han incrementado bajo el pretexto de la emergencia sanitaria que, como dijo el presidente, les cayó como anillo al dedo. Y que les ha servido para realizar las compras de los insumos y equipos médicos no sólo de manera directa, sino para asignarlas a amigos o parientes de los funcionarios, con sobreprecios y sin la calidad requerida. Mexicanos contra la Corrupción ha señalado que durante los primeros nueve meses del 2020 la administración pública federal ha celebrado 104 mil 999 contratos, por un total de 333 mil 910 millones de pesos, de los cuales el 79.3 por ciento de estos contratos han sido entregados por la vía de adjudicación directa. Este gobierno no puede autodefinirse como transparente y honesto, cuando ni siquiera da a conocer de manera clara las razones que motivan la adjudicación directa de todos los contratos. Toda vez que en el Segundo Informe de Labores se observa únicamente la justificación, y muy escueta, de poco más de 700 adjudicaciones directas autorizadas. El combate a la corrupción se ha quedado en el discurso de cada Mañanera, ya que no se puede hablar de que en este gobierno de la 4T se está combatiendo la corrupción, cuando el mismo gobierno impone reformas legales que contribuyen a la opacidad y a la discrecionalidad en las adquisiciones públicas, tal y como ocurrió con la reforma al artículo 1o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Públicos. La Secretaría de la Función Pública, a su cargo, es la responsable de que los servidores públicos federales se apeguen a la legalidad, así como de sancionar a quienes no lo hacen. Y en este sentido la ley es muy clara, al solo permitir las adjudicaciones directas como una excepción no como la regla, tal como está sucediendo en el gobierno federal. Es por ello que le quiero preguntar: ¿Cuál ha sido la intervención de la Secretaría de la Función Pública en las dependencias y entidades de la administración pública, a efecto de que estas respeten el texto constitucional y otorguen cualquier tipo de contrato previo procedimiento de licitación pública? ¿Ha promovido en las dependencias la participación de testigos sociales en dichos procedimientos, incluso sin considerar el monto requerido para su participación? ¿Cuántos procedimientos de responsabilidad administrativa se han iniciado de oficio respecto de la realización de adjudicaciones directas innecesarias?