La diputada Ana Isabel Allende Cano: Compañeros legisladores. El Sistema Penitenciario Nacional representa un instrumento fundamental del Estado mexicano para garantizar el apoyo a la reinserción social de las y los internos; en el cumplimiento de las penas legales, individualiza por autoridad jurisdiccional. Lo anterior, en un marco de absoluto respeto a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales a los que México se ha sumado a la legislación aplicable. De acuerdo con datos oficiales entregados por el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, en su informe estadísticas del sistema penitenciario nacional de enero de 2013, en nuestro país existen sólo dos centros federales y 10 centros estatales especiales para mujeres reclusas, así como 68 penales que realizaron adaptaciones para la estancia de mujeres. Este mismo documento establece que existen 11 mil 641 reclusas. Esto representa el 4.8 por ciento del total de la población penitenciaria del país. Ocho mil quinientas cincuenta y dos de estas mujeres están recluidas por delitos del fuero común y 3 mil 89 por delitos de carácter federal. Se calcula que de estas 11 mil 641 mujeres reclusas, alrededor del 70 por ciento son madres y en la mayoría de los casos, jefas de familia. Incluso según datos actualizados a noviembre del 2012, existían 377 hijos e hijas, de infantes, dentro de las cárceles del país y 48 mujeres embarazadas. En este sentido en la comisión dictaminadora consideramos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18 refiere el respeto a los derechos humanos como una de las bases sobre las que se organiza el sistema penitenciario, derechos que de acuerdo con el artículo 1o., del mismo ordenamiento, gozarán todas las personas de nuestro país y cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la misma Constitución establezca. En el mismo sentido se consideraron las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, el cual establece que cuando las hijas e hijos de una madre reclusa permanezcan en su lugar de readaptación social, deberán tomarse disposiciones para organizar una guardería infantil con personal calificado, donde estarán los niños cuando no se hallen atendidos por sus madres. En la comisión dictaminadora también incorporamos en el presente documento el principio de interés superior de la niñez que ha sido elevado a rango constitucional en México por el artículo 4o., de la Constitución y se ha reiterado dicho compromiso a nivel internacional al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990. El último instrumento internacional mencionado establece el derecho del hijo a ser cuidado por sus padres, así como la obligación de los Estados parte a adoptar medidas apropiadas para ayudar a los padres a desempeñar sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño. En este mismo orden de ideas se entiende la no separación de los padres, todo dentro del marco de un adecuado desarrollo de la personalidad del niño en el seno de la familia. Los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos han dado cuenta de una deficiencia en el goce de la unidad familiar por parte de los menores, hijos de mujeres en reclusión, como lo percibió el Comité de los Derechos del Niño en el examen de los informes enviados por los Estados parte, en virtud del artículo 44 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 2006, donde dicho órgano registró el hacinamiento, las malas condiciones de detención y la inadecuación del personal con relación a las mujeres con hijos. Así como grandes deficiencias en la atención médica y en la alimentación de los hijos de las internas que viven en los centros. En el Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los derechos de las mujeres internas en los centros de reclusión de la república mexicana, se expresó que deben de existir instalaciones especiales para el tratamiento de reclusas embarazadas, las que acaban de dar a luz y las convalecientes, así como tomarse acciones para organizar una guardería o estancia infantil con personal calificado. Si bien el artículo 3o., de la ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de los sentenciados hace mención de que el Ejecutivo federal debe cumplir con la disposición de que las hijas e hijos de internas que permanezcan con ellas cuenten con espacios correspondientes para asegurar su desarrollo integral, esta comisión dictaminadora coincidió en que existe una omisión al señalar un responsable específico, con lo cual se corre el riesgo de hacer nugatorio este derecho humano, por lo que, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y los compromisos internacionales, debemos llevar a cabo las acciones conducentes desde el ámbito legislativo para subsanar dicha deficiencia. Estamos ciertos de que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario es la entidad adecuada para la coordinación y homologación de mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios, señalando que la facultad del mismo debe suscribirse a la emisión de una norma modelo que debe ser observada por los centros penitenciarios en los tres niveles de gobierno. Es así que esta comisión dictaminadora pone a disposición de esta soberanía el presente dictamen encaminado a fortalecer, garantizar y proteger tanto los derechos de la niñez mexicana como los derechos humanos de las reclusas en todos los niveles de gobierno, así como un acceso irrestricto a una reinserción social plena y compatible con el sano desarrollo familiar. Muchas gracias.