El diputado Víctor Manuel Báez Ceja: Señor presidente, estoy en el tema y permítame proseguir. El motivo de mi presencia en esta tribuna es para expresar que los funcionarios de Michoacán han sufrido violaciones en sus garantías individuales y violación de sus derechos. Ejemplos, muchos. Quiero hacer del conocimiento de esta soberanía que el pasado 4 de septiembre fue promovido un amparo a favor de Julio César Godoy, y que no fue promovido por el ciudadano César Godoy Toscano. Hoy me informa el apoderado legal de Julio César que se presentó a las 9:07 horas de la mañana un documento en el que niega que él haya hecho esta promoción. Me permito leer un párrafo del mismo. "Tengo conocimiento de que en el juicio en que gestionó, aparentemente, mi poderdante la demanda que le dio origen. Sin embargo, con el presente vengo a manifestar que este juicio es fraudulento, pues la firma que calza la demanda relativa no fue puesta por el puño y letra de mi representante, Julio César Godoy Toscano, ni incluso éste dio su consentimiento para que dicho juicio se promoviera; máxime que ni conoce a los abogados que aparecen como autorizados en la misma. "Le ruego no considerar este escrito como un desistimiento de la demanda de amparo, toda vez que mi representado no se puede desistir de algo que no instó ni promovió". Por ello, estamos aquí solicitando los suscritos diputados federales integrantes de la fracción parlamentaria del PRD a este honorable Congreso de la Unión, con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se someta a consideración de esta asamblea la siguiente Proposición con punto de acuerdo Consideraciones El pasado martes 26 de mayo se desplegó un operativo en el estado de Michoacán en el que participaron conjuntamente la Policía Federal Preventiva y el Ejército, con el fin de detener a 30 personas acusadas por presuntos vínculos con una organización criminal. Entre los detenidos se encontraban funcionarios, presidentes municipales, policías municipales y estatales de la entidad. Tras su detención, estos funcionarios y ex funcionarios fueron trasladados a la Ciudad de México y presentados ante el agente del Ministerio Público federal adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, para que rindieran declaraciones. Tres días después, la Procuraduría General de la República anunció que los presentes permanecerán en arraigo durante 40 días ?tiempo que concluyó el 9 de julio?, en tanto se realizaban las investigaciones correspondientes. Posteriormente, el 19 de julio, 27 de los detenidos fueron trasladados, previo pliego de consignación, al Centro Federal de Readaptación Social 4, en Tepic, Nayarit, quedando a disposición del Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales. Desde entonces se han observado múltiples irregularidades como las detenciones realizadas mediante órdenes de aprehensión y por la vía y allanamiento sin orden judicial, y sin que existiera una previa notificación o lo declarado por parte de los abogados de algunos de los inculpados, en este sentido, de que existen graves irregularidades en la integración de los expedientes de los detenidos. Aunado a que el juez recibió el pliego de consignación, así como los soportes en tomos de los argumentos en los que se basó en la misma consignación, mismos que recibió el 17 de junio de 2009 y que resolvió siendo las 9:30 horas del 18 de junio de 2009, según reza el resolutivo primero del velocísimo acuerdo que pretende llenar los requisitos que exige el segundo párrafo del artículo 16 constitucional; cosa humanamente imposible ya que éstos contaban con 350 fojas. Además de lo anterior, queremos enfatizar sobre el abuso recurrente que han hecho las autoridades federales de las figuras jurídicas de arraigo de actor y testigo colaborador o protegido, porque si bien estas figuras han sido plasmadas en los artículos 16 ?las dos primeras? y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a raíz de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia realizado en junio de 2008, su aplicación ha sido muy cuestionada y, además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterio jurisprudencial con relación a la veracidad de sus testimonios. Por esta razón es que aquí los suscritos nos pronunciamos a favor de un manejo responsable de las figuras jurídicas en comento, y manifestamos nuestra preocupación porque este proceso se lleve con la mayor claridad posible...