El diputado José Narro Céspedes: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros diputados: Todos estamos de acuerdo en que se requiere inversión para impulsar el empleo, la productividad, la competitividad de la economía de nuestro país y para darle alternativas de empleo a nuestra sociedad. Nadie está en contra de las alternativas y las estrategias que coadyuven al impulso del empleo, al impulso a la inversión productiva, al impulso a la inversión que genera desarrollo y puede generar desarrollo en el país. Lo único que planteamos nosotros con preocupación es que hay una parte importante muchas veces de esta inversión, de estas leyes que estamos tratando que tienen que ver con los bienes inmuebles, pero también tienen que ver con tierra, con agua y con la minería y que una buena parte de esa inversión ha sido una inversión que ha llevado a una situación de desastre ecológico a importantes regiones del país y a una actitud verdaderamente depredadora de la economía de muchas regiones de México. Empresas que no dejan nada y que nada más vienen a ver qué se llevan. Por eso planteamos que también los problemas de competitividad no están en lo que se está cambiando, cuando tenemos serios problemas en una reforma fiscal donde sectores muy importantes de la economía que no pagan impuestos, cuando tenemos el grave problema de la seguridad nacional porque tenemos un problema de delincuencia desatada en todo el país ante la incapacidad del Estado y del gobierno federal para responder, solucionar y garantizar a los mexicanos la seguridad. Por eso como fracción parlamentaria el PRD planteamos lo siguiente. Si bien las modificaciones que se incluyen en la Secretaría de Economía con las adiciones a las fracciones XI y XXIV Bis, en el artículo 34, no tienen que ver con el cambio del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya que sólo se limita a autorizar el uso o modificación de la denominación o razón social de sociedades mercantiles y civiles, y la organización de expedientes electrónicos empresariales. Se considera que este cambio vulnera la vigilancia y la fracción I del artículo 27 constitucional, por lo que es conveniente mantenerlo, no porque el mundo ya no esté en guerra, sino por las amenazas del crimen organizado, de la delincuencia organizada, del lavado de dinero, del contrabando de mercancías, de la trata de personas y las amenazas del terrorismo, en la que se argumenta vivimos hoy en día y que puede ser objeto de operaciones a través de extranjeros que pueden, por su poder económico, llegar a utilizar personalidades jurídicas de personas morales sin que el Estado tenga control de las mismas por renunciar a su facultad de vigilancia tan sólo por querer escalar tres puntos del ranking de competitividad internacional, en vez de buscar el combate a la corrupción y generar el desarrollo del país. Desaparecer los cobros de derechos por la adquisición de inmuebles porque prácticamente lo que se está planteando es ya no cobrarles, terminar de malbaratar al país a las empresas extranjeras que se vienen a instalar a México; regalarles y facilitarles su instalación, cuando muchas de ellas no necesariamente se dedican a la actividad productiva y al desarrollo nacional. En las sociedades de responsabilidad limitada se propone que de un capital mínimo de 3 millones de pesos, sea el que los socios quieran, el que se establezca en el contrato social, pudiendo ser de un múltiplo de 1 peso, y las sociedades anónimas, que el capital social mínimo deje de ser de 50 mil pesos para pasar al mismo caso que la sociedad de responsabilidad limitada. Cabe resaltar que las presentes propuestas alteran el espíritu con el cual fueron creadas las mencionada sociedades ya que ambas poseen lo que se llama velo corporativo, es decir, sólo responden hasta el monto de sus aportaciones; y en el caso de las sociedades en nombre colectivo, en comandita simple no se les pide capital mínimo ya que responden todos los socios de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente de las obligaciones sociales. Lo mismo pasa con las sociedades civiles, aunque no sean mercantiles no se requiere de un mínimo capital ya que los socios se arriesgan ilimitadamente. Es por ello que no se puede aceptar dichos cambios que fomentan la irresponsabilidad y alinean incentivos para provocar fraudes de naturaleza fiscal, civil, mercantil y laboral con la protección del velo corporativo de responder hasta el monto de sus aportaciones que puede significar de un peso. Esto es una reforma de la derecha más testaruda del país; es parte de la estrategia más amplia de la avaricia empresarial que va de la mano con el intento de suprimir los derechos laborales y sindicales que vive en este momento el país. No obstante se debe devolver a la sociedad de responsabilidad limitada su espíritu, con el que se creó en 1934, es decir, un capital social que nunca sea inferior a 3 mil pesos y sus socios no sean mayores de 50, a fin de abrir un cauce natural de desenvolvimiento de la empresa de amplitud media, dando la ventaja de la limitación de la responsabilidad de los socios y no perder elementos de gran valor como el crédito y la reputación personal de sus componentes, y teniendo que soportar la carga de una organización complicada que sólo se justifica para las empresas de sociedad anónima. Por eso, nuestra fracción parlamentaria hace las siguientes reservas, el artículo 16, el procedimiento que señala lo siguiente. El procedimiento referido en el artículo anterior, se aplicará para sociedades constitutivas que cambien su denominación o razón social. Planteamos lo siguiente: Las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros por la de admisión deberán notificarlo a la Secretaría de Economía durante los 30 días hábiles siguientes a dicha modificación. La Secretaría de Economía notificará a la Secretaría de Relaciones Exteriores, en los dos días hábiles siguientes de su conocimiento y de las sociedades que modifiquen su cláusula de exclusión de extranjeros. Si estas sociedades no son propietarias de bienes e inmuebles ubicadas en la zona restringida, destinadas a fines no residenciales, deberán dar el aviso al que se refiere la fracción I, del artículo 10 de esta ley dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. En cuanto a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, estamos planteando y reservando el artículo 28, que dice lo siguiente: Artículo 28. A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los siguientes asuntos: I. a IV. ... V. Conceder a los extranjeros las licencias y autorizaciones que requieren conforme a las leyes para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus acciones en la República Mexicana, obtener concesiones y celebrar contratos, intervenir en la explotación de los recursos naturales, o para invertir o participar en sociedades mexicanas civiles o mercantiles, así como conceder permisos para la constitución de éstas o reformar sus estatutos, o adquirir bienes inmuebles o derechos sobre ellos. Ésta es la modificación que estamos planteando en la fracción V, del artículo 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La Ley Federal de Derechos. Estamos planteando la modificación en el artículo 25, en la fracción VI, para que diga como sigue: Artículo 25. ... I. a V. ... VI. Por la recepción y estudio del escrito de convenio de renuncia para la adquisición de inmuebles fuera de la zona restringida, u obtención de concesiones para la exploración y explotación de minas o aguas en el territorio nacional de 5 mil 74 pesos con 56 centavos. Y la fracción VII, que debe decir: VII. A cada extranjero para adquirir en territorio nacional fuera de la zona restringida el dominio de tierras, aguas y accesorios por 5 mil 74 pesos con 56 centavos. Estamos proponiendo que en la Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 62 diga lo siguiente: Artículo 62. El capital social nunca será inferior a 3 mil pesos, se dividirá en partes sociales que podrán ser de valor y categorías desiguales, pero que en todo caso serán de mil pesos o de un múltiplo de esa cantidad. Artículo 89. Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere: I. ... II. Que el capital social no sea menor de 50 mil pesos y que esté íntegramente suscrito. Compañeros y compañeras diputadas, lo que estamos planteando, fundamentalmente busca evitar que sigamos malbaratando al país, que sigamos, aparentemente por traer inversión extranjera, seguir entregando el derecho que tenemos los mexicanos por seguir custodiando y buscando que realmente la inversión busque el desarrollo y el empleo que México necesita, y que las cuotas mínimas que pagaban, los derechos que estaban planteándose pagar en la Secretaría de Relaciones Exteriores realmente no son el impedimento, no son el impedimento para que se vengan a instalar y es un requisito mínimo que lo que busca es un mecanismo fundamentalmente de control de las empresas...