El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su venia presidente. Compañeras y compañeros, para fijar el posicionamiento de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano. La Ley de Economía Social y Solidaria reglamenta en México el párrafo VII del artículo 25 de nuestra Carta Magna, el cual establece que se deberá facilitar la organización y la expansión de la actividad económica del sector social, de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a los trabajadores, y en general, de todas las formas de organización social para la producción, distribución y consumo de bienes y servicios socialmente necesarios. Como es claro, es un artículo fundamental de nuestra Constitución para preservar la justicia social al abordar la economía y el desarrollo productivo nacional desde la perspectiva del sector social. Desde luego, la ley reglamentaria del artículo que en esta ocasión reformamos, al contemplar todos los mecanismos para que ello suceda, resulta también de toral importancia. El dictamen que se somete al pleno y que regula al conjunto de las actividades económicas y empresariales que en el ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que de conformidad con los principios recogidos en el artículo 25 apremian el interés colectivo de sus integrantes. El interés general, económico, social y que fue aprobado por unanimidad en la comisión, incorpora temas como el fomento al desarrollo, fortalecimiento y visibilidad en la actividad económica del sector social de la economía. La participación en la generación de fuentes de trabajo y de mejores formas de vida para todas las personas, así como el impulso al pleno potencial creativo e innovador de los trabajadores, adiciona como valores orientadores de los organismos del sector la confianza y la autogestión. Se abre con esto la posibilidad de que existan organismos integradores que ayuden al desarrollo y mejoramiento de las capacidades económicas de estos. Y, como las anteriores, se proponen muchas adiciones más que representarán en una época donde el sector social es cada vez más olvidado una reivindicación legislativa que retoma la enorme importancia que tiene para la economía social. Debemos recordar que México es un país que se creó a partir de sus movimientos sociales, a partir de los trabajadores del campo, de los obreros, de las comunidades y de las organizaciones laborales. La trascendencia que tienen estos sectores para el desarrollo nacional obliga aprobar esta ley que actualiza los conceptos legales hasta ahora existentes. Es una reforma de consenso que reconoce las dificultades que enfrentan las organizaciones que constituyen la economía social para fortalecer su posición, que constituyen la economía para combinar las capacidades de desarrollo de cada uno. Es decir, pretende fortalecer a los individuos y a las comunidades, conjuntar los esfuerzos para que las empresas con participación mayoritaria de trabajadores integren figuras económicas que faciliten su pleno desarrollo. El Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen, esperando que todas las fracciones lo hagan de la mima manera. Sin embargo, como siempre, deseamos reiterar que estas modificaciones legislativas son un primer paso que debe ir invariablemente acompañado de la implementación ejecutiva de las mismas, es decir, del trabajo del gobierno. De nada servirá que incorporemos hoy a la ley que se deberá impulsar el diseño de políticas públicas en el ámbito educativo que fomenten el desarrollo de la economía social y solidaria en las instituciones educativas del país si en el Plan Nacional de Desarrollo y, sobre todo, en la práctica no se lleven a cabo dichas políticas y, sobre todo, si no se otorgan recursos para su implementación. Los sectores sociales no pueden utilizarse como gancho publicitario del gobierno y como justificación de la utilización legítima de recursos públicos. Tampoco se favorecerán en nada las cadenas productivas de valores locales, regionales, nacionales y globales que sirvan en el escalamiento progresivo de los organismos del sector y el gobierno, bajo las reglas del libre mercado le siga otorgando a las trasnacionales toda la producción nacional. Es una reforma oportuna y eficaz que resuelve algunos temas que no podían esperar más, pero es indispensable que se continúe el trabajo desde el gobierno para su implementación ajustar los conceptos y preceptos legales a la realidad social. Esperamos que los principios de esta ley se cumplan, que se privilegie a las personas y a la sociedad sobre el capital y que se concrete la gestión autónoma y la sociedad sobre el capital, que se solidarice la sociedad para el desarrollo local y nacional, se generen empleos estables y de calidad, que se contemple satisfactoriamente en el Plan Nacional de Desarrollo todo lo necesario para cumplir con los objetivos de la ley y que se vea en todo por una sociedad más justa para la clase trabajadora. Aprovecho esta tribuna para decir y hacer un llamado fraterno a los gobiernos estatales y federales, para que en los disensos que ahora se susciten en el estado de Guerrero se privilegie el diálogo. Y todo lo que está aconteciendo es un cúmulo por más de 80 años que los pueblos originarios y las comunidades indígenas han aguantado, han resistido por el olvido, la marginación y la pobreza lacerante que se vive en cada una de ellas. Es cuanto.