La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias. Para dar cumplimiento al punto segundo numeral 2, tiene la palabra hasta por 10 minutos, el señor Secretario de Seguridad Pública, licenciado Eduardo Medina Mora. El Secretario de Seguridad Pública licenciado Eduardo Medina Mora: Muchísimas gracias. Con su permiso señora Presidenta. Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; ciudadanas diputadas, ciudadanos diputados; representantes de los medios de comunicación: Deseo, en primer lugar, agradecer la oportunidad y el gran honor de acudir a ésta, la más alta tribuna de la Nación, a debatir acerca de la seguridad pública, uno de los temas que sin duda más preocupa a los mexicanos. En materia de seguridad pública, la percepción ciudadana y las estadísticas delictivas no están en sintonía. Siempre he creído que entre las actitudes de las matemáticas y la percepción social, debemos dar prioridad a la sensibilidad, a la voz de los ciudadanos. En México vivimos una extendida sensación de inseguridad, incluso en regiones donde se viven condiciones adecuadas de paz social y seguridad personal y patrimonial. Cualquier evento de alto impacto en materia de seguridad, se comunica a todos los rincones de la República, lo que provoca una sensación de incertidumbre que es también y sin duda, una manera de vivir inseguro. Hoy en México, el problema central en la materia de seguridad es el tráfico de drogas y los delitos que en paralelo se generan. Hemos dejado de ser un país de tránsito y de trasiego. Desde hace varios años vivimos el fenómeno de crecimiento en el consumo de sustancias prohibidas, derivado en buena medida de un cambio estructural en los mercados internacionales. Esto ha convertido al narcomenudeo en el nuevo generador de inseguridad de violencia y de crecimiento de los delitos del orden común. Esta figura delictiva representa un enorme riesgo para toda la sociedad, y en particular para su sector más vulnerable, el de los niños y los jóvenes a quienes se quiere incorporar al consumo de drogas para ampliar el mercado. Sin embargo, tenemos la gran ventaja de que la base de consumidores es todavía relativamente pequeña. Necesitamos actuar rápidamente y con toda eficacia, con toda determinación para evitar que esta base se incremente. Es por esta razón, que el Consejo Nacional de Seguridad Pública determinó que el combate al narcomenudeo, sería la prioridad central para este año 2006. El propio Consejo decidió que el 20 por ciento de los recursos de los Fondos de Seguridad Pública de los estados, se destine a prevenir y combatir el narcomenudeo, de tal manera que además de la decisión política, el esfuerzo educativo y el mejoramiento de los instrumentos jurídicos, podamos contar con más recursos para lograr este objetivo. Frenar la recurrencia del tráfico de drogas al menudeo y prevenir su consumo, requiere de una eficaz coordinación de las instituciones policiales de los tres niveles de gobierno y de un despliegue territorial amplio que disuada, que prevenga, que combata y persiga, que pueda ir directamente al sitio y a la base del problema. Frente a un peligro de la naturaleza del que enfrentamos, el Estado Mexicano tiene que actuar como tal, unido en su integridad y no escudarnos en argumentos de competencia y jurisdicción para dejar de asumir una responsabilidad de esta magnitud. Hoy el delito es federal pero por inercias o como resultado del desarrollo insuficiente de nuestra infraestructura de seguridad, la Federación es la que se ve menos posibilitada para atender este delito. Sólo ganaremos esta batalla con la participación articulada y firme de los estados, los municipios y la participación de los ciudadanos. Así lo entendió esta soberanía al aprobar la adición al artículo 73 de la Constitución, para dar sustento a la reforma a las leyes penales y de salud, misma que tiene como objetivo delinear la concurrencia de los tres niveles del gobierno en el combate al narcomenudeo en sus fases de prevención, persecución y rehabilitación de adictos. Esta reforma únicamente supone hacer viable lo que en una República Federal es de esperarse; que las entidades federadas asuman su responsabilidad en la protección de la salud, como dispone y manda el artículo 4° de la Constitución. Es una reforma necesaria y urgente, el Ejecutivo está cierto de que los diputados federales resolverán con el sentido de responsabilidad política que siempre les ha caracterizado, lo que más convenga a México. Aunque el tráfico de drogas en sus dimensiones de grandes volúmenes y venta al menudeo es nuestro reto más importante, no es el único ciertamente en materia de seguridad pública. Es preciso atender con mayor eficacia el reto de la delincuencia común, la que afecta a las personas cotidianamente en su integridad y en sus bienes. La actividad delictiva, sobre todo la actividad delictiva del orden común se ha especializado y hoy se apoya en elementos técnicos, en recursos de comunicación eficientes y en modelos delictivos tomados de otros países. Aprovecha también los cambios tecnológicos en las actividades financieras que facilitan y en ocasiones hacen opaco el movimiento de recursos. La delincuencia común opera sólo excepcionalmente de manera individual, normalmente lo hace en bandas articuladas, diversificadas en una serie de operadores que van del autor material, hasta el que convierte el producto de lo ilícito en numerario o en un bien susceptible de comercializarse; como sucede con el robo de autos o con el asalto en carreteras. Frente a este reto el Estado Mexicano ha respondido dando prioridad a la seguridad pública, destinando recursos crecientes a su preservación, creando nuevas normas y estableciendo esquemas de coordinación institucional, como el Sistema Nacional de Seguridad Pública, creado hace precisamente hace diez años. Sin embargo, para resolver el problema de fondo es indispensable una reforma auténticamente estructural a nuestro Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia. Este deberá tener al federalismo como premisa básica y a la coordinación como piedra angular. Nadie con el modelo de organización policial actual, podrá resolver el problema de la seguridad pública en México. Es necesario preguntarnos si es posible resolver el problema de la inseguridad, con un modelo de organización policial, basado en una presencia territorial dispersa, no coordinada donde literalmente operan miles de corporaciones policiales, sustentadas en una concepción de territorios no compartidos para efectos de seguridad. Casi 400 mil policías en nuestro país, pero sin una base de conocimientos homogénea, con retribuciones que varían mucho y que pueden componerse tan sólo del agradecimiento de su comunidad por el servicio voluntario prestado, de la cooperación de los vecinos o de un sueldo que, aún en los casos de mayores ingresos, no se compara nunca con los de los países con niveles de desarrollo similar al nuestro. Sostengo que es posible mejorar el servicio de la seguridad pública y en paralelo fortalecer el federalismo, haciendo obligatoria la capacitación y profesionalización de los policías con base en modelos homogéneos, retribuyendo de manera justa su esfuerzo y reconociendo socialmente su actuar; haciendo obligatoria también la coordinación entre instituciones policiales, no sólo para llevar a cabo operativos conjuntos, sino sobre todo, para definir objetivos específicos de política pública nacional, compartir información estadística y la derivada de tareas de inteligencia. Puede mejorarse la seguridad pública, si reformamos nuestras normas penales, como ya lo propuso el Presidente Fox, para lograr procesos ágiles que no saturen las cárceles de personas presumiblemente inocentes. Es indispensable también mejorar las leyes para dotar a las corporaciones que combaten a la delincuencia, de instrumentos más eficaces para actuar en forma más estricta. Tendremos mejores niveles de seguridad en la medida en que abramos mayores espacios a la participación ciudadana, no sólo en las tareas fundamentales de prevención del delito y de la denuncia, sino también dándoles facultades para que supervisen la estadística delictiva, para que midan la percepción social sobre el tema, para que aporten ideas y aporten soluciones. Ciudadanas diputadas y ciudadanos diputado, el reto de la seguridad pública es mayúsculo, enfrentarlo requiere como ingrediente central, el que nos asumamos todos como corresponsales en una función que debe ser de Estado, en una concepción de integralidad. El combate no puede darse desde un solo frente, sobre este asunto, todos compartimos responsabilidades. Reformar las leyes es también una vía para combatir la delincuencia. Nuestro sistema de organización policial fue concebido para un México semirural, aislado, no comunicado eficazmente, con una delincuencia doméstica. Hoy, las circunstancias han cambiado radicalmente y la policía se ha transformado sólo relativamente. Requerimos de mejores instrumentos jurídicos y más recursos económicos, para que Federación, estados y municipios, podamos ser más eficientes, cambiando radicalmente un modelo que ya no funciona. Aquí en esta tarea el liderazgo de los legisladores es insustituible. El pueblo de México demanda que lo hagamos pronto, aún estamos a tiempo, mantengamos la crítica que siempre contribuye a un esfuerzo mayor, a una actitud y actividad más intensa, pero en paralelo hagamos un esfuerzo para resolver el problema de fondo. Estoy seguro de que el debate parlamentario será una contribución importante para encontrar el mejor camino. Nuestra meta debe ser dar seguridad, sobre todo a nuestros hijos, a los niños y jóvenes de México, que tienen derecho a crecer en una sociedad libre, democrática, justa y segura. Muchas gracias. (Aplausos)