El diputado Narciso Alberto Amador Leal: Gracias, señor presidente. Yo creo que mis compañeros estudiosos de la gestión pública estarían de acuerdo conmigo en que la forma en que se ha procesado y diseñado el decreto de Presupuesto de Egresos para el 2009 es un ejemplo, sí, de contribución a la estabilidad y a la gobernabilidad del país; pero no a un modelo de gobernanza como el que requiere el país, ante la encrucijada que vive la nación. Quiero en este contexto reconocer, desde luego, el trabajo de los miembros de la Comisión de Programación y Presupuesto, en particular de mi compañero Javier Guerrero, quien con su experiencia y sensibilidad ha sabido encauzar muchas decisiones; y también, de los servidores públicos de la Secretaría de Hacienda, quienes como representantes del Ejecutivo actúan en esa función de colegislador, que también tiene el Ejecutivo federal. Quiero decirlo muy brevemente, hay interrogantes, hay pendientes; hay explicaciones que faltarían de la propia Comisión de Presupuesto, del propio Secretario de Hacienda. Esperemos que en el futuro podemos ampliarlas y dialogarlas de manera más profunda. El Presupuesto que hoy aprobamos es frágil y casi me atrevería a decir que es un Presupuesto furtivo. ¿Por qué mantener la inercia en el procesamiento de este Presupuesto? ¿Por qué no aprovechar la oportunidad de evolucionar a un modelo más avanzado como el que hace falta? ¿Por qué mantener los supuestos macroeconómicos que ya sabemos no serán? ¿Por qué mantener una tendencia centralista? ¿Y por qué no, desde este Presupuesto, contribuir a que el proceso electoral o los procesos electorales próximos se conduzcan bajo un régimen democrático efectivo? Justamente, las propuestas que yo estoy sometiendo a su consideración, tiene que ver con estos dos últimos elementos. El tema del uso de la publicidad de los programas públicos es parte de esta guerra electoral que es permanente, pero que se avecina, a propósito de las elecciones de 2009, con graves riesgos. El riesgo es que no sean las estructuras de los partidos las que enfrenten esa elección, sino de que sean las estructuras administrativas de los gobiernos federal, de los estados o de los municipios, quienes tiendan a resolver esta contienda. Si es así, compañeras y compañeros diputados, en medio de la crisis y casi del precipicio, no me quiero imaginar cuál va a ser el destino de las políticas públicas y de los programas aprobados por esta soberanía. Por esa razón propongo un cambio sencillo, pero creo que de fondo. Dice el artículo 28 que la papelería y documentación oficial ?fracción I? para los programas deberá incluir la siguiente leyenda "este programa es público ajeno a cualquier partido político". Mi propuesta es "este programa ha sido aprobado por la Cámara de Diputados y es público, ajeno a cualquier partido político". Esa simple frase no sólo revaloraría esa facultad exclusiva, la más trascendente quizá de esta asamblea y permitiría que no se dé esta manipulación de los diversos órdenes de gobierno en la ejecución de los programas públicos. Por cuanto a la propuesta de reforma del artículo 31, que se refiere a los criterios generales para programas específicos y en especial para el programa Oportunidades, traemos un reclamo que no podemos ignorar, compañeras y compañeros diputados. En el decreto de Presupuesto de Egresos del año pasado esta Cámara aprobó una redacción de ese artículo que excluye a los municipios de una participación activa y los deja ?así lo dice el decreto de manera despectiva? como coadyuvantes en la logística y la vigilancia del programa. Esta decisión, por cierto, que es ajena a la filosofía del programa, el programa fue creado temporalmente de manera centralizada, pero tenía el propósito en un periodo dado de descentralizarse hasta el municipio, para que sea en el municipio donde están las familias, donde están los problemas, que se atiendan de manera integral los problemas relativos a la pobreza y a las insatisfacciones sociales. Hay una protesta cada vez creciente de más de 650 presidentes municipales, de todos los partidos políticos, por cierto, que hemos ignorado, el decreto no se mueve un ápice en este sentido, y es la muestra más obtusa que podamos encontrar en este decreto de desprecio al federalismo y de respeto a la libertad de los municipios. Por esa razón mi propuesta es que el programa tenga una comisión en cada entidad federativa, presidida por los titulares de los gobiernos de las entidades federativas, y una comisión a nivel municipal justamente presidida por los presidentes municipales. Si no avanzamos, compañeras diputadas, compañeros diputados, en políticas de Estado que respeten el orden interno de los estados y la libertad de los municipios y que fortalezcan la rectoría del Estado nacional, entonces todos estos instrumentos seguirán siendo insuficientes para atender los grandes problemas nacionales. Sé que mi participación es simplemente testimonial. Y por su atención, les agradezco el que me hayan escuchado. Muchas gracias.