El diputado Rafael Alejandro Micalco Méndez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en días pasados a la Comisión de Seguridad Pública fue turnada, para su estudio y dictamen, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Fernando Bribiesca Sahagún, integrante del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza. La propuesta que se dictamina busca reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública para incorporar a representantes de la sociedad civil, a ciudadanos con reconocida trayectoria a través de diferentes mecanismos que serán determinados en fechas posteriores. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Seguridad Pública es el órgano encargado de establecer los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas y continuas, tendientes a cumplir los objetivos y fines de la seguridad pública en el país. También establece los lineamientos para la formulación de políticas generales en la materia, vigila los criterios para la distribución de recursos de los fondos de aportaciones federales para la seguridad pública de los estados y del Distrito Federal. Dicho lo anterior, es de entenderse que la iniciativa tuvo aceptación de todos los grupos parlamentarios de la comisión, por lo que se dictaminó en sentido positivo, haciendo las adecuaciones que se consideraron precedentes. Por ejemplo, el incorporar a cinco representantes de la sociedad en lugar de tres, que eran los que se habían propuesto en un inicio. Al momento de aprobar la iniciativa, los legisladores consideramos que la propuesta era oportuna en razón de que en la medida que representantes de la sociedad civil vigilan y participan en las instancias de toma de decisiones, cualquiera que sea la materia los funcionarios se ven obligados a participar con mayor profesionalismo y pulcritud, tratándose del ámbito de la seguridad nacional. En nuestro país cada día de manera más activa los ciudadanos se involucran más en las cuestiones públicas, se informan, analizan, dan seguimiento y proponen opciones al quehacer gubernamental, por lo que las acciones de combate a la delincuencia se fortalecen con lo que aporta la sociedad. Se ha conseguido dar un carácter preventivo y no sólo reactivo de la policía, se deja atrás un sistema centralista por uno de seguridad ciudadana. Se busca el respeto irrestricto a los derechos humanos. La misma autoridad ya estaba atendiendo esta inquietud, pues casi a la par en el Consejo Nacional de Seguridad también se acordó que fueran cinco los integrantes que se sumaran de la sociedad civil para que, en su caso, pudiera estar la sociedad integrada y supervisando las decisiones del Consejo Nacional de Seguridad. Como se asienta en el dictamen, tratadistas y especialistas en la materia reconocen que en un entorno democrático se requiere el fortalecimiento de la sociedad civil respecto de las instituciones, y sobre todo, frente a aquellas que históricamente se alejaron más de un esquema colaborativo con la sociedad, como lo fueron hasta hace poco las encargadas de la seguridad pública del país. Asimismo, dentro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, órgano operativo del sistema, se prevé la existencia de un centro nacional de prevención del delito y participación ciudadana. Por lo que esta reforma no solo fortalece la ya existente, sino que coadyuva a trabajar unidos en contra de la delincuencia. El propósito de la iniciativa que nos ocupa es altamente encomiable, ya que la incorporación de la sociedad civil organizada, al órgano máximo de seguridad pública, representa cambio de paradigmas desde el más alto nivel de esta esfera. En razón de lo anterior, pido a ustedes su voto a favor del presente dictamen, que constituye un paso importante a favor de la seguridad pública en nuestro país. Muchas gracias, presidente.