La diputada Norma Leticia Orozco Torres: Buenas tardes. Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General de Protección de Datos Personales. Con su venia, señor presidente. Compañeros diputados, nuestra Constitución política establece en el artículo 16, segundo párrafo: toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como la manifestación de su opinión, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepciones a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden pública, seguridad y salud pública, o para proteger los derechos de terceros. Por ello, y no habiendo una ley que regule el uso y los mecanismos de protección de datos personales, la ley que aquí presento es una prioridad para el Estado constitucional mexicano, debido a que las exigencias del mundo moderno y del manejo creciente de flujos de información, provocan nuevas conductas que deben de ser consideradas por la ley. La pertinencia de esta ley se encuentra en los hechos que evidencian la necesidad de una normatividad de ese tipo, sobre todo el uso no autorizado o excesivo de la información son los motivos por los cuales la ciudadanía ve la necesidad de generar un mecanismo legal que los proteja de abusos. En la última década, México ha avanzado en materia de acceso a la información y transparencia; sin embargo, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental no es suficiente para la protección de los datos personales de los individuos, ni siquiera para los hábitos de gobierno. Por ello, la presente es pertinente ya que propone los fundamentos con los cuales los órganos de gobierno deben conducirse al momento de crear bases de datos con información de la ciudadanía. Asimismo, la ley aquí propuesta le otorga facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para vigilar y sancionar el correcto cumplimiento del ordenamiento, amén de la seguridad de los datos personales. El objetivo de otorgar dichas facultades al Instituto Federal de Acceso a la Información es la eficiencia del instituto y la opción de aplicación inmediata de la ley, debido a que el Instituto Federal de Acceso a la Información es un instituto que cuenta con la confianza de los ciudadanos. Tiene la capacidad y la infraestructura para operar de forma inmediata y no será necesario crear otra institución con capacidades similares a las que ya tiene el Instituto Federal de Acceso a la Información, lo que resultaría un mayor gasto para el erario. Un aspecto importante de esta propuesta es que incluye a los particulares dentro de las responsabilidades para la protección de datos personales. De esta forma se logrará que no sólo se afecte a derechos de terceros, como lo establece la Constitución en el artículo 6o.; sin embargo, esta inclusión de responsabilidades deriva de una protección de derechos. Ejemplo de ello es, si las bases de datos son violadas con la finalidad de extraer información o con intenciones maliciosas, esto será claramente encuadrado como una conducta delictiva. En lo que respecta a la seguridad pública, seguridad nacional, información hacendaria o sistema de salud, las autoridades quedarán exentas de esta normatividad, siempre y cuando su actuar sea conforme a lo establecido en la ley y puedan verse obstaculizadas sus funciones, debido a que la cancelación o rectificación de su base de datos podría alterar nocivamente el mecanismo propio del Estado. A pesar de lo anterior, las autoridades tendrán la obligación de guardar la confidencialidad de los datos personales sin excepción alguna. Los datos personales concernientes a la salud y a los datos biométricos son aquellos que deben estar especialmente resguardados para su tratamiento, según la finalidad para la que fueron recabados. De otra manera, el derecho a la intimidad podría verse gravemente lesionado y, por consiguiente, los individuos podrían ser objeto de diferentes formas de discriminación. La ley general que se propone pretende prever actos de discriminación basados en antecedentes de salud o datos biométricos. Por ello se establece que la información recolectada debe utilizarse exclusivamente para el fin que se obtuvo y no para enajenarse y ser usada por conductos indebidos. Debido a la imposibilidad de proteger el universo de datos personales que pueden manejar las organizaciones privadas, esta ley pretende buscar un balance donde se establezcan las bases para el tratamiento de datos y la protección de los derechos individuales. Asimismo, permite un modelo flexible para incentivar la competitividad de la industria frente a los nuevos retos de la informática. Por esto no se crean trámites excesivos, pero tampoco se excluye a las personas del cumplimiento exacto de la ley. Además, se permite que las legislaciones locales aporten las medidas que sean convenientes para el tratamiento de los datos. La información, sin lugar a dudas, es un bien dispuesto a acumularse, a acapararse y comercializarse debido a la utilidad de la misma, pero sin los mecanismos adecuados de regulación, el manejo de la información puede provocar perjuicios sumamente nocivos para cualquier sociedad. Como lo mencionó el doctor Julio Téllez Valdés, la información es un bien en sí inmaterial, pero constitutivo de un producto autónomo por su contenido económico, requiriendo una tutela jurídica en razón de los diferentes derechos y obligaciones que genera. Sabemos que el uso de la información puede traer grandes beneficios para la sociedad, pero, de igual modo, su uso inadecuado puede ocasionar que los ciudadanos sean objeto de discriminación, manipulación, persecución, acoso, etcétera. Para evitar esto es necesario un control jurídico adecuado que pueda servir como garante a los derechos constitucionales de los individuos. En mérito a lo anterior expuesto, con fundamento en el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de decreto. Único. Se expide la Ley General de Protección de Datos Personales. Palacio Legislativo, a 2 de febrero de 2010. La que suscribe, Norma Leticia Orozco Torres. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.