EL C. DIP. JOSE MANUEL CARRILLO RUBIO: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: El que suscribe, con las facultades que nos otorga tanto la Constitución como el Reglamento Interno de este Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a su consideración la Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona el artículo 31 bis a la Ley del Impuesto Sobre la Renta para otorgar incentivos de carácter fiscal a las personas y empresas que den empleo a los jóvenes en base a la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS La incorporación al mercado de trabajo es un amplio número de población joven, sobre todo aquellos cuyas condiciones sociales, de educación y formación limitan sus posibilidades de desarrollo, es una realidad hoy en nuestra sociedad. Constantes comentarios hemos escuchado, empleados: "Siempre y cuando tengas un mínimo de experiencia de dos años". Un porcentaje importante de los jóvenes que trabajan, lo hacen en pequeñas empresas o negocios dedicados a actividades que no están vinculados con sus estudios y con sus remuneraciones por debajo de sus expectativas, lo que genera en la juventud de nuestro país un cierto grado de inconformidad y lo que es peor, hasta un cierto grado de frustración. Además en muchos de los casos los jóvenes consiguen su primer empleo a través de un amigo o un familiar, pero generalmente lo hacen fuera del marco legal, lo que implica la carencia del contrato sin prestaciones o un salario fijo remunerador. En el año 2000, tan sólo, según cifras de la Encuesta Nacional del Empleo, México cuenta con una población integrada por 33.8 millones de jóvenes de entre 15 a 29 años de edad, lo cual constituyen solamente el 34.53 % de los habitantes de nuestro país. En su mayoría de la población joven se concentra en dos entidades federativas, contrastados por su desarrollo como son, en el prime bloque: El Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León, frente a aquellas entidades en que no cuentan con la misma infraestructura como: Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas. Esta situación se constituye en uno de los factores que generan gran o diferentes condiciones de vida y necesidades de la población, pudiéndose destacar dentro de los retos que afronta este sector se encuentra la dificultad para alcanzar la plena autonomía social y económica del hogar paterno el abandono temprano de la escuela o la falta de experiencia y oportunidad en el trabajo. La misma encuesta de referencia en el 2003 muestra una tasa de desempleo abierto de 3.4 por ciento para el grupo de edad de 15 a 24 años y de 2.3 por ciento para el de 25 a 29 años. Según estas cifras, realizadas por el Instituto Mexicano de la Juventud y el INEGI, de una población de 21.7 millones de jóvenes de 12 a 29 años de edad, solamente el 60 por ciento de esta juventud manifestó su necesidad de trabajar y de su necesidad de incorporarse a la planta laboral. Sí se considera que las proyecciones demográficas disponibles muestran un cambio en la composición de la población por grupos de edad, reduciéndose la base en los grupos de edad más jóvenes, éstos nos dejarán de tener un peso significativo en la determinación de la oferta de mano de obra. Además, en la mayoría de los empleos que son empleados jóvenes éstos se encuentran en condiciones sin seguridad social en gran porcentaje, así el desempleo se ha convertido en un problema de niveles alarmantes que afecta principalmente a los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad. La situación por la que atraviesa la juventud de nuestro país no es alentadora, ya que la recesión económica que impera en México afecta a los jóvenes de manera importante. Los jóvenes padecen la falta de oportunidades en todos los ámbitos, de tal manera que uno de los principales problemas del joven es la falta de empleo, como ayer bien lo mencionaba el diputado Landeros en su exposición de motivos. A la fecha no existe ningún incentivo alguno de carácter fiscal a favor de las personas que dan el empleo a los jóvenes, entonces debemos de estar conscientes de la necesidad de incentivar a las personas físicas y morales que los emplean, a fin de que efectúen una mayor contratación de los jóvenes a fin de darles una oportunidad más alentadora y que se alleguen de los recursos necesarios para sufragar sus necesidades vitales y les dé orgullo desarrollarse en un ámbito cada vez más competitivo. El incentivo deberá ser de tal naturaleza que cumpla con su función, es decir, que se haga atractivo para crear fuentes de trabajo y se incorporen los jóvenes. En ese contexto necesitamos impulsar la inserción plena de los jóvenes a la vida nacional, generando las oportunidades necesarias del empleo, educación, capacitación, salud y tiempo libre y posibilidades de financiamiento, entendiéndolos como sujetos de desarrollo y como actores estratégicos de la vida nacional. El mejor de los incentivos será siempre de carácter fiscal, ya que quien contribuye con la creación de riqueza lo hace de mejor manera cuando sus ingresos no son gravados solamente de manera excesiva, sino que también tienden a generar mayor tasa de empleo y generar más empleos en sus empresas. En tal caso el incentivo deberá concederse sin mayor trámite y directo al impuesto sobre la renta al causado por los ingresos de las personas físicas o morales, independientemente de la actividad de las primeras, es decir, con independencia de que la persona física tenga una actividad empresarial o bien que sea una persona física que se dedique a la práctica de cualquier oficio o profesión liberal. O sea, que puede ser un profesionista, artista, artesano, quien emplea al joven; lo importante es que se integre éste último a la planta productiva sintiéndose a la vez una persona útil para él mismo y para la sociedad. Para ello se propone la creación del artículo 31 Bis de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, mismo que se estaría inserto en la sección primera del capítulo segundo del título segundo de la ley de referencia para referir a las deducciones en general, a fin de permitir que quien contrate a jóvenes pueda disminuir de su impuesto sobre la renta una cantidad igual al cien por ciento de la cantidad pagada por concepto de salario a su trabajador joven, siempre y cuando dicho empleador esté cumpliendo con todas sus obligaciones como patrón. Es decir, que no quedarán comprendidas las personas que contraten por honorarios a jóvenes por quien pretende efectuar la reducción del Impuesto Sobre la Renta, como es el caso que nos ocupa, debe ya estar inscrito sin lugar a dudas como patrón al Instituto Mexicano del Seguro Social, demostrando que cumple con la obligación contenida y asegurando a nuestros jóvenes a una atención médica de nuestro Estado. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones arriba mencionadas, presento a su consideración esta iniciativa que tiene por objeto al artículo 31 Bis: "El patrón que contrate a los jóvenes de 16 a 29 años podrá deducir del impuesto a su cargo una cantidad igual al cien por ciento de la cantidad pagada por concepto de salario a su trabajador, siempre y cuando el contribuyente patrón demuestre al Servicio de Administración Tributaria que está cumpliendo con la obligación contenida en el artículo 12 de la Ley del Seguro Social". Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias compañeros. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Continúe la Secretaría. -SECRETARIA, DIP. MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: Se da cuenta de un oficio de la Secretaría de Gobernación. (Por el que se remite contestación de la Coordinadora General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, en relación a Puntos de Acuerdo aprobados por la Cámara de Diputados, relativos a las consecuencias de los desastres naturales de origen hidrometeorológico ocurridos en distintos estados de la República Mexicana) -MISMO PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Gobernación y al promovente para su conocimiento. El siguiente punto del orden del día es la Primera Lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, con Proyecto de Decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, queda de Primera Lectura. El siguiente punto del orden del día es la discusión del dictamen con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 25 segundo párrafo, 55 y 64 segundo párrafo del Código Penal Federal. En virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, consulte la Secretaría a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen. -MISMA SECRETARIA: Con todo gusto, señor Presidente. Por instrucciones de la Presidencia, se consulta a la asamblea si se le dispensa la lectura al dictamen, en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria. Las ciudadanas diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo por favor. (Votación) Muchas gracias. ¿Las diputadas y diputados que estén por la negativa? (Votación) Mayoría por la afirmativa, diputado Presidente. -MISMO PRESIDENTE: Se le dispensa la lectura. Tiene la palabra la diputada Rebeca Godínez y Bravo, por la Comisión, para fundamentar el dictamen de conformidad con el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. -DIP. REBECA GODINEZ Y BRAVO (PRI): Con su permiso, señor Presidente. En sesión celebrada por esta Honorable Cámara de Diputados el día 11 de diciembre de 2003, fue presentada al pleno la iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 25, el artículo 55 y adiciona una parte final al párrafo segundo del artículo 64 del Código Penal Federal, por el ciudadano diputado Joel Padilla Peña, del Partido del Trabajo. Con esta misma fecha, los ciudadanos Secretarios de la Mesa Directiva dieron cuenta al pleno con la iniciativa de decreto aludida, ordenando su turno a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, para su análisis y estudio. Los miembros integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Quincuagésima Novena Legislatura, procedieron al estudio de la iniciativa aludida, habiendo efectuado múltiples razonamientos sobre la aplicación de los conceptos contenidos en la iniciativa que se discute en el siguiente sentido. La sobrepoblación en las cárceles y reclusorios es un problema que aqueja a nuestro sistema penitenciario. De acuerdo con las cifras presentadas en el Tercer Informe de Gobierno para el mes de julio de 2003, el Sistema Nacional Penitenciario reportó una sobrepoblación del 27.9 por ciento, es decir, 4.8 puntos porcentuales más que en diciembre de 2002. Estas cifras dan como resultado que en menos de 20 años la población penitenciaria se ha triplicado. Esta Comisión coincide con los proponentes de la Iniciativa, en que la solución a este problema no es el crear nuevos centros penitenciarios sino buscar alternativas jurídicas para resolver esta situación, llegando al fondo del problema y reformando lagunas procesales actualizando nuestras normas para adecuarlas a las necesidades que exige la sociedad. Todos los grupos parlamentarios representados en esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos, exponen de igual forma ante esta honorable Pleno la necesidad de que la solución a esta problemática sea expedita ya que la sobre población mencionada aqueja directamente a los internos, que si bien están cumpliendo una sentencia por sus acciones en contra de la sociedad, sigue teniendo sus derechos humanos y que muchas veces por esa problemática, son violados o minimizados, defender y velar por estos derechos es preponderarse para esta Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Coincidimos que una alternativa efectiva, es la aplicación de penas sustitutivas así como la consideración de la prisión preventiva en los casos de los delitos cometidos por hechos anteriores al ingreso a prisión. Debemos enfatizar que la prisión preventiva debe responder a motivos tipificados toda vez que los indiciados gozan de una presunción de inocencia y deben ser tratados como tales. Es conveniente tomar el ejemplo de los Códigos Penales en la mayoría de las entidades federativas que establecen que los delitos de menor importancia y que tienen las penas más bajas, la posibilidad de que el Juez reemplace la pena de prisión por una pena sustitutiva que se cumple en libertad y consiste generalmente en trabajos a favor de la comunidad u otras similares. Asimismo, esta Comisión ha considerado conveniente realizar algunos cambios en la redacción propuesta en dos de los artículos, pero dejando intacto el objeto de los mismos. Queremos patentizar el reconocimiento al trabajo realizado en la Comisión por todos los Grupos Parlamentarios que integran esta y en el de manera unánime acordamos este Dictamen. Por lo anteriormente expuesto, los Diputados integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, convencidos de la efectividad de la Reforma y Adición propuesta en la Iniciativa en comento, sometemos a la consideración de la Asamblea el siguiente Decreto que reforma el párrafo 2º del Artículo 25, reforma el Artículo 55 y adiciona una parte final al párrafo 2º. Del Artículo 64 del Código Penal Federal. ARTICULO UNICO.- Se reforma el párrafo 2º. Del Artículo 25, el Artículo 55 y se adiciona una parte final al párrafo 2º. Del Artículo 64 del Código Penal Federal para quedar como sigue: ARTICULO 25.- La prisión consiste en la privación de la libertad corporal, su duración será de tres días a sesenta años y sólo podrá imponerse una pena adicional al límite máximo cuando se cometa un nuevo delito en reclusión. Se extinguirá en las colonias penitenciarias, establecimientos o lugares que al efecto señalen las leyes o la autoridad ejecutora de las penas, ajustándose a la Resolución Judicial respectiva. La privación de libertad preventiva, se computará para el cumplimiento de la pena impuesta, así como de las que pudieren imponerse en otras causas, aunque hayan tenido por objeto hechos anteriores al ingreso a prisión. En este caso, las penas de compurgarán en forma simultánea. ARTICULO 55.- Cuando la orden de aprehensión se dicta en contra de una persona mayor de 70 años de edad, el Juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado bajo las medidas de seguridad que procedan, de acuerdo con la representación social. No gozarán de esa prerrogativa quienes a criterio del Juez, puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumibles sus peligrosidades. En todo caso, la valoración por parte del Juez se apoyará en dictámenes de Peritos. Una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad a juicio del Juez o Tribunal que la imponga de oficio, ó a petición de partes, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona, ó por su senilidad, ó su precario estado de salud, fuere notoriamente innecesaria o irracional que se compurgue dicha pena. En los casos de senilidad o precario estado de salud, el Juez se apoyará siempre en dictamen de Peritos. Artículo 64.- En caso de concurso ideal se aplicará la pena correspondiente al delito que merezca la mayor, que se aumentará hasta una mitad del máximo de su duración, sin que pueda exceder de las máximas señaladas en el título 2° del Libro Primero. En caso de concurso real, se impondrán las penas previstas para cada uno de los delitos cometidos, sin que exceda de las máximas señaladas en el título 2° del Libro Primero, si las penas se impusieren en el mismo proceso o en distintos, pero si los hechos resultan conexos o similares o derivado uno del otro; en todo caso las penas deberán contarse desde el momento en que se privo de libertad por el primer delito. En caso de delito continuado, se aumentará de una mitad hasta las dos terceras partes de la pena que la ley prevea para el delito cometido, sin que exceda del máximo señalado en el título 2° del Libro Primero. Transitorio. Único.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Razón por la que todos los grupos parlamentarios, repito, estuvimos de acuerdo y solicitamos atentamente su voto a favor. Gracias. -