EL C. DIP. OMAR FALLAD MENESES: Gracias, señora Presidenta. Compañeros y amigos legisladores. La nación plural, en la que convivimos cientos de mexicanos, requiere indudablemente del continuo ajuste y desarrollo de las instituciones públicas,encargadas de materializar las aspiraciones nacionales. Primordialmente de aquéllas que tienen como encomienda, procurar y administrar justicia. Nuestro sistema de justicia ha sido objeto de constantes reclamos, para adecuarlo a la realidad social en que vivimos y sobre todo, para lograr abatir la impunidad, corrupción e ineficacias, que afectan la estabilidad social del país. La procuración de justicia, es una función primaria e indelegable de cualquier estado, suficiente cumplimiento otorga a los ciudadanos garantías plenas y permite el progreso de la sociedad, por el contrario su ausencia o deficiente desempeño propician el surgimiento de un clima de inseguridad pública y de inestabilidad social. En nuestro país esta trascendental función se encuentra encomendada en el ámbito federal a la Procuraduría General de la República. Esta estructura ha absorbido las funciones del Ministerio Público y las de representante y Consejero Jurídico del Gobierno dependiendo del Poder Ejecutivo a lo largo de su historia. Desde entonces la Procuraduría General de la República se ha constituido en un órgano esencial del sistema federal de justicia que en representación de los individuos de la sociedad y del Estado promueve y vigila el cumplimiento del orden constitucional, procurando justicia en el ámbito de su competencia y participando en acciones de prevención del delito para garantizar la seguridad pública. Como parte de su evolución natural, la Procuraduría ha efectuado las adecuaciones legales y estructurales a su alcance para hacer frente a los constantes cambios económicos, políticos y sociales del país. No obstante estos esfuerzos, la Procuraduría General de la República concentra hoy en día un gran número de funciones de diversa índole, como la persecución de los delitos del orden federal, la intervención en todos los negocios en que la Federación sea parte, la intervención en los casos en que los diplomáticos y cónsules generales sean parte, ser parte o tercero perjudicado en los juicios de amparo y hasta representar conforme a la legislación secundaria, los intereses de la sociedad en juicios civiles como en el caso de los menores incapacitados. Se considera que este alto número de responsabilidades ha venido ocasionando el debilitamiento de la representación social ante la elevada cantidad de asuntos en que interviene. El objetivo primordial de esta iniciativa que presento, consiste en hacer un adecuación más al esquema de responsabilidades que en la actualidad pudiera hacer parecer a la Procuraduría de la República como un ente amorfo y de factible politización y estoy proponiendo eliminar la facultad que posee su titular para intervenir en controversias constitucionales e iniciar acciones de inconstitucionalidad. Sobre las controversias constitucionales como medio para garantizar el equilibrio entre la facultades de la Federación, las entidades federativas y los municipios, consideramos que aún cuando la Ley Reglamentaria en la materia le reconoce al Procurador el carácter de parte, una intervención de esta forma no es compatible con la naturaleza de la controversia ya que la misma plantea un conflicto entre una entidad, poder u órgano que invade una competencia o que viola la Constitución y otro ente, poder u órgano que haya visto invadida su esfera de competencia o presuma la realización de un acto inconstitucional por parte del primero. De tal suerte que el Procurador no podría ir más allá de dar una opinión autorizada en relación con el fondo de la materia planteada ante el Pleno de la Corte, quien es el único órgano facultado para decidir sobre la constitucionalidad del acto impugnado, por lo que esta intervención debe eliminarse del texto constitucional y de la Ley Reglamentaria en cita. Por su parte las acciones de inconstitucionalidad tienen como único fundamento la protección de las minorías partidarias en los cuerpos legislativos y como finalidad la salvaguarda de la supremacía constitucional, de ahí que este tipo de control sólo se establezca para actos legislativos. Estas acciones fueron introducidas en el sistema legal mediante una serie de reformas en materia de justicia las cuales impulsó el ejecutivo en 1994. Sin embargo, sí como parte de estas reformas la función de Consejería jurídica del Gobierno le fue suprimida a la Procuraduría, no se pueden entender entonces la presencia de esta dependencia como parte del juicio de inconstitucionalidad de leyes y esta actuación no puede justificarse tampoco con base en sus atribuciones de persecutor de los delitos, ya que en estricto sentido, estas funciones no tienen relación alguna con la naturaleza del juicio constitucional. El Procurador como titular del Ministerio Público posee una opinión calificada en relación a la materia que mejor maneja, que es la relacionada con la persecución de los delincuentes y la investigación de los delitos, por lo que es inadmisible que opine acerca de materias procesales o legales que desconoce o que por lo menos no domina. De igual forma desde el punto de vista orgánico, funcional y político, resulta contradictorio que un colaborador del Ejecutivo federal, cuenta de forma autónoma con la facultad de interponer un juicio constitucional en contra del propio presidente de la república. Esta situación rompe con el esquema constitucional de la administración pública federal, ya que se está situando en el caso al Procurador como otro poder constitucional. Por otro lado, cuando la reforma del 94 al Artículo 105 legitimó el Procurador para interponer esta acción de inconstitucional, convirtiéndolo en un guardián de la constitucionalidad de las leyes de todo el país, esta aspiración aunque lo hable resulta en realidad ostentosa y poco factible de cumplir a cabalidad. En este sentido conviene destacar que el Procurador de la República, es el titular que goza de la acción más amplia, pudiendo solicitar invalidez de toda clase de leyes federales, locales y tratados internacionales, en tanto que las Cámaras del Congreso sólo pueden actuar en contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso, y contra tratados internacionales en caso del Senado. Las Legislaturas de los estados y del Distrito Federal, sólo en contra de sus leyes locales. Los partidos políticos nacionales en contra de leyes electorales, federales y locales, y los partidos políticos estatales sólo en contra de leyes electorales locales. Igualmente no es correlativo que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión o las Legislaturas de los estados, necesiten por lo menos de un 33% de sus integrantes para llevar a cabo el mismo proceso. Esta situación resulta evidente si tomamos en cuenta que desde la reforma del 94, el Procurador no había hecho uso de esta facultad, no es sino hasta el año 2001 cuando el Procurador acude ante la Corte de Justicia, para cuestionar la constitucionalidad de distintas normas, entre ellas, diversas leyes municipales en materia fiscal, otras más de carácter local, como la del funcionamiento y establecimientos mercantiles del D.F., y la Ley Orgánica del Poder Judicial de San Luis Potosí. Sólo en una ocasión sobre una ley federal referente a derechos de personas adultas mayores, cuyo fondo del asunto era en materia laboral. De las nueve acciones interpuestas por la Procuraduría, ocho son en contra de actos de autoridades locales, por lo que resulta preocupante de esta facultad es que no se utilicen criterios homogéneos para determinar la actuación de esta dependencia en materia de acciones de inconstitucionalidad, pues disposiciones como la Ley para el Funcionamiento y Establecimientos Mercantiles del D:F., implica afectación a las instituciones bancarias, al exigirles implementación de mayor dispositivo de seguridad en sus sucursales, fue impugnada por el Procurador y no fue impugnada aquella que implementó el impuesto a la venta de bienes y servicios suntuarios, el cual fue aprobado como parte de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, y que la Corte ya ha declarado como inconstitucional. Una actuación selectiva en el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, sólo puede ser atribuible al propósito de atacar asuntos específicos, que revisten especial interés política para el Ejecutivo federal o alguna de sus Secretarías. En razón de lo anterior, se propone a la presente soberanía, eliminar la posibilidad de que un elemento de la justicia constitucional, con efectos tan contundentes como la anulación total de la aplicabilidad de una ley o tratados, pueda ser usado como un brazo político o instrumento del poder, para defender propósitos poco claros o más aun contrarios a los intereses nacionales. Concluyo esta intervención, señalando que la iniciativa a la cual pido sea ingresada íntegramente en su texto al Diario de Debates y a la Gaceta Parlamentaria, se reforma para suprimir, tanto el Artículo 112 en su inciso c) de la fracción II del Artículo 105 para que el Procurador General de la República deje de tener esta importante facultad. Muchas gracias. -