La diputada Brenda Velázquez Valdez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, todos tenemos claro la importancia de las tecnologías digitales para un gobierno abierto, pero si no está al servicio del ciudadano no será un gobierno abierto por más tecnologías que usemos. La transparencia y la democracia participativa son tarea de los tres Poderes de la Unión. Ninguno de ellos puede ni debe rezagarse en esta materia. Recordemos que México firmó y promovió en el año 2013 la Carta de Principios Internacionales para los Datos Abiertos. Recordemos que esta iniciativa multilateral fue firmada por 64 países y nació en el marco de la Alianza por el Gobierno Abierto. Esta iniciativa quiere mejorar los servicios públicos y promover la rendición de cuentas de todos los gobiernos adherentes y se basa en tres principios rectores: Transparencia, colaboración y participación Ciudadana. Sin embargo tengo una mala noticia que darles. El gobierno federal aun tiene pendiente por abrir al 100 por ciento sus datos en medios digitales. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha hecho la tarea que le impone la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Si el gobierno federal fuera un alumno de escuela estaría reprobado en ésta como en muchas otras materias. No lo digo por molestar. Se los digo para que invitemos al gobierno federal a trabajar, y yo les pregunto a todos ustedes ¿qué ha pasado con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? ¿De verdad ha sido eficaz; de verdad cumple con sus objetivos; de verdad las propias autoridades cumplen con sus obligaciones? No me digan que sí, porque no es verdad. Sigo preguntando. ¿Qué nos falta por cumplir ahora sí con la obligación internacional de apertura de datos públicos? Les hablaré con franqueza. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública no se cumple porque no es una norma obligatoria ni coercitiva, así de simple. Hace falta aplicar sanciones a los servidores públicos que se nieguen a acatar la ley. Si no hay castigo van a seguir haciendo de las suyas. A pesar de las reformas del pasado mayo, esta ley no garantiza su cumplimiento. Todo se quedó en un intento se sugerencias cuando debería de ser una obligación derivada del artículo 6o. de nuestra Constitución Política. Así que yo los invito, compañeras y compañeros legisladores, a ayudarle al gobierno federal para que en materia de apertura de datos no sea candil de la calle y oscuridad de su casa, o, ¿para qué promovió esta Carta Internacional de Apertura de Datos si luego no iba a cumplirla en su totalidad? Por lo anterior someto a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto: Único. Se reforma por modificación al artículo 55 y por adición y modificación al artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para quedar como sigue. Artículo 55: Para el cumplimiento de las obligaciones previstas en la presente ley, los sujetos obligados deberán desarrollar en lo individual o en acuerdo con otros sujetos obligados, esquemas de mejores prácticas que tengan por objeto. Capítulo tres. Del gobierno abierto. Artículo 59: Los organismos garantes en el ámbito de sus atribuciones garantizarán con los sujetos obligados y representantes de la sociedad civil, en la implementación de mecanismos de colaboración para la promoción e implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental. En el caso de incumplimiento en el presente título, serán acreedores a las sanciones que determina la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Hagamos de una vez por todas, una administración pública innovadora que responda a las críticas de los ciudadanos y acepte cumplir plenamente sus objetivos de transparencia y rendición de cuentas. Es por el bien de todos. Es cuanto.