El diputado Arturo Zamora Jiménez: Muchas gracias, presidente. Nosotros estamos completamente de acuerdo con lo que ha propuesto César Augusto Santiago, porque se trata de un asunto a través del cual se debe combatir la impunidad y se debe privilegiar la rendición de cuentas y la transparencia. Esto surge efectivamente por un trabajo, por lo cual lo felicito, de un reportero, Hugo González, de Milenio, en donde tuvo que acudir a solicitar a través de transparencia información respecto de contratos que no se publicaron en el año 2011. Y estos contratos, una vez que se publicaron, resulta que allí en por lo menos dos de ellos se favoreció a amigos personales de Mony de Swaan como titular de esta dependencia. Una dependencia que tiene como facultades y atribuciones el arbitraje en temas fundamentales del país y que tiene como facultades también una función muy importante en la economía de nuestro país y que hoy por hoy nos damos cuenta que por su conducta, la desviación de su conducta por supuesto es el juez que está perdiendo más credibilidad, y por tanto el juez por su casa debe empezar. Por eso es importante establecer claramente lo que ya dijo César Augusto Santiago; por un lado, la afectación a disposiciones meramente administrativas en la omisión de publicar contratos de acuerdo a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y, por otro lado, por privilegiar a sus amigos en la desviación de recursos económicos que, por cierto lo dejo muy claro, por un lado se trata en la comisión de delitos de cuestiones que son perseguibles de oficio, tal y como lo dispone el artículo 217 del Código Penal Federal, por haberse cometido el delito de uso indebido de atribuciones; y también como lo establece el artículo 220 del Código Penal Federal, por haber cometido el delito de ejercicio abusivo de funciones. Luego entonces esto que nosotros estamos haciendo dándolo a la publicidad, ya es una denuncia y no se requiere que nadie formalice ninguna denuncia habida cuenta que es muy claro lo que dispone el artículo 117 del Código Federal de Procedimientos Penales, en el entendido de que todo delito del cual conozca cualquier servidor público, está obligado a darlo a conocer. Entonces en ese sentido, la Procuraduría General de la República debe atender el exhorto de la propuesta de César Augusto Santiago, de iniciar inmediatamente un proceso de investigación por el delito o los delitos que se hayan cometido. Estimadas legisladoras y legisladores, en estos contratos que por lo menos se han detectado irregularidades se establecieron montos que ascienden a dos millones 800 mil pesos moneda nacional actualizado al precio de hoy nuestra moneda en el contexto del dólar. Esto lo devengaron dos personas en el desempeño, uno de ellos de cuatro semanas y otro de ellos de doce semanas. Esto me parece que es un insulto porque es una forma de desviar recursos públicos para privilegiar a los amigos del funcionario en turno. Esto, por supuesto, contribuye al descrédito de una institución muy importante en el país y constituye por supuesto a la pérdida de credibilidad a quien o quienes ejercen las decisiones en esta institución. Por esa razón, estimadas legisladoras y legisladores, nosotros estaremos a favor de la propuesta que hace el diputado César Augusto Santiago, en los términos que realizó en el punto de acuerdo que se dio a conocer. Muchas gracias.