La diputada Lorena Méndez Denis: Con su permiso, presidente. A menudo se da por sentado, al menos cuando de objetivos económicos se trata, que los grupos de personas con intereses comunes tratan normalmente de favorecer esos intereses. Se espera que esos grupos actúen a nombre de sus intereses personales. La acción colectiva, entendida como la búsqueda de objetivos comunes, surge con el propósito de facilitar el acceso a la justicia de un conjunto de personas mediante la acumulación en un solo procedimiento de demandas individuales, logrando así reparar el daño que se les ha conferido a todos los miembros de un grupo. Entre los sectores que requieren de este mecanismo sobresale el que radica en las condiciones de mercado. Durante muchos años se consideró que los derechos de los consumidores deberían corresponder a los derechos de los ciudadanos, ya que hipotéticamente esos se encontraban en igualdad de condiciones que los empresarios. Millones de injusticias y atropellos dejaron al descubierto que lo anterior representaba una falacia, puesto que en un mercado libre se reproducen reglas inequitativas a favor del comerciante, lo cual genera una situación de inferioridad para el cliente. Debido a lo anterior diversos organismos han luchado por la elaboración de documentos y mecanismos que permitan equilibrar las condiciones entre los actores que participan en las transacciones económicas desde el Tratado de Roma en 1957; el discurso a favor de los consumidores del presidente de Estados Unidos, Jonn F. Kennedy, el 15 de marzo de 1975; y la Carta Europea de Protección de los Consumidores de 1973; hasta la declaración del 15 de marzo de 1983 como Día Mundial de Defensa de los Consumidores. Por parte de la Organización Internacional de Uniones de Consumidores la humanidad ha mostrado su preocupación ante la falta de equidad en las relaciones empresario-consumidor. Por lo preliminar resulta asombroso que en México la Ley Federal de Protección al Consumidor dejara de lado una de las directrices que, de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, rige la protección del consumidor, la cual corresponde a la libertad de constituir grupos defensores de los derechos de los compradores. En un país como el nuestro permitir la creación de organizaciones que luchen por condiciones equitativas de mercado no sólo es deseable, sino urgente. El factor común en la economía de nuestra nación no es libre competencia, la calidad en los servicios y los precios competitivos, por lo contrario, México se caracteriza por la prevalencia de monopolios que se valen de costos artificiales para imponer tarifas excesivas a los ciudadanos. Telmex controla el 95 por ciento de la telefonía fija del país y el 75 por ciento de todo el sector, incluida la telefonía móvil; Cemex el 90 por ciento del mercado cementero nacional; Grupo México el 95 por ciento de la explotación de cobre; Televisa el 70 por ciento de la televisión; Grupo Modelo el 65 por ciento de la industria cervecera y Femsa el 60 por ciento de la producción de los refrescos. El fenómeno se reproduce en el sector bancario, en el cual cuatro bancos extranjeros y uno nacional controlan el 80 por ciento de los créditos otorgados, a tasas que permiten compensar las pérdidas foráneas con utilidades domésticas. Preocupados por lo hasta ahora expuesto, en Movimiento Ciudadano presentamos la iniciativa que da lugar al dictamen que se discute el día de hoy. Sin embargo, debemos recalcar que al agregar una fracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor, no brindará beneficios a los mexicanos, la ejecución de la misma sí lo hará. De acuerdo con el buró comercial de la Procuraduría Federal del Consumidor, existen 10 mil 32 quejas en contra de la Comisión Federal de Electricidad; Nextel cuenta con 5 mil 167; Telcel con 3 mil 518; Iusacel con 2 mil 409; Dish con mil 944; Megacable con 985; Coppel con 811 y Sky con 671, por mencionar solo algunas empresas. ¿De qué ha servido mostrar inconformidades contra los consorcios mencionados? ¿Acaso no permanecen los atropellos de estas compañías? ¿No basta con que la gente tenga la posibilidad de constituir grupos que les permitan defender los derechos de los consumidores? Es necesario que sus demandas sean escuchadas y no oprimidas por los intereses de los grupos monopólicos que controlan este país. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen. Es cuanto. Muchas gracias.