EL C. DIP. RODRIGO CARRILLO PEREZ: Gracias. Señor Secretario Carlos Jarque Uribe; señores y señoras legisladores: En el Plan Nacional de Desarrollo 952000 se reconocía la existencia de 14 millones de mexicanos en pobreza extrema, por lo cual la política social debería enfocarse prioritariamente a la erradicación de ésta, privilegiando la atención a comunidades y zonas geográficas que padecen las más graves desventajas económicas y sociales. Se plantea como objetivo fundamental avanzar hacia un desarrollo social que se extienda a todo el país, generando oportunidades de superación individual y comunitaria. A casi seis años de haberse puesto en marcha el Plan Nacional de Desarrollo, los resultados distan de ser los esperados. Sin lugar a duda, la política social es el principal instrumento del Estado para atemperar las desigualdades, abatir la pobreza y elevar la calidad de vida de los mexicanos, sin embargo, la política económica y social del sexenio que está por concluir agudizó las desigualdades, incrementó la pobreza y fue incapaz de mejorar el nivel de vida de la población. La generación de cambio, y como se hizo llamar, la tecnocracia neoliberal que tomó las riendas del país por dos décadas, impuso un proyecto de desarrollo económico con alto costo social. Durante este sexenio, como en los anteriores, creció la pobreza absoluta y relativa a niveles nunca imaginados; se profundizaron las inequidades y aumentó el número de ricos; no se abatieron los rezagos históricos en educación, como el analfabetismo, ni en vivienda, cuyo déficit es del orden de los 5 millones de casas habitación. Tampoco se consiguió superar el ingreso de los asalariados ni de las pensiones que perciben más de dos millones de jubilados y pensionados del IMSS y del ISSSTE, cuyos montos además son de sobrevivencia. En el terreno de la salud, el paquete básico no fue suficiente para otorgar servicios médicos integrales y permanentes a diez millones de mexicanos pobres que carecen de este derecho. Además, el deterioro de las instituciones de salud causado por la restricción presupuestal, ha bajado la calidad de los servicios y provocado insatisfacción en los usuarios. El empleo informal alcanzó a 20 millones de trabajadores, es decir, aquellos que no tienen ingreso seguro ni prestaciones de ley, ni acceso a la seguridad social, ya no digamos a una pensión digna de retiro. En suma, nos encontramos peor que hace seis años, vamos, ni siquiera el gasto programable del que el gasto social es uno de sus principales componentes, sale bien librado. La proporción del gasto programable con respecto del PIB disminuyo de 27 por ciento 1981 a 15.6 por ciento en el año 2000. En materia de financiamiento, las prioridades han estado en otra parte, las cifras lo demuestran, en este año el gasto social representa solo el .06 por ciento del costo de los pasivos del IPAB. Señor Secretario, erradicar la pobreza es uno de los principales desafíos del próximo siglo. En efecto, la desigualdad en México no es un fenómeno nuevo, pero en años recientes, sobre todo por sus manifestaciones lacerantes ha tomado relevancia notoria. El crecimiento de la pobreza extrema esta documentado y a la vista de todos, hasta 1999, la Secretaría a su cargo reconocía la existencia de 26 millones de pobres extremos, pero al igual que Carlos Salinas de Gortari lo hizo en su momento, pretendiendo sorprender en el Sexto Informe del Doctor Ernesto Zedillo, se señala citando un estudio de la CEPAL, que en el período 1996 1998, se revirtió la tendencia de la evolución de la pobreza en México y que disminuyó en 4.3 millones de personas. El Presidente de la República omite en cambio, el informe sobre desarrollo mundial 1995 2000 del Banco Mundial y del mismo Fondo Monetario Internacional para el cual, 40 por ciento de los mexicanos reciben un ingreso diario de apenas 2 dólares y coloca a México como el ejemplo de economía de crecimiento con pobreza. Asimismo deja de lado la referencia de la Organización Internacional del Trabajo que establece que la mitad de los asalariados mexicanos laboran en la informalidad y calla porque así le conviene, las cifras de la FAO, según la cual en México, uno de cada tres niños padece problemas de desnutrición crónica, lo que les impide disfrutar de una vida saludable y activa. Para nosotros, como para la población mexicana que padece sus efectos, el desastre social esta a la vista. Entre 1995 y 1999, de acuerdo a las propias cifras oficiales, la pobreza extrema creció en 11 millones de personas. Diversos cálculos académicos que coinciden con los nuestros, reconocen que la pobreza afecta al 70 por ciento de la población. Entonces, señor Secretario, ¿de qué país habla el Presidente cuando se refiere a los pobres? Ante esta dramática situación, lo hemos señalado hasta el cansancio, el compromiso del gobierno federal sólo se ha limitado a administrar la subsistencia de aquellos ciudadanos que considera en extrema pobreza, sin atacar las causas estructurales que la han generado. En lugar de promover una política social activa de acciones amplias y universales, crea programas compensatorios como el PROGRESA y focaliza las políticas públicas. Con esa concepción sobre la justicia social y con las acciones realizadas, la administración zedillista a través del PROGRESA, lleva a cabo un programa focalizado que parte de la premisa de que la pobreza extrema en México es un problema predominantemente rural y que afecta sólo a una pequeña parte de la población urbana, lo que a todas luces es un error que ahora debe corregirse, poniendo en práctica programas que apoyen también a los pobres de la ciudad, mediante subsidios que otorgue el gobierno, Ya es hora de que el Estado intervenga en el rescate a la sociedad, destinando recursos públicos que permitan superar la pobreza y la pobreza extrema. Si el Estado interviene en la economía mediante la conversión de deudas privadas en débitos públicos, como es el caso del IPAB y del rescate carretero, no hay razón para no intervenir en el combate frontal y real a la pobreza, Por otra parte, el PROGRESA es de inspiración clientelar, los beneficios que otorga son para un segmento de los pobres extremos; pervierte los derechos sociales a la salud, alimentación y educación, al convertirlos en dádivas; propicia el condicionamiento de la ayuda gubernamental a cambio de apoyo en los procesos electorales. Sin embargo, la inutilidad del PROGRESA, queda al desnudo al constatar que en los años de superación, el número de las personas en condición de pobreza extrema creció cuatro millones, O podría usted, señor Secretario, demostrarnos ¿cuántos beneficiarios de este programa han salido de pobres o siquiera de la pobreza extrema? El crecimiento sostenido del gasto en PROGRESA contrasta muchisimos con la reducción presupuestal de otros programas, lo que deja ver su importancia estratégica en el modelo de desarrollo social implantado hasta hoy. Desde su puesta en marcha se redujeron los subsidios al consumo, el presupuesto de los programas alimentarios, los programas de apoyo a la producción primaria y los fondos de infraestructura social estatal del Ramo 33 del Presupuesto de Egresos. En cuanto a la ampliación de la cobertura y calidad de la educación, si bien reconocemos que en la actualidad se ha logrado que la primaria sea prácticamente el único nivel alcanzado por todos los mexicanos, todavía hay más de un millón y medio de niños que no asiste a la primaria. Además no existe ningún indicador que nos permita apreciar la calidad de la formación obtenida por quienes si terminan su educación básica, respecto a su desempeño como mexicanos y ciudadanos de una sociedad en transformación. Si el reto del siglo XXI es alcanzar la justicia social, entonces se requiere de un viraje en el modelo económico hasta hoy seguido que mantiene las metas sociales atadas a las metas macroeconómicas y a los grandes intereses financieros. Para el Partido de la Revolución Democrática es necesario el impulso de una profunda reforma social de Estado que vaya aparejada a la democratización del país, Es indispensable traducir los avances económicos futuros en una política de desarrollo que combata los problemas estructurales de la pobreza y no simplemente atenúe sus efectos; que fomente la inversión productiva y la creación de empleos de calidad y bien remunerados; que haga realidad el salario constitucional y eleve el nivel promedio del ingreso popular; que propicie la retribución justa del obrero, del empleado y del profesionista; que abata el empleo informal y la precariedad en los puestos de trabajo. Una política social que haga posible el acceso en forma gratuita a la educación para todos y en todos los niveles; que eleve la calidad educativa y le dé contenido a la equidad, que elimine el analfabetismo y eleve la escolaridad promedio de toda la población; una política con verdadero sentido social que termine con el rezago en vivienda y servicios; que promueva la universalización de la seguridad social y mantenga los principios para conservarla integral, obligatoria, pública, redistributiva y sobre todo, solidaria; que mejore crecientemente la atención a la salud y eleve de manera sustancial los ingresos de jubilados y pensionados; una política social que acabe con el uso clientelar, electorero, patrimonialista y discrecional en los fondos públicos destinados a combatir la pobreza extrema. En fin, una política social de Estado activa, responsable y universal. El cambio de régimen y la democratización del país no será posible sin justicia social. El gobierno de Zedillo falto a su palabra con los más necesitados y nos deja un país con enormes carencias y sin bienestar. Para hacerles frente se requiere no sólo un nuevo gobierno, sino un gobierno comprometido con las causas populares y de los sectores medios. Por ello el Partido de la Revolución Democrática insistirá en aumentar el gasto social en todos sus renglones hasta que alcance el nivel más alto en América Latina, empezando por la educación pública, salud y el combate a la pobreza; en el diseño de un Plan Nacional de Desarrollo de largo plazo en que el Congreso de la Unión apruebe el Plan Nacional de Desarrollo; en la descentralización de acciones sociales y recursos a las entidades y a los municipios. . . ( Interrupción) Septiembre 21 del 2000.