El diputado Alejandro Gertz Manero: Señoras y señores diputados, posicionarse políticamente frente a la realidad que vivimos y a los resultados de la presente administración nos obliga a reconocer, que la paz, la seguridad y la justicia las hemos perdido los mexicanos en una proporción cada vez más profunda y acelerada, mientras el gasto público se multiplica sirviendo fundamentalmente para alimentar una enorme maquinaria burocrática que todos los días crece y se hace mucho más costosa en detrimento del crecimiento del país que en las últimas décadas no ha podido avanzar, mientras el número de pobres ha continuado creciendo. A esta situación, hay que agregarle el desprestigio y el rechazo que sufren todos los Poderes y los partidos políticos, mientras la insurgencia ciudadana se multiplica y el repudio a las estructuras policíacas y al Ministerio Público llega a niveles nunca vistos. Frente a un quehacer político tan cuestionado ya existe un clamor, que los partidos políticos no quieren escuchar, en el sentido de acabar con el monopolio partidista que les impide a los ciudadanos exigir cuentas y sancionar a quienes incumplan. Frente a todo ello, vanagloriarse con cifras maquilladas o con resultados económicos contradictorios y ajenos a la comunidad y a hacer propuestas que repiten lo que no se ha cumplido u ofrecen cambios, que quien los está promoviendo ha demostrado que no quiere que estos ocurran, sólo traerá más rechazo y más repudio a las funciones públicas, por elemental congruencia y honestidad. Al hacer un diagnóstico esto nos debe llevar no sólo a críticas, sino a proposiciones que puedan ser avaladas por resultados que sean reconocidos en forma natural por la propia sociedad civil, y es por eso que nuestro movimiento ciudadano establece con toda claridad, su posicionamiento que es propositivo y sustentado en sus propios antecedentes y experiencias, los cuales respaldan con solidez el éxito de actividades futuras. Desde su origen, nuestro movimiento hace 10 años, comprometimos nuestro proyecto político con las causas ciudadanas y con la seguridad y la justicia, razón por la cual preparamos, consensamos y finalmente presentamos en 2003, siete iniciativas de seguridad y justicia que han sido el resultado de una experiencia desarrollada, con buenos resultados durante décadas; dichos resultados los obtuvimos en la defensa del patrimonio cultural de la nación, en la llamada Operación Cóndor contra el narcotráfico, en la creación del Consejo Ciudadano del Distrito Federal, en las exitosas experiencias de seguridad pública en el propio Distrito Federal, en la creación del Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad, el Icesi, y en las tareas de prevención del delito a nivel nacional. Todo este cúmulo de resultados acreditables y la certeza de que solamente con una verdadera participación de la comunidad, sin manipulación y opresiones, se puede avanzar en el desarrollo social del país y en la defensa de cada persona y de las instituciones. Y esto es lo que están expresando nuestras iniciativas que se sustentan en una reforma constitucional, en un código penal único, en un Código de Procedimientos Penales único, en una Ley de Justicia Cívica tipo, en una Ley de Readaptación Social, en una Ley de Justicia para Menores y en una reforma administrativa integral sustentada en la eficiencia comprobable, en la rendición de cuentas y en la participación ciudadana permanente. Estas iniciativas las presentamos mucho antes de que la crisis de seguridad explotara en el país en razón de la insensibilidad y la corrupción que dispararon este problema. Y así, durante tres legislaturas, hemos venido impulsando este proyecto ciudadano y lo hemos vuelto a presentar en la actual, adaptándolo a las nuevas circunstancias e insistiendo mes con mes, que por lo menos se active el proceso legislativo y se nos dé la oportunidad de exponer las razones y la viabilidad de este proyecto ante las comisiones unidas que deben conocer un asunto tan prioritario, pero no lo han hecho. Esta respetuosa solicitud es para nosotros fundamental, y habremos de recurrir a todas las instancias legislativas para lograr que el proceso se destrabe y funcione, y ya que durante estos nueve años algunos partidos han tomado porciones de nuestro proyecto en materia de reparación del daño de defensa de las víctimas, de oralidad en los juicios y otra serie de factores que si bien son importantes no pueden ni podrán operar aisladamente si no están integrados en un proyecto unitario que los haga funcionar a todos. En nuestras iniciativas el bien jurídico a defender es la integridad física y el patrimonio de los mexicanos que ahora se haya algarete, priorizando una verdadera reparación del daño y obligando a la policía de todos los niveles a rendir cuentas diarias y públicas a la ciudadanía, devolviéndonos el derecho de defendernos en materia penal y ubicando al ministerio público no como un juez de instrucción como lo es actualmente, sino como un auxiliar de los jueces ya sin el malhadado monopolio de la acción penal que ha traído el repudio y la impunidad que son innegables. También impulsamos la justicia cívica como instrumento fundamental de la contención del delito, así como la verdadera y cuantificable reparación del daño a la víctima y ofendido, como eje básico de la justicia en materia penal. Otros puntos fundamentales son los de la integración de un sistema nacional policiaco único, en el que puedan trabajar, colaborar y rendir cuentas los policías municipales de proximidad; los estatales de estructuras territoriales y los federales en los delitos que trasciendan a los estados. Proponemos un nuevo sistema carcelario que sea autosuficiente y que separe con toda claridad a los delincuentes habituales y peligrosos frente a los primodelincuentes de baja peligrosidad, en toda una estructura de organización, de trabajo y de productividad que se haga autosuficiente. En estas iniciativas nada se dejó a un lado y todo se integró a experiencias positivas. En todos estos temas hemos demostrado resultados, tenemos experiencia probada y por ello sustentamos con hechos comprobables nuestra propuesta legislativa y en este cambio sustantivo en materia de seguridad y justicia. En esa misma dinámica ciudadana, y después de observar a través de la Comisión de Vigilancia la catástrofe del ejercicio presupuestal y las proporciones del despilfarro y de la corrupción que prevalecen en el gasto público, unimos nuestro proyecto ciudadano de seguridad y justicia con la necesidad de una verdadera rendición de cuentas y una auditoría ciudadana, utilizando para ello la infraestructura, la capacidad profesional y la experiencia de la Auditoría Superior de la Federación. Con un solo ejemplo de lo anterior estamos demostrando lo dicho, ya que en el Presupuesto de 2009, con el 10 por ciento de las cuentas auditadas, 30 mil millones de pesos fueron observados por irregularidades, por corrupción y por despilfarro. Si no se hubiera analizado nada más el 10 por ciento, sino todas las cuentas, se podría haber compactado y reducido el presupuesto nacional en más del 30 por ciento, devolviéndole al Estado mexicano y a sus habitantes una enorme capacidad económica de prosperidad. En razón de ellos, hemos presentado también las iniciativas de reforma constitucional en materia de rendición de cuentas y auditoría ciudadana. Nuestro posicionamiento, lo quiero reiterar, no solamente es de crítica y de rechazo a lo que estamos sufriendo, sino de propuestas concretas, claras y bien sustentadas que podrán resolver en mucho los problemas de inseguridad, injusticia y corrupción que existen. Todas estas iniciativas se hallan bloqueadas en nuestro propio Congreso, y a pesar de la reforma estatutaria que obliga a las comisiones a cumplir con sus tareas, se ha encontrado la forma de eludir estas responsabilidades y no hemos podido avanzar, llegando casi al final de esta legislatura con la mancha de la ineptitud y de la ineficiencia, y si no rompemos este círculo vicioso de manipulación y de freno que impide sacar adelante los proyectos de cambio estructural en el país para perdernos en reformas parciales que solamente encubren ineficiencia e intereses creados, esta situación va a ser muy grave para todo el Congreso. Quiero insistir. No tenemos autoridad moral para criticar a un Ejecutivo que ha incumplido, si nosotros mismos hacemos lo propio. Ojalá y este ejercicio de análisis en este foro soberano nos pueda llevar a un acto de autocrítica y de responsabilidad política, que nos permita discutir la agenda pendiente en seguridad, en justicia, en rendición de cuentas, creando los instrumentos legales que el país nos está exigiendo. Si logramos fortalecer nuestros estatutos para romper los monopolios de inmovilidad legislativa, el triunfo de esta legislatura y del país será innegable. Si esta meta la alcanzamos habremos cumplido. En caso contrario, seremos cómplices y encubridores de lo mismo que estamos criticando. Muchas gracias, señores y señoras.