LA C. PRESIDENTA: Aprobados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL C. SECRETARIO, DIPUTADO ADRIAN RIVERA PEREZ (PAN) (Da lectura al oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico... «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaria de Hacienda y Crédito Público. Diputada Beatriz Paredes Rangel, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 23, fracciones I y III, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, me permito enviar la información relativa a la evolución de la recaudación, los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al periodo enero-febrero de 2002. Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D.F., a 2 de abril de 2002. El secretario José Francisco Gil Díaz.» Información de finanzas públicas y deuda pública, enero-febrero de 2002 I. Finanzas públicas. I.1 Balance del sector público. I.2 Situación financiera del sector público I.3 Gasto programable del sector público Presupuestario. I.4 Situación financiera del Gobierno Federal I.5 Situación financiera de entidades bajo control presupuestario directo. I.6 Situación financiera del Gobierno Federal y seguridad social. II. Deuda pública. II.1 Evolución de los saldos de la deuda pública externa, febrero de 2002. II.2 Evolución de los saldos de la deuda pública externa, enero-febrero de 2002. II.3 Evolución de los saldos de la deuda interna del Gobierno Federal, febrero de 2002. II.4 Evolución de los saldos de la deuda interna del Gobierno Federal, enero-febrero de 2002. II.5 Colocaciones del sector público, enero-febrero de 2002. II.6 Colocaciones de valores gubernamentales, febrero de 2002. II.7 Tasas de valores gubernamentales, febrero de 2002. II.8 Costo de la deuda pública externa, febrero de 2002. II.9 Costo de la deuda pública externa, enero-febrero de 2002. II.10 Costo de la deuda interna del Gobierno Federal, febrero de 2002. II.11 Costo de la deuda Interna del Gobierno Federal, enero-febrero de 2002. II.12 Deuda externa del sector público, financiamientos durante febrero y acumulado de 2002. II.13 Deuda Interna del Gobierno Federal, financiamientos durante febrero y acumulado de 2002. -SECRETARIO, DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: (Oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el que se envía información sobre el Erario Federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al periodo enero-febrero de 2002) -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -MISMO C. SECRETARIO: (Oficio de la Secretaría de Gobernación sobre el C. Claus Werner von Wobeser Hoepfner) «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios. Cámara de Diputados. Congreso de la Unión. Presentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que el ciudadano Claus Werner von Wobeser Hoepfner, pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania, en grado de Cruz de Caballero, que le confiere el gobierno de dicho país. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D. F., a 27 de marzo de 2002. El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» -PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -MISMO C. SECRETARIO: (Oficio de la Secretaría de Gobernación, sobre la C. Sara Santizo Barrientos) «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios. Cámara de Diputados. Congreso de la Unión. Presentes. La Secretaría de Relaciones Exteriores se dirigió a esta de Gobernación, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que la ciudadana Sara Santizo Barrientos, pueda aceptar y usar la condecoración de la Medalla de Oro por Méritos por la República de Austria, que le confiere el gobierno de dicho país. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta de la interesada dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copias simples de su currículum vitae y de la notificación en la que le comunican la intención de otorgarle la condecoración de que se trata. Agradezco a ustedes su atención a la presente reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., 27 de marzo de 2002. El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» -PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -MISMO C. SECRETARIO: (Oficio de la Secretaría de Gobernación sobre el C. Gral. Gerardo Clemente Ricardo Vega García) «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Dirección General de Gobierno. Ciudadanos secretarios. Cámara de Diputados. Congreso de la Unión. Presentes. El general Gerardo Clemente Ricardo Vega García, secretario de la Defensa Nacional se dirigió al titular de esta dependencia, solicitando se tramite ante el honorable Congreso de la Unión, el permiso a que se refiere la fracción III apartado C del artículo 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que pueda aceptar y usar la condecoración de la Orden del Mérito Militar "Antonio Nariño" en grado de Gran Cruz, que le confiere el gobierno de la República de Colombia. Por lo anterior me permito anexar, para que se integren en su expediente, original de la carta del interesado dirigida al honorable Congreso de la Unión, solicitando el permiso respectivo; copia certificada del acta de nacimiento y copia simple de su currículum vitae y de la notificación en la que se le comunica la intención de otorgarle la condecoración de que se trata, así como dos fotografías. Agradezco a ustedes su atención a la presente, reiterándoles la seguridad de mi consideración. Atentamente. México, D.F., 1o. de abril de 2002. El director general de gobierno, M. Humberto Aguilar Coronado.» -PRESIDENTA: Recibo y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -MISMO C. SECRETARIO: (Oficio del Senado de la República con el que se turna a esta Cámara, Iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002) «Escudo de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes. Me permito comunicar a ustedes que en sesión celebrada en esta fecha, el senador Fidel Herrera Beltrán, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo transitorio a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002. La Presidencia dispuso que dicha iniciativa se turnara a la Cámara de Diputados. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, D.F., a 3 de abril de 2002. Senador César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura. Honorable Asamblea: los suscritos, senadores del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente: iniciativa de adición de un artículo transitorio para incorporarse a la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, de conformidad con la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La delicada situación de la industria azucarera nacional reclama de la atención urgente de los legisladores para el efecto de dictar las medidas necesarias a fin de evitar una crisis de enormes proporciones en el sector. Por otra parte, los compromisos derivados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y su cumplimiento cabal por parte de los países signatarios, así como los intereses de los productores de fructosa en México, hacen también necesario tomar medidas que permitan tutelar los intereses legítimos de las personas y grupos involucrados. El Poder Ejecutivo de la Unión, emitió el pasado 5 de marzo de 2002 un decreto por el cual, mediante una utilización cuestionable del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, difiere el cobro del impuesto establecido en el artículo 2o., fracción I, inciso H, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios hasta el 30 de septiembre de este mismo año. El Poder Legislativo federal considera que, en un marco de colaboración y respeto entre los poderes conviene incluir dicha disposición en un ordenamiento de rango legal, de manera que se cumpla de la forma más rigurosa posible con el sentido de la división de poderes que establece la Constitución mexicana. En el mismo tenor, el Poder Legislativo considera que el plazo por el cual se debe suspender el cobro del impuesto por el uso de fructosa en los refrescos (entendidos en el sentido que los define el artículo 3o., fracción XV, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), no debe extenderse más allá del último día del mes de junio. Con la adición de un artículo transitorio que se propone realizar a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2002, se logra una producción razonable y legítima de los intereses y necesidades de la industria azucarera nacional en un término breve y perentorio; a la vez que se logra una consideración importante con respecto a las negociaciones internacionales de México con los Estados Unidos de Norte América y con respecto a los intereses de los productores nacionales de fructosa. La legislación de un país democrático debe responder no solamente a criterios de eficiencia económica, sino también a los de tutela de interés social, entendido como el interés de sectores importantes de la sociedad. Es por ello que, en atención a la situación difícil que atraviesan casi 3 millones de personas que dependen de la industria nacional del azúcar, el Poder Legislativo Federal ha decidido adicionar un artículo transitorio a la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2002 en los términos que siguen: Artículo décimo transitorio...: "el impuesto previsto en el artículo 2o., fracción I, inciso H, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios no será aplicable desde el 6 de marzo hasta el 30 de junio de ejercicio fiscal del año 2002." Cámara de Senadores, 2 de abril del año 2002. Senadores: Fidel Herrera Beltrán; Antonio García Torres; Miguel Angel Navarro Quintero; Carlos Chaurand Arzate; Noemí Guzmán Lagunes y César Camacho Quiroz. -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -MISMO C. SECRETARIO: (Oficio del Senado de la República, con el que se remite Minuta Proyecto de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura. Presidencia de la Mesa Directiva. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes. Para los efectos legales correspondientes, me permito remitir a ustedes el expediente que contiene minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para los efectos de lo dispuesto por el inciso e, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, D.F., a 26 de marzo de 2002. Senador Diego Fernández de Cevallos Ramos, presidente.» «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVIII Legislatura. MINUTA PROYECTO DE DECRETO Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo Primero. Se reforman los artículos que integran los capítulos II y III del Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como siguen: TITULO SEGUNDO CAPITULO II Primera Parte Procedimiento de Juicio Político SECCION PRIMERA Reglas generales Artículo 9o. El procedimiento de juicio político consta de dos etapas sucesivas denominadas periodo de instrucción y periodo de juicio. Artículo 10. En el procedimiento de juicio político la Cámara de Diputados actuará como órgano instructor y de acusación. La Cámara de Senadores fungirá como Jurado de Sentencia. En su actuación, ambas cámaras deberán sujetarse a lo dispuesto por los artículos 110 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la presente ley. En ningún caso podrá dispensarse alguna de las formalidades establecidas en los ordenamientos antes señalados. A falta de disposición expresa, serán aplicables, supletoriamente, las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles y en su caso, la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa de las cámaras. Artículo 11. El periodo de instrucción será substanciado por la Cámara de Diputados, a través de una subcomisión de Instrucción, que se mantendrá de legislatura a legislatura, y estará integrada por tres miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, tres miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, y tres miembros de la Comisión Jurisdiccional. Asimismo formarán parte de la subcomisión de instrucción los presidentes de las comisiones antes señaladas. El Presidente de la Comisión Jurisdiccional lo será a su vez de la subcomisión de Instrucción y tendrá voto de calidad para el caso de empate. El Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, fungirá como secretario. Artículo 12. El periodo de juicio será substanciado por la Cámara de Senadores, a través de una subcomisión de Enjuiciamiento que se mantendrá de legislatura a legislatura, y estará integrada por tres miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, tres miembros de la Comisión de Justicia y tres miembros de la Comisión Jurisdiccional. Asimismo, formarán parte de la subcomisión de enjuiciamiento los presidentes de las comisiones ordinarias antes señaladas. El Presidente de la Comisión Jurisdiccional lo será a su vez de la subcomisión de Enjuiciamiento y tendrá voto de calidad para el caso de empate. El Presidente de la Comisión de Justicia fungirá como secretario. Artículo 13. En el procedimiento de juicio político las actuaciones deberán practicarse en días y horas hábiles, bajo pena de nulidad. Son días hábiles todos los del año, excepto los sábados, domingos y aquellos que no sean laborables para los trabajadores del Poder Legislativo Federal. Se entienden horas hábiles las que medien desde las nueve hasta las 19:00 horas. Las sesiones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, previstas en los artículos 34 y 40 de esta ley, no quedarán sujetas a dicho horario. Sin perjuicio de lo anterior, las subcomisiones de Instrucción y Enjuiciamiento, podrán habilitar los días y horas inhábiles para actuar o para que se practiquen diligencias, cuando hubiere causa urgente que lo exija. En todo caso, deberán hacer constar cuál es la causa que motive la habilitación y las diligencias que hayan de practicarse. Artículo 14. Las actuaciones que se practiquen en el procedimiento de juicio político deberán ser autorizadas por el secretario de la subcomisión que corresponda, o por alguno de los secretarios de las comisiones o cámaras cuando les competa actuar. Los ocursos y las actuaciones deberán escribirse en español. Los documentos redactados en idioma extranjero deberán acompañarse de la correspondiente traducción al español. Las fechas y cantidades se escribirán con letra. No se emplearán abreviaturas ni se rasparán las frases equivocadas, sobre las que sólo se pondrá una línea delgada que permita la lectura, salvándose al fin con toda precisión el error cometido. Artículo 15. Todas las declaraciones, resoluciones, autos y demás proveídos que se emitan dentro del procedimiento de juicio político o a consecuencia del mismo, deberán estar debidamente fundadas y motivadas. Las excusas y recusaciones se substanciarán en los términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. Artículo 16. Para hacer cumplir las determinaciones que se dicten en términos de la presente ley, las subcomisiones, comisiones y cámaras, podrán imponer como medida de apremio, previo el apercibimiento correspondiente, multa hasta por el equivalente a 100 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. El procedimiento administrativo de ejecución para el cobro de las multas que se impongan en términos del presente artículo, será aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. SECCION SEGUNDA De la denuncia y el periodo de instrucción Artículo 17. El procedimiento de juicio político podrá ser promovido por cualquier ciudadano mexicano, bajo su más estricta responsabilidad, mediante la presentación de una denuncia por escrito que contenga los siguientes requisitos: I. Nombre completo y domicilio del denunciante. Las denuncias anónimas no producirán efecto alguno. II. Nombre del funcionario denunciado. III. Los hechos en que se funde la denuncia, debiendo narrarse, bajo protesta de decir verdad, sucintamente, con claridad y precisión. En todo caso, la denuncia deberá referirse a alguna de las conductas previstas en el artículo 7o. de esta ley, o bien a las que determina el segundo párrafo del artículo 5o. de este mismo ordenamiento, por lo que toca a los gobernadores de los estados, diputados a las legislaturas locales y magistrados de los tribunales de Justicia locales. IV. Firma del denunciante. V. Asimismo, en el escrito de denuncia deberán ofrecerse todas las pruebas con las que se pretendan acreditar los hechos en que se funde. Al efecto, serán admisibles todo tipo de pruebas, siempre que estén reconocidas por la ley. El denunciante deberá exhibir todos los documentos que ofrezca como prueba junto con la denuncia. Los que se presenten con posterioridad no serán admitidos, salvo aquellos supervinientes. En el caso de que el denunciante careciere de algún documento, deberá acreditar, al presentar su denuncia, que solicitó su expedición con la copia simple y sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que a su costa, se le expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. En estos casos, a petición del denunciante, la subcomisión de Instrucción, luego de que tenga por presentada la denuncia, podrá solicitar la expedición del documento correspondiente, a costa del denunciante. Si se ofreciere la testimonial, deberá proporcionarse el nombre y domicilio de los testigos y se exhibirán los interrogatorios al tenor de los cuales deberá desahogarse la prueba. En ningún caso se admitirán testimoniales de personas que no hayan sido mencionadas en el escrito de denuncia. Si el domicilio de los testigos resultare inexacto, se declarará desierta la prueba. De ofrecerse la pericial, deberá indicarse el nombre y domicilio de los peritos, así como la clase de pericial de que se trate. Asimismo, deberá anexarse el cuestionario que deban resolver los peritos. En ningún caso se tendrán por presentadas denuncias que no tengan sustento en prueba alguna. Artículo 18. En el evento de que la denuncia sea presentada por dos o más ciudadanos de manera conjunta, tan pronto la ratifiquen en lo individual, deberán designar un representante común. Luego de que se acuerde favorablemente su nombramiento, el representante común tendrá las mismas facultades que si actuara por propio derecho, y en lo sucesivo, el conjunto de denunciantes actuará únicamente por su conducto. Artículo 19. El escrito de denuncia deberá ser presentado ante la oficialía de partes de la subcomisión de Instrucción y en el mismo acto deberá ser ratificada por el denunciante, ante el personal de dicha oficialía, previa acreditación de su calidad de ciudadano mexicano. A tal efecto, bastará la exhibición de su credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral. De no ratificarse la denuncia en los términos señalados, se tendrá por no presentada. Artículo 20. Dentro de las 24:00 horas siguientes a la ratificación del escrito de denuncia, la subcomisión de Instrucción procederá a efectuar su revisión. Si encontrare alguna irregularidad, o advierte la omisión de alguno de los requisitos previstos en el artículo 17 de esta ley, prevendrá, mediante notificación personal, al denunciante para que dentro de un plazo improrrogable de tres días hábiles los subsane. Si transcurrido dicho plazo no se diera cumplimiento a la prevención, la subcomisión de Instrucción desechará de plano la denuncia, ordenando su archivo como asunto concluido. Artículo 21. Presentada la denuncia con los requisitos correspondientes, o desahogada satisfactoriamente la prevención a que se refiere el artículo 20, la subcomisión de Instrucción procederá a dictar un proveído en el que se tenga por presentada la denuncia. En el mismo se mandará emplazar al denunciado, corriéndole traslado con copia autorizada de la denuncia y los documentos anexos, a efecto de que dentro del plazo de diez días hábiles comparezca por escrito ante dicha subcomisión, a manifestar lo que a su derecho convenga. Al hacer sus manifestaciones, el denunciado deberá referirse, en capítulos separados, tanto a la procedencia de la denuncia, como a las imputaciones que se le hagan, señalando los hechos que sean ciertos, los que sean falsos y los que ignore por no ser propios. Asimismo, el denunciado deberá ofrecer todas las pruebas que considere pertinentes y que tengan relación con la procedencia de la denuncia y con las imputaciones de fondo, debiendo observar en lo conducente los requisitos previstos en la fracción V del artículo 17 de esta ley. De igual forma, al hacer sus manifestaciones, el denunciado deberá adicionar los interrogatorios de testigos y peritos que, en su caso, haya exhibido el denunciante. Si el denunciado no comparece en el plazo antes señalado, se entenderán negados los hechos que se le imputen y se tendrá por perdido su derecho para ofrecer pruebas y adicionar los interrogatorios de testigos y peritos. Artículo 22. Dentro de los 10 días hábiles siguientes a que reciba las manifestaciones del denunciante, o a que haya vencido el plazo para hacerlas, la subcomisión de Instrucción procederá a resolver si ha lugar o no a iniciar el procedimiento. A tal efecto, la subcomisión de Instrucción deberá analizar en su integridad tanto las manifestaciones del denunciante, como las que en su caso hubiere hecho el denunciado, junto con la documentación exhibida. Para resolver sobre la iniciación del procedimiento la subcomisión de Instrucción deberá verificar escrupulosamente que se cumpla lo siguiente: I. Que el funcionario público denunciado continúe en su cargo, o bien que no haya transcurrido más de un año desde que cesó su ejercicio. II. Que el denunciado se encuentre entre los servidores públicos que, conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son sujetos del juicio político. III. Que en el escrito de denuncia se impute al funcionario público alguna conducta que claramente encuadre en las previstas en los artículos 5o. y 7o. de la presente ley. IV. Que la denuncia esté apoyada en pruebas documentales o elementos probatorios suficientes para establecer presuntivamente la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado. Artículo 23. La resolución por la que se decida que no ha lugar a iniciar el procedimiento no es recurrible. Contra la que resuelva iniciarlo será procedente el recurso de revisión o el juicio de amparo indirecto, que podrá promover el denunciado a su elección. Artículo 24. En la resolución por la que se decida iniciar el procedimiento procederá la subcomisión de Instrucción a proveer sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por el denunciante y el denunciado y dictará las medidas que resulten necesarias para su preparación: fijando día y hora para la celebración de una audiencia, dentro de los treinta días hábiles siguientes, en la que tendrá lugar su desahogo. Dicha resolución deberá ser notificada personalmente al denunciante y al denunciado dentro de los tres días hábiles siguientes a que se dicte. De ser necesaria la práctica de diligencias fuera del lugar de residencia de las cámaras, se encomendará su realización al juez de distrito competente, por medio de despacho que al efecto se remita. Artículo 25. Cuando sea estrictamente necesario para el conocimiento de los hechos denunciados, la subcomisión de Instrucción podrá decretar, de oficio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria. En este caso, la diligencia probatoria deberá quedar desahogada antes de que concluya la audiencia de pruebas. La subcomisión de Instrucción ordenará la notificación personal al denunciado de todo proveído por el que se ordene la práctica de alguna diligencia probatoria, por lo menos con tres días hábiles de anticipación a la fecha en que la misma deba tener lugar, con la finalidad de permitir su participación. Artículo 26. De ofrecerse o considerarse necesaria la confesional del denunciado, dicha prueba deberá desahogarse por oficio, mientras el servidor público continúe en su encargo. La misma regla se observará para el reconocimiento de documentos. Artículo 27. Si en la audiencia prevista en el artículo 24 de esta ley no pudiere tener lugar el desahogo de todas las pruebas admitidas, incluyendo las que se determinen para mejor proveer, la subcomisión de Instrucción la diferirá por única vez, fijando nueva fecha para su celebración dentro de los 15 días hábiles siguientes. Las pruebas que por falta de preparación no queden desahogadas en dicha fecha serán declaradas desiertas. El denunciante podrá asistir al desahogo de las pruebas que hubiere ofrecido. Sin embargo, en ningún caso se le concederá el derecho de intervenir o alegar en dichas diligencias. Artículo 28. Concluida la audiencia de pruebas, se pondrán los autos a la vista del denunciado a efecto de que dentro del plazo de 10 días hábiles presente sus alegatos por escrito ante la subcomisión de Instrucción. Artículo 29. Presentados los alegatos del denunciado, o vencido el plazo para ello, la subcomisión de Instrucción contará con un plazo de 10 días hábiles para formular su proyecto de declaración. Artículo 30. Si del análisis de lo alegado y probado en el procedimiento se acredita la responsabilidad del servidor público, la subcomisión de Instrucción propondrá en su proyecto de declaración la aprobación de lo siguiente: I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del denunciado; III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo octavo de esta ley, y IV. Que en caso de ser aprobado el proyecto, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos. Si alguno o algunos de los miembros de la subcomisión de Instrucción disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría. Artículo 31. De no acreditarse la responsabilidad del servidor público, la subcomisión de Instrucción propondrá en su proyecto, previa votación de sus integrantes, que no se formule acusación ante la Cámara de Senadores y se declare concluido el procedimiento. Si alguno o algunos de los miembros de la subcomisión de Instrucción disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría. Artículo 32. Con el proyecto a que se refieren los artículos 29, 30 y 31 de esta ley, la Subcomisión de Instrucción remitirá las actuaciones al Presidente de la Cámara de Diputados, a efecto de que éste proceda a citar, por los conductos ordinarios, a una sesión del pleno, que deberá tener lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes, con el fin de resolver sobre la imputación. Artículo 33. El Presidente de la Cámara de Diputados mandará hacer del conocimiento del denunciado el día y hora en que tendrá lugar la sesión prevista en el artículo 32, a fin de que, si lo desea, pueda comparecer a hacer las manifestaciones que estime convenientes. En todo caso, el denunciado podrá hacer sus manifestaciones por escrito, sin que al efecto se requiera su comparecencia personal. Artículo 34. La sesión de la Cámara de Diputados, prevista en el artículo 32, será indivisible y una vez iniciada no concluirá hasta que se haya emitido la resolución respectiva. Comenzará con la declaración formal de su Presidente en el sentido de que dicha Cámara se erige, a partir de ese momento, en órgano de acusación. Acto continuo, el secretario de la Mesa Directiva dará lectura al proyecto de la subcomisión de Instrucción. Asimismo, el secretario dará lectura íntegra a las manifestaciones del denunciado, en el evento de que éstas hubieran sido hechas por escrito. Si el denunciado o su representante asistieran a la sesión, tendrán derecho a hacer uso de la voz, en concepto de alegatos, a efecto de lo cual se concederán un máximo de 20 minutos, antes del inicio de la discusión. Artículo 35. Efectuada la lectura de las manifestaciones del denunciado o escuchados sus alegatos, se procederá a discutir y votar el proyecto de la subcomisión de Instrucción. En caso de no aprobarse el proyecto presentado, la subcomisión deberá elaborar otro, en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Diputados, a fin de que sea discutido y votado dentro de los 15 días siguientes. En ningún caso podrán votar los diputados que hayan tenido el carácter de denunciantes. Si el denunciado o su representante desearen presenciar la discusión y votación, lo manifestarán así al secretario del Mesa Directiva, quien les asignará el sitio, dentro del salón de sesiones, en el que podrán permanecer, sin que puedan hacer uso de la voz. Artículo 36. Si la Cámara de Diputados decidiera que no ha lugar a formular acusación ante la Cámara de Senadores, en la misma resolución declarará concluido el procedimiento y ordenará el archivo del asunto como concluido. Si la decisión fuera en el sentido de formular acusación, se remitirá el original de la declaración, junto con las actuaciones completas, a la Cámara de Senadores para la substanciación del periodo del juicio y resolución definitiva. SECCION TERCERA Del periodo de juicio Artículo 37. Recibida en la Cámara de Senadores la acusación junto con las actuaciones, se turnarán a la subcomisión de Enjuiciamiento, la que acusará recibo a la Cámara de Diputados y ordenará notificar al denunciado de la llegada y radicación de los autos, concediéndole un plazo de 10 días hábiles para que formule sus alegatos por escrito. Artículo 38. Formulados los alegatos del denunciado o vencido el plazo para ello, la subcomisión de Enjuiciamiento procederá al análisis íntegro de las constancias de autos, y en un plazo no mayor de 10 días hábiles, previa votación de sus integrantes, formulará su proyecto de sentencia y lo entregará al Presidente de la Cámara de Senadores a efecto de que éste proceda a citar, por los conductos ordinarios, a una sesión del pleno, que deberá tener lugar dentro de los cinco días hábiles siguientes, con el fin de resolver sobre la acusación. Si alguno o algunos de los miembros de la subcomisión de Enjuiciamiento disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al pleno de la Cámara de Senadores, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría. Artículo 39. El Presidente de la Cámara de Senadores mandará hacer del conocimiento del denunciado el día y hora que tendrá lugar la sesión, prevista en el artículo 38, a fin de que, si lo desea, pueda comparecer a hacer las manifestaciones que estime convenientes. En todo caso el denunciado podrá hacer sus manifestaciones por escrito, sin que al efecto se requiera su comparecencia personal. Artículo 40. La sesión de la Cámara de Senadores, prevista en el artículo 38, será indivisible y una vez iniciada no concluirá hasta que se haya emitido la resolución respectiva. Comenzará con la declaración formal de su Presidente en el sentido de que dicha Cámara se erige, a partir de ese momento, en jurado de sentencia. Acto continuo, el secretario de la Mesa Directiva dará lectura al proyecto de sentencia. Asimismo, el secretario dará lectura íntegra a las manifestaciones del denunciado, en el evento de que estas hubieran sido hechas por escrito. Si el denunciado o su representante asistieran a la sesión, tendrán derecho hacer uso de la voz, en concepto de alegatos, a efecto de lo cual se les concederá un máximo de 20 minutos, antes del inicio de la discusión. Artículo 41. Efectuada la lectura de las manifestaciones del denunciado o escuchado sus alegatos, se procederá a discutir y a votar el proyecto de la subcomisión de Enjuiciamiento. En caso de no aprobarse el proyecto presentado, la subcomisión deberá elaborar otro en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Senadores, a fin de que sea discutido y aprobado dentro de los 15 días siguientes. En ningún caso podrán votar los senadores que hayan tenido el carácter de denunciantes. Si el denunciado o su representante desearen presenciar la discusión y votación, lo manifestarán así al secretario de la Mesa Directiva, quien les asignará el sitio, dentro del salón de sesiones, en el que podrán permanecer, sin que puedan hacer uso de la voz. Artículo 42. Efectuada la votación, se emitirá la resolución correspondiente, en la cual deberá quedar determinado con claridad si el denunciado es o no responsable y en su caso cuál es la sanción que le corresponde. SECCIÓN ICUARTA Del Recurso de revisión Artículo 43. Las declaraciones y resoluciones definitivas de las cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. Contra los autos y demás proveídos de las subcomisiones de Instrucción y Enjuiciamiento, dictados durante la secuela del procedimiento de juicio político, que afecten gravemente las defensas del denunciado, procede el recurso de revisión. Asimismo, será procedente dicho recurso en los casos expresamente señalados en la presente ley. Artículo 44. La finalidad del recurso de revisión será modificar o revocar el auto o proveído impugnado y su agotamiento será opcional. La interposición del recurso de revisión no suspenderá la ejecución de los autos y proveídos impugnados. Artículo 45. El recurso de revisión se promoverá mediante escrito en el que se expresen agravios, el cual deberá presentarse, dentro de los 10 días hábiles siguientes a que haya surtido efectos la notificación de los autos o proveídos impugnados, ante la subcomisión que los haya emitido. Artículo 46. Dentro de las 24:00 horas siguientes a que la subcomisión reciba el escrito mediante el que se promueva el recurso, proveerá sobre su admisión y lo turnará a su Presidente para su resolución, la que deberá ser dictada en un plazo máximo de 10 días. SEGUNDA PARTE Procedimiento para la declaración de procedencia Artículo 47. El procedimiento de declaración será substanciado ante la Cámara de Diputados, a través de una subcomisión de Declaración de Procedencia, que se mantendrá de legislatura a legislatura y estará integrada por tres miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales, tres de la de Justicia y Derechos Humanos, y tres miembros de la Comisión Jurisdiccional. Dentro de ellos se designará un Presidente y un secretario. En su actuación la Cámara deberá sujetarse a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la presente ley. En ningún caso podrán dispensarse las formalidades establecidas en los ordenamientos antes señalados. A falta de disposición expresa, serán aplicables, supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales, y en su caso, la Ley Orgánica para el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y la normativa de las cámaras. Artículo 48. La petición de declaración de procedencia sólo podrá ser formulada por el Ministerio Público, cuando se encuentren debidamente cubiertos los requisitos para el ejercicio de la acción penal en contra de alguno de los servidores públicos a que se refiere el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 49. La petición a que se refiere el artículo anterior deberá ser presentada ante la oficialía de partes de la subcomisión de Declaración de Procedencia, la cual, dentro de las 48:00 horas siguientes deberá proveer sobre su admisión. Si fuere notoriamente improcedente la desechará de plano sin ulterior recurso. Artículo 50. Dictado el auto admisorio, la subcomisión de Declaración de Procedencia emplazará al servidor público presunto responsable, corriéndole traslado de la petición de declaración de procedencia y de sus anexos, a efecto de que dentro de 10 días comparezca mediante escrito, por sí o por conducto de su defensor, ante dicha Subcomisión, a manifestar lo que a su derecho convenga y para ofrecer pruebas. Si el servidor público no comparece en los plazos antes señalados, se entenderán negados los hechos que se le imputan y por perdido su derecho de ofrecer pruebas. Artículo 51. Ofrecidas las pruebas del servidor público presunto responsable, la subcomisión de Declaración de Procedencia procederá a proveer sobre su admisión y dictará las medidas necesarias para su preparación, fijando día y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas y alegatos dentro de los 30 días siguientes. Dicha audiencia sólo podrá diferirse por una sola vez. El auto que admita pruebas es irrecurrible, el que las deseche puede ser combatido mediante el recurso previsto en el artículo 43, que se promoverá ante la subcomisión de Declaración de Procedencia y será resuelto por su Presidente. Artículo 52. Si del análisis de lo probado y alegado en el procedimiento de declaración de procedencia se acredita la existencia del delito y la probable responsabilidad del imputado, así como la subsistencia del fuero constitucional, cuya remoción se solicita, la subcomisión de Declaración de Procedencia dictaminará que ha lugar a proceder penalmente contra el inculpado y en ese sentido elaborará su proyecto de resolución dentro de los 10 días siguientes a aquel en que se celebre la audiencia referida en el artículo precedente. Si alguno o algunos de los miembros de la subcomisión de Declaración de Procedencia disintiesen del parecer de la mayoría, podrán presentar voto particular por escrito, el cual se someterá al pleno de la Cámara de Diputados, en unión del dictamen de la mayoría, siempre que tales votos particulares se hayan presentado al menos un día antes de que se inicie la discusión del dictamen de la mayoría. Artículo 53. Notificado el proyecto de resolución correspondiente, el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia dentro de los cinco días siguientes a esa notificación, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al Ministerio Público. Artículo 54. En el día y hora señalados la Cámara de Diputados se erigirá en Jurado de Procedencia, previa declaración de su Presidente. En seguida, la Secretaría hará lectura del proyecto de resolución de la subcomisión de Declaración de Procedencia y de las alegaciones que por escrito hayan presentado el servidor público o su defensor. Acto seguido se procederá a discutir y votar el mencionado proyecto de resolución, en la misma sesión. En caso de no aprobarse el proyecto presentado la subcomisión de Declaración de Procedencia deberá elaborar otro en el sentido indicado por el Presidente de la Cámara de Diputados, a fin de que sea discutido y votado dentro de los 15 días siguientes. Artículo 55. El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. En todo caso, el servidor público presunto responsable tendrá derecho a libertad caucional en el proceso que se le siga. Artículo 56. Cuando se siga proceso penal a un servidor público de los mencionados en el artículo 111 constitucional, sin haberse satisfecho el procedimiento al que se refieren los artículos anteriores, el Presidente de la subcomisión de Procedencia notificará por oficio al juez o tribunal que conozca de la causa a fin de que suspenda el procedimiento en tanto se plantea y resuelve si ha lugar a proceder. Artículo 57. En lo conducente serán aplicables al trámite de declaración de procedencia las previsiones de los artículos 13, 14, 15 y 16 de la presente ley. Artículo segundo. Se deroga el capítulo IV del Título Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Artículo tercero. Se recorren los actuales artículos del 46 al 90 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como artículos 58 al 102. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. Las disposiciones contenidas en el presente decreto entrarán en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Los actos procesales que tengan lugar con motivo de procedimientos de juicio político o de declaración de procedencia, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, se regirán por las disposiciones de éste. Salón de sesiones de la Cámara de Senadores. México, D.F., a 26 de marzo de 2002. Senadores: Diego Fernándeza de Cevallos ramos, presidente y Yolanda e. González Hernández, secretaria. Se devuelve a la Cámara de Diputados para los efectos del inciso e, del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, D.F., a 26 de marzo de 2002. Arturo Garita, secretario de Servicios Parlamentarios.» -PRESIDENTA: Túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Pasamos al capítulo de iniciativas de ciudadanos diputados. Con ese propósito se ofrece el uso de la palabra al diputado Víctor Díaz Palacios, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de reformas al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -EL C. DIPUTADO VICTOR EMANUEL DIAZ PALACIOS. Con la venia de la Presidencia, señoras y señores Legisladores. El suscrito, Diputado Federal Víctor Díaz Palacios, integrante de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que me otorga el Artículo 70 y la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en la Fracción II del Artículo 55 y el Artículo 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente  Iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos, rogando a la Presidencia dé las instrucciones para que sea insertado en su totalidad en el Diario de los Debates la Presente INICIATIVA. Estamos proponiendo eliminar el trato privilegiado que reciben las dependencias públicas en lo que concierne al pago de servicios públicos; como se recordará, el 115 Constitucional permite exenciones en el pago de estos servicios a los bienes de dominio público de la Federación , de los Estados o los Municipios. Esta disposición resulta enormemente onerosa tanto para las finanzas públicas locales como para los organismos federales encargados de la generación de algunos servicios públicos como el agua potable. El argumento central que sirve de base a esa Iniciativa, es que tales exenciones contribuyen al dispendio y al uso no sustentable de recursos escasos como el agua potable, además de que promueve el empobrecimiento de las finanzas locales y de algunos organismos federales, además en términos normativos es inequitativo que a un grupo de ciudadanos se les obligue a pagar por tales servicios, en tanto que a otros se les ofrezcan gratuitamente. Si como lo previene el Ejecutivo Federal en el Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno que México necesita es uno que promueva el uso sustentable de los recursos naturales, especialmente la eficacia en el uso del agua, entonces las exenciones y subsidios que permite el 115 representan un obstáculo a esta aspiración. Si el Gobierno que México requiere es un gobierno austero que trabaje mejor y cueste menos, entonces tales exenciones son una clara equivocación, si el Gobierno que México demanda es un gobierno que fomente el manejo responsable de las finanzas públicas, entonces las exenciones que dispone el Artículo 115 son un despropósito. Si el Gobierno que México requiere es un gobierno que someterá sus regulaciones a una estricta validación para determinar aquellas regulaciones que ya no le dan un valor agregado a la sociedad, entonces las exenciones a las que nos hemos referido deben eliminarse. Eso es lo que se propone en la presente Iniciativa, si el Gobierno que México requiere es un gobierno que someterá constantemente a una rigurosa rendición de cuentas, no sólo en lo que se refiere al uso honesto y transparente de los recursos sino también a la eficacia y calidad como se utilizan, las exenciones que permite el 115 son un desacierto. ¿Hacia dónde nos conducen estos razonamientos? La conclusión es que si el Congreso desea promover un marco regulatorio, equitativo y eficaz, entonces debe considerar seriamente la Enmienda al 115 en los términos que está formulada en la propuesta que se presenta Nos parece que la mejor manera de defender la Enmienda que se propone, sea exponer claramente los efectos nocivos que tiene la exención del pago de un importantísimo servicio público como es el agua. Naturalmente, la exención en el pago de este servicio a las oficinas públicas no ha provocado la difícil situación en la que se encuentran en las finanzas sobre todo, pero sí ha generado que tengan una descapitalización ya que esta facturación representa el 40% del total, no es posible que mientras la Secretaría de Hacienda esté exigiendo el pago de impuestos a los servicios de Operador de Agua Potable, no paga por el agua que consume, no entendemos como CNA que sí cobra por la explotación de este recurso, tampoco paga por lo que está recibiendo. Actualmente los organismos responsables del abasto del agua en las ciudades del país enfrentan un sinnúmero de problemas, entre ellos destaca precisamente su situación precaria motivada por la bajísima recaudación que perciben de las tarifas. En efecto, generalmente las tarifas del agua que se cobran en el país, no son suficientes para cubrir los gastos de inversión que deben realizarse periódicamente en materia de infraestructura hidráulica, así como los gastos necesarios para la operación y administración del organismo encargado de proveer de este recursos. Asimismo existen irregularidades considerables en materia de medición y cobro de servicio por parte de los organismos operadores, los cuales trabajan frecuentemente con muy pocos recursos y están adscritos a los gobiernos municipales; si a ello le agregamos que muchos de estos muestran marcadas ineficiencias debido a ajustes políticos y decisiones de corto plazo, nos podemos dar una idea de lo delicado del problema. En general los fuertes subsidios que han caracterizado la dotación del agua potable en México, incluidos los que se destinan a proveer de este servicio a las dependencias públicas en los tres niveles de Gobierno, han motivado la descapitalización de la industria del agua. Este fenómeno afecta por igual a las ciudades y al campo. Las exenciones que contempla el 115 impiden trasmitir a los empleados de las oficinas públicas los costos que representa suministrar el líquido, los cuales tienen que ver con el mantenimiento y expansión de la infraestructura hidráulica; esto provoca que en las dependencias públicas los usuarios no tengan incentivos para cuidar el agua, independientemente del creciente costo de obras para suministrarlas. Las soluciones que se han propuesto para aliviar la escasez del agua tienen que ver casi exclusivamente con opciones de carácter técnico, es decir a través del aumento de la oferta de agua que se obtiene a partir de la construcción de mayores obra hidráulicas. Ante este panorama, es importante tomar en cuenta el lado de la demanda del agua estableciendo mecanismos que ayuden a consumir el líquido de manera más racional y eficiente. Actualmente en las oficinas públicas, para los empleados, no hay diferencia entre gastar 40 litros diarios o 400. Un criterio que puede ayudar a racionalizar el consumo del agua en las dependencias públicas consiste en establecer una estructura de tarifas que persiga en la medida de lo posible, realizar cobros reales por la dotación del vital líquido. Por otra parte, tal como lo dispone el 115, la exención en el pago del agua a las dependencias del Gobierno es significativa tanto por razones de principio como porque en un contexto de escasez la provisión gratuita de un recurso en extremo escaso a un grupo de la población implica la privación a otro segmento del consumo de este mismo recurso. El Gobierno de México tiene que poner el ejemplo respecto al comportamiento que pide a la ciudadanía; si el Gobierno pide a la ciudadanía pagar por los servicios públicos, entonces el Gobierno debe empezar por conducirse de la misma manera, de lo contrario el Gobierno perderá el respeto de la ciudadanía y terminará por carecer de autoridad moral. Resulta absurdo que al mismo tiempo que el Gobierno se pronuncia por racionalizar el consumo del agua, sus oficinas y sus empleados durante las jornadas laborales sean quienes son más proclives a desperdiciar el vital líquido dada la gratuidad. Eliminar las exenciones en el pago del servicio del agua que dispone el 115, evitaría el desperdicio de recursos escasos como el agua además de contribuiría a fortalecer las finanzas tanto de los gobiernos municipales como indirectamente de los organismos federales encargados de generarlos y administrarlos. En el caso del agua, la eliminación de las exenciones ampliaría los márgenes de acción de las autoridades locales y federales para ampliar la cobertura y calidad de los servicios en las áreas geográficas con más altos índices de pobreza. Debemos alcanzar el uso equilibrado de nuestros recursos de por sí escasos, exenciones como las que dispone el 115 inducen a su sobre explotación. Aquí quiero mencionarles señoras y señores diputados que mientras nuestros principales socios en el extranjero, tanto Estados Unidos como Canadá, sus mantos acuíferos se encuentran en perfecto estado, en la mayoría de los nuestros estamos en sobre explotación. Por lo antes expuesto, queremos decirles y pedir su apoyo para que el artículo 115 quede de la siguiente manera: Se reforma en el sexto párrafo de la fracción IV, el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: ARTICULO 115. fracción IV. Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos A y C, ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna, sean de dominio público o privado respecto de dichas contribuciones. Transitorios: Único. El presente decreto entraría en vigor, de ser aprobado, el día primero de enero del 2003. Esto es para no afectar el presupuesto del año fiscal del 2002. Por su atención, muchas gracia y pidiendo a la Presidencia sea turnada a la Comisión de Hacienda.