La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado Presidente. Diputados y diputadas. Creo no podemos en la fracción del PRD, dejar pasar la revisión de este tema económico en el que se incluye el tema ambiental, sin rectificar aquí, cosas que se vinieron a decir sobre éstos alcances que no vemos documentados. Como era de esperarse, el tema ambiental fue ignorado durante seis años de gobierno del señor Vicente Fox; aunque los primeros años del sexenio la política ambiental fue conducida por quienes conociendo del tema desde la perspectiva diplomática y la economía ambiental, proveniente del voto útil que generó la campaña electoral del 2000, cuando los Amigos de Fox, se vieron involucrados en mal uso del ejercicio público, como el caso de Raúl Arreaga. El Presidente decidió eliminar ese compromiso del voto útil destituyendo de su cargo a Víctor Littinger, para ubicar a la cuota panista dentro del gabinete, que tanto estaba presionado ese partido en su momento y que fue sustituido por los resultados de los "headhunters ". Alberto Cárdenas desde su dirección general de la Conafur, estuvo todo el tiempo negándose a colaborar con el secretario; al grado tal, que la Ley General para el Desarrollo Forestal Sustentable, lleva su sello al beneficiar a su sector en la administración pública y trasladando a Jalisco la dirección a este órgano desconcentrado. De tal manera que se permitiera al señor Alberto Cárdenas, seguir influenciando a la política de su estado. Con el arribo del ahora senador por Jalisco, la política ambiental mexicana fue entrando en una clara descomposición y desmantelamiento. El Instituto Nacional de Ecología quedó reducido a un órgano de estudios y difusión, contrario al decreto que lo creó. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente no obtuvo incrementos presupuestales para el debido ejercicio de su función. Si acaso fueron en función de la inflación. Una de las líneas impuestas por Cárdenas Jiménez y que ha continuado con el actual secretario, otrora líder del PAN, Luege Tamargo, es la subordinación del interés general y la utilidad pública al interés privado. En tal sentido y de manera unilateral, torciéndose la ley como es común en este gobierno Cárdenas decidió modificar la norma 22, relativa a la protección de los humedales, para permitir la destrucción de manglares para la producción de inversiones privadas, en detrimento incluso de las disposiciones del acuerdo paralelo del Tratado de Libre Comercio en materia ambiental, que señalan que en ningún momento deben flexibilizarse las leyes ambientales para favorecer las inversiones. Esta reforma tiene destinatario: los desarrollos turísticos en la Rivera Maya, la explotación petrolera, la construcción de marinas para la escalera náutica del Golfo de California y la península de Baja California, la instalación de gasificadotas en las zonas costeras, así como la ampliación de la administración portuaria integral, entre otros casos. Uno de los más sonados fue la aberración cometida por el secretario, quien mencionó que por una inversión de 500 mil dólares en la Rivera Maya tendrían que destruirse los manglares, ya que se generarían empleos directos e indirectos, cuando el propio secretario reconoce que el valor de los manglares caribeños es superior al de la inversión que por única vez se pretendía. Además de la función reguladora para contener desastres, los manglares son importantísimos para las pesqueras. Asimismo y contra todas las apuestas la Semarnat autorizó la destrucción de 98 hectáreas de humedal en Manzanillo, Colima, sin contar con la certidumbre científica ni técnica para la compensación a que está obligado el promoverte del acuerdo de la norma 22, pero además autoriza la instalación de una planta de gas LP de la empresa Zeta Gas del Pacífico, en el ejido de Campos, que se encuentra dentro del ordenamiento ecológico de la subcuenca de la Laguna de Cuyutlán, mismo que no permite la instalación de industrias. Sin embargo, para la autorización se tomó como válido el uso de suelo que hiciera el cabildo del ayuntamiento de Manzanillo, usurpando funciones del gobernador del estado, quien es el único que puede modificar el ordenamiento ecológico de un estudio técnico y un proceso de consulta pública en la Laguna de Cuyutlán. La política forestal instaurada no ha podido contrarrestar los efectos de la grave situación de deforestación que se vive a lo largo del país ni tampoco el saneamiento de corrientes superficiales ni mejoramiento de la infraestructura hidrológica. La creación de cruzadas por bosques y aguas se diluyó y nulos han sido los resultados. La política de conservación ambiental y la generación de financiación para las áreas protegidas ha sido precaria. Escasos fueron los casos en los que se generaron programas de manejo en dichas áreas y ahí está la muestra de cómo quedó atorado el programa para los Tuxtlas en Veracruz. De ahí pues, que no…