La diputada Simey Olvera Bautista: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes a los pocos que nos encontramos hoy aquí. Precisamente hoy celebro que se estén tratando temas de los trabajadores. El día de hoy tengo la fortuna de presentar esta iniciativa que busca contribuir y reforzar, actualizar responsablemente el marco de protección social de la clase trabajadora, porque muchos venimos de ahí, de esos trabajos de la mayoría, aunque algunos jóvenes ahora los llaman godínez o el trabajo godín, no hay que trivializar esos trabajos, porque esta clase, la trabajadora, ha padecido la precarización de sus condiciones de trabajo, de su poder adquisitivo y consecuentemente, de su calidad de vida. El objeto de esta iniciativa, compañeros, radica en actualizar el enfoque con el que nuestro marco jurídico en materia laboral tutela el denominado seguro de riesgos de trabajo. Al respecto, debo precisar que dicho enfoque data del siglo pasado, cuando la dinámica laboral y los roles familiares se encontraban bajo un paradigma diferente al que actualmente se ha impuesto en este siglo XXI. En efecto, el mercado laboral está caracterizado por una participación cada vez más activa de la mujer, pero también del hombre. Así como ritmos muy demandantes en puestos de trabajo, lo que ha propiciado una distorsión del vínculo de la actividad laboral con las responsabilidades privadas. Que aquí nos podamos salir constantemente no quiere decir que así sean en todos los trabajos, muy al contrario. Por eso, es necesario reflexionar sobre las necesidades de ciertos aspectos de orden jurídico en materia laboral, con la finalidad de generar las condiciones para que la clase trabajadora pueda conciliar sus responsabilidades profesionales y también familiares. Es por todos sabido que una de las principales responsabilidades familiares a las que se enfrenta cualquier trabajador cuando es madre o padre de familia, tiene que ver con llevar a sus hijos o dependientes económicos a sus centros de educación básica, y a la hora pico ni se diga. Esto, pues es una situación que desafortunadamente genera vulnerabilidad jurídica, tanto en el trabajador, pero también para los hijos. Y por ello, precisamente la problemática que pretende solucionar con esta aprobación de la iniciativa es la siguiente: Considero oportuno reformar los artículos 474 de la Ley Federal del Trabajo, 42 de la Ley del Seguro Social y 56 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a efecto de precisar que se consideren accidentes de trabajo los que se produzcan al trasladarse el trabajador o trabajadora directamente de su su domicilio o del centro de educación escolar básica de sus hijos, al lugar que desempeñe el trabajo y viceversa. Esto con el propósito de beneficiarlos. Para ilustrar a esta honorable asamblea, si es que aún no lo han vivido, pero creo que todos o la gran mayoría ha padecido esto, respecto al escenario de vulnerabilidad al que se orilla a jefas o jefes de familia. Me permitiré señalar algunos instrumentos del derecho internacional que evidencian el incumplimiento por parte del Estado mexicano, respecto a las garantías en el ejercicio de ciertos derechos, instrumentos que a su vez dan sustento a la presente iniciativa. En primer lugar, señalar que en el ámbito del derecho internacional la clase trabajadora se encuentra al amparo de diversos convenios instituidos por la Organización Internacional del Trabajo. Al respecto vamos a destacar los siguientes: El Convenio 17 de la OIT. Sobre la indemnización por accidentes del trabajo, ratificado aquí en nuestro país el 12 de mayo de 1934 y aún está en vigor, pero no se está cumpliendo. El Convenio 155. Sobre la seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. Y el Convenio 102. Sobre la seguridad social de 1952, donde se denominan prestaciones en caso de accidente del trabajo y enfermedad profesional, que muchos de los empleados desconocen. Por otro lado, el derecho internacional también ampara a un sector vulnerable al que indirectamente atiende esta presente iniciativa que son las niñas, los niños y los adolescentes, siendo un marco referencial por la denominada Convención sobre los Derechos del Niño. Nuestro país ratificó esta Convención el 21 de septiembre de 1990, por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a estos derechos reconocidos en ellas. La propuesta de reforma obedece al análisis de los preceptos anteriormente señalados y busca atender dos causas cuya finalidad es: 1. Mejorar las condiciones y la calidad de vida, tanto de los trabajadores al garantizarles la cobertura en riesgos de trabajo cuando atiendan una de las obligaciones más sensibles para la mayoría de los padres que es atender a sus hijos, como también la de los niños que garantiza la integridad y el acceso a la educación, facilitando así...