El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Una ley que impide el ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos es una ley que contraviene el espíritu democrático de la Constitución. Si efectivamente aquí se pretende garantiza la soberanía de pueblo y empoderar a los ciudadanos, la Ley de Consulta Popular debe establecer los procedimientos para garantizar el derecho de ellos para promover propuestas legislativas o acciones de políticas públicas de trascendencia nacional, sin estar sujetos a las mayorías establecidas por este Congreso. No basta el derecho establecido en la Constitución, es necesario contar con una ley que lo haga viable, exigible. Por ello les digo, dejen la demagogia en la argumentación y hablen claro a la ciudadanía. ¿Por qué un Poder Legislativo en el que predomina una mayoría ilegítima pretende aprobar esta ley? Les voy a decir porqué. Contiene requisitos que anulan el derecho para promover iniciativas de consulta popular. ¿Recuerdan la reforma a la Ley de Amparo aprobada en esta Cámara el 12 de febrero de este año, determinando en el artículo 61 la improcedencia del juicio de amparo con tradiciones o reformas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Ahora hace unas horas algunos que lo votaron a favor intentaron aplicar la reforma en materia de energía, hidrocarburo y energía eléctrica, y ellos, como he dicho, votaron por la mayoría de esta Cámara. De los 435 votos, 85 fueron del PRD. Eso es simular, tratar de engañar, traicionar. Existen, y algunos dicen: bueno, 85 son más diputados, claro, de algunos. Hemos dicho que con las bases del PRD no hay problema, pero hay unos que quieren engañar con el Pacto de la traición, que es de donde salen estas leyes. Existen diversos modos para frenar los derechos y garantías constitucionales. En el caso de esta Ley, en el artículo 12 establece como requisito adicional a los establecidos en la Constitución, obtener el apoyo ciudadano en un número no inferior a 17 entidades federativas que representen cuando menos el 1 por ciento de ciudadanos que figuren en la lista nominal de electores en cada una de ellas. ¿Qué va a pasar si no se cumple esta formalidad, independientemente si el porcentaje nacional del 2 por ciento se cubre en las otras entidades? Con el último ajuste a este artículo se elimina la restricción del voto libre del ciudadano. Esto es bueno, sin embargo no elimina los otros obstáculos que ya señalé en mi anterior exposición. Por eso establecemos una reserva donde proponemos que se busquen mejores procedimientos para el ejercicio efectivo del derecho a impulsar las consultas populares. Por eso proponemos modificar el párrafo segundo y tercero, para que en los tiempos de radio y televisión autorizados por el IFE se garantice la máxima publicidad, que los ciudadanos puedan respaldar cualquier solicitud de consulta en las oficinas del propio IFE en todo el territorio en los formatos autorizados, notificando de ello a los representantes de los promoventes. Por último. Propuestas como ésta facilitan el ejercicio de los derechos. No hagan demagogia legislativa ni se digan engañados por quien tiene interés en no construir medios de participación ciudadana que hagan viable la exigencia de rendición de cuentas a gobiernos corruptos y mentirosos. El PRI engaña y usa y desecha a los ciudadanos. Tengan cuidado aquellos que por la noche van a tocar las puertas del pacto de la traición, para que los admitan a cambio de espejitos por el oro de la reforma energética. Los que todavía no son así, no se vuelvan caricatura del régimen.