La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias, presidenta. Compañeras, compañeros legisladores, el combate a la inseguridad en nuestro país ha comenzado como una acción impostergable frente al crecimiento desmedido de la permeabilidad de los grupos delictivos a las instituciones del Estado mexicano. El tiempo ha dejado a su paso diversos efectos negativos que han lastimado profundamente a la sociedad mexicana. Sin duda, la muestra más palpable de esta situación es la trágica situación por la que atraviesan las víctimas del delito, el de aquellas personas que han padecido por sí mismas o en la persona de sus familiares más cercanos los efectos de la violencia, de la impunidad y de la dilación de las instituciones del Estado para brindar efectivamente la seguridad y la tranquilidad de las y los mexicanos. En ese orden de ideas, 2010 comenzó el proceso legislativo de la Ley General de Victimas, con la presentación entonces de una iniciativa para otorgar reparación del daño y compensaciones a quienes son afectados por las acciones delictivas. En referencia a la figura de la compensación la exposición de motivos de una de las iniciativas que dio origen a la Ley General de Víctimas plantea lo siguiente. Se plantea a favor de la víctima la figura de la compensación de naturaleza estatal, diferenciándola claramente de la restitución, reparación o indemnización que el delincuente debe asumir frente a su víctima, ya que en la primera se utilizan fondos públicos para comenzar la nocividad del delito, partiendo del argumento de que la sociedad en su conjunto es responsable de la prevención criminal, por lo que, al fracasar esta, resulta justo que se compense a la víctima. Este enfoque es particularmente significativo en países como México, donde la delincuencia organizada incurre con el propósito de inhibir la aplicación de la ley en actos terroristas y de ejecuciones sistemáticas, causando mayores estragos en la población. De ahí la necesidad de que nuestras leyes reflejen una mayor cauda de derechos para las víctimas de los delitos, en especial los cometidos bajo esta modalidad de organizada. Fin de la cita. Retomando la noción de la compensación de la nocividad del delito, es que surge la necesidad de hacer que esta figura sea otorgada con mayor celeridad a las víctimas del delito, en la comprensión de que el retardo y la dilación de las instituciones del Estado para poder compensar a las víctimas les afecta nuevamente y en algunos casos más graves implican la revictimización de la persona. Por ello, en la Comisión de Justicia se planteó la necesidad a partir de una iniciativa de reducir la temporalidad establecida en la ley, perdón, de establecer una temporalidad para mejorar la redacción que actualmente tiene la disposición relativa en la Ley General de Víctimas en relación a esta compensación. Y es que en la misma ley no se establece alguna temporalidad, se establece sí una temporalidad para que la Comisión Ejecutiva de Víctimas a partir de la solicitud de esta compensación emita una resolución, pero no así para establecer cuánto tiempo tiene la comisión de víctimas para otorgar la misma. Es por ello que a partir de la iniciativa presentada se concluye que se establezca este plazo de 120 días hábiles en el cual deberá de generarse esta compensación. Con esta reforma, se establece una indicación puntual para la Comisión Ejecutiva de Víctimas, para que tenga el tiempo suficiente para poder hacer la entrega de la compensación a las víctimas del delito y no se genere una dilación en el otorgamiento de las mismas, es decir, estamos poniendo un plazo máximo para que esta se genere. También se especifica la eliminación del criterio que establecía que dichas compensaciones fuesen otorgadas en moneda nacional, en el entendimiento como el cumplimiento de una obligación del Estado esa compensación puede otorgarse como la misma ley establece en especie y por ello pues esta disposición era incongruente con el objeto de la ley. Las modificaciones planteadas en el dictamen de la Comisión de Justicia, que hoy se somete a su consideración, será muy importante en este anhelo de justicia de la sociedad mexicana y sobre todo en este anhelo de justicia de quienes hoy lamentablemente se han visto en la terrible posición de ser víctimas de un delito. Sabemos que tendremos que hacer mucho más para generar acciones contundentes para frenar la violencia, para evitar que el delito se cometa, pero también como Estado mexicano tenemos que estar preparados para la eventual comisión de delitos y, sobre todo, para proveer las acciones materiales indispensables para apoyar a las víctimas de los delitos. Es cuanto, presidenta.