La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados, medios de comunicación, el día de hoy vengo a presentar el posicionamiento a nombre de mi Grupo Parlamentario, el Revolucionario Institucional. Respecto del dictamen en materia de reforma y adición a diferentes disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de que esta institución cuente con áreas especializadas de investigación y procuración de justicia en materia de corrupción. En este contexto es importante señalar que la corrupción constituye un impedimento para el desarrollo de las sociedades. Es una enfermedad que no distingue entre instituciones públicas y entidades de naturaleza privada, entre colectivos en la individualidad. De esta forma, la corrupción es el quebrantamiento de la ley aprovechándose de las atribuciones o funciones que ésta le concede a servidores públicos que con su conducta obstaculizan o detienen el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado, con la finalidad de obtener un beneficio personal. Pero este fenómeno corrosivo también tiene un segundo rostro, el de las personas que utilizan este servicio público con la misma intención, pero rompiendo desde el ámbito privado el equilibrio que debe de existir entre la ley y su cumplimiento. En ambos casos el resultado es el mismo, menoscabar la función pública daña el interés nacional y perjudica el progreso de las mexicanas y de los mexicanos. De esta forma, la erradicación de la corrupción y sus efectos nocivos constituyen uno de los objetivos comparativos de mayor alcance entre los representantes del Estado y la sociedad de la que todos formamos parte y, por lo tanto, el origen, causa y efecto de este problema es de interés común porque a todos nos afecta y ninguno escapamos de la parte de la solución. No obstante, es requisito indispensable implementar una estrategia adecuada y por ello las reformas y creación de leyes que hemos aprobado en estos días son engranes que operarán con el compromiso cotidiano y decidido de la voluntad personal que deberá imprimir cada servidor público y ciudadano de nuestro país, para alcanzar el estadio de bienestar que se pretende. Dicho de otra forma, erradicar la corrupción requiere de un cambio de actitud personal frente a la interacción de servidores públicos y ciudadanos que pasa por la generación de normas jurídicas que inhiban o, en su caso, sancionen a quienes deseen seguir viviendo al margen de la ley. Y es en ese punto donde los legisladores tenemos la obligación de proveer los contenidos legales suficientes, coordinados, claros y precisos que nos acerquen al objetivo trazado. Al combatir la corrupción protegemos el derecho fundamental del ejercicio debido del servicio público en cualquiera de sus expresiones, el que debe desarrollarse con transparencia para que la rendición de cuentas sea el principio de estricta legalidad que inhiba y, eventualmente, nulifique la práctica de servirse personalmente con la encomienda pública. En suma, combatir la corrupción es tutelar desde las atribuciones del Poder Legislativo uno de los bienes jurídicos de mayor alcance en nuestra sociedad: la inviolabilidad de la ley y los mecanismos que esta prevé para hacerla efectiva. Es por ello que el Estado mexicano debe contar con una autoridad cuyas funciones le permitan investigar y perseguir eficazmente a los responsables de actos de corrupción. Consecuentemente, las modificaciones a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República que hoy se someten a nuestra consideración buscan crear en el rango de la ley una fiscalía especializada con las características enunciadas por las que será un órgano con autonomía técnica y de gestión operativa, con personal ministerial, policía y personal de confianza que, a su vez, serán supervisados por órganos internos de la Procuraduría; así como de la Auditoría Superior de la Federación, visitaduría y órganos de control interno que en el ejercicio de sus funciones colaborarán coordinadamente con los órganos e instituciones públicos de diferentes órdenes de gobierno. Se establecen disposiciones para que la actuación de esta fiscalía sea transparente debiendo rendir un informe anual de sus actividades y cuyo nombramiento o remoción del fiscal especializado podrá ser objetado por el Senado de la República. En el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, creemos que el ejercicio adecuado del servicio público es uno de los mecanismos más efectivos para el desarrollo de nuestra sociedad y brinda certeza y seguridad jurídica en las personas al ajustar la actividad gubernamental a su único eje rector, la ley. Diputadas y diputados, aprobemos las modificaciones que se nos proponen y dotemos a las instituciones de nuestro país de las herramientas necesarias para enfrentar a la corrupción, como un compromiso legislativo que nos permita alcanzar mejores estadíos de desarrollo, pero sobre todo de justicia social. Es cuanto, diputado presidente.