El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, y con su venia, señor presidente. Este asunto de las indígenas ñahñú, de Querétaro, Jacinta, Alberta y Teresa, es un asunto que tiene que ver, como ya lo han señalado aquí las compañeras diputadas y el compañero diputado que me antecedieron en el uso de la palabra, son distintos temas muy preocupantes en nuestro país, porque no tienen solución. Tiene que ver, desde luego, con la equidad de género, tiene que ver con las violaciones sistemáticas al principio que prohíbe la discriminación, tiene que ver con las condiciones de pobreza de las mujeres indígenas, tiene que ver también con las debilidades del sistema de justicia de nuestro país y con los derechos humanos. Quiero primero referirme al tema del contexto. Llama mucho la atención que un presidente, un jefe de Estado como Sarkozy, venga a México y alce la voz a favor de una mujer francesa, que seguramente es responsable de delitos cometidos en nuestro territorio. Por eso esta Cámara de Diputados debe levantar la voz por todas las mujeres indígenas, pobres, discriminadas y excluidas de nuestra sociedad. También llama mucho la atención la contradicción existente en la vida fáctica; por un lado, inocentes en las cárceles de nuestro país, y por otro lado, los servidores públicos, algunos de ellos insensibles con las recomendaciones de derechos humanos, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que son propuestos como procuradores generales de la república. Considero, como las diputadas lo han mencionado aquí, que no solamente se debe excarcelar a Jacinta, Alberta y Teresa, sino que se debe investigar la responsabilidad y la violencia institucional del Estado, para ello es importante que se abra una investigación en torno a los policías, al Ministerio Público federal involucrado y al propio juez de primera instancia que dictó la sentencia. No basta la excarcelación. Es necesario, además de la libertad, la reparación del daño y la exigencia de responsabilidades a los que usaron el aparato de Estado para suprimir derechos fundamentales. Es evidente que se violó casi todo el catálogo de garantías individuales previstas en nuestra Constitución. Se violó el artículo 1o., el artículo que prohíbe la discriminación; se violaron las garantías de legalidad y de seguridad jurídica previstas en el artículo 14 y 16, que además establecen las bases del debido proceso y se violó el artículo 20 de la Constitución, principalmente las garantías de toda persona imputada. Además, desde luego, del principio de presunción de inocencia, previsto en el artículo 20 de la Constitución. ¿Todo esto qué es lo que refleja? Refleja un sistema penal punitivo y no garantista. Por ejemplo, en las cárceles y en los centros penitenciarios del Distrito Federal, casi el 70 por ciento de los procesados y reos tienen que ver con delitos de robo inferiores a cantidades de 2 mil pesos mensuales. ¿Qué significa esto? Que estamos castigando a los pobres que no tienen los suficientes medios de defensa. Significa también que el sistema penal de nuestro país no es un sistema penal que se rija por los principios de acceso a la justicia, de independencia y desde luego, de eficiencia y de eficacia. Requerimos, en esta Cámara de Diputados, y en la Cámara de Senadores, construir un sistema penal acusatorio, público, abierto y oral, y sobre todo, que exista un criterio de interpretación de derecho penal, siempre a favor del más débil. En México la llamada así "transición a la democracia" ha llegado a algunos ámbitos del poder, pero desde mi punto de vista y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, aún no llega ni al Ministerio Público ni al Poder Judicial Federal ni local. Hay que recordar, finalmente, que sin justicia no hay democracia ni estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.