La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Gracias, Presidente. Con el permiso de la asamblea. La doctrina moderna de las democracias considera como elementales de este tipo de regímenes a la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas. Por lo tanto, cualquier modelo democrático que pretenda desarrollarse en nuestros días debe contar con una serie de políticas públicas o mecanismos jurídicos que establezcan y garanticen la efectividad de esos principios. Aunque nuestra Constitución establece un régimen de responsabilidades que busca tutelar el correcto y cabal desarrollo de la función administrativa, estableciendo a favor de los ciudadanos y ciudadanas principios rectores de la función pública que se traduzcan en un derecho subjetivo y en una garantía a favor de gobernados y servidores públicos para que éstos se conduzcan con apego a la legalidad y a los principios constitucionales de honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio público, lo cierto es que en el presente dictamen relativo a la Ley de Petróleos Mexicanos carece de precisión y claridad en el tema de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas. Por estas razones y ante la amenaza real de esta contrarreforma energética que alimentará la corrupción y el saqueo de los bienes de la nación, es que subo a esta tribuna con el objetivo de plantear una serie de reservas a la Ley de Petróleos Mexicanos para que sus servidores públicos actúen bajo los más altos principios de ética, transparencia y responsabilidad. Es necesario modificar el dictamen para que los miembros de su Consejo de Administración no sean servidores públicos federales ni tampoco puedan desempeñar otros empleos, cargos o comisiones públicos o privados, salvo actividades no remuneradas vinculadas con la educación, la cultura, la ciencia, lo que sea, pero sin fines de lucro. Esto es sumamente importante porque con ello evitamos la duplicidad de funciones y el conflicto de intereses, preservando los objetivos de Pemex, al tiempo que un cargo de tal envergadura requiere la mayor y la máxima preparación y atención por parte de quien lo ostenta, no sólo de la amistad y simpatía del presidente. Debemos combatir el régimen de excepción que se pretende crear, ya que con la actual redacción los miembros del Consejo de Administración de Pemex dejan de ser objeto de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos pese a que será, a partir del erario público, desde donde saldrán sus salarios y por tanto las y los mexicanos serán quienes les paguemos y a quienes deberán de entregar informes claros y precisos sobre sus gestiones. Es inadmisible que el presente dictamen delimite la responsabilidad de estos servidores públicos en lo que se refiere a la propia ley, pues de esta manera lo que se hace es también limitar el propio derecho humano que los gobernados tienen a la información y rendición de cuentas de parte de las autoridades, dando un cheque en blanco para la proliferación de la impunidad y la corrupción. Por otra parte, si los consejeros no están sujetos al régimen de la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, en caso de que ellos incurrieran en daños o perjuicios a Pemex el derecho más adecuado a aplicar será el administrativo pues se trata de una empresa que pertenece al Estado en donde bienes y presupuesto nacional están involucrados. Finalmente, toda la información, contrataciones y negocios en que se ve involucrada una empresa productiva del Estado debe ser de carácter público, pues como ya se mencionó antes, presupuesto y bienes nacionales se ven inmersos en esas negociaciones, y no deberían de existir cláusulas de confidencialidad sin mandato legal de por medio, ya que éstas violarían el derecho de acceso a la información de las y los ciudadanos. Compañeras y compañeros legisladores, este dictamen es completamente ambiguo y de la forma tan superficial de abordar la transparencia y la rendición de cuentas es la mejor prueba de que el saqueo a la nación está siendo confeccionado con un traje a la medida, de las necesidades de capital extranjero, la corrupción y la opacidad. Con este nuevo esquema, el pueblo de México pierde su derecho a la información. Que no nos extrañe que en el futuro, casos como el de Oceanografía sucedan de manera cotidiana y queden impunes, siempre amparados bajo la secrecía y la opacidad con que se está diseñando el nuevo sector energético privatizado. Es cuanto, presidente.