La diputada Arely Madrid Tovilla: Gracias, presidente. Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, en mi carácter de presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y por parte de la Comisión, someto a consideración de esta honorable asamblea el dictamen que reforma el tercer párrafo del artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual es fruto de un trabajo de todos los diputados integrantes, quienes con una visión plural incluyente y con el ánimo de velar en todo momento por el interés de la ciudadanía encaminan sus esfuerzos para perfeccionar las normas en pro de la agilización de los procedimientos administrativos y la reducción del rezago de la justicia administrativa. Una de las cargas más fuertes en la administración pública es precisamente la falta de agilización de los procedimientos administrativos. La seguridad y certeza jurídica son pilares de la democracia y eje rector de todo Estado de derecho, y es por ello que el dictamen se propone reformar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo para reforzar dichos principios en beneficio de los gobernados, que son parte de un procedimiento iniciado de oficio por la autoridad administrativa. En este contexto, para el caso del procedimiento administrativo iniciado de oficio por la autoridad, el dictamen prevé que estos se entenderán caducados no solo en el caso de que transcurra el plazo de 30 días a partir de la expiración del plazo para dictar resolución, sino también en los casos en que la autoridad por su inactividad haya propiciado la paralización del procedimiento por tres meses. Ésa es la propuesta y ése es el objetivo. Debe recordarse que la caducidad es una institución procesal que encuentra su fundamento en razones de seguridad jurídica, en tanto que evita la incertidumbre que supone un procedimiento dilatorio; es decir, la razón de ser de la caducidad es dar certeza jurídica y puntualizar la eficacia para no dejar abierta la arbitrariedad o la posibilidad de que las autoridades actúen o dejen de hacerlo a su arbitrio, sino por el contrario, observen y atiendan a cabalidad las reglas que establecen el nacimiento y conclusión de sus facultades; para no generar incertidumbre y arbitrariedad, sino por el contrario, generar transparencia y legalidad en todas las etapas procesales. Con la propuesta se busca que las autoridades administrativas cumplan plenamente sus funciones, las funciones procedimentales en plena observancia del principio de legalidad, y evitar que los ciudadanos escúchese bien que sean sujetos a un procedimiento administrativo iniciado de oficio como por ejemplo una verificación administrativa en materia ambiental que se encuentren subyugados y por este tiempo indeterminado, pues ello vulnera sus derechos y crea incertidumbre en cuanto a su estatus jurídico. En este sentido, la propuesta viene a fortalecer la figura de la caducidad sin causar ningún perjuicio al gobernado y sin violar el orden público e interés social perseguido por el Estado, pues con la visión propuesta por los autores de la iniciativa, el diputado Ricardo Monreal Ávila y el diputado Ricardo Mejía Berdeja, se brinda por una parte mayor seguridad y certeza jurídica; y por la otra opera en pro del derecho fundamental a una justicia pronta y expedita contenida en el artículo 17 de nuestra Carta Magna. En mi carácter de presidente de la comisión y también recalco acá que es de reconocerse el trabajo por los diputados integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, pues con su decidida participación en este tema se avala la tarea de generar normas que nos permitan contar con un marco jurídico más justo en el tema, con un México más justo donde se tutele de manera real y efectiva los derechos de todos los ciudadanos. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción solicito a ustedes el voto positivo para la aprobación de la presente iniciativa. Muchas gracias.