El diputado Raymundo García Gutiérrez: Con el permiso de la Mesa Directiva. La Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 105/2018 y la acumulada 108/2018, promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y una minoría calificada de senadores en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos condenó al Congreso de la Unión a que en este periodo ordinario de sesiones se legisle respecto de los vicios advertidos en el fallo, en cuanto a los artículos 6, párrafo primero, fracciones II, III y IV, incisos b) y c); así como artículo 7, párrafo primero fracción I, inciso a); fracción II y IV de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos reglamentar los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya invalidez se declaró en aquella sentencia. Los argumentos de la Corte medularmente fueron que la regulación impugnada permitía fijar las remuneraciones de los servidores públicos de manera discrecional, cuando uno de los objetivos de la reforma constitucional del 24 de agosto de 2009 fue el de evitar la discrecionalidad en la determinación del sueldo burocrático, ya sea al alza o a la baja se buscaba evitar actos arbitrarios en la política de sueldos en la administración pública, los Poderes Legislativos, Judicial y otros. A pesar de ello, los artículos 6 y 7 de la ley federal reclamada, permitían a la Cámara de Diputados establecer remuneraciones sin sujetar esa facultad a criterios objetivos y metodologías que evitaran actos discrecionales. La Corte señaló que la misma problemática se tenía en el artículo 7 del ordenamiento impugnado ya que si bien formaba parte del capítulo relativo a la presupuestación de las remuneraciones, también lo es que permitía esa discrecionalidad porque solamente establecía que las remuneraciones se determinarán actualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, precisando los límites mínimos y máximos de percepciones ordinarias, metas mensuales, los montos a sueldos y salarios y los de las prestaciones. Lo que confirma que se está ante una regulación que no fija límites de autoridad, con lo que se acredita que la facultad de la Cámara de Diputados para establecer remuneraciones quedaba sujeta a los deseos de esa autoridad, sin limitación alguna o criterio orientador que impida. El dictamen que hoy se pone a consideración de esta soberanía no introduce hipótesis normativa que contenga de manera clara y contundente los elementos técnicos, bases, procedimientos o metodologías que permitan establecer la remuneración del titular del Ejecutivo federal, así como el resto de las disposiciones del mismo rango, que empaten en el servicio público. Es decir, se omiten una vez más parámetros objetivos para delimitar el salario presidencial. Al no fijarse estos criterios, se permite que el parámetro referencial del salario presidencial se fije de manera discrecional, causando incertidumbre y generando, precisamente, el efecto que se pretendió abatir, la arbitrariedad en la fijación del sueldo burocrático. El dictamen no atiende al mandato de la Suprema Corte, porque solo se establecen criterios abstractos, relacionados con el desempeño económico, y deja de lado criterios respecto de las responsabilidades, especialización o riesgos asumidos por los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones. La propuesta, lejos de resolver el problema volverá a tribunales, pues los nuevos criterios están muy lejanos de la especificidad que señalaba la Corte, al ordenar establecer funciones y nivel de responsabilidades, asociado al perfil para cada puesto. Independencia para minimizar la probabilidad de fractura por el poder político económico, especialización, riesgo asociado al desempeño de las funciones, costo de vida del lugar donde deberá desempeñarse el servidor público. Índice inflacionario, costo de oportunidad de desarrollarse en el sector público, en comparación con una responsabilidad similar en el sector privado. Posibilidad de percibir otros ingresos sin que exista conflicto de interés. Y la integración de un órgano autónomo y objetivo, que defina lineamientos y fórmulas de cálculo, así como la posibilidad de revisión de las retribuciones según las circunstancias de las funciones que se desarrollan. El dictamen es omiso en todo lo anterior, lo cual llevará de nuevo a esta Ley ante la Suprema Corte para que determine su constitucionalidad, poniendo una vez más en tela de juicio el trabajo legislativo de esta Cámara, ya que se precariza aún más el trabajo burocrático, además de la política de austeridad irracional, en el despido de miles de servidores públicos y su sustitución por inexpertos que causan graves daños al patrimonio del Estado, la reducción de las remuneraciones y la prohibición de trabajar en la iniciativa privada. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD no será cómplice de esta simulación. Votaremos en contra de este dictamen, porque es omiso, porque no obedece al mandato constitucional y porque no contiene lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia. Es cuanto.