El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: Con la venia de la presidencia. La sociedad está impulsando nuevas formas de desarrollar la gestión pública, hemos superado la etapa en la cual, la única forma de laborar el desempeño público consistía en calificar la manera democrática autoritaria en que se ocupaban los puestos públicos, ahora se le demanda a todas las instituciones resultados. Se mide la legitimidad de lo público por su capacidad para atender las necesidades económicas, sociales y políticas en el menor tiempo posible, con el menor costo y atendiendo lo verdaderamente prioritario para la sociedad. Así lo afirma el político británico Richard Roth en su libro El Gran Gobierno, al afirmar que los gobiernos son juzgados por lo que son, pero también por lo que hacen. Identificamos también una gran presión sobre la administración pública, para transparentar sus procesos y la manera en que se utilizan los recursos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas, son principios que se han adicionado a la filosofía de lo público, desde una visión moderna, participativa y responsable. La administración pública está llamada a sacudirse las inercias y resabios de una forma de gobernar, heredada de las monarquías y de los imperios, mediante la discrecionalidad, el nepotismo y el privilegio. La sociedad republicana reivindica que lo que ocurre dentro de la administración nos compete a todos. Es necesaria la rendición permanente de cuentas y restituir la vocación por el servicio. En estos tiempos no justifica lo que Merton llamó la sacralización de los medios, que impedía transformar la rigidez y el abuso administrativo, y como lo explica Frank Smith el desarrollo de la administración pública, no podría haber alcanzado su actual nivel sin el ímpetu que le dieron los periódicos, los descubridores de la corrupción y los reformadores cívicos. Estos contribuyen a despertar un interés público relativo a la negligencia y la corrupción en la administración pública en todos los niveles de gobierno. El interés suscitado se reflejó en diferentes movimientos de reforma, la adopción del sistema de méritos y otros cambios políticos de gran trascendencia. Pasamos de ser un país de un solo hombre a uno en que verdaderamente operan las instituciones democráticas, decía el Maestro Manuel Crescencio Rejón, que siendo uno y el único depositario del Poder Ejecutivo queda demasiada expuesta a cerrar la planta de nuestra libertad. Un hombre con las atribuciones que le dispensa el Acta Constitutiva, se haya demasiado separado y distante de los otros ciudadanos, de modo que tiene intereses muy distintos a los del Estado. En esa perspectiva se sitúa el fortalecimiento de todas las funciones que le corresponden al Congreso y la profesionalización de la administración pública. El concepto de la función pública, tiene que ver con el desempeño de nuestras instituciones públicas, para que se constituya, bajo los principios de la ética, la eficiencia, la eficacia y la calidad. Que tengamos gobiernos al servicio del ciudadano y no al servicio de sí mismos, aparatos administrativos que recluten a los mejores ciudadanos, por sus antecedentes, sus capacidades y a través de un verdadero servicio civil, que ha sido la clave para el desarrollo de las naciones más avanzados, gobiernos responsables que le rindan cuentas a la ciudadanía y al parlamento. Entendemos que la función pública no se agota en la fiscalización, este Congreso tiene el apoyo de los órganos específicos, como la Auditoría Superior de la Federación y la ley correspondiente. No obstante, es un imperativo contar con una función integral, que pueda abordar asuntos, como la prevención de la corrupción, a través de la revisión de los procesos administrativos, para eliminar los cuellos de botella y los puntos en donde pueda presentarse la corrupción. Es necesario evaluar permanentemente la forma de la operación del Servicio Civil de Carrera, para que se impida su inclinación hacia las presiones partidistas y de grupo, para cuidar que verdaderamente se construya sobre la imparcialidad y el profesionalismo. Uno de los grandes pendientes de nuestro país es la simplificación administrativa, la facilidad de los procesos burocráticos y trámites para abrir un negocio han sido claves en países como Taiwán y Hong Kong. Mientras que en México pueden consumirse más de 30 días para cubrir los trámites burocráticos para realizar una inversión, en otras partes puede ser cuestión de pocos días. Esto desalienta la inversión, es factor de falta de competitividad y refleja el atraso de nuestra burocracia. Necesitamos conocer de manera sistemática y puntual lo que se hace en materia de descentralización y de coordinación intergubernamental, la solución de nuestros problemas se encuentra en buena medida en la redistribución territorial de facultades y recursos, al mismo tiempo que se precisan los nuevos esquemas de responsabilidad que no se agoten en los titulares de las dependencias, sino que permeen en toda la estructura administrativa. La responsabilización debe llevar también a la innovación y al interés por hacer mejor lo que le corresponde a cada quien. Esta percepción llevó a que el pasado 27 de septiembre la Junta de Coordinación Política presentara ante el pleno de esta Honorable Cámara un punto de acuerdo por el que se creó la Comisión Especial de la Función Pública, con ella se subsanó un vacío toda vez que nuestra Ley Orgánica señala que por cada dependencia del Ejecutivo Federal, debe existir una comisión correlativa. En la Administración Pública Federal, la antigua Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo evolucionó en el año 2003 a convertirse en la actual Secretaría de la Función Pública, agrupando facultades normativas de carácter globalizador en todo el Gobierno, cuya contraparte no estaba clara y se distribuía entre diferentes comisiones. En virtud de que existe materia relevante y del mayor interés público y legislativo, consideramos que esta comisión debe incorporarse a la Ley Orgánica para darle carácter permanente a efecto de que pueda realizar las funciones de dictamen, información, opinión y resolución que determina la Ley, fortaleciendo a esta Cámara en sus funciones de legislación, control y evaluación sectorial con el adecuado nivel jurídico y político. Consideraciones. Por lo anterior, la presente iniciativa estima que existe una adecuada justificación jurídica en la Ley Orgánica del Congreso General para establecer una comisión que tenga una correlación sectorial en el área competente de la Administración Pública Federal en materia de la Función Pública. Existe una competencia difusa para atender desde la Cámara de Diputados el conjunto de facultades y funciones que desarrolla la Secretaría de la Función Pública, además de la que tiene que ver con la fiscalización, competencias inherentes a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública; Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información; Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público; Ley Federal de Bienes Nacionales; Ley Federal de Procedimientos Administrativos; Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles; legislación, disposiciones presupuestales entre otras. Con el reconocimiento al carácter permanente de la actual Comisión Especial de la Función Pública se atendería un vacío en la actual organización de nuestras comisiones legislativas. Su inclusión en el artículo 39 de la Ley Orgánica permitiría impulsar políticas y normas para garantizar el avance y construcción de una administración pública moderna, imparcial, eficiente y orientada al servicio de los ciudadanos. Bajo estos antecedentes, reflexiones y consideraciones, se presenta a esta soberanía el siguiente proyecto de decreto: Artículo Uno. Se adiciona el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con una fracción XVII, para quedar como sigue: Artículo 39, fracción XVII: Función Pública..Artículo 2, se recorren los numerales 18 y 39 en sus términos actuales. Artículo transitorio: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es una iniciativa que vendrá a permitir que eso que tanto hemos hablado y mencionado sobre la transparencia, sobre la honestidad y sobre el trabajo que deben de hacer los servidores públicos, realmente cumpla cabalmente con su responsabilidad. Es cuanto señor Presidente.