El diputado Xavier Azuara Zúñiga: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy me presento ante ustedes y ante esta honorable Cámara de Diputados para referirme a una problemática que se ha ido acrecentando exponencialmente y que hoy, en plena emergencia sanitaria que vivimos, es fundamental que sea atendida por esta honorable asamblea. Me refiero al robo de un líquido vital para las y los mexicanos. Y no, no me refiero a la gasolina, queridos compañeros diputados, me refiero al agua. El acceso al agua es un derecho fundamental que en esta pandemia se ha visto limitado por la gran mayoría de las personas en esta emergencia del Covid-19. Para darnos una idea de la dimensión del problema, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 3 de cada 10 personas carecen de acceso a agua potable disponible en el lugar. Y 6 de cada 10 carecen de un saneamiento seguro en todo el mundo. Por otra parte, aterrizando esta problemática de nuestro país, solo 6 de cada 10 mexicanos tienen acceso al agua potable. Esto es alarmante, ya que una parte de las y los mexicanos se han visto privados de un derecho fundamental que está plasmado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, como lo es el acceso al agua. Teniendo en cuenta que no toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, esta emergencia nos pone a pensar, ¿cómo es que se abastecen aquellas personas que no tiene acceso a este vital líquido? Además, otra pregunta que surge es que, si en nuestra propia Constitución, en el artículo 115, fracción III, inciso a), se establece que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales, entonces, ¿quién brinda el servicio de agua potable a aquellas personas que no cuentan con este servicio, si no lo hacen los estados o municipios? La respuesta a estas preguntas, tal vez hayan pasado enfrente de ustedes, compañeros. En alguna pipa de transporte privado, que fue llenada en algún predio clandestino o pasado por debajo de ustedes en una toma ilegal, el huachicoleo de este recurso vital ha acaparado distintas regiones de nuestro país, desde las zonas más rezagadas, donde el servicio de agua potable es limitado o nulo, hasta en las zonas urbanas que demandan cada vez más este recurso para satisfacer sus necesidades, dejando siempre una gran ganancia. Este ilícito también ha afectado el ámbito financiero de nuestros estados y municipios, ya que los ingresos que deberían tener estos organismos operadores de agua potable y alcantarillado, para hacer llegar este servicio a toda la población, se han ido a las arcas de estos huachicoleros. Es por ello, compañeros, que traigo ante ustedes esta presente iniciativa para castigar a aquellas personas que se han enriquecido a costa de privar y vender un derecho tan fundamental, como lo es el acceso al agua a otra persona mediante tomas clandestinas. Es indispensable que se castigue la sustracción ilegal de este recurso vital, ya que no solo se está lucrando con un derecho, sino que se está lucrando con un recurso indispensable para vivir. Por lo cual se está lucrando con la vida misma y créanme, nadie debería lucrar así con la vida. Es cuanto, presidenta.