El senador Mario López Valdez: Con su permiso, señor Presidente. Ésta es una proposición con punto de acuerdo por el que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a tomar las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas en contra de periodistas y editores y realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido los medios de comunicación. En el año que recién concluyó, México se convirtió en el segundo lugar más peligroso en el mundo para el ejercicio del periodismo, sólo detrás de Irak, donde tiene lugar un conflicto armado. El balance del sexenio anterior es de 28 periodistas asesinados, según la Agencia Notimex y ningún autor intelectual definido. Diez de los asesinatos tuvieron lugar en el 2006 y cuatro periodistas fueron reportados como desaparecidos el mismo año. Diversas asociaciones como la Federación Internacional de Periodistas, Reporteros sin Fronteras, Freedom House, la Sociedad Interamericana de Prensa y la Federación de Periodistas de América Latina y del Caribe han dado cuenta en días recientes de este trágico balance. En los informes de estas asociaciones se señala que a partir de los dos últimos años México se ha convertido en un país particularmente letal para la práctica del periodismo. Freedom House, una organización de origen estadounidense, calificó desde 2004 a México como un país parcialmente libre, debido en parte a las amenazas en contra de periodistas por parte del crimen organizado. También se advierte en estos informes que los asesinatos y amenazas han tenido lugar principalmente en la región norte y zona fronteriza del país y en los estados de la costa del Golfo de México y en general, involucran a periodistas en labores de investigación sobre temas relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, las redes de corrupción oficial y los grandes intereses económicos. Un reconocido columnista nacional, incluso, se ha referido a listas negras de periodistas y habla de una escalada de violencia, que a su juicio es uno de los saldos del período electoral y postelectoral del año anterior. No menos grave que el saldo trágico que muestra la actividad periodística, es el efecto que causa este clima de violencia en la calidad del periodismo que se ejerce en el país. La violencia y las amenazas generan auto censura de periodistas y editores y limita al periodismo de investigación. Sobre estos temas de interés nacional, igualmente grave es que esta autorrestricción en el ejercicio de las libertades y de los derechos periodísticos, tiene como consecuencia lógica, la limitación al derecho a la información de los ciudadanos y la coerción de sus libertades y derechos civiles. Asimismo, la violencia que padecen los medios de información, limita el papel de fiscalización que este cuarto poder ejerce sobre el poder público en los sistemas democráticos contemporáneos. Este no es sólo un juicio teórico, sino una realidad que se vive y se lee de manera cotidiana en los diarios nacionales y locales. No hay contrapunto a los boletines oficiales de prensa y por ejemplo, la reciente campaña oficial en contra del crimen organizado se ha quedado sin periodistas y publicaciones que reporten de manera crítica el alcance de estas campañas. Aunado a lo anterior, la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas, creada en febrero del 2006, se encuentra acéfala y resulta sintomático que recientemente haya renunciado el fiscal a su cargo. Con ello, los crímenes y amenazas contra periodistas se mantienen impunes, quedan abiertos cerca de 72 expedientes en esta Fiscalía y en la práctica sigue vigente la restricción de las libertades y derechos civiles del gremio periodístico y de la ciudadanía. Por la suma gravedad de este clima de violencia en contra del gremio periodístico y de la afectación de las libertades y derechos civiles, el grupo parlamentario del PRI, propone el siguiente punto de acuerdo. Primero. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo, a que de manera urgente tome las medidas conducentes para garantizar que no queden impunes los crímenes y amenazas que han tenido lugar en los últimos años, en contra de periodistas y editores. Entre estas medidas debe de incluirse el nombramiento de un sustituto para presidir la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas y la garantía de los recursos necesarios para cumplir su mandato. Segundo. Que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta al titular del Poder Ejecutivo federal a realizar una condena pública a la ola de crímenes y agresiones que han padecido en años recientes los medios de comunicación nacional y local. Comprometerse a garantizar durante su mandato la plena vigencia del derecho a la información y las libertades y derechos civiles correspondientes. Es cuanto, señor Presidente.