LA DIP. ROSALÍA PEREDO AGUILAR: Con su permiso, Presidenta. Secretarios de la Honorable Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión: Los suscritos diputados federales a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrantes de la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción 2ª, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del pleno de la Honorable Cámara de Diputados por el digno conducto de ustedes, la presente iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Seguridad y Asistencia Social para el Campo, con base en la siguiente exposición de motivos: Desde la época prehispánica hasta nuestros días, los productores del campo han sido esclavizados, desposeídos, congregados, desplazados y en el mejor de los casos reconocidos o dotados de tierra para su usufructo, sin que en ninguna etapa de la vida agraria de nuestro país exista alguna mínima garantía de bienestar social. La lucha social agraria a lo largo de más de cinco siglos permitió la distribución de la tierra y la existencia hoy de las diferentes expresiones en la tenencia. Sin duda, el mayor de los éxitos fue el siglo pasado al alcanzar un peldaño en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el artículo 27, mismo que permitió acabar con los latifundios y poner un alto al despojo masivo y sistemático de los bienes comunales y ejidales. Es de destacarse también los terribles medios de dominación y explotación de que fueron víctima los habitantes del México antiguo en la época de la Conquista por parte de los españoles, al despojar de manera brutal de sus propiedades a los habitantes, pues las tierras eran repartidas entre los conquistadores, el clero y el trono español, obligando a la población a trabajar las tierras dando lugar a la creación de diversas formas de explotación legalizadas por el trono español, entre las que podemos encontrar a la que se le llamó "La Encomienda", que conservaba el auténtico señorío feudal de percibir servicios y tributos mediante cesión real. Estos señores feudales titulares de este derecho, como retribución a estas canonjías explotaban mediante la fuerza a los pobladores, obligándolos a trabajar la propiedad social en beneficio directo del gobierno monárquico. El movimiento de Independencia de 1810 permitió el surgimiento pleno de la nación mexicana. La soberanía de nuestro territorio y el nacimiento del federalismo fueron sin duda conquistas invaluables para nuestro pueblo. Sin embargo los trabajadores del campo percibieron pocos o nulos beneficios del movimiento insurgente. Las grandes propiedades en manos de la Iglesia y de los hacendados convienen con las formas de propiedad comunal, que no fueron beneficiadas por un esquema que seguía manteniendo las condiciones de explotación de la población dedicada al campo. Incluso, las reformas juaristas que propiciaron la desaparición del poder económico de la Iglesia en nuestro país, vulneraron a la propiedad comunal porque las disposiciones jurídicas impulsadas por los liberales permitieron que dicha propiedad se incorporara al mercado de la tierra. Con ello se dio lugar al despojo del único bien que poseían los campesinos. Por ello una de las causas fundamentales del Movimiento Armado de 1910, fue la terrible injusticia de la que seguían siendo víctimas los campesinos, pues los hacendados despojaban al campesino de sus pequeñas propiedades, la gente del campo era explotada al ser obligada a trabajar con salarios miserables que se pagaban en especie sin acceso a los servicios de salud, ni mucho menos existía la posibilidad de que las autoridades les proporcionaran los medios legales para mejorar sus condiciones de vida. Como resultado del Movimiento Armado, las demandas sociales fueron el eje fundamental que dio forma a la Constitución de 1917 en cuyo texto por primera vez se contemplan las garantías individuales y las garantía sociales. O sea, el derecho que tienen los habitantes de la República para llevar una existencia digna y el deber del estado para asegurar que así se cumpla. Sin embargo y desde que el Constituyente de 1917 incorporó al texto constitucional la figura jurídica de las garantías sociales, éstas no se han observado y aplicado en forma general a todos lo sectores de nuestra sociedad, pues si bien es cierto que existe en nuestra actual Constitución el artículo 123, éste únicamente determina los lineamientos jurídicos a los que se deberá sujetar la relación laboral de los obreros, jornaleros, empleados, artesanos y de una manera general todos aquellos que estén sujetos a un contrato de trabajo. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno está obligado a proteger a este sector de la población trabajadora a través de dependencias oficiales como la Secretaría de Educación Pública, instituciones de seguridad social entre las que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, así como institutos de vivienda que garantizan el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, en forma indebida e inexplicable quienes obtienen ingresos del campo para subsistir han sido excluidos parcialmente de estos beneficios, pues la mayor parte de los campesinos no cuentan con contrato de trabajo alguno y por lo tanto no tienen acceso a los servicios de salud que le permitan vivir en condiciones físicas adecuadas, no cuentan con el beneficio de tener una pensión por incapacidad física, por accidente o por vejez. Tampoco cuenta con el apoyo del estado para tener una vivienda digna, el campesino no puede asegurar su futuro ni el de su familia por no contar con seguros de vida, de vejez, es decir, el campesino hasta este momento no cuenta con una ley que le permita gozar de los beneficios que tiene el trabajador de la industria petrolera, de la industria eléctrica o de algunos trabajadores al servicio del estado, por citar algunas actividades. Los trabajadores del campo no han sido valorados en su real dimensión, pues su trabajo ha sido fundamental para el desarrollo económico del país, sin el concurso de este sector de trabajadores, la industrialización en México no hubiera sido posible. Como sabemos, enormes flujos de excedentes de nuestro producto agropecuario, a mediados del siglo pasado fueron utilizados para desarrollar la industria y los servicios que eran necesarios para la modernización de nuestro país. Existe una desproporción entre los beneficios que este sector aporta al país y el apoyo a su desarrollo casi nulo que otorga el Estado a los trabajadores de la propiedad social, pues según datos de la oficina para el desarrollo de los pueblos indígenas de la Presidencia de la República, existe una elevada tasa de mortalidad infantil en el sector rural ocasionado por la desnutrición, por la escasa infraestructura en saneamiento ambiental, baja cobertura en los servicios de salud, deficiente capacidad resolutiva de los mencionados servicios de salud. Por estas mismas razones y al no existir una institución específica de atención a este sector de la nación, las mujeres embarazadas tienen serias deficiencias alimentarias que dan origen a nacimientos de seres humanos con defectos físicos o psíquicos que las mujeres embarazadas no cuenten con un centro hospitalario que les brinde atención en sus partos, que los campesinos puedan, perecer incluso por una simple enfermedad intestinal, peor aún, por enfermedades más graves como lo es la diabetes, el cáncer y demás de problemas de salud pública de carácter complejo. Por otra parte debe observarse que no obstante que el artículo cuarto constitucional reconoce la composición pluricutural de la Nación Mexicana y que en dicho precepto constitucional se reconoce la obligación del estado de proporcionar a los habitantes de la Nación Mexicana, servicios en materia de salud, derecho a la pensión, el derecho a la vivienda digna, aún enfrentamos ausencias de orden legal que debemos subsanar. En este sentido creemos que la Ley de Seguridad y Asistencia Social para el campo, reconocería el derecho que asiste a este sector de la población que está desprotegido. Por esta causa es necesario que esta Honorable Cámara de Diputados legisle sobre la materia y que se consolide con esta iniciativa de ley con proyecto de decreto, que va a dotar de los elementos jurídicos necesarios para que los trabajadores de la propiedad social y pequeña propiedad en el campo, tengan a su servicio instituciones de salud, así como todos los beneficios que presuponen las garantías sociales contenidas en nuestra Carta Magna. Esta ley reivindica los derechos de los campesinos, proporcionando además las instituciones con personalidad jurídica y patrimonio propio que se encargarán de mejorar su nivel de vida. De ahí que resulte necesario que esta Honorable Legislatura proceda a aprobar este proyecto de ley realizando incluso modificaciones al texto constitucional en sus artículos tercero, cuarto, 27 y l23 para determinar con precisión los alcances de esta ley. Por esta razón y por razón de tiempo, solicito a esta Presidencia instruya in inserción íntegra de esta iniciativa en el Diario de los Debates y sea turnada a la Comisión de Seguridad Social. Muchas gracias. -