El diputado Jorge Triana Tena: Vengo a esta tribuna a presentar una batería de reformas, por un lado, al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho a la salud y, también, al artículo 8o. de la Ley General de Salud, además de varias modificaciones a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. El problema del desabasto de medicamentos ya no puede ser ajeno absolutamente a nadie. El propio presidente de la República que negó este flagelo durante dos años, un día y el otro también, ha tenido que abrirse y decir lo que todos ya sabíamos, que existe un problema real, que hay un desabasto a consecuencia de la consolidación de absolutamente todas las compras de medicamentos y de tratamientos en la Secretaría de Hacienda, lo cual ha generado un cuello de botella que ha sido incapaz de solucionar el presente gobierno. Es por ello que se tuvo que recurrir a la UNOPS, un organismo paralelo a la Organización de las Naciones Unidas, que tampoco ha podido resolver el problema porque se les solicitó su ayuda en medio de una pandemia, y por supuesto que tampoco se dieron abasto. Y es que el promedio en los retrasos de abasto de medicamentos el sexenio pasado era de 30 por ciento y en este sexenio rebasa el 20 por ciento. Es un verdadero drama social el que estamos viviendo. Tan solo en el año 2019 hubo casi 10 mil quejas levantadas referentes al desabasto de medicamentos en el sector salud de nuestro país. Para el año 2020 se incrementó para llegar a casi 15 mil el número de quejas. Destaca el caso de los tratamientos contra el cáncer, que por más que se quiera echar la tierra debajo de un tapete, que por más que se quiera eclipsar el asunto para que no se dé cuenta la opinión pública, es una realidad que casi 2 mil niños han fallecido en este país gracias a la irresponsabilidad y la indolencia del gobierno, que ha sido incapaz de darles lo que por su derecho constitucional corresponde, que es un tratamiento digno para poder incrementar su calidad de vida en el tiempo que les quede de la misma. Además, ha habido comentarios por demás ofensivos al respecto, como el del subsecretario López-Gatell, que dijo en alguna ocasión que se trataba de una estrategia golpista a nivel internacional, para desestabilizar a gobiernos democráticos. O qué tal la de otra persona por ahí, que dijo que se trataba de un daño colateral en la guerra que ha emprendido el presidente en contra de la corrupción. Ninguna guerra contra la corrupción, ninguna estrategia para abatir la corrupción vale una sola vida humana, y mucho menos si se trata de la de un niño. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tomado cartas en el asunto, ha establecido con toda claridad que cada mexicana y cada mexicano tiene derecho a un tratamiento para la enfermedad que corresponda, que tiene derecho a ser atendido por especialistas en cada uno de los temas, que tiene derecho también a recibir los medicamentos que correspondan para el padecimiento que tenga cada uno de los mexicanos. El asunto se ha agudizado con la eliminación de programas prioritarios como el Seguro Popular o como la extinción también del Fondo de Gastos Catastróficos para Enfermedades Graves en este gobierno, pero a pesar de lo que ha dicho la Suprema Corte ahora las personas afectadas tienen que recurrir a un juicio de amparo, y con juicio de amparo en mano llegar directamente con la autoridad para que les hagan el favor de darles un medicamento que les corresponde, insisto, por ley. Por eso, es que nosotros estamos estableciendo la obligatoriedad de que en el caso de que ningún centro hospitalario público cuente con el medicamento respectivo pueda ser susceptible de que sea atendido en uno privado a través de convenios de colaboración. Se obliga a las autoridades en materia de salud a establecer estos convenios, se obliga a otorgar un vale o voucher para que pueda ser canjeable en el tratamiento o en el medicamento que corresponda y así se evita el que se tenga que recurrir a un juicio de amparo para poder conseguir el abasto de medicamentos que el gobierno no está dando al respecto. Estamos hablando de que en este momento el desabasto de medicamentos no tiene ninguna consecuencia de carácter legal porque no hay sanción por no llevarlo a cabo, estamos reformando la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos, la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que persona que esté adscrita al gobierno que no entregue en tiempo y forma tratamientos y medicamentos tenga una sanción de vida. Estamos proponiendo una solución a uno de los problemas más graves de esta administración y de este gobierno que por la indolencia y por el cinismo de la Presidencia de la República han llegado, el desabasto de medicamentos.