El diputado José Antonio Cabello Gil: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Se ha reconocido internacionalmente que la protección al honor y reputación debe estar garantizada solamente a través de sanciones civiles y jamás por la vía penal. Los lugares en donde todavía existen casos de denuncias penales por difamación y calumnia, por divulgación e información sobre temas de interés público, son reflejos de un viejo esquema que inhibe la opinión pública, que critica a los gobiernos y coarta la libertad de expresión, y periodistas y ciudadanos son víctimas de cohesiones, persecuciones, requerimientos para revelar fuentes, citatorios o de denuncias por difamación penal o de cualquier otra clase de conducta restrictiva, esto trae como consecuencia en la mayoría de los casos, que se prefiere y que se opte por la seguridad de no padecer un probable perjuicio al desafío de ser pública una opinión determinada. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo dependiente de la Organización de los Estados Americanos y del cual México forma parte, señala que no sólo la censura previa limita el libre flujo de información sino también responsabilidades posteriores a la expresión, como es el caso de la difamación. Así en su 108 período de sesiones realizado en octubre del 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobó la declaración de principios sobre la libertad de expresión, instrumento que profundiza el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, mismo que fue suscrito en San José de Costa Rica, el 22 de noviembre del 69. En su artículo 10, la Declaración establece que la protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias, el comunicador tuvo intención de infringir daño o pleno conocimiento de que se estaban difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas. Más adelante, esta misma Declaración señala en su artículo 11, que los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio por parte de la sociedad. Las leyes que penalicen la expresión ofensiva dirigida a funcionarios públicos, generalmente conocidas como leyes de desacato, atentan contra la libertad de expresión y el derecho a la información. La relatoría para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como la relatoría especial de las Naciones Unidas para la libertad de opinión y expresión y la representación de la Comunidad Europea sobre la libertad de los medios de comunicación, han conminado a los países del mundo a que adapten sus leyes al marco internacional vigente, adaptación que para el caso de México no se ha realizado. En México, sólo en dos entidades federativas, se cumple con las recomendaciones de la OEA y demás estándares internacionales, siendo el propósito evitar que la difamación pueda ser utilizada por funcionarios públicos para inhibir la crítica ciudadana. Estos dos estados son Jalisco y Guerrero, cuyas leyes penales en sus artículos 200 y 151 respectivamente, eliminaron la posibilidad de que un ciudadano sea encarcelado por criticar a sus gobernantes, aún si la información sea falsa, dejando al ámbito civil la deliberación de estas cuestiones. Así pues, se concluye que como que Jalisco y Guerrero, el resto de las entidades federativas deben establecer la no penalidad en lo concerniente a la difusión de la información, así como la legislación federal. En años recientes, tribunales y asambleas legislativas del todo el mundo han luchado contra estas leyes represivas, pero todavía existen regímenes que persisten en proceder por la vía penal, contra ciudadanos por lo que escriben o por lo que dicen. Estos países se han situado claramente al margen de la comunidad de naciones progresistas y del derecho internacional. Así, la difamación y la calumnia penal no son una restricción justificable de la libertad de expresión. Deben derogarse de la legislación penal y ser tratadas exclusivamente en la legislación civil. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que deroga diversos artículos del Código Penal Federal y que están enumerados en el cuerpo de la presente iniciativa. Solicito a la Presidencia, sea insertado el texto íntegro de la presente iniciativa, en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente.