El diputado Alejandro Gertz Manero: Compañeras y compañeros legisladores. Un país angustiado está esperando nuestra respuesta a la crisis de seguridad y justicia que estamos sufriendo, y nosotros debemos demostrar que esta legislatura está formada por hombres y mujeres que amamos profundamente a nuestro país, más allá de convicciones ideológicas y compromisos políticos, que son muy comprensibles y respetables, pero que en los asuntos fundamentales de la nación, como lo es éste, podemos unirnos y proponer sin dilación alguna un proyecto inmediato de solución, ya que cada día que pase sin una respuesta de nuestra parte la comunidad nacional lo reclamará con toda razón. Todos tenemos que reconocer que México está padeciendo la peor violencia desde que culminó la Revolución armada, que ha llegado a extremos jamás vistos en el país, y más de 28 mil muertos lo ratifican, mientras la impunidad rebasa el 98 por ciento de los delitos cometidos. La vida, la integridad física y el patrimonio de las personas y de las instituciones públicas y privadas se hayan al garete en una ruleta siniestra, en la que más de 12 millones de mexicanos son victimados anualmente. Sólo en materia de robo y delitos vinculados con él, se cometen 7 y medio millones de delitos contra los habitantes más pobres y desamparados del país, que no tienen voz pública ni medios para defenderse. A las empresas nacionales se les defrauda más que en cualquiera otra parte de América, mientras se multiplican las escenas de barbarie, de terrorismo, de abuso de autoridad y de colusión con el delito. La razón fundamental de este fracaso se halla en la corrupción abrumadora de un sistema de seguridad y justicia que el poder público quiere preservar dándole mayor impunidad y recursos. Es un modelo perverso en el que los cuerpos de seguridad, entre más crecen en número, recursos e impunidad, más se multiplica la criminalidad y la violencia, creando así una espiral que nos está devorando por dentro y aniquilando por fuera. Mientras todo esto ocurre, en los últimos tres años y medio el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Pública ha pasado de 9 mil a 32 mil millones de pesos anuales. Nunca se ha invertido más en seguridad y nunca nos ha ido peor. No hay tampoco paralelo en el número de elementos armados de las fuerzas federales destinados a la protección de la comunidad, que se han multiplicado hasta llegar a más de 150 mil, y nunca la comunidad ha estado más desprotegida. En esta situación, el Congreso no ha dejado solo al Ejecutivo apoyándolo en sus iniciativas, pero éstas no han dado resultado. Los presupuestos multimillonarios que ha propuesto también han sido aprobados y, a cambio de ello, la Auditoría Superior de la Federación reporta año con año más y más ilegalidad, opacidad y anarquía en el gasto, lo cual llega a niveles de escándalo. Los múltiples compromisos del Consejo de Seguridad y del gobierno han sido de carácter burocrático e interno y muchos de ellos no se han cumplido. La transparencia ciudadana en la percepción de la violencia ha tratado de ser acallada, mientras se premia el fracaso y la ineptitud en razón de intereses personales o palaciegos. Lo que el gobierno no ha querido hacer es generar un compromiso real y comprobable para reducir los delitos del fuero común, abatir la impunidad y el laberinto demencial de la impartición de justicia, mientras el sistema carcelario ratifica la colusión delictiva entre la autoridad y los criminales, de lo cual ya no hay ninguna duda. En medio de esta debacle miles de familias huyen del país abandonando sus estudios, profesiones y empresas, y el resto de la población se encierra, se enreja o se somete al delito y a sus extorsiones. Este modelo de guerra adoptado por el gobierno no es ninguna novedad, dado que se viene repitiendo en todos los grandes conflictos que se han convertido en un desastre, los cuales tienen el común denominador de la multiplicación del personal armado, del gasto desmesurado, de la violencia y la victimación brutal contra la población civil, más la corrupción incontenible. Todo ello en beneficio de los negocios de la guerra, los intereses espurios y los ingresos demenciales de los buitres de la violencia, que destruyen países y economías arrasando impunemente con la comunidad indefensa, como aconteció en Vietnam, en la antigua Yugoslavia, en Iraq y en Afganistán, para verlo ahora reflejado en México. Eso no lo podemos permitir. En este contexto debemos señalar con claridad y contundencia que sería irresponsable y oportunista el pretender que el gobierno abdique de sus obligaciones y se someta al delito, que, por cierto, se haya anidado dentro de la misma autoridad, como a diario lo podemos comprobar. También sería inadmisible exigir que las Fuerzas Armadas se batieran hoy en retirada, en este momento de angustia, dejando a la población en peor indefensión de la que ya sufre. Estamos realmente en una guerra y hay que afrontarlo, pero ésta debe reordenarse enfrentando al enemigo más peligroso que tenemos, que es la corrupción y la ineptitud oficiales. Así es como la sujeción de intereses perversos y externos, que es donde no hay que dar cuartel, pero aceptando que la podredumbre que lo permite está dentro y que la batalla se tiene que dar fundamentalmente en ese frente, ya que el poder mismo está infiltrado por delincuentes que en lugar de combatir al delito, lo administran en su propio beneficio y así no hay guerra que pueda ganarse. Esta crisis de corrupción se halla en todos los niveles policíacos, sin excepción; también los desertores de las Fuerzas Armadas han creado ejércitos paralelos que proliferan azotando a todo el país, y los funcionarios y representantes de la autoridad lo mismo obedecen al delito, que aparentan servir a la comunidad, mientras atienden prioritariamente sus propias perspectivas megalómanas y los intereses del poder formal o criminal, que no le importa vender esta patria ni hundirnos en la violencia. La producción de drogas en el país continúa creciendo y la captura de algunos delincuentes que exportan estupefacientes, que generalmente se logra gracias a trabajos de inteligencia del vecino país, como lo acaban de reconocer las propias autoridades federales, sólo provoca grandes escándalos mediáticos y la sustitución inmediata con otro criminal aún más feroz, sin que esto contenga en nada la escalada delictiva que vivimos y que sigue dejando miles de asesinatos y ejecuciones en la impunidad. Se han creado, en los últimos años, estructuras inoperantes y costosísimas de una supuesta inteligencia cibernética, llamada Plataforma México, en la que se han invertido miles de millones de pesos y que no puede detectar a los delincuentes del fuero común que azotan a las ciudades del país ni a los secuestradores ni a los extorsionadores, que a diario acechan a la población civil y empresarial, y menos a la red brutal de explotación y muerte de los indocumentados. Lo cual nos lleva a preguntar si ese proyecto de inteligencia tiene como propósito real el espionaje político, la persecución personal desde el poder, en un modelo antidemocrático y opresor que, evidentemente, está vinculado con esta guerra perdida. Un elemento tan pernicioso como la policía infiltrada y corrupta es el ministerio público como está actualmente concebido y eso lo evidencia el repudio de más del 87 por ciento de las víctimas. No es posible proponer, como se ha hecho, una reforma al proceso judicial, cuando todos sabemos que el verdadero juicio monopólico, sin control de legalidad, lo ejerce el ministerio público a través de la averiguación previa, donde se nos niega a los mexicanos el derecho a defendernos por nosotros mismo, como lo hacemos en materia civil, mercantil, administrativa y laboral. Más del 40 por ciento de los presos en las atestadas cárceles mexicanas no han podido ser sentenciados como culpables o liberados como inocentes. Mientras una contradicción siniestra se cierne sobre el país, con penales sobrepoblados, mientras las calles están atestadas de criminales impunes y existen cientos de miles de órdenes de aprehensión incumplidas. Esto es en realidad lo que hay que vencer, asumiendo una reforma urgente e inmediata. Nuestras obligaciones legislativas se deben de dar para crear un verdadero sistema jurídico integral que le imponga responsabilidades muy claras al aparato de seguridad y justicia del país, para que verdaderamente cumpla con su deber, rindiendo cuentas que frenen esta impunidad oficial en beneficio de los derechos de todos los mexicanos y no de modelos que obedecen a intereses ajenos o mercenarios. Para lograr lo anterior debemos establecer, también, una reforma en el Poder Judicial para que rinda cuentas puntualmente y asuma su plena responsabilidad frente a esta crisis, a esta ausencia de justicia, creando asimismo un sistema de auditoría y rendición de cuentas de carácter ciudadano y autónomo que acote, sujete y sancione a la impunidad en todos los niveles, lo cual contradice y destruye la viabilidad de cualquier proyecto. En 2003, y después de un largo esfuerzo, de experiencia y participación profesional y ciudadana, Convergencia presentó un proyecto de reforma integral, desde la Constitución hasta la Ley de Justicia Cívica, y dicho proyecto quedó bloqueado en comisiones desde esa fecha, mientras se tomaban partes de él de manera subrepticia para fingir una reforma que nunca se dio mientras el país se hundía en el caos que hoy vivimos. Hoy, en Convergencia volvemos a presentar a esta soberanía esa reforma integral, adecuada a la situación que estamos sufriendo. Este proyecto está avalado por el triunfo obtenido en la lucha contra el saqueo de los bienes culturales de la nación, en los años 1974 y 75, por la primera campaña nacional contra el narcotráfico denominado comúnmente Operación Cóndor, en 1976, por la reducción sin paralelo en la criminalidad en la Ciudad de México, entre 1998 y 2000, y por el decremento comprobado del delito y la violencia en las entidades fronterizas, en las carreteras federales, y en la defensa del patrimonio petrolero hasta el 2004. En todas esas experiencias se comprobó que el triunfo se puede lograr, pero también quedó patente que éste no se puede sostener en forma permanente porque el sistema y su corrupción se coluden para no permitirlo. Por todo ello, nuestro proyecto contiene la reforma constitucional para devolverle a los mexicanos el derecho a defenderse en materia penal, acabando con el monopolio del Ministerio Público que deberá quedar sujeto a la legalidad y a los jueces, dándole prioridad a la verdadera reparación del daño a las víctimas, que es el eje fundamental de este cambio prioritario que debe sustentarse en una justicia inmediata y transparente, sin el doble juicio de la averiguación previa, y apoyado en un sistema de justicia cívica que detenga la espiral delictiva en su génesis. Se crea un fondo nacional con los recursos confiscados al narcotráfico y al crimen organizado para que el Estado repare en forma subsidiaria los daños a las víctimas más necesitadas e indefensas de la población. Un código penal único de aplicación local en los estados para los delitos del fuero común y por excepción de aplicación federal, que establezca criterios nacionales en los que sean prioritarios los derechos de las víctimas y de la reparación del daño. Un código procesal único con los mismos criterios de aplicación que termine con el doble juicio disfrazado en la averiguación previa y permita la verdadera oralidad, transparencia y capacidad procesal de las víctimas. Una Ley de Justicia Cívica de aplicación exclusiva por los municipios para darle prioridad a la prevención, a la reparación del daño y al trabajo comunitario conteniendo así el fenómeno delictivo desde su origen. La Ley de Ejecución de Penas que desmantele, en todo el país, la corrupción carcelaria. Una Ley de Tratamiento de Menores que sancione y rehabilite en razón de la responsabilidad real. También aportamos las propuestas de reformas administrativas necesarias para que la administración de seguridad y justicia verdaderamente funcione y cumpla rindiendo a la comunidad cuentas cotidianas en todos sus niveles, responsabilizando desde sus actos y de las consecuencias de sus fracasos. Modificar en este momento las estructuras policiacas sin atacar previamente la corrupción y la ineptitud que las caracteriza no es solución alguna. En la verdadera prevención del delito del fuero común, en el abatimiento de la impunidad y en la rendición de cuentas con una auténtica participación ciudadana sancionando el incumplimiento de obligaciones, está la clave de esta reforma y la solución primigenia al problema que nos aqueja. Si no se comienza por ahí nada habrá de solucionarse. Por todo ello, en este proyecto Convergencia ratifica su compromiso con la población, con las víctimas del delito y fundamentalmente con el poder ciudadano expresado en la rendición de cuentas y en la sanción al incumplimiento. Nosotros entendemos también que esta propuesta es sólo una parte inmediata y urgente de una verdadera solución integral, ya que la base social que ha construido el narcotráfico y el delito y que los está protegiendo, sólo se va a revertir si se tiene un programa educativo que verdaderamente funcione y apoye a nuestros jóvenes y sobre todo, si se integra un modelo social y económico que genere alternativas reales de prosperidad y bienestar para una comunidad abandonada, que hoy sólo tiene abiertas las puertas del delito y de la migración, y en esas condiciones ningún proyecto de lucha contra la delincuencia podrá sostenerse. Bajo estas premisas, hoy queremos someter a la consideración de ustedes este proyecto, con la convicción que a través de sus aportaciones y experiencias podremos construir todos juntos la primera etapa de un cambio de fondo y de paradigmas para rescatar a la nación de un modelo perverso que la está aniquilando. Señor presidente, entrego este proyecto legislativo que presentaré para su trámite en comisiones, y agradezco a todos ustedes su atención y apoyo, porque esta reforma estructural para que se logre tendrá que ser de todos. Muchas gracias.