La Presidenta diputada María Marcela González Salas y Petricioli: Gracias diputada García Laguna. Tiene el uso de la voz el Secretario Medina Mora, hasta por 5 minutos para dar respuesta. El Secretario de Seguridad Pública licenciado Eduardo Medina Mora: Muchísimas gracias diputada García Laguna por sus comentarios y preguntas. En efecto yo soy Secretario de Seguridad Pública, Secretario del Despacho de esa cartera del Poder Ejecutivo Federal y como tal, tengo la responsabilidad de conducir, ejecutar la política que el señor Presidente de la República fija en esta materia. También soy presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, esa sí, la entidad responsable abocada a construir la política pública nacional en materia de seguridad pública. Pero ésta es una tarea compartida entre todas las instancias de gobierno, los gobiernos de los estados, las instancias federales, los gobiernos municipales. Tenemos una responsabilidad compartida que tenemos que atender en conjunto. El informe que usted señala de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de dos mil ejecuciones en el 2005, no se corresponde necesariamente con las cifras que se tienen de estos delitos en el Sistema Nacional de Seguridad Pública que agrupa a todas las denuncias presentadas a nivel nacional. Quiero decirle que del año 2001 al 2005, el total nacional de denuncias por homicidios dolosos que incluyen esto que se llama ejecuciones, disminuyó en 17.68%. Desde luego que como dije al principio, la percepción pública es la que realmente debe gobernar nuestra preocupación, nuestro quehacer cotidiano y no coincide con estas cifras, hay entidades, estados, lugares en donde en efecto tenemos un aumento de homicidios dolosos. En el caso del Estado de Tamaulipas, por ejemplo, pasando de 165 en el 2001, a 362 en el 2005. 119.39 por ciento. El Estado de Sonora, 48.11 por ciento; el Estado de Baja California Sur, 44 por ciento; el Estado de Baja California, 20.18 por ciento. Hay Estados por el contra que tienen una disminución importante. Chiapas 66 por ciento; Jalisco, 59 por ciento; Quintana Roo, 54 por ciento; Guerrero, 40 por ciento a pesar de que tenemos un aumento en el último año de 37.66 por ciento. Nadie puede estar satisfecho y pensar que tenemos una circunstancia positiva, porque la estadística diga que tenemos menos homicidios dolosos al final, lo que estamos tratando de articular en conjunto es una respuesta que sea efectiva en términos de generar certidumbre en los ciudadanos, seguridad pública al final. No hay una concepción de ubica a los ciudadanos como sospechosos de detener y castigar. "México seguro" es un programa que esencialmente recoge las obligaciones que en la ley están atribuidas a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Policía Federal Preventiva. Esto es de una parte, apoyar con los recursos federales a los Estados y municipios que por alguna circunstancia extraordinaria se ven rebasados en sus capacidades para enfrentar emergencias y esto es lo que hemos hecho en las entidades del norte del país, en Sinaloa, en Michoacán, en Guerrero. Y ahí hemos tenido, digamos resultados diferenciados, en algunos casos más exitosos como Sinaloa, Baja California, incluso Guerrero mismo. Y en otros casos, resultados todavía no satisfactorios que nos obligan a replantearnos a partir de las lecciones aprendidas. Hemos aprendido diputada que cuando trabajamos de una manera conjunta, coordinada en la operación con las autoridades policiales del Estado y de los municipios, y realmente articulamos un esfuerzo conjunto de mapeo criminal y de procedimientos sistemáticos de operación y atención de estas emergencias, de manera conjunta, podemos ser más eficaces. Y este es precisamente el enfoque que tendremos hacia delante. Yo convengo con usted en que no debe haber una militarización de la seguridad pública. Las propuestas que en este sentido se han hecho, nos parecen inadecuadas e impertinentes. Hay un papel para el Instituto Armado, que es una de nuestras mejores instituciones públicas en la seguridad interior. Está además autorizado y planteado en la jurisprudencia de la Corte. Pero no es la respuesta la de militarizar la seguridad pública. Tenemos que ser capaces de construir instituciones civiles, sólidas, instituciones civiles funcionales que nos permitan atender la responsabilidad del Estado en esta materia. Nuestro gobierno, su servidor, la Secretaría de Seguridad Pública no estamos de acuerdo en que deba militarizarse la seguridad pública. No tengo desde luego ninguna simpatía por la idea del estado mafioso. Yo creo que aquí hay una corresponsabilidad que tenemos que atender en todos los niveles sociales, en todos los órdenes de gobierno del Estado. Al final, diputada, somos todos, todos tenemos que atender esta responsabilidad pero no comparto la idea de que estemos en un estado mafioso. Muchas gracias.