EL C. DIPPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS: Con su venia señor Presidente. Honorable Asamblea. Vengo en nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos a fundamentar el Dictamen que se pone a consideración de esta soberanía. Ante todo quiero saludar la siguiente Iniciativa presentada por los grupos parlamentarios que concurren en esta Cámara y que constituiría la Reforma en cuestiones de Amparo más benéfica para el pueblo de México realizada quizá en los últimos 20 o 40 años. Quiero agregar algo muy importante, si es la voluntad de esta soberanía emitir su voto aprobatorio tan solo por esta reforma sin contar con otras más que ha realizado y que realizará, en nombre de esta LVIII Legislatura quedará grabado con honor en los anales de la justicia mexicana. El Amparo en México no solamente constituye una institución jurídica desde luego entre las más nobles e importantes de nuestro Sistema de Derecho; si así fuera, sería suficiente por sí sola para dedicar la existencia individual a su estudio, a su enseñanza, a su práctica o a su perfeccionamiento. Pero además de ello, el amparo constituye para el mexicano una vivencia: se vive con la existencia y la presencia del amparo; se le tiene presente como solución frente al abuso y frente al desvío, para eso fue creado y por ello existe no solo para producir efectos de derecho sino para producir efectos en la vida misma de los hombres. Todos nuestros compatriotas, incluso los más alejados de los beneficios de la ilustración, han oído en algún momento de la existencia del amparo. Es seguramente la más difundida de nuestras instituciones jurídicas y desde luego la mayor depositaria de las aspiraciones de la justicia. Por ello es necesario reflexionar sobre la estructura normativa o funcional del amparo a partir de los hombres que participan en él. Aquellos que son parte y que por lo tanto tienen injerencia directa: quejosos, responsables, terceros perjudicados o agentes del Ministerio Público; y aquellos que no son parte pero que mucho del amparo depende de su desempeño: jueces, litigantes, legisladores y maestros. En nombre de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, vengo a convocar a esta soberanía nacional para aplicarnos en una reforma que junto con otras induzca a la voluntad y a la conducta frente a nuestro sistema de amparo y que es además un ejemplo de lo que puede lograrse cuando los diversos poderes públicos colaboran entre sí, puesto que aparte de la colaboración entre la gran mayoría de los grupos representados en esta Cámara, participó el Poder Judicial de la Federación con reflexiones y con mejoras a las ideas que se generaron originalmente en esta soberanía. Para ello, requerimos aplicarnos a la voluntad y a la conducta frente al sistema de amparo. Voluntad y conducta en el quejoso para usar y no abusar del amparo, para acceder con él a la justicia y a no postergarla para otros, para no retardar ejecuciones o resoluciones, ni paralizarlas; para conducirse con probidad y sinceridad, para entender que la justicia o existe para todos o no existe para nadie, cuando existe para unos cuantos, aún los privilegiados viven en la injusticia y por lo tanto en el riesgo. Voluntad y conducta en las autoridades responsables para informar con oportunidad y veracidad; para asumir el cumplimiento de la ley y no para ufanarse de su elusión; para acata la resolución emitida en debida contienda; para recordar que no sólo está en juego el efecto del acto reclamado sino el conflicto y la angustia humana de la sociedad o de los individuos a los que sirven. Voluntad y conducta en los terceros perjudicados; personaje que en ocasiones parece casi anónimo en contraste con una autoridad impetuosa y en otras, por lo contrario, resulta un litigante solitario junto a una responsable desinteresada. Voluntad y conducta en el Ministerio Público para asumir la importancia fundamental de su cometido en el amparo y para representar con todo celo a la sociedad cuando están en juego sus intereses o para no entorpecer el procedimiento cuando la sociedad es ajena al interés en juego. Voluntad y conducta también en aquellos que sin ser parte tienen tanta injerencia en el amparo, acaso más que quienes lo son. En los juzgadores para sobreponer la vitalidad de la norma a su perfección formal, para conjugar entrega y valor en el afán de la justicia, para asumir la muy difícil y comprometida tarea de hacer triunfar a la justicia con más vehemencia que como lo harían las partes. Voluntad y conducta en los litigantes, en su fortaleza para resolver el conflicto secular que existe entre los fines y los medios para decidir la lucha procesal y en ocasiones la anímica entre el éxito del patrocinio y la victoria de la justicia, entre el triunfo de la pericia o el triunfo de la conciencia. Voluntad y conducta en los legisladores para fortalecer una institución que como muchas otras en el sistema jurídico mexicano, reclama adecuación a las necesidades cotidianas del presente, que requiere adaptarla como instrumento a los fines que inspiraron su creación; que está urgida de la eliminación y de la superación de obstáculos con los que la astucia y a veces la perfidia la han ido desgastando. Existe un itinerario conocido pero equivocado, se inicia cuestionando un acto administrativo o judicial, un proceso político o jurídico, se polemiza no en busca de la solución, sino de la disputa por sí misma, de ahí se pretende dudar de todo un sistema de derecho, se llega incluso al extremo de negar éste y con ello la viabilidad nacional. Honorable asamblea, vivimos tiempos en que requerimos más que nunca de nuestra voluntad y de nuestra conducta para poder vitalizar la capacidad de nuestro sistema de derecho y para hacer frente a los requerimientos de una sociedad que reclama mayor y mejor justicia, pero lo más importante es, que no sólo la reclama, que la merece y que a todos nosotros corresponde conquistarla para ella. Es cuanto señor, Presidente.