El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, presidenta, y con el permiso de mis compañeras y compañeros diputados. Me permito someter a nombre de mi compañera, la diputada Martha Beatriz Córdova Bernal y del suscrito, a la consideración del pleno de esta soberanía, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I y se agrega una fracción III al artículo 20, recorriéndose las demás en su orden, y adicionando un segundo párrafo al artículo 25; se adiciona una fracción II al 69 y se adiciona la fracción V del artículo 107, todos de la Ley de Migración, por los motivos siguientes. En un país que comparte la frontera más transitada de planeta resulta fundamental, por motivos éticos y humanos, atender el tema relacionado con el atropello sistemático a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos que pretenden alcanzar el llamado sueño americano, circunstancia que ha cobrado especial relevancia dado que día con día en nuestro territorio distintos actores cometen abusos en su contra, siendo abrumadores y brutales los numerosos atropellos, vejaciones y abusos perpetrados en su perjuicio. La diferencia entre los mexicanos y los migrantes de otros países que viajan ilegalmente a Estados Unidos, es que los primeros se desplazan al interior de su propio país, mientras que los segundos tienen que atravesar uno o más países para cruzar al otro lado. Como todos sabemos, para internarse en territorio mexicano la mayoría de los migrantes centroamericanos utilizan los trenes de carga que pasan cerca de la frontera sur, como la famosa Bestia, que observamos a través de los medios de comunicación sin que las autoridades correspondientes hagan algo al respecto. Se exponen a perder una mano, un brazo, las piernas o la vida misma, al ser arrollados como desgraciadamente ha sucedido, pero éste es sólo el primer peligro que enfrentarán; el punto más crítico en las rutas de tránsito de los migrantes se encuentra en los controles migratorios. El camino que escogen para evitarlos generalmente es más inseguro, lo que deriva que sean víctimas de robo, extorsión, encarcelamientos ilegales, golpes y hasta la privación de la vida misma, como lo he señalado. Las mujeres migrantes enfrentan de manera más visible la falta de atención de autoridades en el respeto a las normas y cuidado de los derechos fundamentales. Su condición de indocumentadas las enfrenta a una situación de vulnerabilidad, particularmente la trata de personas; las violaciones y la prostitución involuntaria. No se ha vislumbrado interés real para garantizar condiciones dignas a los migrantes indocumentados, lejos de buscar una solución al problema de los abusos, el gobierno mexicano a lo largo y ancho de su territorio ejecuta operativos de detención, aprehensión y expulsión de extranjeros sorprendidos en condición irregular, como uno de varios mecanismos de rechazo para impedir su ingreso y estancia, convalidando implícitamente la violación a sus derechos humanos. El gobierno mexicano debe garantizar al respeto de los derechos humanos de toda persona que habite o transite dentro de sus fronteras nacionales, éste es el principal compromiso del Estado mexicano y una obligación adquirida y ratificada como miembro activo de la Organización de Naciones Unidas y como Estado parte en la serie de tratados internacionales de derechos humanos. Es incongruente que exijamos enérgicamente que se garantice un buen trato a los migrantes mexicanos en Estados Unidos, pero a su vez no somos capaces de garantizar los derechos fundamentales de los migrantes centroamericanos y sudamericanos que transitan por nuestro país con igual destino. Hace falta congruencia en el quehacer de nuestra política interior y exterior, entre lo que exigimos, propugnamos y supuestamente promovemos y lo que realmente llevamos a cabo, por ello es necesario implementar políticas que verdaderamente garanticen la salvaguarda de los derechos humanos de los migrantes. Cada migrante es un ser humano que posee derechos y libertades, que son universales, indivisibles e inalienables, tales derechos son reconocidos nacional e internacionalmente. En base a lo anterior, sometemos a su consideración de esta soberanía, las reformas que en el proemio de la presente nos hemos permitido señalar a la Ley de Migración, que no sólo tienda a que las autoridades migratorias, sino además que la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, se les constriña a que en el ámbito de sus competencias respeten los derechos humanos de todas y todos los migrantes, siendo indigno, discriminatorio y, por supuesto, violatorio a los derechos humanos, lo que hoy están sufriendo nuestras y nuestros hermanos migrantes con la complacencia y omisión en que han incurrido instituciones públicas en nuestro país. Es cuanto, presidenta.