El diputado Eduardo Gaona Domínguez: Saludo, respetuosamente, a mis compañeras y compañeros diputados. Mi nombre es Eduardo Gaona Domínguez y me incorporo a esta legislatura como diputado de Movimiento Ciudadano por Nuevo León. Vengo con el firme propósito de construir, trabajar con seriedad y aportar desde mi experiencia, gracias también a mis compañeras y compañeros de la bancada de Movimiento Ciudadano por tan generosa bienvenida. Amigos legisladores, lo que hoy discutimos no es sólo la llamada Ley Telecomunicaciones y Radiodifusión, es el tipo de país que estamos construyendo, ¿uno que respeta las libertades o uno que busca concentrar el poder? Desde nuestra bancada, como siempre, reconoceremos los aciertos de cualquier gobierno porque debe quedar claro, no somos opositodo. Al contrario, somos un grupo parlamentario que sabe construir, sabe sumar a favor de México, sobre todo, en asuntos que protegen los intereses de nuestros representados y a favor también de nuestra soberanía nacional. Vemos, sí, con buenos ojos, la eliminación del artículo 109, el cual facultaba a la Agencia de Transformación Digital a colaborar con autoridades para el bloqueo temporal de plataformas digitales. Con ello, se preserva un derecho humano, el de la libertad de expresión, el cual, por supuesto que es indispensable en un país como el nuestro, donde todas las voces deben ser escuchadas y toleradas. Sin embargo, también alzamos la voz cuando no estamos de acuerdo. En el caso de la discusión que hoy nos ocupa, manifestamos nuestras reservas respecto a centralizar el poder. Pues hay que ser muy claros, se pretende eliminar, compañeros y compañeras, instituciones autónomas como el Instituto Federal de Telecomunicaciones y trasladar sus facultades a esta nueva agencia. Esto contraviene, sin duda, el artículo 18.8 del T-MEC, que exige contar con un organismo autónomo, capaz de garantizar un mercado competitivo y que se ofrezca también certeza jurídica en el sector. Al igual que todos los ciudadanos, nos preocupa el riesgo de abuso de poder, especialmente lo relativo al acceso a la geolocalización de las personas sin orden judicial, como se establece en el artículo 183. Permitir que una autoridad acceda a la ubicación de una persona en tiempo real, sin control judicial, es abrir la puerta al espionaje político, al abuso del poder y a la persecución arbitraria. Esto representa una vulneración a los datos personales y al derecho a la privacidad, pues no se explica su tratamiento de manera detallada, violentando el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Tesis 19-2024 también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que el derecho a la privacidad garantiza la dignidad humana, la autonomía y la libertad personal. Tampoco coincidimos con el texto del artículo trigésimo transitorio, el cual parece revivir por la puerta trasera un registro de usuarios del servicio móvil, supuestamente destinado al combate a la delincuencia. Sin embargo, especialistas como Luis Fernando García, que es director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, han señalado que se trata de una medida ineficaz y de una medida incompleta. Por lo anterior, desde Movimiento Ciudadano solicitamos el apoyo del bloque mayoritario para aceptar la presente reserva al artículo 183, para que, tratándose de las fracciones I y II, se requiera obligatoriamente una orden judicial, previo a las determinaciones que emita la comisión. Compañeras y compañeros diputados, abramos el debate y entremos al presente dictamen con ideas y propuestas y, en su caso, mejoremos el texto actual en beneficio de las personas que decimos representar. Desde Movimiento Ciudadano reiteramos nuestro compromiso inquebrantable de poner siempre a las personas, no al poder en el centro de las discusiones públicas. Porque, mientras otros reparten culpas, nosotros sí damos soluciones. Porque, mientras otros simulan, nosotros construimos futuro, y por eso somos la única alternativa real para México. Es cuanto.