La diputada Martha Lucía Mícher Camarena: Gracias, señor presidente. El interés primordial de la izquierda progresista es contar con una legislación que permita que el beneficio de la riqueza natural de nuestro país se distribuya conforme a criterios de equidad y de justicia social. Para ello requerimos un esquema que permita que todos los fondos del Estado alienten el desarrollo social y económico de la nación precisamente para beneficiar a la población con estos recursos económicos que tiene el Estado. Por ello muchos gobiernos firman contratos con compañías internacionales para desarrollar y comercializar precisamente sus hidrocarburos. Sin embargo, negociar un contrato ideal es de vital importancia precisamente para que los esfuerzos de los estados por obtener beneficios a partir de sus recursos naturales, sean efectivos. Por ello los términos de los contratos son muy importantes precisamente porque ahí es donde se define lo que una nación habrá de tener de ganancia en sus recursos y sobre todo si el gobierno tendrá o no la autoridad regulatoria para fortalecer todos los estándares para operar en temas de medio ambiente, de salud, entre otros. Por ello, compañeras y compañeros, también se espera que el Estado provea de igual manera un ambiente positivo de inversión que promueva el crecimiento económico. Por eso estamos preocupados, estamos preocupadas de que a la hora de negociar, a la hora de acordar, a la hora de convenir, el Estado tenga todas las condiciones precisamente en contratos sobre eventos inesperados. Por ello el no dejar claro y bajo términos transparentes y precisos dichos detalles, puede poner al Estado en clara desventaja. Los gobiernos deben evitar que no tengan complejidad ridícula los contratos. En la medida de lo posible es una medida sana, muy sana, negociar contratos simples y con reglas que dejen poco margen a la discrecionalidad. Por ello los contratos deben de ser evaluados sobre las bases de los incentivos que generan su operación bajo distintos escenarios. Asimismo los contratos deben considerar el riesgo inherente en la extracción de hidrocarburos, por lo que debe de considerar medidas como la reducción de áreas contractuales con el fin de optimizarlas. El dictamen que hoy se presenta se centra en un mecanismo de altísimo nivel de discrecionalidad para definir precisamente los términos económicos de los contratos, así como las modalidades que éstos adaptarán para cada proyecto de producción, lo cual representa una gran omisión en la legislación secundaria. Tampoco se define de manera puntual las características que deben satisfacer las variables que inciden directamente en el porcentaje de las utilidades que el Estado recibirá. También se acotan muchísimo los niveles de transparencia, de rendición de cuentas y abre las puertas a la corrupción y pone en riesgo el patrimonio de las futuras generaciones del país. Nos preocupa que la ejecución de las deducciones, la supervisión sea la parte más endeble y la parte más crítica de los contratos. La experiencia internacional nos señala que si no hay una adecuada supervisión, la renta petrolera que percibe el Estado, tiende a ser menor o inclusive es nula en los primeros años de los contratos. Este dictamen, compañeras diputadas y diputados, es omiso en cuanto a que no provee de herramientas a la autoridad para que las deducciones estén acotadas y no se generen abusos por parte de las compañías petroleras internacionales. No estamos de acuerdo en que se abra la puerta a más discrecionalidad en materia de contratos y este dictamen pretende dejar un abanico de posibilidades para que las empresas internacionales negocien con el Estado la extracción de hidrocarburos, pero en mayor desventaja. Nos preocupa la opacidad en los procesos de licitación de los contratos y es de mucha importancia que profundicemos precisamente en las ganancias para el Estado derivadas de la renta petrolera. El Estado debe transparentar los ingresos, debe transparentar qué va a hacer en materia de exploración y extracción de los hidrocarburos. Para ello, el dictamen debe establecer de manera clara, concreta y precisa las concepciones que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deberá hacer de carácter público a través de su portal de internet, así como la información pertinente. Por ello presentamos esta moción suspensiva, para que este dictamen se devuelva a las comisiones unidas de hacienda y crédito público y de energía con objeto de que se subsanen las violaciones a los derechos humanos que impiden al pueblo de México el acceso a los beneficios del desarrollo de los beneficios derivados de los recursos naturales, así como para que se subsanen los principios de legalidad, de equidad y de transparencia. Gracias.