El diputado Jesús Morales Flores: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, John Womack llamó la sagrada escritura de los zapatistas al Plan de Ayala, suscrito en Morelos el 25 de noviembre y proclamado en Ayoxustla, Puebla, el 28 de noviembre de 1911. Cumple hoy 102 años de haber expuesto el por qué de la rebelión agraria de los campesinos mexicanos, que fue causa de la insurgencia social más grande del siglo XX. El Plan de Ayala trasciende el enfoque meramente político y militar al de otros planes de insurrección que se habían dado en México, pues no solo desconoce al presidente Francisco I. Madero y reconoce como jefe de la Revolución a Pascual Orozco, quien en caso de no aceptar dicha jefatura, quedaría encabezada por el propio Emiliano Zapata. Busca, en esencia, la restitución de tierras usurpadas a los pueblos durante el porfiriato y el reparto de la tierra de los grandes hacendados que concentraban gran parte del territorio nacional, lo que le da el carácter plenamente social y reivindicador. Bajo el lema de reforma, libertad, justicia y ley, el plan redactado por el profesor Otilio Montaño reconoce a los campesinos como propietarios originarios de la tierra y forma parte del acervo ideológico que años más tarde habría de incorporarse a la Constitución mexicana. Porque el derecho a la tierra, al trabajo y al usufructo por los pueblos y las comunidades rurales pusieron el acento en la pobreza y desigualdad que había prevalecido por décadas, confinando a los pobres a las servidumbres más ancestrales. Por eso destaco que el Plan de Ayala ese el parteaguas que dio a la Revolución su sentido más popular, más amplio y legítimo de lucha política y militar. Por eso los campesinos mexicanos buscan un campo diferente, donde es urgente apoyar a quien hace producir la tierra con una clara visión de los retos globalizadores. La industrialización, en mediana y gran escala de los productos del campo, es la salida más viable para el agro mexicano, misma que requiere protección económica y capital de riesgo. Así lo plantea la Confederación Nacional Campesina, porque sabemos que la globalización exige una organización moderna y tecnificada. Si persistimos en esta visión, habremos de honrar cabalmente la celebración de la firma del Plan de Ayala, documento señero que sigue inspirando los ideales de los campesinos. Compañeras y compañeros, impulsar al máximo la producción agropecuaria nacional y alcanzar la seguridad alimentaria para que los productores rurales eleven su nivel de vida, asegurar que los mexicanos tengamos alimentos de la más alta calidad y con precios accesibles, y atender los problemas concretos de productividad del campo a través de un esfuerzo sin precedente de educación y capacitación para la mano de obra adulta del campo, son objetivos planteados en el programa de gobierno del presidente Peña Nieto. En este proyecto de dictamen y la iniciativa que le da origen, presentada por nuestro compañero Blas Rubio, se conjugan dos aspectos de los principales ejes del proyecto que compartimos e impulsamos con el Ejecutivo federal: el desarrollo del campo y el fortalecimiento de la educación. Las parcelas escolares son espacios, que si bien, como señala el promovente, son una institución histórica del derecho agrario mexicano, quedaron en el mismo olvido y desatención prestada al campo mexicano por muchos años. De acuerdo con la Ley Agraria vigente, la administración y regulación de la parcela escolar depende del reglamento interno de cada ejido, sin que la mayoría de ellos, es decir, de los ejidos, cuenten con dicho reglamento que provoca una normativa, por lo que han surgido problemas con el manejo de las parcelas escolares. Actores involucrados en el tema han señalado que las escuelas no se benefician de la renta de la parcela o de su producción, que muchos años han sido invadidas o vendidas y que las escuelas quedan al margen de sus beneficios. Por tanto, es necesario subsanar la falta de dispositivos regulatorios generales, estables y homogéneos, plasmando esta regulación en la Ley Agraria. No obstante los problemas que enfrenta es necesaria la subsistencia y el fortalecimiento de esta figura, para que se convierta en el instrumento que catapulte el desarrollo de los ejidos, que brinde a los alumnos de las poblaciones rurales educación agropecuaria y pertinente. Siendo la escuela un espacio preeminente de interacción y cooperación social se aportan a las comunidades y núcleos ejidales, puede ser de la mayor relevancia para el progreso de las mismas, contribuyendo al perfeccionamiento de métodos de cultivo y organización agroindustrial. Compartimos en la comisión dictaminadora la convicción de que es necesario obtener, mediante los cultivos emprendidos y las pequeñas industrias, que se establezcan rendimientos económicos para beneficio de las propias escuelas y por supuesto para atención de las necesidades más importantes de la población. Todo ello con la visión para que el desarrollo del campo se realice bajo criterios de sustentabilidad, aprovechamiento racional de los recursos y apropiación de los más recientes desarrollos científicos, tecnológicos y cultuales. Son claros los ajustes realizados por la comisión y estamos de acuerdo con sus dispositivos que se proponen para subsanar la laguna que hasta ahora se tiene en la regulación de las parcelas escolares, estableciéndose entre otras las siguientes: Que la propiedad, posesión y explotación de la parcela escolar corresponden al ejido y será administrada por los integrantes del comisariado ejidal y comunal, y por el consejo de vigilancia, actuando conjuntamente con facultades para contratar créditos y otorgar en garantía el usufructo parcelario. Que el 100 por ciento de los productos, utilidades líquidas e ingresos que generen la parcela se destinarán a la rehabilitación, ampliación y conservación de la escuela rural, que preferentemente la parcela escolar será explotada directamente por el ejido, no obstante ello por acuerdo de la asamblea podrá aportarse el usufructo a todo tipo de sociedades, darse en arrendamiento, usufructo oneroso, aparcería, asociación en participación o cualquier contrato traslativo de uso y que dichos contratos tengan una duración máxima de tres años. Consideramos que el fortalecimiento de las parcelas escolares puede ser un inicio para dar paso a una transformación del paradigma de la educación en el campo, dirigida no sólo a los aspectos propios del entorno, sino a la formación de estudiantes con posibilidades de integrarse con éxito a sus comunidades, al país y al mundo, preparados para vivir e interactuar como ciudadanos del mundo global y vivir con mucha dignidad. Muchas gracias.