El diputado Juan Alberto Blanco Zaldívar: Qué tal. Buenos días. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nuestra Constitución federal señala en su artículo 2o. que a la nación mexicana es única e indivisible, y que tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas, haciendo énfasis en que la consciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Además, señala que son comunidades integrantes de un pueblo indígenas aquella que formen una unidad social, económica y cultural asentadas dentro de un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, y que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional, reconociéndoles y garantizándoles el derecho a la libre determinación y en consecuencia a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, de organización social, económica, política y cultural. Por otro lado, en el máximo ordenamiento nacional, nuestra Carta Constitutiva, faculta a los pueblos indígenas para aplicar sus propios sistemas normativos de regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a sus propios principios generales, respetando a la vez las garantías individuales, los derechos humanos considerados de relevante consideración, pero particularmente el respeto a la dignidad e integridad de las mujeres y de los niños. Aunado a esto, les brinda las facultades necesarias para ser consultados para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los Planes Estatales y Municipales de Desarrollo, y en su caso incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen y que ellos detecten. En los últimos años hemos observado en nuestro país importantes logros en materia de instrumentos de participación ciudadana directa, empezando por el avance significativo que implicó que después de intensos y acalorados debates en las Cámara de origen y revisora, finalmente se lograra en la reforma política de 2012 introducir al artículo 35 de la Carta Magna la posibilidad de llevar a cabo consultas populares, con el objetivo de dar mayor legitimidad a todas aquellas acciones de carácter gubernamental que por sus características particulares representan cambios relevantes en las políticas públicas nacionales. Adicionalmente y ya para marzo de 2014, se escaló un peldaño más en el marco jurídico nacional al lograr la aprobación y posterior publicación de la Ley Federal de Consulta Popular, que definió de manera precisa y pormenorizada cuáles serán las reglas que deberán aplicarse al momento en que los principales actores que intervienen en este tipo de procesos, como lo son los propios ciudadanos, decidan organizarse con objetos bien definidos para manifestar sus puntos de vista mediante la realización de una consulta popular determinada. Sin embargo, dentro de este abanico de avances democráticos no se definieron las particularidades aún más específicas de lo que debería significar la consulta a los pueblos y comunidades indígenas, por lo que ahora resulta menester presentar una nueva propuesta que defina a detalle cuáles tendrán que ser los procedimientos para que los ciudadanos que habitan en estas regiones particulares puedan ser consultados a través de sus propias instituciones y agentes representativos, considerando la formulación, aplicación y evaluación de planes, programas, proyectos y acciones gubernamentales, que tengan como resultado consecuencias directas en sus derechos y que de alguna forma se ubiquen dentro de su ámbito sociopolítico y cultural. Señoras y señores legisladores, con esta iniciativa se pretende establecer los lineamientos que garanticen a los pueblos y a las comunidades indígenas el derecho a la consulta, la realización de las consultas de buena fe. La consulta a los pueblos y comunidades indígenas deberá ser previo a la programación de la ejecución de las medidas administrativas o legislativas propuestas. El proceso de consulta resultará ser vinculatorio para medidas administrativas y para medidas legislativas. Permitirá, además, darle el seguimiento puntual a los efectos posteriores de la consulta para verificar su cumplimiento. Para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, los pueblos indígenas y sus comunidades son el grupo originario de nuestra nación, que se encuentran afectadas por la injusticia, la desigualdad, la exclusión, y por lo tanto, debemos diseñar políticas públicas integrales y marcos jurídicos que mejoren sustancialmente la calidad de vida de estas comunidades. Al reconocer sus derechos debemos pugnar para que el ejercicio de los mismos sea eficaz y contribuyan a su desarrollo conservando sus tradiciones. En suma, en Acción Nacional nos pronunciamos por el conjunto de todas nuestras comunidades que conforman la nación mexicana y queremos contribuir a la construcción de un mejor país, en el que las y los ciudadanos seamos, sin distinciones, protagonistas de la vida política, social y económica de nuestro país. Es cuanto, diputado presidente.