El diputado Juan Carlos López Fernández: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, me dirijo a ustedes para hablar de un tema que no por haberse convertido de moda ha perdido su dramatismo. Me refiero a los migrantes y a la forma en que sus derechos constitucionales se ven conculcados a diario en nuestro país. La presencia en los medios de comunicación, de los asuntos migratorios, y de los abusos de los que los migrantes son objeto, ponen de manifiesto que nos encontramos frente a un fenómeno que no sólo es noticia cotidiana, sino que también nos exhibe muy mal ante el exterior y sobre todo, frente a nosotros mismos. Hace mucho que el tema migratorio dejó de ser uno más de la agenda nacional, para transformarse en un asunto crítico con múltiples aristas que inciden sobre diversos aspectos de la realidad social, económica, cultural y política, mexicana. A México lo distingue el hecho de ser un país que genera emigrantes hacia otro, en el que radican inmigrantes procedentes de otras naciones y por el que transitan transmigrantes que utilizan el territorio mexicano como vía de paso desde sus países de origen o residencia, hacia los Estados Unidos. Ninguno de estos asuntos es nuevo en México. La emigración, la inmigración y la transmigrancia hace mucho que sentaron sus reales en nuestro país. Lo que sí significa un tema de creciente preocupación es tanto la violencia de que son objeto los migrantes mexicanos cuando regresan a territorio nacional, como las agresiones que sufren los inmigrantes durante su estancia o paso por México. A lo visto, debe adicionarse el incremento de acciones que llevan a cabo organizaciones criminales en México tendientes a sumar a sus filas a los inmigrantes y transmigrantes. La temática migratoria se encuentra regulada en la Ley General de Población, ordenamiento publicado hace ya 37 años. La Ley General de Población es un instrumento jurídico para regular y ordenar la estancia documentada ilegal de los extranjeros en México, pero es insuficiente para atender y resolver la problemática que enfrentan los migrantes que retornan a nuestro país y los inmigrantes y transmigrantes que viven en territorio nacional. El Instituto Nacional de Migración ha venido siendo una institución eficaz para regular y normar las expresiones ordenadas y documentadas en las inmigraciones hacia nuestro país, pero carece de la organización, los recursos y la vocación para enfrentar la problemática migratoria en sus complejas manifestaciones sociales, económicas y de inseguridad. A la luz de lo expuesto hoy, estoy presentando una iniciativa de ley para la protección y apoyo a los migrantes y sus familias que incluye la creación, como organismo descentralizado del gobierno federal no sectorizado y dependiente del presidente de la república, la Comisión Nacional para la Protección y Apoyo a los Migrantes y sus Familias, que actuarían con la filosofía y el espíritu de un ombudsman de los mismos. Esta iniciativa está ampliamente justificada bajo las ópticas jurídica, política, económica, sociocultural, laboral, humanitaria y demográfica. Bajo estas expectativas es imperativo que dentro del cuerpo de leyes mexicanas se disponga de un ordenamiento que busque garantizar y promover la protección, el estudio, la divulgación y el ejercicio de los derechos fundamentales de los migrantes, así como brindarles apoyo integral para su desarrollo con dignidad. Provengo de Chiapas, la entidad federativa que es la puerta de entrada a inmigrantes centroamericanos a nuestro país. Estamos los chiapanecos habituados a convivir a diario con nacionales de los países hermanos centroamericanos, por lo que hemos aprendido a integrarlos a nuestra sociedad y a compartir con ellos lo mucho que nos vincula. A lo largo de la presente administración del Poder Ejecutivo de Chiapas se le ha otorgado una especial atención a los migrantes, pues se ha pasado de un ejercicio de atención a casos críticos y emergentes a una permanente y amplia política de estado. En Chiapas se ha construido un modelo único que adapta la dinámica de los flujos migratorios, que se desarrolla en cinco ejes en beneficio de los migrantes, que es la salud, el trabajo, la educación, protección y seguridad y garantía de sus derechos humanos, fundamentalmente en sus rutas de tránsito. Lo anterior ha llevado a los gobiernos de Dinamarca, Guatemala, Honduras, El Salvador y recientemente a la Asamblea Legislativa de ese país, así como a diversas organizaciones multinacionales, a reconocer al primer mandatario chiapaneco por su trabajo a favor de los migrantes. Es necesario que este modelo se replique y amplíe no sólo en otras entidades federativas, sino en toda la República Mexicana. Es éste, precisamente, el espíritu que impulsa la iniciativa que estoy presentando. La propuesta de la nueva ley es producto de las inquietudes, experiencias y consensos de los miembros de la Comisión Especial para la Frontera Sur de esta Cámara de Diputados. Los recorridos que hemos realizado en la franja fronteriza sur de nuestro país, así como la conocida como Ruta del Migrante nos ha permitido diagnosticar la problemática y llegar a los acuerdos que se contienen en dicha iniciativa. En el Grupo Parlamentario del PRD...