La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, señor presidente. A partir de la segunda mitad del siglo pasado la teoría y consecuentemente la práctica de reconocimiento de los derechos humanos ha evolucionado considerablemente a favor de las personas. Se han reconocido los derechos económicos, sociales y culturales, al igual que los derechos civiles y políticos, e incluso se han erigido como derechos humanos aquellos relacionados al medio ambiente. Y ahora es imperante que todas las personas puedan disfrutar de estos derechos sin distinción alguna, por motivos de sexo, raza, condición social o cualquier otro. Dentro de esta dinámica de evolución de los derechos humanos se ha reconocido un aspecto importante, los derechos fundamentales, que en principio sólo eran una prerrogativa oponible directamente frente a la autoridad, pueden ser también violados por particulares, y por tanto los mecanismos procesales existentes cooperan frente la autoridad para proteger el respeto de los mismos, deben operar también frente a particulares. Es así como surge la idea que ahora se pretende integran en la nueva Ley de Amparo, bajo la cual el mecanismo jurídico de protección de la justicia de la unión también puede promoverse para impedir la violación a los derechos reconocidos en la Constitución cuando sean afectados por particulares o instancias no consideradas como autoridades del Estado, pues no se puede negar la inexistencia de personas físicas y morales con potencial suficiente para violar los derechos humanos. Así acontece, por ejemplo, en Argentina, nación que perfeccionó el amparo mexicano y permite su procedencia contra particulares desde la década de los 50. El día de hoy tenemos la oportunidad de inaugurar la procedencia del amparo contra particulares, término al que se le perdió miedo y se recoge la fracción II del artículo 5o. de la nueva Ley de Amparo. No obstante se desnaturaliza este fin cuando la ley dispone que, para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La anterior discusión legislativa en efecto desnaturaliza el principio que se pretende incluir por una sencilla razón, un particular que realiza actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones están determinadas en la ley, no es un particular, es una autoridad, ya que la autoridad no es otra que la que determina la ley. Es por ello que consideramos que esta última previsión de la fracción II debe eliminarse del proyecto. Resulta aún sin sentido hablar de amparo contra particulares que son parte del Estado o actúan bajo el imperio y mandato de la ley. La descripción actual propuesta únicamente encubre una deficiencia del sistema que provoca impunidad en materia de reconocimiento y protección de los derechos humanos, pues legaliza una idea jurisprudencialmente conocida, precisamente aquélla que ha permitido la evolución del amparo hacia actos provenientes, por ejemplo del Seguro Social o de la Comisión Federal de Electricidad. Es por lo anterior que la Ley de Amparo no debe establecer que los particulares, frente a los que procede el juicio de amparo, deben de ejercer funciones establecidas en la ley, sino solamente guardar una posición de autoridad genéricamente entendida como capacidad de violar derechos humanos. Derivado de lo anterior se considera que se debe eliminar el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo propuesto en el dictamen, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Amparo. Muchas gracias.