La diputada Angélica de la Peña Gómez: Muchas gracias, señora Presidenta. Con el permiso de las legisladoras y los legisladores presentes: Presentaremos la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia de explotación sexual infantil. Voy a pedirle que sea usted tan gentil, señora Presidenta, de que nuestra exposición de motivos y nuestra iniciativa íntegra quede en el Diario de los Debates y, por tanto, no voy a mencionar todos los antecedentes de una serie de iniciativas que están en curso en las distintas comisiones en esta materia, tanto en esta soberanía como en el Senado de la República, pero que esta iniciativa que hoy presento va acorde para asegurar una reforma integral en esta materia, que es de una gran preocupación para nuestra nación y para todo el mundo, porque es un debate además que se está dando prácticamente en todos los Congresos de América Latina. Las consideraciones que quiero utilizar ahora para la presentación de esta reforma se basan en que la teoría del Estado nos impone la consideración de que toda actividad que atenta contra los elementos que dan unidad al Estado nacional debe tener rango eminentemente federal. Tales elementos que la teoría del Estado nos presenta son pueblo, gobierno, territorio, soberanía y orden jurídico fundamental. Todo ataque a estos elementos debe ser de naturaleza federal. Continuando con la teoría del Estado, el estilo más puro del federalismo en la distribución de sus competencias. Lo derivamos en nuestro artículo 129 constitucional, que señala: "Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados". Y es en el artículo 73 que define, que nos presenta que las facultades que tiene conferidas el Congreso de la Unión y de cuyas 30 fracciones advertimos especialmente la 21, en su primer párrafo, que define como facultades del Congreso "establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que para ellos deban imponerse". Encontramos también en nuestra Constitución, en el artículo 133, respecto de las relaciones internacionales y los tratados emanados de esta relación y que desde luego corresponde necesariamente al gobierno, en nuestro caso federal. Desde estos tratados hemos dicho en diversas ocasiones desde esta tribuna, de manera muy particular la que se refiera a la protección de los derechos humanos de la niñez, que es la Convención Internacional de Derechos del Niño, que fue aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en la Resolución 44/21 el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor el 2 de septiembre de 1990. La Declaración de los Derechos del Niño y el compromiso, especialmente el compromiso surgido del Congreso Internacional contra la Explotación Sexual de los Menores, reunido en Estocolmo, Suecia, en 1996 y su siguiente, en Yokujama, Japón, en diciembre de 2001, así como una serie de actividades que se han realizado en distintos ámbitos internacionales, como es el de Naciones Unidas, la UNESCO, la OEA, etcétera. Todos estos compromisos internacionales que posteriormente ha venido signando el Senado de la República requieren necesariamente su instrumentación y armonización en nuestro marco jurídico nacional. Por tanto, nos parece muy importante, de manera muy particular, mencionar lo que define el artículo 34 de la Convención Internacional de Derechos de la Niñez, que dice a la letra: "Los Estados parte se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abusos sexuales. Con este fin, los Estados parte tomarán en particular todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales. c) La explotación del niño en espectáculos y materiales pornográficos. Creo que es muy importante mencionar aquí que los delitos de prostitución, pornografía, lenocinio y trata de personas menores de 18 años de edad o de quienes no tienen capacidad para comprender o resistir el significado del hecho son delitos cometidos contra la génesis de uno de los elementos constitutivos del Estado: el pueblo. Estos delitos son eminentemente perpetrados por bandas delictivas, organizaciones dedicadas a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, cuya esfera de acción son interestatal y en muchísimas ocasiones también internacional. Entonces, en concordancia con las reformas que en distintas ocasiones se han propuesto de diversos ordenamientos de nuestro marco jurídico federal, hoy presentamos ante ustedes la que se refiere a la modificación del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que al tenor quedaría como sigue: Artículo 50. Los jueces federales penales conocerán: ... vienen las fracciones y en la primera fracción incluimos un inciso n), que dice: ... n) Los previstos en los artículos 202, 203, 204 y 205 del Código Penal Federal. Es cuanto, señora Presidenta. Le solicito que turne, si es tan gentil, esta iniciativa a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, a la de Atención a Grupos Vulnerables, que también viene revisando toda esta materia, y con opinión de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias. Muchas gracias por su atención.