La diputada María Magdalena Oliva Esquivel Nava: El reconocimiento y la reivindicación de los derechos de las mujeres no ha sido un trabajo fácil, la historia de la conquista de estos derechos ha sido una tarea sumamente complicada y que sigue demostrando que aún hoy en día siguen existiendo vacíos legales que dejan en vulnerabilidad a las mujeres. Es por esto, que hoy vengo a presentar una iniciativa por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en materia de la violencia que se presenta contra las servidoras públicas. Tengo la certeza de que todas las personas aquí presentes nos hemos enterado, hemos sido testigos o incluso nos ha tocado vivir la violencia en contra de las mujeres servidoras públicas. La violencia que se ejerce en contra de las mujeres que se dedican al servicio público en cualquiera de sus niveles no está considerada específicamente en la ley, las modalidades en que se comete dicha violencia tienen características específicas, sin embargo, cuando se denuncia tiene que hacerse con fundamento en lo dispuesto en los procedimientos para la violencia política en razón de género, a pesar de que ya existen tesis en materia electoral al respecto y que deben admitirse como violencia política en razón de género, lo cierto es que los cargos de las servidoras públicas no necesariamente dependen de una elección, de hecho la gran mayoría no se sujeta a las normas electorales. Ahora bien, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia se establecen modalidades de esta violencia, pero específicamente ni la violencia es del ámbito laboral o docente ni la violencia institucional ni la violencia política tutelan la protección de los derechos a la no violencia en contra de las servidoras públicas. La violencia laboral no tiene los alcances ni los patrones de violencia que se cometen en contra de las servidoras públicas, en tanto que la docente va dirigida solo a las alumnas. La violencia institucional tutela los derechos de las mujeres usuarias de los servicios y programas públicos y la violencia política se dirige a la tutela de los derechos de las mujeres en el ejercicio de sus derechos político-electorales. Por tanto, ninguna de las modalidades que actualmente comprende la ley protegen los derechos de las mujeres en el servicio público. Por estas razones, estoy convencida de que es necesario esta reforma, pues todas sabemos que las mujeres servidoras públicas, por el simple hecho de ser mujeres han sufrido de abuso, acoso, discriminación y han sido relegadas, intimidadas y amenazadas y más. Los números son un abismo, pues las denuncias no prosperan o se relegan. Y también la competencia es un obstáculo, pues no hay facultades expresas o son vagas. Mientras tanto, las servidoras públicas se siguen enfrentando a la exigencia de favores sexuales, bajo la amenaza de retirarles sus derechos se les obliga a trabajar en condiciones de higiene inadecuadas, ya que incluso, aún existen oficinas que no cuentan con sanitarios para ellas y no podemos obviar a las mujeres a quienes les limitan o niegan sus horarios de lactancia o de maternidad. Terribles son también los casos en los que se obliga a las mujeres, servidoras públicas, a hacerse cargo de los moches u otros actos de corrupción, ocultándoles datos o proporcionándoles información incompleta, insuficiente o errónea. Con mi propuesta se propone incluir un capítulo en el que se establecen la definición y las modalidades de la violencia contra las mujeres en el servicio público, en los ámbitos federal, estatal, municipal y de alcaldías, en los tres poderes e incluso en los órganos desconcentrados, autónomos o paraestatales. Se impone a la Secretaría de la Función Pública, así como a los órganos de control interno de todas las instituciones públicas de todos los niveles de gobierno de los tres poderes y de los órganos autónomos, paraestatales o desconcentrados, la obligación de dar seguimiento a los asuntos que ante ellos se denuncien, además de tutelar y asesorar a las mujeres víctimas. Por lo anterior, la Secretaría de la Función Pública tendrá la facultad de tramitar órdenes de protección y la obligación de capacitar al personal que intervenga en los casos de violencia. Adicionalmente, esta Secretaría se integrará al sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Busco un trato justo e igualitario para nuestras hermanas servidoras públicas y, en su momento, espero contar con la sororidad de todas mis compañeras diputadas de todos los partidos y del apoyo, en congruencia, de mis compañeros diputados. Gracias. Es tiempo de las mujeres, hasta que la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias.