El diputado Roberto López Rosado: Gracias. Con su permiso, presidenta. Presento ante ustedes la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 14 y se reforma el inciso a) de la fracción I del artículo 17 Bis y se adiciona un párrafo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a cargo nuestro. Quiero señalar que en esta larga lucha por el respeto al reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas, muchos hermanos se han quedado en el camino, otros mantenemos la bandera firme y jamás renunciaremos a nuestra identidad y a nuestro origen. En las políticas asistencialistas que el Estado mexicano ha implementado, siempre no cuentan con el aval porque nunca se consulta a las comunidades indígenas. La reforma constitucional en materia indígena, del 2001, tuvo como objetivo lograr el reconocimiento por el cual se ha dado esta larga lucha en los pueblos y comunidades indígenas. Esta reforma no respondió a los pensamientos plasmados en los Acuerdos de San Andrés, en virtud de que delegó a los congresos locales la facultad de dicho reconocimiento. Y en la realidad solo pocos hicieron caso y aprobaron en los términos en que se habían suscrito los Acuerdos de San Andrés. Una causa de esta situación en la que se encuentra la vida indígena en nuestro país, es que las políticas públicas y acciones de gobierno carecen de pertinencia y no atienden los preceptos contenidos en la Constitución, que establecen que deben ser diseñadas y adecuadas a las circunstancias que viven las comunidades indígenas. Y en buena medida, dichas desatenciones se deben a que en las unidades administrativas responsables del diseño y ejecución de las políticas y programas son encabezados por quienes no son indígenas, lo cual considero fundamental porque no hay nada ni nadie mejor que el indígena para diseñar sus propias políticas públicas. En consecuencia, la falta de mecanismos de participación de las representaciones indígenas para el diseño y ejecución de sus políticas públicas es responsabilidad de los órganos administrativos y, por tanto, de quienes los dirigen. Ahí pues los resultados son negativos. En virtud de ello proponemos la siguiente consideración: Decreto Primero. Se adiciona un párrafo al artículo 14. Segundo. Se reforma el inciso A de la fracción I del artículo 17 Bis. Tercero. Se adiciona un párrafo al artículo 18 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue: Para el caso de los servidores públicos que estén al frente de unidades administrativas con el rango de Subsecretaría o Dirección General o equivalente, responsables de atender los asuntos en materia indígena, así como con sus direcciones, subdirecciones y jefaturas de departamento o equivalentes, además de los requisitos que establezca el reglamento respectivo y el Sistema Nacional de Servicio Profesional de Carrera, deberán ser de origen indígena en los términos del artículo 2o. constitucional. En los casos de las dependencias y entidades en materia indígena los delegados cubrirán el requisito de tener origen indígena en los términos del artículo 2o. Y en los casos en que la unidad administrativa tenga atribuciones sustantivas en materia indígena su titular deberá cumplir con el requisito de ser de origen indígena en los términos del mismo artículo 2o. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Que esperemos cuente con el aval de este pleno de la Cámara de Diputados, y por la cual nosotros seguiremos en pie de lucha. Muchas gracias.