El senador Carlos Lozano de la Torre: Respetable asamblea, con el pretexto de la entrada en vigor del impuesto empresarial a tasa única, el nuevo gravamen a la gasolina y la posible alza en el transporte, nuevamente vemos que ante la tibieza de la autoridad, la especulación cobra forma y se despacha con la cuchara grande al tratar de detonarse una escalada de precios, que para nada corresponden en la misma proporción al incremento en los costos de producción y en el de los insumos. Prueba de ello es el caso del mercado de la tortilla en donde se ha hecho público un incremento mediático que puede representar hasta 15 pesos el kilo, que significaría un incremento de más de 60 por ciento que, por supuesto, supera por mucho el incremento del 4 por ciento al salario mínimo recientemente aprobado. Desde el año pasado se esperaba un reapunte inflacionario para los primeros meses de 2008, pero no de la magnitud que estamos viviendo, la distorsión en el mercado es enorme con aumentos desproporcionados en muchos de los productos básicos indispensables para el sostenimiento de las familias mexicanas, principalmente de los que menos tienen. Es hora de actuar porque el impacto podría ser mayor si consideramos que hay factores exógenos como la crisis hipotecaria en los Estados Unidos que ha generado incertidumbre y volatilidad en los mercados mundiales y que podrían afectar seriamente a nuestra economía. Se debe actuar con firmeza para corregir la distorsión en los precios y para frenar el abuso de especuladores, que aprovechándose de las circunstancias buscan ganancias desmedidas a costillas del pueblo incrementando los precios indiscriminadamente; o bien, crear un clima de incertidumbre política y sacar ventaja de las condiciones mundiales de los mercados. En enero de 2007, cuando el precio de la tortilla llegó a rebasar los 10 pesos, los secretarios de Economía y Sagarpa acordaron impulsar la productividad y competitividad entre los agricultores mexicanos, a fin de mejorar el funcionamiento de los mercados y resolver problemas como el abasto y comercialización del maíz. Todavía no sabemos qué pasó con aquella autorización que se dio de subsidio de la exportación de 125 mil toneladas de maíz blanco y qué nuevos criterios se han fijado para evitar la discrecionalidad en el otorgamiento de subsidios por parte de Sagarpa. Por otra parte, cabe preguntarnos: ¿dónde guardaremos las recientes cosechas de granos si ha sido desmantelado totalmente el sistema nacional de almacenamiento? A un año de este fenómeno es necesario conocer qué es lo que se ha hecho al día de hoy, porque en la vida real, en el mercado, el precio de las tortillas podría incrementarse hasta muy por encima de los 8.50 que vale actualmente, pudiéndose dar incluso, prácticas desleales en que se utilice maíz transgénico o amarillo para el consumo humano, abaratando con ello los costos en perjuicio de la salud y nutrición del pueblo mexicano. Además, de que no es claro qué papel está jugando la Secretaría de Desarrollo Social, con la red de tiendas Diconsa para frenar la escalada de precios, ni en el tema de la tortilla, ni muchos menos en el tema de la leche; no existe, por ejemplo, una definición en las políticas de subsidios aplicadas por el gobierno federal. Lo mismo se subsidia una tortilla para la población más pobre, que una tortilla que se vende en restaurantes o en tiendas de autoservicios. Además, desde el Legislativo hemos advertido en repetidas ocasiones al Ejecutivo federal sobre la importancia de tomar medidas para disminuir los efectos que la entrada en vigor de la última fase del Tratado de Libre Comercio puede provocar en la oferta mexicana de productos del campo, particularmente en segmentos de alto valor agregado a nivel mundial como el de frutas y legumbres, donde nuestro país es sumamente competitivo, de manera que es prioritario conocer la manera en que esta administración piensa apoyar al campo y a los campesinos de México, y no esperar a que las fuerzas libres del mercado, para disminuir los precios en nuestro país, nos vuelvan dependientes de los vaivenes y circunstancias globales en un tema vital para el desarrollo nacional: la seguridad alimentaria. Por otra parte, en los primeros días de este año, los precios del acero subieron en promedio 5 por ciento, mismo que contrasta enormemente con el 30 por ciento que pronosticó Altos Hornos de México, en diciembre pasado, por lo que la varilla se ha cotizado en el mercado a un precio que oscila entre los 8 mil 500 y 8 mil 800 pesos por tonelada. Aunque este incremento no se explica en función de la demanda ya que de acuerdo con los datos de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero, la Industria Mexicana del Acero enfrenta una sobreoferta de varilla de unos 2 millones de toneladas. Pero más grave resulta que, ante la ausencia de la autoridad que vela por el interés de los consumidores, se dé en la práctica la competencia desleal entre los mismos fabricantes, cuando algunas varillas que se venden en el mercado son más delgadas y no cumplen con el diámetro establecido por la norma sin que se detecte y se sancione a quienes incumplen y engañan al consumidor. De no intervenir oportunamente podría darse el caso de que la burbuja especulativa se concrete en un efectivo incremento del precio del acero de 30 por ciento que frenaría la producción de vivienda social y, en consecuencia, de la población menos favorecida, porque podría repercutir en el costo de la vivienda en un promedio de 15 por ciento, que variaría de empresa a empresa, dependiendo de la cantidad de acero que los constructores usen para la construcción. Con la fuerte volatilidad que se vive en los mercados mundiales, no podemos darnos el lujo de que sea el propio Estado quien aliente la incertidumbre al emitir señales contradictorias al mercado, como ocurrió en el caso de las tarifas eléctricas que en los primeros días de enero se incrementaron en 8 por ciento para las de alta tensión y de 7 por ciento y el día 7 de este mismo mes de manera poco clara se compensó el incremento mediante la reducción de tarifas eléctricas en horarios punta, con descuentos de hasta el 50 por ciento y sobre la demanda incremental y de 30 por ciento sobre la energía incremental consumida en dicho horario. Es importante además, considerar que en este momento muchas familias mexicanas han visto reducida su capacidad de gasto al tener que destinar buena parte de sus ingresos al pago de créditos de consumo, por lo que una escalada de precios en este momento puede repercutir seriamente en el repunte de la tasa de crecimiento de la cartera vencida, sobre todo en el rubro de tarjetas de crédito que llegó, en septiembre del año pasado, a significar cerca de 19 mil millones de pesos y que representa un incremento anual de 84 por ciento, por lo que hay que prever no sólo las medidas pertinentes para que el sector financiero mantenga un equilibrio adecuado, sino sobre todo que no se asfixie a la gran mayoría de las familias mexicanas, hoy sobreendeudadas porque es muy riesgoso por las consecuencias sociales que implica. Compañeros legisladores, el país no puede ser entendido como una empresa sino en su capacidad de compromiso con sus habitantes, porque las distorsiones del mercado deben ser resueltas por el Estado que al ejercer el mandato popular debe, por un lado, hacer que se cumpla la ley y evitar los abusos y atrocidades de los mercados, apoyar la conformación de cadenas productivas que eleven la riqueza nacional y por otra parte, fijar las tarifas de los bienes y servicios del sector público de manera responsable y clara, porque hay que señalarlo, es una mala señal para los mercados que la información que genera el sector público sea contradictoria o poco clara, porque es bien sabido que la información es un instrumento básico para la toma de decisiones de los distintos agentes económicos para protegerse de los riesgos, invertir sus remanentes o fijar sus políticas de precios, de empleo y hasta realizar su planeación fiscal. Es por ello que sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente proposición con carácter de urgente u obvia resolución. Primero. Ante algunos incrementos injustificados de los precios en los principales productos básicos y de los importantes insumos de producción, así como por la consecuente incertidumbre generada por diversos agentes de los mercados, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a los titulares de la Secretaría de Economía, doctor Eduardo Sojo Garza; de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a fin de que informen sobre el avance de las acciones conjuntas contempladas para mejorar las cadenas de producción de los productos básicos en el país que permitirán mejorar la competitividad y la productividad de los distintos sectores productivos, así como para detallar las acciones previstas en el Programa Nacional de Verificación y Vigilancia 2008, de la Profeco, para frenar abusos de comerciantes, tortilleros, gasolineras, así como las diferentes medidas emprendidas para fortalecer la capacidad de verificación y control de precios. Al titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a la licenciada Beatriz Zavala Peniche, para que informe sobre las acciones establecidas para garantizar el abasto, calidad y precio en la red de tiendas de Diconsa y frenar los incrementos injustificados de precios a productos básicos y proteger a la población más vulnerable. Todas las comparecencias en una sola sesión. En suma, el Congreso de la Unión necesita saber sobre las acciones y los resultados concretos que se alcanzarán por las políticas que aplique el gobierno federal, con el fin de garantizar que se detenga el deterioro del poder adquisitivo de las personas y de las condiciones de los negocios de las empresas de la nación. Segundo. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión hace nuevamente un llamado a las autoridades competentes en nombre de la sociedad que representa, ante la preocupación que el primer resolutivo expresa para el sano desempeño económico del país. Señora Presidenta, en virtud de que el resolutivo presenta cambios con respecto al que fue registrado, hago entrega a esta Mesa de la versión final de este documento. Atentamente, senador Carlos Lozano de la Torre y diputado Alfonso Mota Hernández. Igualmente, si me lo permite, Presidenta, solamente quisiera hacer un comentario de que, en función de la preocupación que ha establecido nuestro partido en torno a las casas de empeño, trabajaremos para que en el próximo período ordinario haya una propuesta de ley para la modificación que debe hacerse en estos temas, en los cuales hemos estado muy atentos como bancada de nuestro partido en defender los intereses de los que menos tienen y, en particular, en el caso de las casas de empeño. No solamente en los meses de diciembre y enero cuando se viene —como lo comentaba el senador Tamborrel, con el cual coincidimos en sus planteamientos—, pero haremos una propuesta de una reforma para la ley, para tener los controles en este aspecto. Muchísimas gracias.