La diputada María del Pilar Torre Canales: Con la venia de la Presidencia. Compañeros legisladores, tanto a nivel nacional como internacional se ha reconocido uno de los principales objetivos, tanto de desarrollo social, como del económico, que es el mejoramiento de la salud y el bienestar de las personas. El proceso demográfico, los movimientos constantes de la economía y las finanzas públicas, la calidad de vida y el cambio de las conductas humanas, entre otros factores inherentes a la evolución de las sociedades, hace necesario el fortalecimiento, adaptación y, en algunos casos, adaptación reforma de los sistemas de salud. En México muchas han sido las modificaciones que al respecto se han elaborado en el transcurso de los últimos 10 años. Hoy, la mirada está puesta en la política farmacéutica, pues se le ha ubicado como un sector de alta prioridad dentro del sistema de salud mexicano. Las discusiones que al interior de este recinto legislativo se han emprendido respecto al incremento significativo en el gasto de medicamentos y la insuficiente infraestructura para abastecer la demanda y suministración de medicamentos, tanto a la federación como de los estados que han puesto en la mesa las posturas de todas las ideologías que aquí conviven; sin embargo, las soluciones concretas han sido pocas. Sin duda, la falta de consensos al respecto al tema ha sido una constante y lo ha sido también la falta de definición clara de alternativas, solución al tema. Consciente de que las grandes decisiones requieren de evaluaciones consensuadas pongo a consideración de este pleno una iniciativa que emprende modificaciones al artículo 7o. de la Ley General de Salud con el fin de otorgar a la coordinación del Sistema Nacional de Salud la obligación de proporcionar datos estadísticos necesarios para que el Ejecutivo federal presente información al Congreso de la Unión, sobre la evaluación en la adquisición del sector público de medicamentos y otros insumos para la salud. El objetivo es que se cuente con información clara para deliberar y, en su caso, emprender acciones al respecto a los precios, calidad, almacenamiento, prescripción y caducidad, entre otros elementos referidos a los medicamentos. Tal y como lo señalo en esta iniciativa, la medida propuesta tiene una alta posibilidad de arrojar resultados favorables al objetivo que se persigue; testimonios y experiencias internacionales, así como diversos estudios lo demuestran. En Nueva Alianza consideramos urgente que en este país se implementen las estrategias necesarias para garantizar una política farmacéutica que garantice la disponibilidad y el acceso equitativo a medicamentos, con precios asequibles y de calidad, y que a la par se implementen las medidas necesarias para que su uso se dé de una forma adecuada, tanto por parte de los consumidores como de los profesionales del sistema de salud. Para emprender esta tarea es necesario, a todas luces, un sistema de vigilancia y de evaluación de gestión que de manera constructiva permita efectuar una valoración constante de los progresos y que a la vez proporcione elementos para reconocer las áreas en la que se deben realizar estos cambios. La salud es un derecho universal. Generemos condiciones para que el ejercicio de dicho derecho se consolide. Para que todos y cada uno de los mexicanos puedan vivir lo más saludable posible. Hagámoslo a través del ejercicio pleno del derecho y el poder que da la información. La disponibilidad de información actualizada y precisa sobre la situación que guarda el sector farmacéutico del sistema de salud, será un factor clave para el diseño y ejecución de las políticas públicas integrales. No hay duda de la existencia de mecanismos y acceso a la información pertinente; habrá una mayor y mejor involucramiento a los actores que intervienen en el sistema de salud. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.