La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidente. Artículo 8o., fracción III. Difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal. El derecho a la memoria es un concepto novedoso en el campo de los derechos humanos. La memoria como derecho puede ser considerada como el derecho a entender y elaborar el pasado. Es un derecho humano de nueva generación y como tal se encuentra en desarrollo. Hasta este día no existe en el marco normativo mexicano, con excepción de la recientemente aprobada Ley General de Archivos que entrará en vigor en junio del año próximo, que en su artículo 2o., fracción VIII señala: Contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria de conformidad con las disposiciones aplicables. Indagar sobre la memoria cito es básicamente un ejercicio de comprensión del presente, de las formas como se moldea socialmente el pasado y con ello se definen las bases que definen futuros posibles. Gracias a la memoria se construye nuestra identidad. Fin de la cita. Tal vez en estas coordenadas se encuentre la razón para establecer esta nueva función en la oficina del presidente de la República, la historia es el espacio privilegiado donde se construye la memoria. Durante muchos años se habló de una historia oficial construida desde las oficinas del poder público con una interpretación que según Paul Ricoeur, gran teórico de esta materia, corresponde a la memoria manipulada. Cito. Cuando la memoria es instrumentalizada por el poder para construir identidades aparentemente sólidas con pretensiones de eternidad. Fin de la cita. Los años y la entrega de las y los historiadores a la revisión crítica del pasado, aparentemente dejaron atrás estas antiguas ataduras. Ahora extrañamente se pretende recrear las condiciones para generar una memoria colectiva asentada en la historia oficial que empezará a escribirse el primero de diciembre. ¿Por qué desde el gobierno, desde las mismísimas oficinas presidenciales se intenta difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación? ¿No es menor la pretensión de conformar un órgano desconcentrado de esta oficina que estará encargado de realizar las funciones que de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, consistirán en la preservación y difusión de documentos y objetos de diversa índole albergados en repositorios históricos nacionales, regionales, públicos y privados? ¿No es suficiente que a la iniciativa original se le haya añadido en el dictamen la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal? ¿Dónde queda la nueva Ley General de Archivos, dónde el Archivo General de la Nación, con sus 700 mil pesos de presupuesto para servicios, adquisiciones y una que otra inversión en 2019? ¿Y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Instituto Nacional de Bellas Artes, y los centros de investigaciones históricas de las universidades, del Colegio de México, y los museos con sus tradicionales carencias y limitaciones? Si la cartera presidencial se va a abrir para este loable fin de preservar y fortalecer la memoria histórica y por tanto el derecho a la memoria del pueblo de México, la oficina del presidente no es el lugar administrativo para albergar a la institución que pretende abrogarse el derecho de determinar por qué debemos recordar y cómo lo debemos hacer. Por tanto, propongo que se elimine la fracción III del artículo 8o. de la ley a discusión. Muchas gracias.