El diputado Alberto Jiménez Merino: Con su permiso, señor presidente. Compañeros y compañeras: “Qué mejor regalo podemos dar a la república que la capacitación de nuestros jóvenes”. Marco Tulio Cicerón. A nombre de los diputados del estado de Puebla, y del Sector Agrario, me permito presentar la siguiente iniciativa: En México más de 54 millones de pobres existen, entre los cuales 20 millones se encuentran en pobreza alimentaria; 26 millones en pobreza de capacidades y 47 millones en pobreza patrimonial. El promedio nacional de escolaridad es de 8.5 años; más de 6 millones de habitantes hoy no saben leer ni escribir; 17 millones no han concluido la primaria; 10 millones no cuentan con la secundaria terminada. En suma, entre los mayores de 15 años, más de 33 millones de mexicanos no tienen la escolaridad mínima para acceder a una vida digna. Un estudio realizado por la Facultad de Economía de la UNAM, a inicios del presente año, señala que en el campo aproximadamente el 75 por ciento de las productores son mayores de 55 años. El nivel de ingresos en el ámbito rural es precario; muestra de ello es que más de nueve millones de personas se dedican a la autoproducción y no perciben ingresos. Otros ocho millones sólo ganan 57 pesos diarios. De acuerdo con información proporcionada por el Inegi, de enero a abril de 2010 se habían perdido más de 125 mil empleos. Cada año se incorporan a la población económicamente activa un millón de personas, pero sólo se están creando 500 mil empleos. Durante los últimos cuatro años el desempleo creció en términos nominales más del 79 por ciento. ¿Será por ello que casi 3.5 millones de profesionistas no encuentran trabajo y se subemplean en actividades ajenas a su profesión, ingresan al comercio informal o emigran hacia los Estados Unidos? Pero los otros dos tercios con empleo sólo ganan en promedio tres salarios mínimo. Los niveles educativos se caracterizan por una marcada desvinculación entre los contenidos y las necesidades de los sectores productivos, especialmente de las necesidades de los segmentos más pobres de la población. Más de siete millones de jóvenes no estudian ni trabajan; son por ello un grupo atractivo para su inclusión en actividades ilícitas. Muestra de esto que es que más del 90 por ciento de los detenidos en las cárceles son jóvenes entre 15 y 26 años. La cultura educativa se ha orientado hacia la búsqueda de un título universitario. La mayor ilusión de los padres es que sus hijos sean profesionistas. Lamentablemente sólo 13 de cada 100 que se inscriben a primaria llegan a la universidad porque no tienen los recursos económicos ni existe la infraestructura para atender a una proporción mayor. Los desertores no tienen opciones y los estamos enviando al abismo. La admisión promedio de estudiantes al nivel universitario es tan sólo uno por cada cuatro que solicitan su ingreso. Los rechazados, otro gran ejército de desafortunados, sólo tienen como opción la educación privada, a distancia y en el sistema abierto o el desempleo porque no se les prepara para incorporarse al mercado laboral o para crear su propia opción de empleo. Más aún, hemos devaluado y desatendido la formación de técnicos en los distintos oficios que soportan la economía y el desarrollo nacional. Las tecnologías en las escuelas secundarias técnicas van perdiendo importancia. Hemos menospreciado niveles profesionales inferiores y no tenemos ni el ideal de una población universitaria ni las distintas artes y oficios acreditados, lo cual se traduce en graves niveles de pobreza, subdesarrollo, desempleo e inseguridad pública. En países como Alemania, Estados Unidos, Colombia, Cuba y Chile ya se sigue un modelo de artes y oficios; sin embargo, en México sólo contamos con el sistema Conalep que aun cuando es una gran opción es insuficiente. Destacan las Escuelas de Artes y Oficios del estado de México y los Institutos de Capacitación para el Trabajo en varios estados, pero aún falta un marco legal que integre estos importantes esfuerzos. Por todo lo anterior, se propone a esta honorable Cámara la iniciativa de crear la Ley que Establece el Sistema Nacional de Capacitación Profesional para el Trabajo, que tiene como principal objetivo proporcionar alternativas de educación que permitan el desarrollo de capacidades para el empleo y autoempleo a la población con el propósito de vincularlos al aparato productivo, incrementar las opciones de empleo y los ingresos que mejoren las condiciones de vida de las familias. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.