El diputado Rogerio Castro Vázquez: Muy buenas tardes diputadas, diputados; ciudadanos que nos ven por el Canal del Congreso. La corrupción destruye a la nación, es una red de cómplices que incluyen sindicatos, partidos políticos, poderes públicos y empresarios. No hay corrupción si no existe el corrupto y el corruptor. En el dictamen que estamos presentando y en los artículos que se señalan se elimina la obligación de las personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial e intereses, mismas que sí se incluían en el pasado dictamen aprobado por el Congreso de la Unión. Lo anterior, y bajo el entendido de que la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, no contempló a los particulares como sujetos obligados a presentar dichas declaraciones. Las modificaciones que se observan por el Ejecutivo son las siguientes: En el artículo 3o. y 4o. se omite a la persona física o moral como sujeto obligado a presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. En el 27 se elimina a los particulares de inscribir sus datos públicos en el sistema de evaluación patrimonial, de declaración de intereses y de constancias de presentación de la declaración fiscal de la plataforma digital nacional. En el artículo 30 se elimina los particulares de la posibilidad de que las secretarías y los órganos internos de control realicen una verificación aleatoria de las declaraciones mencionadas. ¿Por qué si todos estamos de acuerdo en que la corrupción es el principal problema de México dejamos fuera a quienes tienen tanta responsabilidad, como los políticos, en el ejercicio de la democracia? En el artículo 32 señala la obligación exclusiva de los servidores públicos a presentar las declaraciones de situación patrimonial e intereses. En el artículo 33 elimina los plazos parta la presentación de la declaración inicial de modificación patrimonial para los particulares. En el artículo 37 se excluye a los particulares que en razón de los recursos recibidos o contratados, celebrados por un ente público, de que las secretarías y los órganos de control soliciten la aclaración de su situación patrimonial. ¿Por qué apoyar la opacidad de unos cuantos y no escuchar a los que tienen voz, aquellos que en la sociedad y en las calles piden, demandan y exigen justicia? El artículo 46 señala a los servidores públicos como los únicos obligados a presentar declaración de intereses y patrimonial. Se excluye en el artículo 73 como falta de particulares en situación especial la omisión de presentar declaraciones patrimonial y de intereses. Y por último, en el artículo 81 se elimina la posibilidad de imponer sanciones a una persona moral. ¿Por qué pactar desde arriba si se puede pactar con el pueblo? Estas preguntas con respuesta plenamente identificada refleja lo que significa lo antidemocrático, lo insensible, lo soberbio y lo irresponsable. Por esto, aunque esté o no de acuerdo con las propuestas del Ejecutivo, lo que tenemos que poner por delante es lo democrático, lo honesto, lo legal, lo responsable y lo político vistos como eje de transformación. Actuemos en consecuencia y no permitamos que ganen los vicios del poder. Es cuanto, presidente.