La diputada Gabriela Cuevas Barron: Con su venia, diputado. Respecto a la propuesta de reforma al Estatuto de Gobierno para implementar el servicio profesional de carrera. En todos los órganos de gobierno de la capital, cabe destacar que la legislación local vigente en esta materia está orientada a una franja de funcionarios que no rebasa todavía el 30 por ciento de los servidores públicos que se encuentran en las dependencias del sector central. También debe mencionarse que en el poco tiempo que lleva de funcionamiento el servicio público de carrera en la administración local no ha estado exento de cambios, que si bien podrían calificarse como necesarios, también han sido inducidos y forzados en gran parte por el cambio de las autoridades gubernamentales y responsables de su aplicación. De esta manera no sólo se han presentado reformas legales en los años 2002, 2004 y 2006, sino también una nueva ley en 2008, la cual entrará plenamente en vigor hasta julio del próximo año. Estos cambios tan recurrentes en la legislación, así como la falta de aplicación del servicio de carrera en todos los órganos de gobierno del Distrito Federal han motivado la presente reforma que se somete a consideración de esta asamblea. Con ella, no sólo se pretende una implementación general del Servicio Profesional de Carrera, sino también la definición de un núcleo consistente de principios bajo los cuales se regirá su funcionamiento. A saber son: legalidad, honradez, eficacia, eficiencia, lealtad, imparcialidad, calidad, objetividad, competencia por mérito y equidad de género, incorporándose los últimos cuatro al texto vigente del estatuto de gobierno. Especial mención requiere la equidad de género, ya que la igualdad en el acceso de hombres y mujeres para ocupar cargos públicos es una prioridad que se ha relegado por muchos años. De hecho, en la administración centralizada del Distrito Federal, la cantidad de hombres es el doble respecto al número de mujeres. Según datos del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, por cada 100 mujeres que laboran en alguna dependencia referente al gobierno central se encuentran 211 hombres. Entre los beneficios que reportará esta reforma y la consecuente profesionalización de los servidores públicos se pueden mencionar los siguientes: la reducción del gasto público, la mejora en el desempeño de los funcionarios, el impulso de la competencia en la provisión de los servicios y el cambio de la lealtad personal por una lealtad institucional con un claro compromiso de responsabilidad pública. En otras palabras, este sistema constituye una forma de gestionar los recursos humanos de la administración pública para formar servidores cuyo compromiso sea con el interés común al margen de las consideraciones políticas, de grupo o de partido y, con base en el mérito, la imparcialidad y la igualdad de oportunidades, lo que permitirá que las organizaciones burocráticas funcionen de una manera más profesional. Se pretende entonces incorporar fundamentos éticos en la función pública para lograr una actitud y un comportamiento honorable por parte de los funcionarios, así como una respuesta eficiente y eficaz a las demandas que plantea la sociedad. Esto permitirá contar con mejores servidores públicos, tanto mujeres como hombres, situación que redundará en una mejor atención a las demandas ciudadanas y en consecuencia en beneficio de la ciudad. Este dictamen, compañeras y compañeros, obedece a una demanda de organizaciones de la sociedad civil que han buscado que profesionalicemos a nuestros gobiernos, que entreguemos mejores cuentas y una de las mejores cuentas es consolidar un servicio profesional de carrera en el gobierno de la Ciudad de México. Es cuanto.