El diputado Tomás López Landero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Pongo a consideración de esta soberanía el dictamen de la Comisión de Vivienda a la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley de Vivienda. Sin duda en los últimos años se han emprendido diversas acciones para evitar la discriminación y mejorar las condiciones de vida de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, sin embargo aún falta mucho por hacer para garantizar plenamente la accesibilidad en la vivienda a los más de cinco millones de habitantes en el país que padecen alguna invalidez, y también a todas aquellas personas que por su edad avanzada están expuestas a tener un accidente en el hogar que afecte sus facultades físicas. Precisamente el dictamen que modifica la Ley de Vivienda, y es motivo de la presente discusión, tiene como finalidad establecer que toda vivienda que se precie de ser digan y decorosa debe ser accesible para todas las personas con alguna discapacidad, entendiendo la accesibilidad como la garantía de acceso al entorno físico para que puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Lo anterior se logra eliminando, en la medida de lo posible, las barreras físicas que dificultan, entorpecen o impiden a las personas con discapacidad su libre desplazamiento. La accesibilidad es un valor colectivo que la mayoría de hogares pueden reconocer y valorar. Con independencia de las capacidades físicas de sus miembros, el grado de accesibilidad depende además de la calidad y la sensibilidad en el diseño de los existentes elementos auxiliares o más metros cuadrados. El principal beneficio tangible de la accesibilidad consiste en el ahorro de costos tanto para los discapacitados y sus familias como para los programas de asistencia social. Este ahorro se debe a que los discapacitados y ciertos enfermos podrían permanecer en sus casas, en lugares de centros especializados y además con menores requerimientos asistenciales. México, como país firmante de convenios internacionales sobre los derechos de las personas con discapacidad, se comprometió a adoptar diferentes medidas para eliminar la discriminación contra las personas que guardan dicha condición. Entre estas medidas destaca promover la integración de autoridades gubernamentales y particulares en la presentación o suministro de bienes como el de la vivienda, y auspiciar la construcción de los edificios que faciliten el acceso a las personas con discapacidad. En aras de estos propósitos, el 30 de mayo de 2011 se incorporó en nuestro orden jurídico la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. En esta ley se establecen un conjunto de disposiciones en materia de accesibilidad y vivienda para las personas con discapacidad. Específicamente el artículo 16 instituye que las personas con discapacidad tienen derecho a la accesibilidad universal y a la vivienda, por lo que se deberán emitir normas, lineamientos y reglamentos que garanticen la accesibilidad obligatoria en instalaciones de desplazamiento en condiciones dignas y seguras. Adicionalmente, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) emite el Código de Edificación de Vivienda en el cual dispone los lineamientos de diseño y construcción aplicables a casa habitación, áreas de uso común, vialidades, equipamientos y servicios urbanos que formen parte integral de un conjunto habitacional y su entorno urbano. Todo lo anterior, con la finalidad que sean funcionales para todos sus habitantes con impedimentos motrices, visuales y/o auditivos, permitiendo volverse, de manera independiente, de acuerdo a sus propias necesidades. En consecuencia, el dictamen que presentamos a consideración de esta honorable soberanía viene a armonizar y fortalecer la Ley de Vivienda con lo dispuesto en las leyes y reglamentos anteriormente citados. Pero también, y esto es lo más importante, es que las reformas y adiciones de leyes de vivienda propuestas en el dictamen, contribuyen a mejorar las condiciones de vida de más de 5 millones de personas que viven con algún tipo de discapacidad, y de otros muchos millones de ciudadanos de edad avanzada que tendrán menos riesgo de sufrir accidentes en el hogar, que en muchas ocasiones causan severos problemas de movilidad a la población adulta. Es cuanto, señor presidente y muchas gracias.