La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Gracias, presidente. Hoy venimos a presentar reserva al artículo 114, párrafo tercero. Compañeras y compañeros, hoy estamos legislando sobre un tema toral en nuestro país que afecta el desarrollo en su conjunto: económico, político, social. Como ya ha quedado asentado en la discusión que estamos dando, según indicadores nacionales e internacionales, el costo de la corrupción en México asciende a miles de millones de pesos. Y más de tres cuartas partes de la población perciben que en el país imperan las prácticas corruptas. La corrupción corroe las instituciones del Estado mexicano e inhibe el desarrollo de nuestro país. Según el Foro Económico Mundial, es la corrupción el principal factor que inhibe el desarrollo económico, aun por encima de la seguridad, que también desafortunadamente se padece día a día. Quizás el mayor mérito de la presente reforma es el cambio en los conceptos del título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ahora no sólo incluye las responsabilidades de los servidores públicos, sino que también incluye a los particulares vinculados con faltas administrativas graves o hechos de corrupción. De tal suerte que ahora no sólo los servidores públicos estarán sujetos a las sanciones que marca la ley, sino también los particulares que intervengan en actos vinculados con responsabilidades administrativas graves y con hechos de corrupción. Será el Tribunal Federal de Justicia Administrativa el encargado de dirimir las controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal y los particulares, imponer las sanciones graves a los servidores de los poderes federales y de los órganos constitucionalmente autónomos, por responsabilidades administrativas en los términos que disponga la ley. A los servidores públicos locales por las irregularidades cometidas en el manejo o aplicación de los recursos federales que correspondan a cada una de las entidades de nuestro país y a los particulares que incurran en actos de corrupción en los términos que determinen las leyes. Dichas sanciones consistirán en amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos que en su caso haya obtenido el responsable, y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos u omisiones que éste cometa. La ley establecerá los procedimientos para la investigación y sanción de dichos actos u omisiones. Las faltas administrativas graves serán investigadas y sustanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Los entes públicos federales tendrán órganos internos de control con las facultades que determine la ley para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Para sancionar aquellas distintas a las que son de competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se revisará el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos federales y participaciones federales, así como presentar las denuncias por hecho u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción a que se refiere nuestra Constitución. Sin embargo, para que la investigación sobre los actos de corrupción tanto de servidores públicos como de particulares pueda ser exhaustiva, vengo a esta tribuna a proponer una modificación en el artículo 114 de nuestra Constitución, para que los actos u omisiones que fuesen graves no sólo prescriban en siete años, sino que de hecho no prescriban. Es decir, que la posibilidad de investigar un acto de corrupción, más cuando es calificado como grave, no pueda prescribir y que la autoridad competente tenga todo el tiempo necesario para investigar y ponderar conforme a derecho las conductas indebidas de servidores públicos o de particulares y se apliquen, por supuesto, las sanciones que correspondan. Por lo tanto, propongo que el artículo 114 diga: la ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109, cuando dichos actos u omisiones fuesen graves, éstos no tendrán plazo de prescripción. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.