EL C. DIPUTADO JESUS ALI DE LA TORRE: - Muchas gracias Diputado Presidente en Funciones. Muy buenos días, compañeras y compañeros Legisladores. Es una gran distinción el acudir a esta alta tribuna de la Nación para-presentar una Iniciativa a nombre de diversas Diputadas y Diputados que integramos esta Legislatura del Congreso de la Unión en una materia sin lugar a dudas importante, en la que el Congreso de la Unión ha tomado medidas, sin lugar a dudas relevantes, en un asunto que conlleva nuestra vocación como nación, como lo es nuestra perspectiva de Equidad y Género. Hemos dado pasos importantes como fue la creación del Instituto Nacional de Migración, pero sin embargo necesitamos una ruta que venga marcada en nuestros ordenamientos constitucionales, además de tomar medidas más allá de programas sociales de índole paternalista, aquellos que puedan impulsar la productividad y que nos puedan también llenar de mayores iniciativas como son las mujeres que trabajan con su valentía, con su gallardía, con su iniciativa y sobre todo aquellas quienes más lo necesitan porque como son los datos del INEGI- una de cada cinco mujeres en este país son sostén único de sus hogares. El párrafo cuarto de nuestra Constitución establece textualmente en un enunciado que desgraciadamente queda casi siempre en el terreno declarativo de que: " el varón y la mujer son iguales ante la ley sin que se reconozcan y definan mecanismos y ordenamientos para asegurar y garantizar que la legislación secundaria federal y local efectivamente se cumpla con el postulado constitucional abriendo paso a mecanismos de defensa y control constitucional cuando ello no resulte cumplimentado por el legislador ordinario". Efectivamente, al no disponerse en el citado párrafo otra cosa que la declaración de igualdad de género, no se reconoce ni por lo tanto se abre la posibilidad de abatir el persistente fenómeno de inequidad de género especialmente en cuanto a las escasas oportunidades y nulo reconocimiento que el Estado otorga a las mujeres colocadas en franca situación de inequidad, tanto en el ámbito laboral como en los aspectos fiscales y de apoyo gubernamental como son las mujeres trabajadoras y las madres solteras y jefas de familia. En esa tesitura se propone la reforma del citado párrafo segundo para quedar como sigue: "Artículo 4º.- El varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta deberá establecer mecanismos e instituciones suficientes para garantizar la igualdad y promover la equidad de género, especialmente en el caso de mujeres trabajadoras y jefas de familia además de proteger la organización y el desarrollo de la familia. En el artículo 25 de la Constitución, se establecen las bases para la planeación, la conducción y coordinación de la actividad económica nacional y define al Estado como responsable de la rectoría del desarrollo y garante de su sustentabilidad que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático y que mediante el fomento al crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad, de la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege esta Constitución. Como es de verse, nuevamente el texto constitucional incurre en generalidades de orden declarativo que al no poder ser expresamente referenciadas a circunstancias y casos específicos, permiten y propician la indefensión y trato inequitativo y desigual aun importante sector de la población que como nuestras mujeres representa poco más de la mitad de los habitantes del país y un enorme potencial de esfuerzo y aportación a las causas nacionales que resulta muchas veces menospreciado y desperdiciado por la falta de reconocimiento de la ley secundaria a sus particulares y condiciones. Por el contrario, la introducción de una perspectiva de género en las leyes y las políticas públicas significa la promoción de la igualdad y por tanto reduce las causas y efectos de la discriminación. En esa tesitura se propone adicionar un último párrafo al artículo 25 constitucional para quedar en los siguientes términos: La ley establecerá obligatoriamente mecanismos y dispositivos que alienten el esfuerzo de las mujeres, especialmente de aquellas que sean el único o principal sostén de sus hogares. Los ordenamientos en materia de planeación del desarrollo así como las disposiciones de orden presupuestario y fiscal, en su caso, deberán formularse bajo una reconocible perspectiva de genero que garantice la igualdad y equidad y el desarrollo familiar. Según datos decíamos del INEGI, derivados del conteo general de población 1995 y el censo del 2000, el número de mujeres en México que son jefas de familia y sostienen íntegramente sus hogares, ya sea por ser madres solteras, abandonadas, viudas o responsables solidarias, es de una proporción de casi de veinte de casi cien hogares, es decir una de cada cinco familias mexicanas, es sostenida económica por una mujer trabajadora. Lo anterior deposita bajo la responsabilidad de las mujeres jefas de familia, no sólo la carga del sostenimiento económico de sus hogares, sino que además deben hacerse cargo de la educación y formulación de sus hijos menores de edad, cuando los hay o de otro genero de dependientes económicos como pudieran ser hermanos menores, padres o adultos mayores no trabajadores, o inclusive en algunos casos cónyuges incapacitados o no productivos. En la mayoría de los discursos y propuestas de las políticas se otorga a la institución familiar un papel central, llama la atención entonces la falta de correspondencia entre la extrema importancia asignada a las familias por los gobiernos, las instituciones civiles y religiosas y las personas y su ausencia o su valoración en las políticas públicas, especialmente en el ámbito laboral y fiscal. De igual manera a últimas fechas se han venido introduciendo en la legislación social y en los ejercicios presupuestales a nivel federal y en algunos casos estatal, criterios de equidad y justicia hacia los sectores de población marginado, como es el caso de mujeres jefas de familia, tales como el concepto de perspectiva de genero el cual implica un mayor, aunque todavía insuficiente grado de responsabilización del poder público hacia los grupos más vulnerables de la economía y de la sociedad. Todo lo anterior aún cuando representa beneficios a condiciones de vida del sector de la población de que se trata, no constituye más que paliativos en el difícil entorno económico y social en que se desenvuelven, por lo tanto se requiere que el estado mexicano incorpore tanto a nivel constitucional, como legal, medidas más eficaces de apoyo ante una realidad social que demanda un compromiso indubitable y no meramente partenalista del poder público para con los grupos vulnerables de la población. El país, sus legisladores y la sociedad en conjunto, estamos obligados a reconocer y aprovechar el infinito potencial de cambio social, que las mujeres representan para nuestras comunidades, especialmente aquéllas que por diversas circunstancias han debido hacerse cargo del sostenimiento integral de sus hogares. A esos esfuerzos individuales debe corresponder el reconocimiento colectivo institucional del estado, para fortalecer la capacidad de los mecanismos nacionales de promoción de la mujer, así como para integrar sus demandas y necesidades en los programas de buen gobierno y reforma del estado. Muchas gracias. -