EL C. DIPUTADO JUAN MANUEL CABRERA LOPEZ: Muchas gracias, compañera diputada presidenta. La comparación del final del siglo XIX y el XX confirman que el cambio en el rol de la mujer no tiene paralelo en la historia. Hoy su papel es preponderante e igual en todos los órdenes de la vida y esto hace que la relaciones padre-madre-hijos y las de la pareja se desarrollen cada vez más en esquemas de menor dependencia y, por ende, sobre acuerdos de convivencia necesariamente distintos. Como consecuencia de ello, la posición contemporánea de las mujeres debe de tener un algo sentido de equidad respecto a la de los hombres y compartir con éstos espacios sociales y jerarquías similares, sin que la diferencia de género sea determinante en las relaciones y el quehacer humano. Esto no es un tránsito accidental; obedece a una transformación profunda de la idiosincrasia de las sociedades, que actualmente reconoce a todas las mujeres un lugar de igualdad respecto del hombre, es decir, este cambio se debe reflejar en numerosas formas de la actividad cotidiana y especialmente en la legislación de todo el mundo, incluido nuestro país. Es así como se explica la evolución jurídica respecto de las conferencias de la mujer en el siglo XX en todo en mundo y particularmente aquí en nuestro país, en México. Ejemplo de ello son, en materia política, por ejemplo el caso de San Luis Potosí, en donde en 1923 se promovió el derecho del voto activo y pasivo de la mujer, el cual posteriormente, en 1954, fue otorgado en todo el país en términos de universalidad. Asimismo las recientes reformas al Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales, que regula la obligación para los partidos políticos de presentar un mínimo de 30% de las candidaturas de elección popular y la expedición de la Ley que crea el Instituto Nacional de la Mujer. Estos dos últimos, fruto del trabajo de esta Legislatura. Sin embargo, a pesar de todos estos avances, es indispensable reconocer que aún quedan temas en los que debemos de perseverar y modificar el marco legal para que el derecho formal de igualdad del hombre y la mujer sea una realidad. Muestra de este esfuerzo es la iniciativa que ahora presento ante ustedes para fortalecer en la legislación el papel de la mujer en dos aspectos específicos: en el laboral, especialmente en lo relativo a la mujer trabajadora embarazada y en el de la violencia que se presenta en las relaciones familiares, en la que en la mayoría de los casos la víctima es una mujer. En el aspecto laboral conviene remarcar que la incorporación de la mujer a la vida económicamente activa, es una realidad creciente. Actualmente más de cuatro millones de madres son cabezas de familia, lo que representa la cuarta parte de los hogares mexicanos. Además hoy en día, más del 30% de la población económicamente activa es femenina, lo que ha derivado que en la última década su participación en la economía aumentó casi el 50%. En términos constitucionales se establece que el hombre y la mujer son iguales ante la ley laboral y gozan de los mismos derechos y libertades, así como de similares obligaciones. Sin embargo, esto no ocurre muchas veces en la realidad cotidiana, en donde la mujer sufre discriminación laboral y social en determinados aspectos, ya sea por patrones tradicionales de conducta que todavía persisten y porque muchas veces por criterios que son vistos como puestos a ciertos conceptos sobre productividad de las empresas, como sucede en el caso del embarazo, ya que es una práctica común que a la mujer que solicita un empleo, se le exija una prueba de no gravidez, con el fin de establecer un criterio para su contratación, lo cual constituye una medida de absoluta discriminación. Y sin embargo, esas prácticas no están todavía prohibidas expresamente en nuestros orden jurídico, por tal motivo resulta necesario reformar el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo con una adición que prohiba expresamente esa práctica. Esta prohibición tendría trascendencia al derecho penal, por lo menos en el Distrito Federal, ya que por su violación implicaría ubicarse en el tipo que describe el artículo 206 del Código Penal de dicha entidad federativa y quien exigiere el mencionado certificado de no gravidez pudiera hacerse acreedor a las sanciones que establece este ordenamiento. De ahí la importancia de esta reforma, ya que no encontramos ninguna referencia específica en la Ley Federal del Trabajo que regule el derecho laboral de la mujer embarazada a la no discriminación en el momento de solicitar un empleo una vez que ésta se encuentre contratada. Por otra parte, la nueva condición de la mujer en la vida social y sobre todo de la familia, no ha modificado muchos patrones de conducta en el seno del núcleo básico, puesto que más del 32% de mujeres que integran un hogar jefaturado por un hombre, son víctimas de violencia familiar, según una encuesta del área metropolitana del Distrito Federal. Independientemente de las acciones que deben llevarse a cabo en este tema, en el ámbito educativo cultural es necesario proteger a la mujer y a sus hijos de estos hechos de violencia que atentan contra su dignidad como persona humana y limitan su acceso a una vida plena. Por ello es necesario modificar el Código Civil Federal. La propuesta que hoy presento ante ustedes para reformar el ordenamiento citado, consiste en que se establezca la figura del desalojo judicial precautorio, del domicilio en el que habita el familiar agredido y es coincidente con algunas ya existentes en materia local, como lo es el caso del Código Civil del Distrito Federal, con lo cual se sentaría un precedente importante para que estas medidas precautorias, que buscan salvaguardar la vida y la integridad física de las mujeres se aplique supletoriamente a la norma local en todo el país. "Además, se añade la prevención de ordenar al agresor de que se mantenga alejado de los lugares que frecuentan las víctimas de la violencia. Las medidas precautorias que se proponen facultarían al juez para que en el momento de conocer la situación de violencia decretara lo conducente y se ordenara el desalojo del agresor del hogar familiar, auxiliándose para tal efecto incluso de la fuerza pública. Estas medidas no podrían exceder de más de 15 días y para continuar con ellas sería indispensable el otorgar el derecho de audiencia a quien la sufre, de este modo el plazo establecido en la iniciativa es suficiente para que la víctima ejerza otros medios de defensa en los que, en su caso, se ratifique el desalojo del domicilio conyugal al agresor durante el tiempo que sea necesario para determinar la situación jurídica permanente. "Con ello estaríamos avanzando en un tema, el desalojo judicial precautorio del domicilio conyugal y la protección de la víctima en su área laboral, que forma parte de lo que podríamos considerar todo un conjunto de retos jurídicos para avanzar en el combate a la violencia doméstica o intrafamiliar, como lo son los temas de las ayudas a las mujeres que dependen económicamente de su agresor, los derechos de visita a los hijos, el tratar de unificar los procedimientos penales y civiles para darles tratamiento conjunto y por ende más eficacia, la facilitación para dar aviso a las instancias encargadas de dar ayuda en estos casos y el establecer medidas que promuevan una mejor recuperación de las víctimas, como sería el obtener trabajo en condiciones preferenciales para aquellas que han sido sujeto de esta violencia. "Temas todos ellos sobre los cuales espero este Congreso los vaya analizando y establezca medidas concretas para solucionarlos como es el caso de la presente iniciativa. "Con base en lo expuesto es que se presenta este proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan entonces los artículos 164 de la Ley Federal del Trabajo y 323 cuater del Código Civil Federal para garantizar la igualdad laboral de la mujer y la protección de su integridad física y síquica en la vida familiar. "Artículo 1º Se adiciona con dos párrafos el artículo 164 de la Ley Federal del Trabajo para quedar como sigue: "Queda prohibido requerir pruebas de embarazo a las mujeres que soliciten un empleo o a las que ya se encuentren contratadas. Las prácticas que contravengan lo estipulado en este artículo, independientemente de la responsabilidad penal que corresponda serán sancionadas conforme el artículo 995 de esta ley. "Artículo 2º Se adiciona el artículo 323 cuater del Código Civil Federal para quedar como sigue: "En los casos de violencia familiar el juez podrá dictar las siguientes medidas precautorias tendientes a salvaguardar la integridad física o síquica del agredido: "Primero. Ordenar en forma inmediata el desalojo del agresor del domicilio en el que habita el familiar agredido. "Segundo. Prohibir al agresor que concurra él o los ofendidos, así como a los lugares en los que habitualmente estos concurren. Las medidas precautorias establecidas en el presente artículo no podrán exceder de 15 días y en los casos en el que el agresor no cumpla con ellas se podrá hacer uso de la fuerza pública para garantizar su cumplimiento. En dicho plazo el juez escuchará al agresor y dictará, en su caso, las medidas que estime pertinentes conforme a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles". Muchísimas gracias, señor Presidente. Ojalá y sea turnada a la Comisión de Equidad y Género. -