La diputada Loretta Ortíz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros legisladores. Las migraciones y desplazamientos forzados que iniciaron en la década de los noventa y aún continúan se han caracterizado particularmente por las disparidades de las condiciones de vida entre el lugar de origen y el del destino de los inmigrantes. Según estimaciones de la Cruz Roja Internacional, aproximadamente 8.5 millones de personas solicitaron refugio en 2005, 17 millones de personas más que en 1990. Cabe agregar a esta cifra, todas aquellas personas que no califican para la protección de refugiado, como los desplazados a los cuales asistió el alto comisionado de Naciones Unidas a 24 millones. El mayor número provienen de Afganistán; en 2005 fueron cerca de 2 millones y después ha ido aumentando la cifra de la cantidad de refugiados, desplazados y migrantes. La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, determinó que por lo menos 5 millones de personas o el 10 por ciento de los 56 millones de inmigrantes que ingresaron en 2000, se encontraban en una situación irregular y se estimaba que durante cada año aumentaría la cifra en medio millón. El Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Económicas proyecta que 4 millones de personas cruzarán las fronteras internacionales sin documentación cada año. El siglo XX brindó a la humanidad diversos avances; sin embargo en lo atinente, el derecho humano de migrar e inmigrar hubo un gran retroceso, hoy millones de personas por hambre o en busca de trabajo se ven en la necesidad de migrar y se les niega el ingreso a un Estado por no cumplir con los requisitos legales. La principal razón por la cual emigran millones de personas es el desempleo que ha aumentado progresivamente. Hoy 380 millones de personas tratan de sobrevivir con menos de un dólar diario; otras calculadas en 12 millones por la Organización Internacional del Trabajo son obligadas a realizar trabajos forzados. En diversos Estados la respuesta ante estos fenómenos, y entre ellos México, ha sido exigir determinada nacionalidad o la realización de una determinada actividad o profesión como prerrequisito para la entrada y residencia en el territorio de un Estado. Las normas del derecho internacional general en materia de extranjería, dejan en manos de los Estados un ámbito muy amplio de regulación. El resultado, disposiciones constitucionales y normas de derecho interno insuficientes para proteger los derechos humanos en condiciones de igualdad a los extranjeros independientemente de la legal estancia en un país. Casi todos los días la nota en los diarios la dan los inmigrantes. De vez en cuando encontramos una reflexión como la de Jesús Ruiz Mantilla, quien puntualiza: Quienes sobrevivan, si logran cruzar la línea y no son devueltos con camisa de fuerza a sus países de origen, deambulan por la ciudad en busca de un colchón. En nuestras calles vemos pulular el abuso, la ventaja sobre los que no tienen nada; mientras no hayan garantías de puertas abiertas respecto a quien viene en busca de una vida mejor, habrá de impartir valores democráticos y derechos humanos todos los días, muchas horas y por obligación. ¿Cuál es el sentido de la educación sino el prohibir la inmigración irregular no impide este fenómeno cuando lo que está de por medio es la propia subsistencia? Razón por la cual miles de personas intentan y seguirán intentando a menos de que se resuelvan los problemas de fondo- cruzar la frontera aun a costa de perder la vida. Es usual que los inmigrantes irregulares sean objeto de amenazas contra su vida, su seguridad personal o la detención administrativa al momento de cruzar la frontera internacional si se les niega, además, el derecho de acceso a la justicia efectiva, situación que se realiza en México, su situación se torna en extrema vulnerabilidad ya que sus gobiernos carecen de recursos para protegerlos diplomáticamente al igual que ellos para pagar la asistencia jurídica de un abogado. El Partido del Trabajo hace un exhorto a las autoridades federales, locales y municipales del respeto a los derechos fundamentales de los migrantes, independientemente de su situación legal en el país. Los inmigrantes en situación irregular son personas, personas a las que les es aplicable la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también todos los tratados de derechos humanos que ha firmado y que ha ratificado México. En consonancia con esta normatividad y precisamente con el estado del derecho, exigimos que se le dé cumplimiento a esta normatividad. Es cuanto, presidenta