El diputado Leonardo Alvarez Romo (PVEM): Con su venia diputado presidente. El Partido Verde una vez hace eco de lo que está sucediendo y que le afecta a la sociedad, es el fraude en las gasolineras. Compañeras y compañeros legisladores: La Procuraduría Federal del Consumidor, ya tiene tiempo que denunció que las gasolineras del país utilizan alta tecnología para defraudar a sus clientes. Los mecanismos utilizados para defraudar ya no son mecánicos sino electrónicos. Los defraudadores cuentan con tecnología inalámbrica para activar los cambios al sistema electrónico de las estaciones de servicio, de forma que el cálculo de litros se altera apareciendo una cantidad distinta a la que en realidad se está suministrando, logrando con estos dispositivos manipular dolosamente los cambios al sistema electrónico de las estaciones de servicio. La Norma Oficial Mexicana 005, sólo permitía verificar la parte mecánica de los dispensarios, no así la parte electrónica, de forma que la PROFECO se veía limitada para actuar de forma eficaz contra los defraudadores, situación por la cual se tuvo que hacer una modificación a la normatividad vigente de aquel momento. La Nueva Norma Oficial Mexicana, la NOM-EM 011, que entró en vigor a partir de noviembre del 2004, faculta a la Profeco para poder revisar las tarjetas electrónicas, el sistema electrónico y el soft wear de los dispensarios de combustibles; se establecen los procedimientos de extracción de las tarjetas de control, prueba de las baterías de respaldo del dispositivo de almacenamiento de información y de verificación del soft wear, para poder comprobar que no sea alterado el funcionamiento de estas máquinas. La NOM 011 establece las especificaciones, métodos de prueba y de verificación aplicables a los distintos sistemas para medición y despacho de medicina y otros combustibles líquidos como gasolinas, diesel, turbocina y gas avión que se comercializan en el país. Sin embargo, esta norma no es suficiente, ya que la Profeco demostró, mediante un muestreo estadístico representativo, que el 90 por ciento de las gasolineras operan fuera de la tolerancia de la norma, lo que significa, para términos prácticos, que casi todas operan defraudándonos a todos los consumidores, de forma que es raro encontrar una gasolinera que opere honestamente. La respuesta de los propietarios y franquicitarios ha sido a través de amparos para suspensiones provisionales a esta norma 011. Los montos mencionados de lo defraudado van de 8 mil 500 millones a 18 mil 500 millones; sin embargo, haciendo números con respecto a los valores de las ventas reportadas por Pemex en 2004 de gasolinas y diesel y considerando la proporción de que la mayoría de las gasolinas 9 de cada 10surten litros de 800 mililitros, el monto defraudado podría ser de hasta 31 mil 683 millones de pesos. Por su parte, los funcionarios de Pemex se deslindan de su responsabilidad arguyendo que la franquicia es un contrato de orden estrictamente comercial, de tal manera que no pueden actuar en carácter de autoridad. Por su lado, la Profeco sólo tiene atribuciones para sancionar administrativamente con multas y clausura hasta 90 días de establecimientos en que se detecten irregularidades. De las más de 6 mil 500 estaciones de servicio, sólo 26, es decir, el .4 por ciento, han sido objeto de rescisión de contrato de franquicia y 115 están en proceso. Sin embargo, es responsabilidad del gobierno federal procurar las medidas que sean necesarias para garantizar que los instrumentos de medición que se comercialicen en el territorio nacional sean seguros y exactos con el propósito de que no representen peligro a los usuarios y consumidores que presten un servicio adecuado respecto a sus cualidades metodológicas y en utilización en transacciones comerciales y en las determinaciones para la protección de la salud, el medio ambiente y demás actividades donde se requiera de la medición. La realidad abrumadora es que, en base a las actuales disposiciones legales, no es posible controlar las conductas ilícitas de estos prestadores de servicio, lo que los pone en una posición de impunidad, dando además un pésimo ejemplo a la sociedad sobre el funcionamiento de nuestras instituciones y del estado de derecho. El aspecto nodal es que, independientemente de los enormes montos defraudados cotidianamente a la población en general, las repercusiones de estas actividades fraudulentas dañan directamente a la industria de la cual depende en su mayor grado la economía nacional, por lo que desde luego este problema es de seguridad nacional pues implica un ataque infame a la soberanía e instituciones de nuestro país. No sólo hay que cuidar que no se vulneren los derechos de los ciudadanos; el impacto negativo del mismo es generalizado porque afecta directamente a todos los sectores productivos del país: a la industria, al transporte, a la agricultura, a la pesca, a los sectores empresariales, etcétera, atrofiando su desempeño exitoso de forma que trunca la posibilidad de ser competitivos a nivel nacional e internacional. Los energéticos tienen que cuidarse de manera firme para garantizar al país su continuo desarrollo económico, potenciando sus capacidades para superar las condiciones de atraso y vencer la lacerante miseria y desprotección de amplios sectores y grupos de nuestra población. No se puede fincar el progreso nacional con tolerancia a la impunidad. Con base en lo expuesto, se propone se tipifique el delito de fraude en el expendio de gasolinas y diesel dentro del Código Penal Federal, adicionando el artículo 387 bis, asignando penas ejemplares y dándole el carácter de delito grave en el Código Federal de Procedimientos Penales. Las penas deben de ser altas, debido a que los delitos que afectan de forma generalizada a los ciudadanos, sociedad, industria, economía y a la soberanía del país, deben de ser costosos para quien lo comete, de forma que se puedan prevenir y se erradique la comisión de este tipo de ilícitos. Por ello los suscritos diputados Jorge Antonio Kahwagi Macari y Leonardo Alvarez Romo, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, sometemos a esta Honorable Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa con proyecto de decreto. En virtud de que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, es cuando, diputado Presidente.