EL C. DIPUTADOJOSE RAMON GALINDO NORIEGA: Con su autorización, señor presidente. Damas y caballeros, diputadas y diputados: el ser humano es una persona con inteligencia y voluntad libre, con responsabilidad sobre sus propias acciones y con derechos universales inviolables e inalienables, a los que corresponden obligaciones inherentes a la naturaleza humana individual y social. Dado que el hombre está dotado de una voluntad libre que le permite desarrollar sus facultades naturales, teniendo como única limitante a esa libertad su propia naturaleza, pero en sociedad estando limitada por el respeto a la libertad de otros hombres, se deriva la necesidad de crear normas o reglas que garanticen a cada miembro del cuerpo social una medida igual para el ejercicio de su actividad y desarrollo. La teoría y existencia de este principio constituye el derecho en su acepción más extensa. Por tanto, el derecho como un conjunto de normas de observancia obligatoria para todos los miembros de la sociedad que han sido establecidas por el derecho, de acuerdo a procedimientos previamente establecidos, permiten la convivencia de todos los miembros de la sociedad entre sí, de las instituciones del Estado y la interrelación de éstas y la sociedad. Desde luego, la manifestación del derecho en su aspecto práctico y real se realiza por medio y a través de la ley. La infracción o no observación de las disposiciones que se estipulan en la ley se traducen en delito, mismo que va en perjuicio de la sociedad y de la obligatoriedad de la misma ley por los hombres, el cual obedece a muchos y muy diversos factores; sin embargo, esos factores tienen origen en la propia naturaleza del hombre y la convivencia estrecha a la que hoy en día se ve sometido. En este sentido el delito se convierte en ocasiones en una pandemia para la convivencia social, creada por el que infringe las normas legales en el afán de llegar a obtener la aprobación social, desde el punto de vista económico y la dirigencia de la misma como patrón de admiración. Por lo tanto, tenemos que el delito será la acción u omisión ilícita, antijurídica y culpable expresamente descrita por la ley bajo la amenaza de una pena o sanción. Desde luego, esa acción se traduce en un hacer o en un no hacer que produzca un resultado en el mundo físico, es decir, que consiste en una acción y omisión previstas en la ley penal. Al decir que la acción u omisión propia e impropia deben ser típicas, implica que esa conducta debe encuadrarse en la descripción que de ella hace la ley penal. Además de la tipicidad, se requiere la antijuridicidad de la misma conducta, es decir, que la conducta sea contraria al derecho, ya que no existe alguna causa legal que justifique la realización de la misma, no obstante que ésta sea típica. Por último, además de la tipicidad y la antijuridicidad de la acción y omisión para que constituya delito, esa conducta debe ser culpable, debe poder reprocharse personalmente a quien la haya realizado. De todo lo anterior aparece pues que la culpabilidad presupone la antijuridicidad del hecho y que ésta, a su vez, implica la tipicidad del mismo. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad son los tres caracteres ineludibles de todo delito. No obstante lo anterior, nuestro Código Federal de Procedimientos Penales, en su artículo 134, párrafo segundo, indica que "No obstante lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 15 del Código Penal Federal, el Ministerio Público podrá ejercitar la acción penal en los términos del párrafo precedente y en su caso las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de los elementos subjetivos del tipo serán analizadas por el juzgador después que se haya dictado el auto de formal prisión o de sujeción a procesos, según corresponda, sin perjuicio del derecho del inculpado de acreditar ante el propio Ministerio Público la existencia de los mencionados elementos subjetivos del tipo". Esto es contradictorio y violatorio de lo que dispone el párrafo segundo del artículo 16 constitucional, mismo que indica: "No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". Al existir excluyentes del delito, que como hemos mencionado son aquellas que anulan la posibilidad de aplicar una consecuencia jurídica al autor del mismo, no se cumplen los requisitos necesarios para que el Ministerio Público ejercite acción penal y mucho menos para que el juez libre orden de aprehensión. Debemos reiterar que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, son universalmente indivisibles e interdependientes y que están relacionadas entre sí, debiéndose promover y aplicar de una manera justa y equitativa, sin perjuicio de la aplicación de cada uno de esos derechos y libertades, ya que su estudio es oficioso, es decir, es de orden público y de interés social. Acción Nacional siempre ha sostenido que la persona humana tiene una inminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios necesarios para cumplir dignamente ese destino. Por todo ello, respetuosamente me permito someter a esta Cámara de Diputados de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, el siguiente Proyecto de Decreto: Artículo Unico.- Se reforma el párrafo segundo del artículo 134 del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar en los siguientes términos: "De conformidad con lo dispuesto por la fracción II del artículo 15 del Código Penal Federal, el Ministerio Público no podrá ejercitar la acción penal de conformidad con lo indicado en el párrafo precedente. "Las excluyentes del delito que se actualicen, serán analizadas por el Ministerio Público y por el juzgador antes de dictarse el auto de formal prisión o de sujeción a proceso en el ámbito de sus competencias". Transitorios. Unico.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo de San Lázaro, primero de abril del 2004. Es cuanto, señor Presidente. -