La diputada Lidia Pérez Barcenas: Con su venia, presidenta. Uno de los principales problemas heredados del régimen anterior es la corrupción. El uso del poder público en beneficio privado dañó el crecimiento de nuestra economía, lesionó la confianza de la sociedad en las instituciones del Estado y minó los cimientos de nuestra incipiente democracia. A la sombra de la corrupción y de la impunidad florecieron grandes negocios de los que se beneficiaron unos cuantos, por ello nunca fue exagerado sostener que en el periodo neoliberal el sistema había operado para la corrupción, que ya no era un conjunto de prácticas aisladas e inconexas entre sí, sino un ejercicio sistemático y sistémico, en donde los gobernantes se habían dedicado a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos, e incluso, funciones del Estado a particulares nacionales y extranjeros, convirtiendo la corrupción en la función principal del poder público. El malestar de la sociedad acumulado por décadas y los escándalos de corrupción protagonizados por la elite política, como el oprobioso asunto de la casa blanca en 2014, en el que estaba involucrado el gobierno de Enrique Peña Nieto, obligaron a concluir el diseño de un sistema de combate a la corrupción a esa fecha empantanado. De esta manera, el Constituyente Permanente, expidió el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de combate a la corrupción, publicada en el Diario Oficial el miércoles 27 de mayo del 2015. En esta reforma dispuso en el artículo 73 constitucional, la obligación del Congreso de expedir la ley general que distribuya competencias entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimientos de su aplicación. La Ley General de Responsabilidades Administrativas se expidió el 18 de junio del 2016, acorde con el artículo 114 de la Constitución Política, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dispuso en su artículo 74 en materia de prescripción de las faltas, un lapso de siete años. Por su parte, la Ley de Petróleos Mexicanos, tratándose de las prescripciones de las faltas, indica en su artículo 91 un periodo de cinco años. Esta diferencia en los plazos de prescripción de las faltas administrativas de los servidores públicos, establecidos en ambas leyes, ya fue identificada por la Auditoría Superior de la Federación. Atendiendo la recomendación de esta entidad, creemos que la contradicción normativa puede ser resuelta por la vía legislativa evitando posibles conflictos jurídicos futuros al aplicar el régimen de responsabilidades dispuestas en la Ley de Petróleos Mexicanos, en su porción normativa referida a la prescripción de las faltas, ello sin desconocer que a esta fecha la regula un régimen especial. Al asumir con la Auditoría Superior de la Federación que entre ambas normas se presenta una antinomia jurídica, adoptamos la definición teórica de Norberto Bobbio, con la situación en que dos normas incompatibles entre sí que pertenecen al mismo ordenamiento, tienen el mismo ámbito de validez. La reforma que proponemos es necesaria, no sólo para evitar contradicciones normativas en el régimen de responsabilidades, sino por el papel que esta juega en la eficacia de todo el sistema nacional anticorrupción. No dudamos que la actual administración de Pemex ha sido implacable con las falsas contrarias a la ley, que ha derivado en daños y perjuicios a la empresa o con hechos de corrupción llevados a cabo por servidores públicos. Ello, en línea con el Programa Nacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad y de Mejora de la Gestión 2019-2021, en el que se establece el propósito central del actual gobierno, de atacar de manera eficaz la corrupción y abatir la impunidad. Así lo refleja Pemex en su informe 2020, al señalar que en este año se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República por posibles delitos de corrupción contra servidores públicos, ex servidores y empresas relacionadas con el hecho ilícito, así como contra el robo de hidrocarburos y delincuencia organizada, en las que se han detenido resultados favorables. En estas condiciones, la propuesta de reforma que aquí presentamos tiene el propósito de fortalecer el objetivo de instaurar una nueva ética de servicio público y de respeto a sus principios, como una de las tareas parlamentarias más importantes de Morena. Es cuanto, presidenta. La presidenta senadora Olga Sánchez Cordero Dávila: Gracias. Muchas gracias. Túrnese a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. La presidenta senadora Olga Sánchez Cordero Dávila: Ahora tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos la diputada Riult Rivera Gutiérrez, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 2o. de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, y suscrita por el diputado José Elías Lixa Abimerhi y diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional... ¿Dije senador? Ah, perdón. Es que... Perdóneme. Aquí me pusieron, la. Gracias. El diputado. Y le ofrezco disculpas.