La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Las y los diputados federales del Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos comprometidos con la necesidad de fortalecer y garantizar la integridad física y sicológica de las mujeres para que gocen de una vida digna, justa y libre de violencia, derecho que no debería nunca serles regateado. En tal sentido el dictamen que ahora nos ocupa propone reformar a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con la finalidad de incorporar una serie de conceptos, facultades y obligaciones para la creación, operación y funcionamiento de los llamados Centros de Justicia para las Mujeres. Para tal efecto en la ley se establecen la definición de dichos centros como espacios a cargo de las entidades federativas donde se brindan servicios multidisciplinarios de atención integral con perspectiva de género y derechos humanos a mujeres víctimas de violencia o de violación de sus derechos humanos, así como a sus hijas e hijos. De igual modo con el objetivo de garantizar una atención específica, se propone la modificación del artículo 38 y la adición de una fracción XX al artículo 41 a fin de diseñar un modelo especializado de atención a las mujeres víctimas de violencia que trascienda al centro, y promover de acuerdo con las realidades particulares de cada región, el desarrollo, implementación y evaluación de proyectos de las entidades federativas para la creación, fortalecimiento y operación de estos centros, así como difundir su oferta de servicios. En la misma lógica y con el objetivo de contribuir de mejor manera a lograr los fines perseguidos por la reforma, se establecen las siguientes obligaciones a cargo de la Secretaría de Gobernación: diseñar y actualizar el modelo de gestión operativa de los centros y los protocolos de atención especializados; promover y coordinar con las entidades federativas, la creación y el fortalecimiento de los centros e impulsar el equipamiento de los mismos. Por último, aunque no menos importante en el dictamen que se discute hoy, se prevé la creación de un título quinto expresamente denominado de los Centros de Justicia Penal, a fin de regular los objetivos, funciones, facultades y servicios que de manera obligatoria deberán presentarse a las mujeres que así lo requieran. Una aportación que da cuenta de la altura de miras en la elaboración del dictamen, reside en el hecho de especificar que tales centros deberán presentar los siguientes servicios: atención médica y psicológica, asesoría jurídica, representación legal, servicios de cuidado y atención infantil, servicios de trabajo social, acceso a la justicia a través de agencias especializadas en violencia contra las mujeres, y asesoría y capacitación para el empoderamiento social y económico de la población objetivo. Con la aplicación de la reforma propuesta, es esperable que logremos contribuir como legisladores de la unión, a que unos dichos centros se les haga efectiva justicia a las mujeres víctimas de violencia, de tal suerte que accedan al ejercicio pleno de sus derechos humanos, garantizándoles su justa inserción o reinserción a la vida productiva social, cultural y social de su entorno. En consecuencia, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social se manifiesta, por mi conducto, en favor de aprobación del dictamen de mérito, nunca más a un estatus de violencia contra las mujeres, y sí, en cambio, que se viva la justicia en su favor. Es cuanto, diputada presidenta. Por su atención, muchas gracias.