EL C. DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL: Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Es en efecto un tema acuciante, una necesidad inminente el que tomemos en esta representación nacional medidas directas, lo más eficientes y lo más actuales respecto de este grave trastocamiento económico que se conoce como la "piratería", y que no es más que la reproducción y venta de artículos manufacturados bajo licencia de propiedad intelectual y de autoría por quines no tienen precisamente el permiso para hacerlo. Nadie duda que estos continuos trastornos a la economía productiva, a la economía de servicio, a la economía socialmente útil, a través de la venta ilícita, clandestina, de estos objetos está perturbando y amenazando gravemente el futuro económico de la nación por las dimensiones que ya este tipo de negocios alcanza en la vida económica del país. Si a esto le sumáramos lo que está ocurriendo efectivamente en los negocios del narcotráfico, en los del secuestro, el terrorismo, de tantos delitos que en nuestra era se han multiplicado y se han acrecentado al extremo de hacer cada día la convivencia más difícil y riesgosa. Sí, es cierto, estamos contra la piratería y era necesario ya ubicarla como uno de tantos delitos que tanto daño social están causando al presente y al futuro de la nación, a las actuales generaciones y a las próximas. Y que también estas están vinculadas en una red internacional, como aquí se ha dicho, en donde los países, en donde nuestras fronteras son fácilmente transferibles, penetradas, son víctimas de este acecho, de este asalto, de la delincuencia organizada de dimensión internacional. Pero también, y esto es importante hoy destacarlo, el capítulo de delincuencia organizada en nuestras leyes penales, en nuestra propia ley orgánica de la procuración de justicia, si bien le ha dado a la autoridad toda la capacidad de acción para acometer tan difícil tarea cual es la de inhibir este tipo de delitos, de disuadir al delincuente y en su caso extremo de penar y sancionar al responsable, también es cierto que en el resultado y en el balance final no se ha dado este efecto. Que la delincuencia organizada sigue multiplicándose, la autoridad especializada no da todavía los resultados esperados cuando se pidieron estas novedades legislativas que crean estados francamente de excepción, con limitación del ejercicio de las garantías individuales y que hace a la poderosísima Procuraduría General de la República francamente un verdugo frente al potencial o al presunto delincuente. Es así pues entonces importante diferenciar que de ninguna manera puede igualarse o ser equilibrados o ser equivalentes un delito de narcotráfico, de terrorismo, con el que puede ser de piratería. Y sin embargo los estamos, de alguna manera, clasificando en la misma dimensión de daño social y estamos dándole a las autoridades de procuración de justicia armas tremendas para perseguir este tipo de delitos. Yo quisiera simplemente dejar asentado que no se han dado los resultados, vuelvo a repetir, de reducir la incidencia de estos delitos de crimen organizado y sí en cambio no son pocos los abusos denunciados de ciudadanos con vida recta, con actividades lícitas, que son en un momento dado víctimas de una detención arbitraria, privados de sus derechos a la defensa, secuestrados prácticamente por la policía, por la Agencia Federal de Investigaciones, con el pretexto de que este policía, este ministerio público, de alguna manera deduce o colige que se trata de un crimen organizado y por lo tanto se le da un tratamiento de excepción al ciudadano, que finalmente no es responsable de ningún ilícito, mucho menos del crimen organizado. Es por lo mismo importante detenernos en la visualización de los efectos que puede acarrear esta reforma. Nadie duda que tenemos que dar un paso adelante, que tenemos que combatir el delito de la piratería, pero también conjuntamente determinar qué tanto las autoridades de la Procuraduría, las agencias fiscales, las agencias de investigación, están llevando a cabo su tarea apegados a la ley y con verdadero sentido de equidad y de respeto a las garantías del ciudadano. Es, pues, para Convergencia evidentemente estamos en términos de aprobar esta reforma, pero no sin dejar perfectamente bien sentado que estamos también preocupados porque los estados de excepción que contempla para la autoridad el tratamiento de los presuntos delincuentes del crimen organizado, requieren más reglamentación y por sobre todo requieren más calidad y capacitación de los agentes que combaten este tipo de crímenes, para que no se pretexten para lesionar la vida de un ciudadano que trabaja y que cumple con sus deberes debidamente y que sin embargo en un momento dado puede ser víctima de una amenaza o de un agobio y una vejación de este tipo. En conclusión, votaremos a favor y dejaremos sentadas nuestras consideraciones para que en un futuro muy próximo la propia Comisión de Justicia y Derechos Humanos entremos con ellos a contemplar qué otras reformas necesarias se hacen indispensables para garantizar el ejercicio pleno de las garantías individuales y no dejarle a la autoridad potestades discrecionales que ciertamente lesionan esos derechos fundamentales. Hasta aquí, es todo. Gracias señor Presidente. (aplausos) -PRESIDENTE: Gracias diputado don Jesús González Schmal. Tiene el uso de la palabra para fijar la posición de su partido, la diputada doña Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. -DIP. ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ (PRD): Muchas gracias señor Presidente. -PRESIDENTE: Adelante diputada. -DIP. ANGELICA DE LA PEÑA GOMEZ: Gracias, muy gentil. La producción, reproducción, introducción al país, almacenamiento, transporte, distribución, venta o arrendamiento de copias de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley Federal del Derecho de Autor, realizada de manera dolosa con el fin de especulación comercial y sin la autorización que en los términos de la citada ley debe otorgar el titular de los derechos de autor, es un delito que sanciona el Código Penal Federal en su artículo 424 bis. No obstante, señores diputados y señoras diputadas, es de todos conocido que la comisión de este delito no se realiza de manera aislada, sino que en muchas ocasiones son grandes mafias y grupos de delincuentes bien organizados que generalmente actúan con la complicidad de alguna autoridad, los que realmente generan y propician la piratería. En razón de lo anterior, no basta solamente con perseguir o investigar este delito de manera simple, sino que es preciso que su investigación y persecución se realice de manera integral, enfocando la acción de los órganos encargados de procurar justicia en el desmembramiento de las bandas que de manera organizada fomentan la piratería, pero también en las autoridades de los tres niveles de gobierno que son cómplices por acción u omisión en la perpetración de este delito. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, ratificará y apoyará el dictamen emitido por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados, mediante el cual se pretende insertar este delito dentro del ámbito de competencia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Efectivamente, corresponde al Poder Legislativo adecuar la normatividad penal a los nuevos tiempos, en donde delitos como el de piratería se han convertido en un negocio que traspasa nuestras fronteras y que hace necesario la actualización de las conductas delictivas en nuestro país. Más aún, si tomamos en consideración que la piratería es un delito que daña las economías de los países, provoca la evasión de impuestos y afecta las industria y a los autores, generando enormes pérdidas y por ende afectando el crecimiento de las industrias legalmente establecidas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, es preciso hacer en este acto una breve reflexión en torno al cuidado que debe existir en la persecución de este delito, sobre todo en un país como el nuestro en que la procuración de justicia sigue aplicándose de manera discriminatoria o inicua hacia determinados sectores de la sociedad. Si bien es cierto que el delito de piratería debe ser sancionado de manera rigurosa por los razonamientos antes expuestos, también lo es que la aplicación de la ley debe darse en concordancia con los principios y fundamentos básicos de los derechos humanos. No pretendemos, al aprobar el presente Dictamen, que la aplicación de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se dirija hacia los sectores menos favorecidos de la sociedad, sino que se aplique, como su nombre lo indica, a las verdaderas mafias y grupos organizados que imperan en nuestra sociedad y en cuyo combate yace la posibilidad de disminuir este flagelo que según el Dictamen en cuestión, se ha posicionado como el tercer negocio ilícito más importante de nuestro país después del narcotráfico y del robo de vehículos. Finalmente y en virtud de que el combate a la delincuencia no puede concebirse sin la participación de la sociedad, es preciso recordar que la piratería es un delito que no podrá ser erradicado mientras seamos nosotros los miembros de la sociedad quienes participemos de manera indirecta en la comisión de este delito a través de la compra de estos productos ilegales. Por lo tanto y a la par con esta Reforma a la que por supuesto el Grupo Parlamentario del PRD se adhiere, es necesario reforzar las campañas tendientes a dotar de elementos a la sociedad que le permitan encender los efectos nocivos para el país de este ilícito y hacerlos partícipes en el combate de estos delitos, como el de la piratería. Muchas gracias por su atención. (aplausos) -EL C. PRESIDENTE. Gracias doña Angélica de la Peña Gómez. Tiene el uso de la palabra por parte del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, el señor Diputado don Francisco Javier Valdéz de Anda. -