El diputado Francisco Alberto Torres Rivas: Con el permiso de la Presidencia. La inclusión de las personas con discapacidad o con necesidades especiales en las actividades de la vida diaria, es siempre uno de los más grandes retos de cualquier administración. La adecuación de la infraestructura, programas de capacitación y en general la generación de conciencia en la sociedad para participar conjuntamente en la inclusión de estas personas, son los objetivos que se buscan alcanzar. Según los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación, en México el 1.6 por ciento de la población total de niños y niñas viven con alguna discapacidad, convirtiéndose en uno de los grupos vulnerables más rezagados debido principalmente a la actitud y al entorno social. Para lo que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, las personas con discapacidad son la minoría más amplia del mundo y suelen tener menos oportunidades económicas y de educación. Ante esta situación, es común que se niegue a estas niñas y niños la posibilidad de aumentar sus capacidades y el uso de las mismas, pues hoy en día en el sistema educativo aun se experimenta exclusión, discriminación y segregación, provocando que el más del 60 por ciento no logre finalizar sus estudios de primaria. Los esfuerzos internacionales para erradicar dicha situación encuentran sus orígenes en el informe Warnock, elaborado y publicado en el Reino Unido en 1978, en donde se logró un cambio en la visión que se tenía de la educación especial en todo el mundo, siendo uno de los precedentes más importantes para el desarrollo de lo que actualmente se considera el sistema educativo óptimo a nivel internacional la educación inclusiva. Dicho sistema tiene como finalidad aumentar el conocimiento a través del fomento de la independencia y la autosuficiencia, guiándolo hacia el cumplimiento de requerimientos necesarios para que se encuentre un trabajo y que esté en condición para controlar y dirigir su propia vida. La educación inclusiva implica la modificación del entorno eliminando barreras que representen una limitación al aprendizaje de todo el estudiantado en igualdad de condiciones y sin discriminación. Además la responsabilidad del Estado como administrador del sistema educativo, lo sitúa en el compromiso de asegurar y prevenir que los actores públicos y privados no incurran en acciones que transgredan los derechos de las niñas y los niños con discapacidad. Nuestro país no ha sido omiso a dichas necesidades y compromisos, por ello en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-218 se propone como meta garantizar la inclusión y la equidad del sistema educativo. En virtud de ello, nos encontramos discutiendo el dictamen de uno de los ejercicios legislativos que fijará bases sólidas para la erradicación de todo acto de discriminación o desigualdad en materia educativa. Coincidimos que es necesario impulsar, reformar y hacer políticas públicas en materia de educación para las personas con discapacidad con el objetivo de que se desarrollen de manera plena a través del fomento del respeto a la diversidad y el reconocimiento de la igualdad de derechos en todas las personas. Observamos viable el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, pues estamos convencidos de que es una vía exitosa para lograr que todo individuo tenga derecho a recibir educación de calidad en condiciones de equidad, así como la inclusión y la no discriminación mediante el fomento a la valoración de la diversidad y la cultura de inclusión como condición en el enriquecimiento social y cultural. Para ello será necesario trabajar siempre bajo el principio de inclusión, programas de capacitación, asesoría y apoyo a los maestros que atiendan a alumnos con discapacidad y con actitudes sobresalientes, en donde se identifiquen las capacidades y se eliminen las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en la sociedad, de las personas con discapacidad, con dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación. Por todo ello los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde, votaremos a favor del presente dictamen, pues estamos convencidos que es la vía idónea para asegurar que la niñez mexicana que vive con alguna discapacidad o necesidad especial, como grupo especialmente vulnerable, tenga acceso a la educación mediante un servicio diseñado para satisfacer sus necesidades específicas y para su adecuada inclusión social al sistema educativo en todos sus niveles. Es cuanto.