La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado presidente. Nada más injusto que iniciar una competencia con los árbitros y reglas en contra. Ése es el caso de Petróleos Mexicanos que enfrentara la apertura del sector energético con la inercia y vicios de un régimen fiscal que depreda sus ingresos para solventar la ineficiencia del gobierno mexicano, y afortunadamente esto lo acaban de reconocer quienes me antecedieron, 12 años de dilapidación de los ingresos petroleros. Para el caso de asimetría fiscal y renta petrolera quiero resaltar que el régimen para asignatarios léase Pemex y sus empresas subsidiarias, mantiene la actual figura fiscal que coloca a la paraestatal en el segundo lugar en el ranking mundial de empresas con utilidades antes de impuestos, pero la baja al lugar 86 después de pagar ingresos; ése es el régimen fiscal que daña a Pemex y que ustedes con esta reforma mantienen y no le dan alientos a la empresa para que sea más productiva; el mismo régimen fiscal para Pemex que lo ahoga en este ranking al 86 lugar, pero eso sí, a los contratos todas las facilidades para que tengan sus ganancias. A pesar de esto, lejos de apoyar, a la todavía paraestatal, se sostiene el candado de la reforma de 2005, en el sentido de que solo puede deducir 6.5 dólares por barril. Independientemente del precio en el mercado, esta medida le cuesta a Pemex 100 mil millones de pesos anuales, lo que significa una enorme desventaja frente a sus futuros competidores a quienes se ofrece un régimen fiscal a modo conforme al contrato y donde se reconocen y reconozcan los costos. El régimen tributario derivado de este nuevo esquema de explotación de hidrocarburos con participación del sector privado y del actual sector público, ha llevado al Ejecutivo a proponer dos esquemas de tributación diferentes para uno y para otro. Por un lado mantiene el actual esquema de la Ley Federal de Derechos aplicable a Pemex como empresa productiva del Estado y, por otro, establece un ventajoso régimen de ISR y contraprestaciones para el sector privado, donde el cobro por la renta petrolera se vuelve una relación entre particulares que el Estado mexicano renuncia a sus facultades como autoridad fiscal para reestablecer una nueva relación entre privados. Esto genera una situación única entre la Secretaría de Hacienda y un particular respecto de las regalías y cualquier otra contraprestación establecida en el contrato. El mismo Ejecutivo reconoce que el modelo que hasta el momento ha sido exclusivo para Petróleos Mexicanos no resulta adecuado a la nueva organización de la industria petrolera que estableció la reforma constitucional, por lo que decide que el Estado debe renunciar a sus facultades como autoridad fiscal y se convierta en un particular más para asegurar el cobro de la renta petrolera. De nueva cuenta, el dictamen que hoy se pretende aprobar es insultante para los mexicanos porque parte de una base inconstitucional bajo la figura de contratos para cubrirle los gastos a las inversiones privadas y repartir las ganancias adquiridas en su favor. El problema más grande con la recuperación de costos es que se presta al abuso por los contratistas. Es imposible, y aquí creo que nadie ha podido ni en comisiones, mucho menos en pleno, aclarar y garantizar cómo es que van a lograr evaluar cuáles fueron los costos de los contratistas. Esto es imposible analizarlo en una exploración de un yacimiento petrolero y por lo mismo es muy fácil que los contratistas inflen estos costos para hacerse de renta petrolera que no les corresponde y, sobre todo, la que no pagarán las contribuciones correspondientes. Ya lo hemos dicho y lo reitero hoy. Son concesiones disfrazadas de contratos, lo que es una descarada violación a la Constitución. El artículo 21 de la Ley de Hidrocarburos, vinculado con la Ley de Ingresos que hoy nos ocupa, establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y los contratistas no se someterán en ningún caso a las leyes extranjeras, incluso en el procedimiento arbitral conforme al Código de Comercio o tratados internacionales en la materia de arbitraje y solución de controversias de los que México sea firmante. Es decir no se puede acudir a los tribunales internacionales, aunque no podemos descartar que mediante artimañas legales encuentren la manera de llevarnos ante éstos como sucede en países como Argentina, Ecuador y Bolivia. Lo que estamos presenciando es precisamente los funerales de estas dos empresas paraestatales Pemex y CFE; cuando Pemex es la que nos da los ingreso a los mexicanos en más de un 40 por ciento de los ingresos totales de este país anualmente. Eso es lo que estamos presenciando el día de hoy. Pero nos preocupa nuestro país y por eso hemos hecho propuestas como la siguiente: a pesar de que se establece como obligación la transparencia y rendición de cuentas para el sector público en materia de recursos, sería conveniente solicitar, lo hemos dicho y lo repetimos, al sector público en materia de recursos, que participe en los contratos o a los que subcontraten con empresas públicas, la obligación de cotizar en la bolsa de valores, para lo cual deberán ser sociedades anónimas bursátiles de capital variable e informar a sus accionistas de manera pública a través de los reportes y regulación de dicha bolsa. Ello para contar con una forma de corroboran la información que publique la Secretaría de Hacienda sobre los ingresos derivados de la renta petrolera y el Fondo Mexicano del Petróleo. Además de que en caso de ser extranjeras, se comprometieran a transferir la tecnología y desarrollar polos de ciencia y tecnología en el país. Es importante resaltar que la cotización en la bolsa los obligará a ser evaluados... Aquí están las propuestas, escúchenlas. Traen consigna de no atender ni una sola coma. No nos vengan a decir que tenemos pobreza en los argumentos cuando no son capaces de incluir una sola corrección en estas leyes que laceran al país. Escuchen lo que estamos diciendo...