El diputado Sergio Penagos García: Con su permiso diputado Presidente. Con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 55 fracción II de los de Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, quien esto suscribe, diputado federal Sergio Penagos García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, acudo a esta soberanía para presentar a su consideración la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que reforma el tercer párrafo de la fracción V del artículo 139 de los de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, en términos de la siguiente Exposición de Motivos La Ley del Impuesto Sobre la Renta, entre muchas otras disposiciones de carácter fiscal, ha venido sufriendo con el paso del tiempo diversas modificaciones con el propósito de ajustarse a la realidad mexicana. Estos cambios en algunas ocasiones han producido resultados deseables y en otras, es debido reconocer, generan efectos contrarios al bienestar de los gobernados, pues su aplicación acaba siendo compleja y esto indudablemente genera condición de inequidad para quien se encuentra obligado al cumplimiento de una norma incierta. Es cierto que todos los ciudadanos estamos constreñidos al cumplimiento de la ley, incluso cuando el contenido de la misma no nos place, o bien podemos considerarlo injusto. Es bien cierto también que el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, establece como una de las obligaciones de los ciudadanos mexicanos, el contribuir al gasto público en la forma proporcional y equitativa en que las leyes lo dispongan; sin embargo, no son pocas las veces en que las leyes fiscales, debido a la falta de claridad en su disposición, se alejan de esa característica de equidad que debiera distinguirlas. Tal es el caso de la disposición contenida en el tercer párrafo de la fracción V del artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día lunes 30 de diciembre del año 2002, misma que hasta el día de hoy, a la letra dispone lo siguiente: "El Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general podrá liberar de la obligación de expedir dichos comprobantes, tratándose de operaciones menores a 100 pesos". Una vez conocido el contenido del referido precepto legal, es fácil concluir que se trata de una norma que produce incertidumbre en el contribuyente. Dado que al señalar la ley que el Servicio de Administración Tributaria podrá liberar de la obligación, se le concede al mismo una facultad de carácter potestativo, pues está claro que la autoridad recaudadora puede o puede no liberar al contribuyente de la obligación en cuestión. De la misma forma en que se plantea el problema anterior, es de reconocerse que al no señalar temporalidad alguna, también se pone en manos de la autoridad la posibilidad de eximir a los contribuyentes de la obligación de expedir comprobantes fiscales por una temporada y en un momento determinado dejar de conceder ese beneficio legal sin aviso previo. Con ello se coloca al gobernado en otra situación de incertidumbre, pues se le mantiene injustamente en la necesidad de verificar en todo momento, la vigencia de la disposición de la autoridad recaudadora decida adoptar arbitrariamente. Por otra parte no es menos importante que al tratarse de una facultad de índole potestativa, las reglas generales a las cuales hace referencia el precepto que nos ocupa. También pueden o no, ser expedidas por la autoridad tributaria, colocando una vez más en situación incierta al causante. Una circunstancia que el legislador no debe obviar, es el hecho que los preceptos contemplados en el artículo 139 que contiene el párrafo cuya modificación se propone, están dirigidos a los pequeños contribuyentes y son éstos quienes cuentan con menores oportunidades para acceder a los consultores profesionales que se mantienen enterados de las cambiantes disposiciones fiscales. Por tanto, es de reconocerse que los obligados, al conocer la norma y cumplirla, no tienen la misma ocasión para enterarse por anticipado de los cambios en las políticas públicas aplicables por parte del Servicio de Administración Tributaria. Ahora bien, nadie que se encuentre obligado por la ley para colaborar con el gasto, debe estar en la búsqueda de caminos para eludir sus deberes ciudadanos y por supuesto; ello implica el conocimiento previo de los mismos. Sin embargo, el argumento de que la ignorancia de la ley a nadie favorece, no puede permitirle a la autoridad el lujo de generar disposiciones legales cargadas de incertidumbre, imponiendo al ciudadano la tarea de mantenerse a la expectativa de sus cambios de humor en forma permanente. Igualmente es oportuno hacer notar que mientras la experiencia se ha encargado de demostrar lo indebido que resulta señalar cantidades líquidas dentro de las leyes para establecer parámetros o las multas aplicables por la autoridad, el dispositivo cuya reforma se propone incurre en ese error técnico, ya que establece un importe de 100 pesos; el monto de las operaciones por las cuáles los causantes pueden ser eximidos de la obligación de expedir los comprobantes correspondientes. Por lo anterior se propone que al modificarse el dispositivo legal en estudio, también se adecué el monto de las operaciones realizadas, sustituyendo la cantidad líquida de 100 pesos, por la equivalencia del importe de 2 días de salario mínimo fijado para el Distrito Federal, pues de esta forma se garantiza que el precepto se actualice así mismo, sin necesidad de ajustar el texto de la ley repetidamente. De tal forma, se propone que el tercer párrafo de la fracción V contenida en el artículo 139 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, exprese con toda claridad que la autoridad recaudatoria, habrá de eximir de la obligación de expedir los comprobantes con requisitos fiscales a los contribuyentes, a quienes se aplica el régimen comprendido en la sección tercera del capítulo 2°, del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, siempre que las operaciones realizadas no rebasen el importe equivalente a dos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Bajo estos razonamientos, es que resulta posible proponer a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 139 en su fracción V, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. Artículo único. Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 139 en su fracción V, tercer párrafo de la Ley del Impuesto Sobre la Renta para quedar como sigue: Artículo 139, fracción V. "...el Servicio de Administración Tributaria, mediante reglas de carácter general, eximirá de la obligación de expedir dichos comprobantes tratándose de operaciones menores al importe equivalente a dos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal". Transitorio: Primero. La ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 16 días del mes de marzo del año 2006. Es cuanto, diputado Presidente.