El diputado Oscar Rafael Novella Macías: Con su venia, presidenta. El día de hoy presento la siguiente modificación al artículo 75 del dictamen de la Comisión de Salud, con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de adicciones. Compañeras y compañeros, de acuerdo al Plan Integral sobre Salud Mental 2013-2020, los grupos vulnerables que pueden correr un riesgo significativamente mayor de sufrir problemas de salud mental están representados por las personas en situación de pobreza, personas con problemas crónicos de salud, los niños expuestos al maltrato o al abandono, los adolescentes expuestos al abuso de sustancias, los grupos minoritarios, las poblaciones indígenas, las personas de edad avanzada, las personas de la diversidad sexual, los prisioneros y las personas expuestas a conflictos, desastres naturales u otras emergencias humanitarias. En términos de respuesta se identifica que, en los países de ingresos bajos y medios, entre un 76 por ciento y un 85 por ciento de las personas con trastornos mentales graves, no reciben tratamiento. De acuerdo al Atlas de Salud Mental de las Américas, en México y países del Caribe Latino, la mediana de gasto en salud mental es de 1 dólar per cápita, en tanto que en hospitales psiquiátricos es de 0.57 per cápita. En esta misma línea, la situación respecto al número de profesionales de la salud mental, disponibles para dar atención a la población no es alentadora, ya que se estima que, en México y países del Caribe Latino, por cada 100 mil habitantes, la mediana de psiquiatras es de 0.9, de psiquiatras infantiles es menor a 0.4, de psicólogos es de 7.3 y de trabajadores sociales es de 0.3, lo cual representa niveles muy distantes de países de ingresos altos, como Estados Unidos y Canadá. Las modificaciones que propongo al artículo 75, en sus párrafos cuarto y sexto, son las siguientes: Párrafo cuarto. Las instituciones de atención de trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas deberán privilegiar el internamiento voluntario, sin que medie la coerción del personal de las instituciones, con el consentimiento informado del tratamiento otorgado por el paciente. El impartimiento involuntario deberá ser notificado a la autoridad judicial y, en su caso, podrá ser revisado por la misma a petición de la persona internada o de su representante. En todo caso, durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona internada, la cual no podrá ser incomunicada de sus familiares, tutor o representante legal. Y del párrafo sexto. En el caso de internamiento de niños, niñas o adolescentes, se recabará la opinión de los mismos y se dejará registro en la historia clínica. En caso de no estar de acuerdo con el internamiento, la institución junto a la madre, el padre o tutor, deberán valorar otras alternativas de atención. Adicionalmente, la reserva en que este momento estoy presentando fue modificada para recuperar un párrafo del artículo 75, respecto del dictamen original, en consenso con los grupos parlamentarios de Morena, PAN, Movimiento Ciudadano, PES, PRI, PRD y Partido Verde Ecologista de México, que a la letra dice: Por ningún motivo el internamiento puede ser indicado prolongado, si tiene el fin de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente. Hago entrega a la Secretaría la versión original. Es cuanto.