El diputado Armando Barreiro Pérez: Con permiso, diputado Presidente. Diputadas y diputados, con fundamento en el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a su consideración la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos, bajo la siguiente Exposición de motivos Parte fundamental en el debate que se desarrolla a partir de la expedición de la Ley para la Reforma del Estado en lo relativo al de las Fuerzas Armadas, específicamente del Ejército Mexicano. Uno de los principales objetivos de estas reformas debiera ser el anteponer el concepto de ciudadanía por encima del concepto militar, de tal manera que los integrantes del Ejército se conciban como ciudadanos que ejercen una actividad determinada para la cual han desarrollado habilidades específicas y no como parte de una corporación cerrada, endógena, con privilegios, como ocurren en la actualidad. Preocupación principal de políticos y académicos han sido los problemas relacionados a la conformación de un cuerpo armado, profesional, moderno homogéneo y, sobre todo, bajo el control del poder civil, lo cual permitiría la consolidación de dos objetivos primordiales: la consolidación del Estado mismo y la construcción de una identidad nacional. Desde los años cincuentas del siglo pasado, el destacado teórico de las relaciones cívico-militares, Samuel Huntington, estableció que los indicadores para determinar el grado de desarrollo de los mecanismos de profesionalización del Ejército son: 1. La maestría en la administración de la violencia. 2. La responsabilidad respecto al orden social prevaleciente. 3. El carácter corporativo de la profesión militar al conformar un cuerpo burocrático organizativo y especializado. No obstante, se han antepuesto los intereses políticos, de personas o grupos a los intereses de la nación y la construcción de un aparato castrense eficiente ha quedado relegado, dejando a nuestras Fuerzas Armadas en una situación de desventaja frente a la acelerada democratización de otras organizaciones militares, sobre todo en el último cuarto del siglo XX. El problema que ha planteado el desarrollo democrático de las sociedades latinoamericanas a sus ejércitos es, justamente, el de la redefinición de las relaciones cívico-militares. El término mismo, "relaciones cívico-militares", es poco afortunado, ya que la ambigüedad del lenguaje ha permitido que desde una perspectiva ideológica se haya degradado el concepto, brindándole una interpretación errónea por la que se pretende separar, e incluso contraponer a la sociedad civil con sus representantes uniformados. Los militares son parte integral e indivisible de la sociedad civil a la que pertenecen y que les da lugar, tarea, misión y presupuesto. Un proceso democratizador no implica introducir procedimientos en las Fuerzas Armadas para gobernarse a sí mismas, tales como pudieran ser elecciones o votaciones con el propósito de promover, nombrar o remover a sus elementos. Significa establecer jerarquías militares de mando claramente definidas, encabezadas por las autoridades estatales legales. La profesionalización constituye el elemento central en los esfuerzos que deben desarrollar los Estados para mantener el control civil sobre los militares. El profesionalismo convierte a los militares en políticamente estériles, neutrales y listos para llevar a cabo los deseos de cualquier grupo civil que tenga la autoridad legítima dentro del Estado. En varios países del mundo es generalmente reconocida la necesidad, en el caso de las Fuerzas Armadas, de establecer una cadena de mando clara que inicie con el presidente, como su jefe superior, el cual define y opera su mandato político a través de un ministro o secretario de despacho de origen civil. Esto es, el concepto de democracia da por sentado que los gobernantes son los representantes del pueblo y que es el pueblo quien tiene el poder supremo; por ello, ningún sector del Estado puede estar excluido de su control. Los militares defienden a los ciudadanos de posibles amenazas y las decisiones que se toman en el ámbito de esta defensa afectan la vida de los habitantes y el destino de los recursos públicos. Por ello, la sociedad tiene que hacer contrapeso al poder del Estado y el Estado tiene que fomentar la participación de las organizaciones de la sociedad civil. En un régimen democrático, los civiles están a cargo de los asuntos de la nación y entre ellos, de controlar el uso de la fuerza por parte del Estado y sus instrumentos. Por todo lo anterior, la presente iniciativa se propone reformar el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea para introducir la posibilidad de que sea un civil, hombre o mujer, quien dirija la política de defensa nacional en nuestro país, sin menoscabo de las facultades técnico-operativas del Ejército. Por lo anteriormente expuesto y fundado, pongo a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto Artículo único. Se reforma el artículo 16 de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 16. El mando del Ejército y Fuerza Aérea lo ejercerá el secretario de la Defensa Nacional, el cual será un ciudadano o ciudadana mexicano, hijo de padres mexicanos, designado por el Presidente de la República. Es cuanto, diputado Presidente. Por la brevedad del tiempo solicito sea insertado el texto íntegro al Diario de los Debates. Muchas gracias.