El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señora presidenta. A lo largo de la historia las mujeres trabajadoras en todo el mundo han librado una lucha para que sus derechos le sean reconocidos. A partir de que las mujeres comenzaron a incrementar sustancialmente su participación en la vida laboral, las demandas sociales de las mismas comenzaron también a multiplicarse. Al tener que deja las labores del hogar para ayudar con los ingresos del mismo, se hizo necesario que a las mujeres se les garantizara un esquema especial de protección en virtud de las diferencias que guardan respecto a los hombres, como por ejemplo, el caso de un eventual embarazo. Una de las grandes conquistas de los trabajadores ha sido el establecimiento del sistema de seguridad social a través de los cuales se les garantiza a ellos y a sus familias el acceso a la salud. En nuestro país a estos sistemas se les han adicionado los esquemas de protección por los que las mujeres trabajadoras han luchado tanto y a través de los cuales se les otorga una licencia por maternidad con goce de sueldo, además de lo cual se otorgan recursos como apoyo para solventar los gastos que el embarazo genera. Con lo anterior se garantiza tanto a las mujeres trabajadoras como a las concubinas de los trabajadores, que son derechohabientes de alguna de las diferentes instituciones públicas de salud, que el proceso reproductivo humano tenga lugar en condiciones de bienestar físico, mental y social tanto para la mujer como para los recién nacidos. Sin embargo las hijas de los trabajadores con acceso al sistema de seguridad social, de acuerdo a la institución de que se trate, no necesariamente tienen garantizadas esas condiciones en el supuesto de estar embarazadas y pertenecer a cierto rango de edad. Este es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el que las hijas de los trabajadores que tienen más de 16 años y resultan embarazadas, no tienen cobertura por parte de la institución, salvo en el supuesto de que se encuentren cursando estudios de nivel licenciatura en alguna de las instituciones que conforman el Sistema Educativo Nacional. La comunidad internacional ha venido recalcando la necesidad de proteger los derechos de las mujeres embarazadas. Un ejemplo de ello es la Declaración de Barcelona sobre los Derechos de la Madre y el Recién Nacido, firmada en España en septiembre de 2001, que insta a los legisladores y gobiernos de todo el mundo sobre la necesidad de garantizar a las mujeres embarazadas una atención médica adecuada, de modo tal que las futuras madres tengan a su disposición los avances tanto diagnósticos como terapéuticos aplicables durante el embarazo y el parto. El documento pide también a los gobiernos que se garantice a las mujeres embarazadas una adecuada nutrición, así como información y asesoría sobre temas de salud reproductiva para que no se afecte el desarrollo óptimo del bebé. Es importante resaltar que aquí también se involucran los derechos de los niños y niñas a los que el Estado está obligado a garantizarles el acceso a condiciones que permitan un crecimiento sano y armonioso y para ello es esencial protegerlos desde que éstos se encuentran en el vientre de su madre. Debemos recordar que las mujeres que no reciben atención médica durante el embarazo, lo cual es común especialmente en los casos de adolescentes embarazadas, aumentan el riesgo de morir durante el parto, además de que la posibilidad de que los bebés con madres adolescentes registren bajo peso al nacer aumenta de manera debida, principalmente debido a causas orgánicas tales como anomalías placentarias y nutrición deficiente no detectadas o no recibir atención médica. Cabe recordar que en el caso de otras instituciones de seguridad social como el ISSSTE y el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, de acuerdo a sus leyes, se establece que las hijas trabajadoras se encuentran cubiertas en lo que respecta a la atención obstétrica hasta los 18 años, plazo que puede ser prorrogable en caso de estar inscritas en alguna institución pública de educación superior. Resalta entonces la necesidad de que se reforme la Ley del Seguro Social para que se atienda a las hijas adolescentes de los trabajadores en caso de que resulten embarazadas, homologando ésta con otras leyes que sí brindan protección materno-infantil a las madres adolescentes que son hijas de derechohabientes. Por lo anterior, el grupo parlamentario del Partido Verde votará a favor del presente dictamen que pretende reformar el artículo 95 de la Ley del Seguro Social para que las hijas embarazadas de los trabajadores derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social tengan derecho a recibir asistencia obstétrica. Como lo mencionó quien me antecedió en la palabra, la diputada Luis María Alcalde, sólo recomendamos que también se revise perfectamente bien el esquema financiero, pero reconocemos que aquí no se puede escatimar y que tenemos que hacer un esfuerzo adicional para este tipo de políticas de carácter social. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto.