La diputada Carmen Rocío González Alonso: Toallasgate, Oceanografía, la Casa Blanca, Odebrecht, la estafa maestra, las 23 lujosas de Manuel Bartlett, las entregas de dinero a Pío y Martín López Obrador, Carlos Lomelí y sus negocios con el sector salud, el patrimonio ostentoso encontrado a la extitular de la Secretaría de la Función Pública, 8 de cada 10 contratos de obra pública se adjudican de manera directa y el más reciente escándalo de presunta corrupción señalado por distintos medios de comunicación, la mansión del bienestar otorgada supuestamente de la millonaria ampliación a los contratos de Baker Hughes. Y así puedo continuar señalando muchísimos escándalos mediáticos, porque solo se han quedado ahí, en la inmediatez, porque la Secretaría de la Función Pública que tiene atribuciones de investigación y de sanción, hoy es juez y parte en la administración pública federal. Por eso, hoy vengo aquí a presentar una iniciativa que reforma la Constitución de nuestro país para crear el instituto de la función pública. Comienzo diciendo que hace 40 años se inició con esta lucha del combate a la corrupción para erradicarlo y para hacerle frente y, por eso, hace 40 años, en 1982 se creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación. Con el paso del tiempo y como todo es perfectible, ha tenido muchísimos cambios. En 2003 adoptó finalmente el nombre de Secretaría de la Función Pública, como todos la conocemos hoy. Las atribuciones que tiene hoy la Secretaría de la Función Pública, escuchen bien, equivalen a las de un órgano anticorrupción, nada más que carece de independencia política, es decir, se encuentra bajo un control político y en palabras más claras, está sometida al presidente. En la reforma de 2015, de mayo de 2015, cuando se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se propuso fortalecer a esta Secretaría en materia preventiva, correctiva, de auditoría, investigación y sanción. En aquella reforma de 2015 se determinó que no solo era oportuno, sino era necesario darle estas nuevas facultades para fortalecer el nuevo sistema anticorrupción y para que se pudiera dar el engranaje entre la administración pública federal, la transparencia y la rendición de cuentas. Sin embargo, en esta última reforma se determinó que el nombramiento de la misma la propusiera el presidente y fuera ratificada por el Senado. Claro, para buscar que no hubiera conflicto de interés y para revisar que la persona fuera la idónea para el cargo. Como era de esperarse, en este gobierno de Morena esto no sucedió, pues a quien propuso el presidente para los primeros años, Irma Eréndira Sandoval, participaba abiertamente en Morena y carecía de idoneidad para el cargo. Por ello, las diputadas y diputados del PAN creemos que es apremiante generar mecanismos en el nombramiento del titular de esta dependencia, y que garantice imparcialidad, apego a derecho, que su actuar no esté cooptado por el presidente, por sus amigos o por sus compañeros de partido, y sobre todo que genere confianza en la ciudadanía. Necesitamos, compañeras, compañeros diputados, fortalecer el modelo de combate a la corrupción a través del nombramiento de sus titulares, así como asegurarnos que cuenten con plena autonomía. No olvidemos que en este sexenio hemos enfrentado realmente las prácticas absolutistas de un solo hombre, por ello pretendemos generar, desde la legislación, los contrapesos institucionales. Los invito a dar un paso más en el fortalecimiento del combate a la corrupción e impunidad que han atravesado todos los gobiernos y a todos los partidos. Urge que esta dependencia no sea omisa e investigue a fondo los asuntos que ameriten impresión política, y que actúe con total transparencia en la prevención de compras gubernamentales y obras públicas. Aprovechamos que esta dependencia cuenta con servidores públicos muy comprometidos y capaces, y esta reforma ayudará a fortalecer su trabajo y a dar mejores resultados. Es cuanto.