La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, presidente. El cobro de los derechos es un cargo tributario unilateral establecido en la ley a los habitantes por parte del Estado cuando son beneficiarios de algún servicio prestado por gobierno. Este ingreso está destinado a satisfacer el gasto público. El dictamen presentado en materia de derechos pretende incrementar los derechos a los que se refiere en una proporción desmedida y sin justificación. En esta dinámica, la prestación del gobierno por los servicios en materia de migración y de capacitación del artículo 80, 8 y 86 respectivamente de la Ley Federal de Derechos, no se encuentran establecidos en los parámetros que establece el propio artículo 17 A del impuesto sobre la renta para la actualización de acuerdo a la inflación. La propuesta del Ejecutivo respecto de la cuota por permiso para realizar actividades remuneradas por los migrantes, dictaminada en el artículo 8, plantea que los migrantes que deseen acreditar su condición de estancia en el país aumente en un 28.2 por ciento a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas. Al pasar de 390 pesos en la actual ley a 500 pesos por ese derecho, contrario a lo establecido en el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación, ya que la inflación prevista es del 3.33 por ciento. Por otra parte, el artículo 186 del dictamen que hoy discutimos actualiza las tarifas en materia de capacitación que se imparten en los 199 centros de capacitación para el trabajo industrial, en los 27 institutos descentralizados de capacitación para el trabajo que cuentan con 279 unidades de capacitación, derogando el inciso c) de la fracción XXIV y adicionando la fracción XXVII, donde establece un cambio en los derechos y que se paguen por hora y no por curso. La capacitación de las personas debiese alentarse en una lógica de mayor calificación en el trabajo y eso debería retribuirles a los habitantes del país que ofrecen su capital humano, un mayor beneficio en su trabajo. Si bien la capacitación no es parte del artículo 3o. de la Constitución Política, sí es elemental para las personas que se encuentran con algún grado de rezago tecnológico y/o del uso de herramientas necesarias para que se puedan involucrar en el mercado laboral. Considerando que, de acuerdo a la información establecida en la página web de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo indica que la duración de los cursos es de 100 a 450 horas, por lo que el incremento por el costo de los cursos sería mayor a la inflación proyectada. Por lo anteriormente expuesto, es que solicitamos el voto a favor de estas reservas, pues para el Grupo Parlamentario de Morena es indispensable fomentar los derechos de las personas migrantes residentes en el país, para así generar una mayor certeza en su ingreso y puedan generar una actividad remunerada. Por lo que se propone que en el artículo 8, fracción I, se incremente la tarifa de acuerdo al deflactor, que es de 1.03 y pase de 390 pesos a 402 pesos. Para la actualización que se pretende realizar en el artículo 186, el Grupo Parlamentario de Morena considera necesario mantener la misma cuota de 451.21 por el total del curso y no por hora, de 7.35, como se dictamina. Porque, si bien como ya expresé, la capacitación no forma parte de la educación, es una herramienta para desarrollar y fortalecer actitudes. Sometemos a consideración del pleno la modificación propuesta a fin de determinar el incremento de los pagos de cuotas de los permisos para realizar actividades remuneradas en el artículo 8, quedando en 402 pesos. Y el pago de cuotas por los cursos que imparte la Secretaría de Educación Pública, del artículo 186, quedando en 415.21 pesos, conforme al incremento de acuerdo a la inflación. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Morena propone que los artículos 8 y 186 de la Ley Federal de Derechos se actualicen de acuerdo a la inflación proyectada y no sufran incrementos desproporcionados. Es cuanto, señor presidente.