LA C. DIPUTADA MARIA MIROSLAVA GARCIA SUAREZ (PRD): También pudiera ser un poquito más. Con el permiso de la Presidencia. Bueno, pues miren, no he podido resistir la tentación de subir en esta oportunidad a expresar algunas ideas a propósito del aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque precisamente en alguna otra sesión Permanente del mes pasado, esta misma Diputada vino a proponer la reactivación de los trabajos legislativos sobre la Reforma del Estado y por lo tanto, desde luego, sobre la revisión y el análisis muy puntual de conceptos de artículos sobre nuestra Constitución Política. En ese sentido yo quiero en este momento destacar una situación, compañeras y compañeros Legisladores, a veces se habla de la Constitución Política como si ésta nunca hubiése sido modificada a lo largo de su historia. La Constitución -ustedes saben- ha sufrido más de 400 enmiendas, modificaciones, de diferente tipo. Quisiera decir, además, que desde que empieza el modelo económico vigente, a partir de los 80´s, hay una gran cantidad de reformas constitucionales que van justamente enmarcadas en un nuevo modelo económico, que por cierto en este Congreso nunca se discutieron, fueron iniciativas generalmente del Ejecutivo que se aprobaron en forma automática. Es decir, 200 reformas del sexenio de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y del Doctor Zedillo. Si vemos el sexenio o la administración inmediatamente anterior a la actual, nos vamos a dar cuenta que 80 modificaciones se realizaron a la Constitución en el sexenio de Ernesto Zedillo. Entonces ¿ante qué estamos? Es una Constitución que ha sido deformada. Es una Constitución que desde luego tiene principios conceptuales válidos vigentes y podemos hablar de lo establecido en cuanto a educación, salud, en el terreno laboral, en el ejido, en el sector de energéticos, etcétera. Pero si somos estrictos en la revisión de nuestra Constitución, es una Constitución bastante deformada de la original, que en muchos casos han sido incluso contrarreformas como en el caso del 92 en relación al campo. En fin, no me dan estos cinco minutos que me otorga la Presidencia para enumerar todas las contrarreformas ni las reformas positivas que ha tenido también nuestra Constitución. Pero lo que sí les quiero decir, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, es que nosotros consideramos la necesidad desde luego de la reforma democrática del Estado. Y que para hacer realidad esta reforma democrática del Estado que está pendiente, necesitamos desde luego revisar la Constitución. Pero yo sí quisiera también decirles que estamos de acuerdo, que estamos desarrollando propuestas, que incluso las hemos presentado en ese sentido en las dos tribunas, tanto en el Senado como en la Cámara, sobre temas que nos interesan y que hemos dicho estar coincidiendo, por lo menos en el dicho: fortalecimiento del Congreso, equilibrio de poderes, federalismo hacendario realmente, democracia, para incluir los conceptos que un legislador que me antecedió ya mencionaba, el referéndum, la consulta popular, el plebiscito; sí, son figuras que nosotros incluso no sólo mencionamos, sino que ya formulamos iniciativas de ley en relación a eso. Por último, yo lo que les quiero decir es que no con el pretexto de revisar nuestra Constitución y de modernizarla, se vaya a caer en el juego perverso que varias administraciones anteriores han tenido: cambiar la Constitución para privatizar, cambiar la Constitución para modernizar, cambiar la Constitución para vender, como en venta de garaje, los activos nacionales y las empresas propiedad del Estado. En ese punto sí le queremos decir a todos ustedes, señores legisladores, y también al Presidente Fox, que no estamos de acuerdo en cambiar la Constitución Política de nuestro país para privatizar el sector de energéticos y el sector de la industria eléctrica nacional en concreto. Por último yo quisiera decir y referirme a algo que tal vez en esta sesión el tiempo no me alcance para hacerlo, pero sí decirles que ante la declaración del Presidente Fox de decir que no va a recibir apoyos a cambio de ... -PRESIDENTE, DIP. JOSE MANUEL MEDELLÍN MILAN: Termine, por favor diputada. -DIP. MIROSLAVA GARCIA SUAREZ: Si me permite, con mucho gusto. Retomo la idea. A respuesta de lo que el Presidente Fox mencionó sobre que no va a recibir apoyos políticos a cambio de impunidad, yo lo único que quiero decir a nombre de mi fracción es: que lo demuestre. Es cuanto, señor Presidente. -PRESIDENTE: Gracias diputada. El ciudadano senador Armando Cavaría ha solicitado el retiro del punto que estaba agendado en siguiente término y por lo tanto abordaríamos el que le sigue, el último de la orden del día y que se refiere al alza de las tarifas eléctricas residenciales. Y para abordar este tema en primer término tiene la palabra el senador Armando Cavaría. -SEN. ARMANDO CHAVARRIA BARRERA: Sí, antes de iniciar Presidente, si me permite una corrección. Usted había anunciado el término de las cuatro horas , en función de eso se planteó una posposición de este tema para la próxima sesión, o sea, no es un retiro del punto. -PRESIDENTE: Es correcto, será agendado en la siguiente sesión. -DIP. ARMANDO CHAVARRIA BARRERA: Digo, atendiendo a la petición de la Mesa Directiva. -PRESIDENTE: Se lo agradezco mucho. -DIP. ARMANDO CHAVARRIA BARRERA: Con su permiso, Presidente. El 28 de enero del presente año, los titulares de las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Energía sacudieron a la nación, al anunciar el incremento de las tarifas del servicio eléctrico residencial. La protesta ciudadana generalizada no se hizo esperar, toda vez que se suma a una interminable lista de agravios que profundizan la justificada irritación social. Este hecho demuestra una vez más que las acciones de gobierno no sólo están conscientemente alejadas de las promesas de campaña, lo cual equivale a un fraude político, sino cínicamente de la realidad misma, toda vez que se pasa por alto la difícil y evidente situación de las mayorías que desde hace años, día con día ven cerrarse las oportunidades de un empleo digno y a la vez son víctimas del deterioro del poder adquisitivo del salario. Las desbocadas promesas del Ejecutivo de que ahora sí mejoraríamos en todos los ámbitos las condiciones de vida de los mexicanos, quedaron hechos trizas desde el principio del presente año. La economía nacional se encuentra en un profundo hoyo negro y se puede aseverar, no conjeturar, que el crecimiento no será suficiente para generar los empleos que se demandan, incrementando así exponencialmente el rezago histórico. Obviamente la meta inflacionaria del 4.5 se viene abajo. Sólo con el aumento de las tarifas eléctricas, más lo que se acumule con los incrementos en mercancías, bienes y servicios, tal y como lo reconoce el propio Banco de México, mientras que los salarios se sujetarán hacia la baja, de acuerdo con el tope impuesto en función de una falsa expectativa inflacionaria. Así las cosas, en su desmesurada avidez de allegarse recursos a costa de las clases populares y medias, y sin afectar a los grandes concentradores del capital, el Gobierno propicia una mayor inflación, lo cual conducirá inevitablemente a nuevos recortes presupuestales y costos financieros para mantener el equilibrio macro económico, mismos que, como siempre, se harán a costa sustantivamente del gasto social abonando así el círculo vicioso de la concentración de los beneficios en unas cuantas manos y por tanto al deterioro de los derechos sociales y la calidad de vida de los asalariados. Resulta no sólo injusto sino ofensivo que se subsidien hasta el infinito las ineficiencias privadas como es el caso de la Banca y la construcción de la infraestructura carretera, cuando en contraste se retiran apoyos a quienes desde hace décadas se han sacrificado para que se realice un ajuste estructural que en nada les ha beneficiado. Ya resulta inadmisible la explicación chantajista que repite como acto de fe el argumento de que si no se subsidia a los banqueros todos salimos perdiendo pues se vendría abajo el Sistema Bancario y Financiero. Igualmente ya no convence a nadie la idea de que la irresponsabilidad fiscal del gran capital debe tolerarse porque, de otra manera, se ahuyentarían las inversiones y por lo tanto el empleo y los ingresos familiares Se agotan aceleradamente los argumentos en el sentido de que la quita de subsidios al capital se revertirían por la vía de los precios a los consumidores que supuestamente se pretende proteger. Y en el colmo, es cada vez más inadmisible la idea de que la recuperación real del salario propiciaría un círculo vicioso que terminaría afectando a los propios asalariados. Es decir, para todo hay una justificación y una respuesta positiva, para todo hay una supuesta solución con excepción de la variable salarial. Esto no sólo atenta contra toda lógica de equilibrio, justicia y estabilidad social sino contra los fundamentos propios de la economía del mercado, según los cuales todas las variable, incluido el salario o la fuerza de trabajo, se comportan de acuerdo con las reglas de la libre oferta y la demanda; pero en este caso, la variable salarial se contiene artificiosamente por el contubernio de convergencias e intereses entre los tecno gerentes del Gobierno y los representantes del gran capital, en aras de supuestamente contener la inflación y sostener los equilibrios macroeconómicos. La decisión de aumentar las tarifas al sector eléctrico, aunada a los aumentos mensuales de las gasolinas y de otros productos, así como la amenaza de nuevas alzas en los bienes y servicios públicos, adquiere hoy más que nunca una grave dimensión social y política de imprevisibles consecuencias. Más aún, cuando el Gobierno Federal no realiza la tarea de ampliar la base fiscal de contribuyentes, reducir o eliminar la evasión fiscal, erradicar la corrupción, eficientar su quehacer fiscal y promover la austeridad del gasto superfluo gubernamental, el Gobierno Federal obtuvo ciertamente, no como quería y cuanto quería, importantes recursos financieros de la reciente reforma fiscal y a ello debe de atenerse para formular y ejecutar su gasto sin pretender sorprender a los mexicanos con nuevas agresiones a sus ingresos y a sus niveles de vida. En consecuencia de lo anterior, nos pronunciamos porque: uno, el Gobierno Federal suspenda indefinidamente la decisión de reducir y eliminar el subsidio a las tarifas al servicio eléctrico residencial hasta no analizar y consensar con el conjunto de los actores involucrados, una política integral en la materia de tal manera que s e formulen diversas alternativas y soluciones que no afecten y profundicen el deterioro del nivel y la calidad de vida de la inmensa mayoría de los mexicanos. Y, dos, que independientemente de ello el Gobierno Federal decrete un aumento salarial de emergencia, previo ajuste del aumento salarial a la inflación real y a la vez convenga con los actores políticos y sociales, un plan progresivo y multi anual para que recuperemos la capacidad adquisitiva del salario en términos reales y así beneficiemos a la inmensa mayoría de los mexicanos. Es cuanto, señor Presidente.