La diputada Graciela Saldaña Fraire: Gracias. Con su venia, señor presidente. El presente dictamen resulta ambiguo y es importante que las y los mexicanos sepan que el grupo parlamentario del PRD no dará paso a oficializar la criminalización de las marchas disfrazándolas en garantizar el derecho constitucional de la movilidad. Nos resulta perverso y nada casual que ante las masivas manifestaciones de rechazo a las políticas institucionales del gobierno federal en las calles, hoy se proponga dar paso a una ley para reglamentar la movilidad. Basta recordar, y quiero dar algunos antecedentes, en el caso del estado de Quintana Roo, al expedir una ley anti-marchas, de cara a un evento internacional que fue en el caso de Tianguis Turístico en Quintana Roo. Aun cuando estando ocupando el último lugar o penúltimo lugar en el avance de las evaluaciones de control de confianza de los policías, según el propio secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestro grupo parlamentario nunca votará a favor de una ambigüedad jurídica, se arriesguen otros derechos humanos como el libre tránsito de manifestación. Esto no contribuye a limpiar la imagen presidencial ni cambiar el sentimiento de un pueblo colapsado ante las constantes violaciones de los derechos. Estamos en riesgo de aprobar una ley general que enmascare la regulación del derecho al libre tránsito y la protesta social y en consecuencia represión oficializada. Quisiera explicar por qué estamos en riesgo, de aprobar este documento, que no suma en nada a la paz, a la tranquilidad, al orden que el pueblo de México exige en las calles. Este dictamen es una mera ilusión de Estado, pues abre la puerta para regular la protesta. Si una ley general que regule las protestas como es el caso que lo hizo un compañero Pedro Celestino Canché Herrera, detenido en Quintana Roo por filmar un video de crítica al gobernador del estado; a empresarios, a periodistas y a actores políticos reprimidos por expresar sus opiniones, si eso no es suficiente, esperen a ver lo que pasará en este país al regular las protestas sociales. Desde nuestro grupo parlamentario recordamos también al gobierno que el libre tránsito es un derecho, no una potestad del Estado, que la protesta social no se criminaliza y subrayo, no se criminaliza pues es el último camino que tenemos las y los mexicanos de llevar a cabo. Quisiera ejemplificar lo que estoy diciendo. La Ley de Ordenamiento Cívico del estado de Quintana Roo se presentó en un mes de marzo; después se modificó. Qué era lo que decía. La Ley de Ordenamiento Cívico prohibía protestar en zonas históricas, turísticas, así como en avenidas principales. Obligaba a los manifestantes a solicitar un permiso al menos con 48 horas de antelación. Prohibía el uso de injurias en las protestas y los bloqueos en carreteras y avenidas. Restringía las manifestaciones sociales y permitía el uso de la fuerza pública para disolver los bloqueos. Es por eso que no quise dejar pasar para ilustrar si esta ley podía ser un preámbulo para poder ocurrir lo que pasó en Quintana Roo que afortunadamente se modificó. Esta ley facultaba a la autoridad para intervenir si en una protesta se alteraban los servicios para la paz, tranquilidad de comunidades que impida el desarrollo de actividades, altere derechos humanos o se injuria y, como ya lo dije públicamente, se recurre a la violencia o amenazas para obligar a que la autoridad resuelva peticiones de los manifestantes. Quiero decirles que después se vio modificada y esta ley quedó nada más de manera facultativa; se quedó sin dientes y es una ley que quedó para no regular absolutamente nada más que el derecho de tránsito que tienen las y los ciudadanos. Pregunto y con esto finalizo, señor Presidente por qué se pretende criminalizar la protesta social. Por qué se pretende regularizar las marchas cuando el pueblo de México se vuelca a las calles. Desde cuándo un derecho humano constitucionalmente establecido debe reglamentarse. Es cuanto, señor presidente.