La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas, es un artículo que se reservó mi compañera Valentina Batres y que va casi en el mismo sentido por las acciones concretas que ha tenido este gobierno, recientemente, en materia de publicidad. La exigencia social de un Presupuesto que optimice los recursos públicos en beneficio de las necesidades de la población, no es capricho o afán de contrariedad; es el corazón de los Sentimientos de la Nación, a los que se apela mucho pero poco se hace por cumplirlos. La desconfianza en las instituciones públicas se ha construido sexenio tras sexenio, gobierno tras gobierno, se han erigido monumentos al exceso y a la dilapidación de los dineros del pueblo. Baste recordar el elefante blanco del sexenio pasado, denominado "megabiblioteca". Ante tal corrupción y descontento con el servicio público ha sido necesario legislar y prohibir actividades que de suyo deberían estar proscritas de la función gubernamental. Desde hace mucho fue rebasado aquel principio del derecho público que señala a los empleados gubernamentales a realizar sólo lo que está expresamente dispuesto en las normas jurídicas; sin embargo, la realidad nos muestra el enriquecimiento de unos cuantos al amparo del poder, incluso, se ha llegado al extremo de proponer una legislación casi personalizada a los traficantes de influencias. En ese sentido, la vía democrática ha tenido que ser reestructurada en cada proceso electoral, porque simple y sencillamente, el embuste político acompañado del uso indiscriminado de los recursos públicos se ha impuesto como medida para frenar el avance del adversario. Esta legislatura determinó cambios a la Constitución para frenar ese desmesurado e inapropiado uso de los recursos y de las instituciones. Además, entre otras cosas, se buscó cerrar el paso a las campañas de comunicación social que indujeron a la voluntad del electorado. Sin embargo, de nueva cuenta se ha estilado bombardear en los medios de comunicación de supuestos logros que tienden sólo a promocionar la imagen del gobierno y poco informan a la población. Hemos sido testigos de la exorbitante campaña que emprendió el gobierno federal para promocionar la llamada "reforma energética". Tan sólo Pemex, de marzo a junio de 2008, gastó más de 322 millones de pesos, recursos que en ningún sentido se apegaron a la reforma constitucional que aquí se aprobó. El Ejecutivo federal se ha erigido en el gobierno del spot, prueba de ello son los cerca de 500 millones de pesos que pretendió aumentar en gastos de comunicación social. Estos 500 millones representan la construcción de una realidad que no existe, que sólo le consta al erario en los medios de comunicación, contraria a los fines de información que aquí hemos establecido. Ante ello, solicito a esta asamblea que considere la adición de un párrafo segundo y modificación de la fracción I del artículo 19 del decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2009, y se explicite: Las campañas de comunicación social que emprendan los Poderes Legislativo, Judicial, los entes autónomos, así como las dependencias y entidades, sólo podrán ser informativas, educativas o de orientación social, cuyo contenido sea de impacto directo en la población, y con ello evitar que se desvirtúen los recursos de la población. Es entonces como se propone que se elimine la palabra "acciones", porque por ello se entienden hasta cuestiones que nunca hemos visto culminadas del gobierno en sus programas o en sus políticas; de ahí que se elimine esa palabra y es la propuesta para este artículo. Es cuanto, diputado presidente.