EL C. DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Estimadas compañeras Diputadas; Compañeros Diputados: Vengo a esta tribuna a presentar una ley nacional para las personas Adultas Mayores. Señor Presidente: Solamente leeré la exposición de motivos, donde se contemplan funda mentalmente el contenido de la iniciativa. Le solicitaría fuera tan amable de que se incluyera en el Diario de los Debates tanto los considerandos como el texto mismo de la Iniciativa de Ley, como si hubiera sido leída en la tribuna. "La disminución de las tasas de natalidad en nuestro país actualmente del 1.7 por ciento, según el Consejo Nacional de Población' y Vivienda, aunada al avance de la medicina que ha propiciado el incremento en las expectativas de vida a 73 o más años, han generado que el sector..." Leyó Iniciativa Insértese DIP. RICARDO GARCIA CERVANTES, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS. Compañeras Diputadas Compañeros Diputados Honorable Asamblea EXPOSICION DE MOTIVOS La disminución de las tasas de natalidad en nuestro país, actualmente del 1.7 por ciento, según el Consejo Nacional de Población y Vivienda, aunada al avance de la medicina que ha propiciado el incremento en las expectativas de vida a 73 o más años, han generado que el sector poblacional de las personas adultas mayores sea el que presente la mayor dinámica de crecimiento. En la República Mexicana existen alrededor de 6 millones de personas mayores de 60 años, mexicanas y mexicanos que a lo largo de décadas hicieron una contribución invaluable en la construcción de este país. Según las tendencias poblacionales, el número de personas de edad avanzada es real y proporcionalmente cada vez mayor. Según proyecciones en 10 años habrá 10 millones de personas adultas mayores; para el año 2025 alrededor de 17 millones; y para el año 2050 uno de cada cuatro mexicanos formará parte de la tercera edad. México se encamina rápidamente a convertirse en una sociedad envejecida, a un invierno demográfico como dijera un especialista, lo cual no hemos valorado debidamente, ni mucho menos tomado las previsiones necesarias para afrontar esta situación cuando se presente. Actualmente, la situación en la que viven las personas adultas mayores mexicanas es muy preocupante: la mayor parte viven en la pobreza o la pobreza extrema; sufren por la desigualdad y la marginación; no cuentan con el apoyo de una institución de seguridad social; sólo poco más de una quinta parte dispone de una jubilación o pensión que, dicho sea de paso, es notoriamente insuficiente para atender sus necesidades; sus niveles de salud y alimentación son precarios y muchos sufren de abandono o son confinados para esperar la muerte. Son ellos quienes más han sentido el peso de la crisis económica y de los consiguientes programas de ajuste. Algunos incluso son sujetos de despojo de sus bienes, malos tratos y agresiones, al interior del núcleo familiar. A la mayoría, su edad les impide ocupar un empleo que les ayude a tener ingresos y solventar las carencias. Si a ello agregamos que una gran parte de ellos no tiene acceso a centros de recreación, ni cuentan con la posibilidad de emplear productivamente su tiempo libre, el panorama es desalentador y por ello es urgente tomar medidas al respecto. Si no se tiene claridad en que uno de los mayores retos que tenemos que enfrentar como sociedad, es la formulación de una estrategia integral para atender las necesidades de este sector, a corto plazo las soluciones serán más complejas y costosas política y socialmente. Es preciso iniciar a la brevedad la toma de decisiones para ofrecer tanto a las personas adultas mayores quienes los serán en el futuro, condiciones para una vida digna. La situación en la que viven las personas adultas mayores no es sólo responsabilidad gubernamental, aún cuando la oferta institucional es insuficiente y frágil ante la magnitud de la demanda actual. Como sociedad no se ha tenido la visión de crearles el porvenir tranquilo y esperanzador que haga justicia a sus esfuerzos de toda una vida. Hemos devaluado la dignidad y menospreciado el potencial de nuestras personas adultas mayores, bajo la errónea lógica utilitarista e inhumana de la estructura productiva, que plantea que mientras más años tiene una persona, menos aporta a la familia y a la sociedad. Las personas de edad, con su percepción de la vida y experiencia, su generosidad, su comprensión, amor y entrega a las causas que consideran justas, nos demuestran a diario lo equivocado de estos conceptos. Ellos quieren seguir activos físicamente, mentalmente socialmente y espiritualmente; pero somos nosotros quienes por comodidad, incomprensión o indiferencia, los relegamos a desempeñar roles que los condenan a una vida sedentaria e intrascendente o a la realización de labores no remuneradas pero vitales para el desarrollo familiar, como el cuidado de los niños o parientes enfermos. En la vida social deben caber todas las edades y las personas adultas mayores en toda su heterogeneidad, trátese de matrimonios, viudas, viudos, solteras o solteros, jubilados, pensionados, enfermos o discapacitados. No es justo, bajo ninguna óptica, que la sociedad margine a los sectores más vulnerables, entre los que se encuentra el de las personas adultas mayores. Debemos impulsar una política social en la que uno de los valores es el respeto y la solidaridad hacia las personas adultas mayores. Debemos fomentar una cultura del envejecimiento distinta a la prevaleciente, en la que llegar a viejo no sea una afrenta, sino por el contrario, un status al que se aspire por el reconocimiento social que merece. Si bien es cierto que desde 1979 contamos con una institución denominada Instituto Nacional de la Senectud, mejor conocido como INSEN éste aún no ha logrado alcanzar los fines que motivaron su creación. En gran medida, sus limitaciones han sido como consecuencia de la minúscula asignación de presupuesto gubernamental a ese organismo y por la falta de capacidad para hacerse llegar de otros ingresos públicos y privados para desarrollar suficientes y fructíferas acciones que vengan a satisfacer las demandas de las personas adultas mayores de nuestro país. La desafortunada realidad del INSEN, nos indica esa noble institución, ha sido identificada solamente como aquella que ofrece una tarjeta para obtener unos cuantos descuentos mas que como un verdadero organismo público que abandere y defienda las causas de las personas adultas mayores de nuestro país. Cabe destacar los esfuerzos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) que han colaborado con las causas del INSEN, pero los esfuerzos y resultados han sido limitados. Por ello, proponemos la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores que sea dirigido por ellos mismos, por las propias personas adultas mayores y no por funcionarios jóvenes que en gran medida no cuentan con la sensibilidad, la experiencia de las limitaciones y necesidades que padece ese sector tan vulnerable. La atención a la senectud es parte de la agenda de los asuntos internacionales. Nuestro país ha participado en diversas reuniones y foros internacionales e inclusive ha signado compromisos internacionales: En 1982 asistió en Viena a la Asamblea Mundial sobre Envejecimiento, en 1994 a la cumbre de Población de El Cairo y en 1995 a la Cumbre Mundial sobre desarrollo Social en Copenhague, en los cuales se comprometió en desarrollar instrumentos jurídicos, económicos, sociales y culturales que favorecieran al desarrollo de las personas de edad avanzada. La preocupación por este sector social, motivó que en 1991, las Naciones Unidas aprobaran los Principios a favor de las Personas de Tercera Edad, exhortando a los gobiernos para que los incorporasen en sus programas nacionales. Asimismo, existe un Plan de Acción Internacional sobre el Envejecimiento. Sin embargo, a pesar de nuestra presencia como país en estos foros, lamentablemente, no hemos logrado dimensionar cabalmente la situación de las personas adultas mayores en nuestro país. Recordemos y aceptemos que las personas adultas mayores de hoy, fueron los que en sus años de juventud nos aportaron su creatividad, su talento, su trabajo, sus experiencias y fuerzas para la consolidación del México que hoy hemos heredado. La triste realidad que padecen la gran parte de las personas adultas mayores de nuestro país debe cambiar, esa triste realidad la debemos cambiar. No podemos; no debemos permitir darles la espalda a quienes nos dieron su cariño y comprensión: nuestros abuelos y abuelas, nuestros padres y madres: nuestros queridos viejos. A ellos, a quienes les debemos lo que somos, a quienes les debemos el patrimonio cultural, intelectual, económico y moral con que contamos. ¡Les debemos la vida, les debemos la esperanza, les debemos México! Es preciso entender, compañeras y compañeros legisladores, que México atraviesa por una fase de transición demográfica de población joven a población entrada en años. Debemos tener la visión de que como sociedad entraremos en crisis si no estamos preparados para dar respuestas institucionales al cada vez mayor crecimiento demográfico de la población mayor de 60 años. De acuerdo con datos hechos públicos por el Secretario General del Consejo Nacional de Población, el año pasado, "Uno de cada tres mexicanos tiene en la actualidad menos de 15 años de edad. En tanto que uno de cada veinte tiene 65 años y más. Sin embargo, en el año 2Q50 esta composición se verá profundamente alterada: se prevé que uno de cada siete mexicanos estará en edades preescolares y escolares, mientras que las personas adultas mayores representarán a uno de cada cuatro habitantes del país". De acuerdo con él, "estos cambios tenderán a socavar la lógica de funcionamiento de muchas de nuestras instituciones y los actores sociales presionarán para que se modifiquen esos arreglos de modo que reflejen más fielmente las nuevas pautas de demandas y necesidades". Ante esa próxima realidad, la pregunta es ¿tenemos qué esperar a que el destino nos alcance para hacer algo por nuestras personas adultas mayores?. El que cada día sea mayor la población adulta mayor implica cambios profundos en la sociedad que desde ahora podemos ir orientando para evitar tensiones sociales dolorosas e innecesarias. El proceso de envejecimiento se agudizará considerablemente en el futuro previsible, lo cual valida la pertinencia de que los planes de desarrollo económico y social de los próximos años, integren estrategias puntuales para atender a la población mayor de 60 años. En la medida que pasan los anos, como un proceso natural, las personas van perdiendo su capacidad física y mental, ven disminuida su autonomía y su economía y sufren el menoscabo de la salud y de sus contactos y roles familiares y sociales. Pero también van ganando en sabiduría, en comprensión, en capacidad para amar a la vida y a los suyos, que no siempre les retribuyen como debieran. Las personas adultas mayores tienen múltiples desventajas que se acentúan por la pobreza, la enfermedad, la discapacidad y el aislamiento social de que son objeto. Es tiempo de bajar el discurso a la acción y transformar la compasión en leyes para el beneficio directo de las personas adultas mayores que habitan en todos los rincones de la patria. La LVIII Legislatura, como el poder donde emanan las leyes, está moralmente obligada a empezar a asumir su responsabilidad al respecto y, en paralelo, proceder a sentar bases jurídicas sólidas para alcanzar el equilibrio financiero del régimen de seguridad social que permita ampliar la cobertura de las pensiones y hacerlas dignas y suficientes. Hoy es una realidad que las personas adultas mayores conforman un grupo de interés secundario en materia de política social. Si se le atiende, es sólo tangencialmente, con carácter no prioritario, desvalorizando todo el caudal de contribuciones y entrega al servicio de este país. Por ello, la política social hacia la senectud, no debe consistir en la simple suma de programas institucionales, sino ser una política integral, cuyas estrategias, acciones y objetivos sean diseñados por todos los actores involucrados, incluyendo las propias personas adultas mayores. Ya no se trata de un asunto que sólo requiere nuestra buena voluntad. Las tendencias demográficas son irrefutables. La atención a la senectud debe verse como un asunto de Estado y como tal debe ser atendido con la debida prioridad. De entre los sectores vulnerables, el sector de la tercera edad es quizá el sector más desprotegido. Las personas adultas mayores mexicanas, pasan los últimos años de su existencia como una sombra, como una carga de la cual la familia quiere desprenderse cuando están enfermos y son por ende dependientes y están sujetos a la opresión de los anos y la vida. La gente olvida a quien le dio el ser y le sostuvo durante muchos años y los trata con desprecio e ingratitud, propiciando su muerte social, antes que su muerte física. Algunos datos son apabullantes: 8 de cada 10 personas adultas mayores mexicanas no perciben ningún tipo de pensión y quienes disfrutan de este beneficio, reciben pensiones raquíticas, que los obligan a continuar trabajando en la llamada economía informal, hasta que lo permiten sus capacidades y sus escasas fuerzas. El número de personas adultas mayores con algún tipo de deterioro funcional o incapacidad crecerá de 2 millones en 1998 a 3.6 millones en el 2010. Hasta 1999, el DIF atendía en casas hogar, asilos y otro tipo de albergues para ancianos, solamente a cerca de dos mil ancianos en todo el país, los cuales no podían ser acogidos en espacios familiares. De acuerdo con las proyecciones demográficas, para el año 2050, la esperanza de vida de los adultos mayores en México aumentará, según la proyección más conservadora, a 78.6 anos y según otra proyección basada en tendencias históricas a 83.7 anos, con todas las implicaciones que esto conlleva. Si queremos como personas y como pueblo envejecer bien, tenemos que empezar desde ahora, por nosotros mismos, a modificar la actitud social e institucional hacia la senectud y actuar en consecuencia, para acrecentar las posibilidades de una vejez con niveles óptimos de bienestar. Como alguien dijo y dijo bien, no sólo agregar años a nuestra vida, sino vida a nuestros anos. El buen envejecimiento implica según los expertos, minimizar la incidencia de enfermedades crónicas, degenerativas e incapacitantes, mantener altos niveles de funcionalidad física y mental, contar con ingresos que permitan autonomía y dignidad en esta etapa de la vida, recibir el apoyo material y emocional de la familia y la sociedad y realizar actividades productivas y satisfactorias, no necesariamente remuneradas, que contribuyan a un envejecimiento activo. La Iniciativa de Ley Federal de las Personas Adultas Mayores que hoy se presenta ante esta Soberanía, determina y garantiza los derechos de las personas adultas mayores en la República Mexicana. Con ello, viene a establecer condiciones de justicia para un sector casi olvidado, cubre un hueco importante en la legislación y es una acción que permite a este Congreso cumplir con una de las demandas más sentidas de la sociedad. El ordenamiento propuesto, contiene entre su capitulado, la creación del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, la expresión de los derechos a la dignidad, a la libertad, a la autorrealización, integración y participación de las personas mayores de 60 años, pensionados, jubilados, viudas mayores de cincuenta años. Conforme a la Ley propuesta, las personas en edad avanzada, tendrán asegurada la vejez digna y tranquila que merecen, por el esfuerzo realizado a través de una vida al servicio de las actuales generaciones. En su formulación se procuró integrar los conceptos más avanzados existentes en México y otros países en materia de atención al sector; se tomaron en cuenta las aportaciones de investigadores de la tercera edad y se incorporaron las propuestas de personas adultas mayores. Aún así, será la propia sociedad y los destinatarios de la ley, quienes enriquezcan con sus comentarios y propuestas la iniciativa. Muchos son los aspectos contenidos en la ley que benefician en forma directa a las personas adultas mayores. Cabe destacar, entre otros: La obligación que tendrán las empresas instaladas en el país, con un número mayor de 30 trabajadores, a contratar, cuando menos en un 5 por ciento de su planta laboral, a personas mayores de 60 anos y la obligación de las instituciones bancarias, financieras y crediticias de dar prioridad en la atención de las personas de edad avanzada que acudan a realizar cualquier tipo de trámites; obligación que será extensiva a todas las empresas prestadoras de servicios. Además de los anteriores, se presentan otras obligaciones para la sociedad, y la promoción de actividades en materia de educación, empleo, capacitación y promoción económica; así como de cultura, recreación y deporte. Se garantizan asimismo sus derechos a un alojamiento digno, a la salud, a la asesoría y a la gestión institucionales y a recibir descuentos en la utilización del transporte público con descuento. Se instituye que tendrán descuentos y reducciones en contribuciones e impuestos locales en materia de agua potable, drenaje y predial y se promueve asimismo, la celebración de convenios a fin de obtener descuentos y beneficios para las personas adultas mayores en el pago de los servicios de energía eléctrica y teléfono. La iniciativa crea el Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores como organismo descentralizado de la administración pública federal y órgano rector del sector que atiende a las personas adultas mayores de México y cuya finalidad es establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas y acciones en beneficio de las personas de la tercera edad. Este órgano será el responsable de coordinar la acción de las diversas dependencias y sociedad para que las acciones tengan mayor cobertura e impacto entre la población senecta. Se determina la obligación de llevar a cabo un Programa Anual para la Atención de las Personas Adultas Mayores, que sea parte de una estrategia integral para el corto, mediano y largo plazo. En fin, consideramos que al aprobarse el ordenamiento propuesto, México se colocará a la vanguardia a nivel mundial en un tema tan necesario de ser tratado para los mexicanos del presente y del porvenir. En suma, la Iniciativa de Ley Federal de los Derechos Integrales para las Personas Adultas Mayores que hoy sometemos a su consideración, pretende contribuir a saldar una deuda histórica que tenemos con las y los adultos mayores de nuestro país; y proceder conforme a la justicia hacia ellos, no por motivos de caridad o filantrópicos. Pretende también llenar un vacío legislativo que podemos empezar a solventar y con ello, contribuir a transformar el país a través de una mejor calidad de vida para las personas adultas mayores del presente y los del porvenir que serán muchos más. Compañeras y compañeros legisladores: No perdamos más tiempo. Establezcamos cuanto antes bases firmes para elevar la calidad de vida de nuestros viejos, nuestros queridos viejos. Hoy que la vejez, empieza a tocar la puerta de la Nación, estemos preparados para recibirla con el honor y la dignidad que merece. Por lo anteriormente expuesto y CONSIDERANDO PRIMERO. Que una de las deudas que tienen pendientes la sociedad mexicana y las instituciones de la República, incluida la Cámara de Diputados, es la de asegurar niveles óptimos de calidad de vida a las y los habitantes de México que cuentan con 60 o más años de edad quienes fueron y en muchos casos siguen siendo, los constructores del país en el cual vivimos. SEGUNDO. Que la disminución de la tasa de fecundidad y el incremento en la esperanza de vida de los mexicanos han impactado la dinámica de crecimiento poblacional de las personas adultas mayores, propiciando que el número de personas de edad avanzada sea real y proporcionalmente cada vez mayor, situación que requiere diseñar y aplicar políticas y estrategias públicas, que permitan atender en forma prioritaria y adecuada las necesidades particulares de quienes se encuentran en esta etapa de la vida. TERCERO. Que si bien el cuidado y la atención de las personas adultas mayores, ha sido un rol asumido generalmente por la familia, es también responsabilidad del Estado, sus instituciones y de la propia sociedad; crear las condiciones que permitan comprender y estimular a las personas adultas mayores y atenderlas debidamente en materia de salud, alimentación, vivienda, recreación y cultura; y en general, en todo aquello que contribuya a que lleven una vida digna, productiva y decorosa. CUARTO. Que con base en sus atribuciones constitucionales esta Legislatura está facultada para legislar a favor de las necesidades de la sociedad y en consecuencia para sus sectores vulnerables, uno de los cuales es el de las personas adultas mayores, con el fin de brindarles una atención integral, a través del establecimiento de condiciones institucionales y sociales que les garanticen una vejez digna y que preparen un mejor futuro para las generaciones que se incorporarán a corto, mediano y largo plazo a la también denominada tercera edad. QUINTO. Que la insuficiencia y fragilidad de los esfuerzos institucionales, tanto públicos como privados dirigidos a este sector de la población es evidente; y que si bien han resultado valiosos, la dimensión y complejidad de la problemática se han incrementado paulatinamente; y que requieren se adopten medidas que, con una visión de estado, garanticen de ahora en adelante exista una atención integral y una política social de mayores horizontes. SEXTO.- Que la adecuada atención al sector de las personas adultas mayores, hace necesario el que se formalice la existencia de mecanismos de coordinación permanentes entre todas las dependencias y entidades de la administración pública de los tres ordenes de gobierno facultadas en la materia; así como de la sociedad; instancias que, en cumplimiento de la ley, podrán sumar esfuerzos, voluntades y recursos para cumplir con su misión en beneficio de las personas en edad avanzada. SEPTIMO. Que es necesario exista en la República Mexicana un órgano cuya finalidad sea la de establecer directrices, estrategias, programas y acciones en materia de atención a las personas adultas mayores; y entre cuyas atribuciones se encuentre precisamente el coordinar la acción de las distintas dependencias y entidades y el verificar que se realicen las acciones que demanda la atención al sector. OCTAVO. Que desde una perspectiva de justicia social, moral, ética y humana, es un deber de quienes somos legisladores establecer un marco jurídico que, reconociendo y valorando las contribuciones, experiencia, esfuerzos y amor entregados en forma por demás generosa hacia las generaciones jóvenes, por parte de quienes hoy tienen más de 60 años, garantice sus derechos, en tal forma que se traduzcan en un mejoramiento palpable de sus condiciones de vida y les permita ser partícipes en la decisión sobre las acciones que habrán de instrumentarse para que disfruten la vida digna y tranquila a la que sobradamente son merecedores. NOVENO. Que entre las prioridades que habrá de atender esta Legislatura se encuentra la de contribuir al desarrollo social, uno de cuyos ejes es el contar con una legislación que garantice la atención a los sectores más vulnerables, entre ellos las personas adultas mayores. Con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, por mi conducto presenta a consideración de esta Soberanía la siguiente: INICIATIVA DE LEY NACIONAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES TITULO PRIMERO DISPOSICIONES PRELIMINARES CAPITULO UNICO Artículo l. La presente ley es de orden público, interés social y observancia general en la República Mexicana. Su objeto es establecer y garantizar la protección y atención relativa a la salud y bienestar social de las personas adultas mayores que residan en el país, crear el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, como órgano responsable de implementar los programas, proyectos y acciones en favor de esa población, así como disponer la coordinación y colaboración con las diversas instituciones públicas y privadas que realizan actividades orientadas a lograr una mayor calidad de vida de las personas adultas mayores que residan en el país. Artículo 2. Los objetivos de la presente Ley son los siguientes. I. Garantizar a las personas adultas mayores, igualdad de oportunidades y una vida digna en todos los ámbitos, promoviendo la defensa y representación de sus intereses y fomentando una cultura de sensibilidad, conciencia social y respeto, que propicie actitudes y compromisos entre las generaciones, al interior de las familias y en la sociedad en su conjunto, evitando con ello toda forma de discriminación y olvido por motivos de su edad; II. Promover una mayor integración de las personas adultas mayores a las tareas sociales, proponiendo acciones conducentes para abrir oportunidades de participación para ellos en todos los ámbitos de la vida pública y que garanticen su pleno desarrollo en los ámbitos de la educación, la capacitación, la cultura, el deporte, el empleo, la productividad, el acceso a los servicios públicos y privados y la convivencia; III. Impulsar la atención integral e interinstitucional de las personas adultas mayores por parte de las instituciones publicas y privadas y velar por el funcionamiento adecuado de los programas y servicios para que sean atendidos, en materia de salud, en los niveles ambulatorio y hospitalario recibiendo de ellos, la prevención, curación y rehabilitación adecuada a las necesidades específicas que por su edad y condición requieran; IV. Garantizar la asistencia social para todos aquellos que, por sus circunstancias o porque ya no pueden valerse por sí mismos, requieran de una protección especial por parte de las instituciones públicas o privadas; V. Disponer la creación y organización del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, con objeto de coordinar y apoyar todos los esfuerzos que se realicen a favor de las personas adultas mayores que residan en el país; VI. Establecer las bases para la asignación de beneficios, descuentos, exenciones y otros beneficios sociales para ese sector de la población; VII.- Realizar las gestiones necesarias con el objeto de celebrar los convenios a favor de las Personas Adultas Mayores que al respecto celebren los gobiernos Federal, Estatales, municipales con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por persona adulta mayor, senecto, persona de la tercera edad o persona en edad avanzada: I. Aquellas personas que han vivido 60 anos o más y que pueden encontrarse en alguna de las siguientes dos situaciones: a) Que la persona siga siendo autosuficiente, creativa y productiva y desee continuar participando en las diversas actividades de la vida social. b) Que la persona, por diversas características de deterioro, físico o mental, contingencias ambientales o circunstancias de abandono o pobreza, presente mayor vulnerabilidad y deje de ser autosuficiente, requiriendo de apoyo especial del gobierno y de la sociedad, convirtiéndose en sujeto de la protección institucional y la asistencia social. II. Las viudas de más de 50 años; y III. Los jubilados y pensionados. Artículo 4. La aplicación y seguimiento de esta ley, corresponde: I. Al Presidente de la República; II. A las Secretarías y demás dependencias que integran la administración pública federal; así como a los órganos desconcentrados y entidades paraestatales del Gobierno Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias; III. A los Gobernadores de los Estados; IV. Al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; V. A las Secretarías y demás dependencias que integran las administraciones públicas estatales; así como a los órganos desconcentrados y entidades paraestatales de los Gobiernos de los Estados, en el ámbito de sus respectivas competencias; VI. A los Presidentes Municipales; VII. A las Secretarías, Direcciones y demás dependencias que integran las administraciones públicas municipales; así como a los órganos desconcentrados y entidades paramunicipales de cada uno de los municipios del país, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción; VIII. A la familia de las personas adultas mayores vinculada por el parentesco, de conformidad con lo dispuesto por los Códigos Civiles del Distrito Federal, de los Estados y demás disposiciones aplicables; IX. A los ciudadanos y la sociedad civil organizada, cualquiera que sea la forma o denominación de las instituciones, agrupaciones y asociaciones civiles que la integran conforme a la ley o la costumbre. Artículo 5. Los beneficios que establece la presente Ley se otorgarán a todas las personas adultas mayores residentes en la República Mexicana, sin distinción de raza, etnia, credo religioso, origen, procedencia, sexo, o ideología política. TITULOSEGUNDO DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CAPITULO PRIMERO DE LOS DERECHOS Artículo 6. Todas las personas adultas mayores tendrán además de los derechos conferidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las particulares de las entidades federativas y las demás disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes: I. El Derecho a la Dignidad, integridad e imagen social. Que se manifiesta en: a) El reconocimiento incondicional a su persona, a su integridad física, intelectual y emocional; b) Ser tratados con cordialidad y respeto, independientemente de la edad, sexo, raza o procedencia étnica, discapacidad u otras condiciones; c) Contar con alojamiento adecuado, alimentos, agua, ropa, atención médica y sanitaria, que les permitan vivir con decoro y dignidad, con base en sus propios ingresos, el apoyo de la familia, autoayuda y, en el caso de senectos indigentes, con el apoyo de las instituciones de la Federación y de los Estados; d) Disponer de seguridad jurídica tanto en su persona como en su patrimonio; e) Ser libres de cualquier tipo de explotación y malos tratos físicos y/o psicológicos; f) Mantener bajo confidencialidad el estado de salud física y mental de las personas adultas mayores y los tratamientos que se realicen por parte de las instituciones. II. Derecho a la Salud. Que se manifiesta en atención adecuada a padecimientos de: Cardiopatía Hipertensión Diabetes O enfermedades terminales III. Libertad. a) Residir en su propio domicilio por tanto tiempo como sea posible y vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio; b) Laborar en su propio oficio o especialidad y generar ingresos que correspondan al trabajo desempeñado, c) Proceder a pensionarse o jubilarse cuando lo decidan, de conformidad con lo establecido en las leyes laborales y recibir las pensiones, jubilaciones o ahorro para el retiro que en justicia y conforme a la ley les correspondan; d) Disfrutar de sus derechos humanos y libertades fundamentales, cuando residan en hogares o instituciones donde se les brinden cuidados o tratamientos específicos; e) Tener acceso a programas educativos y de capacitación, que le permitan alfabetizarse o continuar preparándose en su desarrollo personal y/o el de la sociedad; f) Estar informados de los sucesos contemporáneos a través de los medios de información y sobre los avances médicos, científicos, tecnológicos y culturales que existen y que representen para ellos un beneficio; g) Mantener su identidad cultural, costumbres y tradiciones; así como transmitirlas a sus descendientes y coterráneos. IV. Derecho a la Autorrealización, Integración y Participación. Que se manifiesta en: a) Disfrutar de la protección de su familia y la comunidad, de conformidad con el sistema de valores culturales de la sociedad; b) Tener acceso a los recursos educativos, culturales, espirituales y recreativos de la sociedad; c) Contar con oportunidades vitales diversas que les permitan participar, sentirse útiles y desarrollar plenamente sus potencialidades; d) Compartir sus conocimientos, experiencias, habilidades y vivencias con las generaciones más jóvenes; e) Ser dispensados de trabajos que requieran de un esfuerzo físico e intelectual que agraven su estado de salud; f) Ser valorados por lo que son y han retribuido a la sociedad, independientemente de su contribución económica al seno familiar. V. Participar en la planeación integral del desarrollo social, a través de la formulación y aplicación de las decisiones que afecten directamente a su bienestar, barrio, calle, colonia, delegación o municipio; VI. Proponer las acciones legislativas, sociales, culturales, deportivas y en general de cualquier naturaleza que sean de su interés y del sector de la tercera edad. En las actividades dirigidas hacia dicho sector, podrán participar en su concepción, diseño, instrumentación y operación, en organizaciones de personas adultas mayores o ciudadanos de la tercera edad; VII. Formar parte de los diversos órganos de consulta ciudadana con que cuenten los municipios de la entidad, conforme a lo que dispongan las normas internas de los mismos; VIII. Trabajar en forma voluntaria en distintas actividades de índole social, desempeñando cargos apropiados a sus intereses y capacidades; IX. Crear o formar parte de movimientos, asociaciones u organizaciones de personas adultas mayores; X. Contar con representantes ante el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; XI. Tener una presencia política que les dé la posibilidad de manifestar a la sociedad sus derechos, necesidades e ideales. CAPITULO SEGUNDO DE LAS OBLIGACIONES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS Artículo 7. Los Poderes Públicos Federales, de los Estados y gobiernos municipales garantizarán que las Personas Adultas Mayores tengan la posibilidad de: I. Contar con asesoría jurídica gratuita a través de los órganos o dependencias de los Poderes Públicos Federal y Estatales, de acuerdo a la materia. Al respecto, la institución asesora pondrá especial cuidado en la protección de los derechos, de su patrimonio personal y familiar para evitar que las personas adultas mayores sean sujetos de despojos o vulneración de sus derechos; II. Acceder a servicios sociales o jurídicos que les aseguren mayores niveles de autonomía, protección y cuidado; III. Ocupar lugares preferenciales al acudir a las diversas instituciones que prestan servicios públicos y privados, proveyéndose lo necesario para la simplificación de los trámites jurídicos y administrativos que realicen; IV. Disfrutar de una vejez sana, accediendo a servicios de atención de salud, que les ayuden a prevenir, mantener o recuperar un nivel óptimo de bienestar físico, mental y emocional, así como a retrasar la aparición de alguna enfermedad; V. Acceder a medios apropiados de atención institucional que les proporcionen protección, rehabilitación y estímulo social y mental en un entorno humano y seguro; VI. Ser sujetos de la asistencia social otorgada por el Estado y/o las instituciones sociales, cuando por su situación así lo amerite. CAPITULO TERCERO DE LA SEGURIDAD JURIDICA Artículo 8. Corresponde a la Procuraduría General de la República y las Procuradurías de Justicia de los Estados y a la del Distrito Federal, al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, a los Sistemas Nacional y Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las Comisiones Estatales de los Derechos Humanos, la defensa de los derechos de las personas adultas mayores consagrados en este ordenamiento, así como el seguimiento de las quejas, denuncias o querellas de que tengan conocimiento ante las autoridades administrativas y judiciales. Artículo 9. Las Secretarías y dependencias de los Gobiernos Federal, de los Estados y de los Gobiernos Municipales, conforme a sus ámbitos de competencia, orientarán gratuitamente a las personas adultas mayores, en materia administrativa, jurídica, y especialmente sobre la seguridad de su patrimonio, en materia alimenticia y testamentaria, así como social e inmobiliaria y asuntos relativos a trámites de desarrollo urbano, salud, educación y cualquier otro servicio público que soliciten. Artículo 10. Cuando una persona adulta mayor se encuentre abandonada por su familia sin que le sean proporcionados los alimentos de conformidad con la legislación civil de los Estados, el Instituto le proporcionará de manera inicial la atención que requiera y posteriormente en coadyuvancia con el Ministerio Público, demandará ante el juez competente el otorgamiento de la pensión alimenticia por parte de los familiares obligados a proporcionarla, así como el depósito judicial provisional o definitivo, en su caso, de la persona adulta mayor abandonada. TITULO TERCERO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CAPITULO PRIMERO DE SU NATURALEZA, FINES Y ATRIBUCIONES Artículo II. Se crea el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores como un organismo público descentralizado del Gobierno Federal con personalidad jurídica y patrimonio propios. Artículo 12. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, es el órgano rector del sector que atiende a las personas adultas mayores de la República y cuya finalidad es establecer, verificar y evaluar directrices, estrategias, programas, proyectos y acciones en beneficio de las personas de la tercera edad; el cual será responsable de coordinar la asistencia y promoción de los derechos de las personas adultas mayores en el país. Para que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores pueda lograr mejores resultados en sus programas, proyectos y acciones de protección a favor de las personas adultas mayores, mantendrá permanente coordinación y colaboración interinstitucional, a través de la celebración de convenios con instituciones públicas municipales, estatales, federales y privadas. La sede del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se ubicará en la capital de la República Mexicana y con delegaciones en las capitales de cada uno de los Estados y contará con las oficinas, centros o unidades de apoyo necesarios en cada uno de los municipios de los Estados que para tal efecto acuerde el propio Instituto. Artículo 13. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes atribuciones: I. Convocar a las instituciones gubernamentales dedicadas a la atención de las personas adultas mayores en todas las áreas, las organizaciones civiles e instituciones privadas relacionadas con el asunto, a los investigadores, académicos y especialistas que están involucrados con el tema de la vejez y a las propias organizaciones de senectos, para: a) Elaborar estrategias de atención al sector que, formando parte de la política social del país, contemplen líneas de acción y de coordinación interinstitucionales a corto mediano y largo plazo para una atención integral de las personas en edad avanzada. Dichas estrategias serán operadas a través del Plan para la Integración, Asistencia y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, que garantice y facilite el logro de los objetivos y metas institucionales y con ello la plena integración social y el óptimo desarrollo humano de este sector poblacional; b) Definir y establecer, junto con los actores involucrados, las áreas de atención prioritarias y de soporte con el objetivo de elaborar un Plan que redefina, elabore y proponga los mecanismos más adecuados para su funcionamiento en los ordenes federal, estatal y municipal; II. Cumplir con los programas, proyectos y acuerdos que apruebe el Consejo Nacional de las Personas Adulta Mayores; III. Coordinar y organizar la implementación de las acciones y mecanismos que se propongan y la asignación de recursos económicos necesarios para la realización de estos; IV. Celebrar convenios con el sector privado nacional e internacional que contribuyan a la realización de las acciones a favor de la población anciana del país; V. Supervisar que las acciones que se lleven a cabo cumplan estrictamente con los objetivos planteados, y que los recursos económicos sean aplicados correctamente. Igualmente establecer medidas correctivas para los casos en los que no se cumplan objetivos y aplicación de recursos; VI. Establecer reuniones de evaluación y seguimiento tanto en lo general como en lo particular que permitan orientar las acciones proponer nuevas alternativas y sistematizar la experiencia; VII. Promover y difundir las acciones de atención integral de los ancianos, los resultados de las investigaciones más recientes sobre vejez, y las formas de participación social, política y económica en las acciones; VIII. Vigilar la aplicación y el cumplimiento de sus programas y evaluar trimestralmente los logros y avances de los mismos; IX. Formular un directorio y llevar el registro de las instituciones públicas y privadas dedicadas a atender a las personas de edad avanzada en cada una de las entidades federativas; X. Expedir sus normas internas de funcionamiento y elaborar un informe anual que será remitido al Titular del Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión y, proporcionar al Consejo Nacional los informes que solicite; XI. Promover la participación de las personas adultas mayores a fin de que sean las protagonistas de su propio cambio; XII. Propiciar la apertura de cápsulas y programas especiales a favor de las personas de edad avanzada ante los medios masivos de comunicación impresos o electrónicos. Se realizarán, asimismo, campañas de promoción y difusión de la legislación; XIII. Generar una cultura de protección, comprensión, cariño y respeto a las personas adultas mayores, por parte de las actuales y nuevas generaciones, en un clima de interrelación generacional. Una de las acciones prioritarias en este aspecto es la elaboración de campañas educacionales en el ámbito masivo para la revalorización del anciano y sus condiciones de vida en materia económica, de salud, laboral, emocional y familiar; XIV. Realizar estudios sobre los problemas de la tercera edad, publicaciones, así como investigaciones gerontológicas; XV. Expedir credenciales de afiliación a las personas adultas mayores que residan en cada uno de los Estados de la República con las cuales disfrutarán los beneficios establecidos en la presente ley; XVI. Mantener actualizado el registro de personas adultas mayores en cada una de las entidades federativas; XVII. Celebrar convenios con los gremios de comerciantes, industriales o prestadores de servicios profesionales independientes para el otorgamiento de descuentos o reducciones en la prestación de los bienes o servicios que ofrecen a la comunidad; XVIII. Promover el incremento de la pensión básica de jubilados, pensionados y sus viudas; XIX. Proponer al Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores proyectos para construcción y mantenimiento de centros hospitalarios especializados, centros recreativos y viviendas para las personas adultas mayores. Para ello procurará que los diseños y proyectos sean realizados a través de los convenios celebrados con las universidades e instituciones públicas o privadas XX. Elaborar su Presupuesto de Egresos y llevar estricto control del presupuesto público asignado y de los demás ingresos que administre: XXI. Proporcionar los informes que le soliciten el Presidente de la República, el Congreso de la Unión los Gobernadores y los Congresos de los Estados; XXII. Las demás que le confieran las leyes y disposiciones reglamentarias. Artículo 14. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores contará con las unidades especializadas de apoyo que sean necesarias para el logro de sus fines. CAPITULO SEGUNDO DE SU GOBIERNO Y ADMINISTRACION Artículo 15. El gobierno y administración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores estará a cargo del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores y de un Director General. Artículo 16. El Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores estará integrado por un Consejo Directivo presidido por el Secretario de Salud, en donde participen: I. El Secretario de Salud; II. El Director General del ISSSTE; III. El Director General del IMSS; IV. El Director General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; V. El representante de la Comisión Especial que designe el Congreso de la Unión; VI. Los Delegados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de cada una de las entidades federativas; VII. Dos representantes de organizaciones no gubernamentales de la tercera edad, los cuáles deberán ser elegidos por éstas; que deberán ser personas adultas mayores que hayan destacado por su trabajo y estudio en la materia; VIII. Dos representantes de organizaciones de pensionados y jubilados, quienes serán elegidos por estas. Los representantes de las organizaciones durarán en su cargo tres años, pudiendo ser ratificados o removidos libremente por quien los hubiere designado. Las sesiones del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores serán presididas por el Secretario de Salud y en las mismas el Director General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores fungirá como Secretario Técnico y participará únicamente con voz. En cada una de las sesiones se levantará acta circunstanciada la cual deberá ser rubricada por los miembros que asistan. Artículo 17. El Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores se reunirá por lo menos una vez cada tres meses, y en forma extraordinaria cuando lo convoque su Presidente o más de la mitad de sus integrantes. El Secretario Técnico se encargará de proponer el orden del día y deberá convocar por lo menos con quince días de anticipación. Para que sesione válidamente el Consejo Nacional se requerirá de la presencia de cuando menos la mitad más uno de sus integrantes. Podrán asistir a las sesiones del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores, con voz pero sin voto, Secretarios o representantes de las dependencias públicas federales y demás funcionarios públicos estatales y municipales con competencia en la materia. Asimismo, podrán asistir representantes de organismos empresariales y del comercio. Artículo 18. Los acuerdos del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores se tomarán por mayoría de votos de los miembros que asistan a las sesiones. En caso de empate, el Presidente tendrá el voto de calidad. Artículo 19. El Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Disponer y proveer lo necesario para cumplir con el objetivo del instituto y hacer cumplir las disposiciones de esta Ley y sus disposiciones reglamentarias; II. Aprobar la celebración de convenios que el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores requiera para el cumplimiento de sus objetivos; III. Expedir el reglamento Interno del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; IV. Aprobar los proyectos, programas anuales que le presente el Director del Instituto; V. Proponer al Congreso de la Unión reformas de los diversos ordenamientos jurídicos federales que traten asuntos de personas adultas mayores para que sean analizados por el Congreso de la Unión; VI. Autorizar, supervisar, controlar y evaluar las actividades del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; VII. Conferir y otorgar poderes generales o especiales y delegar funciones al Director General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; VIII. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos que le presente el Director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; IX. Revisar y aprobar, en su caso, los estados financieros del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; vigilar el ejercicio de los presupuestos. X. Aprobar la estructura orgánica y disposiciones normativas internas del Instituto; XI. Autorizar la contratación del personal del Instituto; XII. Aprobar el otorgamiento de estímulos y reconocimientos a personas adultas mayores que hubieren destacado por las actividades o trabajos desarrollados a favor de la comunidad senescente; XIII. Las demás que les confieran esta Ley y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 20. Para ser Director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores se deberán reunir los siguientes requisitos: I. Ser mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos políticos y civiles; II. Tener sesenta años o más al día de su designación; III. Contar por lo menos con cinco años de experiencia acreditada en el tratamiento, investigación, representación o apoyo de Personas Adultas Mayores; IV. Presentar un Plan de Trabajo en el que se considere un diagnóstico de la situación actual de las personas adultas mayores en el país, sus prioridades, objetivos, estrategias y acciones; y V. No haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido culposo. Para el desempeño de sus funciones, el personal que labore en el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá derecho a recibir la retribución económica que anualmente se determine en el presupuesto de egresos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Artículo 21. El Director General será designado por el voto libre y secreto de los delegados del Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores de cada uno de los Estados en una Reunión Nacional de Delegados y durará en su encargo tres años y pudiendo ser ratificado para el periodo inmediato. Para que la elección del Director Nacional del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores sea legitima, se deberá contar con la asistencia y participación de por lo menos dos terceras partes de los delegados estatales. Los delegados del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores de cada una de las entidades federativas deberán cubrir los mismos requisitos de Director General con excepción del Plan de Trabajo, el cual deberá ser estatal y serán designados por votación de las tres cuartas partes de los integrantes de cada una de las legislaturas de los estados. Artículo 22. El Director del Instituto Nacional del las Personas Adultas Mayores, durante el periodo de su encargo no podrá desempeñar cargo, comisión o empleo en la administración pública, con excepción de los cargos docentes o académicos. Artículo 23. El Director del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Representar legalmente el organismo con la suma de facultades que al efecto le sean otorgadas por el Consejo Directivo, II. Representar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en todos los actos que requieran su intervención; III. Organizar el funcionamiento del Instituto, administrar su patrimonio y vigilar el cumplimiento de sus programas; IV. Proponer al Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores la autorización del personal técnico y administrativo del Instituto; V. Procurar y promover el apoyo, colaboración y coordinación permanente con las instituciones públicas federales, estatales, municipales y privadas; VI. Informar en el primer trimestre del año, de las actividades realizadas durante el año inmediato anterior; VII. Suscribir los acuerdos, contratos y convenios por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores; VIII. Representar al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en los asuntos de controversia legal en que éste sea parte; IX. Presentar al Consejo para su aprobación los proyectos de inversión y programas de asistencia social destinados para las personas adultas mayores; X. Mantener actualizado el registro de las personas adultas mayores del Estado; XI. Presentar al Consejo para su aprobación los programas y estados financieros; XII. Expedir las credenciales de las personas adultas mayores que apruebe el Consejo; XIII Las demás que le confieran esta Ley y sus disposiciones reglamentarias CAPITULO TERCERO DEL PATRIMONIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Artículo 24. El patrimonio del Instituto se integrará por: I. Las aportaciones y subsidios otorgados por los gobiernos federal, estatal y municipales, considerados en los presupuestos de egresos correspondientes; II. Las propiedades y posesiones, obras, servicios, derechos y obligaciones, que para su debido funcionamiento le transfieran los gobiernos federal, estatal y municipales, o cualesquiera otra entidad pública o privada nacional o internacional; III. Los fondos obtenidos para el financiamiento de programas específicos; IV. Los recursos que obtenga de las operaciones, actividades o eventos que realice; V. Las acciones, derechos o productos que adquiera por cualquier otro acto lícito u otro título legal; VI. Las donaciones, herencias, legados que se hagan al Instituto; VII. Los demás bienes, derechos y aprovechamientos que fijen las leyes y reglamentos o que provengan de otros fondos o aportaciones. Artículo 25. Los bienes muebles e inmuebles del Instituto gozarán de las franquicias, exenciones y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Gobierno del Estado. Dichos bienes, así como los actos y contratos que celebre el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en cumplimiento de su objeto, estarán igualmente exentos de toda clase de contribuciones, impuestos y derechos estatales. CAPITULO CUARTO DEL PLAN PARA LA INTEGRACION, ASISTENCIA Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES Artículo 26. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, tendrá la obligación de llevar a cabo un Plan para la Atención a la Población de las Personas Adultas Mayores, que deberá contar al menos con programas en que incluyan los siguientes aspectos: I. La promoción, defensa y protección de los derechos de las personas adultas mayores, en el marco jurídico de la ley y desde una concepción de corresponsabilidad entre gobierno y sociedad que permita actuar con una visión de corto, mediano y largo plazo a fin de garantizar asesoría jurídica, representación legal, administración y procuración de justicia, II. La integración y reincorporación a la sociedad mediante los aspectos de educación, empleo, capacitación, deporte, recreación y cultura; debiendo revisar las políticas de transporte que faciliten su correcto diseño y utilización así como las obras públicas que faciliten en la ciudad la accesibilidad y la eliminación de barreras físicas; III. La atención de la salud mediante la elaboración en coordinación con las dependencias que correspondan de los programas de prevención, atención y rehabilitación; IV. Garantizar la calidad y cobertura de los servicios de asistencia social dirigidos a aquellas personas de edad avanzada que por sus características de salud o abandono no puedan sostenerse por sí mismas y requieran de una protección especial; V. Los sectores público, social y privado, celebrarán los convenios o acuerdos de colaboración necesarios entre sí, y con las instancias federales correspondientes que realicen alguna o varias actividades que se relacionen con los objetivos establecidos en esta ley. Dichos acuerdos se incorporarán al Plan para la Integración, Asistencia y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores; y VI. Los demás planes y programas que determine el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores. CAPITULO QUINTO DE LA COLABORACION DE LAS DEPENDENCIAS PUBLICAS Y PRIVADAS Artículo 27. Corresponde a los órganos de los Gobiernos Federal, de los Estados y municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias y jurisdicción; observar y hacer observar las responsabilidades y obligaciones con relación a las personas adultas mayores, establecidas en la presente ley y participar en la elaboración del Plan para la Integración, Asistencia y Promoción de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Asimismo, garantizar la formulación de un programa especial que con recursos autorizados para el gasto social, se dirija especialmente a atender las necesidades de la población en edad avanzada que viva en condiciones de pobreza extrema. Artículo 28.Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con el auxilio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia nacional, estatal y municipales y las Secretarías Federal y de los Estados de Educación Pública: I. Impulsar la prestación de servicios de asistencia social, aplicándolos en personas adultas mayores abandonados o en marginación. II. Concertar la apertura de espacios universitarios para la tercera edad, donde las personas adultas mayores puedan incrementar y desarrollar su potencial cognoscitivo y cultural. III. Propiciar la participación intergeneracional, donde se procurará cerrar la brecha entre generaciones con programas de comunicación, convivencia e intercambio de experiencias que resalten el potencial de consejería de nuestros ancianos y la necesidad de la juventud y los niños por aprender. IV. Estimular la creación de unidades especializadas en la atención del paciente con demencia senil en los diferentes centros de salud y hospitales privados. Articulo 29. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores celebrará convenios de colaboración con el sector empresarial, de comercio y en general, a fin de obtener descuentos y beneficios para las personas de edad avanzada. Artículo 30. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con la colaboración de las Secretarías Federales y Estatales de Turismo promoverán y difundirán el turismo en forma accesible por medio de los clubes de la tercera edad, en el interior de la república y fuera de ésta. Artículo 31. Las instituciones de seguridad pública federal y estatales, en coordinación con las autoridades municipales, deberán garantizar la seguridad en plazas, parques, jardines y lugares públicos a fin de que las personas adultas mayores puedan gozar de las alternativas que ofrecen sus ciudades o comunidades. Artículo 32. Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con la coordinación de las Secretarías de Salud, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, y de Finanzas así como de Obras Públicas de los Estados, realizar las acciones necesarias que permitan la obtención de créditos accesibles para la adquisición de vivienda por parte de las personas adultas mayores o para poder realizar mejoras a las mismas. Artículo 33. En todo momento las autoridades y dependencias públicas deberán pugnar por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas adultas mayores, para que vivan un proceso de envejecimiento sano y con el pleno reconocimiento de su dignidad como ser humano y a sus capacidades creativas y productivas. TITULO CUARTO DE LA INTEGRACION DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES CAPITULO PRIMERO DE LA PROTECCION FAMILIAR Artículo 34. Para efectos de la presente ley se entenderá como integración el proceso de interacción entre las personas adultas mayores, sus familias, la sociedad, en el que se garantice que pueda aportar, con aceptación y reconocimiento, su potencial y capacidades, así como gozar de convivencia y oportunidades en conjunto con el resto de la sociedad. Artículo 35. Los descendientes en línea recta y/o parientes colaterales hasta el cuarto grado, tendrán las siguientes obligaciones: I. Apoyar y cuidar a las personas adultas mayores, otorgándoles oportunamente una nutrición adecuada a sus necesidades, de conformidad con lo establecido en el Código Civil de cada Estado. Para efectos de esta ley, se entenderá como responsabilidad de la familia la protección integral del senecto, teniéndose en cuenta las siguientes consideraciones: a) El lugar ideal para que las personas adultas mayores permanezcan es su hogar; sólo por causas de fuerza mayor o en caso de enfermedad, se les situará en otro lugar apto para el desarrollo de sus necesidades; b) Conocer los requerimientos integrales de las personas adultas mayores, para poderlos proveer de todo lo que necesiten y actuar consecuentemente en relación con cada uno de ellos; c) Aceptar y comprender a las personas adultas mayores, propiciando la interacción y comunicación permanentes, caracterizadas siempre por el trato afectuoso, de respeto y de cuidado, aún cuando carezcan de algún bien o patrimonio propio a heredar; y principalmente cuando comiencen a presentar algún tipo de limitación o discapacidad. Al respecto, empleará los medios a su alcance e instituciones para la rehabilitación a que haya lugar; II. Evitar el aislamiento físico o emocional de las Personas Adultas Mayores, proveyendo lo necesario para fomentar la convivencia cotidiana y la elevación de la calidad de vida familiar, donde las personas adultas mayores participen activamente, y promover al mismo tiempo los valores que incidan en sus necesidades afectivas, de protección y de apoyo, ya sea dentro de su hogar o bajo la protección de una institución asistencial pública o privada dedicada al cuidado de personas en edad avanzada; III. Conocer los derechos de las personas adultas mayores, previstos en la presente ley, así como los que se encuentran contemplados en nuestra Constitución y demás leyes para su debida observancia; pudiendo acudir a las instituciones indicadas en el presente ordenamiento para recibir la orientación y apoyo que amerite su situación particular; IV. Brindar atención primaria en materia de salud a las personas adultas mayores que formen parte de la familia; V. Las demás que les señalen las leyes. Artículo 36. La familia también estará obligada a: I. Evitar que alguno de sus integrantes, cometa cualquier acto de discriminación, abuso, aislamiento, prepotencia, maltrato o violencia familiar, contra las personas adultas mayores; II. Convencer a las personas adultas mayores para que eviten realizar cualquier acto jurídico con el cual pongan en riesgo su persona, sus bienes y derechos. III. Respetar la dignidad de las Personas Adultas Mayores, no forzándolas a realizar actos denigrantes o de mendicidad para obtener su sustento o con fines de lucro. IV. Vigilar que los trabajos o actividades que realicen las personas adultas mayores impliquen un esfuerzo acorde con las condiciones de su salud física y mental. Artículo 37. El Ministerio Público, como representante social, defenderá de manera específica los derechos de las personas adultas mayores, y conocerá de las violaciones que se cometan a las disposiciones de este capítulo, solicitando la aplicación de las sanciones correspondientes al caso concreto. CAPITULO SEGUNDO DE LA SOCIEDAD Artículo 38. La sociedad contribuirá con los medios a su alcance para que las personas adultas mayores sean respetadas y obtengan el reconocimiento a su dignidad, como parte integrante de la misma. Es obligación de la sociedad en su conjunto, ser comprensiva, amable y tolerante en el trato de las personas adultas mayores. Artículo 39. El Instituto determinará mecanismos de consulta y participación que permitan involucrar a las personas adultas mayores en las actividades tendientes a elevar el nivel de vida de todos los ciudadanos, preservando con ello su potencialidad y buscando el incremento de la autoestima de las personas de la tercera edad. Para ello deberá crearse un registro de las personas adultas mayores, para saber cuantos ciudadanos de esta característica son en total los interesados en recibir toda clase de beneficios, otorgados por todas y cada una de las instituciones. Artículo 40. Ninguna persona adulta mayor podrá ser marginada o discriminada de los núcleos sociales y de los espectáculos o servicios públicos, por razón de su edad, a menos que se ponga en riesgo su integridad física o emocional. Artículo 41. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en colaboración con las diversas instituciones públicas y privadas se organizarán para que existan en las colonias, barrios o comunidades de la entidad "Casas de las Personas Adultas Mayores", en donde los vecinos, a través de un proceso de autoayuda, contribuyan al cuidado y atención de las personas adultas mayores durante el día. Estas casas atenderán a los senectos cuyos familiares, por razones de trabajo o de otra índole no puedan atenderlos durante el día. En las "Casas de las Personas Adultas Mayores" se promoverán diversas actividades productivas y de interés para las personas adultas mayores; tales como recreación, cultura y deporte. Asimismo, se otorgará alimentación, cuidado en el día y atención a la salud. Artículo 42. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, vigilará el cumplimiento de lo dispuesto en este capítulo, a través de las siguientes acciones: I. Instalación de líneas telefónicas de libre acceso a la población, en donde puedan ser consultados los derechos y obligaciones de las personas adultas mayores; y se informen los distintos programas y servicios a su disposición y las instituciones que los brindan. Dicha línea contará también con el servicio de bolsa de trabajo, en el cual podrán inscribirse aquellas personas de la tercera edad que ofrezcan sus servicios y asesoría a la sociedad. II. Fomentar la realización de foros, mesas redondas, conferencias y pláticas dirigidas a la sociedad en general, en las que, teniendo como fin inculcar una actitud de aceptación y concientización en la comunidad, se resalte el cúmulo de experiencias y conocimientos empíricos, tecnológicos, científicos y profesionales, de las personas adultas mayores, sus aportaciones en beneficio de las presentes generaciones y su posición como fuentes de experiencia y conocimiento que pueden constituir alternativas para resolver la compleja dinámica de la realidad contemporánea. III. Concertación con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatales y municipales, instituciones del sector privado y organizaciones de la sociedad, para apoyar los esfuerzos vecinales que se realicen en apoyo de los senectos. CAPITULO TERCERO DE LA EDUCACION Artículo 43. El Estado garantizará a las personas adultas mayores el acceso a la educación pública y a cualquier otra actividad que contribuya a su desarrollo intelectual y que le permita conservar una actitud de aprendizaje constante y aprovechar toda oportunidad de educación y capacitación que tienda a su realización personal. Artículo 44. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de hacer uso de las bibliotecas públicas que, de acuerdo con sus disposiciones internas, facilitarán el préstamo a domicilio del material de las mismas, con la presentación de su identificación personal, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Cuando sea posible, las bibliotecas públicas adquirirán títulos seleccionados por las personas adultas mayores. Artículo 45. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores garantizará el cumplimiento de las disposiciones contenidas en este capítulo, a través de la celebración de convenios de coordinación y colaboración con las diversas instancias federales, locales y municipales; así como con las instituciones públicas y privadas con atribuciones en la materia. Asimismo, el Instituto suscribirá los convenios necesarios con las instancias federales, estatales y municipales,. a fin de que las personas adultas mayores puedan alfabetizarse o bien continuar con sus estudios; en todos sus niveles y promoverá, en coordinación con la instancia municipal, la formación de grupos de estudio en los centros sociales o comunitarios con los que cuenten los Gobiernos de los Estados, los municipios y las propias comunidades. Artículo 46. Los centros a que se refiere el artículo anterior, deberán además promover otras actividades dirigidas particularmente a las personas adultas mayores, tales como proyectos productivos para el autoempleo, talleres de capacitación, artes y oficios; y cursos diversos que le permitan emplear productivamente su tiempo libre y elegir la actividad que desee realizar. A este respecto, las personas adultas mayores decidirán si se integran a los cursos programados para la población en general, o se incorpora a los exclusivos propuestos para la tercera edad CAPITULO CUARTO DEL EMPLEO, CAPACITACION Y PROMOCION ECONOMICA Artículo 47. Las personas adultas mayores, al ser parte activa de la sociedad, tendrán la oportunidad de ser ocupados en un trabajo remunerador, en actividades lucrativas o voluntarias conforme a su oficio, habilidad o profesión, sin más restricción que su limitación física o mental declarada por la autoridad médica o legal competente. Asimismo, esta ley obliga a las empresas instaladas en la República Mexicana con un número mayor de 30 trabajadores, a contratar, cuando menos un 5% de su planta laboral de personas adultas mayores. Artículo 48. Las personas adultas mayores, de conformidad con la Ley Federal del Trabajo, podrá continuar trabajando, y decidirá libremente el momento en que desee iniciar los trámites de jubilación, sin que para ello influya que su edad cronológica sea mayor a los sesenta y cinco años. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores asistirá jurídicamente a las personas adultas mayores que decidan jubilarse o pensionarse, con la finalidad de cerciorarse que se hallan ajustado conforme a la Ley. De igual forma, las actividades laborales de las personas adultas mayores, serán siempre acordes a sus aptitudes y capacidades física y mental, sin que se les asignen trabajos denigrantes, riesgosos o nocivos para su salud, ni se les presione a retirarse o disminuya el salario en términos de las disposiciones legales aplicables. Artículo 49. Los Gobiernos de los Estados, a través de las Direcciones de Trabajo y Previsión Social, hará cumplir las disposiciones a que se refiere este capítulo. Vigilando en todo momento, su estricta observancia. Asimismo promoverá a través de la celebración de convenios de colaboración con las diversas instancias federales, locales y municipales; y las instituciones públicas y privadas, el pleno ejercicio de los derechos laborales de las personas adultas mayores. Artículo 50. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores en coordinación con las Secretarías del Trabajo, Desarrollo Social promoverán diversas formas de capacitación, financiamiento y empleo alternativas al trabajo formal, para aquellos ciudadanos de la tercera edad que ya no cuentan con esa posibilidad, a través de becas, talleres familiares, bolsas de trabajo oficiales y particulares. Artículo 51. Las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Económico de los Estados convocarán al sector empresarial a crear fuentes de empleo para la población de la tercera edad que no cuente con pensión o jubilación o una fuente de ingresos. Esto, con la finalidad de ofrecer oportunidades al segmento de senectos más vulnerables en términos económicos. Artículo 52. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores y las Secretarías de Comercio y Fomento Industrial y de Desarrollo Económico de los Estados impulsarán la constitución de fondos regionales para la creación de microempresas productivas manejadas por personas adultas mayores y coadyuvarán en la comercialización de sus productos. De igual manera promoverá que personas de la tercera edad sean empleados como capacitadores o asesores en diversas empresas dada su experiencia y cúmulo de conocimientos. Artículo 53.EI Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores creará y difundirá un programa de orientación dirigido a jubilados y pensionados que los ayude en el proceso de retiro y contrarreste los estados anímicos como la depresión, la angustia o el aislamiento ante el cambio de roles en la vida del extrabajador y que evite el surgimiento de cuadros patológicos en su salud mental. Para lo cual se procurará la construcción de espacios adecuados para el desahogo de actividades propias a las personas de la tercera edad. CAPITULO QUINTO DE LA CULTURA, RECREACION Y DEPORTE Artículo 54. Se reforzarán y ampliarán las actividades propias de la cultura, la recreación, el deporte y todo aquello que influya en una sana convivencia, elevándose su cobertura y ampliando su difusión con el fin de que estén al alcance de las personas adultas mayores, en forma similar a la que disfrutan todos los miembros de la sociedad. La Secretaría de Salud, les brindará la asesoría especializada para que el deporte se convierta en un elemento de su salud y bienestar. En consecuencia podrán integrarse como miembros en los centros recreativos, deportivos y clubes que existan en su comunidad, en el ámbito local, estatal, nacional o internacional, así como en los grupos o actividades especiales que se organicen para ellos. Artículo 55. Las personas adultas mayores podrán participar de manera activa, en las festividades cívicas y tradicionales que se celebren en su comunidad. Al respecto, se promoverá que sean ellos los transmisores del valor y el significado histórico de las costumbres, efemérides y de los actos que se celebren. Artículo 56. Corresponde a las Secretarías de Educación, a los Institutos de Cultura, al Instituto de la Juventud y el Deporte garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en este capítulo. Para tal efecto promoverán, en coordinación con las autoridades municipales y la participación de la sociedad, las acciones que sean necesarias a fin que en parques, jardines, kioscos, plazas públicas, teatros al aire libre, deportivos y demás lugares públicos destinados a la recreación, se cuente con los espacios necesarios que faciliten la integración de las personas adultas mayores a las actividades sociales, culturales y deportivas que se establezcan en su beneficio en espacios gratuitos, con clases y exposiciones dentro de la casa de la cultura. Artículos 57. Se promoverá el deporte para la salud y se establecerá la organización y participación de las personas adultas mayores en actividades deportivas, entrenando a personas y grupos para competir en el ámbito nacional o internacional en las modalidades previstas para ellos, apoyándolos siempre con la asesoría especializada en los aspectos de salud. Artículo 58. Corresponderá a los Institutos de Cultura con la colaboración del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, estimular a las personas adultas mayores, a actividades de creación y al goce del arte y la cultura y les facilitará el acceso a la expresión a través de talleres en las distintas disciplinas artísticas y culturales, exposiciones, concursos y eventos comunitarios, nacionales e internacionales. Artículo 59. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores otorgará periódicamente reconocimientos a las instituciones públicas y privadas de la República que hallan destacado por el apoyo a la población de las Personas Adultas Mayores. Asimismo, el Instituto deberá otorgar estímulos y reconocimientos a las Personas Adultas Mayores en las entidades federativas que hubieren destacado por las actividades o trabajos desarrollados a favor de la comunidad senescente. Los estímulos consistirán: I. Distinción al mérito. Se otorgará a aquellas personas adultas mayores que se hayan distinguido por su compromiso, enseñanzas y aportaciones a la sociedad en su conjunto, en las ramas de la ciencia, la investigación, la cultura, el arte o el magisterio. II. Reconocimiento. A aquellos que se hayan distinguido por su apoyo y compromiso con la causa de las personas adultas mayores en las ramas de los servicios, la ciencia y la investigación. TITULO QUINTO DE LOS SERVICIOS CAPITULO PRIMERO DE LOS MODULOS DE INFORMACION Artículo 60. Será obligación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipales, en coordinación con las distintas dependencias y entidades de los tres niveles de gobierno, establecer módulos para la atención y el trato amable a las personas adultas mayores; donde habrá sillas suficientes para casos de espera; y que agilicen los trámites y procedimientos administrativos en los que éstos se vean involucrados. Artículo 61. Para los efectos del artículo anterior, se simplificarán las gestiones y trámites correspondientes y se promoverá la celebración de convenios de colaboración con las demás dependencias de la administración pública federal, estatal y municipal, y, en su caso con empresas privadas. Será obligación de las instituciones bancarias, financieras y crediticias dar la respuesta por escrito a las diferentes organizaciones y prioridad a la atención de las personas de la tercera edad, jubilados y pensionados que acudan a realizar cualquier tipo de trámites en dichas instituciones. Esta obligación será extensiva, a todas las empresas prestadoras de servicios. CAPITULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DE ASESORIA Y GESTION Artículo 62. Las personas adultas mayores tendrán derecho a que se les garantice la seguridad jurídica de su persona y patrimonio, por parte de las autoridades de los estados, tanto en el ámbito Ejecutivo, como Legislativo y Judicial. Artículo 63. Corresponde a los juzgados familiares y civiles, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la aplicación y el cumplimiento del artículo anterior; para ello, realizarán las siguientes acciones a favor de las personas adultas mayores: Proporcionarán asesoría jurídica a las personas adultas mayores, a través de personal capacitado que será en todo momento comprensivo, amable, respetuoso y explícito, tomando en cuenta que pudieran estar disminuidas las capacidades físicas y mentales de las personas adultas mayores. II. Se otorgará la representación legal de oficio, defendiendo los intereses y derechos de las personas adultas mayores, a fin de garantizar su integridad y evitar cualquier acto de discriminación, respetando en todo momento su heterogeneidad; III. Se proporcionará un traductor o interprete si las personas adultas mayores no hablan castellano o padecen alguna discapacidad que les impida expresarse o darse a entender por sí mismos. Artículo 64. Las Procuradurías de Justicia, facilitarán a las personas en edad avanzada, el estudio del expediente correspondiente, a fin de proveer mejores acciones, facilitándoles trámites y actuaciones en caso de que la persona adulta mayor sea la víctima o la ofendida por algún delito en alguno de los municipios de la entidad. Artículo 65. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores auxiliará a los familiares de las personas adultas mayores que se encuentren purgando una pena por la comisión de delitos en los Centros de Readaptación Social, por lo que solicitarán a las Secretarías o dependencias de la custodia de internos o procesados informes sobre la situación jurídica que guardan los internos de la tercera edad y asesorar a los familiares, en su caso, del otorgamiento de los beneficios que les concedan las Leyes. CAPITULO TERCERO DEL TRANSPORTE Artículo 66. Las personas adultas mayores, jubiladas y pensionadas tendrán derecho a gozar con facilidad, seguridad, accesibilidad y amabilidad los servicios, programas o beneficios que para ello ofrezcan los gobiernos federal, estatal y municipales. Para el ejercicio de este derecho, se establecerán convenios con aerolíneas y empresas de transporte terrestre para que otorguen tarifas preferenciales a las personas de la tercera edad. Los concesionarios de servicios públicos de transporte procurarán que sus unidades de transporte cuenten con el equipamiento adecuado para que las personas adultas mayores puedan ascender y descender sin dificultades, por lo que deberán contar con plataformas, para subir a las personas en sillas de ruedas, con muletas y bastones. Artículo 67. Las personas adultas mayores tendrán derecho permanente y en todo tiempo, a obtener descuentos o exenciones de pago al hacer uso del servicio de transporte público estatal o municipal, previa acreditación de la edad, mediante identificación oficial, credencial de jubilado o pensionado del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. En todo tipo de unidades de transporte público, los Estados y Ayuntamientos exigirán la existencia de por lo menos el 10% de asientos preferenciales por vehículo debidamente señalados para las personas adultas mayores. Artículo 68. Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en coordinación con las dependencias estatales competentes y las Direcciones de Policía y Tránsito municipales, hacer cumplir lo establecido en este capítulo, para lo cual implementará las siguientes acciones: I. Garantizará, que el transporte público cuente con sistemas de acceso, desplazamiento y vialidad seguros; para facilitar su utilización y evitar accidentes; para ello deberá de contar con servicios especiales para las personas adultas mayores, con problemas de movilidad o discapacidad; II. Celebrará acuerdos y convenios de colaboración con las empresas concesionarias o permisionarias, para que las unidades de transporte público sean accesibles, cómodas y ofrezcan dar los apoyos especiales a los que se refiere este capítulo. El personal de transporte deberá ser capacitado, para la atención de las personas de la tercera edad, pensionados y jubilados, y serán sancionados de conformidad con la ley respectiva. Artículo 69. Los Gobiernos de los Estados, a través de las dependencias con facultades en la materia, en coordinación con las Direcciones de Policía y Tránsito municipales y en los términos de las disposiciones aplicables, vigilará y garantizarán que los usuarios y automovilistas respeten los señalamientos y áreas de accesibilidad exclusivas para las personas adultas mayores. CAPITULO CUARTO DE LA VIVIENDA Artículo 70. Las personas adultas mayores tendrán derecho a vivir en entornos seguros y adaptables a sus preferencias personales y a sus capacidades en continuo cambio. Asimismo, a vivir en un alojamiento digno y decoroso, donde libremente ejerzan sus derechos fundamentales. Artículo 71. Las personas adultas mayores que cohabiten con sus familiares, deberán tener los espacios suficientes que cubran sus necesidades básicas. Artículo 72. Las personas adultas mayores tendrán derecho a contar con alojamiento adecuado cuando residan en instituciones públicas o privadas, mismo que deberá tener los requerimientos mínimos que le aseguren una estancia digna en la que pueda realizar todas sus actividades. Artículo 73. Los Gobiernos Federal y de los Estados, a través de las dependencias con competencia en la materia, realizarán las acciones necesarias a fin de concretar programas de vivienda que permitan a las personas adultas mayores la obtención de créditos accesibles para adquirir una vivienda propia o realizar mejoras en caso de ya contar con ella. Artículo 74. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, promoverá que empresas privadas y particulares que ofrezcan descuentos en el alquiler de vivienda a las personas en edad avanzada con menores recursos económicos. Articulo 75. En los proyectos de vivienda de interés social se dará igual oportunidad a las parejas compuestas por personas adultas mayores, solas o jefes de familia. Artículo 76. Los Estados y los gobiernos municipales exigirán que los planos de construcción de los establecimientos públicos, comerciales, de servicio o entretenimiento prevean los requerimientos de construcción adecuados para las personas adultas mayores. CAPITULO QUINTO OTROS DESCUENTOS INSTITUCIONALES Artículo 77. Las personas adultas mayores, pensionadas y jubiladas que residan en el país, serán sujetos de reducciones y exenciones que establezcan las leyes, en por lo menos el 50 por ciento de descuento por concepto de derechos, impuestos o servicios que presten los Gobiernos Federal de los Estados y en su caso los Gobiernos Municipales. Los gobiernos darán a conocer con oportunidad, la difusión de los beneficios a través de los medios de comunicación escritos y electrónicos de cada Entidad. Para efectos de prever presupuestalmente lo dispuesto en este artículo, la federación, los Estados y los gobiernos municipales dispondrán de las medidas necesarias para su inclusión en sus presupuestos de egresos y leyes de ingresos respectivas. Artículo 78. Los Gobiernos Federal, de los Estados y los Gobiernos Municipales, a través de las dependencias correspondientes y sus oficinas recaudadoras, garantizarán el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo anterior. Artículo 79. El Instituto de las personas Adultas Mayores celebrarán los convenios de colaboración que sean necesarios, con dependencias de la administración pública federal y del sector privado, a fin de obtener descuentos y beneficios para las personas adultas mayores en el pago de servicios de energía eléctrica, gas y telefónico. Artículo 80. El Instituto de las Personas Adultas Mayores promoverá la celebración de convenios con laboratorios, empresas fabricantes de prótesis y equipo de rehabilitación, cadenas comerciales y fundaciones para la obtención de medicamentos, prótesis, marcapasos víveres y despensas a costos simbólicos o como donaciones que ayuden a la población de la tercera edad con menores recursos. Las personas adultas mayores de escasos recursos, tendrán descuentos preferenciales en productos de calzado y vestido que otorguen empresas o cadenas comerciales con las cuales establezca convenios el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. También disfrutarán de exención en el pago en cines, teatros, museos y conciertos las personas de 60 años y más cuyos ingresos sean de un salario mínimo y descuento del 50 por ciento para aquellos que tenían ingresos superiores a este monto. Para tal efecto, se celebrarán los convenios correspondientes con las empresas o instituciones que sea necesario. Las personas de la tercera edad también gozarán de los beneficios de los descuentos concertados y difundidos que se otorgan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, en determinados servicios públicos, establecimientos comerciales, centros hospitalarios y otros prestadores de servicios técnicos y profesionales. Artículo 81. Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con el auxilio de las dependencias públicas, garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 79 y 80, así como la celebración de los convenios, en sus respectivos ámbitos de competencia, con dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal; y con los sectores social y privado. CAPITULO SEXTO DE LA ATENCION A LA SALUD Artículo 82. Las personas adultas mayores tendrán el derecho a la prestación de servicios públicos de salud integrales y de calidad, en todas las actividades de atención médica, como son la prevención, curación y rehabilitación, en los niveles ambulatorio, hospitalario y de institutos nacionales, con objeto de que puedan gozar de una buena salud física y mental. Artículo 83. Para los efectos del artículo anterior, se entenderá por actividades de atención médica, el conjunto de servicios que se proporcionan por el personal médico a las personas adultas mayores, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud; estas actividades médicas son las siguientes: I. Prevención. Adopción de medidas encaminadas a impedir el deterioro en la salud integral de las personas adultas mayores como son sus facultades físicas y mentales, para lo cual se deberá contar con servicios de atención y orientación en todos los centros de salud. Sólo para efectos de prevención se considerará como persona adulta mayor a aquella que tenga 50 años o más. II. Curación. El proceso de duración limitada y con un objetivo definido, encaminado a permitir que una persona en edad avanzada, alcance un nivel físico, mental o social óptimo, proporcionándole así los medios para modificar su propia vida, ésta atención comprende la: III. Rehabilitación. Caracterizada por las acciones que tienen como fin el recuperar las facultades, capacidades o habilidades perdidas o el deterioro provocado por la edad o enfermedad. Artículo 84. De igual manera se entenderá por Niveles de Atención Médica las instancias en donde se llevan a cabo las actividades de atención médica o servicios de urgencias a cualquier hora en que las personas adultas mayores lo necesiten, y son las siguientes: I. Nivel Ambulatorio. Es la atención proporcionada por médicos generales, médicos familiares y odontólogos, tiene su sede en clínicas y centros de salud. II. Nivel de Atención Hospitalaria. Se atienden especialidades básicas y tiene su sede en los hospitales generales III. Nivel de Institutos Nacionales. Es la atención otorgada por los especialistas y tiene su sede en los institutos de especialidades. Artículo 85. Las especialidades médicas encargadas de la atención de la salud de las personas adultas mayores, son: I. Geriatría. Es la atención médica brindada por médicos especialistas en la materia y que se refiere a las enfermedades propias de las personas adultas mayores. II. Gerontología. Es la atención brindada por especialistas en la materia y que se encargan de estudiar la conducta y entorno social de las personas de la tercera edad, es decir, su situación integral dentro de la sociedad. Artículo 86. Corresponde a la Secretaría de Salud en coordinación con el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, garantizar lo dispuesto en este capítulo. Para tales efectos deberá: I. Garantizar el acceso a la atención médica a las personas adultas mayores en las clínicas y hospitales, proponiendo el establecimiento de áreas geriátricas en las unidades médicas de segundo y tercer nivel públicas y privadas; II. Proporcionar a la población senecta una cartilla médica de autocuidado, misma que será utilizada indistintamente en las instituciones públicas y privadas; en la cual se especificará el estado general de salud, enfermedades crónicas, tipo de sangre, medicamentos administrados, reacciones e implementos para ingerirlos, alimentación o tipo de dieta suministrada, consultas médicas y asistencias a grupos de autocuidado; III. Establecer los mecanismos de coordinación interinstitucional que sean necesarios para proporcionar atención a las personas adultas mayores que lo necesiten medicamentos para mantener un buen estado de salud. Lo anterior previo estudio socioeconómico que determinará la cantidad que deberán aportar las personas adultas mayores; y en caso de no contar con recursos, podrán serles distribuidos sin costo alguno; IV. Impartir cursos de capacitación orientados a promover la autoatención de la salud y que las personas adultas mayores sean más independientes en su cuidado; V. Apoyar a las unidades médicas y organizaciones civiles dedicadas a la atención de la salud mental de la población senecta; VI. Establecer convenios con universidades públicas y privadas para recibir prestadores de servicio social en las áreas de trabajo social, psicología, medicina y enfermería para que apoyen las acciones institucionales en la atención de las personas adultas mayores en las unidades geriátricas o a domicilio; VII. Crear el servicio de atención a domicilio para aquellas personas de edad avanzada con algún impedimento físico o mental y que no cuenten con los recursos económicos para movilizarse, VIII. Establecer comedores populares en las zonas con mayor número de las personas adultas mayores en condiciones vulnerables, donde puedan contar con una dieta adecuada. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores emprenderá las gestiones necesarias para que los Gobiernos Federal y de los Estados realicen las acciones a que haya lugar con el fin de apoyar activamente a los grupos de riesgo afectados por ciertas enfermedades físicas, psíquicas o discapacitantes y aquellos en situación de vulnerabilidad social o familiar. Artículo 87. Los cuidados proporcionados a las personas adultas mayores por la familia, por los responsables de su atención y cuidado, o en su caso por las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, comprenderán los siguientes aspectos: I. Las personas adultas mayores tendrán el derecho de ser examinados cuando menos una vez al año, para el mantenimiento de su salud y recibir los tratamientos que requieran en caso de enfermedad. II. Serán sujetos de la confidencialidad y participarán en las decisiones que sobre su estado de salud se generen. III. Tendrán derecho a una nutrición adecuada y apropiada, de acuerdo a sus propias necesidades. Artículo 88. Las instituciones públicas y privadas dedicadas a la atención de la salud, deberán contar con personal médico y de enfermería especializado en Geriatría y Gerontología y deberán impartir educación y capacitación para promover la autoatención de la salud, tendiendo a que las personas adultas mayores cuiden de sí mismos del modo más independiente posible. TITULO SEXTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL CAPITULO UNICO Artículo 89. Las personas en edad avanzada, deberán ser sujetos de asistencia social cuando por diversas circunstancias de abandono, pobreza, marginalidad o porque ya no puedan valerse por sí mismos requieran de una protección especial del Estado y de la Sociedad. Artículo 90. Corresponde al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores coordinarse con los Sistemas Nacional, Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia y los Sistemas Municipales correspondientes, con las instituciones públicas, privadas y sociales, para garantizar la calidad y cobertura de los servicios de asistencia. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores mantendrá actualizado un registro pormenorizado de aquellas personas adultas mayores que tengan derecho a recibir despensas o apoyos en especie. Para tales efectos, el Instituto realizará los estudios socioeconómicos de las personas adultas mayores solicitantes para comprobar y justificar el apoyo institucional. Artículo 91. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores promoverá acciones de educación y buenos hábitos alimenticios entre la población senecta. Artículo 92. Las instituciones públicas y privadas dedicadas a brindar apoyo, cuidado y atención a las personas en edad avanzada, deberán cumplir además de lo previsto en esta ley, con las normas establecidas en materia de seguridad, sanidad, capacitación de su personal, así como la existencia de un modelo de atención adecuado para las necesidades de las personas adultas mayores. Artículo 93. Corresponderá al Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores con el auxilio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia detectar a las personas adultas mayores indigentes, impedidos o abandonados y canalizarlos hacia centros de asistencia públicos o privados. Artículo 94. Cuando una persona de edad avanzada quede a cargo de una institución pública o privada, ésta llevará un expediente personal del senecto, que proporcionará a su familia a petición de parte y asumirá las funciones de una familia, por lo cual estará obligada a: I. Atender adecuadamente a sus necesidades de alimentación, vestido y habitación, convivencia y buen trato; II. Brindar cuidado en la salud física y mental del senecto; III. Fomentar actividades productivas y de esparcimiento de acuerdo a su edad y necesidades de bienestar. La institución registrará los datos particulares de los familiares de las personas adultas mayores para los efectos a los que haya lugar. Artículo 95. Queda prohibido a las instituciones realizar cualquier acto de crueldad o violencia con las personas adultas mayores, así como de aislamiento no deseado por la persona y la suspensión de alimentos o de tratamiento médico o uso de comodidades. También, cualquier tipo de discriminación u obligar a las personas a efectuar trabajos o actividades contra su voluntad, que atenten contra su dignidad, la moral o buenas costumbres o que impliquen un esfuerzo físico que vaya en perjuicio de su salud. Artículo 96. La totalidad del personal que se desempeñe en las instituciones que brinden asistencia a las personas en edad avanzada, será seleccionado previo estudio interdisciplinario que determine la calidad y aptitud del aspirante. Al respecto se considerará su experiencia y se le evaluará desde los puntos de vista médico, psicológico, social y académico. En caso del personal médico y de enfermería, éste deberá acreditar su especialidad en geriatría y vocación de servicio para brindar asistencia a estas instituciones. Artículo 97. Las instituciones públicas y privadas dedicadas a la asistencia de las personas en edad avanzada, en coordinación con las instituciones de educación superior del Estado, deberán implementar programas de servicio social a fin de que la población estudiantil de las distintas áreas y que deseen desenvolverse en esta materia, pueda compenetrarse con la atención de las personas adultas mayores Artículo 98. Para el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el presente capítulo, el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, las demás dependencias de la administración pública estatal, en coordinacián con las instancias municipales, y las dependencias federales con facultades en la materia, darán a conocer con oportunidad las políticas, proyectos, modelos de atención y planes que sobre las personas de edad avanzada realicen y que se encuentren en el ámbito de su competencia. Artículo 99 Las instituciones u organizaciones públicas o privadas que presten servicios asistenciales a las personas de la tercera edad tendrán los siguientes derechos: I. Contarán con incentivos fiscales, entre los que figurarán los descuentos en el pago de agua potable e impuesto predial y demás que autoricen las leyes. II. Tendrán acceso preferente a la información que exista en el estado en materia de geriatría y gerontología. III. Formarán parte del directorio de organizaciones especializadas en materia de atención a la tercera edad que al respecto formulará el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. IV. Recibirán asesoría y cursos del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores para que puedan contar con personal debidamente capacitado en la materia, y brindar una atención integral y humanitaria requerida por las personas de edad avanzada. V. Establecerán y mantendrán comunicación coordinación permanente con los organismos encargados de la atención de las personas adultas mayores; VI. Celebrarán convenios de canalización de personas y apoyos médicos y alimenticios con instituciones públicas y privadas. TITULO SEPTIMO DE LAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES CAPITULO UNICO Artículo 100. En todo momento las instituciones públicas, privadas y sociales deberán garantizar y observar el total e irrestricto respeto a los derechos de las personas de edad avanzada que esta ley consagra. El incumplimiento a las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento jurídico, motivará la aplicación de las sanciones establecidas en los Códigos Penales de los Estados y las demás leyes aplicables. Artículo 101. Las autoridades y servidores públicos consideradas en la presente ley que incumplan con la misma, serán sujetos de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Mexicanos, la particular de los Estados y las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos de cada Estado. Artículo 102. Cualquier persona que tenga conocimiento del maltrato o violencia contra las personas adultas mayores podrá denunciarlo ante las autoridades competentes. De no hacerlo, se harán acreedores a una multa equivalente de tres hasta diez salarios mínimos generales vigentes aplicables en cada entidad federativa. " TRANSITORIOS PRIMERO. Esta ley entrará en vigor a los treinta días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. El Titular del Poder Ejecutivo Federal convocará e instalará el Consejo Nacional de las Personas Adultas Mayores dentro de los sesenta días siguientes al inicio de la vigencia de la presente Ley. TERCERO. Para que las personas adultas mayores sean sujeto de los descuentos y beneficios que otorga esta ley, deberán acreditar su edad, mediante credencial oficial, credencial de jubilado o pensionado y/o credencial del Instituto Nacional de la Senectud o del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. CUARTO. El Instituto Nacional de la Senectud, así como las delegaciones estatales y municipales, transferirán los bienes muebles e inmuebles asignados para la atención de las personas adultas mayores a más tardar treinta días de la designación del Director General del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. QUINTO. La presente ley deroga el decreto de fecha 22 de agosto de 1979, por el que se crea el Instituto Nacional de la Senectud y todas aquellas disposiciones que contravengan a la misma. Es cuanto, señor Presidente. Entrego a usted un tanto de la Iniciativa que contiene la exposición de motivos, los considerandos y el desglose pormenorizado de los artículos. La presentamos a nombre del grupo parlamentario del PRI, un servidor, Diputado Jaime Cleofas Martínez Veloz y el Diputado Amador Rodríguez Lozano. Y por último, quiero decir en esta tribuna que esta Iniciativa la hago en reconocimiento al gran esfuerzo de mis padres y de mis abuelos. (Aplausos)