La senadora Martha Angélica Tagle Martínez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, este 2016 lo iniciamos con muy malas noticias. El asesinato de Gisela Mota es algo que nos debe poner sin duda a reflexionar. A Gisela Mota no la mataron en una plaza pública, tampoco en la calle, entraron a su casa, la mataron frente a sus familiares y amigos. Cuando la inseguridad llega hasta las puertas de tu casa algo estamos haciendo mal. La principal razón de ser del Estado es garantizar la seguridad de sus habitantes y en eso, como Estado, como Poder Legislativo, estanos fallando. Miles de asesinatos, desde que inicio la guerra contra el narcotráfico y que aunque ahora no sean parte de la noticia cotidiana, se siguen dando dado a que la errática política en materia de seguridad continúa, son muestra de que hay un Estado fallido en materia de seguridad. Al menos 100 ediles muertos, varios funcionarios públicos y también candidatos han sido asesinados durante los últimos años. Y, bueno, la respuesta generalmente de la clase política es pedir seguridad para los políticos y se generan medidas cautelares para protegerlos, ¿pero qué estamos haciendo para garantizar la seguridad de la ciudadanía? Me temo que muy poco. Al paso de los días después del cobarde asesinato de Gisela hemos estado presenciando lamentables dimes y diretes en el estado por un tema, que es el mando único y que quizás vale la pena recordar aquí que el mando único también surgió como respuesta a una de las peores crisis que estamos viviendo. Si ustedes no recuerdan, fue uno de los temas fundamentales del Decálogo del presidente de la República cuando se presentó el tema de los 43 de Ayotzinapa. El mando único como instrumento de seguridad no puede ser impuesto por una sola persona, cualquiera que sea su cargo; ni el presidente de la República ni los gobernadores, porque viola la Constitución. Debe de quedarnos claro que el artículo 115 constitucional le da a los municipios la facultad de velar por su seguridad pública, y si lo relacionamos con el artículo 21 constitucional en materia de Ley de Seguridad Pública, tiene que haber necesariamente un acuerdo que sea ratificado por los presidentes municipales. Pero además es importante considerar que en el tema del mando único las realidades de las policías en el país no son las mismas en todos los estados y municipios. Hay municipios que cuentan con policías fuertes, estructuradas y funcionales, pero hay estados, policías estatales donde es conocido de sobra la corrupción que existe en esos cuerpos policiacos. Establecer un mando único homologado no es la solución. Lo que es cierto es que no podemos seguir igual. Hoy en día la suplente de Gisela duda en tomar protesta y con toda razón, la inseguridad sigue presente. Y ahí quiero retomar otro tema que es fundamental, que tiene que ver con la violencia política hacia las mujeres, del cual también los legisladores tenemos un pendiente, porque a varios años de que la senadora Lucero Saldaña presentó una iniciativa, seguimos sin avanzar en la dictaminación de la ley que tipifique finalmente la Ley de Violencia Política por Razones de Género. Condenar el asesinato de Gisela no es suficiente, compañeros; exhortar a que las autoridades hagan lo que tienen que hacer tampoco es suficiente. Sin embargo, ese es el acuerdo político al que se ha llegado hoy y eso es lo que estamos emitiendo en esta Comisión Permanente. Les hago un llamado a que ese otro tercer punto que venía en la propuesta original de darnos el tiempo de debatir y analizar sobre la política en materia de seguridad, no sea eliminado. Requerimos los legisladores también hacernos cargo de la parte que nos toca en materia de seguridad, por ser parte del Estado mexicano. Es cuanto, compañeros legisladores.