La Secretaria diputada Patricia Garduño Morales: Proyecto de declaratoria: El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa la aprobación de la mayoría de las Honorables Legislaturas de los Estados, declara reformados los artículos 26 y 73 fracción XXIX-D de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo primero. Se reforma el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 26: A. El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática, mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal. La Ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de participación y consulta popular que el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los criterios para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el Ejecutivo Federal, coordine mediante convenios con los Gobiernos de las entidades federativas e induzca y concierte con los particulares, las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. En el Sistema de Planeación Democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señale la ley. B. El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica, cuyos datos serán considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. La responsabilidad de normar y coordinar dicho Sistema estará a cargo de un organismo con autonomía técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades necesarias para regular la captación, procesamiento y publicación de la información que se genere y proveer a su observancia. El organismo tendrá un Junta de Gobierno integrada por 5 miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente de ésta y del propio organismo. Serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores, o en sus recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La ley establecerá las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geográfica de acuerdo con los principios de accesibilidad a la información, transparencia, objetividad e independencia; los requisitos que deberán cumplir los miembros de la Junta de Gobierno, la duración y escalonamiento de su encargo. Los miembros de la Junta de Gobierno podrán ser removidos por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión con excepción de los no remunerados e instituciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia y estarán sujetos a lo dispuesto por el Título Cuarto de esta Constitución. Artículo 2°.- Se reforma la fracción XXIX-D del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Fracción XXIX-D. Para expedir leyes sobre el planeación nacional del desarrollo económico y social, así como en materia de información estadística y geográfica de interés nacional. Transitorios Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- En tanto se expida la Ley General al que se refiere el Apartado B del artículo 26 de esta Constitución, continuará en vigor la Ley de Información, Estadística y Geográfica y demás disposiciones legales y administrativas aplicables, asimismo subsistirán los nombramientos, poderes, mandatos, comisiones y en general las delegaciones y facultades concedidas a los servidores públicos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Tercero.- A la entrada en vigor de la Ley a que se refiere el Aparto B del artículo 26 de esta Constitución, los recursos financieros y materiales así como los trabajadores adscritos al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se transferirán al organismo creado en los términos del presente decreto. Los trabajadores que pasen a formar parte del nuevo organismo, se seguirán rigiendo por el Aparto B del artículo 123 de esta Constitución y de ninguna forma resultarán afectados en sus derechos laborales y de seguridad social. Cuarto.- Conforme a las disposiciones aplicables, el régimen presupuestario del organismo creado en los términos del presente decreto, deberá garantizar la librea administración, la no transferencia y la suficiencia de recursos públicos, Lo anterior a efecto de que el organismo esté en condiciones de dar cumplimiento a los planes y programas que formule en observancia de la ley a que se refiere el artículo B del artículo 26 de esta Constitución. Quinto.- Los asuntos que se encuentren en trámite o pendientes de resolución a la entrada en vigor de este decreto, se seguirán sustanciando ante el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y posteriormente ante el organismo creado en los términos del presente decreto. Sexto.- Dentro de los 180 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, el Congreso de la Unión deberá emitir la ley a que se refiere el Apartado B del artículo 26 de esta Constitución. Séptimo.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto.