El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, constituye un lamentable hecho que, sin duda, lastimó a la sociedad mexicana. Aquella trágica noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, nos cimbró a todas y todos los mexicanos. Nadie quisiera vivir la terrible experiencia de saber que un ser querido ha desaparecido. La desaparición de cualquier mexicana o mexicano es algo que lastima a sus familias y que agravia a la sociedad en general. Constituye una violación pluriofensiva de los derechos humanos. Causa daños irreparables a las víctimas. Provoca sufrimiento a sus familiares al ignorar el destino final que aquellas correrán, generándoles por tiempo indefinido el temor y la incertidumbre de conocer el paradero de sus seres queridos, además de un deterioro económico y de salud física y mental. Poco se habla de esto, pero además de los 43 desaparecidos existieron más víctimas por estos hechos, alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas considerando a las familias. Ante estos hechos como en su momento varias voces en la sociedad se hicieron escuchar, hoy alzamos la voz con el justo reclamo de exigir justicia y llegar a la verdad de lo acontecido aquella noche. Ninguna persona debe desaparecer, ningún mexicano debe ser víctima y ser agraviado en sus derechos humanos, el derecho a la vida, el acceso a la justicia, y sobre todo el derecho a la verdad. Compañeras y compañeros diputados, en el PRI somos empáticos con el dolor de las familias de las víctimas, siempre nos hemos sumado a los reclamos de acceso a la justicia y a la verdad. Los derechos humanos constituyen un pilar fundamental sobre el cual conducimos todas nuestras acciones legislativas, todas y todos somos mexicanos, queremos conocer la verdad de los hechos. Esa es una exigencia social. A siete años de estos trágicos acontecimientos seguiremos atentos al desarrollo de las investigaciones. La desaparición de estos 43 estudiantes no puede ni debe quedar impune. Estaremos siempre del lado de la gente, del lado de la justicia, del lado de la verdad exigiendo el cumplimiento de la ley, la reparación del daño, pero sobre todo exigiendo el respecto irrestricto a los derechos humanos. La justicia, compañeras y compañeros, no es un tema de partidos, va más allá de cualquier color o ideología. La justicia es el bien supremo sobre el que se cimienta la sociedad y que debe distinguirnos como seres humanos. Mi padre, don Alfredo, y mi tío Marco Aurelio, fueron normalistas, estudiaron en la Normal Rural del Mexe, en Hidalgo, y en Tenería, en el estado de México y en la Escuela Nacional de Maestros participaron en la primera manifestación interuniversitaria de estudiantes, allá por la década de los 40 del siglo XX. Mi abuelo, además de revolucionario fue también profesor rural, y como hidalguense recuerdo con admiración la memoria de don Malaquías Piña Josué, quien fuera maestro rural, misionero con José Vasconcelos y perseguido durante la Revolución Mexicana. Posteriormente sería condecorado en Europa por su heroísmo al ofrendar su vida a la educación. Con estos antecedentes, compañeras y compañeros, crecí convencido del papel histórico de las normales rurales en la formación de nuestra patria. Le debemos a esas maestras y a esos maestros que alzaron la voz por su país, a los estudiantes de Ayotzinapa, a sus familias y a nuestra patria la justicia y la verdad sobre estos hechos que lastiman a todas y a todos los mexicanos. Es cuanto.