El senador Héctor Pérez Plazola: Gracias, señorita Presidenta. Compañeras y compañeros senadores, senadoras, diputados y diputadas. Con el apoyo en el trabajo de esta iniciativa del diputado federal jalisciense don Joel Arellano, presento a ustedes esta propuesta de la cual se ha hecho referencia, para reformar tanto la Constitución como diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el artículo 87 del Reglamento también del Gobierno Interior. Aun cuando ya está publicada en la Gaceta, solamente haré algunos comentarios al respecto. En el ámbito parlamentario mexicano se entiende como acto legislativo la facultad de dictar las leyes, cuya actividad y ejercicio corresponden al Congreso y en cuyo proceso de formación participan diversos órganos, teniendo relevancia el Poder Ejecutivo. Para que dicho acto legislativo, llegue a tener existencia como ley o decreto, debe cumplirse el procedimiento previsto en la Constitución, en su artículo 72, que implica una serie de ordenanzas de pasos o fases que son realizados por los órganos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo facultados para ello. El derecho de iniciar leyes o decretos compete por naturaleza a los diputados, senadores, pero además, todos sabemos, el presidente de la República, a las legislaturas de los estados, así como en algunos casos, a ciudadanos que pueden sugerir los temas a proponer. En ese orden de ideas, el pleno del órgano legislativo deriva las iniciativas recibidas a la comisión o comisiones correspondientes, consideradas como órganos regulares y permanentes en que intervienen los legisladores para participar en las resoluciones o dictámenes. En términos parlamentarios, el dictamen es conceptualizado por el jurista Manuel González Oropeza como una resolución acordada por la mayoría de los integrantes de algún comité o comisión de un parlamento o congreso con respecto a una iniciativa, asunto o petición sometida a su consideración por acuerdo de la asamblea, la cual está sujeta a lecturas previas y a una posterior discusión y aprobación del pleno de la Cámara respectiva, la cual debe contener una parte expositiva de razones en que se funda la resolución, dentro de las que resulten relevantes las expresadas por el autor de dicha iniciativa. No obstante lo anterior, los tratadistas y estudiosos de derecho parlamentario y de la técnica legislativa han dejado de lado el tema relativo a la frontera existente entre la iniciativa y el dictamen, descansando en una lógica que ha derivado de una laguna en la ley, generando con ello que sea una constante el ver dictámenes que van más allá de la pretensión de subsanar la iniciativa o incluso, en el sentido o intención del autor de la misma iniciativa. Esto es, nos llevan a dimensiones de un dictamen con resultados distintos al propuesto por la iniciativa que la originó, lo que debería ser resuelto con una nueva iniciativa, como nos aconteció justamente en la primera reunión de la Comisión Primera, cuando se resolvía en un sentido diferente a como se había presentado la iniciativa. Eso es lo que originó nuestra intención de presentar de una vez esta propuesta. De igual manera, al realizar un análisis al marco jurídico del Congreso encontramos que existe incongruencia en lo relativo al término para la dictaminación de las iniciativas por parte de las comisiones, toda vez que la Constitución, en su artículo 72, establece el término de un mes, mientras que la Ley Orgánica del Congreso General, en el inciso g) del artículo 67 establece un plazo de 20 días, y su reglamento en el artículo 87 prevé 5 días para dictaminación. Esto es, se prevén plazos diferentes para el mismo efecto. Además de que la práctica difícilmente se puede cumplir si atendemos a que el legislador, en su momento, no previó la complejidad del estudio y atención de los diferentes asuntos que se tratan dentro de las comisiones y, como consecuencia, en la práctica encontramos por costumbre la existencia de una prórroga consentida, por lo que es necesario actualizar el supuesto normativo a los tiempos y procedimientos reales. Es por todo esto que me permito afirmar que estamos frente a una situación no prevista por el legislador, para que pueda ser resuelto al vincular todos los plazos correspondientes. Por lo tanto, me permito presentar esa iniciativa con el objeto de que se reformen los artículos ya mencionados y a final de cuentas equiparar el mismo tema a los mismos tiempos. Pido por tanto a la Presidencia, instruya a la Secretaría de Servicios Parlamentarios para que se integre en el Diario de los Debates el texto de la iniciativa y la exposición que he presentado ante ustedes. Gracias por su atención, señores diputados y señoras diputadas, senadores y senadoras.