El diputado Juan Hugo de la Rosa García: Honorable asamblea, acudo este día ante esta tribuna para presentar dos iniciativas, como ya se mencionó por parte de la presidenta. La primera, con reformas a la Ley General de Archivos, cuya presentación inicio recordando que para Aristóteles los archivos representaron la garantía de la armonía y buen orden del Estado. Para Juárez, defender la integridad de la República implicó mantener los archivos nacionales fuera del alcance de las fuerzas de intervención. Y Carranza, no dudó en cargar con el archivo durante sus dos salidas de la capital mexicana. La decisión de reconocer constitucionalmente a los archivos y expedir una ley general para su organización y administración homogénea resultó indispensable para asegurar la preservación del acervo documental de nuestro país. En la ley se define al Archivo General de la Nación como un organismo descentralizado, no sectorizado, por lo que sus atribuciones, especialmente las señaladas en las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 106, restringen su marco de competencias a las entidades que forman parte de la administración pública federal, por lo que no son vinculantes para el resto de los poderes e instituciones. Lo mismo ocurre con la legislación estatal, esto genera un problema de falta de plenitud en el marco normativo especializado, ya que no se faculta legalmente a una autoridad en el caso de los Poderes Legislativo, Judicial, organismos constitucionales autónomos y municipios para que pueda autorizar los instrumentos de control, el cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental. Ese vacío legal afecta, además, la decisión más trascendente, la autorización de las bajas documentales. La iniciativa que presento pretende resolver este vacío, facultando a las áreas coordinadoras de archivo para que sean las que autoricen los instrumentos de control, así como las medidas necesarias para asegurar el ciclo vital de los documentos. La segunda iniciativa propone reformar diversas disposiciones de la Constitución en nuestro país, para aportar las herramientas jurídicas necesarias que permitan una gestión renovada de nuestra vida en las zonas metropolitanas. La propuesta toma como punto de partida la decisión adoptada durante la reforma política de la Ciudad de México, gracias a la cual, se integró el concepto de zona metropolitana, que lamentablemente sólo se refiere a la que se integra con la capital de la República. Lo que se propone, es tomar este primer desarrollo constitucional y extender sus alcances para abarcar a las 48 zonas metropolitanas existentes, sin olvidar las 22 metrópolis municipales y las 22 conurbaciones. Tan solo en las zonas metropolitanas vivimos 67.6 millones de personas, esta representación de la voluntad general, tienen la oportunidad de establecer el en texto constitucional los principios esenciales que deben configurar la gestión metropolitana, así como de explorar alternativas, mecanismos y modelos de coordinación que desde un marco general que al mismo tiempo, reconozca la necesaria flexibilidad y permita alternar las condiciones específicas de cada conurbación, entre las que se encuentran las zonas metropolitanas, interestatales, las fronterizas, las intermunicipales, los municipios que forman una metrópoli y las de carácter intermunicipal. A partir de este ajuste se propone habilitar al Congreso de la Unión para expedir una legislación general que permita no solo distribuir competencias, sino consolidar los esquemas de coordinación y establecer mecanismos para sincronizar esfuerzos, capacidades y recursos sin alterar las actuales condiciones de programación y fiscalización. Honorable asamblea, la labor de la cuarta transformación consiste en ocuparse de los problemas más importantes de las personas, dejar atrás el pasado de indecisión para convocar al pueblo de México, con la finalidad de consolidar el proceso de renovación de la vida pública del país y esto sólo se puede alcanzar si realmente se garantizan los derechos esenciales de las personas. La vida de quienes habitamos las conurbaciones de nuestro país, encuentra una mayor protección en los ideales humanistas de nuestro movimiento y esos principios deben guiarnos para transformar la regulación territorial, de tal forma que la funcionalidad de las zonas metropolitanas se centre en la protección de las personas. Tenemos que hacer de la gestión metropolitana la garantía de los derechos a la ciudad, a la propiedad urbana, al ejercicio pleno de derechos en condiciones de igualdad, promoviendo la cohesión social, la equidad e inclusión, la coherencia y racionalidad en un entorno de participación democrática y transparencia. Hacer de la gobernanza en las metrópolis la principal herramienta para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible, así como fortalecer la productividad y eficiencia de las ciudades y del territorio como eje del crecimiento económico, al mismo tiempo que se asegure la protección y progresividad del espacio público, la resiliencia, seguridad urbana y gestión de riesgos, sin olvidar la indispensable sustentabilidad ambiental por zonas metropolitanas que nunca más dejen a nadie atrás. Muchas gracias.