EL PRESIDENTE: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos encontramos reunidos el día de hoy, las Comisiones Unidas de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, de Presupuesto y Cuenta Pública, así como la de Hacienda y Crédito Público, para desahogar dos puntos concretos de nuestra agenda. Por un lado, primero, y de conformidad con el calendario de comparecencias acordadas por la Junta de Coordinación Política, a fin de analizar lo correspondiente al Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en materia de las actividades desarrolladas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario, por lo cual está con nosotros su Secretario Ejecutivo, el licenciado Julio César Méndez, a quien le damos la muy cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros, señor funcionario y Secretario Ejecutivo del IPAB. El se ha hecho acompañar de algunos funcionarios de su dependencia, que estarán acompañándolo en la mesa de asesoría. Segundo. El tema que se refiere al punto de acuerdo de fecha 22 de agosto de 2001, presentado ante la Comisión Permanente por el que se solicita al Ejecutivo Federal por conducto del IPAB, el cumplimiento de diversas disposiciones legales, así como la modificación de ordenamientos de la propia Ley de Protección al Ahorro Bancario. Así que estamos aprovechando la comparecencia citada para ver el tema fundamentalmente de glosa y también hacer al mismo tiempo caso del acuerdo que tomó la Comisión Permanente. Para el debido desahogo de los trabajos se ha elaborado un formato para la intervención de los grupos parlamentarios, mismo que agradeceremos se cumpla debidamente, dicho formato se hizo del conocimiento previo de los participantes sobre el cual también se les ha entregado copia en una buena parte de las comparecencias. Quisiera proponer algunas pequeñas modificaciones al formato que las hemos visto en función de cómo han sido otras comparecencias y que pensamos que nos puedan permitir un mejor desarrollo de la misma. Les leo en principio, para que ustedes estén o no en disposición de acordarlo, como sería el formato de esta comparecencia. En primer término el Secretario Ejecutivo expondría el estado del IPAB, hasta por 15 minutos. A continuación un representante de cada grupo parlamentario e inclusive los que no tienen grupo, presentarían ante este pleno el uso de la palabra para hacer la posición de cada grupo, hasta por un tiempo de seis minutos. Tres. Agotada la ronda de posicionamientos a que se refiere el punto anterior, el funcionario compareciente podrá hacer uso de la palabra para hacer los comentarios que juzgue pertinentes, hasta por cinco minutos. A continuación se dará inicio a dos rondas de preguntas, respuestas y réplicas. Cada pregunta o cada réplica que hagan o fijen los diputados de los grupos parlamentarios representados en las comisiones o si algún diputado que no forme parte de un grupo parlamentario quiere participar, también lo haríamos en una de las rondas, se haría por un tiempo no mayor de tres minutos. El Secretario Ejecutivo responderá a cada pregunta lo conducente, durante un lapso que no excederá de cinco minutos. El orden de intervención de los diputados, tanto para el posicionamiento, como para las preguntas y réplicas, será de manera ascendente, según el número de legisladores integrantes de cada grupo parlamentario. Concluida la etapa de preguntas, respuestas y réplicas, el Secretario Ejecutivo podrá dirigir un mensaje final a las Comisiones Unidas, en un tiempo no mayor de ocho minutos. El diputado Presidente de la Comisión que presida la sesión de la comparecencia, concluirá la misma con un mensaje que dice de cinco minutos, no mayor de un minutos, propongo yo, que me toca hacer esta parte. Está a la consideración de ustedes este ajuste al acuerdo parlamentario que nos permita en principio desahogar esta sesión, calculamos en un tiempo no superior a dos horas y media. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. Entonces nos vamos con estos ajustes al formato. Tengo, y no quiero cometer ningún error al respecto, primero los posicionamientos serían en este orden: primero el diputado José Manuel del Río Virgen, por el Partido Convergencia, después el diputado José Antonio Arévalo González, después el diputado José Narro Céspedes, después la diputada Rosalinda López Hernández, después el diputado José María Eugenio Núñez Murillo, del PAN; de Acción Nacional, y después el diputado Enrique De la Madrid Cordero, del PRI. No veo al diputado Narro Céspedes, que se había apuntado. ¿Lo harías en su lugar? Víctor Antonio. Quisiera comentar también. Por motivo de que nos resulte mucho más ágil la comparecencia, si les parece que se los pregunto con toda confianza- ¿consideran que el Secretario del IPAB deba contestar las preguntas cada una en la tribuna de al lado, o consideran que lo puede hacer desde su lugar una vez que haya hecho su posicionamiento? Desde su lugar. Por favor. EL LICENCIADO JULIO CESAR MENDEZ RUBIO: Muy buenas tardes. Diputado Oscar Levín Coppel, Presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; diputado Manuel Galán Jiménez, Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda; diputado Luis Pazos de la Torre, Presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública; diputado Erick Weber Villanueva, Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; diputadas y diputados aquí presentes, señoras y señores: Como mexicano y como servidor público, es un honor el comparecer ante estas comisiones a efecto de informar a ustedes sobre el desempeño del Instituto Para la Protección al Ahorro Bancario, así como para responder a las preguntas que sobre las actividades del instituto ustedes tengan. El papel del instituto dentro del Sistema Financiero Mexicano es clave, su misión es la de asegurar los recursos de más de 10 millones de pequeños y medianos ahorradores bancarios, de forma tal que no sufran descalabros por la situación de las instituciones y que no pongan en peligro sus patrimonios familiares. Además, el instituto es responsable de concluir la mayoría de las actividades inherentes al saneamiento de la banca derivado de la crisis de 1995. Conviene destacar que los saneamientos y los apoyos a la banca se iniciaron hace 6 años, cuatro años antes de que el instituto entrara en operación. Los bienes, los activos, los pasivos que venían con el saneamiento bancario, también ya existían desde entonces. El 19 de enero de 1999, con la promulgación de la Ley Para la Protección al Ahorro Bancario, el Legislativo dio origen al instituto, otorgándole, entre otros, el mandato de concluir estos saneamientos y de enajenar los bienes que venían con ellos. Ese es el mandato, entre otros, del instituto, y ése es en mucho el esfuerzo al que dedicamos los funcionarios del mismo. En dos años de existencia el Instituto ha llevado los saneamientos financieros de cinco agrupaciones bancarias, todas ellas iniciadas por el FOBAPROA. Se concluyeron por completo los casos del Grupo Financiero INVERLAT, BANCA PROMEX y el Grupo Financiero SERFIN. En el caso del saneamiento de INVERLAT, se benefició a más de un millón de ahorradores. Los compradores de este grupo financiero pagaron al IPAB mil 836 millones de pesos, equivalentes aproximadamente a 1.6 veces el capital contable. En BANCA PROMEX se protegió a más de medio millón de ahorradores, y una vez concluída la operación los compradores entregaron al IPAB mil 987 millones de pesos más el 1.3% de las acciones del Grupo Financiero BBVA Bancomer. Además durante el saneamiento de BANCO PROMEX se detectaron casos de probables delitos por lo que el Instituto procedió a la contratación de especialistas para la presentación y seguimiento de ocho causas penales ante las autoridades correspondientes. El saneamiento de SERFIN benefició casi a 2 millones de ahorradores. Se logró recuperar por la venta del banco 14 mil 650 millones, lo que representó 1.6 veces el capital de esta Institución. Los saneamientos de BANCRECER y Banco del Atlántico aunque inconclusos están en sus etapas finales. En unos días daremos a conocer el resultado de la licitación por BANCRECER. También durante las auditorías practicadas en este banco, se detectaron conductas posiblemente ilícitas, que relacionan a 44 grupos económicos para las cuales también se desarrollan las acciones legales correspondientes. Por lo que toca y por lo que respecta a los procesos de enajenación de bienes, todo lo que es venta de inmuebles, venta de muebles, venta de acciones y partes sociales, los resultados del Instituto no deben de ser únicamente medidos o evaluados en términos o referentes a la recuperación. Sin duda que este es el punto relevante toda vez que disminuye el costo fiscal, sino también se deben tomar en cuenta el trabajo previo necesario para estas enajenaciones, el ordenamiento, el acopio de información, la resolución de problemas fiscales y legales que la cartera o los bienes traían consigo, y en muchos de los casos la reconstrucción de los propios expedientes, he tomado un gran esfuerzo y un gran trabajo. Déjenme decirles que los bienes que recibió el Instituto para su enajenación en la gran mayoría de los casos, no tenían el orden suficiente para poder ser ejecutados. De esta manera, el Instituto concluyó, entre otros, la venta de la cadena hotelera Camino Real. La desinversión de algunos activos del grupo CIDE (?), entre estos dos casos se aportaron más de mil 100 millones de pesos al Instituto, y el IPAB continúa trabajando en la venta de grandes activos corporativos como son el caso de CINTRA y LATINLAC (?), entre otros. En el caso de CINTRA estamos a la espera de la definición de la política aeronáutica y desde luego dada la situación actual deberemos de evaluar muy bien en qué momento iniciamos la licitación correspondiente. Se han vendido más de 10 mil inmuebles, prácticamente 40 mil muebles. Y en adición a los, prácticamente 4 mil millones de pesos que estos procesos han aportado al Instituto, también hoy se tiene una base de datos que permite ubicar geográficamente saber el estatus legal, saber el monto contable y el origen de los inmuebles y desde luego esta base de datos servirá para poder ejecutar mejores estrategias y más efectivas de enajenación. Se efectuó la desincorporación de 12 carteras de préstamos con un valor total de capital cercano a los 104 mil millones de pesos. Del total de desincorporaciones al pasado 31 de julio, se habían obtenido 11 mil 462 millones de peso, independientemente estos recursos de los flujos de cobranza que el Instituto aún espera obtener el futuro por la participación en varios de estos paquees. Estos procesos de enajenación como todos lo que lleva a cabo el Instituto se hacen de pública y transparente, cumpliendo con su responsabilidad la Ley del IPAB publicó y dio a conocer al Congreso y al Ejecutivo los lineamientos que éste sigue para la enajenación y administración de los bienes así como para la contratación de terceros que no se apoya en estos objetivos. Las decisiones del Instituto no son discrecionales; nosotros no hacemos las cosas ni para apoyar a alguna persona o a algún grupo, únicamente seguimos la ley. También se ha supervisado la cartera de los fideicomisos administradores de cartera. Se concluyeron ya 14 auditorías y se están realizando 34 m´sd. Por otra parte los recursos captados por cuotas de la banca, ascenderon a 13 mil 344 millones de pesos, de los cuales 9 mil 718 se utilizaron para cubrir parcialmente el costo de los saneamientos bancarios. Al 30 de junio el monto de la reserva para la protección al ahorro acumuló 2 mil 848 millones de pesos, y el universo de ahorradores bancarios cubiertos por el seguro del IPAB tenía más de 29 millones de cuentas y contratos. En diciembre de 1999 el costo promedio de la deuda del Instituto era de CETES más 1.2 puntos porcentuales. El pasado 30 de junio este diferencial era de sólo .87 puntos porcentuales. Desde marzo del año pasado y hasta finales del primer semestre de éste, se habían emitido 113 mil 660 millones de pesos en Bonos de Protección al Ahorro Bancario, y se habían contratado 152 mil millones de pesos y 655 millones de dólares en créditos bancarios para el pago de las obligaciones más onerosas del Instituto. El canje de deuda en refinanciamiento de la deuda, ha permitido al Instituto ahorros por mil 167 millones de pesos. En diciembre del año pasado también la calificadora Estándar & Poors dio a conocer una opinión en donde equipara la calidad crediticia de los bonos del IPAB, con la caída de los títulos gubernamentales. Hoy por hoy la tasa de los títulos del Instituto se encuentran en la misma curva de rendimiento de aquellos emitidos por el Gobierno Federal. En términos de la atención a esta Honorable Soberanía, se han entregado cuatro informes, se han rendido seis reportes, se han atendido 14 solicitudes de información del Legislativo y se han sostenido 37 reuniones incluyendo esta comparecencia. Por disposición de ley, el Instituto entrega al Congreso vía el Ejecutivo Federal informes trimestrales de sus actividades y reporta de manera detallada cada uno de los procesos de saneamiento que concluya. La Honorable Cámara de Diputados ha juzgado conveniente crear subcomisiones específicas que investiguen el funcionamiento del IPAB. El Instituto ha entregado puntualmente la información requerida por estos grupos legislativos. Asimismo el Instituto publica trimestralmente sus estados financieros, incluyendo las opiniones de sus auditores externos en su página de Internet, yaqui no nada más incluimos esta información sino prácticamente se podrían ver los detalles del día a día. Pero más allá de seguir presentando estadísticas y en buena medida los resultados o los avances que ha tenido el Instituto, si me lo permiten me gustaría referirme de manera breve a temas que giran en torno al Instituto y que sin duda son parte del debate alrededor de él. El primero de ellos es el intercambio de pagarés. La no realización del canje de pagarés de los intermediarios bancarios que participaron en el programa de capitalización y compra de cartera, está directamente vinculada con la recomendación de que se practiquen revisiones adicionales a la cartera que se se refiere el artículo 5º. Transitorio de la ley. En opinión de la administración del Instituto, esta entidad carece de facultades para revisar las transacciones reportables del Grupo AA, informadas por el auditor Mackey, sin el consentimiento de la banca múltiple. Es claro que las auditorías a que se refiere el mencionado artículo, concluyeron con la entrega del Informe Mackey a la Cámara de Diputados En virtud de lo anterior se emplazó a los bancos para que manifestaran su adhesión a las reglas generales del nuevo programa al que se refiere el artículo 5º transitorio de la ley, publicadas en el Diario Oficial. Días después los bancos manifestaron en tiempo y forma su adhesión a dichas reglas. Si bien desde septiembre del año pasado la Junta de Gobierno aprobó que se efectuara la revisión específica de las operaciones reportables AA. Esto fue con el único fin de deslindar las responsabilidades correspondientes. Reiteramos que dicha revisión requiere, como condición necesaria, que las instituciones de crédito, expresen su conformidad con la misma. Sin embargo, la Asociación de Banqueros de México, no se ha apartado del criterio, expuesto en su escrito de 23 de julio del 2001, por el que dio a conocer al Instituto, que no estaba en condiciones de consentir la revisión de los créditos planteada, por lo que no se podría alcanzar el efecto económico previsto, consistente en la devolución y canje de los activos, por un monto equivalente al monto de los créditos devueltos o bien la reducción del monto del pagaré a favor de los bancos. Mediante escrito de fecha del pasado 29 de agosto, dirigido a la Auditoría Superior de la Federación, y luego de exponer la respuesta formulada por la Asociación de Banqueros de México, el IPAB solicita que, o se libere al Instituto, considerando solventada la recomendación ante la limitante jurídica que enfrenta para revisar las operaciones del grupo doble AA, toda vez que en términos de ley hasta en tanto no se proceda con el intercambio, el titular del programa sigue siendo el Fobaproa, o bien se confirme que el Instituto puede iniciar a la brevedad la revisión de las transacciones doble AA, con el único objeto de deslindar responsabilidades, sin que exista la posibilidad para el Instituto, en caso de encontrar irregularidades o ilegalidades, de proceder a la sustitución de crédito o a la disminución del pagaré. En conclusión, el IPAB, respetando la intención de esta soberanía, expresada a través de la Auditoría Superior de la Federación, consistente en la realización de auditorías, para determinar el fincamiento de responsabilidades así como la reducción del costo fiscal, se ha visto limitado ante la negativa de los bancos, que argumentan que dichos alcances carecen de sustento legal, en virtud de que las auditorías a que se refiere el articulado de la ley, han concluido, auditorías que fueron encomendadas por el Congreso al auditor MacKey, concluyendo que el grupo doble AA no se infiere ilegalidad, sino que los créditos que reportó dentro del citado grupo, no cumplieron con los criterios originales establecidos en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera. Ante esta situación, permítanme solicitar el valioso apoyo de esta soberanía, para que en forma conjunta, se establezca a la brevedad un diálogo, con las instituciones bancarias, y podamos resolver o llegar a la búsqueda del consenso necesario, para resolver esta situación. Por otro lado, en algunos medios informativos, se ha publicado que el Instituto ha incurrido en desviación de recursos. Esto es falso, como se aclaró en su momento entre los medios de comunicación, el Instituto ha actuado conforme a la ley, los 7,550 millones aludidos en las notas periodísticas, corresponden a dos operaciones llevadas a cabo por el IPAB La primera por 7 mil millones, se debe a una capitalización practicada en Inverlat, en la cual el Instituto adquirió obligaciones subordinadas, convertibles al amparo de un programa de saneamiento, incluido en el artículo 7º. transitorio de su ley. La segunda por la cantidad restante, resulta de una compra de acciones de Cintra que obraba en poder de Banca Serfín, y que se efectuó con fundamento en el artículo 28 de la misma ley. El Instituto confía en haber atendido a cabalidad las observaciones hechas por el órgano de vigilancia, y está a su disposición para responder las dudas. Por último -