La diputada Maricela Contreras Julián: Con el permiso de la Presidencia. Hay una serie de circunstancias y de testimonios en relación a un embarazo no deseado, y cito. Cuando te violan, flojita y cooperando, pero no es posible, no es físico lo que duele porque cuando esto sucede y te quedas embarazada, lo que hay es indignación. En un principio decía esta persona: Me encerré en mi casa y cuando me puse mal me lavé todas la veces que fueran necesarias, y lo último que se me ocurrió es que me iba a quedar embarazada. Testimonio de una mujer que se le negó la interrupción del embarazo, a pesar de ser producto de una violación. Historias como esa son cotidianas en diversos sistemas de salud, donde se obliga a niñas, a jóvenes y adultas a llevar embarazos no deseados. El derecho a decidir sobre nuestro cuerpo es una decisión única y exclusivamente de competencia de nosotras, las mujeres. Ni el Estado ni la Iglesia ni los partidos políticos ni los gobernantes en turno tienen derecho a tomar decisiones que afectan directamente nuestro proyecto de vida, mucho menos tienen derecho a imponer su ideología sobre nuestros cuerpos. Estamos hablando de un problema de salud pública, que cobra la vida de miles de mujeres en el mundo por la práctica de abortos clandestinos. Estos abortos clandestinos se realizan en condiciones de insalubridad y esto hace que no haya las condiciones mínimas ni las condiciones para realizar estos procedimientos en la determinación que las mujeres toman. Hoy estamos proponiendo reformar la Ley General de Salud, pues resulta necesario que se respete la decisión de cada mujer que llega a los servicios de salud y solicita la interrupción del embarazo. Las circunstancias pueden ser múltiples, pues se pueden afrontar un aborto provocado por violencia física o psicológica, o bien un embarazo forzado por violencia sexual, que pone en riesgo la vida de las mujeres. La propuesta que sometemos a consideración parte de una visión integral que es impulsada por dos factores fundamentales. El primero, es fomentar la autonomía de las mujeres para tomar sus propias decisiones, bajo el principio de lograr que las mujeres cuenten con el derecho y la oportunidad de tomar sus decisiones en todo lo relacionado con su cuerpo y su salud; El segundo factor es ofrecer los servicios a todas las mujeres que lo necesiten, sin importar su situación económica, sin importar su origen étnico, su estado civil su edad, y que se garantice el acceso. No se trata de despenalizar el aborto, sino de reconocer el derecho de cada mujer para tener y decidir de manera libre sobre su cuerpo. Además, de reconocer que el derecho a la salud de las mujeres entraña el derecho a acceder a los servicios médicos de calidad y de manera gratuita y eficiente, sin discriminación de ningún tipo, a efecto de salvaguardar su integridad física y su salud. Es importante reconocer que en nuestro país se ha dejado de gastar los recursos que en otros años impulsaron el control de la natalidad, logrando que las mujeres tuvieran hasta 1.7 hijos por cada una. En estos momentos, en nuestro país, estamos pasando a que las mujeres tengan 2.7 a 3.6 hijos por mujer. Es decir, la tasa de natalidad, por la negligencia del gobierno de invertir recursos para el control natal, nos está regresando a los años setenta. Por eso, es importante que el programa y que las reformas para la interrupción legal del embarazo vayan acompañadas de medidas importantes, como es la educación sexual y como es el control y los programas de natalidad. Es decir, que el gobierno invierta en métodos anticonceptivos, tanto medicamentosos como físicos, como es el caso de los condones. El aborto en México es un problema grave de salud pública, por los temas correlacionados que tienen. Una mujer que muere por un aborto mal practicado crea problemas de orfandad y de abandono de los hijos. La mayoría de las mujeres que abortan son católicas y tienen más de dos o tres hijos. Entonces, es importante que atendamos a la realidad de las mujeres y por eso es que estamos presentando esta iniciativa para la interrupción legal del embarazo. Solicitamos su apoyo una vez que llegue a comisiones, para que el tema se discuta y ojalá se puedan realizar una serie de foros, y la visibilización de lo que encarna este problema a lo largo y ancho de nuestro país, acompañado de la criminalización que se ha hecho de las mujeres, que son encerradas y que son presas por tomar una decisión que es sumamente difícil. Es cuanto, diputada presidenta.