El diputado Manuel Cárdenas Fonseca: Compañeros legisladores, acabamos de escuchar ahorita que la referencia que hacen es al artículo tercero transitorio, cuando que el decreto se refiere a la materia en el artículo cuarto. Pero independientemente de eso, lo que estamos viendo es que nuestra colegisladora en ningún momento respetó lo que esta soberanía que fue Cámara de origen y que es para un tema que nos compete exclusivamente a los diputados, aprobó. Tenemos entonces que si bien es cierto que la Cámara de Senadores es la revisora, ésta se está asumiendo como la definitoria respecto de las propias leyes y ordenamientos que nos podemos dar no nada más para la vida interna de la Cámara de Diputados, sino para las facultades que nos son propias. La pregunta aquí sería ¿cómo es posible que el Senado no nada más resuelva en la materia, sino que inclusive lo fundamente y argumente equivocadamente en forma por demás clara en su equívoco y todavía pretendan que esto se subsane bajo el esquema de una fe de erratas. Ha sido materia de discusión en esta Cámara de Diputados, los mecanismos bajo los cuales no nada más se creó la mal llamada Ley para la Reforma del Estado, ha sido materia de discusión la argumentación jurídica y la interpretación de los ordenamientos sobre la materia, y ha quedado en evidencia el centro de estudios parlamentarios de esta Cámara de Diputados que en todas las ocasiones, desde la iniciativa misma que presentó el Senado, se ha manifestado en contra del criterio jurídico que han querido aplicar. Valdría la pena revisar si la funcionalidad del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias debiera de continuar vigente, porque el criterio que éste establece no se respeta, aquí hacemos valer y hacemos prevalecer otros criterios bajo la sujeción de la mayoría en el pleno. Ahora entonces tenemos que estamos facultando por única vez a la Junta de Coordinación Política, cuando la razón de ser de la propia Junta de Coordinación Política es para dirimir controversias, que no jurídicas y sí para darle cauce a los problemas de enfrentamiento, para darle armonía y avenir a las partes en sus intereses políticos. Ahora bien, independientemente de ello, sigue la discusión respecto de cuál será el mecanismo para que los consejeros tengan que renunciar. Sería conveniente que como lo señalaba algún compañero diputado, a la hora de designar a los nuevos esto fuera por cédula y no bajo el criterio exclusivo de un grupo de notables que está claro y en todos los medios así ha prevalecido, que es la voluntad de tres la que está resolviendo la materia, y no es las ocho fuerzas políticas aquí representadas en la Cámara de Diputados. Podrán venir a esta tribuna muchos compañeros tratando de darle cauce jurídico a lo que ahora aquí planteamos, simple y sencillamente el Partido Nueva Alianza deja constancia de que todo el procedimiento ha estado más cargado por la numeralia de quienes conjugan y conforman la mayoría de votos que con los argumentos y razonamientos jurídicos que muchos abogados y el propio Centro de Estudios ha manifestado sobre la materia. Nos esperaremos a ver cómo resuelven esto y nosotros nos manifestamos en contra. Esperamos que los legisladores que en otras ocasiones han argumentado y han sostenido un criterio jurídico contrario a lo que ahora aquí quieren hacer prevalecer, las prisas de la designación del consejero presidente y después de los otros dos, no vaya a ser que las prisas mismas sean por quererse ir de vacaciones el 13 de diciembre. No sería mal pensar que en la forma de legislar frívola, lo que prevaleciera es las vacaciones a partir del 13 de diciembre. Es cuanto, señora Presidenta.