El diputado Javier Ariel Hidalgo Ponce: Compañeras y compañeros, subo a esta tribuna para plantearle al Congreso de la Unión una reforma a la fracción VIII del artículo 35 constitucional, en materia del único instrumento de democracia participativa con el que cuenta nuestra Carta Magna: la consulta popular. Lo hago porque las y los mexicanos históricamente han tenido interés en participar en la toma de decisiones políticas, de ser tomados en cuenta, pues desde los tiempos de Benito Juárez se buscó abrir la esfera pública al pueblo. En ese entonces el prócer de la reforma tuvo la audacia de intentar solicitarle a la sociedad mexicana que votara directamente en un plebiscito constitucional. Sin embargo, fue hasta 150 años después en que una herramienta como la que planteara Juárez tuviera el marco legal adecuado como el que se cuenta en la actualidad. La consulta popular era impensable durante el régimen autoritario y de partido de Estado del siglo pasado. Incluso ahora, a pesar de apenas vivir el primer proceso electoral no cuestionado en la historia del país, nuestra democracia continúa teniendo tintes de engaño, pues la figura de consulta, la de nuestra Constitución, es de una consulta para que irónicamente nunca se consulte a nadie. Basta recordar que en el 2014 a pesar de las 3 millones de firmas que recaudó Morena para consultar la reforma energética, se determinó inviable considerar la opinión de las y de los mexicanos. Las trabas inherentes que intencionalmente se incluyeron en la reforma política de 2013, jamás, jamás permitirán que llegue a buen puerto la incidencia que merece nuestra sociedad en temas tan relevantes y que le afectan directamente. Las reformas de 2013 son una simulación que va en contra de todos los sistemas democráticos modernos, pues estos ya se encuentran explorando y desarrollando nuevos esquemas e iniciativas que promuevan la verdadera participación de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas, mientras que aquí se cierran los canales de participación, desalentando el ímpetu de una sociedad habida de discutir, opinar y decidir. Por lo cual, se deben trasladar los requisitos a la Ley Reglamentaria de Consulta Popular, como son las y los actores que estarán en condiciones de solicitar realizar una consulta, así como eliminar el lapso mínimo trienal para llevar a cabo consultas cuando la agenda pública así lo requiera. Además, de ampliar el espectro a los ámbitos nacional, estatal y municipal, excepto claro los principios ya consagrados en nuestra Constitución. Asimismo, se deberá mantener el mínimo de participación del electorado para hacerla vinculatoria e incluir un posible escenario mediador que los legislativos podrían considerar en caso de una polarización en los resultados de la misma. Por último, adelanto que el siguiente paso para darle viabilidad a este régimen de democracia participativa o cualquiera similar, será la de usar las herramientas tecnológicas como el Internet y los celulares para facilitar y garantizar una amplia participación. Diputadas y diputados, no podemos ocultar el gran interés que tiene una sociedad mexicana cada día más activa y que busca incidir en la toma de decisiones políticas. El caso del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, lo acaba de demostrar. Nos encontramos ya ante una sociedad que exige un adiós a los anacrónicos métodos que utilizan los gobernantes para la solución de los problemas públicos que evidencia la falta de atención hacia sus causas y que reclama la aplicación de métodos más directos y de participación activa. Gozar de una democracia participativa tiene que ser un derecho de las presentes y futuras generaciones en México. Esta es la gran oportunidad para una nación distinta donde se tome en cuenta la opinión de todas y todos, donde los temas que polaricen puedan ser conocidos, debatidos, discutidos y desahogados de manera pacífica y legítima sin simulaciones, sin letras muertas en nuestra Constitución. Podremos hacer de México una auténtica democracia con una auténtica transformación. Muchas gracias.