La diputada Amancay González Franco: Con su permiso. Es evidente que la preocupación por las licitaciones siempre es la transparencia y el manejo de los recursos, pero para legislar tenemos que ponernos en los zapatos de las personas a las que llegamos con cada reforma que planteamos. Y, claramente, en todo lo relacionado a la construcción no lo estamos haciendo con el grupo más vulnerado e importante, que son los trabajadores. Recientemente subí un post a mis redes sociales para visibilizar el trabajo que tiene un albañil. Me coloqué cien kilogramos de material en la espalda y ahora imagínense todos los días a nuestra gente cargando hasta una tonelada diaria en bultos de cemento, cubetas de mezcla, varillas, en situaciones extremas. Todo para levantar edificios que muy seguramente no van a habitar. Para construir ciudades que muchas veces los dejan marginados, o megaobras que quedan olvidadas. Parece que seguimos viviendo en tiempos del antiguo Egipto, donde el Estado mandaba a que miles de personas construirán edificios a la fuerza. Hoy ya no son esclavos, pero son los mexicanos que conforman la mano de obra nacional. Todos nos sentimos muy orgullosos de cómo el mexicano en el extranjero, en la industria de la construcción es el más solicitado, el más aplaudido, el más rifado, pero ¿a costa de qué? De la necesidad que tienen nuestros connacionales de tener trabajo y, además, de que en otros países se les reconoce y se les cuida más. En México cada 20 minutos un trabajador sufre un accidente laboral, y en los últimos años las muertes por esfuerzo físico extremo y malas condiciones han aumentado en un 20 %. En promedio, una persona que se dedica a la industria de la construcción muere 15 años antes que una persona profesionista en nuestro país. Esto no es trabajo, esto es violencia disfrazada de chamba, es morirse aceleradamente todos los días, mientras que otros se llenan los bolsillos. Necesitamos legislar a favor de los que cargan este país. De los que están en el calor extremo, en el polvo, en la humedad, en contacto con materiales tóxicos y situaciones inhumanas todos los días de su vida. Entonces, claro que se necesitan incentivos para que las empresas que ganan contratos públicos se responsabilicen y no solo de incluir a las personas con discapacidad, sino que también se regulen y se aseguren de brindar la seguridad salutaria que requieren los trabajadores ya en esta época, en este siglo. Empecemos por lo básico. Mientras eso pasa aquí, en otros países ya hace años lo entendieron. En Alemania las constructoras deben presentar un plan de salud laboral para licitar. En Noruega, si una empresa viola los derechos laborales, queda fuera. En Chile desde el 2019 se evalúan las licitaciones con perspectiva de salud. Aquí, en cambio, muchas veces gana quien mejor está conectado, quien más exprime y menos cuida. Hoy propongo que las empresas que sí cuidan a su gente, que le dan lo básico como agua, descanso, protección, atención médica y seguimiento real, tengan la ventaja a la hora de competir por las licitaciones por estos contratos públicos. Este es elevar el mínimo, es decirle a todo el país que México no se construye si primero no se construye firmemente la salud de quien lo levanta. No quiero cerrar mi intervención sin decir que llevamos 200 días en esta legislatura y aun no se han aprobado las 40 horas laborales. Esto es urgente y vengan las 40 horas laborales lo antes posible. Gracias.