El diputado Antonio Xavier López Adame: Con su venia, señor Presidente. En los últimos años México ha dado pasos en la construcción de un esquema de transparencia y rendición de cuentas, sin embargo todavía hay grandes retos en esta materia. En el camino hacia la construcción de una democracia sólida y madura se vuelve cada vez más complejo para el gobierno satisfacer las necesidades sociales y lograr los resultados esperados, debido a la fuerte competencia por los recursos escasos y a la creciente exigencia de la ciudadanía por gobiernos más eficaces. La LX Legislatura de la Cámara de Diputados juega un papel fundamental en esta tarea, pues al ser representante de la voluntad de los ciudadanos, tiene la obligación de vigilar y cuidar la correcta aplicación de los recursos públicos. En la medida en que los representantes populares fortalezcamos el andamiaje jurídico para vigilar el buen uso y destino de los recursos públicos, dependerá del grado en que la ciudadanía confíe y encauce sus demandas por las vías institucionales y los procesos democráticos. Pese a las reformas y avances recientes en materia de transparencia y rendición de cuentas, aún persisten diversas deficiencias en nuestro sistema de fiscalización y que tienen implicaciones políticas y presupuestales, toda vez que la corrupción, el desvío o la ineficacia de la gestión son todas actividades que implican necesariamente el desperdicio de recursos públicos escasos. Nuestra propuesta de reformas busca establecer mecanismos legales para que cualquier partida de gasto público pueda ser objeto de fiscalización con independencia del carácter legal de quien ejerza dichos recursos, ya sea una entidad pública o privada, representada por una persona física o moral, constituida bajo cualquier esquema legal, incluyendo a los fideicomisos públicos, privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica análoga que reciba, administre y/o ejerza recursos públicos federales. Los recursos de la Federación asignados y transferidos a diversas entidades públicas o privadas, deben ser sujetos de control y de registro de conformidad con los principios básicos de contabilidad y los criterios que establezcan las leyes para su revisión. Es por ello que proponemos la reforma al artículo 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de sentar las bases para evitar que en algún momento personas físicas o morales, así como alguna entidad con carácter público o privado puedan recurrir al juicio de garantías y con ello sustraerse de la posibilidad de que esta soberanía vigile y audite el ejercicio de recursos públicos. Actualmente el artículo 2o. de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos considera únicamente como sujeto de dicha ley —y cito—: "Los servidores públicos federales mencionados en el párrafo primero del artículo 108 constitucional y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales". Sin embargo este enunciado legal no esclarece si han de considerarse en dicha presunción a las personas físicas y morales, públicas o privadas, así como a los fideicomisos públicos privados o mixtos, mandatos, fondos o cualquiera otra figura jurídica que al igual que los funcionarios públicos manejan, apliquen o ejerzan recursos públicos federales. Esta omisión ha permitido que diversos sujetos o entidades jurídicas que debieran ser destinatarios de esta norma, pretendan ejercer recursos sin la posibilidad de ser auditados por la entidad de fiscalización superior y mucho menos que reciban sanciones equiparables a las de los funcionarios públicos por el inadecuado manejo, aplicación, ejercicio o distracción para fines distintos, de los recursos públicos federales que es han sido transferidos o asignados. Esta situación también ha provocado que ante una posible sanción a un particular que haya ejercido de manera inadecuada recursos públicos federales, recurra éste al juicio de garantía, a fin de evitar que le sea aplicable el artículo 2° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, al no contar con nombramiento ni responsabilidad determinada dentro de alguna entidad de la administración pública. La ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ponente en el juicio de garantías promovido por el ciudadano Jorge Joaquín Ignacio Serrano Limón relacionado al tema de la constitucional del artículo 2° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, estableció y cito: "aun cuando no se trate de un servidor público, sí es en todo caso sujeto de aplicación de la ley, en virtud de que manejó recursos que provenían del erario público y como tal tiene responsabilidad frente a la sociedad respecto de estos recursos", (fin de la cita) No obstante dicho criterio sólo alude a las personas físicas y no ha establecido jurisprudencia, por lo que consideramos necesaria la modificación que aquí proponemos. De la misma manera consideramos necesario adicionar una fracción XXV al artículo 8° de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, para establecer que las personas físicas o morales, públicas o privadas a olas que hemos hecho referencia, deban utilizar los recursos públicos que se les asignen, exclusivamente para los fines a que están destinados, así como rendir cuentas del ejercicio de dichos recursos a las instancias correspondientes. Además, en materia de presupuesto, se propone incluir en la definición de las entidades ejecutoras del gasto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a las personas físicas o morales que manejen, apliquen o ejerzan recursos públicos, independientemente del origen de dichos recursos. También proponemos la modificación y adición de diferentes artículos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, a fin de que se considere que el manejo, aplicación o el ejercicio de los recursos públicos federales por parte de personas físicas o morales, públicas o privadas, deberá llevarse a cabo en todo momento y sin excepción, con base en los principios de eficiencia, eficacia y transparencia y tenga la obligación de ejercer dichos recursos, tomando en consideración lo establecido por el Presupuesto de Egresos de la Federación y por cualquier otro ordenamiento relativo y aplicable, estando sujetos a la normatividad, a la evaluación y al control de los órganos de fiscalización correspondientes, de la misma manera en que son evaluados y sancionados los servidores públicos. En lo que se refiere a las sanciones contempladas en distintas normas vigentes, existe en la actualidad una discrepancia con respecto al rigor de las sanciones económicas y administrativas aplicables, así por ejemplo mientras que en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, se establece la posibilidad de inhabilitar a los funcionarios públicos por un período que puede ir de uno a diez, o de 10 hasta 20 años, dependiente del daño o perjuicio causado, en el Código Penal Federal se señala un período máximo de inhabilitación de 14 años, generando un espacio de discrecionalidad en la determinación de las sanciones por aplicar. Por lo tanto, la presente iniciativa también propone homologar las sanciones, tanto administrativas como económicas, a que fueran acreedores los sujetos de la norma, modificando el Código Penal Federal. Por lo expuesto, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México de la Cámara de los Diputados someto a consideración de esta Cámara la presente iniciativa de ley, con objeto de que no existan particulares ni entidades jurídicas que apliquen recursos públicos federales y que puedan escapar del control, la vigilancia y auditoría que tiene como atribución esta Cámara de Diputados, por lo que solicita se publique íntegramente la versión de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto señor Presidente.