EL C. DIPUTADO RAMON PONCE CONTRERAS: Gracias. Con el permiso de la presidencia. Secretarios de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros diputados. Los suscritos diputados federales de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como de la fracción II del Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos al pleno de esta H. Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Agraria, conforme a la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS En términos del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 instrumento rector de todo el quehacer de la administración pública federal, que precisa los objetivos nacionales y las prioridades de desarrollo integral del país, la misión del Poder Ejecutivo Federal reside en la conducción responsable del proceso de transición hacia una sociedad más justa y humana y una economía más competitiva e incluyente, consolidando el cambio en un nuevo marco institucional y estableciendo la plena vigencia del estado de derecho. El estado de derecho no se constriñe al simple apego al principio de legalidad que dispone que la autoridad gubernamental sólo puede hacer aquello que los preceptos jurídicos expresamente le permiten, ya que esto equivaldría a postular la inmovilidad normativa y a negar el dinamismo intrínseco de cualquier sistema de derecho. La evolución del derecho es el mejor camino para inducir el cambio social, en función de que las normas jurídicas moldean la cultura individual y social, al prescribir lo que es debido, en las referidas condiciones, el derecho no es el mero reconocimiento oficial del hecho y materia sujeta a ajustes estacionales, que se traduzcan en la expedición de normas visualizadas en forma prácticamente casuística. La solvencia del Estado en la generación del derecho, se mide por la idoneidad de las leyes al paso del tiempo, esto quiere decir, que quienes iniciamos leyes y quienes deliberamos respecto de su aprobación, debemos estar imbuídos de una visión de largo plazo y de carácter integral, a fin de que el espíritu y la letra de la norma, se integren en un binomio indisoluble, para que se concrete en forma inmediata la seguridad jurídica de los gobernados y para que exista un hilo conductor, susceptible de trascender al mero paso del tiempo y sus eventos accidentales. La propiedad social se constituye en las superficies, con las cuales fueron beneficiados los ejidos y las comunidades, es el producto esencial de la reforma agraria que arrancó en 1917, con la expedición del Artículo 27 Constitucional. 103 y medio millones de hectáreas, equivalentes al 52% del territorio nacional, se encuentran sujetas al régimen jurídico que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Agraria establecen para dicha modalidad de la tenencia de la tierra. Es claro que en tales condiciones la federación, las entidades federativas y los municipios, requieren indispensablemente disponer de áreas de carácter social, para la atención de necesidades de orden público, y que asimismo en otros casos resulta socialmente conveniente disponer de otras superficies ejidales o comunales, que permitan a los concesionarios encargados de la prestación de algún servicio público la adecuada prestación de éste, o a las particulares crear, ampliar o conservar unidades de producción de indudable beneficio general. En virtud de que la propiedad social es una expresión elemental de justicia hacia los hombres y las mujeres que habitan el campo mexicano, y un mecanismo que los iguala ante la ley y las posibilidades del desarrollo, el Estado se encuentra altamente interesado en la preservación integral de los ejidos y comunidades existentes en el país, razón por la cual su régimen natural sólo puede ser alterado por la voluntad reglada de los núcleos agrarios que determinen la adopción del dominio pleno sobre la tierra o mediante la expropiación que se decrete, fundada y motivadamente para atender causas de utilidad pública. La expropiación es un acto administrativo típico de cualquier sistema de gobierno, susceptible de ser apreciado desde la óptica del estado que unilateralmente adquiera el dominio de aquellos bienes que requiere para atender las funciones que le son propias; sin embargo, la expropiación es, al mismo tiempo, el valladar que la ley opone al árbitro del estado que pudiese perjudicar caprichosamente los derechos del gobernado sobre los bienes que formen parte de su patrimonio. La reiterada aplicación de las disposiciones que la Ley Agraria contiene en materia de expropiación de bienes ejidales y comunales, ha generado experiencias enriquecedoras que deben conducir al perfeccionamiento del marco regulatorio de la expropiación, concebida ésta en el doble aspecto que apunta al párrafo que antecede. A la situación expuesta se debe agregar el imperativo de mantener la igualdad de todos los individuos frente a la ley, habida cuenta de que nuestra Constitución Política prohíbe la existencia de privilegios o prerrogativas otorgadas a uno o varios individuos, atendiendo a su persona misma. En esa tesitura y como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte otorga a los inversionistas extranjeros que se establezcan en el país un tratamiento más benéfico al que actualmente existe para los connacionales. En materia de expropiación resulta indispensable iniciar los ajustes legislativos necesarios para igualar enteramente a unos y otros. Congruente con lo expuesto y como una expresión objetiva del cambio que es necesario impulsar, esta iniciativa propone profundas modificaciones de fondo y forma al capítulo cuarto del título tercero de la Ley Agraria, misma que regula la expropiación de bienes ejidales y comunales Las reformas y adiciones que esta iniciativa presenta, tienden a agilizar los trámites del procedimiento inherente: conceder la garantía de audiencia previa a los núcleos agrarios afectados y en lo general, brindarles una mayor seguridad jurídica, satisfaciendo al mismo tiempo con agilidad el interés colectivo. Paralelamente y para que la expropiación quede como una medida de última instancia, se introduce en el articulado de la ley la regulación de la ocupación temporal y las limitaciones transitorias al dominio de los sujetos agrarios sobre sus bienes de propiedad social, a fin de colmar necesidades de orden público pasajero que exija la disposición urgente e inaplazable de los bienes aludidos. La objetividad de las propuestas a que se contrae el proyecto de decreto que se inicia, es la mejor muestra de su idoneidad y pertinencia, no obstante lo cual y buscando coadyuvar al mejor desarrollo de las deliberaciones propias del proceso legislativo, estimamos conveniente destacar algunos aspectos de las reformas y adiciones que se proponen: En el artículo 93 se propone establecer que la expropiación de bienes ejidales o comunales, sólo podrá realizarse cuando la causa de utilidad pública invocada, sea evidentemente superior a la utilidad social de la preservación del régimen agrario de la tierra por expropiar. Dentro de ese mismo precepto, la iniciativa reordena las causas de utilidad pública y por ejemplo, sustituye el concepto "limitado de la promoción, desarrollo y conservación de recursos forestales" por "recursos naturales", en función de que si las causas de utilidad pública son de aplicación estricta, el texto en vigor deja fuera importantes recursos naturales que también exigen de la tutela gubernamental. Una similar consideración motiva la sustitución de la mención de las leyes de vías generales de comunicación, como referente para las obras que puedan originar un procedimiento de expropiación sobre la propiedad social, en función de que dicha ley dejó de ser el cuerpo normativo que aglutinaba la constitución de las vías generales de comunicación y el funcionamiento de los medios que operan en ellas, existiendo en la actualidad leyes específicas para cada materia. Dentro de los ajustes al artículo 94 son de extrema importancia, en virtud de que éste constituye el centro sobre el cual gira todo el capítulo cuarto del título tercero de la Ley Agraria. En esas condiciones estimamos que es indispensable ordenar secuencialmente las partes administrativas del proceso y señalar que el monto de la indemnización debe continuar siendo determinado por la Comisión de Avalúo de Bienes Nacionales, atendiendo en todo momento al valor comercial de los bienes expropiados, salvo el caso de que se trate de la regularización de terrenos ejidales o comunales en posesión de terceros, supuesto en el que la indemnización se fijará con base en la cantidad que se llegue a cobrar por la regularización de los mismos. Una de las reformas propuestas establece que: Salvo el caso de la seguridad y defensa nacionales o el de la atención de desastres o calamidades públicas, el decreto expropiatorio sólo será emitido una vez que el promovente haya depositado el monto de la indemnización en el fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Asimismo y dentro del trámite de la solicitud de expropiación, queda previsto que si el depósito no se efectúa dentro del trámite de vigencia del avalúo que haya sido practicado, la Secretaría cancelará dicho procedimiento. La magnitud del problema que se tiene es evidencia por el hecho de que existen poco más de 1 700 decretos expropiados publicados en el Diario Oficial de la Federación, que se encuentran pendientes de ejecutar y que no habrán de serlo, sino hasta el momento en que se cubra el pago indemnizatorio correspondiente. Esta circunstancia debe ser evitada porque perjudica tanto a los sujetos agrarios afectados como a la sociedad, por la falta de satisfacción de las necesidades públicas correlativas. Es prudente pues, destacar que el pago de la indemnización no puede en ningún momento ser determinado en función del destino final del bien expropiado, ya que no es jurídicamente aceptable pagar lo que todavía no existe o atendiendo a las posibilidades de incremento del valor de las cosas por las mejoras que implique la ejecución de los trabajos públicos. -PRESIDENTA: Le rogamos concluir señor diputado. -DIP. RAMON PONCE CONTRERAS: Gracias señora presidenta. Una situación de esta naturaleza sería inclusive contraria(?) al mandato (?) del artículo 34 y 134 constitucionales, en el sentido de que los recursos públicos se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los ejecutivos (?) a que están desterminados (?) y adicionalmente distorsión en el sentido de la administración (?) previsto en el artículo 27 (no se entiende) Señora presidenta, dado que es la presentación de una iniciativa, quisiera solicitarle o rogarle,. me permitiera el tiempo pertinente para la misma. -PRESIDENTA: Señor diputado, se había acordado 10 minutos. Usted puede pedir que insertemos el texto íntegro en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta. Agradeciéndole su comprensión- -DIP. RAMON PONCE CONTRERAS: Bien. Entonces le rogaría que únicamente me permitiera leer el articulado propuesto para su reforma de los mismos. -PRESIDENTA Adelante señor diputado. DIP. RAMON PONCE CONTRERAS: Entonces lo que respecta al capítulo cuarto de la profesión de la ocupación temporal y de limitaciones al dominio de bienes ejidales y comunales, proponemos a la modificación al artículo 2o. a la cual se reforman y adicionan los artículos 32, 93 fracciones II, III, IV, V, VI y VII. El artículo 94, 95, 96 y 97 de la Ley Agraria, para quedar como sigue: Respetando el tiempo de los diputados federales y la petición de la presidencia y el acuerdo, quiero solicitar que sea insertado en el Diario de Debates y obviamente todo el proyecto de iniciativa de ley. Muchas gracias. -PRESIDENTA: Muchas gracias a usted señor diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. Publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Reforma Agraria. Tiene la palabra el diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 4o. transitorio de la Ley de Nacionalidad. -DIP. HECTOR SANCHEZ LOPEZ: Honorable Asamblea: Con el permiso de la señora presidenta y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento a la consideración de esta Soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto, por el que se reforma la fracción I del artículo IV transitorio de la Ley de Nacionalidad, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos: Con fecha 12 de diciembre de 1997, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, apróbó la Ley de Nacionalidad por unanimidad. Con fecha 30 de diciembre del mismo año el Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, expidió el decreto de la Ley de Nacionalidad , misma que entró en vigor el 23 de enero de 1998. Esta Ley de Nacionalidad tiene como uno de los objetivos principales, la no pérdida de la nacionalidad o ciudadanía. Con dicha medida se pretendía que quienes optaran por alguna nacionalidad distinta a la mexicana pudieran ejercer plenamente sus derechos en su lugar de residencia, en igualdad de circunstancias respecto a los nacionales del mismo. Esta Ley de Nacionalidad se inscribió en el marco de las reformas constitucionales al artículo 30, 32 y 37 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La reforma constitucional contenida en el artículo 37, apartado a) que estableció la no pérdida de nacionalidad, como bien señala el doctor Jorge Bustamante, del Colegio de la Frontera Norte y experto en asuntos migratorios, tuvo por objeto eliminar obstáculos más psicológicos que reales para que los ciudadanos mexicanos que residieran en los Estados Unidos pudieran adquirir la nacionalidad estadounidense. En los años en que se discutía en torno a la Ley de Nacionalidad se establecía, en el dictamen del Senado de la República, en 1997, que la nacionalidad determina sus condiciones de existencia en un país. Su situación jurídica tiene implicaciones directas en su desenvolvimiento social; la carencia de derechos plenos en muchos países significa, en la práctica, discriminación para acceder al trabajo o limita las condiciones de éste. La condición de extranjero limita significativamente la capacidad del individuo y de su comunidad para influir en el rumbo de la nación en la cual vive y a la cual contribuye con su trabajo. De hecho, la Ley de Nacionalidad se constituyó en respuesta al fenómeno de la migración que se presenta en nuestro país con el vecino del norte, sin duda alguna una de las economías más importantes del mundo. Pretendía beneficiar a millones de connacionales que viven allende nuestras fronteras para que, además de los lazos afectivos y culturales que los unen, no obstante la distancia, mantengan una vinculación de orden jurídico que les permita integrarse plenamente a la sociedad del país en el que radican para salvaguardar sus legítimos intereses y elementales derechos, en suma, para acceder a una vida digna. Escribe el doctor Bustamente que de acuerdo con las leyes norteamericanas un extranjero no puede adquirir la nacionalidad estadounidense sin adquirir la ciudadanía estadounidense, o viceversa. En el caso de México no es la nacionalidad únicamente lo que da derecho a votar y ser votado; es la ciudadanía mexicana la que da ese derecho. Para poder votar y ser votado de acuerdo con las leyes mexicanas se requiere tener la nacionalidad mexicana, ser mayor de 18 años, no tener ningún impedimento de los varios que señala la ley para ejercer el voto como el haber renunciado previamente a cualquier otra ciudadanía que le hubiera dado el derecho a votar en otro país. Por ello es urgente legislar en materia de nacionalidad y ciudadanía. La urgencia de presentar este proyecto que deroga el artículo 4º. transitorio es en virtud de que los mexicanos radicados en el país vecino perderán las ventajas que trajo la reforma constitucional del 20 de marzo de 1998. Según datos del segundo informe del gobierno del presidente Fox Quesada, hasta el momento han solicitado las declaraciones de nacionalidad mexicana por nacimiento 53 mil 144 connacionales. Prácticamente quedan poco más de 10 millones de mexicanos que tendrán que ser tratados como extranjeros al entrar a México o al querer comprar algún terreno en las áreas reservadas para mexicanos por el artículo 27 constitucional, si es que adquirieron la ciudadanía estadounidense y no presentaron la solicitud a que se refiere el artículo 4º. transitorio antes del 20 de marzo del 2003, cuando se venza el plazo de 5 años que estableció dicho artículo transitorio. La omisión de derogarlo y el avance del tiempo parecería estar conspirando para generarle a los partidos políticos y al Ejecutivo Federal otro problema político a muy corta distancia de las elecciones del 2003. En ese sentido, y después de haber transcurrido casi cuatro años de la entrada en vigor de dicha ley que concluyamos que el artículo 4º. transitorio de la misma, por la urgencia de los tiempos, debe ser reformado en el sentido de que no establezca ningún plazo para los mexicanos que quieran adquirir la nacionalidad mexicana, en virtud de que el plazo establecido está por cumplirse en marzo del año próximo y se está restringiendo al derecho de los mexicanos en el extranjero a beneficiarse de lo dispuesto en el artículo 37, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra dice: "ningún mexicano por nacimiento, podrá ser privado de su nacionalidad". Otra de las razones en las que se funda esta solicitud, es que muchos connacionales no estuvieron enterados de las reformas aprobadas o hasta el momento no tenían deseos de presentar ante las Secretarías, embajadas o consulados de México la solicitud a que hace referencia dicho transitorio. Por ello consideramos que el plazo no debe tener ninguna restricción para presentar las solicitudes a que hace referencia dicho transitorio. El transitorio cuarto establece: "Para beneficiarse de lo dispuesto por el artículo 37 apartado "a" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el interesado deberá: "Uno.- Presentar solicitud por escrito a la Secretarías, embajadas o consulados de México dentro de los cinco años siguientes al 20 de marzo de 1998". Con este plazo restrictivo vamos a llegar a marzo del 2003 y muchos mexicanos no serán beneficiados de la medida adoptada por el Constituyente Permanente al reformar el artículo 37 constitucional, por lo que apelamos a los integrantes de las comisiones a las cuales vaya a ser turnada esta iniciativa, actúen con prontitud y diligencia para que mexicanos no queden exentos de este beneficio constitucional. Este Congreso de la Unión, esta Cámara de Diputados, así como el Senado de la República, ahora tienen la responsabilidad de reformar esta ley y modificar el transitorio al que hemos hecho referencia con el único objetivo de que no se establezca plazo alguno a la decisión de nuestros connacionales de favorecerse de lo que establece el artículo 37 constitucional. Por las consideraciones expuestas y en virtud de los plazos que fija la Ley de Nacionalidad, misma que de no legislarse ene este periodo ordinario de sesiones, estaría afectando las reformas aprobadas y a los millones de mexicanos residentes en los Estados Unidos, se somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 4º. transitorio de la Ley de Nacionalidad. Artículo Unico: Se reforma el artículo 4º. transitorio de la Ley de Nacionalidad para quedar como sigue: Transitorios: Primero al Tercero. Cuarto.- Presentar solicitud por escrito a la secretaría, embajada o consulados de México. Todo lo demás queda como está. Transitorios: Primero.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esperamos compañeras y compañeros diputados, que las Comisiones puedan actuar con mucha prontitud, con mucha responsabilidad para que más de diez millones de mexicanos radicados y residentes en los Estados Unidos, no queden exentos de este beneficio que el propio Congreso de la Unión en la reforma del 37 les otorgó. Muchas gracias. -