LA C. PRESIDENTA: Aprobado el artículo Segundo Transitorio con la modificación propuesta por la diputada Petra Santos, por 382 votos. Aprobado en lo general y en lo particular, el proyecto de Ley de Energía para el Campo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. (Aplausos) Deseamos informar a la Asamblea cuál es el orden que hemos convenido para el desahogo de los dictámenes a discusión: De manera inmediata desahogaremos el dictamen relativo al decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Sobre Tenencia o Uso de Vehículos; inmediatamente después el dictamen relativo al proyecto de decreto que establece reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta y del Impuesto Sustitutivo del Crédito al Salario; posteriormente los otros dictámenes que se han enlistado para el día de hoy. Para fijar posición en términos del artículo 108 del Reglamento Interior, se ofrece el uso de la palabra al diputado Abelardo Escobar Prieto, a nombre de la Comisión. -DIP. ABELARDO ESCOBAR PRIETO: Con su permiso señora presidenta; Honorable asamblea: Para el ejercicio fiscal del año próximo el Ejecutivo Federal propone cambios a la Ley del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, con el objeto fundamental de resolver algunos aspectos relacionados con la constitucionalidad del Ordenamiento. Así como evitar que por diversas confusiones se ven afectados los ingresos de las entidades federativas por este concepto. En primer lugar planta la sustitución de la tabla actualmente en vigor por una tarifa que proporcione progresividad al gravamen y evite la inequidad que da origen a los amparos que han llevado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fallar declarando inconstitucional su aplicación. Sobre este mismo tema cabe indicar que el Ejecutivo Federal propone la derogación de la exención otorgada a los vehículos propiedad de inmigrantes e inmigrados rentistas, ya que ello ha ocasionado que se recurra al amparo argumentando violaciones al principio de equidad, resultando que las entidades federativas vean disminuidos sus ingresos. Asimismo, en el caso del transporte públicos de pasajeros denominados taxis, propone regular su aplicación en ley a fin de dar un marco de mayor certidumbre de este impuesto. Por cuanto a la iniciativa presentada por el Senador Fernando Gómez Esparza, ésta propone una disminución de las tarifas, estableciendo un aumento gradual que busca beneficiar a los adquirentes de vehículos cuyos precios son de económicos a medios, sin afectar en general a todos los comprados en este tipo de unidades. Consideraciones de la comisión. Por cuanto a las definiciones del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos, es necesario señalar que actualmente el artículo 1o.-A. de la ley en comento, establece que se entiende por vehículo nuevo el importado definitivamente al país, que corresponda a los 10 años modelos inmediatos anteriores al año de la importación definitiva. Sin embargo, la propia ley en su artículo 5o., fracción V establece que tratándose de automóviles de más de 10 años modelos anteriores al de la aplicación de la misma, el impuesto se pagará a la tasa del 0%. Por ello, la dictaminadora considera importante la modificación al inciso b) de la fracción I del artículo 1o.-A, para establecer que se entiende por vehículo nuevo el importado definitivamente al país que corresponda a los 9 años, modelos inmediatos anteriores al año de la importación definitiva. Por lo que esta comisión recomienda al aprobación de dicha propuesta con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes. Asimismo se coincide con la propuesta del Ejecutivo, que pretende modificar al artículo 3o., para precisar que son solidariamente responsables del pago del impuesto establecido en esta ley, las autoridades federales, estatales o municipales competentes, que autoricen el registro de vehículos, matrículas, altas, cambios o bajas de placas o efectúen la renovación de los mismos sin haberse cerciorado que no existan adeudos por este impuesto correspondiente a los últimos 5 años, salvo en los casos en que el contribuyente acredite que se encuentra liberado de esta obligación. En congruencia con lo anterior, esta dictaminadora coincide en las propuestas de modificación a la fracción III del artículo en comento, para establecer que las autoridades federales, estatales o municipales competentes, solamente registrarán vehículos cuyos propietarios se encuentren domiciliados en su territorio, por lo que también sugiere se apruebe dicha modificación. Con ello se logrará evitar la erosión que hoy se registra en la recaudación de este impuesto que afecta a las entidades federativas. Además con este cambio se evitará la sobreposición de impuestos federal y local que en algunas entidades se registra en el décimo año, al aplicarse un impuesto local sobre tenencia. En la actualidad doce entidades aplican este tipo de gravamen. Con el propósito de continuar avanzando en el proceso de dotar de equidad aquellos impuestos que por su naturaleza resultan complejos, como es el caso de gravamen y con objeto de resguardar el debido cumplimiento a los principios consagrados en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y toda vez que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que la tabla a la que se refiere la ley en estudio, en su artículo 5o. fracción I, es contraria a los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, se está proponiendo su modificación. Lo anterior en virtud de que, como lo señala la Suprema Corte en el cálculo del impuesto en los términos de dicha tabla, al rebasar en una cantidad mínima un rezago y quedar en el rango siguiente, resulta un aumento en la tasa desproporcional al incremento de la suma gravada, toda vez que opera un salto cuantitativo en la tasa del gravamen, que es desproporcional en relación con otro valor que apenas llegue al tope de dicho renglón, lo que además implica un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones simulares. Por ello esta dictaminadora apoya la propuesta para eliminar la tabla, así como establecer en su lugar una tarifa que cumpla con los principios tributarios previstos por nuestra Constitución Política. Sin embargo, la que dictamina considera que los rangos previstos en la tarifa propuesta por el Ejecutivo en el artículo 5, fracción I, resultan elevados en función al valor del mercado de los vehículos, pudiéndose generar algunos problemas de constitucionalidad. Por tal motivo y después de realizar diversos ejercicios con el propósito de no afectar a los adquirentes de automóviles económicos y de precios medios y siguientes, y siguiendo el criterio de no afectar el nivel de recaudación de las entidades federativas por este concepto cien por ciento participables, la que dictamina está proponiendo el primer rango de 450 mil pesos y una tasa de 2.6%, con lo cual se estima se cubre el 95% del parque vehicular. Adicionalmente al mismo artículo 5 de esta ley en comento, establece que los montos de las cantidades establecidas en la tabla a que se refiere esta fracción, se actualizarán en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año y tomando en cuenta que la inflación anual es de sólo un dígito se considera prudente proponer que la actualización correspondiente se realice anualmente, ya que además se modifica una tarifa. Resulta acertado modificar el último párrafo de la sección primera del artículo 5º. de la ley en estudio para establecer que las cantidades que incluye la tarifa a que se refiere esta fracción se actualizarán en el mes de enero de cada año, con el factor de actualización correspondiente al período comprendido desde el mes de noviembre del penúltimo año hasta el mes de noviembre inmediato anterior a aquél en que se efectúe la actualización. Sin embargo, con el objeto de otorgar mayor seguridad jurídica a los contribuyentes, esta dictaminadora considera necesario señalar con claridad el plazo con que cuenta la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar a conocer en el Diario Oficial de la Federación el factor de actualización correspondiente. Actualmente la ley en comento, en su artículo 5º., fracción IV, establece la mecánica para determinar el impuesto en el caso de automóviles nuevos destinados al transporte de más de 15 pasajeros o efectos y para automóviles que cuenten con placas de servicio público de transporte de pasajeros, por lo que con el propósito de evitar confusiones al momento de determinar el impuesto, se está proponiendo, por parte del Ejecutivo Federal, aclarar que dicho procedimiento también es aplicable para este tipo de servicio público. La tabla en comento se inicia a partir de cero hasta 450 mil pesos, con una tarifa de 2.6 y los siguientes gravámenes únicamente van gravando el excedente de la cuota fija que se establece para cada uno de los renglones. Por cuanto al tratamiento de los vehículos exentos, la que dictamina estima necesario derogar la fracción III del artículo 8º. de la ley en comento con el objeto de eliminar la exención del pago del impuesto, misma que ha provocado que los contribuyentes interpongan diversos juicios de amparo, argumentando la falta de equidad tributaria al exentarse injustificadamente a los inmigrantes o emigrados rentistas. Finalmente, dentro de los trabajos desarrollados por el grupo de trabajo se consideró que para el caso de robo de automóvil o pérdida total por accidente el propietario del mismo podrá acreditar la parte de la tenencia pagada no usada en el ejercicio para el pago de la tenencia del año inmediato siguiente ante la autoridad correspondiente, salvo en el caso de que se trate de vehículos recuperados y vendidos por las compañías aseguradoras. Por lo anteriormente expuesto los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público que participamos en la elaboración de este dictamen proponemos a esta honorable asamblea sea aprobado dicho dictamen. Es todo, muchísimas gracias.