La diputada Teresita de Jesús Borges Pasos: Compañeros y compañeras diputadas, gran atención ha generado en toda la sociedad la discusión de las leyes en materia de telecomunicaciones y ante la trascendencia del tema esta discusión se ha trasladado de lo legislativo a lo mediático; y hoy está quedando claro que los medios masivos de comunicación, en especial los medios electrónicos se juegan su futuro, creando confusión y promoviendo una sociedad de desinformación. Hay avances, es cierto, pero hay igual grandes retrocesos. Lo aprobado en la reforma constitucional se diluye en el contenido de las leyes secundarias, nos ofrecen pagar menos quitando la larga distancia, pero a cambio limitan las facultades del órgano regulador. Me pregunto, ¿es un avance o es un retroceso? Estas reformas en materia de telecomunicaciones tienen nombre y apellido, ya que por un lado han buscado acotar los intereses de una empresa en beneficio de otra y en ningún momento han pensando en los intereses legítimos de los ciudadanos. Que no se piense que a través de mis palabras busco defender los intereses de alguien, me queda muy claro que todas las empresas del sector de telecomunicaciones han vulnerado los derechos de los consumidores de manera reiterada. A través del dictamen aprobado en la Cámara de Senadores, nos queda muy claro que el sentido de ésta no es equitativo para las empresas del sector y mucho menos justa para los mexicanos. No es posible que sigamos supeditados a la buena voluntad de los concesionarios, tal como lo señala lo dispuesto en el artículo 251 del dictamen de la Ley Federal de Telecomunicaciones, donde resulta que la Secretaría de Gobernación tendrá que tomar su parecer a los concesionarios para el uso de los tiempos gratuitos que le corresponde al Estado, ya que estamos acostumbrados de la discrecionalidad del uso de estos tiempos por parte de los concesionarios al asignar dichos tiempos en sus horarios de más baja audiencia sin importar la relevancia del mensaje. El espacio radioeléctrico concesionado por el Estado es de bien de utilidad pública, por lo que el Estado no puede retractarse de su obligación se supervisar el adecuado uso de éste, ni el concesionario puede asumir que éste es de su propiedad y puede hacer libremente lo que quiera. De igual manera, considero que el presente dictamen adolece de una tremenda falta de equidad en el plazo para el otorgamiento de las concesiones, por lo que no me cabe la idea de que una estación de radio universitaria a una estación de radio comunitaria o indígena, que cumplen con una función social sumamente importante ya que están enfocadas en educar, en transmitir conocimientos, en informar, en enseñar valores y fomentar nuestras tradiciones y costumbres, se les otorgue un plazo máximo de concesión de 15 años tal como lo señala el artículo 83 del presente dictamen, mientras que a las concesiones de uso comercial tenían en cuenta que muchas de ellas no aportan nada positivo a nuestra sociedad y por el contrario, nos han atiborrado con programas de basura perniciosa, se les considere con un plazo mínimo de otorgamiento de la concesión por 20 años. Mientras, las concesiones de carácter comercial tienen todas las facilidades legales, tienen todas las fuentes de financiamiento a su disposición y muchas de ellas en ningún momento cumplen con una función social con los ciudadanos y además le regatean al Estado lo que por derecho le corresponde. Me pregunto, compañeros diputados, ¿dónde han dejado la responsabilidad del Estado mexicano de fomentar el uso responsable del espacio radioeléctrico que es propiedad de la nación? Pero no sólo eso. Resulta que los órganos de la administración pública y las leyes en materia de telecomunicación han tratado de limitar la licitación de frecuencias para que muy pocas personas y organizaciones puedan operar concesiones, y éstas no pueden ser autofinanciables a través de convenios con entes públicos sin las limitaciones de porcentajes que presenta el artículo 89, fracción VII del dictamen en discusión. Me queda muy claro que la historia ha cambiado. Los concesionarios ya no son los soldados del presidente. Ahora son los presidentes los que son los soldados de los concesionarios y ante esa tónica, a los televidentes y a los radioescuchas nos seguirán recetando un modelo de país donde a través del circo nos olvidemos de nuestra triste realidad y nuestro sobrio futuro. Seguirán vendiéndonos productos vacíos fomentando una sociedad consumista que adquiera productos y personas que a la larga tienen muy poco valor intrínseco. Estos actores buscan cambiar el juego de la democracia por las reglas de la telecracia, cambiando el concepto de la verdad por el adoctrinamiento masivo. Hago un llamado a mis compañeros diputados a establecer en esta Cámara un dique que ponga un alto a los intereses de quienes ven en el dinero la motivación para los cambios como sociedad. Hagamos lo que nos corresponde y evitemos que las telecomunicaciones se conviertan en una herramienta de un gobierno autoritario al servicio de los más poderosos. Es cuanto, presidente.