La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, señora presidenta. Solicito, por su conducto, instruya insertar íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates. Tenía razón el historiador romano Tácito, al señalar que el poder nunca es estable cuando es ilimitado; 20 siglos después en todo Estado de derecho los límites del poder se garantizan en la Ley Fundamental, que es la Constitución. El principio de legalidad, la división de poderes y la equidad electoral son elementos que distinguen un Estado democrático de uno autoritario, por eso es nuestra responsabilidad salvaguardar su permanencia para el adecuado funcionamiento de la nación. Aprobadas por esta LXIV Legislatura, el pasado 30 de noviembre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre las que se introdujeron dos nuevas figuras administrativas, me refiero a las delegaciones de programas para el desarrollo y la coordinación general de programas para el desarrollo. Figuras polémicas desde su creación por las amplias facultades otorgadas a sus titulares y por el perfil político de los mismos. Destaca que el coordinador general se encuentra jerárquicamente al nivel de un secretario de Estado, incluso con un mayor margen de discrecionalidad política, económica y administrativa para su actuación en las 32 entidades federativas, pero a diferencia de los responsables de una secretaría, esta figura carece de un mecanismo de control político constitucional que pueda regularlo. Por su parte, las y los delegados tendrán a su cargo el control total de los recursos de procedencia federal en los estados, sin que cuenten con un marco jurídico sólido, ni con mecanismos de coordinación entre estos y los poderes estatales. Por si fuera poco, sus titulares destacan por ser personas con aspiraciones políticas en sus demarcaciones, incluso algunos de ellos cuestionados en su trayectoria. En la exposición de motivos de esta iniciativa se consignan sus trayectorias en las que destacan su militancia política en Morena. Hagamos un breve repaso. El coordinador general es en este momento senador con licencia por Morena y ha mantenido estrecha relación con el presidente de la República durante los últimos 18 años. Entre los delegados por cierto, sólo ocho de 32 son mujeres se encuentran 16 dirigentes estatales de Morena, 10 legisladores federales o locales del mismo movimiento con licencia y seis excandidatos por Morena, cuatro de ellos a gobernador. No podemos sorprendernos de que el presidente de la República elija a sus leales para acompañarlos en la responsabilidad de gobernar, sin embargo, estos personajes, dotados de un alto y concentrado poder político local, pueden atentar contra el principio de equidad en la competencia entre partidos políticos, si es que deciden participar en las contiendas electorales. Este privilegio de controlar los recursos federales no sólo pone en peligro la naturaleza del Pacto Federal, sino también la división de poderes al centralizar el poder político y presupuestal concentrándolo en una sola persona. Por tanto, considero que es necesario y oportuno legislar sobre las facultades de la persona titular de la coordinación general de programas para el desarrollo, así como las propias de los denominados coloquialmente súper delegados, a fin de delimitar sus funciones, limitar sus responsabilidades como servidores públicos y mantener de esta manera el equilibrio de poderes. Con la presente iniciativa se busca establecer un control constitucional al poder político mediante la reforma de ocho artículos a la Constitución. Destaco especialmente, antes de concluir, la reforma al artículo 116 propuesta para establecer la prohibición constitucional de que la persona titular de la coordinación general y las y los delegados de programas para el desarrollo participen como candidatos a la gubernatura del estado donde ejerzan su encomienda, a menos de que se separen tres años antes de la fecha de las elecciones de su encargo. Esta disposición tiene el propósito de evitar conflictos de intereses y la anima el mismo espíritu que se pretende aplicar a los exfuncionarios de la administración pública federal al establecer un tiempo mínimo de varios años antes de poder trabajar en empresas particulares. En suma, se propone reformar otros artículos constitucionales e incluir un transitorio con la finalidad de establecer un control constitucional a poder político que garantice el equilibrio de poderes, la transparencia, la rendición de cuentas y el federalismo en nuestro país. Muchas gracias.