El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Muchas gracias. Buenas tardes diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ley suprema según lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada por el Senado de la República, en el Diario Oficial de la Federación, protege el derecho a la participación en la vida política y pública de las personas con discapacidad. La citada Convención en el artículo 29 del instrumento internacional antes señalado, establece que los estados integrantes deben de adoptar todas las medidas viables para facilitar y promover la participación de las personas con discapacidad en las actividades públicas y cívicas, como el derecho a votar y ser elegidas o a participar en organizaciones políticas. En ese orden de ideas, es de recordar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1o. que la letra dice: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, de edad, de discapacidades, de condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Sin embargo, en el artículo 280, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales dice: En ningún caso se permitirá el acceso a las casillas a personas que se encuentren privadas de sus facultades mentales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o armadas. Esta cita es contraria a este principio de la Ley Suprema que me refiero concretamente a la expresión: facultades mentales. En ese sentido han sido discriminadas personas con parálisis cerebral, autismo o Síndrome de Down, entre muchas otras, cuando no existe ningún motivo que sustente que puedan ser privadas de sus derechos políticos sin que para que ello haya medido una determinación judicial. A mayor abundamiento, es de señalarse que de acuerdo al jurista Santos Azueta, la incapacidad natural es también la que se tiene por la minoría de edad. La incapacidad legal la determina la ley. Ahora bien, la incapacidad será de goce y de ejercicio. En ese sentido, es de precisar que la declaratoria de incapacidad, de acuerdo con el diccionario jurídico mexicano de 1994 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en voz de Sana Montero Dual, la declaración de incapacidad solo mediante la declaración judicial es un juicio de interdicción, puede privarse de la capacidad de ejercicio a una persona. Resulta evidente que quien posea una credencial de elector cuenta con la capacidad legal para ejercer sus derechos, por tanto, está en capacidad plena para ejercer todos sus derechos y obligaciones sin que medie ningún tipo de discriminación. La presunción personal de un ciudadano o un servidor público no es suficiente para privar a nadie de sus derechos políticos o civiles, haciendo referencia a las expresiones coloquiales sobre el concepto, que priva de sus facultades mentales, se señala como loco, impedido o muchas otras acepciones que se nutren de prejuicios, que colocan a las personas con discapacidad en una doble desventaja porque deben de enfrentarse a un entorno adverso y lo peor aún, el ejercicio de su derecho está a criterio discrecional de otro ciudadano investido de autoridad, llámese presidente de una casilla o funcionario de la misma, que no cuenta siquiera con una capacitación técnica para definir quién pudiera tener discapacidad y en qué nivel. En este vacío tampoco se llena al consultar los reglamentos de elecciones del Instituto Nacional Electoral, ni en los manuales que cuentan con ello. Esta libertad de restringir a discreción el derecho a votar es contraria a lo ordenado en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, entre otras cosas, que son derechos de la ciudadanía votar en las elecciones populares y en las consultas populares sobre los temas de transcendencia en nuestro país. En concreto, lo que se busca y se propone, es suprimir el mencionado artículo en el término que se encuentren privadas de sus facultades mentales los ciudadanos, puesto que esto restringe a muchos ciudadanos, no únicamente discapacitados, sino también por supuesto a todos aquellos que se hacen acompañar el día de la jornada electoral...