La diputada Martha Hortencia Garay Cadena: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, las personas adultas mayores constituyen un grupo de población vulnerable que en los últimos años ha aumentado de manera sostenida, lo que demanda intervención pública inmediata para garantizar su acceso a los derechos sociales fundamentales. Para poner en su justa dimensión este asunto basta señalar que de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se calcula que actualmente el 13 por ciento de la población total a nivel mundial son de 60 años o más, la cual registra una tasa de crecimiento anual del 3 por ciento. Ante este panorama, la comunidad internacional ha comenzado a atender la necesidad de generar políticas públicas que permitan dignificar el proceso de envejecimiento a partir de una mayor proyección, protección y garantía de sus derechos humanos. El 5 de junio de 2015, la Organización de Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. En este mismo tenor, el artículo 5 de dicha Convención establece la obligación de los Estados de desarrollar enfoques específicos en sus políticas, planes y legislaciones sobre envejecimiento y vejez. México no es ajeno a la dinámica e impacto de este fenómeno. Según el Consejo Nacional de Población, existen casi 13 millones de personas con 60 años o más. Esta población se encuentra en condiciones de vulnerabilidad, son víctimas de discriminación múltiple y no siempre logran acceder a todos los servicios a los que tienen derecho. Especialmente preocupante es el trato que reciben los adultos mayores cuando se encuentran privados de su libertad. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado graves deficiencias en la atención de las personas adultas mayores que se encuentran en los centros penitenciarios, toda vez que no se garantizan sus derechos a la salud y a la alimentación. También destaca que en la ubicación de los internos no se considera la edad, la cual deja en estado de vulnerabilidad a las personas adultas mayores, ya que en los centros penitenciarios no cuentan con la infraestructura necesaria ni la accesibilidad en sus instalaciones. Es precisamente por eso que en su pronunciamiento denominado supervisión penitenciaria, la Comisión advirtió las condiciones de vulnerabilidad de las personas adultas mayores que se encuentran privadas de su libertad, y se pronunció sobre la necesidad de que los centros penitenciarios contaran con registros de la población mayor de 60 años, a fin de atender sus necesidades básicas. A partir de estas consideraciones, la presente iniciativa busca adicionar un artículo 35 Bis a la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones, con el objeto de que las personas privadas de su libertad de 60 años o más, puedan acceder a una vida digna, en igualdad de condiciones con relación al resto de los internos. El artículo adicionado establece la obligación de las autoridades de los centros penitenciarios para que registren a los internos de 60 años a más, dicho registro deberá tomar en cuenta las condiciones de salud, necesidades de alimentación y la ubicación. Este representa un aspecto medular, en la medida que permite a la autoridad instrumentar políticas públicas pertinentes, a efecto de garantizar el respeto a sus derechos humanos. Compañeras legisladoras y legisladores, en mi grupo parlamentario estamos convencidos de la importancia y la urgencia de promover el respeto a los derechos humanos, así como garantizar el desarrollo pleno y calidad de vida de las personas mayores que se encuentran en los centros penitenciarios del país. Esta mañana les pido, les solicito que se unan a esta iniciativa, porque todas las personas tenemos derecho a una vida digna. La privación de la libertad no implica la privación de la dignidad. Es cuanto, diputada presidenta.