La diputada Lorena Piñón Rivera: A pesar de saber que mi propuesta será rechazada sin mayor reflexión, la expongo con la firme convicción de que el ejercicio responsable de nuestra labor democrática implica, no solo aceptar las decisiones de la mayoría, sino reflejar ante el pueblo mexicano el verdadero espíritu de la representación política. Y aunque en esta ocasión el peso de la mayoría se incline a la exclusión de una verdadera discusión, al menos quedará claro quienes son los que con su actitud de intransigencia buscan imponer su voluntad dictatorial. La reforma del artículo 23 permitirá fortalecer la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, particularmente, en la asignación de los beneficios fiscales que impactan directamente en las familias y comunidades. Esta reforma no solo busca mejorar el análisis y la distribución de los recursos, sino también garantizar que los beneficios fiscales lleguen a quien más lo necesitan y no se concentren en unos pocos. El PRI, con el liderazgo de Alejandro Moreno, rechaza el contenido de esta ley, que en su conjunto representan mecanismos de endeudamiento discrecionales y opacos. Este grupo parlamentario, coordinado por el diputado Rubén Moreira, podría matizar su posición, pero es evidente que les falta mucha voluntad para enmendar y consienten el pago de un billón 388 mil millones de pesos por concepto de intereses. Actualmente, se establece que Hacienda realizará un estudio de ingreso-gasto, pero no establece una periodicidad ni exige que contemple acciones específicas para corregir desigualdades fiscales. Mi propuesta es que este estudio se presente semestralmente ante esta Cámara y que, además, de exponer la situación fiscal, se incluya un plan de acción para optimizar la asignación de recursos y reducir la desigualdad fiscal, especialmente en los deciles más bajos. Esto no solo es un acto de justicia fiscal, sino una herramienta que puede transformar la distribución de los recursos del Estado y garantizar que los beneficios fiscales lleguen a quienes más lo necesitan. El estudio no debe de ser solamente un diagnóstico, sino una herramienta para ajustar las políticas públicas. Es fundamental que el análisis se enfoque en las regiones que más lo necesitan, como es el caso de Veracruz, donde los 212 municipios y sus habitantes enfrentan desafíos económicos y significativos. La mayoría de los ayuntamientos en su conjunto siguen viendo cómo se concentran los recursos en un número reducido de lugares. Esta reforma permitiría un análisis más detallado de cómo se distribuyen esos fondos y, lo que es aún más importante, permitirá que se establezcan políticas fiscales más justas que aporten una equidad real, especialmente en áreas rurales. El reto en Veracruz no es solo económico, es también estructural. Muchos de nuestros municipios enfrentan retos históricos donde las políticas públicas han sido en ocasiones insuficientes o mal distribuidas. Esto no es solo un problema de distribución, sino de acceso. Si no logramos que los beneficios fiscales se destinen de manera más equitativa, estaremos perpetuando desigualdades estructurales que afectan a millones de mexicanos. Mi lucha por Veracruz y sus 212 municipios no es solo una cuestión de justicia social, sino también de una responsabilidad política. Mientras el país se desangra en desigualdad, por cierto, MC se arrodilla ante el poder, convirtiendo su discurso contestatario en un vulgar ejercicio de oportunismo político. Es cuanto.