El diputado Juan Manuel Vega Rayet (PRI): El artículo 73 fracción X de nuestra Carta Magna, dispone que el Congreso de la Unión tiene la facultad para legislar en toda la República en materia de energía eléctrica. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, concede gran discrecionalidad al Ejecutivo Federal, lo que ha dado lugar a que se realicen ajustes y modificaciones a las tarifas eléctricas para el consumo domestico, lo cual ha traído como consecuencia el detrimento de la economía familiar de la mayoría de los consumidores del servicio. Con lo cual se violentan los principios de equidad y justicia social que deben prevalecer en la prestación de todo servicio público, situación que es compatible con el sentido social que debe caracterizar la actividad y la función de las empresas públicas. De conformidad con lo estipulado en el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución General de la República, corresponde exclusivamente a la Nación conducir, transformar, distribuir, abastecer de energía eléctrica; no especifica que deba otorgarse concesión o subsidio alguno, lo cierto es que tratándose de escuelas públicas y atendiendo a la naturaleza de la enseñanza gratuita, debería exentarse a los citados centros escolares del pago por el consumo de este servicio público para garantizar el suministro de energía. No debemos olvidar que la educación básica es una función pública y social que todo Estado democrático tiene la obligación de otorgarle a los gobernados, lo cual queda debidamente establecido en la fracción VIII del artículo 3º. de la Constitución Federal. Es asimismo, un medio que permite desarrollar armónico (¿) de las facultades del ser humano y el fomento de los valores del individuo en beneficio propio y de la colectividad. El Estado Mexicano, en sus tres órdenes de gobierno, está obligado, por tanto, a otorgar a las instituciones educativas los recursos y las condiciones favorables que les permitan cumplir los altos objetivos que se tienen encomendados. Hemos observado que la prestación del servicio de energía eléctrica se cobra de manera obligatoria a todas las escuelas públicas básicas, llegando en ocasiones a cortarles el suministro de este servicio en perjuicio de los alumnos, resultando demasiado gravoso para las instituciones educativas realizando dichos pagos, lesionando con ello su reducido patrimonio, pues deben efectuar desembolsos de los que deberían estar exentos. Lamentablemente el financiamiento que se otorga por parte del Estado a las escuelas públicas, es insuficiente para afrontar los enormes gastos que requieren en tanto en mantenimiento de sus instalaciones, como el pago de los servicios públicos indispensables como el agua potable, la energía y la energía eléctrica. Por tal motivo, proponemos se someta a consideración de este Honorable Congreso la siguiente propuesta de iniciativa de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica. Decreto que adiciona el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con un tercer párrafo: Artículo 31. Se adiciona el artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica con un tercer párrafo para quedar como sigue: "... las instituciones públicas federales que presten educación básica, quedarán exentas del pago del consumo de energía eléctrica por el organismo responsable de suministrarlos". Transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, Presidenta.