La diputada Martha Palafox Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito exponer la fundamentación del dictamen respecto a la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 419, 420, 421, 422 y adiciona el artículo 421 bis, todos de la Ley General de Salud. Una legislación no puede quedar inmóvil permanentemente; tiene que ir cambiando a adecuarse a los diversos actos y hechos ocurridos dentro de nuestra sociedad. Nosotros tenemos el compromiso de reglamentar dichas circunstancias legislando adecuadamente, es decir, que parte de nuestra tarea es darle solución a los problemas y acontecimientos que surjan en la vida social y jurídica de nuestro país. Las reformas y creaciones de leyes que hacemos son pilar fundamental para llegar al estado de derecho que queremos. En nuestro país las circunstancias en materia de salud van cambiando día a día y muchas conductas ilícitas que actualmente se presentan en nuestra sociedad no pueden dejar de ser punibles o sancionadas o que éstas sean sancionadas sin una equidad jurídica. Cabe señalar que la sanción es una consecuencia del derecho. Por lo general, las normas jurídicas concatenan determinadas consecuencias al incumplimiento de los deberes que el derecho objetivo impone; por lo tanto, la sanción es una consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. En otras palabras, la sanción es la pena que impone la ley por violación a sus preceptos, y sus características jurídicas primordiales deben ser aflictiva, legal, cierta, pública, educativa, humana, equivalente, suficiente, remisible, reparable, personal, variada y elástica. Por lo anterior, resulta necesario reubicar topográficamente las sanciones a diversas conductas previstas en la Ley General de Salud, ya que los supuestos previstos en los artículos 419, 420 y 421 no son congruentes respecto de la infracción cometida en la actualidad. Es de enfatizarse que las sanciones administrativas vigentes deben aumentarse para que las infracciones cometidas a la normatividad sanitaria sean castigadas con mayores sanciones administrativas pecuniarias que las que actualmente existen, con el propósito de que sean transgredidas con menor frecuencia, es decir, que existe una desproporcionalidad respecto de algunas conductas que, por su gravedad, requieren ser castigadas con multas mayores a las previstas actualmente. En la Ley General de Salud son tres los tipos de infracciones que se plasman en ella; éstas de acuerdo a su gravedad. Por ello es necesario elevar las sanciones, regular estas conductas para que la ley no se transgreda y, en caso de cometerse el acto, sea castigado con mayor pena. Por lo anterior, en el decreto de dicho dictamen se propone adicionar un nuevo artículo, 421 bis, a fin de que se prevea la sanción más elevada para las conductas consideradas graves dentro del catálogo contenido en la Ley General de Salud. Con dicho decreto, aparte de reformar la ley ya mencionado en cuanto a su multa pecuniaria, primordialmente eleva los montos mínimos y máximos de las multas. Por otra parte, se reubican las disposiciones cuya infracción amerita sanción administrativa. La legislación en materia de salud requiere estar al día de las circunstancias que puedan llegar a darse en este campo. Es por ello que los exhorto a que apoyemos este dictamen con proyecto de reforma que únicamente tiene el propósito de que quede integrada una ley sin que exista laguna alguna, así como una sobreregulación o que alguna acción ilícita quede impune. Por último, hago énfasis en mencionar que en el decreto de este dictamen se omite una reforma muy importante para la salud pública en nuestro país. Me refiero a la iniciativa presentada el 26 de noviembre del año 2002 por la diputada Miroslava García Suárez, integrante del Partido de la Revolución Democrática de la LVIII Legislatura, con el propósito de regular los tatuajes. Dicha iniciativa fue debatida y aprobada por el pleno de esta Cámara el 16 de marzo de 2004. Asimismo, conforme al artículo 72 inciso e) de nuestra Constitución Política, fueron aprobados los cambios efectuados por la colegisladora Cámara de Senadores en febrero del año en curso y turnada al Ejecutivo para su publicación. En el dictamen del decreto final, entre sus reformas se adicionó un artículo 268 Bis 1, en el artículo 419, con el propósito de contemplar la sanción en dicha materia. Por ende, con el propósito de llevar una secuencia lógica legal en el proceso legislativo, se propone una modificación al artículo 419 del proyecto de decreto, el cual fundamento para quedar de la siguiente manera. Dice, artículo 419: "Se sancionará con multa de hasta 2 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139 y 161, 200 Bis, 202, 263, 282 bis 1, 346, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta Ley". Debe decir, artículo 419: "Se sancionará con mula de hasta 2 mil veces el salario mínimo general diario vigente en la zona económica de que se trate, la violación de las disposiciones contenidas en los artículos 55, 56, 83, 103, 107, 137, 138, 139, 161, 200 Bis, 202, 263, 268 Bis 1, 282 Bis 1, 346, 350 Bis 6, 391 y 392 de esta Ley". Lo anterior, como lo mencione, es para que dicha reforma que fundamento al término de su proceso legislativo no llegue a eliminar aquella que ya se aprobó por las dos Cámaras. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.