El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la Presidencia. Honorable asamblea, el punto de acuerdo en cuestión, mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que envíe a la Cámara de Senadores el expediente respectivo a la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes es sin duda un tema de primordial relevancia, sobre todo porque su ratificación se ha postergado por más de siete años. Es evidente que el documento suscrito por distintas naciones en 2005 en Badajoz, España, representa un hito en la historia de lucha y conquista de los derechos de las y los jóvenes de Iberoamérica. Resulta incuestionable, como destacan los resolutivos de dicha convención, que los acuerdos alcanzados significaron el final de una etapa, de una etapa de lucha por los derechos de la juventud y también el comienzo de un periodo aún muy extenso de importantes esfuerzos por establecer y garantizar de manera efectiva los derechos de las y los jóvenes de nuestra región. En este sentido existe plena coincidencia con aquellas voces que legítimamente demandan la atención impostergable de los asuntos que preocupan a la juventud mexicana. En otras palabras, concuerdo con los posicionamientos que demandan mayor efectividad de políticas públicas, enfocadas a los problemas que aquejan a nuestra generación, particularmente suscribo aquellas ideas que exigen el ejercicio pleno de los derechos y las obligaciones de las y los jóvenes. Sin embargo, debemos estar claros que con la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, el principio de exigibilidad y garantía de los mismos radica en la búsqueda y el establecimiento de mecanismos normativos vinculantes para que el Estado salvaguarde su aplicación, así como la sanción en aquellos casos en donde los derechos hayan sido violentados. En otras palabras, el principio de exigibilidad se atribuye a la disposición de instrumentos, mecanismos y procedimientos de protección de los derechos de las y los jóvenes; de modo que cualquier violación de los mismos no quede impune o sin atención. En este sentido es nuestra responsabilidad constitucional como legisladores, establecer y plasmar mediante leyes y normas jurídicas, aquellos ordenamientos que hagan exigibles las demandas de la juventud mexicana. Está claro que la voluntad, las buenas intenciones o aquellos discursos vociferantes son instrumentos necesarios pero no suficientes para atender de manera efectiva los problemas de pobreza, de salud, de seguridad, de educación y desarrollo que aquejan a muchos jóvenes de nuestra generación y en nuestro país. Por ello, insisto, en la importancia de votar a favor del punto de acuerdo en comento, ya que representa una oportunidad para que en sincronía con la Convención Iberoamericana de Derechos Humanos hagamos valer el principio de exigibilidad al Estado mexicano y que éste asuma el compromiso irrestricto de generar políticas públicas articuladas que contribuyan a contrarrestar la situación de vulnerabilidad en la se encuentran actualmente millones de jóvenes en nuestro país. En congruencia con lo anteriormente expuesto, las y los diputados que integramos el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, votaremos a favor de esta proposición en virtud de que los temas que preocupan a nuestra generación requieren acciones y estrategias transversales desde todos los ámbitos del Estado mexicano. Como lo he destacado en esta participación, como legisladores debemos asumir la responsabilidad de crear, modificar y cristalizar en las leyes todas las garantías que atiendan los derechos humanos de las y los jóvenes de nuestro país. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, presidente.