El diputado Adrián Pedrozo Castillo: Con su venia, diputada Presidenta. Diputadas y diputados, el que suscribe, diputado federal Adrián Pedrozo Castillo, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática de la LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 55, fracción II, y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que reforma el artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente Exposición de motivos La educación es el medio más eficaz de vencer obstáculos para el progreso nacional en todos los órdenes y es el mecanismo para disminuir las grandes desigualdades de nuestro país. Además, la educación es ante todo uno de los derechos sociales fundamentales establecidos en el orden jurídico mexicano, específicamente en el capítulo correspondiente a las garantías individuales de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Desde 1814 la educación ha sido reconocida como un patrimonio de todos los mexicanos y es un deber de la sociedad y del Estado proporcionarla a toda la población. Esta convicción, ratificada en el Congreso Constituyente de 1917, reforzada en 1921, permanece vigente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los postulados fundamentales en su artículo 3o., al disponer el carácter gratuito de la educación que imparte el Estado. A la fecha se han realizado seis reformas al artículo 3o. constitucional y, no obstante los diversos enfoques de estas reformas, también se ha mantenido un principio inobjetable: el derecho a la igualdad de oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, sin más limitaciones que satisfacer los requisitos expresados en las disposiciones aplicables. Sin embargo, este derecho constitucional se ha visto socavado a partir de la reforma al artículo 3o. constitucional, realizada durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, mediante la cual quedó sujeta a la laxa interpretación, la obligación del Estado de financiar la educación superior e incluso, la media superior. Es así que en la fracción IV del actual artículo 3o. constitucional se establece textual: "toda la educación que imparte el Estado será gratuita". Pero enseguida, en la fracción V, se limita este principio y la obligación del Estado en materia de educación superior, al establecer que promoverá y atenderá este nivel. Se omite incluso, mencionar la educación media superior, la cual en términos presupuestales y en algunos casos de organización está separada de la educación superior. Derivada de esta reforma, la actual redacción del artículo 3o. constitucional vigente se presta a ambigüedades o a subterfugios interpretativos en lo referente a la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento de este derecho a través de financiar la educación media superior y superior, incluyendo el posgrado, la educación normal y demás para la formación de docentes de educación básica. Los subterfugios interpretativos lingüísticos de la fracción V han servido de pretexto, en algunos casos, para argüir que únicamente es gratuita la educación que es obligatoria; es decir, la preescolar, la primaria y la secundaria y que por tanto, estos tres niveles también son los únicos que el Estado tiene obligación de impartir, atender y financiar. Esta equivocada interpretación también ha propiciado una desatención financiera de la educación inicial especial y la educación normal y demás para la formación de docentes de educación básica, pues el actual texto constitucional también es omiso en lo relativo a especificar la obligación del Estado de impartir y financiar esos tipos de educación. En el caso de la educación media superior y superior, esta imprecisión jurídica constitucional ha propiciado o servido de pretexto para la inequidad presupuestal hacia ambos niveles educativos, que año con año se les han reducido sus presupuestos o son los más afectados por las disminuciones presupuestales. Por eso, la presente iniciativa de reforma tiene como propósito dar certeza jurídica y garantizar que también es obligación del Estado impartir y financiar la educación media superior y superior, a fin de que no exista ninguna interpretación lingüística tendiente a trastocar o entorpecer el que todos los mexicanos y las mexicanas tengan derecho a acceder a ambos niveles educativos en todos sus tipos y modalidades, así como a la educación inicial y especial. Asimismo, se propone garantizar el financiamiento de la educación normal y demás para la formación de docentes de educación básica. En consecuencia, la presente iniciativa de reforma comprende hacer explícitos los alcances del precepto constitucional del derecho a la educación y el carácter gratuito de la educación que imparte el Estado, al establecer como una de sus obligaciones impartir y financiar la educación media superior y superior a todos los mexicanos y las mexicanas que lo soliciten. La importancia de perfeccionar, robustecer o afinar el carácter público y gratuito de la educación en todos sus tipos, niveles y modalidades no es baladí, se fundamenta en el carácter estratégico otorgado actualmente a la educación en la órbita mundial, donde aparece en primer plano el capital intelectual o el conocimiento. Tal como lo plantea la UNESCO, la educación superior tiene un impacto macroeconómico trascendente pues en la medida que los individuos con mejor educación tienden a obtener mayores éxitos en el mercado laboral, las economías con más altas tasas de matricula y más años de escolaridad son más dinámicas, competitivas en los mercados globales y exitosos en los términos de ingresos superiores per cápita. Por lo tanto la educación superior ya no es un lujo, es esencial para el desarrollo económico y social de las naciones. Voy a pedir que me permita unos minutos más, diputada Presidenta, voy a concluir. En México la educación superior ha representado un medio de movilidad social importante para la población del país, pues estudios de la ANUIES indican que muchos de los estudiantes que hoy cursan algún programa académico son los primeros en la historia de su familia en acceder a la educación superior. Es indudable que un gran número de instituciones públicas han respondido a la política de extender los beneficios de la educación superior a la juventud mexicana, lo cual ha implicado hacer todo lo que ha estado a su alcance para dar educación gratuita hasta los niveles más altos del sistema educativo mexicano en cualquier profesión y especialidad. En consecuencia, las leyes deben ser lo suficientemente explícitas para que, lejos de ser instrumentos de obstrucción, sean eficaces medios de avance en la reedición de toda magna obra civilizadora como es la educación. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Único. Se reforma el primer párrafo y la fracción IV del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos. Artículo 3o. Todo individuo que tenga derecho a recibir educación, el Estado, la Federación, estados, Distrito Federal y municipios impartirán en todos sus tipos y modalidades educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior, incluyendo el posgrado y la educación normal y demás para la formación de docentes de educación básica. La educación preescolar, primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria. IV. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita, desde la inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior, incluido el posgrado, así como la educación normal y demás para la formación de docentes en educación básica, en todos sus tipos y modalidades. V. Además de impartir la educación señalada en el párrafo anterior, es obligación del Estado financiar, atender y apoyar la investigación científica y tecnológica y la cultura, cuyas actividades son indispensables para el desarrollo de la nación. Dado en el Palacio Legislativo en San Lázaro, el día 27 de marzo de 2007. El suscrito diputado. Es cuanto, diputada Presidenta. Dejo el texto íntegro para que me haga favor de publicarlo en el Diario de los Debates.