El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. No quisiera iniciar esta intervención sin antes reconocer y agradecer la disposición de la Junta de Coordinación Política, de la Mesa Directiva, y por supuesto, de la Comisión de Radio y Televisión, particularmente de su presidenta, la diputada Lia Limón, para poder atender esta iniciativa y dar una discusión amplia sobre el tema. Además de, por supuesto, el consenso que ha generado esta iniciativa. Los acuerdos de San Andrés, celebrados hace 20 años, generaron muchas expectativas en torno a los derechos indígenas. Por eso, sin dejar de reconocer que hubo muchos avances con la reforma del artículo 2 constitucional del año 2001, también es claro que quedaron muchos pendientes en la materia. Quizá uno de los más importantes sigue siendo todavía el de trascender esta visión reduccionista que busca sostener una especie de folclorización de los usos y costumbres y no una discusión sustantiva en torno a los derechos indígenas. La reforma que hoy estamos discutiendo es producto de una iniciativa presentada por un servidor, pero que tiene sus orígenes en las luchas ciudadanas y en las luchas de los pueblos indígenas. Esta reforma es triunfo de quienes han dedicado su vida y su labor a la defensa de los derechos indígenas. Por eso quisiera, desde esta tribuna, compañeras y compañeros diputados, hacer un reconocimiento al escritor y poeta indígena Mardonio Carballo, quien junto con muchos otros llevó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema que hoy nos ocupa. De estos activistas y defensores de los derechos indígenas es el mérito de esta reforma, y así debe ser reconocido por esta Cámara. El pasado 20 de enero la Suprema Corte, como ustedes lo saben, nuevamente y a partir de una exigencia ciudadana le corrigió la plana al Congreso de la Unión, para que atendiera omisiones y errores en la ley. En este caso de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que de manera absurda señala que los concesionarios de las estaciones radiodifusoras, cito textual, deberán hacer uso del idioma nacional. Eso no solamente es una franca violación a los derechos lingüísticos reconocidos por nuestra Carta Magna, sino un franco retroceso en el reconocimiento y protección de los derechos indígenas y de las más de 360 variables lingüísticas que existen en nuestro país. Detrás de estas omisiones no solo hay confusión, negligencia o ignorancia, sino que hay una historia de atropellos y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas en México. Hoy tenemos que ser conscientes de que esto solo es reflejo de una realidad desafortunada, en donde no se ha logrado entender de manera integral la desigualdad y la marginación de las comunidades indígenas. La discriminación, a veces institucionalizada contra los pueblos, la violencia que viven ante la explotación de sus recursos, el despojo de sus tierras o el desplazamiento forzoso de sus comunidades. La desaparición forzosa de sus líderes, los casos de ejecuciones extrajudiciales, de detenciones ilegales y de tortura a lo largo de todo el país. En suma, México sigue siendo testigo de la constante negación de los derechos de los pueblos indígenas. Una de las facetas más lamentables de la crisis de derechos humanos de nuestros días. El día de hoy estaremos reformando tan solo un artículo, que muestra el rostro de esta discriminación y de esta negación de los derechos de los pueblos indígenas. Pero es una evidencia muy elocuente de que hace falta mucho por hacer, de que la deuda que el Estado mexicano tiene con los pueblos indígenas sigue siendo inmensa, tanto en el terreno legislativo como en el de las políticas públicas y, sobre todo, en el acceso a la justicia. Esta legislatura el día de hoy puede contribuir al reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas y sentar un precedente para corregir las omisiones en este rubro. Estamos convencidos de que el primer paso para enmendar el camino en materia de derechos indígenas consiste en reconocer la dimensión del problema, reconocer que se han cometido errores y omisiones, y que está en manos de todos corregirlos. Reconocer que debemos superar las visiones que reducen a los pueblos indígenas a un conjunto de tradiciones para alcanzar una visión que privilegie la construcción de ciudadanía y el ejercicio auténtico de sus derechos culturales y colectivos. Desde Movimiento Ciudadano, lo decimos con claridad: es hora de darle a la agenda de los derechos indígenas el lugar que se merece en la vida pública de México. Muchas gracias.