El diputado Pablo Vázquez Ahued: Gracias, presidenta. La prisión preventiva oficiosa es una figura que ha perpetuado un modelo extraordinariamente fallido en materia de procuración de justicia en México. Desde luego que se trata, en primer lugar, de una figura violatoria de los derechos humanos y un instrumento de violencia institucional hacia las personas, porque de manera desproporcionada impone cárcel sin juicio, cárcel sin sentencia a miles de personas en nuestro país. Hoy casi 100 mil personas, que ante la Constitución se presume que son inocentes en nuestro marco jurídico, dormirán, sin embargo, en una cárcel bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Esta reforma, que plantea ampliar el catálogo de delitos una vez más, que ameritan prisión preventiva oficiosa, seguirá incrementando los costos humanos, pero también debe abordarse desde la perspectiva de los costos para el Estado mexicano y de los costos para el futuro de México. Y, por ello, compartiré tres reflexiones. Primero. Más prisión preventiva oficiosa significa menos recursos para prevención y menos recursos para investigación de los delitos. La prisión preventiva ha sido en este sentido un incentivo perverso que ha permitido la institucionalización, que ha obstaculizado la institucionalización, la profesionalización y la mejora en el desempeño de Fiscalías y Ministerios Públicos. Prueba de ello es que, de toda la población privada de su libertad, 45 % lo está bajo la figura de prisión preventiva oficiosa sin una sentencia. El uso y abuso de esta figura mantiene, pues, en la postración y en la simulación a las autoridades de procuración de justicia del país, generando un ciclo de arbitrariedades e impunidad. Segundo. Durante el último sexenio, el sexenio que acaba de concluir, la población en prisión preventiva aumentó en 25 %, pasamos de 75 mil a casi o alrededor de 100 mil personas en prisión preventiva oficiosa, 25% más. Y, sin embargo, no nos sentimos más seguros las y los mexicanos, y, desde luego, no ha disminuido la incidencia delictiva, ni la violencia. Si su aplicación no tiene ningún impacto en la reducción de los delitos, entonces hay que preguntarnos de qué sirve la prisión preventiva oficiosa y a quienes se está encarcelando con ese instrumento. Y esto lo conecto con la tercera reflexión, con la tercera idea de que la prisión preventiva oficiosa es un motor de las desigualdades y las injusticias que se viven en este país. De ella son víctimas las personas en pobreza que no tienen acceso a una defensa adecuada. Como lo decía el académico Guillermo Zepeda Lecuona, en este país se encarcela a las personas por el delito de pobreza en flagrancia. De esta figura de la prisión preventiva oficiosa son víctimas las y los indígenas que no tienen acceso a procedimientos justos. De ella son víctimas los jóvenes que terminan siendo estigmatizados, que enfrentan condiciones de hacinamiento, extorsión y violencia dentro de las cárceles mexicanas, con costos altísimos para su salud mental y sus procesos de reinserción social. De ellas son víctimas las mujeres, porque más del 50 % de las mujeres que están privadas de la libertad en México se encuentran bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, que es una tasa mayor a la de los hombres. Con la prisión preventiva oficiosa, pues, la presunción de inocencia y los derechos de las y los mexicanos se violan todos los días en este país, y siendo los grupos vulnerables los primeros en sufrirlo y en pagarlo. La adicción de muchas de nuestras autoridades a la prisión preventiva que hemos visto durante los últimos seis años, demuestra que el Estado está usando los recursos institucionales, presupuestarios y normativos sin una verdadera visión de futuro para México. El abuso de la prisión preventiva pinta también de cuerpo entero el fracaso del sistema de procuración de justicia en México, porque lejos de reducir la incidencia delictiva, esta figura es un lastre que hoy nos impide tener justicia en México. Por eso, Movimiento Ciudadano ha sido la única fuerza política de México que de manera sistemática se ha opuesto a todos los episodios de ampliar la prisión preventiva oficiosa y hoy lo volveremos a hacer. Por los costos humanos, económicos e institucionales que significa la prisión preventiva oficiosa, votaremos en contra. Por las decenas de miles de familias destrozadas que esperan una sentencia, votaremos en contra. Por la injusticia que significa tener un sistema punitivista, clasista e inoperante, votaremos en contra. Porque ampliar la prisión preventiva oficiosa no significa construir un futuro mejor para México, sino estancarnos en la injusticia sistemática, por eso votaremos en contra. Y porque en Movimiento Ciudadano sí creemos concluyo, presidente porque en Movimiento Ciudadano sí creemos en la posibilidad de construir un nuevo modelo de justicia y paz en nuestro país, es que seguiremos luchando para que las próximas generaciones de mexicanas y mexicanos puedan tener la garantía de la defensa de sus derechos humanos. Muchas gracias, presidenta.