El diputado Carlos Pavón Campos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, la Ley Federal de Derechos es una norma que rige el uso y el aprovechamiento de los bienes de la nación. A través de ella actualiza los montos que los contribuyentes tienen que cubrir por uso de diversos derechos. La serie de reformas que nos proponen establecen medidas para las mejoras continuas de la prestación de los servicios públicos, para otorgar seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en el pago de sus contribuciones, ajustar algunos montos de las cuotas aplicables para equilibrar el costo que implica a las autoridades la prestación de determinado servicio, así como simplificar el cobro de derechos, incluyendo la derogación de alguno de ellos. De acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el 2021, el monto que se proyecta recaudar por el cobro de derechos asciende a 42 mil 268 millones de pesos, esto es inferior en 9 mil 404.1 millones de lo aprobado en 2020, e implica una contracción del 20.9 por ciento en términos reales. Esta reforma a grandes rasgos busca actualizar diversos derechos, realizar modificaciones, a fin de generar certeza a los contribuyentes. Modifica derechos que deben cubrirse por concepto de servicios migratorios, servicios consulares, servicios aduaneros, servicios en materia de normas oficiales y control de calidad, servicios de certificación a autotransporte federal, servicio forestal, servicio a cargo de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, servicios marítimos, áreas naturales protegidas, zona federal marítimo-terrestre, minería y uso de cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, entre otros derechos. Sin embargo, las reformas tendrán serias consecuencias adversas. Por ejemplo, se pretende eliminar el beneficio con el cuan cuentan los visitantes extranjeros para realizar actividades remuneradas. En materia de infraestructura, en la calidad, se establece el cobro de derecho de 11 mil 775.99 pesos por la recepción del estudio de solicitud, dictamen y, en su caso, la autorización de prórrogas de etiquetado de productos de inexactitud de datos. Cabe señalar que este tratamiento actualmente no tiene costo. Asimismo, se adiciona el cobro por servicios de aprobación a organismos de certificación, unidades de inspección, laboratorios de pruebas, laboratorios de calibración para evaluar la conformidad de normas oficiales mexicanas. Una cuestión de suma importancia económica es la reforma en torno al derecho minero, que se propone modificar con esta reforma. La reforma sugiere modificar el artículo 268 y 270, con la finalidad de precisar que los adquirientes de derechos derivados de una concesión minera sean sujetos al pago de derecho especial extraordinario sobre minería, por la obtención de ingresos derivados de la generación o venta de actividad extractiva. Además de los titulares de las concesiones y asignaciones mineras, los adquirientes de derechos relativos a concesiones mineras que obtengan ingresos derivados de la generación o venta de la actividad extractiva, pagan anualmente el derecho especial sobre minería aplicado en la tasa del 7.5 por ciento, así como derecho extraordinario sobre minería aplicado en la tasa del 0.5 para los ingresos que obtengan la enajenación de oro, plata y platino. A todas luces, se busca dañar la actividad minera. Esta medida, sumada a la desaparición del Fondo Minero, afectará a miles de familias y comunidades que basan su economía en esta noble actividad. Ante este contexto, creemos que las reformas propuestas están lejos de promover un desarrollo económico y solo se limita a fines recaudatorios. Compañeras y compañeros legisladores, el Grupo Parlamentario del PRI estamos convencidos de la importancia de contar con los ingresos necesarios para el crecimiento económico y para atender las necesidades fundamentales de la población, pero debe ser equitativo y evitar dañar los sectores productivos del país. Consideramos que se trata de implementar medidas aisladas. Se requiere una verdadera reforma fiscal que permita sentar bases para el crecimiento económico y emplear los recursos mediante una política social bien dirigida y que reduzca la desigualdad. Por los anteriores elementos, votaremos en contra del presente dictamen. Es cuanto, señora presidenta.