El diputado Iván García Solís: Gracias, diputada Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos legisladores: El artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho de presentar iniciativas de ley tanto al Presidente de la República, a los diputados y senadores al Congreso de la Unión, así como a las legislaturas de los estados. Es el artículo 72 del mismo ordenamiento el que fija las formas en que se lleva a cabo el proceso de aprobación y promulgación de las leyes, no obstante que desde nuestra Carta Magna, se prescriben tiempos y formas que buscan que el proceso legislativo sea ágil y efectivo, es en la Ley Orgánica del Congreso donde encontramos vacíos e inconsistencias que impiden cumplir con ese cometido constitucional. Por ejemplo en el marco constitucional se consigna la obligación de que las iniciativas que se presentan deben ser dictaminadas antes de que transcurra un mes. Y ante la posibilidad de que se agote este plazo se da la opción al iniciador, de presentar su propuesta en otra Cámara, cosa que casi nunca ocurre. Sin embargo, la normatividad secundaria es omisa al señalar cuál debe ser el criterio para atender y dar preferencia a la muy variada gama de propuestas que le son turnadas a las comisiones legislativas, por lo que éstas en muy pocas ocasiones cumplen a cabalidad con dicho plazo constitucional, no sólo por esa razón, por otras más que ya hemos examinado. Pero el hecho es que no se cumple con la obligación constitucional. Ante esta situación que contribuye al enorme rezago legislativo que ya sufrimos, propongo, mediante la modificación de los artículos 20, 45 y 67 de la Ley Orgánica, que las Cámaras determinen por mayoría calificada, qué iniciativas presentadas por el Ejecutivo y cuáles de los proyectos enviados para su revisión por la Colegisladora, por el Senado, deben tener prioridad legislativa. Estoy proponiendo que introduzcamos ese término, el de prioridad legislativa, luego de haber solicitado así esta prioridad, las propias instancias que lo promueven. Por lo que se refiere a las iniciativas del Ejecutivo Federal, una norma de esta naturaleza favorecerá la colaboración institucional de poderes, pues agilizará la discusión y la aprobación de las leyes. Esta propuesta lejos de mantener la anacrónica idea de una tajante división de poderes que ya nadie sostiene ni en la academia, ni en la vida política cotidiana, abona por un mayor diálogo y colaboración de poderes, lo que sin duda favorecerá la gobernabilidad democrática que es deseable impere en el país, en países dotados de un régimen presidencial como lo son Argentina, Chile, Colombia y Nicaragua, y éstos son ejemplos que avalan la reforma que propongo, se puede conceder prioridad al examen de las iniciativas del Ejecutivo, desde luego a partir de que éste lo solicite, que solicite el trámite de urgencia y se apruebe por la mayoría calificada. Es decir, hay que abrir esa ventana para que estos asuntos se diriman con mayor prontitud. A la fecha el Ejecutivo Federal ha presentado 31 iniciativas ante esta Soberanía, de ellas han sido dictaminadas 16, un poco más de la mitad, habiéndose rechazado dos; están pendientes de resolverse iniciativas tales como la que aboga por un nuevo sistema de justicia penal, así como otras que se refieren a la cuestión energética. La propuesta que hoy argumento busca que, sobre aquellas iniciativas que el Ejecutivo defina como prioritarias, el Congreso resuelva aprobándolas o rechazándolas. No hay una aprobación ni un rechazo automático, a la iniciativa y una prioridad solicitada y concedida por mayoría calificada. Ahora bien, nuestra propuesta también busca extender la figura de prioridad para los proyectos que provienen de la colegisladora. Esto se fundamenta en el hecho de que al día de hoy muchos de los proyectos enviados por el Senado, mejor conocidos como minutas, se encuentran sin resolución. En esta Legislatura han sido remitidos 203 proyectos para su revisión. Y esta Cámara ha desahogado sólo 89 de ellos, de la colegisladora. Generalmente votados a favor pero están aún pendientes de resolución asuntos tales como la readaptación social y la seguridad pública entre otros, que no son de menor importancia. La otra parte de nuestra propuesta, paso a otro tema complementario, es al artículo 45 de la misma Ley Orgánica y tiene como objeto señalar en este ordenamiento la obligación de las comisiones para que resuelvan sobre las iniciativas que le turne el pleno en un plazo máximo de un mes, tal como lo establece la Constitución. Queremos que la Ley Orgánica ayude y allane obstáculos para poder cumplir la Constitución. Por lo anterior expuesto y con base en las normas constitucionales y sus correlativas de la Ley Orgánica y el Reglamento, presento ante ustedes una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso General, ya dijimos, para establecer plazos ordinarios y extraordinarios para la formulación de dictámenes y crear la figura, insisto, de trámite de urgencia de las iniciativas del Poder Ejecutivo y los proyectos enviados por la colegisladora para su revisión. No más reclamaciones a un Congreso que puede y debe resolver con propiedad y celeridad. Que las discrepancias entre poderes se diriman con transparencia y se legisle pronto con razón y para bien del país. Muchas gracias. Entrego a la Secretaría el texto íntegro de la propuesta. Ciudadanas legisladoras, ciudadanos legisladores, gracias por su atención.