El diputado Antonio Morales de la Peña: Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. El presente dictamen propone adicionar un inciso g) a la fracción II del artículo 105 de nuestra Constitución General, donde se establece quienes están legitimados para promover la acción de inconstitucionalidad. Por tanto, el propósito de esta reforma que hoy se pone a consideración de esta soberanía es otorgarle a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de promover acciones de inconstitucionalidad en contra de las leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales que vulneren los derechos humanos consagrados en la propia Constitución. Cabe señalar que el presente dictamen surge de dos iniciativas: una presentada por el diputado Francisco Valdez de Anda, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, y la otra por el diputado Pedro Vázquez González, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. Nuestro reconocimiento a los dos iniciadores. Como antecedentes tenemos la reforma al artículo 105 constitucional del 31 de diciembre de 1994. Por ésta se consolidó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribunal constitucional, otorgándole la facultad de conocer de las acciones de inconstitucionalidad con la finalidad de brindarle un mayor peso político institucional, designándola como intérprete y garante último de la Constitución, es decir, que la competencia otorgada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer tanto de las controversias constitucionales como de las acciones de inconstitucionalidad, han hecho a ésta un auténtico tribunal constitucional. También como antecedente tenemos la visión del apartado B del artículo 102 constitucional, en enero de 1992, por la cual se facultó al Congreso de la Unión y a las legislaturas de los estados para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecieran organismos especializados para atender las quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, violatorios de derechos humanos, por parte de cualquier autoridad o servidor público, con excepción del Poder Judicial de la Federación, surgiendo así lo que hoy se conoce como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, en septiembre de 1999 se le concedió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos autonomía de gestión y presupuestaria, así como personal jurídica y patrimonios propios; todo ello con la clara intención de fortalecer y garantizar y mejor y libre ejercicio de sus funciones. Tenemos así que el objetivo esencial de este organismo es la protección, observación, promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos previstos por el orden jurídico mexicano. Respecto de la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad, ésta se encuentra a la fecha limitada, de conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 105 constitucional. En tal virtud, corresponde en primer término a las cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión, a las entidades federativas, a través de sus legislaturas estatales, al procurador general de la República y a los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral. Concederle la facultad a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para promover la acción de inconstitucionalidad es algo que no es contrario a su naturaleza y sus funciones; en principio porque aunque la acción de inconstitucionalidad es un control procesal constitucional, con la característica de que sus resoluciones son abstractas, es decir, con efectos generales y en consecuencia provocan la anulación de las normas jurídicas cuestionadas, la Comisión no será la que resuelva, no será la encargada de resolver el asunto, solamente tendrá la facultad de excitar al órgano jurisdiccional constitucional para que inicie el procedimiento por el cual él mismo hará la determinación correspondiente sobre el asunto planteado. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es ya un medio de control constitucional y representa lo que en la doctrina de justicia constitucional conocemos como control inductivo de la Constitución, el cual se produce cuando un órgano sugiere a otro no hay fuerza coercitivadeterminado criterio en su actuación o para rectificar su actuación, todo con el fin de salvaguardar la Constitución. En este sentido, la facultad de ejercer la acción de inconstitucionalidad en el sentido que se pretende en este dictamen vendrá a fortalecer las atribuciones con que cuenta la Comisión para defender y vigilar las garantías fundamentales de los mexicanos. Al dotar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la facultad para promover acciones de inconstitucionalidad lograremos que la tutela de las normas constitucionales se dé en una forma más eficaz para dar vigencia y consolidar el estado de derecho. Por eso consideramos pertinente que la Comisión tenga la posibilidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las acciones de inconstitucionalidad que considere necesarias para que esta última determine si una ley es violatoria de las garantías individuales o no, y en consecuencia el defensor del pueblo estará cumpliendo cabalmente y con todas las herramientas posibles, la función que su misma denominación hace explícita, la de preservar los derechos humanos. Para concluir, es importante resaltar que los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales consideramos importante hacer extensiva esta facultad a los organismos de protección de derechos humanos de las entidades federativas para que estén legitimados a ejercer dentro de su esfera de competencia, las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes emitidas por las legislaturas locales, tratándose de los estados y en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Así estaremos fortaleciendo también a las Comisiones de Derechos Humanos de los estados. Por éstas y otras consideraciones expuestas en el texto del dictamen, es que los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales los invitamos a votar a favor del presente Dictamen de reforma constitucional. Por su atención, muchas gracias.