EL DIP. MIGUEL BORTOLINI CASTILLO: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Desde hace ya varias semanas se han llevado a cabo una serie de acciones y declaraciones que plantean la amenaza de desalojo en contra de 35 poblados que habitan en los Montes Azules en el estado de Chiapas, incluso uno de ellos, los habitantes del municipio autónomo Ricardo Flores Magón, ha señalado que fuerzas policíacas han amenazado a lugareños de que durante la Semana Santa se llevará a cabo el desalojo. De esta manera, el 9 de marzo llegaron cientos de efectivos de la Policía Federal Preventiva al cuartel de Rancho Nuevo que está cercano a Tuxtla Gutiérrez. Atrás se encuentra un deseo incumplido de barrer de indígenas esa región fundamental del país, el pretexto es supuestamente la conservación del ecosistema de Montes Azules, como si el proceso de devastación ecológica estuviera relacionado fundamentalmente con la existencia de esas comunidades y no con una serie de hechos que han permitido una agresión constante a la reserva de Montes Azules. Expliquemos unos de ellos. El decreto expropiatorio de 1972, que dotó a tres pequeños pueblos caribes, los mal llamados lacandones, de 661 mil 200 hectáreas, la mayor parte ubicada en Montes Azules, en lugar de las 100 mil hectáreas que solamente ellos demandaban. Con este proceso se agudiza el proceso de tala desmedida por parte de los grandes consorcios madereros del país y de los Estados Unidos. La llegada de una serie de piratas ecológicos disfrazados de organizaciones no gubernamentales ahí, las cuales ven en la presencia indígena un obstáculo en sus proyectos de control de la zona que ha sido definida por los Estados Unidos como zona de reserva estratégica. El problema de la preservación de los ecosistemas ha sido algo muy grave en nuestro país, sin embargo, solamente un acto de racismo supremo puede responsabilizar a las comunidades indígenas de ese proceso. Simplemente en 1994 el investigador Víctor Toledo había denunciado la escandalosa deforestación que existía en México, la cual había alcanzado la escandalosa cifra de 800 mil hectáreas, por lo que México se ubicaba en el tercer lugar mundial de deforestación. No está por demás recordar que la deforestación forma parte de un gran negocio en el cual se encuentran grandes empresas trasnacionales, por eso no es gratuito que el Gobierno Norteamericano se haya rehusado a aceptar el Acuerdo de Kioto. Igualmente, no está por demás recordar que mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional mantuvo el control de las partes fundamentales de la Selva Lacandona, no se veía ese terrible espectáculo que se vivió antes y después a saber, la salida de cientos de camiones cargados de madera producto de la tala clandestina. Para coronar ese proceso, desde los Estados Unidos se ha venido promoviendo la llegada de una serie de ONGs que buscan aplicar el modelo norteamericano de privatización de los parques de conservación, tal cual está jugando un papel muy activo en la búsqueda por expulsar a las comunidades indígenas de los Montes Azules. ¿Quién está atrás de la Conservation International?, se trata de una ONG norteamericana que actúa en la Selva Lacandona con diversos proyectos: Primero, el control demográfico por medio de probar diversos anticonceptivos para ver cuál de ellos funciona, para frenar la sobrepoblación; proyectos ecoturísticos en los que ofrecen talleres productivos empresariales en plena selva, a las comunidades. Actualmente mantienen una estación de ecoturismo modelo patrocinada por el Grupo Pulsar. Recordemos que éste promueve el sembradío de árboles en plena selva, pero de eucaliptos, lo cual esto sí daría consecuencias nefastas para este ecosistema y aunque declaran que no tienen ningún interés particular relacionado con el desalojo de sus acciones, dicen todo lo contrario. De llevarse acabo el desalojo, se estaría violando una vez más el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT, por el cual el Senado de la República y por tanto, con carácter equivalente a los artículos de nuestra Constitución se plantea lo siguiente. "Solamente con el consentimiento dado libre y soberano de los pueblos se podría efectuar el desalojo". Por todo lo anterior y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior de esta Cámara, planteamos los siguientes puntos de acuerdo: 1. Que la Comisión de Concordia y Pacificación viaje al estado de Chiapas e investigue sobre los motivos de traslado de los integrantes de la Policía Federal Preventiva a ese estado. 2. Que la COCOPA entre en contacto con los diversos pueblos que habitan en los Montes Azules para buscar una solución que no violente sus derechos y se pueda llevar a cabo esto de la mejor manera. Es cuanto, señora Presidenta. -