La diputada Adriana González Carrillo: Muchas gracias, presidente y amigo. Quiero decir también que a esta iniciativa se suma la diputada federal Margarita Saldaña y el diputado federal Fernando Rodríguez Doval. Los monumentos nacionales son parte del patrimonio cultural de los países donde se establecen. Están destinados a permanecer en espacios públicos y más allá de su valor histórico y artístico, tienen un carácter conmemorativo que simbólicamente los vincula de manera estrecha, con los valores, principios y aspiraciones de la nación en su conjunto. De ahí la importancia que reviste todo lo relativo a su erección. En este universo de monumentos nacionales los monumentos no artísticos ni arqueológicos, entre ellos las estatuas de carácter conmemorativo, tienen el objetivo de perpetuar la memoria y homenajear un suceso histórico en particular, un personaje real o ficticio, un grupo humano, un país, una ciudad o alguna institución. En la historia de la arquitectura y en el diseño urbano de las grandes ciudades, destaca la construcción de monumentos dedicados a personalidades y líderes extranjeros, a la costumbre de erigir estatuas sobre personajes nacionales cuya memoria y legado se juzga importante preservar. El proceso de globalización en marcha ha favorecido la práctica de dedicar espacios públicos al legado de grandes figuras de carácter universal. Personajes clave de la historia moderna y contemporánea adornan bulevares, glorietas y avenidas en ciudades de prácticamente todo el mundo. En la ciudad de México y en la zona de Reforma se encuentra, por ejemplo, las estatuas de Mahatma Gandhi, Winston Churchill, Luis Pasteur, Simón Bolivar, José de San Martín, Cristóbal Colón, Tomas Masarik y Abraham Lincon, entre muchos otros. Y adornan espacios públicos de especial importancia y belleza. En otras ciudades del país esta práctica aún de manera infrecuente se mantiene y lo mismo aplica para toda clase de placas conmemorativas, la denominación de plazas, campos y calles. Recientemente, sin embargo, se ha suscitado una importante controversia en nuestro país sobre el particular a partir de la firma de un convenio marco entre el gobierno del Distrito Federal y la embajada de Azerbaiján en México para la construcción de un parque de la amistad Ciudad de México-Azerbaiján. Se dispuso establecer una escultura del denominado padre de la patria de ese país, Heydar Aliyev, a cargo de uno de los escultores más importantes de ese país. A pesar del proceso deliberativo que antecedió bajo la legislación local del Distrito Federal a la decisión de edificar esta obra, no hay evidencia de que haya evaluado la pertinencia de construir esta escultura en honor de un personaje cuya biografía no presenta los mejores méritos en relación con los valores que los mexicanos hemos venido haciendo propios. Nos referimos a los valores de la democracia, los derechos humanos, la tolerancia y la protección de las minorías. Sin menoscabo de la importancia que tiene preservar la buena marcha de las relaciones bilaterales actuales entre México y Azerbaiján, es fácil simpatizar con la pléyade de críticas que se han vertido sobre el proceso de construcción de este monumento y lo que ahora supone, independientemente de la conclusión a la que arribe la comisión ad-hoc integrada para tal efecto; sin duda se trata de un delicado asunto a nivel diplomático. Se trata de un asunto que exhibe al mismo tiempo la importancia que para todo país entrañan los monumentos que se erigen en el Distrito Federal y la necesidad de establecer en nuestro marco normativo a nivel federal disposiciones legales que impidan que esto vuelva a ocurrir. En definitiva la erección de estatuas y monumentos de dignatarios, líderes y personajes extranjeros, así como tentativamente otros que evocan sucesos, grupos humanos o instituciones a la historia y actualidad internacional compromete, en alguna medida, a la nación en su conjunto y por tanto es un ámbito de acción cuya competencia debiera recaer en la federación y no como hasta ahora en la jurisdicción local, especialmente como en este caso que se esté basando solamente en un acuerdo interinstitucional que al día de hoy no acota ni temas ni compromisos nacionales. La presente iniciativa propone que, para esos acuerdos interinstitucionales o iniciativas nacionales estatales o municipales que supongan la construcción o establecimiento de un monumento cultural con la finalidad de honrar personajes, instituciones, grupos humanos, sucesos o emblemas extranjeros de toda índole, el procedimiento debiera ser distinto en función de sus contenidos simbólicos relevantes para la nación en su conjunto, así como por su incorporación al patrimonio cultural de nuestra nación. Repasando algunas iniciativas de otras naciones al respecto, particularmente en las sudamericanas, hemos visto que la mejor forma es adicionar a esta Ley de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas un capítulo que esté dedicado a los monumentos culturales derivados de las relaciones internacionales, mismos cuya construcción o establecimiento en territorio nacional dependerá en lo sucesivo de un dictamen de un consejo técnico que emitirá en cada caso un reporte que revise sobre todo la historia, el personaje, los antecedentes y pueda emitir una opinión. Una sugerencia que hemos venido realizando es que esté conformada por académicos conocedores de la historia, conocedores de la diplomacia, pero también de derechos humanos y que quienes lo integren, lo hagan de manera honorífica para que esto no represente un costo mayor al erario de la nación. Sigamos el ejemplo de Canadá, en donde con dignidad decidieron retirar una estatua similar a la que hoy existe en nuestra gran, bien bonita y linda avenida Reforma. Busquemos que nuestros valores los representen también los monumentos que decidamos tener en territorio nacional. Muchas gracias por su tolerancia, señor presidente.