El diputado Ángel Santis Espinoza: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, según datos del Consejo Nacional de Población, en 2016 la población del país ascendía a 122.3 millones de personas, de las cuales 51.2 por ciento estaban constituidas por mujeres y 48.8 por hombres. Asimismo, se estima que nacieron 2.2 millones de personas y fallecieron alrededor de 703 mil, dejando un aumento neto de 1.5 millones de individuos, lo que equivale a una tasa de crecimiento natural del 1.3por cada 100 personas. Por su parte, el Inegi ha informado que los lugares donde se concentra más la población son las ciudades, citando la Ciudad de México, Tijuana, Puebla y Guadalajara, como los más poblados del país. En ese sentido, es de destacar que si bien nuestro país ha transitado hacia el progreso, entendiendo este como un desarrollo, una mejora o un avance, este mismo ha ocasionado, entre otras cosas, un proceso de reconfiguración demográfico, el cual ha propiciado la urbanización de la población, considerando que a mediados del siglo pasado la población se encontraba distribuida en zonas netamente rurales y, actualmente, tres de cada cuatro personas se encuentran sentadas en ciudades con más de 200 mil habitantes. Este proceso de concentración demográfico ha implicado una serie de retos para la administración y gobernanza en las zonas poblacionales, en virtud de que se polarizan e incrementan geométricamente las demandas de los servicios básicos, tales como la salud, seguridad, educación, movilidad, transporte, tanto público como privado, empleo y alumbrado público, así como las apariciones de situaciones severas de contaminación ambiental, entre otros aspectos. En el marco de lo ambiental, el crecimiento poblacional impone demandas crecientes en las necesidades humanas, situación que implica un consumo mayor de recursos naturales, recursos que no abundan y a los que hay que darles un uso sustentable. Los principales problemas de contaminación en el mundo, como lo son el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento global, son en gran parte provocadas por la actividad industrial de los países desarrollados para satisfacer el estilo de vida de su población. Al respecto, en el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 se han establecido diversas políticas, que combinan la necesidad de adopción en el cambio climático. Consecuentemente, para alcanzar la sustentabilidad es necesario disminuir el consumo y aumentar la consideración ambiental. En virtud de ello, las autoridades de los tres niveles de gobierno deben implementar nuevas acciones que tengan como finalidad el desarrollo sustentable. En ese sentido, es de resaltar que las facultades de proveer de ciertos servicios públicos a la población, como lo es el alumbrado público, son atribuciones de los gobiernos municipales, permitiendo que en cada administración municipal implante, de acuerdo a sus capacidades presupuestales, la infraestructura necesaria para proveer de este importante servicio. No obstante, esta diversificación en la infraestructura ha provocado que la calidad y los beneficios de la tecnología de iluminación en el alumbrado público no sean uniformes, toda vez que alumbrados municipales convergen en diversas tecnologías, como aquellas que con beneficios ambientales difieren notablemente de otros cuantos de durabilidad y rango de potencia. Es por ello que se debe armonizar y formalizar en la Ley General de Cambio Climático el establecimiento de ciertas atribuciones municipales, en las que se implante la sustentabilidad, eficiencia en el servicio de alumbrado público, que brinden a los municipios el uso de tecnologías ahorradoras compatibles con el medio ambiente. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votaremos a favor del presente dictamen, toda vez que consideramos acertado y necesario que el cuerpo de la Ley General de Cambio Climático establece las atribuciones municipales en el alumbrado público sustentable, de tal manera que lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley sea concordante con lo que señala el artículo 115 constitucional. Es cuanto, presidenta.