El diputado Gustavo Ildefonso Mendivil Amparán: Con el permiso de la Presidencia y de mis compañeras y compañeros legisladores. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de nuestra Carta Magna, así como en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto, con base en la siguiente Exposición de motivos Esta iniciativa pretende, tiene el atrevimiento de proponer una modificación a nuestra Carta Magna, particularmente una modificación al artículo 115 constitucional y en específico estoy planteando la supresión, la derogación, de un párrafo en especial. Antes quisiera que se me permitiera hacer algunas consideraciones y no la lectura de la iniciativa, a cambio compartir la experiencia personal que estoy seguro habrán vivido muchas y muchos de los que hoy conformamos esta LX Legislatura. El artículo 115 de nuestra Carta Magna es, por esencia, la disposición máxima en materia de municipalismo. Esta tribuna ha sido utilizada reiteradamente para exaltar la fortaleza del municipio como base de la organización política y administrativa de nuestro país. No obstante, a la fecha es el municipio el orden de gobierno más débil, más vulnerable. Por esa razón tenemos el alto deber, quienes aquí estamos, de contribuir al fortalecimiento del municipio. Esta iniciativa modestamente pretende contribuir a ese propósito. Quiero hacer referencia que la fracción IV de este artículo 115 contiene las disposiciones relativas a la hacienda municipal, y no es difícil darse cuenta cómo sólo en tres incisos se contienen las fuentes de ingresos para la hacienda municipal. El primero se refiere a las contribuciones derivadas de la propiedad inmobiliaria. Aquí en este recinto hay muchos diputados y diputadas que tuvimos el privilegio de gobernar un municipio. El impuesto predial y el impuesto por la traslación de dominio son los impuestos por excelencia del municipio, pero del todo insuficientes para hacer frente a la gran cantidad de compromisos, de obligaciones y de funciones que tiene este orden de gobierno. La segunda fuente de ingresos es quizás, no quizás, de hecho la más importante, son las participaciones. Pero esto ha generado la idea en los otros niveles de gobierno que el municipio depende de lo que le mande "papá gobierno federal" o del Estado. La tercera fuente de ingresos es la que pudiera, la que constituyen las contribuciones derivadas de los servicios públicos que preste el municipio. En este mismo apartado y al final de estos incisos viene un párrafo, un párrafo al que textualmente voy a darle lectura, dice así: "Las leyes federales no limitarán la facultad de los estados para establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c) ni concederán exenciones en relación con las mismas. "Las leyes estatales no establecerán exenciones o subsidios a favor de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones, sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos de los de su objeto público". Compañeras y compañeros legisladores, el propósito de esta iniciativa está encaminado a la derogación de esta parte de este párrafo. No es posible conservar el resabio histórico de que el municipio era considerado sólo una entidad administrativa. Desde 1929 se concedió al municipio la categoría de un tercer orden de gobierno; un tercer orden de gobierno con facultades, con funciones, con atribuciones que lo ponen en igualdad de condiciones con los otros dos órganos de gobierno federal y estatal. Sin embargo, esta disposición concede un privilegio a la Federación y al Estado, en perjuicio de este orden más vulnerable de gobierno. Voy a ejemplificar para que todos podamos entender el avasallamiento que se tiene en el municipio por esta disposición. El exentar a los bienes de dominio público de las contribuciones establecidas en los inciso a) y en el c) significa que los niveles de gobierno federal y estatal no contribuirán al municipio en el impuesto predial; significa que en los órdenes de gobierno federal y estatal no contribuirán por el pago de los servicios que les preste el municipio, y cito como ejemplo el más característico: el servicio de agua potable, alcantarilla y saneamiento. En cambio, encontramos disposiciones en la Ley Federal de Derechos que obligan al municipio o al operador de los organismos de agua potable y alcantarillado, que generalmente y por disposición del propio 115 presta el municipio, la obligación de contribuir a la Federación al pago de los derechos por la explotación, uso y aprovechamiento de las aguas. Ésta es a todas luces una situación inequitativa y un tratado diferenciado en perjuicio de los municipios. Por otro lado, encontramos cómo empresas privadas, que aprovechando estas disposiciones, al haber asumido en forma privada un servicio que era considerado público, y me refiero particularmente a Teléfonos de México y a Ferrocarriles, se han beneficiado de una disposición en perjuicio de las finanzas de la hacienda municipal. Esto, compañeras y compañeros, sólo por citar algunos de los ejemplos más ilustrativos de esta inequidad que genera esta disposición. Yo espero que en la experiencia de cada uno de mis compañeros, que han tenido la oportunidad de estar cerca del ejercicio de gobierno municipal, encontrar el apoyo y el respaldo a esta iniciativa, que nos permita darle, así sea mínimamente, un mayor fortalecimiento a las finanzas municipales. Por su atención, pero sobre todo por su apoyo, por su respaldo a este orden de gobierno, al más débil, de los tres que tiene nuestro régimen político. Muchas gracias.