La diputada María Avila Serna: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Toda política social está determinada y condicionada por los intereses políticos de quien la diseña, la estructura, la propone, la opera y administra. En este sentido, la política social de nuestro país y en especial su instrumento fundamental, el Presupuesto de Egresos de la Federación, tiene un incuestionable férreo perfil restrictivo que a nadie beneficia. A cinco años de la actual administración las expectativas no han sido cumplidas y el ánimo que acompañaba al cambio, ha desaparecido. Hoy, no podemos negar los avances alcanzados, sin embargo, éstos no han sido logros suficientes para acabar con las grandes desigualdades e inequidades que vive nuestro país. Las políticas o programas implementados no han presentado cambios profundos ni se han avocado a resolver los problemas que aquejan desde hace décadas a nuestro país. Nuestro país vive una crisis de época alejada del estado de bienestar e ineficiente en las instituciones encargadas de operarlo para garantizar la cohesión social. La falta de resultados de la política social son evidentes, tenemos un sistema educativo evaluado negativamente por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo económico, en el que nos reportan bajísimos niveles de calidad e ineficiencia terminal bajo nivel de lectura, poca formación en matemáticas, entre otros conceptos. A pesar de lo anterior, erróneamente se nos informa que se proporciona una educación de calidad y que en el México de hoy, cualquier niño, niña o joven que se esfuerce, puede llegar hasta la universidad, sin importar que carezca de recursos o que sea de las familias más pobres del país. Se nos informa que la operación del nuevo Programa Enciclomedia, de la instalación de más pizarrones electrónicos y más computadoras; pero se deja de lado deliberadamente que la eficacia en educación sigue siendo muy baja respecto a los estándares internacionales. Nuestro nivel tecnológico presenta rezagos importantes por deficiencias importantes en educación, y en especial, en el área de tecnologías de la información, lo que vuelve a limitar la calidad educativa y el crecimiento de los sectores económicos. A pesar de esto se nos dice que estamos construyendo la nueva escuela mexicana del Siglo XXI, garantizando la igualdad de acceso a una educación con calidad, pero este argumento es falaz. No puede haber igualdad de acceso en un contexto en el que nuestro país pasó en la economía mundial del lugar 10 al 14 y en el que bajo cuatro escaños por pérdida de competitividad. En esta situación se ve reflejada en el informe de desarrollo humano para México, el cual confirma una aberrante desigualdad y condiciones de vida deplorables en muchos de nuestros municipios. Digámoslo abiertamente, el modelo no ha hecho otra cosa que agudizar las desigualdades, la brecha entre ricos y pobres es abismal, el 10 por ciento de las familias más ricas concentra el 41 por ciento del ingreso. Eso significa, que el resto de la riqueza, 59 por ciento, tiene que distribuirse entre el 90 por ciento de los hogares mexicanos. La pobreza está asociada a una gran desigualdad social y regional, no es suficiente la estabilidad macroeconómica si ésta no se traduce también en crecimiento económico, en un desarrollo integral y en un mejor nivel de vida para todas y todos los mexicanos. La pobreza no es sólo la falta de acceso a un nivel de ingreso o consumo mínimo, es la falta de acceso a una vida digna, a la justicia, a la seguridad ciudadana, a la educación, a la salud, a la alimentación, a la vivienda, al medio ambiente limpio y a un entorno habitable. La falta de acceso a la toma de decisiones y a las oportunidades, son también una característica inherente de la pobreza. La pobreza es exclusión social, entre sus determinantes no sólo intervienen las tendencias económicas las cuales se mencionan reiteradamente en el discurso oficial, sino también las características del sistema político definido en el sentido más amplio, así como las normas y valores que reproducen la exclusión y la marginación en la sociedad. Aún persiste la discriminación y la intolerancia hacia los grupos vulnerables en nuestro país;los trabajadores migratorios y sus familias, así como los pueblos indígenas son víctimas sistemáticas de actos de discriminación o racismo, las personas por su discapacidad, por su edad, por su preferencia sexual, así como las mujeres o los niños, también sufren discriminación, intolerancia e incluso son víctimas de violencia, trata y explotación sexual. La situación de las mujeres en nuestro país sigue siendo iniquitativa, existen grandes brechas de género y no reciben las mismas oportunidades y derechos. La discriminación, la violencia y la opresión, sigue siendo una realidad que persiste en las ciudades y se intensifica en las zonas marginadas, los feminicidios continúan. Además aún estamos lejos de responder a las medidas establecidas respecto a la plena inclusión de las personas mayores en la vida social y económica. Como vemos el apoyo en estos ámbitos ha sido insuficiente, se requieren acciones concretas y no sólo voluntades, la política de género y las políticas incluyentes de los grupos vulnerables, deben construir un asunto de prioridad nacional. Con respecto al tema de la vivienda, no podemos negar que en estos últimos años se ha avanzado sustancialmente. Sin embargo, consideramos de vital importancia persuadir y convencer al gobierno y a los desarrolladores inmobiliarios y a las organizaciones sociales de que en las zonas de alto crecimiento poblacional no pueden construirse más unidades habitacionales. Antes se debe de ser muy riguroso en definir previamente la factibilidad de agua, de uso de suelo, de viabilidad e impacto ambiental y muy importante las vialidades de acceso. Con esta política no solo buscamos proteger el medio ambiente, sino que se aprovechará la infraestructura y el equipamiento ya construido. Por otro lado, el mercado de trabajo sigue presionado por el desempeño abierto que alcanzó una tasa del 3.7% de la población económicamente activa. Esto significa que un millón y medio de personas, tanto del medio rural, como urbano se manifiestan sin una fuente de ingresos permanente. Por lo tanto, la política social no contiene una adecuada orientación que permita impulsar la movilidad social, el bienestar, el empleo, la competitividad y el crecimiento económico, no posiciona a nuestro país como una nación con un verdadera cohesión social y olvida el objetivo de mejorar el nivel de bienestar de nuestra población y propiciar un desarrollo sustentable. Debemos dejarlo claro, el Partido Verde Ecologista de México busca el progreso económico basado en un desarrollo sustentable y la atención inmediata a los grupos sociales más desprotegidos. En este sentido, lo hecho hasta ahora por la política social opera en contra de lo que el Estado debe perseguir, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar un desarrollo económico sustentable. Los resultados de la democracia tan esperada por los y las mexicanos, demuestran que nuestro país sigue presentando serios problemas en el fortalecimiento de su política social, la sociedad mexicana no está satisfecha. Desde el Ejecutivo la credibilidad en un gobierno y en la democracia debe construirse con hechos y no con discursos. Por su atención, muchas gracias.