El diputado Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente. La presente iniciativa enfatiza nuevamente, compañeras, compañeros diputados, el imperativo de la descentralización de la vida nacional, motivo de cinco iniciativas que preceden a la que hoy presentamos. Una nueva etapa en la descentralización de las políticas públicas y de las competencias y recursos debe considerar: Primero. La redistribución de potestades tributarias entre la Federación, los estados y los municipios. Segundo. La distribución equitativa de la recaudación federal participable. Tercero. La reforma al rubro de "Aportaciones federales" en materia de educación y salud. Cuarto. La ampliación sustantiva del "Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública", incluyendo la participación de los municipios. Quinto. La inclusión del programa de Fortalecimiento de las Entidades Federativas en el rubro de Aportaciones de la Ley de Coordinación Fiscal, motivo de la iniciativa que mi compañero diputado ha presentado hace unos momentos y otras más que han sido ya presentadas y la descentralización de los programas sociales y productivos, incluyendo el correspondiente al gasto federalizado que hoy en día está bajo la responsabilidad de las dependencias federales y de sus delegaciones en los estados. En este último eje estratégico hemos presentado recientemente una reforma a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, con vistas a descentralizar este servicio a estados y municipios y evitar duplicaciones y conflictos que están obstaculizando la conservación y reforestación de los bosques y selvas. Cabe destacar compañeras, compañeros diputados que al agotarse el modelo de desarrollo estabilizador fue evidente que el crecimiento económico por si mismo y aun la extensión del sistema de bienestar que aspiraba a la universalidad, así como las medidas de protección al salario no fueron suficientes para garantizar por lo menos una tendencia igualitaria en la distribución del ingreso, la superación de la pobreza extrema y el acceso a una mejor calidad de vida. La respuesta fue la expansión al sistema de bienestar a través de programas de apoyo a los trabajadores y la ampliación de los servicios de aspiración universal, al tiempo que se ordenaron las dependencias administrativas hasta llegar a la integración de la Secretaría de Desarrollo Social bajo un concepto de política social integral. En este contexto surge el programa Nacional de Solidaridad, como instrumento para integrar los esfuerzos institucionales acumulados y abrir una nueva etapa en la política social fundada en la participación de las propias comunidades en comités de obra, y en torno a acciones específicas de ayuda mutua y de progreso colectivo. La magnitud que alcanzó el programa y el interés en los temas urbanos y ecológicos, fortaleció a la entonces Secretaría de Desarrollo Social, insisto, como una estructura de apoyo institucional bajo una visión integral de política social. En diciembre de 1997 se inicia una nueva época de la política social al aprobar esta Cámara de Diputados que los recursos integrados en Solidaridad se canalizaran fundamentalmente a tres vertientes: El programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), hoy Oportunidades. El "Fondo de Infraestructura Social Municipal", Ramo 33, que fue descentralizado, hay que decirlo, con generosidad y visión de Estado del entonces gobierno federal, que no tuvo inconveniente en ceder de esta forma, poder también descentralizar el poder en aras de darle vida y fuerza a las iniciativas de los pueblos, de las comunidades, en cada uno de los municipios. Esta estructura se mantiene en la actualidad con el programa Oportunidades, el propio Ramo 33 y un conjunto de programas compensatorios que están a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social. El gasto total para los programas competencia de la Secretaría de Desarrollo Social pasó de 61 mil 122 millones en el 2000, a 146 mil 376 en el 2006 o sea, creció un 139 por ciento. De este total, el 186 por ciento corresponde al asignado al gobierno federal, 90 por ciento a los municipios y 56 por ciento a los estados. Cabe mencionar por último, que la Ley General de Desarrollo Social publicada el 20 de enero del 2004 constituye un marco regulatorio producto del esfuerzo riguroso y plural de los legisladores y la disposición política del gobierno federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social. La ley constituye, sin duda, compañeras, compañeros diputados, un avance para ordenar las políticas sociales, siendo sus efectos graduales. En tal virtud, se percibe aún una fuerte dispersión de programas y recursos; escasos avances en el Padrón Único de Beneficiarios, indefinición respecto de las horas de atención prioritaria y estructuras administrativas redundantes en los tres órdenes de gobierno. Tales circunstancias —a mi juicio— impiden que la concurrencia sea real y efectiva. Esta situación se agrava ante la evidencia de que las decisiones primordiales sobre los programas, no se asumen en el espacio que es el propio para atender directamente a la ciudadanía, que es el municipio. Por esa razón, presentamos esta iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y a la Ley General de Desarrollo Social, con el siguiente propósito. Primero. Que la descentralización sea uno de los principios rectores de la política de desarrollo social. Segundo. Que la Comisión Nacional de Desarrollo Social, en la que participan los titulares de las Secretarías de Desarrollo Social de los estados o sus equivalentes, asuman un papel más activo en la conducción de los esfuerzos para mejorar la calidad de vida de los mexicanos. Que sea el municipio el ejecutor de los programas sociales, realizados en su circunscripción territorial. Y finalmente, En los artículos 1º y 2º transitorios se proponen los programas que deberán ser descentralizados y los plazos y condiciones para la fusión de las delegaciones estatales de la Sedesol, con las estructuras análogas de los gobiernos de los estados. Compañeras y compañeros diputados, hemos reiterado que el afán por descentralizar facultades y recursos a estados, y a través de éstos a los municipios, trasciende la mera disputa en sí misma, natural en cuanto a su vínculo con el poder, por el presupuesto entre los tres órdenes de gobierno. El tema adquiere hoy relevancia y prioridad, en tanto que enfrentamos el riesgo de que surjan tendencias concentradoras bajo el argumento de que los estados y los municipios no están preparados para hacer frente a los retos de su entorno, y más aún, que no existen las condiciones jurídicas, institucionales y políticas para que se ejerzan a plenitud sus facultades. Por el contrario, la convicción que anima a las iniciativas presentadas y la que hoy se somete a su consideración, se sustentan en la confianza, en la solidaridad y la determinación de los pueblos, de los barrios y las comunidades, para construir sobre la base misma de la sociedad, el futuro de la nación. Señor Presidente, suscribimos esta iniciativa, además de su servidor, el diputado Mario Mendoza Cortés, el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, los diputados Mauricio Ortiz Proal, Carlos Ernesto Zatarain, Ismael Ordaz Jiménez, Roberto Martínez Martínez, Carlos Rojas Gutiérrez, Lourdes Quiñones y el diputado Samuel Palma. Suplico a usted, señor Presidente que esta iniciativa sea turnada a la Comisión de Desarrollo Social. Por su atención, muchas gracias.