EL MISMO SECRETARIO: (lectura del dictamen) «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Comisiones unidas de Salud y Atención a grupos Vulnerables. Honorable Asamblea: a las comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa con proyecto de decreto que pretende la adición de una fracción XI del artículo 27 y la adición del Capítulo VIII, denominado Salud del Adulto Mayor, al Título Tercero de la Ley General de Salud, presentada por la diputada María Elena Álvarez de Vicencio, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en la sesión del jueves 4 de octubre de 2001. Los integrantes de esas comisiones unidas, con fundamento en las atribuciones que le otorgan los artículos 39, numerales 1o. y 3o.; 43, 44 y 45 y relativos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55, 56, 60, 87, 88, 89, 93 y 94 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de los miembros de esta honorable Asamblea, el presente dictamen de conformidad con los siguientes: ANTECEDENTES Con fecha 4 de octubre del 2001, la diputada María Elena Álvarez de Vicencio perteneciente a la LVIII Legislatura, en representación del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional y con fundamento en la fracción I del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración del pleno de esta honorable Asamblea la iniciativa de decreto que adiciona la fracción XI del artículo 27 y el Capítulo VIII, Salud del Adulto Mayor, al Título Tercero de la Ley General de Salud. EXPOSICION DE MOTIVOS El derecho de toda persona a la protección de la salud está consagrado en tercer párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo establece que la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud. Para ello se publica el martes 7 de febrero de 1984 el decreto con el que se crea la Ley General de Salud, la cual es reglamentaria del tercer párrafo del artículo 4o. de nuestra Carta Magna. A ésta le corresponde fijar las bases y modalidades antes mencionadas, así como determinar la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. La ley establece las áreas que considera prioritarias, éstas son: la atención materno-infantil, los servicios de planificación familiar y la salud mental. Aspectos, sin duda, fundamentales para la orientación de la política de salud, que a través de estrategias y acciones específicas en el mejoramiento de la salud, en una mayor cobertura de los servicios médicos, en campañas de vacunación y en general, en el continuo aumento de los niveles de bienestar han llevado a disminuir la incidencia de las tasas de mortalidad y morbilidad en el país, lo que se ha traducido en un incremento considerable de la esperanza de vida. En el año 2000, el promedio de vida nacional estimado para los habitantes del país fue de 75.3 años. La salud materno-infantil y la planificación familiar, no hubiesen sido consideradas prioritarias para elevar el desarrollo personal y social del país, si a la mitad de la década de los años setenta las tasas de fecundidad y de mortalidad infantil y materna no hubiesen sido tan altas, acompañadas de un bajo nivel educativo y escasa participación económica de la mujer, entre otros aspectos. Efectivamente, la información al respecto muestra que el hecho de disminuir a la mitad el número promedio de hijos por mujer, tanto en el área rural como urbana en los últimos 30 años, ha derivado en una participación cada vez más amplia de la mujer ya no sólo en el ámbito familiar sino en el productivo; atribuible en buena parte a una decidida política de salud que considera prioritaria la atención materno-infantil y los servicios de planificación familiar. Es este carácter prioritario, el que pretendemos para la atención del adulto mayor en la Ley General de Salud. La salud de los adultos mayores no está considerada como prioritaria en la ley y por ello, tampoco en el campo de las políticas y programas de gobierno. Situación que merece considerarse frente a la conversión demográfica y epidemiológica presente y futura de nuestro país. En México se observa un aumento paulatino de la proporción de población de 65 y más años, de 1930 al 2000 se incrementó de 2.6% a 5.0%, como consecuencia del aumento en la esperanza de vida y la pérdida relativa de población en las primeras edades. En cifras absolutas significa el paso de 445 mil personas mayores de 65 años en 1930 a 4,845,237 en el año 2000. En el futuro previsible se espera que cada vez sea mayor el envejecimiento de la población, a tal grado, que hacia el año 2050, cuando la población del país alcance casi 132 millones, uno de cada cuatro habitantes formará parte de la tercera edad. Es decir, de acuerdo a las proyecciones del Conapo, para el año 2050 la población de 65 años y más llegaría a ser de 32.4 millones de personas. En respuesta a esta realidad, en los últimos tres años se presentaron proyectos de iniciativas de ley por las tres fracciones parlamentarias mayoritarias. En esta LVIII Legislatura, el PRI y el PRD presentaron iniciativas para crear la Ley Nacional de las Personas Adultas Mayores y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, respectivamente. Mientras que el PRI presentó la Ley para la Protección del Adulto Mayor y el PAN la Ley General para la Atención de las Personas en Edad Avanzada en la LVII Legislatura, proyectos que consideró la Comisión de Población para realizar un dictamen que fue aprobado por esta Cámara en abril del 2000 como proyecto de Ley del Instituto Nacional de la Senectud, el cual se encuentra actualmente en el Senado. El conjunto de estas iniciativas buscan un enfoque integral y transversal del adulto mayor en todas las políticas públicas en reconocimiento a su participación y aportación a la sociedad. Es por ello, que las iniciativas sobre el adulto mayor y la transformación del actual Instituto Nacional de la Senectud (Insen), buscan cambiar radicalmente la concepción de atención a la población en edad avanzada, para dejar lo asistencial sólo a un grupo de esta edad, pero no a todos y atender, fomentar y apoyar a todos los adultos mayores con una óptica de integración e inclusión al desarrollo. La Ley General de Salud, por su parte presenta también una perspectiva reducida de este grupo de población, su única mención es en la fracción III del artículo 168 que establece que la promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud, es una actividad básica de asistencia social. Es necesario suprimir el enfoque exclusivamente asistencial a la atención de las personas de la tercera edad, para garantizarles el derecho que tienen de protección a su salud y la creación de una cultura de la salud preventiva, que permita disminuir las principales enfermedades propias de su edad. Esto generará el auto cuidado de los adultos mayores y de los adultos próximos a estas edades. Se requiere que, el sector salud preste especial atención a las particularidades que asume el estado de salud de la tercera edad fundamentalmente en términos de la demanda de atención y sus costos; pues si bien los gastos de atención de la salud son el componente más importante de las transferencias hacia este grupo de población, el nivel de estos gastos y su proyección en el futuro próximo son de vital importancia para un diseño adecuado de las políticas de salud y para la evaluación de las fortalezas y debilidades de los programas de seguridad social. De tal forma que se requieren acciones multisectoriales orientadas tanto a la atención actual de los adultos mayores, como en la prevención de los que serán los adultos mayores del futuro. Tiene también relevancia la capacitación del personal del sector salud (médicos, enfermeras, trabajadores sociales) que actualmente son destacadamente insuficientes para cubrir las necesidades mencionadas. Son significativas las diferencias por sexo, a los 75 años la relación se estima que llegará a ser de dos mujeres por cada hombre de esta edad. Esta diferencia se debe a la sobre mortalidad masculina donde los hombres tienen entre 10% y 15% menos probabilidad de sobrevivir a los 60 años que las mujeres y, la proyección de esperanza de vida a los 60 años sigue creciendo y es de esperar que el aumento siga favoreciendo a la mujer, creando una brecha aún mayor entre los dos géneros. Además, los programas dirigidos a la salud de la mujer siguen teniendo prioridad para la mujer en edad reproductiva, creando un gran vacío en los recursos dirigidos a la salud de la mujer después de la menopausia (FNUAP, 1998) y no se toma en cuenta que las adultas mayores más pobres, cuyo sustento económico depende de familiares en extrema pobreza, son vulnerables a la violencia intrafamiliar, al abuso y al abandono. Asimismo, las estadísticas de salud que existen para la población adulta mayor en general son muy escasas y lo que existe no está diferenciado por sexo. Esta iniciativa quiere contribuir para el cabal cumplimiento de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el Programa Nacional de Salud 2001-2006. En el primero, el Gobierno Federal plantea desarrollar políticas incluyentes, entre ellas: fortalecer, enriquecer y ordenar las políticas y programas que atienden a las personas de edad avanzada, mediante la promoción del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento y de comités estatales, con la inclusión de más instituciones gubernamentales y privadas. La iniciativa también es congruente con el Programa Nacional de Salud 2001-2006 el cual reconoce que "la atención de los viejos representará uno de los mayores retos para los servicios de salud, ya que este grupo de edad los utiliza con una frecuencia cuatro veces mayor que el resto de la población. Además, los servicios que requieren estas personas son por lo general muy costosos." Esta situación se plasma con algunas referencias cuantitativas: el crecimiento en ingresos hospitalarios de los mayores de 65 años, pasó de 8.3% en 1993 a 12% en 1999 y en el 2000: 10.3% de esta población se hospitalizó en contraste con sólo 4.6% de la población de 15 a 64 años y los adultos mayores contribuyeron con 43% a la mortalidad intrahospitalaria. Estamos en un buen momento para trabajar con ahínco por nuestros adultos mayores y por las próximas generaciones y por ello la presente iniciativa busca investir de carácter prioritario la atención de la salud a las personas de la tercera edad para el logro de un envejecimiento activo; busca sentar las bases de una cultura de la prevención y control de la salud de la tercera edad; establecer la responsabilidad compartida de la familia, de las instituciones públicas y privadas, del Estado y de la sociedad en esta materia; y dejar en claro la instancia a la que corresponde coordinar y promover los servicios de salud a este grupo de población, entre los que destaca el proporcionar gratuitamente una cartilla de salud para el adulto mayor. Estas comisiones unidas, en congruencia con lo anteriormente expuesto, consideraron la necesidad de adicionar una fracción al artículo 3o. de la Ley General de Salud para incluir como materia de salubridad general la salud del adulto mayor. Por todo lo expuesto, las comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables somete a la consideración de la Cámara de Diputados el siguiente Decreto Que adicionan una fracción al artículo 3o. del Capítulo Unico del Título Primero, una fracción XI al artículo 27 y el Capítulo VIII, denominado Salud del Adulto Mayor, al Título Tercero, todos de la Ley General de Salud. Artículo único. Se adiciona una fracción XIX al artículo 3o., recorriéndose el texto normativo de la fracción XIX original para formar parte de la fracción XX y así sucesivamente hasta la fracción XXIX, modificándose a su vez el contenido del fracción XXV en cuanto a las fracciones referidas que pasan a ser la XXIII y XXIV; se adiciona como última una fracción XI al artículo 27, lo que reforma el contenido final de las fracciones IX y X; y se adiciona un Capítulo VIII denominado De la Salud del Adulto Mayor con los artículos 77-A, 77-B, 77-C, 77-D, 77-E, 77-F al Título Tercero, todos a la Ley General de Salud, para quedar como sigue: Artículo 3o. . . I. a la XVIII. . . XIX. La salud del adulto mayor; XX. El programa contra el alcoholismo; XXI. El programa contra el tabaquismo; XXII. El programa contra la farmacodependencia; XXIII. El control sanitario de productos y servicios y de su importación y exportación; XXIV. El control sanitario del proceso, uso, mantenimiento, importación, exportación y disposición final de equipos médicos, prótesis, órtesis, ayudas funcionales, agentes de diagnóstico, insumos de uso odontológico, materiales quirúrgicos, de curación y productos higiénicos; XXV. El control sanitario de los establecimientos dedicados al proceso de los productos incluidos en la fracción XXIII y XXIV; XXVI. El control sanitario de la publicidad de las actividades, productos y servicios a que se refiere esta ley; XXVII. El control sanitario de la disposición de órganos, tejidos y sus componentes, células y cadáveres de seres humanos; XXVIII. La sanidad internacional y XXIX. Las demás materias, que establezca esta ley y otros ordenamientos legales, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 4o. constitucional. Artículo 27. . . I. a la VIII. . . IX. La promoción del mejoramiento de la nutrición, X. La asistencia social a los grupos más vulnerables y XI. La salud del adulto mayor. CAPITULO VIII Salud del Adulto Mayor Artículo 77-A. La prevención y el control de las enfermedades y salud del adulto mayor tienen carácter relevante. La Secretaría de Salud promoverá el establecimiento de servicios de atención gerontológica y de servicios médicos de geriatría, los cuales deberán proporcionarse con calidad y de manera integral con el objeto de que los adultos mayores puedan gozar de una buena salud física y mental. Artículo 77-B. La Secretaría de Salud promoverá en los niveles educativos correspondientes, la formación de personal especializado en la atención médica y social del adulto mayor. Artículo 77-C. La Secretaría de Salud coordinará las actividades de las dependencias y entidades del sector salud para instrumentar y operar las acciones del programa nacional de atención al adulto mayor que formule el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento y demás facultades que a éste corresponden, de conformidad con lo establecido en su acuerdo de creación. Artículo 77-D. La Secretaría proporcionará una cartilla de salud, en la cual se especifique y precise información sobre los principales problemas de salud de los adultos mayores, así como un seguimiento adecuado de su estado de salud. Artículo 77-E. La prevención y protección de la salud del adulto mayor es una responsabilidad que comparte la familia, las instituciones públicas o privadas que tengan a su cargo a estas personas, el Estado y la sociedad en general. Artículo 77-F. Las autoridades sanitarias, educativas y laborales en sus respectivos ámbitos de competencia, apoyarán y fomentarán las acciones que defina el Comité Nacional de Atención al Envejecimiento orientadas a promover una cultura preventiva y de control de las enfermedades y la salud del adulto mayor. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La Secretaría de Salud deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación el Programa Nacional de Atención al Envejecimiento y el diseño de la cartilla de salud del adulto mayor a los 90 días de aquel en que entre en vigor de este decreto. Ambos instrumentos estarán a cargo del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento. Tercero. La Secretaría de Salud establecerá el procedimiento para la distribución de la cartilla de salud del adulto mayor en todo el territorio nacional y su entrega se llevará a cabo 120 días hábiles después de la entrada en vigor de este decreto. Sala de comisiones de la Cámara de Diputados, a 13 de marzo del año 2002. Así lo acordaron y firmaron los diputados integrantes de estas comisiones unidas de Salud y de Atención a Grupos Vulnerables. Palacio Legislativo de San Lázaro, México D. F., a 13 de marzo de 2002. Los diputados que integran la Comisión de Salud: María Eugenia Galván Antillón, presidenta; Eduardo A. Leines Barrera, Rafael Orozco Martínez, Adela del C. Granel Campos, Héctor Esquilano Solís, secretarios; Samuel Aguilar Solís, Juan Alcocer Flres, Francisco J. Cantú Torres, Celia Martínez Bárcenas, María L. A. Domínguez Ramírez, Meftalí S. Escobedo Zoletto, María de las Nieves García Fernández, Federico Granja Ricalde, Policarpo Infante Fierro, Arturo León Lerma, Francisco S. López Brito, Santiago López Hernández, Enrique Meléndez Pérez, Magdalena Núñez Moreal, Felipe Olvera Nieto, Manuel Wistano Orozco Garza, Julieta Prieto Fuhrken, Víctor Antonio García Dávila, Pedro Miguel Rosaldo Salazar, Luis Miguel Santibañez García, Ernesto Saro Boardman, Olga M. Uriarte Rico, Carlos A. Valenzuela Cabrales, José S. Velásquez Hernández, Juvenal Vidrio Rodríguez. Diputados integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables: Enrique Adolfo Villa Preciado, presidente; Raquel Cortés López, Laura H. Pavón Jaramillo, Alba Leonila Méndez Herrera, Librado Treviño Gutiérrez, secretarios; Gumersindo Alvarez Sotelo, Esvida Bravo Martínez, Pedro Pablo Cepeda Sierra, José Abraham Cisneros Gómez, María Elena Lourdes Chávez Palacios, Nemesio Domínguez Domínguez, Jorge Luis García Vera, Luis Herrera Jiménez, Julio César Lizárraga López, Sergio Maldonado Aguilar, Raúl Martínez González, Lorena Martínez Rodríguez, Jaime Cleofás Martínez Veloz, Beatriz Gpe. Grande López, Gregorio Arturo Meza de la Rosa, Ricardo Augusto Ocampo Fernández, Arcelia Arredondo García, Silvia Romero Suárez, Patricia Aguilar García, Teodora Elba Arrieta Pérez, Benjamín Ayala Velásquez, José Bañales Castro, Esteban Daniel Martínez E., Jesús Alejandro Cruz Gutiérrez, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez.»