La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Muchas gracias, diputada presidenta. Posicionamiento de mi grupo al cual pertenezco, el Grupo Parlamentario del PRI, para presentar una reserva al artículo 106, fracción I. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, si bien es cierto ya sabemos que en materia de derechos civiles es perfectamente aceptado y conocido, además de útil que un hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público, social, en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión de manera que, al ser notorio, la ley exime de su prueba que en este caso eximiría al agente del Ministerio Público. Una vez que hemos establecido que la Ley de Extinción de Dominio no es un procedimiento civil, porque en él se afecta en el Estado contra un particular, y también no ha quedado claro que tampoco es un procedimiento penal porque no buscamos la culpabilidad de nadie, y como consecuencia de todo ello este es un procedimiento sui generis. Entonces es válido este, un procedimiento ampliamente aceptado y que fueron literalmente copiadas del Código Civil a nuestro dictamen. Sean responsables en torno a lograr un equilibrio de fuerzas entre el demandado y el demandante. Hago especial énfasis en la presente reserva toda vez que es evidente y preocupante que no todos los demandados en juicio de extinción tendrán los recursos para solventar un juicio que proteja su patrimonio y por lo tanto con el paso del tiempo los hechos pueden distorsionarse respecto de cómo surgieron o se vivieron en su momento. Por ello proponemos modificar este artículo 106, fracción I. Las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI estamos a favor de una legislación que constituya a combatir de manera formal a la delincuencia, por ello contribuiremos a mejorar esta reforma para responder de manera eficaz a una de las principales demandas de la sociedad como es la seguridad de las familias mexicanas. Bajo estas consideraciones, presento una reserva de este artículo mencionado: 106, fracción I, relacionada con la notoriedad, dado que es una categoría jurídica poco clara ya lo dije, por lo tanto, cuando aparece en un texto normativo debe ser debidamente acotada y delimitada para que no se convierta en un sustento de origen o un abuso por la identidad o laxitud que dicho término puede tener, o por la amplia interpretación a modo que alguna autoridad pueda realizar, escúchese, tal latitud ha merecido de parte del Poder Judicial de la Federación, presiones tan relevantes al respecto, como las que se formulan en esta tesis que señala y acota sobre la noción de notoriedad. La notoriedad es un concepto esencial relativo, puesto que no existen hechos conocidos por todos los hombres. La notoriedad de un hecho entre un determinado sector social no significa conocimiento efectivo del mismo, por parte de todos aquellos que integran este sector y ni siquiera conocimiento efectivo de parte de la mayoría, ya no solo es posible recordar todas las nociones que una persona pueda considerar como verdaderas, comprobadas o como patrimonio intelectual, definitivamente adquirido. Esto no es un invento, esto lo dice la Suprema Corte en la Tercera Sala, en el seminario judicial de la Federación. Es por ello, lo que significa es que la idea de algo notorio no debe ser considera suficientemente válida para poder sostener una acción jurídica, por sí misma afecta los derechos esenciales de las y los ciudadanos que se vean obligados de comparecer como terceros afectados en un proceso de extinción de dominio. Por ello es que propongo que la idea de hechos notorios sea adicionada con el texto que acote y delimite el alcance de dicha categoría para que no pueda ser usada como elementos que operen en contra de las garantías constitucionales de las y los ciudadanos de este país, ante la evidencia y la evidente latitud que en la formulación pudiera darse. Quedaría de la siguiente manera: ... los hechos notorios, siempre y cuando dicha notoriedad haya sido advertida al momento en que el propietario del bien sujeto a extinción de dominio o cualquier otro tercero de buena fe que haya adquirido su derecho. Muchas gracias y es cuanto, diputada presidenta.