La diputada Francisca Elena Corrales Corrales: Gracias, con su venia. Compañeras y compañeros legisladores. El trabajo es la principal vía por la cual las personas pueden obtener recursos y con ello su autonomía económica. Esta condición es la que determina, en buena medida, su estatus socioeconómico y su grado de independencia, libertad y autonomía. Un fenómeno del alcance universal en este ámbito, es sin duda alguna la masiva incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la consiguiente feminización al colectivo asalariado. En este sentido, la mujer que había quedado relegada en la esfera productiva, ha protagonizado desde mediados del siglo XX una inmensa revolución silenciosa y ha vuelto a ocupar, con fuerza, un lugar propio en el ámbito laboral. En México hay 18 millones 524 mil 149 mujeres trabajadoras, de las cuales el 72.1 por ciento son madres de familia, o sea, 13 millones 363 mil 231 madres trabajadoras. Muchas de las cuales asumen por completo la responsabilidad económica de sus familias, son madre y padre a la vez. Eso se refirió en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, el segundo trimestre de 2012, elaborada por el Inegi. Lamentablemente, la feminización del mercado, aunque real, es inacabada e incompleta, porque ha tenido lugar bajo un telón de fondo de desigualdad y de precariedad. Los enormes avances en la formación de las mujeres y en su interés por participar de manera continuada en el mercado, podrían hacer pensar en una pronta desaparición de las tradicionales desigualdades entre mujeres y hombres en el mercado laboral. Pero lo cierto es que esto no ha ocurrido. Es decir, la espectacular transformación de la oferta laboral femenina no se ha traducido en una mejora equivalente del lugar que ocupan dentro del mercado. Esta situación se hace patente al constatar que además de tener una participación porcentual de la población ocupada, inferior a los varones, las mujeres son más castigadas en sus remuneraciones. De acuerdo con el Inegi, los habitantes que ganaron hasta un salario mínimo en los 31 estados y el Distrito Federal, el 53.6 por ciento fue femenina. En contraste, solo 28 de cada 100 personas que percibieron más de 5 salarios mínimos base fueron mujeres. Querétaro mostró la situación más extrema. Más del 67 por ciento de la población ocupada que ganó menos de un salario mínimo fue mujer en la entidad. Le siguieron Colima, Sonora, Jalisco, Guerrero, el DF, Quintana Roo, Yucatán y Baja California. En todos los casos la cifra superó el 60 por ciento del total. Lo anterior demuestra que si bien aumentó la participación de las mujeres en el mercado laboral, existe una discriminación marcada en el tema salaria y en los puestos clave de una empresa o institución pública, es decir, aún cuando hemos avanzado estamos lejos todavía, las mujeres, de alcanzar la igualdad laboral. Para el Estado mexicano el reconocimiento de la igualdad entre mujeres y hombres es una prioridad. Así quedó asentado cuando signó las principales convenciones y convenios internacionales, y primordialmente, cuando aprobó y publicó la reciente reforma a la Ley Federal del Trabajo, con la que se incorporaron preceptos fundamentales para el ejercicio de los derechos laborales en condiciones de igualdad. No obstante los derechos que esta ley garantiza únicamente son aplicables a las trabajadoras y a los trabajadores del sector privado, toda vez que se trata de la Ley Reglamentaria del Apartado A del artículo 123 Constitucional lo que deja fuera del alcance de estos preceptos jurídicos a las trabajadoras y a los trabajadores al servicio del Estado. Esta situación provoca un desequilibrio y desigualdad entre las trabajadoras y los trabajadores del sector público y del sector privado, razón por la que consideramos indispensable incluir en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, los mismos preceptos y principios que en materia de igualdad de género se incorporan a la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que no existan trabajadores y trabajadoras de primera y de segunda. Es nuestro compromiso con la igualdad de género y con el principio de no discriminación, contenido en el artículo 1o. de nuestra Constitución, lo que nos impulsa ante ustedes presentar esta iniciativa. No podemos ni debemos otorgar derechos a unas trabajadoras y a unos trabajadores, y dejar de lado a otros. Es por esto que proponemos incorporar a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, el principio de igualdad sustantiva y el de no discriminación. Asimismo proponemos establecer en este ordenamiento jurídico la licencia de paternidad y la licencia de maternidad en caso de adopción, así como la ampliación de la misma en el caso de que las hijas o los hijos que nazcan con alguna discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, la posibilidad de reducir en una hora la jornada de trabajo en periodo de lactancia, definir y sancionar el hostigamiento y el acoso sexual, prohibir la solicitud de certificados de no gravidez para la obtención de un empleo, así como el despide por embarazo, por cambio de estado civil o por tener a su cargo el cuidado de sus hijos. Avancemos juntos, compañeras diputadas y compañeros diputados, en el camino hacia la igualdad. No más discriminación. Solicito por favor atentamente se incorpore el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeros.