El diputado Ricardo Aguilar Castillo: Muchas gracias, presidenta. Con su permiso, compañeros diputados. Es conocido de todos nosotros que en diversas entidades del país cruzan por una severa crisis de inseguridad y violencia e intimidación provocada sobre todo por organizaciones del crimen organizado. Esta grave problemática no solo vulnera la integridad de la población y su patrimonio, sino además desincentiva las inversiones, el crecimiento y el desarrollo económico del país. En el grupo parlamentario del PRI consideramos de la Guardia Nacional tiene que consolidarse a la brevedad como un cuerpo policial capacitado, certificado y de avanzada, con las capacidades necesarias para la contención, identificación y prevención de los delitos. Mantener la Guardia Nacional en operación, sin dotarla de un marco legal que le dé certeza y permita su plena actuación, representa una medida irresponsable insensata y una limitante para alcanzar sus objetivos de creación. Para los legisladores del PRI este período extraordinario no solo responde al compromiso de cumplir con los términos y tiempos que establecimos en la reforma constitucional, expresa también nuestra voluntad de atender los detonantes y amenazas a la seguridad de las familias mexicanas. Bajo estas consideraciones nuestro voto será a favor de expedir la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública y la Ley Nacional de Registro de Detenciones, asimismo de realizar diversas adecuaciones a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Votaremos en ese sentido porque al expedir la Ley de Guardia Nacional se garantiza una institución con mando civil, se precisarán sus atribuciones, su estructura jerárquica y los servicios que prestarán a la sociedad mexicana. Nuestro compromiso es prevenir el uso desmedido de la fuerza, para lo cual es necesario contar con una ley que regule su ejercicio y sancione de manera ejemplar excesos y arbitrariedades, impulsamos que la Ley Nacional sobre Uso de la Fuerza establezca normas para la utilización de armamentos, controles oportunos para su equipamiento y la emisión de protocolos de respeto a los derechos humanos con perspectiva de género. Este nuevo esquema de seguridad contará con información actualizada y de un Registro Nacional de Detenciones que coadyuve a generar certidumbre sobre los procesos de acceso a la justicia y la ubicación de personas detenidas, las reformas previstas a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública harán posible la instrumentación de un sistema de fortalecimiento a las capacidades policiales de las entidades federativas y de los municipios, y facilitará la instrumentación de protocolos homologados que garanticen la protección de las libertades y de los derechos humanos. El conjunto de estas modificaciones tiene como objeto concretar un marco jurídico robusto para que la Guardia Nacional cuente con las atribuciones necesarias para garantizar la paz, la tranquilidad de la sociedad y la reconstrucción del tejido social. Estas nuevas leyes y reformas permitirán la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, la creación de bases de datos y el intercambio permanente de información para la desarticulación de las bandas delictivas que aquejan a los estados y municipios. Este dictamen retoma prácticas exitosas como disponer del 911 como número unificado para la atención de emergencias y denuncias. Con esta medida se fortalecen las capacidades y la colaboración institucional, permitiendo una atención más coordinada, adecuada, rápida y eficaz, la cual salvará vidas y protegerá a la población. Compañeras y compañeros legisladores, con la aprobación de estas leyes reglamentarias dotamos a la Guardia Nacional de instrumentos jurídicos que se requieren para combatir con efectividad la violencia, en un marco de legalidad y de respeto a los derechos humanos. De ninguna manera, compañeros, representa un cheque en blanco, ya que los legisladores del PRI daremos especial seguimiento al actuar de la Guardia Nacional y seremos los primeros en señalar la comisión de arbitrariedades, trasgresiones, violaciones a la ley y de la falta de resultados. Estaremos atentos a que se lleven a cabo los sistemas de evaluación, rendición de cuentas, control y certificación de sus elementos y denunciaremos cualquier acto de corrupción e infracción a estas nuevas leyes. Ahora corresponde, como debe de ser, al Ejecutivo federal y obviamente a la Guardia Nacional, dar los resultados esperados y así recuperar la tranquilidad en diversas regiones del país y garantizar la seguridad y la paz social que merecemos los mexicanos. Por su atención, muchísimas gracias. Es cuanto, presidenta.