El diputado Rafael Flores Mendoza: Con su venia, señora Presidenta. El suscrito diputado federal Rafael Flores Mendoza, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presento a este Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma el artículo 263 (¿) de la Ley Federal de Derechos y se adiciona un undécimo párrafo al artículo 2º. de la Ley de Coordinación Fiscal, a efecto de fortalecer el federalismo fiscal en materia de derechos mineros, conforme a la siguiente exposición de motivos: En los últimos años, la industria minera mexicana ha vuelto a caracterizarse por ser uno de los sectores más dinámicos y productivos del país. A diferencia de lo sucedido en décadas pasadas, a partir de la segunda mitad de los 90´s, el sector ha experimentado un crecimiento constante; así, en el 2004, el valor anual promedio de la producción mexicana ascendió a los 42 mil 883 millones de pesos, lo que representa a precios corrientes un aumento del 40.4 por ciento con respecto al año 2003. De acuerdo con información proporcionada por la Cámara Minera, esta industria representa el 1.6 por ciento del Producto Interno Bruto y ha recibido en los últimos siete años una inversión del orden de los 4 mil millones de dólares, contribuyendo con más de 250 mil empleos permanentes y 750 mil empleos temporales. En el 2004, el 78 por ciento del valor total de la producción minera nacional, fue aportada por seis entidades federativas: Sonora, que aportó el 22 por ciento; Coahuila con el 19 por ciento, Zacatecas con el 17.2 por ciento, Chihuahua con el 7.3 por ciento, San Luis Potosí con el 6.5 por ciento y el estado de Durango con el 6.3 por ciento. Dicha producción incluye catorce minerales dentro de los diez primeros lugares en el mundo. Nuestro país es el primer productor mundial de "celestina" y "plata", segundo productor mundial de "bismuto" y "fluorita", cuarto productor mundial de "arsénico" y ""cadmio", quinto productor de "varita" y "plomo", sexto productor mundial de "zinc", séptimo productor de "grafito" y "sal", octavo productor de "manganeso" y noveno productor de "yeso" y décimo productor mundial de "feldespato". A esta expansión y crecimiento se le suma un importante proceso de modernización con un saldo favorable en el crecimiento de los volúmenes de producción; pasando de 98.3 miles de toneladas en el 2003 a 121.7 en el 2004. Asimismo en el último año la minería creció a ritmos elevados no sólo por el impulso que recibió del aumento del precio del petróleo, sino también por el incremento de los precios de diversos minerales en el mercado mundial. En particular en el 2004 la producción minera se expandió a un ritmo anualizado cercano al 8.6%, muy superior al crecimiento del Producto Interno Bruto medio nacional. No obstante lo anterior y a pesar de que en algunos estados y municipios la minería es la principal actividad productiva y de más larga tradición, la riqueza generada por la industria minera no se traduce en un mayor desarrollo económico de sus habitantes. Por supuesto que nos llena de satisfacción la nueva bonanza minera, ya que como se señaló, reporta indudables beneficios para el sector y la industria. Sin embargo, a diferencia de lo que solía ocurrir en siglos pasados la industria minera genera poco o nulo derrame económico donde se practica y sólo genera gastos que tienen que ser soportados en su mayoría por los gobiernos estatales y municipales, quienes con sus exiguos recursos llevan la carga en todos los servicios: en electricidad, en agua potable, en carreteras, saneamiento ambiental, etc. Lo anterior en virtud de que los derechos sobre minería son de carácter federal y los 31 estados y el Distrito Federal reciben a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tan solo el 20% de lo recaudado. Esto es, considerando que su recaudación en el ejercicio fiscal de 2004 promedió 379,5 millones de pesos, las 32 entidades federativas sólo percibieron 75 millones de pesos a distribuirse entre ellas, cantidad insuficiente para resarcir a los estados y municipios mineros respecto de los gastos y daños antes señaladas. En contrastre, los municipios colindantes con las fronteras o los litorales por los que se realiza materialmente la importación o exportación de bienes y mercancías e hidrocarburos, son resarcidos con un porcentaje adicional en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. En consecuencia los diputados del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, proponemos emprender una reforma fiscal que. revalore en un marzo resarcitorio, la importancia que tiene la recaudación fiscal para un desarrollo económico y social sustentable en el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Es por ello que consideramos inaplazable crear las condiciones para que la explotación de los (no se entiende) mineros vuelva a ser elemento detonador del desarrollo económico de nuestras comunidades mineras, ya que tales recursos les permitirían atender la preservación y mejoramiento del ambiente y enfrentar los costes en infraestructura y servicios como elemento fundamental para alcanzar un desarrollo sustentable que garantiza mejores condiciones de vida para las generaciones presentes y futuras. Asimismo es menester señalar que el procedimiento vigente para determinar el derecho, establece una cuota fija que combina el tamaño del área concesionada o asignada, con la antigüedad de la misma . Sin embargo, la recaudación obtenida por esta mecanismo es verdaderamente exigua, poco equitativa y promotora de fenómenos de especulación bursátil. En este último punto es necesario resaltar que las grandes empresas trasnacionales suelen denunciar la existencia de yacimientos minerales en enormes yacimientos territoriales, con el único propósito de aumentar artificialmente el valor de sus activos y en consecuencia el valor de sus acciones con fines de especulación bursátil. En este último punto es necesario resaltar que las grandes empresas trasnacionales suelen denunciar la existencia de yacimientos minerales en enormes extensiones territoriales, con el único propósito de aumentar artificialmente Por lo anterior, se propone introducir un nuevo sistema de cuotas fijas más altas y equilibradas que no distinguen entre concesiones y asignaciones de exploración y concesiones de explotación atendiendo exclusivamente al tamaño del área concesionada o asignada, con lo cual se buscaría promover la inmediata explotación de los terrenos, una mayor eficiencia recaudatoria y evitar la obtención de concesiones exploratorias con meros fines especulativos. Por tal motivo se propone reformar el artículo 263 de la Ley Federal de Derechos para modificar la base gravable del derecho sobre la exploración y explotación de concesiones y asignaciones mineras, estableciendo cuotas semestrales graduales que inician con 3,750 pesos hasta por 150 hectáreas y que culminan con diez millones de pesos por cincuenta mil hectáreas en adelante. Asimismo, se propone adicionar el artículo segundo de la Ley de Coordinación Fiscal para otorgar a las entidades federativas el 50 por ciento de la recaudación de dicho tributo, asegurando a los municipios cuando menos el 20 por ciento de dicha participación. Sería cuanto señora presidenta y solicitaría se integrara el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates.