La diputada Norma Azucena Rodríguez Zamora: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el problema de la migración en nuestro país es una realidad cada vez más demandante, como país de origen, tránsito, destino y retorno de los migrantes. Hemos visto caravanas provenientes de los vecinos países de Centroamérica cada vez más numerosas y nutridas de connacionales a través de su paso por nuestro territorio, que con vistas a alcanzar un futuro mejor en los Estados Unidos, atraviesan nuestro país arriesgando la salud, la integridad física e incluso su propia vida. Estamos obligados a la implementación de políticas públicas para atender el fenómeno migratorio de manera integral, que nos permitan estar a la mira no solo de la emergencia actual, sino diseñar programas de atención permanente. No resulta ocioso, en consecuencia, el ocuparnos de temas, como los que hoy se ponen a consideración de este pleno, y que sean discutidos de manera seria y con la profundidad que ameritan, dado que las consecuencias en términos humanos y de políticas públicas son muy graves. Las tragedias personales desatadas por la pobreza y la violencia en los lugares de origen de las personas migrantes, deben movernos a la empatía por nuestros semejantes, ya que ellos abandonan todo lo que poseen con vistas a proteger, en muchas ocasiones su vida. El paso de estas personas a través del territorio nacional ha requerido atención médica, nutricional y vigilancia policiaca para protegerlos de los grupos de delincuencia organizada que los asechan. El dictamen que ahora discutimos proviene de una minuta que pretende la modificación del artículo 93 de la Ley de Migración para aclarar que el Instituto Nacional de Migración no tiene facultades en materia de investigación de delitos y que, en consecuencia, cuando les sea informada a la Comisión de una conducta delictiva, deberá turnarla a la autoridad correspondiente, y únicamente tomará conocimiento para efectos de control, verificación o revisión migratoria. Esta reforma, en consecuencia, se hace indispensable, dado que los agentes del Instituto Nacional de Migración siguen extorsionando, maltratando, violando los derechos humanos de los migrantes, e incluso entregándolos a la delincuencia organizada, como en el caso de las 26 personas migrantes, entre las que se encontraban dos niños y nueve mujeres desaparecidas el pasado 7 de marzo en Tamaulipas, y que nos remite sin duda alguna a los terribles acontecimientos de San Fernando, cuando en el año 2010 fueron masacrados 72 migrantes, y un año después, en 2011, fueron encontrados los cuerpos de 193 personas en fosas clandestinas, muchos de ellos migrantes. Es por ello que insistimos en que esta reforma no puede verse de manera aislada, debemos implementar políticas de protección integral para los migrantes y uno de los primeros pasos es la aprobación de la Ley Reglamentaria del artículo 33 constitucional, ordenada por el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, del 10 de junio de 2011, y que establece el plazo de un año para su emisión, con lo cual el Congreso de encuentra en falta desde hace ya casi siete años. Queremos hacer énfasis en ello, dado que se trata específicamente de una ley que regula el procedimiento por el cual la Secretaría de Gobernación podrá deportar a los extranjeros a través de un procedimiento individual y no colectivo, expedito y con apego al debido proceso. Este procedimiento sin duda alguna contribuiría a disminuir los márgenes discrecionales de actuación que en la actualidad poseen los agentes del Instituto Nacional de Migración, favoreciendo individualmente el libre ejercicio de los derechos humanos de las personas migrantes. Es por todo lo anterior que el Grupo Parlamentario del PRD, plenamente comprometido con los derechos de las personas migrantes tanto en nuestro territorio y aún más allá de nuestras fronteras, votará a favor del presente dictamen. Es cuanto.