El diputado José Edmundo Ramírez Martínez: Muchas gracias, Presidenta, con su permiso. El Estado mexicano se ha distinguido en su historia por su capacidad de crear consensos entre los grupos sociales que integran y representan la sociedad de nuestro país y con ello, implementar acuerdos y políticas de desarrollo. Las reformas institucionales son el instrumento que permite por la vía pacífica y con la participación de todos, construir un futuro viable y con una visión estratégica de Estado; lo cual permitirá modernizar las estructuras económicas, políticas y sociales para avanzar en el desarrollo de una sociedad más democrática y participativa. La reforma y fortalecimiento al Poder Legislativo debe ser uno de los principales objetivos de esta LX Legislatura como propósito democrático impulsado por las transformaciones económicas, políticas y sociales, nacionales e internacionales. Son tiempos de nuevos equilibrios entre gobernados y gobernantes, nuevos equilibrios, nuevas corresponsabilidades surgidas de un dialogo franco, abierto, respetuoso, entre el Legislativo y el Ejecutivo. Modernizar la organización del Congreso, darles nuevas facultades y desarrollar sus actuales competencias es una exigencia nacional. Es impostergable fortalecer mediante reformas legislativas a los Poderes de la Unión, para que cumplan con su función constitucional de dividir el ejercicio del poder, para consolidar el poder de la nación. El equilibrio entre Poderes es la principal condición para garantizar la consolidación democrática, el estado de derecho y garantizar un gobierno responsable, con un solo propósito, que la gente viva mejor. La diversidad y pluralidad política y social de México se refleja en este Congreso de la Unión. El Plan Nacional de Desarrollo es constitucionalmente el instrumento para crear acciones públicas de largo plazo y hasta el momento su elaboración ha estado casi de forma exclusiva en manos del Poder Ejecutivo federal. La necesidad de que el Congreso de la Unión participe de manera directa en la elaboración de este instrumento es fundamental, porque ello permite que los diversos grupos políticos puedan intervenir en su diseño y genera una mayor colaboración entre Ejecutivo y Legislativo. Las facultades del Congreso son mínimas sobre las materias previstas en los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución en materia de planeación, orientación y coordinación de la actividad económica del Estado. La Constitución necesita determinar con claridad las atribuciones del Legislativo en esas materias, ya que tampoco lo hace ni la ley secundaria. El párrafo cuarto del artículo 26 constitucional señala que en el sistema de planeación democrática el Congreso de la Unión tendrá la intervención que señala la ley. Por su parte, el artículo 5 de la Ley General de Planeación dice que en cuanto a la elaboración del plan, su ejecución y revisión, el Presidente de la República deberá de enviar el plan al Congreso para su examen y opinión. Asimismo prevé este artículo que el Legislativo podrá formular observaciones que estime durante la ejecución-revisión del propio plan. Lo anterior es sólo superficial y discrecional, ya que dichas observaciones no obligan al Ejecutivo a acatar las mismas. La planeación del desarrollo nacional requiere de una mayor injerencia de participación del Congreso de la Unión, para que de esta forma el Plan Nacional de Desarrollo se convierta en un instrumento del Estado mexicano y no exclusivo del gobierno, avalado por la representación política nacional mediante la reforma de los artículos 26 y 73 de nuestra Constitución. Por lo cual se propone reformar el actual texto de los artículos 26 y 73 constitucionales. En consideración a lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este Pleno el siguiente Proyecto de decreto Único. Se reforma el artículo 26 y la fracción XXIX-N del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar de la siguiente manera. Artículo 26. Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será democrática mediante la participación de diversos sectores sociales, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los programas de desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo que será propuesto por el Poder Ejecutivo y ratificado por el Congreso de la Unión mediante la aprobación de dos terceras partes. A este Plan Nacional de Desarrollo se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal. Artículo 73. El Congreso tiene facultad, numeral XXIX-N, para ratificar o en su caso modificar el Plan Nacional de Desarrollo que presente el titular del Poder Ejecutivo Federal. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias.