La diputada Gloria Imelda Félix Niebla: Con su permiso, diputado presidente. En todas las Constituciones mexicanas se ha otorgado al Congreso la facultad de ejercer el control presupuestario, la atribución de ratificar a los empleados superiores de Hacienda se ha otorgado al Senado de la República como a la Cámara de Diputados, y cuenta con numerosos antecedentes en la historia del constitucionalismo mexicano. Estas disposiciones regulan una función de control sobre el Ejecutivo federal, que dentro de nuestro sistema constitucional representa el de frenos y contrapesos del poder de equilibrio. La iniciativa que hoy vengo a presentarles tiene relación con las reformas constitucionales de 2014, aprobadas en su mayoría por todas las fuerzas parlamentarias de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, así como por la mayoría de los Congresos locales en materia político-electoral. Fue una reforma de la política, indudablemente, porque otorgó poder al ciudadano sin detrimento de la capacidad de las instituciones porque fortaleció la voluntad popular como única fuente del poder público y porque trasladó facultades del Ejecutivo a elementos del Estado. La reforma político-electoral forma parte del legado transformador del presidente Enrique Peña Nieto. Entre muchas otras modificaciones se reformaron los artículos 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para conceder a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de ratificar al secretario de Hacienda y Crédito Público, así como a los demás empleados superiores del ramo, función que desde 1917 correspondía al Senado de la República. Actualmente, nuestra Carta Magna en su fracción III del artículo 74 señala que son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados ratificar el nombramiento que el presidente de la República haga del secretario del ramo en materia de hacienda, así como de los demás empleados superiores de esta misma instancia. Dicha modificación tuvo como propósito en buena medida consolidar la atribución constitucional que tiene la Cámara de Diputados de, entre otras importantes tareas, aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, discusión y en su caso modificación del proyecto que el Ejecutivo federal envía a esta Cámara una vez que se han aprobadas las contribuciones contenidas en la Ley de Ingresos. Sin embargo, la fracción III del artículo 89 constitucional, en el que se establecen las facultades y obligaciones del presidente de la República, se quedó intacta. Actualmente la fracción III del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que son facultades y obligaciones del presidente las siguientes: Nombrar, con aprobación del Senado, entre otros, a los empleados superiores de Hacienda. Luego entonces dicha fracción aun faculta al Senado para aprobar el nombramiento de los empleados superiores de Hacienda, derivado de lo que establecen los artículos 74 y 89 constitucionales, mismos que se contraponen directamente, ocasionando una antinomia jurídica. De modo ilustrativo, el jurista Eduardo García Máynez, precisa que la antinomia jurídica existe cuando dos normas de un mismo derecho, de un mismo sistema se oponen contradictoriamente entre sí, teniendo ámbitos iguales de validez, material, espacial y temporal. Así pues, una permita y la otra prohíbe a un mismo sujeto la misma conducta. Esa situación evidencia que no es posible ajustarse a cada una de estas normas, sin violentar la otra, en la medida que la aplicación de una implica necesariamente la exclusión o inaplicación de la otra. Es por ello que resulta necesario dotar de mayor certidumbre el proceso de ratificación de los empleados superiores de Hacienda, modificando la fracción III del artículo 89 de nuestra Constitución, para quedar como sigue: Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente, son las siguientes: III. Nombrar con ratificación de la Cámara de Diputados a los empleados superiores de Hacienda y con aprobación del Senado a los embajadores, cónsules generales y a los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, energía y competencia económica. Así pues, solicito a nuestro diputado presidente se turne a la comisión correspondiente de Puntos Constitucionales, para el correspondiente análisis, y solicitando a todos el apoyo para su aprobación. Es cuanto, muchas gracias.