El diputado Joel Padilla Peña (P. T): Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El sistema político mexicano padece una severa crisis de credibilidad ante la ciudadanía, sus instancias para dirimir conflictos o controversias políticas, han dado muestras de agotamiento, el Ejecutivo federal, encargado de instrumentar la política interior, carente de oficio y sensibilidad, no ha revertido la situación. En este contexto el país atraviesa por momentos sumamente complejos y difíciles, de confrontación entre las diversas fuerzas políticas y sociales, sin que exista en el gobierno de Fox, elemento capaz de conciliar a los diversos grupos, al contrario, pareciera que están empeñados en echar más leña al fuego y confrontar esos grupos descontentos. No hay que ir muy lejos, el estado de sitio alrededor del Palacio Legislativo el pasado primero de septiembre, para impedir a toda costa que los trabajadores se manifestaran en contra de la política antilaboral del presidente Fox, es la manifestación más nítida de ese diálogo de sordos. En la búsqueda del poder, la competencia electoral se ha vuelto más cruenta, los enfrentamientos entre los partidos políticos por posiciones en la administración pública y los congresos se ha convertido en una arena de lucha libre, donde el gran perdedor es el pueblo de México. Algunos de los actores políticos reducen sus actos exclusivamente en función de sus intereses, en tanto que la democracia real, la que implica la participación del pueblo en la toma de decisiones, pasa a segundo plano. Para revertir esta tendencia que pone en riesgo la endeble de la democracia mexicana, se requiere de la participación activa y comprometida de todas las fuerzas políticas, pero en particular del Ejecutivo Federal. La Reforma del Estado ha sido relegada. La posibilidad de tejer acuerdos políticos y sociales con la participación de las fuerzas políticas cada vez se ha ido alejando más. El gobierno en turno no ha tenido la habilidad de sentar en las mesas de negociación a las fuerzas políticas, principalmente representada por los partidos, acciones políticas y ciudadanía en general. Se ha impulsado una política de descalificación y escarnio en contra de las fuerzas políticas que pensamos distinto al Ejecutivo Federal. Además ha fomentado una política mediática en contra de este Congreso que reiteradamente, y con razón, se ha negado a plegarse a sus caprichos. La reforma fiscal regresiva, la energética, que atenta contra la soberanía nacional y la laboral que perjudica a los trabajadores, no han sido posibles por incongruentes, inviables y falaces; no por causas imputables a los legisladores. El Ejecutivo Federal elude su responsabilidad cuando afirma que los problemas que impiden el avance del país son siempre responsabilidad de los demás; nunca de los que ejercen el mando de la Nación. La atención a la sentida demanda social por la seguridad para los ciudadanos ha terminado en el bote de la basura. Las medidas implementadas se resumen a girar instrucciones a las dependencias encargadas de combatir los delitos y los índices delictivos se incrementan vertiginosamente en perjuicio de la ciudadanía. Mención aparte merecen los delincuentes de cuello blanco, que reciben todos los privilegios de los órganos de justicia; para los rufianes, componendas y chicanadas; para los que no lo son, cuando mejor les va, justicia a secas. Para muestra un botón: El Gobernador de Morelos, presuntamente vinculado con el narcotráfico y con bandas de secuestradores sigue, y por lo que se ve, seguirá impune. Chiapas es otro tema olvidado por el Ejecutivo Federal. No han tenido la voluntad política para buscar acuerdos que permitan la solución justa y digna para los indígenas chiapanecos ni para los grupos étnicos nacionales. El diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional está suspendido, en razón de que el Gobierno Federal no ha sido capaz de cumplir totalmente los acuerdos con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Todavía se encuentran presos dirigentes indígenas en Querétaro y Tabasco, y desde aquí exigimos su inmediata liberación. ¡El grupo parlamentario del Partido del Trabajo exige la liberación de los presos políticos zapatistas! Le han apostado al olvido y al silencio, al agotamiento de los movimientos que reivindican sus derechos. No han valorado que el cansancio y el hartazgo de estas organizaciones generan normalmente violencia. El resurgimiento de grupos armados es muestra de ello. El trato gubernamental concedido al problema de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, crimen que lacera a la sociedad mexicana, es atendido con tibieza. No se resuelven los femincidios ni aparecen culpables. Después de tantos años y de tantos recursos empleados para atender esta infamia, no nos queda más que pensar: hay complicidad y corrupción en esos horrendos crímenes. Señoras y señores legisladores: Nuestro grupo parlamentario a este respecto ha planteado en los diversos espacios legislativos y en las contiendas políticas, lo que a su entender constituye un mínimo puntuario para que la sociedad y el sistema político mexicano transiten por la senda que nos merecemos y por ello de nueva cuenta nos permitimos reiterarlo: Que la Secretaría de Gobernación se aboque a la reestructuración del pacto social que emana de la Constitución, que enfoque sus esfuerzos para encontrar instrumentos de políticas públicas que reconstruyan las relaciones con las fuerzas políticas nacionales y que cese en su empeño de descalificar a los opositores. Que construya puentes de respeto y entendimiento con el Honorable Congreso de la Unión para avanzar en la elaboración, instrumentación e implementación de políticas de gobierno que nos permitan transitar hacia un modelo de verdadera participación popular y democrática. Que se rescate la propuesta de Ley Indígena presentada por la COCOPA, como punto de partida para la solución y atención de la problemática de los grupos étnicos nacionales con justicia y dignidad y se reanude el diálogo con el EZLN. Que acepte y respete las modificaciones al formato de la ceremonia del Informe de Gobierno, a efecto de que el titular del Ejecutivo escuche personalmente la posición de los grupos parlamentarios representados en este Congreso. Que se promuevan las reformas constitucionales necesarias que fomenten la participación directa de la sociedad en la elaboración de programas de gobierno, impulsando las figuras de referéndum y iniciativa popular, entre otras. Que se comprometa a promover una reforma electoral que contemple como puntos y ejes principales la eliminación total del financiamiento privado, motivo de corrupción en este país al interior de los partidos políticos, en las campañas y precampañas. Asimismo, la regulación y reglamentación de las mismas para los cargos de elección popular. El momento histórico y las condiciones políticas actuales que hoy día minan vertiginosamente las relaciones entre el Gobierno y sus gobernados exige renovar los conceptos y las formas del quehacer político, un quehacer político donde la participación política de la sociedad no se resuma exclusivamente a la emisión del sufragio; se debe configurar un nuevo sistema político que privilegie la participación democrática de la sociedad en la instrumentación de las políticas públicas. Hacemos votos para que las autoridades y en particular el Secretario de Gobernación, cumplan realmente con los compromisos que implica el llamado al diálogo para la configuración del acuerdo nacional amplio, que nos permita vislumbrar un futuro mejor para todos. Es cuanto.