El diputado Renato Josafat Molina Arias: Gracias, señor presidente. Históricamente el Poder Legislativo permaneció subordinado al Ejecutivo, así aconteció desde los primeros años de vida independiente y hasta finales del siglo XX. Así, en 1997 el PRI pierde la mayoría absoluta que había detentado en esta Cámara, lo cual fue un acontecimiento que dio lugar a un cambio radical en la correlación de las fuerzas políticas que se encontraban aquí representadas, y como consecuencia de ello el cambio de rol que había tenido este Congreso, el cual pasó a jugar un papel protagónico en el escenario de la vida política nacional. Por la preeminencia existente del Ejecutivo sobre el Legislativo, los controles parlamentarios establecidos en el texto constitucional para fiscalizar al Ejecutivo no fueron eficaces para tal fin. En gran medida la mayoría parlamentaria absoluta que detentaba el Partido del titular del Ejecutivo en ambas Cámaras fue uno de los principales obstáculos que impidieron el adecuado funcionamiento de dichos controles. Ahora la labor del Legislativo se ha redimensionado, el Legislativo ha pasado a ser un verdadero contrapeso al Ejecutivo al dejar de estar subordinado a éste, y por el contrario, ahora ejercer verdaderamente mecanismos de control parlamentarios que años antes se pensarían imposibles. Muchos de los controles parlamentarios formal y materialmente no corresponden a una función legislativa. Sobre el particular cabe precisar que la división de Poderes establecida por la Constitución federal no corresponde a un sistema rígido e inflexible, puesto que admite excepciones consignadas en el propio texto constitucional y en otros ordenamientos que permiten a cualquiera de los Poderes ejercer funciones que en términos generales corresponden a la esfera de atribuciones de otro. En el caso del marco jurídico del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y de sus Cámaras, donde encontramos disposiciones relativas a las denominadas proposiciones con punto de acuerdo, la cuales son definidas como propuestas que los legisladores ponen a consideración del pleno que no constituyen iniciativas de ley, sino pronunciamientos sobre asuntos políticos, culturales, económicos o sociales que afectan a una comunidad o grupo particular para formular algún pronunciamiento, exhorto o recomendación. Evidentemente las referidas proposiciones con punto de acuerdo constituyen una especie de control parlamentario al tener por finalidad exhortar o recomendar a las autoridades las que se dirigen, para que hagan, dejen de hacer, modifiquen algún acto concreto o actividad, o para que cumplan con ciertas obligaciones que les corresponden. Sin embargo, dicho control carece de eficacia por la razón de que dichas proposiciones con punto de acuerdo no tiene carácter vinculante. Peor aún, simplemente las mismas pueden o no recibir alguna respuesta por parte de la autoridad a la que se dirigen, y en su caso la respuesta se emite dentro del plazo que discrecionalmente considere la autoridad, que puede llegar a ser de meses. Cruzando información del sistema de información legislativa de la Secretaría de Gobernación y de la Dirección General de Apoyo Parlamentario de la Secretaría de Servicios Parlamentarios de esta Cámara, en la presente LXIII Legislatura del Congreso, hasta finales de octubre pasado, se han aprobado 814 propuestas con punto de acuerdo, presentadas por diputados ante la propia Cámara de Diputados y ante la Comisión Permanente, de las cuales 206 son las que han recibido respuesta por parte de la autoridad federal, lo cual quiere decir que poco más de 600 no han recibido respuesta, o bien no se tiene información sobre la misma, considerando las propuestas con punto de acuerdo que son dirigidas a órganos constitucionales autónomos, a gobiernos de entidades federativas o municipales. Por ello se requiere transparentar todas las propuestas que la Cámara de Diputados reciba a propuestas con puntos de acuerdo, sistematizar dicha información y que la misma pueda ser consultada de manera fácil y sencilla por cualquier ciudadano. Las presentes iniciativas surgen como respuesta a las omisiones de diversas autoridades de orden federal, estatal y municipal, en cuanto a las respuestas o puntos de acuerdo que deberían enviar a esta soberanía. A manera de ejemplo, el de la voz promovió un punto de acuerdo, el cual fue aprobado en marzo pasado por la comisión correspondiente en los siguientes términos: Único. La Cámara de Diputados solicita a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno de la Ciudad de México un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y social que guarda el predio ubicado en Canal Nacional y Calzada la Virgen, lotes 1 y 2 de la manzana 2, en la colonia Unidad CTM Culhuacán, en la delegación Coyoacán, así como proporcionar un listado de predios propiedad del Gobierno de la Ciudad destinados para canchas deportivas, atendiendo las reservas que les sean aplicables por la legislación, transparencia y protección de datos personales. Lo anterior, en virtud de que el Gobierno de la Ciudad dejó perder el predio mencionado en un juicio de prescripción positiva. Al día de hoy, los invasores de este predio, por la desatención del Gobierno de la Ciudad lo están ofertando en un periódico, solicitando la cantidad de 94 millones de pesos, por los más de 6 mil metros cuadrados que tiene de superficie, cuando la vocación de este predio había sido siempre pública, para ser utilizada por la población, principalmente para niñas y niños para deporte. Por lo anterior, es urgente que el jefe de gobierno y el actual consejero jurídico realicen las acciones correspondientes para la recuperación del predio, pues está coartando el derecho de las niñas y los niños para que ejerzan su derecho humano a la práctica del deporte. Otros ejemplos se presentaron con puntos de acuerdo, promovidos por el de la voz, y aprobados en comisiones permanentes del pasado receso, por medio de los cuales se requería a autoridades capitalinas de la Secretaría de Desarrollo Social atender la problemática que enfrentan trabajadoras de las unidades de atención y prevención de violencia familiar, que están siendo acosadas laboralmente y reubicadas de su centro de trabajo sin justificación alguna, sin que hasta la presente fecha se haya recibido alguna respuesta a todos estos puntos de acuerdo. En estos casos, coincidentemente el servidor público involucrado es el señor Jesús Rodríguez Núñez, actual director general de Igualdad y Diversidad Social de la Sedesol de la Ciudad de México, y anteriormente director general de Servicios Legales de la Consejería Jurídica capitalina. Compañeras diputadas, compañeros diputados, con las iniciativas que pongo a su consideración se pretende que si en un término de 30 días naturales, a partir de su notificación, no se recibe respuesta al punto de acuerdo, el promovente del mismo pueda solicitar al presidente de la Mesa Directiva le requiera nuevamente a la autoridad correspondiente la atención al punto de acuerdo, otorgando para esto un plazo de 15 días naturales adicionales, si al término de dicho plazo no hubiera respuesta, de igual forma el promovente del punto de acuerdo podrá solicitar a la Presidencia de la Mesa Directiva recurrir, en una queja oficial, ante la autoridad que fue omisa en dar respuesta a esta soberanía. Compañeras, por lo anterior, en aras de fortalecer a este Poder Legislativo, les solicito su apoyo a estas iniciativas, considerando además que con ellas todas las fuerzas políticas se verán beneficiadas, incluidas quienes ahora son mayoría en esta Cámara, que a partir de 2018 seguramente serán oposición al gobierno que encabezará Morena, el cual atendiendo a su vocación democrática dará respuesta oportuna a las propuestas con punto de acuerdo que aquí se aprueben, dentro del marco legal que ahora les propongo. Es cuanto, señor presidente. Gracias.