El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Este tema de los retenes, que es materia del punto de acuerdo, al igual que el dictamen que hace un momento votamos o votaron algunos de ustedes para reformar el artículo 429 del Código Penal Federal y el 223 Bis de la Ley de Propiedad Industrial, representa uno de los rasgos más nefastos de nuestro sistema jurídico y político. Cómo emplear el ordenamiento legal, cómo emplear las instituciones del Estado en razón de intereses de clase. Es decir, cuando el derecho, cuando la norma jurídica no sirve para proteger el interés general, sino el interés de unos cuantos. La diputada Incháustegui aquí lo había señalado. Cómo este punto de acuerdo tiene como propósito favorecer una revisión expedita, rápida en los retenes para generar confianza en los empresarios del ramo agropecuario, del ramo industrial. Que esos industriales no sufran revisiones exhaustivas como el resto de los ciudadanos de este país. Una norma, un punto de acuerdo orientado evidentemente a favorecer intereses de clase. Ese tipo de derecho, ese tipo de norma jurídica es el que esta Cámara de Diputados nunca debe promover. El derecho debe servir para tutelar el interés general, no los intereses de unos cuantos. El derecho no es un instrumento de dominio ni es el instrumento de la burguesía ni es el instrumento disciplinario. El derecho debe estar al servicio de la garantía de los derechos humanos de todos, de la promoción de la democracia y del interés general. Por eso este punto de acuerdo es rechazable, primero porque está en función de los intereses de unos cuantos y en segundo lugar porque aquí el Estado, como lo decía hace un momento mi compañero Fernández Noroña, se transforma en el factor criminógeno. El Estado promotor de conductas delictivas, el Estado que en los retenes militares o policiales violenta los derechos humanos de miles de personas y que además afecta y acaba con la vida de otros tantos miles de personas que en los retenes pierden la vida. El Estado no puede ser el instrumento ni el factor criminógeno en esta sociedad. Finalmente, porque es claro que este punto de acuerdo está violentando una serie de derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna. Está violentando la libertad de tránsito porque las únicas limitaciones a la libertad de tránsito que prevé el artículo 11 de la Constitución tienen que ver con la emigración, la inmigración o la salubridad general y siempre esas limitaciones a la libertad de tránsito deben estar previstas en ley y establecerse las condiciones en las que se limitará la libertad de tránsito, lo que no es el caso porque este punto de acuerdo no es una ley ni en sentido material, ni en sentido formal. En segundo lugar se está violentando el artículo 16 de la Constitución porque en los retenes militares y policiales sin orden escrita, sin orden judicial, sin fundar y motivar, se violenta la libertad de tránsito y otros derechos de los mexicanos. Además, constituye también una forma de hacer fáctica la suspensión de garantías, el procedimiento de suspensión de garantías que establece el artículo 29 de la Constitución, sin que se cumpla con el procedimiento de suspensión de garantías; es decir, sin que haya una autorización del Congreso y sin que esto haya sido aprobado por los secretarios de despacho. También se viola ?como se dijo aquí? el artículo 129 de la Constitución, porque se le conceden facultades al Ejército mexicano?