El diputado Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor presidente. Estimados diputados: es importante que quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo sea sujeto de responsabilidad penal y política, en caso de que se le compruebe la comisión de actos violatorios a la Constitución general de la república, a las leyes que de ella emanen y también a los tratados internacionales. En la actualidad, el artículo 108, párrafo segundo, de la Constitución refiere que el presidente de la república durante el tiempo de su encargo sólo puede ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común. Pero preguntémonos qué sucedería en nuestro país si algún día el Ejecutivo federal, por alguna causa, dolosa o no, dejara de publicar una ley dictada por el Congreso, o bien, publicándola, por negligencia, indolencia o ineptitud no proveyera a su exacta observancia. ¿Ello no sería, acaso, una clara contravención a la letra del artículo 89 de nuestra Carta Magna que obliga al presidente a promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión proveyendo en la esfera administrativa su exacta observancia? Sería una clarísima contravención al 87. Y bien, ¿cuál es el procedimiento que se previene en nuestras leyes para que la nación pueda reclamar al titular del Ejecutivo la inobservancia o desapego a cualquiera de los preceptos de la Constitución, ya no digamos la comisión de un delito? La respuesta es: ninguno. Y es que nuestro texto constitucional y las leyes secundarias no prevén ningún procedimiento que pueda hacerse valer para desagraviar a la nación de la actuación grotesca de un presidente de la república, ni forma de precaver que esos sucesos no se repitan en lo futuro. Hoy ya enfrentamos un caso en el que el titular del Ejecutivo fue señalado por los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como responsable de violación a la Constitución al emitir mensajes propagandísticos días antes de las elecciones del 4 de julio pasado; pero los mismos magistrados que lo señalaron como responsable de violación a la Constitución reconocieron que no hay forma de sancionarlo, porque la Carta Magna no lo estipula. Estamos entonces ante un grave caso de impunidad. Así pues, es necesario poner al día a nuestra legislación, por lo que se propone una amplia reforma al texto constitucional para distinguir y sancionar, por lo menos, dos tipos de responsabilidad presidencial: la responsabilidad penal, propiamente dicha; y la responsabilidad política por violación grave a la Constitución, a las leyes que de ella emanan y a los tratados internacionales; asimismo, por violación a la libertad del sufragio. En el ámbito de la responsabilidad penal bastará que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo pueda ser acusado por delitos graves y dolosos del orden común. Ahora bien, para que esta responsabilidad pueda ser deducida puntualmente propongo que el camino de la declaración de procedencia se haga extensivo a la figura presidencial ya que como atinadamente comentó hace algunos días un compañero diputado, todas las violaciones a las leyes deben tener una sanción, independientemente del funcionario que las cometa. O como también lo mencionó una compañera diputada al afirmar que el fuero se degrada, pierde su propósito y se convierte en promotor y paraguas de la impunidad cuando da licencias para tomar tribuna, para traficar influencias, para atropellar la ley, para evitar ser tratado con el mismo rasero del resto; es decir, de millones de mexicanos. Por ello, insisto, señores legisladores, en que el titular del Poder Ejecutivo federal debe ser responsable por violaciones graves a la Constitución, a sus leyes y a los tratados. De tal manera que es necesario que esta soberanía retome el antiguo y republicano texto del 38 constitucional, en el que se establecía, precisamente, responsabilidad política al Presidente de la República por su atentado a la libertad de sufragio y por los atentados a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. En base a estos antecedentes constitucionales, la reforma que aquí les propongo tiene por objeto sentar las bases para que el Presidente de la República tenga la posibilidad de ser llevado a juicio político y se le asuman responsabilidades de naturaleza penal. Es cuanto, señor presidente.