La diputada Aida Marina Arvizu Rivas: Gracias, señor Presidente. La suscrita, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Cámara, la presente iniciativa de decreto que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las últimas décadas en nuestro país han dejado al descubierto la complejidad de las relaciones políticas entre la ciudadanía y quienes ejercen el poder, especialmente aquel que emana de la voluntad ciudadana: los puestos de elección popular. No obstante, muy lejos estamos todavía de arribar a un estadio aceptable en la materia. La distancia abismal que se genera entre el elector y sus representantes, se videncia en la medida en que se acrecienta el desencanto ciudadano por un desempeño poco o nada satisfactorio por parte de aquellos y aquéllas que una vez obtenido el espacio de representación popular, se olvidan de los compromisos que les llevaron a obtener el voto ciudadano. Democracia refiere la participación política del pueblo en el ejercicio del poder. Hasta ahora la práctica ha consistido en desplegar durante el proceso electoral un aparato desmesurado destinado a obtener la confianza y por lo tanto, el voto del elector. Una vez logrado el propósito, quien se ostenta como representante popular, se desentiende del ciudadano y en el mejor de los casos, se ocupa de atender lo que a su juicio son sus prioridades, o bien, se dedica a satisfacer intereses de grupo. Ante el incumplimiento en la conducta, evidentemente censurable de los representantes populares, el pueblo mexicano encuentra una de las lagunas jurídicas más evidentes, absurdas e insostenibles del actual sistema político nacional. Nuestra forma de gobierno es democrática, justa, porque está fundada en la soberanía popular. Si la tendencia es transitar hacia un gobierno cada vez más democrático, es necesario que el ciudadano tenga una mayor participación en las decisiones finales, que desde el Estado deben ser tomadas y cuente con mecanismos de control perfectamente definidos, que incluyan procedimientos y herramientas para su vigencia. Nuestro gobierno está fundado en la soberanía popular y lo dice el artículo 39 de la Constitución. También el artículo 115 Constitucional contiene en sí mismo el espíritu que al respecto tenía el legislador de 1917 y que establece en su fracción I párrafo tercero: "Las Legislaturas locales por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos son desaparecidos y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros". Siendo la Constitución mexicana de 1917 una de las más avanzadas y vanguardistas de su época, esta Legislatura tiene ante sí la posibilidad de volverse a colocar en la cúspide de la modernidad legislativa de América Latina. Legislar la revocación de mandato no es un capricho o un botín político, es por mucho una respuesta a la realidad actual en la que nos ubicamos y una herramienta ciudadana a la que toda sociedad tiene derecho. No es posible entender la democracia sin la figura de la representación popular, pero la representación popular solo es admisible si al mismo tiempo se da a la población la garantía de que cuenta con los mecanismos de participación y control. La tendencia mundial, es a la definición de instituciones de democracia directa, como el plebiscito, el referéndum y la iniciativa popular. Hay que incluir a México en estas tendencias mundiales, pero sobre todo es necesario dotar a nuestra democracia de controles directos ejercidos a través del conglomerado social, especialmente por la revocación del mandato. Los mecanismos de control con que se cuenta en la actualidad han demostrado su deficiencia para el fin de remover representantes populares, que han dejado de cumplir con obligaciones que su responsabilidad les otorga. El juicio político es una figura adecuada, que no debe ser sustituida, pero debe acompañarse de mecanismos de regulación que no permitan que, como hasta ahora, se conviertan en un botín político de unos cuantos, en tanto que por la vía del procedimiento actual vigente, se soslaye y margine la conformidad de la población, sobre un gobernante o representante en quien se ha perdido la confianza originalmente otorgada. Más aun, no es posible dejar la remoción de un mal gobernante, supeditado y exacerbar o no el ánimo de una población que no tenga otra medida de presión que convertirse en ingobernabilidad. ¿Qué alternativas reales le ofrece la legislación mexicana al ciudadano, cuando un representante popular ha dejado de ser probo? Prácticamente ninguna. Cierto es que la voluntad ciudadana ha colocado a los gobernantes y en concordancia con este mandato, del que se hacen depositarios es la voluntad de la ciudadanía quien debe tener el derecho de revocar dicho mandato cuando su mala actuación así lo amerite, porque en concordancia con la función que ejerce el funcionario, no se nos olvide, es un servidor público. La revocación de mandato es una figura que como nunca en la historia de nuestro país, se hace necesaria, y su regulación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es impostergable. Es responsabilidad de esta LX Legislatura generar los consensos necesarios para lograr la actualización de una figura que no sólo colocará a México a la vanguardia de las legislaciones de América Latina sino que además le ofrecerá a sus gobernados, la garantía de que está dispuesto realmente a rendir cuentas y estar sujeto a la vigilancia ciudadana. Ningún representante popular responsable y garante de que su encargo será cumplido con eficiencia, puede oponerse. Nadie estará en riesgo sino aquellos que han utilizado hasta ahora su encargo con fines personales de lucro o corrupción. Por los motivos expuestos presento a la consideración de este Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Le solicito que sea el texto publicado íntegro en el Diario de los Debates. Muchas gracias.