El diputado Cesáreo Jorge Márquez Alvarado: Con su venia, presidenta. Hace un lustro la administración de Barack Obama abrió la puerta de la esperanza a millones de niños y niñas y jóvenes que habían llegado a los Estados Unidos de forma ilegal, debido a que propuso e implementó el programa de acción diferida para el arribo de los infantes, también conocido como DACA. Mediante este programa el Departamento de Seguridad Nacional enfocó todos sus esfuerzos y recursos para deportar a los individuos que representaran una mayor amenaza para la seguridad nacional. En ese sentido se ejecutaría una persecución discrecional para asegurar que los recursos con los que contaba el Departamento de Seguridad Nacional, no fueran desperdiciados en objetivos de baja prioridad. Sin embargo, los individuos que llegaron a los Estados Unidos desde una corta edad y cumplieran con una serie de requisitos, contarían con un período de dos años de gracia. Es decir, no serían perseguidos ni deportados y podrían ser elegibles para obtener un permiso de trabajo. Hasta el día de hoy, aproximadamente 790 mil jóvenes habían logrado la protección de este programa. Según cifras vertidas por el servicio de ciudadanía y migración de los Estados Unidos, la mayor parte de la población favorecida por el DACA la constituyen los mexicanos con 690 mil connacionales. El Estado con más dreamers es California con 225 mil, en Texas residen 125 mil y aproximadamente 40 mil en Nueva York y Chicago, lugares que poseen una fuerte presencia de comunidades mexicanas. El problema ha resultado benéfico tanto para los soñadores como para las comunidades receptoras debido a que representa una mejor educación, empleo y posición social para los primeros, y una captación mayor de impuestos, trabajo de calidad y elevación de los niveles de consumo, para las segundas. Sin embargo, y con lo anunciado por el presidente Trump hace unos días, se vuelve realidad uno de los peores escenarios para los dreamers, ya que éstos tendrían una prórroga de seis meses, mientras el Congreso busca una salida para los cerca de 800 mil afectados. Dicha aprobación implementaba por la actual administración no representa una sorpresa, debido a que coincide con su dialéctica antimigrante, antimexicana y racista. Lamentamos y condenamos la medida adoptada por el gobierno estadounidense, sobre todo cuando los jóvenes afectados por la medida son personas trabajadoras, íntegras y con ganas de trascender y contribuir al desarrollo de la comunidad y sociedad estadounidense. La decisión de eliminar el programa DACA constituye una aproximación errónea para implementar una política migratoria humana y comprensible, sobre todo cuando tanto republicanos como demócratas tratan de encontrar consensos para reformar el maltrecho sistema de inmigración. En el Partido Verde creemos firmemente que los niños y niñas que fueron llevados ilegalmente a los Estados Unidos sin que ellos pudieran influir en su decisión, no deberían ser forzados a irse de un país con el cual quizá tienen más vínculos que con el suyo propio. En México, las puertas están abiertas para ellos, pero no se vale que les quieran quitar la posibilidad de soñar y hacer una vida en el lugar donde ellos elijan. En este sentido les expresamos nuestra máxima solidaridad y concordamos plenamente en la necesidad de brindarles apoyo y acompañamiento jurídico. Es todo.