El diputado José Alberto Benavides Castañeda: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en México, como en cualquier parte del mundo la productividad de una persona va ligada a su nivel de educación y de capacitación, si bien parte de estas herramientas pueden ser adquiridas de manera empírica es necesario que las personas reciban conocimientos, que les den la oportunidad de acceder a mejores opciones de empleo, y para el caso de las personas que ya formen parte del mercado laboral, se acelere el proceso de formación y así contribuyan por un periodo más largo de su vida a la producción total de un país. Sin duda, el proveer la educación y la capacitación es una responsabilidad que tienen los gobiernos cuyo fin debe ser mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Invertir en el desarrollo de las personas es sin duda la mejor inversión que pueda hacer un país, ya que los flujos destinados como apoyos tienen un retorno para cada uno de los beneficiarios y de esa manera adquieren la capacidad de depender económicamente de sí, mismos debido al aumento de su productividad y con ello una esperada mejora en sus percepciones salariales. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo nos queda claro que gran parte de la población en nuestro país carece de oportunidades que mejoren su calidad de vida, los apoyos que son insuficientes e inoportunos en muchos de los casos no solucionan el verdadero problema que tenemos los mexicanos. Actualmente los programas de ayuda solo existen para justificar un gasto que disfrace las estadísticas que presentan el gobierno federal y gran parte de los gobiernos locales. Los pocos apoyos que existen no han ayudado a la mayoría a salir de la pobreza, esto debido a que el efecto umbral de la pobreza establece que la acumulación de capacidades solo se vuelve útil cuando se alcanza un nivel mínimo. En este sentido una de las responsabilidades del gobierno es incrementar las capacidades de las personas lo suficiente como para cruzar dicho umbral; si la ayuda del gobierno es lo bastante importante y se prolonga lo suficiente enfocando estas ayudas a mejorar sus capacidades técnicas, se logrará un incremento en las habilidades de la población cubriendo lo necesario para elevar las rentas de las familias por encima del nivel de subsistencia. Sin el avance en formación y capacitación, las familias vulnerables sólo suben los primeros escalones para después retroceder en las generaciones inmediatas, haciendo que los apoyos otorgados no resuelvan el problema estructural. Por ello la necesidad de enfocar las leyes al desarrollo en la capacitación y la formación como una prioridad de la asistencia social. En México la característica principal de los programas sociales ha sido su perfil eminentemente centralista, paternalista y, sobre todo, asistencialista sin corresponsabilidad real alguna para la población beneficiaria y con poca o nula participación de las comunidades o las poblaciones favorecidas. El problema en México ha sido, además de la ejecución de los programas, la excesiva discrecionalidad en la identificación, selección y requisitos para los usuarios, sujetos todo ello a reglamentos que debe elaborar el Ejecutivo y no a normas plasmadas en el cuerpo legal que les da origen, aunado a la falta de rigor en un enfoque serio de incremento a las capacidades, tanto educativas como profesionales. Compañeras y compañeros diputados, la situación actual del país nos obliga a poner especial énfasis en los programas de bienestar social eficaz, ya que las políticas correctas se convierten en inversiones inteligentes en un mundo que navega por una profunda crisis. Por ello se ha vuelto vital diseñar e implementar sistemas de protección social efectivos y de corresponsabilidad que ayuden a las familias vulnerables, al mismo tiempo en que maximizan sus esfuerzos para salir de su situación de pobreza. Lo que se plantea en la presente iniciativa es principalmente la inclusión en la Ley General de Desarrollo Social de la capacitación y la formación en desarrollo humano y profesional, como ejes fundamentales de la política de desarrollo social y de esta manera fomentar el incremento de la productividad de los beneficiarios para que puedan acceder a mejores oportunidades laborales. Es cuanto, diputado presidente, muchas gracias.