La diputada Luisa María Alcalde Luján: Pues me subo a esta tribuna muy contenta y emocionada de hoy estar discutiendo y aprobado esta iniciativa, que tenemos un año y medio impulsando y que hoy se hace realidad y estamos aquí votándola y aprobándola. Quiero agradecer a todos los grupos parlamentarios, a los coordinadores de los diferentes grupos parlamentarios, por unirse, por apoyarla y por hoy dar un paso firme en contra de las renuncias en blanco que son un cáncer en este país. ¿Y por qué considero que es un tema tan fundamental? Porque, ¿sabían ustedes que 3 de cada 10 trabajadores despedidos en nuestro país fueron obligados a firmar un papel en blanco como requisito para ser admitidos en el trabajo? Esta práctica crece día a día con la clara intención de evitar que los trabajadores reclamen sus derechos. El patrón guarda el documento en blanco y en el momento en que considera oportuno le agrega el texto de una renuncia junto a un recibo de una cantidad nunca pagada. Algunos abogados afirman, con cinismo incluso, que es una política de su despacho aconsejar a los clientes que obliguen a los trabajadores a firmar un documento en blanco al contratarlos. Los tribunales de trabajo no atienden los reclamos de las víctimas de esta práctica, pues sostienen en los procesos que al ser auténtica la firma del trabajador en el documento no hay nada que reclamar. Obligan al trabajador a demostrar que la firma fue obtenida bajo presión o condicionamiento de obtención del empleo, cuestión que evidentemente es prácticamente imposible de probar. Los tribunales de amparo aportan su granito de arena a esta generalizada indefensión, planteando en lo general la tesis y criterios que incrementan la impunidad. Las instancias encargadas de la defensa de los trabajadores, denominadas Procuradurías de Defensa del Trabajo, a pesar de tener identificados muy bien a los defraudadores no parecen interesados en hacer absolutamente nada al respecto. El área de inspección laboral, encargada de vigilar el cumplimiento de la ley, es también omisa en su responsabilidad. Hoy proponemos dar una solución a este problema. El trabajador que fue obligado a firmar un documento en blanco podrá advertir a la autoridad laboral de esta circunstancia. Esa información será guardada en secreto y utilizada como elemento de prueba en caso de un conflicto laboral. Obviamente no se trata de una solución fácil, pero sin duda será un elemento que ayudará a inhibir esta práctica cancerosa. Esperamos que sea esta iniciativa aprobada en sus términos en el Senado y que no se quede ahí, que también en la Secretaría del Trabajo nos ayude para que este derecho, este nuevo derecho de los trabajadores sea difundido a través de la televisión y de la radio, y que hoy todos los trabajadores sepan que en el momento en el que los obliguen a firmar una hoja en blanco cuando los contraten, pueden acudir a las autoridades y dar aviso porque será tomado en cuenta en caso de demandar su reinstalación o el despido justificado. Ojalá y los patrones, sobre todo esos patrones que abusan de los derechos de los trabajadores, entiendan que la firma de hojas en blanco lesiona integralmente nuestro sistema de protección y justicia laboral y atentan contra la dignidad de las personas y exhibe la degradación que crece en nuestro mundo del trabajo. Muchísimas gracias y enhorabuena.