La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente. Vengo a nombre del Partido de la Revolución Democrática a fijar el posicionamiento al dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales con proyecto de decreto que adiciona la fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de víctimas. En el transcurso de esta semana dimos curso a las reformas que resultaban indispensables para la operatividad de la Ley General de Víctimas, y que fueron consensadas con la sociedad civil. En esta ocasión nos encontramos discutiendo una reforma constitucional, que otorga al Congreso las facultades indispensables para que esta ley pase a formar parte indiscutible de nuestro marco jurídico. Queremos recordar que nuestro país ha sido objeto de múltiples recomendaciones y sentencias de los órganos para la protección de derechos humanos, tanto de Naciones Unidas como del Sistema Interamericano. En esta materia las obligaciones sobre derechos humanos que hemos contraído son producto del nuevo bloque de constitucionalidad que integran a las disposiciones de la Carta Magna, con las que contienen los tratados internacionales. Es por ello que, la responsabilidad hacia esos derechos básicos compete a todo el Estado mexicano, tanto municipios como entidades federativas, y desde luego a los poderes a nivel federal. La facultad para legislar en materia de víctimas se encuentra en diversos ordenamientos y disposiciones sobre derechos humanos, comenzando por: el principio pro persona; por el transitorio de la reforma constitucional, que ordena una ley de reparación integral del daño; y también por el artículo 17 de la Constitución, que permite mecanismos de solución alternativa de controversias y reparaciones del daño en el ámbito penal. Asimismo, la fracción XXX del artículo 73 permite que el Congreso apruebe las leyes necesarias para hacer efectivas sus facultades. En nuestro sistema federal una ley general establece obligaciones para los tres niveles de gobierno, cuya soberanía, libertad e independencia podrían afectarse si el Congreso de la Unión hace uso de una facultad que no está claramente detallada, y es necesario operar la sesión de las facultades que competen a estados y municipios para llevar a cabo. Una reforma como la que hoy esperamos aprobar respeta el espíritu federalista de nuestra Constitución y fortalece el sustento de todas las disposiciones contenidas en la Ley de Víctimas. Con estos actos la Cámara de Diputados y el Congreso de la Unión atienden la grave problemática que un sexenio de confrontación, arrebatamiento y falta de políticas públicas, encaminadas a solventar la vulneración y violación de los derechos fundamentales de miles de ciudadanos y ciudadanas, han derivado en una grave crisis humanitaria de dimensiones inconmensurables. Asimismo establecemos un mecanismo constitucional para la aplicación directa de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, de reparación del daño, y muchos otros que protegen y garantizan la libertad ciudadana de todas las personas. Al mismo tiempo genera la posibilidad de que –conforme a lo mandatado en la reforma del 10 de julio de 2011, que elevó a los derechos humanos a rango constitucional– se pueda proteger en específico a las víctimas por medio de las leyes en la materia que este Congreso expida y reforme al dar un mandato claro a nivel federal y de las entidades federativas. De esta manera podremos ajustar la legislación, para hacer más operativo el Sistema Nacional de Víctimas, para consolidar el Registro Nacional de Víctimas, para atender los problemas administrativos que enfrentan familiares de personas desaparecidas, entre otros aspectos. Es así como termina de saldarse la controversia que suscitó la Ley de Víctimas, en especial se anulan todos los posibles obstáculos que Felipe Calderón interpuso a su puesta en marcha, en su intento por evitar que una ley evidenciara los graves resultados de su administración y se diera a las víctimas un nombre, una historia y una posibilidad de luchar por la justicia. Nunca más podrán negarnos la facultad de atender los daños colaterales, ni a una supuesta mayoría de delincuentes. Este Congreso hoy asume la obligación de atender a todas las personas que sean víctimas de la acción o de la omisión del Estado. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del PRD votará a favor de este dictamen. Muchas gracias.