El diputado Tomás Del Toro del Villar: Compañeros diputados, a ver, debo manifestar como antecedente que, esta soberanía registró en la LIX Legislatura una serie de comparecencias tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados respecto a la venta de Mexicana. La coordinación y participación del Poder Legislativo se atendió a través de las comisiones permanentes y no especiales, para que no se distorsionara el trabajo parlamentario. Esta Cámara en la LIX Legislatura recibió en múltiples ocasiones la visita de funcionarios del IPAB y trabajadores por la venta del grupo aludido. Por lo tanto, si esta coordinación se dio en términos de un esquema de licitación, en caso de Grupo Mexicana, no debe ser obstáculo el estribillo de presunta accesibilidad pública a la información, cuando se trata de un esquema que se supone a todas luces más transparente. La venta del Consorcio Aeroméxico, se trata de la recuperación de recursos públicos, que de lo contrario se verían obligados a pagar los contribuyentes en tiempos en los que el Estado requiere más dinero. Si bien la información es pública y los medios de comunicación escrita registraron dos meses de intensa cobertura sobre las ofertas públicas de adquisición, el Poder Legislativo cumplió cabalmente sus facultades constitucionales de fiscalización. En cumplimiento a estas responsabilidades, en todo caso concurrimos las fuerzas políticas representadas en el Congreso, el día 26 de septiembre del presente año, para plantear nuestros cuestionamientos, posicionamientos y señalamientos respecto al proceso de enajenación del activo más importante del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, que es el Consorcio Aeroméxico. Los grupos parlamentarios, sin abstracción, planteamos la necesidad de valorar, sí, los pasivos del consorcio, pero sobre todo, los activos y los intangibles, comparando en todo momento el proceso de licitación de 2005 que concluyó el 2006 en el caso de Mexicana de Aviación. Fuimos imparciales en la valoración de la información. Esta comparecencia de tres horas se acredita en la versión estenográfica y en los documentos que todos los legisladores que acudimos a esta responsabilidad, contamos, y consta de 21 fojas. Fuimos exitosos en el terreno de recuperar la mayor cantidad posible en esta venta, ya que de 99 millones de dólares de la oferta inicial, gracias a nuestra intervención y actuaciones, el consorcio fue enajenado por la cantidad de 249.1 millones de dólares. Es decir, 150 por ciento más del precio inicial, garantizándole al contribuyente tanto el cumplimiento de la ley, como a los trabajadores estabilidad, ya que el comprador estaría lejos de una simple operación financiera de haberla adquirido a un precio menor, contribuyendo al beneficio de las familias de los trabajadores que dependen de esta actividad altamente tecnificada. En todo caso, los diputados fuimos capaces de dar cauce a un sinnúmero de cuestionamientos y dudas. Hoy estamos convencidos que este proceso garantizó imparcialidad de parte de los legisladores, porque fuimos capaces de abstraernos de la contingencia de posturas mercantiles que pretendían defender legítimas posiciones de lucro. Si hoy estas actuaciones evidentes resultan insuficientes, debemos reconocer que algunos fuimos entonces incapaces de acreditar las pruebas de las nuevas imputaciones que hoy se señalan. Tampoco se ejerció en tiempo el derecho de retener el proceso. Estamos en la cultura de que sobre hechos consumados vienen las críticas infundadas como parte de la comentocracia. Rechazamos cualquier pretensión de uso político del cumplimiento de la ley. No podemos ni debemos violar nuestra institucionalidad y de insistir en los supuestos que se han ventilado recientemente, debemos dar cauce a los planteamientos por vía del órgano competente de conformidad con el artículo 79 constitucional. La entidad de fiscalización superior de la Federación cuenta con autonomía técnica de gestión para el ejercicio de sus atribuciones y decidir en su organización interna funcionamiento y resoluciones. Por lo que respetuosamente propondría que las inquietudes que hoy súbitamente se presentan, sean canalizadas a través de la Comisión de Vigilancia para ser respetuosos de las normas jurídicas que nos hemos dado, y ésta en un plazo perentorio emita la resolución correspondiente. Para el grupo parlamentario de Acción Nacional esta venta es un ejemplo de transparencia y acceso a la información. Y creo que debemos canalizar todos nuestros esfuerzos a la evolución de la industria y propugnar por la actualización y la existencia de una política aeronáutica de Estado con visión de largo plazo. Muchas gracias por su atención. Es cuanto