La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias, presidente. El dictamen en estudio tiene por objeto incorporar adecuaciones y precisiones a la Ley Federal del Derecho de Autor, que protege y promueve la propiedad intelectual y los derechos económicos de las personas enfocadas a la realización de actividades artísticas y culturales en el país, así como de aquellos que lista y legítimamente producen y comercializan las obras. La iniciativa en discusión considera la actualización de los instrumentos y mecanismos legales vigentes que amparan la producción de bienes culturales en México, al tiempo que agiliza y refuerza los medios jurídicos necesarios para salvaguardar el desarrollo y la ampliación de nuestra industria cultural. En la exposición de motivos de la iniciativa hace suyas las especulaciones enunciadas en los distintos instrumentos internacionales, a los cuales México está adherido y vinculado a observar sus posiciones, en específico el Convenio de Berna, donde de manera por demás original y conducente con el crecimiento exponencial y global de las producciones artísticas establece una regulación por presunción de autoría sin la obligación terminante de registrar las obras. La legislación vigente en materia de patrocinio y amparo a la producción intelectual se encuentra inmersa de tiempo atrás en contradicciones temáticas, empalmes jurídicos impropios y vacíos, articulados que la vuelven inequitativa e improcedente, particularmente en los aspectos relacionados a los procedimientos y temporalidades para iniciar acciones jurisdiccionales ante instancias administrativas en materia de infracciones. La actual normatividad que preserva la propiedad intelectual fomenta de manera incidental la estructuración de procedimientos dilatorios e ineficaces, así como la producción de desórdenes y confusiones jurisdiccionales en detrimento de los creadores culturales. Esta indefensión jurídica provocada por el deficiente diseño de los esquemas regulatorios de producción artística será corregida con los cambios que se proponen en este dictamen, particularmente con aquellos que determinan la competencia de los tribunales federales en los procesos de ejercicio de acción civil en defensa de los derechos patrimoniales, soslayando el actual impedimento legal de agotar necesariamente todas las instancias previas. De igual forma, estos tribunales quedan facultados para emitir resoluciones de suspensión de libre circulación de mercancías extranjeras. Las modificaciones propuestas incluyen además, la posibilidad de llevar a cabo juntas de avenencias equilibradas e uniformes, con criterios más amplios y justos para el buen trámite y desahogo de las disputas, específicamente y en correspondencia con lo prescrito constitucionalmente con el establecimiento de rangos mínimos y máximos de multas, evitando con ello la generación de acciones autoritarias y tratamientos desproporcionados en contra de los particulares en conflicto. De similar relevancia, el dictamen extiende las atribuciones del Instituto Mexicano de Propiedad Industrial con objeto de evitar que en lo sucesivo su autoridad y acciones no se circunscriban únicamente en las tareas de investigación de presuntas infracciones administrativas, sino que también se constituya en una instancia con facultades legales para llevar a cabo visitas de inspección y de requerimientos de datos e informes, que le permita la imposición de sanciones lógicas y pertinentes. De esta manera, las modificaciones que quedan plasmadas en la Ley Federal de Derechos de Autor en discusión, ampliarán y mejorarán los mecanismos regulatorios que pretenden proteger las realizaciones artísticas e intelectuales de sus creadores, al igual que los ordenamientos que permitan conferir mayor congruencia y transparencia a las fórmulas de posesión y reparto de los beneficios económicos resultantes, sin olvidar aquellos que determinan el uso, posesión y transferencia de los derechos patrimoniales. La producción artística en México debe de ser protegida e incentivada. La creación intelectual es un bien difuso, pero no por ello imposibilitado a recibir observancia jurídica. Si bien resulta una labor compleja localizar con certeza los orígenes y autorías intelectuales a partir de los efectos desarrollados durante el proceso de despliegue cultural, lo cierto es que la determinación legal de su existencia le viene suya como consecuencia de los beneficios materiales que contrae. En nuestro país la posibilidad de obtener beneficios económicos por los esfuerzos realizados por el intelecto se ven muchas ocasiones limitados o incluso eliminados por las prácticas ilícitas de reproducción y comercialización; ello ha conllevado al desaliento y a la inhibición de todo tipo de actividad artística capaz de resarcir eventualmente una ganancia: el plagio, el usufructo indebido, el despojo y la imposibilidad de generar un medio de vida a partir de la creación artística son algunos de los resultados de no proteger de manera conveniente los derechos de autor y la propiedad intelectual. La cultura no solo es disfrute intelectual y proceso de erudición, es también un hacer material con secuela de signos y objetos, de monumentos y ganancias, de autores y destinatarios. En el mundo contemporáneo la lógica que cubre la producción masiva de objetos y sus derivaciones mercantiles permea también las actividades propias del espíritu y del intelecto, convirtiendo sus efectos tangibles en una verdadera industria que debe de ser protegida por las leyes y las autoridades como a cualquier otra. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del dictamen en discusión, en la inteligencia que de aprobarse mejorará y ampliará los mecanismos jurídicos que coadyuven al desarrollo económico y cultural de la sociedad. Muchas gracias.