El diputado Mario Ariel Juárez Rodríguez: Que los cielos y la tierra retumben para maldecir a traidores que entregaron a su país y a su gente a una nación extranjera. Que sus almas no encuentren reposo hasta el fin de los tiempos, porque lo más sagrado que tiene un hombre es su honor a la patria. La reserva que hago al artículo 26 como sé lo que son, no espero que la aprueben porque ya lo tienen negociado y pactado, porque si algo ha caracterizado a esta Legislatura son los acuerdos en lo oscurito, acordando con el titiritero mayor, el régimen laboral que debe regir en las relaciones entre el gobierno y los trabajadores de las empresas y organismos autónomos descentralizados y desconcentrados depende de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, Apartado A) o B) de las leyes reglamentarias del mismo. Esos regímenes laborales fueron materia de enorme confusión y desacuerdo entre jueces y autoridades laborales que generaron serias contradicciones conceptuales para determinar si el régimen aplicable para dichas relaciones laborales es el contenido en el Apartado A) o B9 del 123 constitucional. Sin embargo, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha disipado toda duda en ese sentido al establecer mediante jurisprudencia que dichas relaciones laborales, al no emanar del Poder Ejecutivo, deben regirse por el apartado A) del artículo 123 de nuestra Constitución, y determinó: Organismos descentralizados de carácter federal su inclusión en el artículo 1o. de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, es inconstitucional. Estableció que los organismos descentralizados no pertenecen al Poder Ejecutivo a pesar de que formen parte de la administración pública en su faceta paraestatal, pues además de contar con una estructura separada del aparato central tienen personalidad jurídica y patrimonio propios. Partiendo de dicha premisa determinó que si bien las relaciones laborales de los Poderes de la Unión y sus trabajadores se encuentran reguladas por el Apartado B) del 123 de nuestra Constitución, esta circunstancia no resulta admisible tratándose de aquellas que se presenten entre los organismos descentralizados de carácter federal con sus trabajadores por no formar parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo o Judicial, construcción jurisprudencial que se ha hecho extensiva a los niveles estatal y municipal, según se advierte de los criterios sustentados tanto por el propio tribunal del pleno como por la segunda sala de nuestro máximo tribunal en la tesis siguiente. 25/98 y jurisprudencia 2ª/J. Las facultades del Congreso de la Unión se extienden a expedir la legislación respectiva que, como es lógico cállense y escuchen por favor, no deben contradecir aquellos fundamentos de la Carta Magna porque incurriría en inconstitucionalidad como sucede con el artículo 1o. de la Ley Federal del Trabajo, que sujeta al régimen laboral burocrático, no sólo a los servidores de los Poderes de la Unión y del gobierno del Distrito Federal, sino también a los trabajadores de organismos descentralizados, que aunque integran la administración pública federal descentralizada, no forman parte del Poder Ejecutivo federal. Por tanto, las relaciones de los organismos públicos descentralizados de carácter federal con sus servidores, no se rigen por las normas del Apartado B del artículo 123 constitucional. Si no les gusta, pueden retirarse.