La diputada Nora Lilia Oropeza Olguín: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Vengo a esta tribuna a presentar dos iniciativas que tienen que ver con la tutela de los derechos de dos sectores de la sociedad más vulnerables. Los niños jornaleros y los despachadores de las estaciones de gasolina. En el primer caso, propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan los párrafos quinto, sexto y séptimo del artículo 23 y reforma la fracción VIII del artículo 33 de la Ley General de Educación. En el segundo caso, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 34 de la Ley Federal del Trabajo... 344, perdón. Respecto a la primera iniciativa la motiva el derecho a la educación que goza todo mexicano, lo consigna la Carta Magna así como tratados y convenios internacionales signados por nuestro país. Sin embargo, ¿cuál es la situación real en la educación de los menores cuyos padres cambian de residencia dentro del país para obtener el sustento de la familia? En los últimos años trabajadores migrantes se desplazaron de una región a otra a escala nacional para incorporar su mano de obra en los campos agrícolas, pesca o la construcción. A esta dinámica migratoria en la mayoría de los casos se sumó la familia sin ninguna expectativa y en una elevada proporción se fue generando un conflicto migratorio, según se observa, en un estado de indefensión y vulnerabilidad con alta probabilidad de explotación, trata de personas, hostilidad y marginación y que muestra una tendencia indeseable, la discriminación, y una suerte de esclavitud laboral. Se ha señalado el carácter familiar que reviste la contratación de jornaleros para las regiones, y actividades agroexportadoras del centro occidente y norte del país. En esta población de jornaleros abundan los niños que también trabajan, no obstante que la Ley del Trabajo vigente establece la prohibición para la contratación de niños menores de 14 años con el fin de protegerlos y garantizar su educación. En sentido estricto la necesidad económica hace que los migrantes internos posterguen la cuestión educativa de sus hijos, quienes corren el riesgo de quedar olvidados entre los pobres, sin calificación y sin educación; un infortunio evitable, ya que en México el Estado garantiza un sistema nacional de enseñanza gratuita, obligatoria, básica y media. Sobre esta base se deben de revisar actitudes de los centros de trabajo que contratan a los trabajadores migrantes internos para evitar abusos, al negar la oportunidad de que niños y niñas miembros de estas familias accedan a la escuela. Por lo anteriormente expuesto me permito someter a consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la fracción VIII al artículo 33, y adiciona los párrafos quinto, sexto y séptimo, del artículo 23 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: La obligación arriba señalada tendrá la misma validez con carácter obligatorio a todo propietario de campo agrícola que contrate mano de obra de trabajadores jornaleros acompañados de familias, a brindar la atención debida a la enseñanza de los niños y niñas. Para dicho cumplimiento el propietario destinará un espacio como centro educativo temporal, para la realización de talleres especiales enfocados a la enseñanza básica de los niños y niñas. Dicho centro educativo será coordinado y supervisado por la autoridad educativa correspondiente al lugar donde esté ubicado el campo agrícola. La autoridad educativa proveerá de la planta docente necesaria y especializada para tales casos. También promocionará constancia de estudios correspondientes que le soliciten los trabajadores, para asegurar la continuidad de estudios de sus hijos en otro lugar al que emigren, tal disposición para fortalecer el respeto a los derechos fundamentales de los niños y niñas, y el cumplimiento de los artículos 3o., 4o., de la Constitución Política Mexicana. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo los siguientes: VIII. Desarrollarán programas con perspectivas de género para los niños jornaleros migrantes, para otorgar becas y demás apoyos económicos para ejercer su derecho a la educación. En relación a la segunda iniciativa respecto a los despachadores de las estaciones de gasolina, la presento en el tenor de la siguiente Exposición de motivos En México, la legislación en la materia laboral señala que toda persona tiene derecho al trabajo digno al que corresponde salario igual de las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores capacitación para el trabajo. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes se refieren también a la exigencia de la seguridad social, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión para los trabajadores, entre otras situaciones. No obstante que la norma es clara, algunos patrones incumplen muchas veces de estas obligaciones, argumentando que su actividad empresarial o comercial no se encuentra en el supuesto al que hace referencia la Ley Federal del Trabajo sobre establecimientos análogos, ni tampoco se reconoce como trabajadores el personal que labora en sus empresas. Lo que ha dado como resultado que éstos no sean sujetos de los derechos a los que la ley refiere, como sucede con los más de 300 mil despachadores de gasolina que trabajan en poco más de 12 mil gasolineras establecidas en todo el país. Trabajadores que solamente son favorecidos con propinas se encuentran en total indefensión laboral al carecer de percepción fija y los mínimos beneficios de seguridad social y prestaciones. Creemos conveniente acabar con injusticias, o ¿acaso no le es para los trabajadores de estaciones de servicio de gasolina que no perciban salarios salvo propina de automovilistas ni tengan derecho a aguinaldo, acceso a una vivienda, fondo al retiro, vacaciones, mucho menos gocen de reparto de utilidades, y que estén obligados a comprar uniformes, pagar entre 200 y 300 pesos como derecho de piso y vender una cantidad fija de aditivos y aceites para el motor, productos que en caso de no vender no les pagan? Sobre las consecuencias de la relación actual en las gasolineras surgen varias interrogantes: ¿qué sucede con ellos en caso de una explosión, una clase de accidentes: atropellamiento, un asalto a mano armada? ¿Qué sucede con las mujeres embarazadas empleadas en esas estaciones de servicio?, ¿a quién acuden estos trabajadores cuando son masivamente despedidos por el cierre de una estación? Ante esta realidad de abusos laborales en contra de los despachadores de gasolina, se busca con esta iniciativa que se les reconozca como trabajadores en los términos que señala la Ley Federal del Trabajo. Una vez reconocidos jurídicamente como trabajadores accedan a los beneficios como lo establece la Ley del Seguro Social, como: el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, como el otorgamiento de una pensión.