El diputado Cuauhtémoc Sandoval Ramírez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, en primer lugar queremos unirnos también a la felicitación a nuestros dos colegas generales, el General Badillo quien acaba de intervenir y al presidente de la comisión de Defensa, el General Justiniano González Betancourt. Compañeras y compañeros, nuestro Ejército Mexicano hereda la tradición trigarante que surge del Plan de Iguala, posterior al Abrazo de Acatempan el 10 de diciembre de 1821, del Ejército Liberal que surge del Plan de Ayutla y del moderno que nace del seno de las fuerzas constitucionalistas en 1913. A lo largo de los siglos XIX y XX ha dado muestra, en múltiples ocasiones, de su institucionalidad y profesionalismo. Sin embargo, en esta ocasión, es preciso recordar que esta institución fundamental del Estado Mexicano fue utilizado en épocas pasadas por el poder civil para reprimir expresiones legítimas del pueblo como sucedió el 2 de octubre de 1968, del cual fui testigo como entonces estudiante de la vocacional número 7 del Instituto Politécnico Nacional, ubicada justamente en la plaza de Tlatelolco. En esos, años el gobierno en turno -autoritario y déspota- decidió que la sociedad civil y los estudiantes éramos un peligro para la nación y se hacía necesario borrar, de la manera más violenta, las manifestaciones genuinas que exigían libertad y democracia. Actualmente, nuestro reto como Poder Legislativo se centra en no permitir nunca más que esta institución, baluarte de la soberanía nacional, vuelva a hacer utilizada en contra de la sociedad, este es nuestro desafío en los tiempos actuales. En lo personal, solicité a mi Grupo Parlamentario del PRD participar en la Comisión de Defensa Nacional y he podido constatar que dentro de las fuerzas armadas hay gente patriota que ya no esta dispuesta a cumplir tareas distintas a las que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De manera equivocada, en la actualidad, se utiliza al Ejército en tareas de combate al narcotráfico y al crimen organizado que corresponden institucionalmente a las fuerzas policíacas y ha situado a nuestras fuerzas armadas en un doble riesgo: el de ser infiltrados y corrompidos por el poder de estas nefastas redes y el de cometer violaciones graves a los derechos humanos de la población que deben proteger. Desde esta tribuna, es preciso que inclinemos nuestras banderas de lucha a la memoria de los soldados caídos en esta lucha contra el narco y la delincuencia organizada. Expresemos a sus familiares nuestra profunda solidaridad. Este Poder Legislativo debe de mandar, al Ejecutivo federal, que se instrumente de inmediato todo un plan de profesionalización y erradicación de la corrupción de las fuerzas policíacas que permitan el retorno del Ejército a sus cuarteles y se encarguen de las tareas de seguridad nacional que le son sustantivas. Así mismo, es necesario que en el marco del proceso de reforma del Estado, que actualmente se discute en el Poder Legislativo, se incluya el tema de la seguridad nacional y una política de defensa nacional, de lo cual carecemos a la fecha. En fechas recientes, el tema de la participación del Ejército en tareas policiacas ha sido objeto de la atención internacional, y ha habido contundentes declaraciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señora Louise Arbour, quien estuvo recientemente en nuestro país y afirmó que la participación de militares en tareas policiales no es apropiado en el largo plazo, e incluso podría ser peligrosa, ya que los soldados son entrenados para otros fines, para el uso excesivo de la fuerza. No debemos soslayar, asimismo, los acuerdos firmados por los gobiernos de Fox, Bush y el primer ministro de Canadá en el marco del Acuerdo para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), que nos pretende ubicar en el perímetro de seguridad de la potencia del norte. Este hecho nos lleva a adquirir enemigos gratuitos, allende nuestras fronteras, olvidando que la máxima del Benemérito de las Américas, Benito Juárez era: "El respeto al derecho ajeno es la paz". La política exterior de George W. Bush ha arrastrado las naciones pacíficas, como la nuestra, a una grave disyuntiva: servir de cómplices o impulsar medidas que respeten la autodeterminación de los pueblos. No debemos ser ingenuos, la administración de Bush busca la ampliación de su perímetro de seguridad. Y en ese contexto las Fuerzas Armadas Mexicanas tienen frente a sí otro grave riesgo, como los contenidos en el llamado "Plan Mérida", que actualmente se discute en el capitolio estadounidense. No son pocos los desafíos que se nos presentan hoy para la consolidación de nuestro frágil estado de derecho. Es cierto que el Ejército Mexicano enfrenta graves dificultades estructurales que se evidencian en la falta de movilidad interna y los altos niveles de deserción. Resulta innegable que es necesaria la modernización de los elementos técnicos de equipamiento; sin embargo, consideramos ineludible nuestro compromiso para aumentar los precarios haberes de la tropa y garantizar la atención médica y la seguridad social de los efectivos militares. Nos comprometemos a presentar en breve una iniciativa de ley que permita que los jubilados reciban plenamente los beneficios de la seguridad social. Asimismo, los militares que sufren el virus del VIH-sida, problema que en la actualidad representa un nuevo desafío. Por ello, los legisladores que integramos esta Cámara y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRD hacemos un público reconocimiento al Ejército Mexicano, que hace 24 años 23 años, el 19 de septiembre de 1985, auxilió a la población de la Ciudad de México después del desastre producido por los terribles sismos de la región centro-sur del país. Es ese mismo Ejército el que auxilió a la población mexicana en Tabasco y Chiapas, y en los estados del golfo en las inundaciones sufridas a finales de 2007. Éste es el Ejército que queremos, un Ejército moderno y profesional, un Ejército solidario, un Ejército de paz. Muchas gracias, señora Presidenta.