El diputado Daniel Ordoñez Hernández: Gracias. Muy buenas tardes. Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores y legisladoras. La conmemoración de los 99 años de la Promulgación de la Carta Magna que rige la vida de la República brinda la oportunidad para realizar un análisis crítico y reivindicatorio de nuestro pasado, pero también de la compleja realidad en que vivimos. El estudio de los hechos históricos debe de ser útil pero para trazar nuevas rutas hacia el futuro, de lo contrario solo es un acto de nostalgia sin sentido. Por lo tanto debemos conmemorar a nuestra Constitución haciendo un balance y discutiendo nuevos derroteros del diseño constitucional. La Constitución de 1917 fue producto de las luchas revolucionarias que iniciaron en 1910 Francisco I. Madero, Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Francisco Villa, entre otros. Hombres que buscaban ante todo la construcción de un régimen político que atemperara la inequidad de las terribles contradicciones sociales que el porfiriato había generado. En la redacción del texto constitucional participaron hombres de pensamiento avanzado como Francisco J. Mújica, quien fue uno de los artífices de los artículos de mayor trascendencia y contenido social. Me refiero a los artículos 27 y 123 constitucionales. El primero pretendió remediar la inequitativa concentración de la tierra y el segundo tuvo como objetivo la regulación de las fuerzas productivas en favor de los trabajadores. El régimen político que emergió del proceso revolucionario tuvo que fundar diversas instituciones para dar cumplimiento a la agenda social del texto constitucional. Desde el Estado mexicano se crearon sistemas de seguridad social, cobertura educativa y seguridad alimentaria. Sin embargo en las últimas décadas dichos sistemas han sido desmantelados por los gobiernos neoliberales, los cuales actualmente se encuentran en crisis ante el abandono y la falta de recursos destruyendo el tejido social de nuestro país. El texto constitucional de 1917 también fue producto de la lucha por el respeto a la voluntad popular y el sufragio efectivo, sin embargo esta demanda tuvo que esperar muchos años para que se materializara, la convivencia democrática en los diferentes niveles de gobierno. Tuvimos que tomar las calles y las plazas para que la democracia fuera parte de nuestro sistema político. Por lo que respecta al Distrito Federal, hoy ciudad de México, los constituyentes establecieron el derecho de sus habitantes para elegir a sus autoridades municipales; pero en 1928 la Constitución fue reformada para someter a la capital del país por entero a la autoridad federal. Por ello la trascendencia de la reforma constitucional aprobada por este Poder Legislativo que reconoció los derechos políticos plenos de los capitalinos. Esto representa un hecho histórico en nuestro modelo constitucional. Nunca más los habitantes del país seremos ciudadanos de segunda. Nuestra Carta Magna fue, sin duda, una Constitución de avanzada, no sólo en materia de derechos sociales, sino también en la reivindicación de la soberanía sobre los recursos naturales y su territorio. Esta potestad alcanzó su momento más emotivo cuando el presidente Cárdenas nacionalizó el petróleo en 1938; pero la Carta Magna no puede ser vista como un dogma o como un documento sagrado, sobre todo porque ha sido reformada prácticamente desde su promulgación en más del 80 por ciento de su texto. Algunas de estas reformas, por cierto, no han sido en beneficio de la población, y sí, por el contrario, han sido regresivas y lesivas para el Estado mexicano. El politólogo Giovanni Sartori establece que “las constituciones son instrumentos de derechos para proteger a los ciudadanos, pero también deben de ser una herramienta para la articulación de un gobierno eficaz y eficiente, pero sobre todo, limitado en sus excesos y en sus desviaciones”. El poder político en México tiene que ser sometido y controlado. Los ciudadanos rechazan los escándalos que día con día surgen y ensombrecen la vida pública. Una constitución debe de ser respaldada por un régimen que combata la corrupción y a la impunidad. Sin estructuras institucionales sólidas y bien fundamentadas, el mejor texto constitucional puede quedar simplemente en una aspiración sin sustento. Ante los momentos difíciles que enfrenta la esfera pública, cabe reflexionar, ante esta conmemoración, la vigencia de nuestro texto constitucional. El avance del crimen organizado, las crisis de seguridad y la corrupción que han corroído a las instituciones del Estado mexicano, son argumentos suficientes para analizar la viabilidad de una nueva Carta Magna. Las constituciones son pactos entre los integrantes de un cuerpo social. La realidad mexicana está fracturada y confrontada, por lo que se requiere, compañeras diputadas y diputados, de un nuevo acuerdo que permita un estado social y de derecho que atempere las crueles contradicciones que han estado lacerando a nuestra nación. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.