El diputado Fernando Espino Arévalo (PVEM): Con su venia señor Presidente. Señoras y señores diputados. Hoy en México, de manera global, se puede hablar de una crisis en educación cuya naturaleza tiene que ver esencialmente con un desfase o disparidad ante los cambios que se vienen dando día con día. Los sistemas educativos no han evolucionado con la misma rapidez con que se han desarrollado los diversos cambios tanto científicos y tecnológicos como políticos y económicos que han afectado las estructuras sociales y que nos exige adoptar una postura firme de apoyo y promoción que coadyuve a solucionar la problemática que actualmente enfrenta la educación pública. Además, otra complicación que hoy enfrenta el sistema educativo nacional, es el aumento de la población que requiere de educación. Hablamos no solamente de los jóvenes que acceden al sistema educativo sino también del aumento de adultos que quieren continuar o incluso iniciar su educación. En cuanto a esta demanda escolar, resulta especialmente notoria en las últimas tres décadas. El problema de la demanda está directamente relacionado con los motivos de inversión que realiza el estado mexicano en la materia, el cual en los últimos años no ha tenido un crecimiento real pues más del 92% del presupuesto se destina al gasto corriente, mientras que tan sólo el 2% va a infraestructura y el 5% a materiales de apoyo. De ahí que no es difícil explicar el rezago educativo que tenemos, el cual se radicaliza por la discriminación territorial que existe para la asignación de recursos en algunas entidades federativas. El Distrito Federal es la entidad federativa que concentra la mayor cantidad de recursos educativos y posee el más complejo subsistema educativo del país, pero no por ello deja de tener problemas semejantes a los de muchos estados, además de otros que le son propios pues el Distrito Federal es la única entidad en la que no se han descentralizado los servicios de educación básica. No obstante que la Ley General de Educación en su artículo 16, establece la responsabilidad del Distrito Federal en el financiamiento de los servicios educativos básicos, además que el artículo cuarto transitorio de la misma ley establece el proceso para que el Gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los servicios de educación básica, pero desafortunadamente este proceso lleva doce años en los que no ha existido la voluntad política para finiquitarlo. Cabe resaltar que el Distrito Federal es la única entidad que se encuentra en tal condición, situación que no solo pasa con el tema sino que también se encuentra la educación pues el rubro de la salud es otro que ha seguido la misma suerte, toda vez que lo que tiene sin avance desde 1997 pero eso sí, se aprovecha al máximo las transferencias federales para sus fines particulares de índole político. En tal virtud, es oportuno precisar que la reforma constitucional que se somete a la consideración de este Pleno, viene a otorgar mayor certidumbre y un trato análogo para todos los integrantes de la Federación. Por otra parte, el Gobierno del Distrito Federal evidencia la carencia de un proyecto educativo de carácter integral con su correspondiente normatividad y la ausencia de estructuras administrativas para desempeñar la función educativa, no obstante que han tenido más de doce años para llevarlo a cabo; de ahí la férrea oposición a que por mandato constitucional se les obligue a cumplir con las obligaciones legales a su cargo. Es preciso comentar que el gasto en educación se compone de las erogaciones que hace el Gobierno Federal a través del ramo 11 de la Secretaría de Educación Pública, del ramo 25, que son las prevenciones salariales y la previsión de los gastos para la educación básica en el Distrito Federal y el ramo 33, que son las aportaciones federales para la educación básica y normal de los estados, así como las aportaciones que realizan los gobiernos de las entidades federativas. El Distrito Federal no cotiza en el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal ni el Fondo de Educación Tecnológica y de Adultos del Ramo 33 y, sin embargo, en el presupuesto para el 2004 se le destinaron más de 24 mil millones de pesos, que es mayor que el mondo destinado en conjunto a 8 entidades federativas, como lo son Zacatecas, Yucatán, Tlaxcala, Quintana Roo, Querétaro, Nayarit, Morelos y Aguascalientes. La inequidad en esta distribución reside que mientras el Distrito Federal no requiere complementar tales recursos con las participaciones federales, el resto de los estados sí están obligados a hacerlo y por ello el gasto educativo representa entre el 50 y 60 por ciento de los presupuestos estatales, lo que provoca la presión financiera que en este rubro presentan todas las demás entidades federativas. La magnitud de esta subvención federal a favor del Distrito Federal se puede ponderar si se considera que los recursos presupuestales en el ramo 25 para el Distrito Federal tuvo un crecimiento de 9.3 por ciento, en términos reales, respecto al ejercicio fiscal 2003 y en contraste los fondos destinados al resto de las entidades federativas creció menos de la mitad de esta tasa. Además, los niños de las escuelas públicas en las demás entidades federativas reciben 3 mil pesos menos por niño en edad escolar que en el caso del Distrito Federal. Otra consideración que también debe tenerse en cuenta es que el promedio de escolaridad de los habitantes del Distrito Federal está por arriba de 9 años de escolaridad, lo que nos pone por encima de la educación básica a nivel nacional. Si la capital del país ocupa el primer lugar en el desarrollo educativo se debe a que el gobierno federal le otorga una serie de privilegios, vía presupuesto, que no tienen el resto de las entidades federativas. De ahí que el Distrito Federal cuente con un presupuesto de dos a uno respecto de los demás estados de la República; es decir, el gobierno federal se hace cargo del 100 por ciento del gasto educativo a nivel básico en el Distrito Federal, además de que aquí se concentran las instituciones de educación superior más importantes del país. Esta condición discriminatoria y de trato preferencial es apremiante que se corrija en aras de lograr una mayor equidad y un desarrollo equilibrado y sustentable de todas y cada una de las regiones del país. Por todo lo anterior los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos de elemental justicia votar a favor del dictamen por el que se adiciona una base sexta al apartado C del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias por su atención.