EL C. DIPUTADO VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con la venia de la Presidenta y de la compañera diputada. Compañeras y compañeros diputados: Mientras el Presidente Vicente Fox se encontraba de gira por el exterior, los grupos de poder al interior del estado mexicano hacían de las suyas, dejaban un mensaje claro al actual grupo gobernante, que su presencia no es desapercibida, que existen, que deben ser tomados en cuenta, que son capaces de actuar por sí mismos para lograr sus aviesos propósitos. En esa perspectiva debe ubicarse el cobarde y artero asesinato de la abogada y defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa y Plácido, ocurrido el pasado 19 de octubre del año en curso. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, este asesinato va más allá de una simple respuesta de las camarillas que ambicionan poder y protagonismo embozado, se trata de dejar en claro que los gobernantes actuales no tienen todos los hilos del poder en sus manos, que hay cabos sueltos, que se les debe tomar en cuenta para consolidar la transición política y que ésta debe tener la dirección que responda también a sus intereses particulares. En esa perspectiva, quien en el fondo está siendo severamente cuestionado es el propio gobierno federal cuyos integrantes no han tenido la capacidad de conducir la consolidación de la democracia en nuestra nación, tampoco han mostrado el interés necesario por darle sentido y coherencia a los cambios que demanda el pueblo mexicano desde hace décadas, estos grupos cuya forma de actuar siempre ha sido utiliza la violencia de forma artera y tras el anonimato muestran claramente que el titular del Ejecutivo Federal no es el líder de los mexicanos, ni lo será jamás, que se trata simplemente de la figura visible de la nueva camarilla oligárquica que detenta el poder político de la sociedad mexicana, pero que está a todas luces muy lejos de articular los intereses de todo el pueblo, que están utilizando los mismos métodos que emplearon durante el régimen priísta, ahí están los crímenes de Aguas Blancas y Acteal, entre otros, que continúan impunes hasta el día de hoy, porque se trata de la acción de grupos de poder claramente identificados que están entrelazados con el poder político y por lo tanto se vuelven intocables. En esa perspectiva, la actuación de la abogada Digna Ochoa y Plácido en su calidad de defensora de los derechos humanos de quienes han sido víctimas de esos grupos de poder que están acostumbrados a imponer su criterio y su ley sobre el resto de la sociedad no toleraron, ni tolerarán que en nuestra nación surjan formas de defensa de los intereses fundamentales de quienes se revelan contra ellos, quieren impedir que al interior de la sociedad mexicana se consolide una democracia moderna, que sea capaz de integrar y resolver los conflictos sociales y los que resultan por la acción de los grupos organizados que compiten por el apoyo popular a través de la competencia electoral, no están dispuestos a aceptar el imperio de la ley de la transparencia, estos grupos están acostumbrados a resolver los conflictos mediante el uso de la violencia y de la ley del más fuerte, no quieren que la democracia se consolide en México, porque eso sería ir en contra de contracorriente de sus intereses, su poder y riqueza se sustenta en la evasión de la ley, en la corrupción, están vinculados al tráfico de influencias, al narcopoder. En suma, se mueven al amparo de las sombras y de la protección oficial, sólo así se explica su existencia y sobrevivencia. Compañeras y compañeros diputados. La acción cobarde de quienes orquestaron la muerte de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa, no debe quedar impune, esta soberanía tiene hoy la enorme responsabilidad de constituirse en una sola voz para exigir al Gobierno del Distrito Federal y a las instituciones encargadas de velar por la seguridad pública de los mexicanos, que se vaya a fondo en la investigación de este artero asesinato, que se castigue a los culpables, vengan de donde vengan, sean quien sean. Las circunstancias no admiten contemplaciones, el pueblo exige respuestas y resultados inmediatos de este acto criminal, también exige una respuesta inmediata de parte del Presidente Fox para que explique públicamente, por qué razón las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo Federal en materia de seguridad pública, no tomaron en cuenta las amenazas previas de que fueron objeto tanto la abogada Ochoa como otros integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, para evitar que estas amenazas fuesen cumplidas. El Presidente Fox debe asumir una postura clara al respecto, por lo pronto ha creado una sombra de sospecha en torno al interés que merece este grave asunto. ¿Cómo es posible que hasta pasadas 72 horas después de haber sido hecho público el asesinato de Digna Ochoa, la Dirección de Comunicación Social de la Presidencia se haya pronunciado sobre este nefasto crimen?, en tanto que todos los sectores de la población expresaban su indignación y su repudio, no había una expresión pública del Gobierno Federal. Es lamentable, por decir lo menos, que un gobierno que se ha suscrito como gobierno del cambio, manifieste su insensibilidad y su poco o nulo interés ante una cuestión que vulnera en los hechos a organismos civiles que luchan por la defensa de los derechos humanos. Nos preguntamos, ¿acaso la seguridad y la integridad de los mexicanos no merece más importancia que la búsqueda de inversiones del exterior? ¿Qué es más importante para el Ejecutivo Federal, mostrar más interés por los inversionistas o primero, por la estabilidad y la integridad del conjunto de los mexicanos? Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo queda claro que hoy más que nunca se impone la exigencia de transitar hacia una verdadera reforma integral del Estado Mexicano, que ponga énfasis en limitar el poder egoísta de quienes insisten en vivir fuera de la ley y en mantener sus privilegios, pasando sobre quien sea, como fue el caso que hoy nos ocupa, porque estamos convencidos de que la democracia reside en gran medida en el hecho de que nadie en este país debe asegurarse una base de poder, de manera tal que pueda suprimir o negar en los hechos los reclamos de los grupos que luchan por un México más próspero y transparente. Es cuanto.