La diputada Consuelo Camarena Gómez: Compañeras y compañeros diputados: La suscrita diputada federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión y a nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con el fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de garantizar que todos los infractores que sean privados legalmente de su libertad para ser readaptados a la sociedad, tengan acceso al estudio multidisciplinario para su desarrollo integral como personas, bajo la siguiente Exposición de Motivos El orden social tiene diversos tipos de controles, la norma que regula conductas en sociedad, es el control por excelencia. Este puede ser del orden moral, social y jurídico. Las diferencias entre estas normatividades es que sólo la norma jurídica es coactiva, por lo que al ser violada merecerá una punición. Cuando la norma jurídica protege un bien jurídico trascendente como puede ser la vida, la libertad, el patrimonio, etc. busca que en caso de ser violentada exista una reparación del daño y una punición a quien la violentó. Sin embargo, el avance de la criminología nos permite entender que un castigo irracional con el mero afán de dañar al infractor, es obsoleto e inútil. Actualmente la pena tiene un fin superior al castigo soez, busca que el infractor no vuelva a cometer un delito por convicción, es decir, busca la readaptación social. Corregir las conductas ilícitas por medio de la educación, el trabajo y el logro de una conciencia social, que le permita ser un actor positivo en su entorno. Cuando un individuo violenta una norma jurídica de carácter penal, causa un perjuicio grave en contra de otro individuo, la pena consiste en la privación legal de la libertad con el fin de readaptarlo a la sociedad sustentado en dos fundamentos: El primero es el aislamiento, retirarlo de la sociedad para que no vuelva a violentar el régimen jurídico y el segundo y más importante es que durante el tiempo en reclusión se le aplique un tratamiento entendido como un conjunto de actos y técnicas que conlleven a la readaptación social del infractor. Los medios adoptados por el Sistema Penal Mexicano para llevar a cabo este tratamiento son principalmente la ayuda sicológica cuando las conductas antisociales son de origen patológico y en casos regulares la aplicación de la educación y el trabajo. Como sociedad en transición en los planes demográfico, económico, político, social y cultural, México debe enfrentar simultáneamente el reto educativo de proporcionar educación de buena calidad a todos aquéllos que no tuvieron acceso en su momento a la educación. Además de los retos inéditos que la nueva sociedad del conocimiento plantea a nuestro país para que cuente con una población preparada para responder a los desafíos nacionales y para competir eficazmente con nuestros socios comerciales en actividades productivas. Y que a la vez esa población esté constituida por las ciudadanas y los ciudadanos responsables, solidarios, participativos y críticos que una democracia moderna requiere. La educación es obligatoria hasta el nivel de secundaria y de conformidad al artículo 3º constitucional, es obligación del Estado la impartición de la misma hasta el nivel de educación superior, lo cual conlleva que los presos en un Centro de Readaptación Social deberán tener acceso a la educación básica. La educación es fundamental no sólo para el desarrollo individual sino para el de toda la comunidad, para la sociedad y para la nación. Si partimos del escenario en el que la educación es una solución ante la mayoría de los problemas sociales y que un Estado a mayor nivel de instrucción y educación mejores condiciones de vida genera, entonces la lógica deductiva nos deja entender la importancia de quienes purgan una pena privativa de la libertad, que tengan acceso a la educación no sólo de índole académico sino en una amplia gama de disciplinas que integren a un mundo cultural, cívico y artístico que le dé prerrogativas ante su debida reinserción a la sociedad. Es por ello que el Estado debe asegurarse de que los sentenciados tengan garantizado el acceso a la educación, siendo congruentes con el objetivo de readaptación social y de la dignificación del reo como persona humana que tras cumplir su pena, volverá a interrelacionarse con la sociedad siendo una persona con un mayor nivel intelectual y un compromiso social en aras del bien común. Por lo expuesto, someto a consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, II fracción, para quedar de la siguiente manera: "Artículo 18.- Los gobiernos de la Federación y de los Estados, organizarán el sistema penal en sus respectivas jurisdicciones sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación en todos los niveles, particularmente la de carácter obligatorio en los términos del artículo 3º, así como el fomento de diversas disciplinas artísticas, cívicas, culturales y todas aquellas que le permitan su desarrollo integral como persona humana, como medios idóneos para la readaptación social del delincuente. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. TRANSITORIOS: Único.- Este decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Por su atención, muchas gracias.