LA C. DIPUTADA LILIA MENDOZA CRUZ: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea: una de las bases fundamentales en la construcción del Estado mexicano fue la consagración del derecho a la salud y a los derechos básicos de atención, sin diferenciación de ideas, condición social o condición económica. El origen de esta garantía tiene sustento en los artículos 1º., tercer párrafo, artículo 4º., tercer párrafo en nuestra carta magna. Así es como en el transcurso de consolidación del Estado una de las vertientes más sólidas de la política social se consolidó en la creación de infraestructura para la atención de la salud: hospitales, centros de salud comunitarios, capacitación de recursos humanos y una política pública integral para combatir y erradicar enfermedades y epidemias. Sin embargo, en la actualidad el sector salud atraviesa por un proceso de falta de recursos, que han puesto en una situación de emergencia al sector. El déficit presupuestario, el desabasto de medicamentos, la calidad en el servicio y la falta de recursos humanos son sólo algunas de las variables que indican la crisis del sector salud en nuestro país. Según las metas propuestas por el Ejecutivo Federal en el Programa Nacional de Salud 2001-2006, se establece el compromiso de conformar un sistema de salud universal, equitativo, solidario, plural, eficiente, de alta calidad, participativo y vinculado al desarrollo, es decir, que toda la población tenga acceso a los servicios de salud. A pesar de ello, siendo la principal limitante la falta de recursos, se ha tratado de poner en marcha proyectos de reingeniería que doten al sector de una capacidad de generación de recursos propios y de involucrar en esta nueva dinámica al sector privado. Asimismo, se ha valorado la posibilidad de que los usuarios de los servicios de salud paguen de forma directa los beneficios bajo un mecanismo que no represente inequidad en su ejecución y que permita la posibilidad de que aquellos sectores menos favorecidos también tengan la cobertura del servicio. Bajo esta grave situación el gobierno federal se empeña en aplicar una política de racionalización de recursos, una política utilitarista en las áreas estratégicas del sector, dejando de lado la suprema responsabilidad de atender con calidad y sin condición a toda la población que solicita este servicio. Hoy no es posible que cada día aparezcan cientos de pequeños hospitales y clínicas que carecen de un control y supervisión para su operación y funcionamiento como resultado de la baja calidad en los servicios públicos y como alternativa para aquéllos que puedan sufragar un modesto gasto para su atención, pero que carecen de la capacidad financiera para pagar un servicio de calidad. A pesar del alto costo que tiene para la población en general, en términos de carga impositiva, la manutención de una estructura burocrática deficiente y de servicios sin calidad y de edificios en mal estado, los contribuyentes carecen de una respuesta positiva en lo que a la demanda de salud se merece. En este contexto hay casos particulares, como en el estado de Oaxaca, donde el sector salud tiene un déficit real de 66.83 millones de pesos y que aun cuando esta Cámara de Diputados autorizó la transferencia del recurso del ramo 12, salud, al estado de Oaxaca, por 90 millones de pesos para la creación de infraestructura hospitalaria, específicamente para la construcción del hospital de especialidades del tercer nivel. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda, de manera unilateral, efectuó la cancelación parcial de los recursos por 13 millones 581 mil pesos, afectando con ello la capacidad de atención a la población no asegurada. Es por esto y de otra manera y como resultado de un concepto de desarrollo social limitado y de corte empresarial, la condición de los institutos de servicios sociales tanto para los trabajadores del Estado como para los trabajadores del sector privado, carecen en un mayor o en un menor grado de los elementos básicos para dar atención a los derechohabientes con la dignidad y merecimiento que como seres humanos y como mexicanos merecemos. Es por ello que solicito ante el pleno de este Honorable Congreso, se apruebe el siguiente PUNTO DE ACUERDO Primero.- Se solicita a la Comisión de Programación Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, destine en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2003, un aumento de recursos para el Sector Salud, sustentado en los criterios de justicia social y de consolidación del derecho a la salud que consagra nuestra Constitución. Segundo.- Que se exhorte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público libere los recursos por un total de 13 millones 581 mil esos del ramo 12 "salud" para el estado de Oaxaca que unilateralmente canceló. Ratifican y firman este Punto de Acuerdo, los siguientes diputados: Una servidora, Lilia Mendoza Cruz, Jaime Larrazabal Bretón, Bulmaro Rito...Perdón, Edith Escobar, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Cándido Cueto Martínez, Angel Meixueiro, Miguel Angel Moreno Tello, José Soto Martínez, Abel Trejo González, Araceli Domínguez, Martha Silvia Sainz, Erendira Cova, María Rosario Cruz, Samuel Aguilar, Aarón Irizar, Olga Margarita Uriarte, Héctor Esquiliano Solís, Juan Calleja, Víctor Díaz, José María Guillén, Nicolás Alvarez, Benito Vital, Javier García y Genoveva Domínguez. Gracias. - EL C. PRESIDENTE Gracias, diputada Lilia Mendoza Cruz. Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Tiene la palabra el diputado Héctor Taboada Contreras, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una proposición con punto de acuerdo a fin de exhortar al Ejecutivo Federal a que evalúe la posibilidad de derogar la Norma Oficial Mexicana NOM-EM-139-ECOL-2002, hasta en tanto se hace efectiva la instrumentación del Programa afectado por la SEMARNAT para el Desarrollo Sustentable de Actividades Alternativas a la Pesca, dirigida a pescadores ribereños. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos. -