La diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros: El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a través de la suscrita diputada Violeta del Pilar Lagunes Viveros, someto a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de acuerdo, por lo que me permito dar lectura a su parte considerativa, que en lo conducente señala. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 21 que la investigación y persecución de los delitos es facultad exclusiva del Ministerio Público. Labor que tiene como propósito primordial, el mantener el estado de derecho garantizando así el respeto de las garantías individuales de los gobernados. La Ley General que establece las bases de coordinación, del Sistema Nacional de Seguridad Pública precisa en sus artículos 3o, 4o, 10, 11 y 13 que las instancias, instrumentos, políticas, servicios y acciones previstas en la citada ley, tienden al cumplimiento de objetivos tales como los de una adecuada administración y procuración de justicia, y que las políticas, lineamientos y acciones de coordinación, se llevarán a cabo mediante la suscripción de convenios con base en los acuerdos y resoluciones que se asuman en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. Debido a que la delincuencia en sus diversas manifestaciones destacadamente la organizada, opere en los ámbitos estatal, nacional e internacional, es imprescindible generar acciones de coordinación y colaboración interinstitucional para el combate eficiente y eficaz contra el tráfico ilícito de drogas, especialmente el narcomenudeo, fenómeno que en los últimos años se ha incrementado y que afecta a todos los grupos de la población, particularmente a la niñez y juventud. En la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, se desarrollan acciones conjuntas en la materia con apego a los acuerdos asumidos en las sesiones que periódicamente celebra, y en la reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia se tomó el acuerdo CNPJ/XIV/01/2003, mediante el cual sus integrantes convinieron en la creación de Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo llamadas "UMAN". Por esta razón, el 23 de septiembre de 2004, la Procuraduría General de la República y el gobernador constitucional del estado de Puebla, celebraron un convenio que tiene por objeto establecer las bases y lineamientos de coordinación para la colaboración técnica y operativa que deberán brindarse en el ámbito de sus respectivas competencias. Con la finalidad de coordinar la realización de acciones conjuntas e integrales tendientes a combatir el narcomenudeo en el estado de Puebla; así como para fortalecer la cultura de legalidad, dignidad y salud de las personas, y de respeto a sus derechos humanos. Estableciendo el gobierno al estado de Puebla como enlace para la realización de los compromisos adquiridos, al entonces procurador General de Justicia del estado, para que fuera el encargado de llevar a cabo las acciones tendientes a la materialización e íntegro cumplimiento del mencionado acuerdo de voluntades, quien podía delegar la citada responsabilidad en el servidor público que designara. Asimismo, el Procurador General de la República designó para los efectos referidos, al delegado estatal de la propia institución o al servidor público que señalara, y para el caso de sustitución o suplencia de los enlaces establecidos, se acordó que la formalización correspondiente se haría mediante la adenda respectiva. Ambos niveles de gobierno se comprometieron a proveer lo necesario para instalar en los locales o edificios que determinaran conjuntamente a propuesta del gobierno del estado de Puebla, las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo, UMAN, conforme a los lineamientos aprobados en la decimocuarta reunión del Pleno de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia. En la ciudad de Puebla y poblaciones, en la que resultaba pertinente hacerlo, conforme a la valoración de la problemática existente de narcomenudeo y la capacidad institucional de atención y respuesta. Se estableció un plazo de 90 días para la entrada en funcionamiento de las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo y dicho convenio entraría a surtir efecto un día después de su suscripción, es decir, dichas unidades debieron iniciar operaciones a más tardar el 24 de diciembre del propio año de 2004, lo que no ocurrió en la especie. Amigos legisladores, me queda claro que la instalación de las citadas unidades UMAN, va a implicar un costo grande para la Federación y para los estados, pero aunque respeto la consideración de uno de los compañeros que me antecedió a la palabra respecto al análisis costo-beneficio en materia de combate al narcotráfico, considero que no es en forma económica como debe hacerse este análisis, sino tomando en cuenta la protección a los bienes jurídicos tutelados por nuestro Estado mexicano. En este caso se está protegiendo, entre otros, la vida, la salud, la seguridad y la integridad de nuestra población. Gracias.