La diputada Elda Gómez Lugo: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores. En ejercicio del derecho de iniciativa previsto en el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su correlativo al artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que reforma el artículo 73, fracción XVII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conforme a la siguiente exposición de motivos. El origen de la demanda de diversos servicios urbanos se encuentra vinculado a la desconcentración industrial a ciudades intermedias, incidiendo en materias como la energía eléctrica, agua potable, suelo, infraestructura vial, drenaje y alcantarillado, entre otros servicios públicos. Los gobiernos siempre están ocupados en aplicar nuevos esquemas de participación ciudadana y de financiamiento de desarrollo urbano a fin de disminuir el déficit, para atender los siempre e insatisfechos requerimientos de servicios elementales como el agua potable, entre otros. El acceso al agua potable es cada vez más costoso y urgente, convirtiéndose en bien vital. Estamos en el umbral del siglo, en el que al disponer del agua suficiente y de buena calidad o de tener acceso a ella será definitorio de una ventaja social entre los habitantes. Nos enfrentamos a un dilema. Necesitamos mayor abastecimiento de agua y las fuentes se están extinguiendo. Los incrementos en la demanda hacen que las fuentes potenciales se encuentren cada vez más alejadas de los sitios de consumo. El agua, ha dejado de ser un bien de consumo para valorarse como un bien ambiental, económico y social, estratégico para el desarrollo de la población que depende de su calidad y cantidad de la conservación de las cuencas hidrológicas generadoras del recurso, en especial, de la conservación de la vegetación forestal. En el ciclo-suministro uso-agua residual, sólo contemplamos al ser humano como medida de requerimiento indispensable, olvidándonos que especies de flora y fauna se encuentran ligadas al vital elemento incluso antes de la propia existencia del hombre. Rehabilitar los sitios naturales de las especies, requiere una amplia colaboración entre gobierno y sociedad, no sólo para contener el índice de contaminación, sino para financiar acciones de recuperación de cuencas y zonas ambientales, de áreas que alberguen a la biodiversidad a fin de posibilitar el desarrollo de acciones y proyectos alternativos que permitan la diversificación de ingresos de la población de las áreas de donde nos proveemos del vital recurso. En la solución de la problemática de suministro de agua potable, desalojo y tratamiento de aguas residuales, cada gobierno estructura sus propias normas en este tema, quizás en ningún otro, por lo que es indispensable impulsar el consenso de los diversos ámbitos de gobierno a partir de la concepción de que con la corresponsabilidad de todos es posible coincidir en soluciones que propicien compatibilidad entre el hombre y su medio ambiente. La exigencia de propuestas de solución, obliga a recapitular sobre la necesidad de una normatividad que impulse, fortalezca y obligue la participación de todos los involucrados como es gobierno, sociedad organizada y población en general, en la preservación del elemento vital para la sobrevivencia humana y de todo signo de vida en nuestro planeta, ello a riesgo de que cada entidad, municipio, Distrito Federal y Federación, como hasta ahora, elabore conforme a sus propias circunstancias el marco normativo requerido y se pierdan recursos y objetivos en la ejecución de proyectos parciales y de medio plazo. Necesitamos avanzar hacia la consolidación de facultades y atribuciones de Federación, Estado, Distrito Federal y municipios a partir de un marco legal que precise lo que a cada uno corresponda en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones en estricto apego y respeto a la soberanía de las entidades federativas y la autonomía municipal; que propicie y fortalezca la homologación de la legislación secundaria impulsando la consolidación de organismos operadores encargados de la prestación de servicios mediante la adecuación de las disposiciones legales en materia financiera que les permita contar con los recursos indispensables para la ejecución de acciones y obras de gran visión y largo alcance. Es preciso que se establezca el derecho constitucional de acceso al agua potable en cada vivienda de la familia mexicana, que al igual que en otras naciones, en la nuestra se eleve a rango constitucional el aprovechamiento, cuidado del agua potable y tratamiento de las aguas residuales consignando en nuestra máxima ley que el agua es un recurso prioritario, estratégico para el desarrollo, la seguridad y supervivencia que como nación estamos obligados a preservar. Por ello las adecuaciones respectivas a los artículos 4, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El federalismo en esta materia debe atender además de la distribución de gastos de ejecución, a la responsabilidad en el suministro, uso y tratamiento del vital líquido; la participación conjunta de los diversos ámbitos de gobierno, sociedad organizada y población en general, que permita afrontar la problemática hidráulica de cualquier región de nuestro país, sin importar el tamaño de la población, debiendo fundamentalmente fomentar entre la población una cultura de agua, procurar la autosuficiencia financiera del sistema hidráulico de las entidades y municipios que permita dotar a la población de agua potable en cantidad y calidad suficiente para su sano desarrollo. Lo anterior a partir de la reforma de la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el uso y el aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal y bajo el principio de concurrencia legislativa al Congreso de la Unión, establezca la ley federal de la materia en las atribuciones, facultades y obligaciones de la Federación, Distrito Federal, estados y municipios en materia de suministro, uso de agua potable y tratamiento de las aguas de jurisdicción federal. De ser aprobada en sus términos la reforma propuesta, permitirá a la Federación,. Distrito Federal, estados y municipios, canalizar recursos públicos de manera oportuna y eficiente para el cumplimiento de los objetivos de esta trascendental materia así como la homologación de la legislación secundaria en los respectivos ámbitos del gobierno, por un verdadero federalismo que apoye el desarrollo nacional y una infraestructura básica en el actual sector hidráulico. La presente iniciativa reforma la fracción XVII del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue. Artículo 73 fracción XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, del Distrito Federal, de los gobiernos de los estados y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias en materia de suministro, uso, aprovechamiento y tratamiento de las aguas de jurisdicción federal. Dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la Ciudad de México, D.F., a los 14 días del mes de septiembre del año 2006. Atentamente diputados del Partido Revolucionario Institucional del Estado de México: licenciado Gustavo Cárdenas Monroy, licenciado César Camacho Quiroz, licenciada Martha Isla González Calderón, contadora Mercedes Colín Guadarrama, licenciado Rogelio Muñoz Serna, licenciado Alejandro Olivares Monterrubio, licenciado Jesús Alcántara Núñez, ingeniero Israel Villa Villa y su servidora Elda Gómez Lugo. Muchísimas gracias.