La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con su permiso, diputado presidente. Buenos días, señoras y señores legisladores. La política económica debe tener entre sus principales objetivos, construir condiciones para que florezca una economía competitiva, generar empleos suficientes y de calidad y hacer más productivo al país, con un sistema a la vez fiscal progresivo. En todo caso, el criterio más apropiado para calificar el éxito o el fracaso de una política económica es el nivel de desarrollo integral que puede generar la capacidad de producir bienestar y equidad social, así como la del impulso que otorga a la formación de una ciudadanía plena. Hoy México se encuentra en una etapa de bajo crecimiento económico que se extiende a los últimos 20 años, periodo en el cual en promedio hemos crecido a un ritmo del 2 por ciento del producto interno bruto. Es en este contexto que Nueva Alianza decidió apoyar las reformas estructurales que ha aprobado esta legislatura, porque México necesita una transformación profunda de sus estructuras económicas, políticas, jurídicas y sociales, a fin de poder desarrollar el potencial de crecimiento y desarrollo que tiene. El momento de transformaciones que vive México debe ser propicio también para revisar a fondo la viabilidad del modelo de desarrollo vigente en las últimas décadas. Es importante, entonces, que sin pasiones ideológicas revisemos los fundamentos del modelo económico instaurado en un momento histórico distinto, para determinar si sus premisas, las fundamentales, siguen siendo válidas a la luz de los actuales indicadores de desarrollo económico y social. Por lo pronto, las reformas estructurales más trascendentes ya se realizaron en su etapa legislativa, lo que viene ahora es lo más complejo e incierto. Es decir, su adecuada y eficiente y honesta aplicación. El compromiso del gobierno, por tanto, debe ser el de propiciar un mayor crecimiento que efectivamente maximice las potencialidades de nuestro país a través de finanzas públicas sanas, generación de más y mejores empleos y lograr el bienestar de la población. La reforma fiscal, por ejemplo, propició que en el primer semestre de 2014 los ingresos tributarios no petroleros se incrementaran en razón del 7.3 por ciento, de acuerdo con lo que nos señala el informe enviado por el Ejecutivo. La cifra es buena pero contrasta con los ingresos petroleros que en ese mismo periodo disminuyeron en un 2.7 por ciento. La idea original, en efecto, es incrementar la recaudación no petrolera, pero en ningún momento a costa de la disminución de este rubro. Es importante también que el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social creciera. No obstante, es preciso analizar la calidad de esos puestos de trabajo, pues con sinceridad debemos reconocer que hay una severa crisis de empleo en nuestro país. Que los salarios están por debajo de la inflación y que se ha perdido el poder adquisitivo. Para mi grupo parlamentario impulsar la calidad laboral y lograr un salario digno ha sido un tema preponderante. De manera especial, en el caso de los jóvenes, quienes de acuerdo a la organización para la cooperación y el desarrollo económico han alcanzado el 10 por ciento de desempleo hay una realidad ineludible que impone a México la necesidad de crecer a partir de 2015 a una tasa de al menos el 4 por ciento. Y deben seguir creciendo hasta alcanzar niveles del 6 o 7 por ciento anual. Sin duda, es necesario hacer a México más competitivo y atractivo para nuevas inversiones que propicien la detonación económica que tanto requiere y que aspiramos. En cuanto a la reforma en telecomunicaciones tiene el potencial de democratizar el acceso a Internet en todo el país. Tema en el que Nueva Alianza ha puesto especial énfasis. Para 2018, el 70 por ciento de los hogares y 85 por ciento de las Mipyme deberán contar con acceso a banda ancha y 250 mil sitios públicos tendrán conexión gratuita, incluyendo escuelas, hospitales, clínicas y edificios gubernamentales. Esto tiene qué ver con el estratégico sector de la ciencia y tecnología que debe impulsarse con mayor decisión, a fin de que detone la innovación y la modernización de la economía nacional. Y en cuanto a la reforma energética, la meta común es abastecer de energía de calidad a menores precios, mediante la participación de nuevas empresas en explotación y extracción del petróleo en su industrialización, así como la generación de energía eléctrica. Y para hacer competitivo a Petróleos Mexicanos con la ronda cero, se le brindan los recursos necesarios para asegurar sus niveles de producción, restitución de reservas, exploración y extracción de gas y petróleo. La inversión ejercida en Pemex Exploración y Producción para el periodo enero-junio de 2014, se incrementó en un 27 por ciento respecto al 2013, el año pasado. No obstante, hay que redoblar esfuerzos, ya que las reservas probadas de petróleo registraron una disminución neta de 429.8 millones de barriles y los ingresos petroleros, por tanto, también presentaron una disminución considerable. Para atender la demanda de energía eléctrica se han invertido más de 15 mil 500 millones de pesos en infraestructura. El problema es que las pérdidas no técnicas derivadas de usos ilícitos, fallas de medición y errores de facturación alcanzaron el 8.23 por ciento. En Nueva Alianza reconocemos que el incremento del 5.8 por ciento en la capacidad de energías limpias del sistema eléctrico público es un gran avance; sin embargo estamos por debajo de países como Brasil y Chile. México necesita caminar con mayor celeridad hacia la generación de energética más segura, responsable, sustentable y limpia, por lo que debe incentivarse el uso de combustibles no fósiles. Asimismo es necesario crear consciencia de la importancia de salvaguardar los recursos hídricos de nuestro país y desarrollar mecanismos de conservación y sustentabilidad, evitar la contaminación de nuestras aguas que en los últimos meses sufrieron severos daños derivados de innumerables derrames que han provocado graves afectaciones medioambientalistas como es el caso del Río Sonora y del río San Juan. Es necesario, por ende, incrementar las penas y sanciones para castigar las malas prácticas económicas, industriales o comerciales que deterioran y destruyen ecosistemas y sus usos hídricos afectando por entero a nuestro país. No podemos negar que una de las principales fuentes de contaminación es la industria minero-metalúrgica, estamos conscientes de la importancia de este sector que aporta 4 por ciento del PIB de nuestro país, pero también de la necesidad de exigirle mayor responsabilidad y mayor cuidado de los recursos naturales. En cuanto a los sectores productivos para detonarlos a su mayor capacidad, el informe pondera la creación del Fondo Nacional del Emprendedor y la incorporación de tecnologías de la información; si bien con estos nuevos mecanismos se busca aumentar el desarrollo empresarial, es necesario vigilar que las cadenas productivas sean verdaderamente estables para generar ese valor agregado que se pretende. Otro factor determinante para el desarrollo económico del país es la inversión en infraestructura. Nueva Alianza reconoce el esfuerzo del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que creará miles de empleos directos e indirectos por varios años; en ese sentido estamos seguros que representa una oportunidad para conectar diversos sectores productivos tanto regionales, como nacionales e internacionales. De igual manera consideramos que el impulso al sector ferroviario y multimodal, la inversión en transporte masivo y la construcción de miles de kilómetros de carreteras y autopistas creará una sinergia en la economía. Alcanzar un México competitivo requiere iniciar una profunda reforma al campo mexicano, que impulse su productividad, que dé certeza jurídica a la tenencia de la tierra, que garantice la seguridad alimentaria, que revierta el rezago de infraestructura en los procesos de producción y sobre todo, que permita a millones de familias salir de la pobreza extrema. Compañeras legisladoras, compañeros legisladores, el ciclo reformador quedará incompleto si no hacemos la reforma pendiente en una materia de combate frontal a la corrupción. Tenemos que sacar adelante la reforma que crea el organismo público anticorrupción como un mecanismo de defensa a este flagelo que se estima cuesta al país 1.5 billones, lo que equivale al 10 por ciento de producto interno bruto. La corrupción frena la inversión y pone en riesgo la viabilidad económica, política y social de nuestro país. Ése es nuestro nuevo reto, indispensable para recuperar la confianza de la ciudadanía y para heredar un país apreciable a las futuras generaciones. Un país sin corrupción, sin impunidad, es el que esperan nuestras nuevas generaciones. Por su atención, muchas gracias, señor presidente.