EL VICEPRESIDENTE: - Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados . Tiene la palabra el senador David Jiménez González del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo a que suspenda toda acción relacionada con los llamados contratos de servicios múltiples y sus variantes. -EL SEN. DAVID JIMÉNEZ GONZALEZ:- Muchas gracias señor Presidente. Con su permiso compañeras y compañeros legisladores. Desde hace ya algunos meses, un grupo numeroso de senadores de la República, no solamente del Partido Revolucionario Institucional, sino del Partido Verde Ecologista, del Partido de la Revolución Democrática, en la Cámara de Diputados, han manifestado su inquietud por el sesgo que ha tomado el manejo por parte del gobierno federal, de los recursos energéticos de nuestro país. Y esta preocupación no solamente ha versado desde un punto de vista partidista o político, sino fundamentalmente por una preocupación legítima, que por defender los intereses y el patrimonio de los mexicanos, ha hecho que muchos de nosotros pongamos un punto de alerta para que el gobierno de la República no siga entregando éstos recursos naturales, estos recursos energéticos a particulares, fundamentalmente a compañías extranjeras. Electricidad, petróleo y gas no son asuntos o temas aislados o independientes uno del otro; son temas y asuntos que van íntimamente vinculados, son patrimonio, son riqueza de la nación; tenemos por consiguiente que defenderlos, porque es el patrimonio de ésta y de las futuras generaciones de nuestro país. Este punto de acuerdo que someto a su consideración y que ha sido avalado por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Verde Ecologista y desde luego por mi fracción, es con el objeto de prevenir lo que se pudiera llevar a cabo en los próximos días, principalmente el 4 y 5 de febrero en la ciudad de Houston, en donde van a llevarse a cabo una reunión en donde se va a analizar la licitación de obras, respecto a estos contratos, que es el meollo del asunto que hemos conocido como "contratos de servicios múltiples". De tal manera que preocupados por la situación que ha prevalecido en los últimos meses, en estos fundamentalmente, dos últimos años, mejor dicho, en Petróleos Mexicanos en donde hemos visto una política errática, en donde hemos visto un posicionamiento totalmente a veces ajeno a los intereses de nuestro país, en donde se han lesionado sin lugar a dudas, derechos de los trabajadores que han venido laborando en esa institución durante más de veinte años y que dejaron sus conocimientos, su esfuerzo, sus angustias y preocupaciones y que de una manera sesgada han venido siendo sustituidos por otros que inclusive, están percibiendo actualmente mejores y mayores prestaciones que las que recibían ellos. Y no estoy hablando de memoria, porque hemos tenido la oportunidad de llevar a cabo pláticas, conversaciones del estado que guardan realmente los trabajadores que laboran en esa empresa paraestatal tan importante para el desarrollo de la vida económica de nuestro país. Hemos platicado con el Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores de Confianza de la Industria Petrolera, con su Comité Directivo y nos han manifestado que en los 2 años del gobierno del Presidente Fox han sido liquidados de manera "voluntaria", pero que no es otra que mas que forzosa, más de 2 mil 600 trabajadores, los cuales repito- han sido sustituidos por otros con mejores y mayores prestaciones. Eso es por una parte, pero por otro lado también tenemos conocimiento que esta empresa paraestatal ha recibido hasta la fecha cerca de 18 mil demandas laborales, que también tenemos que tomar en consideración puesto que de ahí dependerá de mucho no solamente los derechos que se tendrán que reconocer a los trabajadores, sino también tendrán que verse la capacidad económica de la misma empresa, que consideramos en muchos de los casos no había necesidad de tomar este tipo de decisiones. Si nuestra Constitución en el artículo 27, fracción IV, VII y XXVIII en su fracción 4ª establece la facultad, la rectoría exclusiva del manejo de los energéticos a nuestro país, vemos con preocupación ahora que mediante subterfugios o figuras de carácter legaloide tratan de entregar esta riqueza nacional a empresas extranjeras fundamentalmente. Por tal motivo me permito someter a consideración del pleno de esta Honorable Asamblea de la Comisión Permanente, una propuesta con punto de acuerdo y que sea tramitada de acuerdo con lo que establece el Reglamento en su artículo 84 y 85 y la propia Ley Reglamentaria del Congreso, como un asunto de urgente y obvia resolución para que a la mayor brevedad podamos desde luego citar a comparecer al Secretario de Minas y de Energía, así como al Director de Petróleos Mexicanos, puesto que en 15 días estaremos viendo resultados que sin duda alguna podrían afectar nuestra Constitución al violentar estos preceptos a los que ya he hecho referencia. De tal manera que el suscrito senador de la República, a nombre de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática y del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción 2ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del numeral 82 Inciso B de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 55 fracción II, 58 y 60 del Reglamento para el Interior del Congreso, someto al pleno de la Honorable Comisión Permanente esta propuesta con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar al Ejecutivo a no violentar el orden constitucional vigente y por el bien de la nación que suspenda toda acción relacionada con la promoción, celebración y aplicación por parte de Petróleos Mexicanos, de los llamados Contratos de Obra Pública sobre base de Precios Unitarios, también llamados y conocidos por nosotros como Contratos de Servicios Múltiples y de cualquiera de sus variantes, para la exploración y explotación del gas natural no asociado, al tenor de las siguientes consideraciones: El 20 de diciembre del año pasado aquí es muy importante que nos demos cuenta de la fecha- cuando las actividades públicas de la Federación estaban en receso, y no solamente lo han señalado como lo vamos a hacer en este momento nosotros en este asunto, sino en otros más de gran trascendencia, como se comentó respecto del conflicto entre las televisoras del Canal 40 y de Televisa, se dio a conocer al Senado de la República el 3er borrador y versión final de los Contratos de Obra Pública sobre la base de Precios Unitarios, también llamados Contratos de Servicios Múltiples, el cual presenta al igual que las anteriores versiones, graves violaciones al orden constitucional vigente, específicamente al artículo 27, 28 y 134 de nuestra Constitución y por supuesto de la Ley Reglamentaria al precepto constitucional 27, así como a diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, ya que las obras de desarrollo y mantenimiento, objeto de estos contratos, implican la realización de actividades de exploración y explotación de los hidrocarburos, que corresponde a funciones exclusivas de la nación y tienen carácter estratégico para el desarrollo y seguridad del país. Haciendo caso omiso del orden constitucional, en el mencionado proyecto de contratos se observa, quiero decirles que en ese inter, el Senado de la República ya no estaba trabajando dentro del período de sesiones, ni ordinario y por supuesto menos extraordinario, porque no hubo ninguna convocatoria para tal efecto, de tal manera que esta presentación del día 20 pues estaba sin duda alguna, motivada por una intención de que los senadores y los diputados, por consiguiente también, no nos diéramos cuenta del alcance de estos actos jurídicos. Un persistente afán de entregar a particulares, es lo que parece ser, fundamentalmente a los extranjeros, lo que es exclusivo y que representa un sector estratégico para la nación. Precisamente, fíjense ustedes, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el sector energético de México se considera reservado y fue totalmente ajeno a lo que ahí se contrató respecto a estas negociaciones, por eso no entendemos la necesidad y obstinación por entregar los recursos energéticos de los mexicanos. Y no sólo es eso, que ya de por sí es grave, sino que también se ha encontrado mediante un estudio comparado de las tres versiones de los documentos señalados, que se han venido trabajando para obtener un proyecto encaminado a proteger los intereses de los posibles contratistas, quienes no sólo obtendrían cuantiosas y seguras utilidades, como ha sucedido con muchas de las actividades que antes se desarrollaban tanto por el estado como los propios particulares mexicanos.