El diputado Alberto Amador Leal: Muchas gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La Ley de Desarrollo Social es una aportación significativa de este Congreso al desarrollo y bienestar de nuestros pueblos y comunidades. Fue producto de un consenso—quiero destacarlo—promovido por el entonces senador Carlos Rojas, hoy diputado federal, por Josefina Vázquez Mota, entonces secretaría de Desarrollo Social, en una primera parte en la LVIII Legislatura y después retomada en la LIX Legislatura por todas las fracciones parlamentarias. La aprobación de las nuevas leyes de carácter general que se han venido aprobando en los últimos años se han dado en este proceso de transición, no de régimen—vuelvo insistir—sino de alternancia de mayor pluralismo de un Congreso dividido y por lo tanto, aún reconociendo su aportación y su validez en términos de la pertinencia del momento que vive el país; también debemos reconocer que han sido sujetas de muchas ambigüedades. Por eso, escuchamos propuestas, iniciativas de reforma a la Ley de Presupuesto, como la que ha hecho magistralmente el compañero diputado que me ha precedido en la palabra y es el caso de esta Ley de Desarrollo Social. Ejemplo de ello es que los artículos 29, 30, 31, 32 que hablan de la declaratoria de zonas de atención prioritaria como una actividad concomitante a la presentación del Presupuesto de Egresos de la Federación no ha sido atendida por el gobierno federal. Es decir, si ustedes analizan el Presupuesto que hoy estamos revisando, que está sujeto a la consideración de esta soberanía, resulta que no existe la propuesta de zonas de atención prioritaria tal y como lo dice la Ley y por lo tanto, no podría este Congreso o no podrá este Congreso, que además está sesionando en condiciones tradicionales, sin entrar al fondo de las cuestiones, sino en los acuerdos generales de las fracciones parlamentarias y casi —por así decirlo— firmando un cheque en blanco al titular del Poder Ejecutivo federal. Este tema de las zonas prioritarias, quiero decirles, compañeras y compañeros diputados, que tiene varias motivaciones, por lo menos tres: Hacer obligatoria la práctica de una política social integral de carácter territorial, que haga posible las acciones concurrentes de los tres órdenes de gobierno, toda vez que mantenemos esta enorme dispersión. Vean ustedes el Presupuesto: programas, programas, programas; más de 20, 30 programas con una misma población objetivo, un mismo territorio y una enorme dispersión. Segundo. Vincular las estrategias y acciones para la superación de la pobreza a la autorización del Presupuesto. Por eso la Ley dice que debe haber una declaratoria de zonas de atención prioritaria, que la deben resolver los legisladores. Un tercer tema que tuvo toda la intención, cuando presentamos esa iniciativa, que los diputados federales como representantes populares cuenten con un mecanismo parlamentario que les permita incorporar en el Presupuesto de Egresos de una manera ordenada y sistemática —no en las negociaciones prácticamente de pasillo que andamos haciendo para que se incluya tal o cual obra en el Presupuesto de Egresos— que les permita incorporar y atender las cuestiones prioritarias, las justas exigencias de sus representados. Es decir, de tener un mecanismo parlamentario para poder materializar esta función de mediación social que —yo insisto— es parte sustantiva de la representación popular. Cabe destacar que la administración pasada sí tuvo una estrategia territorial en dos vertientes: por un lado el programa Hábitat, por otro el programa de Atención al Desarrollo Local, programa de Desarrollo Local Microrregiones, a quien también reconozco el trabajo —creo que no está presente en la sala— de nuestro compañero diputado Antonio Sánchez Díaz de Rivera, como subsecretario de la Secretaría de Desarrollo Social y este esquema, sin embargo, va dirigido más a atender el problema de dispersión de la población, más que a la urgencia de tener una estrategia de desarrollo integral que permita tener un vínculo entre los problemas estructurales de carácter nacional; los esfuerzos de los estados por superar ese tipo de problemas y de obstáculos y las necesidades locales de los pueblos de las regiones. Ustedes saben además, que nuestras regiones históricamente están definidas: la zona de la costa; la sierra norte; la sierra sur; la Frailesca, etcétera; la Laguna. Históricamente la población producto de la conformación geográfica y de las peculiaridades que le son propias define cada una de las regiones, de modo que tendríamos que adaptarnos a esa división geográfica, natural de los pueblos, de los municipios y darle un sentido a las estrategias regionales que pretendemos llevar a cabo. La pregunta es por qué el Ejecutivo federal no avanzó en los términos que ordena la Ley de Desarrollo Social. ¿Fue por falta de decisión política o por mantener una visión microrregional que atiende más a la dispersión que a las estrategias de cambio estructural? O fue más bien porque existe ambigüedad en la propia redacción de la ley, por un lado y, por otro, porque existen tensiones entre el Consejo de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el gobierno federal y la subo también con el propio Congreso. Tal tipo de tensiones —hay que recordar—, por ejemplo, se produjeron con la normatividad relativa a la publicidad en los programas sociales, que tuvo que llegar hasta la Corte en una controversia constitucional y ordenar la Corte al Ejecutivo federal que rectificara; lo cual hizo parcialmente. De modo que, ante esa situación, una de dos: o vamos a una controversia constitucional en un tema que debía ser del mayor consenso, o buscamos una modificación a la ley para que sea esta Cámara de Diputados la que tenga la facultad precisa, clara y concreta de establecer, escuchando al Consejo Nacional de Evaluación de Desarrollo Social, y declarar cuáles son las zonas de atención prioritaria. La iniciativa que hoy presentamos tiene este propósito. La premura del tiempo hace poco viable que sea aplicable para el ejercicio presupuestal de 2007, tal y como lo ordena la Ley General de Desarrollo Social, pero esperamos que sirva para que, en el seno de la Comisión de Desarrollo Social, se retome este tema y se busque una salida, de modo que si no hay posibilidad de un acuerdo político, parlamentario con el Ejecutivo federal, entonces busquemos el camino de perfeccionar la ley para poder cumplir este mandato, que me parece de la mayor importancia. Debemos responder a las aspiraciones, exigencias —vuelvo a insistir— de los pueblos, de las comunidades, de los barrios, de los municipios, que están esperando decisiones más ágiles, que están esperando un mayor compromiso de todas las instituciones nacionales para que puedan superar el atraso, la marginación y el aislamiento. Señor Presidente, dejo esta propuesta en sus términos y mucho le agradeceré se turne a la Comisión de Desarrollo Social. Muchas gracias.