La diputada Valeria Santiago Barrientos: Con su venia, señor presidente. La magnitud del problema de la corrupción a nivel internacional es enorme. La OCDE ha señalado que ni un solo país en ningún lugar del mundo está libre de este tipo de prácticas, sin embargo, esto no nos puede servir de consuelo, especialmente cuando se sabe que debido a la corrupción en países como México, se pierde una cantidad de dinero muchas veces mayor que la dedicada a la asistencia para el desarrollo. Se suele pensar que los actos de corrupción solo generan consecuencias dañinas para el patrimonio del Estado, para la estabilidad de sus instituciones o para la imagen de los funcionarios públicos. No obstante, el impacto de la corrupción va más allá, pues cala en lo más profundo del tejido social, vulnera derechos y a veces puede cobrar vidas. No olvidemos que los actos de corrupción impactan de forma negativa, principalmente a los grupos más vulnerables, pues son las personas marginadas, las más pobres, las que tienen dependencia de los bienes y programas públicos quienes más se ven afectados por el uso indebido de recursos destinados para su buen funcionamiento. La corrupción, equivale robar a los pobres, pues esta no solo se refiere al desvío de recursos previstos para determinados fines, sino también a los efectos a largo plazo de los servicios que no se prestan. En este sentido, la corrupción afecta el acceso de las personas a los servicios de salud, a la seguridad, a la vivienda, a servicios básicos, a la alimentación o a la educación. Por ello, una de las mayores exigencias ciudadanas ha sido desde hace años ponerle un alto definitivo. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde creemos firmemente que la celebración del Día Internacional contra la Corrupción, establecida desde 2003 por la ONU, debe servir para crear una auténtica conciencia respecto al impacto de este fenómeno en la educación, la sanidad, la justicia, la democracia, la prosperidad y el desarrollo, así como la importancia de prevenirlo, denunciarlo, perseguirlo, pero sobre todo castigarlo. Consideramos importante recuperar los valores fundamentales de la democracia, los cuales deben de ser estimulados desde la etapa escolar como parte de la estrategia para la prevención de la corrupción y otras conductas reprobables que atentan contra el interés general de la sociedad. El Estado mexicano ha realizado recientemente ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir la corrupción. Sin embargo, estos cambios tienen que ir acompañados de una auténtica transformación en la conciencia de las personas para que este fenómeno no sea visto nunca más como algo normal. Cuántas veces no hemos escuchado estas frases: el que no transa no avanza o un político pobre es un pobre político, dichas con la mayor normalidad. Esto ocurre porque la corrupción y las prácticas indebidas llegaron a un punto donde se normalizaron, lo cual, indudablemente complica su erradicación. El combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad. Una tarea de Estado que nos corresponde absolutamente a todos. Se trata, por un lado, de consolidar la construcción de una nueva ética pública, con la finalidad de fomentar valores y principios que les cierren la puerta a las prácticas indebidas. Y, por otra parte, de seguir impulsando las medidas necesarias para identificar, investigar, perseguir y sancionar los actos de corrupción, optimizar los mecanismos de denuncia, transparentar las decisiones públicas, reducir los espacios para el intercambio ilegal de favores y la extorsión a la ciudadanía por parte de malos servidores públicos. La lucha en contra de la corrupción es, sin duda alguna, luchar por un mundo más próspero y más justo. Por ello, estamos todos obligados a seguir sumando esfuerzos para desterrarla definitivamente de nuestra realidad. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.