El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, diputadas, diputados presentes en esta sesión. Coincido con quienes han dicho en esta tribuna que esta es una discusión de la mayor relevancia, de la más alta relevancia de lo que significa un poder público, un poder constituido, como es el Poder Legislativo en México y su trascendencia en el tiempo. Para Jürgen Habermas ya lo he citado aquí este mismo argumento en otras ocasiones nuestro tiempo, este tiempo en el que estamos entre la modernidad y lo que sigue, entre la guerra fría y lo que sigue. Este periodo que muchos le han denominado de alta modernidad, de postmodernidad, este interregno de confusión sobre la época del tiempo que estamos viviendo, se define a partir de la esfera pública y de su relanzamiento, de la concepción que debemos tener de la esfera pública, y esa definición parte del principio de no aceptar la colonización de las esferas. Él cree que hay tres esferas: la esfera del poder, que es la esfera política; la esfera económica, que es el mundo del dinero; y la esfera cultural, que es el mundo de la palabra y que es lo que se protege a partir de lo público. Históricamente la esfera cultural ha estado dominada, o por la esfera del poder o por la esfera económica, y lo que construyó el mundo moderno, el posmoderno, el constitucionalismo, el neoconstitucionalismo, fue un diseño de Estado para garantizar lo público en oposición a la colonización de la esfera cultura, sea de parte del poder político o sea de parte del poder económico. En esa discusión nosotros participamos, de manera inteligente, con la creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como un órgano autónomo. En esa discusión, con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, México escribió, ahí sí, una página brillante en un capítulo muy confuso de su historia. Es la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones el único resultado rescatable del Pacto por México, el único resultado legislativo digno de rescatarse y que quedará en la historia como una buena contribución del Pacto por México. Y hoy, como lo dijo aquí Clemente Castañeda, estamos frente a una contrarreforma. Yo quisiera ilustrar una discusión que he visto que muchos diputados aquí han citado en los últimos días, el caso de Venezuela. Estamos de acuerdo en que en Venezuela los derechos humanos hoy están siendo violados por parte del Estado venezolano. No me voy a meter al tema de seguridad, que es un tema que también tendría un paralelismo, pero en este tema quienes han venido aquí a defender disminuir las capacidades del Instituto Federal de Telecomunicaciones, para emitirle lineamientos, para reglamentar el derecho a las audiencias, se parecen en sus argumentos a Hugo Chávez, se parecen en sus argumentos a Nicolás Maduro, se parecen al modelo de Venezuela, porque en Venezuela también dicen que eso lo regule el Ejecutivo. Aquí, para protegernos de la colonización de la esfera de los poderes fácticos y de la colonización por parte de la esfera pública del poder político, creamos un organismo constitucional autónomo. Esa es la solución más vanguardista, más completa para defender los derechos humanos y particularmente los derechos de las audiencias. Cederle esa facultad al Ejecutivo es regresivo. El argumento de la autorregulación. Un concesionario no se puede autorregular, comparar a un concesionario con, por ejemplo, medios de comunicación de publicidad impresa es un absurdo. Comparar a un concesionario con cualquier otro tipo de iniciativa privada es un absurdo. Un concesionario tiene una naturaleza de regulación por parte del Estado, en función de que el usufructo que hace el concesionario no es de su capacidad creativa, no es de su capacidad de innovación, no es de su capacidad tecnológica. El concesionario hace usufructo de un bien de la nación, como ya se dijo aquí. En este caso, del espectro radioeléctrico. Por eso tiene que tener una regulación, fines distintos. Incluso, los concesionarios tendrían que contribuir a los fines máximos del Estado en materia de derecho a la cultura y de política cultural, como lo hacen en muchas partes del mundo. Y finalmente, un tema que también estamos reservando es el tema de la distinción con claridad entre publicidad y entre contenido informativo. Creo que a todos nos ha tocado ver esa realidad, que es innegable que es un argumento que no puede pasar inadvertido por este Poder Legislativo, y que apelaríamos a que en uso de su realidad, pero además, en defensa de su propio interés como representantes populares, como servidores públicos y como políticos profesionales, los que lo sean defiendan esta regulación. Porque cuando queramos que nos inviten a un medio de comunicación a dar nuestra postura y no queramos tener que sentarnos a tener otro tipo de negociaciones vamos a exigir y vamos a necesitar de un órgano regulador, de un lineamiento de la categoría que hoy tiene el Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la categoría que hoy tenemos gracias a la reforma en materia de telecomunicaciones. Gracias, presidenta.