El diputado Raymundo García Gutiérrez: En noviembre del año pasado se presentó en el Senado de la República la iniciativa para la creación de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. En el mes de abril, las Comisiones Unidas de Justicia, Economía y de Estudios Legislativos aprobaron el dictamen, y la minuta se turnó a la Cámara de Diputados, en donde la Mesa Directiva dio turno a la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad. La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana se compone de 17 artículos, tres transitorios y tiene como objetivo establecer las bases para la instrumentación de acciones y programas para fomentar la confianza ciudadana en la autoridad, otorgando beneficios y facilidades administrativas a las personas físicas y morales. En otras palabras, esta ley busca el desarrollo económico mediante la reducción de trámites administrativos que se prestan a la corrupción, particularmente en el nivel de inspectores y verificadores que inhiben el desarrollo del comercio en la industria, para ello propone reducir las inspecciones gubernamentales que se realizan a las empresas, mediante la creación de un padrón de inspección voluntaria de contribuyentes que será gestionado por la Secretaría de Economía. En el PRD reconocemos que la corrupción es uno de los principales problemas que enfrenta nuestro país, que de acuerdo al Foro Económico Mundial es el mayor inhibidor de la inversión en México y afecta principalmente a las micro y medianas empresas. Por ello hemos sido impulsores de diversas medidas encaminadas a su disminución y en el mismo sentido aplaudimos y apoyamos las iniciativas encaminadas a erradicarlo. No obstante, reconocemos también que este apoyo no debe darse sin cuestionamientos, al contrario, consideramos que debe expresarse en la medida de lo posible proponiendo ideas que las mejoren. La Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana tiene como principio central la buena fe, por ello propone creer en lo dicho por los contribuyentes con respecto de sus obligaciones regulatorias. De esta forma se reducirán las inspecciones correspondientes. Es necesario dejar en claro que la aplicación de lo establecido en la ley tenía que hacerse sin menoscabo de los compromisos adoptados en los organismos, acuerdos, convenios y tratados internacionales de los que México forma parte. De igual forma, se coincidió en que es necesario y sumamente importante garantizar la calidad e inocuidad de la alimentación, la salud de los animales y la sanidad de los vegetales ante los consumidores nacionales y extranjeros. Por eso coincidimos en que se debía excluir de lo establecido en la ley lo relacionado a la seguridad alimentaria, la sanidad y la inocuidad agroalimentaria y humana. De no realizar esta modificación se generaría amenazas a la salud de la población, ya que los alimentos se podrían llenar de plagas y enfermedades, además, al no tener certificaciones se tendrían pérdidas económicas porque otros países no comprarán estos productos. Es decir, se pone en riesgo la exportación de productos alimenticios. Aunado a lo anterior, se corre el riesgo de que los alimentos que ingresarían a nuestro país serán de muy baja calidad y se pondría en riesgo la integridad de las variedades nativas de nuestro país, de frente a la entrada de organismos genéticamente modificados. Otra propuesta de la comisión que resulta de particular importancia que pensamos era indispensable, es que se hiciera explícito que la aplicación de la ley correspondería a la Secretaría de Economía por conducto de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y que lo dispuesto en esta ley no deberá aplicarse en materia fiscal, aduanera, del trabajo y de comercio exterior. Estas modificaciones se hicieron con la intención de mejorar la minuta enviada por el Senado de la República con el objeto de contribuir a su implementación y evitar posibles elementos que pudieran entorpecerla. Afortunadamente en todos los grupos parlamentarios representados en la comisión coincidimos que eran necesarios los cambios mismos que se aceptaron y aprobaron. Por supuesto, como cualquier otra ley, esta puede ser aún perfectible. Sin embargo, coincidimos con nuestros compañeros legisladores y legisladoras de los distintos grupos parlamentarios representados en la comisión que los cambios ahora aceptados, permitirían su aprobación. Felicito a los integrantes de la comisión por su disposición y escuchar y aceptar las propuestas vertidas y también por demostrar que cuando hay coincidencia y diálogo, el trabajo legislativo resulta productivo en beneficio de la sociedad. En esta misma línea de acuerdos y coincidencias desde el PRD les expresamos nuestro voto a favor del presente dictamen para la creación de la Ley de Confianza Ciudadana. Es cuanto, diputado presidente.