El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: las personas con alguna discapacidad en México representan el 5.1 por ciento de la población, según el último censo de población, aunque a nivel de la Organización de las Naciones Unidas se habla de hasta un 10 por ciento. Todas y todos ellos tienen necesidades especiales y también los mismos derechos que el resto de la sociedad. Por ello y ante las dificultades que deben de enfrentar en su vida diaria, es de primordial importancia elaborar políticas sociales que, sin provocar conductas paternalistas o de dependencia, garanticen la igualdad de oportunidades para lograr su plena integración social. Los más de cinco millones 739 mil personas con discapacidad reitero, según el último censo poblacional nos permite darnos una idea precisa de la dimensión del problema. Más de 22 millones de mexicanas y mexicanos resultan afectados, pues debemos considerar las implicaciones económicas, gastos médicos, rehabilitación, adaptación de infraestructura en casa; físicas: traslados o transferencias básicas sin equipo ni técnicas adecuadas, y emocionales: la falta de productividad, aislamiento, dependencia, derivando en vicios y conflictos en la dinámica familiar. Las personas con discapacidad en México continúan sin oportunidades reales de acceder a posibilidades mínimas de lograr una independencia por el problema de tratar de obtener un desplazamiento fácil, cómodo y seguro dentro de las propias viviendas, escuelas, colonias, comunidades, trabajos, edificios públicos y privados, centros comerciales, centros de entretenimiento, transporte público, etcétera. A menudo las personas con discapacidad no han tenido los servicios de ayuda que requieren, los que hay no son suficientes y, en su mayoría, no les están siendo disponibles. Los edificios públicos y los medios de transporte públicos no son accesibles para ellos, sino por el contrario verdaderas barreras infranqueables. Además, generalmente se les excluye de la vida cultural y de las relaciones sociales. Como sociedad debemos darles el respeto que se merecen, adecuando los edificios, las viviendas y el transporte público ayudando a todo que sea accesible para brindarles el apoyo para su independencia y desarrollo. Es por esto que consideramos pertinente la disminución del presupuesto de Gobernación reduciendo su ingreso del Anexo 7, Previsiones Salariales y Económicas en el apartado de Creación de Plazas por un monto de 120 millones de pesos que dicha cantidad aumentaría al presupuesto de salud y, a su vez, éste lo destinaría al Fondo para la Accesibilidad de las Personas con Discapacidad. Pues como sabemos, aún persisten retos significativos en materia de discapacidad termino, señor presidente como la erradicación de las desigualdades en cuanto a la oferta y servicios accesibles que se brindan en las diferentes entidades federativas, ya que desafortunadamente ésta se ha quedado estancada en una política que no considera los problemas relacionados con la discapacidad. Y lo que es peor, compañeras y compañeros, negando implícitamente su existencia y por ende, a sus derechos fundamentales como les corresponde. Derivado de esto someto a su consideración esta reserva al Anexo 7, del Anexo 20.1 del dictamen del proyecto de decreto. Es cuanto, presidente; compañeras y compañeros.