La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Gracias, presidenta. El proyecto de dictamen por el que se reforma el artículo 11 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es importante y fundamental para adquirir la menor credibilidad, al menos de esta Cámara de Diputados. El artículo 11, segundo párrafo de esta ley establece la integración de la Sección Instructora encargada de la sustanciación de juicios políticos y de declaraciones de procedencia. En la actualidad se integra por cuatro diputados, por eso ha sido imposible sacar los dictámenes que son importantes para la ciudadanía, pero sobre todo que son los cuatro diputados y diputadas que no han podido desempatar la votación para incoar juicios de procedencia y que este pleno conozca de ellos. Pero además, es importante que resuelva para retirar la protección constitucional a algún servidor público que ha sido imputado y aquí lo tuvimos en esta Cámara. Aquí el PRI lo protegió, aquí estuvo tres días intentando tomar protesta. El juicio político es un principio que deberíamos tener como una parte fundamental para quienes violentan la ley. Por ello la propuesta de ampliar a cinco miembros esta comisión es no solamente una acción de justicia, sino también para que se tomen decisiones serias y se pueda proceder ante quien violenta la ley. No pasa desapercibido que en la Junta de Coordinación Política se da la integración de la Sección Instructora y que en esa misma se puede dar una composición mayor a algún grupo parlamentario. Y eso lo vemos en las comisiones, hay comisiones en donde el PRI tiene una amplia mayoría y así no vayan las demás fracciones parlamentarias, ellos imponen su votación. Por eso es que la reforma a este artículo es muy importante, porque así podríamos destrabar los juicios de procedencia. Nosotros hemos sido impulsores del principio de igualdad ante la ley, de todos y todas las ciudadanas y, por lo tanto, no debe existir protección o impunidad en favor de cualquier servidor público y mucho menos del que violenta la ley. El fuero generalmente es utilizado por quien delinque, no por sus opiniones, sino porque en el fondo hace acciones contra la ley. Es necesario que lo que lleva en vigor el régimen de responsabilidades, del gobierno de Miguel de la Madrid, a partir del gobierno de Miguel de la Madrid y con la vigente Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, publicada el 31 de diciembre de 1982 y que está en vigor, conforme a lo dispuesto en el transitorio cuarto, a partir del 1 de enero de 1983. Ningún servidor público ha sido separado de su cargo por juicio político. Pero sí recordamos aquí el caso de Andrés Manuel López Obrador, a quien le fincaron un juicio de procedencia para descalificar su jefatura de gobierno. No solo se ha procedido cuando hay consigna, los casos de Díaz Serrano también es un ejemplo de ello. Votaremos a favor del dictamen, pero me permito decir que estamos en contra de que entre en vigor hasta la siguiente legislatura, porque en la Comisión de Transparencia cuando lo discutimos debió haber entrado en vigor en esta legislatura. No a juicios políticos a modo. Todos los juicios políticos que están en la Comisión, son responsabilidad del PRI. Muchas gracias.