La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Gracias, presidente. La desigualdad es un asunto que nos demanda atención urgente, porque esta se ha convertido en causa de descomposición social e incertidumbre que genera violencia en nuestro país. En ese contexto, el Grupo Parlamentario del PRI ha analizado cuidadosamente la propuesta del Ejecutivo federal para elevar a rango constitucional los programas sociales en los que este gobierno ha apostado para cerrar la brecha de desigualdad. En ese orden de ideas, es para nosotros importante mencionar que a un año o en algunos casos menos del año de implementación de los mismos, nos parece prematuro y arriesgado dar un carácter constitucional a aquello que aún no ha probado sus resultados. Nos resulta también importante, señalar que partiendo de aclarar que lo que se pretende incorporar al texto constitucional distan de ser derechos y son más bien acciones, programas, o en el mejor de los casos, políticas públicas que pudiesen materializar derechos. Nos llama poderosamente la atención que no sean consideradas otras líneas de acción concretas que pudiesen materializar derechos sociales consagrados en el artículo 4o constitucional. Por ello me permito presentar en esta tribuna tres reservas que consideramos fundamentales para dotar a esta reforma de elementos que permitan realmente incorporar a la Constitución el derecho del bienestar. La primera busca incorporar en la Constitución, el derecho al bienestar como eje articulador de cualquier programa o políticas social en México. La segunda pretende garantizar el derecho de toda persona a obtener beneficios de los programas sociales en materia de bienestar, entendiéndose que este, al ser un derecho universal, incluyente y que, por tal motivo, ningún mexicano o mexicana puede ser excluido por su edad, condición económica, social o cultural. Por otro lado, para que sea un derecho progresivo, se propone este tenga que ser incluido en los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo, así, garantizaríamos visiones institucionales a largo plazo que den certeza a los ciudadanos. La tercera está relacionada con el Sistema Nacional de Planeación Democrática. Se propone que se atienda de manera prioritaria a sectores de la población más vulnerables, como personas con discapacidad, adultos mayores, entre otros. Pero, sobre todo, el Grupo Parlamentario del PRI comprende que el éxito de una política social de bienestar depende de escuchar, escuchar a la gente y no de suponer que un apoyo económico resuelve el problema. Por ello, creemos indispensable que los sectores más vulnerables tienen que ser consultados y escuchados en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y para la construcción de las políticas públicas que materialicen el derecho al bienestar. El bienestar es un concepto que debe consolidarse entorno a escuchar a las personas. Su participación es fundamental para el desarrollo de las políticas sociales. El reto, entonces, es incluir una definición jurídica que no deje dudas sobre la importancia que el bienestar tiene como una política de Estado. Si mencionó en el parlamento abierto que si la reforma que aquí de discute versara sobre un derecho, entonces este tendría que ser universal, progresivo e interconectado con el marco jurídico en su conjunto. Para el derecho moderno, las responsabilidades del Estado no se limitan a tutelas la vigencia de las libertades individuales, si no se amplían a garantizar el acceso a los bienes sociales. Los datos económicos que arrojan la realidad como la renta per cápita, el producto interno bruto, la distribución de la renta y los índices de pobreza, entre otros, nos permiten medir apenas uno de los aspectos objetivos del bienestar social, es decir, el bienestar económico del país. Sin embargo, en la conformación de una situación de bienestar también influyen factores de índole social, como el acceso al sistema de salud el nivel de educación, la sensación de seguridad, la igualdad, la justicia social, entre otros. En este sentido el bienestar social va de la mano con el desarrollo humano. Sin un sentido de comunidad y una solidaridad renovados que pongan en el centro de sus esfuerzos el bienestar de la población, los Estados democráticos no tendrán un desarrollo sustentable. Sustraerse de esta responsabilidad propicia el avance de la desigualdad, la fragmentación social y un conflictivo creciente de inseguridad que limita nuestras expectativas de crecimiento económico. Por ello mi grupo parlamentario considera fundamental dotar de sostenibilidad de largo plazo las políticas sociales y las políticas de bienestar, a partir de fundamentarlas en los elementos centrales, en la planeación del Estado mexicano para garantizar no solamente su efectividad sino su eficacia a largo plazo. Modificar nuestra Carta Magna nos implica la máxima responsabilidad, y esta debe ser abordada con una visión integral que trace la línea conductiva de política social de nuestro país a corto, a mediano y a largo plazo. De otra forma esta no será más que una reforma o una modificación sin alcance de largo...