El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, señora presidenta. Antier celebramos los aniversarios de la Constitución de Querétaro, pero también memoramos los antecedentes principales del 57 y del 24 del siglo XVIII-XIX. La primera Constitución expedida como tal, declaró nuestra Independencia, la del 24 y las bases republicanas como buena fórmula de gobierno. La Carta de los grandes liberales de la mitad del siglo pasado que provocó una guerra interna y tuvo que sobrevivir a una invasión proclamaba todas las libertades de los individuos, la división de Poderes y la soberanía del Estado nacional, pero no cambió la realidad injusta de la mayoría de los mexicanos. Palabras como salario, trabajo jornalero, seguridad social, ejido, comunidad indígena, todavía fueron ajenas a la prosa de aquel texto constitucional. Pero su legitimidad bien que fue aprovechada por un dictador, este sí que dictaba y asumía las tres funciones del gobierno que puso el libro Juego de las Fuerzas Económicas para crear riqueza sobre la idea entonces retomada un siglo después de que producir era lo mismo que repartir. Sufragio efectivo, eso que el derecho real de votar y ser votado, era un bonito sofisma que adornaba en lo político. Tan fue así todo aquello que produjo una revolución cruenta, aunque transformadora, desde luego que expresaba la negación del estado de cosas porfiristas. Esa Constitución discutida y votada en Querétaro dio como una reforma como la del 5 de febrero de 1857, pero realmente fue una Carta Magna en todo su significado, provenía de una revolución y aparte se nutría de postulados sociales y políticos, reivindicatorios de la condición de la mayoría de los mexicanos. Esta Constitución, esta Constitución ha sido modificada por 256 decretos, que han cambiado el contenido de más de 700 artículos, especialmente en los últimos años del siglo pasado y los primeros 18 de esta centuria. La Constitución que está vigente, no se parece mucho en letra o alcances a la que contenía el espíritu social que inspiraba a los constituyentes de Querétaro. En la economía, durante todo ese proceso, se fue induciendo otra vez la idea original del siglo XVII del llamado mercado libre, se redujo la participación del Estado, se protegió la inversión de capital y sea cotaron los derechos de los trabajadores con una fórmula para crear riqueza, considerando este objetivo común apotegma y como una razón de ser. Los bienes nacionales se acercaron a la idea de que son mercancías, cuyo objeto es dar insumos al modelo capitalista mundial. El caso de la energía puede ser un ejemplo que se ha considerado un área fundamental que debe regir el Estado, que es el representante del interés nacional, pero recientemente ha sido entregado a la industria extranjera. A partir de 2018 se ha intentado un cambio de esta ruta, se ha intentado una retracción del Estado nacional y –se ha incorporado el modelo del liberalismo– que ha incorporado el modelo de liberalismo económico mundial. En lo social, ahora, se ha intentado redirigir el Presupuesto portando políticas públicas hacia las clases populares y se ha detenido la apropiación privada de los bienes nacionales. Sin embargo, este proceso de restauración nacional tiene una oposición visible y también legítima de partidos que antes fueron gobiernos y una buena parte de los medios de comunicación, y también del Poder Judicial Federal. Éste último cree que tiene la atribución de darse facultades así mismo para interpretar la Constitución y las leyes más allá de su tenor, es decir, de la intención normativa que el legislador quiso darle a la ley. Hoy la Suprema Corte sostiene la hipótesis, lo repito, hoy la Suprema Corte sostiene la hipótesis de que existe un bloque de principios jurídicos más allá de la Constitución, pero que sus integrantes, los de la Corte, son los únicos capaces de bajar su contenido para aplicarlos por encima de todas las normas. Hoy, instituciones como la acción de inconstitucionalidad ha sido burlada, para que lo que no pueden hacer 8 ministros lo pueda hacer un solo juez de amparo o 2 ministros nada más, por la vía de la interpretación judicial. Las reformas del año 11 y las secuentes han permitido que medios de defensa jurídica tan históricos, como el amparo, tengan hoy un uso político partidista que obstruye la gobernabilidad del Estado y afecta la función pública. Los 3 Poderes son democráticos. Puede decirse que ninguno lo es más que el otro. Cierto. Pero a condición de que se conduzcan democráticamente, esto es, que se sometan a la Constitución. Nosotros afirmamos que si existe un poder en México que se coloca hoy por encima de la Constitución y que vulnera los principios republicanos fundamentales de la austeridad, de la división de poderes y la sujeción al Estado de derecho positivo, es el propio Poder Judicial Federal. Esto y otros aspectos de la vida pública de México deben discutirse para lograr hacerlos compatibles con la democracia y la justicia. Termino con este párrafo, presidenta, si me lo permite.