El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, presidente. Someto a consideración del pleno de la honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma, adiciona y modifica el inciso a), numeral 1, del artículo 34 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; las fracciones XI y XII, y adiciona la fracción XIII del inciso a) del artículo 104 del Reglamento de la Cámara de Diputados, en materia de cumplimiento de los acuerdos aprobados por las comisiones ordinarias. Sáinz Moreno, citado por la doctora Cecilia Mora Donatto y Elia Sánchez Gómez en su obra Teoría de la legislación y técnica legislativa, ha señalado que la calidad de las normas que integran el ordenamiento jurídico ha dejado de ser un problema literario o lingüístico para convertirse en una exigencia constitucional, cuyo incumplimiento implica una obligación del principio de seguridad jurídica. Agrega la doctora Mora que recobras la centralidad del parlamento, la importancia de todos y cada una de sus funciones, especialmente de la legislativa en el Estado democrático, es una tarea que apremia. Dicho fortalecimiento pasa necesariamente para racionalizar el mecanismo o, mejor dicho, la pluralidad de instrumentos de producción de normas legales. A esto pretende contribuir la construcción teórica que aquí se ofrece. Persigue desde luego reforzar los principios de legalidad y de seguridad jurídica, partiendo del principio democrático y representativo cuya encarnación más genuina es el parlamento. Para ello se requiere que sea éste y no otro órgano al que compete la elaboración de las directrices políticas de creación y evaluación de las normas con rango de ley. Las premisas fundamentales que plantea dicha teoría derivan de las necesidades de racionalizar la producción normativa de los Congreso o generar –como se ha dado en llamarse de manera reciente– un nuevo diseño institucional para la producción de las normas con rango legal, un modelo que permita como mínimo una reflexión más detenida de las causas que motivan la aprobación de una ley, el impacto normativo que producirá dicha norma legal una vez incluida en el ordenamiento jurídico y la evaluación de los resultados provocados, una vez aplicada la misma. Dicha teoría no pierde de vista que el problema de la elaboración de las leyes no es sólo un problema de buena redacción, sino también de exigencia para volver efectivos los principios de legalidad y de seguridad jurídica en que se inspira un genuino Estado de derecho. En concordancia con la doctora Mora Donato, resulta inminente que en la construcción de las normas sea aplicado un modelo que permita, en definitiva, los elementos antes citados. Para ello, también es imprescindible hacer reformas al marco jurídico que nos rige específicamente dando solución a un grave problema que expondremos a continuación, y que tiene que ver con una de las atribuciones de la Junta de Coordinación Política y en relación a las normas concernientes a las discusiones en lo general de los dictámenes con proyecto de ley o de decreto, establecidas en el Reglamento de la Cámara de Diputados. Lo anterior, afecto de evitar lo acontecido en días pasados con la discusión del dictamen de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, respecto de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los artículos 41 y 85 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de comisiones de investigación. Es importante resaltar que, una vez habiéndose aprobado por unanimidad de los diputados presentes, en la reunión ordinaria de la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y que fue turnada la iniciativa del diputado Roberto López Suárez, cuyo objetivo es de la mayor trascendencia; en la sesión del pleno en la que se discutió el dictamen en comento, una vez aprobado en lo general y en lo particular los artículos no reservados, argumentando su perfeccionamiento y atendiendo las diversas preocupaciones escuchadas en el pleno, el titular de la Junta de Coordinación Política manifestó —cito textual—: Se regrese a comisiones el dictamen que está a discusión y con base al 33 y el 34 que usted citó, dirigiéndose al señor presidente de la Cámara de Diputados, como presidente de la Junta le solicito, sea retirado el dictamen, regresando a comisiones y habremos de entregar el artículo correspondiente en unos momentos. Consultando a la asamblea, en votación económica, si el dictamen se regresa a la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Lo acontecido aquél día, nos motiva a la presentación de esta iniciativa, la cual tiene como finalidad la prohibición de devolver a la comisión a la cual fue turnada una iniciativa o minuta, un dictamen en sentido positivo por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, siendo sólo procedente la anterior devolución, cuando así lo aprueben las dos terceras partes de los diputados presentes en el pleno. Al respecto, en opinión de Miguel Ángel Camposeco Cadena, el dictamen es un acto de voluntad colegiada que reúne la decisión mayoritaria de los miembros integrantes de un órgano de instancia de decisión, denominado comisión de dictaminación legislativo o comisión dictaminadora. Como documento, constituye el elemento formal que acredita el cumplimiento de una etapa del procedimiento constitucional y reglamentario indispensable para la integración del acto legislativo. El concepto antes citado nos permite entender la dimensión del alcance del dictamen, por lo cual, no es admisible que sea en votación económica y consultando a la asamblea la devolución de un dictamen a la comisión dictaminadora. Sin duda, estamos obligados a sentar las bases para un fortalecimiento real del Poder Legislativo. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.