La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Muchas gracias. De acuerdo con el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, se estima que el crimen organizado habría generado hasta 3.6 billones de pesos del 2013 al 2017, siendo esta industria criminal un éxito en términos financieros. Dichas ganancias provienen de la venta de drogas, narcomenudeo, extorsión, secuestro, trata de personas, entre otras muchas actividades ilegales. Por otro lado, la corrupción en México, se estima, nos cuesta alrededor de 100 mil millones de dólares al año. No omito señalar que de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción, publicado por transparencia internacional, nuestro país ocupa el lugar 135 de 180, siendo la nación más corrupta del G20. Resulta necesario reforzar los instrumentos que permitan combatir de manera inteligente, eficiente y eficaz tanto al crimen organizado como a la corrupción que tanto lacera a nuestro país. La extinción de dominio se puede definir como el proceso por el cual una persona pierde los derechos sobre sus bienes, así como sus frutos y productos sin compensación alguna para su dueño ni quien se ostente o comporte como tal, aplicándose dichos bienes a favor del Estado. Por lo anterior se puede decir que dicha figura es considerada de carácter real y de contenido patrimonial, procediendo sobre cualquier bien, independientemente de quien lo tenga en su poder. Esta ha tomado gran relevancia en distintos países convirtiéndose en una estrategia central en el combate contra la inseguridad. Naciones como: Italia, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, Brasil, por mencionar algunos, han mostrado resultados favorables para atacar al crimen organizado, pues se arremete contra la capacidad operativa con la que cuentan estas organizaciones criminales, además de ser un procedimiento eficaz para la recuperación de activos. De igual forma instrumentos internacionales como: la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, obliga a los Estados parte a adoptar medidas para desarrollar estrategias integrales para enfrentar situaciones que ponen en riesgo la seguridad nacional. Si bien la extinción de dominio ya está establecida en nuestra Carta Magna, esta no ha tenido los efectos deseados. Cabe mencionar que la extinción de dominio no contraviene los derechos humanos ya que se otorga seguridad jurídica y garantías que se establecen en la misma Constitución. El replanteamiento que se pretende aprobar se sustenta en principios constitucionales de seguridad jurídica, legalidad y debido proceso. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que aun y cuando la extinción de dominio se origina de la comisión de un hecho delictuoso, el proceso versa sobre si el bien está relacionado con actividades de un tipo especial de crimen. El proceso de extinción de dominio es un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil y no penal. Es importante enfatizar que la extinción de dominio únicamente versará sobre bienes que su legítima procedencia no pueda acreditarse y se encuentren relacionados con investigaciones derivadas de hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, de delitos contra la salud, secuestro, extorsión, trata de personas o delitos en materia de hidrocarburos. Por último, veo como acertado el cambio realizado por el Senado de la República en la que reforma el artículo 73, fracción XXX de la Constitución, para que este Congreso de la Unión expida la legislación única sobre extinción de dominio en términos de lo que establece el artículo 22 del mismo ordenamiento. Con ello, se da certeza jurídica a la facultad para expedir el ordenamiento en la materia. En el Grupo Parlamentario de Encuentro Social estamos a favor de instituciones fuertes, así como de procedimientos viables, eficientes, eficaces que nos permitan combatir al crimen organizado y a la corrupción. Estamos a favor de estimular el combate inteligente a estas actividades ilícitas, así como de reforzar la estrategia de seguridad pública y procuración de justicia. Este procedimiento civil para solicitar la extinción de dominio será procedente sobre el patrimonio del imputado, cuya procedencia legítima no pueda comprobar. Por lo anterior, Encuentro Social votará a pro de este dictamen que emitió la Comisión de Puntos Constitucionales respecto a la minuta por la que se reforman diversas disposiciones del Pacto Federal. Es cuanto, presidente.