El diputado Javier Guerrero García: Con su permiso, señor Presidente. Bienvenido, señor secretario. Me da gusto, ciudadano secretario, que usted haya iniciado su comparecencia con una actitud propositiva y autocrítica. Tuve la oportunidad de compartir con usted y colaboradores suyos, tareas conjuntas en la Convención Nacional Hacendaria, donde se han debatido elementos que aún no han tenido resultados y que con una actitud propositiva se puede dar cauce con responsabilidad a una expectativa de desarrollo que ahora parece extraviada. En honor a la verdad reconozco el nivel y la calidad de la comunicación, además del respeto con el que siempre nos trató como interlocutores. Comparto con usted el aprecio por resultados como la estabilidad, el énfasis en infraestructura y desarrollo social, en los instrumentos de política pública en materia de combate a la pobreza. Sin embargo, como usted mismo lo reconoce, falta mucho por hacer. Algo está mal. El modelo económico no ha sido capaz de superar los índices de desigualdad que prevalecen en múltiples regiones y poblados en nuestro país. La pobreza y la marginación, producto de la iniquidad, están a la vista. El desarrollo desigual hace de nuestro país una amalgama de varios Méxicos. El PIB en la región sur-sureste, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Veracruz, es la mitad del promedio nacional. A los pobladores de estos estados habría que preguntarles si sólo la disciplina financiera es suficiente. Habría también que preguntarse de acuerdo a las cifras del Banco Mundial, si no valdría la pena revisar la orientación y los contenidos de las políticas en materia de combate a la pobreza que algunos voceros de este gobierno han presentado con cifras muy alegres. Esto sólo demuestra que el modelo económico ya no se ajusta a la nueva situación. Un aspecto importante de todo esto es la política de gasto. Al final no hay una buena hacienda si los ingresos no se aplican en un buen gasto, entendido este concepto no sólo desde su eficacia en ahorro, sino fundamentalmente en su calidad, que se mide por el impacto en el desarrollo. Es por ello importante entrar a la revisión de las políticas de gasto. La transferencia de recursos a los estados sin una política de gasto acordado en las entidades y regida por una inversión regional y multianual, es sin duda una carencia de estos últimos seis años. No se puede abordar ninguna reforma hacendaria exitosa si no se reivindica la regionalidad de su aplicación y la multianualidad de su ejercicio. El uso de los recursos excedentes del petróleo no puede sólo restringirse a un acuerdo de transparencia hacia los estados, debe este gasto tener un efecto claro en el desarrollo regional. Es fundamental definir las políticas que deben acompañarse en la definición de los montos del gasto. Los esfuerzos en este sentido sólo han impactado a rubros específicos y limitados; la infraestructura carretera y la infraestructura básica en las zonas urbanas. Es cierto que el conjunto de las ochenta ciudades medias absorbe el 33 por ciento del crecimiento presupuestal anual, pero la población en el ámbito rural tiende también a crecer y su atomización requiere de respuestas que impidan que la iniquidad se arraigue, ya que sus habitantes representan 20.3 por ciento de la población total. Se han incrementado progresivamente los recursos federales que se entregan a las entidades federativas en algunos rubros, pero en educación se han reducido. Es impensable que el factor fundamental para el desarrollo humano sea descuidado y se reduzca un gasto que impacta en la calidad de los servicios de la educación. Por ello, señor secretario, le pregunto. Insisto, en la vía para encontrar los puentes que den elementos para hacer de la política hacendaria un instrumento de desarrollo más efectivo, ¿cómo generar incentivos positivos y adecuados para la concurrencia financiera de los tres ámbitos de gobierno en la ejecución de programas y proyectos de inversión de impacto regional y ejecución multianual? ¿Qué políticas impulsar para que el marco normativo y los sistemas presupuestarios fortalezcan el federalismo y el desarrollo regional para que se adapten a las nuevas necesidades? ¿Qué mecanismos propondría para impulsar un trabajo coordinado entre el Congreso de la Unión y el Poder Ejecutivo, a fin de reformar la normatividad del gasto federalizado, con el objetivo de establecer incentivos a la calidad y al logro de los resultados? Quienes somos egresados de la universidad pública nos sentimos orgullosos porque la Universidad Nacional está entre las primeras 80 universidades del mundo. Hay una preocupación de la fracción del PRI respecto a la política de financiamiento para las universidades públicas. Un caso extremo que ejemplifica esta situación es lo que sucede en la Universidad Autónoma de Sinaloa. El Presupuesto de Egresos en 2004 le asignó 220 millones; en 2005, 287 millones; pero para el 2006, sólo 161 millones, que además no le han sido entregados. En la última quincena de septiembre la Universidad se declaró insolvente para el pago de la misma. Ese mismo mes, esta Cámara acordó, por unanimidad, solicitar estos recursos. Requerimos con todo respeto, señor Secretario, una respuesta. Muchas gracias.