El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez (PAN): Con su venia, diputado Presidente. "Su servidor, diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, someto a la consideración de esta Cámara iniciativa de decreto por el que se reforman diversos artículos del Código Federal de Procedimientos Penales y el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en Materia de Arraigo, de acuerdo a la siguiente e " Exposición de Motivos: "La legislación penal entraña una delicada relación entre el poder público, es decir, por un lado la facultad punitiva del Estado y los derechos fundamentales del ciudadano plasmados en las garantías individuales previstas en nuestra Carta Magna, en virtud del cual es preciso pugnar día a día para lograr el debido equilibrio entre los derechos de la víctima u ofendido y los del propio inculpado en un proceso en pro de una debida y garantizada procuración e impartición de justicia penal, que responda a las necesidades sociales sin causar males mayores. "Es por ello que resulta sumamente importante el tema del arraigo, que analizado a la luz de los derechos humanos, en su actual aplicación es motivo de alarma tanto en la norma legal como en la práctica excesiva que se está llevando a cabo desde hace algunos años, que se ha visto incrementada en demasía a partir de la Conferencia de Procuradores que tuvo verificativo en el año 2001, en la que se propuso ampliar el arresto domiciliario o arraigo, con la finalidad de mejorar la procuración de justicia, facultando con ello al Ministerio Público para decretarlo motu propio, sin la intervención de autoridad judicial, argumentando que con ello se eliminarían algunas trabas jurídicas en pro de la seguridad pública. "Debemos recordar que el arraigo debe ser considerado e implementado como una medida cautelar, lo cual implica proceder con precaución y reserva, para evitar los inconvenientes o daños que motivadamente se teman. Esta figura tuvo su origen en el procedimiento civil, para garantizar la subsistencia de la materia de la litis y no como una pena, pese a lo cual en nuestros días el arraigo se ha convertido indudablemente en una pena no impuesta por un juez, a quien no se le ha seguido un debido proceso y a quien en caso de resultar responsable no se le computará siquiera el tiempo de arraigo para efectos de la pena y a quien en caso contrario, es decir, aún siendo inocente y tras 1, 2 ó 3 meses de arraigo injustificado, sólo se le dirá que fue una equivocación con el clásico usted disculpe. "Como legisladores no podemos ni debemos permitir que esta situación se prolongue, porque la práctica excesiva del arraigo entraña en primer lugar la privación injustificada del derecho de libertad de quien no sólo no ha sido sentenciado como culpable de un delito, sino de quien apenas es un indiciado y no hay elementos suficientes para considerarlo como un presunto responsable por la comisión de un delito, situación que sería explicable en un estado autoritario, pero no en un país que como México se esfuerza permanentemente por consolidar el estado de derecho y la vigencia plena de la democracia y los derechos humanos. "Comparativamente, podemos considerar que el arraigo vulnera derechos con mayor gravedad que en tratándose de una detención ante el Ministerio Público, dado que el detenido tiene una serie de derechos garantizados como son: el derecho a no ser incomunicado, a recibir visitas, a un trato digno, entre otros, que no están previstos para el arraigado, aunado a la molestia de ser posiblemente interrogado por la policía en esas condiciones en repetidas ocasiones y sin contar el con ejercicio pleno de sus derechos procesales. "Asimismo, pese al nombre del arraigo domiciliario, éste se practica no en el domicilio de la persona, como en su origen se estableció esta medida, sino que se extiende a casas de seguridad u hoteles designados discrecionalmente, sin que se haya precisado en forma alguna si el arraigado puede sustraerse del lugar designado, si podrá permanecer o recibir la compañía de su familia, si podrá seguir trabajando, en fin, no existe regulación alguna sobre el ejercicio de los derechos que le corresponden, omisión que sin duda alguna propicia el exceso y abuso por parte de quien lo ordena y de quien lo ejecuta. "Como lo ha señalado el doctor Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, originalmente el arraigo pretendía ocasionar una molestia mínima a la persona sobre la cual había indicios de haber participado en la comisión de un delito, por lo que no era factible su consignación al no contar el Ministerio Público con suficientes elementos. Para ello, evidentemente, la mejor opción era el arraigo en el domicilio de la propia persona. "Con la creación en 1996 de la Ley Federal contra la delincuencia Organizada, sobre la que persiste aún el debate de su anticonstitucionalidad, se ha atendido al fortalecimiento del marco jurídico penal, para eliminar, como se ha señalado en líneas precedentes, los supuestos obstáculos jurídicos para la procuración de justicia. ¿Acaso debemos entender por obstáculos jurídicos las garantías individuales? ¿acaso se ha pretendido justificar la extralimitación de los servidores públicos en el ejercicio del poder? ¿Acaso estamos en un estado autoritario para pasar por alto las garantías de las personas? . Amén de lo anterior, el arraigo como se practica actualmente, viola flagrantemente la presunción de inocencia y la garantía de debido proceso plasmada en el 2º. Párrafo del Artículo 14 Constitucional, pues con esta práctica se afecta la libertad personal de tránsito, de trabajo, el derecho al buen nombre, la imagen ó a la protección de honor y etc., y en perjuicio de aquel que de hecho empieza a compurgar una pena, el arraigo sin que exista ni sentencia condenatoria en su contra y ni siquiera elementos suficientes para solicitar la orden de aprehensión como presuntos responsables de un delito. En nuestra consideración, debe ser únicamente el Juez quien pueda autorizar esta medida cautelar que no es otra cosa sino la privación excepcional de derechos de quienes pueden ser probables responsables de delito, sin que pueda extenderse nunca a testigos y mucho menos a la víctima u ofendido del delito. Es necesario, además, que el arraigo recobre su naturaleza precautoria para eliminar su actual carácter de práctica para investigación, para que la autoridad no realice actos de molestias que no sean estrictamente indispensables, que el arraigo se practique únicamente en el domicilio descartando con ello las denominadas casas de seguridad u hoteles y, sobre todo, debe estar previsto exclusivamente para probables responsables, no para testigos, víctimas u ofendidos. Habría además, de establecerse un régimen de responsabilidades para quien lo ordena y para quien lo ejecuta si no existen elementos suficientes para tomar dicha medida precautoria con la finalidad de evitar excesos y abusos en su ejecución. Tampoco escapa a nuestro interés la importancia dela debida persecución de los delitos y de los delincuentes, siendo una de las principales obligaciones del Estado el brindar seguridad pública y paralelamente seguridad jurídica ala luz de lo cual y para evitar que quien ha cometido un delito se le otorgue el amparo de la justicia federal en contra de una orden de arraigo debidamente dictada por un Juez, con base en la endeble Legislación Secundaria, es indispensable que en nuestra Carta Magna prevea la figura del arraigo como medida cautelar, es por ello que paralelamente a esta Iniciativa, propondremos se inserte un párrafo al Artículo 16 de nuestra Carta Magna a efecto de asentar los lineamientos aplicables al arraigo obligando con ello a su observancia a todos y cada uno de los Estados que integran la Federación. Asimismo, mediante esta Iniciativa, compañeros Legisladores, proponemos modificar los preceptos relativos al Código Federal de Procedimientos Penales a efecto de precisar el arraigo como domiciliario y suprimir la segunda parte del Artículo 256 toda vez que el arraigo domiciliario sólo podrá decretarse en contra de presuntos responsables, no de testigos ni de víctimas u ofendidos por el delito. En cuanto a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, se sugiere especificar que el arraigo será domiciliario y suprimir la referencia, a, en el lugar, toda vez que esta medida cautelar sólo debe operar en el domicilio del indiciado. Asimismo se sugiere omitir por innecesaria la frase relativa a y pueda abreviarse el tiempo del arraigo pues previamente se especifica que únicamente se prolongará por el tiempo estrictamente indispensable, mismo que en esta Iniciativa también proponemos se reduzca a 60 días con la finalidad de que el Ministerio Público dé celeridad a las indagaciones correspondientes. Por lo expuesto y convencido de la trascendencia de esta Reforma, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados el mismo que pido se inserte plenamente en el Diario de Debates. (aplausos) -