La diputada Rocío Sánchez Pérez (PRD): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Comparezco ante ustedes para presentar iniciativa de decreto que reforma y adiciona los artículos 27, 73, 94, 96, 100, 101, 105, 110 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para fortalecer al Poder Judicial. Indudablemente que el fortalecimiento, autonomía e independencia del Poder Judicial y los sistemas de administración de justicia en los ámbitos federal y local son clave para consolidar una transición hacia la democracia, sin autonomía e independencia del Poder Judicial, las premisas básicas de la democracia carecerán de toda realidad, no habrá medios para exigir el cumplimiento del postulado de que las y los ciudadanos gozan de iguales derechos pues la igualdad ante la ley no podría llevarse a la práctica. Tampoco habrá forma de exigir la subordinación del poder político a la soberanía popular pues no existirán mecanismos para sancionar las transgresiones al estado de derecho, ni para defender y proteger el derecho de rendición de cuentas y la obligación de los gobernantes a rendirlas. Sólo poderes judiciales autónomos, a nivel federal y en las entidades federativas, podrán hacer efectiva la existencia de un verdadero estado de derecho y hacer que se respeten a cabalidad las limitaciones externas e internas del poder que se consagran tanto en la Constitución General de la República, como en las constituciones particulares. Unicamente sistemas de administración de justicia independientes y eficaces estarán en capacidad de proteger las libertades y derechos individuales y colectivos y al asegurar la subordinación del poder político al imperio de la ley, que el ejercicio del poder sea percibido por los ciudadanos como legítimo. En esta línea la iniciativa que se somete a la consideración de esta soberanía propone el fortalecimiento de los órganos de administración de justicia, mediante el desarrollo de tres ejes fundamentales. A través del primer eje, se pretende consolidar la autonomía presupuestaria del Poder Judicial de la Federación, al proponer que en el mismo texto de la Constitución General de la República, se le asigne un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos de la Federación. Con el segundo eje, persigue alcanzar la onicidad jurisdiccional al incorporar los Tribunales en Materia Agraria, Laboral y de lo Contencioso Administrativo, del ámbito federal al Poder Judicial de la Federación, en tanto que, el tercero tiene por objeto garantizar independencia y autonomía funcional y financiera a los poderes judiciales de las entidades federativas desde el mismo texto de la Constitución General de la República. Como consecuencia, en primer término, en la iniciativa de reforma propone la creación de una previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial de la Federación, como un apartado presupuestario mínimo permanente que deberá ser incluido anualmente en el Presupuesto de Egresos. La creación de una previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial de la Federación, tiene como virtud la de establecer un ingreso mínimo en relación con el presupuesto nacional, que debe ser invariablemente destinado a la rama judicial, por ende, asegura un monto suficiente de recursos financieros para que el Poder Judicial responda a la demanda social de justicia, logre sufragar su indeficiencia, los gastos de funcionamiento ordinario de la administración de justicia, mejore la calidad de la justicia como producto institucional, mediante programas de inversión y modernización judiciales y en general para dignificar la función jurisdiccional del Estado. En la iniciativa la previsión constitucional presupuestaria destinada al Poder Judicial de la Federación, se fija en un mínimo de 2.5% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación, que aún cuando sigue siendo un porcentaje moderado con respecto a las exigencias sociales de justicia, indudablemente que implicará un progreso significativo en la materia. En un segundo aspecto, la iniciativa propone la incorporación de los Tribunales en Materia Agraria, Laboral y de lo Contencioso Administrativo, al Poder Judicial de la Federación. A través de la incorporación de los Tribunales en Materia Agraria, Contencioso Administrativo y Laboral, se evitarían duplicidades y disfuncionalidades en el ejercicio de la potestad jurisdiccional encomendado al Poder Judicial, no se violentarían o cuestionarían los principios de independencia, unidad y exclusividad de jurisdicción que requiere el Poder Judicial para desarrollarse en un verdadero estado de derecho, pues la resolución de controversias sería exclusiva de este Poder. Del mismo modo, con esta reforma el Consejo de la Judicatura Federal sería el único responsable de la vigilancia y disciplina de los juzgadores y del servicio de carrera judicial. Finalmente, se proponen dos adiciones a la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se consideran indispensables e imprescindibles para otorgar independencia y autonomía funcional y financiera al Poder Judicial de las entidades federativas y que indiscutiblemente serán definitorias para dar eficiencia a los sistemas locales de administración de justicia y hacerlos accesibles a la sociedad en su conjunto. Con la primera adición se reconocería plena autonomía presupuestaria al Poder Judicial de los estados, al garantizarles en el mismo texto de la Constitución General de la República, la asignación de un porcentaje mínimo del Presupuesto de Egresos en cada entidad federativa que ejercería con absoluta independencia. Con la segunda adición se aseguraría la independencia funcional de las judicaturas locales, las atribuciones administrativas, incluyendo las presupuestarias del Poder Judicial de los estados por disposición expresa de nuestra Carta Magna, se asignarían a consejos de judicaturas locales, órganos que además serían responsables de velar por la independencia de los jueces y magistrados y de aplicar los principios relativos a la carrera judicial. Para justificar lo anterior es pertinente hacer la observación que la fecha sólo en 15 estados de la Unión existen consejos de la judicatura yv no todos ellos son homogéneos ni todos están provistos de dispositivos suficientes para asegurar la independencia, autonomía y eficacia de la función judicial en sus respectivos ámbitos, con la consecuencia negativa de que los Ejecutivos locales siguen interviniendo e influyendo de manera definitoria en el nombramiento, remoción, tiempo de permanencia, composición y el número de los miembros de las judicaturas estatales. Corresponde pues reforzar y garantizar los principios de independencia y autonomía funcional y financiera del Poder Judicial de los estados desde la misma Constitución General de la República, aprovechando su doble aspecto de ley fundamental del Estado Federal y de estatuto nacional común a los estados que lo integran. Señor Presidente, solicito instruya a la Secretaría para que el texto íntegro de la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa se inserten en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Muchas gracias. -