El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. Honorable Asamblea. El que suscribe, diputado Efraín Morales Sánchez, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en ejercicio de la facultad que me otorgan los artículos 71 fracción II, 72 inciso h), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en lo dispuesto por los artículos 55 fracción II; 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Dentro del marco de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 4º establece el derecho de todo mexicano a la protección de su salud. Es la salud uno de los bienes sociales más preciados que todo ser humano debería tratar de conservar y por el que día a día debería pugnar, ya que si se tiene salud cualquier proyecto o perspectiva de vida por sí mismo adquiere posibilidades de ser logrado. En muchos casos nuestra salud, incluso nuestra propia vida, puede depender de la administración de uno o varios medicamentos, ya que la prevención, curación, rehabilitación o control de las enfermedades pueden ser tratadas mediante los efectos terapéuticos que conlleven los principios activos de las fórmulas farmacéuticas. Por ello, la evolución de la humanidad ha hecho que los medicamentos sean considerados artículos de primera necesidad, es decir, bienes básicos para cualquier sociedad y que al pasar el tiempo su consumo adquiera grandes proporciones. Dicho sea de paso, somos un país cuya tendencia orilla al envejecimiento de la población, lo que de suyo implica el aumento en la demanda y consumo de medicamentos. Respecto del consumo de medicamentos, podemos destacar los siguientes aspectos: México, Brasil y Argentina concentran actualmente 80 por ciento del consumo total de medicamentos en toda América Latina. Estos países, junto con Europa, Estados Unidos y Japón, concentran la principal fuente de consumo de la industria farmacéutica internacional. Para el caso de los tres primeros países, el consumo de medicamentos asciende a los 12 mil millones de dólares anuales y para el caso de Europa, Estados Unidos y Japón el consumo en conjunto asciende a los 310 mil millones de dólares. De acuerdo a la OCD, nuestro país destina 22 por ciento de sus erogaciones totales de salud a la compra de medicamentos, al mismo tiempo que el 91 por ciento de dicho gasto proviene del bolsillo de las personas. Cabe decir que entrado el año 2005 ascendió a dos mil 800 millones de dólares el gasto de medicamentos en el mercado privado de nuestro país. En lo que respecta a la producción de medicamentos es menester destacar lo siguiente: en Estados Unidos, Japón, Alemania y Francia se concentra la producción farmacéutica a nivel internacional, al mismo tiempo que son pocos los laboratorios que concentran la producción de medicamentos. A saber: Pfizer, GlaxoSmith, Merck, Astra Zeneca y Novartis. Cabe decir que hoy día el mercado farmacéutico en nuestro país ha alcanzado la novena posición a nivel mundial y el primero en América Latina en materia de producción de medicamentos. De hecho, se espera que para el presente año la industria farmacéutica de México reporte ventas por nueve mil millones de dólares y siga aumentando su tendencia de crecimiento, el cual ha sido de 13 por ciento en los últimos cinco años, lo que ha significado ser un sector altamente rentable a los industriales del ramo, especialmente a los laboratorios transnacionales, que tienen concentrada la producción y comercialización de medicamentos a nivel internacional. El hecho de que la producción y comercialización de los medicamentos a nivel internacional esté concentrada y manejada por una minoría de laboratorios ha derivado en la monopolización del sector farmacéutico, lo cual ha trascendido a nuestro país y cuyo resultado final lo sentimos en los elevados precios de los medicamentos patentados, afectando directamente el bolsillo de los consumidores y, lo que es peor, contribuyendo a la precarización e iniquidad de la salud de aquellas personas que requieren de algún medicamento para gozar de salud, incluso para salvar su propia vida. En el mercado farmacéutico mexicano se encuentran establecidas alrededor de 250 empresas, de las cuales 10 por ciento son del gran capital y 90 por ciento del mediano y pequeño. Esta industria alcanzó en México, en el año 2005, ventas por seis mil millones de dólares, de los cuales la mitad se concentraron en 10 laboratorios de empresas transnacionales asentadas en nuestro país, entre los cuales se encuentran Pfizer, Roche, Glaxo Novartis, Shering Ploug y Johnson & Johnson. Las ganancias multimillonarias de estas empresas en gran medida derivan del beneficio que actualmente les otorga la ley en materia de patentes, específicamente el prolongado lapso de vigencia establecido en la Ley de Propiedad Industrial de nuestro país que a la letra dice, en su artículo 23. "La patente tendrá vigencia de 20 años, improrrogables, contada a partir de la fecha de presentación de la solicitud y estará sujeta al pago de la tarifa correspondiente", situación que se refuerza con la normatividad internacional, como es el caso del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio, de la Organización Mundial de Comercio y que, en su artículo 33 establece: "La protección conferida por una patente no expirará antes que haya transcurrido un período de 20 años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud". Por ello hacemos un categórico y enérgico llamado al Ejecutivo federal a fin de hacer cumplir cabal y estrictamente el espíritu y la letra del Legislador respecto de la vigencia de las patentes establecidas en la normatividad nacional e internacional, a objeto de evitar que los titulares de patentes y autoridades incurran en prácticas que conlleven indirectamente a la extensión de dicha vigencia. Ello porque si bien es cierto que las patentes tienen como finalidad incentivar económicamente a los creadores de productos para dar a conocer al resto de la sociedad los beneficios de sus innovaciones, así como estimular la investigación y desarrollo de nuevos productos, también es cierto, para el caso del sector farmacéutico, que no son suficientes para mantener una sana industria de medicamentos. Como dice el maestro Santiago González Luna, tampoco significa que las patentes deban ser derechos absolutos e ilimitados, ya que la hipertrofia de las patentes no acarrea más innovación, por el contrario, facilita el abuso de derechos y disminuye la libre competencia, que es el otro motor de la innovación. El hecho de que los medicamentos innovadores sean una creación humana científica de gran aporte, valor y beneficio a la sociedad, sin menoscabo del desarrollo y competencia industrial, no debe ser factor para que su producción y venta se desvirtúe del beneficio social y cause un gran daño a la comunidad en el momento en el que su valor se exagera, sale de control y se convierte en absoluto, como lo que ocurre en la industria de medicamentos en nuestro país, cuyos altos precios de venta merman el beneficio a la población, al padecer ésta día a día el alto costo económico y social de no poder pagarlos, anteponiendo el interés común sobre el privado. La iniciativa que presento hoy pretende contribuir a la disminución de los precios de los medicamentos, por tanto, a flexibilizar el acceso a los mismos a través del fomento a la competencia industrial que la concesión de licencias de utilidad pública puede aportar mediante la explotación de ciertas patentes de medicamentos que atiendan a las exigencias de la propia transición epidemiológica de la que nuestra población mexicana es objeto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y considerando que los derechos exclusivos que confieren las patentes pueden incidir en el precio y la disponibilidad de los medicamentos y en apoyo al derecho de proteger la salud pública y promover el acceso a los medicamentos para todos, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea, el presente proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial. "Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 77, se adiciona una fracción VII al artículo 223 y se reforma el artículo 224, todos de la Ley de la Propiedad Industrial, para quedar como sigue: "Ley de la Propiedad Industrial. Título Segundo. De las invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales. Capítulo VI. De las licencias y la transmisión de derechos. Artículo 77. Por causas de emergencia o seguridad nacional y mientras duren éstas, y en caso de enfermedades consecuencia de la transición epidemiológica general del país, cuyos niveles de morbilidad y mortalidad demanden atención prioritaria, previamente autorizada por el Consejo de Salubridad General, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial emitirá la declaración correspondiente, misma que se publicará en el Diario Oficial de la Federación, determinando que la explotación de las patentes que la misma declaración establezca, se hagan mediante la concesión de licencias de utilidad pública. "Título Séptimo. De la inspección de las infracciones y sanciones administrativas y de los delitos. Capítulo Tercero. De los delitos. Artículo 223 fracción VII. La trasgresión por parte de los titulares de las patentes a lo dispuesto por el artículo 77 de esta ley. "Artículo 224. Se impondrán de dos a seis años de prisión y multa por el importe de 100 a 10 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal a quien cometa alguno de los delitos que se señalen en las fracciones I, IV, V o VI del artículo 223 de esta ley. En caso de los delitos previstos en las fracciones II, III y VII del mismo artículo 223, se impondrán de tres a 10 años de prisión y multa de dos mil a 20 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. "Transitorios "Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Por su atención, muchas gracias.