La diputada María de los Angeles Gutiérrez Valdez: Todo a favor de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, desde la ley se han implementado las directrices institucionales que habrán de protegerlos garantizando el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos, evitando en todo momento su vulneración. Es así que en el amplio reconocimiento de sus derechos humanos se ha impuesto al Estado las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar, esto de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, en consecuencia, prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos. La Ley General de los Derechos de las Niños, Niñas y Adolescentes contempla como un hecho de prevención y progresividad los protocolos de actuación. Debemos de saber que en la aplicación de estos su principal objetivo es ofrecer procedimientos estratégicos para atender en los centros educativos todo hecho que afecte la sana convivencia, pero al mismo tiempo se fortalezcan las prácticas de convivencia inclusiva, democrática y pacífica. También es preservar y lograr espacios educativos armónicos ayudando a la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica con la finalidad de salvaguardar la integridad de los alumnos. En atención a esta disposición, la Secretaría de Educación Pública emitió las orientaciones para la prevención, detección y actuación en caso de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, documento que tiene como fin la metodología e implementación de los protocolos de actuación en las 32 entidades federativas. Sin embargo, se ha detectado que el conjunto de los centros de atención escolar que tienen que ver con la educación inicial y educación básica en el ámbito público y privado no están realizando acciones de prevención, por lo que las autoridades escolares y los auxiliares de la educación responden de forma mediática conforme van ocurriendo actos que vulneran la integridad de los menores, hecho que los pone frente a una situación de omisión en la aplicación de los protocolos de actuación. La adición que hoy propongo a la Ley General de Educación resulta adecuada y necesaria para concretar la especial atención en la vigilancia y protección de los derechos de los educandos frente al abuso sexual infantil, el acoso escolar y maltrato para que ante la omisión del desarrollo, cumplimiento y aplicación correcta de los protocolos de actuación sea motivo de infracción para quienes prestan servicios educativos. Esta propuesta permitirá que las autoridades que están en contacto con los menores de edad conozcan la correcta aplicación y ejecución de los protocolos, por lo que las actuales políticas públicas deben de garantizar un sistema educativo de calidad, equitativo, transparente y democrático que cuente con directrices orientadas a la construcción de condiciones necesarias para un ambiente de formación integral. Asimismo, esta propuesta fortalecerá las escuelas convirtiéndolas en espacios incluyentes, libres de violencia y seguros para todos. De lo contrario, la omisión en la observancia sobre la aplicación de los protocolos de actuación vulnera en todo momento el derecho de protección de la primera infancia y la educación básica por parte de las autoridades educativas. Pido su apoyo, compañeros diputados, para que en el impulso de políticas que antepongan el interés superior del menor, no sólo observemos medianamente su aplicación en la existencia de un dictamen favorable a la presente propuesta hará posible que existan resultados que disminuyan los índices de inseguridad que atentan contra la integridad de los menores en México. Es cuanto. Gracias por su atención.