El diputado Marino Miranda Salgado: Con su venia, señor presidente. Efectivamente presentamos las reservas al artículo 29, fracción II, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda; y el artículo 136 de la Ley Federal del Trabajo, donde estamos que quede como estaba, el 5 por ciento, y no como la propuesta de que se reduzca al 2 por ciento. La reserva que propongo ante ustedes se refiere exclusivamente al seguro de desempleo, que –como ya se ha expuesto aquí– es el que constituye el centro del debate. En este sentido, a pesar de que el seguro de desempleo representa el logro de un ideal social que tiene en el centro de su concepción la disminución de la vulnerabilidad, la pobreza y la desigualdad derivada de una eventual pérdida de empleo, su consecución es en un estado democrático y social de derecho, no puede, no debe ser acosta de otros derechos que en nuestra Carta Magna se encuentran consagrados como derechos fundamentales. Diputadas y diputados, la aprobación de este dictamen en sus términos no sólo representa el incumplimiento y la falta de palabra por parte del actual gobierno, pues lejos de destinar más fondos públicos que en un principio constituyó el argumento para la onerosa alza de impuestos, el gobierno federal reducirá los recursos destinados al Fondo de Ahorro para la Vivienda a cambio del Seguro de Desempleo, sino que constituye además una afrenta a nuestro propio orden constitucional. Nuestro máximo ordenamiento es muy claro en su artículo 1 constitucional, párrafo tercero, señala a la letra que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de proveer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En términos llanos, lo que pretende hacer al financiar la subvención para los trabajadores que se queden sin empleo mediante la disminución de su Fondo de Ahorro para la Vivienda, es un acto inconstitucional, pues viola los principios constitucionales consagrados en el artículo 1o constitucional al que acabo de hacer referencia. Viola el principio de universalidad al excluir de ese derecho a más del 60 por ciento de la población que labora en la informalidad, y para quienes este seguro representa una nueva exclusión a su de por sí precaria, desventajosa e incierta situación. Viola los principios de interdependencia e indivisibilidad, al hacer depender el acceso a un derecho de la renuncia de facto a otro, ya sea el de la seguridad social del cual el Seguro de Desempleo forma parte, o el de la vivienda. Viola el principio de progresividad al disminuir el monto de recursos que se destinarán a la vivienda, pues en el agregado ante un evento económico negativo, las y los trabajadores preferirían amortizar la pérdida del empleo mediante sus propios recursos, que continuar conservándolo sacrificando la adquisición y mejoramiento de su vivienda. Me permito subrayar que ésta última violación no resulta salvada mediante una falsa autonomía en la que se brinda al trabajador una pseudo oportunidad al destinar los recursos de la Subcuenta Mixta a autofinanciarse su propio Seguro de Desempleo, a obtener un crédito de vivienda o a destinarlo a su pensión al momento de su retiro, pues los derechos son –repito- indivisibles e irrenunciables. El trabajador no puede ser orillado a ninguno de sus derechos. En otras palabras, el Estado es el que constitucionalmente está obligado a garantizar el acceso a los derechos y no las y los ciudadanos de auto preservarlos. Estos, compañeras y compañeros, como resulta obvio, es un contrasentido pero entendemos que es al mismo tiempo un reflejo de la prioridad de este gobierno; por un lado y en primer lugar el sector patronal, al haber preferido dejar intactos sus costos por concepto de aportación y de habérselos cargado al trabajador. Por otro y en segundo lugar, su imagen en el exterior, pues es el único de los 34 países de la OCDE que no tiene un seguro de desempleo. Situación que se ve obligado a subsanar y finalmente su desempeño por el orden legal al burlar de nueva cuenta la Constitución, tanto en el procedimiento como en el contenido y atentar con el derecho a la vivienda de los trabajadores. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.