La diputada Martha Alicia Arreola Martínez: Muy buenas tardes. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, estaba escuchando la participación anterior y quiero decirles pues que la reforma que estamos discutiendo, entre otras cosas, adopta de manera integral la visión del Marco Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres. En el marco jurídico mexicano vivimos en un Estado de derecho, donde el ordenamiento jurídico es eficaz e inmediatez, la aplicación de los derechos se logra en los ciudadanos atendidos y el respeto a los derechos humanos, quizás es el desconocimiento del marco jurídico mexicano, y a fin de fortalecer la transparencia en la gestión de los recursos públicos y con esto prevenir la repetición de casos de corrupción, como ocurría durante las administraciones anteriores, las cuales obstaculizaron la atención que debería haber sido eficiente y oportuna a la población afectada en los desastres naturales. Basta decir que en diciembre de 2019 el coordinador nacional de Protección Civil señaló que existían malos manejos por desvíos en la administración de al menos 200 mil millones etiquetados para emergencia y desastres durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, siendo los principales aspectos de corrupción la declaratoria extraordinaria, las contrataciones y adquisiciones realizadas por los estados o por las delegaciones federales. La Auditoría Superior de la Federación igualmente detectó irregularidades en el manejo de estos recursos. Este dictamen, como ya se dijo, contempla múltiples propuestas y opiniones producto de un parlamento abierto al cual se le dio la máxima publicidad e intervención a todas las partes. En otros aspectos, expide nuevas directrices para que las entidades federativas, los municipios y todas las demarcaciones territoriales tengan acceso a recursos presupuestarios en caso de que ocurra un desastre natural. Contiene el diseño de un nuevo esquema de financiamiento para la prevención del riesgo de desastres naturales, pues sabemos que cada una tiene realidades muy diferentes. Se establece también que las entidades federativas, municipios y demarcaciones deberán prever en sus finanzas la asignación de recursos para atender la gestión del riesgo. Es decir, deben asumir su responsabilidad ante la posibilidad del impacto de fenómenos naturales, ya que es fundamental que sean los primeros en responder a las emergencias. Las autoridades locales no pueden evadir su obligación de velar por el bienestar del pueblo y simplemente buscar transferir su obligación, como siempre se ha hecho, al gobierno federal. Esto no implica que la federación dejará de contribuir, porque seguirá apoyando y colaborando con las entidades federativas, cuyos recursos y capacidad de atención sean rebasados por el impacto de un desastre natural. A diferencia de lo que ocurría en las administraciones pasadas, los recursos que se otorguen para este fin ahora estarán debidamente justificados y se utilizarán únicamente para atender los daños ocasionados por todos los desastres naturales. El gobierno federal siempre velará por la tranquilidad, el bienestar y, sobre todo, la seguridad de la población de nuestro país. Asimismo, se establecen las bases para la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno en materia de protección civil. La nueva ley también busca generar un conjunto de mecanismos financieros eficaces, eficientes y transparentes, sobre todo, como elementos característicos de este gobierno. Se sustituyen los mecanismos de financiamiento y se instauran instrumentos presupuestarios de carácter federal para la gestión de riesgos. También cabe señalar que se mantiene el Fondo para la Prevención de Desastres y el Fondo de Desastres Naturales, los cuales contribuyen a implementar acciones preventivas ante los daños que puedan causar estos fenómenos. De igual forma, se reemplazará la declaratoria de emergencia y desastre por el acuerdo por el que se establece una situación de emergencia y el acuerdo por el que se establece una situación de desastres, los cuales deben ser emitidos por la entidad federativa para que los recursos atiendan el conjunto de municipios afectados...