El diputado César Agustín Hernández Pérez: Compañeras, compañeros legisladores, la pandemia asociada al Covid-19 que nos está afectando desde hace ya casi dos años, además de ser una amenaza para la salud pública, también está originando el cierre de empresas y/o negocios, incrementando con ello el porcentaje de desempleo y produciendo un miedo generalizado al futuro. A fin de atenuar lo anterior, vengo a proponer que se eleve a rango constitucional el derecho a un seguro del desempleo. La iniciativa que propongo busca adicionar un párrafo segundo al artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: El Estado proporcionará un seguro de desempleo en favor de los ciudadanos, que les permita llevar una vida de bienestar, de conformidad con la ley de la materia. Este derecho estaría regido bajo los principios de universalidad, justicia social y no discriminación. La Secretaría de Trabajo y Previsión Social sería quien administraría el programa. La pandemia de Covid-19 ha terminado con la vida de miles de personas en el país, pero también le quitó el empleo o la posibilidad de seguir generando ingresos a más de 12.5 millones de personas a abril de 2020, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Las proyecciones de la Organización Internacional del Trabajo destacan el peligro de que la Covid-19 deje en el marcado laboral mayor desigualdad geográfica y demográfica, más pobreza y menos trabajos dignos. En 2019 el Banco Mundial apuntaba en un informe, que el seguro del desempleo es quizá la política pública más adecuada para mitigar las conmociones de la economía. Un año después, a causa del coronavirus, estamos en medio de esas sacudidas, pero sin mayor avance. Solo en la Ciudad de México se cuenta con un programa como este. Para nadie es ajeno que el suceso que vivimos nos está obligando a reinventarnos, tanto en procedimientos, en políticas públicas, así como en la redefinición de derechos. Por lo anterior, los legisladores estamos obligados a crear reformas que brinden posibles alternativas ante las afectaciones en el mercado laboral. El seguro sería proporcionado por el Estado a quienes hayan perdido su trabajo. La retribución debe ser suficiente para vivir una vida de bienestar por el tiempo y forma que determine la ley de la materia. Una vez entrada en vigor la reforma, el Congreso de la Unión tendría 180 días para emitir la ley secundaria que regule el derecho al seguro del desempleo. Esta ley también indicaría de dónde provendrán los recursos económicos para financiar esta política pública, entre ellos procederían del capital ahorrado a través de la política de austeridad republicana y por la venta de muebles e inmuebles decomisados derivados de los actos de corrupción. Sin duda, todos coincidimos en que las insuficiencias prioritarias hoy en día son dos: satisfacer el ingreso y el acceso a la seguridad social, la salud. Por ello, iniciativas como la que vengo a proponer suman al trabajo que nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, enmarca en su Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024, pues permitiría asegurar la accesibilidad a los servicios vitales, así como mantener los hogares a flote, en suma, el primer paso sería elevar a rango constitucional el derecho a un seguro de desempleo y, lo segundo, establecer los mecanismos para garantizarlo. Si bien, en lo que va de este sexenio ha habido avances, pues el IMSS reportó que, en 2021 julio, se generaron 65 mil 936 plazas, sumando un total de 20 millones 175 mil 380 trabajadores asegurados, también lo es que debido a la pandemia la Encuesta nacional de ocupación y empleo reportó al cierre de julio de este año el 56.4 de las trabajadoras y trabajadores en México que no podían comprobar que tuviesen un empleo. Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay son los países de América Latina y el Caribe que tienen seguro de desempleo a nivel nacional teniendo cada uno sus propias restricciones. México no está incluido en esta lista, porque solo la capital del país cuenta con ese programa, su finalidad no es solo aliviar la urgencia de un trabajador sin ingreso, sino vincularlo también a un empleo formal. No es solo aliviar la urgencia hasta antes de la crisis sanitaria y económica el gobierno capitalino entregaba 2 mil 641 pesos mensuales, por hasta 6 meses, pero redujo el periodo a un bimestre y amplió el número de beneficiarios, el presupuesto total para ello fue de 500 millones de pesos en 2020. Los gobiernos neoliberales se sirvieron con cuchara grande...