El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, el respeto al Estado de derecho es trascendental para la democracia misma, no solo por su efecto político y social de orden, estabilidad y legitimidad, sino porque su puesta en marcha representa una forma de gobierno en la que cada individuo tiene la libertad de elegir a sus representantes y de participar por conducto de ellos en el ejercicio de gobierno. Desde la existencia del ser humano ha sido inevitable instituir reglas de convivencia, entre las cuales tenemos aquellas relativas a la elección de los órganos de gobierno; por ello a lo largo del devenir histórico del sistema electoral mexicano han surgido normas penales que sancionan a quienes atentan contra éste. En este contexto no puedo dejar de señalar que los delitos electorales se contemplan desde el siglo XIX en la Constitución de Cádiz, en la cual se sancionaron las conductas de cohecho o soborno del voto. Posteriormente, la mayoría de las normas que regulaban los procesos electorales en México contemplaban leyes penales en materia electoral. No obstante, una fecha relevante que planteó el marco jurídico actual fue derivada de las reformas electorales de primera generación que se realizaron en la década de los años noventa; en ese tiempo la prioridad de los delitos electorales era castigar toda conducta que pudiera constituir un fraude electoral. Para dicho fin, también se creó un órgano especializado en la materia como es la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Electorales. Los delitos electorales tienen un objeto y el cual es sancionar las conductas que afectan a la legalidad de las elecciones y la garantía del voto libre y secreto y universal, como por lo tanto se han incluido invariablemente en el sistema electoral bajo el mismo esquema de las premisas fundamentales del derecho penal como ius puniendi, como elemento que permite la acción del Estado para sancionar una conducta delictiva. Debe de señalarse que el texto del Título Vigésimocuarto del Código Penal Federal, sin duda constituyó un avance importante que mejoró las condiciones de la contienda electoral, con el objeto de prohibir a través de la sanción conductas que afectaban los procesos electorales y la democracia en sí misma. Sin embargo, además de atender el mandato de la reciente reforma político-electoral consideramos que en la actualidad se hace necesario contar con una legislación especializada en la materia que inhiba conductas ilícitas relacionadas con su objeto, que cuente con nuevos tipos penales e hipótesis delictivas. Por ello a nombre de mi Partido Nueva Alianza, hago patente la relevancia que tiene la minuta que aquí se nos presenta, pues sabemos que los delitos electorales están directamente revinculados a las más lesivas prácticas electorales y consecuentemente la ley de la materia tutelará el derecho individual y colectivo de los ciudadanos para elegir libremente, sin ningún menoscabo a sus derechos a todos los gobernantes. Coincidimos en que la minuta que en este acto se somete a consideración contiene una legislación novedosa, que responde a los reclamos y necesidades sociales, que protege el bien jurídico consistente en el adecuado desarrollo de la función pública electoral, particularmente el voto activo, el voto pasivo hizo efecto como prerrogativa de todos los ciudadanos. Convencido de que esta ley general contribuye a fortalecer la democracia de nuestro país, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza votará a favor de la minuta del Senado de la República, porque ciertos estamos que la función de los delitos electorales es de tutelar la libertad de voto, la honestidad del proceso electoral y la sinceridad del sufragio universal. Es cuanto, señor presidente.