La diputada Rosa Elba Pérez Hernández: Con mucho gusto saludamos a los aunque sea pocos, pero compañeros que están aquí presentes. Con gusto apoyamos la iniciativa de Nueva Alianza para que nuestro país ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Opiderc. Pero permítanme compartir el razonamiento que nos lleva a esta decisión: justicia que no es aquí y ahora, no es justicia. Enfrentamos un sistema de justicia que en el mejor de los casos nos da miedo, desde ver encaminarse hacia nuestro coche a un policía de tránsito, hasta esperar por lustros una resolución en tribunales; desde ser indiferentes a las muchas personas en las cárceles esperando sentencia, hasta escuchar sobre las fugas multitudinarias en cárceles de alta seguridad. Por otra parte, en medio de una escala de accesibilidad al sistema judicial, estamos, nosotros, la clase media, quienes aunque no confiamos en el sistema, podemos pagar para que nos defiendan. Pero en la base de la pirámide están los grupos vulnerables que no pueden ir más allá en la defensa de sus derechos. Veintitrés por ciento de la población vive sin acceso a la alimentación, 22 por ciento sin acceso a la salud, 22 por ciento sin los servicios básicos a la vivienda y un 62 por ciento de la población no tiene seguridad social. Los más afectados en estos derechos, por supuesto suelen ser mujeres sin educación formal, indígenas, discapacitados y aquellos en pobreza extrema. México es uno de los países más desiguales del mundo. Nuestro deficiente de Gini es una vergüenza, como dijo el compañero, considerando que somos parte de la OCDE. Somos los ricos de entre los pobres o somos los pobres de entre los ricos. Sabemos que tenemos derechos pero no sabemos cómo ejercerlos. En México frecuentemente estos derechos no se pueden reclamar o garantizar. Ante la inefectividad o inaccesibilidad de los mecanismos de justicia, los derechos fundamentales pierden su esencia, pero nuestro temor a la impartición de la justicia en México es un hecho. Las primeras instancias de justicia son y serán nacionales, nadie va a invadir nuestra soberanía o nuestra autonomía, pero sabemos que el derecho internacional de los derechos humanos, obliga a México a adoptar medidas y leyes internas que emanen de los tratados internacionales. Es decir, existen mecanismos internacionales para la presentación de quejas e incluso para arrancar un proceso de reparación de daños. El Sistema Universal de Derechos Humanos fue creado en 1966 y México se adhirió al sistema hasta 1981, curiosamente 15 años de diferencia que si recuerdan, son una época negra de la historia de la justicia en México. El Protocolo Facultativo de este sistema se aprobó en el 2008 y México aún no lo ratifica, como ha tenido a bien informarnos el diputado Fijuwara; de eso se trata la iniciativa. Ahora ¿en qué consiste el Protocolo? En que México valide tres procedimientos de protección de los derechos humanos: la comunicación entre estados; comunicaciones individuales o grupas y en un procedimiento de investigación. El Protocolo, por más aburrido que suene el título, trabaja a través de un comité de expertos internacionales que examinan las quejas que tengamos y puede iniciar investigaciones sobre las violaciones graves a los derechos consagrados en el pacto, que son los derechos universales. Ojo, no se trata de una instancia internacional que nos vaya a castigar sobre el derecho incumplido a la alimentación, sino de que esos ciudadanos afectados tengan derecho a presentar su queja ante instancias internacionales para proteger su dignidad. Debemos familiarizarnos, amigos, compañeros, con términos tan difíciles de pronunciar pero tan importantes como justiciabilidad o exigibilidad de nuestros derechos. En nuestra joven democracia los estados, incluyendo México, estos mecanismos internacionales se convierten en un incentivo de reconocimiento o reprobación de la opinión pública internacional para cumplir con la obligación de dar acceso a la justicia y de dotar de mecanismos para ese exceso. En México, esta exigibilidad y justiciabilidad están directamente relacionadas con el acceso a la información del sistema judicial. Hay avances. La digitalización de los procesos es un hecho. En los últimos 10 años se ha dotado a lo largo del país de miles de computadoras para los juzgados, se han iniciado los juicios orales. Como conclusión, hacemos votos para que el Ejecutivo ratifique cuanto antes el PIDESC, que es el protocolo del que hemos estado hablando, para fortalecer el sistema de protección otorgando la posibilidad de exigirlos ante instancias internacionales. Muchas gracias, señor Presidente.