La secretaria Luisa María Alcalde Luján: Muchísimas, muchísimas gracias, diputada Marcela Guerra, presidenta de la Mesa Directiva. Diputado Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política. Coordinadoras, coordinadores de los grupos parlamentarios, diputadas, diputados me da mucho gusto volver a esta tribuna para dar cuenta de las acciones realizadas por el gobierno de la cuarta transformación en materia de gobernabilidad y política interior. La Secretaría de Gobernación es una institución que se ha ido transformando a lo largo del sexenio, ya no es ese aparato siniestro que en aras de la gobernabilidad reprimía a la disidencia, desarticulaba la crítica, espiaba a la oposición y daba línea a los demás órganos y poderes del Estado. Hoy, Gobernación es la instancia responsable de garantizar los derechos humanos y las libertades, de proteger a los perseguidos, de tutelar por las víctimas, promover una cultura de paz y de diálogo para encontrar soluciones. Hoy la gobernabilidad la logramos porque hay condiciones de bienestar social y laboral, estamos invirtiendo como nunca en Programas para el Bienestar. México se ubica en máximos históricos de empleo formal y también de salario promedio. Tenemos la enorme satisfacción de decir que de acuerdo con datos del Inegi se ha reducido la pobreza y también la desigualdad. Que han aumentado los ingresos de las familias más pobres en 18 %. Ha habido muy pocos conflictos magisteriales, huelgas y paros laborales a pesar de haber transitado por un modelo de libertad y democracia sindical que muchas y muchos pronosticaron como futuro caos. Sin duda, cuando hay gobernabilidad hay también inversión nacional y extranjera porque hay confianza en el país y también hay confianza en el gobierno. Actualmente, el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar, la inversión extranjera directa se ubica en máximos históricos, alcanzando los 35 mil millones de dólares en 2022, es decir, 12 % más que el año anterior y con una previsión de crecimiento al alza. Por otro lado, seguimos atendiendo de forma prioritaria el problema de la seguridad con una estrategia radicalmente opuesta a la que se tenía en el pasado. Hoy tenemos claro que como dice mi compañera Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad, no es un asunto de ganar la guerra, sino de conquistar la paz. Por eso, el primer pilar de la estrategia es atender las causas que general la violencia, a través de garantizar oportunidades de empleo y de estudio para los jóvenes. El segundo pilar consiste en que el tema de seguridad no es un asunto que se delega, como se hacía en el pasado. Todos los días a las seis de la mañana se realiza la reunión de seguridad que preside el presidente de México y ahí se le da parte de la situación que aconteció en las últimas 24 horas y se toman decisiones coordinadas entre Gobernación, entre la Secretaría de Seguridad, entre Defensa, Marina, CNI, la Guardia Nacional, instituciones que antes se dedicaban a competir entre ellas. Y una cosa adicional, que ha sido fundamental, es que este ejercicio de coordinación se replica también en todas las entidades del país, donde asisten las gobernadoras, los gobernadores, sus equipos de trabajo, sus gabinetes y eso se hace sin distingo partidista. Finalmente, el tercer pilar ha sido la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad confiable, disciplinado y capaz que en cuatro años, piénsenlo, en cuatro años cuenta ya con 128 mil elementos desplegados por todo el territorio nacional y como un respaldo del pueblo, de la ciudadanía, del 80 %. Estos tres pilares han permitido que hoy tengamos resultados alentadores. Basta señalar que, con datos, no nuestros sino del Inegi, los delitos de incidencia delictiva en nuestro país han bajado en 24 %. Y aquellos delitos más dolorosos para la gente, como, por ejemplo, el homicidio, ha bajado en 17 %. El robo en 26 % y el secuestro en 80 %. Si tomamos en cuenta que la tendencia de los últimos 3 años de la administración del presidente Enrique Peña Nieto iba al alza, hay que decirlo, esto, sin lugar a dudas es toda una hazaña. En materia de migración estamos atendiendo directamente las causas que obligan a la gente a abandonar sus comunidades, como la pobreza, la desigualdad, la violencia, para que migrar sea una opción y no una necesidad. Si bien, la migración mexicana a los Estados Unidos ha venido disminuyendo, gracias a la reducción de la pobreza y también a que existen mejores oportunidades de empleo y bienestar en nuestro país, seguimos siendo el mayor corredor migratorio del mundo ante el aumento del flujo migratorio de tránsito y destino. En este contexto, la colaboración y la solidaridad regional son fundamentales, por eso es que hemos venido implementando los programas, que ya nos funcionaron en nuestro país, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, en El Salvador y en Honduras. Hemos beneficiado a más de 40 mil personas, hemos generado más de 230 mil empleos y esto, ya con datos objetivos, ha permitido reducir la intención de migrar en 57.8 % para el caso de Honduras y ya comprobado también en 31.8 % en El Salvador. Por eso ya estamos listos para implementar Sembrando Vida también en Guatemala, en Belice y en Cuba, pero, sobre todo y más importante, es que estos resultados, ya objetivos, son evidencia que nos ayuda a convencer a los Estados Unidos que no hay estrategia más eficaz que invertir en la gente para que tengan opciones donde están sus raíces, donde están sus familias, donde están sus costumbres. Que los bloqueos económicos acrecientan el problema y que ni los muros ni las deportaciones serán suficientes para familias que están dispuestas a arriesgarlo todo, arriesgar sus vidas para mejorarlas. Hemos construido centros integradores para el migrante, tanto en el sureste del país como también en el norte, en Baja California, en Chihuahua, en Tamaulipas, que ofrecen una visión integral, tanto de alimentación, servicios médicos, atención psicológica y también vinculación laboral para todas aquellas y aquellos que están en tránsito. Otro asunto que atendemos de forma prioritaria es el de la búsqueda de personas desaparecidas mediante el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda. En este sexenio su presupuesto se ha incrementado en 134 % y se prevé duplicarlo para 2024 con un monto de 2 mil 768 millones de pesos. También se han creado 17 comisiones estatales de búsqueda, así como el Centro Nacional de Identificación Humana, para dar una respuesta mucho más efectiva, técnica y científica al número de personas no identificadas a lo largo de los años. Se han realizado mil 143 jornadas de búsqueda en campo, entre 152 municipios del país. todo esto se hace en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno y, por supuesto, con la participación de las familias de las personas desaparecidas, de los colectivos y de las organizaciones de la sociedad civil, quienes son acompañadas en todo momento por elementos de seguridad para poder salvaguardar su integridad. Estamos trabajando en contar con un registro de desaparecidos que sea confiable, útil para la búsqueda de personas, ya que el registro actual tuvo deficiencias en el sistema, permitiendo duplicados, registros incorrectos, muchos de ellos sin un mínimo de información que permita identificar a las personas. En los próximos meses estaremos intensificando las brigadas de búsqueda y localización de la mano de los gobiernos estatales. También estamos garantizando el derecho a la verdad en el caso Ayotzinapa, para revelar las circunstancias, los motivos y los hechos que convirtieron la noche negra de Iguala en un crimen de Estado. A través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia se han fortalecido las líneas de investigación para encontrar a los estudiantes, castigar a los responsables y brindar justicia y consuelo a sus familias y también a la sociedad, en general. El segundo informe, presentado la semana pasada, concluye que los estudiantes no formaban parte del crimen organizado y se reconoce la participación de agentes del Estado y de autoridades del más alto nivel en la fabricación de la verdad histórica. Hoy tenemos detenidos a 132 personas, 41 integrantes de la delincuencia organizada, 71 policías federales, estatales y municipales, 3 altos funcionarios de la Fiscalía General de la República, incluido el ex procurador, el ex secretario de seguridad estatal de Guerrero, el ex presidente municipal de Iguala, la ex presidenta del DIF de Iguala y 14 elementos del Ejército, incluidos aquí los comandantes del 27 y el 41 Batallón de Infantería. Además, existen tres solicitudes de extradición de actores, que se encuentran en Israel y en Estados Unidos. Por cierto, entre ellos Tomás Zerón, acusado de tortura. El reporte también señala ya la localización de los restos de 3 de los 43 estudiantes y el desarrollo de acciones de búsqueda para localizar a los 40 estudiantes de acciones de búsqueda para localizar a los 40 estudiantes que permanecen desaparecidos. Esto contempla la identificación genética de restos óseos y la búsqueda de nuevas fuentes de información y de posibles testigos. Debo destacar que la comisión no ha torturado, no ha sembrado pruebas, no ha alterado escenas del crimen ni ha fabricado culpables, al contrario, ha actuado con ética y humanismo atendiendo con diligencia las demandas de las familias de los 43 y garantizando el derecho que tenemos como sociedad a conocer la verdad de estos hechos vergonzosos. Este gobierno respeta y promueve el pensamiento crítico y la libertad de expresión. No se utiliza el poder del Estado para callar las voces disidentes, al contrario, se realizan esfuerzos sin precedentes para proteger a periodistas y defensores de derechos humanos cuya integridad está en riesgo por su labor profesional. El presupuesto del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos se ha incrementado en 125 % respecto al sexenio anterior, pasando fíjense ustedes, de 780 millones a mil 750 millones. Además, gracias a que se han cambiado los lineamientos y los protocolos, hoy se facilita la adhesión de mil 378 defensores y periodistas adicionales a los 800 que ya existían en 2018. Esto significa un incremento del 173 %. Esta administración ha puesto especial atención a las mujeres que han sido víctimas de violencia y ha invertido esfuerzos y recursos inéditos para prevenir y erradicar este flagelo. En cinco años se han destinado 4 mil 209 millones de pesos en programas de atención a la violencia contra las mujeres, significa ni más ni menos que un incremento del 47 % respecto a 2018. Hemos construido 23 centros de justicia para las mujeres, 37 nuevos refugios, 16 centros de atención externa que operan con subsidio federal con una capacidad instalada de 561 unidades especializadas que hoy ya están cubriendo el 86 % de los municipios del país donde se atienden, escuchen bien, más de 360 mil mujeres por año; es decir, estamos atendiendo a mil mujeres al día. Destacamos que la cifra de feminicidios y esto ha sido muy difícil de obtener, los feminicidios se han reducido en 30 % durante esta administración. Esto, por supuesto, que es gracias a la política de seguridad y bienestar, pero también al profesionalismo, al compromiso de las mujeres, de Inmujeres, de Conavim y a miles de mujeres que han tejido una red de sororidad a través de los refugios, de las unidades de atención a víctimas. El objetivo es lograr que todas las niñas y mujeres mexicanas podamos vivir seguras, libres y sin miedo. La gobernabilidad republicana parte del diálogo y la coordinación entre el Ejecutivo federal con los Poderes de la Unión, un diálogo ajustado al principio de división de Poderes, donde exista respeto, existan equilibrios e independencia y ninguno, ninguno, pretenda colocarse por encima de otro, ni mucho menos sustituirlo. Este sistema que muchos ya dan por sentado han costado décadas de lucha para desterrar vicios del pasado cuando no existía ninguna separación de poderes, ninguna autonomía, todas las decisiones provenían de Los Pinos o de Bucareli. Me he reunido por eso con todas las y los coordinadores de todos los grupos parlamentarios, legisladores de todos los partidos, gobernadores de todos los colores, ministros, consejeros y magistrados, fiscales generales e integrantes de organismos autónomos y siempre lo he hecho con respeto, animada por contrastar visiones y encontrar acuerdos que nos permitan lograr soluciones perdurables en beneficio de todas y todos, y no solo de unos cuantos. La buena coordinación que mantiene el presidente y su gabinete con las y los gobernadores ha permitido planear, construir y rehabilitar cientos de obra de infraestructura que ustedes conocen, cientos de obras hidráulicas que detonarán bienestar, progreso a las comunidades y a las regiones del país. Estas acciones se realizan de la mano de los gobiernos locales, pero también, y remarco sobre todo, con el respaldo de los pueblos y comunidades beneficiadas. La vocación democrática del presidente de México ha dejado claro que nada puede hacerse por la fuerza, sino a través del convencimiento, de informar y de obedecer a la colectividad. El Estado de derecho y la consolidación de la gobernabilidad parten de cumplir con ese principio y, muestra de ello, son los espacios del diálogo y las consultas que hemos venido realizando. Tan solo durante este año se consultó a los pueblos Mayos Yoreme, para decidir sobre la construcción de una planta de amoníaco en Topolobampo, Sinaloa, a través de 16 asambleas constitutivas donde han participado 3 mil 500 personas. También se consultó 21 comunidades indígenas en 14 municipios de Yucatán y Campeche para decidir sobre la construcción del gasoducto Cuxtal fase II, con la participación de 11 mil personas. Y así se han venido consultando 7 localidades para el gasoducto de Tuxpan-Tula y ya retomamos con las tribus yaquis para el acueducto Independencia en Sonora. Estamos convencidos, y concluyo, que hoy hay tranquilidad y gobernabilidad, porque se respeta la democracia y que solo haciéndola valer y convirtiéndola en un hábito podemos vivir en paz y podemos vivir en armonía. En ese sentido y de cara al proceso electoral de 2024, esta administración dará todas las seguridades y garantías para que éste se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada. El presidente López Obrador ha sido categórico al respecto, cero tolerancia al uso de recursos públicos con fines electorales, máximas garantías de seguridad y protección a quienes aspiren a un cargo de elección popular y, sobre todo, respeto absoluto a la voluntad del pueblo. Tenemos la responsabilidad histórica de demostrar que hemos desterrado para siempre al autoritarismo, el fraude electoral y las prácticas antidemocráticas del pasado. Y que, con independencia de nuestros proyectos políticos, de nuestras preferencias e intereses personales, tenemos un compromiso superior. Y ese compromiso es con el pueblo de México. Muchísimas gracias a todas, a todos por su atención. Y vamos a seguir fortaleciendo la colaboración, el diálogo entre poderes, caminando siempre juntas y juntos por la transformación del país. Muchísimas gracias.