EL C. DIP. OMAR FAYAD MENESES: Muchas gracias señora Presidenta. Buenos días compañeras y compañeros diputados. Vengo a presentar una iniciativa de reformas en materia de justicia de menores, una reforma que tiene que ver evidentemente con la Constitución Política y con las diversas disposiciones legales aplicables a la materia. Consideramos que uno de los temas que más ha atraído la atención durante mucho tiempo es el relacionado con las conductas antisociales precisamente de los menores. En la actualidad, la delincuencia juvenil la encontramos cometiendo toda gama de conductas antisociales que van desde el pequeño robo hasta los casos agravados de homicidio. En esta época de profunda crisis social, caracterizada por el debilitamiento del núcleo familiar y las facilidades del mundo moderno, el tema de los menores infractores sigue suscitando interés, preocupación y polémica; lo cierto es que la conducta antisocial de los menores se ha incrementado en el curso de estos años, tal como ha crecido desmesuradamente la delincuencia de los adultos, por lo que no debemos dar importancia al tema de los menores infractores. En los últimos años del siglo XIX y las primeras dos décadas del siglo XX se expidieron en México importantes ordenamientos en materia de asistencia familiar y de menores, como el que creaba la dirección de beneficencia pública adscrita a la Secretaría de Gobernación, la que administraba casas de corrección y establecimientos de beneficencia a cargo del ayuntamiento de la capital. Como consecuencia de los cuestionamientos post porfirianos en cuanto a mantener en un mismo lugar a los menores y a los adultos delincuentes, a la influencia de los Estados Unidos en cuanto a la creación en aquel país de los jueces paternales y de los tribunales especializados en menores infractores y como resultado también del Congreso Criminológico celebrado precisamente en nuestro país en 1923, se creó el primer Tribunal para Menores en el estado de San Luis Potosí. Este es el primer avance que se tuvo ya de una propiamente dicha justicia de menores. En 1928 se expidió la Ley Sobre Prevención Social de la Delincuencia Infantil en el Distrito Federal y territorios, conocida como la Ley Villa Michel, que dejaba a los menores de 15 años fuera del Código Penal para canalizarlos al tribunal, así como también canalizaba a los niños vagos, indisciplinados y menesterosos, y para 1929 se expidió el Reglamento de Calificación de los Infractores Menores de Edad en el Distrito Federal, que dio origen al Tribunal Administrativo para Menores. En 1934 el Código Federal de Procedimientos Penales estableció que serían competentes los tribunales de menores de los estados para conocer de los casos de menores que cometieran delitos del orden federal, disposición que subsiste en este mismo instrumento actualmente. En el año 36 fue especialmente fructífero en materia de menores, ya que se creó la Comisión Instaladora de los Tribunales para Menores, con atribuciones para emitir directrices a nivel nacional en cuanto a legislación, construcción de edificios, calidades de personal y hasta aspectos presupuestales, fundándose diversos tribunales de menores en las entidades federativas. En 1941 se expidió la Ley Orgánica y Normativa del Procedimiento de los Tribunales para Menores y sus Instituciones Auxiliares en el Distrito y territorios federales, legislación que facultaba a los jueces a imponer penas en un tribunal que era eminentemente administrativo. De la Ley Villa Michel a la que crea los consejos tutelares para menores infractores del Distrito Federal que entró en vigor en septiembre de 1974, hay casi 50 años de justicia minoril, años en los cuales se pudo unificar y se pudo trabajar en el aspecto de fortalecer el área de justicia en materia de menores. Cabe decir que durante este periodo se registraron importantes aportes, tanto en materia de delincuencia infantil como en la juvenil y además existieron muchas figuras novedosas de control en el periodo tutelar. El 17 de diciembre de 1991 se promulgó la Ley Para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal, que rige actualmente lo relativo a la materia y que abroga la ley que crea el Consejo Tutelar para Menores Infractores del Distrito Federal de 1974. Como se deriva del análisis expuesto, durante mucho tiempo la materia de menores infractores se encomendaba al Distrito Federal o a la Secretaría de Gobernación y esta ley vigente de 91, como tradicionalmente se venía haciendo, colocó a los menores infractores en el ámbito de la Secretaría de Gobernación. El pasado primer año de gestión de esta LVIII Legislatura se aprobó la iniciativa del Ejecutivo Federal para crear la Secretaría de Seguridad Pública, con el objeto fundamental de integrar, ordenar y ejercer la política criminal federal, incluyendo la justicia de menores, la cual después de muchos años dejaba de ser parte de las funciones de la Secretaría de Gobernación. La iniciativa respectiva explicaba que el hecho de adscribir las facultades que tenía la Secretaría de Gobernación en materia de menores infractores, además de permitir que ésta se dedicara con exclusividad a las actividades de carácter eminentemente políticas, permitiría buscar establecer nuevas bases orgánicas para el ejercicio de las funciones en materia de justicia de menores y dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales que tiene nuestro país en esta materia. Es así como se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en sus artículos 26, 27 y específicamente del 30 bis que contempla en su fracción XXV que la Secretaría de Seguridad Pública tendrá la facultad de administrar el sistema federal para el tratamiento de menores infractores en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos. No obstante, la loable labor que han realizado en el Consejo de Menores y la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, primero en la Secretaría de Gobernación y ahora en la Secretaría de Seguridad Pública a favor de la protección de los derechos de los menores y de la adaptación social de los mismos cuando transgreden la norma penal, consideramos que el tema del tratamiento de los menores infractores que realiza el Gobierno Federal debe de percibirse con una nueva óptica. Es por ello, que la iniciativa que hoy presento, propone que el Consejo de Menores y la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores ahora dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública, con todas sus facultades inherentes pasen al ámbito de competencia del Gobierno del Distrito Federal. Diversas razones justifican lo que aquí se plantea. Desde su creación el Consejo de Menores tanto por su estructura como por el desarrollo de su tarea diaria de desahogar procedimientos y dictar las resoluciones que contengan las medidas de orientación y protección que la ley señala en la materia de menores infractores, denota un carácter eminentemente jurisdiccional que le ha sido reconocido inclusive en las resoluciones de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto para cualquiera de nosotros deja en claro que la funciones de la Secretaría de Seguridad Pública relacionadas con dictar las políticas en seguridad pública proponiendo la política criminal en el ámbito federal que permita la prevención eficaz de la Comisión de los Delitos, nada tiene que ver con la función jurisdiccional que realiza el Consejo de Menores. A lo anterior se une la situación relativa a la circunscripción territorial de los casos que el Consejo de Menores conoce. Resulta que sin hacer un riguroso análisis estadístico de este aspecto salta a la vista el hecho de que el 100% de los casos que son atendidos por el Consejo de Menores dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, se suscitaron en algunas de las delegaciones del Distrito Federal. Si esta delimitación territorial no fuera suficiente, también nos encontramos con que casi el 100% de los asuntos que son del conocimiento del Consejo de Menores son derivados de materia del fuero común y en un muy reducido número se dan por materia del fuero federal. El conocimiento de los pocos asuntos del fuero federal que trata el Consejo de Menores al pasar éste al Distrito Federal no se vería afectado en ningún modo ni tampoco causaría alguna controversia debido a lo establecido en el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales y en el artículo 4° de la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal que brindan la posibilidad a los consejos o tribunales de menores de los estados de la República para conocer de los casos en que los menores cometan delitos del orden federal. Una parte muy importante de las tareas que realiza la Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores, podemos decir que se encuentra afectada también por las razones que hemos esgrimido para del Consejo de Menores. Prueba de ello es que la totalidad de los menores que se encuentran sujetos a las labores sustantivas de esta Dirección perteneciente al Ejecutivo Federal, cometieron las infracciones en el Distrito Federal. La inmensa mayoría de estas infracciones fueron a ordenamientos del fuero común y los establecimientos o inmuebles donde están sujetos a tratamiento en internación los menores se encuentran ubicados en el Distrito Federal. Por la naturaleza de su función, esta Dirección General de Prevención y Tratamiento de Menores dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, del organismo desconcentrado de readaptación social y se encuentra dedicada a la implementación de acciones y programas en materia de prevención, readaptación y reincorporación social a la vez que se encarga de los centros donde los menores quedan sujetos al tratamiento. Hace varios años el pensar transferir una Dirección General como ésta al Distrito Federal podría haber sido toda una complicación, situación que actualmente gracias a las reformas que se han suscitado a favor del Distrito Federal ha sido superada. Adicionalmente a las razones que hemos señalado y que fundamentalmente el por qué se debe transferir al Consejo de Menores y a la Dirección de Prevención y tratamiento a la esfera de competencia del Distrito Federal, podemos señalar que cada uno de los estados de la república, cuenta con un Consejo para Menores a través de los cuales manejan sus propias directrices políticas, criterios técnicos en la materia. Si las áreas de tratamiento de menores infractores que están a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública conocen asuntos del fuero común, sólo de los cometidos en el territorio del Distrito Federal, los centros de tratamiento están ubicados dentro de la misma demarcación, la incidencia de la materia federal es mínima y se puede subsanar con lo establecido en el artículo 500 del Código Federal de Procedimientos Penales y el 4º. de la Ley para el Tratamiento de Menores vigente, no existe razón alguna para que estén dentro de esta Secretaría federal y por ende para que el Distrito Federal no deba hacerse cargo de la justicia de sus menores infractores. Esta iniciativa de reformas pretende ser congruente con las sucesivas modificaciones al diseño constitucional y legal de las instituciones del gobierno del Distrito Federal que se han venido dando, sobre todo en las reformas constitucionales del 93, del 96, y la última que acaba de ser aprobada precisamente por esta Legislatura, y que ha dado como resultado entre otras cosas la existencia de un órgano propio encargado de legislador, en un número amplio de materias del interés local, así como la elección de su Jefe de Gobierno y de los titulares de las Unidades Político Administrativas en que se divide su administración territorial. Se pretende ser congruente con la tendencia que hace ya algún tiempo se ha venido dando, en el sentido de resaltar la importancia del Distrito Federal como una entidad federativa más, no sólo en el texto constitucional sino en el campo de los hechos, por lo que consideramos que no debe existir ninguna razón política constitucional o jurídica, que impida la homologación de denominaciones o funciones, con respecto a los estados de la república, en lo que respecta a la justicia de menores infractores. Es necesario que apoyemos la aprobación de esta reforma, conscientes de que la federación debe seguir conservando ciertas facultades relativas a los menores infractores, que permitan reorientar sus tareas hacia la construcción de un verdadero sistema nacional, sólido y coherente en esta materia. La federación debe de orientarse a definir y dictar las directrices políticas y criterios técnicos en materia de menores infractores a nivel nacional, a operar una real coordinación entre las dependencias de los estados de la república y el Distrito Federal, a recopilar y procesar información nacional relacionada con los menores infractores, a vigilar el respeto y la aplicación en el país de los tratados y convenciones internacionales suscritos por México en la materia, y a la aplicación de programas nacionales tendientes a la prevención y tratamiento de conductas antisociales. Con esta reforma apuntamos la posibilidad de que bajo estas nuevas condiciones que aquí he expuesto, el Ejecutivo Federal pueda determinar la creación de una institución específica, que dedique con exclusividad a establecer los lineamientos y las políticas rectoras nacionales en materia de menores infractores. Es por ello que se propone reformar el párrafo cuarto del artículo 18 de la Constitución, para efecto de permitir al Distrito Federal que al igual que la federación y los gobiernos de los estados, pueda establecer instituciones especiales para el tratamiento de menores. Quisiera pedir a la presidencia pueda ser insertado el texto completo de esta iniciativa, tanto en la Gaceta Parlamentaria como en el Diario de Debates, en obvio de tiempo, y solamente finalizaré refiriendo que es importante que seamos congruentes con la reforma planteada al artículo 122 de la Constitución y aprobada por todos ustedes, compañeros diputados, que tenemos que seguir adelante en esta reforma política y que hay que realizar las acciones y las reformas congruentes para darle paso. Es por ello que planteamos esta reforma al artículo 122 de la Constitución, que en resumen trasladaría las funciones y las instituciones encargadas de la prevención y del tratamiento de menores infractores, que hoy están bajo la vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Quisiera pedir a la Mesa Directiva sea tan amable de turnar la presente iniciativa a la Comisión de Puntos Constitucionales, con la opinión de las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y Especial de Seguridad Pública. Por su atención y el apoyo que pueda recibir esta iniciativa, muchas gracias compañeras y compañeros diputados. EL C. PRESIDENTE. Gracias, señor diputado. Insértese íntegra la iniciativa a la Gaceta Parlamentaria y al Diario de los Debates y túrnese a las Comisiones de Puntos Constitucionales con opinión de Justicia y Derechos Humanos y Seguridad Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre. LA C. SECRETARIA, DIPUTADA MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ. Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 456 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL C. PRESIDENTE. Tiene la palabra la diputada Adela del Carmen Graniel Campos del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a la Ley General de Salud y a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. LA C. DIPUTADA ADELA DEL CARMEN GRANIEL CAMPOS. Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea: Los suscritos diputadas y diputados a la Quincuagésima Octava Legislatura del H. Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa de reformas y adiciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Salud y la Ley de Desarrollo Rural Sustentable bajo la siguiente exposición de motivos: En el mundo existen más de 170 países, pero sólo 17 de ellos son considerados como megadiversos. México es uno de estos países que en conjunto albergan entre el 60 y el 70% de la biodiversidad total del planeta. Esta gran diversidad biológica se debe principalmente a la compleja topografía, la variedad de climas y la conexión de dos zonas biogeográficas en el territorio mexicano que en conjunto forman un variado mosaico de condiciones ambientales. Actualmente, la problemática ambiental y el deterioro ecológico ha trascendido significativamente a nivel internacional, esto ha ocasionado que diversas legislaciones hayan sufrido una intensa modificación y actualización, con el fin de lograr un equilibrio global y regional entre los objetivos económicos, sociales y ambientales. Esos cambios afectan el ámbito legal de constitución y regularización de las empresas en materia ecológica. El deterioro ecológico que se ha vivido en los últimos 20 años, ha enseñado al mundo que una crisis puede manifestarse en cualquier organización sea grande o pequeña, pública o privada con o sin aviso alguno y en cualquier parte. Por ejemplo el desastre nuclear de Chernobil, la tragedia de Bopal (¿) en India por la fuga de un gas letal de una planta del "Unión Carbide", el derrame de petróleo crudo en la Costa de Alaska por el buque "Edson Valdés". Otros ejemplos los encontramos en México con la explosión de gas en San Juanico y otra en el Sector Reforma en Guadalajara, el envenenamiento con plomo de la población infantil en Torreón, por emisiones de la Fundidora de Peñoles y un sin fin de comunidades contaminadas por PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad. En términos del deterioro ecológico, las actividades mayormente afectadas son la pesca, la agricultura y la ganadería. En las afectaciones a la agricultura se observa la pérdida de suelos por retención de aguas, derrame de sustancias tóxicas y salinización de suelos. Otra forma de afectación a los suelos es la denominada "lluvia ácida", que los campesinos relacionan con la baja considerable de su producción. Resulta urgente realizar estudios de concentración de metales pesados en los pastos y suelos, así como en productos finales, investigaciones que serían un instrumento necesario para priorizar los programas de rehabilitación y recuperación de suelos. Es urgente también recuperar las áreas de ecosistemas degradados en abandono u ocupadas ilegalmente por la industria para su reincorporación al uso, manejo y custodia de las comunidades locales. Debe ser un esfuerzo de las organizaciones de indígenas, campesinos, pescadores, artesanos, organizaciones sociales y otras. Las amenazas principales de los ecosistemas son: la tala inmoderada para la ampliación de la frontera agrícola ganadera, la destrucción ocasionada por desarrollos turísticos y urbanos y la destrucción por la construcción de carreteras, campos de golf, de granjas camaronícolas, derrames de petróleo, entre otras. La legislación debe defender los ecosistemas, garantizando su vitalidad y la de las poblaciones que viven en relación con ellos. Es necesario obtener de los estados, gobiernos y empresarios privados el estricto cumplimiento de las leyes y la reparación de los daños ocasionados a las comunidades y a los ecosistemas, así como detener la expansión de las actividades económicas industriales inapropiadas en ecosistemas por considerarlas destructivas y contaminantes. Las reclamaciones por afectación son frecuentes. Las solicitudes de indemnización por daños en las comunidades del país abundan y hasta la fecha no se aplica ninguna política de solución integral. Existen graves daños a la salud de la población de muchos mexicanos, principalmente de comunidades pobres, debido al deterioro ecológico y que no se han determinado, que provocan empresas particulares y públicas donde los grupos más expuestos son las mujeres y los niños. La evidencia muestra que se ha registrado un aumento del número de casos de leucemia en la población infantil. Igualmente se han registrado múltiples casos de cáncer y en opinión de algunos médicos, esta enfermedad es más común en mujeres que viven en las cercanías de las zonas de producción petrolera. En el mismo sentido se han reportado múltiples casos de niños con plomo en la sangre debido a la contaminación atmosférica por empresas metalúrgicas. Es necesario contar con un procedimiento efectivo para medir el impacto ambiental por actividad industrial y que se complemente con el de impacto en la salud. En México muchas empresas continúan operando al margen de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y de la Ley General de Salud, además de que en distintas regiones del país faltan estudios de contaminación de suelo, agua y aire y su impacto en la salud. Cuando hay afectación a personas y propiedades la mayoría de las empresas, incluidas las públicas, ofrecen unos cuantos pesos como indemnización o la compra de sus terrenos, lo cual resulta indigno. Es necesario pensar en la pertinencia de que se cobre un impuesto a las empresas y que se destine a proyectos productivos en las zonas afectadas, proyectos que sean sustentables y planeados de manera participativa con las comunidades afectadas. También es necesario que el Estado, como promotor del desarrollo, genere las condiciones que la gente en todo el país requiere para que puedan equilibrarse los niveles de desarrollo y bienestar en su conjunto y que exija la corresponsabilidad de las empresas particulares que afecten la salud y el ecosistema de las comunidades. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones invocadas en el proemio, presento la siguiente iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Salud y la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable. Artículo 1. Se adiciona al artículo 34 un párrafo 6 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para quedar como sigue: Párrafo 6. La Secretaría promoverá la participación colectiva de las comunidades afectadas, a través de comités de vigilancia, para hacer una evaluación y recopilación de los problemas existentes, ubicar el tipo de los principales riesgos y supervisar y valuar las condiciones materiales de las instalaciones en su alrededor. Tramitará y gestionará los apoyos necesarios para la comunidad y proporcionará asesoría científica y tecnológica para obtener un diagnóstico ambiental fidedigno. Artículo 2º. Se adiciona el artículo 119 bis de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 119 bis: "Corresponde a la Secretaría de Salud y las autoridades federales, estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia, sancionar a cualquier establecimiento cuando durante la realización de las obras puedan producirse daños graves a la salud de la población. La Secretaría de Salud podrá negar la autorización de obra o actividad cuando. Se contravenga lo establecido en esta ley, sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables. La obra o actividad de que se trate pueda propiciar daños graves a la salud de la población, particularmente de mujeres embarazadas, ancianos y niños." Artículo 3º. Se adiciona el artículo 4 bis de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue. Artículo 4 bis: "Cuando la actividad de empresas públicas o privadas afecte el desarrollo de las comunidades, la Secretaría promoverá la participación colectiva de las mismas a través de comités, para hacer un diagnóstico social en la región y que participen conjuntamente en la elaboración y ejecución de proyectos productivos que incluyan aspectos económicos, sociales ambientales, mismos que puedan ser acordados con las autoridades federales, estatales y municipales en sus respectivos ámbitos de competencia.": Transitorio. UNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Firman: Diputado Auldárico Hernández Jerónimo, y la de la voz, diputada Adela del Carmen Graniel Campos. Es todo, señor Presidente.