El diputado Amílcar Augusto Villafuerte Trujillo: Con la venia de la Presidencia. La Comisión Nacional de Derechos Humanos es un organismo autónomo que por mandato constitucional tiene la importante misión de proteger, observar, promover, estudiar y divulgar los derechos humanos reconocidos y amparados por el orden jurídico mexicano. A lo largo de sus casi 20 años de existencia, la CNDH se ha visto fortalecida en su marco jurídico gracias a la aprobación de diversas reformas, entre las que destacan la de 1992, que transformó a la Comisión en un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. Así como la del año 1999, la cual dotó al organismo de autonomía presupuestaria y de gestión. La evolución experimentada por la CNDH se enmarca en el proceso de consolidación de la democracia en México. Sin embargo, los retos enfrentados en materia de protección de los derechos humanos, en el contexto nacional, han aumentado su complejidad como consecuencia de la aparición, en los últimos años, de una pluralidad de fenómenos políticos y sociales que han transformado la realidad del país. Ante estas circunstancias, resulta imprescindible que la CNDH siga siendo fortalecida con la finalidad de que su labor de promoción y protección de los derechos humanos se traduzca en hechos realmente comprobables en la realidad. Ante compromiso de tal envergadura, es de suma importancia lograr que la CNDH cuente con una dirección continua y permanente, la cual permita garantizar la protección y promoción de los derechos fundamentales en todo momento, otorgando con ello certeza en su actuar, pues es digno de mencionar que la comisión debe erigirse como estandarte de la legalidad en la emisión y ejecución de sus actos, constituyéndose así en paradigma para el ejercicio de la función pública. Actualmente, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no precisa un procedimiento claro para la designación de un presidente interino de la CNDH. Cuando se actualicen determinados supuestos, como es el caso de que no sea posible obtener la votación calificada en el Senado para la designación del mismo. Esta situación podría llevar implícito el desconocimiento, la desacreditación o el rechazo de las determinaciones de quien se encargue del despacho de los asuntos de la comisión que corresponden a su presidente, pues no se puede soslayar que la eficacia y validez de todo acto administrativo se encuentran sujetas al hecho de ser suscritas por un servidor público legalmente autorizado para ello. Por este motivo se hace indispensable establecer un tiempo máximo para la designación del presidente de la CNDH que no afecte el desempeño de sus labores. Por tal importancia que reviste la comisión se debe otorgar el tiempo necesario para examinar cuidadosamente la propuesta de la terna o, en su caso, la ratificación del titular por la Cámara de Senadores. Cabe señalar que de acuerdo a la experiencia, en virtud de la pluralidad de las fuerzas políticas representadas en las Cámaras no es descabellado pensar que el supuesto al que nos referimos tenga lugar, pues recientemente otras instituciones como es el caso del IFE se han visto afectadas en su funcionamiento a consecuencia de la falta de acuerdo con esta asamblea para designar a la persona que habrá de ocupar el puesto de consejero electoral. Así pues resulta urgente contar con una regulación que determine indubitablemente qué hacer en caso de que el presidente de la CNDH haya concluido su periodo y no exista acuerdo para designar a su sucesor, o por cualquier otra circunstancia ajena al propio organismo autónomo. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México votará a favor de las adiciones a la ley propuesta por el presente dictamen, las cuales darán mayor certeza jurídica a la actuación de un ente en la importancia que reviste la CNDH. Es cuanto, señor presidente.