La diputada Lariza Montiel Luis: Con su venia diputado presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, la certeza y credibilidad de los resultados en los procesos electorales son fundamentales en cualquier democracia. Cuando el elector decide participar en una elección requiere claridad. Necesita tener la seguridad de que su voto será contado y contará, pero además, la seguridad de que su sufragio formará parte de un proceso objetivo, legal, transparente, imparcial e independiente, y contribuirá a consolidar una sociedad más justa, libre y democrática. Los ciudadanos no deben tener duda que su decisión será respetada porque las instancias facultadas para sancionar las elecciones cumplirán sus atribuciones. Según encuestas especializadas, la mayoría de los mexicanos manifestaron preocupación en las áreas de fiscalización, de acceso a los medios de comunicación, tiempos y costos en las campañas electorales. Con las reformas aprobadas en la legislatura presente se ha procurado fortalecer a las autoridades en cuyas facultades descansan esas tareas, y con esto, buscar la eficacia de las mismas, pero también buscar la justicia. Las contiendas son cada vez más reñidas y más complejas, por lo mismo es más probable que se presenten diferencias o desencuentros, visiones distintas entre los candidatos y los partidos para alzarse con la victoria. Ante las insuperables discrepancias la única vía de solución serán los instrumentos diseñados para la defensa jurídica. Es ahí donde descansan las instancias jurisdiccionales e intervienen para darle certeza al ciudadano. Debemos considerar que la sociedad actual es cada vez más participativa, que las actividades propias del Estado le son cada vez de mayor interés; y por tanto, hay una creciente demanda de certeza y seguridad jurídica en el actuar de las instituciones. En ese espacio de evaluación una de las principales características que rodean la función jurisdiccional es la independencia. Sin duda, ésta debe ser la más importante, en ella se engloban tanto la objetividad como la imparcialidad. La transición política de nuestro país hace evidente la necesidad de analizar permanentemente los mecanismos que nos permitan avanzar en la consolidación del sistema político y en la confianza de los ciudadanos ante las instancias electorales. Reitero, la sociedad es cada vez más participativa. Exige legalidad, transparencia y rendición de cuentas. Esto debemos aprovecharlo. Hoy más que nunca, los funcionarios debemos estar más comprometidos a ejercer correctamente las funciones que nos han sido atribuidas, con el fin de dar respuesta a la confianza que la sociedad nos ha depositado. Por desgracia no sucede siempre así, no siempre se actúa con sensatez y apego a derecho, aún hay quienes anteponen intereses particulares. El punto cardinal de la iniciativa que se presenta es la necesidad de radicar y sostener entre el cuerpo de servidores públicos una plataforma de principios que le generen al ciudadano la certeza que en todo momento el desempeño de sus funciones se realice en el marco de honestidad, eficacia, transparencia y estricto apego a la ley. Considerando que la función electoral es una de las más expuestas al escrutinio público, y que al ser los magistrados electorales quienes en última instancia pueden pronunciarse respecto a la validez o invalidez de un acto público tan importante como lo es una elección, su regulación no debe quedar a la interpretación de una norma secundaria. Tengo la firme convicción de que ésta debe situarse en el espacio del artículo 101 constitucional que rige la forma en que debe conducirse el Poder Judicial de la Federación, que también lo debe estar en el ámbito del artículo 116, que enmarca el contenido de la organización política en las entidades federativas y, por tanto, del Distrito Federal. Concretando, se propone establecer una limitante a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como a los de los estados y del Distrito Federal, para ocupar durante los dos años posteriores a la fecha de la separación de su cargo, función alguna en los poderes federales o locales, en cuya elección haya participado, ya sea para su calificación, o bien mediante cualquier pronunciamiento sobre los actos correspondientes a la preparación de la misma. La necesidad de establecer iguales condiciones a los magistrados federales que a los locales es una realidad que no podemos abstraer. Por el contrario, debemos abonar a la existencia de principios y criterios homogéneos en los diversos órdenes de gobierno. En distintas normas aprobadas por esta legislatura se ha puesto de manifiesto la necesidad de congruencia y razonabilidad en las disposiciones locales y federales. Los ciudadanos así lo demandan. Compañeras y compañeros, la base de un sistema democrático es la observancia estricta de la ley. En la medida en que fortalezcamos a las autoridades electorales es en la medida en que se fortalece a los poderes públicos. Por su atención, muchas gracias.