EL DIPUTADO RAMON LEON MORALES (P.R.D.): Muchas gracias señora Presidenta. Compañeras y compañeros Diputados. Venimos a hacer un pronunciamiento real al aumento de los recursos federales destinados al gasto en educación pública. EXPOSICION DE MOTIVOS: Primero. Dentro de la Agenda Legislativa del grupo parlamentario del PRD, la educación es una prioridad con el interés de conseguir un incremento sustantivo de los recursos federales que se destinan a este importante rubro la diputada Hortensia Aragón Castillo presentó el 14 de septiembre del año 2000 a nombre del PRD una Iniciativa de Reformas a la Ley General de Educación. La propuesta tiene por objeto elevar gradualmente la cantidad que la Federación dedica a este sector hasta alcanzar en un corto plazo el 8% como proporción del producto interno bruto del país. Ese monto sería de acuerdo a la Iniciativa, un piso presupuestal mínimo que no podría haberse reducido por las variaciones en el desempeño de la economía sino al contrario, tendría que incrementarse año con año hasta que satisfaga plenamente las necesidades educativas de la población. Segundo. Esta Iniciativa se suma a las que en su oportunidad las Diputadas y los Diputados de nuestro partido presentaron durante la pasada Legislatura en el ámbito de la educación y la cultura. Resaltan por su importancia, la Iniciativa de Reformas a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México para forta1ecer la gratuidad de la educación que imparte el Estado, de reformas al Artículo 3o. Constitucional sobre Gratuidad, Obligatoriedad, Autonomía y Financiamiento de la Educación Superior, la iniciativa de Ley de la UNAM y la iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Educación sobre los temas de obligatoriedad, distribución de la función social educativa, equidad, tipos y modalidades de la educación, educación privada y validez de estudios. Todas estas iniciativas abordan desde distintos ángulos el problema de financiamiento educativo que ha sido fuente de conflictos universitarios y magisteriales, por ello consideramos que es inaplazable que el Congreso resuelva al respecto. Tercero. En la iniciativa presentada por la diputada Hortencia Aragón, se dan razones de sobra para proceder en el marco de la discusión sobre el presupuesto para el año 2001 a un incremento real e inmediato al gasto federal educativo, en ella se sostiene que a pesar de que la educación fue caracterizada en el Plan Nacional de Desarrollo 1995 2000 y en el Programa de Desarrollo Educativo 1995 2000 como la más alta prioridad del actual gobierno, ello no se ha reflejado en las finanzas públicas no obstante que en los planes de gobierno se le asigno un papel clave a la educación en el desarrollo nacional y se fijó como propósito destinarle más recursos, estos fueron insuficientes para alcanzar sus altas metas. El VI Informe de Gobierno reporta un crecimiento del 23% en términos reales durante los últimos seis años y una inversión equivalente al 4.2% del Producto Interno Bruto pero no se reconoce que esta cifra es aún menor al 4.6% alcanzado en 1994 y está muy lejos del 8% recomendado. La baja presupuestal durante el gobierno de Ernesto Zedillo impidió el abatimiento de rezagos y el cumplimiento de metas ¡ asimismo que el salario magisterial promedio en plaza inicial en la actualidad es apenas de tres salarios mínimos generales y ha perdido, de 1982 a la fecha, el 57.7% de su poder adquisitivo; el maestro ha sido abandonado y desatendido por el gobierno durante muchos años, los diferentes planes para revalorar su carrera magisterial, han fracasado. 4. Por lo anterior,... todo lo anterior nos llevo a concluir que urge una medida legislativa que ponga freno al deterioro del gasto educativo y le fije mínimos muy precisos y obligatorios en función de sus verdaderos requerimientos y en atención a las recomendaciones internacionales, La medida busca comprometer aún más al Estado para que invierta mayores recursos en educación pública antes que apoyar la educación privada como ha venido ocurriendo en los últimos años. Consiste en reformar el artículo 25 de la Ley General de Educación para reforzar el compromiso presupuestal del gobierno. Se propone señalar que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y que el monto que anualmente destine la Federación, no será menor del 8% del Producto Interno Bruto del país. La propuesta, de aprobarse, permitirá a la Cámara de Diputados velar porque el gasto federal anual en educación reflejado en el Presupuesto de Egresos correspondiente, se asignen recursos no menores a ese monto. En forma complementaria, año con año, la Cámara de Diputados aprobaría los renglones del gasto a los que se destinarían los incrementos propuestos en consulta con los sectores involucrados: maestros, alumnos, padres de familia, especialistas y autoridades educativas. Por los rezagos hasta hoy detectados, se propone invertir con urgencia el salario magisterial que no ha recibido los beneficios de la ínfima recuperación prespuestal registrada durante el sexenio. En contrapartida, los maestros han resentido disminuciones reales en sus ingresos en todos los niveles educativos, lo que ha reflejado en un notable deterioro de la calidad de vida de sus familias y constituye un obstáculo para su profesionalización, desempeño y mejoría personal. En forma coincidente, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación acudió a esta soberanía para plantear a los diversos grupos parlamentarios aquí representados que el Congreso de la Unión debe ser sensible al drama que lacera a más de 80 millones de mexicanos que sobreviven en la pobreza y la más extrema miseria para que asuma sus responsabilidades de respeto, defensa y profundización del espíritu original del artículo Tercero de nuestra Constitución Política, en el sentido de mantener una educación pública, científica, laica y gratuita para todo el pueblo. Por ello, la Coordinadora Magisterial solicita a la Cámara de Diputados el análisis y aprobación de un presupuesto suficiente para el gasto social en donde pueda disponerse como mínimo del 12% del Producto Interno Bruto para educación pública; además, demanda elevar a rango de ley la pensión dinámica, tal y como estaba previsto en la Ley del I SSSTE antes de la reforma salinista de 1992. Sexto. Para el grupo parlamentario del PRD no hay posibilidad alguna de mejorar la calidad de la educación sin un aumento del gasto público federal, para garantizar a todos los mexicanos el derecho a la educación pública y gratuita. Por ello, destinar un monto equivalente de recursos públicos al 8% del Producto Interno Bruto es un piso mínimo, estos recursos deberán dedicarse entre otros renglones importantes del gasto al salario magisterial, la formaci6n docente y la infraestructura educativa, Por tal motivo, la lucha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es legítima, pues se inscribe en la línea de defender a la escuela pública y frenar la privatización creciente que las actuales Políticas públicas están impulsando. Por lo antes expuesto y con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados suscritos solicitamos a la Presidencia de esta Honorable Cámara de Diputados turne a la Comisión de Educación Pública la siguiente proposición. UNICA. Que la C omisión de Educación y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, dictamine la iniciativa de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación presentada por la diputada Hortencia Aragón Castillo, junto con las iniciativas presentadas durante la Quincuagésima Séptima Legislatura por diputados del Partido de la Revolución Democrática, relacionadas con el gasto educativo. Dicho dictamen deberá presentarse con la anticipación suficiente para que el impacto presupuestal de las reformas de ley que en materia educativa se aprueben sea considerado en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001. Atentamente, diputados Ramón León Morales, Hortencia Aragón Castillo, Miguel Bortolini Castillo y Elías Martínez Rufino. Muchas gracias.