La diputada Claudia Sánchez Juárez: Con su venia, diputada presidenta. Subo a esta tribuna para presentar una iniciativa que responde a una realidad urgente y apremiante, una iniciativa que busca cerrar la brecha legal que ha permitido que los ciberdelitos crezcan sin control, afectando no solo el patrimonio de las y los mexicanos, sino también su privacidad, integridad y derechos fundamentales. Quisiera comenzar con un dato que no podemos ignorar, México ocupa el segundo lugar en América Latina en ciberataques, solo por detrás de Brasil. Cada año el país sufre más de 80 mil millones de intentos de ataques cibernéticos y esto no es un fenómeno lejano o ajeno, es un problema que afecta desde a grandes empresas, instituciones de gobierno, por supuesto, a las familias mexicanas y a los individuos. Hace apenas unos días nos enteramos de un hecho gravísimo, el jaqueo al teléfono celular personal de la presidenta Claudia Sheinbaum, un ataque no solo vulnera su seguridad personal, sino que se convierte en un posible problema de seguridad nacional y nos hace reflexionar, qué seguridad tiene cualquier ciudadano o ciudadana de a pie, cualquier periodista, activista, empresario, estudiante, que usa su teléfono para trabajar, comunicarse y vivir. Por otra parte, cuando las y los ciudadanos se atrasan un solo día en el pago de sus servicios, estos son cortados de inmediato, eso nos hace preguntarnos lo siguiente, las compañías de telecomunicaciones sí pueden establecer mecanismo de cobro eficientes, pero no pueden implementar protocolos de seguridad para las y los usuarios. El vacío normativo ha permitido que empresas proveedoras de servicios de telefonía celular, redes sociales, aplicaciones de mensajería y comercio electrónico operen sin ningún marco riguroso que las responsabilice plenamente de detectar, reportar y actuar frente a redes delictivas que usan sus sistemas para cometer fraudes, extorsión, robo de identidad, phishing o ciberacoso. Hace unos momentos aprobamos en esta soberanía una reforma en materia de simplificación administrativa y digitalización, hacia allá va la administración pública y la vida en general, acompañemos esta reforma con leyes que refuercen la ciberseguridad en México. Y permítanme enumerar algunos de los ejes claves de esta propuesta: 1. Obligación para que las compañías de telefonía y plataformas digitales implementen sistemas de monitoreo y alertas automatizadas que detecten la actividad inusual o sospechosa de sus redes. 2. Estas compañías deberán cooperar de manera directa e inmediata con las autoridades competentes, entregando información útil para la investigación de delitos cibernéticos en un plazo máximo de 48 horas. 3. Establecer sanciones económicas y administrativas ejemplares, multas que puedan alcanzar hasta 5 % de los ingresos anuales, suspensión de operaciones y en casos graves de omisión reiterada la revocación de concesiones. 4. Geolocalizar los dispositivos involucrados en delitos cibernéticos, garantizando siempre la protección de datos personales, pero sin permitir el anonimato absoluto de los ciberdelincuentes. 5. Diseñar protocolos obligatorios para la inhabilitación inmediata de números, líneas, cuentas o perfiles utilizados para fraudes, extorsión y otros delitos. 6. Coordinar campañas de concientización sobre ciberseguridad junto con el gobierno federal. 7. Terminar con la omisión e indiferencia en la prevención de estos delitos, tipificando la negligencia dolosa de las compañías como una conducta sancionable. Se estima que aquellos fraudes cibernéticos generan pérdidas anuales por más de 8 mil millones de dólares tan solo en México y detrás de cada cifra hay personas que pierden sus ahorros, su identidad y su tranquilidad. Hoy es común ver campañas fraudulentas circulando en plataformas que todos usamos, ofertas falsas, clonación de páginas oficiales, correos maliciosos, mensajes de extorsión y sin embargo las empresas digitales continúan beneficiándose económicamente mientras que los ciudadanos enfrentamos solos la vulnerabilidad. La tecnología avanza y nuestras leyes deben de avanzar al mismo ritmo. No podemos permitir que las lagunas normativas sigan dejando la puerta abierta a los delincuentes. Esta iniciativa no busca entorpecer la operación de las empresas de telecomunicaciones y plataformas digitales, busca establecer reglas claras, justas y responsables donde la prioridad sea la seguridad de las y los mexicanos que son consumidores de estos servicios. Hagamos de nuestras redes sociales, de nuestras plataformas y de nuestros sistemas de telecomunicaciones un espacio seguro. Y, por lo tanto, una extensión también, por qué no, de nuestra persona. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.