La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, presidente. Con la venia de la asamblea. Este ya tan anunciado dictamen por parte de las autoridades del Ejecutivo, específicamente el señor Emilio Lozoya, director de Petróleos Mexicanos, finalmente da una salida, creemos nosotros magra, aunque sí una salida ya legislativa al problema del robo de combustible, que como todos sabemos, se da de dos maneras: primera, por tomas clandestinas; segunda, por el robo de pipas. Como ya se ha dicho en esta tribuna, el crimen organizado creo su propia infraestructura para saquear Pemex. Ordeñan combustible de los ductos y las flotillas de las pipas que los transportan. El crimen organizado se financia del robo y la comercialización de combustible, mucho más que de otras actividades; desde el secuestro, hasta la extorsión. La complicidad del personal de Pemex, basado en el crimen organizado, es capaz de mantener tomas clandestinas abiertas hasta por tres días consecutivos. El robo de combustible aumentó en este año mil 493 por ciento en tan solo 9 años. En 2005 había 136 puntas de ordeña en toda la República Mexicana y en 2014, 2 mil 418. El director general de Pemex, Emilio Lozoya, informó que de enero a agosto de este año el robo de combustible ascendió a 15 mil 300 millones de pesos. Esta cifra equivale a mil 912 millones de pesos por mes, casi 64 millones de pesos por día, un poco más de 2 millones 600 mil pesos por hora. Esto significa que el volumen de combustible extraído por medio de tomas clandestinas asciende a 7.5 millones de barriles, lo que significa 3 veces la expectativa de producción de 2.4 o 2.5 millones de barriles. Tres son los lugares donde más se está extrayendo gasolina: Salamanca a Guadalajara, Reynosa a Matamoros, y Madero a Cadereyta. La gran pregunta aquí es: si esta información es accesible para quienes no somos ni Ministerio Público ni trabajamos en Pemex, ¿por qué teniendo toda esta información y todas las posibilidades de hacer algo no se había hecho nada? El señor Emilio Lozoya, en comparecencia en esta Cámara de Diputados utilizó su frase favorita: Porque Pemex no es Ministerio Público. Sin embargo, esto demuestra que a pesar de no tener los elementos jurídicos podían haber actuado y cuando menos son cómplices por omisión. La delincuencia entonces, la delincuencia en muchos niveles, obtiene ingresos millonarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional que si hubiese sido y se hubiese saneado, probablemente no hubiésemos tenido la necesidad de la reforma energética que ustedes aseguran salvará a Pemex. El robo de hidrocarburos pone en riesgo no solamente la seguridad nacional y la integridad de las personas, poblaciones, sino también el medio ambiente. Ejemplo claro lo tenemos en el derrame más reciente por una toma clandestina en Nuevo León. El volumen derramado fue de cuatro mil barriles de crudo afectando a tres mil 500 habitantes del municipio de Cadereyta. La gran pregunta aquí es ¿aquí quién paga, aquí quién repara el daño? El más grave sin duda ha sido también la explosión en San Martín Texmelucan en Puebla, que dejó decenas de muertos y heridos por las tomas clandestinas y otra vez una responsabilidad diluida. Ha habido claras denuncias no solamente de la participación de empleados de Pemex, sino también de la participación de trabajadores del sindicato petrolero y esperemos que con esta reforma finalmente se hagan las investigaciones pertinentes para que se deslinden responsabilidades, pero se finquen donde se tengan que fincar y se pueda investigar apropiadamente. Los que participan en el robo de gasolina, diésel y gas, son no solamente delincuentes organizados, sino que han llevado a quienes también comercializan, a un círculo vicioso cuando los obligan a tener que comprar el combustible de estas tomas clandestinas y cuando los obligan a ser parte de este círculo vicioso del crimen organizado. Estas conductas no son sancionadas por inexistencia de algún tipo penal ocasionando impunidad. Este dictamen establece tipos penales respecto de las actividades en que se han diversificado las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos, almacenamiento, transportación, ocultamiento, suministro o distribución, y por otro lado ha inhibido la realización de dichas actividades al calificar éste como delitos graves. Es por eso que la fracción parlamentaria del Partido del Trabajo y por las adecuaciones que se hicieron en la Comisión de Justicia por lo que queremos felicitar al presidente de la comisión, votaremos a favor del mismo dictamen. Muchas gracias.