La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Gracias. Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, es una gran satisfacción para su servidora, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Justicia, pero también como mujer legisladora, que hoy pongamos a consideración de los integrantes de este pleno el dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 20 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, para tipificar la violencia política en razón de género como delito electoral. Señalaba una filósofa alemana, que fue en su momento perseguida por el régimen nazi, Hannah Arendt, que nadie puede ser feliz sin participar en la felicidad pública. Nadie puede ser libre sin la experiencia de la libertad pública. Y nadie, finalmente, puede ser feliz o libre sin implicarse y formar parte del poder político. Llevada esta frase al ámbito de la vida de las mujeres, esa afirmación pone de manifiesto que nuestro desarrollo pleno, nuestras libertades y no menos importante el alcance de nuestra felicidad, dependen en gran medida de las oportunidades que tengamos de alcanzar el poder político. Sin embargo, como ha sido también ampliamente documentado, la violencia política en contra de las mujeres es una de las mayores manifestaciones de las relaciones asimétricas de poder entre mujeres y hombres, que tiene por objetivo la conservación de jerarquías eminentemente masculinas, el mantenimiento de una especie de minusvalía femenina y, finalmente, lo que todos deseamos erradicar: la marginación de las mujeres de la participación política en general. La numeralia que está a nuestro alcance así lo demuestra, en México durante el proceso electoral de 2018 que en ese momento fue el más grande de la historia, al menos 237 agresiones contra mujeres que ejercían actividades políticas o contendían por cargos de elección popular fueron el saldo de esta elección. Trágicamente, de estas 237, 23 culminaron en feminicidios. Hay que reconocerlo, las medidas existentes para paliar el fenómeno de la violencia política en razón de género no han sido suficientes para inhibir la comisión de estas conductas. Por el contrario, resulta sumamente grave que, a pesar de la existencia de un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, que suscribieron el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación, la Comisión de Atención a Víctimas y la Conavim, en el año de la elección más grande de la historia de nuestro país se haya registrado un número tan elevado de incidencias en la comisión de estas conductas. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos con las y los legisladores que propusieron poner fin a esta práctica a través de la tipificación de estas conductas como constitutivas de delitos electorales. En el uso de la facultad del diseño de la política criminal que ha sido reconocida en distintos criterios jurisprudenciales, quienes integramos la Comisión de Justicia hemos establecido que no es posible permitir la continuidad en la comisión de estas conductas, aún más cuando se prevé que en el próximo proceso electoral en 2021 sea aún más amplio que el del 2018 y conlleve una mayor participación por parte de las mujeres debido a las recientes reformas en materia de paridad de género aprobadas por este Poder Legislativo. Consideramos que la lucha por la igualdad en la participación política, no es suficiente el reconocimiento de más derechos o la apertura de más espacios, es necesario que el Estado mexicano garantice el libre acceso de las mujeres a estos espacios, sin cortapisas, sin violencia. El tipo penal que fue aprobado por esta comisión contempla imponer de 100 a 400 días multa y prisión de 1 a 3 años, a quien menoscabe o anule el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos político electorales de una o varias mujeres, por razones de género. Además, se establece un catálogo de conductas que entrarían dentro de la conceptualización de razones de género. Por ello hoy sometemos a consideración de esa soberanía la oportunidad de aprobar una reforma que garantizará la eficacia de las normas ya aprobadas, para lograr esa anhelada paridad. Sabemos que la igualdad en la participación del poder político es a base de libertad y de la felicidad que nos hablaba Arendt. No se defenderá únicamente...