EL C. DIPUTADO CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMÍREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Yo creo que las iniciativas que presentamos los diputados a la Cámara, son quizá las que representan mejor el esfuerzo legislativo individual; a diferencia de los puntos de acuerdo que siempre son vistosos, pero aluden por lo regular a situaciones coyunturales, detrás de las iniciativas hay siempre un proceso de investigación, de discusión acuciosa para tratar de proponer algo que definitivamente quede establecida en la legislación y como consecuencia, forme parte de la actividad política del país. Con este interés, he formulado esta iniciativa que quiero compartir con ustedes y que debo de principiar por reconocer que ya hay antecedentes en el mismo tema. Lamentablemente siendo éste un asunto para mi gusto de la mayor importancia, casi siempre las iniciativas presentadas por los diputados, concluyen su ciclo con su sola presentación y por eso lamentablemente no hemos entrado a un proceso de discusión seria de varios temas que no le encuentro ninguna razón por la que no debiéramos de haberlo hecho ya. Y este asunto al que me voy a referir hoy ha sido motivo ya de la intervención de algunos legisladores en varias legislaturas y concretamente en ésta, de amigos y compañeros del Partido de la Revolución Democrática. Yo creo señoras y señores, que este proceso que vive la sociedad mexicana exige desde luego una reforma que odio hasta llamarla reforma del estado, porque de tanto decirlo el tema se ha, el nombre se ha choteado completamente. Pero si no hacemos un esfuerzo para darle un contenido práctico y sensato a la reforma del estado, yo estimo que el esfuerzo de esta transición anunciada que está viviendo la sociedad, se malgastará en meros fuegos fatuos. Y algo que está en el fondo de cualquier esfuerzo de reformar el estado es la delimitación de los alcances del estado de derecho y la integración real de sus componentes. Yo pienso que el estado de derecho además de estar integrado por la normatividad constitucional y legal que le da cuerpo y estructura, se establece muy bien en la posibilidad de que operen los tres Poderes de la Unión. La garantía de vigencia de los tres poderes es en si misma la garantía de la preservación del estado de derecho. Los tres Poderes de la Unión garantizan pues, la salud y la solvencia de la República. Pero no sólo su mera existencia, sino dicen los académicos que mejor el equilibrio entre los Poderes. Hay tres conceptos que frecuentemente se utilizan para hablar de este tema: división de poderes, colaboración de poderes y equilibrio de poderes. Yo sostengo que lo importante en este concepto es garantizar o lograr por la ley el equilibrio de los Poderes. Antes hablamos de que el Ejecutivo tenía una presencia obsesiva en la vida del país. Hoy el Congreso es un poder que está surgiendo con una importancia cada día mayor, no ajeno a los debates y a las discusiones internas y externas. Pero hemos olvidado por completo al Poder Judicial. Pensamos que el desarrollo de la actividad políti111ca en función de lo que es la conformación de un nuevo estado, sólo puede surgir en este debate entre Ejecutivo y Legislativo y no consideramos o lo consideramos poco, la presencia del Poder Judicial. Y así como yo en esta misma tribuna he venido a exigir que el Poder Judicial cumpla su responsabilidad, que se delimiten los marcos entre la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura, hoy vengo a pedirles que analicemos esta propuesta con el ánimo de garantizar que el Poder Judicial de la Federación pueda garantizar asimismo su equilibrio frente a los dos restantes Poderes de la Unión. Y la mejor forma pienso yo, de incidir en esta vertiente, es dándole al Poder Judicial la posibilidad de que tenga independencia absoluta en su manejo presupuestal. Por eso escojo esta fecha para presentar la iniciativa, porque esta iniciativa justamente está orientada a reformar el artículo 100 de la Constitución, para tratar de darle autonomía financiera al Poder Judicial de la Federación. Cómo podemos decir que el estado de derecho se establece y se ubica en un equilibrio entre los Poderes, cuando el Poder Judicial no tiene en la normatividad actual posibilidad alguna de incidir en su propio presupuesto. Por disposición de la ley sabemos que es al Ejecutivo al que le corresponde la integración del proyecto del presupuesto. De manera que el Poder Judicial tiene que someterse al Poder Ejecutivo para presentar ahí sus líneas presupuéstales. Y es la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo, la que definitivamente aprobará ese presupuesto, inicialmente integrado en el Poder Ejecutivo. Cuál es ahí la función única del Poder Judicial. Hacer una elaboración que nunca después puede saber hasta dónde va a llegar en sus efectos prácticos. Esta es una cuestión obvia que ha sido presentada y planteada en diversas ocasiones pero que yo entiendo que no ha habido el interés suficiente para entrar a esta cuestión, que me parece fundamental. Y naturalmente que en el desarrollo anual de las discusiones presupuéstales --nosotros lo hemos vivido una y otra vezla presencia de los interesados en discutir sus cosas. No vamos a pensar así que para que los señores del Poder Judicial encuentren una justicia presupuestal, que están demandando desde hace mucho tiempo, vengan a hacer labor de cabildeo ellos mismos ante los diputados o ante el Ejecutivo, que principiaría por reconocer que ya no hay este equilibrio de poderes que tanto nos preocupa. Es una lucha que el Poder Judicial ha dado y es una lucha que los poderes judiciales en distintas naciones también han emprendido. Si nosotros revisamos, en las últimas cumbres de poderes judiciales latinoamericanos ya se ha aprobado el que de manera constitucional se establezca un límite mínimo para el presupuesto de los poderes judiciales, lo que haría imposible que pudiese estar un poder de la federación sujeto a los condicionamientos de los otros dos poderes. Aquí en México también algunas entidades federativas ya han recogido y lo han incorporado en sus propias legislaciones. Yo por ello creo que es prudente decirles que en una modesta investigación que he realizado advierto que el presupuesto entero del Poder Judicial de la Federación es menor que el presupuesto que se le ha otorgado en los 5 años últimos a la Secretaría de la Defensa, por ejemplo. Si se hace una comparación también, es fácil advertir que si sumamos el presupuesto de la Procuraduría General de la República, del Tribunal Fiscal de la Federación y de los tribunales de justicia administrativa, juntos tienen más dinero anual que el Poder Judicial de la Federación. Yo creo que este asunto debe de encontrar una respuesta del Legislativo en la Constitución de la República y que establezca de manera formal y de una vez por todas un porcentaje del gasto programable que oficialmente se asigne, año con año, como presupuesto mínimo del Poder Judicial de la Federación. Yo pienso que ésta es la mejor garantía real de contribuir a este equilibrio de los poderes. Dejar que con este margen el Poder Judicial pueda, con toda libertad, plantear sus estrategias y darnos la protección judicial que todos esperamos. Por decir alguna cosa. El año pasado, por estas fechas, el Poder Judicial estaba interesado en crear 60 nuevas instancias para la administración de justicia en el país. El presupuesto le autorizó 30. Y si hacemos un análisis honesto estoy seguro que nadie recuerda porqué se redujo a 30 ni en qué condiciones esta reducción se dio. Fue algo que simplemente se dio. Y ante la realidad, el Poder Judicial no tuvo opción alguna de poder presentar sus requerimientos y menos de inconformarse por los resultados. Yo propongo que un 2.5% del gasto programable, que es una suma razonable, atendiendo los presupuestos que se gastan en instituciones como la Defensa Nacional o la Procuraduría General de la República, se asignen en virtud una reforma constitucional anualmente como base del presupuesto del Poder Judicial de la Federación. También propongo que se le dé al Poder Judicial la posibilidad de explicar las razones de su presupuesto, que se evite esta cuestión en que el Ejecutivo tiene que integrar el presupuesto incluido el del Poder Judicial, lo que realmente me parece una aberración jurídica y que por supuesto, se perfeccionen los mecanismos para que el Poder Judicial pueda rendir puntualmente cuentas del volumen presupuestal que finalmente le asignemos. La propuesta que someto a la consideración de ustedes, se refiere concretamente a esos asuntos. La propongo en esta época porque estamos a punto de iniciar una nueva discusión presupuestal. La propongo desde esta tribuna de la nación porque me parece que es injusto que el Poder Judicial de la Federación no tenga un canal oficial, institucional firme, para que pueda explicar sus razones y encontrar el respaldo consecuente. Muy pronto esta Cámara va a entrar en esa vorágine de la discusión presupuestal en que algunas veces triunfa la publicidad frente a la razón misma; en algunas otras triunfa el voluntarismo y en muchas otras, verdaderamente triunfa el azar. Yo por eso someto a la consideración de ustedes esta iniciativa porque creo que es el instrumento más serio de los diputados considerados individualmente para tratar de incidir en la función constitucional que nos compete. Yo sé que esta iniciativa por atender un tema constitucional, será turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, pero creo que es a la Comisión de Presupuesta y Cuenta Pública a la que le conviene dar un punto de vista a este respecto. Yo no quisiera, de veras, que para que tuviésemos que reaccionar como legislatura, necesitáramos de la presencia escandalosa de personajes interesados que han venido a la Cámara a exigir sus propios intereses como recientemente ocurrió con algún grupo de empresarios. Yo nunca esperaría, sería lo último que podía pensar, en que a los ministros de la Corte tuviésemos que obligarlos a que vinieran a hacer labores de cabildeo en la Cámara. Yo pienso que es más justo por salud de la República, encontrarle una solución legal y mi propuesta es tan sólo la motivación para que se consiga la mejor de todas. Señor Presidente: Si no tiene inconveniente, me gustaría dejar la iniciativa para que se incluya completamente en el Diario de los Debates. Eso es todo, señores. Muchas gracias. -