La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. El dictamen a discusión propone otorgar al Congreso de la Unión la facultad de expedir un Código de Procedimientos Penales, de mecanismos alternativos, de solución de controversias y de ejecución de penas único, que regirá en la República, en el orden federal y en el orden común. Tiene la finalidad de homologar la legislación procesal penal para que los criterios político-criminales, que habrán de observarse en el procedimiento se informe, evitando que en el país haya distintas formas de procurar y administrar justicia penal, por lo que también se sugiere la homologación de los mecanismos, para enfrentar eficazmente el problema de la delincuencia y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Aprobar este dictamen, implicará la posibilidad de implementar una reforma integral al sistema de justicia penal y la posibilidad de integrar en un solo frente a todas las autoridades ejecutivas y judiciales del orden estatal y federal, a través de una legislación común. En la última década, el fenómeno delictivo se ha vuelto más complejo y obscuro, desafiando no únicamente a las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país, sino fundamentalmente a las propias autoridades judiciales. El problema de la inseguridad se debe a múltiples factores y algunos de ellos recaen directamente en la responsabilidad del Estado. Entre estos factores sobresale la falta de transparencia a la corrupción y la deficiente coordinación y operación de los órganos encargados de prevenir el delito, procurar y administrar justicia y rehabilitar socialmente al sentenciado. El resultado de ello, es el crecimiento de la delincuencia y de la impunidad. La inseguridad ha atentado con nuestras formas más esenciales de convivencia y el miedo ha trastocado el flujo normal de nuestras vidas y actividades. Es necesario que nuestras instituciones ataquen el problema de la inseguridad, pero reconociendo el inminentemente derecho humano al debido proceso, de forma institucional, responsable, organizada y persiguiendo fines legítimos y fundados en el derecho y los principios rectores de los derechos humanos. La actitud del ciudadano frente a las instancias federales y estatales de impartición de justicia es de desconfianza. Ante la imposibilidad para encontrar en ellas la justicia a la que tiene derecho, han tenido que prescindir de su apoyo a pesar del sufrimiento moral y la pérdida material que significa el ser víctima de un delito. Lo más grave de este hecho es el cuestionamiento que hacen los ciudadanos acerca del papel del Estado como responsable de garantizar el orden público y la justicia. Es cierto que se han heredado instituciones y prácticas añejas, pero también debe reconocerse que las deficiencias en materia de seguridad pública tienen su origen en la inoperancia de la ley. En este sentido, la normatividad penal quedó rebasada por esta nueva dinámica social, haciendo incompatibles e insuficientes las premisas que habían servido, durante décadas, de sustento a dichos ordenamientos. Sin ir más lejos, la normatividad que rige el procedimiento penal, a nivel federal, data de un código expedido en 1934. Las condiciones estructurales que prevalecen en el México contemporáneo obligan al rediseño legal e institucional para enfrentar eficientemente los desequilibrios sociales y económicos derivados de los actos delictivos. La demografía del México actual es totalmente distinta. Para cuando se expidió el Código Federal de Procedimientos Penales existían aproximadamente 17 millones de personas. En la actualidad somos más de 112 millones. Y si a ello le sumamos las diferencias poblacionales y la fragmentación de los espacios sociales, la carencia de una infraestructura comunicacional y productiva adecuada, entonces los regionalismos penales que todavía hoy existen como inercia histórica cobran sentido en su real inoperancia. Es la razón por la cual el universo de acción de instancias y órganos encargados de impartir justicia han tenido que crecer exponencialmente. De igual forma, el fenómeno delictivo y los delincuentes mismos son totalmente distintos. Las organizaciones delictivas o los mismos delitos del orden común se han vuelto más sofisticados, más uniformes en sus métodos y por supuesto, más violentos. Ni las sanciones ni los procedimientos pueden ser los mismos. Los delitos cambian y evolucionan como la sociedad misma. Pero de igual forma, tampoco podemos continuar inmersos en una lógica que supone una diferenciación delictiva por región y costumbres. Existe una tendencia general a la homogeneidad y especialización de las conductas delictivas. De ahí el absurdo de mantener sanciones y procedimientos penales particulares para cada entidad de la República. Existen todavía muchos temores respecto a la uniformidad de las leyes en el país. Es un asunto que gira en torno al federalismo mexicano y a la manera cómo lo entendemos y al cual históricamente somos muy susceptibles. No obstante las críticas que pudieran en la actualidad verterse, alcanzar la uniformidad y coherencia de los criterios penales en toda la República, lejos de constituir un mecanismo de centralización supone la creación de un orden jurídico y jurisdiccional más justo y eficiente. Las modificaciones al artículo 20 constitucional, en 2008, iniciaron el camino para terminar con el viejo sistema garantista. Los juicios orales y el sistema acusatorio vendrán a darle una bocanada de aire a un sistema de impartición de justicia lleno de contradicciones. No obstante, el punto nodal del asunto radica en los cambios que ha venido sufriendo nuestra Constitución en materia de derechos humanos y que de una u otra manera han incidido en la conformación de un clima social y político que apela, solicita con inmediatez los cambios del régimen penal. Como se sabe, en el año 2011 se reformó la Constitución mexicana en su artículo 1o, en la búsqueda de implementar un sistema amplio de protección de los derechos humanos. Esto provocó la necesidad de comenzar a legislar leyes secundarias que implementan los nuevos principios rectores de la Constitución. Si observamos cuáles han sido las leyes más importantes en materia de seguridad e impartición de justicia que se han expedido últimamente, llegaremos a la conclusión que éstas han sido aquellas que están relacionadas con los procesos perversos de delincuencia organizada. Así, por ejemplo, tenemos la Ley General de Trata de Personas, la Ley General de Víctimas, la Ley General de Secuestro, todas ellas, repito, bajo los auspicios del cambio constitucional en materia de derechos humanos. El común denominador de estas leyes es su criterio uniforme y homogéneo. Es una cuestión de técnica legislativa, pero sobre todo, de acuerdo político. Lo que hasta ahora se ha realizado es importante, pero no suficiente. Es necesario realizar modificaciones en otros ámbitos relacionados. Por citar algunos ejemplos, resulta indispensable actualizar la norma en materia de reclusorios, el Ministerio Público, en materia de readaptación o reinserción social, como lo estipula la Constitución. No basta, por supuesto, con la publicación de leyes progresistas con depurada técnica legislativa. Es necesario establecer también políticas públicas eficaces que la acompañen. Es decir, si no somos capaces de generar un sistema económico más equitativo donde la igualdad de oportunidades para las mayorías sea lo cotidiano, donde los principios constitucionales de respeto a los derechos humanos sean una realidad incontestable, donde cada mexicano pueda llevar una vida sin exclusiones sociales o culturales y, por lo mismo, gozar de los beneficios de la educación, del trabajo, de la salud y la vivienda, y todo aquello que otorga dignidad y sentido a la condición humana. Sólo llevando a la realidad estas ilusiones es como se generaran las condiciones suficientes para la conformación de una sociedad estable y segura. Las modificaciones legislativas son indispensables para actualizar los problemas nacionales, pero las políticas públicas equitativas y racionales, generales y eficaces, son la piedra de tope de los cambios necesarios en el país. De ahí la relevancia del dictamen que hoy analizamos. Dotar explícitamente al Congreso de la facultad de legislar en todo el país en materia procesal penal, mecanismos alternos y ejecución de penas, constituye la ruta parlamentaria más eficaz para comenzar a resolver el ambiente social de violencia e impunidad que nos envuelve. Sin embargo, deseamos dejar claro que facultar al Congreso General para legislar en materia procesal penal no resolverá el problema de la delincuencia ni de la inseguridad ni de la falta de certeza jurídica en los procesos. Repito, solamente la cohesión social a partir de la redistribución del ingreso y el crecimiento económico, y sobre todo una justa distribución de la riqueza, un aumento de la capacidad productiva, el acceso a la educación y a la cultura y un cambio de conciencia colectiva, lo lograrán. Justicia social es lo que necesita México para combatir la inseguridad pública y jurídica. Con el avance democrático del país la población mexicana exige renovar aquellas instituciones que la vinculan de una manera directa con el Estado. Por eso, la demanda de los ciudadanos es que se realicen acciones para que éste cumpla con su deber esencial de garantizar la seguridad y recuperar la confianza en la justicia, reformando los mecanismos y leyes encargados de procurarla y administrarla. Como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, no se trata de un problema exclusivamente de leyes, sino de su implementación y de aquellos que la aplican. Se trata de corrupción, impunidad y vicios que existen dentro de nuestras instituciones. Sin embargo, es nuestra obligación como legisladores proveer los insumos necesarios para que la erradicación de estos vicios sea siquiera posible. El hecho es que desde hace por lo menos una década la participación ciudadana organizada, la sociedad civil, ha sido el resorte que ha impulsado muchos de los cambios que observamos hoy en día en el país. Pero debemos tener claro que el diseño de un sistema de justicia penal eficaz transita necesariamente por la uniformidad y armonía de sus normas, que permiten sin distinción alguna la cabal protección jurídica de todos los habitantes del territorio nacional, por lo que estamos obligados a reflexionar sobre la importancia y pertinencia de realizar lo antes posible una Ley General de Delitos Penales, con el objeto de establecer una normatividad sustantiva general que comprenda y sancione las mismas conductas delictivas que se generan en todo el territorio nacional. Coincidimos en la necesidad de construir no un catálogo de delitos penales, pero sí una legislación penal general que permita a las distintas instancias y niveles jurisdiccionales del país afrontar con decisión y firmeza el fenómeno delictivo que nos envuelve y que tanto vulnera a nuestras familias. Si no llevamos a cabo esta normatividad general en materia penal sustantiva entonces las bondades que se estipulan en el presente dictamen quedarán aisladas en el propósito común de contar con un sistema penal acorde con la realidad del país, armónico e integral, que verdaderamente soporte la arquitectura institucional de procuración e impartición de justicia. Movimiento Ciudadano se suma con entusiasmo a la aprobación del presente dictamen, en la inteligencia que si bien los cambios normativos que se vienen generando en la materia son los adecuados, aún falta mucho por hacer. Creemos que resulta ineludible que en lo inmediato comencemos a diseñar desde el Congreso de la Unión una estrategia parlamentaria, que involucre a todas las fuerzas políticas que lo conforman, que nos permita alcanzar rápidamente una lógica uniformidad de criterios en materia de delitos, que consolide el proceso de integración de nuestro sistema penal; solo de esta manera podremos construir verdaderamente lo que la sociedad requiere y espera, el bienestar y seguridad de los mexicanos nos lo demandan. Muchas gracias.