La diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco: Compañeras y compañeros diputados, el derecho a la información no puede concebirse sin el derecho a la libertad de expresión. La democracia no puede entenderse sin el respeto y ejercicio pleno de estos derechos. Por eso, en esta LXV Legislatura tenemos que asumir que tenemos una deuda con la democracia. El pasado 8 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la Ley General de Comunicación Social y publicidad oficial. En su resolución, la Corte estableció que el Congreso de la Unión debe cumplir cabalmente con la obligación consignada en el artículo 134 de la Constitución y tercero transitorio del decreto de la reforma constitucional en materia electoral de 2014 y subsanar las deficiencias de dicha ley antes que finalice el actual periodo ordinario. La Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial es inconstitucional, porque carece de reglas de operación del caso de publicidad oficial y atenta contra la libertad de expresión y acceso a la información. Además, no establece criterios claros y detallados para el gasto público en comunicación social y al no disponer de procedimientos y reglas específicas da paso a la discrecionalidad del gobierno. Siendo presidente José López Portillo dijo: no pago para que me peguen. La bancada naranja dice: tampoco para que me alaben. El dinero público, el dinero del pueblo, que es con el que se paga la publicidad oficial no debe ser utilizada para premiar o castigar los contenidos de los medios de comunicación, actuar de esta forma significa condicionar y restringir la libertad de expresión y, por tanto, se vulnera el derecho de la ciudadanía a recibir información verdadera y sin sesgos ideológicos o partidistas. La asociación civil, artículo 19, señala que el 52 por ciento del gasto en publicidad del gobierno federal está concentrado en tan solo 10 medios de comunicación. De acuerdo con su informe sobre las tendencias de la publicidad oficial, en el segundo año de la presente administración federal, el 28.6 por ciento de los 2 mil 248 millones de pesos, que en realidad ha gastado en publicidad en el 2021, fueron pagados a tres empresas. En un Estado democrático de derecho esto es inaceptable. Compañeras, compañeros diputados, la rendición de cuentas y el manejo de la publicidad oficial requiere como principio transversal la transparencia. Los recursos publicitarios deben asignarse conforme a criterios claros, transparentes y objetivos de acuerdo a diversos factores, como el perfil del público al que se destina la campaña, los precios, la circulación, la audiencia y también criterios de equidad. Por ello, a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por la Constitución y por la Suprema Corte de Justicia proponemos crear una nueva Ley General de Comunicación Social y Publicidad Oficial, una nueva ley que contemple la creación del Instituto Nacional de Comunicación y Publicidad Oficial, como órgano autónomo, la creación de un padrón nacional de medios de comunicación, el cual será de un sistema público de información, procedimientos claros, obligaciones y sanciones para los entes gubernamentales, facultades para que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa pueda suspender el empleo, cargo o comisión al funcionario público que viole la norma. La bancada naranja tiene las personas al frente y al centro y también sus derechos. Vamos a poner al frente a la democracia y los derechos de todas y todos, para contar con información verídica y que nos lleve a tomar mejores decisiones. Decisiones que nos lleven a construir una democracia verdadera. Las diputadas y los diputados de Movimiento Ciudadano no eludimos nuestras obligaciones, cumplimos con nuestra responsabilidad y con los compromisos que hicimos con el pueblo. Exhortamos a todas las bancadas a que lo hagan y que hagan lo propio. Que el rumbo de México no puede ser otro que el del Estado de derecho, el de la gobernabilidad, transparencia y democracia. Es cuanto, presidenta.