EL C. DIP. DON LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA: Compañeras, compañeros diputados: La Comisión de Hacienda y Crédito Público pone a consideración de esta soberanía el dictamen por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo undécimo transitorio de la Ley del Mercado de Valores, que tiene como base las reformas de 2001 a dicha Ley y a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El espíritu de estas reformas, aprobada por unanimidad en la LVIII Legislatura era el de mejorar la protección de los intereses de los inversionistas en nuestro mercado de valores. En ese sentido, con las reformas se incrementaron los derechos con que cuentan los accionistas minoritarios de las empresas que colocan sus acciones entre el público inversionista y se fortalecieron las prácticas de revelación de información y gobierno corporativo, que dichas empresas deben seguir. Asimismo, se identificó que en el mercado accionario mexicano se negociaba una proporción importante de acciones sin derecho a voto o de voto restringido, la cual alcanzaba en el año de la reforma cerca del 40% del valor de capitalización de la Bolsa. Lo anterior, implicaba posibles riesgos para los accionistas minoritarios de empresas, en la que el grupo de control contaba con posiciones mayoritarias en los votos, pero relativamente pequeñas en el capital, debido a los incentivos con que cuentan esos grupos para maximizar sus beneficios personales, incluso en detrimento de la empresa y los demás accionistas. También se presenta el riesgo de que en un cambio de control se beneficia al grupo que mantiene la mayoría de los votos de forma desproporcionada, respecto al resto de los accionistas de la empresa. Fue por esto que en la reforma se limitó aún más la emisión de acciones sin voto o de voto restringido, a 25% del capital colocado entre el público inversionista. De manera consistente, se prohibió la instrumentación de mecanismos a través de los cuales se negocien u ofrezcan al público de manera conjunta, acciones ordinarias con acciones sin voto o de voto restringido, a menos que estas últimas fueran convertibles en acciones ordinarias en un plazo no mayor a cinco años. Por otro lado, en la reforma se asentaron las bases para establecer un régimen regulatorio secundario que definiera aquellas transacciones que por involucrar proporciones importantes del capital de una empresa, debieran llevarse a cabo mediante oferta pública. Debe mencionarse que este régimen ya se encuentra en vigor y que requiere de cualquier compra de acciones que signifique el cambio de control de la empresa, tiene que hacerse a través de una oferta pública, la cual será extensiva para cualquier accionista, ya sea poseedor de acciones con voto o sin voto al mismo precio. Los límites a la emisión de acciones distintas a las ordinarias, establecidos por la reforma de 2001, responde y son consistentes con el espíritu de proteger al público inversionista, ya que en la media en que el capital de las empresas está representado preponderantemente por acciones ordinarias, sus accionistas cuentan con la posibilidad real de hacer valer los derechos que le corresponden. Sin embargo, se ha identificado que al no contarse con un régimen transitorio explícito, se ha generado incertidumbre para aquellas empresas que habían emitido acciones distintas a las ordinarias antes de la reforma de 2001 y que cumplían con los límites vigentes en su momento, pero que hoy sobrepasan los límites en que se encuentran en vigor. Es así, que esta incertidumbre obstaculiza la obtención de financiamiento. En este sentido, la reforma que se propone por la Comisión de Hacienda, tiene por objeto dotar de plena seguridad jurídica a las emisoras que antes de la reforma de 2001, ya contaban con acciones sin voto o con voto restringido o habían instrumentado mecanismos de vinculación de dichas acciones con acciones ordinarias o con voto, permitiéndoles ajustarse a los límites establecidos en la ley, de manera gradual, siempre que cumplan con las siguientes CONDICIONES: Primero.- Que la proporción de acciones ordinarias en el capital social, tiende a incrementarse, o bien, en caso de excepción, se mantenga constante. Segundo.- Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, autorice en ambos casos, el ajuste gradual de la estructura de capital procurando la protección de los intereses del público inversionista y siempre que se revele al mercado que con la modificación al capital social, éste aún no se ajusta al régimen vigente. De aprobarse esta reforma señores diputados, el régimen previsto estará a la altura de las necesidades del mercado y eliminará las dificultades que hoy enfrenta diversas empresas para obtener financiamiento a través de la Bolsa. Es así, que esta adecuación es congruente con los avances de las reformas de 2001 en materias de prácticas de gobierno corporativo, revelación de información y protección a los derechos de los accionistas minoritarios. En conclusión, el régimen de adecuación gradual propuesta, es consistente con los principios de transparencia y equidad en el mercado. Es cuanto, señor Presidente.