La diputada Mónica Fernández Balboa: Gracias, Presidenta, con su permiso. De conformidad con los resolutivos de la segunda asamblea de la Convención Nacional Democrática y en atención a que los días 22 y 23 de marzo se realizaron seis mesas de trabajo y que el día 24 de los corrientes se celebró la plenaria de las mesas, en las que se obtuvieron los resolutivos para la segunda asamblea. Retomo lo tratado en la mesa cinco, Un país Mejor es Posible y en ese sentido los acuerdos de la mesa cinco fueron: Adoptar los instrumentos de la democracia participativa, referéndum, plebiscito, revocación de mandato e iniciativa popular; elevar a rango constitucional la austeridad republicana, la erradicación del nepotismo y el tráfico de influencias en el desempeño de los servidores públicos. En este orden de ideas, reiterando nuestro compromiso con la sociedad mexicana y en tal sentido, con el resolutivo antes descrito, sostengo que es impostergable la adopción de instrumentos como el plebiscito y el referéndum, en los que se busca privilegiar el interés de todos, no de unos cuantos, por sobre las necesidades e intereses de las mayorías. Procesos a los que habría de someterse cualquier asunto que afecte a las y los mexicanos. Asimismo debe quedar atrás el miedo y la hipocresía y elevarse a rango constitucional la revocación del encargo y la iniciativa popular, entendiéndose bien y claro, nunca más un gobierno de privilegios de unos cuantos, para unos cuantos. En el pasado proceso electoral tuvimos muchas lecciones que nos han hecho reflexionar en lo que hay que cambiar para garantizar la posibilidad, entre otras muchas cosas, de los y las mexicanas de ser escuchados y atendidos en nuestros legítimos reclamos. Lo que constituye en sí mismo la respuesta de un partido de izquierda propositivo, que le apuesta a la transformación que requieren las instituciones. En tal sentido considero importante que retomemos el significado de la palabra democracia, entendiendo por tal, un conjunto de reglas procesales para la toma de decisiones colectivas, en la que esté prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados. La libertad de nuestro país debe contemplar la libertad política que se refiere a elecciones limpias, sufragio universal, respeto al voto, división de Poderes, autoridades electorales independientes, entre otras cosas. De la libertad política se desprende la necesidad de agregarle a la palabra democracia el adjetivo de "participativa". Democracia participativa es un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse, de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas. En esta construcción no hay lugar para espectadores, todos somos afectados o beneficiados de las decisiones que se toman en nuestro país y por tanto, debemos gozar del derecho y obligación de ser partícipes en la toma de éstas. Todos aquellos afectados por una decisión deben tener la oportunidad de participar en el proceso de tomar esa decisión. Se debe hacer énfasis en dar la voz a los individuos y a las comunidades cuyas opiniones, anhelos y aspiraciones rara vez hagan eco o atención en los mecanismos tradicionales de la democracia representativa. Esta iniciativa es parte del proceso de transformación que apunta a promover mecanismos prácticos de participación, medios transparentes de información e investigación, formación desde la educación básica en las formas de participación y un programa federal permanente cuya finalidad sea generar una cultura de participación ciudadana en todos los niveles, tolerancia y colaboración que necesariamente desemboque en una evidente mejora en la calidad de vida de los mexicanos. Resultando entonces, urgente, la aplicación y regulación en nuestro marco normativo de las siguientes figuras: referéndum, plebiscito, revocación del encargo, iniciativa popular como representaciones de la participación ciudadana y en tal sentido, de la aplicación de la democracia participativa. En este orden de ideas, la propuesta de decreto aquí expresada, que no leeré por falta de tiempo, pero le ruego a la Presidenta, sea incluido el texto íntegro en el Diario de los Debates, se traduce en que los ciudadanos tengan derecho a participar en los procesos de referéndum y plebiscito, así como presentar iniciativas de ley ante el Congreso de la Unión en los términos que establezca la propia ley, votar en las elecciones populares y participar en los procesos de referéndum y plebiscito en los mismos términos. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y de revocar el encargo de los titulares de los órganos del poder público, cuando incumplan con los compromisos y obligaciones que la ley establezca y/o, en su caso, con los adquiridos con la ciudadanía. Esta democracia participativa, la ejecutarán directamente los ciudadanos mediante las instituciones del referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación del encargo. El Instituto Federal Electoral será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las convocatorias, siendo su obligación comunicar los resultados a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, en sus tres niveles de gobierno, mediante su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El referéndum será obligatorio tratándose de las garantías individuales, los derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos, la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la Federación y el territorio nacional, la división de Poderes y el proceso de reforma constitucional. A través del plebiscito se podrá consultar a los ciudadanos para que se manifiesten sobre decisiones políticas y actos de gobierno, fundamentales de la nación. El resultado de los procesos de referéndum, plebiscito y revocación del encargo será obligatorio para gobernantes y gobernados. El derecho de iniciativa y las normas para la procedencia y organización del referéndum, plebiscito, iniciativa popular y revocación del encargo serán establecidos en la ley reglamentaria correspondiente. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, de democracia representativa, participativa y popular. Se requiere establecer de manera clara y precisa el derecho de los mexicanos a ser partícipes en la toma de decisiones fundamentales de nuestro país. Entendiendo que la participación no debe limitarse a que las autoridades y organismos públicos informen a la población de sus actividades y decisiones o inviten a los ciudadanos a presenciar sus debates, sino que implica escuchar a la población en la formulación de sus propios problemas y en su propia búsqueda de oportunidades y mejoras, es indispensable proporcionar a los ciudadanos los medios para encauzar una acción política, social, económica y participar en las decisiones públicas con propósitos de cambio. Es cuanto, señora Presidenta.