La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: Gracias. Con permiso de la Presidencia. La gran deuda que tiene este país con su gente es la justicia. Para las víctimas de la violencia y la delincuencia, para las madres y familiares de personas desaparecidas que con amor y coraje buscan a sus seres queridos por todos los rincones de nuestra patria, para las mujeres víctimas de violencia de género y feminicida, para quienes no alcanzan su derecho a la verdad ni a la reparación, ni a la repetición, para los más vulnerables, justicia con letras mayúsculas. Esta no se termina con el quehacer del Poder Judicial, sino que es responsabilidad de quienes tenemos los medios en el ámbito Ejecutivo, Legislativo y también en los órganos constitucionales autónomos que aún existen y están amenazados en otras de las reformas en curso. Lograr un efectivo acceso a la justicia significa una reforma integral en todas las tareas gubernamentales que las permitan desde la tarea policial, la procuración a través de las fiscalías que solo logran el castigo de una fracción ínfima de los delitos que se denuncian. Se necesita fortalecer la labor de las personas juzgadoras en toda la estructura de la que se compone el Poder Judicial, desde el juzgado de distrito en las zonas más humildes, hasta la labor que realizan los magistrados y ministros. La justicia inicia desde lo local, por lo que debemos de recuperar la seguridad civil con policías municipales y de las entidades federativas con capacitación y profesionalización, así como fortalecer los medios alternos y la justicia cívica que le toca a las fibras más sensibles de nuestros barrios y colonias. Prevenir la violencia y la delincuencia, recuperar la paz y los territorios ocupados por las redes macrocriminales que azotan a nuestros municipios, abatir la impunidad sistémica y la desigualdad estructural que son tareas fundamentales de la república requieren una reforma integral al sistema judicial desde una visión de estado que signifique un cambio profundo a nivel federal, estatal y municipal. Ninguna reforma al Poder Judicial que tenga como sustento el encono por decisiones autónomas e independientes que han representado la defensa de la Constitución en un sano equilibrio y contrapesos en derechos y libertades resuelve la falta de acceso a la justicia para las personas más vulnerables y desprotegidas. Por ello, rechazamos una reforma del bloque mayoritario que camina hacia la captura del único Poder sobre el que no tienen control. Rechazamos los contenidos que convertirán al Poder Judicial en una diputación jurisdiccional que será utilizada políticamente disponiendo de recursos humanos y materiales que al ahondar la polarización de nuestro país y no acompañaremos esta reforma judicial que en conjunto con la reforma militar y la eliminación de los organismos constitucionalmente autónomos van encaminadas a destruir nuestra democracia, por lo que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en plena conciencia y convicción votará en contra. Hoy estamos votando por terminar con la carrera judicial de nuestros jueces y juezas, magistrados, ministros y ministras de la Suprema Corte, castigándolos por hacer su trabajo independiente y con base en nuestros principios constitucionales. Hemos visto cómo se les insulta con acusaciones generalizantes de corrupción y nepotismo por quienes han demostrado no tener la calidad moral, pues han traicionado las luchas de la izquierda que nos permitieron construir instituciones de contrapeso al antiguo sistema del partido hegemónico y de Estado al que hoy están regresando a nuestro país vertiginosamente. Triste herencia dejarán a las generaciones futuras que deberán reiniciar la lucha por equilibrios entre poderes, derechos y libertades. José María Morelos y Pavón dijo que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario. Con esta reforma abrimos la puerta que las redes macrocriminales, conformadas por estructuras políticas, empresariales y criminales capturen al Poder Judicial, como ya tiene cooptados a otros poderes y hagan suyo el control de nuestra justicia, porque no solo no se eliminará la corrupción, sino que se incrementará junto con la permanencia de la impunidad. Con este cambio constitucional los poderes judiciales tendrán las manos atadas. Cualquier intento de proteger el ejercicio de todos nuestros derechos será anulado, pues quien se enfrente al poder será castigado por un Tribunal de Disciplina Judicial, muy poderoso y con escasos controles. Ni en los tiempos del PRI hegemónico el Poder Judicial federal estuvo tan limitado. Hoy es un día en el que podemos elegir entre la preservación de la justicia para todos y todas y la democracia o la continuidad de una era autoritaria de corte militarista, con retrocesos y depredación institucional. No dejemos que el poder y la venganza personal nublen nuestro juicio, nuestra obligación es proteger y fortalecer nuestras instituciones, hacer que sirvan al pueblo y no destruirlas porque han generado agravios políticos. Sí es posible hacer una reforma al sistema de justicia de altura, basada en el diálogo, en el respeto a los derechos y a los avances que hemos tenido como país y lo que este necesita y no bajo las formas que hoy nos tienen escondidos en una sede alterna por no dar la cara. Pensemos verdaderamente en el pueblo de México y seamos responsables. Compañeros diputados y diputadas, no condenemos a una generación a que libre de nuevo las batallas que muchas y muchas personas, incluidos muchos de ustedes, libraron para equilibrar nuestros poderes. Es cuanto.