La diputada Jannet Téllez Infante: Con su venia, diputada presidenta. Como premisa de la iniciativa que someto hoy ante esta soberanía, es necesario precisar que estamos de acuerdo con el respeto a los derechos de todas las personas y en particular de los adolescentes y mujeres que habitan en nuestro país, para abonar en las reformas y acciones afirmativas que generan las condiciones necesarias, ante las circunstancias que nuestro país enfrenta, en torno a la seguridad, libertad y salud de todas nosotras. En virtud de esta premisa, esta iniciativa promueve el respeto, dignidad humana y en específico a la dignidad de la mujer. Derechos de la mujer, así como la implementación, las acciones, los mecanismos, que les permita un desarrollo integral ante la adversidad de la toma de decisiones tan trascendentes, como interrumpir un embarazo o llevar a término. De antemano sabemos que existen múltiples circunstancias que intervienen en tan importante decisión como la educación sexual, las condiciones, la concepción, la atención médica, entre otras. Es por eso que resulta imprescindible promover las políticas públicas en materia de acceso a la educación, para abatir el rezago educativo y elevar el grado de escolaridad, disminuyendo la población analfabeta, así como combatir la pobreza extrema, para lo que se requiere la participación de todos los sectores de la población, sumando las voluntades del trabajo interinstitucional y transversal, especialmente en las comunidades indígenas, además de garantizar la atención prenatal y durante el parto la atención postparto y el cuidado materno- infantil. En segunda instancia, se debe proporcionar a las mujeres una información veraz, clara y con pertenencia cultural sobre la adecuada atención de la salud sexual y reproductiva, previa a la toma de sus decisiones en la vida personal. Se ha documentado que la interrupción del embarazo tiene graves consecuencias, como la salud física y psicológica de la mujer. Aunado a esto, el Código Penal Federal establece en su artículo 332: Se impondrá de seis meses a un año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta en que otros la hagan abortar, si ocurre entre estas tres circunstancias: que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo y que este sea fruto de una unión ilegítima, faltando a alguna de las circunstancias mencionadas, se le aplicará de uno a cinco años de prisión. Ante esta determinación legal está clara la condena del juicio social, carga psicológica y física que existe en ejecutar dicha sentencia. Es por ello que somete ante esta soberanía reformar el artículo 332 del Código Penal Federal y derogar dichas fracciones. En su lugar, facultar a la autoridad judicial para sustituir las penas establecidas de 6 a 12 meses, por un tratamiento médico integral o trabajo en favor de la comunidad. Dicho tratamiento será provisto por las instituciones de salud federales y estatales y tendrá como objeto la atención integral de las consecuencias generadas con motivo de la práctica del aborto procurando, previa valoración del personal médico correspondiente, quien determinará lo necesario para la atención. En el caso de las poblaciones o comunidades indígenas, las autoridades sanitarias brindarán asesoría y, en su caso, la orientación en español y en la lengua o lenguas en uso de la región o comunidad. Confío en su valiosa y respetada consideración para dar lugar a la reivindicación y la dignidad de la mujer, y sumarse a esta propuesta. Muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.