La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Con el permiso de la Mesa, señoras y señores legisladores, en la perspectiva del fin de un sexenio y el inicio de una nueva etapa política para nuestro país, el tema de la política social está entre los de mayor interés y trascendencia por su relación directa con el bienestar de la población, sus necesidades más apremiantes y sus expectativas más concretas a nivel individual, familiar y como parte de una nación que exige resultados tangibles. La política social es la expresión más avanzada del Estado moderno al identificarse con la conformación de una sociedad incluyente, capaz de mantener un sentido de solidaridad y hacer efectiva las libertades individuales. Al mismo tiempo la política social es parte de un proyecto reformista y democrático, que tiene un valor fundamental para sociedades que –como la mexicana– están determinadas por comisiones de gran desigualdad, pobreza e injusticia. La política social del Estado mexicano todavía no está a la altura de los enormes retos que enfrentamos en esta segunda década del siglo XXI, muchas de las políticas con las que hoy se cuenta carecen de profundidad, planeación, articulación y capacidad transformadora. Por eso ha llegado el tiempo de establecer un nuevo paradigma de política social de mucha mayor trascendencia para alcanzar progresos efectivos en materia de equidad, inclusión, cohesión y movilidad social. La población mexicana en situación de pobreza y marginación ha crecido en lugar de disminuir, el 60 por ciento de los trabajadores mexicanos ganan menos de tres salarios mínimos. Este ingreso es insuficiente si se trata de un jefe de familia, a menos que se hiciera realidad la fantasía de un secretario de Hacienda del sexenio, quien afirmó que con 6 mil pesos una familia mexicana podía pagar casa, coche, colegiatura y esparcimiento. Tenemos que reconocer de manera contundente que el conjunto de políticas sociales que se han aplicado durante esta administración no han logrado modificar sustancialmente las condiciones de pobreza en las que viven más de la mitad de la población. También es cierto que la vulnerabilidad de la población es muy alta ante las fluctuaciones económicas, como lo demuestra el repunte de los índices de pobreza alimentaria durante la crisis iniciada en 2008. Los mexicanos que no son tan pobres carecen de una red de protección social que les impida caer en la pobreza ante las eminentes adversidades. Tenemos entonces que concentrarnos en el perfeccionamiento de la política social con una visión integral y avanzada, que considere un régimen laboral capaz de propiciar la creación de empleos y la defensa efectiva de los derechos de los trabajadores, la apertura de áreas económicas para la inversión nacional e internacional, la regulación de los monopolios, la racionalización de los subsidios, en particular la eliminación gradual de los subsidios a la gasolina que ha propuesto Nueva Alianza, un sistema fiscal que influya positivamente en la distribución del ingreso y en la elevación sustancial de la calidad educativa. Contrario a esto, la administración saliente asumió una visión reduccionista de la política social, basada en enfoques asistencialistas, transferencias monetarias directas y subsidios focalizados, dirigidos a los sectores de la población que padecen los estragos de la pobreza, sin atacar realmente las causas estructurales. Ese enfoque de política social no ha resuelto lo suficientemente de manera efectiva para evitar la transmisión intergeneracional de la pobreza. Esto explica que los avances en política social han sido sumamente lentos y a costos muy elevados. Con todo y el mejoramiento de los índices de cobertura en educación, salud y vivienda el problema de la pobreza y el atraso no están resueltos. El estancamiento social proviene de lo raquítico de los ingresos y de la realidad que corresponde a uno de los países con los índices de desigualdad más altos del mundo. La política social centrada en esquemas asistenciales ha llegado a un límite, y sólo podrá progresar si se articula adecuadamente con la política económica. Lo anterior se refleja en claras insuficiencias como, por ejemplo, el Programa Oportunidades, que no cuenta con evaluaciones de impacto confiables sobre los efectos de mediano y largo plazo en las familias beneficiarias. Debido a esto se generan casos como, por ejemplo, el de los tarahumaras de la sierra de Chihuahua que padecieron una crisis alimentaria porque numerosas familias fueron desplazadas del programa, a partir de decisiones basadas en criterios políticos de funcionarios irresponsables. Tenemos una deuda histórica con los pueblos indígenas y debemos empezar a construir una nueva relación entre ellos, el Estado y la sociedad. En materia de educación, el VI Informe intenta presentar un balance positivo de lo que se llamó Transformación educativa; estrategia basada en generar condiciones de equidad y elevar la calidad educativa. En función de ello, este informe presume que en el sexenio se rehabilitaron espacios en 57 mil escuelas de educación básica y que el total de becas otorgadas benefició a una tercera parte de la matrícula pública de todos los niveles educativos. Pero estas acciones no bastan, con 18 mil millones de pesos no alcanza para dignificar las 255 mil escuelas; entonces es evidente que el gobierno o funcionarios del mismo, nunca se enteraron de que la mitad de los planteles de preescolar, primaria y secundaria carecen de agua, o de drenaje, o energía eléctrica. Por su parte, las becas no solucionan la penosa situación de que una cuarta parte de los niños mexicanos padecen pobreza alimentaria y así queremos que compitan en aprovechamiento escolar con los niños de Francia o los de Corea del Sur. La realidad es que no existe una política pública articulada para superar las desigualdades estructurales del acceso y permanencia al sistema educativo nacional. Especial mención merece el menosprecio hacia la educación de los pueblos indígenas, durante la presente administración se redujo irresponsablemente el presupuesto para atender este rubro. Tan solo de 2011 a 2012 el presupuesto disminuyó un 30 por ciento; mientras que el porcentaje de la población nacional en pobreza es del 42.2 por ciento, entre los pueblos indígenas este porcentaje de pobreza asciende al 79 por ciento. Entonces para elevar la calidad educativa el informe destaca también de manera muy considerable la alianza por la calidad de la educación y la implementación del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes. Y en este punto es necesario que reconozcamos que sin la disposición, voluntad y compromiso de las maestras y los maestros apoyados por los padres de familia estas acciones difícilmente se realizarían. La transformación educativa que propuso el gobierno federal quedó por debajo de las expectativas, en esta administración no se asumió plenamente que la educación es una prioridad nacional; año con año el Ejecutivo federal propuso presupuestos decrecientes para los rubros educativos y esta Cámara de Diputados ha debido corregir esa pretensión para que el presupuesto educativo no disminuyera. Por eso México solo invierte 2 mil 700 dólares por alumno, mientras que los países integrantes de la OCDE asigna en promedio 8 mil 800 dólares, es decir, cuatro veces más. Tal parece que la transformación educativa en realidad buscaba menoscabar la educación pública para ponerla en situación vulnerable frente a diversos actores que quisieran que el Estado les deje el campo libre para satisfacer su apetito económico, privatizando la educación. El gobierno federal desdeñó la continuidad y no estableció metas estratégicas pues no fue capaz de presentar un proyecto educativo a la altura de las necesidades actuales. Para Nueva Alianza la educación es la más eficaz palanca para detonar el desarrollo nacional. Ratificamos por ello nuestro compromiso con la defensa irreductible de la educación pública. Más que una transformación, debemos impulsar una verdadera revolución educativa, para que la educación cumpla su función de canal de movilidad social y formadora de capital humano, de identidad y de ciudadanía democrática. Para lograrlo es necesario que el Estado reconozca la deuda histórica que tiene en la materia. No cesaremos en exigir una inversión mínima del 8 por ciento del producto interno bruto para educación. En materia de salud, el VI Informe establece que se ha alcanzado la cobertura universal. Se afirma que 107 millones de mexicanos tienen acceso a los servicios públicos de salud y que el Seguro Popular contribuye considerablemente con 52 millones de personas afiliadas. Son de reconocerse estas acciones, pero es evidente que la cobertura universal de salud no ha sido acompañada con niveles de calidad aceptables para la mayoría de los mexicanos. Se mencionan diversas investigaciones y testimonios donde se establece que los servicios han sido insuficientes. El desabasto ha sido cotidiano, las enfermedades crónicodegenerativas no han sido debidamente atendidas. Se menciona también que en el ISSSTE se ha logrado el surtimiento completo de recetas y un alto grado de satisfacción, sin embargo hay que recordar que el desabasto en medicamentos fue notorio en buena parte de la administración y la corrupción y la impunidad imperaron significativamente, dejando desprotegida a la derechohabiencia. Señoras y señores legisladores, la consolidación de la democracia que entre todos queremos construir estaría en riesgo si no garantizamos que todos los mexicanos puedan ejercer plenamente los derechos sociales consagrados en la Constitución. No podemos perder de vista que todas las fuerzas políticas son responsables de encontrar soluciones al enorme problema de la pobreza y a las limitaciones de la política social. Desde este Congreso podemos sentar las bases para construir la política social que México necesita. La responsabilidad nos llama a cumplir. Transformemos la tristeza y la incertidumbre en confianza y esperanza hacia el futuro. Muchas gracias.