El diputado Teófilo Manuel García Corpus: Con su venia, señor presidente. Solamente decirle que de acuerdo al artículo 76, al ser una nueva norma tengo derecho a diez minutos, pero si sigue existiendo la discriminación hacia los pueblos indígenas opto por los cinco minutos. Honorable asamblea, ya en 1987 el reconocido etnólogo Guillermo Bonfil Batalla, en su obra México profundo, una civilización negada, afirmaba que durante la colonia y en el México independiente no importaba cuál fuera al método para medir la pobreza, los indígenas siempre estarán en el último lugar. 31 años después, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social concluye que la población indígena no solo presenta niveles de pobreza altos, sino que, en comparación con el resto de la población, las brechas de desigualdad mantienen a este grupo rezagado y con pocas oportunidades de desarrollo. Sin importar la variable que se elija, el registro de rezago importante al resto de la población. Es decir, los pueblos originarios, no obstante, su gran aportación histórica y patrimonial, siguen marginados de las oportunidades, el bienestar y el desarrollo de México, entre otras causas, es que las leyes internacionales y nacionales que protegen sus derechos solamente se consideran en los diagnósticos que justifican acciones de gobierno. Ni siquiera las limitadas normas del sistema nacional de planeación democrática y del Presupuesto de Egresos de la Federación, y mucho menos los mandatos del artículo 2o constitucional y la legislación internacional en la materia son observados para la planeación y ejecución de las acciones de los gobiernos federal y estatales, para atender la situación de injusticia de los pueblos. Lo que se ha negado a los pueblos indígenas en la práctica es su derecho al desarrollo, al disfrute de la riqueza natural y social de que son dueños y portadores. Para superar estas limitaciones y omisiones propongo la iniciativa de Ley General de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene como objeto que los pueblos indígenas puedan crear las condiciones para reconstituirse como entes autónomos, con capacidades para fortalecer sus estructuras económicas y sociales, además de participar en condiciones de equidad en las oportunidades del progreso nacional. Esta iniciativa es congruente con lo que establece el Apartado B del artículo 2o. constitucional, cuando señala la obligación del gobierno de diseñar, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas a promover el desarrollo de los pueblos con su participación. La legislación internacional que México se ha comprometido a cumplir en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y las Declaraciones de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos, la recomendación que se hiciere en su informe en el 2017, la señora Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, que dice recomienda la celebración de diálogos en condiciones de igualdad entre los pueblos indígenas y autoridades de gobierno, sobre el concepto de desarrollo que conduzca a la duración de decisiones conjuntas sobre el desarrollo en territorios indígenas. La iniciativa presenta siete capítulos. El primero, garantizar el derecho de los pueblos indígenas a diseñar, ejecutar las acciones para el desarrollo, así como la obligación del Estado para apoyar ese proceso. Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho, con facultades para formular, gestionar sus programas de desarrollo, directamente o a través de algoritmos específicos. Establecer los derechos y obligaciones de las comunidades de los últimos, de los comités y consejos de desarrollo, lo mismo que las obligaciones de cada uno de los tres niveles de gobierno. Obliga a los tres niveles de gobierno a incorporar a sus planes y programas de desarrollo los contenidos y prioridades de los pueblos. Programar el gasto para atenderlos. Se prevé un ramo general que se denominará Erogaciones para el desarrollo de los pueblos indígenas, que manejará cada entidad responsable. Prevé infracciones y sanciones a las conductas de los funcionarios públicos que se desvíen de lo dispuesto por la ley. Compañeras y compañeros legisladores, tenemos que reflexionar y aprobar esa iniciativa para solventar la deuda histórica del Estado mexicano con los pueblos que le dieron origen y hoy le dan identidad. Hay que tomarle la palabra al presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, que reiteradamente se ha pronunciado por hacer un gobierno con prioridad para llevar justicia y equidad a los que han carecido de ella. La participación, justicia, equidad y bienestar de los pueblos indígenas son condiciones necesarias para la transformación del país para hacer una nación verdaderamente democrática. Es cuanto, señor presidente.