El presidente diputado Porfirio Muñoz Ledo: Ciudadano Luis Raúl González Pérez, sea usted bienvenido a este recinto legislativo. Con el presente ejercicio se da cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 102, Apartado B, noveno párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 y 52 de Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El formato para la presentación de este informe se llevará a cabo de conformidad con el acuerdo aprobado en esta sesión. Tiene la palabra el licenciado Luis Raúl González Pérez, hasta por 30 minutos. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez: Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Muy estimado licenciado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Muy estimadas legisladoras, muy estimados legisladores, integrantes del Consejo Consultivo, representantes de la sociedad civil. Año con año este organismo nacional ha dado cuenta a esta soberanía en sus informes sobre las vulneraciones a los derechos humanos registradas en cada periodo, las cuales en estas casi tres décadas generalmente han reflejado una tendencia al aumento sin presentar disminuciones significativas. El ejercicio democrático llevado a cabo el primero de julio de 2018 y los cambios en el poder que, como consecuencia del mismo se generaron más allá de una alternancia política, deberían abrir la oportunidad de que, desde las distintas instancias del Estado, incluido por supuesto el Poder Legislativo, se trabaje para incidir significativamente en el abatimiento de las violaciones a los derechos fundamentales y consolidar su vigencia. En los 28 años de existencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, no solo se ha ampliado el catálogo de derechos reconocidos, también se han fortalecido los mecanismos que buscan su garantía y en particular se ha generado una toma de conciencia sobre su relevancia, así como sobre la necesidad de evidenciar las conductas que los vulneran, para dejar atrás prácticas, costumbres y prejuicios que formaban parte de nuestro día a día y que se acentuaban sin cuestionar su compatibilidad con una cultura de verdadero respeto de la dignidad de las personas, lo que ha implicado una lucha por el reconocimiento de la defensa de los derechos humanos por la posibilidad y el derecho a defender los derechos. A pesar de la reforma constitucional de 2011 que implicó un gran avance en el reconocimiento de derechos, a casi ocho años de distancia no hemos podido concretar avances equivalentes en la vigencia efectiva de los derechos humanos, ni en el abatimiento de las violaciones registradas a los mismos. Los derechos enunciados en las normas no se materializan en el día a día de las personas, ni se da cabal cumplimiento a las tantas veces repetida, pero frecuentemente ignorada, obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el ámbito de sus atribuciones, de conformidad con los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad. Las razones de que se vulneren derechos humanos son múltiples, pero desde el trabajo cotidiano de la CNDH podríamos enunciar, entre las más relevantes, la falta de control y sistemas efectivos de rendición de cuentas que propicia en que buena parte de la gestión gubernamental permanezca fuera de escrutinio público. La laxitud o tolerancia al incumplimiento o falta de aplicación de la ley, la equivocada noción de que la pertenencia o filiación a una institución pública, grupo u organismo político, lleva implícito el derecho de conducirse al margen de la ley. La falta de conocimientos, capacitación y de perfiles idóneos de los servidores públicos de todos los niveles para cumplir con las funciones encomendadas, la prevalencia de la improvisación y la atención a intereses particulares o de grupo frente a la planeación estratégica y la procuración del interés público. La ignorancia de la ley, la falta de una apreciación objetiva de la realidad del país y el cerrar los ojos ante las necesidades y requerimientos de las víctimas, así como de aquellos que no forman parte de los grupos del poder dominante o se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Durante 2018 México no pudo superar la crisis que enfrenta en materia de derechos humanos, misma que por el contrario se acentuó en varios aspectos como lo fue el número de homicidios que con independencia de la clasificación que se les quiera dar, representa la cifra más alta de personas que perdieron la vida en 22 años, siendo el año más violento en la historia del país. Casos que en su gran mayoría permanecen en la impunidad, abonando a un entorno en el que la falta de garantías mínimas de seguridad para la convivencia cotidiana en diversas regiones del país, así como la falta de respuestas efectivas ante problemas tan graves como las miles de personas desaparecidas, la prevalencia de la tortura, el desplazamiento forzado interno, la explotación y abuso a migrantes, las fosas clandestinas e irregulares, la persistencia de la violencia de género, la trata de personas, la falta a un acceso real y efectivo de la justicia y la debilidad del Estado de derecho, ocasionaron un desencanto de la sociedad respecto de sus autoridades que se tradujo en alejamiento y desconfianza. La voluntad política de cambiar el estado de cosas se expresó de manera recurrente por distintas autoridades, pero las acciones realizadas para ello no fueron adecuadas o simplemente no se llevaron a cabo. Muestra de ello es la falta de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, las cuales formalmente se aceptan pero en los hechos presentan grados considerables de incumplimiento, campo en el que podría actuar el Poder Legislativo. Hoy tenemos la oportunidad de cambiar esta situación, pero eso requiere que cada parte del Estado asuma con profesionalismo y responsabilidad la tarea y papel que dentro de la estructura democrática del país corresponde a cada instancia. No será debilitando la institucionalidad democrática ni eliminando o haciendo inoperante el sistema de pesos y contrapesos entre las autoridades y poderes, o restringiendo o condenando en los hechos el legítimo ejercicio de los derechos o el disenso, que México avanzará por la ruta de legalidad y del respeto a la dignidad humana. La Constitución implica el acuerdo fundamental que nos vincula como país y sustenta la convivencia entre las personas, siendo la expresión de las decisiones fundamentales de México como país, no pudiendo ser por ello el sitio donde se concentren o impongan los idearios o programas de un gobierno o autoridad en particular. En el ámbito legislativo si bien se registraron algunos avances en materia normativa, con frecuencia dichas disposiciones no tuvieron una repercusión práctica al haberse formulado bajo un enfoque parcial que sin considerar la integralidad de los problemas o materias que se intentaban atender, entraron en conflicto con otros instrumentos normativos o no contemplaron que se generaran las condiciones administrativas o presupuestarias necesarias para su implementación. Muestra de ello ha sido la imposibilidad práctica que ha enfrentado la vigencia operativa de leyes en materia de tortura, desaparición forzada, así como de la última reforma constitucional en materia de justicia laboral. Este organismo nacional preparó y entregó a esta soberanía una agenda sobre derechos humanos que contiene un apartado de dependientes normativos, entre los que se incluyen ordenamientos tales como la necesaria ley sobre consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas. La CNDH como una institución del Estado, independiente de gobiernos, partidos, intereses políticos o de cualquier otra índole, cuya vocación y justificación última está en el servicio a México y a las y los mexicanos, ha acompañado a las víctimas y ejercido su papel como un contrapeso institucional ante los abusos de poder, proporcionando una vía a todas las personas para que sus derechos se defiendan y protejan, como consecuencia del reclamo y la necesidad de justicia y reparación de las víctimas y de la sociedad. Durante 2018 un total de 377 mil 579 personas recurrieron a este organismo nacional. Derivado de ello se recibieron 44 mil 274 escritos de los cuales previo análisis de los mismos, derivaron en la apertura de 25 mil 889 nuevos expedientes, de los cual 9 mil 2 correspondieron a quejas propiamente dichas, 7 mil 855 a orientaciones directas, 8 mil 395 remisiones y 637 inconformidades. Tan sólo estos asuntos implicaron la atención de un total de 77 mil 404 personas agraviadas. Si bien durante 2018 se inició un número considerable de asuntos, tal cuestión no implicó un aumento en el rezago de los mismos, toda vez que a diciembre de 2018 frente a 25 mil 889 iniciados, se reportó la conclusión de 26 mil 408, con lo que se concluyó un mayor número de asuntos a los que se iniciaron, preservando la tendencia que al efecto se ha registrado en los últimos cuatro años. Los hechos que se denuncian involucraron a diversas autoridades y ámbitos, en particular por lo que hace a las quejas iniciadas, las autoridades señaladas con mayor recurrencia presuntamente responsables fueron: IMSS, 2 mil 532 casos; ISSSTE, mil 215; SEP, 746; Instituto de Migración, 587; Sedena, 382; la PGR, 375; la Policía Federal, 356; la Sedesol, 311; la secretaría de Marina 284, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para la Trabajadores, en 212 casos. Con variaciones menores estas mismas autoridades han permanecido en los últimos años como las autoridades más denunciadas, siendo relevante señalar la salida de esta lista del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, de la Secretaría de Gobernación, lo que es consecuencia de la implementación de los servicios de atención inmediata que este organismo nacional lleva a cabo de manera directa en centros federales, donde se atendieron 2 mil 805 casos planteados por personas privadas de la libertad que no llegaron a constituir quejas por su pronta solución. Si agrupamos las quejas recibidas por sectores, el de salud congregaría un mayor número de quejas durante 2018, 4 mil 43 casos, seguidos por el de Seguridad, mil 734; después el educativo con 892, y el social con 328. Respecto de 2015, las quejas vinculadas al sector salud, educativo y social, pasaron de 3 mil 69 a 4 mil 43 casos. De 669 a 832 y de 257 a 328 respectivamente. Mientras que algunos sectores como el de salud han presentado un incremento en los últimos años, las quejas recibidas vinculadas al sector seguridad, pasaron de 2 mil 292 en 2015 a mil 734 en 2018. Disminución que, si bien podría verse como algo positivo, no resulta suficiente en tanto los hechos denunciados en este ámbito, frecuentemente implican las conductas más graves en materia de derechos humanos, y aún con la disminución continúan ocupando el segundo lugar de quejas presentadas en su contra. El número de quejas presentadas en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, tuvo una disminución respecto de 2017, al pasar de 415 a 382 quejas. Lo cual no fue suficiente para que dejara de estar entre las cinco autoridades con mayor número de quejas presentadas en su contra. La Secretaría de Marina vio incrementado el número de casos de 259 a 284, mientras que la Policía Federal de 425 en 2017 a 356. En tanto la Procuraduría General de la República de 422 a 375. Si bien las variaciones numéricas en los casos que van a la baja podrían interpretarse como algo positivo, lo cierto es que no existen números o parámetros aceptables de denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, aun cuando tales hechos se pretendan justificar en la implementación de acciones para preservar la seguridad y combatir la criminalidad. Las personas se duelen de que tanto autoridades militares como civiles vulneran sus derechos humanos, y es claro que existe temor en presentar las denuncias correspondientes, siendo un hecho que es necesario atender. Presuntas violaciones a derechos humanos que se reclamaron con mayor frecuencia fueron prestación indebida del servicio público, 2 mil 101 casos. Faltar a la legalidad, honradez, lealtad e imparcialidad, 2 mil 92. Omitir proporcionar atención médica, mil 576. Obstaculizar o negar prestaciones de seguridad social, 604. Acciones u omisiones que trasgreden los derechos de los migrantes, 525. Negligencia médica, 489. Omitir suministrar medicamentos, 454. Prestar indebidamente el servicio de educación, 442. Realizar deficientemente los trámites médicos, 389. Detención arbitraria, 318. Por lo que hace a los presuntos hechos violatorios considerados de mayor impacto, se registraron 696 expedientes de queja en los que este organismo inició un expediente, siendo 25 los casos de privación de vida, 39 de desaparición forzada, 57 de tortura, 255 de tratos crueles y 2 los de ejecución sumaria, y como lo he mencionado, 318 por detención arbitraria. Respecto de estas presuntas violaciones, si bien el número de casos presentó una ligera disminución en algunos rubros o se mantuvo constante respecto del año anterior, es preocupante el aumento en los casos de desaparición forzada, que se incrementaron en casi un 180 por ciento, al pasar de 14 en 2017 a 39 en 2018, registrándose, de igual forma, un aumento menor en los casos de tortura, que fue de 50 a 57. En cuanto a la resolución de los expedientes, se continuaron consolidando los mecanismos de atención que esta Comisión Nacional ha promovido para buscar que los problemas o las situaciones que los motiven recurran a la misma, se atiendan o se subsanen por la vía más expedita, preservando o restituyendo derechos. Durante el periodo se tuvieron 3 mil 726 casos que se resolvieron durante el procedimiento, mil 486 quedaron sin materia y en 179 se alcanzaron arreglos conciliatorios, todo lo cual representa 5 mil 391 casos, lo que equivale a cerca del 60 por ciento del total de expedientes concluidos en ese periodo por esas vías. La tarea de este organismo nacional es preservar y defender derechos, encontrándose en su mandato la obligación de intentar lograr en cada caso una conciliación entre las partes, preservando el interés y derechos de las víctimas, siempre dentro del respeto a los derechos humanos. En razón de ello, las recomendaciones no son la única forma de conclusión del expediente ni el indicador básico de la actividad institucional de atención a quejas, siendo el último recurso para casos particularmente relevantes y en los cuales las autoridades responsables se negaron a resarcir los derechos violentados. En los casos que llega la emisión de la recomendación, no es inusual que la autoridad proporcione información falsa o incompleta a la CNDH, o que busque obstaculizar administrativamente u operativamente el desarrollo de las investigaciones, lo cual ocasiona que este organismo nacional tenga que obtener por medios propios la información relevante sobre el caso, así como realizar dictámenes técnicos especializados para sustentar sus expedientes. Cada recomendación está sustentada en hechos, no en presunciones o simples dichos. La verdad que se denuncia y hace pública tiene respaldo en una investigación objetiva y profesional. Frecuentemente el conocimiento técnico y científico especializado aporta los elementos determinantes para la solución. Durante 2018, se emitieron 101 instrumentos recomendatorios, 90 recomendaciones ordinarias, 8 por violaciones graves y 3 recomendaciones generales. Lo que implicó en recomendaciones ordinarias un paso de 81 a 90, y en el de recomendaciones por violaciones graves, de 5 a 8. Las 90 recomendaciones ordinarias fueron dirigidas a 78 autoridades, entre las cuales fueron destinatarias por su recurrencia el IMSS, 21 casos; PGR, 13; Comisión Nacional de Seguridad, 10; Fiscalía General del Estado de Chiapas y la Secretaría de la Defensa Nacional, con 5 casos cada uno, y los gobernadores constitucionales de los estados de Chiapas y Veracruz, SEP, Semar y Semarnat, con 4 respectivamente. Del conjunto de recomendaciones ordinarias emitidas en 2018, al concluir ese año, tan solo una recomendación había sido cumplida totalmente. Los derechos humanos violentados, así como las materias sobre las que versaron son: negligencia médica, 20 casos; falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño del cargo, 16 casos; integración irregular de averiguación previa, 14; prestación indebida del servicio público y detención arbitraria, 13; retardaron o entorpecer la investigación o procuración de justicia, 12; tortura, 10; omitir proporcionar atención médica, 9; privar de la vida e incurrir en tratos crueles e inhumanos y degradantes, con 8 respectivamente. Del cúmulo de 431 recomendaciones en trámite a diciembre de 2017, durante 2018 se pudieron concluir 37 recomendaciones, cifra inferior a la del año previo. Al finalizar 2018, las 5 autoridades federales con mayor número de puntos recomendatorios pendientes de cumplimiento son: la Secretaría de Seguridad y Protección con 302 casos, el IMSS con 261, PGR 265, la Secretaría de la Defensa 113 y Semar 103. Cinco gobiernos estatales con mayor número de puntos recomendatorios fueron: Guerrero con 109, Chiapas 76, Oaxaca 59, Tamaulipas 76 y Coahuila 55. Hay 5 casos de recomendaciones emitidas por esta Comisión Nacional que llevan más de 10 años sin su cumplimentación. Como ya lo he referido, en 2018 este organismo emitió 8 recomendaciones por violaciones graves, lo que representa casi la mitad del total de 19 de ellas formuladas bajo tal calificación. Estas recomendaciones fueron dirigidas a 40 autoridades, siendo 3 instancias que recibieron más recomendaciones de este tipo de violaciones graves: la PGR con 6 casos, las Secretarías de la Defensa Nacional y Marina con 3 casos cada una. Sin desconocer que los hechos que les dieron origen son anteriores a 2018, durante este año se pudieron concluir las investigaciones de casos tan graves como de: detenciones arbitrarias, retenciones ilegales, actos de tortura, violación sexual y cateos ilegales, entre otras conductas, en que incurrieron entre otros miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de la Marina, en diversas entidades de la República. Los abusos cometidos en contra de niñas, niños y adolescentes en la casa hogar de Zamora, Michoacán, así como los casos emblemáticos de Palmarito, en Puebla, y Allende en el estado de Coahuila. Palmarito, Puebla. Asimismo, se emitió la recomendación relativa al caso Iguala, mismo en el que la extensión, alcance y duración del trabajo desarrollado por este organismo nacional estuvo determinado por la falta de información confiable con la que contaban las autoridades que en ámbitos diversos desarrollaban la investigación del caso, así como en la serie de negativas y obstáculos que enfrentó para el desarrollo de sus labores este organismo. Para determinar la existencia de violaciones a derechos humanos, la CNDH se vio forzada a realizar, en el ámbito de sus atribuciones, la investigación que otras instancias no pudieron o no quisieron llevar a cabo en forma pertinente y debida. La muy grave y lamentable colusión entre autoridades y organizaciones criminales ocasionó la pérdida de la vida de 6 personas, la lesión a 42 y la desaparición forzada de 43 más. Las omisiones y actuaciones indolentes de varias instancias de procuración e impartición de justicia ocasionaron la contaminación y pérdida de evidencias y pruebas, así como el que no se hayan agotado múltiples líneas de investigación y el que diversas consignaciones de presuntos responsables hayan sido indebidamente formuladas, lo cual ha ocasionado que varios de ellos no puedan ser juzgados y subsista la impunidad. En este sentido, este organismo nacional vuelve a llamar la atención sobre la necesidad de que se envíen para análisis las 41 porciones petrosas de huesos temporales, cuya existencia quedó acreditada, además de los 52 fragmentos óseos y 21 elementos odontológicos que serían susceptibles a prueba de ADN para avanzar en la determinación del destino de 43 normalistas desaparecidos, para precisar científicamente si los huesos corresponden a ellos o a personas diversas. Tomando en consideración el gran número de personas desaparecidas en el país, la realización de estas pruebas ayudaría a encontrar la verdad en este caso o en otros. La CNDH ha hecho públicas sus evidencias y conclusiones sobre este caso. Reiteramos nuestra disposición a que se estudien, analicen y discutan cuestiones tan relevantes, desde un punto de vista de evidencia científica y las opiniones expertas. Dejemos que la ciencia hable. Todas las hipótesis y líneas de investigación se siguieron, y aunque aún no se ha podido llegar a la verdad en este caso, el trabajo que desarrolle cualquier instancia u organismo de seguimiento e investigación al caso, tal como la Comisión de la Verdad, que con carácter intersecretarial se ha constituido para la atención del caso, tendrá en el trabajo desarrollado por la Comisión Nacional una guía y orientación para continuar con una investigación objetiva e integral que determine las responsabilidades en estos lamentables hechos. Como hemos señalado en otras ocasiones, la atención a las violaciones a derechos humanos no concluye con la sola emisión de la recomendación, es necesario su seguimiento y constatar su puntual cumplimiento en el caso de las autoridades responsables. Así como denunciar públicamente y decididamente las negativas y obstáculos que se presenten para su cumplimiento es deber de esta institución. En razón de ello, como consecuencia de las recomendaciones emitidas en 2018, la CNDH presentó 46 denuncias por responsabilidad penal y 146 por responsabilidad administrativa. Asimismo, con motivo del fortalecimiento de las acciones de la CNDH en el seguimiento, se tuvo conocimiento de que durante el periodo que se informa se impusieron sanciones administrativas a 89 servidores públicos, lo cual representa una disminución considerable respecto de las 117 sanciones impuestas en 2017. Asimismo, se impusieron sentencias condenatorias a 9 servidores públicos en 5 procesos penales. Las recomendaciones generales tienen como propósito que se promuevan las modificaciones a disposiciones normativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos. Durante 18 la Comisión Nacional emitió tres recomendaciones de este tipo, que versaron sobre la vinculación entre un nivel de vida adecuado, un medio ambiente sano y la contaminación atmosférica. El derecho de las personas privadas de su libertad a mantener la vinculación con el exterior y sobre el efecto del salario mínimo en la dignidad de los trabadores y la vigencia de sus derechos. Asimismo, durante ese año la CNDH emitió seis informes especiales mediante los cuales se pusieron de manifiesto diversas problemáticas, tales como la relativa a los derechos de las personas con discapacidad, los centros penitenciarios de baja capacidad, la asignación y contratación de publicidad oficial, la situación de los migrantes haitianos y centroamericanos, así como las caravanas migrantes y la problemática inherente al seguimiento de las recomendaciones. En 2018 se promovieron 53 acciones de inconstitucionalidad, sumando con ello un total de 147 acciones de esta naturaleza interpuestas en los últimos 4 años. Para tal efecto, este organismo nacional revisó 2 mil 896 reformas o adiciones normativas. Entre las resoluciones más relevantes emitidas respecto de estas acciones por la Suprema Corte destaca la relativa a la Ley de Seguridad Interior, la cual ratificó la necesidad de la seguridad pública y la participación temporal de las Fuerzas Armadas en ese ámbito se sujeten estrictamente a lo previsto por la Constitución y sea acorde con los parámetros internacionalmente reconocidos, los cuales plantean restringir al mínimo tales intervenciones y fortalecer el control de autoridades e instituciones civiles en este ámbito. El mandato de este organismo implica no solo la protección de los derechos humanos que ampare el orden jurídico mexicano, también la observancia, promoción, estudio y divulgación de los mismos, funciones que encontrarán ustedes detalladamente en el informe. Señoras y señores, desde la CNDH coincidimos en que nuestro país necesita mayor y mejor seguridad, pero no a cualquier costo y no de cualquier tipo. Requerimos la seguridad propia de un Estado democrático de derecho. En diciembre de 2018 con motivo de la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos, el presidente de la República hizo expreso su compromiso de respetar el contenido y los principios de la Constitución y las leyes, como producto histórico de las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo. En este sentido, reiteramos el llamado que hemos hecho a que nuestro país por graves y apremiantes que sean las circunstancias, no se permita renunciar a la institucionalidad civil y democrática, expandir la esfera de influencia de las Fuerzas Armadas a la seguridad pública y concederles potestad, como se ha llegado a anunciar, para que asuman tareas de desarrolladores inmobiliarios, constructores de obra pública, así como adquirir bienes y contratar servicios aun en estos ámbitos, bajo el manto de reserva y transparencia limitada inherente a las cuestiones de seguridad nacional, es una apuesta riesgosa para la democracia y la institucionalidad civil. Si se les concede poder económico se afianza su poder político, si se les deposita como potestad esencial el monopolio estatal del uso de la fuerza, existe el riesgo de que en la práctica dejen de existir incentivos reales para que una vez superados los estados de emergencia renuncien a tales potestades a favor de la autoridad civil. La propuesta de reforma a la Guardia Nacional aun con el mandato administrativo civil que se ha planteado, continúa siendo una respuesta parcial incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad, con una visión coyuntural y de corto plazo, que generaría el riesgo de vulnerar derechos humanos, no garantizaría terminar con la impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales que nuestro país estaría obligado a cumplir, no proporcionando certeza alguna sobre la temporalidad forzosa que tendría al inicio de repliegue militar y su sustitución por policías civiles. De igual forma, como este organismo nacional lo hizo cuando en años anteriores, se intentó plantear como salida frente al incremento de los índices delictivos, el aumento de conductas ilícitas sujetas a prisión preventiva oficiosa, no se puede dejar de señalar que tal cuestión contraviene lo previsto por la Constitución que establece que tal medida es de carácter excepcional, además de que con el marco normativo actual todos los delitos respecto de los cuales se plantea la reforma constitucional podrían ser objeto de prisión preventiva siempre y cuando el Ministerio Público así lo solicitara al juez, sustentando debidamente su petición. Termino. La ampliación del catálogo de delitos no garantizaría que el Ministerio Público cumpliera con su obligación de investigar cada caso de manera objetiva, integral y eficiente, con lo cual subsistiría el problema de que los imputados, aun siendo responsables del delito, pudieran obtener su libertad al término del procedimiento penal como consecuencia de una investigación deficiente, o bien que gente injustamente imputada permaneciera privada de su libertad indebidamente. Sobre este particular, garantizar la implementación y operación de las 33 fiscalías autónomas es importante, con recursos y capacidades pertinentes y suficientes resulta de fundamental importancia. No se trata sólo del perfil o la capacidad de quienes encabecen dichas instituciones. Se requiere generar el andamiaje normativo necesario y dotar los recursos necesarios para garantizar que puedan operar sujetar a mecanismos de supervisión externa que garanticen y avalen su desempeño e independencia. De contar con instancias de esta naturaleza, la investigación de casos tan complejos como la percepción pública de las explosiones ocurridas el pasado viernes en el estado de Hidalgo, y otros que han acaparado la atención nacional en los últimos meses, tomaría un curso institucional y la sociedad contaría con la certeza de que se llegaría a la verdad sin condicionarla a intereses políticos o coyunturales de ningún tipo. Nuestra institucionalidad en este ámbito es incipiente, y aun cuando no se podría cuestionar la capacidad y honestidad de los servidores públicos que han anunciado que se llegará a la verdad en casos como los que he referido, lo cierto es que tales dichos deben de estar sustentados en los hechos de una investigación objetiva, integral, profesional, exhaustiva, sustentada en elementos técnicos científicos irrefutables. Hemos rechazado enfáticamente la imposición de verdades históricas. No podemos permitirnos entrar a una época de verdades oficiales. La verdad es un bien que debemos preservar como factor necesario para llegar a la legalidad. A la verdad no se llega por consensos. A la verdad se llega probando hechos. Antes de concluir quisiera plantear en esta tribuna la necesidad de que desde la función legislativa se contribuya a generar un entorno donde se respete el derecho a disentir y se eviten discursos de odio que polaricen y dividan a la sociedad mexicana. El ejercicio de la conciencia crítica frente a las decisiones de gobierno debe dar pauta al debate plural e informado. Nuestro país no está en una lucha épica de malos contra buenos, de patriotas contra traidores. Cada acto de violencia, persona que desaparece o pierde la vida, implica agresiones de mexicanos contra mexicanos. Nuestro país enfrenta una violencia fratricida. El reto de las autoridades es asumir cabalmente las funciones que como gobierno se les han encomendado para que, por medio del cumplimiento y aplicación de la ley, el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado democrático logremos recuperar la paz, la seguridad y la armonía de nuestras relaciones sociales. Muchas gracias por su atención.