El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Muy buenas tardes, compañeros y compañeras diputadas. Con la venia de la Presidencia. Nuestro derecho a una vivienda digna está establecido en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en varios tratados internacionales como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Este derecho implica, aparte de tener cuatro paredes y un techo, el acceso a un hogar y a una comunidad segura para vivir en paz, con dignidad y con salud física y mental. El contar con una vivienda digna garantiza también el derecho a la familia a la no injerencia en la vida privada, a la seguridad personal y a la salud. La oficina del alto comisionado para los Derechos Humanos señala que aunque los derechos a la tierra, la propiedad y la vivienda son esenciales para la igualdad y el bienestar de las mujeres, ellas carecen de manera desproporcionada de la tenencia de estos bienes. En México, en el año 2015 se registraron 31.9 millones de viviendas particulares habitadas. El total de mujeres propietarias es del 35.3 por ciento y hombres propietarios del 56 por ciento. El Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres contempla la transversalidad de género, ya que obliga a explicar el impacto de la acción pública en hombres y mujeres y, por tanto, a transformar los planes con los que se enfocan tradicionalmente los problemas y sus soluciones. En el diagnóstico que presentaron en materia de vivienda se señala que todavía hay metas que cumplir para garantizar viviendas dignas, ya que alrededor de un 15 por ciento de las mujeres habitan en viviendas con deficiencia de infraestructura, de espacios o de servicios, y que entre la población indígena el porcentaje por carencias en los servicios básicos aumenta un 50.6 por ciento. La desigualdad de género incide en el acceso al mercado formal del trabajo y con ello a los créditos para la vivienda. A pesar de los esfuerzos solo un poco de más un 35.3 por ciento de los créditos que el Infonavit otorga son para mujeres. Los grupos identificados como menos favorecidos en las políticas de vivienda son: mujeres jefas de hogar, las mujeres indígenas, las mujeres jóvenes y las adultas mayores. El derecho a la vivienda digna del artículo 4o. de la Constitución se encuentra reglamentado en la Ley de Vivienda. En ella encontramos, en su artículo 32, el establecimiento de una Comisión Intersecretarial, que es la instancia de carácter permanente del Ejecutivo federal que tiene por objeto garantizar que la ejecución de los programas y el fomento de las acciones de vivienda se realicen de manera coordinada, a fin de dar cumplimiento a la política nacional de vivienda. En el artículo 33 se establece la composición de dicha comisión, definiendo a los integrantes que son los titulares de varias secretarías de Estado. El dictamen que hoy votamos incluyendo a otras dependencias y entidades de la administración pública federal que pueden ser invitados permanentes con derecho a voz pero sin voto, como el Infonavit, Inmujeres e Inapam, entre otras. En Morena votaremos a favor de este dictamen, pues estamos seguros que en una participación más plural, con dependencias que tienen la obligación de erradicar la desigualdad y la discriminación, se cumplirá con el objetivo de que toda persona cuente con un hogar apropiado. En nuestro grupo parlamentario de Morena la prioridad es que avancemos para que a las mujeres jóvenes y personas de edad avanzada se les pueda garantizar su derecho a una vivienda digna en igualdad de oportunidades. Es cuanto, señora presidenta.