El diputado José Antonio Hurtado Gallegos: Compañeras y compañeros legisladores, buenas tardes. La tenencia de la tierra en México surge por la necesidad de darle un uso adecuado a los recursos naturales que de ella emanan. Acumular grandes cantidades de tierra fuera de los límites establecidos por las disposiciones agrarias, es una ilegalidad que tiene que terminar, en razón de que se realiza en perjuicio de la productividad del campo mexicano y de la repartición equitativa de la tierra. Actualmente los ejidatarios se encuentran en una constante lucha social para hacer valer sus derechos agrarios, pues a pesar de que constitucionalmente la calidad de ejidatarios se encuentra claramente reconocida, aún así no se respeta su estatus de grupo vulnerable. Por ello, se requiere una mayor atención a este sector de la sociedad a efecto de mejorar la certeza y la seguridad jurídica de sus tierras. En el país, el 53 por ciento de la superficie total de la tierra son ejidos y comunidades, siendo el equivalente a 31 mil ejidos y comunidades. Acorde a estas cifras, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, los ejidatarios pueden poseer extensiones de tierra siempre y cuando su uso y aprovechamiento sean destinados a actividades del campo. A partir de la repartición que otorga la tenencia de la tierra para fines agrícolas, y se encuentre determinado bajo la figura del ejido, resulta como consecuencia el surgimiento del acaparamiento de tierras, que no es más que la posición de la tierra por parte de un solo individuo y no de todo el núcleo de población ejidal como legalmente se debe establecer, excediendo claramente los límites de la pequeña propiedad agrícola que la legislación señala para tal efecto. La legislación agraria determina que los máximos territoriales que puede poseer un ejidatario para que se considere pequeña propiedad agrícola será en promedio un total de entre 100 a 300 hectáreas, dependiendo de los productos que se cultiven en dicha área, regulando con ello la cantidad de tierra que pueden poseer los ejidatarios para que sea considerada como pequeña propiedad agrícola. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación agraria, desde su creación, no permiten la aparición de latifundios en el territorio nacional, por lo que este proyecto en comento precisa de forma más clara la innegable aparición de los latifundios en todo México, pues en esencia dicha prohibición revertirá el arrebato de tierras que se hizo a sus propietarios y otorgará la seguridad jurídica que el Estado está obligado a garantizar a sus gobernados con la aplicación de las leyes. El proyecto de decreto que hoy se vota garantizará la distribución equitativa de la tierra y fortalecerá la eliminación de latifundios en el territorio nacional, obligando con ello a los poseedores de la tierra a repartir de forma equitativa la tierra entre los miembros de los núcleos de población ejidal, generando con ello una mejoría en la economía de los ejidatarios y prevaleciendo el Estado de derecho en nuestro país. Por las consideraciones anteriormente expuestas, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del proyecto de dictamen consistente en reformar el artículo 115 de la Ley Agraria, relativa a la prohibición de los latifundios en las superficies de tierras agrícolas, ganadera o forestal, que siendo propiedad de un solo individuo exceda los límites de la pequeña propiedad. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, compañeras, compañeros.