La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, a nombre del Grupo Parlamentario del PRI presento el siguiente punto de acuerdo. En la actual administración el crecimiento de la violencia es evidente. Hasta ahora se contabilizan 16 mil 205 ejecutados. En el contexto de la ofensiva del gobierno federal contra el narcotráfico y la guerra que libran los cárteles que se disputan las plazas en el territorio nacional, a la pregunta: ¿Qué balance ofrecen las políticas contra el narcotráfico? La respuesta es que después de tres años de una verdadera guerra que ha militarizado gran parte del territorio nacional, los resultados han sido limitados; las hectáreas de cultivo no se han reducido; se han dañado de manera importante a la población civil; se han multiplicado los enclaves y las redes delictivas y ha aumentado el consumo de sustancias adictivas en todo género. Las políticas del gobierno se centran principalmente en el aspecto punitivo, pero nos parece que la prevención es inconsistente, insuficiente e ineficaz. Lo que constituye un error ante un fenómeno complejo que se origina en el consumo. En palabras del propio secretario de Seguridad Pública Federal, durante su pasada comparecencia: "La violencia que padecemos obedece al crecimiento del consumo de droga." Se estima que un millón 700 mil mexicanos consumen diariamente cocaína, que 3 millones son consumidores de marihuana. Lo que representa además de un serio problema de salud pública un importante mercado cuyo valor anual se calcula en 811 millones de dólares. Podríamos poner, por ejemplo, la emergencia del virus H1N1, en el que el gobierno federal gastó en publicidad cerca de mil 875.8 millones de pesos en el 2009; y el IMSS 500 millones en su atención. Este virus ha producido hasta el mes presumiblemente mil 11 decesos. En tanto que las muertes por el crimen organizado en el 2009 fueron más de 7 mil, y en el 2010 van más de mil. ¿Qué representa? Que mientras a la persecución se asignan más de 60 mil millones y para la prevención y atención de las adicciones para el 2010 sólo sean 20 millones de pesos. Así, ¿hay seriedad en el importantísimo tema de las adicciones y su prevención? En marzo de 2007 se realizó un importante decomiso de dinero en efectivo de cerca de 207 millones de dólares, procedentes del tráfico de efedrina, realizado en nuestro país por Zhenli Ye Gon. De obstante, las propuestas del Ejecutivo sobre su uso en la creación, ampliación y fortalecimiento de las clínicas especializadas en el tratamiento de las adicciones, hasta el día de hoy, ¿cuántas clínicas se han instalado? ¿Qué resultados han tenido? ¿Quién es el responsable? ¿Cómo se evalúan? La realidad es que se desconoce el destino de dichos recursos económicos. El consumo amenaza a nuestros jóvenes y niños. Éste realmente es un gran problema, compañeras diputadas y compañeros diputados, por eso en este punto de acuerdo estoy proponiendo: Primero. Que se cite a los titulares de la Secretaría de Educación Pública, de Salud, de Seguridad Pública, de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, a la Procuraduría General de la República, el Sistema de Administración Tributaria y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para realizar la integración de un grupo de trabajo interinstitucional entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a fin de elaborar y formalizar un Programa Nacional contra las Adicciones, que comprometa a todas las instituciones y niveles de gobierno. Segundo. En dicho grupo de trabajo de alto nivel participaran dos legisladores integrantes de las mesas directivas de cada una de las comisiones, cuya atribución corresponda con las dependencias convocadas. Tercero. Este grupo de trabajo tendrá, entre sus atribuciones y en el marco de sus respectivas competencias legales y jurisdicciones, la elaboración de un Programa Nacional para la Atención y Prevención Integral de las Adicciones. Dicho programa considerará acciones en los rubros de educación, de salud, comunicación, participación social, justicia, seguridad pública; una estrategia de financiamiento y la creación de estímulos fiscales a la acción de la sociedad civil, además de definir las reformas legislativas y administrativas que se consideren necesarias. Cuarto. El programa acordado deberá contar con instrumentos de verificación de resultados a corto, mediano y largo plazos, consistentes, entre otros, en indicadores de resultados, calendario de acciones, compromisos y responsabilidades. Diputado presidente, por su atención muchas gracias. Gracias compañeras y compañeros diputados.