El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Con la venia de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores. El caso que hoy nos ocupa es el típico asunto de ahogado el niño tapen el pozo, que hemos visto por muchos años en este país y en muchas empresas también que son propiedad del Estado. Durante cuatro décadas la termoeléctrica sirvió a los intereses de un gobierno que primero nos vendió la idea de que su construcción llevaría progreso al estado, al país y sobre todo a los pobladores de la región. Ofreció que con ella competiríamos a nivel internacional incluso en la generación propia de la energía. Después, la Comisión Federal de Electricidad se convirtió en la gestora de toda la riqueza que la termoeléctrica generaba. Eso sí, sin compartir los beneficios con los campechanos, y aquí ya lo dijeron. Cuando comenzaron a ser evidentes las afectaciones que la planta causaba al suelo, al agua, al ecosistema e incluso a la economía de la propia región, la Comisión Federal de Electricidad no hizo nada para frenar los daños. El gobierno federal pecó de omisión, y los reclamos de las familias afectadas como también aquí ya lo dijeron se perdieron en el aire y en el sistema burocrático del Poder Ejecutivo. Hoy, cuando la termoeléctrica está en su fase final, en tiempo de ser cerrada, los mismos que la mantuvieron en operación por más tiempo del reglamentario que violentaron durante años las leyes mexicanas y los tratados internacionales sobre el cuidado del medio ambiente, vienen a hacer llamados de que ahora sí, ya muerto el ecosistema, se tapen los daños con más acciones burocráticas. Este es el modus operandi de un sistema que mientras explota las riquezas nacionales y se sirve con la cuchara grande los beneficios, no le importa que resulten perjudicados los mexicanos y sus bienes naturales, materiales, incluso la propia salud. Ya desde el año 2010 la Profepa había emitido la opinión de que era necesario que la planta se retirara del Lerma y se ubicara en otro sitio, por el daño que causaba al encontrarse en un área altamente poblada, mientras que desde el año 2012 era presumible la clausura definitiva de la termoeléctrica. Sin embargo seis años después de la afectación medioambiental y a la salud de los habitantes, sigue latente, demostrando solamente que la termoeléctrica de Campeche no es más que un caso más de corrupción en nuestro país. En Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este punto de acuerdo, no sin antes recalcar que este punto de acuerdo queda chico. No se necesita trabajo en conjunto entre la Secretaría de Salud y la Comisión Federal de Electricidad para la realización de más estudios sobre la afectación, se necesita cerrar de manera definitiva esa termoeléctrica. La Comisión Federal de Electricidad se jacta de ser una empresa de clase mundial y de alta tecnología, pero esto que aquí hoy se discute, es el ejemplo de todo lo contrario. ¿Cuántas más plantas de Comisión Federal hay en el país que hoy resultan obsoletas y en las que solamente se desperdicia el erario público? ¿Cuántas hay? Mantener esta planta abierta resulta un alto costo y de cero beneficios para los mexicanos. Estamos manteniendo una planta que ya concluyó su ciclo de vida, ya ha sobrepasado su vida útil. Tendríamos que hablar de desmantelarla, no de mantenerla. Este tema no sólo cuesta al Estado el mantenimiento de la planta, sino también la salud de los pobladores y la mitigación del daño ecológico que ha generado. ¿Hasta cuándo en este país el interés de unos cuantos se dará por encima del bienestar de los mexicanos? Mientras sigamos ignorando la realidad de las comunidades, sólo tiraremos más recursos, causaremos más afectaciones a la salud y mantendremos una industria que les cuesta a los mexicanos miles de millones de pesos y resulta totalmente inoperante. Es cuanto, diputada presidenta.