La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Buenos días. En pro del dictamen y el PRD votará en contra... en pro del dictamen presentado por el diputado Orive, y en contra del dictamen presentado por la Comisión, porque atenta contra el interés nacional, entendido como la protección de derechos, libertades políticas con base a la corrupción, búsqueda de crecimiento económico y el desarrollo, así como la disminución de las abismales desigualdades en favor de todas y todos los mexicanos. La reforma constitucional en su artículo Séptimo transitorio señala puntualmente que para promover la participación de cadenas productivas nacionales y locales, la ley establecerá las bases y los porcentajes mínimos del contenido nacional en la proveeduría para la exposición de las asignaciones y contratos a que se refiere el presente decreto. De igual forma, las disposiciones legales sobre contenido nacional deberán ajustarse a lo dispuesto en los tratados internacionales y acuerdos comerciales suscritos por México. El dictamen que se nos presenta contraviene esta disposición, pues el hilo conductor de la reforma es la explotación desmedida en favor del sector privado en colusión de funcionarios corruptos. Para ilustrar esta afirmación señalaremos algunos contenidos destacables. La llamada Ronda Cero, no es un piso a favor de las empresas del Estado, terminó en una decisión absolutamente discrecional, inapelable y a espaldas de los intereses nacionales, pues el Ejecutivo federal entregará enormes, valiosas y estratégicas áreas de exploración, así como información estratégica a privados, a cambio de cobros que serán definidos en cada contrato. Nuestra oposición tiene un origen virtuoso, nosotros fuimos elegidos por la ciudadanía para defender el bien público, no para hacer negocios y despojar el patrimonio nacional. Quienes defendemos el sector energético, público y productivo añoramos el pasado, pero el patriótico y no entreguista. Ustedes también lo añoran, con un matiz defienden el pasado presidencialista imperial, ustedes ven en Peña Nieto al Santa Anna que entregó gran parte de nuestro territorio; ven en Peña Nieto a Carlos Salinas de Gortari, pulverizando el equilibrio de Poderes y comprometiendo el futuro del país. Pero también ven en Peña Nieto a Porfirio Díaz, sobándose las manos por que les informe las compañías deslindadoras en su momento, en pleno siglo XXI. Su propuesta agravia la Constitución, la seguridad energética, la propiedad de la tierra, la preservación y cuidado del medio ambiente, los derechos humanos. Vaya, pone en riesgo la viabilidad y estabilidad de este país. Su decisión por privatizar se basa en insuficiencias de análisis económico, también en falsedades técnicas, contrariedades legales, huecos históricos, nula sensibilidad política, ignoran procesos democráticos, como la consulta ciudadana. Y en el Congreso, a pesar de contar con una mayoría cuantitativa se limitan a levantar la mano en un sentido u en otro, por instrucciones de aquellos que piensan que para hacer política primero hay que hace dinero. Qué pronto, muy pronto se hizo realidad el agravio de hace escasos casi nueve meses, donde había un divorcio pactado. Muy peleaditos, ¿no? El PAN con el PRI, disque por la reforma hacendaria. Ahorita de gran coloquio se encuentran en este pleno. Señor presidente, tengo anotada una reserva, misma que sé que este pleno no aceptará a discusión y que tiene que ver con los derechos laborales de las y los trabajadores. Por lo cual pido que sea de manera íntegra publicada, y diré solamente lo siguiente y ya no haré uso de esta tribuna. El contubernio entre autoridades y empresarios es más que nunca evidente, las leyes secundarias permiten traficar con información pública y estratégica a cambio de unas monedas, al tiempo que se coloca en peligro la viabilidad de las empresas productivas del Estado y toda su planta laboral que durante muchos años han aportado recursos fundamentales para el Presupuesto de Egresos de la Federación. Exigimos que las nuevas concesiones, todas las actividades se deberán realizar sin menoscabo del respeto que los derechos laborales y de seguridad social de las y los trabajadores que presten sus servicios. En el caso del modelo de contratación para cada área contractual que mejor convenga, para maximizar los ingresos de la nación, nos parece fundamental la inclusión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y no sólo la Secretaría de Hacienda y la de Energía. Solicitamos que los asignatarios y contratistas estén obligados a observar las disposiciones legales en materia laboral, especialmente de seguridad e higiene y prevención de los riesgos de trabajo. No más muertes más y seguridad social, fiscal y de transparencia, que resulten aplicables, materias que no contempla el dictamen. Cuando la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía revoque los permisos expedidos, se considere como causal el incumplimiento de las obligaciones, incluidas las laborales y de seguridad social o condiciones del permiso, de igual manera, no podemos conculcar el derecho de huelga de los y las trabajadoras. Por la consulta, para la consulta vamos todos. Traidores a la patria. Qué bueno que se identificó.