El diputado Luis Maldonado Venegas (CONVERGENCIA): Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores: una de las características fundamentales en las relaciones comerciales de nuestra época es la utilización de la publicidad para promover la venta de un producto o de algún servicio. Sin embargo, muchas veces los textos, diálogos, sonidos, imágenes, marcas, denominaciones de origen y otras descripciones que se utilizan pueden conducir al consumidor a error o a confusión en perjuicio de su propia economía, intereses y derechos. El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligatoriedad del Estado para proteger a los consumidores, mandato del cual emana la Ley Federal de Protección al Consumidor, herramienta jurídica cuyo artículo 32 establece lineamientos para regular tanto la publicidad engañosa como la publicidad comparativa. Seguramente todos nosotros coincidimos en que vivimos en una sociedad global, de información, que influye en todas las actividades vitales de las personas y en una economía de mercado en constante evolución, influenciada por los avances de la industria tecnológica mundial, lo que nos obliga, como legisladores, a mantener una permanente revisión y actualización de nuestro marco normativo en esta materia. Por tal motivo, Convergencia considera indispensable reformar el artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, tanto en lo relativo a la publicidad engañosa como en lo concerniente a la publicidad comparativa con el propósito de proteger a los consumidores, los intereses de la sociedad en general y también a los ciudadanos cuya actividad habitual es el comercio y la industria. La iniciativa que hoy someto a la distinguida consideración de ustedes tiene como objeto controlar la publicidad engañosa, entendiendo por tal aquélla que contiene información relativa a bienes, productos o servicios que se difundan por cualquier medio o forma que no sea veraz, auténtica y legal. Por veracidad debemos entender la carencia en la publicidad de afirmaciones mentirosas, específicas, contrarias al interés colectivo y ausentes de claridad en cuanto a las condiciones de suministro de los productos, bienes o de la prestación de los servicios relativos. Por autenticidad, que los contenidos publicitarios sean verificables y que el costo del producto, bien o servicio publicitado, en caso de incluirse, se refleje con precisión, ello es, se informe al consumidor sobre su costo total, especificando también el monto de los impuestos correspondientes. Y por legal, que se a la normatividad existente en la materia, indicando la naturaleza, las características y los derechos del anunciante. Consideramos que la adición de estos tres elementos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, permitiría un mayor control de la publicidad engañosa y facilitaría la acción de los consumidores o de sus organizaciones para proceder jurídicamente contra todo tipo de publicidad engañosa, pero al propio tiempo, los mismos publicistas contarán con criterios más específicos para evitar la producción de mensajes y de contenidos que pudieran ser considerados por la autoridad violatorios de la ley. Lo que consideramos también como una reforma necesaria al artículo 32 multicitado, con relación a la publicidad engañosa, es dejar perfectamente establecido en el texto de la ley, la facultad que los consumidores tienen de interponer una queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor contra cualquier publicidad engañosa a fin de que la autoridad administrativa pueda emprender las acciones para ordenar el cese de la misma o para emitir un comunicado rectificativo en los términos del artículo 35. Consideramos que estas reformas que hoy proponemos contribuyen a proteger la situación económica de los consumidores, independientemente de que la publicidad que se considere engañosa concluya o no en la celebración de un contrato o en la adquisición de un bien o servicio. Asimismo las medidas que se propongan le proporcionarán al consumidor mayores elementos para reflexionar respecto a su determinación de adquirir un bien o de utilizar un servicio y permitirán que las personas que participan en el ejercicio de una actividad comercial o industrial, tengan mayores garantías de competencia legítima. Derivado de lo anteriormente expuesto, la fracción parlamentaria de Convergencia, propone reformar el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para fijar criterios mínimos y objetivos que permitan con mayor claridad determinar si una publicidad es engañosa en base a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo Unico.- Decreto que reforma el segundo párrafo del artículo 32 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para quedar como sigue: Por publicidad engañosa se deberá entender aquella que no sea veraz, auténtica o legal, entendiendo por falta de veracidad, la utilización de afirmaciones mentirosas específicas, contrarias al interés colectivo y carentes de claridad en cuanto a las condiciones de suministro de los bienes o a la prestación de los servicios. Por autenticidad, que los contenidos publicitarios sean verificables y que no contengan elementos informativos persuasivos y que el costo del bien o servicio publicitado, en caso de incluirse, se refleje con claridad. Ello es, se informe al consumidor sobre su costo total especificando el valor de los impuestos correspondientes. Y por legal, que se apegue a la normatividad existente en la materia indicando la naturaleza , las características y los derechos del anunciante. Los consumidores y las organizaciones de consumidores que tengan un interés legítimo en la prohibición de la publicidad engañosa, podrán proceder contra esta publicidad haciendo valer sus derechos ante esta Procuraduría, mediante la presentación de una queja formal que dará inicio al procedimiento por infracciones a la Ley a que se refiere el Artículo 123. Es cuanto, señor Presidente. Palacio Legislativo de San Lázaro a 5 de octubre del 2004. Muchas gracias.