La diputada Melissa Torres Sandoval: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. La educación es un derecho humano plasmado en nuestra Constitución y en una cantidad importante de tratados internacionales en materia de derechos humanos, de tal manera que el Estado mexicano tiene la obligación de impartir gratuitamente educación en los niveles de preescolar, primaria, secundaria y media superior. A la par de esta educación gratuita se contempla el derecho de los particulares de impartir educación en todos sus tipos y modalidades, lo que quiere decir que las madres y padres de familia tienen la oportunidad de decidir qué tipo de educación prefieren para sus hijos, pública o privada. Al respecto, el 15 de febrero de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos. Así, el entonces jefe del Ejecutivo federal expidió un decreto a través del cual se otorga un estímulo fiscal a los contribuyentes y personas físicas a efecto de que en la determinación de su impuesto sobre la renta anual puedan disminuir los pagos efectuados por concepto de los servicios de enseñanza que realicen para sí, para su cónyuge o para la persona con quien vivan en concubinato y para sus ascendientes o descendientes en línea recta. Este decreto hacía referencia a la importancia de la educación para lograr los objetivos de desarrollo, modernización y progreso en nuestro país, y señala también que este estímulo permitirá a las madres y padres de familia disminuir el gasto correspondiente a los servicios educativos para destinar esos recursos a otros rubros de las necesidades familiares. Que se haya introducido este estímulo fiscal representa un gran acierto y contribuye de manera significativa a mejorar la cobertura educativa e incentivar la permanencia en el sistema educativo, ya que contempla el beneficio para los niveles educativos de preescolar, primaria, secundaria y media superior. Por su parte el 26 de diciembre de 2013, fue publicado otro decreto en el Diario Oficial de la Federación en donde se otorgan diversos estímulos fiscales, entre ellos el de la deducción de los pagos por servicios educativos señalados. Dicho estímulo al estar estipulado en un decreto presidencial, corre el riesgo de que pueda ser eliminado de un momento a otro debido a la naturaleza jurídica del acto que lo creó, y por tratarse de un estímulo fiscal del que se benefician muchas familias mexicanas y que ayuda a perseguir objetivos prioritarios para el país como son el desarrollo y el progreso a través de la educación, por ello se hace necesario plasmarlo en un instrumento de naturaleza jurídica diferente y con mayor jerarquía como lo es una ley. Si queda plasmado el estímulo fiscal de la deducibilidad de las colegiaturas justamente en la vigente Ley del Impuesto Sobre la Renta, la ciudadanía tendría a certeza de que es una disposición normativa cuya vigencia no será limitada ni podrá ser eliminada a arbitrio del ente que lo emitió, por lo que se cumpliría con el principio de la legalidad tributaria y se dotaría de seguridad jurídica a la población. Por ello, pongo a consideración de esta soberanía que se adicione la fracción IX del artículo 151 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta a fin de dotar de esta certidumbre jurídica que se requiere para seguir protegiendo, pero sobre todo beneficiando a los padres y madres de familia que optan por el pago de un servicio de enseñanza privada para sus menores hijos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.