El diputado Raciel Pérez Cruz: Muchas gracias, ciudadana Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto por la normatividad que nos rige, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de las siguientes Consideraciones Parto de la premisa de que el ayuntamiento debe ser el órgano de gobierno que represente los intereses de la comunidad municipal y constituye una fuente fundamental de la soberanía popular. Debo aclarar que esta iniciativa considera la contrastante diversidad de municipios que representa los intereses de la comunidad municipal y que existen en nuestro país. Es entonces imposible que esta iniciativa contemple las condiciones y necesidades de todos los municipios del país, por lo que excluye de su espectro la situación de los municipios rurales e indígenas que demandan análisis y respuestas específicas. Esta iniciativa está dirigida a los municipios que atraviesan por un rápido proceso de desarrollo económico y en donde se ha generado un aparato municipal de gobierno complejo. De manera gradual se ha producido una intensa revaloración pública de los gobiernos municipales, revaloración que se puede constatar por su presencia cotidiana en los medios de comunicación y en el debate académico. El municipio ha sido estudiado con minuciosidad en su labor administrativa. Los gobiernos municipales se han convertido en un espacio intenso de interacción con el ciudadano quien contribuye a su financiamiento y recibe directamente sus servicios y obras públicas. Las administraciones municipales han crecido como aparatos y han incrementado sus capacidades instrumentales y de recaudación. Sin embargo, la descentralización y modernización del municipio no han seguido los mismos ritmos que la promoción de prácticas democráticas en el funcionamiento de los ayuntamientos. El fortalecimiento de la hacienda municipal por sí misma no constituye una relación democrática con la sociedad ni define una mejor calidad de la representación política. En los últimos años en el país se han producido cambios importantes en la configuración de su estructura institucional; cambios costosos y complejos que han producido un nuevo equilibrio de Poderes; cambios que deben involucrar también a los gobiernos municipales porque son indudablemente instituciones asociadas a la gobernabilidad. Las estructuras de poder en el municipio han sido las últimas en avanzar en la dinámica del cambio institucional del país. Las administraciones municipales carecen de políticas e instrumentos de continuidad; sus acciones siguen ligadas al corto plazo, a las necesidades inmediatas, a atender demandas urgentes o promesas de campaña electoral desligadas de cualquier estrategia de desarrollo regional o federal. Basta con revisar las páginas de algún periódico de circulación nacional o local para darnos cuenta de las múltiples problemáticas que aquejan la vida municipal: finanzas municipales quebradas; nepotismo; falta de transparencia en la administración de sus recursos; sueldos onerosos e inmorales; servicios deficientes o inexistentes. Incluso desde hace algún tiempo se ha iniciado la discusión en los círculos académicos y políticos sobre la posibilidad de promover la reelección inmediata de los presidentes municipales o de ampliar el período de su ejercicio. Sostengo que ésa es una discusión desfasada, porque antes debemos llamar la atención sobre la necesidad de actualizar la vida institucional de nuestros municipios. Desde esta tribuna hacemos un cuestionamiento a la capacidad de los gobiernos municipales para incorporar la pluralidad de intereses y demandas sociales a la toma de decisiones. Ni la competitividad electoral ni la alternancia política municipal han modernizado sus estructuras de poder. La vida de nuestros municipios se asienta sobre una herencia que pertenece al modelo autoritario del sistema político que impone fuertes restricciones a la representación política y a la participación ciudadana. La fundamentación de la representación política en nuestros municipios radica en las reglas de integración de los cabildos, establecidas por la legislación electoral de los estados, donde predomina un modelo de características uniformes; elección de los integrantes del ayuntamiento por medio de una planilla bloqueada y cerrada y un sistema mixto entre mayoría relativa y pseudo representación proporcional. La integración virtualmente monopartidista de los cabildos permite al partido ganador imponer absolutamente sus decisiones a una débil minoría. Más aún, cancela la posibilidad de la negociación política de las decisiones que en los hechos se traduce en una prerrogativa del partido mayoritario. En los reglamentos municipales no existen niveles mínimos de aprobación, tal como sucede en los Congresos estatales o en las Cámaras federales, donde determinadas decisiones requieren de tres cuartas partes de la votación para ser aprobadas. Es incorrecto que a los regidores de los partidos minoritarios se les denomine de representación proporcional, cuando son en realidad regidores de un sistema presidencialista de mayoría absoluta. Por eso, desde esta tribuna señalamos que las legislaciones de los estados no han cumplido con el principio de representación proporcional en la integración de los ayuntamientos, tal y como lo establece la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Federal desde 1983. Persiste en nuestros municipios una estructura presidencialista que concede al presidente municipal atribuciones excesivas. Concluyo, ciudadana Presidente. Honorable Asamblea, esta iniciativa plantea que en tanto no existe diferencia entre el Poder Ejecutivo municipal y la Asamblea que forma el ayuntamiento con sus respectivas atribuciones y facultades específicas ni tampoco existen delimitaciones territoriales, es decir, distritos electorales municipales, la asignación de síndicos y regidores municipales debe obedecer a la vía de la representación proporcional pura, es decir, directamente proporcional a la votación que cada partido obtenga. La modernización política de los ayuntamientos pasa necesariamente por la construcción de mecanismos que permitan sentar las bases para una efectiva representación de todos los integrantes del cabildo. Por lo anteriormente expuesto me permito someter a la consideración de esta soberanía el siguiente Proyecto de decreto Único. Se reforma el párrafo de la fracción VIII del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue Artículo 115, fracción VIII. Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional pura en la elección de los ayuntamientos de todos los municipios, eligiendo por planilla separada al presidente municipal de los otros integrantes del cabildo. Es cuanto, ciudadana Presidenta. Muchas gracias.