La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados, acudo a presentar un conjunto de reservas al dictamen para corregir el Presupuesto y dirigirlo a la atención prioritaria de la reconstrucción con transparencia, vigilancia ciudadana, eficiencia, visión de largo plazo, y sobre todo con recursos suficientes para restituir viviendas, escuelas, hospitales, infraestructura hidráulica, carretera, infraestructura económica y empleo. Es inadmisible el acuerdo del PRI, PAN, rémoras y asociados que destinan solo 2 mil 500 millones de pesos para el Fondo de Reconstrucción. Pero 17 mil millones de pesos para el fondo de los moches del PRI, PAN, PRD, etcétera. Ahí radica su amor a México y su compromiso con los damnificados. Los 2 mil 500 millones para la reconstrucción de Morelos, Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Puebla y otras entidades contrasta con los mil 500 millones que este Pacto contra México, ahora recargado, le entrega a Alfredo del Mazo para un solo proyecto: crear un centro de monitoreo. Página 34 de anexos. ¿En realidad alguno de ustedes piensa que este nuevo fondo, más lo colocado en Fonden y Fopreden, que no rebasa los 26 mil millones de pesos, son suficientes para la reconstrucción de decenas de miles de viviendas, 16 mil escuelas, miles de kilómetros de agua potable y drenaje, atender los edificios patrimoniales, la infraestructura de salud, reactivar la economía y muchos otros rubros más? Morena ha votado en lo general en contra de este dictamen para el Presupuesto para el Ejercicio Fiscal, porque no le otorga el nivel de prioridad nacional al desastre provocado por los sismos de septiembre. Porque no se pone del lado de las familias que perdieron a sus seres queridos y sus hogares. Porque ignora la tragedia, porque contrario a lo mostrado por la sociedad, este Presupuesto muestra un Estado que no es solidario, que mantiene en sus privilegios a la alta burocracia, que deja intacto en desvió de recursos públicos conocido como los moches, porque pretende transformar la reconstrucción en un negocio. Esta clase política que hoy respalda el Presupuesto y que se une para repartirse el dinero de los mexicanos ha decidido aislarse de la gente y de sus problemas. Denota una grosera desesperación por aprovechar cada minuto y cada posibilidad del Año de Hidalgo. Este Presupuesto mantiene prácticamente intacto el proyecto enviado por el Ejecutivo antes de los sismos. A esta clase política le importa muy poco que tengamos a miles viviendo en las calles o en albergues. Hoy tenemos una sociedad movilizada y solidaria frente a gobiernos incapaces de atender la emergencia, proteger a las personas y generar propuestas para reconstruir al país. De forma inexplicable mantiene el déficit de recursos destinados a la atención de emergencia por causas de desastres naturales. Las partidas destinadas a la compra de alimentos para la población afectada para renta de aeronaves, lanchas y barcos para auxiliar a la población, recursos de transportes aéreo y equipos de emergencia y voluntarios tienen cero pesos. El gobierno y sus aliados no aprenden al dejar nuestros sistemas de respuesta rápida sin recursos, con ello le están trasfiriendo esta responsabilidad a la sociedad. Por ello acudo a presentar reservas al dictamen fundadas en los siguientes principios: destinar más recursos a la reconstrucción, a las familias que resultaron damnificadas y a los equipos de emergencia y menos dinero a los privilegios de la alta burocracia política. Cancelemos los 150 millones de pesos para el equipo de transición del presidente electo. López Obrador no los necesita. Cero pesos para la compra de publicidad gubernamental. Cero pesos para privilegios de seguro de gastos médicos privados, etcétera. Ningún alto funcionario podrá recibir más retribuciones que las que establece la Ley Reglamentaria del Apartado B del artículo 123. Se propone que a partir del 1 de enero de 2018 las nuevas contrataciones para mandos medios y superiores de todos los Poderes y órganos autónomos se reduzcan a la mitad, con lo cual irá disminuyendo la carga salarial de los contratos y dejará, a nosotros, al próximo gobierno, con la posibilidad de disminuir el alto costo de la burocracia en 50 por ciento. Proponemos enviar a todos los expresidentes al ISSSTE y que dejen de recibir sus pensiones millonarias. Proponemos que aquellas entidades con declaratoria de desastre queden exentas de la aportación de los programas pari passu. Garantizar transparencia en el ejercicio del gasto. Mejorar el gasto federalizado. Fortalecer su fiscalización. Eliminar el moche de Hacienda. Precisar el Fondo de Capitalidad Metropolitano y de apoyo también para las personas con discapacidad. Eliminación del gasto de administración por parte de Hacienda, quien se queda con el 1 por ciento de lo que distribuye a estados y municipios para contratar a sus cuates sin transparencia ni rendición de cuentas. Esto es al menos 265 millones para repartir entre los amigos de Meade. Candados para evitar el uso electoral y el lucro con la pobreza, que prohíben la entrega masiva de apoyos como en el estado de México. Que se establezcan leyendas claras para advertir las sanciones. Recursos para la operación de una nueva justicia laboral, así como para la Ley General en materia de Desaparición Forzada, sin lo cual de nada servirán reformas tan trascedentes Cancelación del proyecto de la construcción de la presa El Zapotillo, que en abierto desacato a los resuelto por la Corte se pretenden destinar mil 500 millones de pesos para levantar la cortina e inundar a tres comunidades de Los Altos de Jalisco. Solo le decimos al pueblo de México: Pueblo de México, resiste, ya falta muy poco. Es cuanto, presidente.