La diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto: El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional manifiesta su rechazo categórico al dictamen que hoy se discute, relativo a la expedición de una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Esta propuesta, impulsada por el titular del Ejecutivo, no es una modernización del marco legal, ni un intento genuino por cerrar la brecha digital. En realidad, es un proyecto que pretende controlar los contenidos, censurar voces críticas, vigilar a la población y debilitar los contrapesos institucionales, más control, menos libertades, más autoritarismo, menos autonomía de la sociedad. El desmantelamiento comienza por la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano constitucional autónomo, que garantiza una regulación técnica, imparcial y libre de presiones políticas. En su lugar se pretende crear una Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, bajo el mando directo del Ejecutivo, que concentrará facultades regulatorias, técnicas, administrativas y de vigilancia, lo cual lejos de fortalecer la institucionalidad democrática este diseño centraliza el poder de un solo actor, el gobierno federal. La nueva agencia no solo controlará la asignación del espectro radioelectrónico, sino también la vigilancia de contenidos, la supervisión de concesiones, el uso de datos personales y hasta los criterios para determinar qué contenidos deben retransmitirse. Esto es un grave retroceso, que convierte al árbitro en jugador y coloca en riesgo la libertad de expresión, el pluralismo informativo y los derechos digitales. Este proyecto además busca aparentar apertura al incluir figuras como concesiones comunitarias, indígenas o sociales, pero en la práctica permite velar a socios, supervisar contenidos y condicionar la operación a criterios discrecionales. Incluso, las las autorizaciones de uso temporal del espectro para emergencias se plantean sin reglas claras ni contrapesos efectivos. Lo más preocupante es que esta ley establece una arquitectura para la vigilancia masiva, donde los concecionarios deberán entregar información sobre su ubicación geográfica en tiempo real, registros biométricos, infraestructura, llamadas, mensajes, rutas de red y cualquier dato que sea solicitado. Estamos ante la institucionalización del espionaje digital sin control judicial previo. No podemos ignorar que esta ley también reinstale el poder censor de la Secretaría de Gobernación que decidirá qué señales deben retransmitirse y qué tipo de publicidad o narrativa es permitida. Se obliga a distinguir entre opinión e información noticiosa. Se prohíbe la propaganda extranjera con una redacción ambigua que permite abusos y se faculta al Ejecutivo para determinar qué contenidos serán financiados o promovidos, bajo el argumento de apoyar a sectores sociales, indígenas o independientes. Todo esto bajo la lógica de simulación en la que se aparenta pluralismo, pero se ejerce control ideológico, tal como ha ocurrido en regímenes como Venezuela, donde se clausuran medios y se bloquea el internet cuando ocurren protestas. En la Primavera Árabe, donde el Gobierno bloqueó las redes sociales con el objetivo de evitar la comunicación entre las personas para que no se manifestaran. Hungría, donde el Estado cooptó a la prensa mediante estructuras legales disfrazadas de neutralidad. Desde el PRI denunciamos, además, de ser un albazo legislativo con el que se pretende imponer esta ley con un dictamen de más de 300 artículos, con aspectos técnicos y jurídicos muy complejos. Legislar sin escuchar es imponer, y eso no es democracia, eso se llama totalitarismo. Compañeras y compañeros, digan lo que digan, el PRI ha sido históricamente... Concluyo... Promotor de las telecomunicaciones como instrumento de desarrollo, inclusión y libertad. Impulsamos la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones, promovimos el acceso universal a internet y defendimos la libertad de los medios. Hoy nos mantenemos firmes en esa convicción. No vamos a validar una ley de censura...