El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente, y que además aprovecho para felicitarlo por esta nueva responsabilidad. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Convención sobre los Derechos del Niño es el primer instrumento internacional jurídicamente vinculante, incorpora a toda la gama de derechos humanos, civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. En 1989 los líderes mundiales se dieron cuenta de que los niños y niñas debían contar con una convención especial, creada específicamente para ellos. Debido a que los menores de 18 años precisan de cuidados especiales. En el caso de los niños migrantes no acompañados, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 22 menciona que los Estados parte reconocen que adoptarán medidas adecuadas para lograr que el niño que trate de tener el estatuto de refugiado o que sea considerado refugiado de conformidad con el derecho y los procedimientos internacionales o internos aplicables, reciba tanto si está solo como si está acompañado de sus padres, la protección y asistencia humanitaria adecuadas para el disfrute de los derechos enunciados en la presente Convención. Los niños migrantes no acompañados son considerados migrantes políticos, ya que debido a conflictos internos la violación masiva de los derechos humanos en su país de origen, entre otras razones, se ven obligados a abandonar sus países. Este tipo de migración se caracteriza primordialmente por ser forzada y urgente. Resultado de lo anterior y en cumplimiento a las obligaciones y resultado de la Convención sobre los Derechos del Niño y particularmente en atención al principio de No devolución, el Estado no trasladará al niño, la niña o el adolescente a un país donde haya motivos racionales para pensar que existe un peligro real de daño reparable que los afecte, como por ejemplo: tortura, tratos degradantes y privación de la libertad. En este sentido y en concordancia con las ideas vertidas con antelación, las detenciones y deportaciones implementadas por los gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica viene a trastocar el enramado jurídico internacional, cosa que no puede seguir pasando. En un estudio realizado por la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para los Estados Unidos y El Caribe, la ACNUR, donde se entrevistaron a 404 niños de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, se llegó a la conclusión de que las diversas historias demuestran inequívocamente que muchos de estos niños desplazados se enfrentan a graves peligros y dificultades en sus países de origen. Nuestro país no es ajeno a esta problemática, ya que la cuarta parte de los 47 mil niños detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos, entre octubre de 2013 y mayo de 2014 son mexicanos. Según informes de la Unicef es imperativo en este tenor enfocar los esfuerzos de prevención en entidades como Zacatecas, Michoacán y Oaxaca que es en los lugares de nuestro país donde mayor migración hay. Resulta pues de gran relevancia encontrar los mecanismos idóneos para que los estados, la sociedad civil y el ACNUR puedan trabajar en la colaboración para asegurar de la mejor manera que a estos niños se les provea la protección que necesitan y merecen desesperadamente. En síntesis tenemos que reconocer que la violencia e inseguridad tanto en México como en la mayor parte de Centroamérica han resultado en el desplazamiento de niños en la región, por lo tanto es necesario priorizar la protección internacional de estos menores, asegurar que el principio del interés superior del niño sea un componente central de cualquier respuesta que esté relacionada con las necesidades de protección de los niños, incluida la evaluación de una solicitud de refugio, asilo o cualquier otra forma de protección internacional. Por último, resulta fundamental llevar a cabo medidas tanto regionales como nacionales para abarcar las causas de base desplazamiento de estos niños en un esfuerzo para reducir los factores que conducen a su desplazamiento forzado. En la fracción del Partido Verde creemos que los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados no deberían de ser privados de su libertad por causas relacionadas con la migración; por lo tanto, los Estados deben presentar medidas alternativas, establecer las medidas en su legislación y elaborar políticas públicas que garanticen la aplicación efectiva de dichas medidas alternativas por las autoridades competentes. Es por lo anteriormente establecido que apoyamos el presente exhorto, ya que consideramos que los problemas regionales solo podrán resolverse por medio de la cooperación internacional y el diálogo de la diplomacia. Muchas gracias, señor presidente.