La diputada Lucía Virginia Meza Guzmán: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Nuestro país atraviesa quizá por la más grave crisis de impunidad y violación de los derechos humanos de su historia. Hoy damos cuenta de la desaparición de jóvenes como si fuese algo norma, casi cotidiano. Son 43 normalistas de Ayotzinapa, cinco más en Tierra Blanca, tres en Papantla. Somos testigos inertes de los constantes abusos institucionales de políticas de Estado fallidas para resolver los problemas de inseguridad y violencia. Aunado a lo anterior, se suma a los generadores de todo este caso que enfrenta México en materia de inseguridad un factor fundamental. El mal funcionamiento de nuestro sistema de justicia penal y de la misma forma el deficiente sistema penitenciario que no cumplen hoy los objetivos para una correcta administración de justicia. Es por ello que hoy vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa que busca reformar diversas fracciones del artículo 38 constitucional a fin de darle vigencia a la plena figura de presunción de inocencia. Esta figura es un derecho humano que constituye al supuesto eficaz para la solución de la problemática procesal penal con la que se enfrenta la mayoría de los países. En este sentido, bajo aspectos de política criminal el principio debe convertirse en un instrumento útil que dé respuesta al reclamo social de mantener el equilibrio entre el respeto de los derechos de los individuos, en este caso sujetos a un proceso penal y a la eficacia del sistema penal bajo parámetros de igualdad. Compañeras y compañeros diputados, todo hombre es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Así reza la máxima jurídica, una de las primeras en enseñarse en las universidades de derecho. Sin embargo por diversas contradicciones jurídicas este principio fundamental no es aplicable en su justa dimensión. Para ser más específicos, la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 38 contradice dicho principio de presunción de inocencia y contiene todavía disposiciones que se basan en el principio de presunción de culpabilidad. Los ciudadanos de nuestro país quedan suspendidos de sus derechos y prerrogativas por estar sujetos a proceso o estar prófugo de la justicia desde que se dicte orden de aprehensión. Esos estados procesales son previos a determinar la culpabilidad, es decir, puede dictarse una resolución final en la que sean absueltos o resultar inocentes. Sin embargo sufrieron ya la suspensión de sus derechos ciudadanos contradiciendo el principio de presunción de inocencia, y más grave aún, contradiciendo la misma Constitución General de la República. Esta situación debe de ser corregida a la brevedad posible y así dejar de tener disposiciones jurídicas que nos hacen ver como un país que quedó atrapado en el siglo pasado, tomando en cuenta que el referido artículo 38 es de los pocos que aún conservan la redacción original del 5 de febrero de 1917. Por lo anterior les invito a que esta iniciativa sea analizada en su importancia jurídica, pero sobre todo, en la urgente necesidad de garantizar un debido proceso penal en México, para que la gente inocente pueda demostrar esa inocencia en un marco de igualdad. Por las familias de este país sigamos trabajando juntos. Muchas gracias.