El diputado José Ángel Ávila Pérez: Con la anuencia de la Presidencia. Diputadas y diputados, se está discutiendo un dictamen relativo a una iniciativa que fue trabajada de manera muy veloz. Apenas el día 3 de abril se suscribió y se presentó ante esta soberanía la iniciativa que hoy pretende culminar con una aprobación. Se refiere a la liberalización del acceso a la propiedad de las tierras por parte de extranjeros en la zona restringida de nuestro país. Todos ustedes saben, pero lo recuerdo, que los estados han adquirido, han adoptado diversas formas para establecer la relación de los extranjeros con la propiedad de sus tierras. El Constituyente mexicano decidió, soberanamente, fijar bajo la premisa de la doctrina Calvo, como obligación para adquirir tierras en nuestro territorio, que se renuncie a la protección del Estado y a las de las leyes del extranjero. Pero también estableció la zona restringida de las fronteras y las costas de nuestro país. Supongo que ustedes tienen claro que la zona restringida de nuestro país para la adquisición de tierras por parte de extranjeros abarca una superficie de 800 mil kilómetros cuadrados. Es ése el entorno en el que está sujeta la prohibición, de que está establecida la prohibición, en el 45 por ciento del territorio nacional. Es cosa simple. Si se aprueba el dictamen que hoy se propone se dice que se está buscando evitar una simulación que procede a raíz de la adquisición a través de fideicomisos. ¿Qué no había una mejor vía para eliminar la simulación? ¿Qué no hay una mejor manera de que este Congreso establezca candados suficientes para evitar el fraude a la ley? Pero bien, se está adoptando una fórmula que constituye una liberalización a la adquisición de tierras señalando que sólo cuando se trate para uso habitacional. Pero, diputadas y diputados, aun cuando así se establezca, al no haber en el texto constitucional una consecuencia jurídica a la violación, que constituya el cambio de uso de esos inmuebles adquiridos por extranjeros, les doy la noticia: se está generando el paso a una nueva simulación y vamos a tener ya dos simulaciones, porque el hecho de que se establezca en un transitorio el que una ley secundaria establecerá los límites y los procedimientos para cuando se cambie el uso claramente significa que esto jamás va a proceder. Todos los que estudiaron derecho saben que una norma prohibitiva y restrictiva no puede aplicarse ni por interpretación ni por analogía ni por mayoría de razón siquiera, tiene que estar expresamente establecida la consecuencia jurídica de la violación a la prohibición. Por eso he presentado la propuesta para que, la fracción I del 27, en caso de que persistan en la idea de aprobarla, se le agregue que bajo la pena adicional de perder las tierras en beneficio de la nación en caso de destinarlas a un uso diferente. Sólo así se garantizaría que la violación a la norma constitucional tuviera un efecto legalmente sostenible. De otra manera cualquier promovente, cualquier bisoño abogado en cualquier juzgado de cualquier parte de la república podrá conseguir un amparo para que se cambien paulatinamente el uso de las tierras. Ésta es una nueva simulación. Gracias por su atención.