El diputado Efraín Morales Sánchez: Con el permiso de la Presidencia. El que suscribe, diputado Efraín Morales, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los ordenamientos legales correspondientes, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quiero decirles, que esta iniciativa se refiere a las normas oficiales mexicanas y que lo que se propone precisar, incorporar, en la Constitución para dar facultad y obligación, pero también dar jerarquía en el sistema jurídico mexicano a lo que hoy es cotidiano. Haré algunos comentarios. Actualmente nos encontramos frente a una relevancia significativa de las Normas Oficiales Mexicanas, ya que desde su implementación a partir de la década de los 20 se ha evidenciado y consolidado una tendencia creciente en su generación y aplicación hasta alcanzar en nuestros días una proliferación de ellas, que abarca diversos ámbitos de nuestra realidad normativa. Baste señalar que hasta hoy son aproximadamente mil normas oficiales mexicanas registradas en la dirección general de normas oficiales mexicanas de la Secretaría de Economía. Las cuales regulan cuestiones técnicas de alta especificación a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes o en los reglamentos, que van desde los procesos de edificación de las viviendas, el etiquetado de productos textiles, la toma domiciliaria para el abastecimiento de agua potable, la liberación al ambiente de organismos forestales genéticamente modificados, hasta la eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. Entre muchas otras que obedecen a diversas áreas y materias. Cuyo objeto es uniformar procesos, productos o servicios para proteger la vida, la seguridad y el medio ambiente, y que actualmente de acuerdo al artículo 38 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, corresponde expedir, según su ámbito de competencia, a las dependencias de la administración pública federal. Sin embargo, y pese a esa gran importancia adquirida, subyace la cuestionada obligatoriedad y funcionalidad de esas normas, toda vez que muchas de ellas no son asumidas ni cabalmente cumplidas por los sujetos e instancias a quien van dirigidas. Es decir, los productores, los fabricantes y los prestadores de servicios. Tampoco por las autoridades competentes, a quienes corresponde hacerlas cumplir. Situación que ha obedecido, en gran medida, al hecho de que prevalecen serias dudas sobre su naturaleza jurídica y posición jerárquica dentro del sistema jurídico mexicano. Lo anterior, pese a que el artículo 52 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización establece que todos los productos, procesos, métodos, instalaciones, servicios o actividades deberán cumplir con las normas oficiales mexicanas. Y quienes las incumplan de acuerdo con el artículo 112 de la misma ley serán sancionados administrativamente por las dependencias, conforme a sus atribuciones, sin perjuicio de las sanciones establecidas en otros ordenamientos legales. Además, no debemos perder de vista el objetivo de las normas oficiales mexicanas, que es la regulación de cuestiones y especificaciones técnicas con gran precisión, a fin de proteger a las personas en su salud, vida y el mundo en el que viven. Es decir, la principal preocupación es garantizar que en la realización de ciertos procesos, productos o la prestación de servicios, no existan riesgos, evitar los abusos e impedir accidentes estableciendo condiciones mínimas de seguridad. Por ello es imprescindible insistir y referir que una norma oficial mexicana de acuerdo con la fracción XI del artículo 3 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización es una regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias competentes, que establece reglas, especificaciones, atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, embalaje marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. Regulación técnica que tiene por objeto dar certeza y seguridad a la población que consume los productos o hace uso de los servicios, así como también su finalidad radica fomentar la producción y prestación de bienes y servicios, cada vez más eficientes, con mejores niveles de calidad, y por tanto, más competitivos en el mercado nacional e internacional. De ahí su papel clave en la economía, porque facilitan el intercambio de bienes y de servicios. Es decir, a través de estas normas el Estado pretende regular el proceso y garantizar la calidad de los productos y servicios; por tanto, resultan ser un importante medio de protección a los consumidores, y debido a las materias de alta especificidad técnica que regulan deben ser revisadas de forma quinquenal, en cuyo caso contrario, y de acuerdo a la misma ley, queda cancelada su vigencia y operación. Una vez definidas las normas oficiales mexicanas como regulaciones eminentemente técnicas, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes o reglamentos, encontramos que su naturaleza jurídica deriva de la facultad y obligación reglamentaria que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 89, fracción I, otorga al Presidente de la República, en tanto que a él corresponde promulgar y ejecutar las leyes que expide el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Luego entonces, el Presidente de la República tiene facultad constitucional para emitir normas jurídicas de carácter general, que son los reglamentos, a través de los cuales se regulan detalladamente todos los procedimientos de aplicación de las leyes. Sin embargo, debemos decir que la obligación del presidente de la república de proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes, no sólo se logra a través de los reglamentos ya que éstos no alcanzan a regular cuestiones de alta especificidad técnica, y el presidente, al no tener la capacidad funcional para emitir de forma directa y personal todos los actos necesarios para hacer exacta la observancia de las leyes en la esfera administrativa, se auxilia de la administración pública federal, a fin de hacer efectiva esa facultad y obligación de hacer exacta la observancia de las leyes en la esfera administrativa. Así pues, las normas oficiales mexicanas son auténticas normas jurídicas, toda vez que se trata de normas generales dentro de cierta rama, área o materia específica, y afectan la esfera jurídica de los particulares ya que son de observancia obligatoria, abstractas e impersonales; es decir, son prescripciones técnicas dirigidas a una generalidad de sujetos. Sin embargo, debemos tener presente que, simultáneamente, y de acuerdo al artículo 4o. de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, estas normas no son actos administrativos de carácter general en virtud de que emanan de un procedimiento administrativo y son expedidas por una autoridad administrativa. Motivo por el cual se concluye que, en términos materiales, las normas oficiales mexicanas son normas jurídicas generales de carácter técnico, sin obviar que en términos formales se trata de actos administrativos. En ningún caso las normas oficiales mexicanas por sí mismas tienen por objeto conceder derechos o permisos a los particulares; únicamente establecen especificaciones técnicas con un alto grado de especialidad, en aras de dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en las leyes o reglamentos. Por lo cual sólo pueden especificar y referirse a las obligaciones previstas en los ordenamientos jurídicos superiores de las mismas, y en aras también de proveer en la esfera administrativa, a la exacta observancia de las leyes. Finalmente, cabe decir que debido a la importancia manifiesta de las normas oficiales mexicanas, éstas deben insertarse en un marco de legalidad y constitucionalidad, el cual y hasta el momento no se ha logrado debido a que la normatividad vigente ha delegado, en las dependencias de la administración pública federal, facultades reglamentarias de las cuales derivan estas normas oficiales, sin que exista el mandato constitucional respectivo. Por ello, la presente iniciativa propone precisar las atribuciones y facultades reglamentarias del presidente de la república en el ámbito de la administración pública y, por tanto, reconocer legalmente a las dependencias de la administración pública federal como las instancias a través de las cuales el Ejecutivo puede delegar, en los casos que determine, la facultad y obligación de emitir actos jurídicos y administrativos a fin de hacer viable y expedita la observancia de las leyes en la esfera administrativa. Asimismo, en la iniciativa se propone precisar la jerarquía de las regulaciones técnicas, como es el caso de las normas oficiales mexicanas, en el sistema jurídico mexicano, y en general, dar paso a la constitucionalidad de la normatividad referida a las normas jurídicas técnicas motivo de la presente iniciativa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma la fracción I del artículo 89 para quedar como sigue: Título Tercero. Capítulo Tercero, Del Poder Ejecutivo. Artículo 89: Las facultades y obligaciones del Presidente, son las siguientes: I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia para lo cual, entre otros, expedirá reglamentos y ordenará regulaciones técnicas necesarias a través de las dependencias de la administración pública federal en sus respectivos ámbitos de competencia. Transitorios Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por su atención, muchas gracias.