EL C. DIP. JUAN CARLOS REGIS ADAME: Gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: Conmemoramos el 85 Aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917 como resultado de la lucha social armada, iniciada en 1910. La Constitución que actualmente nos rige estructuró un nuevo pacto social que se expresa en nuestra Carta Magna; las decisiones políticas fundamentales asumidas por los diputados constituyentes, tales como el sistema federal, la división de poderes, el reconocimiento del municipio libre como nivel de gobierno y la propiedad originaria de la nación sobre nuestros recursos naturales, se han mantenido inalterables y así debería permanecer. Indudablemente, una gran aportación de México en el constitucionalismo social es el de establecer los derechos sociales como el reconocimiento de las desigualdades de clase que se expresan en el seno de la sociedad mexicana. El contenido de los artículos 27 y 123 son prueba de ello. Aunado a lo anterior, los integrantes del Congreso Constituyente concibieron a la educación como un derecho inalienable de los mexicanos y como responsabilidad de Estado proporcionarla. A lo largo de sus 85 años de vida, nuestra Constitución ha sido objeto de infinidad de reformas, muchas de ellas que han sido parches mal pegados y otras profundamente reaccionarias como la reforma salinista al artículo 27 constitucional en 1992 u otras que al ser aprobadas nacieron prácticamente muertas, como las reformas a los artículos 1º, 2º y 4º, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001 en materia indígena. Si bien es cierto que en nuestra Constitución se establece el proceso de reformas constitucionales, algunas de estas reformas fueron hechas indudablemente a espaldas del pueblo y traicionando el espíritu de justicia social del texto original de nuestra Carta Magna. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se manifiesta en contra de la intención del titular del Ejecutivo Federal por abrir a la inversión privada el sector eléctrico y petrolero; para el Partido del Trabajo tanto electricidad como petróleo deben seguir manteniéndose como áreas estratégicas de la economía, tal y como lo establece nuestra Constitución. Abrir el sector energético a la inversión extranjera constituiría una tradición histórica a la gran gesta que el pueblo y el gobierno mexicano encabezó en marzo de 1938 bajo la presidencia del General Lázaro Cárdenas del Río o desconocer e ignorar, que es peor, el proceso de compra por parte del gobierno mexicano de las empresas eléctricas que culmina plenamente con su nacionalización el 27 de septiembre de 1960 durante la gestión del Presidente Adolfo López Mateos. El Partido del Trabajo se pronuncia a favor de la búsqueda de mecanismos que permitan la capitalización de las empresas del sector paraestatal, las que por el ramo de actividad económica en que se encuentran deben ser ampliamente rentables, si así no fuera los inversionistas privados no pretenderían apoderarse de ellas. Reiteramos, nuestro partido rechaza cualquier intento de abrir a la voracidad el capital privado el sector energético. El día de ayer en la Ceremonia de Aniversario de nuestra Constitución, el Presidente de la República se pronunció por una revisión integral de nuestra Carta Magna. En ese sentido nosotros coincidimos en que es necesario que nuestra norma fundamental se incorporen mecanismos de democracia semidirecta, como la iniciativa popular, el referéndum, al igual que el plebiscito y la revocación de mandato, tal y como lo propusimos en la H. Cámara de Diputados en la LVII Legislatura, el 6 de noviembre de 1997. Compañeras y compañeros, indudablemente el mejor homenaje que los mexicanos podemos rendir a la obra de los Constituyentes de 1916-1917 es cumplirla, desde luego habrá que buscar las coincidencias en cuanto a los temas básicos de reforma, pero respetando la vocación social y republicana sobre la cual se ha estructurado nuestra nación. Es cuanto. -