La diputada Nayeli Alen Fernández Cruz: Con la venia de la Presidencia. El dictamen sobre las actualizaciones a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que hoy se discute, resulta esencial para hacerla funcional. Con la aprobación de las diversas modificaciones que se realizan a esta ley, se está cumpliendo con un proceso legislativo de calidad. Estamos otorgándole a la ciudadanía un ordenamiento que atiende al marco social y jurídico actual contemplando cambios imprescindibles para una correcta interpretación de la ley entre los que se destaca la inclusión, actualización y corrección del nombre de todos los entes públicos que existen en la federación para que de esta forma puedan ser sujetos obligados. El cambio en la denominación de IFE a INE y la incorporación a la Ley de Órganos Constitucionalmente Autónomos que fueron creados posteriormente a la aprobación de la minuta en el Senado, del 2011, como la Comisión Nacional de Evaluación de Políticas al Desarrollo Social, el Instituto Nacional a la Transparencia, el Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la Comisión Federal de Competencia Económica. De igual forma, nos congratulamos que se incorpore como principio básico la no discriminación para la asignación de remuneraciones, que acorde con tratados en derechos humanos suscritos por México, establecen que la remuneración de los servidores públicos se determinará sin distinción motivada por origen étnico, de género, de edad, discapacidad, condición social, religión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad. Dicha premisa protege a los derechos de todos aquellos que se desempeñan en el servicio público, para que puedan ejercer sus funciones de una manera digna y responsable. Asimismo, se armoniza la ley con otros ordenamientos que ahora son fundamentales para el cambio social que se busca, particularmente me refiero a los que contemplan los delitos de corrupción por el pago y uso indebido de remuneraciones de los servidores públicos, al uso ilícito de la función pública que se encuentra dentro del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción y a la incorporación de las atribuciones que tiene la Auditoría Superior de la Federación en la materia. En este sentido, se modifica el texto para establecer como requisito de procedencia, diversas causales derivadas de la buena fe con la que pudieran actuar los servidores públicos para establecer la sanción o recibir u otorgar beneficios mayores a los que corresponden. Con lo anterior, se evita que se trate de una ley que busque castigar a los trabajadores de manera arbitraria, resultaba necesario considerar y tener las condiciones que debían cumplirse para la procedencia de la aplicación de sanciones. Para nadie es ajeno la gran cantidad de amparos que se han presentado en torno a esta ley, y algunos de ellos han sido concedidos. Es importante que cualquier persona que sienta vulnerados sus derechos, lo haga valer ante la instancia correspondiente y de igual manera, debemos tener en cuenta que en la medida que esta ley se encuentre actualizada, se evitarán conflictos en los tribunales. Mientras más acertada sea la legislación impugnada, permitiremos que, a la hora de la confrontación, el estudio constitucional respectivo se haga atendiendo a los derechos consagrados en la ley, y no se determine a favor de uno u otro, por cuestiones técnicas. Por lo anteriormente expuesto, el sentido de nuestra votación será a favor, a favor de una ley eficiente en beneficio de la sociedad. Es cuanto, muchas gracias.