El diputado Vidal Llerenas Morales: Gracias, diputado. Haré en conjunto las propuestas de modificación. Insisto, creo que es una ley que tiene cosas muy positivas, pero como todo y no sorprendentemente, hay un tema en la administración pública nacional de los últimos años que es algo así como que son los fondos de infraestructura educativa estos que quiere Nuño para su campaña que hemos votado legislación aquí en esta Cámara para que no haya ninguna rendición de cuentas, ningún control y pasar todas las leyes posibles. Es el caso de esta ley. Si uno lee el transitorio Decimoséptimo dice: Los recursos que sean otorgados a los entes públicos a través del esquema de los certificados de infraestructura educativa nacional, que hay que ponerlos en la Constitución que nada puede ser ya fiscalizado de esto, quedarán exentos del reintegro que deba realizar la tesorería de la federación señalado por el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios y estará a lo dispuesto a dicho programa, porque lo que sucede es que en esta ley se ha aprobado que las aportaciones, no solo los convenios, sino también las aportaciones en un momento dado tengan que ser devueltas a la federación, de los estados a la federación. Eso no sorprendentemente excluye a estos famosos fondos de infraestructura educativa, que pues ya no son sujeto a nada, incluso no son sujeto a esta ley. Por eso propongo modificar el artículo 28, para que quede como sigue: Tratándose de la contratación de financiamientos u obligaciones a través del mercado bursátil, el propio documento de colocación, las razones por las cuales el mercado bursátil es una opción más adecuada que el bancario y dejar claro que bajo la opción bursátil se deberá cumplir con todas las obligaciones establecidas por esta ley. Es decir, no puede haber excepciones a esta ley. Y esta ley en su transitorio ya establece una excepción que no sorprendentemente son los bonos de infraestructura educativa, que en la Ley de Ingresos se votó aquí que no se consideran como deuda, no se registraran y no fueran votadas por los Congresos locales. Es uno de los mayores actos de poca transparencia que ha habido en el país. También me permito hacer una reserva, en el que como decimos, esta ley sin duda es un avance en control en términos de deuda nacional. Y para tal efecto me parece oportuno modificar el artículo 9, en que dice que el Congreso de la Unión autorizará los montos de endeudamiento directo y externo que sea necesario para el financiamiento del gobierno federal. Es un párrafo que hace referencia a la posibilidad del Congreso de emitir lineamiento en deuda para que diga: Todas las obligaciones a cargo de las entidades federativas que establezca esta ley en materia de deuda también deberán aplicarse a la federación. Por qué no establecer en esta ley que todos los lineamientos que estamos estableciendo para el gobierno de las entidades, pues también se puedan establecer para el gobierno federal. Como dijimos, el incremento de la deuda del gobierno federal del 2000 a la fecha es 10 veces mayor que el incremento de la deuda de las entidades federativas. Entonces, en el artículo 9, que hace referencia a las facultades del Congreso, pues establecer también que todas estas obligaciones también sean obligaciones del gobierno federal. Y las dos reservas que me quedan por expresar ante ustedes, la primera tiene que ver con el artículo 33, que norma la deuda al Distrito Federal. La deuda al Distrito Federal es uno de los grandes pasivos que tiene el gobierno federal con la ciudad, porque es la única entidad federativa que el Congreso de la Unión norma su deuda. Y por alguna razón, en las distintas leyes de ingreso se ha quedado que la deuda del DF debe producir directamente un incremento de los ingresos públicos. Es la única entidad federativa que tiene esta obligación. Se dice que es porque es deuda federal y aprobada por el Congreso, pero en la ley que estamos aprobando parte de las deudas de los estados también serán deudas soberanas, serán deudas que están respaldadas por el Congreso de la Unión, es parte del chiste de la ley que ahora se aprueba. Entonces, no hay motivo por darle al DF un tratamiento distinto, si también habrá otras deudas que también serán respaldadas por el gobierno federal. En todo caso la deuda que sea respaldada por el gobierno federal, pues también tendrá que tener la obligación de producir directamente un incremento en los ingresos públicos. Persiste en esta ley la idea de discriminar a una entidad de la federación, cuando ya todo el lineamiento que se está estableciendo en términos de deuda, pues ya establece un marco claro que asimila la manera en que el gobierno federal respalda la deuda del DF con el resto de las entidades federativas. Y finalmente, me parece un momento oportuno para insistir en el tema del Fondo de Capitalidad. El Fondo de Capitalidad es un fondo que se ha hecho para resarcir los gastos que tiene la ciudad por ser capital del país, por los tres y medio millones de personas que vienen todos los días al Distrito Federal y que no son contabilizados por el Inegi como población del DF y que tienen que recibir recursos públicos de esta ciudad que genera una enorme riqueza para los mexicanos y que ha sido sistemáticamente discriminada a raíz de la reforma de la Ley de Coordinación Fiscal del 2008, que claramente, desproporcionadamente, quita recursos año con año al DF en favor de otras entidades federativas. Por lo tanto, en un acto de justicia y que está a discusión la Ley de Coordinación Fiscal, se incluya en el artículo 25 de dicha ley un numeral número 9 en el que se establezca el Fondo de Capitalidad como una de las partes de la Ley de Coordinación, de tal manera que año con año, de manera automática, cuando se presente el presupuesto pues esté esta Ley de Coordinación Fiscal. Ésas son las propuestas que presentamos y me parece muy importante reflexionar en estos tres puntos, en que la Ciudad de México ya requiere otro tratamiento fiscal, en que el tema bursátil es claro y que no podemos permitir que exista una deuda pública que son la bursatilización de los fondos de infraestructura educativa, que ley tras ley en este Congreso hemos votado para que no sea registrada y para que no sea considerara por deuda. Luego vamos a arrepentirnos, cuando veamos el abuso que se hace de un fondo que no está sancionado por el Congreso y que no sabemos cuál es su origen. Y finalmente, insistir que en realidad el problema de deuda de este país no está en los gobiernos estatales, que efectivamente han abusado. Ya vemos el caso de Zacatecas, como vimos el caso de Colima y como muchos otros, ha habido abusos. Pero quien ha endeudado este país es el gobierno de Enrique Peña Nieto, que hoy tiene más o menos el 50 por ciento de producto endeudado de este país. Hay un incremento de más de 10 veces la deuda nacional en comparación a la subnacional. Quien ha ejercido el populismo se llama Peña Nieto y este Congreso no ha sido capaz de controlarlo. Gracias.