El diputado Agustín Mollinedo Hernández: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, acudo a esta soberanía para presentar la siguiente iniciativa, en virtud de que el fenómeno de la explotación sexual infantil, en distintas modalidades, es un problema que nos debe la mayor atención en este país, siendo que en la actualidad una de las preocupaciones de la comunidad internacional es atenderlo como uno de los problemas sociales que aquejan a las sociedades modernas. La explotación sexual infantil en sus distintas modalidades como son tráfico, pornografía, turismo y prostitución, lesiona gravemente a la sociedad, a la familia y principalmente a las niñas y a los niños, al causarles a estos últimos graves e irreparables daños sicológicos, morales y físicos. Este fenómeno social requiere de la mayor atención por parte del Estado ante la complejidad que plantea, caracterizada por la capacidad económica, tecnológica, de organización y de corrupción de las redes que lo manejan, lo cual les permite actuar, en muchos de los casos, en la más compleja impunidad. Es obligación del Estado asegurar de manera efectiva la defensa y protección integral de los menores y contribuir a su normal desarrollo, derecho fundamental consagrado en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México forma parte. Por lo cual es importante actualizar nuestro marco normativo para hacer frente a este creciente problema que es la explotación sexual infantil. Es necesario dotar al Estado de los elementos jurídicos que le permitan dar certidumbre y seguridad a este grupo vulnerable de la sociedad. Es necesario castigar con todo el rigor de la ley a las personas que se dedican a la explotación sexual infantil por el daño que causan a los menores, en virtud del estado de indefensión en que se encuentran ante sus explotadores, los cuales en muchos de los casos son sometidos por medio de la fuerza física o sicológica a realizar actividades denigrantes como seres humanos. Aunado al daño ocasionado a la familia, célula básica de toda sociedad, y a la sociedad misma por el agravio que se causa a las niñas y a los niños, los que en su edad adulta en mucha ocasiones actuarán conforme a los abusos recibidos en su niñez. Esto creará una sociedad enferma. Por lo que elaborando políticas públicas adecuadas, estaremos en condiciones de prevenir y enfrentar de mejor manera la comisión de este tipo de consultas ilícitas. Es por esto que el suscrito, en un afán de contribuir a nuestra sociedad democrática, presenta la siguiente Iniciativa Actualmente existe la tipificación de esas conductas sancionándolas con diversas punibilidades. Sin embargo, muchas de estas sanciones no han sido actualizadas a una realidad y por consecuencia han dejado de ser ejemplares, lo que rompe con la naturaleza de la asequibilidad de la conducta con la pena impuesta, postulados consagrados en la teoría de la pena en materia penal. Si bien es cierto que el aumento de las penas no disminuye por si solo la comisión de los delitos, también es cierto que la sanción debe ser proporcional al daño que causan a los menores, víctimas de este ilícito. Por lo cual se hace necesario imponer una pena ejemplar y proporcional al daño causado. De lo expuesto es que nace la inquietud del proponente, para proveer de medidas eficaces para la prevención y en su caso sanción de este tipo de conductas, las cuales, adecuando nuestro marco normativo, estaremos en condiciones de combatir eficazmente y con ello evitar que en un futuro se convierta en un problema social de la magnitud del narcotráfico o del secuestro. Por eso, le solicito señora presidenta, que en virtud de que se encuentra publicado en la Gaceta Parlamentaria, se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.