El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso y el de esta asamblea. El lunes pasado se conmemoraron dos años de la tragedia que marcó a nuestra generación, a mi generación, del crimen de Estado que sucedió con la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, ubicada en Iguala, Guerrero. Esa tragedia ha provocado en estos dos años muchos momentos de dolor, de frustración, de enojo, de indignación pero también ha despertado ante muchos grupos de la sociedad civil y de organizaciones sociales hayan cumplido con su tarea, que hayan cumplido con su deber. No nada más de quienes se esfuerzan y se empeñan en que esa tragedia siga siendo recordada y en que siga buscándose la justicia en el caso de Ayotzinapa. También motivó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viniera a nuestro país y realizara peritajes, estudios. Y no nada más al gobierno de la República, porque aquí queremos reiterar que no se trata nada más de cambiar al presidente, ni hoy ni en 2018. Lo que México necesita es un cambio de régimen, y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos también atañen a este Poder Legislativo. Hizo muy puntuales recomendaciones en materia legislativa, que son las que traemos aquí. No son una idea de un servidor, ni siquiera del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, sino son las recomendaciones que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, vía el GIEI, le hace al Estado mexicano. Y tienen que ver con tres iniciativas, como bien se mencionaba aquí. Uno, es actualizar el delito de desaparición forzada. ¿En qué sentido? Adecuándolo en cuatro acepciones a los parámetros internacionales en lo que tiene que ver con privación de la libertad, con la negativa a informar sobre el paradero de las víctimas, a sustraerla del amparo de la ley y que sea perpetrada por un agente del Estado o por un particular que cuente con apoyo o aquiescencia. También, agregar al delito de desaparición forzada la posibilidad de que haya el concurso de particulares, con consentimiento u omisión del Estado, pero el delito de desaparición entre particulares que no está tipificado en México. Además de establecer una serie de conductas que obstaculizan o impiden a la autoridad combatir este delito. La segunda iniciativa es una reforma constitucional para consagrar a este nivel el derecho a la verdad, el derecho que tienen las víctimas, que tienen las personas, que tienen todos los mexicanos de conocer la verdad ante cualquier caso de injusticia. Porque lo que hoy es sistémico en el país es la impunidad. Lo que demostró Ayotzinapa es darle luz a historias de miles de desaparecidos, a historias de miles de narcofosas que habían estado en el oscurantismo de la complicidad de una clase política que se arrodilló y sigue arrodillada frente a la delincuencia organizada. Y la tercera iniciativa tiene que ver con lo que en algún momento en el derecho quienes son abogados aquí lo saben se llegó a conocer como la reina de las pruebas o la prueba madre, la prueba confesional. La prueba confesional fue durante mucho tiempo el acto en el que una investigación concluía porque se pensaba que con la confesión de un delito ya no había que investigar más sobre los hechos. Y en el Caso de Ayotzinapa, en cientos de casos en México, en miles de casos en todo el mundo, esta llamada prueba o reina de las pruebas ha venido cayendo en la escalada de impunidad porque simple y sencillamente somos un país en donde se practica la tortura a gran escala y desde el Estado. Hemos conocido de testimoniales, de pruebas confesionales que han sido inducidas por vía de la tortura y nosotros creemos que el peso de la prueba confesional tiene que modificarse y que tenemos que buscar el principio de exhaustividad en la búsqueda de justicia y en la búsqueda de la verdad, más allá de simple y sencillamente darle toda la categoría, toda la fuerza a la prueba confesional para eliminar o para votar investigaciones y la búsqueda de la verdad. Movimiento Ciudadano cree que ante esta ola de impunidad, que ante esta tragedia que lastimó a los mexicanos, la mejor forma de honrar a los estudiantes desaparecidos, la mejor forma de honrar la lucha de sus padres, es que este Poder Legislativo haga su tarea, cumpla con su responsabilidad y haga lo que a nosotros le toque. Sí hay que llamarle al gobierno federal, llamarlo a cuentas y a que haga y cumpla con su tarea, pero no tenemos autoridad moral mientras nosotros no cumplamos con las recomendaciones que nos tocan del Grupo Interdisciplinario de Expertos. Nosotros tenemos tarea pendiente con las víctimas en este país, tenemos tarea pendiente con los estudiantes y la tenemos que sacar adelante en este año, en el que conmemoramos el segundo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes. Gracias, presidente.