La diputada Cristina Ismene Gaytán Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Quienes marchamos y militamos por los derechos de las mujeres sabemos que el día de hoy, 8 de marzo, no es un día de fiesta. El 8 de marzo es un día de lucha y de protesta por las 7 mil 60 niñas y mujeres asesinadas y desaparecidas desde 2011 hasta el día de hoy en nuestro país. Por Anabel Flores, mujer y periodista asesinada y por todas las periodistas que se juegan la vida todos los días por ejercer su derecho a comunicar la verdad. Por Ernestina Ascencio, mujer indígena de la sierra de Zongolica, en Veracruz, que murió víctima de las agresiones sexuales a las que fue cometida. Por Gisela Mota y por las mujeres políticas mexicanas que nos han sido arrebatadas. Por las miles de mujeres jornaleras a quienes les son violados sus derechos humanos todos los días. Por Nestora Salgado y las luchadoras sociales de nuestro país. Por todas y cada una de las mujeres que, a pesar de encontrar adversidades en su camino, tenemos la conciencia de que hoy, 8 de marzo, cambiemos la felicitación por la reivindicación y la exigencia de nuestros derechos, porque hoy 8 de marzo es un día para recordarnos y recordarle a los gobiernos, a los Congresos y al sistema judicial las deudas con las mujeres, porque a pesar de ser el 42 por ciento de diputadas en este Congreso, solo 17 de las 58 comisiones son presididas por mujeres, es decir, solo el 25 por ciento, y de los funcionarios de primer nivel de la Cámara, ninguno es mujer. Porque hoy y todos los días, las mujeres debemos recordar que juntas somos más. Acudo a esta tribuna a dar la posición del Grupo Parlamentario del PRD en esta Cámara, al dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, respecto a la minuta enviada por el Senado de la República. Esta minuta considera la adición de la categoría igualdad para las mujeres indígenas en la fracción III, del artículo 3 que reglamenta la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, como uno de los contenidos de los principios que orientan la actuación de esta comisión para ser considerados en la definición de las políticas, programas y acciones de la administración pública federal. Y no desdeño la importancia de esta modificación, sin embargo estamos plenamente convencidas y convencidos de que el diseño de una política pública sin recursos presupuestales, como la que se nos presenta, resulta cuando mucho un buen deseo. Hay que señalar el enorme abismo que separa a las mujeres indígenas en el acceso a los derechos sociales e individuales más básicos, constituyéndose en uno de los sectores de nuestra sociedad, con mayor grado de vulnerabilidad. Si la deuda de nuestra sociedad es grande con los pueblos indígenas, con las mujeres indígenas es doble, porque la doble discriminación que sufren es, en el mejor de los casos, resultado de la ignorancia y producto de la desatención social y del Estado. Esta doble discriminación es, sin lugar a dudas, una consecuencia de la indolencia y mala praxis política, un mal diseño institucional y la falta de responsabilidad de los funcionarios que al frente de tan importante instancia únicamente la han utilizado como trampolín político. Son las mujeres indígenas quienes presentan los más altos índices de analfabetismo y baja escolaridad. Su nula capacitación laboral las hace ocupar los empleos peor remunerados, sin prestación social alguna, como el servicio doméstico, la venta en vía pública o el trabajo jornalero. De acuerdo al Inegi, el 57.5 por ciento de las mujeres indígenas que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos y 19.6 por ciento no percibe salario alguno. Además, 74.4 por ciento de las mujeres que realizan labores en su casa o en el campo no perciben ningún ingreso. Adicionalmente a ello podemos señalar la situación de las niñas indígenas que es alarmante. Conforme a datos oficiales existen 207 mil niñas que hablan lengua indígena y no saben leer y escribir, mientras que 44 mil 927 no cuentan con la educación básica. Se han identificado en algunas comunidades indígenas de Guerrero, Veracruz, Baja California y estados de la frontera norte casos en donde niñas han sido víctimas de violencia sexual, vendidas, prostituidas y obligadas a contraer matrimonio a una temprana edad sin que alguna autoridad intervenga. Sirvan estos datos para dimensionar el abismo que sufren las niñas y mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos. Pugnamos por que la aprobación de la reforma en comento sea un instrumento de la administración pública federal a urgir su actuación par acerrar la brecha de desigualdad en la que viven las niñas y mujeres indígenas de nuestro país. Es por ello que el PRD votará a favor del dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas. Es cuanto, ciudadana presidenta.