La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: La extinción de dominio puede definirse como el mecanismo a través del cual el Estado puede perseguir los bienes de origen o destino ilícito, utilizando para ello una vía judicial que declare la pérdida del derecho de propiedad de esos recursos. La importancia de esta figura jurídica se centra en que sirve como instrumento esencial para ejecutar estrategias contra el crimen organizado, cumpliendo un papel fundamental en la desarticulación de estas organizaciones y redes criminales, deteniendo así los efectos del flujo de recursos ilícitos. La extinción de dominio se concibe como una consecuencia patrimonial de actividades ilícitas, la misma consiste en declarar, a través de sentencia, la titularidad de los bienes en beneficio del Estado, sin contraprestación ni compensación alguna para el afectado. El 14 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reforma el artículo 22, de la fracción XXX, del relativo 73, de la endonorma, en materia de extinción de dominio. Sin embargo, el decreto señalado, en su artículo segundo transitorio, le otorgó al Congreso de la Unión un plazo de 180 días para la expedición de la legislación nacional única en materia de extinción de dominio, con competencia federal y local, es la misma que se va a discutir el día de hoy. Este dictamen tiene por objeto regular, tanto a nivel local y federal, la figura jurídica de extinción de dominio como una herramienta eficaz para el combate a la estructura patrimonial y financiera de la delincuencia. Tiene por objeto cuatro ejes principales: primero, la extinción de dominio de bienes a favor del Estado. Segundo, el establecimiento de los procedimientos correspondientes. Tercero, los mecanismos para que la autoridad administre los bienes sujetos al procedimiento de extinción de dominio. Y finalmente, mecanismos para que la autoridad lleve a cabo la disposición y uso de los bienes, atendiendo al interés público. Esta extinción de dominio se ejercitará por el órgano técnico de investigación, que lo es el Ministerio Público, pero a través de un procedimiento civil. Lo digo claro, no hay violación a derechos humanos porque prevalece la garantía de audiencia de todos los ciudadanos que se vean involucrados en un procedimiento civil. Esta ley, precisamente, pretende combatir diversos delitos, algunos que ameritan la prisión preventiva oficiosa y otros de menor jerarquía, como lo son: la corrupción, el encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, delincuencia organizada, trata de personas, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita, secuestro, extorsión, huachicoleo, etcétera. Se dispone que este ejercicio es imprescriptible por ser bienes de origen ilícito, a efecto de desincentivar la legitimación de los bienes adquiridos de manera ilícita. Dada la importancia de esta figura jurídica y con el propósito de velar por la transparencia y rendición de cuentas, se obliga a la Fiscalía General de la República a que emita un informe anual al Senado de la República sobre el ejercicio de las facultades que otorga esta ley nacional. Es importante precisar que por razones de seguridad jurídica se prevé que las fiscalías contarán con unidades especializadas en materia de extinción de dominio. Asimismo, atendiendo a que el procedimiento de extinción de dominio es de naturaleza civil, independiente y autónoma del proceso penal, el Poder Judicial de la Federación y aquellas de las entidades federativas contarán con juzgados competentes en materia de extinción de dominio. Los bienes sujetos a procedimiento de extinción de dominio deberán de representar un interés económico para el Estado, por lo que deberán contar con un valor pecuniario y que sean generadores de beneficios económicos y de utilidad para el país. Con el propósito de no transgredir el 27 constitucional, en relación con la propiedad privada, también se previó que se presumiera la buena fe y la adquisición y destino de los bienes. Para ello, se deberá acreditar en el documento donde se pagaron los impuestos, que el bien fue adquirido de forma lícita y la autenticidad del contrato con el cual se pretende demostrar su justo título. Esto da garantía de audiencia y desde luego que es apegado al irrestricto apego a los derechos humanos. Como podemos notar, la Ley Nacional de Extinción de Dominio es un ordenamiento legal muy completo, que cumple con altos estándares internacionales, pues se toma en cuenta a la Ley modelo sobre Extinción de Dominio de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que considera que el decomiso civil regulado...