La diputada Ana Priscila González García: Con su venia, diputada presidenta. El pasado 6 de junio, el presidente Enrique Peña Nieto, en un acto unilateral firmó 10 decretos por el que se eliminan las vedas de 300 cuencas hidrológicas que equivalen al 55 por ciento de lagos y ríos del país. En síntesis, los decretos disponen eliminar las vedas de explotación en las cuentas hídricas, por lo que significa que ya no habrá impedimentos para la extracción del agua. En lugar de la prohibición total de su aprovechamiento se establecen zonas de reserva de agua para los usos doméstico, urbanos, industrial y para la conservación ecológica en las cuencas hidrológicas. El gobierno de Peña Nieto decidió cambiar el régimen de prohibición y restricción del uso absoluto de las aguas nacionales por un régimen jurídico de reservas, en donde el gobierno decide a quien sí otorgarle permiso para la explotación de los recursos hídricos. Las cuencas hidrológicas que se ven afectadas por estos decretos son Grijalva, Usumacinta, Papaloapan, Pánuco, Costa Chica de Guerrero y Costa Grande de Oaxaca, San Fernando Soto La Marina, Santiago, Actopan, Antigua, Costa de Jalisco y Ameca. Lo cierto es que con la entrada en vigor de los 10 decretos, la Conagua tiene la facultad de garantizar los volúmenes de agua que exigen las empresas mineras, petroleras y las grandes industrias, a costa de los derechos de los pueblos indígenas, de los núcleos agrarios, las comunidades rurales y los habitantes de las ciudades. La permisibilidad para la sobreexplotación de los recursos hídricos no es la solución para garantizar a todos los mexicanos el acceso al agua. Si las industrias para continuar con sus operaciones necesitan certeza jurídica en el abastecimiento del agua, entonces los diputados ciudadanos les exigimos que limpien las aguas que usan. Aprovecho este espacio también para denunciar la contaminación del río Santiago en el municipio de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, perteneciente a la cuenca Lerma Santiago, en el que también se eliminó la veda. De acuerdo al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, en su cauce arrastra más de mil 100 sustancias tóxicas y en los municipios antes mencionados pertenecientes al distrito 20 federal del estado de Jalisco, por el cual fue electa, el aire huele a ácido sulfhídrico, las aguas grises y espumosas se han convertido en un grave problema de salud pública, provocando enfermedades respiratorias, insuficiencia renal, cáncer, entre otras. De hecho, la contaminación del río Santiago ha ocasionado que Jalisco sea la segunda entidad federativa con mayor número de enfermos con cáncer. Señor presidente Enrique Peña Nieto, antes de preocuparse por privatizar las aguas nacionales, la primera tarea que tiene y que quedó como asignatura pendiente durante su sexenio es sanearlas. Por lo anterior, los diputados ciudadanos estamos a favor del presente acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Decimos sí a la transparencia y rendición de cuentas en la gestión de los recursos hídricos y somos claros, nuestra postura no es que se posponga la entrada en vigor de los decretos, sino que se revoquen. Los diputados de Movimiento Ciudadano les damos la cara y les decimos a los mexicanos, no vamos a permitir que se privaticen las aguas nacionales. El derecho al agua no se concesiona ni se condiciona. Es cuanto, señora presidenta.