La diputada Rocío Barrera Badillo: Con la venia de la Presidencia. Diputadas y diputados, hoy está a su consideración un dictamen profundamente benéfico para el Estado mexicano, una propuesta tan necesaria y noble, que conoce colores partidistas y fue apoyada en su presentación por la coordinadora y coordinadores de todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, así como por su entonces presidenta. Con la emisión de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, buscamos solventar una grave laguna jurídica que flagela a las personas desplazadas, haciendo a nuestro Orden Jurídico más responsable, garantista y comprensivo. Este ordenamiento nos pone en la vía de cumplir obligaciones asumidas en el plano internacional, reduciendo la vulnerabilidad que enfrentan las personas que, por diversas razones, se han visto orilladas a abandonar su hogar, patrimonio y normalidad para partir a un futuro en que la única certeza es el miedo que los acompaña. Hasta hoy, nuestro marco jurídico ha tolerado situaciones que arrebatan a las personas de su entorno. Han incurrido en omisiones que se traducen en negar los derechos de quienes se han visto desplazados y ha fallado en su obligación de proteger a la ciudadanía, generando violaciones sistémicas a los derechos humanos. El desplazamiento forzado es, en nuestra realidad y contexto, un fenómeno que ha cobrado importancia por su magnitud, pues ha dejado en la indefensión a un número alarmante y creciente de personas. La nueva ley propuesta comprende y reconoce las múltiples causas que la generan, que van desde conflictos armados, violencia familiar, discriminación, xenofobia, intolerancia religiosa, situaciones de violencia cotidiana, desastres naturales o emergencias sanitarias. A partir de este reconocimiento se generan mecanismos de atención que buscan revertir, remediar o reparar, según sea el caso. Las diversas circunstancias que van aparejadas al desplazamiento, desde la dilapidación por extrema necesidad del patrimonio de las personas, la pérdida de sus medios de sustento, o la carencia de vivienda, por repasar algunos ejemplos. A la vez, busca prevenir y sancionar los delitos que revictimizan a la persona desplazada, dándole la oportunidad de recuperar la paz y tranquilidad que dejaron en el camino. Es una ley que busca generar soluciones duraderas, que va desde el diseño y adopción de políticas públicas, la atención de las necesidades particulares de protección de las personas y el ofrecimiento de garantía de no repetición. Este proyecto recupera y adapta a nuestra realidad las estrategias de atención definidas en diversos instrumentos internacionales, entre los que sobresalen la Declaración de Cartagena, sobre refugiados de 1984 y los Principios Rectores del Desplazamiento Interno o Principios Deng, pautas que se han ido perfeccionando con la experiencia de cada Estado, que ha aportado las mejores prácticas. Estamos pues, ante un momento de definiciones, que bien podría ser reconocido en el futuro con el punto paradigmático en la solución de este problema. No podemos ya postergar ni seguir atendiendo este fenómeno por la vía del cumplimiento de atinadas y, por su naturaleza, reaccionarias recomendaciones de nuestras y nuestros ombudsman locales y nacional. Es momento ya de contar con datos, indicadores, estrategias, mecanismos y soluciones para este fenómeno. Todas estas herramientas las contiene la ley que estamos por discutir. Con la aprobación de esta ley estoy segura que así será, acercaremos a nuestro México a la par, basada en la tolerancia y el derecho que con tanta urgencia necesitamos todos. Es cuanto, diputada presidenta.