La diputada María de Jesús Aguirre Maldonado: Con la venia de la Presidencia; compañeros y compañeras diputadas, mucho se ha dicho lo importante que es el poder tener una articulación de las estrategias en materia de seguridad pública de los distintos niveles de gobierno, al igual que los cuerpos normativos. Este hecho no escapa a lo que es la seguridad privada. Hoy estamos dictaminando una iniciativa de distintos compañeros diputados y diputadas, de diferentes grupos parlamentarios, en este tema, en lo que es la seguridad privada. Fue un tema muy debatido hacia adentro de la Comisión de Seguridad Pública, como bien lo dijo el compañero diputado presidente José Luis Ovando, y es un tema que realmente nos interesa y nos interesa mucho en el grupo parlamentario del PRI. En este dictamen el homologar los requisitos que se establecen, las leyes estatales y las del Distrito Federal a lo dispuesto en la Ley Federal de Seguridad Privada, es observar lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y en la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de que exista una verdadera regulación armónica entre las disposiciones federales, las estatales y del Distrito Federal, convergiendo y concurriendo la facultad legislativa en materia de seguridad privada. Esto encuentra fundamento en la reforma constitucional del 2008, misma que estableció que el Sistema Nacional de Seguridad Pública integrado por la federación, los estados y los municipios, garantizará una política coherente en materia de seguridad pública. El artículo 150 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública distribuye competencias, determinando los casos en que será competencia de la autoridad administrativa federal el otorgamiento de la autorización de permisos de operación de empresas de seguridad privada y en los casos en los que será competencia de la autoridad administrativa local. Sin embargo, en la práctica, como ya los compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra lo han comentado, observamos que las legislaciones estatales que se encuentran vigentes en esta materia cuentan, además de los requisitos que establece la Ley de Seguridad Privada, con un sinnúmero de obligaciones que exigen las entidades federativas, el Distrito Federal y en ocasiones hasta los municipios para poder otorgar la autorización que requieren las citadas empresas para estar en posibilidad de prestar el servicio. De hecho, la totalidad de los requisitos que solicitan las entidades federativas, el Distrito Federa y algunos municipios –estuvimos haciendo el conteo en la comisión– son más de 114 requisitos que se están solicitando, lo cual nos indica que no existe una homologación en cuanto a las exigencias requeridas, situación que produce que no exista un cabal cumplimiento de las leyes y se reste eficiencia en la prestación de los servicios de seguridad privada. Es por esto que la comisión consideró viable esta reforma con la finalidad de homologar estos criterios, sin dejar de lado la necesidad de mantener la facultad de los estados y el Distrito Federal de regular y autorizar la prestación de servicios de seguridad privada, aun cuando cuenten con la debida autorización federal, tratándose de empresas que operan en dos o más entidades federativas, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 40 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por esto que el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de esta reforma en materia de seguridad privada que consideramos que era importante el poder realizarla. Por su atención, compañeras y compañeros diputados, muchas gracias.