El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: El motivo de esta iniciativa tiene como propósito reformar el artículo 194 del Código Penal Federal, como ya bien se dijo por la presidenta de nuestra Cámara. La iniciativa que presento se relaciona con un problema que estamos viviendo de manera clara y fuerte en todo el mundo y de que nuestro país México no es ajeno, nuestra posición geográfica como país es excepcional en materia industrial, es sin temor a equivocarme una de nuestras principales ventajas competitivas. Sin embargo, también es uno de nuestros principales problemas y resulta un problema porque tenemos como vecino a uno de los principales consumidores de drogas en el mundo, lo que nos convierte en un país que sí es de tránsito, pero que también se está estacionando en nuestro país este fenómeno delincuencial y mortal del consumo de las drogas. El fentanilo es una droga de alto consumo, de bajo costo y de elaboración sencilla en el ámbito de las drogas sintéticas, es un opioide que genera efectos fuertes y una adicción brutal que hoy está en todas partes y que en muchas ocasiones nos negamos a reconocer. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, hay teorías sí que hablan sobre el aumento de las penalidades en materia penal, unas que lo señalan como una serie de medidas que pueden inhibir la comisión de los delitos, otras que señalan que el aumento de las penalidades no es la solución a los problemas de inseguridad que vivimos. Sin embargo, la voz de la sociedad nos dice que está muy difícil y nos lo dicen con otra palabra, la gente nos dice, –está cabrón que una persona que envenena a la sociedad, que envenena a las familias y que envicia a los jóvenes tenga como sanción una pena irrisoria, que no tenga una sanción ejemplar. Nos dice la sociedad que el tema del fentanilo en su venta, distribución y consumo está creciendo y los datos nos dicen lo mismo, la gente nos dice que el Estado mexicano debe de actuar y déjenme decirles, compañeras y compañeros, que esta soberanía es parte del Estado mexicano. Hoy vengo en este primer momento a proponer aumentar la penalidad en contra de aquellos envenenadores de la juventud, aquellos que organizados como delincuentes están vendiendo esta droga en colonias populares, en escuelas, en antros, en centros de diversión de las diversas clases sociales, porque no es un fenómeno que afecte solo a los que menos tiene, es algo que afecta a todo aquel que decide invertir 40 pesos en cristal combinado con fentanilo y otras drogas, sí, 40 pesos, porque eso cuesta una dosis de este veneno que nos está matando a la juventud. Entre 2013 y 2024, hay cerca de 8 mil 900 emergencias relacionadas con este fenómeno que han sido reportadas en México, resulta preocupante que actualmente la pena por el tráfico y venta de este estupefaciente sea solamente de 10 a 25 años de prisión, cuando el problema es tan grave que ha cobrado miles de vidas de gente joven en este país. No sé ustedes, pero yo no quiero vivir o seguir viendo focos quemados y jeringas tiradas en las calles, demos un mensaje claro a la delincuencia y que la penalidad sea alta, que apliquemos una penalidad máxima como lo establece nuestro Código Penal Federal de hasta 60 años de cárcel a quien lleva a cabo esta práctica delictiva. La política criminal también requiere mensajes de fuerza y este nos toca a nosotros los legisladores. Tendremos que hacer más cosas y propondremos algunas más en materia de seguridad en fiscalías, ministerios públicos, centros de reinserción social y otras más, pero es momento de hacer esta reflexión para que esta reforma nos sea más cercana a todas y a todos. O nosotros trabajamos para meterlos a la cárcel de manera ejemplar o ellos meterán a nuestra juventud en ataúdes. O nos ponemos las pilas para hacer una política criminal dura o ellos nos seguirán atropellando como sociedad. Metámosle fuerza a la decisión, pongámosle empeño a nuestra acción, hagámoslo por nuestra juventud, hagámoslo por nuestra sociedad. Hagamos valer el Estado mexicano, la delincuencia nunca puede estar por encima de la ley, nunca puede estar por encima de las instituciones. Sí, es una política pública de aumento de penalidad. Yo les platico brevemente una experiencia. En Chihuahua vivimos un tiempo de inseguridad muy fuerte y teníamos el secuestro y la extorsión de manera brutal y trabajamos en el Congreso de Chihuahua y establecimos penalidades severas para el secuestro, la extorsión, el homicidio contra policías y esa penalidad la establecimos en prisión vitalicia que se creó en aquél entonces, después hubo una reforma y esa facultad de penalidades en el secuestro se la dieron a la legislatura federal y se modificaron estas penas y no pueden llegar hasta más de 70 años, pero ese mensaje que dimos a la delincuencia fue claro y nos permitió bajar los índices de inseguridad. Hoy vivimos este fenómeno de manera fuerte, de manera ejemplar en el país y debemos de actuar también nosotros de manera ejemplar aumentando esta penalidad y debemos darles un mensaje claro a los delincuentes, no pueden ellos tener más fuerza que el Estado mexicano. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.