LA DIP. MARIA CRUZ MARTINEZ COLIN: Con su permiso, Presidente. Compañeros y compañeras legisladores: Los legisladores del Partido Acción Nacional nos pronunciamos a favor del dictamen de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. La sociedad civil organizada de nuestro país ha adquirido en las dos últimas décadas una enorme importancia. Su resurgimiento responde a distintos fenómenos políticos y sociales como redefinir los alcances y límites de las esferas de estado y de la sociedad civil por la emergencia de nuevos actores y movimientos sociales que iniciaron actividades que habían sido exclusivas del gobierno. Hoy la sociedad civil se concibe como el espacio de la vida social organizada que es voluntariamente autogenerada, independiente y autónoma de Estado. La defensa histórica de Acción Nacional ha hecho de la sociedad civil que se pone hoy más que nunca de manifiesto porque solamente en un gobierno con un acendrado compromiso social es posible una sociedad civil fuerte y comprometida con valores como la libertad, la democracia y la transparencia. De ahí, nuestro decidido voto a favor del dictamen que hoy se somete al Pleno de esta soberanía porque estamos convencidos de que este ordenamiento jurídico legitimará y fomentará la actuación de la sociedad civil en su relación con el ámbito gubernamental. Con esta ley que hoy votaremos, México se suma a los países que cuentan con legislación que fomenta la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Hoy, gobierno y sociedad civil encuentran caminos que confluyen en una acción pública, articulada y transparente que no busca el sometimiento de éstas y que por el contrario establece un marco que promueve y fortalece sus actividades. Hoy, el gobierno y la sociedad civil se reconocen como actores corresponsables en el ámbito de lo público, por ello el patrimonialismo de la acción pública por parte del gobierno, ha cerrado un largo ciclo para abrir paso a que la sociedad sea parte fundamental de la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas para alcanzar las metas del desarrollo social-integral a las que aspiramos como nación. De los aspectos más relevantes que integra esta ley, queremos destacar que establece las bases sobre las cuales la administración pública federal fomentará las actividades de bienestar y desarrollo humano que realicen las organizaciones de la sociedad civil, quedando fuera de los beneficios de esta ley aquellas que tengan fines de lucro y las que realicen proselitismo político, partidista o religioso. Es claro que hoy se busca una acción pública más eficiente y eficaz en donde los actores responsables de la misma garanticen el cumplimiento de metas y objetivos. Por ello se señalan expresamente los derechos y las obligaciones de las organizaciones civiles, particularmente la sujeción de éstas a las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la materia cuando reciban recursos públicos federales. Esto garantizará que los recursos públicos canalizados a esas organizaciones, tengan el impacto social deseado y se transparente la aplicación de los recursos y acciones para seguir realizando sus actividades. Asimismo, se crea el registro de las organizaciones de la sociedad civil, el cual estará a cargo de una Comisión Intersecretarial que se integrará con representantes de diversas dependencias de la administración pública federal, determinándose los requisitos que deberán cumplir las organizaciones para poder ser inscritas en dicho registro y las causas por las cuales se puede negar la inscripción. En esta nueva ley también se propone un sistema de información de registro que funcionará mediante una base de datos que contendrá la información sobre las organizaciones, la cual estará disponible para las mismas y para cualquier persona en términos de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con la creación del Consejo Técnico Consultivo, se busca tener un órgano que proponga, opine y emita recomendaciones respecto de la administración y operación del registro buscando siempre su óptimo funcionamiento, el cual se integra mayoritariamente por representantes de las organizaciones civiles. Finalmente, se contempla un capítulo que señala las infracciones, sanciones y medios de impugnación, lo que permitirá tener la certidumbre de que las organizaciones civiles que no cumplan con las obligaciones que establece la ley, serán sancionadas en los términos de la misma. Lo anterior, es una muestra clara de la voluntad que existe en la sociedad civil organizada por transparentar sus acciones y cumplir con lo que esta ley les imponte. Compañeros y compañeras legisladores: hoy, el Partido Acción Nacional pedimos su voto esta ley, ya que esto nos llevará a dar un paso tan importante a lo que ha estado esperando nuestro México. Muchas gracias. -