La diputada Ana Karina Rojo Pimentel: Compañeras y compañeros legisladores, no es un decreto presidencial, es un mandato del pueblo, lo exige. Se llegó el tiempo de dignificar la política en nuestro país. Se terminó el tiempo donde los representantes populares se hacían ricos con el erario público. Las carencias de las cuales hablaba el diputado Pablo, no es por sí mismo del país, sino de los gobiernos anteriores que se robaron todas las riquezas de nuestro país, porque nuestro país y nuestra gente es de un pueblo que trabaja, que sabe labrar la tierra, que sabe que tiene mares, que es rico, pero los gobiernos anteriores se enriquecieron y se terminó esa parte. Hoy estamos discutiendo una reforma de tal envergadura que significa dar marcha atrás a la política deliberada de hacer del gobierno un simple medio de enriquecimiento privado, por encima de la búsqueda del bienestar colectivo. Con la presente ley refrendamos nuestro compromiso por acabar con el despilfarro de recursos que han significado el desorden generado en la administración pública federal, por la existencia de publicidad, de funciones dentro de las diferentes Secretarías y entre ellas mismas. Así como la creación de toda una infraestructura que se ha desarrollado con el único propósito de complacer las excentricidades de diversos funcionarios públicos de alto nivel. Las cuales nunca tuvieron una justificación operativa para el desempeño de sus funciones. Terminar con los privilegios de la alta burocracia se presenta como un asunto de sentido común. Dejemos de generar los incentivos equivocados, erradiquemos de una vez y para siempre la práctica perversa de ver a los recursos públicos como un botín privado. Con esta ley damos respuesta a las demandas de la ciudadanía para que en el ejercicio de sus funciones ningún servidor público utilice los recursos favorablemente. Por eso esta ley es muy clara en señalar que el ámbito del Poder Ejecutivo federal se termina con las asignaciones de chofer a todos los servidores públicos, así como el nuevo personal que tenga una plena justificación de su incorporación para el desempeño de funciones sustantivas. Con este precepto combatimos la vieja práctica de poner a disposición de los altos funcionarios personal que adscrito a dependencias gubernamentales termina desempeñando las labores que giran exclusivamente sobre el entorno personal de sus jefes. No toleraremos más esta práctica. El servicio público es para servir a la nación, no para servirse a sí mismo. Hoy lo que estamos haciendo es dar mayor claridad al ordenamiento que debe instrumentarse para hacer de la austeridad una práctica cotidiana en todas las instituciones del estado de México. No significa disminuir al Estado y que este deje de atender sus mandatos constitucionales en aras de favorecer la mercantilización de los derechos sociales. Todo lo contrario, se trata de mejorar la administración pública, demostrar a la sociedad que el sector público no es eficiente solo porque no persigue fines de lucro. Se trata de reivindicar la labor de todos quienes desempeñamos una tarea dentro del gobierno y de la institucionalidad. La eficiencia que siempre tuvo que privar en el ejercicio de los recursos públicos. Esta importante herramienta nos permitirá mostrar a la sociedad mexicana que la administración pública sí es eficiente, siempre y cuando se busque el interés público por encima de los intereses personales. Con ello lograremos generar la confianza necesaria que nos permita emprender cambios de mayor envergadura en un futuro cercano. La sociedad en general ya no verá más la administración pública como ineficiente, generadora de trabas y obstáculos. La implementación de esta ley hará que el servicio público, efectivamente, esté al servicio del pueblo de México. Es cuanto, diputada presidenta.