La diputada Abril Alcalá Padilla: Son su venia, diputada presidenta. Ante la demandad desesperada y permanente de la ciudadanía por que las autoridades les garanticen una vida libre de violencia y sin miedo, y ante crímenes cada vez más atroces contra mujeres y niñas, que los últimos meses han saturado nuestra cotidianeidad, la respuesta del señor presidente sigue siendo: Yo no fui, fue Teté, y no se me distraigan de la rifa del avión. En lugar de apoyar decididamente una protesta legítima a favor de la vida y la paz, insiste en desvirtuar una lucha que, si bien visibiliza todas las violencias contra niñas y mujeres, va más allá del género, la edad y cualquier otra diferencia. Hoy nuestras familias viven en alerta constante, temerosas de que cada uno de sus miembros regrese sano a casa, y eso merece toda nuestra atención y energía. Es una lucha contra el odio, contra la polarización social que se ha convertido en el modus operandi, desgraciadamente, de esta administración y que solo nos deja mucho más vulnerables ante criminales y locos. Es por eso, diputados y diputadas, que, si al Ejecutivo se le olvida la fecha en que México reclama protección para toda madre, toda hija, toda hermana, esposa, etcétera, el Legislativo debe de intervenir urgentemente. Sin embargo, resulta que hasta el día de hoy el artículo 73 constitucional no nos faculta aún para legislar en materia de feminicidios, por lo que vengo a presentar una iniciativa de reforma constitucional para dotar al H. Congreso de la Unión de la competencia necesaria para contribuir a erradicar este mal que una a una está destruyendo a México. Si el Estado no es capaz de proteger a sus ciudadanos, su función fundamental carece de todo sentido. Esto es regresar al estado de naturaleza hobbesiano de todos contra todos, donde la ley del más fuerte y además del más cruel se impone por encima de los demás. Es un hecho que en el mundo ya han empezado a vernos como un país inmerso en la barbarie, y es trágico que por momentos esto se ha vuelto una realidad. Por eso, ninguna autoridad de cualquier orden, jerarquía o competencia puede evadirse del tema. Es nuestro deber, nuestra obligación y yo diría hasta nuestro privilegio y gran oportunidad, darle valor real y razón de ser a estas curules. Necesitamos combatir, erradicar, prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres y la violencia en general contra mexicanos y mexicanas. Esa es la demanda hoy número uno de todos los ciudadanos que aquí representamos. ¿De qué nos sirve tener un Estado incapaz de proteger a una chiquita de la violencia o de la perversión mental de monstruos que han perdido la más mínima humanidad? Hoy nos toca enfrentarnos específicamente al fenómeno de los asesinatos por razón de género contra chiquitas y mujeres, pero nuestro reto es mucho más amplio. Si bien es cierto que una ley por sí sola no resuelve una problemática por arte de magia, sí dota a las autoridades encargadas de perseguir dichos delitos con las herramientas necesarias y el mandato que implica la representación ciudadana, para prevenir tremendo mal. Lo que propongo el día de hoy es que nos dotemos de la capacidad constitucional necesaria para que legislemos en materia de feminicidios y podamos así analizar, tanto en comisiones como en el pleno, iniciativas que ya han sido presentadas, como la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar el Delito de Feminicidio, inscrita por compañeras diputadas del Partido Acción Nacional, y muchas otras iniciativas de todos los partidos políticos aquí representados, que son muy dignas de analizarse. Además, por si fuera poco, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de la ONU, de la cual México forma parte, evidentemente, nos señala una ruta precisa, atender las causas estructurales de la violencia contra las mujeres y niñas desde sus raíces. Es decir, tenemos que analizar, proponer y legislar acerca de temas diversos, desde los protocolos para saber qué están haciendo bien o mal nuestras policías, qué pasa con los tiempos que transcurren cuando se reporta la desaparición de alguna mujer o niña, quién y cómo se integran las carpetas de investigación, cómo podemos capacitar a nuestros policías en materia de género, quiénes atienden a las víctimas y a sus familias, quién comunica la información, cómo puede colaborar la sociedad civil sin entorpecer las labores policiacas, qué hacen nuestros ministerios públicos, las fiscalías y los jueces, qué podemos hacer en materia de prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los anexos, que incluso hablan de pornografía infantil, trata de personas, violencia familiar o secuestro. Como verán, señoras y señores, tenemos muchísimos temas que discutir, analizar y legislar y hoy lo vamos a hacer por 976 mujeres y niñas que durante 2019 perdieron la vida, 976 familias destruidas para siempre, que se agregan a las 891 víctimas de 2018, las 741 de 2017 o las 602 de 2016, largos etcéteras. Padres, hermanos, hijos, esposos, hoy lloran su pérdida irreparable, esto tiene que terminar...