El diputado José Porfirio Alarcón Hernández: Con su venia señor presidente. La iniciativa que ahora voy a presentar aquí ante este Pleno, ha sido publicada ya en la Gaceta Parlamentaria el 29 de septiembre del año en curso. En este contexto y por economía de tiempo, por economía procesal, me voy a permitir expresar ante esta soberanía las partes más importantes de esta iniciativa. Acudo pues a esta Honorable Soberanía a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para derogar los artículos 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y el 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, con base en la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Los legisladores debemos de sensibles a los reclamos de la sociedad y proponer iniciativas que tengan por objeto satisfacer esos reclamos para que alcanzando el consenso de la mayoría puedan convertirse en ley. Nuestras leyes deben ser claras, justas, objetivas, entre otros atributos pero sobre todo deben ser plenas de actualidad. Con ese propósito pongo a su consideración la presente iniciativa que tienen por objeto derogar los artículos 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y el 113 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, haciendo eco de la resolución de la acción de inconstitucionalidad número 20/2003 del 19 de septiembre del presente año, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El criterio de los ocho ministros que votaron a favor de declarar inconstitucional el arraigo domiciliario, coincide con la opinión de la mayoría de los académicos, maestros y doctores en derecho, abogados litigantes sobre todo en materia penal, con articulistas editoriales, con colegios y asociaciones de abogados de todo el país. Al hacer el análisis de nuestros ordenamientos penales federales, advertimos que en el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, se dispone el arraigo sin señalar si éste es domiciliario o no. Es decir, no fija el lugar donde éste se va a efectuar. Mientras que en el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales se establecen dos figuras: el arraigo domiciliario y la prohibición de abandonar una demarcación geográfica. El arraigo es una medida cautelar o precautoria no contemplada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sí la dispone en la mayoría de los códigos procesales penales de los Estados de la República, nuestro Código Penal Federal y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Esta medida cautelar no sólo es inconstitucional sino anticonstitucional. El arraigo es además innecesario porque la Constitución ya señala las formas en que una persona puede ser detenida. Seguramente habrá quienes piensen que si se derogan los artículos sobre el arraigo de ambas leyes mencionadas, se estará quitando a la autoridad uno de los elementos jurídicos para combatir la criminalidad pero no se pueden combatir los delitos con disposiciones anticonstitucionales. Dudo que alguien presente una iniciativa que proponga darle rango constitucional al llamado arraigo domiciliario, que en realidad no es domiciliario porque equivaldría a cancelar lo que disponen los artículos 11, 14, 16, 19, 20 y 21 constitucionales. En el artículo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, no se establece siquiera que sea en el domicilio del inculpado, es decir que puede ser en el lugar que al Ministerio Público se le ocurra sin ninguna limitación. Y lo peor es que puede ser hasta de noventa días. El arraigo en sus dos modalidades: domiciliario y no domiciliario, nunca debió de haberse autorizado pues en su esencia viola garantías individuales y ha servido como instrumento de las procuradurías de justicia del país para privar la libertad indiscriminadamente a personas de las que no se tiene la seguridad que hayan cometido algún delito, grave o no grave, siendo que la Constitución sólo autoriza la detención de personas en delitos graves y en casos urgentes. A los arraigados se les priva de su libertad, sin importar que se rebasen los términos que nuestra ley fundamental señala. Los mexicanos arraigados están en igual situación que los presos de la cárcel de Abougth Griff (?)en Irak o de Guantánamo. Ni se ejercita acción penal contra ellos, ni se les deja en libertad. Tener arraigada a una persona no es la única ni la mejor manera de investigar su posible participación en la comisión de un delito. No estamos en contra de la prohibición de abandonar una demarcación geográfica o jurisdiccional sin la autorización de la autoridad judicial, pero en estos casos deberá implementarse el uso de instrumentos tecnológicos, como las pulseras cibernéticas que permiten la localización inmediata a través de un satélite. Una iniciativa en este sentido contará con nuestra simpatía. A nuestro modo de ver hay dos caminos para impedir los efectos del arraigo: el primero es la obtención de un amparo contra su posible aplicación o su aplicación, pero esto sólo beneficiará al o los particulares que, por medio de un abogado lo soliciten. El otro camino, más directo, más eficaz que evitaría todas las demandas de amparo y la violación a las garantías individuales de libertad, es la derogación de los artículos multicitados. De aquí expreso mi petición a todos los integrantes de esta honorable LIX legislatura para que hagamos las reformas necesarias para que no sigamos, de algún modo, siendo cómplices de la arbitrariedad. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone, 1. Se derogue el artículo 12 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 2. Se derogue el artículo 133 bis del Código Federal de Procedimientos Penales, para quedar como sigue: Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, artículo 12, se deroga. Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 133. Se deroga Artículo transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor el siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente, Palacio de San Lázaro, octubre de 2005. Muchas gracias. Gracias a la presidencia.