El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, Presidenta. Según la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas en Desapariciones Forzadas, se entiende como desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación ilegal de la libertad, que sean obra de agentes del Estado, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación de libertad, o de ocultamiento, de la suerte, o paradero de la persona desparecida sustrayéndola de la protección de la ley. En México, el caso de las desapariciones forzadas ha sido motivo de atención de diversos organismos internacionales en materia de derechos humanos, tanto de organismos de la sociedad civil internacional como de instancias de derechos humanos. En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, conmemorado el 30 de agosto, algunas de las voces con mayor trayectoria en el análisis y atención de estos hechos, como Amnistía Internacional y la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, criticaron al gobierno mexicano por la falta de claridad en las cifras que se han dado a conocer, cifras aportadas por la Secretaría de Gobernación el 22 de mayo, hablaban de 8 mil personas desaparecidas. Sin embargo, el 16 de junio, las autoridades explicaron que en realidad se trataba de 16 mil personas desaparecidas, cuando el 21 de agosto la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República anunció que el número de personas no localizadas sobre las que se presentó denuncia, suman 22 mil 322. Para Amnistía Internacional no existe ningún documento oficial que explique claramente el proceso de depuración de datos, y el por qué las cifras han variado de forma tan dramática en tan poco tiempo. Tampoco hay claridad en cuanto a las personas localizadas después de haber sido reportadas como sustraídas por la fuerza. La Alta Comisionada en esta materia, en un comunicado hizo eco de los legítimos reclamos de las familias de las víctimas que exigen verdad y justicia sobre el paradero y el destino final de sus familiares y seres queridos. Respecto a este tema, la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en particular de su presidente Raúl Plascencia, ha sido totalmente omisa. Respecto a esta situación, el doctor José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, dio a conocer que la CNDH, entre el 2006 a la fecha, sólo ha emitido 10 recomendaciones por desapariciones forzadas. Por esa razón, señoras y señores legisladores, estamos proponiendo que se exhorte a la Secretaría de Gobernación y a la Procuraduría General de la República a que se emprendan a acciones genuinas para prevenir, erradicar, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de los casos de desaparición forzada. También estamos proponiendo que se exhorte a los Congresos locales a legislar en la materia, porque esta situación es parte de la descomposición política y de seguridad pública que vive el país. Por eso nosotros discrepamos de lo que dijo el Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, el día de ayer en el Econimic Club de Nueva York en un desayuno, donde dijo que la política de seguridad y justicia en México es un éxito, y estas cifras de desapariciones forzadas confirman el fracaso de la seguridad pública en el país y el creciente número de violaciones a los derechos humanos. Por eso a nosotros nos conmueve y nos genera una amplia reprobación la lentitud de los aparatos de seguridad pública en el país. Como el día de ayer, que en Tlaquepaque a plena luz del día y con cámaras del sistema de seguridad pública fue grabado el momento en que se levantó, en que se privó de la libertad a nuestro compañero Gabriel Gómez Michel. Debe haber atención eficaz de los aparatos de seguridad pública porque, si no la hay, hay negligencia y hay complicidad. ¿De qué sirve que se gasten miles de millones de pesos en seguridad pública? ¿De qué sirve que se cuente con una Gendarmería Nacional, que ha implicado casi 6 mil millones de pesos, si tenemos estos casos como el que le costó la vida a Gabriel Gómez Michel? Por eso nosotros queremos decir que si hoy le pasó esto a un miembro de esta Cámara, del Poder Legislativo del país, qué va a pasar el día de mañana con esta descomposición política que vive el país. ¿Qué sigue? ¿Un ministro de la Corte? ¿Un juez de distrito? ¿Un alcalde de un municipio de los más importantes del país? Porque ya hay varios de municipios de menor tamaño. ¿Un gobernador? ¿Hasta dónde se quieren llevar las cosas en este país? Creemos que no sólo es la desaparición forzada, sino son las violaciones a los derechos humanos, en un país donde se catea a los niños que van a una fiesta cívica, pero que los delincuentes siguen gobernando, como en el caso de Michoacán, con La Tuta, que exhibe todas estas complicidades de medios, de gobernantes, de caciques. Basta ya de estos casos y reprobamos estos hechos que diera a conocer el diputado Monreal y que son tan lamentables de un compañero. Al margen de partidos, al margen de filias políticas está el interés superior del país. Y en este país hoy en día no hay seguridad pública ni hay derechos humanos. Es cuanto.