La diputada Aleida Alavez Ruiz: Gracias, diputado presidente. No quiero empezar este posicionamiento sin antes elevar una enérgica protesta a la mayoría de este pleno, que ayer no tuvo la sensibilidad ni la sensatez política de abordar, antes de cualquier materia, los posicionamientos partidistas en torno al aniversario de la Constitución. Seguramente las mayorías en esta Cámara rehúyen al debate sobre nuestra máxima norma jurídica, porque saben el adefesio que han construido en la lógica de sólo velar por los intereses económicos y políticos que les convienen a corto plazo y no lo que le conviene a la gente, a las mayorías sociales, a las que aguadan allá afuera un cambio que les beneficie y que ustedes no les puedan dar, porque simplemente no les importan la gente de a pie. A 97 años de haberse promulgado la Constitución, se ha transformado drásticamente los últimos 30 años, periodo que coincide con el modelo neoliberal impuesto en torno al país por el gobierno estadounidense y los organismos financieros internacionales, cuyas recetas han seguido al pie de la letra los últimos seis presidentes, consecuencias desastrosas y avasallantes. Nunca en la historia nacional el grado de dependencia y sumisión con el hegemón del norte había sido tan intenso, ni siquiera como ya lo dijo el diputado Durazo, en la época de Santa Anna. Si bien es cierto que la etapa formativa del Estado mexicano pos revolucionario requirió de algunos ajustes en el marco constitucional, que le dotaran del sentido social a la Constitución, incluyendo aquellas valientes etapas emprendidas por el general Lázaro Cárdenas para afianzar nuestra soberanía, fortalecer nuestra neutralidad en el mundo, conservar y proteger los recursos naturales, dignificar la educación pública y la nacionalización de los hidrocarburos y la energía eléctrica, las reformas neoliberales de los últimos años han implicado un retroceso. En la época neoliberal se ha perdido soberanía, se ha privatizado todo lo logrado en el proceso revolucionario. Se adelgazó la función del Estado a mero administrador de las grandes compañías nacionales y extranjeras. Se flexibiliza la jornada laboral, se bursatiliza la seguridad social, se pulveriza la canasta básica y entre más desolación se ensancha la brecha entre la riqueza de unos cuantos y la pobreza de millones. El capital, en su laberinto, requiere indiscutiblemente de un parlamento a modo, para cometer sus fechorías con la ayuda de grupos conservadores y los indefinidos del centro. Por eso la izquierda tiene una función fundamental para poner freno a lo que ha ido pretendiendo, y que a pesar de algunos casos lo han logrado, pero no ha sido automático. Cabe recordar que la izquierda sabe resistir y persistir en sus demandas y siempre la función social del Estado será su razón. Las ganancias que podríamos distinguir de este proceso reformador ni siquiera tienen origen en nuestro país sino que provienen de mandatos internacionales, fundamentalmente en el tema de los derechos humanos. De ahí han surgido los derechos humanos y garantías constitucionales en materia de no discriminación, pueblos indígenas, medio ambiente, agua, alimentación, cultura, vivienda y salud, entre otros. Así como los temas políticos, como aquellos impulsados desde los partidos de izquierda, sobre la democratización del país, la estructura y representatividad de las cámaras, los derechos sociales y la equidad de género, entre otras. Pero las pérdidas del parchado constitucional o pequeño Frankenstein logrado desde el poder son enormes. En materia territorial existen mecanismos de defensa de nuestras fronteras y resguardo de la soberanía nacional. Sin embargo, los intereses neoliberales y los presidentes en turno diseñaron una estrategia en los primeros años del Tratado de Libre Comercio para suscribir un tratado de límites que beneficia solo a Estados Unidos y en el que cede soberanía por los dos mares. En el Océano Pacífico se perdieron las islas Archipiélago del Norte, con todas sus riquezas del subsuelo. Y en el Golfo se hizo desaparecer un atolón que nos otorgaba mayores límites que incluían las reservas petroleras de los hoyos de dona que hoy lamentablemente compartimos con el vecino del norte. En materia de federalismo la lógica va en sentido inverso. Cada vez más se establecen disposiciones constitucionales que entienden al centralismo, al control de la soberanía y la autonomía estatal y la libertad municipal. El nuevo Instituto Nacional de Elecciones, las reformas educativas, laboral y de telecomunicaciones son solo unos ejemplos de ello. El presidencialismo tiene cada vez más facultades, se le sigue viendo como virrey en la colonia del prianismo. No existe diálogo entre Poderes, porque se instaura como la voz suprema a la que debe rendirle pleitesía, cuando en realidad ese presidencialismo ya no está en una sola persona, como se le quiere ver, sino que gobierna por un puñado de hombres de negocios, que cuidan sus intereses por encima de la sociedad mexicana. En el caso de la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28 en materia energética, se perpetró el mayor de los robos a los mexicanos, con base en un desaseo legislativo que nos debe avergonzar a todos. La ruindad, la ventaja y la alevosía, con la que un puñado de mexicanos actuó contra los intereses de la nación son una muestra de la imposición y la intolerancia que se impone en estos tiempos en nuestro país. Que la historia los juzgue. Que las historias que aquí se van escribiendo se vayan juzgando día a día, por las decisiones tan absurdas o triviales que están tomando. ¿Y quién más que la consulta popular, que sea el árbitro más idóneo para este juicio? La respuesta para esto es una consulta popular. Ni más ni menos. Nos lastima ver que México no tiene rumbo, vivimos en la incertidumbre, impera la impunidad, la corrupción, la inseguridad, el miedo y la desconfianza. El desempleo aumenta y la seguridad disminuye. Mientras que la pobreza crece, el campo está en un rezago crónico, sus pobladores sumidos en la miseria, sin cobertura de programas sociales y mucho menos apoyo productivo. Es parte de la lógica neoliberal que quiere pulverizar a la gente del campo, para convertirlos en maquiladores, en comerciantes de calle, en migrantes urbanos y quitarles sus tierras. Hoy tenemos una constitución pervertida por las administraciones que han gobernado a nuestro país. Las reformas promovidas por estas convergen en un México indefenso, que carece de necesidades básicas. Estas reformas responden sólo al escueto programa sexenal, a los intereses de los grandes capitales, a las aspiraciones del presidente en turno y no al contexto social. En este sentido, el Partido de la Revolución Democrática plantea que México debe reestructurarse, con el propósito de reorganizar a las instituciones políticas la reestructura debe hacerse comenzando por el texto constitucional. Compañeras y compañeros diputados, México requiere de una refundación constitucional, que devuelva el espíritu de la Revolución Mexicana. Una Constitución que garantice el bienestar social, que eleve la calidad de vida de los mexicanos y encause el régimen político hacia una verdadera democracia representativa y participativa. Una refundación constitucional que devuelva el reconocimiento, el respeto y la confianza a las instituciones políticas, al tiempo que fortalezca la soberanía y proteja los recursos naturales: el territorio, las aguas, el subsuelo y el espacio interior. Una refundación constitucional que promueva el desarrollo económico desde una perspectiva social, que recupere la esencia ideológica, el espíritu nacionalista y el sentido social, perdidos por las reformas realizadas. Una refundación constitucional que propicie la inversión en salud, educación, ciencia y tecnología, e impulsar el desarrollo de los actores primario, secundario y terciario. Pero también que promueva la creación de empleos de calidad en la economía formal. La productividad que redunde en mejores salarios. Promoción de la libertad, democracia y transparencia sindicales, así como la modernización de la impartición de justicia laboral. La refundación constitucional debe basarse también en el reconocimiento pluricultural de la nación y las relaciones interculturales. No sólo de los pueblos indígenas y sus comunidades, sino también de todo el mosaico cultural de nuestra nación. En la construcción de una nueva realidad constitucional debemos apostarle a la filosofía del buen vivir, en el sentido de que lo más importante es compartir y no competir, vivir adecuadamente en comunidad, en hermandad y especialmente en complementariedad, en armonía entre humanos y la naturaleza, respetando las diferencias entre culturas y cosmovisiones, aspirando a la satisfacción plena de necesidades objetivas y subjetivas de las personas y pueblos sin ninguna forma de explotación. Sostenemos que es necesario iniciar con este proceso refundacional de la Constitución. La transformación se requiere del régimen político a otro más popular y plenamente democrático. El PRD apela al proceso que dio origen a la democracia para hacer un llamado al pueblo, para que juntos y organizados defendamos a la nación y establezcamos un mecanismo amplio participativo, transparente y democrático hacia la refundación constitucional que tanto requerimos en los días por venir. Con este proceso se busca suplir las deficiencias de la actual normatividad y eliminar la embestidura omnímoda de las autoridades para atribuirse poderes para todo. Asimismo, se clarifican los preceptos sociales y se eliminarán las reformas que sólo han beneficiado a una minoría. La voluntad es la que hará posible el cambio. México debe dejar atrás el conformismo y la apatía. Hoy más que nunca la izquierda mexicana tiene la convicción de que sí hay de otra, sí podemos lograr un México próspero y seguro, en paz, posibilitar las condiciones para vivir en dignidad, con amplias libertades e igualdad. Iniciemos entonces el nuevo rumbo del México del siglo XXI, que nos aguarda a partir de la refundación constitucional. Sí hay de otra para México. Gracias.