El diputado Antonio Ortega Martínez: Hoy nos encontramos ejerciendo una de las más delicadas atribuciones que tiene la Cámara de Diputados, en circunstancias que, por decirlo menos, resultan las menos adecuadas para el efecto. Nos encontramos durante un proceso electoral, a unas semanas de la realización de la elección. En el último día de ejercicio del segundo periodo de sesiones del tercer año legislativo. En medio de un enrarecido clima social debido a la grave confrontación que sufre la sociedad mexicana. Estas, sin lugar a dudas, no pueden ser las condiciones ideales para llevar a cabo una función jurisdiccional, que requiere que todas y todos quienes hoy emitiremos un voto gocemos de autonomía e independencia para valorar lo que el imputador e imputado ponen a nuestra consideración. El Estado mexicano, como ente de derecho democrático, social y constitucional, a través de su división de poderes ha dispuesto que sea la Cámara de Diputados la que inicie el juicio de procedencia y, en este, el diálogo y la transparencia, el imperio de la ley y la justicia a la que aspiramos, constituyen las premisas fundamentales que deben regir nuestras labores jurisdiccionales. Este es procedimiento que puede ser objeto de múltiples interpretaciones, ya que las deficiencias legales existentes son las que han permitido la impunidad que durante décadas ha caracterizado la actuación de las y los funcionarios públicos mexicanos, y que por desgracia sigue siendo la regla de todos los días. En nuestro país la justicia es selectiva y la exigencia de responsabilidad es discrecional. Por lo que no vivimos en un Estado de excepción, pero tampoco en un Estado de derecho sin excepción, lo cual genera y potencializa la impunidad. Hoy veremos cómo la justicia a modo de Morena y sus aliados condenarán a sus opositores, pero protegerán a sus allegados. Debemos decir con claridad que el teatro que ha armado la mayoría en este asunto es lamentable. Desde la trasmisión pública de sesiones en la Sección Instructora, que constitucionalmente deben de ser reservadas, la sustitución de sus integrantes para asegurar la mayoría y la omisión del cumplimiento de los plazos, todo ello para garantizar el linchamiento político de un gobernador de oposición, de frente a una debacle electoral cuya cercanía pone nerviosa a la hoy mayoría que, después del 6 de junio, estamos seguros dejará de serlo. Debemos ser claros, el Grupo Parlamentario del PRD luchará y promoverá siempre y en todas las circunstancias que las y los funcionarios rindan cuentas de sus actos, sin embargo, le decimos a Morena que la mejor manera de garantizar la impunidad es el armado de un tinglado que aparentemente combata a la corrupción de frente a la opinión pública nacional e internacional, pero que únicamente tiene como objetivo el asegurar que a ningún funcionario público a fin a sus intereses se le pueda sancionar por sus conductas ilícitas. De otra manera, hoy hubiéramos desahogado primero el procedimiento en contra del senador morenista Cruz Pérez, solicitado dos meses antes del que hoy nos ocupa por la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua y para quien se promoverá, sin duda, un dictamen a modo, aduciendo que las pruebas son impertinentes e innecesarias. Y no podemos dejar de mencionar la solicitud de la Fiscalía General de la Ciudad de México, presentada desde el mes de enero para el desafuero del diputado Toledo, hoy aliado de esta falaz mayoría y para el cual ni siquiera tenemos una fecha tentativa para su resolución. Estamos ante una espada de Damocles, que lo mismo puede proteger a los amigos que castigar a los enemigos. Justicia selectiva que no es justicia. En el Grupo Parlamentario del PRD creemos fehacientemente en que la lucha contra la corrupción y la impunidad es una tarea pendiente del Estado mexicano, a pesar del encendido discurso presidencial. Sin embargo, el procedimiento de desafuero no es una declaración intrínseca de culpabilidad, como ya lo dijo la diputada que me antecedió. El juicio de procedencia no prejuzga sobre la responsabilidad del funcionario, sino que lo pone a disposición de las autoridades a quienes sí les corresponde esta tarea, sin embargo, no nos exime del cumplimiento de los principios fundamentales del proceso penal, es por ello que estamos convencidos y convencidas de que la suya es una lucha contra la corrupción ficticia, fraudulenta y engañosa, de otra manera debieran poner en funcionamiento el Sistema Nacional Anticorrupción, que sin duda pondría tras las rejas a muchos Ackerman, Pío López Obrador, San Juanas o Anas Guevaras. El gobierno de la cuarta que hoy nos gobierna ha dado muestras fehacientes de la protección a la corrupción que promueve para sus amigos y el yugo persecutor para quienes osan alzar la voz y oponerse a sus designios. Hoy seremos testigos en esta Cámara de un drama ilegítimo, revestido de legalidad, adornado con un florido lenguaje de leguleyos. Pablo Gómez y su séquito en la Sección Instructora han tenido una actuación tan vergonzosa como la que tuvieron el juez y los magistrados que por consigna lo procesaron junto a otros luchadores legítimos en el 68. Estamos seguras y seguros que uno de los principales problemas en nuestro país, la impunidad, debe ser combatido con la fuerza de las instituciones, sin embargo, no será con la violación de los procedimientos, de los derechos procesales del imputado, de la normatividad de esta Cámara o el marco jurídico general que como mexicanos nos hemos dado, y que podremos superar una crisis como la que hoy vivimos. La impunidad será combatida con efectividad el día que la Fiscalía General de la República ejerza su autonomía. La impunidad será erradicada cuando las malas prácticas en el servicio público sean castigadas...