El diputado Jorge Triana Tena: Con el permiso de la Presidencia. Los programas sociales no deben ser medidos por sus intenciones, deben ser medidos por sus resultados, si no, pierden completamente el sentido de su existencia. Creo que es el problema al que nos estamos enfrentando en este momento. Estos programas sociales ya han sido elevados a rango constitucional desde el año 2020 para favorecer a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad a través de transferencias directas, pero se están evaluando de manera incorrecta por la intención que se tiene, porque los resultados no han sido los adecuados. Me explico. Tuvimos en el año 2020 también un año para el olvido, donde la pandemia nos obligaba a tomar medidas diferentes a las que estábamos tomando y no conformarnos con estos programas sociales. Nos obligaba a tomar lo que se llama medidas contracíclicas, incentivos fiscales a las micro y pequeñas empresas, a las empresas de barrio, a las empresas de carácter rural, a las pequeñas empresas que emplean entre 7 y 2 personas. Exentarles impuestos, prorrogarles el pago de sus deudas, exentarles el pago de luz, de predial, etcétera, y no lo hicimos. De hecho, México fue el país que en el año 2020 otorgó menos incentivos para que no se perdieran empleos en el planeta Tierra. Somos, vergonzosamente, el segundo lugar en la tabla, de abajo para arriba, el país que menos medidas contracíclicas tomó con respecto a nuestro producto interno bruto, solamente debajo de Uganda. Apenas destinamos el 0.3% del producto interno bruto a paliar los efectos de la pandemia, mientras otros países, no hablemos de Europa o de Norteamérica, sino de Latinoamérica, obsequiaron más del 16 por ciento. Por eso, 1.6 millones de empresas quebraron en nuestro país, arrojando al desempleo a otro tanto de manera injusta, por eso 15 millones de personas en este momento están en la informalidad y no tienen un ingreso fijo, por eso hay 4 millones de nuevos pobres en este país. Si a esto le sumamos el retiro de programas que realmente funcionaban como, por ejemplo, el seguro de desempleo, bueno, pues tenemos a 15 millones de familias en nuestro país que no tienen seguridad social a partir de este año 2020. 55.7 millones de pobres que su único medio de subsistencia son estos programas sociales que obsequia el gobierno, pero no de manera casual, porque devienen de los impuestos de los ciudadanos y nos parece que es un tema de bien común que hay que atender. Por eso estamos a favor de esta reforma al artículo 4o. constitucional para que no puedan ser sujetos de embargo, no puedan ser sujetos de que se retiren estos recursos por parte de instituciones financieras sin que medie primero un juicio justo y adecuado a las condiciones económicas de cada una de las familias. Que el recurso emanado de estos programas sociales, que son la única fuente de ingresos de las familias más pobres de nuestro país a consecuencia de que no hubo estas medidas contracíclicas, no vaya a ser tomado o retenido por absolutamente nadie, incluyendo el propio gobierno. Estamos convencidos de que el mejor programa social que puede haber, es un empleo bien pagado, bien remunerado, pero no hay las condiciones para que esto se lleve a cabo a consecuencia de la omisión gubernamental de no tomar estas medidas. Mientras tanto, seguiremos apoyando que este coletazo de consecuencias de la pandemia se siga atendiendo de manera correcta sin injusticias, por eso votaremos a favor esta reforma que lo que pretende de manera muy noble es evitar que se embarguen estos recursos emanados, insisto, de los impuestos de todos los mexicanos. Muchas gracias, es cuanto.