El diputado Adolfo Orive Bellinger: Ciudadano secretario de Hacienda y Crédito Público, compañeras legisladoras y compañeros diputados. El presidente de la república expresó en el mensaje del 2 de septiembre, su compromiso para impulsar con decisión los cambios de fondo que necesita el país, que no sólo venía a administrar, sino a transformar a México, y que había dos opciones, mantener la inercia o emprender cambios de fondo. Las disposiciones de la reforma hacendaria en materia de impuestos por transacciones bursátiles, eliminación de la consolidación fiscal, incremento progresivo del impuesto sobre la renta, solicitud de incremento de déficit fiscal, eliminación del IETU y el IDE y el mantenimiento de los alimentos y medicinas sin IVA, expresa la voluntad transformadora del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el programa para democratizar la productividad, que elaboraron técnicos de la Secretaría de Hacienda, no garantiza la transformación de la economía y muy probablemente tampoco el incremento de su productividad. En contraposición a lo ofrecido por el presidente, mantiene la inercia de los últimos 30 años y por lo tanto nos augura mayor desindustrialización, extranjerización, estancamiento económico, desempleo y más pobreza. En cambio, aquí en la Cámara de Diputados, la Comisión de Competitividad elaboró una iniciativa de ley, que de aprobarse y aplicarse transformará la economía, se trata de la Ley Reglamentaria de los Artículos 25 y 26 constitucionales en materia de competitividad, suscrita por diputados de 5 partidos, incluyendo los tres mayores y respaldada por agentes económicos representados por sus principales cámaras y confederaciones, así como por decenas de especialistas de universidades públicas y privadas, e incluso, por destacados funcionarios públicos del ámbito económico. El programa para democratizar la productividad de la Secretaría de Hacienda es un programa semejante a los de estos 30 años, porque olvida que para lograr el cambio estructural de la economía es indispensable la formación de emprendedores que tomen decisiones diferentes a las que han venido tomando hasta ahora, en materia de inversión, de desarrollo tecnológico, de formas de organizar los procesos de producción y de distribución. Ser un emprendedor diferente no significa liberar el potencial del empresario actual, como lo plantea el programa de Hacienda. Significa que se transforme el empresario en emprendedor, para que cambie el tipo de decisiones que toma. Para que esto suceda y por lo tanto para que la productividad crezca, no basta con crear condiciones ni eliminar obstáculos existentes, como lo plantea el programa de la Secretaría de Hacienda. Es ineludible que el Estado ejerza la rectoría de un nuevo tipo de desarrollo económico y para ello se coordine con los sectores privado, social y la academia y consensue con ellos una política industrial. Corea, Chile y China no sólo crearon condiciones y eliminaron obstáculos, como lo propone el programa de Hacienda, sino que sobre todo, aplicaron una política industrial, acordada conjuntamente por el Estado y la sociedad, que cambió la estructura de la planta productiva y formó emprendedores y trabajadores con un comportamiento económico diferente. Para coordinar y evaluar las acciones del gobierno y de los sectores privado y social, es que esta Cámara de Diputados aprobó en el artículo 153 de la Ley Federal del Trabajo la constitución del Comité Nacional de Productividad, que el presidente de la república instaló y en el que convocó a todos los sectores del país a que juntos construyeran un gran acuerdo nacional a favor de la productividad. En contraste, el programa de la Secretaría de Hacienda reduce al Comité Nacional de Productividad a un simple espacio de diálogo y reflexión. En cambio, como lo plantea la iniciativa de ley reglamentaria elaborada por la Comisión de Competitividad, el Comité Nacional de Productividad debe establecer, primero, visiones comunes de una economía objetivo, no a seis años plazo, que ni siquiera las grandes empresas, efectivamente, lo hacen. Sino a 30, a 20, a 10 y 5 años plazo. Y dos, una política industrial que sea el medio para la realización de esas visiones en los diferentes sectores económicos y regiones del país. Y tres, para que no sea una política asistencial, matrices de compromiso con indicadores de resultados que sirvan para evaluar desempeños y aplicar incentivos y sanciones a todas las partes firmantes. Concebido de esta manera, el Comité Nacional de Productividad permitiría construir un nuevo contrato social basado no solamente en la competencia sino también en la colaboración como lo han demostrado todas las economías emergentes. La transformación de la economía que a los mexicanos nos urge y que el presidente de la República ha prometido, no hay forma que se realice mediante las señales de mercado, aun con el programa para democratizar la productividad de la Secretaría de Hacienda, ni tampoco solo mediante las reformas energética, fiscal y de competencia económica. La transformación requiere tanto la conducción del Comité Nacional de Productividad, presidido por el presidente de la República, con la corresponsabilidad de los sectores público, privado y social y la academia, como lo han demostrado Japón, Corea, Taiwan, china y Singapur. Como con una ley que integre a toda la economía, apuntalando a las reformas mencionadas, como es la ley reglamentaria de los artículos 25 y 26 constitucionales en materia de competitividad. El Congreso de la Unión no es tan solo un poder que toma decisiones sobre las iniciativas que envía el Ejecutivo federal. El Congreso de la Unión es un poder que genera propuestas para resolver las necesidades de los mexicanos. Por tanto, proponemos el establecimiento, a la brevedad, de una mesa de trabajo en la que integrantes de la Comisión de Competitividad y representantes del Poder Ejecutivo discutan la iniciativa de ley reglamentaria, para así garantizar que se transformará el modelo de economía prevaleciente, como lo prometió el presidente de la República y lo demandan emprendedores, trabajadores, especialistas, servidores públicos, legisladores de todos los partidos y el pueblo en general. Es cuanto, señor presidente.