El diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas: Con su permiso, presidente. El Estado tiene como objetivo fundamental la protección de la vida y la integridad de las personas. En este contexto es responsabilidad de las instituciones públicas garantizar un entorno seguro y propicio para el desarrollo de su población, basado en el respeto de los derechos humanos y en el cumplimiento de las leyes. El principio de la legalidad en su esencia significa que todas las acciones del Estado estén sujetas a ley. Ninguna autoridad, sin importar su jerarquía, puede actuar de manera arbitraria ni fuera de los límites que la norma lo establezca. En este sentido, hasta antes de la entrada en vigor de las reformas constitucionales y legales por la que se creó y reglamentó la actuación de la Guardia Nacional, no existía fundamento jurídico que facultara al titular del Ejecutivo para disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, por lo cual su uso era discrecional y tuvo como resultado graves violaciones a los derechos humanos en sexenios pasados, que no vale la pena recordar. El 2 de junio de les recordó, el pueblo de México, a esa mal llamada resistencia. Sabemos que la seguridad pública implica un compromiso largo, por lo que es necesario consolidar la Guardia Nacional y dotarla de todos los elementos de los que disponemos para que pueda hacer frente al enorme desafío de pacificar al país. Esto implica por supuesto adecuar el marco jurídico en el que se sustentan sus funciones administrativas y operativas. Por todos es conocido que el crimen organizado se ha fortalecido enormemente, que lleva a cabo acciones cada vez más violentas. Por lo que hoy, más que nunca, necesitamos al Ejército, a la Marina y a la Guardia Nacional para que nos otorgue la tranquilidad que anhelamos los mexicanos y las mexicanas. Asegurar lo contrario resultaría falso, pues nuestras Fuerzas Armadas son las instituciones más preparadas actualmente para enfrentar estas amenazas. Hoy en día los grupos criminales están involucrados en actividades como narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas, tráfico ilícito de madera, entre otros delitos de alto impacto. Estas acciones, no solo vulneran los derechos y libertades, sino que también deterioran el tejido social que, aunado al tráfico de armas, principalmente de Estados Unidos, ha intensificado la violencia en varias partes de nuestro país. Ante esta situación, el gobierno del presidente López Obrador implementó una política de seguridad enfocada en atacar las causas de la inseguridad, la protección de los derechos humanos y la profesionalización de nuestras fuerzas policiales con la Guardia Nacional, desempeñando un papel clave en la pacificación del país. Sin lugar a duda, debemos enfrentar el problema de la inseguridad sin politiquerías y entender de una vez por todas que necesitamos una institución fuerte encargada de prevenir y combatir la violencia que nos aqueja. La oposición señala que está militarizándose el país, que esta reforma es un paso más hacia una dictadura, pero evita mencionar que en muchos otros países existen instituciones similares a la Guardia Nacional, como en los Estados Unidos de América, que tanto utilizan de ejemplo, donde esta funciona como una fuerza de reserva militar que puede ser movilizada tanto a nivel estatal como federal para controlar situaciones de emergencia que superan la capacidad de las policías locales. A diferencia de nuestro país vecino del norte, nuestra Guardia Nacional se enfoca en tareas de seguridad pública, combate el crimen organizado y apoya a las autoridades locales. Su formación incluye un enfoque en derechos humanos y en el uso regulado de la fuerza y actúa como complemento a las fuerzas policías, estatales y municipales con el concurso de los titulares de los ejecutivos de los estados. Esta modificación constitucional propone la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional para que existan reglas claras en el funcionamiento de este cuerpo policial para prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades o en la extralimitación de este, en particular, en el campo de la seguridad pública. La protección de la vida y la integridad de las personas es una obligación primordial de las instituciones estatales y dicha protección solo puede realizarse plenamente cuando estas instituciones actúan en estricto apego a los principios de la legalidad y la certeza jurídica. El desafío es grande, pero también lo es nuestra convicción de lograr la pacificación de nuestro país, para que todas las mexicanas y mexicanos podamos vivir en paz. Por lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Verde seguirá siendo consistente en su actuar con la cuarta transformación y votará a favor del dictamen, pues estamos seguros de que este es el camino que debemos de seguir, hacerle frente de manera íntegra al problema de la inseguridad. Hoy soy la voz de Baja California Sur, hablo por mi gobernador, hablo por Los Cabos, por La Paz, por Comondú, Loreto y Mulegé, y soy la voz de los alcaldes electos y los que están en funciones. Y bienvenida la mano amiga de la Guardia Nacional, bienvenida la mano amiga del gobierno federal para fortalecer la tarea primordial que los ciudadanos y ciudadanas exigen de un gobierno, que es tranquilidad para sus familias. Hago un llamado a la mal llamada resistencia de nuevo...