El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos diputados: Celebro que se haya producido en la Cámara un acuerdo político para solicitar a la Suprema Corte de Justicia una investigación sobre la posible violación de los derechos humanos de una escritora Lydia Cacho, y de los elementos que se han dado alrededor del asunto, la posible confabulación de servidores públicos con el propósito de procurar impartir justicia de manera confabulada, lo cual viola la Constitución y las leyes del país. Espero también que el Senado de la República acuerde exactamente lo mismo el día de hoy y que una comisión nombrada por la Suprema Corte se aboque al esclarecimiento. Quiero sin embargo decir que espero que el resultado de esta investigación o tenga la misma suerte que aquella que se abrió en el caso de la matanza de Aguasblancas, en donde el gobernante que tuvo responsabilidad en esa violación tan terrible de los derechos humanos, solamente fue separado de su puesto por voluntad de él y bajo instrucciones del Ejecutivo Federal y nunca fue sometido a ningún procedimiento de carácter jurisdiccional. Creo yo que el estado de la impunidad es producto de la inmadurez de la democracia o de la ausencia de la misma. El estado de la impunidad es contrario a la República, recuerda los privilegios de las viejas monarquías, de los señores feudales, dueños de tierras e individuos, señores de horca y cuchillo. Tenemos ante nosotros un caso bastante claro. El gobernador da órdenes siguiendo los deseos o para satisfacer a un amigo suyo. El gobernador de Puebla no puede seguir gobernando. Puebla no merece tener un gobernador que se pueda para más de cinco años, que es lo que resta de su período constitucional, en la situación en la que está actualmente el señor Marín. ¿Quién quiere acercársele? ¿Quién quiere pactar con él? ¿Quién quiere hacer algo con él? ¿Quién quiere aparecer junto con él en algo? Yo pienso que el señor Marín, después de lo que hemos conocido, no puede seguir siendo gobernador porque perjudica a los poblanos, perjudica a la República, perjudica a la Federación. Pero pido a la Cámara, a todas las bancadas, que abramos el juicio político porque es nuestra obligación. Aquí este Poder de la Unión tiene que hacer lo que la Constitución dice que debe hacer. Si le pedimos a la Corte que investigue, por qué no habremos de hacer nosotros lo que la Constitución dice que es nuestra obligación hacer? Que se reúna la Comisión de Examen Previo, que los presidentes de las comisiones de Gobernación y de Justicia convoquen a la Comisión de Examen Previo, que la Comisión de Examen Previo resuelva que se reúna la plenaria de comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y resuelva, y si no hay mayoría, si hay empate, que resuelva el Pleno y que se turne el asunto a la Sección Instructora, que es lo que corresponde, de acuerdo con la ley; que se abra ese procedimiento, debe incoarse el procedimiento contra el gobernador Marín y este Poder de la Unión ejercer las facultades que en materia de responsabilidad política le asigna la Constitución. Renunciar a esas facultades es en sí mismo una trasgresión del texto constitucional y de los deberes que el pueblo le ha conferido al Congreso de la Unión. Muchas gracias. (Aplausos).