El diputado Francisco Adrián Castillo Morales: Muy buenas tardes. Con su venia, diputada presidenta. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados de esta honorable Cámara. Quiero aprovechar este espacio para enviar un saludo muy especial a los 12 municipios que integran el distrito 4 federal, que yo represento. Y en los cuales tenemos pueblos originarios muy importantes, como lo son los pueblos shiwí y el pueblo teenek, a quienes desde esta tribuna les envío un fraterno saludo. Mi padre es de origen indígena, de un municipio que se llama Aquismón, uno de los 20 municipios que conforman la Huasteca Potosina. Y así como mi padre fue marginado, a quien no se le dio la oportunidad de poder acceder a educación, que no tuvo la oportunidad de acceder a un espacio laboral. Y así como él, muchos pueblos originarios han sido marginados, relegados, pisoteados en su dignidad. Pero que hoy, a través de un servidor, les damos voz. Así que llevo sangre huasteca, orgulloso de mis raíces, de mi cultura y afortunado de representarlo en ésta, la Casa del Pueblo. En nuestro país habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, las cuales se organizan en 11 familias lingüísticas y que derivan en 364 variantes dialectales. Según el Inegi, 25.7 millones de personas se manifiestan como indígenas, 12 millones mencionan vivir en hogares indígenas y 7.4 millones de personas se encuentran registradas como hablantes de una lengua indígena, señalándose que el 43 % de los hablantes de una lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que en el 55 % se desempeñan en trabajos manuales de baja calificación. Los pueblos indígenas enfrentan problemas sustanciales de discriminación en el ejercicio de sus derechos. Una prioridad es combatir la exclusión generalizada a través de políticas públicas. Si bien existen programas que atienden exclusivamente a los habitantes de comunidades indígenas, es esencial atender las omisiones que obstaculizan la interacción entre comunidades y las dependencias de gobierno. La ubicación física de las dependencias de gobierno tiende a estar alejada de las zonas rurales, donde la mayor parte de las personas originarias se concentran, así que acudir a alguna instancia gubernamental representa importantes costos de transporte, de traslado y de tiempo. En materia de delitos electorales, debe ser uno de los más reprochables atentar contra la libertad de decisión de los ciudadanos, pero más profundamente a nuestros hermanos indígenas pues, aunque parezca admirable, aun en nuestra tierra mexicana y de más de 500 años, aún su derecho a la participación política, como lo determina la Carta Magna, no está a cabalidad. Los indígenas y los pueblos afromexicanos representan nuestras raíces y cualquier ofensa a su voluntad es deleznable, cuando se les vulnera, intimida, sobaja, se atenta contra su dignidad, ya sea en lo individual o en lo colectivo, pues en sus principios de colectividad como pueblos originarios está siempre el de la participación en la toma de decisiones para conservar lo que tienen, para construir lo que quieren y para defender su dignidad y su libertad. Por lo expuesto, someto a su consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto, por el que se adiciona al artículo 7 Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales un segundo párrafo a quienes cometan delitos a los pueblos indígenas y afromexicanos, en donde se establezcan sanciones ejemplares con penas más severas cuando se trate de intimidación, manipulación o se ejerza presión, y cuando se trate de pueblos indígenas y afromexicanos aumentará la multa al doble mencionada en el párrafo y prisión de 5 a 10 años. No más abuso en aquellas voces que no son escuchadas, que han sido discriminadas, que han sido invisibilizadas, que han sido violentadas y vulneradas. Es cuanto. Muchísimas gracias.