El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Compañeros y compañeras legisladoras, legisladores. Una iniciativa es el acto jurídico que da comienzo al proceso legislativo. Los actores facultados para presentarlas son el presidente de la República, los diputados y senadores, las legislaturas de los estados, de la Ciudad de México y los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al 0.13 por ciento de la lista nominal de electores. Esto se encuentra plasmado en nuestra Carta Magna, en el artículo 71, específicamente, el cual también menciona que el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite preferente, las cuales deberán ser discutidas y votadas en el pleno en un plazo máximo de 30 días naturales. De no ser así, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del pleno. En caso de ser aprobado o modificado por la Cámara de origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas. Esta garantía de la que solo goza el presidente de la República es un privilegio en términos de democracia. Dentro de los tiempos legislativos sabemos que nada es más importante que el evitar que las iniciativas sean mandadas a la congeladora legislativa, esa famosa congeladora, la cual se forma gracias al gran número de iniciativas que son presentadas acumulándose en comisiones por la falta de disposición para su análisis, dictaminación y votación, entrando así en un estado permanente de rezago y olvido. Para los diputados que tienen la oportunidad de participar en comisiones, dar seguimiento y luchar para que sus iniciativas sean dictaminadas, en muchas ocasiones estas pasan sin pena ni gloria, sin ser analizadas o dictaminadas, simplemente se desechan o se congelan. Luego entonces imaginemos lo que sucede con las iniciativas presentadas por los ciudadanos. El presentar una iniciativa ciudadana es por sí mismo un logro digno de reconocer. Estamos ante un verdadero acto de participación ciudadana que debería de ser respaldado al menos para garantizar su discusión, así como su aprobación o rechazo dentro del Congreso de la Unión. Una iniciativa ciudadana se traduce en interés, organización e involucramiento ante un tema que la sociedad mexicana considera de suma importancia, por lo cual debería de ser motivo suficiente para la atención de la misma. Pues bien, lo que esta iniciativa propone es que este carácter preferente también lo tengan las iniciativas presentadas por los ciudadanos en los términos que el mismo artículo marca. El dar el carácter de preferente a la iniciativa ciudadana significa el privilegio del Poder Legislativo de trabajar directamente para y, por quien se lo merece, por los ciudadanos. La iniciativa de trámite preferente busca el fortalecimiento y la colaboración entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo de manera eficiente. Estamos a tiempo de que se fortalezca la relación del Congreso de la Unión con los propios ciudadanos. El derecho de presentar iniciativas de ley por parte de los ciudadanos en nuestro país es un derecho reciente, pues la reforma del artículo 71 de la Constitución fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 2012, donde también se incluyó la facultad por parte del presidente de la República de presentar iniciativas de trámite también preferente. El elevar a carácter de preferente las primeras 2 iniciativas ciudadanas que se lleguen a recibir al inicio de cada periodo de sesiones y cumplan con los requisitos de ley, permite tomar las medidas necesarias para resolver el problema que se plantea. Hoy en día existen importantes herramientas puestas en marcha por la ciudadanía, las cuales buscan incrementar la participación ciudadana. Un ejemplo de ella es Haz tu Ley, un portal de internet donde los ciudadanos pueden proponer una iniciativa de ley y donde un equipo de expertos las somete a estudio y a revisión para que tenga la redacción adecuada para poder ser presentada en la institución correspondiente. El artículo 51 de nuestra Constitución, marca que los diputados son representante de la nación, y como tal, se establece la obligación de escuchar la demanda de ella misma. Y es precisamente esto lo que plantea esta iniciativa, que escuchemos a los ciudadanos, que pongamos atención a lo que la sociedad nos demanda, que legislemos tomando en cuenta sus necesidades, ya que son ellos los que las padecen día a día, ya que son ellos los que se involucran en un esquema de democracia participativa, y es nuestra responsabilidad como sus representantes apoyarlos y trabajar a favor de ellos. Es cuanto, señor presidente.