El diputado Roberto Guzmán Jacobo: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, en México hay más de 60 mil pacientes con insuficiencia renal que no on atendidos por ningún servicio público de salud, desgraciadamente; y el problema cada vez es más grave en el país porque se registra un aumento constante de mexicanos con complicaciones de diabetes e hipertensión. Las autoridades de salud no cuentan con un censo real de enfermos a nivel nacional. Se calcula que habría más de 100 mil distribuidos en todo el territorio nacional, de los cuales 37 mil cuentan con un tratamiento adecuado de manera continua, según la OMS. Es decir, el 80 por ciento de estos enfermos son atendidos por el IMSS, ISSSTE y Seguro Popular. Estaríamos hablando de que en México hay más de 60 mil pacientes que no reciben un tratamiento adecuado para paliar enfermedades, y los que son atendidos no siempre cuentan con las condiciones básicas necesarias para tratar estas patologías. Las unidades de hemodiálisis existentes son insuficientes en nuestro país, ya que se calcula que de cada diez pacientes sólo ocho reciben la diálisis peritoneal; es decir, el procedimiento tradicional que ha quedado rebasado y únicamente dos reciben hemodiálisis. Los números confirman este vacío. Hasta el 2011 se tenían identificadas sólo 312 unidades de hemodiálisis, la mayor proporción se ubicó en el Distrito Federal con el 16.8 por ciento; seguido de Jalisco, el 8.4 por ciento; Tamaulipas, con el 6 por ciento. Además, el 37 por ciento corresponde al sector privado, el porcentaje más alto, la atención de los servicios públicos de salud se distribuye así: el 22 por ciento a la Secretaría de Salud, el 20 por ciento al ISSSTE, 16 por ciento al IMSS, 4 por ciento Pemex y el 1 por ciento a un hospital universitario. También es importante resaltar que el tratamiento es muy costoso y deja sin posibilidades de acceder a él a un número significativo de pacientes. Se calcula que, en clínicas privadas sólo para iniciar el tratamiento se debe pagar en 6 mil a 15 mil pesos, además de que el costo por sesión puede ser entre 800 y mil pesos como mínimo; si tomamos en cuenta que un paciente requiere de tres sesiones a la semana, estaríamos hablando de 2 mil 400 a 3 mil pesos, cifra imposible de pagar para un gran número de mexicanos. Hoy vengo a esta tribuna a referirme al derecho humano a la salud, consagrado en el artículo 4o de la Constitución Política. Señoras y señores diputados, el derecho a la salud no sería realidad en México mientras el universo de ciudadanos que tienen padecimientos renales no cuenten con una atención adecuada de las instituciones púbicas que les permita mejorar su calidad de vida. Por ello, Morena propone modificar la Ley General de Salud en contexto en el artículo 1o de la misma, con el objeto de que sea de competencia del Consejo de Salubridad General promover la instalación de una unidad de hemodiálisis en todos los hospitales generales de segundo y tercer nivel del sector público que brinden atención gratuita a la población. Por ello buscamos contribuir a identificar y atender de los problemas de salud más apremiantes que sufre un sector de la población mexicana, siendo de las enfermedades crónica-degenerativas con mayor morbilidad en México. Por lo anterior expuesto y fundamentado, me permito someter a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. El artículo único se adiciona en la fracción IX del artículo 17 de la Ley General de Salud, corrigiéndose de la fracción para quedar como sigue: Artículo 17. (...) IX. Promover la instalación de una unidad de hemodiálisis en todos los hospitales generales de segundo y tercer nivel del sector público que brinde el servicio de manera gratuita para una atención oportuna, eficaz y de calidad. Hagamos consciencia, compañeras diputadas y compañeros diputados. La salud no es un juego. Es cuanto, señor presidente.