El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez: De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2018 realizada por el INEGI, el 64 por ciento de la población de 18 años y más consideran la inseguridad como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, y más del 50 por ciento de la población desconfía de las corporaciones policiacas. De acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Centro Nacional de Certificación y Acreditación es el encargado de verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, estados y Ciudad de México realicen sus funciones de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación. Estas evaluaciones constituyen un instrumento para acreditar las cualidades de un servidor público, que debe reunir para el desempeño de la función policial. Por lo que resultan indispensables para seleccionar a los elementos que pertenecerán a las instituciones de seguridad pública en cualquiera de los tres órdenes de gobierno. Sin embargo, hoy día no se cumple esta disposición y elementos que no han acreditado las pruebas de evaluación y control de confianza siguen laborando en las corporaciones policiacas, son cambiados de adscripción e incluso son contratados en otras corporaciones. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el 10 por ciento de los policías en activo, a nivel nacional, no son confiables. No obstante, se encuentran laborando en corporaciones pertenecientes a los diferentes órdenes de gobierno. Aclaro que este 10 por ciento se concentra en unas cuantas entidades, lo que agrava el problema de ellas. Para noviembre del 17 existían 35 mil elementos, de los cuales 30 mil correspondían a corporaciones estatales y municipales y 5 mil a fuerzas federales que, pese a no haber aprobado los exámenes de control y confianza, no fueron dados de baja y continúan laborando. Por tal motivo, la presente iniciativa plantea reformar el artículo 74 de la ley de la materia, para asegurar que los servidores públicos de las instituciones policiales que no acrediten el control de confianza no puedan continuar prestando sus servicios, ni aun siendo cambiados de adscripción o a un área administrativa. Además, establece que estarán impedidos para laborar en otras instituciones de seguridad pública o de protección civil. De igual manera, se plantea agregar una fracción al artículo 139 de la ley en comento, con el propósito de sancionar como una conducta delictiva a quienes en el ejercicio de sus atribuciones se abstengan de dar de baja a quienes no hayan aprobado el control de confianza o faciliten el ingreso en las instituciones de que se trate. O a quienes no lo hayan aprobado en otra corporación policial y sean contratados. La sanción que se propone es de 2 a 8 años de prisión y multa de hasta mil días de unidades. Compañeras y compañeros diputados, esta iniciativa nos pondrá en el camino de recobrar la confianza de la ciudadanía en las instituciones policiales, y sobre todo, garantizar que quienes formen parte de ellas no se coludan con la delincuencia organizada y se apoderen de instituciones que están diseñadas para servir a las y los mexicanos. Muchas gracias.