EL C. DIPUTADO JOSÉ ANTONIO MAGALLANES RODRÍGUEZ (PRD): Gracias, diputado Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: "Hace algunas semanas la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, manifestó su desacuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con respecto a los recursos recibidos durante el presente año por concepto de las participaciones que reciben del gobierno federal y que se encuentran regidas por la Ley de Coordinación Fiscal. " C o n s i d e r a n d o : "Primero. Que parte central del reclamo de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, lo constituye el posible recorte de los recursos entregados a las entidades federativas por aproximadamente 40 mil millones de pesos. "Que si bien es cierto que la Ley de Coordinación Fiscal establece claramente las contribuciones que integran la recaudación federal participable, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le ha faltado claridad y transparencia en la determinación de estas cuentas con las respectivas entidades federativas. "Que del asunto del federalismo en nuestro país exige por un lado el replanteamiento del pacto fiscal de la federación con los estados y que la transparencia con la que se opere este pacto fiscal es determinante para su viabilidad. Que en 1993 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público decidió realizar una reestructuración administrativa, en la que se consideró que la adquisición y operación de los equipos de cómputo relacionados con la recaudación tributaria, fuese realizado a través de empresas privadas. Que derivado de lo anterior y como resultado de irregularidades detectadas por la propia Secretaría, en la empresa Integradora de Servicios, S.A. de C.V., ISSA, primera concesionaria de este servicio, se le rescindió el contrato. Que como resultado de la rescisión del contrato mencionado, la empresa denominada Integración de Servicios Operativos, S.A. de C.V., ISOSA, continuó con las operaciones que su antecesora llevaba a cabo. Que pasar de que ISOSA debiera ser una empresa privada, el acta constitutiva que anexo al presente acuerdo, muestra que vía un fideicomiso es propiedad de Nacional Financiera. Que dentro de los sistemas liberados y operados por ISOSA, se encuentra el de administración de las participaciones a entidades federativas. Que como resultado fundamental para la discusión de cualquier tema relacionado con los ingresos públicos, es necesario conocer exactamente cuál es el proceso por el cual éstos llegan a las arcas nacionales. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 78 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, solicitamos a esta Presidencia somete a consideración de este pleno el siguiente: "ACUERDO "Primero.- Que la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, solicite información completa y detallada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la empresa denominada Integración de Servicios Operativos, S.A. de C.V., ISOSA. "Segundo.- Que las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto, establezcan un grupo de trabajo para el análisis del Presupuesto del 2003 a los estados de la República". Es cuanto, diputado Presidente. -PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Esta Presidencia corrige el turno de la iniciativa presentada anteriormente por el señor diputado Héctor Taboada Contreras, en razón de que la norma a que hace referencia es una norma de carácter ambiental y, en consecuencia, debe ser turnada a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado Félix Castellanos Hernández, del Grupo Parlamentario de ... Perdón, ha sido solicitado un intercambio en el orden. En consecuencia, tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, la diputada Rosa Delia Cota Montaño, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una proposición con Punto de Acuerdo sobre el uso de recursos del FONDEN y el trato desigual a las entidades federativas en condiciones de emergencia. -DIP. ROSA DELIA COTA MONTAÑO: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: En el mes de septiembre del 2001 Baja California Sur fue azotada por el huracán Juliette. Los municipios de Los Cabos, La Paz y Comondú fueron dañados severamente, dejando a miles de sus habitantes en el desamparo. Las pérdidas materiales se calcularon en más de mil millones de pesos. Justo cuando estábamos seguros que el Fondo de Desastres Naturales, el FONDEN, sería un apoyo inmediato para quienes habían sido afectados por este huracán, no fue así, porque parte de esos recursos apenas fueron entregados en el mes de agosto de este año, once meses después, debido a reglas de operación que parecieran diseñadas para no funcionar y el burocratismo de quienes manejan ese fondo. En ese contexto, por extensión entendemos el tortuguismo al que podrían ser sometidos los habitantes de Jalisco y Nayarit, que fueron víctimas del huracán Kenna en cuanto al tiempo que pasará para que les lleguen los recursos del FONDEN. Pero además pareciera que para el Titular del Ejecutivo los efectos del huracán Juliette en Baja California Sur carecía de importancia ya que no se presentó en ninguno de los municipios afectados, no quisiéramos pensar que obedece a razones político partidarias ya que el trato hacia las entidades las entidades federativas no es equitativo. Ante situaciones de emergencia los ciudadanos valoran favorablemente el apoyo solidario que sus gobernantes les externan en momentos difíciles. Esta soberanía autorizó para el presente ejercicio fiscal la cantidad de 1,578.3 millones de pesos para ese fondo y además se nos señaló que junto con el fideicomiso Fondo de Desastres Naturales que tenía un saldo de 9,8890.6 millones de pesos, nos iban a servir para destinarlos a la prevención y atención y atención de desastres naturales pero lo que estamos viendo es que las reglas de operación se convirtieron en una muralla para lograr tales propósitos. El FONDEN se diseñó para atender situaciones de emergencia y ante desastres naturales imprevisibles. Se transformó en un desastre burocrático porque los recursos no llegan cuando la gente los necesita. En ese sentido el FONDEN no está cumpliendo con su papel de engranaje de los esfuerzos realizados por el Sistema Nacional de Protección Civil porque cuando de trata de actuar a favor de los damnificados los recursos públicos que maneja ése fondo, no llegan. La experiencia de Baja California Sur debe alertar a los integrantes de esta soberanía, en tanto los recursos que aquí aprobamos no tienen la fluidez necesaria para cumplir con los fines para los que fueron creados; se trataba de resarcir aunque fuera en parte los daños causados a las poblaciones de varios municipios de la entidad, nosotros nos preguntamos ¿de qué sirve que las reglas de operación que regulan el funcionamiento del FONDEN se establezca de forma rimbombante que el Gobierno Federal tiene como objetivo ayudar a través de este fondo a la población que pudiera verse afectada ante la inminencia de un desastre natural que ponga en peligro la vida humana? ¿Qué entienden los señores del Gobierno Federal por ayuda y cuáles son para ellos los tiempos necesarios para que los recursos fluyan a la población que sufre daños por los desastres naturales? Lo que sí queda claro es que las reglas de operación del FONDEN no contemplan plazos perentorios para ayudar efectivamente a la población. Por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete al Pleno de esta soberanía, con fundamento en lo que dispone el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos el siguiente punto de acuerdo: Artículo único.- Que la honorable Asamblea de diputados se pronuncie a favor de solicitar al Ejecutivo Federal para que sea haga una revisión integral de reglas de operación que regulan el funcionamiento del Fondo de Desastres Naturales; se definan claramente los tiempos máximos que deben regir la entrega de los recursos para apoyar a la población afectada por desastres imprevisibles. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 7 días del mes de noviembre del 2002, firmando el diputado Víctor García Dávila; el diputado Miguel Arizpe; el diputado José Manuel del Río Virgen; el diputado Alfredo Hernández; el diputado Víctor Infante; el diputado Jorge Luis García; la diputada Martha Ofelia Meza; la diputada Margarita Uriarte y el diputado Jaime Martínez Veloz. Es cuanto, Presidente. -