La diputada Martha Ángélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. Me parece muy importante centrar la discusión. Las reformas que hoy estamos discutiendo en este momento no tienen nada que ver con política tributaria. La reforma que estamos ahora revisando tiene que ver con algo muy concreto: al presidente López no le gusta la sociedad civil organizada. Y por eso, porque no le gusta la sociedad civil organizada que ha quedado manifiesto desde que llego al gobierno, es que primero limitó que las organizaciones de la sociedad civil recibieran recursos públicos, y tasó a todas como corruptas y poco transparentes. Ahora, nos encontramos con una reforma que además busca limitar a las organizaciones de la sociedad civil para que busquen recursos por sí mismas. En términos para que todos lo entiendan y como al presidente le gusta ese deporte, seguramente todos lo entenderán: esta reforma es algo así como que el presidente ni picha, ni cacha, ni deja batear. Así. Porque efectivamente, lo que queda de manifiesto con estas reformas es que están en juego dos proyectos: uno, en el que se construyen clientelas, donde el presidente quiere tener programas para entregar dádivas en lugar de reconocer derechos de las personas, y otro, otro muy diferente donde existe una ciudadanía informada, que conoce sus derechos y que los ejerce. Porque no sé si sepan, que uno de los derechos ciudadanos que tenemos y que, además, justamente ha sido a través de la sociedad civil organizada que se ha podido conquistar y reconocer, es el derecho de asociación. Y necesitamos más organizaciones de la sociedad civil, justamente para que haya más ciudadanos que conozcamos y ejerzamos nuestros derechos. Porque ha sido gracias a la sociedad civil organizada que todos esos grupos de la sociedad vulnerables han sido atendidos. Porque ha sido gracias a la sociedad civil organizada que ha llegado a los espacios donde ningún gobierno, ni estatal, ni federal, ni municipal llega. Porque ha sido gracias a la sociedad civil organizada, que se atiende de manera especializada a grupos que no atiende ningún gobierno, y es ahora a quienes estamos atacando a través de estas propuestas que la mayoría propone. La propuesta de reforma del Ejecutivo federal en materia fiscal para las organizaciones de la sociedad civil implica medidas regresivas y suponen una vulneración del espacio cívico y de derechos protegidos en instrumentos internacionales. De acuerdo a estándares internacionales, los gobiernos están obligados a proteger el espacio cívico y el derecho a gestionar y recibir recursos. Como se señala en el documento de la Relatoría Especial sobre el Derecho a la Libertad, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la capacidad para buscar, recibir y utilizar recursos es inherente al derecho a la libertad de asociación y esencial para la existencia y operación efectiva de cualquier asociación. La libertad de asociación no solo incluye la capacidad de los individuos o las entidades jurídicas para fundar una asociación y afiliarse a ella, sino también para buscar, recibir y utilizar recursos humanos, materiales y financieros, de fuentes nacionales, extranjeras e internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, como parte de la libertad de asociación, los Estados deben promover y facilitar el acceso de las organizaciones a fondos de cooperación, tanto nacionales como extranjeros. Por ello, es inadmisible que en lugar de favorecer que las organizaciones de la sociedad civil se conviertan en donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles, se obstaculice su labor y se pretenda aprobar una legislación que atenta contra su derecho a la asociación sin fines de lucro y fortalecer su autonomía económica. Les quiero dejar un dato para que realmente les preocupe lo que está sucediendo con la iniciativa que hoy estamos discutiendo. Resulta paradójico que el actual gobierno presente una iniciativa de reforma fiscal para constreñir el derecho a la financiación y a la asociación, así como para ejercer un mayor control de las organizaciones de la sociedad civil, tal como sucedió en 1989, con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. En ese entonces, a propuesta del Ejecutivo federal, esta Cámara de Diputados aprobó una reforma fiscal que afectó gravemente el trabajo cotidiano de las asociaciones civiles, al modificar el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como están haciendo ustedes. Fueron las organizaciones las que trabajaron para promover la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, que han podido lograr justamente las organizaciones contar con posibilidades de ser donatarias. Pero no son iguales, son peores. Es cuanto, presidenta, muchas gracias.