El diputado Rogelio Alejandro Flores Mejía (PAN): Con su permiso diputado Presidente. Los suscritos diputados federales Rogelio Flores Mejía y Felipe de Jesús Díaz González, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo estipulado por la fracción II del artículo 71 y por el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto para reformar el párrafo II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de las siguientes consideraciones: Nuestro Estado Mexicano se rige por un sistema de derecho constituido por normas jurídicas que tienen una significación lógica y que han sido creadas de acuerdo con ciertos procedimientos, instituidos por una comunidad jurídica que se encarga de regular la conducta humana en un tiempo y en un lugar determinado, prescribiendo a los individuos deberes y facultades y estableciendo sanciones coactivas en el caso que dichos deberes no sean cumplidos. Por voluntad del Congreso Constituyente de 1917, todas las normas entendidas como tales, esto es leyes, decretos, acuerdos y reglamentos, deben ceñirse a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual constituye la esencia de la ley suprema de la Unión, tal y como lo establece en su artículo 133 constitucional. Esta facultad consagrada en el artículo 105 de nuestra Carta Magna suscribe un efecto dual en cuanto a las controversias declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido que considera efectos generales y particulares dependiendo el caso específico que dio origen a la controversia. En cuanto a la tutela jurídica, en lo específico de las controversias constitucionales, del análisis y de su evolución legislativa, se infiere que es un mecanismo procesal de rango constitucional que tiene como finalidad el someter a su revisión los actos o disposiciones generales que son considerados contrarios a nuestra Carta Magna. En este orden de ideas, la fracción I del artículo 105 constitucional tiene como fin proteger el ámbito de atribuciones constitucionales de los entes que se mencionan en dicho artículo, como son de manera genérica: la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios. El consolidar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como tribuna de la constitucionalidad exige otorgarle mayores alcances a sus decisiones y resoluciones; exige emplear su competencia para emitir declaraciones sobre la constitucionalidad de leyes que produzcan efectos generales para dirimir controversias entre los tres niveles de Gobierno, para fungir como garante del federalismo. Si nos apegamos estrictamente al principio de supremacía constitucional, no existe razón para que los yerros legislativos de las legislaturas locales permanezcan indefinidamente dentro del derecho positivo. No existe razón alguna para que determinadas normas que han sido declaradas como inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, permanezcan en nuestras leyes, decretos, acuerdos y reglamentos. Por ello, la presente iniciativa que reforma el segundo párrafo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que los diputados suscritos sometemos hoy al análisis y escrutinio de esta Honorable Asamblea, tiene por objeto el otorgar efectos generales a las resoluciones que la Suprema de Corte de Justicia declara inconstitucionales siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de un estado impugnado por uno o más de sus municipios. Cabe destacar que el Constituyente del 17, buscó en todo momento que los municipios fueran la primera cédula de Organización Democrática del país y el primer órgano de representación política del individuo dentro de la sociedad. Así, nuestra Constitución Política en su artículo 115 consagra la libertad municipal y la autonomía del ayuntamiento. Nuestro ordenamiento jurídico establece que cada municipio debe ser administrado por un ayuntamiento de elección popular directa, el cual tiene la prerrogativa de administrar libremente su hacienda. En consecuencia, nuestra Carta Magna establece la prohibición expresa y determinante de la existencia de una autoridad inmediata entre el municipio y los gobiernos de los estados para resolver cualquier tipo de problemas o situaciones a través de diversas figuras o entidades que constituyen factores reales de poder político con facultades administrativas y de gobierno. Por ello, el objetivo de esta propuesta de reforma, es el de proteger al municipio de acciones de inconstitucionalidad en su contra, al otorgarle efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas de unas de las entidades federativas impugnadas por uno o más de sus municipios integrantes. Una de las demandas de nuestros días es la de arribar a un renovado federalismo. Por ello, es indispensable encontrar las vías adecuadas para solucionar las controversias en su pleno ejercicio que se puedan suscitar. Al otorgarle efectos generales a las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en controversias que versen a favor de uno o más municipios en contra de la inconstitucionalidad de las normas emitidas por los Gobiernos Estatales, se podrán modificar o en su caso derogar todas aquellas normas impugnadas que de acuerdo con la resolución de la Suprema Corte de Justicia por una mayoría de por lo menos ocho votos, atenten al principio de supremacía constitucional. El modificar o derogar las normas inconstitucionales que atentan contra el municipio libre, a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sólo posibilita el fortalecimiento del poder judicial en su conjunto, sino que también permite eliminar la desigualdad que provoca el principio de relatividad y contrarrestar las arbitrariedades que desafortunadamente persisten en algunos gobiernos estatales o la norma declarada inconstitucional, ya no afectaría la generalidad de los municipios del Estado, en donde fue suscitada tal controversia. Uno de los ejemplos más claros de los alcances que tiene la presente propuesta de reforma, lo podemos encontrar en el estado de Puebla. El 27 de enero de 1998, el Congreso local aprobó la ley para el federalismo hacendario del Estado de Puebla, dicha ley, contempla la creación de los llamados Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal COPLADEMUN, a los que dicha ley les otorga el carácter de autoridades intermedias, prohibidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley para el Federalismo Hacendario del Estado de Puebla, socava la libertad de autonomía de las que necesariamente deben gozar los municipios al introducir la figura jurídica de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal. En estricto sentido, los COPLADEMUNES son grupos de ciudadanos organizados que no fueron elegidos democráticamente y que tienen la facultad de decidir el destino y la aplicación de los recursos públicos para la construcción de obras que les corresponden en estricto sentido a los ayuntamientos municipales. Los llamados COPLADEMUN son autoridades intermedias que condicionan la actuación de los municipios en cuanto a libre manejo de su patrimonio y la genuina administración de su hacienda. Por esa razón, en su momento se interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en virtud de que se suscitó un conflicto entre un estado y diversos municipios, concretamente entre el estado de Puebla y los municipios de Acajete, Atlixco, Puebla, Chapulco, Nopalucan, San Andrés Cholula, San Gregorio Atzompa, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, Tehuacan, Santiago Miahuatlán y San Pedro Cholula, todos ellos pertenecientes al Estado de Puebla. La resolución dictada por el Pleno del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 10 de febrero del año 2000, que consta en la controversia constitucional número 4/98 y publicada en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del estado de Puebla y en el Semanario Judicial de la Federación, declara la inconstitucionalidad de los artículos 13, 14, 44, 57, 73, 74, 75, 82 fracción II y 97 de la Ley para el Federalismo Hacendario de Puebla y de los actos de aplicación de dichas disposiciones. Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en pleno por unanimidad de 9 votos de los señores ministros. No obstante, los beneficios otorgados por dicha resolución recayeron sólo en los 12 municipios que interpusieron la controversia constitucional; los demás, 205 municipios en el estado de Puebla, actualmente tienen la obligación de acatar dicha ley declarada inconstitucional. Compañeras y compañeros legisladores: En virtud de lo anteriormente expuesto y fundamentado, someto ante esta Honorable Soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Artículo Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: "Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los estados o de los municipios impugnados por la Federación, de los municipios impugnados por los estados, de un estado impugnado por uno o más de sus municipios, o de los casos a que se refiere los incisos c), h) y k), anteriores y la resolución de la Suprema Corte de Justicia, las declare invalidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos". Artículo Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuando, señor Presidente.