La diputada Martha Tagle Martínez: Frente a la discusión del proyecto, de discusión del proyecto de dictamen en las Comisiones Unidas de Gobernación y Justicia, hablamos de la necesidad de que hubiera una revisión profunda de este tema por todas las implicaciones que puede tener. Y desafortunadamente, hemos visto hasta este punto que cada una de las reservas prácticamente no han sido escuchadas, ni siquiera valoradas y han sido desechadas. Cuando muchas de ellas tienen fundamentación para ser atendidas, y que tiene que ver con perjuicios que puede generar esta ley. Advertimos desde Movimiento Ciudadano que, por supuesto, estamos a favor de generar este instrumento legal para que las autoridades puedan ir contra uno de los principales elementos que tiene que ver con la delincuencia organizada, que es seguir la ruta del dinero y ponerle un alto. Y eso tiene que darse, pero también tenemos que verificar que una ley de esta naturaleza no afecte a otras personas, o que tampoco genere incentivos perversos que también puedan verse metidos en temas de corrupción. Y por eso las reservas que hoy presento, una de ellas tiene que ver con derogar lo propuesto con en el artículo 203 de la ley. Porque pretende que una persona que está siguiendo un proceso de extinción de dominio por la vía civil, si se allana, es decir, si reconoce este procedimiento de extinción de dominio por el cual le fue retirado un bien, pueda allanarse ante el juez, y este juez pueda darle de regreso, retribuirle de regreso hasta el 5 por ciento de ese bien que le fue enajenado. Esto genera un incentivo perverso, porque entonces va a ser un buen negocio tener vehículos robados, casas que han estado sujetas, en medio de un proceso delictivo, porque al final de cuentas el juez te puede regresar hasta el 5 por ciento de esa propiedad que tiene una procedencia ilícita. Por eso nos parece muy importante que puedan escuchar y aceptar esta propuesta de reserva, para que no se permita ni se genere este, que nos parece un incentivo perverso a una ley que es necesaria. Por otra parte, durante mi participación en el posicionamiento a nombre de mi grupo parlamentario, a favor, advertimos sobre el tema de la capacidad que tendrán los jueces civiles para atender este tema. Como ustedes han estado escuchando, ahora en los procedimientos de extinción de dominio estarán a cargo de jueces civiles. Eso implicará que el Consejo de la Judicatura Federal tenga la capacidad de generar estos juzgados para atender las solicitudes que los Ministerios Públicos hagan para iniciar procesos de extinción de dominio. Y se plantea un artículo transitorio en el cual serán solamente seis meses para que, una vez entrado en vigor, se cuente con jueces capacitados para la extinción de dominio. Quienes vienen de diferentes estados y conocen el sistema de justicia, seguramente están al tanto de que hoy en día los juzgados cívicos en muchas partes tienen cargas de trabajo que no les permitirán hacerse cargo de más actividades. Y que, además, un área específica como es el tema de la extinción de dominio requiere una reparación y capacitación específica. Seis meses nos parecen total y absolutamente insuficientes para contar con estos jueces y juzgados que se harán cargo de este tema. Y menos si tampoco hay ni siquiera presupuesto para ello. Recordemos que cuando se dio la reforma en materia del sistema penal acusatorio se ordenó, se instrumentó una secretaría técnica para hacerse cargo de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio y que aunque contó con 10 años, hoy en día la Secretaría de Gobernación está planteándose la posibilidad de reactivar a esta secretaría técnica porque en 10 años no tuvieron la capacidad de contar con los suficientes elementos para tener las salas de juicios orales en todo el país que permitieran una implementación correcta de ese sistema. Por eso proponemos que el periodo mínimo que se debe contar para tener la capacitación de estos jueces civiles en materia del proceso de extinción de dominio deba ser de al menos 18 meses para poder también darle al Poder Judicial de la Federación la capacidad para preparar y tener listos estos jueces que se requerirán a partir de la entrada en vigor de estas leyes. Es cuanto, presidenta.