El diputado Victorio Rubén Montalvo Rojas: Con su venia, señor Presidente. El suscrito, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71, 73 y 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento al Pleno de esta honorable Cámara, con carácter de obvia o urgente resolución la siguiente proposición con punto de acuerdo, con el objeto de que se exhorte al secretario de Gobernación, al secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Hipólito Treviño Lecea, a fin de que se detenga la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de este instituto, bajo las siguientes Consideraciones Primero. El 19 de octubre de 1993 se creó el Instituto Nacional de Migración como un órgano técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, teniendo como objeto la planeación, ejecución, control y supervisión de los servicios migratorios, así como las relaciones de coordinación con las diferentes dependencias de la administración pública federal, que concurran en la atención y solución de los asuntos en la materia. Segundo. El Instituto Nacional de Migración señala como su visión el ser un órgano respetuoso de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, que facilite a los extranjeros el ejercicio de sus derechos. Tercero. Lo paradójico es que a sus propios trabajadores, el Instituto Nacional de Migración no les respeta su dignidad ni sus derechos humanos y les pisotea sistemáticamente el ejercicio de sus derechos laborales. Esto ha venido sucediendo durante todo el sexenio foxista, especialmente a partir de que el cargo de comisionado es ocupado por el licenciado Hipólito Treviño Lecea. Cuarto. Los trabajadores de este instituto, con base en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sufren —entre otras— las siguientes arbitrariedades: las trabajadoras embarazadas, son hostigadas laboralmente y cambiadas de área sin previo aviso; no son recibidas las licencias médicas de los trabajadores para levantarles actas administrativas; sufren cambios de adscripción, por ejemplo de Veracruz a Oaxaca y de Oaxaca a Veracruz o de México a Veracruz y/o México a Oaxaca, sin que justifique en necesidades del servicio; a las madres trabajadores se les cambia su horario de labores para que ya no puedan estar con sus hijos ni apoyarlos en sus actividades escolares o se les transfiere a oficinas más lejanas, lo que les acarrea mayores gastos y más tiempo en el traslado; se ha suprimido el tiempo para ingerir alimentos o para el descanso durante la jornada laboral; se niegan o condicionan las vacaciones, días económicos y otros permisos. Todas estas aberrantes violaciones que están debidamente documentadas agraden al artículo 123 constitucional, a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y a las condiciones generales de trabajo vigentes en la Secretaría de Gobernación. Además los trabajadores que han denunciado estas irregularidades ente la autoridades superiores del instituto, el órgano de control interno o incluso ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje son víctimas de diversas represalias, como el ser obligados a desarrollar actividades que no concuerdan con su nivel de calificación, cambios de horarios o de adscripción, por mencionar algunas. Todo este panorama de ilegalidad no sólo pisotea los derechos humanos laborales de los trabajadores, sino pone en riesgo el buen funcionamiento del Instituto Nacional de Migración, esencial para la soberanía y seguridad nacionales, y a la tutela de los migrantes, lo que incluso nos debe llevar a pensar en la necesidad de refundar a este instituto en un organismo descentralizado o incluso en un organismo público autónomo, que le permita desempeñar sus atribuciones con mayor dignidad y autonomía. Con base en lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Cámara, con carácter de urgente u obvia resolución, la siguiente Proposición con punto de acuerdo Se exhorte al secretario de Gobernación y al secretario del Trabajo y Previsión Social, para que en la esfera de sus respectivas atribuciones intervengan de inmediato ante el comisionado del Instituto Nacional de Migración, licenciado Hipólito Treviño Lecea, con el objeto de que se ponga fin a la política de violación sistemática a los derechos laborales de los trabajadores de este Instituto, restituyéndole, en su caso, en el goce de los mismos. Al propio tiempo inicien las investigaciones para determinar las responsabilidades de los involucrados, ejerciéndose las acciones legales que procedan. Dejo en la Secretaría más documentos entregados por los mismos trabajadores para este exhorto. Muchas gracias.