La diputada Maricruz Roblero Gordillo: Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, compañeras, compañeros legisladores y a quienes nos siguen a través del Canal del Congreso. Una de las problemáticas que a escala nacional se encontraba sin atender es el desplazamiento forzado interno, ya que no había sido prioridad dentro de la agenda política de los gobiernos anteriores. Por tal motivo, alcanzó un escenario de gravedad en estados, como Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Baja California, Nuevo León, Michoacán, Chiapas, Guerrero y Veracruz, aunque también en otras entidades federativas, originado por diversas causas igualmente relevantes, recrudecimiento de la violencia de alto impacto, asociada al narcotráfico y al crimen organizado, conflictos sociales, territoriales, religiosos, interétnicos y políticos, discriminación e intolerancia, megaproyectos de infraestructura, disputas sobre los recursos naturales, así como desastres ambientales. Este flagelo tiene sus primeros registros desde 1972. Sin embargo, un punto de inflexión en términos de desplazamiento forzado interno se dio con el levantamiento armado en Chiapas, a partir de 1994. Las personas que son afectadas por este fenómeno se ven victimizadas de manera sistemática y se encuentran en condiciones de indefensión, ya que, al ser obligadas a abandonar sus lugares de residencia y actividades económicas habituales, pueden estar más expuestas a ser víctimas de otro tipo de delitos, como secuestros, robos, extorsiones o violaciones en algunos casos, pérdida de sus familiares, de sus medios de subsistencia, de documentos de identidad, de bienes patrimoniales y económicos. Además, que pueden quedar imposibilitados al acceso a los servicios básicos. Es decir, sus derechos fundamentales quedan completamente vulnerados. Por tales motivos es necesario, en primer lugar, conceptualizar y dimensionar el fenómeno que se establezca en un marco legal, general, donde se establezcan las directrices de atención y prevención del desplazamiento interno forzado, señalando las diferentes dimensiones del fenómeno, tales como la temporalidad del desplazamiento, la dirección y el proceso de selección del lugar de destino, las distancias recorridas, las estrategias utilizadas por las familias, los cambios en la salud física y emocional. El acceso a recursos monetarios o de otra índole que permitan financiar y adaptarse al sitio de destino, así como el manejo de los bienes inmuebles que dejaron abandonados. Por ello, desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, celebramos que con la aprobación de esta iniciativa, el gobierno de México reconoce el fenómeno de desplazamiento forzado interno, tomando como base de política pública la prevención, la atención y establecimiento del acceso a soluciones duraderas a las personas que han atravesado por esta situación. Esta ley toma en consideración los principios rectores, asimismo armoniza con las normas internacionales en materia de derechos humanos y derechos humanitarios. Es importante destacar que a través de sus 10 títulos, se contrarresta la evasión constante de responsabilidades de las autoridades para atenderlo en todos sus niveles de gobierno, teniendo así un Estado de certidumbre jurídica a través del mecanismo nacional y, que a través de soluciones duraderas se contempla que las personas en situación de desplazamiento forzado interno, tienen necesidades diferenciadas y que experimentan distintas situaciones de vulnerabilidad, tomando en cuenta los factores que dieron origen a esta situación. Actuar a favor de la población internamente desplazada, no es un solo acto humanitario y coherente con derechos humanos, sino representa una estrategia para mantener el tejido social y la seguridad política de un Estado, ruta plasmada desde la cuarta transformación, y que el Partido del Trabajo respalda plenamente. Por ello, votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.