El diputado Víctor Hugo Islas Hernández: Iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5, 14 y 31 de la Ley de Planeación, presentada por el diputado Víctor Hugo Islas Hernández, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, a fin de dar carácter de ley al Plan Nacional de Desarrollo. El suscrito, diputado en la 59 legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 73, fracción XXIX D de la Constitución los Estados Unidos Mexicanos, así como 55, fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que reforma y adiciona los artículos 5, 14, fracción VII, y 31 de la Ley de Planeación y al tenor de las siguientes consideraciones. El politólogo británico Richard… señaló una expresión que es definitiva para caracterizar la razón y naturaleza del gobierno en una sociedad constituida por instituciones públicas verdaderamente representativas, con espíritu de servicio público y actualizadas a la crónica carencia de recursos frente al crecimiento exponencial de las demandas sociales. Dijo que los gobiernos ya no sólo son juzgados por lo que parecen, sino que lo son por lo que hacen --diría que también cuenta el cómo lo hacen. Efectivamente, la discusión clásica sobre la razón de ser del Estado y en esa dimensión de la administración pública, enriquecida con las aportaciones de pensadores de la talla de Sócrates, Montesquieu, Locke, …Tomás Moro, Tocqueville, Juárez, Hidalgo y Reyes Heroles, entre muchos otros, se sentó sobre todo en la naturaleza representativa y en la legitimidad de los procesos por los cuales se integran las instituciones políticas de la nación. A partir de ahí se estructuró la división de poderes y se aclaró la competencia material y formal de cada uno de los órganos del Estado. La aspiración siempre ha sido alcanzar un sólido estado de derecho, en el que el primer sujeto obligado de la ley fuese el gobierno y en el que los ciudadanos estemos contemplados en ella misma como unidades indivisibles, con iguales derechos y obligaciones y sin prejuicios de ningún tipo. En el siglo XVII y hasta poco más del segundo tercio del siglo XX se buscó consagrar este gobierno sujeto a las leyes y asegurar la protección de los ciudadanos frente al Estado. En ese sentido nos preocuparon definir temas como los ámbitos en los cuales se distingue lo público de lo privado, dar el marco correcto para el ejercicio y disfrute de la propiedad, garantizar las creencias y su expresión individual y colectiva y garantizar los derechos humanos básicos y estructurar una administración pública al verdadero servicio de la ciudadanía. En la búsqueda de dar la cobertura más amplia de la demanda social y a la promoción del desarrollo económico, el Estado se encontró en el tercer tercio del siglo XX con recursos fiscales cada vez más limitados, con una creciente deuda pública interna y externa, además de una estructura desordenada, descoordinada, consumida en sus propios objetivos, con un crecimiento acelerado del gasto público y cada vez menos orientada hacia sus fines sustantivos. El Estado realizó un primer esfuerzo para guiarse sobre las bases de la racionalidad y la organización funcional que tenga como líneas de gestión básica la eficiencia y la eficacia, es decir, utilizar mejor los recursos públicos, hacer más con menos, al mismo tiempo de reorientar las prioridades y formas del gasto para alcanzar mejor los objetivos señalados en la constitución y en las leyes. Bajo esta primicia, en 1983 se formó la constitución para establecer las bases para crear el llamado Sistema Nacional de Planeación Democrática, Con ella, en el artículo 25 de la Carta Magna, el Estado asume la rectoría del desarrollo nacional, en función de objetivos enfocados al progreso y la igualdad, además de asumir facultades en materia de planeación, conducción, coordinación y regulación fomento de actividad económica nacional. En el Sistema Obligatorio para la Administración Pública concertado con los sectores social y privado, así como por los niveles locales del gobierno e inducido para el resto de la sociedad. Con el Sistema Nacional de Planeación Democrática con el cual surgió el primer Plan Global de Desarrollo, el Estado configuró un sistema Nacional para reestablecer metas específicas para lograr en los hechos avances medibles y verificables del proyecto de nación. El artículo 26 de la propia Constitución convalida el carácter democrático del sistema de planeación y legitima al Plan Nacional de Desarrollo como base de los diversos programas de la Administración Pública Federal. Cabe señalar que en dicha reforma al Congreso de la Unión se le otorgó la intervención en la operación del Sistema de Planeación y en el Plan Nacional de Desarrollo que la ley señale. La reforma al artículo 73 en su fracción XXIX estableció facultades para que el Poder Legislativo expida las leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social. A partir de entonces se han expedido cuatro Planeas Nacionales de Desarrollo para periodos sexenales, generando leyes en materia de contabilidad, presupuesto y gasto público, además de edificar lo que es ahora un complejo proceso de planeación, programación, presupuestación, ejecución y evaluación de la función y el gasto público. Sin embargo nos parece que pese al gran avance alcanzado en la racionalización del gasto público, mismo que ha entrado en un proceso de revisión por este Honorable Congreso Legislativo, mediante la reforma al artículo 74 constitucional que definió nuevos plazos y reglas para la aprobación del Presupuesto Federal, la actualización de la Ley de Fiscalización Superior y el fortalecimiento de su órgano ejecutor que es la Auditoria superior de la Federación, así como de otras previsibles actualizaciones al marco específico del presupuesto público y la capacitación y administración de los ingresos, aún se incurre en una omisión que parecía justificable hace algunas décadas, pero que hoy impide asumir el ejercicio del gasto como un ciclo completo e integral, en tanto que se ha hecho énfasis en perfeccionar el contenido, alcance y fiscalización de los ingresos públicos, así como de los programas y reglamentos, reglas de operación entre otras, la base de todo el sistema de la Administración Pública, que es el Plan Nacional de Desarrollo, continúa siendo una facultad cuasi discrecional y monopólica del poder ejecutivo. Es decir, mientras que del Plan Nacional de Desarrollo se desprenden muchas leyes y decretos y que por su elaboración parecen también una forma de expresión de la voluntad popular para definir las políticas públicas, resulta que es tan sólo un documento de carácter consultivo que no resulta enteramente obligatorio, además de que no es exigible por la sociedad y se encuentra ajeno al control y fiscalización de los otros poderes. Entendemos que la concepción original del Plan Nacional de Desarrollo fue el permitir que el partido que llegue al Poder Ejecutivo tuviera libertad para imprimir sus objetivos y estilo de gobierno; pero no nos confundamos, el Plan Nacional de Desarrollo es un instrumento de gobierno y no una plataforma electoral cuando se accede al poder. En una verdadera democracia se deja de ser partido y se es gobierno para todos. "Entonces un gobierno de todos fundado en la Constitución no puede ser ajeno al control entre poderes, a la pluralidad y a los acuerdos políticos fundamentales. Por ello el objetivo de esta iniciativa es el reconocer en la Ley de Planeación del Plan Nacional de Desarrollo se someta a la aprobación del Congreso como cualquier otra ley, de esta manera obtendríamos que el plan al ser ley guardaría coherencia y congruencia legal con otros instrumentos que sí son leyes como las de Ingresos y diversas disposiciones fiscales, la legislación sectorial, los programas y reglas de operación, así como el propio Presupuesto federal. "De aprobarse esta iniciativa el gobierno no renunciará a su facultad de influir con mayoría en el rumbo del país, toda vez que conservaría su función de consulta social y pública e institucional para formularlo, pero se garantizaría que el Congreso, que es otra expresión legítima de la voluntad popular, también se corresponsabilice en la elaboración, control y evaluación. "En este siglo XXI es necesario alejarnos de las viejas concepciones autoritarias y entrar de lleno a formas modernas de gestión pública que aseguren también la gobernabilidad democrática, la responsabilidad, la transparencia y la revisión de cuentas ante todo y el verdadero interés nacional. "Por estas consideraciones sometemos a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. "Artículo único.- Se reforman y adicionan los artículos 5o., 14 fracción VII y 31 de la Ley de Planeación para quedar como sigue: "Artículo 5o. El Presidente de la República remitirá el plan al Congreso de la Unión para su aprobación, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en las diversas ocasiones previstas por esta ley el poder legislativo reformará el plan y formulará las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución, revisión y adecuaciones del mismo. "Artículo 14.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las siguientes atribuciones: "Fracción VII.- Verificar periódicamente la resolución que guarde los programas, presupuestos de diversas dependencias y entidades de la administración pública federal, así como los resultados de su ejecución con los objetivos y prioridades del plan y los programas regionales especiales a que se refiere esta ley, a fin de adoptar las medidas necesarias para corregir las desviaciones detectadas y reformar en su caso los programas respectivos. "Artículo 31.- El plan y los programas sectoriales serán revisados con la periodicidad que determinen las disposiciones reglamentarias, los resultados de las revisiones y en su caso las adecuaciones consecuentes a los programas previa aprobación por parte del Ejecutivo se publicará en el Diario Oficial de la Federación, en caso de las adecuaciones y modificaciones el plan el Titular del Poder Ejecutivo lo someterá a la aprobación del honorable Congreso de la Unión. "Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación". Es cuanto señor Presidente.