La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Compañeras diputadas y diputados, el dictamen que hoy se pone a nuestra consideración es una muestra de que nuestro país responde a importantes compromisos pendientes de la agenda nacional, y de igual manera atiende obligaciones adquiridas internacionalmente. Lo anterior implica una gran tarea, pues da cumplimiento al mandato contenido en el artículo Segundo transitorio del decreto por el que se modificaron diversos ordenamientos jurídicos, como la Ley Federal del Trabajo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la Ley del Seguro Social en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, publicado el pasado 2 de mayo del año en curso en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, da cumplimiento a los compromisos internacionales a que nuestro país se obligó y que consta en el Capítulo 23 y su anexo 23-A del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, el cual fue publicado el pasado 29 de julio del 2019 en el Diario Oficial de la Federación. Cumplir el mandato constitucional referido significa materializar una instancia autónoma, a través de la cual los trabajadores y empleadores podrán dirimir sus diferencias sin acudir a juicio, garantizando los derechos de libertad sindical y negociación colectiva, fortaleciendo la cultura de la paz por encima de la contienda. Para lograr lo anterior, el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, así como la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, mediante opinión de impacto presupuestario respecto de la creación del Instituto Federal de Conciliación y Registro Laboral, indicaron que implicará una erogación de 140.3 millones de pesos. Estos documentos también contienen la proyección financiera de los costos de implementación del organismo, misma que habrá de considerarse para su incorporación al Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2020, que en meses posteriores habremos de discutir. Por otro lado, coincidimos con la comisión dictaminadora en dos temas: que el candidato a directora o director general de centro, además de los requerimientos de ley, deba de acreditar ser licenciado en derecho, ya que interactuará de manera permanente y continua con el procedimiento ante los tribunales laborales del Poder Judicial, por lo que respaldamos que esa es la profesión y el perfil idóneo de la persona que deba encabezar y representar a dicho organismo público descentralizado. En lo que respecta a los actos de dominio, se requiere como requisito previo que dichas facultades sean autorizadas previamente por la Junta de Gobierno del Centro, lo anterior para que esté en armonía con el artículo 58, fracción V de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, y dotar así de seguridad jurídica su actuación sobre los actos de dominio. En el Partido Verde estamos convencidos que la creación del Centro de Conciliación y Registro Laboral contribuirá a agilizar de manera sustancial el trámite de las controversias en materia laboral. Celebramos que el país avance en el cumplimiento con compromisos internacionales ya que nos permitirá fortalecer lazos con nuestros socios comerciales más importantes. Por lo anterior, las y los diputados integrantes de mi grupo parlamentario votaremos a favor de presente dictamen. Es cuanto, presidenta.