La diputada Martha Elena García Gómez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, vengo a esta tribuna a presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 5o. de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 130 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, con la finalidad de dar un paso adelante para convertir a la Secretaría Ejecutiva Federal del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, en una estancia consolidada y fortalecida y, por ende, propiciar que las correspondientes de orden local adquieran un carácter similar. En el transcurso del proceso legislativo en el que tuve el privilegio de participar, cuyo resultado fue la expedición de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y que dio paso a la creación y adecuación de políticas, programas, acciones e instituciones, un punto sustantivo fue el considerar contar con una Secretaría Ejecutiva que diese operatividad al Sistema Nacional de Protección Integral. En su momento las comisiones dictaminadoras coincidieron al señalar que dicho mecanismo tuviese carácter de desconcentrado, quedando jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, el 9 de marzo de 2018, se habría de modificar dicha calidad y adscripción mediante el acuerdo por el que se adscriben orgánicamente los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación, publicado en el Diario Oficial de la Federación. Lo anterior alegando que corresponde a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Segob, a través de sus unidades administrativas, participar en el respeto y difusión de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, quedando la Secretaría Ejecutiva adscrita a esta, reduciéndola a una mera unidad administrativa y ya no directamente del secretario de Gobernación. Tal decisión fue inmediatamente puesta en tela de juicio, puesto que contrariaba a lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley General de la Niñez, situación que tuvo repercusiones en el ámbito de los organismos de derechos humanos, quienes hicieron eco de tal preocupación. No obstante, frente al reto que significa la atención de la niñez y de la adolescencia, tanto en términos numéricos como de la magnitud de los problemas que le aquejan, resulta pertinente considerar si podemos seguir contando como órgano desconcentrado sujeto a una dependencia que tiene a su cargo tareas y fines muy particulares que distraen de estas materias. Por lo anterior se busca como objetivo el que la Secretaría Ejecutiva se constituya un organismo descentralizado de la administración pública federal, no sectorizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, así como con autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa, a cuya cabeza figure la persona nombrada por el presidente de la República, sin que una dependencia interfiera o medie en su organización y marcha. Mi compromiso siempre ha sido el fortalecimiento de las instituciones desde la Ley General de la Niñez. He sido insistente en que se requiere poner el tema de la niñez y adolescencia en los más altos estándares de la agenda pública y disponer de todos los elementos técnicos, humanos y presupuestales posibles para lograr esa finalidad. Hoy alzo la voz una vez más para solicitarles, compañeros diputados, que apoyen esta propuesta que busca fortalecer a las instancias encargadas de la protección y garantía de los derechos de la niñez. Seré insistente en que debemos de velar por el interés superior de la niñez en todas las actuaciones. Agradezco su atención y solicito a la presidenta de la Mesa, que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora presidenta.