EL MISMO C. SECRETARIO: (Oficio del Congreso de Quintana Roo remitiendo Punto de Acuerdo solicitando al Congreso de la Unión retomar el Estudio y análisis de la Iniciativa de Decreto por el que se Adiciona un segundo párrafo al Artículo 4º de la Constitución Federal. Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Ciudad de Chetumal, Q. Roo, Mex. Ciudadanos secretarios del honorable Congreso de la Unión. Presentes. La diputación permanente de la IX Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en sesión celebrada el día 11 de septiembre del año en curso, aprobó por unanimidad de votos el acuerdo para dirigir una respetuosa exhortación a la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, para que retomen el estudio y análisis de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Federal, a efecto de considerar a la comunidad de sordomudos, como parte de la composición pluricultural de la nación, por lo que remito dicho documento, para los efectos conducentes. Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Ciudad Chetumal, Q. Roo, a 17 de septiembre de 2001. Diputado Ángel de J. Marín Carrillo, secretario Los suscritos diputados y diputadas integrantes de la diputación permanente de la IX Legislatura del estado, en uso de la facultad que nos confiere la fracción IV del artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; atendiendo al alto sentido humano que caracteriza al trabajo legislativo y en apoyo a la problemática que actualmente viven las comunidades de sordos, nos permitimos emitir el presente documento, bajo las siguientes CONSIDERACIONES El derecho a vivir en armonía con todos y cada uno de los seres que nos rodean es una de las máximas expresiones de igualdad, consagradas en nuestra Carta Magna y por ende, en los ordenamientos legales secundarios federales y estatales que reglamentan su aplicación. Existen en nuestra sociedad diversidad de personas cuyas características físicas y psicológicas los diferencian en cierta forma de la generalidad poblacional, entre estos individuos se encuentran las personas que padecen sordera o hipoacusia y en general, todas aquellas que tienen algún tipo de discapacidad, ya sea por cuestión genética o circunstancial; decimos en cierta forma, porque debido a la falta de una adecuada cultura social de gran parte de la población, entre las que se encuentran en primer orden las autoridades, generalmente este tipo de personas se enfrenta con serios y lamentables obstáculos para desarrollar su vida cotidianamente, pues las condiciones de infraestructura en casi todos los aspectos, no están adecuadas para ellos. Quizá podamos atribuir esta circunstancia al hecho de que la sordera "no se nota" es decir, no es visible y la gente se entera de la existencia que quienes padecen esta discapacidad por la aparición de un caso en la familia, en algún conocido, o por la compra de algún artículo que venga acompañado de una tarjeta con una leyenda alusiva a la sordera o que tenga impreso el alfabeto manual. Los oyentes no estamos acostumbrados a los sordos, porque salvo rarísimas excepciones, no hemos sido compañeros de salón o de trabajo, no nos han atendido cuando vamos a hacer algún trámite legal o administrativo en una dependencia, no imparten cursos en los que hayamos participado, no nos han vendido la casa o el auto que adquirimos, no llevan las cuentas ante hacienda, no son nuestro artista favorito o no juegan en nuestro equipo predilecto. En cierto sentido es comprensible que las personas no piensen en algo cuando es ajeno a su realidad cotidiana, pero la verdad es que en nuestro país no existe una cultura que impulse la aceptación, el conocimiento, el trato igualitario, ni el apoyo sistemático, cuando es necesario, a las personas con discapacidad; que si bien representan una minoría en comparación con el grueso de la población, en realidad constituyen un porcentaje bastante considerable, que resulta importante para que las instancias del sector público procuren la atención necesaria para que estas personas puedan tener los accesos y las facilidades para desarrollarse normalmente. Y no se trata de una acción de benevolencia o de misericordia, sino de una obligación que nuestra Carta Magna impone a las autoridades al prever que todos somos iguales ante la ley y dentro de esa igualdad todos deben tener las mismas prerrogativas para desenvolverse adecuadamente, principio que desde luego no se satisface si quienes padecen algún tipo de discapacidad no encuentran las condiciones favorables para realizar una vida normal. Nos preguntamos entonces cómo un sordo puede enterarse de lo que acontece en su estado; en el país y en el mundo, si los programas noticieros no contemplan sistemas de traducción para sordos; cómo puede una persona con sordera disfrutar del cine, de un espectáculo o de un programa televisivo si éstos no están diseñados para ellos. Cómo puede un minusválido en silla de ruedas trasladarse de un lugar a otro, o pretender viajar a una región lejana si en los medios de transporte no hay las facilidades correspondientes; cómo hacen sus compras en un centro comercial o sus trámites antes las instancias públicas, si en estos lugares no hay formas de acceso para tal efecto. En fin, son innumerables formas de discriminación hacia las personas que padecen algún tipo de discapacidad las que encontramos en nuestro andar cotidiano: pero por qué razón no se realizan las acciones conducentes para facilitarles su desenvolvimiento, tal vez resulta éste el enigma y la interrogante que involucra todo este aspecto. En nuestra opinión, si bien el principio de igualdad se encuentra firmemente consagrado en nuestra Constitución Política Federal, no ha sido interpretado en su sentido real, es decir, la igualdad para todos, entendiendo el concepto de "todos" dentro del mismo rango de condiciones, pues obviamente no resulta igual la situación para quien no padece algún tipo de discapacidad, que para quien tiene sordera, ceguera o es minusválido, pues toda la infraestructura urbana se encuentra diseñada para los que se encuentran en el primer supuesto, existiendo por tanto una clara desventaja para los segundos. Por eso, desde nuestro punto de vista, debe ser más específica la consideración de igualdad para estos casos dentro del texto constitucional, es decir, debe preverse la integración de la comunidad de sordos dentro de la conformación pluricultural de la nación, para que de esta manera las autoridades e instancias de todos los sectores y aún la propia sociedad en su conjunto, empiecen a cobrar conciencia de una cultura de aceptación hacia las personas con discapacidad. Se dice que el problema de los sordos es que no hablan; nosotros afirmamos que no, el centro de la cuestión está en que no se habla con ellos, ni se habla de ellos, en síntesis, no se les toma en cuenta. La de ellos, es una sordera funcional, orgánica, mensurable en decibeles. La de las instituciones, gobierno, profesionales y sociedad en general es una sordera estructural, social y psicológica, cuya consecuencia es el olvido. En este orden de ideas, es de nuestro conocimiento que con fecha 18 de marzo de 1999, se presentó una iniciativa de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se pretende elevar a rango constitucional el reconocimiento de las comunidades de sordos como parte de la composición pluricultural del país. En esta virtud, se ha hablado mucho sobre los derechos de las personas que padecen algún tipo de discapacidad, pero en realidad es poco lo que se ha hecho para dar una solución real, concreta y expedita a sus necesidades y aspiraciones; consideramos que el propósito de la iniciativa de referencia es establecer en la Constitución el principio general, para posteriormente plasmar en una ley reglamentaria las necesidades y requerimientos de las comunidades de sordos, así como los mecanismos que las instancias correspondientes deben implementar para su adecuada satisfacción. Reconocemos que la mayoría de las personas con sordera siempre lo serán y que es mejor prepararles para una vida como personas con ese tipo de discapacidad, en la cual puedan tener éxito en el mundo oyente. Por lo anterior, es necesario unir voluntades para poder crear un ambiente en el que las personas que padezcan sordera o algún otro tipo de discapacidad, puedan desarrollar sus aptitudes y aspiraciones. Es necesario darles la oportunidad para que demuestren sus cualidades y no únicamente reconocerles su problema. Con base en estas consideraciones, los diputados y diputadas integrantes de la diputación permanente de la IX Legislatura del Estado, estimamos conveniente brindar nuestro apoyo a las comunidades de sordos de nuestro país, en virtud de la situación social que actualmente atraviesan, por lo que tenemos a bien emitir el siguiente punto de ACUERDO Único. Diríjase un respetuoso comunicado a las diputadas y diputados integrantes de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, exhortándoles para que retomen el estudio, análisis y posterior dictamen en sentido positivo, de la iniciativa de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a efecto de considerar la comunidad de sordos como parte de la composición pluricultural de la nación. Así lo acordó y firma la diputación permanente de la IX Legislatura del Estado. En la Sala de comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la Ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a 10 de mes de septiembre del año 2001. Diputados: José del A. Arjona Carrasco, Ángel de J. Marín Carrillo, Beatriz García Villanueva, Juan M. Lara Duarte, Donato Castro Martínez, Joel Espinosa Moreno, Fernando López Gutiérrez.