LA C. PRESIDENTA: Diputada Alamilla, si no tiene inconveniente que se le proporcione el texto para que estampe su firma la Diputada. Tiene el uso de la palabra el Diputado Rogaciano Morales Reyes, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Iniciativa que reforma el Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Artículos 6 y 33 de la Ley General de Educación. -ELC. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES. Muchas gracias Presidenta. Esta Iniciativa, aparte del suscrito Diputado, la suscriben nuestro Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el compañero Diputado Martí Batres Guadarrama y el compañero Diputado Ramón León Morales. La entrego en su texto para que de la misma manera se hagan las publicaciones de ley y voy a permitirme leer, en todo caso, un resumen que con mucho cariño dedico a mis ex Alumnos del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, Alma Mater de nuestra querida Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, y de mis ex Alumnos de la Escuela Preparatoria "General Enrique Ramírez", misma que fundé en 1966 y que todavía está ahí con más de 900 estudiantes en dos turnos. Con mucho cariño a los Padres de Familia que se esfuerzan hasta lo indecible por mandar a sus hijos a la Escuela. Ciudadana Presidenta de la Mesa Directiva, compañeras y compañeros Diputados. El suscrito, integrante del Grupo Parlamentario del PRD, con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del Artículo 71º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el Artículo 55º Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del honorable Congreso de la Unión la presente Iniciativa de Decreto que reforma el Artículo 3º Constitucional y los Artículos 6 y 33 de la Ley General de Educación. En apego al tiempo otorgado, sólo presentaré este breve resumen, como dije. Compañeras y compañeros Legisladores. La Reforma de 1943 al Artículo 3º constitucional estableció la obligatoriedad de la Enseñanza Primaria y la gratuidad de la educación impartida por el Estado. En la Reforma de 1993 a este mismo Artículo se amplió la obligatoriedad desde el nivel de secundaria y determinó que el Estado promovería y atendería a los diferentes tipos y modalidades de la educación, donde se incluía la Educación Superior. Es un hecho que el aspecto educativo se suscribe como el elemento fundamental del desarrollo integral del ser humano, por lo que no es casualidad que dentro de nuestra Carta Magna, el artículo a que hace referencia a este respecto educativo, se incorpore en el Capítulo I de las Garantías Individuales y visualizándola propiamente como una garantía social. En este contexto de obligatoriedad y gratuidad, se suscribe el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que se firmó en El Salvador el 17 de Noviembre de 1988 al cual se suscribió México el 16 de abril de 1996. De igual manera la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana que se realizó en Colombia hace referencia este derecho a la educación. En razón de lo anterior no solamente les asiste a la sociedad mexicana el derecho de demandar la gratuidad de la educación que imparte el Estado en todos sus niveles, sino el derecho a la igualdad jurídica dado que en la actualidad los derechos de igualdad jurídica de los mexicanos se anulan ante la inmensa brecha de desigualdad social que se profundiza con lo que se cierran perspectivas de oportunidad para las nuevas generaciones. La reforma del 5 de marzo de 1993 sustrajo la responsabilidad del Estado de impartir educación en todos los niveles, circunscribiéndose de manera explícita esta responsabilidad al nivel de educación básica; recordemos que el conflicto de 1999 en la Universidad Nacional Autónoma de México se dio en el contexto del rechazo al sistema de cuotas que se pretendió establecer en esa institución. El precepto de la gratuidad en la educación pública no se inscribe solamente a la obligatoriedad en la educación básica como se ha pretendido interpretar después de la reforma del 93; es un hecho que dicha reforma abrió la tendencia para aminorar la responsabilidad del Estado en la educación media superior y superior, tendencia que ha impactado de manera directa en los niveles tan altos de deserción del Sistema Educativo Nacional de miles de estudiantes mexicanos. Asimismo y como complemento de la intención de hacer vigente la gratuidad de la educación que mandata nuestra Constitución, la presente iniciativa de reforma también contempla garantizar en el marco de la Ley General de Educación que el conjunto de apoyos económicos que se destina con el fin de promover el acceso a la educación de los sectores más desprotegidos de nuestro país, se distribuyan con base en criterios de equidad. La función compensatoria a los Estados y regiones del país que se establecen en la Ley General de Educación ha sido atendida por parte del Gobierno Federal mediante la implementación de programas dirigidos principalmente a las zonas de mayor rezago y marginación pero este apoyo se ha focalizado en mayor medida a la educación básica, grande es el reto entonces cuando según datos oficiales más del 50% de los estudiantes de educación media superior y superior dejan sus estudios por falta de recursos económicos. Para atender el nivel medio superior y superior, el Programa Nacional de Becas y Financiamiento PRONABES busca propiciar que estudiantes en situación económica adversa y con deseos de superación puedan continuar con sus estudios hasta el nivel superior; sin embargo este programa en la actualidad no ha logrado destinar becas de igual cantidad y calidad en el medio rural a las destinadas en el medio urbano cuando de antemano sabemos que es precisamente en el medio rural donde más se requieren dichos apoyos. En este sentido se hace necesario definir sobre bases de equidad el otorgamiento de becas en el conjunto del sistema educativo nacional público, el cual permita contar con criterios de justicia y transparencia para proporcionar la diversidad de modalidades de becas que se otorgan a estudiantes de todo el país. Dichos criterios deberán priorizar en mayor medida los sectores más marginados dado que ellos son quienes lo necesitan más. Para establecer estos criterios que regirán el otorgamiento de las más de 5 millones de becas, consideramos pertinente crear una ley, un sistema nacional de becas que aglutine a las distintas instancias encargadas de su asignación y norme su actuación. Por todo lo anteriormente expuesto es que se propone reformar el artículo 3º constitucional para enfatizar la gratuidad de la educación pública que el Estado imparte y restablecer la responsabilidad de éste en cuanto a la educación media superior y superior; asimismo reforzar estos preceptos en la Ley General de Educación mediante la reforma al artículo 6º y la creación del Sistema Nacional de Becas en su artículo 33 fracción VIII, de esta misma ley. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.