La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión somete a consideración de esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Minera, cuya finalidad es incorporar en el texto de la propia ley una visión más protectora del medio ambiente. Todos sabemos la importancia que tiene la industria minera en nuestro país. México es el líder mundial en la producción de plata, y se encuentra entre los 10 principales productores de 19 minerales. Su trascendencia a nivel económico es innegable. Es justo por su importancia económica que el sector minero se ha visto beneficiado mediante concesiones de todo tipo. A pesar de que en el artículo 27 constitucional establece que el uso de los recursos naturales debe ser impulsado por el Estado, y solo de forma excepcional por los particulares, la realidad es muy distinta, ya que el sector minero está dominado por un número muy reducido de empresas, principalmente de procedencia extranjera. Así lo sustenta la Cámara Minera de México, que afirma que el 70 por ciento del volumen de la producción minera proviene de compañías internacionales. Pese a que la Minería es una actividad que genera un impulso económico, éste no necesariamente se ve reflejado en un incremento en los niveles de desarrollo humano de las comunidades donde se asienta dicha industria. Prueba de lo anterior, es que uno de los estados con más actividad minera, como es Zacatecas, se encuentra entre los 10 estados con más bajo desarrollo humano del país, de acuerdo con los datos del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Otro indicador que nos muestra algunos inconvenientes de la actividad minera, es el mencionado por la Organización Panamericana de la Salud, que advierte que la minería es la actividad económica que causa más efectos negativos en la salud. Una de las afectaciones más grandes que origina la industria minera, es el daño al medio ambiente. Las comunidades donde se sitúan las minas sufren un severo impacto ecológico debido a que la extracción de minerales tiene graves repercusiones en su entorno desde el subsuelo hasta la atmósfera, incluyendo cuerpos de agua y suelos. Uno de los más graves ejemplos de lo anterior, fue el desastre ecológico sufrido en el río Sonora. En Nueva Alianza no olvidamos. Nuestras propuestas pretenden incorporar los principios de desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales, con el fin de evitar el deterioro de nuestros recursos naturales La presente iniciativa busca pues eliminar la consideración de la minería como de utilidad pública que se establece en el artículo 6o. de la ley, y que propone que se le mantenga como una actividad prioritaria, solo cuando se demuestre el beneficio social con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, logar el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. De este modo se pretende armonizar lo dispuesto en la Ley Minera, con lo que es establece en el artículo 27 de nuestra Carta Magna. También se propone que la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente realice un estudio de impacto ambiental como parte de los requisitos para el otorgamiento de las concesiones. Lo anterior debido a que la normatividad vigente solo pide a la Secretaría de Energía una evaluación de carácter técnico, lo que demuestra la lasitud de las exigencias de una actividad tan definida para el medio ambiente. Compañeras y compañeros, los diputados y las diputadas de Nueva Alianza no dejaremos de señalar la importancia que debe tener la protección del ambiente en todos sus ámbitos. No hay dinero que pueda restaurar el daño ambiental. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente.