EL PRESIDENTE: Gracias diputado. Se turna a la Comisión de Comunicaciones de la Cámara de Diputados, así como también a la Comisión de Radio y Televisión. Tiene la palabra el senador Marco Antonio Fernández Rodríguez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una proposición con punto de acuerdo en relación con el presupuesto del Estado de Nayarit. EL SEN. MARCO ANTONIO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Gracias Presidente; con su anuencia. Honorable asamblea: He solicitado el uso de la tribuna para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre los últimos acontecimientos políticos en mi entidad natal. Nayarit, en la actualidad vive una situación irregular. El gobierno el estado desempeña sus funciones sin una asignación específica de recursos económicos en los diferentes rubros gubernamentales, sii bien es cierto se cumplió en sus primeras etapas con lo que marca la Constitución local, es decir, un presupuesto elaborado por el Ejecutivo y enviado a la Honorable Cámara de Diputados para su revisión y aprobación. Al cumplir con sus obligaciones los diputados locales, reasignaron partidas, enviando dicho documento al Ejecutivo para su publicación, mismo que hasta la fecha no se ha cumplido. El presupuesto enviado por el Ejecutivo estatal, fue debidamente aprobado el 24 de diciembre pasado, por unanimidad en sesión pública extraordinaria. Con ello el Congreso, en base a sus atribuciones, reasignó partidas y reorientó el gasto con 5 criterios básicos: apoyo y ampliación del gasto social, respaldo y ampliación del gasto estimado al campo, ampliación de régimen de participaciones a los 20 ayuntamientos de Nayarit, fortalecimiento de los organismos autónomos de la sociedad, fortalecimiento de los Poderes Judicial y Legislativo. Todo el ejercicio de reasignación fue debidamente sustentado a partir de las reuniones de trabajo, sostenidas entre los diputados y los titulares de las Secretarías del Ejecutivo, además de que los equipos técnicos de las propias Secretarías del Ejecutivo y de los técnicos de la Secretaría de Finanzas y del Congreso del Estado y hasta este momento parecía que habría gran coincidencia y aceptación de modificaciones al presupuesto original. Sin embargo, en forma abrupta y por demás autoritaria, el titular del Ejecutivo no compartió los criterios ni las conclusiones a las que los equipos técnicos de ambas partes habían llegado el día 22 de diciembre por la noche, generando tensión e incertidumbre horas antes de la sesión plenaria que se realizó el día 24 de diciembre. La oposición del gobierno estatal se centró en la ampliación de participaciones hacia los municipios en un 3% más con respecto del año pasado; el amplio apoyo al campo en un 110% más con respecto del año anterior; el cumplimiento del acuerdo legislativo de apoyar a la Universidad Autónoma de Nayarit, en un 17.5% del presupuesto total convenido con la Federación, muy por encima de la propuesta del gobierno estatal, así como el supuesto endeudamiento público que ocasionaría la propuesta del Congreso. En uso de sus facultades, el Congreso sesionó y aprobó como marca la Ley del Presupuesto de Egresos para el año 2003 y fue turnado al Ejecutivo del estado el día 26 de diciembre para su promulgación y publicación en el Diario Oficial. Es a partir de ese momento responsabilidad del gobernador del estado, cumplir con lo que marca la ley con respecto a la aprobación del presupuesto. A partir de ahí el gobierno inició una campaña en diferentes medios de comunicación, para desprestigiar al Congreso y bajo argucias de desacreditar el presupuesto aprobado. El presupuesto presentado por el Ejecutivo estatal disminuye las partidas destinadas a desarrollo económico y al sector agropecuario; omite la ampliación de participaciones a los municipios que ya en el 2002 registró un incremento del 1.5 adicional y en la propuesta del 2003 lo elimina; no reconoce el acuerdo legislativo de apoyar normalmente a la Universidad Autónoma de Nayarit y omite una significativa cantidad para la misma institución; no aumenta en algunos casos, no presupuesta nada para los organismos autónomos de la sociedad como los discapacitados, derechos humanos, arbitraje médico y el Tribunal de Justicia Administrativa; sin embargo, incrementa en forma desproporcionada el gasto en servicios personales y generales, como la partida denominada Contratación por Tiempo y Obra, con un crecimiento del 400%; la partida Compensaciones Extraordinarias, que crece en más de un 120%; la partida de Servicios de Difusión de la Información en cerca de un 150%; el despacho del Ejecutivo, que crece en servicios personales casi en un 100%; partidas como donativos y apoyos que se crean y se aumentan su presupuesto y que corresponde a un gasto discrecional. Además en la propuesta del Ejecutivo se disminuye proporcionalmente las partidas a los Poderes Judicial y Legislativo, que en nada contribuye al fortalecimiento de los poderes y a la ampliación de la vida democrática de nuestra entidad. Los legisladores respaldaron acciones como la educación básica y media superior, que atiende a más de 250 mil alumnos; la Universidad Autónoma de Nayarit, que atiende a 25 mil estudiantes y a similar número de familias; al Instituto Tecnológico de Tepic, que por primera vez se le asigna una partida especial; a los productores del campo asignándoles un presupuesto sin precedentes aun cuando éste fuera insuficiente. A la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos se le asignó un presupuesto digno; al Consejo de Personas con Discapacidad se le apoyó, lo mismo que a la Comisión de Arbitraje Médico y al recién creado Tribunal de Justicia Administrativa. La partida correspondiente a la Secretaría de Salud que registra 30.4 millones de pesos, no fue modificada, no obstante que su ejercicio se realiza con discrecionalidad y no se rinden cuentas satisfactorias. En materia de seguridad pública se ha venido registrando un subejercicio de 100 millones de pesos de años anteriores. Sobre esta cantidad que se dejó de aplicar en este importante renglón, el gobierno del estado deberá de rendir cuentas sobre cómo se utilizaron. En materia de obra pública el presupuesto original en el 2002, de 239 millones de pesos, se vio reducido en 130 millones de pesos, se vio reducido en 130 millones de pesos en obras prioritarias, afectando el presupuesto de inversión en transferencias propuestas por el Ejecutivo a otros renglones del gasto improductivo. El proyecto aprobado para el ejercicio presupuestal del 2003, registra una partida para amortizar deuda pública por un monto de 152 millones, el presupuesto aprobado por el Congreso, se incrementa al enviado por el Ejecutivo estatal en 130 millones de pesos. Considerando que esta cantidad provoque desfinanciamiento en el presupuesto, elevaría el gasto del servicio de la deuda a 282 millones, y, sin embargo, el presupuesto enviado por Ejecutivo, no consideró los recursos del Fondo de Fortalecimiento Financiero de las Entidades Federativas por un monto de 230 millones, que vienen etiquetados para el saneamiento financiero, por lo que al aplicarse el pago del servicio de la deuda, reduciría a la partida inicial 79 millones de pesos. La administración priísta les entregó un gobierno sin deuda, y la actual administración en sólo tres años, ya ha generado deuda pública. El Gobierno del Estado puede y debe hacer un esfuerzo responsable en materia de disciplina, presupuestar y eliminar o reducir, como lo propuso el propio Ejecutivo estatal, los renglones del gasto improductivo. El Honorable Congreso cumplió con sus obligaciones, aprobando el presupuesto en tiempo y en forma, y en el uso de sus facultades al Ejecutivo le corresponde cumplir con su función administrativa con los preceptos legales: promulgando el presupuesto aprobado. Si tiene observaciones o propuesta de modificaciones algunas de las partidas reasignadas, puede hacer uso de las facultades que le otorga nuestra Constitución. Tenemos reconocer y coincidir, que nuestro interés supremo sobre cualquier interés personal o de grupo, debe y es, Nayarit. Es por eso que se debe de privilegiar el diálogo en un marco de respeto a la autonomía de los poderes constitucionales -