LA C. DIPUTADA HORTENSIA ARAGÓN CASTILLO (PRD): Con su permiso, diputado Presidente. Tanto los sistemas penitenciarios como los programas y proyectos de readaptación social que se desarrollan al interior de los centros carcelarios, sea cual sea su naturaleza y organización, encuentran su origen en dos principios esenciales y elementales: la protección de la sociedad y la atención y reintegración al seno social de aquellos que han roto el pacto social en perjuicio del colectivo. Pero en la realidad los establecimientos penitenciarios de México lejos se encuentran de contar con las condiciones idóneas para el tratamiento y rehabilitación de los presos y mucho menos si estas son mujeres. En los centros carcelarios no se cuenta con la posibilidad de abocarse a un trabajo ni a continuar o iniciar estudios de ningún tipo; tampoco se cuenta con la capacitación pertinente, los servicios médicos adecuados, el personal competente para la realización de los trabajos de custodia; no existen ni siquiera los reglamentos necesarios para la adecuada conducción de estos centros. Los sistemas carcelarios mexicanos son un verdadero sistema de venganza y olvido, son pequeños reinados del Director del Reclusorio, donde su voluntad es la única o donde prevalece la ley del más fuerte, donde para sobrevivir hay que abusar o someterse, donde lo único que hace falta es lo que se nombre pondera: la rehabilitación. Ha pesar de ser del dominio público, la problemática de los reclusorios nacionales es una situación poco atendida, aún siendo reiterado el reconocimiento de que se trata de centros de corrupción, degradación, insalubridad, hacinamiento, drogadicción, abusos sexuales, prostitución, comisión y planeación de nuevos ilícitos; a pesar de todo ello no se proyectan y mucho menos se ejecutan planes que resuelvan esta situación. Existe a la par de todas estas deficiencias un elemento que difícilmente es considerado, la discriminación ejercida en contra de las mujeres, tanto en la impartición de justicia como en la compurgación de penas. La reclusión de mujeres en centros penitenciarios de nuestro país se ha visto duplicado en nuestro país se ha visto duplicado en menos de siete años. Hasta enero del año pasado se contaban más de siete mil mujeres purgando penas privativas de libertad, siendo el 61.5 de estas sentencias de más de 10 años por delitos contra la salud, específicamente por el traslado de droga en cantidades pequeñas, es decir, lo que se conoce en nuestro país como burreras. En todo el territorio nacional existen 446 centros carcelarios, de los cuales sólo 10 están destinados a mujeres. Las reclusas que se encuentran en estos centros se hayan diseminadas en 220 centros varoniles, en las cuales ha sido dispuesto algún anexo y no en pocas ocasiones una sola celda para albergar a las mujeres recluidas. La ignorancia, el sometimiento, la pobreza, la violencia física y sexual son factores comunes a esto y por ello la imagen que se ve no es la que corresponde a los de los grandes capos de la droga ni son quienes de manera armada se ejecutan en las calles entre sí, son mujeres en el mejor de los casos, que acatan las exigencias de sus parejas con miedo y así con miedo, con temor, realizan sus recorrido de traslado de estupefacientes, cruzan la frontera del país llevando entre sus ropas y con frecuencia en su mismo cuerpo, cantidades diversas de droga. Actualmente 13 mil menores padecen el hecho de que sus madres se encuentren recluidas en algún centro penitenciario y casi 2 mil de ellos se encuentran viviendo al lado de sus madres, por lo que el círculo de perdición iniciado por un abusivo traficante que usa y desecha, se traslada a los hijos de éstas, negándoles la posibilidad del crecimiento personal, lícito y productivo. El hecho de ignorar las condiciones sociales y la desigualdad de impartición de justicia tan sólo da lugar a una justicia parcial que arraiga y extiende las contradicciones sociales. Las modificaciones que hoy se presentan al artículo 85 del Código Penal Federal en materia de delitos contra la salud, es apenas un primer paso para la reintegración a la sociedad de miles de hombres y mujeres que en muchos casos han sido injustamente detenidos. Por ese motivo, el Partido de la Revolución Democrática invita a todos y a todas para que favorezcan con su voto esta modificación. Gracias. (aplausos) -PRESIDENTE: Por el Partido Acción Nacional, tiene el uso de la palabra el diputado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para fijar la posición, hasta por diez minutos. -DIP. ALEJANDRO ENRIQUE GUTIERREZ GUTIERREZ: Con el permiso de la Presidencia. He subido a esta tribuna para fijar la posición del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional respecto al dictamen que hoy se somete a nuestra consideración por parte de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el cual versa sobre diversas iniciativas presentadas tanto por Acción Nacional, por conducto del Diputado Salvador López Brito como por el PRI y el PRD en materia de beneficios pre liberacionales, a sentenciados por determinados delitos y que han alcanzado un grado óptimo de re-adaptación social. En Acción Nacional consideramos que la vieja concepción de la pena como medida represiva debe ser transformada por el interés del Estado y de la sociedad para re- adaptar a las personas que han infringido las leyes punitivas, es decir, la pena debe ser concebida como un medio para procurar la re orientación de las conductas anti-sociales del sentenciado y por ende, su adecuada re-inserción social dejando atrás los fines depresivos que incorrectamente les eran atribuidos en épocas pasadas. Bajo ese temor, el contenido del presente Dictamen prevé la posibilidad de conocer la liberación preparatoria a los individuos que hayan cometido algún delito contra la salud en su modalidad de transportación, cuando de su conducta se desprenda que este se encuentra socialmente re-adaptado, además de haber observado determinados requisitos legales tales como el haber cumplido 3 quintas partes de su condena, haber observado buena conducta y ser primo-delincuente, circunstancia que encuentra su debida justificación en el hecho de que un número por demás considerable de sentenciados por delitos contra la salud, se encuentran en este caso. De acuerdo a cifras oficiales del II Informe de Gobierno, hasta el mes de junio de 2002 se denunciaron 35 mil 747 delitos del fuero federal, dentro de los cuales destacan las denuncias por delitos contra la salud en un total de 11 mil 530. En tal contexto, es menester señalar que dentro de los delitos del fuero federal, los delitos contra la salud ocupan el primero de las causas de reclusión con el 87% del total de los reclusos en el país, es decir, más de 33 mil personas de las cuales alrededor del 38% han intervenido en la comisión de delitos contra la salud ens u modalidad de transportación. Esta situación viene a colación toda vez que se estima que este 38% de sentenciados por delitos contra la salud en la modalidad de transportación, el cual asciende aproximadamente a la cantidad de 11 mil 217 sentenciados, casi las tres cuartas partes son primo delincuentes, es decir, casi 8 mil sentenciados no poseen antecedentes penales. En tal sentido cabe señalar que ese numeroso sector de sentenciados que no poseían antecedentes penales, lo constituye en gran medida el relativo a los transportistas quienes infinidad de ocasiones han sido presas del narcotráfico toda vez que un sinnúmero de veces se les ha involucrado en el transporte de sustancias ilícitas. En tal sentido, dada la legítima preocupación que reviste la situación expuesta y con apoyo en las cifras relativas a los casi 8 mil primo-delincuentes sentenciados por delito contra la salud en su modalidad de transportación, se estima, sin lugar a dudas, que con la aprobación del presente Dictamen se estará en la posibilidad de poder otorgar el beneficio pre-liberacional de la libertad preparatoria, a poco más de 2 mi 500 individuos que sin conocimiento y voluntad de delinquir, se les acusó por la transportación de drogas y sustancias ilícitas en su calidad de transportación. Por las consideraciones esgrimidas con anterioridad y consciente en la necesidad de establecer mecanismos jurídicos eficaces que permitan otorgar determinados beneficios pre-liberacionales a los individuos que habiendo cometido delitos contra la salud en su modalidad de transportación, alcanzaron un nivel óptimo de re-adaptación social. Cumpliendo con los requisitos legales establecidos para tal efecto, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoyará con su voto la aprobación del presente Dictamen y exhorta con todo respeto a esta honorable Asamblea, para que tenga a bien emitir su voto aprobatorio al presente Dictamen conscientes de que de esta forma estaremos contribuyendo en gran medida al fortalecimiento y consolidación de un adecuado marco jurídico en materia de re-adaptación social. Señor Presidente, concluyo, honorable Asamblea, no debemos de olvidar que el otorgamiento de este beneficio pre-liberacional constituye una realidad que demandan un número considerable de primo-delincuentes que aspiran a una oportunidad para reintegrarse a la sociedad y es un primer paso. de varios que deberán darse, para encontrar disposiciones legales más justas que nos lleven a que personas inocentes no ingresos a los CERESOs y que individuos que delinquen por primera vez en ciertos casos y condiciones, tengan la oportunidad de reincorporarse en un tiempo más breve en beneficio de la sociedad. Muchas gracias. ( aplausos ) -