El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, la crisis de violencia e inseguridad que padece nuestro país tiene como una de sus razones la proliferación de conductas ilícitas por parte de la delincuencia organizada y la corrupción. El principal motor de estas actividades es la ambición de contar con fuentes ilícitas de recursos económicos. Nuestro país sobresale dentro de la comunidad internacional, como lugar de origen y destino de flujos ilícitos, tanto del orden financiero como económico en lo general. En ese sentido, las autoridades encargadas de recabar datos estadísticos han sido omisas en consolidar los referidos tanto a los delitos procedentes del género de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como de la cifra económica a la que los bienes sujetos a los procesos de lavado y triangulación han sido sometidos. Dicha omisión suele ser suplida con las estimaciones realizadas por empresas consultoras nacionales e internacionales, que estiman que en México se llegaban a lavar cada año entre 40 y 60 mil millones de dólares. A efecto de hacer frente a dichos fenómenos y la cauda de efectos perniciosos para la economía, el sistema financiero y el Estado de derecho, es fundamental que el Estado actúe de manera categórica y eficaz en el cumplimiento de la ley y el abatimiento a la impunidad. Una de las materias pendientes en materia de seguridad y justicia es precisamente la relacionada con la recuperación de activos de manos del crimen y la corrupción, que se lleva a cabo fundamentalmente a través de tres procesos reconocidos en el ordenamiento jurídico mexicano, y que son el decomiso, el abandono y la extinción de dominio. Desde que aprobamos la iniciativa constitucional en materia de extinción de dominio señalamos que en los seis años de la administración anterior pudieron haber sumado al menos 250 mil millones de dólares los recursos recuperados. Toda vez que han sido objeto de la mayor preocupación en el seno de los órganos especializados de la Organización de las Naciones Unidas, como la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, los fenómenos relacionados con el crimen organizado y el lavado de dinero, así como la corrupción y sus efectos erosivos de la gobernabilidad y el desarrollo de las naciones, es que se han generado diversos instrumentos y tratados internacionales, que contienen obligaciones para los Estados en materia de prevención y persecución de dichos actos ilícitos. En ese orden de ideas es que se han suscrito, auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas, los siguientes tratados internacionales: Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, y sus tres protocolos complementarios en materia de trata de personas, tráfico de migrantes y de tráfico ilícito de armas, Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La presente iniciativa ha sido desarrollada incorporando los referentes internacionales en la materia, adaptando los contenidos de la ley modelo, señalada a la tradición jurídica sustantiva y adjetiva de nuestro país. En tal sentido, los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional encontramos necesario que la Ley Nacional de Extinción de Dominio, que debe expedirse en cumplimiento del mandato constitucional, derivado de propuestas hechas originalmente por legisladores de nuestro partido para el combate eficaz a la corrupción y a la criminalidad organizada, tengan los atributos consagrados por la práctica y la doctrina internacional. Dichas características son: Procedimiento real verdaderamente autónomo del correspondiente a la vía penal; acción de extinción de dominio imprescriptible; a favor de inhibir la posibilidad de legitimación de acervos patrimoniales, derivados de la ilicitud por el simple paso del tiempo, lo cual sería un imperdonable e ingenuo proceso de lavado de dinero, inherente al marco constitucional. La posibilidad de aplicación retrospectiva de la acción de extinción de dominio, a efecto de que esta se pueda aplicar incluso a conductas y hechos ejercidos de manera previa a la emisión de la legislación ulterior. Carga dinámica de la prueba, lo que implica a diferencia del proceso penal, la exigencia jurídica de que sostiene la ilicitud de la propiedad de su patrimonio, la acredite en el ejercicio de la garantía de audiencia. El contenido de este proyecto supone la regulación de aspectos de orden sustantivo y adjetivo de disposiciones de categoría constitucional, por lo que se dispone en las hipótesis sustantivas de procedencia de la acción, quienes son las partes de proceso, así como las atribuciones a cargo del Ministerio Público, tanto del orden federal como de las entidades federativas y la policía en la preparación, presentación de acción de extinción de dominio. En tal virtud y en acatamiento a la reforma constitucional recientemente aprobada por esta soberanía que dispone la creación de una Ley Nacional de Extinción de Dominio, es que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional propone el presente proyecto de Ley Nacional de Extinción de Dominio. Es cuanto, señor presidente.