La diputada Guadalupe Hernández Correa: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, diputadas, diputados. Como ya sabemos, Peña Nieto devolvió a este honorable Congreso de la Unión observaciones al decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades administrativas y la Ley Orgánica del Tribunal, VIII, IV, fracción III, 27, tercer párrafo; 30, 32, 33, 37, 46, 73 y 81, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del decreto. La intención de este veto es dejar bien protegidos a los empresarios que reciban recursos públicos, para que no rindan cuentas. Como sabemos, los mayores escándalos de corrupción, Grupo IGA, OHL, la Casa Blanca, los papeles de Panamá, se dieron con el contubernio político empresarial, entre el gobierno y los empresarios. Y ¿qué ha pasado hasta ahora con estos asuntos? Nada. El mismo presidente a través de su secretario de la Función Pública fue exonerado de cualquier acto de corrupción. El mensaje que está enviando Peña Nieto es claro: hace distinción entre ciudadanos de primera y de segunda, es decir, para los empresarios corruptos sí existe diálogo, negociación, y les asiste la razón; a los maestros la cerrazón, la represión y el escarnio públicos; a los representantes de los empresarios los recibe el presidente, pero a los profesores no. Estos son reprimidos con diálogo simulado. Está claro que el presidente de México no obedece a los ciudadanos porque los ciudadanos de a pie no lo pusimos en esa silla. Es vergonzoso este dictamen, violenta totalmente la división de poderes en este país, ya que no existe la voluntad política para hacer de este gobierno los principios de transparencia y rendición de cuentas; es pura simulación, es una farsa. Es clara la actuación de este gobierno para anular de fondo el artículo 32 y omitir la solicitud de la sociedad respecto al artículo 29. Ojalá con este mismo ahínco, con esa misma celeridad y voluntad política con que defienden a los empresarios y a los corruptos, se defendiera también y se legislara a favor de los trabajadores de este país. Falsamente se ha dicho que la mal llamada reforma educativa no se puede reformar pues entonces para qué estamos nosotros los legisladores si estamos discutiendo la solicitud del titular del Ejecutivo federal respecto a las observaciones y a una ley que aun y cuando este decreto se publicara en el Diario Oficial, este no entraría en vigor hasta un año después de su publicación. Les pregunto: ¿Cuál es la urgencia, diputados? Por lo anterior el Grupo Parlamentario de Morena proponemos y ponemos a consideración de estos legisladores, la reforma del artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la finalidad de que cualquier persona física o moral que celebre actos jurídicos con entes públicos de la Federación, entidades federativas cuyo monto, en efectivo o en especie, sea igual o superior a 375 unidades, celebrados de conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal Anticorrupción y en contrataciones públicas y servicios relacionados con las mismas, la Ley de Asociaciones Públicas, entidades federativas, apoderados legales y miembros de los consejos directivos.