La diputada María Guadalupe Moctezuma Oviedo: Con su venia, señor presidente. Iniciativa de ley de pensión universal para las personas de setenta años de edad y más. Los adultos mayores de la actualidad son los excluidos de los excluidos. Quienes tienen 70 años nacieron en 1942, la mayor parte de ellos en el campo, sus posibilidades de ir a la escuela primaria eran reducidas, a la secundaria era un sueño que muy pocos alcanzaban. Hablar de preparatoria o de un nivel universitario era una posibilidad reservada a unos cuantos; uno entre mil afirmó, el eminente investigador Pablo Latapí. En 1950, en plena niñez de nuestros adultos mayores de hoy, la mayor parte de la población vivía en condiciones de pobreza, había escasos servicios educativos. Por ello, existe un alto grado de analfabetismo y bajos niveles de educación y alta incidencia de desnutrición. La mayor parte de ellos se ocupó de las labores del campo como los jornaleros agrícolas, mal pagados, sin posibilidad de acumular antigüedad laboral y sin prestaciones sociales. Muchos de ellos nutrieron los cinturones de miseria de las ciudades al dejar el campo, ocupándose de actividades informales si bien les iba, o en la indigencia. En la década de los 80, producto de la política económica, los entonces despedidos trabajadores sólo tuvieron como opción de sobrevivencia la economía informal, la cual ha crecido desde entonces a niveles exorbitantes, al grado de amenazar actualmente con ahogar la economía formal, por lo que no pertenecían a un sistema de pensión ni contaban con servicios médicos. Al ver este fenómeno desde una perspectiva de género, la situación de la mujer de 70 años y más comparte todas las desventajas de los varones, se les agregan otras; menos posibilidades de estudiar y acceder a los trabajos remunerados, por lo que llegan a la adultez mayor en condiciones aún más deplorables que sus contemporáneos varones. Mas aún si consideramos que la esperanza de vida de la mujer es mayor; 81 años y 76.6 en 2010, respectivamente, lo cual incrementa la probabilidad de quedarse solas en sus últimos años. En la primera edad, de cero a cuatro años, existen 103.2 niños por cada 100 niñas, mientras que de 70 y más, por cada 83.8 varones hay 100 mujeres, pero esta ventaja femenina se ve afectada porque históricamente las mujeres han presentado menores niveles educativos, baja participación laboral y remuneraciones inferiores. Sus probabilidades de encontrarse en condición de pobreza en la edad adulta son más altas, en comparación con los hombres. Desde la izquierda proponemos un modelo de política social sustentado en los derechos sociales, una política que coloque al ser humano en el centro, en el momento de revertir la tendencia que va en detrimento de la calidad de vida de las y los mexicanos. El modelo de seguridad social basado en la contribución y en la condición de existencia de una relación de trabajo subordinado, resulta cada vez menos efectivo para alcanzar la cobertura universal de riesgos, como la vejez y la discapacidad. Dicho modelo está elaborado para un México inexistente, el México real es de altas tasas de desempleo y de una creciente economía informal. México carece de un sistema de seguridad social para amplios sectores de la población, las instituciones públicas de seguridad social han fallado en mitigar la desigualdad persistente en la sociedad mexicana. La razón fundamental de la exclusión de la cobertura es que muchos trabajadores que se encuentran fuera del sector formal de la economía no están en condiciones de cotizar un porcentaje de sus ingresos para financiar prestaciones de seguridad social. Es prácticamente imposible que nuestros adultos mayores de hoy hayan cumplido con al menos mil 250 semanas de cotización en un trabajo formal, aproximadamente 25 años de trabajo que es la exigencia de pensiones, estipulado en la Ley del Seguro Social y la Ley del ISSSTE. La pobreza en el grupo de población de setenta y más en nuestro país es excepcionalmente alta, aún en el contexto de América Latina. Pero la compleja problemática que enfrentan las personas de la tercera edad en nuestro país, va más allá de su condición económica, padecen el deterioro progresivo físico y mental, una mayor incidencia de enfermedades y discapacidad, son víctimas de un abandono, maltrato y marginación. Para el Banco Interamericano del Desarrollo, la incorporación de los adultos mayores a la seguridad social no puede alcanzarse con los esquemas vigentes. Hasta el Banco Mundial acepta que las reformas a los sistemas de pensiones deben incluir las pensiones no contributivas. De los adultos mayores, sólo el 20.1 por ciento recibe una pensión. En el caso de los adultos mayores en situación de pobreza en las ciudades, esta proporción es de 7 por ciento, y de 1 por ciento en el medio rural. Con nuestra propuesta de reforma planteamos que el impacto positivo que ha tenido esta política en el Distrito Federal, entre los adultos mayores y en el conjunto de las familias que tienen la dicha de contar con uno o más de ellos, sea llevado a toda la república. El reconocimiento del derecho a la pensión universal para las personas adultas mayores, representa un reconocimiento de la nación a su contribución al desarrollo del país, así como un primer paso para reedificar una cultura de respeto y solidaridad hacia nuestros ancianos y ancianas. ¿Este tipo de pensión es viable? Financieramente sí. La población de adultos mayores de 70 años es de 4 millones 259 mil 547 personas, por lo que el costo anual de ofrecer una pensión equivalente a medio salario mínimo para el Distrito Federal, 31.16 pesos diarios, sería de poco más de 48 mil 453 millones 305 mil 523 pesos que equivalen al 0.31 por ciento del producto interno bruto. De dónde obtener los recursos necesarios para el financiamiento de este tan necesario programa, con una política de austeridad presupuestal de los tres Poderes de la nación. El inicio de un nuevo gobierno abre la posibilidad de convertirla en una política de Estado. Existe un consenso nacional de que hay gastos excesivos en los tres Poderes. Reducir recursos destinados a las elecciones y a los partidos políticos, y una reforma fiscal progresiva permitirá las condiciones necesarias y el impulso a la pensión universal. La propuesta contenida en la presente iniciativa busca crear un modelo de pensión universal para las personas de 70 años o más, con equidad y sustentabilidad. Se trata de una ley de orden público y observancia obligatoria en todo el país. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática refrenda su compromiso con los que menos tienen, su aspiración a una nación más justa y comprometida en la atención de sus problemas más urgentes, y en un marco de responsabilidad busca dotar al Estado de los instrumentos que garanticen con realismo, pero también con equidad, la existencia de un instrumento que sea la base para hacer realidad el derecho humano, a una seguridad social universal equitativa y viable financiera y socialmente. Demos este paso histórico. La nación demanda en beneficio de quienes han vivido en ella y por ella. Es cuanto, señor presidente.