La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: La corrupción y la falta de transparencia son un fenómeno que no ha sido erradicado a pesar de la narrativa del propio gobierno. Durante los primeros cinco años del gobierno de Morena, de Andrés Manuel López Obrador, la auditoría de la Cuenta Pública sumó la cantidad de 303 mil millones de pesos utilizados de manera irregular. Obras emblemáticas del actual régimen como el Tren Maya, el AIFA y la refinería Dos Bocas, son sinónimo de opacidad sobre costo y corrupción. Esta es una muestra irrebatible por la que requerimos modificar nuestras leyes, pero más allá de modificar leyes, contar con la determinación y voluntad de quienes conducen el gobierno federal. No es por integridad que nuestro país tiene una calificación de 26 puntos de 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional del año 2024, ocupando el vergonzoso lugar 140 de 180 países. En ese sentido, la obra pública y su proceso de contratación actualmente conlleva una gran preocupación que se subsume en la presencia de opacidad y existencia de corrupción. Por ello su regulación es una prioridad legislativa, bajo el entendido de fortalecer la transparencia y la competencia en las contrataciones públicas a fin de impulsar un doble racero basado en la sostenibilidad y el combate a la corrupción. En términos generales, desde Movimiento Ciudadano vemos como un buen punto de arranque la creación de la plataforma digital de contrataciones públicas para automatizar las etapas de compra y dar seguimiento al gasto público. Asimismo, los diálogos estratégicos permitirán que se den a conocer dentro de la legalidad la descripción de la obra o del servicio relacionado a obra pública para que cualquier interesado pueda proponer aspectos de carácter técnico y económico que se requieran para la preparación de la proposición. Por otro lado, limitar al 20 % el formato de adjudicación directa puede detener la discrecionalidad y disminuir el riesgo de corrupción en una figura que se ha prestado al abuso por parte de las autoridades y al lucro personal. Prohibir la contratación de personas morales vinculadas a funcionarios designados por el titular del Ejecutivo Federal, evitar la contratación de empresas con socios inhabilitados o con antecedentes de prácticas monopólicas o incumplimientos reiterados en contratos en los términos planteados en la ley, de aplicarse a cabalidad, puede contribuir al propósito de prevenir la corrupción. Sin embargo, no somos ingenuos, ningún decreto cambia la realidad por generación espontánea y es obligación compartida con el gobierno enfrentar los siguientes retos: Se debe garantizar que la plataforma no dependa de un proveedor único. Que la información de Compranet se mantenga disponible ahora en esta nueva plataforma y se diseñen estrategias eficaces para el proceso de transición entre plataformas. Fortalecer la planeación y proteger las subastas de filtraciones y ofertas insostenibles. Es indispensable monitorear diálogos para reducir la corrupción y usar adjudicaciones directas solo en casos necesarios y justificados, así como evitar abusos por urgencias. Por otro lado, los cambios deben incluir herramientas específicas, especialmente tecnológicas, para impedir la contratación de empresas sancionadas, de empresas fantasmas o que tengan prácticas irregulares. Aunque los sondeos de mercado ya están establecidos en la ley, el desafío será que la Secretaría Anticorrupción diseñe herramientas tecnológicas para realizar investigaciones imparciales y supervisar adjudicaciones directas para evitar abusos. Finalmente, no debe pasar desapercibido lo que expondremos más adelante en la discusión en lo particular, que es un sin sentido que la ley excluya a las obras o servicios que deriven de programas prioritarios o proyectos estratégicos que ejecute la Fuerza Armada Permanente, cuando la opacidad en el desarrollo de las obras ejecutadas por las Fuerzas Armadas ha sido la constante. Si de verdad hay un compromiso con la transparencia, se debe integrar un módulo en la plataforma digital que publique los convenios de la Sedena. Como oposición responsable, ponderando de manera crítica los beneficios que traerá la nueva ley, el voto de movimiento ciudadano en lo general será a favor de este dictamen. Sin embargo, es preciso señalar que para que estos cambios legales impacten se requieren ajustes organizacionales, inversión en materia tecnológica y una verdadera coordinación interinstitucional, porque la corrupción rebasa toda ley si no existe voluntad, compromiso y seriedad. Podemos cambiar todas las leyes de este país, colocar más candados e inhibidores de la corrupción en el ámbito legal, tener la plataforma más moderna del mundo, pero la corrupción, sabemos, excede los límites de nuestras leyes, escapa del campo de la legalidad. El reto que tiene el gobierno de Morena es demostrar con hechos, más allá del discurso, que tiene la voluntad de hacer frente a este flagelo que sigue vigente.