La diputada Obdulia Magdalena Torres Abarca: Con su permiso, diputado presidente. A 17 días de acontecido el caso del asesinato a mansalva de Maricela Escobedo a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua, se tornó cada vez turbio e indignante ante tanta impunidad y una cadena subsecuente de crímenes que no se detiene. La insostenible y vergonzosa inpunidad de los homicidios de su hija Rubí Marisol Faire y de Maricela Escobedo, el cual aconteció el 16 de diciembre del 2010 en circunstancias tan previsibles que la propia víctima la descubrió antes de ser ejecutada y que sin embargo fueron ignoradas por las autoridades responsables, la persecución y amenazas a los familiares de las víctimas, incendio de la maderería de su pareja y el asesinato de Manuel Monge Amparán, cuñado de Maricela Escobedo, horas después de que fuera levantado por un comando. El 21 de diciembre, es decir, el mismo día que esta Comisión Permanente presentaba un punto de acuerdo respecto al caso en el que hacía la condena el Congreso de la Unión por el asesinato, exigía a las autoridades el total y pronto esclarecimiento, así como la aplicación de la ley contra los responsables y el exhorto a las autoridades locales y federales, para la inmediata protección de familiares y activistas relacionados con el caso. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhortó al Estado mexicano a investigar el asesinato de Maricela Escobedo para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del crimen y adoptar las medidas necesarias con el fin de ejecutar la sentencia dictada contra el responsable del homicidio de su hija Rubí Marisol Faire, cuyo asesinato confesó Rafael Barrasa. Pese a ser condenado a 50 años de cárcel, permanece prófugo, debido a la actitud corrupta de los jueces Nezahualcoyotl Lizúñiga, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Baudid Jurado y la negligente actitud de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chihuahua. Por lo anterior y dado que el punto de acuerdo aprobado el día 21 de diciembre del 2010 no ha rendido resultados a la fecha y antes al contrario la situación en torno al caso empeora, sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Primero. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría de Justicia del Estado de Chihuahua, fijar plazas para dar avances en las investigaciones de ambos asesinatos y que informe a esta soberanía sobre la falta de resultados hasta la fecha. Segundo. La Comisión Permanente solicita al Consejo de la Judicatura del estado, la investigación y sanción a los jueces Nezahualcoyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib jurados que fueron omisos y negligentes al emitir sentencia absolutoria en el caso del asesinato de Rubí Frayre Escobedo, así como a los agentes del Ministerio Público y policías judiciales que permitieron la huída de Sergio Barraza Bocanegra. Tercero. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente al titular del Poder Ejecutivo de Chihuahua a que en el ámbito de su competencia y en colaboración con el Poder Judicial de aquella entidad admitan públicamente la responsabilidad que tienen respecto del asesinato de la activista Marisela Escobedo y reparen el daño a las víctimas de dicho homicidio, incluyendo en dicha reparación el lucro cesante de las víctimas directas, la atención terapéutica para todos los familiares involucrados y el pago de una pensión alimenticia vitalicia hasta que cumpla la mayoría de edad u obtenga una profesión u oficio la hija de Rubí Marisol Frayre, quien apenas cuenta con dos años de edad. Cuarto. La Comisión Permanente solicita a la Procuraduría General de la República haga una evaluación muy seria respecto del desempeño de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que tiene como objetivo ser una instancia modelo en el ámbito nacional e informe sobre las limitaciones que le impiden conducir una investigación ministerial de los delitos de violencia contra las mujeres que, como sabemos, debe estar centrada en la atención integral de las víctimas que concluyan resoluciones solidariamente sustentadas y por su interlocución con otras instituciones públicas y con la sociedad civil para la construcción corresponsable de una cultura que propicie el ejercicio igualitario del derecho a una vida libre de violencia y combata la impunidad. Quinto. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores que otorgue todo el apoyo necesario a los familiares de Marisela ante las autoridades de los Estados Unidos para que puedan recibir asilo por temer por su vida en su país de origen, de conformidad con las leyes aplicables en ese país, en particular su hijo Juan Manuel Frayre Escobedo. Sexto. La Comisión Permanente solicita a la Secretaría de Seguridad Pública federal que brinde todas las medidas de protección a fin de salvaguardar la integridad física y emocional de los familiares y amistades cercanas a la familia de Marisela Escobedo. Séptimo. La Comisión Permanente exhorta a las autoridades estatales para que acaten la demanda urgente de implementar el protocolo de protección al derecho humanista en el estado. Es cuanto, señor presidente.