La diputada Cecilia Guadalupe Soto González: Gracias, señor presidente. Estimados colegas, diputados y diputadas, así como ciudadanos que nos siguen desde el Canal del Congreso. Una de las enseñanzas más importantes y valiosas que hemos tenido en la reforma a nuestro sistema judicial es que cuando se obliga al sistema judicial a pagar o remediar los errores cometidos, estos errores disminuyen en número y el sistema judicial va realmente mejorando. Es por eso que presento una iniciativa al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la indemnización en caso de error judicial en la prisión preventiva. Actualmente existe una laguna en nuestro sistema jurídico nacional, en lo que toca a la procuración y administración de justicia en materia penal sobre las consecuencias derivadas del error cometido por autoridad judicial en el caso de la prisión preventiva; ya que no existe la norma constitucional y legal que reconozca y determine la indemnización correspondiente cuando se incurra en omisión de la autoridad jurisdiccional, la cual debe ser evaluable económicamente y ser puesta a disposición por toda aquella persona que, encontrándose en esta situación, hayan sido vulnerados sus derechos. Pero sobre todo, que haya sido privada de su libertad sin razón jurídica y motivada por la comisión de un error judicial por parte del juzgador. Al hablar de la procedencia de la prisión preventiva, se debe constatar previamente en la constitucionalidad de la orden de aprehensión. Esto quiere decir que, además de reunir los requisitos que marca el artículo 16 de nuestra ley fundamental, debe también supeditarse a las condiciones exigidas por el artículo 18, en el sentido de que solo puede aprehenderse a un sujeto cuando el delito que se le imputa sea sancionado con pena corporal, cuando así lo ha referido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nuestro sistema de justicia ha fincado como una de sus bases fundamentales la presunción de inocencia y el debido proceso legal, como parte del entramado de garantías de seguridad jurídica que operan a favor de las personas imputadas, las cuales se han desarrollado en los últimos años de manera más clara a partir de las reformas de 2008 a nuestro sistema de justicia y que en fechas recientes forman parte del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 113 desarrolla, entre otros, que el imputado tendrá los siguientes derechos. 1o. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad. 10o. A ser juzgado en audiencia por un tribunal de enjuiciamiento antes de cuatro meses, si se tratara de delitos cuya pena máxima no exceda los dos años de prisión. Y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa. 13o. A ser presentado ante el Ministerio Público o ante el juez de control, según el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. A obtener su libertad en el caso de que haya sido detenido cuando no se ordene la prisión preventiva u otra medida cautelar. Y a mayor abundamiento también establece con mayor contundencia sobre el tema que nos ocupa. Artículo 165, Aplicación de la prisión preventiva, solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y a las condiciones de este Código. No podrá exceder de un año salvo que su prolongación se deba al ejercicio o el derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha dictado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. Sin embargo, aunque en sentido estricto la prisión preventiva es una contradicción al principio de presunción de inocencia, como lo establece el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental, ya que se priva a una persona de un bien jurídico como lo es el de la libertad, sin saber aún si es o no responsable del delito que se le imputa, ésta tiene por objeto asegurar con las garantías expuestas en el código antes referido, la presencia del procesado en el juicio, evitando que se fugue ante la inminente amenaza de la aplicación de la privación de la libertad. Pero, qué pasa cuando en esta etapa procesal las obligaciones constitucionales y legales del juzgador no se cumplen a cabalidad, atendiendo el concepto de la responsabilidad patrimonial del Estado, derivada de un error judicial. Se tiene que el mismo es definido como la obligación que tiene el Estado de indemnizar a las personas por los daos y perjuicios que les haya causado. Los números que presenta, México evalúa con respecto al tema de prisión preventiva, nos hablan de una gran situación de injusticia. En su estudio, La cárcel en México para qué, se demuestra que en 2013, 41.3 por ciento de los presos eran legalmente inocentes, o sea no habían sido sentenciados. Coincidimos en señalar, como lo hace el escritor Gabriel Zaid, que estar preso siendo inocente es humillante para el preso, su mujer y sus hijos, es deprimente, es destructivo, desprestigia. A esto hay que añadir el costo de la producción perdida, el pago de extorsiones a las autoridades abusivas y a los internos abusivos. Si la sentencia condenatoria busca la reinserción social del sentenciado, la no sentencia logra su inserción en el infierno de la sociedad carcelaria. Es por ello, compañeros, que con fundamento en el artículo 71, fracción II y 135 de la Constitución y de los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77, 78 del Reglamento de esta Cámara, la suscrita integrante del Grupo Parlamentario del PRD, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Tendrá derecho a indemnización conforme lo disponga la ley quien sea privado de su libertad sin causa justificada o si se exceden los límites fijados por la ley para la prisión preventiva. El sitio de ésta, la prisión preventiva, será distinto del que se destinare para la exclusión de las penas y estarán completamente separados. Es cuanto, presidente.