El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Muchas gracias, presidente. Con el permiso de la Presidencia. Estimadas compañeras y compañeros diputados, el grado de importancia y trascendencia de los derechos humanos, así como su aplicación, protección y salvaguarda en cada una de las acciones de los estados, constituyen un signo que distingue a las sociedades modernas. No podríamos identificar a la democracia sin el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de cada ciudadano. No obstante, a pesar de que la mayor parte del conjunto de los países agrupados alrededor de las Naciones Unidas declara su vigencia, las violaciones a los derechos humanos ocurren en todo el mundo, aunque su gravedad y clase varían de país en país y de región en región. Desapariciones y ejecuciones sumarias, torturas y maltrato, violaciones a los derechos de alimentación, salud y educación, entre otros ejemplos, dan cuenta de que muchos gobiernos del mundo muestran poco por los derechos de sus ciudadanos o hacen poco para protegerlos y preservarlos. En México podemos presumir que no tenemos un ambiente como el que se vive en otras latitudes del mundo, sin embargo la situación que guarda la vigencia de los derechos humanos en nuestro país aún deja mucho que desear. El histórico avance que el Constituyente Permanente dio hace ya dos años con la reforma constitucional en materia de derechos humanos convirtió la cultura jurídica que se tenía al pasar del iuspositivismo al reconocimiento de los derechos del ciudadano por su inherente condición humana. En este sentido estamos obligados a analiza, estudiar y, sobre todo, cumplir a cabalidad con la alta responsabilidad que como representantes populares nos ha conferido la nación. Debemos legislar eficazmente para emprender medidas legislativas que garanticen la progresividad de nuestra Carta Magna, así como sus adecuaciones al amparo de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Por ello, ejerciendo la responsabilidad que tenemos como autoridad legislativa, debemos ser receptivos a la idea de que los derechos humanos no son estáticos, están llamados a evolucionar constantemente, respondiendo a los retos que las nuevas sociedades nos van planteando. Las reformas realizadas en materia de derechos humanos en junio de 2011 modificaron la denominación del capítulo primero de nuestra Carta Magna, dejando atrás el concepto de garantías individuales y modificándolo por el de los derechos humanos y sus garantías. Permítanme resaltar este último punto de: y sus garantías. Cambio que no es menor, pues el término denota de manera clara y específica la obligación del Estado de asegurar a todas las personas, por el solo hecho de estar bajo la protección jurídica del mismo, que estos derechos humanos no sólo están reconocidos, sino también deberán ser respetados y procurados. En congruencia, el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución establece expresamente la obligación para todas las autoridades en todos sus órdenes de gobierno de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entendiendo que esta protección se otorga a los derechos reconocidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales en los que nuestros país sea parte. Con ello se fortalece el estatus jurídico de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, precisando expresamente su jerarquía de rango constitucional al establecer entre otras cosas que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los propios tratados, privilegiando en todo momento la norma que más beneficie a la persona. Uno de los retos actuales lo representa la defensa eficaz de los derechos humanos como una obligación ineludible de todas las autoridades para proteger los derechos humanos, entendiéndose como autoridad a todos aquellos quienes integramos el Estado mexicano; es decir, los tres Poderes de la Unión: el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, así como los órganos autónomos en los tres niveles de gobierno, la federación, las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal. Sin embargo, la claridad expresa de la protección de los derechos humanos en la Carta Magna, en su artículo 1o., por una pequeña laguna legislativa ocasiona que diversas autoridades, entre ellas el Poder Legislativo, quedáramos excluidas de tal mandato en el artículo 105, fracción II, facultándose únicamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer acciones de inconstitucionalidad ante una posible contradicción entre una norma de carácter general, donde se vulneren los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México es parte. Lo anterior ha propiciado la generación de criterios judiciales en materia de derechos humanos, cuyo último resolutivo lo conocimos hace apenas una semana y en mucho es contrario a los avances que hemos logrado como país. En este sentido, como integrantes del Poder Legislativo tenemos la obligación de impulsar las mejores legislativas que demandan nuestra norma fundamental, para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos en este país. Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que con la presentación de esta iniciativa se busca dilucidar la ambigüedad en el texto constitucional, ya que como ocurrió en estos criterios se dejó la interpretación del Poder Judicial, el espíritu del constituyente permanente, cuestión que como legisladores y representantes de la voluntad popular nos corresponde disipar y así garantizar la vigencia de un estado de derecho claro y eficaz. Como sabemos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha tenido un impacto sustancial en la formación de una nueva cultura jurídica, modificando la Constitución que hasta esa fecha se tenía de los derechos humanos; asimismo, nos equiparó a la altura de los Estados modernos al establecer la protección de éstos como una obligación para quienes integramos el Estado mexicano. Nueva Alianza congruente con nuestro historial de defensa de la validez y supremacía de los derechos humanos consideramos pertinente adecuar el marco constitucional, a efecto de que los integrantes del Estado mexicano hagan efectivo el artículo 1o., a fin de que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales cuenten con la protección de las acciones de inconstitucionalidad que nos otorga nuestra Carta Magna. Termino, presidente. Nueva Alianza como un partido joven y con ideas innovadoras, cree firmemente llevar a México por una nueva ruta, donde el principio de progresividad de los derechos humanos se haga verdaderamente efectivo implementando una legislación más pertinente para atender el tema de la protección de los derechos humanos de las personas. Por su atención y por su paciencia, muchas gracias.