El diputado Christian Joaquín Sánchez Sánchez (desde la curul): Con el permiso de la Presidencia. Muy buena tardes, compañeras y compañeros. El día de hoy presento ante ustedes dos iniciativas. La primera, que adiciona el artículo 18 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, con la finalidad de promover la participación activa de los pueblos y comunidades indígenas y rurales del país en la presentación de estudios, planes y programas para el desarrollo de proyectos ante las entidades federativas y de los municipios. Bajo esta lógica, propongo establecer en el caso de que una persona que presente los estudios, planes y programas referidos sea miembro de una etnia, pueblo o comunidad indígena, el proyecto sea propuesto en algún municipio o zona de la cual forme parte. Las dependencias y entidades deberán informar en breve término y de manera constante el estatus que guarda el desarrollo del proyecto. Asimismo, propongo que, si se aprueba la realización del proyecto, las entidades y dependencias deberán conformar un comité en donde participen integrantes y miembros de las etnias, pueblos o comunidades indígenas para que estén activos en la vigilancia, verificación y resolución de la obra pública. Esto le va a abrir los ojos a nuestra gente, le va a permitir hacer comparativos de presupuesto, le vamos a poner un freno a gran parte del recurso que se está yendo en diezmos y algunos otros temas en los municipios y en la ejecución de las obras. Igualmente se deberá de respetar el derecho a la consulta previa de nuestros pueblos y comunidades indígenas en la elaboración de los planes, programas y proyectos de las obras públicas, con el propósito de que sus integrantes y miembros puedan participar en la asignación o la licitación. Lo anterior no tiene otro propósito más atender las demandas y exigencias de la ciudadanía al ser escuchados para garantizar que estas no tengan impactos negativos en su vida cotidiana, que sean funcionales, que estén bien hechas, que no se inflen los costos de las mismas y que sean lo más benéficas para la comunidad en la cual se desarrollan. Se trata entonces de reforzar la transparencia, de reforzar la participación y colaboración con la sociedad en todos los ámbitos de gobierno y generar nuevas oportunidades para el desarrollo, cerrando la puerta a la corrupción y al favoritismo en la asignación de las obras públicas. La otra iniciativa tiene el objeto de brindar mayor certeza y marco jurídico a los transportistas nacionales, especialmente a aquellos que prestan el servicio de transporte de pasajeros de los pueblos y comunidades rurales del país, a quienes actualmente no se les otorga permiso para transitar en caminos federales, solo los regulan con leyes locales, se les conoce como transporte tolerado por las unidades humildes que utilizan, no entran en algunas de las modalidades para ser atendidos por permisos federales y hoy están siendo objeto de sanciones de parte de muchas autoridades. El permiso que se les concede está sujeto a ciertos requisitos de acuerdos y condiciones difíciles de cumplir y se les expone a multas y sanciones que afectan su ingreso y encarecen el coste de transporte para los usuarios. La principal restricción que enfrentan son los puntos de ascenso y descenso que se encuentran en caminos federales, así como los tramos que deben recorrer para llegar a sus destinos. En este sentido, propongo corregir esta situación, estableciendo que el permiso otorgado tenga carácter definitivo y que en todos los casos los transportistas autorizados por las autoridades estatales o municipales tengan el derecho de que se les otorgue mediante escrito, un permiso provisional expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para usar los caminos de jurisdicción federal. Para entender estas reformas tenemos que ver a través de los ojos de nuestras comunidades indígenas, ver lo que sufren, cómo se rigen con una asamblea y solamente así podemos empezarles a cambiar su forma de vida para que les vaya mejor. Es cuanto, presidenta.