La diputada María García Pérez: Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Con su permiso, señor presidente. Cito el artículo 4o., párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. La asociación civil Reinserta un Mexicano, que preside Saskia Niño de Rivera, nombrada en octubre de 2015 por la revista Time como una de las próximas 6 líderes sociales a nivel mundial y nominada para el premio Nelson Mandela 2016, menciona que en México existen 377 niños menores de 6 años que viven con sus madres en los reclusorios de todo el país, que viven entre muros y rejas. En esta tesitura, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos efectuó visitas de supervisión a 77 de los 389 establecimientos penitenciarios existentes; 5 de ellos bajo la responsabilidad del gobierno federal y 72 estatales ubicados en los 32 estados de la república y en la Ciudad de México. El estudio de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado a las autoridades correspondientes para diseñar políticas públicas encaminadas a mejorar el sistema y la infraestructura penitenciaria nacional, con un enfoque de género. Separar a las internas sentenciadas de las procesadas espacios que permitan el desarrollo infantil y propicio para el tratamiento de las mujeres, tanto para que ellas como para los niños que viven en reclusión con sus madres reciban un trato respetuoso y digno, de acuerdo con la condición de su género, atendiendo a sus necesidades de salud, de educación y sobre todo de capacitación, trabajo productivo y remunerado; así como actividades recreativas, entre otras. El personal que realizó las visitas de supervisión observó la presencia de menores de edad en 51 centros de reclusión. Sin embargo, la estancia de estos menores únicamente se permite cuando nacen, mientras sus madres se encuentras internas, hasta una edad determinada que, dependiendo de cada centro penitenciario, oscila entre los seis meses y los seis años de edad. Aunque se tuvo conocimiento de que en los establecimientos de Acapulco y Chilpancingo de los Bravo, ambos en Guerrero, los menores de edad pueden permanecer hasta los ocho y 12 años de edad, respectivamente. Otro dato importante que arrojó el estudio, menciona que la mayoría de estos establecimientos penitenciarios carecen de atención médica especializada para los padecimientos propios de las mujeres, así como de los menores que viven con ellas. Por lo anterior, se considera que la asistencia social debe brindarse también a las hijas e hijos de las mujeres reclusas que tuvieron que desprenderse de sus madres, debido a que cumplieron con el tiempo que la ley marca para poder permanecer en dicho centro y que no siempre cuentan con algún familiar cercano que se haga cargo de su cuidado. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, es imperante cumplir con las disposiciones en materia de asistencia social, garantizando la concurrencia y colaboración de la federación, las entidades federativas y la Ciudad de México, y con este propósito se busca proteger a la clase más vulnerable y desprotegida de nuestro país, que son nuestras niñas y nuestros niños. Por lo anterior y en mi carácter de integrante de este Grupo Parlamentario de Acción Nacional, les solicito que apoyen esta iniciativa. De la misma manera, también estoy presentando una iniciativa que tiene que ver con los adultos mayores. Y yo les pregunto, quién podría levantar la mano para negarse a proteger los derechos de los adultos mayores, que han sido nuestros tesoros vivientes, personas que han protagonizado y vivido buena parte de la memoria de nuestro país. Seres humanos que nos han dado la vida a nosotros, a nuestros padres. La respuesta debería ser: nadie. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, señala que la población adulta mayor está creciendo de manera acelerada. Se prevé que para el año 2050, las mujeres de 60 años y más representen el 23.3 por ciento del total de la población femenina y los hombres constituyen el 19.5 por ciento del total de la parte masculina en México. Por lo antes mencionado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, menciona que los adultos mayores tienen todos los derechos que se encuentran reconocidos tanto en nuestra Constitución Política y los ordenamientos jurídicos que de ella se derivan, como en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en el cual establece: vivir en lugares seguros, dignos y decorosos, en los que puedan satisfacer sus necesidades y sus requerimientos. Si bien es cierto, es de conocimiento público que la mayor parte de nuestros adultos mayores tienen una pensión muy baja, en la mayoría de los casos es inferior al ingreso mínimo mensual, siendo éste el único ingreso que reciben. Esto conlleva a que no tengan alimentos diarios, asistencia a la salud, medicamentos, vestidos, artículos de primera necesidad, mantener sus hogares en buenas condiciones o simplemente a desarrollarse socialmente en el medio en el que viven. Sus bajas pensiones son el motivo por el cual buscan nuestros adultos mayores en distintas instituciones bancarias, créditos para poder complementar sus pensiones y con esto vivir de manera digna, pero las diferentes instituciones bancarias no autorizan dichos créditos por su edad, ya que para ellos es un riesgo el pago de dicho crédito. Por lo anterior y viendo la problemática que los adultos mayores atraviesan, propongo que se establezca una figura de hipoteca inversa. Esto es crear un nuevo servicio al público a fin de dar la posibilidad a todos nuestros adultos mayores de hipotecar un inmueble de su propiedad. La hipoteca tendría por finalidad que pueda recibir el equivalente al valor comercial del inmueble en cuotas mensuales, mejorando así su pensión y nivel de vida del adulto mayor, o del matrimonio. A su fallecimiento de cualquiera de los dos o ambos, los herederos podrían pagar el crédito o en caso contrario, dar la propiedad hipotecada a remate para liquidar a la institución financiera y al resto de los herederos en caso de haberlos, de tal suerte que los adultos mayores estarán dotados de un apoyo y figura jurídica que es la hipoteca reversible en el cual los adultos mayores que tengan una propiedad que hoy constituye su único patrimonio, que genere un provecho económico monetario en el cual nuestros adultos mayores puedan gastar para vivir dignamente y cubrir sus necesidades básicas y hasta su muerte. Quiero poner algunos ejemplos de algunos países en el mundo donde se ha implementado esta hipoteca inversa y uno de ellos es Reino Unido, Estados Unidos, Australia, Japón, Nueva Zelanda, España y Canadá. En esta tesitura pongo como ejemplo también el estado de México, el cual el 7 de mayo de 2013 se publicó en la Gaceta del gobierno del estado de México poner en marcha la figura de pensión hipotecaria o hipoteca inversa. Por lo antes expuesto, compañeras y compañeros diputados, les pido que apoyen esta iniciativa en beneficio de nuestros adultos mayores y que recordemos que si Dios nos presta vida, todos llegaremos a ser viejitos, y si tenemos hijos agradecidos estarán con nosotros y, si no, nos dejarán al abandono como a muchos otros, y hay que generar precisamente estas figuras jurídicas para proteger a toda nuestra gente, a todos nuestros adultos mayores. Por su atención, muchas gracias.