El diputado Salvador Barajas del Toro: Muchas gracias, señor Presidente. El derecho a la salud consagrado en el párrafo tercero del artículo 4o. de nuestra Carta Magna, constituye una garantía que debe de gozar el individuo, y así lo menciona de la misma manera el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es deber del Estado salvaguardar este derecho mediante la expedición e instrumentación de políticas enfocadas a brindar servicios de salud y de protección sanitaria, para así contribuir al bienestar de la población del país. Un claro y fehaciente ejemplo de ellos, es la expedición de leyes protectoras de la salud pública, como son entre otras, la Ley Federal de Sanidad Animal, la cual tiene por objeto regular los procesos de producción pecuaria dirigidas al consumo humano. En este ordenamiento se establecen los lineamientos y los supuestos jurídicos, para hacer un efectivo proceso de inspección de sanidad animal, el cual tiene como fin primordial garantizar las condiciones salubres, para que la carne de consumo humano no afecte a la salud de los consumidores. Por lo anterior, la actividad de inspección sanitaria animal, debe conducirse con una gran mesura, ética, eficaz y profesionalismo, pues de ella depende en gran medida la salud pública, en el entendido de que la carne para consumo humano debe estar libre de contaminación, provocada por la utilización de sustancias químicas que son dañinas para el organismo humano como es el caso de las sustancias beta-agonistas específicamente el clembuterol, utilizada indebidamente para la engorda de ganado. Por ello, los inspectores son depositarios de la responsabilidad de salvaguardar la salud de los consumidores de los productos cárnicos, pues tienen en sus manos la decisión de autorizar la comercialización de la carne con la que nos alimentamos, refiriéndonos tanto a las autoridades como a los organismos ciudadanos a los que se les delega esta función. En esta iniciativa se pretende tipificar como delitos contra la salud de carácter grave, por tratarse de un consumo indirecto, doloso y sin el conocimiento del consumidor al individuo que lo importe, posea, transporte, almacene, comercialice o en general realice actos con cualquier sustancia, cuyo uso esté prohibido para la alimentación animal así como la omisión de efectuar un riguroso proceso de inspección fitosanitaria animal, así como las prácticas de corrupción que se puedan llegar a consumar con la aprobación y la expedición de certificados zoosanitarios, el cual afectará gravemente la salud de la población consumidora. De la misma forma, debe existir la congruencia de sancionar en la misma medida la autorización indebida por parte de los inspectores de la sanidad animal, pues aquí análogamente existe un simbólico fraude para la población y por lo que, al no existir analogías en materia penal, es necesario contar con un tipo penal para estas conductas infames. Debemos, como legisladores, prever todas las hipótesis de conducta contenidas en la estructura formal de esta norma, pues el bien jurídico tutelado es la salud de la población y debemos tener en cuenta que así como los delitos cometidos como el narcotráfico son severamente castigados por ser delitos contra la salud pública; esta conducta debe de ser considerada igualmente como un crimen en virtud de que el bien jurídico es la salud y está bien tutelado y no restituible. Por tal motivo, es tan delicado debido a que se trata de delitos contra la salud pública, agravados por el dolo con el que se práctica. Por lo que el sujeto activo de este tipo penal que se propone insertar en esta ley es un agente con suficiente autoridad delegada por el Estado para desempeñar esta función de alta responsabilidad. Adicionalmente, esta propuesta tiene como fin de que las personas encargadas de realizar esta actividad para proteger la salud de la población ejerzan sus funciones mediante una férrea y meticulosa ética profesional, para así lograr disminuir los casos de enfermedades crónico-degenerativas que, como se han mencionado en repetidas ocasiones desde esta alta tribuna, han afectado la salud pública de nuestro país y en particular los casos de Aguascalientes, Colima y Jalisco. Sosteniendo lo anterior con diversos estudios que comprueban que el uso de estos fármacos beta-agonistas, como el clembuterol en la alimentación de ganado vacuno, repercute de manera sustancialmente negativa en la salud humana al consumir la carne contaminada y los derivados de ésta; provocando severos perjuicios a la salud, como pueden ser la resistencia a los antibióticos por parte de las bacterias patógenas que infectan al ser humano, alteraciones hormonales en adolescentes y principalmente en adultos, así como una excesiva estimulación cardiovascular que pudiese presentar además adormecimiento de las manos, temblores musculares, alteraciones considerables del sistema nervioso, altos niveles de estrés, dolor de cabeza y dolores musculares. Y no sólo eso, sino las secuelas y consecuencias que produce el consumo prolongado de las sustancias beta-agonistas en las personas que a largo plazo, como degeneraciones hormonales que se derivan en desórdenes de tipo canceroso. De tales alteraciones de salud, se ha demostrado un considerable aumento en los últimos tiempos, coincidentemente también en el uso de dichos fármacos en las distintas clases de ganado y en su carne del consumo humano. Estamos convencidos que mediante la aprobación de este proyecto se erradicarán en buena medida los niveles desmedidos de corrupción que imperan entre algunos de los inspectores de Sagarpa y los organismos integrados por personas encargadas de supervisar la licitud y el buen desempeño de la expedición de documentos en materia zoosanitaria o de la actividad pecuaria y que esos se dirijan con un estricto apego a los procedimientos establecidos en las normas, para así proteger y mejorar los estándares de nutrición y la salud de todos los habitantes de este gran país. Por lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente proyecto de acuerdo: Artículo uno. Se reforma el artículo 62, fracción I. Se recorre en su orden la actual fracción II, para quedar como fracción III; y se adiciona la fracción II del propio artículo 62; así como se reforma el artículo 63 de la Ley Federal de Sanidad Animal para quedar como sigue: Artículo 62. Se sancionará con penalidad de 10 a 18 años de prisión y con multa de hasta mil veces de salario mínimo general vigente en la zona económica en que se lleve a cabo sin perjuicio de las sanciones administrativas que pudieran generarse: I. Al que omita documentos en materia zoosanitaria, omitiendo los procedimientos establecidos por su expedición, así como al servidor público que en el ejercicio de sus funciones o aprovechando su cargo permita o autorice, o tolere dolosamente la comercialización de cabezas de ganado o mercancías pecuarias contaminadas, destinadas para el consumo humano. La pena prevista en el artículo se aumentará en dos terceras partes. II. A quien extorsione o agreda de manera verbal, moral o físicamente Y por último, el artículo 63. ... al que por cualquier medio ordene el suministro o suministre sustancias o alimentos prohibidos a animales destinados al abasto de consumo humano y a los que hagan alusión a esta Ley y las normas oficiales, se les impondrá una pena de cuatro a ocho años de prisión y de 10 mil a 50 mil días de salario mínimo vigente en la zona económica en la que se lleve a cabo dicho hecho. Por último, señor Presidente, le solicito atentamente que por la naturaleza jurídica de esta iniciativa, sea turnada a la Comisión de Justicia para su opinión en virtud de que se trata de dos tipos penales. Solicito también se inserte en el Diario de los Debates de manera íntegra esta iniciativa que acabo de presentar, haciendo una solicitud a quien dictamine esta iniciativa que lo pudiera hacer a la brevedad, debido a los acontecimientos que en los últimos meses han habido en los estados de Michoacán, Colima, Aguascalientes y Jalisco. Muchas gracias.