El diputado Pedro Jiménez León: Compañeras diputadas y compañeros diputados. La transición democrática que ha experimentado el país en los últimos años enfrenta serias dificultades que no le permiten alcanzar su consolidación. La sociedad mexicana observa, no sin asombro, la falta de sensibilidad de la clase política, la que no ha podido dar solución a una serie de problemas que no sólo persisten, sino que se han agravado. Los avances en la democracia electoral no se han visto correspondidos con mecanismos de rendición de cuentas por parte de los gobernantes. El resultado es francamente desalentador, y a los ojos de la ciudadanía la interrogante es ¿qué hacer cuando un servidor público o representante popular no resuelve los asuntos de su competencia, cuando pone en riesgo el desarrollo nacional, estatal, municipal o delegacional, o de plano es omiso y adopta decisiones que van en contra de lo establecido en la Constitución, las leyes o de los intereses de los ciudadanos? Ante un ejercicio de la política que ha conferido a la sociedad el papel de mera espectadora, la respuesta es otorgar al ciudadano un derecho fundamental que le corresponde, el de destituir a los gobernantes. La propuesta no busca abrir la puerta a la ingobernabilidad ni mucho menos lleva dedicatoria, por el contrario, atiende una demanda que se refiere a construir una convivencia democrática alejada de las formas del poder que sólo acuden a la sociedad en la búsqueda del voto, y cuando están en el cargo olvidan sus compromisos con ella. La revocación de mandato permite que se exprese la voluntad ciudadana para dar paso a la remoción anticipada del servidor público y le otorga el control permanente sobre quienes ejercen el poder, recuperando el espíritu del artículo 39 de la Constitución: "La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno". En Convergencia creemos que al impulsar esta iniciativa estamos volviendo a su cauce el sentido de la voluntad popular y damos fin a una realidad en la que los servidores públicos hacen uso de los recursos como patrimonio propio. Por eso presentamos hoy esta iniciativa en la que planteamos revocar el mandato de los titulares de los órganos del poder público, electos mediante sufragio universal, por omisión, evidente negligencia o ejercicio indebido de sus facultades y que con ello causen daños o perjuicios a la institución, a terceros y afecten los intereses de la nación. Revocar el cargo al Ejecutivo federal por actuación omisa, negligente o por un ejercicio indebido del poder público que cause perjuicio a la institución que representa y afecte los intereses de la nación, cumplidos tres años de gobierno, previa consulta ciudadana. Revocar por similares causas el cargo de gobernador, jefe de gobierno del Distrito Federal, presidentes municipales y demás cargos de elección popular. Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 39 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por razones de tiempo, solicito a la Presidencia que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.