La diputada Ana Erika Santana González: Con el permiso de la Presidencia, gracias. Con profundo respeto y permiso de las y los buscadores, como exbuscadora, como activista en derechos humanos y ahora como diputada federal de Baja California, vengo a exponer este tema tan delicado y tan sentido en miles de familias de este país. México es un país que se distingue por su belleza natural, su riqueza cultural y, sobre todo, por la calidez de su gente. Es una nación que inspira, abraza y resiste con mucha fuerza ante las adversidades. Sin embargo, esa fuerza ha sido puesta a prueba por uno de los problemas más dolorosos de nuestra realidad: la desaparición de personas, un crimen de lesa humanidad, un fenómeno complejo de dimensiones nacionales e internacionales que representa uno de los mayores retos para los sistemas de justicia, seguridad y derechos humanos en nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, más de 115 mil personas han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México y aunque el fenómeno no es reciente, más del 90 % de estos casos se han registrado a partir de 2006 en el caso de mi familia a partir de 2007, lo que evidencia la gravedad y el crecimiento sostenido de esta crisis. Estas, señoras, señores, no son cifras. Estamos hablando de personas. Son hijas, hijos, padres, hermanas, hermanos, jóvenes cuya vida ha quedado suspendida, la vida de su familia también. En el caso de mi familia 10 mil 640 días en suspenso. Cada fotografía, cada pancarta, cada nombre en una ficha de búsqueda es un grito desesperado de una madre, de un hijo, de un amigo. Es una exigencia de lo más básico, saber dónde está tu ser querido, saber que está bien, poder abrazarlo o al menos que tenga un lugar digno en la memoria y en la justicia. Frente a este dolor, el Estado mexicano ha creado instituciones, emitido leyes y diseñado planes para atender esa crisis, pero todo esto ha sido insuficiente hasta hoy. Se los digo porque yo lo he vivido, sé qué es ser desplazado, sé qué es huir con tus hijos y tener que empezar de nuevo. No obstante, estos esfuerzos no han tenido los resultados esperados y las instituciones no han funcionado con la eficacia ni con coordinación que exige la magnitud de este problema. Mientras discutimos aquí banalmente y toman el tema a la ligera como posicionamiento político, hemos personas que conocemos el tema a fondo porque lo hemos vivido, porque hemos buscado, hemos escuchado crujir el suelo con nuestras palas y, en lo personal, mi tesis doctoral que aún no concluyo, es sobre desaparición forzada. Estamos buscando aún y nunca, nunca va a haber reparación del daño, jamás, jamás. Cada semana se suman nuevos nombres de registros, nuevas familias que inician una búsqueda, en muchos casos se vuelve interminable contener esta crisis por la complejidad que implica enfrentarlo sin herramientas modernas, sin coordinación efectiva y sin una política de Estado firme y articulada. No podemos seguir enfrentando la tragedia de esta magnitud con estructuras del pasado. Necesitamos un nuevo enfoque, una nueva arquitectura institucional. Por ello, la aprobación de esta reforma es tan necesaria y urgente porque es un inicio. Estamos hablando de cambiar de raíz la forma en que el Estado enfrenta las desapariciones, para lograrlo la reforma propone mecanismos concretos que fortalecen las capacidades del Estado para buscar, para encontrar. Uno de ellos es el establecimiento de la identidad única y confiable mediante el CURP biométrico, esta medida facilitará la localización e identificación de personas desaparecidas al integrarse con registros administrativos, bases forenses y plataformas de seguridad. Asimismo, la reforma fue diseñada para que haya, por primera vez, coordinación que hasta hoy no hay, una plataforma, no conoce lo que la otra dice. Reorganiza, conecta y obliga a las autoridades a colaborar, las Fiscalías, los servidores forenses, las comisiones de búsqueda y los registros poblacionales ya no trabajarán por separado, ahora compartirán datos, se coordinarán en tiempo real y actuarán con protocolos unificados, con ellos se evita la pérdida de información, se reducen los tiempos de respuesta y fortalecen las acciones de búsqueda desde ese primer momento. Por supuesto que esta ley es y será perfectible. En el Partido Verde consideramos que el tema de la desaparición forzada debe de abordarse con responsabilidad, sensibilidad y profundo respeto porque detrás de cada caso hay una familia que espera respuestas, no promesas y no política. Reconocemos la labor incansable de los colectivos y en especial de las Madres Buscadoras, pero esta no debe de ser una lucha que enfrentan solas, nos toca a nosotros, a nosotras como representantes del pueblo nos toca darles herramientas y el respaldo institucional que merecen. Por esto votaremos a favor, porque creemos que estos cambios sí pueden marcar la diferencia real en la vida de miles de mexicanos y mexicanas que hoy sufren la desaparición de un ser querido. Es cuanto. Gracias.