EL DIP. JORGE A. RODRIGUEZ PASOS: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo el tema que se discute es de vital importancia para un sano desarrollo de la sociedad mexicana. Debemos recordar que el origen del concepto de estado de derecho se enmarca en el surgimiento del estado democrático Constitucional, como oposición al ejercicio del poder político de los estados absolutistas en donde la voluntad dei monarca era la única fuente de derecho existente. No obstante, las clasificaciones que de la ley se hacen, San Agustín y Tomas de Aquino o la vieja tesis del derecho divino de los reyes e incluso la influencia que la iglesia católica tuvo en los estados estamentales, Ea fuente primigenia del derecho lo era la voluntad del monarca con el consecuente estado de inseguridad jurídica para los súbditos. El concepto de estado de derecho esta indisolublemente vinculado al estado Constitucional y significa que los titulares de los órganos del estado se encuentran facultados para realizar todo aquello para lo cual la norma jurídica les faculta expresamente, en tanto que los particulares pueden realizar todo aquello que la norma jurídica no les prohibe, o aún incluso realizar las conductas que la norma les prohibe bajo el riesgo de la aplicación de una sanción. Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, la consolidación y fortalecimiento del estado de derecho no ha sido fortalecer el ámbito de libertades que los particulares tienen frente al poder público; por ello nuestra postura es que todo servidor público actúe dentro del ámbito compentencial que la ley le otorga para que no se den las conductas contrarias a derecho que vivimos en el pasado o inclusive en la nueva administración con el Presidente Fox, quien al momento de rendir la protesta Constitucional, en ese mismo acto se aparta del texto expreso del contenido del artículo 87, paradójicamente en ese acto quien protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de nuestro país, es el primer en apartarse del texto que el propio artículo marca. Pero dentro de este amplio catálogo de violaciones al texto de la ley, destaca en un lugar preferente lo ocurre en el estado de Yucatán. En ese estado se tendrá el primer gobernador en la historia postrevolucionaria que durará en el cargo diez años, es un hecho totalmente inédito. Precisamente para restituir en el estado de Yucatán la legalidad violentada a nuestro grupo parlamentario, no le han pasado desapercibida las sistemáticas violaciones que a la Norma Fundamental se han dado, por ello con fecha 12 de marzo de 1997, militantes de nuestro partido promovieron demanda de juicio político en contra del gobernador Cervera Pacheco y de los integrantes de la LIV Legislatura del estado, ya que no realizaron oportunamente la reformas a la Constitución Local para ponerlas en concordancia con la Constitución Federal, según el decreto de fecha 21 de agosto de 1996 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto del mismo año, en cuyo penúltimo y último párrafo del artículo 2O. transitorio, se establecía la obligación para realizar esas adecuaciones en un plazo no mayor de seis meses. Además con fecha 8 de octubre de 1997, se promovió otra demanda de juicio político en contra del gobernador Cervera, ya que ha rebasado con mucho el tiempo de duración en el encargo, y en un hecho inédito, será gobernador por diez años o más, si toma como pretexto lo que los diputados del PRI en la legislatura local y el mismo considera una invasión a la soberanía del estado por parte del Tribunal Electoral de la Federación. La legislatura local no ha captado la sentencia del TRIFE a los juicios de revisión Constitucional promovidos en contra de actos de la propia Cámara de Diputados del estado para la integración del órgano electoral local, Ante la omisión de la legislatura para dar cumplimiento a las sentencias, la propia Sala Superior del Tribunal acordó por si realizar el procedimiento de designación de los consejeros electorales. Todo ello con el propósito de que el proceso electoral para la renovación del titular del Ejecutivo, de los diputados y de los ayuntamientos del estado prevista para mayo del próximo año se pueda efectuar. No obstante que ya deberían de estar integrados los otros consejos electorales para organizar la elección de diputados y ayuntamientos, aún se está en la posibilidad técnica de que el proceso se realice en la fecha prevista, Compañeras y compañeros diputados: Para el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, no es válido el argumento esgrimido por el gobernador Cervera y los diputados locales del PRI, en el sentido de que las sentencias del TRIFE atentan contra la soberanía del estado. Este argumento significa tanto como decir que la sentencia de amparo en el sector que se denomina "casación" atenta contra la soberanía de los estados porque modifique o anula las sentencias de los órganos jurisdiccionales locales; precisamente el constituyente permanente en la reforma Constitucional de 1996, crea el Tribunal Electoral con las competencias señaladas en el artículo 99 Constitucional para que los procesos electorales y los actos y las resoluciones de las autoridades de la materia, puedan ser impugnados. Todo ello para dar certeza jurídica a los actores que intervienen en los procesos electorales. Compañeras y compañeros diputados: Por las consideraciones antes expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo se pronuncia y exige como lo ha hecho siempre, por el respeto al estado de derecho en nuestro país. Es cuanto, señor Presidente.