La diputada Ana Guadalupe Perea Santos: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Inicio con un reconocimiento a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya que durante toda su vida institucional, pero esencialmente a partir de que adquiere su autonomía en el año de 1999 se ha consolidado como un sistema de protección no jurisdiccional a favor de la defensa de los derechos humanos, motivada desde sus inicios por la gran demanda nacional de un verdadero estado de derecho. Actualmente tanto la CNDH como los organismos estatales de derechos humanos, son un modelo de gestión que consolida una cultura de respeto de los derechos humanos donde investigan y emiten recomendaciones apegadas estrictamente a la normatividad y que a pesar de que dichas resoluciones no tienen un carácter coercitivo para la autoridad responsable, sí lo obliga a responder conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de su no aceptación o incumplimiento. Además la Cámara de Senadores, la Comisión Permanente o las Legislaturas de las entidades federativas podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante ellos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. Dentro de las atribuciones de la CNDH es también la de supervisar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario y de readaptación social del país, y con ello el de conocer e investigar a petición de parte o de oficio presuntas transgresiones, así como de las de queja que por acción u omisión de las autoridades penitenciarias puedan ser violatorias de los derechos de los reclusos. Para ello la comisión tiene la facultad de emitir las recomendaciones públicas y acuerdos que resulten de las indagatorias realizadas por los visitadores y en los casos que existan hechos legítimamente graves, el presidente de la Comisión Nacional podrá presentar a la opinión pública y a las autoridades correspondientes, un informe especial. En este contexto es que se emite anualmente un diagnóstico de supervisión penitenciaria que con fundamento en el artículo 6, fracción XII de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la CNDH evalúa a cada uno de los centros de reclusión a través de visitas y recorridos, verificando las condiciones de estancia e internamiento de las personas procesadas y sentenciadas, ponderando, ante todo, el respeto y la observancia a los derechos humanos. El Reglamento Interno de este organismo establece que dicho diagnóstico se realizará a través de la tercera visitaduría, el cual deberá contener, como mínimo, los datos estadísticos sobre el número, las causas y efectos de los homicidios, así como de las riñas, motines, desórdenes y abusos y quejas, documentadas que sucedan en las prisiones, centros de detención y retención federales y locales, el cual hace del conocimiento de la sociedad y de los distintos órdenes de gobierno competentes. El 29 de marzo del presente año, la Cámara de Diputados recibió de la CNDH el pronunciamiento, la supervisión penitenciaria donde afirma que el sistema penal mexicano enfrenta una grave crisis derivada de la falta de una adecuada política nacional que atienda los grandes rubros que constitucionalmente debe observar y cumplir. Asimismo se refiere que el diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria pretende orientar las políticas para atender esta problemática y a su vez llama a analizar los resultados de este diagnóstico de forma integral con el propósito de utilizar realmente la información cuantitativa y cualitativa para atender las diversas problemáticas que prevalecen en los centros de reclusión. A la vez plantea conforme a un proceso incluyente donde pueda participar con los organismos estatales de los derechos humanos y las propias autoridades relacionadas con el sistema de reinserción social. Por esta razón propongo que por ley se establezca la inclusión en los centros de readaptación social a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que de manera directa atienda las problemáticas denunciadas en los distintos centros penitenciarios en materia de derechos humanos, a efecto de prevenir situaciones como las ya conocidas en el penal de Topo Chico, por señalar un ejemplo. En la vigente ley que establece las normas mínimas sobre readaptación social de sentenciados, en su artículo 9o., se establece la creación de un Consejo Técnico Interdisciplinario que funge como un órgano consultivo, el cual tiene importancia en las acciones en pro del óptimo funcionamiento de los centros de readaptación social, no solo por la individualización del sistema progresivo, sino además, por las opiniones que emiten sobre la administración, organización y operación de quienes intervienen en el funcionamiento del centro de reclusión, mismas opiniones que podrán ser sugeridas a la autoridad ejecutiva para el buen desarrollo del mismo penal. En este aspecto podemos afirmar que la legislación penitenciaria se orienta de manera clara a establecer una participación plural de responsabilidades para el correcto funcionamiento de los centros penitenciarios; sin embargo, es necesario que en la conformación del consejo técnico interdisciplinario, exista la representación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de los organismos estatales de derechos humanos para fortalecer al sistema penitenciario y como una institución pública autónoma al servicio de la sociedad, dé respuesta y seguimiento eficaz a las demandas que la misma sociedad le impone, y para ello debemos de dotar de una atribución inclusiva a la CNDH para que garantice los derechos humanos de los reclusos, principalmente cuando el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria arroja resultados críticos que ponen en riesgo la misma gobernabilidad del penal. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 6o de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una fracción XII-Bis, para quedar como sigue: Artículo 6o. La Comisión Nacional tendrá las siguientes atribuciones: XII-Bis. Integrar el Consejo Técnico Interdisciplinario o cualquier órgano consultivo de cada reclusorio, para la observancia y seguimiento del resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria vigente, conforme a la legislación aplicable. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.