El diputado Francisco Javier Carrillo Soberón: Muchas gracias, compañero Presidente. A pesar de reconocer el esfuerzo de concertación que ha caracterizado el trabajo de la Comisión de Energía a lo largo de la presente Legislatura, el grupo parlamentario del PRD, ha decidido votar en contra en lo general del dictamen a discusión. La razón profunda se encuentra en la imposibilidad de conciliar dos visiones francamente contrapuestas, tanto de lo que debe ser la estructura institucional del sector energético en general, como del papel que debe jugar el Estado en el impulso y desarrollo de las fuentes renovables de energía en lo particular. Para el PRD, el mayor beneficio social por el aprovechamiento de los recursos naturales, incluidos los renovables, se obtiene cuando su explotación es llevada a cabo por el Estado principalmente y complementada con las actividades de los particulares, sobre todo en materia de auténtico auto abasto. Dicho de otra manera, el desarrollo de las renovables, la diversificación de los energéticos, la preservación de los recursos naturales, debe ser una política de Estado, con una visión estratégica de largo plazo, en el que se desempeña un papel protagónico. Esta discrepancia tiene su correlato jurídico, en nuestra opinión de que la figura de productor independiente de energía, que implícitamente se apuntala con el dictamen, contiene serios visos de anticonstitucionalidad, los cuales han sido resaltados en documentos tales como, la opinión que emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la reforma al Reglamento de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. El informe del resultado de la revisión de fiscalización superior de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación y la opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, de que se trata de figuras inconstitucionales. Por otra parte existen impugnaciones no desmentidas y compartidas por legisladores y especialistas de que la adquisición por parte de CFE de energía eléctrica proveniente de estos permisionarios, resultaría más onerosa que la proveniente de otros esquemas financieros. Existen también evidencias de presiones de estos permisionarios para que se despache la energía que se produce, a costa del incremento de los costos de la Comisión Federal y de la estabilidad del sistema eléctrico. Participamos de la certeza de que estos rasgos se agravarían en el caso de que esta figura se utilizara para fuentes renovables. Aquí cabe recordar el antecedente del proyecto "La Venta 3", aprobado en la discusión del paquete económico para 2006 y para cuya realización, el Gobierno Federal cabildeó uno de los más importantes bonos verdes que se hayan obtenido del Banco Mundial y que sólo beneficiarán al productor privado, sin fijar un candado al porcentaje de participación privada en la generación adicional. A partir de fuentes renovables, sin este candado, no nos cabe la menor duda de que esto será la constante mientras no cambie la orientación política de los gobiernos en turno, con la consiguiente erosión de la capacidad efectiva de rectoría del Estado. No obstante, tenemos que reconocer, compañeras y compañeros, que gracias al debate legislativo, se lograron cosas importantes en este dictamen. Por ejemplo, el reconocimiento de todo un capítulo de responsabilidad social, donde los sectores afectados, tenedores de la tierra, serán beneficiados con consulta y con asesoría para poder constituir un sector social de generadores de energía eléctrica, donde puedan asociarse con los generadores. Y se crea, para los proyectos mayores, como el que hoy representa la parota o el cajón, un Comité de Evaluación Social, donde participarán instancias federales, estatales y municipales, a fin de garantizar la correcta previsión y orientación de los intereses de la comunidad. Estamos convencidos de la urgencia de fortalecer los renovables, pero esto hay que hacerlo fortaleciendo los instrumentos del Estado, como son la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro y el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Reconocemos en este sentido que se aceptó modificar el escenario del estímulo a la investigación científica y tecnológica, apoyándose fundamentalmente en el sector público, esto es, la instituciones que acabamos de mencionar; pero no podemos desconocer que hoy hay un escenario complicado en el escenario energético nacional, donde la presión de los privados, para deformar, inclusive los subsidios que se les va a otorgar, virtud de esta ley a los productores independientes de energía, están distorsionando la planeación energética nacional. Es por este motivo, porque creemos que debemos responder en el desarrollo de las renovables a una visión distinta, es que hemos decidido votar en contra en lo general, reconociendo los avances –concluyo, compañero Presidente- que ustedes observan en el dictamen y que de cualquiera manera representarán una garantía para que las comunidades sean protegidas. Muchas gracias.