La diputada Yaret Adriana Guevara Jiménez: Con la venia de la Presidencia. La regulación es, de acuerdo con la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la facultad que tiene el Estado de emitir reglas que normen las actividades económicas y sociales de los particulares. A través de dichas reglas se pretende garantizar el funcionamiento eficiente de los mercados, certeza jurídica para los agentes económicos respecto a los derechos de propiedad y evitar atenuar o eliminar daños eminentes a la salud o bienestar de la población y al medio ambiente. En la actualidad, las regulaciones se han constituido en auténticas barreras para la realización de las metas nacionales en materia de democratización de la productividad y la competitividad, igualdad de oportunidades, sana competencia entre empresas y fomento económico. Nuestro país enfrenta un serio problema de sobrerregulación, a la fecha se encuentran vigentes 150 mil regulaciones y cerca de 130 mil trámites entre los tres niveles de gobierno, cuyo cumplimiento genera un costo equivalente al 2.63 por ciento del producto interno bruto, es decir, 310 mil millones de pesos anuales aproximadamente. Un ejemplo de lo anterior es el resultado obtenido en el reporte Doing Business del Banco Mundial correspondiente al año 2016, el cual mide la calidad y la eficiencia de los sistemas regulatorios y su impacto en la facilidad para hacer negocios. Dicho reporte ubica a nuestro país en el lugar 47 de 190 naciones participantes. Asimismo, el julio de 2017 el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, la cual señaló que 20 por ciento del total de las unidades económicas, manifestó que el marco regulatorio representa un obstáculo para el alcance de sus objetivos de negocio. En promedio, cada unidad económica gasta alrededor de 48 mil 871 pesos por cargas administrativas. Por si esto fuera poco, la encuesta mostró también que a mayor número de trámites y regulaciones impuestas por el Estado, mayores son las facilidades para propiciar actos de corrupción. El 64 por ciento de las unidades económicas consideró que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, 39 por ciento señaló que los desembolsos irregulares que hacen las empresas tienen como propósito evitar multas o sanciones, y el 30 por ciento afirmó que estos se destinaron a la obtención de licencias o permisos. En atención a dicha problemática y a la necesidad de adecuar los procesos de regulación administrativa, el Ejecutivo federal remitió a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Mejora Regulatoria y se derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, dicha propuesta tiene como objetivo establecer los principios rectores en materia de mejora regulatoria a nivel nacional, identificar con claridad a los sujetos obligados, definir las competencias de la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías. Propiciar la reducción de los costos de transacción, aplicar políticas de revisión normativa que conduzcan a la simplificación y homologación de trámites, y fomentar el uso de herramientas tecnológicas para el cumplimiento de estos y otros fines. La iniciativa en comento propone la creación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, además crea un Consejo Nacional que será el órgano rector de la política de mejora regulatoria, en el que podrán participar todos los actores involucrados. Fortalece a la Cofemer al expandir sus alcances a nivel nacional, obliga al gobierno federal a formular una estrategia nacional de largo plazo. Establece los sistemas estatales de mejora regulatoria, incluye a otros sujetos obligados como los Poderes Legislativos, Judiciales y organismos autónomos en las entidades federativas. Funda el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria, instaura el Catálogo Nacional de Regulaciones, Trámites y Servicios, así como un Registro Nacional de Visitas Domiciliarias, y finalmente, genera mecanismos de protesta ciudadana en los que, además, se podrán hacer denuncias por casos de corrupción. Por las razones expuestas, quienes integramos el Grupo Parlamentario del Partido Verde votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos de acuerdo en que nuestro país requiere hacer de la mejora regulatoria una política de Estado. Estamos convencidos que con la entrada en vigor de la nueva Ley de Mejora Regulatoria estaremos coadyuvando a impulsar el crecimiento de la productividad y competitividad de la economía nacional, para que ello se traduzca en un mayor crecimiento para nuestro país y, a su vez, se cierren los espacios para la corrupción que tanto ha obstaculizado el desarrollo. Es cuanto, presidente.