El diputado Andrés de la Rosa Anaya: Gracias. Con su permiso, diputado presidente. A nombre de los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de esta LXII Legislatura, y en ejercicio de la facultad que nos otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 6, numeral 1, fracción I; 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforman y se adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. El Poder Judicial de la Federación tiene entre sus responsabilidades más importantes la de sustanciar las controversias que se le presenten con motivo de un diferendo de causas civiles, administrativas, mercantiles, o bien, la resolución de procesos penales. Esta solución de controversias es una de las actividades más sensibles que lleva a cabo el Estado mexicano, pues las determinaciones de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afectan de manera directa el patrimonio, la libertad o el estado civil de la personas. En este sentido, en materia penal resulta de la mayor importancia para la sociedad en general, contar con instituciones judiciales sólidas y eficaces que garanticen imparcialidad, expedites, legalidad y justicia en la determinación de las resoluciones que emitan los jueces. Sin embargo, ante el gran número de procedimientos que son sustanciados ante los jueces de distrito y los tribunales unitarios de circuito, el elemento de expedites en muchas ocasiones se encuentra ausente, dicha situación deja en evidencia la falta de recursos materiales y humanos del Poder Judicial, al tiempo que demuestra la urgente necesidad de llevar a cabo reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que permitan a jueces y magistrados distribuir de mejor manera las cargas de trabajo. Según datos de dicho informe, durante 2011, 906 mil 623 casos ingresaron en conjunto a los tribunales unitarios y colegiados de circuito y los juzgados de distrito, la mayor parte de ellos fueron en materia penal el 33 por ciento, seguida por la administrativa del 27 por ciento, civil 22 por ciento, y trabajo 19 por ciento; los egresos por su parte ascendieron a 881 mil 998 casos, mismos que se distribuyeron en proporciones prácticamente idénticas entre las mismas cuatro materias. Estos datos resultan relevantes en la medida que nos permite identificar que en materia penal se requiere llevar a cabo una reestructura en la distribución de los asuntos, a fin de aligerar a los jueces federales la presión de resolver asuntos, que por su naturaleza redundan en la libertad de las personas. Es por ello, que nuestro grupo parlamentario propone llevar a cabo reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que los tribunales colegiados de circuito tengan la facultad de conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias definitivas por delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, robo de vehículos, trata de personas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento en todas sus modalidades. Con ello, los tribunales unitarios que conocen al día de hoy de estos delitos, liberarían mucha de la carga de trabajo con la que actualmente cuentan, dejando en manos de los colegiados la resolución de estos delitos en apelación. Esta iniciativa no pretende modificar el funcionamiento operativo ni la reestructura de los tribunales y juzgados federales. Por el contrario, tiene como finalidad equilibrar la carga de trabajo en los juzgadores federales para abonar a una justicia pronta y expedita, que sin duda redunde en beneficio para los ciudadanos. Ante la necesidad de contar con instituciones sólidas, Acción Nacional ha presentado ante esta soberanía diversos proyectos que en su conjunto abonarán en una mejor impartición de justicia, el cual ha sido por años un sentido reclamo social. Así el proyecto de decreto que hoy ponemos a su consideración, está en la misma línea que los diversos decretos legislativos aprobados por este Congreso de la Unión, sobre todo, en materia de justicia penal. Por lo anterior expuesto, me permito presentar ante esta soberanía el proyecto de decreto por el que se reforma la fracción II del artículo 29 y la fracción IX del artículo 37 y se adiciona una fracción X al artículo 37, pasando el contenido de la actual fracción IX a la nueva fracción X de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación quedando como sigue: Artículo 29, fracción II. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito, con excepción de las apelaciones penales señaladas en la fracción IX del artículo 37 de esta ley. Artículo 37, fracción IX. De los recursos de apelación interpuestos contra sentencias definitivas por delitos contra la salud y delincuencia organizada. X. Las demás que expresamente les encomiende la ley o los acuerdos generales emitidos por la Suprema Corte de Justicia funcionando en pleno o las salas de ésta. Los tribunales colegiados de circuito tendrán la facultad a que se refiere la fracción XVII del artículo 11 de esta ley, siempre que las promociones se hubieran hecho ante ellos. Transitorio Único. El decreto iniciará su vigencia el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo federal, a 15 de noviembre de 2012. Es cuanto, presidente.