LA C. DIPUTADA SILVIA ALVAREZ BRUNELIERE: Compañeros diputados y diputadas: En la era del conocimiento en que vivimos, el medio por excelencia para la creación, conservación y expansión de la economía reside en la capacidad de los individuos y de las naciones para aprovechar de manera óptima, a través de su capital humano, los demás recursos con que cuenta. Dicho de otro modo, las perspectivas económicas futuras de un país dependen sobre todo del conocimiento. El desarrollo de ese capital descansa fundamentalmente en esos factores: educación e innovación científica y tecnológica. Efectivamente, la función social más importante de la ciencia y también la más sutil y menos apreciada, es la capacidad de desarrollar una actitud racional para analizar, modificar, mejorar el presente y preparar el futuro. En estos días de batalla presupuestal es necesario tomar conciencia que el estado actual de la economía mexicana es en gran parte consecuencia del papel tradicional que hemos asumido como país importador y maquilador, fenómeno que ha redundado en una pobre economía interna. Pero ¿cómo cambiar este papel de segunda que hemos adquirido a través de los años?, ¿cómo mejorar nuestra economía interna si nos limitamos a manufacturar y expandir la economía de otros?, ¿cómo abandonar el papel de dependencia si no somos capaces de crear e innovar por nosotros mismos?, ¿cómo innovar y crear cuando nuestros niveles de conocimiento y estándares educativos se encuentran en los últimos lugares a nivel internacional? Un punto clave a estas interrogantes, sin duda, podríamos encontrarlo en la Ley General de Educación reglamentaria del artículo 3º. constitucional y con aplicación en todo el sistema educativo nacional, la cual tiene el propósito sustancial de atender las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos, así como conservar y ampliar los principios sociales, educativos y democráticos, lo que significa que e suna ley marco de la actuación de los tres ámbitos de gobierno, cuyo fin es inducir a las entidades federativas a que cuenten con sus propias leyes. Particularmente la Ley General de Educación considera entre otros, el destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública, así como la procuración de más presupuestos relativos a aquellas poblaciones y regiones que más lo necesiten. En este sentido, en el aspecto del financiamiento a la educación, puede afirmarse que, en el marco de la federalización, representa una tarea concurrente que deben realizar el Gobierno Federal y los gobiernos de cada entidad federativa. El artículo 25 de la Ley General de Educación es claro al señalar que deben sujetarse a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, razón principal por la que no puede establecerse una meta fija obligatoria de cuánto destinar sin la certeza de que existirán los ingresos necesarios para cubrir este compromiso, pero también otros indispensables para el desarrollo nacional. Hoy, el Programa Nacional de Educación 2001-2006, así como el compromiso social por la calidad de la educación signado por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, han propuesto como meta para el 2006 destinar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación, la ciencia y la tecnología. Sin embargo este esfuerzo requiere desde su origen, condiciones de viabilidad para que sea una realidad y no sólo un intento político consensuado o por consensar. Lograr una educación que sirva como medio de desarrollo personal, social y nacional, no radica simplemente en fijar metas cuantitativas, sino los medios que permitan colocarlo en efectivo vehículo de desarrollo; lo cual conlleva a destinar recursos presupuestarios recientes para la educación pública; así como las reformas necesarias para diversificar las fuentes de financiamiento y conseguir que la eficiencia de ese gasto se traduzca en calidad y equidad educativa. Por ello la iniciativa que hoy proponemos busca el esfuerzo compartido de los ámbitos de gobierno en términos de las propuestas y metas de la UNESCO, la CEPAL, la OCD, la OEA, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 y el compromiso social por la calidad de la educación y prioritariamente con el desarrollo integral de la nación. Es así que pretendemos establecer en el artículo 27 de la Ley General de Educación, el compromiso por alcanzar la meta equivalente al 8% del Producto Interno Bruto, como gasto en educación, ciencia y tecnología, a fin de introducir cambios sustanciales hacia la calidad, la eficiencia y la equidad en esos sectores. Para los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, la educación, la ciencia y la tecnología, son pilar del desarrollo socia, económico, político y cultural de México. Nuestro compromiso en el apoyo, fortalecimiento, pertinencia, cobertura y calidad del sistema educativo que imparte el Estado, es inobjetable y así lo reflejan las acciones que como grupo parlamentario desde el Poder Legislativo, hemos promovido. Así como el compromiso del Gobierno Federal en proponerse como meta sexenal, alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto para el gasto en educación, ciencia y tecnología. Muy independientemente de las limitaciones económicas, nos queda claro que el sistema educativo presenta grandes fallas y debilidades; las cuales evidentemente hoy más que nunca, corren el riesgo de entrar en una situación crítica sin precedentes. Es fundamental que en las decisiones a tomar en los próximos ajustes presupuestales, impere la sensatez y se analice con objetividad lo urgente e inmediato, así como lo prioritario y permanente a fin de evitar en nuestro ya desgastado y debilitado sistema educativo y científico, la merma de programas y acciones. Estamos comprometidos como grupo parlamentario de Acción Nacional, en hacer de la educación, la ciencia y la tecnología, la columna vertebral de la acción gubernamental que detone las capacidades, aptitudes y habilidades de todas las personas que habiten en el país y a destinar los recursos necesarios para que esto suceda. Pero dicha asignación de recursos, debe sustentarse en un ejercicio serio y responsable de todas las funciones a las que se debe el Estado y no sobre bases inciertas e irresponsables que puedan dañar el proyecto de nación justa, democrática e incluyente, que todos deseamos. Una educación y ciencia vigorosa y socialmente útil, no requieren sólo de un esfuerzo cuantitativo, sino sobre todo, de un cambio cualitativo, el dominio de formas de pensamiento universal, el logro de niveles elevados de análisis y la posesión de métodos objetivos para resolver desaciertos, son necesarios para combatir la frustración y dependencia que ahogan a países como el nuestro. Necesitamos por lo tanto, fortalecer nuestras instituciones de educación superior públicas y animar la investigación que ayude a elevar los niveles educativos y mejorar los niveles de realización de la ciencia aplicada y la innovación tecnológica. La tecnología, la ciencia, por eficientes que sean, se tornan estériles sin el apoyo de la comunidad y de la sociedad. Santiago Ramón y Cajal, reconocido académico mencionaba, cito: "Si queremos incorporarnos a los pueblos más civilizados, debemos cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra y de nuestra mente, salvando para la posteridad y enaltecimiento patrios, todos los ríos que se pierdan en el mar y todos los talentos que se pierden en la ignorancia". Termina la cita. En obvio de tiempo solicito a la Presidenta se publique íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y sea turnada a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Ciencia y Tecnología y Presupuesto y Cuenta Pública. Finalmente, aprovecho este espacio para extender a todos los compañeros y compañeras una invitación a la Feria de Ciencia y Tecnología que en este Palacio Legislativo tiene lugar. Muchas gracias. -