El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Con su permiso, compañero presidente. Esta reforma constitucional que hoy se presenta, a los artículos 25, 63, 79, 108, 116 y 117, ha sido motivo de un peloteo parlamentario entre la Cámara de Diputados y el Senado de la República, que agotó el dispositivo constitucional de reenvíos entre ambas cámaras, y la solución que se adoptó fue presentar en diciembre pasado una nueva iniciativa, producto se dice del consenso entre ambas cámaras. Quiero señalar que el de la voz desde octubre del 2012 prácticamente al inicio de esta Legislatura presentamos una propuesta de reforma constitucional en materia de deuda publica de los estados y municipios del país. Lo hicimos porque esto se ha convertido en un grave problema para las finanzas de los estados y los municipios, y un problema de corrupción galopante en los estados, donde los gobernadores y los caciques han encontrado en el endeudamiento, una manera de hacer fortuna, de financiar proyectos políticos o de crecer indiscriminadamente la nómina gubernamental. Según las cifras de Hacienda, hasta diciembre del año pasado, la llamada deuda subnacional casi llega al medio billón de pesos 490 mil millones lo que representa casi tres puntos del producto interno bruto. Esta situación se ve agravada por la difícil situación económica que enfrenta el país, con un barril del petróleo que ha bajado la barrera de los 40 dólares; con un recorte presupuestal de más de 124 mil millones de pesos; con una deuda pública nacional que ha crecido escandalosamente en este gobierno, y con un crecimiento económico raquítico. Es decir, hay una problemática económica nacional manifiesta y hay un problema de finanzas públicas estatales y municipales. Este crecimiento descomunal de la deuda de estados y municipios se debe fundamentalmente a la falta de monitoreo y de leyes efectivas para parar esta sangría y estos endeudamientos criminales. Pero también a que la división de poderes en los estados es prácticamente inexistente y las legislaturas locales se han convertido en legitimadoras acríticas de los endeudamientos de los ejecutivos locales. Aquí incluso subrayaría que no es necesariamente un asunto de partidos, prácticamente de todos los colores han recurrido a endeudar a sus estados con la complicidad hay que decirlo la complicidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también de las instituciones bancarias, instituciones bancarias que han hecho de la deuda de los estados un negocio, que han hecho de la deuda de los estados un mecanismo para lucrar comprometiendo el futuro de generaciones enteras de estas entidades. Hay varios casos de escándalo en las deudas de estados y municipios, quizá el caso más emblemático de corrupción en las deudas de los estados es el caso del llamado moreirazo que sufrió y siguen padeciendo los habitantes del estado de Coahuila. Y decía que no es un asunto de partidos, porque el hoy secretario de Agricultura, Enrique Martínez, cuando fue gobernador de Coahuila dejó a esa entidad con prácticamente cero deuda, cero deuda pública gubernamental, pero para tragedia de los coahuilenses llega Humberto Moreira y de un endeudamiento de casi cero, pasó a 37 mil millones de pesos. Y hoy, este personaje, junto con quien lo sustituyó, Jorge Torres López, que está prófugo, junto con el extesorero, Javier Villarreal, se mofan, se pitorrean de los coahuilenses y de todo el país porque están en la impunidad. Gran parte de esos 37 mil millones de pesos que hoy llegan casi a 40 mil, se fueron no solamente a sus bolsillos, sino a financiar campañas electorales en otros estados. Era evidente que Humberto Moreira financió varias campañas como en Zacatecas, como en Durango, como en Baja California Sur, como en Guerrero, como en Nayarit, por decir algunos estados, y prácticamente a un telefonazo del entonces gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, Moreira mandaba dinero a los estados. ¿Y cuál fue el pago? Hacerlo presidente nacional del PRI. Fue tal el escándalo, fue tal el descrédito que tuvo que renunciar y cayó entre comillas de la gracia del candidato presidencial y hoy Ejecutivo federal. Sin embargo, como pago a sus servicios de haber endeudado a Coahuila hoy está en la impunidad. Hoy señalan que se la pasa en Cuernavaca, se la pasa en España, se la pasa en Cuba, y está muy orondo después de haber endeudado brutalmente esa entidad. Pero no es el único: está el caso de César Duarte en Chihuahua, que ahora es banquero también, y que ése es todo un tema y nada más lo señalo también, pero están los casos de Quintana Roo, de Veracruz, de Nuevo León, y varios más. Es decir, hay un concurso casi de ver quién endeuda más con la docilidad y la complacencia de las Legislaturas locales. Y aquí entraría al dictamen que nos ocupa en su parte medular no puedo regatear que haya avances, el tema de fijar un plazo para generar créditos o endeudamientos antes de que culmine el periodo o la gestión del mandatario en turno, el hecho de haber un registro de deudas, y que por primera vez se da un tratamiento constitucional de mayor envergadura al tema de la deuda de estados y municipios. Pero tengo de entrada dos objeciones que profundizaré en dos reservas. La primera, el tema de la comisión bicameral, que fue el forcejeo con el Senado. El Senado ha venido creciendo en atribuciones, facultades y nombramientos. Hay ya una desproporción entre la Cámara de Diputados, que es la que representa al pueblo, y la Cámara de Senadores, que en teoría es la que representa a los estados. Se están engolosinando, nombran magistrados, ministros, consejeros, y ahora le metieron mano a una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, que tiene que ver precisamente con este tema. Incluso hay que señalar que presentaron una iniciativa que violaba el artículo 72, inciso h), que claramente señala que la Cámara de origen, tratándose de impuestos, contribuciones y empréstitos, tiene que ser la Cámara de Diputados. Pues bien, se salieron con la suya y están planteando una Comisión bicameral para revisar el tema de las deudas de estados y municipios seguramente para proteger a los gobernadores ladrones, a los gobernadores que endeudan a sus estados y que tendrán a sus cabilderos en esta Comisión bicameral. El otro tema y con ello concluyo es el tema de las dos terceras partes de las legislaturas locales. En mi iniciativa de octubre de 2012 plantee que la Cámara de Diputados tiene que refrendar este endeudamiento, es decir no basta que los legisladores locales lo aprueben, sino que también lo tiene que aprobar la Cámara de Diputados. Voy a profundizar en mi reserva, y lo digo porque no me parece suficiente esa mayoría calificada cuando se habla de miles y millones de pesos de endeudamiento. Los endeudamientos más monstruosos incluso salieron por unanimidad en las legislaturas locales. Es la danza de los millones y de las complicidades y por eso tiene que haber intervención del Congreso federal. Es cuanto, y profundizaré sobre ello.