La diputada Graciela Saldaña Fraire: Con su permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos, compañeras y compañeros diputados. Para los mexicanos ejercer el derecho constitucional, mandato en el artículo 72, y escuchar que esta legislatura aprobó la Ley Federal de Consulta Popular para regular el derecho constitucional de las y los ciudadanos, a decir en temas de trascendencia, derecho que, como es conocido, la izquierda propositiva de este país ha luchado por décadas para su consolidación y darle voz al pueblo frente a decisiones del Estado, pese a la cerrazón gubernamental históricamente documentada. En 1992, el gobierno federal de Canadá adoptó una ley permanente sobre consultas directas. En Estados Unidos, en 1778, se sometió a consulta la primera Constitución del Estado de Massachusetts. Así, en Francia se tiene una larga tradición de consulta directa, pues en 1793 y 1870 el plebiscito fue utilizado como instrumento para validar decisiones oficiales. Gran Bretaña tiene una experiencia más reciente, pues en 1973 se realizó la primera votación en Irlanda del Norte y Suiza. Es el país que más experiencia cuenta, pues se han llevado a cabo más de 500 plebiscitos nacionales hasta 1978. Por ello, en México debemos enfocar la atención en construir acuerdos para consolidar un instrumento de participación ciudadana y no solo una iniciativa descafeinada para cumplir un capricho parlamentario, pues la relevancia de éste instrumento ha aprobado, en diversas partes del mundo, con resultados altamente efectivos, acuerdos que permitan considerar ejemplos internacionales a favor de nuestro país, pues me resulta incomprensible que en los países citados se conciba la consulta como una institución de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional. Y a plena decisión de los ciudadanos y ciudadanas, mientras que en México, en el día de hoy estaremos por aprobar una ley bien intencionada, pero con candados, como ya hemos escuchado a varios de los diputados y diputadas. En los artículos 5º y 6º, al dotar las facultades a la mayoría de los legisladores y legisladoras, en su caso, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para calificar cuáles son los asuntos que representan trascendencia nacional, es decir, del 2 por ciento de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores que soliciten consulta popular, no tendrán valor si la Suprema Corte considera que el asunto no representa la importancia debida para implementarla. Esto significa que en el escenario político actual, las y los ciudadanos no podrían proponer consulta popular en temas que resulten contrarios a intereses oficiales. Estoy convencida que debemos continuar luchando para eliminar restricciones y convertirla en una propuesta integral. Convertirla, diputados y diputadas, una iniciativa que otorgue decisión plena a las y los ciudadanos por medio de la votación, por medio de la iniciativa legislativa, por medio de un derecho de petición de un plebiscito, de una revocación de mandato, de referéndum en general, por medio de un instrumento completo en el que tengamos el orgullo de celebrar un Estado político-social con autonomía plena y democracia participativa eficiente. Diputados y diputadas, ésta es una propuesta que en este sentido mi voto será a favor, será a favor porque en la democracia participativa debemos dar un paso. Esto solamente es un avance. Por eso también aquí, en el pleno, diferimos, porque también hay avances pero también hay retrocesos. Si no empezamos a construir, concluyo, señor presidente, en esta democracia participativa, como ya lo dije, y eficientizar todos estos instrumentos, no estaremos avanzando en ésta, tan maltrecha democracia. Muchísimas gracias y es cuánto, señor presidente.