La diputada Ernestina Godoy Ramos: Gracias, presidente. Voy con el 112, en sus distintas fracciones. Estamos discutiendo el futuro de millones de hombres y mujeres testigos de los avances que han dado como resultado tener una ciudad de libertades, un lugar en donde la ciudadanía es capaz de manifestar su opinión con independencia, así aquí se lucha contra la discriminación y se trabaja diariamente en la consolidación de la democracia, la transparencia, y hoy, de la auténtica autonomía. Por ello, subo a esta tribuna para presentar una reserva a las fracciones IV y VIIII del Apartado A, del artículo 122, que plantea que magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, juzgados y tribunales perciban una remuneración adecuada e irrenunciable, en congruencia con la austeridad que debe prevalecer en la Ciudad de México. Proponemos que se considere remuneración o retribución en efectivo: dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, etcétera. Es decir, que ningún magistrado pueda recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida por el jefe del Gobierno de la ciudad. No se concederán ni cubrirán jubilaciones o pensiones. La Ciudad de México merece magistrados y jueces eficientes a favor de la impartición de justicia expedita. No necesitamos millonarios que velen por sus propios intereses. Vayamos más allá, construyamos desde el inicio un nuevo diseño de administración pública, en donde hay auténticos mecanismos de transparencia, austeridad, eliminando las brechas entre ciudadanos y autoridades. La otra reserva es en el mismo artículo. Nos pronunciamos porque la alcaldía sea un órgano con verdadera existencia de pesos y contrapesos. Que cuente con instancias de gobierno dispuestas a la integración de los diversos puntos de vista de nuestra sociedad. Que representen espacios de participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. El órgano de gobierno que se propone denominado alcaldía, compuesto por alcalde y un consejo, integrado por un grupo de concejales, resulta ser una instancia limitada, alejada significativamente de las facultades que el artículo 115 constitucional dispone para los ayuntamientos. Se trata de una instancia que no resuelve ni la acción colectiva para la adopción de acuerdos al interior del órgano de gobierno ni tampoco contar con una verdadera representación de la ciudadanía en las decisiones de la demarcación. El momento constituyente de la ciudad es la ocasión adecuada para instituir verdaderos gobiernos locales en la ciudad capital. La ciudadanía consciente de sus derechos no merece un remedo de órgano colectivo. En Morena compartimos la convicción de que la Ciudad de México cuenta con la madurez suficiente para contar con verdaderos gobiernos locales que cuenten con facultades amplias no limitadas. Un problema intrínseco de la fuerte presencia del centralismo que domina nuestro país se reproduce en la capital, es el grado de centralización de los recursos públicos. Por ello proponemos que las alcaldías organicen su administración pública y aseguren la participación vecinal. Además, las alcaldías deberán garantizar las decisiones que se tomen por mayoría en el consejo y el alcalde. Proponemos que en el marco constitucional de la ciudad se establezcan además criterios de distribución equitativa de los recursos entre las diferentes demarcaciones de la ciudad. Es cuanto, diputado.