La diputada Claudia Reyes Montiel: Posicionamiento a la iniciativa que reforman los artículos 108 y 110 de la Constitución. Un Estado democrático requiere de instituciones fuertes, la fortaleza de las instituciones democráticas proviene de un marco normativo de aplicación general que se sustraiga de la discrecionalidad en su aplicación. La ley, como define Aristóteles, es razón desprovista de pasión. Para que la convivencia política sea posible, los ciudadanos, todos, deben someterse a lo que disponga la ley, pero más observantes de la ley deben de ser los ciudadanos que determinan magistraturas y responsabilidades del Estado. En el camino emprendido, para la democratización de nuestro país hay mucha resistencias y obstáculos. La presidencia de la República debe ser una institución democrática, no un espacio de excepción a la norma. La persona que detente el honroso encargo de presidente de la República es depositario de la confianza de los ciudadanos y tiene la enorme responsabilidad de conducir y administrar los asuntos de los recursos públicos con honestidad y transparencia. El presidente de la República es a la vez el jefe de Estado de gobierno, pero al mismo tiempo es servidor público. Su conducta en la cúspide de la pirámide de la administración pública debe permear de ejemplo y compromiso público. Debe ser guardián y garante de la integridad de los bienes del Estado y no cabeza de facción que hace de estos bienes botín. El Grupo Parlamentario del PRD ha presentado en esta Cámara de Diputados desde sus orígenes como partido de izquierda planteamientos para que, desde la cabeza de Estado, el titular Ejecutivo, haga previsiones legales que no admitan espacios de discrecionalidad que puedan generar incertidumbre jurídica e impunidad que constituyan incentivos a posibles actos de corrupción. En este sentido, hemos propuesto en diversas oportunidades la reforma al artículo 108 constitucional que ha enfrentado la oposición de grupos parlamentarios mayoritarios, que además han detentado la presidencia en diferentes ocasiones. Desde su óptica, la reforma propuesta resulta inaceptable, inadmisible, como si estuviera proponiendo la destrucción del Estado. Nada más absurdo y alejado de la realidad. Lo que proponemos forma parte de la normatividad democrática de cualquier país democrático que el presidente de la República pueda ser sujeto de responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebida de fondos de recursos federales, delitos de corrupción y delitos graves de orden común. Esto pasa en cualquier república democrática. El artículo 110 propone que el presidente de la República pueda ser sujeto a juicio político. Es decir, la reforma propuesta contempla las conductas genéricas y el procedimiento ya contemplado en la Constitución. Para que un sistema nacional anticorrupción sea completo, es necesario que se contemple al presidente como sujeto de responsabilidad en conductas que puedan ser constitutivas de delitos de corrupción. El PRD seguirá insistiendo en la construcción de un Estado democrático. Con esta iniciativa volvemos a proponer que, en el espíritu de equidad e igualdad, todos los servidores públicos, incluyendo al titular del Ejecutivo, estén sujetos a normas de anticorrupción y no se escuden en su encargo para incrementar su fortuna personal o de su familia a cuenta del quebranto del Estado y de la sociedad mexicana que contribuye con su trabajo. Hacemos un llamado a todos los legisladores federales para que con visión de Estado y voluntad política demos otro paso hacia adelante para adecuar el diseño institucional a las exigencias y a las necesidades actuales, para que en el futuro próximo se puedan sancionar, prevenir, disuadir y corregir comportamientos tendientes a la corrupción. Es cuanto, presidenta.