El diputado Felipe González Ruiz: Compañeras diputadas y compañeros diputados, 11 millones de mexicanos tienen algún tipo de discapacidad y esto afecta a 22 millones más, contando a sus familiares. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 78 por ciento de las discapacidades son adquiridas a lo largo de la vida, mientras que sólo 22 por ciento son discapacidades de nacimiento. De éstas, sólo 2 de cada 100 personas están plenamente integradas a la sociedad, el resto no tiene acceso a la escuela ni al trabajo, son dependientes de su familia y son estigmatizados dentro de su círculo social. Es por ello, que en la medida de la efectividad de los programas de atención a las niñas, niños y adolescentes discapacitados, está dada, en gran parte, por el grado de integración social que se logra. Lo complejo del problema de la discapacidad que afecta a la población infantil y adolescente, lo variado de sus manifestaciones clínicas y la amplia individualidad de los casos afectados, determina que lograr la integración social requiera no sólo de la participación de los profesionales de la salud o de la educación especial, sino de la comunidad de forma general, por lo que resulta fundamental divulgar en la población cómo la niña, el niño o el adolescente a pesar de enfrentar una reducción permanente de su capacidad funcional en la mayoría de los casos, mediante el pleno desarrollo de sus potenciales residuales, pueda ser capaz de una plena integración social. En esta línea es necesario diseñar materiales en diferente formato para divulgar en la comunidad la existencia de factores como las barreras arquitectónicas que pueden limitar la integración social y divulgar, además, todo lo que la niña, el niño o adolescente discapacitado es capaz de realizar, y paralelamente tratar de contribuir a facilitar condiciones que permitan su desarrollo en el campo de la expresión artística y deportiva. La experiencia científica acumulada en este aspecto demuestra que la educación artística y el deporte en la niñez discapacitada tienen un impacto directo sobre el desarrollo de habilidades: incrementa su autoestima, condiciona patrones adecuados de conducta y comportamiento social y repercute de forma positiva en el ajuste psicológico de las niñas y los niños y sus familias. Instrumentos de derecho internacional como la propia Convención sobre los Derechos del Niño señalan que todas las niñas y los niños tienen derecho a un nombre y a una nacionalidad, a la protección contra cualquier intento de privarles de su identidad, a disfrutar de la libertad de expresión, disfrutar de la libertad de pensamiento, de conciencia y religión; de la libertad de asociación, a una vida privada plena, a la protección contra la tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, así como a la detención ilegal y la privación injustificada de la libertad. Es imprescindible homologar nuestras leyes en esta materia con la finalidad de que en el Estado mexicano, las niñas, los niños y los adolescentes discapacitados dispongan de la información necesaria sobre las opciones que existen y las consecuencias que se derivarían de cada una de ellas. De aquí la necesidad y el interés de contribuir para armonizar la Ley General de las Personas con Discapacidad con nuestra legislación sobre la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, que hasta hoy no guarda un referente directo con nuestra legislación nacional. En este sentido, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Único. Se reforma el artículo 29 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, para quedar como sigue. Artículo 29. Para efectos de esta ley, se considera persona con discapacidad a toda persona que presenta una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diputada Presidenta, con respeto le solicito que el texto de esta propuesta sea incluido de manera íntegra en el Diario de los Debates. Por su atención, muchísimas gracias.