La diputada María Martha Celestina Eva Laguette Lardizábal: Con su permiso señor Presidente. Es una Iniciativa con carácter de Decreto, a efecto de reformar los Artículos 26 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo por parte del honorable Congreso de la Unión. De conformidad con nuestra Carta Magna, la Rectoría Económica pertenece al Estado, esto es, dentro de una mixtura económica con la participación de los sectores social y privado, lo que en principio, por lo menos constitucionalmente, nos aparta del modelo económico de libre mercado. La conducción económica en nuestro país, a lo largo de la Historia, ha pasado por muy diversas facetas y por múltiples y variados ejercicios, desde la centralización planificada en términos económicos, hasta la implantación de ensayos económicos con tendencia a las doctrinas neoliberales. El Numeral 26 de la Norma Fundamental establece, que el Estado organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo Nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política social y cultural de la nación, que la planeación será democrática mediante la participación de los diversos sectores sociales y recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y los Programas de Desarrollo. Por lo tanto, que habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los Programas de la Administración Pública Federal. Así pues, debe entenderse al Plan Nacional de Desarrollo, no como una estrategia más de mercadotecnia, sino que representa un verdadero documento cuya elaboración atiende a un Mandato Constitucional con contenido social y objetivos concretos, no dispuestos tampoco al libre arbitrio de quien tiene a su cargo elaborarlo, sino como lo expresa la Constitución, debe sujetarse estrictamente a los fines del Proyecto Nacional que en la misma Norma Fundamental se expresa. Es indudable que el Plan Nacional de Desarrollo debe ser la base de los programas gubernamentales, concretamente los Presupuestos de Egresos y las Leyes de Ingresos de cada año de sexenio, deben basarse en el Plan Nacional de Desarrollo. No obstante que el Artículo 26 de la Constitución establece, que el Congreso de la Unión debe participar en la planeación del desarrollo, en los términos que la Ley señala, la Ley de Planeación en su Articulo 5º. establece, que el Presidente de la República remitirá el Plan al Congreso de la Unión para su examen y opinión, disponiendo consecuentemente que el Poder Legislativo formulará, asimismo, las observaciones que estime pertinentes durante la ejecución , revisión y adecuaciones del propio Plan. Es decir, esa intervención del Congreso en la Ley se reduce a una simple opinión sobre el Plan y a observaciones sobre su ejecución. Tal parece que a través de este precepto, se concibe la teoría de la división de Poderes como una división de trabajo, en la que cada Poder del Estado fuese soberanamente independiente de los otros, con una división tajante, en consecuencia, de sus funciones en las que no cupiera intervención ajena. Sin embargo, esto no es así, la división de Poderes, como Teoría del Estado Moderno y como así está recogido y establecido por nuestra Carta Magna, más que una división de trabajo constituye una división de funciones donde sólo mediante una repartición sistematizada y organizada de las diversas tareas del Estado, entendiendo esta en su conjunto, se impide el abuso del Poder en un esquema de pesos y contrapesos perfectamente armonizados. Un estado de Derecho, es aquél en el que todo aparato estatal se encuentra sometido a las Normas Jurídicas que estatuyen sus funciones. La Constitución crea a los órganos y divide a los Poderes, pero también los limita y crea los controles. Hablar de Constitución, de verdadera constitucionalidad al amparo de un estado de Derecho, no es otra cosa que hablar de esos poderes y controles y es la propia Constitución la que debe de marcar los límites del ejercicio del poder. El Poder Legislativo, más allá de una simple función de elaborar leyes, tiene como principal objetivo limitar y controlar al Poder Ejecutivo; sin embargo, la posibilidad de cumplir con el teleológico espíritu que dió origen a un Poder de la magnitud del que representa el pueblo, no puede verificarse con plena eficacia cuando en materia del documento que rige la Planificación Nacional en materia de Desarrollo, sus facultades se limitan por disposición de una ley secundaria, a emitir meras opiniones sobre el mismo y a realizar observaciones sobre su ejecución, revisión y adecuación. Estamos convencidos de que la Constitución General de la República debe reformarse, a fin de que el multicitado plan responda efectivamente a las demandas sociales, que es evidente y claro que el legítimo popular de la representación social y de sus demandas, es el Congreso de la Unión. Sólo con la revisión efectiva del Poder Legislativo Federal se podrá verificar si el Plan Nacional de Desarrollo responde a las necesidades del pueblo o si las comprende a todas, si las prioridades que en él se establecen son las prioridades que el pueblo mexicano señala. En conclusión, es el momento de que el Congreso de la Unión intervenga en el examen y si es necesario, en la posibilidad de modificación del Plan Nacional de Desarrollo, para que se adecue a la realidad nacional, es decir, el Congreso debe aprobar el Plan Nacional de Desarrollo y posteriormente vigilar su cumplimiento. Por lo anterior, someto ante esta Asamblea el siguiente proyecto con carácter de decreto ARTICULO UNICO.- Se reforman los Artículos 26 párrafo cuarto, fracción XXIX inciso d) de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 26.- El Poder Legislativo determinará, aprobará y evaluará el Plan Nacional de Desarrollo, el cual tendrá carácter obligatorio para la Administración Pública Federal. Artículo 73 fracción XXIX inciso d).- Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social y para aprobar el Plan Nacional de Desarrollo. Dado en este Salón de Sesiones el día 6 de diciembre del año en curso. Suscribe señora Martha Laguetta Lardizábal. Solicito atentamente, señor presidente, se de cuenta el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates, muchas gracias por su atención.