El diputado Javier Castelo Parada: Con su permiso diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados. Uno de los temas que siempre ha merecido una atención especial por parte del grupo parlamentario de Acción Nacional, es el relacionado con el sector agropecuario; evaluar las acciones dirigidas al cumplimiento de los compromisos adquiridos es lo que motiva este ejercicio republicano, ya que el cambio democrático del país exige un análisis objetivo de los actos y resultados de este gobierno reconociendo los avances alcanzados, pero también las asignaturas pendientes. En este ejercicio se refleja la congruencia histórica de Acción Nacional a favor de la rendición de cuentas por parte de la Administración Publica. Estamos conscientes que este sector ha requerido de grandes esfuerzos para integrarlo a la dinámica del desarrollo nacional. Durante la presente Administración, se ha logrado incorporar a los grupos y organizaciones del campo en el diseño, operación y evaluación de las políticas públicas que corresponden al sector. El trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo ha permitido el incremento en términos reales, del presupuesto que la SAGARPA destina al desarrollo productivo y social del sector agropecuario. Para el 2005, se asignaron cuarenta y ocho mil millones de pesos, lo que representa un incremento de once punto nueve por ciento respecto al 2004 y de cuarenta y cuatro por ciento en relación con el ejercicio del año 2000. Asimismo, los recursos de la Alianza Contigo dirigidos al apoyo de los productores del sector rural han crecido noventa y nueve por ciento durante la presente Administración. Con los programas de fomento agrícola de la Alianza Contigo, se ha continuado con el apoyo a la capitalización de las actividades productivas del campo, la integración y fortalecimiento de las cadenas productivas y la promoción del desarrollo tecnológico y sustentable de los recursos naturales. Resulta también destacable que más de dos millones, setecientos mil productores de bajos ingresos, reciben apoyos del PROCAMPO, que suman más de catorce mil millones de pesos. El esfuerzo de esta Administración por dinamizar al sector mediante la integración de cadenas productivas, el fortalecimiento de los procesos de producción, de comercialización y de promoción al consumo, se ha visto reflejado en el crecimiento del sector agropecuario mismo que, en conjunto con el sector de construcción de vivienda, son los únicos que cuentan con un PIB superior al resto de las actividades económicas. Es así que en el 2004 el PIB del sector agroalimentario creció tres punto cuatro por ciento en términos reales respecto al año anterior, y es once punto tres por ciento mayor respecto al del año 2000. En Acción Nacional nos queda claro que el campo necesita de políticas públicas enfocadas a darle rentabilidad a las actividades agropecuarias y de pesca, a restablecer la confianza en los productores, a dar transparencia al manejo de los recursos, a cambiar la visión asistencialista de las políticas para convertirla en una visión de negocio que se traduzca en beneficios tangibles y sustentables para los hombres y mujeres del campo. En congruencia como parte del Acuerdo Nacional para el Campo, se ha implementado una política de insumos a precios competitivos para el diesel agropecuario, las tarifas eléctricas, fertilizantes y gasolina para pesca ribereña. Con estos apoyos se puede llegar a obtener una reducción de hasta 10 por ciento en el costo de producción de los cultivos y se ha logrado beneficiar a más de 15 mil pescadores ribereños. Por otra parte, el programa de apoyos directos al productor por excedentes de comercialización para reconversión productiva, integración de cadenas agroalimentarias y atención de factores críticos ha continuado ofreciendo alternativas para el desarrollo de mercados regionales mediante apoyos al ingreso objetivo a la pignoración, almacenaje y flete, así como con instrumentos de riesgo en coberturas de precios y cupo de importación. En Acción Nacional existe una preocupación y un compromiso permanente por lograr un desarrollo rural integral que tenga como eje central el desarrollo de las personas, que permita incrementar de manera sostenible los niveles de bienestar de la población rural. Si bien reconocemos los avances, no podemos soslayar que en el campo mexicano existe una gran cantidad de familias que requieren todavía de capacitación y asistencia técnica para elaborar proyectos productivos viables, para acceder al financiamiento, para lograr una comercialización adecuada de sus productos sin la necesidad de recurrir a intermediarios, para integrar cadenas productivas, entre otros. Debemos sumar esfuerzos para consolidar una política de desarrollo rural integral desde una perspectiva que reconozca las múltiples funciones que comprende el espacio rural, que reconozca el mosaico que representan las regiones y tipos de productores y el papel fundamental del uso racional de los recursos naturales para la sustentabilidad de las diversas actividades productivas en el medio rural. Compañeras y compañeros legisladores: el desarrollo nacional y en especial el del sector agropecuario es una responsabilidad compartida y por ello requiere del trabajo conjunto del Poder Ejecutivo y del Legislativo, de los tres niveles de gobierno y de la comunicación permanente entre todos los actores involucrados. Es cuanto, presidente.