La diputada Carmen Victoria Campa Almaral: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados. En Nueva Alianza tenemos la convicción de propiciar el bienestar general que es el objetivo primordial de la política, por eso hemos asumido el compromiso de legislar a favor de los sectores más vulnerables, porque la responsabilidad del Estado y nuestra, como representantes de la sociedad, es generar las oportunidades que permitan su inclusión e integración en los procesos de desarrollo y crecimiento productivo. Con ese propósito hago uso de esta tribuna para presentar a ustedes la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de inclusión de proveedores preferentes. El objetivo de esta iniciativa consiste en establecer en la ley que se considere dentro de los proveedores preferentes del sector público a jóvenes, a mujeres, a indígenas y a personas o grupos vulnerables con grandes condiciones de vulnerabilidad, con el propósito de que sean tomados en cuenta de manera preferente en la generación de cadenas de proveeduría respecto de bienes y servicios que licite regularmente dicho sector. Si bien desde el Estado se han generado programas y políticas públicas que tienden y apoyan a los sectores vulnerables, esto se hace con una visión paternalista y asistencial. La legislación establece acciones transversales y multisectoriales mediante programas que dan apoyo a los grupos vulnerables, sin embargo no favorecen su desarrollo económico, productivo y social en lo individual y en lo colectivo. Por ello, en Nueva Alianza creemos que es menester establecer las condiciones que propicien y promuevan el desarrollo pleno de los individuos o grupos en condición de vulnerabilidad a través de acciones afirmativas que los visibilicen y que estén orientadas a su inclusión y desarrollo económico. Con esta iniciativa, el Estado cumple con su función de generar las oportunidades de desarrollo productivo e ingreso para todos los sectores por igual, lo cual sería de gran oportunidad para revertir la discriminación y fomentar el autoempleo en este grupo poblacional. Las cifras nos muestran que cada día es más complicado para ellos competir en sus puestos de trabajo. De acuerdo con la encuesta nacional de ocupación y empleo ENOE del INEGI, el 58.2 por ciento de la población económicamente activa lo está desde la informalidad. Para los jóvenes los datos son aún más desalentadores, ocho de cada diez jóvenes no tiene una ocupación que le permita acceder a oportunidades de desarrollo para satisfacer sus necesidades. Por ende no es de extrañar que hasta diciembre del 2015 la cantidad de jóvenes económicamente activos que se encontraban desocupados, de 15 a 24 años de edad, alcanzara alarmantemente una cifra de 35.36 por ciento. En el caso de las mujeres, ubicadas en el mismo rango de la edad, nueve de cada diez no tienen una oportunidad de desarrollo social y económico. La situación se agrava más con indígenas. Estas cifras nos revelan que no hemos podido generar las condiciones que permitan a los jóvenes y a las mujeres indígenas y demás sectores en condición de vulnerabilidad, acceder a empleos estables. Por ello la convicción de que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, puede ser runo de los principales instrumentos del desarrollo social y económico para ese sector, ya que al incorporarlos dentro del proceso de cadenas productivas, es posible crear una sinergia dentro del mecanismo económico que se realiza a través de las compras gubernamentales, cuyos efectos la generación de empleo, la canalización de inversiones y el desarrollo productivo. Para Nueva Alianza los grupos vulnerables son una prioridad. Su inclusión e integración en los procesos de desarrollo productivo, lo es más. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, diputada presidenta.