La diputada Esmeralda de los Angeles Moreno Medina: Con su venia, presidente. Los adultos mayores son considerados como grupos vulnerables, pues por su condición de edad se encuentran en situación de riesgo, que les impide incorporarse plenamente al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida. De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población, existen 13 millones de personas de 60 años o más, cifra que ha venido en aumento. En los últimos años tanto las organizaciones civiles como los gobiernos, así como la comunidad internacional, han planteado la problemática respecto a la falta de condiciones que permitan dignificar el proceso de envejecimiento de los adultos mayores. Prueba de lo anterior, el primero de noviembre de 2017 entró en vigor la Convención Interamericana de Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual tiene por objeto el promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales de personas mayores. Esto es con la finalidad de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Asimismo, obliga a los Estados que forman parte a adoptar todas las medidas necesarias para dar cumplimiento del objeto de dicha convención. Si bien es cierto que la mayoría de los adultos mayores se encuentran en una condición de vulnerabilidad, lo cierto es que esta situación aumenta en aquellas personas que se encuentran privadas de su libertad, es decir, adultos mayores que se encuentran en un centro penitenciario cumpliendo una pena. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que en el año 2017 existían más de 5 mil personas que se encuentran en esta situación. Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en sus diversos diagnósticos penitenciarios ha señalado la falta de atención hacia los adultos mayores, específicamente en el acceso al derecho a la salud, el derecho a una alimentación, los cuales son inherentes al ser humano tan solo por pertenecer a la especie humana, derechos fundamentales que no se les debe coartar para no estar en situación de desventaja y vulnerabilidad frente a otras personas. Por ello, la CNDH ha emitido ciertas recomendaciones tendientes a dignificar la vida de las personas mayores y eliminar la brecha de desigualdad que existe frente a las otras personas en algún centro de readaptación social, pues el hecho de que compurguen una pena solo restringe sus derechos políticos y civiles, los cuales se encuentran consagrados en los artículos 35 y 38 del Pacto Federal. Sin embargo, de acuerdo con el Informe Especial sobre Personas Mayores en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana, elaborado por el órgano autónomo y publicado en el año de 2017, establece la recomendación de crear en los centros de reclusión un registro de personas de más de 60 años, en el que se incluyan condiciones de salud, necesidades específicas, de alimentación, apoyos y ubicación para garantizar el respeto a sus derechos humanos. La propuesta que la Comisión de Justicia pone el día de hoy a consideración es precisamente una adición al artículo 35 Bis de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para que los centros penitenciarios cuenten con un registro confiable y óptimo de personas de más de 60 años. Con ello no solo se da cumplimiento a las observaciones realizadas por la CNDH, sino que también nos hace cumplir con nuestro deber de cuidado que tiene el Estado con las personas en reclusión, especialmente con los grupos vulnerables, como son las personas de la tercera edad. En Encuentro Social estamos comprometidos con respetar los derechos fundamentales de los adultos mayores, que por la comisión de un ilícito se encuentran en reclusión sin que ello tenga que ser motivo para recibir un trato denigrante. Más bien, deben de ser tratados con dignidad, independientemente de su conducta, tal como lo establece el artículo 1o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.