La diputada Ana Elia Paredes Arciga: Gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados. Quiero dejar constancia, antes que nada, de que siempre he estado y estaré, como legisladora, como secretaria de la Comisión de Seguridad Social y como persona, a favor de que se creen las condiciones necesarias para que las personas gocemos y ejerzamos todos y cada uno de los derechos que nuestro Marco Jurídico Nacional consagra. Sin embargo, es nuestro deber como legisladores vigilar que se dé cumplimiento al procedimiento legislativo y que toda iniciativa que se emita cumpla con los requisitos de ley. Por ello es preciso manifestar, desde esta tribuna, para conocimiento del pueblo de México y de ustedes compañeras y compañeros legisladores, que a la iniciativa que hoy se ha presentado ante este pleno, en el momento en que fue presentada y aprobada en el seno de la Comisión de Seguridad Social no le fue anexada la valoración del impacto presupuestal, que establece como obligación de las comisiones la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Asimismo, es necesario considerar que dicha ley prevé que se realizará con el apoyo del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de esta Cámara, y que se podrá solicitar opinión a la Secretaría de Hacienda sobre el proyecto de dictamen correspondiente, cosa que yo exigí dentro de la comisión tal y como lo exijo en este momento. Resulta evidente lo controversial del tema de los alcances jurídicos, que deben otorgársele o reconocérsele a las modificaciones que en el seno de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal se llevaron a cabo en materia de familia. Estoy cierta de que no son representativas de lo que la mayoría de la población mexicana opina, siente o conoce, muestra de ello fue la dividida votación con la que se aprobó el dictamen en el interior de la Comisión de Seguridad Social: siete votos a favor y cuatro en contra. Hago referencia al dictamen aprobado, porque contiene argumentos muy discutibles y hasta incorrectos. Por ejemplo, afirma que uno de los objetivos de la seguridad social es la protección de la familia, y se concluye con base en ello que no se existe razón para dejar sin seguridad social a este tipo de uniones que difieren de la generalidad de formas de familia que hay en nuestro país. Sin embargo, ni en la Ley de Seguridad Social ni en la Constitución se afirma de manera expresa tal cosa. Afirma también que la reforma que se propone encuentra sustento en el derecho a la no discriminación, que se contempla en nuestro marco constitucional. No obstante, que la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, en su artículo 5o., fracción III, establece que no se considera conducta discriminatoria la distinción establecida por las instituciones públicas de seguridad social entre sus asegurados y la población en general. La motivación jurídica del dictamen aprobado en el seno de la comisión, rebasa los efectos jurídicos de la resolución emitida recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con respecto a la materia en lo tocante a la legislación local del Distrito Federal, pues de ella no se desprende ni puede desprenderse la homologación del marco jurídico del resto de las entidades federativas, así lo ratifica el texto de la misma resolución que a la letra dice. “La fracción I del artículo 121 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las leyes de un estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. “Esto es, el legislador local encuentra una prohibición constitucional en su actuar, consistente en que en ejercicio de su función no podrá imponer obligaciones o crear derechos fuera del ámbito de su territorio”. Lo anterior implica que la norma del Código Civil para el Distrito Federal que se reclama en la presente acción de inconstitucionalidad, referida al matrimonio entre personas del mismo sexo, sólo tiene efectos en su propio territorio, esto es, en el Distrito Federal, sin que la misma disposición sea obligatoria en las demás entidades federativas. La reiterada afirmación del carácter discriminatorio de la Ley del Seguro Social y de la homóloga del ISSSTE, resulta cuestionable, pues lo que está de fondo es que como sociedad debemos conocer, debemos hacer de nuestro marco jurídico un instrumento incluyente para la defensa de los derechos de todos los ciudadanos, pero con apego a derecho. Compañeras, compañeros, los invito a legislar con responsabilidad y a tomar con mayor seriedad los efectos que para la conformación de nuestra sociedad y su estructura fundante, pueden tener iniciativas como la que hoy nos ocupa. Es cuanto, señor presidente, gracias.