EL DIP. TOMAS TORRES: Muy bien. El propósito, como lo señalaba, de formular esta iniciativa con reforma al artículo 40 de la Ley Orgánica del Congreso General adicionándole un numeral 6, tiene relación con algún asunto que un servidor ya había abordado ante el pleno de esta asamblea desde el principio del primer año legislativo. Somos todos sabedores que uno de los pilares fundamentales del estado de derecho es la división de Poderes, mediante la cual se previene y se actúa para evitar el uso arbitrario del ejercicio del poder. A esta tribuna se ha traído también en repetidas ocasiones, de que ha habido resoluciones de nuestro más alto Tribunal de Justicia del país, en las que se han declarado inconstitucionales leyes o se ha establecido la interpretación directa de un precepto de la Constitución. En otro momento había planteado un servidor, decía, a manera de punto de acuerdo, que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, con la periodicidad que la propia comisión determinara, diera cuenta al pleno con el propósito de que aquellas disposiciones que ya han sido declaradas inconstitucionales por nuestro máximo Tribunal de Justicia de la Nación se fueran adecuando, que la legislación se fuera modificando, puesto que somos sabedores que estas resoluciones de la Corte no le retiran vigencia a aquella ley que han declarado inconstitucional. La propuesta específica se traduce en que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la cámara de Diputados, ahora ya no como una atribución o facultad sino de manera imperativa, de forma obligada, en períodos de seis meses vaya dando cuenta al pleno, con el propósito de ir haciendo esas adecuaciones legislativas en las que la Corte ha hecho declaraciones de inconstitucionalidad y le expreso a esta interesada asamblea en el tema que estoy tocando, que lo que hace al artículo 80-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, relativo a la gravación de las cuotas y aportaciones de seguridad social, que se han formulado dos iniciativas, una del PRI, otra del PRD, que en este momento no han tenido el efecto deseado. Igual tenemos en materia de libre sindicación, igual tenemos en materia de cláusula de exclusión, en fin, es más, yo escuchaba que una de las fracciones parlamentarias traerá al pleno una Ley para la Atención a las Víctimas u Ofendidos del Delito, y revisando la jurisprudencia de la Corte, encuentro que desde l970, en un criterio jurisprudencial definido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que alguien, verbo y gracia, que ha cometido una violación y producto de esa violación hay un hijo, para gozar de algún beneficio que la ley le da al condenado, no tiene ninguna obligación de asumir la responsabilidad alimentaria con la víctima de ese delito, y lo hago a manera de ejemplo, para decir que hemos estado, por qué no reconocerlo, en una especie de flojera o de pereza parlamentaria. Si al Poder Judicial le toca la interpretación de la ley, al Poder Legislativo le corresponde la adecuación de la misma, conforme a las fuentes formales o reales que nutren esas iniciativas. Son mis comentarios, con la solicitud hecha ciudadana Presidenta. Muchas gracias por la atención prestada. -