La diputada Guillermina López Balbuena: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras y compañeros, la rendición de cuentas aparece como un elemento esencial que todo país democrático requiere para afianzar la credibilidad y mantener la gobernabilidad democrática. Es un elemento central para controlar el abuso del poder y garantizar que los gobernantes cumplan con transparencia, honestidad, eficiencia y eficacia sus funciones conferidas por la ciudadanía. Señores legisladores, el control, supervisión y revisión son mecanismos que facilitan la verificación de la información y, al mismo tiempo, la certidumbre y claridad del desempeño del servicio público. Dentro de nuestro régimen jurídico, relativo a la función de transparencia, se ubica la Secretaría de la Función Pública, cuyo objetivo es el de organizar y coordinar el Sistema de Control y Evaluación de la gestión gubernamental, así como emitir las normas que regulan los instrumentos y políticas que exigen el funcionamiento del mismo sistema. Sin embargo, en la presente administración esas acciones han sido ineficientes, porque sólo hemos observado cómo nuestro flamante secretario de la Función Pública se quiebra la cabeza y delega sus funciones a la ciudadanía para descubrir cuál es el trámite más inútil de esta administración, antes que dedicarse a sancionar a los funcionarios corruptos. Con estas convocatorias para descubrir lo que todo México conoce sólo evidencia ineptitud. Además, hay que expresarle al actual gobierno lo que coloquialmente dijo un periodista. "El trámite más difícil de este país es poder sobrevivir en él, por tanta ineptitud mostrada por esta administración". En cuanto al ámbito legislativo, el órgano de control es la Auditoría Superior de la Federación, quien desempeña la función de observar que los programas y su ejecución se ejecuten en los términos y montos aprobados, así como el del desempeño, eficiencia, eficacia y economía, con base en indicadores aprobados en el Presupuesto. Es de reconocer que este organismo ha cumplido en presentar en tiempo y forma los resultados de las cuentas públicas revisadas. Este tipo de controles es considerado como el control político que ejerce el Legislativo sobre el Ejecutivo, debido a que con esta fiscalización se da cumplimiento al mandato constitucional de vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos. El propósito de la presente iniciativa es recorrer la fecha de presentación de la cuenta pública y que ésta sea a más tardar el 15 de febrero del año siguiente del ejercicio correspondiente; y que la fecha de su aprobación por parte del pleno de esta honorable Cámara, de informe del resultado de la revisión y fiscalización de cuenta pública, sea a más tardar el 30 de septiembre del mismo año de su presentación. Con ello daremos un paso importante para la consolidación de la democracia en el aspecto de rendición y transparencia, otorgando gobernabilidad para determinar y calificar la gestión pública coadyuvando al mejoramiento del quehacer gubernamental. Es oportuno recordarles que en las cuentas públicas de 2004 a 2006, se reportó un aumento en el número de observaciones por irregularidades en el uso de recursos públicos de 500 por ciento. La propia Comisión de Vigilancia ha manifestado que el aumento en las irregularidades del uso de recursos públicos es grave y preocupante, pues se evidencia una creciente deshonestidad en el gasto del erario. Ante estos datos es inaceptable que nosotros como legisladores incurramos en irresponsabilidad por no aprobar la revisión de las cuentas públicas en el pasado periodo ordinario de sesiones, a pesar de haber estado agendadas en el orden del día por más de un mes. Es por ello que mi propuesta está enfocada a elevar a rango constitucional la obligación del pleno de esta Cámara de aprobar los informes de resultados de la cuenta pública a más tardar el 30 de septiembre del año de su presentación y, con ello, evitar que se siga con la práctica del congelamiento o rezago en los asuntos que son obligatorios de ser analizador por este órgano legislativo. Compañeros, basta de seguir tolerando los amiguismos, compadrazgos y tráfico de influencias, quienes se aprovechan de estas lagunas en la ley para poder llevar a cabo sus negocios familiares. Por todo lo expresado, es urgente que todos los actores políticos emprendamos una lucha frontal sobre las causas y efectos de la corrupción y la impunidad. En este frente de lucha, el papel del Congreso ya no debe ser meramente el de legislar, sino, en función del principio de equilibrio de poderes. Debe asumir el papel de ser el órgano de vigilar que las acciones de los encargados de la administración pública, con respecto al gasto público, éste sea ejercido de manera eficiente y eficaz, que cumplan con los objetivos y metas aprobadas por este Congreso. Es cuanto, señora presidenta.