El diputado Salvador Romero Valencia: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, México es un pueblo trabajador. Todos los días millones de mexicanas y de mexicanos salimos a trabajar, a luchar a brazo partido para poder forjar un patrimonio. Con gran esfuerzo cubrimos las necesidades básicas de la familia. Luchamos por pagar las deudas y podemos así, cumplir con nuestras obligaciones económicas. Sin embrago, una gran cantidad de mexicanos se ven orillados a empeñar sus bienes para poder hacer frente a imprevistos. A necesidades apremiantes o a urgencias. Medida extraordinaria que obedece a la imposibilidad de acceder a un crédito bancario, ya sea porque no cuentan con una cuenta aperturada o porque carecen de un historial crediticio. Todos los aquí presentes sabemos que los bancos nunca le prestan a los pobres. Dada la alta demanda y creciente necesidad de la población, han surgido, desde hace años, una multiplicidad de instituciones privadas y de asistencia pública que ofrecen disponibilidad inmediata de efectivo, a cambio de dejar en depósito, es decir, ignorados determinados bienes que respalden la cantidad otorgada. Hace 15 años existían alrededor de 40 instituciones que prestaban ese servicio. Hoy en día se calcula que existen alrededor de 6 mil 500 instituciones a lo largo y ancho del país. La proliferación de este tipo de instituciones no necesariamente ha traído consigo solidaridad social y apoyo a quien más lo necesita, lamentablemente lo tenemos que decir con todas sus letras han proliferado también arbitrariedades, abuso e injusticias sin fin. Aprovechándose de la necesidad y también de la ignorancia de nuestra gente obligan a los solicitantes a suscribir contratos leoninos con altísimas tasas de interés, sin estar debidamente informados del contenido y los alcances del mismo, y el consabido truco de las letras chiquitas en los contratos, amén de la falta de preparación, que es el común denominador de nuestra gente de escasos recursos. Además, la publicidad engañosa, el ocultamiento del costo anual total, el cobro de otros gastos como seguro contra robos y almacenaje, así como implicado sistema de refrendos conduce un espiral que arrastra a que el consumidor termine pagando muchísimas veces más de lo que recibió de préstamo o, bien, lo más lamentable, compañeras diputadas y compañeros diputados pierda la prenda en forma definitiva. Por ello, el 20 de noviembre de este año, se turnó a la Comisión de Economía de esta Legislatura el dictamen con proyecto de decreto que hoy se vota. Y en el seno de dicha comisión se determinó avalar las modificaciones efectuadas por el Senado de la República en su carácter de Cámara revisora y aprobarse en sus términos. Los cambios consistieron fundamentalmente en exceptuar a las sociedades que no sean mercantiles de la aplicación de esta nueva regulación. 1. Eliminar la garantía que se había establecido para garantizar los daños y perjuicios que pudieran causar las casas de empeño a los pignorantes. 2. Establecer la posibilidad de cancelar el registro de aquellas casas de empeño que tengan socios, accionistas, administradores o directivos, así como representantes que hayan sido condenados por delitos patrimoniales, financieros o de delincuencia organizada. 3. Establecer la facultad expresa por la Profeco de expedir las disposiciones de carácter general que sean necesarias para la operación del registro, así como los causales de suspensión y cancelación de actividades. Compañeras diputadas y compañeros diputados, no podemos permanecer impasibles ante el drama que hoy aqueja a miles de familias mexicanas. Sabemos de antemano que quienes acuden a este tipo de casas de empeño es la gente más pobre y con nulas posibilidades de acceder a otro tipo de crédito, cuya necesidad y falta de información la convierte en presa fácil de los abusos y de los que se han encargado de abusar y timar a los mexicanos. El Grupo Parlamentario del PRI se pronuncia a favor de esta reforma que representa un esfuerzo que trasciende Legislaturas y que busca ampliar la regulación de las casas de empeño a fin de salvaguardar los intereses de los usuarios de las mismas, otorgándoles mayor seguridad jurídica. Basta, basta ya de abusos y atropellos que lastiman sus ingresos de aquellos que menos tienen y lucran con su necesidad. Votaremos a favor para defender sus intereses y los acompañaremos brazo con brazo, hombro con hombro en su lucha contra la injusticia y el abuso a los que menos tienen. Muchas gracias.