El diputado Ariel Rodríguez Vázquez: Compañeras diputadas y compañeros diputados, para empezar con lo que voy a leer, les pido que se acuerden de algún maestro o maestra cuya formación les permitió a ustedes hoy estar aquí. Es muy probable que ese maestro o maestra ya esté jubilado. Los maestros o docentes en México, como en todo el mundo, tienen una labor importante para el desarrollo de los países. El arte de la enseñanza cobra su importancia derivado de que este es un pulso para el crecimiento académico, social y cultural de nuestra sociedad. Aunado a lo anterior, podemos agregar otro factor que otorga el reconocimiento a la importancia de esta profesión. Radica en que contribuye de forma directa en la educación y formación de los ciudadanos, coadyuvando a que estos puedan ser libres de pensamiento y puedan tener acceso a mayores oportunidades, logrando tener una sociedad mejor informada para que a su vez se pueda construir un país mejor. La mayoría de los maestros y educadores pasan la mayor parte de su vida entregando su tiempo como una parte fundamental en la formación académica de los mexicanos. Por lo tanto, reconocer la vocación y la entrega de estos al realizar esta labor es dignificar su profesión y agradecer por la formación de una buena sociedad mexicana. Por tal razón, es importante determinar que los derechos de estos se deben respetar y fortalecer, para que puedan tener al final de su camino profesional un retiro digno. Sin embargo, en la actualidad se tiene una problemática con respecto a esta remuneración de los docentes jubilados y pensionados, ya que se utiliza la Unidad de Medida y Actualización, la UMA, como referente para determinar sus pagos. Datos del Inegi revelan que, para noviembre del presente, la UMA se calculó con un valor de 80.60 y a su vez el SAT determinó el salario mínimo vigente a 2018 en 88.36, lo que representa una diferencia de 7 pesos con 76 centavos si se compara las veces salario mínimo con la UMA. Con base a lo anterior, podemos ver cómo hoy en día el Magisterio se encuentra en desventaja en relación al monto que percibe en su pensión, puesto que la cantidad que se les otorga es calculada por la UMA y no por el salario mínimo. Por tanto, reciben una cantidad menor que otros trabajadores y esto evidentemente no lo compartimos. Si bien es cierto que la UMA es una referencia económica que determina la cuantía en pesos del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de disposiciones jurídicas de las entidades federativas y de la Ciudad de México, teniendo como finalidad el beneficio de la ciudadanía en general, permitiendo incrementar el salario mínimo a tasas más grandes, sin provocar aumentos desmedidos en los créditos y en la inflación. Sin embargo, no podemos omitir que en nuestra legislación, nuestros estatutos tienen deficiencias jurídicas que afectan a algunos sectores de la ciudadanía, siendo estos en su mayoría los más vulnerables, como en este caso nuestros maestros jubilados o pensionados. En Movimiento Ciudadano tenemos la convicción de que las leyes que el Congreso emane deben ser valoradas y revisadas siempre en beneficio de la sociedad, procurando a su vez el progreso de nuestro país, con tal razón estas lagunas jurídicas evidentes se deben revertir de manera inmediata.