La diputada Yesenia Galarza Castro: Hoy se cumplen nueve años de uno de los episodios más deplorables y trágicos en la historia de México. Aquella noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, quedará marcada para siempre por el dolor causado a los jóvenes normalistas, familias, amigos y a toda la ciudad. Llevamos años escuchando muy diferentes discursos en esta tribuna, muchos de ellos pidiendo explicaciones, pidiendo respuestas, otros tantos a partir del 2018 simplemente defendiendo lo indefendible. ¿Y qué es lo indefendible? Que a nueve años no haya respuestas por parte del Ejecutivo y de las autoridades judiciales que llevan el caso. Justificaciones van, justificaciones vienen, pero la promesa de dar con el paradero de los jóvenes sigue sin cumplirse y el tema de la verdad histórica sigue pesando sobre los hombros de que aún no ha revelado la verdad de los hechos. Y eso es lo que realmente importa. Es lamentable que, a nueve años de la desaparición de los normalistas, las autoridades federales encargadas de investigar los acontecimientos y el paradero de estos estudiantes, aún no puedan o no quieran decir claramente la verdad de lo ocurrido. Quedan en evidencia las enormes deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia, que no ha podido dar resultados concluyentes y, menos aún, han podido brindar las garantías de protección de los derechos humanos, de una verdadera justicia restaurativa y del debido proceso. Queda en evidencia la incapacidad de un gobierno que ha quedado superado por la realidad, un gobierno al que le ha quedado grande el país y que no ha podido con los retos más grandes, como la inseguridad, la impunidad y la corrupción. El gobierno tiene una gran deuda con la sociedad mexicana. Pero, más aún con los padres de los jóvenes desaparecidos, quienes merecen y exigen, como cualquier padre de familia, saber sobre los hechos ocurridos y, ante todo, sobre el paradero de sus hijos. Si fuera por el gobierno ya hubieran dado carpetazo y cerrado el tema, y así con todos los desaparecidos. El impulso de los padres de familia, sus protestas y la movilización social que han encabezado son las razones que mantienen abierto el expediente y mantienen viva la desgarradora esperanza de saber lo que pasó con sus hijos. Hoy todavía hay más dudas que certezas, y no solo lo decimos nosotros, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que ya tomó la decisión de concluir con su participación en la investigación, ha señalado que hay una evidente obstrucción de la justicia y una red de complicidades que no permiten avanzar. También han advertido que la Fiscalía no puede ser al vaivén de las órdenes del presidente. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué están ocultando? ¿A quién o a quiénes están protegiendo? ¿Por qué tardaron tanto tiempo en entregar a los padres de los jóvenes los documentos que estaban solicitando y que incluían las llamadas interceptadas por la DEA? Hay muchas preguntas en el aire, muchas dudas, muchas suspicacias y pocas certezas. Queremos advertir desde esta tribuna que sería sumamente lamentable que el gobierno esté lucrando con el tema de los normalistas Ayotzinapa y dando largas para ofrecer sus respuestas durante el año electoral. No, diputadas y diputados. El dolor de las familias no merece que haya un cálculo político de por medio, lo que se exige es que haya justicia, lo que se exige es que sepa la verdad. La herida sigue abierta y no solo con los padres de los normalistas, sino con todos los hogares que han sufrido la desaparición de familiares, y así seguirá esa herida hasta que todo México conozca la verdad, una verdad sin adjetivos. Es cuanto, señora presidenta.