La diputada Cristina Portillo Ayala (PRD): Gracias señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: Uno de los capítulos más vergonzosos, de arbitrariedad y violaciones a los derechos humanos en México, los constituye la política represiva de Estado implementada durante finales de los 60, los años 70 y 80, en contra de activistas políticos opositores al régimen. La guerra sucia o guerra secreta y las masacres de estudiantes ocurridas en 1968 y 1971, permanecen como heridas abiertas en la sociedad mexicana, porque la mayoría de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, se mantienen en total impunidad. La presunta política antisubversiva del Estado Mexicano, en aquel periodo se caracterizó por tener facultades prácticamente ilimitadas al margen de todo respeto de los derechos esenciales. Su operación estuvo a cargo de grupos especialmente formados por algunas corporaciones de seguridad del Estado, como la Brigada Blanca o Brigada Especial. A la fecha existe perfectamente documentada en formación relativa, a cientos de detenciones, interrogatorios, cateos y reclusiones ilegales, listas de personas que estuvieron recluidas en el campo militar número uno, en el cuartel de Atoyac, Guerrero, en las instalaciones militares de diversas zonas del país y en la base aérea de Pie de la Cuesta, en el Estado de Guerrero y en las instalaciones de la Dirección Federal de Seguridad, así como en cárceles clandestinas. La desaparición forzada fue una de las tácticas de represión utilizadas sistemáticamente por agentes estatales para someter a la oposición política y social que se conformó en este momento histórico y cuyas secuelas han afectado múltiples dimensiones de la vida pública y privada en este país. El saldo, mil 500 opositores muertos y 600 desaparecidos. Nadie duda de la necesidad de reconciliación nacional por lo sucedido en estos años negros; sin embargo, es necesario rescatar la memoria histórica de la tragedia para encontrar una vía sólida de reconciliación que debe alcanzarse sin olvido porque es claro que sólo habrá reconciliación el día que se haga justicia real con los delincuentes en la cárcel, sin políticos con las manos ensangrentadas y con las fuerzas armadas depuradas. La justicia y la reconciliación nacional sólo serán posibles mediante el establecimiento y la exposición pública de la verdad y el castigo a los culpables. No se puede erigir una sociedad justa y democrática sobre la base de la mentira o de los silencios culposos. El perdón y el olvido sin justicia y castigo a los criminales sería la peor posible combinación de estrategias para tratar con un pasado traumático; sería éticamente problemático y peligroso sentar un precedente de impunidad generalizada para delitos de esta naturaleza. Tarde o temprano esta impunidad motivaría a las fuerzas reaccionarias a reanudar sus crímenes. Como candidato a la presidencia de la República, Vicente Fox prometió una Comisión de la Verdad que esclarecería las violaciones a los derechos humanos cometidas por el viejo régimen. Pronto el señor Vicente Fox olvidó la promesa de campaña. El cambio de administración ni siquiera motivó que la Procuraduría General de la República actuara conforme a derecho, es decir, de oficio para investigar las desapariciones forzadas. Tampoco lo hizo al recibir las denuncias y, sin haber efectuado un debate serio respecto a la creación o no de una comisión de la verdad que actuase con independencia de los canales institucionales del Estado, el mismo día de presentación de la recomendación, 26/201 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Ejecutivo federal resolvió la instauración de una Fiscalía Especial para la Atención de los Hechos probablemente constituidos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado. A tres años que la Fiscalía Especial iniciara sus funciones, los resultados hasta el día de hoy han sido magros y poco alentadores en la búsqueda de una justicia integral para los familiares, expresos políticos y organizaciones sociales que han acudido ante esta instancia. A tres años de la creación de la Fiscalía Especial siguen pendientes las obligaciones del Estado mexicano a investigar, sancionar, prevenir y reparar los hechos perpetrados por agentes estatales en contra de las víctimas durante la llamada guerra sucia, a identificar a los responsables y ponerlos en manos de la justicia para ser juzgados y sancionados, a adoptar las medidas de reparación que sean viables y satisfactorias y a crear las condiciones estructurales para asegurar que hechos similares no vuelvan a ocurrir jamás en nuestro país. Los investigadores y agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Especial han estado operando sin los recursos materiales y humanos que necesitan. El acceso a documentos oficiales se ha visto seriamente restringido por la manera en que se administran los archivos gubernamentales. Esto significa que sean los familiares, es decir, las mismas víctimas de la violación, quienes estén constantemente aportando los elementos y medios de pruebas en la averiguación previa. A tres años de su creación, la Fiscalía Especial es un ejemplo típico de los medios pasos que el gobierno de Vicente Fox está implementando en materia de derechos humanos. En su momento, la instauración de una Fiscalía Especial presentó un significativo avance a favor del rendimiento de cuentas en México; sin embargo hoy, ante su absoluta dependencia jurídica, presupuestal y política de la PGR, la existencia de la instancia no hace más que facilitar que las instituciones tradicionales del Estado puedan eludir su responsabilidad. La coyuntura nacional por el arribo a la presidencia de un partido político diferente al que por más de 70 años gobernó el país, generó las condiciones necesarias para llamar a cuentas a quienes representando a las instituciones del Estado cometieron agravios en cadena en contra de los derechos fundamentales de los activistas y opositores al régimen. Aprovechemos esta oportunidad histórica para crear una comisión de la Verdad. La experiencia en Latinoamérica ha demostrado que la integración de Comisiones de la Verdad se ha convertido en un mecanismo necesario e indispensable para la reconciliación nacional. Las Comisiones de la Verdad permiten identificar las estructuras del terror, sus ramificaciones en las diversas instancias de la sociedad, entre otros factores. Conforme a la iniciativa que se somete a consideración de esta Asamblea, el objeto esencial de la Comisión de la Verdad consistirá en esclarecer la verdad respecto a graves violaciones de derechos humanos y a hechos probablemente constitutivos de delitos federales cometidos directa o indirectamente por servidores públicos en contra de personas vinculadas con movimientos sociales y políticos del pasado, durante el lapso comprendido entre finales de los 70s, los años 60s y 80s y las masacres de estudiantes ocurridas en el 68 y en 1971. Es decir, la finalidad primordial de la Comisión radicará en aclarar lo sucedido en el periodo a investigar para así presentar una versión fidedigna de lo sucedido a la población: establecer la verdad. Sin embargo el trabajo de la Comisión o sólo se limitará a investigar los hechos para determinar a los responsables, asimismo explotará a las causas que motivaron la violencia en el país, a fin de evitar que se puedan repetir y plantear medidas que busquen reparar injusticias producidas. Con la finalidad de hacer efectiva la tarea de la Comisión de la Verdad, se propone que tenga autonomía presupuestaria, operativa y de decisión para garantizar la plena independencia respecto a sus determinaciones. La Comisión estaría integrada por siete personas comisionadas o comisionados de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad en la sociedad, cuatro de las comisionados o comisionadas serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros de la Cámara de Diputados y el resto de los comisionados o comisionadas, serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. De este modo quedará garantizado que los miembros de la Comisión representen a los diversos sectores del país y obtengan un trabajo serio y la credibilidad de sus conclusiones. Dada la naturaleza para terminar, señor Presidente- excepcional de sus funciones, los miembros de la Comisión gozarán de toda protección y seguridad para el cumplimiento de sus funciones. Finalmente el proyecto hace énfasis en que el resultado de la investigación sea recogido en un informe que tendrá que ser presentado a los titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y al Procurador General de la República y puesto en conocimiento de la opinión pública. Es cuanto, señor Presidente.