El diputado Alberto Esteva Salinas: Me voy a permitir, ciudadano secretario, darle algunos datos que posiblemente los 30 asesores que justamente están a espaldas de la ciudadana Presidenta en esta Cámara no tienen, y que explican en mucho por qué, además de los atentados contra Pemex que conocemos, existen otros atentados desde el gobierno federal a esta paraestatal. Usted conoce, porque hemos tratado este asunto de manera personal con usted, el conflicto que vive el INEGI: más de 2 mil 600 trabajadores fueron despedido de esta institución en el año 2000, y a la fecha, a pesar de que existe un acuerdo de los ocho grupos parlamentarios de esta LX Legislatura, no sé si por ineptitud del empleado que tiene como subsecretario de Enlace Legislativo, o no sé si por falta de voluntad, no se ha fijado la fecha en la que se instale la mesa para atender y resolver este conflicto. Los datos que le voy a proporcionar son los siguientes: el director jurídico del INEGI, Manuel Contreras Botti, ex trabajador de confianza de Pemex, recibió una liquidación de 100 por ciento, siendo una cantidad de 2 millones 114 mil 684 pesos con 15 centavos, sin mediar un laudo de por medio, ya que fue mediante un convenio entre Pemex y el ex trabajador. Actualmente este servidor público es el director jurídico del INEGI y es el responsable de no atender la demanda que de manera sistemática vienen planteando los ex trabajadores del INEGI a nivel nacional. Han habido muchos planteamientos de todas las fuerzas políticas, no solamente de esta legislatura, sino de la pasada, en el sentido de resolver y atender este conflicto; sin embargo, no ha habido la voluntad. El actual titular del INEGI y esto para quienes se sorprenden por lo que se publica en revistas color de rosa, como la que vimos hace unos días de los ex mandatarios, y el actual sueldo del Ejecutivo, el titular del INEGI recibe como un sueldo actual 194 mil 708 pesos su nombre es Gilberto Calvillo Vives, más una pensión que tiene del Banco de México, superior a los 180 mil pesos mensuales. Es decir, el señor gana cerca de 400 mil pesos mensuales. Pero no son sensibles ni atienden la demanda de 2 mil 657 trabajadores del INEGI. En ese sentido, ciudadano secretario, ¿qué posición tiene el gobierno federal? ¿Cuándo vamos a instalar la mesa que tenemos un año pidiendo a la Secretaría de Gobernación, porque aquí está en mi poder, de fecha 5 de septiembre, un documento de la Junta de Coordinación Política que le voy a volver a entregar, firmado por todos los titulares de los ocho grupos parlamentarios, y que desafortunadamente, cuando el subsecretario Armando Salinas, que es el empleado de la Secretaría de Gobernación al que me refiero, se hace contacto con él para correrle la atención de decirle: "Está caminando. El señor Armando Salinas dice que debemos cambiar el comunicado y poner al inicio del comunicado que es un acuerdo de la Junta de Coordinación Política. Ésa es una falta de respeto a esta legislatura, sobre todo porque usted mostró voluntad en su pasada comparecencia en comisiones y después en la propia Secretaría de Gobernación. Si no le sirven esos empleados, por favor, yo creo que hay que removerlos o llamar gente de la confianza del actual titular y no de los actuales senadores de la república. Yo también quiero entregarle este convenio, al que he hecho referencia, de la dirección de Pemex, en donde le dan más de 2 millones de pesos a un asesor jurídico, es decir, un abogado con nivel C, y le dan más de 2 millones de pesos, dos millones y medio por haber prestado sus servicios durante tres años en Pemex. Éstos son los atentados que dañan al país, y éstas son las indolencias que desafortunadamente por no tener los datos aquí atrás, los 30 asesores, tal vez no pueda usted tener los elementos para contestarlo. Pero voy a esperar su respuesta y volvemos a la réplica. Muchas gracias.