La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. Hace 30 años que México ratificó la Convención de los Derechos del Niño, y seguimos teniendo grandes deudas con la infancia. El día de hoy se discute una minuta aprobada por la colegisladora en abril de 2018, que a su vez proviene de una iniciativa presentada desde el 2014. Hago este recuento porque en esta legislatura hemos aprobado temas con mayor celeridad cuando se trata de la agenda del Ejecutivo, en contraste nos tomó seis años discutir el reconocimiento de los derechos de la infancia migrante. Las niñas y los niños, adolescentes, representan alrededor del 12 por ciento del total de la población migrante internacional, el 43 por ciento de los movimientos de migración forzada y asilo en el mundo corresponden a niños menores de 17 años, con 3.7 millones de menores migrantes. Estados Unidos encabeza la lista de países receptores. De 2016 a la fecha, más de 35 mil padres de niños nacidos en Estados Unidos han sido reportados. La pobreza, inseguridad, catástrofes naturales, desprotección institucional y violencia al interior de las familias expulsa a miles de niñas, niños y adolescentes de sus lugares de origen, aunque también en muchos casos el deseo de reencontrarse con sus padres en el vecino país del norte. Esos menores, en su intento de cruzar las fronteras, se quedan varados en nuestro país y enfrentan situaciones de delincuencia organizada, que los recluta para convertirlos en halconcitos o menores de circuito, que van y vienen como agentes facilitadores de tráfico de personas y substancias entre México y Estados Unidos. Se calcula que entre 10 y 20 por ciento de los menores mexicanos repatriados son menores de circuito. En caso de detención, son repatriados de manera inmediata y se reincorporan de nuevo a los grupos delincuenciales que los reclutan. El interés superior de la niñez es un principio jurídico que nos obliga a priorizar a las infancias en las acciones o decisiones que les afecten, y es urgente proteger y garantizar su desarrollo integral. Los costos a futuro para una sociedad que no es capaz de atender adecuadamente a su niñez son enormes. Los niños, niñas y adolescentes migrantes se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, pues en ellos convergen factores de riesgos derivados de su edad y condición migratoria. Están expuestos a malos tratos, a trata de personas, a explotación, especialmente si viajan solos, y por vías de migración irregular. Según la Red por los Derechos de la Infancia, en México, del último trimestre de 2018 al cierre de febrero de 2019, han ingresado al país poco más de 57 mil migrantes, de los cuales 25.3 por ciento corresponde a menores de edad. Si bien, las niñas y los niños generalmente se trasladan junto a sus padres y miembros de la familia ampliada u otros adultos, en la actualidad un número creciente y significativo migra en forma independiente y sin compañía. Por ello, con la aprobación del dictamen que contiene la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, en materia de infancia migrante, estamos dando un paso más para garantizar mejores condiciones de tránsito, estancia y retorno a las infancias que son expulsadas de sus lugares de origen. O bien, que debido a las situaciones ya mencionadas, deciden salir de ahí. Pero también hay que decirlo, con la aprobación de estas reformas no es suficiente y nos toca a las y los diputados dar el siguiente paso. El siguiente paso se tiene que dar en la discusión que tenemos en puerta para la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2021, en el que solo vienen etiquetados, óiganme bien, 200 mil pesos para la atención de la niñez migrante. Esto es, a todas luces, insuficiente para que entren en operación los centros de asistencia social creados con esta reforma, para el cuidado alternativo o acogimiento residencial para niñas, niños y adolescentes sin cuidado parental o familiar que brindan instituciones públicas, privadas y asociaciones que permitirán que en su tránsito por territorio nacional cuenten con una estancia con un mínimo de bienestar. Para el reconocimiento que hace esta reforma de la estancia por razones humanitarias, se requiere fortalecer la política pública con recursos presupuestales necesarios para la implementación de un nuevo modelo de atención migratoria que pugne por el pleno respeto de los derechos humanos de las personas en contexto de movilidad internacional. Así pues, compañeras y compañeros legisladores, esperemos que cuando demos la discusión en materia presupuestal se acuerden de lo que hoy todos sus grupos parlamentarios han venido a decir con respecto a la aprobación de esta reforma. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.