El diputado Adolfo Bonilla Gómez: Con su permiso, presidenta. Compañeros diputados, en 1976 se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor, surgiendo de ella la Procuraduría Federal del Consumidor, como la institución encargada de defender los derechos de los consumidores para prevenir abusos y garantizar relaciones de compra-venta justas. El objetivo de la Procuraduría, de acuerdo con el artículo 1o. de esta ley, es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor, y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. Para nadie es desconocido que la economía de nuestro país fija sus bases sobre el consumo personal e individualizado. La demanda de los productos y servicios principalmente estriba en la economía familiar, en el consumo que cada ciudadano realiza a través de sus decisiones tomadas en base en la información que posee de cada bien, servicio o producto adquirido. Dentro de las atribuciones de la Procuraduría Federal del Consumidor, que en lo posterior referiré como Profeco, está el de proteger la economía de las familias, de prácticas y comportamientos comerciales abusivos de los proveedores de bienes y servicios, pero es necesaria proveerla de mayores facultades y herramientas, con la finalidad de estar en condiciones de garantizar que los consumidores sean informados con la objetividad y certidumbre jurídica sobre la oferta de los productos en el mercado nacional. En el mismo sentido, la Profeco debe brindar información oportuna a los consumidores sobre posibles actos fraudulentos cometidos por los proveedores contra los consumidores finales, afectando éstos la economía familiar, siendo a través de información objetiva, derivada de los procedimientos y actividades reguladas por Profeco, como pueden prevenirse daños patrimoniales y morales, ya sea individuales y colectivos. En países como Argentina, Panamá y Colombia, se tienen atribuciones expresas para que las autoridades de protección al consumidor publiquen información sin restricciones sobre la firmeza de sus resoluciones sancionatorias, actos de verificación, quejas o reclamaciones puestas por consumidores, dicha información se considera de carácter público. En nuestro país figuras similares se regulan en diversas disposiciones, tales como la Ley Federal de Competencia Económica, en la que confiere facultades para publicar un extracto del inicio de las investigaciones realizadas por la autoridad competente. El plan técnico, fundamental, de calidad de las redes del servicio local móvil, establece las facultades de la Cofetel para hacer pública la información que le sea entregada o reportada, salvo aquella que el concesionario entregue con carácter confidencial y la información obtenida durante las verificaciones. Ambos, observando lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En este sentido, la presente iniciativa que el día de hoy someto a su consideración tiene por objetivo primordial fortalecer el papel de la Profeco como encargada de proteger y promover los derechos e intereses de los consumidores en el marco de los principios básicos de las relaciones de consumo, para que se informe oportunamente a los consumidores sobre el inicio de procedimientos, su resolución, la imposición y levantamiento de medidas precautorias y la información objetiva sobre el comportamiento comercial de los proveedores de bienes y servicios que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio. Por ello, en la presente iniciativa propongo se adicione la fracción 23 al artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue: Artículo 24. La Procuraduría tiene las siguientes atribuciones: Publicar para conocimiento de los consumidores, en cualquier medio de comunicación, incluyendo los institucionales, los resultados de las acciones derivadas de los procedimientos previstos en la ley, así como de los actos de verificación y vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones de los proveedores de bienes y servicios que permitan proveer de información relacionada con las prácticas comerciales y proteger los derechos de los consumidores. Para los efectos de lo previsto en la presente fracción, la Procuraduría podrá publicar un extracto del acuerdo de inicio de procedimiento por infracciones a la ley y la resolución que ponga fin a los mismos, a la imposición y levantamiento de medidas precautorias impuestas a los proveedores, así como información objetiva sobre el comportamiento comercial que derive de los actos de verificación y del procedimiento conciliatorio. Compañeros diputados, de aprobar la presente iniciativa estaremos dotando a la Procuraduría de mayores atribuciones, y sobre todo, estaremos protegiendo a los consumidores de los abusos de los prestadores de bienes y servicios. Apelo a su buen criterio para que en su momento la voten a favor. Por su atención, muchas gracias.