La diputada Narcedalia Ramírez Pineda: Gracias, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Inca Rural tiene 38 años de presencia en el campo mexicano desempeñando la función de capacitación y organización a productores y al sector social rural; pero vive hoy momentos difíciles. Por una parte, según denuncian los dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, desde hace algunas semanas, un poco antes de que llegara el actual secretario de la Sagarpa, les advirtieron de la inminente desaparición de este instituto. Y si esto no fuera suficiente, el proyecto de presupuesto, enviado por el Ejecutivo federal desalienta una función de vital importancia. Quienes conocemos la realidad de atraso y marginación de la geografía rural pensamos que cerrar las puertas de esta institución o limitar su presupuesto sería seguir condenando al fracaso el destino de los pobres. La educación y la capacitación son, sin discusión, las armas del desarrollo. El profundo sentido transformador de la capacitación es que crea valor agregado a los productos y servicios en cuyos procesos de producción interviene y por tanto, es un elemento esencial en la generación de la riqueza. Por eso en las naciones más pujantes la inversión en capacitación ha crecido, incluso más aceleradamente que la inversión de bienes tangibles. Para las Naciones Unidas los tres indicadores básicos del desarrollo humano son: los niveles de ingreso, de salud y de educación, asociada directamente con la difusión del conocimiento. Frente a estos valores prácticamente universales de los 30 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, donde buscamos participar activamente, México ocupa, lamentablemente el último lugar en su nivel educativo. La capacitación es una función estratégica para el desarrollo y debe ser una prioridad nacional. Lo que pretende nuestro alegato a favor del Inca Rural no es defender intereses de la burocracia quien en este caso prácticamente es inexistente, sino los elevados fines por los que fue creada esta institución en apoyo de los mexicanos más vulnerables de la economía campesina. Querer combatir la pobreza sin capacitación es una falacia, es privarle a los pobres de una efectiva herramienta para buscar opciones, es dejar a la caridad de los programas asistencialistas el lugar de dignidad que debe ocupar el camino productivo. El mercado, ya lo sabemos, no basta para hacer progresar a un país. La grave coyuntura económica que hoy vive nuestro país es como paradoja, la mejor oportunidad para replantear el significado de las instituciones que tiene que ver con los más vulnerables es abrir el horizonte del desarrollo rural sustentable a los mexicanos de la economía de subsistencia, los minifundistas, los pueblos indígenas, los recolectores del desierto. Estoy convencida de que si la capacitación fuera tomada como el sustento del proceso de desarrollo rural, el gobierno no pensaría seriamente regatearle presupuesto a esta noble institución y mucho menos decidir suprimirla, ya que está formando a quien es necesario insertar en las tareas del crecimiento económico del país. Si se sigue minimizando la capacitación campesina, queda claro que no hay proceso de desarrollo rural, pero?