EL DIP. VICTOR ANTONIO GARCIA DAVILA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El cambio en México no tiene freno, el chofer no sabe conducir. Acudimos a esta tribuna para formular un Punto de Acuerdo bajo las siguientes consideraciones: Las recientes declaraciones de diversas autoridades de la Secretaría de Educación Pública con relación a la apertura de la información sobre las evaluaciones o raitings, que obtengan las escuelas públicas, son por decirlo, menos confusas y contradictorias. Como es sabido el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el cumplimiento de las funciones que le mandata su Decreto de Creación "A", realizaba las evaluaciones correspondientes a los diversos centros escolares que imparten educación básica en nuestras entidades federativas. Lo sorpresivo e insólito es que, una vez realizado este ejercicio evaluatorio que ha sido reivindicado por las autoridades federales, por los maestros, por el propio CENTE y por la sociedad civil, sea justamente el Instituto el que acote y limite los rangos de la información acerca de los resultados obtenidos en cada uno de los centros escolares o planteles. Cuando esta soberanía debatió de manera exhaustiva el punto relativo a la creación del INEE, diversos grupos parlamentarios sostuvimos la postura de que era imprescindible garantizar la autonomía de dicho instituto para que sin atadura alguna y con plena transparencia, se dieran a conocer los resultados de sus trabajos, lo que implicaba que el Honorable Congreso de la Unión presentara, discutiera y aprobara la iniciativa con proyecto de decreto respectivo, sin embargo, el Ejecutivo Federal en el uso de sus atribuciones prefirió emitir el decreto de creación del INEE bajo la modalidad de un organismo dependiente directamente de la SEP. En dicho decreto y sólo para cubrir la formalidad, se crearon espacios marginales para dar cabida a la participación limitada de personalidades representativas de instituciones vinculadas con la educación. Dicha medida generó inconformidad y malestar porque atentaba contra el esfuerzo que legisladores, organizaciones de docentes y la sociedad hicieron para tener un organismo transparente y autónomo. En el pasado reciente los mexicanos hemos sido tratados con desprecio y prepotencia por el Ejecutivo Federal, al escamoteársenos la información a la que tenemos derecho. Recordemos que durante la gestión del Presidente Zedillo se ocultó de manera deliberada los resultados que organismos internacionales especializados en educación habían efectuado en México, resultados que por cierto nos ubicaban en los últimos lugares en materia de desempeño escolar. Ciertamente era negar lo evidente, porque cualquier observador atento de la realidad educativa nacional conoce el grave rezago que tenemos en este renglón. Lamentablemente hoy la situación es más patética, porque la pretensión del INEE es limitar la información de los resultados de su propia evaluación, bajo un argumento que de suyo nos parece esculto (¿) y pedestre y que atenta contra los principios de la sana competencia entre los centros escolares. Nos parece inaudito que se esgrima el argumento de que no deben darse a conocer los resultados por escuela porque eso crearía una mala imagen para aquellas que obtuvieran malos resultados. En nuestra opinión ese argumento demuestra una ignorancia supina de las autoridades educativas; cualquier padre de familia que tiene hijos en la escuela sabe del desempeño favorable o desfavorable de los centros escolares de su comunidad o barrio, entonces ¿a qué le temen? A más de esto, ¿cómo van a resolver los funcionarios educativos las deficiencias de los centros escolares?, en lo oscurito, como lo hacen ciertos políticos y a la sociedad en general van a seguir dándole la información. Pareciera que el cambio democrático sólo ha quedado en promesas de campaña, porque si esto fuera poco, en la Séptima Reunión Nacional de Autoridades Educativas, celebrada en la Ciudad de Monterrey en estos días, los secretarios de Educación Pública o representantes estatales de ocho estados de la República se pronunciaron contra la idea de comparar calificaciones, coincidiendo así con directivos del INEE que descartaron hacer públicas las evaluaciones por plantel. Los argumentos que esgrimieron, que fueron dados a conocer a través de los medios de difusión, son verdaderamente pedestres; pareciera que la única voz sensata aunque no explícita en el cómo y en qué detalle, es la del titular de la SEP y Presidente del Consejo del INEE, Reyes Tamés, quien reivindica el derecho que todos tenemos a ser informados sobre este aspecto crucial de la sociedad mexicana. Por lo anteriormente expuesto y dada la gravedad del asunto que nos ocupa, con base en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponemos a esta soberanía lo siguiente: Punto de acuerdo. Artículo único. Que la Honorable Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicite al Secretario de Educación Pública, dé a conocer el resultado de la evaluación aplicada por el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a los planteles de educación básica en la República Mexicana, de manera amplia y suficiente, sin detalle alguno. Es cuanto. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 19 días del mes de febrero de 2003. Atentamente, servidor, Víctor Antonio García Dávila. -