La diputada Elsa María Martínez Peña: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hoy esta Cámara de Diputados da cumplimiento a una de las demandas más sensibles de la sociedad, y en este marco, quienes integramos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, coincidimos con la colegisladora en el sentido que la presente forma parte de la reforma política y es, por tanto, el inicio del proceso de renovación del Estado mexicano al ampliar las garantías constitucionales y derechos humanos de la sociedad. La aprobación del reconocimiento constitucional de la defensa, protección y promoción de los derechos humanos constituye un parteaguas en la historia constitucional procesal de este país y un avance como sociedad democrática moderna, que es la continua lucha por su vigencia plena. Con la aprobación de la presente iniciativa también se inicia una etapa garantista en materia de derechos humanos. Se avanza de forma contundente en su respeto, pero sobre todo, se confirma la voluntad Constituyente Permanente en el sentido de ampliar su necesaria protección. A partir de la publicación de la presente reforma, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá investigar presuntas violaciones a los derechos cometidas por gobernadores, alcaldes, legisladores o funcionarios del Ejecutivo federal y presentar las denuncias penales o civiles que considere procedentes. Además, se establece que cuando una autoridad no respete o no acepte las resoluciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, tendrá que fundamentar y motivar su negativa, así como explicarla en audiencia pública. Con esa reforma las ciudadanas y los ciudadanos tendrán el derecho de acudir a los tribunales y exigir no sólo el castigo sino la reparación del daño en caso de que la autoridad correspondiente compruebe que se han violentado sus derechos humanos. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza coincidimos en el propósito de la minuta del Senado en cuanto a reconocer constitucionalmente los derechos humanos de las personas y establecer las garantías para lograr la efectividad de su protección. Concordamos también en la necesidad de adecuar la Constitución para incorporar el principio de interpretación de los derechos humanos, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales. Establecer una clara definición de cómo y en qué circunstancia se puede declarar la restricción o suspensión de derechos humanos y cuáles deben permanecer sin tocar. Fortalecer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en sus facultades de investigación, de violaciones graves y obligar a los servidores públicos a que justifiquen su negativa, a aceptar las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o el incumplimiento de las mismas y brindar garantías a los extranjeros contra su expulsión arbitraria, son avances indiscutibles. Estamos convencidos de que esta reforma tan trascendente no sólo se consolidaría si no se implementaran acciones para materializarla, como la adición de los derechos humanos en la educación, en el entendido de que la educación es un proceso formativo que permite la promoción de los valores y en ellos no debe hacer falta el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos. Por ello, quienes conformamos el Grupo Parlamentario Nueva Alianza, aprobamos el presente dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos Humanos, con proyecto de decreto que modifica la denominación del capítulo I del título primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Celebramos aún más el inicio de una etapa en que los derechos humanos y la educación formarán un binomio indisoluble para el buen desarrollo de nuestra niñez en el presente y el respeto mutuo de las personas adultas del futuro. La educación es la solución. Reconocemos el trabajo realizado por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, nuestro paisano, el licenciado Rubén Moreira. Felicidades. Es cuanto, señor presidente.