La diputada Roxana Luna Porquillo: Gracias, secretaria. Quiero decirles, compañeros y compañeras, que este punto de acuerdo busca que no haya atropello a los ciudadanos del estado de Puebla, ya que quedarían en estado de indefensión legalmente. Quiero decirles también que, ante visiones de realidades distintas y ante la diversidad de opiniones, llamo a actuar con la tolerancia, con la civilidad y con la legalidad e invito a mis compañeros diputados locales y presidentes municipales a reflexionar respecto a este tema tan importante que hoy se va a discutir en esta tribuna. En la exposición de motivos de esta nueva Ley del Agua, se hace alusión al derecho humano que tienen los ciudadanos para acceder al agua como consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, como lo establece el artículo 4o. Reconoce la propiedad originaria de la nación de las aguas territoriales; menciona la Ley de Aguas Nacionales, en particular en el artículo 7o., que considera que la gestión integrada de los recursos hídricos es una prioridad y un asunto de seguridad nacional. De igual forma hace referencia al hecho de que el servicio del agua potable como corresponsable de esta facultad, al señalar. es responsabilidad de los gobiernos de los estados y de los municipios, la regulación de los procesos para la prestación de los servicios públicos de agua potable para consumo humano, drenaje, alcantarillado, saneamiento, reúso y suministro de agua, en vehículos y cisternas. En este sentido esta postura es una franca invasión de competencias del estado a las del municipio que en la Constitución federal están claramente definidas tal como lo establece el artículo 115 constitucional, ,correspondiéndole de manera exclusiva al municipio la prestación de servicios públicos, como es el caso de agua potable y alcantarillado. En la exposición de motivos en comento señala: corresponde a las legislaturas locales la emisión de normas jurídicas que regulen la participación social y privada para cumplir el mejoramiento de la cobertura y la calidad de los servicios y cumplir de esta forma las premisas constitucionales de alcanzar la conservación y la sustentabilidad de los elementos naturales, la distribución equitativa de la riqueza pública, el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. Esto es, de acuerdo con el gobernador, los diputados que integran las legislaturas deben contribuir y con su voto aprobar nuevas leyes, reformar y adicionar las existentes en aras de proceder a privatizar los servicios públicos. Como en la actualidad se pretende con esta reforma y adiciones a la Ley del Agua del Estado de Puebla y así en otro momento podrán ser otros servicios como la seguridad pública, panteones, mercados, basuras o como hoy es el servicio de alumbrado público. Esto dependerá seguramente de la plusvalía que representen estos servicios públicos. A menos de un año de aprobada la Ley del Agua, el titular del Ejecutivo envió al Congreso del estado una iniciativa solicitando se aprueben diversas disposiciones de esta norma, con las cuales se establece claramente y de manera indubitable, la pretensión de privatizar este servicio, como también el alcantarillado, y para lo cual solicito a los legisladores aprobar la fracción del artículo 4o., artículo 31 y adicionando la fracción IX del mismo artículo. Este decreto no tiene precedentes en Puebla ni en ningún otro estado de la Federación, representa un ensayo que de ser instrumentado como se propone, sería un ejemplo negativo a seguir para otros gobiernos de corte conservador o por no decir, de derecha. Así, la fracción IV del artículo 31 en la actualidad consigna lo siguiente: IV Celebrar o suscribir instrumentos, incluyendo sin limitar concesiones o cualquiera de otros convenios o contratos, los cuales establecerán, entre otros, los derechos y las obligaciones de las partes, las sanciones por incumplimiento, la posibilidad de afectar, ceder o gravar irrevocablemente, con previo consentimiento del concedente, los derechos derivados del título de concesión o del título correspondiente. La obligación de indemnización a cargo de la autoridad competente por caducidad, rescate, revocación o terminación anticipada de la concesión o instrumento respectivo. Los supuestos de revisión de pleno derecho de los activos de la concesión, incluyendo sus mejores y accesorios, así como el mismo para la determinación de la indemnización correspondiente con independencia de aquellas otras condiciones previstas en las disposiciones legales aplicables. La reforma es verdaderamente ambiciosa, ya que pretende convocar a empresas privadas de carácter nacional e internacional para que los organismos operadores de los municipios den esta concesión o esta prestación de este servicio público, obviamente con anuencia de los cabildos municipales; esto con el apoyo directo de los presidentes, síndicos y regidores. En todo caso, para que pueda generarse el consenso de la población, debe ponerse en consideración a la ciudadanía, a los poblanos, a través de las consultas públicas para que, de manera consensuada y previo a una amplia discusión y difusión de los puntos de vista a favor y en contra, se pudiera tomar una medida tan trascendental como la que se propuso y cuestiona. En caso contrario, desde este momento debemos de señalar al titular del Ejecutivo, al secretario de Gobierno y al secretario de Desarrollo Rural, quienes fueron los que la suscribieron, y a los integrantes de las legislaturas en el estado de Puebla como los directamente responsables de la inestabilidad social y política que se genere en el seno de la sociedad poblana por la aprobación de estas reformas y adiciones a la Ley del Agua del estado de Puebla. Es cuanto, señora presidenta.