La diputada Gisela Juliana Lara Saldaña: Este derecho fundamental de primera generación se encuentra garantizado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la libertad de expresión y la de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia está garantizada por los artículos 6 y 7 de nuestra Constitución. De esta forma, el Estado mexicano está obligado a garantizar la libertad de expresión de cualquier ciudadano mexicano y en particular la de los comunicadores de todo el país, para los cuales esta libertad también representa su medio de trabajo. México es un país en transición democrática, donde la libertad de expresión ha experimentado pleno respeto para su ejercicio por parte del gobierno federal; sin embargo, este avance no se observa en los gobierno estatales. La censura el control de los medios de información continúa bajo una vieja estructura casi intacta que se resiste a la crítica y al escrutinio público. En el estado de Tamaulipas el ejercicio de las garantías individuales no se garantiza. Existe un control de los medios a través de cuotas de publicidad y pago a reporteros. No es infrecuente, por ejemplo, que los boletines publicados como noticias sean pagados por oficinas y dependencias estatales y municipales. Las actividades de la delincuencia en Tamaulipas han sido dominadas en los últimos años por el cártel del Golfo y por los Zetas. Esta última una organización que actúa de manera coordinada con los personeros del cártel, dirigida por desertores de elite del ejército mexicano. La delincuencia organizada y el narcotráfico han provocado un fenómeno de autocensura en los medios. Esto se evita en la cobertura activa de tales temas como una forma de autoprotección o sobrevivencia. El Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, con sede en Reynosa, Tamaulipas, e integrante de la Comisión In Memoria ha documentado 27 casos de ataques a periodistas desde el 99 al 2004. Los delitos cometidos van desde lesiones, amenazas de muerte e incluso asesinatos. La recopilación es exclusivamente de los casos que han sido públicos en los 10 municipios fronterizos de Tamaulipas. Aunque han ocurrido otros ataques, éstos no han sido denunciados. Es un hecho reprobable que en el estado de Tamaulipas no se garantice la libertad de palabra. Una muestra de la violencia ejercida contra la libertad de expresión es el brutal asesinato del periodista Francisco Arratias Aldierna, ocurrido en la ciudad fronteriza de Matamoros el martes 31 de agosto del 2004. Este es el tercer crimen en lo que va del año en el país en contra de periodistas y el segundo en el estado de Tamaulipas. Los mexicanos condenamos estos hechos y exigimos una investigación seria y profunda sobre los acontecimientos y también requerimos acciones concretas y urgentes para proteger el ejercicio periodístico en todo el país y en particular en el estado de Tamaulipas. Toda la importancia que reviste esta situación anteriormente expuesta, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, someto a la consideración de esta asamblea, como de urgente y obvia resolución, el siguiente Punto de Acuerdo Que esta Honorable Cámara de Diputados exhorte al Procurador del estado de Tamaulipas, en el ámbito de su competencia, se sirva agilizar las acciones y diligencias necesarias para el esclarecimiento de los asesinatos de los periodistas en el estado de Tamaulipas, y sobre todo el ocurrido el pasado martes 31 de agosto del 2004, e informe a esta soberanía sobre los avances de las investigaciones realizadas en estos casos. Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre 19 del 2004. Gisela Juliana Lara Saldaña, Diputada Federal. Gracias, señor Presidenta.