La diputada Holly Matus Toledo: Compañeros diputados y compañeras diputadas, la pobreza generada por el modelo económico implementado en nuestro país ha orillado a millones de menores a incorporarse a actividades laborales para ayudar a sus familias. En junio de 2008 la OIT y la UNICEF señalan que en América Latina 5.7 millones de niñas y niños trabajan; la mitad de ellos, por cierto, se encuentran en México. Cifras oficiales mexicanas han evidenciado que 40 por ciento de los 1.5 millones de jornaleros agrícolas es de origen indígena; y alrededor de mil 500 son menores de entre 14 y 15 años de edad. La Constitución y la legislación mexicana actualmente prohíben el trabajo infantil de menores de 14 años y exigen determinados requisitos para que menores de entre 15 y 16 años puedan trabajar. También prohíben el trabajo de menores de 16 años en labores insalubres y peligrosas. Un alto número de menores de edad que trabajan en México se encuentran expuestos debido a que tanto las autoridades como los particulares incumplen lo dispuesto en la Constitución y en la legislación. Existen múltiples obstáculos operativos y administrativos para la inspección y la imposición de sanciones. Las multas son muy bajas frente a los amplios beneficios que tienen los patrones por tener a niños menores de 14 años trabajando. Aunado a lo anterior, quienes son indígenas se enfrentan a barreras culturales y obstáculos para el ejercicio de sus derechos. Por tal motivo, es pertinente que la multa a las y los patrones que incumplan las normas de trabajo de menores aumente, y se impongan en un margen de 500 a mil veces el salario mínimo general. Es claro que el solo incremento de las multas no asegura que las normas se respeten. Lo importante es que estas instancias locales y federales apliquen y vigilen el cumplimiento de las disposiciones generales. Debe sancionarse penalmente a las y los patrones que contratan a menores de 16 años de edad en labores insalubres y peligrosas. El Código Penal Federal ya regula las sanciones penales para algunas de las peores formas de trabajo infantil, previstas en el Convenio 182 de la OIT; pero no sanciona aquellas que por su naturaleza o condiciones tienen probabilidades de dañar la salud, la integridad o la moralidad de los menores. Aunado a la reforma penal se proponen distintas medidas, una de ellas es la difusión en las lenguas indígenas de las disposiciones jurídicas sobre el trabajo infantil y las instancias ante las cuales se pueden denunciar violaciones a las mismas. Mejorar la práctica administrativa y jurisdiccional, atendiendo el propio interés superior del niño y de la niña, facilitando la presentación de denuncias anónimas para las autoridades laborales. En virtud de que el gobierno mexicano tiene amplia responsabilidad en la erradicación del trabajo infantil, es necesario establecer mecanismos que contribuyan a disminuirlos. Entre ellos se propone que la Sedesol, a través de distintos programas, beneficie a las niñas y los niños, para evitar que generen trabajo infantil y para que los padres puedan superar la precaria situación económica. Un gobierno que tolera y acepta tácitamente el trabajo infantil no vislumbra que éste no sólo perjudica la salud y el bienestar de los niños y las niñas, sino también impide y menoscaba cualquier posibilidad de desarrollo social. Es por ello que propongo esta iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Y solicito, diputada presidenta, se integre el texto íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto.