El diputado Salvador Arredondo Ibarra: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados. La transparencia en la función pública implica adoptar una serie de medidas que posibiliten a los gobernados conocer con precisión el comportamiento de los servidores públicos. Uno de los asuntos que mayormente ofende a la población está asociado con los ingresos extremadamente elevados y desproporcionados que con frecuencia los funcionarios públicos se asignan. Desde la perspectiva social existe la idea de que los funcionarios públicos de alto nivel reciben sueldos desproporcionados, ajenos a la autoridad que reclama el país en materia de gasto público, que resulta políticamente incorrecto exista un gobierno rico con un pueblo pobre. En los estudios que se han hecho al respecto se han indicado como aspectos negativos en materia de remuneraciones en México los siguientes: que no existen criterios claros para la definición del monto de los salarios y compensaciones de los funcionarios, particularmente de los de alto nivel, sino que existe una verdadera anarquía o discrecionalidad en esta materia y no existen políticas coherentes para determinar el monto de las percepciones de los servidores públicos. Que las remuneraciones que perciben los altos funcionarios públicos se componen de diversos rubros y conceptos que los hacen complejos, pero particularmente los aumenta de manera exorbitante. Que el sueldo base de los altos funcionarios públicos es simulado en el salario base, al ser relativamente bajo, pero la percepción es alta por otros conceptos, tales como bonos, compensaciones, gratificaciones, entre otros, llegando a ser mayor este tipo de prestaciones que el salario base. Que existe una gran disparidad entre las remuneraciones que perciben los servidores públicos de alto nivel y los otros funcionarios públicos de nivel inferior. Que en varios de los casos se da una autoasignación de los salarios y compensaciones por parte de los propios funcionarios públicos, sin estar relacionados a parámetros de méritos y desempeño en el cargo. Que ha existido poca publicidad o transparencia por parte de los propios funcionarios públicos para proporcionar información a la sociedad sobre las verdaderas remuneraciones de los gobernantes. Compañeras y compañeros diputados. La presente iniciativa precisamente busca recobrar la racionalidad y la moderación en la función pública, privilegiando la actitud del servicio. En suma, de lo que se trata es de detonar el principio de compromiso social de la función pública y hacer vigente el pensamiento de Benito Juárez, quien al referirse a la función que desempeñan los servidores públicos señala que no se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse arduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley señala. La iniciativa que se propone es congruente con este postulado y busca también lo que afirma el doctor Valdés Zepeda: la consecución de la sobriedad republicana que debe prevalecer siempre en la función pública. En este sentido, la presente iniciativa propone lo siguiente: En este contexto se plantean las reformas a diversas disposiciones de la Constitución Política, a fin de establecer en otros aspectos, que ninguna remuneración será superior a la que perciba el Presidente de la República. Asimismo, que el Congreso de la Unión y los órganos legislativos de las entidades federativas establecerán órganos auxiliares de los poderes públicos y organismos autónomos existentes en cada ámbito de gobierno, responsables de realizar estudios y emitir recomendaciones no vinculatorias en materia de remuneraciones de servidores y entes públicos descritos en este artículo. Por último, lo cierto es que la creación de dicho comité ha sido un instrumento importante para el control y moderación de las percepciones de los salarios de los servidores públicos. Ha servido como un mecanismo preventivo, ya que ha permitido ser freno de posibles excesos; toda vez que ha permitido que se ponga especial cuidado al momento de fijar los emolumentos a percibir. Finalmente, se propone que en el ejercicio de la función para la fijación de remuneraciones, igualdad, equidad, racionalidad, disciplina presupuestal, proporcionalidad, certeza, legalidad, austeridad, transparencia, serán principios rectores. Compañeras, compañeros diputados, por su atención, muchas gracias. Le pido señor Presidente, que se inscriba íntegro en el Diario de Debates.