La diputada Gabriela Martínez Espinoza: Honorable asamblea, el día de hoy me presento ante ustedes, diputadas y diputados, para poner a su consideración la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las Leyes de Desarrollo Rural Sustentable y de Aguas Nacionales, a partir de las siguientes consideraciones: Según el doctor en ciencias agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de México, Francisco Herrera Tapia, en su ensayo Enfoques y políticas de desarrollo rural en México, existe una dicotomía entre lo rural y lo urbano, la cual tiene una larga historia de intentos por dividir la sociedad en dos mundos geográficos, para así poder situar y calificar a la población de acuerdo con la forma de interactuar con su medio ambiente. Este investigador afirma que los rural es sinónimo de la falta de desarrollo en comparación a lo urbano. Afirma que lo rural se encuentra objetivado por un marco de actuación del gobierno y agentes institucionales que fomentan el desarrollo de los espacios considerados como rurales. Si consideramos cierto lo que afirma este investigador, el campo mexicano debe de seguir transitando hacia esa modernización, la cual parte desde el México independiente, el cual transitó por varios conflictos sociales hasta llegar a esta cuarta transformación. Una de las grandes posibilidades para alcanzar una política integral para el campo es atender el campo para resolver nuestra soberanía alimentaria como país. Hoy, más que nunca, debemos de revalorizar los derechos de los campesinos y de las personas que viven en el medio rural. De acuerdo al diagnóstico de las actividades productivas del campo se realizan dos tipos de actividades agropecuarias en el país, la primera conocida como agricultura climáticamente inteligente, o agricultura de exportación, caracterizada principalmente por tenerlo todo. Y la otra, conocida como agricultura tradicional, caracterizada por la falta de liquidez, la desorganización, mínimo acceso o inoportuno financiamiento, baja rentabilidad de la producción agrícola, bajos niveles de eficiencia en el riego, deterioro en la infraestructura hidroagrícola, disponible y comercialización secuestrada por intermediarismo. Ante este panorama es la necesidad de implementar un programa para establecer medidas técnicas agroalimentarias y productivas que mejoren la productividad del campo mexicano, donde la infraestructura rural aproveche elementos como los que actualmente tienen los distritos y unidades de riego del país, los cuales han demostrado tener todo lo que se necesita para impulsar el verdadero desarrollo rural en México. En términos generales, el área de riego del país se irriga en un 67 % con agua superficial y un 33 % con agua de bombeo y son los 86 distritos de riego y 50 mil 735 unidades de riego quien, mediante concesiones asignadas y organizados en asociaciones civiles de usuarios, prestan los servicios y apoyos a sus miembros usuarios productores para eficientar el uso de riego agrícola. Para ello uno de los objetivos de la presente iniciativa es que este tipo de figuras productivas, no solo se conjunten, sino que su actividad se desarrolle bajo un modelo de desarrollo rural productivo y agroalimentario, a través de acciones productivas modernas, opciones para reducir la pobreza y, desde luego, aquellas opciones productivas de desarrollo sostenible. El instrumento para alcanzar el éxito de estas reformas que se plantean es a través de la conformación y puesta en marcha de empresas tractoras. Es decir, facultar a los distritos y unidades de riego a conformar este tipo de figuras contempladas como sociedades mercantiles en el marco jurídico vigente. Las empresas tractoras tienen como propósito que los módulos, distritos y unidades de riego continúen prestando el servicio de riego con alta eficiencia optimizando el recurso agua para maximizar la producción y el valor de la producción agrícola, así como labores de administración, conservación y mantenimiento de la infraestructura a su cargo y se conviertan en instrumentos de crecimiento y desarrollo económico con criterios de desarrollo sostenible a nivel de territorios. Siendo así, los módulos de riego son asociaciones civiles con fines no lucrativos, las sociedades de usuarios en cambio son lucrativas, al darles el enfoque de empresas tractoras, los distritos de riego podrán recuperar su fuerza como organismo de Estado y se fortalecerá como organismo regulador. Como empresas tractoras las sociedades de usuarios pueden asumir funciones económicas como empresas de servicios a la producción. Esta reforma también va dirigida a las familias mexicanas, sobre todo aquellas que se dedican a la producción del campo mexicano. Mientras exista una mejor distribución del vital líquido en el trabajo del campo, habrá una mayor producción y de eso estoy convencida y ese impulso lo pueden dar estas empresas tractoras. Con la aprobación de esta iniciativa se fomentará el desarrollo económico...