El diputado Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez: Con su venia, señor presidente. Compañeras, diputadas y diputados, México no se mueve en la dirección correcta, hoy somos testigos de cómo la política de la simulación de las redes de complicidad y de la frivolidad conducen al fracaso a la vida pública de nuestro país. El informe de gobierno que nos presenta el presidente de la República, no representa la realidad de los más de 50 millones de mexicanos que viven en la pobreza, ni de los más de 120 millones de mexicanos que viven dentro de nuestras fronteras y que son vulnerables ante la gran inseguridad que se vive en el país. Queda claro que la actual administración federal no conoce el significado de la autocrítica. Nos quieren engañar con un discurso trillado en donde no cabe la voz, las exigencias y los anhelos de los ciudadanos. Hoy tenemos que ser conscientes que México atraviesa por una grave crisis de confianza y legitimidad de sus instituciones, producto de una fallida visión de la política interior y de la fallida visión del papel del estado. Para muestra de lo anterior tenemos el Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hace dos días desmintió la versión que el gobierno federal nos dio sobre lo ocurrido en los 43 normalistas de Ayotzinapa. Esta falta de transparencia, estas omisiones y esta simulación por parte de este Poder Ejecutivo provoca una profunda desconfianza a la población hacia las instituciones y lo peor es negarle el derecho a la verdad a los mexicanos. Por ello, desde Movimiento Ciudadano, hemos propuesto que se realice una comparecencia especial de la Procuraduría General de la República, en donde podamos indagar sobre estas omisiones, en la investigación y en donde de cara a todos los mexicanos se asuma un compromiso con la verdad y la justicia. La falta de transparencia, certidumbre y veracidad en el lamentable caso de Ayotzinapa, muestra la debilidad institucional del Estado mexicano y su falta de compromiso con la dignidad e integridad de los mexicanos. Vivimos en un clima de violaciones a los derechos humanos, que también se vio reflejado en los casos de Tlatlaya y Ostula, en la ejecución de civiles y policías en Jalisco, en la masacre ocurrida en San Fernando, Tamaulipas; en la fuga de Joaquín Guzmán Loera, entre muchos otros hechos lamentables que no sólo han puesto de manifiesto las deficiencias de nuestro sistema de procuración de justicia y la falta de integridad de nuestros gobiernos, sino que en algunos casos han comprobado su complicidad con el crimen organizado. En ese contexto, resulta lamentable que en el informe de gobierno respecto al caso de Tlatlaya, por ejemplo, sólo se menciona un párrafo en donde no se consigna ninguna información útil para los mexicanos y en donde no existe el mínimo atisbo de autocrítica, en donde no se reconoce por ejemplo la participación de la Sedena en este hecho ni mucho menos la explicación, las acciones emprendidas para deslindar responsabilidades. En el mensaje que nos dio el Poder Ejecutivo ni siquiera fue mencionado el caso de Ostula; igualmente no se menciona el informe del relator especial contra la tortura de la ONU, en donde se establece que la tortura en México en generalizada. Ante estas omisiones sólo podemos inferir que el gobierno mexicano no está haciendo nada para atender las crisis de los derechos humanos. Tampoco podemos dejar de mencionar que el Estado mexicano ha fracasado el objetivo de proteger la liberta de expresión de periodistas y activistas de la información que hoy, en este sector, se ve amenazada por los poderes fácticos y en ocasiones por poderes institucionales que no aceptan la crítica ni el pensamiento libre. Según el informe Estado de censura presentado por la organización Artículo 19, durante el actual sexenio las agresiones contra los periodistas se producen cada 26 horas, mientras que en el sexenio anterior existía una tendencia de una agresión cada 48 horas. Es decir, en este sexenio casi se han duplicado las agresiones. A lo anterior debemos de sumar que el 59 por ciento de los casos de agresiones contra periodistas proviene de los propios aparatos de gobierno. Tenemos que entender que el problema de la inseguridad, la desconfianza y la indignación, tienen su raíz en la impunidad. Es indispensable que nuestras autoridades se quiten la venda de los ojos y comiencen a aplicar de manera efectiva el estado de derecho. Nada ni nadie por encima de la ley, señor presidente. Ni usted ni nosotros. Por ello hoy hacemos nuevamente un llamado al gobierno mexicano para que asuma una posición autocrítica y reflexiva. Que vea de frente a los ciudadanos y acepte sus errores. Que asuma el compromiso de replantear su modelo de país y todos estemos dispuestos a regresarle el rumbo correcto a México. Hasta hoy no hemos visto voluntad política para lograrlo; pero en Movimiento Ciudadano seguiremos insistiendo para que no perdamos la oportunidad de replantear el rumbo de nuestro país. Hagamos una suma de esfuerzos y corregir lo que está fallando, para que podamos mover a México hacia el rumbo correcto. Muchas gracias.