La diputada Patricia Lugo Barriga: Continúo con el 259 y 261. En el mundo globalizado la sociedad necesita ser escuchada, no solo por cuestiones políticas y sociales. También requiere opinar acerca de los contenidos que recibe a través de los medios de comunicación. Tiene derecho a recibir una comunicación de calidad con contenidos que sean acordes a sus valores y educación. A tener la tranquilidad de que se respetan los horarios para la transmisión de contenidos no aptos para niños y jóvenes, así como herramientas que permitan la interacción de los medios y las autoridades para lograr una comunicación real y que se reduzca a una simple transmisión de mensajes, como actualmente se vive. La principal característica de organismos internacionales es que no deben depender del gobierno y mucho menos de los concesionarios. Algunos ejemplos de los consejos para la comunicación. Por ejemplo, en Francia el Consejo Superior Audiovisual. En Italia Autoridades de las Garantías de las Comunicaciones y en Reino Unido la BBC. Esto por citar solo algunos. Todos ellos, los que hemos mencionado son independientes, tanto del gobierno como de los concesionarios. En cambio aquí, no obstante la propuesta del Ejecutivo Federal y la minuta enviada por el Senado de la República distan mucho de parecerse a los casos europeos. En principio, no ha sido capaz de desvincular al gobierno de las cuestiones referentes a los contenidos. El referente para su coordinación y supervisión continúa siendo la Secretaría de Gobernación, dependencia que en sus atribuciones encuentra principalmente la de coordinar las relaciones del Ejecutivo federal con otras dependencias y con el Congreso de la Unión; es decir, su encargo es primordialmente de carácter político, lo que favorece que el gobierno intervenga y responda a intereses ideológicos y partidistas en beneficio o detrimento de un concesionario. Sin embargo, lo más triste de la propuesta es que se ha dejado a la buena voluntad de los concesionarios de radiodifusión la defensoría de audiencia, que en caso de aprobarse serán los propios concesionarios los responsables de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos, pues incluso el texto actual limita la defensoría de las audiencias a los establecidos en los códigos de ética cuando estos son de carácter y aplicación interna y su incumplimiento jamás podría derivar en una sanción por parte de las autoridades competentes en la materia. Nos queda claro que para desvincular a la Secretaría de Gobernación de todo lo referente a los contenidos se tendría que reformar una serie de normas, por lo que en otro momento procesal parlamentario presentaremos la propuesta; sin embargo no puedo dejar pasar lo que es la defensoría de audiencia que es responsabilidad de los concesionarios. Es por ello que hacemos la siguiente propuesta de modificación al artículo 259. La defensoría de audiencia es el área dependiente del Instituto Federal de Telecomunicaciones encargada de hacer valer los derechos de los televidentes y radioescuchas; será responsable de recibir, documentar, procesar y dar seguimiento a las observaciones, quejas, sugerencias, peticiones o señalamientos de las personas que componen la audiencia. Atenderá las reclamaciones, sugerencias y quejas de los radioescuchas y televidentes sobre contenidos y programación; asimismo emitirá recomendaciones a los concesionarios y dará vista a las autoridades competentes cuando no se cumpla con lo dispuesto en la presente ley en materia de contenidos. Los radioescuchas o televidentes deberán formular sus reclamaciones por escrito e identificarse con nombre, apellido, domicilio y teléfono, así como correo electrónico a fin de que reciban una respuesta individualizada. Asimismo deberán presentar sus reclamaciones o sugerencias en un plazo no superior a siete días hábiles posteriores a la emisión del programa objeto de la misma. Recibidas las reclamaciones, quejas o sugerencias, el defensor emitirá una recomendación o respuesta de acción correctiva al concesionario de radiodifusión correspondiente. El defensor responderá al radioescucha o televidente en un plazo máximo de 20 días hábiles aportando las respuestas, en su caso la aplicación que a su juicio merezca. Artículo 261. Los concesionarios que presten servicios de radiodifusión deberán contar con una figura que atienda las recomendaciones y acciones correctivas de la defensoría de audiencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones que podrá ser el mismo concesionario conjunto entre varios concesionarios o a través de organismos de representación. Tendrán 15 días para llevar a cabo las acciones correctivas correspondientes a actuar las recomendaciones. Finalmente sobre el artículo 311. Es acerca de esta figura precisamente, del defensor de audiencia. ¿Qué juez aceptaría a su cargo si la ley establece que es su responsabilidad la buena conducta de los ciudadanos, que el titular de los órganos internos de control aceptaría en su cargo si la ley que lo rige establece que es su responsabilidad la buena conducta de los servidores públicos? Pregunto a los elaboradores de esta minuta y de paso a los senadores de la República que discutieron hace unos días y la aprobaron, ¿por qué permitieron entonces que la responsabilidad del defensor de las audiencias nombrado por los concesionarios recaiga únicamente en él, pagando una multa de 100 a 500 dólares mínimos diarios vigentes en el DF por no cumplir con las obligaciones establecidas en los artículos 259 y 261 de la ley, o por no cumplir con los lineamientos de carácter general que emite el Ifetel sobre las obligaciones mínimas para los defensores de audiencia. De quedar como está la redacción de los artículos 259, 261 y 311, las plazas de defensor de audiencia pretendidas por el gobierno federal y el Senado de la República quedarán permanentemente vacantes. Como lo hemos mencionado anteriormente, los artículos referentes a la defensoría de audiencia serán únicamente artículos de ornato que desde su inclusión pretendieron únicamente callar las demandas ciudadanas en cuando a derecho de audiencia y su defensa, pero que nunca se consideraron como una opción real para ser aplicables. ¿Dónde queda la responsabilidad del concesionario, quien realmente está beneficiado de la confianza que le confiere el gobierno al permitirle la explotación y aprovechamiento de los bienes que son uso exclusivo de la nación? Es claro. Lo que se pretende por un lado anunciar con estridente pirotecnia legislativa termino, presidente, que por primera vez se reconocerán sus derechos a las audiencias pero a sus espaldas, en lo oscuro se establece un procedimiento ligado a las televisoras que prácticamente vuelven inviable el hacer efectivos estos derechos. Es por ello que yo propongo para el artículo 311 en el inciso c), donde dice: con multa de 100 a 500 salarios mínimos diarios vigentes del Distrito Federal al concesionario autorizado o programador por no cumplir con las obligaciones establecidas, según reza en la fracción I, y en la II por no cumplir con los lineamientos de carácter general que emite el instituto sobre los lineamientos para expedir el Código de Ética. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada.