El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para fijar su posición respecto al dictamen que hoy discutimos y enseguida votaremos. Desde la reforma constitucional de 1996 del artículo 36, fracción III, y al eliminarse la obligación de que los ciudadanos mexicanos ejerzan su derecho a votar dentro de su distrito, se posibilitó que los ciudadanos mexicanos que se encuentren fuera del territorio nacional pudieran ejercer su derecho al sufragio. Asimismo, las reformas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicada ésta en el Diario Oficial el 22 de noviembre de ese año, estableció en el artículo octavo transitorio que el Instituto Federal Electoral estudiaría las modalidades para que los ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero pudieran ejercer el derecho al sufragio en las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El dictamen que nos presentan las Comisiones de Gobernación, y de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios propone la reforma y adición de varios artículos y la adición de un libro noveno al Cofipe. Desde luego, nadie puede estar en contra de que nuestros connacionales en el extranjero puedan ejercer plenamente su derecho al sufragio. Es de elemental justicia que si los migrantes contribuyen de manera determinante al sostenimiento económico de sus familias en México y de las comunidades o pueblos de donde son originarios, lo menos que el Estado mexicano puede ofrecerles es poder votar por sus autoridades. Al menos, por las del Poder Ejecutivo federal. El grupo parlamentario de Partido del Trabajo considera que el derecho al voto de los mexicanos en el extranjero se debe otorgar sin excepción a todo mexicano que se encuentre fuera del territorio nacional y que cumpla los requisitos que se proponen en la ley electoral. No nos parece acertado que el Consejo General del Instituto Federal Electoral sea el que determine los países y las ciudades del extranjero donde se desarrollará la elección de Presidente. Nos preguntamos: ¿por qué si el Constituyente Permanente, en virtud de las reformas constitucionales de 1996, permitió que los mexicanos que se encuentran fueran del territorio nacional pudieran votar, ahora la autoridad administrativa en materia electoral determinará países y ciudades donde se puede ejercer este voto? Esto significa un trato discriminatorio y una privación del ejercicio de sus derechos políticos, el del sufragio en particular, a los mexicanos que se encuentren en el extranjero y que no vivan en el país o en la ciudad seleccionada por el IFE. Un aspecto que nos preocupa y que deseamos compartir con todos ustedes es que los mexicanos no aceptamos ni reconocemos el derecho de ningún país para expedir leyes que tengan un carácter extraterritorial; esto es, que tengan aplicación fuera del territorio del país o del Estado que las expide. Estaremos cayendo en la misma actitud cuando se propone en el dictamen que el Consejo General del IFE pueda firmar convenios con las autoridades de otros países para permitir el ejercicio de un derecho que se contiene en la ley electoral y, en contrapartida, si algún Estado que acepta firmar el correspondiente convenio con el IFE en el futuro no pretenderá también que México firme un convenio con ellos para que aquí en nuestro territorio se aplique una ley aprobada por aquel país. Hacemos estas reflexiones porque, a fin de cuentas, el ejercicio de la decisión soberana del Congreso de la Unión y del Presidente de la República, en caso de que éste promulgue las reformas que hoy discutimos, finalmente estarán supeditadas en cuanto a su ejercicio a lo que otro país decida, por lo cual lo que el Congreso de la Unión apruebe finalmente puede ser no aplicado en otro país. También nos preguntamos, por ejemplo, ¿cómo será posible cumplir lo que prevé el artículo 308, inciso d), que señala como atribución de los presidentes de las mesas directivas de casilla en el extranjero la de mantener el orden en las casillas y en sus inmediaciones con el auxilio de la fuerza pública, si fuera necesario? Supongamos que en una casilla hay algún disturbio y es necesario resolverlo, ¿con qué autoridad el presidente de la mesa directiva podrá solicitar el auxilio de alguna corporación policiaca del país donde se instala la casilla para resolver este conflicto y después la fuerza policiaca de ese país reconocerá el derecho del presidente de la mesa directiva para resolver algún conflicto que por sí mismo éste pueda ser violatorio de sus propias leyes? Compañeras y compañeros legisladores: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo está plenamente consciente de la necesidad de impulsar el voto de los mexicanos que se encuentran en el extranjero, con medidas legislativas que permitan la eficaz instrumentación de este derecho. Pretendemos que sea un voto universal, directo y secreto y que pueda ser ejercido por todos los mexicanos que están en el extranjero, en cualquier parte del mundo y no donde el Consejo General del IFE decida, ya que éste fue el mandato del Constituyente Permanente de 1996 que los mexicanos que se encuentran fuera del país puedan votar en el lugar donde se encuentren. Es cuanto, diputado Presidente.