La diputada María Rosete Sánchez: Con su permiso, diputada presidenta. Honorable asamblea, la responsabilidad constitucional del Estado mexicano, lo obliga a conducir la educación para el desarrollo y fortalecimiento del país, así como crear las condiciones necesarias para su impartición. La principal garantía que puede ofrecer el Estado a su población, es brindar la oportunidad de prepararse para alcanzar su pleno desarrollo individual y social en condiciones de seguridad y con las herramientas necesarias para su desarrollo. La sociedad mexicana está plenamente convencida de que el país avanzará si fortalecemos la educación en todas sus vertientes. Por ello la reforma educativa que hoy discutimos y aprobaremos tiene que ser comprometida y compartida. Tiene que ser comprometida y compartida por el Congreso de la Unión, por los gobiernos federal, de las entidades federativas y municipales, por los maestros, por los padres de familia, por los estudiantes y por todos los sectores de la sociedad. Este nuevo proyecto nacional de educación que se plantea en la cuarta transformación que hemos emprendido, es muy significativo y merece la atención que otros temas como la organización política, la reconstrucción económica y la reforma social. Hemos iniciado la revolución educativa, pero esta debe ir acompañada del mejoramiento del entorno físico de los centros educativos. A través de esta reserva que presento a la fracción II del artículo 147 de la nueva Ley General de Educación, se garantizará que los planteles del sistema educativo nacional cuenten con las medidas de seguridad necesarias en sus instalaciones, sobre todo para enfrentar las adversidades ante cualquier fenómeno natural que se presente como fueron los sismos del 19 de septiembre de 2017 en los que algunos planteles sufrieron grandes daños e incluso estudiantes, personal docente, directivo o administrativo perdieron la vida por los tipos de construcción bajos en los que fueron edificados. Estamos en el momento de evitar desgracias para que después no nos lamentemos ni repartamos culpas. La infraestructura educativa tiene que adecuarse a las circunstancias del país. Tiene que enfocarse al desarrollo de las actividades y facilitar la movilidad ante cualquier contingencia, además de ser edificadas cumplimiento de manera rígida con los requisitos de construcción que establecerá la Secretaría de Educación Pública. No quitemos responsabilidades ni permitamos omisiones en la construcción de los planteles del sistema educativo nacional. Por el contrario, hagamos el esfuerzo para evitar en la medida de lo posible tragedias en las que quede expuesta la población académica en los momentos adversos. Es indispensable establecer en la Ley General de Educación que también las escuelas privadas cuenten con la obligatoriedad de obtener el certificado de infraestructura física educativa para que les sean expedidas la autorización o el reconocimiento de validez oficial otorgado por el Estado. Desafortunadamente en la nueva ley no se especifica la seguridad que deben contemplar los planteles privados en su construcción. Actualmente para que la autoridad educativa le otorgue permiso a un particular para prestar servicios educativos, es necesario que acredite que las instalaciones cumplen con los requisitos de seguridad estructural, mismos que actualmente emite el Inifed y que ahora serán expedidos por la Secretaría de Educación Pública. Todos los planteles públicos o privados, deben ser seguros para que no volvamos a presenciar la pérdida de vidas humanas en un sismo o cualquier otro percance que exponga a la población estudiantil. Con esta reserva protegeremos a la comunidad estudiantil del ámbito que sea, en cualquier adversidad que ponga en riesgo sus vidas, gracias a la oportuna intervención y responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública. Leo la reserva que propongo. Artículo 147, fracción II, queda así de esta manera: con instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas de seguridad, de protección civil, pedagógicas y de accesibilidad, que la autoridad otorgante determine, en coadyuvancia con las autoridades competentes, conforme a los términos previstos en las disposiciones aplicables se deberá contar además con el certificado de la infraestructura física educativa emitido por la secretaría. Para establecer en nuevo plantel se requerirá, según el caso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento. Es cuanto.