La diputada Lorenia Iveth Valles Sampedro: Con su permiso, presidente. De acuerdo con cifras de Naciones Unidas en 2010 había 213.9 millones de migrantes internacionales en el mundo; del total de ellos el 51 por ciento son hombres y 49 por ciento mujeres. Por los expertos en la materia señalan que el fenómeno se feminizado al marcar paridad en estas cifras y cerca del 80 por ciento de los migrantes provenían de países en vías de desarrollo. Por otro lado, la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, señala que anualmente ingresan al país alrededor de 150 mil centroamericanos, aunque es importante señalar que las organizaciones de la sociedad civil estiman que son alrededor de 400 mil los migrantes provenientes de esta región que ingresan a nuestro territorio. En un estudio publicado por el periódico El Economista, en enero de 2013, da cuenta de que el periodo que comprende de 2006 a 2012 fueron alrededor de 883 funcionarios del Instituto Nacional de Migración sancionados por estar involucrados en actos ilícitos; tan solo en 2011 fueron sancionados por tal motivo más de 230 funcionarios del Instituto Nacional de Migración y en un estudio más pormenorizado se puede observar que en seis años se han detectado 883 funcionarios sancionados por abuso de autoridad y por estar involucrados en actividades ilícitas quienes han sido inhabilitados, suspendidos, destituidos, sancionados económicamente o amonestados, sin embargo éstas son las cifras oficiales. Estamos completamente seguros que es un número muchísimo mayor de los funcionarios que desafortunadamente están involucrados en actos ilícitos en contra de las y los migrantes. El director jurídico del Instituto Nacional de Migración reconoció que el personal de la institución se ha involucrado con redes de tráfico de personas y colaboran con el crimen organizado, por lo que se ha despedido a cerca de 500 servidores públicos que no pasaron los controles de confianza. Esta situación prácticamente ha transformado al Instituto Nacional de Migración en un verdadero negocio que se mantiene en la impunidad. Para México la seguridad y la protección de las y los migrantes es un problema real no resuelto por las autoridades, a pesar de los diferentes esfuerzos realizados por distintos sectores y organizaciones, ya que en muchos de los casos son las mismas autoridades de todos los niveles quienes nos revelan la gran cantidad de abusos en contra de las y los migrantes, lo que provoca una verdadera crisis humanitaria que convierte a los migrantes desafortunadamente en los nuevos esclavos de esta siglo. Los migrantes son víctimas de una multiplicidad de delitos no sólo por parte del crimen organizado, como ya lo hemos comentado, sino también por los propios elementos del Instituto Nacional de Migración, de policías de cualquier orden de gobierno e inclusive de miembros de la Fuerza Armada y el Ejército, lo que genera un proceso de degradación y falta de legitimidad en las instituciones, las cuales faltan a su deber de cumplir con el objetivo para el que fueron creadas. Esta corrupción ha sido histórica y práctica común que impide llegar a las y los migrantes a su destino de por sí adverso. Por todo lo anterior, resulta necesario apoyar este dictamen que se presenta para garantizar que aquellos migrantes que no sepan leer ni escribir conozcan plenamente los derechos que les asiste como migrantes en nuestro país y por supuesto que las mujeres migrantes puedan tener atención médica de calidad, prestada también por mujeres y evitar con ello esta serie de violaciones a sus derechos humanos. Recordemos que la Ley de Migración en su artículo 2, privilegia, pone por encima de cualquier otra situación, los derechos humanos de las y los migrantes. Con este dictamen abonamos en mucho y en gran medida y de una manera muy importante a que esos derechos puedan ser conocidos y, una vez conocidos, puedan ser ejercidos. En ese sentido, el voto del Partido de la Revolución Democrática será a favor. Muchas gracias.