La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, señor presidente. Estimados compañeros y compañeras, lo que hoy estamos discutiendo es verdaderamente muy importante. Y creo que es pertinente que hagamos una reflexión que parta no solamente de la consideración de lo que significa económicamente la reforma sobre telecomunicación que hoy está a debate. Creo que sería pertinente que partiéramos de que hay un principio constitucional. ¿Qué es la Constitución o qué son las constituciones en cada país, en cada nación? Pues es el documento que establece los principios. Hay naciones en las cuales prácticamente no se modifica, los cambios han sido mínimos porque ahí están plasmados principios esenciales. ¿Y qué son las leyes? Las leyes precisan, concretan, regulan esos principios que están en la Constitución. Esa es la tarea del legislador, plasmar los principios de la Constitución en normas, y en regulación y en leyes. Precisamente, en lo que hoy está a debate, tenemos que partir de lo que dice la Constitución y el principio, el espíritu, la letra de la Constitución en el artículo 28 es clarísima, es indudable, no está sujeta a interpretación. ¿Qué es lo que dice el artículo 28 constitucional? Dice con toda claridad que quedan prohibidos los monopolios, no es un asunto nuevo, esto ya estaba, ha estado desde hace tiempo en nuestra Constitución, quedan prohibidos los monopolios. Y también dice el artículo 28: quedan prohibidas las prácticas monopólicas. No solamente eso, no sólo quedan prohibidos, no solamente quedan prohibidas las prácticas monopólicas, también el artículo 28 de la Constitución señala que se deben combatir los monopolios y dice que se deben eliminar las barreras a la competencia, y que se debe regular el acceso a los insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos. Eso dice la Constitución, es clarísima y es indudable. Pero qué es lo que hoy tenemos en esta ley secundaria. Yo diría que después de la gran reforma constitucional en materia de telecomunicaciones lo que tenemos es una ley secundaria chiquita, que teniendo algunas cosas positivas, por ejemplo, hemos defendido que no se cobre la larga distancia, y ya queda plasmado aquí, qué bueno que así sea, ¿por qué no estamos satisfechos? Yo particularmente lo puedo decir con toda claridad, no siento que la dimensión, la magnitud de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones esté cumplida, de ninguna manera, porque si bien es cierto que debería controlarse, que deberían tomarse las medidas, prohibirse los monopolios, como lo dice la Constitución. Lo que encontramos es que insisto si bien es cierto que en materia de telefonía se toman medidas en un sentido correcto, pero no se va al fondo, y lo que encontramos es la pregunta del por qué en televisión no. Tendrían que ser ambos, se trata de combatir la existencia de monopolios y cumplir con los principios que están establecidos en la Constitución. Pero no es así, hay quienes en el análisis que se ha hecho en el país sobre lo que está sucediendo tanto en el Senado como lo que hoy sucede aquí dicen que en realidad más que competencia con estas leyes secundarias lo que habrá es un reparto político de mercado, efectivamente un reparto político de mercados, y no es la reforma que garantice la democratización en nuestro país, no es la reforma a la que aspirábamos por la cual trabajamos construyendo un gran acuerdo político entre diversas fuerzas políticas. En esta tarea de las leyes se ha quedado absolutamente corta. En dónde está la modernidad, que es lo que verdaderamente sería la base que se construiría con la competencia. No hay competencia real, se acota esa posibilidad porque hay efectivamente un reparto político de mercados entre unos cuantos. Y hay que decir que en el caso precisamente de la preponderancia es en donde se podría haber abierto lo que dice la Constitución, el artículo 28, y también lo que dice el octavo transitorio en su fracción III. ¿Y qué dice el octavo transitorio en su fracción III? Y es lo que el artículo 28 constitucional establece como un asunto sustancial como principio. Dice el octavo transitorio en su fracción III del decreto de la reforma constitucional, dice: se considerará como agente económico preponderante en razón de su participación nacional en la prestación de servicios Servicios es la palabra que utiliza. No dice sectores, dice servicios de radiodifusión o telecomunicaciones al que cuente directa o indirectamente con participación mayor al 50 por ciento. ¿Y de qué servicios está hablando? ¿En dónde debería haber competencias servicio por servicio, para que verdaderamente se enfrente a los monopolios? ¿Cuáles son los servicios? Los desgloso, ahí están, es el de telefonía fija, ahí debería haber competencia, es el de telefonía móvil, es el de banda ancha móvil, es el de banda ancha fija, es el de televisión abierta, es el de televisión de cable satelital. En cada uno de estos servicios debería abrirse la competencia. Pero en cambio, cuando se habla de sectores se está hablando solamente de dos sectores, ¿cuáles son estos dos sectores?, pues el de telecomunicaciones y el de radiodifusión. Esto impide la competencia, no entra al fondo esencialmente. Y lo que está lastimándose es la consolidación de un Estado democrático en el que no existan los monopolios, en el que las grandes empresas no sean las predominantes, y se está evitando la posibilidad de que las medianas y pequeñas empresas tengan posibilidad de desarrollarse. Cuando en esta Ley que está a discusión, en este proyecto se habla de sectores en telecomunicaciones y radiodifusión, eso es lo que sucede pero la conclusión política es que estamos frente a un Estado disminuido ante los enormes poderes económicos. ¿Eso es lo que queremos para el Estado mexicano? No hablo del gobierno, hablo del Estado mexicano con mayúscula, es un Estado absoluta y totalmente disminuido ante los poderes económicos de las grandes empresas, no de un monopolio, de aquellos cuantos muy poderosos que están en el reparto político de mercados. Eso es ante lo que estamos y entonces, ¿en dónde está el Estado nacional?, ese Estado nacional que permite modular, que permite acotar donde haya excesos. Prácticamente con las decisiones que aquí se tomen se disminuye a su mínima expresión y yo no diría y no diríamos que son esas grandes empresas a las que hay que decir que son los responsables. Ellos quieren cada vez más poder, en eso están trabajando, en tener cada vez más poder, a tal grado que los académicos los denominan en todo el mundo como los poderes fácticos, porque incluso al margen de la ley y de la legalidad tienen enorme poder y lo hacen valer, y aquí les estamos dando ese poder. ¿En dónde estaría la capacidad de decisión para enfrentar los monopolios?, en este Legislativo. Es aquí en donde está la capacidad, la voluntad y también la obligación de modular ese poder. Eso es lo que no se está haciendo y cuando se habla del concepto en preponderancia de servicios y de sectores no es un asunto menor. Todo lo que se ha venido a decir aquí, porque en el discurso prácticamente todo mundo coincide en que requerimos que los usuarios, que los ciudadanos puedan estar teniendo garantizado su derecho a la información y su derecho a la libertad de expresión y a calidad y a menores costos, a la hora de definir en preponderancia sectores o servicios, es en donde estamos tomando el camino que fortalecerá a los monopolios o fortalecerá a un Estado democrático que permita que las pequeñas, las medianas empresas, que la competencia y que la democracia se fortalezcan. Eso es lo que no está presente y está ausente, y yo quiero por cierto hacer referencia a un término también que se ha acuñado recientemente, que está en esta ley. Es el que se refiere a poder de mando, y lo vinculo precisamente al de preponderancia, porque, ¿qué es poder de mando? Aquí está en la Ley con qué se come, de qué se trata. Poder de mando significa y va a significar en los hechos la capacidad de tener control en ámbitos muy diversos, con una sola decisión de las grandes empresas o de una gran empresa; reducir su 50 por ciento a 49 y a partir de tener 49 por ciento de las acciones en distintas empresas, doblarlas y controlarlas y convertir eso en un monopolio, simplemente bajando de 50 por ciento a 49 por ciento las acciones. Eso es poder de mando. Quien ha hecho mención de esto precisamente pedí que me dieran una información técnica fue la diputada Purificación Carpinteyro, que es una experta y que lamento que no esté presente en este debate. Pero si vamos a hablar de lo que es el poder de medios de comunicación, hablemos de cuáles son nuestras facultades. Aquí en esta tribuna y en esta Cámara se ha dicho y también en los medios de comunicación, en análisis que en el caso de preponderancia existe el concepto de servicios y de sectores en la Constitución, en la reforma que hicimos. Quiero decir que efectivamente los dos términos están mencionados, aunque claramente el artículo 28 señala que debe ser a partir de los servicios como se determine la preponderancia. Pero aceptando sin conceder que están los dos términos en la Constitución establecidos, ¿quién tendría que definir cuál es el que prevalece en la ley secundaria? El Legislativo. ¿Por qué tendríamos que optar por ese concepto de servicios? Porque tendríamos que ponernos del lado de los usuarios, del lado de las audiencias, del lado de los ciudadanos y las ciudadanas. Es nuestra libre voluntad y decisión y aquí estamos tomando una determinación que tiene impactos en el rumbo del país, no sólo en el de los monopolios, tiene impactos en el Estado mexicano, sobre si se le achica y se debilita ante los poderes fácticos, o si es un Estado rector, que cumpla con la rectoría que le corresponde. Estamos tomando decisiones aquí que tienen que ver con fortalecer una sociedad democrática o ceder esa capacidad de determinación de contenidos y también la capacidad de influir a partir de lo que votemos. Se ha votado ya lamentablemente en lo general, pero hoy estamos en lo particular en la posibilidad de decidir que el concepto que se utilice al hablar de preponderancia sea el de servicios y no el de sectores. Es nuestra determinación. Y sin embargo termino señalando que si aquí se va a determinar que sea el concepto de sectores y no el de servicios, creo que se violenta el espíritu, pero también se violenta claramente el principio, no sólo el espíritu, sino el principio constitucional que establece que no debe haber monopolios. ¿Quién tendría que resolver eso si hoy no votáramos adecuadamente? ¿Quién es el árbitro? El árbitro es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y creo que hoy en México la ciudadanía y la democracia tienen todavía mucho camino por andar, por lograr una nación con un Estado fuerte y, al mismo tiempo, una nación democrática, una nación con libertad, una nación en la cual los medios de comunicación jueguen un papel para fortalecer la calidad democrática y las libertades de expresión y de información, pero que no se convierta en un poder, en los poderes fácticos que doblen a ninguno de los tres Poderes de la República. Es cuanto, señor presidente, compañeras y compañeros, muchas gracias.