El diputado César Octavio Camacho Quiroz: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, junto con un servidor, el diputado Rodrigo Medina pone a la consideración de ustedes esta iniciativa de reformas y adiciones al artículo 22, párrafo tercero, de la Constitución Federal. Nos consta a todos, no sólo porque los medios lo consignan sino porque lo hemos padecido, el crecimiento de la delincuencia y la forma en que se ha hecho más compleja la forma de delinquir. Este crecimiento del fenómeno obliga también al Estado mexicano a estar dotado de los instrumentos más eficaces, sobre todo de instrumentos de indudable apego a la ley para hacerle frente a este creciente fenómeno. Me refiero a lo que recientemente se ha dado en la capital del país y en algunas otras partes, que es la apropiación por parte del Estado de bienes propiedad de los particulares relacionados o afectos o que han sido instrumento para la comisión de delitos. Se ha echado mano seguramente por la falta de instrumentos idóneos, de la expropiación. Es evidente que esta figura del derecho administrativo difícilmente puede funcionar en el campo del derecho penal. Adicionalmente las leyes de expropiación federal y de las de los estados y del Distrito Federal no tienen en su larga lista de hipótesis, de supuestos, una que corresponda a los hechos delictivos, alguna que corresponda a la necesidad de llevar a cabo esta apropiación de bienes relacionados con la comisión de delitos. Pero si esto fuera poco, ya nada más faltaba que se tenga que indemnizar a los propietarios de bienes que son instrumento, sujetos o producto de la acción del crimen. Existen, los conocemos, la figura del decomiso o de la apropiación de los medios comisivos siendo evidentemente insuficientes. El Estado mexicano contemporáneo tiene que buscar instrumentos modernos, eficaces, pero lo digo subrayadamente, sin ningún viso de ilegalidad. Nos pronunciamos por la implantación de un sistema en donde se respetan y observen las garantías de todos, las garantías individuales de las personas, no podemos pensar de un modo diferente; queremos consolidar un sistema democrático de justicia penal. Pues bien, en este orden de ideas se inscribe la propuesta que traigo a su consideración, la pérdida del derecho patrimonial de personas físicas o morales, cuando esos bienes, cuando esas cosas son, insisto, instrumento, objeto o producto de actividades delictivas. En otras latitudes, a esta figura se le ha llamado extinción de dominio. Es más, se ha presentado ya en la Colegisladora una iniciativa que robustece a la Procuraduría por parte del Ejecutivo, que a mi juicio tiene algunos bemoles de carácter jurídico y constitucional, que con una propuesta alterna, la que ahora pongo a su consideración, pudiera, primero, generarse una prolífica y amplia discusión y enseguida dotarnos del instrumento que las autoridades de la Procuraduría y del Poder Judicial necesitan. Algunos rasgos de la propuesta en cuestión: para poder ejercer éste que es un pleno, rotundo y severo acto de autoridad, no basta tener datos, se necesitan pruebas suficientes y es la autoridad la que debe tener la carga de la prueba, la que debe demostrar la vinculación con la ilicitud y no ser el particular quien tenga que demostrar el origen lícito de los bienes. Por supuesto, los bienes abandonados que son tan frecuentemente objeto de incautación, de decomiso, tienen por la falta de solidez jurídica, o generan, problemas de operación por parte de las autoridades de justicia. Y algo más, los bienes que se logren recuperar, cuyo dominio se extinga, deben formar parte de un caudal depositado en un fideicomiso, para que sean parte de la justicia restaurativa, es decir, ante la eventualidad de que una persona resulte absuelta después del proceso penal correspondiente, el resarcimiento en el ejercicio pleno de sus derechos, debe también contener el pleno goce y disfrute de los bienes que le fueron afectados. Dos características más entre otras, la no afectación de los derechos de propietarios y poseedores de buena fe y la necesidad, la obligación imperiosa de establecer un procedimiento ad hoc. Una serie de pasos procesales que desemboquen en una resolución judicial y que en el proceso, que durante el desahogo del mismo, haya efectivamente igualdad de armas, la posibilidad de que las partes, no sólo haya corrimiento de traslado, conocimiento de lo que se está imputando sino la posibilidad de responder en forma oportuna y apegada a derecho. La pretensión del proponente, de los proponentes es que, por supuesto, se implante la figura de extinción de dominio, pero que no caigamos en el error de generar o de tener un instrumento para hacer justicia y que este instrumento pueda tener visos de ilegalidad o que pueda ser un vehículo de la injusticia. Al crimen sofisticado le haremos frente con una serie de instrumentos, de herramientas jurídicas modernas, de un Estado como el nuestro, como el Estado mexicano, que quiere implantar de una vez por todas, un sistema garantista, un sistema de absoluto apego al derecho, porque no sólo es nuestra obligación jurídica; ésa es una convicción democrática. Gracias por su atención.