La diputada Isela González Domínguez: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. En el año de 2011 se efectuaron diversas reformas constitucionales en materia de derechos humanos que significaron un gran avance para los mexicanos, permitiendo, entre otras cosas, que el Estado garantice el goce de los derechos fundamentales sin discriminación alguna, proscribiendo así cualquier acto que conduzca a la exclusión y fomente la distinción de las personas en cualquier ámbito. Sin embargo, el INEGI señaló que existen 4 punto 5 millones de mujeres que son madres solteras, las cuales, al igual que sus hijos, son sujetos de discriminación, enfrentándose a la desigualdad laboral, educativa, social y económica. Entre las prácticas discriminatorias de los hijos de las madres solteras prevalece la diferencia entre las niñas y los niños que tienen un apellido o dos, generando especulaciones negativas entre las filiaciones paterna y materna, lo que se traduce en un grave fenómeno de exclusión. Cabe resaltar que eso también es un problema para los hijos de padres solteros, ya que en el Consejo Nacional de Población ingresó a partir del año 2002 como parte de sus estadísticas a los hombres que cuidan solos a sus hijos, destacando que del año 2000 al 2008 los hogares encabezados por el padre, sin una pareja, incrementaron de 3 punto 4 por ciento al 4 punto 1 por ciento. Es vital destacar que el reconocimiento del derecho a la identidad, en el caso de los hijos de madres y padres solteros se hace efectivo mediante la inscripción del nacimiento de los niños, niñas y adolescentes en el Registro Civil. Con ello no solo se otorga el reconocimiento legal de su existencia, sino que además se ubica el sujeto como parte de una familia, asegurando así su sentido de pertenencia a una comunidad, a una nación. La inscripción ante el Registro constituye el primer paso para el reconocimiento de derechos de aplicación posterior, tales como el acceso a los servicios de salud o educativos. Así como también debe ser vista como un seguro contra el abandono. Entendida como una institución que es fruto de la modernidad, la función registral ha sido, desde sus inicios, una garantía de respeto a los derechos de las personas dentro de un Estado laico y republicano. Pero como cualquier otra creación humana debe ser adecuada a la realidad para así hacerla funcional. Los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma el artículo 22 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes, con la finalidad de procurar que los formatos, formularios o cualquier otro documento análogo que sea requerido para la realización de cualquier trámite, utilicen el término apellido o apellidos, con el objeto de que se ejerza plenamente el derecho a la identidad. Apoyaremos con nuestro voto la adición de la fracción XIII Bis al artículo 33 de la Ley General de Educación, para que las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, también adecuen los formatos y documentos para evitar la discriminación y se establezca en ellos el término apellido o apellidos. De esta manera se tomarán medidas tendentes a establecer condiciones de efectiva igualdad en la educación. Tenemos la seguridad de que las presentes reformas constituyen un paso firme en la búsqueda de igualdad entre los mexicanos. Es cuanto, compañeros y compañeras. Muchas gracias.