El diputado Paulo Gonzalo Martínez López: Hoy subo a esta tribuna para manifestar en nombre del Partido Acción Nacional nuestro firme y categórico rechazo a la reforma de la Guardia Nacional. Esta reforma no solo representa un retroceso para la seguridad de nuestro país, sino que pone en riesgo la libertad y el Estado de derecho. Estamos ante una inminente militarización de las instituciones de seguridad pública, una medida que no solo ha demostrado ser ineficaz, sino profundamente peligrosa. En Acción Nacional creemos en la necesidad de contar con una Guardia Nacional eficiente, pero bajo un mando civil, como se acordó en el 2019. La propuesta de Morena y sus aliados busca lo contrario, entregar el control absoluto de la Guardia Nacional a la Sedena. Afirmamos, lo que necesita nuestro país es una policía civil, fortalecida en lugar de estar involucrando a las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. Es decir, no estamos en contra de la Defensa Nacional, al contrario, reconocemos su trabajo y buscamos que se fortalezca, pero también que la policía civil se involucre más en las tareas de seguridad internas en nuestro país. En cambio, esta reforma busca centralizar el poder en el Ejército, rompiendo el equilibrio entre los poderes civiles y militares, vulnerando la Constitución y a los derechos humanos. La experiencia internacional es clara, países que han optado por estrategias de militarización han visto un aumento en los abusos de los derechos humanos. La pérdida de la confianza pública en sus instituciones, como bien lo ha mencionado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su oficio remitido el día de ayer a este recinto legislativo. De la misma manera, los expertos dicen: cuando las Fuerzas Armadas asumen el control de la seguridad pública, se generan una serie de problemas, desde la violación de los derechos humanos hasta la desaparición de los controles civiles sobre el uso de la fuerza. Hoy, en México, ya hemos visto algunos de estos efectos. Este sexenio es el más violento en la historia reciente del país, a pesar de la creación de la Guardia Nacional, los resultados han sido catastróficos, más de 197 mil homicidios dolosos registrados en lo que va de esta administración y todavía le falta, un aumento del 9.2 % en comparación con el sexenio anterior, y no olvidemos que, a pesar de la creciente presencia militar en las calles, la percepción de inseguridad va en aumento. Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2023, el 64 % de los mexicanos se sienten inseguros y es un porcentaje similar al de hace cinco años. Y en los últimos 11 días se han registrado 920 homicidios en el país, de los cuales, al menos 40 son en Sinaloa. El caso de Sinaloa es un claro ejemplo de la ineficacia de esta estrategia. Los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y el crimen organizado se han vuelto cada vez más frecuentes y la delincuencia opera con total impunidad. Y, por otro lado, las declaraciones del general Francisco Leana Ojeda, en donde admite que la paz depende de los acuerdos entre los crímenes, entre los criminales. Esto es inaceptable. La seguridad de las y los mexicanos no puede estar sujeta a la voluntad de criminales, sino al trabajo eficiente y coordinado de las fuerzas civiles y policiales, que respondan a la población. Con este dictamen están debilitando a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, que solo la dejarán reducida a un simplemente papel decorativo, sin capacidad real de intervención, cuando lo que deberíamos de estar discutiendo es cómo se fortalece, cómo se capacitan las policías municipales y estatales, como lo hemos insistido en Acción Nacional. Compañeras y compañeros, lo que sí funciona son policías profesionales civiles y con una formación especializada, que trabajen en coordinación con las comunidades y bajo una estricta supervisión de un mando civil. En Acción Nacional estamos a favor de una reforma que garantice la seguridad de las y los mexicanos. Estamos en contra de una reforma que traiciona los principios de un México democrático, porque esta reforma no va a resolver la violencia, ni traerá paz a nuestras calles. Hacemos un último llamado a todos los legisladores a rechazar esta reforma, a que juntos trabajemos por una propuesta que fortalezca la seguridad en nuestro país, bajo un mando civil, profesional y autónomo. No podemos hipotecar el futuro de México en manos de una estrategia que ya demostró que es un fracaso. Por la seguridad de nuestras familias y el futuro de nuestra democracia, digamos: no a la militarización. Es cuanto, presidenta.