El diputado Neftalí Garzón Contreras: Con su permiso, señora Presidenta. Ciudadanas y ciudadanos diputados. En virtud de que la presente iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria, me abocaré sólo a comentar el contenido de la exposición de motivos, rogándole a la Presidencia se inscriba en el Diario de Debates. La democratización de los sindicatos es una exigencia indeclinable. Ya basta de limitarnos a formas huecas de contenido o abiertamente opuestas a éste. No podemos permitir que muchos de los llamados sindicatos sirvan en realidad como instrumentos para desconocer los derechos de los trabajadores y reprimir sus exigencias de democracia que ni siquiera cumplen con la obligación mínima de cualquier organización, cual es la rendición de cuentas a los miembros del sindicato respecto a su patrimonio. En México se reconoció el derecho a la libre sindicalización en el artículo 123 constitucional como la primera declaración de derechos sociales en el mundo, después de una revolución cruenta por la profundidad de sus contradicciones. Sin embargo pronto se caminó hacia su distorsión, de manera que los sindicatos, en lugar de ser instituciones para los trabajadores, como si los sindicatos fueran propiedad de los líderes charros y blancos, manejados como negocios particular y subordinados de manera corporativa al gobierno en turno o al patrón, esta realidad chocaba con la esencia de los sindicatos, la democracia y la de su vocación de servicio a los derechos de los trabajadores. La voluntad de sus integrantes ya no era más escuchada sino perseguida. Las directivas se autoelegían y perpetuaban en el poder valiéndose de todas las trampas y represiones, contando con la complicidad de las autoridades que teóricamente deberían respetar y hacer respetar el estado de derecho. Sin embargo, aún no podemos ni debemos de hablar en pasado de los sindicatos opuestos a los fines de los que viven de su trabajo, sino que es una realidad lacerante y actual que no sólo violenta la letra y el espíritu del artículo 123 constitucional y las leyes federales del Trabajo y de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino que choca con el esfuerzo que realiza el pueblo de México por avanzar en otras esferas de nuestra nación en la senda de la democracia. Uno de los momentos con que más fuerza se manifiestan estas iniquidades y aberraciones es cuando los sindicatos cumplen el proceso para la designación de su directiva. Son ya legendarias las mil chicanadas de que se hace uso para impedir que se manifieste la democracia, la voluntad de la mayoría; y aun cuando ésta no se puede vencer, el empuje de las masas que exigen tomar el control de lo que es suyo, vienen los actos de represión desde el uso de los golpeadores a la fabricación de falsas acusaciones, pasando incluso por el asesinato de los luchadores del sindicalismo democrático. Por lo que, siendo amplia y compleja la solución que debe darse a este problemática, quiero abordar en esta iniciativa dos de las cuestiones centrales, el derecho mínimo de los miembros de un sindicato a elegir a sus dirigentes mediante el voto universal directo y secreto. Esto, que tanto ha representado con todas sus dudas y retrocesos, para avanzar en la democratización del país, parece un ideal inalcanzable en la actual realidad sindical, que somete a los trabajadores en los procedimientos para la elección de sus líderes al voto a mano alzada, lo que se presta a todo tipo de presiones y amenazas, impidiéndose que tales elecciones sean democráticas y transparentes. No podremos hablar de un respeto al derecho humano a la sindicalización en tanto el Legislativo no consagre de manera expresa el derecho al voto universal directo y secreto en la elección de las directivas, de manera que la elección sea verdaderamente libre y a favor de las personas que el trabajador considere que realmente le representarán y defenderán sus intereses de clase. Suprimiéndose al propio tiempo todo acto de discriminación o adulteración al momento de que los trabajadores cumplan con este derecho y obligación. Este derecho va de la mano de la necesidad de hacer efectiva la obligación de las directivas sindicales de rendir cuentas a sus agremiados, de manera que el patrimonio sindical formado gracias a las cuotas de los trabajadores se use en bien de todos y no como negocio personal de los líderes y sus familias o para alcanzar fines políticos que pavimenten la carrera política de directivas espurias. En suma, el patrimonio sindical que igual es de y para los trabajadores no debe distraerse de los fines propios de los sindicatos. De manera que sin crear instrumentos jurídicos que se puedan prestar para allanamiento de la autonomía sindical, deben buscarse soluciones para que los miembros de un sindicato puedan avanzar en la democratización de la vida de estos gremios. No es posible que se permita que las directivas de los sindicatos vivan en un verdadero paraíso de no rendición de cuentas, donde todo les está permitido, so pretexto de la mencionada autonomía sindical. Todo abuso para ellos es legal; y moralmente, insostenible. A la fecha, el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo consagra de manera expresa la obligación semestral de rendición de cuentas de parte de las directivas sindicales. Esto en los hechos es letra muerta. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado tampoco prevé una acción laboral de los miembros del Sindicato para hacerla valer ante las autoridades jurisdiccionales del trabajo, sino que reduce, en sus artículos 80 y 81, el accionar a meras acciones civiles o del derecho común, lo que evidentemente limita y dificulta la exigencia de responsabilidad frente a los líderes deshonestos, pero además no existe disposición expresa sobre la rendición de cuentas y acciones para hacerlas exigibles. Evidentemente esto no sería posible sin el apoyo de las autoridades administrativas y judiciales y los instrumentos de represión estatal. En consecuencia, se exige una reforma del Estado mismo y también un cambio integral del marco jurídico laboral, comenzando con las instancias encargadas de registrar los sindicatos, sus directivas y los contratos colectivos, así como la necesaria sustitución de las autoridades que tienen a su cargo la impartición de la justicia en el mundo del trabajo. Para darles a estas propuestas toda la relevancia que la problemática actual exige, esta iniciativa tiene como particularidad que los derechos de mención se consagrarían a nivel de la Constitución federal, tanto a favor de los trabajadores del Apartado A, como los del Apartado B. Así, se asignará mayor estabilidad jurídica a esta solución, arrancándose al propio tiempo toda duda sobre la letra y espíritu de las reformas. Paralelamente, bajamos estas reformas a nivel de las leyes federales del Trabajo y las de los Trabajadores al Servicio del Estado, con el objeto de que en automático tomen practicidad, contribuyendo a la transformación de nuestra realidad laboral que así lo exige. Finalmente, quiero señalar que con las reformas propuestas cumplimos con lo mandatado por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la libertad sindical y la protección de sindicalización ratificado por nuestro país. Es todo, señora Presidenta. Muchas gracias.