El diputado Salvador Arredondo Ibarra: Con su permiso, señor diputado. El suscrito, Salvador Arredondo Ibarra, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, perteneciente a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por la cual se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, sujetando la misma al tenor de la siguiente Exposición de motivos Hoy en México, cientos de miles de mexicanos viven en asentamientos humanos irregulares que se ubican en tierras que en un tiempo fueron comunales o ejidos y su obligación es, como ejidatarios alrededor de una relación fundamental, cultivar personalmente y disfrutar del producto de una parcela individual. El desarrollo urbano sí ofrece atractivos económicos a la venta de parcelas ejidales que se transforman en lotes de colonias habitacionales que disuelven el ejido y, por otra parte, la transformación se vino dando al grado de que esas transacciones al margen de la ley originaron los asentamientos urbanos irregulares. Para frenar la irregularidad y compensar adecuadamente a los ejidatarios, la reforma de 1992 autorizó la urbanización de las parcelas mediante el cambio de dominio decidido en la Asamblea de la Propiedad Ejidal a la Modalidad Privada. La mayoría de las decisiones de cambio de dominio tomadas desde 1992 tienen la urbanización como objetivo. Por último, afirma dicho autor que se autorizó el cambio de dominio de tierras ejidales y su venta a personas ajenas al ejido o para aportarlas a una sociedad sujeta, en su caso, a la aprobación de la Asamblea. También se consagró la libertad del ejido y los ejidatarios para arrendar la tierra o trabajarla mediante cualquier forma de asociación. Algunos de esos arreglos eran práctica común. Antes de la reforma de 1992 habían surgido como una respuesta a las restricciones de la propiedad ante condiciones nuevas y cambiantes, pero estrictamente eran ilegales, lo que originaba simulación y precariedad que debilitaban al ejido. La reforma al artículo 27 incorpora relativamente poco, pero reconoció, legalizó e hizo público mucho de lo que pasaba en la propiedad rural. Es decir, la creación de los ejidos tuvo como finalidad la protección de una parte de la población menos favorecida, con la intención de que los campesinos carentes de tierras en nuestro país tuvieran la oportunidad y el derecho de trabajar las tierras que les fueron concedidas, pudiendo vivir así de la explotación de las mismas en el ámbito agrícola, forestal, ganadero, etcétera. En este tenor, con el paso del tiempo si bien los ejidos estaban destinados a hacer espacios de siembra, de cultivo y de conservación de granos, así como los lugares de protección familiar, lo cierto es que han transitado en convertirse poco a poco en asentamientos humanos, lo cual sin duda nulifica inmediatamente el fin principal para lo cual fueron creados estos ejidos. Como podemos observar, con el paso del tiempo los ejidos van perdiendo irremediablemente la función social para lo cual fueron creados y en su lugar, los mismos se han ido convirtiendo en asentamientos humanos irregulares, los cuales, al tratar de ser regulados por la instancia respectiva, en el caso de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (Coret). Los mismos promueven una serie de recursos legales incluyendo al juicio de amparo, a fin de combatir el decreto expropiatorio con el cual se pudiera dar regularización de la tenencia de la tierra precisamente de estos asentamientos humanos, basando su actuación en ser supuestos ejidatarios aunque materialmente ya no lo sean, pretendiendo gozar así de la protección especial que el estado federal concede en beneficio de los verdaderos ejidatarios. Ahora bien, es prudente manifestar que si bien es cierto, actualmente de manera formal existe la figura del ejido, también lo es que materialmente muchos de ellos han dejado de cumplir la función social para lo cual fueron creados; es decir, si en dichos ejidos ya no se siembra ni se cosecha más, ya no se satisfacen necesidades de proporcionar alimento a través de los frutos cultivados, ya no se satisface necesidades colectivas o de uso común y ya no se utilizan las tierras para poder vivir de los productos del campo a manera de protección de los campesinos y de sus familias. Entonces al perder por completo dicha esencia social y de beneficio familiar y al dejar de ser por ende ejidos, entonces no debe seguir existiendo una protección especial por parte del estado. Una protección paternalista o sobre protectoras a personas o propiedades que materialmente han dejado de necesitar dicha protección y por lo tanto, por estricta equidad y justicia, no merecen más seguir gozando de una protección especial. Es por lo anterior que con la presente adición se pretende limitar la protección otorgada por el Estado, establecida en el libro segundo de la Ley de Amparo que regula la tramitación del juicio de garantías en materia agraria, limitando así dicha protección hacia los ejidatarios o supuestos ejidatarios que promueven el juicio constitucional en contra de expropiaciones que sean decretadas con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra. La adición de un párrafo segundo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo que se pretende establecer, en el sentido de excluir del capítulo único y especial de la tramitación del amparo, en materia agraria a las demandas de amparo que sean interpuestas en caso de expropiación para la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos irregulares, encuentra su razón de ser en el hecho de que un sinnúmero de demandas de amparo que son presentadas en este sentido — expropiación— son precisamente instauradas por personas que no son ejidatarios ni comuneros, razón por la cual ni cuidan, ni mucho menos se dedican a trabajar la tierra sino que son personas que se han asentado de manera irregular en los ejidos o han adquirido por cualquier medio la propiedad de los mismos. Es decir, no se trata ya de ejidatarios o comuneros sino de personas físicas, morales, de carácter industrial o comercial que se ubican asentadas en los predios ejidales. Ahora bien. Si la condición que se pretende realizar excluye del capítulo especial de la tramitación de amparo agrario el reclamo de los actos de expropiación para la regularización de la tenencia de la tierra de asentamientos humanos, entonces al ser excluida dicha causal de amparo esto nos llevará al extremo de que en el caso de una expropiación para regularizar la tenencia de la tierra, no será posible interponer una demanda de amparo fundamentándose por ello en los beneficios que concede la tramitación especial del juicio de amparo en materia agraria regulada en el libro segundo de la ley de la materia sino que sería necesario intentar la tramitación ordinaria del juicio de amparo, lo cual nos parece lo más justo. Alejada de la protección y del cuidado que el legislador le obsequió precisamente a dicha tramitación agraria al señalar en el artículo 212 de la ley en comento, que con la finalidad tutelar a los núcleos de población ejidal o comunal y a los ejidatarios y comuneros en sus derechos agrarios, se observarán las disposiciones del libro segundo de la Ley de Amparo, tratándose de los propios juicios de amparo. Por lo anterior, con la intención de otorgar una mayor certidumbre jurídica respecto a la tramitación de los juicios de amparo que sean presentados en contra de los decretos de expropiación tendientes a la regularización de la tenencia de la tierra, de asentamientos humanos irregulares, se propone: Adicionar un párrafo segundo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo, con la finalidad de aclarar de manera específica que los juicios de amparo que se presenten en contra de las expropiaciones para la regularización de la tenencia de la tierra, han sido excluidos del libro segundo que regula la tramitación especial de la materia agraria y por lo tanto, en su substanciación se aplicarán las reglas generales de origen de tramitación del juicio de amparo. Con fundamento en lo anteriormente señalado y hecho valer, me permito presentar ante esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo: Artículo Único. Se adiciona un segundo párrafo a la fracción I del artículo 212 de la Ley de Amparo para quedar como sigue: Se exceptúa de este capítulo la tramitación de juicios de amparo que se presentan en contra de los actos de expropiación que sean decretados con la finalidad de regularizar la tenencia de la tierra, los cuales se tramitarán conforme a las diversas reglas establecidas en la Ley de Amparo. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor Presidente. Le pido sea remitida a las comisiones de Justicia y Reforma Agraria. Muchas gracias por su atención.