La diputada Alicia Barrientos Pantoja: Con su permiso, diputado. Diputadas y diputados presentes, medios de comunicación que siempre están y que siempre están atentos, quiero comentar que el derecho humano a una vivienda adecuada es el derecho de toda mujer, hombre, joven y niño a tener y mantener un hogar, una comunidad segura en la que puedan vivir en paz y con dignidad, así lo ha definido el primer relator especial de las Naciones Unidas sobre la Vivienda Adecuada por el Consejo de los Derechos Humanos. Garantizar el derecho a una vivienda adecuada es algo esencial para fortalecer el tejido social, la seguridad personal, la salud y para asegurar el derecho a la vida digna. Es decir que el reconocimiento del derecho a una vivienda adecuada en el ámbito internacional se configura a partir del derecho a un nivel de vida adecuado, recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Constitución Política, en su artículo 123, Apartado A, fracción XII, establece que toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un Fondo Nacional de la Vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar un crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad dichas viviendas. Sin embargo, en nuestro país un aproximado de 250 mil trabajadores que obtuvieron su crédito Infonavit tienen un problema de cartera vencida por diferentes razones, que van desde el haber perdido su empleo y no haberlo notificado a tiempo, pues sólo les quedan 30 días de plazo inmediato a la pérdida del mismo, hasta el caso en que el aumento de la inflación y el crecimiento del núcleo familiar con el consecuente incremento del gasto básico cotidiano, entre otras muchas situaciones que hacen muy difícil solventar los adeudos que se acumulan ante tal instituto. Esta situación al irse agudizando año con año, ha generado un gran problema para un número importante de los trabajadores de nuestro país. Asimismo, son presa de quienes utilizan los vacíos legales para la venta de cartera vencida, lo cual es un acto inaceptable y que desde la LVI Legislatura se ha venido denunciando. Para el año 2011 se aprobaron modificaciones de la Ley de Infonavit en el mismo sentido de esta iniciativa, y fueron detenidas desde el Ejecutivo federal sin que se haya propuesto ninguna otra alternativa, nuevamente violentando los derechos constitucionales de los trabajadores cuando el trabajador, habiendo accedido finalmente a un crédito para obtener casa habitación, se pierde la fuente de ingreso dejando al trabajador imposibilitado a continuar con el pago de la misma. Lejos de que el trabajador conozca los mecanismos adecuados que debe instrumentar para resolver la situación, existe la falta de información sobre la obligación que asumió y los intereses extremadamente altos, que sumados a los ordinarios y al monto de los pagos omisos, hacen impagable la deuda. Las deudas que arrastran los trabajadores con el Infonavit se cuadriplican por el sistema de tasa por salarios mínimos. Los créditos hipotecarios del Infonavit son más caros que una hipoteca bancaria, el instituto aplica intereses hasta por un 10.5 por ciento, mientras los bancos cobran un 9.5 y un 10 por ciento por el mismo concepto. Al cobrar el Infonavit intereses sobre los saldos insolutos y actualizar el saldo de los créditos, no se permite al trabajador liquidar el crédito de su vivienda y al pasar de los años esta se sigue incrementando. De esta manera el saldo nunca disminuirá y será prácticamente imposible liquidar en el plazo establecido. Por lo que presento ante ustedes, los que están presentes, una consideración a ustedes, a esta Cámara del Congreso, una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 44 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo 44, párrafo segundo: Asimismo los créditos citados devengarán intereses sobre el saldo ajustado de los mismos, a la tasa que determine el Consejo de Administración. Dicha tasa no será menor del 4 por ciento ni mayor al 8 por ciento anual sobre saldos insolutos. Estos mismos intereses ajustados no podrán exceder hasta tres veces el monto inicial del crédito solicitado, en tanto la deuda se siga pagando y/o haya sido renegociada. Señoras y señores diputados, sí a la vivienda y no al desalojo de sus hogares. Es cuanto, señor presidente.