El diputado Justino Eugenio Arriaga Rojas: Con su venia, diputada presidenta. La iniciativa de reforma a la Ley de Hidrocarburos, presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 26 de marzo y discutida el día de hoy, ya como dictamen elaborado por la Comisión de Energía, es una pieza legislativa violatoria de la Constitución Mexicana, así como de diversos tratados internacionales vigentes en el país, poniendo en riesgo la inversión de las empresas permisionarias, en beneficio de las empresas del Estado. El propio Centro de Estudios de las Finanzas Públicas manifiesta en la valoración del impacto presupuestario del proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos, que esta no genera un impacto presupuestario directo, pero sí acciones que se desempeñen como consecuencia de la misma legislación podrían generar ingresos o erogaciones adicionales, presupuestales adicionales para el pago de las afectaciones a aquellos permisionarios que, conforme al artículo tercero transitorio lo demanden. Es decir, va a haber otro impacto presupuestal como el que generó el capricho del presidente de cancelar el aeropuerto de Texcoco. En este orden de ideas, el Imco menciona que la iniciativa enviada por el presidente plantea darle más poder a la Secretaría de Energía, así también a la Comisión Reguladora de Energía, por lo que su aprobación generará efectos negativos para la competitividad. De la misma manera, concede atribuciones a las dependencias antes mencionadas para suspender los permisos de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, expendio, importación y exportación de hidrocarburos, si a su juicio hay un peligro para la seguridad energética nacional. Esto genera un panorama de incertidumbre para la inversión del sector. Al igual que la reforma eléctrica, la propuesta en materia de hidrocarburos representaría un duro golpe al Estado de derecho y amenazaría las inversiones presentes y futuras, no solo en el sector energético, sino en otros sectores clave para la competitividad de nuestro país. La propuesta de reforma haría posible que la autoridad energética desplace al sector privado que participa en la producción, procesamiento y almacenamiento, transporte y expendio de los hidrocarburos al correr el riesgo de una expropiación de facto de sus instalaciones y operaciones bajo criterios poco transparentes. Es por ello que presento a nombre del Grupo Parlamentario del PAN esta moción suspensiva, alzando la voz en representación de las y los ciudadanos de nuestro país. Como habitante de Guanajuato, particularmente de Salamanca, conozco las preocupaciones de nuestros ciudadanos salmantinos y esta es una de ellas. La contaminación del aire que genera la refinería de Salamanca es uno de los dos principales generadores de contaminantes del estado y uno de los puntos críticos de emisiones de dióxido de azufre en el mundo, según la clasificación de las peores fuentes globales de contaminación por este contaminante realizada por Greenpeace, con base en datos internacionales. Esta refinería es la responsable de la emisión del 95 por ciento del dióxido de azufre que se produce en el estado de Guanajuato, el cual impacta en la salud de los habitantes de la región. Compañeras y compañeros diputados, en caso de ser avalada por el pleno de la Cámara de Diputados, la iniciativa representaría una clara violación a la Constitución y a los tratados comerciales internacionales ya ratificados por México, lo cual afectaría el ya deteriorado clima de inversión que se observa en el sector energético desde el inicio de la actual administración y, especialmente a partir de la reciente aprobación de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica. Es por eso que les pido que regresemos este dictamen al seno de la Comisión de Energía. Es cuanto, diputada presidenta.