EL C. DIPUTADO MIGUEL ANGEL MARTINEZ CRUZ (PAN): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: Desde luego manifiesto que no voy a leer todo el dictamen porque son 20 páginas y francamente dormiríamos, como en algunos otros dictámenes se ha hecho. Voy simplemente a hacer un resumen del mismo y voy a solicitar, desde luego, de la Presidencia que lo inserte íntegramente en el Diario de los Debates y se publique también en la Gaceta Parlamentaria. "El que suscribe, Miguel Angel Martínez Cruz, diputado integrante de esta LVIII Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción segunda de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción segunda del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ocurro a este cuerpo colegiado a iniciar la reforma de los artículos 77 y 147 de la Ley de Amparo. "La presente iniciativa de ley tiene por objeto equilibrar la relación procesal en el juicio de amparo, toda vez que del procedimiento establecido en la ley de la materia, así como de la experiencia del desarrollo del proceso de amparo, se advierte que no obstante que el tercero perjudicado es considerado parte en el juicio de garantías y que dicho tercero tiene casi siempre más interés que la autoridad responsable en el resultado del juicio, su actuación carece de relevancia y de auténticas posibilidades de incidir en el sentido del fallo, sobre todo el amparo directo, en virtud de que su intervención salvo el caso de la posibilidad de ofrecer y desahogar pruebas en amparo indirecto, no forma parte de la litis y su razonamientos y defensas no resultan obligatorio para el análisis por el juez o tribunal de amparo. Lo que se traduce realmente en que el procedimiento creado para tutelar las garantías individuales, resulta materialmente violatorio de la garantía de audiencia del tercero perjudicado cuyo derecho está en juego. "Lo anterior resulta verdaderamente paradójico. En otras palabras, aunque formalmente se le atribuye al tercero perjudicado la posibilidad de formular alegatos y defender sus derechos, artículo 155 y 167 de la ley, realmente se le niega la posibilidad de una defensa efectiva de sus derechos en virtud de que los tribunales federales han interpretado, mediante jurisprudencia, que la defensa del perjudicado constituye alegato y por tanto no forma parte de la litis constitucional y consecuentemente no son de análisis obligatorio por los tribunales de amparo. Lo que constituye de hecho la supresión de toda efectividad de la garantía de audiencia. Parafraseando aquella vieja sentencia colonial que decía: "Obedézcase, pero no se cumpla", en el juicio de amparo respecto al tercero perjudicado se rige actualmente el principio: "Óigasele, pero no se le escuche". Aunque el artículo 5º de la Ley de Amparo en su fracción III reconoce como parte en el juicio de garantía al tercero perjudicado y éste es aquel que puede resultar afectado en sus derechos por la concesión de amparo, lo menos que puede otorgarse en la ley es la posibilidad de una defensa efectiva de los mismos. Traducida en la formalidad esencial de todo procedimiento oponer excepciones y defensas, llámense como se llamen, que deban ser estudiadas por los tribunales. "Sin embargo el procedimiento de amparo actual considera al tercero perjudicado como parte inferior de la jerarquía, pues si bien le faculta por ofrecer pruebas, lógicamente solo en amparo directo formular alegatos e inclusive para interponer recursos con las limitaciones propias del amparo directo en lo que por regla general no existe una segunda instancia, no le autoriza para formular defensas y participar en la integración de la litis constitucional. "Lo anterior resulta de la actual concepción del juicio de amparo, como un procedimiento bipolar que enfrenta al quejoso con la autoridad responsable y no como en realidad sucede, como un procedimiento al menor tripartita o mejor aún multipolar, en donde el tercero perjudicado se presenta como aquél que puede sufrir en sus derechos la consecuencia de amparo y por consiguiente se encuentra tan interesado o más en el desarrollo y resultado del mismo que la propia autoridad responsable. "Ahora bien, hasta ahora el problema se ha planteado en términos de si se deben o no estudiarse en la sentencia de amparo los alegatos del tercero perjudicado. Al respecto me pronuncio de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia a la cual ya me he referido, en el sentido de que integrar a la litis constitucional los alegatos sería tanto como desvirtuar la naturaleza propia de los alegatos, como opiniones o razonamientos que tiendan a orientar y formar la opinión del juzgador en relación a la litis. Por tal motivo juzgo conveniente preservar la situación que exime a los juzgados de amparo de analizar obligatoriamente los alegatos de las partes, incluido el del tercero perjudicado. "No obstante lo anterior, advierto que efectivamente en el juicio de amparo no se observan, con relación al tercero perjudicado, las formalidades esenciales del procedimiento ni el principio de equidad procesal, por cuanto teniendo un derecho que defender, no se le concede oportunidad para poner defensas. "No ignoramos que el tercero puede ofrecer y desahogar pruebas, formular alegatos e interponer recursos, sin embargo ello no es suficiente por cuanto que como ya se ha dicho las pruebas tienen por objeto permitir la demostración de los hechos en que se finca la defensa, pero si no hay defensa porque no se ha permitido esa intervención, de poco sirve al derecho del tercero la posibilidad de probar. En otras palabras, ¿qué va a probar si no ha podido alegar eficazmente algo en su defensa con las características propias de una excepción? "Es de suyo grave que en un juicio se impida a alguna de las partes la posibilidad de integrarse realmente en la litis mediante interposición de una acción o de una excepción, según sea el caso, pero más grave resulta que en el juicio creado como instrumento tutelador de garantías individuales, se pase por alto una de las más elementales que debe ser una parte en juicio, como es el tercero perjudicado, quien acude a juicio no por mera curiosidad sino porque del resultado del mismo depende la preservación o privación de sus intereses o derechos. "Es del todo absurdo que la jurisprudencia de la Corte establezca la obligatoriedad de llamar a juicio al tercero y no se le permita de hecho fincar su defensa en una contestación real de los alegatos del quejoso. "Por estos motivos, razonamientos y fundamentos hasta aquí expuestos, elevo a la distinguida consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa de ley, por la cual se reforman los artículos 77 y 147 de la Ley de Amparo, reglamentar los artículos 103 y 107 constitucionales, para quedar como sigue: "Artículo 77 fracción I.- La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados y apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados, así como de las defensas opuestas por el tercero perjudicado en los términos del artículo 147 y 167 de esta ley. "Artículo 147.- Si el juez de Distrito no encuentra motivo de improcedencia o se hubiesen llenado los requisitos omitidos, admitirá la demanda y en el mismo auto pedirá informe con justificación a las autoridades responsables y hará saber de dicha demanda al tercero perjudicado si hubiere, para que dentro del término de cinco días comparezca a defender sus derechos". Señala día y hora, etcétera, etcétera, que ya lo contempla la ley". Como ven es simplemente de lógica procesal y muchas gracias por su atención. (aplausos) -PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado. Túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre. -SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 413 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico. -PRESIDENTA: Gracias. Pasamos al capítulo de dictámenes a discusión. -MISMO SECRETARIO: (De las Comisiones Unidas de Comunicaciones y de Transportes, en relación al Municipio de San Martín Texmelucan) - LA C PRESIDENTA, Gracias Está a discusión el Punto de Acuerdo. Se han registrado ante esta Mesa Directiva para hablar en pro del Punto de Acuerdo, el proponente, Diputado José León Castañeda del grupo parlamentario de Acción Nacional y el Diputado Narciso Alberto Amador Leal. Se pregunta si hay registro de algún orador adicional. En contra, el Diputado Bortolini. ¿Alguna otra intervención? El Diputado Pérez Cruz, a favor. ¿Algún otro registro? Tal y como lo señala nuestro Reglamento Interior, procederé primero a ofrecer el uso de la palabra a quien se registró en contra. Tiene la palabra el Diputado Bortolini, en contra. -