El diputado Luis Fernando Torres Jiménez: Honorables parlamentarios, el empleo digno y universal representa el soporte de las familias mexicanas, que como núcleos de la sociedad construyen y enriquecen la grandeza de nuestro país. No puede existir plenitud, seguridad ni paz en los hogares mexicanos si nuestra población no cuenta con los parámetros mínimos para desempeñar un trabajo justo y decoroso. Por ello, resulta esencial fortalecer la normativa de nuestro marco jurídico, pues al generar y mantener el bienestar de nuestra base trabajadora se logrará fortalecer no sólo la economía sino también la estructura del tejido social por sí mismo, a través de la capacidad laboral de las familias. En este aspecto, el desarrollo nacional es tan prioritario, que la presidente Sheinbaum presentó el Plan México, planeando el fortalecimiento del mercado interno y el salario, lo que resulta esencial para afrontar las circunstancias internacionales que estamos viviendo y, por otro lado, dar cara a problemáticas laborales tales como la falta de salarios competitivos o la ausencia parcial o total de prestaciones. Son precisamente estas carencias, acaecidas y arrastradas desde antaño por las extensas omisiones a los derechos del trabajador, las que han propiciado deficiencias económicas y sociales, así como el surgimiento de externalidades negativas en el marco de factores como contratación por debajo del salario mínimo o, llanamente, la oferta de vacantes inexistentes o engañosas. Esto puede seguir sucediendo, en primer lugar, por la laxitud en la ejecución de la ley, ya que al existir empresas fuera de las reglamentaciones legales se presenta la posibilidad de optar por ofertar empleos carentes de las condiciones. En segundo lugar, ante la precariedad laboral surgen oportunistas que, al conocer las necesidades sociales, ofertan empleo con salarios por encima de la media que suelen resultar en estafas, robo de datos personales, hostigamiento y acoso por parte del crimen organizado, o incluso trata de personas. Escenarios en perjuicio no sólo de la economía familiar, sino de la seguridad misma de la población que representamos. En el otro supuesto, proponemos que existen una oferta laborales falsas y engañosas, cuya definición, per se, al resultar ambigua o poco delimitada en su extensión y contenido, no configura un delito. Sin embargo, las consecuencias negativas de dichas ofertas laborales son tangibles en la cotidianidad que vive la ciudadanía. Hoy en día existen organismos encargados de brindar asesoría y atención a los individuos perjudicados por este tipo de malas prácticas. Sin embargo, el esfuerzo debe realizarse desde la prevención misma de estos escenarios o, en tal caso, debemos esforzarnos en una mayor regulación de las ofertas de empleo para salvaguardar el bienestar y los derechos laborales. Si bien es cierto que se ha luchado desde todos los frentes a los que la actual administración tiene alcance, la implementación de reformas legales para lograr la plenitud laboral del pueblo apenas lleva un tramo avanzado de la brecha total a recorrer. Precisamos que el compromiso desde el Poder Legislativo sea constante, enfático y pragmático, para que las condiciones de todas y todos puedan permitir un estilo de vida y niveles de desarrollo congruentes al compromiso que se ha demostrado desde el pueblo, que ha tenido a bien depositar en nosotros su confianza. Por ello, tengo la necesidad moral y el honor de presentar ante esa soberanía la propuesta que prohíbe a las empresas contratar a sus empleados bajo condiciones ambiguas, o cambiarlas después de celebrar el contrato laboral. La honradez y legitimidad pactada entre patrón y empleado necesita vigilarse de manera constante y es menester que nosotros, como funcionarios públicos, trabajemos para procurar el camino de los mexicanos, del mismo modo y con el mismo ahínco que cada ciudadano lo hace día con día, en virtud de sus familias, sus hogares y su país. El sustento de México es precisamente su pueblo, del cual se nutre y se sostiene. Es cuanto, presidente.