La diputada Claudia Tello Espinosa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, las áreas naturales protegidas son el principal instrumento de conservación, ya que son áreas que no han sido significativamente alteradas por el ser humano y que requieren ser preservadas y restauradas. Su propósito fundamental es conservar los ecosistemas significativos y/o emblemáticos, considerando la salvaguarda de la diversidad genética y servicios ambientales, la valoración y conservación del paisaje, protección de especies amenazadas en peligro de extinción o endémicas, el fomento de la investigación y conocimiento científico para proteger la biodiversidad. Nuestro país posee 182 áreas naturales protegidas federales, que cubren casi 91 millones de hectáreas. Del total de estas, 145 protegen exclusivamente ecosistemas terrestres, 6 ecosistemas marinos y 31 protegen ambos tipos de zona. Las áreas naturales protegidas cubren cerca de 10.9 por ciento de la superficie terrestre nacional y 22 por ciento de la zona económica exclusiva del mar. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de protección y conservación de la biodiversidad en el país, actualmente existen actividades extractivas que perjudican el medio ambiente ocasionando que se pierda el equilibrio ecológico en diversas zonas. Las actividades de exploración y explotación de minerales e hidrocarburos se encuentran irremediablemente asociadas a profundas e irreversibles afectaciones a ecosistemas, cuencas, suelos, sistemas económico-culturales y derechos de las poblaciones. Un claro ejemplo es la actividad minera a cielo abierto, la cual destruye y perturba el patrimonio de las áreas naturales protegidas, la minería demanda grandes cantidades de agua y energía, trae consigo el retiro de la flora y fauna de los sitios donde se ubica el tajo y provoca grandes pilas de lixidiado solo por mencionar a algunas. De acuerdo con el registro público de minería en 2016, se contó con un total acumulado de 25 mil 652 títulos de concesión minera vigentes en el país, los cuales abarcan una superficie de 25.1 millones de hectáreas equivalentes a 11.3 por ciento del territorio nacional. El sistema geológico mexicano ha documentado que hasta el año 2017, 73 de los principales proyectos mineros se situaron en áreas naturales protegidas, ante estos supuestos la propuesta a discusión fortalecerá la conservación, preservación y protección de las áreas naturales protegidas al no autorizar de manera expresa cualquier actividad de explotación y extracción de hidrocarburos y minerales, ni el establecimiento de nuevos centros de población y la introducción de especies invasoras. Cabe mencionar, que la Ley de Hidrocarburos ya es explícita en la prohibición de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en dichas áreas, por lo que de la misma forma se establece dicha limitación de las actividades mineras considerando que pueden conducir a un mayor impacto ambiental. Asimismo, la Ley Minera, establece que solo se podrán hacer actividades de exploración, explotación y beneficio de minerales dentro de las áreas naturales protegidas cuando haya una autorización, permiso y concesión de la autoridad. Por lo que quedará claro desde el principal marco jurídico ambiental que no podrán autorizarse este tipo de actividades. Resulta importante aclarar que esta reforma no prohíbe la actividad minera en el país, sino que solamente limitará sus actividades dentro de las áreas naturales protegidas. En tal virtud, las modificaciones propuestas son congruentes, viables y oportunas. Las y los diputados de Morena votaremos a favor del dictamen, toda vez que estamos comprometidos con la conservación de las áreas naturales protegidas y la biodiversidad. Es cuanto.