El diputado Jorge Alcibíades García Lara: Compañeras y compañeros diputados, en Movimiento Ciudadano observamos un país que se encuentra en una situación límite, un régimen político sumido en la parálisis y el descrédito, y una sociedad lastimada por la desigualdad y por la inequidad. La corrupción tiene secuestradas a las instituciones públicas mexicanas y se ha convertido en uno de los principales factores para mover a México en el camino incorrecto. La consolidación de una agenda de transparencia y combate a la corrupción es una prioridad para la vida pública mexicana y debe acompañarse de acciones contundentes y de largo alcance que transformen las inercias del poder público. Movimiento Ciudadano reconoce el esfuerzo que ha representado la creación del sistema nacional anticorrupción, pero de poco servirán las disposiciones legales que deriven de este instrumento, si no se continúa revisando y complementando los temas que quedaron inconclusos. Sin embargo, también vemos asignaturas pendientes, como lo referente a la transparencia a la que deben estar obligados, no solo los servidores públicos en cuanto a la presentación únicamente de su declaración patrimonial, sino que también debe obligarse a la presentación de la declaración fiscal, ya que esta simplemente busca transparentar el cumplimiento de pago de impuestos, que por ley todo ciudadano tiene la obligación de realizar. Consideramos de primera importancia que estas obligaciones sean ampliadas a toda persona y a toda entidad que reciba o administre recursos públicos, ya sean federales, estatales o municipales. De ninguna manera se pretende estigmatizar a nadie ni a ninguna entidad, mucho menos aún se tiene un propósito persecutorio. Sin embargo, llama la atención de que no pocas ocasiones quienes manejan recursos públicos, sean o no servidores que señala la Constitución, han sido protagonistas de una estadística alarmante. De 518 notas periodísticas y 27 titulares de periódicos que mencionaban la palabra corrupción en 1996, se pasó a 38 mil 917 notas y 3 mil 593 titulares en el 2015. Los ejemplos emblemáticos que han ocupado los titulares de todos los medios de comunicación, son los casos de los 16 gobernadores presos, procesados o prófugos, los sobornos relacionados con Odebrecht, los contratos a Grupo Higa, la casa blanca, la estafa maestra, entre tantos otros. En este sentido, la presente iniciativa plantea reformar el artículo 108 constitucional, a fin de que para los efectos de las responsabilidades a que alude el título cuarto se agregue a quienes sean parte de los grupos de transición de los gobiernos federal, estatales y municipales. Asimismo, se plantea que además de los servidores públicos se considere a los directivos de organizaciones de la sociedad civil, de sindicatos, de partidos políticos nacionales y locales, candidatos propietarios y suplentes a puestos de elección popular y todas las personas y entidades que reciban y/o tengan a su cargo la administración y manejo de fondos y recursos públicos federales, estatales o municipales, como obligados a presentar declaración patrimonial, además de su declaración fiscal. Enriquecer el sistema nacional anticorrupción debe contar con un sólido soporte constitucional, porque sólo desde la ley fundamental se podrá allanar el camino para cubrir los huecos que quedaron en las leyes que dan forma al propio sistema. En ese propósito se empeña el trabajo de Movimiento Ciudadano. Es cuanto, señor presidente.