El diputado Tomás Brito Lara: Con su venia, ciudadano presidente. El sinónimo más cercano al neoliberalismo, sobre todo del neoliberalismo a la mexicana, es el despojo y el abuso, lo cual es inadmisible especialmente cuando se abre el camino franco para la gestión de las tierras de los ejidatarios y comuneros, los más pobres entre los pobres, pero también de los pequeños propietarios. Desde siempre, especialmente desde los tres últimos gobiernos federales, se han llevado a cabo amplios despojos de las tierras para proyectos petroleros y de electricidad, ojo, inutilización por contaminación sin que a la fecha los afectados hayan recibido ni siquiera las miserables indemnizaciones que les corresponden. Esto exige que en la ley se establezca expresamente el derecho de estos campesinos a recibir a la brevedad posible los pagos justos que les corresponden. Esta situación es absolutamente reprobable, ya que a los ejidatarios, a los comuneros, a los pequeños propietarios que les arrebatan sus terrenos prácticamente viven en la miseria mientras que las empresas que trabajan a Petróleos Mexicanos se hacen millonarias, esto es los campesinos sin tierra y sin el pago indemnizatorio que les corresponde. Esto se da especialmente en el estado de Tabasco, del que soy representante popular. La actual situación de falta de respeto a los derechos ejidatarios y comuneros nos muestra que nada bueno nos puede esperar de estas leyes secundarias, y que solamente se buscan legalizar y extender los actuales abusos. En poco tiempo se sumará una lista interminable de despojos sin indemnización o con indemnizaciones o pagos míseros y entregados en plazos interminables. Para lograr lo anterior, contra todo derecho, se declara de utilidad pública los intereses privados, a ese grado de prostitución legislativa se ha llegado. El lucro privado se hace presente del interés de la nación. La síntesis perfecta de todo esto se encuentra en el artículo 33 de la ley de los Órganos reguladores Coordinados en Materia Energética, que señala que los contratos, permisos y autorizaciones implicaran en automático la declaratoria de utilidad pública, despojos que además se harán por vía administrativos sin previo juicio en clara violación del artículo 14 constitucional. Por otra parte, las leyes antes referidas son una sentencia de muerte para la base de vida de todos los mexicanos, especialmente los campesinos o los ejidatarios, los comuneros, los indígenas, cuyas formas de vida serán aplastadas por este acto dictatorial e inconcebible. Es equivalente a un acto general de expropiación del patrimonio de todos los habitantes. Es también una condena de muerte para el medio ambiente. Con esta contrarreforma energética se pretende hacer también un Pemexproa al proponer que los pasivos de Pemex y Comisión Federal los pague el pueblo como actualmente se hace con el Fobaproa. Pero vengo a esta tribuna a preguntarles a los que defienden y promueven esta contrarreforma quién o quiénes les van a pagar a los campesinos del estado de Tabasco por las afectaciones que de sus tierras y sus cultivos ha hecho Petróleos Mexicanos durante años. Incluso hay muchas recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha hecho a la empresa para que le sean pagadas las indemnizaciones a que tienen derecho miles y miles de campesinos, con justa razón que reclaman sus derechos. La propuesta de modificación que hago al artículo primero transitorio de esta ley es que quede de esta manera: a más tardar dentro de 100 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad deberán cubrir las indemnizaciones pendientes que en derecho correspondan a los ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios o cualquier otra persona afectada por la ocupación o contaminación de sus tierras o por otro acto realizado con motivo de su actividad energética. Es cuanto, ciudadano presidente.