El diputado Alvaro Burgos Barrera (PRI): Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: el suscrito, Alvaro Burgos Barrera, diputado federal por el II Distrito Electoral del estado de Guerrero, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración del pleno de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos del Código Penal Federal en materia de protección de la niñez mexicana, de conformidad con la siguiente exposición de motivos: Resulta preocupante el creciente índice de delitos que se cometen a diario en contra de los niños mexicanos. Resultaría interminable enumerar los diversos actos que diariamente se cometen en contra de su dignidad, de su persona, de su intimidad, de su privacidad, de su moral, de su libertad, de su salud e incluso de su vida, por lo que resulta impostergable la participación de este Congreso para tutelar los derechos más elementales de las niñas, los niños y los adolescentes. Debemos ser garantes de la condición jurídica de los menores y adolescentes que para padre y madre es su más valioso tesoro: sus hijos. Es un tema que tiene que ver con la incertidumbre del futuro y con los destinatarios del mismo: los niños de México. Una medida indispensable es el establecimiento adecuado de las normas jurídicas necesarias que protejan las condiciones de los menores, erradicando y sancionando de manera más severa las conductas que transgreden sus derechos más elementales que como seres humanos en condiciones especiales, les corresponden. Esos niños claman nuestra atención sin hablar, sin exigirlo porque no hacen marchas ni plantones ni bloquean vialidades, pero urgen de la decisión para darles protección y resguardo en el marco de nuestra competencia, que es la de legislar. Basta afirmar en este sentido que un solo niño que sea vulnerado en su persona en cualquiera de las formas o modalidades de maltrato, en el seno de la familia o fuera de ella, siempre será causa más que justificada para que el Estado intervenga. No obstante lo anterior, muchos niños mexicanos viven en condiciones de sobrevivencia y son víctimas del desamor, de la violencia por parte de su propia familia, de la explotación sexual y del abuso laboral, todo lo cual influye negativamente en su salud, su rendimiento escolar, su crecimiento y su desarrollo físico, emocional e intelectual. Contra lo que suele pensarse, la pobreza no es el único factor del desamparo y el abuso, lo son también las cuestiones culturales. Por ejemplo, dentro de la familia encontramos aquellos patrones de conducta de solución de conflictos mediante formas violentas. La normalidad con la que se encuentra matizada por la costumbre de dureza verbal, aunada al castigo corporal hacia los menores en aras de su educación, hacen de la disciplina un tenue límite entre maltrato y corrección, es decir, por regla general en nuestra sociedad corresponde a los padres la tarea de proveer y educar a las y los menores. Sin embargo, en algunas ocasiones se les tramita esta función de tal forma que surgen fenómenos como la infancia maltratada y en grado agudo el fenómeno de la niñez de la calle. El maltrato a menores es la agresión violenta física o emocional de forma intencional contra un menor. Por su forma de ejercerla se caracteriza en dos tipos de maltrato que son activo y pasivo. El primero tiene que ver con la coacción a través de castigos corporales o psicológicos que se ejercen contra el menor. Aquí se encuentran golpes y otros tipos de afectaciones físicas, así como palabras ofensivas, repetitivas, que afectan la autoestima y salud de menores agredidos. El segundo tiene que ver con la omisión de cuidados que requiere la niñez, es decir, privación de alimentos, aseo y cuidado del infante, descuidos que ponen en grave riesgo su salud. Este tipo de maltrato limita y retrasa el desarrollo adecuado de la infancia, es decir, las capacidades físicas y mentales se ven restringidas por aquellos que deberían fomentarlas, en detrimento de la calidad de vida del menor afectado, pesa encontrarse tipificado como delito el maltrato a menores, es difícil que los agresores sean castigados, ya que es muy leve la línea que separa la disciplina educativa y el maltrato. Los casos en los que se lleva a cabo acción legal, es cuando algún menor tiene que ser atendido en la sala de urgencias médicas. De ahí que organismos internacionales, centros de educación e investigación superior, organismo no gubernamentales e instancias de gobierno, han venido insistiendo desde hace varios años en que deben ponerse en marcha políticas públicas urgentes de atención a niñas, niños y adolescentes. En México y que para que tales políticas sean exitosas, es necesario crear un marco jurídico que sustente y permita esa puesta en marcha con la participación en todo el país, tanto de los servidores públicos de todas las instancias en los tres órdenes de gobierno, como de las madres, los padres y otros familiares y de los demás integrantes de la sociedad civil. Por ello, en el año 2000, este Congreso reformó el articulo 4° de la Constitución General de la República, para elevar a rango constitucional el derecho de los niños y niñas a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento. De esta forma, en el mismo año fue aprobada la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual prevé principios rectores de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes y persigue como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral. Estas medidas han sido un paso fundamental en materia de los derechos de la niñez, principalmente porque introducen por primera vez el concepto de niña, niño y de sus derechos, aspectos que han permitido proteger a nuestra niñez pero el camino aún es largo y debemos seriamente trabajar en ello. En congruencia con lo anterior, el cuidado de los menores no es solo una obligación moral de la sociedad, sino es principio esencial de cualquier estado, por lo que es urgente impulsar iniciativas en materia penal a fin de que se establezcan sanciones mayores a quienes incurran en las conductas delictivas en contra de los menores de edad, para revertir la tendencia que hace aumentar el maltrato infantil, el trastorno de menores, el abuso sexual, los suicidios de niños o el fracaso educativo. Son múltiples los riesgos latentes que amenazan a nuestra niñez como ha sido el secuestro, la inducción al mundo de las drogas, el maltrato de cualquier forma en el hogar en la escuela; lo que ha resultado peor, ha sido la trata de niños, la prostitución infantil, la utilización de niños en la pornografía y el turismo infantil, siendo estas conductas las más aberrantes porque son cometidas en contra de los miembros más invdefensos que compone nuestra sociedad y por los estragos que le provocan en su desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral y social. Las niñas y niños mexicanos hablan con una voz muy clara y resonante, están demandando que esta Cámara mejore la calidad de las leyes que protegen a los niños. Sabemos que la ley no va a resolver todas las causas fundamentales de la violencia contra la niñez pero es un paso importante para determinar las prioridades nacionales y colocar a la niñez en los primeros lugares. Mediante la presente iniciativa, propongo que se aumente hasta en una tercera parte las penas por la comisión de delitos en contra de los menores de edad, particularmente, de los delitos tipificados en los artículos 201, 201 Bis, 201 Bis-3, 202, 203 y 205, al capítulo segundo, denominado "Corrupción de menores e incapaces, pornografía infantil y prostitución sexual de menores". Asimismo se reforma en los artículos 264 y 366 Ter, del Título vigésimo primero, denominado "Privación ilegal de la libertad y de otras garantías". Solicito, señor Presidente, que el texto íntegro de esta iniciativa se inserte en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias. -