El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su enérgica condena a la aprobación, por parte de la legislatura del estado de Arizona, de la Ley SB-1070, en la cual se penaliza a los trabajadores inmigrantes indocumentados que, sin contar con la autorización de las autoridades migratorias de Estados Unidos, se encuentran en esa entidad. En el estado de Arizona existen alrededor de 500 mil migrantes indocumentados. De esta cifra, 450 mil son mexicanos. Esta ley es la expresión jurídica de la xenofobia de la ultra derecha norteamericana. El contenido normativo de dicha ley viola flagrantemente los derechos humanos, que en el discurso el gobierno de ese país tanto dice defender. Esta ley atenta contra todas aquellas personas, en particular los mexicanos que por no encontrar en México un trabajo digno que les permita la manutención de sus familias, tienen que emigrar en busca de empleo. Queremos ser enfáticos, los mexicanos indocumentados que viven y trabajan en el estado de Arizona no son delincuentes. El contenido de dicha norma es en esencia fascista, ya que establece la delación por parte de los ciudadanos norteamericanos de aquellas personas cuya situación migratoria sea irregular al mejor estilo de la Alemania nazi, la España franquista y la Italia de Mussolini. Nuestro grupo parlamentario solicita a la gobernadora de ese estado de Arizona, a la señora Jan Brewer, que ejerza la facultad que le confiere el artículo V, sección 7, de la Constitución del estado que gobierna; y que vete la ley en comento. De igual forma, exigimos que la Secretaría de Relaciones Exteriores de México haga llegar una nota diplomática condenando dicha legislación. Las autoridades del estado de Arizona deben tener claro que la presencia de nuestros connacionales en su territorio es pacífica, son personas que como resultado de su trabajo pagan impuestos y seguramente muchos se asimilarán a las comunidades en donde ahora residen. La ley señalada ordena hostigar y detener, mediante la fuerza pública, a las personas simplemente que por su aspecto se pueda presumir que no son norteamericanos. Sólo faltó que estableciera la pureza racial como condición previa para vivir y trabajar en Arizona. México no puede permitir una agresión de esta índole a nuestros connacionales. La República Mexicana y el estado de Arizona comparten fronteras comunes, pasado, vínculos históricos, comerciales. Y la criminalización de los migrantes únicamente generará perjuicios a la economía de ese estado, a los empleadores y fundamentalmente a la mano de obra, amén de la violación de los derechos humanos más elementales a nuestros compatriotas. Debemos recordar que justamente por su situación migratoria irregular, los trabajadores mexicanos no cuentan con derechos laborales plenos. Los salarios que devengan son siempre inferiores a los de un trabajador con documentación en regla. Carecen de seguridad social. Son por desgracia mano de obra barata. Nuestro Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su solidaridad hacia nuestros paisanos que viven en el estado de Arizona; y desde el Congreso de la Unión exigiremos, a los encargados del manejo de nuestras relaciones exteriores, una total condena de un acto de barbarie como es éste de la legislatura de Arizona. Muchas gracias.