La diputada Lorena Piñón Rivera: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, hoy tenemos ante nosotros una grave situación que debemos atender con profesionalismo, mesura y madurez. Más allá de los temas políticos, debemos de cuidar el Estado de derecho y defender a los Poderes de la Unión. El tema que discutimos constituye a todas luces una violación a los principios que rigen nuestra Constitución. Nosotros no estamos aquí para juzgar o para defender a una persona, que por cierto ni conozco. Estamos aquí para garantizar la legalidad y velar por el respeto a la ley. Nadie por encima de la ley. Como legisladores, nuestro trabajo es crear las normas que fortalecen las instituciones del Estado mexicano. Sin embargo, parecería que hoy las hemos olvidado. El juicio de amparo es uno de los recursos jurídicos de mayor tradición, con él los ciudadanos se defienden de las violaciones de los derechos humanos y los abusos del poder. Toda resolución judicial en favor de un ciudadano, sin importar quién es, debe acatarse. Pero, a pesar de que la autoridad judicial ya emitió una suspensión definitiva, nos encontramos aquí discutiendo lo que la legislatura pasada desechó, incurriendo en una clara aberración jurídica. Para el PRI el desafuero no es un tema de discusión que deba ser debatido en la tribuna. El Poder judicial ya ha resuelto la suspensión y nosotros debemos esperar la sentencia definitiva. Recordemos que una suspensión busca preservar el juicio y evitar que nosotros, como autoridad, afectemos los derechos humanos. Pero esto no es una sentencia, cuando se resuelva la materia judicial estaremos en condiciones de retomar el tema. En esta Cámara debe de prevalecer la legalidad, la seguridad y certeza jurídica con relación a este caso. De violar la suspensión definitiva estaríamos violentando los principios más básicos del Estado de derecho. ¿Acaso nuestra investidura de legislador nos autoriza a actuar por encima de la ley? Que quede claro, en esta discusión nosotros no pretendemos favorecer a nadie, sino evitar que esta legislatura se transforme en la primera que se encuentre ante la grave posibilidad de cometer un delito. La ley es clara, la autoridad que incumpla con una resolución de suspensión definitiva de amparo será acreedor de una pena de 3 a 9 años de prisión e inhabilitación. No debemos continuar con este atropellamiento que, no solo viola la autonomía de los Poderes, sino que puede generar un grave precedente que vulnera nuestras instituciones democráticas. En el PRI estamos a favor de México, del cumplimiento de la ley y de los derechos consagrados en nuestra Constitución. Estamos en contra de las ocurrencias que hacen del trabajo legislativo un circo político y un linchamiento mediático. Compañeras y compañeros legisladores, estamos convencidos que debemos de actuar con plena responsabilidad en favor de la nación, atendiendo nuestra función medular, que es legislar, más nunca de juzgar. No somos autoridad, no muestren su ignorancia tan pronto. En el Grupo Parlamentario del PRI exigimos que haya respeto a las reglas del debido proceso. El reto para los integrantes de esta LXV Legislatura es seguir construyendo instituciones confiables y sólidas. Nadie por encima de la ley. Es cuanto, señor presidente.