EL C. DIPUTADO MARGARITO FIERROS TANO: Con su venia, señor diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: la función jurisdiccional agraria independiente y autónoma constituyó parte del ideario de Emiliano Zapata, quien conocedor de las injusticias en el campo mexicano, consignó en el punto 6 del Plan de Ayala que la justicia agraria se impartirá por tribunales especiales que establecerían al triunfo de la revolución mexicana. Sin embargo, el conocimiento y las soluciones de litigio en esta materia se encomendaron, desde la expedición de la ley de enero de 1915 y hasta 1992, a diversos órganos de la administración pública federal y local, entre ellos al presidente de la República, a los ejecutivos de los estados, a la Comisión Nacional Agraria, a las comisiones nacionales agrarias, al cuerpo consultivo agrario y a las comisiones agrarias mixtas, siendo a partir del 6 de enero de 992 cuando se da cauce a la reforma del artículo 27 de nuestra ley suprema, misma que adiciona el párrafo segundo de la fracción XIX que dispuso el establecimiento de un órgano para la administración de la justicia agraria en el país. La reforma constitucional señalada fue complementada con la promulgación de la Ley Agraria y de la Ley Agraria de los Tribunales Agrarios, ambas del 26 de febrero de 1992. De esta manera fueron creados los tribunales agrarios que tienen por objeto el de dirimir todas las controversias que por límites de terrenos ejidales y comunales se presenten, así como las relacionadas con la tenencia de la tierra de los mismos. En este tenor, si bien las políticas gubernamentales tienen el propósito de terminar con el llamado rezago agrario, aún existen varios miles de expedientes instituidos con motivos de solicitudes de dotación de tierras, ampliación de ejidos, creación de nuevos centros de población ejidal, controversias por restitución de terrenos y conflictos de límite de terrenos comunales y ejidales que durante lustros se guardaron sin lograr una cabal integración en los anaqueles de los distintos órganos de la impartición de justicia agraria. Lo anterior, no obstante a las atribuciones que el Congreso de la Unión otorgó a los tribunales agrarios como órganos jurisdiccionales especializados y facultados legalmente para conocer, substanciar y resolver juicios y procedimientos agrarios, gozando de total independencia y autonomía. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 constitucional y lo dispuesto en la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, los tribunales superior y unitarios agrarios se conforman con magistrados propuestos por el Ejecutivo federal y designados por la Cámara de Senadores o por la Comisión Permanente. Con ello el titular del Poder Ejecutivo federal cuenta con la facultad discrecional de considerar o no en la propuesta que envía a nuestra colegisladora o a la Comisión Permanente a los magistrados en funciones que están a punto de concluir su encargo. Sin duda esta facultad discrecional debe eliminarse de la normatividad agraria, pues es obligación de este cuerpo colegiado dar seguridad jurídica y garantizar la posibilidad de ratificación a aquellos servidores públicos que se han desempeñado con profesionalismo, honradez, imparcialidad y excelencia en la importante labor de impartir justicia en el campo mexicano. Por el dictamen de la minuta al artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios que las Comisiones de Justicia y Derechos Humanos y de la Reforma Agraria someten a la consideración de este Honorable Pleno, tiene por objeto que los magistrados que concluyan o estén próximos a concluir su encargo de seis años por el que fueron designados, sean incluidos de manera obligatoria en la lista de candidatos que el Ejecutivo Federal envíe a la Cámara de Senadores o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, estableciendo de manera explícita que si bien a juicio del Ejecutivo Federal, fuera improcedente la ratificación de algunos de los magistrados, éste deberá expresar de manera fundada sus motivos, razones o circunstancias con base en lo que al respecto establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Con esta forma lo que se busca es acotar la facultad del Titular del Ejecutivo Federal estableciendo el procedimiento de la designación y en su caso la ratificación de los magistrados agrarios, evitando que en este último caso, por causas injustificadas o por cuestiones políticas o partidistas, se les imposibilite continuar con la labor de impartir justicia sin una evaluación seria de su desempeño profesional con estricto apego a la ley. Además de aprobarse la reforma que hoy se promueve, fortaleceremos la profesionalización de la función jurisdiccional en materia agraria, para que aquellos que tienen la responsabilidad del conocimiento y la solución de los conflictos agrarios, sean hombres y mujeres con experiencia y profunda vocación social que les permita a través de su permanencia actuar de manera plena, independiente e imparcial en pro de la justicia agraria. Pero no sería justo considerar que tal medida representa un avance determinante en la resolución de la problemática agraria. El objetivo fundamental se debe dirigir a impulsar una reforma agraria integral que atienda el desarrollo de la propiedad social en México y asegure la participación de los ejidos y las comunidades en los programas de desarrollo rural. Para ello en un primer momento el Ejecutivo Federal debe cumplir y promover cabalmente la consecución de todos los compromisos suscritos en el Acuerdo Nacional para el Campo, documento que marca las directrices fundamentales para encaminar una política de fomento productivo y de desarrollo económico sustentable con orientación social, a fin de revertir los angustiosos años de política gubernamental que ha fomentado el abandono, pobreza y aislamiento de amplios núcleos de población rural. Por lo tanto, no es ajeno comentar que la política agrícola del Ejecutivo Federal ha llevado a la sociedad rural mexicana en los últimos 24 años, a una de las crisis económicas, social y políticas más profundas del periodo post-revolucionario, políticas que han quedado sustentadas en reformas al marco jurídico, recortes presupuestales, privatizaciones y desaparición de empresas estatales, apertura comercial abrupta e indiscriminada que se concentra en la firma del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Todo esto lejos de reactivar la producción y el desarrollo del campo, solamente ha profundizado el deterioro de las conducciones de la producción rural y ha motivado los bajos niveles del crecimiento del sector agropecuario en promedio del 1 % en los últimos años, muy por abajo del crecimiento del conjunto de la economía y de la población, sumiendo al campo en la pobreza, la ingobernabilidad y la violencia como ha sucedido en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Se trata de apoyar el dictamen que hoy es objeto de discusión y análisis por parte de esta Honorable Asamblea, pero al mismo tiempo, de medir sus alcances y de establecer nuevos compromisos políticos para avanzar en la solución de los graves rezagos no tan sólo legales, sino de carácter económico, político y social. Las modificaciones al marco jurídico agrario constituyen una prioridad nacional por ser el campo un sector estratégico para la economía del país y la base para alcanzar la soberanía alimentaria y la justicia social. Por ello su orientación debe comprender la protección del derecho, de aprovechamiento de tierras, bosques y aguas, como sustento para recobrar el desarrollo económico y la defensa del patrimonio de los pueblos y comunidades rurales. Compañeras y compañeros diputados: Por las anteriores consideraciones, los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del dictamen con proyecto de decreto que reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica en los Tribunales Agrarios con el firme propósito de coadyuvar a la mejor atención de los conflictos, conciliación y a la generación de acuerdos agrarios. Es cuanto, señor Presidente. -