La diputada Dulce María Sauri Riancho: Yo traigo tres objeciones o reservas en lenguaje parlamentario. La primera de ellas es de procedimiento. Estamos discutiendo un dictamen que corresponde a un artículo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en un tiempo relativamente breve vamos a conocer un gran dictamen donde se reforman 27 artículos del propio ordenamiento. Por procedimiento legislativo cuando discutamos esos 27 artículos, el artículo 21 va a estar plenamente vigente. Yo me pregunto, por qué la Comisión de Gobernación conociendo ambos dictámenes, no dictaminó en conjunto el artículo 21 y los otros 27. Es una gran interrogante que será, sin lugar a dudas, motivo de cuestionamiento en cuanto al trabajo legislativo. La segunda tiene que ver con el propio contenido de el dictamen que reforma el artículo 21, que norma una disposición que ya encuentra la creación de comisiones intersecretariales. Se están añadiendo dos nuevos tipos de comisiones: las comisiones presidenciales y las comisiones consultivas. Voy brevemente a dar un marco general con tres cuestiones que me preocupan particularmente en relación al contenido. 1. Las facultades de los servidores públicos deben ser expresas y no pueden dar lugar a un uso discrecional de atribuciones de recursos y, sobre todo, de la información a la que tengan acceso. No puede una comisión estar por encima del marco jurídico de actuación de los servidores públicos. Si van actuar en el ámbito de competencias públicas y de frente a la sociedad. 2. La propuesta de dictamen se olvidó el tema de la transparencia y rendición de cuentas, pues en ningún lado se establece que esas comisiones que se pretenden crear tengan que rendir algún informe detallado del cumplimiento de sus objetivos en forma periódica y al concluir el objeto o asunto para el que fueron creadas. 3. Otro aspecto fundamental que debe cuidarse y ser muy preciso, es que ninguna de estas comisiones puede sustituir o suplir aquellas funciones que expresamente manda la Constitución y las leyes de la República. Tampoco puede invadir competencias de los organismos constitucionales autónomos, ni de las atribuciones que la Constitución y las leyes asignan a los Poderes y órdenes de gobierno. Y ahora muy puntual. Uno, en el primer párrafo proponemos eliminar de la redacción la frase: de a través de decretos, ya que no es necesario referir ese instrumento jurídico cuando es evidente que será un decreto presidencial el que dará fundamento jurídico a la creación de las comisiones. Segundo. En lo que respecta al cuarto párrafo sobre las comisiones presidenciales, se propone eliminar de la redacción la palabra exservidores públicos, ya que esta definición no es correcta jurídicamente. No es necesario crear una definición, lo que incluye al estatus de servidor público, ya que estos, al dejar de trabajar para el Estado, continúan siendo profesionales o especialistas, es decir, todos entran en las categorías previstas en el párrafo anterior. Tercero. También se propone eliminar de la redacción la frase de servidores públicos de otros poderes y órdenes de gobierno, porque no es posible que por decreto el Ejecutivo federal integre una comisión con funcionarios de otros poderes y órdenes de gobierno, pues los va a estar subordinando al Poder Ejecutivo mediante disposiciones contenidas en una ley que norma la organización interna del gobierno federal. Cuarto. Se propone eliminar la palabra fiscalización, ya que los órganos constitucionalmente facultados para realizarla son la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de la Función Pública, en el Ejecutivo federal. Finalmente, se propone eliminar del texto todo lo relacionado con los requisitos que debiera cumplir el decreto de creación, además en términos de técnica jurídica échenle un vistazo es auténticamente una serie de cuestiones que fácilmente se pueden ir al reglamento o a los lineamientos. En consideración del tiempo, voy por el tema de fondo. No es el lugar legislativo de una iniciativa de esta naturaleza. Debería de estar contemplada en el artículo 89 constitucional donde se contemplan las atribuciones del presidente de la República.