El diputado José Gildardo Guerrero Torres: Con su venia, diputado Presidente. Compañeras y compañeros diputados, vengo a nombre propio y de los diputados Héctor Larios Córdova, María del Pilar Ortega Martínez, Gustavo Parra, Cruz Pérez Cuellar, Laura Rojas Hernández y Alberto Vázquez Martínez, todos del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, a exponer la presente iniciativa, misma de la que, por la brevedad del tiempo, sólo haré una presentación general, por lo que pido a la Presidencia que la mencionada propuesta se inserte íntegra en el Diario de Debates. Reiteramos que la reforma del Estado se debe centrar en la construcción y consolidación de nuestra democracia. Convencidos de que el sistema más eficaz para generar bienestar social es el propio, que la consolidación democrática exige necesariamente poderes políticos fuertes y ello implica una acción firme en el fortalecimiento de nuestras instituciones, dentro de las mismas. Hoy en día se discuten las alternativas hacia donde han de encaminarse los cambios institucionales. Bien hacia un sistema parlamentario o presidencial o matizado en un semi-parlamentario o semi-presidencial. Sin embargo, para nosotros lo importante es establecer un régimen político presidencial, donde las reglas de la acción política garanticen un nuevo equilibrio o, si se quiere llamar, reequilibrio en la racionalización del poder, en donde se aseguren los pesos y los contrapesos para su ejercicio. Por lo tanto y sumado a lo expuesto por mi compañera diputad Pilar Ortega, es que proponemos: Primero. Dentro de la nueva composición del Congreso de la Unión, además de la disminución de 100 diputados de representación proporcional que ya se expuso, se plantea disminuir los 32 senadores de representación proporcional por lista nacional. Luego entonces, se plantea que la Cámara de Senadores quede integrada no por 128 senadores sino únicamente por 96. Dos electos por el principio de mayoría relativa y uno asignado a la primera minoría. Es así que con esta propuesta de eliminar a los senadores plurinominales se retorna y se fortalece la tesis de que el Senado es el garante del federalismo, pues la existencia de un listado nacional puede quedar cargada a favor de una entidad federativa en relación con las demás, rompiendo con la representación paritaria de las mismas. Segundo. Determinar el procedimiento a seguir cuando no se haya aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y dé inicio al ejercicio fiscal correspondiente. Como es del conocimiento, por reforma al artículo 74 constitucional publicado el 30 de julio del 2004, se establecieron diversas disposiciones, entre ellas la obligación de entregar al Congreso, con mayor anticipación, la iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos, para que esto se realice a más tardar el día 8 de septiembre, en lugar del 15 de noviembre y que la obligación de la Cámara de Diputados de aprobar el presupuesto sea a más tardar el 15 de noviembre, con lo que se determina por primera vez una fecha límite para ello. Ahora bien, si bien se dio un avance significativo con la reforma al buscar dar certidumbre al proceso presupuestario, no obstante, se estima que el nuevo diseño constitucional no resolvió el fondo del problema en cuanto a qué pasaría si, de llegar la fecha perentoria, no se aprueba. Ésta es la misma preocupación que hoy existe al respecto, de llegar el 1 de enero del año siguiente y no estuviera aprobado la Ley de Ingresos y/o el Presupuesto de Egresos. Una disposición constitucional que resuelva este supuesto es necesaria a fin de evitar la incertidumbre que podría generarse, ya que al iniciar un año determinado sin una Ley de Ingresos, según han opinado algunos expertos en derecho, los particulares no estarían obligados a pagar los impuestos que conforme a las leyes respectivas deberían cubrir. En consecuencia, se propone determinar el procedimiento a seguir cuando no se haya aprobado la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y dé inicio el ejercicio fiscal correspondiente, bajo el siguiente método. Que si al inicio del año no se encontraran aprobados la Ley de Ingresos o el Presupuesto de Egresos de la Federación, o ambos, continuará vigente la ley o el presupuesto aprobado para el año anterior, en tanto se apruebe la ley o el decreto para el año correspondiente por parte del Congreso o de la Cámara de Diputados, según sea el caso. Tercero. Facultad con responsabilidad del Congreso o de la Cámara de Diputados para realizar modificaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación. En la doctrina se discutió ampliamente si la Cámara contaba formalmente con la atribución para modificar el proyecto de presupuesto, en virtud de que el artículo 74 no contempla expresamente que dicha Cámara estaba facultada para hacer modificaciones. Por nuestra parte, si bien se compartió el reconocimiento de la Cámara de Diputados para hacer modificaciones al Presupuesto de Egresos, se estima que la reforma en los términos en que quedó resultó poco afortunada, ya que no se establecieron fórmulas de responsabilidad que debería observar el Congreso o la Cámara de Diputados. Es así que la redacción aprobada puede llevarnos al eventual extremo de tensiones económicas o políticas. Cuarto. Eliminar cualquier partida de gasto cuyo ejercicio no pueda ser fiscalizado partidas secretas. En un sistema constitucional, republicano y democrático como el que se ha instaurado en México no deben existir partidas secretas para ningún concepto ni funcionario, pues ello establece reglas de excepción en el gasto público sobre el cual no existe control. Quinto. Eliminar el adjetivo de supremo con el que se denomina al Ejecutivo federal en el artículo 80 de la Constitución. Como sabemos, la centralidad y la preeminencia del Poder Ejecutivo como supremo en nuestro sistema político no existe ni debe existir más, a pesar de los nostálgicos autoritarios, posición del gran tlatoani o de la dictadura unipersonal. Por lo tanto, la propuesta de reforma que plantea se inspira en desterrar de la constitución ese resabio del presidencialismo. Sexto y penúltimo, Presidente. Se plantea establecer las bases constitucionales para la regulación adecuada de los grupos parlamentarios de las Cámaras del Congreso, a fin de establecer un régimen de obligaciones, transparencia, administración y de rendición de cuentas. Séptimo. Eliminar la facultad del presidente de la república para resolver sobre el cierre de sesiones ordinarias del Congreso de manera anticipada ante la falta de acuerdo de las Cámaras. Finalmente, compañeras y compañeros diputados, todas y cada una de estas propuestas, también son el complemento a iniciativas que los legisladores del PAN han venido presentando en esta Legislatura, tales como la reelección consecutiva de legisladores, el cambio de fecha de Informe Presidencial para que se realice el primer día del segundo periodo de sesiones, el cambio del formato del Informe Presidencial, la limitación o acotación del llamado fueron constitucional, la creación de un efectivo, sólido e independiente órgano de fiscalización, cuya actuación esté fuera de toda politización, un nuevo esquema para la autorización de permisos al presidente para ausentarse del país. Termino diciendo que hoy más que nunca debemos pugnar por fortalecer la división de las funciones y por distinguir las facultades de los mismos, sin perder de vista su función de contrapeso mutuo. De esta forma, se asegura la eficaz marcha del estado democrático y de derecho. Luego entonces, para la existencia de este tipo de Estado es necesaria la existencia de instrumentos adecuados de control del poder y fortalecer nuestro sistema político en el camino de una democracia útil y de resultados. Muchas gracias.