La diputada Violeta Mariana Parra García: Gracias, diputada presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros diputados, decía el libertador argentino José de San Martín, que la soberbia es una discapacidad que suele afectar a infelices mortales que se encuentran de golpe con una miserable gota de poder. Es preocupante que la dinámica que marco esta LXIV Legislatura, que se encuentra ya en vísperas del cierre del último periodo ordinario, sea una franca disposición de violentar el pacto federal y aumentar el Poder Ejecutivo. No es solo un anhelo por el pasado y su más rancio autoritarismo, sino una necesidad de hacer política desde la simple necesidad de destruir lo que para la cuarta T simboliza una época de oscurantismo en la historia del país. En efecto, la historia está ahí y la memoria de la gente es la que juzga crudamente el legado de los gobiernos anteriores que dilapidaron las esperanzas de millones de ciudadanos. Sin embargo, emprender la tarea de transformar un país sin diagnósticos ni la más mínima pausa para entender que de lo que se hizo está mal o está bien, es un acto de soberbia insostenible. Vivimos un viaje en el tiempo en la Cámara de Diputados, estamos frente a una mayoría parlamentaria que se empeña en aprobar leyes inconstitucionales y que ha perdido la capacidad de discutir los proyectos de ley, dando paso a la aprobación sistemática de los designios del presidente. La independencia judicial es, sin lugar a dudas, uno de los pilares del Estado mexicano frente a las luchas del poder entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Judicial se presenta como un poder neutral, es el último defensor de la Constitución Modificar de manera sustantiva la vida del Poder Judicial debe en esencia repercutir de manera directa y concreta en la calidad de vida de las y los mexicanos, por lo que al hacerlo no podemos permitir que se beneficien intereses particulares o partidarios. El anhelo de un México en donde las leyes se cumplan y se respeten es una aspiración que como colectivo debemos tener presente hoy y siempre. Las y los mexicanos estamos cansados de que la corrupción, la ilegalidad e impunidad sean la normalidad de nuestro país. el mismo ministro presidente reconoció hace más de un año que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es vista por los ciudadanos como una institución lejana a sus intereses y envuelta en caos de corrupción y nepotismo. Yo agregaría que no solo la Suprema Corte, el Poder Judicial en sí. Y no solo en México, sino en toda Latinoamérica corre la misma suerte. La ciudadanía no desconfía de las instituciones porque venga a esta tribuna un legislador de oposición a decirles lo que está mal. No confían porque en su día a día, en su trato con los jueces, las autoridades judiciales y con los servidores públicos lo único que se llevan son malas experiencias, son desilusiones y desaires. Y es que la falta de resultados está ahí, al alcance de cualquier persona que lleva años en espera de obtener justicia o en las decisiones que han dejado presos a cientos de personas inocentes. Para las y los ciudadanos de a pie es obvio que el Poder Judicial en su mayoría está integrado por familiares, recomendados y grupos sectarios, en donde es imposible aspirar a una carrera judicial si no se cuenta con un apellido y las recomendaciones necesarias. Es por ello que, en parte de las reservas que presentamos, proponemos que los concursos abiertos de oposición sea un instrumento, para que las y los ciudadanos confiemos en nuestros juzgadores al ser elegidos, con base en su mérito académico y profesional, y no gracias a relacione personales o mediante procesos amañados. Estamos cansados de que las designaciones en el Poder Judicial se realizan de manera opaca y a veces de madrugada, que jueces y secretarios sean elegidos sin convocatoria, sin transparencia del proceso y, sobre todo, con una franca carencia de certeza de que efectivamente cuentan con los conocimientos para el acceso al cargo. Según una encuesta reciente del World Justice Project, en México siete de cada diez usuarios de la justicia en el país percibe que el factor decisivo para la contratación y promoción de los funcionarios en los juzgados y tribunales federales, es tener familiares en el Poder Judicial. El resto, tres de cada diez encuestados considera que el factor decisivo para la contratación es mérito. Así de agonizante es la vida del Poder Judicial en estos días para que hoy, a través de esta reforma, lejos de revitalizarla, se ponga en riesgo la independencia y la autonomía de nuestro máximo tribunal. Quizá como se ha dicho aquí, una de las preocupaciones más graves es la adición en el Senado del transitorio que pretende ampliar por casi dos años la presidencia de Arturo Zaldívar, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el Consejo de la Judicatura y dos años el período de los otros seis miembros de la Judicatura que es a todas luces inconstitucional. De no aprobarse la reserva al décimo tercero transitorio que proponemos, seguramente será la misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien en el pasado determinó que ampliar mandatos establecidos en la Constitución con reformas a otras leyes es inconstitucional, decir si la ampliación del mandato del ministro presidente corre la misma suerte. La defensa de las instituciones democráticas del pacto republicano y de la división de poderes depende de que podamos dar certeza y legalidad a la vida del Poder Judicial. Si hoy damos el visto bueno a que cualquier funcionario en turno pueda ampliar su mandato, entonces abrimos la puerta a que, al más puro estilo de los regímenes autoritarios en todo el mundo, el día de mañana se nos plantee la ampliación de cualquier otro servidor público, siempre y cuando convenga a los intereses del gobierno. Si bien son necesarias estas modificaciones en la vida del Poder Judicial, no podemos darles un cheque en blanco para que de aprobarse esta reforma se ponga en riesgo la independencia y la autonomía de nuestro máximo tribunal. Es necesario y urgente que Morena sea congruente, que si ayer como oposición se manifestaron en contra de este tipo de atropellos como lo hicieron en 2016, hoy que están en el poder lo sostengan y renuncien a sus pretensiones. Movimiento Ciudadano desde siempre se ha comprometido con la división de poderes y la independencia y autonomía del Poder Judicial. Nada le hace más falta a este país lleno de sed de justicia que un Poder Judicial que sirva a la gente y no al Palacio Nacional. Ceder ante estas tentaciones, es un manifiesto atropello a la división de poderes, de un gobierno que se acerca cada día más al autoritarismo y se aleja cada vez más de ser, la esperanza que le prometió a la gente. Es cuanto, diputada presidenta.