El senador Ricardo Monreal Ávila: Gracias, ciudadano presidente. En diciembre de 2006 el señor Calderón lanzó oficialmente su guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado. Lo hizo motivado por dos factores: para atender la principal demanda ciudadana en ese momento, que era la seguridad; pero también para buscar la legitimación política que no había obtenido en las urnas. Sacar al Ejército a las calles y fotografiarse con una casaca militar buscando objetivos mediáticos ruidosos y emblemáticos. Recuerdo muy bien que la guerra se justificó oficialmente con cuatro objetivos: recuperar territorios ocupados por el crimen organizado; desmantelar las redes de protección del narcotráfico; disminuir la violencia y la inseguridad en el país y disminuir las adicciones entre la población, sobre todo entre la población joven. Para ello el gobierno solicitó y la mayoría del Congreso lo concedió, armas constitucionales, legales y presupuestales, para lanzar esta guerra y ganarla sin excusas ni pretextos. Hoy a tres años de iniciada esa embestida tenemos indicadores y argumentos de sobra para evaluar si la guerra va por buen camino o es el momento de corregir su rumbo y su curso. Lejos de recuperar los territorios que dominaba el crimen en el 2006, sus dominios se han ampliado. Hoy existen regiones en Veracruz, Tabasco, Chiapas, Aguascalientes, Oaxaca, Guanajuato, Puebla, Chihuahua, Colima, todos los estados, donde el crimen no sólo controla la droga, sino el comercio informal, el cobro de impuestos, el secuestro, la extorsión, los taxis piratas, los giros negros, la venta de protección, la venta a comercios pequeños y medianos, todas las actividades son controladas por el narcotráfico y por el crimen organizado. Las redes de protección al narcotráfico siguen intactas. Buena parte del fracaso de esta guerra se explica porque el enemigo está dentro, en las propias filas de las autoridades, de los órganos policiacos. Hay una impunidad, hay una cohabitación y contubernio con los capos y con el crimen organizado. Hoy tenemos más ejecuciones y desapariciones en las calles, mucho más que cuando empezó esta guerra. De 2000 al 2006 pasamos a 7 mil 500 ejecuciones el año pasado, superando las 15 mil muertes violentas en la vía pública y sumando ya cerca de 4 mil las personas desaparecidas en los últimos tres años. Esto es un récord mundial que no lo tiene ni Ruanda ni Somalia, países que han sido acusados de genocidio y violadores sistemáticos de derechos humanos en los tribunales internacionales. La violencia que se ha tenido en México, no tiene precedente. La inseguridad ocupa el primer lugar de las preocupaciones, junto con el desempleo y el aspecto económico. Es enorme la preocupación de la población y se agravan las adicciones a la droga entre la población joven, que están creciendo más que el alcohol. Hoy los jóvenes están acudiendo a las drogas como una salida falsa frente a los problemas de desempleo y de falta de incorporación a un sistema confiable. En resumen, no se ha avanzado nada. Se ha potenciado el mal que se buscaba eliminar. En lugar de contener, aislar y extirpar el tumor canceroso, se ha venido a generar con más problema y ha venido a invadir el resto del cuerpo humano, que es la sociedad. Por eso es grave lo que está pasando y por eso nos sumamos a la comparecencia. Vamos a votar a favor de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública. El país vive momentos aciagos. El crimen organizado ya se apoderó de toda la actividad económica. Ahora hay un gran peligro porque en los 15 estados del país donde habrá elecciones el crimen organizado estará presente y no hay autoridad. Yo estuve el día de ayer en una población alejada, en Zacatecas. Fui con motivo de un sepelio de un amigo. Es una población que se llama Nieves y son cinco mil personas las que viven ahí. Pues ahí hay un grupo que se dedica a extorsionar, a secuestrar y a lastimar a los ciudadanos de Nieves. Son intocables. Es un grupo de tres, de cuatro, identificado. Todo mundo lo sabe y todo mundo lo sabe en cualquier municipio. Traen camionetas sin placas, dentro de los vehículos traen armas prohibidas o sólo del uso exclusivo del ejército. Todo mundo sabe quiénes son, pero nadie se atreve, ninguna autoridad, a sancionarlos, a procesarlos o a detener este gran problema de extorsión, secuestro, intimidación y protección ilegal a los comercios ?cobro de impuestos, señores?. Son los que deciden a quién instalar en los tianguis, son los que deciden qué comercio dejar. Ayer, en Ciudad Juárez, quemaron 12 autobuses o camiones de personas que se negaron a pagar el derecho a la protección de una empresa de autotransportes. Al pequeño comercio, al restaurante, al que vende discos en la plaza pública o en la vía pública, ése tiene que pagar derecho de piso. Es una guerra fallida la que el gobierno federal ha emprendido contra el crimen organizado, carente de inteligencia, carente de estrategia, carente de objetivos claros. Es simplemente un efecto mediático, ruidoso, sin ninguna consecuencia ni eficacia en beneficio de la sociedad. Por eso aquí lo esperaremos no sólo para que nos dé cifras, sino para pedirle cuentas, para pedirle cuentas sobre los resultados de esta lucha sin cuartel contra el crimen organizado en la que estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en la estrategia que han emprendido y que es ineficaz, torpe y fallida.