El senador Jorge Legorreta Ordorica: Compañeras y compañeros legisladores. La actual Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente fue publicada en el Diario Oficial de la Federación en 1996, con el objeto de adecuar la legislación ambiental, con los acuerdos internacionales signados por México y para construir un sistema jurídico completo que regulara de manera clara la problemática ambiental, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Uno de los instrumentos más importantes introducidos en esta Ley, fue la evaluación de impacto ambiental como una figura jurídica que intentara mitigar los impactos ambientales producidos por el hombre en el medio que le rodea, ya que anteriormente se llevaban a cabo obras de alto impacto sin ningún control. Tanto la participación ciudadana como el derecho a la información y a la participación quedaron muy limitados, al referir que sólo las personas de la localidad podrían solicitar una consulta pública sobre los proyectos a realizar. Esto contradice derechos fundamentales establecidos internacionalmente, tales como la declaración de Río, que en su principio 10 establece claramente lo siguiente: "El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. "En el plano nacional, toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las actividades que encierren peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción de decisiones. "Los estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la población, poniendo la información a disposición de todos". Por otra parte, en nuestra Constitución se establecen derechos fundamentales, como el derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente adecuado, el derecho a la información por parte del Estado y la facultad para solicitar dicha información pública gubernamental. Así pues, el concepto de derecho a la información se convirtió en una expresión familiar para la prensa y para la comunidad académica dedicada al estudio de la comunicación en México, a partir de la visión al artículo 6º constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de diciembre de 1977. En dicha reforma se planteó el derecho de todo habitante a ser informado y precisamente informado por el Estado. Hoy en día las garantías liberales de expresión y de información se enlazan con la positivización del derecho a la información. Mientras el derecho público subjetivo que se genera con las libertades de expresión y de información, también demanda un deber del Estado, entiendo, como derecho de acceso a la información público, mismo que requiere de un deber de acción consistente en poner a disposición del público los archivos y datos de esos órganos constitutivos, habida cuenta de que sólo de esa manera el individuo estará en posibilidades de ejercer este derecho. Por otro lado, en México encontramos claros antecedentes de la adopción del derecho de petición, desde los primeros esbozos del constitucionalismo nacional. El artículo 8º constitucional consagra dos derechos: el de petición y el de respuesta, ambos aparecen concebidos en términos universales. Es decir, se reconoce a todos los individuos que habitan en el territorio nacional y consiste en la facultad que tienen en los Estados Unidos Mexicanos, tanto los ciudadanos como cualquier habitante, para elevar ante los órganos o servidores públicos, una petición, solicitud o queja. En este sentido, el 11 de junio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que constituye un gran logro en el quehacer democrático en México. Esta Ley se aplica a todos los Poderes públicos y establece como principio básico el que toda información gubernamental es pública y que los particulares tendrán acceso a la misma. Una norma muy importante la constituye lo establecido por el artículo 40 de dicha ley, que hace innecesario el interés jurídico de las personas para solicitar información. Esto significa que no será necesario ser originario de ningún estado y ni siquiera poseer la calidad de ciudadano para solicitar información; tampoco se requiere justificar para qué se requiere dicha información. En ese sentido se presenta esta iniciativa, que tiene por objeto adecuar en la legislación ambiental, la participación social y el derecho a la información de las personas, establecido tanto por los artículos 4o. 6o. y 8o. de nuestra Carta Magna, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Derivado de lo anterior, se propone eliminar el requisito de que se debe ser habitante de la comunidad para tener derecho a solicitar una consulta pública, para cumplir y hacer coherentes los ordenamientos de esta Ley con los principios constitucionales en la materia. De igual forma, se remite a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en lo que se refiere a la reserva de información que pudieran solicitar los promoventes. De la misma forma, en el capítulo sobre derecho a la información ambiental se adecuan los lineamientos anteriores y se elimina el requisito de manifestar por escrito el hecho de que el solicitante de cierta información debe especificar los motivos de su petición, ya que sería contrario a los ordenamientos y derechos mencionados. Por lo anteriormente expuesto y fundado sometemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto de reformas y adiciones a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Es cuanto, diputada Presidenta. Simplemente le pido que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates. Gracias.