El diputado Sergio Augusto Chan Lugo: Con su permiso, presidente. Quiero y vengo a fijar la postura del Partido Acción Nacional con respecto a dos dictámenes que se refieren a la Ley Federal de armas de Fuego y Explosivos; diversos artículos se modifican con el primer dictamen, 16 artículos se modifican y específicamente en el segundo dictamen se modifica un artículo. En el trabajo de la Comisión de Defensa atendimos las minutas que provienen del Senado, dos minutas que se refieren a una ley reglamentaria del artículo 10 constitucional. El artículo 10 refiere con toda precisión como un derecho de todos los mexicanos poseer armas en su domicilio para su legítima defensa y para su seguridad. Sin embargo, el acotamiento al derecho a esta garantía expresada en la Constitución está señalado en esa ley reglamentaria que data del 11 de enero de 1978. En esta ley podemos ver cómo se ha desfasado en el tiempo el tema de la imposición de las multas y los montos a los que éstas se refieren. Si bien específicamente, como ya se señaló, el establecimiento de una multa no inhibe al delincuente para cometer una infracción a aquel delincuente que reta al Estado de una manera sistemática, aquella persona que ejerce su derecho y que lo pretende ejercer con orden inhibe el que se haga mal uso de un derecho y que el acceso al ejercicio del mismo se haga con pleno orden cuando la sanción que pudiera enfrentar cualquier ciudadano sea cada vez más grave o proporcional a la falta que se pudiera estar cometiendo. Estos dos dictámenes atienden dos elementos muy importantes que sí pueden abonar a terminar con la impunidad. El primer extremo que se genera con la impunidad es que las multas puedan ser irrisorias. Podemos ver en el artículo 77 donde hemos promovido las modificaciones a la propia minuta que se nos envió, que la multa establecida vigente es de 10 a 100 salarios mínimos, es decir, que pudiera ir de 672 pesos a seis mil 729 pesos al que se cometa una infracción, de acuerdo al artículo 77, que posea un arma sin darla debida notificación. La modificación a estos 15 artículos subsecuentes va precisamente a incrementar el monto de las multas de tal forma de adecuar una multa mínima, por ejemplo que en vez de que vaya de 10 a 100 vaya de 30 a 120 salarios mínimos. O el artículo 83 Bis que en vez de que vaya de 10 a 300 salarios mínimos, vaya de 300 a 600 salarios mínimos. Así se va adecuando una norma a una realidad en donde se debe garantizar, por parte de la legislación, el ejercicio de otro derecho constitucional que es el derecho a la seguridad. El otro extremo que también provoca impunidad es que no se contemple un tipo penal a una actividad que ya se está dando en la vida cotidiana, algo que se está dando en las actividades de los ciudadanos, como es el acopio de cargadores. El presentar estos dos dictámenes y adecuar estos dos dictámenes en señalar un incremento sustancial en el monto de las multas y, por supuesto, el establecer un nuevo tipo penal atiende a la necesidad de que la nueva realidad del país y la legislación garantice también a los ciudadanos el acceso a la seguridad y, por supuesto, el respeto a las demás garantías que deben disfrutar todos los ciudadanos en nuestro país. Es por eso que el Partido Acción Nacional planteó desde la comisión, a través de los que integramos y somos parte integral de la Comisión de Defensa, nuestro voto a favor en la comisión, y es por ello que pido a esa asamblea que en este mismo sentido votemos a favor de esos dos dictámenes. Muchas gracias.