EL C. DIPUTADO AMADOR RODRIGUEZ LOZANO: Gracias señor presidente. Amigas y amigos legisladores. Quisiera robarles un momento de su atención para expresar algunas opiniones y argumentos respecto al problema del alza de los precios del gas. Como seguramente recordarán algunos, hace algunas semanas, vine a esta tribuna a nombre de la fracción parlamentaria del PRI, del PRD y del PR, para presentar un Punto de Acuerdo que redujera en un 25% el precio del gas LP y que se fijara una nueva estrategia del gas natural y del diesel. A lo largo de estos días un grupo de diputados del Partido Revolucionario Institucional interesados en este problema, hemos estado teniendo reuniones con funcionarios del Ejecutivo federal, tanto de la Secretaría de Energía como de la Comisión Reguladora de Energía, y hemos solicitado la valiosa cooperación del Instituto de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, para allegarnos de mayor información, y hemos encontrado una realidad que realmente preocupa, estremece y nos obliga a tomar medidas de fondo. Como ustedes recordarán hace algunos años, se tomó la determinación de liberar el precio del gas bajo el argumento de que era necesario que actuaran las fuerzas del mercado, que abriendo una competencia entre los distintos miembros que crean el proceso económico del gas y de los energéticos en general, necesariamente se iba a llevar a la baja el precio del gas natural, del gas LP. Esta teoría que funciona en algunos países, en México no funcionó. Y no funcionó, amigas y amigos, porque la realidad es que no hay una verdadera competencia en el mercado de gas. Ciertamente existen alrededor de 800 distribuidores del gas, pero en la realidad hay cinco grandes grupos que controlan la distribución y los precios del gas. Se han puesto de acuerdo y se han fijado territorios, de tal manera que si una persona en una colonia popular no recibe buen servicio de esa distribuidora, no puede solicitarle a la otra, porque le dice: es que éste es el territorio asignado a la otra. De tal manera que esta actitud de los grandes distribuidores del gas, ha generado una distorsión en el mercado. Ya se terminó la época del capitalismo salvaje, amigas y amigos; ya se terminó la época del dejar ver y del dejar pasar; ya se terminó la época del estado policía o el estado gendarme donde solamente se dedicaba a observar a las fuerzas del mercado para que éstas actuaran libremente. En México, por disposición constitucional, tiene el Estado la obligación y la responsabilidad de intervenir en el proceso económico; tiene la obligación de intervenir para regular a las fuerzas del mercado, porque el mercado no es ideología ni es Dios, ni el mercado es todo; aquí mismo en esta tribuna el primero de diciembre Vicente Fox hizo la misma reflexión: no permitiría que el mercado determinara el futuro de esta Nación y eso es lo que estamos haciendo en estos momentos la fracción parlamentaria del PRI, al proponer una reforma al artículo 14, fracción II de la Ley Reglamentaria en materia de Petróleo. Confiesan las propias autoridades que desde hace cuatro meses, los acuerdos que se tenían con las gaseras de han dejado de cumplir; que desde el primero de septiembre acuerdos que se tenían para que las gaseras establecieran un verdadero procedimiento de mantenimiento a los cilindros de gas, porque después de un estudio de PROFECO se encontró que 3. 3 kilos de gas en cada cilindro se venden de menos y se cobran esos 3. 3 kilos. De tal manera que ante esta circunstancia verdaderamente monopólica, las autoridades de la Secretaría de Energía optaron por solicitar ante la Comisión Federal de Competencia a través de una queja, que se determinara si en el mercado del gas había un mercado monopólico. El propósito de la Secretaría de Energía era claro: el actual artículo 14, fracción II de la Ley Reglamentaria del artículo 27 en materia de Petróleo dice que cuando la competencia no es efectiva en el caso del gas, a juicio de la Comisión Federal de Competencia se pueden fijar los precios y tarifas del gas. ¿Por qué la Secretaría de Energía se fue por ese camino? Porque estaba segura que no existía en verdad un mercado efectivo de competencia en materia del gas, pero no tenía facultades para poder determinar el precio del gas porque la ley le obliga que antes de que se fije una tarifa, necesaria mente la Comisión Federal de Competencia debía determinar si el mercado era efectivo o no. La realidad, amigas y amigos, es que no necesitamos gran investigación, la gente cotidianamente nos dice del terrible aumento del gas LP. Quiero decirles solamente una cifra de este año: en febrero aumentó el 3%, en marzo el 2.97, en abril el 3.01, en mayo el 2.02, en junio el 1.97, en julio en 2.1, en agosto en 2, en septiembre en 7.45, en octubre en 3.72, en noviembre en 3.9 y en diciembre 3.80. En con junto, 30% de aumento tan solo en este año. ¿Y qué pasa con las clases populares?, ¿y qué pasa con la gente en las colonias? Vemos hoy un desplegado de los industriales quejándose y exigiendo una tarifa del gas natural pidiendo que se establezca una tarifa mexicana que no esté asociada a la tarifa del estado de Texas, y piden que se establezca a 3 dólares el BTU (?), porque en México está a 7 dólares siguiendo el mercado de Texas. Los industriales se reunieron ya con el Secretario de Energía; los industriales se expresan en los medios de comunicación, y la gente pobre, amigos, y las gentes en las colonias, quiénes van a ver por ellas. Nosotros, nosotros somos los representantes de esas personas que en las colonias están exigiendo una determinación del Poder Legislativo Federal. Están pidiendo que dejemos de ser representantes del Estado, que dejemos de ser representantes del gobierno, que no traigamos aquí a la Cámara los asuntos de nuestros partidos, que seamos verdaderos representantes populares trayendo aquí los temas de la gente, los temas que a veces son pequeños, que a la mejor no ocupan grandes líneas en los periódicos, pero somos los únicos que podemos tomar decisiones que puedan resolver esos problemas. Y aquí en este caso tenemos que tomar una decisión; tenemos que recuperar el control, el control político de un grupo de distribuidores que ya no quiere acatar ni siquiera las decisiones de la Secretaría de Energía. ¿Saben qué nos dicen en la Secretaría de Energía y otros funcionarios relacionados con esto? Son gente muy poderosa, tienen muchos recursos, apoyan a muchos políticos, están muy bien posicionados. Yo me pregunto: aquí en esta tribuna, en esta asamblea qué es más importante para nosotros ¿el interés de unos cuantos o el interés general? Por eso la fracción parlamentaria del PRI trae a esta tribuna una propuesta de reforma a esa fracción II del artículo 14 de la Ley Reglamentaria en materia de Petróleo para darle a la Secretaría de Energía la facultad de determinar los precios y tarifas en materia de gas. No podemos seguir con el simulacro de que hay una competencia efectiva en materia de gas. Los hechos evidencian lo contrario. Tenemos que tomar una decisión y esa decisión nos corresponde a nosotros. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. (aplausos) CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que suscriben Diputados Federales de la LVIII Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la iniciativa que reforma la Ley Reglamentaria del artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, conforme a la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El libre mercado es una herramienta humana para lograr mayor productividad y dar al consumidor oportunidades reales de elección entre diversos productores. El mercado abierto alienta la competencia y con ello, teóricamente, se bajan de precio los productos y la sociedad se beneficia, al obtener en mejores condiciones y precios los productos. Sin embargo, el desarrollo concreto del proceso productivo y comercial en todas las naciones, ha mostrado que el libre mercado, sin el contrapeso y el control del Estado, lleva al monopolio y a que productores o comerciantes de gran peso, determinen unilateralmente el valor de determinado bien y con ello sometan a los consumidores a su arbitrio. La fuerza reguladora del mercado, no puede convertirse en un mecanismo para que unos cuantos logren ganancias a costa de los niveles de vida de la población. El principio liberal de dejar hacer y dejar pasar, que dominó la llamada época del capitalismo salvaje, tuvo como consecuencias la formación de las organizaciones sindicales y también la formación y consolidación del Estado interventor. Ahí, donde sólo regulan las leyes ciegas del mercado, aparece la revuelta y el descontento. En México el proceso de desregularización de la economía tiene como objetivo crear un mercado abierto, en el cual la competencia permita un mayor consumo de la población. Sin embargo, este aliento renovador de la desregularización no es un dogma, sino un instrumento para beneficiar a la sociedad. Modernizar no quiere decir que el Estado se abstenga de intervenir en la vida económica y mucho menos, que se excluya de sus obligaciones sociales. Cuando un proceso de desregulación no tiene los efectos de modernización productiva, alentar la competencia y sobre todo de bajar los precios al consumidor, es que la desregulación no está funcionando y que no existen condiciones objetivas para que el Estado deje de intervenir directamente. Libre mercado es competencia real, oferta genuina de condiciones de venta entre las cuales los consumidores podemos elegir. La simulación, la formación de redes comerciales que tienen como raíz empresas monopólicas son los peores enemigos de la libre competencia y son también quienes esquilman de manera indebida a la población. En los dos últimos años, la liberalización del precio del gas LP para uso doméstico ha tenido como consecuencia concreta que los precios de este vital producto se disparen. Sólo en el año 2000, el precio del gas LP tuvo un incremente de 29.05%, según datos de la PROFECO, y ello ha tenido consecuencias muy graves para las familias con escasos recursos. Por otra parte, la liberalización del precio del gas LP para uso doméstico no ha creado una amplia oferta y tampoco hay evidencias de que exista una competencia real entre diversos distribuidores. Si bien es cierto que existen cientos de empresas registradas como distribuidoras, lo real es que unos cuantos grupos han monopolizado regionalmente el mercado. Quien se niega a seguir sus reglas monopólicas no puede participar y ello ha derivado en que los precios suban y la calidad del servicio se deteriore. Es patente que un reducido grupo de grandes consorcios dominan la distribución del gas LP y que estos poderosos grupos han condicionado la oferta de tal manera, que el precio del gas al liberarse ha subido y no ha existido ningún beneficio para los consumidores. Tampoco es visible que las condiciones de distribución hayan mejorado. Por otra parte, otro de los objetivos de la liberalización que era un abasto suficiente y continuo, solo se ha logrado para las zonas urbanas con alto equipamiento. Porque las zonas marginadas, en las cuales vive buena parte de la población, sobre todo la de bajos ingresos, está a merced de una distribución que depende de la voluntad de las compañías que además de imponer precios, imponen también condiciones. Es común la venta de cilindros con menos peso de lo estipulado y que a las zonas marginadas se les impongan precios mayores. La PROFECO estima que el 67% de la distribución de gas LP se realiza en cilindros portátiles. En los operativos realizados en 1997 y 1998, se registró que un considerable número de cilindros presentó un faltante de hasta 3.300 kg. El precio del gas LP por otra parte, ha tenido una alza de tal magnitud que muchas familias no lo pueden soportar. Si bien los incrementos pueden ser absorbidos por los segmentos de altos ingresos, que son un sector minoritario de la población del país, lo cierto es que para la mayoría el incremento continuo del precio limita aún más su de por si ya magro consumo. Un ejemplo basta para observar la dramática situación por la que atraviesan muchas familias. Con un salario mínimo de alrededor de 35.9 pesos diarios para la zona A, los consumidores con este ingreso deben de pagar 5.92 pesos el kilo de gas. Según datos de la PROFECO una familia de cuatro miembros consume en promedio 40 kilos al mes, lo que significa un impacto desfavorable para los consumidores que sólo perciben uno o hasta cuatro salarios mínimos. Las distribuidoras de gas LP, a partir del 1° de septiembre dejaron de reconocer los acuerdos que tenían con la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y la PROFECO y por ello, ahora determinan libremente el precio. Esto ha generado la alza indiscriminada y significa un comportamiento de rebeldía ante los acuerdos institucionales. El Estado mexicano es constitucionalmente, quien debe regular, orientar y vigilar el proceso económico. Por ello, el Estado mexicano no puede estar al margen de la vida económica y mucho menos al margen de las llamadas fuerzas del mercado. El Estado mexicano tiene la obligación de intervenir para que la vida económica de la nación tenga un sentido social. Es obligación del Estado participar en la vida productiva y sobre todo, evitar que, el interés de unos pocos, amparado en cualquier planteamiento técnico de libertad de comercio, devenga en abuso a las grandes mayorías. La fracción del PRI, considera que el sistema de libre mercado en el caso del gas no ha funcionado. Tan es así que la Secretaría de Energía interpuso una queja a la Comisión Federal de competencia, donde solicitaba una investigación para determinar las posibles prácticas monopólicas en la fijación del precio en la distribución del gas. El propósito de esta intervención por parte de la Secretaría de Energía era muy claro, buscaba que al observarse que habría posibles monopolios en la distribución del gas L.P., se debía aplicar la Fracción II del actual Artículo 14 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 en el ramo del petróleo, que actualmente establece: que la secretaria de energía determinará los precios y tarifas de las ventas de primera mano de gas, cuando no existan condiciones de competencia efectiva según el criterio de la Comisión Federal de Competencia. Por lo que hemos expuesto, la Fracción Parlamentaria del PRI sostiene que no existen condiciones efectivas de competencia en la distribución del gas LP y por ello, consideramos que no debe seguirse sacrificando al pueblo de México y a sus sectores mas necesitados, con precios tan altos del gas y esperar hasta que la Comisión Federal de competencia determine si es de aplicarse un precio controlado de este producto. Por ello, por la representación que ostentamos del pueblo de México y con la obligación que tenemos de velar por sus intereses, proponemos modificar la ley, para que se pueda fijar sin necesidad de la intervención de la Comisión Federal de Competencia el precio de venta de primera mano del gas. La fracción parlamentaria del PRI propone un cambio a la Ley Reglamentaria del articulo 27 constitucional en el ramo del petróleo, para que se regule el precio del gas LP y se eviten los abusos y sobre todo, la caída de los niveles de vida de la población. Consideramos que la regulación del precio del gas LP es una condición necesaria para evitar que la mayoría de los mexicanos padezcan en su economía. Pero sobre todo, es un mecanismo para evitar que unos cuantos intereses, determinen el precio y fijen condiciones onerosas a la población de escasos recursos. Por lo anteriormente expuesto, los que suscribimos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentamos a la consideración la siguiente: INICIATIVA PROYECTO DE Decreto que reforma la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo. "Artículo Unico: se reforma la fracción II del artículo 14 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, para quedar como sigue": Artículo 14. ....... I........ II. La determinación de los precios y tarifas aplicables. III. a VI........ TRANSITORIO Unico. El presente Decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Por eso la fracción parlamentaria del PRI trae a esta tribuna una propuesta , .;~de reforma a esa fracción II, del artículo 14 de la Ley Reglamentaria en materia de Petróleo para darle a la Secretaría, de Energía la, facultad de determinar los precios y tarifas en materia de gas. No podemos seguir con el simulacro de que hay una competencia efectiva en materia de gas. Los hechos evidencian lo contrario. Tenemos que tomar una decisión y esa decisión nos corresponde a nosotros. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias, (aplausos)