La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Gracias, presidenta. Legisladoras y legisladores, buena tarde. Expongo a este pleno el dictamen a la minuta con proyecto de decreto enviada por el Senado de la República esta Cámara de Diputados, que adiciona un apartado C al artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de personas y comunidades afromexicanas. Hago del conocimiento de la asamblea que la Comisión de Puntos Constitucionales reconoce las aportaciones legislativas de las y los diputados René Juárez Cisneros y Rubén Moreira, Ernestina Luisa Noroña, Martha Hortencia Cadena, Fernando Donato de las Fuentes, del Grupo Parlamentario Revolucionario Institucional, así como la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Partido de la Revolución Democrática. Reconozco su convicción por la defensa de los derechos de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas desde hace ya varias legislaturas y desde otros espacios, particularmente como es el caso de los diputados René Juárez y Rubén Moreira. La Comisión también reconoce y valora el compromiso de los senadores Susana Harp y Martí Batres, de Morena, ambos proponentes de la iniciativa que detonó este proceso legislativo, así como del senador Omar Obed Maceda, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Este dictamen aborda un tema imprescindible para los derechos de las personas, para la vida democrática de nuestras instituciones, para el Estado en su conjunto y particularmente para cientos de miles afromexicanas. O se tiene una cifra exacta de esta población, no obstante, en 2015, de acuerdo a la Encuesta Intercensal del Inegi, que incorporó por primera vez una pregunta en torno a la identificación de la población afrodescendiente en México, existían un millón 381 mil 853 personas que se identificaban como afromexicanas, lo que representaría el 1.2 por ciento de la población nacional actual. Su rezago es vasto y se tiene conocimiento de él por diversos estudios, consultas y foros realizados durante décadas en diferentes entidades de la República Mexicana. La Cámara de Diputados hizo lo propio al respecto y, en esa misma legislatura el senador de la República realizó la primera consulta libre, previa, informada en varias entidades federativas para someter a la observación de la iniciativa con proyecto de decreto que detonó este proceso legislativo de la minuta en referencia de este dictamen. La problemática de estas comunidades es ancestral, han sido víctimas de discriminación racial y de desigualdad en todas las variables que se derivan de ella, tanto en la sociedad como en los círculos políticos, culturales y económicos del estado en su conjunto. No obstante, han surgido de ella próceres de la vida pública intelectual, así como artistas y deportistas de alto rendimiento. De acuerdo con un estudio elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, una de cada seis personas afromexicanas es analfabeta, mientras que la proporción de estas personas que gana más de tres salarios mínimos es la mitad de la población en general. Ante esta problemática es importante señalar la progresividad de los instrumentos internacionales en materia de igualdad y no discriminación. Han permitido incentivar avances importantes en el respeto de los derechos humanos y son un marco de referencia para la lucha en favor de las personas afromexicanas. Así lo refiere la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, en la que se instituye que la discriminación racial es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia, basada en motivos de raza y color, que tenga por objeto o como resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades fundamentales. Otra influencia decisiva de este cambio de enfoque sobre el tratamiento de las minorías étnicas y raciales fue el movimiento a favor de los derechos civiles de la población estadounidense de ascendencia africana, encabezado por el célebre Martin Luther King. De igual manera, es importante señalar que a finales de los años setentas, la UNESCO emitió la declaración sobre la raza y los prejuicios raciales, en la que estableció que todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo origen, nacen iguales en dignidad y derechos y todos forman parte de la humanidad. El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Organización Mundial del Trabajo en 1989, de la cual México es parte, también ha sido uno de los instrumentos clave para fortalecer el proceso de estructuración del movimiento social que representa a los pueblos indígenas. Sin embargo, no fue posible encuadrar a los afrodescendientes en esta categorización, porque al ser trasladados a otras regiones por la fuerza y prácticamente en condición de esclavos, perdieron sus lenguas de origen, cultura, quedando solo unos remanentes y con ello su exclusión de las políticas y programas gubernamentales, debilitando su identidad. Así, la Tercera Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, convocada por la ONU y celebrada en 2001 en Durban, Sudáfrica, aportó la incorporación expresa de los descendientes de africanos, los migrantes y los desplazados como poblaciones beneficiarias de las políticas antidiscriminatorias. Otro esfuerzo positivo a favor de esta comunidad fue la Cumbre de las Américas en noviembre de 2005, en Mar de Plata, que recomendó prestar atención especial a las necesidades basadas en el género, así como a las necesidades específicas de los pueblos indígenas y afrodescendientes, entre los grupos en situación de vulnerabilidad. Actualmente en México, la propuesta del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024, presentada el 21 de diciembre de 2018 por el Ejecutivo federal, retomó la necesidad de reforzar las autonomías, instituciones y culturas de los pueblos a través de una reforma constitucional. Lo anterior, con la finalidad de impulsar y garantizar el desarrollo y bienestar integral de los pueblos indígenas y afromexicanos, como sujetos de derecho público, en el marco de una nueva relación con el Estado mexicano, para el ejercicio efectivo de sus derechos, el aprovechamiento sostenible de sus tierras, territorios y recursos naturales, así como el fortalecimiento de sus autonomías, instituciones, culturas e identidades mediante la implementación de procesos permanentes de diálogo, participación, consulta y acuerdo. En el mismo sentido, el Centro de Estudios de Finanzas de la Cámara de Diputados considera que con la expedición de la Ley del Instituto de los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018, se enriqueció sustancialmente lo relativo a los derechos de los afromexicanos. Son muchos los esfuerzos que se han hecho sobre la problemática de los derechos de las personas, pueblos y comunidades afromexicanas, los cuales no son suficientes, pero sí son complementarios. De ahí la importancia de este dictamen que realizó la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Cámara de Diputados, en relación a la minuta del Senado. El texto que se propone votar a favor es el mismo que votaron por unanimidad las comisiones unidas y el pleno del Senado de la República el 24 y 30 de abril de este año. Y que votó también por unanimidad, el día de ayer, la Comisión de Puntos Constitucionales, de manera unánime. El dictamen reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la nación. Asimismo, se instituye que dichos pueblos tendrán los derechos señalados en los apartados A y B del artículo 2o., en los términos que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social. Esto es positivo porque se considera que las comunidades afromexicanas asentadas en nuestras entidades de la República Mexicana no obtienen los beneficios de lo establecido en el último párrafo del artículo 2o. constitucional, que dispone que toda comunidad es equiparable a los pueblos indígenas y gozará de los mismos derechos. De igual manera, se busca que no se haga una derivación a los pueblos afromexicanos, de los pueblos indígenas. Sino que se plantea instaurarlos en un marco de igualdad y con personalidad jurídica propia. En cuanto a los aspectos financieros e impacto presupuestal de este dictamen, la Comisión de Puntos Constitucionales, a través de la Presidencia, con fundamento en el artículo 18, párrafo tercero de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, solicitó opinión al Centro de Estudios de Finanzas Públicas, y en su respuesta de fecha 25 de junio señaló no haber impacto presupuestal alguno. Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación considera necesaria la aprobación de la minuta, en virtud de que la misma tiene como finalidad el reconocimiento de los pueblos y comunidades afromexicanas en el texto constitucional y, por ende, en sus derechos colectivos, saldando así la deuda histórica que se tiene con estas poblaciones. El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas también nos hizo llegar sus observaciones, en las que reconoce los avances del dictamen, además de exhortar su perfeccionamiento y progresividad. Al respecto, informo a esta asamblea que el día de ayer solicité a la Presidencia de la Mesa Directiva la publicación en la Gaceta Parlamentaria del dictamen con dichas observaciones y sus anexos, a efecto de darles publicidad. Ahora solicito desde esta tribuna a la Presidencia de esta Mesa integrarlas al expediente que será remitido a las legislaturas estatales para sus efectos constitucionales, si así lo considera prudente. Así, al ser México una nación pluricultural en la convergen diversas costumbres, tradiciones, idiomas, formas de pensar, creencias, el Estado tiene la obligación de ser garante de la protección de estos grupos sociales y evitar cualquier tipo de discriminación hacia ellos. Con tales consideraciones es que se ha construido consenso con los distintos sectores de opinión, académico, político, regionales, así como en los grupos parlamentarios de esta legislatura sobre la importancia de avanzar en el sentido de identidad nacional, sin diferencias étnicas y mucho menos criterios racistas, ya que el país es una nación pluricultural. Estimadas y estimados legisladores, la progresividad de los derechos humanos apunta que el concepto de raza es un invento social y cultural, pues la raza no puede ser aprobada científicamente debido a que las poblaciones humanas no son grupos claramente demarcados y biológicamente distintos. Pertenecen a una única especie biológica. Todos los seres humanos hemos evolucionado en los últimos 100 mil años a partir de un mismo pequeño grupo de tribus que migraron desde África y colonizaron el mundo. África fue el origen ancestral de todos los humanos modernos. La evolución de la actual especie humana es una sola en todo el mundo, y es tan joven que no tuvo tiempo de dividirse en grupos biológicos. Los estudios del genoma humano evidencian que los seres humanos constituyen una sola especie biológica, por lo tanto, los invito a votar a favor de este dictamen, para dar supremacía a la igualdad entre las personas para construir una sociedad más justa, igualitaria para todas y todos sin personas de primera y segunda. Ahora es turno de los pueblos y comunidades afromexicanas. Votaremos a favor de adicionar el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y avancemos en la progresividad de los derechos humanos en nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.