El diputado Fernando Cuéllar Reyes: Con su venia, diputado presidente. En primer lugar quiero agradecer a nuestro diputado presidente de la Comisión de Educación, al diputado Jorge de la Vega, y a todas las compañeras y compañeros que suscriben esta iniciativa. Es un tema relevante que seguramente también está en la agenda legislativa de otros grupos parlamentarios. Es un tema que tiene que ver con la educación, que tiene que ver con el nivel medio superior y fundamentalmente que tiene que ver con los jóvenes de este país. Ya la legislatura pasada logró un avance muy importante respecto a que quede consignada la obligatoriedad de este nivel educativo. Ahora nosotros, compañeros y compañeras tenemos un trabajo muy importante, ¿cómo logramos que esto que ya quedó en la Constitución, ahora en la Ley General de Educación, tenga la consistencia y además tenga las condiciones para llevarse a cabo? Compañeras y compañeros, esta iniciativa pretende consagrar legalmente un sistema de estímulos económicos para coadyuvar a que todos los jóvenes y demás estudiantes que cursan la educación media superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades a nivel nacional, no tengan que abandonar sus estudios por falta de recursos económicos. Esto permitirá, compañeras y compañeros, entonces coadyuvar al cumplimiento en letra del espíritu de la reforma constitucional que estableció el carácter obligatorio del bachillerato. De nada servirá que tenga este carácter obligatorio si no generamos condiciones a un grupo de jóvenes que tiene una gran potencialidad, pero que al mismo tiempo tiene una gran vulnerabilidad. Como ustedes saben, la juventud mexicana abarca en nuestro país a más de 35 millones de jóvenes, es una de las máximas riquezas del país. De acuerdo a datos oficiales, en México hay cerca de cuatro millones de alumnos que cursan este nivel educativo, sin embargo, la deserción es uno de los principales retos que enfrenta este nivel educativo. De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2000, así como la Encuesta Nacional de la Juventud 2005, la falta de recursos económicos está claro que es uno de los principales factores que inciden en ella. Adicionalmente, existe un problema de equidad en este nivel, ya que sólo el 3.5 por ciento de la población entre 15 y 18 años con menores ingresos cursa la educación media superior, mientras que el porcentaje de los que están situados en el nivel más alto es del 100 por ciento. No cabe duda que uno de los compromisos más sentidos es el hacer efectivo el derecho a la educación en todos sus grados, pero no sólo con más planteles, con más profesores y currículas; se requiere que estos jóvenes tengan oportunidades, pero además evitemos el asunto de la deserción del abandono escolar. Quiero decirles, compañeras y compañeros, que no partimos de cero, ya hay experiencias en este país. El caso de la Secretaría de Educación Pública, quien ha ejecutado diversos programas bimestrales para que estos jóvenes reciban un monto de 500 pesos por beneficiario, con el objetivo de atacar dichos índices. Sin embargo, la cobertura de dicho programa sólo ha alcanzado el 15 por ciento de la matrícula escolar a nivel nacional. También en la Ciudad de México, en los últimos años se ha impulsado una de las políticas y programas quizás más exitosos emprendidos para combatir el rezago en la educación media superior, a través del fideicomiso Educación Garantizada y de su programa Prepa Sí. En este orden de ideas, queremos proponer una adición a la Ley General de Educación para establecer el derecho de todo joven que en el país curse la educación media superior en escuelas públicas, a recibir un apoyo económico mensual a cargo del gobierno federal, mínimamente por el equivalente al 40 por ciento, en promedio son 25 pesos del salario mínimo general vigente. Esta propuesta ya se hizo una corrida financiera implicaría 17 mil 270 millones de pesos del gasto público federal, equivalente a un cuarto del presupuesto total asignado a la función de educación media superior. Es ésta, pues, la propuesta que de manera muy concreta estamos haciendo, que se reflejaría en los siguientes artículos. Artículo único. Se propone reformar los artículos 3o y 4o, y se adicionan tres párrafos a la fracción VIII del artículo 33, todos de la Ley General de Educación, en los siguientes términos. Artículo 3o. El Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Estos servicios se prestarán en el marco del federalismo y la concurrencia, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme a la distribución de la función social educativa, establecida en la presente ley. Artículo 4o. Todos los habitantes del país deberán cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y media superior. Es obligación de los mexicanos hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media superior. Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo las siguientes actividades: VIII. Desarrollarán programas con perspectiva de género, para otorgar becas y demás apoyos económicos preferentemente a los estudiantes que enfrenten condiciones económicas y sociales que les impidan ejercer su derecho a la educación. Termino, diputado presidente. Las personas que cursen la educación media superior en instituciones públicas, en cualquiera de sus modalidades, y siempre que residan en el país, tendrán derecho de recibir a cargo del Estado, por tres años escolares, un estímulo mensual, equivalente hasta 10 meses anualmente por un monto mínimo equivalente al 40 por ciento del salario mínimo general vigente. Los estudiantes beneficiados con estos estímulos deberán cumplir en reciprocidad con actividades en bien de la comunidad.