EL C. DON GUILLERMO ORTIZ MAYAGOITIA: Muchas gracias, señor Diputado. Señoras y señores legisladores, es para mí un gusto y un honor venir esta mañana a compartir con ustedes algunos aspectos de técnica jurídica en torno a la controversia constitucional. Antes de iniciar, les expreso un cordial saludo de parte del señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Mariano Azuela, quien fue invitado directamente para venir a exponer esta plática, pero por razones de sus ocupaciones que ahora se han multiplicado, me pasó a mí esta honrosa comisión. Al abordar el tema de la técnica jurídica de la controversia constitucional, conviene hacer mención de que esta figura apareció prevista desde la Constitución de 1824, también lo estuvo en la de 1857, y desde luego, casi en los mismos términos pasó a la de 1917, cuyo artículo 105 antes de la reforma que sufriera a finales de 1994, contemplaba la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de las controversias que se suscitaran entre dos o más estados, entre los poderes de un mismo estado, en relación con la constitucionalidad de sus actos, o entre la federación y uno o más estados. También se da competencia al Poder Judicial de la Federación para conocer de todos aquellos asuntos en que la Federación fuese parte, pero lo característico de la controversia es que es un pleito judicial entre entidades políticas, Federación, estado, ahora municipios, o poderes. Este es el signo distintivo, es un pleito entre poderes, en el cual se pone como árbitro resolutor a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De conformidad con la investigación que me presentaron, tomada directamente de los archivos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 1917 a 1994, se promovieron 42 controversias constitucionales. En todo este período de setenta y tantos años, solamente hubo 42 controversias constitucionales, en tanto que ahora, a partir de la reforma que entró en vigor el 1 de diciembre de 1995 hemos visto incrementado el número de controversias notablemente. Sólo por citar un ejemplo un tanto magnificado, la reforma constitucional sobre derechos indígenas dio lugar a más de 300 controversias promovidas por municipios de los estados de Oaxaca, fundamentalmente, pero también de Veracruz, y si mal no recuerdo, de Puebla. En el diseño de la controversia constitucional, hasta 1994 no figuraban los municipios como entes políticos con la posibilidad de promover una controversia; sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un esfuerzo de interpretación extensiva de la Constitución y de una manera, diría yo un tanto rebuscada, pero muy bien intencionada, llegó a la conclusión de que los municipios también son un Poder, porque en ellos se encuentran los genes del Poder Legislativo en la facultad que tienen los municipios para expedir bandos municipales, reglamentos y ordenanzas. Se encuentra desde luego, bien desarrollado el Poder Ejecutivo, y hay también una incipiencia de Poder Judicial, en cuanto a que son muchos los municipios que tienen órganos jurisdiccionales, tanto de jurisdicción plena y ahora de jurisdicción administrativa anulatoria. En la tesis que aparece en la página dos del trabajo que he puesto a su alcance, dice: "Controversia constitucional, los municipios tienen legitimación para promoverla en los términos del articulo 105 constitucional, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994", y lo importante es, dice: "..y antes de la reforma, por interpretación jurisprudencial de dicho precepto vigente en esa época". Esta tesis que legitimó a los municipios, obedeció a una cruda realidad conforme a la cual, frente a atentados de su autonomía municipal quedaban en completo estado de indefensión. Municipios que resintieron este menoscabo de autonomía municipal por leyes o actos de las autoridades centrales del estado, intentaron el juicio de amparo, y la Corte sobreselló estos amparos, con el argumento muy técnico e irrefutable de que el amparo es un medio de protección de las garantías individuales; el municipio es una autoridad y las autoridades no tienen garantías individuales, no es un medio impugnativo diseñado para ser ejercido por las autoridades, sino única y exclusivamente por los gobernados. Se les cerró la puerta del amparo e intentaron la controversia constitucional. El primer caso que ganó un municipio, si mal no recuerdo, fue el de Delicias en el estado de Chihuahua, frente a un acto de las autoridades centrales del estado, conforme al cual lo despojaban del Registro Civil, que es una de las facultades municipales. Aquí la Corte le dio la razón al municipio, de ahí deriva esta tesis que comento y seguramente este criterio fue detonante para la posterior reforma constitucional. Fue en diciembre de 1994, al inicio de la administración del presidente Zedillo, cuando éste envió una iniciativa de reforma constitucional al artículo 105 con el objeto, como se lee en la exposición de motivos, de hacer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un tribunal constitucional. En esta reforma se redimensionó a la controversia constitucional, se introdujo una nueva figura que ha sido de gran importancia y trascendencia para el orden jurídico mexicano como es la acción de inconstitucionalidad y tratándose de la controversia, se reconoció ya expresamente la potestad de los municipios para promover controversias constitucionales contra las autoridades de su estado o contra la Federación inclusive; y se estableció la posibilidad de que actúen como partes en el proceso el Poder Ejecutivo y el Congreso de la unión. Las diferencias entre las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales han sido ya establecidas por la suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis que pueden ustedes ver en la página 5 del documento de la cual solamente leo el rubro: Controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad: Diferencias entre ambos medios de control constitucional. Debo significar que en la controversia constitucional es posible impugnar también la inconstitucionalidad de una ley o de una norma general; pero se requiere para esto que quien promueva la controversia sufra con motivo de esta ley un perjuicio en su esfera de competencias, en su autonomía. En tanto que la acción de inconstitucionalidad es el primer medio de control abstracto que establece nuestro sistema jurídico para la defensa de la constitucionalidad en sí misma sin ningún interés. La teoría mexicana sobre los medios de impugnación había sido constante en el sentido de que el ejercicio de todo medio de impugnación requiere necesariamente la afectación de un interés. Coloquialmente decimos: No hay amor sin interés, y tratándose de los medios de defensa, quien no tenga interés legítimo que defender, no tiene por qué plantear un medio de control de legalidad o de constitucionalidad. Esto quedó muy claro en la reforma que sufrió el artículo 87 de la Ley de Amparo cuando se dijo quiénes son los únicos facultados para interponer revisión en el amparo contra leyes. Y ahí se dijo que solamente el Congreso o legislatura que haya emitido la ley o el Ejecutivo Federal o estatal que la haya promulgado son los únicos que tienen facultad para interponer el recurso de revisión en el amparo contra leyes. En la exposición de motivos de esta reforma queda muy claramente desarrollada la tesis mexicana de que para promover un medio de impugnación se requiere imprescindiblemente contar con un interés. También los códigos de procedimientos civiles establecen siempre como una condición o requisito de las acciones civiles el interés del actor. Entonces es una gran novedad en nuestro sistema jurídico la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida sin que a través de ella se pretenda la defensa de un interés de quien la promueve. El interés es la defensa de la Constitución por sí misma. Es un control abstracto de constitucionalidad en tanto que en la controversia sí existe siempre un interés. El municipio, el estado, el Distrito Federal al promover una controversia lleva una finalidad muy clara que es la defensa de su autonomía. Derivado de la reforma al artículo 105 constitucional el 11 de mayo de 1995 fue publicada la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es la ley que regula todo lo relativo a las controversias constitucionales y a las acciones de inconstitucionalidad y que señala como ordenamiento supletorio aplicable al Código Federal de Procedimientos Civiles. Hasta aquí mi referencia a la acción de inconstitucionalidad para centrarme en el tema que nos fue sugerido que es, las controversias constitucionales. Si vemos el artículo 105 de la Constitución, tratándose de controversias, estima como partes legitimadas para intentar esta vía procesal a la Federación, a los estados, al Distrito Federal, a los municipios, al Congreso de la Unión, a cualquiera de las Cámaras de éste y a los poderes de un mismo estado u órganos de gobierno del Distrito Federal. Es muy precisa la enunciación que hace el artículo 105 constitucional y no deja la menor duda de que constitucionalmente los únicos que pueden intervenir en una controversia constitucional son entidades políticas: federación, estados, Distrito Federal o municipios, o, poderes federales, o poderes estatales. Sin embargo en la Ley Reglamentaria se agregó a entidades y poderes otro sustantivo que es "órgano" y este cambio ha permitido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime y permita la participación en controversias constitucionales de algunos órganos que no constituyen uno de los poderes del Estado. Esto lo trataré un poco más adelante pero en torno a la designación de Federación, estados y Distrito Federal se nos presentó también un problema que seguramente es del conocimiento de ustedes. Si la controversia es, por ejemplo, entre Distrito Federal y Federación, quién representa al Distrito Federal y quién representa a la Federación. Parece ser que las leyes orgánicas de las administraciones, tanto Federal como estatales no habían puesto mayor atención a este problema de representación legal de toda la entidad política, sea Estado, sea Federación, sea Distrito Federal. Por ejemplo, en el caso del Horario de Verano, el Jefe del Departamento del Distrito Federal pudo actuar con la representación del Distrito Federal porque en la Ley Orgánica estaba prevista esta legitimación al decir que se requiere la publicación de acuerdo; la emisión no publicación de un acuerdo del propio Jefe del Distrito Federal en el sentido de que va a intentar la Controversia Constitucional y en este acuerdo puede erigirse o facultarse a sí mismo o a otra persona para que tenga la representación del Distrito Federal, pero la demanda no podía entablarse contra el Ejecutivo Federal porque no está previsto en el 105 constitucional una Controversia entre una entidad política y uno solo de los poderes de la Federación, sino que lo que está previsto es Estado contra Federación. Aquí tuvimos un gran problema en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; yo propuse inclusive, que el señor Presidente de la República no tiene facultad expresa para representar a la Federación en las controversias que se presentan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto, porque en el artículo que habla de las facultades del señor Procurador General de la República, la Constitución señala expresamente que el Procurador de la República intervendrá en todas las controversias en las que la Federación se aparte. Personalmente estimé que la representación de la Federación para este tipo de pleitos, la representación legal le corresponde al Procurador de la República. El sentir de la Corte es que igual que en el Juicio de Amparo interviene el Ministerio Público, también aquí interviene el Procurador, pero solamente como parte formal, no representa estrictamente el interés de la Federación, sino el interés de la Ley, es un amicus curie que orienta la decisión de la Suprema Corte y entonces sale una tesis muy interesante en el sentido de que la Federación, cuando es demandada puede ser representada por cualquiera de sus Poderes, aquél que tenga interés directo en defender el acto cuya constitucionalidad se reclama. Esto ya había sucedido en un caso anterior, en donde el Gobernador del Estado de Tabasco intentó una Controversia Constitucional contra la Cámara de Diputados de este Honorable Congreso de la Unión y allí no reparamos mayormente en si la Cámara de Diputados representaba o no a la Federación. Señalo también, que quien firmaba la demanda de Controversia Constitucional era el Presidente de la legislatura de Tabasco, él sí como representante legal del estado, porque en su Ley Orgánica del Congreso del Estado de Tabasco se le otorga expresamente esta representación jurídica. Quise significar estos temas en la presencia de ustedes porque es uno de los problemas técnicos que la Corte ha superado a base de Interpretación Jurídica, pero no sin ningún tropiezo. En un caso del estado de Durango, se sobreseió el juicio con el argumento de que le señor Gobernador no representaba al estado, sino que esta representación le correspondía al Procurador del estado, porque existe una disposición en ese sentido; la Corte ha adquirido cierta laxitud en el reconocimiento de esta legitimación y hemos visto como adelante lo señalaré- pleitos que no involucran necesariamente a dos entidades políticas. No es exactamente un estado contra la Federación, sino un estado contra un órgano de la Federación. Éste es un punto; hay varias tesis sobre el tema de Legitimación que ustedes pueden ver en las páginas 9 y 10. En la página 10 subrayo, viene subrayada una parte en donde la Suprema Corte ha distinguido entre órganos originarios como aquéllos que están directamente establecidos en las constituciones Federal o estatales y órganos derivados, como aquéllos que son creados en ley secundaria y en esta tesis se dice: los órganos derivados en ningún caso podrán tener legitimación activa, ya que no se ubican dentro del supuesto de la tutela jurídica del medio de control constitucional es decir, ninguna Controversia Constitucional puede ser iniciada por un órgano que no sea poder o entidad federativa. En cambio, en cuanto a la legitimación pasiva es decir, la que le corresponde al demandado, para intervenir en el procedimiento relativo no se requiere necesariamente ser un órgano originario del estado, por lo que en cada caso particular deberá analizarse ello, atendiendo al Principio de Supremacía Constitucional. Hemos tenido varios casos, uno fue una Controversia de varios municipios contra el Gobierno Central de Puebla, en donde peleaban la aprobación de un crédito con el Banco Internacional de Desarrollo; los municipios pensaban que este crédito no era propicio, pero lo estaba ejerciendo un órgano derivado, un organismo llamado Soapac, que era encargado del agua potable en varios municipios conurbados. El crédito ya había sido autorizado, se estaba gastando el dinero en el desarrollo de estas obras de infraestructura, se pretendía la suspensión del acto impugnado para el efecto de que dejara de gastarse ese dinero y se mantuviera a resultas de la Controversia. Aquí se dijo que esto no podría darse mientras no se tuviera como demandado al propio organismo que estaba ejerciendo el crédito, porque el Gobierno había sido un mero intermediario, una garantía o aval del crédito, pero el acreditado era directamente el organismo. Aquí por primera vez se dijo: se puede demandar a un órgano derivado y esto porque el artículo 11 de la Ley Reglamentaria habla de que son partes en la Controversia la entidad, poder u órgano que haya emitido el acuerdo impugnado. Otro caso donde tuvimos como autoridad legitimada pasivamente, fue el del Fobaproa; al tocar la Suprema Corte de Justicia de la Nación el tema del Secreto Bancario, en el trámite de la Controversia se admitió la demanda no solamente en contra del Presidente de la República, sino también en contra del Secretario de Hacienda y de la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros. Al final se dijo que bastaba con la condena al Presidente de la República porque había una relación directa de jerarquía y que él tenía la capacidad de ordenar a sus subalternos el cumplimiento de la ejecutoria, pero durante todo el trámite se tuvieron como autoridades demandadas. Y un caso muy reciente, que personalmente estimo de gran trascendencia, consiste en un par de controversias constitucionales que han planteado una el estado de Durango y otra, parece ser que es Campeche, en contra de la Comisión Federal de Competencias, aquí el pleito está entablado no en contra de la Federación sino directamente en contra de un órgano derivado, no originario, no está previsto en la Constitución, un órgano derivado de la Federación, que es la Comisión Federal de Competencias. En la discusión de este asunto se ha determinado por la Suprema Corte, que si es posible estas competencias, perdón, este tipo de controversias, cuando sólo un órgano de la Federación que no está sometido jerárquicamente a ninguno de los poderes porque tiene autonomía de gestión y de decisión, sobre todo esta Comisión Federal de Competencias, que tiene facultades cuasi y jurisdiccionales, ningún poder de la Federación podría ordenarle que dicte resolución en tal o cual sentido, es un órgano desconcentrado que jerárquicamente no aparece sometido a ningún otro funcionario. La Corte pues, en este caso especial, le ha reconocido legitimación pasiva y la sentencia habrá de vincular directa y exclusivamente a la Comisión Federal de Competencias. Es bueno pues, tener en cuenta esto, la Ley en su artículo 11 lo permite y en cuanto al otro aspecto de que si bien estos órganos pueden figurar como demandados, no pueden figurar como actores o demandantes, en la página 12 encuentran ustedes un buen ejemplo en la tesis que dice: Organismos públicos descentralizados no están legitimados para promover controversias constitucionales. Aquí hubo el caso ya de que un organismo público descentralizado, quiso por sí solo promover una controversia constitucional y se repitió en la tesis que aparece en la página 14, controversias constitucionales, un organismo público descentralizado estatal carece de legitimación activa en la causa. Conforme al artículo 11, pueden ser tanto actores como demandados, la jurisprudencia ha depurado este punto para llegar a decir, pueden ser demandados pero no actores, la acción es exclusiva de un poder o de una entidad política. Se ha sustentado también la tesis de que esta falta de legitimación para promover el juicio, da lugar al sobreseimiento de la controversia, la encuentran ustedes en la página 16 y esto, desde luego, es una causa no expresa en la ley, pero que como dice don Ignacio Burgoa, son de aquellos casos de improcedencia natural, él habla del juicio de amparo, en este caso de la controversia, cuando quien la promueve no tiene derecho a accionar, lo que procede es, bien desechar la demanda desde un principio pero en caso de que se hubiera admitido dará lugar al sobreseimiento por improcedencia de la acción. Otro tema es, ¿quién representa a las entidades que accionan?, no en el aspecto que antes les decía sino ¿quién puede ostentar esta representación? Y la respuesta es que la Ley habla de la representación legal propiamente dicha, pueden venir a la controversia aquellas personas físicas que ocupan un cargo público y que conforme a la Ley tienen esta representación. Creo que el caso más claro es el de los síndicos, que conforme a la mayoría de las leyes municipales tienen la representación jurídica de los ayuntamientos, pero digo conforme a la mayoría porque hemos encontrado casos de leyes municipales en donde la representación jurídica la ostenta el presidente municipal y no el síndico, hay que estar atentos a lo que disponga la Ley. Y el artículo 11 establece que la personalidad se acreditará en los temas que señala la Ley, pero que si esto no se hace, debe presumirse la representación legal. La tesis y la postura de la Corte aquí, es que no puede haber presunciones contrarias a derecho, que si conforme a la Ley la representación legal le corresponde, por ejemplo, a los síndicos, cuando viene el presidente municipal no se puede presumir que él tiene la representación, porque esta presunción humana está desvirtuada por el contenido de una norma jurídica. Este caso se nos dio con un municipio paralelo que se quiso instalar en Tepozotlán y que promueve una acción de controversia constitucional, reclamando ni más ni menos que su reconocimiento como autoridades oficiales y legales de esta entidad. Ahí, la respuesta de la Corte es que la representación le corresponde al síndico electo en elección popular y no a quien por otros causes se erige y se dice a sí mismo ser síndico de un ayuntamiento que por otro lado estaba legalmente constituido. Vamos, la figura de la presunción no puede ser absurda ni tan general, lo que debe entenderse es que si alguien dice, soy síndico de tal municipio y con ese carácter vengo a promover, lo que hacemos es decirle, acredítalo con la documentación correspondiente, pero si no lo hiciera y no hay objeción, la presunción es en el sentido de que el señor, efectivamente síndico del municipio y si la Ley le da a los síndicos la representación legal, así es como juega y se integra la presunción de representación. En cuanto a las legislaturas estatales, y esto pienso que sea para articular interés para ustedes, encontramos varios casos de legislaturas estatales, que en su enunciado de competencias para el presidente de la legislatura o para el presidente de la mesa de debates o de la comisión de receso, no le dan la representación legal del órgano, dicen, representar a la legislatura en actos cívicos, en otro tipo de cosas, pero no se dice tienen la representación legal de la legislatura para participar en contiendas jurídicas o de cualquier otra índole. En amparo hemos desechado algunos recursos de revisión, planteados por el presidente de una mesa de debates, que tiene la facultad de presidir la Asamblea y señalar que están aprobados los acuerdos, etc., pero nunca aparece la representación legal, se los comentó, porque pienso que es un punto de particular interés para ustedes, ver que en las leyes orgánicas de las legislaturas correspondientes, aparezca una previsión expresa de quién debe representar a la legislatura en las contiendas judiciales. Este proceso de controversia constitucional, dentro de este proceso, como ya lo decía yo, se pueden impugnar tanto actos como normas generales, en tanto que la acción en constitucionalidad, solamente se pueden impugnar en leyes. Hay una jurisprudencia que ven ustedes en la página 24, en la que se dice y también es interesante el comentario; acción de inconstitucionalidad, es improcedente para reclamar el decreto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, para el ejercicio fiscal de 1978, por no tener el carácter de norma general. Ésta trató de ser una impugnación abstracta del presupuesto de egresos del Distrito Federal, y entonces en acción de inconstitucionalidad se dijo, es improcedente, porque el Presupuesto de Egresos no es propiamente una ley, sino una autorización para ejercer un gasto determinado y consecuentemente no constituye una norma general. La verdad es que el criterio fue muy discutido, como que no ha satisfecho plenamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y cada vez que se da este problema, resurgen viejas discusiones. Sin embargo, la vía clara para impugnar el presupuesto de la controversia constitucional, son muchos municipios de nuestra República, los que año con año ejercen la acción de controversia constitucional, para impugnar determinadas partidas presupuestales u omisiones o indebida distribución de participaciones federales, etc., respecto de los presupuestos. Hemos detectado y hablábamos recientemente de un caso, que el día de ayer tuvimos que (inaudible), porque el presupuesto del 2002 le cesaron sus efectos al empezar el año actual, pero aquí lo que nos ha sucedido, es que como táctica dilatoria, las autoridades demandadas, que son las autoridades centrales del estado, ofrecen una serie de pruebas que (inaudible) fundamentalmente alargar el proceso, de tal manera que si la acción se intenta a mediados de febrero, el asunto quede integrado hasta casi finales de año, lo cual priva de eficacia a este medio de impugnación. Lo comentamos en la sesión del día de ayer, los ministros y tomamos el acuerdo de que como instructores seamos drásticos en la admisión de pruebas a la demandada, de tal manera que aquellas que se vea que tienen una finalidad dilatoria, no se admitan, pero claro, frente al auto desechatorio de pruebas, vendrá el recurso de reclamación y de todas maneras, los trámites pueden en alguna medida- dilatarse un poco a satisfacción de las partes. Otro tema importante, es que en controversia constitucional, se sustentó el criterio de que lo ven ustedes en la página 27- el procedimiento de reformas y adiciones a la Constitución federal, no es susceptible de control jurisdiccional. Este tema es derivado de todos aquellos asuntos en los que se impugnó la reforma constitucional en materia de derechos indígenas, y aquí la Corte abandonó la tesis que había sustentado en el amparo promovido por el exjefe de Gobierno del Distrito Federal, en torno a una diversa reforma constitucional, en donde por mayoría de 6 votos, el pleno de la Suprema Corte dijo que si (inaudible) procedente el amparo para impugnar una reforma a la Constitución. Todas las razones que se dan ahora para decir que esto no es posible, aparecen resumidas en las tesis correspondientes, no los abrumo con esta carga informativa, están a su disposición en este documento, lo que sí les quiero significar, es que este punto es trascendente. Hay en este momento, en la Corte 2, amparos en los que se impugnan nuevamente procedimientos de reformas a la Constitución, pero no reformas recientes, bueno, estamos hablando de reformas del 95, pero abrir la acción de amparo o inclusive la de controversia, daría lugar a que la Suprema Corte, estuviera en el compromiso de revisar casi una a una de las más 400 reformas que ha sufrido nuestra Constitución, para ver si el procedimiento de incorporación de nuevos textos a la norma constitucional, se hizo o no debidamente. Traigo aquí un par de preceptos de la Constitución de Colombia, en donde dice el artículo 241 de la Constitución de Colombia: "A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución en los estrictos y precisos términos de este artículo, con tal fin, cumplirá con las siguientes funciones: Decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad, que promuevan los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimientos en su formación. Está prevista en la propia Norma Constitucional Suprema de Colombia la procedencia de la acción de inconstitucionalidad, respecto de reformas a la Constitución y está acotado el tema de estudio única y exclusivamente a vicios de procedimiento en su formación. Creo que es algo de considerar que en el Derecho Comparado se da expresamente la acción a la Suprema Corte, en el nuestro podríamos establecerla pretorianamente, de hecho, así sucedió en el caso del Regente de la Ciudad de México, por interpretación directa de la Constitución, pero una interpretación tan dividida de 6, 5, que el cambio de criterio de uno solo de los ministros, nos lleva ahora a la tesis contraria. Estamos en una posición donde una sola persona, un ministro determina el sentido de un tema de tanta trascendencia, como es el de la posibilidad de impugnación de las reformas constitucionales. Luego vienen los términos, que son de 30 días por regla general y la única excepción que marca la Ley Reglamentaria es la que se refiere a conflictos de límite. Como ustedes ven en la página 31 al final, se dice: "Tratándose de conflictos de límites distintos de los previstos en el artículo 73, fracción cuarta de la Constitución, el plazo es de 60 días, contados a partir de la norma general o de la realización del acto que los origine". Tenemos actualmente en trámite dos asuntos muy importantes por conflictos de límites interestatales. Uno, involucra a los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo; y el conflicto de límites deriva que en la Constitución del estado de Yucatán señala los límites de esa entidad. Son muy pocas las Constituciones estatales que hacen la delimitación del territorio estatal correspondiente, fue la norma que desencadenó este problema del conflicto por límites. El estudio es muy enjundioso, el procedimiento muy largo, pero tiene ya un año que se celebró la audiencia final del juicio y el Ministro ponente, en uno de estos casos, que es don Juan Díaz Romero, nos tiene al tanto de los avances que va realizando, pero es muy difícil, es la emisión de esta resolución. Hay más de 60 mil folios que estudiar, dictámenes históricos, dictámenes etnográficos, dictámenes de geoposicionamiento y una serie de etcéteras que han hecho este asunto verdaderamente complicado. El otro conflicto de límites en el que por objetar un proyecto del propio ministro Díaz Romero, me saqué yo la "rifa del tigre", es el conflicto de límites entre Colima y Jalisco, también está agotada la instrucción, hubo ya una pretensión de solución. Y un poco lo que le decía yo en estos momentos a la reportera que me entrevistaba, los ministros no hacemos sino un documento de trabajo, que se pone a la consideración del Pleno de la Corte, en donde todos, con toda libertad y buen sentido jurídico, las más de las veces, opinan en pro o en contra del proyecto, de tal manera que muchas veces la sentencia, aunque pudiera tener el mismo punto decisorio propuesto, es un documento muy diferente del que presentó originalmente el ponente. Pienso sinceramente y lo expreso ante ustedes, que amerita un tratamiento diferente el conflicto de límites. No es una controversia como las otras, muchas veces son con sentido anulatorio, pero en el caso del conflicto de límites es una controversia de jurisdicción plena, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que decir quién tiene la razón, como en una acción reivindicatoria, hasta dónde llegan los términos territoriales de una entidad y esto es harto complejo y delicado, pero la Constitución nos ha dado esa responsabilidad. Afortunadamente el 73, fracción cuarta de la Constitución, prevé el posible acuerdo entre estados para llegar a avenirse y solamente en los casos en que este convenio no es posible, entra la vía de controversia. Es importante también señalar que, en el diseño, en la técnica de la controversia constitucional, se ha establecido la suplencia de la queja y esto ha permitido a la Suprema Corte, una actuación mucho más amplia que en aquellos casos de jurisdicciones estricta, en donde no se puede rebasar los linderos de los planteamientos jurídicos que formulan las partes. La suplencia de la queja la hemos entendido con tal amplitud, que en el caso del municipio de Jalapa, que pretendió reivindicar el servicio público de tránsito para la ciudad, había equivocadamente señalado un acto que no era él que realmente le afectaba y en suplencia de la queja se enderezó la demanda de controversia, siento que esto es un gran acierto y la similitud de disposiciones entre la ley reglamentaria del artículo 105, fracciones uno y dos de la Constitución, y la Ley de Amparo, nos ha permitido a los ministros de la corte, con la experiencia y recorrido que tenemos hecho del amparo, sentirnos agusto con la ley como algo conocido y hemos transitado aunque haciendo camino al andar, pero con cierta seguridad y tranquilidad a la luz de otros conceptos ya explorados. En materia de pruebas, hay facultades para el ministro instructor de allegar aquellas que sean necesarias y existe también la facultad para desechar aquellas que a su juicio no guarden interés directo con la litis planteada, que es algo que les decía yo a ustedes en torno a los presupuestos estatales. En el conocidísimo caso de la impugnación del decreto que permitía la generación de la energía eléctrica por particulares, en cantidades superiores a las señaladas en otro decreto presidencial anterior, hubo el ofrecimiento de una gran cantidad de pruebas que si las hubiéramos admitido, todavía estaríamos batallando con los peritos y con las autoridades que tenían que haber rendido todo este acervo aprobatorio. Cuando el Pleno de la Suprema Corte advirtió en un recurso de reclamación, que las impugnaciones eran fundamentalmente jurídicas y que no hacía falta todo este conocimiento técnico del gran problema energético que tenemos, sino simplemente la comparación del reglamento con la ley y con la Constitución, decidimos que no era necesaria mandar desahogar todo este cúmulo probatorio. Esto, son aciertos de la ley, que en general contiene un buen diseño, que nos ha permitido transitar desde mi punto de vista, exitosamente en la resolución de estas controversias. La materia electoral está excluida de las controversias constitucionales, el 105, fracción segunda, penúltimo párrafo es muy claro en la disposición que dice, que la acción de inconstitucionalidad es la única vía para la impugnación de leyes electorales, así que siendo ésta la única vía, por más que en controversia constitucional pueden atacarse también normas jurídicas generales, no sería el caso de leyes electorales. Hay causas de improcedencia y de sobreseimiento similares a las del amparo, no vale la pena abundar en ellas, se ha reservado generalmente el estudio para el órgano colegiado y no para el ministro instructor. En cuanto a las sentencias, es interesante el tema de los efectos de las sentencias que se dictan en controversias constitucionales; en el caso de normas generales de los estados o de los municipios impugnadas por la federación, de los municipios impugnados por los estados, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión, de dos poderes de un mismo estado o de dos órganos de gobierno del Distrito Federal, la resolución tendrá efectos generales, cuando haya sido aprobada por lo menos ocho ministros, debiéndose publicar la sentencia, tanto en el Diario Oficia como en el órgano en el que se hubieran publicado primigeniamente. Pero la declaración de invalidez, salvo en la materia penal, no tendrá efectos retroactivos; quiere esto decir que una sentencia de la Suprema Corte que enjuicie a la constitucionalidad de una ley, si no es aprobada por ocho votos, no tiene validez jurídica; y la ley secundaria, la reglamentaria del 105, dispone que el presidente hará la declaratoria de que no alcanzó la mayoría necesaria y tendrá por desechada la acción. ¿A qué obedece esto? El Congreso de la Unión, perdón, el constituyente, desde el 105 constitucional así lo dispone. Entendemos los ministros que hay una presunción de constitucionalidad de la ley; sabemos que todos los órganos legislativos tienen la preocupación de apegar sus actos a la Constitución tanto federal como estatal correspondiente y que de esto deriva el principio de que la ley se presume constitucional. Esta presunción se sostiene a tal grado, que se requiere una mayoría de cuando menos ocho ministros, para que la decisión de invalidez pueda afectar y invalidar la norma; ha habido comentarios en cuanto a lo sano o conveniente o inconveniente de esta disposición, pero salvo un par de casos en donde la Suprema Corte no pudo obtenerse esta votación mayoritaria de ocho votos por convicciones personales y muy firmes de los ministros. Fue una de ellas el caso del tema del aborto en donde se desestimó en parte la acción que impugnaba uno de los preceptos porque no alcanzó ocho votos, y en alguna otra ocasión que no recuerdo el caso. En todos los demás se ha alcanzado este número de votos indispensable para que nuestra función, como han llamado los académicos, del legislador negativo, expulsemos del derecho mexicano aquellas normas que resultan contrarias a la Constitución. Esto yo siento que está bien, hay una presunción de que la ley se apega a la Constitución y esta presunción solamente puede ceder frente a una decisión en sentido contrario de la Suprema Corte, pero aprobada al menos por ocho ministros. Ah, ya recuerdo el otro caso, es el problema de la vigilancia a los bancos aquí en el Distrito Federal; pero aquí el caso es interesante, porque si bien no se invalidó la ley, quedó expresado en un voto de mayoría, pero inválido de siete ministros, que la ley impugnada es inconstitucional y entonces tengo conocimiento, extraoficial pero cierto, de que los jueces de distrito están haciendo propio ese voto de siete ministros para resolver en amparo las contiendas a título personal sometidas a su consideración. O sea que finalmente, aun cuando el efecto no fue devastador de la norma, sí merma su eficacia cuando se aplica en amparo para declarar su inconstitucionalidad con efectos relativos. La otra regla es que si la acción se promueve por municipios contra el estado, así sea norma general, los efectos de la sentencia son relativos a la entidad, al municipio correspondiente. Esto no deja de causar cierto azoro porque el principio de la fórmula Otero, tan característica de la Ley de Amparo y que muchas voces se levantan para que ya lo abandonemos, se llevó también al campo de la controversia constitucional. Y por ejemplo, en el estado de Sinaloa un municipio ganó recientemente la controversia que planteó respecto de un llamado impuesto ejidal, que a juicio de la Corte es un impuesto predial cobrado a los ejidos, y el municipio decía: "Esto es un impuesto predial y lo recaudado me corresponde a mí como municipio". El estado es el que percibe estos ingresos y luego los distribuye, pero los distribuye quedándose con un 60 por ciento y una parte para el municipio. Aquí la resolución de la Corte tuvo el efecto de que a este solo municipio se le entregue el 100 por ciento del impuesto ejidal que se recaude en sus términos territoriales, con lo cual establece un trato diferenciado, desigual, con respecto a los otros municipios que no plantearon la controversia. También hemos entendido que aquella disposición que dice que las consideraciones de una resolución de la Suprema Corte emitida en controversia constitucional, cuando son aprobadas por mayoría de ocho votos deberán aplicarse a los juicios de amparo que están en trámite, esto eleva a una sola decisión a la categoría de jurisprudencia; con una sola decisión la Corte integra un criterio obligatorio. Y claro, esto nos obliga a ser tanto más cuidadosos en la emisión de criterios, que con una sola decisión modifican nuestro orden jurídico nacional en el entendimiento y aplicación de las normas correspondiente s. Sé que estamos ya apretados por el tiempo y por eso me brinco el tema de los recursos, que sólo hay queja y reclamación, vienen explicados en el documento que está a su alcance. Me paso aquí al final, a la página 60 a este texto que dice: "Es un hecho incuestionable que México vive momentos muy diferentes a los del pasado reciente. Hoy por hoy la sociedad mexicana está más informada y vinculada con el quehacer público. Los medios de comunicación presentan una intensa actividad. Por otra parte, los organismos llamados no gubernamentales se constituyen en puentes de comunicación entre la sociedad y el poder público. La pirámide demográfica de México nos va revelando un incremento sustancial de los mexicanos en edad madura. Nuestro país está paulatinamente dejando de ser un país de gente joven. Se ha incrementado el número y forma de actuación de los partidos políticos y entre los actores del quehacer nacional se han tomado acuerdos que permiten organizaciones encargadas del funcionamiento del sistema electoral. Todos estos factores, a los que se podrían sumar muchos más, demandan instituciones públicas sólidas, pero la solidez de las instituciones descansa en el respeto a la ley, que implica someter la contienda a los cauces del derecho; contar con tribunales cuya actuación es estrictamente jurídica y respetar las decisiones jurisdiccionales correspondientes. México lleva casi 200 años de vida independiente a los que se suman siglos de historia prehispánica y colonial. Es por ello crisol de culturas, sincretismo de realidades múltiples que a veces parecen antagónicas. México es puente entre el norte y el sur del continente y entre el este y oeste del viejo mundo y el nuevo oriental. En síntesis, la composición social de México, su historia y ubicación geopolítica nos obligan como nación a sujetarnos al escrutinio de la jurisdicción, que no es otra cosa que decir el derecho, en el entendido que el derecho es ante todo un discurso ideológico dictado por lo que fuimos, con el ánimo de seguir siendo y de llegar a ser". Como miembro del Poder Judicial de la Federación agradezco la oportunidad que se me ha brindado para dirigirme a tan distinguidos legisladores. Es, a no dudarlo, un encuentro entre quienes encarnamos uno de los mayores orgullos, que es servirle a México. Muchas gracias por su atención. (Aplausos). -