El diputado Jaime Flores Castañeda: Con su venia, diputado presidente. El que suscribe, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, someto a la consideración de esta soberanía, la presente proposición con punto de acuerdo, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos A raíz de las reformas realizadas con antelación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a los derechos de las víctimas u ofendidos respectivamente, se ha permanecido para muchos criminólogos fuera del objeto de la ciencia criminal. Con el reconocimiento de estos derechos de la víctima u ofendido a nivel constitucional se contará con un avance significativo en la construcción de un nuevo proceso penal. En este sentido, si bien es cierto que a partir de las reformas al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se elevaron a rango constitucional los derechos de las víctimas u ofendidos, también lo es que en la realidad el ejercicio de tales derechos no se cumple a cabalidad; entre otras razones por la ausencia de una política pública de colaboración institucional uniforme y coordinada entre los diversos órdenes de gobierno, e incluso entre las distintas dependencias de cada uno de ellos que permita el impulso de acciones integrales, a fin de procurar que las víctimas reciban atención y apoyo jurídico, médico y psicológico. En ocasiones su actuar no se dirige a salvaguardar la legalidad y eficacia en el desempeño de sus funciones, ya que minimizan el evento, cuestionan a la víctima, la descalifican, ignoran, trivializan el evento o argumentan pesadas cargas de trabajo, de tal modo que, desde la perspectiva de la víctima, el acceso a la justicia y la reparación del daño se perciben fuera de su alcance. A estos ciudadanos y a aquellos, entre quienes existen los que no conocen bien el idioma español, o que quizá no lo comprenden bien, o que tengan alguna capacidad diferente que les impide ver, oír o hablar, o simplemente, que por su origen étnico o nacional, género, edad, capacidad diferente, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos de la víctima o el ofendido del delito, que tras haber sido víctimas u ofendidos del delito tienen que soportar malos tratos por parte de algunas autoridades o de los servicios médicos, como si ellos fueran los criminales, y es a ellos a los que se busca beneficiar principalmente. Respecto a esta situación se busca garantizarle a las víctimas u ofendidos el ejercicio de sus derechos. Por ende, no debemos detener los esfuerzos por cimentar una cultura de respeto a los derechos de las víctimas u ofendidos del delito. Los tres niveles de gobierno debemos mostrar y asumir el compromiso atendiendo a las diversas inconformidades planteadas por las víctimas u ofendidos del delito. En virtud de los antecedentes expuestos me permito proponer a esta soberanía la conveniencia de reformar y adicionar una fracción al artículo 20, apartado C a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de actuar a favor de las víctimas del delito a quienes hoy perjudica la ley vigente. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 58, 59 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente decreto que reforma el artículo 20, apartado C, fracción III, y adiciona la fracción VIII al artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma el artículo 20, apartado C, fracción III y se adiciona la fracción VIII al artículo 20, apartado C, para quedar como sigue: Artículo 20. Apartado C. ... III. Recibir gratuitamente, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia, así como tratamiento postraumático para su pronta recuperación, contando con los servicios especializados necesarios; VIII. Ser auxiliado gratuitamente por intérpretes traductores cuando no conozcan o no comprendan bien el idioma español, o tengan una capacidad diferente que les impida ver, oír o hablar. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito a la Presidencia que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates la presente proposición. Es cuanto, diputado presidente.