La diputada Anabel Acosta Islas: Con el permiso de la Presidencia. Quiero anunciar mi voto a favor del presente dictamen, en razón de que el Juicio de Amparo es un mecanismo procesal diseñado para proteger a las personas contra actos de autoridad que vulneren sus derechos fundamentales. Se trata de un instrumento de control constitucional que permite defenderse de los excesos del poder público. Es necesario hacer énfasis en el principio de relatividad del amparo, el cual establece que la protección concedida por el órgano jurisdiccional solo beneficia a la persona que promovió el juicio, sin extender sus efectos a terceros ajenos al litigio. Este principio encuentra su fundamento en el artículo 107, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su finalidad es preservar la seguridad jurídica, evitar la anulación indiscriminada de actos administrativos o judiciales y mantener la estabilidad del orden jurídico. Si las sentencias de amparo tuvieran efectos generales se correría el riesgo de convertir este mecanismo en una vía de derogación indirecta de normas generales, perturbando así el orden institucional y la función legislativa. Es importante recordar que el objetivo primordial del juicio de amparo no es únicamente la defensa del interés individual del quejoso, sino también la consolidación del Estado de derecho y la armonización de nuestro marco normativo con los principios de justicia y equidad. En este sentido, el principio de relatividad contribuye a la estabilidad del sistema jurídico, permitiendo que cada caso sea resuelto en función de sus circunstancias específicas, sin generar una alteración desproporcionada en el marco legal vigente. De esta forma, el principio de relatividad de las sentencias de juicio de amparo es un elemento esencial para el mantenimiento del orden constitucional, su correcta aplicación permite proteger los derechos fundamentales sin desestabilizar el sistema normativo en su conjunto. En un contexto donde los retos para la protección de los derechos humanos son constantes, el juicio de amparo sigue evolucionando. Las últimas reformas constitucionales han ampliado su alcance, fortaleciendo su eficacia y permitiendo una mayor tutela de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Su correcta aplicación depende no solo de los jueces, sino también de una sociedad informada y comprometida con la defensa del Estado de derecho, un ejemplo claro es la improcedencia de amparo contra reformas constitucionales establecida de manera explícita en el artículo 61 de la ley, la cual es una cuestión regulada desde antes de la reforma constitucional al Poder Judicial, pero es necesario mencionarlo porque así se previó, pensando justamente en el mantenimiento de la regularidad y jerarquía constitucional. Por eso es necesaria esta reforma, para evitar que se pueda suspender o inaplicar una reforma constitucional que cumplió cabalmente con los procedimientos establecidos en nuestra Carta Magna, como se intentó hacer hace unos meses por la Suprema Corte de Justicia. Otro aspecto a destacar de este dictamen, es que en aquellos juicios de amparo que resuelven la inconstitucionalidad de normas generales en ningún caso las sentencias que se dicten tendrán efectos generales. También se adecua la terminología usada en el texto de la Ley de Amparo, en lo que se refiere a los conceptos de texto constitucional vigente, tales como, el Tribunal de Disciplina Judicial, el órgano de administración judicial, y se actualiza el término de, salarios mínimos, por el de, unidad de medida y actualización. Por estas razones, nuestro grupo parlamentario va a votar a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.