El diputado Arturo Olivares Cerda: Compañeras y compañeros, con la liberalización de los derechos individuales y colectivos México ha vivido una paulatina, pero continua transición democrática. Hoy nos convoca un tema de gran relevancia para la vida jurídica y política de nuestro país, el dictamen de la Ley Reglamentaria que regula las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, mecanismos esenciales para garantizar el equilibro entre los poderes y el respeto al orden constitucional. Estos mecanismos a través de los cuales se mantiene y protege el orden constitucional tienen su fundamento en el artículo 105 de nuestra Carta Magna, y establecen las vías a través de las cuales se resuelven los conflictos entre distintos órdenes de gobierno, así como la posibilidad de impugnar normas que puedan vulnerar la Constitución. Esto fortalece el Estado de Derecho y asegura que ninguna ley o acto de autoridad pueda estar por encima de nuestra norma fundamental. Las controversias constitucionales reguladas en la fracción I, son herramientas para resolver conflictos entre Poderes de la Unión, entre los distintos niveles de gobierno y entre organismos con autonomía constitucional. Estas controversias permiten mantener el principio de División de Poderes y evitar excesos que pudieran generar abuso de autoridad o violaciones a la Constitución. Por su parte, las acciones de inconstitucionalidad contempladas en la fracción II, permiten impugnar normas generales que puedan contravenir la Constitución. Esta facultad la tienen, entre otros, la Comisión de Derechos Humanos. Lo que otorga a distintos actores la capacidad de proteger el orden constitucional y los derechos fundamentales. El dictamen que hoy discutimos y analizamos busca mejorar la regulación de estos mecanismos, garantizando que sean accesibles, eficaces y que contribuyan a la certeza jurídica en nuestro país. La experiencia nos ha demostrado que, sin una Ley Reglamentaria clara y precisa, la interpretación de estos recursos puede generar incertidumbre o permitir la impunidad en ciertos casos. Uno de los aspectos más relevantes de esta ley reglamentaria es la necesidad de establecer plazos claros, procedimientos ágiles y criterios uniformes para la admisión y resolución de estos asuntos. No podemos permitir que el abuso de recursos jurídicos retrase la impartición de justicia o que se utilicen con fines meramente políticos. La seguridad jurídica de nuestra nación depende de que estos mecanismos sean usados con responsabilidad y en beneficio del pueblo. Además, este dictamen fortalece la autonomía del Poder Judicial al establecer normas claras sobre la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución de estos asuntos. Es imprescindible que nuestro máximo tribunal cuente con herramientas sólidas para garantizar el cumplimiento de la Constitución sin presiones ni interferencias externas. En ese sentido, hacemos un llamado a todas las fuerzas políticas, a los órganos de gobierno y a la ciudadanía en general a respaldar este dictamen, entendiendo que su propósito es consolidar un país donde la legalidad y el respeto a la Constitución sean principios inquebrantables. No se trata de un tema partidista, sino de un compromiso con el Estado de derecho y con la estabilidad institucional de México. Compañeras y compañeros, nuestro deber es fortalecer las instituciones que garantizan el equilibrio entre poderes y la protección de los derechos fundamentales. La aprobación de esta ley reglamentaria no solo dará claridad a los procedimientos de control constitucional, sino que también reforzará la confianza de la ciudadanía en nuestro sistema de justicia. El Grupo Parlamentario de Morena votará a favor del dictamen para seguir trabajando juntos en la consolidación de un México donde el respeto a la Constitución no sea una aspiración, sino una realidad cotidiana. Es cuanto, presidenta.