El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Son varias reservas, y espero la paciencia de las señoras y señores diputados. Es un espacio de reflexión, ya no de fundamentación para la toma de decisión, porque ésta ya está tomada por el acuerdo que se muestra y se va a observar en el sentido de la votación de este dictamen. He señalado que la Sedatu, a partir de la reforma administrativa en 2013 tiene nuevas atribuciones, atribuciones que no son explícitas en la competencia de la federación en el dictamen que se presenta. La Sedatu es responsable de impulsar la planeación y el ordenamiento del territorio nacional, del crecimiento y surgimiento de asentamientos humanos y centros de población que exigen calidad y condiciones dignas de habitabilidad. Corresponde a la Sedatu y ese es un asunto toral en el proyecto que se presenta conocer los asuntos relativos al deslinde de tierras ejidales y comunales. Siempre la propiedad ejidal y comunal está acompañada por conflictos sociales. Con esa reforma administrativa de 2013 la Sedatu asume funciones que venía desempeñando la Secretaría de la Reforma Agraria. La Sedatu administra terrenos baldíos y nacionales, prevé la necesidad de la tierra para el desarrollo urbano y vivienda, elabora y ejecuta programas para satisfacer las necesidades del pueblo. Planea, diseña, promueve, apoya y evalúa mecanismos de financiamiento para el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. La línea que prevalece en la ley que se va a aprobar es la de acompañar el financiamiento privado para el desarrollo urbano. Este acompañamiento que ha hecho el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales durante muchos años, que han provocado grandes centros habitacionales que ahora son fantasmas porque están retirados, están alejados de servicios básicos, son carentes del recurso básico como es el agua. Por eso hablamos de casi 400 mil viviendas abandonadas otorgadas a través del Infonavit o del Fovissste. Hablamos de viviendas abandonadas porque no se observan principios constitucionales de garantías a las que pueda acceder el ciudadano para exigir ese derecho a una vivienda y un espacio seguro. En la reserva presentamos modificaciones al artículo 4o., al 26, al 6o. El artículo 4o., son los principios que debe observar la política pública en el ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Principio del derecho a la ciudad. En ese principio se omite el acceso a una infraestructura urbana, a servicios básicos con condiciones de seguridad, seguridad pública, seguridad en el desarrollo de las familias con una accesibilidad a servicios básicos, como educación, salud, eso se omite. Principio dos, derecho a la equidad e inclusión. Este principio habla de condiciones de igualdad, para acceder al desarrollo urbano. En nuestro país, con la asimetría económica nacional, con más de 70 millones de mexicanos en la pobreza, no podemos hablar de la igualdad, la Constitución establece principios de proporcionalidad y equidad que no se observan en esos principios. Un trabajador con salario mínimo no puede competir, para acceder a la vivienda o al uso de suelo en condiciones de igualdad, con los grandes empresarios o consorcios inmobiliarios, el lucro prevalece sobre la necesidad social y prevalece sobre la política social que las reformas estructurales han venido borrando de la Constitución y de las leyes secundarias. Tercer principio, derecho a la propiedad urbana, pero no habla de un derecho con garantías de seguridad, no habla de un derecho con garantías de habitabilidad de la vivienda. Cuarto principio, coherencia y racionalidad. No hay coherencia en la ley ni hay racionalidad. Se manipula la ley para efectos de garantizar que en el sector social, en el sector rural, en la propiedad comunal o ejidal prevalezca el interés privado en los procedimientos de urbanización. Una vez que un Congreso estatal apruebe un plan estatal de desarrollo urbano, se impondrá ese supuesto interés general sobre la propiedad de ejidatarios y comuneros. Participación democrática. No se establecen los procedimientos por los cuales el ciudadano va a participar en la integración de estos planes. No se establecen procedimientos que garanticen el acceso a la información de los planes de desarrollo nacional, estatal y municipal, en ordenamiento y desarrollo urbano, es información que va a ser discrecional porque no hay las garantías para acceder a la información. Se delega este derecho a la información a través de consejos nacional, estatal o municipal, con facultades de órganos auxiliares. Protección y progresividad del espacio público. Otra mentira más, este principio no se garantiza. Espacio público, en la Ciudad de México existen espacios públicos llamados mercados públicos, son 370 centros de mercados públicos que constituyen espacio público. No se considera el abasto popular en el desarrollo sustentable en la accesibilidad de la vivienda y en las condiciones urbanas. El abasto popular desaparece como parte de una política pública que garantice condiciones de habitabilidad con dignidad para todos los mexicanos. Sustentabilidad y ambiente, no se determina el uso responsable y sustentable del agua y su disponibilidad, los grandes centros inmobiliarios que se encuentran en abandono básicamente es porque carecen del agua. En las zonas urbanas un ejemplo básico, la delegación Benito Juárez, grandes centros multifamiliares, que pueden ser de primer o segundo nivel económico, pero que carecen de agua, porque no se revisó la capacidad de administración de este líquido. No se garantiza un espacio digno para los ciudadanos, no se garantiza un patrón coherente de calidad de vida vinculada a redes de movilidad, a redes de servicios públicos. Son esas observaciones las que de nueva cuenta confirman que tenemos la razón al votar en contra y al pedir la suspensión de este dictamen, la moción suspensiva que no fue escuchada, pero darán mala cuenta en Quito, Ecuador desafortunadamente asisten más de 182 representaciones de países que integran Naciones Unidas, más de 160 organismos de la sociedad civil que pedirán cuentas sobre los nuevos compromisos para el desarrollo urbano y sustentable en nuestro país. Vamos a dar malas cuentas por las condiciones de inseguridad y precariedad de los desarrollos urbanos. Es cuanto, señor presidente.