El diputado Quintín Vázquez García (PRI): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados: "El suscrito, diputado federal por el distrito IX electoral, con cabecera en Guadalajara, Jalisco, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad otorgada por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de conformidad con lo previsto en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos expone ante el pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se adiciona una fracción X al artículo 1o., así como los artículos 86 y 87 dentro de un Capítulo Único bajo el Título Sexto de la Ley General de Desarrollo Social, en relación a la confidencialidad del registro de beneficiarios de los programas establecidos por la política nacional de desarrollo social y de las responsabilidades y sanciones de los servidores públicos que tienen acceso a la información de los registros de beneficiarios de los programas establecidos por la política nacional de desarrollo social; asimismo, se adiciona una fracción VII al artículo 14 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, bajo la siguiente "Exposición de Motivos "Para nadie resultan desconocidos los diversos comentarios vertidos en relación con la participación de funcionarios y servidores públicos, en asuntos de campañas electorales y fundamentalmente por el indiscriminado uso de información pública relacionado con el registro de beneficiarios de los programas establecidos por la política nacional de desarrollo social. "Los modelos de operación política actuales, obligan a presentar diferentes formas político electorales que consagren mayoritariamente los principios ideológicos y no las fuertes embestidas de utilización político-electoral de los beneficiarios y sus familias, incorporados en los programas públicos, fundamentalmente vía programas de desarrollo social. "Es importante señalar que no solamente a nivel federal se siguen presentando este tipo de prácticas, caso concreto el señalado últimamente, donde el candidato de un partido en el estado de Tlaxcala fue beneficiado electoralmente, al serle filtrado el registro de beneficiarios para un provecho partidista. "En diferentes estados y municipios esta práctica se viene generalizando, acotando de una manera sensible las voluntades ciudadanas y lucrando de manera indigna con la necesidad de las familias, quienes al verse acosadas con la eliminación de sus apoyos, no tienen más remedio que el de asistir a votar por el gobierno, llámese partido que otorga los beneficios. "Existen algunos elementos jurídicos que nos han permitido avances importantes para salvaguardar la equidad electoral, pero desgraciadamente se sigue utilizando para dichos fines a los beneficiarios de los programas de desarrollo social. "La propia Secretaria de Desarrollo Social ha sido bastante elocuente en relación al caso, para evitar el uso indiscriminado del Padrón Único de Beneficiarios en materia político-electoral, resaltando la obligación profesional y moral que debe prevalecer dentro de las instituciones y fundamentalmente de los funcionarios y servidores públicos. "Los resultados electorales últimos nos han dejado la experiencia de que la alternancia llegó para quedarse, pero además de que las contiendas electorales cada día serán más complejas y competidas, lo que nos obliga a determinar reglas claras y específicas, pero sobre todo evitar el uso y abuso de información confidencial, especialmente las relacionadas con la política nacional de desarrollo social. "La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se integró con la finalidad de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales, contenidos en el Título Vigésimo Cuarto del Código Penal Federal. "Me permitiré citar algunas de ellas: recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos; obtenga o solicite declaración firmada del electora acerca de su intención o sentido de su voto o bien que mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa su voto a favor de un determinado partido político o candidato; condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia, a la emisión del sufragio a favor de un partido político o candidato; destine de manera ilegal fondos, bienes o servicios que tenga a su disposición en virtud de su cargo, tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder por el delito de peculado; proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus labores de manera ilegal. "Desgraciadamente los conceptos erróneos de algunos actores sociales y políticos abusan de la benevolencia vertida por el legislador al aprobar leyes y se encausan sobre aquellas lagunas que le permitan desviaciones y faltas graves en beneficio de algunos y en perjuicio de la sociedad en su conjunto. "Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, se creó la Ley General de Desarrollo Social. El contenido de dicha ley es de carácter social y se da con el fin de proteger a todos los mexicanos que viven en condiciones de extrema pobreza y que por lo mismo no pueden satisfacer las necesidades básicas, lo que los lleva a su marginación y olvido. El espíritu de esta ley es garantizar los derechos sociales que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para ello se han implementado las políticas de desarrollo social y se han creado distintos programas de asistencia social, como lo son Progresa y Oportunidades, entre otros, con la participación de diversas dependencias del Ejecutivo federal, estatal y municipal. Sin embargo, en la ley de referencia, no se acotó el señalamiento de secrecía y confidencialidad que debe de existir y que debe de tener el patrón único de beneficiarios inscritos en los programas aludidos, ya que por derecho de privacidad éstos no pueden ser dados a conocer por los servidores públicos que tengan acceso a los mismos, para que no se haga mal uso de la información o se pretenda obtener beneficios adicionales, o bien, traten de intimidar a los beneficiarios con el argumento de que dejarán de recibir los apoyos, a los que tienen derecho, sino acceden a cumplir con sus caprichos personales o ideológicos. También se omiten en el cuerpo de la ley las responsabilidades a que se harán acreedores los servidores públicos respecto a la reserva de la información, ni se señalan las sanciones a que se hacen acreedores por proporcionar información confidencial. Por lo anteriormente expuesto, presento ante esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto: Primero.- Se adiciona una fracción X al Artículo 1º. de la Ley General de Desarrollo Social, para quedar como sigue: Garantizar la secrecía y confidencialidad de la información generada, en relación al registro y padrón único de beneficiarios de los programas establecidos en la política nacional de desarrollo social. Segundo.- Se adiciona el Título Sexto, Responsabilidades y Sanciones, Capítulo Unico, Artículo 86: Serán causas de responsabilidad administrativa de los servidores públicos por las obligaciones establecidas en esta ley, las siguientes: Fracción I.- Usar, sustraer, destruir, ocultar, inutilizar, divulgar o alterar, total o parcialmente, y de manera indebida, información que se encuentre bajo su custodia, a la cual tengan acceso, conocimiento con motivo de su empleo, cargo o comisión. Fracción II.- Actuar con negligencia, dolo o mala fe, en la difusión de la información. Fracción III.- Entregar información considerada como reservada o confidencial. Fracción IV.- No entregar la información que haya sido requerida por el Poder Judicial de la Federación, la responsabilidad a que se refiere este artículo o cualquiera otra derivada del incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, serán sancionada en los términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Artículo 87.- Las responsabilidades administrativas que se generen por el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el artículo anterior, son independientes del orden civil o penal que procedan. Tercero.- Se adiciona la fracción II al Artículo 14 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue: La que contenga la información sobre los beneficiarios de los programas establecidos por la política nacional de desarrollo social. TRANSITORIOS UNICO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en el mes de septiembre de 2004.- Atentamente, el de la voz. Solicito a la presidencia que esta iniciativa se inserte íntegramente en el Diario de los Debates. Muchas gracias.