El diputado Juan Luis Carrillo Soberanis: Crisis climática nos obliga a encaminar mayores esfuerzos en nuestros trabajos legislativos para lograr armonizar y adecuar la legislación existente, garantizando con ello que nuestro marco jurídico atienda efectivamente la problemática ambiental en un contexto real. En repetidas ocasiones he hablado de la participación del gobierno mexicano para consolidar políticas, que no solo ubiquen a la vanguardia en comparación con otros países, sino que además nos brinden herramientas que muestren resultados positivos para atender la crisis ambiental que se enfrenta a nivel mundial. Como lo referí en mi iniciativa, que se aprueba en este dictamen, reconozco el avance en el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales que tenemos en la materia, los cuales van desde el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible hasta lo relativo al Acuerdo de Paris sobre cambio climático, en donde México ha realizado esfuerzos significativos para cumplir con el objetivo de limitar el calentamiento global. Sin embargo, no podemos dar por cumplida la tarea en esta materia. Tenemos que seguir trabajando en la armonización legal con los nuevos acuerdos internacionales para continuar robusteciendo nuestras leyes en concordancia con las acciones gubernamentales a nivel nacional. En este sentido, con esta propuesta insistí en la necesidad de retomar lo establecido en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales, mejor conocido como Acuerdo de Escazú. Aunque poco se habla de su importancia, este acuerdo promueve el ejercicio pleno de los derechos de acceso o derechos de la democracia ambiental, con especial atención en la protección de los derechos humanos de igualdad y no discriminación a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Precisamente en este rubro se consideró necesario hacer una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, para que se establezca la obligatoriedad de llevar a cabo consultas públicas como elemento indispensable para cumplir con los objetivos del Acuerdo de Escazú, en virtud de su impacto en la toma de decisiones y en la calidad de los proyectos y políticas relacionados con el medio ambiente. Indudablemente, las consultas públicas permiten la participación activa de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, expresando sus opiniones y conocimientos sobre los asuntos ambientales, garantizando con ello que las voces de las personas afectadas y de aquellos que pueden tener un conocimiento especializado sean consideradas y sean escuchadas. Esta modificación se suma a una serie de propuestas consideradas en el presente documento. Resulta indispensable para seguir progresando en la protección de nuestro medio ambiente al no dejar de manera optativa la consulta popular en estos procesos de evaluación ambiental. Una de las propuestas presentada es la presentada por mi compañera de bancada, la diputada Sonia Mendoza, encaminada a garantizar el derecho a la información que tenemos las y los ciudadanos en materia ambiental, lo cual retoma especial importancia, pues a partir de esto se busca que las acciones que impliquen una posible afectación al medio ambiente puedan ser previsibles y atendibles a través del acceso a la información veraz, que permita a las y los involucrados participar activamente en estos procesos. Por lo anterior, como proponente de una de las iniciativas incluidas en el dictamen e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, anuncio nuestro voto a favor del mismo, esperando contar con el respaldo de nuestras compañeras y nuestros compañeros diputados. Es cuanto, presidenta.