La diputada Martha Elisa González Estrada: Compañeras y compañeros. La prevención y el combate al lavado de dinero, género de delitos conocido como operaciones con recursos de procedencia ilícita, es una tarea fundamental para cualquier Estado. Consciente de ellos, todos los gobiernos panistas como legisladores de nuestro partido, han sido los más eficaces impulsores del régimen que implique el abatir la impunidad de este delito, de la criminalidad de cuello blanco, así como de la recuperación de activos. En esa tarea hemos procurado ubicarnos en sintonía con las necesidades del país, el marco convencional que aplique en la materia, así como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional. En esa virtud se han impulsado sendas reformas al artículo 400 Bis del Código Penal Federal la instauración del tipo penal en las entidades federativas, la actualización del régimen de prevención del sistema financiero, del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito Leyes Conexas. También fuimos impulsores de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y desde luego la extinción de dominio, que vale decir, está en revisión ante la Suprema Corte de Justicia en virtud de que en la reciente reforma constitucional fueron desoídas las iniciativas y propuestas del Partido Acción Nacional en ambas Cámaras. Hemos señalado que nuestro país, derivado de la comisión de diversos géneros de delitos entre los que se encuentran delincuencia organizada, corrupción y defraudación fiscal, se podría estar sometiendo al lavado de dinero una cantidad que va de 15 a 60 mil millones de dólares. En el campo de la aplicación de la norma también lo hemos dicho. México ha sido poco eficaz. Esto se ha medido no solo por la baja cantidad de carpetas abiertas y sentencias condenatorias, sino porque las autoridades solo se han concentrado a la persecución de modalidades poco importantes como transporte, y han desatendido las modalidades indispensables para hacer una diferencia. Las transferencias de recursos que se realizan en el sistema financiero. Igualmente, tenemos un fracaso señalado por el grupo de acción financiera internacional: Decomisos, extinción de dominio y abandono. En el pasado sexenio solo se recuperaron activos por una cantidad de 40 millones de dólares. De acuerdo a las cifras oficiales eso es una verdadera vergüenza. Ante tal panorama el PAN propuso una enmienda constitucional para la creación de una Ley General para Prevenir y Combatir el Lavado de Dinero. Es posible que ante la eventual emisión de un Código Penal Único pueda satisfacer alguna parte de las necesidades de homologar e instaurar un tipo penal moderno en esta materia. Dada la naturaleza transnacional de los delitos de cuello blanco, es igualmente importante que se fortalezca el impulso de temas de cooperación internacional, pensando incluso en la posibilidad de un tratado multinacional específico para la materia. Derivado del trabajo que en la materia hemos desarrollado, podemos señalar que el dictamen que hoy se nos presenta tiene severos inconvenientes que nos impiden aprobarlo. Lo anterior deriva de que se pretenden implementar dos aspectos: uno por fuerza de la continuación en la aplicación de una práctica inconstitucional y perversa, que es el congelamiento de cuentas por parte de una Unidad de Inteligencia Financiera. Al respecto cabe recordar que la única facultad que tiene es la de bloqueo de personas, no así el secuestro, inmovilización o aseguramiento de cuentas. Esas medidas cautelares son facultad del Poder Judicial previo impulso del Ministerio Público, dándole centralidad a la víctima. El segundo aspecto de este dictamen, evidentemente inconstitucional, es la facultad que se le pretende dar en materia de extinción de dominio. Dicha facultad está concedida en exclusiva al Ministerio Público en el párrafo tercero del artículo 22 constitucional. Esta reforma cambia la fisonomía de la Unidad de Inteligencia Financiera, de una entidad de inteligencia con perfil analítico y discreto, a una entidad protagónica y operativa. Lo anterior arriesga de manera importante la eficacia de sus tareas esenciales. Esta es una razón fundamental para ameritar el curso de acción de esta incorporación a la Ley de Instituciones de Crédito, y por tal motivo el Grupo Parlamentario del PAN va en posición contraria al sentido de este dictamen. Es cuanto.