LA C. SECRETARIA AMALÍN YABUR ELÍAS: (Oficio del Congreso del Estado de Chihuahua) -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. -DIP. SECRETARIA AMALIN YABUR ELIAS: (Comunicación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, III Legislatura) -PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, para su conocimiento. Oficios de la Secretaría de Gobernación. -DIP. SECRETARIA MA. DE JESUS AGUIRRE MALDONADO: (Oficio con el que se remite contestación del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio de la Secretaría de Desarrollo Social) -PRESIDENTE: Túrnese a las Comisiones de Desarrollo Social, de Gobernación y a los promoventes para su conocimiento. Tiene la palabra el diputado Hugo Rodríguez Díaz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 76 y 77 y adiciona los artículos 77 Bis y 78 Bis, de la Ley del sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. -DIP. HUGO RODRIGUEZ DIAZ: Con su venia señor presidente; compañeras y compañeros diputados: Mencionaré las consideraciones más importantes de la iniciativa que presento. Actualmente la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral al mencionar el tema de las nulidades, regula sólo la posibilidad de declarar nulas las elecciones de diputados o senadores dejando a un lado la posibilidad de impugnar para efectos de nulidad, la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior deja en absoluto estado de indefensión a los candidatos o partidos políticos que de encontrar las causales de nulidad de la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, carecen de medios legales para impugnar esta elección y por consecuencia, no están en posibilidad de ejercer recurso alguno a fin que, de acreditar las causales que la ley exige, se declare nula la elección presidencial, incluso con la posibilidad de acudir a la ley aun y cuando se demuestre una violación sustancial generalizada en la jornada electoral, que sea determinante en el resultado de la elección. En efecto, el artículo 76, 77 y 78 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral, acatando la garantía y principio de defensa y revisión por instancia superior, sujeta a las elecciones de diputados y senadores a la posibilidad de ser impugnadas ante los órganos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, garantizando que actos y resoluciones de autoridades electorales, se sujeten invariablemente a los principios de constitucionalidad y legalidad; garantizando el principio de definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Sin embargo, la norma que se analiza no señala en ninguno de sus artículos que la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, pueda ser objeto de impugnación para efectos de nulidad, lo cual contraviene ya no tan solo al principio de defensa y los objetivos del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sino a cualquier otro al no incluir dentro del procedimiento de defensa, la nulidad de elecciones presidenciales, dándole a la resolución del Instituto Federal que otorga la constancia de mayoría en la elección presidencial, el carácter de cosa juzgada por no haber en su contra medio legal alguno que pueda anularla, cuando es de explorado derecho que existiendo la garantía de defensa es necesario otorgarle facultades e instancias superiores que analicen para el caso, a petición de parte, el actuar de la autoridad impugnada y se determine si el proceder impugnado se apegó a los principios de constitucionalidad y legalidad que la legislación exige. Al no existir medio de impugnación alguno contra la resolución que el Instituto Federal Electoral dé a la elección de presidente de los Estados Unidos Mexicanos, nos deja todos los partidos políticos y a todos los candidatos en ese tipo de elecciones en completo y absoluto estado de indefensión cuando se cometan y por supuesto se acrediten las causales de nulidad que exigen en las elecciones de diputados y senadores. Ahora bien, pasemos al análisis de la publicidad subliminal y porqué es necesario señalarla como una causal de nulidad en las elecciones de diputados, senadores y presidentes de los Estados Unidos Mexicanos. Primeramente debemos preguntarnos qué es la publicidad subliminal. Conforme al criterio de los expertos en el tema y que son localizados en los 7 mil 282 criterios que en internet podemos analizar, la publicidad subliminal es el bloqueo del proceso mental de toma de decisión, utilizando la publicidad visual o auditiva. Es conocido por nosotros que la publicidad subliminal contribuye a la degradación del comportamiento racional de las personas, ya que la comunicación publicitaria subliminal recurre antes que al razonamiento humano a la reacción de los instintos más primarios del ser humano. Además, la publicidad subliminal nos lleva a concluir en la práctica de cualquier campaña electoral y sus resultados a medir, antes de conceptos encaminados a una mejoría en la calidad de vida de la población a la que se pretende representar en el Congreso de la Unión o como titular del Ejecutivo federal, con fríos e insensibles conceptos mercadotécnicos que nos llevan a pensar que las campañas electorales tienen éxito si la publicidad basada en la mercadotecnia electoral lo tuvo. Es obvio que queda fuera de toda discusión la gravedad de la percepción subliminal que son 50 países los que han legislado en su contra, individual y conjuntamente. Queda claro que estos son ejemplos de legislaciones contra toda forma de publicidad subliminal. El sentido de estas leyes es que es ilícita la violación a la conciencia a través de esta técnica por cualquiera de ellas que se utilice, al igual que la difusión por los distintos medios. La publicidad subliminal bloquea el razonamiento del individuo al tomar sus propias decisiones y limita la libertad de opinión y de decisión que por derecho a todos nos corresponde como garantía constitucional. La falta de sanción a este tipo de publicidad refleja, dentro de la política de México que, independientemente de tener un criterio diferente de la democracia que actualmente vivimos, lo que vemos sin lugar a duda es un atraso en las leyes que deben de anular las elecciones cuando se compruebe plenamente la utilización de mensajes subliminales en el proceso electoral ya que si, como seres humanos vivimos en una sociedad y no respetamos nuestra libertad de decisión, esto se refleja claramente en el estancamiento y atraso del desarrollo de nuestra democracia. Cualquier cambio en las leyes que regulan la democracia si no se hace desde las bases que regulen el buen manejo de las campañas electorales, como es la más simple como dejar a los ciudadanos decidir por sus propios medios quien los ha de representar en el Congreso de la Unión y en el Ejecutivo federal. Actualmente en nuestro mundo existen ya 50 países que prohiben la publicidad subliminal en sus leyes y constituciones con el fin de proteger a sus ciudadanos y respetar sus derechos; sin embargo, nuestro país aún no refleja su capacidad de actualización de sus leyes. Por ello hay que tomar en cuenta que si dejamos la posibilidad de que manipulando la capacidad de decisión de quienes hoy representamos, se pone en duda no tan solo nuestra capacidad política, sino nuestra primera obligación, que es el cumplimiento de la Constitución Federal y sus garantías individuales. Compañeros legisladores: En atención a las consideraciones antes mencionadas, solicito la aprobación del siguiente Decreto que modifica el texto del Capítulo 3º del Título VI Libro II de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, incluyendo en la materia de la nulidad de la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, adiciona los artículos 76 y 77 y crea los artículos 77 bis y 78 bis, de la misma norma, en análisis, a fin de implantar dentro de las causales de nulidad, las elecciones, la utilización de la Publicidad Subliminal, tanto en la elección del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, como en las elecciones de diputados y senadores. Es cuanto, señor Presidente. EL DIPUTADO PRESIDENTE: Gracias, Diputado. Túrnese a la Comisión de Gobernación. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona un párrafo al Apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y adiciona un artículo 49 bis a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. EL DIPUTADO FERNANDO ANTONIO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ: Con su venia, diputado Presidente. EL DIPUTADO PRESIDENTE: Adelante. EL DIPUTADO FERNANDO ANTONIO GUZMÁN PÉREZ PELÁEZ: "Si en verdad la justicia de los hombres tendrá un futuro, éste no podrá estar fuera de la protección de los derechos humanos individuales y sociales y estos derechos, desde ahora se han convertido en una exigencia, precisamente transnacional y tendencialmente universal". Mauro Capelleti. La evolución de las condiciones sociológicas, culturales, políticas y jurídicas, ha llevado a la comunidad internacional a fortalecer sus sistemas internos de protección a los derechos humanos, entendidos éstos como indispensables para el desarrollo del individuo y para una adecuada convivencia en sociedad, buscando a través de su eficaz observancia, el justo equilibrio entre el ejercicio del poder del Estado y la libertad de los particulares. Los especialistas en esta materia hablan de diversas generaciones de derechos humanos: La primera, que comprende los derechos civiles y políticos fundamentales que implican las libertades esenciales de la persona humana. La segunda, que comprende los relativos a la economía, la cultura y las garantías sociales que implica obligaciones para el Estado, de proveer a dichos bienes públicos. La tercera, comprende el derecho a la paz y al medio ambiente sustentable y por último, la cuarta que se gesta en la actualidad y que comprende derechos técnicamente mucho más complejos, tales como el llamado Derecho Genómico. Ciertos estamos, de que con independencia de su generación o de su complejidad, no basta con que nuestro Sistema Jurídico prevea un catálogo de derechos humanos ni tampoco basta con que se hayan establecido los mecanismos de queja propicios para denunciar violaciones a los mismos. Es indispensable pugnar porque se incremente el cumplimiento de parte de las autoridades responsables, de las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recordemos que el Sistema de Protección a los Derechos Humanos, se instituyó en México primigeniamente en 1990, con la creación de un órgano administrativo desconcentrado, que tras una breve, pero intensa evolución, ha derivado en la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy reconocida como un organismo constitucional autónomo, característica que le permite actuar con imparcialidad e independencia en beneficio de los gobernados. "Del referido sistema de protección se desprende su competencia para conocer de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa a cargo de cualquier servidor público federal, salvo los casos de excepción en asuntos electorales, laborales o jurisdiccionales, procedimiento que podrá concluir de ser procedente y en caso de no haber llegado a una amigable composición entre las partes, en una recomendación pública de carácter no vinculatorio, esto es, que carece de medios coactivos para ser cumplimentada, lo que en consecuencia la convierte tristemente en muchos caos, en una recomendación no acatada por la autoridad responsable. "Ante esta falta de obligatoriedad, es preciso que la autoridad moral del organismo y la publicidad de sus recomendaciones, sean los elementos que induzcan al cumplimiento de la recomendación emitida. Sin embargo no podemos cerrar los ojos ante la realidad que nos denota la existencia de un gran margen de incumplimiento de las mismas. "Ante la negativa de la autoridad para cumplimentar la recomendación, los particulares se ven obligados a acudir a otras instancias legales para que las violaciones a sus derechos humanos no queden impunes, lo cual a los ojos del agraviado, y no sin justificación, muchas veces pone en tela de juicio la efectividad misma y la justificación de la existencia de esta noble y necesaria institución. "Sin lugar a dudas no podemos conformarnos con un listado de buenas intenciones que no tengan repercusión práctica en la calidad de vida de las personas. "Es relevante considerar que la falta de vinculación no es impedimento para buscar nuevas alternativas que conminen a que la autoridad cumpla de manera responsable con lo que le ha sido recomendado. "En este orden de ideas, sugerimos que ante la negativa de la autoridad, el mismo carácter público de la recomendación, brinde la oportunidad de llevar la resolución inobservada, a un nivel de difusión alterno que permita distender las fricciones entre la Comisión y la autoridad y que al mismo tiempo impulse a la autoridad a cumplir lo recomendado sin necesidad de que se acuda a otros medios legales, para lo cual consideramos que es el senado, y en caso de receso la Comisión Permanente, la instancia idónea jurídica y políticamente para coadyuvar en los casos de recomendaciones no acatadas, sin transgredir la no obligatoriedad de las recomendaciones para buscar su debida cumplimentación. "Compañeras y compañeros legisladores: Tenemos ante nosotros la oportunidad de dar un impulso a nuestro sistema no jurisdiccional de protección a los derechos humanos que pudiera de esta forma notoriamente a coadyuvar para que el Estado cumpla con la impostergable obligación de velar por la observancia de los derechos humanos tras una recomendación que así lo ordene. "De tal forma proponemos con esta iniciativa insertar un párrafo tanto al apartado "b" del artículo 102 constitucional como a la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que establezca que: "Cuando las recomendaciones emitidas por ésta no sean acatadas por las autoridades o servidores públicos federales, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a su juicio podrán llamar a las autoridades o servidores públicos involucrados para que comparezcan ante ella a efecto de que expliquen el motivo de su negativa´. "Culmino la presentación de esta iniciativa resaltando la trascendencia de consolidar nuestro sistema de protección a los derechos humanos, que si bien no forma parte en sentido estricto del derecho procesal constitucional, sí ha cobrado un papel muy importante como un sistema que pugna no solo por el respeto formal a los preceptos constitucionales y a los derechos humanos, sino que más aún establece un instrumento para la defensa de los derechos elementales de la persona humana que se traduzca en una mejor calidad de vida para cada uno de nosotros como parte integrante del elemento más importante del Estado: el pueblo de México. "Nos corresponde a nosotros, señores y señoras legisladoras, en esta nueva etapa de la vida democrática de la nación esforzarnos por velar intensa y eficazmente por la observancia de los derechos humanos para hacer de ellos una realidad y no meros conceptos filosóficos o declarativos. "Esta iniciativa, compañeros y compañeras diputadas, pretende dar un paso importante a ese efecto de la consolidación de nuestro sistema de protección y promoción de los derechos humanos". (Aplausos) -