LA C. DIPUTADA ROSALIA PEREDO AGUILAR (PT): Diputado Ricardo García Cervantes, Presidente de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Compañeras diputadas; compañeros diputados; honorable Asamblea: Desde hace tres sexenios, con el fin de atender las recomendaciones formula das por diversos organismos financieros mundiales, orientadas a reducir las dimensiones del aparato burocrático, el gobierno federal instrumentó una política conocida hasta ahora como de retiro voluntario y de congelamiento de plazas presupuestales y además se inició y profundizó una práctica violatoria del orden jurídico en materia laboral, en la relación que he mantenido con los trabajadores de las diversas entidades y organismos que la componen. Dicha práctica se ha expresado particularmente en la contratación de trabajadores bajo la ficci6n del régimen de honorarios que en realidad constituye la forma en que se ha desarrollado para evitar el pago de las prestaciones y los derechos que la ley otorga a todos los trabajadores al servicio del estado. Actualmente existen trabajadores que por más de 16 años continuos han sido contratados bajo este régimen, obligándolos a firmar contratos cada mes, cada tres meses o por otros períodos igualmente cortos, nulificando la concesión de un gran número de prestaciones y derechos que la ley les otorga. Al amparo de esta práctica se han explotado a miles de trabajadores cada año, imponiéndoles condiciones laborales que nuestra Carta Magna expresamente prohibe, tales como el alargamiento excesivo de la jornada del trabajo, el desarrollo de sus actividades, muchas veces sin las mínimas condiciones de seguridad e higiene, sin derecho al servicio médico, ni para ellos y mucho menos para sus cónyuges e hijos, sin seguro de vida, sin seguro médico, sin derecho a la jubilación y a una liquidación conforme a nuestras leyes, sin ahorro para el retiro, ni FOVISSSTE, etcétera y con la incertidumbre de permanecer en el puesto de trabajo por estar sujetos al capricho y voluntad del jefe en turno para su recontratación o conforme a los lineamientos de la administración en turno, Tan se han reconocido las irregularidades en esta forma de contratación, que la anterior Legislatura mandato al Ejecutivo Federal, a través del artículo 57 y Octavo Transitorio del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000, para que se abstuviera de continuar desarrollando dichas prácticas y para que a la brevedad se procediera a la regularización de tal relación y se sustituyesen los subsistentes contra tos bajo el régimen de honorarios por plazas presupuestarias con el beneficio para dichos trabajadores, de gozar a partir del presente ejercicio de los plenos derechos que la ley les otorga y bajo la protección de la misma. Aún cabe aclarar que ni siquiera el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000 reconoce la totalidad de los derechos de los trabajadores, pues nuestras leyes establecen que también los trabajadores temporales son trabajadores, aspecto éste último que el decreto en cuestión omite expresamente en reconocer, razón por la cual no se pueden excluir a tales trabajadores de los beneficios que el mencionado decreto otorga a los demás trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios, si es que pretendemos mantener el imperio de la ley en las relaciones laborales del estado con sus trabajadores. Por su parte, el artículo 57 del mismo ordenamiento, establece que todos aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios tienen el derecho a una plaza presupuestal, siempre y cuando se cumplan tres requisitos. Primero, no estén adscritos a un programa temporal; segundo, la contratación se hubiere realizado por más de trece ejercicios presupuestarios, y tercero, se justifique técnica y funcionalmente la necesidad de sus servicios. Además estableció que el costo total de las plazas presupuestarias fuese cubierto con los recursos asignados al programa de honorarios de cada dependencia o entidad. Inexplicablemente las dependencias del sector, desarrollo social, incluyendo la propia SEDESOL han incumplido lo ordenado por la ley y no sólo no han sustituido las plazas de contratos por horarios por plazas presupuestales en el caso de los trabajadores que cumplen con los requisitos que la propia ley establece, sino que además se les ha negado la posibilidad de recibir estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño para este año y más aún, cerca de mil trabajadores con contratos por honorarios asimilables a plaza presupuestaria todavía no se encuentran en el capítulo de servicios personales y por ende no pueden gozar de los beneficios que el propio decreto les otorga en su artículo 57. Tengamos en cuenta que los más de 3, 000 trabajadores de la SEDESOL contratados bajo el régimen de honorarios, son, junto con los más de 7,000 trabaja dores de estructura de la misma Secretaría, así como los poco más de 3,400 trabajadores del Instituto Nacional Indigenista de los cuales el 16% está contratado bajo el régimen de honorarios, los que hacen realidad buena parte de la política social que se desarrolla en nuestro país, principalmente en el trabajo con los sectores de población que viven en condiciones de pobreza extrema y de marginación. Ello es más relevante aún si consideramos que el 100% del personal adscrito a los programas operativos de la SEDESOL es personal con tratado bajo el régimen de honorarios, desde el Coordinador Nacional de cada programa, hasta el último técnico que realiza su trabajo en las comunidades con mayor rezago social del país, además de que se cumplen funciones sustantivas en diversas áreas de las oficinas centrales y en las delegaciones estatales. Como es también sabido, la actual Administración Pública Federal se encuentra a punto de finalizar y en estas circunstancias hay graves riesgos de que los programas y proyectos que operan queden sin el respaldo de personal con experiencia en la ejecución de los mismos, ya que los aludidos contratos vencen el 31 de diciembre del año 2000, esta situación es contradictoria con los objetivos que persigue la actual política social, pues se supone que los planes, programas y proyectos son instrumentos de desarrollo y generación de empleos, no sólo al interior de cada institución sino además en los diferentes sectores sociales a los que van dirigidos. A mediados del mes pasado, un gran número de trabajadores de la SEDESOL y INI demandaron a los titulares de cada una de las instituciones el cumplimiento de lo mandatado en los artículos 51, 52, 57 y octavo transitorio del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1999, en el sentido de realizar la conversión de las plazas de honorarios a plazas presupuestales, así como el otorgamiento de los estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, igualmente el traspaso de las contrataciones por honorarios de personas físicas que se asimilan a plazas presupuestarias y que no estén previstas en el capítulo de servicios personales. Además, el otorgamiento del aumento del 10 por ciento de retroactivo al primero de julio para todos aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios que aún no se les ha concedido.. Recordemos para aquellos que lo han olvidado, que nuestra Carta Magna establece en su artículo 123, que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverá la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. Una estimación preliminar para la regulación de los trabajadores de honorarios en cuestión y para el cumplimiento de lo mandatado en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2 mil, asciende a la cantidad de 17 millones de pesos considerando la conversión de las plazas de honorarios a plazas presupuestarias, el otorgamiento de los estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, el traspaso de las contrataciones por honorarios de personas físicas que se asimilan a plaza presupuestaria y que no estén previstas en el capítulo de servicios personales, y el otorgamiento del aumento del 10 por ciento de retroactivo al primero de julio para todos aquellos trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios y que aún no se les ha concedido. Compañeras y compañeros legisladores: Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los diputados de los grupos parlamentarios del Partido Revolucionario Institucional, del Partido de la Revolución Democrática, del Partido del Trabajo abajo firmantes, representamos a consideración del pleno de esta H. Cámara el siguiente punto de acuerdo: Primero. Se exija el C. Presidente de la República el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 200, respecto a la situación de los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios de la Secretaría de Desarrollo Social y el Instituto Nacional Indigenista, para que se realicen los trámites correspondientes y se dé solución a las demandas de los trabajadores y cumplimiento al mandato constitucional y legal de conversión de las plazas de honorarios, por sus homólogas plazas presupuestarias, a partir del primero de noviembre del 2000, sin que ello implique reducción alguna de personal; incremento del 10 por ciento salarial retroactivo al primero de julio para todos aquellos que no lo perciben; pago de los estímulos por productividad, eficiencia y calidad en el desempeño, para el personal arriba referido, de tal forma que con dichos estímulos se equipare el ingreso anualizado de los trabajadores contratados bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios de las dependencias mencionadas con las de las homólogas plazas presupuestales que les correspondan. El otorgamiento de las demás prestaciones de la ley y el traspaso del capítulo de servicios personales, de todas aquellas contrataciones por honorarios que sean asimilables a plazas presupuestales, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 del decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000. Señor Presidente, le solicito un minuto más para terminar este punto de acuerdo.