EL DIP. JOEL PADILLA PEÑA: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo acude a esta tribuna para pronunciarse en apoyo al dictamen que nos presenta la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 25, se reforma el artículo 55 y se adiciona una parte final al párrafo segundo del artículo 64 del Código Penal Federal. La iniciativa, materia del dictamen en comento, fue presentada por el de la voz, a nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, el día 11 de diciembre de 2003. El dictamen tiene el mérito de establecer en el artículo 55 que cuando la orden de aprehensión se dicte en contra de una persona mayor de 70 años, el juez podrá ordenar que la prisión preventiva se lleve a cabo en el domicilio del indiciado, bajo las medidas de seguridad que procedan de acuerdo con la representación social. Esto en razón de que el texto vigente del artículo 55 no establece un mínimo de edad, en el que los sujetos activos pudieran verse beneficiados con al medida de esta naturaleza, sino que establece únicamente la senilidad o el precario estado de salud. Desde luego, la medida plausible que se contiene en el dictamen no aplica en aquellos casos en los que al criterio del juzgador, el sujeto activo pueda sustraerse de la acción de la justicia, o bien, manifiesten una conducta que haga presumible su peligrosidad. El grupo parlamentario del Partido del trabajo, considera que la previsión preventiva debe ser una medida totalmente excepcional y responder a motivos muy justificados, no obstante, la legislación mexicana permite aplicarla en forma extensa y prolongada. Resulta aberrante que más del 25% de los internos sean procesados y que permanezcan en esta situación durante meses e inclusive años. Las personas sujetas a proceso deben gozar de una presunción de inocencia y deben ser tratados como tales; sin embargo, en la mayoría de los centros y reclusorios preventivos, desde el momento en que se dicte el auto de formal prisión, son tratados como culpables hasta que se dicte sentencia, misma que si es condenatoria, confirma la presunta responsabilidad, pero si es absolutoria únicamente comprueba las enormes fallas de la justicia penal en México, en virtud de que la persona padeció prisión preventiva de manera injusta. Pero aún así, no todos los sentenciados deben ser condenados a penas de prisión, los códigos penales de la mayoría de los estados establecen para los delitos de menor importancia y que tienen penas más bajas, la posibilidad de que el juez reemplace la pena de prisión por una pena sustantiva que se cumpla en libertad y que consiste generalmente, en trabajos a favor de la comunidad u otras similares. Si se aplicaran esas penas sustitutivas en forma general y sin excepciones, disminuiría en gran parte la sobrepoblación de los reclusorios y se resolverían muchos de los graves problemas del sistema penitenciario. Al respecto, la Comisión Interamericana de los derechos Humanos, en su informe sobre nuestro país, correspondiente al año de 1998 recomendó que amplíe el ámbito de aplicación de las penas alternativas a la prisión y se adopten las medidas necesarias con el fin de acelerar los procesos y se aumente la capacidad locativa de los centros penitenciarios. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, coincide con la Comisión que dictamina en que el objeto del dictamen es el de perfeccionar el marco jurídico en la materia penal federal con el fin de fortalecer la impartición de justicia. Compañeras y compañeros diputados, por las consideraciones expuestas, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, votará a favor del dictamen que hoy se discute y vota. Es cuanto.