El diputado Alberto Esteva Salinas: Con su permiso, ciudadano Presidente. La división de poderes tiene como razón de ser la aplicación del reconocido principio de equilibrios-contrapeso, en lo político y en lo jurídico la contención de la extralimitación en el manejo de la administración pública por parte del Ejecutivo, que tiene a su cargo la disposición de los recursos públicos de la nación. Es en este sentido que la visión del Constituyente, dentro de lo que se denomina en el derecho parlamentario la doctrina de la investigación, facultó ampliamente a la Cámara de Diputados para crear comisiones especiales que tengan por objeto investigar el funcionamiento de dichos organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Ello en el contexto de la facultad fiscalizadora y de representación del interés público que le es propia y para lo cual, incluso, podrá citar a los secretarios, al procurador, a los jefes de los departamentos administrativos y a los directores y administradores de los organismos descentralizados y de las empresas de participación estatal, a comparecer para materializar las investigaciones autorizadas que permita valorar la eficiencia y legalidad del actuar del gobierno. En el inicio de este sexenio que está a punto de expirar ocurrieron hechos que suscitaron la indignación popular por la presunción de la comisión de ilícitos contra el patrimonio público en casos como la costosa construcción y equipamiento de las cabañas en la residencia oficial de Los Pinos, lo mismo aconteció con la ampliación y remodelación del rancho San Cristóbal, así como con el vestuario, instalaciones, gastos y personal al servicio de la esposa del Presidente, a lo que se agregó después la probable adjudicación de la paradisíaca playa El Tamarindillo, en Colima y la adquisición, acondicionamiento, compra de ganado, plantación de agaves y construcción de una mansión en el rancho La Estancia, en el mismo estado de Guanajuato. En este contexto, se conocieron también por la opinión pública los casos de enriquecimiento descomunal y súbito de los hijos de la señora Martha Sahagún Jiménez de Fox, que reclamó el interés de escritores y periodistas que ahondaron la investigación a partir de que ya era público el uso de bienes de la Presidencia por parte de estas personas, asociadas también a hermanos de la señora Sahagún. El tema cobró relevancia nacional porque en estos negocios se implicaba a diversas entidades del sector público, como a Pemex, IPAB, Sociedad Hipotecaria Federal, entre otras, que por consiguiente —tratándose de áreas supeditadas al Poder Ejecutivo— correspondía atraer para su investigación al Poder Legislativo y en su caso producir las aclaraciones que exigía el interés público nacional en juego. La Cámara de Diputados recogió la demanda nacional de información por la grave afectación a la moral pública que implicaban los graves acontecimientos del posible tráfico de influencias, en perjuicio del patrimonio nacional y que no podían ser ignorados sin incurrir en responsabilidad por omisión por parte de la representación nacional. Fue así que la anterior Legislatura aprobó, en los términos del artículo 93 de la Constitución, la integración de una comisión especial, de la que formaron parte proporcional los seis partidos políticos que tenían representación en el Congreso. La segunda etapa, que fue autorizada el 16 de febrero de 2006 y que inició sus trabajos a partir del 1 de marzo, se logró por la rectificación que tuvo que hacer, en tanto el informe rendido al titular del Poder Ejecutivo en el que se le solicitaba turnar a la Secretaría de la Función Pública, a la Procuraduría General de la República y a la Auditoría Superior de la Federación para proseguir en la investigación, sólo fue cumplido en cuanto a la Secretaría de la Función Pública, dejando un vacío jurídico y político, correspondiente a los probables delitos cometidos a través de la empresa Construcciones Prácticas SA de CV y otras relacionadas con la misma, como organismos públicos determinantes en la consumación de un ilícito en perjuicio del patrimonio nacional. De las actuaciones realizadas en la Comisión para investigar a dichos organismos con Construcciones Prácticas y empresas vinculadas a ésta se logró comprobar la intervención de los hermanos Bibriesca Sahagún al menos en tres participaciones, pagando parte de la subasta del IPAB, actuando como aval en el crédito de Sociedad Hipotecaria Federal y teniendo el carácter de voto de calidad en el Comité Técnico del Fideicomiso. Esta solicitud cuenta con el apoyo de 127 diputados. Concluyo diciendo que solicitamos se cree una comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública concesiones, contratos de suministros de bienes de consumo o de compra, venta de inmuebles de titularidad pública otorgada por organismos descentralizados o empresas de participación estatal mayoritaria a la empresa Construcciones Prácticas, Sociedad Anónima de Capital Variable y cualesquiera otras que tuvieran relación con la misma. Es cuanto.