La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la legalidad es mucho más que un principio jurídico consagrado en nuestra Constitución. Que se traduzcan en una realidad las disposiciones jurídicas contenidas en las disposiciones legales es una condición indispensable para poder hablar de Estado de derecho. Se trata del eje rector, del eje rector que debe conducir la actuación del Estado y, en general, de toda condición que debe estar presente en todos los ámbitos de la vida pública. Por ello, su aplicación no es una tarea que corresponda de manera exclusiva a las autoridades, pues sin la participación de la ciudadanía no es posible lograr establecer una auténtica cultura de la legalidad. La responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad para resolver grandes problemas nacionales mediante la legalidad se refleja en ámbitos concretos, como la lucha contra la delincuencia y la inhibición del fenómeno criminal. Así, por ejemplo, la persecución y la investigación de los delitos no es posible sin la denuncia o la colaboración de la ciudadanía, que conoce de primera mano como y en donde tiene lugar tal fenómeno. Por ello, para restaurar adecuadamente la seguridad pública, la seguridad ciudadana y el criterio de la ley, no basta con los esfuerzos institucionales para perseguir la delincuencia, es indispensable que la ciudadanía también asuma un papel más activo. Uno de estos fenómenos criminales que afecta con mayor fuerza a la ciudadanía es el delito de robo en sus distintas modalidades. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2020 se registraron 604 mil 963 carpetas de investigación por este delito, que incluye casos como robos a casa-habitación, robos de vehículos, robos de autopartes, robo a transeúntes, robo transportistas. Esta actividad delictiva cada vez se registra con mayor frecuencia por una razón muy simple: esta actividad resulta lucrativa para quienes la comente, porque después pueden obtener ganancias a partir de la venta de lo que se obtiene mediante esta actividad. Mientras un artículo robado se traduzca en una ganancia para quien delinque, este delito siempre será rentable para quien lo cometa. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos con la intencionalidad de esta iniciativa, que pretende eliminar todo incentivo para que tenga lugar este delito. De esta forma la propuesta que hoy se pone a consideración reforma un atenuante de responsabilidad en el artículo 400 del Código Penal Federal. La norma vigente establece una sanción para quien adquiera, reciba u oculte el producto del delito, pero también establece que si quien la recibió no tenía conocimiento de la procedencia ilegal de la cosa, recibirá solo la mitad de la sanción por no haber tomado las precauciones indispensables para asegurarse de la procedencia lícita de la cosa. En ese sentido, la principal contribución de este dictamen consiste en aclarar, en establecer, en clarificar lo que se considerará como tomar las precauciones indispensables para corroborar el origen lícito de los productos. En este orden de ideas se establece que quien adquiera un producto deberá obtener, en todo caso, la plena identificación de la persona de quien recibe el bien, a través de los documentos de identificación oficial vigente, así como constancia de manifestación expresa e inequívoca de ser el legítimo poseedor o propietario de los bienes, y se prevé que en el caso específico de todos los bienes que por su naturaleza tengan un número de serie, se acompañen los documentos idóneos que cumplan con las disposiciones legales y fiscales vigentes. Finalmente, en el caso de vehículos automotores, se entenderá por adoptar las precauciones indispensables que la documentación probatoria de la propiedad señale el nombre, domicilio e identificación oficial del último propietario, así como la obtención de la constancia de no reporte de robo. Con esta reforma se reafirma la intencionalidad ya establecida en la norma vigente, que consiste en dar valor a la corresponsabilidad ciudadana de poder asegurarse que los bienes que una persona adquiere en el mercado tienen un origen lícito, pero también se da un paso significativo para eliminar los incentivos que hacen que el robo siga siendo una actividad lucrativa para la delincuencia. Con la aprobación de este dictamen se aportará en el combate frontal a uno de los delitos que con mayor frecuencia lastiman a las y los mexicanos, como es el robo. Por ello los invitamos, las invitamos, compañeras y compañeros, a dar un voto a favor del presente dictamen que hoy ponemos a su consideración. Es cuanto, presidenta.