La diputada María Elena Pérez-Jaén Zermeño: Compañeros y compañeras legisladores, en esta ocasión quiero mencionar que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos de acuerdo con el dictamen de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción que discutimos. Coincidimos en que se prosiga con el proceso legislativo correspondiente para dictaminar favorablemente diversas iniciativas que estaban pendientes. En Acción Nacional reconocemos el estudio y análisis realizado por la comisión dictaminadora de las iniciativas mencionadas, así como los dictámenes elaborados, aprobados y presentados ante la Mesa Directiva por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la pasada legislatura, en términos del artículo 288 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Coincidimos con el objetivo de las iniciativas objeto del dictamen para reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el entendido de que se pretende armonizar la norma y, de esta manera, evitar diferencias en el contenido de la misma. En ese sentido y en congruencia con la reforma política de la Ciudad de México, se incorporan en la ley los términos de entidades federativas, Ciudad de México y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Respecto a la Unidad de Medida y Actualización, se coincide con la comisión dictaminadora en el sentido de que se considera importante que se realice la desindexación del salario mínimo en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo anterior en virtud de que el 27 de enero de 2016 fue publicada la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la cual se incorpora dentro de nuestro marco legal la desindexación del salario mínimo y la creación de la Unidad de Medida y Actualización. En este tema es importante mencionar que se contempla que la Unidad de Medida y Actualización sea ampliada en lugar del salario mínimo, con la excepción claro de que carácter de pagos, de carácter laboral. Por otro lado, resalta el hecho de que el dictamen argumenta oportunamente que las reformas a la ley que se proponen no generarían un impacto presupuestario, atendiendo lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. En este orden de ideas, cabe mencionar que todas las adecuaciones que se realicen a la ley con el objetivo de actualizarla y contribuir a su enriquecimiento y claridad, abonan a la transparencia en el proceso de su aplicación y cumplimiento. Por un gobierno transparente y sujeto a la rendición de cuentas, hacia allá debemos avanzar. Siempre de frente al ciudadano, siempre con la idea de que todo lo que hacemos genera la obligación de rendir cuentas, y siempre con la claridad de que se debe documentar y publicar cada una de las decisiones tomadas. Sin duda la transparencia es uno de los valores más preciados en la actualidad, pilar de la democracia. Es por ello, que debemos revalorar la importancia que ha adquirido principalmente en las acciones de gobierno, en las que están relacionados recursos de los contribuyentes y, en este sentido, todo cambio viable a la ley es un elemento más que contribuye de una u otra manera a la transparencia en la gestión pública. Por último, cabe resaltar la aclaración prevista en el dictamen, en el sentido de que la propuesta no contempla impacto regulatorio, en tanto que no precisa de la armonización y homologación de otros ordenamientos, dado que su propia naturaleza es precisamente la armonización y homologación. Nuestro voto, de mi grupo parlamentario, es a favor. Es cuanto, diputada presidente.