La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidenta. Aunque sin duda nos tenemos que sumar a los reconocimientos al trabajo realizado en la Comisión de Gobernación, que sin duda es una de las comisiones más productivas y con capacidad de diálogo, y acepta las observaciones que hacemos de diferentes grupos parlamentarios, no podemos dejar de señalar que esta ley, esta reforma a la Ley Federal de Consulta llega tarde. Llega tarde porque debió haberse aprobado desde abril de este año. Debió aprobarse antes de que se iniciara el proceso de consulta popular por parte del presidente. Debió aprobarse antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijera si era o no constitucional. Y debió aprobarse antes de que discutiéramos en esta tribuna en dos ocasiones la convocatoria para la consulta popular. Ahora se busca cubrir una suplir una comisión legislativa con esta reforma que, insisto, llega tarde. Desde la década de los noventa se han venido impulsando en México diferentes mecanismos de participación ciudadana como una respuesta al alejamiento de la política de las necesidades e intereses de las y los gobernados, a fin de que la ciudadanía incidiera en las decisiones públicas. Estos mecanismos van desde la configuración de órganos autónomos, iniciativa ciudadana, presupuestos participativos, consultar decisiones públicas mediante plebiscito y/o referéndum; las candidaturas independientes y recientemente para la revocación, y revocación de mandato. Cada uno tiene su propia historia, pero la experiencia señala que cuando son diseñados desde una óptica del control político los mecanismos ciudadanos se pervierten y terminan sirviendo al poder político o, simplemente, dejan de funcionar. En Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que la consulta popular debe ser una herramienta útil para ejercer la democracia directa. La pregunta es: ¿qué falta a hacer para que la ciudadanía se apropie de ella y realmente la utilice? En esta reforma se establece realizar una consulta cada año, así como realizar consultas a nivel estatal, abarcando una o más entidades de acuerdo a los temas de trascendencia local. También se establece que la pregunta contenida en la consulta, además de lo previsto en la ley, sea accesible y, en su caso, traducida a lenguas indígenas. La consulta popular, además, se refiere a los procesos de plebiscito y referéndum que fueron incluidos en la reforma constitucional de 2014 y reformada recientemente a finales de 2019. Ahora estas reformas a la Ley Federal de Consulta Popular buscan armonizar la reforma constitucional que será sobre temas de trascendencia nacional y deberá ser solicitada por al menos el 2 por ciento de ciudadanos inscritos en la lista nominal, alrededor de 1.8 millones de personas. Se introdujeron restricciones de temas que no podrán ser objeto de la consulta, la permanencia o continuidad en el cargo de elección popular en clara referencia a la Ley Bonilla. No se podrán hacer consultas sobre obras de infraestructura para no repetir la cancelación de obras como el aeropuerto, y se confirma que será la Suprema Corte de Justicia quien resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Además, le dieron al INE la responsabilidad de organizar, difundir y promover las consultas para garantizar su imparcialidad. Sin embargo, no importan las reglas que tenga esta Ley Federal de Consulta, si esta herramienta realmente no es útil para las y los ciudadanos y sigue siendo una herramienta política, con fines electorales del Ejecutivo en turno. La democracia participativa debe estar en manos de la ciudadanía, ese es el reto mayor. Mientras que el sistema de partidos políticos sufre una grave crisis de representatividad, hay un hartazgo que provoca recelo respecto al uso de estos instrumentos ciudadanos que terminan sirviendo a intereses de partido o de gobiernos. El gran pendiente es, pues, el fortalecimiento y la construcción de una ciudadanía crítica que utilice estas herramientas. Recordemos que un Estado que respete y funcione a través de mecanismos de democracia deliberativa requiere de herramientas que garanticen una participación directa del pueblo, para que las determinaciones gubernamentales sean el resultado del proceso de consulta, participación y debate, donde habrán de equilibrarse los diversos pensamientos a fin de concluir en una decisión común en beneficio de la sociedad o la comunidad. Mientras tanto, esta herramienta de participación ciudadana no es más que un instrumento electorero al servicio del poder. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.