El diputado Miguel Ángel García Granados: Gracias, señor presidente, muy amable. Quiero presentar en forma muy breve dos iniciativas que considero indispensable sean analizadas. La primera es para dejar constancia de estar cumpliendo con un compromiso, a partir del momento en que hice eco de la convocatoria del Pacto Nacional Ciudadano, lanzado por el ciudadano Alejandro Martí. La reelección consecutiva de diputados federales, senadores y presidentes municipales es uno de los asuntos pendientes de la agenda política de nuestra nación. Vale decir que la reelección consecutiva de legisladores y de presidentes municipales no fue suscrita en ninguna de las constituciones que nos hemos dado a lo largo de 1821, de 1857 y la de 1917. Fue hasta en 1939 cuando se prohibió la reelección de legisladores, antes solamente se había prohibido la reelección del titular del Poder Ejecutivo. Fue hasta 1933, reitero, cuando se hizo la reforma al artículo 59 de la Constitución de 1917. Una de las razones que en su oportunidad se consideraron para no limitar la reelección consecutiva de los integrantes del Palacio Legislativo era que esta condición no suponía una amenaza que derivara en una concentración del poder; no obstante, tuvo lugar la reforma constitucional de 1933. La medida tuvo como propósito aportar a la estabilidad política del país, amenazada por la fuerte presencia, en aquél entonces, de cacicazgos regionales formados en el México posrevolucionario. Sin embargo, en aquel momento las circunstancias eran distintas a las de nuestros días. Hoy la realidad política de México ha cambiado y demanda para la consolidación democrática del país instituciones fortalecidas, como es el caso que nos ocupa: el Congreso de la Unión y los ayuntamientos como primer contacto de gobierno en el pueblo. Quiero proponer respetuosamente, en razón del tiempo que se me ha brindado, la reforma al artículo 41 adicionándole un párrafo, y la reforma al artículo 59 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos y por la de los estados. En lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal. La soberanía también podrá ejercerse de manera directa a través del plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular y la revocación del mandato. Figura en la cual quiero fundamentalmente referirme, porque si bien estamos hablando de un esquema de reelección de los legisladores, también es cierto que urge que tengamos una figura para que a través de una consulta podamos tener la revocación del mandato de aquellos que no están cumpliendo con su obligación. En ese sentido, el pueblo exige no extender un cheque en blanco al momento de una elección, sino tener la oportunidad de relegar de la responsabilidad a aquellos que no estén cumpliendo. No tiene ningún caso casarse por seis años con un presidente de la república si es que éste no funciona, o con un gobernador o con un presidente municipal si éste no está funcionando. Es el mismo caso de los legisladores. En este sentido quisiera pedir en razón del tiempo, señor presidente, me permitiera agregar íntegra, en el Diario de los Debates, la iniciativa y pasar a la siguiente. La Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo que entró en vigor a partir del 1 de julio de 2008 ha recibido, junto con otros ordenamientos de carácter fiscal, un abierto rechazo de los sectores productivos y de la población en general. En principio la autoridad hacendaria estableció la posibilidad de crear este impuesto como un mecanismo de control, pero según apreciaciones y según declaraciones del propio secretario de Hacienda, éste ha resultado ser una chulada de impuesto y se está utilizando ahora para un esquema meramente recaudatorio. Las publicaciones recientes de carácter confiable informan que a partir de la vigencia del impuesto a los depósitos en efectivo y luego de haber realizado acciones de fiscalización, el SAT ha incluido, en la base de contribuyentes, apenas a 5 mil 223 contribuyentes no localizados en la economía formal. Esta cifra se queda corta si es contrastada frente a un padrón de 23 millones 73 mil causantes activos localizados en el Registro Federal de Contribuyentes. Seguramente este panorama nos habla de la poca efectividad del impuesto a los depósitos en efectivo para el propósito que fue creado. Es decir, como un mecanismo de control y de actualización del padrón de contribuyentes. Todavía más y a pesar de que este gravamen se puede acreditar contra otras contribuciones, el causante tiene que darse y verse en la necesidad de contratar los servicios de contadores con el consecuente costo económico para empresas y particulares, elevándose así los gastos de operación que generan a su vez espirales inflacionarias. Hay que decir, además, que el beneficio del acreditamiento se aplica sólo para determinados causantes y no para el pequeño contribuyente que casualmente integra un alto porcentaje del total de los contribuyentes. Priva entre la población un sentimiento de irritación y hartazgo, sobre todo en aquellos contribuyentes cumplidos, toda vez que mientras la informalidad busca formas para evadir el pago de impuestos, los únicos a los que se castiga son a los de siempre: los causantes registrados. Éste ha sido un legítimo reclamo de la sociedad, que en mi carácter de diputado electo he recibido y que se suma a toda una serie de inconformidades de la población. La presente iniciativa propone por ello la abrogación de la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo, porque en opinión de especialistas la vigencia de este ordenamiento llevará a una reducción de las inversiones por parte de las empresas, aparte de que desalentará la utilización de cuentas bancarias y hasta la aparición de mecanismos de inversión diferentes a los de la banca tradicional. Por lo anterior, estoy proponiendo y someto a la consideración de este pleno la iniciativa que contempla la abrogación del impuesto a los depósitos en efectivo. Muchísimas gracias.