El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, a través de la asistencia social que brinda el Estado se pretende atender las necesidades de diversos sectores de población y mejorar el bienestar de individuos y grupos. De esta forma, la asistencia social constituye una alta y valiosa expresión de solidaridad. En tal virtud, resulta conveniente que los subsidios que otorguen las dependencias y entidades de la administración pública establezcan mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario, a fin de garantizar la aplicación de los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad en la materia. De igual forma, es conveniente establecer que los proyectos de reglas de operación de los programas tomen en consideración la existencia de certificaciones cumplimentadas, previo al otorgamiento de cualquier subsidio de recursos públicos. La política social contiene tanto medidas preventivas como acciones correspondientes a las oportunidades educativas, la oferta de empleo, los beneficios tributarios y, en general, toda otra circunstancia relacionada con los niveles y sistemas de distribución de la riqueza. Sin embargo, la función administradora de la prestación de servicios asistenciales no es privativa ni exclusiva del Estado. La autoridad administrativa está obligada a reconocer el interés de la propia sociedad por contribuir al alivio de la penuria humana. En este sentido, el Estado debe buscar las causas generadoras de las necesidades y marginaciones, correlacionarlas y analizar circunstancias y condiciones, formalizar, e incluso fomentar la solidaridad entre los individuos y propiciar las actitudes de la llamada asistencia social privada, cuyo origen en principio radica en la filantropía propiamente dicha. Por ello, el Estado tiene la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de los servicios asistenciales, sus resultados y el comportamiento de los dadores y de los receptores. Esta responsabilidad deriva principalmente de la facultad que tiene de ayudar con recursos públicos a las instituciones u organizaciones sin fines de lucro y con fines asistenciales, y de verificar que esos recursos se apliquen correcta y transparentemente. Ése es, en puridad de concepto, el principal objetivo de esta iniciativa. De conformidad con lo anteriormente expuesto, se propone la aprobación del siguiente Proyecto de decreto Único. Se adiciona un párrafo tercero a la fracción II del artículo 75, y se reforma el Apartado I del inciso b) de la fracción II del artículo 77, ambos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para quedar como sigue: "Fracción II. Siempre que la naturaleza del programa lo permita, se establecerán mecanismos de certificación de las actividades del beneficiario, a fin de garantizar el cumplimiento de los criterios para el otorgamiento de subsidios a que hace referencia este artículo." En el artículo 77, su inciso b), deberán establecer los criterios de selección de los beneficiarios, instituciones o localidades objetivo, así como certificaciones cumplimentadas, siempre que la naturaleza del programa lo permita. Los criterios deberán ser precisos, definibles, mesurables y objetivos. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito que la iniciativa que ha sido publicada en la Gaceta, se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, señor presidente. Es cuanto.