La diputada Mary Telma Guajardo Villarreal: Gracias, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados. Una vez más el Informe de Gobierno de esta administración se presenta en un formato que sigue los mismos cinco ejes de política pública que articulan el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Sin embargo, el gobierno federal se guarda tanto la información real, como la evaluación crítica de un informe de gobierno que reconozca el estado verdadero que tiene no solamente la administración pública, sino su situación con respecto a la salud de la República y la sociedad mexicana misma. En este informe se resalta que se está avanzando con determinación para transformar el país, elevar la calidad de vida de los mexicanos y modernizar el quehacer institucional de México, cuando todos los indicadores de gobernabilidad muestras una situación de crisis. México está muy lejos de ser un país de leyes donde las familias puedan vivir en paz y tranquilidad; y mucho más lejos de ser un país donde haya un verdadero acceso a la justicia en su más amplia expresión. El V Informe de Gobierno representa casi la culminación del sexenio y Calderón será recordado fundamentalmente por el clima de violencia e inseguridad que prevalece en grandes regiones del país. Ahora que tendrá que justificar sus decisiones, ya no para los mexicanos y las mexicanas de hoy, sino para los mexicanos y las mexicanas de mañana. El tiempo se agota no solamente para cumplir con este propósito, sino también para culminar la gestión de su estrategia nacional en materia de seguridad. Para hacer frente a la delincuencia debe de construir las bases de una seguridad auténtica y duradera, pero el fin de la guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, simple y llanamente no se ve por ningún lado, como si la devastación que ha causado hasta el momento que horroriza al mundo entero, no fuera suficiente, Calderón plantea como gasto para seguridad pública y militar, 147 mil 270 millones de pesos, mientras que para desarrollo social, apenas se destinaría un poco más de 87 mil millones de pesos. El Ejecutivo se limita a repasar los magros resultados obtenidos en el marco de los programas federales para la promoción del empleo temporal y precario y el supuesto incremento del poder adquisitivo de los salarios. Mes a mes frente a la opinión errónea del Ejecutivo federal, la inseguridad se constituye en el principal obstáculo para el crecimiento económico del país; al factor negativo de la violencia creciente y sin fin, se suman el debilitamiento del mercado y la industria estadounidenses, en general de la economía mundial, la contracción del mercado interno, ya que además de la desconfianza de los consumidores, nos encontramos con un aumento del desempleo y bajos salarios, lo que se complementa también con una concentración de la riqueza inadmisible, injusta y contraproducente. México se presenta en este fin de administración con el peor desempeño económico en América Latina, con un crecimiento del 2.1 por ciento anual promedio desde 1982. Finalmente se avizora un difícil horizonte para los próximos años en que la economía puede conjugar recesión con inflación. Se hace urgente apoyar de manera especial a las Pyme que son las que más generan empleos. Simplemente si vemos las cifras del desempleo, tenemos suficientes cifras de alarma. En nuestro país existe una desocupación abierta de 2 millones 546 mi personas; existen casi 3 millones de trabajadores sin una remuneración estable; 13 millones 385 personas que se autoemplean en la informalidad, 14 millones 300 mil sin contrato por escrito y más de siete millones de jóvenes sin posibilidades de emplearse en algún trabajo remunerado. Esta situación se suma al incremento en más del 90 por ciento que ha sufrido la canasta básica, y el deterioro salarial, que es del orden del 47 por ciento en los últimos cinco años. Esta precaria situación ha generado una subcultura de pésima alimentación entre los mexicanos y mexicanas y ahora enfrentamos como nunca antes problemas de desnutrición, anemia, sobrepeso y obesidad. Frente a este panorama, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, siempre ha sostenido como baluarte la educación, como sinónimo de desarrollo social el acceso a la salud, a la cultura, al deporte, que es lo que pudiera, entre otras cosas, regresar la paz a nuestra sociedad, entendiendo que el desarrollo vía progreso no sólo es crecimiento económico, sino crecimiento económico con justicia social y convivencia pacífica en las comunidades de nuestro país. El Plan de Desarrollo 2007-2012 reconoce que gran parte de la población no tiene oportunidad de acceder a una educación de calidad y que su infraestructura padece atrasos y desigualdades. Como lo dijera el rector de la UNAM, el doctor José Narro, quién puede estar tranquilo, por ejemplo, cuando sabemos que el promedio de educación de nuestra población apenas supera los ocho años. ¿Hay alguien que esté satisfecho de que tengamos más de 33 millones de mexicanos y mexicanas de 15 años y más que viven en condiciones de rezago educativo? El gasto público en educación es el equivalente al 5.7 del PIB, inferior al 2.3 puntos porcentuales respecto a lo previsto en la Ley General de Educación. En materia de salud, el Ejecutivo propone en el proyecto PEF 2012 más del 60 por ciento de los recursos del ramo 12, salud, para aplicarlo al llamado Seguro Popular, que es un fraude en varios sentidos: cobra o cobra más caros los servicios antes a cargo de la Secretaría de Salud, sin la suficiente expansión en personal calificado, equipo y material, etcétera, etcétera. En contraste el gobierno se ha dedicado a desmantelar a nuestras instituciones fundamentales en salud como el ISSSTE y el IMSS. No es el momento de la autocomplacencia, como quiere el Ejecutivo con su informe de tono triunfalista y nada autocrítico. Es tiempo, sí de ejercer la crítica, de señalar los errores, pero más es el tiempo de que nos convoquemos todas y todos los legisladores y legisladoras a emprender una serie de cambios y reformas que blinden a este país en contra de la inseguridad, pero no con las balas y la metralla, sino con educación, con empleo, con apoyos a la juventud y a la niñez. Es tiempo de promover un rumbo de país incluyente, que vea por los más necesitados, en donde el Estado recobre su papel rector del desarrollo responsable y equitativo. Es tiempo de democracia, es tiempo de acuerdo. Es la última llamada para hacer la diferencia. Si no, corremos todo el riesgo de no haber cumplido con nuestra encomienda para darle a México un estado de derecho más fuerte para darle a las familias estabilidad en el trabajo, salarios dignos, educación, salud, justicia y, sobre todo, destino en la obra que compartimos todos y todas, los mexicanos: la construcción de este país, la construcción de nuestro México. Muchas gracias, presidente.