El Presidente diputado César Horacio Duarte Jáquez: En tal virtud, el Honorable Congreso de la Unión declara formalmente cumplida la obligación del presidente de la república a que se refiere el párrafo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Remítase el informe a las Cámaras de Diputados y de Senadores para el análisis correspondiente. Señor presidente del Senado de la República, distinguidos representantes de los congresos de los estados, respetables presidentes de los partidos políticos, compañeras y compañeros integrantes del Congreso de la Unión. Desde la más alta tribuna de la nación se han escuchado las voces más ejemplares de la república desde que ésta fue constituida en 1824, cuando don Guadalupe Victoria asumió por primera vez en nuestra historia la Presidencia del México independiente. Un Congreso constituido por una generación de ilustres pensadores puso de pie a la nación para erigir la república federal. Bastaría leer las páginas de nuestras grandes epopeyas del siglo XIX, en defensa de México, para recordar los principios del ilustre Siervo de la Nación, don José María Morelos y Pavón en sus sentimientos sobre la soberanía y la independencia nacional, pronunciados en 1813 ante el primer Congreso Constituyente. Desde entonces muy larga ha sido la lucha de nuestro pueblo para transitar por el camino de la democracia representativa y el federalismo. Sin embargo, en la etapa política que actualmente mantiene nuestro país, en que los avances rumbo a la consolidación de una democracia plena son patentes, aún persisten rasgos de autoritarismo. Nuestro sistema político exige un Congreso cuyo control constitucional y político garantice a plenitud el desarrollo de un marco jurídico incluyente y democrático. Lo afirmamos de frente: el Poder Legislativo se ha caracterizado por actuar con seriedad y compromiso en uso de sus facultades que le otorga la Carta Magna. Esta Legislatura ha procesado cada una de las iniciativas que se han presentado. Cuando la mayoría lo ha decidido aprobamos reformas trascendentes, como también hemos revisado propuestas que no lo han sido aún y están en curso. Legislar es uno de los elementos esenciales para la gestión democrática. La legislación es acción básica que pone en marcha los mecanismos de la política. Estas consideraciones nos obligan, hoy más que nunca, a la redefinición de la relación entre el Congreso de la Unión y el Ejecutivo federal, no para enfrentarnos, sino para que, con base en el equilibrio de los poderes, sirva al pueblo de México. Los objetivos del estado de derecho sustentado por nuestro sistema constitucional, que es el del estado social de derecho, obligan a la distribución de la riqueza, a la convivencia pacífica y por lo mismo a la integración de una democracia socialmente plena. Democracia para nuestra Constitución no sólo implica un régimen que cuente bien los votos, es un sistema de vida que aspira al progreso social, económico y cultural del pueblo. La cultura es apoyo y sustento de la justicia, crecen paralelamente en la misma proporción. En apego a la legalidad hoy recibimos el II Informe del Poder Ejecutivo federal que deberá ser revisado a cabalidad por nosotros los legisladores. Lo haremos con detenimiento y profundidad. Lo anterior nos coloca en antesala de la refundación de una política parlamentaria que le dé contenido a las relaciones del poder, con una nueva dimensión y un nuevo rumbo. Por primera vez el titular del Ejecutivo federal no está presente en este recinto democrático por mandato constitucional, lo cual nos demanda el imperativo categórico de sepultar para siempre la política de la sumisión. Desde Guadalupe Victoria, todos los presidentes de México asistieron al inicio de sesiones del Congreso de la Unión, tal como sucede en los países democráticos del mundo, y a partir de hoy, el nuevo formato nos permite dar mayor ímpetu a los contrapesos del poder. Que no se confunda: las condiciones de equilibrio entre Poderes son vigentes. El diagnóstico de la problemática nacional actual cruza por dos temas: la inseguridad pública que ha desbordado el marco jurídico aterrorizando a la sociedad, y la desigualdad social que muestra su más dramática faceta en millones de mexicanos que no alcanzan satisfactoriamente vivienda, educación, salud y en ocasiones ni siquiera alimentación adecuada. Necesitamos mucho más que discursos y difusión mercadológica de logros intangibles. Requerimos acción y no parsimonia ante la realidad social. Demandamos temple, firmeza, contundencia y medidas eficaces. La violencia se ha incrementado en nuestro país, la inseguridad golpea las calles, e igual destino han padecido todos los hogares de México. Ante el chantaje y la intimidación de la delincuencia la sociedad se hunde en la incertidumbre. La pérdida de confianza en el gobierno y las instituciones de justicia ha provocado que los ciudadanos, indignados y agraviados por el crimen organizado, desconfíen de los guardianes del orden y funcionarios judiciales en todos sus niveles. La inseguridad afecta la vida cotidiana de la sociedad, provoca el temor de los inversionistas, la retracción del turismo y una imagen en el exterior que coloca al poder público mexicano entre el catálogo de los países con diversas limitaciones para ejercer el poder. Por eso hoy, frente a la inseguridad y a la desigualdad social, los Poderes de la Unión tenemos una seria responsabilidad histórica. El crimen organizado pretende imponer al país un estado de sitio. El Ejército mexicano, cuya función de guardián de la integridad de territorio y la soberanía nacional —que está definida en la Constitución— ha cumplido fielmente su papel. Por ello, este Congreso de la Unión le rinde puntual homenaje ya que ante las insuficiencias de otros órganos para preservar la seguridad e impartir la justicia, ha hecho frente a las nuevas formas del crimen organizado con claras vinculaciones internacionales. Sus integrantes han tenido que salir de los cuarteles, lo que hoy reclama de la comprensión del Poder Legislativo para brindarle todo el apoyo que requiere en el cumplimiento de su elevada función. Tomaremos en cuenta este criterio para formular el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año. Desde esta alta tribuna convocamos a todos los mexicanos a rendir homenaje y todo nuestro reconocimiento a quienes han caído abatidos por las balas de la delincuencia. El verdadero propósito del crimen organizado es socavar los avances de la democracia, sustentada en los valores superiores de la convivencia de los mexicanos. La indignación alcanzó ya su máxima expresión al desbordarse en la realidad cotidiana de la ciudadanía. Desde la perspectiva ideológica de cada uno de los grupos parlamentarios estamos en la obligación de construir acuerdos que vayan más allá del simple pragmatismo partidario, para que se ejecuten y realicen con una visión republicana y patriótica del destino y del futuro de nuestra nación. Hacemos un llamado enérgico para que en una estrategia integral se articulen políticas sobre seguridad pública, incluyendo a todos los niveles y órdenes de gobierno; la responsabilidad es del Ejecutivo federal, pero la obligación del Congreso es exigir con firmeza esa voluntad para poner orden, reforzando el margen jurídico adecuado y exigiéndole también al Poder Judicial de la Federación una justicia expedita, que disminuya los altos niveles de corrupción y de falta de probidad que propician los largos procesos judiciales que con frecuencia vulneran a los más desvalidos, estimulando la impunidad. El pueblo de México está esperando soluciones y necesita gobernantes valientes e inteligentes; es clara su desesperación y desencanto. Estamos obligados a no fallarle. Como Legislatura hacemos un sincero reconocimiento a los millones de maestros del país que sí cumplen diariamente con su honrosa obligación de formar mexicanos mejor preparados, que sean depositarios de la visión cívica y patriótica que nuestra nación requiere. México ha perdido su imagen de nación de vanguardia en el concierto internacional. No podemos dejar, como miembros de los organismos internacionales, de insistir en un convenio bilateral con Estados Unidos de Norteamérica en materia migratoria. Debemos evaluar también algunos aspectos del Tratado de Libre Comercio con nuestros socios regionales y convocar a una cumbre multilateral para combatir al crimen organizado; con esta visión de Las Américas que, en su tiempo, el benemérito Juárez vislumbró. Por otro lado, debemos fortalecer la orientación social del Presupuesto de Egresos de la Federación, garantizando su uso como herramienta de impulso al crecimiento. El Poder Legislativo federal exige agilizar los recursos autorizados por nuestra soberanía, iniciando con la construcción de un plan mayor de financiamiento para el crecimiento. La población no debe ser rehén de estrategias mediáticas ni de intereses políticos o económicos de unos cuantos, pero eso no se logra repitiéndose con insistencia en los distintos medios de difusión, se requieren cambios de fondo en la estructura económica y productiva nacional para generar mayor riqueza y ofrecer empleos dignos y bien remunerados. Asimismo, frente a la crisis económica y alimentaria que aqueja al mundo, debemos dar un golpe de timón a la economía productiva. En tal sentido, el campo es un sector clave que se debate en la ineficiencia, la miseria y el atraso tecnológico. Debemos reconocer que aún persisten muchos desafíos y rezagos que son necesarios atender. Necesitamos volver los ojos al impulso de la producción agropecuaria en una necesidad urgente de nuestro tiempo. Finalizando la primera década del siglo XXI estamos frente a un campo con evidentes políticas equivocadas, que nos han conducido a importar millones de toneladas de granos para alimentar a nuestro pueblo, así como la existencia de un sistema educativo que ha arrojado cifras penosas sobre sus bajos niveles de conocimiento. La numerología contenida en el segundo informe es para medir la dimensión de los problemas y de los retos hacia el futuro, y no para buscar reflejar resultados ajenos a la realidad cotidiana de millones de mexicanos que son diariamente golpeados por los aumentos de los precios en los productos básicos de quienes no encuentran empleo o de quienes pueden buscar mejores condiciones. Debemos asumir nuestra responsabilidad. Es por eso, compañeros legisladores, que esta Presidencia se pronuncia porque tengamos un desahogo y un análisis puntual de la glosa del segundo informe de gobierno. Enfrentemos la incertidumbre e inseguridad que tienen atrapada a la sociedad. Señores legisladores estoy por concluir nuestro mensaje. Pido orden, por favor. Tenemos el deber y la responsabilidad de devolver la esperanza a nuestro pueblo, de recuperar su libertad hoy secuestrada en el miedo colectivo y elevar la moral fracturada por una crisis profunda de valores. Iniciamos hoy el periodo legislativo de enorme trascendencia para nuestra nación. Trabajemos colectivamente en un debate respetuoso y plural que vaya más allá de las posiciones tradicionales, México lo demanda. Proceda la Secretaría a dar lectura al acta de esta sesión.