El diputado Felipe Arturo Camarena García: La puesta en marcha y estructuración del nuevo sistema penal acusatorio gira en torno a la adopción de una nueva dinámica procesal que procure el ejercicio de la seguridad pública, tenga como eje central al individuo y sus derechos fundamentales, así como la rendición de cuentas, la armónica convivencia de las personas y comunidades y la participación social en las acciones de prevención. En concordancia con lo anterior, desde el inicio de esta Legislatura quedó clara la imperiosa necesidad de que el Poder Legislativo avanzara en la expedición de nuevas leyes en materia penal y de seguridad pública, en las cuales la gente pudiera tener confianza plena. La tarea de homologar todas las prácticas en la realización de la función de seguridad pública en nuestro país, tanto en el ámbito federal como en las diversas entidades de la República garantizando a los ciudadanos el respeto irrestricto de la Ley de los Derechos Humanos, es un tema de mayor relevancia para poder eliminar la corrupción y la impunidad que lamentablemente aún prevalecen en muchas regiones de nuestro país. La seguridad pública es una función que tiene como fin salvaguardar la integridad de los derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos que comprende la prevención especial y general de los delitos, la investigación para hacerla efectiva, la sanción de las infracciones administrativas y en su caso la persecución de los delitos. Esta función estará encomendada dentro de sus expectativas a la Secretaría de Seguridad Pública y desde luego a la Procuraduría General de Justicia, ambas del Distrito Federal. Es por lo anterior que resulta imprescindible la expedición de una nueva Ley de Seguridad Pública para el Distrito Federal con la cual se pretende propiciar una mejor colaboración entre las autoridades encargadas del mantenimiento del orden público. Es de resaltar que gracias a la nueva ley se implementarán nuevos mecanismos de profesionalización, como es la creación de la Universidad de la Policía, en el Distrito Federal, encargada de formar a los nuevos efectivos en materia de protección y de respeto a los derechos humanos y de cumplimiento irrestricto con sus obligaciones como agentes de seguridad pública. Asimismo se tiene que señalar que la nueva norma representa un instrumento para castigar más eficientemente los abusos contra la ciudadanía por parte de los efectivos policiales y zanja cualquier posibilidad de que estos se vinculen con la delincuencia y el consumo de drogas y estupefacientes. Del mismo modo cabe destacar la conformación del Consejo Local de Seguridad Pública, el cual establecerá los instrumentos y las políticas públicas orientadas a cumplir con los objetivos en materia de seguridad y que estará conformada por el jefe de gobierno, por el secretario de Seguridad Pública, el secretario de Gobierno, el procurador general de justicia del Distrito Federal, y desde luego las entidades federales que participan en materia de seguridad pública. Por último, consideramos plausible el hecho de que se contemple la creación del programa de seguridad pública para el Distrito Federal, que presente datos desagregados sobre el diagnóstico de la situación de seguridad en la capital del país, y que permita el establecimiento de las metas y objetivos específicos por alcanzar, precisando las estrategias y las líneas de acción a seguir para cumplir con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana. Resulta inconcebible que el Distrito Federal no contara con una Ley de Seguridad Pública acorde a los nuevos paradigmas que garantiza –por ejemplo– que los elementos policiacos contaran con los conocimientos y ética necesarios para brindar una atención adecuada a los ciudadanos y que permitirá la paulatina depuración de los cuerpos de seguridad pública. Con esta nueva ley –sin duda alguna– estamos propiciando que las instituciones policiales en el Distrito Federal, cumplan cabalmente con su función de garantizar la seguridad en el territorio de la capital de nuestro país, asegurando el disfrute para toda su población, y desde luego de las libertades públicas y el ejercicio de todas las actividades sociales que propicien el progreso y la prosperidad en un marco de orden y tranquilidad. Es por ello que los integrantes del Partido Verde Ecologista de México en esta Cámara, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.