EL C. DIPUTADO ANGEL ALONSO DIAZ CANEJA: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: desde el punto de vista filosófico, las libertades y derechos fundamentales resultan indispensables para que la persona humana realice sus propios fines, desenvuelva su personalidad y tienda a lograr su felicidad. El reconocimiento que el orden jurídico estatal hace respecto de ese mínimo de libertades y derechos y de sus lógicas y naturales derivaciones, así como de otros factores o circunstancias imprescindibles para el desenvolvimiento de la personalidad del ser humano, es lo que constituyen los derechos públicos individuales que en nuestro sistema constitucional reciben el nombre de garantías individuales. Una de esas preciadas garantías tuteladas por nuestro sistema jurídico es la consistente al derecho a la información, consagrada en el artículo 6 y fine, misma que sólo puede concebirse como un derecho público subjetivo, dentro de los auténticos regímenes democráticos. De hecho, el derecho a la información en su vertiente de acceso a la información pública ha adquirido notoria importancia en el mundo de las ideas políticas, sociales y jurídicas del pensamiento contemporáneo, al grado de que se le considera como uno de los rasgos más distintivos de los Estados constitucionales modernos. Se debe reconocer que en materia de derecho a la información, sobre todo en el aspecto de transparencia y rendición de cuentas de los actos de gobierno, en los últimos años se han realizado esfuerzos importantes tendientes a definir y fortalecer estos derechos, así como para dotar de instrumentos y medios de defensa jurídicos, eficaces en el ejercicio pleno de esta realización. No obstante a la fecha aún existen inercias y falta de voluntad por parte de diversos sectores políticos que imposibilitan un pleno respeto a dicha garantía y han evitado a toda costa que en órdenes de gobiernos distintos al Federal, la normativa respectiva vea luz en el derecho positivo. En este sentido el derecho que todos los ciudadanos tenemos de conocer sobre las actividades gubernamentales, no puede concebirse como en el ejercicio de una libertad aislada ni como un medio al servicio de una ideología, sino como un instrumento de desarrollo político y social como una fuerza aseguradora de la interrelación entre las leyes y el cambio social que exige nuestra sociedad. Al respecto la experiencia nos ha demostrado que cuando las garantías constitucionales no se desarrollan, se convierte en letra muerta que no cumplen con su cometido. De ahí que surja la necesidad de que se produzcan preceptos jurídicos al respecto, pues la protección y respeto de una garantía fundamental no se logra únicamente mediante su consagración constitucional, sino que requiere de desarrollo y establecimiento de los instrumentos, medios y plazos para hacerlo efectivo. En este orden de ideas si tal derecho se restringe, únicamente al cumplimiento de sus postulados por los órganos federales y hasta donde se tiene conocimiento sólo y exclusivamente catorce entidades federativas, las legislaturas que no han legislado sobre dicha prerrogativa fundamental, actúan en contra de lo previsto por la Constitución General en su artículo 6º. , in fine. Por lo anterior sometemos a la honorable consideración de esta Cámara, el siguiente PUNTO DE ACUERDO UNICO.- Que esta Cámara de Diputados exhorte a todas las legislaturas de los estados que no han cumplido con su obligación constitucional de legislar en materia de acceso a la información, para que dé cumplimiento a dicho mandato y de esa manera se fortalezca nuestro Estado de derecho. Es cuanto, señor Presidente. -