La diputada Daniela Díaz Magaña: Nuestro grupo parlamentario votará a favor del presente dictamen que aborda una de las temáticas más sentidas por nuestra sociedad, la mala alimentación que va de la mano del sobrepeso, obesidad y los demás trastornos de conducta alimentaria, cuya solución exige no solo de las presentes reformas de prohibiciones y educación sino ante todo de mayor equidad en los ingresos de la mayoría de la población que ingiere la comida chatarra, también como un medio para saciar su sed de calorías. Ante la ausencia de recursos para hacerlo con mejores productos que sean verdaderos alimentos sinónimos de nutrición, sin exagerar nuestro país vive una verdadera catástrofe en materia alimentaria, lo que se traduce en una epidemia de enfermedades físicas y psicológicas, en merma de la fortaleza de nuestro país. Es decir, la mala alimentación además de agredir a la persona en lo individual y a su familia, tiene altos costos económicos y sociales para el país que frenan su desarrollo e impactan su soberanía. Cuando hablamos de una alimentación sana, nutritiva, estamos entrando a la parte más sensible de los derechos humanos, de ella depende la vida, salud y desarrollo de las personas, luego de una nación toda. En virtud de lo anterior debe ser tarea permanente y central del Estado mexicano, el recobrar una dieta sana para el pueblo de México, especialmente de los niños y jóvenes que en sus escuelas se ven aplastados por el ofrecimiento permanente de comida chatarra, de comida de la muerte, haciéndolos adictos al azúcar y otros endulzantes. Sobre esto debemos señalar que como sabemos, la reforma constitucional en materia educativa prohibió la comida chatarra en las escuelas en que imparte la educación obligatoria, lo que ha sido respaldado recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Urge que la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las demás instancias competentes tome acciones necesarias para que ninguno de estos venenos que enferman y matan se expendan en ninguna de las escuelas del país. Los padres de familia deben jugar un papel central en defensa de la salud de sus hijos. En suma, es incondicional que nuestras escuelas sean el paraíso de la comida chatarra en nuestro país. Por tal motivo nos pronunciamos como lo señala este dictamen, a favor de las reformas a la Ley General de Salud, a fin de la atención al sobrepeso, obesidad y los demás trastornos de conducta alimentaria, se transformen de manera expresa en materia de la salubridad general. Lo que debe girar sobre las políticas de prevención debiéndose impulsar la educación en el tema hacia todos los sectores y desde la más tierna edad. En armonía con esto, coincidimos en que el sistema nacional de salud y concretamente la Secretaría de Salud deben orientar a la población sobre una alimentación correcta diseñando al efecto las políticas necesarias, luego un servicio básico de salud será la promoción de estilo de vida saludable, todo con el apoyo de las entidades federativas y los sectores de la sociedad. En complemento a lo anterior, destacamos lo dicho por la iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025, cuando en referencia el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales refiere las obligaciones de los Estados en materia de educación sobre este tema. Respetar el acceso existente a una alimentación adecuada requiere que los Estados no adopten medidas de ningún tipo que tengan por resultado impedir este acceso. Proteger, requiere que el Estado adopte medidas para velar que ningún actor social prive a las personas del acceso a una alimentación adecuada. Facilitar implica que el Estado debe procurar iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte de la población de los recursos y medios de vida incluida la seguridad alimentaria. Cumplir el derecho a la alimentación de forma directa cuando existan individuos o grupos incapaces por razones que escapen a su control de disfrutar el derecho a la alimentación adecuada por los medios a su alcance. Esa obligación se aplica también a las personas que son víctimas de catástrofes naturales u otra índole. En suma el derecho a la alimentación exige poner fin a la violencia inaudita que por acción u omisión está causando muerte y desolación a nuestra nación. Imponer una plena democracia, impulsar el trabajo, salarios y educación dignos. En general, tejer en realidad la plenitud de todos los derechos humanos subordinando el lucro de las empresas de la comida chatarra a los intereses generales de la nación. Es cuanto, señor presidente.