La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidenta. La seguridad es un derecho humano omnigarante que permite que las y los ciudadanos gocen de los demás derechos en condiciones óptimas. Debemos señalar que, en el caso mexicano, los problemas de inseguridad no han podido ser resueltos por el Estado, situación que obliga a las y los ciudadanos a buscar mecanismos que les permitan generar estas condiciones. Los servicios de seguridad privada, entonces, constituyen la delegación en particulares de una de las principales obligaciones del Estado. No obstante, la importancia de este sector como actividad económica resulta indiscutible, dado que su crecimiento en 2019 correspondió al 20 por ciento, lo cual representó 5 por ciento más que en cualquier otro año y en términos económicos su evolución fue 3 por ciento más que la economía nacional, a pesar de ese crecimiento. La ley federal que se encuentra vigente data del año 2006 y desde entonces se ha evidenciado la falta de homogeneidad en los mecanismos regulatorios entre las entidades federativas y la federación. Lo cual, ha propiciado que muchas empresas de seguridad privada operen en la irregularidad causando que sus integrantes operen armas de fuego sin el entrenamiento y la capacidad adecuada. Es por ello que resulta imprescindible establecer requisitos homologados para fortalecer la prestación de estos servicios, pero, también para generar certidumbre en quien los contrata. Para ello no solo necesitamos la homologación de los requisitos para las empresas a nivel federal y estatal, se requiere también el registro de los empleados que laboran en ellas, sus antecedentes laborales y, en su caso, los penales para evitar la corrupción, y el abuso de la fuerza. Es por ello que hoy saludamos la presentación de este dictamen que tiene por objeto el dotar al Congreso de la Unión de las facultades necesarias para emitir una ley general que establezca las reglas para la prestación de estos servicios. Desde el Grupo Parlamentario del PRD hacemos un reconocimiento a la presidenta de la comisión, a la diputada Aleida Alavez, por la apertura para escuchar todas las inquietudes, particularmente las expresadas por nuestro grupo parlamentario, relacionadas con los peligros de que bajo la fachada de estos prestadores de servicios se esconden empresas militares privadas. Debemos señalar que el 4 de diciembre de 1989 aprobó la Convención internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios, la cual señala que se utilizan, reclutan, financian y entrenan mercenarios para actividades que quebrantan principios de derecho internacional tales como la igualdad soberana, la independencia política, la integridad territorial de los Estados y la libre determinación de los pueblos. Once años después de su aprobación, la convención entró en vigor y aunque México no forma parte tampoco está exento de los daños y perjuicios que la operación de estas empresas tiene para los derechos humanos, de las y los mexicanos. Como lo señaló José Luis Gómez del Prado, presidente del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, sobre la utilización de mercenarios, en 2011 decía que se tienen noticias de que empresas militares privadas operan en territorio nacional con absoluta impunidad. dado que la legislación en la materia no contempla ninguna regulación en este sentido. Uno de los informes presentados por la ONU desde 2006, contiene denuncias de que empresas militares de Estados Unidos entrenaron en Guanajuato a policías federales mexicanos en prácticas de tortura, señala Gómez del Prado y otras que fueron denunciadas en agosto del 2007 por pretender iniciar operaciones de vigilancia en plataformas petroleras en Veracruz. Es por todo lo anterior que para proteger la autonomía e independencia del Estado mexicano, así como los derechos humanos de las personas que habitan en territorio nacional, la comisión dictaminadora consideró indispensable la introducción de estas reflexiones para que el dictamen mandate a la ley general en contemplar la prohibición para que las empresas militares privadas presenten servicios en nuestro país. El Grupo Parlamentario del PRD expresa que su voto será a favor del presente dictamen, con el objeto de contribuir decididamente en la regulación de las empresas de seguridad privada, de tal manera que garanticen la protección de los derechos humanos de las y los mexicanos, así como de la soberanía de nuestro país. Es cuanto, presidenta.