El diputado Ulises García Soto: Compañeras y compañeros diputados, cuando hablamos de migración rápido se nos viene a la mente un mexicano cruzando el desierto o un centroamericano sobre el tren, tratando de llegar a Estados Unidos. La cuarta transformación tendrá que llevar luz a donde el viejo régimen solo llevó oscuridad. La migración fue uno de los capítulos más oscuros de la etapa neoliberal, porque así convenía al régimen. La pobreza y la inseguridad emanadas de las políticas neoliberales no solo convirtieron al país en una fábrica de muertos y pobres, sino también en una fábrica de migrantes. Migrantes que si bien les va pueden salir del país, y los que no, esos migrantes que son forzados a desplazarse del campo a la ciudad, de una ciudad a otra, o de un estado a otro pero sin salir de territorio nacional, huyendo de las grandes corporaciones y la explotación despiadada de los recursos naturales, de la inseguridad o de la violencia sistémica pero silenciosa del estado a las comunidades rurales, a través del abandono institucional y presupuestario. Cuando nuestros migrantes cruzan la frontera internacional se llaman refugiados, y los que se quedan en territorio nacional, desplazados internos. Ni siquiera existe la figura jurídica para referirnos a este fenómeno migratorio. Debemos entonces corregir y decir que las políticas neoliberales de inseguridad, muerte y pobreza convirtieron al país también en un país de desplazados. El desplazamiento forzado interno se caracteriza por estar fundamentado en el temor de una amenaza directa o indirecta e inmediata a la vida, la seguridad o la libertad, o porque haya sido objeto de violaciones graves a los derechos humanos. Hemos sido candil de la calle y oscuridad en la casa. En 1981 ayudamos a los refugiados guatemaltecos a conseguir asilo en Chiapas, firmamos la Declaración de San José Sobre Refugiados y Personas Desplazadas, pero no hemos legislado para nosotros reconocer a nuestros propios desplazados internos. Tan solo en Ciudad Juárez, ciudad de la que soy oriundo, en la mal llamada guerra contra las drogas, cerca de 200 mil personas huyeron de la ciudad en un periodo de 8 años. Según cifras del monitoreo de desplazamiento interno en 2018, son cerca de 400 mil personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el país, siendo Chihuahua, Chiapas, Tamaulipas, Sinaloa, Michoacán y Guerrero las entidades federativas más afectadas. Por este motivo se debe recalcar que se trata de una omisión grave, porque no existe un sistema normativo que proteja a los desplazados internos en el país. No existen políticas públicas ni estrategias claras ni estadísticas oficiales. Es por eso que presentamos ante esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto sobre la Ley General de Desplazamiento Forzado Interno, para tener un marco jurídico eficiente para la protección de los ciudadanos a vivir tranquilos en su lugar de origen y tener mecanismos para garantizar la protección de la seguridad, la reparación del daño y las garantías de no repetición. Esta iniciativa tiene congruencia política, se apega a un fenómeno real y vigente en el país no legislado. Además no representa un impacto presupuestario, es por eso que invito a todas las fuerzas políticas representadas en esta soberanía se suman a esta iniciativa. Tenemos que dejar asentado en nuestros marcos jurídicos y en nuestras leyes y reglamentos mecanismos institucionales de acción para atender a esta población en el futuro y para las próximas generaciones, pero también es un reconocimiento de los errores de las políticas fracasadas del pasado. Un compromiso con la verdad. La aprobación de esta iniciativa es entonces también parte del proceso de la reconciliación nacional. Por último, solicito a la Mesa Directiva que esta iniciativa se turne a la Comisión de Gobernación para su dictamen y a la de Migración para su opinión. Es cuanto, diputada presidenta.