La diputada Zuleyma Huidobro González: Hoy habré de razonar mi voto. Yo no hablaré de todos los avances que tiene esta ley, porque llega después de escándalos de transparencia y corrupción y sin que pueda tener un debate real, porque es producto, por lo menos en esta Cámara de Diputados, de los acuerdos populares y de las prisas. Yo voy a hablar de lo malo, de lo feo y de lo peor que tiene esta ley. Sí, porque en el argumento de que todo puede ser perfectible siempre se deja todo para después, y será en otras legislaturas las que enmendarán varias omisiones y errores en la ley. En el dictamen que seguramente se aprobará hoy, se encuentra una nueva facultad del IFAI de abrir la información relacionada con violaciones a derechos humanos, sin necesidad de esperar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin embargo, no hay claridad sobre los mecanismos a seguir por el propio IFAI para determinar qué información debe hacerse pública, por lo que al final será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decidirá cuál información podrá hacerse pública cuando se trate de violaciones graves. Sí, esa misma Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrada por un constante violador de los derechos humanos, como lo es Eduardo Medina Mora. En este dictamen se deja a las instancias, como la SEIDO, el Estado Mayor Presidencial, la Sedena, el Cisen, el Centro de Planeación de Análisis e Información para Combatir a la Delincuencia Organizada que no serán sujetos obligados, por ser quienes toman la decisión en temas de seguridad nacional. Coincido el que obtener información de estas instituciones será casi imposible y por lo que se asume que estas instituciones funcionan como lo deben, lo que es evidentemente falso. Además, el consejero jurídico de la Presidencia de la República podrá interponer recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando se considere que la información solicitada pone en peligro la seguridad nacional. Tras múltiples escándalos sobre millones de pesos en impuestos que Hacienda perdonará a empresas como Televisa, hoy quiere engañar a los ciudadanos diciendo que la ley contempla dar acceso a la información sobre condonación de impuestos, cuando ésta será entregada de modo limitado hasta que un juez determine que no pone en peligro la estabilidad económica del país. En otras palabras, se busca evitar la fuga de capital y la especulación en la bolsa, que tendría lugar si se revelara el nombre de las empresas o instituciones que obtienen trato preferencial del gobierno. En resumen, todo lo que sea un peligro, a decir del gobierno federal, no será transparente y no lo será porque, efectivamente, pone en peligro pero los intereses personales de los servidores públicos. Hace unas semanas alardeaban, en esta tribuna, que la aprobación del sistema nacional anticorrupción permitiría la publicación de la declaración patrimonial y de interés de todos los servidores públicos. Hoy, como se los dije en aquella ocasión, son solo mentiras, la incongruencia en todo su esplendor. La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contradice todo lo que ustedes mismos aprobaron y que los senadores borraron de la iniciativa original. La publicación de las declaraciones patrimonial, de interés y de impuestos, deberían ser obligatorias para cualquier servidor público, pero no solo eso, la Auditoría Superior de la Federación debería comprobar que todas y cada una de esas declaraciones fueran veraces. Y sí, lamentablemente, aun a pesar de la aprobación de esta ley, escándalos como la casa blanca, las casas del secretario de Gobernación o de Hacienda seguirán apareciendo. Entiendo cuando se dice que hay diputados, senadores, sobre todo de izquierda, que no desean hacer pública su declaración patrimonial por no poner en riesgo la seguridad de su propia familia. Y sí, desafortunadamente vivimos en un país donde el ser transparente te convierte en un objetivo claro para la delincuencia. Ésa es la seguridad en México. Pero lo más lamentable es que ni los propios defensores del gobierno federal tienen confianza en que la seguridad e impunidad puede cambiar en nuestro país. Y lo que demuestran con sus acciones, pareciera que prefieren mantener en la opacidad los bienes que han conseguido, producto de la corrupción, los moches y sus conflictos de interés. Pero lo peor de esta ley es, sin duda, un solo artículo, el transitorio y el último, por cierto, donde se reconoce que el Congreso de la Unión ha manejado los recursos públicos de manera discrecional y en total opacidad. ¿Qué significa en realidad que la Cámara de Diputados disponga de cuatro meses para crear una reorganización administrativa? Es sencillo, ahora se podrá postergar indefinidamente la obligación de transparencia y se seguirá con la opacidad en el uso y destino del dinero público otorgado a los grupos parlamentarios, comisiones o cualquier recurso que reciban los legisladores. Ya voy a lo que no quieren escuchar. Además, qué grave es que con la aprobación de esta ley, y pongo un ejemplo, que como servidora pública y sin fuero, no tendría protección alguna por revelar información de interés público. Y eso es lo que ustedes pretenden, que los mexicanos no conozcamos de sus actos de corrupción, pero por eso no van a intimidarme. Hace unos meses aseguré que en esta Cámara de Diputados se reparten bonos, ustedes los llaman subvenciones extraordinarias, otros los llaman sobornos y cada quien le da el nombre que quiere porque no existe en ninguna ley o reglamento. Es decir, no son legales y no son legales porque cada coordinador de grupo parlamentario lo maneja discrecionalmente. No tienen una finalidad específica y tampoco tiene que comprobarse en qué se han utilizado. Estos bonos son los que debieron suprimir como medida de austeridad, en vez de despedir y dejar y dejar sin empleo al 50 por ciento de los trabajadores de honorarios en esta Cámara.