El diputado José Alfredo Ferreiro Velazco: Con su venia, señor presidente. Distinguidas diputadas y diputados, un servidor integrante del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, viene a presentar una iniciativa que es parte de la agenda legislativa que este Congreso habrá de cumplir antes del 28 de mayo de 2016. Lo anterior, según el artículo segundo transitorio de la reforma publicada el 27 de mayo de 2015, mediante el cual quedó completa la reforma constitucional que habilita a este Congreso a emitir aquellas leyes de carácter general que se requieran para perfeccionar el sistema nacional anticorrupción. Ante este panorama, la iniciativa de una Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción es no solamente factible, sino es inaplazable. Es por lo anterior que con fundamento en el artículo 113 –reformado– de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vengo a presentar la iniciativa con proyecto de decreto que crea la Ley General de Coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción. Las reformas a la Constitución antes mencionada en materia de transparencia y anticorrupción ordenan la creación de un sistema nacional sujeto a las bases siguientes mínimas que debe tener. La operación del sistema nacional anticorrupción será competencia de la federación, los estados y los municipios en el ámbito de sus respectivas atribuciones. El establecimiento de las instancias de coordinación. El establecimiento de mecanismos de coordinación. Se determina la participación ciudadana que coadyuvará, entre otras cosas, en los procesos de nivelación de las políticas de prevención de la corrupción. El establecimiento de instancias regionales y locales. Desde esta perspectiva la iniciativa que se presenta es acorde a los fines del sistema nacional anticorrupción. Esta iniciativa que hoy someto a consideración de esta honorable soberanía toma en cuenta la necesidad de instituciones académicas, ciudadanos organizados y esfuerzos de funcionarios de los tres niveles de gobierno en la atención de la demanda ciudadana que ante el fenómeno de la corrupción se presenta en nuestro país. Además las justificaciones expuestas creo importante mencionar algunos datos relevantes. En el análisis económico del Banco Mundial, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo, al medir los impactos económicos de la corrupción alertan sobre los siguientes efectos. Se incrementa la desconfianza de las instituciones, se reduce la inversión, se estimula el sector informal, se desacelera el crecimiento económico, además de ser la corrupción una amenaza para el buen gobierno y los procesos democráticos de nuestro país. Según el Centro de Estudios Económicos del Consejo Coordinador Empresarial, el costo de la corrupción en México se estima en alrededor del 9 por ciento del producto interno bruto, lo que equivale a un promedio de 1.5 billones de pesos; qué no alcanzaríamos a hacer con ese recurso. No atendido a fondo el problema de la corrupción a pesar de estas consecuencias, conllevaría a una falta de credibilidad en quienes tenemos la encomienda pública y el compromiso de preservar la confianza en las instituciones y de garantizar los derechos de los ciudadanos. A través de esta propuesta se busca que en las entidades federativas se establezcan sistemas locales anticorrupción, con el objeto de coordinar a las autoridades de los respectivos estados, quienes trabajan en conjunto con el Comité Coordinador Nacional, el cual será instancia superior de coordinación del sistema, estará integrado, primero, por un representante del Comité de Participación Ciudadana, que se integrará por cinco ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas y al combate a la corrupción. Segundo, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos relacionados con hechos de corrupción, de la Procuraduría General de la República. Tercero, la Secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno; el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente de la organización garante que establece el artículo 6o., de la Constitución; el representante del Consejo de la Judicatura Federal; el titular de la Auditoría Superior de la Federación, y demás autoridades en razón de sus atribuciones que deban contribuir directa o indirectamente al objetivo de esta ley. El esfuerzo que se hace en México con la creación del Sistema Nacional Anticorrupción es acorde a lo que ya realizaron y están realizando en países como: Colombia, mediante el Estatuto Nacional de Anticorrupción; el caso de Italia, a través de una política de anticorrupción, y Estados Unidos, a través de la Fiscalía Anticorrupción Pública. En conclusión, por una parte la presente iniciativa busca dar cumplimiento al artículo 113 reformado de la Constitución, y por otro, busca que este Congreso inicie el análisis correspondiente respecto a la agenda que está pendiente en el tema del combate a la corrupción. Y también por una gran demanda ciudadana que busca que México salga de este gran flagelo que hace más pobres a los pobres y que frena el desarrollo del país. Es cuanto, señor presidente.