El diputado Inti Muñoz Santini: El artículo primero de la Constitución Mexicana prohibe toda discriminación motivada por las preferencias de las personas ya que en ello se atenta contra la dignidad humana y se anulan los derechos y las libertades fundamentales de la ciudadanía. El contenido de este primer artículo de la Constitución honra a dos pilares fundamentales de la democracia, que además de la soberanía popular y el Estado de derecho, constituye los criterios políticos, sociales y económicos y culturales, normativos de la nación democrática. Estos dos elementos son la libertad y la igualdad. Es inaceptable que aún tengamos en México una legislación de excepción en materia de pensiones y otras prestaciones laborales que impide, obstaculiza y merma las garantís constitucionales establecidas en la Constitución a favor de todas las personas, independientemente de sus preferencias. Concretamente, en el ámbito de la normativa vigente relativa a la seguridad social y contenida en las legislaciones que en esta iniciativa proponemos modificar, se consideran beneficiarios en materia de atención médica y pensiones, a las parejas de los trabajadores siempre y cuando éstas no sean del mismo sexo. En razón de ello nuestro orden normativo tiene que actualizarse y ajustarse a los estándares y criterios que establece el derecho internacional en materia de derechos humanos. Es inadecuado contar con figuras jurídicas excluyentes y discriminatorias que hacen nugatorios los postulados y principios establecidos en los instrumentos internacionales firmados y ratificados por México. Por ello es necesario que el Congreso de la Unión efectúe una transformación del orden jurídico interno para adecuarlo a los cambios y condiciones que requieren los sujetos de derechos en la actualidad. En ese orden de ideas es que hoy los diputados del PRD Eliana García, Rafael García Tinajero y el de la voz, proponemos un conjunto de cambios a la ley del ISSSTE, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, la Ley Federal del Trabajo y la Ley General de Salud, en su apartado específico del sistema de protección social en salud, para incluir a las parejas del mismo sexo como sujetas de los derechos en comento. Consideramos que el Estado tiene el imperativo ético-jurídico de generar y establecer las condiciones necesarias para que los derechos humanos de las personas que integran la sociedad puedan ser ejercidos. Sin embargo, tratándose de derechos de naturaleza individual, conocidos también como de primera generación, los poderes públicos tienen la obligación de abstenerse y respetar su pleno ejercicio por parte de sus exclusivos titulares que son las personas. Es un triunfo de la sociedad civil la existencia de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación; gracias a esta ley, signo de un México moderno, laico y tolerante, hoy el Estado mexicano está obligado a combatir la discriminación y la homofobia. Sin embargo nuestra tarea pendiente es que los preceptos de dicha ley estén respaldados por el resto de la legislación mexicana para convertirse en realidad y derechos exigibles. Cito el artículo 4° de dicha ley: "La discriminación es toda distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas". También cito la misma Ley en su artículo 2° donde dice con toda claridad que "Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad y la igualdad de las personas sean reales y efectivas y que los poderes públicos federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas." También en esa ley se establece con claridad que "Queda perfectamente, claramente prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto impedir o anular el reconocimiento del ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidad". A efecto de lo anterior se consideran como conductas discriminatorias establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones laborales para trabajos iguales, impedir la libre elección de cónyuge o pareja, impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos que la ley así lo disponga. Por lo anterior es inaceptable, insistimos, e incongruente que aún existan en México legislaciones bochornosamente decimonónicas que impiden el libre, adecuado y eficaz goce de los derechos de una persona en sus relaciones interpersonales. En este caso de quien no eligiendo tener esposa o concubina, sí cuenta con una pareja y desea que ésta sea la legítima beneficiaria de los activos económicos y prestaciones laborales que establecen las leyes. En efecto existe en nuestro país una realidad: Hay parejas de hombre y pareja de mujeres. Estas personas, hombres y mujeres, en tanto seres humanos y por lo tanto personas sujetas de derechos, les asiste el imperativo categórico de ejercer sus derechos humanos fundamentales plenamente. El Estado en tanto creación humana, deberá estar al servicio de quienes integran la sociedad, por lo que dicha entelequia tiene la obligación política y jurídica de realizar las acciones positivas, legislativas y en su caso, abstenerse de intervenir en la esfera individual de las personas. El Estado está obligado a dar respuestas en el plano legislativo, judicial y administrativo a favor de los derechos humanos, en este caso, de las personas con preferencias sexuales distintas. De no hacerlo así, el Estado vulneraría su propia Ley Positiva y también estaría realizando un fraude a la Constitución al violentarla. La Constitución, en tanto norma de normas, establece los principios y las decisiones políticas fundamentales de un país. En este tenor, la Reforma del 2001 a su artículo 1º, plantea las hipótesis necesarias para establecer a nivel jerárquico superior, que los derechos fundamentales de las personas con preferencias sexuales distintas, están incluidos y garantizados en la Ley Fundamental de 1917 y corresponderá a los poderes públicos del Estado, brindar las condiciones necesarias y suficientes para su goce y ejercicio en la esfera jurídica concreta, de todas las personas que conforman la sociedad. Los estados modernos, pero particularmente las sociedades avanzadas, han mostrado un avanzado grado de madurez en torno a la definición política de incluir los derechos de las personas, conforme al estándar y los criterios máximos del Derecho Internacional. Más aun, la Estructura Jurídica Mexicana, tiene entre sus cimientos el carácter laico del Estado, producto del pensamiento y de las reformas juaristas. Cito al escritor Carlos Monsivais, con motivo del Bicentenario del Nacimiento de Benito Juárez: "...si algún sentido tiene la celebración del Bicentenario de Juárez, es examinar los significados del respeto y verificar el contenido de los derechos ajenos, los de la población ante el gobierno y los empresarios, los de las mujeres ante el machismo y el patriarcado, los de los indígenas ante la ilegalidad a nombre de la ley y la explotación, los de las minorías religiosas ante la interpretación exterminadora de los usos y costumbres, los de las minorías sexuales ante la homofobia." Si no se precisan en cada caso el derecho ajeno y el respeto, el apotegma y la paz que traiga consigo quedan a la disposición del vacío, así este muy cubierto por las letras de oro en el Congreso. ¿Quién tiene, señores y señoras diputados, el derecho a elegir o a juzgar la elección de la pareja sentimental del otro? Con la Iniciativa de Reforma a distintos cuerpos normativos si aquí se propone, el Congreso pondría dicho conjunto de leyes a la vanguardia de lo que actualmente acontece en materia de relaciones de convivencia, sin que para ello sea necesario reformar la Constitución. En ese orden de ideas, consideramos que el Congreso debe reflejar los cambios que la sociedad experimenta y debe también, ser un catalizador de las aspiraciones, sentimientos y anhelos que la sociedad desea ver reflejados en los cuerpos normativos. Es por eso, que hoy proponemos brindar un reconocimiento jurídico expreso a las parejas de hombres y a las parejas de mujeres que realicen convivencia plena y que como consecuencia de ello, contraen compromisos de vida y de solidaridad. Se trata de dar une estatus jurídico de reconocimiento pleno a la personalidad de quienes forman y hacen vida de pareja y que sus derechos en este caso, en materia de pensiones se encuentren asegurados en un marco jurídico, con certidumbre. A mediados del año pasado, en defensa de la aprobación de la modificación legal que permite en España el matrimonio entre personas del mismo sexo, el presidente de ese país, José Luis Rodríguez Zapatero, se dirigió así a los diputados de su país: "No estamos legislando para gentes remotas y extrañas, estamos ampliando las oportunidades de felicidad para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo, para nuestros amigos y para nuestros familiares ya la vez, estamos construyendo un país más decente, porque una sociedad decente, es aquella que no humilla a sus miembros". No estamos, en este caso, proponiendo que nuestra legislación acepte el matrimonio entre las personas del mismo sexo, simplemente estamos buscando revertir el acto de discriminación que por la omisión normativa actual, impide el ejercicio pleno de la Seguridad Social a trabajadoras y trabajadores que cumplen con las mismas obligaciones y participaciones que sus compañeros de trabajo y a quienes debemos reconocer estos derechos y la libertad de elegir y de amar a su pareja. En ello, compañeros, compañeras, estamos construyendo un México mejor, para todas y para todos. Por todo lo anterior, los suscritos integrantes del grupo parlamentarios del PRD, nos permitimos someter a esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el presente Proyecto de Decreto por el que se Modifican Diversas Disposiciones Legales, en Materia de Seguridad Social y Diversidad Sexual, solicitando se inserte esto en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.