La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: En nuestro país el derecho a la educación es una garantía constitucional, la cual todo mexicano tiene derecho a recibir de forma gratuita y obligatoria, desde la educación preescolar hasta el nivel medio superior. Luego entonces, es obligación del Estado velar por la garantía de su cumplimiento y atender cualquier problemática que se suscite y merme la debida condición e impartición de la educación, con la finalidad de que no se vean afectados o interrumpidos los estudios de la niñez y la juventud mexicana. Actualmente el estado de Oaxaca se ha visto inmerso en una gran problemática referente al sector educativo por la ausencia del personal docente de la educación y pérdida de clases en esa entidad, afectando a la mayoría del estudiantado oaxaqueño. Es necesario referir que el presente tema involucra dos estructuras magisteriales. La Sección 22 y la Sección 59, quienes en una disputa por sus intereses sindicales dejan de dar atención a más de 1.3 millones de alumnos de educación básica, donde el clima de hostigamiento, allanamiento, toma de oficinas y planteles, violencia, secuestros y diversas vejaciones caracterizan la vida escolar en ese estado. De 200 días de clases que marca el calendario escolar, con los puentes, los paros, las reuniones sindicales, las reuniones de padres de familia, los festejos, llevan más de un mes de clases que se han perdido en lo que va del año; y, de no reiniciar las clases en el calendario escolar, solamente se estaría cumpliendo al concluir el ciclo entre el 60 y el 70 por ciento del calendario escolar, por lo que mantiene a los escolares en un rezago educativo preocupante. Por otra parte, los paristas de la Sección 22 al querer incorporarse a sus clases se vieron interceptados por los padres de familia que les impidieron el ingreso como castigo por el paro de labores que realizaron durante dos semanas. Esto agrava el entorno ya que suma inconformidad entre los padres de familia y los maestros, que en desacuerdo a los paros impiden también que las clases sean retomadas de nueva cuenta. Es ahora el conflicto entre padres de familia y maestros de la Sección 22 lo que está privando a estudiantes oaxaqueños de su derecho a la educación. A su vez, el Estado mexicano, en su obligación de garantizar a la niñez oaxaqueña su derecho a la educación la cual se está viendo totalmente afectada, debe atender que no se viole así la garantía constitucional de la educación que protege nuestra Ley Suprema. Es condición tal para hacer un exigente llamado exhortando al titular del Ejecutivo del estado de Oaxaca Gabino Cué Monteagudo y las autoridades federales competentes, para que preserven y garanticen a la infancia y adolescencia en la entidad el acceso y goce irrestricto del derecho humano a la educación. Que ejerzan puntuales acciones que permitan dirimir los conflictos y mantener la armonía en el sistema educativo del estado. Es de reconocer la toral importancia de reanudar las actividades en las escuelas del estado para que el personal docente tenga a bien cumplir con el plan de estudios que permita la impartición de la educación en todos los niveles. Así, de lo anterior y con motivo de la resolución a todos los conflictos educativos y laborales que predominan actualmente en la entidad, igualmente se verán beneficiados los maestros integrantes de la Sección 59, al ser reconocidas sus exigencias laborales pretendidas, de modo tal que favorecerá al ambiente propicio entre autoridades, personal educativo, y lo más importante, a los estudiantes del estado. Con todo lo anterior expuesto es que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano considera que existen motivos suficientes y válidos para votar a favor del presente acuerdo, en favor de la educación del estado de Oaxaca que se está viendo afectada por agrupaciones gremiales que ven por sus intereses y no por la educación de los niños oaxaqueños, dejando en total incertidumbre su futuro educativo. Es importante que el Estado de manera apremiante implemente medidas para resolver este problema con el fin de velar por los intereses educativos de los estudiantes, por lo cual urge una negociación de manera inmediata entre las estructuras magisteriales y por consecuente, una sanción a los responsables. Es cuanto, señor presidente.