El diputado Marco Antonio Gómez Alcantar: Con su permiso, presidente. Muy buen día a todos. Hoy y desde hace 12 años la exigencia de los ciudadanos en las calles es que se atiendan los diversos problemas en materia de seguridad que están afectando a la población, especialmente las amenazas que para la paz y la tranquilidad de los mexicanos representa la actividad de las bandas del crimen organizado. Desde hace 12 años estamos discutiendo la forma en que debe formalizarse la presencia del Ejército en las calles para garantizar seguridad de los mexicanos. Hoy, después de la sentencia de la Suprema Corte que deja clara la vigencia del artículo 129 constitucional, no quedan muchos caminos posibles desde un punto de vista legal. Básicamente tenemos tres opciones: La primera, retiramos al Ejército a sus cuarteles, lo cual es impensable. Simulamos otros 12 años que la presencia del Ejército en actividades de seguridad, a pesar de ser inconstitucional son necesarias y punto. Y tres, creamos un ente constitucional, no militar. Que se nutra de recursos militares, pero que tenga una autoridad civil para armonizarlo al 129 de la Constitución, que expresamente establece que ninguna autoridad militar puede tener objetos distintos a los estrictamente militares. Es decir, si algún militar en activo tiene actividad en propósitos civiles, corremos el riesgo de violar el artículo 129 de la Constitución. En este contexto, celebramos la aprobación del dictamen que se encuentra a nuestra consideración y el Partido Verde votará a favor del mismo por las siguientes razones: 1. El decreto establece que las faltas y delitos que cometan los integrantes de la Guardia Nacional serán conocidos por la autoridad civil. Esto garantiza la sanción de posibles violaciones a derechos humanos, conforme al Código Penal vigente. En otras palabras, la Guardia Nacional estará sujeta al marco legal civil y no a las leyes militares. 2. Se reafirma que las personas detenidas por la Guardia Nacional deberán ser puestas a disposición inmediata del Ministerio Público y trasladadas a instalaciones civiles y no de carácter militar. 3. Se establece con claridad que en la investigación de delitos la Guardia Nacional actuará bajo la conducción jurídica del Ministerio Público. Por otra parte, se señala que la Guardia Nacional tendrá un entrenamiento en materia de derechos humanos y su marco de actuación estará sujeto a una ley orgánica cuya naturaleza será civil y no militar. Lo anterior garantiza que la actuación de la Guardia Nacional estará circunscrita a un marco civil. Por tanto, resulta impreciso, por decir lo menos, hablar de militarización. 4. Es importante destacar que el proyecto de dictamen reconoce la vigencia del artículo 129 de la Constitución. Lo que implica que todos aquellos militares que no pertenezcan a la Guardia Nacional permanecerán sujetos al marco de acción castrense, teniendo expresamente prohibido participar en acciones militares de índole civil. Lo anterior significa que será nuevamente el marco civil y no miliar lo que determine la actuación de la Guardia Nacional. 5. Finalmente, es necesario precisar que la militarización de la seguridad pública se dio en 2006, cuando el gobierno del presidente Calderón decidió sacar al Ejército a las calles para enfrentar el poder creciente del crimen organizado, sin reglas de actuación y sin las garantías mínimas para los ciudadanos mexicanos respecto de la actuación del Ejército. La presente reforma corrige la omisión y da un marco legal de actuación para los miembros del Ejército mexicano. Debemos reconocer que el México de hoy es gracias al sacrificio y patriotismo del nuestras Fuerzas Armadas. El buen funcionamiento de las autoridades se encuentra necesariamente vinculado a las normas jurídicas que tienen el objeto de dar claridad y respaldo a las acciones que el gobierno realiza. En este sentido, el tema que abordamos es de vital importancia para el esquema de protección de la población y mantenimiento de la estabilidad en el país, no solo se trata de una modificación de orden constitucional, sino de aceptar que existe una problemática que debe ser atendida en el presente, pero con propuestas que tengan viabilidad en el futuro. El problema de seguridad en México atañe a todos los partidos aquí representados, este no es un problema solo de Morena, ni su solución compete exclusivamente al gobierno federal. No podemos seguir otros seis años sin solucionar el problema de seguridad que afecta al país. Por ello invito a esta asamblea a aprobar esta reforma. Muchas gracias.