La diputada Luisa María Alcalde Luján: Un gusto también escucharlo a usted, presidente. Como es bien sabido la reforma constitucional en materia penal del 18 de junio de 2008 fue una apuesta por transformar profundamente la forma de ejercer justicia en nuestro país, que como todos sabemos es obscura e ineficiente y no garantiza debidamente los derechos de víctimas ni de imputados. La reforma busca adoptar una nueva metodología más transparente, lógica y ágil para ejercer justicia, es decir, para exponer los argumentos de las partes y decidir sobre el futuro del imputado. En vez de largos procesos de creación de expedientes y transcripciones, el nuevo proceso acusatorio adversarial estará regido por un sistema de audiencias orales en las que se deberán respetar los principios de oralidad, contradicción, publicidad, continuidad e inmediación. Indudablemente la reforma ofrece grandes oportunidades para mejorar nuestro sistema penal, pero también implica serios retos; retos que las entidades federativas que ya han empezado a implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio enfrentan hoy. Uno de esos retos es la creación de un Código Procesal Penal que instrumentalice debidamente los principios y derechos que la Constitución exige ahora. Un código que integre las buenas prácticas de los sistemas acusatorios que se han implementado a lo largo del país y que se aventure a romper paradigmas y evitar reintroducir las prácticas viciadas del proceso penal pasado, como se ha visto ya en ciertos estados. Un código que, por un lado, garantice los derechos del imputado como la presunción de inocencia y el derecho a una defensa adecuada, pero no deje de lado los derechos de las víctimas que hoy más que nunca tenemos que proteger. Esta labor se vuelve aún más difícil en el entorno de nuestro país donde se tienen que elaborar no uno sino 33 códigos procesales penales, empezando por el Código Procesal Federal que hasta ahora no hemos aprobado. No obstante, de acuerdo a la Constitución, tenemos menos de tres años para implementar el nuevo sistema de justicia acusatorio en nuestro país. La diversidad de códigos procesales no nada más dificulta la implementación exitosa del nuevo sistema de justicia. También motiva criterios de interpretación contradictorios entre las entidades federativas, dificulta la coordinación entre las autoridades y fomenta la improvisación legislativa sobre temas que deberían ser modificados previo consenso y discusión por parte de todos los actores sociales interesados. Es por esto que creemos que la unificación de las leyes procesales en materia penal es el mejor camino para remediar la dispersión legislativa y las inconsistencias y vicios entre las leyes locales y federales. Es la mejor forma de lograr la armonización entre la teoría penal y la práctica en todo el país, permitiendo además concentrar los esfuerzos académicos en la capacitación de los futuros operadores y la difusión y enseñanza de la legislación procesal. De manera más general, con la emisión de un código único, se sumaría a la creciente tendencia internacional en materia procesal: la simplificación. En pocas palabras, la unificación procesal-penal brindará certeza jurídica a la sociedad evitando que exista desigualdad en la manera de juzgar a los ciudadanos por el solo hecho de residir en distintas entidades federativas. Aprobar el presente dictamen que facultaría al Congreso para legislar y expedir un Código Procesal Penal Único, es el primer paso de una larga lista de responsabilidades que tenemos los legisladores para enmendar un sistema corrupto e injusto, desigual y arbitrario. Esperamos que las distintas fracciones parlamentarias acompañen esta reforma constitucional que hoy votaremos a favor. Muchas gracias.