EL C. DIPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS: Muchas gracias señora presidenta. Muy honorable asamblea. Es el tema que nos ocupa, uno de aquellos en los que típicamente se nos facilita confundir el tema y confundirnos nosotros mismos, de confundirnos entre el continente y el contenido de lo que estamos discutiendo, entre el fondo y la forma, entre el método y el propósito del asunto en cuestión, entre el rito y el mérito, al final de cuentas entre lo recto y lo oblicuo. Es por eso que hemos escuchado en el debate que hoy nos ocupa, durante los últimos días, de los mas recientes tiempos, que muy frecuentemente argumentamos: estoy de acuerdo en esto, pero no en esto; en el asunto de la fructuosa estoy de acuerdo en esto, pero no en esto en el asunto de la controversia. En este asunto se advierte y se ha advertido por todos los integrantes de esta H. Cámara, un debate básicamente sobre dos inconstitucionalidades: la inconstitucionalidad posible de una ley, la inconstitucionalidad del artículo 39 del Código Fiscal, que permite contra el texto de la Constitución la asunción de facultades por parte del Ejecutivo Federal, en demérito de las que la Constitución confiere de manera exclusiva y sin excepciones al Congreso de la Unión. Y por otra parte la inconstitucionalidad de un acto de aplicación de ese propio dispositivo legal tributario. El asunto desde luego nos plantea muchas interrogantes, pero quizás las dos fundamentales en el tema del equilibrio de poderes y del respeto de poderes, cuestiones desde luego inseparables e indisolubles. ¿Qué debe hacer cada poder para ajustar su actuación a la legalidad? Y por otra parte, ¿qué debe hacer cada poder para ajustar a los demás poderes al respeto y a la obediencia de la legalidad? ¿Qué debe hacer cada poder para someter al poder contumaz que se aparta de la legalidad, que atropella a otros poderes y que acopia, en su caso, facultades que no le confiere el orden legal? Decíamos que estamos, parte del debate estos días ante la presencia de una ley, el 39 del Código Fiscal, que violenta la Constitución, y esto nos trae indiscutiblemente a reflexión, de que es este poder, de que es el Congreso de la Unión, que en materia tributaria principalmente esta Cámara de Diputados, la primera línea de defensa de la constitucionalidad de leyes. Esa primera línea que durante décadas hemos pensado que corresponde en primera instancia al Poder Judicial de la Federación, es oportuno de aquí para adelante, que consideramos los congresistas de la Unión, que es una de nuestras principales y quizá la primera de nuestras responsabilidades, el ajustar nuestras resoluciones al texto de la ley. Y sólo el judicial, una segunda línea de defensa, para aquellos actos en donde involuntariamente hayamos conculcado el texto de la Constitución, pero después de una reflexión concienzuda de nuestra responsabilidad. Se habla también del acto que motiva el punto de acuerdo que está a discusión. El 39, sea o inconstitucional, confiere una facultad al Presidente de la República para utilizarla en ciertos extremos, extremos que en la especie es evidente que no se han dado, extremos cuando se está afectando o con la finalidad de proteger la afectación posible a una rama de la economía, a una zona del país, a un determinado sector y así pareciere que el motivo determinante del acto del Ejecutivo, "la motivación", llaman los juristas, no se ajusta al texto de lo dispuesto por el 39 del Código Fiscal y por lo tanto, contraviene constitucionalmente lo dispuesto por la fracción I del 89 al hacer que el Ejecutivo se aparte de la exacta observancia de las leyes a la que está obligado, independientemente de cualquier atropello al 49 constitucional, en donde mediante este acto pareciera que se están reuniendo dos Poderes: el Legislativo en el Ejecutivo, al tratarse de un acto del Ejecutivo abiertamente derogatorio de una disposición congresional; de una disposición legislativa puesto que no lo sujeta a límites de temporalidad, puesto que no lo sujeta a límites de espacialidad y puesto que no lo sujeta a limitaciones personales, como es el espíritu y el texto del 39, constitucional o no, del Código Fiscal de la Federación. Este acto, de suyo derogatorio, es ya en sí un viso de inconstitucionalidad no solamente de la ley, sino adicionalmente del acto que la aplica: "albarda sobre aparejo", diría el refraneo. Qué bueno que se plantee, según lo propone el punto de acuerdo, la posibilidad de una controversia constitucional, una demanda en torno a la controversia constitucional por la invasión de atribuciones que un Poder ha hecho sobre otro; qué bueno también que el propio proyecto de punto de acuerdo prevé que esto sea analizado por los órganos que tienen la responsabilidad técnico-jurídica dentro de esta Honorable Cámara de Diputados. Es importante no solamente que actuemos en consecuencia y en congruencia con nuestros propósitos y con nuestras finalidades; una sociedad, mientras más democrática sea y en buena hora que la nuestra cada día lo sea más, tiene necesariamente el imperativo de apegarse a los requerimientos y a las exigencias de la legalidad. La democracia es la entronización de nuestro querer, la justicia es la entronización de nuestro deber. Con la democracia las sociedades logran lo que quieren, con la justicia las sociedades logran lo que deben. Esforcémonos por hacer triunfar este reto, este doble desafío que tenemos los mexicanos de aquí para el porvenir, de hacer coincidir nuestros propósitos de democracia y nuestros propósitos de justicia, recordando siempre que el estado de derecho y el estado de justicia son una victoria del hombre sobre sí mismo, una victoria de su raciocinio y de su espíritu sobre sus puros deseos y sus puras ganas. Muchas gracias. (Aplausos) EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA, (desde su curul).- Para hechos, señora Presidenta.