El diputado José Luis Jaime Correa: Compañeras y compañeros legisladores, con mucho orgullo vengo a esta tribuna a fijar la posición de mi Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en torno a la reforma electoral recientemente aprobada el 14 de septiembre en el Congreso local del Estado de México. Iniciaré por comentar que las reformas electorales en este país se iniciaron en 1977 para abrirle cauce a los reclamos ciudadanos, para ampliar las libertades políticas y democráticas. Sin embargo, en ese momento cuando se iniciaron las reformas electorales, las grandes reformas electorales, fueron precisamente para cerrarle el paso a los caminos de la violencia; era el momento de la guerra sucia, era el momento en el que se encontraban conculcados muchos de los derechos políticos y democráticos de los mexicanos. Por eso ahora nos referiremos a la reforma electoral del estado de México, que fue aprobada el 14 de septiembre, precisamente en el mes patrio, para conculcar derechos ciudadanos a los mexiquenses. Por eso decimos que la reforma del gobernador Peña Nieto ataca la vida democrática del estado de México, ya que reduce los derechos y las posibilidades de participación democrática y ciudadana. Es absolutamente regresiva y nos traslada en automático a la actitud abusiva del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari al instruir a su bancada, la del PRI en esa época, para buscar la derogación de las candidaturas comunes en el marco legal federal. Con esta contrarreforma, la del estado de México, se rompen tradiciones democráticas que los mexicanos y los mexiquenses habíamos venido construyendo, ya que todas las reformas electorales anteriores habían sido pactadas entre todas las fuerzas políticas y todas por ende habían gozado de un amplio consenso más allá de nuestras divergencias. Pero, ¿por qué decimos que el autor de esta reforma fue Peña Nieto? Nada más hay que remitirnos a lo que él mismo publicó en el periódico El Universal en el mes de marzo. Qué bueno que el gobernador Peña Nieto se subió al debate, porque así es como se debe debatir, de frente, públicamente. Pues públicamente ahora vamos a contestar. Primero, él es el autor porque desde el año 2007 había anunciado su pretensión de desaparecer las candidaturas comunes y de restaurar la cláusula de gobernabilidad, en un acto de aniversario, en el décimo aniversario de la integración del Instituto Electoral del Estado de México. En el plan de restauración autoritaria de Peña Nieto, apenas comienza con estas reformas, ya que su proyecto más ambicioso se encuentra expuesto en su famosa agenda para el bicentenario, dada a conocer por él mismo en este año y en esta agenda se contiene, entre otras cosas, desaparecer la representación proporcional pura y retomar la ominosa cláusula de gobernabilidad para que el partido que alcance el 37 por ciento de la votación, en automático tenga una mayoría absoluta en el Congreso local, es decir, una mayoría artificial y a todas luces antidemocrática y con sobrerrepresentación política. Peña Nieto le encargó la iniciativa para eliminar las candidaturas comunes a sus socios, del Partido Verde, primero, mismos que presentaron el proyecto a pesar de haber sido beneficiarios del mismo en las elecciones del 2003, del 2005, del 2006 y del 2009. Al Partido Nueva Alianza le encomendó la iniciativa para reducir el financiamiento público y dejar manga ancha al financiamiento privado sin reducir los topes de campaña y privilegiando con esto a los candidatos para que logren mayor financiamiento privado. Finalmente a su propio partido, el PRI, en el congreso local, el más beneficiado históricamente de las candidaturas comunes, le pidió presentara una iniciativa para reducir los tiempos de campaña, es decir, a su propio partido le cargó una propuesta de reforma más sencilla que no los desgastara tanto como a sus socios. Ya en la reforma de 2008, se había reducido el tiempo para realizar la campaña para gobernador de 90 a 62 días, sin embargo, nunca se llegó a materializar este ejercicio puesto que no hubo elección, obviamente y ahora se reduce a 45 días, dejando para la precampaña sólo 10 días. Esto le facilita al gobernador 45 días más para promover la obra de gobierno en los medios de comunicación. Esto es inequitativo. En cuanto a la duración de las campañas para diputados y ayuntamientos, la reforma pasa, la reforma de 2008, la redujo de 60 a 45 días y así fue la campaña del 2009. Ahora con esta reforma se reducen a 30 días y una precampaña de 10 días, es decir, ahora se pretende que en 45 días se posicionen frente a la opinión pública las y los candidatos a gobernador y en 30 días lo hagan los candidatos a diputados y presidentes municipales o candidatas a diputadas y presidentas municipales. Ese dato también nos deja ver la confianza del actual gobernador en su liga íntima con los consorcios televisivos que le harán el favor de promover mediáticamente a sus candidatos en ese breve tiempo, violando, obviamente, los preceptos constitucionales de equidad en las contiendas electorales. Estas piezas legislativas fueron la materia para dictaminar la ominosa Ley Peña, contrarreforma electoral que deja ver la concepción autoritaria del gobernador actual. En el PRD no tenemos problema para competir en el estado de México en el esquema de candidaturas comunes o en el de coaliciones electorales, aun con todas estas restricciones que recientemente se aprobaron. Y si fuera el caso, habremos de suscribir agendas y acuerdos de cara a la sociedad, si son para la transformación democrática, para el desarrollo de nuestros pueblos y sociedades y para la erradicación de cacicazgos perniciosos que tanto han dañado al país. De hecho, ya lo hicimos en Oaxaca, en Puebla y en Sinaloa y estas amplias alianzas resultaron profundamente exitosas. Sí vemos con preocupación que el gobernador Peña Nieto empieza ya su campaña presidencial de manera anticipada, creando marcos electorales a su gusto, a modo, mostrando su verdadero rostro autoritario, absorbiendo las facultades de otros poderes para el Ejecutivo, argumentando que la mayoría absoluta es eficaz y que la pluralidad nos conduce a la ingobernabilidad y al Estado fallido. No, señor gobernador. Desde aquí le decimos: la pluralidad no nos conduce al Estado fallido. A ese ominoso destino nos ha conducido la miseria, la pobreza extrema, la corrupción y el autoritarismo, la falta de voluntad de arribar a los acuerdos que urgentemente requiere este país. Pero también le decimos desde esta tribuna a usted y a sus correligionarios, diputadas y diputados federales: el Estado eficaz que usted reclama no es el que se construye a partir de mayorías absolutas, menos cuando éstas se pretenden construir artificialmente con cláusulas de gobernabilidad, que son instrumentos del pasado. El Estado eficaz, en todo caso, es el Estado plural y democrático, es el Estado cuyas instituciones conviven en el sano equilibrio de los poderes, es el Estado que asume su responsabilidad con todos y con todas y sobre todo con quienes menos tienen, con los más pobres. El Estado eficaz es aquél que rinde cuentas, que es transparente e incluyente. En síntesis, el Estado eficaz no es una evocación del pasado autoritario que nuestra sociedad jamás volverá a recrear; es una aspiración del futuro, es sin ambages un Estado democrático al que usted no sólo le rehúye, sino que manifiestamente le tema. Por eso lo han calificado muchos analistas políticos como un gobernador con mucho miedo, un gobernador miedoso. Nosotros, en el PRD, hemos concluido que si las reformas electorales han servido para abrirle cauce a la participación democrática y no para conculcar derechos, entonces tendremos que recurrir, si es necesario, a todas las vías legales que sean necesarias, a las que nos deje abierta la Constitución y a lo que nos deje abierto todos los derechos democráticos en este país, establecidos para poder detener esta reforma electoral que quiere echar atrás la rueda de la historia. Con mayorías absolutas prefabricadas; ésa es la democracia que nos ofrecen. Ése es el Estado eficaz que ofrecen...