La diputada Esthela Damián Peralta: Con su permiso, señor presidente. Vengo a esta tribuna a hablar en específico de un problema que ha ocupado los principales medios nacionales de comunicación y que no es otra cosa que hablar de la deuda pública del estado de Coahuila y la evolución que la misma ha tenido. Quisiera hacer referencia, por ejemplo, a la evolución que ésta ha venido desarrollando y por qué hoy estamos sumidos e inmersos en este gran escándalo y en este gran conflicto a nivel nacional. La deuda pública de Coahuila ha tenido una evolución de 2005 a esta fecha de 10 mil 164 por ciento. A diciembre de 2005 la deuda era de 323.2 millones de pesos. A marzo de 2006 de 388.9 millones de pesos. Al cierre de 2006 de 420 millones de pesos y posteriormente, en el 2007, sube a 470 millones. Mientras que en el 2008 asciende a mil 891 millones de pesos. En 2009 bajó a mil 561 millones de pesos, pero en 2010 se va hasta ocho mil 338.5 millones de pesos, que era la deuda registrada por Hacienda a esa fecha. Solamente quiero hacer referencia a que estamos hablando del 2009 y estuvimos haciendo referencia de diciembre de 2005 y estamos ubicados en estos momentos en el 2010. En agosto de 2011 conocimos que la deuda real de Coahuila era de 31 mil 973 millones de pesos y que se manejaban con total opacidad y discrecionalidad. Tan es así que el 18 de agosto pasado el Congreso del estado aprobó un decreto con número 534 mediante el cual autorizaba al gobierno de la entidad a contratar empréstitos por hasta 33 mil 867 millones de pesos con el fin de refinanciar el total de la deuda estatal y el decreto 536 por el que se reconoce, autoriza, aprueba y ordena el pago de la deuda pública del estado por un monto total de 33 mil 867 millones de pesos. Pero no sólo eso, sino que una parte de esta deuda se generó con documentos falsificados y apócrifos, destacando los siguientes: el 14 de marzo, el director del Sistema de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, Héctor Javier Villarreal, envió un oficio a la Secretaría de Hacienda dándole a conocer que el Congreso local había expedido un decreto que autorizaba un crédito de hasta mil millones de pesos con cargo al pago de garantía a los ingresos de las participaciones federales que le correspondían a ese estado. Otro documento falso: el 29 de marzo el mismo Villarreal envío otro oficio a Hacienda solicitando el registro de otra deuda aprobada también por su Congreso, ahora por dos mil millones de pesos destinados a la Comisión Estatal de Agua. El primero de ellos respaldado por el decreto 318 del Congreso de Coahuila que en realidad había aprobado la designación del contralor interno del Instituto Electoral de esa entidad. El segundo estaba respaldado por el decreto 476 que designaba a una sustituta en la cuarta regiduría del municipio General Zepeda. Podría seguir abundando con los detalles y pormenores acerca de este escandaloso asunto que hoy ha ocupado a millones de coahuilenses en el tema, pero me parece relevante señalar que en esta Cámara de Diputados tenemos que tomar cartas en el asunto cuando se habla de deudas en los estados, mucho más cuando se habla de falsificación de documentos. No podemos permitir que crezca de manera exponencial un recurso económico que está destinado específicamente para beneficiar a los ciudadanos y que hoy los coahuilenses no sepan en qué se utilizaron ni para qué. Me parece una total y absoluta falta de respeto, que por supuesto ya ocupó en estos momentos o ya tomó la cabeza del presidente del Partido Revolucionario Institucional. Es verdaderamente grave y tenemos que hacer algo para que no generemos impunidad sobre esta materia. Es cuanto, diputado.