La diputada Dulce María Sauri Riancho: Las regiones como delimitaciones territoriales no están contempladas en nuestra Constitución, solo lo están en materia electoral a través de las circunscripciones. Sin embargo, no implica que puedan existir políticas públicas u otras decisiones de participación ciudadana basadas en las características de una región, como es el caso, el impulso a la infraestructura de la región sureste del país o a la disminución del IVA en la frontera norte o el establecimiento de más de 266 regiones para tareas de seguridad de la Guardia Nacional. El Grupo Parlamentario del PRI acompañará esta incorporación en materia de consulta popular regional que realizó la Colegisladora. No estaba contemplada en el dictamen, que nosotros aprobamos, ahí no se mencionaba ni se tocó el ámbito regional, pero es una incorporación positiva de la Colegisladora. Pero necesitamos razonar e incorporar precisiones para que las consultas populares sobre tema de trascendencia regional cuenten con criterios objetivos que impidan abusos, detonen conflictos de gobernabilidad o de carácter intragubernamental en razón de las diferencias válidas que puede tener una entidad federativa y otra sobre un mismo asunto a consultar. Les voy a dar un ejemplo muy concreto de dónde está la preocupación que me llevó a presentar esta reserva para adicionar un transitorio. En Yucatán tenemos una preocupación respecto al uso de transgénicos para el cultivo del maíz en la entidad porque impacta, entre otras cosas, la misma producción de miel. Yucatán desearía, buscaría una consulta popular para prohibir el cultivo de transgénicos en Yucatán. ¿Podríamos –bajo esta reforma– lograr el dos por ciento de la lista nominal de electores de Yucatán para poder obtener el boleto que nos permita consultar nacionalmente si en Yucatán se prohíbe el cultivo de transgénicos? En ese momento no hay ninguna instancia que diga que la pregunta de Yucatán, sujeta a consulta en la federación, es una pregunta válida. Es una pregunta procedente y de interés para que 90 millones de electores y electoras en el país se pronuncien sobre este tema, y aquí vienen las propuestas específicas. Primero. Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea quien califique la trascendencia regional que sea competencia de la federación, teniendo en cuenta dos parámetros. El primero, que repercuta en la mayor parte del territorio nacional y, el segundo, que impacte en una parte significativa de la población. La segunda consideración es que, en el caso de trascendencia regional, se deben considerar elementos como que la consulta verse sobre obras de infraestructura que tengan un impacto ambiental, turístico, económico y social que beneficie o perjudique a la región y, dos, que la consulta verse sobre temas que impliquen financiamiento de la región en conjunto con la federación. El objetivo de esta adición de un transitorio es que la Corte cuente con elementos mínimos para calificar si ha lugar o no a una consulta de carácter regional. Finalmente proponemos señalar explícitamente que el Congreso de la Unión deberá, en los 180 días posteriores a la publicación del decreto, reformar la Ley de Consulta Popular. En esto coincidimos plenamente con Movimiento Ciudadano en que es indispensable señalarlo en el propio texto. El objetivo es armonizar dicha ley con los cambios constitucionales, por ejemplo en vez de aludir al IFE, como actualmente dice la ley, que se especifique que el encargado de la organización y difusión de las consultas populares será exclusivamente el Instituto Nacional Electoral y que todos los entes públicos deberán suspender la propaganda gubernamental, salvo en asuntos relativos a educación, salud o protección civil. Ojalá consideren estas reservas y sean aprobadas para fortalecer aún más el dictamen a discusión. Muchas gracias.