La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: Compañeros y compañeras, esta reforma toca un tema que no puede tomarse a la ligera, estamos hablando de cómo se defiende el Estado mexicano frente al lavado de dinero. Es una de las formas más graves y más invisibles en las que el crimen organizado, la corrupción y la impunidad se infiltran en la vida institucional del país, por eso lo primero que quiero decir, desde esta tribuna, es que sí se necesita esta reforma. Se necesita, porque el lavado de dinero no ocurre solo en paraísos fiscales o en bolsas con fajos de billetes, ocurre cuando se esconden fondos ilícitos tras empresas fachadas o fantasmas, estructuras opacas o transacciones complejas y sofisticadas. Esta reforma amplía la lista de actividades vulnerables para incluir a desarrolladores inmobiliarios, proveedores de servicios con activos virtuales, emisores de tarjetas no bancarias y organizaciones sin fines de lucro, cuando manejan recursos de riesgo. También establece la obligación de identificar al beneficiario final de cada operación y obliga a reportar, incluso, intentos fallidos de operaciones sospechosas. Se fortalece el rol de la Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es evidente que nadie puede estar en desacuerdo de la lucha contra las operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todos coincidimos en la importancia de fortalecer el marco institucional para hacer frente a la delincuencia organizada, más ahora en el contexto de las acusaciones por lavado de dinero, realizadas por los Estados Unidos de América en contra de CIBanco Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Hasta aquí Movimiento Ciudadano está de acuerdo con el fondo, reconocemos que México debe cumplir con estándares internacionales que el grupo de acción financiera internacional ha señalado áreas de mejora y que es urgente cerrar las rutas que use el dinero sucio para circular libremente. Pero votaremos en abstención y lo hacemos porque vemos riesgos reales en la forma en la que se estructura esta reforma, primero porque esta ley le otorga a la Secretaría de Hacienda una capacidad de acceso irrestricto a la información más sensible del país, como lo establece el artículo 51 Bis, registros públicos, datos fiscales, información patrimonial, datos personales y hasta biométricos, información de sindicatos, partidos políticos y organismos autónomos, y todo esto sin control judicial, sin orden de por medio, sin límites expresos. Sí, queremos evitar y prevenir delitos, pero el combate al crimen no puede justificar la creación de un sistema de vigilancia sin frenos ni contrapesos, mucho menos cuando lo que está en juego es la privacidad de millones de personas. Segundo, nos preocupa que esta reforma deje en manos de Hacienda, según el artículo 3, la definición de quién es una persona políticamente expuesta, las cuales podrán ser objeto de vigilancia, reportes, monitoreo, intercambio de datos y quizás hasta congelamiento de cuentas. Todo sin controles judiciales efectivos. La ley no lo aclara y lo delega a reglas secundarias, por lo que el margen se vuelve riesgoso, porque no solo se trata de servidores públicos que ocupan cargos relevantes, eso sería relativamente entendible, sino también de personas cercanas, familiares, socios, allegados o incluso colaboradores. Cuando esa categoría se amplía sin límites claros se puede usar con discrecionalidad y donde hay discrecionalidad sin vigilancia hay riesgo de persecución. Si aprobamos la ley así, entonces, permitimos que los adversarios políticos al régimen y también cualquier persona relacionada con ellos pueda ser objeto de investigaciones y medidas restrictivas. Esto representa un riesgo muy peligroso de persecución política y uso faccioso de la ley. Y, tercero, esta minuta en el artículo 6 incorpora la Guardia Nacional en funciones financieras. Y lo decimos con claridad, el análisis patrimonial no es una tarea militar. El control financiero es un asunto civil, técnico y democrático. Y abrir la puerta a la intervención militar, sin control del Ministerio Público, es un paso más hacia la concentración de poder en manos castrenses. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, votaremos en abstención, porque sí reconocemos el problema, la necesidad de combatir el lavado de dinero, de cerrar las rutas financieras del crimen organizado y de cumplir con estándares internacionales, pero no validamos esta forma de resolverlo, porque sí queremos combatir el lavado de dinero, pero no con herramientas que puedan ser utilizadas para la presión política o el control político. Porque sí atendemos la seguridad, pero también defendemos la privacidad, la libertad y el equilibrio entre poderes. Desde Movimiento Ciudadano reiteramos que la lucha contra el lavado de dinero debe ser pronta, pero nunca a costa de los derechos fundamentales de las y los mexicanos. Exigimos una legislación clara, garantista y respetuosa de los derechos humanos, que combate el lavado de dinero sin convertirse en un instrumento de persecución política o de control social. Es cuanto.