El diputado Miguel Angel Osorio Chong (PRI): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Para nosotros los legisladores, la seguridad de los ciudadanos es un tema prioritario y compromiso fundamental con nuestros representados. Estoy convencido que el respeto a las instituciones y el apego al orden jurídico, son premisas fundamentales en la construcción y desarrollo de la convivencia humana. Una preocupación actual es acoger a la víctima del delito, construir los mecanismos institucionales para brindarles una protección integral, destinarles mejores recursos y nuestras mejores capacidades, para dar una respuesta a los que reclaman por justicia, a los que son víctimas de la violencia y del delito. En efecto, debemos ser capaces más allá de nuestras diferencias de darles una respuesta y de hacerle frente corresponsable a la delincuencia y así dar paso a una sociedad más segura, más igualitaria, con más y mejor justicia. Es necesario entender que el olvido a las víctimas y ofendidos del delito, es un riesgo mayúsculo, pues ocasiona que el sistema penal pierda legitimidad al no alcanzar los mínimos esperados, perdiendo credibilidad de las instituciones públicas, además de que provoca una mayor desconfianza de las víctimas y ofendidos hacia sus autoridades, así como la falta de atención y reconocimiento de sus derechos. Lo anterior ha tenido como resultado un aumento en el número de omisiones de denuncia, pues se estima que solamente 2 de cada 10 delitos cometidos en México son denunciados, lo que facilita la impunidad y la debilidad de nuestro sistema penal. Debemos partir de que la víctima debe de ser la principal protagonista en el proceso penal, ya que nadie como ella tiene el interés de defender el bien jurídico que se le ha afectado, equilibrando la respuesta de los órganos de control social, pero protegiendo y garantizando el respeto a los derechos de las víctimas. "Por esto es tarea del Estado velar porque la justicia contemple la promoción y defensa de los derechos humanos, tanto de los agentes antisociales como de las víctimas, por lo que tal protección debe ser conferida por nuestras instituciones de manera gratuita e independientemente de que se identifique, aprehenda o condene al delincuente mediante el otorgamiento de servicios por parte del Estado y, en su caso, auxiliando por grupos de la sociedad civil. "El derecho victimal nace a la vida jurídica al adicionar el artículo 20 constitucional en su último párrafo en el año de 1993 y reconoce algunos de los múltiples derechos que deben tener las víctimas y los ofendidos del delito. En 1994 se reforma el artículo 21 de la Constitución, anexando un cuarto párrafo consagrando el derecho de la víctima y ofendido del delito. "En el año 2000 se reforma nuevamente el artículo 20 constitucional, consagrando con mayor amplitud los derechos de las víctimas u ofendidos por el delito en un Apartado B, finalizando con esto la notoria desigualdad de derechos otorgados al inculpado y a la víctima. Pero a pesar de los grandes avances y esfuerzos realizados en México a favor de las víctimas del delito, las leyes aún han centrado su atención en los derechos de las personas que acusadas por la comisión de algún delito son sometidas a un procedimiento penal, dejando de lado un principio de justicia que nos debe de obligar a pensar que la persona que se ve lesionada por el hecho sancionado como delito debe ser, sin duda, la más protegida por la ley. "Por esta razón nuestro deber como legisladores es proponer, las veces que sea necesarias, iniciativas en la materia para tener diversas alternativas de estudio y al final crear leyes que verdaderamente garanticen los intereses de los principales afectados del delito y así enfrentar el problema de la inseguridad social originada con motivo de la comisión de hechos delictuosos y cambiar la percepción de la sociedad con respecto a sus leyes y a las autoridades encargadas de administrar y procurar la justicia. "Esta propuesta de Ley Federal para las víctimas y ofendidos del delito, que reglamentaría el artículo 20 constitucional Apartado B, entre otras cosas busca englobar todos los esfuerzos realizados en la materia por diferentes dependencias, además de establecer detalladamente los derechos y recursos de las víctimas y los ofendidos del delito, creando los medios de asesoría jurídica adecuados para las víctimas, articulándolos en un sistema de seguridad social jurídica. "Crea el Centro de Atención a Víctimas, como una alternativa más para su apoyo, con una serie de programas de atención integrado por abogados, sicólogos, siquiatras, asistentes sociales, médicos, entre otros. Con la finalidad de ayudar, en primera instancia, a la víctima y a su familia, además de sobrellevar el difícil trauma que los afecta y vigilar el cumplimiento de sus derechos. "Establece un fideicomiso que se integrará por diversas aportaciones tanto públicas como privadas, que contará con los recursos necesarios para garantizar a la víctima de escasos recursos la reparación del daño en los casos procedentes y cuando no sea suficiente el monto aportado por el responsable del delito. Además de contemplar la obligación solidaria del Estado de reparar el daño por los delitos cometidos por sus servidores públicos en el ejercicio de sus funciones. "Por todo lo anterior, debemos de partir necesariamente de la premisa de que un auténtico Estado de Derecho no puede olvidarse de las víctimas del delito, sino por el contrario debe acogerla, tutelarla y darle seguridad. "Por esto vengo hoy a presentar una iniciativa de Ley Federal para la víctima y el ofendido del delito que les garantice los medios necesarios para hacer valer sus derechos y que a su vez aminore las consecuencias necesarias del hecho delictuoso, terminando con el histórico olvido de las víctimas y mitigando la sensación de indefensión, malestar y olvido". Por su atención muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Es cuanto, señor Presidente. (Aplausos)