El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con su venia, presidenta. Desde la reforma integral al Poder Judicial de la Federación de 1994, con la que se modificaron 27 artículos de la Constitución para fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un órgano constitucional y contar con un órgano especializado de administración y vigilancia del Poder Judicial de la Federación, no habíamos tenido una reforma tan importante como la que hoy estamos discutiendo. La función que desempeña el Poder Judicial de la Federación no es menor, pues su autoridad influye en la consolidación de un Estado de derecho. Y mejorar sus capacidades es clave para reducir la impunidad que se vive aún en México. Pues un sistema judicial deficiente implica un acceso desigual a la justicia. La justicia forma parte de las motivaciones que caracterizan al ser humano y alcanzarla es una tarea del derecho, el cual es la base racional de la convivencia social y de la realización individual. De ahí la alta responsabilidad de todos aquellos que se encargan de impartirla, como son las y los jueces, magistrados y ministros, quienes son los actores centrales del sistema de impartición de justicia en nuestro país. A ellos les corresponde dar una salida institucional a los conflictos que se presentan en la sociedad y asumir la responsabilidad de impartir justicia en forma imparcial, pronta y expedita, cuyos efectos tienen importantes implicaciones para la sociedad en general. La reforma constitucional que hoy vamos a aprobar es un esfuerzo para mejorar de un modo significativo el funcionamiento de las instituciones, de la labor jurisdiccional en nuestro país. Uno de los problemas que necesita atención urgente es la brecha de género que hay dentro del Poder Judicial de la Federación, donde el índice de mujeres titulares de órganos jurisdiccionales es todavía bajo. Al 15 de junio del 2019, solamente el 23 por ciento de los jueces de distrito eran mujeres y solo el 18.7 por ciento lo eran en magistraturas. Es importante precisar que la igualdad de género parte del reconocimiento de que históricamente las mujeres han sido discriminadas y es necesario llevar a cabo acciones que eliminen la desigualdad histórica y acorten las brechas entre mujeres y hombres, de manera que se sienten las bases para una efectiva igualdad de género en el ámbito judicial. Por ello, como un gran logro, es lo establecido en el artículo 100 constitucional, donde se agrega la paridad de género como principio de la carrera judicial, en congruencia con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio del 2019. Sin demérito de la reforma que hoy vamos a votar, Encuentro Social reconoce que tendremos importantes avances, pero también hay aún pendientes. Aún cuando una de las motivaciones de la reforma es acabar con la corrupción, resulta indispensable que el sistema de administración de justicia cuente con sistemas de evaluación más efectivos e independientes del propio Poder Judicial de la Federación, para garantizar información verídica y de calidad sobre las responsabilidades administrativas, tal y como sucede en los órganos constitucionales autónomos, donde los titulares de los órganos internos de control no son designados por los órganos que controlan. Compañeras y compañeros, Encuentro Social está convencido que la reforma judicial que estamos por votar permitirá que la sociedad mexicana cuente con juezas, jueces, magistradas y magistrados profesionalizados y honestos, que podrán cumplir de mejor manera con su función de dirimir controversias, instruir procesos, hacer valer las leyes, defender la Constitución, proteger los derechos de las personas y, en general, hacer posible un Estado de derecho. Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, presidenta.