El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, la etimología de la palabra secuestro proviene del vocablo latino secuestrare, que significa apoderarse de una persona para exigir un rescate. El secuestro es generalmente perpetuado con el fin de obtener un rescate monetario. Es uno de los delitos que laceran gravemente a la célula básica y, por ende, afecta profundamente a la sociedad por los múltiples bienes jurídicos que lesiona y trasgrede. Para enfrentarlo se ha optado –como acontece en la mayoría de los casos– por la respuesta demagógica y simuladora de modificar la normatividad correspondiente. Se incluyen nuevos tipos penales. Se amplían los ya existentes. Se elevan las penas a más de 60 años de prisión. Y, sin embargo, los secuestros aumentan. Y toman nuevas modalidades, entre ellas los llamados secuestro exprés y los autosecuestros. Con estas modalidades, el secuestro que afectaba sólo a personas de altos recursos económicos, ahora incide también en personas de escasos recursos, ya que los secuestradores exigen cantidades pequeñas, pero a corto plazo. Lo cual hace muy redituable este delito, sobre todo por la impunidad en la que se revisten. En la actualidad, el autosecuestro se ha convertido en una perversa y jugosa inversión. Este hecho delictivo aplica en personas que solicitan cantidades de dinero a familiares para vengarse o solventar gastos extras, por llamarlo de alguna manera. Simular la privación de la libertad de sí mismo, es un acto por el cual se ve beneficiado el secuestrado, ya que cobra su propio rescate. Estas personas generan extorciones, por lo cual es un delito que debe ser castigado con penas severas para evitar la incitación a estos sucesos ilícitos. Durante 2012 hubo 105 mil 682 secuestros en México, pero los ciudadanos sólo denunciaron mil 317 ante las autoridades. Esto de acuerdo a una encuesta elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que por primera vez contabilizó los delitos graves. La violencia y el aumento en la comisión de delitos en México parecen no tener fin, el incremento en la inseguridad social ha rebasado los diversos tipos penales tanto a nivel federal como local, poniendo en evidencia a las instituciones de prevención, procuración, administración de justicia y de reinserción social. Es necesario estudiar las causas del incremento de la violencia y de los delitos atendiendo a los motivos estructurales de tipo económico, social y político, el desempleo, la ausencia de medidas sociales asistenciales, culturales, de esparcimiento, deportivas, etcétera, porque el incremento del delito del secuestro ha creado una marcada inseguridad social, por lo que este delito debe ser tratado como de interés público fundamental. El problema de la proliferación y sus diversas modalidades del secuestro en México no es culpa de la legislación. La seguridad social se ve comprometida pero por aspectos externos, como la posible mala administración de la justicia o la efectividad deseada en las instituciones que convergen en la seguridad pública. El impedimento no es de leyes. El obstáculo radica en lo deteriorado del sistema de justicia en el que se ha caído, en el que tiene su acento en el abuso del poder, la deficiente preparación del personal y la falta de tecnología de investigación criminal y, sobre todo, la impunidad, el asesoramiento a victimarios del secuestro y del llamado autosecuestro. Para su solución se requiere el diseño, entre otros, de nuevos programas y considerar las experiencias de otros países, pues los métodos tradicionales utilizados por años no han sido eficaces. Es necesaria la formación de equipos de trabajo interdisciplinarios, conformados por verdaderos expertos que elaboren un programa integral de política criminal del secuestro y del autosecuestro en cada una de sus particularidades y modos de operar de manera urgente. Por ello, compañeras y compañeros, el grupo legislativo de Movimiento Ciudadano votaremos a favor del presente dictamen.