El diputado José Luis Montalvo Luna: Con la venia del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre de los integrantes de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y de su presidente, Óscar González Yáñez, el día de hoy hago uso de esta tribuna para presentar el dictamen que abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de noviembre de 2018, y expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. El dictamen que hoy presentamos ante esta soberanía da cumplimiento a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitó al Poder Legislativo Federal mediante la sentencia del 20 de mayo de 2019, referente al expediente 105/2018 y su acumulada 108/2018. Asimismo, con este dictamen ratificamos el compromiso del Congreso de la Unión por erradicar las burocracias doradas y establecer remuneraciones de los servidores públicos acordes con sus responsabilidades y con la realidad del país mediante criterios objetivos. La iniciativa objeto del presente dictamen establece criterios y una metodología para fijar las remuneraciones de los servidores públicos de la federación, sus entidades y dependencias, así como de sus administraciones paraestatales, fideicomisos, instituciones y organismos dotados de autonomía, empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal. Además, busca alcanzar un equilibrio que permita que las remuneraciones de los servidores públicos tomen en cuenta la situación del país, sin dejar de considerar que su ingreso debe ser suficiente para brindar una vida digna a sus familias. De igual manera, se pretende que las remuneraciones del sector público sean atractivas para los perfiles idóneos para que este esquema responda a la realidad económica del país y permita un ingreso justo para los servidores públicos. El dictamen considera los siguientes instrumentos para el cálculo de las remuneraciones: 1. El producto interno bruto per cápita. 2. El producto interno bruto per cápita de referencia. 3. El límite máximo de referencia, y 4. El límite de referencia. Estos elementos son acordes a los parámetros que se toman en consideración en otros países, organismos internacionales e institutos y centros de estudios económicos. Como lo señala en su fallo la Suprema Corte de Justicia, la remuneración del Ejecutivo federal es el referente para la fijación del resto de las percepciones de los servidores públicos. En este sentido, se establece una metodología para la determinación de la remuneración total anual correspondiente al presidente de la República, la cual será adecuada cuando cumpla con los siguientes parámetros en forma simultánea: A. Su monto no excede al equivalente en multiplicar el producto interno bruto per cápita de referencia por el número de grupos jerárquicos definidos en el Manual de Percepciones de la Administración Pública Federal, adicionando el nivel de presidente de la República. B. Su monto no es menor al equivalente de deducir al parámetro que resulte del inciso anterior el monto del producto interno bruto per cápita de referencia multiplicado por dos. C. Su monto no excede al límite máximo de referencia actualizado para el año del ejercicio presupuestal correspondiente. D. Su monto no es menor al límite mínimo de referencia actualizado para el año del ejercicio presupuestal correspondiente. Otro criterio que se contempla es el principio de proporcionalidad, es decir, que a mayor responsabilidad corresponde una mayor remuneración, pero no de forma discrecional, sino con base en los tabuladores presupuestales y en los manuales de percepción que se deberán ajustar a los límites y reglas constitucionales. En este orden de ideas, una vez definida la metodología y los requisitos para el cálculo de la remuneración del presidente de la República, se establecen los criterios para el resto de los servidores públicos. La metodología confiere valores por grupo y grado de conformidad con las funciones que desempeñan en cada puesto, el grado de responsabilidad que entrañan y las demás informaciones y características que determine, mediante normas de carácter general, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en coordinación con la Secretaría de la Función Pública. También, contempla una organización con base a 10 grupos jerárquicos que podrán subdividirse en grados para efectos de mejorar la proporcionalidad entre la remuneración y la responsabilidad de la función desempeñada. El décimo nivel corresponde al presidente de la República. Asimismo, se atiende la petición de la Suprema Corte de Justicia, de que este órgano federal regule las características de irrenunciabilidad de los servidores públicos, por lo que se estableció que estos deben recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que sea proporcional a sus responsabilidades. El dictamen que hoy presentamos no deja espacio a la opacidad porque se establece que todas las remuneraciones de los funcionarios son públicas y todas las autoridades están obligada a informar y a rendir cuentas con veracidad y oportunidad, privilegiando el principio de máxima publicidad. Compañeros y compañeras, en esta LXIV Legislatura hemos demostrado nuestro compromiso por acabar con los excesos y derroches en el ejercicio de los recursos públicos. Hemos manifestado nuestra convicción de que el servicio público no es una fuente de enriquecimiento, sino una noble labor que debe buscar como fin principal el bienestar de las y los mexicanos. Eso es lo que los ciudadanos están esperando de sus representantes y nosotros, como su voz en la más alta tribuna del país, no podemos fallarles. Con el presente dictamen estamos sentando las bases para un sistema de remuneraciones que responda a la realidad del país. El andamiaje jurídico que estamos presentando cierra la puerta a aquellos que mediante diversos amparos se siguen resistiendo a dejar atrás sus privilegios. Que se escuche fuerte y claro, el dictamen que hoy estamos presentando acaba con la discrecionalidad en la designación de las remuneraciones de los servidores públicos. Por las razones expuestas, les hago un respetuoso llamado para que voten a favor del presente dictamen. Muchas gracias por su consideración, diputada.