EL DIP. JORGE USCANGA ESCOBAR: Los suscritos, diputado federal Jorge Uscanga Escobar y senador licenciado Fidel Herrera Beltrán del estado de Veracruz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 párrafos 1° y 2°, incisos c), d) y e), 38 párrafo 1°, inciso a), 39 y 45 párrafo seis, inciso f) y g), de la Ley Orgánica del Congreso General, numeral 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, numerales 2° y duodécimo del Acuerdo Parlamentario, relativo a la integración del orden del día, de las discusiones y las votaciones, me permito someter al pleno de esta soberanía, la siguiente iniciativa. Exposición de Motivos En México, el concepto de "adulto mayores", comprende a todas aquellas personas que tengan 60 años o más, de acuerdo al Censo General de Población y Vivienda 2000. En nuestro país habitan 4 millones 750 mil adultos mayores, dividiéndose prácticamente en partes iguales entre hombres y mujeres, representando el 5% de la población total. Aún cuando en México la población es mayoritariamente joven, los avances logrados en materia de salud y bienestar social han permitido incrementar la posibilidad de vida que en las últimas 7 décadas aumentó40 años, ya que en 1930 era de 36 años y actualmente la vida media de los mexicanos asciende cerca de los 75 años. Se estima que para el año 2010 el número de adultos mayores puede incrementar a 10 millones; para el 2015, 15 millones y para el 2050 sumarán 42 millones. Esta situación obliga a enriquecer las políticas asistenciales. El paulatino envejecimiento de nuestra población implica una complejidad en la estructura social de México en un plazo relativamente corto, ya que mientras los países desarrollados les toma más de un siglo llegar a una situación de pleno envejecimiento demográfico, a México le tomará apenas medio siglo. Los adultos mayores es uno de los sectores más desamparados de México, ya que al llegar a la vejez sus capacidades físicas y mentales disminuyen, colocándolos en desventaja respecto de quienes aún no alcanzan esta edad, incrementándose en consecuencia su dependencia a la familia y a la comunidad, siendo discriminados, abandonados o incluso maltratados, por lo que es urgente la activación de programas y acciones que les garanticen una vida digna. Las cifras del Consejo Nacional de Población son claras; en el caso de los hombres, a partir de los 65 años de edad se inicia una tendencia ascendente en su empobrecimiento hasta los 75 años; la pobreza femenina aumenta abruptamente en el grupo de 60 a 64 años, lo que pudiera asociarse a la pérdida de la pareja por viudez. Sobre el derecho comparado en la materia, podemos citar que los gobiernos regionales españoles, como Castilla y León, han creado con recursos federales programas de ayuda de carácter individual con apoyos económicos para personas mayores de 65 años o jubilados de 60 años. En Argentina existen organismos gubernamentales como la Secretaría de Estado de la Tercera Edad, programadas como la cobertura médico asistencial y social, las cajas de ahorro y la articulación de vínculos e integración de objetivos comunes con organismos gubernamentales y no gubernamentales a nivel nacional e internacional, para la firma de convenios que promocionen y contemplen esta temática. Nuestro país, congruente con el interés internacional, es miembro de la Federación Internacional de la Vejez, creada en 1982 por la Organización de las Naciones Unidas, misma que emitió la Declaración sobre Derechos y Responsabilidades de las Personas de Edad, en la cual exhorta a los países a conjugar esfuerzos y voluntades políticas para lograr la independencia, participación, la autorrealización y dignidad de los adultos mayores. Durante más de dos décadas, el Instituto Nacional de la Senectud, INSEN, protegió y atendió a las personas de 60 años y más, sin embargo, las necesidades de este sector fueron cada vez mayores, por lo que en el 2002 pasó a formar parte de la Secretaría de Desarrollo Social modificando su nombre por el de Instituto Nacional de Adultos en Plenitud, no omitiendo al DIF que también maneja programas y servicios en apoyo a los adultos mayores. El Instituto Mexicano del Seguro Social otorga aproximadamente a 500 mil mujeres de la tercera edad, pensión por viudez y a hombres de 60 años o más, que representa el 29% de los pensionados, oscilando entre los 900 y 1200 pesos al mes. El último logro de la materia fue la Ley Federal de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, pero no es suficiente; en realidad estamos conscientes de que los esfuerzos destinados al apoyo de los adultos mayores son sobrepasados por la situación a la que se enfrentan diariamente. Nuestra labor como legisladores es seguir creando los medios jurídicos adecuados para que esta creciente problemática involucre a todos los niveles de gobierno y a la población en general, para poderle otorgar a los adultos mayores los derechos y prerrogativas que mejoren sus condiciones de vida. Retomo lo que establece el artículo 4° constitucional: "Toda persona tiene derecho a la protección de la salud". Asimismo la Ley de los Derechos de las personas adulta mayores en su artículo 11, se establece que la Federación, las entidades federativas y los municipios, ejercerán sus atribuciones en la formulación y ejecución de las políticas públicas para las personas adultas mayores de conformidad con la concurrencia prevista en esta ley. La importancia de aterrizar estos preceptos legales, debe ser un trabajo coordinado de los diversos poderes de los estados de los tres niveles del Gobierno, por lo que proponemos hacer uso de los recursos que otorga la Federación a los municipios en el llamado ramo 33, normado por la Ley de Coordinación Fiscal, para facultar a los municipios a que apliquen el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a programas de apoyos destinados a adultos mayores que se encuentren en condiciones de rezago social. Esto fortalecerá la cultura de respeto a los derechos y dignidad de los adultos mayores, no sólo como un acto de congruencia y de elemental justicia, sino como un imperativo ético e incluyente que propicia un cambio efectivo en las condiciones de muchos mexicanos. Por lo antes expuesto y en uso de las atribuciones citadas en el proemio de este documento, los suscritos sometemos a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con Proyecto de Decreto que adiciona un inciso c) del artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, de que los municipios puedan aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal a Programas de Apoyos Adultos Mayores. "Artículo 33.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: a)... b)... c) Dentro de las acciones sociales básicas los municipios podrán aplicar el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, a Programas de Apoyo a Adultos Mayores que se encuentran en condiciones de rezago social". Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 20 días del mes de abril del año 2004. Atentamente, senador licenciado Fidel Herrera Beltrán; diputado licenciado Jorge Uscanga Escobar. Es cuanto, señor Presidente.