El diputado Carlos Alberto Puente Salas: CNCA escribió que errar es humano, pero preservar el error es diabólico. En 2013 las y los legisladores del Partido Verde aprobamos la reforma energética, porque buscábamos bajar los precios de la electricidad. Votamos a favor porque queríamos que las energías renovables y limpias nos permitieran bajar las emisiones de gases efecto invernadero, pero también bajar los precios de los recibos de la luz. Hoy, casi nueve años después, debemos reconocer de que ello no se logró, que fracasamos y nos equivocamos al concederle a la Secretaría de Energía la confianza del Legislativo, a través del artículo tercero transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica, para que, por única ocasión, emitiera las primeras reglas del mercado, las cuales crearon el modelo del actual Sistema Eléctrico Nacional. La Secretaría de Energía no solo traicionó al Poder Legislativo, que acompañó dicha reforma, sino también traicionó a la mayoría de los mexicanos para beneficiar a unos cuantos, buscando desaparecer a la CFE en la generación de energía y poniendo en peligro el acceso de los que menos tienen a la electricidad. Por este motivo, hoy reconocemos que es necesario rectificar ese error que cometimos en el 2013. Es por eso que desde el primero de octubre del 2021, cuando se recibió en esta Cámara la iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica, propuesta por el Ejecutivo federal, en el Partido Verde dijimos puntualmente que se requería hacer un análisis amplio y profundo sobre la misma; generar un debate serio y de alcance nacional respecto a los cambios planteados; decidir quién y cómo generará y distribuirá la electricidad de nuestro país; definir si el control de la industria eléctrica debe quedarse en manos del Estado o de los particulares, así como la fórmula más viable, eficiente, limpia y sustentable para producirla, es del interés de todos los mexicanos. Porque con ello, no solo está en juego el presente, sino el futuro de muchas generaciones. Precisamente, por lo anterior, impulsamos la realización de un parlamento abierto, que nos permitiera escuchar, en igualdad de condiciones, la voz de todos aquellos que tuvieran algo que decir respecto a la reforma eléctrica, ya fuera a favor o en contra. Este ejercicio incluyó 28 mesas de diálogo, cientos de ponentes, funcionarios públicos, representantes empresariales, sociedad civil, academia, pueblos indígenas, expertos en el sector y titulares de gobiernos municipales y estatales. Un ejercicio sin precedentes, lo cual hace de la reforma eléctrica la propuesta más estudiada, comentada, debatida y difundida de los tiempos recientes. Al inicio de los foros del parlamento abierto, en el Partido Verde establecimos tres principios muy claros para orientar nuestra participación en el proceso de discusión de la reforma eléctrica. Primero, congruentes con nuestra historia, nuestra vocación, establecimos como prioridad la transición energética, para cuidar el medioambiente y promover el uso de energías limpias y renovables en la generación de electricidad. Segundo, nos propusimos lograr que los beneficios de utilizar tecnologías más baratas para producir electricidad, como las limpias y renovables, se reflejaran en los recibos de la luz en tarifas más justas para las y los mexicanos. Dijimos que la reforma debía garantizar la seguridad energética del país, fortaleciendo a la Comisión Federal de Electricidad y dejando en manos del Estado la rectoría del sistema eléctrico nacional, con el propósito principal de asegurar que los hogares, empresas y municipios de México sigan teniendo acceso a la electricidad y esto no esté condicionado a la voluntad de un privado. Lo primero que destacamos de la iniciativa es, que eleva a rango constitucional la transición energética. Es decir, la sustitución de combustibles fósiles para generar electricidad por fuentes de energía limpia y renovables. Esto es, sin duda, un gran logro que en el 2013 desgraciadamente no fue posible alcanzar, como tampoco se logró que el gobierno invirtiera en la generación de energía renovable. Hoy, hoy tenemos que reconocer que la actual administración sí lo hace al construir la planta de energía solar más grande en América Latina. Incluir la transición energética en la Constitución nos obliga, independientemente del partido que emane el gobierno, a establecer una política de Estado, con objetivos claros y el financiamiento necesario para concretarla. Nos obliga a implementar una estrategia para transitar con paso firme hacia una mayor participación de las energías limpias y renovables, lo cual es indispensable para cuidar el medio ambiente, combatir el cambio climático y cumplir con nuestros compromisos nacionales e internacionales en la materia. Hay que decirlo claramente, el modelo actual no ha contribuido, como se dijo, al cumplimiento de nuestras metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a los números, atendiendo a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio de la Ley General de Cambio Climático, México asumió el compromiso de reducir en 2020 el 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero con relación al año 2000, lo cual, de acuerdo a datos del Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 1990-2019, nos quedamos muy lejos de cumplir, puesto que en 2019 se emitieron 534 mil 688 millones de toneladas de dióxido de carbono, cuando solo debieron emitirse 253 mil 398 millones de toneladas para alcanzar la meta fijada. Esto es, 211 por ciento más de emisiones. Asimismo, México se comprometió a través del Acuerdo de París, a reducir en el 2030 el 22 por ciento de sus emisiones de gases de efecto invernadero con relación al año 2015, y una vez más no cumplimos con la meta, pues esto nos obliga cada año a una reducción constante de por lo menos 8 mil millones de toneladas de dióxido de carbono, y en 2019, 14 mil millones de toneladas, más de lo debido. Por su parte, la Ley de Transición Energética establece una meta de participación mínima de energías limpias en la generación de electricidad del 35 por ciento para 2024. Hoy, la proyección del Programa para el Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, de acuerdo a la situación actual, es que no llegaremos a la meta planteada. Respecto a la participación de las energías limpias en la generación de electricidad han tratado de convencernos repitiendo hasta el cansancio y de hacernos creer que el sector público genera electricidad sucia, mientras que la proveniente de los privados es en su mayoría limpia. No obstante, los foros de parlamento abierto se encargaron de aclarar que el 39 por ciento de la electricidad producida por la CFE proviene de fuentes limpias, lo cual contrasta con el sector privado donde solo el 17 corresponde a estas. Lo anterior hace evidente la necesidad de un cambio, compañeras y compañeros, para asegurar que la generación de electricidad de nuestro país se haga de manera sustentable y preservando el derecho de las y los mexicanos a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. La discusión que se dio en los foros del parlamento abierto dejó en claro que el sistema eléctrico nacional requiere de una transformación que ponga fin a los abusos hoy existentes corrigiendo esto es posible trasladar las ventajas y beneficios que hoy son para unos cuantos a recibir recibos de luz más baratos para todas y para todos. Uno de estos abusos ha sido el modelo de mercado a través del cual, para satisfacer la demanda de electricidad, se despacha primero la producida por las tecnologías más baratas y al final las más caras, pero pagando a todas, a todas las centrales, el precio más alto. Sí, el más alto, por increíble que esto parezca. No hay economía que soporte esto, es un modelo simplemente insostenible, que nos cuesta 490 mil millones de pesos al año y se los pagamos entre todos los mexicanos a unos cuantos. Otro de los abusos que también se tiene que corregir, es la tarifa que hoy pagan los privados para hacer llegar luz generada en sus centrales hasta donde esta se consume, la cual está muy por debajo de la que se cobra en otros países, nada más nueve veces menos, eso también es un subsidio del sector público hacia los privados que no se puede seguir sosteniendo. El otro subsidio que no se toma en cuenta cuando se calculan los costos de generación de las centrales renovables, es el costo del respaldo, es decir, el apoyo para suministrar el faltante de energía cuando por alguna razón una central solar o eólica deja de producirla. Esto a fin de mantener el equilibrio y confiabilidad del sistema eléctrico. Ese respaldo tiene un costo para la CFE, el cual no se cobra a los privados. Todo lo anterior ha hecho que los beneficios de aumentar la participación de las energías renovables en la generación de electricidad se queden en manos de particulares, en perjuicio del interés público y de la mayoría de los mexicanos, evitando el acceso de las pequeñas y medianas empresas y de los hogares a tarifas de luz más baratas. Es necesario contar con una empresa pública...