El diputado José Edmundo Ramírez Martínez: Con su permiso señora Presidenta, gracias. Independientemente de las razones legales que se invoquen, este hecho se suma a una serie de acciones que en los últimos meses han transformado el fenómeno migratorio en un hecho prácticamente delictivo. Lejos del drama humano de la emigración, de las razones sociales y económicas, la única respuesta ha sido la militarización de la frontera; la instalación de alta tecnología para detener a connacionales; la expedición de leyes que violentan sus derechos sociales básicos. El apoyo a organizaciones civiles que portan armas para perseguirlos, pero no los tan anunciados acuerdos, la enchilada completa que anunciaron las administraciones de Bush y del Presidente Fox. Al margen de su dimensión humana y de su tratamiento integral, las acciones contra los migrantes tienen un criterio eminentemente penal. Penalizar la migración es el peor error gubernamental. Se requieren acciones, programas y políticas públicas que generen empleo, bienestar y que las remesas contribuyan a generar infraestructura, empleo e ingreso que propicien el arraigo en las regiones para que no tengan que sufrir la xenofobia y la persecución. Tenemos, compañeros diputados, que dimensionar la importancia de las remesas. Ello porque son la principal vía de obtención de divisas para el país. Estamos conscientes que la economía mexicana es incapaz de generar empleo que pueda absorber a los trabajadores mexicanos, resultado de uno más de los incumplimientos de este gobierno de la República, que no pudo alcanzar el crecimiento del 7 por ciento ni la generación de un millón de empleos tan anunciado en este gobierno. Las remesas de trabajadores mexicanos en el exterior sumaron en 2005 casi 20 mil millones de dólares, aunque la información del Banco de México se dice que representa solo el 78 por ciento de las exportaciones petroleras. Las remesas de los trabajadores mexicanos son un ingreso vital para el desarrollo integral del país y un factor fundamental para combatir la pobreza. Las remesas no dejan de ser un hecho dramático en cuanto implican dos realidades igualmente ominosas: por un lado, el sacrificio que significa para estos trabajadores el emigrar —en su inmensa mayoría — indocumentados, con el riesgo de sus propias vidas y con el difícil destino no solo de tener que adaptarse a otra cultura sino también que sufrir discriminación y aceptar los trabajos más duros, con los más bajos salarios y, casi en su totalidad, sin prestaciones ni seguridad en el empleo. Las remesas, en su inmensa mayoría, son fruto de trabajo honesto y esforzado de nuestros connacionales; son la esperanza para millones de familias, para las regiones y para las comunidades, de lograr una vida mejor. Los envíos de dinero carga a cuestas con altas comisiones en un mercado realmente usurero. Se han presentado diversas iniciativas para que la ley fije las comisiones de las remesas pero, bajo el argumento de libre mercado, se ha hecho caso omiso y los costos pueden ser hasta del 25 por ciento del monto de lo que se envía a este país. A esta explotación financiera, se puede sumar ahora esta persecución fiscal ilegal, lo que no podemos permitir bajo ningún concepto. Por ello, apoyamos el punto de acuerdo y solicitamos que en un tema que trasciende ideologías y partidos, todos los grupos se sumen y demostremos con unanimidad que apoyamos a los trabajadores emigrantes mexicanos. Asimismo, los diputados priístas, convocamos a avanzar en el dictamen de las iniciativas que existen y las que se presenten a favor de los trabajadores migratorios. Que el sello de la LX Legislatura sea su vocación social y de justicia, que sea ésta la representación legítima y sólida de quienes menos tienen y que por causas económicas tienen que abandonar nuestra patria. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias.