La diputada Laura Arizmendi Campos: Con su venia, diputada presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, nos encontramos en un país donde se lleva a cabo una estrategia de medios para dar a conocer los supuestos logros de un gobierno. Sin embargo, nos damos cuenta de que detrás de esa actitud persiste el deseo de generar, entre la sociedad, la percepción de que se han alcanzado ciertos logros a cambio de recibir el respaldo ciudadano. Desafortunadamente, existe la propensión del titular del Ejecutivo federal de posicionar a su partido entre los electores, así como obviamente a su candidata. La utilización de recursos públicos para dar cumplimiento a esa estrategia resulta altamente reprobable. Se inscribe en una serie de prácticas que lejos de ser sancionadas son toleradas por los organismos que debieran ser responsables de inhibirlas. A pesar de contar con un marco regulatorio que lo prohíbe, nos encontramos siempre con el empleo de mecanismos impulsados desde el gobierno federal, a fin de direccionar las preferencias electorales en su favor. Es ilusorio pensar que ante la magnitud de la crisis que enfrenta el país y la incapacidad del gobierno federal para darle solución. El desenfrenado activismo político del Ejecutivo responde meramente a intenciones de carácter informativo. Lo que resulta inaceptable también es el evidente empleo de la hacienda pública con un manejo discrecional de recursos de programas sociales, que son empleados a partir del cálculo político electoral como ha sucedido en fechas recientes con el manejo de programas, como los apoyos económicos que recibirán los ex trabajadores migratorios en fecha próxima aparentemente, a sabiendas de que fue en esta soberanía donde se aprobó el monto presupuestal correspondiente. Para el Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano es altamente reprobable que los presuntos programas sociales instrumentados por el gobierno federal no respondan a una planeación, sino que son resultado de la estrategia a la que hemos aludido en la que sólo se desea obtener dividendos políticos. Ante la inacción de instituciones como la Fepade, que sólo llega a sancionar a funcionarios menores consideramos que es indispensable aplicar la normatividad correspondiente sin ni importar el nivel que ocupe el servidor público que incurra en dichas prácticas. Lamentablemente el mal uso indiscriminado de recursos públicos está provocando un retroceso en los avances que habíamos logrado en lo que respecta al componente electoral de la democracia. Resulta desafortunado que lejos de apelar al escrutinio ciudadano, donde se evalúen los programas sociales, se siga alentando en una lógica perversa fenómenos como el clientelismo y un mero asistencialismo revestido supuestamente de política social. Los riesgos contrariamente a lo que se supone son muchos, particularmente al considerar y tratar a la ciudadanía como un conglomerado con el que se pueden llevar a cabo diversos experimentos, tratando de ocultar siempre la inefectividad en las tareas de gobierno. Ante ello confiamos en que el desarrollo de un debate amplio y serio, de cara a la sociedad, permita desenmascarar a las fuerzas políticas que carentes de programas de gobierno recurren a esas estrategias, con la finalidad de perpetuarse en el poder con la concebida falta de resultados que conocemos. Para concluir, deseamos alertar desde esta alta tribuna acerca de los peligros que rodean al proceso electoral que habrá de celebrarse en julio del presente año, pues ha quedo en evidencia por parte de Felipe Calderón y de quienes festejan y alientan sus despropósitos que no se detendrán ante nada, violando tanto la voluntad del electorado como del marco jurídico que debiera impedirlo. Ante esta situación las fuerzas progresistas del país seguiremos la lucha por impedir la intromisión del Ejecutivo federal en el proceso electoral de julio próximo. Condenamos categóricamente y enérgicamente el uso y abuso de los programas sociales con fines electorales. Es urgente un cambio verdadero. Es cuanto, diputada presidenta.