El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa: Con su permiso, señora diputada Presidenta. Honorable Asamblea: Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en su carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución General de la República; y 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El Congreso Constituyente de 1917 estableció en el Título Cuarto de la Ley Fundamental el régimen de responsabilidades de los funcionarios públicos, del cual emana la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, basada en la necesidad del Estado de garantizar que todo servidor público susceptible de cometer irregularidades en el desempeño de sus actividades sea enjuiciado y sancionado conforme a derecho. Con la reforma constitucional del 31 de diciembre de 1982, se modificó la denominación de los sujetos de la responsabilidad de los servidores públicos, se sistematizaron las conductas u omisiones que reparan en las responsabilidades, y se establecieron las diferencias entre juicio político y la declaración de procedencia, lo que en consecuencia propició importantes reformas de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En la actualidad, la vida pública nos ha puesto en el escenario donde los actores políticos somos sujetos de las responsabilidades contenidas en la Constitución. Sin embargo, no podemos ignorar que el México de hace 23 años no es el mismo que el del presente milenio, toda vez que nuestras instituciones han pasado por un arduo proceso democratizador, que nos obliga a clarificar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Es interesante cómo la redacción defectuosa de esta ley se ha mantenido vigente no obstante que sufrió una reforma parcial el 13 de junio del año 2003, con la finalidad de modernizar su estructura, sin que se haya conseguido dar claridad y congruencia a diversos de sus capítulos, como el referente a la declaración de procedencia, el que en los hechos no prejuzga sobre la culpabilidad del servidor público, como erróneamente se ha concebido, sino que hace una exposición encaminada a establecer la probable existencia de un delito y la responsabilidad del imputado. En consecuencia, debe tenerse claro que los servidores públicos a que hace referencia la Ley Fundamental en los artículos 110 y 111 sólo pueden ser sancionados mediante la extinción de los procedimientos previstos en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la cual no es congruente con los fines que persigue la Norma Constitucional. Debemos ponderar que cuando la Cámara de Diputados instruye procesos de desafuero, declaración de procedencia y juicio político, realiza funciones de órgano investigador a través de la Sección Instructora y la Subcomisión de Examen Previo, donde sus diputados integrantes trabajan a marchas forzadas ante la necesidad de aplicar normas de carácter procesal que son anacrónicas a las hipótesis concretas. Es incontrovertible que el régimen de responsabilidades en México es de carácter jurisdiccional y la Cámara de Diputados emite resoluciones en las que, tras agotar sus indagaciones, declara si hay o no lugar a proceder, al marco de las responsabilidades penales y las sanciones de los servidores públicos. Por ende, es necesario cuestionarnos acerca de la esencia de los actos que desarrollamos como Cámara de Diputados para ajustar las normas con base en las necesidades de los mexicanos y demostrar que los actos del Congreso de la Unión en esta materia no obedecen a decisiones del titular del Poder Ejecutivo federal ni a la voluntad de los partidos políticos, toda vez que sus resoluciones son emitidas conforme a derecho. Por ello debemos concluir que en un régimen democrático como el de México, en el que los hombres personifican los órganos del Estado, los procedimientos que se establecen en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos deben ser agotados en estricto apego a los principios de legalidad y transparencia que exigen la Constitución y la soberanía a sus representantes populares. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos Artículo Único. Se reforman diversos artículos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como aparece en el cuerpo de la publicación de la Gaceta Parlamentaria de esta fecha. Transitorio Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 22 días del mes de febrero de 2005. Solicito respetuosamente, señora diputada Presidenta, que se ordene publicar de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, muchas gracias.