LA DIP. OLGA HAYDEE FLORES VELASQUEZ: Con su anuencia, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: Para que un país se considere democrático, una premisa fundamental es que no exista forma alguna de discriminación, menos aun si esta es por razones del sexo al cual se pertenece. El 25 de noviembre de 1997, dio inicio en México y en el mundo la Campaña Mundial por los Derechos Humanos de las Mujeres. En el marco de esta Campaña, fueron realizadas diversas actividades encaminadas a reivindicar la promoción y el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres bajo la consigna clara y firme de que si no existe pleno respeto a todos los derechos de las mujeres, de ninguna manera podemos hablar de la existencia de los derechos humanos. Las mujeres tenemos entre nuestras prerrogativas el derecho al trabajo y a su justa remuneración, a la educación, a la salud y en general a una vida digna, pero también uno de los principales derechos que tenemos las mujeres es el derecho a vivir una vida libre de violencia. El 25 de noviembre, el Día Mundial dedicado para Reflexionar en Torno a los Derechos Fundamentales de las Mujeres y de las Niñas, es este día donde particularmente las mujeres alzamos nuestras voces para no aceptar más conductas que atenten contra nuestra integridad física, psicológica y emocional. En los umbrales del siglo XXI, estamos ciertas de la importancia de construir e impulsar políticas públicas, así como una legislación acertiva y eficiente que evite los actos violentos en contra de las mujeres y las niñas de México, y de esta manera no quedarse sólo con el asombro y la consternación que se constata día con día en el incremento de las alarmantes estadísticas, que no son sólo exclusivas de la vida familiar, sino que también las que se originan en los centros de trabajo, en las escuelas, en la vida pública. Hoy crece la violencia hacia mujeres de todas las edades y condiciones sociales, convirtiendo el tema en un serio problema que atañe a la sociedad, demostrando con gran crudeza que se ha convertido el dolor privado en un asunto público. Frente a este panorama, las políticas públicas y la legislación deben acercarse a las distintas reacciones que tienen los diversos integrantes de la familia en la relación específica con la violencia, la forma en que la entienden y la ejercen, la asumen o la rechazan. De esta manera nuestro papel como institución y responsables de revisar, diseñar e instrumentar acciones que coadyuven a solucionar las problemáticas de la sociedad y de crear los instrumentos necesarios para que las mujeres, víctimas de cualquier tipo de violencia, puedan dejar de ser meros sujetos pasivos de lo que sucede en el ámbito privado y se conviertan en verdaderas actoras sociales, con capacidad para transformar la actual realidad pública por avasallante que ésta sea. En este sentido, decir que la violencia que a las mujeres es apabullante, no es una exageración. Todos los estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo a finales de los '90, señalan que del total de la población que sufre algún tipo de agresión, entre un 90 y un 95% somos mujeres, hecho que por si mismo representa ya un alto índice de discriminación por cuestiones de género. Por su parte la Organización Panamericana de la Salud aporta datos que hablan de que en algunos países de América Latina, entre ellos México, se gasta alrededor de un 20% de sus presupuestos de salud en atención médica por casos de emergencia producidos por actos de violencia, lo que representa un grave obstáculo para el desarrollo económico del país. En el caso de México no está de más argumentar que a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo cuarto establece la plena igualdad jurídica del hombre y la mujer, la realidad en que vivimos los mexicanos y las mexicanas, especialmente en materia de violencia pública o violencia doméstica, no refleja ese espíritu de equidad. Compañeros y compañeras diputadas, no debemos perder de vista que la violencia emerge como uno de los mayores obstáculos para el desarrollo de nuestro país, que es necesario educar al público sobre los altos costos sociales que implica la violencia contra las mujeres. Que se requiere información clara y oportuna para sustentar mejor nuestra decisión en torno al seguimiento y control de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de la administración pública para invertir más y mejor en programas en contra de la violencia. Que en el caso de la violencia intrafamiliar, es indispensable contar con información desagregada y a detalle relativa al Programa Nacional en Contra de la Violencia Familiar y sus líneas de acción para poder, año con año, dar seguimiento a la solicitud de mayores recursos o apoyos para dicho programa. Este día es una ocasión propicia para enarbolar propuestas concretas que contribuyan realmente a disminuir el problema de la violencia en cualquiera de sus formas contra las mujeres y las niñas, así como atender de manera eficiente su fenomenología particular y específica. Por lo anterior, consideramos que es un buen comienzo de nuestra tarea legislativa como parte fundamental de las acciones para combatir la violencia hacia las mujeres y las niñas, conminar al próximo gobierno que entrará en funciones la semana próxima, para que contemple como prioridad de agenda y compromisos concretos, para el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales para las mujeres y las niñas, de conformidad con las prioridades de los gobiernos de los países integrantes del Sistema de Naciones Unidas, bajo la óptica de que los derechos humanos de las mujeres, tal como han sido definidos por los instrumentos internacionales, serán letra muerta si no se reconocen y aplican plenamente. Las leyes en contra de la violencia son una acción prioritaria tanto en el derecho como en la práctica; requerimos que se apliquen en los códigos de familia, civiles, penales, laborales y comerciales y en las reglamentaciones administrativas, todos somos responsables de su cumplimiento, de ahí que se haga necesaria una revisión y depuración de aquellos procedimientos administrativos excesivamente complejos; eliminar la falta de sensibilización de los órganos judiciales respecto a los derechos humanos de las mujeres, así como de la falta de una vigilancia adecuada de las violaciones de tales derechos y a una representación insuficiente de éstas en los sistemas de justicia, así como de escasez de información sobre los derechos existentes y la persistencia de determinadas actitudes y prácticas que perpetúan la desigualdad de facto de las mujeres en nuestro país. Todo ello puede lograrse si se fijan desde ahora los siguientes objetivos, con el propósito de recalcar que la discriminación, la injusticia y la falta de equidad por cuestiones de género también son formas de violencia en contra de las mujeres y de las niñas: Garantizar la aplicación de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra las Mujeres, mediante la revisión de todas las leyes políticas, prácticas y procedimientos nacionales. 2. Apoyar el proyecto de Protocolo Facultativo de la SEDAU sobre el derecho de petición y fortalecer la aplicación de todos los instrumentos de derechos humanos para combatir y eliminar la trata organizada de mujeres, niños y de niñas; adoptar medidas para garantizar que se respeten y protejan los derechos de las mujeres a tener control sobre su sexualidad, incluida la salud sexual y reproductiva; fortalecer y aumentar la elaboración de programas de protección a los derechos humanos de las mujeres en las instituciones nacionales como las Comisiones de Derechos Humanos y crear un Instituto Nacional de las Mujeres con capacidad de incidir transversalmente en todas las instituciones públicas, para concertar una acción total del estado, que erradique definitivamente este mal social de la violencia hacia la mitad de la población del país. Es cuanto. PRESIDENTE: Gracias diputada Olga Haydee Flores Velásquez. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto del Orden del Día iniciativas de ciudadanos diputados. APENDICE No. 1 Tiene la palabra la diputada María Cruz Martínez Colín, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que adiciona con una fracción XVIII, el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DIP. MARIA CRUZ MARTINEZ COLIN: Con su permiso señor presidente: "Iniciativa de reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, . . . LEYO SE INSERTA PRESIDENTE: Gracias a usted diputada María Cruz Martínez Colín. La iniciativa de reformas que usted ha presentado, se turna a la Comisión de Puntos Constitucionales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 2 Se concede el uso de la palabra al diputado José Antonio Arévalo González, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de adiciones al artículo 28 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, en materia de Impacto Ambiental. DIP. JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ: Con su permiso señor presidente; compañeras y compañeros diputados: "Tal vez el mayor problema que enfrenta nuestro país es la pérdida de biodiversidad, de la cual México es un líder ... LEYO SE INSERTA DIP. JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ: Hago entrega a la secretaría, de esta iniciativa. Muchas gracias.