La diputada Ana Leticia Carrera Hernández: Con su venia, presidenta. Vengo a presentar iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. En materia de agua y del derecho humano a su acceso universal existen importantes compromisos y responsabilidades del Estado, que desde el ámbito nacional, estatal y municipal deben ser atendidos y garantizados, por tratarse de un recurso estratégico y un asunto de seguridad nacional. A esta asamblea precisa considerar que la falta de acceso a agua potable es uno de los indicadores más importantes de exclusión social, inequidad, marginación, rezago y pobreza. Y, en general, constituye un serio obstáculo para el desarrollo humano y económico del país. Sabemos que el problema hídrico es común en las grandes urbes como en la Ciudad de México, donde como en Iztapalapa el problema es grave y ya crítico, dada la vertiginosa expansión demográfica y urbana de esta zona, que registra un aumento en su extensión de 13.5 kilómetros cuadrados, sin precedentes a nivel mundial. Es justo decir que en esta delegación parte de la distribución del vital líquido se realiza por tandeo, el cual se ha incrementado casi en un 1000 por ciento de 1988 a la fecha; siendo la afectación en ese entonces de 2.9 kilómetros cuadrados y actualmente se ha extendido a 24.1 kilómetros cuadrados. La reforma que se propone, de la Ley de Aguas Nacionales en vigor, pretende atenuar su enfoque meramente sectorial, gremial, regionalizado y hasta corporizado, mediante un nuevo enfoque más integral y sustentable para la administración del recurso, y hacer más compatibles las funciones de las diferentes instancias públicas en sus tres niveles de competencia, a efecto de lograr dos de los principales objetivos de la ley, que son la transparencia de la gestión hídrica y la eficiencia en la gestión integrada de los recursos hídricos. Se pretende abatir los bloques de intereses gremializados, corporativos y burocráticos que operan en las distintas cuencas y regiones hidrológicas, mediante una mejor coordinación de funciones con Conagua, Semarnat, Profepa, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y otros órganos desconcentrados y organismos descentralizados competentes y se deberán actualizar sus disposiciones en sentido de hacer viable el cumplimiento de compromisos internacionales, relacionados en materia del agua. Así, los bienes jurídicos que proponemos que la Ley Hídrica debe tutelar son, entre otros, nuestra soberanía y la seguridad nacional, la integridad y sustentabilidad del desarrollo nacional, la gobernanza, los derechos humanos preconizados en el artículo 4o. constitucional que son: el derecho que toda persona tiene a un ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar y el derecho de toda persona al acceso, disposición, saneamiento del agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible; también garantizar el respeto a los mismos, que conforme a este artículo 4o. constitucional se atenderá el principio de que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Parte de los principales objetivos de la ley es desde luego, garantizar el acceso universal al agua potable y su saneamiento, cuyo abastecimiento es esencial como garantía de ese derecho humano en la lucha contra la pobreza y factor determinante para la gobernanza, por lo que su gestión debe ser sostenible. En consecuencia, no se debe regular este recurso como un bien económico susceptible de apropiación y/o desde un enfoque exclusivamente sectorial y económico con rasgos corporativos, puesto que violenta y transgrede su calidad y carácter de bien nacional conforme a dicho artículo 27. Más bien se debe considerar el agua como un bien estratégico de seguridad nacional y de bienestar e interés social. Es cuanto.