LA C. DIPUTADA ADELA CEREZO BAUTISTA: Con su permiso señora Presidenta. Solicito a la Presidencia se inserte en su totalidad la presente Iniciativa ya que haré mención sólo a algunos elementos en los que sustento la misma. Muchas gracias. Los suscritos Diputados Federales integrantes de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la Fracción IV del Artículo 74º de la Constitución Política de os Estados Unidos Mexicanos, así como a la Fracción II del Artículo 55º y 62º del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente Iniciativa que adiciona el Artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con la que se autoriza a las entidades federativas a establecer fideicomisos públicos para ejercer recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se radiquen a destiempo. Aunque desde hace varias décadas nuestro país ha sido constitucionalmente una Federación, nuestro sistema fiscal siguió un patrón de centralización creciente hasta mediados de la década de los ochentas, sin embargo, a partir de esos años y con especial vigor desde mediados de los 90, las decisiones de gasto y endeudamiento del Gobierno Federal han sido descentralizadas a paso acelerado. Este cambio tiene numerosas ventajas y complementa la creciente descentralización y competencia política que se registra en la mayoría de las entidades federativas del país. Durante los últimos años, México ha avanzado en el fortalecimiento de la autonomía local, de la responsabilidad fiscal y de la rendición de cuentas por parte de los estados, de manera que actualmente las entidades federativas gastan alrededor de la mitad de los recursos que gasta la Federación. Una de las paradojas de nuestro proceso de descentralización es que a mayores recursos que pasan por las arcas de las entidades federativas, estas poseen en varios renglones, menos autonomía fiscal de la que tenían hace una década. En efecto, la mayoría de los recursos de los estados que los estados reciben de la Federación, están etiquetados para que sean asignados a cumplir con objetivos fijados a nivel federal. Esta situación es incongruente con el creciente poder político y económico de los estados. A este problema de centralización regulatoria que todavía subsiste, se añade otro problema que impide frecuentemente que los gobiernos estatales puedan ejercer con la racionalidad, eficacia, disciplina y oportunidad deseada, los recursos que le son destinados por la Federación, el retraso o dilación que se observa frecuentemente en la entrega de los recursos federales a las haciendas estatales. Tales retrasos atentan contra la buena administración y la productividad del sector público que promueve el gobierno federal, pues tocaba las bases mismas de la programación del gasto. Un gobierno que no cuenta con los recursos en los plazos previamente señalados, no es capaz de cumplir con las metas que previamente se habían establecido y un gobierno estatal que recibe los recursos tardíamente no puede ser evaluado en igualdad de condiciones con otros gobiernos que sí recibieron los recursos a tiempo. La entrega tardía de los recursos públicos federales a las entidades federativas, obstaculiza la utilización óptima de tales recursos tanto en los términos de eficacia y productividad, como en términos de equidad y justicia social. De hecho, en muchas ocasiones tal situación impide el ejercicio de los recursos durante el año fiscal al que originalmente habían sido asignados. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo del Ejecutivo Federal, una de las debilidades del proceso de descentralización de la educación, la salud, la infraestructura social y otros rubros, es el subejercicio de los presupuestos públicos, por supuesto de las entidades federativas por la aplicación a destiempo de los mismos. Aunque tal subejercicio existe, la causa más frecuentes es el retraso con que los gobiernos de las entidades federativas reciben los recursos federales. Como se recordará, el Presupuesto de Egresos anual señala que las erogaciones previstas en ese presupuesto que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, no podrán ejercerse y montos de recursos de cierta magnitud que se reciben a fines del mes de noviembre del año fiscal, son prácticamente imposibles de ejercer antes del 31 de diciembre. Para disminuir los montos del subejercicio presupuestal, los gobiernos estatales requieren de mecanismos que les permitan hacer frente a situaciones en la que los recursos hayan sido proporcionados tardíamente por la Federación. Un mecanismo idóneo por su transparencia para tal propósito, es el establecimiento de fideicomisos públicos de vigencia temporal que permitan a las Haciendas estatales destinar eficazmente los recursos al cumplimiento de las metas para las que inicialmente fueron previstas. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el fideicomiso es creado por el Gobierno Federal o alguna entidad paraestatal aunque no existe impedimento para que actúe como fideicomitente, los gobiernos estatales, municipales y sus entidades paraestatales respectivas con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones de gobierno y para impulsar áreas prioritarias de desarrollo. El acto de creación del fideicomiso público, surge del ejercicio de la función legislativa o de las facultades del Ejecutivo Federal con base en el artículo 90 constitucional y en el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; los fideicomisos públicos aunque poseen órganos de dirección y administración, no son personas morales y carecen de personalidad jurídica propia, sin embargo no es claro que la requerida autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para el establecimiento de fideicomisos destinados a garantizar el ejercicio de recursos que arribaron tardíamente a las Haciendas estatales, promuevan la transparencia a la aplicación de los recursos públicos. Más bien, en los casos de retraso de la Federación en la entrega de recursos públicos, la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la creación de fideicomisos por parte de las entidades federativas puede dar lugar a un esquema de incentivos perversos en los que la Federación podría entregar deliberadamente a destiempo parte de los recursos y desautorizar la creación de fideicomisos por parte de los Estados para que estos no se ejerzan y regresen a las arcas de la Federación. Además en los casos en que la autorización tiene lugar, ésta representa un trámite que impide la ejecución ágil, oportuna y eficiente de los recursos transferidos a las entidades federativas. Resulta indispensable que la Federación fortalezca y respete las autonomías estatales y municipales, reconozca la capacidad de autodeterminación, ejecución de los órdenes de gobierno y los habilite para que sean los principales artífices de su desarrollo. En gran número de casos de gestión presupuestal, estatal y municipal no es justo ni exacto decir, como lo hace el Plan Nacional de Desarrollo, que los estados han ejercido los recursos de manera ineficaz. En varios casos ha sido la dilación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la entrega de recursos a las entidades federativas la que ha introducido restricciones y distorsiones en el ejercicio de esos recursos por parte de los estados, las cuales se exacerban con la ausencia de mecanismos como el establecimiento de fideicomisos públicos y que permitan ejercer los recursos en los términos planteados originalmente. Lo que hace falta por parte del Gobierno Federal no son regulaciones que generen incentivos perversos, sino confianza en la capacidad de los gobiernos estatales y sus instituciones. Cuando el gobierno entregue tarde los recursos, debe permitírsele a las Haciendas estatales crear mecanismos que les convengan para ejercer de manera legal, plena, eficiente y transparente dentro de nuevos plazos que permitan el cumplimiento de las metas originalmente contempladas. Los fideicomisos que se erijan para ejercer recursos que fueron entregados tardíamente por la Federación deberán estar sujetos a la fiscalización, tanto de la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo a nivel federal, como de las instancias de fiscalización superior y rendición de cuentas de los ejecutivos y congresos estatales. Asimismo, la evaluación del ejercicio por parte de los fideicomisos, de los recursos federales transferidos tardíamente a las entidades federativas, se realizará con base en un sistema de medición de resultados en el ámbito local que considere los componentes del Sistema de Evaluación de Desempeño, tal y como dispone el Presupuesto de Egresos de la Federación. Por lo anterior, los suscritos diputados federales integrantes de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en la fracción 4ª del artículo 74 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción 2ª del artículo 55 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa que adiciona el artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federa y que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con lo que autoriza a las entidades federativas a establecer fideicomisos públicos para ejercer recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación que se erradiquen a destiempo, de acuerdo al siguiente proyecto de decreto: Artículo primero. Se agrega el siguiente párrafo al final del artículo 25 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. Artículo 25: "En caso de que las entidades federativas reciban recursos federales previamente comprometidos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, después del 31 de octubre, éstas podrán establecer fideicomisos públicos para ejercer tales recursos. La vigencia de estos fideicomisos será de seis meses contados a partir de la fecha en que las entidades federativas hayan recibido los recursos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público". Artículo segundo. Se agrega el siguiente artículo a la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 47: "Cuando la Federación entregue a las entidades federativas recursos de alguno de los fondos a los que se refiere este capítulo, después del 31 de octubre del año fiscal en curso, las entidades tendrán la facultad de establecer fideicomisos públicos con vigencia máxima de seis meses contados a partir de la fecha en que hayan recibido los recursos para ejercer los mismos". Transitorio. Artículo único. Se derogan las disposiciones que se opongan a las presentes disposiciones. Agradezco a la Presidencia.