La diputada Dolores Gutiérrez Zurita: Con su venia, señor Presidente. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la suscrita, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, expone a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus párrafos tercero y cuarto, con base en la siguiente Exposición de Motivos El Impuesto sobre la Renta representa sin lugar a dudas la fuente de mayor captación de recursos vía impositiva en nuestro país. Así, hoy día lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación por recaudación de impuestos, más de 40 por ciento, se tenía previsto que fuera por concepto de ISR, quedando muy por delante en recaudación del IVA y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Como toda ley impositiva en el mundo, en México, a efecto de incentivar las actividades generadoras de riqueza y empleo, se contempla en la Ley del Impuesto sobre la Renta la posibilidad de reducir de los ingresos obtenidos partidas denominadas deducciones, a efecto de que el impuesto a cargo del contribuyente sea por regla general calculado con base en la utilidad real del contribuyente y no únicamente con base en el monto neto de los ingresos derivados de la actividad ya que, de aplicar esta última premisa como fórmula básica para el cálculo del tributo, resultaría por demás inicuo, ya que no se contemplarían los gastos necesarios realizados a efecto de llevar a cabo la actividad preponderante del ente económico que tributara en su oportunidad. Con base en lo anterior, nuestra legislación en materia de Impuesto sobre la Renta prescribe en el artículo 31 los requisitos que deben reunir las deducciones autorizadas por esta ley, a efecto de poder ser tomados en cuenta para deducirse de los ingresos obtenidos en el ejercicio fiscal. Así, dicho numeral expresa que los requisitos de los gastos realizados por el contribuyente deberán cumplir las siguientes obligaciones: Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente. Estar amparados con documentación que reúna los requisitos que señalen las disposiciones fiscales relativas a la identidad y domicilio de quien expida, así como de quien adquirió el bien de que se trate o recibió el servicio, y que los pagos cuyo monto excedan 2 mil pesos se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente o tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Estar debidamente registrados en contabilidad y que sean restadas una sola vez. Cumplir las obligaciones establecidas en esta ley en materia de retención y entero de impuestos a cargos de tercero. Que cuando los pagos cuya deducción se pretenda realizar se hagan a contribuyentes que causen el IVA, dicho impuesto se traslade en forma expresa y por separado en los comprobantes correspondientes. En el caso de intereses por capitales tomados en préstamos, éstos se hayan invertido en los fines del negocio. No obstante lo anterior, la falta de claridad en el texto del artículo 31 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y en particular en su fracción III, ha traído como consecuencia lógica una serie de problemas de carácter fiscal, sobre todo a las personas morales que, por la naturaleza tanto de su constitución como de su actividad, así como la falta de recursos monetarios para la contratación de especialistas en materia tributaria y la mala fe de algunas administraciones locales del Servicio de Administración Tributaria, que verdaderamente se han ensañado con las personas morales, sobre todo las que se dedican a actividades como agricultura y pesca. El problema de la redacción del citado numeral radica fundamentalmente en dos vertientes: la primera es la falta de establecimiento de reglas particulares a efecto de que los proveedores de los contribuyentes estén constantemente fiscalizados por la autoridad hacendaria, ya que hasta la fecha el criterio que predomina por las administraciones locales de recaudación es el de una extrema vigilancia al contribuyente que deduce y no así al proveedor de éste. La segunda vertiente es el hecho de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público violenta de manera constante el espíritu de nuestra legislación en el tema de las excepciones a la obligación de los contribuyentes de amparar sus pagos, cuyos montos excedan 2 mil pesos, mediante cheque nominativo del contribuyente o tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria. Cuando las operaciones se efectúen en poblaciones o en zonas rurales sin servicios bancarios, ya que la autoridad determina caso por caso a qué contribuyente exenta de la obligación antes citada y a quién no, estableciendo el término de que podrán, al que hace referencia la fracción III, en su tercer párrafo, del artículo 31, es de carácter potestativo para la autoridad y no de carácter imperativo como lo estableció el legislador. Incluso, en un acto de muy mala fe, la Secretaría de Hacienda, a través de sus reglas de facilidades administrativas, ha establecido un procedimiento para dar cumplimiento a esta sección obligando con estas reglas al contribuyente a cumplir una serie de requisitos para que, en su caso, si así le parece a la administración local jurídica, se les dé por liberados de las obligaciones antes citadas. De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que la autoridad hacendaria violenta el marco de su competencia al establecer obligaciones en sus reglas de facilidades administrativas cuando éstas, por ley, sólo pueden otorgar derechos. Compañeras y compañeros legisladores: sólo por mencionar una rama de las actividades productivas, en este momento en varios estados que cuentan con litorales el Servicio de Administración Tributaria ha emprendido una campaña de auditorías fiscales sin parangón en la memoria de nuestras entidades, argumentando presuntas violaciones del artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, determinando en la gran mayoría de los casos créditos fiscales por presuntas violaciones en este artículo El problema que enfrentan los pescadores mexicanos es que, por un lado, enfrentan a una autoridad que les exige pagar con cheques nominativos sus adquisiciones; y, por el otro lado, existe gran número de proveedores, en la gran mayoría de los casos, de combustibles que se niegan a aceptar estos pagos. El segundo problema es el hecho de que la autoridad de las administraciones locales jurídicas se niega a autorizar las excepciones de pagar mediante cheque nominativo de contribuyente o tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos a los contribuyentes que viven en zonas rurales, cuando éste es un derecho que les otorga la ley. Por las razones antes mencionadas, considero pertinente establecer con claridad las reglas de deducibilidad de las personas morales, a efecto de que tanto autoridades como contribuyentes no malinterpreten las disposiciones fiscales. Por lo anteriormente expuesto, propongo la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona el artículo 31, fracción III, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en sus párrafos tercero y cuarto, para quedar en os términos siguientes: Ley del Impuesto sobre la Renta. Título II, "De las Personas Morales". Disposiciones Generales. Capítulo II, "De las Deducciones". Sección Primera. De las en General. Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este título deberán reunir los siguientes requisitos: Fracción III. Los pagos que en los términos de esta fracción deben efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa. Para efectos del cumplimiento de estas disposiciones, el Servicios de Administración Tributaria verificará a petición de los contribuyentes, a los que hace referencia este artículo, todo aquel proveedor del que se presuma la negativa de aceptar los pagos de acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior. Las autoridades fiscales están obligadas a liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos o tarjetas de crédito, de débito o de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción cuando las mismas se efectúan en poblaciones o en zonas rurales sin servicios bancarios. Para este fin, el Servicio de Administración Tributaria dará a conocer, a más tardar el tercer mes de cada ejercicio, las comunidades que carecen de servicios financieros. Transitorio Artículo Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Es cuanto, señor Presidente.