La diputada Lidia Pérez Barcenas: En México y en el mundo está en curso la cuarta revolución industrial, su componente altamente tecnológico ha conducido a impulsar una pujante economía digital que plantea nuevos y complejos problemas en el mundo del trabajo, uno de ellos es la aparición de ocupaciones emergentes realizadas por las trabajadoras y trabajadores sin protección social ni derechos laborales, lo que ha contribuido a incrementar la informalidad y la precarización en el empleo, producida por un modelo de desarrollo excluyente, a pesar del empeño decidido del actual gobierno por cambiar la orientación de la política económica. A la fecha, los esfuerzos por caracterizar la naturaleza del trabajo digital en nuestro país han sido insuficientes, manteniendo la incertidumbre jurídica en este sector. No obstante que dicho mercado de trabajo ha crecido vertiginosamente y de que su aporte a la sociedad ha sido más que evidente con los servicios presentados durante la pandemia de Covid-19, circunstancia que ha postergado el acceso a este universo de personas trabajadoras a los derechos mínimos que otorga el artículo 123 constitucional y su legislación secundaria. Flexibilidad, no debe significar precariedad. En nuestro país, tanto las autoridades laborales como las encargadas de la seguridad social, carecen de una estadística precisa sobre cuántas personas trabajan para las plataformas digitales como Beat, DiDi, Rappi y personas que trabajan en las plataformas digitales o cualquier otra aplicación digital a través de los teléfonos inteligentes, aun cuando es evidente el auge de este tipo de empleos en las principales ciudades de la República Mexicana. Conocer el número y las características de esas personas trabajadoras es crucial para el diseño de una regulación laboral y de política pública. Encontrar cifras confiables es una tarea complicada. No obstante, en una importante investigación realizada por Gabriela Benzuzán, experta en estudios del trabajo, se refiere que algunos analistas y actores consultados estiman en 250 mil trabajadoras y trabajadores, tan solo en aplicaciones de transporte. Es importante señalar que las empresas que utilizan estas plataformas digitales no reconocen el carácter de la relación laboral que establecen con sus trabajadores. A pesar de contar con un marco normativo robusto, en nuestro país no existe una regulación específica para el trabajo en las plataformas digitales. Su carácter emergente y la complejidad para definir su naturaleza jurídica han conducido a esta situación. En ausencia de esta regulación, a la fecha ha prevalecido la interpretación de quienes lo realizan. Son trabajadores autónomos o por cuenta propia, sin derechos laborales y de seguridad social. Encuadrarlos en un trabajo subordinado, existencia de la relación laboral, según nuestra tradición jurídica ha sido una tarea difícil, por las características del trabajo digital y la heterogeneidad de las plataformas. La experiencia internacional y la literatura reciente sugieren definir por la vía legislativa o jurisdiccional la naturaleza del trabajo digital. Trascender la condición de trabajo subordinado que se le impone para reconocerlo como entender que estamos frente a un fenómeno que nos exige pensar creativamente las relaciones laborales configuradas en ocupaciones emergentes. Néstor de Buen Lozano sostuvo desde hace muchos años que debe corresponder al derecho laboral en forma exclusiva la regulación de toda conducta humana que supone una prestación de servicio remunerada, lo que plantea el requisito de subordinación. Refuerza nuestro interés el hecho de que por sus actividades las plataformas digitales pagan impuestos, IVA e ISR. Pero el trabajo contratado no se encuentra reconocido en la legislación laboral. Por ello nos proponemos adicionar un capítulo al Título Sexto, Trabajos Especiales de la Citada Ley Laboral, denominado Personas trabajadoras de las plataformas digitales. El objetivo es dotar de derechos laborales y de seguridad social mínimo a las y los trabajadores de este sector. Asimismo, estamos conscientes de que este ejercicio debe de realizarse con la mayor responsabilidad, sin afectar este nuevo modelo de negocios que ha crecido exponencialmente en las últimas décadas. Estoy convencida de que es posible regular el trabajo digital con beneficios para ambas partes de la relación laboral, sin costo para los consumidores finales. Para encontrar la mejor solución legislativa, escuchando a todos los actores y haciéndolos partícipes del proceso legislativo, proponemos a la comisión de dictamen realizar un parlamento abierto, recogiendo la importante experiencia desarrollada en la discusión de la reforma eléctrica. En la agenda de Morena se encuentra el propósito de hacer justicia a las y a los trabajadores. Es hora del trabajo digital. Muchas gracias.