La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Conviene recordar, porque no se ha mencionado, que los mexicanos gozamos de derechos políticos no gracias a la clase política, ni al gobierno mexicano, sino a reclamaciones que precisamente presentaron en su oportunidad en 1988 dos políticos mexicanos y hay excepciones en todo, uno del PAN, Felipe Mena Bravo, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; y el otro, Porfirio Muñoz Ledo, a nombre del Partido de la Revolución Democrática, precisamente por violar los derechos políticos establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos en el artículo 23 y que entonces el Estado mexicano no reconocía el derecho a votar como un derecho humano fundamental. Gracias a estas reclamaciones se vio obligado el Estado mexicano, el argumento era que a pesar de haber ratificado la Convención Americana, el gobierno mexicano, el Estado mexicano no se consideraba que debería de establecer un recurso jurídico efectivo para garantizar su ejercicio, porque no estaba en los 29 primeros artículos de nuestra Constitución Política y por lo tanto no era una garantía individual. A raíz de esto por autoridades internacionales, precisamente el Sistema Interamericano de Derechos Humanos emitió varias resoluciones para que el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el Estado mexicano, realizara todas las reformas pertinentes en materia electoral; gracias a eso contamos con un IFE y con un Tribunal Federal Electoral y la evolución que todo mundo conoce en esta materia y las demás leyes que se han emitido. Desgraciadamente es -hasta la fecha y con esta legislación no se subsana esa gran omisión- que no se establece un procedimiento jurídico efectivo para que los nacionales, los ciudadanos mexicanos puedan ejercer su derecho al voto. Dicho de otra manera, el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece no solamente el derecho a los que en su momento desean ejercer un cargo para el cual fueron electos, sino también para los ciudadanos que se requiere de un mecanismo para garantizar que su derecho al voto sea efectivo, que realmente la persona para la cual votaron llegue a ocupar el cargo público para el cual fue elegido. Hasta la fecha no existe un solo mecanismo, un solo procedimiento en nuestra legislación que garantice este derecho. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que para cada uno de los derechos establecidos en este instrumento, debe gozar toda persona y por lo tanto es una obligación del Estado mexicano- de un recurso eficiente, rápido y efectivo. Desgraciadamente ésta nueva, brillante y glamorosa legislación tampoco lo contempla. Es por esta razón que es contrario también al artículo 1o. constitucional. Es decir, es violatorio de derechos fundamentales. Y, conforme a jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, estábamos obligados; estamos -no nada más estábamos- obligados todas las autoridades y no solamente los jueces ex oficio- a dar cumplimiento a esta norma y garantizar los derechos fundamentales. Puntualiza la Suprema Corte que todos los jueces del país deben realizar un control de convencionalidad ex oficio y que derivado del nuevo contenido normativo del artículo 1o. constitucional, todas las autoridades del país dentro del ámbito de sus competencias se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales firmados por el Estado mexicano, sino también por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, adoptando la interpretación más favorable del derecho humano que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona. Desgraciadamente la legislación que hoy se va a aprobar y, en especial la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es violatoria de derechos humanos. No garantiza a los ciudadanos un recurso jurídico eficiente y rápido conforme al artículo 25. Por su atención muchas gracias.