LA DIP. SILVIA LOPEZ ESCOFFIE: Señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Todos los grupos parlamentarios representados en esta Honorable Asamblea, hacemos un llamado a efecto de solicitarle al gobernador del estado de Texas, George Bush la suspensión de la ejecución de la pena de muerte contra un ciudadano mexicano: Miguel Angel Flores Rangel, quien el día de hoy 9 de noviembre, se encuentra en ese estado en espera de ser ejecutado para ser privado de la vida con motivo de una sentencia judicial que lo condena a la muerte. Hay que recordar que los Estados Unidos de Norteamérica, como los Estados Unidos Mexicanos, han firmado diversos tratados internacionales en donde se garantiza el derecho a la vida como principio fundamental. Pero el hecho que hoy nos ocupa, viola con ello el procedimiento que debe seguirse para juzgar a todo individuo de acuerdo al contenido y espíritu del artículo 36 de la Convenci6n de Viena porque no se notificó con tiempo y forma al consulado mexicano en la ciudad de Houston, Texas, sino hasta un año después de dictada la sentencia condenatoria. El derecho a la vida implica no s61o hablar de un derecho o una garantía individual más, entraña referirnos al derecho humano que es condición necesaria para que existan y se respeten las demás garantías. El derecho humano por excelencia es el derecho a la vida. Nuestra labor como legisladores es lograr garantizar como uno de los fines del derecho, el derecho a la vida misma. Por tanto, no pretendemos abrir un debate sobre la pena de muerte, pero es inadmisible en un mundo como el nuestro, pensar que los seres humanos somos como tumores cancerosos en el cuerpo social que deben de ser extirpados. Eso solo es admisible en una sociedad que se ha alejado o pretende alejarse del valor humano. Es difícil sostener que la pena de muerte este destinada a traer más paz y orden a la comunidad. Esta tarde había un nuevo muerto. No obstante su culpabilidad, lejos de reparar la ofensa al cuerpo social agregara un crimen mas, en esta ocasión cometido por un Estado, envileciendo de esta manera más a nuestra sociedad, Con su ejecución, como lo demuestran las estadísticas, la criminalidad no disminuye. Al crimen del infractor se agrega una especie de venganza pública que descarta la enmienda, la reeducación o la readaptación social del sentenciado. Suponiendo sin conceder que el crimen, el mal, es una desviación del humano, que hay en el hombre y que se encuentra en su naturaleza, la ley dice, según Camus, no está hecha para imitar o reproducir esa naturaleza, esta hecha para corregirla, para devolver al hombre lo humano. Coincidimos con el jurista Ignacio L. Vallarta que ya en el siglo pasado sentenciaba y cito: " La pena de muerte es impía para el condenado que la sufre, inmoral para el pueblo que la presencia, peligrosa para el legislador que la decreta y repugnante para el juez que la aplica." O como bien lo afirmara Bernard Shaw: "El homicidio y la pena de muerte no son contrarios que se neutralizan, sino semejantes que se reproducen. " Ahora bien, el caso de Miguel Angel Flores es un caso más en el que se renuncia a una posición de elemental ejercicio del derecho humano. Señoras y señores legisladores: Las posibilidades de detener la ejecución de la pena de muerte se agotan. Apelamos a su buen juicio, ya que con la ejecución no gana nadie, más bien pierde la sociedad. Frente a una sentida impotencia, los legisladores y grupos de derechos humanos que nos apoyan, pedimos que si bien reconocemos el delito que se le imputa a nuestro compatriota, solicitamos se suspenda la ejecución de la pena quedando en manos hoy del gobernador George Bush. Por lo expuesto y con fundamento en el Artículo 60 y 159 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y por lo urgente del caso y solamente faltando unas horas, someto a esta H. Asamblea para su pronta y urgente resolución el siguiente PUNTO DE ACUERDO PRIMERO. Se sirva solicitar al gobernador del estado de Texas, George Bush, la suspensión de la ejecución de Miguel Angel Flores. SEGUNDO. Se sirva solicitar al gobierno insista sobre las violaciones del Artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, en virtud de que a nuestro connacional se le negó el derecho a la protección consular en el momento de su detención. TERCERO. Que se sirva revisar nuevamente el expediente judicial y en su caso analizar la posibilidad de sustituir la pena de muerte por otra medida penal. Suscriben a nombre de todos los Grupos Parlamentarios PAN, PRI, PRD, Verde Ecologista y PT. Muchas gracias, queda a su consideración el siguiente Punto de Acuerdo.