EL C. DIPUTADO ALEJANDRO ZAPATA PEROGORDO (PAN): Compañeras y compañeros legisladores: Uno de los grandes problemas que aqueja a esta nación es efectivamente en de la seguridad pública. Celebramos que lo haya abordado el senador Sadot y compartimos en mucho el posicionamiento que aquí hizo. Yo creo que la seguridad pública es una responsabilidad de todos y no tiene porqué partidirizarse cuando eso implica que debe ser una política de estado para dar a los propios ciudadanos su tranquilidad y confianza y una convivencia armónica que debemos como Congreso tratar de que se dé en la nación. Sí tenemos dos problemas fundamentales que se han estado observando. Uno ha sido el fenómeno de la delincuencia organizada, que aquí en México cada vez lo estamos observando como un creciente problema, junto con toda una cultura de la corrupción. Es menester que haya una punibilidad para las acciones antisociales, pero al mismo tiempo se tiene que reivindicar la actitud del delincuente alejándole de la comisión de nuevos delitos. Desde el punto de vista histórico parlamentario, Acción Nacional ha pugnado porque haya una claridad en los sistemas penitenciarios mexicanos, donde se puedan cumplir con los objetivos constitucionales de la sanción, pero también de la readaptación y reinserción social de la delincuencia. Todos sabemos que las cárceles mexicanas son verdaderas universidades para el crimen. Nadie ignoramos que existen enormes corruptelas en esos centros de rehabilitación, y creo que es conveniente el que podamos buscar las alternativas de creación de leyes que es la parte que nos compete para los efectos de que puedan darse las herramientas necesarias, a fin de que se pueda dar con mayor eficacia el cumplimiento de los objetivos constitucionales. Por lo que toca a la readaptación social, ésta debe darse como un ejercicio cotidiana en los penales del país. Debe apoyar mediante los más diversos programas laborales y educativos, la reinserción social del delincuente. La readaptación social debe ser un proceso progresivo e interdisciplinario, por el cual se analiza al sentenciado en lo individual, se diagnostica y se elabora un programa sobre las medidas capaces de alejarlo de una evantual reincidencia a través del conjunto de elementos, normas y técnicas que, insistimos, deben basarse en la capacitación laboral, en la educación y en las medidas psicosociales para hacerlo capaz de vivir en sociedad. Sin embargo, estos objetivos que en teoría se oyen muy bonitos, en la práctica sabemos de antemano que no se dan. La readaptación social es el instrumento legal más eficaz que debe permitir la reinserción en condiciones de dignidad, de los sentenciados a causa de los delitos, dándoles la oportunidad de un mejor futuro en condiciones de igualdad y de dignidad. Esta acción implica un conjunto de elementos en los que deben coadyuvar los diferentes órdenes de gobierno con la colaboración y participación de la misma sociedad, para reingresar a los liberados y externados de los centros de reclusión al núcleo familiar, laboral, educativo y social en forma productiva y armónica. Pero, ¿cómo lograrlo? Para lograrlo, primero es esencial el apoyo de la sociedad en las tareas de prevención del delito; afinar la intervención coordinada de los sectores gubernamentales; revalorar la función social de los reclusorios y la calidad y eficiencia de los mismos, en un marco de apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y al estado de derecho. Lamentablemente esta visión de la readaptación social ha sido socavada ante el creciente fenómeno de la corrupción, de la oscuridad en los programas y de las malentendidas responsabilidades y la falta de coordinación entre las autoridades, adicionado con el fenómeno del crimen organizado. Creo y estoy convencido, señores legisladores que necesitamos reflexionar no solamente sobre este hecho, sino en el hecho mismo de que el Sistema Penal Mexicano, fundamentalmente en lo que se refiere a los centros de rehabilitación, no responde a una realidad presente. La delincuencia organizada se ríe de los actuales sistemas de rehabilitación social. Nadie garantiza a la sociedad que un delincuente que ha compurgado su sentencia se haya convertido en un hombre de bien y que responda a los más altos deseos de la sociedad que reclama paz y respeto para sus ciudadanos. No sólo entonces hay que revisar las debilidades morales de los funcionarios corruptos y perseguirlas, sino, más allá, debemos de replantear un nuevo esquema de readaptación social que asegure no solamente la sanción, sino la reincorporación de los infractores.