La diputada Indira Vizcaíno Silva: Compañeros diputados, México se ha convertido en el país con el mayor índice de adultos con sobrepeso en el mundo y es el primero con obesidad infantil. La obesidad y el sobrepeso afectan a 7 de cada 10 mexicanos y cuesta al sistema de salud alrededor de 42 mil millones de pesos al año. El propio gobierno federal ha reconocido que en 3 años el porcentaje de personas con sobrepeso y obesidad se ha triplicado, que de seguir aumentando el número de mexicanos con estos problemas de salud será imposible atender a todas las personas que padezcan enfermedades como las cardiovasculares y la diabetes que se derivan de este padecimiento. La situación ha llevado al gobierno federal a poner en marcha, el pasado 25 de enero, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria, estrategia contra el sobrepeso y la obesidad para revertir la tendencia del aumento en el número de adultos y niños con esos problemas; y busca, de la misma forma, reducir el crecimiento explosivo de sobrepeso y obesidad en niños de 2 a 5 años para llevarlos a menos de lo que había en 2006. Cabe señalar que en el 2006 la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de la Secretaría de Salud y del Instituto Nacional de Salud Pública arrojó los siguientes datos: 34 por ciento de los niños de 9 años tienen problemas de obesidad o sobrepeso. 33.2 por ciento de las niñas de 9 años tienen problemas de obesidad o sobrepeso. 40 por ciento de los jóvenes de 19 años tenían problemas de obesidad o sobrepeso. Entre 1999 y 2006 la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad, en ambos sexos, aumentó un tercio. Los resultados señalan la urgencia de aplicar medidas conducentes a la prevención de obesidad en los escolares. Los efectos de la obesidad se pueden presentar de forma física, pero también a nivel psicológico por baja autoestima, depresión, imagen corporal negativa e incluso discriminación. Algunas de las enfermedades que acompañan a la obesidad y el sobrepeso son hipertensión, colesterol y enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras. En nuestro país, la Constitución establece, en su artículo 4o. la garantía del derecho a la salud para todos los mexicanos, sin excepción. Por tanto, corresponde al Estado asegurar la asistencia médica una vez que la salud, por la causa que sea, haya sido alterada. Para algunos autores dicha garantía supone la obligación del Estado de abstenerse a perjudicar la salud y evitar que particulares, grupos o empresas la dañen, lo que en el caso mexicano sucede exactamente lo contrario. A nivel internacional, el tratado en relación a este derecho fundamental que ha ratificado el Estado mexicano, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 12 dispone: 1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados partes en el pacto, a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figuran las necesarias para a) La reducción de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene en el trabajo y del medio ambiente. c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas. d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Sin embargo, en el caso de México estas disposiciones siguen siendo letra muerta, aún cuando nuestro país presenta uno de los mayores índices de sobrepeso y obesidad a escala mundial, cuando se calcula que más de 10 millones de mexicanos padecen diabetes, principal causa de muerte en el país, y cuando la Organización Mundial de la Salud ha recomendado prohibir la publicidad de comida procesada o comúnmente denominada chatarra, en todos los espacios dedicados a la infancia, la Secretaría de Salud guarda un silencio cómplice respecto a estos temas. Se ha llegado al extremo que empresas como Coca-Cola, Pepsi, Kellog?s, Barcel, Jumex, Nestlé, Sabritas, entre otras, sean las primeras interesadas en evitar que se legisle para que se realicen investigaciones sobre los efectos de la publicidad en los productos de bajo contenido nutricional, su abuso en el consumo y las acciones para controlarlo, así como prohibir sus promociones y ofertas. La obesidad y el sobrepeso es un asunto de salud pública y el interés privado no puede estar por encima del interés de la mayoría de mexicanas y mexicanos que sufren una serie de enfermedades que acompañan a este padecimiento. Por lo anteriormente expuesto, pongo a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Único. Se reforma la fracción XXIV y se recorre la actual fracción XXIV, para pasar a ser la fracción XXV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para quedar como sigue: Artículo 39. A la Secretaría de Salud corresponde el despacho de los siguientes asuntos: XXIV. Poner en práctica en todo el territorio nacional, los programas y las medidas tendientes a evitar el sobrepeso y la obesidad, conservar la salud física, así como promover las investigaciones sobre los efectos del consumo de productos con bajo contenido nutricional, el abuso en el consumo de los mismos y las acciones para controlarlo. XXV. Las demás que le fijen expresamente las leyes y reglamentos. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Solicito se inserte el texto íntegro en el Diario de los Debates. Gracias.