El diputado Gerardo Octavio Vargas Landeros: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores, voy a explicar de forma breve los motivos de esta iniciativa, ya que ésta misma ya está publicada en la Gaceta Parlamentaria. La razón principal de esta reforma es lo que percibimos a diario, las instituciones encargadas de la seguridad pública, así como de la procuración de justicia y las normas que la regulan, han sido rebasadas completamente por la delincuencia. El problema está claro, ni las instituciones que procuran justicia ni las corporaciones policíacas han podido responder y contener a esta delincuencia. Estudiosos de esta problemática han llegado a la conclusión de que el actual modelo de procuración de justicia basada en un Ministerio Público que monopoliza la investigación y persecución del delito y una policía auxiliadora se encuentran politizadas, corrompidas, saturadas, retrasadas y sobre todo, muy rebasadas. Estos calificativos que describen puntualmente el estado que guarda el Ministerio Público y su relación con los cuerpos encargados de la seguridad pública traen también cifras alarmantes. Valdría la pena mencionar algunas. En un año se cometieron más de 11.8 millones de delitos, de los cuales las autoridades reconocieron solamente 1.4 millones de ellos. Se calcula que las procuradurías registran poco más de un delito por cada ocho que se cometen. Sólo se inicia una averiguación previa en el 20 por ciento de los casos; es decir, a nivel nacional sólo se inician dos averiguaciones previas por cada diez delitos que se comenten. Sólo el 25 por ciento de quienes padecieron un delito lo denunciaron ante el Ministerio Público, de estos denunciantes el 63 por ciento quedaron insatisfechos con su actuación. El 88 por ciento de los delitos no quedan registrados en las estadísticas oficiales; 45 por ciento de la población opina que la policía actúa mal o muy mal para controlar el delito. Todavía peor, 7 de cada 10 personas manifestaron desconocer a la AFI y a la PFP. Si revisamos las cifras de la incidencia delictiva y su relación con los principales delitos que se cometen, encontramos que el 94 por ciento son de competencia local y el seis por ciento representan delitos del fuero federal. El robo, el daño en propiedad ajena y lesiones son los que corresponden a la jurisdicción estatal y la portación ilegal de armas de fuego, delitos contra la salud y ataques a las vías generales de comunicación, son los que corresponden a la jurisdicción federal. Por ello nos preguntamos, ¿qué es lo que no está haciendo bien el gobierno para combatir a la delincuencia? ¿En dónde estamos fallando? A nosotros como legisladores nos corresponde preguntarnos también, ¿qué es lo que está faltando para la eficacia en nuestras leyes? Como resultado de estas reflexiones creemos que es necesario poner al día el artículo 21 constitucional y redefinir algunos términos que a principios del siglo XX no fueron imaginados, es decir, la carrera delictiva inicia en el fuero común con delitos simples como el robo de una cartera, de una bolsa, las partes de un vehículo. Con ello el delincuente se va comprando una navaja, luego una pistola. Poco a poco se va ganando un respeto entre quienes realizan este tipo de actividades. Y de ahí se van organizando en bandas y terminan realizando lo que hoy conocemos como la famosa delincuencia organizada: lavado de dinero, delitos contra la salud, terrorismo, tráfico de órganos, secuestro, tan sólo algunos ejemplos de este tipo de delincuencia que no fueron contemplados por nuestros Constituyentes de 1917. Por ello, esta reforma busca generar un texto ordenado y funcional que fortalezca a nuestras instituciones de seguridad pública y justicia penal con la facultad de investigación, pero también que garantice a la población de manera clara y precisa, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales. Por ello proponemos que el artículo 21 constitucional incorpore el concepto de seguridad pública, amplíe las facultades investigadoras del Ministerio Público a las corporaciones de seguridad pública, municipal, estatal y federal; mantenga como exclusiva la facultad de imponer penas a los órganos jurisdiccionales, delimite el actuar de la autoridad administrativa, contemple las obligaciones internacionales de las que México es parte y desarrolle realmente un sistema nacional de seguridad pública transversal y transparente en el que los programas, políticas públicas y recursos sean formulados, ejecutados, controlados y evaluados por este mandato constitucional. En el caso particular de nuestras policías preventivas municipales no debemos perder de vista que son las que tienen el contacto diario con la población; muchas veces ellos tienen información de posibles delitos, antes de que exista una denuncia o querella ante la autoridad ministerial. Sin embargo no pueden denunciar por no contar con los conocimientos suficientes para identificar el delito o simplemente porque están impedidos por ley para realizar acciones de investigación y rastrear estos indicios. También en la práctica encontramos casos de muchos policías preventivos municipales que realizan investigaciones maquilladas de acciones preventivas, gente que se arriesga a ser sancionada administrativa o penalmente por ser algo ilegal, pero que han dado resultados muy eficientes e importantes para descubrir personas o bandas delictivas. El debilitamiento de nuestra policía municipal al quitarles la facultad de investigación y limitar las funciones supuestamente de prevención, bajo la premisa de corrupción e impunidad, sólo ha contribuido al crecimiento de la delincuencia, al grado tal que hoy en día quien delinque sabe perfectamente que las probabilidades de que sea detenido son prácticamente nulas. La solución que busquemos debe tener presente las pocas denuncias y los muchos delitos, la gran sensación de inseguridad en la población y la poca confianza en nuestras instituciones, las averiguaciones previas mal integradas que difícilmente llegarán a poner al presunto responsable ante la autoridad judicial. Sabemos que existen algunos cuerpos policiales en los que la corrupción en las organizaciones criminales se han infiltrado, que hay violaciones a los derechos humanos de la población, que existen altos niveles de impunidad y que un gran número de policías municipales no cumplen ni siquiera con un perfil de ingreso, selección y permanencia, que están mal capacitados. Sin embargo todo esto no debe ni puede mantener nuestras leyes estáticas. Las deficiencias de la mayoría de las instituciones responsables de seguridad pública y procuración de justicia, no pueden continuar gracias a estos temores. Por el contrario, los temores del hombre deben ser las fortalezas de nuestras instituciones. Para finalizar, quiero mencionar que el pasado 9 de marzo el Ejecutivo federal presentó ante la Cámara de Senadores una propuesta de reforma en la que sugiere facultar a la Policía Federal, para que investigue los delitos conjuntamente con el Ministerio Público. Nosotros creemos que esta modificación debe de ir más allá y fortalecer también en la investigación a las policías preventivas, municipales y estatales. Compañeras y compañeros legisladores, la población no sabe de competencias, no le interesa conocer de jurisdicciones, le interesan las soluciones, vivir con seguridad en su persona, en su patrimonio y en su familia. Gracias por su atención. Señor Presidente, solicito se inserte esta participación en el Diario de los Debates, es cuanto.