El diputado Roberto Antonio Rubio Montejo (vía telemática): Diputada presidenta, comunico a usted que daré el siguiente posicionamiento como promovente y a nombre de la Comisión de Medio Ambiente. Le pido su amable comprensión, si me llegase a pasar unos minutos. Con la venia de la Presidencia. En nuestro país, la persecución es una investigación de los delitos ambientales y están a cargo de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuya visión se encuentra en aumentar los niveles de observancia en la normatividad ambiental y, con ello, contribuir al desarrollo sostenible. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Profepa se encarga primordialmente de programar, ordenar, realizar y licitar o el tener operativos de inspección para vigilar y evaluar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas, siempre con un enfoque preventivo para lograr efectivamente la preservación y protección de los recursos naturales. Adicionalmente, la Profepa está encargada de recibir, atender e investigar las denuncias y, en su caso, realizar las diligencias necesarias para determinar la existencia de los actos, hechos u omisiones, motivo de denuncia, o bien, canalizarlas ante las autoridades que resulten competentes estableciendo los mecanismos y requisitos para su atención. En este sentido, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente refiere que toda persona, grupo social, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedad, podrán denunciar cualquier acto u omisión que produzca o pueda producir un desequilibrio ecológico o daños al ambiente. Esto, indudablemente habla de la importancia que representa la participación de la sociedad en la protección ambiental, abriendo los canales de comunicación para que todos aquellos que sean testigos de un posible daño ambiental, puedan acudir a esta institución a denunciarlo con la seguridad de que el caso será atendido. Para ello, se establecen los requisitos y procedimientos que habrán de observarse. No obstante, existe poca claridad sobre las acciones que ejecutarán las autoridades al momento de conocer las denuncias en la que se acredite de manera evidente la probable comisión de un delito ambiental o que represente peligro inminente de daño o deterioro grave, ya que la ley solo hace referencia a los requisitos de temporalidad del procedimiento administrativo, pero sin señalar las acciones para la atención de la denuncia. Por lo anterior, es importante hacer énfasis en que, en la mayoría de las veces, la participación de la sociedad se hace por una emergencia ambiental. Por lo que, de inmediatez con el que se intervenga la autoridad, podría impactar de manera positiva para poner un alto al daño que se denuncia. Para ello, se propuso modificar la ley estableciendo expresamente la obligación de la autoridad de atender inmediatamente una emergencia ambiental que haya sido debidamente evidenciada mediante una denuncia popular, con independencia de los términos y atribuciones de los diferentes órdenes de gobierno. Desde su presentación se aclaró que no se trata de dejar de cumplir con lo establecido en las leyes y reglamentos aplicables o bien, de invadir las competencias de las autoridades ambientales de los diferentes niveles de gobierno; de lo que se trata es de atender de manera prioritaria a aquellas denuncias que demuestren una afectación y que al no atenderse puedan ser denunciadas. En este sentido, en el Partido Verde celebramos haber encontrado el consenso requerido entre los miembros de la Comisión de Medio Ambiente, la cual me honro en presidir, para dictaminar a favor de esta propuesta. Coincidiendo en que esta reforma representa un paso necesario, a fin de atender oportunamente las denuncias populares que, por su gravedad, necesitan la atención inmediata, todo ello con el firme objetivo de salvaguardar de una mejor manera al medio ambiente y a los recursos naturales. Insistimos en el reconocimiento a la valiosa labor que realiza la Profepa, la cual ha trabajado con la firme convicción de cumplir con las atribuciones en beneficio de la protección ambiental. Sin embargo, asumimos nuestra responsabilidad como legisladores, de fortalecer en el marco legal y favorecer mejores herramientas a las instituciones encargadas de salvaguardar uno de los más importantes patrimonios de nuestra nación, como es su riqueza natural. Y aquí hago un llamado a las autoridades de la Profepa¸ para que se atienda de manera urgente el caso de Altamirano, Chiapas, y se realicen operativos para evitar la deforestación de la zona altos y selva, que están provocando los aserraderos o la tala inmoderada, que esto requiere inspecciones para evitar estas prácticas. Por todo lo anterior, a nombre de quienes suscribimos, anuncio nuestro voto a favor del presente dictamen, por el que se reforman los artículos 189 y 191 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en materia de denuncia popular, ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Es cuanto, presidenta.