El diputado José Torres Robledo: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, las y los integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, reconocen la sensibilidad y oportuna actuación de los diputados de la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios y de Justicia, que por unanimidad votaron favorablemente el dictamen que expide la Ley de Migración, exhortando a este pleno a que voten en el mismo sentido. Para esta aprobación, nos guiamos con la indeclinable necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes, pero de manera especial este dictamen representa una respuesta a una protesta pacífica contra la inhumana normativa que han expedido algunos estados de los Estados Unidos de América en contra de nuestros paisanos, que acuden a este país en busca de mejores condiciones laborales y de vida, dentro de los que se incluyen niños, adolescentes y mujeres, los cuales son trabajadores que merecen respeto y no el trato de delincuentes, por lo que este dictamen abre el camino para que el país recobre su fuerza moral y legal ante la comunidad internacional, en defensa de nuestros migrantes. Cuando los diputados ponen por encima de todo los intereses de la nación y de la justicia, se logran converger las voluntades para la consecución de logros históricos del carácter parlamentario, como el presente. El dictamen en comento debe de ser apoyado desde el momento en que atiende una necesidad urgente, la de un cuerpo normativo que de manera especial, detallada y actualizada atiende el fenómeno de la migración con importancia creciente de nuestro país en todo el mundo. Además de lo anterior, este documento ratifica los avances de la minuta del Senado que eliminó las peores aristas policiales que se contenían en el dictamen inicial, discutido por la colegisladora, mismo que daba facultades a la Policía Federal para detener a migrantes en cualquier punto del territorio nacional; imponían multas a los patrones que emplearan a indocumentados; facultaba para hacer detenciones con base en denuncias anónimas y se autorizaba la persecución contra los defensores de migrantes. En el dictamen se establecen al propio tiempo, la tutela de derechos humanos fundamentalmente para los migrantes, como el acceso a los servicios de salud, educación, justicia y el reconocimiento de su personalidad jurídica, independientemente de su situación migratoria. Para la mayor protección de los migrantes y de las personas que cumplen tareas humanitarias, se señala en el dictamen en comento, en sus artículos 79 y 156, que el Instituto Nacional de Migración no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios de asistencia o de protección a los migrantes. No se impondrá pena a las personas de reconocida solvencia moral, que por razones estrictamente humanitarias y sin buscar beneficio alguno, presten ayuda a las personas que se han internado en el país de manera irregular, aun cuando reciban donativos o recursos para la continuación de su labor humanitaria. Aceptando estos avances, debemos reconocer que la aprobación de esta Ley de Migración representa apenas el arranque de un proceso para alcanzar una legislación que de manera más completa y plena tutele el derecho humano a migrar, y en general los derechos humanos de los migrantes, en base a las siguientes consideraciones. Este dictamen sigue vinculando la migración con el tema de la seguridad nacional, seguridad pública o seguridad fronteriza, lo que hace perdurar en la ley una visión policial y militarista cual si México fuera una extensión de la injusta política migratoria de los Estados Unidos, lo que es base de todo tipo de prejuicios, xenofobia y crímenes. En gran parte este dictamen es meramente declarativo sin mecanismos reales y eficaces, para efectivamente garantizar los derechos humanos de los migrantes. Es decir, debe hacer una definición de las instituciones e instrumentos y mecanismos para la elaboración de políticas públicas que garantice en los hechos los derechos de todas las personas migrantes, destacadamente la creación de la Procuraduría del Migrante. La Ley de Migración debe contemplar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas a fin de fortalecer los sistemas de garantía y derechos humanos de las personas migrantes, previstos en la Constitución y los tratados internacionales. La iniciativa no contempla la participación de las organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas en los mecanismos de seguimiento y evaluación.