El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Los derechos humanos son el fundamento de la existencia y la coexistencia humana, estos son universales, indivisibles e interdependientes y están en el centro de todas las Naciones Unidas; aspiran a conseguir en su misión mundial de paz y desarrollo. El mundo ha progresado significativamente en lo referente a mejorar el conocimiento de los derechos humanos en el ámbito mundial, instituir un marco jurídico y establecer instituciones y mecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos. Sin embargo todavía queda mucho por hacer. Tenemos que mejorar los resultados del siglo pasado y hacer que el respeto de los derechos humanos sea una realidad para cada hombre, mujer y niño. En este sentido a partir de 1945 y después de dos guerras mundiales, los derechos humanos y por extensión la seguridad pública, se convierten en requisitos de legitimidad y justicia de las instituciones modernas, por lo tanto la relación seguridad pública-derechos humanos, es una relación de medio a fin, siendo el medio la seguridad pública y el fin, los derechos humanos. Hoy más que nunca la seguridad pública se legitima con un derecho fundamental. Los organismos policiales que respeten los derechos humanos consiguen con ello promover los objetivos mismos de la aplicación de la ley y establecer al mismo tiempo una estructura no sustentada en el miedo y en el poder, sino en el honor, la profesionalidad y la legalidad. El derecho a la seguridad pública está contemplado en nuestro párrafo noveno del artículo 21 de nuestra Carta Magna, es una función básica a cargo del Estado mexicano que comprende la prevención de los delitos, su investigación y la persecución de los delincuentes. A este respecto señala que las instituciones de seguridad pública se rigen por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Pero nuestro sistema de seguridad pública, a raíz de reformas a nuestra Constitución impulsadas en los años 90 y hasta 2008, fue orientado sobre la base de un endurecimiento del marco jurídico, así como de la ampliación de las facultades de las policías y de los ministerios públicos, con la finalidad de obtener mejores resultados en la materia. Sin embargo, el resultado obtenido fue contrario a lo esperado, generando uno de los episodios de mayor impunidad y violencia en nuestro país. En el México de hoy las instituciones de seguridad siguen utilizando una serie de prácticas que trastocan los derechos fundamentales de las personas. Entre éstas destacan el arraigo y los cateos ilegales; la desaparición forzada de personas; ejecuciones extrajudiciales; detenciones arbitrarias; tortura; tratos crueles, inhumanos y degradantes. Por todo lo anterior se propone un cambio de estrategia centrada en mejorar y ampliar la formación de los derechos humanos a todos los servidores públicos que intervienen en acciones de la seguridad pública, capacitar eficazmente al personal respecto de los protocolos y lineamientos de actuación en la materia e impulsar para ello una mayor coordinación de las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública y lograr una certificación en el conocimiento de los derechos humanos para prevenir las violaciones a los mismos. Asimismo, se propone respetar e incorporar a nuestra legislación los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, seguridad pública y justicia, de los cuales nuestro país es parte y tienen carácter vinculante para los estados que los ratifican o se adhieren a ellos. Entre ellos encontramos reglas mínimas para el tratamiento de reclusos, conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención, declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura u otros tratados o penas crueles, inhumanas y degradantes. Asimismo, el código de conducta para servidores públicos encargado de velar el cumplimiento de la ley, principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas para los mismos, declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otras. Por lo anteriormente mencionado, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México apoyamos decididamente el presente proyecto de decreto, el cual establece que los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el empeño de sus funciones deberán respetar los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales. Consideramos, por lo tanto, que el año 2014 debe ser el punto de partida para que las autoridades del Estado mexicano refuercen el tema de los derechos humanos en el país, partiendo de que su observancia debe ser el eje rector para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y de esta manera reconstruir el tejido social, impulsándose con ello a un nuevo ambiente de convivencia. Es cuanto, señor Presidente.