La diputada María de los Dolores Padierna Luna: Gracias, presidente. Yo quisiera utilizar esta intervención para demostrar que no tienen razón varias de las afirmaciones que se han hecho en esta tribuna. En primer lugar, la Ley Federal de Delincuencia Organizada es un régimen de excepción y encuentra su justificación por el peligro potencial que representan algunos delincuentes para la existencia del Estado mismo. Cómo no va a ser, a poner en riesgo al Estado, si de 2014 a 2018 9 mil empresas facturaron operaciones simuladas que realizan 8 millones de facturas falsas que suman 1.6 millones de pesos, dando una pérdida fiscal casi de 400 mil millones de pesos. Y no sé de dónde sacaron, un diputado dijo aquí que estaba bajando. No. Se multiplicó por seis veces en el sexenio pasado lo que ya venía ocurriendo es sexenios anteriores. Los derechos fundamentales se ven suprimidos en aras de salvaguardar la integridad del Estado, lo cual encuentra su fundamento, diputada, en la llamada doctrina del Derecho penal del enemigo, que ha sido retomada por nuestra Constitución al igual que en Colombia, y en otras muchas cosas. Y lo hicieron ustedes, no nosotros. Las consecuencias de la reforma, volvemos a decirlo, no irradia a los contribuyentes cumplidos, tampoco a los que cometan errores, porque esos se resuelven mediante el derecho administrativo, incluso tampoco como se dijo aquí los que cometan delito de defraudación fiscal. No estamos hablando de eso. Reiteramos, para que se pueda constituir la delincuencia organizada se requiere la confabulación de tres, los montos que ya han sido explicados aquí. Pero alguien dijo que no cubría los requisitos de proporcionalidad cuando estos están aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, está dicho en cuatro características, y este conjunto de leyes cubre esos cuatro requisitos. Primero. Tiene un fin constitucionalmente válido en términos del 31, fracción IV de nuestra Constitución, y léase la identificación de una finalidad constitucionalmente válida emitida por la Corte. Segundo. Es una medida idónea, puesto que aunque se hace uso del derecho punitivo y del régimen de excepción del derecho penal del enemigo, la medida es castigar a estos delincuentes que al ser aprobada esta norma, tendrá un efecto disuasivo y al ya no cometerse el sistema delincuencial, entonces habrá una mejora considerable de la recaudación fiscal. Tercero. Hay una necesidad de la medida y se justifica plenamente para remediar el daño presupuestario que le ocasiona al Estado la cantidad de delitos que se han cometido en materia fiscal por defraudación fiscal, por emisión de facturas falsas, y esto pone en efecto en riesgo al Estado. El proyecto propone hacer cambios drásticos en cómo se sancionará a estos delincuentes y no al ciudadano que cometa otros delitos fiscales o que incurra en errores en sus declaraciones fiscales. No existe otra vía para frenar delincuentes organizados que han perjudicado tanto a la Hacienda Pública, pues se trata de delincuentes peligrosos, amparados anteriormente por el gobierno, una norma light, una norma débil, no es efectiva para disuadir estos comportamientos, menos aún para sancionarlos y para erradicarlos. Cuarto requisito. La Constitución, para el Constituyente Permanente prefirió la existencia de principios democráticos republicanos antes de premiar, de solapar a delincuentes peligrosos. De ahí la proporcionalidad de la medida que se encuentra plenamente justificada, constitucionalmente en los artículos varios, el 16, el 18, el 19, el 20, del apartado B de la Constitución de la República. Aquí se nos ha dicho que no sabemos, que tenemos confusiones conceptuales, que son aberraciones, como la de Víctor Manuel López Gachuz, que creó una red de 400 empresas fantasma utilizadas por Javier Duarte de Ochoa, para desviar recursos públicos de Veracruz y financiar las campañas de su partido político. ¿Esto es un despropósito, esto es una aberración? ¿Esta es una confusión conceptual? No. Si se lee un artículo muy importante de Forbes, de la revista, ahí van a ver hasta nombres, modus operandi de cómo ocurre este delito. Nos dicen que no sabemos, pero si ustedes sí sabían ¿entonces por qué permitieron este grado de impunidad que implica una pérdida fiscal tan grande para el Estado? Desde luego que por eso nuestro país es considerado uno de los más ineficientes de América Latina por su frágil capacidad recaudatoria que los contribuyentes aportan apenas un 8.5, 11 por ciento del producto interno bruto y ha venido a la baja.