EL DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con su venia señor Presidente. Compañeros diputados y diputadas de esta LVIII Legislatura: El de la voz, Esteban Daniel Martínez Enríquez y los abajo firmantes, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los Artículos.... LEYO INSÉRTESE Con su venia Señor Presidente. Compañeros Diputados y Diputadas de la LVIII Legislatura: Esteban Daniel Martínez Enríquez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 73 fracción X)(II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 56, 62, y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y el 92 del Código Penal Federal y demás relativos en la materia, vengo a presentar ante esta Soberanía, Iniciativa de Ley de Amnistía, conforme a la siguiente, Exposición de Motivos La amnistía es un acto por el cual el poder público de un Estado, movido por razones políticas, anula la relevancia penal de ciertos hechos delictivos. Su diferencia con el indulto estriba en que este último concepto se refiere a la conmutación de la pena por diferentes razones, mientras que la amnistía encierra el reconocimiento de los delitos como legítimos y su puesta en escena lleva implícita una carga de carácter político. La palabra "amnistía" viene de la palabra griega amnesia, que significa olvido, y que los griegos otorgaban a los opositores y contendientes sometidos por el ejército griego después de violentas confrontaciones. En los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Magna establece la amnistía en el artículo 73 fracción X)(II y la reglamenta en el artículo 92 del Código Penal Federal, donde se determina la necesidad de una ley especifica que reglamente los procedimientos que deben cumplirse para llevarla a cabo. Según la doctrina jurídica, la amnistía no es una prerrogativa reservada a los jefes de Estado o presidentes. La amnistía es una facultad legislativa y por ello, un acto de alta consideración democrática, pues compete al Congreso de la Unión donde está representada tanto la nación como el pacto federal. La historia legislativa en México registra diversas leyes e iniciativas de amnistía. Como vía de extinción de la acción penal se ha promulgado ante diversas situaciones políticas en el país, aplicando amnistía u "olvido por disposición política" a sentenciados por hechos pasados y que al resultar beneficiados con la libertad fortalecen el poder del estado y sus instituciones. Baste recordar el ano de 1978, cuando a iniciativa de José López Portillo, el Congreso decretó amnistía por delitos de sedición, incitación a la rebelión o conspiración, u otros delitos ejecutados por móviles políticos; o la más reciente, la Ley de Amnistía de Chiapas de 1994, que amnistió a todos aquellos relacionados en los actos de violencia suscitados en algunos municipios del Estado, con el levantamiento en armas del EJERCITO ZAPATISTA DE LIBERACION NACIONAL. Por su parte la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido diversas tesis, como la referente a la aplicación de la Ley de Amnistía del Estado de Nuevo León por la autoridad judicial, siempre que la causa se encontrare en la fase de conocimiento por la mencionada autoridad; así mismo, tocará a la autoridad administrativa si el asunto se halla en la fase de la averiguación y que la amnistía extingue la acción penal, pero también la ejecución de su pena (amnistía: olvido del delito; a sin, mnemeo recordar). Para definir los sujetos a beneficiar por esta Ley, habrá que conceptualizar categorías carentes de precisión formal. El preso de conciencia, según Amnistía Internacional, es aquel encarcelado a causa de sus creencias, origen étnico, sexo, color, raza, idioma, u origen social o económico, siempre que no hayan recurrido a la violencia ni propugnado su uso. El término de preso político no existe en el Derecho Positivo Mexicano. Basándonos en el Derecho Internacional Humanitario, pudiéramos definir como preso político a la persona que buscando la transformación de la sociedad y por motivaciones políticas pretenda mediante el uso de la violencia, alterar o modificar el sistema de poder y sus instituciones gubernamentales y por ello se le procesa y encuentra culpable de delitos consignados en la legislación penal. La participación de nuestro país en los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos nos obliga al cumplimiento de los tratados internacionales signados en materia penitenciaria. De ahí derivamos el concepto de derechos del privado de la libertad por motivaciones ideológicas y políticas, por lo que se obliga al estado mexicano a reconocer como las únicas vías legales a la amnistía o al indulto. Así mismo encontramos presos por injusticias. Nuestro sistema penal ha permitido que existan recluidos por su incapacidad económica o por carecer de una buena defensa o sentenciados cuyos procesos y delitos aparecen como prefabricados en asociación a sus actividades políticas. En el proceso previo de elaboración de esta iniciativa, conocimos los 294 casos documentados por la LIGA MEXICANA DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS y los 150 casos del Comité de Amigos y Familiares de los Presos Políticos y Sociales. Por eso proponemos en el articulado, un procedimiento y plazo para la aplicación de esta Ley de Amnistía, que permita al ejecutivo documentar la mayoría de los casos e internos que puedan acogerse al beneficio. Ante esta realidad penitenciaria es evidente la necesidad del recurso legislativo de la amnistía cuando el ánimo del estado mexicano pugna por la concordia y la pacificación del país. Presos en Guerrero, como Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García, por defender los bosques o presos en Oaxaca por sólo recibir la amnistía estatal y cubrir una sentencia por delito mixto o militantes políticos relacionados con organizaciones sediciosas y que jamás han reconocido su participación , o presos por su activismo en organizaciones guerrilleras, serían algunos de los que se pudieran acoger al beneficio de esta Ley. Y es claro el ambiente de reconciliación política que existe en el país. Prueba de lo anterior, es el interés y deseo de paz y justicia social que esta tribuna ha registrado con las dos iniciativas de amnistía que se presentaron en el periodo pasado ante esta Legislatura. Tanto los campesinos ecologistas, iniciativa presentada por diputados del PVEM; como los indígenas Oaxaca, Hidalgo y Guerrero junto con muchos otros sentenciados por supuestos delitos cometidos o sentencias derivadas de la posición ideológica o política de los internos en los sistemas de reclusorios del país, iniciativa presentada por el PRI, esperan señales de paz, concordia y reconciliación que les permita recuperar la dignidad de su vida. Esa necesidad política de promulgar una Ley de Amnistía ya se ha pronunciado por el PRI y el PVEM, ahora toca, a través de mi voz, presentar la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, que desde la legislatura pasada y en voz del Diputado Adolfo González Zamora, presentó una iniciativa de Amnistía que aun está pendiente de dictaminar. Por si faltaren más argumentos, hay que recordar la conformación de este Congreso y sus esfuerzos por construir consenso, o la participación de los comandantes del EZLN en este recinto legislativo. Así como los esfuerzos por fortalecer la institucionalidad política han crecido, la cultura legislativa permite buscar consenso entre los grupos parlamentarios y al refrendar la voluntad de los diputados de esta LVIII Legislatura en materia del olvido jurídico de los perseguidos o recluidos por sus creencias y preferencias políticas, presento a Uds., esta iniciativa de amnistía. Por lo antes expuesto y en virtud de que la amnistía es facultad de este Congreso y requiere para ello de la promulgación de una ley, y con fundamento en el artículo 73, fracción XXII, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, vengo a presentar ante Uds., la presente Iniciativa de Decreto: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos", decreta: Ley de Amnistía Artículo l. Se decreta Amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común con el propósito de alterar o modificar por vía violenta la estructura política del estado mexicano o el orden social establecido o porque los delitos que se les imputen se encuentren vinculados con dicho móvil, formando parte o no de grupo armados. Artículo 2. La amnistía decretada en esta Ley extingue la acción penal y las sanciones impuestas, con excepción de la reparación del daño, en los términos de lo dispuesto por el artículo 92 del Código Penal Federal. Artículo 3. Las personas que al momento de entrar en vigor la presente Ley, se encuentren sustraídas de la acción de la justicia dentro o fuera del país, por los motivos a que se refiere el artículo lo. podrán beneficiarse de la amnistía, condicionada a la entrega de todo tipo de instrumentos, armas, explosivos u otros objetos empleados en la comisión de los delitos, si los hubiere, dentro del plazo de 180 días a partir de la vigencia de esta. Artículo 4. En cumplimiento de esta ley, las autoridades judiciales cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes; las administrativas penitenciarias de la Federación y del Distrito Federal pondrán en libertad a los procesados o sentenciados. El Ministerio Público Federal cancelará los expedientes que por efecto de la Comisión de delitos a los que se refiere esta Ley hayan generado antecedentes en sus servicios periciales. El Procurador General de la República solicitará de oficio la aplicación de sus beneficios, declarando respecto de los responsables, extinguida la acción persecutoria. Artículo 5. La aplicación de esta ley estará a cargo de una comisión integrada por el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, un representante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y un representante de la Cámara de Diputados. Artículo 6. En caso de que se hubiere interpuesto juicio de amparo por las personas a quienes beneficie esta Ley, la autoridad que conozca de él dictará auto de sobreseimiento y se procederá conforme al artículo cuarto de esta Ley. Artículo 7. Con respeto a la soberanía de los Estados, las presidencias de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores propondrán a las Legislaturas de los Estados, la expedición de las correspondientes leyes estatales de amnistía en donde existan sentenciados o acción persecutoria por la comisión de delitos previstos en sus respectivas legislaciones y que se asemejen a los que se amnistían por esta ley. Artículo 8. Las personas a quienes aproveche la presente ley, no podrán ser en el futuro detenidos ni procesados por los ilícitos que comprende esta amnistía. Transitorios Primero. Esta ley entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el "Diario Oficial de la Federación". Segundo. La presente ley tendrá una vigencia no mayor de un año a partir de su publicación en el "Diario Oficial de la Federación". Tercero. Las personas que se encuentren en las hipótesis normativas previstas por el artículo 1 de esta ley, pero que sean acreedores de los beneficios de libertad anticipada o preliberación, serán puestos en libertad de inmediato, sin condición alguna. LA VICE PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias a usted señor diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez. La iniciativa que acaba de presentar, TÚRNESE A LA COMISION DE GOBERNACION Y SEGURIDAD PUBLICA. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Tiene la palabra la diputada Marra Teresa Campoy Ruy Sánchez, del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de reformas al Artículo 226 de la Ley de la Propiedad Industrial.