EL C. DIPUTADO HECTOR SANCHEZ LOPEZ: Con su permiso señor Presidente. Compañeras y compañeros Legisladores. En nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, vengo a solicitar el voto aprobatorio de todos nuestros compañeros Legisladores Federales de las fuerzas políticas que convergen en esta Cámara de Diputados, sobre la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la abrogación de la Ley de Creación del Instituto Nacional Indigenista, se Reforma la Fracción VI y se deroga la Fracción VII del Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se Reforma el primer párrafo del Artículo 5º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. El Dictamen que se pone a consideración en este pleno, es resultado de la suma de esfuerzos de las diferentes fracciones parlamentarias que convergen en el Congreso de la Unión, quienes coincidieron en la necesidad de realizar una serie de reformas a las instituciones responsables de la atención a nuestros pueblos indígenas, que son y siguen siendo los excluidos y marginados del proceso del desarrollo nacional. Es menester señalar que desde el pasado 15 de octubre las Comisiones de Asuntos Indígenas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados se integraron en Conferencia Parlamentaria para conducir el Proceso de Diálogo sobre la Situación de las Instituciones Responsables de la Atención de los Pueblos Indígenas. Después de varios encuentros y desencuentros entre los Diputados y Senadores de los diversos grupos parlamentarios, de tener diferentes visiones de las acciones que el Gobierno debe de poner en marcha para atender a los más de diez millones de indígenas, se logró concretar una Iniciativa, que si bien no dejó convencidos a todos, logró concitar el mayor acuerdo posible, el de la necesidad de reformar a una institución que a lo largo de 50 años ha estado al servicio de los pueblos indígenas de México. El Instituto Nacional Indigenista fue creado mediante Ley del Congreso de la Unión, publicado en el Diario Oficial de fecha 8 de diciembre de 1948. Tras 54 años de operación, ha llegado al agotamiento de su modelo institucional, por lo que se requiere promover su transformación a fin de modernizarlo y hacerlo funcional para que sea capaz de afrontar el reto que significa trabajar a favor de la atención y el desarrollo de los pueblos indígenas y sus comunidades. Es por ello que frente a ese agotamiento se propone la transformación de INI en una Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que conserva la personalidad jurídica, el patrimonio de la Institución, el presupuesto, pero sobre todo el respeto a los derechos laborales de sus trabajadores. Este organismo público descentralizado no sectorizado, procedió a que también se reforme el artículo 5º de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En el Senado de la República, los diversos grupos parlamentarios luego del proceso de diálogo y discusión para concretar una reforma al Instituto Nacional Indigenista, aprobaron el 14 de diciembre las reformas y aprobaron una ley por la que se crea la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. El 15 de diciembre, fue turnado por la Presidencia de la Cámara de Diputados a las comisiones y es hoy cuando se presenta al Pleno de este órgano del Legislativo donde se ha mantenido en suspenso a pesar de contar con el consenso y el aval de todos los grupos parlamentarios. Resulta importante destacar que en este dictamen la Comisión deja en claro que el proceso de modernización de las instituciones de la Administración Pública se transforman cuando ya no responden a los objetivos para los cuales fueron creadas; valora la necesidad de contar con una nueva institución que responda de manera responsable y eficaz a las viejas y nuevas demandas planteadas por los pueblos y sus comunidades. Por ello, se presenta a la consideración de este Pleno una institución cuya fortaleza resida en su autonomía de gestión, en su personalidad jurídica y patrimonio propio, presupuesto y sobre todo la gran experiencia de sus trabajadores que le permita contar una mayor imagen de autonomía respecto a sus determinaciones y decisiones, pero sobre todo queremos una institución que sea respetada por los pueblos indígenas por lo que reconocemos también que para que eso suceda, se requiere que esta Institución se legitime siempre y cuando anteponga los intereses de los pueblos y comunidades indígenas al de los intereses partidistas. La comisión dictaminadora en concordia con nuestra colegisladora, considera de vital importancia que a diferencia del INI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas cuente con la autonomía suficiente para atender a los pueblos indígenas, por lo que se propone un organismo público y descentralizado, no sectorizado para asegurar la integralidad y transversalidad de las políticas públicas en los tres niveles de gobierno dirigidas a los pueblos indígenas. También, una de las cuestiones que nos parecen importantes es que el INI al estar sectorizado a la Secretaría de Desarrollo Social se deja atrás la visión de que el desarrollo de los pueblos indígenas sólo es de pobreza y de programas de asistencia social. Con un organismo descentralizado se abre la perspectiva para atender no solo la demanda social sino también las demandas integrales de desarrollo económico, político, social y cultural de nuestras comunidades y pueblos indígenas. La comisión responsable de presentar a la consideración de este Pleno el presente dictamen, lo hace convencida de la necesidad de continuar avanzando en los cambios que requiere la Administración Pública para hacer más eficaz y eficiente, responsable, con una nueva visión de lo que como institución debe asumir. Esta Legislatura en materia de derecho de los pueblos y comunidades indígenas, ha dejado pendientes importantes; personalmente considero que uno de los mayores saldos negativos de esta Legislatura ha sido precisamente la de legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas y que seguramente habrán de ser atendidos por la máxima Legislatura. Quienes hoy tenemos la responsabilidad de legislar en la materia lo hemos hecho con seriedad y compromiso de mejorar las instituciones responsables de sentar las bases para el desarrollo de los pueblos indígenas, desarrollo que no será posible hasta que no se reconozcan a plenitud los derechos de los pueblos indígenas, como se encuentra asentado en los acuerdos de San Andrés Larrainzar. Necesitamos que la autonomía económica, política, social y cultural, lleguen a nuestros pueblos indígenas para que la pobreza, la marginación y el olvido en la que viven, pueda ser cosas del pasado. Esa es una asignatura pendiente que esperemos que la próxima Legislatura pueda sacarlo adelante. Es por ello, que a nombre de la Comisión de Asuntos Indígenas, solicitamos el voto aprobatorio al presente dictamen, esperando que dichas reformas brinden un marco jurídico, administrativo y político, consecuente con las demandas que a lo largo de todos estos años han planteado nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. -