El diputado Ramón Jiménez López: Gracias, señor presidente. Exposición de Motivos México vive una gravísima crisis general que incluye el naufragio del Estado en todos los ámbitos: en el económico, político y, aún más grave, la crisis social, humana, que agrede con saña a nuestro pueblo. Así nos encontramos con el hambre que campea por todos los rumbos de nuestro país haciendo estragos, especialmente sobre la vida de los niños, una educación vergonzosa que nos ubica en los últimos lugares de calidad de la enseñanza según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una salud inspirada en la muerte, una seguridad social en pleno desmantelamiento. Al propio tiempo, enfrentamos el creciente desempleo, el subempleo, el empleo informal, el outsourcing o subcontratación y demás formas de subempleo, de simulación de la relación de trabajo, que rompen con el desarrollo de las familias, el crecimiento económico y la seguridad pública. Pero, además, este crimen social, tan cínico e injusto, se encuentra legalizado por un Estado de derecho cada vez más opresor, inequitativo, corrupto y alejado de la justicia. Las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son una cruel biografía del absoluto fracaso de un gobierno y un sistema que, en materia social, otorga a nuestro país muchos de los primeros lugares pero del horror a nivel mundial. Si queremos coadyuvar a remediar el estado actual de las cosas, la única manera es comenzar a poner fin a estas injusticias con efectividad y dignidad. Para tal efecto, entendemos que existe una relación estrecha entre el trabajo digno y el bienestar social. Por tal motivo, el Estado debe garantizar a cada mexicana y mexicano, con derecho al trabajo, un empleo digno, lo cual no debe enfocarse como simple buen deseo, demagogia o como sueño imposible. El Estado debe ser un garante de los derechos sociales de todos los mexicanos. El empleo es el primer derecho social, ya que de su realidad y estabilidad nacen, de manera directa o indirecta, todos los demás derechos como: alimentación, educación, salud, vivienda, cultura, etcétera. Esto, independientemente de los valores inmateriales de tipo emocional y psicológico que derivan del trabajo. En este sentido observamos que es absolutamente una agresión de los derechos humanos, la negación del empleo a un mexicano, esto especialmente en perjuicio de los jóvenes. El Estado debe brindar todos los medios y abrir todos los caminos para dar plena efectividad al derecho humano al trabajo. Por el contrario, negar el trabajo significa poner en situación de franca discriminación, desventaja, al que lo padece. Esto cobra aún más importancia en las actuales circunstancias que han elevado el desempleo a cifras históricas, basta recordar que al tercer trimestre de 2009, la población desocupada llegó a un total de 2 millones 925 mil 45 personas, que deben sumarse a una población disponible de 5 millones 447 mil 927 y a las 3 millones 41 mil 399 personas que no reciben remuneración alguna. Además de los 3 millones 825 mil 67 de subempleados y más de 12 millones de trabajadores informales. Es decir, una verdadera catástrofe social. Para no hablar de los salarios cada vez más injustos. Basta rememorar las cifras de escándalo sobre los 7 millones de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Perdiendo el país el motor base para arrancar a más altos niveles de riqueza, como lo han hecho otros países. El empleo es como el pegamento que mantiene unida a la sociedad. Al faltar, no debe sorprendernos que todo caiga por los suelos: las familias, la armonía social en todos los sentidos y hasta la esperanza. A este respecto, cabe señalar que el artículo 123 constitucional, Apartado A, en su primer párrafo señala: Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social del trabajo, conforme a la ley. Es evidente, por lo antes dicho, lo alejado que está la realidad del mandato constitucional. Esto se debe en parte a la redacción misma de este precepto, que otorga a las personas un derecho al trabajo en abstracto, sin que imponga al Estado de manera directa y concreta la obligación de garantizarlo, debiendo éste asumir su responsabilidad en caso de incumplimiento. Por lo anterior, el propósito de esta iniciativa es reformar el primer párrafo del artículo 123, Apartado A, de la Constitución, a efecto de transformar el derecho al trabajo en una obligación prioritaria a cargo del Estado, debiendo garantizar su cumplimiento, o bien, asumir su responsabilidad en caso contrario. Para lograrlo, el gobierno en sus tres ámbitos de gobierno deberá tomar las medidas jurídicas, económicas, administrativas, en el marco de su poder político, para cumplir su principal atribución y al propio tiempo, el principal derecho de los mexicanos; es decir, el derecho a que se garantice un trabajo digno. Esto exigirá poner límites al saqueo y corruptelas tanto del sector público como del privado. Cuando esto se concretice con un carácter general, la riqueza económica y humana volverán a florecer en el país a raudales. Estamos, pues, hablando del denominado "pleno empleo". El derecho al trabajo es el eje de la Constitución, ya que nutre a todos los demás: el derecho a la vida, a la salud, a la democracia, al desarrollo de los menores y sus familias, a la existencia y fortalecimiento de la seguridad social, por citar algunos. En contraposición a todo lo expuesto, los gobiernos neoliberales han hecho añicos los empleos, con mayor razón si hablamos de empleos dignos; han destrozado la planta productiva, en general la economía nacional destacadamente? ?Un momento, por favor, voy a concluir, señor presidente. ? destacadamente el mercado interno. Han hecho sangrías constantes del poder adquisitivo de los salarios; han expulsado a millones de mexicanos que buscan una alternativa en países extraños, en una de las peores y más dolorosas diásporas de nuestra historia; han condicionado, cuando no impulsado por acción u omisión, la aplicación del trabajo de muchos mexicanos en bien de los grupos criminales. Las únicas plazas que están creciendo son al servicio de la criminalidad, que toma como víctima ante todo a los jóvenes, por no hablar de la cínica destrucción masiva de plazas con fines políticos y privatizadores en la industria minera y eléctrica. Pido al señor presidente, por economía política, que quede inscrito en su totalidad en el Diario de los Debates y sólo menciono la parte final. Por todo lo expuesto y fundado, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto que reforma el primer párrafo y adiciona una fracción XXV Bis al Apartado A del artículo 123 constitucional en los siguientes términos: Artículo 123? ?Viene el texto, y; La fracción XXV Bis, dice los siguientes: XXV Bis. Se crea el consejo nacional del empleo como una instancia de coordinación para garantizar el derecho al empleo, en que participarán el titular del Ejecutivo federal y los secretarios del despacho, los gobernadores de los estados y el jefe del Gobierno del Distrito Federal, los presidentes municipales, las directivas de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y 10 representantes, tanto de los trabajadores y como de los patrones. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias por su atención y su paciencia.