La diputada Ma. Sara Rocha Medina: Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy he solicitado estar en esta tribuna presentando una iniciativa con proyecto de decreto para reformar el artículo 4o.; esta es nuestra máxima tribuna en donde nuestros electores esperan respuesta pronta de los diputados de esta legislatura. A efecto de presentar a ustedes la iniciativa que adiciona de manera expresa el artículo 4o. de la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, el principio de progresividad, mismo que recoge la incertidumbre de nuestros adultos mayores, consistente en el temor a perder o no poder acceder al programa de pensión no contributiva de 65 y Más. El programa de Pensión para Adultos Mayores consiste en apoyos económicos de 580 pesos mensuales, con cobertura a nivel nacional, protege a personas de 65 años en adelante, quiero ser muy clara con la edad, 65 años en adelante, que no reciban ingresos superiores a mil 92 pesos mensuales por concepto de pago, jubilación o pensión de tipo contributivo, como las que otorga, por ejemplo, el IMSS, el ISSSTE, Pemex, etcétera. Al cierre del 2017, el padrón de beneficiarios que existe en este país y que opera Sedesol, era de 5 millones 123 mil 500 personas adultas mayores. Y es pagado con cargo al presupuesto federal para que el ejercicio fiscal del año 2017 representó una inversión de 37 millones de pesos. La proporción de personas con 60 años o más en nuestro país, para 2017 alcanzó los 12 millones, 973 mil 411 adultos mayores, que de acuerdo con el Inegi es el 53 por ciento mujeres y el 46.1 son hombres. Mientras a nivel nacional cada vez más instrumentos generan un marco de referencia para proteger al adulto mayor, en nuestro querido México se escuchan ideas en sentido contrario. Que quizás va a subir la edad, que quizás podrá desaparecer. En el ámbito de los derechos humanos, la incorporación del principio de progresividad con la reforma constitucional del 2011 implica el disfrute de los derechos plenos, tendiente siempre a mejorar y sin que sus beneficios puedan ser regresivos. El ataque a este principio de progresividad es real, toda vez que es el propio presidente electo y su equipo de colaboradores quienes han señalado que retirar el apoyo social a las personas de entre 65 y 67 años de edad, conforme a la base de su propuesta reformista al sistema de pensiones en el país. Como dato del segundo informe trimestral del 2018, de la Consar, 30.5 millones de mexicanos que representan el 56.6 por ciento de la población económicamente activa trabajan sin seguridad social. Como demuestra la Consulta Pública sobre la Captación de las Prestaciones Sociales en el Trabajo, de 2018, aplicada por el Inegi, aproximadamente 2.5 millones de mexicanos mayores de 65 años no reciben ingresos de ningún sistema, contributivo o no contributivo. Conocemos también que es la mujer mayor de 65 años de edad, los abuelos y las zonas rurales los que más requieren de este apoyo social. Es indispensable, en esta Cámara, compañeras y compañeros diputados, que reconozcamos los derechos de las personas adultas mayores bajo los principios internacionalmente reconocidos de universalidad, no discriminación, progresividad y dignidad humana, entre otros. Nosotros, los diputados federales, queremos lo mejor para este país. Por tal motivo, los convoco y los invito a sumarse a esta iniciativa, y que no se incremente la edad de acceso al programa que estoy mencionando. Es por ello, compañeros, que los convoco a que el artículo 4o. tenga...