El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, este dictamen intenta resolver un problema, una práctica indebida que sobre todo ocurre en los centros escolares de carácter público, el exigir cuotas, donativos o dádivas de dinero o en especie, condicionando el servicio educativo, parece un dictamen positivo. Sin embargo, la propuesta que se está haciendo aquí al artículo 6o., de modificación, al artículo 6o. de la Ley General de Educación, a continuación de prohibir condicionar los servicios educativos al pago de cuotas, donativos o dádivas, en dinero o en especie, agrega la redacción que modifica este artículo 6o. de la Ley General de Educación, que las aportaciones de particulares destinadas a dicha educación tendrán carácter voluntario. Yo creo que con esta adición al artículo 6o., ésta última que acabo de leer, que permite que existan aportaciones de carácter voluntario, dejamos sin sentido, vaciamos de contenido el propósito de la iniciativa. Es importante que se prohíba, en todos los casos, entregar cuotas, donativos o dádivas a los centros escolares o a los directivos de estos centros escolares. Al agregar que podrá haber, que podrán existir aportaciones de particulares destinadas a la educación, creo que podríamos mantener el problema. Es decir, no estamos resolviendo de fondo el problema que plantea el dictamen, porque de alguna forma van a seguir existiendo estas aportaciones particulares y va a ser muy difícil probar que estas aportaciones particulares no están condicionadas a la prestación del servicio educativo. Dependerá, en pocas palabras, de un problema de prueba el demostrar o no que existe o no condicionamiento del servicio educativo por la aportación o el donativo que se está realizando. Por eso sería fundamental que la prohibición fuese lisa y llana, es decir, que estuviese en todos los casos prohibido el aportar recursos a los centros educativos de carácter público. Creo que además de ese señalamiento a este dictamen, es importante también como en el caso previo que discutimos aquí, que lo que tenemos que hacer es avanzar para que la educación pública en nuestro país sea totalmente pública y gratuita en todos los niveles. Aquí hay una deuda de este Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, con los habitantes de este país, con las niñas, con los niños, con los jóvenes de México, porque no hemos logrado garantizar la educación pública gratuita y obligatoria en todos los niveles educativos de nuestro país y esa es la deuda pendiente, prever una reforma al artículo 3o., de la Constitución, para que se contemple de manera irrestricta ese derecho, para que en todos los niveles la educación se garantice de manera pública, gratuita y obligatoria. Y también lo que ya comentábamos en el otro dictamen, la importancia de establecer mecanismos jurídicos, herramientas procesales que permitan hacer exigible el cumplimiento irrestricto del derecho a la educación en México. Invito a los compañeros diputados, a las compañeras diputadas, a que muy pronto estemos dictaminando en este pleno la iniciativa que hace ya algún tiempo presentó el diputado Juventino Castro, para que sea una realidad en nuestro país el amparo social y vía este mecanismo procesal, podamos garantizar derechos sociales como el derecho a la educación. Por el momento el derecho a la educación como el derecho a la salud, y otros derechos sociales, son derechos que están sujetos a los programas sociales y no a una exigibilidad estricta. Invito a que estos derechos se garanticen de manera estricta. Por su atención, muchas gracias, compañeras diputadas, compañeros diputados.