La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, diputado presidente. Como hemos señalado a lo largo de este soliloquio, donde el debate ha sido el gran ausente, es necesario aclarar que en este dictamen no sólo nos preocupa la parte de competencia económica, sino otra muy importante que es la relacionada con los derechos fundamentales del ser humano, el derecho a su privacidad. Los artículos 189 y 190 representan la intromisión del Estado en la vida privada de las personas y de su intimidad a través del control de los datos personales. Se transgrede el artículo 1 de nuestra Constitución. El principio del bloque constitucional bajo el principio pro homine se viene a tierra, se viola la perspectiva de los derechos humanos, además de los artículos 11 sobre el libre tránsito de las personas, 15 sobre el debido proceso -acuérdense de la trágica historia de García Luna y el debido proceso de Florence Cassez-, el artículo 16 sobre la protección de los datos personales. Es inconstitucional que se pretenda conocer la geolocalización en tiempo real, argumentando que no se vincula a una persona y que se va a legislar que los números celulares estén estrechamente vinculados a las personas y a través de ellos nos hacemos identificados e identificables, por lo tanto el Estado a través de particulares no tiene derecho a saber en dónde se encuentran o se mueven las personas. Menos aun cuando no existe un mandato judicial que garantice un debido proceso y se limite la movilidad y el tránsito libre de las personas. La intromisión a las bases de datos donde se concentran llamadas, mensajes de texto o correo electrónico, tampoco hacen prueba plena porque de ser así estaríamos trastocando nuestro sistema de justicia, el debido proceso y a la presunción de inocencia. La intromisión a nuestros datos personales y a nuestra vida privada, sólo servirá para incriminar y perseguir a quienes sean incómodos o les representen una amenaza. Es ilegal. Los datos que se recaben, se retengan por más de dos años, se entreguen a autoridades no legitimadas para su tratamiento sólo a través de formalismos administrativos. Las bases de datos que legitiman estos artículos al pretender que se almacenen por más de dos años, son ilegales porque no cumplen con la licitud. Uno de los principios internacionales de protección de datos, no son lícitas porque no existen registros públicos que permita a cualquiera controlar la información que se recaba, así sea por la excepción de seguridad o procuración de justicia. Son ilegales porque no cumplen con el principio de proporcionalidad, es decir, se exceden en el tiempo y en el impacto a la privacidad, al so localizar sin límites de tiempo o en la permanente violación de la correspondencia al saquear mensajes de texto, llamadas a celular o correo electrónico. No contemplan el principio de continuidad, es decir, nunca se protegen los datos desde que se recaban hasta que se cumple con su finalidad, sin establecer el procedimiento necesario y fundamental para una adecuada protección de eliminar después de un tiempo pertinente, no más de seis meses, los datos recolectados. No permite que los registros de estas bases sean públicos y tampoco se establecen las responsabilidades de los encargados del registro y almacenamiento que cualquier persona ejerza los derechos de acceso, cancelación y/o posición consagrados en el artículo 16 de nuestra Constitución. La intromisión del Estado tiene límites y estos están establecidos en la privacidad y la intimidad de las personas. Como nunca, quieren controlar no sólo lo que vemos o escuchamos, sino hasta ahora lo que pensamos y sentimos. Pero ahí la libertad humana y ese espíritu indómito de la humanidad, es invencible. En una ley secundaria se pretende regular la competencia económica y la intimidad de las personas. El poder no sólo es territorial, sino también ahora en el espacio íntimo de las personas. Como hemos señalado a lo largo de este soliloquio, no queremos que este artículo o en particular el 189 y el 190, pasen sin haber sido discutidos ampliamente. Por eso el no haber retirado esta reserva implica sumarme a la propuesta que enseguida va a presentar la diputada Beatriz Zavala, porque sabemos que juntos en esta oposición a la transgresión más grave a la Constitución, podemos frenar en este pleno esta intromisión a la vida personal de los ciudadanos en este país. Por lo tanto, diputado presidente, retiro mi propuesta y me sumo a la de la diputada Beatriz Zavala.