LA C. DIPUTADA MARIA TERESA CAMPOY RUIZ SANCHEZ: CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZ+LEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY S+NCHEZ, OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARC~A SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a las Comisiones de Justicia y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: EXPOSICION DE MOTIVOS Es un hecho notorio que México está atravesando por un proceso de contaminación de sus ecosistemas y de pérdida de biodiversidad. Nuestro país es uno de los países con mayor biodiversidad del planeta, el valor que tienen nuestros ecosistemas es inimaginable, su preservación debe de considerarse como una prioridad del Estado Mexicano. En un país como México donde existe un gran número de gentes en pobreza extrema, ha resultado imposible destinar la cantidad de recursos necesarios para hacer una efectiva vigilancia de nuestra biodiversidad, por lo que, en virtud de las circunstancias actuales de la economía nacional y de las prioridades que se establecen al distribuir los recursos del erario público, debemos darles a los ciudadanos la posibilidad de que vigilen el rico patrimonio de los mexicanos para las generaciones por venir, esto se puede lograr mediante la facultad de ejercer acciones contra las afectaciones de los intereses colectivos. Es con sistemas de responsabilidad civil como el que se propone como se puede salvar lo que aún nos queda de nuestros recursos naturales. No obstante que el artículo 4 de la Constitución ya contempla la garantía al derecho a un medio ambiente adecuado para el desarrollo y bienestar de los mexicanos, la jurisdicción civil ha sido escasamente utilizada para la protección ambiental en México. La razón de ello se sustenta en una extendida mentalidad que debemos modificar, cuando sistemáticamente responsabilizamos a la Administración Pública de cualquier problema de contaminación. Ello conlleva consecuencias negativas por cuanto en muchas ocasiones la jurisdicción contencioso administrativa, carece de plenas facultades para la efectiva reparación de los daños al medio ambiente tanto a nivel meramente pecuniario como a la hora del restablecimiento de las cosas y situaciones a su estado originario. Por lo anterior, debemos de tener en consideración que en virtud de que el límite máximo para establecer sanciones económicas como sanción administrativa puede resultar bajo si tomamos en cuenta el beneficio económico que puede obtener una persona el realizar actividades productivas nocivas para el medio ambiente, o tomando en cuenta el alto costo de la reparación y remediación de los ecosistemas afectados, aunado a que si la autoridad administrativa impone la reparación del ambiente, y el contaminante que incurrió en la falta administrativa no cumple con lo ordenado, solo se podría imponer como sanción el arresto, clausura o multa, sin que esto conlleve la reparación del daño o del deterioro del medio ambiente. A mayor abundamiento, en nuestro país, las diferentes normas sectoriales de contenido ambiental ya incorporan disposiciones referentes a la responsabilidad derivada de las propias infracciones administrativas y el Código Penal regula la responsabilidad penal procedente de una amplia gama de delitos de contenido ambiental o ecológico, los cuales muchas veces resultan ineficaces para lograr la reparación del daño y del deterioro ambiental, en primer lugar porque es muy raro que una persona realice una conducta que contamine de manera dolosa, y al no castigarse los delitos en contra del medio ambiente que hayan sido cometidos de manera culposa, es muy difícil que se condene a alguien por la comisión de un delito ambiental. En segundo lugar, ningún delito ambiental es considerado como grave, por lo que cualquiera que los cometa, incluso tratándose de servidores públicos, gozan del beneficio de la liberta provisional. Aún mas, la responsabilidad de tipo civil, a excepción de la derivada de daños nucleares, no tiene otra manifestación en nuestro ordenamiento que las reglas generales establecidas en el Código Civil, en el que se configura un sistema de responsabilidad civil que resulta inadecuado para las características del daño y del deterioro ambiental, resultando insuficiente para proteger de forma efectiva el derecho constitucional de todos los mexicanos de tener un medio ambiente adecuado. Como se puede observar, en México las responsabilidades ambientales, tanto administrativa, como penal y civil, no resultan eficaces para reparar los daños ambientales. Situación que ya ha sido resuelta en otros países que se han adelantado al nuestro con la incorporación de regulaciones específicas sobre responsabilidad civil por el daño ambiental a sus sistemas jurídicos. En el ámbito del derecho comparado, la Comisión Europea aprobó desde el año de 1993 el "Libro Verde sobre Reparación del Daño Ecológico" en el que se pronuncia claramente a favor del establecimiento de sistemas de responsabilidad civil de carácter objetivo, lo cual es un reflejo del interés de los países europeos de incorporar a su ordenamiento el principio "quien contamina paga". Sobre las anteriores consideraciones, esta Ley regula el régimen de responsabilidad civil que sea consecuencia del ejercicio de actividades que tienen una mayor incidencia ambiental con la finalidad de acotar el campo de aplicación de la misma a aquellas actividades que se consideran que pueden llegar a tener un mayor impacto en los ecosistemas. Con esta acotación se logra el objetivo de tener bien ubicados los sectores que causan mayor daño, logrando con esto un mayor control de esas actividades por medio de las garantías que resulten adecuadas para cubrir los riesgos de contaminación. Esta iniciativa establece la distinción entre daño y deterioro ambiental, ya que las afectaciones al medio ambiente pueden causar efectos nocivos a los ecosistemas como tales o a los bienes y a la salud de las personas. En el primer supuesto, estaríamos hablando de "deterioro ambiental" o daño ecológico puro y en el segundo supuesto de "daño ambiental", tal como es considerado en la normatividad civil vigente. Por otro lado, de aprobarse este proyecto de ley, como un sistema de responsabilidad objetiva, se evitarían graves afectaciones al medio ambiente al amparo de autorizaciones y de actividades que son consideradas lícitas; sin que sea precisa la concurrencia de culpa o negligencia por parte del responsable ni que el daño o deterioro medioambiental sean consecuencia de accidentes o causas similares. Con lo anterior se lograría una efectiva reparación de los daños que pudieran ocasionarse a las personas o a sus bienes. Así como una restauración de las agresiones producidas como consecuencia del deterioro del medio ambiente, con independencia de las responsabilidades penales o administrativas a que hubiera lugar. Por lo que hace al nexo causal, esta iniciativa que se somete al pleno de esta H. Cámara de Diputados resuelve el problema que resulta de la difícil comprobación de los daños al ambiente, mismos que en muchas ocasiones requieren de costosos estudios para poder probar el deterioro y la valoración del mismo. No debemos olvidar que tal como están redactadas las disposiciones civiles en materia de nexo causal, los daños y perjuicios deben ser una consecuencia "inmediata y directa" y que se hayan causado o que necesariamente vayan a causarse. Esta regulación es inadecuada para las características del daño y del deterioro ambiental, ya que es común que a la realización de un daño o deterioro ambientales concurran un número indeterminado de personas, que las consecuencias se prolonguen en el tiempo y en el espacio; y que existan circunstancias coadyuvantes, por lo anterior, el daño ambiental es muchas veces resultado mediato e indirecto de una actividad. De acuerdo con la presente iniciativa el que ejerza la acción de reparación del daño o del deterioro ambiental, tendrá que probar la acción, el daño o el deterioro y la mera causalidad física entre la acción y la afectación. Ahora bien, a la legitimación activa, en la iniciativa que se pone a consideración del pleno se legitima abiertamente a los habitantes de los municipios afectados y a las asociaciones mexicanas que en su objeto social esté establecida la protección al ambiente para poder pedir la reparación de las afectaciones generadas por contaminación a bienes del dominio público o al medio ambiente. Es preciso recalcar que la legitimación activa de las asociaciones mexicanas se basa en una serie de requisitos condicionales que sustentan la misma, limitando las vías de intervención procesal de los grupos o asociaciones ecologistas, como titulares de los intereses difusos inmersos en los procedimientos judiciales por infracciones ambientales. Con este sistema, los perjudicados directamente podrían reclamar la reparación total de sus daños por las vías civiles generales, y los vecinos afectados indirectamente, igualmente la administración pública federal y las asociaciones o grupos ecologistas solo podrán reclamar la reparación en especie, asegurando de ésta forma que no se utilicen las acciones para fines distintos a la preservación de nuestros ricos ecosistemas. La iniciativa también plantea reglas especiales para la prescripción y la caducidad de las acciones para reclamar la reparación del daño y del deterioro ambiental, ya que la regla con la que contamos actualmente resulta inadecuada para las características del daño, ya que como está redactada actualmente, el término para la prescripción empieza a correr desde que el daño es causado, pero por las características del daño ambiental, muchas veces las afectaciones se hacen evidentes o son comprobables algunas veces años después de la acusación del daño, por lo que la acción habría prescrito incluso antes de que se tuvieran los elementos indispensables para poder interponer la demanda. Con un sistema como el que se pone a consideración de esta H. Asamblea, lograríamos el objetivo anhelado de internacionalizar los costos ambientales, es decir, ante el riesgo de tener que indemnizar por las afectaciones al medio ambiente, los procesos serían más eficientes. Logrando a largo y mediano plazo no solo un formidable efecto disuasivo a la contaminación, sino un beneficio económico al contar con procesos mas competitivos, que al no ser contaminantes, se abren las posibilidades de acceder a mercados extranjeros que suelen ser muy exigentes en ese sentido. Por lo antes expuesto y fundado, nos permitimos someter a la consideración de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, como integrante del Poder Revisor de la Constitución, el siguiente proyecto de DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR EL DAÑO Y EL DETERIORO AMBIENTAL. ARTICULO UNICO. Se expide la Ley de Responsabilidad Civil por el Daño y el Deterioro Ambiental para quedar como sigue: Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto regular el régimen de responsabilidad civil derivado del ejercicio de las actividades con incidencia ambiental, con la finalidad de reparar los daños a las personas o el deterioro medioambiental que pudieran ocasionarse como consecuencia de dicho ejercicio. Artículo 2. A efectos de lo establecido se entiende por: a) Actividades con incidencia ambiental: I. Obras hidráulicas, vías generales de comunicación, oleoductos, gasoductos, carboductos y poliductos. II. Industria del petróleo, petroquímica, química, siderúrgica, papelera, azucarera, del cemento y eléctrica. III. Exploración, explotación y beneficio de minerales y sustancias reservadas a la federación en los términos de las leyes Minera y Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Nuclear. IV. Instalaciones de tratamiento, confinamiento o eliminación de residuos peligrosos. V. Aprovechamientos forestales en selvas tropicales y especies de difícil regeneración. VI. Plantaciones forestales. VII. Cambios de uso de suelo de áreas forestales, así como selvas y zonas áridas. VIII. Parques industriales donde se prevea la realización de actividades altamente riesgosas. IX. Desarrollos inmobiliarios que afecten los ecosistemas costeros. X. Obras y actividades en humedales, manglares, lagunas, ríos, esteros y lagos, así como en los litorales. XI. Obras y actividades en Areas Naturales Protegidas competencia de la federación. XII. Actividades pesqueras, acuícolas o agropecuarias. b) Daños: todo daño físico, moral o patrimonial, incluido el lucro cesante, que pueda sufrir una persona. c) Deterioro del medio ambiente: toda agresión causada al medio ambiente y que sea ocasionada por una modificación de las condiciones físicas, químicas o biológicas sobre la fauna, la flora, el suelo, la atmósfera, el agua, el paisaje y la estructura y funcionamiento de los ecosistemas presentes o futuros. d) Reparación en especie: la reparación de los bienes, en la medida de lo posible, al ser y estado anteriores al daño o deterioro ambiental producidos. Artículo 3. Serán personas responsables en los términos establecidos por esta ley los titulares de las actividades señaladas en el inciso a) del artículo 2. Artículo 4. La responsabilidad civil regulada en esta ley es objetiva y solidaria, y será exigible con independencia de que exista culpa o negligencia en el responsable. Como consecuencia de ello, quien pretenda obtener la correspondiente reparación sólo tendrá que probar la acción u omisión del supuesto responsable, el daño o deterioro del medio ambiente causados y la mera relación de causalidad física entre la acción u omisión del responsable y el daño o deterioro del medio ambiente cuya reparación se reclama. Si fueran varias las personas responsables del mismo daño o deterioro del medio ambiente, su responsabilidad será solidaria. Artículo 5. No existirá responsabilidad en los siguientes supuestos: a) Cuando concurran una acción u omisión dolosa de la persona que hubiera sufrido un daño resarcible de acuerdo con ésta ley. b) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente tenga su causa exclusiva en un suceso inevitable o irresistible. c) Cuando el daño o el deterioro del medio ambiente haya sido causado por una acción y omisión no contraria a la normativa aplicable, que haya tenido lugar con el previo consentimiento del perjudicado y con conocimiento por su parte del riesgo que corría de sufrir alguna consecuencia dañosa derivada de tal o cual acción u omisión. La mera observancia de la normativa aplicable, o la mera tenencia y respeto de las autorizaciones correspondientes, no eximen de la responsabilidad a que se refiere ésta ley. Artículo 6. Podrán pedir la reparación de los daños causados a los particulares o la los bienes propiedad del Estado los perjudicados. Artículo 7. Podrán pedir la reparación de los daños causados a bienes de dominio público o del deterioro del medio ambiente: a) La dependencia de la Administración Pública titular del bien de dominio público dañado o, en caso del deterioro del medio ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca y cualquiera de los Municipios del lugar en el que se haya producido dicho deterioro ambiental. b) Cualquier persona moral mexicana, sin fines de lucro, siempre que la persona moral en cuestión tenga como objeto social, la protección del medio ambiente en general o de alguno de sus elementos, pero incluyendo en todo caso la protección del elemento del medio ambiente en general o el bien de dominio público afectados; c) Cualquier ciudadano con domicilio en alguno de los municipios en donde se hubiere causado el daño. Articulo 8. Quienes de acuerdo con el artículo 6, pidan la reparación de los daños sufridos, podrán reclamar respecto de dichos daños, la reparación de los mismos de acuerdo con las normas civiles generales. Articulo 9. Quienes de acuerdo con el artículo 7, pidan la reparación de los daños causados a bienes de dominio público o del deterioro del medio ambiente, podrán reclamar la reparación que corresponda de acuerdo a las siguientes normas: a) Las dependencias de la Administración Pública solo podrán reclamar la reparación en especie del bien del dominio público dañado o del deterioro del medio ambiente. b) Las personas señaladas en el artículo 7, fracciones a) y b) solo podrán reclamar: I. La reparación en especie del daño causado a bienes del dominio público o del deterioro del medio ambiente, II. El reembolso de los gastos en que hayan incurrido para paralizar la agravación del daño causado a bienes de dominio público o del deterioro del medio ambiente, pero no para su reducción o eliminación, salvo que sea imprescindible para paralizar su agravación y III. Otros menoscabos patrimoniales sufridos por la persona jurídica en cuestión en el desarrollo de su actividad para paralizar la agravación del daño causado a bienes del dominio público o del deterioro medio ambiental que sean consecuencia de la acción y omisión dolosa o culposa del responsable. Artículo 10. En caso de reclamaciones formuladas por distintas personas legitimadas de acuerdo con esta ley que contengan peticiones incompatibles entre sí, los órganos judiciales deberán dar prevalencia, siempre que ello sea posible, a la reparación en especie del daño o deterioro medioambiental causados. Artículo 11. La responsabilidad civil regulada en ésta ley es compatible con las sanciones penales o administrativas que puedan imponerse por los mismo hechos causantes del daño o deterioro del medio ambiente de que se trate. Artículo 12. La responsabilidad civil derivada de un delito o falta administrativa, se regulará respecto de los daños o el deterioro del medio ambiente causados, por lo establecido en ésta ley. Artículo 13. La legitimación activa regulada en los artículos 6 y 7 incluye, en todo caso, la acción para exigir al responsable la adopción de las medidas necesarias que eviten en el futuro la continuación o la repetición del daño o del deterioro del medio ambiente, que podrán incluir la instalación de elementos que prevengan la causa del daño o del deterioro ambiental, la paralización temporal de la actividad dañosa y la clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones donde dicha actividad se desarrolla, con protección, en todo caso de los derechos de los trabajadores. Artículo 14. A los daños que por su menor significación puedan considerarse tolerables según los usos locales, solo se le podrán aplicar medidas preventivas para paralizar la causación del daño o deterioro, únicamente podrán consistir en la adopción de medidas de coste no desproporcionado en relación con los daños que se pretenden evitar. En ningún caso, las medidas provisionales consistirán en la paralización de la actividad o clausura de las instalaciones. No se consideran tolerables aquellos daños que hubieren podido evitarse mediante la adopción de medidas preventivas de costo menor a los daños causados. Artículo 15. Las acciones de reparación de los daños y del deterioro causado al ambiente prescriben a los cinco años contados desde el día en que el accionante conoce, o puede conocer el daño o el deterioro causado al ambiente y su causante, y por consiguiente está en capacidad de ejercitar la acción. No se entenderá conocido el daño o el deterioro del medio ambiente sino cuando se conocen, pueden conocerse, o es exigible que se conozcan todas las consecuencias principales que pueden derivarse de la acción y omisión generadora de la responsabilidad al tiempo en que una u otra tuvo lugar. Artículo 16. En todo caso, las acciones de reparación de los daños y del deterioro del medio ambiente reguladas en esta ley caducarán pasados veinticinco años desde el día en que tuvo lugar la acción u omisión causante del daño o del deterioro del ambiente. Para el caso en que una única acción u omisión de carácter continuado, el periodo de veinticinco años empezará a correr desde el día en que la única acción hubiera cesado, o la acción omitida hubiera comenzado a desarrollarse. Para el caso de acciones u omisiones de carácter continuado o sucesivo, el periodo de veinticinco años empezará a correr desde el día en que hubiera tenido lugar la última de dichas acciones u omisiones. Artículo 17. Serán competentes para conocer de las acciones derivadas de esta ley, a elección de quien ejercite la acción, los Juzgados de Distrito del lugar donde: a) tuvo lugar el daño o deterioro del medio ambiente, b) tuvo lugar la acción u omisión que haya causado el daño o deterioro del medio ambiente. c) tiene su domicilio el demandado. Artículo 18. Quien haya reparado un daño o deterioro del medio ambiente en aplicación de lo previsto en esta ley, podrá ejercer cualesquiera acciones de repetición contra otras personas que, al amparo de la misma o de cualquier otra norma, sean responsables del daño o del deterioro del medio ambiente que haya debido reparar. Artículo 19. Las actividades señaladas en el inciso a) del artículo 2 quedará condicionada a que el solicitante otorgue garantía financiera suficiente a juicio del Instituto Nacional de Ecología para cubrir el riesgo de reparación de daños y de deterioro ambiental. En el supuesto de actividades de producción y gestión de residuos peligrosos, la cobertura del riesgo deberá hacerse necesariamente mediante la constitución de un seguro de responsabilidad civil. TRANSITORIOS Primero. El régimen de responsabilidad civil regulado en ésta ley sólo será aplicable a los supuestos en que el daño o deterioro causado al medio ambiente con posterioridad a la fecha de su entrada en vigor. Segundo. Quienes estén desarrollando alguna de las actividades señaladas en el inciso a) del articulo 2 el día de la publicación de la ley, deberán cumplir las obligaciones de aseguramiento establecidas en el artículo diecinueve de la misma antes de su entrada en vigor. Tercero. Esta ley entrará en vigor sesenta días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 17 días del mes de octubre del 2000.