La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para expresar nuestro rechazo y en consecuencia nuestro voto en contra, del dictamen que reforma el artículo 37 apartado C, fracciones II, III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que se regula en este precepto constitucional es lo relativo a las causales de pérdida de la ciudadanía mexicana por aceptar o usar condecoraciones extranjeras sin permiso del Congreso federal o de su Comisión Permanente en la fracción III, y en la fracción IV por admitir del gobierno de otro país títulos o funciones sin previa licencia del Congreso federal o de su Comisión Permanente. Como se puede apreciar, en el esquema actual son las Cámaras del Congreso de la Unión, la Cámara del Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en los recesos de aquéllas, quienes autorizan a cualquier ciudadano mexicano el aceptar y usar condecoraciones o títulos que otorguen otros países. Tal y como se contiene en el dictamen, se propone que el Congreso de la Unión abdique de esta facultad de otorgar autorizaciones y la función del Congreso pase al Ejecutivo federal, quien será el encargado de otorgar dichas autorizaciones. Además se establece un régimen en el segundo párrafo, fracción III, de mexicanos de primera y mexicanos de segunda, porque se prevé que el presidente de la república, los senadores y diputados al Congreso de la Unión y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán libremente aceptar y usar condecoraciones extranjeras. Compañeras y compañeros legisladores, debemos recordar que en días recientes esta soberanía aprobó reformas al Título Cuarto constitucional en materia de responsabilidades de los servidores públicos, para eliminar el fuero de los altos servidores públicos de la nación, quedando exceptuado el presidente de la república. En aquella ocasión en particular los legisladores del PRI y del PAN decían que todos deberíamos de ser iguales ante la ley y que no debían existir mexicanos de primera y de segunda, siendo de primera aquellos servidores públicos en contra de los cuales no se podía seguir un proceso penal sin que previamente la Cámara de Diputados aprobara, vía la declaración de procedencia, retirar el fuero constitucional al servidor público protegido por esta inmunidad procesal. En tanto que como mexicanos de segunda, cualquier otra persona que no actúe con la inmunidad constitucional podrá ser procesada sin mayor trámite. Ahora, en el presente dictamen pretenden imponer la diferenciación de mexicanos de primera y de segunda, donde la clase privilegiada no requiere permiso y el resto de los mexicanos sí lo necesita. En vista de lo anterior, es indudable que existen dos posiciones de los principales partidos políticos en esta soberanía, cuestión que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo rechaza tajantemente. En todo caso son precisamente los servidores públicos; presidente de la república; diputados y senadores al Congreso; ministros a la Corte, quienes por las tareas que desempeñan están en posibilidades de poder comprometer al Estado mexicano, subrayo, poder comprometer al Estado mexicano mediante sus actos u omisiones que favorezcan a otro país que les haya otorgado alguna condecoración, título o reconocimiento. Somos nosotros quienes en todo caso sí debemos pedir la autorización y no el resto de la ciudadanía. Por estas consideraciones votaremos en contra del dictamen y presentaremos, precisamente, una reserva para el efecto de que se mantenga el texto actual del Apartado C del artículo 37 constitucional, en sus fracciones II, III y IV. Es cuanto, señor presidente.