La diputada Dulce María Sauri Riancho: La reforma que discutimos hoy en materia de financiamiento a los partidos, de ser aprobada, afectará al sistema político electoral en su conjunto. El financiamiento a los partidos es un componente fundamental de la estructura y funcionamiento del sistema electoral mexicano en su conformación moderna. Por tanto, es ingenuo o tal vez perverso suponer que su modificación no trastocará radicalmente la forma de ver y entender la democracia y los procesos electorales en el futuro inmediato. El financiamiento público a los partidos es solo una parte del financiamiento del sistema electoral, lo que incluye a sus instituciones nacionales y estatales el registro electoral de 90 millones de ciudadanas y ciudadanos, y la organización de cientos de procesos electorales y las recién establecidas responsabilidades del Instituto Nacional Electoral en materia de consulta popular y revocación de mandato. Las reformas relativas al financiamiento de los partidos coinciden con los momentos más importantes de la ampliación de nuestra vida democrática. Fue en 1977 como gran reforma políticoelectoral impulsada por Jesús Reyes Heroles, cuando partidos políticos y procesos electorales fueron incorporados a la Constitución de la República. Como parte de esta transformación dio inicio formal el financiamiento público a los partidos. En los primeros años los apoyos públicos que recibían los partidos fueron en especie, carteles, folletos, locales, además de acceso parcial a la radio y la televisión por parte de los tiempos que por ley correspondían al Estado. La reforma al financiamiento de 1987 derivó de la reforma política de 1986, aquella que amplió a 500 el número de representantes populares en la Cámara de Diputados integrados a partir de un sistema mixto con diputados de mayoría relativa y de representación proporcional. En el nuevo Código Federal Electoral se incluyeron las reglas del financiamiento directo, determinándose el costo mínimo por campaña para diputados federales mediante la multiplicación del número de candidatos registrados por el principio de mayoría relativa. En el ordenamiento de 1987 se contemplaba el financiamiento de los partidos políticos como complementario a sus ingresos. El monto de los recursos se asignaba en relación a su fuerza electoral. En 1989, como parte de la reforma constitucional en materia político-electoral, se estableció que solamente los partidos que hubiesen obtenido el 2.5 por ciento de la votación, tendrían derecho al financiamiento público, modificando la disposición prevaleciente desde dos años atrás, que señalaba el 1.5 por ciento para obtener ese financiamiento. A partir de ese mismo año, como parte de la reforma política, los partidos legalmente reconocidos, adicionalmente de los recursos que recibían de sus afiliados y simpatizantes, tuvieron derecho al financiamiento público en cuatro rubros. La reforma electoral de 1993, además de limitar las aportaciones de recursos privados, amplió la integración de la Cámara de Senadores, que desde entonces había permanecido conformada por dos representantes por cada estado es decir, 64 legisladores al incorporar a 32 senadores más, electos bajo el principio de primera minoría para un total de 96 legisladores. En la reforma electoral de 1993, se estableció explícitamente la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos en dinero o en especie, a todos los entes públicos de los tres niveles de gobierno, a las empresas de carácter mercantil, a los extranjeros, a los ministros o iglesias, y se fijaron además límites al financiamiento privado. Fue en ese mismo lugar, el primero de diciembre de 1994, y después en el vestíbulo de esta asamblea, cuando el presidente de la República que recién iniciaba su mandato, reconoció ante legisladores que su elección había sido legal, pero no legítima, por falta de reglas claras que garantizaran la equidad en la contienda. Esa expresión vertida ante una clara mayoría de 320 diputadas y diputados, pertenecientes a mi grupo parlamentario, comprometió a las diversas fuerzas políticas a emprender esta profunda reforma político-electoral. La gran reforma de 1996, aprobada con la mayoría calificada de los votos de legisladoras y legisladores del PRI, implicó la creación de un sistema de financiamiento público junto con la ciudadanización del Instituto Federal Electoral, el acceso equitativo a los tiempos de radio y televisión y el traslado del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación. Esos fueron los ejes de la transformación del sistema electoral mexicano. En esa misma ocasión se amplió la representación del Senado de la República integrando a 32 senadores y senadoras adicionales electos por el principio de representación proporcional, es decir, el financiamiento a los partidos se incrementó junto con el aumento a la representación política y la generación en los partidos políticos para competir en condiciones más equitativas. Esta ampliación de los espacios de representación fue lo que permitió a la oposición de entonces hacer crecer su base política para aspirar a una legítima y democrática conquista del poder. Resultado de estas reformas fue que en 1997 los partidos opositores al PRI tuvieron la capacidad organizacional y financiera para disputar y ganar el control de la mayoría en la Cámara de Diputados, y tres años después, para ganar la Presidencia de la República. En materia de financiamiento, la reforma de 96 asumió que el sistema electoral en su conjunto descansaría en el financiamiento público, dejando como accesorio el financiamiento proveniente de fuentes privadas. Así se amplió considerablemente la bolsa de recursos para los partidos y disminuyó la brecha que separaba al partido en el gobierno del resto de sus competidores. La nueva fórmula hizo que la bolsa para financiar a los partidos pasara de 596 millones en 1996, a 2 mil 111 millones en 1997, un salto de casi cuatro veces. Diez años después, en 2006, el sistema electoral era más equitativo respecto a los gastos ejercidos por sus participantes. Según los informes de los partidos políticos en ese año, la campaña presidencial de Felipe Calderón había gastado 584 millones de pesos, la de Roberto Madrazo una suma de 648 millones y la de Andrés Manuel López Obrador, 616 millones. En más de 20 años, mientras el PRD-Morena fue oposición, no hubo ni devolución de dinero ni queja del financiamiento recibido ni intenciones de modificar la fórmula. Vale recordar que en 1996 el entonces presidente del PAN, Felipe Calderón, devolvió 40 millones de pesos a la Tesorería de la Federación al considerar que, en su opinión, se sobrepasaba en exceso lo que en realidad requerían. Lo mismo hizo en febrero de 97, pero la querella se apagó rápidamente y partir de marzo el partido aceptó en los hechos el nuevo monto de financiamiento. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del PRD, también denunció el incremento desproporcionado y dijo que sería parte de los fondos para imprimir libros de texto gratuitos. Nunca se supo de libros impresos, la ley otorga esa atribución en exclusiva a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y el dinero también fluyó a las arcas de ese partido. De entrada, la mayoría oficialista ha dejado atrás el compromiso de realizar un análisis profundo y ponderado sobre el financiamiento electoral que incluye a sus instituciones y procesos, entre los cuales se encuentra el modelo de financiamiento a los partidos en el desarrollo democrático del país. Esta legislatura había definido un mecanismo para iniciar el debate sobre la reforma político-electoral pendiente. En ese sentido, recordemos que el 29 de abril de este año la Junta de Coordinación Política propuso al pleno de la Cámara de Diputados un acuerdo para integrar el Grupo de Trabajo para la Reforma del Estado y Electoral. Este grupo, de conformidad con el acuerdo aprobado, tiene como objetivos integrar, sistematizar y generar una propuesta legislativa en materia de reforma del Estado y reforma electoral. Para ello, se realizaron foros de parlamento abierto con nueve mesas de trabajo, una de las cuales fue relativa al financiamiento público, prerrogativas y fiscalización de los recursos. Según el acuerdo aprobado, este grupo tiene la obligación de presentar al pleno de la Cámara un informe de actividades con los resultados obtenidos en dichos foros. ¿Dónde está ese informe? ¿Cuáles fueron las conclusiones? ¿Dónde están los resultados de esos foros? Entonces, si existe una ruta de trabajo aprobada por el pleno, si existen diversas propuestas relacionadas con el sistema de partidos y el sistema político-electoral del país, ¿por qué aprobar un dictamen de manera tan precipitada? ¿Por qué someter al pleno una reforma improvisada? ¿Realmente están midiendo las consecuencias de hacer una reforma incompleta relacionada con el sistema de partidos? Aprobar este dictamen de manera tan precipitada tendría consecuencias serias que aquí no están siendo ponderadas. Hoy más que nunca nuestro país requiere de un multipartidismo en los términos que planteaba Boris Duverge, que sea elemento conciliador de las condiciones radicales y confrontadas que se manifiestan en la sociedad mexicana. Sabemos que las polarizaciones no contribuyen en absoluto a fortalecer la democracia y a representar a todas las voces del pueblo. El intento de restaurar un partido hegemónico y predominante, no responde a la realidad actual y plural de la sociedad mexicana. Hoy, no cabe duda, precipitación a dictaminar sobre un asunto estrechamente vinculado a la salud del sistema de partidos, es de enorme riesgo para la democracia del país. Se menciona que en el proceso de discusión de este dictamen se plantearán diversas reservas, algunas de las cuales tendrán una dedicatoria especial para contribuir a la solución de los problemas internos de Morena. Destaco tres aspectos: Se habla de autorizar la condonación de multas impuestas por el INE a los partidos en el proceso electoral de 2018, el monto asciende a 585.3 millones de pesos por presuntas irregularidades, de los cuales corresponden 238.8 millones de pesos a Morena. Segundo. Se releva a los partidos políticos de la responsabilidad de mantener el 0.26 por ciento del padrón electoral como mínimo, de su padrón de militantes. Afortunadamente no parece haber pretensión de eliminar la exigencia de contar con un padrón de militantes del tamaño que sea. Tercero. Los partidos políticos quedarían eximidos de la exigencia de contar con una estructura orgánica. De materializarse estas reservas y lograr su aceptación, tendremos un sistema de partido debilitado, desdibujado, mucho más cercano a un movimiento que a un partido político. ¿Les suena? Morena, Movimiento de Regeneración Nacional. Morena actualmente está intentando transformar su movimiento en un partido con padrón de militantes y estructura orgánica, pero ha tropezado con la realidad de las dificultades para configurar una fuerza políticamente estable que cumpla con la legislación político electoral. Este gobierno no será juzgado por cuántos diputados apoyan los cambios que se realizan en forma precipitada a la constitución de esta Cámara, sino por las grandes y pequeñas cosas que hagan. Ésta, lamentablemente, podría ser una de las más pequeñas, pero más dañinas para la democracia. Este dictamen representaría, de ser aprobado, el primer paso hacia morenizar el sistema de partidos en el país. Si Morena no puede cumplir la norma y transformar a su partido, entonces quiere volver movimiento a todos los otros partidos. El riesgo más grande que se enfrenta con esta reforma es que se conduzca al país al desastroso escenario de tener una tiranía de la mayoría, esa tan criticada por el clásico de la teoría política Alexis de Tocqueville, por ser la autora, esta tiranía, de la destrucción de la democracia. Nueva senda, nuevo camino para el sistema político, oculto tras la coyuntura de financiamiento público. Retomemos el compromiso de legislar hacia una reforma del Estado y electoral...