La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia de la Presidencia. En épocas recientes, el derecho laboral ha encontrado nuevas formas y variantes de los modelos de contratación y relación entre los trabajadores y sus patrones. Lo anterior obedece, principalmente, a los cambios ocurridos en el entorno en donde se desarrollan las empresas y en la economía, lo cual ha obligado a estas a adaptarse para seguir siendo eficientes y garantizar que su operación resulte lo más rentable posible, generando con ello un amplio espectro de modalidades en las relaciones laborales, entre las que se encuentra el outsourcing o la subcontratación. El intento de las empresas por tratar de concentrar la mayor cantidad posible de actividades para no depender prácticamente de ningún proveedor, como sucedió en la época de la postguerra, es hoy cosa del pasado, puesto que el desarrollo de la tecnología demostró que las compañías empeñadas en hacerlo todo ellas mismas, no podían ser altamente competitivas, como sí lo eran las organizaciones que se especializaban en una sola actividad. Visto desde esta perspectiva, el outsourcing puede ser una herramienta que, a través de la reingeniería de procesos, la desconcentración de los negocios y la diminución de costos, contribuye a aumentar la competitividad de una economía. Lamentablemente el outsourcing no siempre ha sido como debería ser, un detonante del empleo productivo y decoroso, sino que, por el contrario, se ha utilizado para disminuir los costos de las empresas a costa de los impuestos que estas debieran pagar al Estado y de los derechos laborales de los trabajadores, por ejemplo, el de acceso a la seguridad social. Procurar el bienestar y mejorar las condiciones de vida a partir del acceso a más y mejores oportunidades de desarrollo laboral, deben ser siempre un compromiso de todos nosotros como legisladores. Por ello, debemos velar porque la subcontratación no represente la precarización del trabajo en nuestro país, y sí un factor que impulse el desarrollo de la economía formal de las empresas y el bienestar de los trabajadores y de sus familias. En el Partido Verde siempre hemos estado y estaremos a favor del respeto y ejercicio del pleno derecho de la Constitución para las y los trabajadores mexicanos, por ello coincidimos con el Ejecutivo federal en la necesidad de eliminar aquellas prácticas que los afectan y perseguir a quienes las usan indebidamente para otorgarles menos prestaciones. Como ya se señaló, la utilización del outsourcing ha generado una práctica abusiva, que ocasiona perjuicios de los derechos laborales de más de 4 millones de trabajadores y, a su vez, daña a la Hacienda pública, la cual deja de percibir ingresos que sirven para financiar las actividades esenciales del Estado. Por otra parte, se debe señalar que el outsourcing ilegal se ha constituido como una práctica inadecuada que propicia la comisión de actos ilícitos. En ese sentido, con el dictamen que se nos presenta a consideración, se pretende dejar claro cómo podemos generar una mejor organización que cumpla con las prestaciones de los trabajadores y, al mismo tiempo, impulse la productividad de las empresas. En el Partido Verde nos pronunciamos a favor de que haya flexibilidad en la contratación para apoyar a la formalización laboral y de las empresas, para apoyar la competitividad y la productividad. Pero nunca, a costa de los derechos de los trabajadores. No podemos soslayar que el outsourcing ilegal representa para el trabajador que se le registre ante el IMSS con un salario menor al que realmente percibe. Lo cual repercute en su pensión, en su crédito para vivienda, en las licencias por maternidad o paternidad, en sus incapacidades, así como en menores montos en los casos de liquidación. Además, el outsourcing redunda en la inestabilidad laboral, no obliga al pago de utilidades y no permite a las y los trabajadores generar antigüedad para acceder a un mejor retiro. Ante todo, resulta indispensable que se garantice el cumplimiento de las leyes y se maximicen los derechos y beneficios para los trabajadores, sin dejar de contar con un mecanismo eficiente para la contratación de servicios u obras especializados. Adicionalmente, la propuesta de decreto establece dos esquemas que regulan el monto máximo al que podrá acceder la fuerza laboral en el reparto de utilidades, mejorando con ello la legislación actual y garantizando en todo momento la aplicación de la que le resulte más favorable al trabajador. Es por lo anterior que celebramos se haya alcanzado el consenso necesario para la aprobación de esta importante reforma, cuyo propósito es desterrar esquemas que propician la evasión fiscal y, al mismo tiempo, representen un obstáculo para la estabilidad laboral y el mejoramiento de las prestaciones de las y los trabajadores de México. Es cuanto, presidenta.