El diputado Víctor Manuel Manríquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el dictamen que hoy se nos presenta es un gran avance sustancial en la limitación del fuero militar. Estas modificaciones no son menores y constituyen un triunfo de la sociedad civil, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas, y por supuesto, de la izquierda mexicana. Este es un reconocimiento para todas las víctimas que hasta ahora han permanecido en el desconocimiento y en la oscuridad de la impunidad, como Inés y Valentina, Rosendo y Tita Radilla, Ernestina, Bonfilio, Otilio, Teodoro y Rodolfo, Javier Francisco y Jorge Antonio, así como sus defensores, quienes han sido objeto de amenazas; simplemente como somero ejemplo de quienes han sufrido la violación a sus derechos humanos fundamentales y no han alcanzado lo que nuestra Constitución señala como el derecho al acceso a la justicia. Todos ellos fueron víctimas de tortura, violación, ejecución extra judicial, desaparición forzada. Todos estos crímenes cometidos por agentes del Estado y por los cuales México después de 132 años de haberse promulgado el primer Código de Justicia Militar, podrán superar la impunidad. Es por ello que hoy celebramos que esta representación ciudadana garantice que cuando se investigue una presunta acción delictiva en donde el sujeto pasivo sea un civil, inclusive cuando el territorio se encuentre bajo ley marcial o Estado de sitio, serán del conocimiento de las autoridades civiles. Eso quiere decir que todas las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en contra de civiles serán del conocimiento de las autoridades federales. Asimismo, reformula el concepto de tribunales competentes no en razón de la calidad del militar, del procesado, sino de la condición de encontrarse en servicio, es decir, cuando se cometan acciones delictivas que deriven de sus funciones militares, tal y como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Adicionalmente se excluye de la jurisdicción militar a aquellos menores de 18 años, menores alumnos de las escuelas del sistema de educación militar que presuntamente cometan conductas delictivas derivándolos, para el efecto, al sistema de justicia para adolescentes, tal y como lo establece el artículo 18 de nuestra Constitución. En relación a los delitos cometidos contra personas en los cuales se encuadraban las violaciones a los derechos humanos tipificadas como violencia contra las personas en condiciones de normalidad democrática, serán competencia de las autoridades civiles dado que se elimina el supuesto de guerra de hecho, limitándolo únicamente a aquellas situaciones donde nuestra Constitución reconoce un estado de guerra. Se establecen los principios por los cuales se transitará al sistema de justicia penal, adversarial en la esfera militar: la reinserción social, las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia y la ejecución de sentencias con pleno respeto a los derechos humanos. Restan algunos pendientes. La prisión preventiva de un militar se determina de acuerdo a su calidad y no a la naturaleza delictiva del hecho. Así también resulta indispensable garantizar el derecho al acceso a la justicia para todas y todos los militares, impidiendo que sean objeto de violaciones a los derechos humanos, garantizando la autonomía e independencia de los participantes en el proceso penal militar desde ministerios públicos hasta magistrados del tribunal revisor. Es por lo anterior que órganos de derechos humanos han señalado reiteradamente que la garantía de un sistema de justicia militar que goce de independencia y autonomía que respete el debido proceso y el principio de igualdad ante la ley es una deuda del Estado mexicano para proteger a aquellos militares víctimas de violaciones a sus derechos humanos cometidas por otros elementos. En este sentido debemos señalar que el presente es un dictamen que ha generado amplias expectativas entre la sociedad civil y organizada. Las organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado que hacemos votos para que esta Legislatura no deje de impulsar una agenda que apuntale la rendición de cuentas de las fuerzas armadas en lógica democrática, afirmación que también hacemos nuestra. El presente es el histórico resultado de un trabajo conjunto entre el Poder Legislativo, el Ejecutivo y la sociedad civil organizada que deriva sin duda alguna en la efectiva subordinación al poder civil que permita el correcto y adecuado desarrollo de las relaciones cívico-militares. Es por todo lo anterior que a nombre de mi Grupo Parlamentario, el Partido de la Revolución Democrática, expreso mi beneplácito para la aprobación del presente dictamen y al mismo tiempo expreso nuestro mayor reconocimiento a los integrantes de las fuerzas armadas, hombres y mujeres comprometidos con la patria, al igual que a los integrantes de la comisión correspondiente y al presidente de la misma. Muchas gracias.