El diputado Luis Miguel Ramírez Romero: Muy buenas tardes. Con el permiso de la presidenta. Estimados compañeros, el mes de enero fuimos invitados al estado de Baja California y ahí en Tijuana tuvimos la oportunidad de convivir con agrupaciones sociales que se dedican a ayudar a las personas con discapacidad. Ahí nos enteramos y conocimos de una realidad que están viviendo muchos mexicanos que tienen familiares con discapacidad y seguramente muchos de ustedes, sobre todo, los diputados del norte del país viven y palpan con mayor dificultad o realidad esta situación. Muchas personas que tienen discapacidad mental o discapacidad física requieren de aparatos eléctricos para poder subsistir, a veces son respiradores o productores de oxígeno para poder respirar. Estas personas si son de escasos recursos no tienen para poder pagar a veces la energía eléctrica y la Comisión Federal de Electricidad si no pagan la energía eléctrica simplemente les suspende el suministro de energía, con lo cual pueden provocar en muchos casos la muerte de estas personas, que por su misma discapacidad no tienen la oportunidad de poderse defender. Ante esta situación y ante los planteamientos hechos a los diputados de Acción Nacional, queremos compartirles a todos ustedes esta iniciativa. Si bien la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es la encargada por ley para fijar las tarifas, los diputados de Acción Nacional solicitamos que en atención a la realidad social y a la realidad económica de nuestro país, y con la participación de la Comisión Reguladora de Energía, sean a quienes se les encomienda de manera escrita y precisa la elaboración de propuestas que debieran ser participadas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que en un trabajo conjunto, atendiendo a las necesidades y a la realidad socioeconómica que impera en la ciudadanía, se puedan establecer mejores criterios, loables, en apoyo a la atención de aquellas familias de escasos recursos, que tengan uno o varios integrantes con diferentes discapacidades. Esto con la finalidad de dar un servicio público de abastecimiento de energía eléctrica, comprendiendo los lugares con demanda y escasos recursos. Asimismo exigir al Estado que este sea un servicio que esté subsidiado para las familias que se encargan de personas con discapacidades diferentes, que requieran de aparatos de los cuales depende su vida en ocasiones y por falta de recursos a estas personas se les ha afectado con el corte del suministro eléctrico, por lo que su vida corre peligro. Es necesario fomentar una política solidaria en apoyo a los sectores más desprotegidos para establecer y garantizar condiciones que aumenten sus posibilidades de desarrollo. De acuerdo con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, presentada en el 2001, las personas con discapacidad son aquellas que tienen una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales y sensoriales, que al interactuar con distintos ambientes en el entorno social pueden impedir su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones a los demás. Al año 2010 las personas que presentan algún tipo de discapacidad son 5 millones 739 mil 270, lo que representa el 5.1 por ciento de la población total. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público es actualmente la dependencia encargada de establecer y revisar las tarifas para el suministro y la venta de energía eléctrica, con la participación de otras dependencias competentes. Esta situación provoca que las tarifas sean fijadas conforme a criterios recaudatorios, antes de tomar en cuenta las condiciones sociales y económicas de las familias mexicanas. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente proposición: Decreto por el que se reforma y adiciona el tercer párrafo del artículo 31 de la Ley de Servicio Público de Energía Eléctrica. Único. Se adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica para quedar como sigue: Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la Comisión Reguladora de Energía, deberán fijar las tarifas especiales, ajustes, reembolsos o subsidios necesarios en atención y demanda a las personas con capacidades diferentes de escasos recursos, para proveer el consumo de energía para el manejo de aparatos especiales de forma ininterrumpida. Transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Reguladora de Energía contará con un plazo de 90 días a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para realizar los decretos correspondientes y fijar las tarifas correspondientes a las personas con discapacidad. Agradezco a los diputados que se han adherido de antemano a esta iniciativa. Estoy seguro que quienes han vivido o viven los calores y los fríos que se viven en el norte del país y quienes tienen un familiar con discapacidad o que depende de un aparato eléctrico para poder vivir comprenderán esta iniciativa. Muchas gracias.