La diputadas Luisa María Alcalde Luján: Muchas gracias, presidente. Uno de los principales argumentos que fundamentan la importancia de la implementación de esta nueva Ley de Amparo, es aquel que sostiene que ésta es una ley progresista, una ley de vanguardia, acorde a la reforma constitucional de 2011, y por lo tanto, protectora de los derechos humanos individual y colectivamente considerados. Entonces, yo me pregunto, si vamos a implementar una reforma de avanzada, ¿por qué eliminar del proyecto uno de los elementos más progresistas de todos, el interés simple del quejoso para interponer el juicio de amparo? Bastante hemos sido criticados por el hecho de que la procedencia del amparo sea instancia de parte agraviada. Esto es, a partir del reclamo de una persona con interés jurídico para impugnar un acto por afectar alguno de sus derechos subjetivamente entendidos y protegidos por alguna ley. Sin embargo, y es de celebrarse, la reforma constitucional de 2011 amplió la posibilidad de promover el amparo a partir del interés legítimo, individual o colectivo, haciendo posible la promoción del amparo por aquellas personas que tengan razones suficientes para impugnar un acto u omisión que consideren que afecta sus derechos humanos, aquellos que lesionan la esfera jurídica de los gobernados, a pesar de que no se afecte de manera directa un derecho subjetivo. También considera aquellos actos que vulneran intereses difusos, los cuales corresponden a un número indeterminado de personas, que además, no se encuentran asociadas. Sin embargo, a pesar de que éste es un avance significativo, el artículo 5 de la nueva Ley de Amparo que se propone, limita sus alcances al establecer en su fracción II, que cito: el interés simple en ningún caso podrá invocarse como interés legítimo. El problema de esta redacción es que el interés simple queda excluido de la protección del amparo, ya que no podrá equipararse al interés legítimo. Seguimos restringiendo los alcances de este derecho, no atemos de manos a los jueces constitucionales. Démosles la libertad para que sean ellos los que en cada caso decidan su procedencia. El interés simple, como lo establece el maestro Enrique Carpizo, es aquel que puede invocar un gobernado con la intención de que la ley se cumpla, es decir, plantea la posibilidad de oponerse a que se realicen actos que sean contrarios a la ley, aun y si no afectan de forma directa a quien lo invoca. La diferencia con el interés legítimo, estrictamente entendido, es que la afectación que se produce es mucho más sutil, pero por supuesto existe. Imaginen este caso, si un río corre al sur de una ciudad, cerca de la casa de una persona y a una empresa se le ha concedido una autorización para verter ahí residuos tóxicos, esa persona a través del interés legítimo podría oponerse a tal autorización por la vía del amparo, por considerar que afecta su entorno directo. Es decir, quizá utilice el agua del río para beber o se altere el ciclo de pesca de cierta especie o le afecte de cualquier otra forma. Sin embargo, el interés simple va más allá. De esta forma, si un grupo de personas que protegen el ambiente en el norte de la misma ciudad, donde no corre el río, quisieran oponerse a la misma decisión, por considerar que se afecta al medio ambiente y a las generaciones futuras, podrá promover el amparo contra la autorización ilegal. La justicia es un aspecto transversal que nos compete a todas y a todos. A todos nos afectan los delitos contra el ambiente, el otorgamiento de permisos para supermercados en cualquier lugar. El deterioro de las escuelas y tantos otros hechos que sin dañarnos directamente dañan a nuestra comunidad, a nuestro país y a nuestro mundo. Eliminar esta prohibición expresa del interés simple permitirá a ayudar a que las personas de este país participen en la búsqueda de la justicia. Permitirá que pocos protejan el derecho de muchos y que algunos busquen justicia para todos. Muchas gracias.