El diputado Agustín Carlos Castilla Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, en 2006 se denunció la venta de la base de datos del padrón electoral del IFE a la empresa estadounidense Choice Point por aproximadamente 335 mil dólares. Hace algunos meses, a partir de una investigación periodística se hizo del conocimiento público que en el barrio de Tepito se ofrecían diversas bases de datos con información personal de millones de mexicanos, como la del IMSS, del Servicio Postal Mexicano, licencias de conducir, de la población carcelaria, y otra vez, del patrón electoral. Otra investigación periodística arrojó que igualmente el padrón electoral se ponía a la venta a través de una página electrónica denominada quebarato.com. Es importante destacar que tanto en el caso de Choice Point como en el de quebarato.com se detuvo a los presuntos responsables, pero éstos salieron libres bajo fianza por tratarse de delitos no graves, lo que sin duda debemos corregir a la brevedad, porque esto es muy delicado, pues además de que se violenta flagrantemente la privacidad e intimidad de millones de mexicanos y se vulnera el principio de protección de datos personales, consagrado en la Constitución, se abre la posibilidad de que se generen actos de molestia o de discriminación y, sobre todo, crece el riesgo de que esta información pueda ser utilizada por la delincuencia para cometer extorsiones telefónicas, secuestros o fraudes. En el caso específico del padrón electoral tiene además otro tipo de implicaciones. Por ejemplo: más de 9 millones de ciudadanos, el 12.3 por ciento aproximadamente tienen que actualizar su credencial de elector 03, pues de lo contrario no podrán votar en las elecciones presidenciales del 2012. Aquí les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que estarán dispuestos a entregar al IFE su nombre, dirección, la CURP, fotografía o huellas digitales con estos antecedentes, con el riesgo de que los datos sean mal utilizados? Es por ello que considero indispensable que de inmediato atendamos esta situación desde el ámbito legislativo. Por ello, se presenta la siguiente iniciativa que reforma y adiciona el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales para que el robo y comercialización de los datos personales en posesión del Estado sean considerados como delitos graves para que no se admita la libertad bajo fianza o caución. También se sanciona con una pena que va de cinco a 10 años y una multa de 60 a 600 salarios mínimos e inhabilitación de cuatro a 10 años, al servidor público que por negligencia, omisión o premeditación haya propiciado o permitido dicha situación. Finalmente, se establece como delito electoral la comercialización del padrón, ya que actualmente sólo se castiga la alteración del mismo, y esto, desde luego, es un vacío legal que debemos subsanar. Por último, aprovecho la tribuna para hacer un exhorto respetuoso a las Comisiones de Gobernación, de Justicia y de Función Pública para que aprobemos ya las reformas a la Ley Federal de Acceso a la Información, que fueron enviadas como minuta por el Senado de la República y que precisamente obligan a implementar mayores medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas para garantizar la integridad y confidencialidad de los datos personales. Es cuanto, diputado presidente.