La diputada Carmen Julieta Macías Rábago: Con el permiso de la Presidencia. Después de un trabajo profesional, intenso e incluyente de muchos meses de las y los diputados, el equipo técnico y particularmente de la presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas, Irma Juan Carlos, a quien expreso todo mi reconocimiento, junto de las personas integrantes de la Comisión de Gobernación, en el que se analizaron las iniciativas que presentamos y se escuchó la voz de los expertos y de las comunidades involucradas para finalmente regular el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo, de buena fe, culturalmente adecuado e informado de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. La aprobación de este dictamen significa subsanar una laguna jurídica sobre la que el Congreso ya estaba obligado a legislar por mandato judicial. Ello, en congruencia con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, firmado y ratificado por nuestro país y vigente desde 1991. Evidenciando un proceso de armonización jurídica que tres décadas después aún no ha concluido. Después de penosos episodios de sumisión legislativa, a los caprichos dictados desde el palacio que no admite ni una coma alterada, hoy estamos por concluir una de las páginas más destacadas de esta legislatura. Uno de los ejemplos más claros de por qué resulta impostergable contar con un marco jurídico que evite que la figura de consulta indígena sea mal utilizada para justificar decisiones arbitrarias y carentes de legitimidad es el Tren Maya. Uno de los llamados proyectos prioritarios de la presente administración. Proyecto que ha sido objeto de numerosos amparos, por parte de las comunidades que están siendo despojadas de sus tierras, con fundamento en una simulación de consulta indígena plagada de irregularidades y señalada por su falta de validez ante la ínfima participación de las comunidades. Garantizar el derecho a la consulta libre, previa e informada es tan solo un primer paso en la atención de los profundos rezagos que enfrentan las comunidades en prácticamente todos los ámbitos, pero un primer paso indispensable para impulsar su desarrollo de la mano de quienes vivirán las consecuencias positivas o negativas de las políticas públicas. Y, aunque hoy estamos avanzando en la dirección correcta para garantizar un trascendental derecho, queda aún mucho trabajo por hacer para garantizar que la ciudadanía indígena y afromexicana encuentre condiciones para efectivamente ejercer en equidad de condiciones los derechos que nuestra Constitución reconoce a todas las personas sin distinción. Derechos que van desde lo más esencial como infraestructura pública, educación culturalmente pertinente, servicios de agua potable, electricidad, entre otros, así como la participación política no discriminación, acceso a servicios públicos en lenguas originarias y protección efectiva de territorios y ecosistemas. Pendientes que requieren la participación y compromiso de los tres poderes del Estado, así como de los tres órdenes de gobierno, cuya coordinación solo será posible a través de acciones transversales diseñadas con una visión integral y respaldadas con recursos suficientes en el presupuesto de egresos. Corresponderá a la próxima legislatura continuar abriendo la brecha de las acciones afirmativas en favor del desarrollo equitativo, paritario y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, que otorgan el carácter de pluricultural a nuestra nación y que han sido históricamente relegados y discriminados, despojados de sus tierras, invadidos en su autonomía y utilizados como bandera de campañas con promesas vacías. Las y los diputados ciudadanos seguiremos trabajando con el objetivo de transitar hacia una sociedad cada vez más equitativa, en la que realmente nadie se quede atrás, en la que todas las personas puedan acceder a servicios médicos y educativos en igualdad de condiciones, y en la que sea la propia ciudadanía quien decida el futuro y las prioridades de su comunidad. Ello como condición indispensable para continuar la transición hacia la evolución mexicana, que desde Movimiento Ciudadano nos hemos fijado como ruta crítica en congruencia con las demandas de la ciudadanía, pues solo a través de un mejor trato, de inclusión y no discriminación será posible dejar atrás las profundas desigualdades que en pleno 2021 siguen condenando a millones de mexicanas y mexicanos a la pobreza y la marginación, cuyos índices se incrementan a ritmos alarmantes. Muchas gracias.