La diputada María Gloria Hernández Madrid: Con el permiso de la diputada presidenta e integrantes de la Mesa Directiva. Saludo a mis compañeras y compañeros diputados; a los medios de comunicación y a quienes nos siguen por el Canal del Congreso. Compañeras y compañeros diputados, quiero compartirles unos datos. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, señala que debido a que la mayoría de los niños maltratados son devueltos a sus progenitores, muchos casos terminan con la muerte del menor por las lesiones infringidas. En el año 2014, el informe anual de UNICEF México estableció que el 62 por ciento de los adolescentes de nivel secundaria, señalaron haber sufrido algún tipo de agresión en su hogar. En el año 2010, el documento denominado Maltrato y Abuso Infantil en México: factor de riesgo en la comisión de delitos de seguridad, de la Secretaría Pública del Gobierno Federal. Señaló, que en 13 millones de familias los niños y niñas crecen en un entorno de violencia y gritos por parte de sus padres. El Registro Anual de las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia de los sistemas estatales, DIF, revelan que en el año 2014 se presentaron 10 mil 538 casos de abuso físico y mil 411 casos de violencia sexual. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su informe del 27 de octubre del año 2014, expresó su preocupación por las limitaciones a la capacidad jurídica, tendientes a garantizar el debido proceso penal de las personas con discapacidad en la materia penal y a desarrollar criterios específicos para brindarles ajustes razonables en este procedimiento. La Fundación para el Bienestar del Adulto Mayor señala que en nuestro país existen 1.7 millones de adultos mayores que son víctimas en sus propios hogares de violencia tanto física como sicológica. Así las cosas, miles de niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores, crecen en un contexto de violencia que deja secuelas profundas e incluso termina cada año con la vida de centenares de ellos. Gran parte de la violencia física, sexual, sicológica, discriminación y abandono, permanece oculta en ocasiones y lamentablemente a veces socialmente es aprobada. Por estas razones plantear la modificación al artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, implica que de manera oficiosa el agente del Ministerio Público pueda brindar esta orden de protección de manera inmediata y por el tiempo que lo requiera la víctima. Creo que todas las expresiones que han pasado y me han antecedido, coinciden en que la violencia contra niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad y adultos mayores no se justifica y que puede ser prevenida. Con esta modificación que parte de evidenciar circunstancias de victimización peculiares a grupos vulnerables, se busca articular un mecanismo de defensa material dentro del proceso penal que sea inmediato, certero, eficaz y que sirva como freno a este fenómeno real cotidiano y lamentablemente infortunado y más frecuente de lo que muchos a veces pensamos sucede. Es nuestra obligación ética y jurídica proteger a la población más vulnerable y que no significa débil, sino expuesta; que no significa fragilidad, sino diferencias que deben de ser atendidas para asegurar el desarrollo de las personas, y por lo tanto de la nación entera. Quiero agradecer al diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, el acompañamiento en esta iniciativa y la creencia compartida de la necesidad de atender esta problemática social desde la vertiente del procedimiento penal. Agradezco a mi coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, doctor César Camacho Quiroz, el apoyo para esta propuesta y a los priistas les pido votemos a favor de este dictamen, porque asumimos en nuestra plataforma electoral el compromiso de garantizar el acceso efectivo a la justicia y a la protección de los derechos de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Creemos en la justicia como un derecho humano que debe materializarse mediante mecanismos ágiles y oportunos, y por eso la ley debe de ser una herramienta para garantizar el derecho y no sólo para justificarlo. Asimismo a mis compañeras y compañeros de las diferentes expresiones, les pido nos den su voto a favor. Es cuanto, diputada presidenta.