La diputada Ma. Guadalupe Almaguer Pardo: Hace aproximadamente 25 años que se inició el uso del Internet como medio de comunicación prácticamente hoy está generalizado, el cual se fue intensificando hasta el día de hoy que es indispensable en la sociedad. La tecnología informática desde sus inicios también fue herramienta de comunicación para violentar a las mujeres al publicar información o imágenes que se transforman en acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, divulgación de información apócrifa, mensajes de odio, difusión sin consentimiento de contenido íntimo, textos, fotografías, videos o datos personales u otras impresiones gráficas o sonoras verdaderas o alteradas, hasta llegar al grado de utilizar el ciberespacio para la degradante actividad de la trata de personas. Todo esto afecta la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres, las niñas y adolescentes, provocando daño o sufrimiento sicológico, físico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, así como daño emocional a ellas y a sus familias a grado extremo de conducirlas a la desesperanza y que eso las lleva al suicidio. Legislar sobre este tema es una exigencia de la sociedad civil organizada, de las organizaciones de las mujeres, de las mujeres feministas y la valentía de algunas otras como la joven Olimpia Coral Melo, que al intentar denunciar el acoso que padecía, se topó con que no había forma de denunciar y mucho menos de castigar o detener lo que estaba padeciendo. Nos tardamos, pero hoy estamos cumpliendo con tipificar este tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Si no sometemos este tema y este problema con la penalización, se quedará en una carta de buenas intenciones. Los estados de Oaxaca, Baja California Sur, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Puebla, Yucatán y Chiapas han tipificado y sancionado este delito con penas de cuatro a ocho años de prisión a aquella persona que por cualquier medio divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite imágenes, audios o videos de una persona con contenido íntimo, sexual o sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la misma. Si bien la violencia digital ya ha sido reconocida y penalizada en leyes locales, es un tema aún inacabado que continua a debate nacional, lo que nos indica que tenemos que proponer y modificar leyes para la ampliación de la justicia más pronta, expedita y adecuada. Con esto me refiero a realizar un marco normativo nacional en un código penal único que se amplíe en todo el territorio nacional, porque nos enfrentamos a una depresión que se refleja en la impunidad y desesperanza de las mujeres, las niñas y las adolescentes, y en segundo término, es un incumplimiento de las recomendaciones internacionales como CEDAW. Mi grupo parlamentario, el PRD, votaremos a favor esta iniciativa. Sin embargo, insisto: no es suficiente. Seguiremos trabajando e impulsando leyes para erradicar las violencias contra las mujeres. Lo hacemos como grupo parlamentario, lo hacemos como legisladoras y, particularmente, lo hacemos como políticas feministas y de la izquierda progresista. Por un México libre de violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes. Es cuanto, presidenta.