El diputado José Luis Valle Magaña: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, si la cantidad de diputadas y de diputados que estamos presentes en este recinto fuera directamente proporcional a la importancia del tema que hoy nos ocupa, cualquiera diría, y con razón, que es un tema intrascendente. Igualmente si la atención que se le está prestando al tema que hoy os ocupa y el estudio que se le haya dedicado al mismo estuviera en relación directa con su relevancia, igualmente cualquier ciudadano diría que lo que hoy en esta LXII Legislatura se está tratando, es completamente irrelevante. Sin embargo sabemos que mejorar el esquema de control y fiscalización de las deducciones de los contribuyentes es fundamental para lograr los objetivos de la política fiscal propuestos para que los beneficios y los objetivos planteados por el Estado mexicano se apliquen y se logren. Este esquema debe desarrollarse en el marco de la legalidad y siempre buscando el beneficio del contribuyente. Sin embargo las adiciones propuestas al Código Fiscal de la Federación no observan esos supuestos pues resultan muy agresivos para las actividades de los contribuyentes, rayando incluso en el terrorismo fiscal. El Servicio de Administración Tributaria afirma que se han podido identificar patrones que están presentes en las sociedades que realizan el tráfico de comprobantes fiscales, tales como tener un objeto social muy amplio, comprobantes cuyo pago por operaciones consignadas es sólo un porcentaje sin proporción a las mismas, que su personal no es idóneo o suficiente para las operaciones que especifican, que sus ingresos no tienen proporción a las características del establecimiento, ingresos en el ejercicio casi idénticos a sus deducciones, prestan servicios y a la vez reciben servicios por los mismos montos, entre otros. Conforme a la propuesta, la autoridad fiscal procedería a notificar no sólo en el buzón del aludido, sino a través de la página de internet del SAT y mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación a las empresas o sociedades que presenten el comportamiento arriba indicado. Es decir, el SAT funcionará como juez de las empresas y sancionará poniendo en tela de juicio la legalidad en el funcionamiento de las empresas aun y cuando posteriormente conceda audiencia, réplica y posterior corrección. Este procedimiento resulta pernicioso para el desarrollo y el buen nombre de las empresas que sí cumplen con sus responsabilidades tributarias. Además de violentar el secreto fiscal, el mecanismo contraviene el principio de presunción de inocencia que afirma que toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, pues transmite la obligación de demostrar inocencia a la parte acusada. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva. Único. Se modifica el artículo 69-B propuesto en el dictamen con iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación, para quedar como sigue: Artículo 69-B. Cuando la autoridad fiscal detecte de manera inequívoca esto es lo que nosotros estamos pidiendo que se le agregue a este artículo: tres palabras de manera inequívoca que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material directa o indirectamente para prestar los servicios a producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes. En este supuesto, procederá a notificar a los contribuyentes que se encuentren en dicha situación a través de su buzón tributario, con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal lo que a su derecho convenga y aportar la documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos. Para ello, los contribuyentes interesados contarán con un plazo de 15 días, contados a partir de la última de las notificaciones que se hayan efectuado. Es cuanto, señor presidente. Por su atención, muchas gracias.