La diputada Sara Paola Gálico Félix Díaz: Con el permiso de la Presidencia. Compañeros y compañeras legisladores, lo que se le dé a los niños, los niños se lo darán a la sociedad Karl A. Menninger. Las víctimas de trata de personas no son sólo víctimas de delitos atroces, sino de graves violaciones a sus derechos humanos. En esta victimización genera un agravio a su dignidad personal y afectaciones serias a su salud física, mental y emocional. Como sabemos, toda victimización requiere para ser superada cuando menos tres supuestos: acceso a la justicia, sanción a los responsables, una justa e integral reparación de los daños y perjuicios. Si estos tres supuestos no se cumplen, las víctimas y la sociedad quedan en estado de vulnerabilidad, indefensos. De ahí la importancia de que el Estado mexicano cumpla cabalmente con los tratados y los compromisos internacionales que ha contraído en diferentes instrumentos. Actualmente la Ley General para Prevenir y Erradicar los Delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas, establece para las niñas, los niños y adolescentes, que los tres niveles de gobierno a través del sistema DIF, deberán crear albergues, refugios y casas de medio camino especializado para la protección y asistencia de las víctimas, donde se garantice un alojamiento digno por el tiempo necesario, asistencia material, médica, psicológica, social, alimentación y cuidados atendiendo a sus necesidades y evolución. Sin embargo, es justo reconocer que en la gran mayoría de los casos estos refugios y albergues existen gracias al trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y no del Estado, y los menores de edad que son llevados a estos albergues y refugios, en la inmensa mayoría de los casos, vivieron vulnerados sus derechos en el primer espacio natural de seguridad y protección que debió ser su hogar o simplemente no lo tuvieron. Tenemos un reto pendiente y una deuda con las víctimas, principalmente con las menores de edad, ya que ellas y ellos sólo cuentan con el estado y sus instituciones para proveerles no sólo lo más básico, sino el acceso a oportunidades reales de desarrollo y el resarcimiento de sus derechos. En nuestro país el 42 por ciento de las víctimas de trata de personas son niños y niñas, cada mes un mínimo de 100 niños caen en manos de redes de prostitución o explotación sexual, comercial infantil, que equivale a un promedio de mil 200 niños al año. Más de 60 mil niños y niñas son víctimas de explotación sexual en México. Por ello, la presente iniciativa tiene como eje central establecer en la ley que estos albergues, refugios o casas de medio camino especializados deberán adoptar las medidas apropiadas para promover su recuperación física y psicológica, así como la restitución de sus derechos. Lo anterior atendiendo que somos un país receptor, de tránsito, de personas víctimas de trata. Se propone también establecer expresamente en la ley que todos los casos se deberán considerar la edad, el sexo, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo, madurez de las y los menores de edad para la implementación de las acciones de asistencia y protección respectivos, los cuales se realizarán en un ambiente que fomente la dignidad de los niños y niñas y adolescentes víctimas del ilícito de trata de personas, reconociendo en todo momento el interés superior del menor. Compañeras diputadas y compañeros diputados, ellas y ellos necesitan certeza y seguridad jurídica, certeza jurídica en el presente y en el futuro. La trata de personas en sus diferentes modalidades es una forma de esclavitud moderna. Pero no olvidemos que la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades y la invisibilidad social también son esclavizantes. Las niñas y los niños que han vivido y han sido víctimas de trata de personas tienen derecho a soñar con una vida feliz. Las niñas y los niños que han vivido y han sido víctimas de trata de personas también son nuestros niños y nos representados, no los defraudemos. Muchísimas gracias, compañeros. Es cuanto, presidenta.