El diputado Marco Antonio Mendoza Bustamante: Diputadas y diputados, a partir del desarrollo exponencial de las nuevas tecnologías de la información, el comercio electrónico ha concentrado un número significativo de operaciones comerciales que se han incrementado en el contexto de la pandemia por Covid-19, debido a que muchas personas han encontrado en él una forma segura de mantener a flote sus negocios. A su vez, los bancos han aprovechado la tecnología para facilitar el acceso a la banca en línea o electrónica y han buscado herramientas que les permitan otorgar mayor agilidad en la realización de sus operaciones y mantener la seguridad de su patrimonio y el de sus clientes. Sin embargo, ello no ha evitado que los bancos y sus clientes sean objeto de ciberataques que tienen el propósito de allegarse de recursos económicos mediante la vulneración de los sistemas electrónicos de transferencias. De acuerdo con el Banco de México, en 2018 piratas informáticos robaron alrededor de 300 millones de pesos al crear órdenes fantasmas para transferir fondos a cuentas falsas, para luego retirarlos. Para 2019, los ataques a las instituciones del sector financiero tuvieron un costo de 785.4 millones de pesos, y durante 2021 las afectaciones fueron de al menos 39 millones de pesos. La Condusef ha dado a conocer que en los últimos cinco años las quejas por fraudes cibernéticos representadas ante dicha institución han presentado cada año una proporción mayor, al pasar del 47 por ciento en 2017, al 70 por ciento en 2021, pero el número de reclamaciones que se presentan ante este organismo es muy poco representativo de la realidad que viven los cuentahabientes, pues cada año se reclaman casi 6 millones de posibles fraudes cibernéticos, de los cuales, alrededor de 600 mil no llegan a tener una solución. Lo anterior se traduce en que el acceso a la justicia para cuentahabientes no se está garantizando de manera plena, dejando en gran desventaja a los pequeños ahorradores o a los usuarios de tarjetas de crédito que usan estas para compensar la pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos familiares. Con la presente iniciativa se busca facilitad que los cuentahabientes tengan acceso a la justicia, obligando a los bancos a orientar a sus clientes respecto a las instituciones y vías legales a las que podría acudir o hacer valer para objetar las transferencias de recursos que no reconozcan y que hayan ejecutado a través de plataformas de transferencia electrónicas. Asimismo, tomando en cuenta que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha emitido disposiciones de carácter general que obligan a las instituciones de crédito a observar ciertos protocolos para evitar ciberataques, se propone obligar a los bancos a demostrar el cumplimiento de estas normas, pues de lo contrario operará en su contra la presunción de que su sistema de seguridad electrónico fue vulnerado, facilitando el robo a sus cuentahabientes. Esta iniciativa se justifica en el hecho de que las personas que usan la banca móvil se encuentran en una posición de desventaja frente a las instituciones de crédito, al no contar con los mecanismos tecnológicos necesarios para demostrar un ciberataque, sin dejar de lado la resistencia que los bancos pueden poner cuando sus clientes pretendan revisar la estructura y conformación de sus servidores para demostrar un ciberataque, pues no debemos perder de vista que dicha data sensible se encuentra bajo un resguardo riguroso al que no puede tener acceso cualquier persona. El Covid-19, ha puesto en jaque la economía de las familias, millones de personas han cancelado sus tarjetas de crédito y las que aún conservan este mecanismo de pago para poder hacer frente a la crisis económica que vive el mundo y México, es importante que tengan las garantías necesarias en caso de una vulneración o ataque cibernético. Es cuanto, presidenta.