El diputado Carlos Augusto Bracho González: Muchas gracias, señor presidente. Quiero decirles, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, que para mí es un privilegio y un gran honor hablar a nombre de la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados. Narraré la iniciativa que hemos presentado, que tiene un gran valor jurídico y que, seguramente, traerá grandes beneficios a la ciudadanía de México. En un país predominantemente urbano, con pluralismo político y acentuada diversidad social y regional, con alternancia partidista en el gobierno y una distribución menos asimétrica de la representación democrática en los órganos legislativos; resulta imperativo para el interés general acometer la adecuación de nuestro ordenamiento jurídico nacional para dar respuesta a los problemas y requerimientos de la urbanización de índole metropolitana que comprende, a la fecha, 29 de las 32 entidades federativas. Fíjense qué importante: 29 de las 32, por eso la trascendencia de esta iniciativa. Los ordenamientos jurídicos vigentes en el país resultan insuficientes en varios aspectos de la materia metropolitana, tanto en el nivel federal, como más aun en el nivel de las entidades federativas y municipios. Un obstáculo básico consiste en que aún no se establece a nivel nacional una visión compartida del fenómeno metropolitano. Entre los especialistas nacionales y extranjeros hay consenso en torno a que el desarrollo metropolitano requiere necesariamente un enfoque transversal de la administración pública y concurrencia de los sectores público, social y privado. Es decir, un enfoque que permita integrar y potenciar la acción de los diferentes sectores de administración pública entre sí, desarrollo urbano, desarrollo económico, infraestructura básica, equipamiento urbano, vivienda, servicios públicos como transporte, seguridad, salud, educación y cultural, deporte y recreación, y medio ambiente; así como que articule la acción pública y la acción social y privada sobre la base de una planeación y ordenamiento territorial del desarrollo metropolitano. Se ha llegado a coincidir en que establecer la coordinación metropolitana, necesariamente, con carácter imperativo, entraña el riesgo de socavar la soberanía de los estados y la autonomía del municipio libre; en cambio, es posible introducir o inducir que tanto los municipios como los gobiernos estatales pueden encontrar fórmulas propias de organización institucional para la gestión pública metropolitana. Si desde la Constitución federal se establece el reconocimiento del territorio metropolitano como ámbito delimitado de actuación gubernamental y administrativa, y de cuyo desarrollo dependen las posibilidades de integrar planes y proyectos de desarrollo y recurrir a fuentes fiscales de financiamiento, para lo cual será necesario garantizar la participación de los municipios en la toma de decisiones que conciernen a su diseño, ejecución, financiamiento y evaluación, a cargo de los ejecutivos estatales. Debe corresponder a estados y municipios decidir los órganos y organismos públicos que se hagan cargo de la planeación, coordinación y gestión metropolitana establecidas como componentes integrantes de la acción concurrente en la Constitución federal. Por esta razón, quienes integramos la Comisión de Desarrollo Metropolitano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión pudimos acordar, sin perjuicio del grupo parlamentario del que formamos parte, y desde el inicio de esta LX Legislatura trabajar en la elaboración de una iniciativa de reforma constitucional, por consenso, para establecer la figura metropolitana como materia objeto de regulación legal y la base para que las legislaturas de las entidades federativas elaboren, en estricto respeto a la soberanía de los estados y la autonomía del municipio libre, las leyes, y procedan a crear los órganos o las entidades públicas que consideren más apropiadas a las características, necesidades y requerimientos de la zona metropolitana comprendida dentro de sus territorios y, en el caso de territorio de dos o más entidades federativas puedan coordinarse entre ellas y la federación. Por ello, la propuesta legislativa de la Comisión de Desarrollo Metropolitano ha procurado hacer prevalecer dos principios fundamentales de nuestro régimen republicano y democrático de gobierno: el federalismo cooperativo y la descentralización política, mismos que suponen un efectivo respeto a la soberanía de los estados y a la autonomía del municipio libre. De tal manera que el legislador asume que los estados y municipios tienen la facultad y la responsabilidad correspondientes para hacerse cargo de elaborar las leyes y las políticas públicas más adecuadas para regular y fomentar el desarrollo de las zonas metropolitanas que contengan o que forman sus territorios. Para los integrantes de esta Comisión de Desarrollo Metropolitano queda claro que deberá corresponder a estados y municipios la decisión de cuáles son los órganos u organismos públicos que deban ser creados y hacerse cargo de la planeación, la coordinación y la gestión metropolitana, de conformidad con las características, necesidades y requerimientos del desarrollo de la zona o zonas metropolitanas comprendidas en su territorio. En alcance normativo se deberá prever una base jurídica desde la legislación federal para que, en consecuencia, cada gobierno estatal desarrolle la legislación en materia metropolitana, misma que establezca las funciones y atribuciones para la acción política y la coordinación intergubernamental, así como la debida concurrencia de los sectores público, social y privado. Solicito, presidente, me dé un minuto si es tan amable, por favor, para concluir.