El diputado Francisco Isaías Lemus Muñoz Ledo: Con su venia, señor Presidente. La aprobación de la Ley de Vivienda es una señal clara de que en el Congreso se cumple con México. Los acuerdos alcanzados en los grupos parlamentarios en esta materia, permiten recordar hoy aquí las palabras del ilustre panista Manuel Gómez Morín, quien en su obra "1915" y otros ensayos, decía: "Socialmente por lo menos nuestro deber es obrar, remediar males, mejorar las condiciones de los hombres. Proclamar este primer postulado es darnos una señal de inteligencia que nos permita estar cerca unos de otros, cualesquiera que sean las distancias que en otros puntos nos alejan". Compañeras y compañeros legisladores: En nuestro país la vivienda ha constituido un indicador básico de bienestar de la población, constituye la base del patrimonio familiar y es al mismo tiempo condición para tener acceso a otros niveles de bienestar. La vivienda es el lugar donde las familias ofrecen la más concreta red de seguridad y de afecto ante contingencias y amenazas. A la caracterización de la vivienda como un satisfactor social, se agregan los que consideran como un elemento constitutivo, factor crucial para la ordenación territorial de los asentamientos humanos, además de su consideración como bien económico, cuya construcción impulsa el motor del desarrollo económico que impacta a más de 37 ramas de la producción, al ser un importante generador de empleo y al consumir casi en su totalidad insumos nacionales, constituyéndose así en un factor prioritario para el desarrollo nacional. Por ello, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en su párrafo quinto, que la vivienda es una garantía social a favor de la familia, que tiene por objeto que las mismas disfruten de una vivienda digna y decorosa. Sin embargo, ello no ha sido posible para un gran número de mexicanos que viven en la esperanza de hacer realidad este precepto constitucional. Enfrentar la problemática de la vivienda es sumamente complejo, pues ésta presenta dimensiones económicas, políticas, sociales y jurídicas, que se concatenan para presentar un escenario con grandes complicaciones. Además, el marco en el cual se aborda dicha problemática se encuentra inmerso en otros problemas: el deterioro económico causado por la crisis, la mala distribución del ingreso, las distorsiones en las prácticas de subsidio, los vicios de la burocracia, las ineficie4ncias en los procesos constructivos, la explosión demográfica, las corrientes migratorias del campo a las ciudades y los inadecuados mecanismos de financiamiento, entre otros. De ahí la importancia de contar hoy con un nuevo instrumento jurídico que nos permita potenciar la acción del Estado, la iniciativa privada, la sociedad civil y los particulares, con la redefinición de una política nacional en la materia y de nuevos instrumentos que permitan que toda familia pueda acceder a una vivienda digna y decorosa. Es necesario destacar que a pesar de la complejidad de dicha problemática, en nuestro país hay avances muy importantes en materia de vivienda, por lo que es necesario fortalecer y consolidar la política y los programas de gobierno, para abatir a un mismo tiempo realmente corto, el grave rezago habitacional existente en nuestro país, que actualmente se ubica en más de 4 millones de viviendas. Durante la presente administración federal, se ha producido una verdadera revolución en materia de vivienda. Hoy existe un mayor acceso al crédito y mejores tasas y plazos. También han cambiado las condiciones de transparencia y las políticas de otorgamiento de crédito, entre muchas otras acciones emprendidas por el actual gobierno. Estas mejores condiciones han permitido más que duplicar el tren de vivienda, en una comparación con el sexenio anterior. En los últimos 5 años de la presente administración se han entregado un total de 2 millones 321 mil créditos para la adquisición de vivienda, lo que representa un beneficio directo para más de 10 millones de mexicanos. Mientras que la inversión en el sector supera ya los 591 mil millones de pesos, tan sólo en 2005 se otorgaron más de 678 mil créditos, de los cuales alrededor de 561 mil, que representan el 82.8 por ciento, fueron para la adquisición de vivienda y 116 mil el 17% se canalizaron a los mejoramientos y ampliaciones. Concluyo, señor presidente. Enfrentar el reto constitucional de la vivienda, implica afinar y fortalecer la política y sus instrumentos, en lo que corresponde a esta Soberanía es nuestro deber adecuar el marco normativo en la materia que permita, ante una nueva realidad social, contribuir al establecimiento de una verdadera política de Estado, que con una visión de corto, mediano y largo plazo, haga posible el derecho de todos los mexicanos a una vivienda digna y decorosa, por su atención, muchas gracias.