La diputada Regina Vázquez Saut: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros, México busca que sus instituciones gubernamentales sean fuertes, eficientes, capaces y confiables a fin de que puedan enfrentar los grandes retos nacionales. Contrario a esta imperiosa necesidad, es preocupante que las instituciones de seguridad pública gocen de un mínimo de confianza entre los ciudadanos, de lo cual nos dan cuenta diversos instrumentos de medición de la opinión, algunos de los cuales señalan que la Policía Federal cuenta con un 51 por ciento de confianza por parte de los mexicanos, mientras que las policías locales y municipales tan sólo tienen un 42 por ciento y 38 por ciento, respectivamente. Éste y otros hechos obligan al Estado a evaluar, calificar y certificar los integrantes del Sistema de Seguridad Pública, esto a fin de reclutar y considerar la permanencia de los elementos de las corporaciones policiacas, valiéndose para ello de diversos métodos, los cuales se ha procurado que tengan un sustento científico y técnico y que su aplicación se realice con estricto respeto a los derechos humanos. Esta función es de una complejidad tal que ha sido imposible dar cumplimiento a los plazos para certificar a los cuerpos de seguridad estatales y municipales, por lo que se ha hecho necesario prorrogar los plazos para concluir esta labor, tema que por cierto fue abordado hace apenas unos días en esta máxima tribuna de la nación. Si de por sí la certificación es una tarea compleja por el número de sujetos a quienes se debe de evaluar, el ejercicio de dicha facultad se torna más difícil si tomamos en cuenta que los instrumentos utilizados para tal efecto son difíciles de utilizar e interpretar por parte de los profesionales que lo requieren. Todo lo antes señalado busca hacer de la función policiaca una forma de vida, una elección de ejercicio profesional que redunde en beneficio del servicio público y de la gobernabilidad del país. Ninguna idea que tienda a la mejora del sistema de evaluación de las policías está de más. En ese esfuerzo, es necesaria la coordinación entre los tres niveles de gobierno, pero también la concurrencia de las diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso, máxime si tomamos en consideración que la autoridad municipal y estatal es ejercida por funcionarios provenientes de todos los partidos políticos. Es por ello que los legisladores del PRI otorgaremos nuestro voto a favor del dictamen que hoy se discute, puesto que el mismo tiene como objetivo reiterar el necesario respeto a los derechos humanos, a la preservación del rigor científico a lo largo de los procedimientos de certificación. De aprobarse las reformas a los artículos 22 y 25 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y el artículo 17 de la Ley de la Policía Federal, se habrá avanzado en este propósito, por lo que convocamos a los demás representantes populares a que otorguen su voto favorable a las mismas. De ajustarse las evaluaciones a los parámetros, que se hace referencia en el dictamen, se habrá avanzado de manera importante en la recuperación de la legitimidad, por parte de los ciudadanos hacia sus instituciones de seguridad pública. Toda vez que la población estará segura de que los funcionarios encargados de protegerlos fueron certificados bajo sólidas bases científicas, pero con respeto a sus derechos fundamentales. Muchas gracias.