La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Posterior a un proceso que comenzó el 26 de noviembre de 2018 con la presentación, discusión y aprobación del dictamen en la Comisión de Puntos Constitucionales, para ponerlo a discusión de este pleno el 14 de marzo de este año, advertimos desde el principio sobre las deficiencias y el trasfondo del contenido de dicho dictamen que reformaba diversos artículos constitucionales en materia de consulta popular y revocación de mandato. Desde Movimiento Ciudadano dijimos, que era un dictamen que tenía que ser revisado y corregido por la colegisladora, el Senado de la República, pues se había diseñado desde la óptica del control político, distaba mucho de ser un mecanismo de participación ciudadana y habría temores fundados de que pudiera ser una figura, que además de servir de mecanismo de propaganda en las elecciones intermedias para influir en la conformación de la Cámara de Diputados, también podría prestarse a una consulta que permitiera la permanencia del titular del Ejecutivo, más allá del periodo para el cual fue electo, situaciones como la consulta ilegal sobre la ley Bonilla, reforzaban esos temores. Con un procedimiento legislativo de constante resarcimiento por parte del Senado de la República que culminó con la reforma a los artículos 35, 36, 41, 81, 84, 99, 116 y 122 de la Constitución y la aprobación el pasado 5 de noviembre por esta Cámara de Diputados, para dar trámite a lo establecido en el artículo 135 de nuestra Constitución y 17 legislaturas locales que dieron su voto de manera favorable, finalmente se consiguió que la reforma se definiera el carácter ciudadano de mecanismos de participación ciudadana como lo son la consulta popular y la revocación de mandato, implantando controles que permiten alejar temores y reestablece la ruta a seguir, en caso de que la revocación surta efectos. En cuanto a la consulta popular quedó establecido que será sobre temas de trascendencia nacional y deberá ser solicitada por lo menos con el 2 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Introduce a las restricciones de temas que no podrán ser objeto de ir a consulta, la permanencia o continuidad en el cargo de elección popular en clara referencia a la ley Bonilla, ni tampoco se podrán hacer consultas en materia de obras de infraestructura en ejecución, para no repetir casos como la interrupción de obras como el aeropuerto internacional, y se confirma que solamente será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien resolverá sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. Al INE escúchenlo bien le corresponderá la organización, difusión y promoción de las consultas para garantizar su imparcialidad y solo podrá realizarse el primer domingo de agosto de cada año. Una modificación fundamental que el Senado hizo fue establecer que solamente sean los ciudadanos quienes puedan iniciar la solicitud para el proceso de revocación de mandato. Deberán ser al menos el tres por ciento de los electores inscritos en la lista nominal, de al menos el tres por ciento de las 17 entidades federativas. Será el INE quien convocará, después de haber procesado las firmas de solicitud, organizará el proceso de votación para la revocación de mandato que deberá realizarse tres meses después de haber cumplido el primer trienio. No podrá coincidir con jornadas electorales federales y locales, y será por una sola ocasión en el sexenio. Prohíbe el uso de recursos públicos para la recolección de firma, la promoción y propaganda relacionados con el proceso de revocación, así como la prohibición de contratación privada de medios de comunicación. Establece que es el Tribunal Electoral quien resolverá impugnaciones, hará el cómputo final y emitirá, en su caso, la declaratoria de revocación. En caso de revocar el mandato del presidente se establece, que provisionalmente la ocupará quien presida el Congreso y en 30 días el Congreso nombrará quién concluya el período. Con esta reforma es la ciudadanía quien tiene la llave para activar mecanismos de participación ciudadana para incidir en las principales decisiones de nuestro país y para quitar malos gobernantes. El mandato de la revocación de mandato lo tienen las y los ciudadanos después de esta reforma y, por supuesto, Movimiento Ciudadano está a favor de esta, porque sí es un mecanismo de participación ciudadana. Es cuanto, presidenta.