El diputado Carlos Torres Piña: Muy buenas tardes compañeras y compañeros legisladores. Con su permiso, señor presidente. Para mí es un gusto estar el día de hoy en esta máxima tribuna de nuestro país, para a nombre de nuestro Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática presentar esta iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 102 constitucional y el Décimo Sexto y Décimo Noveno transitorio del decreto por el que se reforma, adicionan, y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero de 2014. Nuestro propósito es que México cuente con un fiscal general autónomo y con una Fiscalía que cumpla con su función de representar a la sociedad y defender sus intereses constitucionales y legales ante quienes se atreven a violentar las leyes. Esta no es una ocurrencia, compañeras y compañeros, es una necesidad inaplazable para que las mexicanas y los mexicanos podamos contar con una institución y una autoridad capaz de aplicar la ley sin intervención del Poder Ejecutivo. Todos sabemos que uno de los mayores males que aquejan a nuestra nación es la falta de respeto por la ley y esta falta de respeto a la ley ha impuesto el reinado de la impunidad. México lamentablemente es conocido ante la opinión internacional como la tierra donde todo se vale, donde no pasa nada. Ocupamos los primeros lugares como país donde las leyes no se cumplen y los delincuentes pueden andar impunes entre la gente. Por ejemplo, el día de ayer ante la clase política de este país se presentó un sexto informe de uno de ellos, por ejemplo, de un acto de corrupción como fue la casa blanca, y no pasa nada en este país. Somos conscientes de que necesitamos una cultura de la legalidad, es tan grave esta ausencia que nos hemos acostumbrado a la falsa idea de que las leyes se hicieron para violentarse, por eso en México el 98 por ciento de los delitos quedan impunes. Una de las causas de la falta de una cultura de la legalidad se encuentra en el sistema de ministerios públicos, dependientes justamente del Poder Ejecutivo. Por esta dependencia es frecuente que la justicia en México sea usada con fines políticos, en muchas ocasiones se persigue al enemigo, al adversario político, se castiga por venganza, pero al delincuente se le deja seguir actuando. Llegó el momento de otorgarle seguridad a la ciudadanía, de que la denuncia contra los agravios que sufre no sean pérdida de tiempo, sólo así se podrá fomentar la cultura de la denuncia. Hay un gran consenso entre todas las fuerzas políticas en que la corrupción debe ser erradicada y la única forma de combatir este mal es con la aplicación de la ley y con el castigo ejemplar del corrupto, desde el presidente de la República hasta cualquier ciudadano que ostente cualquier cargo, y para que esto suceda ocupamos una Fiscalía autónoma y la única manera de empezar a cerrarle el paso a la impunidad es que la Fiscalía tenga un fiscal plenamente autónomo, un fiscal que no esté subordinado al Poder Ejecutivo, no subordinado al presidente de la República. La fracción parlamentaria de nuestro partido le propone a esta soberanía que podamos nosotros modificar, que nos atrevamos a cambiar el método de selección del fiscal. Que ya no sea por lealtades políticas al titular del Ejecutivo sino que sea un fiscal que ocupe ese espacio por méritos propios. Esta legislatura tiene la facultad de acordar la selección del fiscal general por un método transparente, abierto a la participación de la sociedad civil y apegada a los principios de la objetividad y de los méritos. El método que se propone actualmente es sencillo: escoger 10 propuestas, turnarlas al Ejecutivo y que este, a su vez, regrese una terna para que el propio Senado la determine de acuerdo a la atribución del artículo 76, fracción XIII. Nosotros planteamos que se establezcan algunos procedimientos. Por ejemplo, en el artículo 102 estamos pidiendo que en su párrafo segundo se adicione y establezca con claridad que se debe gozar, entre otros, de la buena reputación. Pero, sobre todo, de la independencia, honradez, alta calidad moral y compromiso con la protección de los derechos humanos, y no haber sido condenado por delito doloso. La ley establecerá criterios objetivos para la evaluación del perfil. Por ejemplo, en su numeral 1 estamos pidiendo, la cual deberá de integrarse mediante un proceso transparente y público con la participación de la sociedad civil, que evalúe la idoneidad para que se ocupe ese cargo. Asimismo, en este mismo artículo pero en el numeral sexto estamos planteando que corresponde al Ministerio Público la persecución ante los tribunales de todos los delitos del orden federal, y aquellos, que es lo que pedimos agregar, del orden común que guarden conexidad con los delitos del orden federal o cuando el hecho constitutivo del delito trascienda en el ámbito de una o más entidades federativas. Además, ejercer la facultad de atracción, a solicitud de la víctima del delito, cuando las fiscalías en las entidades que, por cierto, luego es muy común, de las entidades federativas, no inicien de forma inmediata, imparcial y exhaustiva la investigación, por defecto u omisión, de la persecución o enjuiciamiento en el ámbito local, o cuando exista sentencia o resolución de un organismo previsto en los tratados internacionales. Asimismo, establecer mecanismos de evaluación y control disciplinario para un adecuado y transparente ejercicio de la función, que permita una supervisión ciudadana. Y que también exista autonomía en los servicios periciales. Por lo que respecta al artículo transitorio décimo sexto, estamos solicitando que al paso de un año del nombramiento del fiscal, este, a su vez, entregue a la comisión integrada en la Cámara del Senado un informe detallado de los avances y la transición institucional que se realice. Así como la depuración de las causas del sistema inquisitivo mixto, de la reorganización institucional, del servicio profesional de carrera, presupuestario y del cumplimiento de las recomendaciones que pueda haber por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asimismo, este Congreso de la Unión expedirá la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y las demás normas secundarias. Una vez que esta se promulgue, el Congreso emitirá la declaratoria expresa de la entrada en vigor de esta misma. Entre otros planteamientos, pero solo quería destacar estos. Nadie interesado en combatir la corrupción y la impunidad puede oponerse a este procedimiento. Nadie que honre respetuoso y se sienta respetuoso de la ley podrá oponerse a la propuesta de un fiscal que sirva a intereses de la sociedad. Por eso hoy más que nunca decirles, compañeras y compañeros, que estamos en la oportunidad de enarbolar una lucha contra la corrupción y la impunidad, como su bandera central que se ha planteado por muchos grupos parlamentarios, esperamos ahora sí que nuestra propuesta sea aprobada para que México por fin pueda contar con una fiscalía autónoma y un fiscal que sirva. Por su atención, muchísimas gracias, compañeras y compañeros.