La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con la venia, presidente. Muy buenos días. La relevancia de estas reformas nos obliga a hacer un análisis profundo de las modificaciones que aquí analizamos. En función de ello, con el ánimo de abonar y mejorar el contenido de tan importante reforma para la consolidación de un Poder Judicial más robusto, eficaz y garantista, presento ante ustedes la siguiente reserva. Analizada la estructura y alcances de cada modificación planteada, considero pertinente, pero sobre todo necesaria una modificación al artículo 110 de la Ley Orgánica, el cual fija las causales de responsabilidad para las y los servidores públicos del Poder Judicial, centrando la atención en una de las demandas más comunes en el ámbito laboral tanto del sector público y privado, pero que resulta inexcusable al tratarse del órgano institucional encargado de proteger y hacer valer las leyes con el objeto prioritario de garantizar los derechos más elementales de las y los mexicanos. De acuerdo al artículo 10 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se entiende por violencia laboral aquella que se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud integral, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Aún cuando avanzamos consistentemente en la consolidación de un marco jurídico que ponga un alto definitivo a cualquier acto de discriminación, violencia, acoso u hostigamiento que impida el libre desarrollo de la personalidad y profesión de las y los mexicanos, desafortunadamente seguimos siendo testigos de tan retrógrada y penosa situación. Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos refieren que el 80 por ciento de los trabajadores han presentado un acto de acoso laboral contra un compañero o una compañera, y el 74 por ciento asegura que esta conducta es ejercida principalmente por los jefes, quienes estamos obligados a respetarlos. En el mismo sentido, la encuesta del Centro de Carrera Profesional en la línea de la OCC Mundial, orientada a conocer la problemática del acoso laboral en México, revela que 7 de cada 10 personas han sufrido acoso laboral. Dicho estudio también evidencia que con mayor frecuencia somos las mujeres las más afectadas con 8 de cada 10 participantes, mientras que el 36 por ciento también son hombres, 35 por ciento personas de estratos sociales bajos, 34 por ciento de la comunidad LGBT, 25 por ciento personas de diferentes razas, nacionalidades, culturas o religiones y 22 por ciento se trata de jóvenes. En cuanto a las formas más comunes del acoso laboral están los medios cibernéticos, comentarios negativos en foros de discusión, rumores en redes sociales, informaciones humillantes en sitios web y a través de envíos de fotos inapropiadas, mensajes, por lo que 9 de cada 10 consideran que el acoso laboral es un problema grave en nuestro país y debería existir una legislación especial que castigue cualquier forma de acoso laboral. Desafortunadamente, esta situación no es ajena a las instituciones que conforman el Poder Judicial de la Federación al igual que en muchas. En diciembre de 2019, el Consejo de la Judicatura Federal reportó seis investigaciones por acoso laboral o sexual entre sus trabajadores, mientras la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibió solo cuatro denuncias en el mismo sentido. Al respecto, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció la gravedad de este problema en el Poder Judicial, comprometiéndose a la existencia de cero tolerancia a dichas acciones. A pesar de ello y aun cuando se da, han dado a conocer las sanciones de ciertos servidores públicos por ejecutar actos de violencia laboral, considero que no podemos ser omisos en la necesidad de blindar el texto legal para garantizar que efectivamente exista como causal de responsabilidad de las y los servidores públicos no solo el acoso y hostigamiento sexual, sino principalmente laboral. En virtud de lo anterior, someto a la consideración de esta soberanía la adición de una fracción XIII Bis al artículo 110 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que se establezca como causa de responsabilidad acosar u hostigar laboralmente a otra persona valiéndose de su posición jerárquica. Todo ello, con la intención de visibilizar una preocupación colectiva y generalizada de sus integrantes, pero sobre todo con el objetivo de fortalecer y armonizar la ley que hoy expediremos a las necesidades y exigencias, dinámicas propias del desarrollo social de nuestro país. En mi experiencia de trabajo, a cargo de la dirección de la visitaduría del Poder Judicial de mi estado, en alguna ocasión me tocó participar dando pláticas al personal del Poder Judicial federal, quienes me confiaron muy de cerca los sufrimientos de los que son víctimas por esta situación, donde nadie les cree; tenemos que visibilizarlos, es un clamor generalizado. Es cuanto, presidente.