La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras, compañeros diputados, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco contra México, marcó un antes y un después en materia de derechos humanos para nuestro país. El Poder Judicial de la Federación ha realizado importantes avances en el cumplimiento de las obligaciones a que fue condenado el Estado mexicano, sin embargo, corresponde al Poder Legislativo atender específicamente a los puntos resolutivos 10o y 11o. de dicha sentencia, que señalan expresamente lo siguiente: El Estado deberá adoptar en un plazo razonable las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, con los estándares internacionales en la materia y del la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 337 a 342 de la presente sentencia. Sin embargo, a más de cuatro años, el Congreso mexicano no ha sido capaz de cumplir con la responsabilidad que marca dicha sentencia y continúa desacatando las resoluciones internacionales, plenamente vinculantes para nuestro país. Particularmente, en lo relacionado con el fuero militar resulta preocupante en un país que ha militarizado las funciones policiacas. Siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos a manos de miembros del Ejército y el legislador federal no había sido capaz de poner orden en el marco jurídico nacional, para acotar de una vez y para siempre el fuero militar. Los esfuerzos para suprimir el fuero militar tienen antiguos antecedentes en el derecho mexicano, particularmente desde el pensamiento liberal. En el Constituyente de Querétaro, se puntualizó. He manifestado que el Constituyente mexicano ha mostrado escepticismo hacia el fuero militar, a pesar de lo que aprobó por la 2 terceras partes el Congreso Constituyente de Querétaro, 122 votos a favor, en contra 61; porque algunos de los constituyentes más celebres como Francisco J. Múgica, Esteban Vaca Calderón e Hilario Medina, 2 militares y un abogado, cuestionaron el fuero militar y propusieron bien restringirlo en tiempo de guerra, exclusivamente, o de plano eliminarlo y transferirlo al Poder Judicial. Por otra parte, esta institución del fuero militar en México ha tenido una larga tradición de violación a derechos humanos, no solo en contra de civiles que se ven sujetos indebidamente a un proceso en tribunales militares, sino que el fuero militar ha demostrado reiteradamente que carece de imparcialidad y profesionalismo al violar incluso el derecho al debido proceso en perjuicio de los propios militares. Como muestra de ello está el caso del general Gallardo, es probablemente el más paradigmático a este respecto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo que intervenir en 1996, precisamente debido a la indebida manipulación de que fue objeto la llamada justicia militar y señaló que a través de la detención y sometimiento del general José Francisco Gallardo, a 16 investigaciones y 8 causas penales de manera continuada y sin propósito razonable, lógico y justificable, el Estado mexicano ha dejado de cumplir con su obligación de respetar y garantizar los derechos a la integridad personal, garantías judiciales, honra y dignidad y protección judicial del mencionado general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez, de conformidad con los artículos 5o., 7o., 8o., decimoprimero y vigésimo segundo de la Convención Americana, por los reiterados hechos ocurridos en México, desde 1988. Como se observa, los organismos internacionales protectores de los derechos humanos han tenido que intervenir una y otra vez, porque el Estado mexicano continúa violando las libertades más básicas de los ciudadanos debido a la obstinación de conservar el fuero militar. Resulta indispensable poner fin al mantenimiento de este fuero militar, para evitar sistemáticas violaciones de derechos humanos, que derivan de la existencia del mismo y que rompe con el principio de igualdad que debe de prevalecer entre todos los mexicanos. Aunque, y aquí sí ruego, suplico por el voto a favor en el caso de este dictamen que se presenta en esta ocasión, aunque no es un dictamen perfecto, es perfectible y quedando como tareas pendientes resumo las siguientes. La prisión preventiva y la ejecución de las sentencias para los militares que cometan delitos en agravios de civiles, podrá ser determinado por las autoridades militares. Ojalá y esto se pueda modificar en un futuro. También una revisión completa del Código Integral del Código de Justicia Militar, para que se incorporen plenamente los principios del proceso penal acusatorio y para que se garanticen las condiciones de independencia e imparcialidad en los órganos militares de procuración e impartición de justicia. Ruego a ustedes que voten a favor esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.