La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Sin duda alguna, uno de los sectores más vulnerables en nuestro país es la población infantil y adolescente, sin embargo, actualmente la sociedad ha presenciado de manera gradual y sistemática la violación a los derechos de ese sector a través de múltiples y sutiles prácticas de violencia, que inciden en procesos de formación y socialización de los menores. En nuestro país las niñas, niños y adolescentes han sido a lo largo de la historia un grupo con alto grado de vulnerabilidad al considerárseles únicamente sujetos del espacio privado, es decir del seno familiar, donde los padres, las madres o tutores invisiblilizan, ejercen y justifican el maltrato físico y psicológico hacia las y los menores. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud señala que el maltrato infantil o la vejación de menores abarca todas las formas de malos tratos físicos y emocionales, abuso, hasta el descuido, negligencia, explotación comercial de otro tipo que origina un daño real potencial para la salud del niño, su supervivencia o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. La familia es el primer contexto en el que iniciamos nuestro desarrollo cognitivo, afectivo y social y donde construimos una imagen de nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Así también, la familia ha sufrido diversas modificaciones culturales e históricas que han dado lugar a distintos tipos en cuanto a su conformación. Si bien los menores de edad tienen derecho a vivir en familia, actualmente tan sólo en la Ciudad de México hay cerca de 200 mil casos con estas particularidades, según datos de la Asociación de Madres y Padres Divorciados. En un proceso de separación legal ambos progenitores pueden utilizar a los hijos como armas para dañar el cónyuge, sin percatarse que no sólo infringen daño a la ex pareja sino también a los niños. Esto ocurre cuando en ciertos casos de divorcio o separación está presente una patología, trastorno de personalidad o emocional en alguno de los padres, por lo que surge la necesidad de velar por el interés popular superior de la niñez, cuyo objetivo es garantizar el máximo bienestar posible a través de las medidas estructurales, legales, administrativas y presupuestales. Recordemos que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce los derechos humanos de todos los niños, niñas y adolescentes del mundo. En él se establece que los Estados parte garantizarán el acceso a dichos derechos independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma o la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico, social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. En México, entre el año 2000 y 2011, aumentaron los divorcios en un 74.3 por ciento. Un elevado número de estudios determina que los principales factores que motivan los divorcios son la falta de comunicación, la infidelidad, los problemas económicos, la desconfianza, el abuso del alcohol y otras sustancias, la diferencia de estatus socioeconómico de las parejas y, en muchos casos también, la violencia. Es necesario evitar y eliminar aquellas conductas por parte de alguno de los padres o tutores que mediante estrategias transforma la consciencia de sus hijos, con objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con el otro padre o con cualquier persona que tenga relación con el núcleo familiar y con la propia familia. La idea de que uno de los progenitores manipule y programe a sus hijos y los ponga en contra del otro padre puede parecer una locura, una perfecta escusa de abandono. Sin embargo, se trata de un fenómeno cada vez más frecuente en la actualidad, pues acontecen muchas separaciones o divorcios mexicanos. Esta conducta que realiza alguno de los padres o tutores es un tipo de violencia y abuso psicológico para las y los niños, quienes ven en sus padres la garantía de seguridad y bienestar frente al mundo del exterior. Esta propuesta de mi compañero el diputado Ricardo Mejía Berdeja, en cuanto a la modificación de este artículo, va orientado precisamente a la protección de las niñas y de los niños mexicanos. Es menester garantizar a las niñas y a los niños vivir en un ambiente libre de violencia, así como ser respetado en su persona, en su integridad, independientemente de la situación en que sus padres se encuentran, ya sea en la disolución del vínculo matrimonial o una mera separación. Es de suma importancia como legisladores contar con los ordenamientos jurídicos que contemplen las diferentes formas de violencia que coartan la libertad de los derechos de las y los menores de edad y así avanzar hacia un México más justo, democrático y más solidario. La presente iniciativa se presenta con fundamento a los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anteriormente fundado y expuesto someto a consideración de esta Comisión Permanente el siguiente proyecto de decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 103 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes. Es cuanto, señor presidente. El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: Muchas gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Derechos de la Niñez de la Cámara de Diputados, para dictamen. El Presidente senador Javier Lozano Alarcón: A continuación tiene la palabra por cinco minutos la senadora Diva Hadamira Gastélum, del Grupo Parlamentario del PRI, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 38 de la Ley General de Educación.