El diputado Marcos Aguilar Vega: Diputadas y diputados, en la reciente expedición y reformas de las leyes secundarias en materia político-electoral, se incluyó la modificación hecha al artículo 209, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En virtud de dicha modificación, se facultó indebidamente al Comité de Administración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para poder determinar el haber de retiro de los magistrados de la Sala Superior. Esto permitió abrir la puerta para que los magistrados electorales tengan pensiones vitalicias, cosa que en las condiciones en las que el país se encuentra es inadmisible a todas luces. Pero también implicó, de manera injusta, cuestionar la legitimidad y solvencia técnica e institucional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de sus magistrados, puesto que ni uno ni el otro propusieron ni impulsaron la cuestionada reformada, incluso, la reforma que hoy se corrige con el dictamen que se somete a nuestra consideración, implicó echar abajo logros legislativos anteriores, como el relativo a la forma de designación de los magistrados electorales, el cual ha dado buenos resultados. Basta recordar que en el periodo 2012-2013 se renovaron cinco salas regionales tras un cuidadoso periodo de selección, realizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República. Por otra parte, es de destacar que con la reforma del 23 de mayo de 2014, tal como la dictaminadora lo establece, la disposición contenida en la fracción XXXI del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por sí misma habilita de forma incorrecta al Tribunal Electoral por medio de su Comité de Administración, a determinar de forma arbitraria un haber de retiro, toda vez que no establece parámetros de otorgamiento o cálculo. Por tanto, al no estar determinada en la ley la fijación del haber de retiro y su cálculo, se encuentra en franca contravención al artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que literalmente establece que no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado en las leyes posteriores. Luego entonces, la fracción XXXI no está prevista de forma correcta para su funcionamiento, por lo que procede su derogación y así evitar una laguna o mala interpretación de la ley que redunde en su afectación al erario público. La ley debe estar encaminada a regular la conducta de los hombres y a determinar los límites de actuar de los funcionarios públicos. El dictamen de la Comisión de Gobernación que hoy se discute, abona en este sentido al determinar la derogación del citado precepto. Es importante señalar que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional apoya el presente dictamen y solicita el apoyo de todos los grupos parlamentarios, con el objetivo de lograr mayor seguridad jurídica y certidumbre para los gobernados, para evitar dilapidar los recursos públicos por defectos normativos expresados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por ello, compañeras y compañeros diputados, les pido su voto en sentido favorable para el dictamen. Finalmente, solicito que la presente intervención conste íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.