EL DIP. HOMERO RIOS MURRIETA: Una de las principales responsabilidades del Estado y de hecho, una de sus razones de existir es el de velar por la integridad física y moral de todos sus habitantes, sobre todo de aquellos que por condiciones naturales se encuentran en condiciones de vulnerabilidad como ocurre con las niñas, los niños y los adolescentes de México. Para lograr lo anterior y en el marco de las áreas de competencia gubernamental, podemos asumir como una obligación del Poder Legislativo el generar un marco jurídico que proteja a la infancia y a la adolescencia mexicanas, ello implica, entre otras muchas cosas el abrir al juzgado la posibilidad de establecer penas extraordinarias para quienes comenten ilícitos que dañen física o emocionalmente a los menores de edad. Los ataques a la integridad física y emocional de nuestros hijos tienen que ser abatidos. Para Acción Nacional el cuidado de la familia no es solo una obligación moral, es una necesidad política para consolidar el desarrollo democrático en México, es imperativo social para que la solidaridad entre generaciones triunfe sobre el individualismo ciego y es un compromiso social de quien cree en los lazos de convivencia que unen a una sociedad vigorosa. Por ello, hoy estamos aquí. Son muchos los estudios serios y profesionales que han demostrado clara y rotundamente que los seres humanos menores a 18 años se encuentran en etapa de formación y que por lo mismo las acciones o conductas que atentan contra su integridad, repercuten de una manera especialmente virulenta, tanto en el momento de la agresión como en la vida posterior de la víctima. Por ello es importante revisar nuestra legislación para establecer como menor de edad al menor de 18 años, lo anterior ha llevado a los legisladores que nos han precedido, a generar una serie de disposiciones muy importantes y completas que indudablemente representan un gran avance, sin embargo es necesario continuar avanzando y en nuestra legislación, por lo que hoy encontramos que es necesario fortalecer nuestros códigos penales, para que además se encuentren acordes con los convenios internacionales que nuestro país ha firmado, como ocurre con la Convención Sobre los Derechos del Niño, celebrada el 20 de noviembre del 89 en Nueva York y promulgada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991 y que en su artículo primero establece: "Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad", convenio sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. Convenio también el 182 de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada el 17 de junio de 1999 en Ginebra, Suiza y promulgado el 7 de marzo del 2001, en el que el artículo 2º se establece: "A los efectos del presente Convenio, el término niño designa a toda persona menor de 18 años". O bien lo que se establece en el artículo 2º de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, promulgada el 29 de mayo del 2000 y que a la letra dice: "artículo 2º. Para los efectos de esta Ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 años incumplidos y adolescentes a los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 incumplidos". Cierto y muy lamentable es el alto porcentaje de delitos que quedan impunes en nuestro país, por ello propongo que iniciemos juntos una gran cruzada contra la impunidad y como un primer paso propongo que nos aboquemos a abatir dicho mal en los casos en que las víctimas sean menores de edad. Por lo aquí expuesto y con el único objetivo de proteger a las niñas, a los niños y adolescentes mexicanos, me permito someter a consideración de esta representación popular, la siguiente proposición con punto de acuerdo: Primero. Se exhorta a los Poderes Legislativos de las entidades federativas para que en el marco de su competencia: A) Establezcan penas más severas cuando las víctimas de los delitos sean menores a 18 años de edad. B) Legislen en materia de prevención de violencia intrafamiliar. C) Favorezcan, desde la perspectiva económica y desde la aprobación del Presupuesto de su entidad, los programas y acciones que impulsen la armonía y seguridad familiar. Segundo. Se exhorta a los Ejecutivos estatales a dar prioridad en la reducción de los asuntos delictivos en los cuales las víctimas sean menores de edad. B) Impulsar los programas y acciones que permitan el desarrollo integral de los menores de 18 años. Finalmente me permito reiterar que tal y como se expresa en el artículo 4º constitucional, la tutela de la familia, espacio primario de la responsabilidad social, ha de ser una actividad esencial del Estado y que Acción Nacional, como parte integrante, está aquí para cumplir con ese deber. Es cuanto, señor Presidente.