El diputado Santiago Cortes Sandoval: Con su permiso, señor Presidente. Con su permiso, compañeros diputados y diputadas: El que suscribe, diputado federal de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, por su conducto, someto a la consideración del pleno, la presente iniciativa de ley reglamentaria del artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente: Exposición de Motivos Artículo 8° constitucional, convierte al derecho de petición en elemento esencial para la protección de los derechos humanos, es decir, lo eleva a una potestad jurídica para solicitar la intervención del poder público en un caso concreto. Contrario a lo que ocurre en la mayoría de las garantías individuales, que imponen al Estado una obligación negativa o de abstención, con respecto a las actividades que puedan realizar los particulares. El derecho de petición provoca el cumplimiento de una obligación positiva de las autoridades que deben actuar en representación de los órganos estatales, ya que es precisamente la acción de contestar por escrito y en breve término al peticionario. Se trata de un derecho a la respuesta, es por ello que una petición jurídicamente se entiende como un derecho relacionado con la obligación que tiene el Estado de permitirle al ciudadano elevar ante los diversos órganos de gobierno una solicitud. Luego entonces, el derecho de petición es considerado como aquel derecho que tienen los habitantes del país de dirigir peticiones a cualquier órgano o servidor público; incluso, la petición convierte en un elemento esencial en la protección de otros derechos humanos consagrados en la Constitución. Por lo tanto, no se trata de una garantía de libertad, como se indica en el documento sujeto a estudio. Asimismo, el derecho de petición no sólo se encuentra regulado por el artículo 8º. constitucional, ya que la primera parte del texto de dicho artículo exige únicamente el respeto al derecho de petición del gobernado, mientras que la segunda parte del precepto legal en concepto, se ocupa del derecho de respuesta por parte de la autoridad. En ese sentido, el segundo párrafo del artículo 9º. de la Ley Fundamental, se ocupa también del derecho de petición en los siguientes términos: Artículo 9º. constitucional. "No se considera ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o una autoridad si no se profieren injurias contra ésta ni se hiciere uso de la violencia o amenazas para intimidarla, obligarla a resolver en el sentido que se desee". Finalmente, la fracción V del artículo 35 de la Carta Magna, establece el derecho de petición como una prerrogativa del ciudadano mexicano de la siguiente forma: Artículo 35. "Son prerrogativas del ciudadano: V. ... ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición" Es por lo anterior que en el artículo 8º. constitucional existen dos instituciones distintas: el derecho de los habitantes del país para hacer una petición a las autoridades y el derecho de los mismos a obtener una respuesta a sus peticiones. Por otro lado, dos preceptos constitucionales definen en forma accesoria los límites y alcances del derecho de petición sin contravenir o alterar los requisitos exigidos por el artículo 8º. constitucional, de tal forma que el derecho de petición es el sustento de gran parte de las relaciones jurídicas entre gobernantes y gobernados. Constituye el mecanismo en virtud del cual los particulares realizan toda clase de trámites frente a cualquier autoridad de los poderes del Estado, ya sean de naturaleza judicial, legislativa o administrativa. El derecho de petición es un derecho fundamental que necesita un mecanismo que garantice su cumplimiento y al mismo tiempo, se convierte en una exigencia social dentro del estado de derecho. Sin embargo, la falta de reglamentación del derecho de petición, provoca que las autoridades lo interpreten a su libre arbitrio, casi siempre en detrimento de sus funciones y eficacia. Esta iniciativa de ley reglamentaria al artículo 8º. de la Constitución en materia de derecho de petición que hoy presento a la consideración de este pleno camaral, incluye el ámbito subjetivo de los titulares del derecho de petición y otorga esta garantía a toda persona física o moral que por sí o por medio de representante, se convierte en peticionario. Como destinatarios, el derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier autoridad, funcionario, empleado público u órgano del Supremo Poder Público del Estado, teniendo por objeto cualquier asunto en materia, ya sea con independencia de que la petición incida exclusivamente sobre intereses particulares, comunitarios o generales. Aunado a lo anterior, se propone que desde la presentación de la solicitud hasta el momento de recibir la respuesta de la autoridad respectiva, sean trámites ágiles y expeditos para evitar hacer nugatorio el derecho que se pretende reglamentar a través de esta ley. Por lo anterior se somete a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa de Ley Reglamentaria del artículo 8o constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: ARTICULO UNICO. Se expide la Ley Reglamentaria del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unido Mexicanos. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1o. Objeto de la ley. La presente ley es de orden público reglamentaria del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia del derecho de petición. Artículo 2. La petición, para los efectos de la presente ley se entenderá por petición de interés general, la que se fundamenta en la necesidad de protección del bien común del Estado. La de interés comunitario la que se fundamenta en un sector de la sociedad y la de interés particular, la que se fundamenta en una necesidad individual. A través de una petición se solicita a la autoridad, se pronuncie sobre un aspecto que afecta a los peticionarios. Artículo 3o. Objeto de la petición. Las peticiones podrán versar sobre cualquier asunto o materia comprendida en el ámbito de las atribuciones y competencias del destinatario, con independencia de que afecten exclusivamente al peticionario o sean de interés colectivo o general. No son objeto de este derecho aquellas solicitudes, quejas o sugerencias para cuya satisfacción del ordenamiento jurídico, establezca un procedimiento específico distinto al regulado en la presente ley. Capítulo segundo. Titulares del derecho de petición. Son todas aquellas personas morales o físicas que pueden ejercer el derecho de petición individual o colectivamente en los términos establecidos por la presente ley. Artículo 5o. Los miembros de las fuerzas armadas sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica. Destinatarios. El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución pública, administración o autoridad investida de facultades y atribuciones decisorias, así como ante los órganos de dirección y administración de los organismos y entidades vinculadas o dependientes de la Administración Pública. Capítulo tercero. Formalidades. Formalización. Las peticiones se formularán por escrito, pudiendo utilizar cualquier medio que permita acreditar su autenticidad y deberá contener necesariamente la identidad del solicitante, el lugar y el medio elegido para la práctica de notificaciones, el objeto y el destinatario de la petición. Artículo 8o. Utilización del idioma, lenguas o dialectos. En las peticiones podrá utilizarse el idioma, lengua, dialecto, según la cultura e identidad del peticionario. Capítulo cuarto. De la presentación y coptación (?) de las peticiones. Sección primera: De la presentación. El escrito que contenga la petición y en general cualquier otro documento que tenga el mismo objeto, será presentado en la dependencia, autoridad u organismo ante el cual vaya a ejercer el derecho de petición. Artículo décimo. Tramitación de peticiones. Recibido el escrito de petición, la autoridad o dependencia u organismo destinatario, procederá a revisar si se cumple o no, con los requisitos formales previstos por la presente ley. Como resultado de tal revisión deberá declararse su inadmisión y tramitarse la petición correspondiente. Señor presidente, ante el problema del tiempo ruego a usted sea incluido todo este documento completo en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias. Es cuanto por el momento.