La diputada Lourdes Celenia Contreras González: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, no cabe duda que en nuestro país estamos aún lejos de superar las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres. Hoy las mujeres enfrentamos claras desventajas, múltiples formas de discriminación y una lamentable violencia, que en muchos casos provoca consecuencias irreversibles. El presente dictamen contribuye significativamente a la igualdad de género en la vida económica y social de nuestro país. Porque estoy convencida que una de las estrategias para reducir múltiples formas de violencia es el empoderamiento de las mujeres, y esto se traduce en incluir su crecimiento económico, profesional y laboral. Por eso presenté esta iniciativa que reforma la Ley de la Economía Social y Solidaria. Reglamentará el párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo referente al sector social de la economía, con objeto de que el sector social de la economía contribuya activamente a lograr la igualdad de género. Al promover la igualdad de género desde la economía social se impulsa un desarrollo social y económico incluyente. Además, la generación de fuentes de trabajo igualitario y se fortalece la democracia, la equitativa distribución del ingreso y la mayor generación de patrimonio social con perspectiva de género. Agradezco a la Comisión de Igualdad de Género, especialmente a su presidenta, la diputada Wendy Briceño, por su convicción de respaldar las propuestas legislativas que fortalecen los derechos de las mujeres. Considero apropiado incluir en el dictamen que los organismos del sector social de la economía se apeguen al principio de igualdad de género. Quiero enfatizar que los tiempos actuales son de grandes retos para las mujeres. La expresión más brutal de la discriminación es la violencia criminal, el feminicidio, la violación, el abuso y, lamentablemente, estas conductas criminales aumentan cada día, lastimando la dignidad de mujeres y niñas. También la crisis económica y social ocasionada por la pandemia de Covid-19 ha acentuado aún más la brecha salarial y profesional entre los géneros, donde las mujeres son las que más empleos e ingresos han perdido. La crisis también ha golpeado a los presupuestos y los organismos destinados a proteger los derechos de las mujeres, de las víctimas de la violencia, de las mujeres indígenas violentadas y de las madres trabajadoras. Por ello, debemos aprobar el presente dictamen, que reforma los artículos 2o. y 9o. de la Ley de Economía Social y Solidaria, porque este sector económico es el ambiente más propicio y amigable para sembrar la semilla de la igualdad de género, ya que se basa en un espíritu comunitario, de autogestión, equidad y justicia social. Como ya lo comentó mi compañera, en la Declaración de Manila sobre Igualdad de Género y Economía Social, establece que las mujeres, sí, representamos más del 50 por ciento de la población, pero nosotras realizamos el 66 por ciento del trabajo, pero recibimos solo el 10 por ciento de los ingresos y tan solo poseemos el 1 por ciento de la propiedad, siendo nosotros siempre las más afectadas por la pobreza. Una economía social con perspectiva de género ayuda a contrarrestar esta situación, pues las empresas y organizaciones en la economía social y solidaria crean empleos y medios de vida, además amplían la protección social y fortalecen el diálogo social. Esta es una forma eficaz de promover la justicia social a través del reconocimiento y valorización del trabajo de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres. Y es así como se puede y debe impulsar la igualdad y la justicia social, proporcionando los medios y apoyos para que las comunidades desarrollen sus capacidades económicas y productivas con sentido social, para que con base en la igualdad económica entre hombres y mujeres se vaya abriendo camino a la igualdad sustantiva desde las raíces del tejido social y la convivencia social. Es cuanto, presidenta.