La diputada María Guadalupe García Almanza: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y diputados, la tendencia mostrada por el flujo de personas trasladándose de uno o varios países de origen hacia otras naciones, ya sea por razones laborales o de conflictos armados, ha cobrado una mayor relevancia en los últimos años y se ha agudizado en prácticamente todo el mundo. Las dificultades económicas que enfrentan millones de personas, les obligan a emigrar principalmente a las naciones ricas, trayendo consigo una serie de sucesos que merecen ser analizados y demandan la adopción de medidas para dar solución a situaciones que se han agravado con el paso del tiempo. Es indudable que el atractivo que representan los países opulentos para la población de escasos recursos provenientes de naciones afectadas por una pobreza endémica, es el principal aliciente que impulsa el traslado de las personas ya sea en el mismo continente o inclusive su desplazamiento a otros continentes. Desafortunadamente el fenómeno reviste una enorme complejidad como es el caso de México, donde se han dado a conocer innumerables episodios de violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes que cruzan por nuestro país, procedentes de otras naciones latinoamericanas con la finalidad de llegar a los Estados Unidos. Es indudable que no se trata de una problemática reciente, sino que la gravedad adquirida con manifestaciones como el homicidio de un gran número de indocumentados en el estado de Tamaulipas ocurrido en el año 2010, atrajo la atención de los medios, las autoridades y la opinión pública. Este suceso dio lugar a que se presentara un gran número de testimonios que han dado a conocer las muy precarias condiciones que aquejan a los inmigrantes extranjeros que cruzan el territorio nacional teniendo como destino final a los Estados Unidos. Las vejaciones a las que son sometidos como: secuestros, extorsiones, explotación sexual, en el caso de las mujeres e inclusive la privación de la vida en muchos casos, han hecho que el tema se encuentre en el centro del debate nacional. Se ha argumento con razón que resulta muy difícil esgrimir una defensa de los connacionales que sufren malos tratos en el vecino país del norte mientras aquí sigan ocurriendo vejaciones como a las que hemos hecho referencia, pues se tienen que desarrollar acciones para dar solución a lo ocurrido en nuestro territorio, así como exigir un trato respetuoso para con los mexicanos que se trasladan a la Unión Americana. Es imperativo desterrar de nuestro país las manifestaciones de intolerancia y discriminación que se dirigen en contra de los inmigrantes que pasan por México en busca de mejorar sus condiciones de vida. Los variados rostros de maltrato y abusos cometidos en contra de ellos, documentados plenamente por organizaciones defensoras de los derechos humanos, son un indicador de la gravedad de la situación por la que atraviesan esas personas, obligando a la instrumentación de medidas que inhiban o sancionen enérgicamente cualquier violación a la integridad física y el patrimonio de los inmigrantes. Por lo anteriormente señalado es imprescindible que se tomen medidas por parte de las instancias responsables, a fin de que se inhiban y se sancionen ejemplarmente las conductas que atentan contra los derechos fundamentales de la población migrante que se interne en nuestro país. La corrección de este grave problema exige el concurso de las autoridades correspondientes, así como la revisión de su actuación por parte de los organismos que vigilan el respeto a los derechos humanos, pues de lo contrario se estaría cayendo en una actitud de autocomplacencia que ha caracterizado al gobierno federal en los últimos años. De lo que se trata es de responsabilizarnos de un fenómeno que ha suscitado, sin duda alguna, la desaprobación en el concierto internacional de naciones. Por ello se requiere avanzar en su solución sin dar pauta a ningún argumento que lo impida. Es cuanto, diputado presidente.