La diputada Gloria Romero León (vía telemática): Muchas gracias, diputado presidente. Con su venia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, buenas tardes a todos. Para realizar y fortalecer nuestra democracia, abatir la pobreza y lograr la prosperidad económica, es necesario que el combate a la corrupción en nuestro país sea efectivo y permanente. Que nosotros como legisladores hagamos muy bien la parte que nos corresponde para erradicar el flagelo de la corrupción al diseñar y aprobar un marco jurídico adecuado, completo, claro, específico y acorde con los estándares internacionales en la materia. Son por estas razones que presento ante este honorable pleno de la Cámara de Diputados la iniciativa de ley que reforma el artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que tiene por objeto, principalmente, especificar con nitidez los diferentes tipos y definiciones de conflictos de interés que puedan generarse. Lo anterior obedece a que el concepto genérico de conflicto de interés, tal y como está establecido en la ley actual, resulta insuficiente y confuso, lo que impide al operador jurídico correspondiente contar con todos los elementos necesarios de juicio para alcanzar una decisión apegada a justicia y a derecho. Sabemos que si en nuestra legislación hay ambigüedades, omisiones o lagunas, ello propicia un efecto contrario para un combate real a la corrupción, porque origina resquicios por los cuales los responsables de cometer este tipo de ilícitos pueden evadir la acción de la justicia y quedar impunes. En la práctica internacional, para combatir la corrupción se exige que cuando se manifieste un conflicto de interés se haga de la manera más exhaustiva y detallada posible para que la autoridad cuente con elementos suficientes y esté en posibilidad de indagar y decidir lo que mejor convenga a la institución. Asimismo, un marco legal que cumpla con las características anteriores, puede significar en los hechos la modificación de la esfera laboral del servidor público, incluso, puede facilitar su denuncia ante las autoridades disciplinarias, con fines de prevención o ante las autoridades penales correspondientes. Las adiciones que se proponen en esta iniciativa tienen como objetivo central generar una guía sobre cómo se debe de manejar el servidor público frente a un conflicto de interés al identificarlo y cómo se debe resolver jurisdiccionalmente respecto al mismo. Al tener claro cuáles son los diferentes tipos de conflictos de interés, se pueden prevenir y sancionar todos los comportamientos que pudieran constituirse en delitos de corrupción. De tal suerte que con esta reforma al artículo 3 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, las definiciones de los siguientes conceptos quedarían al tenor siguiente: Fracción VI. Conflictos de interés. La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios. Existen intereses personales, cuando con motivo de sus funciones el servidor público se encuentre en condiciones de tramitar, atender o resolver un asunto del que pueda derivase algún beneficio o evitarse un perjuicio para el propio servidor público. Existen intereses familiares, cuando con motivo de sus funciones el servidor público se encuentre en condiciones de tramitar, atender o resolver un asunto del que pueda derivarse algún beneficio o evitar un perjuicio para el cónyuge, concubina o concubinario o parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o parientes civiles del servidor público. Existen intereses de negocios, cuando con motivo de sus funciones el servidor público se encuentre en condiciones de tramitar, atender o resolver un asunto del que pueda derivarse algún beneficio o evitarse un perjuicio para terceros con los que el servidor público tenga o haya tenido en el último año relaciones profesionales, laborales, empresariales o comerciales o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas referidas en esta fracción formen o hayan formado parte. Diputadas y diputados, para combatir la corrupción en México y los efectos que tiene para nuestra sociedad, se necesitan más que discursos, más que una buena retórica o buenas intenciones. Es trascendental construir y contar con un conjunto de leyes modernas y eficaces en su aplicación y resultados. Esa es nuestra misión y deber como representantes y legisladores de la nación. Aunado a lo anterior, es indispensable que desde el Ejecutivo federal se instrumenten las políticas públicas acordes con los más altos principios de gobierno abierto, que contribuyen, sin lugar a dudas, a la prevención y disuasión de conductas que fomenten actos de corrupción. Asimismo, cuando los servidores públicos de cualquier jerarquía y nivel de gobierno, a sabiendas de que pueden detonar potenciales conflictos de interés y aun así deciden actuar indebidamente, deben ser sancionados ejemplarmente conforme a la ley y con respeto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia y debido proceso. Solo así, con hechos y buena voluntad abatiremos y reduciremos con éxito los actos de corrupción en México, tanto en el sector público como en el sector privado. Por todo lo expuesto anteriormente, señoras y señores legisladores, les pido su voto a favor de esta iniciativa. Es cuanto, diputado presidente.