El diputado Gerardo Leyva Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Presento ante esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto para crear la Ley del Procampo. El Programa de Apoyos Directo al Campo (Procampo) es una de las principales políticas públicas del Estado mexicano a favor del campo. El Procampo surgió ante la necesidad de que los productores mexicanos estuvieran en condiciones de competir ante Estados Unidos y Canadá. Sustituyó al sistema de precios de garantía que era la forma de asegurar un ingreso mínimo a todos los productores. Es en el 2001 cuando el Congreso de la Unión aprobó la Ley de Capitalización del Procampo que se publicó el 31 de diciembre de ese año. Esa ley tenía por objeto establecer las disposiciones para el acceso anticipado y la utilización como garantía crediticia de los pagos futuros a que tienen derecho los beneficiarios del Programa de Apoyos Directos al Campo. Originalmente el programa iba a durar 15 años pues se estimaba que en ese periodo los productores mexicanos iban a ser competitivos desde el punto de vista internacional. Por tanto, la Ley de Capitalización del Procampo en su artículo 3o. transitorio estableció que su vigencia era hasta el 31 de diciembre de 2008. Por lo que ya no está vigente y urge generar un instrumento que dé certeza a los productores rurales. Con esta iniciativa se unifican en un único instrumento jurídico tanto las normas generales que dieron origen al Procampo, como lo que contempló la Ley de Capitalización del mismo. Igualmente, se renueva la vigencia de ambos documentos hasta en tanto persistan las desigualdades entre los productores mexicanos con los que tendremos que competir internacionalmente. Esto es congruente con lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo en su estrategia 9.10, que a la letra dice: "continuar el Procampo hasta el fin de la presente administración mejorando su operación y eficiencia". Además, proponemos diversos cambios que consideramos necesarios para un mejor funcionamiento del programa como los siguientes: En lo concerniente a candados contra el crimen organizado no podemos dejar de reconocer que el Procampo ha sido duramente cuestionado por escándalos públicos muy graves, a partir de que se les ha entregado recursos del programa a familiares de narcotraficantes reconocidos a nivel nacional. Recientemente diversos medios de comunicación documentaron que muchos familiares de reconocidos narcotraficantes reciben apoyos de este programa. Por ello, en la fracción II del artículo 9o. establecemos que no se beneficie a productores que se encuentren condenados o sujetos a investigación por delitos contra la salud, lavado de dinero o crimen organizado, según los reportes que entreguen a la Sagarpa las instituciones encargadas de realizar estas investigaciones. Proponemos una serie de candados contra la corrupción. Se reconoce, incluso de manera pública, que han resultado beneficiados altos funcionarios responsables de la operación del programa y sus familiares. En ese sentido en el artículo 9o., fracción I, establecemos que no podrán ser apoyados los productores cuando se trate de funcionarios públicos que tengan que ver con la ejecución o supervisión del Procampo, así como sus familiares hasta el cuarto grado, tratándose de secretarios, subsecretarios, directores generales y delegados estatales, así como hasta en primer grado de parentesco, en el resto de funcionarios. Respecto a la actualización del padrón, eliminamos los impedimentos absurdos para actualizar el padrón. Esta imposibilidad de nuevas inscripciones de tierras ha marginado de los beneficios a un gran número de productores, algunos porque al momento de realizarse el padrón había un amplio desconocimiento entre la población sobre el programa y muchos creían que era para quitarles las tierras. Finalmente, en el rubro de atención a zonas prioritarias consideramos que, a pesar de que la política de desarrollo social del Estado mexicano se enfoca a atender de manera preferente las zonas consideradas como de alta y muy alta marginación, la Ley de Capitalización del Procampo no es congruente con esto. Por ello, incorporamos la obligación de las autoridades encargadas de operar el Procampo de otorgar prioridad y trato preferencial en estas zonas. Con esto se concentrarán los recursos en las zonas y productores que realmente lo necesitan para modernizarse y poder competir, que finalmente es el objetivo del programa y del sistema mismo. Señor presidente, solicito que se inserte íntegro en el Diario de los Debates el texto de esta iniciativa. Es cuanto, muchas gracias.