El diputado Juan Romero Tenorio: Con su venia, presidente. Compañeros legisladores, yo sé que hay premura por cerrar este periodo y avanzar en legislaciones pendientes, en particular esta de la justicia con corte acusatorio que tiene no menos de ocho años que se hizo una reforma constitucional, y ocho años en que se han implementado acciones para institucionalmente darle viabilidad al tema con corte acusatorio. Hay una máxima que reza y sigue vigente en nuestro país a mis amigos justicia y gracia, a mis enemigos la ley a secas. Diversos autores se atribuyen esta frase, pero mientras exista la corrupción en nuestro país seguirá prevaleciendo. Para mis amigos justicia y gracia, y a mis enemigos la ley a secas. El posicionamiento y la reserva que presento a las diversas disposiciones señaladas, atiende a la necesidad de una justicia imparcial, pronta, que atienda y garantice los derechos humanos de los imputados. Yo en lo personal me abstuve en esta votación en lo general porque aún quedan vacíos legales o quedan indefiniciones que van a soportar y sustentar violaciones a derechos humanos. Señalo una de ellas. Artículo 22 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un cambio con la ley vigente, en el Código Nacional vigente establece que el imputado estará cerca, será procesado en un juzgado cercano a su domicilio. La modificación que se presenta determina que con el objeto de que los procesados por delitos federales puedan cumplir su medida cautelar en los centros penitenciarios más cercanos en el que se desarrolla su procedimiento; las entidades federativas deberán aceptar internarlos en los centros penitenciarios locales. Es una práctica judicial y del Ministerio Público de que en asuntos que tienen un interés y un fondo político, se pone a disposición del juez en un estado distante de donde se cometió el delito o de donde pertenece el ciudadano. Por ejemplo, recientemente en el conflicto magisterial de Chiapas, los maestros fueron puestos a disposición en un juez en Nayarit. Protestantes del sector social, indígenas, campesinos, cuando se les atribuye un delito, los sacan de su entidad, los ponen a disposición de un juez fuera de su entidad, y por lo tanto se les afectan derechos humanos fundamentales; no tiene acceso ni contacto con sus familiares; no tiene acceso y contacto con un abogado que le garantice una adecuada defensa, tiene que buscar a un abogado de la entidad donde se lleva el proceso. Esta reforma va a seguir afectando estos derechos y va a legitimar acciones del ministerio público o del proceso judicial que afecten derechos fundamentales. Hay varias disposiciones, todas las que hemos señalado son violatorias de garantías constitucionales, por lo que pido a la Presidencia que en sus términos sean insertos en el Diario de Debates para que haya oportunidad de ubicar en qué sentido va la violación constitucional. Artículo 113. Derechos del imputado. La actual fracción VIII establece que el imputado tendrá acceso para su defensa a los registros de la investigación, así como obtener copia gratuita de los mismos en términos del artículo 217 del Código. Aquí hay una modificación que limita el acceso a la información del imputado. Fracción VIII. La propuesta señala: a tener el acceso y su defensa salvo las excepciones previstas en la ley. Este artículo se vincula con el 218, 219 y 220 del mismo Código de Procedimientos Penales; estas disposiciones son inconstitucionales. El artículo 20, apartado B, fracción VI, de los derechos del imputado, fracción VI, literalmente, le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que conste en el proceso. No establece ninguna limitación la Constitución, sin embargo, en el Código Penal de Procedimientos Penales se establecen excepciones a esta norma constitucional. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación ante el juez y podrá consultarlos, dichos registros con la oportunidad debida para su defensa. Esta reforma que se propone al artículo 113 es inconstitucional, una más, y que para mí resulta grave. Prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar que utilizar el juez para tener a disposición al imputado durante el proceso. Con la reforma se propone aumentar un año más la prisión preventiva. El Código Nacional actual establece la previsión preventiva como máxima de un año. Con la reforma al artículo 165 se establece que la prisión preventiva podrá ejercerse hasta dos años. Hay que interpretar bien la Constitución. Artículo 20, apartado B, fracción VI: será juzgado el imputado antes de cuatro meses si se trata de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años y antes de un año si la pena de prisión excede de ese tiempo. No es posible concebir que el proceso para juzgar a un imputado se exija en dos meses si la prisión es menor y más de un año o máximo un año si excede ese tiempo. La prisión preventiva con la reforma que se propone establece que el imputado estará dos años en prisión preventiva, no hay coherencia entre lo que se propone y los principios constitucionales. Tenemos que aplicarnos un poco más. Sé que este Congreso tiene prisa por aprobar leyes, pero tenemos que aplicar tiempo para garantizar que los procesados, los imputados, no estén en prisión. Esto lo entiende las gentes que han sido imputadas falsamente, inocentemente y que al finalmente se le pide una disculpa porque el proceso estuvo mal integrado, porque no hubo las pruebas suficientes. Experiencias de vida hay muchísimas. El auditorio que ve el Canal del Congreso lo van a entender. Líderes indígenas, magisteriales, de movimientos sociales, han padecido las violaciones que he enunciado en esta ocasión. Por falta de tiempo, faltan más reservas, pero todas son inconstitucionales, las mismas se van a reproducir en el Diario de Debates, como le he solicitado al presidente, y sé que están ansiosos por los cuatro meses de vacaciones que siguen para los que no integren la Comisión Permanente. Es cuanto, señor presidente.