El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Los que han antecedido en la palabra, nada más nos queda claro que, como dirían los abogados, a confesión de parte, relevo de pruebas. El acuerdo político está por encima de la ley. En un Estado de derecho la aplicación de la ley no establece distingo alguno. La colusión y la complicidad en la investigación sesgada y parcial de recursos ilícitos en las campañas del PRI, fue la tónica del IFE en el proceso electoral del 2012. Omisiones y negligencia marcaron la función investigadora que tiene a partir de los procedimientos especiales sancionadores. De igual forma en la función de fiscalización se condujo en forma parcial y con criterios diferenciadores en los alcances de la revisión de los informes de campaña y regularidad que ha quedado evidenciada en forma pública en los traspiés dados en la integración de dictámenes de los gastos de campaña de los ciudadanos Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. La omisión, la dilación y el encubrimiento, son prácticas del IFE. Muestra de ello es la resolución que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un reciente expediente en el cual el C. Miguel Ángel Osorio Chong, apela a la resolución del Consejo General del IFE que declaró fundado el procedimiento especial sancionador por la difusión de propaganda gubernamental, violando el artículo 134 constitucional cuando era gobernador del estado de Hidalgo. La resolución que emite la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal se sustenta básicamente y lo transcribo: al haber excedido el plazo de un año para resolver la denuncia presentada el 11 de marzo de 2011 como consecuencia de una prolongada, injustificada inacción procesal y la realización de diligencias innecesarias y desproporcionadas, es indudable que en el caso ha caducado la facultad del Consejo General del IFE para sancionar a Miguel Ángel Osorio Chong en el procedimiento especial sancionador que dio origen a la resolución. En tal virtud, lo procedente es revocar tal resolución. Dice el dicho, que la imaginación trabaja más en tiempo de crisis. Por ello, las formas para eludir la ley y evadir la responsabilidad del transgresor son inagotables, puesto que en nuestro sistema jurídico siempre hay una salida para evadir la ley. En el caso de Monex y de la comisión que este pleno creó para investigar los gastos de campaña en el proceso electoral del 2012, se ha buscado y se busca cómo limitar su acción investigadora; se busca como dilatar el desarrollo de sus atribuciones, se justifica lo injustificable. A la fecha ha sido imposible acceder a la información que en expedientes tiene la Unidad de Fiscalización aduciendo el estatus de los dictámenes de dicha entidad fiscalizadora. Las funciones institucionales cuando son ejercidas por servidores públicos, carente de una mínima ética personal y profesional, sirve para correr la cortina que encubre la corrupción que medra su credibilidad. En esta estrategia se coloca el cambio que hoy se propone a la Comisión Especial conocida como Caso Monex, se sustituye a su presidente quitándole a la minoría el derecho de presidir la Comisión creada para investigar al partido mayoritario, al partido de gobierno, el PRI. Quieren encubrir, es decir, la iglesia en manos de Lutero. Debe la mayoría y sus aliados dejar de buscar cómo inhibir cualquier actividad que dé luz a la opacidad de la actuación de las autoridades electorales y financieras involucradas en el financiamiento ilegal de la campaña presidencial del PRI en 2012, por ello mi voto y el del Partido del Trabajo estará en contra de esta estrategia de engaño y encubrimiento. El tiempo dará cuenta de ello y se acreditará la ilegalidad de la Presidencia en turno. Yo sólo quiero concluir diciéndole a los compañeros del PRD que respetamos sus posiciones e ideas al respecto, pero les planteamos que mantengamos la lucha culmino señor presidente- para continuar en esta Comisión dando voz a los ciudadanos para acabar con un régimen de opresión e impunidad que pretende el Partido Revolucionario Institucional, y no menos grave y con eso sí termino por lo que oímos en las declaraciones de radio del todavía ahorita presidente de esta Comisión, que proceda conforme a derecho penal por una denuncia por cohecho que algún legislador usted denunció que está presentando, lo correcto sería, tanto que ya no hay fuero, a ver si es cierto que se investiga a través de una denuncia penal. Lo mismo debería de hacer la Presidencia de la Cámara cuando tome nota de estos asuntos, al mismo tiempo que estaremos presentando junto con el diputado Durazo, una iniciativa para un comité de ético que acabe con estos actos de corrupción que se han denunciado ante la opinión pública. Es cuanto y estamos solidarios con los compañeros exigiéndole al PRI que actué el presidente de esta Cámara, si se corroboran en esta tribuna las denuncias de cohecho que algunos diputados han hecho sobre otros diputados. Es todo y ése es el voto del PT y de un servidor.