El diputado Raúl Eduardo Bonifaz Moedano: Señor presidente Porfirio Muñoz Ledo. Compañeras y compañeros diputados. Amigas y amigos de Chiapas. Al auditorio del Canal del Congreso. Nos sumamos al reconocimiento que se hace al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador, por su decisión valiente al combatir el huachicol y se registran las opiniones respetuosas del diputado Enrique Ochoa, respecto a lo administrativo y molestias ocasionadas que hoy sin duda serán mejor para la economía nacional de nuestro país. Expreso hoy el apoyo al dictamen de la Comisión de Justicia de esta soberanía en materia de delitos en hidrocarburos. En este se reforma la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en esta materia. El razonamiento que establece como rector la comisión mencionada es destacable por varios motivos. Por un lado, llena un vacío que existía en la ley de un procedimiento normativo eficaz para hacer frente a esta faceta de delincuencia que mina la función del Estado en su responsabilidad de resguardar los bienes de la nación, tal y como lo mandata la Constitución Política mexicana. Detiene, a la vez, el ambiente que se ha creado en las comunidades y en la sociedad en su conjunto, que a través del robo de combustibles se viene creando un modo de vida que agrega a familias e incluso niños y adolescentes en una práctica delincuencial que los gobiernos pasados no supieron afrontar con la seriedad que el asunto merecía. Propiciar ambientes sociales que giren en torno al robo ilegal de combustible estaba facilitando la creación de conglomerados sociales que reproducen conductas, hábitos, creencias, modos de convivencias sustentados en la violación de la ley como constante, incluso, obstruyendo importantes bases de generación de riqueza nacional dada la relevancia del petróleo en la economía. Estábamos ante un problema creciente que se descubre en 2017 y se incrementa en cerca de 64 por ciento en el año 2018, en cuanto a las tomas clandestinas que surgen al por mayor en toda la ruta de gasoductos en territorio nacional, especialmente, en regiones cercanas a las áreas de producción. Con la presente iniciativa se reconfigura la situación, y da paso a la intervención del Estado para corregir la anormalidad en la que nos situamos y se ubican grupos sociales que hoy deben encontrar un nuevo camino que los aleje de los actos delincuenciales en los que han desenvuelto sus ámbitos de coexistencia social. Ahora el Ministerio Público y el poder jurisdiccional podrán definir si el acto que se le imputa a alguna persona, sea física o moral, debe ser acreedora a una sanción, que inclusive, puede propiciar la anulación de permisos que se hayan otorgado para explotar, transportar o comercializar el hidrocarburo. Al mismo tiempo se precisa la intervención de la autoridad administrativa para operar la suspensión de los concesionarios cuando así lo determine el Poder Judicial. Lo importante es que ahora con esta iniciativa entramos a crear un ambiente donde el cambio de conducta nos permitirá poner orden en una actividad sustantiva para la nación. No se podrán seguir con esas actitudes y relaciones que impregnan a la sociedad e incitan a la delincuencia como vida, como modo de vida. Por lo anterior, creo que entramos a una nueva fase en donde revertimos las actividades ilícitas del robo de hidrocarburos y su comercialización, y paramos las conductas derivadas que afectan gravemente la vida de las comunidades. Por estas razones votaremos en todos sus términos el dictamen de la Comisión de Justicia que aquí discutimos, porque incluso, se respetan la aplicación de procesos debidos y presunción de inocencia de los imputados por estos delitos. Pero a la vez, se reduce la fragilidad de la norma que permitía la realización indetenible de esos actos delincuenciales. Es cuanto, muchas gracias por su atención.