El diputado Jericó Abramo Masso: Con su permiso, Presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros legisladores. Esta iniciativa que presentamos este día es producto de un compromiso adquirido con los familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos y con esta soberanía, que nos mandató para que a través de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina de carbón de Pasta de Conchos, realizáramos las acciones que fueron aprobadas por el pleno y que una de ellas era la reforma a la Ley Minera. Ahora la presentamos firmada por las diputadas y los diputados Claudia Cruz Santiago, Octavio Martínez Vargas, José Antonio Almazán, Rosario Ortiz Magallón, el diputado Silvano Garay Ulloa, el diputado Elías Cárdenas Márquez, el diputado Enrique Serrano Escobar y el de la voz. Esta reforma contiene 23 reformas a igual número de artículos con tres ejes fundamentales. Uno. Mayor seguridad a los trabajadores. Dos. Beneficio a las comunidades. Tres. Establecer con claridad las sanciones a los incumplimientos de este ordenamiento. Una vez estudiadas las diferentes legislaturas de los países con actividad minera moderna y madura, incluimos aquellos ordenamientos que dan prioridad a la seguridad e higiene en las actividades de la industria minera metalúrgica. Sabemos que los productos minerales son una medida del progreso de la humanidad y que su posesión y control son de importancia básica al desarrollo económico del mundo actual. El Banco Mundial señala que la contribución del sector minero a la civilización, especialmente durante la era industrial así como el progreso material, es incalculable. Es importante resaltar que la minería es parte inherente de la historia de nuestro país. Lo ha sido desde la explotación ancestral de nuestros indígenas hasta ser la cuna del Movimiento Revolucionario de México. Por su importancia socioeconómica nos obliga a desmenuzarla para conocer los factores que la regulan y los problemas que existen. Esta iniciativa integra nuevos conceptos que se encuentran en la legislación internacional y que son producto de años de experiencia sobre el funcionamiento de las minas. Se establece en el artículo 3o. la creación de la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene en Minas como un órgano público descentralizado, encargado de emitir disposiciones de carácter general en materia de seguridad e higiene, así como a edificar su debido cumplimiento. Este órgano estará constituido por seis especialistas en la materia que serán nombrados por el titular del Ejecutivo federal con el conocimiento del Congreso de la Unión. Se establece el concepto de peligro o riesgo inminente como la existencia de cualquier condición o práctica en una mina, la cual pudiera ser causa de muerte o daño físico severo ante esta práctica o condición y pueda ser corregida. Se establece el concepto de condición social de la concesión o asignación minera como el requisito indispensable para el otorgamiento de una concesión minera y que consiste en el historial del cumplimiento a las normas en materia de seguridad e higiene, equilibrio ecológico y protección al ambiente. Asimismo se establece la responsabilidad social, la cual es la obligación del concesionario invertir en educación, salud, recuperación del medio ambiente y otras acciones en beneficio de la comunidad en un mínimo del uno por ciento de sus sufridas utilidades antes del financiamiento impuesto de depreciaciones y amortizaciones del ejercicio de esta obligación, que deberá acompañar del resultado del balance auditado del concesionario. El incumplimiento de ésta y las anteriores condiciones, serán causa de nulidad de la concesión minera. Se define el concepto de interés superior del trabajador minero como el principio que prioriza la vida y salud de los trabajadores sobre el interés de la producción o cualquier otro y que deberá de ser cumplido por todos los que intervienen en la industria minera metalúrgica. Dentro de las obligaciones de la Secretaría de Economía se precisa la obligación de la verificación del cumplimiento de este ordenamiento. El incumplimiento de esta edificación dará lugar a la aplicación de sanciones que corresponda, de conformidad con la legislación en la materia de responsabilidad administrativa. Si con motivo de este incumplimiento se presume la comisión de delitos contra la función pública, quien conozca de ella deberá de presentar la denuncia penal correspondiente. Se obliga al concesionario a mantener la información automatizada sobre la aplicación de las medidas de seguridad tales como el polveo y la medición de gas metano, así como la instalación de salidas de emergencia, ubicación satelital de los trabajadores, sistema de comunicaciones y otras aplicaciones tecnológicas para reforzar la seguridad. Por último, además de otras medidas, se establece que sólo se otorgarán las concesiones o asignaciones a quienes han cumplido con la condición y responsabilidad social, que no hubiesen tenido un siniestro por omisión o negligencia a las obligaciones que establece este ordenamiento, y que la responsabilidad de un siniestro será causa de la cancelación de la concesión de manera irrevocable. Le solicito, Presidente, se integre la versión estenográfica y la versión completa publicada en la Gaceta del día de hoy. Además le entrego a esta soberanía la iniciativa de ley que rubrican las diputadas y diputados antes mencionados. Muchas gracias.