El presidente Raúl Plascencia Villanueva: Muy buenos días, diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga y diputado Gustavo González Hernández, vicepresidentes. Senador Renán Cleominio Zoreda Novelo y senador Luis Alberto Villarreal García, secretarios. Senadores y diputados miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, damas y caballeros. Acudo a la más alta tribuna del país para dar cumplimiento a la obligación de presentar el Informe de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a mi cargo, correspondiente al ejercicio 2011, de conformidad a lo previsto por los artículos 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 52 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Durante 2011 la sociedad vivió momentos difíciles en materia de derechos humanos. Por una parte, la problemática en materia de seguridad pública, derivada de la lucha generada en contra de la delincuencia organizada y las fuerzas del orden, destacando, precisamente, el hecho de que en tales enfrentamientos perdieran la vida 43 personas ajenas a los hechos. Y por otra parte, la situación de vulnerabilidad que padecieron diversos grupos sociales, lo que propició el aumento de la indignación de la sociedad y también el aumento en la carga de trabajo en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dichas circunstancias se tradujeron en un considerable aumento en el número de quejas recibidas en contra de servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno. Es por ello que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo un trabajo más intenso en materia de protección y defensa de los derechos humanos de los mexicanos y está luchando en contra de la impunidad que tanto lastima la credibilidad de las instituciones públicas. Por ello, es indispensable tener presente el compromiso que tenemos todos los mexicanos de trabajar en lo que a cada uno nos corresponde. Ése es el reto a enfrentar para consolidar un país en donde impere la cultura de la legalidad. En contraste a estas circunstancias el poder reformador de la Constitución mostró un marcado interés por los derechos humanos que logró concretarse en el mes de junio a través de una reforma de gran relevancia, que los colocó como eje central del marco jurídico y estableció las garantías para dotar de eficacia su salvaguarda y defensa, favoreciendo la mayor protección para todas las personas, pero también la obligación de las autoridades de promoverlos, respetarlos y protegerlos de conformidad a la Constitución y los tratados internacionales en la materia. Sin bien estos cambios representaron la muestra de una evolución y de un compromiso asumido por las señoras y los señores legisladores de este país lo cierto es que también fueron producto del reclamo de una sociedad preocupada por erradicar las violaciones a sus derechos humanos, reflejadas en innumerables casos de arbitrariedades a cargo de servidores público que excedieron los límites jurídicos y sociales. Sin duda, la modificación al texto constitucional no podrá por sí misma resolver los abusos. Pero eso sí, será un freno para quienes conciben el ejercicio del gobierno con una mentalidad autoritaria. Hoy por hoy, a propósito de la reforma, quien viola los derechos humanos viola la Constitución mexicana. En este contexto el propósito de todas y cada una de las personas que trabajamos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es influir y convencer a las autoridades del Estado mexicano a que la seguridad, que tanto anhela la sociedad, es un objetivo alcanzable si todos los servidores públicos sujetamos nuestros actos al imperio de la ley y al respeto de la dignidad humana. A continuación me permito hacer de su conocimiento un recuento de las principales acciones realizadas durante este segundo año de mi gestión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En 2011 se crearon cinco nuevas oficinas foráneas en las ciudades de: Acapulco; Ixtepec, Oaxaca; La Paz, Baja California; San Luis Potosí; y Torreón, Coahuila. Igualmente, la oficina que originalmente se encontraba en Campeche se reubicó en la ciudad de Mérida, Yucatán. Además de lo anterior, con los recursos autorizados, se fortalecieron las 10 oficinas regionales ya existentes, lo que facilitó que a partir de ese momento se estableciera una mayor comunicación y cercanía con la gente, ya que su personal se encontró en la posibilidad real de constituirse sin dilación alguna en los lugares donde acontecieron los hechos, a allegarse de los elementos necesarios para su esclarecimiento y atender oportunamente a las víctimas. En este sentido en 2001, se brindaron diversos servicios por parte de estas oficinas llegando a un total de nueve mil personas. Durante este periodo se recibieron un total de 29 mil 439 escritos de queja, lo que implicó un aumento significativo en la atención proporcionada por el personal del organismo a los quejosos y que también repercutió en el incremento en un 50 por ciento respecto de aquellas investigaciones que se iniciaron por presuntas violaciones a los derechos humanos durante el año 2010. Debo mencionarles que a diferencia de otros periodos, de los expedientes de queja que conoció la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 38 por ciento fueron resueltos con entera satisfacción de los quejosos de manera casi inmediata, en donde la autoridad asumió diversas acciones para restablecer los derechos de los agraviados. Esto implicó un incremento en la respuesta del 148 por ciento respecto al año 2010. Cabe destacar que las 10 autoridades más frecuentemente señaladas como responsables de violar los derechos humanos fueron, en primer lugar, el Instituto Mexicano del Seguro Social; la Secretaría de la Defensa Nacional; el órgano administrativo de Prevención y Readaptación Social; el Instituto Nacional de Migración; la Policía Federal; la Procuraduría General de la República; la Secretaría de Educación Pública; el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores de los estados; la Secretaría de Marina; y la Comisión Federal de Electricidad. En ese orden. En 2011 se emitieron 95 recomendaciones a diversas autoridades de los tres ámbitos de gobierno. Las autoridades que no aceptaron las recomendaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua, el gobernador del estado de Chihuahua, los ayuntamientos de Benito Juárez, Quintana Roo; Chilpancingo y Metlatónoc en el estado de Guerrero, así como el Congreso del estado de Guerrero. Debo hacer una mención especial a la negativa recurrente de la Comisión Nacional del Agua, para aceptar las recomendaciones de este organismo nacional. En el año 2010 la Comisión Nacional del Agua se negó a aceptar una recomendación relativa a la descarga de residuos químicos en el río Santiago, en el estado de Jalisco, que provocó la muerte de un menor y que hoy por hoy continúa ocasionando graves afectaciones a la salud de la población de esa entidad federativa y también del estado de Nayarit. De la misma manera en 2011 tampoco se aceptaron dos recomendaciones que se formularon a la Comisión Nacional del Agua. Una sobre las descargas de aguas residuales provenientes del drenaje del municipio de Jonuta, Tabasco, al rió Usumacinta y la contaminación que como consecuencia se generó en la zona. Y la otra, derivada de las inundaciones también en el estado de Tabasco, en 2010, en donde 5 mil 710 personas presentaron quejas por acciones y omisiones de la autoridad y más de 130 mil resultaron afectadas con motivo de actos derivados de una negligencia por parte de la Comisión Nacional del Agua. Por ello, en ejercicio de la reciente atribución derivada de la reforma constitucional, solicité al Senado de la República que citara a comparecer al titular de la Comisión Nacional del Agua, para que explique de cara a la sociedad y ante el Senado de la República, puntualmente, los motivos de su negativa para restablecer los derechos humanos vulnerados. De igual manera, durante el periodo que se informa, esta comisión nacional por primera vez en su historia ejerció la facultad para investigar violaciones graves a los derechos humanos, específicamente en relación a los hechos ocurridos el pasado 12 de diciembre en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, en donde tres personas perdieron la vida; dos de ellas a causa de disparos de arma de fuego y otra más a consecuencia de un incendio provocado en una gasolinera cercana, así como diversas personas lesionadas, detenidas arbitrariamente e incluso una torturada. Sobre el particular, hace unos días di a conocer a la opinión pública el informe preliminar correspondiente y en breve tendremos el pronunciamiento final, así como las acciones encaminadas a reparar los daños, sancionar a los responsables y a que se garantice la no repetición de actos como los cometidos el 12 de diciembre en el estado de Guerrero. Todo ello en el ejercicio responsable de esta nueva facultad que busca que las víctimas accedan a la justicia y evitar que este caso quede en la impunidad. Por otra parte, derivado del creciente número de quejas relativas a cateos ilegales llevados a cabo por elementos que integran los diversos cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas en auxilio de labores de seguridad pública, en agosto del año pasado, con la aprobación del Consejo Consultivo, emitimos una recomendación general sobre la práctica de cateos ilegales, en la que se enfatizó la necesidad inmediata de erradicar este tipo de eventos y se solicitó de manera urgente a las autoridades responsables que sus actuaciones en todos los casos se ajusten siempre al imperio de la ley. En el periodo que se informa destacó también la apertura de 182 expedientes relacionados con personas reportadas como desaparecidas, así como los más de 500 trabajos de campo y las 31 mil solicitudes de información realizadas por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a diversas autoridades para dar con el paradero de estas personas en condición de desaparecidas. En 2011 logramos un contacto significativo con la población a través de más de 4 mil 200 actividades de enseñanza y capacitación que contaron con 262 mil asistentes en toda la República Mexicana, lo cual representó un aumento de 88 por ciento en el trabajo, en comparación con 2010. La variedad de foros, talleres, cursos, seminarios y conferencias, así como su cobertura nacional fueron posibles como consecuencia del trabajo coordinado que emprendimos con los organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas, las organizaciones de la sociedad civil y los vínculos de colaboración que tiene la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con organismos internacionales habiendo suscrito 459 convenios en la materia. Esto es una muestra que con la coordinación de esfuerzos podemos alcanzar el objetivo de extender gradualmente a toda la población mexicana el conocimiento y respeto a los derechos humanos. Con la misma intención de acercamiento, la comisión tuvo una dinámica intensa en materia de difusión y divulgación, mediante la presencia constante en radio, televisión, medios escritos y virtuales de comunicación masiva, aprovechando particularmente los tiempos oficiales, así como en nuestra página electrónica que recibió 2 millones 645 mil visitas, lo que representó cerca de 1 millón más de visitas en comparación con el año 2010 y que constituye un importante motor de promoción del trabajo institucional. El empleo de los mecanismos enunciados son los idóneos para informar, transmitir y tener una repercusión positiva que nos permita permear en cada uno de los grupos sociales, con especial énfasis en los que se encuentran en mayor riesgo de vulnerabilidad. Un ámbito de atención prioritaria para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos son las víctimas del delito. Para ello se consolidó una red amplia de atención integral mediante la coordinación con organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas. Durante el año que se informa se proporcionaron un poco más de 2 mil 500 servicios de atención a víctimas, se organizaron 95 eventos de promoción y divulgación y se distribuyeron 352 mil 441 ejemplares de material informativo vinculados con los derechos de estas personas. En materia de protección a migrantes la Comisión Nacional de los Derechos Humanos llevó a cabo 2 mil 948 visitas a estaciones migratorias y lugares de alta concentración, en los cuales se dio atención a 67 mil 164 personas; se llevaron a cabo 7 mil 555 gestiones con las autoridades y se realizaron 408 actividades de capacitación y enseñanza que beneficiaron a 6 mil personas; se entregaron 200 mil materiales de difusión especializados en el tema migratorio. Igualmente, se emitió el Informe Especial sobre Secuestro de Migrantes en México, en el que se advirtió sobre la dimensión actual de esta problemática y la colusión de autoridades migratorias en diversos delitos, al tiempo de evaluar las acciones implementadas para su combate. Otro fenómeno que en muchos casos se asocia a la propia condición de los migrantes es la trata de personas, que constituye una agresión directa a la libertad y dignidad del ser humano. Desafortunadamente esta práctica que aprovecha la situación de vulnerabilidad de las víctimas se ha expandido y no respeta ni fronteras, ni edades. A lo largo del año sobre el que se informa, organizamos más de 200 acciones de capacitación, con las que se benefició a 31 mil personas y se distribuyeron 50 mil 400 materiales informativos vinculados con la prevención de la trata de personas. Del mismo modo, se llevaron a cabo tres campañas con el objeto de concientizar a la sociedad sobre los riesgos que supone este delito. Durante 2011 los periodistas y defensores civiles de derechos humanos continuaron desempeñando su labor en un ambiente adverso. En ese año se registraron un total de 158 quejas, 98 correspondientes a agravios en contra de periodistas, lo cual representa 42 por ciento más respecto del año 2010 y 59 a defensores civiles de derechos humanos, con un incremento del 23 por ciento en comparación al año anterior. En este contexto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hace un llamado para erradicar la impunidad y llevar a cabo acciones contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y preservación para que el desempeño de los defensores de derechos humanos no se vea coartado ni amenazado por ningún tipo de circunstancia. Del mismo modo, urge que las autoridades del Estado mexicano brinden una atención seria a los agravios que enfrentan los periodistas y que se lleven a cabo las investigaciones eficaces para llevar a la justicia a los responsables de estos agravios. Uno más de los ejes rectores de la política de posicionamiento institucional fue intensificar la participación y cooperación en la esfera internacional, otorgando especial importancia a los foros y reuniones propiciados por organismos de Naciones Unidas o bien multilaterales. De igual forma, a través de la vigorosa colaboración en el seno de agrupaciones internacionales y regionales del Ombudsman, se analizaron experiencias y buenas prácticas al tiempo de exponer las opiniones y los avances legislativos propios del Estado mexicano en materia de una mayor y mejor defensa de los derechos humanos. En ese ánimo, en el mes de julio, acompañados de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Navi Pillay, porque por primera vez en los 21 años de antigüedad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos acompañó en la presentación ante la opinión pública del informe especial sobre la situación de las y los defensores de los derechos humanos en México, en el que se expuso el hostigamiento, las amenazas, las agresiones, e incluso, la privación de la vida que se lleva a cabo en su contra, en razón de las actividades que realizan al ejercer el derecho a defender. Asimismo, en el año 2011 se presentó a la opinión pública el Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, en el cual se detalla el trabajo de investigación, recopilación y procesamiento de información contenida en los expedientes de queja, en informes de organizaciones de la sociedad civil, y en entrevistas que personal de la institución llevó a cabo durante las diversas visitas de trabajo en dicha zona carbonífera. El análisis de la información obtenida evidenció que las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo idóneo y digno, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado mexicano no son suficientes para garantizar la integridad de los trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, seguridad personal e inclusive la vida. En lo referente a las personas que viven con VIH/sida, es preciso señalar que esta condición de salud no debe ser motivo de estigma, por lo que es necesario que exista una adecuada protección del derecho a la salud y se combatan todos aquellos actos de discriminación con el objetivo de respetar la dignidad de las personas que viven con dicho padecimiento. En 2011 se entregaron 392 mil 63 materiales diversos entre organizaciones no gubernamentales; instituciones públicas, estudiantes y público en general. También se impartieron 154 actividades, tales como talleres, conferencias y cursos de capacitación en 22 entidades federativas, que contaron con la participación de servidores públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal, así como de miembros de diversos sectores de la sociedad. Las acciones de promoción de derechos de la mujer, así como la igualdad entre hombres y mujeres, constituyen un rubro pendiente en las políticas públicas del país. Por ello, durante 2011 se distribuyeron un total de 23 mil 866 materiales de difusión en instituciones académicas, públicas y organizaciones de la sociedad civil. Con objeto de difundir los derechos humanos de las mujeres y el principio de igualdad, se realizaron 223 actividades de capacitación dirigidas a un total de 9 mil 791 personas, entre ellas 5 mil 644 mujeres y 4 mil 147 hombres. Como parte de las acciones de monitoreo se revisó la armonización de leyes específicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, identificando que siete entidades federativas no cuentan con una legislación local en la materia. Además, se detectó que solamente ocho estados cuentan con un sistema que promueve la igualdad entre la mujer y el hombre. Un sector de gran importancia también lo es la población indígena en nuestro país, compuesta por poco más de 15.5 millones de personas, que aún cuando padecen actitudes de discriminación y rechazo por su origen, color de piel, creencias, manifestaciones culturales, lengua y forma de vestir, especial atención requiere en este rubro la niñez indígena, que sufre rezagos que la ubican como uno de los grupos en mayor riesgo de vulnerabilidad por ser los menos atendidos en sus demandas de salud, educativas y de desarrollo social. Situación similar presentan los 8.1 millones de mujeres indígenas que suelen ser objeto frecuentemente de abusos y violaciones directas a su integridad física y moral, así como violencia intrafamiliar y la falta de atención médica. La marginación y desigualdad impiden su desarrollo social, económico y político pero además constituye todo esto una violación a sus derechos humanos. En 2011 este organismo capacitó a 26 mil 552 personas en materia de derechos humanos de indígenas, distribuyendo 108 mil materiales informativos y visitando 111 comunidades indígenas. Como parte de las actividades realizadas se logró la liberación anticipada de 396 personas indígenas que se encontraban en prisión y que no ameritaba que continuaran privados de su libertad. En cuanto a las acciones efectuadas a través de visitas a lugares de detención, en ejercicio de las facultades del mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, se realizaron 61 visitas iniciales en las que se detectaron 2 mil 565 irregularidades. Asimismo, se llevaron a cabo 530 visitas de seguimiento a los lugares de detención, con la finalidad de emitir un informe sobre el cumplimiento que guardan las 23 recomendaciones que se han emitido en la materia durante los últimos 5 años. Hoy por hoy, los centros de readaptación social presentan problemas de sobrepoblación y hacinamiento, así como mal estado de sus instalaciones. Durante 2011 se visitaron 100 centros de reclusión, se impartieron 32 cursos de capacitación dirigidos a 227 servidores públicos y se benefició a una población penitenciara de 161 mil 823 personas. Igualmente, se concluyó el seguimiento a la aplicación de la reforma al artículo 18 constitucional en materia de justicia para adolescentes. A través de la visita a los estados para dar continuidad a la supervisión del funcionamiento del nuevo sistema de justicia para adolescentes en todas las entidades federativas. Por otra parte, uno de los grupos que también se encuentra en mayor situación de vulnerabilidad es el de las personas con discapacidad, quienes deben luchar no sólo por enfrentar los retos que plantea la vida misma, sino también para superar las resistencias que por ignorancia o desconocimiento les ha impuesto la sociedad y que dificultan su integración plena. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos a través del área de atención a personas con discapacidad busca fomentar una cultura de inclusión para que gocen plenamente de todos sus derechos fundamentales. En suma, durante 2011 la apuesta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos fue lograr una mayor prevención de violaciones a los derechos humanos. Por ello no sólo se capacitó a un número sin precedente de servidores públicos sino que se repartieron aproximadamente 4 millones 700 mil ejemplares sobre temas vinculados con los derechos humanos. Señor presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, ciudadanas y ciudadanos legisladores, transparentar las actividades que derivan de la alta encomienda que la sociedad mexicana nos ha confiado, es un sano ejercicio al que todos los que servimos debemos contribuir. Ésa es la base para el fortalecimiento del Estado democrático. La reforma constitucional en materia de derechos humanos, sin duda dio una muestra de madurez por parte del Estado mexicano y constituye una oportunidad sin precedentes para encauzar la actuación de los servidores públicos en beneficio de las personas, así como para fortalecer la cultura de la legalidad. Es una herencia que esta, la LXI Legislatura le deja al pueblo de México y está escrita ya en las páginas de la historia nacional. Por ello, merece el mayor de los reconocimientos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Muchas gracias, legisladores, por apoyar esta importante reforma constitucional. Igualmente quiero reconocer el apoyo que, en materia presupuestal, autorizó la Cámara de Diputados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que hizo posible llevar a cabo el trabajo que ahora les he informado. Quiero reafirmar ante todos ustedes el compromiso de ejercer el presupuesto con base en criterios de transparencia, responsabilidad, racionalidad y austeridad, buscando siempre hacer más con el menor presupuesto posible. En ese sentido también reitero mi convicción de seguir colaborando con las autoridades de los poderes públicos federales, estatales y municipales, los organismos protectores de derechos humanos y la sociedad civil para que juntos podamos encontrar soluciones definitivas que permitan superar y resolver los problemas que nos aquejan en materia de derechos humanos, pero sobre todo que podamos asumir los derechos humanos como un compromiso común. Muchas gracias.