El diputado Mario Enrique del Toro: Con el permiso de la Presidencia. En virtud de que ha sido modificado el texto de acuerdo que originalmente se publicó en la Gaceta Parlamentaria, solicito que el documento de que voy a hacer entrega se inserte íntegro en el Diario de los Debates. Con base en lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Orgánica de este Congreso, presento iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Derechos de las Víctimas del Delito y de Acceso Efectivo a la Justicia. De acuerdo con su situación histórica, todos los pueblos han dejado ver diferentes características en sus procesos de cambio y transición a la democracia. Nuestra nación ha vivido esos cambios desde inicios del siglo anterior, pasando del fortalecimiento de las instituciones frente al caudillismo, a la transición pacífica y democrática en el año 2000. Muchos catedráticos coinciden en que un elemento fundamental en el fortalecimiento de la democracia es la defensa y promoción de los derechos civiles a la par de los derechos humanos, enarbolados desde finales de la década de los 80 del siglo pasado, tanto por organizaciones civiles y académicas, como por fuerzas políticas de distinto signo, que llevaron al establecimiento de instituciones autónomas y confiables. Queda pendiente, sin embargo, la consolidación hacia una democracia incluyente que procure equidad entre los individuos, por lo que ésta no puede ser concebida sin el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de todos, como columna vertebral e ineludible de un Estado moderno. Reflexionando sobre los resultados de la transición y fortalecimiento de la democracia en nuestro país, en primera instancia podemos apreciar importantes cambios; sin embargo, esta consolidación tan añorada trae consigo otros retos. Uno de ellos, y que destaca de entre todos, es el fortalecimiento de la impartición de justicia que procure el mantenimiento de la paz social y que tenga un carácter restrictivo respecto de la relación víctima-delincuente. En las sociedades modernas, donde se busca un correcto funcionamiento y movilidad, el núcleo de representación de la justicia es la idea de la dignidad humana y libertad, así como el principio de equidad entre las personas, quienes, por lo mismo, deben ser tratadas por igual y consideradas en igualdad de condiciones. Por lo anterior, una condición sine qua non en el combate de la pobreza es la lucha por la defensa de la justicia y los derechos fundamentales. De lo anterior podemos desprender que para alcanzar el ideal de democracia nuestras instituciones, la sociedad y sus ciudadanos deben tomar parte en la consolidación del sistema de justicia que permita la equidad entre los individuos, pero sobre todo, el respeto a la inminente dignidad de las personas. Por otro lado, la transformación del mundo ha influido sin duda en las nuevas relaciones entre los miembros de cada comunidad, lo que ha tenido como resultado una nueva integración social y la presencia de nuevas problemáticas. Entonces, para asegurar una correcta protección de cada uno de sus miembros se requiere adaptar el marco legal a las nuevas realidades. Las reformas y adiciones a nuestras leyes manifiestan un derecho vivo que surge de las transformaciones sociales, es por ello que nos corresponde analizar y conocer de esta problemática y coadyuvar en el perfeccionamiento del estado de derecho. En este punto es imprescindible plantear una pregunta: ¿Cuál es la concepción de justicia que resulta mayormente benéfica para nuestra sociedad, con instituciones en vías de consolidación que permitan a los individuos una igualdad de condiciones de vida, y que a su vez, sea adecuada para impulsar la democracia frente a las nuevas condiciones de la globalización? A esta demanda John Rawls que postula desde la visión de país desarrolló su famosa teoría de los bienes primarios representados por los derechos, las libertades y las oportunidades. Esta teoría considera que toda persona debe tener igualdad de derechos y acceso al más extenso sistema de garantías públicas, que sea además compatible con un sistema social que busque también la equidad. Por ello, todas las instituciones ligadas al Estado deben respetar las libertades básicas de todos los ciudadanos, las cuales no pueden ser reducidas ni eliminadas bajo ningún concepto. En materia de procuración de justicia y debido al incremento en el índice de desigualdad social que se registra en el mundo, se ha originado un nuevo problema social: el reconocimiento eficaz de los derechos de las víctimas del delito. Todos los intereses que el Estado y el derecho mexicano intentan proteger son de importancia incalculable; sin embargo, la prioridad de algunos de éstos se refleja en una tutela mayormente estricta debiendo ser asegurados a toda costa por ser fundamentales para garantizar la supervivencia de éstos. Para lograr lo anterior, el Estado está naturalmente facultado y obligado a valerse de los medios adecuados, originándose así la necesidad y justificación de derecho penal, que por su naturaleza sencillamente punitiva es capaz de crear y conservar el orden social. Por lo anteriormente expuesto, solicito se inscriba en el Diario de los Debates íntegro el texto de este proyecto de decreto. Artículo único. Se crea Ley de Derecho de las Víctimas del Delito y Acceso a la Justicia. Es cuanto, señor Presidente.