La diputada Juanita Guerra Mena: Honorable asamblea, una de las más importantes facultades del Estado democrático es la del control social y el ejercicio de la función coactiva, a fin de proteger y salvaguardar los intereses primigenios de los gobernados. Precisamente lo que da origen al Estado moderno es la necesidad de proteger la vida, la propiedad y la libertad de los individuos, a partir del establecimiento de un ente al que todos delegamos la facultad de cuidarnos y protegernos. Esa es la esencia de la seguridad pública y la protección ciudadana, la de ejercer el orden social de manera equilibrada, racional, preventiva y con profundo respeto a los derechos y garantías consagrados en la Constitución y demás leyes. La intranquilidad de comunidades enteras del país por saberse con una situación de vulnerabilidad, en situación de franco desamparo como consecuencia de estrategias desarticuladas, ideas sin soporte científico y técnico en el combate al delito, de políticas públicas que en muchos casos solo se han generado en una descomposición del tejido social y un desmantelamiento de familias enteras. Por eso, hoy padecemos del embate de una delincuencia mucho más agresiva y letal, porque no se ha hecho valer la fuerza del Estado en regiones donde prácticamente es ausente. No podemos desconocer una realidad y es el hecho de que el funcionamiento de las instituciones de seguridad pública y de prevención del delito se encuentra regido por la descoordinación, la improvisación y el exceso del uso de la fuerza, lo que se ha visto reflejado en las estadísticas delictivas con un preocupante avance de la delincuencia. Ante la gravedad del problema fue posible asumir soluciones de profundidad, revisando adecuadamente el marco constitucional, a fin de que las instituciones encargadas de garantizar nuestra seguridad funcionen frente a una realidad que cada día es más preocupante. Con la reforma del día de hoy damos un paso fundamental en el establecimiento de un mecanismo en el que la presencia del Estado en las regiones de mayor conflicto se perciba de manera inmediata. La Guardia Nacional es consecuencia del esfuerzo técnico y constitucional para generar una mayor seguridad en el país, con un profundo respeto a la legalidad, las reglas del debido proceso y la salvaguarda de los derechos humanos. Una Guardia Nacional cuyos contenidos fueron sometidos en un mecanismo de audiencias públicas, inédito en nuestro país, un ejercicio consultivo de participación ciudadana nunca antes visto y en el que con apertura, tolerancia y altura de miras se está en esta Cámara de Diputados que escuchó e involucró a expertos, académicos, funcionarios de más alto nivel y a la sociedad civil, junto con gobernadores, presidenta y presidentes municipales en este proceso legislativo. No nos fueron ajenas las observaciones, muchas de ellas fueron atendidas mediante las propuestas de modificación presentadas por la junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales. Ejemplo de ello y de una profunda sensibilidad fueron las palabras del propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien por instrucción expresa del señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, pedía a la Cámara de Diputados atender la propuesta de incorporación inmediata del mando de la Guardia Nacional al orden civil, tal y como se solicita de gran parte de la sociedad y los representantes de la participación. Entendemos el excepticismo de algunas organizaciones sociales, pues al igual que nosotros, ya están hartas del aumento en la comisión de delitos. Por ello desde esta tribuna manifestamos que las y los legisladores comprendemos y compartimos la inconformidad social de millones de mexicanas y mexicanos que exigen que las cosas se hagan diferente, que en la conformación de acciones de seguridad pública se haga lo que se tenga que hacer para que el Estado recupere la fuerza y la legitimidad. La Guardia Nacional surgirá desde el Congreso con una reforma constitucional legítima por las voces más importantes de la materia, buscando con el objetivo principal que el Estado mantenga el equilibrio entre el orden social y el respeto a la libertad garantizando el derecho humano y la seguridad pública. En sus contenidos se regula con precisión qué se puede, qué se prohíbe y cómo debe hacerlo la Guardia Nacional a fin de darle certeza y equilibrio en su relación con los gobernados, para un diseño de un marco legislativo que estamos en cuando a una búsqueda garantizada de legitimidad y viabilidad y legalidad.