La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Nuestro país es reconocido como una nación pluricultural, originada principalmente por nuestros pueblos indígenas. También es conocido como una nación multibilingüe, ya que aparte del español cuenta con 68 lenguas indígenas nacionales, las cuales se dividen además en múltiples variantes, que convierten a México en uno de los países con mayor diversidad y riqueza lingüística en el mundo. De acuerdo con las estadísticas que arroja el Inegi, en este país somos 15.7 millones de indígenas, de los cuales 6.9 millones aún hablamos una lengua indígena. Queda claro entonces, la gran importancia que tienen los pueblos indígenas, significando un gran número de habitantes que siguen conservando las lenguas más arraigadas de nuestro país. Lamentablemente este sector tan vulnerable se encuentra en una total desigualdad, derivado de la gran discriminación que sufren día con día respecto a su apariencia, sus lenguas indígenas, sus costumbres, etcétera. El dictamen de la Comisión de Asuntos Indígenas, con proyecto de decreto del artículo 4 y el numeral 6 del artículo 16 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas establece lo siguiente. El artículo 4 reconocía las lenguas indígenas como una lengua nacional por su origen histórico. Sin embargo, esta validez nacional la reducían únicamente al territorio donde se hablaba, oponiéndose así al reconocimiento de la lengua indígena como lengua nacional. Por lo que en esta reforma se propone eliminar de la ley la parte que establece la validez de la lengua indígena únicamente en su territorio. Ahora sí va a ser reconocido a nivel nacional, y esto lo festejamos porque todo aquel, por poner un ejemplo, indígena oaxaqueño de la lengua zapoteca, que fuera procesado en Tijuana, tiene ahora el derecho a tener un traductor. Cuántos de nosotros que no hablamos otra lengua y tenemos un problema en otro país, no podríamos defendernos si no entendemos lo que la justicia de ese país está dictando. Entonces, por eso esta modificación la celebramos, y por supuesto que vamos a votar a favor. Sin embargo, también en el mismo dictamen se desecha la reforma al artículo 6 de la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que proponía que la Secretaría de Gobernación adoptara, instrumentara y coordinara las medidas necesarias que asegurarían que los medios de comunicación masiva difundieran la realidad, la diversidad lingüística y cultural de la nación, con el argumento de que de aprobarse la reforma en ese sentido, implicaría la centralización de facultades, haciendo a un lado las obligaciones de los estados y de los municipios. Y aquí nace entonces también mi inconformidad. Por qué para estos temas que vulneran los derechos de los pueblos indígenas sí se preocupan. Por qué cuando se trata de la recaudación, por ejemplo, lo del catastro, ahí sí le quitan facultades a los municipios y a los estados. Entonces, hay una contradicción, según el pacto federal, pues entonces nosotros ahí hacemos la observación y la crítica. Pero cabe, en este espacio, también hacer una denuncia, yo quiero hacer una denuncia en esta tribuna, de lo que está sucediendo en el estado de Oaxaca. Hoy estamos discutiendo que ahora sí el reconocimiento de la lengua indígena y que la gente debe saber qué se les está diciendo. Bueno, en Oaxaca ocurre que la cámara local, la legislatura local ha desacatado vilmente las órdenes que dan los tribunales en materia electoral. En Oaxaca tenemos 22 municipios que hoy por hoy están gobernados por administradores municipales que son cuota de los partidos políticos en la cámara local. Esto está provocando, entonces, en nuestros 22 municipios que se rigen bajo los sistemas normativos internos, que están gobernados por gente que no los entiende. Las comunidades que están en conflicto hoy, no es que estén en conflicto las comunidades, simplemente los partidos políticos cuando no alcanzaron ahí una comisión en la cámara local, se dicen entre ellos, no te preocupes, hay un municipio que va a necesitar un administrador. Se ha vuelto un negociazo porque el recurso federal, el Ramo 28, el Ramo 33 están siendo también gastados a su libre albedrío. Esto significa que hay un saqueo de las arcas municipales, no hay servicios, la recolección de basura, el servicio del alumbrado público, la seguridad pública, la atención a las comunidades no se está dando. Y es un tema que, sí desde aquí hago un llamado a las diputadas y a los diputados locales de Oaxaca, a que ya atiendan, que se dejen de andar repartiéndose como si fueran espacios dentro de sus comisiones o dentro de sus partidos, a los municipios de Oaxaca, porque están definitivamente cometiendo un acto inconstitucional, violando los derechos humanos de nuestras mujeres y nuestros hombres de Oaxaca. Argumentan que no hay condiciones para llamar a elección y son los administradores municipales quienes están cometiendo todo acto ilícito en estas comunidades. Por eso es que aprovecho este espacio como diputada oaxaqueña, porque ya estoy cansada de los abusos de los de la comisión política de la Cámara local de Oaxaca. Muchas gracias.