La diputada Irene García Martínez: Con el permiso de la Presidencia. La premura, el desaseo legislativo y la falta de criterio para permitir una discusión más amplia del tema y, sobre todo, involucrando los actores inherentes que se verán afectados por esta, provocará que la expedición de esta nueva ley no tenga la legitimidad otorgada por esta Cámara. Vuelven a demostrarnos que las mayorías se vuelven sumisas, haciendo lo que ayer criticaron, aprobando una nueva ley con la justificación de que es un tema urgente para el país. Por lo cual se discutirá y se aprobará en menos de 48 horas por parte de las 2 Cámaras que conforman el Congreso de la Unión. Solo por necedad de alguien que tiene nombre y apellido, lo que manda un mensaje claro a la ciudadanía. No importan las instituciones ni fortalecer la función de esta Cámara, solo importa quedar bien con los que detentan el poder. Para ver la justa dimensión de los alcances de este dictamen en cuanto a sus beneficios o efectos negativos a futuro es necesario llevar este asunto a parlamento abierto y, en particular, para escuchar las voces de quienes a todas luces se señalan como agentes económicos que realizan supuestas prácticas ilegales monopólicas. Nos referimos a agencias de medios. A su vez, a los interesados, como los medios de comunicación, los anunciantes y, en especial, a la Comisión Federal de Competencia Económica. Debemos estudiar el tema a profundidad, ya que tiene vicios importantes. Por ejemplo, se acota a la acción contractual solo a través del contrato de mandato, cuando el Código Civil Federal permite otras figuras contractuales que pueden usarse para prestar sus servicios, como lo es el contrato de prestación de servicios, tomando en cuenta que es una facultad que tienen los particulares para establecer las relaciones contractuales que deseen, mientras se apeguen a la ley. En lo referente a la adquisición de espacios públicos limitan su facultad para compra y venta de espacios publicitarios, cuando esto genera un pacto económico negativo en las mismas. Se violenta el artículo 5o. constitucional en lo referente a la libertad del trabajo ya que, conforme a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 5 de la ley en estudio, las agencias no pueden prestar servicios simultáneos a los anunciantes y a los medios de comunicación. A su vez, consideramos que las sanciones estipuladas en el artículo 10 son desproporcionales, ya que cada campaña publicitaria es diferente y depende mucho de la calidad de la misma. Por lo tanto, esta porción normativa es discrecional, más allá de lo que no establece autoridad competente para recaudarla. Así como tampoco procedimiento alguno para ello, lo que da lugar a un espacio de corrupción, sumando a ello que los importes de una multa no pueden ser determinados en función de los ingresos, sino con base en la gravedad de la falta y expresando el monto de dicha sanción pecuniaria en unidad de medida y actualización, criterio que emitió nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, la ley carece de porción normativa expresa que refiera a medio de impugnación o a utilizar porción normativa supletoria para aplicar respecto a los actos que emanen de las infracciones recaudadas por autoridad competente, que lamentablemente no está determinada en la ley. No existe estudio de impacto económico en los enunciantes, los medios de comunicación y las agencias publicitarias, derivado de la expedición de esta ley. Por lo que no lo que nuevamente se está legislando desafiadamente. Lo que lleva a pensar que tiene una alta carga de sesgo político y nada tiene que ver con la regulación ordenada y positiva de la publicidad en nuestro país. Esta ley violenta el derecho al trabajo, a la libertad de expresión y a la protección de datos personales. En suma, es en solo 13 artículos un catálogo de violaciones de los derechos humanos. La argumentación que siempre se da es que se legisla a favor de la población, pero nunca, nunca se les escucha directamente a los afectados por la legislación, que también tienen derecho. Si su fin es regular a las agencias de medios, ya que contravienen el artículo 28 constitucional al crear monopolios, esta ley estará contraviniendo la función de la Comisión Federal de Competencia Económica, ya que esta misma en su opinión expresa que no sería la autoridad competente para sustanciar y procesar todas las denuncias derivadas de la ley en análisis. Y, por lo tanto, sería inoperante. Por todos los argumentos antes expresados, Movimiento Ciudadano votará en contra del presente dictamen, ya que no podemos avalar una ley que violenta derechos, es discrecional, no determina autoridad competente y que no fomenta la competencia económica. Si dan paso a una ley ineficaz, por lo tanto inútil, eso es lo que le dejarán a nuestro país. Gracias por su atención. Es cuanto.