La diputada María Cristina Teresa García Bravo: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, el problema de la inseguridad por el que está pasando el país durante la última década ha creado un mar de impunidad que delata vacíos en la legislación, como en los procedimientos de la investigación por parte de las autoridades ministeriales para el esclarecimiento del destino de aquellas personas extraviadas o desaparecidas. Por ello, la violencia contra las niñas y las mujeres ha sido una práctica permanente que ha estado presente a lo largo de la historia de nuestro país. Sabemos que la violencia ejercida contra las niñas y las mujeres representa una violación sistemática a sus derechos humanos, y constituye uno de los principales obstáculos para lograr una sociedad igualitaria y plenamente democrática. Pese a ser la población mayoritaria en México, las niñas y las mujeres enfrentan cotidianamente la creciente violencia de género, dicha violencia constituye un problema de proporciones pandémicas, pues se sabe que al menos una de cada tres mujeres entre los 15 y los 49 años de edad en el mundo, ha sufrido maltrato y que en el peor de los casos es desaparecida o asesinada. Históricamente, Ciudad Juárez, Chihuahua, ha sido el ominoso símbolo de tal fenómeno, que lamentablemente se ha extendido en todo el país, por el número de muertes y desapariciones de niñas y de mujeres con graves rasgos de violencia que continúan en total impunidad. De ahí la importancia que para el Partido de la Revolución Democrática y en el presente dictamen, de adicionar un inciso g), a la fracción IV del artículo 4 de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, con el propósito de agregar la violencia de género dentro de los indicadores de clasificación que señala el sexo, edad y nacionalidad, a fin de atender el problema de las niñas y las mujeres que desaparecen diariamente en nuestro país. Sin duda, este indicador surge como una respuesta para contener y eliminar la alarmante realidad que día a día nos sacude y obliga a buscar mayores garantías de seguridad frente al creciente y aterrador número de niñas y mujeres desaparecidas, quienes tienen una historia de violencia de género anterior a su desaparición. Por ejemplo. El estudio realizado por la Red por los Derechos de la Infancia en México, señala que entre 2012 y 2014 el número de adolescentes desaparecidas de entre los 15 y 17 años de edad, se incrementó en un 255 por ciento, esto es una cifra realmente alarmante. A ello se le suma el número de casos de agresiones contra mujeres, lo que ha provocado el establecimiento de la Alerta de Género en los estados de Nuevo León, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Morelos, Veracruz y el estado de México. Por eso, en esta coyuntura nacional se ha expresado la preocupación, reclamo y compromiso de establecer y regular la operación, funcionamiento y administración del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, como instrumento de información del sistema nacional de seguridad pública, a fin de organizar y concentrar la información en una base de datos electrónica sobre personas extraviadas o desaparecidas. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, las y los diputados del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática votaremos a favor del presente dictamen, porque estamos conscientes de que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al contar con el indicador de violencia de género, permitirá garantizar el apoyo efectivo a las investigaciones ministeriales para la búsqueda, localización y ubicación de niñas y mujeres que se encuentran restringidas en el ejercicio de su derecho a la libertad plena. Es cuanto, diputada presidente.