La diputada Katia Alejandra Castillo Lozano: Con su venia, señor presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Sometemos a la consideración del pleno la presente proposición de acuerdo urgente u obvia resolución, con base a las siguientes consideraciones: El camino institucional ha sido largo para que la violencia contra las mujeres sea reconocida como una problemática social que conlleva una grave violación a los derechos humanos. La llegada de una nueva institucionalidad logró colocar en términos positivos a la mujer en la ciudadanía y el desarrollo durante la década de los noventa. A pesar de las dificultades presupuestales, de la discriminación y de la distinción en las perspectivas de género, fue posible la creación y desarrollo de los Institutos de Mujeres en distintas entidades del país. El estado de Jalisco no fue la excepción. En 2002 se publicó la Ley para el Instituto Jalisciense de la Mujer con el objetivo de elaborar, promover y ejecutar políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres, basados en los derechos humanos para transversalizar la perspectiva de género contra las mujeres. A pesar de los avances institucionales y por parte de las organizaciones de la sociedad civil para combatir esta compleja problemática de violencia en Jalisco, la situación contra las mujeres se ha agravado en los últimos años. Tan solo de 2011 a 2016 la entidad pasó de ocupar el octavo lugar con mayor violencia contra las mujeres, para situarse en el tercer lugar más violento. En febrero de 2016, el gobierno de Jalisco emitió la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en ocho municipios de la entidad. De acuerdo con el estudio del Inegi, en Jalisco por lo menos tres de cada cuatro mujeres han sufrido algún tipo o modalidad de violencia a lo largo de su vida. Este escalofriante dato de violencia generalizada nos presenta un panorama de conflicto social que se ratifica con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. En 2017 se registraron 112 homicidios dolosos contra mujeres, de los cuales solo se consideraron 27 feminicidios. Posteriormente, en 2018 la cifra casi se duplicó, pues se elevó a 211 homicidios dolosos de mujeres, de los cuales solo 26 se registraron como feminicidios. En este contexto de deterioro de la seguridad de las mujeres, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, envió recientemente un paquete de iniciativas para reestructurar algunas dependencias del gobierno en la entidad. Sin duda, uno de los cambios que generó más polémica en la entidad y cuya relevancia trascendió a nivel nacional, fue la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer. El argumento central del Ejecutivo local es que el Instituto no ha cumplido con su misión. Proceso de aprobación del dictamen. El pasado martes 29 de enero de 2019 el Congreso del estado de Jalisco aprobó el decreto que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de la Mujer, por lo que extingue el organismo público descentralizado. Con la participación de Movimiento Ciudadano, PRD, Partido Verde Ecologista y PT, se unieron 20 votos a favor de desaparecer el Instituto Jalisciense de la Mujer, cuyas funciones pasarán a formar parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. De acuerdo con las crónicas periodísticas locales, durante la sesión del pasado 29 de enero se esperaba que el dictamen se sometiera al día siguiente a votación en sesión ordinaria, sin embargo, con tres minutos de anticipación se convocó a una sesión extraordinaria para emitir la votación. La convocatoria para la sesión no cumplió con los requisitos de ley ni con la pertinente notificación al gobierno de Jalisco, que llevarían a cabo la votación de acuerdo con los legisladores de la bancada de Morena, en Jalisco. Por lo anterior y una vez aprobada la extinción del Instituto, los legisladores locales han solicitado una mesa de diálogo con la federación para buscar acciones que logren la permanencia de un instituto que ayude y defienda a las mujeres. El decreto aprobado el martes, 29 de enero, fue publicado en el periódico oficial del estado de Jalisco el 31 del presente año. Sin embargo, en lo que se refiere al Instituto Jalisciense de la Mujer, el artículo segundo transitorio difiere la extinción del Instituto hasta que se modifiquen los reglamentos de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres. Al llamado de dar marcha atrás de la desaparición del Instituto Jalisciense de la Mujer se han unido las consejeras nacionales del Instituto Nacional de las Mujeres, quienes señalan que la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Jalisco no debe ser la instancia que diseñe ni implemente mecanismos para la prevención de la violencia y defensa de las mujeres, dado los limitados alcances y funciones del organismo. El Instituto Jalisciense de la Mujer contaba con autonomía administrativa, presupuestal y operativa, lo que le permitía articular y orientar las políticas públicas de igualdad y respeto a las mujeres. Aunado a esto, las consejeras señalan que, al eliminarse el Instituto Jalisciense de la Mujer, México estaría incumpliendo tratados internacionales, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, suscrita por México en 1980. Por lo anterior, solicitamos ante esta soberanía se considere el siguiente punto de acuerdo de obvia o urgente resolución. Único. La Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de la entidad, exhorta al Congreso del estado libre y soberano de Jalisco, a que en el ejercicio de sus facultades abrogue el decreto número 27228/LXII/19, publicado el pasado 31 de enero del presente año, por medio del cual se modifica el artículo 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que abroga la Ley del Instituto Jalisciense de las Mujeres y extingue dicho Instituto. Es cuanto, señor presidente.