La diputada Dulce María Sauri Riancho: Muchas gracias, presidenta. Quisiera la generosidad de unos minutos más en caso de que me pase del tiempo establecido, porque voy a abordar cuatro reservas que tienen un eje común, que es la constitución del órgano técnico al interior de la Auditoría Superior de la Federación, para poder establecer criterios objetivos que permitan presentar propuestas de remuneración para todos los sujetos de derecho público, es decir para el conjunto de entes públicos que son objeto de análisis por parte de la legislatura de la Cámara de Diputados cuando se aborda el Presupuesto de Egresos de la Federación. En ese sentido reitero la necesidad de considerar que sea la Auditoría Superior de la Federación el órgano donde se establezca esta unidad técnica que permita, al igual que el proceso de análisis de la cuenta pública, contar con los elementos necesarios para tomar buenas y sobre todo objetivas determinaciones. Como aquí se ha señalado, no podemos estar al libre arbitrio de una persona para poder afectar la vida de millones de personas y de familias que están vinculadas a la administración pública en su conjunto. Las decisiones que aquí se van a tomar no solo atañen a la esfera federal, sino también a los estados y a los municipios. Hablamos de los tres órganos de gobierno, hablamos también de los tres Poderes de la Unión, hablamos de los órganos constitucionales autónomos con la salvedad –y vale reiterarlo– del Poder Judicial, amparado todavía en el artículo 94 constitucional y del propio ordenamiento, la Ley del Banco de México, para este órgano constitucional autónomo, del resto todos, todos quedan sujetos a esta norma. Coyunturalmente se ha dado la bienvenida a la reducción del salario presidencial, así fue. ¿Por qué 108 mil pesos continúa en el misterio? Tal vez porque era la mitad de la remuneración establecida para el Ejecutivo federal en el presupuesto 2018, un poco menos, por cierto. Tal vez porque es una cifra mágica, cabalística, porque finalmente es 9, que como ustedes saben, es el último que es igual a cero, y dado que la cuarta transformación tiene la obsesión con considerarse el principio de una era, tal vez por eso es 108. Pero el hecho es que, al no haber parámetros objetivos, estamos sujetos a cualquier arbitrariedad y el órgano técnico que está contenido en estas propuestas, justamente es el que trata de evitarlos. Y otra cuestión fundamental de comprender en este proceso que tiene que ver con las remuneraciones de las y los servidores públicos, en una gran canasta hemos puesto a todas aquellas personas que trabajan en el servicio público, sin distinguir que hay dos grandes grupos. El primero de ellos somos quienes por elección popular estamos desempeñando un cargo, un cargo que tiene un periodo de inicio y de conclusión, sujeto a las leyes, desde luego a la Constitución y a las leyes electorales que nos hicieron posible estar o formar parte del Poder Legislativo o la presidencia de la República, gubernaturas de los estados, ayuntamientos. Tenemos un periodo establecido, compañeras y compañeros, cuando el 31 de agosto de 2021 se agote la LXIV Legislatura, nos iremos a la casa, algunos tal vez encuentren trabajo en la administración pública, otros más serán, regresarán al sector privado, a la academia o a dónde pueda su buena fortuna, o mala, dirigirlos. No es el caso de los servidores públicos de la administración, quienes ingresan a la administración pública, llegan con la expectativa de hacer una carrera en la administración pública. Son generalmente personas jóvenes, mujeres y hombres, que cada vez en una profesionalización del servicio civil de carrera, tendían a pensar en un horizonte de mediano y largo plazo. Hacen del servicio público su profesión de vida. Por eso se necesita que esas personas tengan certidumbre de sus emolumentos y cómo son fijados. Esta misma Cámara de Diputados acaba de aprobar la creación del Servicio Civil de Carrera en esta legislatura, quienes ingresen, quienes vayan al concurso de las 38 plazas sujetas a este que habrá de resolverse antes de que termine este mes, tiene la expectativa de permanecer y promocionarse dentro del servicio público. Lo que estamos haciendo, justamente es revolver a nosotros, que tenemos fecha para irnos, con aquellos que quieren auténticamente hacer una carrera en el servicio público. Esto de entrada es una severa distorsión que se refleja plenamente en la reforma constitucional. Por eso requerimos enmendarla, y enmendarla y reconocer el error de 2009, en una etapa en que prácticamente estaba el presidencialismo exacerbado en franca declinación, tres partidos políticos: Acción Nacional que era la mayoría en el Senado, el PRI que era la tercera fuerza y el PRD, hoy esencialmente Morena, votaron a favor de que fuera el presidente de la República el que concentrara todo el privilegio de fijar a través de su salario, el de toda la administración en su conjunto. Como presenté cuatro propuestas de modificación, es decir, reservas, estoy empleando estos minutos más para buscar –tal vez ahorita en el presente sin éxito, pero quizá en el futuro con él– que haya una consideración de lo que estamos aprobando, de que esto, lejos de ayudar a millones de servidoras y servidores públicos, y al propio servicio público que le damos a la sociedad, lo vamos a empobrecer en forma significativa, que no vamos a tener capacidad de retener a esos jóvenes que quieren, con toda razón y justificación, hacer del servicio público su profesión de vida. Que no vamos a propiciar lo que una y otra vez aquí se ha señalado, de anteponer el servicio público al patrimonio personal que, en buen lenguaje castizo, significa crear condiciones para la corrupción. Esta mañana al iniciar el debate tuve una pequeña luz de que finalmente desde esta tribuna íbamos a poder construir soluciones factibles sobre todo en una reforma constitucional. La luz se apagó muy pronto. Veo que nuevamente la mayoría en forma mecánica rechazan una y otra vez argumentos. Pero permítanme decirles que siempre hay que pensar en la luz del futuro y acá, aun a riesgo de que por alusiones personales ocupe una vez más la tribuna, quiero hablar del diputado Pabló Gómez. El, en 2009... En noviembre de 2006, presentó la reforma constitucional al artículo 127. Esa reforma constitucional en un marco en que el PRD, entonces su partido, era la tercera fuerza, fue simple y llanamente ignorada. Las cosas cambiaron en 2009 cuando la Cámara de Diputados tuvo una mayor presencia de las entonces oposiciones –en concreto del PRI–. Más aún. Todavía en ese contexto logró sacar adelante el Senado de la República la reforma constitucional que vino a la Cámara de Diputados y fue aprobada. Pero en 2011 logró, en condiciones políticas que no se veían aquel noviembre de 2006, sumar voluntades para sacar adelante la Ley de Remuneraciones reglamentaria del 127 constitucional, para poder establecer las remuneraciones de los servidores públicos teniendo al presidente de la República como el salario marcador. Pasaron muchos años hasta septiembre de 2028, y entonces de la hibernación legislativa salió esta disposición y fue aprobada con la historia que ya conoce esta legislatura. Pablo Gómez Álvarez es mi inspiración. Sé que, en un futuro, como en noviembre de 2006, lo que aquí señalo en esta tribuna y han señalado mis compañeras de partido, será factible en una Cámara de Diputados en la que vuelva a reinar la pluralidad, la razón, los argumentos, y sobre todo la atención al futuro de México. Muchas gracias.