La diputada María Alemán Muñoz Castillo: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, México ha entrado en una fase histórica, en la que el Constituyente Permanente está llamado a garantizar un sistema de justicia para las y los ciudadanos, un sistema de justicia moderno, en el que se encuentre garantizado plenamente el respeto a los derechos humanos consagrados en la Constitución. La reforma que estamos discutiendo es fruto del diálogo entre Poderes y de un esfuerzo de dos años por impulsar cambios que verdaderamente fortalezcan la justicia federal, en beneficio de los justiciables y de nuestra democracia. Está construida a partir de un profundo acto de respeto a la División de Poderes y a la independencia judicial, en donde el gran reto es lograr que la justicia sea el pilar de la democracia sustantiva, partiendo de reconocer que hoy el acceso a la justicia es un gran anhelo para las y los mexicanos. Garantizar el respeto a la Constitución es la principal obligación de quienes ejercemos responsabilidades públicas. Ese es también el compromiso que tenemos con las y los ciudadanos, adoptando las decisiones que sean necesarias para fortalecer nuestro marco de convivencia. La ley es una frontera infranqueable y es importante reiterar que en un Estado de derecho, los jueces y tribunales solo se encuentran sometidos a lo dispuesto por la Constitución y las leyes, y que esa misma independencia los ciudadanos tienen la mejor garantía del respeto irrestricto a sus derechos. Las modificaciones buscan elevar la calidad de la impartición de justicia federal a través de mayores herramientas al Consejo de la Judicatura Federal, para combatir la corrupción y el nepotismo y reorientar las competencias de los órganos judiciales. Una de las principales finalidades de esta reforma, es fortalecer el rol de la Suprema Corte como Tribunal constitucional, para que pueda interpretar entonces y defender con más fuerza y con eficacia, los derechos y las instituciones que nuestra Constitución establece. Se busca que la Corte conozca de menos asuntos y que se concentre más en el dictado de sentencias más sólidas y mejor argumentadas, que tengan mayor impacto para nuestra sociedad. Se busca que las sentencias de la Corte tengan el peso y la autoridad que les corresponde en un modelo de justicia constitucional. Otro eje de la reforma que discutimos, es la consolidación del sistema de carrera judicial. Se establece que el ingreso, formación y permanencia de las personas juzgadoras, así como de todo el personal jurisdiccional, se sujetará a una legislación que garantice la meritocracia, la profesionalización y la igualdad de oportunidades. De esta manera el nombramiento y remoción del personal jurisdiccional, ya no dependerá exclusivamente de los titulares de los órganos jurisdiccionales, sino que todas, todas las plazas deberán ser alcanzadas por concurso de oposición tras una rigurosa formación a cargo de una renovada escuela judicial. Esto se traduce en una mejor preparación de quienes tienen la responsabilidad de impartir justicia. Todo ello, además, atendiendo a la paridad de género como principio rector. Esta reforma apoya las facultades institucionales del combate a la corrupción y al nepotismo, fortaleciendo el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Estamos frente a un conjunto de reformas, que al igual que ocurrió con las de carácter político en 2014, trasformarán la vida pública con una impartición de justicia más oportuna, transparente y sustativamente apegada al principio paritario constitucional. Compañeras y compañeros diputados, garantizar el respeto a la Constitución es la principal obligación de quienes ejercemos responsabilidades públicas. En la supremacía del Estado de derecho reconocemos el respeto de un sistema de reglas en las que todas las personas, instituciones y entidades están sometidas a la ley, la cual se aplica de forma equitativa, justa y con apego a los derechos humanos. Hoy estamos ante una de las reformas de mayor alcance en muchas décadas, que transforma y fortalece al Poder Judicial y la impartición de justicia en México. Es cuanto, presidenta.