El senador David Monreal Ávila: Con el permiso, presidenta. Colegas legisladores y legisladoras, como bien saben en el año 2007 se reformó el artículo 134 de la Constitución Política federal, cuyo objeto principal fue prohibir el uso propagandístico de la publicidad gubernamental. Sin embargo, a seis años de su promulgación el Congreso aún no aprueba una ley secundaria que regule la publicidad del Estado. No se ha logrado evitar los abusos por parte de los tres niveles de gobierno en esta materia, y del mismo modo, potenciar la equidad política y la imparcialidad antes, durante y después de los procesos electorales. Ante esta omisión, es pertinente cuestionar el excesivo gasto que el gobierno federal ha destinado para sus campañas publicitarias y encubrir la verdad que hay detrás de las llamadas reformas estructurales que ha decidido impulsar. Como ejemplo está la reforma educativa, la cual fue la primera iniciativa que presentó el titular del Ejecutivo federal, junto con la Secretaría de Educación Pública, y a la que se le destinaron más de 81 millones de pesos para la producción de una campaña mediática. Bajo esta misma lógica, se encuentra la publicidad que se difundió en torno a la reforma energética, desde su presentación oficial el pasado 12 de agosto, y los ciudadanos nuevamente fueron bombardeados con spots publicitarios que hablan de las supuestas bondades de dicha innovación, así como del poco progreso y desarrollo que había tenido Petróleos Mexicanos y que comparativamente con otros países no tenía ningún progreso. Resulta oportuno cuestionar cómo es posible que se hayan destinado al menos 105 millones en promover dicha reforma, y al mismo tiempo, argumentaran que no hay dinero para invertir a Pemex. Dichos anuncios publicitarios distaron de ser objetivos, por el contrario, únicamente estuvieron enfocados a publicitar las reformas en cuestión, pero no en informar conscientemente al pueblo de México. Por ende, no es aventurado asegurar que las campañas mediáticas sobre las reformas energética y educativa únicamente tuvieron como objeto persuadir a los mexicanos sobre lo que verdaderamente implicó el cambio constitucional en dichas materias. Excesivos gastos y campañas publicitarias engañosas es lo que ha pretendido el gobierno federal a través de su comunicación social. Aquél ha gastado al menos 186 millones de pesos en campañas para promover y convencer a la población de estas reformas educativa y energética. Las enormes erogaciones en materia de publicidad contrastan diametralmente con lo que el entonces candidato a la Presidencia, Enrique Peña Nieto, se comprometió durante su campaña política. Es decir, regular la viciada práctica en el otorgamiento discrecional de publicidad gubernamental, compromiso de campaña que no ha cumplido hasta la fecha. Es importante mencionar, que el pasado 13 de julio de 2012, el presidente electo mencionó que impulsaría la creación de una instancia ciudadana y autónoma que supervise la contratación de medios de comunicación, con fines publicitarios en todos los niveles de gobierno. También, el compromiso 95 del Pacto por México indica que en el actual periodo legislativo se presentaría ante el Congreso el proyecto de iniciativa para regular este tópico. Sin embargo, hasta la fecha no hay ningún avance en el tema. El tema toma mayor relevancia cuando se repite la historia. Recordemos de Peña Nieto cuando fue gobernador del estado de México inició con una desmedida propaganda gubernamental, la cual le dio como fruto el arribo a la Presidencia de la República Mexicana. El gobernador de Chiapas está repitiendo la misma práctica. Manuel Velasco destinó 129 millones de pesos en comunicación social, gasto publicitario que se destinó a su imagen. Algo realmente condenable, ya que Chiapas desde hace varios años vive en una situación económica y financiera realmente complicada. México no se encuentra en condiciones de gastar irracionalmente del erario público en spots publicitarios, sino por el contrario, se debe realizar una austeridad en esta República. Por tal motivo, es momento de que el gobierno federal efectivamente rinda cuentas claras y precisas en los montos que se gasta en comunicación social, que cumpla con su promesa de campaña y que se abstenga de gastar irracional y engañosamente en materia publicitaria. Es cuanto, presidente y estamos a favor del dictamen presentado. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, senador. Al no existir más oradores inscritos para la discusión, consulte la Secretaría a la asamblea, en votación económica, si se aprueba el punto de acuerdo marcado con el numeral cuatro.