El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros, el caso que nos ha relatado Rubén Moreira es un botón de muestra más del estrepitoso fracaso de la lucha del presidente de facto, Calderón, contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Es, además, una prueba irrefutable de cómo esa lucha ha estado acompañada de la ilegalidad y de la violación recurrente a los derechos humanos. Por un afán mediático, Calderón, en los meses aquí ya referidos ?mayo y junio del año pasado? hizo una efectista detención de más de 40 servidores públicos de Michoacán. Gracias a que esta Cámara integró el grupo plural y que estuvimos representantes de diversos partidos políticos en esa entidad, pudimos ?en las conversaciones que tuvimos con diputados locales de diversos partidos, con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con familiares de los detenidos y, por supuesto también con los abogados? pudimos percatarnos de un sinfín de irregularidades e ilegalidades, y para disipar cualquier duda de la gravedad de estos hechos sólo basta referir, literalmente, algunos de los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que acreditó esta vulneración a los michoacanos. Violaciones de la autoridad a los derechos de legalidad, seguridad jurídica, presunción de inocencia, defensa adecuada, indebidos procesos derivados de los cateos practicados sin orden emitidos por la autoridad competente, y dilación de su puesta a disposición ante la autoridad ministerial del conocimiento, en perjuicio de los agraviados. ?Continúa la recomendación ya citada. Se incurrió en violaciones al derecho a la legalidad, atribuibles a servidores públicos de la entonces denominada Policía Federal Preventiva, consistentes en allanamiento de diversos edificios en el estado de Michoacán. Violaciones al derecho a la legalidad y seguridad jurídica consistentes en dilación en la puesta a disposición de los agraviados ante la autoridad ministerial, atribuibles a la PFP; violaciones a los derechos de presunción de inocencia y otra serie de imputaciones, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada) y de la PGR. Éstas son sólo algunas de las aseveraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero este asunto aún no ha concluido. Todavía permanecen ilegal, arbitrariamente detenidos 22 servidores públicos de Michoacán. Por eso es importante que este grupo continúe haciendo el trabajo que esta representación le confirió. No podemos enmudecer. No podemos ser indiferentes ante estos atracos, estas violaciones a los derechos humanos de parte de la Policía Federal, de parte, también, como lo acredita la recomendación nacional de los derechos humanos, de elementos del Ejército Mexicano, que en el caso de Michoacán, volvieron con toda impunidad, a flagelar los derechos de ciudadanos. Imagínense ustedes la tragedia que han sufrido las familias de esos servidores públicos, y pese a las recomendaciones de la CNDH a la PGR y a otras autoridades del gobierno federal para que resarzan los daños en diversos sentidos ocasionados a los agraviados, éstos ni siquiera han recibido una disculpa de ninguna instancia de ninguna autoridad federal. Por eso tenemos que estar atentos y tenemos que persistir hasta que, quienes están injustamente encarcelados, logren su liberación. Muchas gracias.