El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. La denuncia de los hechos de Tlatlaya ante medios de comunicación internacionales rompió el silencio de las autoridades federales implicadas en la investigación de los hechos. La Sedena, por estar involucrados elementos que la integran; la PG de la República, al atraer el caso a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada; la Procuraduría General de Justicia del estado de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En consecuencia, la comisión que se propone tendrá por objeto el seguimiento de las investigaciones que realice cada institución en el ámbito de su competencia, para efecto de conocer el desempeño institucional de cada una de estas en la persecución y sanción de los hechos. Para esta tarea de seguimiento se cuenta con dos precedentes, la directiva. Y estamos hablando de la norma emitida por el secretario de la Defensa Nacional, que regula el uso legítimo de la fuerza por parte del personal del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, en cumplimiento del ejercicio de sus funciones en apoyo a las autoridades civiles y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, publicado el 23 de abril de 2012. También el Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, publicada el 30 de mayo del 14, en los que se regula el uso legítimo de la fuerza en cumplimiento del ejercicio de sus funciones, en apoyo a las autoridades civiles y en la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El artículo 6o. de la Directiva determina que la utilización de los niveles de uso de la fuerza para los integrantes del Ejército sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tengan asignada en apoyo a las autoridades civiles o en la aplicación de la Ley Federal de Armas. Por su parte, el Manual, numeral 3 De los principios aplicables del uso de la fuerza, se determina que la utilización de los niveles de fuerza por los integrantes de las Fuerzas Armadas sólo es procedente cuando sea estrictamente inevitable o indispensable para el cumplimiento de la misión que tenga asignada, en apoyo a las autoridades civiles. Que el uso de la fuerza se realizará con estricto apego a los derechos humanos, independientemente del tipo de agresión, atendiendo a los principios de oportunidad, proporcionalidad, racionalidad y legalidad. No se trata de prejuzgar o juzgar la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas ante presuntos delincuentes, sino el de conocer la operación y coordinación de las instituciones involucradas y las medidas de garantía de los derechos humanos en el uso de las Fuerzas Armadas. El artículo 8o. de la Directiva claramente establece que en los casos en que sea necesario el uso de la fuerza o la autoridad apoyada así lo disponga, el personal militar evaluará la situación para determinar inmediatamente el nivel de fuerza que se utilizará, consultando de ser posible a su superior jerárquico. En la medida que la investigación de la PGR y la Sedena lo permita se deberá conocer el informe de la autoridad militar, en la que se señala el tiempo y lugar de los hechos y circunstancias que exigieron el nivel del uso de la fuerza utilizado, las medidas necesarias para auxiliar a la autoridad competente a la preservación del lugar de los hechos y los indicios con motivo del uso de la fuerza resulten personas lesionadas o muertas. Deberá de conocerse por la autoridad militar, al tener conocimiento que se hizo uso indebido de la fuerza y no lo denunció ante la autoridad competente. Los hechos de Tlatlaya obligan a revisar el marco legal en el que intervienen las Fuerzas Armadas, no sólo para preservar los derechos humanos de los involucrados, sino para fortalecer la función institucional de las mismas en el marco de la protección de garantías y derechos humanos. Miren, finalmente es claro con los datos que están en la opinión pública, con las imágenes que están publicadas en los medios, que esta comisión, que ustedes están aquí haciendo con miembros de la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos, es importante, pero no es todo lo que esta Cámara de Diputados podría hacer. Culmino, presidente. hubiésemos preferido que la Junta de Coordinación Política enviara a una comisión especial para investigar estos hechos y que hubiese entrado a profundidad, con toda la fuerza que tiene esta Cámara de Diputados, y no nada más como una especie de subcomisión y llevando otros elementos al análisis, que son lamentables, como el del secretario general del PAN en el estado de Guerrero, pero que no le da toda la fuerza que esta Cámara de Diputados tiene y podría tener en una comisión especial y no en esta comisión, que siendo importante esta subcomisión no va a ser suficiente para la fuerza que se requiere para investigar estos hechos. Es cuanto.