La diputada Alicia Ricalde Magaña: Con su permiso, diputado presidente; compañeras y compañeros diputados, la aplicación de la pena de prisión en México, tiene dos características insoslayables: el uso excesivo de la medida y la creciente ineficiencia en el uso de los recursos del Sistema de Seguridad Ciudadana y de Justicia Penal. En épocas recientes, las reformas efectuadas a la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados fueron encaminadas a proporcionar a los delincuentes un tratamiento reformador con objeto de modificarle su conducta y actitudes y reintegrarlo a la sociedad ya convertido en un sujeto distinto que no delinquiera nuevamente. No obstante, no debemos olvidar que, paralelo al derecho de castigar por parte del Estado cuyo fin es proteger el orden social, transitan los derechos del infractor en cuanto a persona. Quien delinque tiene, por disposición constitucional, el derecho a que se le instruya para reformarlo y reintegrarlo como ser productivo al seno mismo de la vida comunitaria. Sin embargo el problema no termina ahí, ya que además del desconocimiento, existen factores que agudizan el tema como son el analfabetismo y la discapacidad de reos que no pueden acceder de manera eficaz y oportuna al conocimiento de sus derechos y obligaciones, siguiendo solamente la ley del más fuerte, que es la impera en la totalidad de las cárceles mexicanas. De ahí la imperante necesidad de reformar el marco jurídico aplicable a fin de establecer clara y puntualmente el derecho de los reclusos a recibir la información que les permita el pleno goce de sus derechos al interior de los reclusorios y centros de readaptación social, máxime cuando se trate de analfabetas y discapacitados. A nivel internacional debemos citar que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, emitidas por la ONU en su regla 35, incisos 1) y 2), disponen que a su ingreso cada recluso recibirá una información escrita sobre el régimen de los reclusos de la categoría en la cual se le haya incluido, sobre las reglas disciplinarias del establecimiento y los medios autorizados para informarse y formular quejas, así como que si el recluso es analfabeta se le proporcionará dicha información verbalmente. En este sentido, nuestra Carta Magna establece en su artículo 20, apartado B, fracción III, que los reclusos tienen derecho a que se les informe tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. En el caso de los reclusos discapacitados, es importante mencionar que la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad contempla diversas disposiciones en materia de acceso a la justicia, con base en diversos instrumentos internacionales y que tienen como principal objetivo lograr que éstas cuenten con igualdad de condiciones en materia de garantías al respeto a sus derechos humanos. Por su parte, el artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados dispone que se entregará a cada interno un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes y el régimen general de vida de la institución y que, tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua. Como se desprende de lo anterior, nuestra legislación se adapta al instrumento internacional citado, salvo por lo que hace a los reclusos analfabetas y discapacitados, en cuyo caso se les debiera proporcionar la información de manera verbal a los primeros o a través de las ayudas técnicas necesarias a los segundos, según el tipo de discapacidad de que se trate. Asimismo nos parece importante señalar de una manera más detallada en el texto del artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados que en el instructivo que se entregue a los reclusos contenga tanto los beneficios de los que puedan ser sujetos, como los requisitos que deban cumplir para tal efecto. Señoras y señores diputados, en Acción Nacional estamos convencidos de que plasmar en la ley reglamentaria el debido respeto con carácter de equitativo y no discriminatorio, el acceso a los derechos y obligaciones de los analfabetas y discapacitados no es una dádiva, es una obligación y un derecho plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados y convenciones internacionales suscritos por nuestro país. El beneficio se extenderá a un alto porcentaje de personas que se encuentran presas en los centros penitenciarios, que por su condición de analfabetas y discapacitados, difícilmente pueden acceder a la información justa y necesaria para hacer valer sus derechos al interior de la cárcel y en el proceso de defensa. En atención a lo expuesto, someto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados para quedar como sigue: Único. Se reforma el párrafo segundo del artículo 13 de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados. Artículo 13. ... Se entregará a cada interno un instructivo en el que aparezcan detallados sus derechos, deberes, los beneficios que para él prevé la ley y el régimen general de vida en la institución. Tratándose de reclusos indígenas, el instructivo se les dará traducido a su lengua. En el caso de que el recluso fuera analfabeto, se le proporcionará dicha información verbalmente. En el caso de que el recluso fuera discapacitado visual o auditivo, se deberá contar con las ayudas técnicas necesarias para proporcionarle la información. Es cuanto, diputado presidente.