EL C. DIPUTADO JAIME MARTINEZ VELOZ: Con su permiso ciudadana presidenta. Estimadas diputadas. Estimados diputados. Los golpes terroristas del 11 de septiembre, trastocaron gran parte de los referentes utilizados antes, para caracterizar la política mundial, debido a que eran relativamente estables La capacidad de asombro se ha recuperado mediante un golpe terrible, el rigor analítico que demanda la gravedad de los hechos, exige entender lo que ocurrió antes de ellos y aplicar esa misma determinación para condenar todo alegato que pretenda justificarlos, abierta o embozadamente.. El presidente Bush anunció el inicio de la primera guerra del nuevo siglo y unánime el Congreso norteamericano, dispuso los fondos necesarios para llevarla a cabo, nunca antes el inicio de una acción punitiva tuvo tantos recursos y tecnología militar. Hasta ahora la comunidad internacional carece de pruebas, sobre qué nación tiene la responsabilidad de la tragedia del 11 de septiembre o si ésta es compartida por varias. La legislación internacional no está suficientemente desarrollada para enfrentar, homogénea y consistentemente, al terror contra la población civil. La capacidad disuasiva y persecutoria de la ONU, no ha obtenido resultado satisfactorios, embargos comerciales, cancelaciones de créditos internacionales y otras medidas coercitivas, no han demostrado eficacia para que los gobiernos modifiquen decisiones adversas, pero si para hacer más lastimera la sobrevivencia de la población marginada en esos países. Pero esto no es suficiente para salvar los enormes peligros, que encierra para la humanidad en su conjunto, el que la nación más poderosa del mundo haya declarado el inicio, de lo que llama una larga, extensa e intensa guerra contra el terrorismo. El privilegio de encabezar esa "guerra de aniquilamiento" como le han llamado, no le corresponde a los Estados Unidos; los riesgos son mayúsculos e inaceptables. El comando corresponde a la representación mundial de naciones, la ONU, por ahora, quien está obligada a demostrar su razón misma de ser: salvaguardar los derechos de todos los seres humanos sin discriminación de ningún tipo. La estrategia debe ser la reformulación y ampliación de los acuerdos internacionales ya vigentes, que sancionan y persiguen todo tipo de terrorismo, el de Estado incluido; la obtención de rigurosos compromisos nacionales en la materia ineludibles, mediante alegatos de soberanía y la puesta a punto y la actualidad de la convivencia mundial. Es indispensable reconocer que se ha sido desleal con la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta el límite de provocar un panorama de sufrimiento, desolación y desesperación donde se extiende el odio y el rencor contra la sociedad de confort y su visión cosmogónica. Cuando en el mundo real no hay esperanza, las ofertas del fanatismo seducen a quienes han sido despojados de sus derechos e identidad. La guerra anunciada por Bush provoca espanto; de ser ciertas sus sospechas el escenario bélico puede extenderse más allá del Medio Oriente y la entrada a Asia y de toda su población civil que está siendo la primera víctima inocente. Alguien en este Congreso, pregunto ¿puede guardar silencio ante las escenas de horror donde niños, ancianos y mujeres mueren ante el bombardeo de mísiles que se dicen inteligentes disparados por gentes que no son tan inteligentes como sus mísiles, donde terminan asesinando inocentes? Estados Unidos ha declarado la guerra a un enemigo casi intangible, secreto infiltrado en todo el mundo y de control casi imposible, porque su principal fortaleza es su poca corporeidad relativa. Cuando el misticismo religioso ocupa el lugar de la moral combatiente, morir en la guerra es ganar la máxima gracia divina, es decir la inmortalidad. Pareciera que ahora el terrorismo místico es una odiosa expresión de la desesperación y el atraso; convocar a una gran cruzada para combatirlo atendiendo preferentemente a consideraciones militares sin reconocer la complejidad de las que surge, es extremadamente peligroso para todos. En una sola frase el Presidente Bush desconoció la soberanía de los estados: el derecho a acogerse a la neutralidad, el acuerdo mundial que reconoce la capacidad de autodeterminación nacional que amenazó con considerar como enemigo de Estados Unidos a quien no se sume a la guerra que declaró. Voy a terminar, ciudadana Presidenta. Una nación destrozada como Afganistán, no merece un castigo como al que se le está sometiendo. Por ello y con base en la siempre respetada vocación nacional de privilegiar la resolución pacífica de las controversias, condenamos enérgicamente el empleo de la violencia como forma de aplicación de justicia en cuya consecución ningún país o grupo puede atribuirse unilateralmente al derecho a agredir para lograr sus fines. Nos pronunciamos decididamente por la paz y en contra del terrorismo, la guerra y la violencia exigiendo que cualquier agresión sea castigada conforme al derecho internacional. Llamamos a las autoridades del Poder Ejecutivo de nuestro país, a que en estricto acato a las disposiciones de nuestra Carta Magna, refrendemos las tradiciones, principios mexicanos de autodeterminación de los pueblos, no intervención, solución pacífica a las controversias, así como proscripción de las amenazas y uso de la fuerza en las relaciones internacionales. Es cuanto. LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado. La proposición presentada por la diputada Rosa Delia Cota Montaño, se turna a la Comisión de Relaciones Exteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- El siguiente punto relativo a un punto de acuerdo sobre la eliminación de las áreas naturales protegidas que había agendado el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista, se retira y se pospone para una próxima sesión. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Jaime Larrazábal Bretón del grupo parlamentario del PRI, para hacer una proposición con punto de acuerdo con el propósito de ordenar y atender la problemática que se da en la zona federal marítimo terrestre de los litorales mexicanos, hasta por diez minutos. DIP. JAIME LARRAZABAL BRETON: Con su permiso señora presidenta; ciudadanas diputadas; ciudadanos diputados:; compañeros todos: Como es de nuestro conocimiento, en la Ley General de Bienes Nacionales, se señala que la zona federal marítimo terrestre, estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a las playas o en su caso a las riberas de los ríos desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta 100 metros río arriba. La totalidad de la superficie de los cayos y arrecifes ubicados en el mar territorial, constituirán zona federal marítimo terrestre. En el caso de lagos, lagunas, esteros o depósitos naturales de agua marina que se comuniquen directa o indirectamente con el mar, la faja de 20 metros de zona federal marítimo terrestre, se contará a partir del punto a donde llegue el mayor embalse anual o límite de la pleamar en los términos que determine el Reglamento. Sin embargo, en la realidad ya sea por grandes hoteles, humildes viviendas, empresas acuícolas, vendedores ambulantes o residencias de mexicanos y extranjeros, existe ocupación irregular de terrenos en la zona federal marítimo terrestre. Fenómeno que se repite a lo largo de los litorales del país, sin que las autoridades actúen conforme a la ley para resolver los problemas existentes que en ocasiones se deben a las supuestas contradicciones entre la Ley Federal de Bienes Nacionales y el Reglamento de Zonas Federales Marítimas. El problema que se presenta en México sobre este tema, tiene un rezago de 25 años o más, en la regularización y cobro de las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre, playas y terrenos ganados al mar. Existen 20 mil ocupaciones registradas en los 164 municipios costeros del país; 82% son ilegales, incluyendo instalaciones de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad e incluso desarrollos habitacionales. El desorden y la competencia por la disponibilidad del uso y ocupación de las superficies costeras, económicamente atractivas, han generado conflictos sociales, pues la mitad del total de las ocupaciones está destinada al desarrollo turístico pesquero, acuícola, portuario, minero, petrolero y eléctrico, entre otras. Esta zona de más de 11 mil 592 kilómetros de litorales de los cuales 1 millón 567 mil 300 hectáreas, son tramos de río bajo la influencia de las mareas, está hoy sujeta a fuertes presiones de crecimiento. Se calcula que crece a un ritmo mayor a la media anual nacional y a un acelerado proceso de deterioro que pone en riesgo a las 449 especies de vertebrados que ahí habitan. Entre las irregularidades por parte de los que usufructuan esta zona, sobresalen el bloque del paso hacia la playa, la utilización de más espacio del que les fue otorgado en una licencia o el cercado de la zona federal. Es por ello que se requiere el cumplimiento de las obligaciones fiscales por el uso, goce o aprovechamiento de las Ofemat a particulares y empresas gubernamentales. Es indispensable también, un incremento en la recaudación por el uso de la zona federal marítimo terrestre que vaya de la mano con el proceso de regularización de los usuarios particulares y de los gubernamentales. Se sugiere un acuerdo de coordinación con la intervención de la Secretaría de Marina, Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, gobiernos estatales, ayuntamientos costeros y los que estén involucrados para el mejor aprovechamiento sustentable de las playas, zona federal marítimo terrestre y de los terrenos ganados al mar en los municipios costeros del país, que permita abatir conflictos sociales y de certidumbre a la inversión productiva. Ya el pasado 20 de abril del 200, ante este Honorable Congreso, se propuso dar certeza jurídica a las personas que habitan y trabajan en la zona federal marítimo terrestre de este país, mediante una iniciativa de reformas a la Ley General de Bienes Nacionales. Los hoteleros legalmente organizados consideran que la Ley Federal de Bienes Nacionales está en contradicción con el Reglamento de Zonas Federales Marítimas; señala que en la reglamentación para poder obtener una concesión sobre el área se les obliga a firmar un convenio de reversión de bienes en el que ceden sus derechos sobre el inmueble para convertirse en un bien de la nación y esto, se dice, es improcedente ya que inhibe la inversión. Al recibir las concesiones es necesario que se respete el espacio asignado y que no se siga subconcesionando, ya que supuestamente las autoridades de los 3 niveles de gobierno otorgan indebidamente permisos a los eternos representantes de la economía informal, quienes tergiversan el espíritu de los mandatos establecidos. En este sentido los suscritos consideramos que la Ley General de Bienes es necesario otorgar a los estados y municipios atribuciones relacionadas con la administración, conservación y vigilancia de la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar. La carencia de zonas federales marítimo terrestre hace que los proyectos que promueven las instancias de turismo de este país, como lo son Fonatur, como el caso de la escalera náutica y Ribera Maya tengan obstáculos y se ponga en tela de juicio su viabilidad. Estas serán algunas de las razones en las que fundamentaremos una iniciativa de la ley sobre este tema en fecha próxima. Los problemas de regularización y cobro de las ocupaciones en la zona federal marítimo terrestre, el desorden y la competencia por la disponibilidad de su uso y ocupación, su acelerado proceso de deterioro ecológico y la contradicción entre los mandatos constitucionales están generando conflictos sociales entre las personas que habitan y trabajan en la zona federal marítimo terrestre del país y es por ello que someto, respetuosamente, a la consideración de esta asamblea la presente proposición con punto de acuerdo para que, con fundamento en los artículos 58, 60 y demás relativos aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso Federal de los Estados Unidos Mexicanos, se sirva, Señora Presidenta, turnar la presente a la Comisión de Pesca, Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a la de Comunicaciones y Transportes para que dictaminen lo necesario y procedan a formular el dictamen correspondiente que exhorte al gobierno federal a regular, impulsar y solucionar los conflictos sociales que se desarrollan en la zona federal marítimo terrestre del litoral mexicano. Suscribimos la presente los diputados Lilia Mendoza Cruz, Cándido Cueto Martínez, Bulmaro Rito Salinas, Irma Piñeiro Arias, Abel Trejo González, Ángel Mexueiro González, Ildefonso Zorrilla Cuevas, Miguel Ángel Moreno Tello, José Soto Martínez, Edilberto Buenfil Montalvo, Roberto Preciado, Jesús Orozco, Ernesto Rodríguez, Manuel Añorve, Efrén Leyva, Manuel Garza, Álvaro Vallarta, Guillermo Díaz Gea, José Ignacio Mendicuti, José Feliciano Moo y Can, Federico Granja Ricalde, Héctor Esquilano Solís, Gustavo Lugo Espinosa, Jesús de la Rosa y el de la voz Jaime Larrazábal Bretón. Es cuanto, señora presidenta.