La diputada Erika Araceli Rodríguez Hernández: Con la venia de Mesa Directiva. compañeras y compañeros legisladores, señoras y señores de los medios de comunicación, acudo a esta tribuna para posicionar en nombre de mi partido, el Revolucionario Institucional, el proyecto de decreto que presentan mis compañeras diputadas Laura Plascencia, Lía Limón, Gloria Hernández y Yarith Tannos, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y del Código Nacional de Procedimientos Penales que el día de hoy se somete a esta soberanía. La violencia contra las mujeres y su expresión extrema, el feminicidio, representan un gran problema para México, que produce la violencia sistemática de sus derechos humanos y devela las condiciones de discriminación social y judicial que viven. La desigualdad agudiza e incrementa las distintas formas de violencia en todos los ámbitos de la vida, en el ámbito privado y en el ámbito público, que van desde la violencia física, psicológica, patrimonial, económica, sexual y violencia política. Estas manifestaciones de violencia contra las mujeres laceran, denigran la integridad física y emocional que impide el desarrollo de las mujeres mexicanas. Las y los diputados de la fracción parlamentaria del Revolucionario Institucional coordinados por el diputado César Camacho Quiroz, nos hemos comprometido con la igualdad sustantiva, una igualdad sin adjetivos donde las mujeres ejerzan sus derechos plenamente, sin restricción, ni atavismos culturales. Es por ello, que nos comprometemos a generar políticas de apoyo a las víctimas de violencia y sexual. Privilegiar el establecimiento de servicios especializados para la denuncia de delitos de género y fortalecer el enfoque de género en la procuración, impartición y administración de justicia. En suma, estamos trabajando para eliminar cualquier forma de discriminación y de violencia de las mujeres de nuestra patria. Hoy, las niñas y las mujeres de México contamos con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, como aliado impulsor de la ley de paridad en el Congreso de la Unión, en los Congresos locales y en los ayuntamientos. Asimismo, el gobierno de la República ha trabajado en la construcción de centros de justicia para mujeres en el país, impulsó tipificar el feminicidio en los códigos penales, en los estados, hoy 31 entidades federativas ya lo han adoptado, incluyó a las dependencias federales a que de inmediato se certifiquen en la Norma Mexicana 025 para la Igualdad Laboral y la No Discriminación, que incluyen en sus reglas de operación y programas la perspectiva de igualdad de género. Bajo esta convicción las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI hemos coadyuvado con reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia garantizando la coordinación entre los niveles de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres, creando el Banco Estatal de Datos e Información sobre casos y Delitos de Violencia Contra las Mujeres, facultando al Ejecutivo para elaborar un protocolo especializado en atención a víctimas de violencia. Actualmente las medidas de protección de emergencia previstas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia tienen una duración solo de 72 horas y amenaza, y prevalece, sin embargo, a pesar de ello la vida de las mujeres está permanentemente en riesgo. Además, la institución del Ministerio Público debe esperar la determinación de un juez o de una jueza que dicte una medida de protección para las mujeres afectadas. Por esta razón, no dudamos en que el Ministerio Público debe de dictar oficiosamente las órdenes de protección preventivas o de emergencia, sin necesidad de una autorización judicial en aquellos casos donde exista un riesgo inminente contra las mujeres salvaguardando su vida y su libertad. Así también ampliar la duración de medidas de protección más allá de las 72 horas, hasta que la víctima deje de estar expuesta al riesgo y fortalecer el banco nacional de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, incorporando mayor información y generando elementos valiosos que darán mayor efectividad a las medidas preventivas. Compañeras y compañeros diputados, el presente dictamen tiene como propósito primordial realizar las adecuaciones en materia penal para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y su acceso a la justicia en aras de salvaguardar su vida, y en todo momento hacer valer el derecho a una vida libre de violencia y garantizar los mecanismos para su acceso a la justicia pronta, expedita y con la debida diligencia en cumplimiento al mandato constitucional de la reforma en materia de derechos humanos 2011. Visibilizar, reconocer y atender cualquier tipo de violencia es un compromiso de mi partido, el Revolucionario Institucional, que nos exige como diputadas y como diputados configurar y legislar con enfoque de igualdad de género para diseñar políticas y programas más eficientes de seguridad ciudadana para las mujeres, encaminadas a eliminar las brechas de desigualdad que impulsen la autonomía económica, su empoderamiento y liderazgo. En este sentido, señoras y señores diputados, los convoco a que votemos a favor de este dictamen en referencia para garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. El compromiso es irrenunciable de esta LXIII Legislatura. Que la historia nos registre por nuestras acciones y no por omisiones. Es cuanto, presidenta.