La diputada Florentina Rosario Morales: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, me da mucho gusto que se haya establecido un acuerdo para dar una resolución respecto de las compañeras indígenas. Proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución para que el gobierno de la república dé libertad inmediata a las ciudadanas indígenas Jacinta Francisca Marcial, Teresa González, Alberta Alcántara. El 26 de marzo de 2006, seis agentes de la AFI sin uniforme llegaron al mercado de la plaza central de Santiago Mexquititlán, afirmando que realizarían un operativo de incautación de sustancias, estupefacientes, y DVD piratas. Sin embargo el hecho de no portar uniforme hace pensar que más que tener un propósito oficial, los agentes pretendían robar mercancías de los vendedores que ahí trabajan. Durante la operación confiscaron productos de los tianguistas y dañaron mercancías, lo cual generó una natural defensa de su propiedad, al no presentar oficio de diligencia y no identificarse para tales efectos. Esa misma noche los agentes presentaron su denuncia ante la Procuraduría General de Justicia, en la que afirmaban que habían sido secuestrados durante varias horas por personas que estaban protestando en la plaza central de Santiago Mexquititlán. Posteriormente, el 3 de agosto de 2006, Jacinta Francisca Marcial y dos ciudadanas más fueron detenidas y condenadas. Cabe mencionar que no existen elementos de prueba suficientes para acreditar la probable responsabilidad de Jacinta Francisca Marcial ni de las otras dos ciudadanas. Es sumamente preocupante que el juez cuarto de distrito en el estado de Querétaro haya concedido fuerza probatoria a los testimonios de los agentes y que desde la averiguación previa hayan fungido como ofendidos, a pesar de sus contradicciones, imprecisiones e incongruencias y con base en esas probanzas se haya privado de su libertad y condenado a la misma. Hay que decir que el juez no analizó diversas probanzas que acreditan la inocencia, como testimoniales de descargo y el peritaje antropológico que realizó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y que la sentenciada no contó con traductor en el momento de su declaración preparatoria ni en diligencias posteriores, lo que constituye también una grave violación a la garantía del debido proceso. Muchas organizaciones internacionales y nacionales creen que Jacinta ha sido encarcelada únicamente debido a su situación marginal de mujer pobre, indígena y con limitado acceso a la justicia. El proceso desde su origen está viciado. Muestra sin ninguna duda la parcialidad de la justicia y aun más grave, demuestra el Estado fallido que tenemos en materia de derechos humanos. Por lo expuesto y fundado, presento a consideración del pleno la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente u obvia resolución: Primero. Se exhorte a la Procuraduría General de la República a acelerar el proceso jurídico a fin de dar libertad inmediata a la ciudadana Jacinta Francisco Marcial, y que se repare el daño ocasionado. Segundo. Se exhorte a la Procuraduría General de la República a pronunciar conclusiones sobre las ciudadanas indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, detenidas por los mismos cargos. Tercero. Se inicie una investigación sobre la conducta de los agentes federales en los hechos mencionados, del 26 de marzo de 2006, y funcionarios públicos que llevaron el proceso jurídico, con el objeto de comprobar que hayan procedido en sus acciones conforme a la ley y en estricto apego a sus derechos. Es cuanto, señor presidente.