El diputado Jesús González Schmal (CONVERGENCIA): Con su anuencia, señor Presidente. Señores y señoras diputadas: La Ley Federal de Entidades Paraestatales fue promulgada por el Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 14 de mayo de 1986. Tal ordenamiento fue urdido para sustraer a las sociedades nacionales de crédito de la fiscalización, por parte de los instrumentos que al efecto entonces operaban; del Poder Ejecutivo lo era la Secretaría de la Contraloría y del Poder Legislativo la Contaduría Mayor de Hacienda. Así fue que las sociedades nacionales de crédito desde entonces engendraron los desfalcos que más tarde se ocultarían por medio del Fobrapoa y su derivado el IPAB. Es claro que el propósito era también dejar expedito un recurso para el mismo fin de excluir de control y fiscalización a toda sociedad mercantil de participación estatal mayoritaria que con tan sólo considerarla de carácter temporal, sin siquiera señalar el alcance de ello, permitiera un manejo discrecional para transferir activos del Estado a particulares, sin que mediara supervisión y resguardo de los bienes públicos que se enajenaban a valores inferiores a su verdadera cuantía y finalidad promotora del desarrollo. Tal es sin duda el contenido del dispositivo marcado con el número 29 de la Ley de Entidades Paraestatales. Por ello, procedo a expresar la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El gobierno es el administrador de los recursos públicos que se integran no sólo de los ingresos fiscales y de los recursos que por endeudamiento a nombre del pueblo se obtienen, sino además por los activos naturales de los que está dotado el país desde su origen y la infraestructura creada por una sucesión indefinida de generaciones que nos han dado lo que hoy somos y lo que podremos ser en el futuro. Es obvio también que la administración pública está obligada, con los ingresos fiscales y el crédito financiero de la Nación, a un manejo honrado y eficiente no sólo para prestar los servicios a los que están obligados por la Constitución como son salud, educación, seguridad, administración de justicia, cultura, condiciones para la producción, desarrollo y convivencia familiar, sino además a preservar el capital natural y acrecentar la infraestructura necesaria para permitir elevar el nivel de vida, la comunicación, la interacción e integración de los mexicanos en todo el territorio nacional para contribuir a la prosperidad general de la Nación y de cada uno de sus habitantes. Siendo tan sencillo el proceso de recaudación, gasto, inversión, la práctica sin embargo en quienes desempeñan la función pública en los altos niveles se ha trastocado y con frecuencia se inventan subterfugios o fórmulas engañosas para sustraer del marco de la revisión y fiscalización de los recursos públicos que en conjunto apenas se auditan en un 3% anual por parte de la Auditoría Superior de la Federación, como el órgano del Poder Legislativo para cumplir con la responsabilidad de supervisar la recta aplicación y sano ejercicio del presupuesto que la Cámara de Diputados aprueba anualmente. La fiscalización del propio Poder Ejecutivo a través de la hoy "Secretaría de la Función Pública", antes de la "Contraloría de la República", es por demás deficiente; desde su primer titular que habló de "peces gordos" que se salvaron ya de la red y hasta hoy persiste dicha inercia, cuando se mantiene la misma estructura en la que el Director General de Auditorías de las Entidades es depositario de toda la información confidencial para fines de control y posicionamientos políticos y hasta de comercio lucrativo con los dictámenes, según se quiera, condenar o no, algún servidor público, antes que para llevar a cabo una verdadera depuración y saneamiento en la responsabilidad de los servidores públicos de la citada ley de la materia. Los casos de la privatización de los aeropuertos, es ilustrativa de estos mecanismos y ocultamiento de números y efectos de despojo de los activos de la Nación en beneficio de grupos extranjeros que a través de inversionistas nacionales prestanombres que en su inicio aparecen con la titularidad de la minoría privilegiada y al mismo tiempo se obligan a tener un socio estratégico para la operación, conviniéndose en que estos aún siendo extranjeros tengan, según ello, real o supuesta calificación técnica que, al término del proceso, las empresas concesionarias, tanto la controladora como las de cada aeropuerto, se bursatilizan en el mercado de valores y así el socio estratégico se convierte en mayoría, dejando fuera al Estado con una mínima recuperación del valor de los activos aeroportuarios que se sacrificaron varias generaciones para tenerlos como parte del patrimonio nacional indispensable como infraestructura necesaria para el desarrollo. En el caso del Grupo Aeroportuario del Pacífico que tiene exacta similitud con otras del centro, norte y sur, la decisión hace clara la maquinación al respecto: 12 estaciones aeroportuarias que hoy la Secretaría de Comunicaciones encomienda a los despachos norteamericanos "Crearly-Woodlied & Reeg Geter" la operación correspondiente, para que dicho Grupo Aeroportuario del Pacífico "GAP", sea propalada para su venta en la Bolsa de New York a través del "Firts National Credit Bank". Dos. En diciembre de 1995, se promulgó la Ley de Aeropuertos que estableció los lineamientos de participación privada, bajo la fórmula de entidades de participación estatal mayoritaria a través de una sociedad mercantil que con carácter temporal, éste es el subterfugio,. fungiera como depositaria de las inversiones para el traslado a las sociedades operadoras que se bursatilizarían para sustituir al Estado propietario. 3. El Estado renunció al ingreso fiscal del derecho de uso de aeropuerto y lo convirtió en tarifa de uso del aeropuerto para que sea en este concepto, el ingreso o los jugosos ingresos a los concesionarios elegidos y desde luego, las exentó en el pago del impuesto predial y otros de carácter local. 4. El socio estratégico del grupo aeroportuario del Pacífico, es nada menos que Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea AENA. 5. El socio financiero y prospecto para consolidar el control total, es también la empresa española Unión Femosa, Inversión del Noroeste. 6. El socio minoritario mexicano que fungió como puente o prestanombres, fue el Grupo Angeles, que recibió del gobierno 40 millones 500 mil dólares, para compensar sus inversiones iniciales. 7. A 6 años de la constitución del Grupo Aeroportuario del Pacífico y de las sociedades de los 12 aeropuertos que comprende, todavía siguen siendo entidades de participación mayoritaria, con carácter temporal y por lo mismo no sujetas a fiscalización alguna. 8. Los mexicanos locatarios, comerciantes, prestadores de servicios, están siendo hostigados en las centrales aeroportuarias hasta el extremo de privarles de condiciones para prestar los servicios que dan y que habían estado desempeñando por décadas. Y no existe instancia en Grupo Aeroportuario del Pacífico, ni en Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, que todavía preside el consejo de estas empresas concesionarias, para detener la agresión de los administradores españoles y mexicanos, coludidos para la aplicación de las políticas comerciales de AENA. El saldo es trágico, México está a punto de perder otro de sus valiosos activos en la infraestructura y los servicios aéreos, a favor de grupos extranjeros que se están apoderando de otra área estratégica que vulnera la soberanía de la Nación. Por ello, me permito proponer de inmediato la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, que deroga el artículo 29 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, para quedar en esas condiciones consignado que no hay una sola empresa que tenga fondos públicos de mayoría del Estado, que pueda ser exentada de auditoría fiscal y supervisión del uso de sus recursos. TRANSITORIO UNICO. La presente reforma entrará en vigor al día siguiente del de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, 13 de septiembre de 2004. Día muy señalado para los mexicanos en la defensa de nuestro territorio nacional y hoy para la defensa de nuestros activos como patrimonio público inajenable. Muchas gracias a usted diputado.