El diputado José Clemente Castañeda Hoeflich: Con el permiso de la Presidencia. Bienvenido, señor secretario. Compañeras y compañeros diputados. México atraviesa por un momento que reclama decisiones y acciones contundentes. Nuestro país se debate entre la disyuntiva de transitar hacia un régimen donde las instituciones se pongan al servicio de los ciudadanos, o donde se sigan reproduciendo las mismas prácticas y vicios que mantienen un panorama de desigualdad, de inequidad y de desesperanza. En este ejercicio de rendición de cuentas, ya a un año de que concluya esta administración, lo que esperamos es que sean esclarecidas, señor secretario, las razones por las que este gobierno no logró cumplir los compromisos que asumió desde el inicio de su gestión. Lo elemental que los mexicanos se preguntan es, ¿por qué no se cumplieron las expectativas de crecimiento económico? ¿Por qué no se cumplieron las metas del combate a la pobreza y a la desigualdad? ¿Por qué este gobierno rompió el record histórico de endeudamiento? No compartimos el optimismo del gobierno federal. Siendo este pues el último ejercicio en el que participará esta legislatura, lo que esperamos en este ejercicio de rendición de cuentas son explicaciones puntuales a esta realidad más allá del pretexto del entorno, que efectivamente cuenta, pero que es una explicación en este momento insuficiente. Nos llama la atención que el comparativo que se hace en términos de la OCDE sea en términos de recaudación y no en términos de crecimiento económico. Desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano haremos énfasis en distintos temas que hoy son objeto de un amplio debate entre los mexicanos, y esperamos que sean atendidos puntualmente. En primer lugar no podemos dejar de referirnos a la emergencia que vive nuestro país en múltiples entidades federativas a causa de los fenómenos naturales recientes. Ante esta contingencia las propuestas para captar y canalizar recursos hacia la reconstrucción y la atención a las víctimas no han sido pocas. Entre las principales exigencias elevadas no solo por distintas fuerzas políticas, sino por múltiples instancias de la sociedad civil, se encuentra la demanda de que los recursos para la reconstrucción no sean administrados ni por la burocracia gubernamental ni por falsos fideicomisos. Concretamente se han planteado esquemas de participación ciudadana en la administración y ejecución de estos recursos. La pregunta puntual es si el gobierno federal está dispuesto a abrir la puerta a un modelo de administración de estos recursos públicos desde instancias independientes e integradas con perfiles ciudadanos. Esta pregunta cobra especial relevancia si tomamos en cuenta que estamos no solo ante el inicio de un proceso electoral que demandará la máxima pulcritud en el manejo de los recursos públicos, sino que además estamos ante una emergencia en donde precisamente la sociedad civil ha demostrado que está preparada y dispuesta a tomar acciones contundentes y de cara a los ciudadanos. La sociedad civil mexicana reclama no solo la posibilidad, sino su derecho a formar parte de la administración y vigilancia de los recursos públicos para la reconstrucción de México. Y, que quede claro, esta reconstrucción desde nuestra perspectiva no es solo material, también implica reconstruir la confianza de los ciudadanos y su relación con el Estado mexicano. En este contexto ya están presentadas en esta Cámara de Diputados diversas iniciativas, entre ellas la del Frente Ciudadano por México para crear un Fondo de Reconstrucción Nacional autónomo y transparente. Lo que ha faltado, hay que decirlo con todas sus letras, es voluntad política hasta este momento del gobierno federal, para convencer a sus legisladores para enviar una señal de que está dispuesto a poner en manos de una instancia ciudadana independiente la administración de estos recursos. Usted se ha referido en su intervención inicial, a la posibilidad y necesidad de reorientar los recursos hacia la reconstrucción, pero esperamos también mayores detalles sobre ello. No ha dicho ni cómo ni de dónde. Celebramos que haya esta disposición, que haya esta visión sobre la necesidad y, desde luego, que esta Cámara de Diputados quiero pensar estará en condiciones para analizar todas aquellas propuestas, no solamente que capten más recursos, sino que canalicen estos recursos de manera efectiva. No estamos para regatearla absolutamente nada a la necesidad que tienen las víctimas y millones de mexicanos, pero la pregunta que prevalece, y la hago con absoluto respeto, es, ¿qué garantías tenemos los mexicanos de que este dinero va a llegar efectivamente a quienes lo necesitan? ¿Qué garantías tenemos de que no será utilizado de manera discrecional desde su programación hasta su ejecución? ¿Qué garantías tenemos de que, a diferencia de otros ajustes presupuestales, este dinero no terminará reasignado unilateralmente por el gobierno federal, en rubros como la publicidad gubernamental, las dádivas, o peor aun, la compra de conciencias? Es justamente en estos momentos de crisis y de definiciones políticas en los que debemos tomar las decisiones que cambien el rumbo de la forma de gobernar México, y este, señor secretario, nos parece que es un paso fundamental. Un segundo tema que ponemos sobre la mesa se refiere a la necesaria e impostergable reingeniería del gasto público nacional, una discusión que por supuesto no es nueva pero que sin lugar a dudas ha cobrado una enorme relevancia a raíz de la mencionada contingencia que ha afectado a diversas entidades federativas del país. Temas como el derroche de recursos en publicidad gubernamental o los inexplicables sobre ejercicios presupuestales en dependencias como la Presidencia de la República, por no mencionar otra serie de temas como las pensiones a ex presidentes o los gastos en seguros médicos privados para altos funcionarios, son rubros que deberíamos empezar a evaluar y reconsiderar. En publicidad gubernamental se han erogado este sexenio más de 37 mil millones de pesos, un sobre ejercicio global de casi el 80 por ciento, y esto a pesar de los recortes presupuestales ejecutados y a pesar de las múltiples necesidades en otros rubros del gasto. La Presidencia de la República registra un patrón de sobre ejercicio similar. Tan solo en 2016 gastó 85 por ciento más de lo aprobado por esta Cámara de Diputados. Esto evidencia un manejo discrecional y poco disciplinado de los recursos públicos, evidencia la vocación de derroche del gobierno federal y por supuesto que se aleja de los tres pilares a los que usted hacía referencia inicialmente: estabilidad, certeza y sensibilidad social. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué seguimos sin tomar decisiones orientadas a contener el derroche de recursos públicos y orientadas a imponer mecanismos de disciplina presupuestaria? ¿Cómo se sostiene el discurso de finanzas sanas, mientras prevalece el despilfarro? En el Frente Ciudadano por México estamos convencidos que el crecimiento de nuestra economía, la generación de empleos e inversiones, el combate a la pobreza y otras de las grandes tareas pendientes del Estado mexicano pasan por una profunda reestructuración del gasto público. En otras palabras, acabar con el derroche de recursos hoy es un deber para reconstruir a México, pero también una condición necesaria para recuperar la confianza de los ciudadanos y hacerle frente a los grandes retos de nuestro país. Para concluir mi intervención, secretario, queremos manifestar una preocupación más. Hoy vemos una Secretaría de Hacienda activa, que al mismo tiempo que está concentrada en su trabajo –queremos pensarlo– reparte apoyos en el Estado de México unos días antes de que empiece la campaña electoral. La pregunta respetuosa...