El diputado Manuel García Corpus: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras Diputadas. Compañeros Diputados. Como muchos de ustedes saben, el Artículo 27 Constitucional y la legislación que de ésta se deriva, son tal vez el producto más elocuente de la historia de nuestro país, al menos la de los Siglos XIX y XX: El Constituyente de 1917 plasmó en este glorioso precepto los anhelos por los que lucharon los campesinos mexicanos, principalmente la restitución de las tierras de que habían sido despojados, el reparto de la gran propiedad agraria y la justicia social en el campo. Con base en este orden legal agrario, desde la primera mitad del siglo pasado, se estabilizó el país y se repartió más de la mitad del territorio nacional, equivalente a 103 millones de hectáreas, con lo que pudo emprenderse además el camino del desarrollo productivo, económico, social del campo mexicano. No obstante desde hace más de 20 años, el campo empezó a caer en crisis, abandono creciente por parte del Estado y el genuino contenido social del agrarismo mexicano se ha ido desvirtuando. En 1992 con el objeto de superar la crisis e impulsar el desarrollo, el Estado promovió la ya famosa reforma constitucional, a través de la cual canceló el reparto agrario y prometió, en compensación, un paquete de nuevos derechos para los campesinos, orientado fundamentalmente, según se dijo, a darles mayor seguridad jurídica, mediante la regularización de la propiedad de la tierra y a partir de ello, con la concurrencia de otras medidas, a traer inversiones, créditos, capitalización, empleo, asociación productiva, ingreso, desarrollo, bienestar y justicia social para el sector. Sin embargo, a 13 años de vigencia de estas reformas, los resultados obtenidos son muy diferentes a los esperados, existe una gran y variable inseguridad en la tenencia de la tierra, falta de regularizar más de 20 millones de hectáreas de propiedad social y la mayor parte de la propiedad privada, una gran cantidad de conflictos y problemas derivados de resoluciones presidenciales, emitidas o enjutadas incorrectamente. Por otra parte, subsiste la necesidad de crear opciones de empleo, para al menos 12 millones de personas jóvenes que habitan en el campo, pero ya no hay tierras que repartir. El crédito y la inversión no llegaron, en los últimos 20 años, la inversión en fomento agropecuario, se redujo en un 95%, el gasto público un 73% y el crédito agropecuario en un 64%. Los resultados de esto, aunado a otros factores han sido estancamientos, dependencia alimentaria y agudización de la pobreza en el sector. Preocupados por esta situación y atendiendo nuestra obligación fundamental como legisladores, en la Comisión de Reforma Agraria, además de promover mayores recursos presupuestales para el campo hemos analizado, discutido, investigado, escuchado las voces de los campesinos y recogido sus reclamos plasmados en el Acuerdo Nacional para el Campo para proponer un nuevo ordenamiento jurídico que contribuya, aunque sea modestamente, a resolver los graves problemas que aquejan hoy al campesinado de nuestro país. La iniciativa de Ley Federal Agraria que presentamos, en general se orienta a lograr una legislación con sentido social. Para ello se establecen medidas para proteger a las familias de los ejidatarios y comuneros mediante la definición y reglamentación de un patrimonio de familias. Se crea un título denominado Del Fondo de Tierras para darle estatus legal a lo que esta soberanía ha dispuesto, si bien incipientemente, en el Presupuesto de Egresos de la Federación y para orientar de mejor manera los recursos aportados a fin de motivar, tanto a los jóvenes para que trabajen la tierra y evitar su emigración, como a las mujeres organizadas. Este fondo contribuirá además al relevo generacional que demanda el proceso de envejecimiento de los titulares de las tierras; rescate de la función social de la propiedad al obligar a las sociedades propietarias de la tierra a mantenerlas en explotación, en virtud de que las reformas al 92 les dio derecho de adquirirlas pero no con un fin productivo sino puramente especulativo. Una respuesta a la demanda de justicia de los pueblos indígenas, con el objeto de atender el sector más débil y olvidado del medio rural, en cumplimiento de la previsión insistente en los artículos 2º y 27 de nuestra Carta Fundamental. De este modo se definen las tierras indígenas, se reglamenta su constitución y se asegura su protección en respeto de la cultura, sistemas normativos, valores sociales, políticos y culturales de los grupos indígenas. Fortalecimiento de la vida orgánica de los grupos agrarios, al rescatar la tradición de la organización campesina e incorporar nuevas alternativas. A este respecto se precisan atribuciones de la Asamblea Ejidal para mejorar la gestión de los asuntos financieros y sociales; se crean medidas preventivas para garantizar que los ejidos cuenten en todo momento con órganos de administración y representación vigentes. Se fortalece la junta de pobladores con miras a su participación activa en instituciones creadas por la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. En cuanto a las figuras asociativas agrarias, se definen principios generales aplicables a todas ellas, además se reconoce a la Unión Agrícola Industrial de la Mujer, AUIM, como tal, dotándola de personalidad jurídica y ampliando su objeto y alcance. La regularización de los múltiples acuerdos de arrendamiento que se dan en el campo, para otorgar mayor seguridad jurídica, proteger a los campesinos pobres y facilitar el acceso a la tierra por este medio. Vigencia de los principios de sustentabilidad, diversidad productiva y beneficio social para los dueños de la tierra, al incluir disposiciones que protegen las tierras de ejidos y comunidades y motivan su aprovechamiento en actividades productivas, de servicio, de conservación del ambiente y de la biodiversidad. Asimismo, se consideran diferentes y más justas modalidades para la determinación de la indemnización en caso de expropiación de la propiedad social. Reconocimiento a los nuevos sujetos agrarios, como en el caso de los posesionarios en lo individual y UAIM como ente colectivo. Apoyo para los pequeños propietarios, incluyéndose medidas que tutelan derechos a favor de la propiedad pardifundista (¿). Evitar la concentración de la tierra. Para ello se establecen límites a la pequeña propiedad ganadera y a la propiedad de sociedades mercantiles haciendo concordar la ley con el espíritu del artículo 27 constitucional. Independencia de la Procuraduría Agraria en lo operativo, presupuestal, técnico y administrativo con el objeto de que cumpla eficientemente su función social, para lo cual además se le dota de una Junta de Gobierno representativa. Mejor vinculación y concordancia con la legislación relacionada con el desarrollo rural, agropecuario y ambiental. En relación con la Ley Agraria vigente, esta iniciativa crea un título, una sección y 28 artículos; modifica 79 artículos y deroga 2, por lo que se consideró más adecuado, por razones de técnica jurídica, la reestructuración del ordenamiento y expedición de una nueva Ley Federal Agraria. Compañeros y compañeras diputados: El tema agrario está hoy nuevamente en discusión y redefinición en el mundo; países hermanos latinoamericanos están emprendiendo acciones de reparto de tierras para otorgar oportunidades de trabajo a su población. En otras latitudes, se redefinen las funciones sociales y ambiéntales en la gestión de la propiedad de la tierra; nuestro país, el que emprendió el proceso de reforma agraria más profundo en el siglo pasado, también reclama y requiere actualizar su legislación agraria, para que los más de 29 mil núcleos agrarios y los más de 5.7 millones de ejidatorios, comuneros, posesionarios y pequeños propietarios minifundistas, encuentren mejores alternativas de empleo, ingreso y superiores estándares de vida en la tierra que les vio nacer. El suscrito y los 19 diputados y diputadas de diferentes grupos parlamentarios de la Comisión de Reforma Agraria, al calce firmantes, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea, la iniciativa con Proyecto de Decreto de Ley Federal Agraria que, en obvio de tiempo, solicito a la Presidencia se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, como ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria el día 17 de este mismo mes. Muchas gracias.