El diputado Francisco Favela Peñuñuri: Con el permiso de nuestros compañeros diputadas y diputados, de los compañeros senadores y senadoras, del pueblo de México. A nombre de la diputada Mary Carmen Bernal, y del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo presento esta iniciativa. La seguridad social, conforme a la Organización Internacional del Trabajo y la Organización de las Naciones Unidades, es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad de ingreso, en particular, en el caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidente de trabajo, maternidad o pérdida de un sostén familiar. La seguridad social es un derecho fundamental, aunque en realidad solo una pequeña proporción de la gente en nuestro planeta disfruta del mismo. De acuerdo a la OIT, solo 20 por ciento de la población mundial tiene una cobertura adecuada en materia de seguridad social, mientras que más de la mitad no dispone de ninguna forma de protección. La protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales se ha convertido en un reto universal en un mundo globalizado. En México existen tres instituciones a nivel federal que proveen de seguridad social a la población: Es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social, creado en 1943, y atiende a los trabajadores del sector privado. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, creado en 1959 y que atiende a los trabajadores del sector público. Y, tercero, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, creado en 1976 y atiende al sector militar. No obstante, que el ISSSTE fue creado para dotar de seguridad y servicios a los trabajadores de la federación, el artículo 204 de su ley estableció la incorporación voluntaria al régimen obligatorio al establecer que el Instituto podría celebrar convenios con los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios, sus dependencias y entidades, a fin de que sus trabajadores y familiares derechohabientes reciban los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio contemplado en la ley en comento. No obstante, el servicio prestado por el ISSSTE a estados y municipios, estos han sido omisos al cubrir las aportaciones que les corresponde, pese a realizar el descuento correspondiente a sus trabajadores, en otras palabras, desvían los descuentos en materia de seguridad social. Los adeudos que estados y municipios tienen con el Instituto, lo ha puesto en una complicada situación financiera. Conforme al Informe Financiero y Actuarial aprobado por la H. Junta Directiva del ISSSTE, en su sesión ordinaria 1366, celebrada el 20 de junio del año 2019, estableció que: los adeudos con el ISSSTE que van de los 5.42 millones a los 91.05 millones se encuentran los estados de Campeche, Sonora, San Luis Potosí, Chihuahua, Quintana Roo, Veracruz, Coahuila, Oaxaca y Tabasco. No obstante, que la Ley del ISSSTE contempla que las dependencias y entidades de carácter local deberán garantizar incondicionalmente el pago de las cuotas, aportaciones y la suficiencia presupuestal necesaria, en la práctica no se ha dotado de carácter coercitivo el cumplimiento de tales disposiciones. Por ello, el objetivo de la presente iniciativa radica en modificar el artículo 204 de la Ley del ISSSTE a efecto de que sea obligatorio para el instituto presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el mes de enero de cada año, la solicitud de pago de los adeudos que en el año inmediato anterior tengan las entidades federativas o los municipios y sus entidades, y sus dependencias y entidades, ello con cargo a sus participaciones y transferencias federales que les correspondiera en ese ejercicio fiscal. También se impone la obligación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que una vez analizada la solicitud y, en caso de ser procedente, realice los pagos correspondientes, notificando a las entidades federativas, a los municipios o dependencias y entidades que por su cuenta realizaron o realizarán los mismos. Asimismo, se pretende que las omisiones en presentar la solicitud o en realizar los pagos, sean sancionado conforme a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Con lo anterior, se evitará que el ISSSTE siga teniendo una complicada situación financiera, que los adeudos no sigan elevándose y que con su pago se pueda invertir en la infraestructura hospitalaria, así como en los recursos materiales y humanos. Por otro lado también, se evitará que las entidades federativas o los municipios y sus dependencias y entidades sigan desviando estos recursos que cada quincena les descuentan a sus trabajadores y que no son enterados al instituto. Por último, solicito a esta Presidencia, que la presente intervención sea insertada íntegramente en el Diario de los Debates correspondiente. Es cuanto, señora presidenta.