El diputado Fernando Torres Graciano: Hoy venimos a presentar esta propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional, en su artículo 3o., y también de reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. México últimamente ha caído en los ratings a nivel internacional en las mediciones de corrupción. Por ejemplo, el Índice de Percepción de la Corrupción, que está evaluado en 180 países, México ocupa el lugar 124 de 180. Y en la evaluación que hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, donde están y participan 38 países, México está en el último lugar en cuanto a la lucha a la corrupción. Es decir, este discurso de que ya se acabó la corrupción no solamente no es cierto, sino todo lo contrario, está incrementando. Y algo que pasó hace unos meses, en noviembre del año pasado, a través de un decreto publicado el 22 de noviembre, el presidente de la República avienta este decretazo, donde establece el artículo 1o. que se declara de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del gobierno de México, asociados a infraestructura de los sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turismo, salud, vías férreas, ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, prácticamente cualquier obra de infraestructura está considerada de seguridad nacional. En consecuencia, no puede ser objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Con esto se evade la responsabilidad del Estado mexicano de mantener la publicidad y la mayor transparencia en el ejercicio del gasto. Esto lleva, por supuesto, a corrupción. Porque, además, a través de este decreto se establece y dice que aquellos que por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios para el Estado, serán de seguridad nacional. Y ¿quién califica y quién clasifica cuándo es prioritario para el Estado? El mismo gobierno, es decir, el mismo sujeto obligado de acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Lo anterior, claramente viene a contravenir lo establecido en la Constitución Política de nuestro estado, a las leyes de la materia y, por lo tanto, viene a dar un retroceso en este principio de máxima publicidad, enmarcado en nuestra Constitución. También es importante decir que la definición que tenemos, que se encuentra de seguridad nacional, tanto en la Constitución y que hace referencia a la propia Ley de Seguridad Nacional, establece con toda claridad, y voy a dar lectura. Dice el artículo 3o.: Seguridad nacional se entiende las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, y que conlleven a la protección de la nación mexicana frente a amenazas y riesgos. La preservación de la soberanía e independencia nacionales, el mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como el Pacto Federal en la unidad de las entidades federativas que constituyen nuestra nación. Y finalmente, la preservación de la democracia fundada en el desarrollo económico, social y político del país. ¿En qué momento una obra como el Tren Maya pone en riesgo la soberanía nacional para calificar la que es de seguridad nacional? ¿En qué momento una obra como la del Aeropuerto Felipe Ángeles se considera un riesgo a la soberanía o pone el riesgo el pacto federal o pone en riesgo el orden constitucional? No hay justificación para que las obras de infraestructura sean clasificadas como de seguridad nacional y la propia ley establece los momentos en que puede darse la excepción y pongo un ejemplo, pues en un penal quizás se pueda pedir información que es pública y se tiene que dar, pero, también hay en la construcción de ese penal, información que debe de mantenerse resguardada y se debe de clasificar y reservar, ejemplo, lo que son los planos del penal, por poner un ejemplo, ¿por qué? Porque puede estar en riesgo la seguridad, pero para que ello pase el sujeto obligado, es decir, la autoridad tiene que justificar por qué clasifica esa información y la autoridad competente tiene que resolver si es procedente o no es procedente la clasificación de esa información. Por eso, creemos que es importante agregar un párrafo en el artículo 3o. de la Ley de Seguridad Nacional para establecer que no se podrá clasificar como reservada la información que esté relacionada con proyectos y obras de infraestructura asociados a sectores de comunicaciones, telecomunicaciones, turismo, salud, etcétera, etcétera, porque nos parece que el presidente ha usado mal el término de seguridad nacional y solamente lo ha usado para proteger información que puede, finalmente, demostrar la corrupción que se vive en este país.