EL C. DIPUTADO JOSE FRANCISCO BLAKE MORA (PAN): Con su venia, señor Presidente. "Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión": "Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos Diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a la consideración de esta H. Cámara de Diputados la presente Iniciativa de Decreto que reforma los artículos 10 segundo y tercer párrafos, 11, 12, 13 párrafo segundo, 14, 15, 16, 17 párrafo primero, 18, 19, 20, 21, 22, 23 párrafo segundo y tercero, 24 párrafo primero, 25, 26, 27, 30, 31, 33 segundo párrafo, 35, 36, 38 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al tenor de la siguiente "Exposición de Motivos La Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos es la ley reglamentaria del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este título se establecen los lineamientos generales que rigen a los sujetos, causales y procedimiento en general del juicio político. La ley secundaria desarrolla estos lineamientos generales, por lo que establece el procedimiento que se desarrolla en ambas Cámaras del Congreso a fin de fincar o no responsabilidades de carácter político a los servidores públicos mencionados en el artículo 110 de la Constitución Federal. Esta ley señala que una vez presentada la denuncia de juicio político se envía a la "Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia" la cual cuenta con treinta días hábiles para determinar si el denunciado es de los servidores públicos que pueden ser sometidos a juicio político; si la denuncia contiene los elementos de prueba que justifiquen alguna de las causales y si la conducta que se denuncia constituye una infracción, y la probable responsabilidad del acusado. Cuando la Subcomisión de Examen Previo se pronuncia por la necesidad de iniciar el juicio político, deberá remitir su resolución al Pleno de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia para formular la resolución correspondiente y ordenar se turne la denuncia a la Sección Instructora. Ahora bien, derivado de la creación de la nueva Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se redujo el número de comisiones en la Cámara de Diputados, haciéndolas coincidir en lo general, con los despachos del Poder Ejecutivo a fin de fortalecer el trabajo y especialización de las mismas. Las tareas de la "Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales" quedan incluidas en la "Comisión de Gobernación, Población y Seguridad Pública". Los asuntos relativos a puntos constitucionales serán conocidos por otra distinta: "Comisión de Puntos Constitucionales y Sistema Federal". Por lo que se refiere a la de "Justicia", ésta se une con la de "Derechos Humanos" y por tanto se denominará: "Comisión de Justicia y Derechos Humanos". La presente iniciativa tiene como objetivo adecuar el marco normativo de la Ley Federal de Responsabilidades a lo establecido por la nueva Ley Orgánica del Congreso, incluyendo las referencias que se hacen a la figura de "Gran Comisión" y "Oficial Mayor" misma que deberán sustituirse por las nuevas figuras denominadas "Junta de Coordinación Política" y "Secretario General de la Cámara de Diputados." En consecuencia el nombre de la Subcomisión de Examen Previo y de las Comisiones Unidas que intervienen en el desarrollo del juicio político deberá ser modificado, a saber: "Subcomisión de Examen Previo de las Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Seguridad Pública, y Justicia y Derechos Humanos". Consideramos que la de Puntos Constitucionales y Sistema Federal no debe quedar incluida en el conocimiento de las facultades materialmente jurisdiccionales, por la materia de su competencia. Por otra parte, en las aplicaciones de la ley que nos ocupa, siempre inconclusas por cierto, resalta la necesidad de aclarar el procedimiento en materia de juicio político así como construir uno propio y claro para la declaración de procedencia. Por esta razón y con la finalidad de que el procedimiento cumpla con el principio de Justicia pronta y expedita, resulta necesario establecer nuevas reglas y plazos que generen una avance agilizándolo en forma adecuada. Juicio Político Con relación al Juicio Político, la ley que nos ocupa contiene una serie de imprecisiones y formulas inconvenientes que van desde la integración en número par de las Sección Instructora y de enjuiciamiento hasta la falta de claridad del órgano cameral que determina su integración. Por ello proponemos que las citadas secciones se integren a partir de un número de cinco miembros, lo cual resulta más racional que la fórmula vigente que es sólo de cuatro. Así mismo, consideramos la reforma pertinente en el artículo 11 para dejar en claro las funciones de integración, nombramiento y sustitución de vacantes que de las Secciones Instructoras y de Enjuiciamiento respectivamente deban hacer las Comisiones que la Ley Orgánica del Congreso General denomina como jurisdiccionales. Por otro lado, proponemos corregir la inconsistencia de los plazos y términos que del artículo 12 al 45 se señalan en la ley vigente, en días hábiles o naturales sin mayor congruencia. Al efecto creemos que la solución es mantener la lógica de los días hábiles en un número según la fase procesal que corresponda que encuentre también una lógica racional y referentes mínimos en la Teoría General del Proceso. Sin embargo adecuándonos a la dinámica especial del Congreso de la Unión como instancia de la aplicación de la ley en estudio, fijamos plazos para turnaciones de tres días hábiles, plazos para emplazamientos o contestaciones en periodos que van de 5 a 10 días; plazos para desahogo de pruebas o estudio que van hasta 30 días hábiles, y finalmente las previsiones necesarias para las ampliaciones de términos que pudieran requerirse durante los dos procedimientos que la ley regula. Adicionalmente no solo se resuelve en el artículo 19 la arcaica norma que establecía la suspensión del procedimiento de juicio político durante los recesos de las Cámaras y que afectaba por confusión, al procedimiento de declaración de procedencia. En la presente iniciativa dejamos claro la naturaleza de orden público de ambos procedimientos y por tanto se modifica el párrafo del citado artículo con el objeto de que las actuaciones se puedan dar en forma sucesiva independientemente de los periodos de sesiones o de receso. Como complemento de lo anterior, se faculta plenamente al Presidente de la Cámara correspondiente a gestionar los periodos extraordinarios cuando el Pleno deba reunirse en cumplimiento de la fase procesal correspondiente, al tiempo que establecemos la obligación de la Comisión Permanente para convocar a los periodos extraordinarios necesarios estipulando con claridad los plazos y términos aplicables de tal manera que sea previsible que los juicios políticos se substancien de principio a fin en un término moderado. Declaración de Procedencia Por lo que toca al capítulo tres, proponemos establecer un procedimiento claro que no se confunda en sus rasgos esenciales con el juicio político, y en todo caso deslindar con mayor nitidez la supletoriedad que dicho procedimiento pueda tener respecto de la declaración de procedencia. De entrada, se clarifica que el único peticionario posible puede ser el Ministerio Público y en caso de excepción, un juez; corrigiendo la de cualquier forma aparente acción popular que se contenía en el artículo 25 como fórmula arcaica, misma que se negaba en los requisitos al exigirse que la denuncia de particular debía reunir los requisitos para el ejercicio de la acción penal, misma que por su naturaleza y por disposición del artículo 21 Constitucional es propia y exclusiva del Ministerio Público. A esta altura es pertinente aclarar que la denegada procuración de justicia en la que se puede reflejar este procedimiento cuando el mismo se endereza en contra de los titulares del Ministerio Público, a bien tenemos que ya existe en el propio articulo 21 de nuestra Carta Magna, la posibilidad de recurrir en vía jurisdiccional el no ejercicio de la acción penal. Por lo anterior, se determina en el artículo 25 a través de seis nuevas fracciones la forma en la que la Sección Instructora actúa como mero órgano de casación de las actuaciones del ministerio Público, para determinar si estas no son frívolas e inconsistentes y si en su caso existen de las constancias los elementos que acrediten la existencia del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado, realizando en todo caso un juicio de valoración jurídico política sobre la pertinencia de retirar la protección procesal a determinado servidor público. Congruente con lo anterior se mantiene en la ley el principio de que la eventual negativa de declaración de procedencia no prejuzga la inocencia del inculpado y por ello es viable su procesamiento normal al concluir en su encargo. Finalmente se mantiene el reenvío que se hace respecto del desahogo de la sesión del pleno erigido en jurado de procedencia respecto de los plazos y formas que establecen tanto el artículo 18 como el 20 en materia de juicio político. Disposiciones Comunes Siguiendo la tesis de Manuel Herrera y Lasso, de que "inmunidad es el género: fuero y juicio político las especies", es necesario mantener el capítulo de disposiciones comunes no sólo por economía y sobriedad legislativa, sino porque hay francas y claras hipótesis donde las instituciones legales rigen por igual para ambos procedimientos. Por tanto, el capítulo Cuarto se mantiene en los mismos términos en lo esencial aunque se hacen una serie de correcciones y ajustes que sólo persiguen la congruencia con el resto de las reformas ya descritas, de mera técnica legislativa; sin embargo, se refuerza el artículo 43 con relación a las facultades tanto de las secciones como de las Cámaras para prevenir que el inculpado en uno u otro procedimiento se sustraiga del procedimiento o de la acción de la justicia. Respecto de este último tema conviene reflexionar que el fuero no es patente de impunidad sino tan solo una inmunidad temporal y que por su parte el juicio político es una herramienta indispensable para el control del poder público ante sus excesos u omisiones graves. En ese sentido, medidas preventivas como las que se proponen en el artículo 43 que se reforma no pretenden desconocer anticipadamente por ejemplo la protección procesal convencionalmente denominada fuero, sino que tan solo se propicia el mantener un bien superior como lo es la sujeción de las personas a los procedimientos legales establecidos en condiciones de equidad respecto del resto de los justiciables. Así mismo, tenemos que el denominado fuero no es una prerrogativa "intuito personae" sino que se trata tan sólo de la protección de la función pública. Por tanto, medidas como las que se proponen en el artículo 43 hasta la detención preventiva que en casos de flagrancia pudiera hacerse de alguno de los servidores a los que se refiere el título cuarto del a Constitución, no violan el fuero en la medida que no sean tales que impidan el ejercicio de la función. En virtud de los anterior, se somete a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de: DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS Artículo único. Se reforman los artículos 10 segundo y tercer párrafo; 11; 12; 13 párrafo segundo; 14; 15; 16; 17, párrafo primero; 18; 19; 20: 21; 22; 23, párrafo segundo y tercero; 24, párrafo primero; 25; 26; 27; 30; 31; 33, segundo párrafo; 35; 36; 38 y 43 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue: Artículo 10. Corresponde a la Cámara de Diputados sustanciar el procedimiento relativo al juicio político, actuando como órgano instructor y de acusación, y a la Cámara de Senadores fungir como Jurado de Sentencia. La Cámara de Diputados iniciará el procedimiento de juicio político por conducto de las Comisiones Unidas de Gobernación, Población y Seguridad Pública y de Justicia y Derechos Humanos, mismas que al momento de su instalación designarán a cinco miembros de cada una de ellas para que en unión de sus Presidentes y un Secretario por cada Comisión, integren la Subcomisión de Examen Previo de denuncias de juicios políticos que tendrá competencia exclusiva para los propósitos contenidos en el Capítulo II de esta Ley. Las comisiones unidas a que se refiere el párrafo anterior, a efecto de cumplir con las obligaciones que les impone la presente ley, se reunirán a convocatoria que de común acuerdo realicen los Presidentes de cada una de ellas, en cuyo defecto, será convocante la de Gobernación, Población y Seguridad Pública. Artículo 11. La Junta de Coordinación Política de cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, al momento de proponer la constitución de Comisiones para el despacho de los asuntos, también propondrá la integración de una comisión para de deducir de la misma las Secciones encargadas de sustanciar los procedimientos consignados en la presente Ley y en los términos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Aprobada la propuesta a que hace referencia el párrafo anterior, la citadas comisiones designarán en el ámbito de su competencia cinco de sus miembros para integrar la Sección Instructora en la Cámara de Diputados y la de Enjuiciamiento en la de Senadores, determinando los cargos de Presidente y dos Secretarios para cada una de ellas. Las vacantes que ocurran en la Sección correspondiente de cada Cámara, serán cubiertas por designación que haga la Comisión a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, de entre sus propios miembros. Artículo 12. La determinación del juicio político se sujetará al siguiente procedimiento: a) El escrito de denuncia se deberá presentar ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados y ratificarse ante ella dentro de los tres días hábiles siguientes a su presentación; b) Una vez ratificado el escrito, la Secretaría General de la Cámara de Diputados lo turnará a la Subcomisión de Examen Previo a que se refiere el artículo 10 de ésta ley, en un plazo no mayor de tres días hábiles. La Secretaría General deberá dar cuenta de dicho turno dentro del mismo plazo, a cada una de las coordinaciones de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados. c) La Subcomisión de Examen Previo procederá, en un plazo no mayor a quince días hábiles, a determinar si el denunciado se encuentra entre los servidores públicos a que se refiere el artículo 20., de esta Ley, así como si la denuncia contiene elementos de prueba que se relacionen con la conducta señalada y que ésta corresponde a las enumeradas en el artículo 70. de la propia Ley. En caso de reunirse los tres requisitos mencionados la Subcomisión resolverá que sí se amerita la incoación del procedimiento turnándolo directamente a la Sección Instructora en un plazo no mayor de tres días hábiles a partir de la fecha en que se dicte la resolución. En caso contrario la Subcomisión desechará la denuncia presentada notificándole personalmente al promovente por conducto de la Secretaría General, si hubiere señalado domicilio en el Distrito Federal o en su defecto, mediante publicación del acuerdo respectivo en el Estrado de dicha Oficina y en la gaceta parlamentaria. En caso de la presentación de pruebas supervinientes, la Subcomisión de Examen Previo podrá volver a analizar la denuncia que ya hubiese desechado, sólo en el caso de insuficiencia de pruebas; d) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo, desechando una denuncia, podrá revisarse por el pleno de las Comisiones Unidas a petición de cualquiera de los Presidentes de las Comisiones o a solicitud, de cuando menos, el diez por ciento de los diputados integrantes de ambas Comisiones siempre y cuando se solicite por escrito en un plazo no mayor de cinco días a partir del desechamiento, debiendo resolverse de plano por parte de las comisiones unidas, en otro plazo igual contado a partir de la presentación de la solicitud. e) La resolución que dicte la Subcomisión de Examen Previo declarando procedente la denuncia, será remitida directamente a la Sección Instructora de la Cámara. Artículo 13. La Sección Instructora practicará todas las diligencias necesarias para la comprobación de la conducta o hecho materia de aquélla; estableciendo las características y circunstancias del caso y precisando la intervención que haya tenido el servidor público denunciado. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la recepción de un expediente, la Sección notificará al denunciado sobre la materia de la denuncia, haciéndole saber su garantía de defensa y que deberá comparecer por escrito y ofrecer pruebas de su parte, dentro de los siete días hábiles siguientes a la notificación. Artículo 14. Concluido el plazo señalado en el artículo anterior, la Sección Instructora dictará inmediatamente un acuerdo mediante el cuál admita u deseche pruebas y abrirá un plazo de 30 días hábiles para desahogar tanto las pruebas de la defensa, las que haya ofrecido el denunciante o las que la propia Sección ordene para mejor proveer al momento de acordar la admisión de pruebas. En dicho acuerdo se deberá fijar prudentemente el día, hora y lugar para el desahogo de aquellas que requieran de diligencia especial lo cual deberá ocurrir dentro del mismo plazo. Serán admisibles todo tipo de pruebas pero se desecharán aquellas cuyo desahogo implique salir del plazo señalado en el párrafo anterior. Si al concluir el plazo señalado no hubiese sido posible desahogar las pruebas ofrecidas oportunamente, o es preciso allegarse otras, la Sección Instructora podrá ampliarlo hasta por otros 30 días hábiles, concluido el cuál se desecharán de plano las pruebas cuyo desahogo no haya sido posible. En todo caso, la Sección Instructora calificará la idoneidad de las pruebas, desechándose las que a su juicio sean improcedentes. La resolución que admita o deseche pruebas es inatacable. Artículo 15. Terminada la instrucción del procedimiento, se pondrá el expediente a la vista del denunciado y su defensor acreditado por un plazo de tres días hábiles, y por otros tantos al denunciante, a fin de que tomen los datos que requieran para formular alegatos que deberán presentar por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a la conclusión del segundo plazo mencionado. Artículo 16. Transcurrido el plazo para la presentación de alegatos, se hayan o no entregado éstos, la Sección Instructora formulará sus conclusiones en vista de las constancias del procedimiento en un plazo no mayor de 10 días hábiles. Para este efecto analizará clara y metódicamente la conducta o los hechos imputados y hará las consideraciones jurídicas que procedan para justificar en su caso, la conclusión o la continuación del procedimiento. Artículo 17. Si de las constancias del procedimiento se desprende la inocencia del encausado, las conclusiones de la Sección Instructora terminarán proponiendo al pleno de la Cámara de Diputados que se declare que no ha lugar a proceder en su contra por la conducta o el hecho materia de la denuncia, que dio origen al procedimiento. Si de las constancias se desprende la responsabilidad del servidor público, las conclusiones terminarán proponiendo la aprobación de lo siguiente: I. Que está legalmente comprobada la conducta o el hecho materia de la denuncia; II. Que se encuentra acreditada la responsabilidad del encausado; III. La sanción que deba imponerse de acuerdo con el artículo 80. de esta Ley, y IV. Que en caso de ser aprobadas las conclusiones, se envíe la declaración correspondiente a la Cámara de Senadores, en concepto de acusación, para los efectos legales respectivos. De igual manera deberán asentarse en las conclusiones las circunstancias que hubieren concurrido en los hechos. Artículo 18. Una vez emitidas las conclusiones a que se refieren los artículos precedentes, junto con el expediente respectivo la Sección Instructora las entregará al Presidente de la Cámara de Diputados dentro de los tres días hábiles siguientes a partir de haberse aprobado las conclusiones. El Presidente de la Cámara anunciará de inmediato a través de la Gaceta Parlamentaria y mediante publicación que aparezca por una sola vez en dos diarios de mayor circulación en el país, que dicha Cámara debe reunirse y resolver sobre la imputación. Así mismo, el Presidente de la Cámara deberá convocar a sesión del pleno misma que se deberá llevar a cabo dentro de un plazo no menor de diez días hábiles ni mayor de quince a partir de la recepción de las conclusiones de la Sección Instructora. Si las Cámaras se encontraran en receso, de inmediato el Presidente de la Cámara deberá solicitar a la Comisión permanente que convoque a periodo Extraordinario para resolver el asunto. En la sesión que siga al momento en que se reciba la solicitud a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Permanente deberá convocar a periodo extraordinario fijando la fecha en que deba desarrollarse, mismo periodo que deberá ocurrir dentro de un plazo no menor de diez días hábiles ni mayor de quince. Fijada la fecha para la sesión a que este artículo se refiere, el Presidente enviará notificación por conducto de la Secretaría General, para que estén presentes en la misma, tanto al presunto responsable, su defensor acreditado así como al denunciante en los domicilios que en su momento hubieren señalado, en cuyo defecto la notificación les surtirá efectos con la sola publicación de la convocatoria en la gaceta parlamentaria. El Presidente fijará prudentemente los lugares en que deban permanecer en el recinto durante la sesión, y los podrá hacer salir en caso de desorden o desacato, haciendo incluso uso de la fuerza pública. Artículo 19. La Sección Instructora deberá practicar todas las diligencias y formular sus conclusiones hasta entregarlas directamente a los secretarios de la Cámara, conforme a los artículos anteriores, dentro del plazo de noventa días hábiles, contado desde el día siguiente a la fecha en que se le haya turnado la denuncia, a no ser que por causa razonable y fundada se encuentre impedida para hacerlo. En este caso podrá solicitar de la Cámara que se amplíe el plazo por el tiempo indispensable para perfeccionar la instrucción. El nuevo plazo que se conceda no excederá de treinta días Hábiles. En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún momento del año, sea que las Cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, sea que se encuentren en receso. Articulo 20. El día señalado de la sesión del pleno, conforme al Artículo 18, la Cámara de Diputados se erigirá en órgano de acusación, previa declaración de su Presidente. Se publicarán en la gaceta Parlamentaria una reseña amplia de las constancias procedimentales y la Secretaría dará lectura a una síntesis que contenga los puntos sustanciales de éstas. Acto Seguido la Sección Instructora hará la lectura de sus conclusiones por conducto de su Presidente o el miembro de la Sección que la misma designe. Acto continuo se concederá la palabra al servidor público o a su defensor, o a ambos si alguno de éstos lo solicitare, para que aleguen lo que convenga a sus derechos por el tiempo que la mesa directiva fije prudentemente. La Sección Instructora podrá replicar y, si lo hiciere, el imputado o su defensor podrán hacer uso de la palabra en último término. Retirados el denunciante y el servidor público y su defensor, se procederá a discutir y a votar las conclusiones propuestas por la Sección Instructora, en los términos que dispone la Ley Orgánica del Congreso General y su reglamento. Artículo 21. Si la Cámara resolviere que no procede acusar al servidor público, éste continuará en el ejercicio de su cargo. En caso contrario, se les pondrá a disposición de la Cámara de Senadores, a la que se remitirá la acusación de inmediato, designándose una comisión de tres diputados para que sostengan aquélla ante el Senado. Artículo 22. Recibida la acusación en la Cámara de Senadores, su Presidente la turnará de inmediato a la Sección de Enjuiciamiento, la que emplazará sin demora alguna a la Comisión de Diputados encargada de la acusación, al acusado y a su defensor, para que presenten por escrito sus alegatos dentro de los cinco días hábiles siguientes al emplazamiento. Artículo 23. Transcurrido el plazo que se señala en el artículo anterior, con alegatos o sin ellos, la Sección de Enjuiciamiento de la Cámara de Senadores formulará sus conclusiones en vista de las consideraciones hechas en la acusación y en los alegatos formulados, en su caso, proponiendo la sanción que en su concepto deba imponerse al servidor público y expresando los preceptos legales en que se funde. Dentro del mismo plazo la Sección podrá acordar escuchar directamente a la Comisión de Diputados que sostienen la acusación y al acusado y su defensor, si así lo estima conveniente la misma Sección o si lo solicitan los interesados, misma audiencia que deberá ocurrir dentro de otro plazo igual señalado. Transcurrido el procedimiento anterior, en un plazo no mayor de diez días hábiles la Sección resolverá sus conclusiones y las entregará a la Secretaría de la Cámara de Senadores. Artículo 24. Recibidas las conclusiones por la Secretaría de la Cámara, su Presidente anunciará de inmediato que debe erigirse ésta en Jurado de Sentencia a través de su órgano informativo interno o por estrados, así como mediante la publicación que se haga en dos diarios de mayor circulación en el país. El Presidente del Senado convocará a la sesión de jurado de sentencia en una fecha que resulte no antes de diez días hábiles ni mayor de quince a partir de que haya recibido las citadas conclusiones, procediendo la Secretaría a citar a la Comisión a que se refiere el artículo 21 de esta Ley, al acusado y a su defensor, aplicando en lo conducente el artículo 18 del presente ordenamiento incluyendo el caso en que la cámara de Senadores se encontrare en receso. A la hora señalada para la sesión, el Presidente de la Cámara de Senadores la declarará erigida en Jurado de Sentencia y procederá de conformidad con las siguientes normas: 1. La Secretaría dará lectura a las conclusiones formuladas por la Sección de Enjuiciamiento; 2. Acto continuo, se concederá la palabra a la Comisión de Diputados, al servidor público o a su defensor, o a ambos; 3. Retirados el servidor público y su defensor, y permaneciendo los diputados en la sesión, el jurado procederá a discutir y a votar las conclusiones y aprobar los que sean los puntos resolutivos que en ellas se contengan y el Presidente hará la declaratoria que corresponda y la comunicará al Titular del Poder Ejecutivo para que ejecute sin demora la resolución respectiva. Por lo que toca a gobernadores, diputados a las Legislaturas Locales y Magistrados de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, la Cámara de Senadores se erigirá en Jurado de Sentencia conforme al procedimiento descrito. En este caso, la sentencia que se dicte tendrá efectos declarativos y la misma se comunicará a la Legislatura Local respectiva, para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Artículo 25. La declaración de procedencia se tramitará conforme a lo siguiente: I. Realizada una averiguación previa en contra de cualquier Servidor Público de los mencionados en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos y resuelto el ejercicio de la Acción Penal correspondiente, el ministerio público deberá solicitar la declaración de procedencia respectiva antes de consignar ante el Juez competente. II. En al solicitud de declaración de procedencia, el ministerio público deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que integren la averiguación así como del pliego de consignación en el que se haya resuelto el ejercicio de la acción penal. III. Recibida la solicitud de declaración de procedencia y ratificada ante el Secretario General de la Cámara, éste la turnará sin dilación a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados. IV. La Sección Instructora notificará inmediatamente por el medio más eficaz que resulte al inculpado de la pretensión punitiva en su contra emplazándolo a que alegue lo que en su derecho convenga en un plazo no mayor de diez días hábiles. Acto seguido y dentro del plazo de treinta días hábiles la Sección Instructora se reunirá a estudiar las constancias y petición del ministerio público así como los alegatos que haya ofrecido el inculpado y determinará si a su juicio el ministerio público acredita los elementos del cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del inculpado. V. Dentro del mismo plazo y con vista en el estudio a que se refiere la fracción anterior la Sección Instructora resolverá en un dictamen si ha lugar a proceder penalmente en contra del inculpado y en consecuencia es procedente remover la protección procesal al Servidor Público de que se trate, remitiendo el Dictamen de inmediato al Presidente de la Cámara de Diputados. Si la sección Instructora requiriera de mayor plazo, lo comunicará al pleno y en su defecto a la comisión permanente a efecto de que el mismo se le duplique por una sola ocasión. En todos los casos no podrán interrumpirse las actuaciones en ningún momento del año, sea que las Cámaras se encuentren en periodo ordinario o extraordinario de sesiones, sea que se encuentren en receso. VI. Si a juicio de la Sección, la imputación fuese notoriamente improcedente la desechará de plano y lo hará saber de inmediato al peticionario, sin perjuicio de reiniciar el procedimiento si posteriormente aparecen motivos que lo justifiquen. Artículo 26. Dada cuenta del dictamen correspondiente, el Presidente de la Cámara anunciará a ésta que debe erigirse en Jurado de Procedencia al día siguiente a la fecha en que se hubiese depositado el dictamen, haciéndolo saber al inculpado y a su defensor, así como al Ministerio Público actuando en lo conducente conforme al artículo 18 de ésta ley. Artículo 27. El día designado, previa declaración al Presidente de la Cámara, ésta conocerá en Asamblea del dictamen que la Sección le presente y actuará en lo conducente en los mismos términos previstos por el artículo 20 en materia de juicio político. Artículo 30. Las declaraciones y resoluciones de trámite o definitivas de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. Artículo 31. Las Cámaras tramitarán por riguroso turno a las Secciones Instructoras los requerimientos del Ministerio Público o acusaciones que se les presenten. Artículo 33. Cuando alguna de las Secciones o de las Cámaras deba realizar una diligencia en la que se requiera la presencia del inculpado, se emplazará a éste para que comparezca o conteste por escrito a los requerimientos que se le hagan; si el inculpado se abstiene de comparecer o de informar por escrito se entenderá que contesta en sentido negativo. La Sección respectiva practicará las diligencias que no requieran la presencia del inculpado, encomendando al Juez de Distrito que corresponda las que deban practicarse dentro de su respectiva jurisdicción y fuera del lugar de residencia de las Cámaras, por medio de despacho firmado por el Presidente y un Secretario de la Sección al que se acompañará testimonio de las constancias conducentes. El Juez de Distrito practicará las diligencias que le encomiende la Sección respectiva, con estricta sujeción a las determinaciones que aquélla le comunique. Todas las comunicaciones oficiales que deban girarse para la práctica de las diligencias a que se refiere este artículo, se entregarán personalmente o se enviarán por correo, en pieza certificada y con acuse de recibo, libres de cualquier gasto. Artículo 35. Presentada la excusa o la recusación, se calificará dentro de los tres días hábiles siguientes en un incidente que se substanciará, ante la Sección a cuyos miembros no se hubiese señalado impedimento para actuar. Si hay excusa o recusación de integrantes de ambas secciones, conocerá la comisión de la cual se deduce la Sección Instructora. En el incidente se escucharán al promovente y al recusado y se recibirán las pruebas correspondientes. Las Cámaras calificarán en los demás casos de excusa o recusación. Artículo 36. Tanto el inculpado como el denunciante podrán solicitar de las oficinas o establecimientos públicos las copias certificadas de documentos que pretendan ofrecer como prueba ante la Sección respectiva o ante las Cámaras. Las autoridades estarán obligadas a expedir dichas copias certificadas, sin demora, y si no lo hicieren la Sección, o las Cámaras a instancia del interesado, señalará a la autoridad omisa un plazo razonable para que las expida, bajo apercibimiento de imponerle una multa de diez a cien veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal sanción que se hará efectiva si la autoridad no las expidiere. Si resultase falso que el interesado hubiera solicitado las constancias, la multa se hará efectiva en su contra. Por su parte, la Sección o las Cámaras solicitarán las copias certificadas de constancias que estimen necesarias para el procedimiento, y si la autoridad de quien las solicitase no las remite dentro del plazo discrecional que se le señale, se impondrá la multa a que se refiere el párrafo anterior. Artículo 38. Las Cámaras no podrán erigirse en órgano de acusación, Jurado de Procedencia o Jurado de Sentencia, sin que antes se compruebe fehacientemente que el servidor público, su defensor, el denunciante o el Ministerio Público han sido debidamente citados en los domicilios por ellos señalados al efecto. Artículo 40. En todo lo no previsto por esta Ley, en las discusiones y votaciones se observarán, en lo aplicable, las reglas. que establecen la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento Interior del Congreso General para discusión y votación de las leyes. En todo caso, las votaciones deberán ser nominales, para tramitar, formular, aprobar o reprobar las conclusiones o dictámenes de las Secciones y para resolver incidental o definitivamente en el procedimiento. Artículo 43 Las Secciones y las Cámaras podrán disponer las medidas de apercibimiento que estimen necesarias y podrán ordenar de plano al servidor público que no abandone el Distrito Federal, Determinado Municipio o Entidad Federativa u ordenar el arraigo en su propio domicilio mediante acuerdo de la mayoría de sus miembros presentes en la sesión respectiva pudiendo a su vez ordenar la vigilancia y hasta hacer uso de la fuerza si se suscita el riesgo inminente de que el inculpado se sustraiga del procedimiento o de la acción de la Justicia. Transitorio Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a 12 de Septiembre de 2000.