La diputada Zuleyma Huidobro González: Con su permiso, presidente. En movimiento ciudadano estamos a favor de la propuesta que se está presentando, donde se reforman diversos artículos del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales y del Código Federal de Procedimientos Civiles. Felicitamos, por supuesto, a la diputada Alfa González, promovente de esta iniciativa. Sin embargo, no puedo dejar de resaltar, que este dictamen fue aprobado por la Comisión de Justicia el 20 de noviembre, mucho tiempo antes de que fuera remitida la minuta del Senado, referente al Código Nacional de Procedimientos Penales. Y espero que se hayan dado cuenta, el Código Nacional de Procedimientos Penales que se acaba de aprobar no contempla ninguna de estas propuestas y en Movimiento Ciudadano lo lamentamos profundamente porque al considerar la discapacidad como una cuestión de derechos humanos se impone la necesidad de realizar un importante esfuerzo para alejarnos de los estereotipos, los prejuicios y las actitudes excluyentes hacia las personas con discapacidad. Por ello, como legisladores debemos dotar entre otros al sistema de justicia de las herramientas para la remoción de barreras socioculturales, que excluyen a una parte importante de la sociedad y le impide ejercer sus derechos en igualdad de condiciones y sin discriminación. Según el INEGI, en México existen más de cinco millones de personas que tienen alguna discapacidad, lo que representa el 1.5 por ciento de la población nacional. De acuerdo a la ONU, el 80 por ciento de las personas con discapacidad vive en los países pobres y por ende existe un fuerte vínculo entre discapacidad y pobreza en la sociedad actual. Si bien la sociedad ha dejado atrás la mayoría de abusos que ocurrieron a lo largo de la historia todavía existen barreras que impiden a las personas con discapacidad alcanzar su máximo potencial. Las personas con discapacidad siguen encontrando obstáculos a su participación en la sociedad y se ven obligados a vivir en los márgenes de su propio contexto. En este sentido, la instrumentación de una directriz de trato que debe procurarse a las personas con discapacidad que se acercan al sistema de justicia constituiría un avance significativo para superar la problemática. Las personas con discapacidad se encuentran con diferentes obstáculos que dificultan el pleno ejercicio de sus derechos cuando participan en los procesos judiciales, ya sea por dificultades en el acceso a la información sobre sus derechos y en la forma de ejercerlos, trato no adecuado y el desconocimiento por parte de los actores judiciales. En lo esencial, la perspectiva basada en los derechos a personas con discapacidad equivale a considerarlos sujetos y no objetos; es decir, dejar de verlos como una carga y considerarlos poseedores de derechos, garantizándoles las condiciones de igualdad de todos los derechos humanos sin discriminación. El principio de no discriminación ayuda a que los derechos humanos en general sean aplicables en el contexto específico de la discapacidad; por consiguiente la no discriminación y el disfrute efectivo y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos por parte de las personas con discapacidad son el tema predominante en la manera en que se examina en todo el mundo la cuestión de los discapacitados. Sin embargo dada las condiciones especiales de estas personas, son acreedoras a consideraciones especiales para lograr un desarrollo más integral en una sociedad que por lo regular es obstáculo al desconocer qué debe hacer y cómo debe interactuar con ellos. El objetivo del presente dictamen es asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones que los demás, incluso mediante ajustes a los procedimientos de orden civil y penal para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de las personas con discapacidad como participantes directos e indirectos, desde la declaración como testigos en todos los procedimientos judiciales, incluyendo la etapa de investigación y otras etapas preliminares. En Movimiento Ciudadano reconocemos que las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que todos los seres humanos. Asimismo el acceso a la justicia justamente en igualdad de condiciones que todos; nosotros somos partidarios de la defensa de los grupos vulnerables. Lo vuelvo a repetir, el Código Nacional de Procedimientos Penales no contempla esta materia, por lo que nuevamente se va a tener que reformar el código cundo entre en vigor. Muchas gracias.