El diputado Jesús Ricardo Morales Manzo: Con la venia de la Presidencia. La información es un elemento imprescindible en la toma de decisiones de las personas, ya que aporta elementos indispensables para que éstas puedan orientar su acción en la sociedad. El acceso a la información es un derecho constitucional inherente a la participación ciudadana y a la protección del estado de derecho, dado que sin información pública adecuada, oportuna y veraz, la sociedad no se encuentra en condiciones óptimas para participar en la toma de decisiones públicas. En los últimos años ha surgido la necesidad de utilizar la información de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad, para lo cual la Constitución prevé, en el artículo 6o., el derecho al acceso a la información como una garantía individual de todo gobernado. La reforma al artículo 6 constitucional contempla, en la fracción IV, el principio por el que se deberán establecer los mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Por su parte, la legislación secundaria, que es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, tiene como finalidad proveer lo necesario para garantizar el acceso a toda persona de la información en posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal y cualquiera otra entidad federal. En este orden de ideas, el capítulo III de la mencionada ley detalla el procedimiento de acceso por el cual los interesados podrán solicitar la información a los sujetos obligados y que las dependencias y entidades cuenten con la unidad de enlace, que será el vínculo de ésta con los solicitantes. Asimismo, se establece para el procedimiento de acceso para las unidades de enlace que los sujetos obligados respondan a solicitudes de información formuladas por los ciudadanos será en el menor tiempo posible, el cual no será mayor a 20 días hábiles, contados desde la presentación de la misma. En casos de excepción, la ley contempla que ese plazo podrá ampliarse hasta por un período igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante. Adicionalmente, cuando una información es denegada por la dependencia o entidad, al plazo anterior se le suma el plazo correspondiente que lleva el recurso de revisión. Considerando que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de julio de 2002, los sujetos obligados y las Unidades de Enlace han tenido seis años y medio para que se hayan adaptado a lo dispuesto en el cuerpo de la mencionada pauta legal, y tengan la suficiente experiencia en la aplicación de la misma. Por tanto, los plazos contemplados en la norma ya resultan obsoletos y no abonan a favor del cumplimiento del principio de establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos en la ley. Por otra parte, el último reporte gráfico mensual que se ha publicado en la página de Internet del Instituto Federal de Acceso a la Información, (IFAI) correspondiente al mes de octubre de 2008, registra que los tiempos promedios de respuesta se dieron en el plazo mínimo de 3 días, cuando la respuesta señalaba que no era competencia de la Unidad de Enlace, y con el plazo mayor de 19 días para responder que la información es parcialmente reservada o confidencial. En los casos en que las respuestas han sido notificadas de disponibilidad de información, se ha llevado 15 días en promedio la respuesta, la entrega en medio electrónico 13 días en promedio y las respuestas de negativa de la información, por ser reservada, confidencial o por la inexistencia de la información, 18 días en promedio. Asimismo, en el reporte referido se muestra clara la tendencia de reducción en los tiempos promedios de respuesta, sobre todo en la notificación de disponibilidad de información, que era en promedio de 30 días en 2003 y pasó a ser de 15 días en promedio, el 31 de octubre de 2008. Es menester precisar que la iniciativa que tengo a bien presentar no pretende forzar los trabajos que desempeñan las Unidades de Enlace y de los sujetos obligados; lo que se pretende es agilizar los plazos contenidos en la ley para alentar la participación de la ciudadanía a acceder a la información que generan las dependencias y entidades sobre la función pública en concordancia con el principio constitucional. Abundando en lo anterior, partimos de la elemental premisa de que los actuales sistemas electrónicos de procesamiento y manejo de la información permiten que ésta pueda fluir de manera más rápida y expedita, por lo que los plazos que actualmente contempla la norma son obsoletos y demasiado tardíos. En síntesis, el objetivo de esta reforma es que las Unidades de Enlace, eficienten el procedimiento de acceso a la información de las dependencias o entidades de la administración pública gubernamental, para otorgarle al ciudadano un procedimiento expedito y oportuno, haciendo de la información un derecho ágil y factible para todas y todos los interesados. Por lo expuesto, fundado y motivado, presento a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 40, párrafo segundo, y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Artículo único. Se reforman los artículos 40, párrafo segundo, y 44 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para quedar como sigue: Artículo 40. ... Si los detalles proporcionados por el solicitante no bastan para localizar los documentos o son erróneos, la unidad de enlace podrá requerir, por una vez y dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud, que indique otros elementos o corrija los datos. Este requerimiento interrumpirá el plazo establecido en el artículo 44. Artículo 44. La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá ser mayor de quince días hábiles, contados desde la presentación de aquélla. Además, se precisará el costo y la modalidad en que será entregada la información, atendiendo en la mayor medida de lo posible a la solicitud del interesado. Excepcionalmente, este plazo podrá ampliarse hasta por un periodo igual cuando existan razones que lo motiven, siempre y cuando éstas se le notifiquen al solicitante. La información deberá entregarse dentro de los cinco días hábiles siguientes al que la unidad de enlace le haya notificado la disponibilidad de aquélla, siempre que el solicitante compruebe haber cubierto el pago de los derechos correspondientes. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Diputado federal, Jesús Ricardo Morales Manzo. Es cuanto, diputada presidenta.