El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano Presidente, ciudadanos legisladores: el exhorto que se plantea y del que ha dado cuenta la Secretaría de la Cámara es oportuno y en la lógica política y jurídica no admite posición contraria. El que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, realice una amplia y profunda investigación sobre posibles violaciones a la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores por parte de la institución financiera de crédito Banamex, en menoscabo del interés público derivado del caso de la documentación apócrifa dada en garantía a Banamex por parte de la empresa Oceanografía, es correcto. Banamex, perteneciente a Citigroup y acreedor de la empresa Oceanografía, le emitió a Pemex una revisión y cotejo de las facturas y contratos que la empresa le presentaba y que acreditaba supuestas ventas por cobrar. De ahí se deriva la denuncia ante la PGR, y en consecuencia la determinación de asegurar a la empresa de forma inmediata por probables conductas tipificadas como delito. México es un país de corrupción, de impunidad, de complicidad, de oprobio y de injusticia. Este exhorto que pareciera ser tardío obliga a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a indagar sobre esta situación. En contraste con el gobierno que aquí nos mal gobierna, en Estados Unidos, a través de la oficina federal de investigación FBI y de la Comisión Nacional de Bolsa y de Valores, que muchos de ustedes conocen, la Securities and Exchange Commission encargada de hacer cumplir las leyes federales en el tema de los valores, se encuentran investigando a Citigroup, por estos mismos hechos, por fraude contable, además de estar indagando sobre prácticas de corrupción en el extranjero. Incluso, calificadoras de riesgo como Moodys, ha concluido que la sólida capacidad de generación de ingresos por parte de Banamex se vio neutralizada por los recientes efectos negativos y consideró que fallaron los controles del banco que aumentaron el riesgo de cargos adicionales contra ganancias. Se afectó la capacidad de la institución para mantener sanos los niveles de capitalización y limitaron su capacidad para crecer su negocio y beneficiarse del mejor entorno operativo del país. Con esta información que estamos requiriendo mediante exhorto, ¿qué pretendemos, se preguntarán algunos? Lo primero que debería preocuparle al Congreso sería proteger y preservar el trabajo y los derechos de los trabajadores de la empresa y establecer las responsabilidades penales que en su caso correspondan, recuperar los fondos desviados por quienes cometieron estos delitos, pero sobre todo restituir los daños y proteger la operación ordinaria de una empresa que tiene una cantidad importante de trabajadores. ¿Qué es lo que se debe aclarar? Los actos delictivos además de aclarar la inquietud de que el patrimonio nacional ha sido afectado y sobre todo los problemas que pueden derivarse del perjuicio sobre una de las principales instituciones financieras de México. Es indudable, por encima de lo que diga Lozoya y otros personeros del gobierno, que los hechos y actos a que se refiere este exhorto han causado daño al interés público jurídicamente protegido por el Estado mexicano. Implica un grave riesgo al patrimonio nacional, a la seguridad pública, a las sanas prácticas de los mercados financieros, a la economía pública y a la probidad en el servicio público prestado por el Estado. Resulta creíble, les pregunto, que se brinde un crédito por esa cantidad de 585 millones de dólares por Banamex a una empresa sin verificar la autenticidad de los contratos. ¿Cómo poderle creer a Banamex que fue engañado? ¿Es Banamex el único banco involucrado en estas facturas apócrifas? No lo es. También Bancomext en el 2003 entregó créditos millonarios a esta empresa. El Consejo Directivo de Bancomext, bajo la dirección de Reyes Retana, autorizó los préstamos. La empresa también recibió, Oceanografía, créditos por parte de Bancomer, Santander, Serfín, HSBC y Banorte, todos ellos amparados por contratos de Pemex y seguramente falsos y apócrifos. Era un modus operandi de la empresa que quedó al descubierto. Nosotros no creemos que sólo sea Oceanografía y que sólo sea Banamex, creemos que son muchas más. La Comisión Nacional Bancaria también ha incurrido en responsabilidad por su omisión; tiene la facultad de indagar, investigar, supervisar, incluso corregir, citar a distintas personalidades, que no lo ha hecho. Hoy, mediante este exhorto, estamos intentando mover a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que informe a este Congreso lo que ha pasado en Oceanografía. Muchas gracias, presidente. Y muchas gracias a todos por su atención y por no chiflar.