El diputado Miguel Alejandro Alonso Reyes: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, pueblo de México, el día de hoy nos corresponde inaugurar el análisis y discusión de la glosa del Sexto Informe de la administración federal. Y en el Grupo Parlamentario del PRI lo haremos con seriedad, con responsabilidad y profesionalismo. En materia de política interior podemos afirmar que el balance y los resultados para el pueblo de México son total y absolutamente deficitarios. Para la fracción del PRI a seis años de gobierno confirmamos con enorme preocupación que nuestro país no es más seguro que en el 2018 ni menos pobre ni menos desigual. Tampoco es más democrático, el diálogo y la interlocución con la oposición fueron prácticamente nulos, negando así la pluralidad y diversidad de pensamientos en México y, peor aún, el rechazo a la construcción de acuerdos trascendentes con una visión incluyente en beneficio de la sociedad mexicana. El retroceso en materia de federalismo es enorme, traducido en fortalecimiento y apoyo para estados y municipios que decreció drásticamente al eliminar 109 fondos y fideicomisos, argumentando la reasignación de 68 mil 478 millones de pesos del gasto público. Por lo que eliminar programas y partidas presupuestarias que eran esenciales para su desarrollo, previstas en el ramo 26 o el ramo 33, como el Fortaseg, el Fortamun, el Fonden, el Fondo Minero, el Programa 3X1 para Migrantes, el apoyo y financiamiento para el campo, así como un sin número de programas que al desaparecerlos lo único que se logró fue centralizar y concentrar facultades y recursos financieros para proyectos de infraestructura no esenciales y así agudizar la debilidad estructural de la mayoría de los municipios y profundizar aún más las desigualdades en las distintas regiones del país. Resulta aún más sorprendente la eliminación de programas, políticas públicas y fondos que se dio en el contexto de la pandemia del Covid-19, la cual es de dominio público, que por la ineficiente e irresponsable toma de decisiones y el pésimo manejo, los indicadores sobre el impacto de la pandemia en México son devastadores y, por ello, inocultables: más de 800 mil muertes. Tampoco, a seis años de distancia, podemos hablar de un México más justo o con mayor respeto a los derechos humanos. Y qué decir de la gravísima inseguridad que campea en todo el territorio nacional. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del 2018 a la fecha, estamos cerca de alcanzar la cifra trágica de 200 mil homicidios dolosos y más de 5 mil feminicidios. Esto es un promedio de un asesinato cada 15 minutos, 95 asesinatos diarios. Se abrieron 50 mil 225 carpetas de investigación por extorsión a nivel nacional. A lo anterior hay que agregar una cifra negra, delitos que no se denuncian por miedo, del 96 %, según estos datos estimados por el Inegi. Por lo que se refiere a las desapariciones, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se registró un total de 51 mil 899 personas desaparecidas en estos últimos 6 años, además de cientos de familias desplazadas de sus comunidades de origen por la violencia. Por lo que se refiere a la protección a periodistas, según la organización Reporteros sin Frontera, año tras año México se mantiene como uno de los países más peligrosos y mortíferos del mundo para el ejercicio del periodismo. Del 20218 a la fecha, la organización Artículo 19 ha documentado 55 asesinatos de periodistas en el país, aunado a la censura a los críticos del oficialismo. Y cómo ignorar la errónea y simplista concepción en esta administración de que la mejor política exterior es la política interna, cuando hoy por hoy México dejó de ser el país respetado y prestigiado en el concierto internacional, como lo fue sobradamente en el pasado. Retroceso claro se presenta en materia de transparencia, ya que la opacidad en el manejo de recursos públicos, en especialmente en obras emblemáticas, en las que ha sido reservada la información como de seguridad nacional. Y qué decir de la amenaza de eliminar a los organismos autónomos en materia de acceso a la información, que generaría un legado sumamente perjudicial para el país. Grave regresión existe también en materia electoral, con elecciones profundamente inequitativas y amparando, desde el poder, la creación de mayorías legislativas artificiales, que no se corresponden con la votación popular manifestada en las urnas el pasado 2 de junio. Y qué decir también en materia de fortalecimiento del Estado de derecho. Y el retroceso grave y con la recién aprobada reforma al Poder Judicial se sepulta la independencia judicial y, con ello, se da el estoque final a un ámbito fundamental en cualquier país democrático que se precie de serlo. En el balance de la administración federal a seis años, aquel discurso de redención y sacramento, el saldo no es favorable. La deuda con la que concluye el gobierno pasa irremediablemente por la pérdida de vidas humanas que pudieron evitarse. Se trata de mexicanas y mexicanos que murieron a consecuencia de estrategias fallidas y de la impericia e indolencia de actores que no estuvieron...