El diputado Miguel Alonso Raya: Con su permiso, señor Presidente; Compañeras y Compañeros: Con fundamento en los artículos 124 y 125 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de ustedes las siguientes consideraciones y modificaciones del artículo 20 del decreto por el que se expide esta ley de desarrollo integral. Primero. En el dictamen con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable en la Cafeticultura prevé su artículo 12 la creación del Consejo Mexicano del Café como organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, provisto de las facultades que le otorga dicha ley. Más adelante, en el artículo 20, establece que los trabajadores que presten servicios al consejo se regirán por lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 constitucional. En la Constitución se establece que el apartado B del artículo 123 rige para las relaciones entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. No obstante, el primer artículo de la ley reglamentaria de este apartado ha ampliado desde la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de febrero de 1983, la observancia de esta ley a los "organismos descentralizados", entre comillas, "que tengan a su cargo función de servicios públicos". A pesar de que en las consideraciones del dictamen no se mencionan las razones para encuadrar a los trabajadores en el marco jurídico del derecho laboral burocrático, puede suponerse que esto obedece no a lo que establece la Constitución, sino al artículo 1o. de la Ley de Trabajadores al Servicio del Estado, que ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1/96. Esta jurisprudencia estableció que los organismos descentralizados no se encuentran enmarcados en la aplicación del apartado B y su ley reglamentaria. Considero que este criterio y una adecuada interpretación de nuestra Carta Magna debe tomarse en cuenta en la expedición del presente decreto. Independientemente de que, de aprobarse el artículo 20 tal como aparece en el dictamen, los derechos colectivos de los trabajadores de este nuevo organismo se verán disminuidos, resulta inadecuado asumir que jurídicamente los trabajadores de un organismo descentralizado se rijan por el apartado B del 123 constitucional. En los hechos, gran cantidad de este tipo de organismos se rige por el apartado A: el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, Aeropuertos y Servicios Auxiliares, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, Petróleos Mexicanos, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto del Fondo Nacional para Vivienda de los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Petróleo, entre otros. De no hacerse la modificación que se propone, se estaría aprobando un ordenamiento que, de entrada, generaría un conflicto, pues al amparo de la jurisprudencia citada los trabajadores podrían determinar su incorporación al apartado A. Es necesario no seguir estableciendo regímenes laborales de excepción y obedecer el mandato constitucional que sitúa a los trabajadores de organismos descentralizados fuera del apartado B del 123 constitucional. Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito diputado federal, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, somete a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente reserva al artículo 20 del proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Desarrollo Integral y Sustentable de la Cafeticultura, para quedar como sigue: Artículo 20. Los trabajadores que presten servicios al Consejo se regirán por lo dispuesto en el apartado A del 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria. Por su atención, muchas gracias, señor Presidente.