La diputada Aída Marina Arvizu Rivas: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el inmenso problema de la corrupción, la ineficiencia y la morosidad con que se persigue el delito y se administra justicia en nuestro país es un problema añejo que deriva de una amañada composición de complicidades y silencios de los que está hecha la impunidad en México. Aquí nunca hay culpables. Y cuando los hay, muchas veces son inocentes. Esta situación es más grave aún ante el embate del crimen organizado, que no sólo ha puesto en jaque a la sociedad mexicana, sino que ha calificado la verdadera capacidad de las instituciones encargadas de la seguridad interna y de la procuración de justicia. Una calificación absolutamente deficiente. En ambos casos tenemos un sistema caro e ineficiente. Si no fuera así no estarían nuestras Fuerzas Armadas haciéndose cargo de un problema que, lo sabemos bien, no debería ser suyo. Esta situación de urgencia, de verdadera emergencia, ha llevado a muchos sectores a un falso dilema. El dilema de tener que elegir entre la seguridad y los derechos humanos, entre la seguridad y la democracia. Nosotros creemos que ésa es una disyuntiva falsa. Es un punto de vista conservador y diría, con todo respeto primitivo, buscar la solución sacrificando en el altar de la seguridad la democracia y la tradición protectora de los derechos humanos en la que México, o una parte importante de este país, ha pugnado por incorporarse en los últimos años, creyendo que de esta manera se resolverá el grave problema de la delincuencia y el crimen organizado. Amplían los márgenes de discrecionalidad y de arbitrariedad de una autoridad, lo saben bien, muchas veces corrupta y muchas veces ineficiente. Los delincuentes organizados o no no evaden la justicia por ausencia de leyes duras. Alguno, a caso, por ejemplo, se acogerá a la benignidad con que tratan a los violadores de mujeres y a los traficantes de niños y niñas, pero sus expedientes están mal hechos y la capacidad de investigación de nuestro Ministerio Público es muy lamentable. Ése es el problema. Desde otro punto de vista es iluso e irresponsable pretender "negligir" nuestras obligaciones con la seguridad pública, diciendo que todo ello deriva de una situación endémica de injusticia social en nuestro país. Esta percepción no comprende la naturaleza del crimen organizado que hoy es el principal reto a nuestra tranquilidad. ¿Qué duda hay de que vivimos en un sistema socialmente injusto? En el Grupo Parlamentario de Alternativa creemos que toda verdadera reforma debe atacar al mismo tiempo los tres problemas principales de un sistema de justicia: prevención, sanción y rehabilitación; y que esa reforma debe hacerse siguiendo por lo menos dos criterios. Primero, debe ser una reforma sistémica para lograr congruencia en todas nuestras leyes; y segundo, debe ser un proceso integral para ir por partes y dentro de un plan. Alternativa vio algunos atisbos de solución en la propuesta que dio origen al actual debate. Por eso en la primera votación preferimos abstenernos, en la expectativa de que en el proceso de elaboración legislativa en el Senado alcanzaríamos un adecuado balance entre la necesidad de dotar de instrumentos modernos a la procuración de justicia y del respeto irrestricto a la democracia y a los derechos humanos. Sin lugar a dudas esta reforma contiene aspectos muy positivos tales como la definición de un sistema oral, la redefinición de la participación de los jueces en los procesos; mayores definiciones respecto a la presentación de pruebas y testimonios, y al desarrollo de los juicios mismos, lo que a la postre redundará en una reducción de los tiempos de impartición de justicia; una de las deudas más sentidas del sistema de la administración de justicia mexicana, que aunque lo dice no lo hace. La justicia debe ser pronta y expedita. Nuestra fundamental preocupación en el dictamen anterior se encontraba en que esta reforma restringía un derecho fundamental de las personas: la inviolabilidad de su domicilio. Esto hubiera sido un gran retroceso, y lo peor es que, en este supuesto problema, tampoco se resolvería, como lo es la detención flagrante del que se mete en un domicilio privado o bien tratando de proteger la integridad o la vida de alguien en un delito. Estos temas ya están resueltos por la Suprema Corte de Justicia en el sentido de permitir la detención por flagrancia en estos casos. En Alternativa nos preguntamos muchas veces: ¿por qué se insiste en algo que ya está resuelto? ¿Será cierta la sospecha de que lo que se quería era una excusa constitucional para que se pudiera entrar, al antojo, al domicilio de cualquiera de nosotros? Finalmente la propuesta que hoy hacen los grupos parlamentarios o la propuesta que hacen las Comisiones Unidas me da la certeza que no es así, y también me da la certeza y esto es para todos, compañeras diputadas y compañeros diputados de que cuando escuchamos a la sociedad civil no nos equivocamos. Es por ello que aunque sabemos que esta reforma contiene todavía temas pendientes, Alternativa dará su voto, en lo general. Muchas gracias.