La diputada Kehila Abigail Ku Escalante: Gracias, presidente. En Movimiento Ciudadano hemos impulsado mecanismos de participación ciudadana que hagan posible una verdadera democracia representativa y participativa, es por eso que hace dos años, como ya se ha mencionado en esta tribuna, discutimos este mismo tema en el Congreso del estado de Jalisco y fuimos el primer estado en aprobarlo a nivel nacional. Hoy nos hemos manifestado nuevamente a favor en lo general de este importante avance para México, sin embargo, es igual de importante manifestar nuestra reserva al artículo 38, fracción II, por las siguientes razones. Primero. El derecho a participar en los asuntos públicos es un derecho humano establecido en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Básicamente consta de tres componentes: El derecho general a la participación pública, el derecho a votar y ser elegido, la igualdad de acceso a la función pública. Actualmente nuestra Constitución Política en su artículo 35 enumera estos derechos como derechos de la ciudadanía, menciono solamente los tres primeros: Uno, votar en las elecciones populares; dos, poder ser votado para todos los cargos de elección popular teniendo las calidades que establezca la ley; tres, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos el país. Con la modificación propuesta al artículo 38 constitucional que contiene las causas por las cuales los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden, limitaremos el ejercicio de las fracciones antes mencionadas del artículo 35. Con esta redacción cualquier ciudadano puede ser impedido de sus derechos políticos, simple y sencillamente porque ha sido sujeto a un proceso, que puede fincar la pena corporal, pero en el que todavía no hay una sentencia, impidiéndole votar y ser candidato a algún cargo de elección popular, entre otros derechos. Considerando lo anterior, advertimos un agravio y una franca violación al ejercicio de este derecho humano, porque con la alusión al artículo 111 solamente se evita la suspensión de derechos a quienes nos encontramos ya en funciones, diputados, senadores, magistrados, ministros, etcétera. Por ello es que proponemos la siguiente modificación al párrafo segundo del artículo 38. El texto del dictamen dice: Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal al contar desde la fecha del auto de vinculación a proceso penal, salvo lo establecido en el artículo 111 de esta Constitución. Nuestra propuesta es: Por la privación de la libertad dictada por sentencia firme y mientras la privación subsista. Con esto garantizamos que una vez cumplida la sentencia se puedan recuperar los derechos ciudadanos. Insisto, esta reforma es muy necesaria para nuestro país. No podemos seguir viviendo en la impunidad, pero tampoco podemos pasar por encima de los derechos propersona y por el principio de presunción de inocencia que se estableció en la reforma de 2011, donde pasamos de un sistema penal inquisitivo a uno garantista. No podemos restringir los derechos políticos cuando no se ha demostrado una culpabilidad. Aclaro, no estamos proponiendo un tratamiento especial sino el respeto a un derecho humano de todos los ciudadanos. Es cuanto, presidente.