El diputado Francisco Javier Barrio Terrazas (PAN): Con su permiso, señor Presidente. Compañeros diputados; compañeras diputadas: Venimos a reanudar esta sesión iniciada hace una semana y dos veces suspendida por actos lamentables. Los diputados y diputadas del PAN hacemos votos porque esas conductas no se repitan y reiteramos que con un sentido de respeto a los ciudadanos y a este Congreso, actuaremos en todo momento con apego a la legalidad y al orden que la sociedad mexicana quiere ver primero que nadie en nosotros, sus representantes. Venimos ahora a discutir un asunto que en los últimos días se ha estado planteando como si fuera de la sola incumbencia de los habitantes del Distrito Federal, pero que es, como veremos, un asunto que le importa y mucho a los ciudadanos de toda la República. Les pregunto, por ejemplo, a los ciudadanos de Tabasco, Durango y Michoacán: ¿Cómo estarían ahora sus estados si en los últimos diez años cada uno de sus gobiernos estatales hubiera podido invertir, además de los presupuestos ejercidos, unos 12 mil 500 millones de pesos de los actuales en carreteras o en escuelas o en sistemas de agua y drenaje o en seguridad? Eso más o menos es lo que hubiera ocurrido si no hubieran tenido que aportarle al gasto de educación, como ocurre hasta la fecha en el Distrito Federal. Y a los habitantes de Chiapas, de Puebla y de Chihuahua, les pregunto: ¿Cómo hubiera caído una inversión adicional en cada una de sus entidades, por el equivalente a unos 30 mil millones de pesos? ¿Cómo estarían Veracruz, Nuevo León y Baja California, con inversiones adicionales de unos 36 mil millones? ¿O Jalisco, si hubiera podido disponer de unos 45 mil millones adicionales? Y el caso más dramático de todos, el Estado de México hubiera podido invertirle a esos rubros unos 120 mil millones de pesos adicionales. Así, en mayor o menor proporción, los gobiernos de todos los estados le aportan al gasto en educación, reduciendo sus posibilidades de invertir en otros rubros, lo que no es el caso del D.F. Por eso, hoy que discutimos la iniciativa que reforma el artículo 122 constitucional, a fin de que el Gobierno del Distrito Federal participe como las demás entidades federativas, en el gasto destinado a la educación, la posición del Grupo Parlamentario del PAN es claramente a favor de su aprobación, porque para nosotros este es un tema de equidad, de distribución más pareja de los recursos y de las responsabilidades; es también un asunto de solidaridad y de federalismo. Se argumenta en contra de esta iniciativa, que en esta ciudad se recauda más de la cuarta parte de los impuestos del país y que de esa suma sólo alrededor de un 20 por ciento se entrega al gobierno capitalino. Bajo ese razonamiento el Distrito Federal estaría convertido en el gran subsidiador del resto del país, sin embargo esa afirmación no es válida, de hecho son mayoría las entidades donde la suma que regresa a los gobiernos locales, por concepto de "participaciones y transferencias federales" es muy inferior a la suma de los impuestos recaudados. De esto hay varias razones. Primero, porque organizados en una República Federal, los estados tenemos que aportarle al gasto público nacional, así casi la mitad del dinero que ingresa a la Tesorería de la Federación, es gastado directamente por el gobierno de la república. Segundo.- Porque las entidades más ricas y desarrolladas, tenemos, en efecto, que subsidiar a los estados de mayor pobreza y marginación, tal ha sido durante muchos años el caso de mi estado natal, Chihuahua, donde sabemos que parte de lo que nosotros aportamos debe servir para apoyar a estados pobres, con menos desarrollo. Lo entendemos y lo aceptamos como algo válido y correcto, conveniente para el país, de otra manera, diferencias ya abismales, se profundizarían todavía más, haciendo crecer la desigualdad entre estados pobres y estados ricos. Hay además otro aspecto que debe contemplarse en la Ciudad de México tienen su domicilio fiscal muchas grandes empresas que operan en todo el territorio nacional, de tal suerte que algunos de los impuestos que aquí se pagan, en sumas ciertamente enormes, son realmente causados en las diversas regiones del país, donde los productos se producen o se consumen. No existe información confiable que permita saber qué proporción de esos impuestos que se cobran en la Ciudad de México pudieron haberse causado en Veracruz, en Yucatán, Oaxaca o el Estado de México, por lo que es difícil saber a ciencia cierta, de qué tamaño es el subsidio que unos estados pudieran estar haciendo a otros. Lo que si está claro, es que a lo largo de los años, nuestro Sistema Haciendario Nacional ha ido acumulando grandes disparidades, así mientras unos estados aportan hasta el 40% de su gasto educativo, otros aportan un 10%, un 5% o nada, y lo mismo ocurre con el gasto en materia de salud. De la misma manera el gasto federal per cápita en programas de combate a la pobreza o de apoyo al campo, es sumamente desigual en las distintas regiones del país. Se hace pues indispensable realizar un diagnóstico integral, serio, bien sustentado de las finanzas públicas nacionales, tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los egresos. Quizás eso nos lleve a concluir, que el D.F., o algunas otras entidades, deban recibir más recursos federales, otras quizás deban tener un alivio en la proporción de gastos que hoy en día tienen que asumir. En cualquier caso, nosotros estaremos a favor de que se hagan los ajustes necesarios. Por lo pronto, saltan a la vista situaciones contrastantes de nuestra geografía fiscal, el Estado de México, con una población de aproximadamente 14 y medio millones de habitantes, tiene un presupuesto estatal de 71,400 millones de pesos; el Gobierno del D.F., con una población de 8.8 millones de habitantes, dispone de un presupuesto de 77 mil 500 millones de pesos. Esa comparación ya desproporcionada, se vuelve insostenible, si le agregamos que el Gobierno de Edomex tiene que destinar el 34% de su presupuesto a pagar el gasto educativo y el D.F. sólo aplica ese rubro alrededor del 2% de su presupuesto. Es por ello, que en la Convención Nacional Hacendaria se llegó al Acuerdo firmado por 31 gobernadores, de revisar y corregir el tema del gasto educativo y no es, como se ha dicho, que de la Convención Nacional Hacendaria sólo estemos tomando este tema, más bien esta iniciativa que ya venía discutiéndose desde el año pasado, se ve ahora avalada por el sentir de las 31 entidades federativas que se sienten afectadas. Es con ese ánimo de equidad y federalismo que los diputados y diputadas del PAN hemos decidido y así lo expresamos ahora, que nuestro voto será a favor de la aprobación de esta reforma. Es cuanto.