El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. El presente dictamen, atendiendo al objeto y descripción de la iniciativa, señala que tiene por objeto generar una nueva regulación encaminada a fortalecer los procesos de cooperación migratoria y aduanera de México con el resto del mundo con el objeto de hacer más eficiente el flujo de personas y mercancías, abatiendo costos y tiempos, impulsando un mayor beneficio económico para nuestro país. De la misma manera, dice, busca establecer una regulación homologada a las obligaciones internacionales contraídas por México adecuada para la correcta protección de personas internacionalmente protegidas en visitas de jefes de Estado, de gobierno, ministros y altos funcionarios de otros países. A este respecto la iniciativa de referencia propone fortalecer la regulación actual para la implementación de procesos de preinspección aduanera en un marco de cooperación bilateral con otros países. En este sentido es importante destacar que uno de los argumentos que se utilizan en el presente dictamen es el relativo a la reciprocidad internacional, lo cual significa que funcionarios aduaneros mexicanos que desempeñen sus actividades en el extranjero contarían con autorización para trasladarse del territorio mexicano con las armas de fuego que utilicen para sus funciones. Yo preguntaría ¿dónde está el compromiso de estos países de reciprocidad? Por otra parte, hemos visto que en la práctica dicha reciprocidad no se respeta. Un claro ejemplo fue la privación de la vida del connacional Edgar Tamayo, quien fue ejecutado en los Estados Unidos de Norteamérica el 22 de enero del año 2014, ello a pesar de que México con Estados Unidos de Norteamérica son Estados parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares desde 1963, habiendo de por medio inclusive una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y sin embargo vemos que no se cumplen las disposiciones internacionales de reciprocidad. Por lo tanto, en este sentido no existe garantía alguna de que a funcionarios mexicanos se les garantice la autorización para portar armas en iguales circunstancias, aunado a que en el país del norte se establece la prohibición para que personas no porten armas de fuego, lo cual se establece en la Enmienda Segunda vigente en los Estados Unidos de Norteamérica en la cual establece de manera literal la prohibición para portar armas a extranjeros ilegales, dice, y a ciudadanas y ciudadanos no estadounidenses, a menos que emigrasen de manera permanente a Estados Unidos, entre otros. Por otra parte es evidente que países como Estados Unidos utiliza como primicia la violencia letal, como ha quedado evidenciado en los recientes sucesos, lo cual tendría necesariamente que analizarse en la relación que nuestro país guarda con otros países del orbe de igual manera. Por otra parte es necesario destacar que resulta incongruente y contradictorio que en un primer momento en el objeto del dictamen refiera de la misma manera subrayo busca establecer una regulación homologada a las obligaciones internacionales contraídas por México, adecuada para la correcta protección de personas internacionalmente protegidas en visitas de jefes de Estado, entre otros. La incongruencia consiste en que en un principio se refiere a esa protección, pero por el otro se desprende que se enfoca a una regulación para la implementación de procesos de preinspección aduanera. Es importante resaltar que la función de la seguridad pública corresponde única y exclusivamente al Estado, lo cual se encuentra plasmado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 21. Por lo tanto resulta ser inconstitucional que uno de los argumentos que se emplee para la aprobación de esta reforma sea precisamente el de garantizar la seguridad de jefes de Estado, de gobierno, ministros y altos funcionarios de otros países, y posteriormente con el fin de establecer los mecanismos de protección y seguridad para las personas internacionalmente protegidas. Por otra parte de igual manera resulta ser inconstitucional, toda vez que la investigación de los ilícitos corresponde única y exclusivamente a la Procuraduría General de la República, como bien lo establece el artículo 21 de nuestra norma fundamental. Siendo de igual manera antinomias a ordenamientos jurídicos federales dicha iniciativa, como son la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al Código Penal Federal, así como a la Ley de Seguridad Nacional. Aunado a lo anterior deseo invocar nuestro artículo 1o. constitucional en su segundo párrafo que expresamente señala: Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a la persona, la protección más amplia. Esto significa que por encima de los tratados internacionales prevalece la supremacía constitucional. Finalmente no quiero dejar de soslayar que dicha reforma en un sentido estricto resultaría ser violatoria a nuestra soberanía nacional. Por todo lo anterior expuesto, la fracción legislativa de Movimiento Ciudadano votará en contra de este dictamen. Es cuanto.