La diputada María de Fátima García León: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, desde la primera Constitución de México independiente la de 1824, los pueblos y comunidades indígenas fueron injustamente excluidas del pacto nacional bajo el argumento de que todos debían de ser iguales ante la ley y que debían prevalecer los derechos individuales para terminar con el sistema de castas construido durante La Colonia se dejaron de lado los derechos colectivos de las comunidades indígenas y se trató como iguales a quienes social y culturalmente eran diferentes. Por eso, a partir de la Independencia los pueblos y comunidades indígenas han librado una permanente lucha de resistencia en contra de la exclusión y la discriminación, en esta lucha han logrado algunos avances, especialmente a nivel local y regional. En el estado de Oaxaca lograron que la Constitución local de 1825 reconociera su derecho a gobernarse a través de la figura de república de indios, con prerrogativas equiparables a los ayuntamientos. Sin embargo, a nivel nacional los avances han sido lentos y limitados, con el reconocimiento del municipio libre como la base de la organización política y administrativa de las entidades federativas, establecido en el artículo 115 de la Constitución de 1917. Se volvió a excluir a las comunidades indígenas y a someter sus formas de organización a la figura del municipio. La parte positiva fue el reconocimiento de su derecho a las tierras comunales. En el siglo XX las regiones indígenas se consolidaron como ámbitos de lucha y resistencia frente a las políticas que intentaban homogeneizar la identidad nacional. Fue en esas regiones donde defendieron con mayor fuerza sus derechos y autonomía. Una de las expresiones más emblemáticas de estas luchas fue el surgimiento del movimiento zapatista en la última década del siglo pasado. Este movimiento llevó al centro del debate la urgente necesidad de reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho privado. En respuesta al movimiento zapatista y la reforma constitucional de 2001 se dio un paso importante al reconocer el derecho a la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Desafortunadamente, en la misma reforma se establecieron candados que dejaron sin esencia este derecho. Uno de estos candados fue el dejar en manos de las legislaturas estatales la determinación de la autonomía. El otro fue el considerar a los pueblos y comunidades indígenas como entidades de interés público, pero no como titulares de derechos y obligaciones jurídicas. Con estas medidas la autonomía quedó seriamente disminuida. Afortunadamente, los cambios legislativos en las entidades federativas han permitido avances en el reconocimiento a los derechos indígenas, por ejemplo, en el estado de Oaxaca se avanzó en el reconocimiento de la asamblea comunitaria como forma de elección de autoridades municipales en la reforma de 1995 y en 1998 se reconoció a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público y se estableció su jurisdicción. El reconocimiento de la policía comunitaria, las regidurías étnicas, las presidencias de comunidad y los municipios indígenas son también avances logrados en los estados de Tlaxcala, Guerrero, Sonora, Michoacán y Morelos. Estos avances son, sin duda, alentadores, pero no podemos ignorar que a nivel nacional seguimos en deuda con los pueblos y comunidades indígenas. Como legisladores nacionales tenemos la responsabilidad de reparar las omisiones del pasado y adecuar la legislación para que los derechos de estos pueblos sean plenamente reconocidos y respetados. Debemos asegurarnos de que nuestras leyes reflejen la naturaleza pluricultural y pluriétnica de nuestra nación. La riqueza de México radica en su diversidad y no podemos seguir negando los derechos de los más de 25 millones de mexicanos que se reconocen como indígenas y afromexicanos. Esta realidad nos impone una obligación moral y legal, los pueblos indígenas no son solo una parte en nuestro pasado, son una parte viva y esencial de nuestro presente y nuestro futuro. Las comunidades indígenas están presentes en más de 60 mil localidades, principalmente en estados como Oaxaca, Chiapas, Veracruz, estado de México, Puebla, Guerrero, Hidalgo y Yucatán. No reconocer plenamente sus derechos significa perpetuar una injusticia histórica que ha contribuido a los altos niveles de pobreza, marginación y vulnerabilidad que enfrentan estas comunidades. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y Desarrollo Social, Coneval, se estima que la población indígena en pobreza es de 77 % y en pobreza extrema del 35 %, estos números no son solo estadísticas, detrás de ellos han vidas que sufren carencias, que van desde la falta de servicios básicos de vivienda hasta la falta de acceso a una adecuada educación, buena salud y seguridad social. Por eso, la bancada de Movimiento Ciudadano considera que es tiempo de hacerle justicia a los pueblos y comunidades indígenas, que debemos atender el justo reclamo de sus organizaciones, que es tiempo de armonizar la legislación constitucional con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que ya los reconocen como titulares de derecho público. Como descendiente de padres y abuelos zapotecas, como originaria de uno de los estados con mayor población indígena y como parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, me siento con el deber y la obligación de apoyar esta iniciativa, para que de una vez y por todos los pueblos y comunidades indígenas sean reconocidas como sujetos de derecho público. Los integrantes de la bancada naranja hemos estado y estaremos siempre a favor del reconocimiento de la defensa de los derechos de todas y todos, en especial de las mujeres indígenas y personas con discapacidad, por eso manifestamos con claridad que votaremos a favor del presente dictamen que modifica el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos. Pero no solo eso, conscientes que debemos dar pasos adicionales para cerrar la brecha de desigualdad e injusticia que viven nuestras hermanas y hermanos indígenas, haremos las reservas necesarias para que este dictamen incluya el derecho al territorio y a los bienes naturales de los pueblos y comunidades indígenas. No podemos permitir que las comunidades indígenas sigan siendo vulnerables ante la invasión indiscriminada de megaproyectos y la violencia generada por la delincuencia organizada que amenaza con despojarlos de sus tierras y su modo de vida. Hacemos un llamado a todas y todos, las compañeras y compañeros diputados, para que de una vez aprobada esta reforma constitucional procedamos de manera responsable y diligente a elaborar y aprobar la ley general de la materia y armonizar el marco normativo de las leyes que correspondan en el ámbito federal y a promover las modificaciones jurídicas en nuestros estados. Vivan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es cuanto.