El diputado Marcos Aguilar Vega: Con el permiso de la presidencia. Me refiero al punto de acuerdo que hoy se somete a consideración de esta asamblea y partiendo de dos puntos de vista en torno a las consideraciones establecidas en el mismo. En el primero de los rubros, en cuanto a la forma y en el segundo de ellos en cuanto al contenido. En el primero, en la forma, identificamos plenamente inconsistencias que revelan el desconocimiento jurídico en cuanto a atribuciones se refiere asignadas a diversas secretarías del Poder Ejecutivo. Mentiras, incongruencias, argumentos que no compartimos, falta de técnica legislativa que confunde los alcances del punto propuesto y la claridad sobre su contenido. Hemos tenido comunicación con el diputado proponente con el ánimo de privilegiar las coincidencias por encima de las diferencias en este tema y reconocemos su voluntad política para retirar el segundo punto resolutivo que originalmente fue integrado en el punto de acuerdo. En cuanto al contenido, la semana pasada en esta tribuna tuvimos ocasión de aprobar un punto de acuerdo referente a este grave tema del trasiego de armas en la llamada operación Rápido y Furioso. En esa ocasión nuestro grupo parlamentario, por medio de nuestra compañera diputada Adriana González, aclaró perfectamente nuestra posición y señaló nítidamente los procesos indagatorios abiertos tanto en nuestro país como en los Estados Unidos de Norteamérica. Nos llama la atención que en un tema que requiere toda nuestra seriedad, sensibilidad, responsabilidad y respeto se vuelva a insistir en temas ya superados. Nos referimos específicamente a lo que de manera irresponsable se ha estado difundiendo como omisión del gobierno mexicano en sus tareas. Definitivamente o se está hablando con desconocimiento de la información o se está actuando de mala fe. Hemos manifestado en múltiples ocasiones que el tema del operativo Rápido y Furioso no sólo irritó la relación entre Estados Unidos y México, sino que además ha significado la muerte de mexicanos inocentes a manos de la delincuencia organizada. Hemos reprochado estas conductas que sin duda alguna requieren que las dependencias gubernamentales mexicanas responsables en la materia exijan información, así como los avances en la investigación a nuestro vecino país del norte. Debemos recordar una vez más que el presidente Felipe Calderón Hinojosa manifestó desde hace más de un año su total rechazo a esta operación de la cual el gobierno mexicano no tenía información alguna al respecto, solamente como muestra recordemos que en el mes de septiembre de 2011, en un encuentro con la comunidad mexicana asentada en Los Ángeles, el Ejecutivo federal se refirió al programa Rápido y Furioso puesto en marcha por las autoridades estadounidenses y que consideró que se trató de un error garrafal, y calificó se abre la cita- ahora sí que los rápidos fueron ellos y los furiosos nosotros, porque la verdad es que se quedaron con el santo y la limosna se cierra la cita- expresó el titular del Poder Ejecutivo federal. Nos interesa insistir en que la canciller Patricia Espinosa, durante su última comparecencia en el Senado de la República el pasado 13 de septiembre del presente año afirmó que el gobierno mexicano no acepta ni tolera ni lo hará bajo ninguna circunstancia, el trasiego controlado de armas a Estados Unidos. Rechazamos que por falta de conocimiento se acuse al gobierno de México de omisión y sería un descuido grave confundir el tema de la cooperación internacional establecido entre ambos países con el de la complicidad. Cabe recordar que en Estados Unidos han sido implementadas medidas disciplinarias contra 14 funcionarios del Departamento para el control del alcohol, tabaco y armas de fuego, vinculados directamente con el operativo. Por tanto, se pone de manifiesto que existe corresponsabilidad por parte de ambos gobiernos para no dejar impune este atropello a la seguridad nacional. En Acción Nacional votaremos a favor del punto de acuerdo porque creemos firmemente que los derechos humanos deben ser respetados en nuestro país y que el acceso a la información no tiene cortapisas. Así también estamos convencidos que los familiares de las víctimas deben de contar con el respaldo total del gobierno en el régimen de democracia plena en que actualmente gozamos. Es cuanto, señor presidente.