La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Muchas gracias. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, se suele decir que la política pública sin presupuesto es solo demagogia, por lo que es lamentable que perdamos la oportunidad de analizar a detalle una reforma de la que se ha dicho es la más importante en las últimas décadas en materia laboral. Para dignificar nuestra labor como legisladoras y legisladores tenemos que profesionalizarnos y abandonar de manera urgente esta pésima práctica de reformar primero y luego ver cómo presupuestamos. Otra vez la misma historia. De entrada, el dictamen carece de impacto presupuestal en la implementación de esta reforma, lo cual es un requisito fundamental de acuerdo a nuestro Reglamento, por lo que se desconoce el costo real para la operación de los Centros de Conciliación y Registro Laboral. Tampoco se conoce el monto requerido para que funcionen los tribunales federales y locales. Por si fuera poco, al hacer lectura de los transitorios tercero y quinto del dictamen, se señala textualmente que para el arranque de dichos organismos se atenderán las necesidades y las posibilidades presupuestales. ¿Esto qué significa? Que no existe obligación de destinar los recursos necesarios para la implementación de la reforma laboral que estamos en este momento discutiendo. Es decir, las y los trabajadores no tienen garantías de que se respetará su derecho a una justicia pronta y expedita. No siendo suficiente, se repite el mismo error del nuevo sistema de justicia penal al no establecer un plazo suficiente que permita garantizar la implementación efectiva de la reforma laboral. Finalmente, por la premura con la que se quiere discutir este dictamen, estamos arriesgando, de nueva cuenta, una oportunidad histórica de profundizar en la perspectiva de género en esta reforma. Y así, garantizar la justicia laboral a millones de trabajadoras en México. Por lo anterior, presento una serie de reservas en los artículos 424, 541, 590 A, 590 B, 590 D, 590 F, 684 G y 685 Ter, así como en los transitorios tercero y quinto, a fin de subsanar las observaciones antes mencionadas para la implementación del nuevo sistema de justicia laboral. Primero. Se propone establecer plazos de tres y cuatro años para el inicio de funciones para los centros de conciliación y tribunales locales y federales respectivamente. Que los poderes legislativos, federal y local, destinen los recursos necesarios para la implementación de dicho sistema, para lo cual se tendrán que etiquetar partidas en el presupuesto inmediato siguiente y en los sucesivos. Tercero. Se propone que los inspectores de trabajo vigilen el cumplimiento de las normas y medidas preventivas en materia de discriminación y violencia de género en los centros laborales. Cuarto. Establecer que quede exceptuado de agotar la instancia conciliatoria a cualquier caso de discriminación en lugar de solo seis supuestos, como se plantea Quinto. Incorporar al Instituto Nacional de las Mujeres en la Junta de Gobierno del Centro Federal de Conciliación, a fin de que evalúe las políticas laborales en materia de igualdad y no discriminación. Sexto y último. Se adiciona la igualdad como un principio que debiera regir a los Centros de Conciliación y Registro Laboral, tanto federal como local. Compañeras y compañeros, si realmente queremos un verdadero sistema de justicia laboral eficiente, eficaz y respetuoso de los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores, se tienen que garantizar los recursos y el tiempo necesario para poder rendir frutos. De lo contrario, no podrán cumplirse los propósitos de esta reforma. Una justicia laboral, pronta, expedita para todos y para todas. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias.