El diputado José Bernardo Quezada Salas: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la volatilidad del entorno económico internacional nos obliga como país a establecer mecanismos internos que contribuyan a amortiguar los impactos de las presiones externas y, al mismo tiempo, a generar incentivos que fortalezcan nuestra economía. Si bien las reformas estructurales son vía para impulsar el crecimiento económico del país, es necesario generar los cambios legales para fortalecer nuestra planta productiva y los sectores económicos, que son quienes crean las fuentes de empleo y dinamizan nuestra economía. Las micro, pequeñas y medianas empresas son precisamente quienes detonan nuestro crecimiento económico, ya que emplean el 72 por ciento de la población económicamente activa y generan el 52 por ciento del producto interno bruto. En el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza estamos convencidos que el desarrollo nacional transita necesariamente por la fortaleza de las empresas. Su rol en la economía es incuestionable, por lo que requiere de medidas efectivas que impulsen su crecimiento en los sectores productivos y de servicios. Hoy más que nunca México requiere que sus empresas generen mayor valor agregado a sus productos y servicios, valor que se genera a partir de la innovación tecnológica y la formación del capital humano. Pero esto no es posible sin los recursos financieros para emprender proyectos de largo alcance. La mayoría de las micro, pequeñas y medianas empresas requieren de asesoramiento para lograr consolidar todo el problema que existe en el mercado. La competencia y la falta de profesionalización de quienes las dirigen, son factores que inciden en que la mayoría de ellas no logren consolidarse. A ello, habrá que sumar los costos de operación que conlleva emprender un negocio exitoso, desde los requisitos para abrir una empresa hasta las contribuciones que deben de hacer a las autoridades fiscales y los costos de seguridad social de sus trabajadores. En esta circunstancia, el Estado mexicano debe asumir su responsabilidad frente a aquellos quienes arriesgan parte de su patrimonio, a fin de crear empresas que den empleos a las mexicanas y los mexicanos. Esta responsabilidad la asumimos en Nueva Alianza como parte de nuestro compromiso de generar las condiciones que impulsen el desarrollo nacional. Nuestra tarea, como legisladores, es modificar las leyes a fin de legislar e incentivar todo lo que sea necesario, para que las empresas mexicanas prosperen en un ambiente de competitividad global. En consecuencia sometemos a esta honorable asamblea la presente iniciativa que reforma la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, con la finalidad de que las Mipyme tengan mejores condiciones de acceder al financiamiento, considerando su historial crediticio para tener tasas preferenciales en los créditos que soliciten. Asimismo, consideramos que la autoridad competente debe crear los mecanismos propicios para que el sector público y gubernamental, que tiene acuerdos comerciales en este sector de las empresas, cumpla con un pago a los proveedores en un plazo no mayor de 30 días naturales. Es lamentable ver cómo la mayor parte de estas empresas y las deudas que tienen los gobiernos municipales y los gobiernos estatales con ellas llegan a ser más de tres, cuatro o cinco años y si no pasan por el moche, para que les puedan pagar. Cabe señalar que en materia de financiamiento, la encuesta de evaluación de la empresa, durante el trimestre abril a junio de 2015, señala que las fuentes de financiamiento más utilizadas por las empresas son los proveedores y la banca comercial. Si aspiramos a que las Mipyme se conviertan en agentes de cambio estructural y aumenten la productividad, requerimos fortalecer las capacidades de las empresas para acceder a mejores condiciones crediticias. Resulta necesario, por otra parte, que la autoridad genere las condiciones para el pago oportuno, por parte del sector público a los proveedores que sean Mipymes, ya que de ello depende capitalizar a las propias empresas. El país concluyó, en 2014, con un saldo de deuda pública en los estados y municipios, de 509 mil 600 millones de pesos, 1.4 por ciento mayor a lo registrado en el 2013. Si bien lo anterior es motivo de una rigurosa inspección es preocupante que una cuarta parte de estos recursos sean adeudados a proveedores de Mipymes, dado que el incumplimiento de pagos por parte de los estados y municipios cerró en el 2014 en más de 100 mil millones de pesos. Termino. Muchos de estos proveedores del sector público son Mipymes y dependen del pago de su servicio o productos para mantener la liquidez de sus empresas. En el momento en el que el tiempo de pago se extiende, las empresas comienzan a dejar de contratar personal, invertir en tecnología y a expandir hacia otros mercados. En ello radica la importancia de impulsar su pago oportuno. Compañeras y compañeros legisladores, en esta medida el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza refrenda su compromiso con el desarrollo del país, particularmente con los empresarios que generan empleos para las y los mexicanos. Esperamos el apoyo de las diferentes bancadas para que estas medidas sean una realidad para las Mipymes. Muchas gracias.