La diputada Zuleyma Huidobro González: Gracias, presidente, con su permiso. Resulta alarmante que no obstante que apenas comienza la Legislatura ya estamos arrastrando con los vicios, las irregularidades y las ilegalidades, que son propias de las pasadas. Con fecha 14 de noviembre de este año, en la reunión de trabajo de la Comisión de Justicia se incluyó en el orden del día el análisis sobre la minuta de proyecto de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, minuta que fue aprobada en sus términos con un solo voto en contra, el mío, por cierto. Hoy, sin embargo, no fue puesto del conocimiento, como era debido, a todos los integrantes del pleno de esta Cámara. Ahora resulta que se encontró enlistado en el orden del día y no obstante que fue presentado un voto particular en tiempo y forma, éste también fue publicado en último minuto. Ciertamente, a estas instancias del procedimiento legislativo, estamos frente a un dictamen que nos ofrece un margen de maniobra bastante reducido. Tan solo se pusieron a discusión cuatro artículos contenidos en la minuta. En la Comisión de Justicia, reiteradamente, se manifestó que era importante que esta Cámara no solo se volviera de trámite. Cuál es la urgencia para que se apruebe, una opinión de la reciente creada Comisión de la Niñez no fue atendida debidamente. Me pregunto entonces, para qué, diputados, aprueban la conformación de nuevas comisiones si no son tomadas en cuenta. Sí se leyó la opinión, pero sus propuestas no fueron consideradas, es como si no hubieran existido. El proyecto de decreto incluye la implementación de órganos, instancias y procedimientos especializados para determinar la responsabilidad de los adolescentes en la realización de una conducta tipificada como delito, garantizar la protección de los derechos de la víctima u ofendido y regular la ejecución de las medidas de sanción penal federal aplicables. No obstante, y a pesar de las aparentes bondades escritas en la ley, debe afrontar algunas observaciones que demeritan y contradicen el proyecto presentado por la Comisión de Justicia y el cual, reitero, se votó en contra. Primero. El proyecto en comento retoma una iniciativa presentada en el año 2009, sin embargo, esta iniciativa resultaba en su origen obsoleta. En la parte procesal, frente a las reformas constitucionales, en materia de justicia penal de 2008. Además de ser incongruentes con el espíritu de la propia reforma constitucional de justicia de 2005, cuyo objetivo consistía en dotar de mejores y mayores garantías a los adolescentes. Las razones de ellos son las siguientes: establece como supletorio el Código Federal de Procedimientos Penales, el cual es de carácter inquisitivo, lo que contraviene la reforma de justicia penal de 2008, que establece un sistema acusatorio y oral. El proceso que pretende establecer la existencia jurídica de delitos cometidos por adolescentes es escrito y formal, en vez de ser acusatorio y oral. Las normas que regulan el proceso que seguiría a los adolescentes mantienen el modelo del sistema inquisitivo actual. Esto es abiertamente contrario a las garantías del debido proceso legal, reconocido por la propia Constitución y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos. En la Ley de Adolescentes se encuentran normas que son más rígidas aún que para los adultos. Por señalar un ejemplo, el catálogo de delitos graves a los que es aplicable la medida de internamiento permanente es aún más extenso que el catálogo provisto en la Constitución para adultos. Sin contar la parte de tortura hacia adolescentes, que inclusive diputados del PRI reconocieron que habrá de reformarse posteriormente, esto se encuentra contemplado en el artículo 26, fracción VIII, y que hizo referencia la diputada Lilia Aguilar. En los artículos transitorios de la ley se establece que entrará en vigor dos años después de su publicación. Es decir, si hipotéticamente el día de hoy fuera aprobada la ley procedería en el 2014, siendo que el sistema acusatorio obligadamente tiene que actualizarse a nivel federal en 2016 tanto para adolescentes como para adultos. Tampoco fueron consideradas leyes de los estados que se encuentran más avanzados en este tema, como es el caso de los estados de Veracruz y Tamaulipas. La ley es ambigua y en ocasiones omisa en esclarecer cuáles son las premisas o el modelo de reintegración social a seguir, cuáles son los protocolos terapéuticos necesarios o cuáles son las prácticas coercitivas genuinamente especializadas. Más aún, en marzo de 2011, la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la anterior legislatura de esta Cámara de Diputados informó de los resultados del estudio y análisis que llevaron a cabo del proyecto de decreto que hoy consideramos. En opinión de dicha comisión el impacto presupuestario para establecer el sistema de justicia para adolescentes ascendería a la cantidad de 676 millones 405 mil 820 pesos, sólo en el primer año de ejercicio. La fuerte erogación presupuestal, y que por supuesto no está actualizada, que implica la ejecución de la ley que examinamos, resulta a todas luces significativa y abrumadora. ¿Por qué no se invierte este presupuesto para prevenir en vez de sancionar, en crear más burocracia de la que hay en México, y no se destina mejor a la cultura y a la educación de los adolescentes de nuestro país? Esto es lo que realmente hace falta. Repito, cultura y educación. En un país como el nuestro, donde las carencias están al orden del día, donde los problemas, marginación, inseguridad pública o educación prevalecen de manera alarmante. Como consecuencia de las irresponsables políticas económicas del Estado mexicano resulta incongruente dirigir los escasos recursos presupuestales a un sistema de justicia que por su propio diseño institucional resultará en la práctica obsoleta, por no decir que retrógrada. Derivado de lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará en contra del proyecto a discusión. Muchas gracias.