EL C. DIP. CESAR AUGUSTO SANTIAGO RAMIREZ: Buenos días señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Quiero presentar esta iniciativa y si cuento con la autorización de la Presidenta, prefiero hacer un breve comentario que leer el texto de la exposición de motivos. El tema de la iniciativa tiene que ver con el concepto de seguridad nacional, amigas y amigos diputados, que es un tema que estoy seguro está en la agenda de los tres Poderes de la Unión y en la mente de todos los mexicanos: la seguridad nacional es un concepto que sin mayores connotaciones y tal vez sin necesidad de una apreciación jurídica específica, ha estado siempre presente en la vida de los mexicanos. Todos pensamos que en algún lugar, en algún lado, hay alguien del Gobierno que está pendiente de la seguridad de la nación. Cuando menos así pensábamos hasta el 11 de septiembre pasado. El sistema político mexicano es responsable, en sentido positivo, de haber generado esta convicción: la seguridad de quien independientemente de las diferencias políticas, de las posiciones partidarias y quizá hasta de los intereses personales, el Gobierno así como un ente general estaba de alguna manera pendiente de los asuntos propios de la seguridad nacional. Uno de los efectos de esta ocurrencia de la sociedad mexicana del 2 julio pasado, es la necesidad de empezar a replantear estos conceptos con una mayor precisión y es en este sentido donde yo sugiero, cuando menos, organizar dos vías de racionalidad en relación con este concepto: una primera, que comparten algunos compañeros diputados del PRI en el sentido de que es al titular del Ejecutivo al que le debe de corresponder el manejo de los asuntos de la seguridad nacional. Se propone que sea el Congreso quien asuma explícitamente en la ley la facultad de legislar en la materia pero que al final sea el Ejecutivo el que conduzca los asuntos de la seguridad nacional. En este mismo concepto, en esta misma línea, el argumento en relación con la seguridad nacional es bastante sencillo, tiene que ver, se asocia frecuentemente con cuestiones propias de la llamada "inteligencia", entre comillas, con asuntos de carácter policial y muchas veces también con asuntos de seguridad pública. Es una visión limitada, acotada, muy característica de quienes piensan que es un ejercicio que el Poder Ejecutivo podría realizar muy bien. Hay otra vertiente, que es la que yo suscribo; esa otra vertiente dice que la seguridad nacional tiene que ser un concepto mucho más general; tiene que ser un concepto que principie por reconocer la importancia de preservar la Constitución sus principios, sus deberes y sus obligaciones. Es una concepción más alta, porque quiere ver en ella reconocidos los grandes intereses de la nación; es decir, ya no sólo aquellas cosas de carácter policial o de la supuesta inteligencia, sino que va más bien a entender o tratar de desentrañar muy bien qué es aquello que realmente está en la esencia de la nación para garantizar su seguridad. Y en eso pues tenemos, los que pensamos un poco a la izquierda, que considerar que no solamente está implícito este carácter policial de la seguridad nacional sino también las cosas que tienen que ver con los programas sociales, con la solvencia económica de la nación e incluso con su preservación y su soberanía. En esta vertiente, consecuentemente, tendremos que aceptar que el asunto de la seguridad nacional no puede ser nunca referido única y exclusivamente al ejecutivo Federal, sino que si uno analiza las propuestas de los tres Poderes de la Unión, vamos a ver fácilmente que este tema está en las agendas de los tres poderes. Entonces, si bien es cierto el Ejecutivo tendrá una responsabilidad en la materia, también lo es que es un asunto en el que deben estar involucrados los tres Poderes de la Unión. Esta es la tesis que suscribo y ésta es la tesis que contiene mi propuesta, que es una tesis además que está siendo revisada y utilizada con gran amplitud en otros países, déjenme simplemente decirles que la Unión Europea recientemente reconoció el establecimiento de un organismo supranacional de seguridad nacional, pero sobre la base de esta concepción, decir que los estados tienen un contexto político, filosófico social que aportar y que la suma de esos contextos da la fortaleza para crear un sistema supranacional de seguridad nacional. ¿Qué propongo entonces? Que ampliemos nuestra visión de la seguridad nacional a este concepto integral y que le demos una ubicación en el texto constitucional. El segundo párrafo de mi iniciativa, porque el primero es obviamente con este sentido, va a establecer la posibilidad de que se de ahí una ley reglamentaria, una ley reglamentaria que no alcanzo a proponer, yo reconozco que el compañero Miguel Barbosa del PRD ya ha hecho un excelente esfuerzo en proponer esta iniciativa, ya está la iniciativa presentada y lo que necesitaríamos es darle un sustento normativo constitucional para dar paso a esta iniciativa presentada por otro compañero diputado. Debo decir en este mismo sentido, que también el diputado Fayad de mi partido, presentó ya una iniciativa de reformas constitucionales ubicada en la otra vertiente de la acepción de la seguridad nacional que estoy comentando con ustedes. ¿Por qué creo que debe ser el artículo 129? Y ésta es una materia de una amplia discusión que por supuesto no es el momento todavía para darla. El artículo 129, señoras legisladoras, señores legisladores, como ustedes saben, está ubicado en el capítulo, en el apartado de prevenciones generales, consecuentemente, si yo sostengo que el concepto de seguridad nacional es un concepto que va más allá de la preservación de las garantías individuales, que son los primeros veintitantos artículos o de las potestades específicas de cada uno de los poderes, a lo que se refiere el resto del articulado constitucional, tengo consecuentemente que sugerir que en las prevenciones generales se ubique también esta aportación al texto constitucional. Y pienso también que al tocar ese artículo 129 tendríamos la necesidad de hacerle una especie de cirugía mayor al artículo para citar a un colega que me hizo favor de sugerir este término y de una vez establecer muy bien las facultades a las que este propio artículo se refiere. ¿Cuál es mi convocatoria en este asunto? A que nos sentemos, compañeras y compañeros diputados en el próximo período de sesiones a discutir el tema. Yo veo en esta legislatura que sin necesidad de que establezcamos acuerdos entre los partidos o que presionemos para que las coordinaciones de cada partido conciten y logren un acuerdo entre todos los diputados y diputadas de esta Legislatura. Los temas importantes van siendo tratados individualmente en esta tribuna y con frecuencia llegamos a grandes conclusiones y coincidencias. Este es un tema de esa naturaleza, hay una propuesta del PRI, hay una propuesta del PRD a la que yo me quiero sumar con esta aportación con la que quiero incidir en la discusión de este tema. Propongo pues, que en el 129 establezcamos por primera vez en la Constitución una definición de lo que es la seguridad nacional y éste es el punto toral de mi iniciativa. Quiero finalmente leer la propuesta concreta de este artículo para que ustedes reflexionen y podamos conjuntamente encontrar acuerdos en las comisiones correspondientes. Artículo 129 sugiero que se incluya: "La seguridad nacional es interés supremo y responsabilidad exclusiva del Estado. Comprende la salvaguarda integral de los principios establecidos en esta Constitución, autonomía e independencia de la Nación Mexicana, la defensa de su territorio y todas aquellas prevenciones tendientes a asegurar el desarrollo económico, el orden jurídico y la paz social". Es una visión integral que está a la consideración de ustedes, para que la perfeccionen y para que enriquezca nuestro legado constitucional. Eso es todo, señoras. Muchas gracias. Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Ciudadanos secretarios de la mesa directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presentes. El que suscribe, diputado federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de .la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento a la consideración de esa honorable soberanía, la presente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Sin otro particular, les reitero las seguridades de mi consideración más distinguida. Atentamente. México, D.F., a 28 de noviembre del año 2001. Diputado César Augusto Santiago Ramírez. Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan dos párrafos al artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a cargo del diputado César Augusto Santiago Ramírez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. EXPOSICION DE MOTIVOS Sin necesidad de consideraciones jurídicas o connotaciones políticas, la Seguridad Nacional por sí sola expresa para todos un concepto de la más alta prioridad y de la mayor jerarquía. Siempre ha estado implícita en la sociedad la estimación, prima facie, de que en algún lugar del Gobierno existe una estructura que tiene claro el concepto de Seguridad Nacional, y dispone de los elementos materiales y políticos para hacerla eficaz. Por eso, durante todos estos largos años de vida institucional del país se hizo explícito y evidente que las propias Instituciones de la República, cada una en el ámbito de su competencia, mantenían garantizada la seguridad de la nación con los énfasis propios de cada una de ellas. Sin embargo, en los últimos años y por razones propias de un modelo económico equivocado centrado en el capitalismo consumista y en la pérdida de valores, para referirlo todo al disfrute de bienes materiales, a la acumulación irracional del capital y al establecimiento de parámetros sociales sólo medidos por la disponibilidad de efectivo, se ha ido creando una polarización social entre muy ricos e inmensamente pobres. Se ha ido generando una falta de cohesión social, que los franceses llamaron fraternidad, para ir accediendo a un entorno social individualista, pletórico de egoísmo que aspira a obtener dinero por medios lícitos o por ilícitos que puedan tener cierto barniz de aceptabilidad social. La sociedad se ha complicado en estos años de pensamiento único, y naciones como la nuestra, no pueden ni deben de la noche a la mañana imitar el modelo de la más grande potencia del mundo, cuyo único medio de control social es a través de la cárcel. Hay más jóvenes en la drogadicción y en las listas de delincuentes que escuelas preparatorias y universidades privadas de los Estados Unidos. De ahí el porqué, en los últimos años y ante la necesidad de garantizar la seguridad de la nación, el concepto mismo ha empezado a tener urgente necesidad de definiciones, de formalidad legal para poder ser útil. De las múltiples acepciones del concepto y sólo para los efectos de esta propuesta, sugiero identificar dos corrientes: una, la que pretende que la Seguridad Nacional debe ser un asunto confiado al Ejecutivo y diseñado, exclusivamente, para atender cuestiones policiales o de la llamada "inteligencia" que garantice ciertos niveles de Seguridad Pública a la población, por la cancelación de irrupciones violentas o de eventos que por cualquiera de las circunstancias de la violencia social pudiera agredir a la población en su conjunto. En esta noción se trata simplemente, de constituir un instrumento que legitime acciones y de un marco a la intervención del Ejecutivo en el nombre de la Seguridad Nacional. Esta parece ser la visión del Ejecutivo, que al inicio de su periodo intentó construir una estructura similar a la de los Estados Unidos, confiando en un super asesor el uso del concepto Seguridad Nacional, para legitimar o dar pie a sus intervenciones en los más diversos ámbitos de la vida nacional. Esta es una posición discutible, que de todas maneras exige una acotación constitucional y legal. La otra visión es la que entiende a la Seguridad Nacional como un interés supremo y como responsabilidad absoluta del Estado. Una visión que hace que la Seguridad Nacional se integre por la salvaguarda integral de los principios establecidos en la Constitución, la preservación de las Instituciones del Estado, la autodeterminación, la defensa del territorio nacional y por supuesto, todo lo que tiene que ver con asegurar el desarrollo económico, el orden jurídico y la paz de la nación entera. Esta visión integral de la Seguridad Nacional distribuye la responsabilidad de su mantenimiento en las Instituciones de la República y elimina el voluntarismo o las tentaciones del abuso del poder que pueden permitir, incluso, que en nombre de la Seguridad Nacional se cometan abusos o se motiven complicaciones para la sociedad. El suscribir un concepto como el aquí sugerido, permite la claridad para poder establecer relaciones de coordinación con otras naciones en un concepto de cooperación (entre naciones) como el que se ha generado recientemente, con motivo de la instauración del terrorismo como la mayor amenaza a la Seguridad Nacional de cualquier país. Principiemos pues por intentar una definición conveniente del concepto de Seguridad Nacional que incluya la defensa, protección y salvaguarda del Estado, como entidad soberana, y también garantice todos y cada uno de sus componentes intrínsecos: su independencia externa; su supremacía interna; el territorio y el patrimonio nacionales; el Gobierno Republicano y Federal con instituciones democráticas; y los grandes principios de libertad y justicia social como integrantes del proyecto Nacional definidos en la Constitución de la República. Un concepto con estas características sería garantía de paz social, la cual se logra sólo si es posible armonizar los elementos políticos, económicos, sociales y culturales, con aquellos que son propios de las fuerzas armadas nacionales y de política interna, y que permiten asegurar la soberanía, impedir la vulnerabilidad frente al exterior y fortalecer la viabilidad del proyecto nacional. La Seguridad Nacional debe garantizar el mantenimiento del orden jurídico y el fortalecimiento de las instituciones, pero también es necesario que prevea los mecanismos para que el Estado pueda desarrollarse en condiciones de paz social, la cual sólo podrá lograrse cuando se obtenga una coordinación gubernamental capaz de realizar los grandes objetivos de la nación que desde luego, nunca podrán ser confundidos con un mero centro de inteligencia, sino mejor identificados por las estrategias y los organismos apropiados que se encarguen de la planeación, la preservación y el enaltecimiento de los objetivos nacionales, que den certeza a la sociedad. Con esta visión será posible, sin duda, tener un diseño siempre actualizado de la Seguridad Nacional, puesto que corresponderá invariablemente a la necesidad de mantener la paz, enfrentando los desafíos internos y los nuevos retos que ya no sólo surgen de cuestiones nacionales, sino que han permeado el entorno internacional. En correspondencia a la importancia del tema, durante esta Legislatura se han presentado dos iniciativas que abordan la materia, una en lo tocante a la creación de una Ley de Seguridad Nacional y otra mediante la cual se propone facultar al legislativo en este campo y señalar en forma expresa al Presidente de la República como el responsable de la preservación de la Seguridad Nacional. Si bien los esfuerzos mencionados se consideran necesarios como parte del andamiaje jurídico que ha de construirse para una interpretación cabal del tema que nos ocupa, sostenemos que otra de las piezas fundamentales en materia de Seguridad Nacional, es el establecimiento en el propio texto constitucional tanto de los objetivos o intereses dignos de salvaguarda Nacional, como de los órganos facultados para la planeación, ejecución y evaluación de estrategias, así como la forma en que han de coordinarse las instancias implicadas. Por otro lado, es preciso incluir una fórmula que permita la reglamentación del precepto mediante una Ley de Seguridad Nacional que detalle y amplíe las bases contenidas en el artículo constitucional correspondiente. En este sentido la propuesta consiste en adicionar al artículo 129 de nuestra Carta Magna, un par de párrafos iniciales definitorios cuyo objeto fundamental es establecer el alcance de la noción de Seguridad Nacional y sentar las bases que sirvan (de fundamentación) para expedir una ley de la materia que precise los medios para la planeación, implementación y evaluación de las políticas públicas correspondientes. Después de un somero análisis de algunas constituciones de otros países que llevan la vanguardia jurídica en el tema, entre las que podemos citar las de Francia, España, Venezuela y Chile, así como con base en los criterios establecidos por la técnica constitucional y legislativa, sostenemos que el rubro de Seguridad Nacional debe tratarse en el apartado de prevenciones generales, por ser responsabilidad y objetivo primordial del estado mexicano en su conjunto. No se trata ni de una garantía de carácter individual, ni forma parte, tampoco de las obligaciones de un poder de la Unión en específico. Encontramos pertinente que la adición se haga al artículo 129, ya que es el único que alude expresamente a los organismos gubernamentales encargados de la Defensa Nacional, en concordancia por supuesto con lo establecido por el artículo 89 fracción VI. Recordemos que en la actualidad el artículo 129 hace referencia a las funciones que en tiempo de paz puede desarrollar la autoridad militar y subordina a ésta a los poderes civiles. Ahora bien, si tomamos en consideración todos estos argumentos, tendremos presente que la Seguridad Nacional va mucho más allá de la defensa que es sólo uno de sus componentes. En este sentido, sostenemos que es momento de repensar completamente el artículo 129 que tiene un contenido que a estas alturas de la historia del país resulta evidente y modernizarlo dándole cabida a las exigencias en el área de Seguridad Nacional propias del siglo que empieza. Estamos ciertos de que la viabilidad de la nación mexicana depende de la protección eficaz que sólo un sistema de Seguridad Nacional que planee, ejecute y evalúe las estrategias y acciones necesarias puede otorgarle. Por lo anteriormente expuesto, y con base en la facultad que me concede el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter por su conducto, a la consideración de esa Soberanía, para su discusión y aprobación en su caso, la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO De decreto por el que adiciona el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se adiciona el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 129. La Seguridad Nacional es interés supremo y responsabilidad exclusiva del Estado y comprende la salvaguarda integral de los principios establecidos en esta Constitución, la preservación de las instituciones del Estado, la autodeterminación, autonomía e independencia de la nación mexicana, la defensa de su territorio y todas aquellas prevenciones tendientes a asegurar el desarrollo económico, el orden jurídico y la paz social. Para la planeación y evaluación de las acciones y políticas públicas en esta materia habrá un Consejo de Seguridad Nacional en el cual tendrán participación los poderes de la Unión. La ley establecerá los lineamientos e instancias necesarios para el cumplimiento de los principios establecidos en este precepto. En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la Unión; o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, estableciere para la estación de las tropas. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y acuerdos y de cualquier otro tipo, que se opongan a lo señalado en el presente decreto. México, D.F., a 29 de noviembre de 2001. Diputado César Augusto Santiago Ramírez.