El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias, presidente. Manifesté en mi primera intervención que entendía que este dictamen, esta ley que ha sido ya aprobada en lo general tiene elementos de derecho penal del enemigo, pero tal vez no expliqué con suficiencia cuáles son las características del derecho penal del enemigo. Según Jakobs, los elementos del derecho penal del enemigo son tres: el adelantamiento de la punibilidad, como observamos, por ejemplo, en el artículo 55 del Código Penal que se acaba de votar; el segundo elemento son las penas desproporcionadamente altas, que establecen los artículos 9o, 10 y 11. Hay que decir que casi ningún delito ni aún los del crimen organizado se van a sancionar como los delitos del secuestro. En tercer lugar, que es una característica muy importante, según Jakobs, del derecho penal del enemigo, es la reducción o la relativización de las garantías procesales de los infractores. Quiero decir en síntesis, fundando mi opinión en un maestro universitario de la UNAM, el maestro Carrancá y Rivas, don Raúl, que el derecho penal del enemigo podemos caracterizarlo como aquel que forma parte de un estado policíaco y no de un estado de derecho; es un derecho penal máximo y no es un derecho penal garantista; no busca la reinserción social de las personas, sino el castigo; no es un derecho ordinario, sino es un derecho de excepción y considera que los infractores no tienen dignidad. Quisiera también aquí recordar aquella máxima del cristianismo y aquella máxima que es el primer imperativo categórico de Kant, que podemos resumir en una frase coloquial que decía: no quieras para otro lo que no quieras para ti. Es decir, cuando estamos en presencia de una norma jurídica y moral, aquella que ve y vela por el respeto de los derechos de todos. No quieras para otro lo que no quieras para ti. Creo que esa máxima no se está cumpliendo con esta ley aprobada en lo general. Por lo que ve a las reservas concretas que hice, señor presidente, la del artículo 5o de la Ley General Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 o Ley Antisecuestro, esta ley es la que establece este artículo, la imposibilidad de que estos delitos prescriban. Es decir, establece la imprescriptibilidad de la acción penal y de las sanciones. Quiero decirles que en el derecho mexicano ni los delitos de lesa humanidad, como recordaba mi compañero Fernández Noroña, son imprescriptibles. Cuando el Senado de la República ratificó la competencia de la Corte Penal Internacional hizo declaración interpretativa, a fin de que los responsables de los hechos del 68 y del 71 no fueran llevados a la Corte Penal Internacional y se estableció que en esos supuestos no había imprescriptibilidad de esas conductas. En cambio en secuestro, que es un delito que no tiene nada que ver con los delitos de lesa humanidad, establece esta ley la imprescriptibilidad de las conductas delictivas. La punibilidad a la que me he referido y que consta en los artículos 9o, 10o y 11o es una punibilidad que va en el tipo penal mínimo de 20 años hasta los 70 años de prisión, y que además relacionando esta punibilidad con el artículo 64 del Código Penal Federal, que establece que en materia de delitos de secuestro no existe concurso ideal de delitos, sino concurso real, esto implicará seguramente cadena perpetua y será por lo tanto violatorio del artículo 18 de la Constitución, que establece como obligación la reinserción, la rehabilitación de los sujetos activos del delito. La reserva que hice al artículo 19 de la Ley Reglamentaria del Secuestro tiene que ver con la privación de todos los beneficios. No tendrán los infractores libertad preparatoria, no habrá restitución; no habrá conmutación de pena. Esto implica una limitación de los derechos fundamentales de los sentenciados de estos delitos. Por si faltara algo, el artículo 20 de la Ley Reglamentaria establece que una vez que se compurgan las sanciones, donde no hay ningún beneficio ni ningún privilegio para los infractores, se establece la posibilidad de vigilancia policial hasta por cinco años. Todas estas normas, señores diputados; señoras diputadas; señor presidente; miembros de la Mesa Directiva, me parecen contrarias a los tratados de derechos humanos. Ya la relatora de las Naciones Unidas para la Independencia de los Jueces, nos acaba de decir recientemente que debemos derogar el arraigo. Yo creo que en los próximos años los organismos internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas y de la OEA, nos van a decir que esta ley que se está aprobando es una ley contraria a los derechos humanos. Es una ley vengativa; es una ley que ve por el castigo, pero que no ve por la reinserción social de las personas. Quiero decirles también a muchos diputados y diputadas -que son diputadas de entidades federativas y diputados de entidades federativas- que es una ley que no respeta el espíritu federal del estado mexicano. Que violenta el artículo 40 de la Constitución; porque su artículo 23 establece las principales competencias a la federación, tanto para prevenir como para investigar y para sancionar. Es decir, no es una auténtica ley general. Es una ley que federaliza el delito de secuestro y que violenta las competencias de las entidades federativas. Por todo lo anterior, los artículos que me he reservado, así como lo hice en lo general, votaré en contra de ellos porque considero que violentan derechos humanos. Es una ley que castiga y que castiga severamente. Es una ley vengativa. Es una ley que no rehabilita al delincuente. Nosotros como legisladores tenemos que ver por la sanción y por el castigo, sí. Pero también tenemos que ver por la rehabilitación de todos los infractores. El infractor no es responsable en lo individual; también lo es la sociedad, los miembros de esta sociedad que hemos creado una sociedad injusta sin oportunidades para millones de personas. Por su atención, muchas gracias, compañeros.