La diputada Yesenia Nolasco Ramírez: Con su venia, señor presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados. En ocasiones anteriores ya nuestro presidente de la Comisión de Economía hizo referencia con respecto a la reforma de los artículos 65 Bis y 128 y adiciona los artículos 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6 y 65 Bis 7 a la Ley Federal de Protección al Consumidor. Creo que ya mis compañeros que me antecedieron ya hicieron comentarios con respecto a las casas de empeño, pero para ampliar un poquito más el tema, quisiera también decirles por qué no incluimos a las instituciones de asistencia privada. Y pues también quiero decirles que me congratulo siendo parte de esta comisión, que en esta legislatura se aborde esta problemática relativa a las casas de empeño, y bien se reformen los artículos anteriormente mencionados. Lo anterior, debido a que la mayoría de los casos, los principales afectados por los abusos de las casas de empeño son las personas de escasos recursos, ya que dicho sector de la población ante alguna emergencia se encuentran en esos negocios, su principal y única opción de préstamo rápido, por lo que se ven obligados a aceptar tasas de interés de conformidad a la Condusef, que llegan a superar hasta el mil por ciento de interés anual a un préstamo prendario, así como pactar bajo condiciones caracterizadas por falta de transparencia. Aun cuando se pueda considerar que este proyecto es perfectible e incompleto debido a que todavía existen aspectos que deberían ser regulados en beneficio de los clientes de las casas de empeño, no impide que se pueda reconocer que esta normatividad jurídica abone en transparentar esta actividad comercial al establecerse la existencia de un registro en el que se deberán de inscribir las casas de empeño y los formatos de los contratos de adhesión se celebran con sus clientes. Ahora bien, por lo que hace a la inquietud consistente al no incluirse a la presente regulación las instituciones de asistencia privada se está dejando desprotegido a los clientes de estas instituciones, o se está otorgando un trato desigual a las sociedades mercantiles respecto a dichas instituciones de asistencia privada. Sobre el particular, es conveniente que se considere en primer lugar que es conocido por todos que las tasas de interés que manejan las instituciones de asistencia privada son mucho menores a las operadas por las sociedades mercantiles, que otorgan préstamos con garantía prendaria, situación que se ve reflejada en el hecho de que las instituciones de asistencia privada, el 96 por ciento de los pignorantes recuperan sus prendas, mientras que en las casas de empeño el 66 por ciento no logran recuperar sus bienes. Es decir, el objeto de las instituciones de asistencia privada no persigue un lucro o especulación comercial, situación que es diferente a las sociedades mercantiles que realizan préstamos con garantía prendaria, que en este caso son las casas de empeño. Asimismo, la regulación de la naturaleza jurídica de las instituciones de asistencia privada, su constitución, sus actividades, sus finalidades, su fiscalización, supervisión y en su caso sanción, corresponden a la legislación del orden común como son los códigos civiles locales y las Leyes de Instituciones de Asistencia Privada. A diferencia de las casas de empeño, las instituciones de asistencia privada, su remanente de las operaciones no se considera como utilidad o ganancia por la Ley del Impuesto sobre la Renta, no se distribuye ni se da participación a persona alguna en lo particular; se utiliza únicamente para realizar obras asistenciales con fines humanitarios, ya sea a través de donativos u otras instituciones de asistencia privada o a diversas donatarias autorizadas. Por lo antes expuesto, la suscrita, el diputado Mario Rafael Méndez Martínez, el diputado Guillermo Sánchez Torres, así como los demás integrantes de mi fracción parlamentaria, el PRD, estamos a favor que se apruebe la presente normatividad jurídica en los términos ya señalados. Es cuanto, señor presidente.