La diputada Ana María Ramírez Cerda: Gracias. La gran desigualdad de la riqueza que se vive, tanto en el ámbito internacional como dentro de las naciones, llevan a los pueblos a buscar una mejora en su calidad de vida. La migración de mexicanos y centroamericanos a los Estados Unidos se ha ido incrementando con los años. La ineficiencia de los gobiernos locales ha ocasionado que la diferencia entre clases se agudice, lo que ha provocado que los hombres —en su mayoría— busquen fortuna al internarse de manera irregular a ese país. Aunado a lo anterior, las políticas en materia de migración en los Estados Unidos se han ido endureciendo. Derivado de lo anterior, la circulación de los nacionales en la frontera norte es cada vez más difícil. Por ello se han visto en la necesidad de llevar a su familia con ellos; en otras ocasiones los varones que ya se encuentran trabajando en Estados Unidos, mandan buscar a sus familias por lo que el incremento de mujeres y niños que van en busca de cruzar la frontera es mayor que en otros años. Este problema se agudiza con las malas gestiones que los países centroamericanos —incluyendo a México— han llevado a cabo para lograr acuerdos migratorios. Así muchos hombres, mujeres y niños son detenidos ya por la Policía Migratoria norteamericana o ya por las autoridades del Instituto Nacional de Migración. Pero el problema que nos ocupa no sólo importa el fenómeno migratorio como tal, sino las condiciones de un sector de migrantes; las niñas, niños y adolescentes, ellos son grupos aún más vulnerables que los propios hombres y mujeres, pues en muchas ocasiones sufren el maltrato no sólo de los "polleros" sino de sus acompañantes, y lo más grave, de las autoridades migratorias. Desgraciadamente la infraestructura y el capital humano que tiene a su cargo la aplicación de las normas de migración no se encuentra a la altura de las circunstancias; los menores migrantes constituyen ya una realidad nacional, por lo que es necesario que se garantice por parte de las autoridades mexicanas el respeto a sus derechos, a su integridad física y mental. Es por ello que el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta Cámara reconoce la problemática social que ya el fenómeno migratorio de niñas, niños y adolescentes representa. De ahí que con la reforma a nuestra Constitución General, así como a la Ley de Protección a las Niñas, Niños y Adolescentes, se pretende garantizar el respeto de los derechos de estos menores en condiciones de migración, independientemente de su situación jurídica migratoria. Con la reforma al artículo 40. de nuestra Carta Magna se establece la obligación del Estado mexicano para garantizar el respeto a los derechos humanos de los menores migrantes; señala la prohibición para ser separados de sus padres o familiares en el caso de ser asegurados, así como el aseguramiento en lugares distintos a los mayores. En cuanto a la reforma y adición propuesta a la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, se busca contener dentro del ordenamiento que vela por la salvaguarda de los derechos de nuestra niñez, los derechos mínimos de los menores en condición de migrantes, con independencia de su nacionalidad. Reconocemos en suma que nuestra Carta Magna reconoce y otorga a todos los individuos que se encuentran en nuestro territorio los derechos consagrados en el orden jurídico nacional. Es por eso que se incluyen dos artículos, a saber el 18-A y el 18-B a dicho ordenamiento legal. Cierto es que falta mucho trabajo por hacer en esta y muchas materias; es necesario que el Estado mexicano, en aras de su congruencia con sus pretensiones de regularización de nuestros connacionales en los Estados Unidos, lleve a cabo el respeto a los derechos mínimos de aquellos que sin ser nacionales por sus propias razones y voluntad lleguen a nuestro territorio, a fin de buscar condiciones mejores de vida, máxime tratándose de menores. Por su atención, muchas gracias.