La diputada Ana Cecilia Luisa Gabriela Fernanda Sodi Miranda: La discriminación vulnera derechos y establece condiciones de desigualdad que en una sociedad incluyente se consideran inaceptables. En el Grupo Parlamentario del PRD repudiamos todas las expresiones de discriminación y reafirmamos nuestro compromiso con el pleno ejercicio de los derechos humanos y consideramos que la discusión del presente dictamen debe ser incluyente, para lo cual debemos convocar a la sociedad civil, la academia, a las instancias de gobierno, para el efecto de garantizar el diseño de una ley que cuente con el respaldo no solo de aquellos que la van a implementar, sino que requerimos del más amplio consenso posible, porque la discriminación es un mal que lastima profundamente a la sociedad. El dictamen que hoy se pone a consideración de esta asamblea no solo ha sido suficientemente discutido. No ha sido, sino que nunca se convocó a un parlamento abierto o a un foro, a fin de analizar la propuesta. No ha sido discutido con las y los expertos y tampoco con las organizaciones civiles ni con los organismos internacionales en materia de derechos humanos. Dado que este ejercicio no se llevó a cabo en la legislatura pasada, en esta legislatura no podemos legislar dándole la espalda a la sociedad y menos en un tema tan sensible como el que nos ocupa el día de hoy. Debemos señalar que este dictamen está confeccionado para que una persona específica sea la que asuma la presidencia del consejo, y es por eso que se está eliminando el requisito de contar con un título mínimo profesional para ocupar dicho puesto. Al eliminar requisitos para presidir el consejo se pone en riesgo su profesionalización. Y si se observa lo que ocurre en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las propuestas para su reforma, se generan las condiciones para la creación de un tribunal del pueblo, dependiendo del Ejecutivo. Hoy observamos nuevamente la pretensión de pauperizar la administración pública para que personas sin ninguna experiencia administrativa conduzcan la política integral contra la discriminación. Las presuntas candidatas para dirigir este consejo son reconocidas por sus luchas sociales. Sin embargo, nos preocupa que este se esté convirtiendo en los consabidos tribunales del pueblo en las Fuentes Ovejunas sin la legalidad obligada y la imparcialidad que requiere la administración Pública. Debemos señalar adicionalmente que este no es el único cambio preocupante que se introduce. La ley que hoy se pretende aprobar elimina el término de agraviado., incluyendo únicamente el de peticionario en los procedimientos de queja. La trascendencia de este cambio no es menor, porque limita el ejercicio de investigación de la propia instancia, estableciendo que el consejo solamente podrá actuar de oficio cuando así lo determine su presidente. Adicionalmente, para quienes son los agraviados, al no reconocer su personalidad en la ley, limita el ejercicio de sus derechos procesales ante el propio consejo. Y esta situación se va a reflejar y se ve en los procedimientos de queja, en donde se establece que siempre deberá haber una etapa de orientación, en donde el consejo no actúa, sino que le dice al peticionario cuáles son sus posibilidades y entabla una medición, una conciliación o un arreglo con las autoridades que presuntamente cometieron los actos de discriminación. Esto resulta totalmente inaceptable, porque el consejo debiera asumir de inmediato la defensa y restitución de los derechos violentados y no comportarse como autoridad administrativa conciliatoria. Es decir, con este acto, el consejo evade toda responsabilidad que tenía como vigilante de la política nacional contra la discriminación y se instruye simplemente como un ente negociador e intermediario. La víctima, se revictimiza a las personas en esta instancia. Debido a las inconsistencias procedimentales, a la falta de congruencia con el marco normativo vigente y a la pauperización de la administración pública federal, que opera en contra de los principios constitucionales de progresividad y pro persona en defensa de promoción de los derechos humanos, solicitamos a este pleno que se amplie la discusión con los diversos grupos sociales y académicos para garantizar la defensa y protección de los derechos humanos, en concordancia con todo aquello que hemos protestado guardar y hacer guardar. Es cuanto, señora presidenta.