El diputado Rafael Ramos Becerril: Con el permiso de la Asamblea y del honorable Presidente. Uno de los rubros en los que el autonombrado gobierno del cambio dejó pendientes mayores y desatendió el rezago histórico es la seguridad social. Las pensiones continuaron su deterioro. Las instituciones tuvieron menores ingresos por la caída de la filiación, por la caída del empleo y el salario. La infraestructura médica continúa deteriorándose al no asumir como una prioridad la salud y el bienestar de los trabajadores y sus familias. Los hechos son contundentes, la falta de cobertura de la seguridad no fue atendida por el gobierno. A finales del presente sexenio más del 40 por ciento de la población no tiene acceso a ningún sistema de seguridad social, lo mismo que dos terceras partes de la población económicamente activa y más del 40 por ciento de los trabajadores asalariados. Durante el sexenio la derechohabiencia del IMSS se incremento 0.4 por ciento, al pasar de 46 a 47 millones de personas y la del ISSSTE en 1.2 por ciento, al incrementarse de 10 a 10.7 millones. Los asegurados en cada caso sólo crecieron uno por ciento en el IMSS y 0.6 por ciento en el ISSSTE. En lo que corresponde a las personas adultas mayores, sólo dos de cada 10 tienen acceso a una pensión del IMSS o del ISSSTE y dos terceras partes de los pensionados no podrían cubrir con sus ingresos sus necesidades más elementales. A la falta de cobertura se añade el deterioro dramático de la infraestructura y el equipo médico. En el IMSS se estima que se requerirían 52 mil millones de pesos para abatir el rezago de infraestructura y equipamiento, además de que se tendría que mantener un ritmo sostenido de inversión de cinco mil millones de pesos por cada medio millón de trabajadores incorporados, tomando en cuenta que la inversión en el sexenio ha sido la más baja en las últimas dos décadas. Con estos saldos se va a provocar que el sexenio de Fox sea recordado como aquél en el que las instituciones de seguridad social pasaron de ser entidades de bienestar social a instituciones violadoras de los derechos humanos. El IMSS y el ISSSTE son dos de las instituciones con más denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por deficiencias en la atención que brindan. En el 2005 el ISSSTE fue la primera institución con más recomendaciones y el sexto en quejas. El IMSS fue la tercera institución con más recomendaciones y la primera en número de quejas. La falta de atención en los servicios médicos de ambas instituciones hace que un sector importante de la población derechohabiente tenga que acudir a los servicios médicos privados para atender sus requerimientos. Según datos del INEGI —que por supuesto no aparecen en el informe—, uno de cada dos derechohabientes del IMSS prefiere acudir a médicos privados en lugar de usar los servicios que otorga el Instituto. Y en el caso del ISSSTE tres de cada cinco derechohabientes acuden a médicos privados. La forma de subsanar estas deficiencias no debe pasar por la privatización de los servicios de salud ni de los sistemas de pensiones. El principal desafío de la seguridad social es avanzar hacia sistemas de carácter universal que amplíen significativamente la cobertura previsional, lo cual pasa necesariamente por fortalecer los mecanismos de solidaridad y mejorar la calidad de los servicios. ¿Qué clase de gobierno es el de Vicente Fox, que deja a los trabajadores a merced de su esfuerzo individual, disminuido por las Afores? ¿Qué no sería más justo que las pensiones y las jubilaciones entraran a un régimen donde el Estado tenga la rectoría de estos fondos? No es la clase trabajadora la que está poniendo en quiebra al IMSS y al ISSSTE, es —como todos lo sabemos— el poco crecimiento económico del país que se traduce en un alarmante desempleo, subempleo, salarios precarios, las bajas tasas de fertilidad, la migración hacia el extranjero, todos ellos ingredientes que sumados al lucro a favor de las Afores, abonan la quiebra de la seguridad social en el país. Estas son las razones por las cuales no debemos permitir que el ISSSTE entre a la camisa de fuerza que representan las Afores, ya que en los hechos han resultado un fraude, pues quienes la encabezan disfrutan de grandes ganancias financieras sin arriesgar absolutamente nada. Compañeros y compañeras diputadas, es necesario regresar al estado garante de los derechos de los trabajadores, que procure un piso firme de desarrollo social y económico para los trabajadores y sus familias. Regresemos al espíritu y a la letra del artículo 123 constitucional, acabemos con este esquema neoliberal y rapaz que semeja mucho a la antigua tienda de raya porfirista. Busquemos juntos, con los trabajadores, soluciones verdaderamente viables en el marco de la seguridad social solidaria. Gracias.