La diputada Yazmín de los Ángeles Copete Zapot: Gracias, diputado presidente. La iniciativa que hoy nos ocupa, que además fue presentada por el diputado Everardo Nava, sin duda alguna es de resaltarse. En el apartado de antecedentes de esta iniciativa se realiza un análisis muy puntual de los derechos que hemos conquistado las mujeres, sin duda alguna en el transcurso de la historia, misma que no han sido fácil. Lo que olvida señalar la iniciativa, en un sentido de autocrítica al Congreso de la Unión, es que muchas de estas conquistas y logros legislativos han sido racistas y discriminatorias porque siempre se han olvidado de la mujer indígena. El camino ha sido arduo, lento y discriminatorio, porque se trata de mujeres indígenas. Las mujeres en el sector rural, seguramente todas lo sabemos, siguen siendo maltratadas, excluidas, incluso para dirigir los comisariados ejidales. No obstante, que ante el desarrollo urbano y territorial anárquico que ha puesto en riesgo la supervivencia de los núcleos de población ejidal, la mujer rural ha sido principalmente defensora del ejido. Esta reforma, compañeras y compañeros diputados, debe abrir aún más los derechos de la mujer rural. Hoy con esta reforma se pretende contribuir a la solución de la problemática actual de desventaja en que se encuentran padeciendo miles de mujeres en el campo, niñas, jóvenes, madres o adultas, específicamente en los ejidos, mediante la revaloración y el reconocimiento que debe tener la mujer en condiciones de igualdad respecto al hombre en la posesión de la tierra ejidal, así como a sus derechos a la herencia, al considerar que es la única forma que nos permitirá lograr la verdadera inclusión de la mujer rural a la protección de nuestro sistema jurídico. En el presente dictamen se destaca que tenemos que actualizar la legislación en materia de derechos humanos y proteger a la mujer en el mundo rural mexicano, sobre todo porque la reforma constitucional dada en 2011 que elevó a rango constitucional los derechos de la mujer, estableció la obligación del Estado mexicano para promoverlos, respetarlos, protegerlos y además garantizarlos en beneficio de los mexicanos, además de otorgar a los tratados internacionales la validez jurídica para interpretar las normas en materia para su protección más amplia, lo que viene a brindar la posibilidad de generar las condiciones que permitan a la mujer rural garantizar el pleno ejercicio de sus derechos humanos. Estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe determinaron que el trabajo que realiza una mujer mexicana que vive en zonas rurales es 53 por ciento más que el desempeñado por los hombres y cuatro horas más que las mujeres que viven en zonas urbanas, al que hay que sumar la falta de seguridad social, la ausencia de un salario y cuando lo hay, éste suele ser incongruente al trabajo desempeñado. Compañeras y compañeros, también es importante que sepamos que miles de mujeres campesinas de diferentes asociaciones y organizaciones de todo el país han afirmado que se requiere la participación igualitaria de la mujer al acceso al financiamiento, al equipamiento agrícola, al derecho a la información y sobre todo a que la mujer pueda hacer una realidad el derecho fundamental del acceso a la tierra. Es importante también señalar que el proyecto del presidente Enrique Peña Nieto para 2015 es de dotar de mayores recursos al desarrollo urbano y territorial, hasta ahí muy bien, lo malo es que sea a expensas de subordinar al desarrollo rural, en donde se siguen autorizando en la presente administración del PRI desarrollos habitacionales, minero y turístico sobre los núcleos de población ejidal, sin que se concluya la figura del dominio pleno. Por lo anteriormente expuesto, de lo positivo de este dictamen, compañeras y compañeros diputados, el voto del grupo legislativo al cual pertenezco, el Partido de la Revolución Democrática, será a favor. Por su atención, gracias, diputado presidente.