La diputada Laura Arizmendi Campos: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente. Señoras y señores legisladores, México es un país que por sus características físicas y geográficas está expuesto a una serie de peligros de orden natural. De acuerdo al atlas de peligros naturales, 74 ciudades con más de 12 millones de personas se localizan en la trayectoria de ciclones y huracanes; más de 20 millones viven en zonas con alto potencial de inundación; 36 millones en áreas de riesgo sísmico; 20 millones en zonas de peligro potencial por volcanes; más de 5 millones en zonas de deslave de tierra y alrededor de 15 millones de mexicanos viven en laderas de ríos, bordes de montañas y barrancas. Estas cifras hacen urgente la intervención de los diferentes órganos de gobierno, con el propósito de garantizar la salvaguarda de la vida y del patrimonio de los mexicanos. Lo anterior hace urgente la aplicación de un modelo de construcción, de ordenamiento urbano y de manejo del subsuelo; que pondere el acceso legal al suelo y subsuelo y a infraestructura que incorpore el factor de riesgo como elemento esencial en toda política pública y sobre todo que custodie el cumplimiento estricto a la normatividad en materia de desarrollo urbano, medio ambiente y protección civil. En este contexto el manejo y uso del subsuelo carece de un marco jurídico que lo regule de manera específica, el cual se caracteriza por el tendido de redes de infraestructura subterránea para el transporte urbano, para telecomunicaciones, energía eléctrica, gas, gasolina, petróleo, fibra óptica, así como de infraestructura de servicios urbanos, entre otros usos y donde la falta de una regulación ha provocado que constantemente se ponga en riesgo a la población. Como resultado de la investigación para sustentar la presente iniciativa, se puso de manifiesto la deficiente planeación, la inexistencia de mapas de localización de infraestructura, la falta de coordinación entre los usuarios del subsuelo y las autoridades, la ausencia de un organismo regulador y supervisor del uso del subsuelo. Resulta conveniente señalar que algunas experiencias registradas en otros países y ciudades en relación con el ordenamiento de la infraestructura en el subsuelo tal es el caso de Francia y España, en donde existe un marco jurídico que da certidumbre a lo que se relaciona con este rubro. Sus marcos jurídicos establecen que el propietario del suelo lo es del subsuelo hasta el centro de la tierra, el municipio y la comuna son propietarios de la vía pública y el Estado de las riquezas del subsuelo como son el petróleo y demás minerales o metales. En estos países el que tiene el derecho de propiedad sobre el suelo es el propietario original de las instalaciones del subsuelo, salvo que hayan sido expropiadas, rentadas, indemnizadas o vendidas, con el pago de derechos correspondiente, y es el ayuntamiento de la ciudad quien se encarga de supervisar, monitorear y autorizar obras subterráneas y llevar un atlas y mapas de instalaciones de riesgos y de vías subterráneas ocupadas por infraestructura, a este control debemos añadir que los usuarios del subsuelo pagan un aprovechamiento por su uso y ocupación por metro lineal al año. Estos ejemplos resultan particularmente interesantes en virtud de que las competencias de cada instancia son claramente determinadas. La local está facultada para atender todo lo que tiene que ver con el subsuelo y compete a la instancia federal o regional la regulación de las concesiones. Asimismo, existe un organismo encargado de supervisar y monitorear y autorizar obras de infraestructura subterránea, y diseñar y actualizar mapas o atlas de infraestructura subterránea. Así como verificar la naturaleza jurídica de la misma, tareas bajo la responsabilidad de una agrupación de interés económico, cuya finalidad por naturaleza jurídica es desarrollar la actividad económica. Por lo anterior, este proyecto se fundamenta en una preocupación genuina de nuestro grupo parlamentario, en virtud del desordenado crecimiento territorial que presentan las ciudades. La falta de una legislación efectiva sobre este rubro y la omisión que existe en el ámbito de la regulación del subsuelo. La intención de crear el sistema nacional de usuarios del subsuelo subyace en la necesidad de llevar un registro de todas aquellas empresas públicas y privadas que hagan uso del subsuelo, y así favorecer la actualización permanente del atlas de riesgos. Reconocemos que el objeto de la presente iniciativa posee una gran complejidad que debe ser atendida desde diversos ámbitos de aplicación. No obstante, se pretende avanzar significativamente en la materia, insertando en nuestra Constitución la denominación de subsuelo y su regulación. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.