La diputada Soraya Pérez Munguía (vía telemática): Muchas gracias, presidenta, y con su venia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que hoy nos ocupa es realmente preocupante. Tiene tantas deficiencias regulatorias y va más allá de lo que nos obliga a legislar la Suprema Corte, que estoy convencida de que va a ser una enorme irresponsabilidad para las presentes generaciones y las futuras. En un momento en el que seguimos enfrentando los estragos de la pandemia del coronavirus, que por el mal manejo que ha tenido nuestro país ha cobrado la vida de casi 200 mil personas, seguimos en los primeros lugares de muerte a nivel mundial. Es totalmente incongruente que hoy estemos legislando un dictamen que atenta contra la salud pública. Esta ley que nos está imponiendo la mayoría parlamentaria abre la puerta a la venta y distribución de todo tipo de cannabis y de manera ilimitada, porque no hay ningún control para la venta individual de estas drogas. Quiero que lo escuchen nuevamente las mamás y los papás de jóvenes que hoy nos están siguiendo vía diferentes trasmisiones de esta discusión. Esta ley estaría permitiendo que nuestros hijos compren en cualquier establecimiento autorizado hasta 28 churros. No diario, sino en cada establecimiento y las veces que sean necesarias. Tampoco se están poniendo límites al porcentaje de THC que pueden tener sus productos derivados del consumo recreativo, como los panquecitos de chocolate, las gomitas y otros tantos más que nos han mostrado durante el parlamento abierto. La marihuana, dependiendo la cepa, que tampoco está regulada, puede tener una potencia de 1 por ciento hasta 40 por ciento del THC. Pero en los productos derivados la potencia puede llegar a ser mucho mayor, ya nos lo estaba explicando la diputada Cinthya López Castro en tribuna. Tan solo una mordida de un panquecito de chocolate puede dejar a una persona en el viaje hasta en cuatro días. Los efectos son sumamente riesgosos. Y está comprobado que la marihuana es una puerta a otras drogas aún más nocivas para la salud. Por eso les propongo, al igual que la diputada Claudia, que me antecedió en el uso de la voz, incrementar la edad mínima de las personas que puedan acceder a estos productos derivados del cannabis a 25 años de edad. Según datos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, a diferencia de los adultos, el cerebro de un adolescente se está desarrollando activamente, y muchas veces no se desarrollará completamente hasta alrededor de los 25 años de edad. El consumo de marihuana durante este periodo puede dañar el cerebro de un joven de manera permanente, y eso es lo que estamos autorizando. Es importante tomar en cuenta también la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia, que advierte los daños a la salud mental por uso temprano de marihuana. Entre ellos, la esquizofrenia y la depresión en la edad adulta. Según distintos estudios, uno de cada seis adolescentes que reiteradamente consumen marihuana puede volverse adicto. En un país como el nuestro, donde la tasa de consumo, como ya se ha mencionado en esta tribuna, es baja, pues está significando que esta ley se vuelva un incentivo, un promotor para que nuestros jóvenes fácilmente puedan volverse adictos. Además, la propuesta de aumentar la edad a la cual se puede tener acceso a los productos derivados del cannabis también está alineada con las propuestas de modificación que esta cámara revisora hizo a la minuta que nos fue enviada por el Senado de la República, ya que en su artículo 13 establece que el Estado tendrá la obligación de difundir la información sobre los riesgos del consumo de cannabis, con el objeto de inhibir su consumo, especialmente y así lo dice por parte de personas menores de 25 años. Así que se está reconociendo el grave daño en personas menores de 25 años. Yo quisiera concluir tocando un tema que no viene contemplado en este dictamen y es sobre los ingresos que va a generar también la venta legal de estas drogas. Aquí nadie lo ha dicho o pocos lo han mencionado. Este gobierno ha tomado tan malas decisiones de política económica, que ya no traen lana y ahora ven en la legalización del cannabis una olla con monedas de oro. Según las estimaciones realizadas por nuestro Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, la aprobación de esta iniciativa tendría un impacto recaudatorio para el Estado de aproximadamente 18 mil millones de pesos a través del cobro de diferentes impuestos. Yo creo que va a ser más, porque no está regulada de manera ordenada. Por ello, yo quisiera proponer la adición de un artículo transitorio que precisamente, y por cierto retoma los principios propuestos por el diputado con licencia Mario Delgado, en una de sus iniciativas, que yo compartí en su momento y que tiene como objeto obligar a este Congreso de la Unión a que en un plazo no mayor a 90 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, se apruebe una reforma a la Ley del IEPS para grabar con un impuesto del 12 por ciento la venta de cannabis y sus productos derivados, así como una cuota adicional de 2 pesos por cada gramo de cannabis que contengan estos productos. Pero que estos recursos sean participables a nuestras entidades federativas en un 100 por ciento, y que a su vez los gobiernos estatales puedan emplear estos recursos provenientes de la recaudación fiscal en programas destinados al tratamiento de adicciones y prevención del uso reiterado del cannabis, porque el problema no lo va a tener la alejada federación y la comisión, que todavía no sabemos cómo va a atender este problema, sino los gobiernos locales. Recordemos que la atención a la salud pública es un tema del orden estatal, son los estados y sus municipios los que van a tener que tratar de primera mano los efectos negativos causados por la aprobación de este dictamen y en el Presupuesto de Egresos 2021 los estados y los municipios fueron grandes perdedores, y sin recursos no podrán enfrentar lo que viene. Compañeras y compañeros legisladores, hoy México necesita que desde esta soberanía actuemos con suma responsabilidad y, sobre todo, con congruencia. Y no es congruente, en medio de una crisis de salud tan devastadora como en la que nos encontramos, que estemos discutiendo reformas que ponen en riesgo el bienestar y el desarrollo pleno de los mexicanos, especialmente de nuestros jóvenes. No es congruente que cuando no hay recursos para el abasto de medicinas, de vacunas, para el tratamiento de niños y mujeres contra el cáncer, para los micro, pequeños y medianos comercios, estemos respaldando que se le den recursos de instituciones con capacidades muy limitadas, que poco van a hacer en materia de prevención y atención desde lo local, que es donde está el problema. Como mamá, como ciudadana y como legisladora, que cuando camina por las calles de mi estado puede ver la enorme descomposición social que trae una comunidad infectada por las drogas, les invito, y desde el fondo de mi corazón, a rectificar y corregir el enorme daño que traerá esta desordenada legislación del cannabis a nuestra juventud. Es cuanto, presidente.