El diputado José Alejandro Aguilar López: Los sucritos, diputados José Alejandro Aguilar López, Yadhira Yvette Tamayo Herrera, Enrique Iragorri Durán y Carlos Alberto García González, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su correlativo, artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentan ante la honorable Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, la iniciativa de decreto que adiciona al Libro Quinto del Código de Comercio el Título Segundo Bis, "Del Procedimiento Oral Mercantil". El sistema de justicia penal en México se encuentra viciado por un excesivo formalismo que no satisface a la mayoría de los ciudadanos. Hay que recordar las palabras de Mirabeu, el orador más eminente de la Revolución Francesa, que dijo en la asamblea: "Dadme el juez más venal que queráis, nada le temo si tiene que juzgarme públicamente". Acudo a la máxima tribuna del país para plantearles la siguiente problemática: La economía mexicana tiene un enorme potencial para desarrollar, que por muchos lustros ha sido desaprovechado. Uno de los principales motivos de lo anterior, ha sido la falta de herramientas adecuadas para que nuestro Poder Judicial pueda llevar a cabo la impartición de justicia mercantil de manera expedita y con claridad. Entre las consecuencias tenemos rezago judicial y falla en la facilitación de las relaciones comerciales, pero sobre todo un efecto inhibidor sobre la inversión directa tanto doméstica como extranjera. Lo anterior es claramente resultado de instituciones que demandan ser renovadas y fortalecidas para ponernos a la par de quienes compiten a nivel global por generar y retener inversiones del sector privado, y con ello ofrecer las tan necesarias fuentes de empleo para la población en general. Todos sabemos que es una fórmula efectiva para mejorar el ingreso de las naciones. Nosotros no tenemos por qué ser la excepción. Una de las principales funciones de los sistemas de justicia, es garantizar que los agentes económicos en sus operaciones comerciales, puedan contar con instituciones eficientes y de calidad que permitirán solucionar cualquier tipo de controversias. En caso contrario, se genera incertidumbre y, como es sabido, con ésta, los mercados fallan. Los agentes optan por realizar menos operaciones comerciales de las que -de otra forma- llevarían a cabo, pues sólo asumirán de manera efectiva las operaciones que, de manera segura, no los hagan incurrir en pérdidas. Sin embargo, la anterior situación implica una enorme pérdida para la economía como un todo. En un país en el que se necesita de manera urgente crear fuentes de empleo, cada transacción comercial perdida representa una oportunidad menos de crear empleos. Lo mismo sucede cada vez que la resolución de una controversia comercial se estanca por falta de una impartición de justicia mercantil expedita. En la economía global los países que han optado por no competir por encerrarse, simplemente viven en condiciones de miseria, pero los países que no explotan su potencial competitivo se rezagan de manera creciente. Es nuestro deber tomar las acciones que estén de nuestra parte para lograr un México ganador, un México que logre plenos beneficios de la integración comercial internacional, que ha alcanzado todos los milagros económicos observados en términos recientes. Por ello, con objeto de saber cuáles son las mejoras, dando la fortaleza que nuestras instituciones requieren para ayudarnos a ser más competitivos, debemos tratar de trazar una ruta crítica que nos permita ponernos al nivel de algunos de los países que algún día aventajamos y que ahora dominan el ámbito de la competitividad. Precisamos urgentemente recuperar nuestro sello como destino confiable para la inversión tanto nacional como extranjera. Por eso, hemos decidido aquí centrarnos en una institución que es de gran importancia para el total de la sociedad mexicana, pero que incide de manera determinante sobre el nivel y la calidad de nuestro intercambio comercial, no sólo con el resto del mundo sino entre nosotros mismos. Deseamos adoptar un enfoque que nos permita lograr un conjunto de metas concretas. Éstas son: transparentar el procedimiento de justicia mercantil, hacerlo más accesible para todos aquellos que prefieran, por encima de las instituciones arbitrales, facilitar el proceder de los jueces; lograr una impartición de justicia expedita para que ésta sea un medio y no un fin en el que se detenga el proceso de creación y distribución de riqueza; coadyuvar en la tarea de fortalecer aquella institución tan central de nuestro país. Sin embargo, en la consecución de nuestro objetivo no podemos permitir que nuestro deseo de avanzar nos haga traicionar el propósito. Debemos proceder de manera progresiva y ordenada. A fin de pensar en pasos más importantes en la totalidad de los procedimientos de impartición de justicia debemos establecer un proceso incremental en el que se pueda consolidar a cada paso lo avanzado. Para este objetivo es que aquí hemos decidido abordar un subconjunto del universo de los procedimientos judiciales. Éstos constituyen apenas una fracción del total de los procesos que el Poder Judicial de la Federación suministra. A fin de adoptar una posición responsable, reconociendo la escasez de recursos con que se cuenta, nos proponemos demostrar que ésta puede ser una política pública en que la mejora en generación de recursos para la sociedad mexicana en su totalidad es mayor que los posibles costos de transición, que además sólo se habrán de asumir de una vez por todas y habrán de ser absorbidos por nuestro sistema económico en el corto plazo. Por último, esta propuesta busca resolver una demanda de un sector privado que durante las últimas décadas tal vez durante más tiempo se ha tenido que enfrentar a la problemática de una índole totalmente ajena a la de sus actividades productivas. Si se enfrenta un incumplimiento, una omisión o una situación de cualquier tipo que conduzca a una controversia comercial, que en muchos otros países se resolvería de manera sencilla, relativamente económica, pero sobre todo, de manera sistemática e institucional. En nuestro país los empresarios muchas veces prefieren asumir la pérdida directa que recurrir a las autoridades. Es cuanto, diputada Presidenta. Y solicito a la Presidencia de esta Cámara que se inserte de manera íntegra en el Diario de los Debates esta iniciativa. Por la gentileza de su atención, muchas gracias.