EL SECRETARIO, DIP. RODOLFO DORADOR PEREZ GAVILAN: Doy lectura al voto particular del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional sobre el proyecto de dictamen que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, para establecer que el monto anual que el Estado destine al gasto en educación pública y servicios educativos no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto. 25 de noviembre de 2002. Honorable Asamblea: A las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, fue turnada para su estudio y dictamen la iniciativa de decreto que reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación, presentada el 14 de septiembre del año 2000 por la diputada Hortensia Aragón Castillo, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para establecer que el monto actual que de la Federación se destine al gasto en educación pública, no podrá ser menor al 8% del Producto Interno Bruto. Los integrantes de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en la facultad que nos confiere el artículo 88 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente voto particular, de conformidad con los siguientes antecedentes: 1.- El 14 de septiembre del año 2000, la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputado turnó a las Comisiones de Educación Pública y Servicios Educativos, Cultura, Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y Cuenta Pública, la iniciativa que nos ocupa, a efecto de que se elaborara el dictamen correspondiente. 2.- El 19 de octubre del año 2000, la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos creó subcomisiones para el análisis y discusión de la iniciativa en cuestión. 3.- Después de tres excitativas, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exhortó a las comisiones correspondientes a que diesen respuesta a más tardar el 12 de noviembre del año 2002. 4.- El 29 de octubre del año 2002, la diputada Silvia Alvarez Bruneliere presentó una iniciativa sobre el mismo asunto a nombre del Partido Acción Nacional, la cual fue turnada a las mismas comisiones que la iniciativa presentada por el Partido de la Revolución Democrática. 5.- El jueves 14 de noviembre del 2002, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el dictamen correspondiente de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, el cual no contempla la iniciativa de Acción Nacional. A partir de estos antecedentes, los miembros de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos que suscriben el presente voto particular, exponemos los siguientes considerandos: 1.- En términos generales la iniciativa del PRD tiene un objetivo loable que busca un incremento muy considerable en el gasto federal en educación. No obstante, consideramos que el dictamen correspondiente es perfectible en términos de considerar la participación de la sociedad civil en el gasto educativo y, que para dar cumplimiento a la disposición de alcanzar el 8% del Producto Interno Bruto para el 2006, se requiere considerar el incremento gradual, tanto de los ingresos como los egresos del Estado. 2.- La Ley General de Educación, reglamentaria del artículo tercero de la Constitución y con aplicación en todo el sistema educativo nacional, tiene el propósito sustancial de atender las condiciones y necesidades actuales de los servicios educativos, así como conservar y ampliar los principios sociales educativos y democráticos, lo que significa que es una ley marco de la actuación de los tres ámbitos de gobierno en el ámbito educativo, cuyo fin es inducir a las entidades federativas a que cuenten con sus propias leyes. Asimismo esta ley da cabida a reglamentar la participación de la sociedad civil con el fin de apoyar la función educativa del Estado, en tanto promover y atender todos los niveles, tipos y modalidades educativas. 3.- Particularmente en el aspecto del financiamiento de la educación, puede afirmarse que en el marco de la federalización es una tarea concurrente que deben realizar el Gobierno Federal y los gobiernos de cada entidad federativa, pero que el artículo 25 es claro al señalar que deben sujetarse a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables. El artículo 27 establece que el Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter prioritario de la educación pública para los fines de desarrollo nacional, por lo que señala que en todo tiempo procurarán las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes en términos reales para la educación pública. Asimismo, para apoyar la equidad educativa, el artículo 34 establece que el Ejecutivo Federal llevará a cabo programas compensatorios, por virtud de los cuales apoye con recursos específicos a los gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores rezagos educativos, en el marco de la celebración de convenios en los que se acuerden las proporciones de financiamiento y las acciones específicas que las autoridades educativas locales deban realizar para reducir y superar dichos rezagos. "En este sentido la Ley General de Educación considera el destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública como procurar más presupuestos relativos a aquellas poblaciones y regiones que más lo necesiten. "Por lo que corresponde al Ejecutivo Federal proponer el monto presupuestario para el rubro educativo, por ser el responsable de determinar los criterios de política económica que sustentan el ejercicio de gasto de cada año fiscal, motivo por el cual envía a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto y ésta, de acuerdo al artículo 64 de la Constitución fracción IV tiene la facultad de examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo. "Numeral Cuatro. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y Cultura, UNESCO por sus siglas en inglés, principal organismo internacional en materia de educación tiene como uno de sus propósitos aumentar la disponibilidad de recursos para educación, por lo que para implementar reformas educativas eficaces plantea llegar a consensos sociales en cada país sobre el financiamiento de la educación por parte del sector público y privado. "Después de la reunión técnica sobre el tema de movilización de recursos externos para el financiamiento de educación se preparó la publicación de la UNESCO, el financiamiento de la educación en periodo de austeridad presupuestaria, fecha 1990, que entre otros aspectos sirvió para realizar un documento conjunto con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, para establecer la estrategia que hasta la fecha se sigue para el desarrollo y la cooperación internacional en el sector educación, de la cual se desprende el estudio, educación y conocimiento, eje de la transformación productiva con equidad, fecha 1992. En dicho trabajo se estimó el costo y financiamiento de la estrategia y sugiere que el esfuerzo debe aumentar en 50 por ciento para asegurar que el sistema educativo responda a las necesidades de la sociedad, incluyendo una contribución media del sector público de 6.5 por ciento del producto interno bruto. Esta propuesta fue presentada por la UNESCO en la Séptima Reunión de Ministros de Educación de América Latina y el Caribe, de fecha 1996, como uno de los desafíos de la educación. "Para 1997 diversos estudios muestran que los países de la región dedican en promedio un 7 por ciento de su producto interno bruto, con la concurrencia de la sociedad civil en educación y la formación de recursos humanos, de los cuales un 4.5 por ciento es financiado con recursos públicos. En este sentido la recomendación de la UNESCO es clara respecto a una mayor inversión en educación, considerando a todos los sectores de la sociedad que permita más recursos prioritariamente a la inversión e innovación educativa. " C o n c l u s i o n e s : "Primero.- En este orden de ideas, los que suscribimos este voto particular consideramos que el dictamen de la iniciativa del Partido de la Revolución Democrática no es una propuesta acorde a las recomendaciones de los organismos internacionales, ni a la capacidad presupuestal del gobierno en el plazo temporal propuesto, ni tampoco por la composición de los recursos que se canalicen al gasto educativo, pues que las recomendaciones señalan que será conjuntamente con recursos públicos y con el apoyo de la sociedad civil a través de los cuales se alcanzará dicha meta. "Segundo.- Lograr una educación que sirva como medio de desarrollo personal, social y nacional no radica en fijar metas cuantitativas sino los medios que permitirán colocarla en efectivo vehículo de desarrollo, lo cual conlleva a destinar recursos presupuestarios crecientes para la educación pública, así como las reformas necesarias para diversificar las fuentes de financiamiento y conseguir que la eficiencia de este gasto se traduzca en calidad y equidad educativa. "Tercero.- El dictamen no considera que para dar cabal cumplimiento de destinar al menos el 8 por ciento del producto interno bruto para los sectores de educación y ciencia y tecnología para el año 2006, se requiere contemplar un incremento gradual anual tanto en los ingresos como en los egresos del erario público. " R e s o l u c i ó n : "Los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de una educación de calidad, de una educación integral, de una educación que forme personas conscientes, capaces y comprometidas con su nación. Ello solo será posible a través de múltiples acciones, entre ellas ya asignarle mayores recursos, pero de recursos que efectivamente introduzcan cambios sustanciales en la calidad, eficiencia y equidad del sistema educativo nacional. "Acción Nacional está convencido de que una educación integral y de calidad es el medio idóneo para edificar una sociedad más próspera, justa, democrática, tolerante, armónica y solidaria al igual que respetuosa de la ley. Por ello, apoyamos cualquier medida que busque mejorar el sistema educativo nacional como la de movilizar mayores recursos públicos hasta alcanzar gradualmente por lo menos el 8 por ciento del Producto Interno Bruto para el 2006, en concurrencia con otros sectores que garanticen el acceso a la educación para todos los niños y jóvenes del país. "Los legisladores de Acción Nacional estamos a favor de esta medida, siempre y cuando vaya acompañada de una planeación estratégica que termine con los rezagos, produzca educandos, educadores, académicos e investigadores de excelencia. "Estamos a favor de la medida, siempre y cuando actuemos con sensatez y responsabilidad sobre la integridad del gasto público y no descuidemos otras áreas estratégicas para el desarrollo social y económico del país. "Asumimos esta postura conscientes y en concordancia con la responsabilidad y compromiso que tenemos con el pueblo de México, de manejar transparente, justa y eficientemente el origen y destino de los recursos, procurando su buen uso, la consideración del resto de las prioridades nacionales y el equilibrio de las finanzas públicas. "Estamos a favor de esta medida, siempre y cuando contemos con los ingresos suficientes que sufraguen esta erogación de recursos y no caigamos en la demagogia de asentar montos sin el respaldo correspondiente, siempre y cuando actuemos con apego a lo que nuestra Constitución mandata, así como lo que prevé la legislación secundaria, en específico el artículo de la Ley General de Educación que hoy nos ocupa. "El artículo 25 de la ley vigente es muy claro en señalar que tanto el gobierno federal como las entidades federativas, con sujeción a las correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de los servicios educativos. "A los legisladores de Acción Nacional nos preocupa que aún cuando coincidamos completamente en la necesidad de apoyar y fortalecer la educación, no respetemos el marco jurídico al cual nos debemos y peor aún, que con la aprobación de este dictamen sentemos un precedente muy dañino para la tarea legislativa del Congreso, en tanto que estamos acotando nuestra propia facultad como Cámara de Diputados para determinar la asignación presupuestal anual de nuestro país, pues aunque se nos presentara un proyecto de presupuesto, éste ya vendría atado y, más peligroso aún, sin el marco de referencia económico a partir del cual se estimen los ingresos de que dispone el Estado. "No olvidemos que la educación es un derecho y que al Estado le corresponde impartir la educación básica, así como promover y atender los demás niveles, tipos y modalidades educativas, razón por la cual se auxilie del apoyo de la sociedad. "Difícilmente podremos avanzar como país si no contamos con la participación y corresponsabilidad de la sociedad. Atrás quedó el paternalismo, hoy la sociedad quiere, puede y debe contribuir en las áreas prioritarias de la acción gubernamental, por lo tanto no sólo debemos permitir sino alentar la participación de la sociedad civil, ya que la educación es deber del Estado pero nunca monopolio suyo. "El mismo proyecto de dictamen del cual hacemos este voto particular, menciona en la sección de valoración de la iniciativa, que en los marcos de acción regionales de la Conferencia de la UNESCO, en Dakar, México signó un compromiso que a la letra dice: "Deseamos fortalecer nuestra resolución de continuar aumentando las asignaciones de recursos para la educación para todos, a nivel del gobierno nacional hasta los organismos provinciales, estatales y locales, y recabando el apoyo de la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, así como la industria y el comercio con miras a que contribuyan a la educación para todos y a que participen en ella". "Claramente se expone que la educación es una tarea de todos, donde la acción gubernamental es necesaria pero no suficiente y por ello ese fundamental la participación de los demás sectores de la sociedad. "Acción Nacional desea dejar constancia de su participación activa y a favor de establecer gradualmente un monto mínimo del 8 por ciento el Producto Interno Bruto en educación para el 2006, firmemente comprometido en que ésta se convierta en la columna vertebral del desarrollo del país, pero no en los términos que establece el dictamen. "Por todo lo anterior, proponemos la siguiente redacción sobre el dictamen a discusión. "Artículo 25.- Se reforma el artículo 25 de la Ley General de Educación para quedar como sigue: El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa, con sujeción a las disposiciones de ingresos y gasto público correspondientes que resulten aplicables, concurrirán al financiamiento de la educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado, Federación, entidades federativas y municipios y la sociedad civil destinen al gasto en la educación pública y en los servicios educativos, no podrá ser menor a 8 por ciento del Producto Interno Bruto del país, destinando de este monto al menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto a la Investigación Científica y al Desarrollo Tecnológico en las instituciones de Educación Superior públicas. Los recursos federales recibidos para ese fin por cada entidad federativa, no serán transferibles y deberán aplicarse exclusivamente en la prestación de servicios y demás actividades educativas en la propia entidad El Gobierno Local, prestará todas las facilidades y colaboración para que, en su caso, el Ejecutivo Federal verifique la correcta aplicación de dichos recursos. En el evento de que tales recursos se utilicen para fines distintos se estará a lo previsto en la legislación aplicable sobre las responsabilidades administrativas, civiles y penales que procedan. TRANSITORIOS.- Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- Para dar cabal cumplimiento a esta disposición, los Presupuestos de Ingresos y Egresos del Estado, Federación, Entidades Federativas y Municipios, contemplarán un incremento gradual anual a fin de alcanzar el año 2006 de manera concurrente con la sociedad civil, recursos equivalentes al 8% del PIB que considera las presentes Reformas. Diputado Alfonso Vicente Díaz, rúbrica. Diputado Oscar Ochoa Patrón, rúbrica. Diputada Silvia Alvarez Bruneliere, rúbrica. Diputada Celita Alamillo Padrón, rúbrica. Diputado José Carlos Luna Salas, rúbrica. Es cuanto, Diputada Presidenta.+ -LA C. PRESIDENTA. Gracias ciudadano Diputado. Tiene la palabra para fundamentar el Dictamen el Diputado Enrique Meléndez Pérez, en términos del Artículo 108 del Reglamento Interior -