EL C. PRESIDENTE: Gracias, Señor Diputado García Dávila. Tiene ahora la palabra el Diputado José Antonio Arévalo González, del Partido Verde Ecologista Mexicano., hasta por 6 minutos EL C. DIPUTADO JOSE ANTONIO AREVALO GONZALEZ: Gracias. Con su permiso, señores presidentes. Secretario Ejecutivo del Ipab, Julio César Méndez Rubio, compañeras diputadas y diputados: La actual situación en torno al Instituto para la Protección al Ahorro Bancario es para los legisladores del Partido Verde Ecologista de México de gran importancia, ya que está en el centro de uno de los asuntos más relevantes de la nación por su alto costo financiero y por su significado político. El Ipab, como bien se sabe, es el heredero del infortunado Fobaproa, el antiguo Fondo Bancario de Protección al Ahorro, que acabó recibiendo toda la carga del muy discutido y poco transparente rescate de los bancos comerciales aplicado por el gobierno anterior. Así, en enero de 1999 surge el Ipab, como un organismo descentralizado de la administración pública federal. Siendo sus principales objetivos y responsabilidades el establecer un sistema de protección al ahorro bancario, concluir los procesos de saneamiento de las instituciones bancarias, administrar y vender los bienes que quedaron a su cargo por la intervención que el gobierno hizo de los bancos y obtener por ellos el mayor valor posible. Por desgracia parece que estos objetivos no se han cumplido, pues el sistema financiero aun permanece en crisis y al día de hoy se dice que la deuda del Fobaproa-Ipab haciende a más de 700 mil millones de pesos. A pesar de esto, la fiscalización del rescate de bancos privados sigue aún sin realizarse, no se han podido despejar las sólidas y fundadas sospechas de que el salvamiento de los bancos, que ha de costarle al país en buena parte, provienen de la cartera vencida de los mismos y que el Estado, por medio del Ipab-Fobaproa, no debió haber asumido. La banca se ha rescatado, estatizado, vuelto a privatizar, a precio de remate y dándole a los banqueros el negocio el SAR. Ni más ni menos que los ahorros de todos los trabajadores mexicanos para que los manejen a su gusto y beneficio, con voraces tasas de interés e ineficiencia en el manejo. Y a pesar de todo esto, prácticamente todos los bancos quebraron. Esto nos muestra que al parecer el sistema financiero en nuestro país está mal diseñado, ya que el esquema de protección al ahorrador tiende a proteger incondicionalmente a las instituciones bancarias, aunque éstas no sean eficientes. Es necesario aclarar por qué acaba de salir la convocatoria para la venta de Bancrecer y además nos encontramos con el controvertido caso de la venta de Banamex. Este último aspecto es, sin duda, muy sensible, ya que si conforme a los reportes del auditor Mackey se detecta que hubo créditos ilegales, el Ipab podría rechazar y volver tales créditos a los bancos a cambio de otros activos por el monto equivalente. Este bien podría ser, según se infiere, el caso de Banamex. De ser así el conflicto sería realmente mayúsculo, pues de alguna manera la venta de Banamex marcaría la forma no solo discrecional, sino posiblemente ilegal en que habrían actuado los involucrados en el Ipab. Y lo peor es que estaríamos hablando nuevamente de la ya muy recurrente socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Y es ofensivo para el pueblo de México, porque al final de cuentas los banqueros tienen un negocio monumental, en donde tras de haber adquirido esa institución a precio de remate y de haber obtenido facilidades gubernamentales que les significaron grandes utilidades, ahora ceden el control de Banamex con una ganancia exorbitante, mientras que el gobierno ni siquiera explica a los mexicanos en dónde estuvo el error y por qué todos tenemos que cargar con el daño a la nación que el rescate bancario acabó significando. Es importante que el actual gobierno esclarezca por qué si los bancos quebraron con un grave perjuicio al erario nacional, los principales socios de los bancos salieron beneficiados. Por otro lado, nos han señalado que uno de sus máximos éxitos fue el prepago que se hizo a City Group por el llamado pagaré Fobaproa de Confía. En una primera vista esta operación parece muy exitosa, puesto que disminuye el costo del rescate bancario. Sin embargo, la realidad es diferente. El rescate bancario abrió graves heridas en la sociedad que no acaban de cicatrizar. Ha llegado el momento de que quienes tienen la estafeta cumplan con su trabajo. Por ello, el esclarecimiento de estas operaciones resulta obligado por varias razones. En primer término, para recuperar los fondos públicos que actualmente se encuentran en manos privadas. Asimismo para sancionar posibles conductas ilegales por parte de funcionarios o ex funcionarios del Fobaproa-Ipab y de banqueros o ex banqueros. Exigimos el estricto cumplimiento de la Ley del IPAB y la salvaguarda de las instituciones. Esto es necesario en un país en el que la aplicación de la ley se cuestiona constantemente y donde algunas instituciones son muy frágiles. Muchas gracias. -