La diputada Erika Mariana Rosas Uribe: Con la venia de la Presidencia. México es un país lleno de diversidad, algo que no admite discusión es la gran variedad y belleza de los destinos turísticos que nuestro país posee, lo cual a la gran mayoría nos llena de orgullo ante el mundo. Sin embargo, existe un lado oscuro en las visitas que los extranjeros nos realizan, que nos llenan de vergüenza e indignación y de lo que poco se habla, pues desafortunadamente México no solo resulta atractivo por sus paisajes y su gente, sino que ofrece un paraíso para quienes buscan lo que a nivel internacional se ha reconocido como turismo sexual. De acuerdo a los datos de la Organización Internacional para las Migraciones, cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales y, en 20 por ciento de estos desplazamientos, el sexo es buscado por los turistas, de los cuales un 3 por ciento confiesa tener tendencias pedófilas. Es posiblemente la forma más cruel de explotación infantil, pero no existen datos completamente fiables sobre turismo sexual con menores. UNICEF calcula que son 1.8 millones de niños y niñas quienes lo sufren, en algunos países es fácil, barato, incluso, ropa y comida son intercambiados a cambio de sexo, aunque me parece que podemos coincidir en que este fenómeno puede producirse en cualquier lugar y contexto. Sin embargo, la pobreza y la desigualdad son importantes factores que generan estos lamentables fenómenos. Particularmente, considero que la dificultad para abordar este problema se debe, en parte, a que muchos estados lo ocultan, no hay estadísticas homogéneas. Al tratarse de una actividad ilegal no reconocida hace que se desconozca el verdadero alcance y naturaleza del fenómeno. Igual, que no hay cifras exactas de los afectados, tampoco es sencillo conocer quiénes son los que abusan. Más allá del uso que los nacionales hacen de la prostitución infantil, los flujos suelen describir un patrón, el mismo que el propio turismo, de países ricos a países pobres. Las complejas redes de trata de personas trascienden las fronteras estatales y nacionales. Por ejemplo, una investigación del FBI del año 2017 reveló que en la ciudad fronteriza de Tijuana hay quienes operan como proxenetas de menores de edad a solicitud de ciudadanos estadounidenses, quienes establecen comunicación previa con los interesados en tener relaciones sexuales con niños o niñas y los ofrecen como cualquier otro producto de mercado. Alarmantemente, Tijuana no es único lugar donde se ha detectado el problema, de acuerdo con información presentada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, cada mes 100 niños mexicanos son obligados a prestar servicios sexuales en diversas ciudades, donde sobresalen Cancún, Guadalajara y Tapachula. La sola idea de pensar que la motivación para visitar nuestro país es la de buscar sexo con menores de edad o con mujeres víctimas de trata de blancas nos llena de rabia, pero resulta más indignante que no se ejerzan las medidas necesarias para erradicar este problema de raíz. Se calcula que más del 80 por ciento de las víctimas que son ofrecidas a turistas son mujeres que son engañadas o forzadas a prostituirse y de estas más del 50 por ciento son menores de edad. La desigualdad de género, la pobreza, la migración contribuyen a que México sea visto como fuente de tránsito y destino de trata de personas, siendo el segundo negocio ilícito más lucrativo, solo detrás del narcotráfico. Aunado a esto, el turismo sexual no sería posible sin la red de complicidad, tanto de los que promueven el acto como de la prevaleciente impunidad por parte de las autoridades locales que ven en el turismo sexual como una actividad remunerada, otorgando amplias facilidades a los turistas. Por estas razones, es urgente tomar cartas en el asunto, castigando de manera más severa este delito. Aumentar las penas es solo una de las muchas acciones que como legisladores estamos obligados a tomar para desalentar estas prácticas. Nuestras leyes deben buscar que el respeto a la dignidad de nuestras niñas, niños y mujeres sean nuestra carta de presentación. Con el aumento de las acciones que se prevén en el dictamen que hoy se somete a votación, 15 a 30 años de prisión y de mil a 30 mil días de multa, mandamos un mensaje claro de 0 tolerancia hacia los explotadores y a los consumidores. Por esta razón, votaré a favor de aumentar las penas de turismo sexual en nuestro Código Penal a quienes resulten responsables. Y celebro que se considere como agravante cuando el explotador sea quien, por su naturaleza únicamente, debería brindarle seguridad y protección a la víctima. Estamos comprometidos en legislar por el bienestar de las niñas, niños y mujeres mexicanos y en que México únicamente sea reconocido a nivel internacional por la riqueza de su tierra y la calidad de sus nacionales. Es cuanto.