El diputado Sami David David: Con su permiso, señor Presidente; honorable asamblea: con las facultades que la ley me confiere, en nombre de la Comisión de Defensa Nacional hago uso de la tribuna para exponer el presente dictamen con proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la Ley para Conservar la Neutralidad del País. Este dictamen se origina de una minuta del Senado de la República, en la que se proponía abrogar la citada ley. Sin embargo, en reunión plenaria de la Comisión de Defensa Nacional se consideró la conveniencia de reformarla y adicionarla a fin de actualizar su contenido y, por ende, evitar su abrogación. Dicha minuta y los diversos tratados internacionales que ha suscrito nuestro país en materia de neutralidad contemplan un escenario de declaración de guerra convencional, donde México mantiene su tradición de no intervención. Sin embargo, la minuta no contempla los constantes escenarios de guerras no declaradas que en la actualidad el mundo enfrenta, donde la comunidad internacional se ha visto involucrada. Por lo expuesto, la Comisión ha resuelto reformar los artículos 1, 2, 3 y 4, y adicionar los artículos 5 y 6 para que la Ley de Neutralidad del País siga vigente, adecuando la terminología utilizada en 1939 a los avances tecnológicos actuales. Es decir, se considera que deben retomarse el espíritu y contenido de la propuesta original expresada en la iniciativa presentada por la senadora Sara Isabel Castellanos Cortés, en nombre del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el Senado de la República el pasado 14 de mayo de 2003. Es importante señalar, como antecedente, que la Ley para Conservar la Neutralidad del País fue aprobada en 1939, siendo Presidente el General Lázaro Cárdenas, considerando el estado de guerra que prevalecía entre algunas naciones europeas, lo que obligaba a México a dictar medidas legislativas que tendieran a mantener la observancia y conservación de neutralidad. Cabe subrayar que el derecho a la neutralidad explica la relación jurídica internacional que existe entre los Estados participantes de un conflicto bélico, considerados beligerantes, y los Estados que no participan, considerados neutrales. Es decir, las normas jurídicas internacionales ubican la guerra y la limitan en su conducción terrestre, aérea y marítima, aminorando el impacto en los ámbitos sociopolítico-económicos de los países neutrales. El derecho a la neutralidad contempla la necesidad de que la transición entre la paz y la guerra o viceversa se caracterice por la claridad y ausencia de ambigüedades, ya que por costumbre los Estados declaraban la guerra en forma expresa antes de iniciar hostilidades. Sin embargo, en las últimas décadas, la ampliación del espectro de la guerra no convencional ha ocasionado que sea imposible precisar el momento en que las hostilidades se transformen en guerra convencional. El derecho internacional consuetudinario prescribe que todos los Estados disponen de la alternativa de abstenerse de participar en un conflicto armado, declarando su neutralidad o asumiendo un estatus neutral, el cual permanece vigente hasta que el Estado neutral abandona su posición de neutralidad y se involucra en un conflicto armado. Recíprocamente, el derecho de los conflictos armados impone obligaciones y otorga derechos tanto a los Estados neutrales como a los beligerantes. El principal derecho que asiste a los Estados neutrales es la inviolabilidad, y las principales obligaciones que se le imponen son la abstención e imparcialidad. A la inversa, el principal deber de los Estados beligerantes consiste en respetar los derechos de los neutrales, asistiéndoles el derecho a insistir en que éstos cumplan sus obligaciones. La neutralidad, conforme a la Carta de las Naciones Unidas, impone a sus miembros la obligación de solucionar sus controversias internacionales por medios pacíficos y de abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza en sus relaciones internacionales. Los Estados miembros se obligan a abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de un Estado, y encuentran su límite en el derecho a la legítima defensa individual o colectiva que se podrá ejercer hasta el momento en que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias para restaurar la paz y la seguridad internacional. La Ley para Conservar la Neutralidad del País es compatible con el XIII Convenio de La Haya, el cual exige que se otorgue un periodo de gracia de 24 horas para que los buques de guerra beligerantes situados en puertos o radas neutrales al estallar un conflicto armado puedan zarpar de ellos. A partir de ese momento, los buques de guerra beligerantes podrán permanecer sólo en los puertos y las radas neutrales que el Estado neutral decida abrirles. Esta restricción no rige para los buques de guerra beligerantes afectados en operaciones exclusivas con fines humanitarios, religiosos o científicos no militares. Cabe señalar que los buques de guerra beligerantes no pueden hacer uso de puertos o radas neutrales para reponer o incrementar sus provisiones de materiales bélicos o sus armamentos o para instalar o emplear equipos para lograr comunicación con las fuerzas beligerantes. En puertos y radas neutrales, los buques de guerra beligerantes podrán realizar las reparaciones que sean necesarias para ponerlos en condiciones de navegabilidad. Hay que señalar que el territorio neutral abarca el espacio aéreo que se extiende sobre el territorio, aguas interiores y mar territorial de un Estado neutral, prohibiéndose a las aeronaves militares beligerantes ingresar en el espacio aéreo neutral los Estados neutrales tienen el deber de impedir la violación del espacio aéreo neutral por parte de aeronaves militares beligerantes, obligando a las naves trasgresoras a aterrizar e internarlas junto con sus tripulantes. El contenido de las reformas y adiciones que motivan el presente dictamen es el siguiente: en relación con el artículo 1o., se actualiza su contenido, agregando la figura de los portaaviones y contemplando el término de conflicto armado, que puede ser considerado "guerra convencional" o "no convencional"; respecto al artículo 2o., se agrega la figura de equipamiento de guerra, con lo cual pueden ser adecuados los barcos; en relación con los artículos 3o. y 4o., se reforman a fin de contemplar que ni los aviones y ningún vehículo aéreo de barcos o portaaviones se separen de los mismos, salvo que tengan la finalidad exclusiva de cargar combustible en puertos fondeadores o aguas territoriales mexicanas; por lo que respecta al artículo 5o., se adiciona para contemplar que México, en caso de ataque al territorio nacional, responderá a las provocaciones que se presenten con los recursos con que cuenten las Fuerzas Armadas; finalmente, el artículo 6o. se adiciona para establecer la coordinación que deberá existir entre las diversas dependencias del Gobierno Federal respecto al cumplimiento de dicha ley y de los ordenamientos que de ella deriven. En tal virtud, solicitamos a esta soberanía, con la participación de las diversas fuerzas parlamentarias que concurrieron a esta sesión de la Comisión de Defensa Nacional, su voto favorable al dictamen que hoy se presenta, para estar en aptitud de enviar esta minuta al Senado de la República, para los efectos en lo dispuesto en el inciso e) del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de generar un nuevo proceso de discusión y de reflexión en la Colegisladora. En consecuencia, por lo expuesto y fundado, la Comisión de Defensa Nacional somete a la consideración del Pleno de esta honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, que reforma y adiciona diversos artículos de la llamada Ley de Neutralidad del País. Es cuanto, señor Presidente.