La diputada Adriana Gabriela Medina Ortiz: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, la extorsión es uno de los delitos de alto impacto que ataca directamente a la sociedad mexicana, poniendo en duda la capacidad del Estado para cumplir obligaciones fundamentales. Ello, debido a que refleja impotencia al proteger a las personas, resarcir a las víctimas, salvaguardar el patrimonio, garantizar condiciones mínimas de goce a la libertad o evitar la impunidad de los delincuentes. En una extorsión, además de las afectaciones patrimoniales o monetarias, se pierde la tranquilidad, sobreviene la incertidumbre que en ocasiones persigue a las víctimas por mucho tiempo. Y en ciertos contextos puede detonar condiciones para la comisión de otros delitos lacerantes, como el secuestro. Desde el inicio del siglo XXI, quienes ejercen la extorsión encontraron en la tecnología un camuflaje y en ausencia del Estado, los ámbitos rurales y urbanos, un pretexto. En respuesta, la sociedad ha procurado organizarse. Los centros de estudio han desarrollado complejos análisis para combatir este tipo de manifestaciones delictivas y las autoridades han capacitado cuadros y canalizado recursos para actuar contra este delito. Desafortunadamente, la complejidad de nuestras circunstancias sociales, la corrupción y la desconfianza han servido para disminuir los efectos de los esfuerzos realizados y propiciar la no denuncia. Consecuentemente, existen cifras negras que demuestran la brecha entre la denuncia formal del delito y lo que la totalidad de las víctimas experimentan. Esto forma un círculo vicioso en el que el miedo, la corrupción y la desconfianza perpetran la impunidad de la delincuencia. Este comportamiento que, lamentablemente, sigue arrastrando nuestra sociedad, no solo ha expandido, a partir de las limitaciones de los gobiernos y sus capacidades institucionales. En todos los niveles también se facilitaron por la diversificación de mecanismos de que dispone la delincuencia, la misma necesidad de infraestructura para su comisión y por los nuevos medios de comunicación que logran vencer la barrera física entre criminal y víctima o favorecen al anonimato criminal. En este contexto, se erige la pertinencia social de este dictamen, en el que como legisladoras y legisladores estamos poniendo lo que está en nuestras manos para combatir la delincuencia e inhibir la extorsión. Consecuentemente, compañeras y compañeros, les invito a que votemos a favor del dictamen en el que se busca modificar el artículo 390 del Código Penal Federal, planteando como agravantes aquellas extorsiones en las que se hubiese aprovechado de las relaciones laborales o familiares en la víctima, en la que la víctima sea una persona adulta mayor o con discapacidad en las que se hubiese hecho uso de la violencia física, psicológica o moral, o en las que se hubiese podido confirmar la participación de autoridades penitenciarias por acciones u omisiones. México necesita que todas y todos, actuemos ya en contra de los delitos de alto impacto. Hoy tenemos la oportunidad de poner un granito de arena en el combate a la extorsión. Demos el paso votando a favor de este dictamen y, con ello, hagamos una causa común, sin colores, sin siglas, simplemente contra la extorsión y en favor de nuestro país. Porque la causa es México. Es cuanto, diputada presidenta.