EL C. PRESIDENTE: Como lo ha solicitado, insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y en La Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Tiene el uso de la palabra para presentar una Iniciativa de Reforma a los Artículos 41 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para Reformar, Adicionar y Derogar diversos Artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales el Diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por diez minutos. Perdón, un momento, la Diputada proponente de la Iniciativa anterior ha solicitado que se turne también su Iniciativa a la Comisión de Equidad y Género lo cual se concede para efectos de que esta Comisión opine sobre la Iniciativa. Adelante, señor Diputado. -EL C. DIPUTADO DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE. Honorable Asamblea, Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, Diputado Federal, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 Fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente Iniciativa de Decreto, que Reforma el Artículo 41 y 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que Reforma, Adiciona y Deroga diversas Disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, bajo la siguiente Exposición de Motivos. La presente Iniciativa contiene ocho propósitos que van encaminados hacia una nueva regulación de los partidos políticos. Primero. Modificar la distribución del financiamiento público a partidos políticos de 30 y 70% a 20 y 80%. Actualmente el COFIPE distribuye el financiamiento público de la siguiente manera: El 30% se entrega de manera igualitaria a los partidos políticos con representación en el Congreso de la Unión y el 70% restante se distribuye según el porcentaje de la votación nacional emitida, si lo hubiese obtenido cada partido político con representación en las Cámaras, en la última elección de Diputados. Lo anterior es muy favorable para los partidos políticos con poca representatividad porque captan mayores recursos. De esta manera la propuesta es que los porcentajes de distribución del financiamiento público sean del 20% repartido en forma igualitaria y el 80% según la representación en esta Cámara. Esto indica que los partidos con una mayor representación obtendrán más recursos gracias a la decisión de los votantes. Segundo, regulación y fiscalización de las precampañas. Es de todos conocido que los militantes de un partido político interesados en obtener la designación de su partido para ser candidatos para un puesto de elección popular, meses antes de los registros comienzan a llevar a cabo actividades de proselitismo con esta finalidad; actualmente, la Constitución y el COPIFE no regulan estas actividades es por ello que la propuesta es que las precampañas deben ser sujetas a disposiciones similares a las campañas. Tercero, establecer el número de días que debe durar las campañas para Presidente, senador y diputado. El COFIPE no establece el tiempo de los períodos para las campañas electorales, es uno de los actores de la formula que determina los montos totales de financiamiento público a los partidos políticos; por tanto, al ser más prolongadas las campañas, los gastos están aumentando. Además, es necesario considerar que campañas tan largas detectan tres grandes problemas, a saber: 1.- un fastidio electoral por parte de la ciudadanía. 2.- un excesivo costo de las campañas; y , 3º. un agotamiento físico y propositivo por parte de los partidos y sobre todo de los candidatos. Por todo lo anterior, propongo que la Ley Electoral determine los días máximos que deberá durar las campañas electorales; con esto, los gastos de las precampañas y campañas se reducen sensiblemente y es congruente a la reducción del presupuesto ya que al ser menos días se gasta menos dinero. Cuarto, obligar a aquellos partidos políticos que pierdan su registro, a rendir cuentas del financiamiento y recursos obtenidos, así como la entrega del activo neto que resulte. La normatividad electoral no contempla hoy un mecanismo efectivo de rendición de cuentas para los partidos políticos nacionales que pierden su registro. Al momento en que de acuerdo con los plazos establecidos por la ley, la Junta General Ejecutiva del IFE hace una declaratoria de pérdida de registro de un partido político, el proceso de fiscalización anual y de campaña de recursos de los institutos políticos, no ha concluido aún, de tal suerte que cuando se aprueba el dictamen de fiscalización ya no existe una persona jurídica que se responsabilice plenamente de las consecuencias del proceso fiscalizador, ni tampoco que pueda ser sancionada por eventuales irregularidades encontradas. En este sentido, no podemos aceptar que todo el patrimonio de un partido político que haya perdido su registro, quede a favor de una persona física o moral privada toda vez que dicho partido político recibió recursos públicos en su mayoría, por lo que debe seguir siendo la Federación, evitando así la especulación de las aportaciones privadas, entonces se propone que para poder exigir legalmente una rendición de cuentas a los partidos políticos que han perdido su registro, todos los partidos deberán nombrar un representante legal que cumpla con todos los fines legales que dicta el COFIPE y que será el responsable de entregar al IFE la información financiera y el patrimonio que resulte del partido. El IFE entregará esos activos a la Secretaría de Hacienda y Crédito para que sean destinados a algún organismo o institución de beneficencia. Esto mismo ya que considerando que dentro de los estatus de Acción Nacional que señala que al disolverse el partido, el activo neto que resulte del patrimonio será entregado a alguna institución de beneficencia que acuerde la Asamblea Nacional. Quinto, reducir el financiamiento público de las agrupaciones políticas. La legislación electoral vigente contempla que el financiamiento público de las agrupaciones políticas que tienen su registro o que recientemente lo obtuvieron ante el IFE deberán recibir prerrogativas por un monto equivalente al 2% de los financiamientos públicos destinados a los partidos políticos. De acuerdo con lo anterior, en este año se destinaron más de 46 millones de pesos a 36 agrupaciones políticas que si bien es cierto son figuras relevantes para la diversidad política. Lo que también es cierto es que se han convertido en un negocio muy rentable para algunos ya que en numerosas ocasiones los líderes de estas organizaciones las utilizan con intereses meramente personales. Es por esto que es prudente reducir el financiamiento público a las agrupaciones a un 1% y si estas organizaciones representan los intereses de un importante grupo de personas que en todo caso compita como partido político y demuestre en las urnas su representatividad y con ello su derecho a las prerrogativas constitucionales y legales. Sexto, aumentar de 2 a 3% la votación mínima requerida para que los partidos políticos alcancen o mantengan su registro para el principio de representación proporcional. Cada 3 años se crea y se reestructuran partidos políticos con la intención de conseguir o mantener su registro ante el IFE y después son catalogados como entidades de interés público y organizaciones que realmente no lo son y que pueden ser privilegiadas con todas las prerrogativas y derechos que otorga la Constitución y el COFIPE, cuando realmente no lo merecen por no constituir una auténtica opción o verdadera representación nacional, además de que en repetidas ocasiones se anexan a los llamados "partidos grandes", con los cuales consiguen más beneficios de nuestras leyes, como su registro, financiamiento y alguna diputación o senaduría. Para evitar la proliferación de estos partidos políticos chicos planteo elevar la votación mínima requerida para que los partidos políticos obtengan su registro o para mantenerlo, del 2 al 3 por ciento, ya que nuestro país es uno de los que permite la obtención de estos privilegios con una votación de las más bajas del mundo. De esta manera reiteramos la importancia del Poder Legislativo como pieza central del sistema de la división de poderes y de la democracia representativa que realmente constituya la representación de todas las manifestaciones humanas, sociales, culturales, políticas del pueblo mexicano. Séptimo. Los partidos políticos, aun cuando formen una coalición, serán considerados individualmente para la asignación de diputados y senadores de representación proporcional y la conservación u obtención de su registro, así como la asignación de recursos económicos. Las coaliciones electorales son una de las modalidades por las que se optar los partidos políticos para desplegar sus actividades de campaña en busca del voto ciudadano, sin embargo, el procedimiento actualmente contemplado por la ley considera a los partidos coaligados como uno solo y no permite identificar el número de votos por cada instituto político que en particular aportó a la coalición, e impide corroborar que cada partido cuente con un respaldo electoral de al menos el 3 por ciento de la votación, como se establece en esta iniciativa, requisito legal para conservar su registro como partido político, así como para acceder a cargos de representación y gozar del financiamiento público y demás prerrogativas, de tal suerte, la propuesta que aún cuando partidos políticos formen coalición, los votos deben ser adjudicados a cada partidos individual, para esto, las boletas electorales y la publicidad deben distinguir el emblema y color de cada partido asentado en la leyenda "en coalición", para que cada persona vote por el partido o candidato de su preferencia y cada partido político obtenga los méritos propios, los escaños o curules y conserve u obtenga su registro. Octavo. Para constituir un partido político las organizaciones interesadas deberán hacer su asamblea, reuniones y mítines en presencia de un funcionario y federatario público designado por el IFE. La Ley Electoral vigente no permite comprobar fehacientemente el cumplimiento cabal de cada uno de los requisitos legales para constituir un partido político. Un aspecto muy importante para que una organización aspire a ser partido político es la comprobación de un número determinado de simpatizantes a través de asambleas, reuniones y mítines, sin embargo, el COFIPE establece que algún juez, notario o funcionario acreditado ante el IFE basta para hacer constar que el evento contó con los requerimientos de ese instituto, lo cual se ha presentado para no cumplirlos. Por lo anterior, permítame señor Presidente, solicitarle que se publique en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de Debates toda la iniciativa, que es bastante larga.