El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, las garantías de seguridad jurídica son, sin duda alguna, una de las más antiguas en nuestro país, así como en el derecho internacional. En nuestro país todas y cada una de las Constituciones Políticas promulgadas desde la culminación de la guerra de Independencia, hasta la actual promulgada en 1917, previeron en mayor o en menor medida las garantías de seguridad jurídica. La reciente reforma del 18 de junio de 2008, que instituyó el arraigo en nuestro país, resulta totalmente contradictoria con el espíritu garantista de nuestra Constitución Política, producto de la Revolución Mexicana, ya que en la Constitución de 1917 se ampliaron las garantías previstas en la Constitución liberar de 1857, la cual fue la primera en incluir un título destinado a los derechos fundamentales del hombre, previniendo las prácticas contra todas las garantías individuales que hoy conocemos y se encuentran vigentes. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el arraigo proviene de latín ad y radicare, que significa echar raíces. En materia penal el arraigo es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado durante la averiguación previa o durante el proceso penal. El arraigo en México implica el confinamiento de los ciudadanos sospechosos a requerimiento de la fiscalía cuando éste no tiene los elementos para consignar. En el antecedente más reciente la Suprema Corte de Justicia de la Nación reunió los 8 votos necesarios para afirmar la inconstitucionalidad del artículo 122-Bis del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua. La Corte hizo la lectura estricta del artículo 16 de la Constitución Mexicana y que señala que nadie puede ser molestado en su persona, salvo por mandato judicial y definió su alcance interpretativo. Dicho precepto dijo: la mayoría se refiere únicamente a la orden de aprehensión, a la detención en caso de flagrancia y a la detención a petición del Ministerio Público, cuando haya peligro de que el sospechoso huya. En tanto, tres de los ocho votos dieron otros fundamentos para la misma conclusión al decir que el arraigo sí está permitido por la Constitución, pero siempre que se realice en el domicilio de la persona a la que se investiga y no en otros sitios. Esta nueva reflexión de la Suprema Corte requiere, desde nuestro punto de vista, que los jueces de distrito otorguen las suspensiones al momento de estudiar una solicitud de arraigo. De no ser así, el juicio de amparo resulta totalmente inoperante, pues debemos de recordar que el amparo es el sistema de defensa de la Constitución y de las garantías individuales. Actualmente la Procuraduría General de la República, las procuradurías de los estados y del Distrito Federal, primero arraigan y después investigan. De esta manera consideramos inconstitucional el tener al inculpado 30 o 60 o más días detenido en una prisión disfrazada de arraigo domiciliario, para después decirle que no hay pruebas en su contra. Estas acciones sólo demuestran la falta de preparación de las autoridades encargadas de investigar los actos delictivos, que sólo fomentan actos injustificables, que dejan huellas psicológicas y sociales imborrables a quienes han sido víctimas de esa medida inconstitucional, toda vez que se convierte en un acto de privación ilegal de la libertad, del cual no se le da derecho de audiencia al inculpado. Recordemos las desafortunadas declaraciones del procurador de Justicia del estado de México en la lamentablemente muerte de la niña Paulette. Cito: La solicitud de arraigo en este momento no implica de ninguna forma que exista certeza de que alguno de ellos hubiera participado en la sustracción, simplemente es para resolver las inconsistencias de sus declaraciones. Una vez decretada la libertad, otra vez el procurador de Justicia del estado de México señaló, cita: La libertad de cuatro personas por ningún motivo implica absolución o condena en contra de persona alguna, lo que significa seguir la investigación para aclarar con absoluta certeza qué fue lo acontecido con la muerte de la menor. Compañeras y compañeros diputados, para el grupo parlamentario es urgente que la nueva reflexión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se eleve a rango constitucional, derogando la figura del arraigo para que no obtenga ningún alcance limitado, pero sobre todo se acompañe del reconocimiento pleno de la presunción de inocencia. En tal virtud y para concluir, señor presidente, proponemos un artículo Segundo transitorio, en donde se obliga a ambas Cámaras del Congreso de la Unión a realizar las adecuaciones correspondientes a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y al Código Penal Federal y de Procedimientos Penales. Señor presidente, solicito respetuosamente se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en el Diario de los Debates y que ésta pueda ser turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales. Por su atención, muchísimas gracias.