El diputado Ariel Castillo Nájera: Gracias, diputada Presidenta, con su permiso. Compañeros diputadas y diputados, para nadie es desconocido y tal vez por ello resultan obvios los antecedentes que son indispensables plasmar en este foro. Para nadie es desconocido que el modelo económico posrevolucionario se basó en la tradición desarrollista e industrializadora de la economía, reforzado con una dinámica proteccionista frente al exterior y orientada hacia el consumo interno y la sustitución de importaciones. A pesar de sus logros históricos este modelo se colapsó. En los años ochenta nuestro país tuvo la necesidad de replantear la agenda de la política económica y social, sobre todo la necesidad de redefinir el papel del Estado en la promoción del desarrollo económico y la justicia social. Por ello, fue necesario adaptar la institucionalidad económica a la nueva realidad del mundo globalizado. El nuevo modelo económico se basó en: la liberación del comercio exterior, del sistema financiero y la inversión extranjera, la orientación de la economía hacia los mercados externos, la privatización de las empresas públicas como un fin en sí mismo, la desregulación de las actividades económicas, la estricta disciplina fiscal; la erradicación de los desequilibrios fiscales previos, no mediante una mayor recaudación, sino a través de la reducción de la inversión y el gasto público, buscando con ello insertar ventajosamente a México en un mundo cambiante y competitivo. Pero a más de 20 años no se han logrado los resultados que la inmensa mayoría de los mexicanos esperábamos, dado el enorme sacrificio que ofrecimos pacíficamente en este proceso. Es claro para todos que el crecimiento, el desarrollo y la distribución de la riqueza son prácticamente inexistentes. Los beneficios se quedan en manos de unos pocos y no son recibidos por la mayoría de los mexicanos. La desigualdad social tan lacerante se ha profundizado. El desempleo crece cada vez más. Millones de mexicanos no tienen acceso a vivienda, alimentación, salud, educación gratuita y de calidad con equidad; en suma, a los servicios elementales. Mención especial merecen los más de 10 millones de indígenas que si bien es cierto le dan riqueza y diversidad cultural a nuestro país, son los más pobres y marginados. Un modelo económico es producto de decisiones históricas, de decisiones humanas. Pongamos el modelo económico al servicio de la gente. Por estas razones, en Nueva Alianza consideramos que los esfuerzos que se emprendan en la búsqueda de las reformas de fondo, que necesita nuestro país, solamente pueden hallar consenso y legitimidad si se enfocan a superar las deficiencias históricas de nuestra economía y la inaceptable desigualdad social. Por eso es impostergable una verdadera reforma hacendaria integral, no parcial, que tenga como objetivo claro y primordial ubicar a nuestro país en el camino del desarrollo social justo, sustentable, incluyente y democrático. El Estado necesita contar con los recursos suficientes para alcanzar este objetivo histórico y funcionar, pero funcionar, en beneficio de la gente y no para cuidar los fríos números de la macroeconomía. Esto requiere de un gran acuerdo nacional. Reconocer que el régimen político se ha agotado y que el modelo económico adoptado hace más de dos décadas ha sido rebasado. No tiene sentido, ni es posible, una reforma hacendaria si no reorientamos el modelo económico existente hacia el bienestar de los grandes sectores populares. De otro modo los ciudadanos seguirán cuestionando, con razón, por qué y para qué se les cobran impuestos. La definición del proyecto nacional para el nuevo milenio debe contemplar la participación democrática de los ciudadanos de todas las regiones, de todas las tendencias políticas, de todos los estratos sociales. No más esquemas paternalistas que ponen en manos estatales la responsabilidad de lograr el desarrollo y la justicia. Y debemos dejar atrás la concepción tecnocrática de la economía, donde los objetivos se enfocan a las deshumanizadas cifras, como si hombres y mujeres fuéramos sólo números y estadísticas. Desde esta tribuna lanzamos una convocatoria permanente para que entre todos podamos construir el estado de bienestar que requiere el país. En Nueva Alianza apoyaremos esfuerzos encaminados en ese sentido. Sí a una reforma, pero para que se logre la transformación de la planta productiva nacional y la generación de más empleos, mejor remunerados. Un presupuesto social mejor focalizado y estructurado en los ramos de educación, salud y abatimiento de la pobreza y la marginación. Mayores recursos para dar sustento y viabilidad social a los trabajadores. Más y mejor inversión dirigida al sector energético del país para ser viable su crecimiento y su futuro. De no ser éstos los principales motivos de la propuesta fiscal del Ejecutivo, de poco o nada servirá el gran esfuerzo de concertación política y social desplegado y con esto termino y de poco o nada le servirá a México en sus propósitos fundamentales y en los retos más importantes por enfrentar. Por su atención, muchas gracias.