EL C. PRESIDENTE DIPUTADO JUAN DE DIOS CASTRO LOZANO (PAN): Gracias, señor Diputado. Como lo pide, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación Pública y Servicios Educativos y de Salud. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don José Sigona Torres, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para una proposición con punto de acuerdo para exhortar al director del Instituto Mexicano del Seguro Social para que ratifique y respete el acuerdo 773/2000, celebrado el día 22 de noviembre de 2000, por el Consejo Técnico de esa institución. -DIP. JOSE SIGONA TORRES: Con su venia, diputado Presidente. "En el mes de noviembre del año próximo pasado se publicó en el Diario Oficial el Acuerdo 279/2003, mediante el cual el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, dejó sin efectos el Acuerdo número 773/2000, emitido por ese mismo órgano y publicado el 22 de noviembre del año 2000, en el cual establecía que las instituciones educativas que contrataran maestros con jornadas menores a 18 horas a la semana, podrían quedar exceptuadas de la obligación de inscribirlos, siempre y cuando: a) la docencia no fuera su principal fuente de ingresos; b), cuando los ingresos provenientes de dicha actividad no fueran fuente única y principal, y c) que fueran derechohabientes de algún sistema de seguridad social. "El dejar sin vigencia el acuerdo anterior afecta drásticamente a la educación pública y privada, al incrementar en muchos casos hasta en un 50 por ciento los gastos de operación, generando despidos de maestros, frenando la inversión privada en educación, así como desequilibrando los presupuestos gubernamentales y finalmente, aunque parezca increíble, reduciendo la recaudación fiscal neta. "Es importante insistir que una institución educativa tiene a su cargo un importante número de docentes que laboran sólo pocas horas a la semana y esta disposición provocará el despido de más del 40 por ciento de la plantilla laboral, en virtud de que las instituciones educativas preferirán mantener a 1 ó 2 catedráticos que impartan más de 18 horas e inscribirlos en el Instituto y no a 10 maestros que les representan menor erogación al Seguro Social. "Admitir que el Seguro Social obligue a las escuelas, tanto públicas como privadas, a sustituir los contratos de prestación de servicios profesionales por contratos de índole laboral, es permitir que en un periodo no lejano el Instituto exija la incorporación al mismo de todos aquellos profesionistas independientes, como lo son: abogados, contadores, médicos y cualquier otro prestador de servicios, quienes actualmente adquieren su ingreso por honorarios. "Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a la consideración de esta asamblea, el siguiente "Punto de Acuerdo "Único.- Se gire atento exhorto al Instituto Mexicano del Seguro Social, con objeto de que ratifique y respete el Acuerdo número 773/2000, de fecha 22 de noviembre del 2000 y deje sin efecto el Acuerdo 279/2003, publicado el 4 de noviembre del 2003 en el Diario Oficial de la Federación. "Atentamente. Diputado José Sigona". Y en virtud de este corto tiempo, solicito a la Presidencia publique el texto íntegro de este acuerdo en el Diario de Debates. Muchas gracias. -PRESIDENTE: Gracias diputado. Como lo solicita el señor diputado José Sigona Torres, insértese el texto íntegro del documento en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Seguridad Social. Tiene el uso de la palabra el señor diputado don Francisco Javier Bravo Carbajal, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una proposición con Punto de Acuerdo por el que se solicita al titular del Poder Ejecutivo Federal el cierre definitivo de la Unidad Administrativa de la Presidencia de la República, denominada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad. -DIP. FRANCISCO JAVIER BRAVO CARBAJAL (PRI): Con su permiso, diputado Presidente. En virtud del tiempo, solicito su inserción total en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. "El Presidente de la República, con fundamento en las facultades que le otorga la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, creó la Unidad Administrativa llamada Oficina de Representación para la Promoción de los Derechos e Integración de las Personas con Discapacidad, asignándole como funciones las de planeación, promoción, coordinación, colaboración y apoyo a las personas con discapacidad. "Debo señalar que su creación generó preguntas que continúan aún sin respuesta, como el hecho de que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Sobre el Sistema de Asistencia Social, otorgan facultades y atribuciones al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para la Atención de las Personas con Discapacidad, contando con la rectoría del Programa Nacional para Personas con Discapacidad y es en esta Cámara, donde aprobamos el presupuesto para dicho Programa Lo anterior, evidencia que el Gobierno Federal creó una unidad administrativa sin facultades y atribuciones previstas por la Ley, acordes al reto de su objetivo político social y en cambio sí duplicó responsabilidades políticas y administrastivas considerando que el DIF Nacional, conforme lo establece la Ley, debería ser el responsable del tema. Es importante señalar que del análisis realizado al único Informe presentado en tres años por esta Oficina, se observa más como la elaboración de un recuento y ordenamiento de acciones que desde 1995 son materia de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y una serie de instituciones públicas que el desarrollo de políticas públicas tendientes a reducir las condiciones de marginalidad , pobreza y discriminación hacia las personas con discapacidad. Esta Oficina ha costado al país poco más de 47 millones de pesos desde su creación en el año 2000 a la fecha, Presupuesto Federal en Gasto Corriente. Por lo anterior, proponemos la cancelación de la citada Oficina presentando una alternativa seria, responsable de nuestra parte, que consiste en que se oriente la política de Estado a favor.de la población con discapacidad que sea el DIF Nacional institución dotada de facultades y atribuciones en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la encargada de continuar con esta tarea. En virtud de lo anteriormente expuesto, propongo con Punto de Acuerdo lo siguiente: UNICO.- Se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal, ejecute las acciones necesarias para la desaparición de la Unidad Administrativa de la Presidencia de la República, denominada Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad e instruir al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia con base en lo establecido por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley sobre el Sistema de Asistencia Social y los propios Estatutos del DIF Nacional, sea la institución responsable y coordinadora de la ¨Política Nacional y Políticas Públicas de Atención a las Personas con Discapacidad y que el presupuesto asignado a la Oficina para la Promoción e Integración de las Personas con Discapacidad para el Ejercicio Fiscal 2004, sea transferido al DIF Nacional. Es cuanto Diputado Presidente. -EL C. PRESIDENTE. Túrnese a la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y como lo solicita, transcribase íntegro el documento en el Diario de los Debates. Tiene el uso de la palabra el señor Diputado don Humberto Cervantes Vega, del grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para una Proposición con Punto de Acuerdo para crear la Comisión Especial de la Cuenca de Burgos. -