El diputado Hugo Rodríguez Díaz: El suscrito, diputado Hugo Rodríguez Díaz integrante de esta LIX Legislatura federal, en uso de las facultades legales conocidas, someto a su elevada consideración esta iniciativa con proyecto de decreto acorde a esta Exposición de Motivos Muchos de los testigos implicados o servidores públicos encargados de prevenir e investigar delitos, procurar justicia e impartirla, son amenazados en su vida y la de sus seres queridos. Amenaza que trae como consecuencia que el testigo no comparezca, no diga la verdad o el servidor público dicte acuerdos o resoluciones influidas, obligadas o forzadas, averiguaciones previas sin fundamento y libertades "por falta de elementos" Dos casos muy conocidos y recordados por la sociedad jalisciense constan, son los homicidios de los juristas Roberto Larios Valencia y Leobardo Larios Guzmán, quienes por cumplir con sus obligaciones fueron objeto de crueles e infames crímenes. Igual en Sinaloa se asesinó a los magistrados federales Benito Andrade y Jesús Ayala, homicidios que según investigaciones indican que fueron cometidos, ya que no se prestaron a cohechos ni creyeron en amenazas que fueron cumplidas. En Estados Unidos ya existe la figura de testigos protegidos, basándose en la presentación de testigos de cargo que ofrecen las fiscalías a jueces y jurados norteamericanos, con datos personales inciertos o falsos por haber acordado con las fiscalías, que de presentarse como testigos protegidos, se le crearía otra personalidad, con nuevo nombre, documentos, trabajo, esto es, otra persona. En Colombia, existen ya los jueces sin rostro, que protegen a juzgadores y evitar que éstos sean tan siquiera conocidos, antes que llegar a ser amenazados y mucho menos dañados. Pero son figuras que ni la una ni la otra, sería posible crear en nuestro país, ya que antes de probar una u otra figura sería necesario eliminar las garantías individuales de la Constitución, que indican que el acusado se le hará saber el nombre de su acusador o el juzgado por su juez o vecino del lugar donde se cometió el delito. En dónde llegamos, que por respeto a las garantías constitucionales mencionadas la parte acusada tendría posición de conocer tanto el nombre como la cara del testigo que lo acusa y del juez que lo juzga, y así, de ser su intención, tener todos los datos necesario para fincar su amenaza y en caso de no llegarse a efectuar sus deseos, cumplirlas aun con la muerte del testigo o servidor público involucrado. No es por demás señalar que actualmente la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada ya señala la posibilidad de otorgar la protección que ahora se propone, pero sólo en asuntos contra la delincuencia organizada, pretendiendo con esta iniciativa que ese derecho se amplíe en cualquier caso en materia ya que existe infinidad de delitos en los que los funcionarios y testigos implicados pueden ser y son amenazados y la ley no los protege. Para el caso, los legisladores debemos estar delante de los hechos que afectan a la sociedad antes que esos hechos la dañen y hasta entonces modificar las leyes, y no caer en el error de la voz populi de "hasta que se ahogó el niño tapar el pozo". Así pues, presento ante esta asamblea la iniciativa con proyecto de decreto a fin de modificar el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en lo relativo a la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de que testigos y funcionarios implicados y amenazados por las partes en asuntos penales, cuenten con la protección de la Federación. Es cuanto, Presidente. -