El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Enterado usted de los alcances y consecuencias de ello, si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Para dar cumplimiento al punto tercero, fracción I del acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados, tiene la palabra el licenciado Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta, secretario de Gobernación, hasta por 10 minutos. El Secretario de Gobernación Fernando Francisco Gómez-Mont Urueta: Con su venia, presidente. Señoras diputadas y señores diputados, el avance de la democracia y la desconcentración del poder en México han abierto espacios para la existencia, sobre todo para el encuentro de posturas disímiles entre los actores sociales y políticos. Durante más de 10 años de la convivencia entre el Poder Ejecutivo y legislaturas en las que ningún partido político ha tenido una mayoría absoluta, hemos aprendido a valorar el respeto y la negociación como mecanismos de gobierno. El equilibrio de poderes brinda la posibilidad y, al mismo tiempo, la obligación de establecer canales de comunicación que permitan el debate, la vigilancia y la rendición de cuentas, que son elementos esenciales de todo sistema democrático. En este contexto, hoy comparezco a dar cuenta de las acciones que realizamos para abonar a un proyecto nacional en el que creemos como personas y para el que trabajamos como servidores públicos. Por supuesto, también me presento a escuchar la opinión de quienes creen que debemos o podemos hacerlo de una manera distinta y a ratificar la plena disposición al diálogo y la apertura a la crítica. Recordemos siempre que es en la vida diaria de los ciudadanos en donde el éxito de la política encuentra medida y dimensión. No cabe duda de que como servidores públicos seremos juzgados, tanto por nuestra capacidad de llegar a acuerdos, como por nuestra incapacidad para construirlos. La Secretaría de Gobernación tiene la tarea fundamental de garantizar la gobernabilidad democrática, propiciando para ello el debate y la coincidencia entre los distintos actores políticos y sociales, y fortaleciendo el marco institucional que rige a nuestro país. En ese contexto, la secretaría trabaja con esmero para garantizar la solidez de las instituciones que velan por la libertad, el desarrollo y la seguridad de nuestra población. La legislatura pasada aprobó la reforma al sistema de justicia penal. Esta reforma responde a la imperiosa necesidad de garantizar la seguridad de la sociedad y su acceso oportuno a la justicia. Esta reforma establece mejores mecanismos de coordinación entre todas las instancias involucradas en la prevención, procuración y administración de justicia del país e introduce mejoras a los procedimientos penales volviéndolos más transparentes y sensibles a las víctimas. De igual relevancia es el nuevo Sistema Nacional de Seguridad Pública. Como en otros ámbitos del quehacer gubernamental, en seguridad pública la coordinación eficaz entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para depurar y profesionalizar a los cuerpos de seguridad, desarrollar una infraestructura tecnológica informática de vanguardia e instrumentar estrategias más asertivas de prevención del delito y de participación ciudadana. Hoy el reto pendiente que se nos plantea es fortalecer las capacidades de las policías más cercanas a la comunidad. Urge encontrar los esquemas organizativos para abatir los índices delictivos en materias como la extorsión, el secuestro y los ataques a la integridad de las personas. En esta tarea es imprescindible la participación de una sociedad que, con razón, exige más de sus gobiernos. De ahí la importancia del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Entender la seguridad en sus múltiples dimensiones: como derecho, como garantía, como vivencia y sensación cotidianas, ha significado protegerlo de lo que constituye una amenaza para su preservación. El Estado no puede ni debe abdicar a su responsabilidad de garantizar que el monopolio de la fuerza esté subordinado a autoridades libres y legalmente electas. Sólo así habrá certidumbre de que, como ciudadanos, podremos ejercer nuestras libertades fundamentales en todo momento. Confrontar a las redes de la delincuencia organizada es una condición necesaria, pero no suficiente para alcanzar este fin. La solidaridad, la cohesión social, la creación de más y mejores oportunidades para nuestros jóvenes son todas tareas que deben cumplirse a la par de la contención de la violencia que genera el crimen organizado. En el Ejecutivo federal estamos plenamente conscientes de que la lucha por la seguridad ciudadana está en una etapa marcada por costos humanos significativos; por esto no hay cabida para actitudes triunfalistas, pero tampoco hay cabida para la ambigüedad del Estado frente a lo que hoy constituye una amenaza para nuestras instituciones y para la ciudadanía. Por mandato legal y por convicción democrática toda acción de la autoridad debe ser escrupulosamente respetuosa del derecho humano, y ajena a toda forma de discriminación. Por primera vez hoy existe un Programa Nacional de Derechos Humanos en que su Comisión de Política Gubernamental se recupera como mecanismo de diálogo y seguimiento para permiar a todas las políticas públicas del gobierno federal. En este orden de ideas, el Estado mexicano ha comparecido ante diversas instancias internacionales para nutrirse de la observación de otros países y consolidado su compromiso en la materia. A su vez, el Estado mexicano vive hoy con especial intensidad el fenómeno migratorio. En efecto, nuestro país es origen, destino y espacio de tránsito de quienes con la migración buscan un futuro mejor, y de quienes por su condición constituyen un grupo especialmente vulnerable. Nuestra política migratoria parte de un principio básico de congruencia entre el trato que debemos garantizar a quien llega a nuestro país y el que debemos exigir para nuestros connacionales en el extranjero. Por ello, la Secretaría de Gobernación despliega su acción en torno a promover y proteger los derechos de todo migrante, la modernización de la infraestructura, procesos y personal de nuestro sistema migratorio, y la transformación de nuestras fronteras en espacios más seguros y más propicios para el desarrollo económico y social. Por otra parte, la apropiación de nuestros derechos como población pasa por el ejercicio del derecho a la identidad. Actualmente en México no existe un mecanismo que nos garantice que todo individuo ejerce de manera plena y exclusiva su identidad jurídica. La cédula de identidad es la respuesta para subsanar esta carencia. Este instrumento es un proyecto de futuro que hará más fuerte a nuestro país, generará ahorros en los programas fundamentales de los tres órdenes de gobierno, y aumentará en general la eficiencia y la productividad de nuestra economía. Es por ello que trabajamos con los gobiernos estatales y sus registros civiles, para robustecer la base de datos. A la fecha se han certificado 85 millones de claves CURP con las actas de nacimiento digitalizadas y seguimos trabajando para certificar de esta manera todas las claves emitidas. En materia de protección civil, la frecuencia y gravedad de los embates de la naturaleza en tiempos recientes ha probado la importancia de esta política y de sistemas oportunos y eficaces. Durante este último año el sistema nacional ha atendido 25 declaratorias de desastre natural, beneficiando con más de 8 mil millones de pesos a 212 municipios en 12 estados de la república. En el contexto de una sociedad más consciente de sus necesidades sociales y sus derechos políticos, la Secretaría de Gobernación debe ser un factor decisivo en la construcción de la gobernabilidad democrática. El pasado proceso electoral federal, junto con los comicios celebrados en 11 entidades federativas fueron pruebas de la solidez de nuestras instituciones electorales. Más importante aún, reflejaron la decisión de los ciudadanos de canalizar sus insatisfacciones, preferencias y demandas por la vía institucional y con reglas previamente concertadas. Éste es un hecho que todos debemos reconocer. Es por ello que en el marco de sus atribuciones la Secretaría de Gobernación colaboró activamente con los organismos electorales en estos procesos. Asimismo, durante el periodo que reportamos, la Secretaría atendió y participó en la solución de 126 conflictos sociales para construir la gobernabilidad democrática. En esta tarea la pauta de la dependencia a mi cargo ha sido y seguirá siendo el diálogo sin más límites que el establecido por nuestro propio marco legal y por el respeto de derechos de terceros. Las organizaciones de la sociedad civil, activas y responsables, nutren a toda democracia moderna. Por ello mantenemos un diálogo constante basado en los principios de transparencia y corresponsabilidad. Señoras diputadas y señores diputados, el piso de la democracia es el estado de derecho, para fortalecerlo requerimos modernizar nuestra legislación en materia de garantías individuales, perfeccionando el juicio de amparo para que se protejan efectivamente los derechos y se eviten los abusos. Que sea una vía efectiva frente a las violaciones de la autoridad y deje de ser un instrumento al alcance de pocos. La construcción de la ciudadanía implica empoderarla con vías directas que le permitan lograr la tutela de sus propios intereses de manera individual o colectiva. Por ello, nos comprometemos a participar frente y con ustedes, a un análisis responsable en materia de acciones colectivas. Estamos convencidos de que es tiempo de plantear y discutir una reforma política que acerque el gobierno a los ciudadanos y que haga más productiva la relación entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo. Para acercar al gobierno y a la ciudadanía el Ejecutivo federal no sólo está dispuesto, sino que considera indispensable zanjar en los tiempos de esta legislatura la discusión sobre los mecanismos de democracias directas como el plebiscito, el referéndum y la reelección consecutivas de legisladores y ayuntamientos. Plantear una nueva dinámica entre Ejecutivo y Legislativo requiere debatir con apertura, pero en estos tiempos, sobre las competencias del Legislativo en la composición de gobierno, la ratificación de funcionarios y el número adecuado de legisladores. También es necesario garantizar una mayor transparencia y rendición de cuentas en las administraciones estatales y municipales, así como fortalecer la autonomía de los poderes judiciales de las entidades de nuestro país. La búsqueda por una mejor gobernabilidad democrática exige analizar si la segunda vuelta es un mecanismo conveniente para consolidar la legitimación política de nuestro país. Señoras diputadas y señores diputados, sería irresponsable ignorar la complejidad y dimensión de los problemas que nuestro país enfrenta: retomar el crecimiento en la economía sobre una senda de mayor equidad y justicia social, reformar nuestra institucionalidad política en beneficio de la ciudadanía y recuperar la plena seguridad de la sociedad son imperativos inaplazables. No rehuyamos a la oposición respetuosa de ideas, es sólo mediante el dialogo y el cuestionamiento que podemos garantizar un análisis profundo y serio de las propuestas que afectarán la vida de todos los mexicanos. Pero, tampoco rehuyamos el acuerdo a la tolerancia, a la aceptación. El país no tiene tiempo ni ganas de ser testigo de luchas mezquinas sólo por poder o reconocimiento. Gracias.