La secretaria Irma Eréndira Sandoval Ballesteros: Muchas gracias, señora presidenta del Congreso de la Cámara de Diputados. Gracias a los grupos parlamentarios y sus representantes, el diputado Mojica Toledo, la diputada Salazar Báez, el diputado Roa Sánchez, diputado González Yáñez, diputado Rodríguez Carrillo, diputada García Aguilar, diputado Casarrubias Vázquez, y diputado Gordillo Moreno, muy esclarecedores. Muy importantes y muy puntuales sus críticas, sus preguntas, sus observaciones. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de reiterar que estamos trabajando fuerte, desde el gobierno federal, en el combate a la corrupción. De reiterar que tenemos el doble de denuncias penales interpuestas ante la Fiscalía General de la República, por parte de la Secretaría de la Función Pública, que es el doble de lo que se logró hacer desde el gobierno anterior inmediato. Y de reiterar que estoy muy orgullosa de que pasamos de ser una secretaría condenada a la desaparición, que pendió moribunda en un artículo transitorio y que funcionó con meros funcionarios de despacho durante el sexenio pasado, a ser una secretaría que ha ganado atribuciones por la vía legislativa y por la vía jurisdiccional, como se los expliqué en mi primera intervención. Acudí personalmente a la Suprema Corte de Justicia, a nuestro máximo tribunal constitucional, a presentar una contradicción de tesis para tener certeza y poder sancionar, porque asumimos un criterio administrativo sancionador, desde la llegada de una servidora y de mi equipo, a la Función Pública. Empezamos a sancionar, fuimos los primeros que sancionamos al señor, director general de la empresa productiva del estado más importante del país, Pemex, al señor Lozoya. De ahí se detonó todo el proceso judicial y qué bueno que hoy también ya está enfrentando ese proceso. Pero el proceso administrativo es cosa juzgada, incluso, acudió al Tribuna de Justicia Administrativa y nos volvió a dar la razón a la Secretaría de la Función Pública, es decir, tenemos una secretaría presente, congruente y con diente. Vamos a seguir así y estamos trabajando, precisamente, también para castigar a los funcionarios públicos de esta administración y los contratistas, los licitadores, los que quieren estar en interacción con nosotros y que no han identificado que esto ya cambió. Se han identificado también, desde nuestras auditorías y desde nuestro trabajo fiscalizador, prácticas ajenas a esta ética pública de la cuarta transformación que estamos construyendo. En particular hay un caso muy sonado y quiero traerlo a colación, es el caso referente a la venta de ventiladores, de 20 ventiladores en una delegación del IMSS, Hidalgo. Si no hubiéramos actuado desde la Secretaría de la Función Pública de forma inmediata, a través de una visita de inspección, de verificación que realizamos desde el 7 de mayo de 2020, y que obligó al Instituto Mexicano de... del IMSS, de seguridad social, a devolver esos 20 ventiladores. Se impidió con ello que existiera un daño patrimonial al Estado porque, como todos ustedes saben, estaban ofreciéndose estos ventiladores a un precio totalmente fuera del rango de mercado, se había proporcionado información falsa sobre la disponibilidad inmediata de estos equipos y además se habían incumplido también las especificaciones técnicas de lo contratado. Es decir, se estaba jugando con las reglas del pasado. Y qué hicimos, qué hice, qué hicimos desde la Secretaría de la Función Pública. Castigamos, inhabilitamos y, sobre todo, impedimos un desfalco al erario. Durante el viejo régimen, todos lo sabemos, no se castigó nada; no se castigaron ni los desfalcos más dispendiosos e inmorales, como el icónico Fobaproa, que mermó la riqueza de la nación y que seguimos pagando nosotros y nuestros hijos y, seguramente, nuestros nietos, si es que no cambia esto. Hoy, con este gobierno, y en estricto apego a la legalidad, como ha quedado demostrado, garantizando el debido proceso para todos los involucrados, actuamos, visitamos, auditamos y sancionamos todas las infracciones cometidas, incluso si no se cometen daños al patrimonio, como es el caso de estos icónicos 20 ventiladores, que no implicaron daño patrimonial y que se castigaron de todos modos. Entonces ese es un ejemplo de cómo estamos avanzando para precisamente construir un sistema de salud más honesto, un sistema en general público más honesto. Pero en términos de salud, que eso nos importa mucho a todos por la pandemia que estamos enfrentando como humanidad, no queremos que el Estado tenga que seguir de rodillas ante los intereses privados. Por eso también desde la Función Pública estamos acompañando y facilitando la operación de Birmex que, como todos ustedes saben, va a ser la empresa nueva, responsables de la distribución de medicamentos, y eso nos va a consolidar en nuestra soberanía. Asimismo, estamos avanzando en la construcción de centrales de mezclas en el sector salud, que también nos va a dar mucha soberanía para es tos temas. Agradezco también las preguntas de los señores y señoras diputadas al respecto de qué estamos haciendo con la Plataforma Nacional Digital. Eso es muy importante, porque en primer lugar había, digamos, un mito, una idea de que nosotros en la Secretaría de la Función Pública íbamos a llegar con una animadversión al Sistema Nacional Anticorrupción. Y esto ha sido totalmente demostrado con hechos que no tiene nada de verdad. Estamos trabajando al 100 por ciento en este Sistema Nacional Anticorrupción y con el Sistema Nacional de Fiscalización, y con ellos estamos avanzando clarísimo en esta Plataforma Nacional Digital. Contrario a estas expectativas que decían que buscaríamos menoscabar su desarrollo, yo creo que tengo que decirlo, muy pocos de los avances del Sistema Nacional Anticorrupción se explicarían sin el decidido concurso y apoyo de la renovada Secretaría de la Función Pública. Esta Plataforma Nacional Digital que ustedes también me preguntan en sus intervenciones, es una realidad gracias a nosotros, gracias al apoyo y la contribución de los especialistas y los técnicos de nuestra dependencia. La Secretaría de la Función Pública fue la primera en interoperar con la plataforma, poniendo a disposición de este sistema el contenido íntegro de tres de los más importantes sistemas que nosotros manejamos: el Registro de Servidores públicos de la Administración Pública Federal, que participan en contrataciones públicas, el Registro de Servidores públicos Sancionados, que también están siendo gestionados desde la Función Pública, y el Registro del Sistema de Procedimientos Administrativos de Sanción a Proveedores y Contratistas, otra de las aristas más importantes de nuestra secretaría. Todo esto está a disposición de la Plataforma Nacional Digital y de hecho eso va a ayudar a que también otras entidades federativas que participan, entes públicos estatales y municipales que cuentan con sistemas electrónicos y que necesitan operar en esta plataforma, tengan acceso directo ya a estos registros a través de los convenios que hemos ido firmando. Evidentemente estamos trabajando de la mano precisamente de estas entidades federativas, tanto en los procesos fiscalizadores como en los procesos de acompañamiento. Pero quiero hablar en particular de la fiscalización a los recursos federales ejercidos por gobiernos estatales y municipales, porque ustedes, señores diputados, señoras diputadas, representan a esos pueblos de los municipios y los estados. Antes, lo saben bien también ustedes, la fiscalización a estos recursos federales era una mera simulación. Eran típicos los recursos ejercidos de manera extemporánea, abundantes los recursos destinados a fines distintos a los que se habían etiquetado, Eran clásicos los recursos pagados por obras públicas inexistentes, la falta de documentación comprobatoria y el desconocimiento del destino final de los recursos federales, también era, lamentablemente, la regla y no la excepción. ¿Qué hemos hecho en la Función Pública? Hemos fiscalizado y recuperado alrededor de 10 mil millones de pesos. En las anteriores administraciones quedaron sin aclarar cerca de 50 mil millones de pesos de recursos federales. Nosotros ya estamos dando resultados y, evidentemente, no solamente hemos auspiciado recuperaciones de esos casi 10 mil millones de pesos, sino que ya hemos iniciado los procedimientos de responsabilidad administrativa correspondientes, incluso, estamos dando vista para comenzar con los procedimientos judiciales que correspondan ante estas defraudaciones. Esto es lo que hemos hecho desde la Secretaría de la Función Pública, pero estamos trabajando de la mano con los señores contralores de los gobiernos estatales, a través de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, que tengo el gran honor de presidir y con quienes estamos trabajando más y mejor. En mi más reciente participación en la LIX Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, que se celebró recientemente, el 19 de agosto en San Luis Potosí, enfaticé precisamente que nuestra dependencia enfatizará la correcta aplicación de los recursos, en particular, de cara a estas elecciones que se avecinan y se ven tan próximas. Al mismo tiempo, quiero dar respuesta a lo que los señores diputados me preguntan, al respecto de la transparencia y el tema de los fideicomisos. Como ustedes saben, hoy en la cuarta transformación la vida pública es más transparente. Siempre hemos sostenido que la transparencia debe ser la regla de oro para la vida pública, la vida social. El presidente de la República lo hace diariamente, hace transparente su gobierno, sin falta, dando la cara todas las mañanas a las siete de la mañana. Y, por eso, estamos desde la Función Pública, también promoviendo reformas administrativas anticorrupción, para eliminar los fideicomisos. Los fideicomisos son meros contratos, instrumentos financieros que involucran una disposición de dinero, encomendada de buena fe a una institución financiera para su entrega, al final, a una tercera persona o a una causa específica. Sin embargo, como todos sabemos, el ejercicio de los asuntos públicos no debe de funcionar sobre la base de la confianza en agentes privados ni depender de la buena fe de los funcionarios públicos. Debe de ser un ejercicio que tiene que estar sobre la base de la continua transparencia y rendición de cuentas. Los asuntos públicos, sobre todo las encomiendas del desarrollo, las actividades prioritarias, tienen que estar sujetas a los principios de control, fiscalización, vigilancia y rendición de cuentas de los recursos del erario público. ¿Qué pasaba en la historia tradicional? Cuando los recursos públicos eran transferidos a un contrato, a un fideicomiso, la posibilidad de fiscalización se veía seriamente mermada. En general, lo sabemos bien, no había información sobre la contabilidad de los fideicomisos, en primer lugar, no se sabían los montos recaudados a través de estos instrumentos financieros, no sabíamos ni los beneficiarios directos de los subsidios ni las obras que se ejecutaban con el recurso público encapsulado en ellos. La cuestión es que evidentemente había que transformar eso. Era una falacia que se dedicaban a los objetos del desarrollo. Y lo que hoy es una falacia es que con las reformas anticorrupción que eliminan los fideicomisos o que los ponen en áreas de veda para el desarrollo nacional, es una falacia hoy que se va a cancelar el objetivo del desarrollo, que se va a cancelar el objeto de los fideicomisos. Lo que vamos a cancelar, lo que ustedes, señores diputados, han cancelado con su reforma histórica y yo les quiero reconocer directamente a ustedes que han aprobado esta reforma histórica para eliminar 109 fideicomisos, lo que ustedes están ayudando a hacer es evidentemente a cancelar los cheques en blanco, la fe depositada en bancos, la fe depositada en instituciones financieras y, evidentemente, se a cancelar el descontrol de los operadores opacos, políticos y privados de los fondos. No se van a cancelar las becas. No se van a cancelar los subsidios ni los proyectos, todos estos se van a seguir cumpliendo al pie de la letra. Pero, con mecanismos presupuestales que garanticen transparencia y que garanticen rendición de cuentas. Al cierre de 2019, ustedes tienen los datos, teníamos 338 fideicomisos sin estructura, con disponibilidades de 740 mil millones de pesos. ¿Saben qué es eso? El 22 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación. Ustedes, señoras diputadas y señores diputados, estaban dejando sin vigilar, dejaban de vigilar el 22 por ciento del PEF. Evidentemente esto va a cambiar, porque hay ejemplos muy ominosos de cómo se manejaron los fondos. En el 2019, por ejemplo, el Fodepar, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento tuvo irregularidades diversas. Pagos a funcionarios, en lugar de deportistas. Contrataciones de amigos, con conflictos de interés. Y cuestiones muy, muy descontroladas. El fideicomiso para los Juegos Deportivos Centroamericanos del Caribe, en Veracruz 2014, fue también gravísimo. El gobierno federal aportó el 96 por ciento de los recursos, mil 877 millones de pesos, y las obras inconclusas, y los atletas durmiendo en hoteles de paso porque no había dinero para ellos. ¿Saben en qué se gastó el dinero de este fideicomiso? En un palco presidencial que costó 8.5 millones de pesos, también, claro, se remodeló el World Trade Center de Boca del Río por 40 millones de pesos y se adjudicaron ahí, sí de forma directa y sin apego a la normatividad, mil 306 millones de pesos en un estado tan empobrecido como es Veracruz. Tenemos el fideicomiso llamado del Programa de Escuelas de Excelencia, para abatir el rezago educativo. Eso sí fue un popurrí de irregularidades. Ese el fideicomiso de los llamados bebedores, en donde pues se fue como el agua el dinero, pero no quedó en los bebederos, 4 mil 519 millones de pesos se propusieron para instalar 31 mil bebederos y al final solo se instalaron 20 mil de estos bebederos, que solo funcionan hoy, ni siquiera la mitad, 9 mil 900. No se instalaron una gran cantidad de miles de bebederos y hoy existen 9 mil 600 bebederos que sí se instalaron y que no funcionan. Todo esto fue con cargo a la espalda del pueblo, con cargo al erario público. Nos costó 153 mil 900 pesos, sin estudios de mercado. El caso de los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación del Conacyt, también es de todos conocido, y evidentemente a lo que voy es que tenemos que cambiar esa lógica. La idea de que antes se podía abusar del dinero y que hoy ya por el control, simplemente podemos seguir con fideicomisos, es también un mito. Se siguen utilizando estos argumentos del secreto fiduciario, del secreto bancario, para no entrar a profundidad a controlar y a revisar los fideicomisos. Yo les pongo el ejemplo de nuestro Órgano Interno de Control del IPAB, que es la institución heredada del ominoso y desaseado Fobaproa. Desde el hoy OIC del IPAB estamos tratando de auditar los siete fideicomisos todavía insertos en esa dependencia pública que es el IPAB y el problema es que para llevar a cabo estas auditorías, es que los siete fideicomisos se dicen protegidos precisamente por el secreto financiero. Entonces, pues la historia típica ha sido la de siempre, con dinero del erario se funda un fideicomiso público, se le instala un comité técnico ad hoc de amigos, de personas cercanas al funcionario público promotor de ese cofideicomiso, se surgen los incentivos perversos para que los consejeros si tienen alguna ONG o alguna organización cívica cercana a los temas del fideicomiso, pues se le otorgan beneficios clarísimos, donativos. No sé si recuerdan aquellas viejas historias de la Fundación Vamos México, de la señora Marta Sahagún, pues eso mismo se repite, se repitió después y se sigue repitiendo hasta que esta voluntad política con la que llega la 4T, puso, y ustedes en su histórica defensa de la eliminación de los 109 fideicomisos, pusieron un punto final a este abuso de los fideicomisos públicos. Entonces, estamos trabajando para ello. Estamos, de hecho, desde la Secretaría de la Función Pública el pasado 16 de octubre, ya giré casi una centena de oficios dirigidos a los responsables de cada fideicomiso para que nos informen a la Función Pública qué medidas están tomando para extinguir los instrumentos, porque no vamos a dejar que simplemente ustedes aprueben la reforma y los señores ejecutores de estos fideicomisos, operadores no... se hagan de la vista gorda y no extingan los fideicomisos. Estamos, además, anticipándonos a la solicitud del presidente de hace unos días en su mañanera, y nosotros hace ya un par de meses programamos e iniciamos auditorías necesarias a los fideicomisos para identificar y para sancionar las irregularidades y las corruptelas al interior de estos contratos, porque eso es lo que son, contratos. Y lo que necesitamos hoy es rendición de cuentas. Muchísimas gracias.