El diputado Ricardo Mejía Berdeja: Gracias, presidente. Esta iniciativa de abrogación de la Ley de Amnistía que presentamos los diputados Ricardo Monreal, Alfonso Durazo y el de la voz, tiene como finalidad, además de actualizar nuestro orden jurídico nacional, llamar la atención sobre una etapa histórica del país, una etapa histórica cruenta de guerra sucia, de persecuciones y asesinatos y de hostigamiento a diferentes movimientos sociales, a diferentes líderes que ante la cerrazón de un régimen político que mostraba claras señales de obsolescencia, demandaron por la vía armada, por la guerrilla, por la lucha social, tratar de abrir el ostión de un régimen cerrado, un régimen que había demostrado además en 1968, que no le temblaba la mano para masacrar a estudiantes indefensos, para un régimen que había sembrado terror y que había privilegiado el enquistamiento de grupos autoritarios en el poder. Por eso en ese contexto de movilización de diferentes sectores magisteriales, ferrocarrileros, médicos, campesinos y estudiantes, se fue larvando en el país la necesidad de un cambio político profundo. Y el gobierno respondió con actos de tortura, desapariciones forzadas que llevaron a diferentes grupos, sobre todo en Guerrero, a acudir a la montaña para organizar fuerzas insurgentes. Esto provocó una etapa conocida como la guerra sucia en el país, fue en los periodos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez. Vino la década de los 70s en su etapa final con el nuevo gobierno, que tuvo un secretario de Gobernación sensible, un secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, el padre, el nacionalista, no el actual vendedor de Pemex, que tuvo la visión de impulsar una reforma política que abrió las vías institucionales para la participación política. Esta reforma político electoral inauguró u ciclo de reformas que culminaron finalmente en la alternancia política en el 2000, una alternancia fallida, ciertamente, pero que finalmente fue un ciclo político en nuestra república. Llamamos la atención hoy de esta ley y pedimos su abrogación porque es un ciclo concluido, pero no porque dejen de estar presentes circunstancias complejas en el país. Las reformas electorales se trastocaron finalmente en reformas regresivas, la del 2007 y la del 2013, y hoy el país enfrenta nuevos desafíos en materia de derechos humanos y de apertura política. Sigue la tortura, sigue la persecución política, siguen las desapariciones forzadas, sigue la criminalización de la protesta, siguen los asesinatos de dirigentes sociales como Rocío Mesino, en la Costa Grande de Guerrero, de periodistas en varias partes del país, por lo cual se demanda una transición política real, no la fallida del 2000 para frenar la involución y la restauración que hoy está en marcha. Necesitamos tener esta reflexión porque hoy el país vive un momento complejo. Hoy ya hay movilizaciones frente a las reformas autoritarias, hoy hay movilizaciones frente a las reformas que están agraviando a sectores, hoy han surgido las autodefensas como una vía ciudadana frente a la descomposición social. Por eso urge también una reforma constitucional para darle fundamento y base jurídica en nuestra ley fundamental a las policías comunitarias. Por eso elevamos la voz en esta tribuna para demandar un proceso real de apertura política. No es criminalizando las protestas, no es persiguiendo a los opositores y no es con ley de marchas como se va a frenar el enojo social que hoy vive el país. Es cuanto.