LA DIP. ELIANA GARCIA LAGUNA: Gracias, señor Presidente. En esta tribuna hace unos minutos, acabamos de escuchar y lo hemos escuchado de manera reiterada, que no somos capaces de ponernos de acuerdo sobre las reformas estructurales y aquí en esta tribuna se les olvidó decir que también hay otra, que es la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver con nuestro Sistema de Procuración e Impartición de Justicia. El año 2003 fue un año marcado por una ausencia de políticas públicas más claras en relación con lo que es el tema de los derechos humanos y la justicia en nuestro país. A pesar de que en el discurso del Presidente Fox ha sido reiterado que los derechos humanos es uno de sus temas rectores, uno de los temas nodales, en la práctica fueron escasos los avances en la materia y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como instancias internacionales de protección, han documentado varios casos de violaciones a los derechos fundamentales que reflejan que el tema sigue sin ser un eje rector de nuestra política actual. El día de ayer y estamos contentas las mujeres de este país las legisladoras y creo que también los legisladores, en una reunión que había de la Comisión de Equidad y Género con el Procurador General de la República, el Procurador nos informó que a partir de febrero se estará creando la Fiscalía Especial para Investigar los Homicidios de Mujeres ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como la desaparición de muchas mujeres. Esta creación es tardía, han pasado diez años, sin embargo es un hecho muy positivo que el reclamo que se ha hecho de una creación de una fiscalía, por fin se pueda ver cristalizado. Nosotros como Legislativo, bueno, el día de ayer recibimos la noticia de que se están valorando tres perfiles de mujeres dedicadas a la procuración de justicia y nosotros estaríamos verificando que quien ocupe este cargo de Fiscal Especial, sea una mujer comprometida con los derechos humanos y específicamente con una conciencia de genero. De igual manera estaremos pendientes de que este nuevo órgano, esté en estrecha vinculación con la Comisionada que se nombró en meses recientes, la licenciada Guadalupe Morfín y que podamos también tener una cercanía de trabajo con la Fiscalía Mixta que ya existe en el estado y que concurre en esfuerzos en la Procuraduría Federal y la Procuraduría estatal. Las acciones en este tema de los asesinatos y desapariciones de mujeres en el estado de Chihuahua, pero también en otros estados de la República, no puede ser una acción aislada, tiene que ser una acción en donde todo el Estado Mexicano con las responsabilidad que le corresponde a este Legislativo, pueda actuar. El diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos en México que elaboró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, está basado en el balance y el trabajo que organismos civiles de derechos humanos, instituciones académicas y de gobierno, han efectuado a lo largo de muchos años. Este diagnóstico tiene una serie de planteamientos que están como guía o que se está planteando como guía para poder avanzar en el tema de la justicia y entonces yo quisiera preguntares a todos los legisladores y a todas las legisladoras que conformamos el Congreso de la Unión, si no estaríamos de acuerdo en que el tema de la procuración de justicia puede ser uno de los temas en los que nosotros acordemos. La transformación de los órganos encargados de investigar y perseguir los delitos, para dotarlos de independencia e imparcialidad, no pueden entenderse sin una transformación del sistema penal imperante en México, de uno inquisitorio a uno de corte acusatorio. La procuración de justicia desde hace muchos años arrastra una serie de limitaciones que impiden que las víctimas de los delitos accedan a una justicia pronta y expedita y que las personas víctimas o sujetas a un proceso del orden penal actualmente no cuentan con plenas garantías del debido proceso, dada la iniquidad existente entre la figura del Ministerio Público y la del procesado. La reforma legislativa en materia de justicia penal es un tema que se menciona en el diagnóstico y en múltiples informes de organismos civiles internacionales de derechos humanos y que tendría y debería ser una de nuestras prioridades. La existencia de un Poder Judicial que proteja realmente a los ciudadanos en contra de violaciones a los derechos humanos debe ser una de las prioridades también del Estado Mexicano, la independencia, la imparcialidad del Poder Judicial como órgano encargado de aplicar la justicia, es como lo ha señalado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, una pieza fundamental de todo Estado democrático de derecho. Ha sido documentado ya por diversas organizaciones civiles, de familiares y detenidos y desaparecidos, que el trabajo efectuado por la Fiscalía Especial creada por el Ejecutivo para esclarecer los crímenes acaecidos durante la llamada Guerra Sucia, así como las masacres del 68 y del 71, ha tenido una serie de falencias que, por una parte son producto de insuficiencias propias de los sistemas de procuración de justicia en México, pero también son consecuencia de faltas graves e irregularidades que se han generado desde el mismo seno de la Fiscalía. Voy a ponerles un ejemplo de esto. En fechas recientes murió Isidro Galeana, quien era comandante de la Policía Judicial del estado de Guerrero y que fue acusado de participar en la comisión de múltiples crímenes de lesa humanidad bajo el mando del tristemente famoso Arturo Acosta Chaparro y cuya orden de aprehensión nunca fue ejecutada por la Fiscalía Especial, a pesar de que se tenía el conocimiento de su paradero. El señor murió de un infarto buenamente, mientras fue responsable de la desaparición de cientos de ciudadanos guerrerenses. Esta grave negligencia no quisiéramos pensar que complicidad- ha impedido, no únicamente que se sujete a un proceso a un responsable de crímenes de lesa humanidad, sino también que se cuente con un testimonio fundamental que hubiese servido como insumo para el esclarecimiento de las desapariciones forzadas ocurridas en el estado de Guerrero durante la Guerra Sucia. De igual manera, la falta de intervención oportuna para evitar que se evadieran de la justicia militar otros dos famosos represores: Miguel Nazararo y Luis de la Barreda Moreno, dan muestra de que la Fiscalía tiene una actuación negligente y en muchas ocasiones es más mediática su acción que efectiva. Nosotros estaríamos planteando, en razón de esto, que podemos avanzar en la creación de una ley federal para prevenir y sancionar la desaparición forzada de personas, cuyo contenido esté basado en los más altos estándares normativos derivados del derecho internacional de los derechos humanos y que tipifique sanción y prevea medidas adecuadas de reparación integral del daño en caso de desaparición forzada de personas. Ya hubo una resolución de la Suprema Corte de nuestra Nación en relación con la desaparición forzada, que nos da la posibilidad de que podamos encontrar los mecanismos para que exista justicia ante esos hechos que han lastimado a nuestro país. A pesar de haber sido de los primeros estados en firmar el estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional, México todavía no lo ha ratificado. La Cámara de Diputados, recibió ya la Minuta del Senado en donde viene la propuesta o la aprobación del Senado en relación con esto y nosotros tenemos ya que avanzar en esta Cámara de Diputados en la aprobación de esta Minuta, para que podamos de inmediato insertar a nuestro país dentro de los países que se someten a la jurisdicción de la Corte Penal y así evitemos que la impunidad que se genera por la Comisión de Violaciones Flagrantes a los Derechos Humanos, siga sin castigarse. De igual manera otro tema en el que podemos estar de acuerdo, porque incluso hay diferentes iniciativas de las diferentes fracciones parlamentarias, es que por fin erradiquemos la pena de muerte que se encuentra todavía planteada en nuestra Constitución y que ya es obsoleta, que incluso hay mecanismos que la evaden, pero tenemos que formalizarlo. Yo quisiera preguntarles: ¿si es muy difícil entre nosotros y entre nosotras acordar sobre estos temas? Yo creo que no, yo creo que hay un acuerdo de que tenemos que avanzar en un sistema de procuración de justicia, en un sistema de impartición de justicia que permita que podamos como país insertarnos en lo que a nivel internacional están siendo los más altos estándares de protección a las garantías individuales y a los derechos de los ciudadanos. En razón de esto yo quiero poner en esta Comisión Permanente, la agenda de la justicia y los derechos humanos para que en este año y lo que nos quede, podamos avanzar en lograr y consensar una reforma. Muchas gracias.