El diputado Roberto Gil Zuarth: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, desde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional reconocemos una expresión que hizo hace un momento el diputado Navarrete Prida. No es ésta una discusión sobre la valía, la importancia, los fines, los objetivos, los propósitos de la transición digital, y parece que existe un importante consenso en el sentido de que es una política pública que este Congreso debe impulsar, y advertimos en el debate que el diferendo se centra fundamentalmente en el asunto de las competencias que el propio acuerdo, suscrito por el presidente de la república en ejercicio de sus facultades reglamentarias, asigna precisamente para la implementación de la transición digital. Es ahí donde tenemos un diferendo con respecto al razonamiento jurídico que se hace en el proyecto. Se dice en el proyecto que el acuerdo invade competencias asignada a la Cofetel, en razón de que se asume que el acuerdo de transición digital de televisión es un asunto exclusivamente de radio y televisión, y a partir de esa premisa se concluye que dado que le Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la materia de radio y televisión corresponde en exclusiva a la Cofetel, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes no tiene atribuciones para poder intervenir en cualquiera de las etapas de la implementación de la transición digital. Es ahí donde tenemos el diferendo, porque desde la propia fundamentación y motivación del acuerdo del Ejecutivo federal se razona que la transición digital no es sólo una cuestión de radio y televisión. En el fondo se trata de una reordenación integral de las telecomunicaciones. Y en materia de telecomunicaciones, la ley es muy clara en el sentido de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Telecomunicaciones, comparten atribuciones. En materia de telecomunicaciones, la Cofetel no tiene facultades exclusivas, como se razona en el proyecto que estamos hoy analizando. Ese es el diferente fundamental. Hay un argumento adicional Para la transición digital se requiere la concurrencia de un conjunto de dependencias precisamente para hacer posible materialmente la transición digital. Si el acuerdo del Ejecutivo federal hubiese transferido todas las competencias de implementación a la Cofetel, estaría violando en el fondo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, porque hay competencias que corresponden, por ejemplo, a la Secretaría de Economía las modificaciones de las normas oficiales mexicanas, precisamente para definiciones técnicas sobre aparatos y equipos de telecomunicaciones que no pueden ser trasladadas a la Cofetel. Ésta es la razón de fondo por la cual en las cláusulas del acuerdo de establece con toda claridad que hay un conjunto de dependencias que deben de intervenir en la implementación de este acuerdo y que sus facultades no pueden ser reasignadas a la Cofetel. Las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que están señaladas en el acuerdo de transición digital, son facultades de coordinación y se basan fundamentalmente en el conjunto de facultades que la secretaría tiene en materia de telecomunicaciones. No hay, desde la perspectiva de Acción Nacional, un diferendo sobre las competencias de una y otra dependencia. No hay, desde nuestra perspectiva, invasión alguna a las competencias de Cofetel precisamente porque la transición digital es una política de telecomunicaciones y no únicamente una política de radio y televisión. El objetivo del apagón tecnológico es la reordenación integral del espectro y la mejor utilización para lograr un objetivo de convergencia. En la medida en la que se trate de una cuestión de telecomunicaciones, las facultades de la secretaría y de la Cofetel son compartidas. Por su atención, muchas gracias.