El Presidente diputado Guadalupe Acosta Naranjo: Se han registrado para rectificación de hechos el diputado Ríos Piter y el senador Tamborrel. Una vez que terminen estos dos oradores preguntaremos a la asamblea si el tema está suficientemente discutido. Tiene la palabra el diputado Armando Ríos Piter. El diputado Armando Ríos Piter. Con su permiso, señor presidente. A mí me parece que es muy importante dejar claro qué es lo que estamos discutiendo o cuál es la visualización que tenemos que tener sobre este punto de acuerdo que estamos planteando. Ya lo han dicho quienes me antecedieron. Estamos exigiendo que las autoridades, que son las que tienen los instrumentos y las facultades legales para revisar si se ha cometido o no un delito o si hay culpabilidad administrativa por no haber puesto el tema en la transparencia, en lo que exige la propia ley, que ellos sean los que determinen. Lo digo con toda puntualidad, me parece que no hay que excedernos en hacer un juicio porque sería equivocado, desde nuestra curul en la que hoy estamos, señalar que por el simple hecho de que hemos conocido a través de Milenio Diario o a través de Reuters que hay contratos que parecieran tener cuestiones ilícitas, por esa simple situación darlos por válidos. Precisamente por eso hay una Procuraduría General de la República a la que le estamos pidiendo, con base en las facultades que tiene, que intervenga. Por eso precisamente lo que estamos planteando es que si con base en el artículo 7o., de la Ley Federal de Transparencia se puede asumir que hay faltas administrativas, que revise el tema, que lo analice a profundidad y que actúe en consecuencia. Me parece, compañeras y compañeros, solamente señalar que el artículo 217 del Código Penal Federal dice: Comete el delito de uso indebido de atribuciones y facultades el servidor público que indebidamente otorgue y realice contratos de enajenación de bienes o servicios con recursos económicos públicos. Será la Procuraduría General de la República, quien tendrá que decir si los funcionarios involucrados, precisamente lo que estamos comentando, cometieron o no este delito, si se actualizó el tipo penal. Entonces me parece, compañeros, que el debate no se puede estar a medias, mitad sí o mitad no, en contra de la corrupción. Aquí no estamos diciendo que estos funcionarios hayan cometido actos de corrupción, estamos pidiendo, y por eso estamos solicitando, que las autoridades de la Cofetel vengan y podamos en un cara a cara preguntarnos y posiblemente adentrarnos mucho más en la información que hoy no es precisa. Pero también, sí lo digo con toda puntualidad, me parece preocupante que muchas veces en el ánimo simple y sencillamente de defender, terminemos dándonos un balazo en el pie como representantes de los ciudadanos y las ciudadanas que son. Pidámosle a la procuraduría que nos diga si esto fue constitutivo de un delito o no, y no dejemos a la especulación el tema, para no caer en politiquería barata. Pidámosle a la Secretaría de la Función Pública que nos diga si este tema o no constituye faltas administrativas, pero no lo dejemos, compañeras y compañeros a simples opiniones, a simples elucubraciones porque se pone en juego también el nombre de ciudadanos de los cuales se está hablando precisamente desde esta tribuna. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.