El diputado Juan Romero Tenorio: Con venia de la Presidencia. La lucha por los bosques es una lucha por la vida de todos y cada uno de nosotros, y de nuestros hijos. Al desaparecer los bosques perdemos un elemento indispensable para la vida, el agua, puesto que es en las zonas forestales donde mayor recaudación y alimentación de los mantos freáticos se realiza a través de un fenómeno natural que pasamos desapercibidos. Quizás el nombre Ildefonso Zamora, Aldo Zamora, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Isidro Baldenegro, Wilfrido Álvarez, y decenas de nombres más de campesinos e indígenas, que ustedes no conoce o no entiende o no perciben, pero que han perdido la vida, han sido torturados y han estado en la cárcel por defender los bosques en bien de sus propios hijos y en bien de nosotros. El gobierno federal no ha tomado en serio la política forestal y tampoco ha implementado un esquema que lleve a castigar a los depredadores de las zonas forestales, esa mecánica de permitir el lucro de unos cuantos en demérito de las futuras generaciones, puesto que se afecta el patrimonio forestal nacional, afectamos el medio sustentable al cual tienen derecho nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos a cambio de políticas entreguistas y del uso faccioso de recursos públicos. Aquí se habla de una política sustentable a partir de esta nueva ley. Eso es falso. En 2015 el presupuesto aprobado para cuestiones forestales fue de 7 mil 743 millones. El ejercido por el Ejecutivo federal fue de 6 mil 560 millones, casi mil millones de pesos menos. Para 2017 esta Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 3 mil 813 millones de pesos. La política pública no es viable ni es posible si no hay recursos económicos. Ese recorte que aplicamos a las acciones de prevención, de restauración y de recuperación de bosques se ve mermado por el escaso recurso que se asigna y por el uso faccioso que se hace del mismo a través de los programas de la Semarnat, de Sedatu, programas que tienen un tinte electorero y que se acredita con las observaciones que ha presentado la Auditoría Superior de la Federación. Nosotros hemos presentado reservas para subrayar la deficiencia que tiene la ley. Es una ley deficiente puesto que no atiende a principios generales que se han desarrollado en el ámbito internacional, no atiende a los parámetros, a los indicadores y a la metodología que ha establecido la FAO en cuanto a recuperar zonas de bosque y conservar la biodiversidad. Esta ley efectivamente es una ley que agiliza los trámites, pero para la depredación de los bosques, no para su reposición y recuperación, no para la sustentabilidad. El artículo 1o que estamos proponiendo modificar, señalamos en forma clara y contundente que el Estado debe garantizar el patrimonio forestal nacional. Las zonas forestales no solamente son objeto de desarrollo económico, deben ser consideradas zonas de prioridad para la humanidad, puesto que son los pulmones que necesitamos para recuperar el oxígeno que hemos destrozado con una política económica entreguista en materia energética. En el artículo 1o señalamos que debe ser obligatoria la creación de reservas forestales, tema que no se aborda en toda la ley. En toda la ley se habla del uso de la materia prima derivada de los bosques y de los medios que ellos van generando, pero no se habla de preservar ni de crear un patrimonio forestal para las futuras generaciones. Proponemos en los objetivos generales de la ley hacer modificaciones a diferentes fracciones, con el objeto de contemplar la cuenca hidrológico-forestal. Hemos repetido que los bosques están vinculados con la retención y la captación de agua, es fundamental alinear la política forestal con la política hídrica. Esta separación que tenemos de las leyes que impactan el medio ambiente nos dejan en estado de indefensión, simulan una burocracia que pretende vigilar los derechos ambientales de los ciudadanos, y se convierte en una burocracia para la impunidad y la deforestación de nuestros bosques. Proponemos en la fracción II impulsar el desarrollo científico y tecnológico, así como la transferencia tecnológica con la coordinación de instituciones de educación superior y centros de investigación pública, en la garantía del desarrollo forestal sustentable. Lo que se mide se puede evaluar. En toda la ley no hay referencia al apoyo científico y técnico de los centros de investigación para generar políticas de desarrollo sustentable en la materia. En toda la ley no establece parámetros de evaluación de la implementación de políticas públicas. No establece parámetros de evaluación y corresponsabilidad de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal. Se diluye en una serie de reglamentos e inatribuciones, a través de normas oficiales. Se diluye a través de lineamientos generales de la Secretaría de Medio Ambiente. No existe una responsabilidad ni tampoco existen métodos de rendición de cuentas. Esta ley es una demagogia que va a justificar la depredación continua de bosques a favor de unos cuantos y en demérito de cientos y de miles de ciudadanos, afectando sobre todo a aquellos campesinos e indígenas que han entregado su lucha y su vida por defender los bosques. Cosa que en esta Cámara no se hace. Vergüenza debería de darnos que la gente más vulnerable se preocupa por los bosques y no nosotros. Es cuanto, señora presidenta.