La diputada Dulce María Sauri Riancho: En lenguaje yucateco diríamos que ese es el xix del debate, ya estamos en la hora del xix. El artículo 41, fracción XIX. La Secretaría de Cultura fue conformada a mediados de la administración que está por concluir. De acuerdo a la fracción II del artículo 41 Bis tiene la función de conservar, proteger y mantener los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos que conforman el patrimonio cultural de la nación. Sucede que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública que estamos discutiendo afecta a la todavía vigente fracción XIX que a la letra dice: formular el catálogo del patrimonio histórico nacional. Ahora, bajo la pretensión de ampliar su ámbito de acción se intenta formular el catálogo del patrimonio cultural nacional, olvidando una vez más a la historia. ¿Será suficiente cuando un catálogo de esta naturaleza estaría conformado por los monumentos antes citados, con una concurrencia de funciones entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, museos, monumentos históricos, restauración arqueológica y estilística, la Biblioteca de Antropología e Historia, acervo documental que reúne la mayor colección de publicaciones de carácter histórico y antropológico de México, todos ellos consignados en el catálogo del patrimonio histórico nacional? Si prospera esta pretensión de despojar de la palabra histórico al catálogo del patrimonio cultural de la nación, se correría el riesgo de distorsión de las funciones de la misma Secretaría de Cultura y afectaría a la gran institución fundada por Lázaro Cárdenas en 1939, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, próximo a cumplir, el 3 de febrero próximo, 80 años de su creación. El problema se resuelve fácilmente con añadir histórico, la palabra histórico al catálogo del patrimonio cultural nacional, así reforzamos el arduo trabajo de proteger el patrimonio que nos da identidad. En consecuencia, propongo que se adicione para quedar como sigue: Artículo 41 Bis, fracción XIX. Formular el catálogo del patrimonio histórico cultural nacional en todos sus ámbitos. Ahora paso a una propuesta de artículo veintiuno transitorio. La fracción IX del artículo 30 Bis establece la facultad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para ejecutar las penas por delitos de orden federal y administrar el Sistema Penitenciario Federal y de Justicia para Adolescentes, en términos de la política especial correspondiente y con estricto apego a los derechos humanos. En este sentido, se presentó una reserva que compartimos para adicionar un artículo transitorio, de tal manera que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realice un diagnóstico y evaluación de la situación penitenciaria y de readaptación social y proponga las modificaciones a las estructuras de atención penitenciaria y de readaptación social que garantice un mejor desempeño. La adición del transitorio propuesto es de suma importancia para la implementación de la nueva política de seguridad pública, para conocer cómo se encuentra el sistema penitenciario y de readaptación social en nuestro país. Esto ayudará a que los nuevos funcionarios tengan una perspectiva más clara respecto al reto que enfrentarán en los próximos seis años. Para darnos una idea de la relevancia del tema propuesto podemos recurrir al diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2017, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el cual establece que los centros penitenciarios, tratándose de aspectos que garantizan la integridad física y moral de las y los internos tienen una calificación de 7.07. En aspectos que garantizan estancia digna 7.73. Condiciones de gobernabilidad 8.4 y en materia de reinserción social 6.65. Aprobar la adición de este artículo transitorio permitiría al nuevo gobierno tomar decisiones responsables e informadas para que puedan estar en condiciones de proponer modificaciones a las estructuras de atención penitenciaria y de readaptación social, toda vez que es fundamental que las situaciones al interior de los centros penitenciarios garanticen una estancia digna de las personas internas. En consecuencia y derivado de la importancia de la materia, el sistema penitenciario debe estar dotado de infraestructura, así como de normatividad y recursos humanos necesarios que garanticen el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, el acceso a las actividades laborales, la capacitación, la educación, la salud y el deporte con medios para lograr su reinserción social, evitando con ello su reincidencia. En este sentido la propuesta presentada busca generar la toma de decisiones responsables basadas en diagnósticos y evaluaciones que permitan fortalecer la situación penitenciaria de nuestro país. Es cuanto, señora presidenta.