La diputada Leticia Robles Colín: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros, para aquéllos que hemos estado en gobierno y que hemos visto la complicación que se tiene para bajar recursos de inversión federal en algunos casos conocidos como los pari passo, es importante citar lo siguiente. Si bien la instrumentación de reglas de operación para la ejecución de los programas de inversión federal ha contribuido a trasparentar y ordenar el ejercicio del gasto, también las reglas de operación han logrado evitar o al menos disminuir el desvío de recursos públicos que, hasta antes de la implantación de las reglas, se constituía en una práctica permanente. En el caso de los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua, las reglas han permitido, además, planificar y dirigir la oferta de infraestructura hidráulica en función de los objetivos: Plan Nacional Hídrico. A pesar de las incuestionables virtudes de las reglas de operación, algunos requisitos de las mismas también se han constituido en un verdadero obstáculo para la expansión de la oferta de infraestructura de riego, agua potable y saneamiento. Es el caso de los componentes de inversión local que se exigen como contraparte a la inversión federal que en algunos casos, como es el de de la ampliación y rehabilitación de infraestructura de agua potable en zonas urbanas, representan hasta el 60 por ciento del total de la inversión; lo que hace que los gobiernos locales desistan de programar y formalizar obra en estos estratégicos rubros, y que los montos que esta Cámara aprueba para los diferentes programas en materia terminen subejerciéndose por las dificultades que acusan los gobiernos locales para aportar las contrapartes establecidas en las reglas de operación. Los montos de contrapartes exigidas en las reglas de operación representan un factor de exclusión para gobiernos locales, organismos operadores y usuarios, o posibles beneficiarios de infraestructura de riego, ya que sólo si se cuenta con montos crecientes de inversión es que se puede acceder a los programas federalizados, generando con ello un círculo vicioso donde se perpetua el retraso y se ensancha la brecha entre regiones desarrolladas y no desarrolladas. Por ejemplo, los usuarios o demandantes de riego que no pueden aportar el 50 por ciento de inversión en obra por no contar con el capital requerido, difícilmente podrán capitalizarse sin condiciones que le permitan desarrollar una agricultura productiva, como es el acceso a la tecnología de riego. Por su parte, los organismos operadores y/o gobiernos locales que no pueden aportar los montos de inversión requeridos para acceder a los programas, jamás podrán mejorar su eficiencia física y comercial en el servicio de agua potable que les permita mejorar o incrementar su capacidad recaudatoria, y de ese modo contar con recursos que le permitan por vez primera acceder a los programas que opera la Comisión Nacional del Agua. Incluso, aquellos organismos operadores que cuentan con un alto nivel de eficiencia comercial y recaudatoria no logran reunir los montos que las reglas de operación les exigen. Insistimos que el impedimento financiero propicia un círculo vicioso y, además, la licitación del acceso a los programas federalizado, reproduciendo con ello una enorme inequidad. En la actual coyuntura se han aparejado, en forma por demás dramática, la crisis económica y la crisis de la disponibilidad de agua, por lo que resulta inadmisible no generar condiciones propicias para la inversión en el sector, máxime cuando en el riego agrícola se desperdicia el 60 por ciento del líquido y se requiere con urgencia la modernización y tecnificación de las unidades de riego. Y en el caso del consumo doméstico y público urbano, los organismos operadores de agua y/o gobiernos locales requieren sustituir tuberías y redes para evitar los desperdicios y fugas que en algunos casos oscilan entre 30 y hasta 50 por ciento del total del suministro de agua potable; pero al no poder contar con el 60 por ciento del monto total de inversión que exige la regla de operación del Programa de Agua Potable, Saneamiento y Alcantarillado en Zonas Urbanas, los gobiernos locales han estado impedidos para resolver, con la urgencia que se requiere, el grave problema de fugas y de alta asistencia en la administración y distribución de agua, ni tampoco para enfrentar las variaciones de los fenómenos hidrometeorológicos, como las terribles sequías en algunas regiones de nuestro país, y por otro lado, las severas inundaciones que se padecen en otras zonas del país, como la que tuvimos recientemente. Los bajos alcances del Programa Nacional de Infraestructura y de las medidas contracíclicas de la actual administración federal pueden explicarse en buena medida por el cuello de botella y la rigidez que representan los requisitos exigidos en las reglas de operación. Una flexibilización de sus criterios y montos contribuiría decididamente a reactivar los sectores productivos que la crisis económica ha dañado, como lo son el de la industria de la construcción y el agropecuario. El impedimento para aportar contraparte financiera no puede convertirse en una razón para cancelar las necesarias y urgentes inversiones en el sector, que al incrementarse generarían un efecto multiplicador en sectores que son clave de nuestra economía, generando condiciones de reactivación para superar el escenario de crisis económica. Por todo lo anterior expresado y fundado es que sometemos a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados los siguientes Puntos de acuerdo Primero. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión de Nacional del Agua aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor a 20 por ciento en la contraparte a aportar por los organismos operadores y/o gobiernos locales, en los diversos programas en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento a su cargo. Segundo. La Cámara de Diputados, LXI Legislatura, con pleno respeto al ámbito de sus respectivas competencias, exhorta al Poder Ejecutivo federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, a establecer en las reglas de operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola, y el de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, a cargo de la Comisión Nacional del Agua, aplicables a partir de 2010, un componente máximo de inversión no mayor a 10 por ciento en la contraparte a aportar por los usuarios de riego en los diversos programas en materia hidroagrícola a su cargo. Tercero. Se solicita a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que en el marco de discusión del paquete económico 2010 integre en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2010, un apartado que fije el porcentaje máximo de contraparte a aportar por los usuarios y gobiernos locales, en los distintos programas de infraestructura hidroagrícola, agua potable, alcantarillado y saneamiento, y que deberá ser observado en atención a las reglas de operación que en la materia publique el Poder Ejecutivo federal, de conformidad con lo establecido en los resolutivos primero y segundo del presente punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.