La diputada Carla Alicia Padilla Ramos: Con la venia de la Presidencia. Honorable asamblea. El Programa de Seguro Popular se introdujo en 2004 con el objetivo de prestar atención médica, servicios preventivos y protección financiera a las personas que carecen de cobertura de salud. A finales de 2011 ofrecía servicios de salud gratuitos a más de 50 millones de personas. Este seguro ha contribuido a reducir gradualmente las grandes disparidades regionales en el acceso a los servicios de salud. El país ha logrado grandes avances en el aumento de la cobertura de la salud; sin embargo aún persisten importantes problemas. El sistema de protección social mexicano enfrenta retos críticos como son proporcionar mejor acceso a los instrumentos de manejo de riesgo a los principales grupos vulnerables. México debe garantizar y mejorar el acceso a la atención, ampliando la gama de servicios cubiertos por el programa, facilitando su accesibilidad en todos los estados y mejorando la calidad de la atención. La iniciativa que hoy se somete a votación trae consigo la obligación de las autoridades en el ámbito de sus competencias para que el derecho a la salud lo promuevan, respeten, protejan y garanticen de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Para ello, la iniciativa que nos ocupa establece como principales cambios que la transferencia de los recursos federales podrá hacerse numerario en especie. Asimismo, desparece la figura del Consejo Nacional de Protección Social en la salud. De igual manera se fortalece la portabilidad de los beneficios que otorga la afiliación al sistema de protección social en salud, toda vez que se da mayor certeza respecto del pago por prestación de servicios de salud que se brinde entre entidades federativas y los que se otorguen por las instituciones federales. En el mismo sentido, se da consistencia entre la Ley General de Salud y lo previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental respecto a la información que se debe rendir en materia de recursos humanos. En el artículo 77 Bis 16 de la Ley General de Salud se establece que en caso de que alguna entidad federativa no haya comprobado que los recursos a que se refiere se destinaron a los fines específicos para los que le fueron transferidos o entregados, las autoridades que tengan conocimiento de dicha situación tendrán la obligación der informarlo a la autoridades competentes para que procedan a su investigación y sanción. Se establece un delito específico en materia de desvío del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie. Por último, el dictamen de la Comisión de Salud consideró la iniciativa en estudio como viable, aunque realizó una modificación respecto de la propuesta original, en la que el artículo 469 Bis se proponía sancionar con una pena de 2 a 7 años de prisión a cualquier persona que desviara el objeto ara el cual fueron transferidos o entregados los recursos en numerario o en especie, según el caso. La pena mínima nosotros decidimos al interior de la Comisión, aumentarla de 2 a 4 años. Por todo lo anterior, sabemos que el problema no radica en la determinación del derecho en sí, sino en los mecanismos que las autoridades deben implementar para que se garantice el cumplimiento de este derecho fundamental, sin distinción alguna. Por ello las diputadas y los diputados de mi Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, nos manifestamos a favor de las reformas que adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, ya que lo consideramos de vital importancia para su inmediata implementación. Es cuanto, señor presidente.