EL C. DIP. RAMON LEON MORALES: Gracias señor Presidente. El 16 de diciembre del 2001, los trabajadores del último turno de la compañía hulera Euzkadi, ubicada en El Salto, Jalisco, se encontraron con un comunicado donde se anunciaba la determinación empresarial de dar por terminadas sus operaciones en el país y poniendo a disposición de los operarios su liquidación. El cierre se efectuó sin cumplir lo estipulado en los artículos 434 y 435 de la Ley Federal del Trabajo que obliga a las empresas a dar aviso de la terminación de las relaciones laborales a la Junta de Conciliación y Arbitraje para su aprobación o desaprobación. Al no cumplirse este procedimiento y obrar de forma arbitraria y unilateral, este cierre es a todas luces ilegal y así permanece hasta el día de hoy. Ante el cierre, los trabajadores agremiados al independiente Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de Euzkadi, fundado en 1935, deciden dar la lucha por reabrir su centro de trabajo, rechazar las indemnizaciones ofrecidas y emplazar a huelga por la violación del contrato o ley que rige la industria del hule dado que el cierre de la empresa suspendió todas las obligaciones contractuales del patrón. Cumplidos los requisitos legales, la huella estalla el 22 de enero del 2002, la empresa sin ningún fundamento legal solicitó la improcedencia del movimiento; sin embargo al cumplir los trabajadores con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la huelga es considerada existente para todos los efectos legales en los términos del artículo 929 de la Ley. No obstante, el 22 de marzo del año pasado, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió una resolución considerando inviable jurídicamente el emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato de Euzkadi, argumentando escúchese bien- la improcedencia de la huelga ya que la empresa estaba cerrada al estallar la misma. El principal obstáculo para encontrar una solución justa a un conflicto de casi 15 meses, ha sido además del empecinamiento patronal, la actuación facciosa y sin apego a derecho de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que, utilizando una figura que no aparece en la ley, calificó de improcedente el movimiento huelguístico argumentando que al estar cerrada la empresa no había suspensión de labores y por tanto a los trabajadores sólo les quedaba recoger una magra liquidación y engrosar las filas del desempleo sumándose a casos como el de la compañía papelera "Atenquiche", que ya se trató en alguna ocasión en esta tribuna. La figura de improcedencia de la huelga, no existe legalmente. De acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo la calificación de la huelga sólo admite tres supuestos: Primero:- Que la huelga sea ilícita por darse uno de los supuestos del artículo 445. Segundo:- Que la huelga sea legalmente inexistente por darse algunas de las hipótesis contempladas en el artículo 459 y Tercero:- Que la huelga sea considera legalmente existente. La Junta debe limitar su actuación a lo que expresamente establece la ley. Tal autoridad no sólo ignoró las disposiciones legales en materia de calificación de la huelga, fue más allá, inventando una nueva calificación, la procedencia o la improcedencia de la misma. De consumarse esta arbitrariedad quedaría asentado el más nefasto de los precedentes. Las empresas evitarían el cumplimiento de sus responsabilidades legales y sociales, cerrando unilateralmente sus instalaciones, para impedir que los trabajadores reivindiquen sus derechos, dejando sin efecto el derecho social de huelga. Ante el inverosímil resolutivo de la Junta, el sindicato interpuso una demanda de garantías ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Trabajo del Distrito Federal. El 5 de julio el juzgado decide por unanimidad conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a los trabajadores en huelga, ordenando a la autoridad laboral señalar una audiencia para que se cite a las partes para ofrecer y rendir pruebas. La audiencia se realizó el 22 de octubre y 19 de febrero de 2003. La Junta pese a todo y contra todo, reincide en la conculcación de derechos constitucionales y sigue premiando la actuación ilegal de un patrón irresponsable. La autoridad laboral sencillamente reitera que debe archivarse el expediente por resultar, cito nuevamente "improcedente el movimiento". De inmediato los afectados solicitaron de nuevo al Poder Judicial el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos de la autoridad responsable, solicitando la suspensión de la resolución invocada. Al momento existe el riesgo de que la empresa sustraiga por la fuerza los bienes que garantizan el derecho y los créditos de los huelguistas. La empresa cuenta con guardias privadas, guardias blancas, que amedrentan a los trabajadores y a la población Del Salto. Además ha pretendido introducir trasportes pesados para sacar maquinaria y equipo, no conforme ha presentado denuncias penales contra los miembros del Comité Ejecutivo Sindical. Por las tensiones generadas, esta semana es clave, aunque ha prevalecido la unidad sindical y la organización se mantiene firmemente decidida a defender su fuente de trabajo, el clima de ostigamiento de agresión ha crecido. Evitar que se consume las amenazas contra los trabajadores y que prevalezca la paz y la justicia social, debe ser del mayor interés de esta Honorable Asamblea. Para el Partido de la Revolución Democrática, la preservación del derecho de huelga y la garantía de legalidad en el actuar de las autoridades laborales, es una cuestión de orden público, esencial para mantener la estabilidad y gobernabilidad del país. En el caso de Euzkadi se ha violentado el estado social de derecho. Una empresa ha parado labores sin el aval de la autoridad. La Junta Federal se ha erigido en legislador, inventando categorías jurídicas, violentando las garantías de organización sindical y sus agremiados. La autoridad laboral ha llegado al extremo inconcebible de anular un derecho, el derecho de huelga, por un acto ilegal, el cierre unilateral y arbitrario de una empresa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, el siguiente: Punto de Acuerdo Primero.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, exhorta a los ciudadanos Carlos Abascal Carranza, Secretario del Trabajo y Previsión Social y Virgilio Mena Becerra, Presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, para que cumplan estrictamente con lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo y eviten excederse en sus facultades como ha sucedido en el caso aquí referido. Segundo.- De igual manera, solicita a dichas autoridades laborales a que en el caso material de la presente proposición, normen su intervención con estricto respeto a las garantías constitucionales y legales del Sindicato Nacional Revolucionario de Trabajadores de la Compañía Hulera EUZKADI y sus agremiado. Tercero.- Asimismo demanda a las autoridades laborales intervenir en este caso sin vulnerar como lo han hecho los fundamentos de legalidad y seguridad jurídica constitutivos de nuestro estado social de derecho, uno de los cuales es dar a los trabajadores las garantías necesarias para el ejercicio del derecho de huelga. Cuarto.- Esa soberanía exige que en cumplimiento de lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje conozca del cierre de la Compañía Hulera EUZKADI, Sociedad Anónima de Capital Variable y que en caso de que no haya razón que lo justifique, ésta reinicie sus labores de manera inmediata. Quinto.- Esta asamblea manifiesta su reprobación a las actitudes extralegales mostradas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a lo largo de este conflicto, en especial cuando emite laudos que califican a un movimiento huelguístico con figuras inexistentes en la ley, conculcando en los hechos la defensa de los derechos de los trabajadores contenida en nuestra Ley Fundamental. Sexto.- Finalmente, insta a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y a las autoridades civiles correspondientes, a hacer respetar las garantías de los huelguistas, dándoles las garantías necesarias en los términos de la legislación vigente, lo que significa que es su responsabilidad evitar a toda costa una acción de fuerza de parte de la empresa para despojar de las instalaciones a los trabajadores. Por su atención, señor Presidente, muchísimas gracias.