El diputado Rubén Benjamín Félix Hays: Con su permiso, diputada presidenta; señoras y señores diputados. En Nueva Alianza mantenemos un firme compromiso con las y los mexicanos. Nuestra participación legislativa no sólo ha estado enfocada a la promoción y salvaguarda de los derechos humanos o al establecimiento de una economía en equilibrio con el medio ambiente y de carácter sostenible. También se ha enfocado a promover la expansión económica y la generación de empleos. Y este compromiso es el que refrendamos hoy al otorgar nuestro voto a favor de la inclusión al Código de Comercio que estamos discutiendo. El sistema legislativo mexicano en materia mercantil, ha estado experimentando una serie de cambios importantes en los años recientes con el propósito de homologar sus normas con los estándares comerciales internacionales y fortalecer la posición de México como una de las economías más atractivas para la inversión nacional y extranjera. En ese sentido se ha regulado para que los empresarios mexicanos puedan acceder a fondos de financiamiento que impulsen el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, generando las condiciones para que se puedan registrar en garantía, alguna parte de sus bienes con el fin de avalar el pago del préstamo en mejores condiciones, estimulando la inversión, el empleo, el crecimiento y la competitividad de la economía. Tal es el caso del Registro Único de Garantías Mobiliarias, a cargo de la Secretaría de Economía e instaurado a partir de la reforma al Código de Comercio realizada el 27 de agosto de 2009. Dicha labor legislativa ha generado una serie de mecanismos, instrumentos y procedimientos que agilizan y mejoran el nivel de certeza en los procesos para acceder a los fondos de los mercados de capital, permitiendo la identificación eficiente de los bienes otorgados en garantía y la prioridad ante los acreedores. Con el establecimiento del registro único los acreedores obtuvieron un mayor nivel de confianza y seguridad respecto a los bienes que les son dados en garantía al poder consultar si éstos se encuentran libres de gravamen o cualquier otra garantía, incluso registrarlos para salvaguardar sus derechos, como es el de la prioridad y el de acreedores. Sin embargo, dicha reforma se encontraba incompleta pues si bien estableció la existencia de un registro público, no contenía un componente de consulta obligatoria necesaria y complementaria que salvaguardara a terceros sus derechos oponibles o de audiencia. Peor aún, subsistía en sus términos la posibilidad de exigir a juzgadores, ante la ejecución de sentencias dictadas en una eventual demanda, el pago de daños y perjuicios por la omisión de derechos en el proceso. Considerando tales circunstancias y legislando de manera preventiva, el dictamen que hoy la Comisión de Economía propone a esta soberanía fortalece el uso multicitado del registro, haciendo obligatoria su consulta tanto a los gobernados como a las autoridades jurisdiccionales, así como la inclusión de sus resultados en los escritos iniciales de la demanda que se promuevan en el marco de los procedimientos ejecutivos mercantiles. Además, con esta disposición se garantiza el derecho de audiencia de un probable tercero perjudicado pues, en caso de actualizarse este supuesto, el juzgador deberá realizar la notificación correspondiente, evitando en lo posible futuros juicios de amparo por la omisión de derechos de terceros. Honorables diputadas y diputados: el grupo parlamentario Nueva Alianza, al emitir su voto a favor lo hace bajo la consideración de que esta mejora legislativa fortalece la certeza que debe brindársele a cualquier persona física o moral de que sus derechos y bienes se encuentran garantizados, que se legisla evitando posibles daños a terceros y que se hace a favor de mejores condiciones económicas que deriven en una mejor calidad de vida para los mexicanos. Es cuanto, diputada Presidenta.