La diputada Laura Imelda Pérez Segura: Compañeras y compañeros legisladores, pueblo de México, la contratación y uso responsable de deuda pública es fundamental para contribuir a la estabilidad macroeconómica y financiera de cualquier país, estado o municipio en el corto y largo plazo, México no es la excepción, por supuesto. En el caso de los entes públicos las entidades federativas y los municipios, la deuda debe contraerse, correcto, siempre en beneficio de la sociedad y apegándose a los principios de responsabilidad hacendaria procurando en todo momento el equilibrio presupuestario y la disciplina fiscal, tal y como lo establece el artículo 117, fracción VIII de nuestra Constitución. Sin embargo, como puede inferirse en la historia moderna en nuestro país, esto no siempre ha sido así, ya que de acuerdo con los datos reportados por el Centro de Estudio de las Finanzas Públicas en el periodo 2003-2018, la deuda subnacional correspondiente a los estados y municipios incrementó 457 mil 325 millones de pesos en términos nominales. Al pasar de 125 mil 893 a 601 mil 218 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 127.4 por ciento en este periodo, con una tasa media de crecimiento anual real del 5.6 por ciento. Pero déjenme decirles que eso ya no es así, desde el inicio de esta administración las acciones y cambios normativos para dotar a los entes públicos de un marco legal eficaz, para un manejo eficiente en la contratación y adquisición de deuda, han coadyuvado oportunamente en mejorar e incluso disminuir los índices antes mencionados, ya que de 2019 al tercer trimestre de 2021, los niveles de deuda subnacional incrementaron 27 mil 124 millones de pesos, lo que representa una disminución del 6.05 por ciento en términos reales, desde el arribo de esta administración. Es en este orden de ideas que considero que debe de ser menester para esta soberanía seguir contribuyendo en favor de la estabilidad de las finanzas públicas de las entidades que conforman la federación, por lo que desde el Grupo Parlamentario de Morena somos conscientes de que legislar en esta materia es una tarea constante, en la que se debe buscar que las leyes cubran la mayor cantidad de escenarios posibles. El presente dictamen, por lo tanto, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los municipios, es muestra del compromiso antes expuesto. Lo anterior encuentra su origen debido a que en la actualidad las entidades y municipios que desean contratar deudas, se enfrentan a un sinfín de ofertas provenientes de las instituciones de crédito y financieras. Y, en muchos de esos casos, lo cual no está normado en el 17 constitucional, solamente se toma en cuenta la tasa de interés que se cobra y no se contemplan otros costos que son igual de importantes, como comisiones, intereses ordinarios, amortizaciones o cualquier otro cargo que debe pagarse al momento de contratar el crédito y durante su vigencia, puesto que la actual disposición normativa no contempla ni define o señala un porcentaje específico para este conjunto de elementos. Es decir, hay un hueco ahí para que puedan esconder costos de la deuda y con eso distorsionar su propósito final. Esta falta de información provoca que las entidades federativas no puedan evaluar el costo total de las obligaciones a adquirir y con ello disminuya su alcance y propósito, que es el de beneficiar a la población mexicana. Es por lo anteriormente expuesto que el objetivo de esta reforma es establecer que los entes públicos, al momento de contraer deudas y obligaciones, lo hagan con un límite prudencial a los gastos y costos relacionados con la contratación de los financiamientos. Dichos costos no deberán exceder el 0.15 del monto total que se desee adquirir, buscando de esta manera que se contrate deuda al menor costo financiero y con la intención de que se celebren bajo las mejores condiciones, como lo dice el 17 constitucional, y puedan destinarse a inversiones públicas productivas su restructura o refinanciamiento. De este modo, al definir el monto y concepto de gastos y costos relacionados con la contratación, se brindará una mayor certeza jurídica en el destino y aplicación de los recursos obtenidos mediante deuda pública. Con la aprobación del presente dictamen se otorgará a la federación instrumentos eficientes para que toda obligación financiera sea al menor costo y se alinee en todo momento con los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, racionalidad y economía. Hemos presentado, pues, los argumentos suficientes técnicos y morales para poder aprobar este decreto, por lo que no vamos a caer en provocaciones. Ojalá podamos votar a favor de este dictamen que es en favor de las y los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.