El diputado Carlos Alberto Puente Salas: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el Estado mexicano requiere fortalecer sus capacidades para responder con eficacia a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, así como a las aspiraciones de bienestar y equidad de los diversos sectores de la sociedad mexicana. Es por ello imprescindible, definir y desarrollar una verdadera reforma hacendaria que abordará de manera integral lo referente al ingreso, al gasto, a la deuda pública y al régimen fiscal de Pemex. Con estas reformas damos un voto de confianza al Ejecutivo federal. Esperamos y vigilaremos de cerca que los recursos adicionales que se esperan obtener, gracias al esfuerzo de los contribuyentes, se destinen realmente para atender el combate a la pobreza, el desarrollo social y el crecimiento económico. Y no como en ocasiones anteriores, para ampliar el gasto corriente del gobierno. Para nuestro grupo parlamentario es fundamental la integración efectiva entre políticas económicas y ambientales como condición necesaria para alcanzar un verdadero desarrollo sustentable. Sin embargo, hay que mencionarlo, ni en la propuesta del Ejecutivo, ni en ninguna otra aquí presentada, en el Congreso, incluye los impuestos ambientales, los impuestos ecológicos. No consideraron la importancia que debe tener en el ejercicio del gasto, tampoco el impacto ambiental en cada política, programa, proyecto o acción realizada. Por lo tanto, consideramos que la reforma hacendaria que hoy discutimos no puede considerarse completa, ya que no incluye una perspectiva ambiental. Consideramos que falta incorporar estímulos fiscales e instrumentos económicos de mercado, mismos que ya han sido presentados en esta Cámara para que incentiven cambios en la conducta de las personas a favor de la salud pública y del medio ambiente. Con la inclusión de nuestras propuestas estaríamos incidiendo en una mejor salud pública, así como en el mantenimiento del equilibrio ecológico y la protección y mantenimiento del cuidado del medio ambiente, una adecuada gestión integral de residuos, menores emisiones de gases de efecto invernadero y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Para nuestro grupo parlamentario el impuesto empresarial a tasa única es un avance en la minimización de los tratos preferenciales y en las planeaciones fiscales agresivas que ocasionan gastos fiscales y erosionan la recaudación tributaria. Se logró permitir la deducibilidad de la nómina, así como de las aportaciones de seguridad social. Consideramos importante permitir limitadamente la deducibilidad de donativos que las personas físicas y morales realicen con fines no lucrativos. Es positivo permitir, ya sea mediante deducción o estímulo fiscal, la disminución de la base gravable de las inversiones e inventarios, realizados y adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de dicho impuesto. Con la aprobación del impuesto sobre depósitos en efectivo se podrá identificar aquél que omita el pago de alguna contribución manteniéndose en la economía informal. Era indispensable la acreditación de este impuesto de manera universal, pero más importante será el desempeño del SAT en materia de fiscalización. Creemos que al menos un porcentaje importante de los recursos adicionales deberían destinarse para la protección y mejoramiento del medio ambiente, toda vez que las problemáticas como el cambio climático requieren de acciones urgentes, coordinadas, proactivas, mismas de las que carecemos actualmente. En materia de calidad de gasto, nuestro grupo parlamentario considera como un gran avance, que a nivel constitucional se estipule que podrán fiscalizarse los recursos federales que se destinen y ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada y los transferidos a fideicomisos, mandatos, fondos o cualquier otra figura jurídica. Lo anterior, sin duda permitirá un mejor destino y uso de los recursos. Consideramos que aún es deficiente. En la propuesta de dictamen no se incorporan mecanismos suficientes de coordinación, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en materia de evaluación de políticas y programas. Así como tampoco instrumentos legales que permitan reforzar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, requeridos para conocer el grado de cumplimiento de las metas y objetivos de las políticas y programas gubernamentales. Se requiere un mecanismo de coordinación y evaluación entre ambos poderes, para hacer posible la conformación de un presupuesto por resultados. Para fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas se requiere un acuerdo entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión para definir qué rubros de gasto y con qué indicadores deberán medirse los resultados del ejercicio del gasto federal. Debemos fortalecer el papel de la Auditoría Superior de la Federación como instancia técnica de fiscalización del Congreso, en materia de evaluación de la gestión gubernamental y en específico en la opinión, diseño y verificación de los indicadores de evaluación. Aún estamos incompletos. Falta trabajo por hacer. Pero también por todo lo anteriormente mencionado, y aun con las debilidades antes planteadas, y con la convicción de que hay mucho más por hacer podemos decir que la reforma hacendaria que hoy votaremos representa un avance para nuestro país, ya que ésta permitirá contar con recursos adicionales para enfrentar las demandas sociales que los mexicanos reclaman día con día. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.