La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109 y 110 del Reglamento de la Cámara de Diputados, me permito presentar ante esta soberanía dos reservas. La primera consiste en una modificación al artículo 54, y la segunda consiste en la adición de un artículo décimo tercero transitorio, al dictamen que hoy se discute, por lo que agradecería, señor presidente, lo considere para el efecto del tiempo. El dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Juegos con Apuestas y Sorteos, y que hoy nos convoca, adolece de un factor que nos es común a todos nosotros. Compañeras y compañeros diputados, ese factor es el tiempo. Esta ley pretende aprobarse desde hace muchos años. Los intereses involucrados son inmensos, los actores de organizaciones sociales, tanto a favor como en contra se cuentan por decenas, quizá sean cientos. Los estudios, las investigaciones y las publicaciones relacionadas con esta temática han aparecido desde hace décadas en muchos países del orbe, industrializados y en vías de desarrollo y ninguno puede decir que cuenta con resultados concluyentes. Esto sucede desde hace mucho tiempo. Por otra parte, este dictamen en México no contó con tiempo, no hubo tiempo suficiente para revisarlo a cabalidad, no hubo tiempo de realizar un diagnóstico sobre los problemas y los beneficios conlleva la regulación de casinos y de establecimientos de juegos con apuestas y no ha habido tiempo de evaluar cuestiones vinculadas a la soberanía y a la seguridad nacional. Esta ley es necesaria, pero este dictamen careció de tiempo, un tiempo preciso para su estudio y un tiempo para su debido proceso del que emanaría una aportación de la asamblea que marcaría positivamente la instalación de casinos. Pero no, señoras y señores legisladores, ha faltado el tiempo, en fin. Mi primer reserva al artículo 54 del dictamen que hoy discutimos tiene como principal objetivo remover la posibilidad de que la homologación de las máquinas, instrumentos, soportes o software que utilicen los permisionarios y operadores se lleve a cabo directamente por el Instituto Nacional de Juegos y Sorteos, dejando esta facultad exclusivamente a particulares que cuenten con la autorización para tal efecto. Lo anterior busca homogeneizar el proceso de acreditación y no sujetarlo a decisiones discrecionales de la autoridad que lleven a elegir, en algunos casos, la acreditación a cargo del instituto y en otros a cargo de los particulares autorizados. Compañeras y compañeros, la principal razón por la que se establece la homologación o acreditación de máquinas, instrumentos, etcétera, como requisito para que los permisionarios u operadores puedan funcionar, es para salvaguardar la seguridad de los participantes y su patrimonio, para generarles confianza en que la industria y, en particular, las máquinas que utilizan están limpias y son legales. Precisamente, si dejamos al arbitrio del instituto la elección sobre a cuál permisionario u operadora acreditará de forma directa y a cuál dejará a los organismos autorizados, estaremos fomentando la opacidad, faltando la esencia de la acreditación, que como dije, es generar confianza en los usuarios. Sin duda esta facultad de homologación o acreditación del instituto hace pensar mal. Hace pensar mal, porque cuando se tenga un interés determinado por otorgar o negar una acreditación, el instituto podrá elegir llevar a cabo el procedimiento personalmente, y cuando no haya interés lo dejará a los organismos autorizados. Además, el hecho de que sean empresas particulares ajenas a los poderes públicos genera una mayor credibilidad y certeza en la homologación, toda vez que el instituto no tiene la capacidad necesaria para realizarla adecuadamente y son, precisamente, los organismos autorizados los que cuentan con la capacidad técnica, material y humana para desempeñar dicha actividad. Por otra parte, compañeras y compañeros diputados, quiero decirles que en México no existen estadísticas oficiales sobre los problemas ocasionados por la adicción al juego o ludopatía, y aquí cobra principal relevancia mi segunda reserva. A pesar de todo el tiempo que llevan aquí casinos y casas de apuesta y que podríamos haber aprovechado para hacer los estudios y las estadísticas necesarias para elaborar un dictamen acompañado de una gran investigación nacional rigurosa y puntual, la Comisión Nacional contra Adicciones ha dicho, en 2012, que en Nuevo León una de las entidades federativas que cuenta con más casinos en el país se tienen registros de 173 casos vinculados al juego patológico. En la cultura mexicana hay comportamientos sociales considerados normales, como jugar a la Lotería y al cubilete, pero hoy se sabe que existen actitudes que pueden implicar consecuencias negativas y que pueden ir del juego problemático al juego patológico, así lo señaló, desde agosto de 2012, la jefa del Centro de Prevención de Adicciones de la Facultad de Psicología, de la Universidad Autónoma de México. Sin embargo, no ha habido tiempo, esta segunda reserva lo único que busca, es que se adicione un artículo transitorio décimo tercero que dice que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud, deba establecer programas de prevención, atención, tratamiento y seguimiento de los problemas generados por la adicción del juego, estos programas deberán tener suficiencia presupuestaria de hasta un 30 por ciento de los ingresos tributarios, recaudados del sector relacionado con esta ley. Es cuanto, señor presidente.