El diputado Carlos Alberto Guevara Garza: Presidente. Buenas tardes a todos. Compañeras, compañeros, es para mí un honor fijar la postura del Partido Verde, en torno al dictamen que propone reformar los artículos 25, 27 y 28 de nuestra Constitución Política, en materia de áreas y empresas estratégicas del Estado. Uno de los principales propósitos de esta reforma es devolverle a la Comisión Federal de Electricidad y a Petróleos Mexicanos su carácter de empresas públicas para fortalecerlas y que sigan siendo no solo palancas de desarrollo, sino también garantes de los recursos de la nación que utilicen en beneficio de esta. En este orden de ideas, se busca dejar claro en el texto constitucional que la rectoría del sistema eléctrico nacional corresponde al Estado. Esta se fue recuperando paulatinamente a través de diversas medidas implementadas por el gobierno del expresidente López Obrador, pero es necesario que vuelva a plasmarse en nuestra Carta Magna para terminar definitivamente con un modelo que permitió abusos por parte de los generadores privados y que puso en riesgo la viabilidad de la empresa pública. Decidir quién y cómo se generará y distribuirá la electricidad en nuestro país, definir si el control de la industria eléctrica debe quedar en manos del Estado o de los particulares, así como la fórmula más viable, eficiente, limpia y sustentable. Para producirla es del interés de todos los mexicanos, porque con ello no solo se está jugando el presente, sino el futuro de muchas generaciones. Devolver a la Comisión Federal de Electricidad y a Pemex la categoría de empresas públicas en lugar de empresas productivas significa que el gobierno puede incidir en la administración de estas entidades en forma directa o indirecta, no solo para asegurar que se proteja el interés nacional y el interés público, sino también para cumplir con la responsabilidad social que tienen estas empresas con la población. En este contexto, debemos señalar que el tema energético es una prioridad nacional, que el Estado está obligado a asegurar la continuidad del servicio eléctrico, preservando la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y procurando proveer al pueblo de electricidad al menor costo posible. Como ya lo dije, el modelo eléctrico que se instauró en nuestro país después de 2013 favoreció a un pequeño número de empresas del sector privado, otorgándoles beneficios indebidos en perjuicio de la Comisión Federal de Electricidad, lo cual afectó de manera significativa las finanzas públicas. Hace dos años, cuando se discutió y se votó en esta asamblea la reforma eléctrica, se hablaba de que esas afectaciones alcanzaban los 490 mil millones de pesos por año. Cabe destacar que antes de 2013, la participación de la Comisión Federal de Electricidad en la generación de electricidad era del 63 %, mientras que la de los privados fue del 37 %, 10 años después de la instauración de un nuevo modelo de generación, este porcentaje se invirtió y nos hizo susceptibles al acceso a la electricidad. Por ello, uno de los principales planteamientos del dictamen es el fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad para asegurar que los hogares, empresas e instituciones públicas del país sigan teniendo acceso a la electricidad y que lo hagan a un precio accesible. Es indispensable contar con una empresa pública fuerte, con sentido social, como la Comisión Federal de Electricidad, que ha electrificado prácticamente todo el territorio, haciendo llegar la luz a las comunidades más alejadas y marginadas, así donde no es rentable ni atractivo para los privados. Además, esta reforma transformadora acelerará el desarrollo nacional porque le otorga al Estado exclusividad en la extracción y explotación de litio garantizando la transición hacia una matriz energética basada en las energías renovables, limpias y sustentables. El Banco Mundial estima que la demanda de dicho elemento aumentará hasta un 500 % para el año 2050 en comparación a los datos observados en 2018. Finalmente, quiero destacar que el dictamen refrenda el compromiso de quienes conformamos la coalición sigamos haciendo historia de garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para todas y todos los mexicanos al establecer que el servicio de Internet que provea el Estado será área estratégica que no podrá considerarse monopolio. Cierro, en conjunto todo lo propuesto por el dictamen representa una apuesta por el bienestar de la población, por la soberanía y por un futuro más sustentable. Es cuanto, presidente.