El diputado Rodimiro Barrera Estrada: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para fundamentar a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción el dictamen respecto a la iniciativa que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La Comisión de Transparencia y Anticorrupción somete a consideración de esta honorable asamblea el dictamen que reforma el artículo 8o. de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, misma que presenta la labor realizada por nuestra comisión para impulsar disposiciones que generen condiciones equitativas entre los actores que participen en los procedimientos de contratación pública, a efecto de que estos sean más transparentes, que aseguren un correcto empleo de los recursos públicos y al mismo tiempo impulsen el desarrollo económico nacional en todos los ámbitos. La propuesta de reforma pretende fomentar la participación del sector social de la economía para que se vea beneficiado con programas de apoyo para que participen en los procedimientos de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, con la finalidad de fortalecer los organismos con enfoque social y de esta manera estos logren un flujo de recursos que les permita capitalizarse y competir en condiciones favorables. En este contexto se establece un mecanismo que facilita la expansión de la actividad económica del sector social, lo que fomenta la participación de los ejidos, organizaciones de trabajadores, cooperativas, comunidades, empresas que pertenezcan mayoritaria o exclusivamente a trabajadores y, en general, de todas las formas de organización social, para la distribución y consumo de bienes y servicios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. Con lo anterior se da observancia a lo dispuesto en la Carta Magna, en su artículo 25, pues corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional integral y sustentable para que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y de la riqueza, se permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales. Asimismo, debe referirse que corresponde al Estado planear, conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional. Donde deberán concurrir con responsabilidad social los sectores público, social y privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan a al desarrollo nacional. Y que, bajo criterios de equidad social y productividad, la Carta Magna mandata que se apoye e impulse a las empresas de los sectores social y privado de la economía, sujetándolos a modalidades que dicte el interés público y al uso en beneficio general de los recursos productivos, cuidando su conservación y el medio ambiente. Por lo que con la propuesta se cumple, a través de la vía legislativa, con el deber constitucional, consistente en apoyar e impulsar a los organismos del sector social de la economía, a la luz de criterios de equidad social y productividad, en pro del beneficio general y el interés público, como lo señala la Ley de la Economía Social y Solidaria, Reglamentaria del Párrafo Séptimo del Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al establecerse condiciones favorables para las formas económicas de organización social se abona para la consecución de la promoción, fomento y fortalecimiento del sector social, como un sistema eficaz que contribuya al desarrollo social y económico del país, a la generación de fuentes de trabajo digno, al fortalecimiento de la democracia y a la equitativa distribución del ingreso y a mayor generación de patrimonio social. Con la aprobación del presente dictamen se generan las condiciones y los mecanismos indispensables para incentivar la existencia de sociedades cooperativas y de todas las formas de organización económica social, pues se les reconoce como un motor importante en la activación económica, en tanto puede advertirse su existencia en cualquier actividad u oficio, llámese de construcción, de reparación, de construcción de vivienda, educativo, entre otros. Por todo lo anterior, a nombre de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, solicito su voto a favor del presente dictamen, pues con ello se dará un paso más en beneficio del sector social de la economía y en el robustecimiento del marco normativo que rige la contratación pública. Por su atención, muchas gracias compañeros legisladores.