El diputado Mario Alejandro Cuevas Mena: Muchas gracias por su atención, señor presidente. Creo que no voy a ocupar los nueve minutos. Compañeras, compañeros diputados, diputadas, el pronunciamiento del PRD en contra del dictamen de la minuta del Senado con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, y se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en particular sobre el tema de preponderancia, bajo el criterio con el que se rigen las leyes secundarias sobre el rol monopólico de una sola empresa, que sea planteado por sector y no por servicios, es el tema fundamental de la presente discusión. Lo han dicho anteriormente las diputadas y los diputados. Sin embargo, la posición de nuestro grupo parlamentario va más allá y tiene que ver esencialmente con la defensa y la promoción de la genuina competencia en comunicaciones y radiodifusión. Los derechos de las audiencias y el derecho de réplica, el impulso a los medios sociales, comunitarios e indígenas, a que se brinde acceso universal a las tecnologías de la comunicación, incluyendo Internet para todos y para todas, cuestiones que ya se establecieron en nuestra Constitución y que en esos términos habremos de defender, para evitar las regresiones que se pretenden mediante el presente dictamen. Este proyecto legaliza la concentración de la televisión de paga y mantiene disposiciones autoritarias para el control de los contenidos por parte de la Secretaría de Gobernación. Sin duda, el presente documento le queda a deber a la sociedad, no representa en realidad el avance que en esta materia requiere el país. La reforma constitucional que significó un avance democrático importante, en la que el PRD, lo subrayo, en la que el PRD jugó un papel relevante al recoger las banderas de diversos sectores de la sociedad, me permito advertir y reconocer el trabajo revisado en temas tales como, y como se ha dicho acá, que a partir del 1 de enero de 2015 los concesionarios de redes públicas de comunicaciones, que presten servicios fijos, móviles o ambos, no podrán realizar cargos por largas distancias, no se cobrará la consulta de saldo, otras bondades que dicen que se pueden ahorrar o nos podemos ahorrar los mexicanos, que van desde los 19 mil millones de pesos a los 22 mil millones de pesos anuales. Entonces, para qué esperarnos al 1 de enero, el país está estancado, la economía está estancada, por qué esperarnos hasta el 1 de enero. Por qué no, como planteaba al principio el diputado Raya, por qué no a partir de la publicación de que cuando ustedes lo aprueben, tanto el PRI, como el PAN, el Verde y el Panal, por qué no entra de una vez, para que de una vez los mexicanos y las mexicanas nos podamos ahorrar ese dinero del que tanto se habla. Y contrario a estos avances, existen también grandes deficiencias y tareas pendientes por resolver, entre ellas podemos enumerar, que las autoridades puedan bloquear la señal de Internet o telefonía cuando arbitrariamente lo deseen y podemos ser geolocalizados. Se mantienen disposiciones autoritarias en el control de contenidos y la posibilidad de censurar, intervenir y bloquear el acceso al Internet. Los proveedores podrán exigir pagos a usuarios para acceder a contenidos o sitios. Es decir, podrán poner cargos de estilo o pago por evento, habrá censura por derecho de autor. Con estas reformas se vuelven más estrictas las medidas tomadas en favor de los derechos de autor, de modo que se prohibirá la reproducción o compartir fragmentos de contenidos o hasta compartir fragmentos de música. Existen candados o controles a la autonomía del Ifetel. Se favorece el monopolio televisivo. Esta reforma carece de mecanismos efectivos para proteger los derechos de las audiencias y garantizar la pluralidad y el fomento de la producción independiente. Se mantiene la gratuidad en las tarifas de interconexión, lo que inhibiría el desarrollo de infraestructura y las inversiones en el sector. No plantea medidas de fomento a los medios sociales, en especial a las radios indígenas y comunitarias, las limita, las excluye, las pone a competir en condiciones de verdad desventajosas. Imagínese, tendrán que disputar un espacio en el espectro en condiciones de desigualdad con los medios comerciales. Por ejemplo, no podrán acceder a publicidad oficial o privada. Se carece de normas para hacer exigible el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y reducir la breca digital. Consecuentemente, es evidente que se avanzó en telefonía, sí, hasta el 1 de enero, no ahorita, pero faltó la televisión. Nuestro país necesita mayores avances a favor de la democracia, de la verdadera competencia y de los derechos de los usuarios. Por ello, nuestro pronunciamiento es por el uso democrático y amplio de las tecnologías de la información y de la comunicación, por un desarrollo verdaderamente integral y democrático del país. Y somos enfáticos en que estamos en contra del monopolio de la opinión pública. Por su atención, diputados, diputadas y por su amabilidad, presidente, muchas gracias.