La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores. Ante el panorama que presenta la situación de vida de las personas adultas mayores en el mundo, en el que un gran número de ellas sufre de abandono y marginación y siendo México un país que presenta un gradual envejecimiento de la población como consecuencia directa de la transición demográfica, transición que trae consigo variados y complejos retos para la atención integral de los adultos mayores, y en particular, para el gobierno, estos retos los habremos de enfrentar en todos los ámbitos de la vida nacional en un corto plazo. Es por eso que el envejecimiento de nuestra población ha adquirido una gran importancia para las políticas de la población. Tan sólo en el 2008 había en México 6 millones de adultos mayores de 65 años, 5.6 por ciento de la población total, con una tasa de crecimiento anual de 3.5 por ciento con relación al año anterior, estadística que sin duda continuará creciendo hasta alcanzar su máximo en la cuarta década del presente siglo. Es un hecho que la evolución futura de la población de adultos mayores, cuyo crecimiento es el más elevado, planteará enormes desafíos para la política social ya que tendrá que emprender un giro sustancial en su enfoque para la atención de las problemáticas propias del envejecimiento. La promoción y protección de todos los derechos humanos y libertades fundamentales será una lucha contra la discriminación por motivos de edad que lacera la dignidad de las personas adultas mayores. Por ello es imprescindible asegurar el respeto que estas personas merecen. Frente a este desafío, nuestro país presenta avances importantes en la adecuación del marco legal; no obstante, es insoslayable trabajar para lograr una efectiva protección de los derechos humanos, principalmente de los grupos de población más vulnerables, como es el de los adultos mayores. El 25 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, la cual tiene por objeto garantizar el ejercicio de los derechos de las personas mayores, así como establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento. No obstante lo anterior, se estima necesario reforzar esta legislación y darle sustento constitucional. Por ello, a través de esta iniciativa, se propone adicionar un párrafo al artículo 4o. constitucional para establecer que las personas adultas mayores tienen el derecho a una vida digna y de respeto, que la ley deberá establecer los instrumentos y apoyos necesarios para garantizar los derechos de estas personas adultas mayores. Con esta adición, se busca también coincidir con las medidas del Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento 1982. Una de las medidas de este Plan de Acción, que resolvieron adoptar los representantes de los gobiernos reunidos en la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento, celebrada en esta ciudad, fue la de elaborar y promover ampliamente un marco normativo en donde exista una responsabilidad individual y colectiva de reconocer las contribuciones pasadas y presentes de las personas adultas mayores, procurando contrarrestar mitos e ideas preconcebidas y, por consiguiente, tratar a dichas personas con respeto y gratitud, dignidad y consideración. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, ante este panorama es un hecho que debemos garantizar el reconocimiento de la dignidad de las personas adultas mayores, eliminar todas las formas de abandono o abuso y violencia que las afecta. Muchas personas de edad envejecen con seguridad y dignidad, y también potencian su propia capacidad para participar en el marco de sus familias y comunidades. Los exhorto a sumarse a esta iniciativa con el fin de impulsar el reconocimiento de la autoridad, la sabiduría, la dignidad y la prudencia que son fruto de la experiencia de toda una vida de las personas adultas mayores. Muchas gracias. Solicito que el texto íntegro de la iniciativa sea publicado en el Diario de los Debates.