El diputado Miguel Ángel García Granados: Muchas gracias, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la iniciativa que hoy pongo a consideración de esta soberanía conlleva el firme propósito de reformar la fracción I del artículo 27 constitucional y algunas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, con el más firme propósito de alentar la inversión, detonar la economía y el crecimiento económico de una zona importante del país, así como ir dejando de lado nacionalismos trasnochados que lo único que han provocado es la parálisis económica de una buena franja de este país. En razón, señor presidente, de encontrarse inserta en la Gaceta Parlamentaria, solicito respetuosamente que se incluya íntegra esta intervención y el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Desde que este México nuestro nació, después de la lucha de Independencia de 1810, sustentado en argumentos que respondían a la realidad social de principios del siglo XX y heredada precisamente de los acontecimientos que se sucedieron a partir de la Independencia de nuestro país, constantemente amenazado por la invasión de tropas extranjeras, los Constituyentes de 1917 determinaron que solamente los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tenían derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones. Así quedó plasmado en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre otros considerandos, los Constituyentes invocaron la conveniencia que significa para el interés público el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación privada. No obstante, el mismo artículo establece en sus preceptos que el Estado podrá conceder derecho de dominio de tierras y aguas a los extranjeros. Para el efecto y al amparo de la Ley de Inversión Extranjera, personas físicas extranjeras, a través de fideicomisos constituidos con instituciones de crédito han podido adquirir derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas. Aclaro, han podido adquirir derechos de uso, goce y disfrute de las mismas, pero nunca la nuda propiedad, pero incluso a las sociedades mexicanas con inversión extranjera y con tenencia accionaria de hasta el 100 por ciento les es permitido adquirir bienes en la zona restringida para casi todo tipo de objetos sociales, excepto los establecidos en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 de la Ley de Inversión Extranjera. Hay en ello, pues, una suerte de incoherencia, porque en la Carta Magna se establece que por ser extranjeros éstos no pueden adquirir bienes inmuebles en la zona restringida, en tanto que en la práctica esta prohibición se ha venido evadiendo históricamente al posibilitarse, para efectos de la inversión, la constitución de fideicomisos en los que los bancos fiduciarios figuran como "propietarios" de los bienes adquiridos por los fideicomisarios. Si analizamos la situación actual de la banca el absurdo es todavía mayor, porque preguntémonos, ¿hay acaso una banca nacional? La gran mayoría de los bancos tienen inversión extranjera y la mayoría son y cuentan con capital extranjero. Vale entonces decir que frente a la realidad social de principios del siglo antepasado, hoy el panorama es diferente frente a las enormes oportunidades de inversión que ofrece una economía globalizada, máxime que no se tiene registro de que en algún país la prohibición de adquirir el dominio directo de inmuebles en las fronteras y en las costas, por algunos extranjeros, haya sido una estrategia suficiente que haya disuadido una invasión extranjera. Por estas razones debemos motivarnos a procurar una reforma al artículo 27 de la Constitución y de la Ley de Inversión Extranjera, de manera tal que con esto se garantice la certeza de protección jurídica que demandan precisamente potenciales inversionistas. Certeza jurídica que desde luego se hace extensiva a los estados-nación que, al igual que los particulares, cuentan para ello no sólo con tribunales internos, sino también de carácter internacional para dirimir eventuales controversias en materia de propiedad de tierras. Muchísimas gracias, señor presidente.