El diputado Pedro Ávila Nevárez: Pedro Ávila Nevárez, diputado federal por el estado de Durango, ante esta honorable asamblea y con fundamento en los artículos 23 inciso f), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, 6º numeral 1, fracción II, del Reglamento de la Cámara de Diputados, 71 fracción II, párrafo final, del propio artículo 72, 73 fracciones X y XXIX, numeral 2º y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito proponer ante este elevado cuerpo legislativo, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan la Ley Minera; la Ley Federal de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, con base en lo siguiente antecedentes. El 5 de octubre de 2010, el suscrito presentó iniciativa que adiciona diversas disposiciones de la Ley Minera, sin embargo, no se consideraron varios elementos que considero importantes y que la presente iniciativa retoma y complementa, a través de proponer a esta asamblea un proyecto de decreto que reforma y adiciona a la Ley Minera; la Ley Federal del Trabajo; la Ley de Derechos y la Ley de Coordinación Fiscal, cuyo objeto es generar recursos económicos provenientes de la aplicación de derechos a la explotación minera, conforme lo estatuye el artículo 262 de la Ley Federal de Derechos, que mandata que están obligadas a pagar derechos sobre minería, las personas que desarrollen trabajos relacionados con la exploración o explotación de sustancias o minerales, y a partir de ellos constituir un fondo federal que permita distribuir a las poblaciones por medio de los estados, municipios y el Distrito Federal, en donde se encuentren asentadas las minas, un porcentaje mayoritario conforme a la Ley de Coordinación Fiscal. En este mismo sentido, varios senadores de la república; Tomás Torres Mercado; Rosalinda López Hernández; Guillermo Tamborrel Suárez; José Guadarrama Márquez; José Luis García Salvidea; Julio César Aguirre Méndez y Francisco Arroyo Vieyra, de los grupos parlamentarios del PAN, PRD y del PRI, lo que demuestra un consenso político de la necesidad de legislar en esta materia, presentaron el 19 de octubre de 2010 una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la Ley Federal de Derechos y se adiciona la Ley de Coordinación Fiscal. Expuesto lo anterior y, con el deseo de ser propositivo, después de estudiar la iniciativa de los CC. Senadores de la República con la que coincido plenamente incluyendo el nombre del Fondo para el Desarrollo Sustentable de las Entidades Federativas y Municipios Mineros en la parte conducente a que los logros económicos de la actividad minera nacional no se han traducido en beneficios directos a los municipios y comunidades donde se explotan las minas, sin embargo los colegisladores omitieron tratar la parte correspondiente a los derechos laborales plenos de los mineros que requieren contar con un instrumento legal que les garantice sus derechos. Tal es el caso del contrato ley, instrumento legal que les garantice sus derechos. Tal es el caso del contrato ley previsto en la fracción III del artículo 27 de la Ley Minera que tiene por objeto proteger a los trabajadores de esta importante industria nacional que se desarrolla a lo largo y ancho del territorio nacional en todas las entidades federativas, requiriendo una adición a la Ley Minera que reconozca la obligación de los titulares de las concesiones mineras a cumplir en todos sus términos con los contratos de ley para la industria minera, que garantice salarios mínimos profesionales a los trabajadores mineros que actualmente no existen, así como los servicios de salud necesarios que resulten de dicha actividad, independientemente de los contratos colectivos de trabajo. Para ello se propone adicionar el Capítulo Octavo Bis, Trabajadores de la Industria Minera a la Ley Federal del Trabajo. En lo que también manifiesto mi coincidencia con los senadores es en la necesidad de construir una política minera que no sólo permita el aprovechamiento nacional y justo de los recursos mineros, sino también que los beneficios económicos sean compartidos a la población a través del pago de un derecho de extracción minera por los concesionarios destinados a un fondo de extracción minera, adicionando a la Ley de Coordinación Fiscal cuyo reparto sea mayoritario. Es decir, en un 80 por ciento para las entidades federativas y el 20 por ciento a la federación de los recursos fiscales captados, debiendo, en consecuencia los Congresos locales, legislar en igual sentido para mantener el sentido de la Ley de Coordinación Fiscal. Por lo expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Primero. Se adiciona la fracción III al artículo 27 de la Ley Minera, para quedar como sigue: Artículo 27. Los titulares de concesiones mineras, independientemente de la fecha de su otorgamiento, están obligados a: III. Cumplir en todos sus términos con el contrato de ley para la industria minera, que tendrá aplicación en todo el territorio nacional. El no cumplimiento de esta obligación, será motivo de la suspensión de la concesión, por una vez, y de la cancelación definitiva por parte de la Secretaría en caso de reincidencia. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se adiciona el Capítulo VIII Bis Trabajadores de la Industria Minera a la Ley Federal del Trabajo, para quedar como sigue: Capítulo VIII Bis Trabajadores de la Industria Minera. Artículo 284-A. Trabajadores mineros son los que realizan los trabajos propios y habituales de la minería en todas sus etapas, exploración, explotación y transformación, al servicio de un patrón. Artículo 284-B. Los trabajadores mineros y los patrones se regirán por las disposiciones generales de esta ley. Artículo 284-C. Las condiciones de trabajo se sujetarán a lo dispuesto en el Capítulo IV Contrato Ley. Artículo 284-D. La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fijará los salarios mínimos profesionales que deberán pagarse a estos trabajadores. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Tercero. Se reforman los artículos 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 270 y 271, de la Ley Federal de Derechos, para quedar como sigue.