El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras, compañeros diputados. En ejercicio de las facultades que nos confiere el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos diputados del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional sometemos a consideración de esta Honorable Cámara de Diputados, iniciativa de decreto por la que se reforma la fracción VIII y se adiciona la fracción IX del artículo 74 de la Constitución Política mexicana y se expide la Ley Federal que Regula la Participación del Sector Privado en los Proyectos para Prestación de Servicios, conforme la siguiente Exposición de motivos La asociación público privada —APP por sus siglas— engloba una diversidad de vertientes de inversión en el que participan los sectores público y privado; esquema a través del cual se otorgan a los particulares concesiones y proyectos de infraestructura productiva de largo plazo. Este modelo de asociación tiene su origen en la figura de proyectos público-privados que se ha implementado en otros países con éxito, tales como Reino Unido, España, Portugal y Alemania, entre otros. Dicho esquema se ha utilizado en diversos campos del sector público como servicios de salud, educación, transporte, servicios municipales, carreteras y vialidades, entre otros. En México, las asociaciones público privadas existen desde hace varios años, advirtiéndose básicamente en los sectores carreteros, de agua, en Fonatur y Fintra, así como en suministro de bienes y servicios. Una asociación público privada (APP) es el mecanismo de participación entre el sector público y privado. Los proyectos para la prestación de servicios (PPS) son un esquema particular más de las APP. En 2002 el gobierno mexicano comenzó a evaluar el esquema de PPS y a diseñar su marco regulatorio y operativo. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la que ha impulsado y desarrollado este tipo de proyectos. Los proyectos para la prestación de servicios, por sus siglas (PPS), son entonces una modalidad de participación pública y privada en la cual el sector privado presta servicios en apoyo al gobierno, para que éste a su vez preste un servicio público. Este esquema de asociación permite que se compartan las capacidades, los recursos y fortalezas de los sectores público y privado para ofrecer servicios de mayor calidad a la población. Entre los beneficios que proporcionan los PPS se pueden contar los siguientes: permite que los usuarios tengan acceso a mayores servicios públicos y de mejor calidad; ayuda a los órganos de administración pública a cumplir con mayor eficiencia y eficacia la responsabilidad que se tiene asignada; genera empleos tanto en la construcción de infraestructura como en su operación; amplía la participación de inversionistas en el desarrollo de la economía; contribuye a mantener niveles óptimos de calidad en los servicios públicos a largo plazo; reduce o elimina los retrasos y sobre todo costos en el desarrollo de los proyectos y posibilita que la población pueda recibir con oportunidad los beneficios de obras y acciones públicas. Los PPS funcionan mediante un contrato de servicios de largo plazo, a través del cual el inversionista proporciona servicios al sector público, haciéndose cargo eventualmente del diseño, financiamiento, construcción, mantenimiento y servicios relacionados. La responsabilidad final la tiene el sector público. Los PPS son evaluados a través de un catálogo de servicios, parámetros y niveles de calidad definidos en el contrato. Es importante señalar que los PPS, como esquema de colaboración y vinculación entre entidades públicas y particulares, no incrementan la deuda pública; por el contrario, constituyen instrumentos eficaces para solucionar los problemas que generan las limitaciones de la capacidad financiera del sector público. Para poder lograr todos y cada uno de los objetivos antes establecidos se propone reformar el texto del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que esta soberanía popular quede expresamente facultada para aprobar los proyectos para prestación de servicios y para incluir en el Presupuesto de Egresos las asignaciones correspondientes que excedan de un ejercicio fiscal. Asimismo, la reforma constitucional permitirá facultar a esta Honorable Cámara de Diputados para aprobar la afectación como garantía o fuente de pago de los ingresos y derechos del gobierno federal que deriven de contribuciones, productos, aprovechamientos, accesorios o cualquier otro concepto susceptible de afectación, cuando tales afectaciones puedan autorizarse no solamente para garantizar deuda pública, sino para garantizar otras obligaciones que deriven de los contratos para prestación de servicios. Lo anterior redundará en mayor solidez financiera de los proyectos, lo que deberá implicar un menor costo para los entes gubernamentales y permitirá atraer un mayor número de inversionistas. El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional está convencido de las bondades de las iniciativas que se proponen, ya que a través de ellas el gobierno federal podrá ampliar cobertura y calidad de los servicios públicos, en beneficio del país. Por lo antes expuesto, sometemos a la alta consideración de esta Honorable Cámara de Diputados la iniciativa de reforma y adiciones al artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e iniciativa de Ley Federal que Regula la Participación Privada en Proyectos para la Prestación de Servicios, los PPS, adjuntando los proyectos y decretos respectivos para que, si se estima procedente, se apruebe en sus términos. Es cuanto. Hago entrega del texto.