La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores. El día de hoy nuestra honorable Cámara de Diputados se permitirá conmemorar un aniversario más de las Constituciones mexicanas, promulgadas una en 1857 y la otra en 1917, ambas en la ciudad de Querétaro. Sobre este tema versaré mi intervención. Primero. Es de dominio escolar que con su lucha dentro y fuera del Congreso constituyente, nuestros antepasados liberales consiguieron aprobar y elevar a rango de ley las libertades individuales que tanto demandaban los mexicanos. La libertad de creencia, de escribir, comerciar, de pensar, de enseñanza y, sobre todo, la de ejercer el poder ciudadano, el poder civil frente al poder de la Iglesia y contra todos aquellos enemigos de la nación, que deliraban entonces por el regreso de la monarquía. Que fue la Constitución Liberal de 1857, junto con las Leyes de Reforma, la que inició el desmantelamiento jurídico de la Colonia, la que encauzó a la República por la ruta de su independencia. Y 60 años después, la Constitución de 1917 -producto de una revolución armada- nos heredó una legislación con profundo sentido social para asegurar a los mexicanos derechos laborales frente a los poderosos y frente al capital, para certificar el derecho a la propiedad de la tierra, el derecho a una educación popular, laica, obligatoria y gratuita; el derecho a la salud, al trabajo y, junto a él, el consagrado derecho de huelga. La Constitución del 17 reivindica, entre todo esto, la propiedad de la nación sobre el subsuelo y los hidrocarburos. Estas primeras referencias históricas nos llevan a compartir este día con las compañeras y compañeros legisladores una pregunta que pudiera ser atendida en el trayecto mismo de los debates. ¿Qué podemos nosotros hacer, diputadas y diputados de la LXII Legislatura para preservar el espíritu de esas conquistas plasmadas en la Constitución por nuestros antepasados? ¿En qué untos estaremos dispuestos a converger para detener el curso del desmantelamiento de sus principales articulados? Es innegable que por el giro de las reformas a la Carta Magna durante los últimos años, estamos en presencia de una contrarrevolución constitucional y que a ésta la engendra un grupo de nuevos conservadores empollados al calor de las privatizaciones con más de 30 años asumiendo de facto del poder de la República. Desde el gobierno de Miguel de la Madrid, hasta nuestros días, los golpes a las conquistas de clase trabajadora y a las demás capas de la sociedad, llámese campesinos, estudiantes, mujeres, jóvenes, indígenas, etcétera, han continuado ininterrumpidamente. Pero habrá que agregar que este escarnio a la sociedad mexicana sólo fue posible y consumado gracias al consentimiento de una mayoría parlamentaria evidentemente conservadora que operó y sigue operando desde entonces y en los diferentes periodos legislativos. Resulta altamente grotesco que mientras la honorable Cámara de Diputados debate desde la intelectualidad legislativa sobre los derechos de los mexicanos en el marco de la Constitución, el día de hoy hay miles de ciudadanos en todo el país que se manifiestan en las calles precisamente contra la devastación de los derechos plasmados en nuestra Carta Magna. Me refiero a los compañeros trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, el SME, a quienes el responsable del Poder Ejecutivo saliente, violando todos sus derechos laborales establecidos ya por la Constitución del 17, extinguió su fuente de trabajo dejando sin empleo a más de 40 mil trabajadores; pero no es éste el único sector que se manifiesta tan activamente, allá afuera también están los maestros. Y es que la reforma educativa está imprimiendo una clara y obstinada tendencia a la privatización de la educación para que el Estado se desatienda de su obligación constitucional y sean los padres de familia los que se hagan cargo del mantenimiento financiero de los planteles escolares. El grueso de maestros no ha sido tomado en cuenta para ese ni para otros muchos asuntos relacionados con su profesión. Otra reforma a la Constitución es la realizada en su artículo 123 recientemente. Se trata en realidad de una contrarreforma laboral que atenta directamente contra el derecho constitucional al trabajo ahí establecido. La medida deja desprotegido al trabajador y da todas las garantías al patrón para la inadmisible excoriación de los prestadores de servicios. Con el subterfugio de la globalización el obrero y los empleados quedan, con esta medida, prácticamente en la orfandad laboral. Su derecho a huelga pasa a convertirse a mera referencia histórica y los sindicatos dejan de ser un instrumento elemental de clase para desvanecerse en el camino de la contratación individualizada y del destajo. Qué decir del derecho a la tierra y la formación de los ejidos colectivos conquistados por la Revolución Mexicana y consagrados en la Constitución de 1917, pues que con la reforma del periodo salinista décadas después, estas conquistar perdieron todo su sentido social, que los gobiernos abandonaron a los campesinos y al campo y que las tierras en suelo mexicano dejaron de producir. Ahí están como prueba de lo que digo, los 18 mil millones de dólares que México destina para la importación de alimentos. La reforma legal al ejido, acabó con la organización campesina y las diversas formas de productividad en el campo. Los campesinos empezaron a vender sus parcelas y gente acaudalada de la ciudad empezó a acaparar cientos y miles de hectáreas anidando el latifundio que tanto combatió la Revolución. Los campesinos siguen emigrando al vecino país del norte y las tierras continúan improductivas. Quiero terminar esta participación con unas cuantas y breves cuestiones. Quién de entre nosotros puede realmente sentirse orgulloso u orgullosa del contenido actual de nuestra Carta Magna si, como hemos visto, ha venido siendo mutilada durante los últimos años. Es necesario mencionar que a 96 años de la Constitución del 17 poderes extranjeros y nacionales presionan a sus grupos parlamentarios en México para acelerar la aprobación de la reforma energética que aseguraría el marco legal para la privatización del petróleo mexicano y que con ello estaría transgrediéndose una vez más el contenido de nuestra Carta Magna. Para quienes dudan de esto, habrá que correlacionar esta pretensión sobre la joya de la corona con el hecho de que ya se permite en México la participación de particulares en la prestación del servicio eléctrico y que hoy más del 50 por ciento de la generación de esta energía está en poder de empresas particulares nacionales y extranjeras, violando el párrafo sexto del artículo 27 que lo prohíbe. Por eso para nosotros, el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, un día como hoy se convierte en una oportunidad para el debate de las ideas, para establecer las diferencias entre nuestra moral y la de los nuevos conservadores, para recordar desde esta la más alta tribuna de la nación que todos los agravios contra los derechos y la vida de los mexicanos no son definitivos ni que sobre ellos está dicha la última palabra, que en un día como hoy tampoco olvidaremos el desprecio que el Estado mexicano tiene por la demanda popular del sufragio efectivo, como así ha quedado demostrado durante las últimas elecciones presidenciales. Junto a otros legisladores y a los movimientos sociales en activo que se desarrollan por todo el país, mantendremos nuestros esfuerzos por detener la contrarrevolución legislativa de la misma manera y pareciera esto una paradoja que mantendremos la idea de que la defensa del petróleo mexicano y de la soberanía nacional pasa necesariamente por la defensa de nuestra Constitución mexicana. Es cuanto, señor presidente.