El diputado Jorge Alberto Juraidini Rumilla: Muchas gracias. Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores, vengo a hacer uso de la tribuna para presentar de manera respetuosa, a la consideración de esta honorable asamblea, una iniciativa de reformas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. La propuesta contenida en dicha iniciativa parte de un punto concreto de la realidad que se vive en la práctica cotidiana al aplicar esta ley, para lo cual, debido a mi participación en la Comisión de Función Pública, he intentado recoger la preocupación de diversos actores sociales que participan en diversas licitaciones públicas, ante quienes nosotros los legisladores tenemos la responsabilidad política de escuchar y representar en sus intereses legítimos. Es por ello que a fin de perfeccionar la ley mediante su adecuación oportuna, estimo necesario reformar el citado ordenamiento con base en las siguientes Consideraciones Como es sabido, el artículo 134 constitucional exige para el adecuado ejercicio de la función pública, garantizar la contratación de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios para el sector público, mediante licitación pública, cumpliendo con determinados requisitos que la propia norma fundamental y la ley reglamentaria establecen. Así entonces, se previene que la adjudicación de contratos por parte del sector público se llevará a cabo por regla general a través de licitaciones públicas, y mediante una convocatoria que permita la participación justa y equitativa de diversos concursantes en condición de igualdad, con el propósito de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y de las demás condiciones pertinentes. En ese contexto, los tiempos actuales se caracterizan por el veloz desarrollo científico y tecnológico, que va abriendo constantemente diferentes opciones tecnológicas aplicadas a bienes servicios que compiten en los mercados con una tendencia a disminuir el costo. Es por ello que se propone adicionar un artículo 29 Bis en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ubicado en esa posición conforme a su contenido por razones de técnica legislativa, en el que se establezca que las dependencias o entidades convocantes en un proceso de licitación tienen prohibido el establecimiento de requisitos o características técnicas que induzcan a la preferencia o exclusividad de alguna tecnología o marca en particular, o bien, de productos o servicios de algún fabricante, distribuidor o prestador en específico. En esencia, la reforma pretende garantizar la neutralidad tecnológica en los procedimientos de licitación pública para evitar que, desde la descripción de las especificaciones técnicas contenidas en las bases de una licitación, se induzca injustamente la preferencia por una determinada tecnología en detrimento de la transparencia y la legalidad. En la exposición de motivos de la iniciativa que vengo a someter a su consideración se explican de manera pormenorizada todos los detalles del caso. Por lo cual no considero necesario en este momento abundar en dicha iniciativa. Por todo lo anterior, solicito a la Mesa Directiva de esta Honorable Cámara sea turnada la iniciativa citada en los términos legales y reglamentarios, para que sea analizada en su oportunidad y por los integrantes de las comisiones legislativas conforme al proceso legislativo. Es cuanto, señor presidente, gracias.