El diputado Juan Romero Tenorio: Con la venia de la Mesa Directiva. Diputadas, diputados, en lo personal presento algunas reservas. La posición de mi grupo parlamentario, entendemos la preocupación del diputado Jorge Enrique Dávila, no hay capacidad para instrumentar los juicios orales. El asunto es que no estamos acostumbrados a exigir rendición de cuentas. Juicios orales está legislado en el Código de Comercio desde el 27 de enero de 2011, 27 de enero de 2011 se establecen los juicios orales como un medio para resolver los problemas en la materia. Han pasado siete años y ni el Poder Judicial federal ni los Poderes Judiciales de las entidades se han aplicado para implementar los mecanismos que garanticen la viabilidad de juicios orales. Siete años. En diciembre del año pasado aprobamos una reforma en la cual se modifican algunos procedimientos y disposiciones de juicios orales. En esa reforma se establece un proceso por etapas para darle viabilidad a los juicios orales. Los transitorios de la reforma publicada en el Diario Oficial el 25 de enero de 2017 establecen un año para la implementación de los juicios orales, y aún más, gradualmente se establecen tres etapas para atender estos juicios en función de la cuantía. La primera cuantía está cerca de los 650 mil pesos, primer año. Segundo año se eleva la cuantía a un millón y medio de pesos para atender este tipo de jucios, y tercer año, que sería 2020, se deja ya libre los juicios orales para cualquier cuantía en la materia. No obstante de que se establece un año para ejercer las prácticas administrativas o procedimentales que garantizaran estos juicios, como lo señala el diputado Jorge Enrique Dávila, los tribunales superiores de los estados plantean una problemática en su ejecución. Lo entendemos, el problema es que la iniciativa que presenta el mismo diputado presidente de la Comisión de Economía señalaba una prórroga de seis meses para la implementación de estos juicios en los estados. El Senado hace mal la tarea y la hace pésima, modifica todo el sistema para aplicar juicios orales y establece tres fechas diferenciadas. Tenemos un problema de aplicación de esta reforma que estamos por aprobar, porque entiendo que la mayoría lo va a aprobar, de su operación. La reforma del año pasado ya entró en vigor el 21 de enero de este año, a partir del 26 de enero los tribunales han recibido juicios que entran en el supuesto de la cuantía menor a un millón de pesos. Con la reforma que proponemos queremos regresar la cuantía menor, que es de 650 mil pesos y establecemos una gradualidad que es confusa. La propuesta que viene del Senado, párrafo segundo, tercero y cuarto, son confusos con lo que dispone el párrafo Tercero, Cuarto y Quinto transitorio, establecen fechas diferenciadas y montos diferenciados para los mismos asuntos. Esa parte fina de estas observaciones las haremos cuando presentemos nuestras reservas. Es un problema de aplicación de la ley, que no solo es responsabilidad de esta Cámara, es responsabilidad de los poderes judiciales. Siete años que en la ley se estableció juicio oral como un medio de garantía para los gobernados, no es posible aplicarla aún. No es cuestión de recursos, es cuestión de responsabilidad de los operadores de la ley. En esta parte los tribunales federales y locales han sido omisos en cumplir con lo que aprobó esta Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en 2011. Ahora, de nueva cuenta, se pretende una nueva prórroga. Nueve años vamos a requerir para aplicar juicios orales en nuestro país. Esto es absurdo. Es cuanto, presidenta.