La diputada María Elia Cabañas Aparicio: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: de acuerdo con el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a la protección de la salud, debiendo establecer las leyes, las bases y las modalidades para el acceso a los servicios de salud, así como la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. El referido postulado constitucional resulta acorde con lo previsto en diversos instrumentos protectores de los derechos humanos, a todos los cuales se ha adherido nuestro país en el ejercicio de su soberanía, entre ellos la declaración universal proclamada por la asamblea general de la ONU, la cual establece, en su artículo 25, que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y los servicios sociales necesarios, los cuales se han integrado a nuestra Carta Magna como consecuencia de la reforma constitucional de 2012. La protección del derecho humano a la salud en nuestro país opera con base en distinciones, pero concebidas bajo un espíritu de justicia social fundamentado en la idea de que debe tratarse de forma desigual a los desiguales. Esta forma de concebir a la salud en tanto elemento dirigido a subsanar las inequidades en una sociedad marcada desgraciadamente por las enormes diferencias sociales nos ha llevado a elaborar políticas públicas destinadas a favorecer a los sectores más desprotegidos. Entre ellos los menores pertenecientes a los extractos más depauperados, esto encuentra sustento en el artículo 4o de la ley fundamental en el que se establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena los derechos; los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de salud para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. El acatamiento de lo anterior, los tres niveles de gobierno han puesto en marcha diversos programas con los cuales se promueve la atención constante de las niñas y los niños durante los primeros años de vida, ya que la prevención y atención de las enfermedades puede ser factor importante para que en un futuro esta niña o niño pueda tener una edad adulta saludable. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha manifestado la urgente necesidad de abrir nuevos caminos para el cuidado constante de las niñas y niños, de cero a cinco años de edad, pues la falta de tratamiento médico puede causar la muerte de muchos de ellos menores de edad, ya que según sus estadísticas, en el 2011, 6.9 millones de niños murieron alrededor del mundo antes de cumplir los cinco años, siendo las causas principales de esto la neumonía, las complicaciones por parto prematuro, la diarrea, la asfixia perinatal y la malaria, así como problemas de mala nutrición. Desgraciadamente esta situación no es ajena a México, ya que el INEGI realizó un estudio el año pasado del cual se desprende que tan solo de los niños de cero a un año de edad fallecen 13.7 de cada mil, registrándose entre las principales causas de mortalidad en niñas y niños en un rango de cero a cuatro años, son las malformaciones congénitas, anomalías cromosómicas, neumonías y accidentes de transporte. Para reducir estos niveles de mortandad resulta importante que la falta de recursos económicos no sea motivo para que un niño o una niña de esta edad se le nieguen los cuidados y tratamientos médicos necesarios para evitarle algún daño permanente o, incluso, la propia muerte. La naturaleza de la reforma que estamos discutiendo es el garantizar los servicios de salud a todos los menores de cero a cinco años de edad que lo necesiten, a pesar de no contar con un seguro público o privado, o no cuente con los recursos necesarios para su tratamiento, ya que si bien el Estado no debe hacer distinción ante ninguna persona, también es prioridad del mismo el atender las necesidades de aquellas que más lo necesitan y que menos tienen. Esta es considerada una iniciativa muy noble, ya que por un lado otorga certeza sobre la prestación gratuita de servicios médicos por parte del Estado a aquél sector de la población, sino que clarifica esta laguna legal que así entender que los beneficiarios eran aquellos quienes tenían más ingresos, por lo que iba en contra de los principios protectores de la ley. Sin embargo, y aunque estamos convencidos de la necesidad de aprobar la reforma propuesta por la colegisladora, creemos que con las adiciones agregadas a la minuta por esta Cámara, arribaremos a un mejor instrumento legislativo que permita consolidar la atención de los menores más desprotegidos del país, lo que contribuirá a reducir las brechas existentes de nuestra sociedad, razón por la cual los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente.