El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: El ejercicio de la glosa nos da la oportunidad para comentar grosso modo la evaluación de sus acciones en política interior a lo largo de casi seis años de gobierno, aunque -hay que decirlo- el germen se haya incubado cuando menos desde hace 24 a 30 años. Si bien no cuenta con representantes de su gabinete que vengan a explicarnos lo que ha querido decir entre líneas, o más bien, lo que no nos haya querido informar este gobierno fallido, en algunas exposiciones que han antecedido se ha visto que cuenta con algunos voceros en la defensa de las políticas públicas, implementada en el sexenio de Calderón Hinojosa. Sin afanes provocadores pero sí con el ánimo de reflexionar sobre el estado de las cosas que deja la administración pública federal actual, en esta breve exposición invito a esta honorable asamblea las siguientes reflexiones. Por cuanto hace a la política interior, en el anexo de la Secretaría de Gobernación cito: se desglosan las diversas acciones que se han realizado, con el objetivo de que los mexicanos puedan vivir en condiciones de certeza y tranquilidad, fortaleciendo nuestras instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia en los tres órdenes de gobierno, con mayores recursos y mejores capacidades humanas y técnicas. Pretensiones demasiado elevadas si tomamos en cuenta las acciones que se informan. Por ejemplo, en el tema de seguridad pública, en casi tres páginas se presentan las acciones realizadas por el Cisen, como el órgano de inteligencia civil del Estado mexicano, encargado de producir inteligencia y contrainsurgencia para la toma de decisiones. Dentro de sus atribuciones se encuentra la de proponer medidas de prevención, disuasión, contención y desactivación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional, que pretendan vulnerar la soberanía, el territorio, las instituciones, la gobernabilidad democrática o el Estado de derecho de nuestra nación. De las actividades del Cisen se rinde cuenta en términos generales, de seis acciones en mejora de desempeño institucional, tres del sistema de integración, información y análisis de seguridad nacional y nueve acciones de cooperación internacional. No existe información básica que permita concluir el alcance de sus objetivos institucionales y su contribución a la atención de conflictos, contención y desactivación de riesgos y amenazas a la seguridad nacional o contribución a la gobernabilidad democrática. Así, cada uno de los siete apartados del tomo de la Secretaría de Gobernación incumplen con los principios básicos de la información pública gubernamental, transparencia y rendición de cuentas. La presentación de acciones con información general y datos inconexos impide conocer el cumplimiento de las atribuciones y la eficiencia y eficacia de los mismos. Cada uno de los apartados es un islote de datos que no se relacionan con los otros que presenta la misma secretaría. No existe una información relacionada entre dependencias del Poder Ejecutivo que exponga la racionalidad del presupuesto público y la funcionalidad de estructuras democráticas que justifiquen gastos e inversiones. La información que se presenta no refleja la situación real de la administración pública y de los efectos de la implementación de las políticas públicas, del uso de la organización de sus estructuras de gobierno y las relaciones que se generan en el ámbito del poder público en la administración de conflictos. Por referirme a uno de los temas de política interior que más preocupan a la población de acuerdo con las encuestas sobre evaluación de gobierno y percepción de inseguridad en México como el elaborado por Flacso sobre gobernabilidad y convivencia democrática en América Latina, el de Consulta Mitofsky, encuesta sobre percepción de inseguridad ciudadana en México, o en México, evaluación de gobierno, o bien, de las encuestas que realiza el propio Inegi, la percepción ciudadana sobre inseguridad, desempleo y pobreza no es coincidente con las metas alcanzadas que el Ejecutivo federal presenta en su VI Informe de Gobierno. De los sondeos de opinión, un 70 por ciento de personas afirman haber vivido la cercanía familiar de un delito. Se percibe un aumento de los delitos graves, tráfico de drogas, homicidios, secuestros y extorsión. En el combate a la delincuencia organizada, la información estadística que proporciona cada dependencia del Ejecutivo federal, de los resultados de operativos realizados en el año que informan, atiende a parámetros diferenciados. Veamos el caso de la detención de presuntos delincuentes detenidos en el periodo de septiembre del 11 a julio del 12. En el tomo principal del informe se señala la detención de 29 mil 51 presuntos delincuentes, cifra que no es acorde con los 27 mil 949 detenidos de organizaciones delincuenciales y los 28 mil 816 por operaciones de narcomenudeo que señala la PGR o los 39 mil 263 que reporta la PFP o bien los 10 mil 808 de la Secretaría de Defensa y los mil 214 de la Secretaría de Marina, que cada una de las entidades menciona en su tomo especifico. Por otra parte, el sistema penitenciario nacional a junio de 2012 contó con 419 centros de reclusión con capacidad de 188 mil 167 internos y una población de 237 mil 566 personas. Esto es una sobrepoblación de cerca de 50 mil ciudadanos. En el periodo de enero-junio del 11 y 12 se informa que la población penitenciaria pasó de 225 mil 697 a 237 mil 566. Esto representa un incremento de cerca de 12 mil personas. ¿Cuántos de los detenidos en el periodo que reportan las dependencias de seguridad de septiembre del 11 a junio del 12 se encuentran sujetos a proceso en las cárceles? ¿Y cuántos se encuentran fuera por no acreditar su responsabilidad o por estar sujetos a procesos de libertad bajo caución? ¿Es creíble la detención de aproximadamente 30 mil personas implicadas en delitos graves y que las cifras de personas recluidas en las cárceles no reflejen cifras similares en el mismo periodo? La incongruencia de cifras tanto en número de personas detenidas como vehículos asegurados, así como el número de personas detenidas en los centros de readaptación social son apenas un botón de muestra del nivel, funcionalidad y eficacia de la coordinación real de las dependencias que aplican acciones de fuerza en la seguridad nacional. Los informes dan cuenta formal de operativos y estrategias implementadas en el marco de atribuciones de cada entidad administrativa a seguridad, sin embargo no expresa las relaciones de poder que se ejercen en la ejecución de las mismas, relaciones en las que se crean espacios de discreción en la observación de la ley y en la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es en esta parte donde se gestan los puntos ciegos, en los que los poderes fácticos crean reglas paralelas y al margen de la ley. Es en este espacio en el que se incuba la impunidad y consecuentemente la corrupción. Éstas son las relaciones en las que se manifiesta el Estado fallido, en donde prevalece la transa, el bisne, que no sólo contamina la administración pública, sino que también se manifiestan los negocios de los sectores privados y sociales. Se dice que se tolera la corrupción porque conviene o beneficia a la mayoría. En esta cultura política, la que permite y fomenta la compra del voto, y la compra de conciencias, no sólo la cooptación del ciudadano, sino también a altos funcionarios y magistrados que asumen como legal concesiones indebidas para la explotación de minas, depredando el medio ambiente y abusando en la explotación de los habitantes de la región, o bien simulan legalidad ante actos fraudulentos en la prestación de servicios que encubren lavado de dinero o uso de fondos ilegales, véase el caso del HSBC o de Monex, en la indebida asignación de obra pública, en Pemex sobre todo. Qué se pretende al presentar una información con datos estadísticos incompletos, con variables que ocultan información real de la situación que se vive en el país. El formato de contenidos del informe presidencial solo cumple con un trámite, pero no atiende un compromiso democrático de rendición de cuentas y en ello el Congreso de la Unión tiene responsabilidad. Si bien es cierto que el Poder Legislativo modificó el formato; tendremos que revisarlo para que no se convierta en una glosa entre legisladores con monólogos alternados. No es creíble que en el VI Informe de Gobierno no se haga referencia a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, si bien se da cuenta de capturas, desarticulación de bandas, no se explica las dimensiones del costo humano de esta guerra, menos aun se perfila la responsabilidad de sus ejecutores, se omiten también a las víctimas del tráfico humano, el número de ilegales secuestrados, extorsionados o asesinados en nuestro país, no se da cuenta de las comunidades o municipios que son inaccesibles para las fuerzas de seguridad, espacios geográficos en los que no existe el Estado mexicano. Compañeros diputados, existe en este informe de gobierno, en esta revisión, la posibilidad de implementar nuevas formas y métodos de evaluación de las acciones y resultados en la presentación y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales, así como revisión de cuentas anuales del gasto público. Para ello, actualmente existen los procedimientos contenidos en las leyes de planeación y presupuesto público y aún más esta asamblea puede establecer mejores procedimientos de control y evaluación con miras a fortalecer una gobernabilidad democrática que permita la exigibilidad de los derechos de los ciudadanos. No es solo suficiente hacer buenas leyes; es necesario vigilar el cumplimiento de éstas aquí, así como exigir la rendición de cuentas y transparencia de la función pública. El diseño institucional del Estado mexicano puede ser funcional en el papel, sin embargo en la interacción de los Poderes fácticos en donde se juegan los intereses económicos y políticos, se atrofia la funcionalidad y se violentan los principios democráticos que deben observarse, tal es el caso de instituciones autónomas como el IFE, el Trife, que se contaminan y toman facción en los procesos de integración sus miembros, ya por no decir en el reciente caso de la Presidencia de la República. Culmino, diputados, hace 18 años subí a esta tribuna porque era diputado de la LV Legislatura, en su parte sustantiva el país sigue siendo como lo diseñó desde entonces Salinas, sigue sin consensos y solo mantienen el control político con la coerción, con la fuerza del Estado. Espero que como lo han venido diciendo los diputados del PRI y los del PAN sigan esa lógica, se haga un esfuerzo para cambiarlo atendiendo a las necesidades del pueblo...