El senador Mario López Valdez: Con su permiso, diputada Presidenta. Compañeros diputados, diputadas, senadores, senadoras. Como miembro de la fracción del Partido Revolucionario Institucional vengo a proponer una reforma y una adición a diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ningún Estado, que se precie de ser democrático y moderno, puede soslayar el respeto a los derechos fundamentales de las personas, la coexistencia entre un régimen de libertades y un sistema económico que permita el acceso de los seres humanos a los satisfactores necesarios para su mejor subsistencia no sólo es posible sino deseable. Es por eso que los actores políticos no debemos únicamente enfocar nuestros esfuerzos a combatir la indignante miseria en que se encuentran millones de mexicanos; sino también a construir los controles que limiten los actos arbitrarios de las autoridades. Los regimenes que pregonaban el sacrificio de los derechos humanos en aras de la gobernabilidad, han pagado con su propia viabilidad el precio de no haber generado espacios suficientes para la expresión ciudadana. Aprendamos de esas lecciones y no las echemos en saco roto. Desde hace varios lustros, en nuestro país se ha generado una cultura de derechos humanos que aunque vilipendiada por aquéllos a quienes las prerrogativas de los gobernados les resultan incómodas han echado raíces profundas en nuestro sistema legal y sobre todo en la conciencia de los mexicanos. La población actualmente se encuentra más consciente sobre el alcance de sus derechos; los ciudadanos saben que en caso de algún desvío de poder cuentan con las instancias legales a las cuales pueden acudir de manera gratuita. La población tiene la certeza de que los actos de las autoridades deben ser vigilados permanentemente y sujetos al escrutinio de la opinión pública. Grupos que han sido víctimas de la exclusión poco a poco han ido ganando espacios para manifestar su deseo de ser respetados e incluidos en los beneficios que brinda el desarrollo. En concreto, los hombres y las mujeres de este país ya no están dispuestos a sumirse en la desesperanza y en la resignación. En la construcción de esta cultura ha sido decisivo el papel que desempeñaban los organismos autónomos encargados de la defensa de los derechos humanos, especialmente la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de acciones concretas, tales como campañas informativas, atención al público, publicación de obras especializadas, concursos académicos y literarios, ferias temáticas, la capacitación de servidores públicos y el apoyo de programas surgidos de la sociedad civil, entre otras, el llamado ombudsman se ha sabido ganar el respeto de la población y un lugar en la conciencia ciudadana. Sin embargo, las acciones antes mencionadas, sin dejar de ser importantes para el organismo federal, defensor de los derechos humanos, tampoco puede afirmarse que sean sustantivas en su diario funcionamiento. La recepción de quejas y denuncias; la investigación de aquellas conductas que pueden presumirse como violatorias de los derechos humanos; la coalición entre las partes del conflicto, y sobre todo, la emisión de recomendaciones hacia las autoridades señaladas como responsables, deben considerarse de primordial importancia, toda vez que a través de las mismas es posible subsanar los errores y desvíos de poder en que hayan incurrido los gobernantes, resarciendo así a las personas en el goce pleno de sus prerrogativas. Ahora bien, aún cuando la emisión de una recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se traduce en una fuerte llamada de atención a la autoridad señalada como responsable, esta no es suficiente en muchos casos para obtener la reparación del daño causado a los gobernados, debido a la propia naturaleza de las recomendaciones, ya que las mismas carecen de fuerza vinculatoria. En efecto, a diferencia de un fallo judicial, el acatamiento de las recomendaciones resulta discrecional para las autoridades a las cuales se encuentra dirigida, por lo que debe concluirse que la fuerza de ésta radica en la solvencia y credibilidad del organismo que la emite, así como en su repercusión ante la opinión pública e incluso internacional. Si bien es cierto no resulta deseable modificar la naturaleza de las recomendaciones, tampoco debemos desconocer que el marco legal vigente permite a los gobernantes correr el riesgo de hacer oídos sordos a los llamados del ombudsman nacional, sin que para ello deban pagar un costo muy alto, resultando que en no pocas ocasiones que el rechazo viene acompañado de la fanfarronería y de un discurso en el que se pondera la mano dura y la supuesta firmeza, cuando lo que en realidad se pretende encubrir es la vena autoritaria de quien así actúa. Como ejemplo de lo anterior podemos mencionar que durante el período comprendido entre el primero de enero y el 31 de diciembre de 2005, el ombudsman nacional emitió 51 recomendaciones, seis de las cuales no fueron aceptadas y dos aceptadas, pero sin que las autoridades a las cuales fueron dirigidas ofrecieran pruebas de cumplimiento. Por otra parte, las anteriores cifras podrían resultar intrascendentes, de no ser porque la propia Comisión de Derechos Humanos en su balance de 2000 al 2006 en materia, señala que el sexenio recién concluido se puede caracterizar en la materia de observancia y cumplimiento de los derechos humanos como insuficiente, y concluye que la administración federal que termina su período deja una herencia importante de aspectos pendientes y de puntos de agenda no resueltos que deberá atender el nuevo gobierno. De conformidad con lo anterior, resulta necesario incluir en la legislación vigente mecanismos que eleven a las autoridades omisas el costo de su rechazo o incumplimiento a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, así como también que involucren a otros órganos de Estado con respecto a las prerrogativas de los mexicanos, por lo que se propone una adición al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y un artículo 46–Bis a la ley que rige el funcionamiento del órgano. Sin lugar a dudas, la aprobación de la siguiente iniciativa incidirá en la conducta de los servidores públicos, contribuirá al apuntalamiento de nuestras instituciones y brindará a los gobernados mayores espacios para el ejercicio de sus libertades. En virtud de lo anterior se propone la discusión y en su caso, aprobación de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Primero. Se adiciona el artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para seguir como sigue: Artículo 102, apartado B. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección a los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de cualquier actividad o servidor público con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. Asimismo establecerán procedimientos internos en sus ámbitos de competencia mediante los cuales puedan citar a comparecer a los servidores públicos que rechacen o incumplan las recomendaciones emanadas de estos órganos a fin de justificar su actuar. Segundo. Se adiciona un artículo 46–Bis de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para quedar como sigue: Artículo 46–Bis. La Cámara de Diputados y el Senado de la República, indistintamente, a través de sus comisiones de derechos humanos, citarán a comparecer a cualquier servidor público de la administración pública federal, estatal o municipal, para que informe las razones de su actuación, cuando la autoridad responsable no acepte total o parcialmente una recomendación o si es omisa después de haber transcurrido el término que señala este ordenamiento para informar si acepta o no dicha recomendación. Segundo. La autoridad responsable que no cumpla total o parcialmente con la recomendación previamente aceptada en el plazo que señala la presente ley. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por conducto de su presidente estará presente en la reunión de trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la que se desahogue la comparecencia del servidor público y podrá intervenir en ella únicamente para argumentar por una sola vez sobre la no aceptación o incumplimiento de la recomendación. Su intervención será en los términos dispuestos por la normatividad que rige el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Los quejosos o denunciantes que hayan dado origen a la investigación de oficio o sean parte de la queja que haya motivado la recomendación, podrán observar sin derecho a voz, el derecho, el desarrollo de la reunión de trabajo para la comparecencia del servidor público. La Comisión Nacional de Derechos Humanos que cite al servidor público deberá entrar a la reunión de trabajo para la comparecencia a los quejosos o denunciantes, a efecto de que si ellos lo estiman oportuno puedan estar presentes en la misma. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Firma el senador Mario López Valdez, de la fracción del Partido Revolucionario Institucional. Es cuanto, diputada Presidenta.