El diputado Miguel Angel Jiménez Godínez: Con su venia, señor Presidente. Presento ante esta soberanía una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Durante los últimos 20 años el sistema de gobierno democrático se ha extendido por todo el mundo hasta convertirse en el modelo de organización política por excelencia. Este cambio hacia la consolidación democrática ha sido particularmente destacado en nuestro país en materia de normas y prácticas político-electorales. México ha sido reconocido internacionalmente por contar con un marco legal y con instituciones capaces de realizar elecciones libres, transparentes y competitivas. Sin embargo, el gasto excesivo en los procesos electorales, la persistencia de grandes lagunas en materia de financiamiento y una duración excesiva de las campañas amenazan la viabilidad de la consolidación democrática. Ello genera enorme descrédito en la política y particularmente en los políticos, lo cual se traduce en un alejamiento e indiferencia, así como un hartazgo en la ciudadanía con respecto a las elecciones en México. Las condiciones en que se desarrolló el proceso electoral del 2006 evidenciaron las limitaciones de nuestro sistema electoral. Si bien es cierto que las instituciones y procedimientos electorales han cumplido satisfactoriamente con su papel a lo largo del proceso de transición democrática y han contribuido a expresar la voluntad política de los mexicanos, también lo es que los mismos deben perfeccionarse acorde con las nuevas condiciones políticas de México. Es por lo anterior que el grupo parlamentario Nueva Alianza empieza por dar cumplimiento a sus propuestas contenidas en el Programa de Acción y en su Plataforma Electoral 2006 y presenta a consideración de esta soberanía un proyecto de reformas a los artículos 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral. Éste es apenas el comienzo de una serie de propuestas legislativas que buscan la transformación de las instituciones públicas dentro del marco de la reforma del Estado. Consideramos que después de la experiencia vivida en el proceso electoral contamos con la disposición de todas y cada una de las fuerzas aquí representadas para dar respuesta urgente a las demandas ciudadanas en materia electoral. Durante la segunda mitad del Siglo XX se aprobaron varias reformas en materia electoral; sin embargo, no sería sino hasta finales de los 70 cuando México experimentó cambios sustanciales en el ámbito social, económico y político que hicieron patente la necesidad de crear un nuevo orden, un nuevo sistema político electoral. En este contexto, Nueva Alianza propone iniciar una discusión seria y eficaz en torno al mejoramiento de nuestras instituciones y procedimientos en materia electoral. Estamos seguros que a 10 años de la llamada reforma electoral definitiva resulta urgente replantearnos el marco legal necesario para la consolidación de nuestra democracia. Es por ello que esta primera iniciativa en materia electoral propone centrarse en cinco temas fundamentales: primero, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos; segundo, limitar los tiempos de las campañas electorales; tercero, establecer las facultades y principios para regular las precampañas; cuarto, otorgar mayores facultades al IFE para garantizar la adecuada conducción del proceso electoral, y quinto, homologar los calendarios electorales locales. En cuanto a la reducción del financiamiento público a los partidos, es importante señalar que el costo del proceso electoral ha crecido de manera exponencial en los últimos años. En términos de prerrogativas a los partidos políticos pasamos de 200 millones en el año 94 a más de cinco mil millones asignados a los presupuestos de los partidos para el año 2006. Un aumento que gran parte de los ciudadanos percibe como injustificado, pero particularmente como insultante de cara a una sociedad con grandes carencias. Es cierto que en la última etapa de la transición el Estado se vio obligado a sacrificar una parte importante de su presupuesto a cambio del fortalecimiento de la democracia, sólo así fue posible que los partidos tuvieran la oportunidad de competir en un contexto más equitativo. No obstante la fórmula establecida en el artículo 41 de la Constitución ha provocado que de una elección a otra el monto del financiamiento público se eleve de manera desproporcionada. Como consecuencia de lo anterior, en un año de elecciones intermedias como lo fue el año 2003, en que solamente se renovó la Cámara de los Diputados, el financiamiento público representó una cantidad cercana al doble de aquél otorgado en el año 2000, cuando se realizaron elecciones de Presidente, senadores y diputados. Las democracias consolidadas han demostrado que la representación política puede representar más y costar mucho menos, a través de campañas más cortas, mejores sistemas de fiscalización, una mayor cultura política que privilegia el debate, así como fórmulas más justas para la asignación de los recursos públicos. No es concebible un país con grandes carencias y desigualdades que destina a los partidos políticos y a sus campañas el equivalente a una cuarta parte del presupuesto total para salud o una cuarta parte del presupuesto total para el desarrollo social. Es por esto que se proponen reformas que manteniendo los principios de suficiencia, equidad y predominio de recursos públicos sobre los privados, se reduzca el presupuesto total en un 80 por ciento y así se dé respuesta a la exigencia social de hacer de la democracia un sistema que cueste menos, pero que represente más. Los límites a los tiempos de campañas son particularmente exagerados en nuestro país. Las campañas electorales mexicanas, especialmente la presidencial es excesivamente larga en perspectiva comparada con el resto del mundo democrático. El promedio de duración de las campañas en el mundo se ubica alrededor de 100 días calendario, en México dos problemas derivados de la duración excesiva de las campañas, son por una parte el hartazgo de la ciudadanía que conlleva al desprestigio de la política y por el otro, un excesivo costo de las campañas. Es por eso conveniente establecer en el artículo 41 constitucional las siguientes limitaciones a los tiempos de campaña. Para diputados y senadores federales, 45 días y para Presidente de la República, un máximo de 90 días. Es indispensable establecer facultades y principios para regular las precampañas. No existe regulación alguna sobre las llamadas precampañas lo que ha suscitado un amplio debate. Si asumimos que por precampaña debe entenderse el proceso interno de selección de candidatos de un partido previo al inicio formal de las campañas, entonces debemos contar con un marco legal que contemple una serie de principios básicos en esta materia. Por ejemplo, que las precampañas son proceso respecto de los cuales se aplican todas las reglas que regulan la actuación de los partidos políticos nacionales en las campañas; que el financiamiento público no puede ser —en el agregado— superior al privado; que los donativos para los candidatos no pueden ser anónimos debiendo tener un tope máximo, así como la obligatoriedad para que el partido deba darlos a conocer junto con sus informes a la autoridad electoral. Es indispensable otorgar mayores facultades al IFE para asegurar la adecuada conducción del proceso electoral. Es necesario que el IFE cuente con una facultad más amplia para regular el uso de propaganda gubernamental en tiempos electorales, así como mejores instrumentos para sancionar las violaciones que pudieran cometer las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Del mismo modo es indispensable que dentro de las nuevas facultades que se deben otorgar al IFE, esté la de regular de modo vinculatorio la realización de debates entre candidatos a puestos de elección popular. Esta facultad debe ir acompañada de la obligatoriedad de partidos y sus candidatos a participar en estos debates organizados por el IFE. Es urgente homologar los calendarios electorales locales, con el objeto de hacer más eficiente el gasto y la administración de las elecciones locales, todas ellas deberán de realizarse el primer domingo de julio, concurrentes con la elección federal, conforme a los períodos constitucionales ya establecidos. Cabe recordar que nueve entidades de la República ya modificaron sus calendarios electorales en función de los comicios federales, con el objeto de aprovechar la infraestructura tanto de autoridades, como de los partidos en campaña. Lo anterior, además permitiría evitar las campañas electorales permanentes y sobre todo, generar espacios de tiempo que permitan a las autoridades electas gobernar sin las fricciones y enfrentamientos políticos derivados del calor de las campañas. En conclusión, la esencia de la democracia radica no solamente en ser un régimen orientado a la defensa y promoción de los derechos y las libertades políticas de los ciudadanos, sino que en los principios en que guían su funcionamiento, deben fomentar un desarrollo económico sustentable. Un auténtico Estado democrático es legítimo y eficaz no sólo cuando es capaz de sortear procesos electorales competidos y el traspaso pacífico del poder, sino cuando logra integrar a amplios sectores de la población a los beneficios del crecimiento económico. Es cuanto, señor Presidente. Le solicito respetuosamente inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de Debates, toda vez que se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria. Muchas gracias.