El diputado Miguel Ángel Arellano Pulido: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, en el México de hoy, uno de los temas más sensibles en la población y uno de los más importantes en la agenda nacional es sin duda la seguridad pública y el incremento en los índices de criminalidad. Sin duda, la atención a estos asuntos torales sigue siendo una asignatura pendiente. En los últimos años, la violencia se ha recrudecido e incrementado y, más grave aún, la delincuencia organizada ha prosperado significativamente. Los hechos delictuosos se cometen con un alto grado de violencia, saña y vejaciones, como lo apreciamos en las llamadas ejecuciones. El narcotráfico ha extendido sus redes a la comisión de otros delitos graves como el secuestro, la trata de personas, la venta de armas de fuego de uso reservado del Ejército, entre otros más. Otro aspecto relevante es su infiltración en las instituciones de seguridad pública, procuración, administración y ejecución de justicia penal, obteniendo seguridad e impunidad con sobornos o bajo amenazas. Algo característico de los años más recientes es que la delincuencia ha buscado tener un control total de su territorio y actividades, infiltrándose en los cuerpos de seguridad pública o bien a través de la intimidación, practicando una especie de terrorismo contra los cuerpos de seguridad, ejecutando a los mandos a plena luz del día, con operativos impresionantes por el número de sicarios y vehículos utilizados, así como el uso de armas de fuego de alto poder. Aunado a lo anterior, en la delincuencia común es cada vez más frecuente que opten por enfrentar a las policías con armas altamente sofisticadas e incluso con explosivos, que indudablemente buscan causar el mayor daño posible a los elementos policiacos. A la fecha, no es de fácil acceso la consulta a las estadísticas oficiales que contemplan cifras reales sobre los homicidios contra policías y mandos medios. Sólo existen algunas cifras contempladas por revistas y organizaciones no gubernamentales que podrían darnos una visión general de este grave problema. Sin embargo, es de conocimiento general lo alarmante de la situación, pues diariamente vemos en los medios de comunicación que ejecutan a mandos policiacos o elementos de las diferentes corporaciones, sin importar si se trata de corporaciones federales, estatales o municipales. Es por ello que, pensando en los casos donde elementos de seguridad o de una corporación policiaca sean agredidos por uno o más delincuentes, con el propósito de evitar su captura o su detención, propongo que esta conducta en sí misma constituya un delito que se agrave dependiendo del uso de armas blancas, de fuego o explosivos, buscando resguardar la integridad de los elementos policiacos que pueden resultar víctimas de un delito. En este orden de ideas, considero importante legislar al respecto y que esa agresión y violencia contra los cuerpos de seguridad, ya sea que se cause resultados o no, por sí misma constituya un delito. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta soberanía el siguiente Proyecto de decreto Artículo primero. Se adiciona el artículo 189 Bis y se reforma el Capítulo IV del Título Sexto del Código Penal Federal, para quedar como sigue: Título Sexto Capítulo IV. "Delitos Cometidos contra Servidores Públicos". Artículo 189 Bis. Comete el delito de agresión contra agentes de la autoridad, el que ataque a un elemento de los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, de los centros de reclusión o del Ejército mexicano, con la finalidad de evitar su detención o evadirse de la misma. 1. Se aplicará de 1 a 3 años de presión si la agresión fuere sólo física y sin el uso de ningún tipo de arma. 2. Se aplicará de 1 a 8 años de prisión si se utilizare un arma blanca u otro tipo de instrumentos que puedan ocasionar lesiones en la víctima. 3. Se aplicarán de 3 a 15 años cuando se utilicen armas de fuego o explosivos. Las penas anteriores se aplicarán tomando en consideración las particularidades del ataque y serán independientes de aquellas que merezcan por la comisión de otros delitos que pudieren producirse. Por su atención, muchas gracias.