El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Los saharauis son habitantes nativos del Sahara Occidental, de los cuales la mayoría vive en la parte del Sahara ocupado por Marruecos. En la madrugada del 8 de noviembre de 2010, las fuerzas de seguridad marroquíes desmantelaron el campamento de protesta saharaui con camiones de agua de presión. Utilizaron porras y gases lacrimógenos para dispersar a los contrarios. Los agentes marroquíes aseguraron que fueron agredidos salvajemente por saharauis. La mayoría de los jóvenes saharauis, instalados en este campamento, lo hicieron para llamar la atención de las autoridades marroquíes sobre su situación de marginación económica y social. A este campamento le denominaron Primavera Árabe. El pasado 17 de febrero, en Rabat, se condenó a 24 de ellos; nueve a cadena perpetua, cinco a 30 años de prisión, ocho a 25 años de prisión, y dos a 20 años de prisión, de acuerdo a fuentes judiciales. Hoy se reclama a ese gobierno que se oponga públicamente a la condena impuesta por el Tribunal Militar marroquí en un juicio a 24 activistas saharauis implicados en el desalojo del campamento-protesta en noviembre de 2010. Grupos de defensores de los derechos humanos aseguraron que esa sentencia es injusta e ilegal, ya que representa una ofensiva más del Estado marroquí a los derechos fundamentales del pueblo saharaui. Asimismo esa petición se inscribe en el recalcitrante llamado del pueblo saharaui a la Organización de Naciones Unidas para que dé una solución justa y urgente al caso. Dada las circunstancias de éste, está en juego el derecho a la libre autodeterminación del pueblo saharaui, el cual debe ser basado siempre a base de los derechos humanos y, por otro lado el manejo de las detenciones de los activistas en comento, podía estar comprometiéndose seriamente el derecho al debido proceso y de acceso a la justicia de éstos. Para nosotros se trata de un caso muy sensible y preocupante sobre todo porque guarda relación estrecha con la flagrante violación de los derechos humanos de que son objeto nuestros connacionales por ejemplo sentenciados a muerte en los estados del vecino país del norte. Cabe hacer una breve interpolación. Edgar Tamayo, uno de nuestros connacionales nacido en mi estado, Morelos, sentenciado a pena capital en los Estados Unidos de Norteamérica, quien señaló en una entrevista desde el pabellón de la muerte de la Unidad Carcelaria en Polunsky, en Livingston, Texas, que no existe justicia para pobres hispanos ni afroamericanos, dice: nuestra pobreza y nuestro color de piel nos hacen culpables. Así lo señaló. No obstante las violaciones a su derecho del debido proceso, la propia Corte Internacional de La Haya había ordenado la revisión de los casos de los otros mexicanos sentenciados a muerte, incluyendo, por supuesto, la de Edgar Tamayo, porque en todos estos, se afectó su derecho a que recibieran la asistencia consular de su gobierno, lo que perjudicó sus garantías para una adecuada defensa. Por cierto, en este sentido un servidor presentó a esta Cámara un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, con el fin de generar una acción de esta Cámara a efecto de que conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores promoviéramos el recurso de clemencia por la vida de nuestro connacional Edgar Tamayo, sin haber sido considerado como de urgente y obvia resolución por nuestra Junta de Coordinación Política, preguntándome si esto no es una incongruencia con este punto de acuerdo, ya que se trata de una vida de un ser humano, de un mexicano y por si fuera poco, paisano morelense de un servidor. Independientemente de ello, habría que agregar que en el caso de los saharauis, estos últimos podrían constituir también una muestra más de los actos más vergonzosos y reprobables, contrarios a la dignidad humana, como el anteriormente señalado. Por todo ello, compañeras y compañeros, la fracción de Movimiento Ciudadano votará a favor de este acuerdo. Muchas gracias.