La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, desde hace tres décadas México enfrenta un problema de seguridad que ha generado, como todas y todos sabemos, una crisis humanitaria en la que se han registrado miles de desaparecidos, muchos más muertos y una cantidad innumerable de casos de tortura y desplazamiento, en la cual el papel del Estado, como garante de los derechos fundamentales, ha sido prácticamente nulo y sus agentes han actuado, en muchas ocasiones, como cómplices. Ahí tenemos las ejecuciones extrajudiciales cometidas en Tlatlaya, estado de México o en la desaparición forzada de los 43normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, entre otros lamentables acontecimientos, los cuales son cada vez más recurrentes en nuestro país. Así hemos visto cómo la violación a los derechos humanos se ha constituido como una política de Estado auspiciada en ocasiones por los Poderes de la Unión o los tres Poderes de gobierno, en la cual los contrapesos de control y fiscalización resultan invalidados, dado que los órganos encargados de realizarlas carecen de facultades para denunciar y evidenciar las nefastas intenciones de un régimen que hoy por hoy se antoja tan autoritario como aquellos años de los sesenta y setenta. Ante esta crisis, resulta de vital importancia que se inicie un proceso de estudio, análisis, investigación imparcial de sus causas y para generar un continuo proceso de conciliación y reconciliación entre la ciudadanía y sus autoridades, que coadyuve al restablecimiento de la paz social y no un proceso que, guiado por el propio gobierno, intente borrar las huellas del pasado creando comisiones presidenciales, pasando por encima de la legalidad ordenada por los tribunales, encima de los organismos autónomos de nuestro país e inclusive por encima de las recomendaciones internacionales, cayendo en la propaganda política y no en la restitución de los derechos. Es por ello que proponemos la creación de una Comisión de la Verdad en materia de delitos de desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias en el periodo 2006-2018, que tendría por objeto la investigación, el estudio, el análisis y la aportación de elementos históricos, políticos y jurídicos para determinar si los casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial en México constituyen delitos de lesa humanidad en términos de lo establecido en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Esto permitiría establecer que, como política pública, los principios de justicia restaurativa y los derechos humanos sean la base de las investigaciones y de probables hechos delictivos cometidos por agentes del Estado en contra de la sociedad en su conjunto. Es importante mencionar que esta comisión gozaría de autonomía plena en el ejercicio de sus tareas y podrá requerir a las autoridades toda aquella información que pueda serle de utilidad. Que sería una comisión que gozaría de 60 meses calendario y se encontraría integrada por 5 personas designadas por el pleno de la Cámara de Diputados, a propuesta de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas directas o indirectas, y que serían invitados permanentes a las sesiones públicas de la Comisión de la Verdad, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un representante de la Cámara de Diputados y uno de la de Senadores, un representante del Poder Ejecutivo federal, un representante del Poder Judicial de la Federación y un representante de la Fiscalía General de la República que contarían con derecho a voz, pero sin voto. Es por lo anterior, que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos plenamente convencidos de la pertinencia y oportunidad y esta ley que crea la comisión de la verdad ya que nos permitiría establecer las condiciones para garantizar los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y al reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Es hora de brindar a la sociedad la protección que el Estado le debe, pues han sido las propias autoridades las que incurrieron, propiciaron o favorecieron actos violatorios de los derechos de las personas. Es hora que frente a la penetración del crimen organizado y a la omisión, negligencia, impotencia o indiferencia iniciemos el proceso de construcción de la paz en nuestro país. Es cuanto, presidente.