EL C. DIPUTADO FELIPE CALDERON HINOJOSA: Gracias. Con permiso de la presidencia. Señoras y señores legisladores: el día de hoy los diputados del Partido Acción Nacional que participan en los temas relacionados con la reforma del Estado estamos presentando una serie de iniciativas que forma parte del primer bloque de reformas que ponemos a la consideración del Congreso de la Unión. Este es el fruto del trabajo paciente y constante, fuera de cámaras y de medios, digámoslo así, pero trabajo real al fin, no siempre registrado en las críticas al Legislativo, y que constituye la propuesta de Acción Nacional al Congreso de la Unión en la materia de reforma del Estado y particularmente en materia de fortalecimiento de poderes, en especial del Poder Legislativo. En obvio de tiempo y de conformidad con el espíritu y el propósito de los grupos parlamentarios de reducir en lo posible el tiempo de presentación de iniciativas, voy a presentar por escrito a la secretaría el texto correspondiente a efecto de que se inserte textualmente en el Diario de los Debates, como si fuese leído en su literalidad y a comentar algunos de los puntos medulares de esta iniciativa. En primer lugar, es una iniciativa que se refiere al fortalecimiento del Legislativo. Buscamos una reforma que vaya a la esencia de las instituciones políticas que sostienen al Estado, a la luz de los retos que la realidad nos impone. Hemos afirmado que una reforma del Estado no está completa si no abarca un cambio, una transformación en las relaciones económicas y sociales entre los órganos del Estado y los ciudadanos. Sin embargo, a la luz de los cambios impulsados por la sociedad en materia política, las instituciones políticas precisamente han quedado rezagadas y ha llegado el tiempo de estructurar sobre nuevas bases el ordenamiento constitucional del país y sustituir aquellas estructuras que formaron parte del antiguo régimen. Por razones históricas, el Poder Legislativo ha venido sufriendo una merma en su capacidad real de la toma de decisiones ante la sociedad. Probablemente, paradójicamente diríamos nosotros, uno de los momentos de mayor debilitamiento del Poder Legislativo se presenta, coincidentemente, con el crecimiento del Poder hegemónico del presidente de la República y particularmente el poder del jefe máximo, a finales de la década de los 20 y principios de los 30. Y decimos esto porque no es casualidad que el debilitamiento del Poder Legislativo entre en una fase crónica precisamente en el cenit de la jefatura máxima del poder en el presidente y en el año de 1933, que es precisamente el año en el que se suprime la reelección consecutiva de los legisladores. Es decir, todas nuestras constituciones en el siglo pasado y aun la Constitución de 1917 preveía precisamente la reelección consecutiva. Y no pretendo circunscribir ni las reformas al Poder Legislativo a este solo tema ni mucho menos las propuestas de Acción Nacional en reforma del Estado al tema de la reelección. Pero sí quiero dejar una premisa asentada con claridad: estrictamente no estamos proponiendo introducir la reelección a la figura constitucional, la reelección de los legisladores, por una simple y sencilla razón: la reelección de los legisladores ya está considerada en la Constitución, es posible. El punto que debilita al Poder Legislativo es que esta facultad, que no es de los legisladores sino del ciudadano de elegir a sus representantes, está mutilada, cercenada por la prohibición de la reelección consecutiva. El debilitamiento del Legislativo, pues, inicia cuando los legisladores no pueden constituir un cuerpo orgánico con la experiencia, la profesionalización, la continuidad en el tratamiento de los asuntos, y sobre todo la vinculación con los electores que sólo un régimen de reelección consecutiva da y que por cierto opera en la abrumadora mayoría de los países democráticos en el mundo. Con la idea de fortalecer a las instituciones dentro de un verdadero equilibrio de Poderes, Acción Nacional presenta esta Iniciativa de Decreto que reforma varias disposiciones constitucionales referidas al fortalecimiento del Poder Legislativo. La serie de reformas que proponemos permiten que precisamente se valore y se deje en manos de los ciudadanos, las decisiones acerca de la integración del poder representativo se amplíen los períodos de sesiones, se precisen ausencias y suplencias de los propios legisladores, y sobre todo, se fortalezca, se robustezca el trabajo de las Comisiones. En este orden de ideas los puntos centrales de la propuesta que ponemos a consideración del Congreso son los siguientes: Primero. Reelección consecutiva de legisladores. Consideramos necesario establecer mecanismos de rendición de cuentas, de control, de supervisión y calificación ciudadana respecto de la actuación de los representantes populares. Se propone reformar el Artículo 59 para establecer una nueva modalidad para que los senadores al Congreso de la Unión puedan ser reelectos para un periodo inmediato y los diputados hasta por tres períodos consecutivos. Esta Iniciativa prevé que los senadores y diputados que hayan sido electos a los períodos consecutivos a que se refiere este artículo, no podrán ser reelectos con el carácter de propietarios ni de suplentes. Se planea disponer en el Artículo 116 constitucional, que los diputados a las legislaturas de los estados puedan ser reelectos para el periodo inmediato en los términos que señalen las constituciones de los estados precisamente, a fin de que sean estas las que legislen los términos y formas en la materia, de acuerdo a sus respectivas realidades. Segundo. Es el tema de la ampliación del Segundo Periodo de Sesiones Ordinarias, que es precisamente en el que estamos ahora. Así proponemos reformar los Artículos 65 y 66 constitucionales para que el Segundo Periodo de Sesiones se amplíe de un mes y medio en que está actualmente, a cuatro meses. Es decir, del primero de marzo al 30 de junio. Se propone que el Primer Periodo de Sesiones Ordinarias tenga el plazo que actualmente se dispone, es decir, de septiembre a diciembre y que es de tres y medio meses y que se extienda a cuatro meses cuando tome posesión el Presidente de la República. Tercero. Proponemos adelantar la fecha de presentación del Proyecto de Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de la Federación. Se propone reformar el Artículo 74 constitucional para que el Ejecutivo Federal haga llegar a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, a más tardar el día 15 del mes de octubre o bien, hasta el día 15 de noviembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el Artículo 83 constitucional, debiendo comparecer el Secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los citados proyectos. Se permite así que el congreso cuente generalmente con un plazo aproximado de cuando menos dos meses, y excepcionalmente de mes y medio, para el estudio y análisis del paquete fiscal correspondiente al año siguiente. Estas fechas son posibles en el entendido en que en la misma iniciativa que presentamos, proponemos adelantar la fecha de la toma de posesión del Presidente Constitucional. Cuarto. Adelantar la presentación y revisión, consecuentemente, de la Cuenta Pública. Se propone disponer en el Artículo 74 constitucional, que la Cuenta Publica del año anterior sea presentada a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión dentro de los diez primeros días del mes de abril en lugar de la disposición actual que prevé que se presente dentro de los diez primeros días del mes de junio y con ello se permitirá que el Congreso pueda realizar su función revisora y fiscalizadora de una manera más inmediata al ejercicio del gasto y por otra parte disponer de mayor tiempo y mayores elementos para su revisión. Quinto. Buscamos precisar el procedimiento a seguir en caso de ausencia absoluta o de vacante de algún legislador. Se propone establecer que en el caso de vacantes de diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convoque a elecciones extraordinarias en el distrito correspondiente, la cual se efectuará en los términos que disponga la ley. Se prevé que la vacante de miembros de la Cámara de Diputados electos por el principio de representación proporcional, sea cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren correspondido. Se plantea además disponer que la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de representación proporcional, circunstancia que ya ha ocurrido por desgracia en la Legislatura pasada, deba ser cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista nacional respectiva, después de habérsele asignado los senadores que le hubieren correspondido. Finalmente se prevé que la vacante de miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría, deberá ser cubierto por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que para la entidad federativa de que se trate se haya registrado en segundo lugar en la misma elección. Sexta propuesta: Fortalecimiento de las Comisiones de Investigación. Debe pasarse de un Congreso simplemente deliberante o medularmente deliberante a un Congreso verdaderamente fiscalizador. El control legislativo no puede entenderse como la mera obstrucción de la función de los otros poderes, sino que supone la fiscalización eficaz y la colaboración en la transparencia y la eficacia en el ejercicio de los recursos públicos. Para ello es medular establecer mecanismos de control de las áreas en que esta función legislativa interviene, con el fin de evidenciar errores y excesos. Proponemos que las Cámaras tengan la facultad de integrar Comisiones para investigar no solo situaciones relativas a organismos descentralizados o a empresas de participación estatal mayoritaria, como es ahora la disposición constitucional, sino para cualquier asunto de interés nacional que podrá hacerse a pedido de una cuarta parte de los miembros de la Cámara de Diputados o de la mitad de la Cámara de Senadores. y mediante la aprobación del pleno de la Cámara correspondiente y que se establezca un mecanismo de integración de estas Comisiones más ágil y a la vez con menos requerimientos administrativos de lo que supone en la actualidad la formación de una Comisión ordinaria de dictamen o de una Comisión especial. Se plantea en esta iniciativa que los resultados de las investigaciones, así como los informes y las recomendaciones que, en su caso, se emitan, se hagan del conocimiento del pleno de la Cámara respectiva, del Ejecutivo Federal y, en su caso, del Ministerio Público Federal cuando se desprenda la posible comisión de delitos del fuero federal, a fin de que se adopten las medidas y se ejecuten aquellas que sean consideradas procedentes. Se propone que las autoridades de la administración pública tengan la obligación de prestar a las mismas el apoyo que le requieran y proporcionar todo tipo de información o documentación que éstas consideren necesarias, aún la clasificada por ley como reservada, confidencial, secreta o restringida, bajo el entendimiento de que dichas comisiones de investigación revisten un carácter especial de fiscalización; y por la otra, porque se trata de un instrumento o medio de un poder público que no justifica obstaculizar sus atribuciones como contrapeso del principio de división de poderes. Séptima propuesta: es Ampliar las Facultades del Congreso. Se pretende ampliar las facultades de revisión respecto a los ingresos y egresos de los Poderes de la Unión, así como lo relativo a la imposición de contribuciones con la finalidad de transparentar el ejercicio de los recursos públicos y fortalecer la facultad de fiscalización y control. El grupo parlamentario del PAN ratifica la importancia de transparentar y hacer eficiente el ejercicio de tales recursos y que se amplíen las atribuciones del Congreso en materias que han sido propuestas en otras iniciativas en esta propia Cámara de Diputadas. Finalmente y como octava propuesta: reiteramos nuestra proposición de establecer un Servicio Legislativo de Carrera, a fin de que el servicio civil en este Congreso permita institucionalizar la tarea de memoria institucional que tienen a su cargo las Cámaras, fortalecer los cuerpos de asesoría profesional a los legisladores y que además cuente este Congreso de la Unión con las herramientas necesarias para ejercer su encargo. Señoras y señores Legisladores: Con estas propuestas de reforma constitucional al Poder Legislativo Acción Nacional busca su fortalecimiento y refrenda su compromiso para construir desde la norma, un Estado que responda a las nuevas relaciones que exigen los ciudadanos y que demanda el futuro del país. Muchas gracias. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma un artículo de la constitución general, para establecer las bases fundamentales de los órganos autónomos constitucionales, dentro de la reforma del Estado. Ciudadano Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión. Presente. Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, integrantes de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de esta Soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones de la Constitución Federal, con el fin de definir las bases fundamentales de los órganos constitucionales autónomos, iniciativa que se inscribe también dentro de nuestros planteamientos de reforma del Estado, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El principio de la división de poderes obedeció a la necesidad de limitar el poder omnímodo de los reyes. Hoy, en pleno Siglo XXI, la teoría sigue manteniendo trascendencia, pero se extrae de ella sólo lo que importa: evita la concentración de poder en manos de pocos centros dominantes. La teoría de la división de poderes tiene antecedentes desde Aristóteles. Pero la forma clásica en la que se ha expuesto la doctrina de la separación de poderes, corresponde a Montesquieu, en la fórmula de pesos y contrapesos, en el sentido de un apasionado alegato en defensa de la libertad. El poder esta en la sociedad y sus instituciones. Precisamente por eso, hoy la realidad ha impuesto nuevos órganos capaces de disminuir la ascendencia de alguno de los poderes clásico, pero también de restringir y sujetar al derecho a los otros "poderes" sociales, políticos y económicos: partidos, iglesias, medios de comunicación, grupos empresariales nacionales y transnacionales. Aunque éstos órganos autónomos constitucionales tienen su origen en el SWiglo XX, se desarrollan en éste, principalmente en los países europeos, el más importante ha sido el Tribunal Constitucional, y tienen por finalidad controlar los poderes tradicionales. Podemos decir, que el incremento de la intervención del Estado en la vida individual y social del hombre hace que se concentre el poder público en pocos órganos del mismo; lo anterior fomenta la necesidad de crear y establecer en la Constitución órganos con autonomía de actuación que no estén atribuidos a la estructura de los depositarios clásicos del poder, a fin de distribuir ciertas funciones estatales, lo que permitirá evitar su concentración, contribuyendo al a la democrácia y el bienestar social, obteniendo con ello una mayor especialización, agilización, control y transparencia de las mismas. Tales entes públicos han recibido la denominación de órganos constitucionales autónomos. Una vía para conciliar partidos, poderes tradicionales, grupos económicos, sociales y democracia, es a través de los órganos constitucionales autónomos que pueden ser capaces de fiscalizar transparentar y democratizar la vida política. Aunque las funciones y materias que pueden atender los órganos constitucionales autónomos son diversas, en general éstos deben de regirse por principios como el de la inmediatez, esencialidad, dirección política, paridad de rango, autonomía, apoliticidad, inmunidad y transparencia. De acuerdo a la experiencia que se ha venido dando a nivel nacional como internacional, podemos decir que los órganos autónomos constitucionales son o deben ser aquellos inmediatos y fundamentales establecidos en la Constitución y que no se adscriben claramente a ninguno de los poderes tradicionales del Estado, es decir, son órganos de equilibrio constitucional y político, y sus criterios de actuación no pasan por lo intereses inmediatos del momento, sino preservan la organización y el funcionamiento constitucional En México, nuestra Constitución reconoce como órganos autónomos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al Banco Central y al Instituto federal Electoral. No obstante, cabe acotar que lo cierto es que hasta ahora no existe un solo artículo constitucional en el que se sistematice y compile los lineamientos generales y abstractos para la creación y funcionamiento de dichos órganos. La propuesta aquí presentada, pretende suplir dicho vacío, por lo que se pretende establecer en el artículo 49 constitucional que disponga que el supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los órganos autónomos que reconoce esta Constitución. Asimismo para disponer que los órganos autónomos del Estado gozarán de independencia en su funcionamiento y administración, por lo que contarán con autonomía presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Sus titulares serán elegidos por el Congreso de la Unión o una de sus cámaras y podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución o de acuerdo a lo que la ley disponga. También se plantea prever que los titulares de los órganos autónomos no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del órgano y los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será la que se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción de lo previsto en esta Constitución. Conscientes de que la autonomía no debe ser entendida como una falta de controles, es que se propone establecer que dichos órganos autónomos estarán sujetos a la fiscalización superior de la federación, en términos de lo previsto en el artículo 79 de la Constitución y que los titulares de los órganos autónomos presentarán anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerán ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo dispuesto a la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, los suscritos diputados federales, miembros del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, presentamos a la consideración de esta Representación Nacional el siguiente: PROYECTO DE DECRETO Por el que se reforma, deroga y adicionan dfiversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se reforma el artículo 49 párrafo primero, para quedar de la siguiente forma: Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y los órganos autónomos que reconoce esta Constitución. Los órganos autónomos del Estado gozarán de independencia en su funcionamiento y administración, por lo que contarán con autonomía presupuestaria y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, así como personalidad jurídica y patrimonio propios. Sus titulares serán elegidos por el Congreso de la Unión o una de sus cámaras, y podrán ser removidos de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución o de acuerdo a lo que la ley disponga. Los titulares de los órganos autónomos no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del órgano y los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de investigación o beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será la que se determine en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con excepción de lo previsto en esta Constitución. Dichos órganos autónomos estarán sujetos a la fiscalización superior de la federación, en términos de lo previsto en el artículo 79 de esta Constitución. Los titulares de los órganos autónomos presentarán anualmente a los poderes de la Unión un informe de actividades. Al efecto comparecerán ante las cámaras del Congreso en los términos que disponga la ley. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro a 20 de Marzo de 2002. Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, Armando Salinas Torre, Luis Fernando Sánchez Nava, Fernando Pérez Noriega, Miguel Gutiérrez Hernández, Salvador Escudero Zoletto, Juan Carlos Pallares Bueno, Eduardo Rivera Pérez, Martha Patricia Martínez, Manuel Orozco Garza, Guillermo Anaya, Miguel Mantilla, Raúl Gracia Guzmán, Cuahautémoc Cardona, Manuel Minjares, Germán Pellegrini, Mario Reyes Oviedo.» (aplausos) PRESIDENTA, DIP. BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL: Gracias diputado Calderón. Insértese de manera íntegra en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre. SECRETARIA, DIP. MARTHA SILVIA SÁNCHEZ GONZALEZ: Se informa a la Presidencia que hasta el momento el sistema electrónico registra la asistencia de 441 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico. PRESIDENTA: Gracias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se concede el uso de la palabra al diputado Héctor Sánchez López, para presentar una iniciativa de ley que deroga el artículo Décimo Sexto Transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del 2002. DIP. HECTOR SÁNCHEZ LOPEZ: Con su permiso, señora Presidenta. "Con fundamento en la fracción segunda del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 55 fracción II, 56, 60 y 64, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública y a la Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen correspondiente, la siguiente iniciativa que deroga el artículo décimo sexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación. "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS "El levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994 colocó en el centro de la agenda política nacional, la situación de abandono, pobreza extrema y discriminación hacia nuestros pueblos indígenas. "Si bien el artículo 4º constitucional reconoció en su momento la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, misma que estableció la condición de que la ley protegería y promovería el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, además de garantizar a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado; esta fue una obligación constitucional que jamás se cumplió por parte del Estado Mexicano. "El conflicto armado así como el proceso del diálogo inconcluso, mantiene vigente el derecho de los pueblos indígenas a ser reconocidos en nuestra Constitución. "El 7 de diciembre del 2000 el Presidente Vicente Fox Quesada, turnó al Senado de la República la iniciativa de la ley que reformaba los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116, elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación. El 25 de abril del 2001 el Senado de la República y posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 28 del mismo mes, aprobaron las reformas a los artículos 1, 2, 4, 18 y 115, todos de nuestra Carta Magna, mismas que después de concluido el proceso legislativo fueron publicados el 14 de agosto del 2001 en el Diario Oficial de la Federación. "El artículo 2º constitucional, en sus apartados A y B, establecieron diversas disposiciones con relación a los pueblos indígenas de México, específicamente en el apartado B, fracciones I, V, VII y IX del artículo 2º, se establecieron un conjunto de obligaciones de la Federación, los estados y los municipios, en el que quedó expresado que: "B) La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades indígenas, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. "Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinará equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos; propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria; apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia en sus ingresos económicos. La aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. De igual manera en la Fracción IX se establece la obligación de la Cámara de Diputados, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este Apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las Legislaturas de las Entidades Federativas y los Ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los Presupuestos de Egresos que aprueben así como en las formas y procedimiento para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Como se desprende de esta Reforma Constitucional, con la independencia de que se esté de acuerdo o no, quedaron establecidas las obligaciones del Estado Mexicano, de la Federación para atender las condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión social en la que se encuentran los pueblos indígenas. Por otro lado, el Ejecutivo Federal está obligado por dichas reformas a establecer programas de atención a los pueblos indígenas que contribuyan a superar los rezagos en la que aún viven más de 10 millones de indígenas en nuestro país Por otra parte, el Instituto Nacional Indigenista es un organismo con personalidad jurídica propia cuyas facultades y atribuciones se derivan de la ley que la crea en 1948. En el Artículo 2 y 3 de la Ley de dicho Instituto se establece que le corresponde desempeñar las siguientes funciones, "El Instituto Nacional Indigenista desempeña las siguientes funciones: investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país; estudiar las medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas; promover ante el Ejecutivo Federal la aprobación de estas medidas, intervendrá en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes; fungir como cuerpo Consultivo de las instituciones oficiales y privadas, de las materias que, conforme a la presente Ley, son de su competencia; difundir cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigaciones, estudios y promociones. Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomienda el Ejecutivo en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas. El artículo 3º establece que el Instituto está capacitado para adquirir y administrar bienes y formar su patrimonio con los que enseguida se enumeran: --La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal a través de su Presupuesto de Egresos. --Con los productos que adquiera por las obras que realicen y por la venta de sus publicaciones. --Los que adquiera pro herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones públicas o privadas. El pasado 31 de diciembre, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1º de enero del presente año. De sobra son conocidas las condiciones en que se dio la aprobación de este Presupuesto, en el que sin tomar en consideración una opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas se incorporó un artículo transitorio 16 en el que se establece: "El Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá celebrar a más tardar el último día hábil de marzo, convenios de reasignación con las entidades federativas en los términos del artículo 8º de este decreto con el objeto de descentralizar el funcionamiento de los programas del Instituto Nacional Indigenista y de la Comisión Nacional de Zonas Áridas a que se refiere el artículo 64 del referido decreto. En el caso del Instituto Nacional Indigenista, se procurará que las oficinas centrales así como las instancias de atención, se ubiquen lo más cerca posible de las comunidades indígenas": Por otra parte, el convenio 169 de la OIT, ratificado por el Senado de la República y que por este hecho es ley suprema, establece en su artículo 2º diversas obligaciones para el estado mexicano en materia de atención a los pueblos indígenas: "1.Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada, sistemática, con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a su integridad": En tanto, el artículo 4º numeral uno señala que: "Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados": Por su parte el artículo 6º numeral 1, establece: "Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a).Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente": Y el inciso c): "Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones a iniciativa de sus pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin". Por otro lado, de llegar a aplicarse este transitorio estaríamos frente a la posibilidad de afectar de manera negativa las comunidades y pueblos indígenas que a lo largo de los años han sido beneficiados con programas y proyectos del Instituto Nacional Indigenista, estaríamos afectando sus procesos cotidianos y ciclos de vida, sus calendarios de producción, ritos, fiestas tradicionales y su entorno socio económico y cultural. Frente a estos impactos negativos están las dificultades propias que acarrearía la reasignación presupuestal pues para el propio Instituto será prácticamente imposible concluir la adecuación presupuestal al 31 de marzo. De no llegarse a reformar el 16º transitorio, estamos ante la posibilidad de que desaparezca la única institución que hasta el momento tenemos los mexicanos para atender a nuestros pueblos indígenas. De igual manera será imposible celebrar la firma de convenios con las entidades federativas a las que se refiere el propio transitorio. Con base en lo anterior y en virtud de que al Instituto Nacional Indigenista se le otorgan facultades y atribuciones específicas por mandato de ley que el artículo 2º constitucional y el mismo convenio 169 de la OIT establecen las obligaciones de la Federación, los estados y los municipios hacia los pueblos indígenas, y que un artículo transitorio no puede estar por encima de lo que establece la ley que crea al Instituto Nacional Indigenista ni mucho menos de lo que establece nuestra Carta Magna y el mismo convenio 169 de la OIT; de igual manera, considerando que de aplicarse este transitorio pudieran derivarse conflictos sociales en las comunidades indígenas por falta de recursos para los diversos proyectos productivos y programas de capacitación que el Instituto Nacional Indigenista realiza en diversas entidades y comunidades indígenas del país. Estamos convencidos de que el Instituto Nacional Indigenista no es la mejor institución para dar atención a las demandas de nuestros pueblos, pero hasta en tanto esta Cámara no legisle para transformar al Instituto Nacional Indigenista en un organismo superior que permita sacar adelante una política de Estado que atienda de manera transversal, con todas las instituciones del Poder Ejecutivo a las demandas de los pueblos indígenas, ésta debe permanecer con patrimonio, con presupuestos, con sus programas para que pueda atender las demandas de nuestros pueblos indígenas, así como por las dificultades que implican las firmas de convenios de colaboración con las entidades del país. Ya que es un proceso burocrático demasiado complejo, se somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la siguiente iniciativa que deroga el artículo 16º transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2002. Artículo 1: Se deroga el artículo 16º transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para quedar como sigue: 16º, se deroga. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Instituto Nacional Indigenista será responsable de cumplir con las obligaciones que la ley le otorga. Diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias. Con proyecto de decreto que detoga el artículo transitorio decimosexto del decreto de presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, presentada por el diputado Héctor Sánchez López, del grupo parlamentario del PRD Con fundamento en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en los artículos 55, fracción II , 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicito se turne ala Comisión de Presupuesto y Cuenta Publica y ala Comisión de Asuntos Indígenas para su estudio y dictamen correspondiente la siguiente iniciativa que deroga el artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación. EXPOSICION DE MOTIVOS El levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, de 1994 colocó en el centro de la agenda política nacional la situación de abandono, pobreza extrema, y discriminación hacia nuestros pueblos indígenas. Si bien, el artículo 4o. Constitucional reconoció en su momento la composición pluricultural de la nación mexicana, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, misma que estableció la condición de que la ley protegería y promovería el desarrollo de las lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, además de garantizar a sus integrantes el efectivo acceso ala jurisdicción del Estado; esta fue una obligación constitucional que jamás se cumplió por parte del Estado mexicano. El conflicto armado así como el proceso del dialogo inconcluso mantiene vigente el derecho de los pueblos indígenas a ser reconocidos en nuestra Constitución. El 7 de diciembre del 2000, el presidente Vicente Fox Quesada turnó al Senado de la República la iniciativa de la ley que reformaba los artículos 4o., 18, 26, 53, 73; 115 y 116 elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación; el 25 de Abril de 2001 el Senado de la República y posteriormente el pleno de la Cámara de Diputados en su sesión del 28 del mismo mes aprobaron las reformas a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115, todos de nuestra Carta Magna, mismas que después de el artículo 2o. Constitucional en sus apartados A y B, establecieron diversas disposiciones con relación a los pueblos indígenas de México. Específicamente en el apartado B, del artículo 2o. Constitucional, se establecieron un conjunto de obligaciones de la Federación, los estados y los municipios en el que quedó expresado que: B. La Federación, los estados y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades indígenas, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos. Para, abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de: I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos. II a la IV. . . V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. VI. . . VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización. VIII. . . De igual manera, en la fracción IX se establece la obligación de la Cámara de Diputados Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas. Como se desprende, de esta reforma constitucional, con la independencia de que se esté de acuerdo o no, quedaron establecidas las obligaciones del Estado mexicano, de la Federación para atender las condiciones de marginación, pobreza extrema y exclusión social en la que se encuentran los pueblos indígenas. Por otro lado, el Ejecutivo Federal está obligado por dichas reformas a establecer programas de atención a los pueblos indígenas que contribuyan a superar los rezagos en la que aun viven más de 10 millones de indígenas en nuestro país. Por otra parte, el Instituto Nacional Indigenista, es un organismo con personalidad jurídica propia, cuyas facultades y atribuciones se derivan de la ley que la crea en 1948. El artículo 2o. y 3o. de la ley de dicho instituto, establece que le corresponde desempeñar las siguientes funciones: Artículo 2o. El Instituto Nacional Indigenista desempeña las siguientes funciones: I. Investigar los problemas relativos a los núcleos indígenas del país; II. Estudiar las medidas de mejoramiento que requieran esos núcleos indígenas; III. Promover ante el Ejecutivo Federal, la aprobación de estas medidas; IV. Intervendrá en la realización de las medidas aprobadas, coordinando y dirigiendo, en su caso, la acción de los órganos gubernamentales competentes; V. Fungir como cuerpo consultivo de las instituciones oficiales y privadas, de las materias que, conforme a la presente ley, son de su competencia; VI. Difundir, cuando lo estime conveniente y por los medios adecuados, los resultados de sus investigación, estudios y promociones; VII. Emprender aquellas obras de mejoramiento de las comunidades indígenas que le encomiende el Ejecutivo, en coordinación con la Dirección General de Asuntos Indígenas El artículo 3o. establece que el instituto está capacitado para adquirir y administrar bienes y formar su patrimonio con los que enseguida se enumeran: I. La cantidad que anualmente le fije como subsidio el Gobierno Federal, a través de su Presupuesto de Egresos; II. Con los productos que adquiera por las obras que realicen y por la venta de sus publicaciones, y ; III. Los que adquiera por herencia, legados, donaciones o por cualquier otro título de personas o de instituciones públicas o privadas. El pasado 31 de diciembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1o. de Enero del presente año; de sobra es conocida las condiciones en que se dio la aprobación de este presupuesto, en el que sin tomar en consideración una opinión de la Comisión de Asuntos Indígenas se incorporó un artículo transitorio decimosexto en el que se establece: " El Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, deberá celebrar a más tardar el último día hábil de marzo convenios de reasignación con las entidades federativas en los términos del artículo 8o. de este decreto con el objeto de descentralizar el funcionamiento de los programas del Instituto Nacional Indigenista y de la Comisión Nacional de las Zonas Aridas a que se refiere el artículo 64 del referido decreto. En el caso del Instituto Nacional Indigenista, se procurará que las oficinas centrales así como las instancias de atención se ubiquen lo más cerca posible de las comunidades indígenas." Por otra parte, el Convenio 169 de la OIT ratificado por el Senado de la República y que por este hecho es Ley Suprema, establece en. su .artículo 2o. diversas obligaciones para el Estado mexicano en materia de atención a los pueblos indígenas 1. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados; Una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respete de su integridad. En tanto que el artículo 4o. numeral 1, señala que: 1. Deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. Por su parte el artículo 6o. numeral 1, establece: 1. Al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente; y el inciso c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. Por otro lado, de llegar a aplicarse este transitorio estaríamos frente a la posibilidad de afectar de manera negativa a las comunidades y pueblos indígenas que a lo largo de los años han sido beneficiadas con los programas y proyectos del Instituto Nacional Indigenista, estaríamos afectando sus procesos cotidianos y ciclos de vida, sus calendarios de producción, ritos, fiestas tradicionales y su entorno socioeconómico y cultural. Pero frente a estos impactos negativos, están las dificultades propias que acarrearía la reasignación presupuestal, pues para el propio Instituto será prácticamente imposible concluir la adecuación presupuestal de no llegarse a reformar el decimosexto transitorio, de igual manera sería imposible celebrar la firma de los convenios con las entidades federativas, a las que se refiere el propio transitorio. Con base en lo anterior y en virtud de que al Instituto Nacional Indigenista se le otorgan facultades y atribuciones específicas por mandato de ley; que el articulo 2o. constitucional y el mismo Convenio 169 de la OIT, establecen las obligaciones de la Federación, los estados y municipios hacia los pueblos indígenas y que un artículo transitorio no puede estar por encima de lo que establece la ley que crea el Instituto Nacional Indigenista, ni mucho menos de lo que establece nuestra Carta Magna y el mismo Convenio 169 de la OIT; de igual manera, considerando que de aplicarse este transitorio pudieran derivarse conflictos sociales en las comunidades indígenas por la falta de recursos para los diversos proyectos productivos y programas de capacitación que el Instituto Nacional Indigenista en las diversas entidades y comunidades indígenas del país; así como por las dificultades que implican las firmas de convenios de colaboración con las entidades del país ya que es un proceso burocrático demasiado complejo, se somete a la consideración de este pleno de la Cámara de Diputados la siguiente: Iniciativa que deroga el artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2002. Artículo único. Se deroga el artículo decimosexto transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para quedar como sigue. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero al decimoquinto. Decimosexto. Se deroga. Decimoséptimo al decimonoveno. . ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El Instituto Nacional Indigenista será el responsable de cumplir con las obligaciones que la ley le otorga. México, D. F., a 20 de marzo de 2002. Diputado Héctor Sánchez López.»