La diputada Sonia Mendoza Díaz: Con la anuencia de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, para México es un orgullo contar con una institución protectora de derechos, como lo es el juicio de amparo. Para nadie es desconocida la trascendencia e importancia que tiene para la correcta defensa judicial ante los actos arbitrarios de autoridad. Debo señalar a ustedes que ya el juicio de amparo contaba con normas tutelares a favor de menores e incapaces, y con las reformas que hoy discutimos se abona a crear mayores garantías para cuando se diluciden derechos en juicio en que estén involucrados los menores de edad. En consecuencia, estamos impulsando el desarrollo y evolución del juicio de amparo para que siga siendo vanguardia en la protección de los derechos de las personas. En la especie, las reformas son las siguientes: Se establece la posibilidad de que cualquier persona con capacidad legal pueda solicitar el amparo a favor de menores de edad e incapaces si su legítimo representante no lo hace, a fin de salvaguardar el interés superior de la infancia y la debida protección de los incapaces. Se establecen reglas procesales claras para que en caso de que el menor de edad cumpla la mayoría de edad y no deje de estar debidamente representado y asesorado en juicio. Se asegura que el desistimiento de los juicios de amparo por los representantes de los menores e incapaces se podrá realizar siempre que no se afecten sus derechos, para ello se dará vista al Ministerio Público para que manifieste lo que al interés social corresponde. Se previene que en los juicios en los que intervengan menores de edad o incapaces, no procederá el sobreseimiento por inactividad procesal o la caducidad de la instancia. El dictamen propone que ya no se exijan las copias de la demanda cuando intervengan los menores de edad e incapaces, y el Tribunal de Amparo las mandará sacar oficiosamente a fin de que se tramite a la brevedad el juicio y se proteja de manera más oportuna los derechos de los menores. Estas reformas vienen a potencializar las medidas tutelares que ya existen en el juicio de amparo, como la institución de la suplencia de la queja a favor de menores e incapaces. Por lo anterior, solicito su anuencia a este proyecto legislativo que tiene por objeto proteger la dignidad de las personas, en particular de niños y niñas y de personas que no tienen capacidad de ejercicio, reconociendo su estado de vulnerabilidad. En consecuencia, las normas que hoy se discuten atienden con notabilidad y justicia las disparidades naturales o sociales que existen, y se equilibra la posible situación de desventaja en la que se puede encontrar un menor de edad o un incapaz al tramitar un juicio. También debe señalarse a este pleno de legisladoras y legisladores, que existen múltiples disposiciones encaminadas a la protección de menores e incapaces, además de tratados y convenciones internacionales, por lo que la reforma que hoy proponemos se enmarca en la maximización de los derechos humanos. Por último, debe colocarse énfasis en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios respecto a los menores incapaces, al señalar que en cualquier clase de juicio de amparo y particularmente en materia penal, pueda afectarse directa o indirectamente su esfera jurídica. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación tienen el deber ineludible de suplir la queja deficiente en toda su amplitud. Es cuanto, presidente.