El senador Mario López Valdez: Gracias, señor presidente; honorable asamblea. Los artículos 6o. y 7o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen como libertades fundamentales de los individuos el derecho a la información, así como la libre manifestación de las ideas. El reconocimiento de los derechos específicos de los profesionales de la información que el orden constitucional consagra es fundamental para la consolidación de un estado de derecho pleno y democrático. El derecho a la información en un Estado participativo incide directamente en el proceso de formación de la opinión pública; cualquier interferencia en este proceso, bien sea que provenga del poder político, del poder económico, de los mismos medios de comunicación o del crimen organizado atenta no sólo contra los derechos individuales de los periodistas, sino contra las bases y los fundamentos de un sistema democrático. A nivel internacional sabemos que la actividad periodística es en muchas ocasiones de alto riesgo. Hay corresponsales que cubren la fuente de información de una guerra, de un movimiento social, de un movimiento político, de un acto terrorista y también de los fenómenos naturales. El ejercicio de un periodismo de alto riesgo por sus características afecta intereses de terceros, lo que pone en peligro la integridad física de los profesionales de la información, de las instalaciones del medio de comunicación en el que laboran y hasta de sus familias. Es por tal motivo que nuestra propuesta incorpora el concepto de periodismo de alto riesgo, concepto que reconoce el peligro constante en que ejercen su profesión. Los periodistas que sean considerados periodistas de alto riesgo deben tener el derecho de solicitar a las autoridades correspondientes la protección de su persona, de su familia, y de ser necesario, de las instalaciones del medio de comunicación que se ve amenazado, y si llegara a ocurrirle un atentado o accidente derivado de su profesión de alto riesgo, los periodistas debieran contar con la prestación de servicios médicos por parte del sistema de salud. También los periodistas deben contar con el derecho del secreto profesional donde se otorga la garantía jurídica que asegure su anonimato y evitar las posibles consecuencias que se puedan derivar después de haber revelado una información sobre el sujeto primero que la ha proporcionado. La necesidad de otorgar más seguridad a los periodistas se debe a que vemos con preocupación que las agresiones, intimidaciones, asesinato de periodistas y atentado en contra de instalaciones de los medios de comunicación son cada vez más frecuentes. La situación que viven los comunicadores y el periodismo de investigación a escala nacional es muy grave; vemos cómo organismos nacionales e internacionales exigen que se tomen medidas serias para hacer frente a la violencia contra los comunicadores. La fragilidad de los periodistas en México es cada vez mayor. Esta situación ya se califica como fuera de control y pone a México a la cabeza de las naciones de mayor riesgo, no sólo en América Latina, sino a escala internacional para el ejercicio del periodismo. ¿Por qué no pasar de ser un país clasificado a nivel internacional de alto riesgo para el ejercicio del periodismo, con una legislación deficiente, a ser un modelo internacional en el respeto a los modelos de comunicación y a la vanguardia en la legislación en la materia? Es en razón de lo anterior que me permito poner a su consideración esta iniciativa que expide la Ley de Periodismo de Alto Riesgo, cuyo objetivo es permitir el reconocimiento y protección del ejercicio de los profesionales de la comunicación como base de nuestro sistema democrático y de desarrollo social. Señor presidente, atentamente le solicito que sea incluido el texto íntegro de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto.