EL MISMO C. SECRETARIO: COMUNICACION DE LA DIPUTADA IRMA PIÑEIRO ARIAS, INSÉRTESE. PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO SOBRE EL REGIMEN FISCAL DE EJIDOS Y COMUNIDADES FORESTALES QUE PRESENTA LA DIPUTADA IRMA PIÑEYRO ARIAS SR. PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTI\/A COMPAÑERAS DIPUTADAS COMPAÑEROS DIPUTADOS Ante la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal a este H. Congreso de la Unión, de la llamada Nueva Hacienda Pública Distributiva en la que se proponen reformas constitucionales y diversas disposiciones fiscales, me permito poner a consideración del Pleno de esta H. Cámara de Diputados, el siguiente PUNTO DE ACUERDO Considerando Que la explotación y manejo forestal se llevan a cabo en bosques y selvas naturales o en plantaciones forestales y que su aprovechamiento racional es una alternativa viable que implica una serie de inversiones, las cuales no son de recuperación a corto plazo; Que los ejidos y las comunidades indígenas son poseedores de gran parte de los bosques y selvas del país, las cuales son explotadas por sus integrantes para el autoabastecimiento y de manera comercial; Que de acuerdo con nuestra Constitución Política y las leyes reglamentarias, los ejidos, comunidades, ejidatarios y comuneros forman parte de los llamados sujetos sociales, los cuales son objeto de especial protección por nuestro régimen jurídico; Que el artículo 27 de la Constitución Política, en su fracción VII expresa textualmente: "Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales y se protege su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas"; La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores"; Que el mismo artículo 27 en su fracción XX dispone: "El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar, su participación e incorporación en el desarrollo nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de capacitación y asistencia técnica. Asimismo, expedirá la legislación reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, considerándolas de interés público;" Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 31, al referirse a las obligaciones de los mexicanos, estipula, en la fracción IV: "Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Distrito Federal o del Estado y municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes" Que en el actual régimen fiscal, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, opera un programa de estímulos fiscales para las actividades silvícolas que comprende el cultivo, conservación, restauración, fomento, aprovechamiento y primera enajenación de los productos resultantes que no hayan sido procesados ni transformados de manera industrial; Que los estímulos fiscales son apoyos gubernamentales destinados a promover el desarrollo de regiones y actividades determinadas, mediante mecanismos tales como la disminución de tasas impositivas, exenciones fiscales parciales o totales; Que la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 13 establece que: "Las personas morales podrán reducir el impuesto determinado en los términos del artículo 1 0 de esta Ley, como sigue": I. 50%, si los contribuyentes están dedicados exclusivamente a la agricultura, ganadería, pesca o silvicultura. II. 25% si los contribuyentes a que se refiere la fracción anterior industrializan sus productos;"..... Que asimismo, la Ley Forestal en su Título Tercero, denominado "Del fomento a la actividad forestal ", Capítulo 1, artículo 33, establece": "Artículo 33. La Secretaría (se refiere a la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, actualmente reestructurada, pero, puesto que la ley no ha sido modificada ni derogada, las atribuciones se transfieren a quien tiene las competencias) y las demás dependencias de la Administración Pública Federal competentes, tomando en consideración el valor, potencialidades y costos de los recursos y actividades forestales establecerán medidas9 programas e instrumentos económicos para fomentar, inducir e impulsar la inversión y participación de los sectores social y privado en la conservación, protección, restauración, aprovechamiento sustentable y uso múltiple de dichos recursos, así como para la promoción y desarrollo de forestaciones, de conformidad con los siguientes objetivos prioritarios: I. Incorporar a los ejidos y comunidades indígenas y demás propietarios y poseedores legítimos de recursos forestales a la silvicultura y a los procesos de producción, transformación y comercialización forestal, promoviendo su fortalecimiento organizativo y mejoramiento social y económico;" Que debe tenerse en cuenta que las empresas comunales o ejidales, aún dedicadas a la comercialización, no son lucrativas. El campesino no se autoasigna salario por sus labores. El usufructo de las tierras forestales es en común, por usos y costumbres y por mandato de ley, ya que la Ley Agraria en su artículo 59 establece que "Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques y selvas tropicales". Esto significa que, aún cuando la asamblea resolviese destinar parcelas en zonas de bosques y selvas en ejercicio de su autoridad suprema en los núcleos agrarios, esta resolución no tendría validez alguna. Que un principio de equidad que impregna todo régimen de derecho implica un trato desigual a los desiguales. Dar a cada quien lo que le corresponda no se logra con el régimen de tabla rasa para todos por igual, porque partiría de considerar que todos tienen una situación similar y las mismas oportunidades, lo cual es obviamente falso, respecto a lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la tesis de la igualdad ante la ley de todos los contribuyentes de un mismo tributo, lo cual significa que deben encontrarse en una misma situación jurídica, es decir, deben tributar igual los iguales y desigual los desiguales, como en seguida lo ilustro con la jurisprudencia correspondiente que dice a la letra: "IMPUESTOS. PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA PREVISTO POR EL ART 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL. De una revisión a las diversas tesis sustentadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en torno al principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, necesariamente se llega a la conclusión de que, en esencia, este principio exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentran en una misma hipótesis de causación, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo establece y regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentren en una misma situación y de manera desigual a los sujetos de gravamen que se ubiquen en una situación diversa; implicando además, que se establezca que para poder cumplir con este principio el legislador no sólo está facultado, sino que tiene la obligación de crear categorías o clasificaciones de contribuyentes, a condición de que éstas no sean caprichosas o arbitrarias, o creadas para hostilizar a determinadas clases o universalidades de causantes, sino que se sustenten en bases objetivas que razonablemente justifiquen el tratamiento diferente entre una y otra categoría y que puedan responder a finalidades económicas o sociales, razones de política fiscal o incluso extrafiscales. NOVENA EPOCA. PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION Y SU GACETA. TOMO II. DICIEMBRE DE 1995, pag. 208 Consideramos que no debe ser intención de los autores de las iniciativas de reformas hacendarias desconocer y violentar todo el marco jurídico de la Nación, imbuido de una voluntad social que hizo de nuestra Constitución de 1917 la primera en el mundo al plasmar disposiciones de derecho social. Esta Legislatura, representante legítima de la ciudadanía, debe defender los derechos y expectativas de ésta, no pasando por alto las disparidades evidentes entre los sujetos tributarios y tomando en cuenta las características específicas de las actividades desarrolladas por determinados sectores de la población. Que en todos los antecedentes mencionados se establece que hay un mandato constitucional de apoyo a las actividades silvícolas y a las comunidades y ejidos indígenas, considerándolos sujetos sociales, a los cuales el poder del Estado apoya y protege, en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, en su propiedad y en sus actividades productivas. Por todo lo expuesto, fundado y motivado, me permito presentar ante esta H. Cámara el siguiente punto de acuerdo: UNICO. Que se mantenga el régimen de protección legal y fiscal a las empresas forestales ejidales o comunales, por la naturaleza de sus integrantes, por la notoria diferencia de su funcionamiento interno y respondiendo al mandato constitucional expreso en la materia. Ratifican y firman este Punto de Acuerdo los siguientes diputados: Atentamente Palacio Legislativo, Abril de 200 Dip. Irma Piñeyro Arias EL C. PRESIDENTE: Recibo y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------