La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, la reinserción social es una de las claves más importantes para resolver la grave crisis de seguridad que vive nuestro país. Una sana sociedad se construye a partir de una sólida relación, no solamente social, sino también familiar que fomente el desarrollo integral de sus jóvenes. Estos presupuestos cobran vital relevancia cuando se trata de robustecer el sistema integral de justicia penal para adolescentes, pues existen múltiples factores que originan la comisión de delitos y menoscaban la reinserción social entendida como uno de los principios constitucionales que rigen el actual sistema penal en su conjunto. De acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, las personas menores de edad inician su vida delictiva a temprana edad, si tienen algún trauma psicológico o emocional, tales como haber perdido a sus padres biológicos o tener un familiar en reclusión, o bien la violencia al interior de la familia, por lo que su crianza y cuidado termina dependiendo de otras personas. Por otra parte, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia, conocida como Redim, se calcula que actualmente entre 35 mil y 45 mil personas menores de edad son reclutadas de manera forzada en las filas de la delincuencia organizada. Igualmente, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, solo el 11.7 por ciento de las y los adolescentes estuvieron bajo responsabilidad de otros adultos al entrar bajo custodia del sistema de justicia penal, mientras que tan solo el 6.9 por ciento lo estuvo a cargo de sus mismos padres. La evidencia empírica disponible demuestra que un gran número de personas bajo la figura de titulares de patria potestad o tutores cuidan de las y los adolescentes. De ahí la importancia de otorgarle la debida relevancia a estos vínculos y mantenerlos vigentes durante el encarcelamiento, en este caso, hablando de personas menores de edad, de las medidas de privación de libertad o de internamiento, puesto que además de simbolizar un contacto con el mundo exterior, también son una de las redes de apoyo más importantes en el proceso de la recuperación de su libertad, ya que cataliza cambios positivos en su comportamiento y evita la reincidencia. Por ello, en la Comisión de Justicia coincidimos con la finalidad de las iniciativas que reconocen la relevancia de la etapa formativa de la adolescencia y pretenden salvaguardar el principio de reinserción social. En este sentido, se amplían aquellos sujetos a quienes el adolescente puede visitar en su lecho de muerte o acudir a su sepelio. La normativa actual únicamente contempla a los ascendientes o descendientes en primer grado, su cónyuge, concubina o concubinario. La propuesta del dictamen que hoy se presenta posibilita a las y los adolescentes a salir de los centros especializados para acudir al sepelio o lecho de muerte de quien ejerciera su patria potestad, tutela o cuidado, pues ante la pérdida de una figura significativa en la vida de estas personas resulta fundamental ofrecerles la oportunidad de participar en los rituales de despedida. Esta reforma resulta fundamental en un contexto como el de la contingencia sanitaria, en el cual el número de decesos ha incrementado considerablemente. Por otra parte, este dictamen prevé un integral desarrollo de las y los jóvenes a partir de la ampliación de los derechos de las personas sujetas a medidas cautelares o de sanción privativa de libertad, con el objeto de brindarles atención, asistencia y tratamiento psicológico. Finalmente, se contempla la proporción de un tratamiento psicológico por parte de las autoridades directivas de los planteles de educación para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Con esta reforma se da un gran paso hacia la consolidación de un sistema integral de justicia adolescente, capaz de comprender y empatizar con cada una de sus necesidades para un idóneo desarrollo. Por ello, las y los invito a votar a favor de este dictamen, ya que el Estado mexicano no puede ni debe fallar en la tarea de encaminar a las y los adolescentes hacia la recuperación de una vida cívicamente responsable y apegada a la legalidad, que les permita gozar plenamente de sus derechos. Es cuanto, presidenta.