La diputada Marbella Toledo Ibarra: Con su venia, diputada presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados. La enfermedad renal crónica afecta a cerca del 10 por ciento de la población mundial. Se puede prevenir pero no tiene cura. Suele ser progresiva, silenciosa y no presenta síntomas hasta etapas avanzadas, cuando las soluciones son altamente invasoras y costosas. En nuestro país existen entre ocho y nueve millones de personas con insuficiencia renal; entre 100 mil y 130 mil requieren diálisis y destinan un promedio de 250 mil pesos al año para tratar de mantener su salud sin mayores complicaciones. Este padecimiento ha alcanzado cifras de suma seriedad en México y ha llegado a dimensiones alarmantes. Si bien es cierto que tampoco existe un registro nacional que dé información fehaciente, la enfermedad sigue en ascenso sin que la curva de crecimiento haya sido minimizada de alguna manera. Estimaciones de un estudio hecho por la Facultad de Medicina de la UNAM, estimaba hace cuatro años que existen casi 120 mil mexicanos con necesidad, sin alternativa de recibir tratamiento sustitutivo de riñón para mantenerse con vida, y que menos de la mitad de esos pacientes recibirían alguna forma de tratamiento para ese padecimiento. A cuatro años de distancia ambas cifras han sido superadas sin duda alguna. Existen estadísticas internacionales que permiten dilucidar el creciente ritmo de la enfermedad renal en nuestro país. De acuerdo con un comparativo internacional del Sistema de Datos Renales de Estados Unidos, la incidencia de insuficiencia renal crónica se ha más que duplicado en México, en cuestión de una década, al pasar de 200 a 500 casos por cada millón de habitantes entre el 2001 y el 2011. Los datos disponibles también sugieren una gran inequidad en el acceso al tratamiento para la enfermedad renal crónica, con una clara desventaja para los países y poblaciones con menores ingresos. Diputadas y diputados, no hablamos de cifras, hablamos de personas en profunda necesidad de atención médica. En lo que se refiere a personas de la tercera edad que sufren padecimientos renales, hablamos de un sector vulnerable de manera social y económica que ante este padecimiento enfrenta condiciones de supervivencia sumamente complejas, pues es imposible que costeen su tratamiento. Pero no sólo ese sector es el que se ve vulnerado, como bien ha sido expuesto en las consideraciones del punto de acuerdo que ahora discutimos; quienes son beneficiarios del Seguro Popular no cuentan con acceso a la terapia de reemplazo renal que es necesaria para salvar su vida. Este sector tan vulnerable de la población vive en condiciones precarias y en la mayoría de los casos quienes padecen esta enfermedad, mueren sin que les sea diagnosticada. Es necesario que se entienda de manera clara y contundente que si no se toman acciones para prevenir esta enfermedad, así como para evitar que progrese cuando las personas la padecen en estados avanzados, más personas la contraerán con el paso del tiempo y nuestro país tendrá que lidiar con mayores costos sanitarios y humanos en el futuro. Estoy convencida de que la mayoría de las ocasiones las personas que mueren no porque el padecimiento no pueda ser tratado, sino porque no tienen el dinero suficiente para atenderse. Los diputados de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos, como lo hemos hecho siempre, a favor de la población más vulnerable que enfrenta mayores necesidades. Es imperativo que actuemos, y por ello nos congratulamos con la presentación de este punto de acuerdo, que es un paso a la vida y seguramente abonará a un avance significativo en la atención de este padecimiento. Gracias por su atención.