EL C. DIP. FELIPE SOLIS ACERO: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: La resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hoy se discute, ha motivado desde el primer momento una intensa polémica pública que ha sido planteada a partir de una incorrecta apreciación de la norma constitucional en la que tiene su origen y de la construcción de un falso debate alrededor de este tema. Lo único cierto es que el más alto tribunal en materia electoral ha dicho la última palabra: "La Cláusula de Gobernabilidad no es aplicable a la luz de los resultados electorales del 2 de julio y dicha resolución no admite recurso legal alguno", A pesar de lo improcedente del debate que hoy se trae a esta tribuna, el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional quiere fijar su posición. El Artículo 122 de la Constitución General de la República establece ahora el marco constitucional del Distrito Federal y las bases para la organización y funcionamiento de las autoridades locales de esta entidad, entre ellas la Asamblea Legislativa. Al establecer el sistema de integración de la Asamblea Legislativa, el propio Articulo 122 de la Ley Suprema establece con toda precisión: "Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias de mayoría y por lo menos el 30 % de la votación en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea". Esto es lo que se conoce como la Cláusula de Gobernabilidad, que es una excepción a la formula ordinaria para integrar la Asamblea y cuyo fin fundamental radica en garantizar la gobernabilidad de dicho órgano, es decir, su conducción coherente a partir de la construcción de la mayoría absoluta a favor de un solo partido político. Esto es precisamente el bien jurídico tutelado por la norma constitucional. El Articulo 37 del Estatuto de Gobierno reprodujo literalmente dicho mandato constitucional y por su parte el Articulo 13 del Código Electoral local estableció el procedimiento especifico para la asignación de curules de representación proporcional tanto en el supuesto de aplicarse la Cláusula de Gobernabilidad como en el caso de que no se diera la hipótesis constitucional previendo la distribución conforme al principio de proporcionalidad pura, es decir, asignando curules de acuerdo con el porcentaje de votación y sin premio de sobrerrepresentación para ningún partido. De acuerdo con lo anterior, para que la Cláusula de Gobernabilidad sea aplicable, es indispensable e ineludible que se den tres condiciones con juntas y no separadas: Primera. Considerar al partido político beneficiario de su aplicación por sí mismo, es decir, por si solo, o sea, considerado en lo individual. Segunda. Que ese partido político por sí mismo obtenga el mayor número de constancias de mayoría, y Tercera. Que haya obtenido por lo menos el 30 % de la votación en el D. F. Así claramente lo manda la Constitución y por tanto al faltar uno solo de esos elementos, la Cláusula de Gobernabilidad se vuelve inaplicable y las curules deben repartirse conforme al criterio de proporcionalidad pura que es la regla ordinaria, pues la Cláusula está concebida como un mecanismo excepcional que por lo mismo está sujeta a requisitos ineludibles de aplicación y a una interpretación restrictiva. ¿Qué fue lo que ocurrió el 2 de julio? Que ningún partido político por si' mismo, o sea, considerado en lo individual, consiguió cumplir los dos requisitos de resultados electorales exigidos por la Ley Suprema. Es decir, ni el PAN ni el PRD lograron ponerse por si' solos en los supuestos constitucionales. El asunto se lo plante6 por primera vez el Instituto Electoral del D. F. en cuyo Consejo General se aplicó la Cláusula de Gobernabilidad a favor de la coalisión PANPVEM en clara violación de normas constitucionales y desoyendo la voz de advertencia de uno de sus propios consejeros que desde entonces anticipó la inaplicabilidad de la Cláusula. El acuerdo del IEDF fue impugnado ante el Tribunal Electoral Local por el PRD quien reclamó sin razón la aplicación de la Cláusula en su beneficio. Pero dicho Tribunal confirmó el acuerdo en una resolución con votación dividida en donde incluso el proyecto original de resolución . dividida, en donde incluso el proyecto original de resolución presentado por el magistrado ponente, planteaba la solución que finalmente acogió el órgano jurisdiccional federal. El Tribunal Federal conoció en última instancia de este asunto, a partir del juicio de revisión constitucional interpuesto por el PRD y por Democracia Social, quien planteó la argumentación razonable en el sentido de la inaplicabilidad de la cláusula. El PRI compareció en dicho litigio como tercer interesado. A partir de la resolución del Tribunal Federal, que ordenó no aplicar la cláusula de gobernabilidad y en cambio hacer la distribución de curules con base en el principio de proporcionalidad pura, en estricto apego a lo mandado por el Artículo 122 Constitucional, se ha desatado una estrategia política clara de descalificación del fallo, de los magistrados que lo votaron, y aun del propio Tribunal Federal del que forman parte. Es una estrategia para minar a la institución jurisdiccional electoral, construida a partir de un falso debate, que parte de sofismas jurídicos sin ningún asidero constitucional y cargada de consideraciones descalificatorias. Frente a lo desmesurado de los señalamiento es necesario precisar: 1o. El PRI no ha hecho nunca del litigio electoral una estrategia política, ni impugnamos por impugnar ni queremos ni necesitamos ni buscamos re soluciones surgidas del favoritismo. Lo que pretendimos en todo momento fue una resolución de estricta constitucionalidad, y eso fue lo que hizo el Tribunal Federal. No hay que olvidar en este asunto, dicho Tribunal actuó como revisor de la Constitución, y que por ello le otorgó mejor jerarquía al mandato contenido en el Artículo 122 Constitucional, por encima de normas establecidas en leyes secundarias, que no pueden rebasar ni mucho menos contradecir los mandatos de la ley suprema. 2o. No es cierto tampoco que el Tribunal se haya excedido en el contenido de su fallo, al argumentar que la resolución fue más allá de lo que promovieron los impugnantes, no hubo ningún exceso. El punto de fondo de la litis en la acumulación de juicios, estuvo siempre en el expediente a través de Democracia Social, partido que actuó como actor en uno de los juicios y del PRI como tercero interesado. La inaplicabilidad de la cláusula de gobernabilidad, fue un hilo conductor en todo el procedimiento. Se señaló en el Consejo General del LIEDF (?), se planteó en la sentencia del Tribunal Local y se resolvió por el Tribunal Federal como intérprete de la Constitución en materia electoral. De manera que no puede haber sorpresa alguna ni mucho menos excesos en la resolución. Al Tribunal Federal se le planteó un asunto de interpretación, y con estricto apego a la norma constitucional suprema por encima de cualquiera otra, resolvió con un fallo inapelable. De acuerdo a los resultados del 2 de julio, la cláusula de gobernabilidad es inaplicable en esta ocasión, para integrar la próxima legislatura de la Asamblea Legislativa. 3o. Tiene razón el diputado Lozano del PAN, al afirmar que donde la ley no distingue el juzgador no debe distinguir, eso fue exactamente lo que hizo el Tribunal Federal. El Artículo 122 Constitucional no distingue, claramente establece que la cláusula de gobernabilidad se aplicará, si se cumplen los supuestos constitucionales, al partido político que por si mismo se ponga en el hipótesis constitucional. 4o. Tampoco es cierto que el Tribunal haya incurrido en presunta contradicción de criterios entre el asunto que nos ocupa y el relativo a la asignación de senadores de primera minoría. Como se razona claramente en la sentencia, se trata de asuntos de naturaleza diversa, pues mientras la asignación de senadurías es un cuestión circunscrita al proceso electoral, para el cual se constituyen las coaliciones, la aplicación de la cláusula tiene efectos posteriores al proceso electoral, relativos a la integración de la Asamblea, integración que no puede quedar sujeta a una coalición, que para entonces ya no existe, ni mucho menos a la previsión azarosa y voluntarista de que grupos parlamentarios diversos constituyan una mayoría ficticia. 5o. Se ha pretendido además imputar al PRI y sólo a él la existencia de la cláusula de gobernabilidad. Es pertinente recordar que la incorporación de esta figura al texto constitucional en 1989, fue aprobada conjuntamente por el PRI y el PAN. Que en 1993 cuando la cláusula fue reubicada en el articulado de la ley suprema y se incluyó en su redacción la locución por si mismo, para referirse al partido político que podía ser beneficiario de la cláusula, dicha reforma también fue votada por el PRI y el PAN. Y finalmente la modificación constitucional de 1996, que mantuvo en sus términos la cláusula, fue aprobada por el consenso de todas las fuerzas políticas entonces representadas en el Congreso, en la única reforma electoral aprobada por unanimidad. Está claro que entonces que en el origen y la evolución de la cláusula de gobernabilidad en la ley suprema obedeció a acuerdos conjuntos, que en su momento el PAN suscribió. Le ruego, señor Presidente, si me permite concluir.