La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con el permiso de la Presidencia; señoras diputadas y señores diputados. Desde el inicio de esta LXII Legislatura hemos aprobado una serie de reformas cuyos objetivos principales deben ser, mejorar las condiciones de vida de las y de los mexicanos, una de ellas por su trascendencia en el futuro próximo del país ha sido la reforma educativa cuyo objetivo anunciado es lograr la tan anhelada calidad educativa. Sin embargo, debemos reconocer que para alcanzar una educación de calidad con equidad, se requieren de condiciones no solo pedagógicas, sino también de infraestructura escolar, que permitan un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje. Un aspecto que en nuestro grupo parlamentario ha colocado como prioritario en la agenda educativa es el de la infraestructura y equipamiento y los servicios en las escuelas públicas del país. Y hoy que estamos discutiendo las nuevas condiciones bajo las cuales operara el sistema eléctrico nacional, no podemos dejar de lado una realidad que afecta a miles de escuelas públicas en nuestro país. La falta de energía eléctrica o de los recursos necesarios para costear este servicio público, es precisamente una preocupación que debemos atender si queremos lograr una verdadera equidad educativa. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, hasta el pasado mes de julio 3 mil 700 planteles escolares y 6 mil 900 centros educativos del Consejo Nacional de Fomento Educativo, no cuentan con suministro de energía eléctrica. Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad reporta que al corte de diciembre de 2013 existían adeudos de planteles educativos por 390 millones 298 mil 365 pesos y se había procedido a realizar 149 cortes a planteles deudores. ¿Cómo podemos aspirar a mejorar el nivel educativo de nuestras niñas, niños y adolescentes si las escuelas no cuentan con los insumos básicos para interactuar con las nuevas tecnologías de la comunicación e información? Esta situación sin embargo no sólo afecta la educación de nuestra niñez y juventud, sino además genera un costo extra para las madres y padres de familia, quienes muchas veces tienen junto con los docentes que cubrir los costos de los servicios básicos como agua, agua potable, Internet, teléfono, papelería, pago de conserjes, vigilantes, maestros de inglés, de cómputo y pago de la energía eléctrica. Lo más preocupante es que no siempre se cuenta con los recursos económicos para solucionar el problema. Ante esta situación es nuestra responsabilidad que en el marco de la discusión de esta reforma al sistema eléctrico nacional atendamos y resolvamos esta problemática que se vive en nuestras escuelas. Por ello propongo en esta reserva que está a consideración incluir en el artículo 113 de la Ley de la Industria Eléctrica que sea el Fondo de Servicio Universal Eléctrico la instancia que financie el suministro de servicio eléctrico en las escuelas públicas de educación básica del país. Centramos nuestra propuesta en las escuelas públicas de educación básica, ya que son las que menos opciones de financiamiento público tienen para afrontar estos gastos pues no se cuenta con un presupuesto asignado a cada una de ellas para tal fin. Compañeras y compañeros, reiteramos nuestra visión de que esta reforma energética tiene la obligación de detonar un modelo de desarrollo incluyendo. Iniciemos con garantizar el suministro eléctrico a nuestras escuelas públicas si realmente aspiramos a alcanzar una verdadera educación de calidad con equidad. Por su atención y apoyo, muchas gracias.