El diputado Juan Alejandro Rivera Torres: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, el grupo de Morena pretende instruir a la presidenta de la Mesa Directiva a la presentación de una controversia constitucional en contra de un reglamento realizado por el Congreso del estado de Tamaulipas. En realidad, dicho reglamento en nada afecta a las atribuciones de esta Cámara federal. Como saben, este reglamento tiene el objetivo de colmar en última instancia lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución, así como por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que data de 1982. En referencia al desafuero, el párrafo quinto del artículo 111 señala que en el supuesto de que la Cámara de Diputados señale que ha lugar a proceder en el ejercicio de la acción penal en contra de determinados servidores públicos estatales, esta declaración no tiene un carácter de aplicación inmediata, sino que debe ser comunicada a las legislaturas locales a fin de que procedan como corresponda. Esta disposición responde al mejor espíritu federalista y al reconocimiento de una garantía para salvaguardar de atropellos en contra del ejercicio de dichos encargos. Esta salvaguarda cobra sentido para evitar el riesgo de que el gobierno federal incurra en desvío de poder, es decir en la utilización fraudulenta y abusiva de atribuciones en la aplicación de normas punitivas. A su vez, la Ley Federal de Responsabilidades de Servidores Públicos de 1982 señala en su artículo 28 que en caso de que se dicte la declaración de procedencia por esta Cámara, las legislaturas estatales deberán ser informadas para que ejerzan las atribuciones que les correspondan. Como se puede advertir, estamos ante un conjunto normativo congruente y pertinente que, además, tratándose de un tema de derechos humanos implica la aplicación conforme al principio pro persona, es decir, maximizando la protección hacia el justiciable. Todo lo anterior se refuerza con la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia del 9 de marzo de 2006 referida a diversas controversias, promovida por esta Cámara. En esa sentencia, el Supremo Tribunal señala que el efecto de la comunicación del desafuero a las legislaturas estatales es para el efecto de que las legislaturas locales puedan eventualmente proceder a determinar su separación del cargo, sin constreñirlas a hacerlo de manera fatal y obligatoria como es natural. Insisto, es un sistema federalista como el que nos rige y la decisión de la Cámara tendrá un efecto meramente declarativo. En virtud de lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional votará en contra por las siguientes razones: Uno. La controversia constitucional impugna reglas de procedimiento que no invaden ninguna facultad de la Cámara de Diputados, ya que únicamente define las reglas procesales que deberá observar su Comisión Instructora local, para atender el mandato constitucional y el legal proceder conforme a sus atribuciones en la atención de la declaración de procedencia emitida por esta Cámara. Dos. El proyecto de controversia constitucional pretende, en realidad, impugnar una atribución soberana de las entidades federativas y su facultad constitucional de normar las reglas tendientes a determinar los alcances de las responsabilidades civiles, penales, políticas o administrativas de los servidores públicos locales. Que no se les olvide, a los gobernadores los ponen y los quitan sus electores. Con la presentación de la controversia no solo se pretende desconocer una facultad soberana de alguna entidad federativa, ha quedado evidenciado que forma parte de una estrategia electoral para ir en contra de un gobernador electo legítimamente, que ha comparecido puntualmente tanto a esta Cámara de Diputados como a las instancias competentes a desvirtuar las acusaciones que se le han señalado y que lejos de actuar conforme al debido proceso se han presentado vicios procedimentales para lucrar políticamente con el tema, tales como: Comunicar a los órganos de gobierno antes que a la Sección Instructora por parte de la Secretaría General de la Cámara. Convocar a una reunión de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, sin estar previsto en la normatividad aplicable. Convocar a una reunión de la Sección Instructora en la que la Unidad de Inteligencia Financiera violó el debido proceso al exponer datos falsos, y extralimitando sus atribuciones. Lo que esta controversia pretende es eliminar un reglamento que aporta certeza y claridad a las partes. Lo anterior, a todas luces es un despropósito, por lo que votaremos en contra. Confiamos en que ustedes también serán consecuentes con el Estado de derecho y rechazarán esta moción. Es cuanto, señora presidenta.