El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz: Muchas gracias, señora presidenta. Compañeras y compañeros, el derecho colonial quedó a un lado de la historia y en el año de 1824 la América mexicana enarboló su primer texto constitucional que garantizaba entonces independencia y daba las primeras bases para la vida nacional. En este bicentenario se presenta un momento crucial de historia, nos exige mirar atrás con gratitud, nos exige mirar adelante, con esperanza y determinación. La Constitución de aquel año 24 fue más que un simple conjunto de leyes, un testimonio de voluntad y de sacrificio, de un pueblo por la libertad y por la independencia. La soberanía nacional, el federalismo, la división de Poderes constituyeron las bases del sistema político y jurídico que trascienden hasta la Constitución de 1917. La división de Poderes entonces fue un legado fundamental de aquella Constitución, desde entonces el parlamentarismo se asoma en México frente una democracia con escasa raigambre en el gobierno de las asambleas. El viejo continente comenzó hace ocho siglos a discutir frente al gobernante. Luego se enseñó a debatir entre sí sus posturas vinculantes y discordantes. Más tarde, la discusión social vislumbró el rostro del Estado nacional. El día que el parlamento sometió al soberano absoluto apareció la división de Poderes y la Constitución, y con el primer código constitucional el Estado democrático. Después el derecho y esa democracia fraguaron al Estado soberano. Nuestra carta liberal del siglo decimonónico provocó una guerra interna. Sobrevivió a una invasión, pero proclamó libertad en el individuo y de soberanía nacional, aunque no cambió la realidad injusta de entonces. Luego, un dictador que asumía los tres Poderes aprovechó la legitimidad de esa Constitución para ejercerlos todos a plenitud y decidir que las fuerzas económicas crearan la riqueza bajo la proclama de que producir era igual que repartir. El sufragio efectivo fue un hermoso postulado que la Constitución de Querétaro inscribió como su apotegma, pero su origen revolucionario dictó con letras mayúsculas la reivindicación de los derechos sociales. Durante cinco décadas se han recreado instituciones para conciliar los derechos particulares con el interés de la nación. Sin embargo, en las últimas regresaron las ideas del liberalismo nuevo, que retrajo al Estado para proteger la inversión de capital, que impuso reglas y dirigió un proceso donde salieron de la Constitución derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad, y los bienes nacionales se convirtieron en mercancía. La elección del año 18 aceptó un conjunto de propuestas que plantaron una nueva visión de Estado y trazaron una ruta diferente al modelo del liberalismo económico mundial, principalmente para restaurar derechos a las clases populares y para asegurar que los bienes nacionales no vayan a parar a las manos extranjeras. Pero cualquier cambio, este proceso de reivindicación, igual que todos, tiene oposiciones y resistencias. El derecho quedó instaurado como una sobreestructura que defiende el estado de cosas anterior y que tiene su instrumento hoy día en el Poder Judicial. Hoy la Suprema Corte ha construido la tesis de que la Constitución puede modificarse por la interpretación y que más allá de nuestra letra constitucional, existe un nuevo régimen que contiene un bloque de principios jurídicos superiores que solo los jueces pueden revelar y atraer con sus sentencias. Esto tiene que cambiar, tiene que revisarse. Nos proponemos promover un nuevo diseño de estas instituciones. Las revoluciones pacíficas intentan modificar el régimen anterior utilizando sus mismas vías. Todo en la vida de una república ha de tocarse para volver realidad los principios fundamentales de la comunidad y hacerlos compatibles con la democracia y la justicia. Nuestra visión en este proceso de transformación social, que comprende cambios políticos y económicos, invoca sus razones legítimas para continuar, para hacer irreversibles los cambios conseguidos, para reconocer una encomienda principal que es la de ser vector hacia un Estado de bienestar y para consolidar nuestra existencia como Estado nacional. Hemos de preservar por encima de todos los principios republicanos que son democráticos, porque al mismo tiempo que respetan los derechos de las personas se proponen instaurar un auténtico Estado social de derecho. Que la celebración de este bicentenario sea punto de convergencia hacia un nuevo capítulo de transformación nacional, marcada por unidad, por esperanza y por progreso. Muchas gracias a la audiencia, muchas gracias, presidenta.