El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Bajo la premisa de ese contrato social descrito por demás atingente por Juan Jacobo Rousseau, a todo Estado o nación y por ende a toda institución pública le corresponde tutelar y proteger los derechos humanos de los miembros de su sociedad, particularmente las que convergen en la materia de la seguridad pública; lo cual como consecuencia, el conocimiento prístino de los derechos humanos le es fundamental a efecto de cumplir tan loable encomienda y responsabilidad. Lamentablemente en muchos casos no es así, priva el desconocimiento de estos derechos fundamentales y por ende se generan actos violatorios a ellos, que laceran a seres humanos inhibiendo u obstaculizando su desarrollo pleno e integral a que tienen derecho a través de las omisiones y actos que les transgreden, siendo obligado el día de hoy a destacar que la obligación del Estado de velar por el derecho primigenio a la vida es a todas luces fundamental. Las omisiones y abusos a lo largo y ancho de nuestro país por las instituciones públicas que integran las de Seguridad Pública en los tres órdenes de gobierno son una constante. Sólo por citar dos ejemplos, como ya lo comentaron nuestras compañeras y compañeros diputados con antelación, el caso Tlatlaya del estado de México e iguala, el de Guerrero. Ello se debe en gran medida a que se trata de prácticas que son difíciles de controlar y monitorear, así como a la falta de mecanismos internos de controles eficaces en las propias instituciones, pero también a la mala o nula capacitación que reciben los agentes policiales en sus corporaciones respectivas. Prueba de lo anterior es que el año pasado el Estado mexicano recibió 180 recomendaciones de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, como parte del segundo examen periódico universal que presentó ante dicho consejo, situación a todas luces preocupante. Las recomendaciones hechas por la comunidad internacional versan sobre el desempeño de las fuerzas de seguridad en tareas de seguridad pública el aumento constante de los casos de tortura por agentes de seguridad, la violencia contra las mujeres, la presencia del Ejército en las calles y la persistencia de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, entre otras. Todo esto da cuenta de la preocupación existente entre la comunidad internacional por la falta de reconocimiento y respeto de los derechos humanos, haciendo especial énfasis en aquéllos reconocidos por los tratados internacionales que forman parte de la legislación de nuestro país, ya que los Estados parte se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción sin discriminación alguna por motivos de raza, sexo, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen, posición económica, nacimiento o cualquiera otra condición social. Es por ello que concordamos y celebramos que se incorpore específicamente en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como en la Ley de la Policía Federal las definiciones de las funciones de las instituciones involucradas en materia de seguridad y, de manera particular de la Policía Federal, el conocimiento y la observancia de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, debiendo insistir que la responsabilidad en última instancia del desempeño de los agentes que convergen en la seguridad pública, es del propio Estado y sus instituciones, pues deben de ser ellos quienes capaciten a sus miembros para su correcto accionar frente a la ciudadanía y observando los derechos que aquí se han mencionado. Por lo anterior quiero felicitar a nuestro compañero el diputado José Alberto Rodríguez Calderón por esta iniciativa, y decirles, compañeras y compañeros, que la fracción de Movimiento Ciudadano votaremos a favor de este dictamen. Es cuanto.