EL C. DIPUTADO FRANCISCO J. CABEZA DE VACA: Con su venia diputada presidenta. Compañeras diputadas. Compañeros diputados. Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el suscrito diputado federal Francisco García Cabeza de Vaca, someto a la consideración del pleno de esta H. Cámara de Diputados la siguiente; Iniciativa por la que se modifican los Artículos 3, 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, mediante la cual las entidades federativas deberán publicar en sus órganos de difusión estatales las fórmulas y variables utilizadas, así como los montos de los recursos federales e ingresos estatales que distribuyen entre los municipios con base en lo siguiente: La publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en el mes de julio de este año, constituyó un avance significativo en la democratización del país, puesto que propicia mayor claridad en el ejercicio público, al tiempo que incentiva una participación ciudadana más consciente ampliando el interés por exigir una rendición de cuentas a los gobernantes. Esta acción representa un gran esfuerzo para garantizar el derecho de los ciudadanos a obtener información sobre el Poder Ejecutivo Federal. Se estableció la obligación de las distintas instancias que lo integran, a publicar de manera periódica y asequible toda la información que se refiera a las funciones y operaciones que les competen al presupuesto que ejercen, al personal que labora en ellas y los salarios que éstas reciben, así como los informes internos, la celebración de contratos y las concesiones que llevan a cabo. El establecimiento de tales obligaciones, demuestra que es factible sentar las bases para que los ciudadanos mexicanos puedan acceder a información diversa sobre las acciones de las distintas instancias de gobierno y por ello, juzgar con base y más y mejor información e incluso organizarse para incidir mediante propuestas concretas en el fortalecimiento, replanteamiento e incluso eliminación de los diferentes aspectos que conllevan al ejercicio público. Es pertinente mencionar que los Congresos de los estados de Jalisco y Sinaloa ya habían sentado un precedente importante, al aprobar leyes cuyo objetivo es transparentar el ejercicio de los recursos públicos y de la gestión gubernamental; siguieron con iniciativas los estados de Aguascalientes, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nuevo León y Querétaro, entre otros. Estos son algunos avances para fomentar que los funcionarios públicos asuman cabalmente la responsabilidad que tienen ante la población y asegurar que cada ciudadano ejerza de manera efectiva el derecho que tiene de informarse sobre la manera en que los gobernantes que lo representan, ejercen el cargo que les corresponde y los recursos públicos respectivos. Sin embargo, el rendimiento de cuentas de los gobiernos hacia la sociedad con respecto a las actividades de los funcionarios públicos, es solamente uno de los ámbitos que inciden en el ejercicio más, para transparentar y honrado de los recursos públicos. Cierto es que se ha progresado para llegar a este fin, sin embargo quedan aun tareas pendientes por realizar, es aquí donde la participación de los gobiernos estatales cobran relevancia. Las entidades federativas no deben quedarse al margen de estos avances significativos en el intento por hacer del ejercicio público un ejercicio responsable. Hablar de un verdadero federalismo, significa también rendir cuentas sobre el ejercicio y distribución de los recursos públicos en los estados y municipios. La transparencia del ejercicio público, por parte de los gobiernos de los estados, implica de manera inherente una planificación y asignación adecuada de los recursos financieros de manera específica de aquellos que distribuyen entre los municipios. Al respecto, cabe recordar que hoy en día y conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, la Federación distribuye recursos públicos entre las entidades federativas con base en fórmulas establecidas; en contraste, no en todos los estados de la República, existen criterios o reglas claras que normen la distribución de los recursos entre los gobiernos municipales. Más aún, falta avanzar tanto en el establecimiento de tales criterios, como en la difusión de la asignación que de hecho se hace de los fondos. La ausencia de criterios propios, claros y basados en las necesidades reales y específicas de cada entidad para llevar a cabo la distribución de los recursos a los municipios, ha limitado de manera sustantiva el desarrollo integral de estos últimos. Los criterios para distribuir las participaciones federales recibidas por los gobiernos de los estados varían, pues mientras en algunas entidades se establecen con base en el número de habitantes de los distintos municipios o a partir de la recaudación que éstos llevan a cabo, también son definidos de manera discrecional y además pueden varias de un año a otro. Este hecho incide directamente sobre el ejercicio de los recursos públicos de los municipios, ya que difícilmente pueden establecerse procesos responsables de planeación al no existir una base presupuestal mínima sobre la cual fundamentar programas y proyectos. .. -PRESIDENTA: Señor diputado, si gustara concluir y con gusto insertamos el texto íntegro en el Diario de los Debates. -DIP. FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA: Con gusto. Si me permite nada más leo las modificaciones. Gracias diputada. "Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 3, 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal. "ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 3. 6 y 36 de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar redactado en lo sucesivo, de la siguiente manera: "Artículo 3o. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tiene la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación, el calendario de entrega, porcentajes, fórmulas y variables utilizadas, así como montos estimados que recibirá cada entidad federativa del fondo general y del Fondo de Fomento Municipal para cada ejercicio fiscal, a más tardar el 31 de enero, del ejercicio que se trate". "Artículo 6o. Las participaciones serán cubiertas en efectivo no en obra, sin condicionamiento alguno y no podrán ser objeto de deducciones, salvo lo dispuesto en el artículo 9o. de esta ley. "Los gobiernos de las entidades 15 días después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publique en el Diario Oficial de la Federación, el calendario de entrega, porcentaje, fórmulas y variables utilizadas, así como el monto y estimados a que está obligado conforme al penúltimo párrafo del artículo 3 de esta ley. "Deberá publicarse en los periódicos oficiales de la entidad de los mismos, datos antes referidos de las participaciones que las entidades reciban y de las que tengan obligación de participar a sus municipios o demarcaciones territoriales. "También deberán publicar trimestralmente el impuesto de las participaciones entregadas y en su caso, el ajuste realizado al término de cada ejercicio fiscal. "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación, la lista de las entidades federativas que incumplan con esta disposición". "Artículo 36. Al efecto los gobiernos estatales y el Distrito Federal, deberán publicar en su respectivo periódico oficial las variables y fórmulas utilizadas para determinar los montos que correspondan a cada municipio o demarcación territorial por concepto de este fondo, así como el calendario de ministración, a más tardar el 31 de enero de cada año". Es cuanto, diputada presidenta. -PRESIDENTA: Gracias por su comprensión señor diputado. Insértese el texto íntegro en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Tiene la palabra el diputado Tomás Torres Mercado, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma los artículos 30 y 36 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. -DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Con su permiso ciudadana presidenta: Para no reclamar trato igual en cuanto al tiempo en la presentación de mi iniciativa, le rogaré ciudadana presidenta, desde ahora inserte íntegramente el texto del documento que la contiene, al Diario de los Debates, porque me voy a limitar a hacer una reseña del contenido de la misma. -PRESIDENTA: Adelante señor diputado. -DIP. TOMAS TORRES MERCADO: Gracias presidenta. Compañeras y compañeros diputados: hay un tema que me parece de la mayor relevancia en la responsabilidad de la Cámara de Diputados. Seguramente en el pacto político social en este concepto utópico de que los gobernados ceden al Poder Público a sus diputados, a sus senadores, al presidente, al Poder Judicial, la potestad de que nos gobiernen o de que gobiernen a cambio de que el gobernado contribuya de manera equitativa y proporcional, para hacer frente a las necesidades de esos gobernados, tiene que ver con la potestad y facultad de la Cámara de Diputados en el análisis, en la revisión y la dictaminación de la cuenta pública. Ha habido grandes esfuerzos para ir avanzando en la transparencia en la rendición de cuentas con relación a lo que el gobierno hace con los recursos públicos. Yo quiero llamarles a ustedes encarecidamente la atención sobre este tema. Fíjense ustedes que no va a haber dictamen de cuenta pública del ejercicio fiscal correspondiente al año 2001. Se reformó la Ley de Fiscalización Superior de la Federación y se establece que el dictamen de resultados habrá de rendirse hasta el ejercicio fiscal del año que viene, el 31 de marzo, por cierto. Yo quiero, al través de esta iniciativa, compañeras y compañeros diputados, dejar constancia de en que la aprobación del presupuesto hay un instrumento básico para ello, de que en la aprobación de la Ley de Ingresos, de ese catálogo que produce el dinero para soportar el gasto público, hay algo fundamental que tiene que ver con la cuenta pública. De acuerdo con la ley, la revisión, fiscalización y evaluación tiene por objeto determinar, compañeros, si los programas y su ejecución se ajustan a las condiciones y montos aprobados, si los ingresos y egresos corresponden a los conceptos y partidas aprobadas, si en la gestión financiera se cumple con el orden jurídico, si la recaudación, administración, manejo y ejecución de fondos públicos se ajustan a la legalidad, y en todo caso, las responsabilidades a que haya lugar, así como la correspondiente imposición de sanciones. La iniciativa tiene en este apartado, como propósito, que el órgano técnico de fiscalización de la Cámara de Diputados presente a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública un dictamen previo de resultados. Yo les pregunto en esta adormilada sesión cómo es que estamos abordando el paquete económico si no tenemos dictamen de cuenta pública de cómo se gastó en el 2001. Cuando menos un servidor quiere eximirse de esa grave irresponsabilidad de que en esta tribuna, de que en este pleno, no se aborde el tema del dictamen de la cuenta pública. Esta es la primera parte de la propuesta de reforma que tiene que ver con el artículo 30 de la Ley de Fiscalización Superior de la Federación. Y la otra, la otra, compañeros. Vale la pena hacer un ejercicio de cuánto le cuesta a este país la desconfianza y la corrupción institucionalizada, como una subcultura, en la administración de los recursos de la nación. Si analizamos cuánto de presupuesto tiene asignado la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, el Organo Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados y sumémosle los presupuestos de las contralorías de los estados, de los órganos de fiscalización de las cámaras o de los congresos locales y de los órganos de control municipal, yo creo que el presupuesto anda arriba o alrededor de los 15 mil millones de pesos. Si ese dinero lo destináramos a abatir la muerte de las mujeres por cáncer cérvico uterino o a construir y a equipar hospitales para el niño y la mujer, este país resolvería en unos dos años ese rubro tan grave de la salud pública de nuestra comunidad. Entonces debemos darle utilidad social, productiva, propositiva a la función de los órganos de control. Me refiero ahora, compañeros, al Organo Superior de Fiscalización de la Cámara de Diputados, que conforme a la Ley tiene potestad para practicar auditorias en el año que está corriendo del año fiscal. Es decir, la regla general establece que la revisión será a ejercicios fiscales ya concluidos. Sin embargo tiene potestad por situaciones excepcionales, ordenar una auditoria en el ejercicio fiscal en curso. Un servidor propone que el Organo Técnico de Fiscalización podrá realizar estas auditorias pero con el aval y la legitimidad del pleno de la Cámara de Diputados, porque si no, y lo digo por experiencias pasadas, cuando menos en el concepto de la institución de la Contaduría Mayor de Hacienda, se pueden ordenar prácticas de revisiones bajo orden y pedido de alguna expresión política de coyuntura; que las revisiones que realice entonces el Organo Técnico de la Cámara de Diputados, esté avalado en el dictamen del pleno de la Cámara. Dejo, señoras y señores diputados este tema, porque lo que se censura en Chihuahua, no se censura en Aguascalientes, porque hay una correlación de fuerzas políticas distintas en los estados a la conformación nacional. Lo que Jalisco en su Congreso plantea, no se asume en el estado de Nuevo León; pongámosle sentido de responsabilidad a la actuación del Organo Técnico de Fiscalización de la Cámara. Que mejor sería de que en el marco de un proceso político electoral federal que ya inició, para la elección de diputados federales el año que viene, se iniciara aquí con un acuerdo político de esta naturaleza. Les aprecio la paciencia de su atención, y a mi Presidenta el conminarme a conducirme dentro del tiempo que el Reglamento y los Acuerdos Parlamentarios establecen. Muchas gracias. -