La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo acudo a esta tribuna para manifestarnos en contra del dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales, por el que se reforma la fracción I del párrafo noveno del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para permitir que extranjeros puedan adquirir terrenos para uso de vivienda en la zona restringida de 100 kilómetros en las fronteras y de 50 kilómetros en playa. Nuestro grupo parlamentario no considera debidamente fundado ni motivado el presente dictamen habida cuenta de que en la parte expositiva no se acredita fehacientemente la necesidad de llevar a cabo dicha modificación. Es más, llama la atención la celeridad con la que se dictamina esta iniciativa, que fue presentada el 3 de abril del 2013. Las razones básicas por las cuales rechazamos esta reforma constitucional son porque precisamente las playas son patrimonio de la nación y no tienen acceso los particulares. Ya estando en manos ahorita de los hoteles, se ven cerradas totalmente las playas. Cediendo la propiedad privada precisamente a los extranjeros, se va a cerrar más aún el acceso a las playas, no solamente a los particulares, sino también a las fuerzas de seguridad, dígase la Armada o las fuerzas navales, por la sencilla razón de que van a cerrar, a cercar su propiedad privada. Estos bienes pertenecen a la nación, lo que son las playas, y ustedes pueden observar en los distintos hoteles en la república, que a pesar de pertenecer a la nación, se encuentran cercadas y cerradas al acceso de cualquier común mortal. Por si fuera poco, precisamente la zona marítima es la vía donde se da el mayor tránsito de sustancias sicotrópicas y estupefacientes, es decir, el narcotráfico. Me pregunto, su servidora se pregunta cómo va a haber un combate efectivo si va a estar en manos de extranjeros esta propiedad privada y no van a tener acceso. Para finalizar, y recordando la Cláusula Calvo, precisamente la Cláusula Calvo nunca se ha invocado y no opera a nivel internacional. Están las comisiones de reclamaciones México-Estados Unidos que acreditan que no fue aceptada la Cláusula Calvo para proteger a los extranjeros y que no se puede reclamar en beneficio de la nación, y cuando invocan la protección diplomática de sus países ya no tiene operatividad a nivel nacional ese reclamo. Perderíamos irremediablemente esas playas a favor de los extranjeros. La otra cuestión son los mecanismos de solución de diferencias. Tanto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte como los acuerdos de inversión, establecen que no se tienen que agotar los recursos internos, es decir, no tendrían que acudir a los tribunales nacionales; irían a un arbitraje internacional, lo cual crea una situación de privilegio para los extranjeros sobre los nacionales. Estas cuatro razones son suficientes para considerar que esta reforma no debe ser aceptada. No hay la violación a ningún derecho fundamental precisamente porque ahorita, cuando adquieren los extranjeros, se les advierte que adquieren en un fideicomiso y no así una propiedad directa. Se quieren acabar con las simulaciones, entonces eliminen la Cláusula Calvo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, señor presidente.