El diputado Vidal Llerenas Morales: Con el permiso de la diputada presidenta. Hay un tema que sorprendente se ha analizado poco y que me parece fundamental para que podamos tener un uso eficiente de los recursos públicos y realmente avanzar en el combate a la corrupción, y tiene que ver con la profesionalización y la independencia de los órganos de fiscalización superior. Es decir, los órganos técnicos de los poderes legislativos locales en materia de fiscalización del gasto. La experiencia de la Auditoría Superior de la Federación a nivel federal no es mala, la calidad de la auditoría es aceptable, las reformas que se han aprobado van en el sentido correcto, justo de poder encontrar en dónde sí existen responsabilidades penales y la mayor parte de los desvíos. Vamos a ver si en los próximos años estas nuevas atribuciones que le dimos a la Auditoría Superior de la Federación realmente se pueden concretar en hallazgos importantes y en poder combatir a la corrupción. Pero los órganos de fiscalización locales, prácticamente en un cien por ciento son controlados por el Poder Ejecutivo en turno. Ahí hay cero independencia y poca calidad en la auditoría que se realiza. Es por eso que podemos tener hoy casos como el de los Duarte, casos como el del Chihuahua, como el de Veracruz, como el de Quintana Roo, donde evidentemente los órganos encargados de fiscalizar los recursos no hicieron ni la décima parte de la tarea que les corresponde. Ahí hubo una falla muy seria de quien estaba encargado de fiscalizar el ejercicio de los recursos y los podemos ver en las irregularidades enormes que se cometieron y que muchas de ellas, por cierto, sí fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación hace algunos años de anticipos. Por eso la reforma que estoy proponiendo, utilizando las facultades que hoy tiene esta Cámara en materia de fiscalización y de evaluación de los recursos públicos locales. Por eso hoy la Auditoría Superior de la Federación puede fiscalizar las participaciones, que en teoría son los recursos que las entidades reciben porque renunciaron a potestades tributarias, el famoso pacto de coordinación fiscal, pues también las tendría, en todo caso, de poder normar las atribuciones y las características de los órganos de fiscalización locales. Esos tendrían que ser órganos que de manera obligatoria tendrían que fiscalizar las mayores áreas de riesgo en la administración pública, y que tendrían que pasar por un proceso de selección que garantice la independencia de las personas que los están encabezando. Si no somos capaces de que a nivel local se fiscalicen de manera precisa los recursos públicos, todo el andamiaje que estamos construyendo en materia de combate a la corrupción tendrá una falla muy seria. Habría que decir que la mayoría de las auditorías que la propia Auditoría Superior de la Federación realiza del ejercicio de los recursos federales en los estados y en los municipios, en realidad las realiza en coordinación con las auditorías superiores locales. Lo cual, eso nos genera un problema de falta de capacidad de poder detectar las irregularidades, debido a que estos órganos no tienen la capacidad técnica ni la independencia ni los incentivos para hacerlo. Así como hemos legislado para que los órganos estatales de transparencia tengan mayores estándares y tengan mayores garantías en cuanto a su independencia, el énfasis debe estar en este momento en que a nivel local los órganos superiores de fiscalización sí sean independientes y sean capaces. Si esto lo hubiéramos tenido en este país, los enormes e increíbles escándalos que sucedieron en Veracruz, en Chihuahua y en Quintana Roo, prácticamente no hubieran sucedido o cuando menos no hubieran sucedido en esta magnitud. Vivimos una terrible crisis institucional en la fiscalización del gasto público a nivel local y podemos resolverlo, en parte, con mayores atribuciones a órganos como la Auditoría Superior; pero sobre todo, con independencia y con capacidad técnica de los órganos locales de fiscalización. Creo que tendremos que iniciar una ruta en este sentido y poder ver en el mediano plazo órganos superiores de fiscalización local que sean independientes y que sean capaces. En ese sentido va mi propuesta de reforma. Es algo en lo que habíamos insistido en el momento en que dispusimos la Ley de Fiscalización, que es la ley que norma a la Auditoría Superior de la Federación. Pero al no ser una ley general, esa ley no podía normar necesariamente a los órganos locales. Por lo tanto, el camino que proponemos es que sea la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción la que establezca una serie de requisitos en el nombramiento de los auditores superiores locales y en las propias facultades de los mismos. Muchas gracias.