La diputada Lourdes Quiñones Canales: Con su permiso, señor Presidente. Las suscritas, diputadas federales Lourdes Quiñones Canales y Aracely Escalante Jasso, integrantes de la LX Legislatura del Congreso de la Unión, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55, fracción II, 56 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Pleno de esta Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Compañeras y compañeros. Hace una semana se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley despertó polémica y posiciones muy diversas entre quienes reconocen la violencia y discriminación que sufrimos las mujeres y entre aquellos que se niegan a ver la realidad y cuyas "buenas conciencias" se encuentran dominadas por pruritos, prejuicios y concepciones oscurantistas. En primer término es menester aclarar que esta ley cumple una función fundamental: orientar la conducta. Es decir, deja en claro que no es normal ni natural ejercer violencia en contra de una mujer por el sólo hecho de serlo, lo cual es importante si analizamos las cifras de mujeres violentadas. En otras palabras, lo que busca en primer término es crear conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres. En esta orientación de la conducta describe muy bien qué es violencia y cuáles son los tipos y modalidades para ejercerla, pues no sólo los golpes o los feminicidios son violencia. Es importante que las mujeres y los hombres tengamos claridad de lo anterior, pues las conductas que antes eran frecuentes, comunes y que parecían normales, hoy queda claro que son conductas antijurídicas, son delitos que deben ser sancionados. Esta ley es imperfecta de acuerdo a la doctrina, no porque sea mala o deficiente, sino porque no contempla sanciones y no las contempla porque es precisamente una ley preventiva y orientadora de conductas; que lo que busca es en primer término crear conciencia de la gravedad de la violencia contra las mujeres, así como mandatar acciones concretas a los Poderes del Estado en sus distintos niveles de gobierno y sus instituciones. Sienta las bases para que a nivel nacional se legisle en un mismo sentido y para crear políticas transversales que permitan impulsar estrategias a nivel nacional; de ahí la creación del sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el pasado y hasta hace muy pocos años, por ejemplo, en algunos estados la sanción por el robo de una vaca era mayor a la sanción por violar a una mujer o una niña. Esta ley pretende evitar tales situaciones, ya que al describir perfectamente la conducta punible, a nivel federal, obliga a que el Distrito Federal y las entidades federativas legislen en ese sentido. Desde luego, que esta ley no es la solución a la violencia, es sólo un pilar sobre el cual se sostendrán las acciones de gobierno, las leyes y códigos tanto federales como estatales. Sienta las bases para que se adecue la administración interna en el ámbito de la impartición de justicia; para que los ministerios públicos y jueces se sensibilicen; evita, además, el libre albedrío en los funcionarios públicos que procuran e imparten justicia, al considerar elementos de violencia de acuerdo a sus concepciones personales. Esta ley ahora nos obliga, a la LX Legislatura, a legislar al respecto, a adecuar el Código Civil. Por ejemplo, para ampliar las causales de divorcio, el Código de Procedimientos Penales y Civiles, para dictar las medidas precautorias necesarias a incorporar nuevos tipos penales y sus sanciones en el Código Penal. Por su parte, el Ejecutivo a través de sus dependencias, entre otras acciones, deberán instrumentar y organizar el banco de datos para que a través de estadísticas verdaderas y actualizadas, se realicen acciones concretas que permitan erradicar las sanciones de género. Entre los avances importantes está que la Secretaría de Gobernación puede emitir alertas de violencia y contempla resarcir el daño por parte del Estado mexicano, de acuerdo a los parámetros establecidos en los instrumentos internacionales que México ha firmado al fin dejarán de ser letra muerta. En este sentido, se ha dicho que la ley tiene deficiencias que van en contra de la Constitución, como es el caso de las facultades que se le otorgan a Gobernación para declarar un estado de excepción que actualmente es atribución del Congreso, lo cual es falso, ya que el artículo 42 de la ley en cuestión en su fracción I faculta a la Secretaría de Gobernación para declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres, que no es lo mismo que declarar un estado de excepción que consiste en suspender las garantías individuales mandatado por el artículo 29 constitucional que a la letra dice… Señor Presidente, le solicito un minuto más para terminar.