La diputada Diana Rosalía Bernal Ladrón de Guevara (PRD): Gracias señor Presidente y con su permiso. Efectivamente el día de hoy, vengo a proponer ante esta soberanía una iniciativa para reformar el artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de acuerdo con la siguiente: Exposición de Motivos La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en términos de la ley que lo rige, cuenta como todos sabemos con autonomía técnica y facultades ejecutivas y cuyo objeto es supervisar y regular a las entidades financieras, a fin de procurar su estabilidad y correcto funcionamiento, así como mantener y fomentar el sano y equilibrado desarrollo del sistema financiero en protección de los intereses del público ahorrador. De conformidad junto con la ley relativa, el referido órgano desconcentrado, la Comisión, ejerce sus facultades a través de su junta de gobierno, de la presidencia, vicepresidencias, direcciones generales. Asimismo, en la citada ley se establecen las facultades de la Comisión, señalando las correspondientes a su junta de gobierno y a su presidente. Es importante mencionar que las leyes que regulan a las entidades financieras sujetas a la supervisión y regulación de la Comisión Nacional Bancaria, complementan todo el ámbito de competencia de este importante órgano. En este orden de ideas cabe señalar que el artículo 4° fracción XV de la Ley de la Comisión Nacional, dispone que corresponde a esta comisión, intervenir administrativa o gerencialmente a las entidades financieras, con el objeto de suspender, normalizar o resolver las operaciones que pongan en peligro su solvencia, estabilidad o liquidez, o bien aquellas violatorias de las leyes que las regulan o de las disposiciones de carácter general que de ellas deriven. Esta facultad, esto es, la declaración de intervención de una institución financiera se ejerce a través de la Junta de Gobierno de la Comisión y corresponde a su Presidente, la designación del interventor en los casos previstos por las leyes. En estos casos a través de la intervención gerencial se sustituye a la administración de las entidades financieras sujetas a supervisión, situación que desde luego, resulta en una afectación trascendente e importante al funcionamiento y organización de la persona moral intervenida. La experiencia ha demostrado que la adopción de resoluciones como la referida en los párrafos anteriores, puede motivar demandas, denuncias, quejas o querellas, en contra de las personas físicas, a través de las cuales se materializan las funciones de inspección y vigilancia de la Comisión Nacional. En atención a ello, consideramos necesario que para proteger el correcto ejercicio de las funciones de la Comisión en esta delicadísima materia de trascendencia nacional, se establezcan mecanismos que proporcionen a las personas competentes de ejercer la intervención, la seguridad y confianza que les permitan adoptar resoluciones verdaderamente fundadas en ley y ajenas a los intereses particulares de los accionistas o miembros de la institución financiera intervenida. Es de señalarse que el Comité de Basilea en sus principios de supervisión, establece que los supervisores deben ser protegidos al enfrentar procesos legales, precisamente por acciones realizadas de buena fe, en cumplimiento de sus labores de intervención, la experiencia internacional asimisma, es consistente con este principio. Estudios realizados por organismos internacionales indican que en general existen dos regímenes de protección legal para los supervisores financieros; el primero consiste en liberar de cualquier responsabilidad a las personas físicas que ejerzan de buena fe funciones de supervisión, relegando la responsabilidad en el organismo supervisor. Por otra parte, el tipo de sistema de protección legal a las personas físicas que participen en el ejercicio de las facultades de supervisión, consiste en que estas personas son responsables del ejercicio de sus funciones, pudiendo el organismo en su caso, cubrir los gastos de asistencia legal que se generen a los interventores con motivo de las acciones legales que se inicien por los actos realizados con motivo de la intervención y administración ordenada. En este orden de ideas, debe destacarse que la junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, está conformada por el Presidente de la propia Comisión y dos Vicepresidentes, cinco Vocales designados por la Secretaría de Hacienda, tres designados por el banco de México, un Vocal designado por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y uno más por la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro. Como puede apreciarse, diez de los trece miembros de la Junta de Gobierno, son servidores públicos que no guardan vínculo laboral alguno con la Comisión y que no obstante ello, participan de manera directa e importante en el ejercicio de las facultades legales. Por otra parte, las personas que en su caso desempeñen la función de interventores, no necesariamente son servidores públicos de la Comisión; más aún, en el caso de las instituciones de crédito, el artículo 140 bis de la ley respectiva, establece que los interventores deberán reunir los requisitos previstos en el propio ordenamiento para el caso de Director General y funcionarios que ocupen cargos en las dos jerarquías inmediatas inferiores. La evolución del mercado financiero, hace patente la necesidad de contar con un órgano supervisor que ejerza sus funciones con un alto grado de profesionalización y que al mismo tiempo cuente con las condiciones necesarias para su adecuado ejercicio. La experiencia internacional referida, así como las recomendaciones de organismos internacionales, se deriva que el brindar asistencia legal a las personas físicas, interventores, gerentes, a través de las cuales se materializa el ejercicio de estas importantes funciones, constituye una práctica sana y vital para el desarrollo del sector financiero; lo anterior, con independencia del vínculo laboral que puede existir entre la persona física y el órgano supervisor. Adicionalmente la posibilidad de que una persona física se encuentre expuesta a impugnaciones a título personal por el ejercicio de las facultades que por ley le corresponden al órgano supervisor, podría fomentar riesgos importantes con respecto a su objetividad e imparcialidad de las decisiones que en el ámbito de su competencia debe tomar, que es el bien jurídico al cual se debe tender; al tiempo que el no prestarles esta asistencia legal, puede debilitar la consecución de los objetivos fundamentales que busca la intervención. Por lo tanto, la iniciativa que hoy presento busca establecer la posibilidad de que se brinde asistencia legal a los servidores públicos, tanto que integran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como los miembros de su Junta de Gobierno, sea que éstos formen parte o no de la referida Comisión, así como a los interventores que la propia Comisión designe y a los funcionarios auxiliares de la intervención, los cuales no guardan vínculo laboral con ésta. Asimismo, la presente iniciativa dispone que para efectos de que se brinde asistencia legal a las personas antes referidas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, oyendo la opinión de la propia Comisión, establecerá los mecanismos necesarios para cubrir los gastos que deriven de la asistencia y defensa legal de estos funcionarios y de los interventores que sean designados por la Comisión para el saneamiento de las instituciones financieras. La presente iniciativa se adhiere a aquellos esquemas de protección de las funciones de supervisión que permiten hacer frente a la imputación de responsabilidades a la persona física que ejerza estas funciones, vinculadas con las del organismo supervisor, brindando a dicha persona física la posibilidad de que le proporcionen los medios necesarios para su adecuada defensa. Es por esto que el día de hoy presento esta iniciativa de decreto para adicionar un artículo 21 a la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los términos que se precisan en la iniciativa que presentamos y que pedimos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Muchas gracias a esta soberanía y a usted, señor Presidente.