El diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez: Con su venia ciudadano presidente: Con las facultades que me otorga el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El artículo 35 de nuestra Carta Magna establece con claridad las prerrogativas de que goza todo ciudadano mexicano. Estas mal llamadas prerrogativas, no son otra cosa que derechos inherentes a la persona humana y que por lo tanto nuestra Constitución sólo los reconoce garantizando el goce por parte de los ciudadanos de dichos derechos. No podemos seguir hablando de prerrogativas, ya que dicho término alude de manera obsoleta a la gracia o dádiva que gratuitamente se concedía en la época monárquica a los gobernados. En cambio, hoy en día en un régimen democrático como es el que vivimos los mexicanos, se debe usar el término de derecho que establece una obligación jurídica del Estado frente al titular. Los derechos políticos que la Constitución le reconoce a los ciudadanos mexicanos son los siguientes: votar en elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier empleo o comisión teniendo las cualidades que establezca la ley, asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país, tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones, ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. El derecho político más importante es el derecho al voto. Ese derecho es fundamental para la actualización de cualquier democracia ya que es mediante el sufragio por el que los electores determinan quienes ocuparán los cargos de gobierno. Además, el voto o sufragio es el instrumento más representativo de las distintas formas de participación en la vida política del país. Así el voto activo cuando se elige, se opta por uno u otro candidato. Y se considera voto pasivo cuando uno es postulado. Votar es elegir. Ser votado es elegible. En materia internacional, los derechos políticos se encuentran garantizados en una serie de ordenamientos suscritos y aprobados por el Gobierno Mexicano. Artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, señala lo siguiente: "Artículo 21.- Primero.- Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directa o por medio de representantes libremente escogidos. Segundo.- Toda persona tiene derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Tercero.- La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público, esta voluntad se expresa mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente por sufragio universal e igual por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto". La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, también salvaguarda los derechos políticos de los ciudadanos, de los países que suscribieron dicho ordenamiento jurídico. En su artículo 23 se estipula lo siguiente: "Primero.- Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a).- de participar en la dirección de los asuntos públicos directa o indirectamente por medio de representantes libremente escogidos; b).-. de votar y ser elegidos en elecciones periódicas y auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad y de los electores; c).- de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Segundo.- La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena por juez competente en proceso penal". Uno de los derechos humanos más sistemáticamente violados durante todo el siglo pasado en México, fue sin duda el derecho al voto. Afortunadamente hoy podemos decir, sin equivocarnos, que este derecho es ampliamente respetado por los órganos del Estado. Gracias a instituciones como el Instituto Federal Electoral, cada vez está garantizado de mejor manera el ejercicio por parte de la ciudadanía, del derecho a votar y ser votado sin embargo hoy todavía persisten en nuestra Constitución restricciones al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos. Una muestra de lo anterior es la prohibición hecha por ley a los ministros de culto para ser votados en elecciones populares. Dicha prohibición es indebida y violatoria de los derechos fundamentales de la persona. Otro caso de violación a los derechos fundamentales de la persona en materia política es la que establece la fracción II del artículo 38 de nuestra Constitución, que a la letra dice: "Artículo 38.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden: Primero, por falta de cumplimiento sin causa justificada de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley. Segundo, por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. Tercero, durante la extinción de una pena corporal. Cuarto, por vagancia o ebriedad consuetudinaria declarada en los términos que prevengan las leyes. Quinto, por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehensión y hasta que prescriba la acción penal. Y Sexto, por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. La ley fijará los casos en que se pierden y los demás en que se suspenden los derechos del ciudadano y la manera de hacer la rehabilitación". La fracción II del artículo 38 es claramente violatoria de los derechos fundamentales de la persona. No es posible la suspensión de derechos políticos de los ciudadanos mexicanos que se encuentren sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. Actualmente los derechos políticos se pierden a partir de que se ha dictado el auto de forman prisión al sujeto. Esta fracción es violatoria de los derechos del procesado, ya que el sujeto aún no ha sido declarado culpable y las autoridades ministeriales y judiciales sólo cuentan con indicios que hacen suponer que el procesado es culpable del delito que se le atribuye. Sin embargo, el auto de formal prisión no puede ser equiparado a una sentencia y menos aún a una sentencia ejecutoriada. En este último caso, el sentenciado ha sido oído y vencido en juicio y agotados todos los medios de impugnación con los que contaba para su defensa, en el caso de que los haya ejercido. Es decir, el sentenciado fue encontrado culpable y el Estado debe suspender sus derechos políticos, según lo establecido en la fracción VI del mismo artículo 38 constitucional. En el caso actual, la fracción II del artículo 38 de la Constitución, el procesado no ha sido vencido en juicio, no ha podido defenderse y, sin embargo, a priori se le han suspendido injustamente sus derechos. En el caso de que no se haya encontrado culpable al procesado, éste estará sufriendo un perjuicio en los derechos de su persona al serle suspendidos sus derechos políticos. Hay quienes podrían decir que éste es el mismo caso de la fracción V del mismo artículo constitucional, pero en este particular el carácter de prófugo de la justicia justifica la suspensión de sus derechos políticos. El indiciado no tiene intenciones de cumplir la ley, se encuentra violentando el estado de derecho, por lo que el Estado no debe tener miramiento en la suspensión de sus derechos políticos. Con base en lo anterior es que presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo único. Se deroga la fracción II del artículo 38 de la Constitución Política Mexicana para quedar en los siguientes términos. Artículo 38, fracción II, derogada. Transitorio. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, septiembre del 2005, diputado Jorge Luis Preciado y diputado Marco Antonio Gama Basarte. Muchísimas gracias.