La diputada Claudia Pastor Badilla: Muchísimas gracias, presidenta. En el Grupo Parlamentario del PRI hemos presentado varias iniciativas para revisar y reforzar la presencia de los órganos constitucionales autónomos. Estos órganos forman parte de la estructura del Estado, quien actúa a través de ellos. Desde el punto de vista jurídico, su naturaleza autónoma deviene del propio texto constitucional, que los convierte en Poderes públicos distintos de los tres Poderes tradicionales. Tienen personalidad jurídica, independencia presupuestaria y poseen también independencia orgánica, lo que implica autonomía de gestión. Las características principales de estos órganos es que están reconocidos en la Constitución, poseen atribuciones propias, especificados en la máxima norma de nuestro país. Llevan a cabo funciones esenciales del Estado moderno y no están adscritos ni subordinados a otro Poder del Estado, pero sus actos y resoluciones pueden ser revisados por las instancias judiciales. En la década de los 90 surgió una revolución institucional en nuestro país, al establecer en el marco constitucional la creación de los primeros organismos autónomos de rango constitucional, que son caracterizados por tener la competencia para ejercer un grado supremo y complejo de funciones públicas, la idoneidad para frenar, controlar y equilibrar a los otros órganos con responsabilidades igualmente supremas. Por lo tanto, la Constitución los coloca, al menos, en un lugar de relativa igualdad e independencia con respecto a estos órganos. Las reformas institucionales en la materia han permitido que nuestro país transite a un contemporáneo Estado constitucional de derecho, en el que las mexicanas y los mexicanos realizan mayores exigencias y resultados a la administración pública federal, en virtud de conseguir mejores oportunidades, bienestar y calidad de vida. Los órganos autónomos se ubicarían entonces como las instituciones que buscan complementar y hacer más eficiente el quehacer activo del servicio público. Su gran aporte nos permite avanzar social, económica, política e incluso culturalmente, pues nos permite tener una visión más amplia de dónde estamos y hacia dónde queremos dirigirnos como país. Lo anterior supone una gran expectativa con relación a las funciones, autonomía e independencia de la cual gozan en comparación con otros organismos del Estado mexicano. El tribunal pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió su naturaleza. Primero señaló que surgieron con motivo de una nueva concepción del poder, con el fin de controlarlo y haciendo que evolucionara la teoría tradicional de la división de Poderes sin que se pierda la esencia de estos, pero sí resultado que ahora prevalece la existencia de una distribución de competencias para realizar funciones estratégicas para el país. Por eso, en el Grupo Parlamentario del PRI hemos planteado la importancia de homologar los procedimientos de selección, garantizar sus presupuestos con porcentajes claros y previos en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, los periodos de duración, los requisitos profesionales, los mecanismos de evaluación de su capacidad técnica, resaltamos la indispensable mejora de los procesos de nombramiento a través de comités académicos, la participación del Poder Legislativo, entre otros. En esta ocasión, en esa línea de pensamiento proponemos un eslabón más a la cadena de mejora y constante fortalecimiento de estas herramientas de la administración pública, que distingue a los estados modernos consolidados, pues en el PRI siempre, siempre estamos abiertos a la constante evaluación del funcionamiento de las dependencias del gobierno, pues sabemos que la única constante es el cambio. Es por eso que hoy proponemos adicionar un segundo párrafo al apartado F del artículo 72, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para evitar el desmantelamiento de los órganos constitucionales autónomos. Esta propuesta establece que ante la presentación de reformas a la Constitución que plantean la desaparición de organismos constitucionales autónomos se deberá contar con una evaluación de impacto que determine las consecuencias sociales, laborales y económicas de su posible desaparición, misma que debe ser elaborada por otros órganos autónomos, el sector académico y parte de la sociedad civil. Dicha evaluación de impacto debe ser el instrumento que contribuya a una mejor toma de decisiones y a la rendición de cuentas, permitiendo que se aporten elementos para que las legisladoras y los legisladores den a conocer a los ciudadanos la efectividad o no de estas instituciones, pues se les destina presupuesto público. El objetivo de la evaluación de impacto que estamos proponiendo será determinar qué sucederá con la sociedad mexicana y cómo pueden subsanarse las actividades específicas que realizan esos organismos cuando se pretenda su extinción. Insisto, el 16 de febrero, junto con mi grupo parlamentario, presentamos una iniciativa con el objeto de contribuir al fortalecimiento de los órganos constitucionales autónomos, nuevamente nos pronunciamos en ese sentido, su fortalecimiento en estos entes públicos para que a través de una evaluación de impacto objetiva y razonada se eviten arbitrariedades y caprichos del poder político. La importancia que revisten los órganos constitucionales también incide en la construcción de la democracia dentro de un Estado de derecho, estos órganos deben ser realmente independientes, proactivos, transparentes y responsables para contribuir en el equilibrio de los Poderes tradicionales del Estado y de los factores reales de poder, no podemos avalar que se atente contra la autonomía de las instituciones. Las requerimos sólidas, autónomas, que desde la posición de cada legisladora y legislador sumemos todas y todos esfuerzos para mejorarlos y para incorporar a la ciudadanía en el conocimiento de las funciones esenciales que desarrolla. Es por ello que los invito a todos y a todas a sumarse a esta iniciativa que tiene como objeto la implementación de una evaluación de impacto en términos sociales, laborales y económicos en aquellas iniciativas que pretendan la desaparición de uno o varios organismos constitucionales autónomos, abiertos siempre a la revisión del funcionamiento de la administración pública sentemos las bases de un procedimiento claro para avalar la permanencia o la desaparición de estos órganos técnicos de funciones del Estado moderno. Eso sería cuanto, muchísimas gracias, presidenta.