La diputada Paola Milagros Espinosa Sánchez: Con el inicio de este siglo XXI Acción Nacional aprobó una proyección de sus principios de doctrina a fin de actualizarlos a las nuevas realidades y a las nuevas necesidades de la nación mexicana. Una de las premisas de aquella proyección de principios fue asumir que nunca más una decisión pública que se tome en un país serpia una decisión aislada, sino que cada decisión pública trascendiera del ámbito nacional al ámbito internacional ante la nueva realidad de sociedades globalizadas y permanentemente interconectadas. Y esa interconexión no se limita solo a la comunicación entre seres humanos a lo largo y ancho del planeta a través de las tecnologías de la información, sino también a la comunicación entre los seres humanos y entre otros seres vivos no humanos que forman parte de nuestro entorno y sin los cuales no es posible la subsistencia de la sociedad y de los seres humanos. Fue así como en el 2002 Acción Nacional plasmó en sus principios de doctrina al respeto de la protección al medio ambiente y el desarrollo de humano sustentable lo siguiente: Es éticamente obligatoria la protección del medio ambiente para garantizar que las generaciones futuras tengan la misma oportunidad de disfrutar de una vida plena, tanto como lo deben tener las generaciones que las preceden. El aspecto ambiental del desarrollo sustentable presupone reconocer que el crecimiento económico debe darse dentro de los límites naturales de regeneración de los ecosistemas, evitando la sobreexplotación de los recursos naturales y la degradación y contaminación de aire, agua y suelo. Sin una base de capital natural no se puede generar un crecimiento económico de largo plazo ni tampoco mejorar la calidad de la vida humana. Siendo así y en congruencia con el primer principio de doctrina aprobado en la asamblea fundacional del PAN hace 85 años, que señala que Acción Nacional centra su pensamiento y acción en la primacía de las personas humanas, protagonista principal y destinatario definitivo de la acción política. Es posible afirmar que para el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados elevar a rango constitucional la protección de los animales es un acto absolutamente congruente con nuestros principios e incluso en palabras de uno de los fundadores del PAN, el jalisciense Efraín González Luna, este acto es un eximio deber patriótico. Y lo es, porque cuidar de nuestro medio ambiente y de los seres vivos, que son parte de éste, es cuidar de nuestro hogar, entendiendo el hogar como lo define la Real Academia Española, como una familia, un grupo de personas emparentadas que viven juntas. Y en este contexto no nos referimos solamente a las personas como seres humanos en particular, sino a los seres vivos en general, que también forman parte de nuestros hogares, de nuestras comunidades, seres sintientes como nuestros perros, nuestros gatos, nuestras aves y seres vegetales, como nuestras plantas y nuestros árboles. Entre todos los seres vivos formamos una sola comunidad, un solo hogar, al que debemos querer y al que debemos proteger, y este hogar es el planeta Tierra. Por ello, atentar contra los seres vivos que forman nuestro hogar es atentar contra nuestra propia existencia. La idea de desarrollo sustentable se enmarca en los derechos humanos de tercera generación, derechos que son tan importantes como los derechos de las dos primeras generaciones. Porque desafortunadamente llegaron tarde en el reconocimiento de los estados. Si la protección del medio ambiente y los seres vivos no humanos hubiesen sido reconocidos hace un siglo, quizás aún caminaría por los bosques de Indonesia el tigre de Bali, ahora extinto; quizás aún se escucharía en el norte de Norteamérica los picotazos del pájaro carpintero imperial, cuyo último avistamiento se dio en 1944; quizás aún deambularía por el occidente de África el rinoceronte negro, declarado extinto en el 2011, o el quagga, una subespecie de cebra que habitaba en el sur de África hace más de un siglo. Y esta misma historia ha sucedido aquí en nuestro territorio mexicano. Nunca más volveremos a ver volar al zanate, ave que habitó en la zona de Lerma y Toluca hace un siglo. Ni al oso gris, que habitó en el norte del país hasta hace medio siglo. Ni la carpita, un pez que nadaba en el rio de Ameca, en Jalisco, hasta principios de este siglo. Cada vez que la actividad humana ha provocado la desaparición de una especie hacemos más vulnerable a nuestro hogar, propiciamos nuestra propia extinción a largo plazo, porque sin biodiversidad sencillamente no puede haber vida en este planeta. Por eso es incomprensible que en esta tercera década del siglo XX aún haya autoridades que atenten de forma vil y despiadada en contra de nuestro medio ambiente y, en consecuencia, en contra del hábitat de miles de especies, como ha sucedido en nuestro país en los últimos años en la selva de la península de Yucatán, por la construcción del Tren Maya, violando diversas disposiciones en materia ambiental y provocando la muerte de miles de animales. Monos, arañas, zorros, iguanas, tlacuaches, jaguares han perdido la vida por la devastación de su hábitat o, de plano han muerto ante la irrupción de las máquinas del Tren Maya. Se trata de uno de los capítulos más vergonzosos de destrucción ambiental en todo el mundo, sin que hasta el momento haya un solo responsable en la cárcel. Por eso, deseo sinceramente que esta reforma constitucional coadyuve a frenar el desastre ecológico que el gobierno de López Obrador inició y que este gobierno continuó en la selva del sureste de nuestro hermoso país. Nunca más un animal muerto por la devastación de su hábitat. Finalmente, deseo exhortar a este Congreso para que en la elaboración de la legislación secundaria se consideren las mejores prácticas, que ya se están implementando en algunas entidades federativas, para la protección de los animales. Veracruz, por ejemplo, fue la primera entidad en prohibir las modificaciones físicas de los animales, como cortarles las orejas o la cola solo para fines estéticos. En la Ciudad de México, desde la Constitución local de 2017, se estableció que los animales no humanos son seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato digno. Y ello va de la mano de la corresponsabilidad y las obligaciones para los seres humanos. Todos tenemos el deber ético y la obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales. Su tutela es de responsabilidad común. Enhorabuena para todos los seres vivos no humanos que con esta reforma deben ser sujetos de protección por parte del Estado y, desde luego, por parte de las personas. Que los animales vivan mejor, no solamente será un beneficio para ellos sino también de las personas, pues nos hará mejores seres humanos, más plenos y más felices. Es cuanto.