La diputada Kehila Abigail Ku Escalante (vía telemática): Gracias, presidenta. La Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fue publicada en junio de 2012 en el Diario Oficial de la Federación. Tiene por objeto garantizar la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas que se encuentren en situación de riesgo por ser defensoras o promotoras de los derechos humanos, así como garantizar la libertad de expresión y el periodismo. Este ordenamiento también establece la cooperación entre autoridades municipales, estatales y federales para implementar y operar medidas preventivas, medidas urgentes de protección y medidas que garanticen la integridad física y psicológica de las o los beneficiarios. Pese a la existencia de esta ley, México tiene cifras dolorosas, que hemos estado escuchando durante las intervenciones en esta discusión, como la mencionada ya por la organización de Reporteros sin Fronteras, que menciona que fueron asesinados 102 periodistas durante el sexenio pasado. Además, durante 2018 también se registraron 47 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, y aproximadamente el 60 por ciento estaban bajo la protección del mecanismo de ley. Al respecto, el estudio titulado Cambiando el curso de la impunidad, protección y acceso a la justicia para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en México señala que las medidas de protección que ofrece la ley son insuficientes. Además, el mecanismo que maneja la misma presenta serias carencias en cuanto a niveles adecuados de personal y de presupuesto. He aquí la importancia de los cambios que contiene este dictamen. Es importante también recordar casos específicos, como el de Israel Vázquez, quien fue asesinado el día 9 de noviembre de 2020. Un periodista de Guanajuato atacado antes de iniciar su trasmisión para informar el hallazgo de restos humanos. Él se suma a una gran lista de periodistas asesinados en México, junto con María Elena Ferral, del Diario de Xalapa, Quinto Poder, asesinada en marzo; Arturo Alba Medina, de Canal 6, Multimedios, asesinado en octubre; Jesús Alfonso Piñuelas, de El Shock de la Noticia, asesinado el 2 de noviembre, y solo por mencionar algunos de los casos lamentables que han ocurrido en nuestro país. México es un país sumamente peligroso para ejercer el periodismo. Esta frase no hemos dejado de escucharla durante muchos años. La reforma que hoy se discute establece con mayor claridad el respeto, acciones y procedimientos que realizarán todos los niveles de gobierno para crear un ambiente seguro para el desarrollo de las y los defensores de derechos humanos, de las y los periodistas, y así darles la certeza jurídica para que ejerzan el periodismo y su libertad de expresión, tanto en lo físico como a través de las nuevas modalidades tecnológicas. Esta iniciativa plantea algunos puntos principales. Obliga y faculta a los tres niveles de gobierno para que investiguen, juzguen y sancionen a todos los autores de los delitos contra comunicadores, tanto los materiales como los intelectuales, además de partícipes, colaboradores y encubridores. Esta obligación implica adoptar un marco institucional adecuado que permite que todo el proceso de investigación lo realicen las autoridades que estén en mejores condiciones para resolverlos, con suficientes recursos humanos, económicos, logísticos y científicos, y que cuenten con una autonomía e independencia para actuar. Por otro lado, estos procesos e investigaciones se deben efectuar en un plazo razonable, evitando dilaciones o entorpecimientos injustificados que conduzcan a la impunidad. Una demora excesiva en la investigación de actos de violencia puede constituir por sí misma una violación de las garantías judiciales. Gracias a esta reforma se podrá castigar y sancionar a los servidores públicos que incurran en los supuestos anteriores, haciendo más ágil, pronta y expeditas las resoluciones. Además, este decreto encuadra ya el tema tecnológico, dado que menciona que también existen agresiones digitales que dañan en el ámbito personal, patrimonial o psicológico, mediante amenazas, hostigamiento o intimidación. Otro punto a resaltar que es de suma importancia es la integración de traductores e intérpretes para las personas. Esto debido a que en México existen defensores de derechos humanos de comunidades indígenas dedicadas a la protección de sus pueblos. Cabe señalar que en México se cuenta con 68 lenguas distintas. Por tal motivo, se ha hecho indispensable que haya quien los asista durante todo proceso en el que se intervenga y así el peticionario o beneficiario se pueda comunicar en su lengua materna sin limitación alguna. Nos congratulamos en otros aspectos, como es el aumento de las medidas de seguridad, la implementación de tecnologías que faciliten el intercambio de información de manera segura y privada, la instalación de cámaras de vigilancia en puntos estratégicos para monitoreo coordinado, entre otras más medidas que son necesarias para salvaguardar la vida y la integridad de las y los defensores de derechos humanos y de las y los periodistas. Por todo lo anterior, y reconociendo a la sociedad civil que participó contundentemente en la elaboración de esta propuesta, las y los legisladores de Movimiento Ciudadano votaremos y reiteramos nuestra postura a favor del presente dictamen, ya que creemos que esta reforma encamina a México a lograr que el periodismo y la defensa de los derechos humanos sean una labor reconocida por sus logros y no por las cifras negras que hasta el día de hoy conocemos. Es cuanto, presidenta.