El diputado José Luis Jaime Correa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, vengo a esta alta tribuna a presentar iniciativa de ley, de carácter constitucional, que versa sobre la reforma política que requiere el Estado mexicano. Es la propuesta del Partido de la Revolución Democrática con su representación de diputados y de diputadas en esta Cámara de Diputados. Los que nos identificamos con las expresiones progresistas y de izquierda de este país hemos impulsado la democratización durante décadas y nos hemos quedado cortos en nuestros logros. Sería largo enumerar aquí los avances y los retrocesos de tan complejo proceso que combina evolución e involución política, pero todos nosotros somos ejemplo de que el poder se ha pluralizado, más no se ha democratizado a cabalidad del país. Si bien la sociedad mexicana ha experimentado gestiones de gobiernos municipales, estatales y federales de diferentes signos, que han representado experiencias positivas y renovadoras, también muchas de estas experiencias han sido desalentadoras y hasta traumáticas, sobre todo, en donde la corrupción ha hecho presa de muchos de estos gobiernos, sean de derecha, de izquierda o de centro. La corrupción no tiene ideologías, tiene un enorme apetito por el poder. Se ha pluralizado la simulación y el engaño y no hemos ni siquiera logrado transparentar suficientemente las prácticas gubernamentales. No hemos logrado incubar el profundo significado de la austeridad en el gasto corriente de los Poderes, todos ellos dispendiosos, todos ellos con grandes franjas de opacidad, con una crecida sin precedentes en la alta burocracia, sobre todo del Poder Ejecutivo. Por ello, nuestra agenda política nos exige; equilibrar los Poderes públicos, impulsar un auténtico federalismo, fortalecer política y económicamente al municipio, reconocerlos como depositarios originales de la soberanía nacional, darles libertad para asociarse, para desarrollarse. Debemos abrir los canales de participación ciudadana, a través del referéndum, del plebiscito, de la iniciativa ciudadana y de la revocación del mandato. Debemos garantizar la laicidad del Estado mexicano e impulsarlo como un Estado social y de derecho igualitario, participativo, incluyente y republicano. En un país de acendrado presidencialismo debemos fortalecer al Poder Legislativo confiriéndole rasgos parlamentarios a nuestro sistema político. Debemos de lograr una transformación de fondo del funcionamiento del Congreso Mexicano a fin de que los procesos legislativos sean más expeditos y el trabajo que se realiza en el Poder Legislativo sea más profesional y eficaz. Estamos proponiendo que las Cámaras del Congreso de la Unión ratifiquen, por mayoría simple, los nombramientos de todos los secretarios de despacho, y que también puedan estas Cámaras plantear la remoción de cualquiera de los funcionarios que hubieran sido ratificados debido al deficiente desempeño de sus funciones a través de su moción de censura avalada por mayoría calificada. Proponemos también eliminar el veto de bolsillo y darle facultades al Congreso de la Unión para exigir la publicación de leyes y decretos al titular del Diario Oficial de la Federación, una vez vencido el plazo que tiene el Ejecutivo para ello. Proponemos que la Cámara de Diputados apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, mismo que deberá contar con las aportaciones elaboradas por el Consejo Económico y Social del Estado como otro instrumento de participación social. Proponemos asimismo la eliminación en el texto constitucional de las partidas secretas. El PRD ha manifestado reiteradamente su rechazo a una política exterior de corto plazo y basada en intereses de grupos. Necesitamos que el Congreso de la Unión participe con el Ejecutivo en la conducción de la política exterior de nuestro país. Es importante que los lineamientos y los ejes fundamentales de la misma, que necesariamente tienen rango de asuntos de Estado, sean previamente discutidos y aprobados por el Poder Legislativo. En materia internacional también proponemos que los tratados internacionales sean aprobados por las dos Cámaras del Congreso de la Unión. Tenemos la convicción de que no podemos transformar el funcionamiento de las Cámaras del Congreso a través de acuerdos y reglamentos si no fortalecemos antes su marco constitucional y legal. Fortalecemos mecanismos institucionales de control político ejercidos por el Legislativo y de cooperación entre Poderes. Se fortalecen las funciones de las comisiones de investigación de ambas de Cámaras del Congreso, y también reforzamos y ampliamos las atribuciones de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación para que no suceda lo que sucedió hoy, que en el 2010, que estamos revisando la Cuenta Pública de 2002. Proponemos, con la modificación a los artículos 76, 102 y 105, la autonomía y la profesionalización del Ministerio Público, dándole facultades a la Cámara de Senadores para nombrar al procurador General de la República, quien durará en su encargo cuatro años con la posibilidad de ser ratificado para otro periodo de igual duración. Integramos al artículo 1o. de la Constitución la definición de seguridad nacional como "una tarea de Estado vinculada a las acciones transparentes, respetuosas de los derechos de los ciudadanos y con apego a la ley", justamente para impedir el uso de facultades discrecionales por parte de las instancias que se consideran como involucradas en este tema. Finalmente, el PRD ha reivindicado siempre las luchas de nuestros pueblos originarios. Se deben erradicar de la vida pública y de las formas cotidianas?