El diputado Gibrán Ramírez Reyes: Gracias, presidenta. Bueno, pongan ustedes que sí, que sí hay un problema de organismos que duplican costos en el Estado mexicano y que traslapan sus funciones. Tomando en cuenta que ese problema existe, aunque en este caso, según nuestra opinión no es lo que sucede, les hacemos una propuesta. Una propuesta que sabemos que caerá en oídos sordos, porque así sucede sistemáticamente. La propuesta consiste en incluir en el artículo 4o. de la Ley de Desarrollo Social que, para ocuparse de la medición de la pobreza y la evaluación integral de la política de desarrollo social, el Instituto, el Inegi, se auxiliará de un consejo especializado en la materia, integrado por tres especialistas con carácter honorario, o sea que no le costará ningún peso, de las siguientes instituciones, que son las que han aportado más especialistas en el tema, que son: la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyos egresados juramentan cumplir y aportar a la sociedad mexicana, lo que no habría obstáculo legal alguno. El Colegio de México, que ocupa el mismo caso, y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se ha involucrado también en actividades muy similares y con quien tenemos firmados convenios de apoyo técnico, es decir, es perfectamente factible y no le cuesta un peso al Estado mexicano conservar capacidad técnica de medir la pobreza de manera multidimensional, porque ser pobre no es solamente no tener efectivo en la bolsa, bien se puede tener cada mes un depósito o varios en algunas de las familias y ese dinero no utilizarse ni en educación ni en salud y la condición de pobreza no por eso mejorará. Muchos del oficialismo dicen que están frecuentemente en el territorio. Aquí la verdad es que no se nota. No han ido, por ejemplo, a San Miguel Ajusco, donde los niños están inscritos en las escuelas para tener acceso a las becas, allá en Tlalpan, donde gobernó la actual presidenta, donde los niños están inscritos para tener acceso a las becas, donde sus familias tienen otros programas sociales, donde algunas de las personas ya están renunciando a los trabajos por ese acceso a las transferencias y la salud sigue decayendo y la educación es un modelo pobre para estudiantes pobres y se perpetúan las condiciones para esa desigualdad estructural. No han ido a los ejidos del norte y del sur de Matamoros, en Coahuila, donde las condiciones de salud, particularmente de salud mental, por el abuso en el consumo de sustancias, hace que tengamos una juventud en crisis. No han ido a los ejidos del Rosario y de Escuinapa para ver las condiciones en las que viven los habitantes del sur de Sinaloa, aunque tengan transferencias monetarias, pero no teniendo acceso a servicios de calidad ni en materia de seguridad, porque la guerra ahí sigue cobrando vidas por culpa de Rubén Rocha Moya y su desgobierno y no solo en seguridad, sino tampoco en salud ni en el tema agrario. Todo el desorden que hemos visto. La medición multidimensional de la pobreza, la labor que costó tanto tiempo construir, que incorporó todos los criterios distintos de las ciencias sociales, de los mejores pensadores en el país al respecto, era un patrimonio público. Algo puede rescatarse todavía de ese patrimonio público, si incorporamos especialistas de esas instituciones que vendrán con mucho gusto, de manera honoraria, honorífica, a trabajar de la mano con las instituciones del Estado a las que les estamos encargando cada vez más tareas con cada vez menos presupuesto. Esta reserva, lo que implica esta reserva, les repito, no cuesta un peso, y, sin embargo, rescata un patrimonio intelectual nacional que es necesario para vernos al espejo y para combatir la pobreza, porque nosotros sí creemos que primero van los pobres para que salgan de esa pobreza y no perpetúen esas condiciones materiales. Muchas gracias, presidenta.