La diputada Claudia Delgadillo González: Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. Con su venia, señor presidente. La iniciativa que propone reformar el artículo 25 del ISSSTE, es una propuesta que busca que el Estado mexicano garantice los derechos de seguridad social a través de las dependencias y entidades. Se busca que la seguridad social a través de diversos mecanismos económicos, financieros y servicios de salud y de bienestar social permita al trabajador y a sus familias contar con una red de protección social que les sirva de seguridad ante determinados eventos como enfermedades, accidentes, vejez y hasta la propia muerte. Sobre todo, en lo que al sector público se refiere, tiene una connotación especial, ya que la parte patronal viene siendo las entidades y dependencias públicas que forman parte de la estructura administrativa estatal. Para todos nosotros, los derechos sociales de los trabajadores contenidos en nuestra Carta Magna son irrenunciables. Particularmente los de seguridad social, tal y como se preservan con la propuesta hecha por la iniciadora y reafirmada con el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Estimamos que esta propuesta que mejora el actual sistema de seguridad social en nuestro país no choca con nuestros principios, y más si se busca establecer normas que equilibren a los sectores de la producción que en dicho sistema participan. Tal es el propósito que busca esta propuesta, ya que como lo refiere el dictamen, la reforma que se propone el artículo 25 de la Ley del ISSSTE resolvería el problema de que las dependencias o entidades incumplan hasta por seis meses en el pago de sus cuotas, aportaciones y descuentos, y que en lugar de obligarlas a su cumplimiento, el Instituto en muchos casos suspende a los trabajadores los seguros, prestaciones y servicios correspondientes, lo cual a todas luces es violatorio de los derechos laborales contenidos en el artículo 123, Apartado B de nuestra Constitución. Con esta reforma es de resaltar que se atiende lo señalado por la OIT en el sentido de que la sociedad proporciona a sus miembros mediante una serie de medidas públicas contra privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían, la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad, maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral; y también la protección en forma de asistencia médica y de ayuda a la familia con hijos. Y con ello se estaría obligando al Estado a garantizar la plena vigencia de los derechos de seguridad social de los trabajadores y sus familias. También se atienden los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual ha emitido jurisprudencia al respecto, en donde establece el artículo 25 de referencia que es institucional, ya que es violatorio de los derechos sociales de los trabajadores al servicio del Estado al facultar injustamente al ISSSTE para suspender total o parcialmente los seguros, prestaciones o servicios de sus derechohabientes en los casos de incumplimiento de sus respectivos patrones del entero de las aportaciones, descuentos o cuotas al instituto, por lo que bajo este tenor la propuesta que hoy presenta la Comisión de Trabajo y Previsión Social establece que en ningún caso el instituto podrá suspender parcial o totalmente los seguros, prestaciones y servicios a los que éste está obligado. Por estas razones expuestas invito a ustedes, compañeras diputadas y compañeros diputados, a votar en sentido afirmativo el dictamen que hoy está a discusión. Agradezco mucho, señor presidente.