El diputado Germán Ernesto Ralis Cumplido: Muchas gracias. Muy buenas tardes, presidenta. Mesa Directiva, con su permiso. Compañeros, compañeras, miren, en el 2014 fue creado el Código Nacional de Procedimientos Penales con la finalidad de dar un protocolo de actuación en el proceso penal, garantías para la víctima e imputado, así como el protocolo de actuación para los policías al momento de una detención y obviamente del resguardo tanto de la escena del crimen como de la recolección de las pruebas que se llegan a encontrar con ayuda de un perito experto en la ciencia, arte o técnica idónea, sin embargo, no especifica las facultades o alcances de cada uno de ellos. Para que una prueba sea viable y la acepten dentro de un proceso se requiere que esta tenga licitud, es decir, que los datos y pruebas sean obtenidos y producidos lícitamente para su admisión y desahogo en el proceso, por lo que se debe de seguir el protocolo de actuación para evitar que las pruebas se contaminen o sean violatorias de derechos humanos y así evitar caer en supuestos del artículo 264 de la nulidad de la prueba. La nulidad de la prueba ha beneficiado a un número infinito de presuntos delincuentes acusados por diversos delitos, incluso con pruebas contundentes en su contra. Uno de los casos más sonados ha sido aquel tan famoso de la francesa Florence Cassez, que como todos sabemos, a pesar de la existencia de pruebas plenas en su contra logró su libertad debido al montaje y contaminación del lugar de los hechos por parte de las autoridades y una televisora. Desde secuestradores, líderes del narcotráfico hasta pederastas han sido beneficiados por la falta de preparación de los elementos de seguridad al momento de recabar las pruebas de la escena del delito. Ante esto, resulta de suma importancia tomar en cuenta las diferencias entre la labor del policía de cualquier rango y la actuación del policía de investigación o encargado de la recolección de los hallazgos. Ya que al momento de hacer el resguardo y la recolección de las pruebas por parte del elemento policial que llega primero al lugar de los hechos no sigue los protocolos de medidas para recabarlas. Y no las siguen, ¿saben por qué? Porque ni siquiera las conocen. No cuentan con preparación adecuada, preparación que en el mejor de los casos recibieron una sola vez en la academia, pero a la que no le dan continuidad con cursos que fortalezcan esos conocimientos. ¿Cuántas veces hemos escuchado noticias de que presuntos delincuentes quedan en libertad por errores cometidos en este paso del proceso o del debido proceso? Y si eso sucede en las grandes ciudades, imaginemos un poco lo que sucede en los municipios en los que no pasan de una docena de policías, que no tienen capacitación o conocimiento de cómo actuar ante determinadas situaciones. Hay reclamos de que la impartición de justicia no se convierta en una puerta giratoria para que los delincuentes salgan. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha emitido opiniones sobre las violaciones presentadas por los policías y demás autoridades que actúan de manera indebida, desde que inicia el proceso hasta su conclusión, con la finalidad de evitar que se vulneren los derechos de las víctimas. Sin embargo, esto no garantiza que se haga justicia, ya que el probable responsable sale en libertad y la sanción de la que el servidor público es acreedor no resarce la pena del delito en cuestión. Es increíble que tanto los probables criminales como sus defensores se percaten del desconocimiento y poca preparación de las autoridades, y que las mismas autoridades no hagan absolutamente nada. Se debe redefinir el concepto de resguardo y recolección de pruebas, distinguiendo las facultades entre policías y policías especializados o de investigación. Y lo más importante: proporcionarles de manera continua una preparación y capacitación constante que les permita tener presente el protocolo de actuación y los límites de sus funciones ante un ilícito y resguardo del lugar de los hechos. El mínimo detalle puede contaminar y permitir que las pruebas se conviertan en ilícitas o viciadas, siendo las periciales el principal instrumento probatorio cuando se obtienen de manera lícita y se resguardan de forma adecuada. La responsabilidad de la recolección, embalaje y traslado de los indicios o evidencias es de los policías y peritos, motivo por el cual se les debe dar, especificar y limitar su facultad a cada uno, siguiendo el protocolo que maneja el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 227 y los acuerdos que se llevan a cabo en cada estado y municipio. Al mismo tiempo, se debe contar con el equipamiento necesario por parte de los policías de investigación o policías expertos en recolección de pruebas e indicios, para que puedan seguir con los protocolos antes mencionados, sin alterar su propia naturaleza. El Ministerio Público, a su vez, debe contar con un espacio e instrumentos adecuados al momento en que reciba la cadena de custodia, por lo que debe ser requisito indispensable que todos los elementos que intervengan en la cadena de custodia y recolección de pruebas, los policías, peritos y Ministerios Públicos deban por obligación saber todos los lineamientos y requisitos necesarios para llevar a cabo los documentos o formatos desde el lugar de la intervención. La cadena de custodia y la entrega recepción de los indicios o elementos materiales probatorios es fundamental. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.