El diputado Alejandro Agundis Arias (PVEM): Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros diputados: Nuestra Carta Magna contempla dentro de sus garantías la de seguridad jurídica consagrada en su artículo 17 que prescribe que ninguna persona podrá hacerse justicia por si misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estará expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales, establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Esta garantía individual establece el principio que la procuración y administración de justicia debe ser a través de tribunales que estarán expeditos para impartirla, quienes actuarán con toda autonomía e independencia y sus resoluciones serán con carácter imparcial, de manera ágil y completa. Lo anterior con apego a la legalidad. En un estado de derecho es menester que la división de poderes sea clara y transparente, todo aquello contribuye a un ambiente de gobernabilidad porque existe un sentido de respeto irrestricto a las instituciones que lo conforman. Visto así, en nuestro país existen órganos competentes para la procuración y administración de justicia con plena jurisdicción, tales como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, las juntas de conciliación y arbitraje, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la Suprema Corte de Justicia y sus Salas, Tribunales Unitarios y Colegiados, los juzgados de distrito. Lo anterior en el ámbito federal. En materia agraria contamos con el Tribunal Superior Agrario. Este tribunal agrario encuentra su fundamento constitucional en la fracción XI del artículo 27 de nuestra Carta Magna y fue creado por decreto en el año de 1994, gozando de autonomía y teniendo plena jurisdicción. Los tribunales agrarios imparten justicia en la materia del mismo nombre y tienen el objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad. Asimismo, apoyarán en la asesoría legal a los campesinos, son de jurisdicción federal y resuelven todas las controversias que atañen a los límites de terrenos ejidales y comunales, cualesquiera que sea el origen de éstos. De las controversias entre dos o más núcleos de población y en general para la administración de justicia agraria. Los tribunales agrarios están integrados por magistrados cuyo nombramiento realizado por el Ejecutivo Federal y designados por el Senado de la República o en sus recesos por la Comisión Permanente. En congruencia con la carta política el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, prescribe que los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente; durarán en su encargo 6 años. Si concluido dicho término fueran ratificados serán inamovibles. La inamovilidad que gozan los magistrados del Tribunal Agrario acarrea dos situaciones a saber: Por un lado asegura la permanencia de sus funcionarios impartidores de justicia y con ello se perfecciona la función justicial y por el otro se crea un círculo vicioso, se crean cotos de poder. El ejercicio de la administración de justicia se vuelve oligárquico en virtud de esa permanencia por años, lustros o en su caso décadas, se coartan anhelos de jóvenes que tienen el deseo, las aspiraciones de poder ocupar algún día o en algún momento el cargo de magistrado. La inamovilidad de los magistrados del Tribunal Agrario se asemeja a una dictadura en la impartición de justicia, ya que sólo pueden ser revocados en dos situaciones: por causas graves, sin que la Ley Agraria señale qué debemos entender como tales, y cuando los magistrados cumplan la edad de 75 años. El espíritu de esta iniciativa tiene la finalidad de otorgarles permanencia a los magistrados del multicitado Tribunal para que, atendiendo a su experiencia y capacidad, puedan ser ratificados hasta por otros tres períodos, es decir, de acuerdo a la evaluación que se haga de su función juzgadora tengan la posibilidad a que se les ratifique por otros seis años, al término de los cuales por otro término de igual duración y por un último período por otro período de seis años, al término de los cuales no podrán ser ratificados. En síntesis, los magistrados durarán en su encargo, siempre que sean ratificados por la Cámara de Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente, en total 24 años, al término de los cuales dejarán de ejercer la administración de justicia en materia agraria, independientemente que ocupen un cargo diverso dentro del Tribunal. Por lo anteriormente expuesto, los diputados integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México sometemos al pleno de esta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, para quedar como sigue: Artículo único. Se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios para quedar en los siguientes términos. Artículo 17. Los magistrados rendirán su protesta ante la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente, durarán en su encargo seis años. Concluido dicho término podrán ser ratificados por otros tres períodos de la misma duración, sin que en ningún caso se rebasen 24 años de servicio con la misma categoría. Lo anterior sin perjuicio que al término de su gestión puedan ocupar otro cargo dentro del Tribunal. Los magistrados únicamente podrán ser removidos en caso de falta grave en el desempeño de su cargo, conforme al procedimiento aplicable para los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. Artículo transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. -