El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidente. Uno de los temas más relevantes de la propuesta en la miscelánea fiscal enviada por el Ejecutivo es la tipificación de conductas de evasión fiscal como delincuencia organizada y como delitos contra la seguridad nacional. El Grupo Parlamentario del PRD va a votar en contra porque es evidente la desproporción injustificable entre un delito fiscal y un atentado a la seguridad nacional. Estamos sin duda, como todos, de acuerdo en incrementar la recaudación evitando la evasión. Estamos de acuerdo en eliminar prácticas que como esta adquirieron carta de naturalización y se convirtieron en acciones de carácter prácticamente generalizado para evadir el fisco. Debe por lo tanto combatirse el ilícito con los mecanismos de la ley y también con acciones prácticas que tienen el SAT y otros organismos del Estado a su alcance, en los sistemas de control de emisión y validación de las facturas. Por ejemplo, el Servicio de Generación de Facturas del SAT permite proveer y certificar la factura solo con la e.firma para las personas físicas, también para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. También el SAT tiene el Servicio de Solicitudes por la no Emisión de Facturas, que es un servicio de conciliación con el causante que puede informar al SAT que uno de sus proveedores no le ha entregado la factura por la compra de bienes y servicios, aun cuando ya la ha solicitado. Con esa información el SAT puede fácilmente identificar e invitar a los emisores de facturas a expedirlas y a enviarlas directamente al solicitante, a su correo. En síntesis, el SAT lo que pretende es trasladar su capacidad de investigación y sus obligaciones, a los contribuyentes. Este servicio, cuyo objetivo es ofrecer al contribuyente un servicio que coadyuve a obtener su factura para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales cuando el proveedor no la proporcione, ya existe, como también existe el Servicio de Certificación de Facturas y lo pueden ejecutar todos los contribuyentes que requieran la emisión de su factura o de su validación. Señalo o anterior porque ya hay medidas prácticas que pueden fortalecerse para combatir esta práctica ilícita de facturas apócrifas, y sancionar a quien incurra en el delito de evasión, pero de ninguna manera con acciones de persecución fiscal. Saben ustedes que en el Presupuesto de este año el respaldo al SAT prácticamente solo compensa la inflación y el apoyo a la Procuraduría Fiscal. Es de una cantidad que lo deja en la indefensión para combatir con medidas de inteligencia y de tecnología moderna la evasión fiscal. Entre el firme combate a la evasión y al fraude y el terrorismo hay una línea divisoria, no es una línea delgada, es una línea gruesa y visible. Si se traspasa esa línea lo que es una acertada política fiscal comprensible para todos, es fortalecer las finanzas públicas, y se puede convertir en un conjunto de medidas arbitrarias de carácter persecutorio regresivo que viola principios universales de derecho como la presunción de inocencia, como ya se ha denunciado en el curso de las sesiones de Parlamento abierto y en las sesiones de la Comisión de Hacienda y Justicia. Con esta iniciativa regresamos a un país subsumido en los años setenta. Pareciera que 50 años de avances en materia tributaria en México se tiran a la basura. Es necesario reformar el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, con el objeto de otorgar mayor certeza jurídica a los contribuyentes en el momento en que reciban facturas apócrifas. Habrá miedo por parte del contribuyente cuando se les ofrezca regularizar su situación fiscal, debido a que esto puede generar en algún delito sin posible reparación. Lo que está en juego es la discrecionalidad de los servidores públicos, que pueden hacer de esta herramienta un mecanismo de persecución que puede llegar hasta adversarios políticos. Pero para los inversionistas será un elemento importante a considerar si pueden caer en el riesgo de estar en prisión preventiva, en extinción de dominio o en alguna otra medida que puede poner en riesgo su inversión o patrimonio y, desde luego, esto los puede inhibir. Desafortunadamente, la minuta pone en manos de los servidores públicos, de algunos de ellos, herramientas capaces de destruir al empresario, a la empresa y afectar a la inversión. En fin, presentar esta iniciativa judicial para atender un problema fiscal es una mala forma de abordar el tema. Sí estamos a favor de recaudar más. Sí queremos que se dejen de cometer delitos, pero no queremos que paguen justos por pecadores. Se pone en entredicho al Estado de derecho, derechos humanos, garantías constitucionales, presunción de inocencia. Se inhibe a la inversión y, por lo tanto, a la recaudación. Se deja en manos de funcionarios criterios al arbitrio y condicionalidad para interpretar de por sí una ley con criterios excesivos.