La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Buenas tardes, honorable asamblea. Con su venia, señora presidenta. La reforma del artículo 27 constitucional de 1992, sentó las bases de la modernización del agro mexicano, toda vez que dotó de personalidad jurídica a los ejidos, comunidades y dispuso la creación del esquema de procuración de justicia al efecto. Por eso es que ese espíritu transformador que hoy nos toca analizar y actualizar: la Ley de la Reforma Agraria. México cuenta con una superficie de 196 millones de hectáreas de las cuales cerca de 51 por ciento son de propiedad social. Es decir, 100.3 millones de hectáreas le pertenecen al agrarismo mexicano, que representan el 80 por ciento de nuestros bosques, selvas, el 74 por ciento de la diversidad biológica, y dos terceras partes de los litorales. En consecuencia, dentro del campo mexicano viven más de 25 millones de personas en alrededor de 32 mil núcleos agrarios. Con la Ley Agraria se regula la tenencia de la tierra, la propiedad comunal y ejidal, procurando en todo la productividad del campo que establece la libertad en las asambleas ejidales para determinar la delimitación de las tierras y la asignación de los derechos sobre las mismas a ejidatarios y comuneros, sin acaparamiento, así como el cuidado de los recursos naturales. El sistema de tenencia de la tierra hace posible que los titulares de la misma obtengan y ejerzan aquellos derechos y obligaciones que se les permite utilizar y controlar la tierra, los bosques y demás recursos naturales, a fin de mejorar la calidad de vida y erradicar la pobreza, con una perspectiva de aprovechamiento sustentable y de los recursos naturales para contribuir así a la estabilidad social, el impulso de las inversiones y el crecimiento económico. La Ley Agraria, en su artículo 135, reconoce como sujetos a derechos a los ejidatarios comuneros, sucesores de los mismos ejidos, comunidades, pequeños propietarios, avecinados y jornaleros agrícolas, quienes cuentan con la defensa de sus derechos por parte de la Procuraduría Agraria. Sin embargo, a la fecha se reconoce la figura del posesionario, sector que representa el 15.3 por ciento de su totalidad de la población de los ejidos y comunidades del país, como sujetos a derechos. Se entiende por posesionarios a los hombres y mujeres que no son reconocidos como ejidatarios, pero que han adquirido los derechos de propiedad de la tierra por medio del reconocimiento de la Asamblea Ejidal, o bien por una resolución judicial o administrativa, por una compra-venta o por una sucesión. Con el reconocimiento e incorporación al artículo 135 de la Ley Agraria de los posesionarios como sujetos de derecho, se beneficiarán al menos 706 mil 999 personas que han sido reconocidas como posesionarios de tierras ejidales y cuentan con certificación parcelarios. El dictamen por el que la fracción parlamentaria de Encuentro Social votará a favor incluye los siguientes aciertos. Se establece la obligación de la Procuraduría Agraria, para que se definan los derechos de los posesionarios y sus descendientes. Por otra parte, los concesionarios podrán participar activamente en la vida de los núcleos agrarios y también tendrán acceso a la asesoría y representación por parte de la Procuraduría Agraria, y finalmente se armonizan en el marco normativo. Para Encuentro Social toda aportación que abone a la inclusión y trato igualitario para todos merece y merecerá el respaldo y acompañamiento de nuestro compromiso con la sociedad. Es total y lo vivimos todos los días. Es todo y cuanto, señora presidenta. Gracias.