El diputado Javier Salinas Narváez (PRD): Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: La semana pasada la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió dar entrada a la controversia constitucional presentada por el Presidente de la República, para suspender diversas partidas aprobadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2005. Esa determinación ha implicado el congelamiento de una serie de recursos específicos del Presupuesto de Egresos por un monto de cuatro mil 195 millones de pesos, que sin duda tendrá efectos muy negativos para las finanzas de estados, municipios y universidades del país. La congelación de esos recursos afectará a 31 obras de remodelación o construcción de carreteras, el programa de infraestructura básica para pueblos indígenas, la renovación de equipo de la Armada de México, Bibliotecas y Proyectos Culturales, así como diversos proyectos para obras de infraestructura deportiva a lo largo y ancho del país. Por la manera en que se generó la decisión de la Comisión de Receso de la Suprema Corte, no tiene precedente y compromete gravemente la relación entre los Poderes de la Unión y la propia constitucionalidad del país, ya no hablemos de los pronunciamientos de los propios magistrados sobre los contenidos del Presupuesto y sobre una supuesta reducción en el monto de los recursos para la Corte, que obligaría a alguno de ellos a que se abstuvieran de participar en la deliberación del tema por un evidente conflicto de intereses. De lo que sí vale la pena hablar, es de la opinión de distintos juristas y constitucionalistas, abogados experimentados y conocedores del derecho mexicano, han expresado porque desde su perspectiva la mencionada Comisión de receso se ha tomado atribuciones que no le competen; opiniones que coinciden con el reclamo hecho por el Presidente de la Cámara de Diputados y que dan cuenta de una genuina preocupación por el exceso que en el ejercicio de atribuciones cometió la Comisión de Receso de la Suprema Corte. Atribuciones, como la de dar entrada a la controversia constitucional y nombrar al Ministrito Instructor que se hará cargo del dictamen del caso que han violentado el procedimiento. En el Partido de la Revolución Democrática, queremos dejar muy claro que no se trata aquí de cuestionar la facultad del máximo tribunal del país para determinar la constitucionalidad de un decreto aprobado por la Cámara de Diputados, se trata de denunciar la irregularidada admisión de la controversia que puede viciar todo origen de todo proceso. ¿Cómo vamos a confiar más tarde en una sentencia apegada al derecho si de inicio se trastocó la legalidad? No es un asunto menor, pues estamos hablando de la máxima instancia jurisdiccional del país y si ahí se quiebra la ilegalidad, qué podemos esperar en el resto de los juzgados y tribunales de México. Vivimos un momento difícil de la vida de la nación debido al progresivo desapego del orden legal alentados desde el Poder Ejecutivo. Por ese motivo es aún más indispensable que todas las autoridades de todos los niveles y en todo procedimiento jurídico, se ciñan estrictamente a la legalidad, el país no está para suspicacias porque mucho de lo que se pone en riesgo en este caso, nada menos que es la certeza e imparcialidad en el actuar del máximo tribunal del país. ¿Qué mensaje recibirán los ciudadanos si desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación se obvian trámites y se pretende violentar la legalidad? ¿Es eso lo que queremos, un país sin la mínima confianza en la actuación de los jueces y magistrados? Lo significativo del tema del presupuesto no es quién gane o pierda la controversia, estamos seguros que la razón le corresponde a la Cámara de Diputados, lo más importante es que el procedimiento sea apegado a derecho y no se vulnere la legalidad. Por esos razones, en el Partido de la Revolución Democrática creemos que es necesario y urgente un pronunciamiento conjunto de la totalidad de los Ministros de la Corte sobre la ilegalidad de origen que rodea la admisión de la controversia. Hacemos un llamado al Presidente de la Corte para que se pronuncie lo más pronto posible sobre las decisiones que ha tomado la Comisión de Receso y vuelva las cosas a un clima de certeza. Queremos que se haga explícito si la mencionada Comisión de Receso actuó a la ligera si no es que de mala fe al admitir la controversia constitucional. Investigaremos si incurrió en responsabilidad al nombrar al Ministro Instructor, si arbitrariamente suspendió las diversas partidas del Presupuesto de Egresos para el 2005 y si habrá lugar a juicio político. Señoras y señores legisladores, resulta muy preocupante para el país, que los Poderes Federales estemos inmersos en este debate sólo porque al Presidente de la República no le gustó el presupuesto; qué grave que este 2004 termine en medio de una polémica que dividirá aún más a los mexicanos, que contribuirá a enrarecer más el clima político y que no augura en el 2005 donde privilegia el diálogo y la tolerancia. Con conocimiento de causa o sin él, se le está haciendo un daño innecesario a las instituciones del país en la irresponsabilidad política, en su más acabada expresión. Pareciera que lo que la Presidencia de la República quiere no es tanto que aquellas partidas no se ejecuten, sino que los Poderes Judicial y Legislativo de la Federación se vean enfrentados, lo que mueve a la Presidencia es un espíritu de revancha no de aceptar que las y los diputados tenemos la razón y actuamos en el marco de la Constitución. Se piensa perversamente que se puede construir un desprestigio propio a costa del desprestigio ajeno. ¿Se imaginan, si los mexicanos volvieran a creer en el "país de las maravillas", si miran un pleito entre el Congreso y la Suprema Corte de Justicia? Se equivocan quienes así piensan. Los mexicanos no volverán a creer en el gobierno del supuesto cambio porque ya se les agotó la paciencia, porque después de cuatro años ya se dieron cuenta que lo que tienen enfrente es un montaje, un "reality Show" que sólo sirve para el entretenimiento masivo, pero no para atender los graves problemas nacionales. Un gobierno que está dispuesto a todo: a que se dejen de construir carreteras, a que se cancelen proyectos de inversión, a que se deje de apoyar a los estados o municipios con tal de no aceptar que se equivocó; que el principal error no fue querer negociar a tiempo un presupuesto de consenso, sino imponer uno a modo; que con soberbia se quiso pasar por encima de la voluntad de los legisladores y se intentó utilizar a la Cámara de Diputados como una oficialía de partes. No lo permitiremos entonces y no lo permitiremos ahora. Vamos a luchar porque se respete la decisión de la mayoría de la Cámara de Diputados, vamos a recurrir a todos los instrumentos jurídicos que la ley nos otorga para combatir la irresponsabilidad de la Presidencia de la República. Muchas gracias.