La diputada Mónica Bautista Rodríguez: En México necesitamos una ley justa y no represiva. Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, debemos evitar desde esta soberanía que el gobierno federal se aproveche del pánico temporal en materia de inseguridad y violencia que existe en el país, en donde busque imponer limitaciones de largo plazo a las libertades de los mexicanos. Buscar ampliar el número de delitos que conlleva a prisión preventiva oficiosa, no es más que limitar constitucionalmente nuestros derechos para ser ordinario y habitual un régimen que tendría que ser excepcional, pero peor aún, quieren sacrificar derechos alcanzados por grandes luchas democráticas que han dado mexicanas y mexicanos con el fin de compensar la ineficiencia institucional. Hoy en México la justica está completamente desfigurada y el sistema penal mexicano está lleno de arbitrariedades e injusticias, y se aplica en sentido coactivo mucho más en los casos sociales de pobreza que en el sentido de una estricta salida de justicia. La reforma constitucional en materia de prisión preventiva propuesta por esta soberanía, está dejando en una posición de desventaja al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 20 constitucional, que manifiesta que un imputado debe gozar de su libertad en tanto la autoridad no esté plenamente convencida de que fue este quien llevó a cabo el delito que se le imputa, y la prisión preventiva debe ser utilizada excepcionalmente, ya que puede llegar a ser violatoria de este derecho. Coincidimos en la necesidad de un combate efectivo a la delincuencia y a la corrupción, pero no podemos atentar contra derechos alcanzados históricamente. Las garantías del procesado deben ser eje rector de nuestro sistema de justicia, pues de lo contrario, se estarán vulnerando derechos especialmente de los que tienen menos medios para defenderse. Nuestro país necesita una reforma de su sistema de impartición de justicia para aminorar los efectos causados por administraciones pasadas, que han dejado como resultado la desconfianza en el sistema judicial. De lo contrario, la prisión preventiva oficiosa se convertirá en una sentencia anticipada debido a la dilación en la procuración de justicia. El dictamen propone su revisión hasta pasado cinco años de la vigencia del presente decreto, tiempo suficiente para acumular un sinnúmero de violaciones a garantías procesales sin mencionar la afectación moral de un inculpado que resulte inocente. Es menester mencionar que esta reforma también afecta la autonomía institucional del Poder Judicial, pues la facultad de imponer medidas restrictivas de la libertad, debe ser ejercida por un juez en estricto apego al artículo 14 constitucional, y la propuesta aduce a la presión sobre la autoridad judicial de imponer prisión preventiva en función del señalamiento de la comisión de uno de los delitos enumerados en su texto. El control gubernamental no debe estar por encima de los derechos de los ciudadanos, porque no avalamos el ejercicio de la prisión preventiva sin antes garantizar los supuestos que marca la ley, pues en este supuesto contenido en el dictamen no hace falta prueba concluyente sino presunciones o indicios de responsabilidad del imputado. Esta reforma contribuye también a la reprobación de las cárceles, agravando el hacinamiento y los tratos humanos degradantes como la tortura que nuestro Estado debería evitar, por lo que no lo avalamos. La crisis de seguridad no debe anteponerse a las crisis de derechos humanos, por lo que hacemos un llamado a revisar profundamente la estrategia del gobierno federal para evitar una crisis mayor que mine el Estado de derecho en nuestro país. También consideramos equivocada la posición de incrementar el catálogo de delitos, el cual aumentará de manera mayúscula la cuantía de presas y presos en las cárceles del país. Votar este catálogo de delitos estaremos condenando de manera irresponsable a muchos mexicanos a ser objeto de la injusticia y no de la justicia con criterios propios de regímenes excepcionales, y consideramos que estas modificaciones al artículo 19 desvirtúa y atenta contra el espíritu constitucional vigente en la materia penal, por lo que exigimos la liberación de las personas encarceladas sin una razón o razones jurídicas suficientes y no aumentar un número impresionante más de mexicanos en estas condiciones. Es cuanto.