El diputado Adolfo Orive Bellinger: Como complemento a lo propuesto por la diputada Lilia Aguilar que me antecedió en el uso de la palabra, debe adicionarse un segundo párrafo a los artículos 2 y 10 del dictamen para establecer que la interpretación de las disposiciones se hará de manera armónica con lo dispuesto en el artículo 25 constitucional que prevé la rectoría estatal del desarrollo nacional, la concurrencia de los sectores público, privado y social, las áreas estratégicas, las áreas prioritarias, la competitividad, la productividad, la sustentabilidad y la política nacional para el desarrollo industrial sobre insumos esenciales y barreras a la competencia y libre concurrencia. Para este caso, las definiciones actuales castigan a los productos que los agentes económicos detentan por cuestiones de mejoras en la eficiencia derivados de inversiones, innovación y tecnología, mejoramiento de los procesos productivos en las capacidades organizacionales y productivas, entre otros. Todas estas características que son fundamentales para el incremento de la productividad y el desarrollo económico. La definición de barreras a la competencia y a la libre concurrencia, incluida en la fracción IV del artículo 3o del dictamen, invade las facultades legislativas y reglamentarias de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de los distintos órdenes de gobierno como mencioné en mi intervención anterior, por lo que coloca a un órgano no electo y con déficit democrático por encima de los poderes electos, lo que además atenta contra la rectoría estatal prevista en el artículo 25 de la Constitución. En el artículo 60 del dictamen, que es el referente a los aspectos que debe considerar la Cofece para determinar la existencia de un insumo esencial, si bien en la fracción I se acotó a que los agentes económicos cuenten con poder sustancial, al mismo tiempo, en la fracción IV se señala a las circunstancias por las que el agente económico controla el insumo sin mencionarlas en específico, y peor aún, en la fracción V, se abre la puerta a una enorme incertidumbre jurídica y a un grado de discrecionalidad sin parangón para la Cofece, al señalarse que también se considerarán los demás criterios que se establezcan en las disposiciones regulatorias que emita la misma Cofece, es decir, gracias a criterios totalmente subjetivos. Por lo que respecta al artículo 94 del dictamen, que reglamenta el procedimiento de investigación para insumos esenciales y barreras a la competencia, si bien circunscribe el inicio del procedimiento de investigación a cuando hayan elementos que hagan suponer que no existen condiciones de competencia al mismo tiempo resultan excesivos por invadir las facultades constitucionales de las autoridades públicas y por colocar a la Cofece por encima de éstas. Desincorporación Si bien se tiene plena consciencia de que esta figura ya estaba regulada en el artículo 37 de la ley vigente, y de que en la reforma constitucional se le contempló expresamente en el artículo 123 del dictamen, preocupa que se le otorgue un poder de este alcance y de manera tan laxa a la Cofece, pues se trata de una medida extrema que, por ejemplo, en más de 120 años desde que se expidió la Ley Sherman en Estados Unidos de Norteamérica ha sido invocado en contadas ocasiones, Standard Oil, AT&T, Paramount, General Motors, Microsoft, y solamente aplicado en dos casos: Standard Oil en 1911 y AT&T EN 1984. Visitas de verificación La disposición contenida en la fracción III del artículo 12 del dictamen que faculta a la Cofece para efectuar visitas de verificación sin estar vinculadas necesariamente a un procedimiento de investigación atenta contra el principio de seguridad jurídica establecido en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional que prevé que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho, cuestión que no aplica la Ley de Competencia Económica que ha sido aprobada en lo general. Disposiciones Regulatorias En el dictamen a discusión el legislador federal renuncia a su papel como tal y transfiere a un órgano no electo la facultad de regular materias fundamentales para el correcto desempeño de la Cofece, como son: emisión de directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos en materia de imposición de sanciones, prácticas monopólicas, concentraciones, investigaciones, poder sustancial, mercados relevantes y las que sean necesarias; atribuciones de la autoridad investigadora; prácticas monopólicas relativas; marcado relevante; poder sustancial; insumos esenciales; concentraciones; desahogo de denuncias por parte de la autoridad investigadora; y de más. Causas objetivas El artículo 71 del dictamen establece que el inicio de las investigaciones por prácticas monopólicas y concentraciones requiere de una causa objetiva, a la que se define como sinónimo de indicio, lo cual no lo es. Lo anterior no cumple con el criterio de objetividad, pues está sujeta a la interpretación que los integrantes de la Cofece le den a los indicios y, en ese sentido, puede prestarse a discrecionalidad y a arbitrariedades generando incertidumbre y violando los principios constitucionales de seguridad jurídica. Autoridad Investigadora La autoridad investigadora detenta gran poder en la Cofece, pues conforme al artículo 26 del dictamen es la encargada de desahogar la etapa de investigación y es parte en el procedimiento seguido en forma de juicio. Es una agrave omisión del legislador federal que pee a la reserva de ley para regularla en el dictamen se dejen sin atender aspectos tan importantes de la misma, como los requisitos para ser titular, sus impedimentos y escusas, y de más. Autoridad resolutoria. En el caso de la autoridad resolutoria, es mucho más acentuada la omisión del legislador para regularla, pues sólo se hace referencia al órgano encargado de la instrucción en dos preceptos y al comisionado ponente únicamente en la fracción VI del artículo 82. Contraloría interna. Deben encauzarse las facultades de dicho órgano, pues se centran en el aspecto presupuestal y en la revisión a posteriori, pese a que constitucionalmente la Contraloría de la Cofece no está restringida a dichos aspectos. La propuesta es que la Contraloría pueda revisar y evaluar, a partir del plan de trabajo anual y los informes trimestrales de la Cofece, el actuar de ésta. Ejercicio de las acciones por daños y perjuicios. El artículo 126 del dictamen plantea que quienes sufran de daños y perjuicios podrán ejercer las acciones judiciales conducentes hasta que exista una resolución firme de la Cofece, lo que atenta contra el principio de justicia expedida previsto en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional. Es cuanto, señor presidente.