La diputada Aleida Alavez Ruiz: Con su venia, presidente. Lamentablemente este sí es un debate en el que regresamos a las posturas entre liberales y conservadores. Digo lamentablemente porque acompañamos el dictamen, estuvimos de acuerdo con él, a pesar de que no tiene todo lo que nosotros quisiéramos, concordante a los tratados internacionales, que efectivamente ya son ley y que ahí se reconocen los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Pero además y es algo que quisiera pedirle a los grupos mayoritarios, al grupo mayoritario que respalda también este dictamen, que se hagan cargo de actuar en congruencia. Efectivamente, las políticas públicas deben obedecer a una problemática de salud pública que tenemos hoy en día en el país, en cualquier rincón de este país. Las cifras son alarmantes. ¿Qué está pasando con las niñas, las adolescentes que se embarazan a temprana edad? ¿Qué está pasando con toda esta problemática de las enfermedades que se acaban de mencionar y qué está haciendo el gobierno? Es muy cierto que se tienen que hacer cargo de que si están habilitando programas y ayer mismo en un conversatorio al cual fuimos invitadas varias diputadas, precisamente retomando las acciones después de las convenciones del Cairo y Beijín, pues ahí estamos encontrando cómo el Consejo Nacional de Población trae toda una dinámica de política pública, en donde le va a proporcionar a las adolescentes información. ¿Cómo pueden hacer esto, si no es emanado de un derecho? El derecho a la salud, el derecho a la información sobre todo lo que implica la educación en nuestro país, que lamentablemente estamos muy mal y que por eso muchas mujeres no son conscientes de los derechos para que los hagan valer. Por eso es que quisiera aquí hacer un llamado, para que no regresemos esta redacción a la tutela de los derechos, cuando estamos reconociendo, en el dictamen, que los niños, niñas y adolescentes son sujeto de derecho. Lo digo así, porque en el artículo 57 ustedes proponen la adición del párrafo, en donde quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guardia y custodia tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a niñas, niños. Esto sí limita, esto sí va en contrasentido de lo que estamos hablando en cuanto a los tratados, en cuanto a la determinación, la libre expresión y también el que puedan tener acceso a todos estos programas, que además están circulando en la calle. Eso hagámonos cargo de no caer en esta redacción tan incongruente de lo que el dictamen determina. Además, también aquí lo quiero mencionar, nuestra Constitución establece la igualdad y no discriminación para todas y todos los ciudadanos. Este artículo pretende poner énfasis en la intervención de los padres sobre el desarrollo educativo de los hijos o quienes están bajo su tutela, tiene la intención de limitar, limitar esos derechos humanos que dicen aquí que se hacen cargo de ellos, cuando los están limitando. La autonomía progresiva, especialmente de los adolescentes quienes en este momento de su vida van construyendo independencia y autonomía, todos quienes somos padres lo sabemos, en este momento se está formando la persona como tal, al ser adolescente, por qué vamos a intervenir en esa formación que tiene que ser progresiva y autónoma. Hagámonos cargo de no estar trastocando los preceptos del dictamen. Por lo anterior, obviamente proponemos retirar ese párrafo y retirar todas estas redacciones de esta reserva que lamentablemente van totalmente en contrasentido del dictamen original, del cual nosotros hicimos ya nuestra postura. Es un avance, a lo mejor mínimo, pero necesitamos reconocerlo, necesitamos hacernos cargo de un problema de salud pública, de un problema que está sucediendo en nuestro país, con la infancia, con las adolescentes, con los jóvenes, son en estos momentos los más lacerados por toda la violencia, por todo lo que ocurre en México. Ahora no queramos intervenirlos, no queramos tutelarlos, no queramos estar por encima de sus derechos. Y sí, es un debate entre liberales y conservadores. Quieren regresar sus ideologías, cuando estamos en un Estado laico. Quieren regresar estos pensamientos, que tienen todo el derecho de tener pero no de imponer, en una redacción en la que estamos mandatando una ley para todo el país, obstruyendo derechos humanos, de los cuales este país es signante en tratados internacionales. Es cuanto.