La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados. Hoy México cuenta con un vigoroso y creciente número de organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la protección del medio ambiente. El surgimiento de estas fuerzas sociales ha logrado transformar la relación gobierno-sociedad y su actuación ha constituido el reflejo de una mayor preocupación sobre las actividades gubernamentales y la necesidad de generar nuevos mecanismos de participación y de retroalimentación entre el gobierno y la sociedad civil organizada. Para poder revertir las tendencias de deterioro ambiental que prevalecen en nuestro país, no basta entonces con tener leyes que dicten las responsabilidades y derechos de los particulares frente al Estado; es necesario fortalecer el aparato institucional para la gestión de políticas públicas ambientales e instrumentar los programas que fortalezcan la corresponsabilidad entre los actores sociales y la toma de decisiones. El marco normativo que regula a las organizaciones de la sociedad civil es la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual enuncia en su artículo 5o., 16 actividades genéricas de interés social. En el inciso doceavo de dicho ordenamiento se reconoce la protección al ambiente como una actividad de interés social para dichas organizaciones, facilitando así su fomento y favoreciendo la comunicación con las instituciones encargadas de la agenda ambiental de nuestro país. La política ambiental de México está prevista en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En ella encontramos instrumentos, herramientas y estrategias de política ambiental eficaces para alcanzar una efectiva acción a nivel de regulación de los mecanismos de gestión ambiental. Los principales temas que abordan dichos instrumentos son los siguientes: la biodiversidad, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, la protección al ambiente y la participación social e información ambiental. Es en este sentido es que nuestra propuesta cobra interés. Los recursos naturales cuyo aprovechamiento debe estar sujeto a las políticas públicas que prevé la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente será un complemento aplicable a las organizaciones de la sociedad civil, cuyo objeto social comprometa el aprovechamiento de los recursos naturales. Por ese motivo, el Partido Verde Ecologista de México, en la Cámara de Diputados, propone que las organizaciones sociales, cuyo objeto de fomento sea el aprovechamiento de los recursos naturales deberán, en todo caso, ajustar su ejercicio a los criterios previstos en los ordenamientos legales aplicables, así como a la disposición de los reglamentos, normas oficiales mexicanas, programas de ordenamiento ecológico y demás normatividad que de los mismos se deriven. Los tiempos en que podía dejarse al gobierno la compleja responsabilidad de defender bienes comunes ambientales han quedado atrás, para dar paso entonces a una mayor corresponsabilidad en la búsqueda de una verdadera calidad ambiental. La construcción de la moderna relación sociedad-gobierno prevé nuevas libertades, pero conlleva también nuevas obligaciones que redundarán en una mejor y eficaz protección de los recursos naturales, con base en el marco regulatorio que previera la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Resulta entonces fundamental que las dependencias y entidades de la administración pública federal se sientan asociadas a la aplicación de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley Federal de Fomento, a las actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y que sus programas fomenten, entonces, las actividades propias de dichas organizaciones. Es cuanto, señora Presidenta.