La diputada Mónica Fernández Balboa: Señoras y señores legisladores. El dictamen relativo al cómputo final de la elección de Presidente de la República y la declaración de validez de la elección y de Presidente Electo constituyen el mayor atraco a la justicia a la legalidad y a la legitimidad democrática del que se tenga memoria en la historia de México. Revestido como un acto de normalidad republicana sintetiza la corrupción de nuestras instituciones, la ausencia del estado de derecho, el ejercicio faccioso del poder del Estado y la consagración de la impunidad. En 1996 se sentaron las bases de un verdadero régimen democrático con una profunda reforma electoral, que permitió que en el 97 el PRI perdiera la mayoría en la Cámara de Diputados y el PRD ganara la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Una reforma cuyo andamiaje jurídico abrió la posibilidad de que en el 2000 se diera por primera vez la alternancia en el Poder Ejecutivo federal. Y hoy, seis años después, lo que parecía un vehículo seguro para la consolidación democrática, simplemente se descarriló. La declaración del Tribunal Electoral es la cúspide de un proceso precedido por una serie de actos facciosos como que el Consejo General del IFE se integrara con la exclusión de nuestra representación legislativa, en el que el titular del Poder Ejecutivo federal intervino cínica e impunemente en la elección presidencial, apoyando al candidato de su partido en el que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se coludió en la intentona de cerrarle el paso al personaje más connotado de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador, en el episodio del desafuero del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. En esos momentos, sólo la fuerza de la razón jurídica que lo asistió siempre y la presión social en las calles pudieron revertirlo, con lo que se demostraron dos cosas fundamentales: quiénes estaban dentro de la legalidad y la fuerza de la movilización social de los ciudadanos que libremente se congregaron en torno a una causa justa. Aquí es donde reside el elemento fundamental de nuestra de protesta legítima y la explicación de la gran respuesta ciudadana espontánea que hemos recibido en este conflicto postelectoral. La gente exige justicia, justicia electoral. La actuación del Presidente de la República, del Consejo General del IFE, del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Tribunal Electoral despojaron a estas instituciones de su razón de ser, al no servir más al pueblo. Las y los legisladores del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática no vamos a reconocer al usurpador que pretende presentarse con el manto de una legitimidad conferida por instituciones que han perdido el rumbo. La versión que se nos quiere imponer con esta declaración de validez, es la de una legalidad que pretende declarar inexistente lo que ocurrió y al mismo tiempo borrarla de la memoria colectiva, como en las mejores dictaduras; se trata de eliminar el pasado incomodo y de ocultar los pecados cometidos. Para el Tribunal Electoral, ni los ataques personalizados contra el candidato del PRD, ni la campaña desinformativa en radio y televisión, ni la participación de grupos empresariales, ni la guerra sucia y propaganda negra a través de llamadas telefónicas, ni la apertura ni alteración ilegal de los paquetes electorales ni la alteración del PREP ni la intervención de extranjeros ni la intervención política y financiera de la señora Gordillo ni la ominosa campaña paralela orquestada por Vicente Fox ni el rebase de tope de gastos de campaña de Felipe Calderón y mucho menos el uso de programas sociales federales a favor del candidato de la derecha, fueron elementos para determinar la influencia de los actos ilegales del PAN, del gobierno y de sus aliados en contra de nuestro candidato y por tanto, el Tribunal decidió eliminarlos por decreto. ¿Qué quería el Tribunal para tomar en cuenta estos hechos ante la reiterada intromisión ilegal del Presidente? Para nosotros y para millones de mexicanos, la resolución del Tribunal es un intento de blanquear un proceso electoral hecho con las manos sucias. Que quede claro: el pueblo de México no lo va a permitir. Nuestra posición no es radical, es firme. Esta posición es de congruencia y de dignidad. Somos demócratas que renunciamos a cualquier negociación o concertación a espaldas de los intereses de las y los mexicanos. Como decía Honorato de Balzac: "en las grandes crisis el corazón se rompe o se curte". Nosotros estamos dispuestos a entregar el corazón para que no se rompa la esperanza de una mejor nación. Gracias.