El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Compañeras diputadas y compañeros diputados, en nuestro país se han realizado diferentes esfuerzos para determinar el número de personas con discapacidad y sus características. Los mismos intentos fueron las boletas censales de la primera mitad del siglo en los Censos de 1895, 1900, 1910, 1921, 1930 y en los años cuarenta, así como la Encuesta Nacional de Inválidos en 1982, de la Secretaría de Salud; el Conteo de Población y Vivienda de 1995 y más recientemente el Registro Nacional de Menores con Discapacidad, en 1995. Según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, una persona con discapacidad es aquélla que presenta una limitación física o mental de manera permanente o por más de seis meses, que le impide desarrollar sus actividades en forma que se considere normal para un ser humano. Datos que nos aportó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, Inegi, indican que en el año 2000 las personas que tenían algún tipo de discapacidad eran un millón 795 mil, lo que representaba el 8.1 por ciento de la población total. Por su parte, el informe complementario de México al Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas, de la Organización de Estados Americanos, OEA, refiere que la edad promedio de inicio de la discapacidad en nuestro país es de 29.7 años, en el caso de las mujeres, y de 32.3 en el caso de los hombres, lo que muestra la mayor vulnerabilidad de las mujeres para este tipo de padecimientos. El informe también destaca que la discapacidad motriz es la más frecuente en la población mexicana, ya que afecta al 45.3 por ciento de la población con discapacidad. En segundo lugar se encuentra la discapacidad de tipo visual, un 26 por ciento, que incluye a las personas ciegas y a quienes tienen debilidad visual. En tercer lugar figura la discapacidad mental, con un 16.1 por ciento; en cuarto la auditiva, con un 15.7 por ciento y en quinto la del lenguaje, con un 4.9 por ciento. En México, la principal causa de la discapacidad es por enfermedad, 31.6 por ciento; en segundo lugar se encuentra la edad avanzada, 22.7 por ciento, pues en los adultos mayores se incrementa la probabilidad de adquirir alguna discapacidad como resultado de la degeneración física propia de la vejez. La tercera causa de discapacidad en nuestro país está representada por el conjunto de anomalías de origen hereditario que se producen durante el embaraza o por aquéllas que se presentan al momento del nacimiento. El 20 por ciento de las personas con discapacidad señaló tener discapacidad por alguna de estas razones. Finalmente, cerca del 18 por ciento de las personas con discapacidad refirieron que su padecimiento fue producto de un accidente o de agresiones violentas. Por eso la reforma que se encuentra a su consideración propone que el Registro Nacional de Personas con Discapacidad contenga datos tales como el nombre de la persona, su domicilio, edad, género, estado civil, tipo de discapacidad y características de la misma, así como los demás datos que se considere necesario incluir para su plena identificación. Asimismo, establece que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, sea el encargado de apoyar a las personas con discapacidad y de coordinar el sistema nacional de información en ateria de asistencia social, en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La reforma en comento es sin duda trascendental, ya que en años recientes hemos sido testigos del gran reto que la administración pública federal enfrenta para dar respuesta a las demandas de las organizaciones de la sociedad civil vinculadas con la discapacidad. Compañeras y compañeros diputados, legislar en materia de discapacidad no es nuevo. Dentro de las principales medidas emprendidas se destaca la reforma del 14 de agosto del 2001 al tercer párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que elevara a rango constitucional la prohibición de cualquier forma de discriminación, incluyendo a las personas con discapacidad. En ese tenor nosotros, como diputados federales, también hemos presentado distintas iniciativas al respecto. Pero también es cierto que los malos gobiernos en México han aumentado la desigualdad y han fallado en la meta de reducir la pobreza extrema. Hoy en día, como nación, no podemos asegurar la igualdad de oportunidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo, tal y como lo establece nuestra Constitución. Es evidente que el Estado mexicano no ha logrado reducir significativamente la brecha social, económica y cultural persistente en la sociedad, lo que se traduce en que los mexicanos sean tratados con inequidad e injusticia en todas las esferas de su vida, de tal manera que lamentablemente aún persisten algunas formas de discriminación. En el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática creemos en la incorporación de las personas con discapacidad a los diferentes programas sociales que llevan a cabo los tres órdenes de gobierno. Creemos en el fortalecimiento de la coordinación de la administración pública federal con los gobiernos estatales y municipales, con el objeto de brindar un apoyo lo más integral posible y descartando la duplicidad de atención y creemos en los plenos derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. Por eso votaremos a favor del proyecto, porque con una información adecuada podremos estar en posibilidades de garantizar, realizar un diagnóstico temprano y canalizar oportunamente a las personas con discapacidad, a los servicios de estimulación temprana y rehabilitación, entre otros, para lograr su plena integración. Por su atención, muchas gracias.