EL C. DIPUTADO ROBERTO EUGENIO BUENO CAMPOS: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, nos permitimos someter a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa, con el fin de que la piratería cometida por la delincuencia organizada, se le aplique y sancione de conformidad con la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, así como para aumentar las penas privativas de libertad en estos delitos. En virtud del tiempo, se pasa a hacer un resumen de los fundamentos y motivos de la presente iniciativa, misma que se va a entregar a esta Mesa a efecto de que se inserte en su integridad en el Diario de Debates. México es un país rico en cultura con un gran mosaico de expresiones intelectuales y de sentimientos estéticos; la tradición artística y cultural de nuestro pueblo es varias veces centenarias, así como de igual manera se haya en una constante dinámica creativa, que lo demuestran no sólo las manifestaciones de alta cultura, las innovaciones dentro del ámbito de la comunicación y el arte, por lo tanto la protección de las creaciones intelectuales, deben constituirse en una preocupación fundamental del Estado Mexicano, ya que la defensa de los derechos de propiedad intelectual, es al mismo tiempo la salvaguarda de la cultura propia y de la cultura universal. La protección a los derechos de autor en nuestro país, es una de las grandes prioridades y decisiones del pueblo mexicano, su importancia lo reconoce el artículo 28 de nuestra Constitución General: "...toda obra intelectual de gran éxito o la más modesta, deben ser protegidas en igual grado y medida, pues el espíritu humano debe ser estimulado por la sociedad y protegido por la ley". El marco jurídico autoral en vigor, por técnica legislativa y eficacia normativa, incorpora un título en el Código Penal Federal, en donde se describe con precisión los delitos que afectan a los derechos de autor y conexos. La posibilidad de aplicar una pena o un castigo, da fuerza a las leyes y permite lograr con grado de suficiencia el objetivo de la misma: salvaguardar el bien común y el respeto a los derechos de la comunidad y del individuo. Una de las violaciones más graves y frecuentes se presenta con la piratería, tanto por la reproducción no autorizada o la comercialización indebida de ejemplares sin el consentimiento del titular del derecho, lo que motivó a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual a convocar dos foros mundiales para el tratamiento del tema, en donde en ambos eventos se condenó a la piratería como ilícito que atenta no solamente contra los interese privados de los autores, los artistas y las industrias culturales y de comunicación, sino también contra las fuentes de empleo, el erario público y la creatividad, encomendando a los gobiernos establecer procedimientos eficaces y sanciones penales ejemplares como medida para combatir este delito. En efecto, es del conocimiento público que el problema del combate a la reproducción y distribución ilícita de fonogramas, no está dando los resultados mínimos aceptables y no sólo no se ha logrado contener, por el contrario, aumenta, lo que se traduce en enormes pérdidas para los autores, comercializadoras y demás personas involucradas de manera lícita en esta artística, noble y honesta actividad. La piratería está inhibiendo las oportunidades de las compañías disqueras, múltiples factores intervienen en el crecimiento de la piratería en menoscabo de la industria disquera nacional; la producción, a través de grabadores de discos compactos, la facilidad de ventas por vendedores ambulantes y tianguis. Las consecuencias van más allá del aspecto puramente económico. Hablamos de la pérdida de generaciones de artistas, de un medio justo para competir y desarrollarse, del impacto negativo en la cultura, de la inhibición para el surgimiento de nuevas figuras, entre otras graves consecuencias. Para sobrevivir las disqueras están dependiendo de producciones extranjeras que no generan costos de producción adicionales, ya que el producto es desarrollado fuera de México. Por lo que tristemente el mercado nacional cambia de ser un recurso de exportación de talento, cultura y música, a una red de importación en la que solamente son promocionadas producciones seguras y en su mayoría extranjeras. Precisamente por eso se insiste que para la consolidación del estado de derecho, se requiere la implantación de medidas que garanticen la propiedad y posesión de los bienes que favorezcan la transparencia de las relaciones de los particulares entre si y con el gobierno, a fin de promover la inversión productiva que impulse el desarrollo económico del país. La industria mexicana requiere de todas las herramientas que le permitan crecer y responder en forma competitiva, al desarrollo económico del país; que brinde una protección adecuada en los distintos campos, incluido el de los derechos de la propiedad industrial. Se requieren acciones de carácter frontal y eficaz contra las violaciones a los derechos de autor y de propiedad industrial. La producción y comercialización ilícitas de productos apócrifos recientemente se ha incrementado en detrimento de la industria nacional. Clara manifestación de estos hechos se observan cotidianamente a través del comercio informal en la vía pública, en innumerables lugares se expenden productos apócrifos sin temor de que dichas conductas sean castigadas. Si bien es verdad que México ha modernizado su marco normativo en materia de propiedad intelectual, lo cierto es que se hace necesaria la constante actualización de las disposiciones jurídicas que resuelvan los problemas que garanticen la protección eficaz de los derechos. Para citar sólo algunos datos, mencionaremos que según Amprofon, México ocupa el tercer lugar mundial en el mercado de la piratería. Durante el año 2002 de 67 millones de unidades vendidas de manera legal, se calcula que se vendió la alarmante cifra de 104 millones de unidades de productos piratas. Las pérdidas directas de la industria se encuentran cerca de los 3 mil millones de pesos. Basta imaginar el daño colateral que sufren los estudios de grabación, artistas, intérpretes y autores. La disminución de las ventas se encuentra en el rango del 21%. El gobierno mexicano pierde anualmente 800 millones de pesos en IVA y otros impuestos. ¡Ojo Secretario de Hacienda! Ahora bien, nadie puede negar que la piratería es una actividad delictuosa que se ha extendido a grupos organizados que hacen de la violación de la ley a través de la piratería, su modo de vida. Por ello, la necesidad de actuar enérgicamente contra este tipo de conductas delictivas que no son de ninguna manera aisladas o de una simple asociación, sino de auténticos grupos organizados, por lo que es necesario la constante adecuación de las leyes a las realidades que están destinadas en regular y estar en correspondencia con las aspiraciones de la sociedad, de tal manera que el estado de derecho se perfeccione y fortalezca- En tal virtud resulta oportuno modificar las normas penales vigentes con objeto de atacar enérgicamente la industria delictiva de la piratería. La piratería en muchas ocasiones es una actividad organizada de manera permanente, con estructura jerárquica respetada, compuesta por individuos disciplinados que se agrupan para cometer estos ilícitos. Es decir, llegan a tener las características de una auténtica delincuencia organizada. En consecuencia es que se propone reformar el artículo 2o. de la Ley Federal contra la delincuencia organizada, a fin de adicionar una fracción V recorriendo la actual para quedar en VI, con el fin de establecer que la piratería sea sancionada como delincuencia organizada, siempre y cuando 3 o más personas, acuerden organizarse o se organicen para realizar en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras tengan como fin o resultado cometer el delito previsto en el artículo 424 bis del Código Penal Federal. Asimismo se propone incrementar las penas privativas de la libertad y las sanciones económicas con el fin de abatir la incidencia delictiva del tipo penal previsto en el artículo 424 bis para que aun sin tratarse de delincuencia organizada también sean sancionadas con mayor rigor dichas conductas, por lo que se solicita seguir manteniendo el mínimo, pero incrementar el máximo a 12 años de prisión y de 3 mil a 30 mil días de multa a quien produzca, reproduzca, importe, almacene, transporte, distribuya o venda copias ilícitas de obras, fonogramas, videogramas o libros protegidos por la Ley General del Derecho de Autor. Reiteramos: este tipo de delincuencia, cuando es organizada, amenaza a la seguridad nacional porque vulnera valores importantes de un Estado, porque debilita las instituciones y daña el estado de derecho y porque la extraordinaria cantidad de recursos que maneja llega a poner en entredicho la capacidad de las autoridades para enfrentarlo. Compañeras y compañeros diputados: nos basta con dar una somera mirada a la realidad de la piratería en México para preocuparse y ocuparse de la impunidad, de la inseguridad pública y del crimen organizado, por lo que debemos propugnar, con la instrumentación y puesta en práctica de medidas adecuadas y eficaces, en beneficio de los autores y productores legales de fonogramas y otras obras. La presente iniciativa tiene precisamente como objeto la protección de los derechos de los autores de toda obra del ingenio y espíritu humano, de modo que se mantenga firme la salvaguarda del acervo cultural de la nación y se estimule la creatividad del pueblo mexicano en su conformación y diversidad cultural. Muchas gracias y respetuosamente solicito se remita para opinión a las comisiones de Cultura y Hacienda.