La diputada Carmina Yadira Regalado Mardueño: Saludo con agrado a todos los ciudadanos que nos siguen a través del Congreso. Estimadas compañeras y compañeros legisladores, vengo a solicitar su voto a favor del presente dictamen, toda vez que este tema del que se trata es de suma importancia. Es un tema que garantiza los derechos de las y los mexicanos, sobre todo el de libre tránsito a las playas de nuestro hermoso país. México destaca en el mundo por la extensión de sus litorales, cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral exclusivamente en su parte continental, lo que lo ubica en un segundo lugar entre los países del continente americano. La variedad y contraste de los mares y océanos con los que cuenta, aunado a las bellezas naturales y biodiversidad, más la creciente inversión en instalaciones e infraestructura hotelera y calidad de los servicios han contribuido a un favorable crecimiento en materia de turismo. Entre otras, estas condiciones han permitido un crecimiento del turismo internacional en nuestro país durante los últimos años. De acuerdo con los registros de la Secretaría de Turismo, arriban al país 35 millones de turistas internacionales, 9 por ciento más que en 2015, y 50 por ciento más que en 2012, lo que permite apreciar la importancia de este sector para el fortalecimiento de la economía nacional. La Organización Mundial del Turismo confirmó que México pasó del octavo al sexto lugar en recepción de turistas internacionales, al registrar 39.3 millones de visitantes extranjeros que arribaron al país el año pasado, con lo que supera a potencias como Reino Unido, Turquía y Alemania. El continuo crecimiento de este sector económico trae aparejado un fenómeno que afecta de manera dramática a un considerable sector de la población, sobre todo en lo que respecta al uso y disfrute de las playas y zonas marítimas de la nación. Y es que, motivados por la falta de regulaciones y una nula aplicación de las existentes, se advierte una cada vez mayor presencia de particulares con pretensiones de atraer visitantes mediante el ofrecimiento de zonas exclusivas para personas de muy altos ingresos, a las que se ofertan playas privadas en detrimento de los derechos de terceros. De conformidad con lo anterior, se presume que en México desde hace años se da un proceso silencioso de privatización o aprobación de facto de las playas por parte de particulares. La mayor parte de ellos concesionarios de la zona federal marítimo terrestre, entre los que se destacan desarrolladores inmobiliarios y prestadores de servicios turísticos. El problema de la privatización de las playas marítimas alcanza afectaciones tales como, a la población local, a los visitantes nacionales y extranjeros, y debemos tenerlo claro, solo beneficia a un grupo reducido de personas, contribuyendo a la concentración de la riqueza en unos cuantos y a la desigualdad económica. Además de sumar que los propietarios de terrenos aledaños al mar o concesionarios de zonas marítimas, cercan sus espacios sin dejar una vía o derecho de paso a las costas, violando con esto el derecho al libre tránsito que concede nuestra Carta Magna a todo individuo. Atento a lo anterior, lo que impide, bloquea, cierran o trastocan el derecho de vía, lo hacen por omisión o conclusión de quienes deben velar por el bien público o, en su caso, por indefiniciones de leyes secundarias y reglamentarias en la materia. Un ejemplo claro de esta problemática son los 156 municipios del país con litoral, tienen vetado, en muchos casos, su derecho de acceder a zonas marítimas.