El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez: En el Grupo Parlamentario del PRI hemos analizado al detalle este dictamen y les anticipo, compañeras y compañeros, que nuestro voto será en contra. Debemos tener claro que, con la reforma en materia de procuración y administración de justicia de 2008, se incorporó el principio de presunción de inocencia como un derecho del inculpado en el artículo 20 constitucional, esto nos obligaba a eliminar la prisión preventiva. Sin embargo, en esta reforma constitucional se establecieron algunos criterios para poder aplicarla. El Ministerio Público podría solicitar al juez la prisión preventiva: 1. Cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizarlo con presencia del imputado en juicio. 2. Cuando se ha afectado el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y de la comunidad y; 3. Cuando el imputado está siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Es decir, se debe valorar y acreditar la necesidad de su aplicación. Asimismo, derivado de los altos índices de violencia y del crimen organizado, se estableció que en algunos delitos que sean considerados graves, que la libertad del inculpado ponga en riesgo a la sociedad se podría utilizar la prisión preventiva con medida cautelar, siendo inicialmente seis tipos penales. Después se hizo una reforma en el 2019 y crecieron a 16 tipos penales, y hoy con esta reforma creceremos a 22 tipos penales que tendrán prisión preventiva oficiosa. Es decir, si la necesidad de que tengan los elementos de prueba suficientes, una persona será privada de su libertad hasta por un término y un periodo de dos años, pero la prisión preventiva, si se realizan las investigaciones adecuadas, si se justifica con elementos de prueba suficientes, si se sostiene en el parámetro probatorio que establecen la ley y la jurisprudencia puede ser aplicada a cualquier delito, la Corte Interamericana de Derechos Humanos así lo establece. Debe ser una prisión que se justifique y para eso existen causas que lo sustentan: 1. Estar en condiciones de sustraerse la acción de la justicia. 2. Poner en riesgo a la víctima y a los testigos y; 3. Afectar el desarrollo del proceso. Pero, compañeras y compañeros, hay que ser claro, la reforma del 2019 obligaba a realizar una valoración del uso de la figura de la prisión preventiva, bajo el principio de presunción de inocencia se debe valorar cada cinco años su pertinencia, a partir de criterios del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de opinión del gobierno federal, los gobiernos estatales, de las fiscalías y de las procuradurías correspondientes. Esta evaluación venció el 12 de abril de este año 2024. Se debieron rendir los informes, se debió de establecer la eficiencia de esta medida cautelar. ¿Y qué paso? No se revisó, no se rindieron los informes y se recurre a lo más fácil, meter más delitos al catálogo y tener como respuesta a la ineficiencia de la procuración de justicia la prisión preventiva oficiosa. La Corte Interamericana ya responsabilizó al Estado mexicano al violar la libertad personal y la presunción de inocencia en el 2023, en el caso de Reyes Alpízar Ortiz contra el Estado mexicano. Pero, compañeras y compañeros, no sé si ustedes recuerden el caso de Antonio Zúñiga, debidamente relatado y expuesto en el documental Presunto culpable, que lo hizo la hija de la gobernadora Layda Sansores. Dos años preso por un crimen que no cometió, señalado por policías que lo acusaron de homicidio, sentenciado. Y por una deficiencia de la defensa se logró reabrir el caso, se le dejó en libertad y solamente se le dijo: disculpe usted, señor Zúñiga, nos equivocamos. En el PRI vamos en contra, votamos en contra, porque esta reforma pretende regresar al sistema penal inquisitorio y al que, reitero, solamente ofrece disculpas. Vamos en contra, porque se violenta el principio de presunción de inocencia, que es parte fundamental del sistema penal acusatorio adversarial que tenemos en este país. Será en contra nuestro voto, porque el planteamiento del mismo no busca reducir la criminalidad. Este dictamen afecta los derechos humanos y le da la espalda al sistema garantista que tenemos. Nuestro voto será en contra, porque no se profesionaliza con este dictamen al Ministerio Público, se motiva, al contrario, la lentitud de los procesos y que puedan estar en la cárcel y ahí recabar las pruebas. Va en contra nuestro voto, porque esta reforma promueve el hacinamiento en los centros penitenciarios. Vamos en contra, porque este dictamen no tiene una lógica, no tiene una reforma lógica jurídica y es una reforma cómoda, que n o obliga a la autoridad a ser más profesional. Vamos en contra, porque es una regresión jurídica. Decimos, pues, y con esto concluiría, en esta intervención les diría, que me viene a la mente una fábula de la Rebelión de la granja, de este libro de George Orwell, donde tiene siete mandamientos y en el quinto de ellos decía: ningún animal deberá tomar alcohol. Pero como los cerdos de la granja lo probaron y se embriagaron, mandaron cambiar ese mandamiento para que dijera: ningún animal beberá alcohol en exceso. Así nos está pasando ahora. Ahora sí nos está pasando, porque están bañados, el oficialismo, en la soberbia. Están empoderados. Y todo lo que dijeron que no iban a hacer lo están haciendo y a eso nos están sometiendo a todos los mexicanos. Han matado la presunción de inocencia, han matado los derechos humanos. Los van a seguir modificando en la Constitución y en las leyes, porque así son y esa es la instrucción que tienen ellos, estar en contra de todo y estar respaldando estas políticas públicas equivocadas para la seguridad. Pero les decimos una cosa, y una cosa muy clara, vamos a seguir dando la batalla, vamos a seguirle dando voz a ese 46 % de la población que no votó por ustedes. Seguiremos dando la batalla por la seguridad de México, por la seguridad de la familia de este gran país. Es cuanto, presidenta.