La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Compañeras y compañeros diputados, una de las estrategias más efectivas para enfrentar la capacidad financiera y operativa de la delincuencia organizada es el menoscabo de sus recursos económicos, sin duda. Hoy, analizamos una pieza legislativa que nos proponen nuestros compañeros senadores, que entre otros objetivos plantea dar cabal cumplimiento a los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país en materia de aseguramiento de bienes derivado del lavado de dinero, como el previsto en el artículo 8.1 de la Convención Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo. México como integrante del Grupo de Acción Financiera Internacional debe cumplir con la implementación de los estándares internacionales en materia de prevención y combate a los delitos de lavado de dinero, de financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Para tal efecto se deben impulsar acciones como la identificación, la detección y el aseguramiento de los fondos relacionados con tales ilícitos, a fin de establecer en nuestro marco jurídico un procedimiento que asegure de manera provisional el resguardo de aquellos bienes que puedan derivar de operaciones de procedencia ilícita. En este sentido, cobra gran importancia la adecuación de la legislación vigente en materia de instituciones de crédito a fin de incorporar herramientas que incrementen las capacidades de las instituciones encargadas del combate de estos delitos. Sin embargo, la reforma que estamos discutiendo solo introduce un procedimiento para asegurar la garantía de audiencia, no solventa las inconsistencias que llevaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar inconstitucional la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera para congelar cuentas e iniciar procesos de extinción de dominio. Hay que recordar que el máximo tribunal determinó que se trasgreden los artículos 14, 16, 20 y 21 constitucionales al vulnerar los principios de garantía de audiencia y presunción de inocencia e invadir la competencia del Ministerio Público. En consecuencia, reformar la Ley de Instituciones de Crédito para regular una facultad que ha sido declarada inconstitucional, constituye a todas luces un despropósito jurídico. En el Grupo Parlamentario del PRI coincidimos en impulsar reformas que contribuyen a combatir el lavado de dinero y el desvío de recursos con un impacto internacional. Coincidimos en la importancia de establecer mecanismos legales claros para detener el flujo ilegal de recursos. Sin embargo, debemos subrayar nuestra preocupación por el absoluto respeto que deben las autoridades a la garantía de audiencia como un derecho que asiste a cualquier persona que se pudiera ver afectada por las determinaciones de la autoridad, en especial nos preocupan los derechos de aquellos ciudadanos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público incluye en la lista de personas bloqueadas, prevista en el párrafo noveno del vigente artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Resulta de la mayor trascendencia entonces, impulsar medidas legislativas que favorezcan la detección, prevención y bloqueo de las operaciones que se llevan a cabo con recursos de procedencia ilícita, ya que vulneran el sistema financiero de nuestro país, pero con estricto respeto a los derechos de los usuarios del sistema bancario. Compañeras y compañeros diputados, la reforma a la denominación del Título V y adición un Capítulo V al Título Quinto de la Ley de Instituciones de Crédito, si bien busca clarificar los procedimientos que la autoridad está obligada a implementar para evitar excesos en el cumplimiento de sus obligaciones, solo atiende parcialmente el problema de inconstitucionalidad. Para los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI es fundamental dejar claro que si bien es muy importante el combate a los delitos financieros que son resultado de las actividades ilícitas, también resulta fundamental garantizar el respeto a los derechos de propiedad y al debido proceso. Es cuanto, presidenta.