El diputado José Antonio Díaz García: Dado que en esta presentación por motivos de tiempo sólo abordaré los conceptos fundamentales de la propuesta, solicito a usted que esta intervención y la correspondiente iniciativa se incorporen de manera íntegra en el Diario de los Debates. En nombre de los legisladores, miembros del Partido Acción Nacional, diputada Dora Alicia Martínez Valero, de la diputada Rocío Morgan Franco y del de la voz, diputado José Antonio Díaz García, vengo a esta tribuna a presentar a esta soberanía iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley para Garantizar el Derecho de Réplica. En México, a partir del 12 de abril de 1917, fecha en que se publicó en el Diario Oficial la Ley sobre Delitos de Imprenta, nuestra legislación ha tutelado el derecho de réplica. El fundamento para la existencia de este derecho no es otro que el de la propia libertad de expresión. La doctrina moderna, como lo estiman la gran mayoría de las legislaciones de países democráticos, fundamenta el derecho de réplica en el respeto a la verdad y el derecho que toda persona tiene a su integridad moral, a que su reputación y buen nombre se mantengan indemnes en la sociedad en que realiza sus propias actividades. El pasado 13 de noviembre de 2007 se publicó, en el Diario Oficial de la Federación, la reforma que en el Constituyente al que pertenece esta LX Legislatura aprobamos y por virtud de la cual insertamos en el artículo 6o. de nuestra Carta Magna el derecho de réplica como una garantía constitucional el cual será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Es en este contexto que proponemos para su estudio y aprobación correspondiente, esta iniciativa de ley que permitirá ejercer este derecho de manera sencilla y adecuada a las nuevas plataformas informativas y medios de comunicación de todo tipo: impresos, radio, televisión, Internet, mensajes de teléfono celular, etcétera. Es importante mencionar que nuestro país ha ratificado y firmado diversos tratados internacionales, comenzando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, etcétera, que protegen la honra, fama, reputación y, en general, todo el ámbito de la vida privada de la persona, al tiempo que la libertad de expresión y difusión de pensamiento. Este proyecto recoge sus conceptos y los expresa en un procedimiento accesible a los ciudadanos. La libertad de expresión no solamente exige que los individuos sean libres de transmitir ideas e información, sino que también toda la sociedad pueda recibir información lo más veraz y oportuna. En su dimensión particular, la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento del derecho a hablar o a escribir, sino que comprende además, inseparablemente, el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo llegar al mayor número de destinatarios. En su dimensión social, la libertad de expresión es un medio para el intercambio de ideas e información y para la comunicación entre los seres humanos; así como comprende el derecho de cada uno, a tratar de comunicar a los otros sus propios puntos de vista; implica también, el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. Para el ciudadano común tiene tanta importancia el conocimiento de la opinión ajena o de la información de que disponen otros, como el derecho a difundir la propia. Al igual que la libertad de expresión, el derecho de réplica posee una dimensión particular, misma que garantiza al afectado por una información que le aluda, sea inexacta o falsa y le genere un perjuicio, la posibilidad de expresar sus puntos de vista y su pensamiento respecto de dicha información, y mantener a salvo su honor, imagen o vida privada. Asimismo, el derecho de réplica también cuenta con una dimensión social, que permite a cada uno de los integrantes de la comunidad recibir una nueva información que discrepe con la difundida por los medios de comunicación y que en esencia sea inexacta, y dicha inexactitud o falsedad le genere perjuicios a una persona, permitiendo, de este modo, el restablecimiento de la veracidad y equilibrio de la información, elemento indispensable para la adecuada formación de la opinión pública y la existencia de una sociedad democrática. Este aspecto es fundamental para interpretar la garantía individual consagrada recientemente en la Constitución general, cuyo propósito es consolidar en nuestro país las instituciones democráticas que suponen un régimen de libertad personal y de justicia social fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre. Sin duda, la libertad de expresión representa uno de los elementos esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del pleno desenvolvimiento de la personalidad de cada uno de sus miembros. Hay que reconocerla, incluso, cuando su ejercicio provoque, choque o inquiete. Es en palabras más, palabras menos una exigencia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto, sin los cuales no es posible la existencia de una sociedad democrática. Pero esta libertad debe estar equilibrada dentro de los límites posibles, con el respeto al honor, imagen y vida privada de los demás. La definición del derecho de réplica inserta en esta iniciativa, con base en la doctrina y elementos de derecho comparado, es muy importante, dado que de ella se desprende todo el artículo de esta ley. Esta definición pretende evitar el ejercicio abusivo de este derecho en detrimento de la libertad de expresión, para lo cual, se prevé como requisitos que se deben cumplir para solicitar la réplica que la información que lesione los derechos de las personas haya sido transmitida o publicada; que dicha información haga una alusión expresa de la persona que se trate, de información inexacta o falsa y que la divulgación de la misma le pueda generar un perjuicio político, económico, o moral; es decir, en su honor, vida privada, intimidad o imagen. Por último, se establece como sanción para el medio de comunicación por no permitir el ejercicio del derecho de réplica que les corresponde a las personas, la transmisión o publicación de la información que se estime lesiona los derechos de ésta. Asimismo, y a efecto de evitar que la conducta de rechazar las solicitudes del derecho de réplica por parte del medio de comunicación se convierta, sin un debido fundamento en práctica cotidiana, se prevé que la autoridad administrativa imponga una multa de 500 a 20 mil días de salario mínimo general vigente, cuando considere que la negativa del medio de comunicación sea notoriamente improcedente. Agradezco a todos aquellos que generosa y desinteresadamente han colaborado con la revisión y aportaciones a esta iniciativa que proponemos, especialmente a Ernesto Villanueva, Marco Levario Turcott, José Carreño Carlón y Gabriel Gutiérrez González. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del honorable Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Diputados, iniciativa de ley con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Garantizar el Ejercicio del Derecho de Réplica, que esperamos sea apoyada por la CENCA y por los diputados de esta Legislatura. Muchas gracias.