El diputado Diódoro Humberto Carrasco Altamirano: Señora Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores. Fue turnada a la Comisión de Gobernación la minuta que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Reglamentaria de la fracción VI del artículo 76 de la Constitución General de la República, aprobada por las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores el 7 de diciembre de 2004. La trascendencia de este dictamen, donde se aborda la facultad exclusiva del Senado para resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, exige ubicar primero la circunstancia histórica por la cual a lo largo de decenios, de hecho más de un siglo, pues el ordenamiento original proviene de 1874, tal reglamentación no se observó como necesaria. Ello nos remite a la existencia de una estructura de poder en la que este tipo de conflictos se resolvían casi de manera invariable por la intervención de una última instancia que tenía el carácter de inapelable. Esta estructura de poder que entre otras cosas contribuyó destacadamente a la estabilidad política del país y cuyo eje era lo que se ha denominado "facultades meta-constitucionales de la Presidencia de la República", no existe más. Hoy tenemos en el país una realidad muy distinta, caracterizada por una intensa pluralidad política, por avances democráticos sustantivos, por la alternancia en el poder y por la revitalización del formato republicano que se ha dado mediante la creación de nuevas instituciones, o bien reformando las existentes. Los ciclos de reformas electorales y otros cambios profundos en estructura política y social han impulsado un proceso de cambio democrático continuo que se muestra irreversible en el nuevo equilibrio entre los poderes de la Unión y de las entidades federativas, en los avances del federalismo y en una profunda recomposición política de la geografía nacional que abarca los tres niveles de gobierno. La tarea legislativa es permanente, pero no cabe duda que son las circunstancias históricas las que ponen uno u otro tema en el orden del día. Por ello es necesario actualizar las leyes y las instituciones para encontrar en ellas los recursos y los mecanismos para anticipar y destrabar conflictos potenciales y abrir así nuevos cauces civilizados a la marcha de la República. La pluralidad y la democracia significan riqueza y libertad de opciones, cierto, pero también espacio del disenso y, por ello, fuente potencial de conflictos, pues los intereses y los ideales ya no se asimilan a un eje único y determinante, sino que luchan entre sí por prevalecer. Que la lucha política sea democrática está en el mejor interés de los mexicanos, pero siempre está presente el riesgo del conflicto que dañe gravemente la relación entre dos o más poderes de un estado, si la cultura política y las normas no abonan la opción por el cauce pacífico, por el cauce legal. Es precisamente para contribuir a evitar que se disparen este tipo de conflictos que se modifican las leyes y se crean otras nuevas. Así, el proyecto de decreto por el que se expide la ley reglamentaria de la fracción VI del 76 constitucional, atiende a la necesidad de establecer definiciones y precisiones en relación a conceptos del texto constitucional. En primer lugar, el del significado del término cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un estado, así como a fortalecer la pertinencia constitucional de la intervención de la Cámara de Senadores para resolver en definitiva estos diferendos o conflictos políticos. Por ello el proyecto de decreto es un paso adelante en el objetivo de dar certeza y claridad jurídica al país y a los ciudadanos, pues al precisar y reglamentar conceptos constitucionales de larga data, los actualiza y los pone en contexto, alejando así a las instituciones de las tentaciones de interpretaciones subjetivas o arbitrarias. El proyecto de decreto muestra también el camino para resolver estos conflictos o cuestiones políticas dentro del orden constitucional, sin invadir las atribuciones de otros poderes o de otros niveles de gobierno. En este sentido es oportuna la aclaración desde el mismo artículo 1o. de la ley reglamentaria del proyecto de decreto, de que la Cámara de Senadores no ejercerá funciones jurisdiccionales. Queda claro que las controversias constitucionales entre Poderes de un mismo Estado las resuelve conforme a la Constitución General de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El proyecto de decreto prevé y provee el conjunto de recursos e instancias que las partes pueden ejercer o apelar en aras de hacer oír sus opiniones y defender sus intereses; poniendo por encima de todo interés particular el interés general de la entidad federativa de que se trate, y más allá el interés superior de la República. Compañeras y compañeros legisladores. Termino expresando mi reconocimiento al autor de esta iniciativa, el diputado César Camacho Quiroz, de la fracción parlamentaria del PRI y al mismo tiempo anticipando la intención de la bancada de Acción Nacional, de votar a favor. Muchas gracias.