La diputada María de las Nieves García Fernández: Con su venia, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, el diagnostico presentado en la proposición a a discusión es en parte acertado. La educación pública es un derecho fundamental, es definida en nuestra Constitución como laica, gratuita y obligatoria, es motor de desarrollo y crecimiento de una sociedad y tiene un carácter estratégico para el futuro de nuestro país. Es insoslayable, la educación en México se ha estancado en políticas ineficaces e indolentes frente a la calidad de la educación y a los rasgos distintivos y característicos de cada región, localidad y plantel educativo, ignorando las necesidades de infraestructura y materiales didácticos requeridos en cada escuela. El PRI está de acuerdo con el diagnóstico en comento, es innegable. La educación de calidad des una meta a la que se aspira y es necesario replantear la política educativa de gobiernos anteriores. En razón de lo expuesto es que el presidente Enrique Peña Nieto durante su candidatura estableció como compromisos de campaña alcanzar la escuela digna, que trata de que todos los planteles educativos cuenten con las condiciones mínimas de infraestructura y en sus instalaciones que le doten de dignidad, sobre todo en las comunidades de más escasos recursos y mayor rezago, y éste como uno de los compromisos que asume el Estado mexicano. Asimismo, se habló de las escuelas como centro de la transformación educativa tras las recomendaciones de expertos en la materia a México para fortalecer la autonomía de gestión y el financiamiento de las mismas. Las comunidades educativas deben tener mayor autonomía para que siguiendo estándares nacionales de calidad tengan facultades y recursos para tomar decisiones cotidianas y concretar acciones que tengan gran impacto en el rendimiento educativo de cada uno de los estudiantes. La gratuidad de la educación con la que el PRI mantiene un irrestricto y permanente compromiso sigue estando considerada por la fracción IV del artículo 3o. constitucional que a la letra establece que toda la educación que imparta el Estado será gratuita y no se contraviene en ningún momento por la reforma educativa. Que quede claro lo que se busca en el Quinto Transitorio, fracción III, inciso a), es involucrar a alumnos, padres y maestros en los procesos de fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas. Esto significa que deben ser tomados en cuenta para saber qué tipo de organización es la más conveniente, cuáles son las necesidades más apremiantes y cuál es el camino más efectivo para resolverlas. Estamos de acuerdo en la premisa de que en ningún momento se debe de condicionar la educación ni la permanencia de los estudiantes al pago de cuota alguna, y por lo mismo, vamos con el resolutivo, pero estamos en contra de las consideraciones por dos razones: Primera, porque estamos seguros que no es necesario reiterar algo ya consagrado por la fracción IV, del artículo 3o. constitucional, y con la cual estamos totalmente de acuerdo. Y, segundo, la interpretación que se hace del artículo Quinto Transitorio, fracción III, inciso a) es errónea, el objetivo que busca no es la privatización de la educación pública, sino el fortalecimiento de la organización social de la educación, que son las escuelas. Muchas gracias por su atención.