El diputado Patricio Flores Sandoval: Con su permiso, presidente. Si me permite felicitarlo por su paciencia y por permitir a los diputados que ejerzan su derecho, aunque a veces exageramos. Un derecho que aquí me tiene para hablar a nombre de la compañera Rocío Corona Nakamura, para presentar una iniciativa por la que se adiciona un artículo 187 Bis, un artículo 192 Séptimus y se reforman los artículos 198, 199 y 420 de la Ley General de Salud. Compañeros diputados, el alto índice en la población que padece alcoholismo y adicción al consumo de drogas representan un factor negativo de índole social, de salud, seguridad, violencia, desintegración familiar y una afectación a las nuevas generaciones, truncando con ello no solamente sus estudios sino, desafortunadamente, todas sus posibilidades de un desarrollo pleno y socialmente productivo. A la par de lo anterior y al margen de falsas apariencias, y bajo el escudo que permite la clandestinidad se han deformado, como un lucrativo negocio delictivo, los llamados centros, albergues o clínicas de rehabilitación de adicciones. En estos espacios encontramos toda clase de delitos y violaciones a los derechos humanos, privación ilegal de la libertad, explotación, abuso sexual, trata de personas, violencia física y psicológica, maltrato, extorsión; todo, menos rehabilitación. Bajo esa fachada operan centros delictivos de tráfico de drogas y personas, reclutamiento de delincuentes en potencia e incluso algunos de quienes acuden para rehabilitarse terminan sumidos aún más en ese abismo de las adicciones por la ausencia de cuidado profesional y especializado. Esas instituciones operan bajo amparo de las autoridades y de la sociedad en su conjunto, que por desidia o desinterés hemos permitido que este asunto represente un verdadero problema que requerimos atender antes de que sea tarde. Las estadísticas al respecto son alarmantes: 75 por ciento de la población ha ingerido alcohol y al menos 4.5 millones de mexicanos han consumido alguna droga; 45 millones de mexicanos son bebedores habituales y casi un millón son farmacodependientes; 65 por ciento de la población de entre 17 y 65 años presentan problemas de consumo excesivo de alcohol y 2 por ciento de adicción a drogas. La edad promedio de inicio del consumo de alcohol es de 13 años y se pronostica que llegará a 10, y para las drogas se sitúa entre 15 y 18 años. El alcoholismo o la drogadicción son los causantes de 70 por ciento de los accidentes automovilísticos; 65 por ciento de los suicidios se vinculan al consumo excesivo de alcohol o derivados de una adicción. Cerca de 40 por ciento de los homicidios se cometen bajo la influencia del alcohol o drogas. Por ello tenemos la proliferación de los llamados internados, albergues, centros o clínicas de rehabilitación que superan a los centros bajo la responsabilidad de las instituciones, al grado de que hoy en día es imposible saber cuántos lugares existen. Su forma de operación es conocida, se instalan generalmente en domicilios particulares conservando apariencia. Ofrecen servicios de rehabilitación sin contar con certificación alguna, sin condiciones mínimas de seguridad e higiene, atención médica o seguimiento clínico y sin tener la habilidad profesional y la labor especializada que esto exige. Cobran lucrativas cuotas o aportaciones voluntarias, ya sea en especie o monetarias que oscilan entre los 10 o 30 pesos diarios; 100 a 250 semanales y de entre mil a 2 mil pesos mensuales, según la zona, el diagnóstico del sujeto y la intensidad del tratamiento. El problema radica en que bajo el amparo de la clandestinidad con que operan la poca transparencia en su manejo, la ausencia de la vigilancia por parte de las autoridades y las condiciones deplorables que ahí se registran, se confabulan intereses totalmente ajenos a la noble labor que dicen ofrecer. Por ese motivo es que presentamos una iniciativa de reforma a la Ley General de Salud para realizar un ordenamiento de estos lugares y obligar a que la autoridad correspondiente asuma la responsabilidad de garantizar su correcto funcionamiento y operación en el marco del respeto a los derechos humanos y la integridad del paciente y su familia. Rogamos, señor presidente, que lo expresado y el texto íntegro de la iniciativa se incluya en el Diario de los Debates. Es cuanto y muchas gracias.