El diputado Juan Pablo Piña Kurczyn: Con su venia, señora presidenta. El derecho a la educación plasmado en el artículo 3o. de nuestra Carta Magna, constituye uno de los principales derechos humanos reconocidos a nivel internacional. El acceso a la educación es primordial para el desarrollo de cualquier país y más cuando ésta es de calidad, ya que es el conducto para que jóvenes y adultos se incorporen y colaboren de manera activa en la vida productiva del mismo. Es por ello, que este Congreso aprobó en 2012, una reforma en materia educativa, la cual buscaba aumentar la calidad de la educación pública en el país. Desgraciadamente, a cuatro años de su promulgación, notamos que ésta todavía encuentra un gran reto por delante y que el estado sigue teniendo una gran deuda social con todos los mexicanos, ya que el sistema nacional educativo todavía no alcanza la calidad que nosotros deseamos y en muchas ocasiones no cuenta con espacios suficientes que requiere la ciudadanía en México para acudir a la educación pública de calidad, y por ese motivo muchas veces las personas optan por inscribir a sus hijos o a sus familiares en instituciones privadas de educación, lo cual origina un gran porcentaje de gasto familiar derivado al rubro de la educación. Cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública señalan que en el periodo escolar de 2015 a 2016 se encontraban inscritos en el sistema educativo nacional, más de 36 millones de estudiantes, de los cuales aproximadamente cinco millones realizaban sus estudios en instituciones privadas buscando una mayor apertura o una mayor calidad en su desarrollo. Por otro lado, el Programa Internacional de Evaluación de los alumnos conocido comúnmente como la prueba PISA en el año 2012, colocó a México como uno de los peor evaluados, ubicándolos en el lugar 53 en el área de matemáticas y en la posición 52 en comprensión de lectura y en el lugar 55 de ciencias, de un total de 65 países que son medidos en esos rubros. De igual forma, en un informe realizado por la OCDE en el año 2015 destaca que el factor educativo es considerado por los mexicanos como el más importante para tener una mejor calidad de vida incluso sobre la salud y la seguridad. Por este motivo, en febrero de 2011 el presidente Felipe Calderón emitió un decreto por el cual se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas que realizan erogaciones por el pago de servicios educativos en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior. Dicho estímulo consiste en la posibilidad de deducir esos gastos de la base gravable para los efectos del pago del impuesto sobre la renta en la declaración anual. El decreto anteriormente señalado fue refrendado en el año 2013 y establece un límite máximo para la deducción aplicable, el cual es equivalente al gasto por alumno que el gobierno federal ejerce en los niveles de educación y que van desde los 14 mil 200 pesos en nivel preescolar hasta los 24 mil 500 en los niveles de bachillerato o su equivalente. La presente propuesta, señoras y señores diputados, busca que dicha deducibilidad sea al 100 por ciento del pago efectivamente realizado por el concepto educativo y se incluya también dicho estímulo a la educación de nivel superior a las colegiaturas que se pagan por la educación universitaria en nuestro país. Por todo lo anterior, solicito el valioso apoyo de todos ustedes a fin de que impulsemos a todas aquellas familias que realizan un sacrificio cotidiano con la esperanza de brindar una educación de calidad que se traduzca en un mejor futuro y una mejor calidad de vida de sus hijos. Es cuanto, señora presidenta.