EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, diputado Presidente. Señoras y señores legisladores. Señor Secretario de Gobernación: Como ocurrió en sus anteriores informes, del Sexto Informe del Presidente Zedillo, están ausentes, como si no existieran, los grandes temas que inquietan y preocupan a los mexicanos. También es un documento plagado de afirmaciones equívocas. Bajo el rubro "Política Migratoria y de Relaciones Nacionales en el Extranjero", el Presidente Zedillo informa que " . . . la Política migratoria de México se finca en el ejercicio de la soberanía y la defensa de la seguridad nacional, con respeto a los derechos humanos, apego a la legalidad y aliento a las corrientes migratorias que contribuyen a nuestro desarrollo". Nada más falso. Uno de los pilares ideológicos, fundamentales que dieron fisonomía al Estado mexicano postrevolucionario, fue sin lugar a dudas la autonomía de la tradicional Política exterior y la defensa del derecho de asilo. A lo largo de su historia México ganó prestigio internacional a fuerza de ejercer una política de asilo generosa y solidaria. Con la ilegal deportación de perseguidos políticos, el gobierno zedillista dio la espalda y terminó con nuestra tradición de asilo. Son muestras de estas atroces acciones las detenciones y posteriores expulsiones fast track entrega de policía a policía del ciudadano argentino Enrique Egorrearán Merlo y de los ciudadanos vascos José Ugodson Larrea, Miguel Santiago Aspora, José Angel Ochoa y Michael Larrieta, ejecutados al margen de la ley y vulnerando flagrantemente las garantías individuales a las que conforme el artículo 33 de la Constitución tienen derecho todos los extranjeros por el solo hecho de encontrarse dentro del territorio nacional. Es público que la expulsión de trece ciudadanos vascos ocurrida de 1996 a enero del 2000, se violentaron preceptos específicos del Tratado de Extradición Bilateral entre México y España, la Declaración Universal y los pactos de derechos humanos, las convenciones de la ONU para Refugiados y Contra la Tortura y obviamente las normas del debido proceso legal que se consignan como principio fundamental del derecho mexicano. Es condenable la tolerancia para que policías españoles realicen actividades de vigilancia sobre presuntos integrantes de ETA que se encuentran en nuestro territorio, como fue el caso de los dos dirigentes de la izquierda vasca Iñigo Elcoro (?) y Michael Corta . No puede aceptarse la forma en que el Instituto Nacional de Migración ha llevado a cabo detenciones y expulsiones de observadores extranjeros de derechos humanos. Es inadmisible que por cumplir con acuerdos realizados en la sombra con gobiernos extranjeros, el gobierno del Presidente Zedillo haya roto con los tradicionales principios fundamentales de la política exterior de México y el principio de legalidad que da sustento a nuestro sistema jurídico. Caso también lamentable fue el de 40 inmigrantes centroamericanos, que en julio de 1998 las autoridades nacionales deportaron en un camión recolecto de basura. El trato sufrido por ellos, llevó al gobierno de El Salvador a elevar una protesta ante el gobierno zedillista, por lo que se consideró graves violaciones a los derechos humanos, entre ellos el derecho a la dignidad, a la integridad física y moral. Entonces le pregunto señor Secretario: ¿el gobierno del doctor Zedillo y la Secretaría de Gobernación a su cargo han asumido la obligación de vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país, especialmente en lo que se refiere a las garantías individuales, está usted satisfecho al respecto? Gracias señores legisladores.