El diputado Manuel Rodríguez González: Con su permiso, señor presidente. Le solicito que sea insertado el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates. En cumplimiento al claro mandato popular, expresado en las urnas el pasado primero de julio, y en honra al elevado compromiso adquirido con la sociedad mexicana, asumido tanto por nuestro presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, como por las diputadas y diputados de Morena que impulsamos este proyecto de nación, reconocemos como indispensable para la reconstrucción de la institucionalidad republicana de México, así como constitucionalmente viable y socialmente necesario, incorporar la austeridad como principio conductor de la administración y eje estratégico del gasto público. Cabe precisar que, el conjunto de herramientas para alcanzar los objetivos de esta ley no afectarán, suprimirán, disminuirán o restringirán programas sociales y derechos tutelados en la Constitución y en las leyes. Todo lo contrario, el propósito es claro, hacer eficiente el gasto destinándolo, efectivamente, al interés general para liberar recursos que serán destinados a financiar el desarrollo y la prosperidad de los mexicanos. En un México con más de 53.4 millones de personas en pobreza ha sido práctica cotidiana que los servidores públicos al frente de las instituciones se beneficien de toda clase de bonos, prestaciones y privilegios, situación que hace imperante la necesidad de establecer principios de austeridad en el gobierno, como un criterio rector del servicio público. Es menester recuperar la dignidad del servicio público y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En Morena tenemos la fiel convicción de que es necesario establecer principios políticos y éticos, para que los funcionarios públicos aprendan a vivir en la justa medianía, tomando como ejemplo las administraciones austeras inspiradas en el histórico gobierno republicano de Benito Juárez. Es destacable el ejemplo de la Ciudad de México, que expidió la Ley de Austeridad para el Gobierno del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 30 de diciembre de 2003. Dicha Ley estableció economías y reducciones al costo del gobierno con pautas generales de austeridad, similares a la que en este instrumento proponemos. El contenido básico de la Ley de Austeridad se basa en incorporar, como principio de la administración y eje estratégico del gasto público, la austeridad como expresión del derecho popular a un gobierno honrado y eficaz, el cual comprende la reducción de los altos salarios y privilegios de los servidores públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos. Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 127 el esquema de control salarial, mismo que será desarrollado en una ley reglamentaria que establecerán las directrices enunciadas en esta ley. La incorporación de todos los servidores públicos a los sistemas de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como contratar a cargo de recursos públicos seguros privados de gastos médicos, de vida o separación, cualquiera que sea su denominación. Evitar el crecimiento de la burocracia. El Estado aprovechará al máximo las capacidades de las plazas, las cuales deberán estar plenamente justificadas en el ejercicio de una función que aporte valor a la economía. Restringir en los casos estrictamente necesarios el uso de escoltas, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función. Limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública. Restringir el gasto en propaganda oficial, disminuir al mínimo necesario la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión. Cabe señalar que la ley reglamentaria en esta materia deberá establecer las reglas relativas a contenido y fines de la propaganda oficial. Establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero en cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente. Además, se establecerán reglas para establecer un tope a los gastos de hospedaje y alimentación de servidor público o comisionado. Establecer límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica, combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación. Establecer la prohibición expresa a pensiones de retiro de ex presidentes de nuestro país. Determinar que no se podrán constituir fideicomisos ni fondos, mandato o análogos públicos o privados ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto. Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto suscrito por las diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, a la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad que nos confieren los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 77, numeral 3 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados. Sometemos a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Austeridad Republicana, de conformidad con el proyecto que se entrega. Es cuanto.