La diputada Raquel Bonilla Herrera: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, el régimen penitenciario procurará reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad, reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos. Garantizar la protección de todos los derechos humanos, de todas las personas en México, sin excepción, es una obligación ineludible del Estado. En ese sentido y, tal como lo establece el artículo 18 de la Constitución, el sistema penitenciario debe funcionar como base del respeto de los derechos humanos y debe funcionar como base social de las personas privadas de su libertad y procurar que no vuelvan a delinquir. La política de seguridad de los gobiernos anteriores, centrada en una dimensión reactiva que demostró no solo ser ineficiente e ineficaz, sino violatoria a los derechos humanos. Por ello, las y los diputados de la cuarta transformación estamos convencidos de que el objetivo central de la política de seguridad debe ser evitar y reducir la violencia y la delincuencia mediante la adopción de una cultura de paz y cohesión social. Creemos en una reinserción social integral y progresiva, que garantice una reducción de las tasas de reincidencia delictiva y que permita a las personas privadas de su libertad se desarrollen en un ambiente de bienestar. Si bien es cierto que se espera la imposición de una pena a quienes o a quien cometa un acto ilícito, también resulta imperativo que tras cumplir con esta las personas sean capaz de regresar a la sociedad, que puedan conseguir un empleo, muy bien remunerado, acceder a los servicios de educación y de salud en un entorno de sano desarrollo. Actualmente, el sistema penitenciario nacional se encuentra conformado por 300 centros penitenciarios y alberga una población de 2 mil 221 personas. No hay que olvidar que esta población son un colectivo que convive en condiciones muy particulares, que en la mayoría de las ocasiones nuestros penales en el país se vive un ambiente de conflicto, cuotas de poder permanente y, por tal motivo, es necesario convertir estas circunstancias en un campo de mayor interés, con una perspectiva social y de convivencia solidaria para coadyuvar en su inclusión y una verdadera reinserción social al momento de su liberación. Aunado a esto, los reclusos presentan una alta representación de trastornos de tipo adaptivo, de personalidad, trastornos antisociales, límite de personalidad. Y estos malestares se manifiestan con descontrol, limitaciones, inflexibilidad, irracionalidad e incapacidad interno en actos y ocasionan situaciones contraproducentes en los reos, sanciones, regímenes mucho más restrictivos, aislamiento. Esto a razón de convertirse en un riesgo de producir lesiones o abusos con otros internos. Es frecuente que en la adaptación del clima social de la prisión se generen mecanismos de defensa, debido a que la estancia en prisión puede llegar a tener efectos muy negativos en su vida tanto emocional como afectiva, cognitiva, conductual y física. Por ello, resulta necesario incorporar en el sistema penitenciario nacional herramientas que beneficien a todas las personas que se encuentran en reclusión, para evitar que estas conductas se reproduzcan y que les sea posible acceder a una verdadera vida digna. Una de estas herramientas es la intervención psicológica permanente, para que las personas privadas de su libertad, la cual permite que esta persona acepte la responsabilidad de sus conductas y actos y lleve a cabo un tratamiento que permita avanzar en su rehabilitación posterior a una reinserción social. La presente reforma de Ley de Ejecución Penal busca incorporar la intervención psicológica permanente para que toda persona privada de su libertad, mediante personal certificado e instalaciones adecuadas le permita garantizar su integridad física, moral, sexual y psicológica dentro de sus tratamientos, así como instalar la aplicación de las autoridades penitenciarias de diseñar y establecer protocolos correspondientes para asegurar que la intervención psicológica permanente se realice en óptimas condiciones. En el Grupo parlamentario de Morena votaremos a favor de este dictamen, toda vez de que con esta reforma avanzamos hacia un modelo de reinserción social integral para las personas privadas de su libertad. Avanzamos hacia un Estado de bienestar que garantice el pleno respeto de los derechos humanos de todos y de todas, pero sobre todo avanzamos hacia la pacificación de México. Es cuanto, diputada presidenta.