El diputado Arturo Zamora Jiménez: Gracias, señor presidente. Con su permiso señores legisladores. En nuestros días la mayor la parte de los delitos económicos son cometidos a través de personas jurídicas, y en ocasiones el crimen organizado se sirve de instituciones económicas y establecimientos mercantiles para sus fines. Cuando la participación de las empresas en el sistema económico desborda los cauces legales para adentrarse en prácticas lesivas, se producen daños o beneficios ilícitos. En este sentido, el Estado debe hacerse presente y proteger los distintos bienes jurídicos que lesionan o se ponen en peligro. Existen diversos instrumentos internacionales de los que México es parte, que nos obligan a tomar medidas para combatir la corrupción. En este sentido, la Convención Anticorrupción de la OCD adoptada el 21 de noviembre del 97, obliga a los Estados parte a tomar medidas para establecer la responsabilidad penal de las personas morales. El reporte de cumplimiento de dicha convención, elaborado en octubre de este año, exhibe que México continúa sin implementar las recomendaciones para el combate a la corrupción y recomienda se reforme el Código Penal Federal, para que las personas jurídicas puedan ser responsables penalmente sin requerir la condena previa de las personas físicas que las integran. En materia de lavado de dinero, las 40 recomendaciones del GAFI, diseñadas en el año 90 y revisadas en 2003, también reconocen la importancia de que los países parte adopten medidas adecuada para sancionar penalmente, tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas. México carece de un marco normativo en esta materia, por lo que es necesario crearlo con el fin de sancionar aquellas conductas delictivas realizadas a través de personas jurídicas. En este sentido, a través de la instrumentalización de personas jurídicas se cometen desde delitos ambientales hasta operaciones con recursos de procedencia ilícita, pasando por financiamiento del terrorismo, trata de personas o incluso fomento a la corrupción. Por lo antes expuesto, a nombre propio y del diputado Josué Cirino Valdés Huezo ponemos a su consideración la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales, para estipular que las personas morales serán penalmente responsables de los delitos cometidos por cuenta o a nombre de las mismas, por sus agentes, representantes legales, administradores, socios o accionistas. La responsabilidad penal de las personas morales no excluye la de las personas físicas por los actos o hechos delictivos realizados por cuenta o a nombre de aquellas. La transformación de una persona moral con otra forma jurídica, denominación o razón social, su fusión, escisión no serán obstáculo para la aplicación de las consecuencias jurídicas que merecen. No serán penalmente responsables las personas morales cuando hayan cumplido con la normatividad gubernamental respectiva aplicable al caso, o los órganos de la personas moral responsables de dirigir o supervisar a la gente que cometió el delito y hayan cumplido con las normas técnicas del cuidado exigibles al caso concreto. En este sentido, proponemos que las penas aplicables a las personas jurídicas, también denominadas personas morales, sean las siguientes: Suspensión de actividades; prohibición de realizar determinadas operaciones; remoción de sus administradores; decomiso de bienes que guarden relación con el delito y los que sean fruto del mismo; multa hasta por 100 mil días de salario; publicación de sentencia; disolución de la sociedad. Finalmente, se propone atenuar la sanción si la persona moral acepta su participación en la comisión de delitos y colabora, por supuesto, en la investigación. Ésta es, por supuesto, una iniciativa que presentamos con la finalidad de estar a tono en el contexto internacional, con los compromisos internacionales adoptados por el Estado mexicano y con la finalidad de que el Estado mexicano no esté en falta de acuerdo a lo establecido en la revisión que se hizo en el mes de octubre, sobre los compromisos en el combate a la corrupción y en el combate al lavado de dinero. Es cuanto, señor presidente. Es cuanto, compañeros diputados, senadores.