El diputado Guillermo Sánchez Torres: Gracias. Compañeras y compañeros, desde hace algunos años la Auditoría Superior de la Federación advirtió que la deuda contingente era una bomba de tiempo, que más tarde que temprano iba a pesar sobre las finanzas públicas. Dicha deuda contingente está conformada entre otros conceptos, por los pasivos laborales de Pemex y CFE. Tendríamos que preguntarnos bajo qué lógica se esperaron tantos años y cuáles son los mecanismos que permitieron que se acumularan 1.7 billones de pesos en el pasivo pensionario de Pemex y CFE, frente a la pasividad, desconocimiento, falta de voluntad política, así como irresponsabilidad en el manejo de las finanzas pública. El secretario de Hacienda escribió el pasado 28 de julio un texto titulado Una buena idea para Pemex y para México, donde destaca que en la Cámara de Diputados se discute la posibilidad de establecer en la ley que el gobierno federal asuma estos pasivos laborales de Pemex y de CFE siempre y cuando las empresas y sus trabajadores alcancen un acuerdo para reformar el régimen de pensiones. El secretario llama una buena idea a lo expresado en los artículos transitorios tercero y cuarto de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Según él deja claro que la decisión de reformar o no el régimen pensionario es sólo de la empresa y de los trabajadores, situación análoga a la de la Comisión Federal de Electricidad, en caso de que los trabajadores y la empresa decidieran continuar la reforma pensionaria que iniciaron en 2008. Para el secretario de hacienda Luis Videgaray, los artículos propuestos no ordenan ni obligan a cambiar el contrato colectivo de trabajo; sin embargo, se propone que habrán de decidir Pemex y sus trabajadores si y sólo si modifican el contrato colectivo de trabajo aplicado en la empresa en los organismos subsidiarios, así como el reglamento de trabajo del personal de confianza de Petróleos Mexicanos. Lo que el secretario no le dice al pueblo de México es que el Ejecutivo federal, por conducto de la secretaría de hacienda, establecerá los términos, condiciones, fechas y montos para cubrir la proporción del pasivo laboral que asuma el gobierno federal. Además de determinar los mecanismos de financiamiento y esquemas de pago, esta soberanía le autorizaría al gobierno de Enrique Peña Nieto que se realicen los ajustes correspondientes en el presupuesto de egresos de la federación para que se reconozca como gasto el importe de las obligaciones. Cabe señalar que en virtud de que los eventos que dan origen al otorgamiento de las prestaciones laborales son de naturaleza contingente, es decir, su concurrencia es incierta, se requiere de la aplicación de la técnica actuarial para representar los fenómenos demográficos de mortandad, morbilidad y permanencia, así como el comportamiento de las variables financieras que inciden en el cálculo de los proyectos proyectados. En este sentido, los sistemas pensionarios de las empresas públicas se crearon sin soporte financiero ni fuente de financiamiento a largo plazo y no se conocía el total de las obligaciones contraídas y las formas de hacerles frente. Pemex, que cuenta con 120 mil trabajadores activos y 80 pensionados, creó un sistema de seguridad social independiente en el que los trabajadores no aportan, pero reciben pensiones más altas que el salario de un trabajador en activo, donde las jubilaciones se pueden otorgar sin importar la edad, y los beneficios son crecientes. Por su parte, la CFE, con 93 mil trabajadores en activo y 38 mil jubilados, tiene un sistema complementario al IMSS en el que el patrón paga las cotizaciones que corresponden a los trabajadores y las diferencias entre las prestaciones contractuales y las establecidas en la Ley del Seguro Social. Los trabajadores tampoco hacen aportaciones y no hay requisitos de edad para la jubilación. Pemex, durante sexenios priistas y panistas, permitió y solapó al sindicato conocido más por sus escándalos de corrupción, con condiciones laborales excesivas, prestaciones abusivas, venta de plazas y demás corruptelas y que hoy pretenden que los mexicanos paguemos. Entre los escenarios catastrofistas que ha presentado el Ejecutivo federal a esta soberanía, ahora nos dicen que para lograr que las empresas productivas del Estado sean viables se requiere que se deshagan de cargas de sus pasivos laborales, pero omiten mencionar que es el resultado del accionar del gobierno, de las propias empresas y de sus sindicatos. A cada uno de los aproximadamente 118.4 millones de mexicanos les costará 9 millones de pesos, o expresados en otra forma, 250 mil pesos por año durante los 35 años. Los pasivos laborales de Pemex que integran parte del Pemexproa y que serán pagados con recursos públicos; es decir, si este rescate se compromete como deuda pública, el pasivo laboral de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, que juntos asciende a 1.7 billones de pesos; 1 billón 153 mil millones 301 mil pesos lo conforma el pasivo laboral de Pemex y cerca de 500 mil millones de CFE, un compromiso que representa aproximadamente 10 puntos de producto interno bruto de México. Esta suma es superior al costo original del Fondo Bancario de Protección al Ahorro, Fobaproa, creado en 1995 por los mismos priistas y panistas que hoy defienden estas iniciativas. La historia económica reciente de México está escrita con el principio en el cual las ganancias son privadas y las pérdidas son públicas. Al privilegio fiscal que gozan las grandes empresas, el Fobaproa, los rescates carreteros y azucareros, ahora se suma el Pemexproa, con el cual los contribuyentes tenemos que asumir los errores y malos manejos de los gobernantes y funcionarios públicos. Se pretende equivocadamente aumentar por un monto muy importante la deuda pública en un escenario de constantes recortes a las metas de crecimiento económico, aumento en la deuda interna, sobre todo en los estados y municipios y en el futuro próximo con menos ingresos públicos, derivados de la reformas de Pemex y CFE. Desde esta tribuna le decimos al secretario de Hacienda y a los diputados de la derecha, y a los diputados del Grupo Parlamentario del PRD, su propuesta no nos convence, que es un claro robo a la nación que es una idea que rechazamos al igual que las iniciativas, producto de la reforma energética, porque afectan a Pemex y CFE y perjudican al pueblo de México. También le dijo al diputado Escobar que cuando dice que le va a ir mejor a los estados, son mentiras, compañeros, y le podemos preguntar a los 32 gobernadores si están de acuerdo en el recorte de 11 mil 779 millones que se les pretende hacer. Finalmente, como dicen en mi pueblo: cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde. No, Manuel no te confundas, el enemigo no está en mi izquierda, el enemigo no somos nosotros. Es cuanto, diputado presidente.