EL DIP. JESÚS GONZALEZ SCHMAL: Compañeros y compañeras legisladoras: La iniciativa de reformas a los artículos 25 y 55 de la parte final del artículo 64 del Código Penal Federal, es evidente, una reforma que en nuestro concepto procede para reglamentar, para regular, para posibilitar, lo que se refiere a las penas sustitutivas y desde luego, también para la compurgación de las mismas sanciones en cuanto se trate de procesados que tengan condición, tanto de preventivo de procesados como de sentenciados, para que no exista una predisposición con los procesados, en tanto éstos no hayan tenido una decisión, una sentencia ejecutoriada que los convierta ya en internos en condiciones definitivas. Es importante esta reforma, pero es evidente que es incompleta. Ello, porque como aquí también ya lo planteó Convergencia, se necesita una reforma integral a todas las leyes penitenciarias para hacerlas consecuentes en el fuero común, homogéneas en toda la República y en todos los Códigos Penales de los estados ¿Por qué? porque si bien esto incluye, implica el nivel federal, obviamente en el nivel local es donde con mayor frecuencia se están dando las inequidades y las desproporciones entre las distintas legislaciones estatales y con ello, se da también un trastrocamiento y un inconveniente continuo y lesiona los derechos fundamentales de los procesados y de los sentenciados. Por lo mismo, sí interesa, que a partir de este precedente a nivel federal, estemos más atentos y continuemos en el estudio de la reforma que presentó el Partido Convergencia para uniformar las leyes penales en toda la República y muy por sobre todo éstas que se refieren justamente al cumplimiento de la pena y a los sistemas penitenciarios, a fin de que no sólo se logre la plena readaptación del sujeto en cuestión, sino además que las condiciones de las posibilidades purgar la pena con alternativas con otro tipo de cargas de imposiciones al infractor que no supongan la privación plena de la libertad, porque entre otras cosas hoy se sobrecargan los espacios penitenciarios, en tanto hay no sólo dilación en los procesos, no sólo demora en llegar a la conclusión en las distintas causas en que un procesado se encuentra, sino porque en las mismas condiciones de hacinamiento dentro de los centros penitenciarios se reproducen nuevos delitos que aumentan la incidencia penal y hacen que el recluso tenga incluso que purgar nuevas penas, además de las que ya estaba cuando inició su internación en el centro penitenciario. Es en ocasión de esta reforma que Convergencia la estima evidentemente positiva, pero insisto, incompleta. Todos estamos de acuerdo en que hay preliberaciones que están reglamentadas las condiciones en que un sujeto, ya sea por razones de enfermedad, de impedimento, no puede purgar la pena dentro del reclusorio, o en otras que por cumplir las condiciones de colaboración, de regeneración y de plazos por lo menos medios del total de la pena que le fue impuesta, puede conseguir su preliberación. Pero también nos encontramos en la práctica que a pesar de las leyes, las gestiones y los procedimientos para lograrlos son verdaderamente tortuosos para los propios internos y para la familia de los internos, que no pueden lograr que se acredite en el expediente respectivo los elementos para poder hacerse merecedor a una preliberación con el plazo de una pena amplia pagada por lo menos en la mitad, cuando el comportamiento ha sido positivo y la contribución incluso en las labores del propio centro de internación se han aportado por parte del interno. Es entonces en los dos ámbitos: en el de la ley misma como aquí se ha establecido y en el aspecto operativo burocrático en las oficinas que ahora dependen desde luego de la Secretaría de Seguridad, que no han diligenciado, no han puesto y aportado la buena disposición y la vocación para ayudar a los internos a obtener una preliberación cuando éstos se hacen merecedores a ella. De todo esto podemos concluir que es satisfactoria la iniciativa que hoy se pone a nuestra consideración, que el incremento en la población carcelaria obliga a mayor prontitud en las resoluciones y en la aplicación de las penas sustitutivas que aquí se establece, pero que será también mucho más importante que existan los procedimientos y las condiciones de disposición del personal de la Secretaría de Seguridad, para que pronto se logren concluir los trámites a los que se sujetan todos los internos con mérito para una preliberación o para una sustitución de pena alternativa, como también insisto, y en esto acentúo, a los que por condiciones de salud, por razones de edad, pueden y deben purgar la pena fuera del centro penitenciario. Es pues en conclusión la postura de Convergencia aprobatoria para la presente reforma, y la excitativa para que en el campo burocrático se aceleren y se faciliten los trámites para que esta ley se aplique con la mayor diligencia. Es todo señor Presidente. Gracias.