La diputada Dulce Alejandra García Morlan: El dictamen que se discute en la exposición de motivos cuestiona la fragmentación que tiene nuestro sistema de salud y la exclusión que provoca, es decir, la diferente atención que reciben los mexicanos que están afiliados al IMSS, al ISSSTE o a otro esquema de seguridad social versus la población que carece de esta prestación. El Seguro Popular vino a romper con esta inequidad puesto que permitió que el gasto público se canalizara no solamente a los afiliados a una institución de seguridad social, sino también para la población en general. Es decir, aquellos profesionistas que laboran por su cuenta como lo son las amas de casa, empleados del hogar, quienes desarrollan un oficio o alguna actividad que no implica la existencia de un contrato determinado o de un patrón fijo. Sin embargo, la propuesta que hoy discutimos abona a la fragmentación, pues pretende establecer en la ley una categoría que de manera explícita abarque la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados para personas que carecen de seguridad social. Es decir esto provoca una división en el acceso a la salud, cuando el espíritu, que dicen en Morena, guía en este dictamen, es la universalización del derecho a la salud. El derecho a la protección de la salud no debería distinguir entre quienes carecen o no de la seguridad social, es un derecho para toda persona, sin importar su empleo o su capacidad económica. El derecho a la protección de salud en términos del artículo 4o. constitucional es para toda persona, los servicios de salud que el Estado ofrece se financian con los impuestos que pagamos todos y, por lo tanto, es gratuita y universal. Establecer una diferenciación entre la población con seguridad social y sin seguridad social, es un retroceso que no debemos permitir. Conforme a la actual redacción del artículo 2o. en la Ley General de Salud, el derecho a la protección de la salud tiene distintas finalidades. Sin embargo, conforme a esta propuesta de dictamen, tratándose de personas que carezcan de seguridad social, el derecho de protección de la salud incluiría solamente la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados. En ese sentido es grave que se pretenda establecer dos categorías diferentes respecto a los beneficios del derecho a la salud. Este cambio podemos interpretarlo de dos maneras: primero, que el dictamen que estamos discutiendo carece de un sustento legislativo adecuado y que en un afán de cumplir de manera rápida y precipitada con los deseos del presidente, se cometan errores que ponen en riesgo el acceso a la salud. O más grave, que en verdad el propósito de la reforma es el de restringir a servicios básicos la atención que se dará a la población abierta no derechohabiente. La estrategia parece ser la de establecer un paquete esencial de servicios para la población en general, pero restringiendo la atención de alta especialidad cuyo tratamiento es muy costoso, como ya comenzamos a ver con el desabasto de medicinas e insumos para el cáncer. Para revertir esta redacción inconstitucional, la reserva que proponemos pretende que el derecho a la protección de la salud no establezca distinciones, sino que esta sea el mismo para todos, dejando intacto el artículo 2o. de la Ley General de Salud. Por otro lado, se propone retomar los términos de la jurisprudencia constitucional para incorporarlos al primer párrafo del artículo 2o. fe la Ley General de Salud para establecer y entonces hacer explícito en la ley las dimensiones individual y social del derecho a la protección de la salud. Es cuanto, presidenta.