La diputada Rosa María Aviles Nájera: Con su venia, señor Presidente. Señoras diputadas y señores diputados: En los últimos días los mexicanos y las mexicanas hemos sido testigos y testigas del lento pero inexorable proceso de privatización de nuestras aduanas, iniciado desde la Administración de Carlos Salinas de Gortari, pero que se ha recrudecido en últimas fechas. En efecto, el pasado 11 de octubre, el Servicio de Administración Tributaria publicó en el Diario Oficial de la Federación, así como otros diarios de circulación nacional, la convocatoria pública para obtener títulos de autorización a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, número SAT-AGIT-017/2005, por la cual se convoca a las personas morales interesadas para prestar al Servicio de Administración Tributaria, los servicios integrales de facilitación del reconocimiento aduanero de mercancías suministrando las herramientas, personal calificado y demás recursos necesarios para su ejecución, consistentes en la: 1. Revisión dentro de las instalaciones de la aduana de mercancías de importación y/o tránsito, así como de sus muestras para allegarse de elementos que ayuden a comprobar su correcta internación y/o legal estancia en el territorio nacional. 2. Clasificación arancelaria de la mercancía sujeta a revisión. 3. Verificación documental o en sitio de la veracidad del valor, proveedor productor y el origen declarados en la factura y/o demás documentos presentados con motivo de la importación de la mercancía sujeta a revisión o para comprobar su legal estancia en el territorio nacional. Agrega la convocatoria que estos servicios se prestarán cuando como consecuencia de la activación del mecanismo de selección automatizado, las mercancías deban ser verificadas y en la verificación de mercancías en transporte que la Administración General de Aduanas en uso de sus facultades, dirija al interior de la aduana para su revisión, para lo cual deberá elaborar un dictamen aduanero. Dicha convocatoria se sustenta en la Ley Aduanera, cuyo artículo 16 le da potestad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero, así como para las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa. Asimismo el segundo párrafo del artículo citado faculta a la propia Secretaría para autorizar a los particulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías. Adicionalmente el sexto párrafo del artículo 43 de la misma ley dispone que el segundo reconocimiento, así como el reconocimiento aduanero que derive de la activación por segunda ocasión del mecanismo de selección automatizado, se practicarán por los dictaminadores aduaneros autorizados por la Secretaría, quienes emitirán un dictamen aduanero, en tanto que el décimo párrafo del mismo artículo señala que en los casos del despacho de mercancías que se efectué por empresas autorizadas, el mecanismo de selección automatizado se activará una sola vez. Dada la naturaleza estratégica de las aduanas para la soberanía y la seguridad nacionales, resulta inconcebible entregar su administración a manos ajenas al Estado y mucho más, entregarlas a empresas extranjeras, puesto que las aduanas son la puerta de entrada a nuestro país y nos dejaría en estado de indefensión. De igual manera resulta también increíble su privatización, ya que ello vendría a dar al traste con las políticas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada. Se aprecia que lo dispuesto por los artículos 16 y 43 de la Ley Aduanera es inconstitucional, porque es violatorio del principio de autoridad competente, previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone que: "nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento", siendo que en nuestro sistema jurídico los servidores públicos, no pueden ser suplidos por particulares en el cumplimiento de sus funciones. Lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Aduanera, transgrede la garantía de libertad de comercio prevista en el primer párrafo del artículo 5° constitucional, mismo que dispone que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio, trabajo que le acomode, siendo lícitos. La redacción actual de los párrafos primero y segundo del artículos 16 de la Ley Aduanera, carecen de técnica legislativa y es contraria a la garantía de seguridad jurídica al estar redactadas de la siguiente forma: ..."Así como para las demás operaciones que la propia Secretaría decida autorizar, inclusive las relacionadas con otras contribuciones, ya sea que se causen con motivo de los trámites aduaneros o por cualquier otra causa y la propia Secretaría podrá autorizar a los particulares a prestar otros servicios que faciliten el reconocimiento aduanero de las mercancías", donde nociones tales, como las demás operaciones y otros servicios no son normas imperactivas ni permisivas ni condicionales ni declarativas, ni definitorias, ni descriptivas, ni procedimentales, puesto que no concretizan el propósito de la norma, siendo genéricas e imprecisas, la cual va en contra de la garantía de seguridad jurídica. Finalmente, es imperativo impedir la privatización de los servicios de referencia, porque supone dejar sin fuente de empleo a más de 8 mil trabajadores de base del Servicio de Administración Tributaria de los denominados "Vistas Aduanales", según ha informado el propio sindicato de la dependencia. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 16 y 43 de la Ley Aduanera, conforme a lo siguiente: Primero. Se modifica el primer párrafo y se deroga el segundo, ambos del artículo 16 de la Ley Aduanera para quedar como sigue: Artículo 16. "...la Secretaría podrá autorizar a los particulares para prestar los servicios de procesamiento electrónico de datos y servicios relacionados, necesarios para llevar a cabo el despacho aduanero, inclusive las relacionadas con otras contribuciones que se causen con motivo de los trámites aduaneros, con excepción de la determinación de las contribuciones respectivas". Segundo. Se deroga el sexto párrafo y se modifica el décimo párrafo, ambos del artículo 43 de la Ley Aduanera para quedar como sigue: "...en los casos de mercancías destinadas a la exportación de las importaciones y exportaciones efectuadas por pasajeros y del despacho de mercancías que se efectúe por las aduanas que señale la Secretaría, independientemente del tipo de régimen o de mercancía, el mecanismo de selección autorizado se activará una sola vez". Transitorios: Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es todo, señor Presidente. Solicito que sea publicado en el Diario de Debates, íntegro el texto de la iniciativa. Gracias.