La diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz: Con su venia, ciudadana Presidenta; compañeros y compañeras diputadas: la suscrita, diputada Carmen Guadalupe Fonz Sáenz, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los artículos 71, fracción II, y 72 de la Carta Magna y 55, fracción II, 65, 60 y 64 del Reglamento Interior de este Congreso General, se permite someter a esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, bajo la siguiente Exposición de Motivos Las empresas paraestatales de México, en particular Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de electricidad, están obligadas, en los términos del artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, a presentar manifestaciones de impacto ambiental para su evaluación correspondiente a fin de evitar que sus obras o actividades puedan causar desequilibrios ecológicos o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente, preservar y restaurar los ecosistemas y evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el ambiente. La distribución de competencias entre órdenes de gobierno, los mecanismos de coordinación establecidos entre los mismos y la definición de la política pública en materia ambiental, junto con sus instrumentos, han perfilado, además de otros elementos técnico-jurídicos esenciales, el compromiso que tiene México con la conservación del ambiente y el manejo adecuado de los recursos naturales. Asimismo, la urgente necesidad de perfeccionar las formas de vinculación entre el Estado y la sociedad ha permitido transparentar el quehacer gubernamental y contar con mayores facilidades para el acceso a la información generada por el mismo. Sin embargo, sigue siendo necesario diseñar y poner en práctica mecanismos e instrumentos claros, sencillos, inteligentes y viables para incidir desde la sociedad organizada en las decisiones que el Estado toma en los diversos ámbitos de su competencia, en especial a las de las empresas del Estado, en virtud de su papel estratégico para la nación, pero también debido al importante impacto ambiental que han generado a lo largo de su historia. Es necesario entonces diferenciar con claridad el papel del Estado en este caso, a través del sector ambiental federal, respecto a la regulación de las propias empresas del Estado; es decir, las paraestatales. El precio que los mexicanos estamos pagando, en ese sentido, es el deterioro del ambiente y la destrucción de los recursos naturales por parte de quienes son, al mismo tiempo, su salvaguarda, como lo establece el artículo 27 constitucional. Frente a esta realidad, la Comisión Investigadora del Daño Ecológico y Social Generado por Pemex, en este honorable Congreso, propone adicionar el artículo 34 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en el cual se diferencie la regulación de este instrumento de política ambiental para las empresas paraestatales, estableciendo que corresponde a éstas presentar de manera obligatoria toda la evidencia documental que acredite la realización de la consulta pública previa a la presentación de cualquier tipo de manifestación de impacto ambiental, para su evaluación, ante la Semarnat y obligándolas a realizar la más amplia convocatoria ciudadana tanto en las comunidades y en las ciudades donde incidirá eventualmente la obra o la acción proyectada como entre los expertos en la materia a nivel local, regional, estatal, nacional e incluso internacional. Según la naturaleza del proyecto en cuestión, la Semarnat recibirá junto con el expediente correspondiente para evaluar la manifestación de impacto ambiental, una reseña detallada de las opiniones, propuestas, beneficios, perjuicios, rechazo o aceptación social vertidas por los representantes de las comunidades y los expertos en la cuestión, que deberá ser tomada en cuenta de manera prioritaria para la evaluación y dictamen de la manifestación de impacto ambiental respectiva. Actualmente, nuestra ley únicamente es obligatoria en cuanto a presentar a la Semarnat la solicitud de permiso de impacto ambiental sin hacerse una consulta pública a las comunidades donde van a ser realizadas estas obras. Y también tiene la facultad algún ciudadano de solicitar a la Secretaría eleve la solicitud al conocimiento de la población y también se realice una consulta pública, pero esto únicamente si lo requiere un ciudadano. Por tal motivo estamos solicitando que para las paraestatales sea obligatoria la consulta pública para anexar al permiso del estudio de impacto ambiental. Por tal motivo y lo anteriormente expuesto, la suscrita diputada somete a la consideración de esta honorable Cámara la presente iniciativa con proyecto de decreto. Decreto por el que se adiciona el artículo 34 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente Artículo Único. Se adiciona el artículo 34 Bis a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para quedar como sigue: Artículo 34 Bis. Las empresas paraestatales están obligadas a realizar consultas públicas previas a la presentación de manifestaciones de estudio de impacto ambiental para su evaluación y dictaminación correspondiente, conforme a las siguientes bases: Primero. El costo para la realización de la consulta pública será con cargo a las empresas paraestatales. Segundo. Las empresas paraestatales deberán garantizar y documentar una amplia convocatoria para llevar a cabo la consulta pública, considerando las comunidades interesadas, organizaciones sociales, representativas, empresarios, autoridades locales y expertos académicos, científicos a nivel local, regional, nacional e internacional, según sean las obras o actividades por realizar y las entidades federativas o regiones correspondientes. Tercero. Las opiniones vertidas por los diversos sectores sociales durante la consulta pública deberán ser integradas en un documento denominado Dictamen social, que formará parte del expediente de la manifestación de impacto ambiental correspondiente. Cuarto. La Secretaría evaluará y dictaminará la manifestación de impacto ambiental de las empresas paraestatales considerando los elementos técnicos ambientales y del dictamen social correspondiente. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 14 días del mes de marzo de 2005. Es cuanto, ciudadana diputada Presidenta. Y solicito que se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Atentamente, diputada Guadalupe Fonz.