El diputado Luis Antonio González Roldán: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores, la calidad de la democracia implica reconocer la libertad de los ciudadanos de elegir libremente a sus representantes en procesos legales legítimos y sin condicionamiento de ningún tipo. Actualmente ya no es suficiente la presencia de comicios para determinar la existencia o no de un régimen democrático, lo que hoy en día se exige es que esos procesos sean apegados a la legalidad, se den en un contexto de plena libertad y que sus resultados sean respetados por todos los actores políticos y la sociedad. Nuestra democracia, hay que decirlo, ha avanzado. Ha avanzado de manera gradual, pero significativamente a niveles de una calidad democrática. En el ámbito federal aún despierta la confianza de los electores, porque hemos sido capaces de construir un andamiaje legal e institucional que protege el voto libre y secreto de la ciudadanía. Esto hay que decirlo es un logro de la sociedad mexicana, no es patrimonio de partido alguno, grupo o líder personal. Debemos reconocer que existe la tentación de prácticas inequitativas que pretenden vulnerar principios rectores de la materia político-electoral desde los niveles municipales, y desafortunadamente también hay que decirlo, de todas las fuerzas políticas que buscan resquicios en la ley para tratar de influir en la decisión de los electores. La coacción, compra y condicionamiento del voto son fenómenos latentes en los procesos locales en diversas partes de nuestro país. Lamentablemente ningún partido es ajeno a esta problemática. Consideramos desde Nueva Alianza, que es nuestra obligación que los 14 comicios locales, ordinarios y el proceso electoral extraordinario en el estado de Sonora, se cumpla fehacientemente con los principios de certeza, de legalidad, de imparcialidad, de objetividad, de independencia que exige la ciudadanía. Es por ello, que el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza está a favor de los aspectos contenidos en este punto de acuerdo de urgente u obvia resolución, a fin de que desde la Comisión Especial de Programas Sociales se dé un seguimiento puntual a los 14 procesos electorales y el proceso extraordinario, contemplados para este año y contribuye a brindar estos programas. Más aún, que establezcan vínculos directos con la FEPADE y sea profusa vigilante del desarrollo de los procesos electorales locales. Un elemento paradójico que debemos destacar desde esta tribuna, es que se pida la plena vigencia de los principios rectores en materia político-electoral cuando existen hoy en día voces que no aceptan la validez de los mismos en los actos y resoluciones emanados por las propias autoridades competentes. Debemos dejar de juzgar, desde el ámbito político y legislativo, lo que las autoridades electorales correspondientes ya juzgaron y resolvieron. Estamos de acuerdo en evitar cualquier acción que signifique una coacción de voto. Al menos aun de que sea la propia autoridad la que use recursos públicos con fines partidistas y electorales. Pero también invitamos a todas las fuerzas políticas a que aceptemos las reglas del juego democrático que nos hemos dado con antelación. Y así como exigimos legalidad para ciertas cosas, respetemos la legalidad y la institucionalidad del régimen político mexicano, que es lo que tenemos que fortalecer y es lo que tenemos que salvaguardar. Es cuanto, señora presidenta.