EL C. DIP. JORGE LUIS GARCIA VERA: Con su permiso diputado Presidente. Señor Secretario. Nuestro país se ha caracterizado desde su origen como una nación independiente por la confianza que ha puesto en la educación como medio privilegiado para alcanzar el desarrollo y la justicia social; ha sido tema central de nuestras luchas libertarias y emancipadoras, siempre buscando lograr mantener su carácter laico, gratuito y obligatorio y la orientación democrática y de solidaridad internacional que la Constitución prescribe. Por ello es que nuestro país ha sido cuna no solo de grandes educadores sino también de grandes movimientos educativos. El siglo pasado, producto de ese movimiento social que fue la revolución, logramos lo que internacionalmente se conoce como la hazaña educativa mexicana: haber prácticamente universalizado la educación primaria en unas cuantas décadas a partir de una población explosivamente creciente cuyo índice de analfabetismo era superior al 80%. Quedaron en el camino muchos pendientes, asociados todos con la calidad del servicio y la equidad en su distribución pero también problemas de cobertura y rezago. Una calidad que se mantuvo por décadas y comenzó a deteriorarse a partir de los años 80s asociada al desfinanciamiento, producto tanto de crisis económicas recurrentes como de programas de ajuste estructural que se comenzaron a aplicar. No sabemos cuál de los dos tuvo los efectos más devastadores para la educación pero aprendimos o debimos haber aprendido que siempre será mucho más costoso en todos los sentidos para el país y la sociedad, tratar de componer un sistema educativo que se deja caer, que prevenir y atender los problemas con oportunidad. Bajo la divisa de hacer más cosas con menos recursos que de por sí siempre fueron pocos, se incidió negativamente en la expansión, mantenimiento y equipamiento de la infraestructura; en el desarrollo de la investigación y el desarrollo de materiales, métodos y medios; en la revisión y actualización permanente de planes, programas y contenidos, la formación inicial y permanente de los docentes con un sentido profesional en el deterioro del nivel de vida de los educadores, de la percepción social de la función educativa y la figura del maestro. La gestión escolar y la administración del sistema se hicieron obsoletos y se deterioraron también las condiciones sociales, económicas y culturales del entorno escolar y las familias que por enorme incidencia que tienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje constituyen verdaderos obstáculos pedagógicos. Hoy existe un consenso en todos los sectores de la sociedad, de que es necesario fortalecer la educación pública como herramienta central para impulsar la justicia social y como estrategia fundamental para lograr el desarrollo equitativo y sustentable al que todos aspiramos, un consenso que se ha concretado en la firma del compromiso social por la calidad de la educación. Buscamos con él garantizar una educación integral que no sólo atienda ciertos contenidos cognoscitivos de carácter instrumental, sino que también dote a nuestras nuevas generaciones de una sólida cultura estética, de valores, de cuidado del medio ambiente, de cuidado de la salud y de la práctica sistemática del deporte. Sin embargo, la calidad educativa en que con voluntad expresa estamos todos empeñados supone precondiciones materiales y pedagógicas que tienen como condición necesaria, pero de ninguna manera suficiente, un financiamiento consecuente con el objetivo. El Ejecutivo Federal, también firmante del compromiso, ha reiterado su voluntad de hacer de la educación el eje fundamental y prioridad central de su gobierno y que, la elevada prioridad de la educación habrá de reflejarse en la asignación de recursos crecientes para ella y en un conjunto de acciones, iniciativas y programas que la hagan cualitativamente diferente y transformen el sistema educativo. En diferentes momentos de su campaña y de su gobierno, se comprometió a que al finalizar la administración de dedique a la función educativa el 8 por ciento del Producto Interno Bruto, en los términos que sugiere la UNESCO, de recursos del Gobierno Federal, sin incluir los que al sector dedican los particulares. Hemos visto con preocupación que en los dos últimos ejercicios fiscales el presupuesto educativo se ha visto afectado por recortes que impactan de manera negativa en su funcionamiento y resultados. Para este año y para el siguiente, se espera una caída de los porcentajes de crecimiento nacional. Esperamos que no se busque encontrar con ello argumentos para decir que el compromiso se está cumpliendo. Por otro lado, con el objetivo de fortalecer la educación pública con un sentido de calidad y equidad, la mayoría calificada de las dos Cámaras del Poder Legislativo Federal y la mayoría de los congresos estatales, decidimos llevara adelante una reforma constitucional para hacer obligatoria la educación preescolar, estableciendo plazos y fechas para ir avanzando en este propósito. Cabe hacer la aclaración que en esta reforma en quien más encontramos oposición fue en la fracción de Acción Nacional. Sin embargo, el Ejecutivo Federal, a pesar de que se ha venido el término constitucional para que promulgue y publique el decreto para que la reforma entre en vigor, no lo ha hecho. Confiamos en que esta formalidad sea cubierta a la brevedad posible en beneficio de la niñez mexicana. Nos preocupan también, señor Secretario, algunos aspectos no discutidos relacionados con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, todo educador aprende desde los primeros pasos de su formación profesional, la importancia que tiene para el proceso educativo, la evaluación diagnóstica, formativa y con fines de acreditación de sus educandos. A partir de ella, planeamos estrategias y decidimos medidas correctivas, para mejorar nuestros resultados y los de nuestros estudiantes. No es tampoco ninguna novedad, para nosotros, la evaluación de nuestro trabajo profesional, con este mismo sentido. Preocupa que en un esfuerzo tan importante, no se haya abierto a la discusión pública para qué se evalúa, si para cerrar escuelas públicas y entregar su administración a empresas particulares como en Estados Unidos o para detectar problemáticas y enfocar todos los recursos y el poder del Estado para resolverlas como en Finlandia.. Nos preocupa también la atención que el Estado debe a la educación superior y el financiamiento a las universidades públicas y a la investigación científica.. En los últimos años hemos observado una fuerte tendencia a la disminución de los apoyos presupuestarios, tanto a las instituciones federales como a las de los estados, al grado que algunas se encuentran en quiebra técnica e incluso en peligro real de desaparecer. Muchas de estas instituciones necesitan cambios profundos que les permitan seguir siendo viables, en esto y en la rendición de cuentas, estamos comprometidos, pero exigimos, señor Secretario, que en el proyecto de egresos de la federación que el Ejecutivo pondrá a consideración de esta soberanía, la dependencia a su cargo contemple un apoyo decidido a estas instituciones, que son la base para que el país pueda enfrentar con éxito los retos de la globalización. Muchísimas gracias. -