El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Con su permiso, señor Presidente. Efectivamente, son muchos artículos de estas leyes secundarias que hoy estamos discutiendo, debatiendo y que particularmente tienen que ver con este modelo abierto de mercado de tarifas eléctricas y de ocupación temporal de tierras. No voy a ser muy explícito en la propuesta; en cada uno de los artículos estamos proponiendo sus modificaciones y adiciones de algunos párrafos. En general haremos algunas reflexiones y haremos referencias al respecto. Los integrantes de la Comisión de Energía estiman que la propuesta que hoy presentan ante el pleno cumple con el objetivo de dotar al sector eléctrico del instrumento legal que permita su organización y operación en el marco del nuevo contexto constitucional. Esto es totalmente falso porque no es una cuestión de fe o de discurso; es una cuestión de dar certeza jurídica y salvaguardar los derechos de los mexicanos y sobre todo los derechos de las personas, de las comunidades y de los pueblos indígenas y campesinos, derechos que no están garantizados ni salvaguardados con estas leyes secundarias. Hemos visto que los funcionarios han tomado diversas decisiones, que lejos de beneficiar a los usuarios del servicio eléctrico nacional, afectan los derechos como consumidores. Y el ejemplo más grotesco de esto lo representan los parámetros que hasta ahora utiliza la Comisión Federal de Electricidad, o los criterios como le han llamado también las diversas organizaciones que ha manifestado su rechazo al establecimiento de estos criterios para la disminución de las tarifas eléctricas, puesto que muchos de los casos utilizan criterios climatológicos y no criterios socioeconómicos o socioculturales para establecer las tarifas de cobro. Es inconcebible cómo la región más pobre de América Latina, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; es decir, la región de La Montaña de mi estado de Guerrero, una familia pague lo mismo que paga una familia de la clase más alta en zonas residenciales del Distrito Federal o de Nuevo León. También es condenable que algunas familias indígenas de estas regiones con sólo dos, tres, o cuatro focos, y algún aparato electrodoméstico lleguen a pagar recibos con montos de hasta 800 mil pesos. Exijo, desde esta tribuna, que se garantice un servicio eficiente en el servicio eléctrico, pero sin privatizar, sin la intromisión de los voraces capitales trasnacionales; que se fortalezca el sector energético nacional combatiendo la corrupción, los sindicatos charros y las cajas chicas de los que hoy nos gobiernan. Los más pobres deben de pagar proporcionalmente a sus ingresos y a las condiciones socioeconómicas de cada una de las regiones. Se deben de garantizar acciones afirmativas también para los pueblos indígenas y campesinos que salvaguarden sus derechos. Esta iniciativa de ley, al igual que las que discutimos el día de ayer, legaliza el despojo de las tierras en beneficio del capital. Estas reformas no van a bajar los costos de los servicios eléctricos y de los combustibles. Me permito ser incisivo diputadas y diputados, y expresar por enésima vez que en un sistema democrático las autoridades están obligadas a consultar a sus gobernados; están obligados a respetar las formas de participación directa. Sin embargo, el Estado mexicano se muestra reacio a aprobar una Ley General de Consulta. Hemos venido insistiendo, desde esta tribuna, que debemos de armonizar nuestra legislación nacional en concordancia con el marco jurídico internacional. Este mecanismo deja a la voluntad del Poder Ejecutivo y de sus manuales, sin tomar en cuenta los estándares ni la jurisprudencia, repito, internacional. Esta ley no respeta los derechos humanos, por el contrario, esta ley vulnera el principio pro persona y de convencionalidad estipulado en el artículo 1o. constitucional, también violenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que nuestro país adoptó en 1989 y que el Senado de la República ratificó en 1990 y que está vigente en nuestro país desde 1991. También vulnera y viola los derechos estipulados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007, y del cual nuestro país, México, fue uno de los principales impulsores para la adopción de esta declaración que llevó más de dos décadas de negociación en diversas instancias de las Naciones Unidas. A México, nuestro país, le han reconocido este liderazgo internacional en materia de derechos humanos, pero repito seguimos siendo candil de la calle y obscuridad de la casa. Incluso también estas leyes secundarias en materia energética van en contra del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso que involucren los derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, recientemente también emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nuestro Poder Judicial. ¿Por qué? En primer lugar porque la protección efectiva de los derechos fundamentales de estos requieren garantizar derechos humanos de índole procedimental. Por tanto, todas las autoridades están obligadas a consultarlos antes de cualquier medida administrativa, la cual debe cumplir con los siguientes parámetros. Por eso venimos exigiendo el derecho de la consulta con los principios del consentimiento libre, previo e informado. Y por eso seguiremos insistiendo en que se apruebe una Ley General de Consulta con esos principios. Estos principios deben ser previos, estos principios de la consulta deben ser culturalmente adecuados, a través de las representantes y de las instituciones de los pueblos indígenas, debe ser previamente informada y debe ser de buena fe, sin presión, sin coacción de los gobernantes, de las instituciones y muchos menos de las empresas privadas, porque además es grotesco que en una serie de articulados de estas reformas secundarias se diga que también las empresas privadas podrán hacer la consulta hacia los pueblos y las comunidades indígenas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece claramente también las reglas que son vinculantes en materia de derecho a la consulta, emitidas en la sentencia del pueblo Saramaka contra Surinam, destacando dos puntos: Las primeras referidas a las condiciones que el Estado debe observar las razones para la explotación de los recursos naturales en territorios de los pueblos indígenas. El segundo referida a las características mínimas que debe tener el proceso de consulta. Por eso, señor presidente, diputadas y diputados, es importante que en esta serie de articulados y en estas reformas y en estas reservas que estamos planteando se establezca el derecho a la consulta de los pueblos y las comunidades indígenas con los principios del consentimiento libre, previo e informado, y que estas consultas deben ser de buena fe, y que estas consultas deben ser organizadas y rectoradas por un órgano autónomo, porque no puede ser la Secretaría de Energía, no pueden ser las empresas privadas en las que depositemos la consulta para convertirlas en juez y parte, y en estas consultas debe haber una participación plena y efectiva de los pueblos indígenas. Por ello les conmino para que podamos efectivamente seguir avanzando en la armonización legislativa de nuestro país, en concordancia con lo que firma, ratifica y aprueba en espacios de carácter internacional. Por último, compañeras y compañeros diputadas y diputados, y sobre todo a la ciudadanía y al pueblo de México. Quiero terminar no con una reflexión, sino con una carta que ya fue aludida por los que me han antecedido, pero no quiero dejar pasar la oportunidad para poderla dejar nuevamente en reflexión en esta soberanía, que la hemos perdido. Una carta del presidente Adolfo López Mateos que dirige a la patria allá por el año de 1960, que a la letra y textualmente dice: Pueblo de México, les devuelvo la energía eléctrica que es de exclusiva propiedad de la nación, pero no se confíen porque en años futuros algunos malos mexicanos, identificados con las peores causas del país, intentarán por medios útiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a los inversionistas extranjeros. Ni un paso atrás, fue la consigna de don Lázaro Cárdenas del Río al nacionalizar nuestro petróleo. Hoy le tocó por fortuna a la energía eléctrica. Pueblo de México, los dispenso de toda obediencia a sus futuros gobernantes que pretendan entregar nuestros recursos energéticos a intereses ajenos a la nación que conformamos. Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros, los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país. En México la Constitución es muy clara; los recursos energéticos y los yacimientos petroleros son a perpetuidad propiedad única y exclusiva del pueblo de México, el resto de las especulaciones al respecto son traición a la patria, y los panistas, los priistas y los del Partido Verde Ecologista y los del PANAL son traidores a la patria. Es cuanto, señor presidente.