La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Gracias, presidente. La memoria histórica es un concepto y una práctica vinculada al derecho de las víctimas al establecimiento de la verdad, de la verdad jurídica, de la verdad individual y social, de la verdad sobre hechos pasados donde han sufrido vulneraciones a su persona, es un derecho a la verdad. Y como todos ustedes saben, en la teoría de los derechos humanos quien violenta los derechos humanos solamente puede ser el Estado mexicano y es por eso que para garantizar este derecho a la verdad de las víctimas, una figura como esta no podía estar dentro de las atribuciones del gobierno federal. Hace poco más de un año, el 13 de noviembre de 2018, en esta misma tribuna durante el proceso de discusión y aprobación de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, les advertimos desde Movimiento Ciudadano, entre otras cosas, que se implementaba un modelo centralista, prueba de ello fue la concentración de funciones que se otorgaban a ciertas Secretarías, al tiempo se cuestionó sobre las facultades que se le asignaron a la oficina de la Presidencia, que implicó una reforma a su artículo 8, entre ellas la que hoy se trata de corregir, la de difundir y proyectar el derecho a la memoria de la nación en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal. Se dijo que dicha reforma podría despertar suspicacias por la posible manipulación de la reforma histórica al estar en manos de la oficina de la Presidencia, aunado a que podría trasgredir el derecho de acceso a la información y duplicidad de funciones, ya que se cuenta con una Ley General de Archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de junio de 2018, resultado de la reforma constitucional en materia de transparencia publicada el 7 de febrero de 2014. Con la Ley General de Archivos, el Archivo General de la Nación deja de ser un órgano sectorizado de la Secretaría de Gobernación, para dotarlo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con la autonomía técnica y de gestión, para el cumplimiento de sus atribuciones, objeto y fines. Al tiempo, se creó el Sistema Nacional de Archivos. Ello, contribuiría al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria mediante un sistema integral de gestión documental y administración de archivos que garantizaría el derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. El Archivo General de la Nación debe, por ley, ordenar, describir, conservar los documentos que conforman su acervo. Tiene como misión preservar, difundir e incrementar el patrimonio documental para salvaguardar la memoria colectiva y fortalecer la identidad nacional. Por eso, es que desde un principio esta facultad que hoy se le regresa al Archivo General de la Nación, debió haber estado acá y nunca debimos haberlo mandado a la oficina de la Presidencia. Por eso, compañeros y compañeras diputados, desde Movimiento Ciudadano hacemos un atento llamado para que este tipo de reformas, cuando nosotros presentamos posiciones contrarias a la posición mayoritaria, nos escuchen. Los argumentos que se presentan en esta tribuna, tienen razón, estamos buscando contribuir a generar un proyecto, que en este caso es fundamental para las víctimas y que, por simple y sencillamente aprobarlo, sin mayor discusión, sin escuchar argumentos, hoy estamos, un año después, tratando de corregir errores que de haberlo hecho de manera correcta, desde hace un año estaría garantizado este derecho a la verdad que las víctimas nos reclaman. Por eso, desde Movimiento Ciudadano, en esta ocasión, por supuesto que vamos a aprobar este dictamen, no sin antes decir: se los dijimos hace un año. Es cuanto, muchas gracias.