El diputado Sergio Fernando Ascencio Barba: Con su venia, presidenta. El presente dictamen, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera en Entidades Federativas y los Municipios, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, la Ley General de Deuda y la Ley General de Contabilidad Gubernamental, contiene cambios positivos que beneficiarán a las finanzas públicas de los estados y municipios en un contexto de crisis económica. Queremos resaltar la disposición de la Comisión de Hacienda, de los diferentes grupos parlamentarios y del propio gobierno federal para revisar el marco normativo y ajustarlo con un objetivo de flexibilizar los mecanismos de contratación de deuda en el próximo y los siguientes años y por establecer medidas en torno a la emergencia sanitaria y el impulso a la inversión. Ahora mismo lo que necesitan los estados y municipios son soluciones inmediatas y con este dictamen estamos seguros de que damos una respuesta a una de las más apremiantes demandas en los últimos meses: la flexibilidad de la normatividad para enfrentar la pandemia. Pero seamos francos, la presión financiera y la crisis sanitaria que hoy enfrenta a las entidades federativas se pudo evitar, si el gobierno federal hubiera mostrado sensibilidad en el momento en que más se necesitó. Desde la llegada de Morena al gobierno, los estados y los municipios del país sufrieron recortes presupuestales que lesionaron gravemente las finanzas locales. Se los dijimos el año pasado y no nos escucharon. A partir del año 2019, a los estados y municipios se les recortaron recursos por más de 20 mil millones de pesos del Ramo 23 que se destinaban a programas y proyectos de inversión regional en educación, seguridad pública, salud, infraestructura urbana y para la cultura, potencialización del empleo temporal, entre otros. El único argumento del gobierno federal fue decir que había moches y poca transparencia en el ejercicio de sus recursos. Pero tenemos que insistir que no se hizo una revisión que permitiera determinar el impacto positivo de la inversión de esos recursos en las distintas regiones del país. Más que su eliminación, era necesaria una revisión de las reglas de operación y los mecanismos de transparencia y la rendición de cuentas porque los estados, principalmente los municipios del país, se quedaron sin los recursos necesarios para impulsar la inversión, el empleo y generar una dinámica regional para la economía y mayor bienestar de la población. Desde entonces, los gobiernos estatales y municipales se han enfrentado a un programa difícil y una presión presupuestaria para poder mantener los niveles de reinversión regional que estos recursos les permitían en los años anteriores. El panorama puede ser aún más complicado el año que entra, ya que la falta de recursos del gobierno federal impactará en la propuesta de asignación presupuestaria para los estados y municipios. El proyecto de presupuesto 2021 plantea un recorte por más de 108 mil millones de pesos en participaciones, aportaciones y convenios de reasignaciones federal que parecen difíciles que los propios gobiernos locales recuperen o subsanen. Esta situación ha llevado a contratar más deuda para subsanar sus requerimientos de gasto. El segundo semestre del 2020, la propia Secretaría de Hacienda reportó un monto total de deuda subnacional en el orden de los 596 mil 398 millones de pesos que, comparada con el mismo periodo de 2019, muestra un crecimiento del 12 por ciento en términos reales. La pandemia generó aportaciones que han creado reacciones en cadena que impactan a la planta productiva del país en la generación de empleos, en los ingresos de las familias y en el consumo. Por eso coincidimos que, con el dictamen, ya que en Acción Nacional consideramos que el primer camino hacia la revisión de un nuevo pacto fiscal, que permita replantear la consideración y atribución en términos de recaudación de impuestos y la corresponsabilidad y eficiencia en los términos del gasto público. El cambio significativo es que, en las modificaciones hechas en la comisión, permitan que dentro del concepto de inversión pública productiva los estados puedan adquirir vehículos cuya finalidad sea la prestación de un servicio público. Reconocemos en justa medida que las modificaciones serán una respuesta de oportunidad y rápida en los desafíos que supone enfrentar la contingencia sanitaria. En suma, Acción Nacional votará a favor del dictamen, porque creemos que en materia de disciplina financiera es una respuesta oportuna y rápida ante la contingencia sanitaria, ya que aumentará la disponibilidad de los recursos de los gobiernos locales, con el objeto de implementar medidas que soporten las emergencias locales con un contexto de contingencias o crisis económicas. Es cuanto, señora presidenta.