La diputada Margarita Flores Sánchez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el día de hoy someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, al tenor de las siguientes consideraciones: Quisiera comenzar con la primera frase de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, la cual dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Las personas que presentan algún tipo de discapacidad demandan de la sociedad el derecho a una vida en igualdad de condiciones, la cual se traduce en acceso equitativo a los servicios de salud, educativos, ocupacionales y recreativos, así como el ejercicio de sus derechos civiles, políticos o de cualquier tipo que le permitan tener una vida digna y de buena calidad. Además de participar plenamente en la sociedad y contribuir al desarrollo socioeconómico de su comunidad. Solo por mencionar, nuestro país ha ratificado diversos instrumentos, dentro de los cuales se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y el Convenio 159 de la OIT, los cuales mandatan al Estado mexicano el llevar a la práctica el principio de inclusión más allá de una mera opción técnica, con el fin de lograr que las personas con discapacidad alcancen su máximo desarrollo, buscando en todo momento que sean mirados por sus potencialidades y no por sus deficiencias, lo cual sin lugar a dudas tendrá como resultado un cambio en la cultura de nuestro país. Cabe mencionar que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha sido considerada el primer tratado sobre los derechos humanos del siglo XXI, lo cual establece en su artículo 27 que los Estados parte reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar en igualdad de condiciones con las demás. Ello incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laboral que sea abierto, inclusivo, accesible a las personas con discapacidad. Datos del Informe Mundial sobre la Discapacidad, elaborado por la Organización Mundial para la Salud y el Banco Mundial refieren que las personas con discapacidad representan aproximadamente mil millones de personas. Es decir, el 15 por ciento de la población mundial. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, el 80 por ciento de las personas con discapacidad a nivel mundial están en edad de trabajar. Sin embargo, gran parte de este porcentaje no ingresa al sector laboral. El derecho a un trabajo decente para las personas con alguna discapacidad es con frecuencia denegado, en comparación con las personas sin discapacidad. Cifras proporcionadas por el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Conadis, refieren que en nuestro país hay cerca de 7.7 millones de personas con discapacidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, en 2014, prácticamente la mitad de la población con discapacidad residente en el país, 49.6, se concentra en 7 entidades federativas: estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán. En relación con la población que residen en cada una de las entidades federativas del país Nayarit es la que tiene la tasa más alta de personas con discapacidad, 82 por cada 100 mil habitantes. Estimaciones de Coneval indican que 5.7 millones de personas con discapacidad presentan al menos una carencia social, de los cuales 3.9 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar, y 1.7 millones viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. Datos del Inegi señalan que la tasa de participación económica de la población con discapacidad de 15 años o más en nuestro país es del 39 por ciento en comparación del 65 de la población sin discapacidad, es decir, que 26 puntos porcentuales menos, lo cual evidencia la desventaja de las personas con discapacidad en nuestro entorno laboral. Por lo anteriormente expuesto, la presente iniciativa busca reformar los artículos 43, 51 y 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado a fin de poder establecer como una obligación de los titulares de las dependencias de la administración pública federal, el preferir en igualdad de condiciones, conocimientos, aptitudes y antigüedad a las personas que presenten algún tipo de discapacidad. Asimismo, se busca establecer una cuota mínima de tres por ciento del total de la nómina o personal en las áreas de la administración pública, esto como una medida positiva y compensatoria a favor de la inclusión de las personas con discapacidad. En los últimos 10 años el avance de las políticas...