El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su permiso, señor presidente. Nada más en atención al tiempo toda vez que son dictámenes, son dos dictámenes, pediría su comprensión en el mismo. Compañeras diputadas, compañeros diputados, vengo a presentar a nombre de los integrantes de la Comisión de los Derechos de la Niñez, dos dictámenes que aprobamos en la pasada reunión plenaria de la misma y que el día de hoy sometemos a su consideración. El primero es el correspondiente a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 42 de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, el cual se sustenta en la propuesta de incluir modificaciones para solventar acciones diversas que se presentan en los centros de atención y que en el armado de la actual ley n se contemplan, entre las que se destacan: 1. Ampliar los tipos de equipos de seguridad preventivos, especialmente contra incendios. 2. Permitir que los inmuebles que prestan el servicio de guardería protejan a las niñas, niños, así como al personal que labora en el mismo de forma efectiva e inmediata, en caso de algún siniestro. 3. Establecer de forma puntual que las medidas de seguridad implementadas en los centros sean las adecuadas considerando varios factores de riesgo que se señalan en los reglamentos y normas oficiales especializadas en la materia. Al respecto, es importante mencionar que a partir del año 2009, la visión que se tiene acerca del cuidado y desarrollo infantil ha dado un giro y con la promulgación de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil se plasman los principios básicos que deben regir, tanto las actividades de cuidado infantil como la seguridad en los centros de atención. En esa tesitura, nuestro país acorde a la dinámica mundial ha firmado un número considerable de acuerdos internacionales sobre derechos humanos y de la infancia. Estos acuerdos proveen una base normativa sólida para los servicios y programas de desarrollo infantil temprano, los cuales han sido elevados a un nivel jurídico equivalente con el objeto de ampliar la protección de la niñez en nuestro país, algunos de los cuales se plasman en la ley que se reforma. Por ejemplo, de acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3 se establece como base fundamental el interés superior del niño, especialmente en la prestación de servicio adecuado o protección de los niños, misma que al respecto señala: En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 3. Los Estados parte aseguran que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños, cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como una relación con la existencia de una supervisión adecuada. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., establece que el Estado en todas las decisiones y actuaciones velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena su derecho a la educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, principio que deberá guiar al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. En este sentido, la ley que se pretende modificar tiene por objeto regular el funcionamiento de los centros de atención infantil, cuya función principal de los mismos es prestar servicios de cuidado a las niñas y niños cuyos padres no pueden atenderlos por motivos laborales, sin dejar de lado que estos deberán ser prestados con calidad y profesionalismo, bajo medidas de seguridad e higiene necesarias para el buen desarrollo físico, psíquico y emocional de las niñas y los niños, atendiendo a las disposiciones legales aplicables y la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordamos que la primera infancia, de los cero a los cinco años de edad, representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y emotivas de cada niña y niño, siendo la etapa más vulnerable del crecimiento. En esta fase se forman las capacidades y condiciones esenciales para la vida, la mayor parte del cerebro y sus conexiones. El amor y la estimulación intelectual permiten a las niñas y niños desarrollar la seguridad de autoestima necesaria, para ello su entorno y los lugares en donde se les cuida son fundamentales. Por ello, esta comisión, después del análisis de la minuta, consideró procedente aprobar la modificación a la ley en los términos establecidos, toda vez que garantiza ampliar la protección de los infantes que son beneficiados con esos servicios, a través de medidas de seguridad encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción que involucra los tres niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad. Lo anterior, facilitará la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezca las capacidades de resistencia de la sociedad. Compañeras y compañeros, aprobar el dictamen que hoy les presentamos contribuirá a garantizar que las medidas de protección y seguridad en los centros de atención infantil se incrementen y perfeccionen para que nunca más se vuelva a presentar una tragedia que atente contra la integridad de los infantes. La ciudadanía exige que las estancias infantiles y las guarderías sean un lugar seguro donde las niñas y los niños puedan aprender y crecer felices con toda seguridad. Estamos, desde luego, obligados a responder con hechos a esta legítima demanda. Es importante que la sociedad, todos los niveles de gobierno y los poderes públicos sigamos trabajando unidos para seguir generando las leyes y las políticas que el país necesita, sólo así habremos de garantizar un futuro mejor para las niñas y los niños de nuestro país. Muchas gracias, es el primer dictamen. El segundo dictamen que sometemos a su consideración, tiene como objetivo incluir el derecho a la paz en el cuerpo de la ley. El derecho humano a la paz, como se hace referencia en la iniciativa analizada, ha sido identificado dentro de la categoría de los derechos de solidaridad, entre los que se destacan: el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho de los pueblos y su riqueza, y el derecho al medio ambiente, que a su vez se interrelaciona con los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales. La importancia de hacer visible esta subdivisión es para poner de manifiesto que el derecho humano a la paz solo puede alcanzarse a través de la protección y garantía de los demás derechos humanos, puesto que no solo debe verse como un derecho encaminado a proclamar la ausencia de violencia o intervenir cuando se está frente a ella, sino un derecho intergeneracional que se encuentra interrelacionado con otros derechos humanos. Este precepto nos hace reflexionar que para cierto sector de la sociedad puede parecer n exceso o una abstracción hablar de derecho a la paz en un mundo en el que predomina la violencia, tanto en las relaciones individuales como en las colectivas. Al respecto, en el seno de la Unesco se ha puesto de relieve la vinculación del derecho a la paz con otros derechos. De este modo, en la Declaración sobre el Derecho Humano a la Paz se analizan los vínculos cercanos entre la protección del derecho a la paz y otros derechos humanos, recordando, por un lado que paz, desarrollo y democracia forman un triángulo interactivo. Y por el otro, que la paz no es una abstracción, posee un profundo contenido cultural, político, social y económico, en especial se hace mención directa a la relación entre el derecho a la paz y los derechos culturales, el derecho a la paz y el respeto a la diversidad, a la relación entre la paz y el derecho al desarrollo. Asimismo, entre los temas que se abordan en la Declaración, esta efectúa importantes consideraciones sobre la importancia de la educación para la paz y la necesidad de la utilización pacífica de los avances en el campo de la ciencia y la tecnología. Bajo esa lógica estamos convencidos de que todo ser humano tiene ante su Estado y ante el marco jurídico del mismo, derecho a que se le permita en lo individual salvaguardar el bien más precioso de la naturaleza, la vida. Y como parte de la humanidad le sea posible preservar la supervivencia de la misma. Por ello, en la dictaminadora coincidimos en la necesidad de integrar este derecho como parte fundamental del catálogo de derechos incluidos en la ley. No debemos olvidar que el derecho a la paz no debe ser visto solo por su función preventiva de las guerras sino, sobre todo, por su carácter subjetivo como derecho fundamental de toda persona que implica, ante todo, un deber. La paz en todos sus sentidos, tanto colectivos como subjetivos, no se construye con vulneración de derechos fundamentales sino con seguridad y garantía de los mismos. Vida digna, salud, educación entre otros. Por ello, se considera que el derecho a la paz se debe tomar en serio a nuestro país, pues es premisa del disfrute de otros derechos y tiene que ver con el desarrollo de la libertad y la democracia. El desenvolvimiento actual de la sociedad en México conduce a la creación de derechos que combinan lo individual con lo colectivo. Tal es el caso de vivir en paz. Se trata, pues, de construir un Estado de derecho para una vida digna. Solo así habremos de garantizar un mejor país y, por supuesto, un mejor futuro para nuestras niñas y nuestros niños. La paz es responsabilidad de todos. Es cuanto, señor presidente, y gracias por su comprensión en el tiempo.