EL C. DIPUTADO JUAN CARLOS REGIS ADAME: Con el permiso de la presidencia, compañeras y compañeros diputado. Para el Partido del Trabajo la presente iniciativa constituye un instrumento jurídico, que busca proporcionar seguridad y protección al campo mexicano, dentro del marco de la recuperación del sector y del compromiso de elevar las condiciones de vida de la población rural. El análisis de su contenido revela, que satisface los requisitos establecidos en nuestra Constitución Política, en particular el mandato de fortalecer la soberanía nacional y la rectoría del Estado. Su preocupación central, es la superar una serie de vacíos legislativos en el ámbito del desarrollo rural y erradicar la descoordinación y desarticulación de los decretos y normas específicas, que se han emitido hasta la actualidad. Bajo ese marco, la iniciativa se inscribe dentro de un esfuerzo por reconocer el evidente rezago económico, social y productivo en que se encuentra el campo mexicano, en el contexto de globalización de los mercados, que hace más vulnerable a la población. Los campesinos ante la ausencia de mejores alternativas de vida y desprovista de los más elementales servicios para el bienestar humano, se han visto obligados a emigrar, la propuesta también focaliza este gran sector de la población, que ha sido declarada como no viable, cuya alternativa a la emigración, es arrastrar una vida cada vez más miserable o a la franca rebelión ante la indiferencia de las autoridades. Recibimos con beneplácito este dictamen, porque la situación del campo es insostenible y son inaplazables y urgentes las medidas de corte totalizador, como las que ahora nos ocupan que se orientan no sólo al rescate de la población rural, sino que va en pos de la recuperación del sentido de justicia social y de nuestra viabilidad como Nación independiente; por lo que el proyecto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable efectúa diversas contribuciones en la línea que hemos esbozado y que sintetizamos en los siguientes términos: Primeramente, la iniciativa a través del programa especial concurrente tiene el mérito de partir de la idea de que es indispensable una estructura que permita la planeación y ejecución de las acciones a favor del desarrollo rural. Tal estructura debe garantizar la no adicción a nuevas cargas burocráticas, apoyándose fundamentalmente en instancias ya creadas y proponiendo otras como la comisión intersecretarial, el consejo mexicano para el desarrollo sustentable, los distritos de desarrollo rural y los municipios, los sistemas producto y los propios distritos de desarrollo rural que operan como infraestructura operativa básica. Paralelamente a la integración de estas instancias, la iniciativa prevé que el sistema nacional de fomento a la empresa social rural de la lucha contra la desertificación y la degradación de los recursos naturales y la de bienestar social rural, inicien la formación y definición para constituirse en instancias plenamente desarrolladas. En segundo lugar, se propone establecer previsiones multianuales de presupuesto que sin desatender la intervención de la Cámara de Diputados en la autorización anual del Presupuesto de Egresos de la Federación, ni la Ley de Gasto Público oriente de manera efectiva la planeación presupuestal y la continuidad de la aplicación de los programas previstos para la ejecución del programa especial concurrente. Debemos señalar que los requerimientos financieros para que la ley cumpla el objetivo para el cual fue creada, deberán fortalecerse de manera importante; sin embargo consideramos que en principio este es un paso importante para integrar los recursos económicos para mejorar al campo. Adicionalmente, el proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable incorpora medidas efectivas para incrementar la productividad y competitividad con una gama coherente de disposiciones que incluye entre otras, la asignación sustancial de recursos para revertir la descapitalización que sufre el campo; un especial énfasis en la generación y transferencia de tecnología mediante procedimientos de validación e información; el desarrollo de un mercado moderno con planeación de la producción y concertación con arbitraje entre los diferentes a gentes, a lo largo de las cadenas productivas, así como esquemas de financiamiento y administración de riesgos con el aprovechamiento sinérgico de las ventajas de la banca de fomento, la privada y la social. Vemos que el proyecto de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, hace énfasis particular en la construcción de capital social, considerando tanto la reconstrucción organizativa de las comunidades y ejidos, como la integración de la organización regional multiactiva y la infraestructura de organización necesaria para la concertación nacional y la formación de frentes comunes ante los procesos de globalización. El proyecto de Ley de Desarrollo Rural Sustentable, también proporciona medios para una efectiva conservación y mejoramiento de las tierras y de los servicios ambientales al vincular la aplicación de apoyos a mejores prácticas, al establecer mecanismos adecuados para la validación y transferencia y tecnologías al hacer obligatorias las recomendaciones sobre carga animal, al defender el patrimonio de biodiversidad de las comunidades y ejidos y al promover el pago de servicios ambientales, así como el reconocimiento de los beneficios para la sociedad en general de la producción sustentable, incluyendo mecanismos de mercado, entre otras disposiciones. Mediante la clara delimitación de las obligaciones constitucionales del Estado Mexicano en materia de políticas sectoriales, del establecimiento de programa sectorial de corto, mediano y largo plazos, de la creación de instancias como el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural y sus equivalentes en los órdenes estatal, municipal y el Distrito Federal. Creemos que podrá crearse una sólida base para el fomento agropecuario y el desarrollo rural, incluyendo la investigación y la transferencia tecnológica, la capacitación y la asistencia técnica, la capacitación rural, los apoyos al ingreso, las compensaciones y los pagos directos, la construcción de la infraestructura hidroagrícola, electrificación y caminos rurales, el impulso a la productividad y la formación y consolidación de empresas rurales, la sanidad agropecuaria, la política de comercialización, el sistema financiero rural, la administración de los riesgos, el sistema de la información económica y productiva, la información de la organización económica, el bienestar social y la atención prioritaria a las zonas de mayor rezago económico. Por los antecedentes y consideraciones anteriores nuestra fracción parlamentaria del Partido del Trabajo, se manifiesta por la aprobación del presente dictamen, manifestando acuerdo en lo general en las disposiciones contenidas en la misma. Gracias señora presidenta. PRESIDENTA: Gracias señor diputado. Para continuar fijando posiciones hará uso de la palabra el diputado José Rodolfo Escudero Barrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 10 minutos. DIP. JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA: Con su permiso señora presidenta; compañeras y compañeros diputados: Con el dictamen del proyecto de ley de desarrollo rural sustentable que en este momento se presenta, se da un paso fundamental hacia la solución de los problemas del campo. El campo mexicano requiere de la mayor atención de los legisladores. El campo mexicano necesita de apoyo para ser productivo y competente. El campo mexicano espera que los legisladores actuemos de manera responsable con relación a los problemas de millones de mexicanos que demandan justicia a sus más elementales necesidades. El campo no puede esperar más; los rezagos, la desigualdad y la pobreza, se incrementan día a día. El proyecto de ley que presentamos es producto de los consensos y las opiniones, comentarios y sugerencias de todos los actores en el proceso productivo del campo. Todos ellos, Gobierno Federal, organizaciones sociales, de productores y campesinos, académicos y representantes populares, han vertido su experiencia y conocimiento en este tema que sin duda es trascendental en la vida de México. El proyecto de ordenamiento jurídico que las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Rural, que presentamos en un instrumento jurídico que contiene las obligaciones que el Gobierno Federal deberá cumplir con este sector tan rezagado en la historia de México. Los campesinos no deben esperar más; los campesinos ya no quieren más discursos políticos ni programas electoreros, ni promesas sexenales; requieren de realidades y de hechos que se reflejen en la mesa y el bolsillo de cada familia campesina. Las ley que estamos discutiendo está enfocada a los productores del campo y representa un conjunto de aciertos que beneficiarán a los agricultores. Entre los aspectos positivos de la nueva Ley de Desarrollo Rural, está el que toca cuatro temas que están entrelazados con el sector primario y que los legisladores que estuvieron preparando esta ley, abordaron. El primer punto es que se señala la necesidad de impulsar la inversión así como de programar la expansión de la infraestructura hidroagrícola, con objeto de modernizarla y tecnificarla, considerándola como instrumento fundamental para el impulso y el desarrollo rural sustentable, mediante el aprovechamiento racional de los recursos hidráulicos del país. El desperdicio alarmante y las altas pérdidas por el empleo ineficiente del agua para usos agrícolas demanda de manera urgente una visión integral. De otra manera no estaríamos ante un desarrollo rural sustentable auténtico, sino de membrete. 2º El sistema de trabajo y de coordinación entre los tres órdenes de gobierno que la Ley de Desarrollo Rural sustentable propone, demostrará sus ventajas, más aún porque está involucrado el sector productivo en esta tarea de coordinación gubernamental. 3º Otro factor que demuestra aspectos realistas de la ley que estamos debatiendo, es que es un ordenamiento que piensa en el mercado y no únicamente en el doméstico, sino también en el mercado externo. Por ejemplo, prevé medidas y acciones mediante la Comisión Intersecretarial para frenar el dumping. Esa práctica comercial desleal que tanto daño ha hecho a nuestro campo y las familias que trabajan y viven de él. Un cuarto punto que presenta un avance de esta ley, radica en que está orientado a establecer un sistema de financiamiento múltiple en sus modalidades, instrumentos, instituciones y agentes, que permiten a los productores y a sus organizaciones y empresas sociales disponer de recursos financieros para desarrollar exitosamente sus actividades económicas. Finalmente, consideramos que el proyecto de la ley a discusión cumple cabalmente con los objetivos planteados en esta iniciativa. Por su atención, muchas gracias. LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PAN): Gracias, señor Diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Oliverio Elías Cardona, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para fijar su posición hasta por diez minutos.