El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, en representación de los integrantes de la Comisión de Justicia me presento ante ustedes para realizar la fundamentación del dictamen de proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de Defensoría Pública. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata a la federación, en su artículo 17, garantizar un servicio de defensoría pública de calidad a la población. En cumplimiento con lo dispuesto por nuestra Norma Fundamental y a fin de salvaguardar el derecho de defensa que como persona tenemos, de 1998, se publicó nuestra actual Ley Federal de Defensoría Pública, por ella se creó el Instituto Federal de Defensoría Pública, que bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, es la institución encargada de garantizar el derecho a la defensa en materia penal. Es también el órgano encargado de proporcionar orientación, asesoría y representación en las materias administrativa, fiscal, civil y de causas penales, atendiendo a la población en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de superar desigualdades sociales. Sin embargo, el texto vigente de la Ley Federal de Defensoría Pública solo considera para el exceso a los servicios de asesoría jurídica tres condiciones: la de vulnerabilidad, la discriminación por origen étnico, razones sociales y económicas. Sin observar otros factores, porque las que una persona pueda estar en situación de vulnerabilidad, como son los que señalan nuestra Constitución en su artículo 1o., género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud o religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. La Ley General de Desarrollo Social define a grupos sociales en situación de vulnerabilidad. Aquellos núcleos de población y personas que por diferentes factores enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impida alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención del gobierno para lograr su bienestar. Por todo ello, se propone ampliar la esfera jurídica para el exceso de los servicios de asesoría que presta el referido instituto, garantizando que todas las personas que por cualquier razón social, económica o por diferentes factores enfrenten en situaciones de riesgo o discriminación y que tenga necesidad de estos servicios puedan acceder a los mismos. Sin duda, se trata de proteger a los grupos vulnerables, de cerrar paso a la brecha de desigualdad y de poder asistir jurídicamente a más personas que así lo necesiten, reformando la fracción VI del artículo 15 de la Ley Federal de la Defensoría Pública. Compañeras y compañeros diputados, al margen de colores políticos, hoy tenemos que votar a favor de una justicia igual para todos, donde las personas en situación de vulnerabilidad tengan la orientación adecuada para acceder a sus derechos, donde todos los derechos sean para todos los mexicanos y que estos reflejan en su diario vivir. Unámonos todos a favor de que se brinden todos los servicios legales a quien más lo necesitan. Votemos a favor de fortalecer la cultura de la legalidad, votemos a favor de los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.