La diputada Ma. del Pilar Ortega Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, vengo a esta tribuna a manifestar mi voto en contra de este dictamen. Me permito expresar a continuación algunas de las consideraciones por las cuales disiento de la aprobación de una Ley de Amnistía. Es claro que, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la amnistía se ha constituido como un instrumento del Estado de derecho para sociedades que han salido de un conflicto. De la lectura integral de la iniciativa de ley enviada por el Ejecutivo federal no se advierte la temporalidad o naturaleza del conflicto que da lugar a esta amnistía, más allá de una alternancia política. La ausencia de este conflicto hace que la amnistía adquiera un carácter distinto al previsto en su naturaleza jurídica internacional y en este caso se convierte, más bien, en una sustitución política de las funciones constitucionales del sistema penal acusatorio. Esta sustitución, que a mi parecer es arbitraria, confirma su naturaleza discrecional al establecer un listado de delitos susceptibles de la extinción de la acción penal, sin tener un nexo lógico en común ni la atención particular de un problema social concreto. Pues si nosotros revisamos el dictamen no encontramos por qué o cuál es la razón porque sean esas conductas y no otras. Por ello, lejos de ser un instrumento que favorezca la procuración de justicia, daña al modelo de Estado de derecho que todos aspiramos a construir y fortalecer. El artículo 20 de nuestra Constitución, en su fracción I, señala que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos: proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen. Efectivamente, si nosotros leemos esta disposición constitucional, vemos que la Ley de Amnistía, al ignorar a las víctimas del delito, pues está contraviniendo lo que establece nuestro marco constitucional, porque se ignora a la parte que ha sido vulnerada en su derecho. Me parece desafortunado que mediante este mecanismo se renuncie también, implícitamente, a los mecanismos legales, de los cuales ya dispone el Ministerio Público para la terminación de una investigación, como los acuerdos reparatorios y los criterios de oportunidad. Criterios de oportunidad, justamente, que están construidos para despresurizar el sistema. Nuestro sistema penal acusatorio está diseñado no para tener más personas en la cárcel, al contrario: para provocar la conciliación, para reparar el daño a la víctima. Esa es la piedra angular del sistema penal acusatorio, que simplemente se hace de lado porque en lugar de generar acciones y para fortalecer al sistema, lo que se hace es generar una salida fácil. Al omitir la posibilidad de resolver los casos que se plantean mediante estos mecanismos institucionales, estamos mandando una señal equivocada acerca de cuáles son las vías idóneas para el acceso a la justicia, pues estamos creando el precedente de que a la justicia se llega mediante la política y no mediante criterios imparciales de un juez. La naturaleza de la función legislativa tiene que ver, compañeras y compañeros, con el fortalecimiento de los instrumentos legislativos que a su vez hagan más fuerte y más sólido nuestro sistema jurídico. No tenemos que ver con suplantar la función jurisdiccional o la función de procuración de justicia. Me parece que el planteamiento de los delitos es peligroso y no necesariamente coincide con la voluntad que aquí se ha expresado. El delito de robo simple, por ejemplo, supera con creces el criterio mínimo de 100 veces el salario, con el cual se establece el llamado romo famélico. Finalmente, es desafortunado que a partir de un artículo transitorio se infrinja directamente el pacto federal y la soberanía de los estados para determinar en sus propias legislaciones, con la intervención directa de la Secretaría de Gobernación, que se le habilita para promover esta ley en las entidades federativas. En efecto, como ya se ha dicho, el efecto de una ley federal no infiere sobre los delitos del fuero común. Pero esta facultad que se le está dando a la Secretaría de Gobernación hace potencialmente peligroso que esto llegue a las legislaturas de los estados por medio de una intromisión indebida del Ejecutivo federal. En Acción Nacional rechazamos la criminalización de la pobreza. Hemos defendido y defenderemos siempre la eminente dignidad de la persona humana, los derechos humanos y los derechos...