El senador Alfonso Elías Serrano: Con el permiso de la Presidenta. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, pedí el uso de la palabra para hacer unas reflexiones en apoyo del punto de acuerdo presentado por el senador Calzada. El pasado 8 de enero entró en vigor el acuerdo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que autoriza el ajuste, modificación y reestructuración a las tarifas de energía eléctrica, otorgando, por un lado, algunos descuentos en las tarifas aplicables a la industria y al comercio, pero por el otro lado, reduciendo el subsidio a las tarifas de energía eléctrica de consumo doméstico. A partir del día primero de enero de este año quedó sin efecto el congelamiento de las tarifas de luz doméstica que había autorizado la Secretaría de Hacienda, con el argumento de que esta medida beneficiaba solamente a los que más tienen o a los que más consumen energía. Sin embargo, para quienes habitamos en las regiones con mayores niveles de consumo de energía debido a las altas temperaturas en verano y a las bajas temperaturas en invierno, no resulta aplicable el criterio de que el que más consume es el que más tiene o el que más consume, más se beneficia, pues en las regiones calurosas la luz eléctrica o la electricidad es una necesidad, no es un lujo, más aún si tomamos en cuenta que cada año las temperaturas han registrado incrementos. Por ello, en los hogares de las zonas calurosas el porcentaje que destinan las familias para el pago del recibo de la luz es mucho mayor al que cubren otras familias en regiones menos extremosas. Por tanto, del total de los escasos ingresos de una familia común, la mayor parte se va a pagar el recibo de la luz y les queda menor porción o proporción para hacer otros gastos indispensables para el sustento familiar, como es la salud o la educación. Pero además, por razones de seguridad, de salud, de higiene o para preservar la calidad en la educación, las escuelas públicas se han visto en la necesidad de instalar aparatos para refrescar el ambiente, para que los estudiantes tengan, por lo menos, las condiciones mínimas necesarias para el aprendizaje, lo que ha mermado el presupuesto educativo. Por ejemplo, en el estado de Sonora, el gobierno estatal destina más de 150 millones de pesos solamente para el pago del recibo de la luz de los planteles escolares públicos, recursos que bien podrían aplicarse en otras cosas, por ejemplo, para el otorgamiento de becas de estudiantes o al mejoramiento de las instalaciones de las escuelas. También esto ocurre con los hospitales públicos, con las clínicas públicas. La mayor parte del presupuesto, por lo menos en las regiones calurosas, se les va en pagar el recibo de la luz y luego no les alcanza el presupuesto para tener medicinas suficientes y el servicio médico necesario. Por otro lado, los criterios de ubicación de un municipio o región dentro de una tarifa determinada, ignoran las condiciones extremosas del clima de una zona, ya que exigen temperaturas promedios por varios años para fijar una determinada tarifa preferencial, cuando en muchos casos las temperaturas son muy altas en el verano y muy bajas en el invierno; por lo que tanto el promedio no corresponde a la necesidad que tiene la gente de contar con el apoyo en la tarifa cuando hace mucho calor o cuando hace mucho frío. Pero la industria, el comercio y los servicios también resultan afectados por estas medidas, pues los descuentos autorizados por Hacienda en las tarifas aplicables a estos sectores los cuales en realidad se contrarrestan con los incrementos mensuales de las tarifas aprobadas en el mismo decreto. Esto provoca o impacta gravemente en la competitividad del sector productivo de nuestro país. Por otro lado, la composición de las tarifas generales de acuerdo al horario de consumo, igualmente es un freno a la inversión. Por ejemplo, la tarifa HMC tiene un costo promedio de 71 centavos el kilowat-hora en horario base y en el horario punta, esta misma tarifa promedia un peso con 80 centavos, es decir, 150 por ciento más que la tarifa más baja o el horario más bajo en la misma tarifa. En este sentido la política de fijación de tarifas en la energía eléctrica debe evolucionar, pasar de un criterio primordialmente recaudatorio, al de un criterio tomando en cuenta la competitividad del país y la economía familiar y con la premisa de que las tarifas sean equitativas, proporcionales y adecuadas a las condiciones climatológicas y regionales en el país. Es cuanto diputada Presidenta.