El diputado Alejandro Chanona Burguete: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, el tráfico de personas, particularmente de mujeres y niños, es uno de los delitos transnacionales contemporáneos más comunes y rentables y, hay que decirlo, el más perverso. Para ello, la comunidad internacional se ha visto obligada a instar a los estados a tratar de eliminar a la brevedad esta práctica. Sin embargo es una actividad creciente y tan lucrativa como el tráfico de armas o de estupefacientes. Por esta última razón, urge que se tomen medidas efectivas para combatirla en México, no solamente por los que se van, sino por los que entran a nuestro territorio. Naciones Unidas estima que el tráfico de personas mueve anualmente entre 5 y 7 miles de millones de dólares, y tiene como implicaciones la movilización de 4 millones de personas que se ven desplazadas ilegalmente de un país a otro. A diferencia del comercio de drogas y de armas, las penas previstas para el tráfico de seres humanos en muchos países, incluido el nuestro, son inferiores a aquellas, como decía, del tráfico de drogas y de armas. Por ello es de suma dificultad sancionar a quienes promueven estas acciones, pues las víctimas generalmente están en otro país, sin documentos y cuando se les descubren, las redes son objeto de procesos de deportación humillante, pues son encerradas, incomunicadas y devueltas a los países de origen, no como víctimas, sino como criminales. En México, el tráfico de indocumentados incluye desde redes de prostitución y explotación de mujeres y menores, hasta aquellas personas o grupos que hacen negocios con quienes desean trasladarse a otro país, sin papeles oficiales y, desde luego, en busca de oportunidades. En la comisión de este delito, los traficantes de indocumentados utilizan modalidades sumamente riesgosas que siempre ponen en peligro la vida de las personas. Baste ver el cruce del Río Grande, en la frontera norte. Además, el tráfico suele acabar aquí, ya que los traficantes pueden seguir interviniendo en el destino del trabajo y en la estancia de las personas traficadas. Por si fuera poco, muchas autoridades migratorias, muchas, desde luego, incluidas las mexicanas, maltratan, discriminan, segregan e incluso tratan a niños menores, sobre todo a mujeres, de una manera inhumana. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en México, prevé en el artículo 2o., fracción III, como delito de delincuencia organizada, el tráfico de indocumentados, y para determinar la configuración de este tipo penal, nos remite al artículo 138 de la Ley General de Población. El bien jurídico protegido que regula este artículo es el registro y control de los movimientos migratorios del país, el cual desde nuestro particular punto de vista debe de ser tutelado por el Estado mexicano y en consecuencia, el tráfico de personas es un delito que debe perseguirse de oficio por el Ministerio Público, lo cual no ocurre. La Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece penas severas para la comisión del delito de tráfico de personas, y generalmente sólo es posible con el contubernio de redes criminales bien organizadas y coludidas con autoridades locales. Pese a la dureza que aplica nuestro marco jurídico al tráfico de personas, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada ?subrayo? no se corresponde en la Ley General de Población, concretamente en el artículo referido a las sanciones, que es el artículo 143 en comento, en donde prevé, en los delitos a que se refiere esta ley: El ejercicio de la acción penal estará sujeta ?subrayo? a la querella en cada caso que formule la Secretaría de Gobernación. Señores legisladores y señoras legisladoras, aquí está el problema. Éste es el dique que impide hoy en día justicia pronta y expedita para los indocumentados en México. Abundaré brevemente al final de mi intervención. En el caso de tráfico de personas, particularmente de indocumentados, es indispensable que se inicie una investigación sin que sea necesaria la denuncia previa y que se ejercite la acción penal correspondiente, dado que los bienes jurídicos protegidos interesan ?ya dije? al Estado. Ésta es una regla que opera para la persecución de los delitos denominados "de oficio". Con la redacción actual del artículo 143 de la Ley General de Población, resulta necesario que la Secretaría de Gobernación ?insisto?, a través del Instituto Nacional de Migración, cubra el requisito de presentar la querella para dicho evento. Luego hay que integrar la averiguación previa, y luego, de existir elementos suficientes, se consigna a un juez de distrito. Señoras legisladoras y señores legisladores, largo camino; hasta me cansé de leerlo. Obviamente la ausencia de querella retarda la actuación del representante social en las diligencias iníciales. Convergencia considera que hay que suprimir de la Ley General de Población el requisito que establece el artículo 143. También proponemos, en el espíritu de esta iniciativa, que se incluya la tentativa en todos los supuestos en el artículo 138 de la ley referida. Para concluir, compañeros legisladores y compañeras legisladores, me parece que esta LX Legislatura aportaría mucho a los esfuerzos que a nivel nacional e internacional se realizan contra el tráfico de personas si aprobamos, a la brevedad, las reformas previstas para adicionar el artículo 138 y derogar el 143. Insisto. Tengamos en cuenta que quienes trafican con personas cometen un delito de lesa humanidad y lucran con las necesidades de quienes menos tienen al amparo, insisto, de un problema sustantivo y estructural en México que se llama "impunidad". El Estado mexicano debe salvaguardar la integridad y los derechos humanos de toda persona, no importando nacionalidad, en territorio nacional, y hacia el cumplimiento de ese objetivo se dirige el espíritu y la letra de esta propuesta. Señor presidente, le solicito que el texto completo de mi iniciativa se incluya en el Diario de los Debates, al igual que las expresiones de mi exposición. Es cuanto, señor presidente.