El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Gracias, diputado presidente. Honorable asamblea, son muchos los factores que confluyen en la vida de miles de mexicanos que los han arrojado a la marginación. Para algunos los servicios de salud no son suficientes o no son dignos, para otros la falta de trabajo les impide tener una vida plena, para muchos la violencia los hace presos en las esquinas y les arrebata su tranquilidad y sosiego. La discriminación aplasta y segrega, la distancia entre la gente nos divide. En la fracción del Partido Verde Ecologista de México somos conscientes de nuestra realidad dolorosa en ese grado que se acentúa cuando tenemos en cuenta que vivimos en un Estado democrático de derecho, en una democracia como una forma de convivencia política, social y jurídica en la que lo que se hace debe manifestarse a ultranza para beneficio del pueblo; democracia en la que todos deben ser oídos para tomar las decisiones que, al menos con la mayor generalidad posible, cumpla ese objetivo. En toda la historia y en todo el planeta hay líderes, una figura paradigmática es Mahatma Gandhi en la India. Él demostró que sin ejercer ningún acto de violencia ni de resistencia se pudo liberar a una nación del yugo impuesto por una de las potencias más poderosas del orbe. Sólo a él se atribuye el éxito de la resistencia civil pacífica, actos verdaderos de oposición que no violentaron la tranquilidad y la seguridad pública, actos que generaron un clima de legitimación de tan alto nivel que desembocó en la independencia de su país. El valor de Gandhi en este movimiento se debió a la máxima racional de obrar de modo tal que el actuar sea un ejemplo para todos. La historia de México no podría ser más abundante de ejemplos sobre actos de violencia, pero es más rica aún con respecto a actitudes nobles. Son las posiciones divergentes e incluso contrarias las que siempre nos han enriquecido, porque un Estado democrático es aquel en el que las voces de todos se escuchan. Y es en ese contexto que los opositores del gobierno no sólo son convenientes, sino necesarios en la medida en que constituyen la voz y el sentir de una minoría social pujante. A lo largo de los últimos años México ha venido construyendo las instituciones a través de las cuales se logre afianzar un mismo propósito que todos los mexicanos nos hemos planteado, la gobernabilidad democrática con estabilidad. El reclamo de nuestra gente se atiende y se seguirá atendiendo cada vez con más vigor, porque su sentir y sus demandas se han canalizado siempre a través de las formas y conductos que establece la ley. México tiene hoy un Congreso cada vez más representativo. Ningún Estado democrático se erige en el aire, siempre requiere de los cimientos firmes del derecho y con él de sus instituciones. Errada e ignominiosa es la apreciación de algunos que se ufanan de mandar al diablo las instituciones. Los actos vandálicos perpetrados el sábado pasado, en las proximidades de este recinto legislativo o en el Centro de la Ciudad de México y en las cercanías de la Columna de la Independencia, no constituyen un reclamo legítimo del pueblo mexicano, no es la voz ni el sufrimiento de la mayoría, ni si quiera de los que sufren. La percepción de los que ven en el esfuerzo de México un Estado putrefacto constituye una visión distorsionada de la realidad, una postura que más bien se ajusta a una agenda de intereses personales en la que quienes la enarbolan se conciben como vencedores en su propósito en la misma medida en la que la mayoría de los mexicanos se tropiezan y pierdan; un anarquismo premeditado, cuyo fin perverso consiste en volverse profetas de una desgracia por ellos mismos construida; sueños de gigantismo que han hecho del descrédito, la violencia, la cerrazón y la agresión un modo de operación. El pueblo de México no quiere seguir ese camino. Condenamos enérgicamente y categóricamente los acontecimientos que tuvieron lugar el primero de diciembre pasado. En el Partido Verde reprobamos lo que hicieron, así como cualquier acto que, con el mismo propósito y de quien venga, se lleve a cabo fuera de las limitaciones y condiciones que prudencialmente fijen las leyes. Demandamos que se realicen a fondo las investigaciones y que tras que se identifiquen y procesen a los responsables, se les haga y se les imponga el castigo que establece la ley. Exigimos que se esclarezcan los hechos y que se descubra a los que desde la sombra manipularon a los jóvenes. La revelación de su identidad, de sus intereses y objetivos constituye una razón de seguridad nacional.