El diputado Rubén Acosta Montoya: Con su permiso, presidente. La competitividad de un país es fundamental para alcanzar su desarrollo y crecimiento; sin embargo, para ello es necesario forjar un sistema económico sólido, con herramientas legales que permitan que el Estado sea capaz de eliminar barreras a la libre competencia y concurrencia económica mediante la detección, combate y prevención de esas mismas barreras. La falta de competencia es también una de las más grandes barreras en la lucha contra la pobreza y la desigualdad y es un freno a la inversión y al crecimiento. El presente dictamen tendrá un gran impacto positivo para nuestro país; nos permitirá conformar una nación más equilibrada económicamente hablando, con un sistema de impartición de justicia especializado en el tema de competencia económica poniendo fin a los grandes abusos que la población enfrenta, incluyendo los micro y pequeños empresarios, por tener sólo uno o dos proveedores de algunos bienes y servicios que son fundamentales para el bienestar social y la actividad económica de nuestro país. Es importante señalar que con la sensibilidad y gran capacidad de negociación de los integrantes de la Comisión de Economía y, en particular de su presidente el diputado Mario Sánchez Ruiz -a quien felicito-, se logró escuchar a distintos actores y agentes económicos a través de un foro y de quienes se retomaron algunos comentarios que se lograron convertir en más de 100 modificaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo federal a finales de febrero de este año. Entre las más relevantes se encuentran la definición de barreras a la libre competencia y concurrencia, y aclarando que en el articulado del dictamen que lo que determine la Cofece como medida, será en las proporciones necesarias para eliminar los efectos anticompetitivos incluyendo en ello la determinación de insumos esenciales y la desincorporación de activos. Además, las resoluciones que nazcan de un procedimiento iniciado de oficio o a petición del Ejecutivo federal por parte de la Cofece que determinen barreras a la competencia y la libre concurrencia, el acceso a insumos esenciales e incluso la desincorporación de activos, deberán ser votados por lo menos por cinco de los siete comisionados que integran la Cofece. Lo mismo pasa con las guías, lineamientos, criterios y demás disposiciones jurídicas que pretenda emitir la Cofece para eliminar barreras a la libre competencia y concurrencia. En lo correspondiente a las investigaciones iniciadas de oficio o por solicitud del Ejecutivo federal, se respeta la opción del agente económico que pudiera ser afectado con estas investigaciones en presentar un programa alterno que permita eliminar esas barreras a la libre competencia y concurrencia. Asimismo, se establece en el artículo 94 de este dictamen de manera muy atinada y, siendo congruentes con la tendencia internacional en esta materia de competencia y libre concurrencia, que una de las medidas a aplicar que es la que más ha causado polémica, que es la de desincorporar activos y enajenar los mismos, será aplicable sólo como una medida única después de agotar todas las demás que se puedan hacer para eliminar las barreras a la libre competencia y concurrencia. En lo correspondiente a la posibilidad de determinar la existencia de insumos esenciales, permitirá de manera práctica y real mejorar las condiciones del mercado de nuestra economía beneficiando con ello sobre todo a pequeños productores que enfrentan una barrera con proveedores únicos. Este tema se fortalece en el dictamen siendo congruente con las prácticas internacionales al incorporar a través de éste como requisito previo de análisis para poder determinar un insumo esencial, que el agente económico que esté siendo investigado sea primero declarado como agente que ejerce prácticas monopólicas absolutas o relativas o, incluso, que haya sido determinado como preponderante por el Ifetel, además de tener que analizar las circunstancias bajo las cuales el agente económico investigado llegó a controlar el citado insumo esencial. El dictamen establece procedimientos que en todo momento respetan las garantías de audiencia y legalidad de los agentes económicos investigados en los que se puede presentar pruebas y alegatos antes de que exista una resolución, pero estos procedimientos en todo momento cumplen con la independencia que nos pide la Constitución en el artículo 28 constitucional de que la autoridad que investiga no es la misma que puede resolver en contra del agente investigado. En materia de resoluciones y sanciones, las mismas afectarán al agente económico investigado hasta que causen estado y se fortalece a la iniciativa al establecer una prescripción a la reincidencia. Para nuestro grupo parlamentario es de gran relevancia manifestar el voto a favor del dictamen a discusión y solicitamos a las demás fuerzas políticas votar a favor de este dictamen, ya que es uno de los trabajos legislativos que tendrá un impacto directo positivo sobre los consumidores al tener acceso a mejores productos y servicios y a mejores precios, además de ser una herramienta que permitirá elevar la competitividad de nuestro país. Es cuanto, presidente.