EL DIP. MIGUEL ÁNGEL TOSCANO VELASCO: Gracias, diputado Presidente. Presento el proyecto de iniciativa de decreto que presenta el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley General de Deuda Pública, y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. El Constituyente de 1824, tuvo la tarea de resolver sobre la residencia de los poderes federales en el contexto de la instauración del sistema federal en nuestro país como una forma de mantener la unidad de la naciente nación mexicana. La vida institucional y política del Distrito Federal en 1824, surgió de una discusión que habría de durar prácticamente dos siglos; se planteó el problema que podían enfrentar dos soberanías en un mismo territorio al conformarse la República Federal y su asiento territorial para el funcionamiento de los poderes de la Unión. La pugna surgía del enfrentamiento entre un gobierno que administraba el espacio territorial y resolviera los problemas que enfrentara su población, y la necesidad de que los poderes federales no se vieran obstruidos en su funcionamiento por el ejercicio de dicho gobierno local. El Constituyente de 1917, incorporó el artículo 43 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al Distrito Federal como parte integral de la Federación y mantuvo las disposiciones de que las funciones ejecutiva y legislativa del Distrito Federal correspondiera a los gobiernos federales. Con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 10 de agosto del 87, en 1988 el Distrito Federal contó con una Asamblea de Representantes, cuyos integrantes eran electos por los ciudadanos de la capital. En virtud de la reforma promulgada el 22 de agosto del 96, dicho órgano colegiado se transformó en una Asamblea Legislativa, integrada por diputados electos. Aunque la Asamblea de Representantes tuvo desde su establecimiento la función de vigilar a la Administración Pública de la ciudad, por medio de atribuciones que fueron transferidas de la esfera competencial del Presidente de la República, en su origen no tuvo facultades para participar en la orientación del desarrollo y financiero de la ciudad, como la aprobación de las contribuciones locales y el presupuesto de la ciudad, ni los mecanismos que permitieran la contratación de la deuda. Por lo que respecta al régimen jurídico para la deuda del Distrito Federal, el artículo 73, fracción octava de la Constitución Política, ha establecido desde su concepción por el Constituyente del 17, que el Congreso de la Unión tiene facultad para dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo Federal pueda celebrar empréstitos sobre el crédito de la Nación, aprobar dichos empréstitos y reconocer para mandar pagar la deuda nacional. Posteriormente, mediante una reforma constitucional en el 93 se estableció que dicho Congreso tiene la facultad de aprobar los montos de endeudamiento que deben incluirse en la Ley de Ingresos del Distrito Federal que se requieran para el financiamiento del Gobierno del Distrito Federal y las entidades del sector público. Las reformas de 1996 representaron un importante paso en la transición política de la ciudad. No obstante la evolución de la normatividad, el artículo 122 fracción III de la Constitución reitera como facultad del Congreso de la Unión la de aprobar anualmente los montos de endeudamiento que en su caso requiere el Gobierno del Distrito Federal; por lo tanto, considerando que según los artículos 43 y 44 de nuestra Carta Magna, el Distrito Federal es parte integrante de la Federación y que la ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos y que dicha naturaleza lo perfila como una entidad sui-géneris en nuestro orden constitucional. Esta iniciativa reconoce por un lado los avances ya alcanzados desde anteriores reformas y pretende precisar la autonomía del Distrito Federal en materia de deuda pública. Considerando que la evolución del marco jurídico ya ha sido enfocado primordialmente a la apertura y promoción de nuevos espacios de representación y participación política de los ciudadanos a fin de dotarlos con oportunidades plenas de acceso a las decisiones colectivas. Que las reformas constitucionales de 93 y de 96 han dado por resultado la existencia de un órgano propio encargado de legislar en un número amplio de materia de interés local, así como la elección de su Jefe de Gobierno y de los titulares de las unidades político administrativas en que se divide su administración territorial por voto universal, libre, directo y secreto. Considerando que toda reforma al marco jurídico del Distrito Federal además de promover y construir nuevos espacios de representación y participación, debe buscar una definición más clara de las competencias de las Administraciones Pública, local y Federal. Que los ciudadanos habitantes del Distrito Federal han manifestado reiteradamente, por distintos medios, su voluntad de adquirir la mayor autonomía posible para su Gobierno económico interior pero respetando y fortaleciendo siempre el papel propio del Distrito Federal como capital del país. Considerando que ante la evolución que ha tenido la autonomía económica y administrativa del Distrito Federal al igual que su desarrollo como ciudad, se hace necesario una reforma para que la autoridad local esté en posibilidad de procurar de manera directa una correspondencia entre los ingresos y gastos a través de una programación financiera plena y propia. Esta iniciativa propone modificar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la fracción VIII del artículo 73 y el artículo 122 a fin de suprimir la facultad del Congreso de la Unión para aprobar anualmente los montos de endeudamiento que requiere el Gobierno del Distrito Federal y la obligación del Presidente de la República para rendir al propio Congreso de la Unión los informes correspondientes al ejercicio de dicha deuda, precisando además del sistema de distribución de facultades entre el Poder Legislativo Federal y Asamblea Legislativa. También proponemos modificar el artículo 31 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para transferir la facultad del manejo de la deuda del Distrito Federal al Gobierno del Distrito Federal, en lugar del Gobierno Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se propone modificar los artículos 1 fracción II, 9, 10 y 12 de la Ley General de Deuda Pública para precisar que dicho ordenamiento no aplicará más que para el Distrito Federal. Así mismo y como consecuencia de lo anterior, se propone modificar los artículos 24 fracción II, 32 fracción IV, 42 fracción III y 67 fracciones XIV y XV del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal a efecto de eliminar las disposiciones que facultan al Congreso de la Unión y al Presidente de la República en materia de deuda pública del Distrito Federal. Se plantea que tanto el artículo 122 constitucional como el estatuto de Gobierno precisen para el Distrito Federal las condiciones del endeudamiento específicas, acordes a la sede de los poderes y capital de los Estados Unidos Mexicanos. El sentido de estas modificaciones obedece a la decisión de facultar a la Asamblea Legislativa para legislar bajo el principio de mayoría relativa en materia de deuda pública, así como de aprobar el endeudamiento público del Gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público y revisar el ejercicio de los recursos provenientes del mismo, acercándolo más a la regulación de los Estados. Con respecto a los artículos transitorios se establece el día en que entrará en vigor considerando la necesidad de contar con el tiempo razonable para adecuar y modificar el marco jurídico vigente. Se señala también que a partir del ejercicio fiscal del 2005 y en tanto la Asamblea Legislativa aprueba por el principio de mayoría relativa el marco jurídico específico para la deuda pública del Distrito Federal, en dicha asamblea deberá discutirse y en su caso aprobarse al Ejecutivo Local cada una de las operaciones de pasivo que representen deuda. El Congreso de la Unión autorizará, por última, ocasión un techo de endeudamiento para el Distrito Federal para el ejercicio fiscal del 2004. Por lo tanto, el Congreso de la Unión también ejercerá sobre dichos recursos facultades de fiscalización sobre su correcta aplicación, ya que siendo recursos aprobados por un Poder Federal deberán ser revisados por un organismo de carácter federal. Finalmente, se derogan las disposiciones que se opongan a las reformas establecidas en el decreto que se propone, salvo aquellas que se encuentren en los supuestos previstos por los artículos transitorios anteriores. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se somete esta iniciativa que no va a haber lectura y le pido al Presidente la inscriba íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Firman los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, Patricia Garduño Morales, diputado Federico Doring Casar, diputado Juan Molinar Horcasitas, diputada Margarita Zavala Gómez del Campo, diputado Jorge Triana Tena y el de la voz, Miguel Angel Toscano Velasco. Es tanto, señor Presidente. -