La diputada Karina Labastida Sotelo: Muchas gracias, presidenta. Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, a nombre de la diputada que suscribe Elizabeth Vargas Martín del Campo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al tenor de la siguiente Exposición de motivos En un estado constitucional moderno, basado en la división de poderes y en el reconocimiento de los derechos humanos y las libertades civiles, los jueces ostentan la administración de justicia; es decir, la aplicación del derecho derivado de una valoración de elementos de convicción y procedimientos establecidos en las leyes. Derivado de una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todos los jueces del Estado mexicano, de conformidad con el artículo 1o constitucional están facultados para inaplicar las normas generales que a su juicio consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los Tratados Internacionales de lo que el Estado mexicano es parte. El establecimiento de derechos humanos en instrumentos jurídicos de la Comunidad Internacional en la primera mitad del siglo XX, fue uno de los acontecimientos históricos más significativos de la humanidad, porque permitió la edificación de mecanismos procesales que han servido para su exigibilidad y paulatino reconocimiento. En ese contexto, la administración de justicia admite la intervención del Poder Ejecutivo quien mediante la estructuras fiscales emprende el inicio de la acción penal, aporta elementos al juzgador y constituye un agente distribuidor de la responsabilidad. Finalmente, en la administración de justicia el Poder Ejecutivo puede hacer uso de su atribución del indulto. El indulto es una institución jurídica extraordinaria, que a pesar de que los ordenamientos jurídicos de los estados democráticos la contemplan, constituye una excepción al normal funcionamiento de la administración de justicia, ya que en su virtud el Poder Ejecutivo puede declarar extinguida o modificada la pena impuesta por un juez o Tribunal en una sentencia firme. Por lo que representa una prerrogativa asignada al presidente de la República, cuya finalidad no es modificar la realidad jurídica de un acto ilícito, ni perturba la ilegalidad en cuanto tal, sino que opera sobre su sanción, sea para excluirla o para mitigarla. Por lo anterior, el eje transversal de esta propuesta plantea evitar que el Poder Ejecutivo federal no pueda conceder el indulto a quien haya sido declarado culpable por delitos de lesa humanidad, bajo un proceso judicial impecable. Entendiendo la lesa humanidad de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que comprende las conductas tipificadas como homicidio, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, tortura, violación, prostitución forzada, esterilización forzada y encarcelación o persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, raciales, étnicos, de orientación sexual u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente en contra de la salud mental o física de quien los sufre, siempre que dichas conductas se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático en contra de la población civil, o conocimiento de dicho ataque. De esta manera el indulto estaría impedido para delincuentes cuyos delitos graves sean de alto impacto. Además se armonizaría con las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, que entre otras cuestiones señala en el párrafo tercero del artículo 1º, la obligación del Estado mexicano en todos sus niveles de gobierno, sin excepción, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. De esta manera queda claro que todo derecho humano reconocido por la Constitución y los tratados internacionales genera obligaciones para las autoridades mexicanas con independencia del nivel de gobierno que ocupen o de la modalidad administrativa bajo la que estén organizadas. México posee una marcada tradición presidencialista, no obstante emprende una nueva etapa de su vida constitucional con la protección de los derechos humanos, bastante penetrada en su marco constitucional. El objeto de esta iniciativa es la eficaz protección de los derechos humanos reconocidos por la Constitución federal y demás instrumentos internacionales en la materia. Conforma a esta propuesta, la figura del indulto continuará constituyendo una prerrogativa discrecional del presidente de la república, sólo que en pleno apego a las disposiciones constitucionales en materia de derechos humanos, sin una redacción que pueda consentir una contradicción. Finalmente, cabe añadir que la Presidencia de la República cuenta con una estructura jurídica suficientemente amplia que le permita valorar los elementos de convicción de cada caso concreto que considere conceder el indulto. Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de decreto. Artículo primero. Se reforma la fracción XIV del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden común en el Distrito Federal. En ningún caso podrá concederse el indulto por delitos de lesa humanidad. Transitorios Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señora presidenta. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputada Karina Labastida. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para su dictamen correspondiente. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Se concede el uso de la palabra por cinco minutos, a la diputada Graciela Saldaña Fraire, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del Reglamento del Canal de Televisión del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y suscrita por la diputada Alliet Mariana Bautista Bravo, del Grupo Parlamentario del PRD.