La diputada Carmen Julia Prudencio González: Hago uso de la voz en esta tribuna para manifestar a nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nuestra postura a favor del dictamen que nos ocupa, emitido por la Comisión de Gobernación y Población. El objetivo de dicha minuta es, por un lado, visibilizar con un lenguaje incluyente la participación de las mujeres en los órganos descentralizados en fideicomisos públicos y en las entidades paraestatales, lo cual consideramos necesario y justo. Por otra parte, sabemos que entre las facultades y obligaciones del presidente de la República está el nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Administración Pública Federal, cuyo nombramiento o remoción no esté determinado en otro modo en la Constitución o en leyes, de conformidad con el artículo 89, fracción II, constitucional. De manera concatenada el artículo 90 constitucional en sus párrafos primero y segundo señala textualmente que: la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la Ley Orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la federación que estarán a cargo de la secretaría de Estado y definirá las bases generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo federal en su operación. En este orden de ideas existe una reforma en el dictamen que nos ocupa que otorga a los mexicanos naturalizados, por cierto, derecho otorgado constitucionalmente, la posibilidad de ocupar una dirección general en una entidad paraestatal de la Administración Pública Federal, cargo público que es designado por el presidente de la República. En relación a este último punto, de lo primero que debemos ser conscientes como legisladores es que constitucionalmente queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, por lo que la redacción vigente del artículo 21, fracción I, de la ley en análisis, es injustificada debido a que se excluye a aquellas personas cuya nacionalidad no es adquirida por nacimiento, lo cual no tiene razón objetiva alguna. Estimamos que la porción normativa vigente, ser ciudadano mexicano por nacimiento, es incompatible con el marco constitucional, además de sostenerse en prejuicios y sistemas de creencias errónea y no por proteger un mandato de rango constitucional. En resumen, en Movimiento Ciudadano no encontramos razones que justifiquen tal exigencia por no tener conexión con fin legítimo constitucional alguno. Consideramos que la redacción propuesta por la comisión dictaminadora es correcta, ya que la expresión actual viola derechos fundamentales como el derecho a la igualdad, a la no discriminación, a dedicarse a cualquier profesión, industria, comercio o trabajo, lícitos y principios pro persona. De igual manera se violentaban diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Así entonces, consideramos que es una obligación de Estado, y del cual formamos parte, el evitar toda manifestación de discriminación e intolerancia, y más aún si ello se encuentra plasmado en un orden jurídico. De permanecer vigente la porción normativa en análisis, estaríamos como poder de Estado justificando la desventaja social y la marginación política de quienes con mexicanos por naturalización. Nuestra Carta Magna señala que son ciudadanos de la República los varones y mujeres que teniendo calidad de mexicanos, reúnan además los requisitos de haber cumplido 18 años y tener un modo honesto de vivir, observando que dicho precepto no da importancia alguna al origen de dicha calidad. Otro derecho que tienen los ciudadanos mexicanos es poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión de servicio público teniendo la calidad establecida por la ley. En este sentido, de acuerdo a datos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre el primero de enero de 2010 a abril del 2013, el gobierno mexicano entregó 9 mil 503 cartas de naturalización a extranjeros. Bien, compañeros legisladores y compañeras legisladoras, el presidente de México está en todo su derecho de seleccionar a quienes serán los encargados de ejecutar y llevar a cabo las acciones para cumplir los compromisos ante los ciudadanos, pero también tienen la obligación de responder cuando los servidores públicos designados por él, cometan irregularidades y faltas u omisiones en el ejercicio de sus funciones. Recordemos también que el respeto a las facultades del Ejecutivo federal y de las entidades federativas, de establecer su estructura administrativa para cumplir los objetivos del gobierno, es parte fundamental del federalismo. Concluyo haciéndoles un llamado para que estamos atentos al buen ejercicio de la función pública, que estemos vigilantes a la correcta aplicación de la norma por parte de los titulares de la administración pública federal, siempre con el objetivo de brindar certezas y garantías que sirvan para el desarrollo y bienestar los ciudadanos. Es cuanto, señora presidenta.