El diputado Jorge Eugenio Russo Salido: El presupuesto asignado para la educación superior ha sido insuficiente, pues hace 10 años se atendían alrededor de 2 millones 600 mil estudiantes de licenciatura, y para 2017 ya tenemos 3 millones 700 mil alumnos de grado superior. De acuerdo con estudios de ANUIES, la tendencia de crecimiento del financiamiento federal a la educación superior tuvo una desaceleración en este sexenio, pues entre 2012 y 2015 se tuvo una tasa 2.9 por ciento, la cual resultó ser más baja después del sexenio de 1988 a 1994, pues la matrícula atendida creció más que el presupuesto asignado. Asimismo, la caída de los precios petroleros que se dio en 2015 trajo consigo una disminución del gasto en educación superior, pues los primeros programas presupuestarios que se afectaron fueron los fondos extraordinarios, los cuales sirven como recursos adicionales para la operación de las universidades. La falta de apoyo a la educación superior actualmente afecta a 11 universidades públicas autónomas: de Chiapas, estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco, Oaxaca, Sonora, a la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y a la Veracruzana, las cuales presentan un déficit presupuestal acumulado de casi 18 mil 700 millones de pesos. ANUIES menciona que entre las razones de la crisis financiera está el que en las universidades públicas hay plantillas laborales no reconocidas por el gobierno, las prestaciones negociadas con sindicatos que no están contempladas en el presupuesto, la inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de jubilaciones y pensiones. En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se aprobó una partida de 700 millones de pesos para el Fondo de Apoyos para la Atención a Problemas Estructurales de las Universidades Públicas Estatales 2018, a fin de continuar disminuyendo los pasivos contingentes derivados de pensiones y jubilaciones hasta su solución definitiva. Sin embargo, este programa ha tenido deficiencias operativas, lo que ha dificultado a las universidades públicas estatales acceder a este programa. La Auditoría Superior de la Federación en su informe en relación con el gasto federalizado 2016 realizó observaciones a este programa, señalando lo inoperante que resultan las transferencias de la federación de las tesorerías de los gobiernos estatales, ya que los recursos no son transferidos oportunamente a las universidades o dependencias ejecutoras, lo que provoca subejercicio. Asimismo, la Auditoría Superior de la Federación detectó que las cuentas bancarias donde las tesorerías estatales y los ejecutores de gasto reciben los recursos, no son específicas por lo que existe una mezcla de recursos con otras fuentes de financiamiento y no es transparente su administración. En general, los ejecutores del gasto no cuentan con un sistema de contabilidad gubernamental que registre de manera armónica, delimitada y específica por fuente de financiamiento y ejercicio fiscal a quién corresponden las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión pública, ni cuentan con registros auxiliares que muestren los avances presupuestarios y contables que permitan realizar el seguimiento y evaluar el ejercicio del gasto público, así como el análisis de los saldos contenidos en sus informes financieros. Se percibe pues la falta de supervisión de la instancia federal, a fin de garantizar la correcta aplicación de los recursos transferidos. Por lo anterior le pregunto, señor secretario, ¿por qué ante la ampliación de la demanda de acceso a la educación superior los recursos para las universidades públicas no se han incrementado? Para el gobierno federal la falta de cobertura de educación superior pública ¿es un problema de universidades o una oportunidad para el desarrollo económico y social de nuestro país? Finalmente, ¿cuáles mecanismos está implementando la secretaría para mejorar la atención y supervisión de los fondos necesarios para mantener la viabilidad financiera de universidades que muestran pasivos derivados de pensiones y jubilaciones? Es cuanto.