La diputada Lorena Méndez Denis: Muy buenas tardes, Presidente de la Mesa Directiva, compañeras, compañeros diputadas y diputados. El posicionamiento sobre la prohibición para salir del país a todas aquellas personas que no hayan incumplido con su obligaciones alimentarias, es una adición de la fracción VI al artículo 48 de la Ley de Migración. La libertad de tránsito prevista en la Constitución consiste en el derecho que tienen todas las personas para desplazarse o circular libremente por el territorio de un Estado, así como de entrar en él o salir y de elegir libremente en él su lugar de residencia. En concordancia con el derecho en comento, toda persona puede migrar o visitar otro país siempre y cuando no exista impedimento legal alguno, como sería el caso de quienes se encuentran siendo procesados por delitos comunes, supuesto en el cual la ley puede prohibirles salir del país. Un derecho del mismo nivel que el de tránsito, es el que tienen los niños y los adolescentes a la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, tan es así que el artículo 4o de nuestra Carta Magna establece la máxima obligación a cargo del Estado de velar y cumplir el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos, los que incluye la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como la obligación de los ascendientes, tutores y custodios de preservar estos derechos y el del Estado de prever lo necesario para propiciar el respeto de la dignidad de la niñez. Así también, el mismo precepto constitucional dispone además que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. Nuestra legislación civil vigente define a los alimentos como una contraprestación a favor de ciertas personas que la misma ley determina a cargo del padre, la madre o de los hijos según, sea el caso. La garantía y protección que debe dar al menor para el caso concreto, se darán en virtud de que la condición de inmadurez en que se encuentra para valerse por sí mismo, y a causa de que éste no ha alcanzado tampoco su pleno desarrollo biológico, psíquico ni tampoco social. Lo anterior coloca al menor en un estado de incapacidad temporal, haciendo necesaria la existencia de un pronunciamiento a cargo de una autoridad competente, con la máxima responsabilidad de preservar y proteger sus derechos. No obstante la importancia que reviste el cabal cumplimiento de la pensión alimenticia a favor de un menor de edad, según datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México, tres de cada cuatro hijos de padres separados no perciben este beneficio. Incluso existen casos de importantes figuras públicas que incumplen con sus obligaciones alimentarias sancionadas por un juez en materia familiar. Por citar alguno de éstos, el presidente de la República que ha sido señalado públicamente por evadir su responsabilidad a favor de su acreedor alimentista. En este entendido, el dictamen propuesto implica una norma de carácter general que sancionaría por igual tanto a un ciudadano, un funcionario o un servidor público e, incluso, en lo particularmente mencionado al titular del Ejecutivo federal, impidiéndole salir del país de forma legal. Por todo lo anteriormente expuesto es que es lo integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, coinciden en la necesidad del establecimiento de un control a través del cual se impida la salida del país a los mexicanos que dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias. Sin embargo, no podemos olvidar que pese a los importantes avances legislativos en nuestro país para garantizar pensiones alimenticias a los menores, muchos de los progenitores irresponsables han encontrado cobijo en las negligencias de las autoridades a la hora de hacer efectivos los mecanismos para reclamar su cumplimiento, por lo que debemos implementar los mecanismos necesarios para el estricto cumplimiento administrativo de las medidas sancionadas en la materia y con ello proteger en todo momento la vulnerabilidad de los acreedores alimenticios. Es cuanto.