El senador Isidro Pedraza Chávez: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros. Parte de la problemática de las familias en nuestro país tiene que ver muchas veces con el nivel de ingreso y las circunstancias de bienestar familiar, y nosotros hemos visto cómo nos impactan las crisis, particularmente en Estados Unidos. La de 2008, que creó una gran recesión económica y que incluso algunos todavía no se han podido recuperar de eso. Allá se empezó por la insolvencia de los créditos hipotecarios. Nosotros, en nuestro país nos impactó porque hubo desempleo, hubo baja de importaciones, incluso hubo hasta baja de la entrega de las remeses que se llegan vía de los Estados Unidos. Pero esto generó una característica. El incremento de la morosidad de los usuarios del servicio de créditos, ya sean de casas comerciales o de bancos, y que ha ido incrementando la morosidad en nuestro país, a grado tal que sí están protegidos los monopolios, pero no está protegido el consumidor. No tenemos protegido al ciudadano frente al gran poder que tienen los monopolios. Esta ley que hoy presentamos busca crear las condiciones de equilibrio entre los monopolios financieros, entre los que prestan, entre los que dan créditos al consumo, para que podamos defender su derecho, su patrimonio, particularmente garantizando el respeto a los derechos humanos. Esta iniciativa es lo que pretende. Muchos hemos visto cómo en México el consumo no se ha detenido. El ingreso de las familias sigue siendo permanente frente a la crisis y a la carestía y a lo que hay, y ¿cómo nos explicamos esta característica? Porque han sido o son sujetos de créditos al consumo en compras de autos, compra de tarjetas de crédito para despensa. En fin, ahí están los créditos que han ido generando un nivel de ingreso y de bienestar más o menos sostenido en las familias mexicanas. Pero también se vienen dando morosidades que van a afectar en largo tiempo o en corto tiempo al ingreso y el patrimonio familiar, por eso es indispensable y oportuno plantearnos esta iniciativa que tiene que ver con el decreto por el que se expide la Ley Federal de Insolvencia familiar, y una de las características, estas leyes hay parecidas a estas, se han establecido en Francia desde 1989, y están protegiendo los derechos de los consumidores, en Bélgica, en el Reino Unido desde 1986, en Alemania y en España, Colombia, en Estados Unidos de América, y en nuestro país tenemos que actualizar este marco normativo para proteger al consumidor. Hay, el 15 de mayo de 2013, ustedes deben de recordar, varios, que se hizo la reforma a la reforma financiera y había 13 decretos. Dentro de ellos se reformaban 34 ordenamientos jurídicos, y cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 en materia financiera, existen dos figuras que llamaron mucho la atención por el desequilibrio que generaban entre los usuarios de los servicios financieros y las entidades bancarias, y nos referimos al arraigo y al secuestro provisional de bienes. Y eso está ahí en la ley pendiente de que lo revisemos. Si bien ya caminó, ahora hay que revisar cómo frenamos el impacto de estas dos medidas. Y estas dos medidas llaman la atención porque el artículo 7.7 de la Convención Americana de los Derechos Humanos dice que nadie será detenido por deudas. Este principio limita los mandados de la autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios. Y luego también el 11.1 y el 11.2 que tienen que ver con el respeto a la honra y al reconocimiento de la dignidad. Y en las medidas de estos decretos, del ahorro bancario que hablan del secuestro y del arraigo, hay una violación a los derechos humanos, por eso necesitamos actualizar este marco normativo. La Ley de Insolvencia familiar propone establecer un procedimiento administrativo que permita a los usuarios de servicios financieros que se declaren en bancarrota, celebrar un acuerdo de pago con sus acreedores, bancos o casas comerciales, de modo que cumplan sus deudas en mejores condiciones. La iniciativa busca proteger la recuperación de la economía familiar o personal, normalizando la situación financiera y evitando la exclusión social o laboral. Por otro lado refuerza los esfuerzos por desarrollar en México una cultura de acceso al crédito de manera responsable a través de la información y educación financiera. La iniciativa tiene por objeto reconocer el derecho de los usuarios a servicios financieros para declararse en quiebra frente a sus acreedores para permitir a los padres y madres de familia que se encuentren en situación de insolvencia económica, gozar de un instrumento jurídico para establecer un acuerdo de pago con sus acreedores, con el fin de no afectar a la economía familiar, núcleo de nuestra sociedad. Con este proceso buscamos homogeneizar nuestra legislación a las mejores prácticas internacionales a fin de proteger el patrimonio de las familias en situaciones fuera de su control, como son los desastres naturales o el desempleo involuntario. Con el uso del crédito genera un endeudamiento difícil de manejar, las ofertas de créditos como préstamos, tarjetas o líneas de financiamientos, representan un fenómeno global el cual ha generado consecuencias que se han catalogado como graves para el bienestar familiar. Los créditos son un medio para la calidad de vida de las personas, e incluso, impulsan su avance social. Es por eso que debe de preservarse su disponibilidad a la mayor cantidad de personas posibles. Cuando un usuario de servicios financieros se enfrenta a la insolvencia en México, siendo madre o padre de familia, es inevitable la catástrofe condenándolo a perder el patrimonio y esperando que esto sea suficiente para saldar sus deudas. De lo contrario, tendría que cubrir la totalidad del adeudo que se incremente con el tiempo, sin contar con los gastos personales al ya no contar con patrimonio, si lo sacan de su casa, tiene que pagar renta, y esto eleva el nivel de gastos que pueda tener una persona con insolvencia familiar. El arraigo del deudor es violatorio a los derechos humanos, ya lo expresábamos hace rato, y está marcado en los tratados internacionales en los que México ha suscrito, por ser directamente la persona deudora que no es un delincuente y que se falta a su dignidad, y su derecho a la libertad personal, al derecho del libre tránsito y de trabajo y a la presunción de inocencia, de modo que la providencia precautoria del arraigo con la cual el juez prohíbe un posible demandado o deudor abandonar la demarcación geográfica en la cual se estableció, su juicio mercantil, se viola el espíritu al artículo 17 de la Constitución, que prohíbe sancionar con restricción de la libertad personal, a un deudor por penas de carácter puramente civil. Esta iniciativa de ley que pretende crear esta Ley de Insolvencia Familiar, son 39 artículos, 6 títulos, 2 transitorios, el título quinto establece el procedimiento de insolvencia económica como lo declara cada ciudadano que quiera declararse en situación de insolvencia familiar, del artículo 12 al 21 viene el procedimiento qué escrito debe de presentar, y el título sexto habla del procedimiento judicial donde se le pide al juez cuáles son los mecanismos que puede llevar con el deudor para poder establecer un mecanismo de insolvencia y negociar un plan de pagos en este sentido. Es cuanto, señor presidente. Gracias, por su atención.