El diputado Catalino Duarte Ortuño: Con el permiso del pleno. El dictamen que hoy nos convoca tiene antecedentes directos que no podemos olvidar, entre ellos la reforma al numeral 21 de nuestra Constitución del 2008, en donde se introdujeron los principios básicos a los que debe ajustarse la operación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre ellos la participación de la comunidad en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito, así como de las instituciones de seguridad pública. Fue propuesta de la izquierda representada en la L Legislatura la que señaló la creación del Centro Nacional de Participación Ciudadana y Prevención del Delito dentro de la estructura organizacional del sistema nacional con la finalidad de establecer el mecanismo operativo por el cual se hiciera efectivo el derecho de la comunidad para participar en la implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de seguridad. Si bien resulta acertado que el dictamen que hoy discutimos tiene su origen en una iniciativa del Partido Nueva Alianza, debemos señalar que lo que hoy aprobamos es una vieja demanda de las organizaciones de la sociedad civil y constituye una necesidad para la correcta implementación y rediseño de la política de seguridad. No obstante, no debemos exagerar. El logro que esta modificación constituye el pasado 31 de julio del 2012, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nombró a cinco consejeros ciudadanos, y que en la vía de los hechos, lo único que estamos haciendo es la legalización de una situación que de facto ya existe. El Consejo Nacional de Seguridad Pública en su Sesión XXXIII del 31 de agosto de 2012, resolvió la invitación a cinco representantes de la sociedad civil por medio de una comisión mixta integrada por diversos gobernadores y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que se abocó a partir de las propuestas realizadas por rectores universitarios. Comprendió una más amplia participación de la sociedad civil que la prevista por la iniciativa. Los nombrados fueron Alejandro Martí, presidente de México, SOS; María Elena Morera, presidenta de la Causa en Común; Héctor Larios Santillán, coordinador del Observatorio Nacional Ciudadano; Arturo Valenzuela, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, Chihuahua, y Julia Monarrez, académico del Colegio de la Frontera Norte, quienes de manera transitoria ocuparán el cargo durante dos años, supliéndose de manera escalonada, según lo consigna esta reforma legal. Es importante resaltar que el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se encuentra plenamente comprometido con la participación ciudadana, principalmente en la seguridad pública. Es por ello que en su momento propusimos que la comunidad y la sociedad civil sean quienes participen en el diseño, implementación y redireccionamiento y evaluación de todas las políticas públicas en la materia, en los tres ámbitos de gobierno para que sea la propia comunidad quien señale sus necesidades y evalúe a los elementos policíacos, de acuerdo con su desempeño. No hay mejor opinión respecto al desempeño de la función pública que la propia opinión de la comunidad; de esto, nos encontramos plenamente convencidos. Asimismo según el propio texto constitucional- la propia comunidad deberá evaluar a las instituciones de seguridad pública y, de esta manera, cumplir cabalmente con sus propios mandatos. En el dictamen que se discute hoy, debemos reconocer, se produce un gran avance en términos de la participación social; sin embargo, debemos señalar con mucha claridad, debemos estar pendientes en la designación de los ciudadanos en este tema. Deben ser ciudadanos honorables que también tengan experiencia y no solamente ello, que sean avalados por las instituciones académicas que tienen experiencia en el tema. Hay que decirlo, que lo sepan porque en muchos de los casos lo único que podemos obtener en este tema, a pesar de que el fondo de la iniciativa es buen podemos encontrar sólo la simulación. Termino diciendo. No debe ser la propuesta del ciudadano a modo del Ejecutivo, que cumpla con esos requisitos porque de lo contrario la iniciativa quedaría en papel y el pueblo de México lo que quiere es seguridad, seguridad y más seguridad. Muchísimas gracias.