La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Presidencia. El 17 de octubre de 1953, el Estado mexicano reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser electas, cuando se promulgó la reforma a los artículos 34 y 115 de nuestra Constitución. Dicho acontecimiento fue el fruto de más de medio siglo de lucha, de mujeres convencidas de que para hablar de desarrollo era fundamental que se les tomara en cuenta en la toma de decisiones. Yucatán fue el primer estado donde se reconoció el derecho a votar de la mujer, con un decreto promulgado por el gobernador de entonces, Felipe Carrillo Puerto, en 1922. Elvira Carrillo Puerto, Beatriz Peniche de Ponce y Raquel Dzib Cícero, fueron las tres primeras diputadas locales de la historia de México. El voto de la mujer se reconoció posteriormente en la legislación de San Luis Potosí en 1923 y en Chiapas en 1925. El reconocimiento del derecho de las mujeres al sufragio es, sin duda, un hecho trascendental que sentó las bases para la incorporación de más de la mitad de la población a la vida cívica y a los procesos políticos de nuestro país. Con ese reconocimiento hace 54 años —hace apenas 54 años— a las mujeres se nos consideró como ciudadanas. A 54 años de este acontecimiento, las mujeres hemos asumido como ningún otro el papel de ser ciudadano. Las mujeres son hoy en día quienes más acuden a votar, son quienes más participan en las campañas electorales, son quienes además aceptan la responsabilidad de presidir las mesas directivas en el día de la jornada electoral. Y sin embargo, a pesar de ello sólo el 20 por ciento, un poco más del 20 por ciento de esta Cámara, está integrada por mujeres. Hasta la fecha sólo hemos tenido cinco gobernadoras. Y qué decir de los municipios donde apenas llegamos al tres por ciento de presidentas municipales, sin duda existe un déficit democrático muy importante. Las cuotas ya no nos son suficientes. Ahora tenemos que estar unidas, como lo hemos dicho aquí, desde el Grupo Parlamentario de Convergencia, para luchar por la paridad. La paridad debe ser un principio de las democracias modernas. Pero no hablemos de la paridad como un simple porcentaje, no. La democracia paritaria es un paradigma político cuyos fundamentos políticos van más allá de las acciones afirmativas como los sistemas de cuotas. La paridad no es una cuestión de repartirnos el botín político en partes iguales. La paridad, como paradigma político, arremete contra la dominación y discriminación histórica que sólo fomenta una ciudadanía de segunda para las mujeres. Lo que la democracia paritaria busca es romper con un sistema patriarcal basado en prácticas autoritarias, antidemocráticas, que nada tienen que ver con la promoción del ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de las mujeres y hombres en nuestro país. Incluir la perspectiva de género como uno de los ejes transversales de las políticas de gobierno, y en particular en la vida política del país, no es una concesión. Significa que el Estado asume las responsabilidades que ha adquirido al ratificar los diversos tratados internacionales que México ha ratificado ante la comunidad internacional. En suma, la incorporación de los acuerdos firmados y ratificados por México en nuestras leyes reflejará la disposición y compromiso del Estado de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres y no sólo de los derechos civiles y políticos. En Convergencia estamos convencidos de que para que exista un verdadero motivo de la celebración de este 17 de octubre el Estado tiene que propiciar que se generen las condiciones sociales, económicas, culturales y políticas necesarias para que las mujeres puedan ejercer plenamente su ciudadanía. El ejercicio de los derechos civiles y políticos no puede seguir siendo un privilegio de aquellas quienes tenemos acceso a la educación, a la salud, al empleo, a la cultura. Tenemos que ver más adelante y trascender el discurso. Celebremos este 54 aniversario, como lo dijo la diputada Marina Arvizu, legislando para otorgar a las mujeres el espacio que les corresponde en la conducción de la nación en todos los ámbitos, tanto públicos como privados, y en todas y cada una de las esferas de la vida laboral, comunitaria, y en todos los niveles de la actuación pública: en las elecciones federales, estatales y municipales, en condiciones de paridad para garantizar la igualdad. Hemos llegado al momento en que nuestro sufragio, no sólo el de las mujeres, debe estar respaldado por los principios ciudadanos que nos permitan vivir y desarrollarnos en un ambiente de relaciones sanas, justas y equitativas en las familias, en el trabajo y en la comunidad. Sin mujeres no hay democracia. Muchas gracias.