La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Lo que vivimos hoy en México nos recuerda gravemente a la dictadura de Pinochet. Esto no lo dije yo, lo dijeron los diputados chilenos que vinieron a salvaguardar y a verificar que se respetaran los derechos del ahora liberado Lawrence Maxwell, en la marcha del 20 de noviembre. Así que compañeras y compañeros, ésta que pareciera una iniciativa que tiene qué ver con el reconocimiento de derechos es realmente el preámbulo y hay que decirlo con toda claridad, para una ley antimarchas, para una ley que limite la manifestación de las personas y la libre asociación de las mismas. Aquellos que digan que no, yo simplemente les preguntaría que entonces cuál es la urgencia. Qué derechos estamos violentando si no consideramos como un derecho constitucional el derecho a la movilidad. Más aun, me atrevería a decirles que hay una mala interpretación a la movilidad en la iniciativa que ustedes presentan, porque la movilidad, al menos considerada en el derecho internacional, y ésta en un análisis precisamente de la ONU, que hace sobre derechos fundamentales, es considerada como el reconocimiento del derecho de toda persona a migrar y establecer su residencia en su lugar de elección. Eso, eso es lo que es el derecho a la movilidad. No me parece que en México haya ninguna regla, norma o siquiera ley que impida a los ciudadanos mexicanos a cambia su residencia. Más aun, como ya se ha dicho en esta tribuna, los derechos constitucionales con los que ahora contamos la garantizan. Y la otra pregunta que yo haría a quienes con gran urgencia han presentado esta iniciativa, aparte de a quién estamos dañando y qué derechos estamos dañando. Yo les preguntaría, ¿por qué en este momento? Por qué en este momento, una vez que se determinó claramente que iniciativas como ésta, como en Puebla, llevan a autoritarios y déspotas a la represión, como existe en la Ley bala a la que se le tuvo que dar vuelta atrás. Yo diría, compañeras y compañeros, sin menospreciar la buena voluntad y la capacidad de quienes defienden esta iniciativa aquí, que estamos abriendo la caja de pandora y como se dice por ahí: la pradera está seca, y ustedes no solamente le están echando gasolina, sino que además le están prendiendo un cerillo. Qué es lo que van a decir los jóvenes y los miles que se manifestaron ayer, cuando un juez o cuando alguien, alguna autoridad determine porque tampoco conocemos cuál será el contenido de la ley general, que las marchas se tendrán que hacer en horarios específicos y a través de las banquetas como ya se ha hecho en otros países. Miren, no es que yo sea malpensada, pero ejemplos como el de la Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, Libia, Reino Unido, y repito Libia, Reino Unida, Rusia y Venezuela han utilizado medidas como ésta para que las manifestaciones en el nombre del orden ahora resulta que no podrán darse en la manera y en la forma en que los ciudadanos que tienen derecho a libre asociación y a libre manifestación de las ideas puedan expresarse de la manera que mejor les parezca; es decir, estos países son el ejemplo claro de la utilización del derecho a la libre movilidad de forma punitiva. Más aún, yo les diría, y les pregunto a quienes apoyan esta iniciativa y este dictamen, lo que ya se ha dicho en esta tribuna, la adenda que quiso pasar desapercibida contra todo reglamento, lo voy a señalar, no hay fundamento ni normativo ni reglamentario para subir la adenda que subieron hoy aquí y que pareciera completamente inofensiva, no es inofensiva. Porque dice que el Estado deberá garantizar el derecho a la movilidad a través de una ley general. Entonces ¿qué es lo que vamos a tener después? ¿De qué manera el Estado o los Ejecutivos o los gobernadores que se han caracterizado algunos de ellos por ser muy democráticos y dejar que la gente salga a movilizarse, de qué manera vamos a evitar que se reprima a la libre manifestación en las calles cuando la gente tiene algo que decir y no esté de acuerdo con el Estado? Estamos entonces aprobando un derecho, sí, que podrá tener que ver con libertades, pero libertades que no sean ya consideradas ya en la Constitución. Hago un reto intelectual para que alguien venga y me diga aquí qué derecho no está contemplado en la Constitución y que sí esté contemplado en éste, o qué derecho estamos violentando o qué derecho le estamos violentando a los ciudadanos al no aprobar esta iniciativa, porque entonces pareciera ahí sí, y más allá de las burlas y las risas no solamente que le están pagando al Partido Acción Nacional con esta iniciativa sus ayudas, sino que estamos entrando definitivamente a un Estado autoritario, por decir lo menos, que ahora atenderá con la ley en la mano a reprimir a sus ciudadanos. Nosotros también, compañeras y compañeros diputados, estamos en contra de la violencia y estamos en contra de la violencia del Estado, porque si el Estado es el principal violentador, entonces ¿qué garantías de estado de derecho y qué garantías de contrato social nos dejan a los ciudadanos? No al preámbulo de la Ley Antimarchas y no al preámbulo de la represión, porque entonces la gente que tiene diferencias claras con el Estado no podrá ya ni siquiera poder expresarlas en las calles. Es cuanto. Yo invito a los que están cansados a que puedan subirse a la tribuna y podamos discutir este tema. Muchas gracias.