EL C. DIPUTADO FRANCISCO FRIAS CASTRO: Compañeras y compañeros diputados. La difícil situación que vive México tiene nexos directos con el estilo y el pensamiento político del gobierno de la república, ideas y decisiones cerradas han conducido a una encrucijada de dimensiones nacionales, donde estamos involucrados los partidos, los ciudadanos, los Poderes y los órdenes de gobierno. Los priístas fuimos testigos de un Tercer Informe de Gobierno contradictorio, en su primera parte el Presidente optó por la expresión optimista de datos favorables a su administración, en la siguiente prefirió la concesión de parte de cómo marcha en realidad la república. A juzgar por las cifras mencionadas tendríamos que concluir que el Presidente no necesita de las fuerzas políticas y sociales de México, sin embargo, a mitad de su sexenio el titular del Ejecutivo ha sido obligado por las abrumadoras evidencias, a reconocer que su gobierno tiene saldos negativos. No son suficientes la sinceridad y el llamado a la unidad cuando se desoyen los reclamos de mayor democracia y de bienestar en toda la nación. El Presidente convoca a los acuerdos, convencido ahora, que sin ellos no habrá avances sustanciales, pero sus palabras no tienen referencias sólidas y precedentes confiables. La cambiante textura del diálogo, las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace. La falta de negociaciones y de acuerdos concensuados, son elementos que dificultan los acercamientos. Una política interior útil a la nación, demanda cuanto impostergable equilibrio de poderes, el Ejecutivo debe aceptar en los hechos que la función de los legisladores es vigilar los intereses de la nación y que la república demande el respeto entre los Poderes y entre los órdenes de gobierno. Los asuntos nacionales bien merecen el cambio de orientación de las campañas mediáticas, que pretenden minimizar la tarea legislativa, que en las cifras registradas para la LVIII Legislatura, indican y precisan un alto índice de cumplimiento. La política interior debe ser también congruente, exige programas, hechos y acciones que alienten el desarrollo de las regiones al impulso de una visión federalista más allá del discurso y la reiteración de buenas intenciones. Necesitamos, México necesita, un Pacto Federal fortalecido; un pacto que reduzca y reoriente el gasto corriente y amplíe el de inversión; un federalismo con vocación social y no nominal. Eso queremos los priístas. Habremos de involucrarnos en una convención nacional hacendaria para lograr ampliar la capacidad de respuesta de estados y municipios a la demanda ciudadana. Así empezaremos de verdad a revertir el centralismo y la condición dadivosa e interpretativa de la vida municipal y estatal. En el gobierno de Fox, a pesar de sus pronunciamientos reiterados, federalismo y descentralización no van de la mano. Acudo a dos ejemplos concretos: El primero, en el pasado inmediato, en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación fue la intervención oportuna de la LVIII Legislatura con la participación de un gran número de gobernadores, que se evitó la supresión y disminución de los recursos federales destinados a estados y municipios. Segundo, la deficiente y centralista operación y aplicación del Fondo Nacional para Desastres Naturales, ha propiciado que estados, municipios y regiones asoladas y devastadas por diferentes fenómenos de la naturaleza, todavía estén esperando los recursos federales para atender a los cientos de miles de damnificados. Una política interior viable para el país supone un estado de derecho fortalecido en el respeto irrestricto a la ley. El México democrático a que aspira el PRI tiene como rasgos esenciales su capacidad incluyente y su tolerancia, su respeto irreductible por los derechos humanos y la suma de todas las voces en el ejercicio de la función pública. Los priístas nos preguntamos cómo es posible que el Presidente Fox externe su compromiso con el estado de derecho y con los valores de la democracia, cuando meses atrás, después de ejercer un gasto desmedido en los medios masivos en apoyo de las campañas de los candidatos de su partido, fue excitado por la autoridad electoral a detener una campaña dispendiosa y ofensiva a la condición de pobreza de millones de mexicanos. Urge que el Gobierno Federal haga posible la más amplia, plural y enriquecedora participación de la sociedad civil en los asuntos de competencia colectiva. La tarea, de enorme habilidad y decisión democrática y política, ni siquiera aparece con nitidez en el Tercer Informe a pesar de que en el Plan Nacional de Desarrollo, documento rector de la Administración Pública Federal, se dilata en subrayar la importancia de la participación de los ciudadanos en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Gran ausente en el gobierno del cambio es la ciudadanía y su participación en la vida pública. Es útil para la democracia que la política gubernamental aliente el diálogo y la participación incluyente y plural de todas las fuerzas partidistas sociales y ciudadanas del país. En seguridad y justicia la impunidad de la delincuencia se traduce en que apenas se denuncia el 30% de los delitos; lo que demuestra por cierto, la desconfianza social hacia las autoridades y las instituciones. Se informa de avances sustanciales en la aplicación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y al respecto los priístas nos preguntamos: ¿Cómo supone el Ejecutivo Federal que los gobiernos estatales registran e interpretan la ausencia de voluntad política para resolver el problema de reclusorios inconclusos por falta de la participación federal? ¿Dónde estuvo la vocación federalista del gobierno foxista en la atención de las causas penales de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez? Hoy sabemos que fue la presión de organismos internacionales protectores de los derechos humanos, los que propiciaron el involucramiento del Gobierno Federal. Habría que preguntarles a los cientos de miles de mexicanos residentes en Estados Unidos qué opinan de las cifras de accidentes y delitos cometidos en las carreteras nacionales, donde en su retorno al país son ultrajados y vejados por las propias autoridades responsables de su seguridad. Son estos mexicanos, pilares de la economía de pueblos enteros, a los que ahora se otorgan facilidades para identificar sus remesas periódicas de dinero; son los mismos que en las aduanas son hostigados u obstaculizados en el traslado a sus lugares de origen. Dónde está la política del gobierno federal hacia los migrantes que todavía son víctimas de discriminación, persecución y hostigamiento en los Estados Unidos. El gobierno de la república no escapa a la corrupción. Aunque en su Tercer Informe el presidente Fox afirme que se han eliminado los espacios para que prospere, el caso de Guido Belssaso. extitular del Consejo Nacional contra las Adicciones, lo ilustra, en tanto que el de los Amigos de Fox exhibe cómo puede fundirse lo político con lo judicial. El desempleo y la pobreza merecieron en el Informe cifras que intentaron ocultar una realidad que abruma, pero en la medida en que aumenta peligrosamente la desocupación social, se amplía la seguridad personal y familiar y late el peligro de los conflictos. El mandato del cambio opera políticamente en contener las expectativas comunitarias y en postergar el diálogo verdadero entre los partidos, las organizaciones y el gobierno. En el autodenominado gobierno del cambio no se ve proyecto, liderazgo ni claridad de rumbo; no hay resultados importantes. A tres años de distancia vemos con preocupación cómo el gobierno de la alternancia democrática no ofrece las respuestas que demanda nuestra nación. El mejor análisis de la gestión presidencial lo hizo el pueblo de México el 6 de julio último. A esta decisión, al cumplimiento de las expectativas que generó nuestra oferta política, habremos de sujetarnos. Es cuanto, señor presidente. (aplausos)