El diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo: Con su permiso, diputado Presidente: existe la plena conciencia de que los fenómenos naturales no pueden evitarse porque son producto de la naturaleza, pero sí es claro que el hombre puede mitigar las consecuencias de sus impactos a través de medidas de prevención. Hoy día se cuenta con recursos tecnológicos para predecir, con cierto margen de confiabilidad, la ocurrencia de los fenómenos de la naturaleza y, en esa medida, dar oportunidad a que las autoridades y la población puedan llevar a cabo las acciones necesarias para que la población ponga a salvo su vida y patrimonio. Ése es el sentido de las acciones de prevención. Sin embargo, también es cierto que si bien se puede prever la ocurrencia de los fenómenos naturales, es muy difícil prever sus magnitudes, por lo que a menudo provocan desastres entre la población. En este momento, las autoridades, junto con la población, deben actuar de inmediato para atender la emergencia que provoca el desastre. En nuestro país, en los últimos años se han presentado fenómenos naturales que han ocasionado lamentables pérdidas de vidas humanas y el patrimonio de sectores importantes de la población. Sólo baste mencionar que, según información proporcionada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a lo largo de dos décadas los desastres naturales dejaron pérdidas estimadas en al menos 10 mil millones de dólares. El año pasado, la prensa dio cuenta de los estragos que los huracanes provocaron en algunos estados a través de intensas lluvias, como ha sido en el caso del estado de Nuevo León. La ubicación de nuestro país en lo que se ha llamado "cinturón de fuego", donde se produce 80 por ciento de la actividad sísmica y volcánica a nivel mundial, que atraviesa México por la mitad, hace necesario que se tomen las medidas correspondientes de prevención y mitigación. De igual forma, son recurrentes los incendios forestales, las sequías y otras actividades diversas que ocasionan desastres, en los que las personas se ven afectadas, algunas con pérdidas irreparables y otras con daños importantes en su patrimonio. Por ello es momento de que las acciones de prevención tomen su lugar prioritario en la protección civil, que hasta ahora sólo actúa de manera reactiva y por demás tardía. En algunos otros casos, estas acciones prácticamente no existen, como es el caso del Gobierno del Distrito Federal. Por lo anterior se hace necesario dotar a las autoridades de los tres órdenes de gobierno de herramientas normativas y materiales para que puedan atender estas emergencias o desastres de manera eficaz y oportuna, pero sobre todo que se pueda contar con recursos para llevar acciones de prevención en donde se cuente con cierta certeza de que estos fenómenos pueden ocurrir. Éste es el espíritu de las reformas y adiciones que se presentan con la presente iniciativa de ley. En este sentido, la reforma que se propone, del artículo 29 de la Ley General de Protección Civil, establece que el apoyo del Gobierno Federal se debe dar en los términos establecidos en la misma y que se proporcionen de manera inmediata atendiendo a las posibilidades reales de participación de los gobiernos locales. Ello, en razón de que cuando se solicita el apoyo es precisamente porque operativa y financieramente estos gobiernos locales han sido rebasados. No se puede condicionar la ayuda del Gobierno Federal a participaciones bipartitas o tripartitas, a recursos que no se tienen tanto en los estados como en los municipios, cuando la población sobre todo está en desgracia. El fin último que debe mover las acciones de los tres órdenes de gobierno es proteger a las personas y su patrimonio, que en muchas de las ocasiones es producto de toda una vida de intenso trabajo. Los trámites y procedimientos burocráticos por ningún motivo deben estar por encima de este bien superior; precisamente porque son rebasadas las capacidades de estos municipios se solicita la ayuda. De ahí la incongruencia de que en ese momento se solicite una aportación como condición para el ejercicio de los demás recursos. Es necesario que los recursos federales sean liberados atendiendo a las condiciones reales que se están presentando en las zonas afectadas y a la capacidad económica de las autoridades locales que se ven superadas y no a criterios estrictamente burocráticos condicionantes del ejercicio oportuno de estos recursos. Igualmente importante es tomar las medidas necesarias de prevención para mitigar los efectos devastadores que este tipo de fenómenos provoca, por lo que con las modificaciones que se proponen se pretende incrementar de 20 a 50 por ciento los recursos no ejercidos del remanente de este fondo para la atención de los desastres y, en su caso, del fideicomiso correspondiente a que alude el artículo 32 de la ley vigente. Se insiste: lo que está en juego son la vida de las personas y su patrimonio. Cualquier esfuerzo que se haga, aun cuando sea insuficiente, siempre será la mejor inversión de los recursos de la nación. Con base en las anteriores consideraciones, se propone el siguiente decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley General de Protección Civil, en los términos de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto, ciudadano Presidente.