El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias, presidente. El mal manejo de las finanzas públicas está conduciendo a este país a un desastre mayor. Ya esto está documentado. Hoy la oportunidad que buscamos con este punto de acuerdo es refrescar la información de esta Cámara de Diputados, en una tarea que vamos a tener, se puede decir ya la tenemos, que es la elaboración del Presupuesto 2015. Y en ese sentido, la proposición de punto de acuerdo va en los términos que ya informaba el presidente de la Cámara el día de hoy. Y aumentaría que también estamos solicitando que se informe de la deuda pública neta de cada una de las administraciones estatales, municipales y de los órganos desconcentrados y autónomos en cada entidad y las obligaciones derivadas de las mismas. Asimismo se informe de los pasivos generados por los sistemas de pensiones y seguridad social en las dos últimas administraciones de los gobiernos correspondientes, tanto estatales, gobierno de la Ciudad y municipal. Yo decía, ya que en los próximos días la Cámara de Diputados se abocará a estudiar y en su momento aprobará el denominado paquete económico 2015, a partir de la propuesta que ha presentado el titular del Ejecutivo. Elemento fundamental en el paquete económico de 2015, es la atención de los requerimientos financieros del sector público, mismos que de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al mes de julio, en la administración pública federal, ascienden a 6 billones 886 mil 260 millones de pesos. ¿Por qué y para qué seguir comprometiendo los ingresos a las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos? ¿Por qué seguirse endeudando? Sólo para cubrir los intereses de la deuda del sector público presupuestario en 2014, se requieren más de 380 mil millones de pesos, el endeudamiento excesivo que se debe sumar, los pasivos y los requerimientos financieros de las entidades de la federación. De acuerdo a la información de las entidades que proporciona la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las obligaciones financieras de los estados, al mes de junio de 2014, presentan un monto de 489 mil 643.4 millones de pesos, de los cuales los estados de Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, estado de México y el Distrito Federal concentran casi 50 por ciento. Como bien se sabe, la dificultad para acceder a la información de los estados financieros de gobierno locales y municipales atiende a los altos márgenes de opacidad, discrecionalidad y falta de rendición de cuentas en el gasto público. En un esquema federalista, tanto estados como municipios deben asumir su corresponsabilidad en el desarrollo económico del país, consecuentemente deben rendir cuentas de la Hacienda pública. Con el objeto de contar con información que permite evaluar la política del gasto en el desarrollo regional, en el estudio de la Ley de Ingresos y el gasto público para el ejercicio 2015, es necesario conocer, en forma objetiva y con certeza, el estado de la deuda de cada entidad, plazos y taza de contratación y destino de la misma, así como de otras obligaciones en el tratamiento de las mismas. Pasivos a los que se deben agregar los generados por los sistemas de pensiones de los gobiernos estatales y municipales, así como de las entidades autónomas o desconcentradas de cada entidad federativa. Las deficiencias y la corrupción en el gasto público han generado un déficit que pone en riesgo cualquier proyecto de crecimiento económico. No se podrá poner orden en las economías regionales ni impulsar su desarrollo si antes no se trasparenta y se rinde cuentas del déficit generado por deuda pública. Tenemos que cerrar esta forma artificial del desarrollo, con deuda pública no se puede atender el déficit que genera la corrupción, no podemos seguir simulando estrategias de desarrollo a través de la adquisición de nueva deuda. Por ello debemos señalar, que en el proyecto de Ley de Ingresos 2015, el gobierno federal propone un monto de endeudamiento interno neto hasta de 595 mil millones de pesos y externo neto del sector público de hasta 6 mil millones de dólares. El exhorto que se presenta a los gobiernos federal y estatales atiende al principio de máxima publicidad contenido en el artículo 6 constitucional, en el ejercicio del derecho de la información pública y a la rendición de cuentas. Elementos no solo fundamentales para el combate a la corrupción, sino además, para tener las bases que permitan a esta Cámara de Diputados analizar y evaluar las políticas públicas que implemente el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la vigilancia y la aplicación de los recursos federales que se transfieren a estados y municipios. Aunado a ello, a lo expresado, como se ha expresado ya por representantes del sector privado la deuda de los estados y municipios y mide las posibilidades de inversión de la iniciativa privada. Por último, ya alguien lo dijo, lo dijo López Obrador, en otras palabras, en el 2015 por la reforma energética y sobre todo por la corrupción, la hacienda pública recibirá menos ingresos del petróleo y como la economía tampoco despegará, entre otras causas, por los aumentos de impuestos, no habrá más remedio, de acuerdo a la lógica neoliberal e irresponsable, que pedir prestado para seguir gastando y conseguir un crecimiento artificial y peregrino de la economía. Yo concluyo, como dicen en Veracruz, no es que falte presupuesto, el próximo año son 4 billones 400 mil millones de pesos. No es que falte presupuesto, de lo que se trata es de que no se lo roben. Sobran los ladrones, no falta presupuesto. Y la Cámara hoy, con este punto de acuerdo puede hacer que los gobiernos estatales, incluyo, municipales, empiecen a abrir su información y que en el próximo presupuesto pensemos muy bien si vamos a seguir endeudando a los mexicanos y mexicanas. Ojalá apoyen este punto de acuerdo.