EL C. DIPUTADO MIGUEL BARBOSA HUERTA (PRD): Efrén: Gracias por tu comprensión. "Como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 sostiene dos principios esenciales en relación con el derecho a la cultura: toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. ."Desde la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos la cultura se manifiesta en una doble dimensión: no solo es un derecho humano fundamental, sino también uno de los instrumentos y mecanismos principales para conocer y respetar los demás derechos. "Por su parte la UNESCO siempre ha hecho hincapié en los vínculos entre la cultura y los objetivos más amplios del empeño humano, actividad que forma parte de su mandato constitucional básico: la promoción por medio de las relaciones educativas, científicas y culturales de los pueblos del mundo, de los objetivos de paz internacional y bienestar común de la humanidad. "Al comienzo de su labor puso el énfasis en el diálogo intercultural como estrategia clave para la construcción de la paz. Por ejemplo, en el estudio Unidad y Diversidad de las Culturas, que se llevó a cabo en los años 50´s acerca de las diferentes culturas en el mundo y sus relaciones mutuas, así como el famoso proyecto principal relativo a la apreciación mutua de los valores culturales de oriente y de occidente, iniciado en 1957. "Esta visión de la importancia de la cultura adquirió una nueva dimensión en los años 60´s, que fueron el decenio de la descolonización, el modelo de desarrollo que prevalecía entonces ya había puesto de manifiesto sus límites y estaba empezando a ser considerado como una amenaza en potencia para la diversidad cultural. "La emancipación política de los pueblos condujo a una toma de conciencia aguda de sus propios modos de vida y empezaron a cuestionar la idea de que la modernización suponía necesariamente la occidentalización, reivindicando el derecho a contribuir a la modernidad conforme a sus propias tradiciones. Esta reivindicación fue refrendada en 1966, cuando la Conferencia General de la UNESCO aprobó la declaración solemne sobre los principios de la cooperación cultural internacional, cuyo artículo 1 dice: <<que toda culltura tiene una dignidad y un valor que deben ser respetados y protegidos y que todo pueblo tiene el derecho y el deber de desarrollar su cultura>> "Así, a finales de los años 60´s la UNESCO asumió la responsabilidad de estimular una reflexión acerca de cómo integrar las políticas culturales en las estrategias de desarrollo. La última de una serie de conferencias regionales fue la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales en América Latina y El Caribe, que se celebró en Bogota, Colombia, en enero de 1978. La Declaración de Bogotá, adoptada por los participantes, insistió en que el desarrollo cultural había de tener en cuenta un mejoramiento global de la vida del hombre y del pueblo y la identidad cultural de la que parte y cuyo desenvolvimiento y afirmación promueve. "Estas actividades en torno a la cultura y el desarrollo en rápida evolución culminaron cuatro años después aquí en México, cuando la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales aprobó definición amplia de la cultura que estableció un vínculo irrevocable entre la cultura y desarrollo. "La cultura puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan una sociedad o un grupo social. Ella engloba además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. "Como consecuencia, respecto a la cultura es evidente el rezago del derecho constitucional mexicano en relación con la imperante doctrina de los derechos humanos. En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se ha reconocido aún el carácter universal de la cultura desde la perspectiva de los derechos humanos. Por esa razón presento esta iniciativa de reformas al artículo 4º constitucional, lo dejo a consideración de este pleno, a la consideración de la Comisión de Cultura y dedico la presentación de esta iniciativa a mi compañero miembro en la Mesa Directiva, el diputado Elías Martínez Rufino". Muchas gracias y pido se dé curso y se dé trámite a las iniciativas que presenté en esta mi presentación en tribuna. Gracias. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. JAIME VAZQUEZ CASTILLO: Gracias señor diputado Miguel Barbosa Huerta. Túrnese la iniciativa presentada por el señor diputado Luis Miguel Barbosa, a la Comisión de Puntos Constitucionales para su estudio y dictamen. La iniciativa del propio diputado Barbosa Huerta, en relación con la reforma a los artículos 53, 54 y 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales. La iniciativa del diputado Luis Miguel Barbosa Huerta relacionada con la adición del artículo 400 bis al Código Penal Federal en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, túrnese a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. Insértese el texto íntegro de las tres iniciativas en el Diario de los Debates. Publíquense en la Gaceta Parlamentaria para su conocimiento. Tiene el uso de la palabra hasta por cinco minutos, el señor diputado Reyes Antonio Silva Beltrán, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa de Ley del Padrón de Inscripción Vehicular Nacional. -DIP. REYES ANTONIO SILVA BELTRÁN: Con el permiso de la Presidencia. "Honorable Asamblea: "El que suscribe, diputado Reyes Antonio Silva Beltrán, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LVIII Legislatura Federal, en ejercicio de la facultad que me confiere la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 56, 62 y 63 del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante esta Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa de decreto que expide la Ley General del Padrón de Inscripción Vehicular Nacional, bajo la siguiente "Exposición de Motivos "México requiere urgentemente de una Ley General que tenga empadronados todos los vehículos automotores que transitan por el territorio nacional, sean nacionales, importados temporal o definitivamente, ensamblados, modificados, bajo la estricta responsabilidad del Estado, acción que sólo se puede realizar con una amplia y definitiva participación de las entidades de la República. "Si consideramos que en el territorio nacional, según la Secretaría de Economía, hay cerca de 22 millones de vehículos de todo tipo y anualmente se incorporan cerca de un millón de vehículos nuevos y el Estado Mexicano desconoce la generalidad de las características de las unidades y sus propietarios, y ante el aumento inminente del robo de unidades, desmantelamiento y venta de piezas, nos convoca a los integrantes de esta Legislatura, a otorgar seguridad jurídica a los propietarios de vehículos nuevos y usados. Desde el inicio de esta Legislatura fue preocupación permanente de muchas y muchos legisladores atender el tema. Quiero recordar a los integrantes, los antecedentes de una ley que nació mal y terminó peor: el Registro Nacional de Vehículos. Originalmente el RENAVE registraba vehículos nuevos y usados; a raíz que el Estado determina llevar a cabo la requisa del RENAVE en junio del 2001 y suspender el registro de vehículos usados, deja en un estado de total indefensión jurídica a los propietarios de las unidades usada; un registro incompleto y pierde uno de los aspectos torales por lo que el Estado la creó: servir como herramienta para combatir el robo de autos, uno de los delitos de mayor incidencia en el territorio nacional y que a la fecha va en ascenso, por lo que consideramos que es un tema de seguridad nacional. En junio del 2002, hace un anuncio conjunto el entonces Secretario de Economía con el Secretario de Seguridad Pública, donde manifiestan que el Ejecutivo Federal ha determinado enviar una iniciativa de ley que sería el substituto del RENAVE y será responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública. A la fecha, el Congreso no ha recibido iniciativa alguna al respecto y el pasado mes de diciembre la Secretaría de Economía decidió revocar la concesión del Registro Nacional de Vehículos, quedando suspendido el Registro por tiempo indefinido. La sociedad se pregunta y nos pregunta: ¿qué va a pasar con la información personal que tiene la empresa Concesionaria RENAVE de cada uno de los 2 millones 300 mil vehículos nuevos y de cerca de 120 mil vehículos usados? Adicionalmente nos preguntamos ¿dónde pararon los recursos de mil millones, 265 millones (sic), más los recursos que se pagaron y no se devolvieron a los propietarios de vehículos usados? Ante esta situación, un grupo plural de diputados de la Comisión de Comercio y Fomento Industrial, nos abocamos al tema y llegamos a las siguientes consideraciones: El padrón vehícular debe ser estricta responsabilidad del Estado; el importe del derecho para autos nuevos nacionales e importados debe ser cubierto por las armadoras, distribuidores o importadores; para autos usados nacionales o importados, debe ser gratuita su inscripción al padrón. Deberán participar en la elaboración, operación y mantenimiento del Padrón de Inscripción Vehícular PIVEN- todas las entidades de la república que tengan suscrito convenios de coordinación fiscal y estén recibiendo recursos del ramo 33 de apoyo al fondo de seguridad pública en el ámbito de sus competencias y en términos de los convenios de coordinación que para este efecto celebren con la Secretaría de Seguridad Pública, teniendo en consideración que la mayor parte de las entidades de la república recientemente han realizado un reemplacamiento vehícular en sus territorios. Toda consulta al sistema tendrá un costo que será establecido en la Ley Federal de Derechos; se propone que su monto no rebase el equivalente a dos salarios mínimos vigentes en el Distrito Federal; como aliciente para las entidades de la república, el producto se repartirá en partes iguales entre éstas y la Federación. Toda la base de datos del sistema, equipo, recursos materiales y técnicos que tenía la empresa RENAVE y la Secretaría de Economía bajo su resguardo, deberá ser entregada a la Secretaría de Seguridad Pública Federal después de haberse checado y auditado. En automático, todos los propietarios de vehículos que presenten su comprobante de pago y hayan o no recibido su tarjeta RENAVE, deberán aparecer en el Padrón de Inscripción Vehícular Nacional, por lo que su verificación no tendrá costo alguno. Por las anteriores consideraciones y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de decreto que expide la Ley General del Padrón de Inscripción Vehícular Nacional: ARTICULO UNICO.- Se expide la Ley General de Padrón de Inscripción Vehícular Nacional para quedar como sigue: Señor Presidente, por respeto al tiempo asignado, solicito se inserte el texto íntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. -