El diputado Carlos Armando Reyes López: Con su permiso, compañera Presidenta. Su servidor y mi compañero diputado Efraín Arizmendi, reservamos el penúltimo párrafo del Apartado A del artículo 41 de este dictamen en virtud de dos principios fundamentales. En primer lugar, hago referencia al instrumento más importante que conduce la vida de todos los mexicanos: nuestra Constitución, especificándose en su artículo 6o. la garantía individual a la libertad de expresión. En él se señala que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa mientras no se ataquen la moral, los derechos de terceros, se provoque algún delito o se perturbe el orden público. En segundo lugar, subrayo la importancia y el espíritu del artículo 61 de nuestra Carta Magna, en donde se defiende y protege la libertad del legislador de expresarse libremente, sin que por ello pueda ser juzgado. Constitucionalmente somos los primeros que gozamos de esta garantía y, en consecuencia, cualquier acto que vaya en contra de ese principio debe ser rechazado en este recinto. No podemos coartar la libertad de expresión de los mexicanos en los términos del penúltimo párrafo del Apartado A, del artículo 41, cuyo objetivo prohíbe que cualquier persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, pueda contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos ni a favor ni en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional de este tipo de mensajes contratados en el extranjero. Constitucionalmente es inaceptable cualquier acto de represión a la opinión pública. La posibilidad de que cualquier persona participe en las disposiciones públicas o manifieste su opinión respecto de los candidatos que aspiran a un puesto de representación popular es uno de los bienes más preciados para una sociedad democrática y nuestra prioridad tiene que orientarse en la defensa de esa garantía. El libre albedrío individual debe ser respetado y considerado como piedra angular de la más profunda reflexión a la hora de emitir el voto en las urnas. Nada ni nadie debe limitar la información que enriquezca la decisión de la sociedad respecto de sus candidatos. La censura no debe tener lugar en nuestra sociedad. La diversidad de opiniones debe estar por encima del silencio y permitir que la exposición de argumentos u opiniones transparenten al escrutinio público el desempeño de los candidatos. La democracia es un sistema de gobierno que atribuye la responsabilidad final al público, para que decida cómo quiere vivir y a qué candidato le entregará su voto y su confianza. La existencia de una opinión pública, libre, fuerte, es una condición inalienable para el buen funcionamiento de la democracia representativa. Si la libertad de expresión ha de tener algún sentido democrático, y si la televisión y la radio son los medios más poderosos para la divulgación de ideas, resulta absolutamente infundada la pretensión de que la autoridad esté facultada para manejar a capricho o conveniencia a la opinión pública. Por lo anterior expuesto, pongo a la consideración de este pleno la eliminación del párrafo en comento al considerarse violatorio de un derecho fundamental y que le ha costado tantos años a este país consolidar, como es la libertad de expresión. Es cuanto, Presidenta.