La diputada Verónica María Sobrado Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros, una de las principales obligaciones a las que estamos llamados, es a procurar una deliberación crítica, profunda y objetiva. En este sentido, contario al espíritu republicano que debe regir nuestras acciones, esta legislatura se busca que seamos utilizados como cosas para tramitar a pie juntillas y sin el más mínimo decoro democrático, los dictados del presidente, quien lejos de honrar su palabra de desmilitarizar la seguridad pública y otras tareas propias de autoridades civiles, el jefe del Ejecutivo ha emprendido una escalada militarizadora en diversas áreas del gobierno federal y de la Función Pública. Las y los diputados federales de Acción Nacional advertimos que la militarización debe ser la excepción. Sin embargo, el gobierno federal y el grupo parlamentario mayoritario lo están convirtiendo en regla. Debe quedar claro que nuestra posición tiene razones de fondo, relacionadas con el derecho internacional y los derechos humanos, con la evolución que nuestra Constitución ha tenido en esta materia. Pero, también en la aplicación de un análisis de razonabilidad y proporcionalidad al que la mayoría se ha cerrado. Lo que impera en esta Cámara no es la discusión que ordena la Constitución. En el Parlamento abierto que se convocó para el análisis de este dictamen, diversos expertos se pronunciaron en contra del documento, enfatizando apartados de contenido abierta y flagrantemente inconstitucionales. Vamos, es de tal grado el despropósito de la propuesta, que hasta significó la renuncia del ex secretario de Comunicaciones y Transportes. Desafortunadamente y como ya es costumbre en esta Cámara, las opiniones de los expertos y constitucionalistas son ignoradas, sin mediar siquiera un mínimo de esfuerzo para enmendar las fallas más evidentes en el dictamen. En el Grupo Parlamentario del PAN siempre hemos hecho patente nuestro reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país, por su labor patriótica, por su sacrificio y entrega. Con esta misma convicción hoy señalamos que es necesario impulsar propuestas que tengan como finalidad fortalecer la seguridad jurídica, tanto de la tropa como de la oficialidad. La reforma que se nos presenta hoy tiene evidentes defectos, que incluso serán objeto de observaciones del sistema interamericano de derechos humanos, si no los corregimos. Todas las fallas, insuficiencias y debilidades que hoy aquejan a nuestro sistema portuario y aduanero pueden ser superadas, si existiera un verdadero compromiso por parte del gobierno, en fortalecer a las autoridades civiles en esta materia. Las razones que se han expuesto como fundamento a la necesidad de trasladar las facultades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la Secretaría de Marina, serían insuficientes si existiese un mínimo de voluntad de fortalecer los tramos propios de la autoridad civil. Desde luego que estamos de acuerdo en todo lo que corresponda a la salvaguarda de la soberanía nacional y que esta se fortalezca, de eso no hay duda. Sin embargo, el Ejecutivo ha decidido saturar de funciones a las Fuerzas Armadas dándoles tareas de seguridad pública, de obra civil, de construcción, de administración, que implica una abierta y franca vulneración constitucional y son un despropósito logístico. Es importante subrayar que en el desarrollo de las actividades de la marina mercante, y de aprobarse este dictamen, se habilitará a efectivos de la Armada de México a interactuar con civiles en otros países, lo cual puede llegar a significar serios contratiempos en la exigencia internacional de tratamiento con autoridades civiles. En los hechos, la mayoría legislativa debe reconocer que este dictamen supone la creación de mayores restricciones al ámbito de libertades cívicas y derechos fundamentales que están salvaguardados en el derecho internacional de los derechos humanos. Se impulsan estos cambios sin el menor asomo de recato constitucional, por lo que igualmente se abrirá la puerta a la litigiosidad constitucional ante la Suprema Corte de Justicia que actualmente tiene en estudio un número nunca antes visto de acciones, controversias constitucionales y amparos derivados de los despropósitos presidenciales. Consideramos que a través de un diálogo genuino en el que imperen las razones, se podrán encontrar las fórmulas adecuadas para resolver las áreas de oportunidad de los puertos y marina mercante. Sin embargo, para Morena, sus aliados y el gobierno, tal parece que el diálogo está vedado. Por las razones expuestas invitamos a nuestras y nuestros compañeros a que pensemos en el futuro y desarrollemos una visión de autoridades civiles....