La diputada María de la Paz Quiñones Cornejo: Diputado presidente. Compañeros diputados, presentes. Señas particulares: una cicatriz en la ceja derecha, un lunar muy pequeño de lado derecho de la mejilla. Tocaron a la puerta, la abuela abrió y dos mujeres sacaron a la niña con violencia. Esto fue un 30 de septiembre de 2005. El peor dolor que pueda sufrir un ser humano es la de perder un hijo. Cuando un hijo es secuestrado, robado o se extravió, la vida nunca vuelve a ser igual, rompe con la estabilidad de la familia, en particular de los padres, viviendo éstos en permanente estado de angustia. La sustracción de los menores tiene como finalidad, en el caso de bebés recién nacidos y hasta los seis años de edad, la venta de éstos niños a parejas que no pueden concebir; de 6 a 10 años de edad, la sustracción se lleva a cabo para explotarlos, obligándolos a pedir limosna, realizar trabajos domésticos o utilizarlos para la venta de diversas mercancías. De los 10 a los 17 años de edad, los menores son prostituidos u obligados a participar en trabajos de pornografía. En México no existe un banco nacional de datos sobre menores robados, extraviados o desaparecidos, por lo que no hay cifras oficiales, únicamente se habla de una estimación de 500 mil menores desaparecidos en los últimos años. Se debe de tomar en cuenta que en Europa, Estados Unidos, Japón y Canadá, las demandas de adopción han rebasado la capacidad de otorgamiento. La UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas, estiman que por cada adopción legal que se realiza, tres más ocurren de manera ilegal. Es extremadamente necesaria la creación de este banco de datos, para que la Fiscalía Especial de Tráfico de Menores adscrita a la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, continúe de manera más eficiente, la investigación de casos de niños robados y desaparecidos y así se pueda conocer el tráfico de menores fuera del territorio nacional. Sumando esta acción a la de tipificar el tráfico de menores como delito de fuero federal, ya que para el fuero común el delito es castigado al máximo con tres años de prisión, razón que alimenta la explotación laboral y sexual. Es urgente la creación de este banco y así poder realizar el cruce de datos entre las diversas entidades y oficinas del DIF, ya que el gobierno cuenta sólo con una cifra global. Además se debe contemplar el apoyo psicológico para los familiares de los niños robados, desaparecidos, sustraídos o secuestrados, porque los efectos son devastadores. No hay la posibilidad de una verdadera solución si antes no existe la prevención, educación y cultura para lograr el mayor cuidado y respeto a los niños. La educación no sólo debe de ser para las familias, sino para los propios niños en sus escuelas y para ello se recomienda padre o tutor que desde el nacimiento del infante se tengan identificadas las huellas, su tipo de sangre y rasgos físicos y que el niño tenga conocimiento del valor que tiene como ser humano y todos aquellos datos que sirvan para su identificación. Cabe mencionar que en ningún momento se menosprecia la participación de las asociaciones civiles, las cuales como luchadoras sociales han efectuado acciones inmediatas cuando reciben el llamado de un padre por la desaparición de un infante. De ahí que nazca la necesidad de una visión legislativa. Agradezco en este momento a la Asociación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos por su valiosa aportación de la información. Jurídicamente existen los instrumentos nacionales para garantizar los derechos humanos de la niñez. Mejor ejemplo no puede haber que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, en su artículo 4, que los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral, así como los ascendientes, tutores y custodios, que tienen el deber de preservar estos derechos, para lo cual el Estado deberá de proveer lo necesario para propiciar el respeto a su dignidad y el ejercicio pleno de sus derechos y deberá también otorgar facilidades a los particulares para que coadyuven en el cumplimiento de estos derechos. Por último también es necesaria la reforma del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación debiendo dotar de facultades a los jueces a nivel federal, de tal manera que el delito sea concurrente y pueda ser atacado en ambas instancias. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General del Banco Nacional de Datos sobre Menores Robados, Extraviados o Desaparecidos y se reforman diversos artículos del Código Penal Federal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por economía parlamentaria solicito se publique íntegro el texto de la iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado presidente.