La diputada María del Socorro Ceseñas Chapa: Gracias. Con su permiso, señor presidente. El dictamen que presente la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del artículo 5o constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, nos parece debe ser votado en contra. El proponente señala una preocupación en cuento a la correcta funcionalidad del sistema a través de las normas. El diputado menciona que las normas jurídicas tienden a preservar el orden social, por tanto no deben prestar contradicciones, ya que podría darse el problema de antinomias jurídicas. Uno de los casos de antinomia que refiere el dictamen son los de los artículos 26 y 27 de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. El tema de manera puntual es la permisibilidad existente el día de hoy para que las personas que representan a los obreros y sociedades cooperativas tienen la opción de no contar con cédula profesional expedida por las autoridades correspondientes, mientras que la Ley Federal del Trabajo no lo permite. La argumentación central de la dictaminadora es que se elimine esta antinomia, para que las partes gocen de una defensa adecuada brindada por profesionistas con capacidad suficiente para llevar a cabo diligencias necesarias en favor de sus intereses. Sin embargo, la ley actual es muy exacta, la permisibilidad sólo es para gestionar, ya que las leyes determinan quiénes se encuentran o no legitimados para llevar a cabo ciertos actos procesales. Omitir la materia laboral y la de cooperativas, como se pretende, contradice el espíritu de conciliación y arbitraje en lo laboral y establece que el espíritu de conciliación y arbitraje en lo laboral, perdón, un dique a las cooperativas para plantear sus necesidades o insumos ante la autoridad correspondiente. Pretenden eliminar esta antinomia, despoja derechos a ciudadanos, a ciudadanas, que no cuentan con los recursos técnicos y económicos para gestionar recursos o algunos procedimientos. Un gestor tan sólo presenta documentos, los entrega, se les autoriza para escuchar y recibir, etcétera. De proceder cualquier solicitud entonces intervienen los representantes legales o técnicos especializados con títulos, con certificaciones. Si deseamos realmente eliminar el coyotaje debemos entender que éste no descansa exclusivamente en los gestores, se encuentra en las instituciones, con funcionarios corruptos y funcionarias corruptas, con aparatos viciados, ávidos de dinero y no en la solidaridad, sentimiento que da vida a la gestoría. Quizás tenga una idea noble esta propuesta, pero es absolutamente equivocada. Los y las invito a votar en contra y encontremos la mejor forma de elevar el nivel técnico de los gestores, dotemos de instrumentos a las cooperativas, a las trabajadoras y a los trabajadores para los temas que tengan a bien gestionar, pero sobre todo combatamos a la corrupción en las instituciones que menoscaban a los cooperativistas y a las y los trabajadores, conculcando su derecho como el de la organización y los instrumentos para fortalecerse. Yo recuerdo, le recuerdo al promovente y a quienes avalan estas reformas, que argumentar con antinomia, y con todo respeto se excede. Parece un exceso porque debemos de recordarles, cada código en la materia tipifica, especifica hasta dónde le permite al abogado o abogada y hasta dónde le permita al gestor y a la gestora. Me parece que es una fetichización, quieren aparentar lo legal sin que esté legal a través de sus representantes, sin tener a sus representados. Es cuanto, señor presidente.