La diputada Irma María Terán Villalobos: Con su venia, señora presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores. El establecimiento de las disposiciones que permitan hacer efectivos los derechos sociales es un punto de gran coincidencia en las agendas legislativas que las diversas fracciones parlamentarias estamos y habremos de impulsar de manera decidida. Todos los derechos sociales revisten gran importancia, cada uno se orienta a garantizar que las personas adquieren herramientas necesarias para su desarrollo. En este sentido es a través de la educación como se logran ampliar las oportunidades económicas, sociales y políticas de las personas con lo cual se contribuye a reducir las desigualdades, cerrar brechas y lo más importante a impulsar la inclusión social. Si bien es cierto tanto nuestra Constitución Política como la Ley General de Educación establecen la obligatoriedad del Estado mexicano para garantizar el acceso universal a la educación desde preescolar hasta el nivel medio superior en condiciones de equidad, también es cierto que hay factores como problemas familiares, falta de interés en el estudiar por no tener la claridad en la definición de una profesión, así como la necesidad de incorporarse de manera temprana a la actividad productiva que hacen que cada vez sean menos los egresados de educación superior. Según la Secretaría de Educación Pública, para el ciclo 2017-2018, 1 millón 372 mil jóvenes que concluyeron su educación media superior no ingresaron al nivel de educación superior, más que una cifra debemos poner particular énfasis en que son más de 1 millón de jóvenes que se están enfrentando a un mercado laboral muy competitivo, que un alto porcentaje habría de ampliarse en trabajos con una remuneración baja o bien caer en el desempleo y optar por actividades delincuenciales. Por ello, acudo a esta soberanía para presentar la iniciativa con el proyecto de decreto por la que se adiciona la fracción IV Bis al artículo 14 de la Ley General de Educación para que las autoridades educativas federales y locales tengan como atribución el desarrollar programas de orientación vocacional y tutorías con el fin de apoyar la elección académica y profesional de los estudiantes de educación secundaria y del tipo medio superior. Ante una sociedad dinámica es necesario adecuar políticas públicas, retomar ejemplos de otros países que incluyeron en su legislación la orientación vocacional como un elemento obligatorio. Tal es el caso de Argentina, Bélgica, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido. Más allá de asegurar la permanencia en el sistema educativo, se trata de poner en su justa dimensión la importancia de la orientación vocacional, ya que cuenta con las herramientas para acompañar al estudiante en el proceso de elección de una carrera puesto que permite determinar su potencial al ofrecerle una visión clara de lo que puede esperar de diferentes carreras, disminuyendo la ansiedad, opresiones de diversos ámbitos para elegir una carrera o profesión para la cual no está apto ni es del interés del estudiante. Sabemos que si la decisión es precipitada se corre el riesgo de que la elección no guarde correspondencia con el perfil del estudiante o, bien, con la demanda del mercado laboral, lo que puede generar bajo rendimiento, deserción, abandono de estudios y dificultad para emplearse cuando concluyen sus estudios. En ese sentido, resulta pertinente fortalecer y adoptar la orientación vocacional como un instrumento fundamental para que los adolescentes y jóvenes cuenten con información oportuna y más precisa al momento de elegir su carrera técnica o profesional. Esta reforma ayudará a dar una mayor y mejor orientación a los jóvenes en la búsqueda y elección profesional vinculadas con las actividades productivas de cada una de las regiones del país. Es cuanto, señora presidenta.