El diputado Julio Saldaña Morán: Gracias, diputado presidente. El problema de la corrupción va más allá de la desviación o apropiación de recursos públicos por parte de los servidores públicos, sino también implica anteponer el interés particular al interés general, en detrimento de la comunidad mexicana. Nuestro país está en camino de construir la democracia. Por ello, la Presidencia de la República debe ser una institución democrática, no un espacio ajeno a la norma. La persona que detente el honroso encargo de presidente de la República es depositario de la confianza de los ciudadanos y tiene la enorme responsabilidad de conducir y de administrar los asuntos y recursos públicos con honestidad y con transparencia. El presidente de la República es, a la vez, jefe de Estado y de gobierno, pero al mismo tiempo es servidor público. Su conducta en la cúspide de la pirámide de la administración pública debe permear de ejemplo y compromiso público, debe ser guardián y garante de la integridad de los bienes del Estado y no cabeza de facción, que hace de estos bienes botín. Una Presidencia al margen de la ley y de las responsabilidades debilita al Estado. Una Presidencia que maneje y esté sujeta a la norma es ejemplo de una buena democracia y transparencia. El PRD votó a favor la reforma que creó el sistema nacional anticorrupción, a pesar de que nuestra demanda y propuesta de incluir al presidente de la República como sujeto de responsabilidad en esta materia no fue aceptada. Entendemos que la construcción democrática requiere de aproximaciones sucesivas, requiere de sensibilidad de los actores políticos, requiere de altura de miras, de entender que la construcción de la ley va más allá de un tiempo y de una persona determinada. El PRD ha presentado aquí, en la Cámara de Diputados, desde siempre, planteamientos para que desde la cabeza del Estado, el titular del Ejecutivo, haya previsiones legales que no admitan espacios de discrecionalidad que puedan generar incertidumbre jurídica e impunidad, que constituyan incentivos a posibles actos de corrupción. Lo que proponemos forma parte de la normalidad de cualquier país democrático del mundo, que en el artículo 108 el presidente de la república pueda ser sujeto de responsabilidad por violaciones a la Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales, delito de corrupción y delitos graves de orden común. En el artículo 110 se propone que el presidente de la república pueda ser sujeto de juicio político. Es decir, la reforma propuesta contempla las conductas genéricas y el procedimiento ya contemplado en la Constitución Política. Entendemos que son escenarios extremos, pero aun así deben ser previstos y contemplados en la ley. En la comunidad internacional hay multitud de ejemplos en los que los jefes de Estado o de gobierno han sido procesados por actos de corrupción y las instituciones se han preservado, por los protocolos y procedimientos han funcionado y la vida pública se ha fortalecido. Así para que un sistema nacional de anticorrupción sea completo es necesario y contempla al presidente como sujeto de responsabilidad en conductas que puedan ser constituidas de delito de corrupción. El PRD seguirá insistiendo en la construcción de un Estado democrático. Con esta iniciativa volvemos a proponer que en un espíritu de equidad e igualdad todos los servidores públicos, incluyendo al titular del Ejecutivo, estén sujetos a las normas de anticorrupción y no se escuden en su cargo para incrementar su fortuna personal o la de su familia a cuenta del quebranto del Estado y de la sociedad mexicana que contribuye con su trabajo y sus impuestos. Es cuanto, presidente.