La diputada Laura Lynn Fernández Piña: Con la venia, vicepresidenta. Compañeras, compañeros legisladores, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Al aprobar arbitrariamente esta iniciativa están violando el federalismo de nuestro país, ya que la Guardia Nacional asumiría facultades inherentes a los estados y municipios en materia de seguridad pública. Clarificando, esta sería una reforma anticonstitucional, ya que estaría trasgrediendo el pacto federal contenido en la Constitución. El artículo 40 que garantiza el federalismo en el país. El 124 sobre la autonomía de los estados libres y soberanos, y el 115, que es el garante de los municipios libres. Es aquí donde se establecen las bases de coordinación y no de subordinación de los tres órdenes de gobierno. Esto cobra la mayor relevancia en estos nuestros tiempos políticos, en donde convivimos con la alternancia del poder en los tres órdenes de gobierno. Todas las mexicanas y mexicanos queremos vivir en paz y la realidad de hoy es que la delincuencia nos ha robado nuestra valiosa tranquilidad. Nuestro deber es legislar en pro de toda la ciudadanía. Al día de hoy no existe un trabajo en conjunto efectivo con las policías locales. Y, en muchos casos intervienen en el territorio sin coordinación alguna. Y es que nuestras policías locales se han visto disminuidas, en gran medida, por la falta de apoyos. Las condiciones laborales de la gran mayoría de los activos son realmente lamentables, policías que no tienen derecho a un crédito a la vivienda, policías que no tienen derecho a un seguro de vida. Policías que tienen un sueldo por debajo de la media nacional. Es por ello importante reactivar el Fortaseg, este fondo cubría aspectos de evaluación de control y confianza de las policías municipales, su capacitación, homologación policial, mejora de condiciones laborales, equipamiento e infraestructura. Todas las fuerzas políticas le dimos un voto de confianza a la Guardia Nacional y votamos porque tuviera un mando civil, no por una ocurrencia de nosotros, sino porque es un mandato constitucional. Las mexicanas y los mexicanos estamos preocupados por la ampliación de las facultades a la Guardia Nacional, tales como detener, interrogar a civiles sin mediar mandato judicial, esto transgrede los derechos humanos fundamentales. El artículo 9o., inciso f) de la Ley de la Guardia Nacional cita, que la misma está obligada a que en todo el territorio nacional, en el ámbito de su competencia, en las zonas turísticas deberán establecerse protocolos especializados para su actuación, y eso no se ha cumplido y con el actual planteamiento, es un hecho que esto no sucederá. Entonces, yo les pregunto, diputadas y diputados, ¿qué pasará, en el caso de nuestros destinos turísticos, donde no se contemplen a un protocolo y procedimientos de capacitación para el correcto trato y proceder con nuestros visitantes? ¿Qué certeza jurídica podemos dar a nuestros turistas, si no se garantiza ni siquiera la de los locales? No perdamos de vista la derrama económica que este sector aporta a México, sería preocupante que otros países establecieran alertas de viaje a sus ciudadanos, por posibles violaciones a sus derechos al ser detenidos e interrogados por una policía militarizada, dejando de lado los protocolos de proximidad social. Estamos a favor de la Guardia Nacional Civil. Consideremos el Fortaseg en el presupuesto, no dejemos a los municipios en el olvido y en el abandono, ellos son los primeros respondientes. Brindemos certeza jurídica a toda nuestra sociedad y, sobre todo, a nuestras Fuerzas Armadas, que siempre se han desempeñado con lealtad, espíritu de cuerpo y sumo patriotismo. Respondamos a sus legítimas garantías laborales, no expongamos al último de los vacíos de defensa de nuestro país, con tareas para las que no han sido formados. Todo mi respeto a nuestras Fuerzas Armadas. Es cuanto. Muchas gracias.