La diputada Amalia Dolores García Medina: Empiezo por una definición. Mandatario es quien gobierna obedeciendo el mandato del pueblo. Hoy, una de las principales exigencias del pueblo es que se garantice seguridad. También la primera obligación de un Estado nacional es proteger a sus gobernados. Preguntamos, en qué consiste la estrategia de seguridad del gobierno, porque ya van 15 años de políticas fallidas que México no merece. En el mensaje político se afirmó que se han reducido los delitos. Pero los datos del informe del presidente, en su página 75, muestran que aumentaron las violaciones, la violencia intrafamiliar, la trata de personas. Las mujeres y las niñas sufrimos por una crisis civilizatoria, horroriza que en promedio 11 mujeres son asesinadas al día. El Ejecutivo y el Estado están obligados a darle seguridad a mujeres y niñas, ese más de 50 por ciento que también somos pueblo. Exigimos se fortalezca al Inmujeres, al Conavim, que el derecho de las mexicanas a una vida libre de violencia, a la autonomía económica, a un Estado cuidador, sea una prioridad del gobierno, que se nos reconozca, porque lo que no se nombra, es como si no existiera y aquí estamos. Hay que preguntar sobre el paradigma del gobierno en seguridad, porque al tiempo que 66 por ciento de la ciudadanía se siente insegura y miles de familias huyen para salvarse de los criminales o son cercadas por los cárteles, 27 mil efectivos de la Guardia Nacional están en las fronteras conteniendo a niñas, niños, padres y madres migrantes. Como diría Frantz Fanon, a los condenados de la tierra que llegan a México esperando la hospitalidad que distinguió a Lázaro Cárdenas. Coincidimos en que la solución debe ser regional y atendiendo las causas, pero qué indignante que a diez años de la reforma al artículo 1o. constitucional, que obliga a las autoridades a proteger los derechos humanos de todas las personas, los agentes de migración golpeen, aprisionen y deporten migrantes; ellos, que aportan al país que llegan y envían de regreso remesas. Por cierto, es una barbaridad considerar los 48 mil millones de dólares en remesas de nuestros connacionales como parte del gasto social y esencia de esta administración. No es dinero del gobierno, es de quienes lo ganaron con trabajo y de sus familias. El deber del Estado, de dar seguridad, obliga al Ejecutivo federal a un viraje de estrategias, priorizando desmantelar la lógica económica de los cárteles y revisando la política antidrogas, y ante el 92 por ciento de delitos sin sentencia actuar para que no haya impunidad, pero también aumentar el FASP para los estados y recuperar el fondo para la seguridad de municipios que desapareció. Coincido con la lucha contra la corrupción y con impulsar la austeridad, pero el mejor Estado no es el Estado mínimo que recorta a diestra y siniestra fondos y fideicomisos. Típica visión neoliberal, sino el estado que sea necesario para garantizar derechos. Por ello, extraña que el presidente plantee adelantar el pago de deuda al Fondo Monetario Internacional, 12 mil millones de dólares de derechos especiales de giro, conducta neoliberal, cuando urgen más recursos para la salud por la pandemia, educación, inversión productiva y generar empleos. En Movimiento Ciudadano aspiramos a que en México se consolide un Estado social, democrático, de derecho. Queremos un federalismo en la tradición de Juárez y los liberales de la reforma, donde el poder central no subordine a los estados. Una democracia que asuma la pluralidad política como parte de la nación, donde se fortalezca a las instituciones electorales autónomas del poder, perfectibles, sin duda, pero que logramos desde la oposición y luchando junto a la ciudadanía, después de décadas de enfrentar al sistema de partido, casi único, y a un presidencialismo autoritario que masacró a los jóvenes del 68 y en 1988 costó cientos de vidas, año en que también estuvimos dando la batalla. Una República con diálogo entre los tres Poderes, pero jamás, nunca ninguno, subordinado a otro. Es cuanto, señora presidenta.