EL C. DIPUTADO ROGACIANO MORALES REYES (PRD): Ciudadano Diputado Félix Castellanos Hernández, Presidente de la Comisión de Reforma Agraria: Ciudadana Licenciada María Teresa Herrera Tello, Secretaria de la Reforma Agraria; Compañeras y compañeros Diputados; Pueblo de México: Como sabemos, el postulado político fundamental de la Revolución Mexicana fue: Sufragio Efectivo. No Reelección. Y sustancia de aquél movimiento social: la educación, la reforma agraria y mejores condiciones de trabajo consagradas como garantías en los artículos 3, 27 y 123 constitucionales. La reforma agraria fue el más grande y efectivo programa social de redistribución de la riqueza desarrollado por los regímenes posrevolucionarios, por medio del que se destruyó la célula económica y política fundamental del porfiriato, la hacienda, a tal grado que se distribuyeron poco más de 100 millones de hectáreas en beneficio de más de 3.5 millones de campesinos, ejidatarios y comuneros. La reforma agraria se benefició de la producción a bajo costo de bienes salario, de tal suerte que se subsidió al conjunto de la economía posibilitándose la transferencia de recursos fundamentalmente a la industrialización del país. Pero la reforma agraria no ha estado exenta de enemigos. Carlos Salinas de Gortari promovió modificaciones al artículo 27 constitucional en 1992, con el voto del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Acción Nacional, imponiendo al campo mexicano un marco jurídico neoliberal antimexicano. El Presidente Fox desde su campaña volvió a la carga en su demanda de suprimir a la dependencia que usted encabeza, solo que el pueblo de México se lo ha impedido como lo hemos impedido los diputados del Partido de la Revolución Democrática empobrecer más a los mexicanos en su intento de gravar con IVA medicinas, alimentos y útiles escolares. Así le impediremos en este Congreso que privatice a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad porque lo que se requiere más bien es que el joven Gil Diaz, de la Secretaría de Hacienda, como dijo el señor Secretario Martens <<saque las manos de esas instituciones, a fin de que tengan plena autonomía de gestión y puedan acometer en forma integral sus potencialidades para beneficio del país. Está claro que el régimen del Presidente Fox continúa la línea de la política neoliberal y del torbellino de la globalización a que ha conducido inequitativamente el Tratado de Libre Comercio celebrado con Estados Unidos y Canadá. ¿O cómo se interpreta el hecho de que se toleren sobrecupos en las importaciones con elusión de impuestos? ¿Cómo es posible que el gobierno foxista no haga algo para proteger al sector agrario de la embestida que sufrirá a partir de enero del año que entra con motivo de la apertura comercial agropecuaria, agroalimentaria y agroindustrial a que se refiere dicho tratado? ¿Cómo es posible que se tolere el contrabando en textiles calculados en 90 mil millones de pesos, según dan cuenta las últimas noticias de los medios masivos de comunicación? Se nos informa que la reforma agraria ha pasado del reparto de tierras a una etapa de ordenamiento y certidumbre de la propiedad de tierras, de la propiedad rural, toda vez que Carlos Salinas de Gortari dio por finiquitado el reparto agrario en 1992 y no sabemos con base en qué. Si por ejemplo haya tenido a la vista certificados expedidos por los registros públicos de la propia raíz de nuestro país, haciéndole constar la inexistencia de excedentes de tierra de acuerdo al artículo 27 constitucional. Decimos lo anterior porque las tareas actuales de la dependencia a su cargo giran de manera fundamental alrededor de programas de certificación que continua produciendo la idea de que en vez de repartir tierras se reparten papeles y es que resulta inaceptable que no haya excedencias. Debemos reconocerle a usted y su equipo, no obstante esas predisposiciones en contra de la reforma agraria entre otras, que se ha logrado una seguridad en la tenencia de la tierra, se han cumplido resoluciones del Poder Judicial Federal, se apoyó a sujetos agrarios para la generación de proyectos productivos y se impulsó el Programa de la Mujer Campesina, PROMUSAC, con 50 millones autorizados por esta Cámara. Aunque en su Informe se observa que fue en forma insuficiente, como tal es el caso de una elocuente falta de una decisiva defensa de los intereses de los ejidatarios del ejido de San Salvador Atenco y otros que se veían afectados en sus terrenos que se destinarían a un nuevo aeropuerto. Luego de los proyectos productivos, por ejemplo en lo que son los Programas de Financiamiento para el Desarrollo Agrario, dirigido a mujeres indígenas campesinas y jóvenes campesinos, sólo se han autorizado 120 financiamientos por 7.3 millones de pesos para 77 proyectos productivos y de los fondos comunes se autorizaron 574 solicitudes por un monto de 127.1 millones de pesos para destinarlos, según lo acordaron las directivas de los núcleos agrarios cuentahabientes y de los que solamente el 22.9 por ciento fue a dar a actividades productivas. De su informe se lee en el rubro Resultados del periodo y principales acciones ejecutadas: "Se logró certificar y titular una superficie de 3 millones 174 mil 457 hectáreas, expidiéndose 402 mil 767 certificados parcelarios y de uso común, así como títulos de propiedades solares urbanos, con los cuales se aseguró el patrimonio de 194 mil 215 ejidatarios y comuneros. Se reitera que los 6 mil 558 núcleos restantes agrarios faltantes, amparan una superficie de 42 millones 49 mil 733 hectáreas ...". "A petición de los ejidatarios y comuneros fueron expedidos 6 mil 682 títulos de dominio pleno parcelario, con lo cual la superficie del régimen de la propiedad social disminuyó en 68 mil 66 hectáreas, que representan el 2.1 por ciento de la superficie certificada en este periodo y subrayo- y el 0.06 por ciento del total de la propiedad social existente en el país". Contextualizando sus informes con los de su antecesor, nos percatamos que el objetivo del programa en materia de ordenamiento de la propiedad rural, careció de operadores y el tiempo oportuno pasó, dado que con la ley salinista no se ha logrado el objetivo el PROCEDE y menos aún el cambio de régimen de propiedad ejidal o comunal al régimen de propiedad privada, que eran las premisas para la certidumbre y consecuente desarrollo del mercado de las tierras, la desaparición de las desigualdades sociales en el campo, la capitalización del campo a través de la asociación de la propiedad social con los inversionistas mediante las consabidas figuras jurídicas de las sociedades civiles y mercantiles, por lo que habría que preguntar sobre el monto de los recursos asociados de capital privado con la propiedad social, ya que en el campo lo que se ve es que el 80 por ciento de mexicanos continúa viviendo en extrema pobreza y el éxodo a los Estados Unidos y otros países en busca de empleos no para. Y pregunto a usted sobre el avance en las metas de los convenios con las autoridades competentes para agilizar expropiaciones de terrenos contiguos a las poblaciones y para expedición de autorizaciones de fraccionamiento, a fin de evitar asentamientos irregulares que conllevan una aguda problemática para los municipios, que son los que tienen que atender en forma inmediata los servicios públicos. Por lo anterior y hablando de desarrollo agrario, su dependencia no ha pasado a la masiva capacitación y organización agraria, porque el PROCEDE va cuando más al 50 por ciento y como usted lo ha informado, del total de la tierra social existente en nuestro país, solamente el 0.06 por ciento ha optado por el régimen de propiedad ejidal, ha optado por el cambio de régimen de propiedad ejidal o comunal al régimen de propiedad privada. Así que el objetivo fundamental de la ley agraria salinista -reitero- de capitalizar el campo, se ha quedado sin sustento y por lo mismo no llegan las inversiones al campo, pues el Banco de Crédito Rural, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Nacional Financiera y el Banco Mexicano de Comercio Exterior, prácticamente dejaron solos a los campesinos y la banca privada con mayor razón, pues ésta no presta dinero si no existe de por medio un contrato mutuo con interés y garantía hipotecaria, que no lo hay porque no asumen responsabilidades en forma solidaria. Sabemos, ciudadana Secretaria, que la banca privada además no presta dinero porque no tiene necesidad de arriesgarle, pues ahí está el FOBAPROA, que con dinero de los mexicanos les asegura para el presente año la cantidad de 35 mil millones de pesos. Y por si fuera poco para el año que entra cobrarán más de 100 mil millones de pesos por concepto de vencimientos de pagarés, aunque el señor Presidente de la Asociación de Banqueros de México asegure que el año pasado las instituciones bancarias ya otorgaron préstamos hipotecarios por 2 mil 199 millones de pesos y que en los primeros 4 meses del año en curso se canalizaron otros mil 200 millones de pesos los que en todo caso son una gota de agua que se pierde en el desierto de la imperiosa necesidad del sector y configuran simplemente una cortina de humo. Para concluir y por lo anterior, los Diputados de mi partido el de la Revolución Democrática, concluimos que el propósito de la política agraria del Gobierno Foxista, la incorporación de la población rural al desarrollo económico y social del país así como las estrategias para obtenerlo están lejos de conseguirse y en consecuencia se impone la necesidad de que en este Congreso construyamos una legislación para la seguridad y desarrollo efectivo del campo mexicano, como se lo trazaron los revolucionarios de 1910, 1917 a fin de fortalecer la Dependencia a su cargo, con atribuciones y por supuesto con más recursos económicos y pueda usted cumplirle a los campesinos de México. Muchas gracias (aplausos). -EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias Diputado Morales por su intervención y pedimos ahora a la Diputada Lizbeth Medina Rodríguez pueda hacer uso de la palabra para darle posicionamiento de su Fracción Parlamentaria, la de Acción Nacional, hasta por diez minutos. -