El diputado Luis Antonio González Roldán: Con su venia, señor presidente; señoras y señores diputados. La impartición de justicia a través del actual sistema procesal penal se ha quedado estancada en el pasado y representa un obstáculo real para el ejercicio efectivo del derecho y de las necesidades que hoy demanda la sociedad. Nuestro sistema de impartición de justicia tiene problemas estructurales que impiden que el principio de certeza jurídico sea efectivo. Por ello, la percepción ciudadana sobre dicho sistema está lejos de los principios de equidad e igualdad, pero sobre todo, de un sentido eminentemente de justicia, en la cual la víctima reciba la reparación del daño y el presunto acusado sea procesado de manera pronta y expedita bajo los procedimientos preestablecidos en la ley. Sabemos que la definición del concepto de delito y su resolución representan problemas de fondo, los cuales son producto de nuestra evolución como pueblo y del mosaico que es México. Nuestra composición pluricultural constituye una de las causas en la variedad de modelos y leyes que rigen la procuración de justicia en los códigos penales del país, resultando diversos, inconexos y en algunos casos incompatibles. Mucho se ha discutido y argumentado sobre la necesidad de establecer una legislación procedimental penal que unifique y homologue las legislaciones penales locales, eliminando discrepancias que en nada abonan a la certeza jurídica de los gobernados. Avanzar en la construcción de un código penal procesal único para todo el país ofrece una solución a la variedad de problemas que tenemos solo en esta materia, lo cual implica un avance enorme en la federalización de la justicia mexicana. La reforma que se somete a esta soberanía no es aislada, menos aún improvisada. Conlleva una concatenación de los avances legislativos diseñados para modernizar el sistema de justicia penal a través de un mejor desempeño policíaco, ministerial, acusatorio, de defensoría pública, abogados y de todos quienes se encuentran involucrados en la aplicación de las leyes que vieron la luz en junio de 2008. Este modelo busca dar paso al sistema penal acusatorio mandatado en la ley y que hoy se encuentra pendiente. Para concretar la construcción de este andamiaje es requisito crear los ordenamientos de carácter nacional que sirvan de cimiento sólido, debido a los obstáculos que representan los 33 cuerpos legislativos en materia penal. Avanzar hacia nuestro objetivo nos exige ser críticos y en consecuencia señalar que el modelo base para implementar los juicios orales, la transparencia, los procesos de mediación, la reparación del daño, la garantía de defensa de los derechos humanos de las partes en conflicto mediante un sistema en el que intervengan de manera armónica los tres órdenes de gobierno, hoy no ha sido más que un buen propósito. En Nueva Alianza somos conscientes del riesgo que implica aprobar y publicitar esta reforma, sin tener en cuenta que sólo constituye el primer paso de un trabajo monumental, el cual deberá unificar tipos y criterios penales, operatividad administrativa, delimitación de principios, sujetos y figuras procesales, así como modalidades y gravedad de los delitos, procurando imponer sanciones congruentes con la falta, así como evitar la actuación arbitraria de la autoridad, pero también estaremos atentos para que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se incluyan los recursos necesarios para erradicar estas conductas. Esta dictaminación conlleva a la apremiante de configuración de los cuerpos policíacos. El modelo obliga a que todos sus integrantes se capaciten en las tareas de investigación y conciliación, además de las labores de prosecución del delito que ya ejercen. Por otra parte los funcionarios que intervienen en el proceso de impartición de justicia como los agentes del Ministerio Público, jueces y abogados, deberán hacer lo propio. El proceso que nos espera en la legislación secundaria deberá ser cuidadoso en la construcción de la norma a fin de que las entidades y el Distrito Federal no supongan este código como una intromisión en el ámbito de sus facultades. Señoras y señores legisladores, desde esta tribuna Nueva Alianza hace un llamado a no perder de vista los alcances de esta reforma que incluyen además la elaboración de leyes generales en materia de secuestro, trata de personas y delincuencia organizada, así como el establecer los delitos y faltas contra la Federación, penas y sanciones y los mecanismos alternativos de solución de controversias y ejecución de penas. Bajo este esquema en el Grupo Parlamentario Nueva Alianza consideramos que la ley secundaria deberá atender de manera integral la impartición y procuración de justicia en un plazo muy corto, debido a que la sociedad reclama respuestas comprometidas y contundentes en el menor tiempo posible. Estamos obligados a hacer un ejercicio transversal donde la conceptualización nos lleve efectivamente a la reincorporación de los delincuentes al seno social, y sobre todo, que no se impongan estigmas a grupos o sectores sociales. Debemos analizar seriamente aquellas conductas o situaciones que propicien la criminalidad mediante ópticas integrales y no únicamente con la institución de penalización mayor y leyes persecutorias; privilegiando en todo momento la atención irrestricta a los derechos humanos, como elemento sine qua non de las leyes mexicanas, además de atender los principios de prontitud, expeditez e imparcialidad. Compartimos la urgencia de hacer efectivo el modelo que hoy se propone. Sin embargo debemos de ser cautos e implementar el sistema de manera paulatina, a fin de corregir las deficiencias que se presenten con la intención de llegar al término que marca la ley, con buenos resultados. Al instituir en el artículo 73 de nuestra Carta Magna la distribución de competencias en la persecución, atención y sanción de los delitos, esperamos que se concluya definitivamente la profesionalización ministerial, pues reconocemos que esta ausencia ha dado como resultado la integración de procesos penales con escasas evidencias, falta de protocolos uniformes de investigación, la recurrente fabricación de culpables, violación constante a los derechos humanos, incluso la comisión de delitos en las diligencias por servidores públicos malintencionados, corruptos o ignorantes de su función. Estimadas compañeras y compañeros legisladores: las diputadas y los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza reconocemos que en el país tenemos una enorme deuda social en materia de impartición de justicia, la cual demanda un sistema efectivo, rápido y transparente. El voto a favor del presente dictamen busca abonar a un verdadero federalismo en el acceso, a un sistema legal de avanzada, a elevar los niveles de probidad en estos procesos y a resarcir a la sociedad la falta de acuerdos para temas indispensables como el que nos trae al presente período extraordinario. La generación de confianza entre la ciudadanía implica un trabajo multifactorial que no sólo se circunscribe al tema que nos ocupa, sino al esfuerzo de todos los actores responsables de generar las condiciones que permitan que la presencia de delitos relacionados con la pobreza o la falta de oportunidades de desarrollo sean abatidos. Asimismo, debemos trabajar en la creación de entornos con lazos sociales fuertes que impidan la presencia de influencias negativas, pues estamos convencidos de que la mayor vigilancia es la que se presenta en las comunidades producto de lazos solidarios y acompañados de autoridades calificadas y responsables. La historia nos enseña que sólo mediante la reconstrucción del tejido social naciones como Italia y Colombia pudieron salir de las crisis de criminalidad que las colocaron en la palestra de los países con los mayores índices delincuenciales a nivel mundial. Una reforma de este calado requiere de un cimiento legal sólido que descanse en sus funcionarios públicos, en sus instituciones, en la sociedad, en una relación de confianza mutua que propicie la transformación social armónica. En Nueva Alianza creemos que todo esfuerzo descoordinado dará resultados débiles e incluso efímeros. Consideramos que la importancia de la presente reforma no se puede limitar al papel que juegan las instituciones y las leyes, sino a la creación de condiciones sociales que permitan mejores niveles de vida y desarrollo de la población mexicana. Estamos hoy en la antesala de un trabajo de gran envergadura, en la creación de condiciones que hagan operativa la presente reforma constitucional. En Nueva Alianza estamos plenamente convencidos que una legislación procedimental penal única otorgará certeza y seguridad jurídica a los gobernados y sin lugar a dudas fortalecerá el estado de derecho. Es cuanto, señor presidente.