El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Señor presidente; compañeras y compañeros diputados, el PAN y Felipe Calderón han copiado mal al PRI su habilidad para dotar de apariencia jurídica a sus ilegalidades. Si bien ha sido una práctica común que el titular del Ejecutivo rebase sus facultades, competencias y atribuciones e invada las del Poder Legislativo, dispuestas en el artículo 89, fracción I de nuestra Carta Magna, pocas veces se pueden ver casos tan extravagantes y paradigmáticos, en los que el presidente hace uso de supuestas facultades extraordinarias de reglamentación que lo erigen en todo un legislador plenipotenciario como el caso que hoy estamos analizando. En el artículo 1o. de la Ley Federal de Juegos y Sorteos se dispone expresamente la prohibición de los juegos de azar y los juegos con apuestas. Sin embargo, el reglamento de dicha ley ha servido para evadir las prohibiciones expresa contenidas en ésta, auspiciando con ello una serie de irregularidades que responden con toda seguridad a intereses específicos de grupo. No satisfecho con eso último, Calderón pretendió dar un paso más en el camino del cinismo, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad en materia de juegos y sorteos. Mediante el decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos al Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de octubre de 2012, se pretende regularizar el uso y explotación de las llamadas máquinas tragamonedas. No obstante lo dispuesto el los artículos 1o. y 2o. de dicha ley, se manifiesta en el artículo 3o. del reglamento que la máquina tragamonedas es el artefacto o dispositivo de cualquier naturaleza a través el cual el usuario, sujeto al azar sujeto al azar-, a la destreza o a una combinación de ambas, realiza una apuesta con la finalidad de obtener un premio. Lo que es más increíble, en el artículo 9 de este mismo reglamento, se concede de manera totalmente ilegal la facultad a la Secretaría de Gobernación para expedir los permisos correspondientes para usar y explotar este tipo de artefactos o dispositivos. Con ello no sólo se vulnera el estado de derecho, sino el principio de separación de poderes contemplado en el artículo 49 de nuestra Constitución Política. Por ello resulta impostergable e imperante apoyar la interposición -a la brevedad-, controversia constitucional en contra del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Tras los sexenios panistas se esconde multiplicidad de actos de corrupción, de chicanas y de argucias legales o más bien pretendidamente reglamentarias que propiciaron el enriquecimiento ilegítimo de funcionarios y particulares rapaces mediante el saqueo de las paraestatales, la celebración de contratos y la expedición de permisos ilegales como el tema que hoy nos ocupa. La proliferación exponencial, desmesurada de los casinos, máquinas tragamonedas y casas de apuestas, en el último decenio, dan muestra de ello. Por otro lado, luego de la tragedia que suscitó la muerte de 52 personas en el casino Royale, de Nuevo León, se pusieron al descubierto todas las maniobras y las confabulaciones de grupos enquistados en el poder que actúan como mafias, protegiéndose los unos a los otros, obteniendo dinero ilegal, otorgando inmunidad, impunidad y protección para la instalación de casas y casinos de juegos y sorteos prohibidos por la ley. La posibilidad de conceder permisos para operar casas de apuestas, casinos y autorizar juegos de azar y máquinas tragamonedas, debe de ser en todo caso, objeto única y exclusivamente, de una ley en sentido formal y material, no del capricho de un estulto titular del Ejecutivo encerrado en su doble moral. A propósito de lo anterior, cabe señalar el descaro con el que el grupo parlamentario del PRI ha hecho valer en todo tipo de asuntos su aplanadora. El principio retrógrada de la mayoría aplastante. Cuando los grupos de izquierda promovieron una controversia constitucional en contra de la iniciativa de trámite preferente presentada hace no mucho por el pasado titular del Ejecutivo, los máximos órganos de esta Cámara aplicaron todo el rigor del Reglamento y la formalidad en aras de dilatar el procedimiento. Ahora que esta controversia constitucional es promovida por el grupo parlamentario del PRI, la celeridad que se le impone al asunto es extraordinaria. No obstante esta reserva de forma, apoyaremos esta propuesta en virtud de las razones antes expuestas. Muchas gracias.