El diputado José Rosas Aispuro Torres: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. Los diputados Emilio Gamboa y un servidor, a nombre del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentamos, sometemos a la consideración de ustedes, de esta honorable Asamblea, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar los primeros párrafos de los artículos 2 y 6 de la Ley de Coordinación Fiscal. Con el propósito fundamental de evitar la doble tributación y lograr una mayor eficiencia en la recaudación se estableció como sistema nacional a partir de 1980 la Coordinación Fiscal Federación-estados. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal actualmente vigente, fue resultado de numerosas reuniones de los funcionarios fiscales desde la década de los 70, así como de los convenios firmados entre la Federación y las entidades federativas para la armonización del sistema tributario, además de buscar fortalecer las haciendas públicas de los diversos órdenes de gobierno. En esta virtud, el Sistema de Coordinación Fiscal constituye el principal medio para regular las relaciones fiscales intergubernamentales, las que hoy enfrentan nuevos retos debido a las presiones financieras y a la urgencia de mayores ingresos, así como para una mejor colaboración administrativa bajo los criterios de transparencia y de rendición de cuentas. Con ese objeto, de coordinar el Sistema Fiscal de la Federación con los estados y municipios y establecer la participación y distribución que de los ingresos federales les corresponden con reglas de colaboración administrativa entre las diversas autoridades fiscales, además de buscar una distribución más equitativa de los recursos, sin los cuales la implementación del federalismo se convertiría en una utopía. Por ello se expidió la Ley de Coordinación Fiscal. Este ordenamiento fue publicado el 27 de diciembre de 1978 y entró en vigor a partir del 1 de enero de 1980, excepto el capítulo cuarto que se refiere a los organismos en materia de coordinación, cuya vigencia fue a partir del 1 de enero de 1979. Desde esa fecha, compañeras y compañeros legisladores, no ha habido cambios sustanciales que nos lleven realmente a tener en los hechos un sistema tributario y hacendario con características totalmente federalistas, como se ha dicho mucho, hasta el cansancio, de que somos un sistema federal y en materia fiscal se nos dice que año con año los gobiernos estatales y municipales están recibiendo más recursos de la recaudación federal participable. Pero vemos que si bien es cierto se ha avanzado en la transferencia de recursos de la Federación hacia los estados y los municipios, éstos no se han dado necesariamente a través del fondo general participable, que es el instrumento que jurídicamente nos puede llevar a hablar de un verdadero federalismo. Porque los recursos que se transfieren a través del Ramo 33 a los estados y municipios, estos recursos van etiquetados; estos recursos, no tienen la libertad ni los estados ni los municipios, para atender las principales necesidades que se tienen allá. Y no olvidemos que la pobreza, que la miseria donde la vivimos, donde se encuentra, es en el ámbito sobre todo de los municipios. Por eso es bien importante que podamos avanzar en esto. Cuando originalmente se crea el Sistema de Coordinación Fiscal y particularmente el Fondo General Participable se inicia con un 13 por ciento de la recaudación federal participable. A partir del año de 1992 se incrementa éste al 18.5 por ciento y a partir de 1996 se da un incremento al 20 por ciento y que es el que actualmente está vigente. ¿Qué quiere decir? Que de la recaudación federal participable, 80 centavos se siguen quedando con ellos la Federación y que en promedio, llegan a los estados sólo 16 centavos y cuatro centavos de cada peso que se recauda en cada municipio o en cada entidad federativa va a dar a los municipios. Por eso se explica el grado de atraso que se tiene en el ámbito de las municipalidades, porque no tienen éstos los recursos para atender las necesidades más indispensables, más prioritarias. Por eso, se hace necesario un cambio a la Ley de Coordinación Fiscal con un gran sentido de responsabilidad. No sólo se trata de buscar dar más recursos a estados y municipios; se trata también de establecer una corresponsabilidad que nos lleve realmente a que podamos hacer viable este sistema y que el Sistema de Coordinación Fiscal ayude realmente a atender las necesidades más importantes, sobre todo, donde éstas se originan que es en los estados o en los municipios, que es el orden de gobierno que tiene el mayor contacto con la sociedad, que es el que mejor conoce cuáles son los problemas que se viven allá. Ésa es la preocupación que estamos manifestando ahora, los integrantes del grupo parlamentario, que es producto de una serie de análisis, de una serie de discusiones, que inclusive en la I Convención Nacional Hacendaria que se desarrolló en el año 2004, donde participaron los gobiernos federal, estatales, municipales y el propio Congreso de la Unión, indudablemente que ese trabajo de la Convención Nacional Hacendaria nos da la base para poder llevar a cabo una serie de acciones, de cambios en materia hacendaria. Particularmente quiero decirles que de las 322 propuestas que fueron acordadas por unanimidad en la Convención Nacional Hacendaria, una de ellas tiene que ver con el compromiso que en su momento estableció tanto gobierno federal, estatales y municipales de poder modificar la Ley de Coordinación Fiscal, para que de manera gradual podamos ir transfiriendo más recursos; pero también más atribuciones a las entidades federativas y a los municipios, haciéndolos más corresponsables de la recaudación, para que de esa manera podamos tener los recursos suficientes para atender las necesidades que se tienen en cada uno de los municipios. Por ello la propuesta que hacemos el día de hoy consiste en lo siguiente: en modificar del 20 al 25 por ciento el Fondo General Participable aumentándolo un punto por año hasta llegar al 25 por ciento, pasando —como reitero el día de ahora— en el 20 por ciento, que vaya gradualmente aumentándose año con año, hasta llegar al 25 por ciento, y que en la misma medida también las legislaturas de los estados puedan establecer en su legislación que las entidades federativas deben de transferir en la misma proporción ese porcentaje a los municipios. Se trata aquí de una reforma con un gran sentido federalista. De una reforma que nos lleve realmente a darles a los estados y a los municipios la posibilidad de cumplir con la obligación que tienen ellos con los gobernados y que son los órdenes de gobierno quienes mejor conocen los problemas que se tienen en cada localidad. Amigas y amigos legisladores. Una reforma de esta naturaleza, indudablemente que va a ser aplaudida por no sólo las autoridades estatales y municipales; va a ser aplaudida fundamentalmente por la sociedad que es la que espera de este Poder Legislativo que actúe con un gran sentido de responsabilidad. Ciertamente alguien podrá decir aquí "no tenemos más recursos". Habrá que ver qué gastos debemos de eliminar, no sólo del Poder Ejecutivo, sino también de los otros dos Poderes para que de esta manera podamos contar con los recursos suficientes y poder hacer realidad esta demanda, no sólo de los gobiernos estatales y municipales, sino una demanda fundamentalmente de la sociedad. Por su atención, muchas gracias.