EL C. DIPUTADO LUIS ANTONIO RAMIREZ PINEDA: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros legisladores: En México se vive hoy una profunda crisis de la política y la credibilidad de los políticos. Los escándalos, los hechos violentos y las evidencias de corrupción de algunos actores indignan a la sociedad y cancelan la credibilidad en las instituciones y los procesos de participación política. El alto porcentaje de abstención que caracterizó al último proceso electoral y el rechazo abierto de la ciudadanía a confiar en las personas vinculadas a la actividad pública son signos preocupantes que ponen en riesgo la transformación democrática, única fuente de legitimidad de un gobierno. En este contexto de desencanto ciudadano y hartazgo ante la desviación del ejercicio político es indispensable restablecer la confianza de la población en el poder de su sufragio. Tenemos que hacerlo fortaleciendo la legalidad y credibilidad de nuestras instituciones. La iniciativa de reforma electoral que pongo a la consideración de esta soberanía no parte de la nada. La reforma electoral de 1996 concretó un esfuerzo de actualización de la normatividad que regula los procesos electorales, lo que llevó al fortalecimiento del sistema de partidos, a una mayor equidad en la contienda y a una notoria independencia y autonomía del organismo electoral. Este esfuerzo, si bien sitúa a México como una democracia moderna y alentó la incorporación de nuevos actores y organismos interesados en la construcción de un país más democrático, es ya insuficiente para responder a las nuevas circunstancias en que se realiza el proselitismo político. Necesitamos modificar sustancialmente los contenidos y formas de nuestro lenguaje político. Ante la complejidad de la vida política y social de México, se requiere fortalecer las bases de legitimidad de la actividad política. Los ciudadanos demandan hoy, una mayor transparencia y honestidad en el ejercicio de los recursos públicos destinados a los partidos políticos; reclaman también que en un país con tantas carencias económicas como el nuestro, se reduzcan los recursos financieros destinados a las campañas electorales y se regule el gasto en los medios de comunicación para que el resultado no sea el triunfo de la mercadotecnia, sino el de las ideas contenidas en las propuestas electorales. En ese sentido, la presente iniciativa de reforma electoral, tiene el propósito de fortalecer nuestro sistema democrático y legitimar el ejercicio de la política como una práctica útil que sea al servicio de la sociedad. La corrupción de la actividad política y el dispendio de los recursos públicos en los procesos electorales, lastiman y agravian a la sociedad y llevan a planteamientos apresurados que proponen la desaparición del sistema de partidos, olvidando que los principios democráticos son el eje sobre el cual gira la vida de las sociedades modernas. Su cancelación nos lo muestra la historia, implica anarquía que se expresa en violencia, desolación e incertidumbre. Los once apartados que conforman la iniciativa de reforma electoral que propongo a esta soberanía, contemplan: La reglamentación de las precampañas, la reducción del tiempo de la campaña presidencial y los gastos de la misma, las sanciones a los candidatos y/o partidos que rebasen los topes a los gastos de campaña, la restricción de la difusión de los programas gubernamentales y la regulación del gasto electoral en los medios de comunicación. Se refiere asimismo, a la colocación de la propaganda electoral, los mecanismos para que los partidos que pierden su registro regresen los bienes adquiridos con dinero público, la rendición de cuentas de los partidos nacionales, la prohibición para que los Consejeros Electorales del IFE ocupen cargos de elección popular y partidistas, así como la Administración Pública Federal, en plazo determinado, la ampliación de las facultades fiscalizadoras de este Instituto y la revisión del marco jurídico que regule el funcionamiento de las agrupaciones políticas nacionales con objeto de hacerlas más útiles en el impulso de los valores y conductas democráticas. Partimos del principio de que los procesos electorales deben de ser creíbles, transparentes y equitativos, con reglas claras que no dejen lugar a dudas sobre los resultados y, sobre todo, que sean instrumento fundamental para la transformación económica, política y social de México. La incertidumbre y la confusión política deben encontrar una respuesta en el Congreso. A las voces que se alzan demandando la cancelación de espacios y oportunidades políticas alegando el alto costo de la democracia, no podemos oponer la indiferencia. La incongruencia y el engaño han lesionado su confianza. Nos alcanzaron los tiempos del hartazgo en la política y en los políticos y no podemos simular que nada pasa. Estamos en un momento crucial. Evitemos que la descalificación se convierta en fractura social y realicemos los cambios pertinentes a la normatividad electoral. Esto supone la definición e instrumentación de medidas que eliminen las sospechas en torno a la utilización de los recursos públicos y privados en las precampañas y campañas políticas. Implica también racionalizar los recursos financieros destinados a la actividad político-electoral, pues su dispendio resulta ofensivo para un país con tantas necesidades económicas como el nuestro. De ahí que sea indispensable no sólo reducir los montos asignados como prerrogativas legales, sin incorporar mecanismos efectivos para el control de los gastos. La credibilidad en los procesos electorales tiene que ver también con la revisión de cuentas de los partidos políticos. La sociedad tiene derecho a saber cómo se gastan los recursos públicos. En esta iniciativa las sanciones efectivas a los candidatos y partidos políticos que rebasen los topes de campaña envían un mensaje a la sociedad en el sentido de que los triunfos electorales los deben determinar los proyectos, no los presupuestos. Un aspecto esencial en este apartado tiene qué ver con el gasto electoral, el IFE reporta que en México los partidos políticos nacionales destinan el 50 por ciento de sus prerrogativas a la compra de espacios publicitarios para promover a sus candidatos, mientras estudios independientes señalan que ocupan hasta dos terceras partes de su presupuesto en este rubro. Esta circunstancia vulnera las condiciones de equidad y da ventaja a quienes tienen más recursos o más patrocinio. Es importante también que evitemos que el patrimonio de un partido político nacional que pierde su registro quede a favor de una persona física o moral. De igual manera esta iniciativa contempla establecer, como obligación de los partidos políticos nacionales, publicar cada seis meses el informe financiero sobre el origen y destino de sus recursos, así como mostrar en su página de Internet, de manera permanente, sus documentos básicos. La ampliación de las facultades fiscalizadoras del Instituto Federal Electoral y la certeza en el ejercicio de esta función, ¡implica eliminar el secreto bancario en la utilización de los recursos públicos realizado por los partidos políticos, agrupaciones y asociaciones de carácter político, con el objetivo de detectar posibles comisiones de ilícitos en el origen y destino de estos recursos! La impunidad no puede seguir siendo el signo de estos tiempos, se requiere dar certeza al ejercicio de la función fiscalizadora de los órganos electorales. Por conveniencia, por principios, por simple racionalidad, es necesario rescatar los valores de la democracia y recuperar el sentido de dignidad del quehacer político. Este es el espíritu de los principios de la iniciativa de reforma electoral que hoy ha presentado para su estudio, discusión y dictamen a esta honorable Cámara de Diputados. Espero que este esfuerzo coadyuve, como lo es la iniciativa presentada el día de hoy por el diputado José Alberto Aguillar Iñárritu, el diputado Emilio Zebadúa, el diputado Camacho Solís y otros más compañeros, a la que expreso mi simpatía, coadyuve a la perfección de los instrumentos democráticos que este país necesita para asegurar sus libertades y para garantizar su gobernabilidad como país libre, independiente y soberano. Es cuanto, señor Presidente. -