El diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. La reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 vino a refrendar a la transparencia como una materia central en el ejercicio democrático de las funciones públicas. La transparencia gubernamental y la garantía de los mexicanos a acceder a la información. En la actualidad es una actividad preponderante del Estado mexicano. Por ello, se elevó a rango de organismo constitucional autónomo al INAI. Se amplió el catálogo de sujetos obligados y se consolidó un Sistema Nacional de Transparencia con la participación de los entes públicos en los tres órdenes de gobierno entre otras importantes innovaciones. No hay duda que a partir de estas modificaciones se consolidó un cambio de paradigma en el servicio público. Se abrió así el gobierno al escrutinio constante de la ciudadanía en todo aquello que realiza. Desde de nombramientos de funcionarios, organigramas, normativas internas hasta el ejercicio de recursos públicos e informes de gasto en todo el país. Solo por poner un par de ejemplos, en épocas pasadas esto era impensable, pero hoy es parte de la normalidad administrativa, lo cual ha obligado a todos los funcionarios a conducirse con apego a la ley, con ética, bajo altos estándares de responsabilidad y rendición de cuentas. No obstante lo anterior, debemos resaltar que en el principio toda información en posesión de los sujetos obligados es pública, con excepción de aquella que adquiera el carácter de reservada por razones de interés público y seguridad nacional, de lo cual será de manera temporal. Reconocemos que existe un gran avance en materia de transparencia; sin embargo, debemos reconocer también que aún tenemos saldos pendientes en la construcción de este sistema. Actualmente el artículo 102 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información únicamente señala la elaboración de un índice de expedientes clasificados sin periodicidad alguna, lo cual genera un vacío temporal en el ciclo de la información y, en consecuencia, retrasa, o incluso elimina la capacidad de fiscalizar de manera adecuada las resoluciones por parte de los órganos garantes. Es necesario mencionar que organizaciones como Transparencia Internacional sugieren que la construcción de sistemas sobre información sensible cuenten con una actualización constante y certera para no obstaculizar los procesos de gobernanza institucional. En este contexto y a efecto de mantener una actualización periódica de los datos que no genere otra serie de complicaciones a la implementación de sus criterios, es que se debe estipular la obligación de cada área responsable dentro de la plataforma nacional, para que cada 6 meses, dentro de los primeros 10 días del mes de enero y julio de cada ejercicio, se envíe la información correspondiente procurando en todo momento el principio de máxima publicidad previsto en el artículo 6o. de nuestra Constitución. Con ello, se busca brindar certidumbre y homologar con los marcos internacionales sobre la seguridad de la información. Asimismo, se busca fortalecer los canales de acceso a la información pero, sobre todo, se constituye una vía para mejorar las acciones integrales sobre información sensible que indiscutiblemente aporta competitividad y continuidad a las actividades del Estado mexicano. Legisladoras y legisladores, estoy convencido que el fortalecimiento a los mecanismos que garantizan el acceso a la información pública, constituyen una herramienta fundamental en el combate a la corrupción. Más transparencia, es igual a menos corrupción. Muchas gracias.