La diputada María de Jesés Aguirre Maldonado (PRI): Con su venia diputado presidente. Gracias. Compañeras diputadas y compañeros diputados, tomo un momento de su atención para poner a consideración de ustedes esta iniciativa que nos ha llevado algunos meses de nuestro tiempo, tanto al diputado Manlio Fabio Beltrones como a su servidora. Esta iniciativa tiene mucho que ver con la protección que debemos de dar todos nosotros y el tiempo que debemos de dar todos nosotros, para que se puedan adecuar nuestras leyes, nuestro marco jurídico de protección a la infancia, de protección a los menores de edad. La explotación sexual infantil, tanto comercial como no comercial, de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales, ratificados por nuestro país, se compone de dos delitos contra la niñez, la pornografía y el lenocinio infantiles, teniendo este último al turismo sexual y la trata de menores con propósitos sexuales como medios para poder cometerlo. Entre los citados delitos, así como entre los medios para su comisión, existe una estrecha relación llegando incluso a ser complementarios, creando así una amplia y compleja estructura delictiva. En nuestro país son explotados actualmente más de 16 mil menores de edad, de los cuales, el 80% son niñas entre 10 y 14 años, cifras que provienen de un estudio realizado por la investigadora Elena Sola en el año 2000, bajo el auspicio de la UNICEF, el DIF y la UNAM. Lo preocupante de los resultados de ese estudio es, por un lado, que tiene una antigüedad de cuatro años, sin que existan nuevos datos al respecto. Y por otro, que en él se abarca tan solo a 6 ciudades de la República Mexicana, por lo cual podemos afirmar que el número es seguramente mucho mayor. Esta cifra nos demuestra que en los últimos años México se ha convertido en un lugar ideal para la operación de bandas criminales que se dedican a explotar sexualmente a la niñez mexicana, al amparo de una legislación débil al respecto. Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, la explotación sexual infantil general anualmente en el mundo 7 mil millones de dólares, cantidad con la que se podría garantizar el acceso a la educación primaria de todos los niños del mundo. Con estas millonarias ganancias, derivadas del gran crecimiento en la demanda, la explotación sexual infantil se coloca como el tercer gran negocio mundial, después del tráfico de drogas y de armas. Este aumento en la demanda de sexo con niños ha sido el detonante de la aparición de modalidades delictivas como la utilización de éstos en la elaboración de material pornográfico, el turismo sexual y la venta de niños con propósitos sexuales, actividades que se ven favorecidas para su realización por el surgimiento de nuevas formas de comunicación internacional, concretamente el Internet y por los avances en los transportes que hoy en día permiten a los pedófilos desplazarse hasta países donde las leyes en materia de protección a la niñez son más laxas. La oferta de niños es mayor e impera la corrupción policial en complicidad con agentes de viajes, guías de turistas, taxistas y dueños de hoteles. Para enfrentar este flagelo que no distingue fronteras físicas o culturales, la Comunidad Internacional ha organizado sus esfuerzos en diversos ordenamientos de alcance global, que al ser adoptados por los países miembros, implican el compromiso de su incorporación a las legislaciones nacionales a fin de crear un marco jurídico eficaz de protección a la niñez. En este sentido, México es signatario de todos los instrumentos jurídicos de protección a la infancia a nivel internacional. En 1989 firmó la Convención Sobre los Derechos del Niño, el instrumento jurídico más ratificado en la historia mundial y en la cual se define como niño a todo ser humano menor de 18 años, englobando en el término a los menores de edad de ambos sexos, criterio que retomamos en el proyecto de ley federal que estamos presentando ante ustedes. En 1999 suscribió el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre las peores formas de trabajo infantil. En el año 2002 entró en vigor en nuestro país el protocolo facultativo sobre la Convención Sobre los Derechos del Niño, relativo a la explotación sexual comercial infantil. Con la intención de contribuir a adecuar nuestro marco jurídico nacional a los compromisos que hemos adquirido, en virtud de los instrumentos jurídicos internacionales ya mencionados y de los eventos en la materia en que México ha participado, tanto el diputado Manlio Fabio Beltrones como su servidora, presentamos el 16 de junio pasado, una iniciativa de ley que modifica el Capítulo Segundo Título Octavo del Código Penal Federal correspondiente a la corrupción de menores, con la finalidad de crear como figuras delictivas autónomas, la pornografía y el lenocinio infantiles, colocándolos además, como delitos graves. En la misma iniciativa establecimos como modalidad el delito de pornografía infantil, la posesión o compra de material pornográfico, que involucre a niños, modalidades hasta ahora inexistentes en nuestra legislación. Esta iniciativa, de ser aprobada durante el presente período ordinario de sesiones, permitirá al Estado Mexicano proteger de una manera más eficaz a la niñez mexicana y junto con el proyecto, colocará a nuestro país en la senda del cumplimiento de los compromisos internacionales que ha firmado en esta materia, pero sobre todo del gran cumplimiento, del cumplimiento enorme, el gran compromiso que tenemos todos los aquí presentes. Compañeros y compañeras diputadas, tenemos un gran compromiso con nuestra niñez. El pasado 30 de abril, en el marco de la conclusión de los trabajos del Segundo Parlamento de las Niñas y los Niños de México, en el Senado de la República, los 300 menores participantes provenientes de todos los estados del país, que de hecho estuvieron de visita en este recinto, exigieron al Poder Legislativo, sancionar con cadena perpetua a las personas que induzcan a los niños a participar en actos de pornografía infantil y prostitución y castigar a quienes produzcan y vendan este material, petición con la que nos debe quedar bien clara la creciente preocupación de nuestros niños, por ser protegidos de tales prácticas que atentan contra su correcto desarrollo y contra la sociedad mexicana en su conjunto. Adicionalmente debemos retomar la recomendación que en el año 2000, hizo a nuestro país, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en relación con la protección de los niños, enfatiza las lagunas legales existentes en México para su protección. Difícilmente podemos quedarnos cruzados de brazos ante la necesidad de contar con una Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, que además de proteger a la infancia mexicana, nos vincule con los esfuerzos internacionales que se realizan al respecto. Con este proyecto pretendemos insertar la lucha contra la explotación sexual infantil en la coyuntura nacional de combate a la delincuencia organizada, con acciones contundentes que reduzcan la inseguridad en la que vivimos los mexicanos. Con las referencias citadas se realiza el proyecto de Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, mismo que fue enriquecido con las aportaciones hechas por las organizaciones de protección a la niñez, tanto nacionales como internacionales, como resultado de los trabajos del Foro Nacional de Consulta, sobre la Ley Federal contra la Explotación Sexual Infantil, organizado por los suscritos diputados el 20 de agosto pasado. En este foro contamos con la presencia de la UNICEF, del DIF, de "Casa Alianza", de la "Red por los Derechos de la Infancia de México", por personal especializado de la Policía Cibernética, por legisladores federales y locales, estudiantes, maestros y sociedad civil en general. En este momento, yo quisiera agradecer la participación tan comprometida y tan activa de la diputada Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias; también quiero agradecer la participación de la diputada Adriana González Furlong, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y de la senadora Micaela Aguilar González, Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. En la tipificación de los delitos que componen la explotación sexual infantil, el presente proyecto además de establecer el de pornografía infantil, retoma el de lenocinio infantil, de acuerdo con la iniciativa que anteriormente mencioné, para significar con este término la explotación de la prostitución ajena, como medios para cometer el delito de explotación sexual infantil, establecemos el turismo sexual infantil y la trata de niños con propósitos sexuales. En virtud de este proyecto de ley, los proveedores de servicios de Internet y administradores de páginas de Web, estarán obligados a proporcionar a la autoridad toda información relacionada con quienes hayan solicitado el registro de una página de Internet con contenido pornográfico infantil Una de las situaciones que me gustaría, terminó señor Presidente, mencionar, viene siendo la creación de un consejo, un Consejo Nacional para prevenir la explotación sexual infantil, que va a ser un organismo descentralizado con personalidad propia, en la que van a participar muchos de los funcionarios públicos, que actualmente están íntimamente ligados con este problema. Termino, señor Presidente. Agradezco mucho señores diputados, señoras diputadas su atención y les solicito que toda vez que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria, se inscriba íntegro su texto en el Diario de los Debates. Muchas gracias, señor Presidente.