El diputado Emmanuel Reyes Carmona: En cumplimiento al claro mandato popular expresado en las urnas el pasado primero de julio, en el que el pueblo le confirió la gran responsabilidad al hoy presidente electo y al mismo el compromiso adquirido con la sociedad mexicana de responder a sus expectativas, el dictamen que hoy se presenta a discusión es la legalización del centralismo que desplegará el gobierno federal como lógica de gobierno de la cuarta transformación. Sin embargo, sabemos que hoy no existe ningún grupo político con la fuerza necesaria para generar un contrapeso y por ello este dictamen será aprobado sin mayor preocupación por la mayoría legislativa que concentra este Poder. Feliz cumpleaños, presidente electo Andrés Manuel. El mejor regalo es este. El titular del Ejecutivo federal tiene el derecho de proponer las modificaciones que crea pertinentes a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para asegurar que su gobierno tenga el éxito que supone. Como grupo parlamentario, nos corresponde defender los intereses de la ciudadanía. Seremos los primeros en reconocer sus aciertos, pero también sus defectos, como el día de hoy en el que el presente dictamen no refleja la mejor opción para estructurar un gobierno republicano y democrático, comprometido con el principio del federalismo y los gobiernos municipales. El presidencialismo centralista que se perfila en este dictamen es un cambio que esperamos no haga renacer los conflictos históricos entre federalistas y centralistas, que tanto daño pueden traer a nuestra nación. En especial advertimos que con la creación de las delegaciones de los programas para el desarrollo que dependerán del presidente de la República, mediados por el coordinador general de programas para el desarrollo, tiene la clara intención de crear contrapesos federales que serán en la práctica contrapesos políticos de los gobiernos estatales y municipales. Señalamos con preocupación que los titulares de dichas delegaciones, que los delegados de los programas para el desarrollo contarán con una plataforma de proyección política para sus aspiraciones de convertirse en los gobernadores de los estados. Esta estructura de delegados, de programas para el desarrollo, se convertirá en la práctica en escuelas de preparación de candidatos con los que Morena pretende desarrollar su proyecto, de hegemonizar el poder político en las entidades de la República. Las reformas aquí planteadas corresponden a una estrategia de concentración del poder a costa del buen funcionamiento de las instituciones. Es un ejercicio para mantener una campaña política permanente durante este sexenio a favor del partido en el poder. No les importa limitar las facultades para evitar motines gubernamentales de colaboradores que pueden resultar incómodos, así como la discrecionalidad de los órganos de fiscalización en la ejecución de sus facultades. En pocas palabras, representa todo lo contrario a lo que por años en luchas cívicas hemos alcanzado. Todo el terreno ganado como república democrática está en riesgo de ser perdido. El federalismo, insistimos, se verá vulnerado por un presidencialismo centralista que desconfíe de las instituciones y de las leyes locales y por ello busca mantener en una sola mano los hilos del control de los recursos públicos de los programas federales. Nos preocupa que este dictamen de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en el artículo 6o. se establezca que el fiscal general de la República acordará con el presidente de la República según indica el artículo 29 constitucional. Con esta acción se afirma que la administración ejecutiva que iniciará el primero de diciembre del año en curso, no aceptará la autonomía de la Fiscalía General de la República. Afirmamos que esta autonomía es indispensable para el Sistema Nacional Anticorrupción, pueda convertirse en una eficaz acción institucional y legal para erradicar la impunidad y la corrupción con un sentido constitucional de justicia. A los representantes legislativos del nuevo gobierno federal que hacen la mayoría en esta Cámara les corresponde la aprobación de este dictamen. Pueden ejercer su mayoría con plena libertad, pero también les corresponderá asumir las responsabilidades de las consecuencias que puedan traer consigo...