EL C. DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR: Con su permiso diputada presidenta. Compañeras, compañeros. Las remesas familiares constituyen un gran apoyo para nuestra economía, ya que representan la tercera fuente de divisas extranjeras del país, después del petróleo y de los bienes manufacturados. Hasta 1988 el concepto de remesas familiares tan sólo incluía lo captado vía giros postales y telegráficos, según reportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A partir de 1989 dicha captación se amplió, para considerar también las remesas canalizadas mediante money y orden y cheques personales a través de bancos y casas de cambio. A partir de 1994 el banco de México incorporó en las balanza de pagos el monto de las transferencias electrónicas y una estimación de las transferencias de bolsillo, tanto en efectivo como en especie, dinero o regalos llevados directamente por el migrante en su viaje de regreso o de visita a México. Hoy, con el Resolutivo que emite la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, en el sentido de suspender los derechos laborales de los trabajadores migrantes mexicanos, los cuales han aportado durante los últimos años la cantidad de 90 mil millones de dólares con su fuerza de trabajo al fondo del Seguro Social de los Estados Unidos, sin recibir beneficio alguno Si con estas leyes impositivas que determinó el gobierno de los Estados Unidos, se le ha negado todo derecho laboral a nuestros compatriotas, será posible que nosotros, como Legisladores mexicanos, que somos la conciencia de la nación, no podamos establecer leyes a favor de los migrantes, que permitan optimizar cada dólar que ganan y trabajar un marco jurídico, que regule el costo y envío de remesas, para que no sean empresas particulares las que administren tales envíos, subordinando a nuestros connacionales a las altas comisiones que cobran las empresas por el servicio de transferencias, que en muchos de los casos tienen que pagar hasta 25 dólares por envío. El ingreso de divisas a las economías locales, además de generar en ellas liquidez, capacidad de compra, etc., provoca efectos multiplicadores en las zonas rurales, asimismo alienta la generación de empleo, para producir los bienes comprados, la rotación de inventarios y la circulación monetaria. Cabe destacar que en los estados de Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas, las remesas enviadas desde el exterior, fueron superiores a las participaciones federales recibidas en los períodos, por los que en los estados los flujos de divisas son de suma importancia. Estos envíos de dinero son canalizados a las familias de los migrantes para solventar los gastos de su necesidad básica, como alimentación, educación, salud, vivienda, y en contadas ocasiones, para su diversión. Se tiene estimado que más de 400 municipios de todo el país, son los que exportan mano de obra hacia los Estados Unidos, el argumento del gobierno federal para impedir la emigración, es la falta de recursos para invertir en programas integrales, basados en la educación, capacitación y proyectos productivos viables. El 50% de la población de México, tiene menos de 23 años de edad, lo que significa que el país vecino tiene asegurada dos generaciones de mano de obra barata, el futuro de Pemex es incierto, y en un futuro próximo las remesas de nuestros migrantes, podrían ser la primera fuente de divisas para México, a la cual no se le tiene que invertir, millones y millones de dólares, como sucede con nuestro turismo, donde los más beneficiados son los grandes consorcios transnacionales que mantienen sus capitales fuera de México. Nuestros migrantes envían en promedio alrededor de 9 mil millones de dólares al año, de los cuales por costos de envío y comisiones, los consorcios se embolsan entre un mil y 1,200 millones de dólares, sin hacer declaraciones de impuesto, 1,200 millones de dólares que pueden ser la base para emprender una política migratoria, basada en proyectos viables, que ataquen y controlen, en buena medida la migración obligatoria en las regiones más pobres de nuestro país. Y que en el futuro, el ir a los Estados Unidos, sea una opción más no una necesidad. Todo este flujo de transferencia de dólares que ha minado la economía de los migrantes, ha ocasionado que compañías transnacionales, como Western Junior, Monygrand (?) dedicadas a este negocio, abusen de los connacionales, conjuntamente con empresas mexicanas, como Electra, "The One", "Ecali" entre otras, chantajeando a la gente con el argumento de que en ocasiones no tienen recursos suficientes... LA C. PRESIDENTA. Se ha agotado su tiempo, señor diputado. EL C. DIPUTADO SERGIO ACOSTA SALAZAR. Termino. Un minuto más, por favor. No tienen recursos suficientes, obligándolos en muchos de los casos a la adquisición de mercancías que ellos mismos venden, a complacencia de la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor y la Comisión Nacional para la Defensa de Usuarios Financieros, limitándose únicamente estas instituciones a realizar estudios de mercado y promocionar los servicios que prestan estas empresas. Las empresas que se dedican a la actividad y a las transferencias de dinero, son negocios que desde 1992 han ejercido. Nuestro Gobierno Federal tampoco ha querido quedarse fuera de la repartición de estas remesas, tal es así que también le entró al jugoso negocio por medio de TELECOM-TELEGRAFOS, poniéndose al servicio de las trasnacionales. Después de la Cumbre Internacional Sobre Financiamiento y Desarrollo que se llevó a cabo en la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, el Presidente Fox se reunió con el Presidente Bush de los Estados Unidos para hablar, entre otros temas, del asunto de las remesas y que francamente desconfiamos que entre los dos Presidentes planeen una nueva ofensiva en contra de la economía de migrantes. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento la siguiente proposición con punto de acuerdo: UNICO. Que se conforme una Comisión Especial Plural que realice los trabajos conducentes para proponer un marco jurídico que proteja el envío de remesas de nuestros connacionales, creando los mecanismos que reduzcan los costos y comisiones por el traslado de dinero. Por su atención, gracias. Gracias, señora Presidenta. LA C. PRESIDENTA. Gracias, señor diputado. Túrnese a la Junta de Coordinación Política. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Rodolfo Escudero Barrera del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una proposición con punto de acuerdo para que el Ejecutivo Federal, detenga el otorgamiento de subsidios y apoyos a la compra de semillas genéticamente modificadas, hasta por cinco minutos. EL C. DIPUTADO JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: El 15 de marzo de este año, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reglas de operación de la Alianza para el Campo 2002 para los Programas de Fomento Agrícola, de Fomento Ganadero, de Desarrollo Rural, de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria del Sistema de Información para el Desarrollo Rural Sustentable y de Apoyos para la Integración de los Mercados y Fomento a las Exportaciones Agroalimentarias. En el punto 12.6.2, dentro del Programa de Fomento a la Productividad, el proyecto de fomento a cultivos agroindustriales contempla que se apoyará a productores por un monto de hasta 455 pesos por hectárea para el pago de derechos y valor de semillas genéticamente modificadas. Es obvio que a través de éstos montos máximos de apoyo, se subsidia directamente a las compañías que manipulas genéticamente las semillas. Con esto se está violando lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana 056, cito, 1995, la que establece los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados mediante la aplicación de ingeniería genética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 7 de julio del 96. Porque la liberación de cualquier organismo manipulado por ingeniería genética para usos agrícolas, requiere la obtención previa de un certificado de liberación al medio ambiente, el cual de acuerdo con lo dispuesto en el punto 3.3.8 de la norma mencionada, es válido únicamente para la liberación en campo y/o en importación y/o movilización con objetivos de investigación o reproducción de material, el cual no incluye la comercialización en México de productos transgénicos. La norma oficial, establece que están obligados a cumplir con esta norma toda institución oficial, privada y personas físicas que de alguna forma intervengan en el proceso de movilización y liberación al medio ambiente, así como en la evaluación de productos transgénicos, lo cual incluye evidentemente a las autoridades de la SAGARPA. Como requisito general para el otorgamiento de dichos apoyos, se establece que la semilla utilizada en programas deberá ser certificada, sin especificarse qué autoridad certificará dichas semillas. También se establece como requisito que en el caso de las semillas de algodón y soya genéticamente modificadas, el apoyo para la superficie donde se sembrará este material genético deberá contar con autorización del Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola, entidad pública que ya no existe. Según el artículo segundo transitorio por el que se crea la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados, Cibiogem, con el objeto de coordinar las políticas de la administración pública relativas a la bioseguridad y a la producción, importación, exportación, movilización, propagación, liberación, consumo y en general el uso y aprovechamiento de los OGMs, sus productos y subproductos, publicado en el Diario Oficial de la Federación del día 5 del 99. Con estos apoyos, sin una norma que establezca los límites, modalidades y medidas de seguridad para la liberación comercial de los OGMs, es de esperarse que la contaminación genética se extienda, poniendo en grave riesgo la biodiversidad de nuestro país. Nos preguntamos por qué, siendo México un país megadiverso, con enormes posibilidades de producción agrícola sustentable, con la responsabilidad de preservar la biodiversidad para el mundo y las futuras generaciones, se opta, por parte de las autoridades, por brindar apoyos y subsidios a empresas, en su mayoría transnacionales, que ponen en grave peligro la biodiversidad de nuestro país y aseguran la dependencia de nuestros campesinos hacia esas compañías transnacionales y se compromete la seguridad alimentaría de todos los mexicanos de ésta y de las futuras generaciones. Por qué las autoridades agrícolas impulsan los métodos de producción menos sustentables y lo hacen utilizando recursos de todos los mexicanos. ¿Será acaso porque éste es un gobierno de empresarios y para empresarios, tal y como lo dijera el Ejecutivo federal? Por lo antes dicho y porque la violación a la ley y a la normatividad ponen en grave riesgo la salud, la alimentación y el medio ambiente de todos los mexicanos, proponemos la siguiente proposición con punto de acuerdo. Primero. Se mandata al Ejecutivo federal para que detenga de manera inmediata el otorgamiento de subsidios y apoyos a la compra de semillas genéticamente modificadas para su liberación comercial, toda vez que contraviene a lo dispuesto en la norma 056 FITO 1995, por la que se establecen los requisitos fitosanitarios para la movilización nacional, importación y establecimiento de pruebas de campo de organismos manipulados genéticamente mediante la aplicación de ingeniería genética. Segundo. Se mandata al Ejecutivo federal, a través de la Sagarpa, para que derogue las reglas de operación de la Alianza para el Campo 2002, publicadas en Diario Oficial de la Federación en la parte contenida en el .12.6.2, relativo a pago de derechos y valor de semilla genéticamente modificada, toda vez que la liberación al ambiente de las semillas genéticamente modificadas para fines comerciales no se encuentra contemplada en la normatividad mexicana, lo cual implica que los agricultores que reciban dicha semilla y la siembren están cometiendo un delito ambiental, conforme lo establece el artículo 420, tercero.