La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Mesa Directiva. Las diputadas y diputados tenemos un compromiso con la nación y la sociedad en cumplimiento a la representación y soberanía que el pueblo nos concede. No debemos eludir nuestra responsabilidad de legislar en su beneficio. Hoy, y dado el compromiso que tenemos los tres Poderes y los distintos niveles de gobierno, se da inicio a una etapa de esfuerzos compartidos para armonizar y consolidar en el marco de esta soberanía, las leyes necesarias para implementar una verdadera transversalidad de género y puedan realizarse con apego a la Constitución las políticas públicas y sociales que no sólo benefician a las mujeres ya que las bondades de sus frutos se harán extensivas a toda la sociedad. Es preciso reconocer en el México del siglo XXI el papel fundamental de las mujeres mexicanas para hacer realidad los niveles requeridos de gobernabilidad, consenso y legitimidad para los fines del Estado. Por tanto, un objetivo fundamental estriba en consolidar la justicia y el bienestar de más de la mitad de la población de nuestro país. Es importante que todos nos esforcemos en consolidar una sociedad incluyente. Para lograrlo se requiere de una planeación de Estado estratégica y de gran visión, que propicie alternativas, genere metas, decisiones y fines precisos a partir de una adecuada articulación integral y transversal de las instituciones para dar respuestas específicas a una sociedad demandante de justicia, igualdad y equidad. Con las medidas propuestas se propiciará una vida con calidad plena y digna para todas las mujeres de nuestro país. Éste es y debe ser el espíritu que los tres órdenes de gobierno deben asumir para dar pasos firmes y decididos en este sentido. Por tanto, una política de Estado con estas directrices permitirá corregir la exclusión, el desempleo y la discriminación hacia las mujeres, permitiendo al mismo tiempo aprovechar su tenacidad en la capacidad de trabajo de millones de mujeres a lo largo y ancho del país. Por lo anterior, el Estado debe asumir la obligación de crear los instrumentos para brindar a la sociedad alternativas y satisfacción de sus necesidades, empero también se requiere desarrollar los instrumentos legislativos necesarios y plasmarlos en las leyes para permitir la implementación de políticas públicas y sociales transversales encaminadas a defender la integridad, la seguridad, la justicia, la dignidad, el empleo, la vivienda, el salario, el desarrollo de empresas, la estructura de las familias, los servicios de salud y los derechos de todas las mexicanos en todos los sectores, niveles y ámbitos en los que se ubica. Las consideraciones anteriores impactan positivamente en el espacio público y privado. Sólo así se consolida el trato igual para mujeres y hombres a través de la creación del sistema nacional previsto en la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde habrán de converger todos los sectores del Estado mexicano porque con la corresponsabilidad y el compromiso entre los gobiernos estatales y municipales, se consolida una política trasversal, federalista, propia de nuestra democracia. Para que la nación pueda cumplir con estos grandes retos, se visualiza que el Instituto Nacional de las Mujeres puede convertirse en institución que por excelencia organice, estructure, cree, opere, evalúe y dé seguimiento a las políticas transversales perfeccionando cada una de las acciones que se realizan en este sentido. Con esta iniciativa se establecen y fortalecen los mecanismos, los medios y los instrumentos jurídicos para que las instituciones incorporen en la vida laboral, social y política, en los cargos públicos y en la cultura del país a las mujeres. Por nuestra parte, ponemos a disposición de los Poderes de la Unión los instrumentos legislativos para fortalecer el estado de derecho, la democracia, la estabilidad, la gobernabilidad, el orden, el consenso y la legitimidad en lo que respecta a la relación del Estado con la sociedad. En este sentido estamos trabajando arduamente para sensibilizar a los distintos Poderes de la Unión, de esta noble y urgente acción por desarrollar porque las medidas legislativas que se presentan en el actual contexto político pueden hacer realidad las estrategias trazadas al inicio del sexenio. Con las acciones mencionadas se pueden abatir las prácticas tradicionales, delimitar o excluir el papel de las mujeres al prever las posibles consecuencias de las situaciones concretas que se dan en la vida diaria de las mujeres. En consecuencia, y dado el sentido que damos a esta iniciativa, no pueden quedar fuera los grupos más desprotegidos. Los grupos vulnerables, los y las indígenas, las mujeres rurales y las personas con discapacidad cuyas necesidades deben ser resueltas por el Estado desde una perspectiva transversal, interinstitucional y federalista. Una planeación deficiente margina, excluye y empobrece. En este contexto, la planeación nacional de desarrollo del país se sitúa como la base indispensable para encauzar las actividades de la administración pública federal, la cual debe refrendar el compromiso de construir e implementar políticas públicas y sociales, diseñadas con perspectiva de género que garanticen el pleno ejercicio de los derechos constitucionales a favor de las mujeres, a favor de la igualdad social. Debemos decirlo con claridad, la norma es letra muerta; y en los resultados emanados de los hechos concretos no existen criterios de conducción capaces de erradicar el riesgo latente de la discriminación y la desigualdad que propician la desmedida violencia económica que afecta a millones de mujeres y de mexicanos en situación de desprotección. Es una obligación del legislador coadyuvar a superar esta situación, sin distinción de su ideología, creencia religiosa, orientación o condición de género, porque en nuestra cultura de valores aún predomina la grave tendencia a la discriminación, a partir de lo cual se produce la espiral cíclica de violencia que padecen las mexicanas. Debemos reconocer que la planeación con perspectiva de género y la armónica atención de los grupos desprotegidos constituye un elemento indispensable que da lugar a enfrentar necesidades no atendidas ni resueltas. Finalmente, es importante exponer ante esta soberanía que los derechos sociales y la protección de los derechos humanos de las mujeres son progresivos y extensivos a la sociedad en su conjunto. La participación de las mujeres permite mejorar las condiciones de vida de los mexicanos en general y sobre todo, propicia una cultura de igualdad, equidad y procuración de justicia para una sociedad más incluyente. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 2; y reforma los artículos 14, 20 y 21 de la Ley de Planeación. Y solicito a la Presidencia de esta Mesa Directiva, considere turnarla a las comisiones de Gobernación y de Equidad y Género para su dictamen en conjunto y con la opinión de Grupos Vulnerables. Además, le solicito atentamente sea publicada íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto.