La presidenta diputada Dulce María Sauri Riancho: Adelante, por favor. La fiscal Elizabeth Alcantar Cruz: Gracias. Con su venia, señora presidenta. Honorable Cámara de Diputados, agradezco la oportunidad de exponer los hechos sustanciales de la solicitud de declaratoria de procedencia del gobernador del estado de Tamaulipas, el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Comenzaré diciendo que, para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder detenga al poder. Montesquieu. Comparecemos en representación de la Fiscalía General de la República como representantes de los intereses de la sociedad, a fin de exponer el resultado de la investigación efectuada dentro de la carpeta de investigación con terminación 392/2020, iniciada en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, actual gobernador del estado de Tamaulipas, de la cual se obtuvieron medios probatorios de los que se desprenden hechos con apariencia de delito y la probabilidad de que el mencionado participó en la comisión de los ilícitos de: Delincuencia organizada, previsto y sancionado en el artículo 2 y 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal; y defraudación fiscal equiparada, previsto y sancionado en los artículos 108 y 109 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior al tenor de lo siguiente: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, valiéndose de los cargos públicos que ha ostentado, ha acumulado una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas, Estados Unidos y en el Estado de Tamaulipas, adquiridos principalmente entre los años 2005 y a 2019, tratándose esto de empresas, restaurantes, galerías de arte, residencias, ranchos y cuentas bancarias. Es decir, un caudal de bienes ocultos a través de prestanombres, principalmente de su círculo familiar, cuyo valor asciende a más de 951 millones de pesos, muy por encima de los 50 millones de pesos que declaró poseer al arranque de su campaña como gobernador de Tamaulipas, advirtiéndose que el salario de un hombre, que solo ha sido servidor público no alcanzaría para reunir un caudal tan grande de bienes y recursos, y que pare evitar su detección las propiedades han sido distribuidas entre una red de familiares y prestanombres, entre quienes se encuentran José Manuel e Ismael García Cabeza de Vaca, sus hermanos, además de sus primos y su propia señora madre, así como su suegro José Manuel Gómez Reséndez. Lo anterior, sin descartar que en la investigación, que se sigue en curso, surjan mayores elementos que logren respaldar estos hechos, dado que hasta el momento se tiene que durante el periodo de 2016 a 2019 el investigado en su calidad de gobernador del estado de Tamaulipas conformó una organización y diseñó un esquema que fue operado desde el interior del propio gobierno de esa entidad, con la intensión de beneficiar a familiares y terceros con recursos públicos a través de licitaciones para posteriormente dispersarlos con personas morales, socios y beneficiarios, para blanquear dichos recursos. Para ello, el imputado se organizó con las personas identificadas, como Juan Francisco Tamez Arellano, accionista y representante de la persona moral T612. También se organizó con la persona identificada como Baltazar Higinio Reséndez Cantú, apoderado y administrador único de la persona moral, Inmobiliaria RC de Tamaulipas y Barca de Reynosa. Asimismo, la organización diseñada por Francisco Javier García Cabeza de Vaca, utilizó también a la empresa productora rural y agropecuaria regional CABA, de la cual él propiamente socio junto con sus familiares, sus hermanos, su madre, su cuñada. Se dice lo anterior debido a que el primero de octubre de 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió el cargo de gobernador constitucional del estado de Tamaulipas, para el periodo 2016-2021 y con dicha investidura tiene plena responsabilidad respecto a los actos de gobierno que realice acorde a lo preceptuado en el artículo 91 de la Constitución Política del estado de Tamaulipas, que señala las facultades y obligaciones del gobernador constitucional. Durante los años 2016 a 2018, las personas morales Barca de Reynosa e Inmobiliaria RC de Tamaulipas, obtuvieron recursos a través de licitaciones y contratos de obra pública del estado de Tamaulipas, siendo estas licitaciones las siguientes: la licitación con terminación E33-2016, del 28 de noviembre de 2016, la cual fue por un monto de 5 millones 948 mil 896, la cual fue adjudicada a la empresa Barca de Reynosa Sociedad Anónima de Capital Variable. También se tiene registro de la licitación con terminación N42-2017, por un monto de 24 millones 191 mil 169 pesos, la cual fue adjudicada a la persona moral Inmobiliaria RC de Tamaulipas. De igual manera, se tiene registro del contrato de obra pública con terminación 065-17-P de 26 de febrero de 2018, por un monto de 25 millones 499 mil 993 pesos, adjudicada a Inmobiliaria RC de Tamaulipas. Es importante destacar que la persona representante que, al cual se le adjudicaron estas obras públicas, es decir, el señor Baltasar Higinio Reséndez Cantú, se encuentra incluido en la lista FinCEN de los Estados Unidos de América. Es decir, la lista donde se tiene detectada que son personas que realizan actividades sospechosas de lavado de dinero. También es importante abundar que de la investigación se desprende que, durante los meses de marzo a abril de 2018, Baltasar Higinio Reséndez Cantú envió 33 millones 553 mil 500 pesos a una persona que se identificó como Juan Francisco Tamez Arellano. Esta persona es accionista y representante legal de la persona moral T612. Asimismo, en el año 2019, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, recibió en su cuenta, con terminación 0018 contratada en Banco Regional, 5 SPEI y un cheque, provenientes de la persona moral T612, de la cual es representante Juan Francisco Tamez Arellano. SPEI que sumaron la cantidad de 36 millones 861 mil 613 pesos y un cheque por la cantidad de 5 millones 252 mil 231 pesos. Y repito, esta empresa T612 tiene relación con las empresas representadas por la persona que está en la lista de FinCen y a la cual se le adjudicaron obras públicas del estado de Tamaulipas. Resaltándose que los recursos que recibió el ahora investigado en la cuenta bancaria aludida es diverso a lo que declaró a la autoridad fiscal para el ejercicio 2019, además de haberse identificado que dispersó dichos recursos a través del sistema financiero con la intención de dificultar su rastreo y darles apariencia de legalidad, advirtiéndose la existencia de indicios fundados de que la persona moral T612, que le envió recursos al ahora investigado, es una empresa fachada, dado que de esta empresa no se localizó el domicilio fiscal, no reportó ante la autoridad fiscal ingresos desde su creación en el año 2014 hasta el año 2019, no reportó empleados, por lo que resulta imposible la verificación de su objeto social, activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o realizar actos de comercio, más para adquirir esa cantidad de dinero que le envió el ahora investigado. De lo que se infiere fundadamente que esa persona moral T612, habría sido constituida con la única finalidad de que los recursos transitaran a través del sistema financiero, simulando operaciones comerciales para darles apariencia de licitud y posteriormente incorporarlos a la economía nacional, recursos que fueron depositados a favor del investigado por la supuesta compra-venta de un departamento en Santa Fe. Se dice lo anterior, debido a que la recepción de dichos recursos no fue reportada por Cabeza de Vaca a la autoridad hacendaria en su declaración del año 2019. Asimismo, la totalidad de los depósitos recibidos en su cuenta que ya mencioné con terminación 0018, aperturada en Banco Regional, durante el año de 2019, asciende a la cantidad de 46 millones 927 mil 907 pesos, solamente en esa cuenta, que incluyen los recursos recibidos por la persona moral T612, por lo que existen datos de prueba suficientes. De lo que se desprende que Cabeza de Vaca, el 30 de abril de 2020 presentó ante el Servicio de Administración Tributaria su declaración anual del ejercicio fiscal 2019, en la que consignó ingresos acumulables por 6 millones 694 mil pesos, así como también reportó solamente una enajenación de bienes únicamente por la cantidad de 20 millones 907 mil 418 pesos y otra por la cantidad de 149 mil 504 pesos, de lo que se advierte que los ingresos que realmente obtuvo fueron los 46 millones 927 mil 907 pesos, solamente en la cuenta que ya mencioné. Es decir, al consignar solamente 6 millones, se actualizó la hipótesis normativa que consignó ingresos menores a los realmente obtenidos, causando con ello un perjuicio al fisco federal por dejar de pagar la contribución correspondiente, que haciendo el cálculo la Procuraduría Fiscal de la Federación, acorde a sus atribuciones y derivado de la vista que le dio esta representación social, hizo un cálculo de un perjuicio de 6 millones 511 mil 777 pesos como daño al fisco federal. De igual manera, es importante hacerles del conocimiento que esta Fiscalía de la Federación, en ejercicio de sus atribuciones de investigación, también recabó la ampliación de denuncia remitida por la Unidad de Inteligencia Financiera de la que se advierten diversas operaciones efectuadas por el investigado, destacando en lo que interesa, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca, registró operativa con una persona moral denominada Impulsos y Desarrollo GBO, Sociedad Anónima de Capital Variable. La misma empresa registró la recepción de recursos, a su vez, de otras dos empresas denominadas Flunky y Marbole, pero la particularidad de estas empresas es que estas ya están incluidas en la lista de simuladores del SAT y ya fueron denunciadas en años anteriores por la UIF ante la Fiscalía General de la República. Además, otra particularidad es que se localizó que a través de transferencias el investigado recibió 14 millones 300 mil pesos por concepto de traspaso de esta empresa y en el año 2016 envió a esta propia empresa GBO, 13 millones 500 mil pesos por concepto de pago de préstamo. Es importante destacar, como ya hice alusión, que Impulso y Desarrollos GBO, se conoció y se corroboró que sus accionistas se encuentran relacionados con la comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Asimismo, la Unidad de Inteligencia Financiera, reportó que esta misma empresa que le envió recursos a Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene falta de correspondencia entre sus actividades y el objeto social declarado, aunado a que envió recursos a favor del entonces senador Cabeza de Vaca, con quien no presentó una relación aparente de negocios, por lo que no concuerda su perfil transaccional. De igual manera es importante destacar, que la Unidad de Inteligencia Financiera reportó que las empresas que inyectan recursos a esta empresa, identificadas como Flunky, realizó a su vez transferencias a otra empresa que tiene relación con el cártel de Sinaloa. Esta empresa de denomina Zocle Mercantil, ampliamente investigada también por la Fiscalía General de la República. Asimismo, la propia Unidad de Inteligencia Financiera indicó que otra de las empresas Marbole, que ya mencioné, y Flunky, realizaron operaciones con una cadena de empresas fachada denominadas Alto Bufete Jurídico, Corporativo Estoa y Cusval, las cuales también se encuentran involucradas con la venta de facturas falsas, además de ser empresas-fachada. En lo que concierne a T Seis-Doce, abundó la Unidad de Inteligencia Financiera que se localizó que entre los años 2019 y 2020 envió SPEI por un total de 44 millones 875 mil 160 pesos. Los recibe de una sola persona. Esta persona moral que no olvidemos que fue la que compró el departamento a Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Esta empresa solamente recibe recursos de una persona moral denominada Avalúos y Peritajes del Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable. Esta, que recibe recursos en el mismo lapso que se los envía Cabeza de Vaca, es decir en el año 2019 a 2020 de otra persona moral relacionada directamente con Salvador Villagra Blanco, quien se encuentra cancelado por las instituciones financieras por ser prestanombres de Juan Elu García, Ladislao Vázquez López o Rodolfo Trillo Hernández, encarcelado por delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pero lo más relevante es que esta persona está identificada como operador financiero del cartel de Sinaloa, y quien presuntamente financió el túnel por el que Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, se fugó del Penal del Altiplano en el año 2015. Asimismo, es importante mencionar que no pasa desapercibido por esta Fiscalía de la Federación que en su escrito de ofrecimiento de pruebas Francisco Javier García Cabeza de Vaca centra su argumentación defensiva en indicar que la obtención en sus cuentas, de los más de 40 millones de pesos a los que ya ha hecho referencia en el año 2019, corresponden a una operación lícita de enajenación del departamento de lujo de Santa Fe, que enajenó a la persona moral T Seis-Doce, de la que ya he hecho ampliamente referencia el camino de ilicitudes a través de los cuales esta persona moral adquiere recursos para hacérselos llegar directamente a Francisco Javier Cabeza de Vaca. Pero, no obstante, en dicha aseveración el investigado desatiende que se tienen indicios suficientes de que la operación de enajenación del departamento de Bosques de Santa Fe es ilícita, dado que de la investigación obran datos suficientes que respaldan que la persona moral T Seis-Doce es una persona moral con características de empresa fachada, pues quedó demostrado que no se encuentra ubicada en el domicilio que detectó la Unidad de Inteligencia Financiara. Asimismo, como ya hice referencia, dicha persona moral no tiene empleados. Esa persona moral no existe. Situación que es discrepante con la adquisición de un departamento de lujo por más de 42 millones de pesos. Que cabe mencionar en este punto que ese departamento fue adquirido por el ahora investigado en 2012, por 14 millones 300 mil. Y fue ahora vendido por 42 millones 113 mil 844 pesos. Circunstancia que en sí misma es un indicio directo de ilicitud, ya que la escritura correspondiente a la compraventa de dicho departamento, señalado por la persona moral T Seis-Doce, no asienta la razón de por qué Francisco Javier García Cabeza de Vaca recibe recursos antes de la compraventa, recibe recursos desde el mes de mayo, cuando la citada compraventa con T Seis-Doce se materializó en diciembre de 2019. No obstante, el efecto de estas manifestaciones de Francisco Javier García Cabeza de Vaca en su escrito de ofrecimiento de pruebas, lejos de aclarar dichas circunstancias robustecen más la ilicitud de su actuar, pues evidentemente los actos con los que pretende justificar esa compraventa se advierte que son contratos privados simulados, porque pretende indicar que hubo previamente a esa escritura un contrato de promesa de compraventa. La cuestión es que en la propia escritura eso no se menciona. Y pretende también respaldar la relación que tiene con las personas beneficiadas con los contratos de obra pública y las licitaciones del estado de Tamaulipas, pues ya propiamente manifiesta que Juan Francisco Tamez Arellano, representantes de T Seis-Doce, y Baltazar Higinio Reséndez Cantú celebraron un contrato de compraventa. Por ello justifica que recibió la elevada cantidad de 33 millones de pesos. No obstante, se advierte de los propios medios que ofrece que dicha circunstancia es un documento de reciente elaboración, para justificar el actuar ilícito del imputado y los coimputados señalados. Sin embargo, los mismos no generan convicción para desacreditar el gran caudal probatorio presentado por esta Fiscalía de la Federación, las cuales en su gran mayoría son documentales públicas y dictámenes emitidos por peritos especializados en la materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que sí tienen mayor carga probatoria, no como los documentos privados que no se encuentras robustecidos con ninguna documental pública o pericial, que lo único que reflejan es que la imputación de esta Fiscalía se encuentra debidamente fortalecida con los medios probatorios a los que ya se ha hecho referencia. De igual manera es importante indicar a esta Cámara, que Francisco Javier García Cabeza de Vaca pretende indicar que la Procuraduría Fiscal no tiene facultades, no obstante, esta responde a una vista que le da esta Fiscalía de la Federación. Por los anteriores hechos, honorable Cámara de Diputados, solicito declare que ha lugar a proceder penalmente en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que esta Fiscalía de la Federación ejerza acción penal en su contra por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Es todo, gracias.