EL C. DIP. MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias, Presidenta. Compañeras y compañeros diputados: Con atención hemos escuchado las intervenciones de los diputados y de la compañera diputada Miroslava, aquí en tribuna, sobre este tema. Se ha hablado con fundamentos políticos, financieros, y algunos constitucionales. Ha habido aquí referencias personales académicas, pero desde luego, todos tenemos que aportar en este tema que independientemente de su naturaleza reviste la esencia de los tiempos que estamos viviendo en esta relación del Poder Ejecutivo con el Legislativo y con el Judicial. Quiero recordar que cuando fue expedido el decreto hoy en discusión, el que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación del martes 5 de marzo del año en curso, en días siguientes leímos en la prensa y escuchamos en los medios electrónicos, comentarios que revelaban una posición muy independiente de algunas distinguidas figuras políticas del Partido acción Nacional en relación a este acto de gobierno. Y así recuerdo la expresión del coordinador de los diputados del PAN, nuestro amigo Felipe Calderón, que calificó a esa disposición como una torpeza. También recuerdo las expresiones del anterior Presidente de la Mesa Directiva, Ricardo García Cervantes, quien dijo que juzgaba oportuno y hasta sano que la Cámara de Diputados promoviera una controversia constitucional sobre este tema. Qué lamentable que las posiciones y las opiniones varíen, dependiendo de la coyuntura política. Yo no quiero apartarme de esta parte y acudir y querer ponerme al nivel de las importantes disertaciones jurídicas y constitucionales aquí vertidas. Se trata de un decreto del Ejecutivo Federal fundado en el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. Se ha dicho aquí que el Ejecutivo Federal de manera escrupulosa ha cumplido con todos los requisitos y características de la Constitución para poder emitir este decreto. Yo le diría a quien lo dijo en esta tribuna, que no es así. El artículo 39 del Código Fiscal de la Federación contradice la facultad reglamentaria del Ejecutivo Federal prevista en el artículo 89 fracción I de la Constitución, aún cuando en el decreto utiliza como fundamento del mismo el artículo 89 fracción I y el comentado 39 del Código Fiscal de la Federación, ese artículo 39 está en contradicción con la facultad reglamentaria que establece el 89 fracción I. Porque esa facultad reglamentaria no es una facultad reglamentaria sin límites, señores, solamente establece el hecho de que el Ejecutivo Federal puede promulgar y cumplir las leyes expedidas por el Congreso y para ello tendrá que disponer todo lo que en materia administrativa sea necesario para su exacto cumplimiento. No puede el Ejecutivo Federal fundarse en esa facultad para que de manera discrecional expida los reglamentos que contradigan y que más aún eximan del cumplimiento las leyes del Congreso. Es una absoluta discrecionalidad y arbitrariedad. Repito, esa facultad reglamentaria del 89 fracción I es para hacer cumplir las leyes expedidas por el Congreso; no para eximir su cumplimiento. ¿Que si el decreto fue fundado en una ley vigente? Sí lo fue: el artículo 39. Pero la ley vigente es inconstitucional. Y todo acto de gobierno fundado en una ley inconstitucional, por necesaria consecuencia es inconstitucional. Por tanto, la procedencia de esta controversia constitucional en contra de un decreto que está fundado en una ley inconstitucional, es totalmente improcedente y por eso nos pronunciamos. Muchas gracias. (aplausos en la fracción parlamentaria perredista) - LA C. PRESIDENTA, DIPUTADA BEATRIZ ELENA PAREDES RANGEL (PRI): Tiene la palabra el diputado Sergio Vaca Betancourt, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en contra. -