El diputado Jorge Venustiano González Ilescas: Muchas gracias, diputado presidente. Compañeras, compañeros diputados, honorable asamblea. El informe presidencial es el instrumento en el que se resumen las principales actividades de las diversas ramas de la administración pública, se justifican medidas importantes tomadas durante el año, se anuncian los principales proyectos que el Ejecutivo presentará a la consideración del Congreso y se reserva una parte importante para el mensaje político porque en él se trazan las líneas generales de la política del presidente conectadas con la situación general del país. La sociedad mexicana actual dispone de medios y sistemas de información pública con avances tecnológicos que permiten una gran celeridad en el acceso a ésta. Es también una sociedad cada vez más consciente de su condición política y de los instrumentos institucionales de su participación en la actividad y las decisiones del poder público. La gradual aparición de la democracia participativa, el volumen de la información rendida y la nueva fortaleza de la representación política plantean hoy requerimientos de información político-administrativa más amplia y, en consecuencia, obligan a que sean menores los periodos informados y mayor su precisión. El reclamo de una transparencia verificable de las crisis generales de la actividad político-administrativa y de las esferas económicas y sociales, así como la comprobación de resultados de la gestión administrativa durante el periodo que se informa, son algunas de las exigencias que la sociedad se plantea. El informe del titular del Ejecutivo es un acto público, republicano, en el que el jefe del Poder Ejecutivo federal informa al pleno del Poder Legislativo el estado que guarda la nación, es decir, es un acto de poder a poder. La medida que presento propone reducir el ámbito de la obligación de la rendición de la información y los criterios que en él se sustentan, estableciendo una orientación precisa de su contenido, toda vez que al tener por objeto el conocimiento del avance del Plan Nacional de Desarrollo, se cumpliría sustancialmente con los principios del artículo 69 constitucional. En concordancia con este propósito, existe el reclamo popular para que el Congreso de la Unión sesione y cumpla mejor sus funciones representativas, legislativas, de control, de vigilancia y de deliberación de los grandes asuntos nacionales, así como de disponer de un periodo mayor para el análisis de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación. El artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el presidente de la república presentará un informe por escrito, en el que manifiesta el estado general que guarda la administración pública, así como, de acuerdo con estos artículos, el jefe del Ejecutivo no está obligado a presentarse ante el Congreso de la Unión. Recordemos que hasta antes de la reforma al artículo 69 de agosto de 2008 el presidente acudía por obligación constitucional a presentarse en el Congreso General. El Congreso de la Unión ha sido colocado en condición de enemigo de gobierno, de la república y de la gobernabilidad. Se parte de un supuesto falaz que consiste en suponer que por no compartir sus desaciertos y falta de compromisos tenemos la obligación incondicional de no buscar la transformación positiva de los mecanismos obsoletos de control y facultades de los Poderes de la Unión. Nuestro país, compañeras diputadas y compañeros diputados, se ha caracterizado por el excesivo ejercicio del poder en el Ejecutivo federal; es quizás el principal factor que explica los problemas nacionales. El nivel de abuso de poder o de falta de rendición de cuentas que vivimos es directamente proporcional a la falta de controles democráticos en el país. El resultado ha sido que en México existe un gobierno todopoderoso y una sociedad que tiene al alcance pocos medios para controlarlo y ceñirlo al orden legal y constitucional que nos rige. Ante esta situación es claro que el presidente de la república debe interactuar más y no menos ?como ocurre hasta ahora?, y en un marco republicano de civilidad y respeto, con quienes honrosamente materializamos la representación del pueblo de México en esta Cámara. Esta interacción, sin duda, debe tener como objeto un ejercicio más constante y fluido de rendición de cuentas. Para eso existe en textos democráticos del mundo la obligación del jefe de la administración pública de comunicar a los representantes parlamentarios sobre su actuación al frente del gobierno y de la nación. Por las razones, compañeras diputadas y compañeros diputados, propongo para que en lugar de un informe, se rindan dos. El primero de ellos, deberá rendirse el 1 de septiembre de cada año, correspondiente al inicio del primer periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Un segundo informe deberá rendirse el 1 de marzo de cada año, comprendiendo el primer periodo ordinario del segundo y tercer años de sesiones del Congreso de la Unión. Esta iniciativa viene acompañada por las firmas de diputados de mi fracción y de otros partidos. Solicito por tanto, señor presidente, se incorpore la propuesta que hago, así como el texto que aquí leí ante ustedes. Muchas gracias, por su atención.