EL DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados: Los suscritos diputados federales a la LIX Legislatura, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, sometemos con carácter de obvia y urgente resolución, a la consideración de esta soberanía, el siguiente punto de acuerdo de conformidad con las siguientes CONSIDERACIONES Que la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos deben ser una constante en un estado que se precie de ser democrático. Como representantes populares e integrantes del Poder Legislativo, debemos poner atención en la fiscalización de dichos recursos, para vigilar la correcta aplicación de los mismos, y en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes de los mismos. Los ciudadanos que representamos y a los cuales nos debemos, tienen el derecho de saber en qué se gasta cada peso de los impuestos que recauda el gobierno y qué beneficios públicos concretos trae consigo la inversión de dichos recursos. Que el pasado 11 de marzo, elementos de la Policía Federal Preventiva, detuvieron en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, al ciudadano Manuel Mejía Rosas, quien traía consigo 82 tarjetas bancarias de pagomático internacional de Banamex, que utiliza el gobierno del Estado de Colima para el pago de la nómina de los trabajadores a su servicio. Que el detenido Manuel Mejía Rosas, declaró ante los elementos de la Policía Federal Preventiva, que trabajaba en el Gobierno del Estado y que un empleado lo instruía o le ordenaba hacer retiros de aproximadamente 15 mil pesos quincenales de cada tarjeta, y que el monto total de los retiros ascendía a aproximadamente entre los 800 mil y el millón y medio de pesos quincenales, siendo que se trasladaba a Puerto Vallarta para realizar más retiros. Que en la agencia del Ministerio Público de Puerto Vallarta, el indiciado declaró que la licenciada Concepción Yerenas Tejada, Coordinadora Administrativa de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Colima y con quien laboraba, era quien le ordenaba sacar el dinero de las tarjetas que al reverso tenían con pluma el NIP para acceder a los cajeros automáticos donde sacaba el dinero, y quien le dijo, que no le pasaría nada ya que el Secretario de Finanzas y el Gobernador sabían de todo esto, realizando esto desde el mes de julio o agosto del año 2003. Que sin duda, estas declaraciones demuestran que por lo menos desde a mediados del 2003, se han presentado serias irregularidades, desvíos de recursos públicos y hechos delictuosos que dañan gravemente las finanzas públicas del Estado de Colima. Que el Gobierno del Estado de Colima funciona en mayor parte por los recursos recibidos de la Federación, por lo que no es válido que éstos sean sustraídos para destinarlos a fines no públicos y presupuestados o para favorecer a determinadas personas de manera ilegal. Que ante estos acontecimientos, es urgente y necesario que la Auditoría Superior de la Federación, practique una revisión de los recursos federales asignados al Gobierno del Estado de Colima, poniendo especial atención a los utilizados en el pago electrónico de la nómina. Por las anteriores consideraciones expuestas, es que sometemos a la consideración de esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Se instruye a la Auditoría Superior de la Federación, para que realice a la mayor brevedad posible, una auditoria de los recursos de origen federal otorgados al Estado de Colima, a fin de transparentar el gasto y fiscalizar el destino y la aplicación de dichos recursos públicos, sobre todo practicando una revisión exhaustiva a los recursos destinados al pago electrónico de la nómina y en su caso, se deslinden las responsabilidades que correspondan. Suscribe, su servidor, el diputado Antonio Morales de la Peña y el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez. Compañeras y compañeros legisladores, ante estos hechos sin duda hay fundamento para suponer que nos encontramos ante un fuerte caso de corrupción, que debe ser investigado para que no quede impune, por lo menos estaríamos hablando de un desfalco a las arcas públicas de 36 millones de pesos al año. Si bien es cierto que el gobernador Gustavo Vázquez ha declarado que ha dado órdenes precisas a la Procuraduría para investigar a fondo, con el ya clásico "caiga quien caiga", en los hechos vemos una actitud de encubrimiento por parte de la Procuraduría Estatal. Por esto termino, señor Presidente- es importante que una entidad ajena al gobierno del estado, pueda investigar este caso, como la Auditoría Superior de la Federación, como esperamos que también lo haga la Procuraduría General de la República ante una denuncia penal que presentaremos. Es cuanto, señor Presidente.