El diputado Luis Gilberto Marrón Agustín: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados. Una de las principales exigencias de nuestra sociedad ha sido la transparencia y rendición de cuentas del ejercicio del gasto público. A partir de este momento y de este elemento, base de cualquier democracia, en México se han demandado constantemente modificaciones a la Norma vigente que garanticen dos principios básicos: Primero, el ejercicio eficiente y transparente de los recursos públicos; y, segundo, la rendición de cuentas. Derivado de las exigencias y principios antes señalados, es importante señalar que durante la administración panista se dio una apertura total a la información sobre el ejercicio del recurso federal, estatal y municipal. Actualmente las dependencias de los diferentes órdenes de gobierno son obligadas por las diferentes leyes a publicar información sobre la forma en que gastan los recursos, garantizando con ello el acceso de cualquier ciudadano a la información presupuestal. No obstante lo anterior, las leyes vigentes contienen candados que no permiten tener acceso total a cierto tipo de información por considerarse exclusiva de la federación o en su caso de los gobiernos locales. Aun cuando contamos con instancias como la Auditoría Superior de la Federación, cuyo objetivo se centra en fiscalizar el ejercicio de los recursos a los tres Poderes de la Unión, los órganos autónomos, entidades federativas y municipios, así como a todos aquellos que ejercen recursos provenientes del erario público, todavía no le es posible fiscalizar las participaciones federales porque la ley así lo establece, dejando la atribución a los órganos locales de fiscalización que en la mayoría de los casos terminan siendo oficialía de parte de los gobernantes, pues resulta común que los auditores se sometan a criterios y demandas malsanas para la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, a pesar de que las participaciones federales provienen de los impuestos que pagamos los ciudadanos de este país, estas siguen a cargo exclusivamente de instancias fiscalizadoras locales que no garantizan el buen desempeño al momento de llevar a cabo los trabajos de auditoría. Si revisamos el artículo 79 constitucional, y los diferentes artículos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, que versan sobre el tema de fiscalización de las partidas federales, es posible encontrar una contradicción en su redacción. El primer artículo citado señala que la Auditoría Superior de la Federación tiene la facultad de fiscalizar en coordinación con las entidades locales de fiscalización, las participaciones federales. Sin embargo cuando revisamos la ley secundaria notamos que la misma establece candados en diferentes artículos para que la auditoría federal revise los ingresos, los egresos, los subsidios, transferencias y donativos, fondo, los gastos fiscales y la deuda pública; pero hace una excepción de las participaciones federales; es decir, la ley secundaria contradice el mandato constitucional. Aunque el máximo ordenamiento legal es la Constitución, las entidades federativas se han aprovechado de esta laguna para cometer diversas irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos, principalmente de las participaciones federales. De acuerdo con datos de las Estadísticas Oportunas de Finanzas elaboradas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, durante los tres últimos años la federación ha destinado a través de participaciones y aportaciones federales, un total de 3.3 billones de pesos que comparados con el presupuesto total del país para el 2015, representan prácticamente 67 por ciento de dicho total. Por su parte el Informe sobre la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, entregado a la Cámara de Diputados por parte de la Auditoría Superior, señala que la revisión solamente de las aportaciones federales arrojó un total de 6 mil 15 observaciones que representan el 67 por ciento del total de observaciones emitidas por dicha instancia, mismas que ascienden a 8 mil 915. Las observaciones emitidas a estados y municipios derivaron en un impacto económico de más de 36 mil 900 millones de pesos, que en comparación con el impacto total representan el 65 por ciento, prácticamente el total de irregularidades y desvío de recursos se dio en los gobiernos locales única y exclusivamente por la revisión de la mitad de los recursos que reciben anualmente. Entre los estados con mayores irregularidades se puede mencionar a Chiapas, Michoacán y Veracruz, que en conjunto sumaron un total de daño al erario por 17 mil 537 millones, que representa el 47 por ciento del total del impacto del gasto federalizado, resultado de 712 observaciones. A pesar de que en el transcurso de las auditorías se solventaron parte de las irregularidades, el desvío de recursos y la impunidad con que muchos servidores públicos locales trabajan, fue un hecho. Pocos funcionarios han sido declarados formalmente culpables de daño público al erario federal y de los actos ilícitos que cometieron, pero que repararon porque fueron auditados. Tan solo en 2013 las acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria fueron 635. Por esta razón, la presente iniciativa pretende corregir la laguna que existe en la Constitución referente a fiscalizar al igual que las aportaciones federales, las participaciones. Con la modificación que se pretende hacer a través del presente proyecto de iniciativa, cumplo así con uno de los objetivos de la agenda legislativa del Partido Acción Nacional, pero además buscamos frenar los constantes actos de corrupción que se suscitan principalmente en los órdenes locales y que han tenido como resultado un daño al presupuesto de nuestra nación. Es fundamental que obliguemos a los órdenes locales a través de la ley a ejercer los recursos públicos de manera eficiente en el entendido de que la totalidad de dichos recursos podrán ser fiscalizados. Tenemos que darle herramientas legales necesarias para que la información que entreguen a la Cámara de Diputados y al público en general, sea suficientemente completa y obliguen a los funcionarios públicos a pensar un poco más en incurrir en el ejercicio deficiente e irregular del presupuesto local. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.