La diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández: Con su venia, diputada presidenta. Al erigirnos hoy como Jurado de Procedencia la responsabilidad de decidir si se quita o no el fuero constitucional de que goza legalmente el imputado, por su presunta participación de delitos federales, demanda de nuestro mayor compromiso con la legalidad y la justicia. En Movimiento Ciudadano siempre hemos actuado y velado por el Estado de derecho y la justicia, por eso mismo, como parte de nuestras más importantes causas ciudadanas hemos impulsado la eliminación del fuero para que deje de ser usado como cobijo para la impunidad, y que toda persona servidora pública pueda ser juzgada como cualquier ciudadana o ciudadano de a pie. Sin embargo, tampoco podemos permitir que se construya una justicia utilitaria ni podemos hacer caso omiso de las faltas procesales que se han advertido en este proceso y, mucho menos, compañeras y compañeros, solaparlas creando precedentes nocivos para la democracia y nuestras instituciones. El asunto en análisis no es el único que está en trámite por la Sección Instructora. De hecho, actualmente se tienen cinco solicitudes de desafuero, comenzando con el más antiguo, tenemos el identificado con Chihuahua, donde el inculpado es el senador Cruz Pérez Cuellar que, dicho sea de paso, se desecha y se discute en una sesión ordinaria terminando esta. El de Morelos, donde el inculpado es el fiscal general de Morelos. El de la Ciudad de México, donde el inculpado es el diputado federal Mauricio Toledo. El identificado hoy con el tema de Tamaulipas, donde el inculpado es el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Y el quinto, el identificado con el inculpado diputado Saúl Huerta. Siendo el que discutimos el día de hoy el segundo más reciente, se deja sin resolver solicitudes más antiguas, incluso de aquellas recibidas el año pasado y que por un estricto orden de prelación deberían haber sido resueltas antes que el presente que estamos discutiendo. No se trata solo de un desajuste en el orden de los asuntos que atiende la Sección Instructora, sino en los hechos, un atentado en contra de principios jurídicos elementales como la certidumbre jurídica y las garantías al debido proceso, máxime cuando estos procedimientos se rigen fundamentalmente por etapas y plazos fijos que no deberían admitir alteraciones de tiempo en su resolución. Cobra en relevancia, en este momento, lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al señalar que las formalidades del procedimiento representan las garantías procesales mínimas que deben otorgarse a todas las personas. Garantías que en el procedimiento actual no se han cumplido. La Sección Instructora, como lo hemos venido señalando en las últimas semanas, no está atendiendo la ley y el debido proceso en el desahogo de los procedimientos que le han sido encomendados. Lo señalamos claramente en la sesión pasada, del 21 de abril pasado, al discutir la indebida suspensión que realizaron, de continuar los trámites del procedimiento relacionado con el fiscal de Morelos. No hay claridad, no hay certeza y pareciera una justicia selectiva y a modo, donde se atienden las solicitudes de procedencia de forma discrecional, dependiendo del inculpado. En este asunto que se nos somete a consideración continúan las inconsistencias procedimentales, evidenciando una urgencia por resolver, sacrificando exhaustividad y certeza en la resolución, siendo que son principios que debieran ser garantizados. Desde el día de la radicación hasta la resolución de la Sección Instructora pasaron 39 días hábiles. Esto es apenas poco más de la mitad del tiempo del plazo legal establecido en el artículo 25, que ya leyeron hace rato aquí. Esta premura elimina tiempo valioso para realizar adecuadamente, con responsabilidad, la investigación y diligencias necesarias para estar en condiciones de emitir un dictamen concluyente que brinde certeza. No entendemos por qué alterar el orden cronológico de resolver los asuntos y la urgencia por resolver este procedimiento. Tampoco entendemos por qué en el lapso de un mes se da un trato y un cauce distinto a tres procedimientos análogos en la forma de su tramitación. Y, por un lado, se apresura la resolución de uno. Y, en otro caso, se suspende indebidamente su tramitación. Y el otro, lo llevan, aparentemente, conforme a la ley. Esta urgencia por resolver, a todas luces impide contar con el tiempo suficiente para realizar una valoración adecuada de los documentos, pruebas y alegados. En lugar de tomar una decisión basada en premuras y presiones por terminar un asunto que legalmente admitía más tiempo de investigación y análisis. La Sección Instructora debe de realizar sus actuaciones sin sesgos electorales o de conveniencia. Está obligada a respetar los plazos de la ley y a resolver los casos con riguroso apego a las etapas, formalidades y garantías procesales. Consideramos que no se deben violar las garantías judiciales al debido proceso como las de legalidad, transparencia, imparcialidad y certeza. En este proceso, está ejerciendo inadecuadamente la Sección Instructora, inadecuadamente, perdón, sus atribuciones. Avalar este proceso de desafuero con esas irregularidades es volver al pasado, señoras y señores. Un pasado que muchos han criticado por el uso selectivo y revanchista de mecanismos para garantizar justicia. Termino. Hoy, en Movimiento Ciudadano votaremos en contra de esta resolución, al no contar con los elementos procesales necesarios ni las certidumbres para garantizar que el procedimiento cumplió con las formalidades y las garantías jurídicas de legalidad, certeza y exhaustividad necesaria en todo acto de autoridad, pero, sobre todo, votaremos en contra, porque las instituciones, lo hemos dicho...