El diputado Nabor Ochoa López: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados, uno de los medios que tienen los gobiernos para allegarse de recursos y cumplir con sus fines es el uso y los aprovechamientos de los bienes que son originalmente de dominio público. Lo anterior, bajo las figuras jurídicas de los permisos y las concesiones que, cabe mencionar, son otorgadas por el propio gobierno. Evidentemente, la obtención de un permiso o concesión para ejercer un uso o aprovechamiento de un bien de dominio público genera para el beneficiario tanto derechos como obligaciones fiscales ineludibles, las cuales se encuentran establecidas dentro de la Ley Federal de Derechos. En el caso concreto de la presente iniciativa, nos referimos al apartado que comprende a la Zona Federal Marítimo Terrestre la cual es definida con precisión en el artículo 119 de la Ley General de Bienes Nacionales. Dice así: Artículo 119. Tanto en el macizo continental como en las islas que integran el territorio nacional, la zona federal marítimo terrestre se determinará: Fracción I. Cuando la costa presente playas, la zona federal marítimo terrestre estará constituida por la faja de 20 metros de ancho de tierra firme, transitable y contigua a dichas playas o, en su caso, a las riberas de los ríos, desde la desembocadura de éstos en el mar, hasta 100 metros río arriba. Asimismo, en el artículo 232, inciso c) de la Ley Federal de Derechos se establece que están obligadas a pagar el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, las personas físicas y las morales que usen, gocen o aprovechen las playas, la zona federal marítimo terrestre y los terrenos ganados al mar o a cualquier otro depósito de aguas marítimas, siendo las zonas las comprendidas entre la I y la X. De igual manera, dentro de ese mismo articulo en el inciso d), se especifican los municipios comprendidos dentro de la Zona VIII, las cuales se enlistan a continuación: Baja California, Playas de Rosarito; Baja California Sur, Loreto; Colima, Manzanillo; Oaxaca, San Pedro Mixtepec; Quintana Roo, Isla Mujeres; Nayarit, Bahía de Banderas; Sinaloa, Mazatlán; Sonora, Puerto Peñasco; Veracruz, Boca del Río y el municipio de Veracruz. En este aspecto es pertinente destacar que si bien es cierto que a principios de los años 70 Manzanillo tuvo un repunte importante en su actividad turística, principalmente gracias a la construcción de infraestructura hotelera y al incremento en el número de vuelos, lo cual sin duda representó un impulso para dicha actividad; sin embargo en las siguientes décadas diversos factores fueron limitando el desarrollo y la consolidación turística de Manzanillo como el impulso decidido que el gobierno federal y la iniciativa privada en esos mismos años dieron a otros destinos turísticos con la creación acelerada de infraestructura permitiéndoles consolidar su vocación turística. Por el contrario, la actividad portuaria en Manzanillo, transitó de ser una actividad incipiente en esos mismos años a consolidarse totalmente en la actualidad. Para dar un ejemplo de esta transición y de la intensa actividad portuaria que se ha generado en el municipio basta señalar que mientras en 1995 se movilizaron poco más de 86 mil contenedores, en el año 2006, es decir, 11 años después, se movilizaron alrededor de un millón 200 mil contenedores, lo que ha llevado a Manzanillo a posicionarse como el principal puerto del Pacífico mexicano y el número uno en manejo de contenedores a nivel nacional, generando recursos anuales para la Federación del orden de los 22 mil millones de pesos. Asimismo el establecimiento de industrias como la termoeléctrica Manuel Álvarez, que proporciona energía eléctrica a ocho estados de la República, y la planta peletizadora Peña Colorada, importante productora de mineral de hierro, entre otras. Sin duda, algunas empresas importantes para la economía y la generación de empleos en el país también han provocado efectos negativos para el turismo por la contaminación causada por dichas industrias desde hace más de 30 años. Por otro lado, si comparamos a Manzanillo con otros destinos turísticos ubicados en la misma zona VIII, como Mazatlán, Boca del Río y Veracruz, encontraremos que estos últimos tienen una mayor infraestructura turística, mayor número de vuelos y ocupación hotelera, entre otras variables importantes que los han consolidado como destinos turísticos permanentes, a diferencia del municipio de Manzanillo, que continúa siendo un destino turístico de temporada. Partiendo del hecho que los elementos utilizados para determinar la zona a la cual pertenecen los municipios, y acatar las correspondientes obligaciones fiscales, son el nivel de importancia y la rentabilidad turística que pueda desarrollarse entre los mismos, así como también tomando como base el principio del derecho fiscal, el cual señala que toda contribución debe ser proporcional y equitativa, tal y como se contempla en el artículo 31 fracción IV de la Constitución Política, todo esto significa que el monto del derecho debe ser proporcional al aprovechamiento recibido. Por tanto, al ser la actividad turística del municipio de Manzanillo principalmente de temporada, el cobro de tales derechos debe ser acorde a esta realidad. Por todo lo antes señalado, consideramos que se justifica ampliamente el cambio de la zona ocho, en la que actualmente se encuentra Manzanillo, a la zona VII como se propone; lo cual representaría un gran estímulo para quienes se dedican a la actividad turística en el municipio; petición solicitada y avalada desde hace años por organizaciones como la Asociación de Hoteles y Moteles de Manzanillo, la Asociación de Desarrolladores Turísticos, la Coparmex, la Canaco, la Canirac y el propio ayuntamiento de Manzanillo. Por tanto y en atención a lo anteriormente expuesto, el suscrito diputado federal respetuosamente somete a la consideración de esta Honorable Cámara, la siguiente iniciativa con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 232 D de la Ley Federal de Derechos. Artículo único. Se reforma el artículo 232 D de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue: Artículo 232 D. Zona VII. Estado de Baja California, Tijuana; estado de Baja California Sur, Mulegé; estado de Colima, Manzanillo; estado de Jalisco, Cihuatlán; estado de Nayarit, Compostela; estado de Sonora, Guaymas y estado de Veracruz, Coatzacoalcos. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al siguiente día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto señor Presidente.