El diputado Josué Cirino Valdés Huezo: Con su permiso, señor presidente. En el proceso de discusión de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio de 2008, se incluyó en el párrafo octavo del artículo 16 el arraigo, como un acto de molestia regulado por nuestra ley superior. Se incorporó exclusivamente para casos donde se investigue el delito de delincuencia organizada, fijando los casos de procedencia la autoridad que lo solicita y quien lo autoriza, la temporalidad por la que puede ser otorgado, la opción de que el juez determine el lugar y demás condiciones de ejecución, la posibilidad de prórroga hasta por un término igual. En particular la figura del arraigo en el sistema mexicano, cuya misión originalmente era la de ser una medida cautelar en apoyo de la investigación de hechos delictuosos, se ha constituido actualmente en una herramienta sin la cual no se puede concebir la indagatoria e incluso en un instrumento de política de desacreditación. La falta de evolución de esta figura ha dado lugar a excesos en cuanto a su ejecución, propiciando violaciones a las garantías personales y la ausencia de la reparación adecuada de los daños a quienes habiendo sido arraigados no fue posible acreditarles la probable responsabilidad de un delito. Con la finalidad de regular adecuadamente la figura el 1o. de marzo de 2011 el diputado Humberto Benítez Treviño propuso iniciativa que reforma la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales, las Leyes Orgánicas de la PGR, del Poder Judicial y la Ley de Amparo. La Comisión de Justicia ha considerado propicio aprobar este dictamen, que reforma y adiciona distintos ordenamientos a efecto de desarrollar y acotar de manera precisa el arraigo como medida cautelar, impuesto exclusivamente a personas señaladas como probable responsables, partícipes o imputados, siempre que se trate de delitos de delincuencia organizada. La realidad demuestra que las consecuencias del arraigo, bajo las condiciones y características con las que actualmente opera la figura, son preocupantes. Su aplicación implica el establecimiento de un régimen de excepción con restricciones a las garantías básicas del debido proceso. En este sentido, la reforma considera la delimitación y precisión del arraigo en el sentido estricto y la transformación de la figura original para convertirla en una medida de carácter únicamente cautelar, personal, a través de la cual se tenderá a garantizar el éxito de las diligencias de investigación, asegurando la comparecencia del imputado una vez formalizada ésta. De esta manera el juez del conocimiento, a petición del MP, podrá imponer al indiciado una o más medidas consistentes en una serie de prohibiciones para el indiciado de transitar o aproximarse a ciertos lugares o personas o de realizar determinadas actividades o trasladarse a determinada zona geográfica, que limitarían el actual del indiciado, pero sin restringir su libertad personal. El arraigo será improcedente tratándose de una detención en flagrancia, como lamentablemente ha sido abusada esta figura, en cuyo caso tanto el Ministerio Público como la autoridad jurisdiccional competente no podrán más que actuar conforme a las reglas procesales existentes, consignando o decretando el auto de formal prisión si así procediera. De la misma manera se establecen las causas de procedencia al arraigo con mayor precisión, sus requisitos de procedibilidad y se acotan las circunstancias de tiempo, lugar, forma y medios de realización. Se elimina la posibilidad de que el arraigo sea impuesto a víctimas u ofendidos del delito. Igualmente, se reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, que ya fueron creados por acuerdos del Consejo de la Judicatura y ahora les damos sustento legal. En fin, compañeras y compañeros, de conformidad con lo anterior y muchos otros beneficios de esta propuesta de reforma, pedimos su voto a favor de este dictamen a fin de dotar a las autoridades de mejores herramientas para la persecución de los delitos. Es cuanto, señor presidente.