La senadora Patricia Mercado Castro: Presidenta Rosario Piedra Ibarra, aprecio esta oportunidad para dialogar con motivo de la presentación de su informe de actividades al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En un momento de duelo nacional por el asesinato de la periodista Lourdes Maldonado en Tijuana, ha habido un gran debate sobre la autonomía de la CNDH y le digo con respeto, presidenta, que su éxito será tangible en la medida que demuestre firmemente esta autonomía en su desempeño que además lo escuchamos y lo vemos en su informe de manera reiterada, la defensa que hace de esta autonomía. La comisión que usted preside es una institución que sirve como un faro para guiar las acciones de las autoridades, pero también para señalar las violaciones a los derechos humanos tanto de oficio como cuando las personas presentan quejas. Por eso, es que no puede ser omisa ni burocrática, porque todos los días y en todas las dimensiones se respetan, promueven, garantizan y protegen los derechos o no lo hacen. Uno de los aspectos que nuestro grupo parlamentario tenemos francas dudas ha sido en el papel de la CNDH ante la militarización, las fuerzas armadas son honorables y merecen nuestro reconocimiento, pero su propia naturaleza que es la defensa del Estado y el territorio las hace menos proclives a la transparencia, a la rendición de cuentas y actuar con respeto a los derechos humanos, sobre todo cuando prolonga una inercia que ha probado su fracaso. Por eso, le pregunto, presidenta, ¿cuál es su perspectiva, sus acciones y su proyecto para actuar ante el crecimiento de la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida civil del país? Por otro lado, un tema prioritario en nuestro país son los centros penitenciarios y el uso de las figuras jurídicas para el internamiento. No basta una acusación para mantener a alguien en prisión, tal parece que, en vez de hacer su trabajo, las fiscalías y procuradurías prefieren los atajos, los caminos cortos, sin importar los principios de derechos humanos que deberían ser el cimiento del sistema de justicia. La CNDH presentó una acción de inconstitucionalidad de las reformas a las leyes secundarias que amplían la prisión preventiva oficiosa y argumentó correctamente, y lo reconocemos en todo lo que eso significa, que estas reformas violan, dice la Comisión que usted preside, el debido proceso, las garantías judiciales y la presunción de inocencia de las personas, con lo cual coincidimos plenamente y hemos presentado las iniciativas necesarias para revertir esta grave decisión del Legislativo. Al respecto, ¿cuál es su evaluación acerca del uso de la prisión preventiva oficiosa, en especial a partir de estas reformas? ¿Está ayudando a abatir la impunidad? O, por el contrario, ¿es una herramienta que revive la antigua práctica de detener para investigar? Sabemos que la Comisión se ha pronunciado reiteradamente acerca de la necesidad de cumplir con plazos razonables de prisión y utilizarla como una medida excepcional. Según los datos del Inegi, hoy 43 por ciento de las personas procesadas llevan más de 2 años en reclusión sin recibir sentencia, lo que excede el plazo constitucional, estos daños pueden ser irreversibles en la persona privada de su libertad y sus familias. El 80 por ciento de la población que estuvo privada de la libertad en 2021, tenía dependientes económicos al momento de su arresto. Ante ello, ¿cuál es su perspectiva sobre el estado actual de los plazos en que permanecen las personas en prisión preventiva? Un tema en particular que quisiera plantearle, en el que se ha, digamos, manifestado la prisión preventiva, es el caso de José Manuel del Río, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, que permanece preso injustamente en Veracruz. La familia de José Manuel del Río presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que argumenta la necesidad de que el asunto sea atraído por las autoridades federales. La detención arbitraria se llevó a cabo con un gran número de agentes que realizaron maniobras violentas con sus vehículos, que apuntaron sus armas contra José Manuel y su familia, incluida su hija de seis años. Se negaron a presentar la orden de aprehensión hasta después de haberlo detenido. En línea con lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sostenido en recomendaciones previas, esta falta de proporcionalidad y la intimidación psicológica bastarían para calificarla como una detención arbitraria. En la queja se detallan diversas faltas al debido proceso, entre las que destaco que se excedió el plazo constitucional para su detención y presentación. Las autoridades han fallado en su responsabilidad de resguardar el expediente, ha filtrado información de manera ilegal, lo que genera un daño a la integridad y los derechos y revictimiza a José Manuel y su familia. Ya que la CNDH ha abierto un expediente, cosa que le reconocemos, presidenta, queremos hacer patente la urgente necesidad de que emita las medidas cautelares, pues existe un riesgo fundado de que se agraven las faltas en el procedimiento y las condiciones de la privación de su libertad. Le solicitamos que emita, a la brevedad, una recomendación. José Manuel es inocente. Confiamos en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos llegará a esta misma conclusión, con elementos sólidos y apego al marco jurídico. Otro tema que implica a un centro penitenciario ha causado indignación nacional. Es el caso del pequeño Tadeo y no me quiero detener en detalles que causan horror. Consideramos que existe una cadena de responsabilidades que alcanza al menos a distintas autoridades, por lo que el expediente debería ser abierto por la Comisión Nacional, pues es un asunto interestatal y podría implicar también a otras autoridades. Creemos que la intervención de la CNDH es necesaria para brindar justicia a la familia del bebé Tadeo y también para conminar al gobernador de Puebla a respetar y reconocer el derecho de la libertad de expresión de periodistas y el derecho a defender derechos de las activistas. El día de hoy, precisamente el gobernador da un muy buen informe de lo que están haciendo frente a este caso, pero omitió alguna deferencia sobre el cuidado que el gobierno del estado debe de tener para cuidar la libertad de expresión y, precisamente, el activismo de la sociedad civil. La Comisión Nacional tiene las atribuciones para emitir las medidas cautelares oportunas y dar seguimiento a la investigación del caso. Por otro lado, le pido que nos explique cómo se ha ejercido la atribución relativamente reciente que tiene la CNDH para investigar actos u omisiones atribuibles a servidores públicos relacionados con el desarrollo de procedimientos sustanciados ante la autoridad del ámbito laboral. En los últimos años se han dado decisiones muy importantes en este Legislativo y también por parte del Ejecutivo para reducir las enormes desigualdades en el país a través de elementos de trabajo digno y decente. En el Senado hemos dado algunos resultados, en especial respecto a las personas trabajadoras del hogar, la democracia sindical, la regulación del outsourcing, la igualdad salarial entre mujeres y hombres, entre otros. ¿Qué tipos de asuntos ha resuelto la g? ¿Sobre qué presuntas conductas violatorias de derechos tienen el mayor número de quejas? ¿En qué sectores? ¿Qué perfil tienen las personas quejosas? Ojalá nos pudiera informar puesto que es un tema relativamente nuevo en las atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos y quisiera compartirle nuestro interés por avanzar en el tema del acoso y la violencia laborales ratificando el convenio de la OIT sobre el particular. Muy bien presidenta, pues tenga la seguridad de que las bancadas de Movimiento Ciudadano en ambas Cámaras tenemos un genuino interés por el desempeño de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y por la prevalencia de su autonomía como elemento indispensable para la legitimidad en cada uno de esos actos. Por lo cual, agradecemos de antemano las repuestas que pueda darle a nuestros planteamientos y a nuestras preguntas. Muchas gracias.