EL SECRETARIO DIP. RODOLFO D. PEREZ GAVILAN: (Oficio de la Cámara de Senadores) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Senado de la República. LVII Legislatura. Ciudadanos secretarios de la Cámara de Diputados. Presentes. Me permito informarles que en sesión ordinaria celebrada en esta fecha, el senador Eduardo Ovando Martínez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, presentó iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 y adiciona un artículo 198-A, a la Ley Federal de Derechos. Esta Presidencia dictó el siguiente trámite: "para los efectos de lo dispuesto por el artículo 72, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase a la Cámara de Diputados", misma que se anexa. Reitero a ustedes las seguridades de mi atenta y distinguida consideración. México, D. F., a 8 de noviembre de 2001. Senadores. César Jáuregui Robles, vicepresidente en funciones. Ciudadana Presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Presente. Los que suscribimos senadores de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, en uso de la facultad que nos es conferida por los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentamos ante usted, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 198 y adiciona el artículo 198-A de la Ley Federal de Derechos conforme a la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS La protección, conservación y aprovechamiento racional y sustentable de la gran riqueza biológica y de los recursos naturales que albergan las áreas naturales protegidas, justifica el interés por el fortalecimiento de los programas de salvaguarda de nuestro medio ambiente que se han venido desarrollando en los últimos años. Por área natural protegida se entiende lo que al respecto define la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, esto es, la porción terrestre o acuática del territorio nacional, sobre la cual la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en la que el ambiente original ha permanecido relativamente intacto por no haber sido alterado de manera significativa por el ser humano, así como las zonas territoriales que requieren ser preservadas y restauradas. En el ámbito genérico de área natural protegida, el cuerpo de leyes que regula el equilibrio ecológico y la salvaguarda del medio ambiente, se inscribe el concepto específico de parques nacionales, que son áreas biogeográficas constituidas por uno o varios ecosistemas significados por su especial belleza escénica, su valor científico, educativo o recreativo, por su relieve histórico, por la generosidad o lo exótico de su flora y fauna, por su potencial turístico y por causas análogas en cuanto contenido e importancia. Es apreciable que, dentro de las áreas naturales protegidas, los parques nacionales son los que por sus especiales características, mayor afluencia de visitantes reciben; y en consecuencia, los ecosistemas que los constituyen necesitan de un mayor cuidado para su preservación y óptima conservación, porque representan la base natural de la economía nacional, por la riqueza intrínseca que representa nuestro patrimonio sustentable. En este orden de ideas, las políticas públicas que se han traducido en el establecimiento de las áreas naturales protegidas, constituyen un instrumento imprescindible en la conservación de la diversidad biológica y en el mejoramiento de la calidad de vida de los mexicanos de hoy y de las generaciones del mañana. Por ello se explica, y merece la atención y apoyo de parte del poder público, la gran preocupación de la sociedad, en cuanto a la forma en que son administradas las áreas naturales protegidas, y en especial respecto a la de la cuantía de recursos financieros que se asignan para su control, preservación, conservación y mejoramiento. A este respecto, es encomiable, pero insuficiente, el esfuerzo desplegado con esos propósitos en las administraciones anteriores. Para mantener y mejorar esos valiosos jirones de nuestra biogeografía, constituye un imperativo categórico la acción concertada de los estados, los municipios y la sociedad civil que conforma la comunidad donde están establecidas las áreas naturales protegidas, tanto en el desarrollo de los programas respectivos como de los proyectos de vigilancia, conservación y preservación del área natural, que con toda seguridad se conservarán por largo tiempo; de otra manera, estos recursos se encuentran amenazados por agentes sin escrúpulos, que no tienen otros motivos, que una visión utilitarista de los recursos naturales. Para conseguir esos objetivos, es necesario tener un sistema financiero sólido y sobre todo operativamente viable, en el que participen los habitantes de la zona, en coordinación con los municipios, estados y Federación, para recaudar ingresos de manera eficaz, a fin de que luego sean aplicados racional y honestamente a los diversos proyectos de conservación y mejoramiento de las áreas naturales protegidas. El artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, en sus fracciones I y II, establece dos hipótesis en las cuales se causan derechos por el uso, goce o aprovechamiento de elementos naturales marinos del dominio público, en montos de 28.00 pesos y 53.00 pesos por persona, así como el destino de dichas contribuciones. Por lo que se refiere a las áreas naturales protegidas y en específico a los parques nacionales, la Ley Federal de Derechos también tiene fijada la obligación de los visitantes y usuarios de pagar derechos. No obstante, es apreciable la dificultad que existe para recaudar y aplicar los recursos provenientes de tales contribuciones. Se ha comprobado que ante tal situación, como una alternativa, las administraciones de los parques nacionales integradas por particulares que se dedican a la prestación de servicios turísticos, han acudido a soluciones de autocomposición, celebrando convenios con la Administración Federal, representada por la Comisión. Nacional de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como consecuencia de la urgente necesidad de generar ingresos en beneficio de los parques, así como la dificultad que representa darle estricto cumplimiento a la Ley Federal de Derechos para poder hacer efectivo el cobro establecido por dicho cuerpo de leyes. La peculiar forma de control que las administraciones de los parques han establecido para aquellas personas que los visitan, es mediante el donativo de un dólar americano, que permite el acceso; con lo cual se tiene un control de los ingresos que reciben, así como de las personas que entran al parque. Estos ingresos son aplicados a programas de vigilancia, preservación y mantenimiento de las áreas naturales protegidas pero con criterio y discreción de los prestadores de servicios turísticos y de la Semarnat, sin la intervención ni participación de los estados y municipios. La situación particular de aquellos turistas de nacionalidad extranjera que visitan los parques nacionales, es más problemática, ya que desconocen los procedimientos para el pago del derecho, y el de trámite y presentación de la forma fiscal, que para esos efectos emite la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El monto del derecho por el uso, goce o aprovechamiento de las áreas naturales protegidas establecido en el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos; es contrario a los principios de equidad y proporcionalidad que todo tributo debe tener, ya que el pago de un derecho se considera proporcional cuando grava al contribuyente en una cuantía correspondiente a su verdadera capacidad económica o en proporción al servicio recibido. Por todo lo anteriormente citado, el monto del derecho estipulado por el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, es ineficaz e inequitativo y presenta dificultades para su recaudación, razones por las cuales se concluye que se ha vuelto inoperante; es por ello que consideramos que el monto del derecho a enterar por el uso, goce y aprovechamiento de los elementos naturales marinos de los parques nacionales integrantes de las áreas naturales protegidas, debe reducirse. De igual manera, consideramos que se debe establecer un mecanismo que permita la recaudación del derecho, lo cual, atento a lo establecido por el artículo 47 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, puede ser mediante la celebración de un convenio en el que intervengan los tres niveles de gobierno y la sociedad, para que, un representante establecido en el acuerdo, lleve a cabo la recaudación de los ingresos por concepto de derechos causados por el uso, goce y aprovechamiento de los elementos naturales marinos de los parques nacionales, que luego se apliquen de manera íntegra a los programas de desarrollo, conservación, mantenimiento, vigilancia, protección, administración y otros que beneficien directamente a las áreas naturales protegidas donde se generen los ingresos. La reforma que se propone al artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, permitirá homologar la cuota por uso, goce y aprovechamiento de los elementos naturales marinos de los parques nacionales, cuantificando la misma en 20.00 pesos por persona. Los ingresos generados por el uso, goce y aprovechamiento de los elementos marinos de los parques nacionales, se deben enterar en su totalidad por parte de las administraciones de éstos a la Tesorería de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley de Ingresos de la Federación. Lo anterior, se encuentra fundado dentro de la Ley de Coordinación Fiscal donde se prevé la facultad de las haciendas públicas de los estados y municipios de participar en la recaudación de las contribuciones, mediante la celebración de convenios de colaboración administrativa en Materia Fiscal Federal. Por ello se propone la adición del artículo 198-A, con el objeto de que los estados y municipios en donde residan los elementos marinos de los parques nacionales, celebren los convenios antes citados con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a fin de que el 100% de estos ingresos se destinen exclusivamente a favor de los parques nacionales; así como también los convenios necesarios con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, los estados y municipios, para que estos a su vez por conducto de sus administraciones y en cumplimiento a la Ley General de Equilibrio Ecológico los destinen a los programas de desarrollo, conservación, mantenimiento, vigilancia, protección, administración y otros que beneficien directamente a las áreas naturales protegidas donde se generen los ingresos. Por lo anteriormente expuesto, se propone ante esta Cámara de Senadores el siguiente: proyecto de decreto que reforma el artículo 198 y adiciona el artículo 198-A de la Ley Federal de Derechos. Artículo primero.- Se reforma el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue: Artículo 198. Están obligados al pago de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los elementos naturales marinos de los parques nacionales de dominio público existentes dentro de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, las personas que realicen actividades náutico-recreativas, acuático-recreativas y turísticas, entendiéndose por éstas el buceo autónomo, buceo libre, esquí acuático, recorridos en embarcaciones motorizadas y no motorizadas o cualquier otra de naturaleza similar. El monto del derecho a pagar será de: 20.00 pesos por persona. El pago de este derecho deberá hacerse previamente a que se realice el. uso, goce o aprovechamiento de los bienes a que se refiere este artículo. El pago del derecho podrá efectuarse directamente por la persona interesada o por el derechohabiente de permisos o concesiones para la prestación de servicios náutico-recreativos, cuático-recreativos y turísticos a nombre de los usuarios que aprovechen estos bienes. Artículo segundo. Se adiciona el artículo 198-A de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue: Artículo 198-A. En aquellos casos en que las entidades federativas y municipios celebren convenios de colaboración administrativa en materia fiscal con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la finalidad de obtener un ingreso por el cobro de los derechos por el uso, goce o aprovechamiento de los elementos naturales marinos de los parques nacionales de dominio publico existentes dentro de las áreas naturales protegidas de interés de la Federación, deberán destinar los ingresos motivo del convenio a la vigilancia, administración, mantenimiento, preservación y limpieza de los elementos naturales marinos integrantes de los parques nacionales. Así mismo, podrán suscribir convenios con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estados y municipios para el desarrollo, conservación, mantenimiento, vigilancia, protección, administración y otros programas que beneficien directamente a las áreas naturales protegidas donde se generen los ingresos. ARTICULO TRANSITORIO Único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, D. F., a 8 de noviembre de 2001. Senadores: Eduardo Ovando Martínez, Addy Joaquín Coldwell, Wadi Amar Shabshab, José Carlos Cota Osuna, Héctor Antonio Astudillo Flores, David Jiménez González, Miguel Ángel Navarro Quintero, Esteban Miguel Ángeles Cerón, Jorge Doroteo Zapata García, Gloria Lavara Mejía, Verónica Velasco Rodríguez, Micaela Aguilar González, Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, Benjamín Gallegos Soto, Ricardo Gerardo Higuera, Leticia Burgos Ochoa, Armando Chavarría Barrera, Ulises Ruíz Ortiz.