La diputada Irene Aragón Castillo: Permiso, diputada Presidenta. El pasado domingo se dieron cita cientos de mujeres de todo el país en diversas plazas de las ciudades para denunciar la violencia que hoy en día siguen padeciendo. Más allá de las declaraciones de nuestros gobiernos y de las buenas intenciones de las instituciones encargadas de proteger los derechos de las mujeres y de las niñas. Las páginas de los diarios y noticieros dan cuenta, a través de la nota roja, del número de mujeres y niñas que a diario son abusadas sexualmente, golpeadas y/o asesinadas por el sólo hecho de eso, de ser mujeres. En una sociedad como la nuestra, en la que la lucha contra todo tipo de discriminación no sólo está consignada en nuestra Carta Magna, sino que ha dado lugar a grandes reformas jurídicas tendientes a garantizar los derechos de todas y todos. Causa una gran preocupación que, estadísticamente hablando, figuremos entre los países identificados por su alto índice de violencia hacia las mujeres. Por ejemplo, la reciente Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2006 revela que la violencia contra las mujeres, perpetradas por la pareja alcanzó 43 por ciento a nivel nacional, con porcentajes que van del 54 por ciento en el Estado de México, a 33 por ciento en el estado de Coahuila. Así pues, la encuesta 2006 nos revela que el 67 por ciento de las mujeres mexicanas de 15 años y más declaró al menos una situación de violencia, ya sea en el ámbito comunitario escolar o laboral o en el espacio familiar y de pareja. Esto que los y las estudiosas en la materia han dado en llamar violencia en género es consecuencia directa de la forma en que se manifiestan las relaciones de poder. Históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Relaciones que han propiciado la dominación del hombre sobre la mujer. Su discriminación y la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. Para que esta violencia la de género sea posible tiene que darse como condición la existencia de un desequilibrio de poder, basada en la consideración de un sexo superior al de otro. De ese modo se entiende la violencia de género como aquella que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que por ese sólo hecho se le es socialmente tolerada. Aún hoy, con los cambios políticos sucedidos en nuestro país, las mujeres continuamos luchando por erradicar la cultura de la violencia hacia nosotras y desde distintos espacios enfrentamos esta tarea. Las servidoras públicas, las legisladoras, profesionistas, amas de casa, sexoservidoras, etcétera, todas tenemos un mismo fin, realizar acciones para investigar, entender, sensibilizar, prevenir, modificar las situaciones de violencia vividas por las mujeres y que por lo general reproducen en sus hijas e hijos, generando el fenómeno conocido como la violencia en cascada. Es necesario generar un proceso reeducativo y consciente con las mujeres y los hombres; crear una nueva relación familiar, cultural y social para esas niñas y niños que son las nuevas generaciones responsables de terminar con los ciclos de violencia, y de esta forma construir una sociedad diferente, con mejor calidad de vida y convivencia social para todos y para todas. Sabemos que el trabajo es arduo. Modificar las conductas sociales abarca un buen número de generaciones, pero esperamos que este nuevo siglo por fin, el siglo en el que tanto mujeres y hombres construyamos una sociedad en la que ser mujer y ser hombre sea una forma de designar personas más libres, solidarias, responsables y justas, y que en conjunto construirán la nueva historia de nuestro país. El grado extremo de esta problemática vivida en nuestro país está claramente reflejada en los feminicidios, resultado de más de una década de violencia de género en un espacio físico amenazante, ausente de respeto para los derechos humanos de las mujeres, con impunidad, complicidad, falta de voluntad política e ingobernabilidad. Los homicidios y desapariciones de mujeres en Ciudad Juárez no han sido resueltos. Las condiciones sociales y políticas que dieron origen a la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, para Juárez siguen vigentes, por lo que no puede minimizarse ni despreciarse su riesgo a desaparecer. Es preocupante que esto no sea de interés del gobierno federal, sobre todo por su intención de traspasar la comisión a Inmujeres, quien como se sabe está limitado jurídicamente para actuar sobre el particular. Cuando se habla también de delitos sexuales, el grado de impunidad es alto. En ello encontramos diversas causas entre las que destacan la falta de profesionalismo en los métodos de investigación y la doble victimización de la agredida, los cuales son aspectos que provocan la desconfianza de la víctima en las instituciones encargadas de impartir justicia, y por tanto, la disminución en el índice de las denuncias. Así entonces, en el territorio nacional la violencia que viven las mujeres, ya sea de pareja, comunitaria, laboral, familiar o escolar, alcanza en 10 entidades federativas niveles por encima del promedio nacional. En orden descendente en primer lugar lo ocupa Jalisco, con 78 por ciento, le sigue el estado de México, el Distrito Federal, Colima, Aguascalientes, Durango, Puebla, Morelos, Sonora y Chihuahua. Es urgente priorizar la discusión sobre la reforma de la impartición de justicia que contemple incorporar la adición de género, pues no basta que haya leyes, también es necesario contar con personal sensible y con una ética que las elabore, defienda y aplique. Sólo de esta forma garantizaremos el funcionamiento de las políticas públicas dirigidas a la erradicación de esta problemática. Por otra parte, no quiero dejar de mencionar antes de concluir la responsabilidad tan importante que hoy recae en instituciones como la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el acceso de las mujeres, y a nuestra infancia, a la justicia y a una vida libre de violencia. Sin duda alguna, el caso que hoy discuten los magistrados marcará, ya sea una tendencia hacia la democracia mediante el respeto y la protección de nuestros derechos humanos, o hacia la impunidad y a la ilegalidad mediante la protección de hombres con poder e influencia que pervierten la función del servicio. Es todo, señora Presidenta.