La diputada Irais Virginia Reyes de la Torre: La transformación digital en México es una necesidad urgente para mejorar la eficiencia del gobierno y fortalecer la competitividad del país. Nadie puede decir que digitalizar al gobierno no es necesario o se opone a la simplificación de trámites y servicios, ese no es el debate, la pregunta central es cómo. Sin embargo, esta discusión nunca existió, porque aquí llevamos casi un año partiendo de una única visión de país que se impone, que no escucha, que no se sienta a dialogar, y lo más triste, que no reconoce los beneficios y provechos que se obtienen de una discusión abierta, con participación y dispuesta a transformarse del diálogo. No es posible pensar que la iniciativa haya llegado a esta Cámara el 22 de abril y tres días después contemos con dictamen en franca violación a nuestro Reglamento. La Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos establece un nuevo modelo de mejora regulatoria y digitalización de trámites que concentra su manejo desde el gobierno federal. Vivimos en una República federal que parte del reconocimiento de la identidad y realidades de cada uno de nuestros estados. Sin embargo, el nuevo modelo prácticamente desconoce los principios constitucionales de federalismo, autonomía de los estados y municipios, pues obliga a que todos ellos solamente deban hacer lo que dicte la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, a la que ya se le pretendía darle facultades excesivas para bloquear plataformas digitales y fue la ciudadanía quien lo frenó. Las recomendaciones que esta Agencia haga son obligatorias para los estados y municipios, lo que es incongruente en un modelo federal. Lo que necesitamos es colaboración y diálogo, no dominación a través de una súper agencia todo poderosa. Por otro lado, el artículo 24 abre la puerta a que se puedan modificar requisitos de trámite con un acuerdo general, sin necesidad de cambiar leyes o reglamentos con un plazo de un año para hacerlo después. Esta discrecionalidad pudiera eliminar requisitos esenciales en detrimento de nuestra seguridad, de nuestro medio ambiente o salud, e incluso en beneficios de intereses particulares y no generales. Cómo un acuerdo pudiera cambiar lo que nuestras leyes o reglamentos aprobados con procesos constitucionales. Y si un día un municipio, como está pasando ahorita en Monterrey, quisiera eliminar un requisito ambiental, como está pasando en mi ciudad, porque le conviene a la industria inmobiliaria, en qué estado de indefensión nos dejan a los ciudadanos. Con esta nueva ley perdemos derechos que ya habíamos adquirido, que cada regla no norma que se pretenda aprobar por cualquier autoridad analice los impactos que tiene en materia de costos y beneficios para la gente. Esto ya no tendría que hacerlo ni nuestra Presidencia ni las gubernaturas ni las alcaldías ni cuando se trate de seguridad, servicios públicos, expropiaciones, daños a la salud, al medio ambiente. O, bien, perdimos organismos donde los ciudadanos participábamos en la toma de decisiones, como el Observatorio Nacional de Mejora Regulatoria o los Consejos Nacionales y Estatales de Mejora Regulatoria, en donde participaba gobierno, Cámaras Empresariales, sociedad civil y la academia. ¿Por qué sacar a los ciudadanos de espacios de toma de decisión que ya teníamos? Ah, porque ahora tendremos una súper agencia autoritaria que no los necesita. Además, ahora podrán ocultar propuestas de reglamentaciones que comprometan los efectos que se pretendan lograr. Esto es un amplio margen de discrecionalidad para que no nos enteremos de cambios a nuestros reglamentos. Por lo que hace a la parte tecnológica que contiene este dictamen, se reconoce el esfuerzo de modernización y orden, pero el modelo planteado en la ley ha fallado en otros países por su excesiva centralización. ¿Qué pasará cuando falle o hackeen la llave MX? Al centralizar todos los accesos de todas las plataformas de gobierno nacional, estatales y municipales, una sola falla en la llave MX generará el colapso de todos los sistemas públicos. Esto ya pasó en Costa Rica y el Banco Mundial alertó entonces sobre los riesgos de concentrar infraestructuras críticas en un único sistema gubernamental. Con la imposición de lineamientos tecnológicos únicos la expropiación digital de toda solución tecnológica, creada alguna vez en el país para la digitalización de trámites y su concentración en un repertorio nacional, prácticamente te dicen que compres nieve del sabor que quieras, pero tiene que ser de limón. Así no hay apertura para un sano ecosistema de innovación. Sería mejor imponer un estándar, como en Internet, que todos hablamos, https, pero cada quien hace su página web como quiera. Aunque la intención de liberar el acceso de software es positiva, la obligatoriedad de que todo pase exclusivamente por sistemas federales elimina la posibilidad de generar comunidades abiertas alrededor del software, elemento esencial en todo ecosistema de open source exitoso. La tendencia global muestra que incentivar la colaboración pública-privada es el camino de mayor potencial para la innovación pública. Y en esta iniciativa quedan inciertos los incentivos para el sector privado, para las startups digitales, creadas en su mayoría por jóvenes. Por el contrario, parece que el Estado ya no necesita ese talento. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, aunque reconoce la necesidad de una reforma digital y de simplificación administrativa, no puede acompañar una reforma que, más que desarrollar derechos digitales, controla autoritariamente la transformación digital en el ámbito gubernamental de un país entero y todos los trámites de todos los entes de gobierno...