El diputado Héctor García García: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados: en fecha reciente en esta honorable soberanía tuvimos el alto compromiso de aprobar las reformas secundarias en materia energética, las cuales fueron diseñadas e impulsadas de forma valerosa por el presidente de la república Enrique Peña Nieto. En este sector que ha consistido en modernizarlo para otorgarle nuevamente el valor predominante que durante muchos años jugó como factor fundamental del desarrollo y la equidad en nuestro país. En este sentido, la realización de las distintas actividades que forman parte de las áreas estratégicas en el ámbito de petróleo y demás hidrocarburos, ameritan una protección jurídica especial, pues su adecuado ejercicio constituye una condición necesaria para la seguridad energética del país. En atención a su alta especialización y a las condiciones mínimas de seguridad con que dichas actividades deben desarrollarse, se estima indispensable fortalecer el marco jurídico penal para que se tipifiquen determinadas conductas que no sólo implican un enorme daño económico para la industria petrolera nacional, sino además significan un elevado riesgo para la integridad física de las personas, y además del medio ambiente. Al inicio de las conductas de sustracción ilícita de hidrocarburos de los ductos de la industria petrolera, tenían como finalidad la obtención de gasolinas y diésel; sin embargo, al paso del tiempo, la delincuencia ha expandido sus actividades a los productos refinados del petróleo, incluso al propio crudo y al gas licuado del petróleo, obteniendo ingresos millonarios en perjuicio de Pemex y de la economía nacional. Por esta razón, la iniciativa atiende esta diversificación de conductas que ahora comprenden actividades ilícitas de almacenamiento, transporte, suministro, distribución y enajenación de hidrocarburos. Y por otro lado, generando los mecanismos que inhiben a la realización de dichas actividades al calificar a estos delitos como graves. El actuar de la delincuencia organizada en el robo de diversos combustibles, principalmente de la red de ductos de Pemex, ha generado las llamadas tomas clandestinas, las cuales ante el desconocimiento del producto que se transporta, en los ductos generan un peligro inminente, al igual sucede con su transportación sin las condiciones de seguridad mínimas adecuadas. Basta con recordar el lamentable incidente ocurrido en San Martín Texmelucan, Puebla, el 19 de diciembre de 2010, que causó el fallecimiento de 30 personas, decenas de lesionados y cuantiosos daños materiales, siendo la causa de esta tragedia una toma clandestina en grado de tentativa en un oleoducto de Petróleos Mexicanos. Por tal razón, con el fin de que esto no se vuelva a repetir, se les impondrá una pena de prisión de 5 a 10 años, y de 200 a 1000 días de multa a quienes sustraigan o alteren los equipos, instalaciones o ductos de la industria petrolera. La cadena de conductas ilícitas, entre ellas, la comercialización de los hidrocarburos, tiene como uno de sus mercados principales, algunos establecimientos mercantiles o empresas que se encuentran vinculados con el robo de combustible, en donde el producto adquirido ilícitamente, y supuestamente bajo el amparo contractual, es enajenado al público consumidor. Sin embargo, estas conductas no son sancionadas por inexistencia de algún tipo penal que así lo establece, ocasionando con ello impunidad y afectación a la seguridad energética del Estado y a la imagen comercial de Petróleos Mexicanos. Lo que en concreto proponemos los promoventes, diputado Marco Antonio Bernal y el de la voz, es endurecer las penas, castigar la sustracción y la alteración de ductos de petróleo o de cualquiera de sus derivados, incluir los tipos de posesión, resguardo, almacenamiento, enajenación, suministro, distribución de manera ilícita de petróleo, crudo o hidrocarburos. Además considerarlos como delitos graves, castigar a los responsables que sean franquiciatarios de Pemex que enajenen hidrocarburos ilícitos, incluir el delito de robo de hidrocarburos tanto en la Ley de Delincuencia Organizada como en la Ley de Extinción de Dominio. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la presente iniciativa es de vital importancia, no sólo para la seguridad y desarrollo económico del Estado mexicano, de Petróleos Mexicanos y de aquellas nuevas inversiones, sino de las familias mexicanas que se ven perjudicadas por estas conductas antijurídicas, a soslayar el bienestar de sus integrantes y poniendo en riesgo su integridad física, así como la afectación constante del medio ambiente. Resulta fundamental el fortalecimiento legal e institucional en materia de procuración e impartición de justicia, haciendo énfasis en la prevención del delito y en la transformación institucional de las fuerzas de seguridad, pero comprendiendo también la promoción de reformas legales para dotar al Ministerio Público y a la autoridad judicial de nuevas herramientas, a fin de que se pueda investigar, perseguir y sancionar con mayor eficacia y oportunidad a la delincuencia y contra el robo de hidrocarburos. Es cuanto, diputado presidente.