El diputado Carlos Gutiérrez García: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. Me dirijo a esta asamblea para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas disposiciones de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, cuya finalidad es incorporar a los grupos sociales más vulnerables en la promoción de financiamiento público y privado a las Mipymes. En 2002, fue publicada la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con el objeto de promover el desarrollo económico nacional a través del fomento a la creación de micro, pequeñas y medianas empresas y el apoyo para su viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad. A pesar de lo anterior, y de que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-218 establece que se democratizará el acceso al financiamiento de proyectos con potencial de crecimiento en aras de fortalecer la prosperidad nacional para lograr un país más incluyente, la realidad es que hoy en día los grupos más vulnerables siguen estando marginados de esos financiamientos. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo propone promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y alentar la oficialización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre otras cosas, mediante el acceso a servicios financieros. Lamentablemente nuestro país está aun lejos de conseguir los objetivos planteados para el año 2030. Según datos de la encuesta intercensal 2015 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, solo el 46.9 por ciento de la población de 15 años y más, hablante de lengua indígena, desempeñaba alguna actividad laboral o estaba en búsqueda de trabajo, 7.8 menos que la participación económica de las personas que no hablan una lengua indígena. El mismo instituto señala que la tasa de participación económica de la población de 15 años y más que vive con alguna discapacidad, es de 39.1 por ciento; 25.6 por ciento menos que la población sin discapacidad. La iniciativa que presento el día de hoy busca mejorar estas cifras al impulsar acciones afirmativas que incentiven la participación activa de todos los sectores de la sociedad que se encuentren en alguna situación de vulnerabilidad, y de este modo contribuir a lograr los objetivos de desarrollo del país. Así se espera alcanzar una efectiva inclusión económica de todos los grupos sociales, y que busca generar negocios rentables de forma tal que a través de la creación de medios de vida sostenibles, se subsane su situación de precariedad y consigan forjar un patrimonio, creando un círculo virtuoso en sus comunidades. En la agenda legislativa de Nueva Alianza nos comprometimos a impulsar la constitución de empresas facilitando su financiamiento por parte de la banca de desarrollo. De igual forma nos propusimos garantizar que particularmente los grupos vulnerables tengan los mismos derechos a los servicios financieros, incluyendo la microfinanciación. Las y los diputados turquesa estamos convencidos de que el pleno empleo, el autoempleo y el trabajo adecuadamente remunerado, constituyen un método eficaz en la lucha contra la pobreza, así como para la promoción de la inclusión social. Esa convicción es la que nos impulsa a modificar nuestro marco normativo para crear políticas dirigidas a lograr un crecimiento sostenido de la economía, generando más y mejores empleos que tengan como resultado una mayor inversión social que ayude a cerrar la brecha de desigualdad que padece nuestro país. Por su atención, compañeras y compañeros, muchas gracias. Es cuanto, diputada presidenta.