El diputado Manuel Jesús Clouthier Carrillo: Gracias, presidente. No puedo empezar mi intervención, compañeros, sin hacer una pregunta: ¿Qué hace el presidente de la república invitando y recibiendo a un candidato presidencial estadounidense en pleno proceso electoral americano? No entiendo, no entiendo. Compañeros diputados y diputadas, pueblo de México, nos dice José María Aznar en su libro España puede salir de la crisis, que “en tiempos difíciles no hay espacios para políticos con minúscula, políticos cortoplacistas, populistas, clientelares y timoratos; hoy más que nunca se necesitan líderes políticos de altura, con visión, valentía, y capacidad de tomar decisiones de alcance, aunque a corto plazo puedan tener costo político”, concluye Aznar. México, compañeros, padece una severa crisis política, económica y social, y son muchas las advertencias que la soberbia gubernamental ha desoído: déficit público y su correspondiente deuda pública; alta dependencia de los ingresos petroleros; pésima calidad del gasto público tanto en el qué como en el cómo; la crisis política y de gobernabilidad; la crisis de credibilidad en las instituciones y en el presidente mismo; la brecha de la desigualdad, el abuso impune de los gobernadores y la represión contra la libertad de expresión, medios de comunicación y periodistas, la violencia y el dominio territorial del crimen organizado ante la ausencia y en muchísimos casos la complicidad del Estado y la espeluznante corrupción en el gobierno federal y en los gobiernos estatales. Sin embargo, los indicios y señales fueron recibidos con desdén por la clase gobernante y en su pecado de soberbia llevan hoy la penitencia con su cara más dramática, la del encabronamiento colectivo. Desgraciadamente la factura no la pagan los gobernantes irresponsables, sino que ésta recae siempre sobre el pueblo, especialmente sobre los más débiles. En los últimos años hemos equivocado el rumbo al pensar que nos convertiríamos en un país desarrollado sólo con reformas económicas sin convertirnos en un país confiable para los ciudadanos, los turistas y los inversionistas. Igualmente, hemos perdido el tiempo olvidando que México tiene prisa por su llamado bono demográfico, y hemos apostado equivocadamente a un gradualismo gatopardista para decir que estamos avanzando cuando sabemos que no es así. El mejor ejemplo de esta simulación es el Sistema Nacional Anticorrupción que se aprobó en esta legislatura el pasado mes de junio. Sabemos, compañeros, que para combatir la lacerante corrupción en nuestro país, no se necesita un comité coordinador, se necesita voluntad, se necesita honestidad y se necesita sancionar severamente a los corruptos que hacen mal uso del poder y de los recursos públicos. Los agravios del poder a la sociedad acumulan rencor e indignación social, la corrupción, el fraude electoral, la mentira, el abuso del poder, la represión contra los medios de comunicación y los periodistas, la violencia del Ejército y los policías a los ciudadanos, el trato inhumano en las instituciones de salud pública, los privilegios del poder, las extorsiones al pueblo desde el poder, así como la violación sistemática a los derechos humanos han generado un grito unánime. Ya basta, ya basta amigos, es el clamor nacional. Ya basta del ejercicio patrimonial del poder, ya basta de sentirse dueños del país y de la cosa pública. Si revisamos los niveles y el ritmo de crecimiento de la deuda pública federal y subnacional, así como la deuda contingente derivada de las obligaciones contractuales de las pensiones, encontramos que la deuda pública total de los gobiernos y las instituciones asciende al peligroso número de más de 150 por ciento del PIB nacional. La irresponsabilidad de nuestros gobernantes ha creado una bomba de tiempo que ya está activada y que presiona de manera relevante las finanzas públicas en los tres niveles de gobierno. Nos alerta Pedro Vásquez Colmenares, en su libro Pensiones en México, la próxima crisis. Urge una nueva arquitectura constitucional que defina un nuevo sistema nacional de seguridad social. Atender el grave problema de la insolvencia pensionaria es la mínima reforma fiscal que necesitamos. Sin reforma las pensiones, no hay futuro para las finanzas públicas. Nos sentencia con justa razón Vásquez Colmenares. El problema, compañeros de estos distintos sistemas de pensiones es que nadie quiere reconocer que no están debidamente fondeados. Es decir, nadie quiere decirnos la verdad de que no hay recursos para pagar a los pensionados con el costo social que esto significa. Pero también nadie quiere pagar el costo político de proponer las dolorosas medidas correctivas para solventar este gran pasivo. El desconocimiento del problema por parte de los derechohabientes y de la sociedad generará que, cuando se ponga el tema en la discusión pública, se alimente más el enojo popular; y ello dificultará a su vez las reformas requeridas. Pero aun así, compañeros, no podemos ser irresponsables en esta materia, porque la omisión tendrá grandes consecuencias sociales y económicas. En México se viola sistemáticamente todos los derechos humanos. Sin embargo, es a raíz de la reforma constitucional de junio de 2011 que el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, en su párrafo tercero, nos obliga a todos los servidores públicos, y cito textual: Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Este mandato constitucional nos obliga a todos los poderes; sea este Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Es decir, todos tenemos obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en México; y por tanto aplicar la hermenéutica jurídica de los derechos humanos, entre los que destaca el principio de la oportunidad efectiva, que nos dice que no basta que se nos reconozca el derecho, sino que debe existir la oportunidad real y efectiva de poder ejercerlos. Así, en México falta mucho por hacer para crear condiciones que garanticen el ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión y el derecho a la información, contenidos en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Igualmente, tenemos pendiente una Ley Electoral que garantice el derecho humano de participación política en condiciones de igualdad, como lo sugiere el artículo 21 de la Declaración Universal. Es urgente, y ustedes lo saben, aprobar una ley que perfeccione las candidaturas independientes apegadas a criterios de derechos humanos, y no como sucede actualmente, que los violan los principios. Así también debemos recortar los recursos públicos a los partidos políticos para su gasto corriente. Estas iniciativas ya están presentadas en esta legislatura y la resistencia de todos los partidos para tratarlas ha sido latente. El financiamiento público a los partidos políticos para su gasto burocrático debe ser un apoyo subsidiario y por lo tanto temporal. Si el sistema de partidos es fuerte, como ustedes dicen que es, llegó la hora de que los partidos políticos vivan de las aportaciones voluntarias de sus militantes y simpatizantes, y no de las aportaciones forzosas de los contribuyentes. Deben, pues, los partidos políticos emanciparse de la ubre presupuestal. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, contiene el derecho a la salud y la seguridad social. Por tanto, debe ser prioridad mejorar la calidad de los servicios de salud pública en nuestro país, y para esto falta voluntad política y recursos presupuestales, al igual que para la seguridad social, como ya lo dijimos. Finalmente, es el artículo 26 de la Declaración el que protege el derecho humano a la educación, que como sabemos en México este derecho es un fraude cuando debería de ser el recurso por excelencia para cerrar la brecha de la desigualdad, porque éste iguala las oportunidades. Por tanto, debe avanzarse en la reforma educativa respetando el derecho humano a la educación de los niños y jóvenes mexicanos que tienen derecho a una educación de calidad, que los dote de la formación y capacitación para los nuevos retos y oportunidades del siglo XXI. Compañeros diputados, es tiempo de reconocer con humidad que hemos equivocado el rumbo y perdido irresponsablemente el tiempo. Es tiempo de reconocer que el país sufre un fuerte deterioro político y social, económico, de valores y del ánimo social. Es tiempo de reconocer que la crisis es fundamentalmente una crisis política, y que por lo tanto la solución debe de ser política. Necesitamos, pues, recuperar el impulso político de la transición que convoque a todos los mexicanos a sumar para la reconstrucción de nuestro país. Necesitamos decirle a los mexicanos que las soluciones a nuestros problemas costarán mucho esfuerzo, sacrificio y tomarán tiempo; que no existen fórmulas mágicas ni los mesías salvadores, necesitamos recuperar la esperanza que nos haga creer que México sí tiene remedio, si nos decidimos los mexicanos. Asumamos pues, compañeros, nuestra responsabilidad histórica. Hagámoslo con generosidad, hagámoslo por nuestros hijos, hagámoslo por los que menos tienen, hagámoslo por México. Muchas gracias.