El diputado Uriel López Paredes: Muchas gracias, diputado presidente. Con su permiso. El dictamen que hoy vamos a votar busca dar certidumbre jurídica y no deja al libre albedrío de los funcionarios en turno, el monto de las pensiones de cientos de miles de ex trabajadores y trabajadores de nuestro país. El propósito de la iniciativa es restablecer el equilibrio entre lo que se cotiza y lo que se recibe como pensión, equilibrio roto por una laguna en la redacción del artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social de 1995 y una interpretación literal del artículo 33 de la Ley de 1973, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El dictamen reforma al artículo Vigésimo Quinto Transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, estableciendo el equilibrio entre el tope de la aportación obrero-patronal y el pago máximo de las pensiones, calculándose su cuantía con el promedio de las últimas 250 semanas de cotización, con un límite superior de 25 veces el salario mínimo. El sistema pensionario consagrado en la Ley del Seguro Social de 1973, era un sistema de reparto constituido por una bolsa general, a la cual contribuían con sus aportaciones patrones, trabajadores y el gobierno. Con ella se constituían reservas para el pago de las pensiones de los trabajadores que accedían a ese derecho. La contribución tripartita para los seguros del régimen obligatorio estaba basado en un porcentaje del salario base de cotización de cada trabajador afiliado al IMSS, con un tope máximo de 10 salarios mínimos, límite que también operaba para la obtención de beneficios; es decir, servía para fijar el máximo de las cuantías de las pensiones, con la finalidad de evitar que un trabajador al jubilarse o pensionarse con un salario alto, tuviera que ser subsidiado o con las contribuciones de la gran mayoría que aportaban con un salario bajo. La Ley del Seguro Social vigente, con un sistema pensionario basado en cuentas individuales, en su artículo Vigésimo Quinto Transitorio señala que al inicio de su vigencia el máximo de aportación obrero-patronal sería la cantidad equivalente a 15 veces el salario mínimo general en el Distrito Federal, límite que se acrecentaría en un salario mínimo cada año, subsecuente, hasta llegar en el año 2007 a los 25 salarios mínimos del Distrito Federal. La ley abrogada, si bien establecía claramente en su artículo 33 que el máximo para el salario base de cotización era la cantidad equivalente a 10 salarios mínimos, no hacía ninguna referencia a un tope máximo en la cuantía de las pensiones, ya que este estaba establecido en el artículo 167 de la Ley del Seguro Social. Desde 1997, en algunos casos el Instituto Mexicano del Seguro Social calculó la cuantía de la pensión con el promedio de las últimas 250 semanas de haber cotizado, aún cuando éste fuera superior al límite de 10 salarios mínimos mencionados en el artículo 33 de la ley abrogada. En otros casos, el IMSS negó tal derecho para algunos trabajadores. Los afectados por esta determinación recurrieron a la justicia laboral, logrando que las juntas de Conciliación y Arbitraje les dieran la razón, mientras que la justicia federal les negó tal derecho. Esta contradicción basada en la ambigüedad y en las lagunas de la ley es lo que subyace a la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que hoy nos proponemos esclarecer. Para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro, en esta iniciativa se restablece el equilibrio en las disposiciones de ley para, al cambiar el sistema pensionario que dejó incongruencias y lagunas que han vulnerado los derechos de muchos trabajadores y ha afectado también a ellos, es que se tenga una pensión que permita una vida digna de la vida laboral. En consecuencia, se propone que la redacción del adicionado párrafo III sea como sigue: Ese mismo límite en veces el salario mínimo, será el límite superior de las cuantías de las pensiones de aquellos asegurados inscritos con anterior a la fecha de entrada en vigor de esta ley, así como de sus beneficiarios que, al cumplirse los supuestos legales o el siniestro respectivo para el disfrute de cualquiera de las pensiones, opten por acogerse a los beneficios de la ley que se deroga. Es cuanto, señor presidente.