El diputado Pablo Gómez Álvarez: Ciudadanas y ciudadanos diputados, la Sección Instructora de la Cámara de Diputados presenta, luego de 94 años, conclusiones acusatorias en un procedimiento de juicio político. Casi un siglo ha pasado desde que esta Cámara y también el Senado, el Congreso en su conjunto, fue despojado de una de sus facultades constitucionales de carácter histórico, encauzar por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, y violaciones de las leyes, a los más altos servidores públicos del país, que son justamente los sujetos del juicio de responsabilidad política. Casi un siglo después queremos decir: El Congreso reclama el pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, alguna vez arrancadas indebidamente por la Presidencia de la República. Hoy, bajo otra Presidencia, cualitativamente diferente al tracto sucesivo en que el Congreso fue arrollado, la Sección Instructora les plantea: Llevemos un asunto escandaloso a la consideración del Senado, para que dicte sentencia. Nuestra acusación se basa en lo que dentro de la Cámara se hizo por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Hubiera sido doble responsabilidad que, ante estos hechos, de por sí escandalosos, la Cámara guardara silencio o hiciera mutis, cuando fue su propia Auditoría Superior la que documentó la Estafa Maestra. Hubiera sido gravísimo, que manteniendo una nefasta tradición de que solo el presidente puede impartir justicia política, el Congreso, por decisión propia otra vez, entre comillas, abdicara, renunciara a sus facultades constitucionales. La Sección Instructora se ha apoyado también en lo que consta en expedientes de la Fiscalía General de la República, en lo que nos han informado los propios organismos que fueron utilizados como instrumento para la desviación de recursos y su dispersión. Lo que estamos acusando aquí no es una persona, sino a un gobierno y la forma en la que realizó la administración pública federal, desapegado de la ley y de manera completamente corrupta. No es un asunto personal. La Sección Instructora mantuvo un curso permanente de averiguar lo que había pasado. No nos interesa la persona, sino las funciones que desempeñaba, y el gobierno al que pertenecía, porque no son hechos aislados. Hemos tomado la Estafa Maestra porque la Auditoría Superior puso todo en claro, pero esa Estafa Maestra está presente en Pemex y en otros lados que nosotros no investigamos porque nos ceñimos estrictamente a la Constitución y a la ley. No fuimos más lejos que las denuncias presentadas y los procedimientos abiertos en la Cámara. La presunción de inocencia siempre se respetó. El periodo de pruebas fue ampliado por la propia Sección para dar oportunidad a que hubiera más elementos y la defensa presentara todo lo que quisiera o lo ofreciera y nosotros íbamos por las pruebas a donde fuera, con la capacidad de autoridad jurisdiccional que tiene esta Cámara en materia de Juicio Político. Nunca se negó derecho procesal alguno, pero también hay que decirlo, como lo dicen las conclusiones, no hubo tampoco negación de los hechos ni de las conductas. Nunca la defensa presentó ese punto, como no lo ha presentado en los últimos alegatos a los que damos respuesta en el texto de estas conclusiones. Hemos cumplido con los plazos de la ley escrupulosamente. Hemos hecho un procedimiento limpio, porque queremos tener la autoridad moral para reclamar, como hoy y en lo sucesivo, a los servidores públicos de alto rango que se apeguen a la ley y que protejan los intereses públicos y se aboquen al buen despacho de los mismos. Buen gobierno es lo que exige la Cámara de Diputados. Este momento es histórico, no solo porque recuperamos una facultad constitucional perdida en los hechos, el presidente no tenía facultades metaconstitucionales, ejercía facultades que no eran suyas. Esa es la verdad histórica del presidencialismo despótico que México tuvo que padecer por parte de muchos. Esto se acabó. Se acabó porque se acabó. Y porque no queremos volver al mismo esquema de antes, lo ha dicho el presidente de la República con toda la autoridad y la fuerza de su investidura: se ha acabado y debe acabarse. Por eso actúa la Cámara, no es un asunto de discursos nada más, sino de acciones bien. Colegas, aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas, que ejerce sus facultades de control y sus facultades jurisdiccionales con plena conciencia de que defendemos la democracia de nuestro país, el Estado de derecho. Lo que queremos construir en México y de una buena vez y para todo lo que venga hacia adelante, es ese reclamo, más que otro, el que hace la Cámara de Diputados al recibir de la Sección Instructora la petición de acusar ante el Senado a una servidora pública de alto rango que fue secretaria de Estado. Muchas gracias por su atención.