La diputada Araceli Damián González: Con su venia, señor presidente. Señoras y señores diputados, la Ley de Austeridad Republicana que hoy propongo en nombre de las y los diputados de Morena, cuenta con 29 artículos que contienen como objetivo central, la aplicación de una política de austeridad, no del gobierno, sino del Estado, para reducir de manera sostenida el costo de la administración pública en beneficio de la sociedad. Partimos de la convicción de que el gobierno y sus funcionarios deben servir a la sociedad y no servirse de ella. Éste es el planteamiento central que inspira la propuesta que racionaliza el gasto con un propósito de beneficio para las mayorías. Se busca generar un marco legal que promueva la austeridad republicana, que el presupuesto se distribuya con justicia, donde los ahorros generados por la aplicación de la presente ley se concentren en un fondo especial que se destinará a la educación, a la salud y a la inversión productiva nacional. En una primera etapa, la aplicación de la Ley de Austeridad Republicana, permitirá ahorrar 450 mil millones de pesos, sin afectar en lo más mínimo las funciones sustantivas del gobierno. Parte de estos recursos se podrían aplicar en lugar de aumentar la deuda pública mediante la bursatilización para la inversión en infraestructura educativa, como propone Enrique Peña Nieto. El ahorro se obtendría básicamente con la reducción a la mitad de los salarios de los altos funcionarios públicos y con la eliminación o reducción de los gastos superfluos del gobierno. En México la racionalización del gasto es una preocupación de la sociedad. La diferencia entre lo que propone Morena y lo que hace este gobierno está en los renglones que afectan a unos y a otros. El gobierno aumenta impuestos, castiga los programas sociales y la inversión productiva, generando más desigualdad y pobreza, como lo muestran las cifras del Consejo Nacional de Evaluación, que además tenemos ahora dos millones más de pobres oficialmente reconocidos. Morena propone ahorros y disminuir los elevados salarios y prebendas de la alta burocracia. Frente a la baja en los ingresos petroleros y el riesgo de aumento en las tasas de interés en Estados Unidos, Hacienda y Crédito Público ha insistido en la necesidad de reducir el gasto afectando principalmente a Pemex y a la Comisión Federal de electricidad y a otras áreas, con un alto costo social que no obedece a una cultura de racionalidad. Mientras que en 2012 el gasto corriente era equivalente al 15.3 por ciento del producto interno bruto, para 2014 ya fue de 16.9. Está claro que el aumento de los recursos presupuestarios no se utilizó para mejorar ni los servicios ni los programas sociales, como lo demuestran los crecientes índices de desigualdad y de pobreza. Hoy se puede afirmar que la riqueza petrolera fue dilapidada debido a la orientación y al ineficiente ejercicio del gasto público el cual se desarrolla de manera poco transparente y no puede ser debidamente vigilado por la sociedad, lo cual esta Cámara tiene que asegurar. Por otro lado, en los años recientes desde la crisis del año 2009, la deuda pública de la administración federal se ha incrementado, lo que ya representa un riesgo para la estabilidad de nuestra economía. Las finanzas del gobierno se han visto muy afectadas por la caída de los ingresos petroleros. Ahora, en 2015 y previsiblemente en 2016, los recursos que aportará el petróleo no serán suficientes para financiar el desarrollo con estabilidad. Se estima que para este año el déficit del balance público del gobierno mexicano será tres veces más grande que el de 2014. Debido a lo anterior, el costo financiero de la deuda creció en más del 31 por ciento en un solo año y los requerimientos financieros del sector público alcanzan 47 por ciento del PIB. Para el año 2016 es inminente un recorte del gasto público con respecto al Presupuesto de 2015. La economía nacional padece las consecuencias de las equivocadas políticas económicas de los últimos 30 años. Son las empresas estatales las que han cargado con los mayores costos de las malas decisiones financieras del país, pero también los programas sociales como el de 65 Años y Más, cuyo presupuesto fue recortado con respecto a lo aprobado por esta Cámara de Diputados. Además contra lo que sería recomendable, en este 2015 el crecimiento del gasto corriente fue del 7.7 por ciento con respecto al año pasado. Destacan también casos de opacidad como el concepto de Otros Gastos de Operación que creció más de 18 por ciento. Para no afectar la calidad de vida de los mexicanos, la disminución de los recursos presupuestales, tendrán que enfocarse en el gasto corriente no prioritario para la administración pública. No se deben de afectar programas sociales ni los servicios públicos, y tampoco podemos reducir la inversión en infraestructura que es la que puede ayudar a impulsar la economía nacional. Asimismo no es posible incrementar los impuestos es un contexto de estancamiento. Lo que sí es posible es hacer una reforma fiscal progresiva en la que paguen más los que más tienen. De hecho se requiere rectificar buena parte de la reforma económica acordada en este mal llamado Pacto por México, que debe decir pacto contra México. Es importante insistir en que es imposible recortar gastos como el oneroso contrato del avión presidencial. También se pueden reducir las compras de vehículos terrestres y aéreos del personal administrativo del gobierno. Haciendo caso de un reclamo de la sociedad, es posible y necesario ajustar los salarios de los altos funcionarios: el seguro de separación individualizada, los gastos de representación y las millonarias pensiones de los ex presidentes. También se pueden reducir a la mitad las prerrogativas de los partidos políticos, las subvenciones a los grupos parlamentarios y las prebendas de los altos funcionarios del Poder Judicial. Algo que es particularmente urgente es el ajuste en el gasto de comunicación social. Sólo en 2014 el total ejercido fue de 7 mil millones de pesos; 5 mil millones de pesos más de lo que aprobó esta Cámara de Diputados. Como consecuencia de la aplicación de esta iniciativa, entonces podría ser posible un ahorro del gasto de alrededor de 450 mil millones de pesos. Todos ellos en renglones de gasto corriente, distinto a los programas de apoyo social. Dicho ajuste obligaría a una racionalización de los rubros de gastos no prioritarios y permitiría mantener los niveles de inversión pública proyectados para 2016, e incluso incrementarlos. Estos recursos serían también suficientes para mantener el gasto social y la inversión para enfrentar la crisis por la caída de los ingresos petroleros y garantizar el desarrollo productivo del país. México se enfrenta a una gran crisis, la inestabilidad internacional está en una puerta. No podemos permitir que en esta Cámara de Diputados la pobreza siga creciendo, las carencias en este país. No solamente estamos hablando de los 55 millones de mexicanos reconocidos por este gobierno, hay adicionalmente 40 millones de mexicanos que tienen vulnerado alguno de sus derechos reconocidos por el gobierno federal. Estamos hablando de 100 millones de mexicanos que no tienen cubiertos sus derechos socioeconómicos, que requieren de un apoyo y requieren de que en esta Cámara se legisle para ellos. Es cuanto.