EL C. PRESIDENTE: (15:08 horas) Se levanta la sesión y se cita para la que tendrá lugar mañana, día 20 de diciembre, a las 10: 00 horas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICES DE LA SESION ORDINARIA DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO DE LA LVIII LEGISLATURA, DEL DIA 19 DE DICIEMBRE DE 2000. APENDICE No. 1 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALAFORNIA H. Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión México, DF Por medio del presente nos permitimos informarles que en sesión ordinaria de la H. XVI Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada el 7 de diciembre del año en curso, se acordó enviarles una atenta recomendación. para que se incluya en el Presupuesto del 2001, en el rubro de Asistencia Social, una partida especial para programas que atiendan a niños con discapacidad funcional. (Se anexa fotocopia del Acuerdo). Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra distinguida consideración y respeto. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Mexicali, BC, a 7 de diciembre del 2000. DIP. Juan Manuel Molina Rodríguez (rúbrica) Presidente Dip. Efrén Macías Lezama (rúbrica) Secretario Dip. Juan Manuel Molina Rodríguez Presidente de la Mesa Directiva Del Congreso del estado de Baja California PRESENTE Compañeras y compañeros diputados: Amigos de los medios de comunicación: Respetable concurrencia: Este viernes 8 y sábado 9 de diciembre, son días de esperanza para los niños con discapacidad funcional, porque se llevará a cabo el Teletón 2000 con la unidad de los mexicanos, quienes con su participación económica contribuirán a la atención de estos pequeños en los Centros Infantiles de Rehabilitación Teletón, en donde con amor, cariño, voluntad y el equipo médico más avanzado del país, se busca la rehabilitación de éstos a la vida productiva. Debemos resaltar que los niños con discapacidad funcional, necesitan un espacio en la sociedad. Necesitan de todo nuestro respeto para que sean integrados y queridos, por lo que merecen en principio los trescientos sesenta y cinco días del año, que nuestra actitud no los lastime, sino que se transforme de la mirada de angustia o de lástima a una mirada de amor, para que dejen de estar solos con ellos mismos, olvidados a veces por sus propias familias. En la tarea de rehabilitarlos, las instituciones y medios de comunicación que promueven el Teletón, deben saber que no están solos, que la tarea de incorporar a es te sector a la vida productiva es tan importante, que merece el respeto y apoyo de todos los mexicanos, como seguramente lo veremos en el desarrollo de la actividad que este fin de semana se habrá de celebrar. El Teletón, nos ha marcado positivamente una fecha para dar y para demostrar nuestro sentir y adhesión a ellos, a sus familias y a quienes han lanzado el primer llamado masivo solidario. Sin embargo desde esta tribuna, nos corresponde ahora, realizar un exhorto al Sr. Presidente de la República, Vicente Fox Quezada quien al inicio de su mandato, mostró su actitud de consideración a niños de la calle desayunando con ellos en el barrio de Tepito, para que muestre su sensibilidad e interés por los niños discapacitados más allá de un día para que establezca un programa que atienda a niños en condiciones especiales para que sean incorporados al proyecto de nueva nación. Manifestaciones como las que vimos de parte del hoy Presidente de la República el día primero de diciembre, deben de plasmarse en acciones concretas, ya que la mejor forma de ayudar a los niños, tengan o no in capacidad disfuncional, no sólo se cumple desayunando con ellos un solo día, sino apoyándolos por el resto de sus vidas. Por otra parte, consideramos que esta Legislatura debe demostrar su solidaridad con los mexicanos y con las familias de los niños con discapacidad funcional, pro poniendo para tal efecto se aporte la cantidad de $37,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos) en la celebración del Teletón, edición 2000, tal y como en su momento, los diputados integrantes de este Congreso nos solidarizamos con el hijo de Paulina. Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 114, fracción III. 115, 116 y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del estado de Baja California, sometemos a su consideración el siguiente: Punto de Acuerdo Primero. Que se envié una recomendación al Congreso de la Unión, con copia para el Presidente de la República. Vicente Fox Quesada, para que se incluya en el Presupuesto del 2001, en el rubro de Asistencia Social. una partida especial para programas que atiendan a niños con discapacidad funcional. Segundo. Que los diputados integrantes de esta XVI Legislatura formen una bolsa de su ingreso propio por la cantidad de 537,500.00 (treinta y siete mil quinientos pesos), y se envíe en solidaridad y apoyo a la campaña que se promueve a través del Teletón 2000. Tercero. Solicitar a los compañeros diputados que por tratarse de un asunto que requiere de tomar acciones inmediatas, se someta a la consideración de esta Asamblea, para su resolución. A su consideración señores diputados. Atentamente Mexicali, BC, a 7 de diciembre de 2000. Dip. Efrén Macías Lezama (rúbrica) Coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática Dip. Jaime Jiménez Mercado Dip. Gilberto Flores Muñoz (rúbrica) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ APENDICE No. 2 H. LVIII Legislatura del Congreso de la Unión México, DF Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión ordinaria de la H. XVI Legislatura constitucional del estado de Baja California, celebrada el día 29 de noviembre del año en curso, se acordó solicitarles muy respetuosamente, que las comisiones correspondientes presenten al gabinete agropecuario del Ejecutivo de la nación, la necesidad de que la actividad agropecuaria sea considerada como prioritaria y estratégica en el desarrollo político, económico y social de nuestro país; asimismo, se hagan las propuestas necesarias para que en el marco de propiciar una mejoría en la rentabilidad de la actividad, se dé un trato preferencial al sector agropecuario en los precios de los combustibles y lubricantes requeridos en el proceso de producción, los cuales cada mes son aumentados en perjuicio de los campesinos. (Se anexa fotocopia del Acuerdo) Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan otorgar al presente, aprovechamos la oportunidad para reiterarles nuestra distinguida consideración y respeto. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Mexicali, BC, a 29 de noviembre del 2000. Dip. Juan Manuel Molina Rodríguez (rúbrica) Presidente Dip. Efrén Macías Lezama (rúbrica) Secretario Dip. Juan Manuel Molina Rodríguez Presidente de la Mesa Directiva Del Congreso del estado de Baja California PRESENTE Compañeras y compañeros diputados: Me permito comparecer ante esta H. Asamblea Legislativa con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, párrafo III, 28, fracción I, y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como en lo establecido por los artículos 10, fracción VIII, 114, fracción III, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para presentar a la consideración de esta H. Legislatura del estado de Baja California el presente Punto de Acuerdo Económico bajo la siguiente Introducción Para todos nosotros es clara la situación precaria por la que atraviesan la mayoría de los hombres dedicados a hacer producir la tierra en nuestra entidad como resultado de la baja rentabilidad que la actividad presenta en nuestros días. Hemos sido testigos de la manera en que se han visto afectados los productos agropecuarios como resultado de la aplicación de políticas de apertura comercial para los productos del campo, derivado esto de un fenómeno de globalización de mercados donde nos está correspondiendo competir con economías más fuertes y organizadas que la nuestra con las consabidas desventajas. Por otro lado nos damos cuenta de que mes a mes se incrementa el costo de combustible y lubricantes que son insumos fundamentales en el proceso productivo donde el uso de maquinaria y equipo agrícola son comunes en una agricultura altamente tecnificada como la que manejan nuestros campesinos en Baja California. De igual manera los insumos, como semillas, fertilizantes y agroquímicos reflejan incrementos importantes al inicio de cada subciclo agrícola producto de es tos aumentos los cuales son trasladados para que sean cubiertos y absorbidos por los campesinos con el con siguiente aumento en los costos de producción y reducción de la rentabilidad de la actividad. Estamos ciertos que los productores agropecuarios están haciendo esfuerzos extraordinarios y los resultados son importantes, hemos alcanzado volúmenes de producción por unidad de superficie mejores que en otras partes del país y del mundo, sin embargo no ha sido suficiente para afrontar los bajos precios que en el mercado tienen los productos agropecuarios. Esta situación ha provocado una marcada descapitalización de los productores agropecuarios principalmente los más humildes, dando como resultado que una gran parte de las parcelas del Valle de Mexicali estén rentadas a empresas o consorcios donde la utilidad o ventaja de los productores es ser contratados como peones para llevar cabo las tareas del campo. Existen casos en que ni eso alcanzan nuestros campe sinos viéndose en la necesidad de emigrar a la ciudad y sumarse a la fuerza de trabajo como obreros en maquiladoras. Es por eso que en esta oportunidad y aprovechando el hecho de que es nuestra responsabilidad como representantes populares propugnar por mejorar la condición en que esta actividad se desarrolla en nuestro estado y derivado de que observamos una baja rentabilidad y una constante descapitalización de la actividad agropecuaria que mantiene a los productores rurales en un estado de incertidumbre, por la falta de satisfactores no sólo para realizar las actividades productivas. sino para sostener las necesidades básicas de sus familiares, que expresamos los siguientes: Considerandos Que es necesario que la actividad agropecuaria sea revalorada necesitamos que se reconozca y se entienda que en cuanto tengamos un campo capitalizado y productivo, nuestras demás actividades económicas tendrán un mejor comportamiento y por lo tanto estaremos más cerca de un verdadero desarrollo rural integral con los beneficios sociales que esto implica. Que los acontecimientos de las últimas décadas en el sector agropecuario reflejan que la causa principal de la crisis por la que atraviesa, es la pérdida de rentabilidad donde gran influencia ha tenido los bajos precios de los productos en el mercado mundial y los altos costos de producción con los que nuestros campesinos enfrentan el proceso productivo. Lo que implicara dar ocupación o incorporar a una actividad productiva distinta a los miles de trabajadores que serán expulsados del campo con las repercusiones económicas, sociales y políticas que ello implica. Que en el seno del Comité Directivo Agrícola del Distrito de Desarrollo Rural 02 Río Colorado, órgano colegiado donde se tiene la representación de todos los organismos campesinos e instituciones que tienen qué ver con el sector agropecuario se han tomado acuerdos para solicitar a quien corresponda se instrumenten acciones tendientes a apoyar al sector. Que es facultad de los diputados presentar ante el Pleno de esta Soberanía Punto de Acuerdo Económico, de conformidad a lo establecido en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como 26,44, 114, fracción III, y 121 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del esta do de Baja California. Por lo que bajo los considerandos anteriores el suscrito somete a la consideración de esta Honorable Asamblea para su aprobación los siguientes: Resolutivos Primero. Que este H. Congreso del estado de Baja California solicite a la Cámara de Diputados de la Honorable LVIII Legislatura federal que las comisiones correspondientes presenten al gabinete agropecuario del Ejecutivo de la nación la necesidad de que la actividad agropecuaria sea considerada como prioritaria y estratégica en el desarrollo político, económico y social de nuestro país. Segundo. Se solicite por parte de esta H. Soberanía a la propia LXIII Legislatura federal se hagan las pro puestas necesarias para que en el marco de propiciar una mejoría en la rentabilidad de la actividad, se dé un trato preferencial al sector agropecuario en los precios de los combustibles y lubricantes requeridos en el pro ceso de producción, los cuales cada mes son aumentados en perjuicio de los campesinos. Dado en la Sala de Sesiones de la H. XVI Legislatura de este Congreso del estado de Baja California a los veintinueve días del mes de noviembre del dos mil. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Dip. Sergio Avitia Nalda -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 3 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE GUERRERO Chilpancingo, Guerrero, 28 de noviembre del 2000. CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión PRESENTES El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero. en sesión de este día tuvo a bien aprobar, la Propuesta de Punto de Acuerdo Parlamentario, suscrita por los integrantes de la Comisión de Gobierno, relativo a la permanencia del Programa Rural de Abasto, operado por Diconsa y la asignación de recursos financieros suficientes a este Programa. Documento que me permito anexar al presente, para los efectos legales procedentes. Sin otro particular, reitero a usted las seguridades de mi distinguida consideración. El Oficial Mayor Lic. Luis Camacho Mancilla (rúbrica) Se emite Acuerdo El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que le confieren los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política lo cal, 8°, fracción I, y 127, párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en nombre del pueblo que representa tuvo a bien expedir un Acuerdo Parlamentario bajo los siguientes: Considerandos Primero. Que en el ano de 1979 se estableció el Pro grama Rural de Abasto, para dar respuesta a la necesidad de garantizar reservas de granos básicos y la garantía de precios de esos productos, lo que en un momento se conoció como el programa Conasupo Coplamar, hasta transformarse en lo que actualmente es Diconsa, filial de Conasupo, encargada de distribuir granos básicos y productos de primera necesidad en comunidades marginadas. Segundo. Que para la operación de este Programa Rural de Abasto. se crearon los comités rurales de abasto en cada una de las tiendas que se establecieron a lo largo del país y se crearon las asambleas regionales en los almacenes, de las que surgieron los Consejos Comunitarios de Abasto. Tercero. Que en la actualidad en el estado de Guerrero existen 15 almacenes Diconsa, con igual número de Consejos Comunitarios de Abasto, distribuidos en las diferentes regiones del estado. Asimismo, existen 1,133 tiendas que operan en igual número de comunidades y que prestan un servicio a una población aproximada de un millón ochocientos mil consumidores; lo que nos hace ver la importancia de este sistema de abasto rural, sobre todo en una geografía tan accidentada como la nuestra, en donde Diconsa en muchas ocasiones representa la única opción de abasto de ser vicios básicos de primera necesidad. Cuarto. Que en los últimos años se ha reducido el presupuesto federal destinado a la operación de este tipo de programas, con la entendible protesta de diversos núcleos de la población, sobre todo los de comunidades marginadas representadas por los Consejos Comunitarios de Abasto. Para el presente ejercicio fiscal la Cámara de Diputa dos del Honorable Congreso de la Unión, asignó una partida presupuestal de 715.9 millones de pesos para la operación del programa, sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sólo ha entregado $400.00 millones de pesos, faltando 315.9 millones de pesos, lo que ha obstaculizado el cumplimiento de los objetivos del programa en el presente año. Quinto. Que lo antes expuesto nos hace ver la importancia y necesidad de que siga operando en el país y sobre todo en el estado de Guerrero, el Sistema Rural de Abasto, que permita a la población que habita en zonas alejadas y de escasos recursos el suministro de productos básicos de primera necesidad con precios accesibles. Por lo tanto, atendiendo a sus funciones de representación popular es conveniente que este Honorable Congreso solicite al Ejecutivo federal y al Honorable Congreso de la Unión, la permanencia institucional de este programa y la asignación de recursos financieros para su operación. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política local; 8°, fracción I. y 127. párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor: El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente: Acuerdo Parlamentario Primero. La Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, solicita atenta y respetuosamente al Poder Ejecutivo federal y al Honorable Congreso de la Unión, la permanencia del Programa Rural de Abasto operado por Diconsa, así como la asignación presupuestal de recursos financieros suficientes, que permita llevar a la población productos básicos de primera necesidad a precios accesibles, sobre todo en aquellas regiones con un alto índice de marginación. Asimismo, se pronuncia porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aporte al Programa Rural de Abasto operado por Diconsa, los restantes 315.9 millones de pesos, que no fueron entregados y que se presupuestaron por la Honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Segundo. Comuníquese el presente al Titular del Poder Ejecutivo Federal, y a las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión para los efectos legales procedentes. Transitorio Unico. El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de la fecha de su expedición. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil. Dip. Héctor Apreza Patrón (rúbrica) Presidente Dip. Olga Bazán González (rúbrica) Secretaria Dip. Javier Galeana Cadena (rúbrica) Secretario ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 4 Chilpancingo, Guerrero, 22 de noviembre del 2000. CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión PRESENTES El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en sesión de esta fecha, tuvo a bien aprobar, un Acuerdo Parlamentario. por el que se pronuncia a favor de una solución positiva al conflicto que enfrentan los ahorradores de las cajas populares que operaban en el país a cargo del C. José Cirilo Ocampo y en particular a las personas asociadas en la "Caja Popular Guerrerense". Documento que me permito anexar al presente, para los efectos legales procedentes. Sin otro particular, reitero a ustedes las seguridades de mi distinguida consideración. El Presidente del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero Dip. Héctor Apreza Patrón (rúbrica) Se emite Acuerdo El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en uso de las facultades que le confieren los artículos 47, fracción I, de la Constitución Política lo cal, 8, fracción I, y 127, párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor, en nombre del pueblo que representa tuvo a bien expedir un acuerdo parlamentario bajos los siguientes: Considerandos Primero. Que el ahorro interno es una de las principales estrategias que en materia económica se deben impulsar para generar y consolidar la riqueza de una nación, de tal forma, que con los excedentes financieros obtenidos por los sectores productivos, se lleven a cabo acciones que promuevan el desarrollo económico y social del país, y contribuyan a superar las condiciones de marginación en que se encuentran millones de mexicanos. Segundo. Que en nuestro país. paralelamente a las instituciones bancarias se ha desarrollado el establecimiento de cooperativas de ahorro, mejor conocidas como cajas populares, en las cuales se presentan servicios de intermediación financiera accesibles al común de los ciudadanos. Provocando que miles de mexicanos hayan confiado sus ahorros a estas asociaciones, con el ánimo de obtener un mayor beneficio de forma legal. Tercero. Que una de estas asociaciones manejada por el C. José Cirilo Ocampo, es la denominada "Caja Popular Guerrerense", que en nuestra entidad agrupa a un total de 1,336 ahorradores con un capital a la fecha de 19 millones de pesos, y quienes ante las denuncias y posterior detención de esta persona, no han podido accesar a los ahorros depositados en esa asociación, ya que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como la Procuraduría General de la República, han intervenido y embargado la totalidad de los bienes y capitales con que cuentan estas cajas de ahorro. Cuarto. Que ante esta situación, los aproximadamente 1,181 ahorradores del país, se han organizado en su mayoría, para exigir la devolución de su dinero, acudiendo a diversas instancias que van de la Procuraduría General de la República. La Secretaría de Hacienda y el mismo Congreso de la Unión, sin que a la fecha se haya dado solución positiva al conflicto. Quinto. Que este problema, cuya solución trasciende del ámbito local es de prioritaria atención, ya que en el se ven comprometidos los ahorros de miles de mexicanos que en muchos casos constituyen su único patrimonio, por lo que se hace necesario que este H. Congreso se pronuncie a favor de una solución pronta a es te conflicto en que involuntariamente se encuentran miles de mexicanos. Haciendo un exhorto respetuoso al H. Congreso de la Unión, al titular del Poder Ejecutivo Federal, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República, para que presenten una alternativa de solución pronta y completa que permita a los miles de pequeños ahorradores involucrados, obtener en el menor tiempo posible la devolución de sus ahorros. Por lo antes expuesto y fundado en los artículos 47, fracción I. de la Constitución Política local, 8, fracción I, y 127, párrafos primero y cuarto, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo en vigor: El Pleno de la Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente: Acuerdo Parlamentario Primero. La Quincuagésima Sexta Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se pronuncia a favor de una solución positiva al conflicto que enfrentan los ahorradores de las cajas populares que operaban en el país a cargo del C. José Cirilo Ocampo, y en particular a las 1,336 personas asociadas en la "Caja Popular Guerrerense", haciéndose un exhorto respetuoso al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al H. Congreso de la Unión. a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Procuraduría General de la República, a presentar una alternativa real que permita en el menor tiempo posible la devolución de los ahorros invertidos por las personas que demuestren tener derecho de ellos, procediendo de igual forma a aplicar las sanciones que jurídicamente procedieren. Segundo. Comuníquese el presente Acuerdo Parlamentario al Ejecutivo federal, a las Cámaras de Diputados y de Senadores del Honorable Congreso de la Unión, a la Secretaría de Hacienda y a la Procuraduría General de la República para los efectos legales procedentes. Y desee cuenta al Pleno de esta Legislatura de la respuesta obtenida al presente. Transitorio Unico. El presente Acuerdo Parlamentario entrará en vigor a partir de su expedición. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Poder Legislativo a los veintidós días del mes de noviembre del año dos mil. Dip. Héctor Apreza Patrón (rúbrica) Presidente Dip. Consuelo Ibancovichi Muñoz Secretaria Dip. Olga Bazán González (rúbrica) Secretaria ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 5 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Cuernavaca, Mor., a 30 de noviembre del 2000. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión PRESENTE Le remitimos Punto de Acuerdo emitido por la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de este Congreso, mismo que fue aprobado por el Pleno en la sesión de hoy, por el cual esta XLVIII Legislatura se pronuncia en apoyo al Acuerdo tomado por el Congreso de Querétaro a que se considere en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, la aprobación de un incremento al porcentaje de las Participaciones Federales a los Estados y Municipios para que éste sea como mínimo el 25 por ciento, así como el hecho de que se establezca mayores beneficios tributarios. Sin otro particular le reiteramos nuestra consideración. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Los Secretarios de la Mesa Directiva del H. Congreso del estado de Morelos Dip. Joel Juárez Guadarrama (rúbrica) Dip. Jesús Fernando Contreras Arias (rúbrica) Honorable Asamblea: En el ejercicio de las atribuciones que consagran los artículos 40, fracción III, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 38, inciso n), de la Ley Orgánica del Congreso del estado de More los; 6, fracción VIII, del Reglamento Interior para el Congreso del estado de Morelos, los suscritos diputa dos integrantes de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política sometemos a su consideración el presente Dictamen, de cual se desprenden las siguientes: Consideraciones Que en fecha 28 de noviembre del año en curso se remitió a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política el Acuerdo tomado por la Legislatura del estado de Querétaro, solicitando a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el incremento a las Participaciones de la Federación a los Estados y Municipios. Que una vez analizado el Punto de Acuerdo de referencia, se reconoce que efectivamente la situación económica de la sociedad es sumamente compleja, deficiente producto del centralismo, y de una permanente invasión de la soberanía estatal, lo que ha llevado a romper con principios básicos de estructura republicana y federalista. Que resulta una necesidad imperiosa recobrar la autonomía estatal frente a la federación, pues ésta no se puede entender si no tiene suficiencia económica para afrontar las necesidades y requerimientos de la sociedad en su conjunto, y esto sólo es posible si los esta dos logran incidir directamente en diferentes ámbitos de recaudación fiscal, hoy de exclusividad de la federación, sin embargo tenemos que del total de lo que recauda la federación, sólo reparte entre los estados el 20 por ciento de acuerdo con lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal y su fórmula inasequible de cálculo para definir las participaciones a los estados. Que en este sentido los estados y sus gobiernos deben plantear ante la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el incremento gradual de dichas participaciones, que permitan a los gobiernos estatales tener mayor capacidad de respuesta a las demandas de la sociedad y el impulso del desarrollo social y económico, en un ámbito estrictamente republicano y de impulso al federalismo constitucional y democrático. Que de igual manera que a las entidades estatales, a los Municipios se les debe dotar de mayores recursos económicos necesarios para satisfacer las demandas que les compete ante atender y resolver. Que con la firma del Convenio de Adhesión, las entidades federativas han suspendido contribuciones esta tales y municipales, de manera que esto ha presentado una importante reducción en ocupaciones de financia miento propio para las entidades y sus municipios. Que la manera como las entidades pueden incentivar su desarrollo regional y a su vez contribuir al desarrollo de los municipios, es contando con un mayor monto de recursos vía participaciones, aportaciones y nuevas potestades tributadas y así tener mayor autonomía en el gasto público, tomado en consideración que los ingresos por participación son una de las principales fuentes de ingreso de las entidades y que las alternativas más importantes del financiamiento del gasto público estatal y municipal. Que dadas las particularidades de la fórmula de las participaciones, no es posible modificar la distribución sin dejar de afectar a otras entidades, dando el efecto "suma cero", por lo que si desea contar con mayores recursos, se hace necesario incrementar el monto del Fondo General de Participaciones. Que es necesario que la federación incentive un desarrollo estatal y municipal mediante incrementos al Fondo General de Participaciones, Fondo de Fomento Municipal y los fondos de aportaciones que contribuyan a dotar al municipio de mayores recursos para el fortalecimiento de los municipios y la infraestructura social. Que partiendo del hecho de que los gobiernos locales son los que tienen el conocimiento pleno de las necesidades que se presenten en su entidad, el gasto público en principio deben hacerse mediante el fortalecimiento de los Fondos Generales de Participaciones, para el estado y sus municipios dispongan de los re cursos suficientes que les permitan tener autonomía en su administración y asignación en su redistribución local. Que para alcanzar efectivamente tales propósitos, es necesario pugnar porque el Presupuesto de Egresos del año 2001, que habrá de aprobar la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, conforme a la facultad que le confiere la fracción IV del artículo 74 Constitucional, se otorguen a los estados y municipios los recursos federales suficientes para lograr una mayor autonomía económica y financiera. Por lo anteriormente expuesto y fundado, presentamos a su consideración el presente Punto de Acuerdo Primero. Solicitar a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y en particular a la H. Comisión Permanente de Programación y Presupuesto, que en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consideren en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ano 2001, la aprobación de un incremento al porcentaje de las Participaciones Federales a los Estados y Municipios para que éste sea como mínimo el 25 por ciento, así como el hecho de que se establezcan mayores beneficios tributarios, con el objetivo de incrementar la capacidad de respuesta ante las crecientes demandas de la sociedad y el impulso sostenido del desarrollo social y económico. Segundo. Una vez aprobado lo anterior, envíese copia del presente Acuerdo a la H. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para su conocimiento y trámite correspondiente. Transitorio Unico. Publíquese el presente en el Periódico Oficial del Gobierno del estado, para los efectos legales a que haya lugar. Recinto Legislativo, a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil. Asimismo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 del Reglamento Interno para el Congreso del estado de Morelos, solicitamos se califique el presente como asunto de urgente y obvia resolución. Atentamente Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la XLVIII Legislatura del Congreso del Estado Dip. Jorge V. Messeguer Guillén (rúbrica) Presidente Dip. Víctor Hugo Manzo Godínez (rúbrica) Secretario Dip. Sergio Alvarez Mata (rúbrica) Vocal ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 6 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEON CC. Secretarios de la H. Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión PRESENTES En sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el Pleno de este Poder Legislativo aprobó el Dictamen presentado por la Comisión de Fomento Económico en relación con la propuesta presentada por el dip. Ramón Salas López, integrante de esta LXIX Legislatura, a efecto de que este Congreso solicite respetuosamente a la H. Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con temple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2001 el Programa Rural de Abasto, el cual asciende a 715.9 millones para el ejercicio fiscal del 2000. En virtud de lo anterior le remitimos copia del Dictamen antes mencionado para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar, esperando una respuesta favorable a la presente solicitud. Sin otro particular aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo. Atentamente Monterrey, NL, a 11 de diciembre del 2000. Sufragio Efectivo. No Reelección. Dip. Joel Ibarra Ortegón (rúbrica) Secretario Dip. David Puente Rodríguez (rúbrica) Secretario Honorable Asamblea: A la Comisión de Fomento Económico nos fue turna do para su estudio y dictamen, la propuesta presenta da por el dip. Ramón Salas López en la sesión del día 21 de noviembre del año en curso, a efecto de que es te Congreso envíe una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el pro pósito de que el mismo haga una excitativa tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen en su totalidad los recursos asignados al Programa Rural de Abasto; además de que realice las acciones conducentes para que dicho programa se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2001. En su propuesta destaca el diputado Ramón Salas López lo siguiente: Que la distribución del gasto público en nuestro país ha sido uno de los aspectos más discutidos en los últimos años. Que las necesidades de crecimiento y desarrollo de la población han ido de la mano con la atención a la pobreza extrema de millones de mexicanos que por diferentes razones se han ido rezagando, quedando en condiciones de desventaja que requieren urgentemente de apoyos básicos en materia de alimentación. Continúa expresando el promovente que la atención a la salud, la educación, la vivienda, la seguridad pública, el empleo, el campo, el equipamiento urbano, etcétera, se han mantenido en el ánimo de los poderes federales Ejecutivo y Legislativo, sobre todo en los momentos de elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, sin embargo, aún falta mucho por discutir sobre el tema relacionado con el abasto social. Continúa manifestando el promovente que si bien es cierto que el Programa de Abasto Social, en estos momentos no constituye la solución de fondo al problema de la pobreza en México. También es cierto que se re quiere como un paliativo importante que atenúe los efectos negativos del desarrollo social, en lo que llegan con plenitud sus beneficios a las familias actualmente en desventajas. Expresa además que para el año 2000 se asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 715.9 millones de pesos para el Programa de Abasto Rural, sin embargo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la fecha no ha liberado el total de dicha cantidad. Asienta el promovente que en nuestro estado existen numerosas familias agrupadas en los Consejos Comunitarios de Abasto, AC, que es un organismo que abarca todo el estado de Nuevo León y parte de los estados de Tamaulipas, Coahuila y San Luis Potosí, que bajo un convenio de coordinación con Diconsa, opera en 744 comunidades, beneficiando alrededor de 78,000 familias de escasos recursos Ilevandoles un margen de ahorro superior al 14 por ciento en precios al consumidor. Continúa manifestando que algunos productos básicos como maíz, frijol, arroz, azúcar, harina de maíz, leche Liconsa, abarrotes y mercancías generales, son ofrecidos por esta organización de Consejos Comunitarios de Abasto, AC, en beneficio de la economía y la alimentación de los más necesitados, contribuyendo además, a evitar el encarecimiento irracional de estos productos al aumentar la oferta en el mercado y elevar los niveles de competitividad. Hace énfasis el promovente en la inquietud que existe ante las personas beneficiadas por este programa, respecto a lo que pasará con este presupuesto durante el mes de diciembre en caso de que no sea liberado en su totalidad y si continuará la aplicación presupuestal de este importante programa en un futuro. Finaliza su escrito proponiendo se apruebe un Punto de Acuerdo para que este Congreso envíe una respetuosa solicitud a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con el propósito que haga una excitativa tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen en su totalidad los recursos asignados al Programa Rural de Abasto, asimismo se solicite a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con temple al Programa Rural de Abasto en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2001. Compañeros diputados: La propuesta formulada por el compañero dip. Ramón Salas López en la sesión del pasado 21 de noviembre del presente año, tiene su fundamento jurídico en el artículo 8° constitucional que establece el derecho de petición, así como en el diverso 63, fracción IV, de la Constitución Política del estado de Nuevo León, referente a vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, que en este caso sería el Presupuesto de Egresos que por ser aprobado por la Cámara de Diputados federal tiene el rango de ley para su aprobación. Es de mencionarse que la Presidencia del Congreso tuvo a bien someter a la consideración del Pleno la pro puesta de mérito, en donde el diputado Américo Ramírez Rodríguez propuso una modificación al punto primero de la propuesta, para que fuese por resolución de la Legislatura que se envíe una excitativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secreta ría de Desarrollo Social del Gobierno de la República. a efecto de que se cumpla con el programa. Igualmente, consideramos que el punto segundo de la propuesta, debe quedar en sus términos, a efecto de que en el Presupuesto del próximo ejercicio fiscal se contemplen este tipo de apoyos que son de gran ayuda a los sectores populares de Nuevo León, sobre todo los ubicados en las áreas rurales. Tomando en consideración la propuesta del dip. Ramón Salas López, así como los agregados hechos en tribuna, es que esta Comisión se permite recomendar al Pleno su aprobación al siguiente proyecto de Acuerdo Primero. Esta LXIX Legislatura al H. Congreso del estado de Nuevo León, acuerda hacer una respetuosa excitativa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Secretaría de Desarrollo Social, a fin de que liberen en su totalidad los recursos asignados al Pro grama Rural de Abasto. Segundo. En los mismos términos, es que este Congreso del estado, acuerda solicitar a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, se contemple en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2001, el Programa Rural de Abasto, que asciende a 715.9 millones de pesos para el presente ejercicio fiscal. Tercero. Envíese el presente Dictamen a las instancias mencionadas en los puntos primero y segundo del acuerdo, para su conocimiento y efectos legales a que hubiere lugar. Cuarto. Téngase por atendida la solicitud presentada por el dip. Ramón Salas López y archívese el expediente como concluido. Monterrey, NL, a 11 de diciembre de 2000. Comisión de Fomento Económico Diputados: Adrian Villagómez García (rúbrica). Presidente; Eloy Treviño Rodríguez (rúbrica), vicepresidente; David Puente Rodríguez (rúbrica). secretario; Fernando Aguilar Jiménez (rúbrica), vocal: Antonio Perales Elizondo (rúbrica), vocal; Erasmo Santos Muñoz (rúbrica). vocal; Oscar González Vallejo (rúbrica), vocal; Francisco Martínez Oviedo (rúbrica), vocal; Glona Mendiola Ochoa (rúbrica), vocal; Humberto Treviño Landois (rúbrica), vocal; José Ricardo Villarreal Barbarín (rúbrica), vocal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 7 CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión PRESENTES En sesión ordinaria celebrada el día de hoy, la LXIX Legislatura del H. Congreso del estado de Nuevo León aprobó un Punto de Acuerdo a fin de solicitar al H. Congreso de la Unión para que dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación y de la Ley de Coordinación Fiscal en su Capítulo V, se incluya un fondo especial para municipios con ultracrecimiento o con potencial de ultracrecimiento, mediante la partida presupuestal correspondiente, entendiéndose por potencial de ultracrecimiento aquel que rebasa en dos veces la media nacional de crecimiento poblacional e industrial y de ultracrecimiento aquellos que rebasan en tres veces dicha medida. En virtud de lo anterior, les anexamos al presente, un original del Punto de Acuerdo antes mencionado. Sin más por el momento, aprovechamos la ocasión para reiterarles las seguridades de nuestra atenta y distinguida consideración. Atentamente Monterrey, Nuevo León, a 5 de diciembre del 2000. Sufragio Efectivo. No Reelección. Dip. Joel Ibarra Ortegón (rúbrica) Secretario Dip. David Puente Rodríguez (rúbrica) Secretario Acuerdo Primero. Esta LXIX Legislatura al Congreso del estado de Nuevo León resuelve promover ante el H. Congreso de la Unión, Iniciativa a fin de que se incluya en el Presupuesto de la Federación para el año 2001 y en la Ley de Coordinación Fiscal en su capítulo V, un fondo especial para municipios con ultracrecimiento o con potencial de ultracrecimiento, mediante la partida presupuestal correspondiente. Segundo. Para los efectos de esta propuesta, se en tiende por potencial de ultracrecimiento aquel que re basa en dos veces la media nacional de crecimiento poblacional e industrial y de ultracrecimiento aquellos que rebasan en tres veces dicha medida. Tercero. Con fundamento en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, remítase la presente Iniciativa a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, para el trámite legislativo que corresponda. Monterrey, NL, a 5 de diciembre del 2000. Dip. José Humberto Sánchez Gutiérrez (rúbrica) Presidente Dip. Joel Ibarra Ortegón (rúbrica) Secretario Dip. David Puente Rodríguez (rúbrica) Secretario --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 8 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI H. Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión PRESENTES En sesión ordinaria del H. Congreso del estado celebrada el día de la fecha, se eligió al Presidente y Vicepresidentes del Congreso del estado, que fungirán durante el lapso del 15 de noviembre al 14 de diciembre de 2000, en este primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio legal, resultando electos los siguientes legisladores: Presidente Dip. Fernando Toranzo Fernández Primer Vicepresidente: Dip. Olivo Martínez Borja Segundo Vicepresidente Dip. José Antonio Orta Lara Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos legales procedentes, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, propiciando la ocasión para reiterar les la seguridad de nuestra atenta y distinguida consideración. Sufragio Efectivo. No Reelección. Dip. Francisco Javier Salazar Sáenz (rúbrica) Presidente Dip. Javier Algara Cossío (rúbrica) Secretario Dip. Emilio de Jesús Ramírez Guerrero (rúbrica) Secretario -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión Palacio Legislativo México, DF Por medio de la presente, nos permitimos comunicar a ustedes, que el día de hoy la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa abrió su segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional. y eligió la Mesa Directiva que fungirá durante el tiempo que dure, habiendo quedado integrada de la siguiente manera: Presidente: Dip. Jorge Quevedo Segura Vicepresidente: Dip. Martín Salvador González Ramírez Vicepresidente: Dip. Audómar Ahumada Quintero Secretario: Dip. Oscar Félix Ochoa Secretario: Dip. Héctor Estrada Meza Prosecretaria: Dip. Dora Luz Salomón Osuna Prosecretaria: Dip. María del Carmen Arias Rodríguez Lo que comunicamos a ustedes para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Culiacán Rosales, Sin. noviembre 24 del 2000. El Oficial Mayor del H. Congreso del estado de Sinaloa Lic. José Antonio García Becerra (rúbrica) CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del Congreso de la Unión Palacio Legislativo México, DF Por medio de la presente, nos permitimos comunicar a ustedes, que el día de hoy la Quincuagésima Sexta Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, clausuró su segundo periodo extraordinario de sesiones, correspondiente al segundo año de su ejercicio constitucional, entrando en funciones la Diputación Permanente durante el receso de la misma. Lo que comunicamos a ustedes para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Atentamente Sufragio Efectivo. No Reelección. Culiacán Rosales. Sin. noviembre 24 del 2000. El Oficial Mayor del H. Congreso del estado de Sinaloa Lic. José Antonio García Becerra (rúbrica) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 10 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE ZACATECAS CC. Secretarios de la Cámara de Diputados Del H. Congreso de la Unión México, DF. Adjunto nos permitimos remitir a ustedes un ejemplar del Acuerdo #69 aprobado por e} Pleno de la H. Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, en sesión ordinaria de esta misma fecha, mediante el cual esta Soberanía Popular, solicita al H. Congreso de la Unión, para que se implemente lo necesario, para crear la Pro curaduría de la Defensa del Migrante. Les comunicamos lo anterior, en cumplimiento al contenido del referido documento. Nos es grato reiterarles las seguridades de nuestra distinguida y especial consideración. Atentamente "Sufragio Efectivo. No Reelección." Zacatecas, Zac., a 28 de noviembre del año 2000. La H. Legislatura del Estado. Lic. Cruz Tijerín Chávez (rúbrica) Profr. Rodolfo Ortiz Aréchar (rúbrica) Secretarios Acuerdo #69 La Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. RESULTANDO UNICO. En sesión ordinaria del día de hoy, se dio a conocer al Pleno de esta Asamblea Popular un proyecto de punto de acuerdo que en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 82, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presentó la diputada Ma. Edith Ortega González, en su carácter de Presidenta de la Comisión Legislativa de Asuntos Migratorios y Tratados Internacionales, mismo que fue turnado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para su dictamen y trámite. CONSIDERANDO Que al no haber resuelto históricamente los problemas de marginación e injusticia, nuestro estado se convirtió en expulsor de su mano de obra, estimándose que entre 1955 a 1995, la población zacatecana decreció un millón 400 mil habitantes, a causa de la migración. Que las remesas de dinero de los zacatecanos en el extranjero representan alrededor de 400 millones de dólares, 162% superiores al presupuesto federal asignado a la entidad. Por lo que se han convertido en el factor de desarrollo más importante del Estado. Que cada año pasan por nuestras carreteras un sinnúmero de migrantes que regresan a sus hogares, los cuales retornan en camionetas, autobuses y vehículos que son sometidos a constantes y arbitrarias revisiones donde sufren chantajes y despojos. Distintas denuncias manifiestan que desde el puente internacional se les exige 600 dólares por autobús para el agente aduanal. Y en ocasiones, aún dándolos, de todos modos son sujetos de revisión. Más adelante, en las garitas, sin cuidado les son aventadas sus pertenencias y equipaje, en revisiones que tardan hasta tres horas. Y aunque no exista nada que impugnar les son exigidos 10 dólares mínimo. Sin ninguna razón, ya dentro del territorio nacional, les piden documentos como matrícula consular, cartilla, pasaporte, aún sabiendo que la mayoría se fueron a trabajar de ilegales, todo con el fin de chantajearlos y quitarles 20 o 50 dólares en cada garita o parada de revisión. Y para los que viajan en un vehículo particular la ex torsión es aún mayor. Cada revisión puede significar 100, 200 o hasta 500 dólares. Aunque se han hecho innumerables denuncias contra autoridades migratorias. de la Procuraduría General de la República y de otras corporaciones, nada se ha hecho y la impunidad prevalece. Los migrantes centroamericanos en su paso por el territorio nacional, también son víctimas de constantes atropellos. Con fundamento en los artículos 97, 101, 106, 108, 109, 112 y relativos del Reglamento Interior del Poder legislativo, por decisión del Pleno de la Honorable Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado de Zacatecas. es de acordarse y se acuerda: PRIMERO. La LVI Legislatura del Estado de Zacatecas se adhiere al Punto de Acuerdo expedido por su homóloga del Estado de San Luís Potosí referente a la defensa de los derechos de los migrantes. SEGUNDO. Se solicita a las autoridades migratorias. Policía Ministerial del Estado y Federal Preventiva, para que los actos de sus integrantes se apeguen estrictamente a la legalidad en la revisión, inspección y vigilancia que realizan en los lugares de operación establecidos en las carreteras estatales y federales que se encuentran en territorio del Estado. TERCERO. Se solicita al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos ordene se restrinjan los puestos de revisión migratoria. CUARTO. Se propone al Congreso de la Unión y al titular del Poder Ejecutivo Federal implementar lo necesario para crear la Procuraduría de Defensa del Migrante. QUINTO. Esta Legislatura, a través de su Comisión de Asuntos Migratorios, Tratados Nacionales e Inter nacionales convocará a los Congresos Estatales, a las autoridades migratorias federales y estatales, a las organizaciones civiles y particulares interesados a participar en un foro de análisis y búsqueda de acuerdos para enfrentar los problemas de los migrantes al retornar a territorio nacional. SEXTO. La Legislatura faculta a la Comisión de Asuntos Migratorios, Tratados Nacionales e Internacionales para darle seguimiento al presente Acuerdo. Dado en la Sala de Sesiones de la Quincuagésima Sexta Legislatura del Estado, a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil. Lic. Luis Gerardo Romo Fonseca (rúbrica) Diputado Presidente Lic. Cruz Tijerín Chávez (rúbrica) Profr. Rodolfo Ortiz Aréchar (rúbrica) Diputados secretarios -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 11 CC. SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE. Con fundamento en los artículos 122 Apartado C. Base Primera fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 10 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de este Organo Legislativo, me permito enviar al Honorable Congreso de la Unión, a través de la H. Cámara de Diputados, la iniciativa por las que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, con las adiciones y modificaciones, aprobados por el Pleno de esta Asamblea el día de hoy. Asimismo, anexo al presente el razonamiento de voto del diputado Marco Antonio Michel Díaz, del Partido Revolucionario Institucional, para el efecto de que conozcan el espíritu del voto del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, el cual no es parte ni del resolutivo ni del dictamen en ninguno de sus considerandos. He de agradecer a ustedes, dar a esta iniciativa el trámite correspondiente y aprovecho la oportunidad, para reiterarle mi consideración atenta y distinguida. DIP. RAUL ARMANDO QUINTERO MARTINEZ. PRESIDENTE DICTAMEN QUE PRESENTAN LAS COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y DE PRESUPUESTO Y CUENTA PUBLICA SOBRE UNA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL. Honorable Asamblea: Con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 18. 19, 23 y 67 de su Reglamento las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, previo estudio del turno correspondiente, emiten el presente Dictamen conforme a los siguientes: Antecedentes 1 El día 6 de octubre de 2000 la presidencia de la Mesa Directiva de esta representación turnó a las suscritas Comisiones Unidas, más la de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias, una propuesta para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, presentada ante el pleno por la Diputada Clara Marina Brugada Molina, del Partido de la Revolución Democrática. 2. El día 7 de noviembre el Pleno de esta Asamblea, a petición expresa, concedió una extensión del plazo señalado para dictaminar por los artículos 22 y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 3 El día 8 de noviembre, la Comisión de Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias solicitó a la Mesa Directiva una rectificación de turno a fin de que la iniciativa fuera dictaminada exclusivamente por las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública. 4 Las suscritas Comisiones Unidas se consideraron competentes para dictaminar dicho turno toda vez que la materia del mismo se corresponde con las materias indicadas en las fracciones II y IX del artículo 42 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. en plena conformidad con el artículo 50 de la Ley Orgánica. 5 Se procedió a la consulta de los miembros de las Comisiones a efecto de recibir sus comentarios, mismos que fueron recabados e incorporados a este Dictamen. Considerandos La iniciativa que se propone para ser presentada por este órgano legislativo al Congreso General guarda total correspondencia con las facultades propias de esta Asamblea toda vez que se trata de una materia de afectación directa al ámbito jurídico y presupuestal del Distrito Federal con lo cual se observa perfectamente lo dispuesto por los artículos 122 base primera fracción V. inciso ñ). de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42. fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 10 fracción II de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 2. Son pertinentes las modificaciones que la iniciativa propuesta plantea a la Ley de Coordinación Fiscal, por las siguientes razones: a) No se tiene una razón significativa que sustente la distinta consideración que la Ley de Coordinación Fiscal mantiene con respecto al régimen presupuestal del Distrito Federal! en comparación con los Estados pues aun cuando esta Entidad no constituye un Estado de la Federación, sus habitantes sí mantienen una idéntica relación fiscal con las administración pública federal! pues las contribuciones de que se nutre la recaudación federal participable Y por lo tanto! el Fondo General de Participaciones! son federales. Por lo que al no depender dicha recaudación de algún factor institucional diferente en el Distrito Federal con respecto de los Estados no se comprende la distinta consideración que hacia los mismos dirige la Ley en cuestión. b) Es decir que los habitantes del Distrito Federal como los de cualquier Estado guardan una idéntica relación fiscal con la federación y sin embargo. hay una seria disparidad en los beneficios obtenidos a partir de dichas contribuciones. y que por vía de las administraciones locales reciben unos y otros c) Esta disparidad en el reparto de los beneficios obtenidos de una idéntica relación fiscal. rompe con el principio de equidad y proporcionalidad que ordena el articulo 31 constitucional. d) Hay pertinencia en la iniciativa que se presenta pues se encuentra inmersa dentro de las necesidades de una reforma fiscal misma que ya está en proceso de discusión en los distintos foros que integran la vida pública nacional. e) Por otro lado la modificación propuesta es coherente con los recientes cambios que han fortalecido la independencia de la administración pública local con respecto de la sujeción a que aún se encuentra sometida con la federación. 3 Con objeto de uniformar los preceptos relativos a fin de conseguir una mayor coherencia normativa deben integrarse algunas modificaciones a la propuesta inicial en el artículo 33, primer párrafo, así como en su inciso b). 4 Estas Comisiones Unidas no consideran pertinente la reforma a la fracción IV del articulo 21. dado que en dicha fracción se señala una atribución de la Comisión Permanente de Funcionarios Públicos Fiscales, que tiene que ver con la vigilancia sobre la determinación, liquidación y pago de participaciones a los Municipios y la naturaleza orgánica del Distrito Federal aun no contiene esa figura. y las Delegaciones, como instancias administrativas y políticas análogas. no se encuentran incluidas en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en virtud de que no cuentan con facultades recaudatorias. 5 Por esta última razón y en relación con las Delegaciones, no se consideran procedentes las reformas a los artículos 35 y 46. 6 De igual forma. estas Dictaminadoras no consideran suficientemente fundamentadas las reformas propuestas a los artículos 1, 10, 10A 10B 12. 13 y 19 así como la derogación de los párrafos cuarto, último y cuarto de los respectivos artículos 10, 10A y 13, que contiene la iniciativa en comento. y que consideraban la incorporación del Distrito Federal al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal como entidad federativa y no por ministerio de ley, por lo que no se consideran en el cuerpo del presente Dictamen. Por lo anteriormente expuesto. y con fundamento en los artículos 85 de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y 18 22, 23 y 67 de su Reglamento las Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. someten a la consideración del Pleno el siguiente: Dictamen Primero Es de aprobarse la propuesta para que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presente ante el Congreso de la Unión una iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de coordinación Fiscal. con las modificaciones que se han dispuesto en los anteriores considerandos. Segundo. Instrúyase a la Mesa Directiva de esta Asamblea Legislativa a fin de que presente en tiempo y formal ante el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente iniciativa: La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura con fundamento en lo dispuesto en el artículo 1221 apartado Cl base primera fracción VI inciso ñ)l de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en el artículo 421 fracción VIII del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; y en los artículos 101 fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 71 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, presenta ante este Honorable Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos la siguiente Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal. al tenor de la siguiente Exposición de motivos El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal constituye un elemento clave en el Fortalecimiento de las haciendas públicas de las Entidades Federativas Por lo que se refiere al Distrito Federal. dicha importancia se ve evidenciada por el monto tan significativo que tienen las participaciones federales en los ingresos de esta Entidad. La actual política financiera del Gobierno Federal conforme a las metas establecidas por el nuevo federalismo mexicano, se encamina al armonioso fortalecimiento de las haciendas públicas de las Entidades Federativas y de los Municipios. De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 19952000 (PND), avanzar hacia el nuevo federalismo consiste en apoyar las iniciativas de Entidades y Municipios para estabilizar sus finanzas públicas y consolidar sus fuentes propias de ingreso. Reformar las bases del Sistema de Coordinación Fiscal implica, así, otorgar mayores ingresos y atribuciones del gasto a las Entidades Federativas, en correspondencia con sus responsabilidades institucionales y sus funciones públicas. En noviembre de 1997, el Ejecutivo Federal presentó durante el mes de noviembre, a consideración del H. Congreso de la Unión, una iniciativa de Decreto para adicionar el Capítulo V a la Ley de Coordinación Fiscal, denominado " De los Fondos de Aportaciones Federales". El propósito del Ejecutivo de acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa, era dar respuesta a la insuficiencia de recursos tributarios planteada por las Entidades Federativas y sus Municipios, para atender en forma satisfactoria las necesidades más sentidas de la población, especialmente aquellas en materia de educación básica, atención a la salud y el desarrollo de la infraestructura municipal. En el debate legislativo, la Comisión dictaminadora de la Cámara de Origen considero conveniente ampliar el alcance de la reforma y propuso la creación de dos fondos adicionales que se destinarían a la satisfacción de las necesidades municipales y del Distrito Federal. El decreto. publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de aquel año, consideró los fondos siguientes: El Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal. El Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal El Fondo de Aportaciones Múltiples Con la aprobación de esta iniciativa, se estableció por mandato de ley la existencia de fondos específicamente orientados a atender prioridades en materia de salud, educación, infraestructura social, fortalecimiento municipal, seguridad pública y asistencia social; se fijaron montos a distribuir vinculados a porcentajes de la Recaudación Federal Participable; y se establecieron (en algunos fondos) fórmulas de distribución de los recursos a Estados, Municipios y Distrito Federal. Sin duda la reforma de 1997. representó un avance sustantivo en la consolidación del federalismo mexicano la distribución equitativa y la reestructuración de las transferencias de recursos hacia los Municipios y al Distrito Federal, de acuerdo con las políticas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. Estas adecuaciones a la Ley de Coordinación Fiscal permitieron que los recursos federales concentrados en el Ramo General 26 del Presupuesto de Egresos de la Federación, Superación de la Pobreza, se descentralizaran a los Estados y Municipios y de ese modo propiciaran la atención de los rezagos sociales desde el ámbito y capacidades de los Estados y Municipios. De este modo se consolidó el proceso de descentralización iniciado en 1995, se fijó un monto anual del Presupuesto de Egresos de la Federación semejante al 2.5% de la Recaudación Federal Participable: se establecieron instrumentos públicos con rango de Ley para la transferencia de los recursos vinculados a los índices explícitos de pobreza y se determinaron las necesidades básicas que se atenderían con los recursos del Fondo para la Infraestructura Social (FAIS). Con la creación del FAIS se constituyó un sólido y transparente instrumento del Estado mexicano para combatir la pobreza y atender los rezagos sociales. Lamentablemente ni en la iniciativa del Ejecutivo ni en el posterior análisis en el H. Congreso de la Unión se consideró la participación del Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Con el argumento que el Distrito Federal, "no era Estado ni estaba constituido por Municipios ". se determinó excluirlo de uno de los principales instrumentos federales para el combate y superación de la pobreza. No se consideró el importante número de personas en situación de pobreza y pobreza extrema que habitan en la Ciudad de México. ni las presiones sobre servicios, la infraestructura urbana y los recursos del Gobierno de la Entidad que provoca esta población Además. es preciso señalar que aplicando la fórmula de distribución del FAIS contenida en el artículo 34 de la Ley de Coordinación Fiscal, y considerando los datos del Censo de 1990 el Distrito Federal se ubicaría en el lugar decimonoveno, en cuanto a niveles de pobreza extrema Es decir la Ciudad de México concentraba en ese año. en términos relativos y absolutos. más personas en situación de pobreza que más de la mitad de los Estados que sí participan de los recursos del FAIS. Del mismo modo. no se tomó en cuenta la obligación del Estado mexicano de atender las necesidades sociales, en especial la pobreza extrema, en cualquier parte del territorio nacional donde éstas se manifiesten. En consecuencia se propone modificar la Ley de Coordinación Fiscal a fin de incorporar al Distrito Federal en la distribución de los recursos con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. Son las prioridades sociales aquí expuestas, y no la inexistencia de Municipios en el Distrito Federal, las que determinan la urgente necesidad de reformar la ley. Por otra parte se presenta una propuesta para restituir la participación del Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios bajo las siguientes consideraciones: El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal. creado en 1997, consideraba, para efectos de referencia, un 2 5% de la recaudación federal participable y su destino estaba exclusivamente encaminado a la satisfacción de los requerimientos y de las obligaciones financieras. así como a la atención de necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública. Además el Fondo se repartiría en proporción directa al número de habitantes con que contara la Entidad Federativa, de acuerdo a la información oficial disponible más reciente No obstante que en la iniciativa del Ejecutivo y en el dictamen citado se propone dar permanencia a los recursos que la Federación aporta a través de los nuevos fondos, el Decreto por el que se reforma la Ley de Coordinación Fiscal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 diciembre de 1998, aprobado por el H Congreso de la Unión, eliminó la participación que tenía el Distrito Federal en el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal vigente hasta el ejercicio fiscal de 1998. Esos recursos no pueden ser sustituidos por ninguna otra fuente de ingresos; afectan principalmente el pago de los compromisos contraidos y nuevos proyectos prioritarios para la Ciudad de México, previstos en el Programa General de Desarrollo 19982000 y en el Programa de Trabajo del Gobierno del Distrito Federal, considerados en las iniciativas del paquete financiero presentado ante la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el mes de diciembre de 1998. En ese año el monto a repartir entre los Estados y el Distrito Federal ascendió a 6 7321 millones de pesos, de los cuales al Distrito Federal le correspondieron 626 9 millones de pesos; esto es el 9 3% del total a distribuir Para 1999 el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal se eleva a 13 097 6 millones de pesos, esto es, un 94 5% superior a lo presupuestado en el año inmediato anterior. Al calcular con la misma fórmula la aportación del Distrito Federal, para 1999 se le habrían asignado 1.219 3 millones de pesos para satisfacer sus compromisos financieros y de seguridad pública y para el ejercicio fiscal del año 2000 le habrían correspondido 1.481.2 millones de pesos. El argumento esgrimido al reformar la Ley de Coordinación Fiscal y excluir la participación del Distrito Federal en el referido Fondo fue que dicha Entidad al ser la sede de los Poderes de la Unión y Capital de nuestro país ha contado con un régimen de apoyo subsidiario en todos los ámbitos y que ha provocado la concentración de la vida económica política y social del país. Por lo que, atendiendo a principios de equidad distributiva, se realizó dicha modificación para que el citado Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal, fuese distribuido únicamente en beneficio de los Municipios. El anterior criterio carece de sustento si se considera que el Distrito Federal no es la única entidad a la que se han canalizado subsidios. Además. es contradictorio si se toma en consideración lo señalado en el Dictamen de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal de 1999, que en el punto 5 " Avance en el Federalismo" menciona que es indispensable que en la distribución de recursos prevalezcan criterios de equidad y transparencia para asegurar que las regiones con mayores rezagos y carencias reciban mayor cantidad de recursos" Por ello con esta iniciativa proponemos restituir la participación del Distrito Federal en el fondo referido La rectificación legislativa busca elevar el bienestar de los ciudadanos y habitantes del Distrito Federal y contribuir a mejorar las condiciones de servicios públicos y de la seguridad individual y colectiva de las familias. Por otra parte, se propone modificar el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal a fin de establecer que el monto anual del Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal será por un monto equivalente al 2.5% de la Recaudación Federal Participable Con ello se evitaría que el resto de las Entidades Federativas y sus Municipios resultaran afectados por la incorporación del Distrito Federal a este Fondo. Cabe señalar que este monto se establece con base en el antecedente existente en 1998, cuando el Distrito Federal participaba de los recursos del Fondo referido. En efecto, en ese año el artículo 36 de la Ley de Coordinación Fiscal establecía: "El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales. por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2° de esta Ley,..." En virtud de que en los años 1999 y 2000 se le excluyó de tal Fondo. el porcentaje de la Recaudación Federal Participable se redujo 0 15% Por ello, consideramos necesario restablecer el porcentaje original a fin de darle congruencia técnica a esta propuesta legislativa. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción I, y apartado C, base primera, fracción V, inciso ñ) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 42 fracción VIII, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; así como 10 fracción II, de la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y 71 de su Reglamento: la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. somete a la consideración de esta Honorable Soberanía la siguiente: Iniciativa de Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal ARTICULO UNICO. Se reforman los artículos 25. fracción IV: 32. en sus párrafos primero y segundo: 33. párrafos primero, con sus inciso a) y b) segundo y tercero: 34 en su párrafo primero. y su fracción V y en sus párrafos penúltimo y último: 36. párrafo primero: 37; y 38, primer párrafo de la Ley de Coordinación Fiscal. para quedar como sigue: Articulo 25. ...... IV. Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal; Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales por un monto equivalente, solo para efectos de referencia. al 2.5% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2° de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto, con base a lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303% corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social de las Entidades y el 2.197% al Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Distrito Federal. Este Fondo se enterará mensualmente en los primeros diez meses del ano por partes iguales a las Entidades por conducto de la Federación y a los Municipios a través de las Entidades de manera ágil y directa sin mas limitaciones ni restricciones. incluyendo las de carácter administrativo que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 33 de esta Ley Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social reciban los Estados, los Municipios y el Distrito Federal se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras. acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los siguientes rubros: a) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y del Distrito Federal: agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa mejoramiento de vivienda, caminos rurales. e infraestructura productiva rural y b) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de las Entidades: Obras y acciones de alcance o ámbito de beneficio regional, intermunicipal o del Distrito Federal. En el caso de los Municipios y del Distrito Federal, éstos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y del Distrito Federal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social. el Gobierno estatal correspondiente y el Municipio de que se trate; y, en su caso, entre el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Distrito Federal. Adicionalmente, las Entidades y Municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones, las Entidades y los Municipios deberán: Artículo 34. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social distribuirá el fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, entre las Entidades, considerando criterios de pobreza extrema, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos: I a IV .......... Al sumar el valor de MCHj para todos los hogares en pobreza extrema de una Entidad, se obtiene la Masa Carencial de la Entidad determinada por la siguiente fórmula: (fórmula) En donde: MCEk = Masa Carencial de la Entidad k. MCHjk= Masa Carencial del Hogar j en pobreza extrema en la Entidad k; y, jk = Número total de hogares pobres extremos en la Entidad k. Una vez determinada la Masa Carencial en la Entidad se hace una agregación similar de todas las Entidades para obtener la Masa Carencial Nacional. Cada una de las masas carenciales de las Entidades se divide entre la Masa Carencial Nacional, MCN, para determinar la participación porcentual que del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social le corresponde a cada Entidad, como lo indica la siguiente fórmula: ( Fórmula) En donde: PEk=Participación porcentual de la Entidad k; MCEk = Masa Carencial de la Entidad k; y MCN = Masa Carencial Nacional. Así la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social se realiza en función de la proporción que corresponda a cada Entidad de la pobreza extrema a nivel nacional. según lo establecido Para efectos de la formulación anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación el Ejecutivo Federal. por conducto de la Secretaría de Desarrollo Social, publicará, en el mes de octubre de cada ano. en el Diario Oficial de la Federación las normas establecidas para necesidades básicas (Zw) y valores para el cálculo de esta fórmula y estimará los porcentajes de participación porcentual (PEk) que se asignarán a cada Entidad. Articulo 36. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 2.50 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2 de esta Ley según estimación que de la misma se realice en el propio presupuesto con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este Fondo se enterará mensualmente por partes iguales a los Municipios, por conducto de los Estados, y al Distrito Federal! de manera ágil y directa sin mas limitaciones ni restricciones, incluyendo aquellas de carácter administrativo, que las correspondientes a los fines que se establecen en el artículo 37 de esta Ley: al efecto, los gobiernos estatales deberán publicar en sus respectivos órganos oficiales de difusión los montos que corresponda a cada Municipio por concepto de este fondo, así como el calendario de ministración, a más tardar el 31 de enero de cada año. Articulo 37. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal reciban los Municipios, a través de los Estados, y el Distrito Federal. se destinarán exclusivamente a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras y a la atención de las necesidades directamente vinculadas a la seguridad pública de sus habitantes. Respecto de las aportaciones que reciban con cargo al Fondo a que se refiere este artículo, los Municipios y el Distrito Federal tendrán las obligaciones a que se refieren las fracciones I a III del artículo 33 de esta Ley. Articulo 38. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, distribuirá el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y del Distrito Federal en proporción directa al número de habitantes con que cuente cada entidad federativa de acuerdo a la información estadística más reciente que al efecto emita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. .................................... TRANSITORIOS PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que se opongan al presente decreto. Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diciembre de 2000. Tercero. Téngase el turno de referencia como totalmente concluido, para los efectos de lo dispuesto por el artículo 28, última parte, del Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. INTERVENCION DEL DIPUTADO MARCO A. MICHEL PARA RAZONAR SU VOTO DEL DICTAMEN DE LA INICIATIVA POR LA QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL Y PROPONER UN ADENDUM A DICHA INICIATIVA. Un elemento fundamental para poder llevar a cabo el proyecto de una gran ciudad lo constituye sin duda la solvencia de sus finanzas. No es posible instrumentar políticas públicas encaminadas a lograr una ciudad más equitativa, más segura, más justa, elevar el nivel de vida de su población, dotarla de empleos, mejorar los servicios urbanos y combatir la pobreza si se carece de una base financiera firme. La solidez financiera es el producto del fortalecimiento de sus fuentes de financiamiento (recursos propios derivados de impuestos, derechos y aprovechamientos, participaciones y aportaciones federales, etc.), de una administración escrupulosa y ordenada de esos recursos, acompañada de mecanismos eficientes de rendición de cuentas. La Fracción del Partido Revolucionario Institucional en la Asamblea Legislativa, ratifica los compromisos contenidos en su plataforma política: la Ciudad debe contar con los recursos necesarios para reactivar su desarrollo y atender las demandas más sentidas de los capitalinos, en especial de los que menos tienen. Por ello, el día de hoy que se pone a consideración del pleno de este órgano legislativo un proyecto de Iniciativa que Reforma diversas disposiciones de la Ley de Coordinación Fiscal, manifestamos nuestro acuerdo con los propósitos que ella persigue: obtener un mayor volumen de recursos federales para el combate a la pobreza y la marginación. Con ello reiteramos, la disposición de los 16 diputados de la fracción del PRI de apoyar todas las medidas que coadyuven a lograr el proceso de fortalecimiento del Distrito Federal, de luchar junto con las otras fuerzas políticas porque la ciudad cuente con los recursos suficientes para mejorar el nivel de vida de los capitalinos. Somos una oposición crítica, seria y propositiva, que planteamos soluciones viables y que no tenemos la mezquina intención de regocijarnos con los errores ni le apostamos al fracaso del nuevo gobierno. Sin embargo, advertimos que no otorgaremos carta blanca, ni firmaremos cheques en blanco al gobierno del Distrito Federal. Nos pronunciamos porque se le proporcionen más aportaciones federales, pero consideramos que la llegada de más recursos no representa por sí misma la panacea, ni una solución mágica para la Ciudad, por lo que nos permitimos hacer algunas precisiones que ayudarán a aclarar el sentido de nuestra adhesión y el contexto en el que lo hacemos. Es un hecho que en la administración de los últimos tres años, la captación de ingresos propios sufrió una baja sensible a pesar de que la economía capitalina observó un crecimiento, situación que refleja la incapacidad del gobierno por mejorar las finanzas de la ciudad. La fuente de financiamiento primordial de la Ciudad de México deben ser los recursos propios producto de una eficiente recaudación. Por otra parte, las participaciones federales mostraban una disminución desde tiempo atrás; esta contracción más que una política de hostigamiento contra las administraciones de signo político, se ha desarrollado en el contexto de la política de descentralización de las últimas décadas. En efecto, desde principios de los años noventa, las participaciones federales bajaron hasta situarse en un 12% de la recaudación federal participable, cuando la participación del DF en la economía nacional es de aproximadamente un 23%. Así, pues, desde antes del año de 1997, en que se modifica de manera sustancial la Ley de Coordinación Fiscal, se habían puesto en práctica acciones orientadas a disminuir las participaciones federales de las tres grandes zonas metropolitanas del país: la Ciudad México, Monterrey y Guadalajara. En cuanto a las aportaciones federales con el fin de fortalecer las regiones y de manera especial de destinarle más recursos a los estados que mostraban más índices de pobreza, el Distrito Federal ha recibido un tratamiento poco sistemático. Por ejemplo, en el caso de PRONASOL, nuestra Ciudad no contó con esos recursos en todos los años en que estuvo vigente ese programa y en 1997 se le incluyó en el FORTAMUN desapareciendo posteriormente. Por otra parte, el endeudamiento fue uno de los factores que desequilibró las finanzas de la capital desde hace dos décadas, a partir de entonces, el poder legislativo le ha puesto gran cuidado, vigilancia y límites al endeudamiento. El monto de endeudamiento había llegado a 12 mil millones de pesos en 1997. Para 1998 la Cámara de Diputados le aprobó al gobierno del Distrito Federal un monto de deuda de 8 mil millones de pesos, recursos que la nueva administración no gastó en su totalidad ya que sólo ejerció la mitad y el resto lo guardó en los bancos, en cambio suspendió o bajo el ritmo de las grandes obras del metro, el acuaférico, o el drenaje profundo, obras que sin duda le darían viabilidad a la Ciudad y apuntalarían el pago del servicio de la deuda. A partir de este momento, el gobierno capitalino incurrió en una administración financiera irracional y absurda. Esta situación junto con una serie de problemas que tuvieron que ver con aspectos relacionados con las formas políticas y procedimientos administrativos tuvieron como consecuencia que el poder legislativo un año después no autorizara el total del monto de endeudamiento que solicitaban las autoridades locales. Para el año 2000 el congreso de la Unión autorizó otros 6 mil millones de endeudamiento, a la fecha no sabemos en que se ha gastado la deuda contraida en los últimos tres años; lo que sí tenemos certeza es que no se utilizó para impulsar los grandes proyectos que requiere la ciudad de México, ni se construyeron obras redituables. Si a la suspensión de las grandes obras le adicionamos el castigo a que están sometidos los precios de servicios como el Metro, el deterioro de los activos continuará y estaremos echando por la borda el esfuerzo de millones de mexicanos en muchos años y comprometiendo el futuro de la Ciudad. No podemos darnos el lujo de endeudarnos para completar el gasto corriente, o para desarrollar acciones que no resultan estratégicas para la Ciudad, tampoco podemos darnos el lujo de pedir prestado para tener reserva de gasto y autorizar transferencias de recursos de deuda para solventar gasto corriente de manera ilegal o liberar pasivos de años anteriores, como sucedió hace días en esta soberanía cuando el PRD le autorizó al Gobierno del Distrito Federal un tercer paquete de transferencias presupuestales de programas prioritarios a no prioritarios durante el año 2000. De nada servirá allegarle más recursos a la Ciudad si continúa el desorden administrativo y presupuestal del Distrito Federal; si continúa, el manejo equivocado y poco transparente del endeudamiento y de las aportaciones federales; si persiste el manejo discrecional y desordenado de las finanzas públicas, con subejercicios y transferencias ilegales. De poco servirá obtener recursos que comprometen las finanzas de la Capital sin tener en cuenta los proyectos estratégicos que le darán viabilidad y las grandes obras que necesita con urgencia. De poco servirán los recursos si no se realizan obras que resarzan financieramente y se insiste en políticas de precios y tarifas ficticias que le darán popularidad momentánea al gobierno pero insuficiencia y ahogo presupuestal futuro. Los desequilibrios en las finanzas y el desorden administrativo podrán generar consecuencias que afectarán en el mediano plazo a la población con menores ingresos y comprometerán el futuro de la capital del país. El PRI piensa que el nuevo Jefe de Gobierno merece una oportunidad, el beneficio de la duda, estamos a favor de que se otorguen aportaciones federales adicionales a las contempladas en la Ley de Coordinación Fiscal vigente; pero consideramos pertinente establecer las bases para el manejo claro y transparente de los fondos y que eviten además controversias innecesarias con los estados y municipios por las aportaciones federales. Por tanto, nos parece más adecuado el que las aportaciones para el combate a la pobreza y la consolidación de la infraestructura social en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal se canalicen a través de un fondo especial para el Distrito Federal, dentro de los previstos en el articulo 25 de la mencionada Ley. Este fondo prevé la canalización al Distrito Federal de un .28% de la recaudación federal participable, sin pasar por los fondos de fortalecimiento municipal y de infraestructura social, lo que es afín a la propuesta de las Comisiones Unidas de Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública, en el propósito de que se otorguen más recursos al Distrito Federal, pero precisa de mejor manera sus alcances y resuelve, desde nuestro punto de vista, la eventual contradicción que presenta con las políticas de descentralización y consolidación del federalismo. Adicionalmente, los miembros de la fracción del Partido Revolucionario Institucional pondremos a consideración de esta Asamblea, en fecha próxima, una propuesta específica que indique la manera como se asignen a las demarcaciones los fondos antes señalados. PROPUESTA Se adiciona una fracción VIII al artículo 25 y un artículo 45 Bis a la Ley de Coordinación Fiscal para quedar como sigue: "Artículo 25. I. a VII. VIII. Fondo Especial para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Habitantes del Distrito Federal. Dichos Fondos se integrarán, distribuirán, administrarán, ejercerán y supervisarán, de acuerdo a lo dispuesto en el presente Capítulo." "Artículo 45 Bis. El Fondo Especial para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Habitantes del Distrito Federal se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, de .28% de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Este fondo se entregará al Distrito Federal de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones, incluyendo aquéllas de carácter administrativo que las correspondientes a los fines del mismo. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo Especial para el Mejoramiento de la Calidad de Vida de los Habitantes del Distrito Federal reciba dicha entidad se destinarán exclusivamente al fortalecimiento de sus demarcaciones territoriales para infraestructura social, urbanización, mejoramiento de vivienda, servicios básicos y en general obras y acciones de alcance o ámbito intrademarcacional. El Distrito Federal distribuirá entre los órganos político administrativos de sus demarcaciones los recursos del fondo aplicando en lo conducente la fórmula, procedimientos y criterios de los artículos 34 y 35 de esta Ley, debiendo publicar en su órgano de difusión oficial los montos que correspondan a cada uno de ellos por concepto de este fondo, así como el calendario de ministración, a más tardar el 31 de enero de cada año. El Distrito Federal proporcionará al Ejecutivo Federal la información financiera, operativa y estadística que le sea requerida y tendrá las obligaciones a que se refieren las fracciones I a III del artículo 33 de esta Ley. Por lo Anterior, nuestra fracción votara a favor el Dictamen en discusión, solicitando que se incluya el presente documento de razonamiento de nuestro voto con la propuesta que hemos referido, para que sean los legisladores federales quienes decidan el camino por el que se canalicen las aportaciones adicionales previstas en la propuesta de iniciativa. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 12 INICIATIVA PARA DEROGAR EL CAPITULO CUARTO Y REFORMAR EL ARTICULO119A DE LA LEY DELIMPUESTO SOBRE LA RENTA Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Los diputados miembros del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentan la siguiente iniciativa para derogar el Capitulo IV, Artículos 57A, hasta el 57P de la Ley del Impuesto Sobre la Renta así como para modificar el artículo 119A dei mismo ordenamiento. Exposición de Motivos La debilidad estructural de los ingresos públicos quedó de manifiesto a raíz de la agudización de la crisis económica y de la caída de los precios internacionales del petróleo en 1998. Los ingresos públicos reflejan un estado tan crítico, que ponen en grave riesgo el cumplimiento de las funciones básicas del Estado, obligando con ello, a una reestructuración integral e impostergable del sistema tributario mexicano. La crisis fiscal, se explica en gran medida por la subordinación de la política tributaria a los intereses de los grandes capitales, mediante regímenes de estímulos, incentivos, deducciones y todo tipo de apoyos fiscales para un selecto grupo de empresas y personas, sin considerar las graves consecuencias que ello ha significado para la economía en su conjunto. De ésta manera mientras que el gasto gubernamental se ha reducido de manera muy importante durante la última década, aún cuando ello ha implicado recortes sobre programas que inciden sobre el bienestar social y la infraestructura productiva, la recaudación tributaria apenas ha crecido con respecto al Producto Interno Bruto, descansando la mayor parte de ella, en los ingresos petroleros los que representan el 32.5% de los ingresos públicos, en los causantes cautivos y en los impuestos al consumo. La estrategia aplicada se ha basado en los impuestos indirectos, la suma del IVA, IEPS e ISAN que gravan el consumo de las personas, representan el 49% de la recaudación tributaria total, dicha estratégia prioriza los impuestos regresivos por encima de los impuestos distributivos, es decir la estructura tributaria empeora la distribución del ingreso en el país y las finanzas gubernamentales. Las fallas estructurales de la política tributaria son diversas, la recaudación se ha recargado históricamente en la clase media, los asalariados y PEMEX, mientras desgrava a los grandes grupos corporativos, que tributan en el Régimen Simplificado o las que utilizan el Régimen de Consolidación Fiscal (acotado pero aún vigente) y que han servido como una puerta para la elusión fiscal. Es bien sabido que cualquier sistema tributario para ser eficiente debe de cumplir con 6 condiciones básicas; 1 ) Eficiencia y neutralidad; lo que significa que, no debe de crear distorsiones en la economía. 2) Competitividad; es decir, que no debe restarle competitividad a las empresas. 3) Equidad; que debe distribuir la carga fiscal de manera equitativa; que pague más, quién más tiene. ; 4) Simplificación; que debe ser de fácil administración. 5) Seguridad Jurídica; que debe otorgar seguridad jurídica a los contribuyentes. 6) Potencial Recaudatorio; o sea que, debe de permitir que el Estado cuente con los recursos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. De esta manera la existencia de Regímenes Especiales, como el de la Consolidación Fiscal y el Régimen Simplificado han deteriorando la eficiencia, la equidad y el potencial recaudatorio de nuestro sistema tributario. Particularmente el esquema de la Consolidación Fiscal, se ha convertido en un mecanismo que ha introducido gran inequidad al sistema ya que sólo las grandes firmas aprovechan esta facilidad. Por su parte la existencia del Régimen Simplificado sin limitación alguna ha provocado que grandes empresas agroindustriales y del autotransporte que tributan bajo este régimen, prácticamente no paguen impuestos Aún cuándo es urgente la reforma fiscal integral, existen mecanismos diferentes de la aplicación del IVA a los alimentos y a las medicinas que permitirían incrementar la recaudación de manera muy importante, dando con ello "oxígeno a las finanzas públicas" en lo que se acuerda la tan mencionada Reforma Fiscal Integral. De acuerdo con estimaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la derogación del Esquema de Consolidación Fiscal y la acotación del Régimen Simplificado provocaría que aproximadamente 10,000 empresas y 128 grupos que tributan en estos esquemas, incrementarán la recaudación fiscal en aproximadamente 50,000 mil millones de pesos. Por lo anteriormente expuesto; con fundamento en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a la consideración del Pleno la iniciativa de decreto por el que se derogan y reforman diversas disposiciones de la Ley del impuesto sobre la renta para quedar como sigue: Artículo Primero. Se deroga el capítulo cuarto, y en consecuencia los artículos 57A, a 57P de la Ley del impuesto sobre la renta. Para quedar: Artículo 57 A. Derogado Artículo 57 B. Derogado Artículo 57 C. Derogado Artículo 57 D. Derogado Artículo 57 E. Derogado Artículo 57 F. Derogado Artículo 57 G. Derogado Artículo 57 H. Derogado Artículo 571. Derogado Artículo 57 J. Derogado Artículo 57 K. Derogado Artículo 57 L. Derogado Artículo 57 M. Derogado Artículo 57 N. Derogado Artículo 57 O. Derogado Artículo 57 P. Derogado Artículo Segundo. Se reforma el artículo 119 A de la Ley del impuesto sobre la renta para quedar como sigue: Artículo 119 A ...no podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección quienes en el año de calendario anterior obtuvieron más de dos millones de los ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de comisión, mediación, agencia y representación, correduría, consignación, distribución o espectáculos públicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 13 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE. BERNARDO DE LA GARZA HERRERA, FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZALEZ, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY S+NCHEZ, OLGA PATRICIA CHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA SAINZ ARENA, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y a las Comisiones de Salud y de Juventud y Deporte su opinión y posterior discusión al Pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: EXPOSICION DE MOTIVOS Los riesgos por el consumo de productos que deterioran nuestro organismo han sido ampliamente subestimados por el público e incluso por muchas de las autoridades responsables de la protección y promoción de la salud pública. Hasta hoy, muchos de los productos nocivos para la salud han quedado sin regulación expresa, permitiendo su promoción y venta indiscriminada, sin importar los graves trastornos que causan en la salud, sobretodo, si su consumo es reiterado. El tabaco y sus derivados forman parte de estos productos. Su aceptación como parte de las costumbres de muchas sociedades, así como, la incidencia que tiene su producción en la generación de recursos sociales y económicos de los países, han impedido que se pongan en marcha acciones más severas para controlar y descincentivar su consumo, aún cuando se sabe que el daño que ocasionan en la salud es progresivo y a largo plazo irreversible. No podemos seguir con esta indiferencia, mas aún cuando el tabaquismo y las enfermedades asociadas a éste, se encuentran ubicadas entre las diez principales causas de mortalidad en el mundo. Actualmente, alrededor de 4 millones de personas fallecen cada año por padecimientos relacionados al consumo del tabaco o por la exposición al humo del tabaco. Si la tendencia actual persiste, para el año 2020 habrá más de 10 millones de muertes anuales en el mundo por enfermedades relacionadas al consumo del tabaco, y 7 de cada 10, ocurrirán en los países en vías de desarrollo. En México, los hechos hablan por sí solos. Los datos más recientes revelan que 122 mexicanos mueren diariamente a consecuencia del tabaquismo. Esto representa el 10% de las muertes nacionales, es decir, uno de cada 10 mexicanos fallece a causa del tabaquismo. Los datos son alarmantes si se considera que los niños y jóvenes son los principales elementos del mercado cautivo y por lo tanto los consumidores más expuestos y afectados. De los 13 millones de fumadores que existen en nuestro país, aproximadamente el 10% tienen entre 12 y 17 años de edad. Sin duda, un factor determinante de esta situación es la combinación de la creciente permisibilidad y fuertes campañas publicitarias de las empresas tabacaleras, que por un lado, apuntan los beneficios del consumo del tabaco ligándolo a actividades consideradas como "sanas'' y por el otro, limitan la información al público sobre los daños potenciales a la salud. Más grave aún, es el hecho que en los países industrializados las tasas de consumo de tabaco han diminuido y que en los países en desarrollo, como el nuestro, ocurra un fenómeno contrario que genera un fuerte problema de salud pública y grandes pérdidas económicas por gastos en atención médica, así como por ausentismo laboral. El Partido Verde Ecologista de México no puede ignorar la realidad de este mal que aqueja al grueso de la población mexicana, sin que se adopten compromisos y acciones senas. La adicción al tabaco debe ser vista como una epidemia, por lo tanto no es suficiente que el control del consumo constituya una prioridad de salud. Es y debe ser considerada una prioridad de nuestro país, un gran reto para la salud pública nacional. Por lo anterior, proponemos una reforma consistente en elevar el impuesto al tabaco de manera que este hecho desmotive el consumo de cigarros y libere recursos para luchar contra los efectos negativos que ocasiona en la salud y economía de los mexicanos. La experiencia internacional muestra que el uso de impuestos especiales a los productos derivados del tabaco, es posiblemente una de las medidas más eficaces, no sólo para hacerse de recursos que pueden ser destinados a fondos de investigación y campañas contra el consumo excesivo, sino además, para incentivar a los consumidores a dejar de fumar y prevenir que otros empiecen a adquirir el habito. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, el aumentar 10% el precio del tabaco podría reducir el consumo alrededor de 4% en los países de ingreso alto y 0.8% en los países de ingreso medio y bajo, especialmente entre los sectores más pobres y desfavorecidos de la población, con lo que se podría evitar aproximadamente 10 millones de muertes en el mundo. En nuestro país, se sabe que la sensibilidad del consumo del tabaco al incremento en precios es mínima, lo que implica que es posible y necesario aumentar el precio del producto a mayores niveles si se busca realmente disminuir el consumo. Asimismo, se ha demostrado que el gravamen al tabaco en México ha sido altamente efectivo en su capacidad recaudadora, toda vez que la estructura oligopólica en la producción ha facilitado el control y vigilancia en la recaudación. Partiendo de lo anterior, el Partido Verde Ecologista de México propone un incremento al impuesto especial sobre el tabaco y productos derivados que permitirán obtener una recaudación del orden de 4,839 millones de pesos adicionales a lo que estima el proyecto de Ley de Ingresos presentado para el año 2001. Estos incrementos de 75% en cigarros con filtro y 25% en cigarros sin filtro, representarían aproximadamente una carga adicional de 4 pesos y 1 peso en promedio por cajetilla respectivamente. Asimismo, se calcula que el aumento en precios, inducirá la disminución del consumo alrededor de 6% en cigarros con filtro y 2% en cigarros sin filtro. El artículo 73 constitucional, fracción XXIX último párrafo establece que las entidades federativas participarán en el rendimiento de las contribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Lo anterior ha provocado que la distribución de los ingresos provenientes de la recaudación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios de tabaco labrado, se distribuyan, en programas que muchas veces no están relacionados a la lucha contra el tabaquismo y desarrollo social, o de estarlo, representan una mínima proporción. Por eso, para que la medida propuesta pueda surtir efectos en la lucha contra la adicción al tabaco de manera apropiada se requiere desarrollar y fortalecer diversas actividades con un enfoque integral que abarque el ámbito de la prevención, la legislación, la educación, el tratamiento, la rehabilitación y la investigación. Por lo anterior, consideramos que con el aumento de 4,839 millones de pesos en la recaudación, la Federación, a través de sus distintos mecanismos de distribución, podrá incrementar: 12 millones de pesos, a becas para indígenas que cursan secundaria, nivel medio superior y/o terminal. Este es un programa establecido en el presupuesto de egresos del 2000, a través del cual se destinaron 8.28 millones de pesos para otorgar 12,000 becas a la población indígena. Sin embargo, en el presupuesto de egresos para el 2001 este programa ha desaparecido, por ello se propone su reincorporación para poder otorgar aproximadamente 17,390 becas. 500 millones de pesos al Fondo de Aportaciones Múltiples del ramo 33 para que se incremente el número de desayunos escolares, J en lugar de otorgar 4.6 millones de desayunos diarios, se puedan otorgar 12.34 millones de desayunos diarios. 1,000 millones de pesos a proyectos de Desarrollo Social. 1,800 millones de pesos al fortalecimiento de los estados a través de los ramos 20, 26 y 33, para lograr un mayor combate a la pobreza y desarrollo de los estados y municipios. 200 millones de pesos al combate de adicciones, específicamente al Programa de Salud Mental y Adicciones a cargo de la Secretaría de Salud. 500 millones de pesos para investigaciones referentes al cáncer, a través del Programa Especia denominado Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica del Ramo 12, ya que actualmente, el presupuesto sólo contempla destinar 22.2 millones de pesos para que el Instituto de Cancerología realice esta función. 150 millones de pesos a la subfunción de Servicios de Salud Pública para que se realicen campañas de prevención y promoción en contra del consumo de tabaco. 50 millones de pesos a la Dirección General de Salud Ambiental para llevar acabo una regulación sanitaria más eficiente a favor de la protección de nuestro medio ambiente. El resto, podría destinarse a los sectores más desprotegidos de nuestro país y a fomentar el desarrollo sustentable. Con la iniciativa presentada el Partido Verde Ecologista de México, reafirma su compromiso con la población para proteger su salud, por encima de intereses comerciales de grupos reducidos que resultan beneficiados con el negocio del tabaco en detrimento de la salud de los mexicanos. Consideramos que el Estado tiene la responsabilidad de proteger la salud de la población, y el dilema entre ley y libertad, a propósito del tabaco, debe resolverse cada vez más a favor de la necesidad, el derecho y el deber de la sociedad de aprobar leyes congruentes con esta responsabilidad. Por ello sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa de: DECRETO mediante el cual se reforman los párrafos 1 ) y 2) del inciso G) de la fracción I del artículo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ARTICULO UNICO. Se reforman los párrafos 1) y 2) del inciso G) de la fracción I del articulo 2° de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue: Artículo 2°. I. G) Tabacos labrados: 1 ) Cigarros175% 2) Cigarros populares sin filtro elaborados con tabacos obscuros con tamaño máximo de 77 milímetros de longitud, cuyo precio máximo al público al 1° de enero de cada ano, no exceda de la cantidad que establezca el Congreso de la Unión, así como puros y otros tabacos labrados 46% TRANSITORIO UNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estado Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de diciembre de 2000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 13 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA LVIII LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO DE LA UNION. PRESENTE BERNARDO DE LA GARZA HERRERA FRANCISCO AGUNDIS ARIAS, JOSÉ ANTONIO ARÉVALO GONZALEZ, ESVEIDA BRAVO MARTINEZ, MARIA TERESA CAMPOY RUY SANCHEZ, OLGA PATRICIA GHOZAS Y CHOZAS, DIEGO COBO TERRAZAS, ARTURO ESCOBAR Y VEGA, JOSE RODOLFO ESCUDERO BARRERA, SARA GUADALUPE FIGUEROA CANEDO, NICASIA GARCIA DOMINGUEZ, ALEJANDRO RAFAEL GARCIA SAINZ ARENA, MARIA CRISTINA MOCTEZUMA LULE, JULIETA PRIETO FUHRKEN, CONCEPCION SALAZAR GONZALEZ, ERIKA ELIZABETH SPEZIA MALDONADO, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del Grupo Parlamentario del PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, con fundamento en los artículos 71 fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, para su dictamen y posterior discusión en el Pleno de la Cámara de Diputados de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de ley: EXPOSICION DE MOTIVOS La descentralización fiscal mexicana iniciada a finales de los años setentas y profundizada en los últimos 15 años en un ambiente macroeconómico muy adverso hiperinflación, recesión, pobreza y crisis transexenales, sufrió de las mismas ataduras y barreras que la modernización total del sistema fiscal. La motivación básica de la descentralización fue política, pero no hubo pacto entre los tres niveles de gobierno, menos aun un plan nacional para el desarrollo sustentable. Nuestro país está organizado como una República representativa, democrática y federal, según se desprende de la misma lectura del artículo 40 de la Constitución. El Federalismo, como forma de organización del Estado, constituye una aspiración que surge con la Independencia, en correspondencia con el mosaico regional de nuestro país, que luego de un continuo proceso de evolución y consolidación; se ha enraizado en nuestra sociedad, aunque, como sabemos con vicios y muchas imperfecciones esta aspiración histórica hoy se expresa en la voluntad de los mexicanos de que la unidad nacional se integre y nutra con la diversidad de sus regiones. Hablar de Federalismo implica no sólo una mutua cooperación existente entre la Federación como tal y las entidades federativas, para que cada uno, dentro de los límites que su competencia le fija, pueda desarrollar sus actividades según la organización adoptada, sino que también se erige como la forma de organización política mas adecuada para un México democrático, justo y equilibrado. Durante las últimas décadas, un número importante de países, ha hecho un considerable esfuerzo hacia la descentralización del sector fiscal, es decir de transferencia recursos para que las entidades federativas asuman la responsabilidad por los servicios a los niveles de su competencia. En ese marco, para fortalecer la forma política asumida, hemos aprobado en el Congreso una serie de preceptos legales que constituyen pasos definitivos tendientes a verificar la actualidad de un Federalismo renovado. Así, hemos avanzado con pasos firmes para asegurar que no sólo en lo político, sino incluso también en lo económico, las Entidades que integran la Federación puedan desarrollarse y aportar al desarrollo de ésta. Para ello, las entidades federativas requieren que los recursos que se les asignen sean suficientes y que su distribución sea la más adecuada, acudiendo con tal motivo a una redistribución de funciones de decisión y operación de las políticas públicas para acercarlas a la población que se beneficia de ellas. Las reglas que surgen del examen político, es que en la generalidad de los casos la descentralización protege la libertad individual porque reduce el poder de los responsables de la prestación de los servicios En el análisis económico, es más eficiente, en el sentido de producir mayor bienestar con iguales recursos y, en consecuencia, es mejor la mayor descentralización posible, en el sentido de que los servicios del sector público deberían prestarse en el menor nivel. La Federación, como corresponsable de la situación, ha previsto la creación de un sistema de Coordinación Fiscal entre ella y los Estados que la integran para coadyuvar en el fortalecimiento de las haciendas públicas locales, redistribuyendo la recaudación federal en la forma más justa y equilibrada posible, evitando la proliferación de regímenes fiscales que por su diversidad, se constituyan en un obstáculo para el buen desarrollo de la vida nacional. Con anterioridad, se puso énfasis en el gasto, al descentralizar conceptos importantes que hoy son responsabilidad de los órdenes de gobierno más cercanos a la población. Ahora, corresponde al gobierno no sólo dotar de los recursos a los Estados, debe también procurar la satisfacción de las necesidades más sentidas de la población, principalmente en los rubros de salud, educación básica y el desarrollo de la infraestructura básica municipal. El tema de conservación, preservación y mejoramiento del medio ambiente, está sumamente relacionado con el de desarrollo de la infraestructura básica municipal. Nosotros como representantes populares, debemos percatarnos que la degradación ambiental de las comunidades, se debe en gran medida a que sus pobladores, al no poder disponer de recursos para garantizar por lo menos su subsistencia, se ven orillados a depredar el medio ambiente. Para evitarlo, se debe procurar a esas comunidades, los medios necesarios, en primer término, para subsistir y evitar que sigan depredando, y en segundo, para que aquellos lugares que sufrieron algún deterioro ambiental, puedan regenerarse para conservarlos, pues los elementos que poseen llegan a ser incluso de interés nacional. La presente iniciativa que el grupo parlamentario de Partido Verde Ecologista de México somete a la consideración de esta Asamblea, tiende a procurar que los Fondos integrados por la Federación al desarrollo de la infraestructura básica municipal, sirvan también para procurar el mejoramiento ambiental de los lugares que padecen en la actualidad algún deterioro. Como es sabido, uno de los más grandes y graves problemas ambientales del país, es el provocado por el inadecuado manejo y disposición de los residuos generados a nivel municipal; según datos de la Dirección de Residuos Sólidos de la Secretaría de Desarrollo Social, los municipios rurales y semirurales, generan 11,500 toneladas de residuos, de un total de 84,800 toneladas, generadas en todo el país cada día. Así, el establecimiento de Centros de Acopio Educativo Productivos, para el Manejo Integral y Disposición de Residuos Sólidos, en las comunidades más pobres del país, es una necesidad inaplazable; lejos de verse como una infraestructura suntuaria e innecesaria, la operación de tales centros aporta la solución a otros problemas de las comunidades en las que operen; como es sabido, muchos de los problemas de salud de las comunidades pobres de nuestro país se deben a las condiciones de insalubridad en las que viven nuestros compatriotas afectados de condiciones de pobreza extrema; en efecto, el inadecuado manejo de los residuos sólidos que los transforma en basura inutilizable, crea condiciones poco favorables para un ambiente adecuado y el desarrollo y salud de los mexicanos y, por el contrario favorece el incremento en la tasa de morbilidad por enfermedades gastrointestinales y de las vías respiratorias. Asimismo, la operación de estos centros aportará la solución a problemas como el de la educación ambiental tan necesaria en nuestro tiempo, dadas las condiciones de degradación ambiental que sufre nuestro país; dichos centros constituyen también un opción para el desarrollo de actividades empresariales a nivel micro y pequeño; ya que la reutilización y reciclado de los materiales pueden ser una fuentes de ingresos para los municipios que, a su vez, pueden aportar dichos recursos a otros rubros del gasto público municipal. De igual forma, se puede fomentar la producción de composta a partir de los residuos orgánicos generados en el municipio y mejorar los cultivos de la comunidad, y así agregar más valor a su producción agrícola, dada la gran demanda que existe, sobre todo en el mercado externo, de los productos agrícolas de origen orgánico. De esta forma, planteamos el incremento de los fondos destinados a la infraestructura socia! municipal contemplada en la Ley de Coordinación Fiscal al plantear un 4% del total de los ingresos participables en lugar de! 2.5% actualmente establecido por la ley, y que el 3.697 de dichos fondos se destine al de infraestructura social municipal y mejoramiento ambiental; el incremento propuesto, no afectará otros rubros del presupuesto federal ya que el mismo puede ser financiado por los fondos ya previstos por el propio presupuesto y, además, es inferior al monto total de la recaudación que se obtendrá con el incremento al Impuesto Especial sobre Producción de Tabaco, que el mismo grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México a planteado en esta misma sesión. Los beneficios que traiga el mejoramiento ambiental, no excluyen ni aminoran los efectos que el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social tienen en los Municipios, por lo contrario, la adecuada aplicación y distribución de los mismos aportarían para que además de ayudar al mejoramiento del medio ambiente, las comunidades, aprovechando los recursos ambientales restaurados y suficientes se desarrollen de manera optima. Finalmente, cabe señalar, que la aplicación de esos recursos se integrará en aquellos del Fondo para la Infraestructura Social y Ambiental Municipal; es decir, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente iniciativa de: DECRETO. Mediante el cual se reforman la fracción III del artículo 25, el párrafo primero del artículo 32, los párrafos primero y segundo, así como la fracción IV del articulo 33, los párrafos primero y segundo del artículo 34, y los párrafos primero y tercero del artículo 35, todos de la Ley de Coordinación Fiscal. ARTICULO UNICO. Se reforman la fracción III del artículo 25, el párrafo primero del artículo 32, los párrafos primero y segundo, así como la fracción IV del artículo 33, los párrafos primero y segundo del artículo 34, y los párrafos primero y tercero del artículo 35, todos de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 25. ... I II.... III. Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental; IV.... V.... Artículo 32. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental se determinará anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación con recursos federales, por un monto equivalente, sólo para efectos de referencia, al 4 por ciento de la recaudación federal participable a que se refiere el artículo 2° de esta Ley, según estimación que de la misma se realice en el propio Presupuesto, con base en lo que al efecto establezca la Ley de Ingresos de la Federación para ese ejercicio. Del total de la recaudación federal participable el 0.303 por ciento corresponderá al Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental Estatal y el 3.697 por ciento al Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental Municipal. Artículo 33. Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental reciban los estados y los municipios, se destinarán exclusivamente al financiamiento de las obras, acciones sociales y ecológico ambientales básicas y a inversiones, que beneficien directamente a sectores de la población que se encuentren en condiciones de rezago social, de pobreza extrema, y con deterioro en las condiciones de su entorno ambiental en los siguientes rubros: agua potable; alcantarillado; drenaje y letrinas. urbanización municipal; electrificación rural y de colonias pobres; infraestructura básica de salud; infraestructura básica educativa; mejoramiento de vivienda; caminos rurales; infraestructura productiva rural; establecimiento y operación de centros de acopio educativo productivos para el manejo de residuos sólidos como servicio de limpia municipal; conservación de los recursos naturales de flora y fauna silvestres, así como el mejoramiento del entorno ambiental en cualquier situación que fuera en detrimento para el desarrollo mínimo indispensable necesario para la calidad de vida y del ecosistema en la región. En el caso de los municipios, estos podrán disponer de hasta un 2 por ciento del total de recursos del Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental Municipal que les correspondan, para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate. Respecto de dichas aportaciones, los Estados y los Municipios deberán: I.. II.... III.... IV. Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental les sea requerida. En el caso de los Municipios lo harán por conducto de los Estados. Artículo 34. El Ejecutivo federal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, distribuirá el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental entre los Estados, considerando criterios de pobreza extrema y de deterioro ambiental, conforme a la siguiente fórmula y procedimientos: I.... II.... III.... IV V. Así, la distribución del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental se realiza en función que corresponda a cada Estado de la pobreza extrema a nivel nacional, según lo establecido. Artículo 35. Los Estados distribuirán entre los Municipios los recursos del Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental Municipal, con una fórmula igual a la señalada en el artículo anterior, que enfatice el carácter redistributivo de estas aportaciones hacia aquellos Municipios con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Para ello, utilizarán la información estadística más reciente de las variables de rezago social a que se refiere el artículo anterior publicada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. En aquellos casos en que la disponibilidad de información no permita la aplicación de la fórmula antes señalada, se utilizarán las siguientes cuatro variables sumadas y ponderadas con igual peso cada una de ellas: a) ... b) ... c) . . . d) ... Los Estados, con base en los lineamientos anteriores y previo convenio con la Secretaría de Desarrollo Social, calcularán las distribuciones del Fondo para la Infraestructura Social y Mejoramiento Ambiental Municipal correspondientes a sus Municipios, debiendo publicarlas en sus respectivos órganos fiscales de difusión a más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal aplicable, así como la fórmula y su respectiva metodología, justificando cada elemento. TRANSITORIOS Unico. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la H. Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 19 días del mes de diciembre del 2000. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- off APENDICE No. 14 CIUDADANO DIPUTADO RICARDO GARCIA CERVANTES, PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE ESTA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS. CC. DIPUTADAS Y DIPUTADOS. SEÑORAS Y SEÑORES. Hoy hablaré en esta tribuna no con mi voz, sino con la voz de aquellos que para ser escuchados decidieron tomar una vía distinta a la institucional. Hablaré con la voz de todas aquellas personas que están ahora en la cárcel o prófugas de la justicia, como consecuencia de esa decisión, pero también con la voz de las víctimas de los actos de violencia acaecidos en Estados como Guerrero, Chiapas, Hidalgo y Oaxaca. Como ustedes recordarán, el día 16 de noviembre, en esta misma tribuna, me pronuncié por la necesidad de abrir espacios de diálogo y civilidad para la región de los loxicha en la sierra oaxaqueña. Ese punto de acuerdo se ha resuelto, de forma parcial, gracias a la reciente Ley de Amnistía aprobada en Oaxaca el 8 de diciembre pasado. Digo que en forma parcial porque dicha ley sólo abarca delitos del fuero común, dejando subsistente los correspondientes al ámbito federal. Esto impide que el propósito fundamental de dicho cuerpo legal se cumpla, puesto que los individuos permanecen tras las rejas y muchos sigan sustraídos de la acción de la justicia. Como podrá confirmarlo el abogado de los loxicha, el Lic. Israel Ochoa Lara, que el día de hoy nos honra con su presencia, esta situación impide que la paz se restablezca puesto que en realidad no hay amnistía. Esta es una de las razones por las que los diputados que suscribimos la presente iniciativa decidimos asumir nuestra responsabilidad como legisladores y proponer a esta soberanía una amnistía nacional. Este proyecto de ley es ambicioso, pero encierra en su seno la esperanza de un futuro mejor para todos los mexicanos, pero sobre todo, pretende crear los canales de comunicación adecuados para que hoy, por fin, las espadas se conviertan en arados. Creo prudente señalar que el enfoque federal de esta propuesta encuentra un antecedente inmediato en la: Ley de Amnistía para Chiapas, decretada por el Congreso de la Unión el 22 de enero de 1994. EXPOSICION DE MOTIVOS 1. Tomando en cuenta que miles de mexicanas y mexicanos han decidido tomar las armas para ser escuchados en sus demandas de un país más justo. 2. Teniendo en consideración que la gran mayoría de ellos son de origen indígena. 3. Puesto que como consecuencia de la comisión de actos violentos tipificados como delitos federales se han girado y ejecutado cientos de órdenes de aprehensión. 4. Ya que cientos de personas, familias, niñas y niños, han resultado víctimas de esos actos violentos. 5. Conscientes de que el ámbito adecuado para resolver cualquier conflicto es el de la paz. 6. Preocupados por el hecho de que la violencia sólo engendra más violencia si no se le combate; con respuestas adecuadas a las preguntas y con esperaría y apoyo para los olvidados. 7. Asegurando que la construcción de un México mejor se hará a través de la campaña democrática en donde TODAS las ciudadanas y TODOS los ciudadanos tengan voz y voto y sin que ninguno quede al margen de las decisiones nacionales. 8. Aclarando que el propósito de este cuerpo jurídico no es el de dar una oportunidad a quienes encontraron en las armas la única vía para el cambio social, sino el de crear los canales de comunicación adecuados para resolver juntos los problemas que causaron los levantamientos. 9. No olvidando que ya existen cuerpos normativos de carácter estatal y federal en los cuales se ha otorgado el beneficio de la amnistía en términos similares, pero que, por desgracia, no han sido cumplidos ni aplicados en su totalidad, puesto que aún siguen existiendo personas privadas de su libertad con motivo de levantamientos armados o que se encuentran prófugas de la justicia. 10. Asumiendo la responsabilidad que como legisladores tenemos, hemos decidido ejercer la facultad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos otorga en la fracción XXII del artículo 73, en el sentido de conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales de la Federación. Por todo lo anteriormente expuesto, y con fundamento en la fracción II: (segunda) del artículo 71 constitucional, XXII (vigésimo segunda) del artículo 73 constitucional; así como en el inciso e), del párrafo sexto del artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, pongo a consideración de las Comisiones correspondientes la siguiente: INICIATI:VA DE LEY FEDERAL DE AMNISTIA, con la seguridad de que los pronunciamientos que se hagan al respecto tendrán en mente, antes que cualquier interés político, la voluntad de resolver un problema centenario y de brindar una alternativa a quienes olvidamos durante siglos. LEY FEDERAL DE AMNISTIA Artículo 1 Se decreta amnistía a favor de toda persona contra quien se haya ejercido o pueda ejercerse acción penal ante los tribunales de la Federación por delitos cometidos con el propósito de alterar la vida institucional o jurídica del Estado mexicano o de alterar la paz y el orden social establecidos, con móviles políticos o de reivindicación social, haya formado parte o no de grupos armados. Artículo 2 Se entiende por amnistía la exclusión de la responsabilidad jurídica derivada de la actualización del supuesto normativo penal, lo que implica la extinción de las acciones penales y de sus sanciones. Por lo tanto, se deja a salvo la responsabilidad civil y los derechos de quienes pueden exigirla. Artículo 3 La extinción de la acción penal y de las sanciones implica que las personas que se beneficien de la amnistía no podrán ser aprehendidas, detenidas, procesadas o molestadas por los ilícitos señalados en el artículo 1de esta ley y que las personas que se encuentren procesadas o compurgando una pena deberán ser puestas de inmediato en libertad, obre se yéndose los procesos y dejando sin antecedentes penales a los individuos en cuestión. Asimismo, el Ministerio Público declarará extinguida la acción persecutoria derivada de la integración de las averiguaciones previas. Las autoridades judiciales cancelarán las órdenes de aprehensión pendientes de ejecución. Cuando se hubiere interpuesto juicio de amparo por los individuos susceptibles de que se les aplique la amnistía, la autoridad responsable remitirá copia certificada de las órdenes giradas con motivo de la aplicación de la presente ley a los Tribunales que conozcan del enjuiciamiento para que dicten el auto de sobreseimiento correspondiente. Artículo 4 La presente ley se aplicará única y exclusivamente a las conductas cometidas desde el 1 de enero de 1994 hasta la fecha de su entrada en vigor. Artículo 5 Los individuos que actualmente se encuentren prófugos de la justicia, dentro o fuera del país, a consecuencia de la comisión de alguno o varios de los delitos que comprende la presente ley, podrán beneficiarse de esta amnistía en los términos y con las condiciones que ella misma establece. Artículo 6 En el caso de los individuos que se encuentren prófugos de la justicia, la amnistía sólo se otorgará a cambio de la entrega de cualquier tipo de instrumento, arma, químico o explosivo utilizado o que pueda ser utilizado en la comisión de los delitos que comprende esta ley, dentro de un plazo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la misma. En el caso de que el individuo susceptible de ser acogido dentro de la amnistía sea el responsable o tome parte en generar información impresa o electrónica como parte de los delitos, deberá suspender dicha actividad dentro del mismo plazo. Artículo 7 La Comisión Nacional de Derechos Humanos vigilará el exacto cumplimiento de la presente ley y podrá solicitar la aplicación de la misma en los casos que ella considere que entran dentro del supuesto normativo. Asimisma, se encargará de supervisar en coadyuvancia con las autoridades gubernativas encargadas de la seguridad pública, la integridad física de la persona, familia y patrimonio de los acogidos por la amnistía, así como de las víctimas de los delitos que comprende esta ley. Artículo 8 Se integrará una Comisión encargada de velar por el exacto cumplimiento de esta ley. Esta Comisión estará integrada por dos representantes del Poder Ejecutivo, que serán el Procurador General de la República y el Titular del Consejo de Seguridad Nacional; por dos representantes del Poder Legislativo que serán designados por el Congreso de la Unión en sesión plenaria; dos representantes del Poder Judicial Federal que serán el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otro miembro designado por dicho poder; por el Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos; y por dos representantes de la Sociedad Civil designados por Organizaciones No Gubernamentales. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. La presente ley será difundida a través de todos los medios de comunicación en el país y fuera de él y deberá ser remitida a la Oficina de Desarrollo para los Pueblos Indígenas para que sea alejada en todos los bandos de las poblaciones de cualquier entidad tanto en español como en lenguas indígenas. Tercero. Esta ley no deroga las leyes estatales o federales en las cuales se haya otorgado amnistía por los mismos delitos o por distintos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 15 INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY GENERAL DE SALUD PARA EL CONTROL Y VIGILANCIA DE SUBSTANCIAS PSICOTROPICAS, A CARGO DEL C. DIP. JUAN ALCOCER FLORES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCION NACIONAL. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi calidad de Diputado Federal, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, la iniciativa de decreto que reforma la Ley General de Salud, con base en la siguiente Exposición de Motivos Las adicciones y la drogadicción son en nuestro país, un problema digno de atenderse con prontitud y eficiencia porque atentan contra la estabilidad familiar, la convivencia pacífica, la economía y la salud de los mexicanos, sin embargo el marco jurídico que regula la compra venta de los medicamentos sicotrópicos es actualmente obsoleta, lo cual permite que el comercio de estas sustancias se realice prácticamente de manera libre. Es de todos nosotros conocido el hecho de que por las farmacias rondan comúnmente adictos a los estimulantes y tranquilizantes (Quienes además suelen mezclar estas sustancias con el uso de inhalantes) en ese paraíso de drogas, no importa el precio de la cocaína ó la lucha contra el narcotráfico, tampoco necesitan ocultarse en las sombras de la noche para llevar a cabo "el intercambio" ni mucho menos requieren avionetas privadas ó grandes cantidades de dinero; tampoco se arriesgan a ser capturados por la policía y ser sentenciados. Simplemente se acercan al mostrador, enseñan una receta, pagan un precio módico !y ya esta!. !como quien compra cacahuates!. Y es así de fácil porque conseguir una receta para surtir sicotrópicos es de lo mas sencillo en este País, hay incluso varias maneras de hacerlo, las cuales van, desde sacar copias fotostáticas de cualquier prescripción, ocultando con una "máscara" los medicamentos originalmente escritos (pero dejando el membrete y los registros para ser reproducidos) hasta la sencilla operación de diseñar una receta en una computadora doméstica, inventando el nombre y los registros de un profesionista también imaginario. Pero el ilícito puede ir aun mas lejos sin que nadie lo detecte, basta con mandar imprimir recetarios a cualquier imprenta puesto que para reproducir esta clase de documentos no se necesita requisito alguno. En la práctica médica diaria no es extraño encontrar padecimientos originados por la automedicación; en el caso de los psicotrópicos, las iatrogenias más comunes son las ocasionadas por los fármacos utilizados para bajar de peso y desde luego, los tranquilizantes que indiscriminadamente se utilizan para cualquier trastorno de ansiedad y hasta para cometer suicidio. Las sustancias psicotrópicas al igual que los estupefacientes poseen un poder terapéutico indudable, sin embargo por su efecto sobre la fisiología y la conducta del ser humano, así como por sus reacciones secundarias deben de ser prescritas y sobretodo controladas y evaluadas por un profesional en medicina, lamentablemente en la actualidad están a la disposición de cualquier persona, facilitando así las adicciones y con ellas también, graves daños a la salud. En "La Ley General de Salud", los psicotrópicos se clasif1can en cinco grupos, el farmacéutico los obtiene a través de un mayorista que los surte en una factura común junto con el resto de los medicamentos y hasta cosméticos; al llegar los productos en cuestión, el farmacéutico debe de registrar la "entrada" en el libro correspondiente a su grupo (que previamente ha sellado la S.S.A.); Al vender el medicamento se registra la "salida" y retiene la receta en caso de pertenecer al grupo II, en el caso del grupo III únicamente se sella y se devuelve, el cliente podrá surtirla hasta tres veces más dentro de los próximos seis meses. Todo esto sin embargo carece de importancia porque como ya expusimos, el "fabricar" una receta apócrifa, es fácil y sencillo, aun así, algunos farmacéuticos han caído en la corrupción que genera la falta de control efectivo de los psicotrópicos, vendiéndolos al doble ó al triple de su precio normal a toda aquella persona que desee consumirlos, pero que carezca de la prescripción requerida ó de los conocimientos necesarios para cometer por sí mismo el ilícito. Es necesario pues, darle a las autoridades sanitarias y a los profesionales de la salud, los elementos necesarios para controlar y combatir estos males sociales. Por todo lo anteriormente expuesto y en virtud de lo dispuesto por la Fracción VIII del Artículo 3 Constitucional en el que se otorga al Congreso de la Unión la facultad de legislar en materia de salud, someto a esta Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, la presente Iniciativa de: DECRETO mediante el cual se reforman diversos de la Ley General de Salud para quedar como siguen: Artículo primero. Se reforma el artículo 241 para quedar como sigue: Artículo 241. La prescripción de estupefacientes se hará en recetarios especiales, que contendrán para su control, un código de barras y holograma asignado por la Secretaría de Salud, o por las autoridades sanitarias estatales en los siguientes términos: Artículo segundo. Se reforma el artículo 251 y 252 para quedar como sigue: Artículo 251. Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción III del artículo 245 de esta Ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica especial de acuerdo a lo establecido en el artículo 240, 241 y 242, la que deberá surtirse por una sola vez, de acuerdo a las disposiciones de la Secretaría de Salud. ARTICULO 252. Las substancias psicotrópicas incluidas en la fracción IV del artículo 245 de esta ley, así como las que se prevean en las disposiciones aplicables o en las listas a que se refiere el artículo 246, cuando se trate del grupo a que se refiere la misma fracción, requerirán para su venta o suministro al público, receta médica especial de acuerdo a lo establecido en el articulo 240, 241, y 242, la que podrá surtirse hasta por tres veces, con una vigencia de seis meses, contados a partir de la fecha de su expedición y no requería ser reten1da por la farmacia que la surta, las primeras dos veces. ARTICULOS TRANSITORIOS UNICO. La Secretaría de Salud establecerá lo conducente para lo que señalan los artículos 240, 241 y 242 de la Ley General de Salud, en un plazo no mayor de 30 días a la entrada en vigor de este Decreto. México, D.F. a de Diciembre del 2000. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 16 DICTAMEN CON PUNTO DE ACUERDO PARA QUE LA H. CAMARA DE DIPUTADOS CELEBRE UNA SESION PARA RENDIR HOMENAJE A LOS DEPORTISTAS MEXICANOS QUE PARTICIPARON EN LOS JUEGOS OLIMPICOS Y PARALIMPICOS DE SYDNEY 2000, Y PARA QUE LES SEA ENTREGADA UNA PLACA CONMEMO;RATIVA DE LA LVIII LEGISLATURA A LOS DEPORTISTAS QUE OBTUVIERON MEDALLAS OLIMPICAS Honorable Asamblea A la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, fueron turnadas para su estudio y dictamen las siguientes proposiciones: 1. Con punto de acuerdo para realizar un acto solemne y rendir homenaje a la delegación mexicana que participó en los Juegos Olímpicos de Sydney, presentada en el Pleno por el Diputado Juan Carlos Regis Adame, a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, el 5 de Octubre de 2000. 2 Con punto de acuerdo para que la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura, otorgue un reconocimiento a cada uno de los deportistas mexicanos que participaron en la justa de Sydney, Australia, presentada en el Pleno por la Diputada Norma Enriqueta Basilio Sotelo, a nombre de integrantes de los Grupos Parlamentarios de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, el 5 de octubre de 2000. 3. Con punto de acuerdo para que se otorgue a los medallistas olímpicos que triunfaron en los Juegos Paraolímpicos de Sydney 2000, un reconocimiento público por su destacada participación en dicho evento, presentada por la Diputada Olga Patricia Chozas y Chozas a nombre de integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, el 31 de octubre de 2000. CONSIDERACIONES Cada cuatro años con excepción de las dos Guerras Mundiales las mejores y los mejores atletas del mundo se dan cita en alguna ciudad del planeta para representar a su país en la justa deportiva más importante de los tiempos modernos. Con una filosofía y una serie de símbolos que se han forjado poco a poco, enriqueciendo la tradición humana del olimpismo, los Juegos son el clímax de la unidad y la paz entre los pueblos; la disciplina, la dedicación y la superación de los seres humanos. No muy alejados de la filosofía olímpica actual, los Juegos Olímpicos de la Antigüedad llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia representaban un momento de unión entre las diferentes colonias griegas del Mediterráneo. Nacieron como enormes festivales en los que la religión, las prácticas atléticas y la música se unían para honrar a los dioses y esclarecer quiénes podían asumir el título de mejores "deportistas" de la época. Veinticuatro siglos después, el movimiento olímpico resucitó de la mano del Barón Pierre de Coubertin. La herencia de la vieja Grecia floreció un G de abril de 1896, cuando se iniciaron los I Juegos Olímpicos de la Era Moderna, después de quince años de trabajos y preparativos Grecia, y en concreto Atenas, alzaron el telón de un movimiento que ahora, a finales del siglo XX, es el único capaz de unir a todos los pueblos del mundo. Después de los Juegos Olímpicos de Atenas 1896 se han celebrado otras 26 ediciones de los Juegos, cada vez con mejor organización y mayor participación de atletas y países. Por otro lado, a partir de 1960 se celebran cada cuatro años los Juegos Paraolímpicos, donde participan atletas con alguna discapacidad física o mental. El término paraolímpico proviene de la palabra paralelo y significa que son los Juegos "paralelos" a los Juegos Olímpicos. Dicha justa deportiva está igualmente llena de valores que elevan la conciencia de los seres humanos al permitir que personas con alguna discapacidad demuestren que son plenamente aptos para competir en los deportes. En el mes de septiembre del año 2000se celebraron en la ciudad de Sydney, Australia los XXVII Juegos Olímpicos de la Era Moderna, y posteriormente, en octubre de este año, los XI Juegos Paraolímpicos. México participó en ambos encuentros con delegaciones de deportistas preparados y triunfadores, que trajeron a nuestro país 6 Medallas Olímpicas y 34 Medallas Paraolímpicas, además de poner en alto el deporte nacional al clasificar en los primeros lugares de las disciplinas en que actuaron. EXPOSICION DE MOTIVOS La Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias es la encargada de dictaminar las propuestas que versan sobre las normas y las actividades camarales Ya que las tres proposiciones con Puntos de Acuerdo Presentados ante el Pleno solicitan que se lleve a cabo algún tipo de reconocimiento u homenaje a los atletas mexicanos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y los XI Juegos Paraolímpicos celebrados en la ciudad de Sydney, Australia, por parte de la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados, las propuestas fueron turnadas a esta Comisión. En un afán integrador y de reconocimiento equitativo a todos los deportistas mexicanos que participaron en la justa deportiva de "Sydney 2000", la Comisión ha decidido fundir en un solo dictamen las tres propuestas presentadas en ese sentido. De tal forma, no se hace distinción entre los deportistas olímpicos y los paraolímpicos, reconociendo en ambas delegaciones su esfuerzo, dedicación y disciplina. Por ello este órgano legislativo ha decido poner a consideración del Pleno un Acuerdo para que sea organizada una sesión para rendir homenaje a las delegaciones de atletas mexicanos que participaron en los pasados Juegos Olímpicos y Paraolímpicos. Además, se propone hacer entrega, en esa misma sesión, de placas conmemorativas a aquellos atletas olímpicos y paraolímpicos que hayan obtenido medallas para nuestro país. Actuando de esa forma, esta soberanía reconocerá a los deportistas su gran esfuerzo, y dará un ejemplo a la sociedad mexicana, sobre todo a nuestra juventud, de que México reconoce a quienes destacan en actividades positivas y provechosas. Si se desea que los atletas mexicanos sigan triunfando en las competencias internacionales, es muy justo que las instituciones estimulen y alienten su vocación deportiva. Por lo anterior, esta Comisión, con fundamento en las facultades que le confieren los artículos 39, 40 y demás relativos de la Ley Orgánica del Congreso General y los artículos 58, 60 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General somete a la consideración de los integrantes de esta Honorable Asamblea el presente dictamen con punto de A C U E R D O Artículo Primero. La Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión celebrará una sesión para rendir homenaje a los atletas olímpicos y a los atletas paraolímpicos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paraolímpicos celebrados en la ciudad de Sydney, Australia en el año 2000. Artículo Segundo. La Cámara de Diputados entregará en la misma sesión, una placa conmemorativa de la LVIII Legislatura a cada uno de los atletas que obtuvieron medallas en los XXVII Juegos Olímpicos y los XI Juegos Paraolímpicos efectuados en la ciudad de Sydney, Australia en el año 2000. TRANSITORIOS Primero. Facúltese a la Comisión de Juventud y Deporte, para organizar la sesión para rendir homenaje a los atletas mexicanos que participaron en los XXVII Juegos Olímpicos y XI Juegos Paraolímpicos celebrados en la ciudad de Sydney, Australia en el año 2000. Segundo. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y será publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- APENDICE No. 16 "Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.-- Poder Legislativo Federal.-- Cámara de Diputados.-- Comisión de Hacienda y Crédito Público. Honorable Asamblea: con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II y 73 fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 al 58 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, el diputado José Delfino Garcés Martínez miembro del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en esta LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, presentó el 26 de octubre del año 2000 a esta Cámara de Diputados, una Iniciativa de "Ley que crea el Fondo de Apoyo a los Ahorradores Afectados por las Cajas de Ahorro". De la misma forma, en esa fecha el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional presentó la iniciativa que expide la "Ley de Ahorro y Crédito Popular y que Reforma y Deroga Diversas Disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito". Por su parte, diputados de los grupos parlamentarios de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México, presentaron la Iniciativa de Decreto por el que se expide la "Ley de Ahorro Crédito Popular y el Instituto de Fomento Social para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito". Dichas iniciativas fueron turnadas a esta Comisión de Hacienda y Crédito Público para su estudio y dictamen. Después de analizarlas y evaluarlas, con la participación de los sectores involucrados, de servidores públicos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, desde luego, con representantes de los grupos de ahorradores afectados, a continuación se presenta a esta honorable Asamblea el siguiente: DICTAMEN Descripción de las iniciativas El proyecto de ley que presentó el grupo parlamentario del PRD tiene como propósito fundamental el de apoyar, mediante la aportación complementaria de recursos públicos, la recuperación de los ahorros que miles de ahorradores han perdido a raíz de diversos ilícitos que se han cometido en algunas cajas de ahorro. En efecto, algunas entidades constituidas bajo la modalidad tanto de sociedades cooperativas ahorro y préstamo como de sociedades de ahorro y préstamo, tuvieron un funcionamiento irregular que no fue corregido y sancionado a tiempo por las autoridades correspondientes, en perjuicio de cientos de miles de afectados, en su mayoría personas de escasos recursos que actuaron de buena fe. En tal sentido, la iniciativa se fundamenta en los siguientes razonamientos: Propone restablecer la equidad en el trato que se da a los ahorradores e inversionistas de la banca comercial que hasta ahora cuentan con un seguro de depósito ilimitado y los ahorradores de las cajas populares que no tienen seguro alguno. Considera la iniciativa que diversos grupos parlamentarios han expresado su sentido favorable a la utilización de recursos públicos para resarcir el daño causado a este tipo de ahorradores. El costo fiscal que se generaría al momento de apoyar a los ahorradores se vería disminuido al quedar la fiduciaria como propietaria de todos aquellos bienes que se fueran recuperando a la culminación de los juicios promovidos. En atención a lo anterior, la iniciativa del PRD prevé una aportación inicial de 2 mil millones de pesos con cargo al Presupuesto de Egresos del 2000 y aportaciones subsecuentes para cumplir cabalmente el objeto del fideicomiso que serían previstas en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2001. Por su parte, los artículos transitorios de la iniciativa presentada por diputados del grupo parlamentario del PRI, tienen como propósito único el de apoyar a los ahorradores afectados por el cierre de diversas instituciones de ahorro y préstamo, para lo cual se fundamenta que dicho problema rebasa los límites de las relaciones entre particulares y se traduce, por consiguiente, en un verdadero problema social. Por analogía al rescate bancario, considera la iniciativa que se deben establecer las bases de un sano y eficiente sistema de ahorro popular, lo cual encuentra su soporte jurídico en el artículo 25 de nuestra Carta Magna. En la exposición de motivos correspondiente se indica que debe prevalecer un criterio de equidad vinculado al principio de solidaridad con aquellas personas de menores ingresos que han sido usuarias del sistema de ahorro y crédito, por lo que se requiere estructurar un sistema de apoyo que resarza los saldos netos a los ahorradores que han sido afectados. Estas operaciones se realizarían a través de un Fideicomiso de carácter público para garantizar su absoluta transparencia y la existencia de controles adecuados sobre su operación. Por lo que respecta a la tercera iniciativa, que presentaron diputados del PAN y del PVEM, vale la pena señalar que su mención obedece en este caso particular, al espíritu general que expresa en cuanto a la necesidad urgente de contar con un marco jurídico moderno y eficaz que permita regular y fomentar el ahorro y crédito popular, bajo condiciones de seguridad y rentabilidad razonables. De hecho, estas dos últimas iniciativas son prácticamente iguales en los propósitos, objetivos y alcances que persiguen en esa materia, por lo que, sin duda, merecerán su pronto análisis y dictaminación. Consideraciones de la comisión Los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público estiman que, dada la urgencia de resolver el problema de las familias mexicanas que perdieron sus ahorros por la insolvencia o quiebra de las sociedades de ahorro y préstamo o, en su caso, de cooperativas de ahorro y préstamo, es indispensable actuar responsablemente para asegurar alguna forma de apoyo a la mayoría de los ciudadanos afectados que, en muchos casos, no disponen de ningún otro recurso para hacer frente a sus necesidades básicas que encontraban en este sistema de ahorro popular un mecanismo para atenderlas. Los miembros de esta comisión dictaminadora constataron que algunas entidades constituidas bajo las modalidades de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo y sociedades de ahorro y préstamo, tuvieron un funcionamiento irregular o hubo negligencia de parte de quienes estaban a cargo de su administración y en su caso, no fueron supervisadas adecuadamente, en perjuicio de cientos de miles de ahorradores afectados. Ante esta problemática social, es evidente la necesidad de un marco jurídico integral que permita regular y fomentar el ahorro y crédito popular. Por otro lado, a raíz de la presentación de las iniciativas, se han efectuado diversas reuniones con los sectores interesados, con diversas autoridades que tienen incidencia sobre la materia y, por supuesto, con los representantes de los grupos de ahorradores afectados, quienes han sido también atendidos por una comisión plural de diputados que prácticamente desde el inicio de la presente legislatura han estado al pendiente de este asunto, los cuales han aportado a esta comisión sus puntos de vista para la tarea dictaminadora. Las iniciativas ponen de manifiesto la existencia de una enorme falla en el sistema de ahorro popular lo cual ha ocasionado elevados costos sociales y considerando que los diversos grupos parlamentarios se han expresado en sentido favorable a la utilización de recursos públicos para apoyar de manera extraordinaria el daño causado a este tipo de ahorradores, se incluye en la propuesta de dictamen la creación de un "Fideicomiso que administra el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores", para garantizar la absoluta transparencia de aplicación de los recursos públicos destinados a este fin y la existencia de controles adecuados sobre su operación. Dicho fideicomiso contará con un comité técnico integrado por un representante de cada una de las siguientes instituciones: de las secretarías, de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación; de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como un representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un representante de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, y dos representantes de la Comisión Consultiva que, a su vez, se integra por los representantes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor número de ahorradores afectados. Cabe señalar, que este fideicomiso no será considerado como una entidad paraestatal y que su domicilio será el Distrito Federal. Esta comisión considera importante señalar que su patrimonio se constituirá por las aportaciones del Gobierno Federal, las que realicen las entidades federativas de acuerdo a los convenios que se suscriban; de los productos que se generen por la inversión y administración de los recursos y bienes con que cuente el fondo, así como de los propios que se aporten para el mejor cumplimiento de su objeto social. Para su constitución y debida operación, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aportará hasta 2 mil 285 millones de pesos, en los términos que se señalan en el proyecto de ley. De este monto 500 millones de pesos se destinarán a apoyar el fortalecimiento de las sociedades de ahorro y préstamo y de las cooperativas de ahorro y préstamo que registren problemas graves de liquidez o solvencia, para lo cual deberán de cumplir previamente con diversos requisitos que demuestren su viabilidad operativa y financiera. Es importante destacar que la aplicación de los fondos federales, así como los estatales para el apoyo a los ahorradores estarán reflejados en los convenios que para el efecto suscriban. Se propone también que el fideicomiso deberá administrar el fondo por un periodo de hasta de dos años, contados a partir del inicio de sus actividades o, bien, hasta que extinga su patrimonio, lo que ocurra primero. Respecto a los sujetos del apoyo, esta comisión estima necesario que debe prevalecer un criterio de equidad vinculado al principio de solidaridad con aquellas personas de menores ingresos que han sido usuarias del sistema de ahorro y crédito, por lo que se requiere estructurar un sistema de apoyo basado en saldos netos a los ahorradores que han sido afectados. Además, esta Comisión de Hacienda tomó en cuenta el hecho de que algunas de las sociedades o cooperativas de ahorro y préstamo pagaban intereses excesivamente altos, en algunos casos hasta de más de tres veces el interés del mercado y que esos intereses capitalizados generaron ganancias que en términos de competencia normal hubieran sido muy inferiores. Ello justifica también la reducción de los porcentajes de recuperación, al excluir este concepto del esquema de apoyo. Al respecto, diversos grupos de trabajo de diputados con presencia plural exploraron diferentes alternativas, las cuales se orientaron por dos principios básicos: 1) Que el apoyo alcanzara al mayor número de ahorradores, y 2) Que hubiese un reparto equitativo de los recursos públicos disponibles. En cuanto a la equidad, se consideró que era importante permitir la recuperación de los montos de ahorro menores que suponen una mayor necesidad de quienes tenían depositados esos fondos, pero también que el reparto alcanzara a niveles relativamente mayores, en donde se encuentra la presencia de grupos sociales vulnerables como jubilados y pensionados, mujeres que viven solas o son cabeza de familia, personas desempleadas y, que en ocasiones, habían depositado todos los recursos obtenidos por su retiro del empleo y que prácticamente vivían de los intereses que les dejaba todo su patrimonio depositado en esas entidades. En atención a lo anterior y dado el tiempo transcurrido, se establece que los pagos derivados de esta ley se iniciarán a más tardar 10 días hábiles con posterioridad a que se hayan cumplido los requisitos previstos en ésta, y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten los ahorradores hasta que se agote el patrimonio del fideicomiso. En materia de requisitos, la que dictamina estima conveniente señalar que será indispensable que las entidades de ahorro y préstamo a las que pertenezcan los ahorradores afectados se hayan constituido con anterioridad de un año a partir de la vigencia de la presente disposición. Por otra parte, los ahorradores que tengan obligación de declarar el impuesto sobre la renta, deberán presentar las declaraciones correspondientes al tiempo en que hayan sido ahorradores o hasta por un máximo de cinco años. Conjuntamente con el grupo de diputados que participaron desde un inicio en los trabajos de análisis y propuesta de solución a la problemática descrita, se realizaron diferentes estudios y ejercicios para encontrar una fórmula que sirviera de base para el reparto y que, si bien tomaba como punto de referencia cantidades concretas sobre las cuales elaborar diferentes escenarios, debían concluir en un mecanismo expresado en términos abstractos y generales que deben ser propios de una ley. De esta manera, se llegó a la conclusión de que era necesario establecer un "Monto Básico de Pago" a partir del análisis de depósitos de las sociedades afectadas. Y para hacerlo compatible con un monto de recursos aceptable, se determinó que dicho Monto Básico se estructurara a partir del saldo promedio del saldo neto de ahorro más bajo de aquellas sociedades cuya situación se conoce integralmente, por haberse concluido las auditorías correspondientes. Ahora bien, con el fin de lograr que los primeros recursos beneficien a un mayor número de los ahorradores afectados, se concluyó que el "Monto Básico de Pago" debería ser la mitad del mencionado saldo promedio, mismo que nunca podrá ser mayor de 10 mil pesos, pero siempre buscando que se pudiera satisfacer por lo menos una parte importante de las necesidades a cubrir. La aplicación de las fórmulas llevó a esta Comisión Dictaminadora al establecimiento de un esquema que permite a aquellos que tienen una cantidad hasta de 19 veces el equivalente del Monto Básico lograr una recuperación del 70% de dicho saldo. Por encima de 19 veces el monto básico, esta Comisión de Hacienda considera que la generalidad de los ahorradores que disponían de recursos de ese nivel no se encuentran en la misma condición de desamparo y problema que los ahorradores de menores recursos. Más aún, considera que tienen la capacidad suficiente para litigar acciones legales y judiciales que les permita la recuperación de su dinero a partir de los bienes que, pertenecientes o que se han asegurado a quien manejaba esas sociedades o cooperativas de ahorro y préstamo, ahora en insolvencia, no justifican la aplicación de recursos públicos. Por saldos netos de ahorro, se entiende el monto que conste en los títulos de crédito o documentos equivalentes que comprueben los depósitos realizados por ahorrador, menos los créditos no cubiertos por el mismo, sin considerar la cobertura de ninguna cantidad por concepto de intereses. Por último, es preciso señalar que al efectuarse el pago se estipula que los ahorradores, además de exhibir el documento comprobatorio de los depósitos realizados, deberán manifestar por escrito que ceden sus derechos a favor de la fiduciaria y que no se reservan acción ni derecho alguno contra la entidad insolvente, el fideicomiso o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Hacienda y Crédito Público somete a la consideración de esta Cámara de Diputados el siguiente DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE CREA EL FIDEICOMISO QUE ADMINISTRARA EL FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO Y DE APOYO A SUS AHORRADORES Y SE ADICIONA EL ARTICULO 51B DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO. ARTICULO PRIMERO. Ley que crea el Fideicomiso que administrará el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus ahorradores. ARTICULO 1. Se crea el Fideicomiso que administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores. ARTICULO 2. El Fideicomiso tendrá por objeto: I. Fortalecer el esquema financiero de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y Cooperativas de Ahorro y Préstamo que cumplan con los requisitos que establece esta Ley, con el objeto de fomentar la cultura del ahorro popular; II. Apoyar a los ahorradores de las Sociedades de Ahorro y Préstamo y de las Cooperativas de Ahorro y Préstamo que se encuentren en estado de insolvencia comprobada. ARTICULO 3. El Fideicomiso será público y contará con un Comité Técnico que estará integrado por un representante de cada una de las siguientes Instituciones: de las Secretarías, de Hacienda y Crédito Público, quien lo presidirá; de Gobernación, de Contraloría y Desarrollo Administrativo, así como un representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, un representante de la Comisión Nacional para la Defensa y Protección de los Usuarios de Servicios Financieros, y dos representantes de la Comisión Consultiva quienes serán los representantes de los gobiernos de las entidades federativas con mayor número de ahorradores afectados, conforme a los resultados de las auditorías, y que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley. Este Fideicomiso no tendrá estructura orgánica propia, por lo que no queda comprendido en los supuestos de los artículos 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 40 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. ARTICULO 4. La Comisión Consultiva a la que se refiere el artículo anterior estará integrada por los representantes de los gobiernos de las entidades federativas en las cuales existan ahorradores afectados, que hayan celebrado los convenios a que se refiere el artículo 10 de esta Ley, y por dos presidentes de los Consejos de Administración de las sociedades que cumplan los requisitos a que se refiere la misma, electos de entre ellos mismos a convocatoria del Comité Técnico del Fideicomiso. Todos los miembros de esta Comisión tendrán los mismos derechos. ARTICULO 5. El fondo, que será el patrimonio administrado por el Fideicomiso, se constituirá por: I. Las aportaciones del Gobierno Federal por un mil 785 millones de pesos a que se refiere el artículo 9 de esta Ley y de 500 millones a que se refiere el artículo 12 de la misma. Estos montos se administrarán en subcuentas independientes entre sí y distintas a aquellas en que se administre el resto de las aportaciones; II. Las aportaciones que hagan las entidades federativas; III. Los productos que se generen por la inversión y la administración de los recursos y bienes con que cuente dicho Fondo; IV. Los bienes que se aporten al Fondo; y V. Los demás que, por otros conceptos, se aporten para el mejor cumplimiento de sus fines. ARTICULO 6. El fideicomitente del Fideicomiso a que se hace referencia en el artículo anterior será el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La fiduciaria será Nacional Financiera, S.N.C. y los fideicomisarios los ahorradores afectados que cumplan con los requerimientos que se señalan en esta Ley o, en su caso, las sociedades que sean objeto de fortalecimiento, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 13 de este ordenamiento y a lo que en concordancia con ellas determine el Comité Técnico. Dicho Comité Técnico tendrá de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes facultades: I. Aprobar los términos mínimos de referencia, conforme a los cuales deben practicarse las auditorías a las sociedades para su fortalecimiento, con el propósito de que los recursos de este Fideicomiso se apliquen de forma transparente a los Fideicomisarios; II. Aprobar las bases y procedimientos a través de los cuales se reconocerán los montos a pagar, así como la identidad de los ahorradores afectados; los procedimientos para determinar las cantidades que se podrán entregar a los mismos, así como los procedimientos para documentar dichas entregas; III. Determinar mediante reglas de carácter general los requisitos que deben reunir los títulos de crédito o documentos comprobatorios de los derechos de crédito de los ahorradores afectados para ser considerados válidos; IV. Determinar con base en la auditoría correspondiente y en las reglas que emita, cuando es viable la recuperación financiera de una sociedad que presente problemas de solvencia, y en su caso, aprobar el monto necesario para su saneamiento; V. Determinar las reglas y procedimientos para la enajenación de los bienes aportados al Fideicomiso; así como aprobar las mismas; VI. Autorizar la celebración de los actos, convenios y contratos de los cuales puedan derivar afectaciones para el patrimonio del Fideicomiso, así como aquellos que sean necesarios para el cumplimiento de sus fines; VII. Autorizar, con cargo al patrimonio del Fideicomiso, los gastos que resulten necesarios, para el manejo del mismo, incluyendo los honorarios que correspondan al Fiduciario, así como aquellos que deriven del proceso de extinción del mismo. VIII. Instruir al fiduciario, por escrito respecto de la inversión de los fondos líquidos del Fideicomiso; IX. Evaluar periódicamente los aspectos operativos del Fideicomiso; X. Revisar y aprobar, en su caso, los informes que rinda el Fiduciario sobre el manejo del patrimonio fideicomitido; XI. Vigilar que los recursos que se aporten al Fideicomiso, se destinen al cumplimiento de sus fines; XII. Definir los criterios y dictar las decisiones sobre el ejercicio de las acciones que procedan con motivo de la defensa del patrimonio del Fideicomiso, comunicando dichos criterios y decisiones por escrito a la Fiduciaria; XIII. Girar instrucciones a la Fiduciaria acerca de las personas a quienes deberá conferirse mandato o poderes para que se cumplan las funciones secundarias, ligadas y conexas a la encomienda fiduciaria o para la defensa del patrimonio fideicomitido, indicando expresamente cuándo el (los) mandatario (s) o apoderado (s) podrán delegar sus facultades a terceros; XIV. Proponer las modificaciones que se pretendan realizar al Fideicomiso, y XV. Cualesquiera otras derivadas de la legislación aplicable y de la presente Ley, necesarias para el cumplimiento de los fines del Fideicomiso. ARTICULO 7. Se entenderá por sociedades a las Sociedades de Ahorro y Préstamo y a las Cooperativas de Ahorro y Préstamo a que hace referencia la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito y la Ley General de Sociedades Cooperativas, respectivamente. Se entenderá por saldo neto de ahorro, el resultado del monto que conste en los títulos de crédito o documentos equivalentes que comprueben los depósitos realizados por ahorrador, menos los créditos no cubiertos por el mismo. Para los efectos de dicho cálculo no se computarán intereses. ARTICULO 8. Sólo podrán acogerse al contenido de esta Ley, las sociedades que cumplan los siguientes requisitos: I. Haberse constituido legalmente por lo menos con un año de anticipación a la vigencia de la misma; II. Haber iniciado los trámites para efectuar los procesos de auditoría con el propósito de determinar su insolvencia con antelación al 30 de noviembre de 2000 y que dichos procesos se hubiesen pagado con recursos públicos o sean, en su caso, aprobados por el Comité Técnico a que se refiere el artículo 3 de esta Ley; y III. Realizar los actos corporativos necesarios para que estas sociedades procedan a su disolución y liquidación, en los plazos que fije el Comité Técnico de este Fideicomiso, en los casos que así proceda. ARTICULO 9. El Presupuesto de Egresos de la Federación dispondrá de una partida de mil 785 millones de pesos para realizar los pagos previstos en esta Ley. ARTICULO 10. La aplicación de los recursos federales estará condicionada a la suscripción de convenios que realice el Fideicomiso creado por esta Ley, con los gobiernos de las entidades federativas, en donde existan problemas de ahorradores afectados. En cada convenio se establecerán los montos de aportación de las partes. Una vez suscrito el convenio con alguna entidad federativa, se aplicarán los recursos federales respecto de ésta, con independencia de la firma de otros convenios. ARTICULO 11. El Fideicomiso efectuará los pagos derivados de sus fines a los ahorradores plenamente identificados como afectados, siempre y cuando éstos soliciten su pago al Fideicomiso en los términos establecidos en esta Ley, dentro de los 60 días naturales a partir de la fecha en que el Comité Técnico publique el procedimiento conforme al cual se llevará a cabo el pago correspondiente, mismo que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación y, por lo menos, en dos diarios de circulación nacional, durante dos días consecutivos. Tratándose de las Sociedades de Ahorro y Préstamo, el Fideicomiso sólo efectuará los pagos a los ahorradores que se encuentren, en su caso, reconocidos dentro del procedimiento de quiebra respectivo. Los pagos que se realicen a los ahorradores afectados se efectuarán de acuerdo a las siguientes: BASES GENERALES PRIMERA. El Monto Básico de Pago, será la mitad del promedio del saldo neto de ahorro en cada sociedad a que se refiere el artículo 7 de esta Ley. El promedio del saldo neto de ahorro, se determinará dividiendo el monto total de los depósitos realizados con saldo acreedor en la sociedad de que se trate, entre el número de ahorradores con saldo acreedor de la misma. En ningún caso el Monto Básico podrá ser superior a 10 mil pesos, esto se aplicará para cualquiera de las sociedades que se encuentren en estado de insolvencia, en los términos del artículo 2 de esta Ley. SEGUNDA. Todo ahorrador que tenga un saldo neto de ahorro igual o menor a diecinueve veces el Monto Básico recibirá el 70% de dicho saldo. TERCERA Los ahorradores cuyo saldo neto de ahorro rebase el equivalente a diecinueve veces el Monto Básico podrán recibir la recuperación de dicho saldo con recursos provenientes de otras fuentes, quedando a salvo sus derechos a ejercer las acciones legales que correspondan. CUARTA. Los ahorradores sujetos a estos apoyos deberán de cumplir con los requisitos previstos en este mismo ordenamiento para ser elegibles para recibir los pagos a que se refieren estas bases. El Comité Técnico del Fideicomiso previsto en la presente Ley queda facultado para decidir las reglas y determinar los procedimientos para los actos de administración y dominio que realice sobre los bienes a que se refieren las fracciones IV y V del artículo 5 de esta Ley. QUINTA. El ahorrador deberá manifestar por escrito que cede sus derechos de crédito a favor del Fideicomiso; que renuncia expresamente al pago de los intereses que se hayan generado a su favor y los que puedan generarse hasta el momento en que se efectúe el pago, y que no se reserva acción ni derecho alguno que pueda existir a su favor, en contra de la sociedad insolvente de que se trate, del Fideicomiso o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por los actos que deriven de esta Ley. Los títulos de crédito o los documentos comprobatorios deberán ser entregados al fiduciario contra el pago realizado. SEXTA. La Fiduciaria podrá subrogarse en todos los derechos tanto de crédito como de carácter litigioso que deriven de los títulos de crédito o los documentos entregados por los ahorradores, conforme lo determine el Comité Técnico. La Fiduciaria en ningún caso podrá beneficiarse de algún saldo remanente a favor; en cambio estará obligada a coadyuvar con el Ministerio Público en las causas penales vinculadas con los procesos que se contemplan en esta Ley, hasta su conclusión. SEPTIMA. El Comité Técnico del Fideicomiso determinará mediante reglas de carácter general los requisitos que deben reunir los títulos de crédito o documentos comprobatorios para ser considerados válidos y los métodos de identificación de los ahorradores. OCTAVA. Los ahorradores que tengan obligación de presentar declaración anual del Impuesto sobre la Renta deberán adjuntar las declaraciones realizadas durante los años en que hubieran sido ahorradores de una sociedad, hasta por un máximo de cinco años o bien, durante el tiempo que hubiesen estado obligados a presentarla, si ésta es menor a la vigencia del título de crédito o documento comprobatorio correspondiente. ARTICULO 12. El Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001 dispondrá de una partida de 500 millones de pesos que se destinará exclusivamente para las acciones que el Fideicomiso realice con el propósito de apoyar el fortalecimiento de las sociedades que registren problemas graves de liquidez y/o solvencia. ARTICULO 13. El Comité Técnico del Fideicomiso con base en la información de la auditoría correspondiente, determinará cuándo es viable la recuperación financiera de una sociedad que presente problemas de liquidez y/o solvencia, en su caso, el monto necesario para su fortalecimiento, al que se refiere el artículo anterior. Las sociedades que se encuentren en este supuesto, deberán cumplir además con los siguientes requisitos: I. Justificar la viabilidad operativa y financiera de la sociedad y la idoneidad del apoyo mediante la práctica de una auditoría, que reúna los requisitos que determine el Comité Técnico del Fideicomiso; II. Determinar que como consecuencia de los resultados de la auditoría, es más conveniente que dicha sociedad se mantenga en operación, porque tal opción se considere razonablemente menos costosa que liquidarla; III. Presentar un programa de saneamiento; IV. Acreditar que durante los 6 meses anteriores a la entrada en vigor de la presente Ley, las tasas de interés pactadas para los depósitos de dinero e inversiones de sus ahorradores, fueron inferiores al 80% de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o en su defecto, la tasa de interés que en su caso la sustituya; y V. Otorgar garantías a satisfacción del Comité Técnico. ARTICULO 14. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá emitir reglas de carácter general a efecto de proveer a la mejor observancia de los preceptos de esta Ley. TRANSITORIOS PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Para efectos de esta Ley el Fideicomiso se considerará constituido en la misma fecha a que se refiere el artículo anterior. TERCERO. El período durante el cual operará el Fideicomiso que administrará el fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores será de dos años contados a partir del inicio de sus actividades o cuando se extinga su patrimonio en los términos de esta Ley, lo que ocurra primero. Si al término de su operación existiesen remanentes de recursos públicos, éstos se aplicarán al fondo o fondos que existan para asegurar el debido funcionamiento de las sociedades dedicadas al ahorro y crédito popular, que sean regulados mediante una ley que tenga por objeto regular, promover y facilitar el servicio de captación de recursos, colocación de crédito y otorgamiento de otros servicios financieros por parte de las mismas. De no existir tales Fondos se reintegrarán a la Tesorería de la Federación. CUARTO. Los pagos a los ahorradores afectados se iniciarán a más tardar 10 días hábiles después del día en que se hayan cumplido los requisitos previstos en esta Ley, y continuarán en el orden sucesivo en que se presenten dichos ahorradores, efectuando pagos hasta agotar el patrimonio del Fideicomiso conforme a lo previsto al artículo 5 de esta Ley, con excepción de los recursos previstos para el saneamiento de las sociedades a que se refiere el artículo 12 de este mismo ordenamiento. Sin menoscabo de lo anterior, una vez que el saldo del patrimonio del Fideicomiso sea igual o inferior a 175 millones de pesos, éste deberá iniciar los trámites necesarios para su extinción. QUINTO. Para efectos de la aportación que deberá fideicomitir la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en términos del artículo 9 de esta Ley, ésta se realizará a través de ampliación líquida con cargo a un monto adicional de gasto programable al previsto en los artículos 35, fracción 1, inciso e) y 84, penúltimo párrafo del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2000. En caso de que esta ampliación no sea suficiente, se deberá prever la erogación correspondiente con cargo al Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año 2001. SEXTO. Para los propósitos de esta Ley, se adiciona el primer párrafo del artículo 51B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito. ARTICULO SEGUNDO. Se adiciona el primer párrafo del artículo 51B de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como sigue: Artículo 51B. El Gobierno Federal y las entidades de la Administración Pública Paraestatal no podrán responsabilizarse ni garantizar el resultado de las operaciones que realicen las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio así como tampoco asumir responsabilidad alguna de las obligaciones contraidas con sus socios o con terceros. Lo anterior salvo que, en el caso de las organizaciones auxiliares del crédito a que se refiere el artículo 38A de esta Ley, exista provisión presupuestaria específica, aprobada por autoridad competente. TRANSITORIO PRIMERO. La adición al artículo 51B de la Ley mencionada en el artículo anterior entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SALA DE COMISIONES Palacio Legislativo de San Lázaro, Distrito Federal a los dieciocho días del mes de diciembre del año dos mil.