La diputada María Angélica Ramírez Luna: Con su venia, señora Presidenta: los suscritos, diputados federales e integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo que les confiere el artículo 71, fracción II, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la fracción II del artículo 55 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, se permiten someter a consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa, que reforma y adiciona el artículo 55, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Compañeras y compañeros legisladores: las reformas constitucionales a través de nuestra historia legislativa han sido tema de diversos debates entre constitucionalistas, que dan cabida a la inserción de los temas nacionales relevantes para los que formamos parte del Estado mexicano. Bien se sabe que son varios los métodos de interpretación del derecho. Entre todos ellos, el histórico es el camino que permite retratar el contexto social que explica al sistema jurídico, y es así porque la norma es un constructor jurídico. Puestos de frente, historia y derecho son espejos que se significan mutuamente. La presente iniciativa tiene por objeto regular a quienes ostentan una gran responsabilidad educativa de nuestra sociedad. Si bien es cierto que aún nos falta por alcanzar la excelencia educativa, es necesario adecuar el marco normativo actual para evitar que la función de los rectores de las universidades públicas o los que se desempeñan en el órgano de dirección o patronato, a efecto que no se desvirtúen o confundan los fines académicos con los fines políticos al momento que estos individuos opten por buscar un puesto de elección popular. Una razón más por la cual proponemos que la presente iniciativa sea considerada reforma constitucional está en función de permanecer acorde con la reforma propuesta por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, siendo la respuesta al compromiso con la sociedad que nos exige dar como legisladores las mejores propuestas que son consideradas las que dan resultados a las necesidades actuales y que piden que las leyes sean lo más cercanas al cambio constante de nuestro país, las cuales nos obligan a que nuestras propuestas no se contrapongan a otros ordenamientos legales ya existentes o a otros medios de defensa jurídica habilitados por las leyes vigentes, siendo principalmente el recurso de amparo, el cual emana de un desacuerdo en el que los particulares interponen por vacíos legales y que en muchas ocasiones es utilizado por los ciudadanos que sobreponen intereses personales y se sienten flagelados por cambios en las leyes, por no ser éstas claras, por considerarlas injustas o poco adecuadas. Como sabemos, la educación superior es un medio esencial para adquirir, transmitir y acrecentar conocimientos especializados, que posteriormente serán aplicados en beneficio de la comunidad. El proceso educativo está fuertemente ligado al desarrollo de la sociedad, en la medida en que los individuos pertenecientes a una comunidad política se encuentran mejor informados y más educados. No obstante, cuando la política se mezcla con la academia, se pierde la esencia de ambas materias. En este sentido, la política partidista debe siempre conservar su distancia con la universalidad de las ideas que se procuran en las instituciones de educación superior del Estado. Asimismo, cuando la política partidista y la academia se mezclan o se confunden con un proyecto político, tendente a que las autoridades universitarias eventualmente accedan a un cargo de elección popular, el fin último que suscribe la institución universitaria se desvirtúa. En estos casos ya no es la excelencia académica la esencia del trabajo universitario, sino la obtención de un puesto público de quienes ostentan la autoridad en la universidad, convirtiendo la institución en plataforma política para sus aspiraciones político-partidistas personales. En la práctica, la responsabilidad... Quienes son los encargados de conducir y dirigir el destino de las universidades tienen la obligación de cumplir de manera eficaz, exacta y correcta el manejo transparente de los recursos financieros y del patrimonio universitario. Asimismo, los directores de instituciones educativas, como en el caso de los institutos politécnicos nacionales, son también los representantes legales de las instituciones que tienen bajo su encargo. Ser representante legal significa, dependiendo de las leyes orgánicas, en estricto sentido una de las funciones homólogas a la función de los rectores. El propósito de la presente iniciativa es la inserción legal para que exista la separación del encargo por parte de los rectores y de los directores de instituciones públicas por lo menos seis meses antes del proceso electoral. Esto, debido a que la figura de los mismos en la comunidad universitaria y en la sociedad es más trascendente en su primer plano para el desarrollo de las universidades públicas y, posteriormente, para la misma sociedad. Debemos considerar que muchas universidades estatales tienen más presupuesto que algunos de nuestros municipios, como es el caso de la ciudad de Puebla y la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Existen figuras como las de los alcaldes y los delegados de las demarcaciones políticas del Distrito Federal enmarcadas en el propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la separación del cargo tres meses antes al de la fecha de elección. De igual manera, en el propio ordenamiento federal se establece que los magistrados deberán separase del cargo con un año de anterioridad. Por ello, la propuesta que hoy presentamos es la separación seis meses antes del proceso electoral, tomando en cuenta la naturaleza, relevancia y trascendencia que implica ser rector de alguna universidad pública estatal. Por lo anteriormente expuesto y bajo las potestades que nos confiere nuestra Carta Magna y nuestro Reglamento para el Gobierno Interior, nos permitimos someter a esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto, por la que se reforma y adiciona el inciso 4 del artículo 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señora Presidenta, le solicito que el texto íntegro sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto.