La diputada Sara Latife Ruíz Chávez: Con su permiso, señor Presidenta. Compañeros legisladores. Como consecuencia de la nueva correlación de fuerzas que se produjo a causa de la alternancia en el Poder Ejecutivo que tuvo lugar en el año 2000 y a raíz de la peculiar manera como el Presidente de la República anterior solía manejar y ejercer el mandato popular, durante el pasado sexenio se presentó un especial clima de enfrentamiento entre el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión, a pesar de la buena disposición que siempre se mostró en el seno de esta representación. Esta confrontación política arrojó resultados perniciosos para la buena marcha de la República, entre los que se destaca la falta de un adecuado marco de convergencia institucional para la construcción de acuerdos de Estado. Como parte de la extraña estrategia de confrontación que provocaba el entonces primer mandatario, la ausencia de consensos era imputada de manera injusta y sistemática al Poder Legislativo de la Unión, acusando a sus integrantes de incumplir con sus facultades legislativas y de entorpecer la dinámica del cambio. No obstante que en esta estricta justicia no se le puede atribuir a los legisladores la carga exclusiva de esta tremenda responsabilidad, también es verdad que en el ánimo de los grandes sectores de la sociedad se ha arraigado la percepción de que se encuentra pendiente una batería de ajustes estructurales y que, como presupuesto de éstos, se requiere de una profunda reconversión a diversas disposiciones normativas. Es evidente que desde hace cuatro Legislaturas ninguno de los partidos políticos nacionales ha alcanzado la mayoría suficiente para orientar por sí mismo el sentido de los cambios que debe experimentar la ley y, por otro lado, si bien existe un consenso unánime en el sentido de que se tienen que impulsar esos ajustes, es claro que sobre el sentido de los mismos existe una diversidad al menos tan extensa como la variedad de las fuerzas representadas en las cámaras. Todo lo anterior nos lleva a considerar que, como requisito ineludible para la actualización del marco legal que nos está exigiendo la sociedad, es indispensable un intenso ejercicio de concertación y la urgente necesidad de celebrar acuerdos entre las distintas partes que componen el espectro político de la nación. Por otro lado, en sí misma considerada la reforma al estatuto del poder público, es otra de las asignaturas pendientes de cumplir que desde hace tiempo, mucho tiempo, la clase política tiene para con la sociedad civil. Y es que para conseguir una reforma legal que cale tan hondo en las estructuras que su sola aplicación sirva para modificar de manera sustancial la situación de grandes grupos de mexicanos, estimamos que como indispensable antecedente de la misma tiene que darse con anticipación, la revisión y posible redefinición de las estructuras del poder público. La razón fundamental de nuestro apoyo radica en la convicción a la que hemos arribado, en el sentido de que la ley que ahora se debate puede ser el instrumento más idóneo para conseguir una reforma del gobierno que resulte, sino completamente definitiva, sí por lo menos a la altura de las expectativas que tiene la sociedad y que reclama con justa razón. Hemos apreciado que la Ley para la Reforma del Estado sería una especie de disposición marco que serviría para establecer ante todo una extensa agenda de temas que se proponen para la discusión. Insisto, es una especie de ley marco porque establece el ámbito preciso para la concertación de los más diversos agentes de la vida política institucional del Estado mexicano. Uno de los defectos de anteriores intentos de concretar una profunda reforma a las estructuras del poder, consistió en la excesiva prolongación de lo que en muchos casos acabaron siendo estériles debates que terminaron por dispersar y anular el esfuerzo dedicado de estos proyectos. En cambio, la ley que se propone establece una vigencia que terminaría en el curso de un año, en el que de manera inexorable quedarían sentadas las bases para analizar, discutir y hacer propuestas para transformar las estructuras del gobierno en beneficio de la población. La Ley para la Reforma del Estado, concluyo, es un esfuerzo serio y responsable para restaurar el diálogo institucional como una de las herramientas más eficaces para perfeccionar el ejercicio de la democracia. Pero, sobre todo, es un instrumento certero para reivindicar los espacios del Congreso, como la serie más privilegiada para que resuenen los elevados debates de la República. En razón de lo anterior, compañeros legisladores, solicitamos su voto aprobatorio. Es cuanto. Muchas gracias.