La diputada Holly Matus Toledo: Con su venia, diputado presidente. Compañeros diputados y compañeras diputadas de esta honorable Cámara. En un país democrático los asuntos públicos se encuentran abiertos al escrutinio social. La transparencia y la objetividad muestran la congruencia, la eficiencia, la efectividad del quehacer institucional. Dicha responsabilidad tiene vínculos con la democracia. Los regímenes no democráticos encuentran en la opacidad y en la impunidad herramientas de elusión de responsabilidad. Con base en estas consideraciones, podemos decir que el informe presentado es insuficiente, generalizado, ambiguo, sin una medición de impacto social, con grandes subejercicios durante el 2008. Es decir, poco transparente, poco confiable y por ende, poco creíble. En el área de política social podemos observar que las acciones implementadas son de mercadotecnia, asistencialistas y de discurso hueco, en donde las personas son consideradas como objetos de desarrollo y no como sujetos del mismo. Los programas de combate a la pobreza dirigidos a mujeres y a indígenas no permiten conocer el impacto que tienen en el abatimiento de los bajos índices de desarrollo humano y tampoco promueven el desarrollo personal. El Programa de Guarderías y Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras recibió recursos por mil 500 millones. Éstas se crearon al vapor y resultan un gran negocio para quienes las manejan. Las reglas de operación son poco claras y la capacitación es deficiente y no integral. No existe un proceso de certificación continua del personal ni tampoco de los espacios físicos. Además, el servicio pretende apoyar a las madres para que se incorporen al mercado laboral; sin embargo, las condena a trabajar en el sector informal que elaboran para gozar de estas guardería. Asimismo, encasilla a las mujeres que laboran en estos centros como cuidadoras de los otros, con trabajos mal pagados, sin seguridad social y sin posibilidades de crecimiento. Con la implementación de este programa, el Estado evade sus responsabilidades en cuanto a protección y seguridad social. Además, pareciera que la visión gubernamental de los programas sociales enfocados a las mujeres tiene solamente un matiz económico. En el ejercicio de la salud como un derecho, no ha sido posible garantizarlo pues la medicalización de la salud ha impedido realizar acciones de promoción y prevención para la salud, pues sólo se ejerció el 71.4 por ciento del total asignado. Considerando que el 85 por ciento del total de atención médica se dirige al primer nivel, es increíble que ese ejercicio no pueda ser dado en su plenitud. En el tema de cáncer cervicouterino, se realizaron durante 2008 un total de un millón 622 mil 816 citologías cervicales, en las cuales se detectaron 11 mil 882 mujeres con lesiones de alto grado y 880 casos de cáncer invasor, los cuales fueron tratados con financiamiento del Fondo de Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Pero, ¿quién cubre a las más de 11 mil 882 mujeres con lesiones de alto grado? Nadie. Vale la pena revisar el destino final de los padecimientos que está atendiendo el Seguro Popular. El tema de violencia hacia las mujeres ha tenido diversos puntapiés. A través de diversas trabas ideológicas se han implementado por parte del jurídico de la Secretaría de Salud, se retrasó la publicación de la Norma Oficial Mexicana y tampoco se dio un ejercicio oportuno de los recursos destinados para los refugios. Las caravanas de la salud son otro problema que es necesario que se audite, pues habiéndose transferido un total de más de 240 millones de pesos, en el segundo informe de labores de la Secretaría sólo se informa de resultados de producción de servicios más no del impacto que ha tenido este modelo de atención. Las acciones emprendidas hacia los pueblos indígenas muestran un bajo presupuesto aplicado para atender graves rezagos que enfrentan en materia de infraestructura básica, educación, salud, apoyo de proyectos productivos y procuración de justicia. Sólo el 1.2 por ciento del presupuesto total. En el informe presentado también se puede observar un subejercicio por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tenemos graves dudas sobre el fortalecimiento de los programas y acciones de carácter asistencialista. Una visión de indigenismo que creíamos que ya se había superado; que considera a los pueblos indígenas como menores de edad y no como constructores de su propio destino. Concluyo diciendo que necesitamos garantizar la gobernabilidad del país. Sin embargo, ésta se basa en que el Estado acredite, en efecto, que cumple con la finalidad por la cual fue creado. El Grupo Parlamentario del PRD considera necesario dotar de un carácter institucional a la política social; una visión integral y de largo plazo; una visión que considere a los sujetos sociales como sujetos de derecho?