EL PRESIDENTE: Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Iniciativas de los ciudadanos diputados. Tiene la palabra el diputado Eduardo Abraham Leines Barrera, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EL C. DIPUTADO EDUARDO ABRAHAM LEINES BARRERA. Con el permiso de la Presidencia Compañeras y compañeros diputados: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, hago uso de la voz en esta tribuna de la Nación a nombre de mis compañeros diputados integrantes de la Comisión de Salud... (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Con permiso de la Presidencia; compañeras y compañeros diputados. Con fundamento a lo dispuesto en la fracción II del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los artículos 55; 56 y 62 del reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Hago uso de la voz en esta máxima tribuna de la nación a nombre de mis compañeros diputados integrantes de la comisión de salud del Partido Revolucionario Institucional de esta LVIII Legislatura, del honorable Congreso de la Unión. Respetuosamente, sometemos a su amable consideración un asunto que es de urgente atención nos referimos a la iniciativa con proyecto de decreto a "elevar a rango constitucional el derecho a La alimentación nutritiva", proponiendo adicionar al artículo 4o. constitucional, un cuarto párrafo, recorriendo los actuales para quedar como sigue: "Toda persona tiene derecho a una alimentación que le asegure una nutrición adecuada para su desarrollo físico-emocional e intelectual. La ley señalará las medidas para garantizar que a los alimentos se incorporen un mínimo valor de nutrientes". EXPOSICION DE MOTIVOS Alimentarse es una acción fisiológica que implica efectos y consecuencias que crean el marco de desarrollo de los individuos. La acción fisiológica de nutrirnos por medio de los alimentos está íntimamente ligada con las condiciones socio económicas y culturales. Para sostener la posibilidad de vivir y que los órganos internos lleven a cabo sus funciones. La. Acción Dinámica Específica, se refiere a la energía necesaria para convertir los alimentos en energía (proceso digestivo). Las actividades físicas como correr, leer o atender las actividades domésticas llevan al sujeto a una demanda de energía determinada: si la actividad física es fuerte, su demanda aumentará, por lo tanto su ingesta de nutrientes deberá ser más alta. En contraste quienes realicen actividades físicas de baja demanda energética, requerirán una ingesta de nutrientes adecuada a su actividad. De, una buena o mala nutrición, situación que en todo momento será reflejo de la calidad de nuestra alimentación, van a depender una serie de situaciones que afectan no sólo al organismo como ente biológico, ya que es fundamental, sino que interfieren de manera definitiva en las posibilidades de desarrollo integral de cada ser humano, la desnutrición, es un obstáculo para las oportunidades de desarrollo de quien la padece. El desbalance entre los nutrimentos requeridos y los ingeridos provoca la desnutrición. Aunque ésta es una enfermedad causada por múltiples factores, la podemos diferenciar en dos grandes ramas: la primaria o social que es la que resulta de la pobreza, que se expresa en la falta de acceso de amplios sectores de la población a los alimentos necesarios; y la secundaria, que es la resultante de otro proceso patológico previo. La desnutrición social, que es una enfermedad de quienes se subalimentan y ocasiona un circulo vicioso de desnutrición-pobreza desnutrición, difícil de romper. Las personas desnutridas se enfrentan a las situaciones cotidianas de la vida con menos instrumentos, con menos capacidades. En general, la persistencia de la desnutrición tiene graves repercusiones sobre los niños, la sociedad y el futuro de la humanidad. Cabe mencionar que los niños menores de cinco años de edad que se encuentran en pleno crecimiento y desarrollo son los más vulnerables ya que al estar desnutridos, son más susceptibles a enfermarse. Contrariamente a lo que muchos piensan, el problema de la desnutrición no se limita a si un niño puede satisfacer su apetito. Ese niño puede ingerir una cantidad suficiente de alimentos como para calmar su hambre inmediata, y estar, sin embargo, desnutrido. La desnutrición es una emergencia silenciosa. Tres cuartas partes de los niños del mundo que mueren debido a causas relacionadas con la desnutrición son niños a quienes los expertos en nutrición califican de leve a moderadamente desnutridos y que a los ojos de un lego no muestran signos o síntomas de problemas: Como fenómeno, esta cantidad de muertes es una proporción que no tiene precedentes en la historia de las enfermedades infecciosas desde la época de la peste negra. Y sin embargo, no se trata de una enfermedad infecciosa. Cualesquiera que sean las interpretaciones, las dimensiones de la crisis en materia de nutrición están relacionadas con la muerte y la incapacitación de niños en gran escala, con miles de mujeres que aumentan las estadísticas de mortalidad materna debido en. parte a carencias nutricionales, y con el costo social y económico que limita el desarrollo. Su poder destructivo se hace sentir en los millones de sobrevivientes que padecen discapacidades, sufren una mayor propensión a contraer enfermedades durante el resto de sus vidas o quedan mermados intelectualmente. Se trata de un fenómeno que amenaza a las mujeres y las familias y que, en última instancia, pone en peligro la existencia misma de sociedades enteras. Como se observa, el consumo de alimentos y la nutrición están estrechamente relacionados con los recursos de que pueden disponer las familias. Por esta razón es relevante conocer el diagnóstico nutricional de los mexicanos, qué alimentos consumen las familias mexicanas según su ingreso, y que nutrientes obtienen de ellos. En los últimos años, se ha observado el crecimiento de la inseguridad alimentaría. Si en 1990 e132% de la población reportaba algún grado de inseguridad; en 2000 la cifra aumentó a 45 puntos porcentuales. Los resultados del análisis actualizados al 2000, que abarcan todos los estados de la República y con un universo de 99 millones 582 mil 251 habitantes, ubicaron a los grupos poblacionales que padecen problemas de alimentación en las entidades con mayores niveles de pobreza. Sin embargo hay casos como el del Distrito Federal, que también se integra al mapa de la hambruna y la malnutrición. Los estados que ocuparon el primero y segundo lugares en la categoría de inseguridad alimentaría extrema fueron los de México y Guerrero, con dos millones 192 mil 715 habitantes y dos millones 477 mil 128, respectivamente. En tercer sitio se ubicó el Distrito Federal, con un millón 586 mil 706 personas. Le siguieron Oaxaca y Chiapas, con 947 mil 579 y 925 mil 881, en la misma relación. En el estrato inferior, denominado inseguridad marcada, repiten el Estado de México, con ocho millones 678 mil 293 habitantes; Distrito Federal, dos millones 135 mil 557; Chiapas, un millón 156 mil 223, y Oaxaca, un millón 570 mil 959. Dichos grupos, que se ubican en diferentes grados de pobreza, gastan alrededor de 60% de su ingresó en la compra de comestibles. Entre ellos, los más vulnerables son los niños, las madres lactantes, las mujeres embarazadas, los ancianos, los desempleados y subempleados, además de los migrantes, por citar algunos. Este panorama "de subconsumo y de creciente brote de hambre abierta se convierte en un factor permanente de riesgo y de conflicto social", de ahí que los especialistas concluyan que la seguridad alimentaría es un asunto de seguridad nacional. En la problemática de nutrición por entidades se destaca que los estados más críticos son Oaxaca, Chiapas, Puebla, Veracruz, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Yucatán, Michoacán y Guanajuato. De acuerdo con sus datos, los problemas de nutrición se acumulan en 4.5 millones de familias, de las cuales dos terceras partes, o sea 3 millones, están en las zonas críticas; el otro millón y medio se encuentra en áreas más dispersas, la mayoría, en las zonas periféricas de las ciudades. Ahora bien, si se considera que el promedio de miembros por familia es de seis, sobre todo en zonas rurales, existen alrededor de 18 millones de habitantes en las zonas más afectadas y 9 millones más que observan problemas importantes de nutrición. El punto más serio es que estos 4.5 millones de familias siguen teniendo un hijo cada dos o tres años, los que posiblemente formen los hogares del 75% a 80% de los futuros mexicanos. Se afirma que salvo sitios aislados del país tanto, como hambruna, que es la privación total de alimentos, no hay, lo que existe es una "hambre crónica" que se agrava por momentos, sólo que las mismas estrategias de sobrevivencia de la gente enfrentan el problema para que no llegue a una situación de mayor gravedad. Sin embargo, el Presidente Vicente Fox solicitó a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que incluya a México en el Programa Especial de Seguridad Alimentaría (PESA), proyecto que se aplica solo a los países incapaces de brindar los nutrientes necesarios a sus habitantes, confirmo Augusto Simoes López, representante de la FAO en nuestro país. Tal solicitud ocurre en contexto del Día Mundial de la Alimentación (16 de Octubre). Pues según cifras de la Secretaría de Desarrollo Social, 11 millones de personas están desnutridas, 18 millones viven en extrema pobreza y 40 millones no tienen acceso a un salario digno que les permita tener una adecuada nutrición. El representante de la FAO en México explicó que con el PESA México establecerá la seguridad alimentaría para quienes tienen bajo nivel de nutrición, pero aclaró que no se trata dé "darles el pescado", sino de enseñarles a pescar. Explicó que el plan de la FAO será aplicado junto con el programa de las 350 microregiones qué aplica el gobierno mexicano y se integrará a los planes que ya se aplican para. superar la pobreza, como Progresa, Alianza para el Campo y Procampo. Por medio de esa estrategia, dijo, se reduciría el número de desnutridos e impulsará la producción, distribución, almacenamiento y transformación de alimentos agropecuarios. Indicador de desnutrición social En este renglón ¿Qué variables podríamos considerar por su vinculación con el fenómeno de la desnutrición, además de las de marginación, déficit de talla y % de población indígena? Un artículo científico sobre desnutrición infantil menciona "en la desnutrición energético proteica grave se presenta un Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, que a diferencia del de origen virad, es potencialmente reversible". En suma cuando los organismos se hayan gravemente desnutridos, que es lo común en las comunidades pobres, sobreviven las enfermedades, la astenia y la anorexia, que junto con la pobreza genera un círculo vicioso de consecuencias graves para el sistema inmunológico que se debilita poco a poco. De tal manera que las infecciones se desarrollan fácilmente, en un organismo que emaciado por la subalimentación no opondrá resistencia. En las zonas más pobres o marginales del país, el problema se manifiesta en una mortalidad alta por enfermedades gastrointestinales y de vías respiratorias agudas, principalmente de niños en edad preescolar. Como un enfermo de SIDA cuyas defensas están disminuidas en nivel crítico, las personas severamente desnutridas, son igualmente personas con su sistema inmunológico gravemente afectado, aunque el origen de su problema nutricional es reversible. A todo este círculo vicioso entre pobreza extrema, desnutrición, morbilidad y mortalidad se le ha llamado Síndrome de Deprivación Social el mismo que otros identifican como el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida por desnutrición energético proteica grave. Dentro de todo complejo social marginal entonces, la niñez significa el estrato más sensible de la vida del individuo. Por lo que al desarrollo se refiere la etapa infantil en el primer año es el más delicado. Por ello el periodo que se ubica entre los ocho y los 18 meses de edad, es conocido como "El valle de la Muerte". Para los niños en zonas marginales, representa el mayor escollo que tienen que salvar, dado que uno de cada cinco menees mueren y tres de cada cinco salen con algún grado de lesión en su desarrollo físico y mental. En términos sociales significa que la sociedad tiene en la niñez el punto crítico para su desarrollo. Etapa vital que manifiesta de manera fidedigna cualquier impacto social. A la población infantil por tanto, se tendría que dedicar todo el presupuesto posible para su alimentación, todo el dinero necesario para su educación, no se trataría de un gasto sino de la mejor de las inversiones. Recordemos que la mayor riqueza con la que cuenta un país es precisamente su población. La niñez cuyo periodo mas importante llega a los seis años, en el contexto general de la población es justamente a quien menos se les toma en cuenta. Los niños generalmente a esa edad no se les da importancia, por el contrario no pocas veces son una carga y por consiguiente no tienen la atención debida. Para el gobierno tal sector social, a pesar de ser el más numeroso; es el menos atendido. Prueba de ello es por ejemplo, que no existen programas de apoyo a la alimentación y nutrición, similares a los desayunos escolares que se imparten a niños de cuatro años en adelante, en etapas más tempranas de la infancia. El apoyo debería ser incluso a las madres en gestación y lactancia, que representan justamente los periodos donde los organismos reciben sus primeros impactos al desarrollo. Ubicación de la desnutrición. El indicador mixto de estado de desnutrición social, ubicó a nivel municipal, las regiones definidas como de "trinchera", desde donde los grupos de mayor marginación entre los marginados y portadores de las antiguas culturas mesoamericanas defienden su cultura y su forma de vivir ahora más amenazadas que nunca. Ubicó también las áreas suburbanas que conforman considerables cinturones de miseria en torno a las grandes ciudades, principalmente en razón de las migraciones masivas de las áreas rurales en extrema pobreza a la ciudad. A primera vista en un enfoque general se observa al país partido a la mitad en dos grandes zonas, prácticamente dos "países", que corresponden al México del norte, donde predominan los problemas de nutrición de moderados a bajos; y el México del centro y sur donde encontramos predominantemente las categorías de desnutrición severa e Importante. Entrando en detalle encontramos que de la mitad norte del país, sólo la franja de la Sierra Madre Occidental que corresponde con la Sierra Tarahumara y la Sierra de los Tepehuanes es la que "rompe" con la categorización del norte, dado seguramente por las comunidades indígenas de la zona. Alimentos que consumen los mexicanos por niveles de ingreso y tipos de nutrientes que les proporcionan. La creciente oferta de comestibles y el hecho de que los avances científicos y tecnológicos hayan incrementado la producción mundial de alimentos, permite que la oferta de comestibles sea tan diversa como las exigencias de los consumidores. Sin embargo en México 31'241,990 personas tienen severa, importante o moderada desnutrición y los restantes 69'507,569 baja desnutrición. Antes que un asunto de disponibilidad de alimentos, el problema hambre obedece principalmente a la capacidad económica de las personas para adquirir los nutrimentos necesarios para su subsistencia Por otro lado, la Universidad Obrera de México (UOM), indica que hasta agosto de 2001 con el salario mínimo prevaleciente en el país, de 40.35 pesos, únicamente se podía adquirir 21.6% de una canasta básica calculada en 186.49 pesos. Visto así, señala, los sectores de la población que sobreviven con menos de cinco salarios mínimos padecen inseguridad nutricional. En 1999 había por lo menos 30.6 millones de mexicanos con empleo que percibían de cero a tres salarios mínimos, lo cual indica que este segmento de la población no puede satisfacer los requerimientos mínimos para alimentarse, resalta la UOM. El nivel y la calidad de la alimentación entre la población ha atravesado por varios altibajos a lo largo del tiempo, sin embargo en la década reciente la malnutrición se ha agravado. Pero ¿cómo es que esta última ha avanzado?, ¿en dónde se ubican los principales focos rojos? y ¿cuáles son los grupos más vulnerables? Con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, la relación entre participación económica y nivel de ingresos de la población permite saber que de la población ocupada con ingresos, el 68.64% tiene ingresos menores a tres salarios mínimos; incluye a la población ocupada que no recibe ingresos, (8.35%); y el 20.67%, que recibe de 0 a un salario mínimo. El restante 31.46 % recibe tres salarios o más. Cabe mencionar que en el estado de Chiapas el 82.48% de la población ocupada recibe menos de tres salarios mínimos, seguido de Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Yucatán, y Tlaxcala. El Estado que tiene menor porcentaje de población con ingreso menor a tres salarios es Baja California con 45.83 mexicanos. En número de población, este 68.64% representa 23' 152,506 mexicanos. Necesidades nutricionales por etapas de desarrollo Los nutrientes son elementos químicos que el organismo necesita para desempeñarse adecuadamente. Hasta ahora, se han descubierto 40 nutrientes y se requiere para tres fines: proveer energía, crear y reparar células y regular los procesos orgánicos, estos no se podrían realizar sin los elementos químicos de los nutrientes. En cada etapa de desarrollo varía la importancia del metabolismo basal. Al nacer es muy alto y después de los dos años empieza a disminuir. declina a partir de los 25 años, y más significativamente después de los 40. Si después de esa edad no disminuye la ingesta de alimentos, se tendrá un aumento gradual de peso, solo por la reducción del metabolismo basal. Debido a los cambios demográficos que ha presentado el país, los cuales se han reflejado en la participación de la mujer en el mercado de trabajo, la disminución de los miembros de la familia, la reducción del tiempo para preparar los alimentos, la apertura comercial y las modas, entre otras razones, los patrones alimentarios del mexicano se han transformado. Ahora bien en México existen cinco dietas básicas: 1. Los grupos considerados como obres, aquellos que no perciben más de dos salarios mínimos y cuyas familias cuentan con cinco integrantes en promedio, consumen tanto productos tradicionales (tortilla, fríjol y Chile) como alimentos chatarra (tortas, refrescos, embutidos de baja calidad, frituras y pastas). Como fuente de proteína animal comen vísceras, retazos y huevos. Producto de esta dieta, la gente desarrolla enfermedades crónico degenerativas. 2. La clase media se caracteriza por adquirir las novedades de la industria alimentaría, de modo que es la principal consumidora de la comida rápida. Asimismo demanda embutidos y derivados lácteos. Empero, este estrato también resiente en sus ingresos los efectos de la oscilación económica, por lo que puede abandonar su dieta o bien reducirla en cantidad y calidad. 3. El patrón light, que básicamente abarca a las mujeres menores de 30 años, incorpora productos que favorecen el cuidado de la estética. Aunque se trata de una categoría bien focalizada; tiende a extenderse a otros grupos sociales. 4. La "ola naturista" integra alimentos con alto contenido de fibras y sin grasas para evitar la aparición de enfermedades crónico-degenerativas; su público objetivo es la gente informada respecto al cuidado de la salud. 5. El tipo orgánico, totalmente natural, atiende aun pequeño grupo de elite, aunque con el tiempo permea a otras capas sociales. Para responder al cambio en los hábitos de vida y consumo de la población, la industria alimenticia tiene que hacer gala de innovación y creatividad a fin de ofrecer productos nutritivos y atractivos, pero a precios accesibles. Esta condición ofrece alternativas de negocio no sólo para las compañías procesadoras de alimentos, sino también para los proveedores de insumos primarios y aditivos alimenticios que garanticen la calidad de los alimentos ready to eat, es decir, listos para comer. Las empresas especializadas en la importación y producción de gomas e hidrocoloides, compite por un mercado valuado en 720 millones de pesos anuales, y de su cartera de 300 clientes destacan Cadbury Schweppes, Jarritos, Derivados de Fruta, Bimbo, Kraf, Unilever, Sabritas, Alpino, Parma, Nestlé, Sigma Alimentos, Gari, Chocolates Turín, Grupo Lorena, Michel y-Vlazapán La Rosa, entre otros. Dentro de la industria alimenticia de productos procesados, donde hay seis unidades estratégicas: bebidas y emulsiones liquidas que son todos los refrescos carbonatados, jugos, néctares, bebidas saborizadas, eñergizantes, isotónicas y funcionales. Cárnicos, fundamentalmente todo lo que son embutidos como jamones, salchichas, mortadelas, salamis. Panificación que incluye mermeladas de depósito, de relleno y horneables, así como betunes, crema pastelera y de recubrimiento. Los lácteos y sus derivados, esto es; yogur, quesos, cremas helados, sorbetes, que se suman a las unidades de postres y confitería, así como a la de salsas y aderezos. México es uno de los mercados más importantes y estratégicos de Latinoamérica, debido al alto grado de desarrollo tecnológico de las empresas y por los 100 millones de consumidores. Para muestra, se cita el consumo per capita de refrescos, el cual se ubica en 60 refrescos de ocho onzas. La energía que requiere el ser humano Para tener datos más precisos sobre los requerimientos de energía del ser humano, es necesario sumar a las calorías gastadas en el metabolismo basal, las de la actividad física y las usadas en la acción dinámica especifica. El metabolismo basal es el monto de energía para sostener la posibilidad de vivir y que los órganos internos lleven a cabo sus funciones. . En la actualidad, como se ha mencionado, la manera de alimentarse del ser humano es resultado de una serie de hábitos acumulados a largo de su vida. Sus preferencias por ciertos alimentos están determinadas por la cultura y la disponibilidad de alimentos que haya en el sitio en que vive. En ocasiones, los hábitos alimentarios no siempre traen como resultado una alimentación adecuada, algunas veces por no tener a la mano los alimentos y otras por carecer de principios básicos de nutrición. De cómo se alimentan las personas, los nutrientes que asimilen y las actividades que desarrollen depende una nutrición adecuada, o en su caso la desnutrición. Las carencias nutricionales Cuando la ingesta no es la adecuada, se producen una serie de trastornos que afectan al ser humano y que forman parte de las causas de mortalidad dentro de la población de todas las edades en nuestro país. Las calorías como la medida de la energía presente en los alimentos y la razón de ser del metabolismo energético, son el punto de partida para entender qué es el alimento y cómo lo utiliza el cuerpo humano. Enfermedades por carencias nutricionales Como una vertiente de la malnutrición, la desnutrición genera enfermedades según la deficiencia de carbohidratos, proteínas, vitaminas y minerales. Las enfermedades infecciosas aumentan su incidencia al encontrar en los huéspedes desnutridos poca resistencia para defenderse, causándoles mayores impactos que a los individuos sanos. Respecto a la vertiente de la sobrealimentación, las enfermedades relacionadas, incluyen padecimientos de tipo crónico que afectan a un alto porcentaje de la población adulta y mayor del país. Sobresalen un total de 30 padecimientos, todos ellos relacionados a algún trastorno en la nutrición ejemplo: anemias, escorbuto, raquitismo, osteoporosis, diabetes, síndrome de inmunodeficiencia, entre otras. Indicadores de mortalidad por etapas de desarrollo Las enfermedades no solo afectan el metabolismo de las proteínas, sino el de todos los nutrientes esenciales. Así, los niños que sufren de infecciones continuas, tanto intestinales como respiratorias, requieren de un aporte especial de nutrientes. Las variaciones en los requerimientos de los nutrientes, permiten tener información sobre el estado nutricional de la población y las consecuencias en caso de deficiencias de nutrientes, los cuales llegan en última instancia a la muerte. Según los indicadores de mortalidad general en el país, en 1999 la desnutrición y otras deficiencias nutricionales ocupaba el sitio 11 de 22; el número de muertes comparadas con la primera causa, enfermedades del corazón, fue 9 mil 776 y 69 mil 278 respectivamente. Sin embargo, si consideramos otras causas de muerte asociadas a problemas nutricionales como Diabetes Mellitus, en el tercer lugar con 45 mil 632 muertes, más otras como Bronquitis, Infecciones Intestinales, SIDA, Anemia y Tuberculosis, las cifras serían parecidas. La desnutrición y otras deficiencias nutricionales, sin considerar otras enfermedades asociadas, ocupa diferentes posiciones dentro de las causas de mortalidad, según las diferentes etapas de desarrollo. En mortalidad infantil, es la séptima causa, con 1 mil 052 muertes; en preescolar ocupa el quinto sitio, con 467 defunciones; en la etapa escolar se ubica en el lugar nueve, con 162 muertes; en la edad productiva se ubica en el lugar 16, con 1 mil 283 decesos; para. la etapa postproductiva el lugar es el octavo; con 6 mil 737 defunciones. En cuanto a los grupos de edad, de 15 a 24 años y de 25 a 34, la causa de mortalidad en comento se ubica en el lugar 17, con 157 y 178 defunciones, respectivamente. En el grupo de 35 a 44 años sube un poco y se posiciona en el lugar dieciséis, con 206 muertes; en el grupo de 45 a 54 años vuelve a subir hasta la posición 13, con 298 muertes. Finalmente en el grupo de 55 a 66 años baja al lugar 14, con 444 decesos: Las carencias nutricionales y los efectos en cuanto a la salud La desnutrición es el resultado de una compleja interacción de diversos factores que abarcan aspectos tan dispares como el grado de acceso de las familias a los alimentos, la atención materno infantil, el agua potable y el saneamiento ambiental. En su nivel más básico, la desnutrición es causa de enfermedades y consecuencia de una ingesta alimentaría inadecuada: combinación debilitante, riesgosa y con frecuencia letal. Pero además de los aspectos fisiológicos, la desnutrición se relaciona también con muchos otros factores, entre ellos los de índole social, político, económico y cultural. Cada tipo de desnutrición mina y destruye el organismo humano de manera diferente. La carencia de yodo puede afectar la capacidad intelectual; la anemia es una de las causas de las complicaciones del embarazo y el parto causando incluso la muerte tanto de la madre como del producto. La carencia de ácido fólico en las embarazadas puede provocar a los hijos problemas congénitos, como la espina bífida y la carencia de Vitamina D puede ser causa de deformaciones óseas, incluso de raquitismo; solo por poner algunos ejemplos. Las investigaciones demuestran que existe una relación entre la desnutrición a edad temprana -incluso durante el crecimiento del feto- y el posterior desarrollo de enfermedades crónicas como las enfermedades coronarias, la diabetes y la alta presión arterial. Esto representa preocupación en aquellos países donde la desnutrición ya es un problema grave. Los niños desnutridos tienen una mayor tendencia a morir como consecuencia de las enfermedades comunes de la niñez. Entre estas se encuentran las infecciones respiratorias y gastrointestinales, la principal causa de muerte en los menores de cinco años. Lo más grave es que los efectos nocivos de una nutrición insuficiente no son del todo reversibles. Tal vez un niño afectado por desnutrición en un momento dado pueda recuperar peso y talla, pero la maduración del sistema nervioso y por tanto del cerebro, ya no se recupera, por lo que los daños son permanentes. Los efectos en la educación Las consecuencias sociales de la desnutrición superan el ámbito de la supervivencia infantil y la mortalidad y morbilidad materna. Los niños desnutridos, a diferencia de los que reciben buena alimentación, no sólo padecen incapacidades de por vida y el debilitamiento de su sistema inmunológico. Los efectos en la educación son graves: los niños desnutridos no tienen la misma capacidad de aprendizaje y de asimilación de conocimientos que los niños que disfrutan de una nutrición adecuada, son apáticos, con dificultades para concentrarse en una actividad y con deficiencias en su maduración intelectual. En los niños de corta edad, la desnutrición disminuye la motivación y la curiosidad y reduce el nivel de juego y de actividades de exploración e investigación. Estos efectos limitan el desarrollo mental y cognoscitivo al disminuir las relaciones de los niños con el medio que los, rodea y con las personas que los cuidan. Tratándose de la deficiencia de nutrientes específicos: En el caso de las mujeres embarazadas, la desnutrición, y especialmente la carencia de yodo, puede producir en los hijos diversos grados de retraso mental. En la primera infancia, la anemia por carencia de hierro puede retardar el desarrollo psicomotor y afectar el desarrollo cognoscitivo mediante la reducción del coeficiente intelectual en unos 9 puntos. Esta carencia afecta la capacidad de los niños para obtener la información más relevante de lo que escuchan o leen; la suplementación del mineral y la corrección de la deficiencia no llevan a la superación del problema. Los niños aún cuando ya no padezcan anemia les cuesta más trabajo obtener información relevante en comparación con infantes que no hayan presentado la deficiencia. Asimismo, presentan problemas de coordinación y equilibrio y tienen conductas más retraídas y vacilantes. La capacidad de los niños se ve afectada: Para relacionarse con el medio ambiente y obtener conocimientos de su entorno y puede causar la disminución de su capacidad intelectual. Refiriéndonos a los niños de edad preescolar que sufren anemia, presentan dificultades para mantener la atención y para distinguir entre diversos estímulos visuales. También se ha establecido que existen relaciones entre la carencia de hierro y el desempeño escolar deficiente de los alumnos primarios y los adolescentes. Como se observa, evitar la anemia por carencia de yodo y hierro; que amenaza a millones de niños, es fundamental cuando se quieren mejorar los sistemas de educación. La baja resistencia que tienen los niños desnutridos ante las enfermedades reduce la eficacia de los considerables recursos que se invierten en garantizar que las familias cuenten con acceso a los servicios básicos de salud y saneamiento ambiental. Y los perniciosos efectos de la desnutrición en el desarrollo cerebral y el desempeño intelectual comprometen las inversiones del gobierno en la educación básica. A la larga el resultado es un menor desempeño escolar, menor aprovechamiento y luego entonces pocas herramientas para salir del circulo vicioso desnutrición -pobreza- desnutrición. Los efectos en el desarrollo productivo En un entorno de alta competitividad económica, la salud de la población, la cual comienza con una nutrición adecuada, es una condición indispensable. Los niños desnutridos que superan la infancia son adultos con limitadas capacidades físicas e intelectuales, presentan dificultades para desempeñar eficientemente sus labores y para establecer relaciones sociales; les falta madurez intelectual. Esto genera a su vez niveles reducidos de productividad y tasas elevadas de enfermedades crónicas y discapacidades, que se agravan en sociedades que no cuentan con los recursos económicos necesarios ni siquiera para brindar los más elementales servicios terapéuticos y de rehabilitación. En muchos puestos de trabajo existe discriminación para las personas con deficiencias físicas o psíquicas, muchas de ellas generadas por problemas nutricionales. Aproximadamente, un 70% de los discapacitados en edad laboral están ausentes del mercado laboral. En el plano familiar, los crecientes costos y presiones que la discapacidad y las enfermedades relacionadas con la desnutrición imponen a quienes atienden a las personas, tienen resultados devastadores para las familias pobres, especialmente para las madres que reciben poca o ninguna asistencia de unos servicios sociales sobrecargados de trabajo. Cuando esas pérdidas, que suceden en el seno familiar, se repiten millones de veces en el plano social, afectan el desarrollo nacional. Se calcula que las carencias de vitaminas y minerales cuestan a algunos países el equivalente de más de un 5% de su producto nacional bruto en vidas perdidas, discapacidad y menor productividad. "Atender su problema nutricional no es tan difícil; -coinciden los especialistas muchos países como Sri Lanka, China, Costa Rica, Chile y Cuba, entre otros, han tenido buenos resultados con programas técnicamente dirigidos, de detección de la desnutrición y su atención; del enriquecimiento de alimentos básicos a bajo costo, de seguridad alimentaría familiar y no se ve por qué no se pueda hacer en México, un país que tiene la economía número 7 del mundo, pero que ocupa el 55 con relación a la salud". Los mexicanos, victimas del "bombardeo" de productos industrializados o "chatarra" se enfrentan a constantes programas alimentarios, con efectividad sólo política y sexenal, a una limitada orientación en la materia y a la escasez de nutriólogos, lo que impide superar décadas de mala nutrición. Algunos programas alimentarios han costado a nuestro país entre dos y tres mil millones de dólares anuales y su efectividad ha sido solamente de entre 3 y 18% en el combate a la desnutrición. El Departamento de Asistencia Alimentaría del DIF, acepta que el poderío de redes alimentarías transnacionales, con impacto mercadotécnico difícil de enfrentar con los recursos que se destinan a las instituciones dedicadas a la seguridad alimentaría, causan que "Gansito y papitas maten el desayuno escolar". Anualmente 15 mil niños fallecen por desnutrición; además, las zonas detectadas hace 40 años con población mal alimentada tienen todavía el problema y en más de 50% de los municipios del país, sus habitantes enfrentan una severa desnutrición. Y mientras el refresco de cola suple a la leche, las papas a las verduras y los pastelitos a la fruta, sólo 10% de los más de cuatro mil egresados nutriólogos del país atienden las deficiencias alimentarías y desnutrición del 80% de los mexicanos. Asimismo, no se ha logrado superar los rezagos en materia nutricional, por la lucha desigual que existe con poderosas transnacionales que llegan con sus productos "chatarra" a regiones de difícil acceso y apartadas de la urbanización, con dificultad las instituciones dedicadas al apoyo alimentario llevan frijol y arroz, cuando las papas, los refrescos y otros productos ya están invadiendo las mas apartadas tienditas. Sin embargo, la urgente necesidad de emprender "una mercadotecnia social", o campañas de orientación alimentaría; similares a las que se transmiten con los productos chatarra para contrarrestar los efectos que esos mal llamados alimentos tienen en la dieta del mexicano. Incluso, ya se puso en marcha un proyecto piloto en Hidalgo, Quintana Roo y Coahuila para demostrarle al mexicano que le sale más caro gastar en productos industrializados, que en alimentos que lo nutran. Conclusiones En términos de desnutrición el problema fundamental no se encuentra en la disponibilidad de los alimentos sino en su accesibilidad. Así, él acceso a los nutrientes esta en función de la capacidad de compra. De la relación entre los factores siguientes: ingreso por desiles de los hogares, tipo de alimentos que consumen las familias, nutrientes que les aportan estos alimentos, enfermedades que producen las carencias de nutrientes (proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales), se encontró lo siguiente: Tanto las enfermedades como la malnutrición se debe a la ingesta desequilibrada de proteínas, carbohidratos y grasas, vitaminas y minerales. La ingesta deficiente o desequilibrada de estos nutrientes se observa en el 10% más pobre de la población. En este grupo poblacional se consumen más carbohidratos que proteínas, lo cual está directamente relacionado con el bajo ingreso. Los efectos últimos son la mortalidad, principalmente en las etapas preescolar y postproductivas y las deficiencias e incapacidades en los ámbitos de la salud, la educación y el desarrollo productivo. Las políticas, programas y en general acciones para abatir los efectos sociales de la falta de alimentación no han logrado los objetivos planteados porque existen otros factores relacionados: sequías, incapacidad financiera de los productores para adquirir tecnología y producir, manipulación del abasto o de el mercado entre otros problemas del campo. De acuerdo al diagnóstico nutricional a nivel de municipio que realizó el Instituto Nacional de Nutrición "Salvador Subirán": en 667 municipios (27.8%) existen problemas de desnutrición severa; en 534 municipios, ésta es importante; en 283 es moderada y solo en 819 -que representan el 34.1%- la desnutrición es baja. Considerando la cantidad de población, un total de 31 millones 241 mil 990 personas tienen severa, importante o moderada desnutrición y 69 millones 507 mil 569 baja. En síntesis, los efectos graves de la falta de alimentación los sufren los niños y los ancianos más pobres. Distinguidas y distinguidos diputados Nuestra obligación política y moral es velar por el bienestar de nuestros compatriotas, en nosotros han confiados gran parte de su porvenir, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de legislar para ofrecer un entorno integralmente equilibrado. Con la aprobación de un cuarto párrafo al artículo cuarto constitucional, nos aseguramos de garantizar que los alimentos que consumamos tengan el mínimo de micronutrientes, estableciendo para esto entre otras las siguientes medidas: a) Que el estado de elija como garante de que toda persona tenga derecho a una adecuada nutrición, que los alimentos que ingiera la población en su generalidad contengan los nutrientes mínimos y que permitan estos a su vez, un adecuado desarrollo integral dentro de la sociedad. b) Que el estado controle y regule la calidad de lo que consumimos, indicando a la industria alimentaría el cumplimiento de este precepto. c) Que el estado garantice la alimentación a los grupos vulnerables, ampliando sus programas existentes y/o creando otros. d) Que las instancias gubernamentales, áreas científicas, medios de comunicación, agrupaciones civiles e internacionales, entre otras, se corresponsabilicen en dar una educación dietética permanente. Con esta propuesta legislativa Primero. Nos mantenemos a la vanguardia y actualizados como un país en vías de desarrollo. Segundo. Como pueblo aceptablemente nutrido, seremos más competitivos en este mundo cada día más globalizado; recordando que un país sano es un país productivo. Tercero. Con esto se fortalece el derecho a la salud ordenado por nuestra Carta Magna. Basado en éstas reflexiones y razonamientos, solicito a los integrantes dé este honorable Congreso la sensibilidad necesaria para aprobar esta iniciativa, ya que con ello quedará de manifiesto nuestro trabajo honesto y responsable que como poder legislativo sustentamos, defendiendo nuestras garantías constitucionales. El problema de una alimentación nutritiva para el pueblo de México es antiguo, los afanes por enfrentarlo lo son también, en pasadas legislaturas como en la presente, diversos grupos parlamentarios han expuesto diversas iniciativas con la finalidad de superar este rezago que tanto y tan negativamente impacta a la sociedad mexicana, como he tratado de mostrarlo en-la exposición de motivos precedente y siendo responsabilidad del estado ser garante de la satisfacción de las necesidades básicas de la población, se propone en esta iniciativa realizar las reformas legales que las contemplen y hagan efectivo su ejercicio. Y con el marco esencial de la Constitución, desplegar otras iniciativas en los niveles normativos secundario y terciario que den los ordenamientos que guíen y movilicen a las instituciones públicas y privadas involucradas en la cadena alimentaría nacional. Finalmente y en base a todo lo anteriormente expuesto, sometemos a esta honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto de "Elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación nutritiva", proponiendo adicionar al artículo 4o. Constitucional, un cuarto párrafo, recorriendo los actuales para quedar como sigue: Toda persona tiene derecho a una alimentación que le asegure una nutrición adecuada para su desarrollo físico-emocional e intelectual. La ley señalará las medidas para garantizar que a los alimentos se incorporen un mínimo valor de nutrientes. Del mismo modo se establecerá la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, de acuerdo a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 Constitucional. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Suscribe la presente iniciativa de ley los diputados priístas integrantes de la Comisión de Salud. José Socorro Velásquez Hernández, Olga Margarita Uriarte Rico, Enrique Meléndez Pérez, Santiago López Hernández, Arturo León Lerma, Policarpo Infante Fierro, Federico Granja Ricalde, María de las Nieves García Fernández, María Luisa Araceli Domínguez Ramírez, Samuel Aguilar Solís, Héctor Nemesio Esquiliano Solís y Eduardo Abraham Leines Barrera. Esto ha sido un extracto del documento original, por lo que pido se publique íntegramente la iniciativa y ruego a esta Presidencia se turne a las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Salud. Es cuanto. EL C. PRESIDENTE. Muchas gracias al diputado Eduardo Abraham Leines Barrera y como lo solicita, que se publique íntegramente dicha iniciativa en el Diario de Debates y en la Gaceta Parlamentaria. ¿Reitera usted que esté también en Salud, diputado?, porque una iniciativa similar había estado únicamente turnada a Puntos Constitucionales, aquí estaríamos haciendo ya un distingo, ¿cómo lo ve?, o con opinión de salud. De acuerdo. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales con opinión de la Comisión de Salud. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para presentar una iniciativa que adiciona los artículos 33-A y 33-C de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, se le concede la palabra al diputado Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. EL C. DIP. TOMAS TORRRES MERCADO, (desde su curul).Señor Presidente. EL C. PRESIDENTE. Dígame, diputado. Denle sonido a la curul, por favor. Sí, diputado Torres. EL C. DIP. TOMAS TORRES MERCADO, (desde su curul).Gracias, ciudadano Presidente. En este momento personal adscrito a la Secretaría General nos está haciendo entrega de la versión última del orden del día de la sesión. Aparece ya una corrección que era pertinente relativa a una iniciativa de reformas a la Ley que crea el Fideicomiso que Administra el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de apoyo a sus ahorradores. Aparece ya la corrección que era pertinente, que es formulada por el Partido de la Revolución Democrática; sin embargo, ante la Asamblea se había hecho sentir que era del Partido Revolucionario Institucional a petición del diputado Omar Fayad. Le ruego a usted que a virtud de que ante la Asamblea se había hecho la referencia de que no era del PRD, se realice la corrección correspondiente si es usted tan gentil, señor Presidente. Muchas gracias. EL C. PRESIDENTE. A usted, diputado. Efectivamente, existía la confusión porque el diputado Fayad en sesiones previas, había también promovido dicha iniciativa; pero se registra que en esta ocasión en el orden del día de hoy, la iniciativa correspondiente es presentada por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Señor diputado Hinojosa, tiene usted la palabra. EL C. DIPUTADO DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE. Con su permiso, señor Presidente. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal de la VLIII Legislatura del H. Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción II del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto... (Dio lectura a la iniciativa. Insértese) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la fracción ll del artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior, del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de ésta Cámara de Diputados la presente INICIATIVA De decreto por el que se adiciona al artículo 33-A; tres párrafos y se adiciona un nuevo artículo 33-C a la ley para regular las agrupaciones financieras, bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS De acuerdo a los principios generales de derecho, ningún sujeto o corporación, ya sea de carácter público o privado, debe de estar por encima del ordenamiento jurídico ni sujeto a un régimen de excepción. Lo contrario, es atentar en contra del principio de supremacía constitucional y alterar el orden público establecido. Asimismo, el estado debe de velar entre los miembros de su sociedad, sean lo más, equitativas posibles cuando éstos están colocados en condiciones de desigualdad. Allí donde existen desigualdades, debe intervenir el derecho para que, como instrumento del Estado, establezca contrapesos a fin de evitar abusos de grupos que, por razones económicas, resultan más poderosos. En el caso que nos ocupa, las sociedades de información crediticia, al prestar sus servicios a entidades financieras y empresas que por razones obvias representan grandes intereses económicos, hacen necesaria dicha intervención, a fin de que los consumidores que hacen uso del crédito accedan al mismo bajo condiciones justas y equitativas. No es posible, que los servicios que prestan dicha clase de sociedades sé dejen al libre juego de mercado, puesto que el gran público consumidor se encuentra colocado en una posición de desigualdad, ya que el actual marco jurídico que regula la prestación del servicio de información crediticia presenta todavía muchas imprecisiones y vaguedades que tienen. Después de haber hecho una revisión del marco jurídico que rodea a las sociedades de información crediticia, han saltado a la vista varias inconsistencias en cuanto a la forma en que las mismas manejan la información de los consumidores en sus bases de datos, y es por eso que se hace necesario corregirlas. En el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, estamos conscientes de lo anterior y es por eso que hoy sometemos a la consideración de ésta soberanía la presente iniciativa, con la cual se pretende iniciar una regulación más justa al respecto. De igual forma, no dudamos que el servicio de información crediticia sea indispensable para el sano desarrollo del país, pues el mismo ayuda a determinar la solvencia moral de personas físicas y morales, proporcionando servicios que ayudan a minimizar el riesgo crediticio, a la vez que promueve un consumo interno sano y ayuda a mejorar la cultura de crédito, pero asimismo, y en nuestra calidad de representantes populares, debemos de pugnar por que las condiciones en que se presta dicho servicio resulten lo más equitativas posibles para todos los actores que intervienen dentro del ciclo del crédito y de que las sociedades de información crediticia asuman la importante responsabilidad a su cargo, con una actitud de justicia, imparcialidad y respeto por los derechos de los consumidores. En este tenor de idea hemos decidido presentar una iniciativa, por medio de la cual se propone la adición del artículo 33 de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, ya que las operaciones activas, de personas físicas con o sin actividad empresarial y personas morales, se ven sujetas ya no solo a lo que establezca el Código de Comercio o el Código Civil Federal en materia de prescripciones, sino que tienen aún que. enfrentarse al hecho, de que los adeudos que no han podido cubrir o que están en vías de hacerlo, aparezcan ante el Buró de Crédito de manera indefinida, por Id que se refiere al ámbito temporal; por lo que se refiere ala integridad del análisis; se hace necesario que éstas entidades reflejen además de la información negativa que emiten, el porcentaje de créditos pagados oportunamente y los montos de los mismos, a fin de que la entidad financiera o empresa que requiera del historial crediticio del solicitante, tenga la posibilidad de evaluar la capacidad de pago, nivel de cumplimiento y oportunidad para así realmente determinar la viabilidad del otorgamiento de un crédito, que en muchas ocasiones se imposibilita en razón de la "parcialidad deja información". Por lo anterior, se propone que los registros negativos que tengan las sociedades de información crediticia, respecto del comportamiento de los sujetos investigados que hayan cubierto sus adeudos, sea de 3 años anteriores contados a partir de la fecha en que se da el reporte de crédito a un usuario de los servicios de la sociedad. Cabe señalar, que para obtener la cifra de tres años se siguió el procedimiento que a continuación se explica. El artículo 1047 del Código de Comercio en vigor, señala que la prescripción en materia mercantil es de 10 años y el Código Civil Federal señala un plazo de cinco años. Con base en lo anterior, se considera adecuado proponer el término de tres años, en virtud de que no todas las operaciones activas, por medio de las cuales una empresa comercial o entidad financiera otorga un crédito, son realizadas entre comerciantes, sino que en muchas de las ocasiones dichos créditos son solicitados por personas cuyo ánimo no es el de obtener un lucro con el otorgamiento del citado crédito. Otra de las reformas que se someten a consideración de ésta Soberanía, es la que se refiere a que cuando exista un litigio entre una entidad financiera o empresa y una persona física o moral por cuestiones derivadas del otorgamiento de un crédito, la entidad financiera o empresa acreedora tenga la obligación legal, en caso de perder el juicio, de ordenar a la o las sociedades de información crediticia sea borrado el antecedente negativo por completo y la obligación de dicha sociedad de información crediticia de realizarlo en un breve término así como de estar constreñida a no poder mencionar de nueva cuenta dicho antecedente, cuando de nueva cuenta se solicite un reporte del sujeto en mención; so pena de hacerse acreedora a las sanciones que, en su caso y previa audiencia, determine la autoridad competente. Se propone también, que en caso de que la entidad financiera o empresa acreedora omita ordenar a la sociedad de información crediticia la corrección de los datos en el historial de crédito de una persona, la misma esté facultada para solicitar al juez de la causa que gire oficio a la sociedad de información crediticia en cuestión, a. efecto de que la misma elimine toda la información negativa que esté relacionada con el crédito que dio lugar al litigio. Por otra parte, se propone que en todo caso, los afectados con motivo de la emisión de un informe de una sociedad de información crediticia, adviertan información no actualizada, falsa o inexacta, puedan acudir en cualquier momento ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para la aclaración correspondiente. Estamos conscientes, que con la presente iniciativa no se resuelven todas las cuestiones relativas a los servicios de las sociedades de información crediticia, pero la misma constituye un avance importante hacia la consecución de dicho objetivo y se deja la oportunidad para que en un futuro, se presenten iniciativas que sobre éstas bases avancen en el tema y logren conformar de manera cabal y justa un marco jurídico adecuado a las necesidades que la realidad dicta. Por lo anterior expuesto, someto a la consideración de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente: INICIATIVA DE DECRETO Por el que se adiciona al artículo 33-A, tres párrafos y se adiciona un nuevo artículo 33-c, a la ley para regular las agrupaciones financieras. Primero. Se adiciona en tres párrafos el artículo 33-A de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar como sigue: Artículo 33-A. . . . Lo dispuesto en el párrafo anterior, no será aplicable cuando, seguido un juicio ante los tribunales competentes y se haya dictado sentencia que cause ejecutoria y que no sea impugnable por algún medio de defensa legal, se absuelva al acreedor del pago de las prestaciones derivadas del otorgamiento de un crédito por el acreedor respectivo. El juez competente, mandará que la sociedad acreedora ordene a la sociedad de información crediticia, sean borrados toda la información relacionada con el crédito motivo del litigio. En caso de que se llegare a demostrar que el acreedor ha sido omiso al respecto, el Juez de la causa, previa petición de parte y después de escuchar al acreedor, girará oficio a la sociedad de información crediticia para que ésta borre toda la información relacionada con el crédito motivo del litigio. Segundo. Se adiciona un artículo 33-C a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras, para quedar de la siguiente manera: Artículo 33-C. Las sociedades de información crediticia, no podrán conservar en su registro, por un término mayor a tres años, la información negativa sobre operaciones activas que guarden en sus bases de datos, y no podrán bajo ningún motivo, hacer mención de dicha información cuando, transcurrido el citado lapso, les sea requerida sobre alguna persona física o moral, lo anterior siempre y cuando el acreditado haya cubierto en su totalidad los. adeudos correspondientes. En todo caso, las persona que con motivo de la emisión de un informe de una sociedad de información crediticia, adviertan alguna irregularidad, consistente en información no actualizada, falsa o inexacta, podrán acudir en cualquier momento ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, para la aclaración correspondiente. En este caso, al haber quedado acreditada la irregularidad, la referida autoridad mandará que la sociedad acreedora ordene a la sociedad de información crediticia, sean borrados toda la información relacionada con el crédito en cuestión. De igual forma, las sociedades de información crediticia, al rendir los informes correspondientes, deberán incluir toda la información positiva del solicitante de un crédito, la cual es, de forma enunciativa más no limitativa; la siguiente: cantidad de créditos solicitados por el sujeto investigado, porcentaje y oportunidad con que los ha cubierto y el monto total de cada uno de ellos. La infracción a lo dispuesto en el presente artículo, hará acreedora a la sociedad de información crediticia de las sanciones que determine la autoridad competente. ARTICULO TRANSITORIOS Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de octubre de 2001. Le pido, señor Presidente, si es posible publicarla en la Gaceta y en el Diario de Debates. EL C. PRESIDENTE. Con mucho gusto, diputado. EL C. DIPUTADO DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE. Muchas gracias. EL C. PRESIDENTE. A usted, diputado Diego Alonso Hinojosa. Que se publique íntegramente el texto de esta iniciativa, tanto en el Diario de Debates como en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos. DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: "El suscrito diputado federal de esta LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículo s71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (LEYO INICIATIVA. INSERTESE) El suscrito diputado federal de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión e integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los artículos 71 fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, del Reglamento Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, me permito someter a consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa por la que se adiciona un párrafo quinto al artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos conforme a la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Obligación constitucional de las diferentes instancias del gobierno mexicano la respuesta en breve término a la petición ciudadana. A través de la jornadas legislativas de atención ciudadana, el Comité de Información, Gestoría y Quejas de esta legislatura atendió, las quejas y propuestas de cientos de ciudadanos del Estado de Baja California Sur. Entre ellas, destacan propuestas de modificación á legislaciones vigentes. La asociación de prestadores de servicios turísticos de la Paz Baja California Sur presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos. Particularmente el sector restaurantero refieren graves perjuicios en contra de su economía, por la aplicación del actual artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos, cómo consecuencia de que se derogó un párrafo que permitía diferenciar los montos en los pagos de derechos, que señalaba que en "...el caso de playas, la zona federal marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro deposito de aguas marítimas concesionados o permisionados colindantes con terrenos en breña, donde no se cuente con los servicios de agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, se pagará de conformidad con la cuota establecida en la zona I, a que se refiere este artículo y el 232-D de esta ley". Así como recibimos de los pequeños prestadores de servicios turísticos, la solicitud de modificar la norma que les afectaba, esta representación social recibió quejas de avecindados de la zona marítima cercana a puerto Juárez, Quintana Roo y registró los sucesos violentos entre concesionarios y autoridades municipales de las playas de Guerrero, por la negativa ciudadana y coacción de la autoridad para obtener el pago de derechos consignado en la Ley Federal de Derechos. El artículo considera como uso genera! el que se da a aquellas superficies ocupadas en las cuales se hayan realizado construcciones con cimentación o se lleven a cabo actividades con fines de lucro. Se exceptúan las obras de protección o defensa contra fenómenos naturales, sin tomar en cuenta las disposiciones que permitían tasar en nivel I a los predios en breña o sin prestación de servicio alguno. La norma en comento requiere precisiones. Perfeccionar la redacción vigente significa precisar las tasas diferenciadas, partiendo de la situación desigual de los obligados al pago de derechos. Diferencias que tienen que ver con la calidad e inversión de prestadores de servicios turísticos, por un lado y por diferencias en el uso, particulares asentados en zonas marítimas sin explotación turística, lujosas residencias asentadas en litorales de alta infraestructura turística, que participan en el mercado, bajo condiciones desiguales. 1. No es lo mismo el asentamiento en una zona marítima de primer nivel en equipamiento, infraestructura o reserva natural protegida, de un particular avecindado con residencia familiar, que el lujoso hotel con playa. 2. Tampoco es igual la situación de explotación turística de una zona marítima con equipamiento de primer nivel, a la infraestructura de una zona natural protegida, o playa agreste y sin mayor prestación de servicios. 3. Así mismo, debe influir en esta diversidad de condiciones, el monto de inversión que representan los distintos tipos de asentamiento en zona marítima. Si es evidente la diferencia entre las actividades económicas en zonas con servicios e infraestructura de primer nivel turístico con las que no cuentan con este desarrollo; también lo es la diferencia entre el uso de las playas para residencia, que las de uso particular. Sin embargo, la zona federal marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro depósito de aguas marítimas que son colindantes con terrenos en breña y que no cuentan con servicios públicos, como el agua potable, drenaje o electricidad, reciben imposiciones de pago iguales a las que cuentan con servicios de primer nivel. El texto vigente del artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos pierde el carácter de equidad y proporcionalidad que ordena la Constitución Federal respecto de la obligación de contribuir a los ingresos de la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, en su artículo 31 fracción IV, pues al contribuir de la misma forma quienes no gozan de servicios públicos respecto de aquellos que si los tienen, se generan prácticas de competencia desleal, que afectan en lo particular a los pequeños empresarios mexicanos cuyos ingresos no están al nivel de las grandes cadenas hoteleras internaciones. Asimismo se violenta el principio de equidad al compartir la misma obligación impositiva de los ciudadanos que residen en zonas marítimas con los que la usufructúan. Por tal razón, proponemos adicionar el párrafo derogado del artículo 232-C de la Ley Federal de Derechos que en la versión derogada precisaba que los predios colindantes con terrenos en breña, donde no se cuente con los servicios de agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, en virtud de que el contribuyente pagará de conformidad con la cuota establecida en la zona I, de la tabla establecida en el artículo en comento. Al reincorporar este texto se establece una clara diferenciación entre los prestadores de servicios turísticos que cuenten con infraestructura, respecto de aquellos cuya inversión es mínima o no existe infraestructura alguna, así mismo la disposición repercutirá en la situación de los residentes de zonas marítimas colindantes con terrenos en breña. Por las razones anteriormente expuestas, se presenta el siguiente PROYECTO DE DECRETO Artículo único. Se adiciona el quinto párrafo al artículo 232-C, de la Ley Federal de Derechos para quedar como sigue: Artículo 232-C. . . En el caso de playas, la zona federal marítima terrestre, los terrenos ganados al mar y cualquier otro deposito de aguas marítimas concesionados o permisionados, colindantes con terrenos en breña, donde no se cuente con los servicios de agua potable, drenaje o electricidad, el derecho por el uso, goce o aprovechamiento de inmuebles, se pagará de conformidad con la cuota establecida en la zona I a que se refiere este artículo y el 232-D de esta ley. ARTICULO TRANSITORIO Único. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados a 22 de noviembre de 2001. Los diputados: Esteban Daniel Martínez, Rosa Delia Cota Montaño, Juan Carlos Regis Ademe, Víctor A. García Dávila, Auldarico Hernández, Adela Del Granel C., Francisco Patiño Cardona, Esther López Cruz, Elba Arrieta Pérez, Esvedia Bravo Martínez, Ramón Soto Resendiz, Beatriz Patricia Lorenzo Juárez, Martí Batres y Raquel Cortés López. PRESIDENTE: Gracias a usted diputado Esteban Daniel Martínez Enríquez. Túrnese a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Bernardo de la Garza Herrera, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar una iniciativa de Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. DIP. BERNARDO DE LA GARZA HERRERA: Con su permiso presidente; "Los diputados miembros del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en esta LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II, 72 y 73 , fracción XXIX de la Constitución Política (LEYO INICIATIVA. INSERTESE) Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Partido Verde Ecologista de México. Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión. Presente. Bernardo de La Garza Herrera, Francisco Agundis Arias, José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González, Erika Elizabeth Spezia Maldonado, diputados de la LVIII Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con fundamento en los artículos 71 fracción II, 72 y 73 fracción XXIX-G de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 26 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; y 55 fracción II, 56, 60 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, solicitamos se turne a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su dictamen y posterior discusión en el pleno de la Cámara de Diputados de la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa: EXPOSICION DE MOTIVOS Al iniciar el Siglo XXI, México. enfrenta entre sus más grandes retos el de garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Ante la amenaza que representa la generación y disposición inadecuada de un volumen cada vez mayor de residuos, tenemos la obligación de revisar las políticas y la legislación en la materia, buscando afinar los instrumentos de gestión y manejo de residuos. La situación respecto a la generación de los residuos ha cambiado en nuestro país en la medida que los procesos de industrialización y de apertura comercial, así como los cambios en los patrones de producción y de consumo han incidido en la cantidad y composición de los residuos sólidos. Según datos de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), la generación de residuos sólidos municipales por persona en nuestro país se ha triplicado en el lapso comprendido entre 1955 y el año 2000, al crecer de 300 a 865 gramos en promedio por habitante al día, si consideramos que en el mismo periodo la población se ha triplicado, al aumentar de 30 a 97 millones de habitantes, lo cual significa que actualmente se genera un volumen anual de residuos que fluctúa alrededor de 80 millones de toneladas, de las cuales se deja de recolectar el 23%. Se estima además que cerca del 50% de los residuos generados no se dispone adecuadamente. Un problema adicional deriva de que la composición de los residuos sólidos se ha modificado en los últimos años, incorporándose a los desechos orgánicos un volumen creciente de residuos que contienen materiales de lenta degradación y que demandan formas de manejo más complejas y costosas. Asimismo, un volumen cada vez mayor de residuos implica el agotamiento de los recursos naturales de los cuales se extraen los materiales utilizados como insumos en la producción de bienes de consumo y que van a parar a la basura en forma de residuos, en lugar de reciclarse. Adicionalmente, entre los problemas ambientales más importantes que ocasiona la generación y la disposición inadecuada de los residuos sólidos municipales y peligrosos, se encuentran:  La degradación de los suelos que disminuye su fertilidad, así como su capacidad de retener y depurar el agua;  El deterioro de los cuerpos de agua subterráneos y superficiales haciéndolos impropios para el consumo humano;  El bloqueo de drenajes y de la circulación del agua en los cauces que provocan inundaciones en la época de lluvias; y el consecuente daño a las plantas de tratamiento de aguas residuales;  Debido a la emanación de gases que se generan en los basureros, la dispersión de sustancias volátiles, de partículas que se liberan de los mismos y de los incendios en los basureros, se ocasionan incendios forestales, se contamina la atmósfera, y se agravan problemas ambientales a escala regional y global, como el llamado "efecto invernadero", el de "lluvia ácida" y el deterioro de la capa de ozono; Se estima que en México, entre 45% y 75% de los materiales que van a parar a tiraderos a cielo abierto o a rellenos sanitarios es recuperable. Este dato, nos indica que se está desaprovechando una oportunidad de creación de negocios y empleos a partir de la valorización de los materiales que actualmente se desechan. Asimismo, se desaprovecha totalmente el valor calorífico de materiales desechados que podría utilizarse en la generación de energía. Esta oportunidad de aprovechamiento económico de los residuos, resulta particularmente atractiva considerando que la gran mayoría de los municipios en el país enfrentan condiciones de pobreza que les imposibilitan cumplir adecuadamente con las. disposiciones Constitucionales relativas a brindar los servicios de limpia. El costo por el servicio de limpia no suele recuperarse por parte de los municipios, ni suele incluir. las externalidades o costos ambientales resultantes de la generación y. manejo de los residuos, con lo cual los generadores de basura no pagan .un precio justo por la cantidad de residuos que generan, "pasándole la cuenta" a la sociedad. Sólo se incentivará al generador a minimizar y aprovechar el valor de los residuos que genera, si se le hace pagar por su manejo en forma proporcional al volumen y la peligrosidad de los mismos. Asimismo, es, común observar que los servicios de limpia carecen de la infraestructura y los recursos suficientes para operar . adecuadamente, contribuyendo ellos mismos a crear graves problemas de contaminación de aire, agua y suelo. Considerando el potencial económico de la basura, resulta también paradójico que muchos individuos en condiciones de pobreza extrema que viven de la "pepena", es decir de segregar y recuperar los residuos potencialmente reciclables, lo hagan en condiciones inseguras, insalubres y carentes de prestaciones, siendo que podrían trabajar en mejores condiciones. Además, la generación de residuos de todo tipo puede y debe ser evitada mediante el reuso y el reciclado, dejando una mínima cantidad para ser tratada o dispuesta en rellenos sanitarios o confinamientos. Para lograr todo esto, se deben establecer sistemas de gestión integral de los residuos que combinen formas alternativas de manejo, adecuándolas a las circunstancias y necesidades locales. Es, posible también crear mercados ambientales, mediante reglas claras que brinden certeza jurídica a los inversionistas y garanticen que se manejen los residuos con un enfoque de sustentabilidad. Actualmente existen graves inconsistencias legislativas respecto a la regulación de los residuos de jurisdicción local. Asimismo, tradicionalmente se ha puesto más énfasis en la regulación de la administración de los servicios de limpia, que en el manejo seguro y ambientalmente adecuado de los residuos. . Por la forma en que se ha regulado la generación, manejo y disposición final de los residuos de jurisdicción local, no se ha logrado una gestión sustentable de los mismos, es decir que sea ambientalmente efectiva, socialmente aceptable y económicamente viable. Lo más preocupante, es que los residuos sólidos municipales son solamente "la punta del iceberg". Junto a los residuos sólidos municipales se generan grandes volúmenes de residuos en las industrias. Este tipo de desechos industriales suelen mezclarse con los residuos municipales, sin que las industrias que los generan asuman los costos reales que implica su manejo y sin que tengan ningún incentivo para minimizar su generación. En cuanto a residuos peligrosos, la regulación y control de los mismos en México data de 1988. Sin embargo, la legislación de estos residuos adolece de problemas serios que imposibilitan su cumplimiento, entre los que destacan los siguientes:  no se distingue entre grandes, pequeños y microgeneradores (entre los que se encuentran los hogares), por lo cual se impone el mismo tipo de obligaciones a todos, sin permitir el establecimiento de modalidades diferenciadas de manejo de los residuos peligrosos;  al igual que las regulaciones relativas a los demás residuos sólidos, no establece mecanismos que faciliten la prevención de la generación y la valorización de los residuos, creando por el contrario barreras para que esto ocurra;  no establece reglas para las diferentes modalidades de tratamiento de los residuos (incluyendo el reciclaje), tendentes a prevenir la transferencia de contaminantes de un medio ambiental a otro;  no establece pautas para evitar que al cierre de las operaciones de las fuentes generadoras de residuos peligrosos y de las empresas que brindan servicios de manejo de los mismos, se abandonen. éstos 7o(¿) se queden contaminadas las instalaciones y los sitios con ellos; De acuerdo con la problemática anteriormente expuesta, para lograr un manejo integral de residuos en nuestro país, consideramos indispensable expedir un ordenamiento en donde se regule la generación, el manejo y la disposición final de todo tipo de residuos, con un enfoque basado en la prevención de su generación, el aprovechamiento de su valor y su gestión integral ambientalmente eficiente, socialmente aceptable y económicamente factible, considerando los principios "preventivo", "el que contamina paga" y los de "realidad", "gradualidad" y "flexibilidad", para que responda a las necesidades y contextos que se presentan en el país. Buscamos también en esta iniciativa que se presenta, definir claramente lo que se entiende por residuo, distinguiendo los diferentes tipos de éstos de acuerdo con sus propiedades y tamaño de fuentes generadoras. Se establecen también elementos para distinguir aquellos residuos susceptibles de aprovecharse económicamente. Se busca también en la iniciativa, delimitar claramente el ámbito de aplicación de la normatividad, y establecer en forma clara las obligaciones de los generadores. La nueva legislación fomentará también políticas de transparencia informativa, privilegiando la sensibilización del público y la educación de la sociedad, fomentando mecanismos de participación corresponsable de los distintos sectores sociales, en el manejo de residuos. Las políticas que surjan de la nueva legislación combinarán instrumentos de regulación directa y autoregulación para lograr los fines que se persiguen de la mejor manera en términos de costo y efectividad, reduciendo y simplificando trámites administrativos, y minimizando la generación de residuos, la valorización de los mismos y su manejo ambientalmente adecuado. Por lo anteriormente expuesto y fundado, los integrantes del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México nos permitimos someter a la consideración de ésta soberanía, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO Por el que se expide la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Artículo único.- Se expide la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, para quedar como sigue: I. Cuando por causas supervinientes, se compruebe que los residuos autorizados constituyen un mayor riesgo para el equilibrio ecológico que el que se tuvo en cuenta para el otorgamiento de la autorización correspondiente; II. Cuando la operación de importación o exportación no cumpla con los requisitos fijados en la autorización expedida por la Secretaría; III. Cuando los residuos ya no posean las características conforme a las cuales se otorgó la autorización y IV. Cuando se determine que la autorización fue transferida a una persona distinta a la que solicitó la autorización o cuando la solicitud contenga datos falsos, o presentados de manera que se oculte información necesaria para la correcta apreciación de la solicitud. Asimismo, las empresas que importen o exporten residuos se podrán hacer acreedoras a la revocación de sus autorizaciones para ofrecer este tipo de servicios, temporal o definitivamente, si se encuentra que intervinieron dolosamente en una importación o exportación de residuos contraria a lo dispuesto en esta ley y otros ordenamientos aplicables, y de acuerdo con la gravedad del riesgo que por ello se incurra o se pueda incurrir. TITULO SEPTIMO De la prevención y gestión integral de residuos Sólidos urbanos y de manejo especial CAPITULO I Disposiciones generales Artículo 107. La regulación de la generación, manejo y disposición final de los residuos sólidos urbanos y los residuos de manejo especial, se llevará a cabo *conforme a lo que establezcan las legislaturas de las entidades federativas y los municipios aplicando los principios y con arreglo a lo dispuesto en el presente ordenamiento. Artículo 108. Los Gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, con el propósito de promover la prevención, valorización y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial a fin de conservar y recuperar los recursos, podrán llevar a cabo las siguientes acciones: I. Diseñar e instrumentar programas para incentivar a los grandes generadores de residuos de su competencia a evitar su generación, aprovechar su valor y darles un manejo ambientalmente adecuado; II. Promover la suscripción de convenios con los grandes generadores de residuos de su competencia, para que formulen e instrumenten los planes de manejo de los residuos que generen, a los que hace referencia el Título Tercero de esta ley; III. Integrar el registro de los generadores de residuos de su competencia y de empresas prestadoras de servicios de manejo de esos residuos, así como la base de datos en la que se recabe la información que proporcionen en los formatos que se establezcan para tal fin respecto al tipo, volumen y forma de manejo de los residuos; IV. Elaborar y difundir los inventarios de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; V. Coordinarse con las autoridades federales, estatales o municipales según les corresponda, así como concertar con representantes de organismos privados y sociales para alcanzar las finalidades a que se refiere esta ley, y para la instrumentación de planes de manejo para los distintos residuos que sean de su competencia; VI. Establecer programas para registrar, regularizar, y constituir esquemas de incentivos financieros y de otra índole para mejorar el desempeño ambiental de las cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial para su reciclaje, constituidas por grupos de personas de escasos recursos, microempresas familiares y pequeñas empresas, que forman parte de las instalaciones para la recuperación de recursos indispensables para el aprovechamiento de los residuos; VII. Someter ala consideración de la Secretaría programas de gestión integral de residuos sólidos urbanos, de construcción de rellenos sanitarios, de recuperación de energía a partir de los residuos y de gestión de residuos peligrosos sujetos a su control, con objeto de obtener los recursos financieros del Gobierno Federal para tales fines a los que se refiere el artículo 13 de este ordenamiento; VIII. Desarrollar guías y lineamientos de buenas prácticas para la segregación, recolección, acopio, almacenamiento, transporte y recuperación de materiales secundarios, ambientalmente adecuados, de los residuos de su competencia; IX. Organizar y promover actividades de comunicación, educación, capacitación, investigación y desarrollo tecnológico en relación con los programas para prevenir la generación, aprovechar el valor y lograr el manejo integral de los residuos de su competencia y X. Promover la integración, operación y funcionamiento de organismos consultivos en los que participen representantes de los sectores industrial, comercial y de servicios, académico y de investigación, centros de investigación y desarrollo tecnológico, asociaciones profesionales y de consumidores y redes intersectoriales relacionadas con el tema, para que tomen parte en los procesos destinados a clasificar los residuos, evaluar las tecnologías para su prevención, valorización y tratamiento, planificar el desarrollo de la infraestructura para su manejo y desarrollar las propuestas técnicas de instrumentos normativos y de otra índole que ayuden a lograr los objetivos en la materia. Artículo 109. La Secretaría expedirá las normas oficiales mexicanas a las que deberán sujetarse los sitios, el diseño, la construcción y la operación de las instalaciones destinadas a la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, en rellenos sanitarios o en confinamientos controlados. Las normas especificarán las condiciones que requieren reunir las instalaciones y los tipos de residuos que puedan disponerse en ellas, para prevenir la formación de lixiviados y la migración de éstos fuera de las celdas de confinamiento. En relación con la formación de gases, plantearán en qué casos ésta se debe evitar y en cuáles podrá permitirse, a fin de emplearlos en la generación de energía. Por su parte, los gobiernos de las entidades federativas y municipios, determinarán en los planes de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano, las áreas en las cuales se establecerán los sitios de disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Artículo 110. La Secretaría, brindará apoyo a la Secretaría de Economía, para elaborar las propuestas técnicas de normas mexicanas relacionadas con los envases, empaques y embalajes, a fin de que éstas sean compatibles con las disposiciones de esta ley y contribuyan a los propósitos de facilitar el reuso, reciclaje, tratamiento y disposición final ambientalmente adecuados de los mismos en el marco de los sistemas de gestión integral de residuos sólidos urbanos y de manejo especial en todo el país. CAPITULO II De los residuos de manejo especial Artículo 111. Para la prevención de la generación, aprovechamiento de su valor y gestión integral de los residuos de manejo especial, la legislación de las entidades federativas en la materia, establecerá las disposiciones para: I. Formular por parte de los gobiernos locales las guías o lineamientos para los generadores de los residuos de manejo especial, las cuales considerarán, entre otros aspectos: a) Medidas y prácticas de manejo que les ayudarán a prevenir o reducir riesgos a la salud de la población, el ambiente o los recursos naturales; b) Alternativas para evitar la generación de residuos; c) Posibilidades para reusar o reciclar los residuos; d) Procedimientos para integrar planes de manejo referidos a flujos de residuos específicos; e) Identificación, clasificación y segregación de los residuos de manejo especial; . f) Elementos y formatos para elaborar los informes acerca de la generación y modalidades de manejo a las que se sujetarán los residuos de manejo especial, por parte de grandes generadores; g) Procedimientos para establecer acciones para prevenir, minimizar o evitar la generación dé esos residuos; h) Almacenamiento de los residuos de acuerdo con las medidas de seguridad que correspondan según sus características, con el propósito de prevenir la generación de lixiviados y su infiltración en los suelos, el arrastre de los residuos por él agua de lluvia o por el viento y los medios para contener fugas, derrames o incendios; i) Alternativas para su manejo seguro y ambientalmente adecuado; j) Registros de generadores de residuos y de empresas autorizadas para brindar servicios para el manejo de ellos y k) Procedimientos para prevenir la contaminación de suelos con estos residuos. II. Formular e instrumentar, por parte de los generadores de residuos de manejo especial, los programas de minimización y planes de manejo respectivos. III. Prever las obligaciones de los generadores de residuos de manejo especial, tales como las que a continuación se señalan: a) Obtener el registro de la autoridad ambiental respectiva; b) Identificar, clasificar y segregar los residuos; c) Presentar un informe bienal o elaborar una bitácora que se conservará y mantendrá a la disposición de las autoridades competentes, en los que se asienten los datos acerca de la generación y modalidades de manejo a las que sujetaron sus residuos, según corresponda al tipo de generador; d) Establecer programas para prevenir, minimizar y evitar la generación de residuos; e) Almacenar temporalmente los residuos dentro de sus instalaciones de acuerdo con las medidas de seguridad que correspondan según sus características y los tiempos que establezcan los ordenamientos jurídicos correspondientes. En cualquier caso, se deberá prevenir la generación de lixiviados y su infiltración en los suelos, así como el arrastre por el agua de lluvia o por el viento de tales residuos y se deberá disponer de los medios para contener fugas, derrames o incendios. f) Prevenir la contaminación de suelos y .al cierre o suspensión de operaciones dejar los suelos libres de todo tipo de residuos y niveles de contaminación y g) Evitar el envío a disposición final en celdas de confinamiento o en rellenos sanitarios, de residuos potencialmente reciclables, cuando su reciclado sea técnica y económicamente factible o se cuente con planes de manejo específicos para ellos. h) Utilizar solamente empresas registradas o autorizadas por las autoridades competentes, según corresponda, para el manejo de sus residuos. En la determinación de las obligaciones respectivas, se deberá distinguir entre pequeños y grandes generadores de residuos, en función del volumen de los residuos de manejo especial de que se trate. IV. Regular la promoción, instalación, operación y apoyo a la mejora del desempeño ambiental, de las cadenas productivas que intervienen en la segregación, acopio y preparación de los residuos de manejo especial para su reciclaje, constituidas por grupos de personas de escasos recursos, microempresas familiares y pequeñas empresas, que forman parte de las instalaciones para la recuperación de recursos, cuyos integrantes deberán: a) Obtener registro de las autoridades ambientales competentes; b) Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus actividades; c) Operar de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas y medidas de seguridad y desempeño ambiental que establezcan las autoridades competentes. V. Regular la prestación de servicios a terceras personas para almacenar, reciclar, tratar y dar disposición final a los residuos de manejo especial, para lo cual deberán considerarse las siguientes previsiones a cumplir por parte de los interesados: a) Obtener registro y, en su caso, las autorizaciones de parte de las autoridades ambientales competentes, proporcionando para ello la información y demás requisitos que exija la normatividad aplicable; b) Diseñar, ubicar, desarrollar y operar los servicios, según corresponda, de acuerdo con las disposiciones contenidas en las legislaciones locales y las normas oficiales mexicanas o demás ordenamientos que resulten aplicables; c) Presentar cada dos años informes acerca de los residuos sujetos a reciclaje, tratamiento o disposición final; d) Efectuar el cierre de sus operaciones e instalaciones de manera que no existan suelos contaminados por residuos de manejo especial; e) No se podrán confinar residuos de manejo especial líquidos o semisólidos, sin que hayan sido sometidos a procesos para deshidratarlos, neutralizarlos y estabilizarlos o en instalaciones qué no estén debidamente autorizadas; f) Las celdas de confinamiento deberán ser diseñadas y construidas teniendo en consideración las características y volúmenes de residuos a confinar y de conformidad con las normas oficiales mexicanas y otros ordenamientos aplicables; g) No se podrán confinar juntos residuos que sean incompatibles y puedan provocar reacciones que liberen gases, provoquen incendios o explosiones o que puedan solubilizar las sustancias potencialmente tóxicas contenidas en ellos; h) Se deberá contar con un plan para el cierre de las celdas y de los confinamientos de residuos de manejo especial, así como para el monitoreo de los mismos ulterior al cierre, de conformidad con las normas oficiales mexicanas aplicables. CAPITULO III De los residuos sólidos urbanos Artículo 112. Para la prevención de la generación; aprovechamiento de su valor y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la legislación de las entidades federativas en la materia, establecerá las disposiciones para: I. Establecer las obligaciones de los generadores de residuos sólidos urbanos, tales como las que- a continuación se señalan: a) Separación de sus residuos conforme lo determinen las autoridades competentes; b) Informarse acerca de las medidas y prácticas de manejo que les ayudarán a prevenir o reducir riesgos a la salud, el ambiente o los bienes, alternativas para evitar la generación de residuos, posibilidades para reusados o reciclarlos, planes de manejo establecidos para devolver los productos de consumo que se deseen desechar y sus envases o embalajes, a sus proveedores o a los centros de acopio que para tal fin se establezcan; c) Entregar los residuos a los servicios de limpia, siempre que no los sometan a reuso o. reciclado ellos mismos o a través de empresas registradas ante las autoridades competentes; d) Fechas y horarios de la recolección de los residuos, a los que se deberán de sujetar, para lograr una recolección selectiva adecuada, considerando incluso la recolección nocturna; e) Acopiar sus residuos de acuerdo a la información proporcionada por las autoridades encargadas de la regulación de los servicios de limpia; f) Cuando se trate de unidades multifamiliares y de otros grandes generadores de residuos sólidos urbanos, se deberá contar con un espacio destinado exclusivamente al acopio y almacenamiento de los mismos; en condiciones seguras y ambientalmente adecuadas; g) Los partidos políticos emplearán en sus campañas con fines publicitarios y de divulgación preferentemente materiales reciclables y se harán cargo de ellos cuando se desprendan de los lugares en los que fueron colocados en la vía pública. Para ello, deberán establecer un plan para su acopio y envío a empresas de reciclado. Lo anterior, sin perjuicio de lo que al respecto señala la legislación en materia electoral. La misma obligaciones corresponderá a las personas que realicen campañas publicitarias en las vías públicas. h) Los comercios de toda índole, deberán incentivar a sus clientes a llevar sus mercancías en bolsas, redes, canastas, cajas u otros recipientes que puedan volver a ser reutilizadas para tal fin; en cualquier caso, dichos comercios deberán contar fuera de sus establecimientos con depósitos para que sus clientes depositen las bolsas o empaques que quieran eliminar al salir de ellos. II. Regular la promoción, instalación, operación y apoyo a la mejora del desempeño ambiental, de las cadenas productivas que intervienen en la segregación; acopio y preparación de los residuos para su reciclaje, constituidas por grupos de personas de escasos recursos, microempresas familiares y pequeñas empresas, que forman parte de las instalaciones para la recuperación de recursos, cuyos integrantes deberán: d) Obtener registro de las autoridades ambientales competentes; e) Ubicarse en zonas favorables para la realización de sus actividades; f) Operar de acuerdo con los lineamientos de buenas prácticas y medidas de seguridad y desempeño ambiental que establezcan las autoridades competentes. III. Regular la promoción, instalación y operación de establecimientos para el reciclaje y disposición final de residuos sólidos urbanos, los que, según corresponda, deberán: a) Obtener registro de las autoridades ambientales competentes; b) Ubicarse en zonas apropiadas de conformidad con los ordenamientos ecológicos y planes de desarrollo urbano y en lugares que reúnan los criterios que establezcan las normas oficiales mexicanas aplicables; c) Operar de manera segura y ambientalmente adecuada; d) Contar con programas para prevenir y responder a contingencias o emergencias ambientales y a accidentes; e) Contar con personal capacitado y continuamente actualizado; f) Contar, en su caso, con garantías financieras para asegurar que al cierre de las operaciones en sus instalaciones, éstas queden libres de residuos y no presenten niveles de contaminación que puedan representar un riesgo para la salud y el ambiente; g) En el caso de la disposición final, contar con un programa de cierre de las instalaciones y de supervisión posterior al cierre por una duración mínima de 20 años, sustentado en garantías financieras; Artículo 113. Conforme lo establezca la legislación de las entidades federativas en la materia, en relación con la generación, manejo y disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, se prohibe: I. Verter residuos en las vías o lugares públicos, lotes baldíos, barrancas, cañadas, redes de drenaje, cableado eléctrico o telefónico, de gas, en cuerpos de agua, en el mar, cavidades subterráneas, áreas naturales protegidas o rurales, y en todo lugar no autorizado para tales fines; II. Quemar residuos a cielo abierto y la quema de residuos de manejo especial en calderas no autorizadas por las autoridades competentes; Ill. Tratar o disponer finalmente de residuos, en áreas de seguridad aeroportuaria; y IV. Abrir nuevos tiraderos de residuos sólidos urbanos o de manejo especial a cielo abierto. Las legislaturas locales establecerán en las leyes correspondientes el tipo y en su caso el monto, de las sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones antes señaladas, así como el tipo y características de las garantías financieras referidas en el inciso g de la fracción II del artículo 113 de este ordenamiento. TITIULO OCTAVO De la participación social y la información CAPITULO I De la participación social Artículo 114. Los gobiernos Federal y de las entidades federativas y de los municipios, promoverán la participación de todos los sectores de la sociedad involucrados en la prevención de la generación, la valorización y manejo integral de residuos, para lo cual: I. Fomentarán y apoyarán la conformación, consolidación y operación de grupos intersectoriales interesados en participar en el diseño e instrumentación de políticas y programas para prevenir la generación, valorizar y dar un manejo integral seguro y ambientalmente adecuado a los residuos. ll. Convocarán a los distintos grupos. organizados de la sociedad a participar en los procesos a los que hace referencia la fracción I de este artículo. III. Involucrarán a los grupos sociales organizados en proyectos de demostración o proyectos pilotos destinados a generar elementos de información para sustentar programas de minimización y planes de manejo de residuos específicos con fines de acopio y envío a reciclado, tratamiento o disposición final. CAPITULO II De la información Artículo 115 . Las autoridades de los tres órdenes de gobierno desarrollarán sistemas de información sobre aprovechamiento, recuperación, restauración y remediación de recursos y prevención de la generación, valorización y gestión integral de residuos, en los cuales se integrará la información relativa a la situación local en cada una de esas materias, los inventarios de residuos generados, la infraestructura disponible para su manejo, las disposiciones jurídicas aplicables a su regulación y control, las experiencias exitosas nacionales e internacionales en este campo, y otros aspectos que faciliten el logro de los objetivos de esta ley y los ordenamientos que de ella deriven. Tratándose de empresas generadoras o que brinden servicios de manejo de residuos peligrosos, que puedan liberar contaminantes al ambiente por diferentes rutas, de lo cual informen a las autoridades correspondientes a través de la cédula de operación anual o de los formatos que para tal fin se establezcan, se integrará dicha información al registro de emisiones y transferencia de contaminantes, cuyo acceso será público. Artículo 116. Los sistemas de información a los que hace referencia la fracción XII del artículo 6o., serán de acceso público y se promoverán actividades de capacitación que faciliten a los servidores públicos y representantes de otros sectores la toma de decisiones basada en el uso de tal información, así como su contribución para fortalecer dichos Sistemas de Información. Artículo 117. Las autoridades de los tres órdenes de Gobierno elaborarán y difundirán informes periódicos, que pongan al alcance del público los aspectos contenidos en los sistemas de información sobre aprovechamiento, recuperación y restauración de recursos y prevención de la generación, aprovechamiento del valor y gestión integral de residuos para que se conozca la situación local en la materia y las opciones y avances en la resolución de los problemas identificados. En particular, se difundirán las estadísticas relativas a los volúmenes y tipos de residuos generados por entidad federativa y las formas de manejo a las que están siendo sujetos, a fin de determinar el desempeño de las políticas y programas de gestión de los mismos. Artículo 118. A fin de dar cumplimiento a la disposición contenida en el artículo anterior, las autoridades ambientales de los tres órdenes de gobierno elaborarán los inventarios de generación de residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial, de acuerdo con sus atribuciones respectivas, para lo cual se basarán en los datos que les sean proporcionados por los generadores y las empresas de servicios de manejo de residuos, conforme a lo dispuesto en esta ley, en la legislación ambiental general, las leyes locales en la materia y los. ordenamientos que de ellas deriven. Se integrarán también, inventarios de tiraderos de residuos o sitios donde se han abandonado clandestinamente residuos de diferente índole en cada entidad, en los cuales se asienten datos acerca de su ubicación, historia, características y otros elementos de información que sean útiles a los tomadores de decisiones o a las partes interesadas, para desarrollar medidas tendentes a evitar o reducir riesgos. La integración de inventarios se sustentará en criterios, métodos y sistemas informáticos, previamente acordados, estandarizados y difundidos. TÍTULO NOVENO Medidas de control y de seguridad, infracciones y sanciones CAPITULO I De las visitas de inspección Artículo 119. La Secretaría realizará los actos de inspección y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones contenidas en el presente ordenamiento, así como de las disposiciones jurídicas que de él se deriven, e impondrán las medidas de seguridad y sanciones que resulten procedentes, con arreglo a lo que establece esta ly y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la de Protección al Ambiente en los aspectos a que se refiere el presente Título. Artículo 120. En los casos en que el Gobierno Federal transfiera a los gobiernos de las entidades federativas la realización de inspecciones en las materias de su competencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 10 y 11 de esta ley, dichos gobiernos deberán ajustar el ejercicio de sus actos a lo dispuesto en el presente Título. Artículo 121. Las personas que realicen actividades de generación, manejo y disposición final de residuos peligrosos, deberán otorgar al personal debidamente autorizado de la Secretaría, las facilidades indispensables para el desarrollo de los actos de inspección del cumplimiento de este ordenamiento y de las disposiciones que de él se deriven. Asimismo, deberán aportar la documentación que ésta les requiera para verificar dicho cumplimiento. Artículo 122. El personal de la Secretaría al realizar las visitas de inspección, deberá contar con el documento oficial que lo acredite o 'autorice a practicar la diligencia respectiva, así como la orden escrita debidamente fundada y motivada, expedida por autoridad competente en la que se precisará el lugar o zona que habrá de inspeccionarse, el objeto de la diligencia y el alcance de ésta. El objeto en la orden de inspección se tendrá por satisfecho cuando se señalen los ordenamientos en los que se prevén las obligaciones a cargo del visitado, tratándose de la primera visita de inspección. Para el caso de segunda o posteriores visitas de inspección o verificación será necesario asentar las obligaciones específicas de la persona a visitar. Artículo 123. El personal autorizado, al iniciar la inspección, se identificará debidamente con la persona con quien se entienda la diligencia, mediante credencial vigente con fotografía expedida por autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, en la que se indique su fecha dé expedición, así como el cargo con el que actúa en la diligencia, asentando en el acta correspondiente dichas circunstancias. Asimismo, deberá exhibir la orden respectiva, misma que entregará en copia con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos. En el caso de negativa del inspeccionado a nombrar testigos o cuando las personas designadas para tales efectos no acepten fungir como testigos, el personal autorizado podrá designarlos, haciendo constar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levanté, sin que ello invalide los efectos de la diligencia. Asimismo; si durante la realización de actos de inspección, no fuera posible encontrar en el lugar de la visita persona que pudiera ser designada como testigo, el inspector deberá asentar esta circunstancia en el acta administrativa que al efecto se levante. Si media el consentimiento del inspeccionado, se podrá llevar a cabo la diligencia en ausencia de testigos sin que ello afecte la validez de la misma. Artículo 124. La Secretaría, una vez recibida el acta de inspección, dictará resolución administrativa dentro de los 10 días siguientes a la fecha de su recepción, en aquellos casos en que la persona inspeccionada reconozca la falta administrativa en que incurrió. Artículo 125. En aquellos casos en que los presuntos infractores sean sorprendidos en ejecución de hechos contrarios a esta ley o a las disposiciones que de ella se deriven, o cuando alguna persona los señale como responsables de la comisión de aquellos hechos, siempre que se encuentre en posesión de los objetos relacionados con la conducta infractora, el personal debidamente identificado como inspector deberá levantar el acta respectiva y asentar en ella, en forma detallada, esta circunstancia, observando en todo caso las formalidades previstas para la realización de actos de inspección. Artículo 126. Además de lo dispuesto por el artículo 168 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, podrá concluirse el procedimiento administrativo iniciado a partir de una inspección en los términos del presente Título, mediante convenio suscrito entre la Secretaría y el inspeccionado, siempre y cuando no sea contrario al orden jurídico, no verse sobre materias que no sean susceptibles de transacción y tenga por objeto satisfacer el interés público. CAPÍTULO II De las medidas de seguridad Artículo 127. En caso de que exista riesgo inminente de desequilibrio ecológico o de daño o deterioro grave de los recursos naturales, casos de contaminación con repercusiones peligrosas para los ecosistemas, sus componentes o para la salud pública, la Secretaría, de manera fundada y motivada, podrá ordenar alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: I. La clausura temporal total o parcial de las fuentes contaminantes, así como de las instalaciones en que se generen, manejen o dispongan finalmente los residuos peligrosos involucrados en los supuestos a los que se refiere este precepto; II. La suspensión de las actividades respectivas; III. La aplicación de multas; IV. El tratamiento. o remisión de residuos peligrosos a confinamiento autorizado; V. El aseguramiento precautorio de materiales o residuos peligrosos, y demás bienes involucrados con la conducta que da lugar a la imposición de la medida de seguridad; y VI. La neutralización, estabilización o cualquier acción análoga que impida que los residuos peligrosos ocasionen los efectos adversos previstos en el primer párrafo de este artículo. Las autoridades correspondientes podrán, además, promover ante otras autoridades competentes, la adopción de medidas de seguridad que se establezcan en otros ordenamientos: Artículo 128. Cuando proceda, las autoridades competentes que hubieren dictado las medidas de seguridad a las que hace referencia el artículo 127, podrán ordenar al interesado las acciones que debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de estas medidas, así como los plazos para su realización, a fin de que una vez cumplidas estas acciones se ordene el retiro de las medidas de seguridad impuestas. CAPITULO III De las infracciones y sanciones administrativas Artículo 129. Cada una de las conductas que constituyan violaciones a las disposiciones de esta ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones jurídicas que de ellos se deriven, serán sancionadas administrativamente por la Secretaría, con una o más de las sanciones siguientes: I. Multa por el equivalente de 20 a 60 mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse la infracción; II. Amonestación escrita; III. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, cuando: a) el infractor no hubiere cumplido en los plazos y condiciones impuestas por la autoridad competente, con las medidas correctivas o de urgente aplicación ordenadas, b) en casos de reincidencia, cuando las infracciones generen efectos negativos al ambiente, a los recursos naturales o a la salud de la población, o c) se trate de desobediencia reiterada, en tres o más ocasiones, al cumplimiento de alguna o algunas medidas correctivas o de urgente aplicación impuestas por la autoridad. IV. Arresto administrativo hasta por 36 horas; V. La suspensión o revocación de las autorizaciones correspondientes. Artículo 130. Para la imposición de las sanciones por infracciones a esta ley se tomará en cuenta los criterios previstos en el artículo 173 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Artículo 131. Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta ley y en las disposiciones que de ella se deriven, se destinarán a integración de fondos o fideicomisos para desarrollar programas vinculados con la inspección y la vigilancia en las materias a que se refiere esta ley, así como a la remediación de suelos y sitios contaminados que representen un riesgo inminente al ambiente o a la salud pública. En este último supuesto, los fondos que se apliquen a este fin, deberán ser repuestos por quienes ocasionaron la contaminación en los sitios sujetos a remediación en los términos que para tal fin se determinen. CAPITULO IV Del recursos de revisión y la denuncia popular Artículo 132. Los afectados podrán impugnar las resoluciones definitivas dictadas en los procedimientos administrativos con motivo de la aplicación de esta ley y de las disposiciones que de ella se deriven, podrán ser impugnadas por los afectados, mediante la interposición del recurso de revisión, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de su notificación; o de las acciones que correspondan ante las instancias jurisdiccionales competentes. El recurso de revisión se interpondrá-directamente ante la autoridad que emitió la resolución impugnada quien, en su caso, acordará su admisión, y el otorgamiento o denegación de la suspensión del acto recurrido, turnando el recurso a su superior jerárquico para su resolución definitiva. Artículo 133. La sustanciación del recurso de revisión a que se refiere el artículo anterior de esta ley, se sujetará a lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en sus preceptos aplicables. Artículo 134. Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Secretaría, todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico, daños al ambiente, a los recursos naturales o a la salud humana en relación con las materias de esta ley y demás ordenamientos que de ella emanen. La tramitación de la denuncia popular a que se refiere este precepto, se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente ordenamiento entrará en vigor a los tres meses siguientes a su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se derogan todas las disposiciones jurídicas que se opongan al contenido de esta ley y las relativas a la regulación y control de los residuos contenidas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Tercero. Todos los procedimientos, recursos administrativos y demás asuntos relacionados con las materias a que refiere esta ley, iniciados con anterioridad a la entrada en vigor al presente decreto, se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes en ese momento. Cuarto. Los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, deberán expedir y, en su caso, adecuar sus leyes, reglamentos, bandos y demás disposiciones jurídicas, de acuerdo con las competencias que a cada uno corresponda, en un plazo no mayor a 365 días naturales posteriores a la entrada en vigor de esta ley, la Secretaría deberá promover y apoyar los trabajos que para tal efecto sean necesarios. Quinto. La Secretaría deberá expedir los acuerdos, circulares, avisos y demás instrumentos jurídicos que correspondan, a fin de dar a conocer a las personas obligadas a cumplir con las previsiones de este decreto, a más tardar en un plazo de sesenta días naturales. Sexto. Las autorizaciones o permisos otorgados con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, seguirán vigentes; su prórroga o renovación se sujetará la las disposiciones del presente decreto. Séptimo. Los planes de manejo a los que hace referencia esta ley deberán instrumentarse por los interesados, en un plazo no mayor a dos años a partir de la entrada en vigor de esta ley. Octavo. En tanto no se reformen las normas oficiales mexicanas vigentes, a las que aplican las disposiciones a lasque se hace referencia en este ordenamiento, seguirán aplicando dichas normas. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a los 27 días del mes de noviembre de 2001. Diputados: Bernardo de la Garza Herrera, coordinador; Francisco Agundis Arias, vice-coordinador; José Antonio Arévalo González, Esveida Bravo Martínez, María Teresa Campoy Ruy Sánchez, Olga Patricia Chozas y Chozas, Diego Cobo Terrazas, Arturo Escobar y Vega, José Rodolfo Escudero Barrera, Sara Guadalupe Figueroa Canedo, Nicasia García Domínguez, Alejandro Rafael García Sainz Arena, Juan Ignacio García Zalvidea, María Cristina Moctezuma Lule, Julieta Prieto Fuhrken, Concepción Salazar González y Erika Elizabeth Spezia Maldonado. DIP. BERNARDO DE LA GARZA: Solicito señor presidente, dispense la lectura del articulado toda vez que ha sido publicado en la Gaceta Parlamentaria y que sea turnada a la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias. PRESIDENTE: Con mucho gusto diputado Bernardo de la Garza, como usted lo solicita que se introduzca el texto íntegro de la iniciativa tanto en el Diario de Debates, como en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para presentar una iniciativa de Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, tiene la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano. Se pide a la Secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruya su cierre. SRIO. DIP. ADRIAN RIVERA PEREZ: Señor presidente, esta secretaría informa que confirmará en los listados impresos el registro de la asistencia de los ciudadanos diputados Rafael Ramírez Sánchez, Carlos Raymundo Toledo y Mario Reyes Oviedo, toda vez que se apagaron sus nombres en los tableros electrónicos. Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra la asistencia de 454 diputados. Ciérrese el sistema electrónico. PRESIDENTE: Muchas gracias diputado. Al no encontrarse el diputado Amador Rodríguez Lozano en el salón, se le concede la palabra al diputado Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, del grupo parlamentario del partido Acción Nacional, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. DIP. NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO: Buenos días; diputado presidente; diputados del Congreso de la Unión: "El suscrito Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional a la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto (LEYO INICIATIVA. INSERTESE) Señora Presidenta, diputados del Congreso de la Unión. El suscrito Neftalí Salvador Escobedo Zoletto, dipuado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, a la LVIII Legislatura del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta Asamblea la presente Iniciativa de decreto por la que reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, misma que se fundamenta bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Ha sido en forma continua y más intensa en los últimos años, con el afán de fortalecer al federalismo en nuestro país el apoyar al nivel de gobierno en mayor contacto con las necesidades ciudadanas, los municipios. Así mismo es de todos aceptado que el fortalecimiento de las finanzas municipales serán el mejor y más pronto camino para lograr la autonomía, tan amplia y generalmente deseada. Es por ello que en forma constante los recursos federales asignados a los municipios ha ido en aumento, siendo de estos aumentos el de 1998, el más importante, en donde la creación del ramo 33, con los fondos de Aportación para la Infraestructura Social Municipal y los fondos de Aportación para el Fortalecimiento Municipal, lograron en muchos casos hasta un incremento en un 150% de los recursos que los. municipios iniciaron a manejar para la realización de obra pública. Estos mayores recursos han logrado cubrir en mejor medida las necesidades más apremiantes de los ciudadanos, que por supuesto en los mayoría de los ayuntamientos ha sido para apoyar a la población más necesitada. En el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en forma explícita se expresa que los recursos serán utilizados "exclusivamente" al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a intervenciones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema. Los fondos de aportación para la infraestructura social municipal deberá ser utilizada para: "agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización municipal, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica de salud, infraestructura básica educativa, mejoramiento de vivienda, caminos rurales, e infraestructura productiva rural". También se expresa que en caso de los municipios, estos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del fondo para la infraestructura social municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Especifica que este programa deberá ser convenido entre el ejecutivo federal a través de la Secretaria de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate. Adicionalmente los municipios podrán destinar hasta el 3% de los Recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras que se ya se han expresado. Sin embargo dos problemas fundamentales se han detectado, tienen los Municipios al ejercer los recursos de los fondos establecidos en éste artículo 33. Primero. El aumento de recursos para obra pública ha permitido a los municipios tener la posibilidad para realizar obras de mayor magnitud y que por ello requieren de la realización de proyectos ejecutivos técnicamente complicados y por tanto costosos. En muchas ocasiones, las condiciones propias de los ayuntamientos no permiten utilizar recursos, pues no se cuenta con ellos, para la realización o pago de los proyectos ejecutivos requeridos para obras necesarias para cumplir con los requerimientos de la población. Como ejemplos pudieran considerarse, proyectos de drenaje y alcantarillado, vialidades urbanas, caminos rurales pavimentados, pozos y líneas de conducción de agua potable etcétera. Segundo. Con mayores recursos es posible realizar mayor número de obras, para lo que se requiere un mayor número de personal capacitado para la supervisión de la ejecución de las mismas, llevando con ello una utilización adecuada de los recursos y que éstas se efectúen con índices de calidad necesarias y exigidas por, la normatividad y la ciudadanía. Los recursos de gran cantidad de municipios no son suficientes para cubrir este rubro de supervisión de obra pública, al no poder contratar personal capacitado en la cantidad suficiente para que su desarrollo de la actividad sea la correcta. En el primer problema tenemos como consecuencia, el que algunos municipios no logren utilizar el total del recurso asignado por no contar con los proyectos ejecutivos de la obras que la localidad requiere, situación grave, ante las grandes necesidades que existen por parte de la ciudadanía, obligándose en ocasiones a la realización de obras pequeñas, como canchas de usos múltiples, aulas de escuela, centros cívicos, etc, que no son necesidades reales ni inmediatas. Por otro lado obras necesitadas como apremiantes y urgentes no pueden realizarse por la complejidad de ello al no contar con proyectos ejecutivos adecuados. El segundo problema ocasiona que muchas obras al no tener la calidad necesaria por falta de supervisión, no cumpla con las expectativas de la ciudadanía y por tanto la molestia de la misma y por otra ponga a los munícipes en serios problemas legales por no cumplir con la normatividad que se requería. La redacción actual del artículo 33 de la Ley Coordinación Fiscal, niega, por no estar expresamente señalado que se puedan utilizar recursos de estos fondos municipales para elaborar proyectos ejecutivos para obras complejas, y así mismo el poder utilizar recursos para la contratación de personal o empresarial para la supervisión de obras realizables. Los municipios que tiene capacidad de recursos propios para sortear estos dos problemas brincan el obstáculo, sin embargo municipios que tiene recursos propios insuficientes caen en una trampa de ineficiencia, ineficacia y falta de atención a las necesidades apremiantes de la ciudadanía a la que sirven. Es por ello que se propone agregar un párrafo al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se faculte a aquellos Municipios que lo requieran, el poder utilizar recursos de este Fondo de Aportaciones par la Infraestructura Social Municipal, para la elaboración de Proyectos Ejecutivos de obra, así como para la supervisión correcta en la ejecución de las mismas. El agregado no es limitativo, pues el mismo artículo estable para que se debe emplear el recurso, y por el contrario abre la posibilidad para que aquel que lo requiera pueda utilizarlo, en un rango que no sea un monto que perjudique el atender las necesidades básicas de la comunidad. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los ordenamientos previamente mencionados, me permito poner a consideración de esta Cámara de Diputados la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 33. Se adiciona al 4o. Párrafo la siguiente leyenda para queda como sigue: En caso de los municipios, estos podrán disponer de hasta un 2% del total de recursos del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal que les correspondan para la realización de un programa de desarrollo institucional. Este programa será convenido entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social, el gobierno estatal correspondiente y el municipio de que se trate. Así mismo podrán destinar hasta un 5% del total de los recursos de el Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal que les corresponda para elaborar los proyectos ejecutivos de infraestructura que se realizarán en su territorio, y hasta un 3% para implementar un programa de supervisión en la ejecución de dichas obras que asegure que las mismas cumplan con la normatividad establecida. Adicionalmente los estados y municipios podrán destinar hasta el 3% de los recursos correspondientes en cada caso, para ser aplicados como gastos indirectos a las obras señaladas en el presente artículo. Respecto de dichas aportaciones los estados y municipios deberán: I a la V. . . . Solicito atentamente a la presidencia sea turnada para su estudio y dictamen la presente iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Público, asimismo que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Gracias por su atención. Anexo nombres y firmas de diputados que intervinieron y que apoyan la presente iniciativa. José Francisco Blake Mora, José Alfredo Botello Montes, Víctor León Castañeda, Francisco Raúl Ramírez Avila, Gabriela Cuevas Barrón, césar Monraz Sustaita, Julián Hernández Santillán, Eduardo Rivera Pérez, Armando Salinas Torre, Felipe Calderón Hinojosa, Guillermo Anaya Llamas, Carlos Borunda Zaragoza, Marcos Pérez Esquer, Abelardo Escobar Prieto, Jaime Salazar Silva, Enoch Araujo Sánchez, Alfonso Vicente Díaz, Miguel Mantilla Martínez, José Ramón Mantilla González de la Llave, Alejandro Zapata Perogordo, José Luis Novales Arellano, Luis Pazos De la Torre, Adrián Rivera Pérez, Sonia López Macías, Cuahtémoc Cardona y Silvia Álvarez. DIP. NEFTALI SALVADOR ESCOBEDO ZOLETTO: Solicito atentamente a la presidencia sea turnada para su estudio y dictamen la presente iniciativa, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Asimismo, que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates.