El diputado Juan Enrique Ibarra Pedroza: Gracias, ciudadano presidente. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa con toda claridad que no estamos a favor de la impunidad de los delincuentes. No es nuestra intención proteger a quienes acuden a conductas antisociales, sin embargo, atrás de cada caso particular de delitos existen circunstancias que ameritan, o bien atenuar la pena o hacer que ésta sea más severa. En el caso del secuestro, que indudablemente lastima a quien lo sufre, a la familia, a la sociedad entera, se publicó a finales de noviembre de 2010 la ley que ahora se quiere reformar, misma que inició su vigencia, como ya se dijo aquí, a finales de febrero del año en curso. Ante ello, debemos preguntarnos; ¿qué tan eficaces han resultado las medidas previstas en la Ley para Combatir el Secuestro? La respuesta es que no sabemos, porque el cuerpo del dictamen no se desprende ninguna información acerca de la vigencia de la ley en ese periodo; cuántos delitos se han denunciado; cuántas averiguaciones previas se han abierto; en cuántas ha habido consignación, autos de formal prisión y sentencia condenatoria, y sobre todo en cuántos casos se ha desposeído a la delincuencia de los recursos obtenidos con sus actividades ilícitas. Sabemos, sí, que el delito se sigue cometiendo. Si acudimos, por ejemplo, a una reciente nota en el periódico Reforma, de octubre, nos señala que de octubre del 10 a septiembre de 2011 se han cometido 581 secuestros. En el dictamen que se nos presenta, en los artículos 10, fracción IV, se establecen penas de 35 años de prisión a prisión vitalicia, y de 40 años de prisión se pasa a prisión vitalicia. En el Grupo Parlamentario del PT consideramos que la pena de prisión vitalicia es totalmente contraria a lo que se establece en el artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que en uno de sus apartados establece: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Hay que destacar que tanto en la reforma de junio, que ya se habló de 2008, que establece el nuevo sistema penal acusatorio, y la última de junio de 2010, por el que se modifica el capítulo I, del título primero y reformas de diversos artículos de la Constitución en materia de derechos humanos, mantienen el principio de que el fin de la pena del sistema penitenciario y de los elementos en que éste se organiza, es la reinserción del sentenciado a la sociedad. Con prisión vitalicia no existe estímulo para que el sentenciado tenga buena conducta y en el futuro pueda salir de la cárcel. Al imponer la prisión vitalicia, que es un eufemismo, para no utilizar el término sajón penitenciario de sentencia perpetua, el Estado mexicano estará estableciendo la pena de muerte, porque mandará al delincuente a morir en prisión, dejando a un lado la obligación constitucional de reingresarlo a la sociedad. La pregunta que cabe hacer es, ¿qué hará el delincuente al no tener motivación alguna para salir de la cárcel? La respuesta es sencilla, formará o se integrará a alguna banda criminal que operará desde la prisión. Es decir, el problema, ya lo hemos dicho nosotros en repetidas ocasiones, no se va a solucionar imponiendo la prisión vitalicia, por eso nosotros reafirmamos que la violencia jamás podrá condenarse con más violencia. Por eso nosotros estamos y votaremos en contra de la propuesta que hoy se nos hace. Muchas gracias.