El diputado Francisco Amadeo Espinosa Ramos: Ciudadanos Secretarios de la Honorable CÃ¡mara de Diputados de la QuincuagÃ©sima Novena Legislatura del honorable Congreso de la UniÃ³n: El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, somete a la consideraciÃ³n del pleno de esta CÃ¡mara la presente iniciativa con proyecto de decreto para crear el Programa de Becas Laborales para los egresados de las instituciones de educaciÃ³n superior bajo la siguiente: EXPOSICIÃN DE MOTIVOS MÃ©xico continÃºa siendo un paÃ­s de jÃ³venes, pese a la tendencia al envejecimiento de su poblaciÃ³n; sin embargo, millones de jÃ³venes mexicanos se encuentran hoy excluidos al mercado laboral. Conforme datos de la Secretaria de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico, asÃ­ como del INEGI, anualmente un millÃ³n 300 mil jÃ³venes se incorporan al mercado laboral y se convierten en demandantes de empleo. No todos son absorbidos por este mercado y su potencialidad laboral no es aprovechada por las empresas, porque en tÃ©rminos de su desempeÃ±o productivo se estima que sÃ³lo 47% de ellos tienen empleo, mientras que el 24% tiene al estudio como Ãºnica actividad y el 18% se dedica a labores del hogar y otro 8% estudia y trabaja a la vez. Esta situaciÃ³n ha llevado a 140 mil jÃ³venes a emigrar anualmente a Estados Unidos, lo que representa casi el 30% de la poblaciÃ³n que emigra hacia NorteamÃ©rica. Por otra parte, el 80% de los egresados de las universidades realizan labores distintas a su perfil, al tiempo que se estima que el prÃ³ximo aÃ±o se requerirÃ¡n cerca de un millÃ³n 200 mil nuevos empleos para los egresados. Para el perÃ­odo 2005-2010 serÃ¡ un millÃ³n 100 mil adicionales, segÃºn lo seÃ±ala la representaciÃ³n en MÃ©xico de la OrganizaciÃ³n Internacional del Trabajo. En las circunstancias actuales, en el mercado laboral de nuestro paÃ­s las oportunidades de empleo son sumamente escasas para los egresados de las universidades e instituciones tÃ©cnicas. Se calcula que por cada oferta de empleo profesional que se crea, existen tres demandantes. En este contexto, las universidades y los centros de estudios tecnolÃ³gicos del paÃ­s estÃ¡n produciendo desempleados al no lograr insertarse en el mercado laboral sus egresados y eso va en contra de las aspiraciones legÃ­timas de la juventud mexicana. Los jÃ³venes de este paÃ­s no estÃ¡n de acuerdo con el sistema econÃ³mico vigente que los orilla a la pobreza, a la desesperanza y la falta de expectativas; quieren ser productivos y aportar al paÃ­s su mejor esfuerzo. Reclaman mayores espacios y oportunidades de desarrollo y crecimiento, su prioridad es que se les vea como el presente de un paÃ­s; son una realidad que no se puede ignorar. Demandan a la sociedad y al gobierno espacios de participaciÃ³n polÃ­tica y de formaciÃ³n acadÃ©mica, derecho al trabajo, al esparcimiento, a tener ingresos dignos, asÃ­ como al derecho a decidir sobre el rumbo del paÃ­s. Los jÃ³venes son tambiÃ©n el futuro de nuestro paÃ­s porque sobre ellos recaerÃ¡ la responsabilidad histÃ³rica de garantizar la preservaciÃ³n de nuestras instituciones, asÃ­ como cuidar el medio ambiente y la difusiÃ³n de la cultura nacional. En ese sentido, debe quedar claro que los jÃ³venes en tanto son un valor presente, necesitan espacios de realizaciÃ³n y de construcciÃ³n de proyectos personales, pero tambiÃ©n sociales. En MÃ©xico ambas situaciones no han tenido ni la mÃ¡s mÃ­nima atenciÃ³n por parte de la sociedad ni de los gobiernos en turno. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo, considera fundamental que los estudiantes de este paÃ­s tengan incentivos para poner en prÃ¡ctica sus conocimientos profesionales y sigan formÃ¡ndose en el terreno acadÃ©mico, para crear cuadros profesionales del mÃ¡s alto nivel que requiere nuestro paÃ­s. Por ello proponemos la creaciÃ³n de un programa de becas laborales para dotar de empleos profesionales a los egresados de las instituciones de educaciÃ³n superior, aprovechando los conocimientos que adquieren en los centros educativos para ser puestos en prÃ¡ctica y en beneficio de las comunidades, los municipios y las entidades federativas. Pensamos que la vinculaciÃ³n de los centros de educaciÃ³n con el pueblo, pasa primero por la difusiÃ³n del conocimiento cientÃ­fico a favor de los habitantes de nuestro paÃ­s. El trabajo comunitario de los jÃ³venes egresados de las instituciones de educaciÃ³n superior, serÃ¡ la mejor manera de integrar a las universidades y los centros de estudios tecnolÃ³gicos con el pueblo mexicano. La integraciÃ³n de los jÃ³venes al trabajo comunitario servirÃ¡ para que tengan la oportunidad de demostrar sus habilidades y capacidades intelectuales, la destreza profesional, el liderazgo y de iniciativa, ademÃ¡s de servir como una base experimental y de adquisiciÃ³n de experiencia para su desarrollo laboral. Nuestra propuesta plantea que los recursos para crear el problema de becas laborales sea financiado con los ingresos que recauda la FederaciÃ³n y aprobado por la CÃ¡mara de Diputados, para que puedan ser transferidos a las instituciones de educaciÃ³n superior y los centros tecnolÃ³gicos del paÃ­s, para apoyar los proyectos que presenten los egresados, con el propÃ³sito de vincular sus conocimientos a las comunidades. CompaÃ±eras y compaÃ±eros legisladores: Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo dispuesto por los artÃ­culos 71 fracciÃ³n II de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, asÃ­ como por los artÃ­culos 55 fracciÃ³n II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideraciÃ³n del Pleno de la CÃ¡mara de Diputados del Honorable Congreso de la UniÃ³n, la presente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una secciÃ³n V al capÃ­tulo II de la Ley General de EducaciÃ³n para crear el programa de becas laborales, para dotar de empleos profesionales a los egresados de las instituciones de educaciÃ³n superior. Solicito a la presidencia instruya la publicaciÃ³n Ã­ntegra de la presente iniciativa en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria de la CÃ¡mara de Diputados. Muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Muchas gracias diputado Espinosa. A solicitud del diputado Espinosa Ramos, insÃ©rtese el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates y publÃ­quese en la Gaceta Parlamentaria y tÃºrnese a la ComisiÃ³n de EducaciÃ³n PÃºblica y Servicios Educativos. Para presentar una iniciativa que reforma los artÃ­culos 254, 255,256, 257, 258, 259, 260 y 261, adiciona los artÃ­culos 260-a, 261-a y 261-b y deroga la subdivisiÃ³n de las secciones primera y segunda del derecho sobre hidrocarburos en el capÃ­tulo dÃ©cimosegundo de la Ley Federal de Derechos, con el fin de modificar el rÃ©gimen fiscal de PEMEX, tiene la palabra el diputado Oscar Pimentel GonzÃ¡lez, suscrita por los integrantes de la ComisiÃ³n de EnergÃ­a. El diputado Oscar Pimentel GonzÃ¡lez (PRI): Con su permiso seÃ±ora presidenta. CompaÃ±eras y compaÃ±eros diputados: La industria petrolera es uno de los sÃ­mbolos mÃ¡s representativos de la etapa moderna de MÃ©xico. El aprovechamiento de los hidrocarburos ha sido un soporte fundamental para el crecimiento y diversificaciÃ³n de nuestra economÃ­a y ha generado cuantiosos recursos al gobierno para atender las necesidades de la poblaciÃ³n en materia de infraestructura y desarrollo social. PEMEX actualmente es la principal empresa pÃºblica del paÃ­s, que aporta alrededor de la tercera parte de los ingresos presupuestales de la FederaciÃ³n. La contribuciÃ³n de divisas por parte de PEMEX ha sido fundamental para enfrentar las difÃ­ciles coyunturas econÃ³micas del paÃ­s. PEMEX ha tenido que canalizar los escasos recursos disponibles, a los proyectos de mayor rentabilidad y rÃ¡pida generaciÃ³n de ingresos, gracias a lo cual durante los Ãºltimos aÃ±os la plataforma de producciÃ³n de crudo ha tenido un incremento notable de casi un millÃ³n de barriles, con lo cual la producciÃ³n actual alcanza un promedio de tres punto cuatro millones de barriles diarios. Sin embargo, el Ã©nfasis por aumentar la actividad extractiva para aprovechar los ingresos provenientes de las exportaciones de petrÃ³leo, restringiÃ³ de manera significativa la capacidad de financiar programas de exploraciÃ³n para elevar las reservas e impulsar el desarrollo de la industria del gas natural y las actividades de refinaciÃ³n, obligando a la importaciÃ³n de volÃºmenes crecientes de gas y combustibles durante los Ãºltimos aÃ±os. Ante las restricciones presupuestales y las crecientes necesidades de inversiÃ³n, PetrÃ³leos Mexicanos ha recurrido ÃÂdesde finales de la dÃ©cada anterior- al esquema de Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto, conocidos comÃºnmente como PIDIREGAS. Si bien estos proyectos son autofinanciables y han probado su rentabilidad, sÃ³lo constituyen una soluciÃ³n pasajera. Es urgente que PEMEX cuente con la capacidad propia y suficiente de inversiÃ³n para atender el reto del crecimiento de la industria petrolera. En la actualidad, PEMEX enfrenta la grave paradoja de alcanzar cifras sin precedentes en producciÃ³n, venta de petrÃ³leo y rentabilidad, y sin embargo reportar pÃ©rdidas anuales que no sÃ³lo restringen su potencial de inversiÃ³n sino incluso ponen en riesgo su viabilidad futura. En 2002, por ejemplo, sus ingresos ascendieron a 487 mil millones de pesos. Restando la cobertura de los costos de operaciÃ³n, el pasivo laboral y los intereses de la deuda, se obtuvieron utilidades por 305 mil millones de pesos. No obstante, PEMEX aportÃ³ a la FederaciÃ³n impuestos y derechos que ascendieron a 325 mil millones de pesos, por lo que en el reporte final de la empresa se registrÃ³ una pÃ©rdida de 20 mil millones de pesos. A lo anterior, se agrega la acumulaciÃ³n de pasivos que de 1998 a 2003, han reducido el patrimonio de la empresa en un 80%, al pasar de 235 mil a 46 mil millones de pesos. Es urgente aplicar medidas para resolver los principales problemas que aquejan a esta empresa estratÃ©gica. Un primer paso es dotar a PEMEX de un nuevo rÃ©gimen fiscal que permita el saneamiento de sus finanzas; que fortalezca su capacidad de inversiÃ³n productiva; y que mejore su contribuciÃ³n a la economÃ­a nacional. Los diputados que conformamos la ComisiÃ³n de EnergÃ­a, hemos establecido un diÃ¡logo respetuoso y constructivo para analizar los problemas del sector y las modificaciones legislativas que son necesarias para fortalecer a PEMEX mediante un nuevo rÃ©gimen fiscal y la autonomÃ­a tÃ©cnica y de gestiÃ³n que requiere como empresa. Los resultados que hoy presentamos en forma de iniciativa, esperamos que se discutan con toda seriedad al interior de cada grupo parlamentario y se despejen las reservas y dudas que legÃ­timamente se han expresado en el proceso de elaboraciÃ³n de la misma. Hoy ponemos a su consideraciÃ³n la presente iniciativa de decreto que reforma, adiciona y deroga diversos artÃ­culos de la Ley Federal de Derechos para modificar el rÃ©gimen fiscal de PEMEX, con el objeto de que sea turnada a las comisiones correspondientes de la CÃ¡mara de Diputados para su dictamen y despacho en el actual perÃ­odo de sesiones. El nuevo rÃ©gimen fiscal para PetrÃ³leos Mexicanos, se propone ÃÂentre otras cosas- permitir a su filial mÃ¡s importante, PEMEX-ExploraciÃ³n y producciÃ³n, operar en condiciones similares al resto de las compaÃ±Ã­as petroleras internacionales en lo que toca al uso de recursos propios; aumentar la rentabilidad en los proyectos de inversiÃ³n y liberar gradualmente recursos para nuevos proyectos, mitigando los niveles de endeudamiento de la empresa. Para no afectar las finanzas pÃºblicas de la FederaciÃ³n y de los estados, se busca tambiÃ©n igualar la contribuciÃ³n que darÃ­a el rÃ©gimen fiscal actual durante el primer aÃ±o, y aumentarla en los aÃ±os subsecuentes. El nuevo rÃ©gimen fiscal propuesto para PEMEX, consiste: Primero.- En un nuevo rÃ©gimen para organismos subsidiarios que realizan procesos industriales, mediante el cual PEMEX-RefinaciÃ³n, PEMEX-Gas y PetroquÃ­mica BÃ¡sica y PEMEX-PetroquÃ­mica, serÃ¡n sujetos de un esquema fiscal, similar al del Impuesto Sobre la Renta, denominado: "Impuesto Sobre la Renta Petrolera", de un 35 % sobre utilidades. Segundo.- Un nuevo rÃ©gimen fiscal para PEMEX-ExploraciÃ³n y ProducciÃ³n mediante el cual esta empresa pagarÃ¡ tres derechos a la FederaciÃ³n, diferenciando las tasas aplicables a la producciÃ³n de crudo y de gas natural y diferenciando los hidrocarburos provenientes de proyectos nuevos y de los ya existentes. Estas contribuciones serÃ¡n el derecho sobre extracciÃ³n de hidrocarburos, el derecho ordinario sobre hidrocarburos y el derecho sobre hidrocarburos para el Fondo de EstabilizaciÃ³n. El contenido especÃ­fico de cada gravamen del nuevo rÃ©gimen, se explica en el texto de la iniciativa que les ha sido entregada. Es cuanto, seÃ±ora Presidenta. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Gracias, diputado Pimentel. TÃºrnese a la ComisiÃ³n de Hacienda y CrÃ©dito PÃºblico con opiniÃ³n de la ComisiÃ³n de EnergÃ­a. Tiene la palabra el diputado JosÃ© AlarcÃ³n HernÃ¡ndez, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar una iniciativa que reforma el pÃ¡rrafo primero del artÃ­culo 364 del CÃ³digo Penal Federal. El diputado JosÃ© AlarcÃ³n HernÃ¡ndez (PRI): Con su venia, seÃ±ora Presidenta. CompaÃ±eras y compaÃ±eros diputados: Acudo a esta Honorable soberanÃ­a a presentar una iniciativa de proyecto de decreto para reformar el pÃ¡rrafo primero del artÃ­culo 364 del CÃ³digo Penal Federal, con el objeto de aumentar la penalidad en el delito de privaciÃ³n ilegal de la libertad. Que se reforme la fracciÃ³n I para tipificar adecuadamente este delito, que se derogue el tercer pÃ¡rrafo de la misma fracciÃ³n para que ya no exista la figura del arrepentimiento post factum y que se derogue la fracciÃ³n II para que ya no se contemple la existencia del "delito" de violaciÃ³n de derechos y garantÃ­as constitucionales con base en la siguiente EXPOSICIÃN DE MOTIVOS La libertad es despuÃ©s de la vida el bien jurÃ­dico tutelado mÃ¡s importante. La libertad es un bien jurÃ­dico que al mantenerse ileso, hace posible mantener a salvo los demÃ¡s bienes jurÃ­dicos, por eso el Estado debe de ser el mÃ¡s celoso guardiÃ¡n de la libertad; el Estado democrÃ¡tico de derecho debe de fundarse esencialmente en la libertad. Por estos motivos consideramos que la sanciÃ³n que impone el artÃ­culo 364 del CÃ³digo Penal Federal, al particular que prive a otro de su libertad fÃ­sica, de locomociÃ³n, de trÃ¡nsito, de ambulatoria, que es de seis meses a tres aÃ±os de prisiÃ³n y de 25 a 100 dÃ­as de multa, es una sanciÃ³n irrisoria. La fracciÃ³n I de este artÃ­culo seÃ±ala: "Al particular que prive a otro de su libertad, hasta por cinco dÃ­as, si la privaciÃ³n de la libertad excede de cinco dÃ­as, la pena de prisiÃ³n serÃ¡ de un mes mÃ¡s por cada dÃ­a". Otro aspecto que consideramos importante someter al anÃ¡lisis de los legisladores, es el llamado arrepentimiento post factum, establecido en el Ãºltimo pÃ¡rrafo de esta fracciÃ³n que textualmente establece: "Si el agente espontÃ¡neamente libera a la vÃ­ctima dentro de los tres dÃ­as siguientes al de la privaciÃ³n de la libertad, la pena de prisiÃ³n serÃ¡ de hasta la mitad". Es decir, pudiera ser de sÃ³lo tres meses de prisiÃ³n. "ÃÂ¿Existe la actitud espontÃ¡nea del sujeto activo para liberar a la vÃ­ctima? SerÃ­a la pregunta. La respuesta es no. La realidad es que cuando dejan en libertad a la vÃ­ctima se debe a que existe revuelo o presiÃ³n a travÃ©s de los medios de comunicaciÃ³n o porque los operativos policiacos que a veces se realizan, los hacen sentirse acorralados; pero nunca porque exista arrepentimiento. La mejor muestra de que no existe arrepentimiento es que se dan a la fuga, si existiera arrepentimiento debÃ­an llevar a la vÃ­ctima ante la autoridad competente y entregarse. "No recuerdo ningÃºn caso en el que uno o varios delincuentes que hayan privado de la libertad a alguna persona hayan ido ante la autoridad a entregarla y a entregarse. Esa serÃ­a una noticia nacional que durante muchas dÃ©cadas no se ha dado. En el robo se castiga al ladrÃ³n, independientemente de que abandone o lo desapoderen de lo robado. De igual manera debÃ­a procederse en la privaciÃ³n ilegal de la libertad. "Por otro lado, la fracciÃ³n II del artÃ­culo 364 del CÃ³digo Penal Federal crea como delito en forma indebida la conducta consistente en violar de alguna manera los derechos y garantÃ­as que la ConstituciÃ³n General de la RepÃºblica establece a favor de las personas. En esta fracciÃ³n no se describen conductas, no tipifica delitos reales, efectivos o ciertos, sino referencias normativas muy generales. Es lo que en la dogmÃ¡tica penal se conoce como tipo abierto y que nosotros llamarÃ­amos incierto por lo difuso, nebuloso y confuso. "Este tipo abierto, contemplado en la fracciÃ³n II del artÃ­culo 364, es tan abierto que deja a criterio del ministerio pÃºblico, del juez, del magistrado, considerar que determinada conducta es delictiva sin apoyarse en una disposiciÃ³n de ley que sancione dicha conducta. Es decir, la ley no seÃ±ala si determinada conducta es tÃ­pica, si esa conducta se ajusta al modelo llamado Tipo Penal si la conducta llena plenamente el molde de uno o mÃ¡s delitos y no lo hace porque simple y sencillamente no crea ningÃºn tipo. "Queremos precisar que la fracciÃ³n II del artÃ­culo que estamos impugnando es anticonstitucional porque viola lo establecido por el artÃ­culo 14 de nuestra Ley MÃ¡xima en su tercer pÃ¡rrafo que dispone: En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogÃ­a y aÃºn por mayorÃ­a de razÃ³n pena alguna que no estÃ© concretada por una ley exactamente aplicable al delito del que se trata. "Los tipos abiertos que contrarÃ­an lo que plasman los artÃ­culos 14 y 16 de la ConstituciÃ³n no deben existir. Los tipos penales solo el legislador los crea, los jueces solo deben atenerse a lo que la ley dispone; no deben invadir las funciones de los legisladores. "Los Tipos Abiertos contravienen tambiÃ©n este segundo pÃ¡rrafo del artÃ­culo 16 de la ConstituciÃ³n porque no es posible que exista orden de aprehensiÃ³n, previa denuncia de un hecho que el CÃ³digo Penal es omiso al calificar como delito y si no es delito no puede estar seÃ±alado con pena privativa de la libertad. Y como es obvio tampoco pueden existir datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del indiciado. "Por lo anteriormente seÃ±alado someto a la consideraciÃ³n de esta soberanÃ­a la siguiente iniciativa con proyecto de decreto: "ArtÃ­culo Unico.- Que se reforme el pÃ¡rrafo primero del artÃ­culo 364 del CÃ³digo Penal Federal para que se aumente la penalidad en el delito de privaciÃ³n ilegal de la libertad que dispone de 6 meses a 3 aÃ±os y 25 a 100 dÃ­as de multa y establezca 5 a 10 aÃ±os de prisiÃ³n y 500 a 1000 dÃ­as de multa. "Que se reforme la fracciÃ³n I del artÃ­culo 364 aludido. "Que se derogue el tercer pÃ¡rrafo de la misma fracciÃ³n, para que ya no exista la figura del arrepentimiento post facto. "En este contexto, que se derogue la fracciÃ³n II del artÃ­culo 364 del CÃ³digo Penal Federal, para que ya no se contemple la existencia del delito de violaciÃ³n de derechos y garantÃ­as constitucionales, para quedar como sigue: "ArtÃ­culo 364.- Se impondrÃ¡n de 5 a 10 aÃ±os de prisiÃ³n y de 500 a 1000 dÃ­as multa: "I.- Al particular que prive a otro de su libertad, cualquiera que sea el tiempo de su detenciÃ³n. Pero si la privaciÃ³n de la libertad excede de 1 dÃ­a, la pena de prisiÃ³n se aumentarÃ¡ 1 mes por cada dÃ­a. "La pena de prisiÃ³n se aumentarÃ¡ hasta en una mitad, cuando la privaciÃ³n de la libertad se realice con violencia, cuando la vÃ­ctima sea menor de 16 o mayor de 60 aÃ±os de edad o cuando por cualquier circunstancia la vÃ­ctima estÃ© en situaciÃ³n de inferioridad fÃ­sico-mental respecto de quiÃ©n la ejecuta. "ArtÃ­culo transitorio. "Ãnico.- El presente decreto entrarÃ¡ en vigor al dÃ­a siguiente de su publicaciÃ³n en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n. "Palacio Legislativo de San LÃ¡zaro, a 9 de septiembre de 2004". Es cuanto Presidenta, rogando a usted se inserte esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias. (aplausos) La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Gracias a usted diputado AlarcÃ³n. Y de acuerdo a la solicitud del ponente, insÃ©rtese el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates y tÃºrnese a la ComisiÃ³n de Justicia y Derechos Humanos. Ahora tiene la palabra el diputado JosÃ© Antonio Cabello Gil, del Grupo Parlamentario del Partido AcciÃ³n Nacional, para presentar una iniciativa que reforma los artÃ­culos 76, 89 y 102 apartado "A", de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos. El diputado JosÃ© Antonio Cabello Gil (PAN): Con su permiso, Presidenta. CompaÃ±eras y compaÃ±eros diputados: Si hacemos un repaso histÃ³rico sobre los antecedentes y cambios que se han dado en las instituciones de la ProcuradurÃ­a General de la RepÃºblica y el Ministerio PÃºblico, podemos constatar que Ã©stas han evolucionado de manera importante en nuestro sistema jurÃ­dico nacional. Inicialmente surgen de manera separada para luego integrarse orgÃ¡nicamente en una sola entidad. DespuÃ©s se integran al Ã¡mbito del Poder Judicial, para luego incorporarse al Ã¡mbito del Poder Ejecutivo Federal. En la evoluciÃ³n de las instituciones a las que hago referencia, identificamos un proceso de consolidaciÃ³n y fortalecimiento, que se traduce en un incremento de sus funciones y atribuciones. En la Ley OrgÃ¡nica de la ProcuradurÃ­a General de la RepÃºblica, publicada en el Diario Oficial de la FederaciÃ³n el 27 de diciembre de 2002 y promovida por el Presidente Vicente Fox Quesada, encontramos una ProcuradurÃ­a bien estructurada y fortalecida, en la que concluyen funciones ministeriales de investigaciÃ³n y persecuciÃ³n de delitos, de ejercicio de acciÃ³n penal, asÃ­ como de vigilancia de la observancia de la constitucionalidad y la legalidad en sus intervenciones en los juicios de amparo, con funciones de representante del interÃ©s social o de la FederaciÃ³n. En las reformas constitucionales de 1994, la relativa al artÃ­culo 76 incluye dentro de las facultades del Senado, la de ratificar el nombramiento que el Presidente de la RepÃºblica haga del Procurador General de la RepÃºblica y la del artÃ­culo 102, para establecer los requisitos para ser Procurador General de la RepÃºblica y resolver el debate de que el Procurador ya no es el Consejero JurÃ­dico del Presidente sino que esta funciÃ³n estarÃ¡ a cargo de la dependencia del Poder Ejecutivo que determine la Ley OrgÃ¡nica de la AdministraciÃ³n PÃºblica Federal. En esa ocasiÃ³n se considerÃ³ que se habÃ­a dado un paso decisivo, al dotar a dicho Ã³rgano de procuraciÃ³n de una mayor legitimidad republicana, al someter la designaciÃ³n de su titular a la ratificaciÃ³n del Senado. En esta iniciativa que hoy presentamos, consideramos que es el momento de dar un paso mÃ¡s en la legitimidad republicana y en la autonomÃ­a de la ProcuradurÃ­a General de la RepÃºblica. Por ello, proponemos que el nombramiento de su titular, pase de ser facultad del presidente de la repÃºblica para ser facultad exclusiva del Senado en base a terna que le proponga el presidente. Por lo anteriormente expuesto y en uso de las facultades que me otorga la legislaciÃ³n vigente, me permito someter a la consideraciÃ³n de esta Asamblea, la siguiente iniciativa de decreto que reforma los ArtÃ­culos 76, 89 y 102 Apartado A de la ConstituciÃ³n PolÃ­tica de los Estados Unidos Mexicanos, en relaciÃ³n al nombramiento del Procurador General de la RepÃºblica. Solicito a la presidencia se inserte el texto Ã­ntegro de esta iniciativa en el Diario de los Debates. Muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Gracias a usted diputado Cabello Gil, y de acuerdo a su solicitud favor de insertar el texto Ã­ntegro en el Diario de los Debates y turnarlo a la ComisiÃ³n de Puntos Constitucionales. Ahora tiene el uso de la palabra la diputada AngÃ©lica de la PeÃ±a del grupo parlamentario del Partido de la RevoluciÃ³n DemocrÃ¡tica para presentar una iniciativa que reforma el ArtÃ­culo 55 del CÃ³digo Penal Federal. La diputada AngÃ©lica de la PeÃ±a (PRD): Muchas gracias seÃ±ora presidenta. Estimable y honorable Asamblea. El sistema de justicia penal tiene que contar con los mÃ­nimos equilibrios para dotar de certeza y seguridad jurÃ­dica a las personas. Cuando el aparato de justicia penal se activa, es porque se han cometido afectaciones leves o graves a bienes jurÃ­dicos apreciados como superiores por el conjunto de la sociedad. Es adecuado que quienes teniendo mÃ¡s de 70 aÃ±os y habiendo sido consignados ante un juez penal, por la comisiÃ³n de algÃºn delito, puedan llevar su proceso penal en su domicilio particular, siempre y cuando, no se establezca ninguna de las hipÃ³tesis en el ArtÃ­culo 55 del CÃ³digo Penal Federal establecidos, es decir, que no hay el peligro de que se sustraigan de la acciÃ³n de la justicia y que no tengan una conducta que haga presumible su peligrosidad. La presente iniciativa de ley pretende esencialmente que aquellas personas que hayan cometido delitos de orden grave, no tengan el beneficio de que la prisiÃ³n preventiva puedan cumplirla en su domicilio particular. Es necesario tener muy presente, que los individuos que cometieron un delito grave, afectaron los bienes jurÃ­dicos mÃ¡s preciados y superiormente valorados de la sociedad, pensemos por ejemplo de aquellos delitos que afectan la vida, la integridad personal o la libertado en su defecto el patrimonio de las personas. Pensemos en aquellos individuos que cometieron un agravio, no sÃ³lo en contra de los derechos y bienes superiores de la vÃ­ctima directa del delito sino de sus familiares y por la gravedad de la afectaciÃ³n delictiva tambiÃ©n se transgrediÃ³ el conjunto de una comunidad, y en el caso extremo a la conciencia misma de toda la humanidad. En consecuencia, por ningÃºn motivo dichas figuras delictivas graves, deben dejar de reprocharse penalmente ante el Ã³rgano jurisdiccional penal, y por ningÃºn motivo quienes han sido penalmente encausados, pueden ser sujetos de beneficio u oportunidad alguna, para que pudiera aprovechando la circunstancia, efectivamente, sustraerse a la acciÃ³n de la justicia y no encarar las graves imputaciones que sobre ellos pesan, no sÃ³lo desde la acciÃ³n penal del Ministerio PÃºblico sino lo que constituye el reproche moral de las vÃ­ctimas, sus familiares y la sociedad en su conjunto. La sociedad mexicana estÃ¡ cansada de la corrupciÃ³n e impunidad, de la inseguridad pÃºblica, entre otros de sus factores, porque aÃºn quedan sin sanciÃ³n muchos de los delitos y crÃ­menes. Entre ellos, sÃ³lo por mencionar algunos, el delito de homicidio, en contra de la salud, la corrupciÃ³n de personas menores de edad, violaciÃ³n, secuestro, robo calificado, extorsiÃ³n y otras figuras delictivas graves. Si de verdad queremos contribuir eficazmente a la realizaciÃ³n de la seguridad pÃºblica que la sociedad mexicana tanto anhela y la cual ha manifestado fehacientemente su Ã¡nimo de que el Estado, a travÃ©s de todos sus poderes e instituciones responda comprometidamente en este sentido, entonces lo que tenemos que hacer es auxiliar desde el Ã¡mbito legislativo a contar con mejores leyes que inhiban la impunidad y en consecuencia la impunidad desde el Estado, afectando el estado de derecho. Por eso ahora desde este Poder Legislativo deseamos contribuir a generar un marco legal mÃ¡s idÃ³neo y eficaz para la persecuciÃ³n y sanciÃ³n penal de aquellos que judicialmente sean responsables de los delitos graves, contribuyendo con ello a la efectiva realizaciÃ³n de un estado democrÃ¡tico de derecho, en donde las leyes se cumplan y quienes han vulnerado derechos y garantÃ­as o atentado gravemente contra la sociedad en su conjunto, no tengan ninguna prerrogativa mÃ¡s allÃ¡ de lo que estrictamente establece para estos casos el debido proceso legal. En consecuencia, ni la edad de mÃ¡s de 70 aÃ±os de los procesados, ni la condiciÃ³n inherente por la senilidad de los mismos, debe permitir que individuos que han cometido delitos graves gocen de privilegios judiciales que podrÃ­an ser la puerta de la impunidad, lo que generarÃ­a mayor inseguridad pÃºblica en el paÃ­s. La preocupaciÃ³n, seÃ±oras y seÃ±ores diputados, por las consecuencias de la actual redacciÃ³n del artÃ­culo 55 del CÃ³digo Penal Federal pueden tener para la seguridad pÃºblica del paÃ­s, ya han sido manifestadas conducentemente por su servidora y por los diputados del PRD ante la Presidenta de la ComisiÃ³n de Derechos Humanos y de Justicia, por lo que es preciso seÃ±alar entonces que hemos de proponer ante ustedes la modificaciÃ³n del artÃ­culo 155 del CÃ³digo Penal Federal para quedar como sigue: "No gozarÃ¡n de esta prerrogativa quienes hayan cometido delitos graves o a quienes a criterio del juez puedan sustraerse de la acciÃ³n de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su peligrosidad". Es cuanto, seÃ±ora Presidenta. Muchas gracias. La Presidenta MarÃ­a Marcela GonzÃ¡lez Salas y Petricioli: Muchas gracias, diputada De la PeÃ±a. En relaciÃ³n a la presentaciÃ³n de la diputada De la PeÃ±a, tÃºrnese a la ComisiÃ³n de Justicia y Derechos Humanos Ahora tiene ahora el uso de la palabra el diputado Jorge Kahwagi Macari, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de MÃ©xico, para presentar una iniciativa que reforma el artÃ­culo 1ÃÂº y la fracciÃ³n I del artÃ­culo 67 de la Ley de ProtecciÃ³n al Ahorro Bancario.