El diputado Rafael Rodríguez González: Con su venia, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, históricamente la agricultura ha sido parte importante, junto con otros sectores en la producción y generación de empleos y alimentos suficientes para la población nacional. En ese escenario el sector agrícola ha sido uno de los motores del avance del país y ha merecido especial atención por parte del Estado en materia de planeación y apoyo. Esta tensión se vio reflejada primero con la creación en 1926, del Banco Nacional de Crédito Agrícola, con el objetivo de canalizar recursos a sociedades cooperativas agrícolas. Posteriormente en 1935, se constituye el Banco Nacional de Crédito Ejidal, como una entidad encargada de otorgar créditos fundamentalmente a través de sociedades locales de crédito ejidal. El proceso seguido por las instituciones de crédito agrícola, tiene un avance importante en el año de 1965 con la creación del Banco Nacional Agropecuario, consolidándose en 1975 el sector de banca de desarrollo en el ramo agropecuario mediante la fusión de las instituciones enunciadas a través de la creación del Banco Nacional de Crédito Rural, más conocido como Banrural, institución de desarrollo, la cual debido a los altos costos con los que llegó a operar, provocó que fuera liquidado en el año 2002, siendo sustituido por la Financiera Rural. La Financiera Rural fue creada como un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con el fin de ser el impulsor de las actividades agropecuarias, forestales, pesqueras y todas aquellas vinculadas al medio rural, buscando elevar la productividad y mejorar el nivel de vida de la población. En un escenario en donde las actividades rurales concentran el 25 por ciento de la población nacional y el 18 por ciento de la población económicamente activa, y donde un alto porcentaje de la población vive en condiciones de pobreza, motivo por el cual la Financiera Rural cobra especial relevancia para impulsar la base productiva del sector rural del país ante las deficiencias estructurales de nuestra economía que afecta de manera significativa al sector agropecuario con la falta de financiamiento oportuno y suficiente. En un escenario de apertura comercial producto de los tratados de libre comercio que hemos suscrito como nación y que han evidenciado nuestras debilidades, las cuales se han agudizado con los difíciles entornos económicos mundiales y la falta de una verdadera política de Estado con visión de largo plazo que impulse decididamente a los productores nacionales, es necesario que los créditos de la banca de desarrollo se orienten de manera efectiva a los productores que tienen dificultades para acceder a los créditos comerciales, pero en términos realmente competitivos, con verdaderas tasas de interés preferenciales que permitan la rentabilidad de las actividades productivas a las que están dirigidas y promuevan su dinamismo con eficacia y no como ocurre actualmente, en donde la Financiera Rural, banca de desarrollo del gobierno, cobra tasas de interés entre el 15.4 y 16.8 por ciento anual y la banca comercial o privada, como Banorte, Banamex, Bancomer, etcétera, ofrecen tasas de interés que van del 8 al 14 por ciento, siendo incongruente con la función estatal tener una banca de primer piso que otorgue créditos de 4 y 7 puntos más bajos que la banca de desarrollo, desvirtuando su razón de ser promotora del desarrollo nacional. Son necesarias políticas públicas que permitan a los productores competir en mejores condiciones para posicionar sus productos en el mercado, pero mientras las diferencias de acceso al crédito con tasas de interés competitivas continúen, seguiremos en desventaja con los productores de otros países. Es lamentable que, a pesar del impulso al crédito que se ha dado en los últimos años, éste no se ha convertido en el detonante del desarrollo agrícola, merced a las altas tasas de interés que cobra la banca de desarrollo, la cual se ha enfocado más a la competitividad por tener los mejores clientes en cuestión de cartera para que sean difusores del crédito, que en cumplir de manera efectiva con uno de los fines para el cual fue creada, como lo es fomentar de manera efectiva el desarrollo agrícola del país, a través de créditos accesibles, con tasas competitivas y preferentes para los productores y con ello desaprovechando el papel que está llamada a desempeñar en el concierto de la economía nacional. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural. Artículo único. Se reforma el artículo 7, fracción I, de la Ley Orgánica de la Financiera Rural para quedar como sigue. Artículo 7, fracción I. Otorgar préstamos o créditos a los productores con una tasa de interés menor o igual al límite mínimo utilizado por la banca comercial. Diputado presidente, solicito que el texto íntegro de esta iniciativa sea publicado en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor presidente.