La diputada Margarita Tapia Fonllem: Muy buenas tardes. Con su permiso, señora presidenta. Hoy que esta Cámara trata el tema de la inadmisible violación sexual a seis mujeres, ocurrida en Acapulco, Guerrero, no podemos eludir la memoria de tantas mujeres heridas, violadas y asesinadas. Recordemos el caso Castaños, en Coahuila, en 2006, donde 12 militares atacaron sexualmente a 14 sexoservidoras y aún resta hacer justicia. El caso de Ernestina Ascencio Rosario, asesinada en Zongolica, Veracruz. Recuperemos la memoria de la red de pederastas culpables de violaciones y trata de personas, denunciada en Quintana Roo. Recordemos también los cientos de violaciones y asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, la gran mayoría sin investigar y sin castigar a los culpables. Y hay que recordar que las mayorías parlamentarias no actuaron con el mismo sentido de urgencia que hoy pretenden mostrar. Recordemos también la sentencia del campo algodonero, por la cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano diversas medidas ante los casos de feminicidios presentados y lo señaló como responsable de múltiples violaciones a derechos fundamentales. En esta misma Cámara, en la pasada legislatura, muchas legisladoras y legisladores evitaron que se destrabara la solicitud de alerta de género por los feminicidios en el estado de México, esto lo hicieron para evitar que se manchara la campaña presidencial de su gobernador. A diferencia de Acapulco, en los casos aludidos ha habido una prolongada negligencia, no se han investigado ni sancionado la inmensa mayoría de delitos, se ha pretendido intimidar a las mujeres y a las personas defensoras, la autoridad ha intentado disuadir a familiares de exigir sus derechos, los grupos de poder han intentado acallar a la opinión pública y a la sociedad civil para que los casos no se difundan. Cuando escuchan la palabra justicia sólo entienden escándalo. Por ello lamentamos que el punto de acuerdo, presentado hoy, tenga tantas impresiones y contrasentidos, y pensamos que sólo dos puntos, de este punto de acuerdo presentado, serían aceptables. El primero, en el sentido de condenar enérgicamente la grave violencia sexual que se perpetró en contra de estas seis mujeres en Acapulco. Segundo, para exhortar a las autoridades municipales y estatales de esa entidad, para la pronta aprehensión y castigo de quienes resulten responsables. Sin embargo, el punto tercero del acuerdo, para exhortar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a conocer del caso y realizar las acciones conducentes, ya no tiene razón de ser, dado que ayer mismo el presidente del organismo anunció que iniciaría una queja de oficio para esta investigación. Es necesario actualizar este punto de acuerdo con la información que se ha hecho pública en la mayor parte de los medios de comunicación desde el día de ayer. El punto cuarto, por las razones antes aducidas, nos parece improcedente. Crear una comisión especial para dar seguimiento a los resultados de las investigaciones realizadas por el gobierno del estado de Guerrero significa generar un órgano especial que no tendría materia de trabajo. Llamamos a esta Cámara de Diputados a sí pronunciarnos enérgicamente en contra de lo ocurrido. Y si bien hubiéramos querido poder construir un punto de acuerdo en donde se compromete esta Cámara de Diputados a investigar todos los casos de violencia sexual cometidos en este país, estamos tratando de llegar a un acuerdo que deje en manos de la Comisión de Equidad y Género y de la Comisión de Derechos Humanos de esta soberanía, la atención y seguimiento de los resultados del caso de Guerrero que nos ocupa. Con la plena confianza de que ambas comisiones sabrán hacer su trabajo. Espero que en el transcurso de los próximos minutos podamos construir este acuerdo. Muchas gracias.