La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, Martin Luther King en uno de sus celebres discursos señaló: La esperanza de un mundo seguro y digno de ser vivido recae en los inconformistas. Y precisamente si algo caracteriza al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en esta Cámara es nuestro inconformismo constructivo para transformar a México, inconformismo para defender la libertad en todas sus manifestaciones: de expresión, de elección, de decisión, para combatir la pobreza y la ignorancia, para revelarnos contra la corrupción y para contribuir al bienestar de la nación. Los legisladores del Partido del Trabajo sí estamos inconformes con las arbitrarias reformas a la Constitución General de la República, porque si bien fueron impuestas violentando el propio procedimiento legislativo éstas no han contribuido a detener el deterioro de nuestras instituciones, la opresión de los más débiles, el abuso del poder, la acepción de personas y día a día se profundiza en las comunidades la depauperación social por la falta de empleo, el incremento de la inflación, los bajos salarios y las escasas oportunidades de desarrollo para los jóvenes. Lamentablemente la política no ha sido suficiente para encausar al país en el camino del desarrollo social y el crecimiento económico, ahí están los indicadores a la vista de todos, y ello es así porque el interés supremo de quienes gobiernan ha sido solamente obtener el poder por el poder mismo; lograron recuperarlo para servirse de él, no para servir a México. La ambición material desmedida de otros ha sido también el factor de desequilibrio social que ahonda las desigualdades, pues quienes detentan el poder económico y financiero en el país se niegan a invertir lo necesario para crear las fuentes de trabajo que tantas familias necesitan para subsistir y vivir con dignidad. Muchas han sido desde el 5 de febrero de 1917 las enmiendas al texto constitucional con el afán de encontrar soluciones a los problemas de México, inclusive el Constituyente Permanente se ha atrevido a alterar los principios fundamentales consagrados en la Carta Magna, como recientemente hemos sido testigos de ello, prometiendo al pueblo beneficios económicos que difícilmente llegarán a quienes más lo necesitan. Ahí están como ejemplo las enmiendas en materia de trabajo. Se nos aseguró que con ellas habría más y mejores empleos mejor remunerados, y el resultado es catastrófico. No hay creación de fuentes de empleo, la economía no crece y por lo tanto aumenta el cierre de negocios y en consecuencia el desempleo. El incremento al salario mínimo ya no digamos fue irrisorio, sino fue una burla a la clase trabajadora. ¿Qué nos ha traído la reforma fiscal? Solamente incremento de impuestos, inflación, más pobreza y angustia a las familias mexicanas. Se nos aseguró que con la reforma energética habría más gasolina, más barata y que los recibos de luz serían menos onerosos y no vemos para cuándo. Deberían siquiera darle un bajoncito, aunque sea chiquito, para que se las crean. ¿Qué recurso le queda al pueblo frente a estas arbitrariedades? Yo solamente veo dos; la protesta social de las masas y encauzar el inconformismo a través del derecho, y es precisamente en ese sentido que se sustenta la iniciativa que hoy someto a su consideración. El artículo 8o constitucional contiene una garantía a favor de los gobernados denominada derecho de petición. Si los ciudadanos hacemos uso del derecho de solicitar algo a las autoridades, sean éstas que pertenezcan al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial en cualquiera de los tres órdenes de gobierno, el federal, el estatal y el municipal, éstas tienen la obligación de dar respuesta a los peticionarios, y si no lo hacen los ciudadanos tenemos la posibilidad de obligarlos a que nos den una respuesta a través del juicio de amparo. Por lo tanto, los ciudadanos podemos someter a control constitucional a nuestras autoridades atendiendo a lo que dice la Constitución en el artículo 8o; dirigirnos de manera escrita a los funcionarios y empleados públicos, entre los que encontramos a los titulares de los órganos administrativos; a los mismos legisladores y sus propios órganos de gobierno; a los jueces y todos estamos obligados a dar una respuesta escrita a toda petición que formule, en breve término y hacerla del conocimiento de quien suscriba la petición de manera personal. No dar respuesta a una petición ciudadana planteada por escrito es violatorio de la garantía del derecho de petición, y un juez de distrito puede obligar a cualquier autoridad de los tres Poderes a que le dé respuesta al ciudadano. Si le concede el amparo y protección de la justicia federal, y si la autoridad señalada como responsable dentro del proceso constitucional se niega a cumplir con lo ordenado por el juez de distrito, puede llegarse inclusive a la destitución del servidor público y a su consignación por el delito de abuso de autoridad. ¿Qué sucede entonces si los ciudadanos tenemos tan efectivo instrumento constitucional a nuestro alcance, para hacernos respetar por parte de las autoridades y exigirles el cumplimiento de sus obligaciones? Que no hacemos uso de él, quizá porque lo desconocemos o tal vez porque se nos ha hecho creer que es un procedimiento complicado y que se requiere siempre de un abogado, o porque simplemente ignoramos cómo redactar una demanda de amparo por violación al artículo 8o constitucional y en dónde iniciarla. Vale la pena destacar en esta exposición de motivos la importancia que reviste para la vida democrática del país lo que señala el propio artículo 8o constitucional en materia política. El precepto indica que en materia política sólo podemos hacer uso del derecho de petición los ciudadanos de la república, lo que significa que cualquier asunto relacionado con la política del país también puede ser sujeto de control constitucional, y para ejercer este derecho solamente necesitamos dirigir un escrito que reúna dos características: que se presente de manera pacífica y respetuosa. Lo anterior indica que las autoridades responsables de los asuntos políticos del país ante los ciudadanos que les hagan alguna petición por escrito, el que ésta les responda de la misma forma; por escrito y también de manera pacífica y respetuosa. En la práctica el uso del derecho de petición en materia política trae como consecuencia el que si un ciudadano desea escribirle al propio presidente de la república, al gobernador de su estado o al presidente municipal, a un diputado federal o local o a un senador o a cualquier otra autoridad política, ésta tiene la obligación constitucional de darle respuesta y esa respuesta tiene que ser como lo precisa la jurisprudencia; coherente, es decir que la respuesta a las peticiones ciudadanas no sean de mero trámite, sino que respondan verdaderamente al fondo de sus peticiones y al propio tiempo fundando y motivando la respuesta que recaiga a la petición formulada. Precisamente como es la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que establece que para que se considere como jurídicamente correcta una respuesta de la autoridad, ésta, además de ser por escrito debe ser coherente, además de fundada y motivada, y emitida por la autoridad competente. Es entonces que someto a la consideración de esta soberanía incluir en el texto constitucional lo que consigna la jurisprudencia, a fin de que los ciudadanos puedan beneficiarse de esta reforma y lograr que las autoridades den respuesta a las solicitudes ciudadanas que reciban de manera integral. Es decir, cumpliendo con todos los requisitos que establece la jurisprudencia para que los órganos jurisdiccionales constitucionales consideren como correctamente atendida la petición ciudadana. Por lo anteriormente expuesto y fundado, es que someto a la consideración de esta honorable soberanía la iniciativa con proyecto decreto por el que se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo Único. Se reforma el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito, coherente, fundado y motivado de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Es cuanto, señor presidente.