LA DIP. MARIA EUGENIA GALVAN ANTILLON: Con su permiso, señor Presidente. Es preciso señalar que sí hay argumentos jurídicos, políticos y sociales suficientes para fundamentar y sostener que es consecuente con su responsabilidad la remuneración de la prestación de los servicios del equipo de transición del Presidente Electo. En el primer término, el reclamo que se ha hecho con anterioridad, son contrarios al marco constitucional, debido a que la Secretaría de Hacienda encuentra el fundamento para esta erogación precisamente en el artículo 126 de la Carta Magna, que faculta al Ejecutivo a hacer los pagos que están comprendidos en el Presupuesto. Adicionalmente estas erogaciones se sustentan en el artículo 15 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal y los demás artículos aplicables del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. Así en este orden de ideas los pagos de referencia están comprendidos en los artículos mencionados del Decreto Presupuestal, sin rebasar los montos previstos del Ejercicio Fiscal del año 2000, en los capítulos de servicios personales que se aprobaron desde abril de 99 por esta misma Cámara de Diputados. Estos recursos han sido destinados para el pago de servicios profesionales prestados por ciudadanos a quienes corresponde por mandato constitucional, un salario remunerador. El trabajo humano, compañeros, es por definición digno y corresponde siempre de acuerdo a la Constitución como garantía constitucional y a la mas elemental lógica, una remuneración. El pueblo mexicano, consciente de ello, confía en servidores públicos que transparentemente reciben honorarios correspondientes a su actividad. ¿Quien confía en alguien que se dice profesional y no recibe una contraprestación por sus servicios? ¿Quién en su sano juicio exigiría a especialistas, auxiliares, secretarias que tienen como todos familias que sostener largas jornadas de trabajo durante cuatro meses sin retribución? Ninguna doctrina, en el curso de la historia, ha considerado como inmoralidad la remuneración económica por los servicios prestados sin recibir lo que les corresponde conforme a derecho. Quienes voluntariamente han renunciado en este caso a su derecho y no cobran por sus servicios, hacen una aportación adicional al pueblo de México, pero ciertamente es factible por las condiciones personales. Ahora, si se tratara como en el Distrito Federal de una entrega a un gobierno emanado del mismo partido, probablemente no habría motivo de escándalo porque la administración saliente habría adoptado a miembros del equipo dentrante en la nómina gubernamental pagando con ello las deudas de campaña. Es el caso conocido por la opinión pública a través del semanario Proceso, el último, en donde se manifiesta que la jefa de Gobierno del Distrito Federal ha contratado a José Ramón Zebadúa, como Secretario Técnico del Comité de Coordinación de los trabajos para la entrega de la administración pública del Distrito Federal de 1997 2000. Y probablemente a muchos otros servidores públicos más para desarrollar los trabajos tendientes al cambio de gobierno. Y tal vez, y cito textualmente: "Corregir desviaciones de anomalías en las delegaciones Políticas ganadas por el PAN." off Adicionalmente deberíamos señalar que recientemente el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció en un programa de radio que varios de sus colaboradores utilizan espacios y oficinas que son recursos de la actual administración y que de acuerdo a la lógica perredista, no deberían usar. Termino, señor Presidente; permíteme un minuto para terminar.