EL DIP. JOSE DE JESÚS LOPEZ SANDOVAL: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El que suscribe, Jesús López Sandoval, diputado federal de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, 72 de nuestra Carta Magna, así como de los artículos 55 fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Constituyente Permanente y para efectos de lo establecido en el artículo 135 constitucional, la siguiente iniciativa de decreto por el cual se expide la reforma del 3er párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, solicito a la Presidencia de la manera más atenta, sea insertada en su totalidad la presente iniciativa de ley en el Diario de los Debates. En México actualmente existen infinidad de problemas sociales en los cuales se necesita que se organice la justicia, la equidad y la seguridad pública, para la mejor convivencia de los individuos, miembros integrantes de los diferentes grupos sociales. Es notorio el hecho de que en los últimos años se observa de manera palpable la inconformidad en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano, cuestionándosele la vigencia y eficacia de las instituciones al observarse que éstas y los principios que las rigen ya no van de acuerdo a los principios generales de la convivencia social. En este contexto, la sociedad mexicana reclama de los poderes instituidos, la actualización en los hechos de la eficaz y garantía de sus bienes de la persona, actos que tienen como objetivo final garantizar la seguridad pública. En este mismo sentido, es del conocimiento general que uno de los grandes enemigos de la seguridad pública y de todos los actos encaminados a la garantía, lo es la corrupción existente tanto en el interior de las instituciones de gobierno como en cada uno de los ciudadanos que indebidamente consideran como un reto personal la violación sistemática de todos y cada uno de los que integramos la sociedad en su convivencia; corrupción que hace muchos años los actos de Estado queden en un buen nivel los deseos y enormes fracasos. Es por ello que el combate a la corrupción debe ser considerado como un problema de primer orden en el Estado, en el cual debe reconocerse que no siempre ha sido eficazmente enfrentado, ya que no siempre ha dado respuestas que resulten convincentes y oportunas para combatirlas y garantizar la seguridad pública, en lo que los principios rectores de cada uno de los actores de la sociedad busquen erradicar de una vez por todas la injusticia, considerando sobre todo que de no hacerlo el costo social es el de enfrentar una consecuencia natural, que es la crisis económica, política y de convivencia generadas por el Estado y sus ineficaces y corruptas instituciones. Es del dominio público la percepción de que cada día se incrementa la violencia en todos los ámbitos de la vida social, lo que trae como consecuencia el sentimiento generalizado de la inseguridad de la sociedad, que ante el temor de verse expuestos y sometidos a los actos violentos apremia al Estado con la búsqueda de medidas urgentes y eficaces para reestablecer de una vez por todas la tranquilidad y la paz pública. Cabe destacar que el orden y el interés de la sociedad exigen que los derechos humanos sean ante todos respetados a fin de que no se obstaculice el bienestar y el progreso de la individuos y a su vez poder satisfacer adecuadamente esa exigencia. La declaración o el otorgamiento institucional obliga a los órganos y autoridad a respetarlos y reconocer su efectividad, porque sólo así se mantendrá el orden jurídico instituido para la existencia y desarrollo del Estado. Definitivamente, lo que hoy día se necesita es que el Estado a través de sus órganos y autoridades, solucione los conflictos sociales políticos y económicos existentes, pero a condición de que cada acto de gobierno se rija por el marco legal que permite y limita su poder como tal, garantía que exige el estado de derecho cuyos principios rectores son las garantías de legalidad y certeza jurídica que conlleva a la actuación del Estado dentro del marco normativo existente. Ahora bien, para lograr lo que por el momento parece ser la utopía de la seguridad, es importante contar con elementos capaces, dignos y honestos que ayuden y apoyen y conserven la convivencia social. Para lograr este objetivo, por principio debe buscarse la profesionalización de los cuerpos de seguridad, después de ello debe administrarse en forma eficiente los cuerpos policiales, dándoles un campo normativo desde el ámbito constitucional, que conlleve como consecuencia, la lucha firme y permanente en la prevención del delito, como lo dijera el célebre Maestro Epiza César Becaria que también garantiza la independencia del Poder Judicial y prevea mecanismos efectivos de acceso a la justicia y control de los actos de autoridad. Más sin embargo, nuestra población está consciente de que el estado de derecho depende de la conservación de la paz social y la construcción de una mejor democracia. Como legislador, integrante de la LVIII Legislatura, cada día forcejeo en la búsqueda de los recursos legales necesarios para edificar un país en donde la norma jurídica sea respetada en su aplicación, sea igual para todos, castigando la arbitrariedad, la corrupción e impunidad, cuya aplicación sea por igual a aquellos que comentan delitos de los considerados graves como los infrinjan los que establecen nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan. Sólo la aplicación de la ley, el acceso igualitario y oportuno a la justicia, garantizan la imposición del estado de derecho en el disfrute y goce de las garantías individuales como son: certeza, seguridad jurídica, así como los principios generales del derecho relativos a la división de poderes de legalidad, de reserva, de igualdad y legitimidad en los cuales se despliega la preeminencia de cada persona y el bien común de la sociedad en su conjunto. El Estado emerge adquiriendo potestades o facultades que le denotan poder para atender y solucionar cualquier problemática que pudiera existir en la sociedad. Ahora bien, el ejercicio de esa potestad o poder puede realizarse bajo la observación y límites que derivan la propia consideración de hombre o la misma concepción del Estado. Es importante destacar que uno de los instrumentos por medio de los cuales el Estado cumple su función de manera gratuita y expedita y adecuada, es el derecho, entendido éste como un conjunto de normas, reglas de conducta que tienen como objetivo la conducta de los individuos, sino también propiamente el comportamiento de los órganos del Estado, surgiendo así la idea de que el Estado tendrá que contar con un orden jurídico y regirse por él mismo, apareciendo entonces el concepto original del estado de derecho como aquél que establece en forma precisa un orden jurídico y regirse por el derecho, además de estás características como las que se plantearon precisamente hacia la segunda mitad del Siglo XVIII con las ideas manifiestas de grandes filósofos y pensadores, como fueron Montesquieu, Voltaire y Rosseau. En los últimos tiempos se ha reiterado constantemente que el estado de derecho es un estado de leyes o de legalidad, en donde la sociedad se sujeta a vivir bajo normas jurídicas previamente establecidas, respetando las garantías individuales y la división de Poderes, en donde no se permita la impunidad ni nadie está por encima de la ley y cuya característica intrínseca es el Poder Judicial que sea autónomo. Muchas gracias diputado presidente. -