La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, la Ley General de Víctimas, desde la perspectiva del Partido del Trabajo y estas adecuaciones que se están haciendo, realizando y que estamos a favor, es un esfuerzo perfectible. Debemos de considerar que el concepto de víctima no surgió a raíz, precisamente, de todo lo que se ha relatado con anterioridad de los desaparecidos, las ejecuciones sumarias, los torturados. Es un concepto que viene del contexto internacional y que precisamente, acorde con la reforma al 1o. constitucional del 2011, ya hacía falta una Ley General de Víctimas, que precisamente pensara en las personas y no en intereses del Estado, en determinadas situaciones. El concepto de víctimas plasmado en la Ley General, es muchísimo más amplio del que se ha relatado por mis compañeros. Va más allá, porque no son los ejecutados nada más, los ejecutados, los desaparecidos, los desplazados. Son también víctimas los que desaparecieron en la guerra sucia, los del 68, aquellos a los cuales no se les escuchó, precisamente, cuando se creó la fiscalía para los crímenes del pasado y que no se han atendido estas desapariciones. Son víctimas también aquellos que sufren violaciones a los derechos humanos, no nada más los desaparecidos o ejecutados. También aquellos que no son atendidos, no se les da acceso a la justicia y que las instancias judiciales, sean las locales o federales, hacen oídos sordos. Son víctimas también de los derechos humanos aquellos que padecen el arraigo. Son víctimas también los defensores de derechos humanos que quieren atender, precisamente, a estas víctimas y llevar sus denuncias o quejas a las instancias internas e internacionales. Entonces, en un esfuerzo posterior valdría la pena y ése es el reclamo de los organismos no gubernamentales, volver a redondear la definición de víctima. Por otro lado también, las compensaciones, ya se había mencionado con anterioridad, no es nada más una cuestión de pagar una indemnización. No se le paga a las víctimas de aquellos desaparecidos o ejecutados, la vida de un familiar suyo, sea su esposo, su hijo o esposa, no se indemniza y no se compensa el dolor y el daño moral que se realiza contra estas personas que han sido desaparecidas. Las muertas de Juárez también son víctimas y si ahorita les dicen a los familiares, te damos una indemnización, con eso no se repara el daño. La reparación del daño debe ir más allá. Es una reparación del daño moral, es una reparación con una indemnización por todo el daño psicológico y de otra naturaleza, no solamente psicológico sino físico, que reciben los familiares de las víctimas. Es precisamente por la vida humana que se pierde. En esto tiene una gran experiencia tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos como la misma Comisión Interamericana, la reparación del daño debería verse por ajustarse en la ley a los estándares internacionales para también ser acordes con lo instrumentos internacionales que ha firmado México y en esto es central el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de San José de Costa Rica, instrumentos que México ratificó desde 1981 y que es la fecha y la hora que todavía no les damos cabal cumplimiento. Es cuanto, señor presidente.