El diputado Álvaro Ibarra Hinojosa: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, habiendo recibido un país en guerra, Enrique Peña Nieto gobierna un México en creciente paz. Lejos de promover una absurda guerra, el gobierno del PRI apuesta por la fraternidad con seguridad y justicia. Desde el inicio del gobierno comprometido con un México en paz, variaron para bien todos los indicadores. Los delitos de alto impacto han disminuido rotundamente respecto a los sexenios anteriores y a la tasa de los delitos totales por cada 100 mil habitantes registradas en el 2015. Ha sido la más baja en dos décadas desde el 2012. Los homicidios disminuyeron 30 por ciento, los secuestros 26 por ciento y las extorsiones 31 por ciento. Ciento uno, de los 122 delincuentes más peligrosos que entonces estaban libres, ahora ya no representan una amenaza para la sociedad, con lo cual se ha logrado desarticular la estructura de mando de los principales grupos criminales generadores de violencia, acotando significativamente su operatividad. En el marco de las acciones contra el tráfico de estupefacientes ilegales, la Procuraduría General de la República participó en operativos conjuntos con la Secretaría de Gobernación, la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, con la Policía Federal, el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, así como la Secretaría de Seguridad Pública, procuradurías o fiscalías estatales y autoridades municipales. De igual forma este gobierno ha impulsado la reforma que dejó pendiente la administración pasada, la de la Policía Estatal Única para pasar de mil 800 policías municipales débiles a 32 sólidas y confiables. Hoy es el propio partido de la administración pasada que no quiere avanzar, cuando en el sexenio anterior eran quienes pedían el mando único. Sensible a las grandes exigencias de los mexicanos, el Ejecutivo federal impulsó y nosotros aprobamos el nuevo sistema nacional anticorrupción, único en el mundo, presidido por ciudadanos, el cual tiene como objetivo coordinar a las autoridades responsables de la prevención, detección y sanción de actos de corrupción y faltas administrativas, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. Derivado de dicho sistema, ahora los funcionarios de todos los órdenes de gobierno deben de rendir cuentas como resultado del fortalecimiento de la fiscalización. Se asegura que los recursos públicos lleguen a las personas que más lo necesiten, y gracias a la plataforma digital nacional todos los ciudadanos podrán acceder a un sistema de denuncias públicas, por hechos de corrupción y faltas administrativas. Es de suma relevancia señalar, que mientras en el 2012 sólo tres entidades federativas habían implementado el sistema de justicia penal acusatorio y oral, ahora opera en todo el país, y que el avance era casi nulo para el fuero federal, ahora es una realidad, ya que se ha implementado en su totalidad del nuevo sistema de justicia penal para bien de todos los mexicanos y en esta legislatura vamos por más para su entera consolidación. Hago un reconocimiento a las organizaciones civiles que colaboraron activamente en la implementación de este nuevo sistema, junto con las instituciones federales y a todas las fuerzas políticas que integramos la Comisión de Justicia, en la que han sido escuchadas y atendidas todas las posiciones y visiones, asegurando principalmente todas las posiciones que fueron tomadas en cuenta para una creación de esta legislación que está vigente. En este ánimo fue que se aprobaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, el Código Militar de Procedimientos Penales, las reformas al Código de Justicia Militar, así como también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la Ley Nacional de Ejecución Penal, las reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y a la llamada miscelánea penal. Esta serie de reformas es producto de la colaboración estrecha del Poder Legislativo y de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo. Las dependencias del Ejecutivo federal, como operadoras de la ley, tienen la capacidad de tomar el pulso de los retos cotidianos de las y los servidores públicos para cumplir con su mandato. Garantizar seguridad y justicia a las y los mexicanos. Reitero que con la misma actitud aprobaremos la segunda generación de reformas en materia de seguridad ciudadana y justicia democrática. A partir de la implementación del sistema de justicia penal acusatorio se ha dado un paso decisivo hacia una justicia más cercana, transparente y eficaz, garantizando los derechos humanos de las personas involucradas en el proceso penal. En materia de derechos humanos, a diferencia de las dos anteriores administraciones, que nunca aceptaron la supervisión o colaboración de organismos internacionales y cooptaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la actual administración se ha abierto a dicha supervisión y colaboración. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, desde su primer mensaje a la nación, convocó a trabajar para respetar y hacer respetar los derechos humanos que reconoce la Constitución. Fue así que propuso y promulgó la Ley General de Víctimas, a fin de fortalecer los instrumentos para garantizar la reparación integral del daño. Cabe destacar del IV Informe de Gobierno, que ha habido más de 550 actividades académicas y que se han capacitado casi 11 mil 700 servidores públicos. Este gobierno sí ha reconocido los problemas de derechos humanos para atenderlos como ningún otro. Ha demostrado apertura y transparencia para que organismos autónomos e internacionales colaboren con el Estado mexicano en favor de los mexicanos. Para lo anterior fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos para el procedimiento del cumplimiento y seguimiento de las recomendaciones en esta materia. Es decir, por primera vez se tienen criterios claros, uniformes y objetivos para dar una respuesta de atención pronta, pertinente y coordinada por parte de las áreas de la administración pública. En nuestras manos está seguir trabajando para fortalecer el nuevo sistema de justicia penal en materia de seguridad, justicia y en derechos humanos con la rapidez y el rigor necesario para consolidar este México en paz. Compañeras y compañeros diputados, la paz es exigente, demanda de nosotros contribuir a consolidar la libertad, la seguridad y la justicia. Muchas gracias.