La diputada Lizbeth García Coronado: Con su venia, señor presidente; compañeras legisladoras y compañeros legisladores. Señor secretario, la verdad es un valor esencial para la democracia, la cual surge cuando existe correspondencia entre lo que se dice y lo que se hace. Desde la imposición en nuestro país del neoliberalismo, éste ha manejado la misma historia: apriétense los cinturones, que vendrá la abundancia. Una abundancia que al final sólo ha quedado en unas cuantas manos, a costa de una miseria creciente para el pueblo. Por tanto, no creemos la nueva versión del engaño. A usted, señor secretario, y por su conducto, al titular del Ejecutivo federal les señalo que no apoyaremos la mal denominada "Ley de la Contribución a la Pobreza". La pobreza que sufre más de la mitad de nuestro pueblo requiere de una acción inmediata, para lo que bastaría que usted, Calderón y su equipo, se redujeran sensiblemente sus insultantes e inconstitucionales salarios y privilegios. El combate a la pobreza no debe quedar sujeto a una vaga y mentirosa promesa de una futura recaudación de esta contribución, pues, en primera, la incongruente exposición de motivos de la ley en mención se escuda en una supuesta preocupación por la pobreza padecida en México, para imponer el impopular e inconstitucional IVA sobre alimentos y medicinas. Precisamente en esta coyuntura que nos ahoga, con una crisis alimentaria y al inicio de nuevas oleadas de influenza, la exposición de motivos choca con todo el articulado de la iniciativa, ya que éste no contiene ninguna referencia al combate a la pobreza ni a la forma y tiempos para lograrlo. Este golpe del 2 por ciento contra los más pobres, cuya tasa se pretende ir aumentando paulatinamente, busca, ante todo, llenar los bolsillos de la insaciable alta burocracia del gobierno federal. A lo más, para que Calderón disponga a manos llenas y usted, como su operador, de los 70 mil millones que se recaudarían con este motivo para cumplir sus metas de clientelismo electorero a fines de las próximas elecciones presidenciales. Si su interesada y fraudulenta contribución del 2 por ciento se aprobara, la economía nacional se contraería aún más; luego, el empleo, igual que el poder de compra de los salarios. Equivaldría, dicho en la forma más directa, a quitar a los más pobres el alimento de la boca; equivaldría a una reducción masiva de sueldos, salarios y pensiones. Basta de que el gobierno federal siga atropellando a nuestra nación y a nuestro pueblo. Si quiere cobrar más impuestos que primero genere riqueza y que sea contra los que más tienen, pues éstos malamente, en los hechos, disfrutan de un paraíso fiscal. La falsa vocación a favor de los pobres se ve en programas como 70 y más. Recordemos que el apoyo a favor de las personas adultas mayores implementado por los gobiernos perredistas del Distrito Federal siempre fue descalificado por el actual gobierno. El programa hoy vigente tiene limitaciones ya que se desconoce la universalidad del beneficio a favor de las personas de la tercera edad. Se limita sólo a la cantidad de 500 pesos mensuales y sólo se entrega en localidades de menos de 30 mil habitantes, como si en las restantes comunidades estas personas gozaran de un alto bienestar. Es decir, el apoyo a los adultos mayores el gobierno federal lo aplicó de manera distorsionada, otra vez, con fines meramente electorales, por lo que urge modificar su aplicación y mecánica de operación. Convoco a mis compañeros legisladores para que en el Presupuesto hagamos universal el programa antes mencionado para que todos los adultos mayores de 70 años reciban, indistintamente, en su comunidad, 700 pesos mensuales. Las 213 mil mujeres que dejan a sus hijos en las 8 mil 400 guarderías administradas por Sedesol se ven defraudadas en sus derechos ya que estas estancias no cumplen con los mínimos de calidad y calidez, y representan la desprotección a los menores, con grave riesgo para su vida y salud, e igualmente para su desarrollo físico y emocional. Las 43 mil mujeres que prestan sus servicios en estas guarderías acceden a empleos precarios en todos los sentidos. En este punto no debemos olvidar el incendio de la guardería ABC, que debe servir para evitar tales crímenes contra los niños, sea cual sea el régimen jurídico de estas guarderías. Así también debemos combatir y erradicar la violencia múltiple dirigida hacia las mujeres, situación que día a día vemos incrementada sin que a la fecha surja un mínimo compromiso para lograr que toda mujer goce de la seguridad y protección que le debe brindar el usufructo de sus derechos humanos. Las mujeres de nuestro país no sólo sufren la violencia de golpes y la muerte; se les violenta cuando son abandonadas por sus esposos y compañeros, lo que va en crecimiento, y no reciben el respaldo estatal para que éstos asuman responsabilidad frente a sus hijos. Se les violenta cuando son las últimas en ser empleadas y las primeras en ser despedidas; cuando sólo les queda el camino del empleo informal, del empleo precario en su gran mayoría; cuando no se les respeta su derecho a la salud. México destaca como uno de los países que menos gasta en salud pública por habitante. El gasto en salud promedio por persona de las naciones de la OCDE es de 2 mil 700 dólares y nuestro país apenas alcanza los 600 dólares per cápita. Así también, no debemos olvidar que cuando se habla de pobreza, ante todo ésta hunde su saña contra los jóvenes y mujeres de nuestro país. Los jóvenes ?como si fueran un estorbo para nuestra patria?, en un criminal desperdicio del llamado bono demográfico, son los que soportan los mayores índices de desempleo y la exclusión de beneficios como la vivienda y la salud. Tan sólo la UNAM, la UAM y el Instituto Politécnico Nacional rechazaron a 200 mil jóvenes en el 2009 para ingresar a escuelas de educación media y superior, por lo que son muchos los que ni trabajan ni estudian, y van a engrosar las filas de los migrantes, con riesgo de perder su vida, o les queda abierto el camino hacia las organizaciones de delincuencia organizada. Qué vergüenza que se les dé ese trato a los jóvenes. ¿Qué futuro puede tener un país que acribilla de esta forma el desarrollo y los derechos de la juventud? La tasa de desempleo en los jóvenes de 12 a 19 y de 20 a 29 años de edad es más alta que la de los adultos, representando 2 veces más respecto del grupo de 30 a 39 años. A este respecto, el tercer informe admite de manera absoluta su fracaso ya que señala que el Programa para la Generación del Primer Empleo ?dedicado a la entrada de jóvenes al mercado laboral?, de enero a junio de 2009 apenas ha aplicado 29.1 millones. Urge modificar esencialmente este programa para que permita alcanzar por lo menos parte de sus metas. Recordemos que sobre este publicitado Programa del Primer Empleo el gobierno federal señalaba que pretendía impulsar la creación de hasta 300 mil empleos formales y permanentes en 6 años, en promedio 50 mil por año, cuando mínimamente 800 mil jóvenes se incorporan anualmente al mercado laboral, destinando al efecto 3 mil millones de pesos anuales en subsidios para el pago de las cuotas obrero-patronales a cargo del patrón. Como sabemos, un promedio de 500 mil mexicanos emigran anualmente a Estados Unidos, radicando 11 millones de mexicanos en este país. Esta migración le está haciendo perder a nuestro país el bono demográfico, la riqueza, la capacidad de trabajo de todos estos mexicanos. Baste señalar que 7 de cada 10 emigrantes tienen edades entre 15 y 24 años. Los mexicanos que emigran forman parte de la fuerza de trabajo más calificada. Finalmente, entre 100 y 150 mil personas es el número de talentos que se han fugado del país en los últimos 2 años. En nuestro país el déficit habitacional es una problemática creciente que ha rebasado sobradamente la estrategia neoliberal privatizadora de la actual administración. Aunado a lo anterior, se suma la creciente presión que sobre el sector ejercen los jóvenes que por integración de nuevos hogares o formación de hogares unipersonales al independizarse del núcleo familiar ven truncadas sus aspiraciones al enfrentar situaciones de desempleo y de pobreza que los priva del derecho a la seguridad social y, por ende, al ejercicio del derecho constitucional a obtener un crédito de vivienda. Lo anterior obedece a una estrategia equivocada del gobierno federal, en donde se ha privilegiado a los sectores de la población con mayor capacidad de endeudamiento, a fin de asegurar la recuperación de las inversiones hechas por los grandes desarrolladores inmobiliarios, por lo que se preferencia al sector de trabajadores con ingresos superiores a los cuatro salarios mínimos, distorsionando el sentido social de la vivienda en una mercancía. Según los datos del Tercer Informe de Gobierno, la inversión en vivienda no rebasa el 3 por ciento de la inversión total nacional, aunado a un enorme subejercicio que reportan institutos con vocación social como Conapo, al cual rebasa el 70 por ciento con una cartera vencida superior al 95 por ciento; mientras que Conavi con un presupuesto de 3 mil 755 millones de pesos destinó más del 65 por ciento a Infonavit, beneficiando con ello a las empresas privadas y únicamente reporta una inversión de 4 por ciento a producción social de vivienda. Cabe señalar que la actual estrategia de vivienda anula de facto el derecho a la vivienda y que el informe referido omite deliberadamente hacer alguna mención estratégica para cubrir esta demanda de los jóvenes. Doy otros datos que definen más el rostro nacional de maltrato y marginación hacia los jóvenes. Sólo el 24.7 por ciento de ellos asiste a la escuela, sólo el 10.5 por ciento de los jóvenes accede a la educación superior De los presuntos delincuentes del orden federal, 40 de cada 100 son jóvenes y 51 de cada 100 en el ámbito del fuero común. Para coadyuvar a poner fin a este estado de cosas, el PRD trabajará una agenda nacional a favor de los jóvenes, que contemple fortalecer el deporte, cultura, arte y desarrollar esquemas educativos alternativos que incentiven la ocupación laboral de los jóvenes para efecto de disminuir los índices anteriormente referidos. Finalmente, debemos pugnar por el cambio de la lamentable e insostenible visión meramente asistencialista del actual gobierno federal, la política social con suficiencia que supere realmente la pobreza y no sólo se le administre, que busque la transparencia y la dignidad de los beneficiarios debe ser fin primordial a favor de nuestro pueblo. Es cuanto, señor presidente.