La diputada Soralla Bañuelos de la Torre: Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores. El presente dictamen versa sobre una reforma que el día 1 de diciembre del año pasado aprobamos en esta Cámara, pero que ahora la discutimos como una minuta del Senado de la República. El objetivo fundamental de esta iniciativa es reformar los artículos 117, 128 y 163 de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y es que los terrenos que sean incendiados no puedan ser cambiados en su uso de suelo y de esta forma sean utilizados con fines distintos a la conservación de los bosques. Con esta medida, en la Comisión de Medio Ambiente se ha estimado que se desincentiva la quema furtiva de selvas y bosques. México es un país con grandes recursos forestales, un 70 por ciento de su territorio, es decir, poco más de 140 millones de hectáreas tienen el potencial ecológico para sostener recursos forestales, gracias a nuestro clima, suelo y características topográficas. Sin embargo, todos estos recursos se encuentran en grave peligro y tienden a desaparecer a una velocidad vertiginosa de 600 mil hectáreas por año. Un ejemplo muy lamentable, compañeras y compañeros, es el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas, de donde soy originaria. Un municipio en donde hay bosques que fueron lamentablemente dañados por actitudes irresponsables, con la finalidad de mercantilizar con el bosque. Se llegó a vender a 46 pesos un árbol, cuyo crecimiento tenía 300 años o más, sin que hubiera una tasa de reemplazo o sin que se plantaran árboles pequeños para garantizar la sustentabilidad del bosque. Estos intereses mezquinos prevalecen en la mayoría de los bosques del país. Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta, pues además de ser una parte fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire, regulan la temperatura y la humedad, con lo que se equilibra el clima, proporcionan alimento, medicina, refugio a los seres vivos y son fuente de materia prima en muchas de las actividades humanas. Un incendio forestal adquiere dimensiones imprevisibles, no solo en la esfera local, sino también a escala regional, nacional y global, con daños a la naturaleza, que son difíciles de cuantificar, no solo en el medio ambiente, sino también en temas de carácter económico y social. Como legisladores tenemos la responsabilidad de asumir las medidas más urgentes que estén a nuestro alcance, a fin de controlar, subsanar y prevenir los factores que destruyen nuestros recursos forestales y con ello nuestra propia existencia. Para el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, la sustentabilidad y la responsabilidad ecológica son temas que hemos impulsado de manera firme y comprometida, conforme a uno de los ejes fundamentales de nuestra agenda legislativa siempre hemos estado incidiendo de manera constante en gran parte de las iniciativas que hemos presentado y aprobado desde las últimas cuatro legislaturas. Por ello, coincidimos plenamente con la comisión, pues al establecer mejoras sustanciales en la norma que regula nuestro desarrollo forestal sustentable, se establecen las condiciones para disfrutar de un medio ambiente más sano y dejar un futuro sustentable a las próximas generaciones. Ese es el punto central y lo relevante de las reformas y adiciones. La colegisladora introdujo una modificación sustituyendo el término superficies afectadas por término terrenos incendiados. Nuestras leyes deben ser precisas en los conceptos, por lo que la modificación refuerza el contenido de lo aprobado por las diputadas y los diputados. Compañeras y compañeros diputados, el cuidado de nuestros recursos naturales es un asunto fundamental para la vida de los que habitamos este planeta. No es un asunto menor y requiere que tomemos decisiones con visión de futuro, pues el bienestar de millones dependerá de lo que hagamos el día de hoy. Muchas gracias.