La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, me permito presentar el posicionamiento de mi Partido, Encuentro Social, respecto al dictamen mediante el cual se adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el varón y la mujer son iguales ante la ley, asimismo, nuestra máxima ley prohíbe toda discriminación por motivos de origen étnico y de género. Si bien es cierto, el derecho positivo mexicano ha evolucionado a tal grado, que hoy los ha elevado a rango de derechos humanos. Los mismos que no se ven reflejados en las leyes secundarias, por lo que no se encuentra totalmente garantizado su ejercicio. Desgraciadamente, en nuestro país, las mujeres indígenas se ven inmersas dentro de un fenómeno de vulnerabilidad, sufren discriminación y victimización. En muchos de los casos son consideradas menos capaces que los hombres dentro de su propia comunidad y, además, también son menospreciadas e incluso excluidas por la sociedad mexicana que, lejos de reconocer en ellas la riqueza de nuestros pueblos originarios, fomenta al menos indirectamente su marginación. Según la encuesta inter censal 2015, elaborada por el Inegi, en el territorio nacional existen 3 millones 786 mil 673 mujeres, de tres años o más, que se hablan alguna lengua indígena, mismas que por el simple hecho de haber nacido mujeres se encuentran más expuestas a sufrir discriminación. Resultaría ilusorio el pretender dotar de efectividad a los derechos humanos referidos para nuestras mujeres indígenas, exclusivamente a través de la expedición de instrumentos normativos. Sin embargo, el primer paso firme para garantizar su efectiva implementación lo es el que encuentren plasmados en la ley. El presente dictamen con proyecto de decreto ofrece importantes avances y en Encuentro Social reconocemos como bondades: Primeramente amplía las funciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a efecto de que se enlace y se embone con el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Seguidamente, integra el titular del Instituto Nacional de las Mujeres a la junta de gobierno de la referida Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, dotándolo de atribuciones para hacer las aportaciones que estime pertinentes; nutriendo así el debate de los temas a revisión. Finalmente, en su ejercicio de depurada técnica y conciencia legislativa, se modifica el artículo 36 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a efecto de incluir a la Comisión Nacional para el Derechos de los Pueblos Indígenas en el sistema nacional para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia contra las mujeres, medida con la que se fortalece el reconocimiento y perspectiva técnica en materia de los pueblos indígenas. En Encuentro Social buscamos la superación del encono y somos proclives a incidir en el entramado normativo nacional para abrir las puertas a las mejores propuestas de instauración de un nuevo orden social. En este contexto, la violencia no tiene lugar en una sociedad en que las mujeres, sin excepción, son actores activos de la transformación de sus comunidades. Estamos por ello dispuestos a ser la voz de las mujeres indígenas y, en consecuencia, votaremos a favor del presente dictamen, cuyo contenido sin duda sostendrá las políticas públicas en materia, dejando en claro que vamos en el camino correcto hacia un mejor país. No más violencia contra las mujeres y nunca más un Estado sin coordinación para erradicarla. Mujeres y hombres iguales ante la ley y en los hechos. Superando los desencuentros alcanzaremos el mejor de los encuentros, el encuentro social. Es cuanto, señor presidente. Muchísimas gracias.