El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Señor presidente; compañeras, compañeros. Casi todos los aquí presentes coincidimos que era necesario reformar la Constitución en los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78. 94, 105 para que el Estado mexicano recuperará su responsabilidad en el manejo de un bien público y con un altísimo potencial para detonar el desarrollo nacional y nos referimos al espectro radioeléctrico y las redes de telecomunicaciones y radiodifusión. Coincidimos en que era necesario fortalecer y ampliar los derechos de todas y todos los mexicanos para estar bien informados, haciendo posible su acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, utilizando eficientemente la infraestructura ya creada para fortalecer y ampliar la banda ancha, solicitar dos televisoras abiertas, ya era una pública, y abaratar los servicios de telefonía, Internet y televisión de paga. Todos coincidimos en abrir los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión a la competencia real, con reglas parejas para todas las empresas, para fomentar la pluralidad en los contenidos, dar canales de expresión a la producción nacional independiente, recibir servicios de calidad a precios adecuados y poder frenar a los poderes fácticos que desde su posición de privilegio constituyen barreras al avance democrático de nuestro país. En general todos estamos de acuerdo en que no es posible continuar con los niveles de desigualdad que tenemos en nuestro país, en donde unos cuantos tienen todo y la gran mayoría batalla mucho para tener condiciones aceptables de vida y desgraciadamente un porcentaje muy importante de la población vive en rezago y la marginación, luchando por servir entre ellos los pueblos originarios que son la parte constitutiva de nuestra nación. Creamos el Ifetel, y le dimos autonomía para que cumpliera funciones, por estas razones se incorporaron a la Carta Magna el derecho al acceso a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión cuya prestación el Estado deberá garantizar que se dé en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia y acceso libre y continuidad. A pesar de los grandes acuerdos que materializaron, se concretaron en una reforma constitucional, estamos ante una reforma a la legislación secundaria que retrase estos cambios o se opone francamente a los mismos. Es una legislación secundaria que regresa, que obstaculiza, que hace, que nulifica la reforma constitucional que aprobamos en esta Cámara y en el Constituyente Permanente. Nos plantea medidas de fomento a los medios sociales, en especial a las radios indígenas y comunitarias que tendrán que disputar un espacio en el espectro en condiciones desiguales con los medios comerciales, por ejemplo, sin derecho a acceder a publicidad y con topes irrisorios de acceso a la publicidad oficial. En la minuta no se desmonta el monopolio televisivo al limitar las declaraciones de preponderancia a sectores y no a servicios. Miren, una cuestión aquí importante. El Ifetel declaró en radiodifusión a Televisa como preponderante por servicios, porque si lo hubiera hecho por sector no hubiese sido o no hubiera podido declararlo preponderante porque en el conjunto de la radio y la televisión, Televisa no tendría el 50 por ciento más uno. Lo declara preponderante utilizando lo que le dimos en el octavo transitorio en la Constitución por servicio y lo que hoy se está haciendo al establecer que se califique al preponderante por sector, es sentar las bases para que el amparo que metió Televisa contra esa resolución del Ifetel, tenga a final de cuentas posibilidades de realización y le quiten el carácter de preponderante a Televisa en radiodifusión. Eso es lo que está aconteciendo con lo que estamos discutiendo hoy aquí. También, por si fuera poco, se establece un noveno transitorio en la legislación para darle manga ancha a que Televisa pueda comprar todo lo que quiera en la televisión restringida a pesar de ser o tener más del 60 por ciento de la cobertura en televisión de paga o restringida con la cláusula cablecom. Mantiene disposiciones autoritarias en el control de contenido y limita las funciones del Ifetel por parte el Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación al intervenir en los contenidos y al intervenir y limitar las funciones del instituto, como también al tener que recibir las opiniones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para efectos de las concesiones que deba otorgar. Se mantienen disposiciones que resultan violatorias de los derechos humanos en el tema de la colaboración con la justicia, la protección de datos personales y el libre acceso a la información. Carecen de normas para hacer exigible el derecho constitucional de acceso a las tecnologías de la información y comunicación y reducir la brecha digital. Mantiene la gratuidad en las tarifas de interconexión, lo que inhibiría el desarrollo de infraestructura y las inversiones en el sector. Indebidamente en la minuta se establecen candados o controles a la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones que se reduce a una dependencia del gobierno federal, que debe pedir opinión para realizar labores sustantivas que le mandata la Constitución. Puede constituir avances la reducción de tarifas o clausulas menos desventajosas en los contratos de telefonía, pero aun así siguen siendo limitados. Por ejemplo se cancela el pago de larga distancia nacional, pero sin ningún argumento técnico se pospone hasta 2015. ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no se cancela el pago de larga distancia vinculado a la publicación del decreto que aquí discutimos en estos momentos, para que no se vincule con el inicio del proceso electoral en el 2015? Por la gran expectativa ya descrita por la reforma constitucional, es traicionada en el dictamen a la minuta del Senado que expide la legislación secundaria en telecomunicaciones y radiodifusión. La única reforma aceptable para el PRD, es aquella que promueva la genuina competencia en las comunicaciones y en la radiodifusión, los derechos de las audiencias, el derecho de réplica, la plena vigencia de la libertad de expresión, la seguridad jurídica y el respeto a los derechos humanos, el impulso a los medios públicos, sociales, comunitarios e indígenas que brinde acceso universal a las tecnologías de la comunicación, incluyendo Internet para todos. Sin estas condiciones, compañeras y compañeros, lo demás es una farsa. Muchas gracias.