La diputada María de Lourdes Amaya Reyes: Gracias, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, en esta ocasión me dirijo a ustedes a nombre de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara de Diputados para enviarles dos mensajes: El primero consiste en solicitar su apoyo a fin de que sea aprobado el dictamen de dicha comisión que contiene acuerdo para que esta soberanía manifieste su rechazo a los actos de violencia y discriminación llevados a cabo el pasado 31 de octubre del 2012 por medios de comunicación de Quintana Roo, en contra de las diputadas Graciela Saldaña Fraire y Alicia Ricalde Magaña, ambas diputadas con licencia, así como de la ex alcaldesa de Tulúm, Edith Mendoza Pino. Asimismo dirijo este mensaje para que esta Cámara exhorte al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue de oficio los presuntos actos y prácticas discriminatorias que se hayan cometido en virtud de tales manifestaciones en los medios de comunicación de Quintana Roo. Lo anterior debido a las lamentables publicaciones hechas por diversos medios privados de comunicación y por un noticiero público del gobierno de aquella entidad en contra de las diputadas y la ex alcaldesa, mismas que contienen expresiones que se pueden calificar como discriminatorias y estigmatizadoras. Compañeras y compañeros, esta soberanía no puede tolerar expresiones que denoten desprecio, subestimación y estigmatización hacia las mujeres, ya que respecto hacia las mismas, además de ser un deber social, también lo es legalmente. Diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos prohíben expresamente la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, ya sea por agentes del Estado o bien por particulares. En consonancia con los marcos internacionales, el artículo 1o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe con rigor toda la forma de discriminación, y su artículo 7o., determina que es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Pero también señala que el límite a ese derecho lo constituyen el respeto a la vida privada y a la paz pública. Por otra parte la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, precisa que la violencia psicológica abarca tanto como actos, omisiones, que dañen la estabilidad psicológica, tales como: insultos, humillaciones y devaluación, entre otras. El segundo mensaje de la Comisión de Derechos Humanos, compañeras y compañeros legisladores, es solicitar su apoyo para que este honorable pleno apruebe el acuerdo por el cual esta Cámara de Diputados en un marco de total respeto a la autonomía de las entidades federativas, exhorte a distintas legislaturas locales a efecto de que se expidan las disposiciones legales para que reglamenten el derecho a la no discriminación o en su caso armonicen su normatividad de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los instrumentos internacionales y la legislación federal en la materia. En el mismo contexto, con la promulgación de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en junio de 2003, se fortaleció el marco jurídico antidiscriminatorio de nuestro país, junto con los instrumentos internacionales del sistema de derechos humanos que han sido suscritos y ratificados por el Estado mexicano en materia de igualdad y no discriminación. Es por ello que, siguiendo la línea progresiva que se ha desarrollado en el ámbito federal, es menester que también las entidades federativas impulsen las acciones legislativas que coadyuven en la prevención y eliminación de todas las formas de discriminación y promuevan la igualdad en todas sus vertientes. Por ello, quienes integramos la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados solicitamos su apoyo para que esta soberanía exhorte, de manera respetuosa, a los congresos locales que no han legislado sobre el derecho a la no discriminación para que expidan las disposiciones legales que reglamenten dicha prerrogativa y para que las legislaturas locales que, habiendo expedido normatividad en la materia, armonicen su marco jurídico acorde con lo establecido en la Carta Magna, los instrumentos internacionales en la materia y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. Asimismo, solicito su respaldo al primer dictamen expuesto con el propósito de que, como integrantes de este Poder Legislativo, no dejemos pasar por alto los agravios que atentaron en contra de la dignidad humana de dos de nuestras integrantes y que constituyeron una violación a sus derechos humanos. Por lo anteriormente expuesto, la Comisión de Derechos Humanos somete a consideración de esta honorable asamblea los acuerdos en mención. Es cuanto, diputada presidenta.