La diputada Verónica Velasco Rodríguez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, siendo mujer no podría dejar de recordar aquel mensaje que emitiera el ex secretario general de las Naciones Unidas, Cofi Annan, en la ocasión del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en el año 2003. Al recordarlo, confirmo mi convicción de que la violencia en base al género es la más vergonzosa violación a los derechos humanos. Cada año se da muerte a un número extraordinario de bebés por el simple hecho de ser niños. Millones de mujeres acaban mutiladas, apaleadas o quemadas vivas, despojadas de sus derechos ante la ley o compradas y vendidas como esclavas ya sean domésticas o sexuales, en un comercio de mujeres que nadie admite, pese a ser tan evidente en todos los rincones del mundo. El aumento de estas violaciones de los derechos humanos de las mujeres se debe, en parte, a que la mayoría de los abusos no salen a la luz. En muchos países la violencia doméstica representa la mayoría de los ataques violentos que sufren las mujeres, incluso, cuando tal violencia está prohibida por la ley. A casi 50 años de institucionalizado el Día contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación de las mexicanas continúa marcada por la discriminación y la violación a sus derechos fundamentales. Para no ir más lejos, recordemos los asesinatos de Juárez y las redes de pornografía infantil que aún no han podido ser resueltos. De acuerdo a datos del Instituto de las Mujeres, en nuestro país, una de cada cuatro sufre violencia doméstica; una de cada cuatro ha sido violada o sufrido intento de violación; una de cada cuatro es acosada sexualmente en el trabajo. Parece mentira que en pleno siglo XXI persista la exclusión, la explotación y la violencia hacia las mujeres, lo que sigue considerándose como algo normal, y peor aún, con frecuencia resulta invisible hasta para las propias mujeres maltratadas. Los Estados tienen la obligación de proteger a las mujeres y a las niñas de la violencia, exigir responsabilidad de los autores, hacer justicia y proporcionar recursos a las víctimas. El incumplimiento de sus obligaciones es totalmente inaceptable. Cuando el Estado no exige responsabilidad a los autores de actos de violencia y la sociedad consiente esa violencia de forma explícita o tácita, la impunidad no sólo lleva a que se cometan más abusos, sino que también hace pensar que la violencia del hombre contra la mujer es aceptable, es normal y, en los peores casos, es merecida. El resultado es que se niega la justicia a las víctimas o supervivientes y se refuerza la desigualdad de género prevaleciente. La eliminación de la violencia contra la mujer sigue siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos. Todos tenemos la responsabilidad de actuar ante la violencia. Todos y cada uno de nosotros tenemos el deber de apoyar y mantener un entorno político y social en el que no se tolera la violencia contra las mujeres y contra las niñas. En el que los amigos, los familiares, los vecinos, los hombres y las mujeres intervengan para impedir que los autores de estos casos queden impunes. La violencia contra la mujer, compleja y diversa; sus manifestaciones física, sexual, emocional y psicológica pasaron del plano privado al dominio público, en gran medida por el activismo de las organizaciones y movimientos de mujeres, dando paso este año al decreto de Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, promovida por la Comisión de Equidad y Género, que establece la transversalidad de las condiciones jurídicas para brindar seguridad a todas aquellas mujeres de este país, y es obligatoria para los tres niveles de gobierno. Esta ley, en apego a la Constitución, a los tratados internacionales ratificados por México, prevé la coordinación, la colaboración en la concertación con los sectores de la administración pública federal, estatal y municipal, con los Poderes Judicial y Legislativo, federal y local, así como la cooperación con órganos autónomos, instituciones académicas, centros de investigación, organismos de la sociedad civil nacional e internacional, sector privado y otros actores de la sociedad, asumiendo todos el compromiso de un pacto social que sume esfuerzos para lograr la transformación en el ámbito público y privado. La igualdad de derechos para todos es la garantía que se supone tenemos todos los seres humanos, sin que importe quiénes seamos o el papel que desempeñemos en la sociedad. Pese a ello, diariamente en muchos lugares del mundo estos derechos se siguen negando a todas las mujeres. Les agradezco mucho su atención.