La diputada Martha Robles Ortiz: Con su permiso, presidente. Buenas tardes, compañeras y compañeros. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, como todas las leyes que rigen la vida diaria de los ciudadanos mexicanos, es de orden público y de observancia general en toda la República Mexicana. Está basada en los principios previstos en los artículos del 12 al 33, y son interés superior de la niñez, protección integral de los derechos de las personas adolescentes, integralidad, individualidad e interdependencia de los derechos de las personas adolescentes, prohibición de tortura y otros tratos o penas cueles, inhumanas o degradantes, no discriminación e igualdad sustantiva, aplicación favorable, mínima intervención y subsidio, autonomía progresiva, responsabilidad, justicia restaurativa, principios generales del procedimiento, especialización, legalidad, ley más favorable, presunción de inocencia, racionalidad y proporcionalidad de las medidas cautelares y de sanción, reintegración social y familiar de las personas adolescentes, reinserción social, carácter sub-educativo de las medidas de sanción, medida de prevención de la libertad como medida extrema y por el menor tiempo posible. Estos preceptos marcan la pauta interpretativa de un proceso penal para incorporarlo a asuntos específicos de los adolescentes en conflicto con la ley, y con ello es posible garantizar los derechos humanos de materia concreta para este grupo de personas en desarrollo. Es muy importante el alcance de cada uno de estos principios, ya que son la herramienta para la aplicación específica de la ley y de esta manera saber que se cuenta de forma clara y específica con la certidumbre de ofrecer a este grupo vulnerable un proceso penal específico, aplicable a los adolescentes en conflicto. A partir de 1989 inició en el país el Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, y con ello la construcción de un nuevo modelo de justicia para menores de 18 años de edad, teniendo su fundamento en los artículos 37 y 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con otros instrumentos internacionales, tales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia en menores, las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de su libertad y las Directrices de las naciones unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. > Siendo que una de las principales causas de los actos delictivos de los adolescentes es que no han sido comprendidos ni asumidas estas dichas apreciaciones, para construir un verdadero nuevo modelo de justicia para los adolescentes.> > Con estas propuestas, ofrezco la oportunidad de rectificar el rumbo hacia una justicia para los adolescentes, que garantice el ejercicio pleno de sus derechos y con ello incentivar a no retroceder y a comprender el nuevo sistema penal en este rubro en todas sus dimensiones, evitando así la criminalización de los jóvenes con sus delitos y a sus víctimas.> > Es por esto, que es necesario priorizar la legislación para proteger y beneficiar a nuestros adolescentes, hagamos conciencia y actuemos. Muchas gracias. Es cuanto.> >