La diputada Irma Elizondo Ramírez: Con el permiso de la Presidencia; gracias. Compañeras y compañeros legisladores, las reformas constitucionales en materia de derechos humanos trajeron aparejada la prohibición de todo tipo de discriminación debido a que la manifestación de la misma es un grave problema que conduce a la exclusión y fomenta la desigualdad de las personas en los ámbitos políticos, económicos y sociales. A pesar de los avances jurídicos, aún existen insuficiencias para garantizar el pleno ejercicio de los derechos a todas las personas, y una muestra de ello son los datos que arrojó en el mes de noviembre del 2012 la Encuesta Nacional sobre la Discriminación, los cuales ilustran sobre la prevalencia de este fenómeno, habiéndose identificado 11 grupos en tal situación de desventaja, siendo los adultos mayores, los afrodescendientes, las minorías religiosas, los pueblos originarios, los migrantes y los refugiados, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad, los enfermos con VIH, los jóvenes y las personas con preferencias distintas a la heterosexual, quienes padecen constantemente exclusión, rechazo, odio, maltrato, abandono y violencia en cualquiera de sus formas. Tal vez una de nuestras principales tareas legislativas consiste en la constante adecuación de nuestro marco jurídico y es por ello que tenemos el reto de fijar normas de carácter general que establezcan que ninguna persona se sitúe en estado de indefensión y desventaja en el pleno ejercicio de sus derechos. En este mismo sentido también tenemos el compromiso de procurar cambios cualitativos en nuestra convivencia a fin de que prevalezca el respeto y la tolerancia a lo diverso. Ante ello, las legisladoras y los legisladores del Grupo Parlamentario del PRI votaremos a favor del dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación para incluir conceptos y términos de uso más frecuente en la materia, como es la definición de discriminación, con el propósito de homologar los términos en la materia y evitar confusiones en su aplicación, así como los supuestos de trato diferenciado, las medidas de nivelación, inclusión y las acciones afirmativas, entre otras. Consideramos viables y oportunas las diversas reformas que se realizaron sobre las atribuciones, facultades, organización y funcionamiento del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con la finalidad de que su desempeño sea más eficiente y eficaz. Un gran avance representa la unificación del procedimiento de queja y reclamación, ya que con ello facilitamos los medios y las formas para que las personas puedan denunciar presuntas conductas discriminatorias. La adición relativa a la imposición de medidas administrativas y de reparación a servidores públicos como son la restitución de derecho violentado por el acto discriminatorio, amonestación pública, disculpa pública o privada, garantía de no repetición del acto o conducta discriminatoria, constituyen formas de instar a las personas a evitar la comisión de cualquier conducta discriminatoria y, en especial, a los servidores públicos. Recordemos que los servidores públicos son la cara visible del estado, y mientras sigan incurriendo en la comisión de prácticas discriminatorias, las brechas en la construcción de una sociedad inclusiva, serán un problema irresoluble. Con la aprobación del dictamen reformaremos las acciones tendientes al respecto de los derechos humanos y la igualdad; se fortalecerá lo mandatado en nuestra Carta Magna relativo a la prohibición de todo tipo de discriminación; se dará paso importante para hacer realidad lo que afirmara Rigoberta Menchú Tum, que es Premio Nobel de la Paz, donde dice: la paz no es solamente la ausencia de la guerra mientras haya pobreza, racismo, discriminación y exclusión. Difícilmente podremos alcanzar un mundo de paz. Por su atención, muchísimas gracias.