El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, en diciembre de 2006, durante los primeros días de gobierno de Felipe Calderón, tomó la decisión de emprender acciones de fuerzas federales de seguridad y fuerzas armadas para el combate al crimen organizado. Estas acciones las hizo sin ningún diagnóstico ni diseños de un plan para el despliegue de tropas para combatir a grupos criminales, así lo admitieron la propia Secretaría de la Defensa Nacional y la Presidencia de la República a respuestas de solicitudes ciudadanas de información del Sistema Sinfomex del Ifai sobre este tema. El Ejército aceptó que en diciembre de ese mismo año 2006, momento en el que Felipe Calderón decidió declarar la guerra al narcotráfico, no contaba con una estrategia militar previamente elaborada para el despliegue de efectivos en todo el país, ni mucho menos con un diagnóstico para enfrentar a los cárteles que dominaban el trasiego, la producción y la comercialización de drogas en nuestro país. El resultado es todos conocidos, el desbordamiento de la criminalidad, más de 100 mil homicidios, la gran mayoría de ellos en la total impunidad; decenas de miles de desplazados por la violencia; pérdidas millonarias para la economía de las entidades afectadas, el tejido social totalmente desgarrado. Por su parte, Enrique Peña Nieto prometió en su campaña a la Presidencia, que iba a replantear y redireccionar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con el fin de volverla más efectiva y menos costosa para la sociedad; sin embargo, a un año de su gobierno esto no ha ocurrido, prueba de ello es que según datos el inicio de la presente administración al primero de septiembre de este año, se contabilizaron 13 mil 775 homicidios dolosos. Parece que una vez más la trágica historia se vuelve a repetir, de ahí la pertinencia de establecer mecanismos de contrapesos a la figura del Ejecutivo por parte del Legislativo, a fin de que decisiones de política pública, de la importancia de los planes en materia de seguridad no sean tomadas de manera unilateral. Establecer la obligatoriedad para el Presidente de la República, de presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante el Senado para su aprobación, es sin duda un avance, sin embargo es un progreso demasiado pequeño y corto ante la gravedad y los alcances del asunto en cuestión, pues aprobar en el inicio e informar con posterioridad el desarrollo de la estrategia dista mucho de ser una evaluación seria. Por ello, proponemos que esta reforma vaya más allá y dote de capacidades a la Cámara de Senadores para evaluar e influir en la orientación de la estrategia con el propósito de establecer un sistema de contrapesos, además de fomentar el control y fiscalización de las acciones de gobierno. Es urgente contar con un nuevo modelo de combate a la inseguridad, por lo que hacer que el Senado pueda evaluar y ajustar las acciones emprendidas por el gobierno federal, abonaría a que exista una verdadera rendición de cuentas y a evitar que se den resultados tan desastrosos como los hasta hoy obtenidos. Derivado de lo anterior, someto a consideración del pleno, la siguiente reserva del artículo 69, del dictamen con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 69. En el primer año de su mandato, en la apertura del segundo periodo de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente de la República presentará la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ante la Cámara de Senadores, la cual deberá evaluarla para su posterior aprobación en el plazo que disponga la ley. Asimismo, la Cámara deberá realizar seguimiento constante al cumplimiento de los objetivos planteados en la estrategia y podrá emitir directrices a seguir por la misma. Compañeras y compañeros, es cuanto, señor presidente.