La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El día de ayer conmemoramos, en una fecha secular y patriótica, el espíritu republicano, liberal y social que enlaza las dos Constituciones promulgadas el 5 de febrero. La de 1857 y la de 1917. Ambos ordenamientos se arraigan en la fuerza de la tradición jurídica mexicana que ha inspirado la evolución de nuestro estado de derecho expresado en la Constitución General de la República. En síntesis, ahí evocamos la visión precursora de quienes supieron comprender que sólo prospera y perdura lo que se construye sobre los cimientos del derecho y la justicia. La Revolución mexicana, surgida de modo excepcional y heroico, abrevó originalmente en el reclamo democrático de Madero que convocó a la insurrección y que tuvo como primeros mártires de esa escena a las figuras señeras de Carmen Aquiles y Máximo Serdán. En su derrotero, aquél movimiento concitó pasiones en un torbellino de fuerzas en conflicto a las que confluyeron las exigencias de una sociedad sometida, marginada y excluida. Más de un millón de héroes anónimos ofrendaron sus vidas para hacer realidad los postulados que harían de ésta la primera revolución de cuño social en la historia contemporánea. De aquél convulso y confuso proceso emergió la visión del Presidente Venustiano Carranza, a cuya consecución contribuyeron notables mexicanos quienes aportaron sus capacidades y su emoción patriótica en los documentos de trabajo y discusión que apoyaron los encendidos debates del Congreso Constituyente de Querétaro. De aquella pléyade de mexicanos excepciones que dieron la nueva dimensión a nuestras bases constitucionales, hoy, en esta fecha, con orgullo y memorable admiración recordamos a las figuras egregias que representaron al pueblo mexicano. A la distancia del tiempo, está a la vista que la obra jurídica del Constituyente de Querétaro preserva vigencia y vitalidad. De su denominado Capítulo Dogmático destacan las garantías sociales, complementadas por el Constituyente Permanente con el reconocimiento de los derechos humanos de las personas. Pero no hay que olvidar que el propósito que generó el movimiento revolucionario fue abatir las desigualdades y abrir oportunidades de acceso y equidad para los que menos tienen. Hoy por hoy, la deuda social sigue siendo la asignatura pendiente del siglo XXI. Tres preceptos de la Constitución continúan siendo la inspiración para resarcir las desigualdades que hoy prevalecen entre sectores sociales, géneros y regiones. El artículo 3o. constitucional que consagra el derecho a la educación, el artículo 27 que postula la Reforma Agraria y el artículo 123 que corresponde a la protección al trabajo. De ese capitulado debe, en efecto, emerger una política social de Estado que se sobreponga al disenso y al diferendo por encima de filiaciones políticas o ideológicas para que prevalezca el acuerdo de la sociedad en su conjunto. Otros lineamientos enriquecieron desde su origen el contenido social y político de la Constitución de 1917: libertad de expresión, democracia y respeto efectivo al voto libre y secreto. Tuvieron que transcurrir muchas décadas para que la letra muerta de estas garantías se tradujera en un ejercicio vivo de los derechos ciudadanos a elegir libremente a sus gobernantes y para que las mujeres pudiéramos participar en la vida política del país. Otros de los principios fundamentales en la construcción de nuestro Estado de derecho que decanta uno de los principios ideados para defender las libertades del hombre y favorecer el correcto reparto del poder público, es la división de poderes. En un Estado de derecho no tiene cabida la concentración exacerbada o ilimitada del poder público. Desde 1814 el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana, confirió tres atribuciones a la soberanía popular: la facultad de dictar leyes, la facultad de hacerlas ejercer, y la facultad de aplicarlas a los particulares. Sin en la actualidad no asumiéramos con determinación una sana separación y equilibrio de poderes vigente y perdurable, nuestra voluntad de avance político se estaría sustentando en la precariedad o en la simulación. Pero es preciso recordar que el derecho se expresa en la ley, pero ésta debe trascender con justicia y certidumbre al orden efectivo de su aplicación. Es decir, requerimos alentar una cultura de legalidad en la que todos los actores de la sociedad, sin excepción, concurran en su vida diaria a someter todo acto de evasión del espíritu de la ley. Sin duda la mayor cuota en este esfuerzo debemos aportarla quienes ejercemos funciones legislativas. El rumbo al que aspiramos los legisladores del Partido del Trabajo es otro. Es la ruta recorrida por nuestros ancestros y es el camino que deseamos fijar para el tránsito de nuestros hijos, el que ha formado nuestras instituciones con la constancia y determinación de todas las generaciones que nos han antecedido a golpe de lucha, de trabajo y de esperanza. Tenemos conciencia de la necesidad de afianzar en los hechos lo que Juárez expresó en una consigna perdurable y aleccionadora: Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Ni negocios privados al amparo del poder público ni decisiones públicas al servicio de intereses particulares, porque es ley de buen gobierno gobernar con apego a la ley. Las y los diputados del Partido del Trabajo estaremos atentos a combatir y a desterrar todo signo de prepotencia y arbitrariedad, de influyentismo y corrupción, de inmunidad e impunidad que ofendan a la ciudadanía. De esta forma, más allá de los discursos, en los hechos y en la rendición de cuentas a la sociedad estaremos honrando la memoria imperecedera de los precursores de nuestra Carta Magna. Es cuanto, señor presidente.