El diputado César Camacho Quiroz: Gracias, señor Presidente. Compañeras, compañeros diputados, un gobierno abierto a la sociedad es un gobierno democrático. El poder público debe esforzarse por mostrar su mejor cara y la mejor cara en el caso que nos ocupa, son, sin duda, los buenos resultados. Cumplir el deber y servir a la sociedad, por supuesto satisface al gobernante, pero al gobernado le brinda la certidumbre, la seguridad jurídica, la satisfacción, porque las autoridades que él invistió de responsabilidad, están haciendo su tarea. Ambos, gobernantes y gobernados, al final encarnamos la república, esta forma de gobierno en la que todos tienen voz y en la que decidimos entre todos. Proclive a la participación ciudadana, y por tanto, a la democracia, en la república se favorece el acceso a la información pública ya que en la democracia el poder público se instituye para servir a la comunidad y el mandatario a sus mandantes. Éste justamente fue el espíritu con el que consensuamos, apenas en marzo, la reforma al artículo 6o. constitucional, para establecer el derecho de acceso a la información y darle solidez a esta forma de relacionarnos, sociedad y gobierno. Es esa misma intención la que impulsa estas reformas de segunda generación de nuestro régimen de transparencia y acceso a la información pública gubernamental. En México la transparencia ha arrojado innegables beneficios, aunados a la impresionante apropiación social de los mexicanos, que cada día con razón exigen más datos, más información, más explicaciones a las autoridades. Es así que estas reformas y adiciones a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental están en sintonía con la reforma constitucional, vencen resistencias, superan obstáculos. Entre otros aspectos, el dictamen que hoy conocemos considera, por ejemplo, que la información que posea toda autoridad que reciba o utilice recursos públicos federales debe estar disponible para los ciudadanos para evitar evasiones. También se describe ampliamente lo que hay que entender como recurso público federal. Por otro lado, se amplía el catálogo de sujetos obligados para que además de los Poderes de la Unión, en el caso del Ejecutivo federal, se incluya a los órganos administrativos desconcentrados, a las entidades paraestatales y, muy subrayadamente, a los fideicomisos públicos. Todas estas instancias deberán publicar, además de su directorio de servidores públicos, la remuneración mensual por cada puesto y todas las compensaciones. En esto se incluirá también a los contratados por honorarios. Adicionalmente, se hace público además de los padrones de beneficiarios de los programas sociales, todo lo relativo a las convocatorias, reglas de operación, convenios, registros de participantes, porcentaje y montos de co-inversión, criterios de presentación, validación y dictaminación de proyectos, difusión de resultados, relación de dictaminadores, criterios de entrega de las administraciones, responsables de recibirlas y utilizarlas, documentación justificativa y comprobatoria, entre otros aspectos. Por otra parte, la Comisión de Dictamen ha presentado a la Mesa Directiva producto del consenso de sus integrantes una adición al dictamen, que contempla, entre otras, dos medidas benéficas para los mexicanos. La primera, facultar al IFAI para revisar si la información reservada o confidencial, según las dependencias fue correctamente clasificada o debe ser accesible para los ciudadanos. Segundo, para proteger la vida privada de las personas, los secretos comercial, fiscal, bancario y fiduciario pasan de ser información reservada a información confidencial. En esta materia, como es de observarse, el realismo permite el optimismo. La transparencia es hoy en México un valor compartido y un factor de unión en política. El consenso logrado a partir de la buena disposición de los legisladores así lo demuestra y esto es útil pues la tarea no concluye aquí ni termina ahora. Están pendientes de acometer los asuntos relacionados con la Ley de Archivo y la legislación relativa a los datos personales. De esa suerte, advertidos que estamos en el camino correcto, consolidemos como tarea colectiva, pluralmente respaldada la transparencia, la rendición de cuentas, para que forme parte de la cultura de la legalidad, del apercibimiento que estamos todos en la sintonía de los ciudadanos, de que el Gobierno en su acepción más amplia está, más que nunca, abierto de par en par para el escrutinio y la verificación de los ciudadanos. Es por ello que tengo la oportunidad de someter a su consideración este dictamen y pido para él su voto aprobatorio. Adicionalmente, y para terminar, he de presentar en estos minutos un artículo transitorio adicional que le dé un plazo razonable al Ejecutivo del país, un plazo de un año para poder montar la infraestructura necesaria que permita hacer frente al cumplimiento de tareas nuevas, de tareas que entrañarán no sólo un entramado institucional sólido sino la capacitación debida al personal, a los servidores públicos, a fin de que se cumpla no sólo la letra sino el espíritu de estas reformas y adiciones afortunadas al régimen de transparencia y rendición de cuentas. Gracias por su atención.