El diputado Felipe Arturo Camarena García: Con su venia, señor presidente. Con la venia de la asamblea. La confianza pública como factor de credibilidad es muy útil, tanto para la legitimación política como para los rendimientos. Por eso, todos los sectores del Estado y de la sociedad civil recibieron con agrado, en el año 2009, la noticia de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública imponía a los cuerpos policiacos, de los tres órdenes de gobierno en el país, la obligación de certificarse. Sin embargo, el camino ha sido suntuoso, pues no se han presentado infinidad de problemas para cumplir cabalmente con el objetivo planteado. En este contexto y con la única finalidad de no violentar la propia norma pública en enero de 2009, es que se vuelve determinante prorrogar el tiempo límite hasta el día de hoy, y está mencionado en este decreto, en el artículo tercero transitorio de la Ley General del Sistema de Seguridad Pública. La destitución de varios elementos que no hayan sido certificados aún por razones ajenas a ellos mismos, o bien, podría presentarse la triste opción de sustituir o cesar a varios elementos de seguridad pública sin causa o legitimidad, cometiéndose así una vulneración a los derechos laborales y humanos de los mismos. Todo lo anterior, sin detenernos a explicar las consecuencias económicas, producidas en las familias de los guardianes del orden al verse desplazados de su empleo. Si bien es cierto que no pueden soslayarse los avances que se han venido presentando en materia de seguridad pública, también debemos reconocer que éstos aún no resultan suficientes para revertir por completo el grave problema de la inseguridad por el cual atraviesa nuestro país. Por lo anterior, la bancada del Partido Verde Ecologista de México expresa su postura a favor de ampliar el lapso de la certificación, ya que estamos convencidos de que los procesos de esta naturaleza, tan determinantes del orden público, deben ser llevados a cabo con prudencia y profesionalismo, y no permitir que la premura señale los tiempos, pasando por ello los altos estudios y meticulosos, a los cual deben someterse todos los guardianes del orden. En este sentido, consideramos que el plazo de 12 meses que se propone, es propicio para asegurar, en todos los niveles federales y en todas las entidades federativas, una certificación eficiente. Compañeros y compañeras, las autoridades ejecutivas no deben dilatar más el proceso, es hora de abocarse con disposición y compromiso para la obtención de la certificación respectiva, pues una nueva postergación solamente dejaría ver la debilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública en el país, lo cual seguramente sería recibido con desagrado por la población. Recordemos que la seguridad pública no es uno de los elementos fundamentales del orden público, por lo cual este tema no puede tomarse a la ligera, pues está hablando de todos quienes exponen su vida por preservar un Estado de paz y de tranquilidad para todos los ciudadanos, que les permita a éstos desarrollar sus actividades sin ningún inconveniente. Es hora de ser conscientes y sensibles de la realidad que viven muchos mexicanos, cerrar los ojos y no considerar cuando menos la posibilidad de que algunas de las personas encargadas del orden estén siendo influenciados en estos momentos por los grupos criminales para delinquir es algo ingenuo. Reiteremos, no cerremos los ojos ante sucesos como el acontecido en la ciudad de México, en donde se advirtió que policías de esta misma localidad, todos con grado de policía segundo, adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana colaboraran para sustraer a un extranjero de origen colombiano, del cual hasta la fecha se desconoce su paradero. Ahora bien, ampliar el plazo original no servirá de nada si no se invierten también los recursos necesarios para convertir la aspiración de la certificación en una realidad, por lo cual se está dando el apoyo a esta minuta también para que se requiera al gobierno federal como a las entidades federativas para apoyar el presupuesto. Pero no podemos perder de vista que una de las responsabilidades que se tiene por el gobierno federal es que no se ha nombrado al titular del Centro del Centro Nacional de Certificación y Acreditación, el cual ejerce la orientación y doctrina operativa del proceso de evaluación y certificación. Ya que a dicho órgano le corresponde verificar que los centros de evaluación y control de confianza de la federación, estados y Distrito Federal realicen sus funciones, de conformidad con las normas técnicas y estándares mínimos en materia de evaluación y control de confianza de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública. Al igual, también, si bien es cierto se aprovecha y se da este plazo y este apoyo económico, tampoco podemos dejar de señalar que existe un subejercicio constante en las entidades federativas que en este año alcanzó el 88 por ciento. Yo creo que debemos obligar también a los gobernadores de las entidades federativas para que hagan el mejor y el mayor de los esfuerzos y cumplan, y no dentro de seis meses estemos otra vez buscando ampliar el término del año que se está dando ahorita, para que puedan cumplir con esa obligación que se tiene. Por tanto y por lo esgrimido, reiteramos la necesidad de colaborar en pro de este asunto, el cual beneficiará a toda la población. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias a todos por su atención.