EL DIP. ALFREDO HERNÁNDEZ RAIGOSA: Muchas gracias, señor Presidente, con su permiso. Compañeras y compañeros legisladores: El día de hoy presento una iniciativa que tiene que ver con el desempeño de la Procuraduría Federal del Consumidor, particularmente después de casi dos años, donde he realizado acciones que en conjunto con ellos, para desmantelar o evidenciar prácticas corruptas como son la de los gaseros y que tiene limitaciones legales muy severas la PROFECO y que hoy, creo que es necesario modificar. El problema del acceso en la justicia en México puede ser analizada desde diversas ópticas, pero las conclusiones son casi siempre las mismas, las dificultades metodológicas, técnicas y económicas han dado como resultado diagnóstico sobre los mismos problemas, lentitud en los procesos, onerosidad de los juicios, excesivos formulismos en los códigos procesales, deficientes formas de organización en los tribunales, así como un burocratismo y obviamente la corrupción en los funcionarios públicos. Ante los contrastes, las desigualdades y las inequidades cabe plantearnos y en la sociedad actual o en las condiciones que prevalecen se garantizan el pleno ejercicio y el uso de los derechos y libertades prescritas por las leyes; si todos los gobernados cuentan con los medios para actuar y defenderse ante cualquier órgano, autoridad jurisdiccional o contra particulares y si el Estado cuenta con los medios para asegurar una resolución oportuna y justa en lo material. Las transformaciones sociales y económicas han generado, en una sociedad con tantos y evidentes desequilibrios, rezagos en orden jurídico y a su vez factores que obstaculizan el desarrollo del sistema de justicia. De ahí que la eficiencia y los aspectos administrativos y organizaciones del aparato de justicia se hayan convertido en objeto de propuesta y proyección de tipo político que van desde la simplificación de los procedimientos, la creación de organismos especializados en la impartición de justicia, la introducción de mecanismos alternativos y la mayor participación de los ciudadanos en los procesos de dictaminación. Este es el contexto que enmarca la presente iniciativa, es decir, la adecuación de un ordenamiento jurídico a una realidad imperante, en este caso, las relaciones comerciales entre particulares. La Ley Federal de Protección al Consumidor establece como derecho básico de los consumidores y usuarios de protección, de sus legítimos intereses económicos, así como la información correcta sobre los diferentes servicios para facilitar el conocimiento sobre su adecuado uso y disfrute. De ella, se desprenden las atribuciones dela Procuraduría Federal del Consumidor, misma que debe promover y proteger los derechos del consumidor, así como ampliar las medidas necesarias para propiciar la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores, según se desprende del mismo cuerpo normativo. La seguridad jurídica de los consumidores, parte necesariamente de la impartición de justicia y de que ésta sea pronta y expedita. Los consumidores que sienten vulneradas sus garantías como tales, tienen el derecho de iniciar las medidas procedimentales, para que sean resarcidos los daños provocados por comerciantes o prestadores de servicio, ese es el espíritu de la ley. Sin embargo, en los hechos los trámites que inicia la Profeco para proteger los derechos de los consumidores, se ven en muchas ocasiones desvirtuados o empantanados, cuando se llega a instancias superiores, en particular, la acción que deben realizar algunas Secretarías de Estado. Debo destacar la actuación de la Secretaría de Energía, misma que demora en la entrega de información y en resolver sobre peticiones que hace la Profeco con relación a la distribución y, por ejemplo, en la venta del gas para el consumo doméstico. Quiero señalarles, que haciendo un cálculo de lo que ordeñan los señores gaseros los tanques de gas, hace 2 millones de operaciones diarias, de las cuales a cada tanque mínimamente le faltan 2 kilogramos, 2 por 6 por 2 millones de operaciones, estamos hablando que diariamente sustraen de manera ilegal 4 millones de kilos de gas, que representan una merma para los consumidores, y ahí termina la participación de la Profeco. Es por ello, que la presente iniciativa de reforma apunta a dotar de mayores facultades a la Profeco, en el marco de la Ley de Protección al Consumidor. En primera instancia se propone, que aun cuando no se apele a la coordinación de la Procuraduría con la Secretaría de Economía, antes de Comercio y Fomento Industrial, o con otras dependencias legalmente facultades para inspeccionar precios y lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y evitar duplicación de funciones, considero que la Profeco puede realizar esta acción por si misma. Es decir, planteamos que la Profeco pueda retirarle la concesión, a todos aquellos proveedores, como los gaseros, que roben o hurten a los consumidores, y que no solamente se quede en una multa o en clausura provisional. En segundo término, si bien es cierto que la ley señala cuales son las atribuciones y facultades de la Procuraduría Federal del Consumidor, para realizar acciones en defensa de los consumidores, estimo que falta señalar cuáles son los plazos para que se lleven a cabo dichas acciones, es por ello que añadimos una fracción al artículo 24 de la ley. El derecho a un efectivo acceso a la justicia, debe considerarse como un derecho humano de importancia primordial, por lo que el aliviar la pobreza legal, es decir, la incapacidad de una persona para ser cabal uso de la ley y las instituciones, debe ser una preocupación del poder público y de este órgano legislativo. Considero que esta premisa puede ser apoyada, con la participación de la ciudadanía, y es por ello que en nuestra propuesta se contempla la creación de un Consejo de Participación Ciudadana, que trabaje de manera conjunta con la Procuraduría Federal del Consumidor, para que ejerza ante los tribunales, competentes acciones de grupo en representación de consumidores, para que dicho órgano dictamine y sentencie en su momento procesal. Por esta razón, el día de hoy nos parece central, ante esta experiencia que hemos vivido particularmente con los gaseros, ante experiencias con los lugares donde se venden carros y vehículos donde el consumidor no tiene oportunidad de defensa, ante otro tipo de transacciones como la venta de computadoras donde se queda al margen la Procuraduría Federal del Consumidor y ante un "montonal" de relaciones de comercio que realizan los ciudadanos y que quedan en un estado plenamente de indefensión, hemos decidido plantear un primer paquete de reformas a la Ley de Protección al Consumidor que pueda arropar a la PROFECO con mayores facultades para que no se quede limitada y que se transfiera a otra Secretaría esta facultad, cuando aquella Secretaría, en muchos casos, cae en contubernio con empresarios sin escrúpulos que lucran y roban con los consumidores. Yo ponía hace rato un caso: si los gaseros realizan 2 millones de operaciones diarias, ordeñan un tanque con 2 kilogramos por cada una de esas operaciones, estamos hablando de 4 millones de kilos que diario ordeñan y sin embargo, ahí no hay un fincamiento de responsabilidad penal para que se vayan a la cárcel; en cambio, una familia pobre que robara un tanque de gas por necesidad, iría a parar a la cárcel sin ninguna limitación y ahí me parece que la PROFECO tendría que agrupar un conjunto de facultades que vayan más allá de las que actualmente tiene y poder sancionar de manera definitoria y resolutiva a estas empresas y empresarios corruptos o ladrones que abusan del consumidor, al dejarlos en pleno estado de indefensión. Por esa razón presentamos el proyecto siguiente de decreto: Artículo 1º. Se reforma el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue: "...fracción XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de precios y tarifas acordados, fijados, establecidos, registrados o autorizados por la Secretaría y por sí misma o en coordinación con otras dependencias legalmente facultadas para inspeccionar precios, para lograr la eficaz protección de los intereses del consumidor y a la vez evitar duplicación de funciones. Fracción XXII. Una vez presentada una denuncia por parte de un consumidor afectado en la compraventa de un bien, servicio o en la prestación de otro tipo de servicios, la Procuraduría tendrá un plazo no mayor de 60 días hábiles para realizar las acciones tendientes a resarcir el daño provocado en perjuicio del consumidor". Artículo 2º. Se reforma el artículo 26 de la Ley Federal de Protección al Consumidor para quedar como sigue: "...fracción II. Para determinar la procedencia de la denuncia, la Procuraduría contara con el apoyo de un Consejo Ciudadano conformado por tres personas de probada honestidad, con participación del o los quejosos". Artículo 2º. Se derogan todas aquellas disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto en el artículo 1º. del presente decreto. Termino, señor Presidente. Artículo 3º. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Muchas gracias.