La diputada María del Carmen Salvatori Bronca: Con el permiso de la Presidencia. Señoras y señores legisladores. Con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y en mi carácter de diputada federal de la fracción parlamentaria de Convergencia, someto a consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. En su capítulo primero, que reforma y adiciona el artículo 3o., fracción II, adiciona la fracción III y recorre las fracciones subsecuentes; adiciona un segundo párrafo a la fracción VII y reforma las fracciones VIII y IX y se agrega la fracción X; en el capítulo 5o. se reforma y adiciona el artículo 17 y se agrega un segundo párrafo, conforme a la siguiente Exposición de motivos. El derecho, como producto humano, se advierte rebasado por el hecho social. Las demandas para que los legisladores aborden y eviten lagunas a través de la regulación eficaz son innumerables, de aquí que esta iniciativa represente un proyecto de respuesta a una de las más sensibles necesidades de la sociedad, como lo es una mayor certidumbre y seguridad en el manejo de los pagos a través de las tarjetas de crédito y tarjetas de débito, las cuales constituyen un elemento que ha sido fuertemente popularizado por las diversas instituciones bancarias y comerciales que el día de hoy se erigen como un verdadero poder fáctico. De acuerdo con datos emitidos por Condusef, las tarjetas de crédito son uno de los productos financieros más utilizados en México. Actualmente existen 13.5 millones de plásticos. Tan solo de 1999 a 2004, el porcentaje de las transacciones vía terminal punto de venta creció del cuatro al 12 por ciento. Paralelo a lo anterior, padecemos un incremento proporcional de falsificación y uso indebido de instrumentos de crédito que hacen aquellos que detentan ilegítimamente las tarjetas. Ese uso indebido va desde la compra de diversos artículos usurpando la identidad del titular hasta la realización de transferencias electrónicas o la disposición de efectivo en los llamados cajeros electrónicos. Es conocido por todos el incremento de las cifras relativas a la comisión de diversos tipos de robo, tales como los cibernéticos, los de tarjetas de crédito e incluso aquellos que se arremeten directamente en contra de las mujeres, violando sus bolsos para extraer las tarjetas bancarias. Señoras y señores legisladores, la suscrita sufrió este problema en Veracruz y realmente es lamentable que esté pasando esto a las mujeres. Tenemos que presentar esta iniciativa. Los exhorto porque no nos puede estar pasando esto a las mujeres que ahora somos sujetas a estos delitos en toda la República Mexicana; por eso el interés de presentar esta iniciativa. Y por otra parte, referirme al marco jurídico vigente de la actividad crediticia. No se encuentra una definición jurídica de tarjeta de crédito, mucho menos los elementos que debe contener el plástico o la normatividad que regule el uso de la misma entre consumidores y proveedores, por lo que en caso de un uso indebido del sistema de pago electrónico, no hay tipificación del delito; y en consecuencia no existe penalización alguna. Y qué decir de aquellos comercios establecidos que admiten como medio de pago las tarjetas bancarias a través del sistema denominado terminales punto de venta. Estos negocios nunca solicitan una identificación oficial como medida de seguridad para confirmar la titularidad de los clientes ni tampoco se hacen responsables de las compras efectuadas por personas distintas a la de los titulares, pues a ellos sólo les interesa vender. Por todo lo anteriormente expuesto someto a esta Cámara de Diputados de la LX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión el siguiente proyecto de Decreto Artículo primero. Capítulo I. Disposiciones generales. Artículo 3. Fracción II. Cliente: la persona que utiliza los medios de disposición emitidos por cualquier entidad financiera o entidad comercial. Artículo segundo. Fracción III. Comercio establecido: es aquel que celebra contrato de afiliación con alguna entidad financiera para aceptar tarjetas de crédito y débito como medio de pago, a través de un sistema electrónico denominado terminales punto de venta. El comercio establecido estará obligado a solicitarle al cliente una identificación oficial para poder realizar dicho pago. Artículo tercero. Fracción VII. Entidad comercial: las sociedades que se dediquen al comercio de bienes y servicios no financieros que otorguen financiamiento a sus acreditados. La entidad comercial estará obligada a solicitarle al cliente una identificación oficial para poder realizar el pago. Artículo cuarto. Fracción VIII. Medio de disposición: las tarjetas de débito asociadas a depósitos bancarios de dinero a la vista, a las tarjetas de crédito emitidas al amparo de un contrato de apertura de crédito, a los cheques, así como a las órdenes de transferencias de fondos. Artículo quinto. Fracción IX. Sistemas de pago: la serie de instrumentos, procedimientos, reglas y sistemas para la transferencia de fondos. Artículo sexto. Fracción X. Tarjeta de crédito: es el instrumento financiero a través del cual una entidad financiera o entidad comercial como emisores de la tarjeta, conceden a sus clientes mediante la suscripción de un contrato de adhesión una línea de crédito hasta por importe determinado, conocido como límite de crédito. Por eso compañeros y compañeras legisladores, vengo a presentar esta iniciativa y los exhorto a que votemos realmente con estas propuestas que vengo a presentarles, porque es impresionante lo que está pasando en México en estos robos y que tengamos la tarjeta de crédito con una identificación oficial para que no puedan hacer esos ilícitos. Por eso el presente decreto entrará en vigor —como transitorio— al siguiente día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado a los 13 días del mes de marzo de 2007. Solicito a la Presidencia que se inserte íntegro el texto al Diario de los Debates. Por su atención, señoras y señores legisladores, muchísimas gracias.