El diputado Agustín Carlos Castillo Marroquín: Con su venia, diputado presidente. Por economía parlamentaria, solicito se inserte íntegro el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Compañeras diputadas, compañeros diputados. Como es conocido de todos ustedes, la facultad de iniciar leyes o decretos corresponde al Ejecutivo federal, a las Legislaturas de los estados y a nosotros, los representantes del Congreso de la Unión, tal y como lo establece el artículo 71 de nuestra Carta Magna. Asimismo, establece que las iniciativas presentadas por el presidente de la república y por las Legislaturas de los estados pasarán a comisiones dictaminadoras de la Cámara, dándoles la propia Constitución prioridad para su análisis y dictamen correspondiente. Ahora bien, con la transformación del sistema político mexicano y con la dinámica democrática que derivó de este proceso, es necesaria para su consolidación una profunda apertura y pluralidad de los actores políticos, lo cual exige adoptar mecanismos de colaboración entre los supremos Poderes de la federación, en este caso en lo que respecta al Legislativo y al Ejecutivo. En lo que se refiere al Ejecutivo como responsable de la acción de gobierno y como conductor de las políticas públicas, requiere para su manejo de mecanismos legislativos eficaces que favorezcan un compromiso más acotado a tiempos definidos por parte del Legislativo para la revisión, discusión y votación de las propuestas de reformas que el país demande con urgencia y que sean presentadas por el titular del Ejecutivo federal. Un sinfín de iniciativas presentadas ante el Congreso no son dictaminadas por diversas causas; ya sea por razones de índole política, por carga de trabajo o simplemente por indolencia y se quedan en el olvido en la congeladora legislativa, durmiendo el sueño de los justos. Por ello, esta iniciativa pretende encontrar el diseño constitucional que permita unir al acto de gobernar y el de legislar sin perder el balance. Esto es, se requiere instrumentar mejores relaciones entre ambos Poderes que eviten el estancamiento y la obstrucción. Señoras, señores diputados, nuestra realidad política nos obliga a actuar corresponsablemente en la toma de decisiones con el Ejecutivo federal. Es inevitable que en este contexto de pluralidad en el Congreso y que genera gobiernos divididos se tengan que dar los mecanismos para llegar a la formación de mayorías fortaleciendo el actuar del Ejecutivo, pero sin debilitar la función del Legislativo. Este recurso de hecho existe ya en varias democracias consolidadas como la francesa, la alemanda, la chilena o la brasileña, con variaciones y matices particulares, pero dotando al Ejecutivo de esta valiosa herramienta. Consecuentemente, la presente iniciativa propone que el presidente de la república, como responsable de la acción de gobierno, tenga la facultad de presentar iniciativas de trámite legislativo preferente, con objeto de que éstas sean resueltas por el Congreso en breve lapso.. La iniciativa de trámite legislativo preferente es una herramienta legislativa que pretende solucionar la problemática de posible parálisis y obstruccionismo legislativo, al mismo tiempo que representa un instrumento idóneo para el actuar del Ejecutivo federal en el que se proporciona mayor seguridad y certeza jurídicas en beneficio del gobernado. Es importante señalar que el hecho de otorgar trámite legislativo expedito a las iniciativas presentadas por el presidente de la república, no implica una subordinación del Poder Legislativo frente al Ejecutivo, sino un espacio de preferencia en la agenda legislativa para que se discutan aquellos asuntos que por su naturaleza sean considerados como prioritarios. En este sentido, la iniciativa propone que el Ejecutivo federal pueda presentar hasta dos iniciativas de trámite legislativo preferente por cada periodo ordinario, que las pueda presentar solamente dentro de los 45 días siguientes al inicio del periodo de sesiones ordinarias, que el Congreso deba resolver a más tardar el último día del mismo periodo y, si no se dictamina en dicho plazo, que el presidente de cada Cámara la someta a consideración del pleno. De no ser votada la iniciativa por el pleno, ésta deberá entenderse por aprobada; es decir, procederá la afirmativa ficta. No podrán tener carácter de preferente las iniciativas en materia electoral ni de partido políticos, y respecto de las reformas y adiciones de carácter constitucional se establece un plazo de 30 días para que los congresos estatales la sometan a consideración del pleno y, de no hacerlo, se tendrán igualmente por aprobadas; procedería la afirmativa ficta. En conclusión, la reforma permitirá la corresponsabilidad entre el Congreso de la Unión y el presidente de la república en la construcción de una democracia socialmente eficaz, simplificando el trámite legislativo de acciones gubernamentales y flexibilizando la discusión de temas prioritarios que requiera la nación. Es cuanto, diputado presidente.