La diputada Laura Itzel Castillo Juárez: Diputado presidente, diputadas y diputados, los reportes institucionales refieren que durante esta administración han sido ejecutadas 16 mil 500 personas y 3 mil 160 han sido desaparecidas por grupos del crimen organizado, revelaron integrantes del gabinete de seguridad nacional. Las estadísticas oficiales señalan que Chihuahua, Sinaloa, Guerrero y Durango son las entidades que concentran más de 54 por ciento de las víctimas mortales, cuyos casos se investigan como homicidio doloso. De los 6 mil 500 ejecutados este año, 300 eran mujeres. Algunos datos obtenidos de las procuradurías estatales de justicia reflejan un mayor número de homicidios dolosos contra mujeres en 2008: Chihuahua, 187; estado de México, 176; Veracruz, 96; Quintana Roo, 64; Jalisco, 57; Sinaloa, 48 y Chiapas 45. Conforme al artículo 21 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la violencia feminicida es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y pueden culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. Para atender este flagelo, en términos del artículo 26 de esta ley, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a lo siguiente: 1.- El derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. 2.- La rehabilitación. Se deben garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas. 3.- La satisfacción. Son las medidas que buscan una reparación orientada hacia la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: a) La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de reparación. b) La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. c) El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres. d) La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. Yo les preguntaría aquí a mis compañeras diputadas federales que votaron a favor del Presupuesto, si se etiquetaron recursos federales específicamente para este tema que ya está en la ley, y pues no. La caravana Éxodo por la vida de las mujeres convocada por la Organización Mujeres de Negro, recorrió el país para denunciar a algunos gobiernos y Congresos estatales por negarse derechos como la promulgación de leyes para erradicar la violencia, el esclarecimiento de los feminicidios o el aborto legal en los casos de embarazo por violación. Las organizaciones del Éxodo denunciaron, por ejemplo, el boicot del que fueron objeto, como caravana, a su paso por el estado de México, ordenado esto directamente por el gobernador Enrique Peña Nieto, entidad donde organizaciones civiles han denunciado el asesinato de más de 170 mujeres en lo que va de este año. El diario español El mundo publicó recientemente una nota en la que señala que la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró la demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la que se acredita la responsabilidad del Estado mexicano en los crímenes de Juárez. Sin duda, esto es un logro de las organizaciones sociales y de las madres de las asesinadas y desaparecidas, las cuales luchan denodadamente porque en México se haga justicia, que la consigna que ha acompañado su larga marcha se haga realidad. Ni una muerta más.