La diputada Laura Lynn Fernández Piña: Compañeras y compañeros, el dictamen que estamos discutiendo es necesario para la protección de la economía de las y los mexicanos. Los programas sociales adquieren relevancia en el momento que vivimos los daños que ha dejado la pandemia. En nuestra economía ya han sido medianamente compensados con la disponibilidad de recursos mediante programa que desde los diferentes órdenes de gobierno se han implementado para incentivar el consumo y tratar de reactivar las actividades económicas de las distintas regiones del país. El dictamen protege, desde la Constitución, los recursos económicos que se transfieren a las familias mexicanas a través de apoyos, pensiones no contributivas, becas y, en general, programas sociales. Lo anterior mediante la inembargabilidad de los mismos. Debemos de decirlo claro, en México ha sido un reto colosal lograr la inclusión financiera. Desde 2013 se han hecho un sinfín de adecuaciones normativas para que cada día más mexicanas y mexicanos tengan accesos a los servicios financieros, con cuentas de nómina sin comisiones, tarjetas de débito con costo cero, la portabilidad de nómina y la protección de los ahorros de los usuarios de servicios financieros. Existen asignaturas pendientes y hoy lograremos un avance, porque se está eliminando la posibilidad de cláusulas abusivas en los créditos que permitan comprometer los ingresos de las y los mexicanos por concepto de programas sociales y pensiones no contributivas. Muchas instituciones financieras abusan de la necesidad de los usuarios, ven en las tarjetas de pago de los programas sociales una oportunidad para embaucar al cliente, dándole a firmar contratos que incluyen cláusulas a toda luz abusivas, donde se permite disponer de los recursos de estas cuentas a través de retenciones, descuentos o embargos sin juicio previo, así un adulto mayor podría haber firmado un contrato leonino como este y mes con mes no recibir la totalidad de su pensión, afectando considerablemente su calidad de vida, no teniendo disposición económica para comprar medicinas, alimentos y demás productos y servicios necesarios para su vida digna. El descuento directo sobre programas sociales va a en contra de toda lógica de protección de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. Además, de que facilita la prolongación del tiempo de pago y con ello le puede elevar el costo de los créditos hasta superar en más de cinco veces el monto real de su préstamo. Los programas sociales no son nómina, no pueden sujetarse a las reglas de este tipo de créditos a pesar de ser una renta constante, ya que estos tienen como finalidad apoyar a las personas para superar la pobreza y desigualdad que la sociedad por siglos ha perpetuado. Es por eso que el Grupo Parlamentario del PRD acompañará esta iniciativa que reforma el artículo 4o. constitucional, para establecer la inembargabilidad de los recursos provenientes de programas sociales y las pensiones no contributivas por una vida digna para todas y todos los mexicanos. Es nuestra convicción que la protección de las personas beneficiarias de programas sociales sea una realidad y no se permita más la disposición de los recursos que se les depositan a cuentas bancarias abiertas expresamente para el pago de los mismos. Compañeras y compañeros, es de suma importancia recordarles que estos programas tienen carácter constitucional y fueron votados por unanimidad de los integrantes de esta Cámara de Diputados, derivado de su importancia para nuestra sociedad que, como lo he señalado, dadas las circunstancias socioeconómicas que vivimos ahora y más que nunca resulta fundamental blindarlos, proporcionarles el carácter de obligatoriedad para el Estado y ahora el carácter de inembargabilidad. Es cuanto, muchas gracias.