El diputado Arturo Nahle García (PRD): Gracias, diputado Presidente. Las asociaciones religiosas gozan actualmente de un reconocimiento jurídico que la Constitución y las leyes secundarias les negaron durante mucho tiempo. El Marco Jurídico actual de las asociaciones religiosas permite un mejor control del Estado sobre este importante factor de formación de conciencia social. Aunque en el Estado Mexicano existe un gran número de personas que profesan una religión en particular, ello no implica que deba darse un trato preferente a una sola asociación religiosa, dado que desde la Constitución de 1857 se estableció el laicismo como decisión política fundamental en nuestro país y se abolió la existencia de una religión oficial, como se asentaba en el texto constitucional de 1824, primero de la vida independiente de nuestra nación. Hoy al celebrarse casi 200 años del Natalicio del Prócer Benito Juárez, quien impulsara el principio histórico de separación del Estado y las iglesias, es importante redimensionar el valor de todas las asociaciones religiosas en forma similar, con el propósito de impedir la existencia en los hechos de una religión oficial o de Estado, profesada por la clase política dominante o por un gran sector de la población, ya que ello atentaría contra los derechos de los creyentes que en ejercicio de la libertad consagrada en el artículo 24 constitucional profesan una fe distinta a la que promueve la Iglesia Católica Mexicana. Ya el artículo tercero de la vigente Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público dispone que el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. No obstante, es menester elevar este precepto a rango constitucional, a fin de garantizar a las asociaciones religiosas las acciones necesarias para la defensa de sus derechos frente a actos del Estado, que pudieran resultar discriminatorios o reducir su capacidad de interlocución como actores sociales formadores de conciencia. Con base en lo anteriormente expuesto, el diputado René Arce y diversos legisladores del grupo parlamentario del PRD, ponen a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de reformas a los artículos 24 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer la igualdad entre las asociaciones religiosas, quedando de la siguiente manera: Artículo Primero. Se reforma el segundo párrafo del artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 24. El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna; el Estado no podrá establecer ningún tipo de preferencia o privilegio a favor de religión alguna, tampoco a favor o en contra de ninguna iglesia ni agrupación religiosa. Artículo Segundo. Se adiciona un segundo párrafo al inciso b), del artículo 130 constitucional para quedar como sigue: Artículo 130 inciso b) segundo párrafo. Ninguna asociación religiosa gozará de privilegio o trato preferencial dentro del Estado Mexicano; las autoridades no podrán bajo ninguna consideración, hacer distinciones entre las asociaciones religiosas. Artículos Transitorios. UNICO. La presente adición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación una vez que se haya completado el procedimiento a que se refiere el Artículo 135 Constitucional. Es cuanto.