La diputada Gloria Himelda Félix Niebla: Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros diputados, todo Estado de derecho debe de garantizar que los ciudadanos cuenten con un adecuado sistema de impartición de justicia en el que se garantice la tutela judicial efectiva, y eso y todo aquel que considere que tiene un derecho, el cual se haya visto vulnerado, pueda acudir a un órgano imparcial de justicia, verificando su razón y en su caso haciendo efectivo tal derecho. Por esas razones en el año de 1936 se expidió la Ley de Justicia Fiscal, una ley en la cual se creó el Tribunal Fiscal de la Federación con la competencia para conocer de controversias suscitadas entre particulares y autoridades fiscales, constituyéndose y transformándose a su vez en el año 2000 como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Desde su creación se ha ido ampliando de manera gradual la competencia de este Tribunal, a fin de que cada vez sea más sencillo, más rápido y más expedito. En 2010 se realizaron varias adecuaciones a la ley en comento para agilizar el proceso tramitado ante el Tribunal y abreviar los plazos para obtener la solución de controversias. Si bien eso representó un avance importante en la celeridad del procedimiento, es necesario adoptar medidas adicionales para consolidar la simplificación del juicio contencioso administrativo. De esta manera este principio garantiza la tutela efectiva de los derechos de los ciudadanos. En la presente reforma que hoy procede revisar y discutir, este proyecto recoge, no solo la participación de las legisladoras y legisladores de esta Cámara, sino que recoge la participación de la sociedad civil y del propio tribunal de donde se sugirieron diversas precisiones con el objeto de hacer más sencillo y mucho más expedito el juicio contencioso administrativo en beneficio de los particulares y de las autoridades. En ella se propone autorizar el proceso contencioso administrativo mediante el uso de medios electrónicos para la simplificación de actuaciones de las partes, a través del boletín jurisdiccional o aviso previo enviado, correo electrónico, reduciendo así el tiempo sustancioso en los juicios. De esta reforma se pretende hoy que la cuantía de los juicios sumarios aumente a 370 mil pesos. Con esto vamos a ayudar a una solución rápida a un mayor número de juicios, pero también simplifica el proceso ordinario para que los ciudadanos puedan tener una mayor expeditez en el trámite de sus juicios. Otra de las virtudes de esta reforma lo es sin duda la reducción de los plazos en la vía ordinaria, la eliminación de los trámites para el cierre de la instrucción y, por supuesto, se disminuye el plazo para la dictaminación de la sentencia a 45 días. Con ello se otorga a la autoridad el plazo de un mes para cumplir con los fallos tratándose de la vía sumaria y de cuatro meses cuando se trate de la vía ordinaria. Cohíbe también la presentación de demandas notoriamente improcedentes y así disminuir la carga innecesaria de trabajo. Propone también mejorar la prueba pericial, entre otras bondades de esta reforma que hoy se propone. Por estos motivos, el Grupo Parlamentario del PRI votará a favor de esta propuesta para lograr que los juicios en esta materia se lleven a cabo con una verdadera eficacia, eficiencia, prontitud y transparencia. Es cuanto, diputado presidente.