La secretaria Ariadna Montiel Reyes: Saludo a quienes nos siguen en la transmisión a través del Canal del Congreso y por redes sociales, y desde luego a las y los diputados federales que el día de hoy nos reciben en este recinto parlamentario con el fin de cumplir la glosa del IV Informe del Gobierno de México. La política de bienestar implica que el fin último del Estado es crear las condiciones necesarias para la felicidad y un umbral de vida digna para todo el pueblo de México, tenemos un objetivo máximo y prioritario que es el bienestar del pueblo, prioritariamente de los más pobres. La política de bienestar es resultado de la mejor distribución de la riqueza generada por el propio pueblo, solo así logramos justicia social para los más pobres y los olvidados, esto se ha podido lograr porque hoy existe una dimensión social del Estado mexicano que recupera su papel de garante de derechos sociales. En la historia de México hemos vivido tres grandes transformaciones, la Independencia, la Reforma y la Revolución. El origen de todas ellas fue la lucha contra las injusticias, el terminar con los privilegios para unos cuantos. Hoy el gobierno de México es el impulsor de la lucha por alcanzar el bienestar del pueblo y esto se traduce en la conquista de nuevos derechos sociales. Los principios de la política de bienestar tienen como objetivo fundamental generar un ingreso básico para las familias más pobres del país y que estos ingresos se realicen sin ningún condicionamiento. Los criterios fundamentales de aplicación de esta política son la entrega directa y sin intermediarios, con un enfoque de derechos humanos que tiende hacia la atención universal. Se reconoce a las comunidades como sujetos de derecho, en donde la prioridad dentro de las prioridades son los pueblos originarios y afro mexicanos. Se promueve el desarrollo integral de estas comunidades a través de los planes de justicia. También trabajamos para garantizar la inclusión financiera de las comunidades más alejadas, por ello, pronto todos los derechohabientes contarán con una tarjeta del Banco del Bienestar. Una nueva visión que tiene históricos precedentes en la memoria de diversas luchas, que defendieron la voluntad de un pueblo por un futuro mejor para que todos vivamos mejor. Esto se ha materializado en la política de bienestar, es decir, lo que hoy estamos aplicando deviene de las demandas y las causas del pueblo. La inversión social en México en este sexenio es inédita y es histórica, es el primer llamado de justicia social en las últimas décadas. El ideal de que, por el bien de todos, primero los pobres, guía todos nuestros pasos, la política de bienestar es el corazón del gobierno de la cuarta transformación. La estrategia es la de mejorar el ingreso de las familias más pobres a través de los programas y pensiones de la política de bienestar. Las familias de México que se encontraban en la pobreza al inicio de este sexenio hoy reciben, por lo menos, un programa o una pensión para su bienestar. Amor con amor se paga, nos debemos al pueblo y estamos trabajando de abajo hacia arriba, en congruencia para atender la deuda social histórica con los pobres. Hoy las niñas y los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, los pueblos indígenas, los jóvenes y los estudiantes gozan de derechos constitucionales escritos gracias al apoyo de esta Cámara de Diputados y gracias a la iniciativa de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por ello, para mí es un orgullo el día de hoy estar aquí, en esta tribuna, y dar cuenta a las y a los representantes del pueblo sobre los avances de los programas de bienestar y al avance de los derechos sociales que han constituido, una vez más lo decimos, el corazón que hace latir a este gobierno. A continuación, daré cuenta del avance de los programas y los derechos de las personas que se atienden por parte de la Secretaría de Bienestar. Una evidencia de la perspectiva que desde la transformación de México imprimimos a la política de bienestar para convertir los programas en derechos es la pensión para el bienestar de las personas adultas mayores que, además de ser un reconocimiento al esfuerzo y al trabajo de todos y cada uno de ellos que han realizado a lo largo de su vida en la construcción de nuestra patria y la salvaguarda y protección de nuestras familias, hoy es un derecho ya establecido en la Constitución. Desde el inicio de este gobierno se cumplió con la palabra empeñada por nuestro presidente de la República. Se duplicó el monto de la pensión, se estableció de manera universal, es decir, para todas y para todos los mayores de 68 y 65 años para quienes viven en las regiones indígenas. También se dejó de excluir a los jubilados y pensionados y, posteriormente, en el año 2000, el presidente de la República presentó una iniciativa para convertir esta pensión un derecho constitucional y, además, se estableció que habrá de contar con más presupuesto cada año. En este sentido, el 21 de marzo del 2021, en el homenaje al presidente Juárez, el presidente de la República anunció la ampliación de la pensión a todos los ciudadanos del país mayores de 65 años. Con esto se ha incrementado el universo de personas que pueden acceder a este derecho. En concordancia con la reforma constitucional, también se anunció en ese mismo plan el incremento del monto individual que se entrega bimestralmente a los adultos mayores. De esta manera, en 2021, de 2 mil 700 pesos pasó a 3 mil 100 pesos el monto individual bimestral. Y para este 2022 se incrementó el 25 % de este presupuesto. Por ello este año están recibiendo 3 mil 850 pesos. Y gracias a la iniciativa del señor presidente de enviar un presupuesto con perspectiva social y gracias al apoyo de esta Cámara de Diputados, para el ejercicio 2023 les informo que los adultos mayores recibirán 4 mil 800 pesos bimestrales. Y de esta manera continuará el plan de incrementos, porque el sueño anhelado de este gobierno es que para el 2024 nuestros adultos mayores reciban 6 mil pesos. En la lucha contra la brecha de desigualdad, que agobiaba a nuestros queridos adultos mayores, hemos dado pasos hacia la consolidación de sus derechos. Con la decisión de incorporar a esta pensión a los mayores de 65 años, tan solo en seis meses incorporamos a 2.6 millones de adultos mayores. Durante este gobierno más de 12 millones de adultos mayores han recibido esta pensión, manteniéndose un padrón activo de 10.5 millones de derechohabientes para este periodo que se informa. Para el 2021, la inversión social fue de 152 mil millones de pesos. Les informo que para este ejercicio 2022, la inversión social será de 245 mil millones de pesos y para el 2023, gracias a la sensibilidad de esta Cámara, se tiene contemplado un monto de 339 mil 300 millones de pesos, lo que equivale al 1 % de producto interno bruto. Esto ha significado que la inversión social para esta pensión se ha multiplicado por siete veces en comparación al régimen anterior, pasando de una inversión de 35 mil millones en el 2018 a 245 mil millones en este año. Para el próximo año habremos aumentado esta inversión en 9.5 veces más. Esto permitirá que nuestros adultos mayores reciban como ya lo hemos dicho 4 mil 800 pesos bimestrales para 2023, y anualmente recibirán 28 mil 800 pesos como ingreso básico para su bienestar. El compromiso del presidente fue llevar las pensiones al doble de lo que recibían en el sexenio anterior y hemos cumplido, pero hemos ido más allá, porque el monto individual, como lo hemos dicho, ha aumentado tres veces para este año y será cuatro veces más para 2024. Lo anterior se pudo lograr gracias a la visión de terminar con los gastos excesivos de las burocracias institucionales, apegados a la Ley de Austeridad que guía nuestros pasos. Diputadas y diputados, deben sentirse orgullosos de estar del lado del pueblo, serán recordados por su trabajo digno y transformador. Para que quede claro, la inversión social de los cuatro años de este gobierno en la pensión de adulto mayor, duplica la inversión de los dos sexenios anteriores. En este gobierno, los adultos mayores por fin vuelven a ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad, bajo la concepción que heredamos de los valores ancestrales de los pueblos indígenas. Por fin volvemos a ser protagonistas, el respeto, la atención y el cariño que siempre han merecido. Lo más importante hoy es que son sujetos de derechos con un ingreso básico para su bienestar, por fin tienen condiciones materiales para trascender y para tener una vejez digna. La mejor sociedad es la que cuida a sus mayores, pero también hemos atendido a las personas con discapacidad, quienes permanecieron en el olvido durante todos los gobiernos pasados. Hoy, en este gobierno les hacemos justicia a ellos y a sus familias con la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad. Nunca más estarán solos. La pensión para el bienestar de las personas con discapacidad es un paso inédito e histórico para México, en la construcción del bienestar para los grupos más vulnerables del país. Combatimos decididamente las desigualdades a la que estaban condenados porque estaban en el olvido. Por primera vez el Estado mexicano garantiza los derechos para su bienestar, con inclusión económica, social y cultural. Un millón de personas con discapacidad ya son derechohabientes de esta pensión, prioritariamente todas las niñas y los niños, la población indígena y los más pobres de las ciudades. Se avanza con paso firme para alcanzar el hermoso ideal de que sea un derecho universal para todas las personas con discapacidad. Lo anterior, se ha realizado con una inversión de 20 mil millones de pesos. Para seguir profundizando este derecho, el presidente de la República ha convocado a todos los titulares del poder ejecutivo de las entidades federativas a sumarse a la iniciativa para lograr la universalidad de la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, aportando el 50 % de la inversión social necesaria y el otro 50 % el gobierno de México. Lo anterior, como paso decisivo para garantizar que este derecho sea para todas y todos, las personas con discapacidad. Es un gusto informar que en este año incorporamos bajo esta estrategia a 318 mil nuevos derechohabientes de los estados de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México...