La diputada María del Rocío Corona Nakamura: Con su venia, diputado presidente. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Fragmento del poema del desaparecido poeta Mario Benedetti. Hoy los diputados del PRI tenemos claro que no existe motivo de celebración, sino la ocasión de saldar una deuda pendiente con la sociedad mexicana, sin más obstáculos y postergaciones. No podemos cerrar los ojos a una realidad que nos muestra el incremento desproporcionado que se dio en violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Datos de organismos internacionales y las propias cifras oficiales hablan de personas asesinadas, desapariciones forzadas y una impunidad que desgastó al límite a nuestras instituciones. Esta nueva ley es resultado del reclamo legítimo de justicia por parte de la sociedad civil organizada, a quienes el PRI expresa su reconocimiento concretado gracias a la sensibilidad de este gobierno encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto y secundado aquí por los distintos actores políticos que si bien podemos diferir en la forma estoy segura que coincidimos en el fondo. Coincidimos en la urgencia de restañar en lo posible las profundas heridas causadas en corregir lo necesario para el combate a la delincuencia organizada, que no dañe más nuestro tejido social, dejándole cicatrices imborrables, hartazgo, miedo y dolor. Lo importante es que no haya víctimas de delito y violaciones a sus derechos humanos por parte del Estado. Lo urgente es que exista atención y protección especializada para las familias que han perdido a sus seres queridos y para quienes han sobrevivido al horror. Que el Estado asuma su responsabilidad, pero sobre todo, que exista la conciencia de que estos hechos no puedan ser recurrentes. Esta ley busca brindar la garantía, asesoría y representación jurídica necesaria a la víctima. Su reconocimiento como tal a quien acredite haber sido sujeto de daño físico, psicológico, emocional o económico derivado de un delito o de violaciones a sus derechos humanos, de sus familiares o dependientes, y la protección y medidas cautelares de seguridad, en caso de que sus derechos a la vida y a la libertad se vean amenazados. Ofrece a las víctimas la oportunidad de seguir su caso y coadyuvar en las investigaciones que lleven a la identificación, captura, procesamiento y sanción de manera adecuada de todos los responsables del daño, sin sufrir trastrocamiento a la estabilidad económica de su hogar y su familia. Garantiza el acceso a servicios de salud y emergencia médica, comprendiendo hospitalización, cirugías, medicamentos y material médico-quirúrgico, aparatos de movilidad como prótesis, servicios de interrupción del embarazo en los casos permitidos por la ley, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima; atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas y esquemas de rehabilitación tanto física como mental. Todo ello, representa para la sociedad mexicana que las víctimas indirectas de delitos cuenten hoy con un estado que reconoce sus obligaciones con ellos, y un gobierno que las asume a cabalidad por medio de la creación de un fondo de ayuda, asistencia y reparación integral que se conformará por recursos asignados en el Presupuesto de Egresos y los provenientes de bienes decomisados, fianzas, multas, sanciones y donaciones que cubrirá el resarcimiento de los perjuicios ocasionados o lucro cesante, el pago de los salarios o percepciones correspondiente cuando por las lesiones se cause incapacidad para trabajar en oficio, arte o profesión. El pago de gastos comprobables, de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación que ocasiona el trasladarse al lugar del reconocimiento del cuerpo de la víctima directa, del juicio, de su tratamiento médico y de los gastos funerarios en caso de homicidio. Lo anterior, reforzado mediante una cooperación institucional que involucra a los tres niveles de gobierno a través de un sistema nacional de atención a las víctimas, y un Registro Nacional de Víctimas. Debemos reconocer que es quehacer de todos trabajar para ir adecuando nuestro sistema de procuración de justicia y seguridad pública, de tal manera que el esfuerzo institucional se traduzca en medidas efectivas para que no existan acciones por parte del Estado que violen los derechos humanos, al tiempo que se resarce en lo posible el daño causado a las víctimas indirectas de estos delitos. El Grupo Parlamentario del PRI apoyará su implementación y funcionamiento que simboliza una ventana de esperanza y un cambio hacia la paz duradera y sostenible para todos. Es cuanto, diputado presidente.