LA DIP. MARIA DE LOS DOLORES PADIERNA LUNA: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: En efecto, vengo a presentar un punto de acuerdo para solicitar a esta Cámara revise el conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, e instrumente lo necesario para que sean sustituidos en sus cargos en el órgano de gobierno del instituto. Cuando el 12 de diciembre de 1998 el pleno de la Cámara de Diputados aprobó la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, en las consideraciones de la comisión que dictaminó textualmente se señaló lo siguiente: "Vital significado tiene para los integrantes de la comisión que dictamina, resaltar la activa participación del Poder Legislativo en el proceso de evaluación y control de este organismo, dada su importancia social". Por lo anterior, la propia ley estableció en sus artículos 74 y 79 que el Instituto de Protección al Ahorro Bancario sería administrado por una Junta de Gobierno que se conformaría por 7 vocales; 4 vocales independientes, el Secretario de Hacienda, el Gobernador del Banco de México y el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Considerando: Uno. Que la inclusión de los vocales independientes se realizó en virtud de que tal y como se señala en las consideraciones que la comisión dictaminó dicha ley, era de vital importancia para el Poder Legislativo tener presencia en la Junta de Gobierno del organismo que se haría cargo de asegurar los depósitos de los ahorradores y que además administraría el costoso rescate bancario. Dos. Que además de lo anterior, la inclusión de los vocales independientes fue necesaria en virtud de que paradójicamente quienes integrarían la Junta de Gobierno del instituto eran precisamente las mismas instituciones que instrumentaron el rescate bancario y por lo tanto podían ser hasta las mismas personas que formaron parte del Comité Técnico del FOBAPROA. Tres. Que lo anterior, combinado con el mandato que la Cámara de Diputados le otorgó al IPAB a través del artículo 5º transitorio y que es en esencia la investigación de la legalidad de las actividades que realizó el mismo FOBAPROA, se traduciría en un conflicto de intereses para algunos integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB. Cuatro. Que por ello el Congreso decidió establecer en el artículo 2º transitorio un texto que dice lo siguiente: "Ninguna persona que haya sido Secretario de Hacienda y Crédito Público, Gobernador del Banco de México o Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y en tal carácter, miembro del Comité Técnico del Fondo Bancario de Protección al Ahorro durante el 95 a 97, podrá participar en la Junta de Gobierno del Instituto ni fungir como Secretario Ejecutivo del mismo. 5. Que la palabra "independiente" estableció claramente su perfil que en suma debe ser, como su nombre lo indica: "independientes", "neutrales" y "ajenos al rescate bancario". 6. Que tanto la situación de Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, Vocal independiente en funciones, como la de Jonathan Davis Arzak (?) Representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y su suplente, Teresa Fernández, los tres, violan flagrantemente el espíritu y la letra de la Ley de IPAB por haberse desempeñado como miembros o participantes en varias sesiones del Comité Técnico del FOBAPROBA. 7. Que la propia Auditoría Superior de la Federación, señaló en sus observaciones relativas a la Cuenta Pública 2001, textualmente lo siguiente: "El Comité Técnico del FOBAPROA procedió con discrecionalidad y en exceso de sus atribuciones al haber actuado sin reglas y políticas de operación, que le permitieran dar transparencia e imparcialidad en sus decisiones, para acreditar la economía en los apoyos del Gobierno Federal al otorgar su aval en el Programa de Capitalización y Compra de Cartera. "Que quien otorgó esa firma de aval, fue precisamente Jonathan Davis, actual Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sin estar facultado para ello y miembro actual de la Junta de Gobierno del IPAB". Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos de obvia y urgente resolución, del Reglamento General para el Congreso, solicito a esta Presidencia someta a consideración del Pleno el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Único.- Que la Cámara de Diputados revise el conflicto de intereses de algunos integrantes de la Junta de gobierno del IPAB e instrumente lo necesario para sustituir en sus cargos a Héctor Reynaldo Tinoco Jaramillo, Vocal; Jonathan Davis, Representante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y Teresa Fernández, suplente, quienes se desempeñaron como miembros del Comité Técnico del FOBAPROA y hoy son integrantes de la Junta de Gobierno del IPAB, lo cual viola el artículo segundo transitorio de la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Pero quisiera, diputados -hasta ahí el punto que se somete a consideración de ustedes- quisiera decirles que en la página web del IPAB, viene el acta donde se nombró a Héctor Tinoco como Vocal. Si ustedes, esta acta es de 26 de febrero del 2003. Al final, se presenta el curriculum, la propuesta del que se pretende sea vocal, y al final el Presidente pregunta: "Está a discusión el Dictamen con Punto de Acuerdo y estoy leyendo textualmente-. El Secretario diputado José Tomás Lozano y Pardiñas dice: No habiendo quien haga uso de la palabra, en votación económica se pregunta si se aprueba. Los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo; los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo. Queda aprobado el Punto de Acuerdo, señor Presidente. Comuníquese al Ejecutivo". Esta acta, legisladores, está violando flagrantemente el artículo 75 de la Ley del IPAB, que obliga a que los vocales sean electos por dos terceras partes de los miembros del Senado o bien, por la misma proporción, dos terceras partes, de los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, regla que no se cumplió en el caso de Héctor Tinoco Jaramillo, se está, además, omitiendo en su curriculum que él fue suplente del Banco de México ante el Comité Técnico del FOBAPROA, dato fundamental para que los senadores pudieran tomar una decisión conforme a la ley. También tengo en mi mano, un pagaré firmado por Jonathan Davis Arzak, cuando era Tesorero de la Federación, como éste, él firmó un sinnúmero de documentos, de pagarés que endeudaron al país, pero quiero decirles que Jonathan Davis es, además de haber firmado los pagarés está violando flagrantemente, porque hoy día asiste habiendo pertenecido al Comité Técnico de Fobaproa en su calidad de presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así se toma decisiones en la Junta de Gobierno del IPAB. Y el caso de Jonathan Davis es particularmente importante, ¿cómo puede ser que quien firmó los pagarés, sea el mismo que va a revisar la legalidad de los pagarés? Bueno, esto es, como un obvio conflicto de intereses, es el señor Jonathan Davis está violando la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, que obliga a todo servidor pública a abstenerse de participar en actos, donde pueda incurrir en conflicto de intereses, y el señor Jonathan Davis incurre también en esto. ¿Cómo les va a quitar los pagarés a los banqueros que él mismo firmó? Es obvio que hay un conflicto de interés muy grave, pero además fue director del Banco del Sureste, fue director del Grupo Financiero del Sureste, ambos quebrados y pasados al Fobaproa, pero en el informe Mackay y en los Bandeport se señala, José Krinc Covián recibió de Banamex 34 millones de dolares para comprar la Casa de Bolsa Bursamex, luego Bursamex se relaciona con el Banco del Sureste, propiedad de su hermano Eduardo Krinc Covián, cuyo director era Jonathan Davis, actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El banco del Sureste como el grupo Financiero desaparecieron, Banamex cargó con los 34 millones de dolares al Fobaproa y el pagaré se lo entregó Jonathan Davis. El caso de Teresa Fernández también me parece patético -