El diputado Ricardo Monreal Ávila: Ciudadano presidente; ciudadanos legisladores, presentaré dos reservas en un solo acto. No tienen remedio ustedes. De verdad, miren, uno hace el esfuerzo por prepararse, todos los que hemos subido nos preparamos, aunque no lo crean. Ustedes cómodamente sentadas, dormidas, dormidos, se la pasan gritando, vociferando, chiflando; no tienen ningún respeto y no tienen ningún remedio. Sigan igual, porque finalmente irán al basurero de la historia. Ciudadano presidente, en la reserva del 234 señalamos como los límites de la influencia del poder público en los medios de comunicación es esencial para garantizar el desarrollo y mantenimiento del avance democrático de la nación. La influencia del Estado en los medios de comunicación masiva debe tender a regular de forma mínima los contenidos, es decir, referir únicamente a los extremos de prohibición y permitir a los concesionarios emitir cualquier contenido que no incurra en estos extremos. Uno de los ámbitos en que los limites para la intrusión del Estado en materia de medios de comunicación son más claros, es en aquellos casos en que el propio Estado es quien determina los contenidos de los medios. Cuando el Estado adquiere una política intrusiva en materia de contenidos, se evidencia un afán de participación e influencia directa en cuanto a la información que llega a la sociedad. Actualmente en los sistemas de televisión restringida existe la inclusión de dos canales públicos cuyo contenido está determinado desde los órganos del poder público, mismos que encierran relevancia para la sociedad, pues favorecen la transparencia. Estos dos canales públicos son precisamente éste, el Canal del Congreso que permite a los ciudadanos el seguimiento, ver y seguir el trabajo legislativo en ambas Cámaras; y el otro canal público es el judicial que principalmente siguen las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los dos canales antes mencionados favorecen la transparencia en el ejercicio del poder público, permitiendo a la ciudadanía conocer las entrañas de los poderes y las facultades y funciones de los mismos. Ahora bien, en el dictamen que estamos discutiendo se pretende incluir en la esfera obligada de los concesionarios de televisión de paga, un canal cuyo contenido quede al arbitrio de la Secretaría de Gobernación sin que exista una regulación del contenido del mismo. Nos parece un despropósito y un exceso del gobierno. Por eso estamos solicitando, estamos planteando en la reserva del 234 que se elimine este artículo que dice: Cuando el servicio consista hasta de 30 canales, la Secretaría de Gobernación podrá requerir que en un canal específico se destinen hasta seis horas diarias para la transmisión de la programación que indique la Secretaría de Gobernación. Es un exceso y por eso planteamos se elimine. El 235 se refiere a que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, siendo un órgano autónomo y que tiene como principal objetivo el desarrollo eficiente de la radiodifusión y de las telecomunicaciones en México, así como el responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para la tecnología de la información y comunicación, así como a los servicios de radio, difusión y telecomunicación incluidos los de banda ancha e Internet, este instituto, como lo saben ustedes, está constituido por siete comisionados incluido el presidente. Tiene como funciones planear, formular y conducir las políticas y programas, así como regular el desarrollo de las telecomunicaciones y la radio difusión en México en estricto apego a los derechos de los usuarios de estos servicios. Derivado de que el instituto es el órgano encargado de los asuntos que competen al tema, presentamos esta reserva para que los comisionados de la Ley Federal de Telecomunicaciones y radiodifusión sean la autoridad para designar a los concesionarios los canales reservados gratuitamente y sean quienes designen contenidos de interés para los mexicanos. El artículo 235, fíjense bien, empodera a la Secretaría de Gobernación de nueva cuenta- a que tome decisiones en temas de concesiones a televisoras, pero dicha dependencia no tiene ni la función ni la capacidad que el Instituto Federal de Comunicaciones posee, y por naturaleza corresponde tener este tipo de encargos. Al otorgar a la Secretaría de Gobernación la facultad para que tenga la función de regular los contenidos de los medios, de monitorear los canales de transmisión, se está quebrantando la autonomía y las facultades que tienen los comisionados del Instituto Federal de Comunicaciones. Por lo anterior, estamos en contra de que se sigan otorgando súper poderes a la Secretaría de Gobernación, manteniendo por encima una actitud que nos parece muy delicada y que ha caracterizado al gobierno actual de otorgarle poderes extraordinarios a una secretaría, a la que se le delegan facultades fundamentales. La autonomía del instituto es para nosotros, si así se deja esta disposición, será una farsa, será un engaño para los mexicanos porque será la Secretaría de Gobernación, es decir, el Ejecutivo federal, quienes tengan el poder de decidir la distribución de señales de televisión, contenido y tiempos de los mismos. Por eso estamos solicitando, presidente, también en este caso, se modifique el artículo 235 y que en lugar de la Secretaría de Gobernación que requiera directamente a los concesionarios los canales, sea el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son propuestas, ciudadanos diputados, lógicas, sensatas, prudentes, normales, aunque creo que ustedes no van a poder variar porque ya recibieron una orden y esa la van a ejecutar como vulgares burócratas y dependientes del Ejecutivo.