La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Con el permiso de la Presidencia. La llamada reforma electoral de tercera generación —como se le dice— se sustenta aparentemente en tres décadas de aciertos y deficiencias. Supuestamente es la reforma más acabada y completa existente hasta la actualidad, pero lamentablemente no es así, falta lo esencial, consolidar la democracia paritaria e ir más allá de las cuotas de participación de las mujeres, porque —escuchémoslo bien—, la incipiente democracia en México no lo es si no cumple con un principio básico: la plena participación de las mujeres y los hombres que conforman nuestra sociedad. Incluir la perspectiva de género en esta reforma constitucional no es una concesión, significa asumir la responsabilidad que el Estado ha adquirido al ratificar los diversos tratados internacionales que México ha firmado. Como lo es el caso de la Convención de Viena, o bien lo establecido en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, donde se prevé su plena participación política. Más recientemente, el compromiso adquirido por el gobierno mexicano en la X Conferencia Regional de la CEPAL, en la que los partidos representados en esta Cámara signamos el Consenso de Quito, para impulsar la democracia paritaria en los países de la región. Y esto se lo recuerdo a las compañeras diputadas de todos partidos que estuvieron conformando la delegación de México en la X Conferencia Regional de la CEPAL. Por ello es una obligación de esta soberanía garantizar el reconocimiento universal al principio de igualdad paritaria entre mujeres y hombres, bajo la cual se consolidan la especificidad de los derechos humanos, la armonización y la transversalidad de las leyes, para hacer realidad en el país un estado de derecho moderno, incluyente y plenamente democrático. Para que la reforma del Estado sea verdaderamente democrática deberá otorgar a las mujeres el espacio que les corresponde en la conducción de la nación en los ámbitos de la política, la función pública, las elecciones federales, estatales y municipales en paridad para garantizar la igualdad. Los actuales cambios deben abrirse a la participación de las mujeres a partir de una perspectiva integral de sus derechos ciudadanos que incluyan cinco aspectos sustanciales: Primero. El derecho a votar y ser elegidas. Segundo. El derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. Tercero. El derecho a tener acceso a la función pública. Cuarto. Participar de manera paritaria en las decisiones al interior de los partidos y en todos los ámbitos del quehacer nacional; y Quinto. La capacitación, el financiamiento y el desarrollo de estrategias para impulsar las candidaturas de las mujeres. De su plena vigencia depende, en buena medida, la existencia de un orden jurídico legal y justo. Por lo antes expuesto, nos reservamos la aprobación del artículo 41, fracción I, para agregar un inciso e). Y el artículo 116, fracción IV, para agregar un inciso ñ), para quedar como siguen: "Los partidos políticos promoverán y procurarán, en términos de paridad de género, la participación de mujeres y de hombres en la vida política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la postulación a cargos de elección popular, tanto de mayoría relativa como de representación popular". Hasta en tanto en el espíritu de ambos artículos no se garanticen en nuestra Carta Magna los principios de representación paritaria de hombres y de mujeres y la participación de la ciudadanía, no tendremos una democracia formal y plenamente integrada. Sin la incorporación de este principio político no se puede decir que la democracia sea real y mucho menos que estemos ante una reforma de tercera generación, como pomposamente y con irresponsabilidad se le llama. Porque consideramos que la legitimidad de la democracia plena en el país es impensable sin la participación ciudadana de las mexicanas y los mexicanos, a quienes en esta ocasión les damos la espalda con esta pretendida reforma electoral. Finalmente, compañeras legisladoras, y a todos los partidos políticos que han aprobado en sus estatutos y que lo han hecho en las plenarias de los partidos políticos, han asumido este compromiso…