El diputado Omar Ortega Alvarez (PRD): Con su permiso, señor Presidente. En virtud del tiempo, le solicito que se integre íntegra la iniciativa con proyecto de decreto en el Diario de los Debates. Compañeras y compañeros legisladores: Los antecedentes históricos de la figura del Ejecutivo Federal evidencian que ha sido de hecho y de derecho la figura predominante de nuestra organización política, de tal suerte que podemos observar que las facultades del Presidente de la República se ha constituido en una exagerada potestad, primordialmente en las facultades y obligaciones del Poder Ejecutivo se encuentra actualmente plasmada en el artículo 89 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, llama a nuestra atención la denominada facultad reglamentaria, plasmada en la fracción primera de referido artículo. Al respecto el jurista Felipe Tena Ramírez señala que el precepto está mal redactado y no fue discutido en la sesión celebrada el 17 de octubre del año de 1856, quedando aceptado en los términos propuestos por la Comisión de Estilo que formuló el proyecto de Constitución que presidiera el ilustre Constituyente Ponciano Arriaga. El Constituyente de 1916 y 1917 conservó la misma redacción de esta facultad, con la salvedad de que la estableció en el artículo 89 fracción I, rompiendo así con la tradición jurídica mexicana relativa a la facultad reglamentaria por parte del titular del Poder Ejecutivo de las leyes emanadas del Congreso de la Unión. Las leyes fundamentales anteriores a la de 1857, concedieron al Presidente la función reglamentaria; en la Constitución de 1857 ya no apareció un precepto que atribuyera esta facultad al Presidente. En cambio, se tuvo que recurrir a la jurisprudencia como la doctrina derivada de nuestra Constitución de mediados del siglo pasado, en donde se acepta que dicha facultad si la poseía el Poder Ejecutivo y su base constitucional era la frase "proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia". En la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación se argumentaba que al utilizar el gerundio "proveyendo" con la significación del infinitivo "proveer", se quería decir que el titular del Poder Ejecutivo debe hacer acopio de medios, recursos o procedimientos diversos para obtener o lograr una finalidad, la exacta observancia y debido cumplimiento de las leyes que expida el Congreso de la Unión en la esfera administrativa y en relación con las leyes de contenido material y rigurosamente administrativo. Para Gabino Fraga, proveer en la esfera administrativa es una facultad diferente y autónoma de las otras dos que contiene la fracción "promulgar" y "ejecutar", empero, él señala que la Ley Fundamental no utiliza el infinitivo "proveer" sino el gerundio "proveyendo", y el gerundio en el idioma castellano hace referencia a un verbo principal, cuyo significado modifica al texto principal expresando modo, condición, motivo o circunstancia. Por tanto, de una interpretación literal de la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sólo se deduce una facultad, la de promulgar y ejecutar las leyes, pues el resto de la expresión no consigna sino el modo como de hacerse uso de dicha facultad, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. Conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, "el Presidente de la República tiene facultad para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia". Sin embargo, del contenido de la fracción citada no se desprende en forma alguna expresa y categóricamente la potestad presidencial de expedir reglamentos, únicamente se sobreentiende y que ha sido tarea de la Suprema Corte de Justicia determinar el alcance y sentido de dicho enunciado normativo. No obstante lo anterior es necesario señalar que el artículo 16 constitucional, consagra el principio de legalidad a través del cual se obliga a las autoridades a fundar sus actos en las disposiciones legales, en consecuencia las autoridades solamente pueden hacer lo que la ley les permite expresamente, absteniéndose de aquellos actos que la ley no prevé o que no les faculta a que emitan. Por lo que es de entenderse que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos no pueda actuar si la Constitución no le señala expresamente la facultad de hacerlo. En este tenor, resulta indispensable puntualizar de manera expresa en nuestro texto constitucional, la facultad y condición para que el ejercicio de ésta, toda vez que la disposición vigente no es clara en cuanto a la emisión de los reglamentos para proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. En nuestro régimen constitucional el Presidente ejerce la facultad reglamentaria, no por delegación del Poder Legislativo, sino en el ejercicio de sus propias facultades, que implica la realización de ordenes y mandatos administrativos. En virtud de lo anterior, el reglamento que emita el titular del Ejecutivo, debe de tener como límite la propia ley que expida el Congreso de la Unión, no puede contrariarla, aumentarla, modificarla o alterarla, sino únicamente desarrollar los principios que ella contiene. Siendo de igual importancia que los reglamentos sean emitidos y publicados a la brevedad por el Ejecutivo, ya que los reglamentos son el complemento subordinado y de no existir éstos la legislación se enfrenta a graves dificultades de aplicación. Con esta iniciativa proponemos establecer categóricamente la facultad del titular del Ejecutivo Federal de garantizar la reglamentación necesaria para la aplicación de las leyes emanadas del Legislativo, toda vez que del contenido de la segunda parte de la fracción I del artículo 89 constitucional que a la letra establece:"... proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia"; no se desprende en forma expresa y categórica la facultad presidencial de expedir reglamentos, por lo que es menester que esta facultad quede debidamente expresada en la Carta Magna y no se deje a la interpretación del mismo, por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 55 fracción II y 56 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de la Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo Único. Se reforma la fracción I del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 89. las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes: Fracción I. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión, emitiendo los reglamentos en la esfera administrativa para la exacta aplicación de las mismas, en un término no mayor a 120 días naturales, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, salvo en los casos en que la propia ley establezca otro plazo. Es cuanto, señor Presidente.