El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias. De la información que se dio ayer, sobre la fase de recuperación, quiero destacar dos puntos de la información del gabinete del Ejecutivo. Informa la Secretaría de Desarrollo Social que hasta el día de ayer, 23 de septiembre, lograron llegar directamente a la parte alta de la montaña, municipios de Metlatónoc y Cochoapa, por cauce de caminos devastados o con deslaves. Esto es, se logra llegar a comunidades después de ocho días en que se declararon las lluvias más fuertes. Ello es muestra de la gravedad en la que se encuentran las comunidades rurales. No sólo del estado de Guerrero, sino del resto del país. Las zonas rurales indígenas son las más vulnerables, por lo que es necesario contar con información de las comunidades que se encuentran incomunicadas para la seguridad y atención de las personas. Necesitamos más información. Y por eso insistimos en la comparecencia ante el pleno del secretario de Gobernación, y que el PRI ayer lo bloqueó en la Junta de Coordinación Política con la ausencia del PAN en esa votación. En el mismo sentido sabemos de la devastación en el campo, y lo que nosotros destacamos es que lo que informan ayer el gobierno federal informa que tiene contratos con aseguradoras para 12 millones de hectáreas para cultivos y 10.1 millones de unidades animal para los casos de ganadería. Se especifica que en Guerrero se colapsaron 152 mil 803 hectáreas, de las cuales 103 mil son de maíz y están cubiertas por una aseguradora. Esto es importante subrayar, estos contratos con las aseguradoras por riesgos agrícolas, por tratarse de información que generalmente se omite en la etapa de recuperación después de los desastres naturales o civiles. También subrayo que se omitió información relativa a daños en autopistas y carreteras; no obstante lo que ya es evidente públicamente. De lo que resulta necesario que en la propuesta que presenta la Junta de Coordinación Política, se considere la recuperación de la infraestructura pública y del sector agropecuario que se encuentra cubierta por contratos con aseguradoras, esto es: autopistas, carreteras, edificios y vehículos oficiales, en particular los edificios de escuelas y así como zonas de cultivo y ganado. Ya no queremos aquí abundar sobre cómo han proyectado el gasto; inclusive los 14 mil millones que ayer Peña Nieto reconoce tiene programado para gasto, y serían insuficientes para el propio Fonden o de las ineficacias en la aplicación de los recursos que al día de hoy el mismo gobierno reconoce que son inaplicables en el caso del Fonden. Nosotros lo que venimos a plantear en el fondo de la propuesta, un poco en el fondo de lo que plantea mi antecesor en la palabra, pero bajo otro matiz. Miren ustedes, necesitamos en la atención a la emergencia y las acciones de recuperación, considerar soluciones viables que contribuyan a prevenir y mitigar futuros riesgos e impulsar la cultura de la prevención; considerando, fíjense, esta asesoría no se las cobramos, pero tienen que entender el PRI, tiene que entender Peña Nieto lo que está planteando y no hacer demagogia con lo que se plantea aquí. Considerando que el 10 de diciembre del 2012, el Ejecutivo federal publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la administración termino, presidente pública federal, que el 30 de enero de 2013 se publicaron en el mismo Diario Oficial de la Federación lineamientos para la aplicación y seguimiento de dichas medidas. Resulta necesario e indispensable ante la contingencia y emergencia que se presenta en estados y municipios afectados por fenómenos meteorológicos en los días pasados, que la administración pública federal, el Poder Judicial de la Federación, los órganos autónomos y el Congreso de la Unión implemente políticas de austeridad y racionalidad emergentes, con el objeto de lograr economías importantes en los meses subsecuentes en los términos siguientes, y proponemos que se vote este punto y lo vamos a dejar en la mesa. Se exhorta culmino, lo leo al titular del Poder Ejecutivo federal, al Consejo de la Judicatura federal, a los órganos constitucionales autónomos y a las Cámaras del Congreso de la Unión, para que presenten en un plazo de 15 días un programa de austeridad y racionalidad en el ejercicio de las funciones que le corresponden, con el objeto de reestructurar el gasto público en el ejercicio de 2013.