El diputado Luis Enrique Benítez Ojeda: En uso de las facultades que me confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta asamblea iniciativa que adiciona el artículo 135 de la Constitución Política de México, de conformidad con lo siguiente que a continuación señalo. Exposición de motivos Nuestro sistema jurídico, desde su origen, ha establecido las facultades y las atribuciones a quienes desempeñados responsabilidades emanadas del voto de los electores y por lo que respecta a nuestra participación en el denominado Constituyente Permanente, se plasmó con adecuada semántica, en el artículo 135 de la Constitución de 1917, el procedimiento para la reforma constitucional. Sin embargo, quedan a la libre interpretación aspectos que consideramos fundamentales para concretar las modificaciones a nuestro máximo ordenamiento y que eventualmente puede presentar inconvenientes como los retrasos innecesarios para su entrada en vigor, que en ocasiones impiden alcanzar la normalidad democrática y el desarrollo armónico de la vida institucional de la república. Para la reforma constitucional en nuestro país es necesario apegarse a un proceso legislativo complejo o agravado en el que participan una combinación de órganos ordinarios establecidos por la propia Constitución, como lo han señalado ya diversos constitucionalistas. El Constituyente de 1917 sólo estableció en su artículo 135 un procedimiento de reforma constitucional que deja a la libre interpretación aspectos relevantes para su entrada en vigencia, prolongando innecesariamente el tiempo y aumentando el grado de incertidumbre respecto de la adecuación de la legislación secundaria. Es necesario señalar que la única modificación al artículo 135 constitucional fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 1966, mediante el cual se facultó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para hacer el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaratoria de haber sido reformada la Constitución, evitando que su vigencia fuera diferida hasta el siguiente periodo de sesiones, lo que de alguna forma no se ha resuelto aún, ya que con una sola legislatura que demore su acuerdo detiene innecesariamente la entrada en vigor de las reformas constitucionales que son del mayor interés para la república. El periodo de tiempo necesario para la mayoría de las legislaturas de las entidades federativas, sin considerar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, resulta ocioso cuando ya la mayoría de los Poderes Legislativos de los estados se han pronunciado a favor o en contra de una iniciativa de reforma constitucional que les fuera remitida por el Congreso de la Unión, mediante la aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes en las sesiones de las Cámaras que los integran. Esta situación resta trascendencia a las reformas constitucionales, ya que al prolongarse su entrada en vigor detiene el avance en la aprobación de modificaciones a otros ordenamientos jurídicos, por lo que se debería considerar un sistema especial de reforma a nuestro Ordenamiento Supremo para que, en su caso, se pueda reformar con celeridad o, también en su caso, se emita una nueva Constitución, por lo que debemos prever los mecanismos precisos y adecuar nuestra Constitución vigente a las circunstancias políticas, económicas y sociales del siglo XXI. De igual forma tendríamos que avanzar en las modificaciones pertinentes y revisar la facultad de iniciativa para reformar la Constitución, ya que de acuerdo con el artículo 71 sólo compete a los mismos actores la facultad de iniciar leyes o decretos. No obstante lo anterior, habría que plantear la posibilidad de considerar a otras instancias o ámbitos de gobierno con capacidad de iniciativa, como pudieran ser los ayuntamientos o los ciudadanos en un porcentaje determinado, inscritos en el Registro Nacional de Electores. En nuestro tiempo aún se cuestiona la posibilidad de que se pueda reformar toda la Constitución a la luz del artículo 135, asunto que en lo particular yo no comparto; yo sí creo que a través de reformas sucesivas, mediante el procedimiento del artículo 135 podamos tener prácticamente una nueva Constitución, pero es algo que sigue en el debate. La doctrina de las decisiones políticas fundamentales señala que hay partes de la Constitución que son parte esencial del Estado y que por lo tanto no están sujetas a la reforma por parte de los órganos facultados para llevarla a cabo. Conforme al articulo 135, se requiere la aprobación de la mitad más una de las legislaturas de los estados, quienes están obligadas a votarlas de manera conjunta, sin poder hacer modificaciones o alteraciones al texto ya aprobado por el Congreso General, por lo que tal pareciera que los congresos locales, sólo se limitan a dar cumplimiento a un mero trámite de carácter administrativo. Aunque el Congreso de la Unión, o la Comisión Permanente, como órganos técnicamente responsables de realizar el cómputo de las aprobaciones de las legislaturas de los estados, no requieren esperar el voto favorable de todos los estados, es indispensable que la totalidad de las legislaturas locales tengan conocimiento oportuno del proyecto de reforma. Lo anterior implica que sería válida una reforma constitucional, cuando haya sido aprobada por la mayoría estipulada en la Constitución, aun cuando no hubiera sido del conocimiento de la totalidad de las legislaturas, ya que la aprobación de una mayoría de las legislaturas supone necesariamente el conocimiento del resto de estos órganos representativos. Sin embargo, si la legislatura de una o varias entidades no conocieran de las reformas a la Constitución se haría nugatoria su facultad de emitir en todo caso un voto negativo y ello viciaría todo el procedimiento de reforma constitucional. Finalmente, cabe recordar que una vez aprobada la iniciativa por la mayoría de las legislaturas de los estados, el Congreso de la Unión o la Comisión Permanente según el caso tiene que declarar la reforma y enviarla al Ejecutivo federal para su promulgación y publicación que se sintetiza en la aparición de la reforma constitucional en el Diario Oficial de la Federación. Por eso, diputadas y diputados, los convoco a que aprobemos en el marco de la Ley para la reforma del Estado vigente, la iniciativa de adición al artículo 135 constitucional a efecto de que las reformas a la Constitución sean mediante un procedimiento especial establecido en un estatuto de reformas que precise los términos, requisitos y alcances del denominado constituyente permanente y con ello dotar de plena y oportuna validez de los cambios a nuestro ordenamiento supremo. El proyecto de decreto quedaría como artículo único, transcribiendo todo lo que trae el artículo 135 constitucional hoy en día y agregando al final la siguiente frase: "El Congreso de la Unión emitirá el estatuto de reforma constitucional que normará las reformas que se hagan a esta Constitución". Esto, a la luz de la reciente reforma que en materia electoral pasó por el Constituyente Permanente y ante la incertidumbre de tiempos, mecanismos y formas para la aprobación inmediata que puede seguir sucediéndonos en futuras reformas a nuestro máximo Orden Jurídico. Pido a la Mesa Directiva y a la Presidencia, se inserte íntegro el texto en el Diario de los Debates y se turne a las comisiones correspondientes. Muchas gracias.