El diputado Juan Manuel San Martín Hernández: Compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna para presentar iniciativa de reformas a nuestra Ley Fundamental, solicitándole, señor Presidente, se inscriba íntegra esta iniciativa en el Diario de los Debates, así como lo que expondré a continuación. La presente iniciativa tiene como finalidad sentar bases jurídicas con implicaciones de política pública, para responder a los problemas derivados de la desarticulación prevaleciente entre los programas habitacionales y la precaria planeación urbana, misma que carece de aplicaciones efectivas, tanto por la prioridad gubernamental de favorecer a los inversionistas que controlan la oferta habitacional, como por la inexistente regulación de los procesos urbanos en nuestro país. Los postulados que fundamentan esta iniciativa de reformas a nuestra Ley Fundamental se insertan en cuatro principios legislativos, que considero indispensable concretar en un nuevo orden constitucional. Primero. El derecho a la vivienda en México requiere de definiciones amplias, en sincronía con el derecho internacional aplicable y con preceptos constitucionales ya vigentes en el orden jurídico nacional. Recordemos que México suscribió, en su calidad de Estado miembro de la Organización de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en 1981. Que en el numeral uno de su artículo 11 reconoce el derecho de toda persona a la vivienda adecuada, lo que conlleva a un sentido más amplio que la noción del derecho de la familia a la vivienda digna y decorosa acotada en el quinto párrafo del artículo 4o. de la Carta Magna. De este modo estaremos en condiciones de dar coherencia a este mandato constitucional con otros derechos postulados en el referido artículo 4o. enfocados a la persona, como consta en lo relativo a los derechos al esparcimiento de los hijos, a la salud y al medio ambiente. No olvidemos que el artículo 1o. de la propia Carta Magna refiere la no discriminación al individuo. Por otra, adicionamos al quinto párrafo del artículo en comento la ineludible obligación del Estado para velar por el ejercicio del derecho irrestricto a la vivienda. Segundo. Partiendo de una concepción multidimensional del desarrollo, proponemos que un componente central del desarrollo nacional debe ser la calidad de vida que involucre las garantías sociales enunciadas en la Constitución, razón por la cual en el artículo 25 proponemos vincular este aspecto en las responsabilidades del Estado en su carácter de rector del propio desarrollo de nuestro país. Tercero. En concordancia con lo anterior, consideramos necesario incorporar el equilibrio territorial y regional como un aspecto medular del sistema de planeación que postula el artículo 26 de nuestra ley fundamental. Lo anterior, en concordancia con el derecho de la nación a imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, lo cual debe ser reforzado estableciendo en el tercer párrafo del artículo 27 constitucional la regulación de los proyectos que afectan el desarrollo urbano y metropolitano, considerando que en las ciudades y zonas metropolitanas vive aproximadamente el 80 por ciento de la población nacional. Cuarto. Finalmente, y tomando en cuenta que el artículo 115 constitucional establece las atribuciones del municipio, atribuciones en materia de planeación territorial, resulta inaplazable consolidar la aplicación del principio del interés público como eje de la política de desarrollo urbano, facultando a éste orden de gobierno para supervisar y velar el acatamiento de las disposiciones legales aplicables en materia de licencias y permisos de construcción. Por otra parte, para avanzar en el federalismo democrático se requiere que lo estipulado en el tercer párrafo del artículo 27, arriba mencionado, incorpore la coordinación entre las entidades federativas y los municipios, a fin de superar las omisiones y contradicciones observadas en materia de ordenamiento territorial y vivienda, consolidando así la concurrencia y coordinación en este rubro de la política pública, en la perspectiva de contribuir a dar mayor solidez a los soportes normativos del derecho a la ciudad y a la vivienda. Por lo anteriormente expuesto y fundado, solicito a ustedes —compañeras legisladoras y compañeros legisladores— su apoyo a la presente iniciativa a fin de que renovemos los soportes legislativos de la hasta ahora débil política de ordenamiento territorial en la cual deben insertarse los programas de vivienda, acatando el derecho a la vivienda adecuada, digna y decorosa. Por su atención, compañeras y compañeros, muchísimas gracias. Es cuanto, señor Presidente.