La diputada Mirza Flores Gómez: Gracias, presidente. Esta iniciativa de dispositivos para monitoreo electrónico, para la libertad condicionada, si bien es cierto es una medida para poder descompresar las prisiones pudiendo purgar su libertad desde otro espacio. Hoy, cuatro de cada diez personas en prisión se encuentran bajo la figura de prisión preventiva. Como hemos insistido en este pleno, y como lo han señalado diversos organismos internacionales, la prisión preventiva es profundamente injusta, pues obliga a las personas a purgar una pena a la que ni siquiera han sido sentenciados. Es decir, el sistema penitenciario los trata como culpables a partir de una acusación sin que la culpabilidad haya sido demostrada y sin sentencia de por medio. De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal 2021, del Inegi, dentro de los centros penitenciarios federales y estatales de nuestro país existen más de 80 mil personas privadas de la libertad sin sentencia o con una medida cautelar de internamiento preventivo y 30 mil personas que no cuentan con una sentencia definitiva. Esto quiere decir que 110 mil personas están purgando penas a las que no han sido condenados. El dictamen que se somete hoy a consideración es valioso, porque apuesta a la reinserción social en lugar del aumento de penas, sin embargo, creemos que es posible enriquecerlo en cuanto a la alternativa que se abre para utilizar dispositivos de monitoreo electrónicos para supervisar la libertad condicionada. Las personas sentenciadas pueden acceder a este beneficio si cumplen con los criterios establecidos en el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. No obstante, el dictamen plantea que se podrán celebrar convenios judiciales de pago para cubrir el costo del dispositivo. Ahí, compañeras diputadas, compañeros diputados, los invito a que hagamos la siguiente reflexión y podamos votar con gusto esta reserva que estamos presentando desde Movimiento Ciudadano, en la bancada naranja creemos que el ejercicio de la libertad condicionada no puede depender de la situación socioeconómica de la persona privada de su libertad, de lo contrario, las personas que no puedan pagar este dispositivo de monitoreo electrónico, simplemente no podrán acceder a este beneficio. Es decir, el tener el beneficio de la libertad condicionada, el tener el beneficio de acceder a un sistema de monitoreo, lo vamos a dejar constreñido solo a aquellas personas que tengan los recursos económicos para pagarlo. ¿Qué quiere decir aquí? A ver, aquí vamos a tener una reflexión, este beneficio premia a quien tenga el recurso para pagarlo y no puede tener este beneficio la gente que no puede acceder a él, es decir, ¿vamos a castigar doblemente la pobreza? Es una pregunta, es una reflexión y por eso les pido que vean con buenos ojos esta iniciativa de poder reformar cómo se está planteando. En este sentido, nos parece que la redacción propuesta en el dictamen para el artículo 137 de la Ley Nacional de Ejecución Penal podemos enriquecerla, de no hacerlo resultaría ampliamente discriminatoria y violatoria a todas luces del artículo 1o. constitucional. Con la propuesta tal y como se somete a consideración, como lo digo, lo que estaremos criminalizando es la pobreza. Literalmente se está poniendo que las personas que puedan hacerlo paguen su libertad condicionada, paguen su libertad condicionada, paguen un beneficio que la ley otorga, pero entonces la ley estamos haciendo una ley solo para quien pueda pagarlo y quien no pueda pagarlo, que no goce de este beneficio. Esto no es ético ni eficiente, se ha calculado que el costo de mantener a una persona en una prisión es cercano a los 4 mil pesos diarios. El brazalete cuesta, aproximadamente, 71 pesos, es decir, en 18 días de prisión se solventaría el pago del brazalete. Hoy presentamos una reserva a fin de que se garantice el acceso a dichos dispositivos a todas las personas que cumplan con los requisitos para solicitarlo al momento de otorgarles la libertad condicional. Asimismo, ponemos que en caso de que la autoridad penitenciaria no cuente con ellos, se otorgue una medida cautelar alterna a las contempladas en el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La libertad condicionada no debe de ser solamente para aquellos que puedan pagarla. Nuestra propuesta busca eliminar el criterio económica y priorizar el criterio de la justicia. Es cuanto, señor presidente.