La senadora Ana Lilia Rivera Rivera: Honorable asamblea, a nuestro querido pueblo de México. El buen juez no ha de torcer las leyes a su condición. Fray Antonio de Guevara. El artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala las medidas dirigidas a asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, indicando que este podrá actuar de oficio o bien a petición de parte, de acuerdo con la fracción II del artículo referido. En tal supuesto, cuando sea el afectado quien considere que la sentencia no ha sido cumplida, este puede exigir su pleno cumplimiento a través del recurso de queja cuando a su juicio la autoridad hubiera repetido indebidamente la resolución anulada o incurra en exceso o defecto, sin embargo, la disposición en comento adicionalmente precisa que dicha impugnación solo procederá por una sola vez, de modo que de acudir a la queja en más de una ocasión por el mismo supuesto, el recurso se declarará improcedente. Pues bien, la norma anterior fue objeto de estudio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a propósito del amparo en revisión 461/2019. Dicha instancia del alto tribunal determinó la inconstitucionalidad de la medida descrita por considerar que es contraria al principio de acceso a la tutela judicial efectiva en las vertientes de plena ejecución y cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales que reconocen los artículos 17 de la Constitución y 25.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al restringir sin razón jurídica válida que el interesado exija una sola vez el cumplimiento de sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Corte argumenta que la limitación impuesta por el legislador para presentar el recurso de queja por una sola ocasión carece de sustento jurídico porque tanto la Constitución general como la Convención Americana de Derechos Humanos obligan a que las leyes correspondientes establezcan mecanismos efectivos para la ejecución y cumplimiento de las decisiones jurisdiccionales. Mientras que en este caso el legislador no justifica siquiera someramente la razonabilidad para limitar estas garantías, inclusive advierte la Sala del alto tribunal que dichas restricciones contraria a los fines explícitos que planteó el Congreso federal durante el proceso legislativo para la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en donde se fijaba como uno de los objetivos de la ley hacer más efectivo el cumplimiento de resoluciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En esencia, la inconstitucionalidad de la disposición deviene de la ausencia de una razón por la cual se impide incurrir en queja en más de una ocasión ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo, en tanto que esta restricción injustificada impide a la persona que ha obtenido sentencia favorable gozar de un completo acceso a la tutela judicial efectiva en el entendido de que dicha cualidad solo se presenta cuando se garantía la ejecución, cumplimiento y efectiva reparación por parte de quien fue obligado a ello. Asimismo, puntualiza la Corte que de advertirse lo contrario se caería en el absurdo de validar que las autoridades demandadas puedan actuar arbitrariamente respecto del cumplimiento de las decisiones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa ya que podrían a capricho repetir el acto anulado o acatar la resolución de forma defectuosa o excesiva. La determinación anterior fue tomada por la Corte mediante resolución aprobada por unanimidad de cuatro votos en la sesión del 22 de septiembre de 2021, de modo que se actualizó el supuesto para la procedencia del procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad, lo cual fue informado al Senado de la República en sesión ordinaria de fecha 7 de diciembre de 2022. Por todo lo anterior, resulta necesario que en un sano ejercicio de la dialéctica constitucional el Poder Legislativo federal asuma su responsabilidad de reformar o derogar la norma declara inconstitucional dentro del plazo de 90 días naturales a efecto de no tener que actualizar el supuesto de que sea el Poder Judicial de la federación quien asuma dicha labor nomofiláctica ante la inactividad del Congreso. En dicho orden de ideas, la de la voz comparte la opinión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que la porción normativa de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, declarada inconstitucional, constituye una medida restrictiva de derechos, carente de justificación en lo absoluto y, por tal motivo, mediante la presente iniciativa se propone la vía idónea para suprimir dicho vicio de inconstitucionalidad a través de la derogación. Por todo lo anterior, y en los términos planteados, se somete a la consideración de la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en atención al procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad 12/2022. Es cuanto, muchas gracias.