El diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, el Estado mexicano ha ratificado los principales instrumentos universales y regionales de derechos humanos. Estos instrumentos al ser ratificados por el Estado pasan a formar parte del sistema jurídico mexicano aunque sigan siendo normas internacionales. El 9 de julio de 2011 el Congreso de la Unión aprobó una reforma paradigmática a nivel nacional en materia de derechos humanos, cambiando la denominación del título primero por la de derechos humanos y sus garantías. Así las cosas, la Constitución Política reconoce los derechos humanos recogidos en los tratados internacionales, haciéndolos parte de la misma. No obstante, la inclusión de los niños como titulares de derechos subjetivos, especialmente de las libertades reconocidas constitucionalmente, no ha sido sencillo. Ello se debe en buena medida a que la tradición liberal vincula especialmente a los derechos humanos con la autonomía de la persona. Efectivamente, en el surgimiento mismo de la idea moderna de los derechos del individuo frente al Estado es posible identificar la importancia que se concede a su autodeterminación frente al poder. Es precisamente esta idea la que da origen a la concepción de la Constitución como límite a la actuación pública, en el entendido de que hay espacios de la vida de los individuos en los que la autoridad tiene proscrito intervenir. En este proceso las primeras declaraciones de derechos, en particular la francesa y la norteamericana, excluyen a quienes se consideraba carecían de capacidad de autonomía, es decir a todo aquel que no fuera varón, adulto propietario y en este sentido, ciudadano. A esta noción restringida del grupo destinatario de la titularidad de los derechos subjetivos sobreviene posteriormente un proceso de generalización, en la cual la titularidad se va extendiendo hasta llegar a la idea de la universalidad de los llamados derechos humanos. Así lo reflejan las Constituciones modernas, la mayoría de las cuales contiene una cláusula de igualdad mediante la cual se entiende que la aplicación de los derechos contenidos en las mismas se garantizan en el territorio de aplicación a todas las personas por igual, aunque distinguiendo generalmente los derechos vinculados con la ciudadanía, por ejemplo, los de participación política, como es exclusivo de los nacionales mayores de edad de los Estados en cuestión. El 10 de octubre de 2011 se modificó el artículo 4i constitucional, introduciendo la aplicación del principio del interés superior de la niñez para todas las decisiones y actuaciones del Estado, en garantía plena de sus derechos, aunque sigue dejando fuera el principio de no discriminación, participación y supervivencia. El de desarrollo está parcialmente incluido. Por lo anterior, en el sistema jurídico mexicano los derechos de la infancia están reconocidos y protegidos por la Constitución, los tratados internacionales, la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las leyes estatales y municipales derivadas de la misma, así como en el artículo 73 constitucional. Con la reforma y la redacción del artículo 1o., se puede considerar que sí están considerados los principios ausentes en el artículo 4o., sin embargo, al ser incluidos de manera completa los cuatro artículos, el Estado mostraría un mayor reconocimiento y prioridad a la niñez. En el caso de participación, ayudaría a entender la ciudadanía como un concepto más amplio al derecho a votar y ser votado, tomando en consideración a los niños y niñas como personas de derecho, a participar en todos los asuntos que les afecten, a ser escuchados y a que su opinión sea tomada en cuenta debidamente. En virtud de las reformas constitucionales en 2011, el 4 de diciembre de 2014 fue publicada la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que tiene carácter obligatorio a nivel federal, estatal y municipal. Además, regula la estructura, funciones, facultades del sistema nacional de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. El artículo 1, fracción I de la Ley General reconoce a niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Reconocer a una persona como sujetos de derechos, es reconocer que tiene el derecho y la capacidad para ejercer los derechos que le son reconocidos y que puede exigir su respeto y cumplimento. Derivado de lo anterior, a las niñas, niños y adolescentes se les debe reconocer la ciudadanía desde que nacen, al igual que a los adultos. Tienen derecho a participar y decidir en los temas que les afectan. Tomar decisiones, a preguntar, a formarse un juicio propio, a ser escuchados, contar con protección especial que señalan las leyes. El Estado mexicano actualmente reconoce la ciudadanía de una persona cuando tiene más de 18 años de edad, nace en la República Mexicana y cuenta con un acta de nacimiento, credencial para votar o pasaporte, mismos que le permiten elegir mediante voto a sus representantes de elección popular en los tres niveles de gobierno y hacer exigibles sus derechos mediante el cumplimiento de la ley, entre otras cosas. Derivado de lo anterior, a las niñas, niños y adolescentes no se les reconoce la ciudadanía, por lo tanto no tienen espacios propios para manifestar su opinión para que sea escuchado por los representantes del Estado, o bien que si no tienen acta de nacimiento no puede ni siquiera asistir a la escuela. La ciudadanía es un derecho que debe tener la niñez mexicana, que nace junto con la persona y debe ser reconocida por el Estado, sin importar la edad, lugar de nacimiento, o documento de identidad. Concluyo. Las niñas, niños y adolescentes de México deben ser ciudadanos desde el nacimiento y no esperar a tener 18 años para poder opinar, participar o decidir y tener la posibilidad de que las opiniones y pensamientos de niñas, niños y adolescentes asuman el mismo valor. Con la reforma planteada estaremos enriqueciendo el marco jurídico constitucional, acorde a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño de la ONU y se garantizará la implementación del principio de autonomía progresiva, mediante el cual se debe conceder facultad para decir sobre los asuntos que conciernen al individuo en la medida en que va alcanzando cierto grado de madurez. Es cuanto, señor presidente.