El Presidente diputado Jorge Zermeño Infante: Aprobada el acta. El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el doctor José Luis Soberanes Fernández. Se designa en comisión para recibir al doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a los siguientes legisladores: diputado José Antonio Muñoz Serrano, diputado Felipe González Ruiz, diputado Raúl Cervantes Andrade, senador José Eduardo Calzada Rovirosa, diputado Octavio Martínez Vargas y diputado Antonio Xavier López Adame. Solicito respetuosamente a los diputados y senadores que fueron designados cumplan con su cometido. Y a las señoras y señores de los medios nos hagan el favor de pasar a los lugares que tienen asignados. Se encuentran ante nosotros el doctor José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de presentar el Informe de actividades correspondiente al año 2006. Tiene la palabra el doctor José Luis Soberanes Fernández, hasta por 30 minutos. El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, doctor José Luis Soberanes Fernández: Señor diputado Jorge Zermeño Infante, presidente de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Señora diputada Omeheira López Reyna, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Distinguidas señoras legisladoras, señores legisladores integrantes de la Comisión Permanente. En primer lugar quiero agradecer la presencia de las señoras y señores miembros del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que me honran con su asistencia esta mañana. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 102, Apartado b de la Constitución Política de los Estados Unidos, comparezco ante esta soberanía para rendir el Informe anual de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, correspondiente al año de 2006. Por un vasto conjunto de razones a las cuales habré de referirme, los derechos humanos fueron durante el año 2006 un tema toral de la sociedad mexicana. La discusión sobre la vigencia y el alcance de las garantías fundamentales rebasó durante este agitado lapso sus hasta entonces ámbitos habituales los espacios editoriales, políticos y académicos, para instalarse como tema de preocupación en las conversaciones ordinarias entre vecinos, entre compañeros de trabajo y hasta entre las propias familias. A raíz de varios casos motores de inquietud y turbulencia social, la opinión pública se preguntó: ¿hasta dónde puede y debe acotarse la autoridad gubernamental y cuáles deben ser los límites del derecho a manifestarse? Profundizó también sus cuestionamientos sobre la tendencia a criminalizar la migración; demandó categóricamente su derecho a la seguridad y pugnó con fuerza por una amplia libertad de prensa en favor del derecho a saber y a opinar sobre los asuntos de interés público. Ciertamente este proceso de maduración social no ha sido fácil. Durante 2006 padecimos, por una parte, una enconada polarización política y por otra, niveles inéditos de violencia criminal y desbordamiento de la delincuencia organizada. La muerte de más de mil 700 personas en ejecuciones, productos de la venganza entre bandas y la aparente ausencia de autoridad para preservar la seguridad en algunas localidades del país, mostraron el espiral de violencia interminable ocasionada por la impunidad del crimen organizado, cuya ilegal vigencia es aún ominosa. En otros espacios de la vida pública, las imágenes de 2006, cuando vimos policías indefensos golpeados por ciudadanos o a la inversa, ciudadanos indefensos golpeados por policías, siguen siendo no sólo una cicatriz en nuestra conciencia comunitaria, sino también un recordatorio que nos obliga a reflexionar sobre la nítida frontera existente siempre entre la venganza y el uso legítimo de la fuerza pública. De haber vivido en un sistema autoritario, diferentes hechos violentos de 2006 nos habrían hecho retroceder como sociedad. Por el contrario, gracias a las libertades de la democracia, al celo y a la decisión de preservarlas, nuestra cultura política dio un paso al frente; los mexicanos pudimos discutir, cuestionar, intercambiar opiniones y llegar a una conclusión: "queremos un país en paz, con un estado de derecho vigente y un absoluto respeto a los derechos fundamentales". En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos apoyamos y participamos en este proceso complejo de maduración de la sociedad mexicana, el cual observamos como interminable evolución tanto en el reconocimiento al respeto irrestricto de los derechos humanos, como en un compromiso general de respeto a la legalidad. Durante el 2006, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos atendimos seis mil 895 quejas y emitimos 46 recomendaciones. Las autoridades con más recomendaciones fueron la Secretaría de Seguridad Pública Federal, con ocho; el Instituto Nacional de Migración, que recibió siete, y la Procuraduría General de la República, con cuatro. Debemos lamentar que durante este período diversas autoridades decidieron rechazar las recomendaciones de esta Comisión Nacional, entre ellas el secretario de Seguridad Pública Federal, el gobernador de Querétaro y el secretario de Marina. Es deplorable el hecho de que una autoridad renuente a una recomendación del ombudsman no sólo por el mensaje de desprecio a los derechos fundamentales de los integrantes de la sociedad sino también por fomento al clima de impunidad entre los servidores públicos a darles una especie de patente de corso frente a violaciones a la ley, augurándoles actos de igual naturaleza sin investigación ni castigo. Durante ese año hicimos un especial esfuerzo por negociar acuerdos de conciliación entre las partes. Fomentamos una cultura de diálogo, logramos así concretar 2 mil 441 procesos conciliatorios, siempre a favor del quejoso para restituir el derecho conculcado por alguna autoridad. Este mismo espíritu de colaboración y de servicio se mostró en los 155 convenios con instituciones académicas, gubernamentales y de la sociedad civil organizada. Emitimos llamados a todas las autoridades del país por medio de tres recomendaciones generales relativas al uso de la fuerza y las armas de fuego por los funcionarios o servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley, al otorgamiento de beneficios de libertad anticipada a reclusos y a la práctica de verificaciones migratorias ilegales. Consideramos obligación de los presidentes municipales, los gobiernos de las entidades federativas y el Ejecutivo federal mantener y mejorar su coordinación en estos temas de notable trascendencia para los derechos humanos. Dimos atención especial a cuatro casos de gran sensibilidad para la sociedad mexicana como fueron los ocurridos en Pasta de Cochos, Coahuila; Lázaro Cárdenas, Michoacán; en los municipios de San Salvador Atenco y Texcoco, Estado de México; y en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca. Nuestros visitadores estuvieron en cada una de dichas comunidades para atender a la población y, a no dudarlo, su presencia contribuyó a evitar mayores violaciones a los derechos humanos. Estos casos evidenciaron serias fallas en el funcionamiento del gobierno federal en su conjunto. El abuso de la autoridad policíaca en Lázaro Cárdenas, Michoacán y en Atenco, Estado de México, desnudó una alarmante realidad de nuestros cuerpos de seguridad. A los agravios físicos y sicológicos contra la población, se sumó uno más. Meses después, cuando la autoridad federal —concretamente la Secretaría de Seguridad Pública— rechazó nuestras recomendaciones y canceló la posibilidad de investigar las conductas de algunos de sus elementos, abrió —como quedó señalado— un espacio de opacidad propicio para la impunidad y el encubrimiento. Ante la preocupante situación generada por los desbordamientos violentos de la delincuencia organizada, elaboramos un Informe Especial sobre el Ejercicio Efectivo del Derecho de Seguridad Pública. En él no sólo propusimos a los gobernantes 16 medidas concretas, sino llamamos también su atención sobre procesos sumamente negativos de desconfianza en las autoridades que aumentan el riesgo de ser más frecuentes los actos de linchamiento y justicia por propia mano. El impulso a respetar los derechos fundamentales tanto como otros asuntos, requerirán un nutrido diálogo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, por ello buscaremos contribuir a la construcción de un sano debate alrededor de los temas de la agenda de derechos humanos que entregamos en el 2006 a los candidatos a puestos de elección popular. Estamos convencidos. Las victorias más significativas para el avance de un país democrático deben originarse, de fondo, en la educación cívica. Por ello desplegamos un esfuerzo importante en materia de promoción, divulgación y estudio de las garantías fundamentales, difundimos más de un millón de libros y publicaciones para enriquecer la cultura de los derechos humanos entre la sociedad mexicana. El esfuerzo de la CNDH fue apoyado por legisladores durante 2006. Las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en dicho período nos permiten ahora solicitar la aplicación de sanciones penales a los servidores que brinden información falsa a esta Comisión. También se otorgó a la CNDH la facultad de solicitar que se inicien procedimientos administrativos contra trabajadores gubernamentales. Así avanzamos hacia el objetivo de evitar el doloroso bloqueo de nuestra labor por parte de malos servidores públicos. Asimismo, estas reformas legales permitieron a la CNDH garantizar la posesión de un patrimonio propio. Este positivo cambio significó un avance más en el fortalecimiento de nuestra autonomía. Podemos decir, con toda certeza, que gracias al Poder Legislativo federal hoy la Comisión Nacional de los Derechos Humanos es más libre y más fuerte. También en 2006 ambas cámaras del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales aprobaron una reforma constitucional para dar a la CNDH la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes y tratados antagónicos a la Carta Magna. Esta capacidad se hizo extensiva a los organismos públicos defensores de los derechos humanos de las distintas entidades federativas respecto a las leyes locales. Los legisladores mexicanos demostraron estar plenamente conscientes de lo indispensable de acotar el poder público mediante la primacía de la legalidad. Gracias a los diputados y senadores, ahora los defensores públicos de los derechos humanos tenemos más y mejores herramientas frente a los posibles actos arbitrarios del poder. No quiero soslayarlo. El año 2006 fue un año negro para la prensa en México. Los periodistas son un grupo vulnerable. A pesar de la creación de una fiscalía para delitos cometidos en su contra, las denuncias tuvieron un rasgo común: no han sido resueltas de manera satisfactoria, ni esclarecidos los hechos motivos de las quejas. Además de promover cambios jurídicos para garantizar el secreto profesional de los comunicadores, la CNDH ha pugnado por acelerar reformas legales, mediante las cuales los periodistas ya no puedan ser acusados penalmente por presuntos delitos de calumnia y difamación al ejercer el derecho a la libertad de expresión. Así como es urgente e indispensable investigar las agresiones consumadas contra comunicadores, también lo es el garantizar la protección legal que les permita realizar su labor social sin amenaza alguna. La salud de nuestra democracia así lo demanda. Cuando un gobierno falla en su deber de responder por la seguridad de los comunicadores, coarta indirectamente la libertad de prensa y la autocensura se convierte en la única opción para garantizar la supervivencia. Por otro lado, con mucha pena, tengo que decir que los defensores públicos de los derechos humanos enfrentamos presiones en 2006. En situaciones de franco descontrol interno, funcionarios de segundo y tercer nivel de la Procuraduría General de la República tergiversaron e incumplieron incluso, con sus ordenamientos internos con ánimo insistente de atacar a la gestión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de manera por demás insólita, al grado de interponer acusaciones penales y demandas judiciales por actos directamente relacionados con el ejercicio de las funciones del ombusdman, violando con ello la legislación. Pero lo peor resultó ser la promoción y el aliento de tales despropósitos por parte de la autoridad, creando una especie de persecución política contra el ombudsman nacional, tolerada y quizá auspiciada desde la jefatura del Estado. Esta situación no ha sido aclarada todavía. A pesar de esas presiones nos concentramos en lo más importante, trabajar a favor de la ciudadanía. Quizá por ello, gran parte de los mexicanos aprecian nuestra labor y tenemos un alto nivel de aprobación por parte de la sociedad. En los últimos años diversos estudios de opinión han mostrado a la CNDH como una institución en la cual los ciudadanos depositan permanentemente su confianza. Señoras y señores legisladores. El ombudsman es una institución de la democracia y para la democracia, cuya pertinencia ha quedado acreditada en más de 90 países del mundo. En nuestro país es además la institución protectora y promotora de derechos humanos, cuya existencia recomienda la Organización de las Naciones Unidas para todas las naciones. Gozando afortunadamente de una autonomía ejemplar superior a lo exigido en los llamados Principios de París, de observancia internacional, la fuerza del ombudsman no reside en la coacción ni en la coerción del Estado, sino en la fuerza moral de la ley—la buena ley de la que hablaba Morelos— por eso, su principal arma debe ser el convencimiento. Poco podremos avanzar en la ruta de la democracia si carecemos de la certeza de la sociedad sobre la bondad y necesidad de nuestro afán social y legal. Así como de la sensibilidad gubernamental para comprender nuestro trabajo como una forma de alianza genuina; pues con él ayudamos a cumplir el orden jurídico, considerado como el primer objetivo de los desvelos y preocupaciones del Estado. No somos el enemigo a vencer ni voces para la prédica hueca; somos aliados de quienes tienen a su cargo la comunidad política. A ellos les auxiliamos para cumplir mejor su trabajo y realizar valores y principios esenciales de la justicia, la seguridad jurídica y la paz. Cuando así seamos vistos, estén ustedes seguros, señoras y señores legisladores, habremos dado un gran paso en la vida democrática del país. Por ello, el ánimo de este Informe no es señalar culpables ni dañar políticamente a ningún individuo, muy por el contrario, difundir y analizar los asuntos abordados por la Comisión en el 2006 echará la luz sobre uno de los años más trascendentales en la vida política nacional, a fin de construir para el futuro. Antes de dar vuelta a la página hay que leerla completa. En este Informe se pueden encontrar indicios claros sobre las áreas cuyo mejoramiento resulta indispensable para reforzar el respeto del Ejecutivo federal a los derechos humanos. Nuestra intención no es ser verdugos, sino ofrecer instrumentos para mejorar el servicio público. A pesar de cualquier idea simplista, esto tiene una poderosa razón. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no pugnamos por tener autoridades débiles ni gobiernos temerosos y usar las herramientas otorgadas por la ley. Haber debilitado el Estado —como sin duda se hizo— dejó a México en una situación precaria. Hoy es indispensable comenzar a preocuparnos no sólo por el tipo de gobierno existente, sino también por el grado de gobierno en algunas regiones. Urge más República en nuestra democracia. El gobernante temeroso de usar legalmente su autoridad genera vacíos. La apatía oficial otorga a los grupos de presión de las mayorías, bases para pensar en la usurpación del poder. Asimismo, cuando un mal líder devalúa sistemáticamente la palabra política, acaba por cerrar la puerta al diálogo y abrirla a la violencia. El Estado de derecho, estamos ciertos, es tan sólido como el gobierno que lo hace cumplir. Sólo los gobernantes ceñidos estrictamente a la ley pueden demandar el cumplimiento de los demás. Sólo en un país de leyes puede haber dignidad, igualdad, orden y respeto a los derechos humanos para todas las personas. Si los actores políticos y la sociedad en general privilegiamos la cultura del diálogo y renovamos nuestra fe en la palabra como instrumento de acuerdo podemos aprovechar las duras lecciones de 2006 y consolidar en los siguientes años el anhelo de un país con generosidad y con justicia. Muchas gracias.