La diputada Minerva Hernández Ramos: Con su venia, diputado presidente. Apreciados diputadas y diputados, presento ante ustedes estas reservas de decreto del PEF, que se traducen en medidas de control al gasto público, que se traducen en el otorgamiento de mayor transparencia al ejercicio de los recursos y en la garantía de la rendición de cuentas. La primera se relaciona con la firme convicción que tenemos en Acción Nacional, de que las grandes reformas de combate a la corrupción requieren del acompañamiento financiero que permita su instrumentación. En la discusión del Presupuesto de Egresos las voluntades de las fuerzas políticas aquí representadas coincidieron en que el Sistema Nacional Anticorrupción necesita el financiamiento suficiente para su puesta en marcha y para cumplir las expectativas de la ciudadanía. No debemos permitir que el gobierno de la República deje de respetar las asignaciones financieras establecidas en esta soberanía y que, como ha sucedido en el pasado, los resultados entre el gasto aprobado y el efectivamente ejercido no puedan ni siquiera conciliarse. Precisamente por ello, proponemos la creación de un anexo transversal al Presupuesto de Egresos, en el que se identifican claramente cuáles son las instancias y los recursos públicos que serán destinados para el combate a la corrupción y que cualquier ciudadano pueda darle seguimiento con facilidad. Este anexo transversal obligaría al gobierno a elaborar los calendarios mensuales de ministración presupuestal, a señalar cuáles son los porcentajes previstos en el Presupuesto, que serán asignados a los programas o unidades responsables, relacionados con el combate a la corrupción, a transparentar en los informes trimestrales entregados al Congreso, la evolución del gasto público en materia anticorrupción y señalar en la cuenta pública los resultados del ejercicio del Presupuesto en esta materia. Compañeros diputados, no dejemos que la bandera anticorrupción se vuelva una simulación y que los excesos y dispendios del ejercicio presupuestal sean lo que prevalezca. En cuanto a la siguiente reserva, coincidirán ustedes, compañeros legisladores en que cuando los bienes son escasos, es cuando más debemos utilizar los recursos con una mejor eficiencia. El mejor ejemplo lo tenemos en las economías de los hogares, donde madres y padres hacen hasta lo imposible por estirar el gasto familiar para cubrir las necesidades. Siempre se trata de hacer más con menos. Es injusto, diputadas y diputados, que como Poderes públicos no actuemos congruentemente con la ciudadanía, con nuestros representados, quienes por la situación económica actual están siendo obligados a apretarse el cinturón, como siempre y que aquí, desde esta soberanía, no establezcamos medidas de austeridad y disciplina presupuestaria. Siempre se dice que en este país nadie gana más que el presidente de la República, pero sepan ustedes que no es así en la realidad, mientras que la administración pública federal está sujeta a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Función Pública emitan el manual de percepciones de los servidores públicos, incluyendo el tabulador y las reglas para su aplicación, por otro lado los órganos autónomos y los Poderes Legislativo y Judicial emiten acuerdos administrativos para estar al margen y no sujetarse a estos lineamientos, dando lugar a una amplia discrecionalidad. En este contexto realizan manuales de percepciones o instrumentos análogos con los que se incremente el gasto en servicios personales, permitiendo que en la práctica las remuneraciones que se señalan en el presupuesto no son las que verdaderamente corresponden, así es como se gana más que el presidente. Por eso es que proponemos que para este ejercicio fiscal 2017 todos estemos sujetos a los lineamientos y disposiciones emitidos por Hacienda y la Función Pública, para impedir que alguna autoridad administrativa autorice, emita, valide, publique o difunda manuales de percepciones o instrumentos similares que le den la vuelta a la voluntad de esta soberanía. Lo he sostenido antes en esta tribuna. Si los recursos públicos son escasos, las decisiones de asignación financiera no son un gasto, son una inversión que debe rendir un beneficio futuro y resolver en concreto un problema público, ya basta de gastar tanto y de gastar mal. Diputadas y diputados, esta soberanía debe asumir plenamente su función constitucional de contrapeso presupuestal. Es cuanto, diputado presidente.