La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: La reserva que hoy presento a consideración del pleno, consiste en reformar el artículo 12 del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Competencia Económica. La propuesta contemplada en el dictamen, específicamente en la fracción XVIII del artículo 12, menciona que será atribución de la Comisión Federal de Competencia Económica opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitación, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que realicen las autoridades públicas cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo federal, mediante acuerdos o decretos. Sin embargo, esta facultad no parece garantizar en el marco de la competencia económica, que las licitaciones, asignaciones, concesiones, permisos, licencias y cualquier figura análoga, se realicen bajos los principios constitucionales de eficacia, economía, transparencia y honradez. Hoy se pretende impulsar una agenda política centralista, con reformas estructurales que ponen en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras, el patrimonio de la nación. Hoy observamos cómo la estructura gubernamental ha trabajado en impulsar reformas encaminadas al fortalecimiento del Poder Ejecutivo, lo cual ha generado un desequilibrio en la división de Poderes, ejemplo de ello son las reformas en materia educativa, político-electoral, financiera, fiscal y energética, las cuales, además de haber sido aprobadas con múltiples deficiencias en el proceso legislativo, no resuelven de fondo los problemas existentes, sino más bien, reestructuran su función y organización, poniendo en manos del Ejecutivo su operación. No obstante, lo anterior, el dejar sólo en manos de un solo hombre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica, pone en grave riesgo los activos públicos de la nación, sobre todo, con una reforma recién aprobada en materia energética, la cual contempla contratos de utilidad compartida, en los cuales el proceso de licitación, asignación, permisos y licencias deberán ser sometidos a una extrema vigilancia y profundo análisis, así como a una amplia participación por parte de la sociedad, ya que el petróleo forma parte de los bienes públicos de la nación y su destino no puede limitarse a una decisión unilateral. Por lo anterior, es de suma importancia incluir al Congreso de la Unión, por ser éste quien represente los intereses del pueblo, como órgano facultado para solicitar, a través de la Comisión Federal de la Competencia Económica, la revisión de todos los procedimientos de licitación, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas, que realicen las autoridades públicas, a fin de transparentar de manera real, efectiva y ágil dichos procesos. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva. Artículo 12, apartado XVIII. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como los procedimientos de licitación, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que realicen las autoridades públicas cuando así lo determinen otras leyes, el Congreso de la Unión o el Ejecutivo federal mediante acuerdos o decretos. Con relación a la reserva que tengo del artículo 30 del dictamen, el artículo 30 del presente dictamen establece que el titular de la autoridad investigadora será designado y removido por el mismo pleno de la comisión, lo cual pone en riesgo los principios de objetividad, imparcialidad y transparencia de dicho órgano. Para nadie es un secreto que todo funcionario impuesto por algún otro órgano de gobierno o partido político queda supeditado a los intereses del mismo, lo cual repercute sustancialmente en la integración de sus investigaciones en el sentido de sus dictámenes. De esta manera, nuestra propuesta va encaminada a que sea la Cámara de Diputados, a través de una convocatoria pública, la que elija al titular de la autoridad investigadora, donde en una primera etapa la experiencia, trayectoria y el nivel académico será uno de los principales filtros para su designación. Los candidatos elegidos deberán ser evaluados a través de exámenes de oposición y rigurosos exámenes de confianza para después y a través del método de insaculación y rigurosos exámenes de confianza, para después y a través del método de insaculación, poder elegir al titular de la autoridad investigadora. La eficacia del sistema coincide con el descrédito de la elección influida y no libre. Motivo de la ambición de los partidos políticos y luchas internas, por lo que poner en marcha mecanismos alternos que ayuden a despolitizar las instituciones públicas lograrán retomar la confianza ciudadana y harán que éstas puedan cumplir con mayor eficacia con su función de manera imparcial, transparente y objetiva. Derivado de lo anterior someto a consideración de esta asamblea la siguiente reserva. Artículo 30. El titular de la autoridad investigadora será designado por la Cámara de Diputados a través de una convocatoria pública, exámenes de oposición y confianza y por el método de insaculación. Su remoción quedará supeditada por el pleno de la Cámara de Diputados por mayoría calificada. La reserva del artículo 102, que presento en este momento, consiste en lo siguiente: Podemos percatarnos de un sesgo en el artículo decretado. Si el agente económico ya fue investigado y auditado por las comisiones, por el agente investigador, y en el fallo se declara que existen dudas razonables sobre su desarrollo en el mercado, cuál es el punto de todo este proceso si basta confirmar la aceptación de conformidad para que se suspenda el procedimiento y se le condone o disminuya el monto de la multa. Y peor aún, si hubieran terceros afectados por ejercer práctica ilícita o monopólica, el agente económico no está obligado a responder por esos daños cuando debería absorber la responsabilidad civil de los perjudicados. Este artículo da oportunidad a que agentes económicos tengan diferentes razones sociales y así continúen con sus actos ilícitos y monopólicos. Al fin que con el hecho de aceptar los cargos se le otorga la dispensa, o bien, la reducción de la multa junto con todos los privilegios que anteriormente mencionamos; claro está, una vez cada cinco años. Este artículo tiene mermas en su planteamiento, lo que provocará un descontrol y muchas irregularidades sin su implementación, no es la manera correcta de solucionar los problemas monopólicos que actualmente controlan al país. Derivado de lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva. Artículo 102. La resolución a que se refiere el artículo podrá decretar: 1. El otorgamiento del beneficio de la dispensa o reducción del pago de las multas que pudiera corresponderle; y 2. Las medidas para restaurar el proceso de la libre concurrencia y de competencia económica. Los agentes económicos deberán aceptar de conformidad, expresamente y por escrito la resolución definitiva dentro de un plazo no mayor a siete días a partir de la fecha en que sean notificados. Los procedimientos seguirán su curso por un periodo de seis meses con auditorías y supervisión pertinentes, aun en el evento de que el agente económico acepte o no expresamente la resolución. Los agentes económicos solo podrán acogerse a los beneficios previstos en este artículo, una sola vez. Este periodo se computará a partir de la aceptación de la comisión. La resolución a que se refiere este artículo será siempre y cuando no exista perjuicio de las acciones que pudieran ejercer terceros afectados que reclamen daños y perjuicios derivados de la responsabilidad civil, por la realización de la práctica monopólica relativa o concentración ilícita revelada a la comisión en términos del artículo anterior. Es cuanto, señor presidente.