La diputada Adriana Bustamante Castellanos: Para iniciar quiero agradecer el acercamiento de la doctora Leticia del Carmen Flores Alfaro y del licenciado en gerontología Marcos Alejandro Vázquez Hernández y el doctor Carlos Miranda Videgaray, quienes ponen en relieve esta iniciativa. Compañeras y compañeros diputados, la vejez constituye un proceso heterogéneo de cambios biológicos, psicológicos a lo largo de la cual se acumulan necesidades, cambios, capacidades, oportunidades y fortalezas humanas. En México y el mundo ha venido dándose de manera progresiva un proceso de envejecimiento de la población que se incrementará en los próximos años debido a la transformación de la pirámide poblacional, afortunadamente, habrá cada vez mayor cantidad de personas adultas mayores respecto a la población total. Durante la crisis sanitaria de Covid-19 las personas adultas mayores han sido uno de los grupos vulnerables que han sufrido con especial dureza los efectos en materia de salud y de economía derivados del confinamiento. Aunque la Ley Federal de Derechos de las Personas Adultas Mayores, en su artículo 3o. Bis establece los tipos de violencia a que son sujetas y sujetos los adultos mayores, no prevé ni define la violencia institucional como una práctica estructurada de violación de los derechos humanos por parte de las y los servidores públicos en cualquier orden de gobierno, acciones que segregan, discriminan y cuya finalidad sea retardar, dificultar, impedir el goce y el libre ejercicio de los derechos de las personas adultas mayores, por lo que resulta necesario incorporar a la Ley de Derechos de las Personas Adultas Mayores el concepto de violencia institucional. Debemos de tener muy claro que, derivado de la herencia de los malos gobiernos neoliberales, la mayor parte de los adultos mayores se encuentra en pobreza y sin acceso a un sistema de protección social que les garantice una vejez digna y plena. Por tal razón, el gobierno de la cuarta transformación ha establecido como eje prioritario el compromiso con nuestros adultos mayores a través del Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo es contribuir al bienestar de esta población a través del otorgamiento de una pensión no contributiva. En 2021, el apoyo económico aumentó de 2 mil 770 a 3 mil 100 pesos, y se espera que el monto de la pensión universal se incremente gradualmente hasta llegar a 6 mil pesos en 2024. Otro hecho fundamental a favor de las personas adultas mayores fue la aprobación en este Congreso del artículo 4o. de nuestra Constitución Política, presentada por el Ejecutivo federal a fin de establecer la obligatoriedad por parte del Estado mexicano de dotar una pensión universal a los adultos mayores. Diputadas y diputados de la oposición, les recuerdo que México, el pueblo mexicano y la historia los juzgará a todas y todos ustedes, siempre contrarios a los intereses de nuestro país, porque fueron quienes votaron en contra de estos apoyos, votaron en contra de garantizar los derechos de las personas adultas mayores y que ahora están consagrados en nuestra Constitución. Sin duda, un paso fundamental a favor de la transformación del país fue la aprobación de nuestro Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que orgullosamente las y los legisladores de la coalición Juntos Hacemos Historia aprobamos a favor de México, con lo cual aseguramos no solo la conclusión de los proyectos de infraestructura necesarios que impulsarán el desarrollo de nuestro país, sino que además aprobamos los recursos suficientes para financiar y garantizar la continuidad de las pensiones a favor de los adultos mayores y de los demás sectores de la población que están en estado de vulnerabilidad. Es cuanto, diputado presidente.