La diputada Martha Nabetse Arellano Reyes: El trato que le dispensemos a cada niña y a cada niño definirá el futuro del pueblo de México. Compañeras y compañeros legisladores, un sistema penal justo, eficaz y humano respeta siempre, siempre, siempre, los derechos fundamentales de todas las personas y salvaguarda su dignidad. Pone en el centro de su atención a las víctimas de los delitos para que sea eficiente, pero sobre todo verdaderamente justo. Especialmente pone en el centro a las niñas, niños y adolescentes dada su particular vulnerabilidad, ya sea por sus características personales o por las circunstancias del delito, lo que implica instrumentar diversas medidas para su adecuada guarda y cuidado. Es decir, se debe tener presente en todo momento el interés superior de la niñez, principio establecido en el artículo 4o. constitucional y en diversos instrumentos internacionales de los que México es parte. De ahí la necesidad de introducir como garantía los principios de mínima intervención y no revictimización, cuando participan en procedimientos judiciales como víctimas o testigos. En tal sentido, el Sistema Nacional de Protección de Niños y Adolescentes y la Unicef han exhortado reiteradamente a la protección de las personas menores de 18 años respetando dichos principios, ya que de no hacerlo el daño provocado puede llegar a ser muy grave. El principio de intervención mínima en los procesos judiciales consiste en procurar la menor invasión a su integridad física y psicoemocional, por lo que su participación debe de ser la mínima posible tanto en sus declaraciones como en las pruebas para evitar exponerlos a situaciones que alteran su salud psicoemocional, además se debe de evitar trastocar su entorno y las actividades propias de su edad como la asistencia a la escuela, las horas de juego o descanso, de otra manera se estaría revictimizando a las niñas, niños y adolescentes. Una vez que se inicia el proceso legal la revictimización trae consecuencias negativas que se suman a las del delito sufrido a la experiencia traumática que ha testificado. Por ello muchas veces el proceso resulta perjudicial para las personas menores de 18 años debido a que suelen tener que repetir su testimonio varias veces en diversas instancias del proceso. Quienes toman su testimonio por lo general no poseen la sensibilización necesaria ni existen directrices específicas para garantizar sus derechos en su calidad de víctimas. La infraestructura y los espacios en los que se desarrolla su participación generalmente es inapropiada e intimidante. Diversas diligencias son formuladas, exigidas como trámite sin adecuar el procedimiento a las necesidades de las niñas, niños y adolescentes para hacerlo eficiente y expedito, y en muchos casos se necesita declarar al mismo tiempo que la persona agresora. La propuesta a discusión resulta necesaria para garantizar el interés superior de la niñez, las y los legisladores de la cuarta transformación refrendamos nuestro compromiso con el cuidado, protección y bienestar de las niñas, niños y adolescentes, y ese compromiso implica evitar desde el ámbito legislativo situaciones ofensivas, estrés, angustia, ansiedad y sufrimiento que afecta en su pleno y libre desarrollo. Por una infancia plena, segura, feliz, sin violencia y libre de revictimización nuestro voto será a favor del dictamen. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.