EL DIP. CARLOS RAYMUNDO TOLEDO: Con su permiso, señor Presidente. El que suscribe, Carlos Raymundo Toledo, diputado de la LVIII Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos así como por los Artículos 51 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de la H. Cámara de Diputados la presente iniciativa de reformas al párrafo segundo del Artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, al primero y segundo párrafo del Artículo 13 y al Artículo 25 de la Ley Federal de Radio y Televisión a tenor de la siguiente Exposición de Motivos Esta iniciativa pretende dar respuesta a la petición de miles de compatriotas en el estado de Chiapas y particularmente de los que habitamos la franja fronteriza con Guatemala, quienes desde hace más de 20 años hemos sido testigos de la apertura que se ha dado en materia de información y de comunicaciones en el vecino país. Día a día en la región del Soconusco y bastante adentrados en nuestro país, podemos recibir en nuestros aparatos de radiorrecepción, las señales de múltiples radiodifusoras guatemaltecas, por medio de las cuales supimos, los habitantes de la frontera azul, lo que era la apertura en los medios de comunicación en materia de política partidista, y desde hace muchos años también hemos sido testigos de la apertura de un número de estaciones de radio de la Iglesia Católica e Iglesias Evangélicas, que difunden sus programas religiosos, culturales y educativos a través de ellas. En este mundo de hoy, inimaginable sin las comunicaciones, las Iglesias saben también que la búsqueda y el convencimiento de futuros feligreses, está en el adecuado uso de los medios. En nuestro país entre el primero de enero de 198 y el 31 de agosto del 2000, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, había autorizado la transmisión en medios electrónicos a más de 20,610 actos de culto público, es decir, 21 actos religiosos de carácter extraordinario autorizados por día. Por tener un punto de comparación, en 1996 se presentaron 56 solicitudes, de las cuales sólo se autorizaron 45 y 11 más se negaron por no llenar los requisitos. Desde 1998 no se ha negado una sola, esto sin contabilizar las numerosas barras de programas educacionales y de valores, que patrocinados por las más diversas Iglesias, van tomando más y más espacios en los medios, sobre todo en el radiofónico. Hasta a finales del año 2002 en lo que va de la presente administración, según datos proporcionados por Javier Moctezuma Barragán en el Coloquio La Libertad Religiosa en la Legislación Mexicana, se había celebrado más de 7,600 actos extraordinarios de culto público fuera de los templos, y alrededor de 16 mil actos de contenido religioso se habían difundido a través de la radio o la televisión. En los estados de Tamaulipas, Tabasco, Guerrero y Chiapas, por mencionar algunos de los más importantes, así como en las ciudades fronterizas del norte del país, se multiplican las barras nocturnas con programas de Iglesias Evangélicas, cada vez con más éxito en audiencia y penetración. En lo referente a las concesiones de medios masivos de comunicación no impresos, Moctezuma Barragán dice que existe gran convergencia entre líderes religiosos de diferentes credos y el interés institucional, para ahondar en el estudio de análisis de una probable apertura del Estado a favor de asociaciones religiosas en materia de administración, posesión o propiedad de medios masivos de comunicación no impresos. Tenemos la impresión de que hemos alcanzado un aceptable nivel de madurez en este rubro, para ampliar el reconocimiento y tutela de esta dimensión de la libertad religiosa, dice Moctezuma Barragán. La experiencia de otros países en este tema, sin duda nos dará importantes referencias para regular con transparencia y certidumbre, la participación de las asociaciones religiosas en esta materia. Los puntos que se deberán cuidar en los trabajos respectivos, es que no debemos olvidar la naturaleza de las asociaciones religiosas, cuyos fines se encuentran ajenos a los que implican preponderantemente el lucro, así como la decisión del Constituyente Permanente de que las asociaciones religiosas adquieran, posean o administren los bienes que sean indispensables para su objeto. El día 28 de enero de 1982 se publicó en el Diario oficial de la Federación el decreto por el que se reforman los Artículos 24, 27 y 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos entre otros. El Artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su párrafo final sobre la obligación de que los actos de culto religioso se celebren ordinariamente al interior de los templos y, sin embargo, remite a la Ley Reglamentaria los casos extraordinarios que pudieran celebrarse. Las reformas al Artículo 27 Constitucional permite a las asociaciones religiosas que se constituyan en los términos del Artículo 130 y su Ley Reglamentaria, la capacidad de adquirir, poseer y administrar exclusivamente los bienes que sean indispensables para su objeto, con los requisitos y limitaciones que establece la Ley Reglamentaria. El objeto de las reformas del 130 en líneas generales, consiste en establecer la separación del Estado de la Iglesia, asimismo establece que corresponde al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público, iglesias y agrupaciones religiosas y de igual manera que la ley reglamentaria respectiva será de orden público, desarrollará y concentrará las disposiciones que establece dicho numeral. Entre los aspectos importantes que establece esta reforma se prescribe que las iglesias y las agrupaciones religiosas, tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. Asimismo se dispone que en los términos de la ley reglamentaria, los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públicos y que como ciudadanos, tendrán derecho a votar pero no a ser votados, así como también que no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. En el dictamen aprobado el Constituyente Permanente esgrime los siguientes argumentos que motivaron la reforma: "...a lo largo de estos años nuestra sociedad ha ido evolucionando y transformándose, muchas de estas causas han requerido de la adecuación de nuestras normas jurídicas para imprimirle nuevos impulsos al desarrollo social"; por eso hoy el Estado Mexicano está modernizando su relación con los partidos políticos, con los sindicatos, con los grupos empresariales, con las iglesias, con los campesinos y las organizaciones en el campo y en las ciudades, con las comunidades indígenas dentro del cauce del estado de derecho y tomando en cuenta el pleno ejercicio de nuestra soberanía y el bienestar del pueblo de México. En este camino el Estado tiene presente las etapas históricas previas que lo constituyen y explican, retoma de ellas lo esencial y modifica aquello que convenga para el provecho de la sociedad. Dice el legislador "... el peso eclesiástico en la vida política y económica obligó al Estado Nacional a consolidarse bajo el signo del laicismo, pero no en el combate a la religiosidad del pueblo; la separación entre el Estado y la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX, principio básico del esfuerzo liberal no buscó perseguir creencias o eliminar convicciones, sino asegurar la consolidación del Estado Nacional y las libertades. Por respeto a las creencias de los mexicanos sigue diciendo el legislador- que es el ámbito de sus libertades, debemos dar a las relaciones entre el Estado y las iglesias, la transparencia y las reglas claras que demandan la modernización del país, debemos por eso fijar las bases para una clara y precisa regulación de las iglesias que la libertad de los mexicanos haya decidido que existan, para canalizar sus creencias religiosas con total respeto a quienes tienen otras o no comparten ninguna". Debemos reconocer que el contexto internacional de hoy no aconseja sustraernos como excepción nacional a las relaciones modernas y transparentes que privan entre el Estado y las iglesias. En más de 120 países se reconoce la existencia jurídica de las iglesias y las libertades de creencias y de asociarse para manifestar, son parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la misma Organización, signados por México. La personalidad jurídica les otorga a las asociaciones religiosas la capacidad de adquirir un patrimonio con lo que se sujetan al régimen fiscal. La reforma constitucional permite a las asociaciones religiosas puedan adquirir, poseer y administrar los bienes que sean indispensables para su objeto. Esta limitación está acorde con las iglesias, las cuales no tienen un objeto económico lucrativo. La sociedad mexicana tiene claridad en la percepción de los fines espirituales que persiguen las iglesias y con la misma claridad entiende que tales fines no están asociados a los de orden material o a los de cualquier forma de concentración patrimonial. Por otra parte, el día 15 de julio de 1992 se publicó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, este cuerpo normativo, según lo dispone el artículo 1º., está fundado en el principio de separación del Estado y las iglesias, así como en la libertad de creencias religiosas; es reglamentaria de las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de asociaciones, agrupaciones religiosas, iglesias y culto público y sus normas son de orden público y de observancia general en el territorio nacional. El artículo 16 de este cuerpo legal establece expresamente en su segundo párrafo la prohibición para que las asociaciones religiosas y los ministros de culto posean o administren por sí o por interpósita persona concesiones para la explotación de estaciones de radio y televisión o cualquier tipo de telecomunicación, así como para adquirir, poseer o administrar cualquiera de los medios de comunicación masiva, excluyéndose de dicha prohibición las publicaciones impresas de carácter religioso. Derivado de lo señalado en los preceptos anteriores, cabe señalar que en principio no existe una disposición o prevención en los artículos 24, 27 y 130 constitucional que establezcan una prohibición para que las asociaciones religiosas adquieran, posean o administren concesiones de cualquier naturaleza, cuanto menos de concesiones para la explotación de estación de radio y de televisión. En tal virtud, se estima que dicha limitación en el patrimonio de las asociaciones religiosas, es fruto de la voluntad del legislador ordinario y no del Constituyente Permanente, por lo que a efecto de que las varias veces señaladas asociaciones religiosas cuenten con capacidad jurídica para adquirir y explotar medios de comunicación sociales, son suficientes con realizar las reformas pertinentes al artículo 16 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Señor Presidente, ¿me permite terminar?