La diputada Beatriz Milland Pérez: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy esta Cámara tiene la responsabilidad de discutir y respaldar un dictamen que presenta un gran avance en la modernización de los procesos gubernamentales y en la lucha frontal contra una de las prácticas que más han dañado la confianza ciudadana, la corrupción de la obra pública. La reforma a esta ley, presentada por nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es un paso firme hacia la consolidación de un sistema de contrataciones públicas más eficiente, transparente y justo. Durante décadas el país ha sido testigo de cómo el desarrollo nacional ha sido obstaculizado por esquemas de contrataciones opacos, discrecionales y muchas veces diseñados para beneficiar a unos cuantos. Obras inconclusas, costos inflados y licitaciones amañadas han sido la constante en los diferentes órdenes de gobierno. Esta reforma busca corregir esas malas prácticas, pero, sobre todo, establece un nuevo paradigma, basado en la eficiencia, en la rendición de cuentas y en el uso de herramientas tecnológicas, esto para que garanticen el buen uso de que cada peso invertido debe de llegar a la obra pública. Uno de los aspectos más relevantes es la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas que establece un sistema electrónico oficial, transaccional, accesible y obligatoria para todas las etapas de la contratación, desde la planeación, la licitación, adjudicación y ejecución hasta el seguimiento y control y cierre de obra. Esta Plataforma sustituirá los sistemas fragmentados actuales y permitirá que cualquier persona pueda consultar en tiempo real la información sobre contratos, licitaciones, pagos y avances de obra. Este cambio representa una revolución en la administración pública. Todas las decisiones que se tomen deberán ser debidamente documentadas, con justificaciones técnicas que respalden cada paso y estará disponible para la ciudadanía, medios de comunicación, órganos de fiscalización y autoridades competentes. Un eje fundamental de esta reforma es el combate estructural a la corrupción, ya no solo se trata de sancionar los actos ilícitos una vez cometidos, sino que tiene que construir un sistema legal que cierre los espacios de discrecionalidad, elimine incentivos perversos y establezca controles preventivos en cada etapa del proceso. Se incorpora un nuevo esquema organizacional en materia de contrataciones públicas que establece con las responsabilidades de cada actor, reduciendo los márgenes de interpretación ambigua y fortalece la rendición de cuentas. También se faculta a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para administrar la plataforma digital y emitir lineamientos que refuercen la planeación, ejecución y control de las obras públicas. Esto garantizará un enfoque coordinado, especializado, centrado en la integridad pública. Además, se fortalecen los criterios técnicos para la evaluación de propuestas y se incorporan mecanismos que obligan a las empresas a competir, en términos reales, de eficiencia y costo-beneficio para el Estado. Ya no bastará cumplir mínimamente, ahora se exigirá calidad, solvencia y compromiso con el servicio público, pero un cambio verdaderamente importante es el reconocimiento formal del papel de los testigos sociales y los subcomités con facultades de vigilancia ciudadana. La participación social en la supervisión de los procesos de obra pública es una señal clara de que este gobierno no teme al escrutinio, porque quien actúa con honestidad, transparencia y legalidad, no tiene nada que esconder. Compañeras y compañeros, aprobar esta reforma es estar del lado del pueblo. Este dictamen que discutimos el día de hoy es el resultado de una visión más moderna del Estado y una exigencia ciudadana clara, acabar con la corrupción y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos que son de las y los mexicanos. Es cuanto, diputada. Retiro mi reserva.