El diputado Manuel Velasco Coello: Con su permiso, diputada Presidenta; compañeras y compañeros diputados: la contaminación daña considerablemente los mares y océanos de la nación, y en gran medida ésta se debe al ser humano. Al igual que la atmósfera, los mares y océanos tienen gran capacidad de adaptación, la cual se está acercando a sus límites. Es un hecho que cada año los barcos derraman 600 mil toneladas de petróleo en el mar; por tanto, no es extraño que muchos peces sean inadecuados para el consumo humano. Sin embargo, esto no detiene a los pescadores; algunos de ellos incluso utilizan redes kilométricas que se arrastran atrapando delfines y otras piezas que no sean necesarias. Los excesos en la pesca conducen a una captación de peces cada vez menor. En general, profundos son los problemas ambientales que se generan en las zonas marinas y oceánicas, los cuales demandan que se realicen programas de conservación y que se apliquen las leyes y sanciones pertinentes en las zonas donde la nación tiene injerencia, con el único fin de contar con un medio ambiente sano para todos. Ejemplo de esta contaminación marina son los barcos cruceros, que dejan atrás estelas de aguas residuales, basura, sustancias químicas tóxicas y contaminación atmosférica en alguno de los lugares más vulnerables y valiosos del planeta, como son los mares. Por otra parte, México es uno de los países más ricos en cuanto a recursos marinos, debido a su amplia diversidad biológica. Esta biodiversidad responde en gran parte a la situación geográfica en nuestro país y a la extensión territorial del mismo. La Constitución establece en su artículo 42 la extensión del territorio nacional, y es sobre éste que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Al respecto, la Constitución y la Ley Federal del Mar, en sus artículos 27 y 23, respectivamente, establecen que la nación ejerce soberanía en una franja del mar denominada "mar territorial", la cual es una zona adyacente tanto a las costas nacionales, sean continentales o insulares, así como a las aguas marítimas interiores. Sin embargo, existe una zona más allá de lo que es considerado territorio nacional donde también se ejerce este poder. La Constitución establece en su artículo 27 que la nación ejercerá en una zona económica exclusiva, situada fuera del mar territorial y adyacente a éste, los derechos de soberanía y las jurisdicciones que determinen las leyes del Congreso, la cual es un área situada a 200 millas náuticas, contadas de las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial. En esta zona, la nación ejerce derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, ya sean renovables o no renovables. En términos generales, se puede decir que la soberanía y jurisdicción de la nación se extienden más allá de los límites de lo que nuestra Carta Magna señala como territorio nacional. No obstante lo anterior, nuestra legislación en ocasiones circunscribe su ámbito espacial de validez al territorio nacional, limitando así su esfera de acción. En algunas leyes ya se subsana este error común, como en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en su artículo 1o. Esta consideración es relevante, ya que las disposiciones, los programas y los proyectos que se enumeran en la ley citada deberán abarcar no sólo las zonas determinadas como el territorio, sino también aquellas sobre las que el Estado ejerce soberanía y jurisdicción. Esta prolongación protege y conserva los recursos naturales no sólo dentro del territorio nacional, sino también en las zonas periféricas que específicamente lo permiten. Así, la Ley de Aguas Nacionales únicamente menciona que la extensión de la ley es aplicable al territorio nacional, lo cual exclusivamente nos remite a lo anteriormente contemplado en la Carta Magna y no estipula que esta misma pueda aplicarse dentro de las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Como fue expuesto, existen acciones como las ejercidas por los cruceros en aguas marinas, específicamente nos referimos a la descarga de aguas residuales que generan, las cuales agreden el equilibrio natural existente en los mares y océanos, alterando sus niveles de adaptación y generando niveles considerables de contaminación. Por tanto, siguiendo el espíritu de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, debemos corregir el vacío de poderes de la ley en comento y, en atención a lo anteriormente expuesto, sometemos a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1o., primer párrafo, de la Ley de Aguas Nacionales, para quedar como sigue: Artículo 1o. La presente ley es reglamentaria del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas nacionales. Es de observancia general en todo el territorio nacional y en las zonas donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad para lograr su desarrollo integral sustentable. Es cuanto, diputada Presidenta.