El diputado José Guadalupe Aguilera Rojas: Con su venia, diputado presidente. Compañeros, compañeras. Honorable asamblea, las disposiciones legales contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal tuvieron como propósito realizar aportaciones a las entidades federativas y a los municipios, a partir de los recursos obtenidos a lo largo del territorio nacional por el gobierno de la República. Nos referimos fundamentalmente a los dos principales impuestos que contribuyen a dar forma al modelo al que hemos hecho referencia; el cobro al IVA y al ISR. La enorme dependencia que reflejan la mayor parte de las administraciones locales con respecto a la administración federal, se ha convertido en un grave obstáculo para el desarrollo de muchas zonas del país. Al denominado centralismo fiscal que prevalece actualmente se suman las dificultades inherentes al conocimiento de las reglas a seguir para obtener los recursos y los problemas vinculados a su cumplimiento, configurando un escenario en el que resulta difícil avanzar a pesar de las buenas intenciones de las partes a coordinar. Un prestigiado economista se refiere de esta forma a las dificultades descritas. Las entidades federativas y los municipios prácticamente no tienen fuentes propias de tributación. A partir de 1980, con la Ley de Coordinación Fiscal las entidades federativas renunciaron a ejercer una muy buena parte de sus potestades a cambio de recibir un porcentaje de la recaudación federal participable. En la actualidad los presupuestos estatales y municipales dependen en una muy alta proporción de las transferencias de la federación. El retraso para acceder a los recursos, así como la insuficiencia del monto de estos es el mayor de los casos, demanda la acción revisora del Poder Legislativo. En este contexto, es necesario recordar que además de las dificultades a las que hemos aludido, existe otro factor que requiere la pronta acción del Congreso, nos referimos a la discrecionalidad con que actúa la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo la administración de estos recursos, afectada en no pocas ocasiones por motivos que escapan al espíritu original que dio su aprobación por la Cámara de Diputados, dando lugar a prácticas consistentes en la reducción y/o negociación de los recursos aprobados sin el menor conocimiento del Poder Legislativo. Entre la crónica insuficiencia de recursos podemos ubicar una actitud complaciente en la que han incurrido las autoridades hacendarias, manteniendo inercias con el trato preferencial a grandes contribuyentes, estimándose pérdidas de ingresos por montos que fluctúan entre los 400 y 500 mil millones de pesos anuales. A cambio hemos observado una tendencia a seguir manteniendo una reducida base gravable de alrededor de contribuyentes cautivos, quienes en el terreno de los hechos proveen los ingresos que llegan a las arcas públicas. Al respecto, es de gran ayuda la siguiente reflexión. Evaluadas por resultados las reformas que en materia fiscal efectuadas a partir de 1983, dejan mucho qué desear. No han podido lograr alcanzar los objetivos que de ella se esperaban. Por ello, compañeros y compañeras, si se desea convertir a esos órganos en verdaderas instancias de gobierno, es indispensable dotarles, no solo con recursos que les permitan atender situaciones coyunturales, como se han hecho desde hace mucho tiempo, postergando simplemente los problemas. Estoy convencido que los ayuntamientos son la primera instancia de atención de los ciudadanos, por ello propongo la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo Primero. Se reforma el primer párrafo del artículo 2o. de la Ley de Coordinación Fiscal, para quedar como sigue: Artículo 2o. El Fondo General de Participaciones se constituirá con el 40 por ciento de la recaudación federal participable que obtenga la federación, distribuyéndose un 25 para los estados y un 15 por ciento para los beneficios. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias.