El diputado Jaime Cervantes Rivera: Con la venia de la Presidencia. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, para quienes creíamos que el día del presidente había terminado con la reciente reforma al artículo 69 constitucional, nos hemos llevado un chasco. Ahora el Ejecutivo federal no es el centro de atención del Congreso de la Unión, pero sí lo es la telecracia. La residencia oficial de los Pinos se ha convertido en el primer estudio televisivo del país. Sin embargo, y para desgracia de millones de mexicanos, la imagen del Ejecutivo de televisión jamás podrá borrar la dolorosa realidad del desempleo, pobreza, marginación, exclusión, violencia, inseguridad y desesperanza que padecemos todos los días. Aprovechando de manera tramposa los cambios constitucionales en materia de rendición de cuentas a la nación, Calderón está montando una estrategia de manipulación a los mexicanos presentándose como el salvador de la patria y como un político que está cumpliendo sus promesas de campaña. Calderón continúa con la estrategia panista de gobernar con el apoyo y la complicidad de los propietarios de los medios de comunicación. La telecracia es su aliado para intentar seguir engañando a los mexicanos y tratar de ocultar la realidad de este país. En el sexenio anterior, Vicente Fox se jactaba de gobernar y resolver los problemas por teléfono, como Chiapas en 15 minutos. Ahora Calderón pretende hacerlo con base en spots reiterativos, supuestamente para vivir mejor. Sólo Calderón se puede jactar de vivir mejor, con mayor inseguridad y más violencia en todo el país. Vivir mejor, con más desempleo. Vivir mejor, con precios más altos en alimentos y medicinas. Vivir mejor, con gasolinazos y precios más altos del gas y del diesel. En 30 días llevamos 6 aumentos. Vivir mejor, con más pobreza en el campo y mayor migración hacia los Estados Unidos. Para desgracia de quien nos gobierna, la realidad se encarga de echar abajo todos y cada uno de los supuestos logros del gobierno. La ciudadanía se ve agraviada por la comisión de diversos delitos. El hecho irrefutable es que sufrieron una agresión en su persona o patrimonio y que los órganos del Estado encargados de procurar justicia son ineficaces e ineficientes para perseguir y castigar a los delincuentes. Lo que más nos agravia es la impunidad, porque los ministerios públicos y la policía ministerial ni investigan ni detienen a los delincuentes. La administración de justicia ha sido permeada por la corrupción. Es indudable que la administración federal no tiene una estrategia coherente y realista para resolver los graves problemas de inseguridad pública que padecemos. El crimen organizado se apoderó del país y de las instituciones públicas. El reciente Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, convocado por Calderón no resuelve ni resolverá nada de este grave problema. En este país los pactos nunca han servido para nada. Lo que se necesita es que a los encargados de la procuración de justicia no les tiemble la mano para aplicar la ley, ni que tampoco se vendan. Este acuerdo representa una burla a los mexicanos, porque para actuar de inmediato no se requiere la firma de ningún documento mediante un acto rimbombante, cortesano y antidemocrático. Para nadie es desconocido, excepto para Calderón, que lo que se necesita para combatir la delincuencia es dar empleos dignos y bien remunerados a los mexicanos, así como garantizarles opciones de superación a través de la educación y la vinculación con los centros de trabajo. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, está claro que el país necesita cambiar el modelo económico neoliberal que ya está agotado, que sólo privilegia a las clases poderosas y que excluye totalmente a las mayorías. En este modelo fracasado se fundamenta la raíz de todos los problemas que sufrimos como país. Las experiencias económicas que han sido exitosas para México son tildadas por la tecnocracia neoliberal como populistas, pero olvidan decir que gracias a ellas se generó la infraestructura del país, se creció a ritmos nunca antes vistos, se generaron millones de empleos; en cambio ahora somos el país de América Latina que menos crecerá en 2008. De 20 países ocuparemos el vigésimo lugar. A ocho años de los gobiernos panistas, incluyendo los dos de Calderón, los problemas del país se agravaron de manera creciente y preocupante. No tenemos presente ni futuro con esos gobiernos. La generación de empleos prometida por Calderón en su campaña —cuando se autoproclamó como "presidente del empleo"— es un fraude más a los mexicanos. De la misma manera, cada día hace esfuerzos por legitimar su titularidad, cuando las elecciones de 2006 fueron y siguen siendo severamente cuestionadas. Incluso su gobierno reconoce que pretendió engañarnos con datos falsos acerca de la generación de empleos, que tuvieron que ser desmentidos, cuando dijeron que se habían equivocado en la metodología usada por el lNEGI y por el Seguro Social. Como una muestra irrefutable de la incapacidad de la actual administración tenemos el descomunal incremento de los precios de alimentos que consumen cotidianamente los mexicanos. Hoy un kilo de huevo cuesta 22 pesos, el kilo de bistec está en 86 pesos y así sucesivamente, todos los bienes básicos se han incrementado vertiginosamente. Los funcionarios de Hacienda y del Banco de México han afirmado reiteradamente que los incrementos a los combustibles no propiciarían un mayor incremento de los precios, pero los hechos muestran que la inflación de los alimentos es imparable y perdurará por varios años. No olvidemos que en agosto de este año se han presentado 6 incrementos a gasolina y diesel, mismos que han mermado el poder adquisitivo de los mexicanos y reducido sus condiciones de vida. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, mexicanos que nos escuchan, el mal desempeño de los gobiernos panistas en el manejo de la economía ha unificado a todos los sectores golpeados por la política económica neoliberal en un fin común: desterrar al PAN del gobierno y dar un viraje drástico en este tema. La movilización social no sólo se preocupa por cambiar la economía, también está en pie de lucha para defender los recursos del subsuelo que son propiedad de la nación y los que genera nuestra industria eléctrica. El intento de privatizar Pemex ha sido y está siendo rechazado mayoritariamente por los mexicanos, quienes tienen claro que Calderón, junto con Mouriño y camarilla, se quieren beneficiar del petróleo. El movimiento de resistencia civil pacífica para defender el petróleo, encabezado por López Obrador, logró impedir que las iniciativas presentadas por Calderón fueran aprobadas en un albazo legislativo. Los debates realizados en el Senado mostraron que no hay justificación técnica, legal y financiera para entregar nuestra industria petrolera al capital nacional y extranjero. Por el contrario, la extranjerización de la banca se convierte en un ejemplo contundente de lo que nos pasaría con el petróleo si permitiéramos su privatización. Por el contrario, los debates arrojaron dos experiencias contundentes que no tienen paralelo en nuestra historia: la primera de ellas es que los mexicanos sí estamos capacitados para opinar sobre los problemas que nos aquejan y proponer soluciones viables; prueba de ello son las iniciativas que presentó el Frente Amplio Progresista, producto de esos debates. Las propuestas que recogió el FAP sobre esta materia demuestran que es posible modernizar nuestra industria petrolera sin necesidad de que la iniciativa privada nacional y extranjera se apropien de ella. La segunda experiencia se refiere a la participación directa del pueblo mexicano en un ejercicio democrático para decidir el rumbo de nuestra industria petrolera, a través de la consulta ciudadana que se realizó a lo largo y ancho de nuestro país, donde se rechazó abrumadoramente la propuesta de Calderón de entregar la riqueza petrolera a los particulares. Este ejercicio democrático mostró que nuestro país tiene el talento para transitar a la democracia directa y participativa y ha llegado la hora de que en el Congreso de la Unión cumplamos con nuestra responsabilidad histórica de recoger la demanda de la ciudadanía, para que establezcamos a nivel constitucional el referéndum, el plebiscito y la revocación del mandato como piedras angulares de la participación ciudadana. Por esta razón, en este nuevo periodo ordinario de sesiones que se inicia, el Partido del Trabajo y su Grupo Parlamentario apoyarán con firmeza y decisión las iniciativas que en materia petrolera han sido signadas por el Frente Amplio Progresista, porque así lo mandata el pueblo mexicano. Queremos dejar claro también que no claudicaremos en la defensa del petróleo y de la energía eléctrica como parte del patrimonio nacional e impediremos a toda costa su privatización. De la misma manera, defenderemos las conquistas a favor de la clase trabajadora ante el embate de la derecha, que pretende realizar una contrarreforma a uno de los pilares de nuestra Constitución: los derechos laborales. Los legisladores del Partido del Trabajo defenderemos en la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación temas centrales como dar más recursos al campo, a la educación pública, a la salud, a la generación de empleos para apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas, así como para el combate a la pobreza. Compañeras y compañeros legisladores, iniciamos hoy el último año de ejercicio de esta LX Legislatura. Nuestro reto sigue siendo que refundemos a la república; que hagamos y aprobemos leyes que beneficien a las mayorías y no sólo a los poderosos, como hasta ahora ha sucedido; que apostemos por un país donde quepamos todos. Queremos dejar claro que el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo mantiene firme su posición de no permitir la privatización del petróleo, porque Pemex no se vende. Pemex es de los mexicanos. La patria se defiende. Viva el Movimiento de Resistencia Civil y Pacífica. Viva Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de los mexicanos. Viva México.