El diputado Cuauhtémoc Velasco Oliva: Señor Presidente, respetuosamente solicito que por encontrarse publicada la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria se inserte íntegramente la misma en el Diario de los Debates, no obstante deseo hacer algunas reflexiones. Compañeras diputadas y compañeros diputados, lamentablemente la cultura de la corrupción en México ha arraigado profundamente en la vida nacional y prácticamente se ha institucionalizado. Así como ocurrió este proceso, en esa misma proporción nos cuesta y afecta a todos por igual. Las conductas contrarias a la ley se presentan en casi todos los niveles de gobierno y en el caso de la licitación de obras el manejo discrecional de asignación de contratos es campo fértil para muchas acciones de corrupción. La Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma establece que las dependencias y entidades podrán contratar obras públicas y servicios mediante los procedimientos de licitación pública, invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa. Uno pensaría que con estas disposiciones se evitan actos de corrupción. Revisemos qué pasa en la realidad. Vemos convocatorias hechas a la medida para favorecer a ciertas empresas privilegiadas. Muchas veces el proveedor que se encuentra coludido con los funcionarios de la dependencia o entidad de que se trata, cotiza hasta el momento en que se le da la copia de las condiciones de los otros licitantes, para que estén en condiciones de hacer una oferta por debajo de las propuestas económicas de sus competidores, cuyas propuestas más económicas se descalifican; para evitar que presenten alguna inconformidad lo amenazan o le prometen otra obra. En licitaciones públicas nacionales o internacionales, se reciben por separado la propuesta técnica en un sobre y la propuesta económica en otro. Primero se procede a la apertura de propuestas técnicas, se revisan por los responsables las disciplinas mecánica, civil, eléctrica, instrumentación, etcétera y permanecen los sobre económicos de 20 a 30 días calendario en poder de las áreas de finanzas. Durante este tiempo no hay garantía de que no manden clonar con las imprentas los sobres de los licitantes, cuyos sobres originales muchas veces se violan. A los proveedores o contratistas que significan peligro por presentar propuestas más económicas que los funcionarios "apadrinan" —entre comillado—, los descalifican técnicamente. Por consiguiente, se compra siempre en las condiciones técnico-económicas más adversas para la nación. Suele ocurrir también que se cambien las bases de licitación para imponer las más convenientes para la empresa a favorecer. De ahí resultan obras mal hechas a costos más altos. En la prensa nacional y aquí mismo, se ha publicitado mucho lo que ha pasado con el complejo petrolero de Cantarell, todo lo de Perforadora Central, licitaciones que se declaran varias veces desiertas y que finalmente —en el caso de plataformas marinas— ¿a quién favorecen? Pues a Oceanografía, SA de CV. En Comisión Federal de Electricidad, así como en Pemex, la situación es similar. En un documento interno de la paraestatal el licenciado Manuel de Jesús Olvera Masariegos, en ese entonces titular del órgano de control de ese organismo expresó "debido a la multiplicidad de irregularidades que se cometen en la licitación y construcción de las obras de Comisión Federal de Electricidad, así como que estas prácticas son de todos conocidas por empresas internacionales, los beneficios que pudieran resultar no se obtienen, ya que la Comisión Federal se encuentra catalogada como una entidad operada por funcionarios corruptos que impiden la participación de empresas en las áreas de generación, transmisión y distribución". Un ejemplo patético fue lo que pasó recientemente con La Yesca, que una propuesta, la más económica, la echaron abajo a pesar de que tenía una diferencia de 100 millones de dólares. ¿Para qué? Para finalmente dársela a la ICA. En otras partes de la vida nacional contemplamos exactamente la misma situación a nivel federal, a nivel local y a nivel municipal. ¿Por qué? Porque es necesario que se transformen una serie de procedimientos para que las licitaciones se puedan hacer de manera más pública y mucho más transparente. Es por eso que esta iniciativa propone una serie de modificaciones a la Ley de Obras y de Adquisiciones con el fin de que se transparenten los procesos de licitación, limitando a la posibilidad de adjudicación directa de obras y servicios en todas las dependencias del gobierno federal. Que el procedimiento asimismo de licitación sea público y se contemple la construcción de salas de evaluación. Que estas mismas salas cuenten con una sola entrada y se instale un arco detector para evitar que se introduzcan o sustraigan documentos y contarán con un sistema de audio y vídeo grabación. Que en toda compra, licitación y formalización de contratos sea requisito ineludible que se haya realizado el protocolo de utilizar tinta invisible, tecnología disponible en el mercado. Es decir, aprovechar el avance tecnológico para poder manejar estas licitaciones en forma más eficiente y que se preste menos a corruptelas. Se trata, en síntesis, de una serie de mecanismos que promoverían una nueva cultura en la licitación de obras y servicios públicos y que le harían mucho bien a nuestro país. Por su atención, muchas gracias.