El diputado Pedro Vázquez González: Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladores. Acudo a esta tribuna a nombre de la Comisión de Justicia para fundamentar el dictamen que se nos presenta, al tenor de las siguientes consideraciones. El dictamen corresponde a la iniciativa que presenté con el objeto de reformar diversos artículos de la Ley de Amparo en vigor en materia de menores e incapaces. Ésta tiene por objeto atender el interés superior del menor e incapaz, con el fin de proporcionar protección y certeza jurídica a los menores e incapaces en el juicio constitucional para que se les exceptúe de presentar copias de la demanda como requisito indispensable para que ésta sea admitida a trámite. Pretendemos también ampliar la legitimación para que cualquier persona pueda promover el juicio de garantías a favor de los menores. Se elimine el desistimiento y la caducidad por inactividad procesal, así como suplir las actuaciones defectuosas de los menores e incapaces durante todo el trámite del juicio constitucional tanto de los recursos como de los incidentes. El primer antecedente constitucional a favor de los menores e incapaces es el que quedó establecido por la reforma de fecha de 20 de marzo de 1974. Originalmente en el artículo 107, a fin de incorporar la suplencia de la queja en los juicios de amparo contra actos que afecten los derechos de los menores e incapaces. Los criterios de interpretación de los tribunales federales han considerado que el interés superior del menor, no sólo corresponde en exclusiva al padre o a la persona que ostenta la representación o la patria potestad del menor, sino que dicho interés pertenece a la sociedad en forma genérica por tratarse de una cuestión de orden público de carácter colectivo. En este sentido es importante mencionar el papel que ha desempeñado este Poder Legislativo al aprobar el pasado 12 de octubre del presente año, y que fue ya publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma al párrafo sexto del artículo 4o., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el que se adicionó en lo que nos interesa. Artículo 4o. En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional de las Naciones Unidas por los estados firmantes, y éstos reconocen los derechos del niño. Nuestro país se adhirió a esta Convención el 26 de enero de 1990, y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991, por lo que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Carta Magna, tiene una jerarquía de ley suprema. Compañeras y compañeros legisladores, el pasado 20 de noviembre se conmemoró el vigésimo segundo aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. De aprobarse este dictamen, haremos un justo reconocimiento a sus derechos. Además, en el presente dictamen no estamos aumentando indiscriminadamente las sanciones. No estamos llevando al catálogo de delitos graves ningún ilícito ni estamos instaurando la pena vitalicia, estamos protegiendo los derechos de los menores e incapaces, que son el presente y el futuro de México. Por estas consideraciones, los invitamos, compañeras y compañeros legisladores, a votar a favor del presente dictamen que está presentando la Comisión de Justicia; por su atención gracias. Diputado presidente, es cuanto.