El diputado Francisco Alfonso Durazo Montaño: Gracias. Compañeras y compañeros diputados, uno de los resultados del rápido aumento de la población urbana es que millones de personas sin capacidad económica viven hacinados en barrios y asentamientos ilegales, en condiciones de vida por debajo de los niveles necesarios para garantizar la salud de sus familias y comunidades. A pesar de los avances logrados enfrentamos retos de magnitudes considerables. México sigue presentando dos facetas marcadamente contrastantes. Una enorme dispersión de la población rural, aunque el porcentaje de personas que habitan en tales comunidades ha disminuido. Y, número dos, una muy importante concentración poblacional en pocas ciudades, particularmente en nuestras cuatro zonas, grandes zonas metropolitanas: Valle de México, Guadalajara, Monterrey y Puebla, donde habita cerca del 28 por ciento de la población nacional. En 1950, poco menos del 43 por ciento de la población de nuestro país vivía en localidades urbanas. En 1990 era de 71 por ciento y para 2010 esta cifra aumentó a casi 78 por ciento. En 2003, cerca de 125 mil familias se asentaban de forma irregular en nuestro país, ello representa un serio problema, ya que en tales comunidades la pobreza y la marginación son especialmente graves, y la construcción de los hogares es altamente vulnerable. Dichos asentamientos se han presentado principalmente en áreas no aptas para el crecimiento urbano, ya sea por tratarse de superficies destinadas a la preservación ecológica, cuya consistencia en muy frágil y riesgosa; o bien, en terrenos sujetos al régimen ejidal o comunal o de propiedad privada, originadas por la demolición de antiguos depósitos o viejos edificios que han estado vacantes por años. Reconocemos que los retos de la urbanización requieren una visión integral del desarrollo que involucre aspectos ambientales, sociales, económicos y políticos. Este dictamen plantea reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Asentamientos Humanos, para ampliar el objeto de dicho ordenamiento, abriendo la posibilidad de fijar las normas básicas tendientes a garantizar la seguridad y protección civil de sus habitantes, previniendo, con mayor eficacia, riesgos naturales derivados de los asentamientos humanos. Busca también, apoyar en la formulación de los atlas de riesgo y servicios tendientes a la seguridad de los asentamientos humanos, la delimitación de zonas de riesgo, la reubicación de población en riesgo, y el establecimiento de franjas de protección y amortiguamiento. En las ciudades se necesitan estas normas más específicas para el desarrollo urbano, con sanciones fuertes para quienes violan la ley y con estudios específicos que determinen hasta dónde y en dónde crecer. La catástrofe generada por el paso de las tormentas Manuel y el huracán Ingrid, refleja que las políticas públicas trazadas para enfrentar la vulnerabilidad del país frente a estos fenómenos llegaron tarde y cuando llegaron no se implementaron adecuadamente. Este dictamen a debate modifica también o incluye algunos transitorios que establecen que las entidades federativas deberán adecuar su legislación en materia de desarrollo urbano, en un plazo no mayor de seis meses. Establece también, que transcurrido el plazo, al que alude este plazo, para que una entidad federativa pueda acceder a recursos federales en la materia, deberá haber actualizado su legislación, de acuerdo con lo dispuesto en este ordenamiento. Por estos razonamientos y exposiciones, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadanos emitirá su voto a favor del presente dictamen. Gracias, por su atención.