El diputado José Guillermo Anaya Llamas: Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública nos presentamos en esta asamblea para presentar un dictamen de reforma a los artículos 3o. y 10o. de la Ley de la Policía Federal, para refrendar el compromiso que hemos sostenido al analizar las iniciativas y proposiciones que inciden en los derechos humanos de los mexicanos. En este caso toca el estudio de la iniciativa presentada por el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Las fuerzas policiales en México han sufrido con razón a veces, sin razón a veces, un desprestigio generalizado. Afirmar que todos los policías son malos, es juzgar a una profesión, a una vocación de servicio por la minoría de sus elementos que sucumben a veces en la tentación del abuso de su autoridad y de su poder. Sin embargo por naturaleza humana también es común el tomar el muestreo poco representativo de los elementos corruptos pero que son más visibles mediáticamente e ignorar el esfuerzo que cada día realizan los verdaderos policías que entienden lo esencial de su labor y arriesgan su vida prácticamente todos los días. Por ello reconocemos que la democracia en México es joven y que las llagas que ha dejado el autoritarismo del siglo pasado hacen que el uso legítimo de la fuerza como monopolio con el que cuenta el Estado para mantener la soberanía interior, se vea hoy todavía con recelo. Por ello nuestra Carta Magna, la primera Constitución social del mundo, recogió desde su inicio de vigencia un capítulo dirigido a la tutela de los derechos fundamentales conocidos como garantías individuales. En su redacción original nuestra Constitución marcaba que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. Con el tiempo dichas garantías fueron ampliándose tanto en los primeros 29 artículos de la misma como a través de los instrumentos internacionales firmados con nuestro país. Sin embargo es con la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 2011 que se le da un reconocimiento legal pleno a estos últimos en el mismo artículo 1o. que dice: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajos las condiciones que esta Constitución establezca. Amigas y amigos, el respeto a estos derechos humanos en un inicio corresponde a la autoridad, lo cual es relevante sobre todo frente a la falsa dicotomía de la seguridad frente a las libertades humanas que sale a relucir sobre todo en el servicio público relativo a la seguridad consagrada en el numeral 21 constitucional. Por ello es necesario que para restaurar el respeto inherente a la función policial, se comience por los fundamentos de su actuación y de su interacción con quienes son el objeto de su función, de proteger y de tutelar que los integrantes de las instituciones de seguridad pública tengan un conocimiento cabal de los límites de su actuación, que comienzan con el eminente respeto a la dignidad humana. Por ello la Comisión de Seguridad Pública considera atendible la intención del iniciante de homologar los principios que deben atender la Policía Federal con la reforma constitucional del 2011, además de contemplar la posibilidad de que celebren convenios institucionales para que se enriquezca la formación en la carrera policial con una base sólida de derechos humanos. De esta manera se impacta directamente a los mexicanos al mejorar no de forma superficial, sino sustancialmente a los cuerpos policiacos. Por ello es que a nombre de la comisión que presido de seguridad pública venimos a pedirles su voto a favor del presente dictamen. Muchas gracias.