La diputada Lidia García Anaya: Con la venia de la Presidencia. Primero que nada, quiero recordar desde esta tribuna, que en noviembre de 2019 fue discutido este dictamen de la Comisión de Hacienda, referente a la Ley de Instituciones de Crédito. Después de diversas sumas de voluntades llegó al Senado de la República para mayor análisis y es devuelto para su aprobación a la Cámara de Diputados. Soy partidaria de los razonamientos lógicos, del fortalecimiento institucional y de la justicia social. Es por ello que esta lucha en la que coincidimos legisladores de diferentes colores partidistas lleva implícito el sencillo objetivo de proteger a los ciudadanos y moderar que los mecanismos que coadyuven al buen ejercicio gubernamental, no vulneren los derechos humanos de nuestras familias mexicanas. Me reitero a favor de la transparencia y de la rendición de cuentas, de garantizar procesos administrativos y judiciales legales y legítimos. Por lo cual, le solicito al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, equilibrar la necesidad de dar resultados en el combate a la corrupción, el cual compartimos y que los delitos que han lacerado a nuestra patria sean corregidos. Pero no por ello debemos afectar a personas inocentes, dejándolas en estado de indefensión y más aún, viendo perdido el patrimonio que con base en el esfuerzo y trabajo arduo han construido. Esta reforma no es en contra de la delincuencia organizada, es en contra de personas físicas y de personas morales, con nombre y apellido, que han visto vulnerados sus derechos y la legalidad en la cual vivimos. No existe necesidad de aprobar un dictamen que deja en indefensión a los ciudadanos, vulnerando sus derechos de libre audiencia y, sobre todo, de notificación. La reserva que yo presento es la que se ha solicitado desde el año 2019, en el mes de noviembre. Primeramente, que la notificación sea por escrito, por escrito, por la Unidad de Inteligencia Financiara. Si es la autoridad la que bloquea, se dice no a las cuentas sino a las personas, también debo aclarar, yo no estoy pidiendo una notificación previa, no le vamos a avisar a aquella persona. Estamos solicitando una notificación a posteriori. Está bien, si hay movimientos inusuales financieros hay el bloqueo de cuentas, y que se le notifique a esa persona física o moral. No puede la Unidad de Inteligencia Financiara... protegerse en decir que la Unidad de Inteligencia Financiara no cuenta con recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo las notificaciones personales. Entonces, si no tiene la capacidad en función de los recursos humanos y materiales, que modifique su estructura, porque para eso tiene un recurso y depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Esto que les estoy comentando viene en el dictamen, en los considerandos, en el punto tres. También es cierto que se dice que la notificación debe realizarse por escrito o por medios digitales. Y no le puede dar esta responsabilidad a las instituciones nacionales de crédito. Que la Unidad de Inteligencia Financiara asuma su responsabilidad, asuma su compromiso y que no violemos el principio de seguridad jurídica y, sobre todo, de garantía de audiencia, artículos 14 y 16 constitucionales. No se trata, como lo he dicho varias ocasiones aquí desde esta tribuna, de colores o de partidos políticos, se trata de que vengamos a legislar con responsabilidad, porque estamos aquí por el voto de los ciudadanos. Qué pena que se diga que aquí que quienes estamos en contra de este dictamen estamos beneficiando al lavado de dinero. Por lo menos su servidora lo dice desde esta tribuna: a las pruebas me remito y que me investiguen y que me verifiquen lo que yo tengo. Así como a mi persona, a muchos diputados de esta Cámara que han trabajado con honestidad y con transparencia.