La diputada Laura Margarita Suárez González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la discapacidad es un problema que afecta a una gran parte de la población mundial y su magnitud se acrecienta por sus repercusiones en la familia y en la sociedad, lo cual deriva en un franco deterioro en la calidad de vida de quien la padece y un incremento en los costos de atención médica, entre otros. La población con discapacidad debe ser un grupo de especial atención, principalmente porque representa un fenómeno social que tiene implicaciones sobre la dignidad de la persona humana. Ello demanda la acción positiva del Estado y la sociedad para generar las políticas y acciones integrales para su atención. Todo gobierno tiene la obligación de responder con eficacia a las crecientes necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, y con mayor razón si se trata de quienes se encuentran en situación adversa ante la vida. Por ello, sólo es posible si se conocen sus necesidades y demandas primordiales. En nuestro país, a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno y sus instituciones, lamentablemente no se tienen datos confiables y actualizados acerca de la población con discapacidad debido, entre otras causas, a la falta de solidaridad y de una cultura en la que los mexicanos aprendamos a convivir, valorar y respetar las diversidades, haciendo a un lado prejuicios y estigmas que sólo nos separan como sociedad. Si bien es cierto que a través de los censos es como se obtienen los datos sobre la población de un país y sus características, también lo es que éstos tienen lugar cada 10 años; sin embargo, durante este lapso, países como el nuestro, donde la dinámica de la población es permanente, requiere de herramientas e instrumentos que permitan conocer de inmediato las características y necesidades actuales de la sociedad. En este sentido, la iniciativa que reforma el artículo 8 de la Ley General de las Personas con Discapacidad y adiciona la fracción V al artículo 389 de la Ley General de Salud, establece que la Secretaría de Salud expida el Certificado de Reconocimiento y Medición de la Discapacidad para toda persona que padezca una discapacidad permanente o definitiva, el cual permitirá que cuenten con un documento uniforme en todo el país y que les sirva como identificación de su padecimiento, y que al mismo tiempo funcione como una herramienta estadística en la recolección y registro de datos sobre este sector de la población. Además, servirá como herramienta de investigación para medir los resultados de las acciones en su beneficio y los impactos que en su calidad de vida tengan las acciones de política pública. Para las instituciones gubernamentales el certificado se convertirá en un instrumento que le permitirá focalizar sus acciones, identificar con toda precisión a la población objetivo y planear mejor para, en consecuencia, realizar las adecuaciones necesarias que redunden en mejores acciones y programas para las personas con discapacidad. Lo que se pretende es facilitar a las personas con discapacidad permanente el acceso al disfrute de diversos apoyos y servicios que las instituciones mexicanas tienen la obligación de brindarles. Es decir, dicho certificado servirá como un instrumento que agilizará cualquier trámite que la persona requiera cuando se dirija a las instituciones públicas, sociales y privadas. En el Partido Acción Nacional estamos comprometidos con aquellos sectores de la población menos favorecidos y que sufren condiciones de exclusión y marginación por su discapacidad, por lo que los invitamos a eliminar cualquier obstáculo que les impida desarrollarse con plenitud en todos los ámbitos de su vida. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, debemos emprender acciones que contribuyan al establecimiento de bases que permitan la plena inclusión de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida nacional, en un marco de igualdad y de equiparación de oportunidades. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.