LA DIP. MARIA ELENA CHAPA HERNANDEZ: Con su permiso, señor Presidente. Colegas legisladores y legisladoras: Voy a presentar la iniciativa de Ley del Instituto Nacional de las Mujeres bajo la siguiente exposición de motivos: Las mujeres requieren para el desarrollo pleno de su potencialidad, tanto de condiciones favorables en su entorno comunitario y familiar, como de espacios públicos Iniciativa sobre el Instituto Nacional de la Mujer Leyó, insértese Iniciativa de Ley del Instituto Nacional de Mujeres EXPOSICION DE MOTIVOS Las mujeres requieren, para el desarrollo pleno de su potencialidad, tanto de condiciones favorables en su entorno comunitario y familiar, como de espacios públicos, para su plena participación activa en la vida económica, política, social y cultural del país. En los últimos años, las mujeres han alcanzado avances más significativos que en los siglos anteriores, tanto en la posición que ocupan en los ámbitos social y familiar, como en su condición individual. Sin embargo, aún se mantienen injustas desigualdades en su nivel de vida, motivadas por la interpretación que la sociedad hace de las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y los efectos negativos que las mismas generan en las relaciones, actitudes, comportamientos y, en general, en la cultura de las personas y las instituciones. El reto social no solamente significa mejorar la situación de las mujeres, sino también crear las expectativas necesarias para superar esa amplia brecha de disparidades que aún persisten. Es evidente que la falta de equidad entre hombres y mujeres, sustentada en los atributos y valores que la sociedad asigna con base en diferencias biológicas, anatómicas y fisiológicas, sigue permeando la estructura de muchas de nuestras instituciones, lo que se traduce en prácticas e ideas que generan una clara situación de desventaja social que afecta a las mujeres. La estadística de población nos refiere como antecedente importante, que las mujeres representan un poco más del cincuenta por ciento de los habitantes del territorio nacional y que su tasa de participación en la actividad económica ha venido incrementándose significativamente en los últimos anos, sin encontrarse suficiente y adecuadamente registrada. Al Estado Mexicano, como garante del respeto de los derechos y del cumplimiento de las obligaciones de hombres y mujeres consignados en su ley suprema, le corresponde asegurar la observancia del principio de igualdad jurídica, circunstancia legal que debe trascender a todos y cada uno de los sectores sociales, para que puedan convivir en armonía. En el caso de las mujeres, la búsqueda de esa igualdad jurídica y también de la social y familiar, se ha hecho manifiesta en la permanente lucha de sus organizaciones, las que han logrado hacer visible, ante instituciones nacionales y organismos internacionales, la situación y ubicación de mujeres con respecto de los hombres, a partir de relaciones de subordinación y de poder basadas en la construcción cultural de "lo femenino" y "lo masculino". Como resultado de estos movimientos y de la respuesta del Estado Mexicano, este principio fundamental de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer, se integró a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año de 1974, mediante la reforma de su artículo cuarto. La igualdad de los hombres y las mujeres ante la ley, es un acto de justicia que se genera en la intención de eliminar la discriminación por motivos de género. A partir de esta reforma constitucional y, una vez más, como resultado de la persistente y justa demanda de las mujeres, de combatir la exclusión y la desigualdad y la discriminación de que han venido siendo objeto, encontramos que se han creado diversos mecanismos e instituciones públicas, con el fin de promover y apoyar el avance de las mujeres. También se ha logrado modificar diversos ordenamientos federales y estatales para superar, en campos específicos, algunas de las desigualdades legales que las afectan, así como para apoyar el proceso de mejoramiento de su condición de vida social y familiar. En 1974 se estableció el Programa Nacional del Año Internacional de la Mujer, que preparó la participación de nuestro país en la Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en México, en 1975. En 1980, dentro del Consejo Nacional de Población se creó el Programa Nacional de Integración de la Mujer al Desarrollo; en 1985, se instaló la Comisión Nacional de la Mujer, a la que correspondió la preparación de la participación de México en la Tercera Conferencia Mundial sobre el tema, realizada ese mismo año, en Nairobi, Kenia. En 1993 se instaló el Comité Nacional Coordinador, con el propósito de organizar las actividades preparatorias de la participación de México en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Pekín, China, del 4 al 15 de septiembre de 1995. El 8 de marzo de 1996, se aprobó por el titular del Ejecutivo Federal, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, el Programa Nacional de la Mujer 1995 2000. "Alianza para la Igualdad". A este Programa se le dotó de dos órganos autónomos denominados Consejo Consultivo y Contraloría Social; el primero con la finalidad prioritaria de impulsar y favorecer la participación de todos los sectores involucrados y, el segundo, para analizar, evaluar y dar seguimiento al impacto de las acciones en beneficio de las mujeres. A partir de la fecha de aprobación del Programa Nacional de la Mujer 1995 2000 y hasta el 31 de agosto de 1998, operó dentro de la Secretaría de Gobernación un mecanismo encargado de la instrumentación de dicho Programa. Para dar cumplimiento a la aspiración nacional de promover el adelanto de las mujeres y de atender los compromisos internacionales asumidos por México en distintos Foros, el Presidente de la República creó la Comisión Nacional de la Mujer, integrada por dos órganos, uno desconcentrado, denominado Coordinación General y, otro, un Consejo Intersecretarial. El Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, otorga a la Coordinación General amplias atribuciones en relación con la ejecución del Programa Nacional de la Mujer y, al segundo, lo define como un organismo de consulta en la materia y de seguimiento en la ejecución del propio Programa. En lo que corresponde al ámbito internacional, se han desarrollado diversas actividades en los foros multilaterales, internacionales y regionales, con el objeto de impulsar la eliminación de todas las formas de discriminación hacia las mujeres. Tales actividades comprenden la concertación de instrumentos jurídicos vinculantes y la celebración de conferencias mundiales y regionales, de cuyas deliberaciones han emanado programas y planes de acción. En el primer caso, entre las convenciones y tratados de los que México es parte, relativos a la condición de las mujeres, destacan la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos Políticos de la Mujer de 1952, ratificada por México en 1981 y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981. Dentro de este esquema encontramos la Convención Interamericana para Prevénir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, "Convención de Belem do Pará", ratificada por México en noviembre de 1998. En 1975, México fue sede de la Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer, convocada por las Naciones Unidas, con el objeto de promover la igualdad entre hombres y mujeres, asegurar la integración plena de ellas a los esfuerzos en favor del desarrollo y reconocer la importancia de su creciente contribución a la consolidación y fortalecimiento de la paz. La Conferencia aprobó la "Declaración de México sobre la Igualdad de la Mujer y su Contribución al Desarrollo y la Paz" y un "Plan de Acción Mundial", que estipuló recomendaciones a los Estados para estimular la adopción de medidas a nivel nacional e internacional, con vistas a garantizar a las mujeres la igualdad ante la ley y, en general, la equidad y la no discriminación en todos los ámbitos, incluidos los beneficios del desarrollo y la toma de decisiones. El Plan de Acción Mundial adoptado en México incluye una recomendación a los gobiernos, a fin de que establezcan "mecanismos nacionales interdisciplinarios y multisectoriales al interior de cada Gobierno, provistos de recursos humanos y financieros, como medida efectiva para acelerar el logro de la igualdad de oportunidades para la mujer y su plena integración en la vida nacional". A propuesta de la Conferencia de México, en diciembre de 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el período 19761985 como el Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz; decidió la creación del Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para el Desarrollo de la Mujer, INSTRAW, y sentó las bases para el establecimiento del Fondo de Naciones Unidas para el Desarrollo de la Mujer, UNIFEM. En julio de 1980 se llevó a cabo la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Pa7, Segunda Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Copenhague, Dinamarca, convocada con el objeto de evaluar los avances del decenio. La Conferencia elaboró y aprobó un Programa de Acción para la segunda mitad del decenio 19801985, enfocándolo a los temas que consideró prioritarios, esto es, empleo, educación y salud, como elementos básicos del desarrollo. El Programa de Acción de Copenhague incluyó entre las estrategias y metas nacionales para la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social, un apartado destinado a los mecanismos nacionales, indicando que ..."cuando no exista, debería establecerse un mecanismo nacional, preferentemente al más alto nivel de gobierno, ..." Cinco años más tarde, la Asamblea General convocó a la Conferencia Mundial para el examen y la evaluación de los logros del Decenio de Naciones Unidas para la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz, que tuvo lugar en Nairobi, Kenia, en julio de 1985; en la Conferencia se examinaron y evaluaron los progresos alcanzados y los obstáculos que habían impedido hasta entonces la consecución de las metas y objetivos del Decenio y se definieron las estrategias a seguir para lograrlo. La Conferencia de Nairobi aprobó el documento de "Estrategias al Futuro para el Adelanto de la Mujer hacia el año 2000", también conocido como "Estrategias de Nairobi", en el que se incluye, entre las medidas básicas a nivel nacional, una recomendación a los Estados para que establezcan "..el mecanismo apropiado, con recursos y autoridad suficiente y al más alto nivel de gobierno, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres....". En 1990, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece que, teniendo en cuenta que "la mujer no es una minoría sino parte igualitaria de la población, es indispensable que se reconozca el potencial de su contribución y el valor de su participación" y que "la igualdad lograda ante la ley no ha modificado las relaciones de poder que impiden su plena y equitativa participación" y, por lo tanto, decide convocar a una Conferencia Mundial sobre la Mujer, con el propósito de movilizar la atención mundial de mujeres y de hombres en el ámbito ciudadano y en el de la formulación de políticas, con el fin de acelerar la eliminación de los obstáculos que aún impiden el adelanto de la mayoría de las mujeres. En la Plataforma de Acción de la Conferencia de Pekín, se establece también que el éxito alcanzado en el reconocimiento internacional y nacional de la igualdad jurídica de la mujer, se enfrentó a la discriminación de hecho y a la desigual situación de la mujer con respecto del hombre, como resultado de factores sociales, económicos, políticos y culturales más amplios, justificados hasta entonces sobre la base de diferencias fisiológicas, cuando en realidad derivan de las relaciones sociales dispares en función del género, lo que impide la plena y equitativa participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional e internacional. La Declaración Política y la Plataforma de Acción fueron aprobadas por los 189 Estados participantes, México entre ellos. La evaluación de su aplicación tuvo lugar en el XXIII Período Extraordinaria de Sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas "Las Mujeres en el año 2000: Equidad entre los Géneros, Desarrollo y Paz para el Siglo XXI" realizada del 5 al 9 de junio del presente año en la ciudad de Nueva York. En el plano regional latinoamericano y como producto del Plan de Acción Mundial adoptado en México en 1975, se han celebrado siete Conferencias en el marco de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), enfocadas a la integración de las mujeres al desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe: La Habana, Cuba, 1977; Macuto, Venezuela, 1979; México, 1983; Guatemala, 1988; Curazao, 1991; Mar de Plata, Argentina, 1994 y Santiago de Chile, 1997 y, en febrero de este año, se realizó la Octava Conferencia Regional de la Mujer en América Latina y el Caribe, en la ciudad de Lima, Perú". Nuestro país, frente a los compromisos internacionales adquiridos y teniendo como marco de su acción el Plan Nacional de Desarrollo 1995 2000, reconoce que no obstante los innegables logros de los diversos programas e iniciativas, aún persisten grandes desafíos, lo que hace imperativo avanzar de manera decidida en la tarea de impulsar acciones positivas en pro de las mujeres. Un objetivo prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo vigente es promover la participación plena y efectiva de las mujeres en la vida económica, social, política y cultural del país. En su texto se asume el compromiso de definir un conjunto de estrategias y acciones específicas, que contribuyan a impulsar el avance de las mujeres, destacando la necesidad de poner en práctica programas y acciones para garantizarles igualdad de oportunidades y plena equidad en el ejercicio de sus derechos. Congruente con lo anterior, el Programa Nacional de la Mujer 1995 2000 define directrices para impulsar la formulación, ordenamiento, coordinación y cumplimiento de las acciones encaminadas a ampliar la participación de las mujeres en el proceso social, con igualdad de oportunidades. Resulta un importante avance en el camino de institucionalizar la gestión para la consecución de la equidad de género, la presencia jurídica de la Comisión Nacional de la Mujer y, particularmente, de la Coordinación General, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, para dar plena vigencia al compromiso nacional e internacional de fortalecer el mecanismo existente en nuestro país para el adelanto de las mujeres, ubicándolo "en las instancias más altas del gobierno" con atribuciones claramente definidas, con disponibilidad de recursos suficientes y con la capacidad y competencia para influir en las políticas públicas nacionales, así como en la formulación y examen de la legislación, es necesario modificar las bases jurídicas de la Comisión Nacional de la Mujer. Una eficiente articulación de las acciones gubernamentales y de otros sectores, se puede lograr mediante la conformación de una Entidad con plena autonomía institucional, que pueda desarrollar sus funciones en planos de igualdad jurídica con el resto de la Administración Pública Federal y, en los otros ámbitos de la vida nacional, igualmente podrá realizarlas si dicha Entidad cuenta con amplia capacidad de gestión. Con base en el planteamiento anterior, se formula la presente Iniciativa para la creación de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, denominado Instituto Nacional de las Mujeres, que se ocupe de impulsar y fortalecer el avance de las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, en favor de la igualdad jurídica y la equidad de género. Este organismo tendrá asimismo la obligación de promover, coordinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones y programas destinados a garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre hombres y mujeres, para asegurar en la ley y en la práctica lo dispuesto por el párrafo segundo del articulo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: "El varón y la mujer son iguales ante la ley". Como toda medida legal afirmativa destinada a corregir disparidades, ésta tendrá la duración que la sociedad requiera hasta garantizar la plena equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en nuestro país. El Instituto Nacional de las Mujeres contará con un órgano de gobierno denominado Junta de Gobierno, que estará presidida por la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, en el que participarán los y las titulares de las Dependencias de la Administración Pública Federal que pueden cumplir un rol trascendente en la modificación de las políticas públicas, para introducirles el enfoque de género. De manera prioritaria, pero no exclusiva, formarán parte de la Junta de Gobierno los responsables de las siguientes políticas gubernamentales: Interior y de población; hacendaria y presupuestal; exterior; procuración de justicia; educación y cultura; salud pública; desarrollo social; política laboral; y de recursos naturales y medio ambiente. De manera paritaria a la representación gubernamental, formarán parte de la Junta de Gobierno representantes de la sociedad civil, como organizaciones no gubernamentales promotoras del avance de la equidad y género; y mujeres destacadas del ámbito académico y de las organizaciones que se hayan distinguido por su labor en defensa de los derechos de las mujeres en la política, la economía y la sociedad. Los y las integrantes de la Junta de Gobierno tendrán derecho a voz y voto. Adicionalmente, podrán ser invitados a participar representantes de ambas cámaras del Poder Legislativo Federal y del Poder Judicial de la Federación. Dependiendo de las materias que se discutan en la Junta de Gobierno, también podrán ser invitados el titular de la Procuraduría General de la República y los Directores Generales de los Institutos Mexicano del Seguro Social; de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; de Estadística, Geografía e Informática; Nacional de la Juventud; Nacional de la Senectud; y de Desarrollo Integral de la Familia (DIF), así como mujeres representantes de organizaciones no gubernamentales, quienes podrán participar con voz, pero sin voto. Esta estructura tiene el propósito asegurar la presencia permanente de mujeres socialmente reconocidas por sus tareas en favor de la equidad de género, las que asumirán la responsabilidad de cuidar que los acuerdos que emanen de la Junta de Gobierno, se traduzcan en acciones que cuenten con el respaldo de la administración pública federal y de los más importantes sectores de la sociedad. El Instituto Nacional de las Mujeres a que se refiere esa Iniciativa, tiene como base jurídica constitucional la siguiente: El párrafo segundo del Artículo 4° que establece que: "El varón y la mujer serán iguales ante la ley", por lo que es preciso proveer en el ámbito legal para su debida observancia. De igual forma, el Artículo 133 establece que: "Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados". En consecuencia, el gobierno de México está obligado al cumplimiento de lo dispuesto por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1979 y ratificada por México en 1981 que en su Artículo 4°, párrafo primero señala que: "La adopción por los Estados que sean Parte (de la Convención), de medidas especiales de carácter temporal destinadas a acelerar la igualdad de facto entre hombres y mujeres no deberán considerarse medidas discriminatorias, en los términos definidos por la presente Convención, y no deberán en manera alguna implicar, como una consecuencia, el mantenimiento de normas separadas de inequidad estas medidas deberán interrumpirse cuando los objetivos de la igualdad de oportunidades y de trato hayan sido alcanzados..". Con la creación de un mecanismo específico para asegurar la plena participación de las mujeres en el desarrollo económico y social de nuestro país, como lo establecen las "Estrategias al Futuro para el Adelanto de la Mujer hacia el Año 2000" de la Conferencia Mundial de Nairobi, entre las que se incluyen medidas básicas a nivel nacional, como la reiterada recomendación a los Estados para que establezcan ". .. el mecanismo apropiado, con recursos y autoridad suficiente y al más alto nivel de gobierno, para asegurar que el más amplio rango de políticas y programas de desarrollo en todos los sectores reconozca la contribución de las mujeres...". Con base en lo anterior, el Congreso de la Unión presenta la siguiente Iniciativa: LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES TITULO I DISPOSICIONES GENERALES Capítulo Unico Artículo 1. Esta ley es de orden público y de aplicación general en todo el territorio nacional en materia de equidad de género e igualdad de derechos entre hombres y mujeres, en los términos establecidos por el párrafo dos del artículo cuarto constitucional. Artículo 2. Son sujetos de los derechos que esta ley garantiza todas las mujeres mexicanas y extranjeras que se encuentren en el territorio nacional, sin importar origen étnico, edad, idioma, cultura, condición social, religión o discapacidad; las que serán sujetas de los programas, servicios y acciones que se deriven del presente ordenamiento. Artículo 3. El Instituto Nacional de las Mujeres es un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo y con domicilio en el Distrito Federal. Artículo 4. El objeto esencial del Instituto es la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los derechos de las mujeres previstos por el orden jurídico mexicano, así como los programas y acciones de carácter público y social destinados a promover e impulsar el desarrollo del potencial de las mujeres desde su nacimiento hasta la muerte; su participación activa y plena en la vida económica, política, social y cultural del país; el ejercicio cabal de todos sus derechos y el disfrute de los beneficios del desarrollo, con base en los principios de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato. TITULO II INTEGRACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Capítulo I De la Integración, Objeto y Facultades del Instituto Nacional de las Mujeres Artículo 5. Para los efectos de esta ley se entenderá por: Instituto: el Instituto Nacional de las Mujeres. Presidenta: la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Secretaria: la Secretaria Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres. Junta: la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de las Mujeres. Consejo: el Consejo Consultivo del Instituto Nacional de las Mujeres. Contraloría: la Contraloría Social del Instituto Nacional de las Mujeres. Género: concepto que refiere los valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a hombres y mujeres, tomando como base la interpretación construida en cada cultura sobre las diferencias sexuales, y que determinan los comportamientos sociales, actitudes y formas de relacionarse e interactuar entre si. Equidad de género: concepto que refiere el principio conforme al cual hombres y mujeres acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficios de los bienes y servicios de la sociedad, incluyendo aquéllos socialmente valorados, oportunidades y recompensas, con la finalidad de lograr la participación equitativa de las mujeres en la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, cultural y familiar. Perspectiva de género: concepto que refiere la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar sobre las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la equidad de género. Artículo 6. El Instituto Nacional de las Mujeres se integrará con una Presidenta, una Secretaria Ejecutiva y con el personal profesional, técnico y administrativo necesario para la realización de sus funciones. Asimismo, contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, que serán: el Consejo Consultivo y la Contraloría Social El Instituto Nacional de las Mujeres, para el mejor desempeño de sus responsabilidades contará con una Junta de Gobierno. Artículo 7. El Instituto tendrá por objeto: I. Proponer, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas, gubernamentales y de la sociedad, con perspectiva de género, destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y la no discriminación hacia las mujeres; II. Coordinar, ejecutar y dar seguimiento a los programas, proyectos y acciones para el fortalecimiento y avance en la equidad de género; III. Promover un cambio cultural que genere una mayor conciencia pública sobre la imagen de respeto e integridad de la mujer, así como sobre el conocimiento de las aportaciones y participación de las mujeres en la vida económica, política, social y cultural del país; IV. Mantener actualizado el diagnóstico sobre la situación de las mujeres y en relación con los avances en la equidad de género y la igualdad de oportunidades y de trato para mujeres ante la ley y en la práctica. Artículo 8. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: I. Formular políticas públicas gubernamentales e impulsar las de la sociedad, para alcanzar la equidad de género; II. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional del desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; III. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas y en la elaboración de programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos, así como en las acciones de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal centralizada y paraestatal. IV. Impulsar la incorporación de la perspectiva de género en el programa anual de cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal, así como de los sectores en general vinculados con estos instrumentos, para la ejecución de sus programas sectoriales o, en su caso, institucionales específicos; V. Procurar, impulsar y apoyar el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, así como el fortalecimiento de mecanismos administrativos para el mismo fin; VI. Elaborar su programa institucional que se denominará Plan de Acción de las Mujeres, objeto de esta Ley y cuidar de su ejecución por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, colaborar con los gobiernos y congresos estatales, con los ayuntamientos y promover dicho programa entre los sectores en general; VII. Fungir como representante del gobierno federal en los temas objeto del Instituto, ante los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios, organizaciones privadas y sociales, así como en los eventos relacionados con dicho objeto; VIII. Participar, en coordinación con la Dependencia competente del Gobierno Federal, en los programas y actividades internacionales relacionadas con el objeto del Instituto; IX. Promover, en coordinación con la Dependencia competente del Gobierno Federal, la cooperación, firma, ratificación y cumplimiento de los instrumentos en el ámbito internacional y regional relacionados con el tema de la mujer; X. Colaborar con el Ejecutivo Federal en la difusión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contraidas con gobiernos o entidades de otros países y/o con organismos internacionales, para fortalecer las acciones en favor de las mujeres; XI. Asesorar al gobierno federal para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres y colaborar en la definición de medidas que contribuyan a la erradicación de esta conducta en todos los ámbitos de la vida social, económica y política; XII. Fungir como órgano de enlace con el Congreso de la Unión, con los Congresos de los Estados, con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y con los Ayuntamientos, para impulsar iniciativas de ley con enfoque de género; XIII. Fungir como enlace con el Poder Judicial Federal y con los de las Entidades Federativas, para impulsar acciones en materia de impartición de justicia con perspectiva de género; XIV. Fungir como enlace con las instancias administrativas que se ocupen del tema de la mujer en las entidades federativas, para promover y apoyar, en su caso las políticas, programas y acciones en materia de equidad de género; XV. Concertar acuerdos y convenios de colaboración con organizaciones privadas y sociales, organismos, de la banca multilateral de apoyo nacionales e internacionales para el desarrollo de proyectos que beneficien a las mujeres; XVI. Proporcionar los elementos metodológicos para la planeación, elaboración y evaluación de programas y proyectos con perspectiva de género; XVII. Sensibilizar a las y los servidores públicos de mandos medios y superiores en perspectiva de género; XVIII. Prestar servicios, capacitación y asesoría en la materia; XIX. Apoyar iniciativas que mejoren la situación y condición de las mujeres; XX. Promover y favorecer acciones para la construcción de una cultura de la equidad de género y de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito público y privado XXI. Promover y ejecutar acciones para el reconocimiento y la visibilidad públicos, así como la difusión a nivel nacional e internacional de actividades que beneficien a las mujeres; XXII. Instrumentar el sistema de información, registro, seguimiento y evaluación de la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la sociedad; XXIII. Realizar. promover o auspiciar estudios e investigaciones sobre la condición de la mujer en los diversos campos de la realidad social; XXIV. Participar, impulsar o realizar reuniones y eventos de intercambio de experiencias y difusión de información, tanto de carácter nacional como internacional sobre los temas de las mujeres; XXV. Promover, difundir y publicar obras relacionadas con las materias objeto de esta Ley; XXVI. Concertar acciones con instituciones federales, estatales y municipales, para la elaboración, análisis y difusión de estadísticas desagregadas con enfoque de género, que contribuyan a hacer visible la condición, posición y situación de las mujeres a nivel nacional, regional, estatal y municipal, así como su contribución al desarrollo nacional. XXVII. Promover las aportaciones de recursos provenientes de dependencias e instituciones públicas, organizaciones privadas y sociales, organismos internacionales, regionales, gobiernos de otros países y particulares interesados en apoyar el logro de la equidad de género; XXVIII. Orientar la cooperación interna e internacional, financiera y técnica en materia de equidad de género, hacia la instrumentación de políticas públicas; XXIX. Emitir informes de evaluación periódica, en el marco del sistema nacional de planeación, de las acciones ejecutadas para el cumplimiento del programa institucional sobre las mujeres; XXX. Las demás que le señalen otras leyes y el Estatuto Orgánico del Instituto. Capítulo II De la Administración, Control y Vigilancia Artículo 9. El Instituto contará con los siguientes órganos de administración: I. La Presidencia II. La Secretaría Ejecutiva, y III. La Junta de Gobierno El Instituto contará además con las estructuras administrativas que se establezcan en su Estatuto Orgánico. Artículo 10. El Instituto contará con un Organo de Control Interno que formará parte de su estructura. La Presidenta propondrá a la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, la designación de los responsables de las áreas de dicho órgano de control interno. Artículo 11. El Instituto contará con un Organo de Vigilancia integrado por un Comisario Público propietario y un suplente, designados por la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, quienes ejercerán las facultades que les confiere el Capítulo Sexto de la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Artículo 12. En las situaciones de orden legal no previstas en el presente ordenamiento, se aplicarán en lo conducente la Ley Federal dei Entidades Paraestatales, la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los Instrumentos Internacionales suscritos por el Gobierno mexicano en la materia. Capítulo III Del Nombramiento y Facultades de la Presidenta del Instituto Artículo 13. La Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres deberá reunir para su designación los siguientes requisitos: I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. No tener menos de treinta años de edad, el día de su nombramiento; III. No haber sido condenada por delito intencional alguno, ni haber sido inhabilitada para el ejercicio de cargo alguno por la Contraloría de la Federación. IV. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en el gobierno federal, cuyo ejercicio requiera conocimiento y experiencia en materia administrativa; y V. Haber destacado por su labor a nivel nacional, estatal o internacional, en favor de la equidad de género, así como en actividades relacionadas con la promoción de la igualdad de oportunidades para las mujeres y demás materias objeto de esta Ley. Artículo 14. La Presidenta del Instituto tendrá las siguientes facultades: I. Formar parte de la Junta de Gobierno, con derecho a voz y voto; II. Administrar y representar legalmente al Instituto; III. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes al objeto del Instituto; IV. Instrumentar, ejecutar y vigilar el cumplimiento de los acuerdos de la Junta de Gobierno; V. Presentar a consideración y, en su caso, aprobación de la Junta de Gobierno el Estatuto Orgánico del Instituto, así como los apéndices administrativos; VI. Fijar las Condiciones Generales de Trabajo del Instituto; VII. Formular los programas institucionales de corto, mediano y largo plazos; VIII. Formular anualmente el proyecto de presupuesto del Instituto, para someterlo a la aprobación de la Junta de Gobierno y una vez aprobado, remitirlo al Secretario de Estado competente para su trámite ante la Cámara de Diputados; IX. Ejercer el presupuesto del Instituto con sujeción a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables; X. Presentar a la Junta de Gobierno para su aprobación, los proyectos de programas, informes y estados financieros del Instituto y los que específicamente le solicite aquélla; XI. Proponer a la Junta de Gobierno el nombramiento o remoción de la Secretaria Ejecutiva y los dos primeros niveles de servidores del Instituto, la fijación de sueldos y demás prestaciones, conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano y nombrar al resto del personal administrativo del Instituto; XII. Suscribir en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la entidad con sus trabajadores; XIII. Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos; XIV. Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe el Instituto y presentar a la Junta de Gobierno, una vez al año, la evaluación de gestión, con el detalle que previamente se acuerde por la propia Junta de Gobierno, escuchando al Comisario Público, XV. Someter a la Junta de Gobierno el informe anual sobre el desempeño de las funciones del Instituto y publicarlo; XVI. Proporcionar la información que soliciten los Comisarios Públicos propietario y suplente; XVII. Recabar información y elementos estadísticos sobre las funciones del Instituto, para mejorar su desempeño, y XVIII. Las demás que le confiera la Ley Federal de Entidades Paraestatales o los acuerdos de la Junta de Gobierno. Artículo 15. El nombramiento de la Presidenta del Instituto será hecho por el titular del Ejecutivo Federal, quien presentará una terna ante el Congreso de la Unión, el que aprobará por mayoría simple la designación de la Presidenta. En período de receso, la propuesta será presentada ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Artículo 16. Las candidatas deberán reunir los requisitos establecidos en el artículo trece. La Presidenta durará en su cargo tres años, pudiendo ser ratificada únicamente por un segundo período de tres años. Capítulo IV De la Integración, Nombramiento y Facultades de la Junta de Gobierno Artículo 17. La Junta de Gobierno se integrará con: I. Una Presidenta, que será la Presidenta del Instituto; II. Los siguientes Consejeros propietarios y las Consejeras propietarias, quienes tendrán derecho a voz y voto: a) Los titulares de las siguientes Secretarías de la Administración Pública Federal: Gobernación; Relaciones Exteriores; Hacienda y Crédito Publico; Desarrollo Social; Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca; Educación Pública; Salud; Trabajo y Previsión Social b) Dos integrantes del Consejo Consultivo, una de las cuales será la titular; c) Dos integrantes de la Contraloría Social, una de las cuales será titular. d) Ocho mujeres destacadas que provendrán de las siguientes organizaciones: dos sindicalistas; dos dirigentes campesinas; dos miembros de organizaciones no gubernamentales; dos profesoras e investigadoras de entidades académicas especializadas en estudios de género; una de la UNAM y la otra del Colegio de México. En ambos casos, se tratará de mujeres que se hayan destacado por la docencia, investigación y desarrollo de programas en favor de la equidad de género y de apoyo al conocimiento sobre la situación de las mujeres. III. Participarán con derecho a voz, pero sin voto, y a invitación de la Junta de Gobierno, cuando la materia que se aborde así lo amerite, a)Los titulares de las siguientes Entidades Públicas:' Procuraduría General de la República; Instituto Mexicano del Seguro Social; Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; Instituto Nacional de la Juventud; Instituto Nacional de la Senectud; Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF); y las demás que se estime pertinente; b) Las titulares de las Comisiones de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y del Senado de la República; c) Una representante de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación y otra representante de los órganos de impartición de justicia federal; d) A fin de garantizar la paridad de los invitados de ambos géneros, la lista se completará invitando, en un número equivalente al género subrepresentado, a representantes de organizaciones de la sociedad civil o a personalidades destacadas de la vida política y social. En la primera reunión, la Junta de Gobierno establecerá los lineamientos para designar a las mujeres vocales propietarias señaladas en el párrafo II inciso d) y las que serán invitadas a formar parte de la Junta de Gobierno que aparecen en el párrafo III, inciso d). Asimismo, la Junta definirá la duración de su encargo y los casos en que podrán ser reelectas. En el caso de las fracciones II y III de este artículo, las y los consejeros podrán nombrar a un suplente, que en todos los casos será del nivel administrativo inmediato al que ocupen los vocales titulares. La Junta de Gobierno contará con una Secretaria Técnica y una Prosecretaría, las que serán propuestas por la Presidenta y designadas por el pleno, en su primera sesión de trabajo. Artículo 18. Para el cumplimiento de las atribuciones del Instituto, la Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: I. Establecer, en congruencia con los programas sectoriales, las políticas generales y prioridades a las que deberá sujetarse el Instituto; II. Autorizar los programas y presupuestos del Instituto, así como sus modificaciones, en los términos de la legislación aplicable; III. Aprobar cada año los estados financieros del Instituto y autorizar su publicación, previo informe de los comisarios y el dictamen de los auditores externos; IV. Aprobar, de acuerdo con las disposiciones legales, las políticas, bases y programas generales que regulen los convenios, contratos, pedidos o acuerdos que deba celebrar el Instituto; V. Establecer, observando la ley, las normas necesarias para la adquisición, arrendamiento y enajenación de inmuebles que el Instituto requiera; VI. Nombrar a las consejeras propietarias a que se refiere el inciso c), fracción 11 del artículo 9 de esta Ley; VII. Designar y remover, a propuesta de la Presidenta, a las y los servidores públicos de los niveles administrativos inferiores al de aquélla, así como concederles permisos y licencias; VIII. Designar y remover, a propuesta de la Presidenta, a la Secretaria Técnica y a la Prosecretaria; IX. Aprobar en términos de ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y los apéndices administrativos que correspondan; X. Analizar y, en su caso, aprobar los informes periódicos que rinda la Presidenta, con la intervención que corresponda al Comisario; XI. Las demás que le atribuyan la Ley Federal de Entidades Paraestatales y otras disposiciones legales aplicables. Artículo 19. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias por lo menos dos veces por año, y las extraordinarias que convoque su Presidenta o, cuando menos, tres de sus miembros. La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros. Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los miembros propietarios presentes y la Presidenta tendrá voto de calidad en caso de empate. Asistirán a las sesiones de la Junta de Gobierno, con voz pero sin voto, la Secretaria Ejecutiva de la Junta de Gobierno; así como la Secretaria Técnica, la Prosecretaria y el Comisario Público del Instituto Nacional de la Mujer. Capítulo V Del Nombramiento y Facultades de la Secretaría Ejecutiva Artículo 20. La titular de la Secretaría Ejecutiva deberá reunir, para su designación, los siguientes requisitos: I. Ser ciudadana mexicana por nacimiento, en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; II. Haber recibido título de nivel licenciatura por cualquiera de las universidades nacionales debidamente acreditadas ante la Secretaría de Educación Pública, de la Universidad Nacional Autónoma de México, o universidades públicas igualmente acreditadas de alguna Entidad Federativa. III. Haber desempeñado cargos de alto nivel técnico y decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa; y IV. Haber destacado por su labor en favor de la equidad de género o de las causas de las mujeres, a nivel nacional, estatal o internacional, así como en actividades relacionadas con las materias objeto de esta ley. Artículo 21. La Secretaria Ejecutiva tendrá las siguientes facultades y obligaciones: I. Proponer a la Junta de Gobierno y a la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, las políticas generales que en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres habrá de seguir el Instituto Nacional ante los órganos gubernamentales y las organizaciones privadas o no gubernamentales, nacionales e internacionales. II. Promover y fortalecer las relaciones del Instituto Nacional con organismos públicos, sociales o privados, nacionales e internacionales en la materia objeto de esta ley; III. Realizar estudios sobre los tratados y convenciones internacionales en materia de equidad de género y de igualdad de oportunidades y de trato para las mujeres; IV. Preparar los anteproyectos de iniciativas de leyes y reglamentos que el Instituto Nacional haya de entregar a los órganos competentes, así como los estudios que los sustenten; V. Colaborar con la Presidenta del Instituto Nacional en la elaboración de los informes anuales, así como de los especiales que serán presentados a la Junta de Gobierno; VI. Ampliar, mantener y custodiar el acervo documental y estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres; VII. Las demás que le sean conferidas en otras disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Capítulo VI Del Consejo Consultivo y de la Contraloría Social del Instituto Nacional de las Mujeres Artículo 22. El Instituto contará con dos órganos auxiliares de carácter honorífico, representativos de la sociedad civil: un Consejo Consultivo y una Contraloría Social. Artículo 23. El Consejo Consultivo será un órgano asesor y promotor de las acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta ley. Este se integrará por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres representativas de organizaciones civiles, que se hayan distinguido por sus tareas en favor del impulso a la equidad de género, quienes serán designadas por las organizaciones más representativas de defensa de los derechos de las mujeres. Artículo 24. Las integrantes del Consejo Consultivo durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer la mitad de ellas otro año más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior, así como a las representadas entre las que renueven su mandato. Al término de su encargo, el Consejo saliente presentará un informe a la Junta de Gobierno. Artículo 25. La Contraloría Social será un órgano de análisis, evaluación y seguimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres en el marco de esta Ley, se integrará por un número no menor de diez ni mayor de veinte mujeres representativas de los sectores público, privado y social, que se hayan distinguido por sus tareas a favor del impulso a la equidad de género, quienes serán designadas por las organizaciones más representativas de defensa de los derechos de las mujeres. Artículo 26. Las integrantes de la Contraloría Social durarán en su encargo un año, pudiendo permanecer la mitad de ellas otro año más. Las nuevas integrantes deberán representar a organizaciones distintas de las representadas en el período inmediato anterior, así como a las representadas entre las que renueven su mandato. Artículo 27. El Consejo Consultivo colaborará con el Instituto en los casos siguientes: I. Impulsar y favorecer la participación de los sectores involucrados en las acciones relacionadas con el objeto de esta Ley; II. Promover la vinculación entre los responsables de las iniciativas a favor de la equidad e igualdad de oportunidades de las mujeres en las tres instancias de gobierno federal, estatal y municipal, así como de los sectores y organizaciones de la sociedad en general; III. Apoyar el fortalecimiento de las organizaciones de mujeres y de las que trabajen a favor de las mujeres, y IV.. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del Instituto. Artículo 28.La Contraloría Social colaborará con el Instituto en los casos siguientes: I. Cuidar del cumplimiento de las políticas públicas, programas, proyectos y acciones que se emprendan en beneficio de las mujeres, en el marco de esta Ley; II. Cuidar del cumplimiento de los compromisos del Estado Mexicano a nivel nacional e internacional; III. Elaborar y presentar a la Junta de Gobierno los informes de evaluación en las materias objeto de esta Ley. IV. Proponer medidas para modificar las políticas, estrategias, programas, proyectos y acciones derivados de esta Ley; V. Proponer mecanismos que propicien el fortalecimiento y actualización de los sistemas de información desagregados por género de los distintos sectores de la sociedad. VI. Las demás que determine el Estatuto Orgánico del Instituto. Artículo 29. El Consejo Consultivo y la Contraloría Social operarán en los términos que determinen sus respectivas normatividades internas. Los cargos de las integrantes de ambos órganos, incluidos los de la Consejera Presidenta y de la Contralora Presidenta serán honoríficos. TITULO III DE LAS AUTORIDADES Y SERVIDORES PUBLICOS Capítulo I Obligaciones y Colaboración Artículo 30. De conformidad con lo establecido en la presente ley, las autoridades y servidores públicos de carácter federal, involucrados en los asuntos de la competencia del Instituto Nacional de las Mujeres, o que por razón de sus funciones o actividades puedan proporcionar información pertinente, deberán cumplir en sus términos con las peticiones que el Instituto les formule. Artículo 31. De conformidad con el Artículo 1° de la presente ley, las autoridades locales y municipales correspondientes deberán proporcionar al Instituto la información y datos que éste les solicite, en los términos de la presente ley. Artículo 32. En los términos previstos en la presente ley, las autoridades y servidores públicos, federales, locales y municipales, colaborarán dentro del ámbito de su competencia, con el Instituto Nacional de las Mujeres. Sin perjuicio de las atribuciones legales que correspondan a los Organismos Estatales de la Mujer, el Instituto Nacional podrá celebrar convenios o acuerdos con dichas autoridades y servidores públicos para que puedan actuar como receptores de solicitudes de apoyo, orientación y promoción en programas de carácter federal, las que remitirán al Instituto Nacional de las Mujeres por los medios más expeditos. Capítulo II De las Responsabilidades de las Autoridades y Servidores Públicos Artículo 33. Las autoridades y los servidores públicos serán responsables administrativamente por los actos u omisiones en que incurran durante y con motivo de la tramitación de solicitudes de apoyo, orientación y promoción en programas del Instituto Nacional de las Mujeres. Artículo 34. El Instituto Nacional podrá rendir un informe especial cuando persistan actitudes u omisiones que impliquen conductas evasivas o de entorpecimiento por parte de las autoridades y servidores públicos que deban intervenir o colaborar en la formulación de las políticas públicas sobre la equidad de género, en el Plan de Acción de las Mujeres y en el Plan de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres. TITULOIV DE LOS ACUERDOS Y RECOMENDACIONES AUTONOMOS Capitulo Unico Artículo 35. El Instituto Nacional de las Mujeres podrá dictar acuerdos de trámite, que serán obligatorios para las autoridades y servidores públicos, para que colaboren con el objeto del Instituto, aporten información y documentación. Su incumplimiento acarreará las sanciones y responsabilidades señaladas en la presente ley. Artículo 36. El Instituto Nacional solicitará informes a las autoridades competentes en casos particulares de violaciones a los derechos humanos de las mujeres. Dichos informes deberán ser rendidos dentro de un plazo que no exceda los noventa días contados a partir de la presentación del escrito en la dependencia de que se trate. En caso de no proporcionar la información o documentación correspondientes, los servidores públicos encargados del área específica serán responsables ante la ley. TITULOV DELREGIMENLABORAL Capítulo Unico Artículo 37. Las relaciones laborales entre el Instituto y sus trabajadores se regirán por el Apartado UB" del Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Los trabajadores del Instituto quedan incorporados al régimen del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TITULO VI DEL PATRIMONIO Y EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES Capítulo Unico Artículo 38. El Instituto Nacional de las Mujeres contará con patrimonio propio. El Gobierno Federal deberá proporcionarle los recursos materiales y financieros para su debido funcionamiento. Artículo 39. El Instituto Nacional de las Mujeres tendrá la facultad de elaborar su proyecto de presupuesto anual de egresos, el cual remitirá directamente al Secretario de Estado competente, para el trámite correspondiente. Artículo 40. El patrimonio del Instituto se integrará además con: I. Bienes muebles, inmuebles y recursos que adquiera con base en cualquier título legal; II. Subsidios, donaciones y legados que reciba; III. Productos que obtenga de la venta de publicaciones, reproducciones y artículos promocionales, relacionados con el objeto del Instituto, IV. Fondos nacionales y extranjeros obtenidos para el financiamiento de programas específicos; V. Recursos que obtenga de las actividades a que se refiere la fracción XVII del artículo 5° de esta Ley; VI. Bienes, acciones, derechos, productos o numerario que adquiera por disposición legal o por cualquier acto lícito; VII. En general los bienes, derechos y aprovechamientos que provengan de otras aportaciones legales. Artículo 41. La canalización de fondos por parte del Instituto para acciones, proyectos, programas, estudios e investigaciones relacionadas con su objeto, estará sujeta a la celebración de un contrato o convenio que asegure su debido cumplimiento. TRANSITORIOS PRIMERO. La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Los recursos humanos, materiales y presupuestales con los que actualmente cuenta la Coordinación General de la Comisión Nacional de la Mujer, como órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, pasarán a formar parte del organismo autónomo descentralizado denominado Instituto Nacional de las Mujeres, preservándose los derechos adquiridos de los trabajadores de la Coordinación General. TERCERO. La Junta de Gobierno del Instituto deberá quedar constituida en un plazo no mayor de treinta días, contados a partir de la vigencia de este ordenamiento; CUARTO. El Presidente de la República enviará al Congreso de la Unión, o a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en su caso, para su aprobación, la terna para el nombramiento de la Presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que esta ley entre en vigor. QUINTO. La Junta de Gobierno aprobará y expedirá el Estatuto Orgánico del Instituto en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la fecha de entrada en vigor de esta Ley. SEXTO. El Presupuesto de Egresos de la Federación contemplará las previsiones presupuestales para la operación del Instituto Nacional de las Mujeres, para el ejercicio 20012002. SEPTIMO. Se derogan las disposiciones legales y reglamentarias que se opongan a la presente ley.