La diputada Patricia Sánchez Carrillo: Muy buenas tardes, compañeros diputados y diputadas. Con su venia, señor presidente. La reciente actuación del fiscal especializado en delitos electorales, doctor Santiago Nieto Castillo, nos hace concebir esperanzas respecto a que podemos transformar para bien las instituciones que tenemos. Todo es cuestión de buscar a las personas con el perfil, valores y autonomía adecuados, suficientes para que puedan honrar sus cargos de la manera más justa, clara, transparente e independiente para todos los actores políticos y en especial para la sociedad. Desafortunadamente, las expectativas generadas con la creación del Instituto Nacional Electoral una vez más naufragaron en el mar de los intereses políticos. El consejero presidente y los consejeros del instituto tuvieron en su momento histórico para hacer valer todo lo que se ha avanzado y construido en materia de democracia aquí en nuestro país. Sin embargo, no pudieron ser el árbitro neutral que el proceso requería, tomaron decisiones que dejaron decisiones que dejaron mucho qué desear, ya que perjudicaron a la mayoría de los jugadores y únicamente beneficiaron a los que se atrevieron a jugar sucio, al sólo limitarse a imponer multas multimillonarias, en lugar de haber sido más estrictos y apegados a derecho en las múltiples y reiteradas faltas que se cometieron. Tan fue así, que las sanciones fueron subiendo conforme el proceso avanzaba, con este hecho se reconocía que existían las faltas, pero el árbitro no se atrevió o no quiso expulsar al infractor, esto nos dejó muy mal sabor de boca entre el electorado. Un precedente sumamente adverso y negativo para las próximas elecciones, pues la tentación de algunos que hacen trampa o aprovecharse de los vacíos y lagunas legales existentes, definitivamente se va a dar, ya que es bien sabido ese viejo adagio que dice: En política lo que cuesta sale barato. ¿Qué es una millonaria multa, cuando a cambio se obtiene una gubernatura o la misma presidencia de la república, como ya ocurrió? O para aquellos que llevan más de una década en abierta campaña a la presidencia, ¿acaso creen que las multas por sí solas frenan los abusos en la difusión de su imagen? No hay que olvidar que es precisamente el INE el encargado de designar a los consejos locales, por lo que debemos de fortalecer al instituto, facilitándole las herramientas para que puedan contar con las personas adecuadas en las responsabilidades inherentes a los cargos y puestos necesarios para realizar su encomienda. Hoy día, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales es muy ambigua al respecto, pues sólo se limita a enunciar los requisitos clásicos de siempre, en el caso de los consejeros locales. Sin embargo, ni el artículo 100 de la mencionada ley ni en ningún otro de sus artículos se reguló lo relativo al perfil que acredita la idoneidad para el cargo de consejero de los organismos públicos locales electorales. Por lo que la presente iniciativa pretende subsanar la omisión, a fin de que los candidatos a formar parte del Consejo cuenten con el perfil adecuado para que puedan desempeñar correctamente sus funciones. Por otro lado, el alto costo económico de la democracia en México, tan solo en este año, el presupuesto del INE y los partidos políticos fue de poco más de 18 mil 500 millones de pesos. Mil 500 millones por arriba del presupuesto que tuvo la Procuraduría General de la República. Esto nos compromete más aun como legisladores a propiciar un mejor marco jurídico para el desarrollo y consolidación de nuestra democracia. En ese tenor debemos reglamentar la definición de un perfil y un examen de confianza para los aspirantes a consejeros electorales locales que nos permita tener a los mejores consejeros posibles que puedan garantizar la aplicación de las reglas y normas electorales en cada elección. Que no les tiemble la mano en los procesos y se aseguren de actuar con independencia, neutralidad y objetividad, apegados todo el tiempo a derecho. Debemos impulsar el marco jurídico que nos permita tener a los mejores y más aptos ciudadanos como consejeros locales. Tenemos que evitar que los consejos estatales vuelvan a ser parte del aparato de gobierno, botín de los gobernadores. El INE es un órgano autónomo e igualmente los consejeros estatales deben serlo. Y la única manera de no dejar este objetivo al azar es teniendo un perfil bien definido y aplicar pruebas de confianza a los candidatos a ser consejeros locales. Señores legisladores, son tiempos de romper paradigmas y estigmas, son tiempos de privilegiar la objetividad y transparencia en nuestras instituciones, de dotarlas de los mejores hombres y mujeres, dándoles las herramientas para desarrollar sus tareas. Solo así devolveremos la confianza a los ciudadanos y tendremos la democracia por la que tanto hemos luchado en México. Diputados, si estamos aquí hagámoslo. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.