El diputado René Ricardo Fujiwara Montelongo: Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, en México existe un gran número de pueblos y comunidades indígenas que han logrado preservar su identidad y su lengua; sin embargo, se han caracterizado por ser el grupo poblacional con mayor rezago, marginación y discriminación. De acuerdo con cifras del Inegi, en el año 2013 en el país existen 14.7 millones de personas que se consideran indígenas, de las cuales 6.6 millones son hablantes de una lengua autóctona, muchas de las cuales no hablan español y de acuerdo al mismo Inegi, el 61.7 por ciento lo constituyen las mujeres. Nuestro país se reconoce como una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Lamentablemente no podemos afirmar que México se caracterice por promover y garantizar de manera plena los derechos humanos de los indígenas. Para ilustrar lo anterior sirven los datos plasmados en el indicador de pobreza indígena del Inegi. En él 58 por ciento de sus hogares se cocina con leña o carbón, en el 50.7 por ciento de sus casas no se cuenta con refrigerador, el 11.8 por ciento carece de sanitarios y el 8 por ciento de sus viviendas no cuenta con luz eléctrica. El rezago educativo es marcado con un 24.3 por ciento de 15 años y más que son analfabetas y el 25.1 por ciento no tiene primaria concluida. Su situación no sólo se debe al acceso diferenciado que han tenido los bienes públicos, sino también a la discriminación y a la exclusión de la que han sido objeto, lo que podría explicar la actual situación de pobreza y abandono en el que han vivido nuestros hermanos indígenas durante muchos años. El Estado mexicano se encuentra obligado por mandato constitucional y el derecho internacional a reconocer y promover los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas. En este sentido celebramos todas las acciones que persiguen este objetivo al realizar convenios de colaboración entre las diferentes y diversas instituciones del Estado, así como en este caso se plantea al Senado de la república para que se sumen a esta impostergable labor. En este sentido debemos reconocer también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, institución que ha sido firme promotor de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Muestra de ello es el reciente convenio de colaboración que celebró este organismo protector de los derechos humanos con la Comisión Nacional de los Derechos de los Pueblos Indígenas con el propósito de reforzar la protección, defensa y promoción de los bienes jurídicos de los que gozan los pueblos originarios de México. Nueva Alianza se sumará a este punto de acuerdo porque coincidimos plenamente con todas las acciones que promuevan, respeten, protejan y garanticen los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas. La tarea que tenemos como institución política nos conduce a sumarnos a todas las acciones que cumplan con el principio de progresividad de los derechos humanos y que impulsen un marco de igualdad entre las y los mexicanos. Por su atención, compañeras y compañeros legisladores, Presidenta, muchas gracias. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado. Tiene ahora el uso de la palabra hasta por cinco minutos el senador Jesús Casillas Romero.