El diputado Jesús Sergio Alcántara Núñez: Compañeras, compañeros diputados. El tema del combate a la inseguridad siempre es un tema muy interesante al cual las y los diputados, todos compañeros, debemos de ponerle mucha atención. Un verdadero Estado democrático del derecho que sea garante de la protección de los derechos humanos, tiene la responsabilidad y la obligación de responder a las víctimas de los delitos, a las víctimas de las violaciones causadas por la acción u omisión de los órganos de gobierno, o bien, de las y de los funcionarios públicos. La manera en que se lleva a cabo es mediante la reparación integral del daño y la garantía de la no repetición de los hechos. De acuerdo con los estándares internacionales y a nuestra Constitución, las víctimas de violaciones a derechos humanos tienen derecho a recibir una reparación del daño adecuada, integral y proporcional a la naturaleza del acto. Nuestro trabajo como representantes populares debe centrarse siempre en las personas, en generar los mecanismos y propiciar las mejores condiciones para que sus vidas mejoren, y en los casos en los que la tranquilidad a sus víctimas cotidianas le fue vulnerada, logren volver lo antes posible a una vida normal, a la normalidad. Es por ello que existe la compensación económica como una de las medidas para la reparación integral, la cual permite a la víctima que les sean resarcidos todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas que pueden ser económicamente evaluables y que sean consecuencias del delito. Estos pueden ser los daños patrimoniales generados, el pago de los gastos y costos judiciales del asesor jurídico, el pago de los tratamientos médicos o terapéuticos que sean necesarios para la recuperación de la salud de las víctimas, entre otros. Sin embargo, la realidad es que los procesos burocráticos y la falta de un plazo determinado para que la autoridad cumpla con esta obligación, ocasiona que las víctimas queden en estado de incertidumbre y por tiempo indefinido, postergando el proceso de iniciar una recuperación emocional, una recuperación física, que les permita recuperar su trauma de acuerdo al delito. La falta de un plazo, de una fecha, ocasiona que se sigan revictimizando los efectos, y el Estado por su parte, se aparta de una función de tutelar los derechos de todos los que han sido víctimas. Por esta razón, esta reforma se vuelve necesaria pues con ella se le da certeza sobre el tiempo de entrega de la compensación a la que tiene derecho. La propuesta de la modificación por parte de la comisión que exactamente propone aquí al pleno, es que el daño se pueda resarcir con el pago de la compensación de las afectaciones en un plazo no mayor de 120 días hábiles, contados a partir de la resolución dictada por la comisión ejecutiva. Esto le permite entonces esa certidumbre y esa seguridad para que en un plazo no mayor a 120 días pueda ser resarcido económicamente el daño. Sé que no existe medida alguna para borrar el dolor y el sufrimiento que han vivido una terrible experiencia de esta, estoy consciente que desafortunadamente siempre habrá un antes y un después en la vida de quien ha perdido la tranquilidad y la confianza, sobre todo, de las autoridades. Pero si bien, no se puede borrar el pasado, lo mínimo que se debe y se puede hacer en caso, el Estado, es facilitarle las herramientas para permitirle que a su propio ritmo puede recuperar esa paz que le fue arrebatada. Proporcionar la compensación económica dentro de un plazo determinado es una obligación del Estado como parte responsables, es una cuestión de mera justicia social. No es justo que una persona además de las pérdidas intangibles y del sufrimiento que le ha ocasionado, vea además dañado su patrimonio, pero peor aún, que se vea en la imposibilidad de solicitar ayuda por el hecho de no disponer o no poder pagar los servicios médicos, o peor aún legales, que necesita para seguir delante de la manera más normal posible. Por eso es que su servidor votará, votaremos en el Partido Verde a favor del presente dictamen porque esta medida abona a generar una verdadera política de justicia, de justicia social para las víctimas que tan necesario es en nuestro país. Por eso, compañeras, compañeros, los invitamos a una reflexión para que su voto sea a favor. Muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.