El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences: Señoras diputadas, señores diputados. Con el permiso también de los padres de familia de los 43 estudiantes Epifanio Álvarez Carvajal, Blanca Luz Nava Vélez, Aristeo González Baltasar, Silveria Parral Rosa, Mario César González Contreras y Mary Carmen Cruz Mendoza. Pase de lista de los 43 estudiantes: Abel García Hernández, Abelardo Vázquez Peniten, Adán Abrajan de la Cruz, Antonio Santana Maestro, Alexander Mora Venancio, Benjamín Ascencio Bautista, Bernardo Flores Alcaraz, Carlos Iván Ramírez Villarreal, Carlos Lorenzo Hernández Muñoz, César Manuel González Hernández. Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, Christian Tomas Colón Garnica, Cutberto Ortiz Ramos, Dorian González Parral, Emiliano Alen Gaspar de la Cruz, Everardo Rodríguez Bello, Felipe Arnulfo Rosas, Giovanni Galindes Guerrero, Israel Caballero Sánchez, Israel Jacinto Lugardo, Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, Jhosivani Guerrero de la Cruz, Jonás Trujillo González, Jorge Álvarez Nava, Jorge Aníbal Cruz Mendoza, Jorge Antonio Tizapa Legideño, Jorge Luis González Parral, José Ángel Campos Cantor, José Ángel Navarrete González, José Eduardo Bartolo Tlatempa. 1, 2, 3, 4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Justicia. José Luis Luna Torres, Julio César López Patolzin, Leonel Castro Abarca, Luis Ángel Abarca Carrillo, Luis Ángel Francisco Arzola, Magdaleno Rubén Lauro Villegas, Marcial Pablo Baranda, Marco Antonio Gómez Molina, Martín Getsemany Sánchez García, Mauricio Ortega Valerio, Miguel Ángel Hernández Martínez, Miguel Ángel Mendoza Zacarías, Saúl Bruno García. Compañeros, compañeras, la noche del 26 de septiembre de 2014 quedó registrada en la historia negra de México como la noche de Iguala. El asesinato brutal de 6 ciudadanos guerrerenses, 25 heridos, de los cuales muchos de ellos quedaron incapacitados para el resto de su vida, y la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quedó registrada también en el libro rojo de la historia sangrienta de nuestro país, y se suma hasta ahora, a la larga cadena de crímenes de lesa humanidad y que se mantienen impunes en la era de los gobiernos autoritarios de ayer y hoy, crímenes que exigen ser aclarados y aplicar la justicia a los responsables materiales a intelectuales. La mente de los vecinos de la calle Juan N. Álvarez, esquina Periférico, de Iguala, todavía escuchan la metralla usada por fuerzas policíacas y delincuenciales. La pesadilla socializada por la impunidad vive, está fresca en la memoria y en la conciencia de la sociedad mexicana. En este caso, que ha estremecido la conciencia de millones de mexicanos que hablaron en las urnas el primero de julio pasado, se han observado omisiones, complicidades, simulaciones, ausencia de interés e incluso desprecio a la vida de sus gobernados por los responsables de las dependencias involucradas en la investigación del caso, y por el mismo presidente de la Republica, que con fastidio exigió a los padres de familia de los jóvenes desaparecidos, de manera absurda e impropia de un jefe de Estado, ya superar una tragedia que por sus características es insuperable para cualquier ser humano con pisca de razón y sentimientos. En todo el proceso ha sido evidente que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha tenido mucha prisa por cerrar el caso de acuerdo a un final concebido desde el principio, el cual han defendido a capa y espada, a pesar de la existencia de evidencias que muestran graves inconsistencias y violaciones al debido proceso, e incluso contradicciones en los resultados presentados como verdad histórica. Investigaciones periodísticas sustentadas documentalmente y de conocedores, como el Grupo Multidisciplinario de Expertos Independientes, han encontrado resultados totalmente diferentes a lo que el gobierno de Peña Nieto ha presentado a los mexicanos. Las víctimas de este hecho y la sociedad en general tienen el derecho humano fundamental de conocer la vedad, de recuperar con vida a sus familiares, recuperar a sus desaparecidos y el derecho a la justicia. La rendición de cuentas en el ejercicio público es indispensable y una obligación constitucionalmente ineludible, y con superior razón en el caso de desaparición forzada como es el caso que nos ocupa. Los resultados de la investigación presentados hasta ahora por el gobierno federal y su dependencia investigadora muestran graves sospechas de colusión entre dependencias federales del Estado mexicano y los presuntos criminales, de manera oficial en la desaparición de los estudiantes. La investigación realizada por la propia Visitaduría de la Procuraduría General de la República demuestra que las conclusiones del titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR son a partir de la alteración de datos y de la propia investigación. La investigación contra el titular de la Agencia de Investigación Criminal concluyó que eran inválidas todas las actuaciones del río San Juan, porque las ilegalidades cometidas antes y después de las inspecciones en el lugar tenían un efecto corruptor en la prueba y que las conclusiones de la llamada verdad histórica por el gobierno federal se sustentaban en tales averiguaciones falseadas. Según publicaciones periodísticas sustentadas verbal y documentalmente, el encargado de la investigación sobre el actuar del responsable de la Oficina de la Agencia de Investigación Criminal fue repetidamente amenazado y obligado a renunciar, sin permitirle dar a conocer a la sociedad el resultado de su investigación sobre el proceso de investigación realizado por la PGR. La investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue permanentemente obstaculizada y saboteada desde oficinas gubernamentales y sus integrantes fueron hostigados y sometidos a un linchamiento mediático abrumador, impidiéndoles el acceso a instalaciones, informes y documentos recabados. A pesar de eso, sus resultados marcaron líneas de investigación diferentes y conclusiones diferentes, que obligan a una redirección de la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes. El propio Senado de la República hizo suya la recomendación del grupo de expertos de reencausar la investigación en una unidad especializada y el relanzamiento y concentración de la búsqueda de los estudiantes, a partir del uso inmediato de la tecnología. Todo ello solo ha contribuido a que lo que sucedió realmente en Iguala el 26 de septiembre se mantenga oficialmente en la oscuridad de esa noche y que ni los padres de los desaparecidos ni la sociedad, en general, sepan qué pasó realmente ni quiénes son los verdaderos responsables. En virtud de lo anterior, exhortamos al ciudadano presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Enrique Peña Nieto, que instruya a quien corresponda reiniciar la investigación sobre la desaparición y búsqueda de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos, apegado a la verdad y a una comisión de ella, con amplia satisfacción de resultados y justicia para quienes fueron lastimados de manera directa e indirecta y para los mexicanos, en general. Sin verdad no hay justicia. Sin justicia no hay paz. Muchas gracias.