El diputado Gabriel de Jesús Cárdenas Guízar: Buenas tardes, compañeras y compañeros. Educar a los niños hoy y no será necesario castigar mañana a los hombres, eso decía Pitágoras en el siglo VI antes de Cristo. Hoy en pleno siglo XXI esta frase sigue teniendo vigencia. Desgraciadamente en nuestro país existen muchos menores infractores que deben ser juzgados, debido a que el Estado mexicano ha fallado en educarles. El proyecto que hoy discutimos aborda el tema de estos menores, tanto niños como adolescentes. Cabe resaltar, que esta minuta conjuga documentos, tanto del Senado de la República como de esta Cámara de Diputados, lo que refleja la genuina preocupación que tiene este honorable Congreso de la Unión sobre este sensible tema. Los Estados Unidos Mexicanos han firmado diversos instrumentos internacionales, con el fin de garantizar los derechos de los menores, como son la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, o bien, conocidas como las Reglas de Beijing. En concordancia con dichos instrumentos, nuestra Carta Magna establece, en su artículo 18, diversas garantías específicas para tratamiento de los menores de edad infractores. La citada reforma constitucional, que se encuentra en vigor desde diciembre del año 2005 y que instituye el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, fue un gran logro. Hoy contamos con principios y reglas jurídicas de un nuevo modelo de justicia penal para los jóvenes en conflicto con la ley. Dicha modificación constitucional representó el reconocimiento definitivo del adolescente como sujeto con derechos especiales. La eliminación del juzgamiento discrecional sin garantías de un grupo de personas. El replanteamiento de la relación del Estado con la infancia infractora y el punto de partida de la transformación del sistema penal, consagrado definitivamente en el año 2008. A consecuencia de esta reforma, los estados de la República y el Distrito Federal se vieron obligados a crear leyes e instituciones especializadas que pudieran llevar a cabo el nuevo sistema de forma local. Sin duda fue un reto que se afrontó con el mayor de los compromisos. Sin embargo, a siete años de la puesta en marcha de los órganos especializados, es importante reconocer que queda muchísimo por hacer. Admitir lo contrario sería asumir una postura conformista que nuestros adolescentes no merecen. Las dificultades y retos que plantea la adecuada instrumentación de este nuevo sistema no son menores. No solo se trata de establecer un proceso con las debidas garantías sino de desarrollar de manera comprensiva un sistema especializado, capaz de brindar a los adolescentes oportunidades reales de asumir su responsabilidad frente a la comisión de un delito y encontrar opciones de vida que les permitan desarrollar sus capacidades y potencialidades de una manera positiva y constructiva para la sociedad. Es preciso reconocer que la justicia para los adolescentes no ha corrido con la mejor suerte en los últimos años. Dado su escaso tratamiento legislativo y escaso abordaje institucional. Ello nos obliga a crear normas firmas y duraderas que en verdad atiendan a nuestra juventud, sobre todo, la que está en esta situación desafortunada y compleja. Cuando un menor comete un delito, el deber del Estado es ubicarlo frente a un sistema penal de responsabilidad juvenil en el que goce de todos los derechos y que la respuesta sancionadora sea inminentemente educativa al agresor y reparadora a favor de la víctima, pues el propósito es llevar a cabo un proceso restaurativo donde el castigo no sea la solución sino el acceso a un juicio justo con respeto a sus derechos humanos. El día de hoy será recordado como el día en que transformamos integralmente la impartición de justicia a los menores infractores. Éste es un día en el que estamos estableciendo un nuevo paradigma en la historia legislativa de nuestro país. Entre los beneficios que traerá la reforma en discusión se encuentra el de brindar mayor certeza y seguridad jurídica para los menores. La unificación y sistematización de criterios entre las 32 entidades federativas y una mayor coordinación entre los operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia penal. Con esta reforma estamos pasando de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio para los adolescentes, incluyéndolos así en el conjunto de reformas que benefician a los implicados en un proceso penal. La aplicación de este nuevo sistema nos permitirá reducir significativamente el número de injusticias, abusos de poder y violaciones a los derechos humanos. Con esta reforma se respetan cabalmente los principios constitucionales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Una mayor certidumbre jurídica para todos los adolescentes involucrados en un proceso penal nos servirá como una herramienta para combatir la corrupción y la impunidad, se evitarán las inconsistencias y los vacíos legales entre las legislaciones locales y las federales, y se adecuará el sistema de justicia penal de acuerdo con las tendencias del derecho internacional moderno. Está plenamente demostrado en la práctica mundial, que los modelos garantistas del sistema de justicia para jóvenes en conflicto con la ley producen resultados positivos para reducir la delincuencia juvenil, así como para evitar su reincidencia. Las y los jóvenes son personas en desarrollo, con derechos y responsabilidades y como tales tienen una dignidad que no disminuye cuando delinquen, por ello más que privarles de su libertad y hacerles objetos de abusos debemos analizar cuál es nuestra corresponsabilidad para con esto comenzar a reorientar su vida. No omito mencionar mi reconocimiento a la labor de mis compañeros legisladores de ambas Cámaras y a los distintos grupos parlamentarios para la concreción de este noble proyecto. Finalmente quiero hacer mención, que el sistema que hoy se implementa a todo el país es resultado de una constante lucha del Partido Acción Nacional. Fue el presidente Felipe Calderón quien realizó una intensa labor para concretar la implementación de este sistema. El 18 de junio de 2008 se establecieron reformas en materia de derechos humanos y de un nuevo proceso penal, y se estableció en junio de 2016 como fecha límite para la implementación de juicios orales en todo el país. En el Partido Acción Nacional nos congratula enormemente la implementación de este nuevo sistema, parteaguas en la vida de nuestro país. En el PAN seguiremos impulsando reformas encaminadas al respeto de los derechos de los niños, los derechos humanos, la vida, la libertad y la dignidad de las personas. Finalmente solicito que la presente intervención conste íntegra en el Diario de los Debates. Es cuanto.