El diputado Rubén Acosta Montoya: Gracias, presidente. En nombre de mis compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México expresamos a todos los jornaleros, en particular a los indígenas, y de nuevo muy en particular a los 200 tarahumaras que fueron identificados en la empresa El Cerezo en Baja California, nuestra indignación y nuestra solidaridad para acompañarlos en esta lucha. Porque no sigan siendo explotados, que su trabajo sea pagado de manera justa tal y como lo establece nuestro marco jurídico. Cuentan con todo nuestro apoyo y todo nuestro compromiso para poder establecer no solo esta lucha sino garantizarles una justicia digna y correcta, que es la que merecen como mexicanos, a los cuales también nos debemos solidarizar todos, y como lo señalé, nuestro marco jurídico establece perfectamente las condiciones de trabajo que deben de establecerse para cada uno de ello. Pero no solo eso, el marco internacional también lo establece, la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 23, por solo poner un ejemplo de ella, establece como trabajo decente aquél en el que se desarrollan las aspiraciones de la gente durante su vida laboral, significa poder contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y produzca un ingreso digno y seguridad en el lugar de trabajo, mejores perspectivas de desarrollo personal, libertad para que la gente exprese sus opiniones y participación en las decisiones que afectan sus vidas. Lamentablemente para algunas personas en México el trabajo decente no se respeta, como lo estamos viendo hoy. Éste es el caso de los trabajadores agrícolas de casi todo el país. Son considerados trabajadores agrícolas aquellas personas que laboran en granjas y plantaciones y en el procesamiento de materias primas para la producción de fibras y alimentos, pueden ser trabajadores permanentes, estacionales, temporales, migrantes o como lo estamos viendo hoy, indígenas. Estas personas enfrentan una serie de desventajas y obstáculos que ponen en peligro su bienestar. Por ejemplo, con frecuencia llevan a cabo trabajos peligrosos, son explotados por medio de condiciones abusivas de trabajo y pago y tienen contratos inseguros con frecuentes periodos de desempleo y tienen poco o nulo acceso a la seguridad social. El grueso de los trabajadores agrícolas que emigran a otros estados para trabajar proviene de zonas marginadas, en donde la población es preponderantemente indígena. El razonamiento es obvio, migran buscando mejores condiciones de vida y mejores condiciones de vida a su vez para sus familias. Se calcula que solo en San Quintín, Baja California llegan más de 20 mil jornaleros indígenas por año. Es una situación que debemos de atender de manera urgente. El problema de raíz se debe atacar, como lo señalé ya de manera urgente, procurando cambiar la realidad estructural de una parte del medio rural, la cual carece de infraestructura y de apoyos para el desarrollo. Asimismo, el incremento en la migración indígena y su incorporación al mercado de trabajo como mano de obra barata, nos plantea la necesidad de diseñar e implementar políticas que contribuyan a detonar estas regiones olvidadas. Es prioritario proteger a los trabajadores agrícolas de todo el país que ya se encuentran laborando en varias partes de nuestra República Mexicana. A este tenor, vuelvo a expresar la solidaridad y compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Verde y llamamos a las autoridades correspondientes a vigilar que los jornaleros agrícolas tengan las condiciones óptimas de trabajo y de descanso adecuadas, así como las condiciones de salud, alimentación, hogar y todas las demás que se requieran para que su trabajo sea dignamente prestado a esas empresas. Es cuanto.