El diputado José Enrique Reina Lizárraga: Con su venia, diputada presidenta. Muy buenas tardes, diputadas y diputados. Nuestro país ha suscrito diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, tanto vinculatorios como declaratorios. Lo que señala, el derecho a la información como un derecho universal, reconocido e inherente a los regímenes democráticos. Así pues, el derecho a la información es la garantía fundamental de toda persona, implica el derecho al acceso a los archivos, registros y documentos públicos, y el derecho a escoger entre las fuentes que generan dicha información, las libertades de expresión y de imprenta, el derecho de asociación con fines informativos, así como el derecho a recibir información objetiva, completa y oportuna. Por lo anterior, la administración pública, bien de la utilidad, no aprovecha, dada su comodidad, su celeridad y su economía, así pues actualmente una multiplicidad de disposiciones administrativas se publican en Internet, con el propósito de que exista transparencia y acceso ilimitado a las mismas por cualquier interesado. Sin embargo, en muchas ocasiones esa transparencia se encuentra al margen de la regulación que se prevé para tal efecto, e incluso se pone en riesgo la seguridad jurídica de forma grave al estar o al expresar el manejo en esta red. Por eso, en estas disposiciones, normas o criterios, que simplemente se publican en el Internet, pueden presentarse a la informalidad, ya que al no tener las características necesarias desde el punto de vista jurídico, para que su publicidad sea efectiva, al final puede no cumplir su cometido informativo y de transparencia que se busca. De tal suerte que las leyes reguladoras no contemplan al Internet como un medio más de publicación y basta mencionar la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Quiero un ejemplo para este pleno, por ejemplo, la Unidad de Normatividad y Adquisiciones de Obras Públicas y Patrimonio Federal, o la Dirección General de Inconformidades, ambas unidades administrativas de la Secretaría de la Función Pública, publican en su página oficial de Internet de esta Secretaría, criterios que son verdaderamente determinantes para la toma de decisiones, así como para otras dependencias administrativas de dicha dependencia. Y así mismo, en otras dependencias y entidades de la administración pública federal. No atendiendo a lo dispuesto, lo que marca el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Por lo antes mencionado nos encontramos con este problema sino con una necesidad imperante de conciliar la garantía de seguridad jurídica con la problemática práctica real que vive la administración pública federal. Por lo antes expuesto se concluye lo siguiente, la falta de publicación de cualquiera de las normas previstas en el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en el Diario Oficial de la Federación genera la invalidez de la misma al no existir un fundamento legal para que una disposición general de entidad o dependencia de la administración pública federal publicada en el Internet surta efectos jurídicos en términos del artículo 3, fracción VII de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos. Es necesario establecer un régimen claro que, también específicamente, qué tipo de disposiciones pueden ser publicadas en el Internet, en qué forma y en qué términos deben ser publicados en el Internet y en qué forma y términos pueden formalmente estar en vigor y dejar de tener vigencia sin que se entienda como un simple subir y bajar información. Por lo antes expuesto, propongo que se reforme el artículo 4 de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos, para que quede como sigue: Artículo 4. Los actos administrativos de carácter general, tales como reglamentos, decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas, circulares y formatos que expidan las dependencias y organismos descentralizados de la administración pública federal deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan efectos jurídicos. De la misma forma, los lineamientos, criterios, metodologías, instrumentos, directivas, reglas, manuales, disposiciones que tengan por objeto establecer obligaciones específicas cuando no existan condiciones de competencia y cuales quiera de naturaleza análoga a los actos anteriores, podrá publicarse ya sea en el Diario Oficial de la Federación o a través de las páginas electrónicas de la dependencia o entidad correspondiente. En el caso de que se opte por la publicación a través de la página electrónica correspondiente, el titular de la dependencia o entidad deberá emitir un oficio, signado en original, en el que se indique claramente: Uno. Fecha en que se emitió la disposición correspondiente. Dos. Una breve explicación de por qué se emitió la misma. Tres. La transcripción del texto completo, mismo que deberá coincidir exactamente con el texto incluido en la página electrónica. Cuatro. La dirección electrónica específica donde se ubicará la disposición, inicio y fin de vigencia, en el caso de que sea posible determinarla. Dicho oficio deberá estar disponible en forma irrestricta a cualquier persona a través de la Unidad de Vinculación para la Transparencia correspondiente y la propia página de Internet. En la misma forma, para el efecto de que la disposición incluida en la página electrónica de la dependencia o entidad sea modificada o deje de tener vigencia, se deberá asimismo emitir otro oficio por el titular de la dependencia o entidad, en el que se indique claramente fecha de su emisión, razón por la que se decidió la modificación o terminación de la vigencia, la disposición correspondiente y fecha en que deja de tener vigencia la misma, estando asimismo disponible dicho oficio en la forma y medios indicados. La falta de existencia del o los oficios señalados impedirá que la publicación electrónica surta efecto alguno. Señora presidenta, por cuestiones de tiempo solicito se inserte este documento íntegro en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada presidenta.