La diputada Blanca Araceli Narro Panameño: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la vivienda es mucho más que un simple bien inmueble, la vivienda representa un espacio de convivencia, de seguridad y de construcción de lazos afectivos. Representa nada más y nada menos que el hogar. De ahí que la adquisición de una vivienda propia ha sido y sigue siendo uno de los objetivos primordiales de la mayoría de las y los ciudadanos, de las parejas jóvenes, de los padres y madres de familia. Todas y todos aspiramos a obtener en algún momento de nuestras vidas una vivienda para asegurar nuestro patrimonio. Nuestra vida cotidiana, nuestro futuro, el de nuestras hijas e hijos. A pesar de la gran importancia que tiene, de acuerdo al Programa Nacional de Vivienda 2017-2024, la carencia por calidad y espacios de vida afecta a un 11.1 por ciento de la población, mientras que un 19.8 por ciento experimenta carencia por acceso de servicios básicos. Esto se agrava si tomamos en cuenta que los desarrolladores inmobiliarios y las constructoras ponen en preventa o venta viviendas que en muchos casos no cuentan con las autorizaciones, trámites o licencias el uso del suelo, de construcción o de alguna otra acción urbanística. Muchas de estas construcciones irregulares no garantizan acceso a servicios básicos, comercios, espacios de usos colectivos e incluso transporte, escuelas y servicios de salud. Lo anterior deja a los compradores expuestos a diversos riesgos como fraudes, estafas y los sofocantes prejuicios legales derivados de contratos leoninos, así como la imposibilidad de tomar posesión de su vivienda, debido a que fue clausurada la construcción por alguna autoridad. Por supuesto, todo ello ante la posible pérdida del patrimonio. Por ello, es fundamental que desde esta legislatura se protejan los derechos de las y los compradores y el patrimonio de las familias mexicanas. De acuerdo con la nueva agenda urbana, aprobada por las Naciones Unidas en 2016, especialmente en lo que se refiere al derecho a la vivienda. La vivienda no es adecuada si sus ocupantes no cuentan con cierta medida de seguridad de la tenencia que les garantice protección jurídica contra el despojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. De ahí, que se propone reformar la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, reforma que tiene por objeto establecer de forma expresa en la ley, que corresponde a los municipios y entidades federativas, prevenir y evitar la preventa y venta de inmuebles para vivienda de conjuntos urbanos o desarrollos habitacionales que no hayan demostrado tener previamente las autorizaciones, trámites, licencias o de uso del suelo, construcción, fraccionamientos, subdivisiones, fusiones, relotificaciones, condominios y para cualquier otra acción urbanística en los términos previstos en la ley y en las leyes de las entidades federativas. Asimismo, con la finalidad de que dicha obligación no quede en letra muerta, se propone adicionar un párrafo a efecto de mandatar que las leyes de las entidades federativas deben de establecer la obligación de las autoridades estatales y municipales en la materia. En suma, con la presente iniciativa se pretende prohibir estas prácticas ilegales que se cometen en el sector constructor inmobiliario en aras de detener y revertir la injusticia social, los daños a la economía nacional, estatal y familiar. Es necesario poner un alto a los engaños y fraudes de las inmobiliarias y constructoras, es urgente defender el derecho de las y los mexicanos a una vivienda digna, es necesario transformar de fondo las malas prácticas inmobiliarias y la corrupción. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.