El diputado Miguel Ángel Monraz Ibarra: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeros diputados, los suscritos diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en la Constitución, leyes y reglamentos que rigen al Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, ponemos a su consideración la siguiente iniciativa que reforma el artículo 57 de la Ley de Educación. Es evidente en nuestro país la gran importancia que tiene la educación que imparte el Estado mexicano y los particulares, ya que ha sido una materia en la cual tanto el gobierno como los ciudadanos han colaborado para hacer efectivo el derecho y la educación para todos los mexicanos. Es por esto que las becas educativas deben de ser proporcionadas tanto por el sector público como por el sector privado, imponiéndoles modalidades distintas en una misma idea de la política educativa. La importancia de la educación y su acceso a ella, no sólo es una garantía constitucional consagrada en nuestro máximo ordenamiento jurídico. Los instrumentos internacionales coinciden en que la educación es un derecho fundamental que debe ser respetado universalmente y que el gobierno de cada país debe hacer efectivo con las condiciones que se señalen en los distintos ordenamientos signados multilateralmente, esto es, buscando el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y buscando fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Es por esto que la Ley de Educación estableció en su artículo 57 la obligación de los particulares que imparten educación a proporcionar un mínimo de becas. Sin embargo, al no establecerse claramente los porcentajes, las modalidades y las condiciones del otorgamiento de becas en la ley sino en los acuerdos administrativos, esta situación vulnera la garantía de seguridad jurídica consagrada en el artículo 16 constitucional. De igual forma, es necesario establecer en la ley el proceso, mecanismos y los requisitos mediante los cuales serán otorgadas las becas para aumentar la seguridad jurídica y reducir la incertidumbre en la que se encuentran las escuelas particulares y los estudiantes. Por otra parte, consideramos que puede mejorarse la regulación de los comités que otorgan las becas y aumentar la transparencia del proceso de su otorgamiento para asegurar la imparcialidad y correcta evaluación de la necesidad económica al alumno que se le otorgue, logrando que los apoyos lleguen a quienes más los necesitan. La razón lógico jurídica que nos motiva a presentar esta reforma es que consideramos que en cualquier obligación que en materia administrativa imponga una ley, es en esta y sólo en esta donde deben establecerse los elementos para la determinación de la obligación de los particulares. Es en el caso concreto de esta iniciativa, si la Ley General de Educación dispone en su artículo 57, fracción III, la obligación de los particulares que imparten la educación de proporcionar un mínimo de becas, que deben fijarse aquí de manera análoga las contribuciones, el sujeto, objeto, base, tasa y época de su pago; siendo el sujeto obligado la escuela particular el sujeto, proporcionar becas; la base, el número de alumnos inscritos en la escuela, es decir la matrícula total; la tasa, el porcentaje que aquí proponemos y, la época de pago en cada ciclo escolar. Es así que, abstrayendo el razonamiento que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en tesis de jurisprudencia que citamos en el texto completo de la iniciativa y generalizándolo en otras normas de derecho administrativo, proponemos aumentar la garantía de seguridad jurídica en nuestro sistema legal. Por lo anteriormente expuesto, sometemos a consideración del Pleno de la honorable Cámara de Diputados, el siguiente Decreto Artículo único. Se reforma el artículo 57 de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: Artículo 57. Los particulares que impartan educación con autorización o con los reconocimientos de validez oficial de estudios deberán proporcionar un mínimo de becas en los términos siguientes: a).- Las becas escolares consisten en la exención del pago total o parcial de la inscripción y de las colegiaturas mensuales. b).- Proporcionar el equivalente a un cinco por ciento como mínimo del total de la matrícula del periodo escolar, en aquellos estudios que cuenten con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios, mismos que se destinarán a los alumnos que cuenten con el nivel académico requerido o les sea imposible sufragar los gastos escolares. c).- Las becas otorgadas como prestación a los trabajadores no formarán parte del porcentaje señalado en el inciso b). d).- Dar a conocer en forma completa a estudiantes, maestros y padres de familia, previamente al otorgamiento de becas, la información referente al proceso, mecanismos y requisitos, mediante los cuales serán otorgadas las becas. e).- El otorgamiento de becas se deberá hacer en cada plantel por una comisión integrada por un directivo, dos maestros y dos padres de familia. La integración de las comisiones así como el proceso de entrega de becas, será supervisado y aprobado por la autoridad educativa correspondiente y dado a conocer a la comunidad educativa con la mayor publicidad. f).- La inconformidad ante un proceso de otorgamiento podrá ser investigada por la Secretaría de Educación de oficio o ante denuncia de cualquier interesado y se duplicará la sanción que corresponda si el beneficio recae en familiares de primer y segundo grado, tratándose de servidores públicos o de la comisión señalada en la fracción e). Solicito atentamente que la iniciativa que presentamos, quede íntegramente inscrita en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputada Presidenta.