La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia. Desde el siniestro ocurrido el 19 de febrero del año 2006, que cegó la vida a 65 mineros del carbón en la unidad 8 de Pasta de Conchos, de la compañía minera México, del Grupo México, la Cámara de Diputados se ha pronunciado ininterrumpidamente sobre el caso, creando grupos de trabajo, comisiones especiales, emitiendo puntos de acuerdo en torno a la clarificación de lo ocurrido y exigiendo justicia que reclaman los familiares de los mineros fallecidos. El 28 de febrero de 2006 la Cámara de Diputados aprobó la constitución de un grupo de trabajo integrado por diputados y diputadas de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social de la LIX Legislatura, con objeto de investigar las condiciones de trabajo de seguridad e higiene en la mina Pasta de Conchos, después de la terrible explosión. Su informe fue publicado el 13 de julio de 2006 en la Gaceta Parlamentaria. Posteriormente, la LX Legislatura del Congreso de la Unión, para efectos de continuidad a la labor de dicho grupo de trabajo, aprobó el 18 de diciembre de 2006 la creación de la Comisión Especial para conocer las responsabilidades y origen de la tragedia de la mina Pasta de Conchos. Para el 21 de septiembre del 2010, ese mismo año, la LXI Legislatura emite otro punto de acuerdo, exhortando al Procurador General de la República a aceptar la recomendación número 64/2008, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativa al caso. Tanto este pronunciamiento como todos los anteriores han hecho eco de lo concluido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la que investigó y emitió la recomendación del 2006, donde concluye que en razón de los argumentos expuestos se acreditan violaciones a derechos humanos en agravio de las 65 personas que perdieron la vida en el interior de la empresa industrial Minera México, S.A. de C.V., así como de 11 personas que resultaron lesionadas, toda vez que los servidores públicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social toleraron que la referida empresa funcionara en condiciones que no garantizaban íntegramente, subrayo, la salud y vida de los trabajadores. Se añade además, que existen evidencias técnicas que permiten señalar la corresponsabilidad de la autoridad laboral por no cumplir con las normas y reglamentos de seguridad, higiene y medio ambiente. Posteriormente se sometió el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, que emitió a su vez una resolución, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el 2011. Precisa dicha recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos: el compromiso de encontrar un mecanismo que permita lograr el ingreso a la mina y el rescate de los cuerpos de los mineros. Es decir, la obligación del rescate de los cuerpos de los mineros está basada en una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de los derechos que consagran, incluso, pos mortem, el derecho a los familiares al rescate de los cuerpos. En materia de derechos humanos se ha aceptado que existen ciertos derechos, cuyo respeto sigue obligado, los Estados respecto a las personas, incluso pos mortem. Por ejemplo, el reconocimiento a la personalidad jurídica, consagrado en el artículo 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, se deriva que todo cadáver debe ser inhumado o cremado. De igual el artículo 120 del Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra de 1949, se desprenden ciertas obligaciones relativas al trato decoroso de su cadáver, respeto a su honra, como el derecho a un entierro individual honorable con los ritos de la religión que profesó. Por todas estas consideraciones basadas en el derecho internacional de los derechos humanos en nuestra Constitución Política y en la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhortamos a que se vote a favor este punto de acuerdo. Es cuanto, diputado presidente.