El diputado Roberto Cabrera Solís: Compañeras y compañeros legisladores. El avance y la conquista de los derechos humanos de las personas con discapacidad es una realidad con muchos pendientes por cubrir. De acuerdo a datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, en el mundo viven más de mil millones de personas con alguna forma de discapacidad, lo que implica que todos los gobiernos deberían ampliar sus esfuerzos para facilitar el acceso a los servicios generales, así como a realizar inversiones en programas especializados que hagan posible que las personas con discapacidad desplieguen plenamente sus posibilidades y vivan con dignidad y seguridad. En este sentido por lo expuesto, el grupo parlamentario del PRD acompañará favorablemente el dictamen en discusión, puesto que busca beneficiar y amparar a pasajeros con alguna discapacidad, al brindarles el derecho a transportar sillas de ruedas, andadores, prótesis, muletas, bastones o cualquier otro instrumento, siempre y cuando la persona que viaja haga uso de esta manera personal y se encuentre directamente asociado con la discapacidad que presenta. Las legisladoras y legisladores del Partido de la Revolución Democrática, comparten y coinciden en el compromiso y la sensatez como representantes populares de armonizar el marco normativo nacional con los más altos estándares en materia de derechos humanos que se han desarrollado. Sin embargo reconocemos que este esfuerzo es mínimo y beneficia solamente a un pequeño sector de la población, por lo que nuestro trabajo para garantizar el derecho de cualquier persona a una vida digna, debe redoblarse para que dé resultados tangibles en la cotidianeidad de todas y todos pueda verse, y los esfuerzos no se queden sólo en el papel. De esta manera la importancia de esta discusión y el trabajo legislativo, se centra en una dolorosa realidad. En todos los países y en todas las regiones del mundo, las personas con discapacidad son marginadas y privadas del acceso a algunas de las experiencias y derechos más esenciales de la vida, por condiciones de clase, género, raza y edad. Las personas con discapacidad representan la minoría más numerosa y desfavorecida del mundo. De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, que ha presentado datos alarmantes al respecto, de acuerdo a éstos, el 20 por ciento de las personas más pobres, tienen alguna discapacidad. El 98 por ciento de los niños con discapacidad de los países en desarrollo, no asisten a la escuela; cerca de un tercio de los niños desamparados, tienen alguna forma de discapacidad y el índice de analfabetismo de los adultos con discapacidad es tan solo del 3 por ciento, y del 1 por ciento en el caso de las mujeres con discapacidad en algunos países. México no es la excepción de esta realidad generalizada, en el país existen más de 5 millones de personas con alguna discapacidad; es decir, el 5.1 por ciento de la población, y de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos constituyen uno de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad en importante medida a la visión históricamente médica o asistencial asumida por nuestros gobiernos hacia este grupo de población. Las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios y académicos, una menos participación económica y tasas de pobreza más altas que las personas sin discapacidad. Como consecuencia de los obstáculos que entorpecen su acceso a servicios básicos de salud, educación, empleo, transporte e información, esas dificultades se exacerban en las comunidades menos favorecidas. Al respecto, nuestra Carta Magna en el artículo 1o garantiza y tutela los derechos humanos y preceptúa las discapacidades como una de las casuales de discriminación proscritas. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que las normas sobre derechos humanos contenidas en tratados internacionales, tiene rango constitucional y por ende su obligatoriedad. Sobre la base de lo anterior referido, los diputados y las diputadas, integrantes de la Comisión de Transportes proponen reformar el artículo 50 de la Ley de Aviación Civil para garantizar el derecho de cualquier persona pasajera con alguna discapacidad. Como representantes tenemos la obligación de eliminar los obstáculos, entorpecen el desarrollo integral de las personas con discapacidades, de invertir recursos suficientes, así como de generar marcos normativos nacionales que garanticen el servicio pleno de los derechos humanos de cualquier persona. Todo esto nos va a permitir darles servicios de asistencia a los discapacitados, no importa, aunque sea a cuentagotas...