El Presidente diputado José de Jesús Zambrano Grijalva: Tiene ahora la palabra el licenciado Rubén Antonio Tamayo Viveros, abogado defensor de la servidora pública imputada en su representación. El defensor Rubén Antonio Tamayo Viveros: Buenas tardes. Estamos ante ustedes efectivamente debido al nacimiento de un juicio de procedencia que se basa en los artículos 110 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nos preguntan si es un juicio político. De inicio lo es, porque se basa en nuestra Constitución, sin embargo, los periodistas, la gente, la ciudadanía nos pregunta por qué un juicio como éste ha tenido esa celeridad. Si hay 300 solicitudes antes de la diputada que nosotros representamos, ¿cómo es que éste ha tenido una celeridad como ésta?, inclusive haciéndoles venir en periodo extraordinario. Sin embargo, lo que podemos decir nosotros es que la base con la cual está la acusación de la Procuraduría General de la República no tiene un fundamento suficiente, como para poder decir que ha lugar. Nosotros estamos pugnando en esta Ciudad de México y en la República Mexicana, por los juicios orales, porque todo sea transparente y que no estemos nosotros simplemente ante juicios que se pueden hacer tras las puertas. Aquí debe de analizarse que el juicio que estamos encarando nace por la detención de la diputada, en forma totalmente arbitraria, del 20 de enero de este año, quien estando en Culiacán, Sinaloa, saliendo de su domicilio fue detenida por diversos agentes del Ministerio Público de la Federación, los cuales dijeron que estaban en cumplimiento a una orden de búsqueda, localización y presentación. Siendo ella diputada local y teniendo su domicilio, es como si a ustedes los quisiéramos encontrar y no pudiéramos hacerlo. Sabemos que trabajan aquí. A ella la podrían haber localizado, sin embargo con lujo de violencia la trajeron a esta ciudad ese mismo día 20 de enero, en un avión particular de la Procuraduría General de la República. Ese mismo avión se los pedimos para su regreso y no se lo concedieron. No sé por qué. Estamos nosotros en que procedió ella a dar su declaración ante la misma Procuraduría General de la República, esa declaración no consta en el juicio del expediente que ustedes tienen acceso. Esa declaración, jamás le permitieron presentarse a ratificarla, a poder manifestarse al respecto. Ella inicialmente se reservó su derecho; sin embargo, después la presentó por escrito. Esa declaración no es así, no está en el expediente que nos ocupa. Ahora, dice el agente del Ministerio Público, que ella se presentó en el Cefereso de alta seguridad, en el Altiplano, donde se identificó con una credencial del IFE que no correspondía a sus datos fisionómicos. ¿Qué a un penal de esa alta seguridad puede entrar cualquier persona con una identificación que no coincide con sus rasgos? Quisiera saberlo. En el supuesto de que se haya introducido, bueno, al salir podrían haber dicho: momento, entrégueme esa credencial o la persona queda detenida. Pasa ante el Ministerio Público, declara y posiblemente se vaya, pero tenían que haberlo hecho. Al parecer, no fue así. Sin embargo, nosotros tenemos la inquietud de saber qué es lo que había pasado con esa audiencia del 4 de septiembre de 2014, al que supuestamente acudió. Solicitamos entre nuestras pruebas que el Juez Quinto de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales acudiera, por escrito, anexándonos copia de esa diligencia informativa a la que supuestamente acudió una persona de apellido Villatoro Pérez. ¿Qué es lo que sucedió? Que el juez anexó copia de la audiencia y de un escrito, en donde Guzmán Loera solicitó que tuviera como persona de confianza a una persona de apellidos Villatoro Pérez. Pero tenía que haber aceptado y protestado el cargo, no nada más era el que se le nombrara. Sin embargo, nunca acudió, como el mismo juez lo dice, a protestar y aceptar su cargo, como persona de confianza. Bueno, vamos a pensar que lo hubiese hecho después, el día de esa audiencia del 4 de septiembre de 2014, ¿qué ocurrió? Que en la audiencia que está en el expediente aparece que acudió el juez, el secretario de acuerdos, el agente del Ministerio Público de la Federación, el defensor y el procesado, Guzmán Loera. Ninguna persona del sexo femenino. ¿Qué pasa entonces? Que el agente del Ministerio Público, estando ahí, debería haber solicitado que la persona que estaba compareciendo se acreditara, para ver si es cierto que tenía la facultad de hacerlo, de estar presente en esa reja de prácticas. No está. También nosotros pedimos, ante esas constancias, que fuese presentado algún otro documento en el cual posteriormente hubiera aceptado y procesado el cargo, y no fue así. Bueno, ¿qué estamos viendo con esto? Que no tiene ni siquiera el propio Cefereso, la Procuraduría General de la República algún video de los que se toman en esos penales de alta seguridad. ¿Cómo es posible que no haya un video? Dicen que porque a los veintisiete días se reciclan los mismos, veintisiete días después de que ellos sabían que había introducido una persona a su Cefereso, que no coincidía con los rasgos fisonómicos de una credencial del IFE. Bueno, es demasiado tiempo. ¿Qué pasa con esto? Que no tiene la Procuraduría como dice que hay fotografías con las cuales se desahogaron diversas periciales para poder determinar si coincidían los rasgos fisonómicos de la diputada, que nosotros representamos, con los que estaban ahí en la credencial, supuestamente falsa. ¿Qué ocurrió? Que dichos peritajes únicamente hablan de semejanza. Entonces, los que sean gemelos o las personas que se parezcan uno a otro pueden ser, efectivamente, las personas que cometan un delito u otro. No puede ser así. El perito que nosotros ofrecimos por parte de la defensa, en esta Sección Instructora, determinó que puede existir semejanza, pero no pueden realizar una identificación plena, no hay la identidad plena. No pueden asegurar que la persona que acudió haya sido Lucero Guadalupe Sánchez López. No lo pueden asegurar. Y así es, de otra manera no hubieran estado preocupados por buscar tantas semejanzas, con documentos que inclusive dicen que fueron encontrados en cateos. Sin embargo, se les olvida decir de otras pruebas que constan en el expediente y que en esta Sección Instructora están, en el sentido de que esa credencial fue encontrada en un vehículo que ya había sido reportado como robado con anterioridad al cateo. Esa es una documental pública, que la Procuraduría del estado de Sinaloa anexó al expediente, a solicitud de las pruebas de esta defensa que está realizando. ¿Qué pasa? Que las pruebas de las que habló la Procuraduría se están cayendo. ¿Por qué? Porque no hay elementos suficientes para poder determinar ese punto. Debemos nosotros también ir en el aspecto técnico de lo que estamos vertiendo ahora ante este jurado. El delito por el cual fue llamada la diputada, fue por delincuencia organizada y uso de documento falso. Se le investigó ante diversos bancos. En registros públicos de la propiedad fue buscada para ver si también era propietaria de diversos vehículos y demás. ¿Qué ocurrió? Que la información que recabó la Procuraduría no fue suficiente como para decir que esta persona, la diputada que representamos, hubiese tenido algún manejo ilícito en sus recursos o en sus bienes. Si no lo hay, cómo nos están permitiendo investigar sobre esos puntos que el delito de delincuencia organizada obviamente no prosperó. Por lo tanto, se consignó únicamente ante esta Sección Instructora el expediente por el uso del documento falso. Del documento falso que nosotros pedimos a la Procuraduría General de la República que remitiera, sin embargo, dijo que no lo tenía en su poder. Se requirió al INE para que también lo anexara y ese expediente no lo tenía, ya lo habían manifestado. Por lo tanto, la Sección Instructora especificó que no se podían desahogar las pruebas que nosotros pedíamos para ver si la huella dactilar correspondía a la diputada o si correspondía a ella la firma que aparece en todas nuestras credenciales que tenemos del INE-IFE. Por lo tanto, no se podía determinar al respecto. El delito de uso de documento falso, el primero de los elementos materiales para su existencia es el uso del documento falso. El documento falso en sí, para poderlo usar. ¿Dónde está ese documento? No lo sabemos, no lo tenemos, no se puede determinar. Por lo tanto, no hay elementos suficientes como para poder decir que se usó un documento falso. Por lo tanto, esta Sección Instructora debe apegarse a derecho y ver que es imposible consignar a una persona si no se tiene ese documento falso. Por lo tanto, sugiero y solicito que apegados a derecho y a equidad de género se establezca que esta Sección Instructora no da a lugar al desafuero de la diputada.