El diputado Héctor Gutiérrez de la Garza: Con su venia, diputado presidente. Hago uso el día de hoy de esta tribuna a fin de dar cumplimiento a un compromiso que realicé hacia el interior del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional respecto de una problemática que aqueja, en diferentes vertientes pero en todo el país, a la situación ecológica y de protección al medio ambiente. Hace 50 años empezó el estudio de los cloroflurocarbonos. Cincuenta años más tarde, nos percatamos que efectivamente había una lesión hacia la capa de ozono. No debemos permitir que sigan sucediendo violaciones irreparables o irreversibles al medio ambiente en las diversas latitudes del país. En 1999 reformamos el artículo 4º., constitucional, para establecer, como garantía, el que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Corresponde ahora a todos nosotros el protegerlo. De igual modo, en ese mismo año se reforma el primer párrafo del artículo 25 para agregar. "Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable". Es de todos conocido que tanto en Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Nuevo León, vivimos el problema de actitudes y acciones que lesionan el medio ambiente y que bajo el amparo de la justicia federal, continúan actos de imposible o irreversible reparación. ¿A qué me refiero? Pongo de ejemplo a Monterrey, Nuevo León: Tenemos en este momento fraccionadores que al amparo de problemas de competencia entre la autoridad federal, estatal y municipal, consiguen con justo derecho, la suspensión del acto reclamado. Y estamos hablando de: Tala de árboles, estamos hablando de destrucción de cerros. ¿Para qué? Para que posteriormente al definirse el fondo del asunto se señale que el particular no tenía razón, más en ese momento el daño es irreversible. Tenemos que frenar esto. El propio Poder Judicial de la Federación ha señalado en diversas tesis, que la protección al medio ambiente es de interés público e interés general toda vez que protege a la propia salud pública. El artículo 124 de la Ley de Amparo señala de manera muy puntual cuáles son los requisitos para el otorgamiento de la suspensión del juicio de amparo, la suspensión del acto reclamado. Establece la solicitud del agraviado que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público, que sean actos de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto. ¿Qué se considera que violenta el interés social y el orden público? Cuando se continúe el funcionamiento de centros de vicio, de lenocinios, la producción y el comercio de drogas enervantes. Segundo.- Cuando se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos. Tercero.- Se permita el alza de precios con relación a artículos de primera necesidad o bien de consumo necesario. Cuarto.- Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave, el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país o la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias que envenenen al individuo o degeneren la raza. Quinto.- Se permita el incumplimiento de las órdenes militares. En estos casos la autoridad juzgadora debe de negar la suspensión del acto reclamado en razón de que haya un perjuicio al interés social y al orden público. "Como pueden observar, el cuarto punto protege la salud pública. Las tesis, como lo he señalado, del propio Poder Judicial de la Federación consideran a la protección del medio ambiente como parte de esa salud pública. "Por tal motivo, propongo y presento iniciativa de decreto de reforma al artículo 124 de la Ley de Amparo a fin de que se precise como otra causal en la que no procede el otorgamiento de la suspensión cuando se produzca un daño grave o irreversible al medio ambiente o se ponga en peligro real e inminente el equilibrio ecológico o la salud de las personas, porque se han rebasado los límites y condiciones establecidos en las disposiciones legales o normativas aplicables. "¿Por qué normativas? Porque hay un sinnúmero de disposiciones de carácter administrativo, normas oficiales mexicanas para ser exactos, que regulan la protección al medio ambiente. De esta manera dejaríamos a la autoridad juzgadora acotada a que en el momento en que exista un daño grave o irreversible al medio ambiente sea justificante para la negativa de la suspensión. No estamos hablando de actos de difícil reparación, estamos hablando de actos de imposible reparación, como sucede en muchísimos casos en el tema de medio ambiente. "Quiero advertir al propio tiempo, que esta iniciativa fue en su momento apoyada por los compañeros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, ya ha recibido a su vez el beneplácito de diversos compañeros de los distintos grupos parlamentarios en esta Cámara de Diputados y en especial de la Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, la diputada Jacqueline Argüelles y de la diputada Rebeca Godínez, como Presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos" Por su atención muchas gracias. (Aplausos)