El diputado Fernando Enrique Mayans Canabal: Con su permiso, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, uno de los fenómenos que inhiben la competitividad económica de México frente a las economías del mundo es la gran corrupción que se genera por el exceso de burocracia, tramitología y discrecionalidad en la toma de decisiones. Para tener una visión clara del panorama que priva sobre el particular basta saber que de acuerdo con Informe de Competitividad Global 2008-2009 del Foro Económico Mundial, México cayó ocho lugares al pasar del sitio 52, en 2007, a la posición 60 en la actual edición. El país obtuvo una calificación de 4.23 puntos, una diferencia de 1.51 respecto de Estados Unidos, cuya evaluación fue de 5.74. Señala este informe que evalúa la competitividad de la economía de 134 países, que en ineficiencia burocrática, corrupción y una infraestructura deficiente ?además de destacar la materia de innovación? el país obtuvo la peor calificación, al obtener sólo 2.9 de un total de 7. Cabe mencionar como dato que este informe, producto del Foro Económico Mundial, se basa en 12 pilares de competitividad: instituciones, infraestructura, estabilidad macroeconómica, salud, educación primaria, educación superior y capacitación, eficiencia de los mercados de bienes, eficiencia en el mercado laboral, sofisticación del mercado financiero, disponibilidad tecnológica, tamaño del mercado, sofisticación comercial e innovación. De acuerdo con estos rubros se ubica a Estados Unidos como la economía más competitiva del mundo, a pesar de la situación de crisis global, al obtener una calificación de 5.74 puntos en el ranking, por lo que la economía estadounidense mantiene el liderazgo desde 2007. Países como Suiza, Dinamarca y Suecia se colocan en el lugar 28, que es la mejor ubicación en el ranking, seguidos de Panamá y Costa Rica, delante de México. En el caso particular de nuestro país, sabemos que para alentar en gran medida la competitividad se ha optado por la política pública de la mejora regulatoria, con el propósito de eliminar, desregular y simplificar trámites y servicios para que sean más sencillos y menos costosos para los empresarios y ciudadanos, y lograr que sea una herramienta esencial para lograr un gobierno más eficiente que permita mejorar la productividad de las empresas. No obstante que el Estado mexicano cuenta con una Comisión Federal de Mejora Regulatoria y un programa en la materia, no hemos avanzado como quisiéramos en la desregulación y en la calidad de la regulación para consolidar una cultura de mejora regulatoria, en virtud de que sigue aumentando la tramitología, en perjuicio, evidentemente, del desarrollo y crecimiento económico. De lo anterior podemos advertir que del informe de la revisión de la Cuenta Pública de 2006 que realizó la Auditoria Superior de la Federación se desprende, como resultado de la auditoría mediante la cual se hace una evaluación al programa de mejora regulatoria, lo siguiente. 1. El alcance presupuestal de la auditoría abarcó el 100 por ciento del presupuesto ejercido en 2006 por la Cofemer en sus actividades institucionales, que fue de 50 mil 897.2 miles de pesos. Dichas actividades son: la de mejorar el marco regulatorio y reducir la carga administrativa que afecta a las empresas y a los ciudadanos; los servicios de apoyo administrativo que comprende la revisión de los Programas Bienales de Mejora Regulatoria; la actualización del Registro Federal de Trámites y Servicios, y la evaluación de anteproyectos de disposiciones normativas y la firma de convenios con los estados y municipios. 2. Entre los resultados principales se señala que la Cofemer cuenta con 10 indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, y no dispuso de otros para medir el cumplimiento de sus objetivos estratégicos relacionados con la revisión del marco regulatorio nacional, la creación y eliminación de regulaciones, la calidad del servicio, así como su gestión operativa; la percepción del ciudadano usuario y la competencia de los operadores, por lo que la Auditoría Superior de la Federación construyó 26 indicadores para complementar la evaluación. Dicho órgano desconcentrado cuenta con un sistema de indicadores para evaluar los resultados y la gestión financiera del programa, los cuales fueron considerados para la revisión; y faltaron otros para medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la eficiencia operativa, la calidad del servicio y la competencia de los operadores, por lo que en estos casos no se atendió cabalmente lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y en el manual de programación y presupuesto para el ejercicio fiscal 2006. Este órgano fiscalizado informó que no tiene identificado el marco regulatorio nacional y proporcionó los registros de las disposiciones legislativas y administrativas que las dependencias y entidades remitieron para su revisión a la Cofemer en el periodo de 2001 a 2006. Se precisó que al 2006 las disposiciones legislativas y administrativas de carácter general presentadas a la Cofemer ascendieron a 5 mil 913. Los sectores que tuvieron la mayor participación fueron: Economía, con el 21.4 por ciento; Hacienda, el 17 por ciento; Agricultura, el 12 por ciento; que en conjunto concentraron 2 mil 982 disposiciones, lo que significó el 50.4 por ciento del total. La Cofemer no contó con la información del total de disposiciones legislativas y administrativas que integran el marco regulatorio nacional al 2006, lo que limitó evaluar el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 69-E, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al no tener plenamente identificado el universal, de ordenamientos que deben cumplir los particulares, las empresas y el gobierno. La Cofemer informó que no dispone de un diagnóstico integral sobre la situación que guarda el marco regulatorio nacional y remitió un estudio realizado en 2005 que comprendió un análisis de diversos sectores, a fin de proponer soluciones bajo una visión sistémica, del que derivaron 36 acciones concretas en materia de mejora regulatoria y competitividad. Con la revisión de la información proporcionada por la Cofemer se determinó que dicho estudio comprendió 8 sectores y 10 temas que incluyeron aspectos específicos de mejora de las disposiciones legislativas y actos administrativos de carácter general vigentes y no se incluyeron 9 sectores: agricultura; medio ambiente; educación; desarrollo social; relaciones exteriores; función pública; reforma agraria; seguridad pública y turismo. Se verificó que la Cofemer no ha efectuado una revisión integral del marco regulatorio nacional y no cuenta con un diagnóstico en esta materia. La Cofemer informó que no cuenta con un estudio para determinar qué otras áreas o sectores son susceptibles de incorporar al programa de mejora regulatoria, a fin de ampliar su alcance en el conjunto de la administración pública. En suma, se comprobó que la Cofemer no cuenta con un diagnóstico integral que permita determinar el marco regulatorio adecuado para las necesidades del país. En el periodo 2003-2006, el número de regulaciones creció en 556 nuevas disposiciones; la entidad fiscalizada no dispuso de un plan de acción para la reordenación y depuración del marco regulatorio nacional. Los trámites siguen creciendo, ya que en el periodo de 2002-2006 se inscribieron 3 mil 570 y se eliminaron mil 498, con lo que en total aumentó en 2 mil 72. La Cofemer no cuenta con un estudio que le permita determinar el número de trámites indispensables para el desarrollo de la actividad económica y gubernamental. Respecto de su frecuencia de uso, con la revisión de una muestra de mil 171 trámites, de los 3 mil 244 existentes al 2006 se constató que 575, que representan el 49.1 por ciento, no se utilizaron y la entidad fiscalizada no instrumentó un mecanismo de revisión sistemática para la eliminación y simplificación de los trámites. Debido a que no se ha avanzado suficientemente la desregulación y en la calidad de la regulación, el abatimiento de la corrupción generada por el exceso de trámites no se ha cumplido por estas causas. Compañeras y compañeros diputados, cabe resaltar que la auditoría antes citada y cuyo resultado se describe tuvo como fin, en términos generales, el de fiscalizar la gestión financiera para comprobar la eficacia, eficiencia y economía del cumplimiento de los objetivos del Programa de Mejora Regulatoria, sus resultados nos reflejan el poco o nulo avance para hablar de una mejora regulatoria en el país. De ahí que para obtener resultados positivos y avanzar en materia de competitividad, hay que profundizar en el proceso de mejora regulatoria, asegurar la calidad de la regulación y fomentar una cultura de mejora regulatoria en los tres órdenes de gobierno. Esto, considerando que se debe propiciar el uso extensivo de mejores prácticas regulatorias, la revisión de la calidad de los servicios y la competencia de los operadores así como la percepción de los beneficiarios del programa de mejora regulatoria, tal y como lo manifiesta la Auditoría Superior, por lo que no deben pasar inadvertidas las recomendaciones de este órgano fiscalizador. Me permito someter a la consideración de ustedes este proyecto de reforma. Único. Se reforma el artículo 69-A, y la fracción I, del artículo 69-E y se adiciona una fracción VIII, recorriéndose dicha fracción vigente para ser la fracción IX, del artículo 69-E de la Ley Federal de Procedimientos Administrativos para quedar como sigue. No sé si me permita, faltan dos hojas, ¿puedo?