El diputado Jorge Leonel Sandoval Figueroa (PRI): Con su permiso, diputado Presidente. Señoras y señores Diputados: "Jorge Leonel Sandoval Figueroa, en mi carácter de diputado federal del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LIX Legislatura, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 71 fracción II y 72 constitucionales, 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos someto a la consideración de esta honorable asamblea iniciativa con proyecto de decreto que reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, bajo el tenor de la siguiente "Exposición de Motivos: "La declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de Francia de 1789 es el documento que inspiró al Constituyente de 1917 para establecer las instituciones y procedimientos por los cuales el ciudadano tiene la certeza de que disfrutará de los derechos consignados en el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que por su naturaleza se clasifican en garantías de libertad, de igualdad, de legalidad y se seguridad jurídica. "Las garantías de legalidad y seguridad jurídica protegen los principios jurídicos que la autoridad debe observar a favor del gobernado en la averiguación previa o dentro de los procesos judiciales. Por ello el Estado se obliga a cumplir los principios expresos e implícitos en las normas. "Uno de los principios más antiguos en estas garantías es la presunción de inocencia, el cual se traduce como la prohibición para la autoridad de considerar culpable a una persona sin mediar una condena firme, pero en México solo se regula por escrito dentro de los tratados como en la Convención Americana, la cual establece que la prolongación de la prisión preventiva indefinida y continua sobre la persona constituye una violación del principio de presunción de inocencia y obliga a los estados parte, como a México, a recopilar el material incriminatorio en contra del acusado con el propósito de establecer su culpabilidad. "Por eso la detención preventiva ha perdido su propósito de servir a los intereses de una buena administración de justicia, convirtiéndose en el fin específico, dado que el ambiente creciente de sospecha durante el proceso es contradictorio a la presunción de inocencia. "La doctrina considera que en nuestra ley suprema el principio de presunción de inocencia se hace efectivo cuando el órgano jurisdiccional cumple con las garantías que se establecen en el artículo 20 constitucional, situación que también afirma la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante la jurisprudencia. "Sin embargo, ello no exime al Estado mexicano de su incumplimiento al contenido de los tratados y merece las siguientes conclusiones: "La presunción de inocencia únicamente es invocada en los asuntos de carácter penal, al aplicarse la prisión preventiva como medida cautelar, pero de ningún modo se puede decir que en ese momento se ha aplicado el derecho; por ende el indiciado debe gozar de la calidad de inocente antes de entrar al examen de los hechos que dieron lugar al procedimiento. "La presunción de inocencia se incumple durante el plazo de la duración de un proceso, ya que la persona sufre en prisión preventiva un castigo, para después en la sentencia definitiva obtener su libertad tras ser absuelto de la causa, pero antes se vió privado de su libertad con una calidad de culpable que nunca tuvo, en virtud de una laguna constitucional. "El proceso judicial es el instrumento legítimo para el ejercicio de la jurisdicción y tanto se agota, de ningún modo se puede decir que se ha aplicado el derecho. "Por ende, durante ese lapso el justiciable debe gozar de la calidad de inocente, con la finalidad de dignificar la vida en los sistemas penitenciarios. "Es de explorado derecho que no puede atenderse como prueba lo que legalmente no tenga carácter de tal. La actividad probatoria ha de realizarse en el acto del juicio que se vincula al derecho del interesado a su defensa, con todos los derechos que rigen el proceso jurisdiccional, porque sólo así se asegura la dignidad del ciudadano. "El actual Código Penal Federal es el único ordenamiento legal que prevé conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que debe operar el principio de presunción de inocencia que atribuye al órgano del Estado la carga de probar la culpabilidad del sujeto, autor de la conducta antijurídica y que mientras aquel no demuestre su culpabilidad, se le tendrá por inocente. "Por ello es que el fin de esta iniciativa es que exista un texto legal que vincule la vigencia del estado de inocencia y su expresión en el trato de inocente, con el régimen de medidas cautelares basado en la excepcionalidad de las mismas, así como su subordinación con los objetivos del procedimiento, toda vez que la prisión no debe ser una regla general. "Por ello es confuso e inoperable la certeza del argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la privación de la libertad preventiva que se establece en la Constitución está subordinada a las garantías individuales que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio o cualquier otro momento de las diligencias procesales, porque esa situación no opera de pleno derecho y tampoco en todas las materias en las que se ejerce la facultad jurisdiccional del Estado, por lo que asume una conducta responsable y ética e mi visión del ejercicio de las facultades constitucionales que le han sido dotadas a las autoridades judiciales y administrativas, con el firme propósito de dar certeza de que se cumplirán en todos los asuntos que conozcan. "Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía, iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución General de la República, para quedar como sigue: "Artículo 17, párrafo segundo.- Toda persona tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, así como a que se le administre justicia por tribunales de manera expedita en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. "Transitorio. "Artículo Único.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. "Dado en el Palacio Legislativo Federal, a los veintiséis días de octubre del año dos mil cuatro". Solicito, señor Presidente, respetuosamente se inserte de manera íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, señor Presidente.