LA C. DIP. MERCEDES HERNANDEZ ROJAS (PAN): Con su permiso, señora Presidente. "Compañeras y compañeros Diputados: Los abajo firmantes, diputados federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, y con fundamento en la fracción segunda del artículo 71 constitucional y por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General ... LECTURA DE INICIATIVA, INSÉRTESE Con su permiso Señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados Los abajo firmantes Diputados Federales del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en esta LVIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del artículo 71 Constitucional y por el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de esta Asamblea la siguiente propuesta de decreto que deroga artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS Para Acción Nacional es de vital importancia el establecimiento de en auténtico Estado de Derecho, fundado en el reconocimiento teórico real de los derechos esenciales de la persona humana y promotor del bien común. El Estado de Derecho presupone el ideal de que las conductas de los individuos y de las autoridades se rijan por lo dispuesto en las normas jurídicas. La política en materia turística demanda la participación activa del Gobierno, del Poder Legislativo y de la Iniciativa Privada. En el Diario Oficial de la Federación con fecha del 31 de Diciembre de 1998, apareció publicada la reforma al artículo 194A del la Ley Federal de Derechos, relativo al pago de derechos a cargo de los usuarios por concepto de uso, goce o aprovechamiento de elementos naturales. Posteriormente, el 31 de Diciembre de 1999 se derogó el artículo 194 A, anteriormente citado, y se creó un nuevo título en el Capítulo I, denominado "Bosques y Parques Nacionales/'. En este capítulo fue insertado un nuevo artículo, el 198, por virtud del cual, los usuarios que realicen actividades recreativas o turística tales como el buceo libre, el buceo autónomo, el esquí acuático y recorridos en embarcaciones motorizadas y no motorizadas, están sujetos al pago de un derecho de $25.00 pesos por persona en áreas tipo A y $48.00 pesos por usuario en áreas tipo B. El artículo 198° de la Ley Federal de Derechos es inequitativo porque afecta a la industria turística y a las comunidades locales al condicionar a los usuarios, nacionales y turistas, el uso y disfrute de los elementos naturales ante el pago de un derecho. La aplicación de este derecho atenta contra el bienestar de las familias de las comunidades locales al incrementarse el costo de la prestación de los servicios de los cuales venían disfrutando consuetudinariamente en carácter de esparcimiento y satisfacción de necesidades. La aplicación del derecho del artículo en cuestión, atenta contra el desarrollo de las comunidades en la medida en que, al incrementarse los precios de los servicios y hacerlos menos competitivos en el mercado, se pone en peligro a la planta productiva náutico turística existente; a las fuentes de empleo de cooperativas, prestadores de servicios y su industria lateral; a la inversión existente y el futuro de la infraestructura. El artículo es inequitativo, toda vez que no contempla a todos los elementos naturales marinos del país sino exclusivamente a los que se encuentran dentro de las áreas naturales protegidas, sin tipificarlas. El artículo no contempla elementos naturales de dominio público y que, conforme a la Ley General de Bienes Nacionales, constituyen zonas federales de disfrute general, esto es, bienes de dominio público a las que cualquier mexicano puede acceder sin limitación o restricción alguna. El artículo es desproporcional, toda vez que cataloga las áreas marinas en dos tipos sin que exista un sustento o consideración debidamente fundamentada y motivada por la cual se estuviera en posibilidad de determinar con precisión las proporciones, tarifas o servicios que se prestan en cada una de ellas. No se tomó en cuenta la opinión de las comunidades locales, ni de las organizaciones que inciden en la actividad, ni de la Secretaría de Turismo en la redacción del artículo en cuestión y en el establecimiento de los derechos. Es de imposible aplicación el artículo, toda vez que el procedimiento de pago no se encuentra detallado y no facilita al usuario turista el cumplimiento de sus obligaciones. El artículo tampoco establece los períodos por los cuales el usuario puede disfrutar los elementos naturales por los cuales hubiera pagado el derecho. El artículo no especifica el destino final de los recursos. La administración de estos recursos por grandes burocracias representa un enorme costo para el país. Las áreas naturales no cuentan con recursos oportunos para su administración y mantenimiento. Las iniciativas, acuerdos y convenios que la SEMARNAP tiene celebrados con organizaciones de las comunidades locales, satisfacen con mucho los requerimientos económicos para garantizar el desarrollo sustentable de los ecosistemas. Prueba de ello son los casos del Parque Nacional Costa Occidental de Isla Mujeres, Punta Cancún y Punta Nizuc, y el Parque Nacional Arrecifes de Cozumel donde el sistema de brazaletes implementado desde Octubre de 1998 ha probado ser con mucho un sistema de recaudación eficiente, transparente y suficiente. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone el siguiente: DECRETO. Articulo único. Se deroga el artículo 198 de la Ley Federal de Derechos, para queda como sigue: ARTICULO 198. ( Se deroga) Artículos Transitorios Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación LA C. VICEPRESIDENTA DIPUTADA MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias a usted señora Diputada Hernández Rojas. Túrnese la Iniciativa a la Comisión de Hacienda y Crédito Publico, --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el señor Diputado Ernesto Saro Boardman del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar una Iniciativa de Reformas al Artículo 170 de la Ley Federal de Títulos y Operaciones de Crédito, EL C, D IPUTADO ERNESTO SARO BOARDMAN: Con su permiso señora Presidente, compañeras y compañeros Diputados. Me permito presentar la Iniciativa de Decreto del documento dactilar. Exposición de Motivos...... Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los artículos 55, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en mi calidad de Diputado Federal, me permito someter a la consideración de esta Honorable Soberanía la Iniciativa de decreto que adiciona el artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con base en la siguiente Exposición de motivos Actualmente vivimos en México una época de cambios, y como legisladores tenemos el firme compromiso de buscar mejores condiciones de vida para los mexicanos. Ante este gran reto existe la obligación de adecuar a la realidad. Ubicados dentro del contexto nacional, podemos observar con claridad un importante intercambio de información entre los individuos. El ámbito de los negocios, es sin duda uno de los esquemas más trascendentes en la vida de todo ser humano, toda vez que vivimos en un mundo comercializado totalmente, ello a fin de conseguir los satisfactores que han de darnos una vida cómoda y placentera. Sin duda, este mundo comercial tan agitado, girando el intercambio constante de bienes y servicios, es el punto de partida de las grandes y pequeñas economías, en donde a costa de lo que sea, se persigue el poder de monetario entre los individuos. Es ahí, en el reír y devenir de las transacciones comerciales, donde surge la necesidad de un constante cambio, la transformación de las reglas de conducta, de las leyes y de los principios que rigen el comportamiento de los individuos, con el loable propósito de que la suplantación del querer por el deber sea causa común entre individuos para el cumplimiento de las obligaciones, surjan disposiciones o mecanismos de protección para quienes hacen uso de los Sistemas crediticios conf1ando en la buena voluntad de los participantes del escenario nacional e internacional. En la vida mercantil de los particulares y de los entes públicos, nos hemos dado a la tarea de proponer una reforma que promete grandes beneficios con un nuevo llamado a la honestidad del individuo. Es así, mediante la presente propuesta de adición al Artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, se pretende complementar y actualizar los requisitos del "pagaré", un instrumento comercial, dirigido a todo individuo, sin distingo de raza, religión, sexo, posición económica, sea persona, física o moral, nacional o extranjera, comerciante o no, político o empresario, en suma a todos aquellos involucrados en la vida económica del país, ya que con esta innovación se logrará, sin duda, en gran medida mejore la relación comercial y jurídica de los ciudadanos, enfocado principalmente al cumplimiento de las obligaciones garantizadas a través de uno de los Títulos de Crédito mas usados en la actualidad, el "pagaré". El uso actual del pagaré genera grandes conflictos interpersonales, que habitualmente terminan en los tribunales establecidos por el Estado para la solución de los conflictos entre partes. Los conflictos en mención trastocan en lo común, la imagen social que se tiene sobre una persona, ya que al momento en que el beneficiario de un pagaré se encuentra con la desfachatez de que el suscriptor del mismo no quiere cubrirlo, es necesario que se le requiera de pago de manera judicial, sin embargo, dentro del proceso, es común que el demandado niegue la suscripción del documento, argumentando que dicha firma es falsa y que no le pertenece, logrando así en muchos de los casos, que el acreedor que de buena fe le confió capitales o mercancías, quede desprotegido y hábilmente burlado por un deudor sin escrúpulos, consiguiendo el deudor un beneficio ilegitimo obtenido de los bienes o servicios que se le otorgaron, sin haber pagado el precio de las mismas. El documento que actualmente se utiliza adolece de un signo que resulta de gran utilidad para el tráfico jurídico, este consiste en que a los requisitos legales establecidos para la existencia del pagaré inserta en el texto del documento, la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero, el nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago, la época y lugar del pago, le fecha y el lugar en que se suscriba el documento, la firma del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre, habremos de sumarle la huella digital del suscriptor, toda vez que con ello estaremos logrando la iniciación de una nueva etapa en la vida de los Títulos de Crédito, así como un significativo cambio con un instrumento que garantizará su propósito, exigir el cumplimiento de la obligación contenida en el mismo, limitando del mismo modo la duración de los procesos judiciales en los tribunales competentes, liberando así la etapa conflictiva del tránsito de los documentos, por una etapa mas segura y mas justa para todos los que hacemos de dicho documento un verdadero instrumento comercial. Como legisladores tenemos la obligación de brindar una mayor seguridad al pueblo de México, que esta conformado por ese gran mosaico de campesinos, obreros, amas de casa, comerciantes, abarroteros, micro y pequeños empresarios que le dan vida a la actividad económica social de nuestro país, ¿quiénes de nosotros no nos hemos enterado de los grandes despojos cometidos en perjuicio generalmente de los que menos tienen? Y que abusando de su ignorancia, y en muchos de los casos de su necesidad económica, les suscriben pagarés, individuos fraudulentos, disfrazados de empresarios, para despojarlos de terrenos, bienes, capitales y/o servicios, dándoles a cambio documentos que después se convierte en impagable, y que al negar su firma, se convierten en verdaderos laberintos legales, que con chicanas y argucias legaloides logran enriquecimientos ilícitos, muchos de ellos gravemente desmedidos. Asimismo, también muchos mexicanos han arriesgado sus capitales en negocios ilícitos, tomando como patrón el modelo crediticio para sus negocios, creyendo en la palabra, en la firma, y en la buena fe de quienes les suscriben "pagarés", mexicanos que muchas veces han recibido como respuesta la negativa de pago y la negación de una firma, perdiendo con ello el esfuerzo de muchos años de arduo trabajo, la esperanza y la fe de un futuro mejor. Con la adición que se propone al artículo 170 de la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, sostenemos con firmeza que repercutirá favorablemente para el beneficiario del documento, creando un alto grado de seguridad jurídica entre las operaciones comerciales realizadas a crédito, toda vez que se trata de la impresión de la huella dactilar como requisito del pagaré, un requisito extraordinario en su estructura, ya que garantizará de mejor manera las operaciones pactadas con éste título de crédito, así que el que se atreva a negar su firma en el documento, podrá ofrecer una prueba grafoscópica, sin embargo tendrá un nuevo obstáculo, deberá negar su huella digital, y deberá ofrecer una prueba dactiloscópica, pero para que acredite que no es su huella, le será imposible, ya que la huella digital es completamente diferente a la de todos los individuos del planeta así que imposible que se la falsifiquen. Por otra parte, si hacemos un análisis realista y objetivo, nos daremos cuenta que la gran mayoría de los Juzgados encargados de ventilar asuntos sobre la materia, se encuentran gravemente saturados de procesos judiciales donde la principal controversia estriba en el desconocimiento de la firma por parte del suscriptor (obligado), acarreando con ello que gran parte del presupuesto del pago de impuesto de los Mexicanos, se asigne a un Poder Judicial cada día más demandante de instalación de nuevos Juzgados. La solución a los problemas de este gran País no se encuentra en la asignación de mayor cantidad de recursos, de nada sirve controlar el mal con pequeñas dosis, habremos de ir al fondo de los problemas, reformando las leyes para que signifiquen un verdadero instrumento de Justicia para el Pueblo de México. Con base en lo anterior presento la Iniciativa de decreto que adiciona la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Artículo único. Se adiciona una fracción al artículo 170 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, para quedar como sigue: Artículo 170. El pagaré deberá contener: I a VI VII. La huella del suscriptor o de la persona que firme a su ruego o en su nombre. Transitorios Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.