La diputada Sofía Castro Ríos: Buenas tardes. Con su venia Presidente. A nombre de la senadora Silvia Asunción Domínguez López recurro a esta soberanía, a fin de presentar este punto de acuerdo. Históricamente la agricultura ha sido el sector más desprotegido del país, hoy las expectativas no son muchas. En el mes de enero del 2003 el Tratado de Libre Comercio eliminó casi todos los impuestos sobre productos agrícolas entre los países que integran el Tratado de Libre Comercio, confrontando a los agricultores mexicanos con una competencia desenfrenada y desleal, para la cual están pobremente preparados. Por lo anterior, el Gobierno Mexicano se ha tardado en entrar en acción para defender al desesperado sector agrícola. El Presidente Fox, públicamente se declara del lado de los campesinos, pero su reputación por favorecer consistentemente las inversiones extranjeras, cuestiona su sinceridad. La marginación, la falta de tecnología, apoyo directo y el olvido, son algunos de los problemas que contribuyen a que la situación sea alarmante. Datos de la Presidencia de la República, afirman que la inversión histórica para el campo es de más 120 mil millones de pesos de manera integral y si bien es cierto que nunca se había invertido dicha cantidad al sector, aún no es suficiente. Las perspectivas de lograr un crecimiento económico sostenido y niveles de vida más altos, descansan en gran medida en la capacidad de exportar más productos agrícolas a mercados mundiales de alta competitividad y de aumentar la productividad del campo; pero la capacidad de la región para incrementar sus exportaciones sigue topando con serios obstáculos estructurales, que se levantan más allá de sus costos, específicamente la carencia de apoyos en esta actividad. Según estimaciones en un futuro, de los 5 millones de familias rurales, sólo una vivirá en la agricultura en México, por lo que la situación del campo está a punto de la quiebra. Además, aunado a lo anterior es importante resaltar que en la actualidad el 81% de la población rural vive en miseria; dos de cada tres mexicanos viven en pobreza extrema, están en el campo y en 2008 que inicia la apertura arancelaria podría aplicar en una crisis social histórica, deteriorando totalmente el campo. En consecuencia la pobreza rural, es resultado del desarrollo inequitativo que se ha dado en el campo mexicano, pero al mismo tiempo constituye una severa restricción para las posibilidades de expansión de los productos; ha agotado el crecimiento extensivo de la producción agrícola y con la necesidad de competir en los mercados externos, el único camino viable para la agricultura mexicana, es aumentar la productividad mediante el uso intensivo de tecnología y decisiones de producción que realmente encadenen el sistema producto, factores sustantivos en una política gubernamental que pese no sólo por los subsidios, sino por la capacitación de los productores y que además genere los mínimos de bienestar indispensables entre la población campesina y que permitan soportar la transformación del campo y radicar la pobreza extrema en este sector. El Poder Legislativo Federal como órgano representativo de la sociedad y las instituciones nacionales, está facultado para cooperar en la coordinación y desarrollo del esfuerzo nacional para abatir el rezago económico, la inequidad y el desequilibrio social. Esta realidad requiere de un esfuerzo compartido que permita desplegar las enormes potenciales de este país. En efecto, México se caracteriza por poseer un cúmulo humano y material de capacidad, pero desafortunadamente a su vez existen carencias, deficiencias, incongruencias, que requieren poner en marcha políticas viables y aplicables en la actualidad, que se sean integrales en los aspectos económico y social. Es importante pues destacar, que en algunos estados las condiciones de atraso y marginación han sido la causa de conflictos sociales y políticos, cuya solución se encuentra sujeta a la voluntad y a la autoridad pública para abatir el origen de los problemas. Sin duda los grandes retos que enfrenta esta actividad, exigen corresponsabilidad para alcanzar el bienestar y el porvenir de millones de mexicanos. En este sentido, resulta imprescindible crear los instrumentos técnicos-jurídicos necesarios para impulsar a esta actividad primaria frente a un gran reto, que es la apertura comercial. En este orden de ideas, el Banco Mundial autorizó un crédito de 100 millones de dólares al gobierno mexicano para invertirlos en el campo. De ellos, este año se ejercerán 25 millones de dólares, los mismos aunados al presupuesto destinado para la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, les permitiría crear los medios técnicos-jurídicos necesarios para impulsar a la agricultura mexicano y lograr mayor equidad entre los países miembros del TLC. Compañeras y compañeros legisladores, no olvidemos que los campesinos mexicanos representan la nueva fuerza del campo, la innovación y renovación de la capacidad y el compromiso, la muestra del éxito de crear proyectos productivos, sustentables que mejoren la calidad de vida. En consecuencia, solicito la aprobación de este punto de acuerdo, por el que se exhorta al Secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el licenciado Francisco Mayorga Castañeda, a que aplique políticas públicas gubernamentales que generen la competitividad basada en apoyos directos técnicos financieros y que nos lleven no solo a la especialización y la alta productividad, sino también a una estructura fortalecida para la transformación del campo. Es cuanto señor Presidente. Muchas gracias.