El diputado Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez: Con su venia, diputado Presidente. El que suscribe, su servidor Fernando Antonio Guzmán Pérez Peláez, integrante de la fracción parlamentaria de Acción Nacional en esta Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política y de conformidad con la ley de la materia, presento a su consideración iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de arraigo. En la sesión del pasado jueves 25 presenté en esta alta tribuna una iniciativa de reformas al Código Penal Federal y a la Ley Contra la Delincuencia Organizada en materia precisamente de arraigo, porque como hemos señalado, es preciso pugnar día a día por lograr un adecuado equilibrio entre los derechos de la víctima u ofendido y los del propio inculpado, en pro de una debida y garantizada procuración e impartición de justicia, evitando así la práctica excesiva del arraigo que se está llevando a cabo desde hace algunos años. Reiteramos que el arraigo debe ser implementado como una medida cautelar, que la práctica excesiva del arraigo entraña la privación injustificada del derecho de libertad de quien no sólo no ha sido sentenciado como culpable de un delito, sino de quien apenas es un indiciado y no hay elementos suficientes para considerarlo como un presunto responsable por la comisión de un delito. Sin embargo, no podemos negar que la figura del arraigo, es un instrumento y una institución, que empleado con responsabilidad y con la firme convicción de no lesionar los derechos humanos del arraigado, resulta de gran trascendencia y utilidad para la persecución de los delitos, por lo que siendo una de las principales obligaciones del Estado el brindar seguridad pública y seguridad jurídica y para evitar que a quien ha cometido un delito se le otorgue el amparo de la justicia federal en contra de una orden de arraigo dictada por un juez, con base en la endeble legislación secundaria que carece de sustento constitucional preciso, es indispensable elevar a rango constitucional la figura del arraigo como medida cautelar. Es por ello que hoy, compañeros legisladores, proponemos se inserte un párrafo quinto al artículo 16 de nuestra Carta Magna, a efecto de asentar a nivel constitucional los lineamientos aplicables al arraigo, obligando con ello a su observancia a todos y cada uno de los estados que integran la federación, evitando así que se llegue incluso a autorizar el arraigo por sola disposición del Ministerio Público, como ya ha sucedido en alguna legislación estatal. Así en esta iniciativa se propone que el arraigo o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin autorización, sólo podrá ser decretados por un juez a petición del Ministerio Público. Que el arraigo deberá ser estrictamente domiciliario, es decir, que sólo se practicará en la casa del indiciado y no en hoteles ni en casas de seguridad. Que sólo será sujeto de arraigo la persona en contra de quien se prepara el ejercicio de la acción penal, descartando con ello que procede el arraigo para testigos, víctimas u ofendidos por el delito, que sólo tendrá lugar por la condición de un delito grave, y que sólo procederá cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. La prohibición de abandonar una demarcación geográfica, alternativa distinta al arraigo, en ningún caso podrá exceder de 60 días naturales y el arraigo no podrá exceder de 30 días naturales, salvo tratándose de delincuencia organizada, en cuyo caso podrá durar hasta 60 días. El tiempo que dure el arraigo, será computado para efectos de la pena privativa de libertad, si la hubiere. Nos corresponde a nosotros, señoras y señores legisladores, en esta nueva etapa de la vida democrática de la nación, esforzarnos por velar intensa y eficazmente para que todo acto de autoridad y en particular el arraigo, se ejecute en pleno respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales. Con esta iniciativa se pretende elevar a rango constitucional, la figura cautelar del arraigo y buscamos considerarlo como institución en pro de la persecución de los delitos, pero bajo la estricta observancia, defensa y respeto de los derechos humanos. Por lo expuesto y convencido de la trascendencia de esta reforma, someto a la consideración de esta Cámara la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de arraigo. UNICO.- Se adiciona un párrafo al artículo 16, para quedar como sigue: La autoridad judicial podrá, a petición del Ministerio Público, decretar el arraigo domiciliario o imponer la prohibición de abandonar una demarcación geográfica sin su autorización, sólo a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de acción penal, con motivo de la comisión de un delito grave, siempre y cuando, exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la acción de la justicia. El arraigo se efectuará exclusivamente en el propio domicilio del indiciado y no podrá exceder de 30 días naturales, salvo en tratándose de delincuencia organizada, en cuyo caso podrá durar hasta 60 días. La prohibición de abandonar una demarcación geográfica, en ningún caso podrá exceder de 60 días. Si el indiciado resultare sentenciado con pena privativa de libertad, el tiempo que hubiere permanecido arraigado le será computado para estos efectos. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Es cuanto, diputado Presidente. -