La diputada Flora Tania Cruz Santos: Diputadas y diputados, el día de hoy cerramos un ciclo, una etapa oscura que vivirá en la infamia cuando recordemos la imposición de la mal llamada reforma educativa de 2013. Se termina el brutal ataque y desprestigio a los docentes. Los dictámenes que se van a votar hoy, derivados de la nueva reforma de 2019 que se promulgó el 15 de mayo de este año viene a dar a luz y esperanza al Sistema Educativo Nacional y a un país que por años vio en olvido la educación pública. Dentro de la legislación secundaria que establece el artículo quinto transitorio de la reforma constitucional, se nos obliga a crear la Ley General para la Carrera de las Maestras y los Maestros, misma que hoy vamos a discutir. Ha sido un proceso arduo. El generar un consenso amplio entre los diferentes sectores involucrados en la educación y las diferentes visiones e ideologías que existen en torno a este tema. Pero ante la necesidad de crear un nuevo acuerdo educativo nacional era fundamental encontrar el consenso. Solo así podemos dejar atrás el pasado y avanzar a un futuro que sirva para transformar a México con educación, pues es la mejor herramienta para que los individuos puedan alcanzar el bienestar y su desarrollo con equidad y excelencia. La Comisión de Educación se dio a la tarea de realizar un amplio ejercicio de parlamento abierto, con audiencias públicas que buscaron la pluralidad en la presentación de propuestas sobre los nuevos marcos normativos, además, que se recibieron miles de propuestas por escrito a través del portal digital o de forma física que fueron consideradas, evaluadas y atendidas; de igual forma se retoman los puntos de convergencia de las iniciativas presentadas por otros compañeros legisladores y grupos parlamentarios. Las leyes que hemos de aprobar hoy tienen la tinta de todos los grupos parlamentarios aquí presentes, de las y los diputados que ingresaron sus iniciativas en la materia. Aunque la oposición lo niegue y aprovechen estos espacios para simulación y el oportunismo político, saben que todos vemos oportunidad de mejorar en las leyes que hoy se van a votar. Esta ley de ninguna manera es un sustituto de la extinta Ley General del Servicio Profesional Docente, sino que esta es la garantía de un sistema de profesionalización permanente de las maestras y los maestros, formativo y no punitivo. Este nuevo sistema se ha construido a través del diálogo permanente, ningún proyecto que priorice el derecho a la educación como motor de cambio social, debe ser construido y aplicado sin la participación de las maestras y los maestros, pues sería negar lo que ahora establece la Constitución, que ellos son actores fundamentales del cambio y caeríamos en el gravísimo error que se dio con la reforma de 2013. Uno de los graves estragos que dejó la reforma antes mencionada fue la terrible campaña de desprestigio de la que fue víctima el Magisterio, donde se le adjudicó la falla de todo un sistema a los docentes para eludir responsabilidades, por ello, la reforma constitucional determinó que se había de iniciar un proceso de revalorización de la función magisterial. Este proceso de revalorización debe definir lo que queremos que sea el Magisterio como un agente de transformación social y los mecanismos para lograrlo a través de las acciones del Estado que se realicen con respeto a los derechos de las y los maestros. También resulta necesario establecer una nueva relación entre el gobierno y el Magisterio, una que no se base en la intimidación, sino en el diálogo, el apoyo y el entendimiento. Para lograr esto se debe de priorizar el logro de metas y objetivos centrados en el aprendizaje del educando, fortalecer su desarrollo y superación profesional a través de la formación, capacitación y actualización, algo que nunca se dio con la reforma educativa anterior.