El diputado Federico José González Luna Bueno: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados, diariamente somos testigos de la indignación y de un sinnúmero de denuncias por parte de la ciudadanía, víctimas del engaño por el robo de combustibles en las diferentes gasolineras a nivel nacional. Como parte de la estrategia del gobierno federal, la Procuraduría Federal del consumidor ejecuta la verificación de dichas estaciones de distribución de gasolina con la finalidad de que se cumpla la normatividad, pero sobre todo para garantizar que los consumidores reciban lo que normalmente se conoce como litros de a litro. En 2014 y aquí vienen datos realmente preocupantes e indignantes la procuraduría realizó mil 800 revisiones a gasolineras de todo el país, de las cuales en un 60 por ciento de los casos se encontraron anomalías e incluso en muchos más se enfrentó la resistencia de los empleados para hacer inspeccionados; 227 gasolineras en concreto se negaron a ser verificadas, principalmente en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa y Sonora. Se trata realmente de una afrenta para la ciudadanía, un robo en despoblado y un grave desacato a la autoridad. Estamos ante auténticas mafias que cotidianamente delinquen en contra de millones de mexicanos. La Profeco destina parte importante de acciones de verificación al constatar que las bombas despachadoras de combustible funcionen correctamente a través de la verificación volumétrica. Anteriormente la norma oficial mexicana que establece los instrumentos de medición para el despacho de gasolina y otros combustibles líquidos, consideraba que las gasolineras despachaban litros incompletos, cuando existía un faltante de 300 mililitros por cada muestra de 20 litros, es decir, aproximadamente la capacidad de una lata de refresco. Por lo que se reforma dicha norma oficial y se redujo el margen de error a sólo 100 mililitros. El incumplimiento de las normas aplicables configuran irregularidades que pueden ser sancionadas con la inmovilización de la manguera, incluso con clausura de toda la estación, además de la imposición de una multa. Sin embargo como ha sido claro ello no ha sido suficiente para lograr erradicar las prácticas y fraudulentas en contra de los consumidores, pues una vez cumplida la sanción, las gasolineras regularmente vuelven a reincidir. Por ello resulta necesario crear una ley que garantice la erradicación de estas actividades que deben ser visualizadas como realmente lo son, como un delito de enorme trascendencia contra millones de mexicanos, un delito que durante años se ha venido cometiendo impune y cotidianamente y respecto del cual el Estado mexicano, incluyendo el Congreso de la Unión, no ha sabido actuar de manera eficaz para proteger a los consumidores. Por ello es tan relevante que el Senado de la República en días pasados haya aprobado la minuta de la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos que establece penas de 10 a 18 años de prisión y multa de 17 mil a 27 mil días de salario mínimo, a quienes participen en la venta de litros incompletos de gasolina y gas LP. Estamos convencidos que dicha legislación fija bases sólidas para definir líneas de acción que permitan garantizar la erradicación de actos ilícitos que a diario comenten tantas gasolineras en contra de los usuarios y los consumidores mexicanos. Por tanto, que la discusión que hoy se somete a la consideración de esta soberanía sea el precedente para la inminente aprobación de la Ley para Prevenir y Sancionar Delitos Cometidos en materia de Hidrocarburos. Estamos ante una transición que debe avalar la apertura a la competitividad, pero al mismo tiempo debemos garantizar la legalidad en favor del consumidor a través de la constante verificación y, sobre todo, sanciones efectivas de aquellos que no cumplan con la ley. Por todo ello, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista, nos sumamos al presente exhorto, pues convencidos de los beneficios de una reforma de gran calado como lo es la energética, asumimos como compromiso el respaldo a todas aquellas propuestas cuya finalidad sea abonar a su cumplimiento. Que no ganen una batalla más estos peligros delincuentes. No permitamos que este asunto se posponga ni retrase. Hay muchos millones de consumidores mexicanos, de todas las clases sociales que día a día padecen la ausencia legal que hoy nos hemos planteado resolver. Es cuanto, señor presidente.