El diputado Jorge Casarrubias Vázquez: Con su permiso presienta. Diputadas y diputados la formulación e integración de la cuenta pública 2019 obedece a lo dispuesto en el artículo 74, fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es a través de ese instrumento contable que podemos analizar el cómo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dirige y controla la política económica del gobierno federal en materia financiera, fiscal, de gasto, ingresos y deuda pública. Por parte del Legislativo, una de las tareas principales es la aprobación presupuestal anual. Sin embargo, esta tarea no concluye con el solo hecho de aprobar el Presupuesto de Egresos, por el contrario, se acentúa con el análisis de la cuenta pública. Es preciso señalar que el presente dictamen corresponde al último año de la administración anterior. Asimismo, manifestar que la cuenta pública del 2018 presentó un análisis histórico de los resultados de finanzas públicas en el periodo 2013-2018, con el propósito de observar en qué medida se dio cumplimiento a las metas de finanzas públicas. Para el 2018, año de análisis del presente dictamen, la Auditoría Superior de la Federación practicó mil 807 auditorías a la cuenta pública. A partir de estas se determinaron 7 mil 268 observaciones, que dieron lugar a 10 mil 152 acciones. Se destaca que el mayor número de irregularidades se identificó en el gasto federalizado y por su número de estas se concentraron en las entidades federativas de Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, estado de México y Jalisco. La revisión detectó que se utilizaron de forma irregular 144 mil 430 millones de pesos del gasto federalizado. Entre esas condicionales se pagaron más de 5 mil 300 millones de pesos a medios de comunicación por campañas de publicidad que no se pudieron comprobar o documentar. Se divisó que el sector que acumuló más irregularidades fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con observaciones por más de 8 mil millones de pesos. Entre las obras correspondientes a ese sector, que resultaron con irregularidades, se divisó la construcción del Tren Interurbano México-Toluca y el proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En este, la Auditoría Superior de la Federación detectó pagos indebidos en diversas fases de la construcción por 2 mil 598 millones de pesos. El gasto público neto ejercido fue de 5 billones 611 mil 559.1 millones de pesos, 6.3 por ciento superior al aprobado por esta Cámara, el cual fue de 5 billones 279 mil 667 millones de pesos. Y el gasto adicional que fue ejercido más allá de la autorización legislativa llegó a 331 mil 892 millones de pesos. La Oficina de la Presidencia registró una erogación del más del doble de lo aprobado, en vez de mil 797 millones de pesos, se ejerció 3 mil 682 millones por medio de transferencias recibidas durante el ejercicio, que representó un alza de casi 105 por ciento. Señoras y señores diputados, es difícil determinar si el gobierno de Peña Nieto fue el sexenio más corrupto de la historia del país, sobre todo, porque durante décadas era imposible determinar los montos desviados y malversados. Las dimensiones de la opacidad, del que fuimos testigos, es histórica. Sin embargo, hoy se ha logrado documentar cómo desde el Poder se establecieron estrategias para anular recursos públicos. Actualmente sabemos cómo se cometieron los actos de corrupción más cuantiosos de la historia moderna de nuestro país y casi todos siguen impunes. La administración pasada incurrió y fomentó prácticas de enriquecimiento inexplicable e instauró un modus operandi de empresas fantasmas que distribuyó cuasi formato y toleró la corrupción en muchos espacios que no habían sido trastocados. Enumerar los casos de corrupción pues nos llevaría más del tiempo que dispongo para dirigirme a ustedes, y es que a la luz de los datos de la cuenta pública de 2018 nos podemos percatar que no les preocupó el bienestar general, solo les importaba encontrar la forma de salir impunes y hasta ahora siguen intactos. Por eso hoy exigimos justicia. El Grupo Parlamentario del PRD le exigimos al actual gobierno que atienda su responsabilidad histórica y no replique el vergonzoso y triste papel de usar las instituciones de procuración de justicia como instrumentos para concretar cálculos electorales para perseguir y fabricar chivos expiatorios, o peor aún, para amenazar opositores. Le requerimos que actúe dentro del marco de nuestra Constitución y que los procedimientos jurídicos contra los responsables se realicen con toda transparencia y legalidad, para que se deje de vivir en la impunidad. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta.