El diputado Jesús María Rodríguez Hernández: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas, diputados: vengo a esta tribuna a presentar una iniciativa de ley que tiene que ver con el respeto y la confianza que me merecen todos los integrantes del Poder Legislativo a nivel federal y a nivel local y desde luego también a todos los dirigentes de los diferentes partidos políticos acreditados en nuestro país. En los últimos años nuestro país ha vivido una vertiginosa transformación en su sistema político. La democracia, el pluralismo y la alternancia son realidades que han requerido una nueva regulación, al mismo tiempo que han exigido también la creación de novedosas instituciones públicas. Éste es el caso de los denominados organismos públicos autónomos, incluyendo en dicha expresión tanto a los entes cuya autonomía se norma a nivel constitucional, como aquéllos que fueron dotados de autonomía técnica y de gestión por mandato de la ley. Estas instituciones juegan un papel fundamental en el sistema de pesos y contrapesos entre los Poderes de la Unión, toda vez que no vinculan a los poderes tradicionales del Estado, se aprecian como entidades de equilibrio constitucional y político, cuya autonomía se expresa orgánica y funcionalmente. Esta independencia supone una mayor capacidad para desempeñar adecuadamente funciones controvertidas como son la electoral, la defensa de los derechos humanos y la estadística, entre otras. Los organismos autónomos son múltiples y variados. Sin entrar a la diferenciación, lo importante es destacar que su existencia surge por una necesidad extendida de crear entes públicos en áreas específicas que por su especial naturaleza o materia debían garantizar un ejercicio de su actuación con la mayor objetividad posible, evadiendo la proclividad hacia la ideología o el poder. En este sentido, la idea original era que ciertas dependencias o entidades no se sometieran a un esquema rígido de mando jerárquico o sumisión, pero que cumplieran sus funciones específicas en el marco de los objetivos generales del Estado: el bienestar social y la justicia para todos. Si revisamos nuestro andamiaje jurídico podemos encontrar diferentes entes públicos que requieren justamente la participación de la autonomía. Éste es el caso, como lo hemos señalado, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del Instituto Federal Electoral y del Instituto Federal de Acceso a la Información, entre otros. En términos generales, estas entidades son administradas por colegios denominados o consejos o juntas de gobierno, que se integran con un determinado número de personas, fungiendo uno de ellos como presidente o titular, en muchos casos propuestos por el Ejecutivo federal y designados o ratificados por alguno de los órganos legislativos. Para formar parte de estos colegios la ley exige una serie de requisitos que van desde ser ciudadano mexicano por nacimiento, hasta una edad mínima, experiencia o un determinado grado académico. Sin embargo, dentro de los requisitos de legibilidad para formar parte de alguno de los organismos públicos autónomos se encuentra la no militancia partidista y el no haber sido dirigente o candidato a un cargo de elección popular. Cuando se atiende a que nuestro régimen se basa en un sistema de partidos, debemos saber que para llegar a este Poder Legislativo es necesario haber participado en un proceso electoral y en consecuencia, ser miembro de uno de los partidos políticos nacionales. En otras palabras, para el ejercicio del voto pasivo, que es un derecho constitucional consagrado en el artículo 35 de nuestra ley fundamental, se necesita ser postulado por un partido político que va a requerir a la persona acreditar su militancia. El problema es que en los últimos 20 años ha privado en nuestro país el criterio de legislar por la desconfianza en el servicio público. Se parte de una premisa equivocada de que las personas se conducen con mala fe y, por ello, quienes quieran formar parte de un organismo autónomo deben acreditar que no tienen o han tenido filiación partidista, ya que la presunción es que no van a cumplir con su encargo de manera imparcial. Paradójicamente, lo que ha sucedido es que algunas personas que han formado parte de estos organismos autónomos, supuestamente políticamente inmaculados, terminaron ofreciendo sus servicios desde la función a algún partido político, que a cambio los ha hecho dirigentes y, en ocasiones, hasta legisladores. Esto en los hechos significa que el camino tomado para tratar de hacer trascender las acciones y objetivos del Estado, más allá de la ideología, lo único que ha representado es la cancelación y la violación de los derechos a un número importante de mexicanos. Por todo ello y dado que es del conocimiento de todos ustedes que obra, tanto en nuestra Constitución, como en la Organización Internacional del Trabajo y en la Carta de los Derechos Universales de los Derechos Humanos, sustento, para acreditar que hay una discriminación contra los aspirantes que no puedan ser parte de estos órganos autónomos por haber estado en un partido político, me permito referir lo siguiente, en este orden de ideas. Los requisitos de elegibilidad para ser miembro de cada uno de estos órganos contemplan una discriminación por razones políticas al establecer el no haber desempeñado una dirección en un partido político o haber sido candidato a un cargo de elección popular, por lo que se propone que sean eliminados. En razón de la extensión de esta iniciativa solicito a la Presidencia que sea insertado íntegramente en el Diario de los Debates el documento presentado. Muchas gracias.