El diputado Juan Carlos Natale López: Buenas tardes. Con su permiso, señor diputado. Compañeras y compañeros diputados: es un hecho que la inacción, pereza e ignorancia del Poder Ejecutivo para instrumentar políticas públicas e iniciativas legales orientadas a favorecer la prevención social del delito es a todas luces la constatación del manejo coyuntural y de la anemia conceptual para alimentar al Estado de propuestas que permitan a éste abandonar el combate al delito sólo desde los circuitos penales. La presente reforma, desde luego desvirtúa toda aproximación a lo anterior, ya que es innegable la necesidad de superar las fronteras que han buscado perpetuar la disociación entre el derecho penal y las ciencias penales, bajo el objetivo común de garantizar una convivencia social basada en el cumplimiento a la legalidad y el respeto a los derechos humanos. También es un hecho, que las respuestas del Estado mexicano frente a la criminalidad y la violencia han estado basadas únicamente en información proveniente de los indicadores penales, sin correlacionar otras variables de carácter social y económico. El sentido para comprender y enfrentar el delito únicamente se ha enfocado en la utilización de medidas relativas y reactivas, puesto que su marco conceptual es prisionero del limitado binomio delito castigo. Reformar y replantear la visión de la seguridad pública en México, significan que no deben entenderse como una simple tarea voluntarista, sino que es claramente la aceptación de realizar una reforma radical, de carácter cultural, transversal y multidisciplinaria, debe plasmarse en un nuevo pacto institucional que represente una renovada gestión pública con base en una participación eficaz de la ciudadanía. Pero esa ciudadanía necesita de elementos y medios jurídicos a su alcance, siendo nuestra labor el dotarlos. En contraste, también es necesario insertar en las políticas públicas otras medidas provisoras de diversas seguridades como: la social, la educativa, la laboral y la deportiva, entre otras, para que contribuyan a favorecer una comprensión multidimensional de las visibles contradicciones sociales y definitivamente se abandona el razonamiento superficial y absurdo que nos tiene en esta inocultable crisis caracterizada por la violencia, la exclusión social y el temor ciudadano. Es imprescindible entender que, en el diagnóstico de la gobernabilidad mexicana, hasta el momento nos refleja indicadores nada gratificantes. Desde hace cuatro años un promedio de 1 millón 700 mil delitos se denuncian cada año, mil 620 por cada 100 mil habitantes. Asimismo el indicador en la ausencia de prevención del delito en el sistema de seguridad pública se hermana con otros que constituyen parte de una constelación que inciden en la legitimidad y en la credibilidad del régimen mantener intacta la concepción fundamentalista de que el abultamiento de penas y el endurecimiento del aparato de seguridad punitiva por sí mismo pueden abatir los índices delictivos; está llevando al país al precipicio de la descomposición social y de la asociación generalizada del miedo. Por ello, este dictamen por el que crea la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia presentado por la Comisión de Gobernación, bajo ciertas modificaciones del Senado, representa la posibilidad de revertir ciertas omisiones que en su momento no consideraron las iniciativas originales y el dictamen aprobado por la Comisión de Gobernación, principalmente en lo que tiene que ver con los derechos humanos y homogeneidad de criterios con la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otros aspectos no menos importantes. De hacerlo, seguiríamos omitiendo la prevención del delito desde el ángulo social y de las prioridades del propio estado, y de lo contrario reduciríamos su actividad para caminar sin rumbo y a ciegas, parar ráfagas en la oscuridad, a únicamente encender torretas parciales, y con esto termino, a confundir lo urgente con lo importante, y en resumidas cuentas, abstraerse de la riqueza de una sociedad que aspira a tener seguridad y contribuir desde múltiples trincheras, en la edificación de una sociedad visiblemente razonable. Por su atención, muchas gracias.