El diputado Pablo Trejo Pérez: Compañeras y compañeros, no es la primera vez que ocurre en México que empresas, una vez saneadas, son puestas a la venta. Recordemos el polémico caso de la banca mexicana rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro —ahora IPAB— y vendida en un 90 por ciento a extranjeros. Habría que hacer un recuento. En 1995 las instituciones financieras mexicanas acreedoras de Aeroméxico convirtieron 100 por ciento de su deuda por 90.8 por ciento del capital social; y en 1996 hicieron lo mismo con Mexicana; es decir, la banca pasó de acreedora a accionista mayoritaria de ambas empresas. Pero lo grave vino después, cuando la banca tuvo que ser rescatada por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, cuya historia es de todos conocida. El problema —esta vez— es la evidente violación a la Ley del IPAB, que entre otras cosas prohibe que una empresa rescatada con fondos públicos —como lo fue Banamex— compre a otra, que también fue rescatada, como es el caso de la aerolínea. Aeroméxico durante los últimos 14 años ha sobrevivido entre fraudes administrativos, deudas bancarias, capitalizaciones, saneamientos públicos. Era de los últimos activos en poder del gobierno federal, cuyo rescate financiero, junto con la aerolínea Mexicana, costó alrededor de 515 millones de dólares y cuya venta asciende a la mitad, considerando, además —como ya lo señalaron quienes me antecedieron— que es una concesión del Estado y que representa 40 por ciento del espacio aéreo. Por otro lado, no es coincidencia que al grupo encabezado por José Luis Barraza González se le adjudicara la compra de Aeroméxico, sobre todo, porque no es la primera vez que este personaje aparece en el acontecer nacional. Algunos datos. En el discurso se esgrime que el IPAB fue claro en la aplicación de las reglas que establece la Ley del Mercado de Valores y del propio instituto, de los dos contendientes: Banamex versus Saba. La oferta de la familia Saba llegó 2 minutos después del vencimiento del plazo, o sea a las 4:02 de la tarde; por ello se adjudicó la operación al grupo de empresarios que participa en Banamex. Las dos ofertas más altas son la de Grupo Saba y la de Banamex, con un diferencial de algunos centavos. Cabe señalar que la propuesta —como ya lo hemos señalado— simple y sencillamente se retrasó por unos minutos. Pero, ¿cuál es el fondo del asunto? La venta del consorcio de Aeroméxico, como estamos viendo, pues estuvo arreglada. ¿Y arreglada para qué? Para beneficiar fiscalmente al grupo patrocinado por Banamex, al evitar que los pasivos de la empresa, que alcanzan los 400 millones de dólares, fuesen susceptibles del pago al impuesto empresarial tasa única. En la subasta debió dejarse fuera a Banamex, ya que es un banco beneficiado con el rescate bancario y maneja recursos de sus usuarios, por lo que está impedido legalmente para realizar operaciones que pongan en riesgo dicho capital, pues de incurrir en un quebranto, afectaría a los ahorradores. Entonces, se debiera interrogar al Banco de México sobre el monto de las reservas que se exigieron a Banamex para garantizar las posibles pérdidas en operaciones riesgosas. Mientras que al IPAB hay que interrogarle sobre las investigaciones que debió llevar a cabo esa instancia, para verificar que las personas que conforman el grupo ganador no hayan sido las mismas que causaron un quebranto multimillonario a bancos rescatados por ese Instituto, y si se investigó la posible participación en la compra de acciones de personas que fungieron como puente con personas inhabilitadas para adquirirlas. Mientras que a la Secretaría de Hacienda hay que interrogarle sobre la medidas que tomó para evitar que los compradores sean prestanombres de responsables de quebrantos del sistema financiero, entre otras causales. Todos los accionistas ganadores son beneficiarios de un subsidio federal. Varios funcionarios de la Junta de Gobierno del Banco de México laboraron o mantuvieron negocios con Banamex. Se adquirieron acciones a nombre de terceros y nuevamente, una empresa fue adquirida sin que la cabeza visible del grupo beneficiado cuente con la solvencia técnica, financiera y moral para la adquisición. Concluyo, diputado Presidente. De nueva cuenta tenemos ante nosotros un ejemplo de cómo se puede torcer la ley a favor de quienes, en su momento, apoyan a un candidato presidencial. Muchas gracias.