El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández: Compañeros diputados, en el dictamen anterior tuvieron la oportunidad de preservar el principio de legalidad, esto va a traer un sinnúmero de impugnaciones a estas leyes secundarias. Y aquí subieron en esta tribuna a tratar de explicar la forma en que se llevaría a cabo la determinación de que personas van a formar parte del comité de evaluación. Y no supieron explicarlo porque no hay ni un solo artículo de estas leyes secundarias que hable precisamente del órgano y la comisión que llevará a cabo la integración de estos comités. Pero lo peor de todo, dejaron sin medios de impugnación a las personas que no sean seleccionadas para integrar al comité de evaluación. Así de grave. Pero también les hice un reto que no pudieron componer. Seguimos previendo en aquella legislación que exista la palabra y la facultad de este Congreso de llevar a cabo la aprobación de los nombres que salgan de la tómbola. Y de forma simulada sigue existiendo un veto por parte de todos los Poderes de los nombres que salgan en esa tómbola. Y también sigue prevaleciendo la desventaja de las personas que van a estar en la elección, cuando sean en una nomenclatura, cuando vayan designadas por el Poder Judicial. Ahora bien, vamos a hablar de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Y aquí dejaron la figura de los efectos suspensivos a un lado, muy fieles al estilo de acabar con una figura tan importante en nuestro país como ha sido el amparo mexicano, y lo deterioraron y lo degradaron a una simple figura jurídica. Pero también quitaron la suplencia de la queja para beneficiar seguramente a los candidatos que serán de Morena y sus aliados. Y también privan en estos medios de impugnación de los sistemas de defensa a través de las pruebas. No existirán en estos procedimientos de impugnación ningún momento para que los que están siendo vulnerados puedan presentar las pruebas correspondientes. Tampoco hay medios de impugnación para las personas que no queden seleccionadas en los comités de evaluación. Tampoco se regulan los tiempos ÿ los plazos de las campañas de los candidatos que quieran acceder al Poder Judicial. De esta forma están politizando y partidizando a todo el Poder Judicial y se consagra la idea de cooptar claramente al Poder Judicial y abren peligrosamente la puerta a la participación de poderes fácticos como son los grupos empresariales, como son los propios partidos políticos y por qué no, y lo más grave, al crimen organizado. También dejaron de lado que los servidores públicos que se inmiscuyan y tengan injerencia en las campañas de quien quiere ser juez, ministro o magistrado, tengan una sanción de carácter penal o administrativo. No se prevé, como no se previó cuando el presidente López Obrador llevó a cabo una injerencia total en el proceso electoral para la selección de la Presidencia, 50 flagrantes violaciones que nunca fueron castigadas. Y aquí nuevamente se está cuidando que cualquier servidor público pueda ser castigado por estas injerencias. Quiero hacer un llamado muy respetuoso a los siguientes hombres y mujeres que tienen en sus manos rescatar a la república, que tienen en sus manos declarar la inconstitucionalidad de estas reformas y de la reforma judicial. Al ministro Jorge Pardo, a la ministra Ana Margarita Ríos-Farjat, al ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, al ministro Alberto Pérez Dayán, al ministro Luz María Aguilar Morales, al ministro Javier Laynez, al ministro Juan Luis González Alcántara y a la presidenta de la Suprema Corte Norma Piña para que con determinación salven a la república y puedan darle el orden jurídico que necesita nuestro país. Y, por favor, presidenta quisiera que detenga un poco el reloj, porque quiero pedir una moción de ilustración.