LA C. DIPUTADA CRISTINA PORTILLO AYALA: Gracias señor Presidente. Compañeros y compañeras Diputados. La que suscribe, Cristina Portillo Ayala, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolucíón Democrática de esta LIX Legislatura, en ejercicio de la facultad que me otorga la Fracción II del Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los Artículos 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presento ante la honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Iniciativa de Decreto que expide la Ley Federal de Equidad y Transparencia para la Publicidad Institucional , al tenor de la siguiente Exposición de Motivos: Durante las siete décadas de partido político hegemónico, la libertad de prensa estuvo condicionada al compromiso y colusión de una parte de los medios de comunicación con el sistema antidemocrático. El Gobierno destinaba una partida importante de recursos del Presupuesto a la compra de publicidad en prensa , radio y televisión. Constituía el principal soporte económico de aquellos y utilizaba esta circunstancia para marcarle la línea editorial que debían de seguir. Ante el vacío jurídico la relación medios gobierno creó códigos no escritos de complicidad, un sistema complejo de ingeniería política destinado a maximizar los aciertos del régimen y minimizar sus debilidades estructurales, formalmente el discurso proclamaba un estado respetuoso y una prensa autónoma y crítica, pero en la práctica, a través de un entramado de subsidios la clase política ejercía un control casi absoluto. Bajo este mecanismo de privilegios que condicionaba y manipulaba, el Estado constriñó las relaciones y el comportamiento de los medios y controló los temas y la opinión pública preponderante sobre ellos. Parte de la prensa mexicana estaba al servicio de grupos políticos y su objetivo primordial no era informal sobre las demandas de la población sino elogiar las decisiones del Ejecutivo y expresar los planteamientos de camarillas políticas. El autoritarismo mexicano desarrolló una extraordinaria capacidad para administrar las vertientes de la opinión pública agregada y para fijar la agenda política del país que fue réplica de la agenda del Presidente de la República. La absoluta discrecionalidad en el uso de los recursos destinados a gastos de difusión y comunicación social fue utilizada sin ningún recato para financiar carreras políticas , promover imágenes personales de Presidentes y Funcionarios y para la existencia de un conjunto de medios de comunicación que carece de toda base social debían su existencia y subsistencia a la publicidad institucional, dando por resultado una trama de intercambios desiguales, discrecionales e ilegales entre el Estado y un segmento de empresas de la comunicación y periodistas que también provocó por supuesto el ejercicio diferenciado y sesgado de las libertades públicas de expresión, prenda e información. Muchos medios por tanto, presentaron un crecimiento anárquico, interesado, no surgieron como un reclamo ciudadano ni por la necesidad de contar con instrumentos e interlocutores capaces, responsables, éticos y si de por sí la publicidad institucional puede suponer una fuente de poder que eventualmente es susceptible de utilizarse para satisfacer intereses ajenos al bien común, aquella circunstancia hizo más efectivo que la misma censura el uso del presupuesto público como vehículo para que un régimen autocrático manipulara a la opinión pública. La alternancia en el poder ha impactado la lógica de funcionamiento de la relación medios-Estado. Empresas de comunicación antes subordinados a las pautas e incentivos del régimen han entrado en una fase de incertidumbre y revisión de sus antiguas posiciones públicas; los medios de comunicación auténticos exigen reglas justas y claras, la ciudadanía exigimos certidumbre y los poderes públicos enfrentan el reto de hacer del derecho a la información una política de Estado. Nadie duda ya sobre la necesidad de transparentar los recursos oficiales destinados ala comunicación social; las relaciones entre los poderes públicos y los medios que se establecen con motivo de la publicidad institucional deben regirse por los principios de objetividad, equidad, la transparencia e igualdad de oportunidades. Los poderes públicos deben actuar con absoluta transparencia para que los recursos sean asignados con criterios de difusión eficiente y no sean usados para manipular a la prensa y sostener artificialmente a un periodismo incondicional. Bajo bases de equidad y transparencia, las campañas de publicidad institucional se revelarán como un útil instrumento de sensibilización y de fomento de los valores democráticos entre las ciudadanas y los ciudadanos, teniendo igualmente una específica utilidad para la comunidad cuando se trata de proteger o prevenir riesgos para su salud o seguridad; se manifestarán asimismo como un valioso medio de difusión de las actividades que realizan los órganos, entidades o instituciones públicas, potenciando de este modo la información y la participación democrática de los ciudadanos. Este es el espíritu que inspira la iniciativa de Ley Federal, de equidad y transparencia para la publicidad institucional que pongo a la consideración de la Asamblea, estructurando en nueve capítulos, en razón al límite de tiempo dado para la exposición, sólo enunciaré algunos de los ejes alrededor de los cuales gira el proyecto. Primero.- Son sujetos obligados todos los órganos o instituciones del Estado Mexicano; Segundo.- Se prohibe cualquier forma de publicidad institucional para fines de propaganda, política o que implique de manera explícita o implícita la promoción personal de los servidores públicos, así como el uso o inserción de publicidad, redaccional o gacetillas como medio de publicidad institucional; esto último porque violenta el derecho a la información al ofrecer al público propaganda disfrazada de información. Tercero.- Se reconoce el Internet como medio o canal para la publicidad institucional, como una forma de apoyar el desarrollo y buscar igualdad de oportunidades entre los medios de comunicación tradicionales y aquellos derivados de la evolución de la sociedad de la información. Cuarto.- La publicidad institucional estará siempre al servicio de la sociedad, no podrá tener en sus contenidos carácter engañoso, desleal, subliminal o encubierto y deberá respetar los derechos de honor al honor, la intimidad y la propia imagen, fomentar el respeto al medio ambiente y velar por el respeto a la diversidad, particularmente la que tiene su origen en razones económicas, culturales, étnicas, de género, religiosas o de orientación sexual. Cinco.- La realización de campañas de publicidad institucional sólo podrá contratarse mediante licitación pública y para garantizar la libre concurrencia e igualdad en su adjudicación; la contratación de la publicidad institucional se ajustará a los principios de objetividad, publicidad, proporcionalidad y no discriminación. Los tiempos fiscales y los tiempos del Estado se repartirán de manera igualitaria entre todos los sujetos obligados. 8°.- Con el objetivo de no influir en la intención del voto de las ciudadanas y ciudadanos durante el proceso electoral, la publicidad institucional quedará suspendida 120 días antes de la realización de la jornada electoral. Lo anterior no es aplicable a las actividades publicitarias relacionadas con la organización y desarrollo de los correspondientes procesos electorales, ni a las actividades publicitarias imprescindibles para la salvaguarda del interés general o para el desarrollo correcto de los servicios públicos. En las campañas institucionales para promover la participación en las elecciones, no podrán utilizarse por ningún motivo, eslóganes, simbología o elementos publicitarios claramente identificables con algún partido político. Asimismo, los partidos políticos tampoco podrán utilizar durante el proceso electoral, eslóganes, simbología o elementos publicitarios identificables con las campañas institucionales . En días pasados el Sindicato Mexicano de Electricistas, acusó al Gobierno Federal de gastar este año mil 400 millones de pesos en publicitar la reforma eléctrica que envió al Congreso de la Unión. Con estos recursos, según datos del Sindicato Mexicano de Electricistas, se habrían podido instalar plantas generadoras de electricidad por 2 mil 300 megavatios, que equivale al 7% de los recursos que se destinarán para el 2004 a la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro. Para terminar comentaré, por otra parte el Proyecto de Presupuesto de Egresos del 2004 que envió al Ejecutivo, tan sólo la Secretaría de Hacienda pretende un gasto en comunicación social de 244 millones de pesos, estos hechos por sí solos, demuestran que las reglas de funcionamiento para la publicidad institucional no deben dejarse a la buena voluntad de los actores. Si aspiramos a ser un Estado moderno, desarrollar legislativamente una ley para la trasparencia de la publicidad gubernamental, debe ser una de las primeras cuestiones que aborde la Reforma del Estado y evitar así y para siempre, que la publicad del Estado sea usada como una herramienta de presión y manipulación, a fin de compensar o castigar a las expresiones de los medios en función de su contenido. Agradezco la atención prestada y solicitó al señor Presidente, instruya a la Secretaría para que el texto integro de la exposición de motivos y el contenido de la iniciativa se inserten en la Gaceta y en el Diario de los Debates. Muchas gracias. -