La diputada María Candelaria Ochoa Avalos: Presidente, compañeras, compañeros legisladores. A más de una década de la reforma constitucional en materia de seguridad nacional y de la promulgación de la Ley de Seguridad Nacional, en el año 2005, y a pesar de que dicha legislación representó una innovación para la vida pública en México, lo cierto es que hoy podemos decir que los modelos sobre seguridad nacional han quedado rebasados ante los retos de este nuevo milenio. En particular, desde entonces y a partir de la llamada guerra contra el narco, que hoy también estamos viviendo las consecuencias calderonistas e irresponsables, hemos visto una escalada generalizada de la violencia, la corrupción y la impunidad en nuestro país, lo que nos ha llevado a escenarios de una grave crisis de derechos humanos y a una constante violación al Estado de derecho en que la ley es aplicada de manera selectiva o simplemente ignorada. Es por ello que la iniciativa que presento a nombre del diputado Manuel Espino, pretende darle al Estado mexicano una legislación que tenga como eje de la seguridad nacional a la seguridad humana, tal y como es concebida por las Naciones Unidas. Es decir, reorientando la atención de los estados nacionales y de la comunidad internacional hacia los medios de subsistencia, supervivencia y dignidad de las personas, como medios esenciales para alcanzar la paz y el progreso. Así, esta iniciativa pretende fortalecer la capacidad del Estado para garantizar la seguridad desde una óptica distinta a la que tradicionalmente ha sido utilizada para tratar estos problemas y situando de esa manera a nuestro país a la vanguardia de las legislaciones en la materia y en concordancia con los organismos internacionales de derechos humanos. De la misma manera, la presente iniciativa se sitúa en el término de la discusión actual en materia de seguridad interior y, en tal sentido, es consciente de la seriedad con que debe asumirse y de los muchos riesgos que contiene, ya que puede caerse en la tentación de la militarización, la seguridad pública y, por ello, contra todo lo que indican los organismos y tratados internacionales, pues en este país con tan altos índices de impunidad, una cifra negra gravísima, altas violaciones a los derechos humanos, debemos ser muy cuidadosos a la hora de reformar nuestra legislación en materia de seguridad, máxime a la vista de la enorme desconfianza que aun despiertan los cuerpos de seguridad de los tres niveles de gobierno. Por eso, la legislación sobre el artículo 29 es muy peligrosa y no vayamos a caer también en esa tentación. Las propuestas de legislación que algunas fuerzas políticas han presentado en las Cámaras del Congreso de la Unión pueden llegar a derivar en la tentación de normalizar el Estado de excepción más allá de los cauces constitucionales, lo cual puede resultar muy grave ante los escenarios que se han señalado. En Movimiento Ciudadano estamos vigilantes y contribuiremos activamente para que la discusión sobre la implementación de las legislaciones en materia de seguridad interior estén dentro de los principios constitucionales de derechos humanos, de progresividad, universalidad y pro persona. Así como que estén acordes con los principales tratados internacionales. En tal sentido, esta iniciativa busca llevar a nuestro país a adoptar una legislación en materia de seguridad nacional, acorde con los nuevos estándares internacionales y capaz de hacer frente a la grave situación de inseguridad, violencia, corrupción e impunidad por la que desafortunadamente atraviesa nuestro país, y que no se ha movido desde 2012 en una dirección correcta. Gracias.