El diputado José Alejandro Montano Guzmán: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados. Amigos de los medios de comunicación. Señoras y señores. El dolor, la angustia y el luto que agobian a miles de familias y que ensombrecen el panorama nacional, nos obligan a efectuar un examen objetivo y sereno de la seguridad pública, a la luz del VI Informe de Gobierno y el mensaje presidencial emitido con ese motivo. Nadie cuestiona la valentía de quien como comandante supremo de las fuerzas armadas, jefe de gobierno y de Estado, encabeza el combate contra el crimen organizado y menos el patriotismo y la entrega de los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, procuración de justicia, los aparatos de justicia civil y sobre todo el Ejército y la Armada de México, sin embargo, el análisis que nos ocupa requiere apartar por un momento estas valoraciones, así como la retórica tramposa que escuchamos durante estos años del “¿qué hubiera pasado de no haberlo hecho? Nunca dije que era una guerra. Nadie plantea una estrategia”. Procedamos a un balance objetivo que permita definir dónde estamos en materia de seguridad pública y qué fue de los cuantiosos recursos invertidos en este campo, a partir de ello, el próximo gobierno federal deberá asegurar la capacidad de hacer una contribución sustantiva a la tranquilidad de los mexicanos. Se dice en el texto del informe que la estrategia de seguridad pública ha establecido “los cimientos necesarios en la materia y se ha contenido y debilitado a las organizaciones criminales”. No obstante, una pregunta esencial que inquieta a los mexicanos es, ¿dónde está la justicia? Preocupa que la prensa internacional, el diario Le Monde en concreto, haga un llamado a la comunidad mundial ante la barbarie de 120 mil homicidios en México, que se habla de una crisis humanitaria ante la violación sistemática de los derechos humanos de los migrantes procedentes de Centroamérica, y que el Estado mexicano tiene una larga serie de casos pendientes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo explicar el saqueo sistemático de los hidrocarburos y el control territorial del crimen organizado en un número significativo de los penales del país? ¿Cómo desmentir una crisis institucional ante la inoperancia del sistema nacional de seguridad pública, y cómo explicar a las víctimas de la violencia que la ley respectiva se encuentra en una controversia constitucional? No se trata de un asunto de percepciones, sino de realidades cotidianas muy dolorosas y penosas, que embargan a los mexicanos y detienen el crecimiento y el desarrollo del país. La controversia sobre el número de víctimas, que si 60 mil, que si 72 mil, que 120 mil, es sintomática, no conocemos la dimensión exacta de la violencia y los instrumentos de medición son limitados, como consigna el informe. Las cifras no son comparables porque sus criterios son heterogéneos, y más grave aún, últimamente se han ocultado las estadísticas. La PGR cerró el conteo en septiembre de 2011 con 47 mil 515 ejecutados, y de ahora en adelante la información está reservada y es confidencial. Y no mencionemos a los 160 mil desplazados, que en el 2011 reportó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados; 12 mil niños huérfanos por la violencia, de acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua; 95 periodistas asesinados y 40 ataques a medios de comunicación. No han faltado recursos económicos o instrumentos jurídicos que justifiquen la trágica situación que azuela al país. Como señala el informe, los recursos públicos invertidos en el área de seguridad crecieron 60 por ciento entre el 2007 y el 2012 y han sido aprobadas múltiples iniciativas legislativas provenientes del Ejecutivo y el Congreso de la Unión, a pesar de la controversia sobre el alcance de alguno de ellas, como es el caso de los testigos protegidos. Ha faltado, sin duda, coordinación y unidad de criterios entre las dependencias del Ejecutivo federal, entre los distintos niveles de gobierno. Cómo justificar que sólo la mitad de los cuerpos policiales, que rondan las calles y los cuarteles, hayan aprobado los exámenes de control de confianza y el resto siga ahí a pesar del riesgo para la seguridad de los habitantes. Cómo explicar que cuatro años después de la reforma del sistema de impartición de justicia, su instrumentación está lejos de ser una realidad en el territorio nacional. Cómo justificar que a pesar de una legislación que sienta las bases de la coordinación entre las fuerzas de seguridad pública, la Ley General de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, advirtamos de manera recurrente incidentes en los cuales se contradicen las versiones entre las distintas instituciones de seguridad pública federal, por una evidente división en el Gabinete de seguridad. Por lo demás, la iniciativa de mando único sigue en proceso legislativo “por razones ideológicas y de cálculo político”, acusa el texto del informe. La repartición de culpas a diestra y siniestra en todos los niveles de gobierno y entre pueblos vecinos, es lo que ha predominado a lo largo de esta administración. Yo le quisiera comentar al diputado que me precedió en el habla, que el diputado Alberto Curi mencionó que faltaron estrategias complementarias, además de la de seguridad. Faltaron estrategias de atender lo que es la pobreza, lo que son los servicios, el empleo, para poder aminorar ese flagelo que ha lastimado evidentemente a la sociedad mexicana. Además, los delirios de grandeza no han estado ausentes. Cito, como en ningún otro momento en la historia –parafrasea el juicio del Informe sobre la estrategia de seguridad– los errores y omisiones son términos que se desconocen en el informe sobre seguridad pública, ¿pedir perdón?, cómo, por qué, a quién, dice el gobierno humanista, por algo los mexicanos reprobaron con su voto el saldo de violencia y dolor que deja esta administración federal a México. La historia, como lo dijeron aquí, ya los puso en su lugar, por eso el voto favoreció al PRI. Corresponderá al gobierno emanado de las filas de nuestro partido, el PRI, hacer el balance objetivo del estado de seguridad pública en el país. Recopilar la información que sea consistente, evaluar la situación de las corporaciones de seguridad policial y las instituciones armadas para replantear una estrategia que de manera ostensible omitió el diagnóstico sobre la inseguridad y la violencia. Sobreestimó los recursos públicos disponibles pero subestimó la capacidad del crimen organizado. Erró en la táctica y la planeación estratégica y fracasó. Desde luego, nadie se opone a la continuidad y al reforzamiento del combate contra el crimen organizado trasnacional, ni a la presencia transitoria del Ejército mexicano y la Armada de México en esta lucha. Todos, sin duda, reiteramos nuestro reconocimiento del patriotismo, el esfuerzo y el sacrificio de los miles de integrantes de los cuerpos de seguridad policial, del Ejército mexicano y la Armada de México. En honor a ellos, con responsabilidad institucional y respeto elemental a las víctimas del delito y a las miles de familias que viven en el dolor o que han perdido su patrimonio físico y también a quienes viven en el exilio, el próximo gobierno habrá de replantear el combate al crimen organizado, integrar una nueva fuerza policial eficaz y establecer la paz, la seguridad y la concordia entre los mexicanos. Éste es nuestro compromiso y aquí estaremos para llevarlo adelante. Es cuanto, señor presidente.