El diputado Rubén Terán Águila: Gracias, diputada presidente. Decir que este ejercicio que se realizó es muestra contundente de que estamos en un Parlamento abierto. Sin lugar a dudas, hoy tenemos en este país una nueva forma de legislar que seguramente muchos aún no comprendemos. Pero en este sentido, académicos, especialistas, líderes sociales y representantes de la sociedad civil pugnaron por la incorporación de diversos delitos: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo de casa-habitación, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea son delitos que se pretenden incorporan a petición de la sociedad civil. Es indudable establecer que de estos delitos y dentro de este catálogo estos merecen prisión preventiva oficiosa. Esto no significa que los jueces están exentos de analizar los elementos suficientes para acreditar la probable participación del inculpado en el delito, precisamente al determinar la sujeción a proceso. Es importante puntualizar que los delitos que se adicionan son de alto impacto y de grave afectación a la vida, dignidad y patrimonio de las personas, además que responden al reclamo de acabar con la corrupción y la impunidad. Compañeros legisladores, uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de sus funciones son algunos de los delitos que cometen los servidores públicos. Personas que están investidas de un poder e información privilegiada que les permite, entre otras cosas, incidir en el destino de los recursos públicos, cometer y/o propiciar delitos que afectan a todos los mexicanos. La presente reserva tiene por objeto prevenir y, en su caso, sancionar conductas graves e ilícitos que vulneran la seguridad del Estado mexicano, que menoscaban el patrimonio de las familias, que dañan a la niñez mexicana y que atentan contra la vida de las mujeres. Coincidimos en que el Estado mexicano debe contar con los mayores instrumentos para proteger los derechos de la sociedad y generar un ambiente de certidumbre, disminuyendo las conductas delictivas más lesivas para las víctimas y para las propias instituciones del Estado. Compañeros parlamentarios, quiero dejar algo muy claro, nosotros estamos respetando una minuta que viene del Senado y que representa un acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Nosotros, como fracción y coalición y como gobierno tenemos un programa definido, tenemos unas metas muy claras para que este país mejore, y esto no significa y quiero aclararlo, que sean medidas de populismo punitivo. Nosotros no vamos a criminalizar a la pobreza, de eso pueden estar seguros. Compañeras y compañeros, consideramos que la inclusión en el dictamen de las conductas delictivas antes mencionadas, no solamente responden a una exigencia de la sociedad y de los sectores vulnerables, sino que dotará a la autoridad competente y por ende al Estado, de las herramientas necesarias, puntuales y suficientes para una correcta aplicación de la justicia. Es cuanto.