La diputada Rocío Barrera Badillo: Compañeras y compañeros diputados. “Porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo”. Eduardo Galeano. México se insertó desde hace tiempo en un aletargado pero claro proceso de reconstrucción de identidades sociales, siendo la cuestión de género el centro de gravedad de las luchas que abogan por la igualdad. Desde que se comenzó a analizar el rol de la mujer en la construcción de la nación en el Primer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas en 1931 y hasta la fecha, mucho se ha logrado particularmente en la última década en que el Estado mexicano ha ido adoptando, pese a mucha resistencia, cambios fundamentales que replantean el rol femenino en la sociedad y nos ubican en una más justa dimensión. Ciertamente la lucha por la paridad en todos los aspectos, pero principalmente en lo laboral, económico y político se empieza a reflejar en nuestro andamiaje jurídico, abonando al saneamiento de una deuda muy añeja pero también muy vigente. Hoy protagonizamos un momento trascendente en la relación democrática de nuestro país, pues si así lo deciden, daremos un importante paso para resolver el grave problema de violencia política en razón de género. Sí, es cierto, en años recientes México ha tenido avances sustantivos en lo que toca a los derechos políticos de las mujeres, de entre los que destacan las reformas constitucionales en materia político electoral de 2014, que obligó al Congreso de la Unión a establecer las reglas para garantizar la paridad entre los géneros y la más reciente de junio de 2019 que permite a mujeres y hombres en igualdad de condiciones ser protagonistas del cambio que México merece. Sin embargo, frente a cada reforma, frente a cada conquista, frente a cada lucha ganada, hay quienes minimizan los logros señalando que la mayor parte del problema no se encuentra en la legislación, sino en la forma en que la realidad de derechos se convierte en la realidad de hechos. Categóricamente, señalo que no estamos hablando de gentiles y necesarias o tolerables concesiones. Quienes como mujeres hemos buscado competir por un puesto público, tenemos muy clara la existencia de lagunas profundas en nuestro entramado jurídico que nos impide el pleno ejercicio de nuestros derechos. Si bien es cierto que parte de la esencia de este problema se debe a situaciones sociales, a barreras fuertemente arraigadas y a usos y costumbres que permanecen desde tiempos inmemoriales, no menos cierto es que la situación evidente de desigualdad y desprotección que aún sufre la mujer, sigue urgiendo de acciones legislativas. Estamos en los albores de superar paradigmas muy desgastados. En últimas fechas el grave problema de la violencia hacia las mujeres se ha hecho más visible y no podemos ya callar ante esta carga que nos oprime, no como género, sino como sociedad. En materia electoral no podemos suponer el cumplimiento de los principios básicos de equidad en la contienda, sin garantizar a las mujeres procesos y procedimientos expeditos, objetivos y justos. En este sentido el dictamen que entre todas y todos hemos construido se inscribe como parte de una de las más necesarias acepciones de la reforma política del Estado, la que se acompaña en libertad e igualdad de mujeres y hombres. Sancionar la violencia política de género es un tema que de suyo resulta de la mayor trascendencia, pues permitirá procurar el adecuado ejercicio de los derechos políticos de la mujer, que como parte de los derechos humanos deben ser asumidos como inalienables. En este sentido, es evidente la alineación de objetivos de las diversas propuestas en esta materia con el derecho internacional humanitario desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos políticos son considerados inherentes a la persona, que tienen derecho al acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. En consonancia, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1996 establece en el artículo 3 y 25 que el Estado debe garantizar a hombres y mujeres el ejercicio de sus derechos políticos, incluso el de participar en la dirección de los asuntos públicos en condiciones de igualdad. Como puede verse, ambos instrumentos internacionales, como piezas torales del andamiaje del derecho internacional humanitario establecen dos cuestiones fundamentales: primero, el derecho de hombres y mujeres de gozar en igualdad de derechos consagrados en dichos instrumentos, que va aparejado a la obligación de los Estados de garantizar esa igualdad. Segundo, la consideración de los derechos políticos como parte del esquema de derechos humanos. Hoy la violencia política puede suceder en distintos espacios y actividades que implican la organización político-social, ya sea en instituciones del Estado durante los procesos electorales, al interior de los partidos políticos y las organizaciones no gubernamentales, en los sindicatos o a través de los necios de comunicación. En cualquier caso es inaceptable cualquier expresión de violencia en las etapas que conforman la trayectoria pública o política de las mujeres, así como el arraigo de la percepción de poder a lo masculino. Por ello, la erradicación y sanción de la violencia política en razón de género debe ser compromiso del Estado mexicano en su conjunto, asegurando a las mujeres una vida libre de violencia y contribuyendo a la consolidación democrática de la paridad política, libre de discriminación y violencia. En conclusión, legislar en materia de violencia política de género persigue un objetivo social y jurídicamente trascendente, necesario y urgente. Esta legislatura saldará tan dolorosa deuda. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputado presidente.