La diputada Fatima Almendra Cruz Peláez: Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Saludo cordialmente a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, María del Rosario Piedra Ibarra, y a quienes hoy acompañan a esta sede de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. La defensa de los derechos humanos representa una de las tareas más arduas en nuestro país. Durante décadas el papel de las autoridades encargadas de este propósito, así como el de las leyes y de los defensores de los derechos humanos, se había visto limitado, pero no por ello se ha dejado de acompañar a las víctimas en su búsqueda de justicia. Desde esta tribuna hacemos un amplio reconocimiento de su gestión al frente de la CNDH, pues durante su presidencia esta institución se ha consolidado como una defensoría auténticamente al servicio del pueblo y de las y los más vulnerables, y no subordinaba a los riesgos de los poderosos. Esto ha implicado desde luego poner fin a los dispendios, a los excesos y a la agenda política de administraciones pasadas que defendieron a la CNDH. La reordenación estructural y operativa impulsada en la CNDH desde el año 2020 ha fortalecido el área sustantiva de la comisión, tanto en lo funcional como en lo operativo, capacitando a su personal para el contacto directo con las víctimas, lo cual era una demanda de la ciudadanía, y en particular de aquellas personas que acuden a la institución buscando sean atendidas y protegidas. Nos queda claro que en esta nueva etapa de la comisión la prioridad son las víctimas, así como el ejercicio responsable de los recursos públicos, pues el día de hoy la CNDH ha atendido a número sin precedentes de ciudadanas y ciudadanos en menos tiempo y ha metido el mayor número de recomendaciones en toda su historia, gracias a haber desterrado los gastos superfluos, destinados a banalidades que no ayudaban menos que a proteger a quienes eran los vulnerables de sus derechos humanos. Sin duda, los derechos fundamentales necesitan un logro, que garanticen su protección, que tomen medidas en caso de que éstos se vean afectados. De ahí la importancia de contar con instituciones capaces de hacer frente a los retos actuales y futuros, en pro de la dignidad humana. En este sentido, después de casi 13 años de haber aprobado una de las reformas más importantes en materia de derechos humanos en nuestro país, pueden verse los resultados de un cambio de paradigma, que pone a las personas en el centro de las prioridades del Estado, hoy no sólo formalmente sino en la práctica. Sin lugar a dudas, la CNDH ha sido congruente con su objetivo de procurar los derechos de las y los mexicanos, pero especialmente de los sectores que más lo necesitan, entre los que se encuentran las niñas, los niños, los adolescentes, las mujeres, los adultos mayores y las personas indígenas y migrantes. En estos últimos dos grupos de la población me quiero referir especialmente, porque ha sido mi prioridad desde que tomé posesión como diputada federal. La migración y las comunidades indígenas no son temas desconectados entre sí. Pero por el contrario, cada vez son más los individuos y las familias indígenas que están migrando de sus territorios como parte de la dinámica de la migración nacional y también internacional. Los pueblos con mayor índice de migración son purépechas, mayas, zapotecos y mixtecos de Guerrero, Oaxaca, Puebla. Mazatecos, otomíes en Hidalgo, estado de México, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Al respecto existen diferentes factores migratorios, tanto estructurales como coyunturales, como son el crecimiento poblacional y la presión demográfica sobre la tierra; el deterioro ecológico, devastaciones por fenómenos meteorológicos, escasez de empleo y disminución del ingreso; explotación de la cuota del trabajo; inexistencia o insuficiencia de servicios básicos, como la electricidad, agua potable, escuelas, centros de salud; violencia armada y cacicazgos, entre otros factores. Lo anterior, aunado a la expectativa de lograr una vida mejor para las regiones de origen, está produciendo cambios importantes en la configuración de las poblaciones indígenas. Todos estos factores, aunados a la diferencia cultural y lingüística, ocasiona que las personas indígenas que llegan a migrar sean víctimas constantes de discriminación y de violaciones a sus derechos. Recordemos que uno de los ejes establecidos en el Plan Estratégico Institucional es atender, mediante especial vigilancia, las violaciones graves de derechos humanos de grupos específicos o en situaciones de vulnerabilidad y fomentar la igualdad de toda persona que se encuentra en territorio mexicano. Esto ha permitido agilizar el trámite de migrantes, brindando certeza y seguridad jurídica a lo que, a su vez, ha generado que las personas migrantes puedan acceder al sector laboral en nuestro país. Hablar de derechos humanos es hablar de libertad, de justicia, inclusión, no discriminación e igualdad. Por ello es importante que se revise su participación hoy en este ejercicio republicano, para dar a conocer cómo vamos en esta importante materia y qué se requiere para fortalecer y garantizar el abanico de derechos que tienen todas y todos los mexicanos. En este marco, reconocemos los avances que ha tenido la Comisión de Protección de las Personas Migrantes e Indígenas durante su gestión, pero también estamos conscientes de que falta mucho por hacer y que son muchos los retos que tenemos que enfrentar para cumplir lo dispuesto en el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, el cual señala la obligación de todas las autoridades de nuestro país de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en nuestro país. Es precisamente por lo anterior que hago hincapié en la importancia de que las y los legisladores sigamos contribuyendo con acciones legislativas encaminadas a la protección de los derechos humanos, lo cual es esencial para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, como la que anhelamos todas y todos los mexicanos. Es cuanto. Muchas gracias.