El diputado Gustavo González Hernández: Muchas gracias, señor presidente, y con su permiso. Viene en este salón la pregunta de si hay un debate amplio y de fondo sobre el tema de la laicidad del Estado. Viene la pregunta de si hay grandes divergencias sobre qué debe ser el principio de laicidad en el Estado. Quiero leer las frases que dijera José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador de Tlaxcala y otrora diputado federal, en el siguiente término. Dice: "La política en torno a la separación de la iglesia y Estado, está históricamente concluida. Desde hace muchos años la nación mexicana lo dejó establecido el campo del poder civil y el eclesiástico. Es inútil e inoportuno intentar revivir querellas decimonónicas que los mexicanos consideran superadas y claramente definidas. En los países democráticos como el nuestro habrá siempre un profundo respeto para todas las creencias. De tal manera, que en México podamos ser ciudadanos creyentes y priístas". En su momento, palabras de este notable priísta. No hay grandes diferencias. En la Comisión de Puntos Constitucionales discutimos una serie de posicionamientos y consideramos que sí era viable añadirle al artículo 40, la palabra laicidad, porque consideramos ?y creo que ése fue el espíritu? que era el principio de laicidad en dos grandes pilares: el primer pilar, y lo dice uno de los tratadistas que más ha profundizado sobre el tema de laicidad en Europa: La laicidad moderna es un proyecto político de autonomía e independencia del poder civil respecto al poder clerical, y por eso el laicismo promueve por todos los medios la consecución de ese ideal: la autonomía de la política frente a las religiones que ni el poder clerical entre al poder civil; pero que tampoco el poder civil intervenga de manera directa en las religiones. Ésa es la otra cara de la moneda y quizá la principal: la libertad de creencia. Nosotros consideramos que el Estado laico es aquél que defiende la separación institucional entre religión y política, manteniendo, en todo momento, la neutralidad del Estado respecto a las demás religiones, así como el respeto a la cultura e idiosincrasia del país en cuestión. Así lo muestra la práctica de tantas naciones y el texto de constituciones de países europeos, que respetando plenamente la laicidad del Estado y la libertad religiosa de las iglesias y de los creyentes, no rebajan la religión al nivel de un hecho intrascendente, meramente privado. El Estado laico no puede cerrar los ojos ante el fenómeno religioso que se presenta como un hecho cultural, tradicional o mayoritario en una determinada nación. Como sucede con la nuestra, en la que las civilizaciones prehispánicas eminentemente religiosas al fusionarse con el cristianismo, constituyeron una nueva fuente de cultura cimentada en tradiciones y valores. La neutralidad del Estado laico no ha de traducirse en una actitud antirreligiosa o en posturas de un ateismo político o totalitarismo ideológico, ajenos a toda neutralidad. Una laicidad que desconozca el hecho religioso o que descalifique toda referencia procedente de algún principio religioso o filosófico representaría una posición política, rígidamente doctrinaria, totalitaria y abstracta. El Estado laico moderno, como lo dice Antonio Molina Melia es aquel Estado que no hace suya ninguna religión, ninguna irreligión, incluyendo el ateismo o filosofía inmanentista en las cuales ni las protegen ni se inspira en ellas ni las impone a la fuerza. La vida cívica y la política del Estado laico al margen de cualquier identidad religiosa, ideológica o confesional, deberá proveer un ideal de ciudadanía y bien común. El Estado laico reconoce la libertad religiosa como un derecho ciudadano a ejercitar la religión conforme a los dictámenes de la propia conciencia, con los únicos límites que marque el respeto a las normas jurídicas vigentes. Por tanto, no es sano ni compatible con el Estado laico, negar a ninguna comunidad de creyentes y a quienes les representan legítimamente el derecho a pronunciarse sobre cuestiones de cualquier tipo que están en manos de los legisladores y juristas y que interpelen a sus conciencias. Todo ciudadano debe gozar de la libertad de decidir lo que considere oportuno a quienes ostentan el poder. Sólo un Estado totalitario que quiera erigirse en fuente última de valor y que no tolere junto a él ninguna voz capaz de cuestionarlo, puede pretender amordazar a sus ciudadanos laicos o acallar la voz de sus iglesias negándole su derecho a opinar sobre asuntos temporales en lo que consideran justo. Esa es, señores, la otra cara de la moneda de lo que debe ser el principio de laicidad. Lejos de considerar la diversidad de opiniones como una ofensa al Estado, éstas representan la libertad de expresión de los ciudadanos y el reflejo de un sano pluralismo político. El Estado laico, entendido como tal, no deberá limitarse a adoptar una benévola tolerancia frente al hecho religioso. La laicidad implica establecer un vínculo recíproco y respetuoso sobre en qué construir una comunidad política y solidaria acogiendo a todos los ciudadanos por igual, creyentes o no, para la consecución del bien común. Es por eso que la fracción de Acción Nacional considera y en su momento, en el fondo estuvo de acuerdo de que se incluyera en el artículo 40 el texto que el pueblo crea una república democrática y laica, pero entendiendo que el principio de laicidad es una moneda que tiene dos caras, dos principios y que ambos principios tienen que coexistir y eso es lo que venimos nosotros, en un momento y hemos discutido históricamente en nuestra nación. Es cuanto, señor presidente.