La diputada Elsa de Guadalupe Conde Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Honorable Asamblea. La presente iniciativa de reforma a la Ley General de Salud pretende regular la objeción de conciencia de los prestadores de servicios médicos, así como garantizar la prestación de los servicios por parte de las instituciones públicas de salud en aquellos casos en los que los servidores públicos se declaren objetores de conciencia. La doctrina defiende al objeción de conciencia como a la actitud o creencia de carácter ético, filosófico o religioso que impide a una persona desarrollar una actividad determinada, lo que se traduce en la decisión personal de no acatar normas jurídicas específicas sin perjuicio del respeto a la normativa general que rige a la sociedad de que se trate. Ante el tema de la objeción de conciencia, debe reconocerse que, como resultante de los principios de tolerancia, diversidad y autonomía de las personas, características de las sociedades contemporáneas, los individuos manifiestan una pluralidad de creencias, no sólo en el discurso y en la convivencia social, sino también en el ejercicio de sus derechos. Es innegable que el avance democrático que garantiza un Estado laico tolerante a la diversidad no puede imponer una determinada moral como única y universal. En cambio, debe aceptar como regla la pluralidad. Esto tiene respaldo en la libertad ideológica o de pensamiento y en la libertad de toda persona de profesar o no la creencia religiosa que sea de su elección, reconocidas como garantías individuales en los artículos 6 y 24 de la Constitución. En ese tenor, el Estado debe ser plural y permitir el ejercicio de la libertad de conciencia, pero al mismo tiempo debe ofrecer los servicios y facilidades a las personas con convicciones morales y religiosas distintas. La libertad de conciencia, especialmente la de carácter religioso en tanto expresión jurídica, se encuentra en el artículo 24 constitucional que señala textualmente: Todo hombre es libre para profesar la creencia religiosa que más le agrade… Sin embargo, respecto a la libertad religiosa, al igual que tratándose de cualquier otra: … no es posible, a riesgo de sucumbir en las seducciones del autoritarismo, suponerla omnímoda ni ajena a las reglas del derecho. Es decir, las delimitaciones de la libertad religiosa se encuentran dadas por la subordinación de las distintas religiones en cuanto se refiere a los actos jurídicos concretos y por el respeto a la ley y el orden público. Se trata de no transgredir los derechos y obligaciones aceptados en tanto integrantes y partícipes de una comunidad jurídica. Ante estas circunstancias, la objeción de conciencia se presenta como un fenómeno conflictivo, una realidad problemática relativamente nueva que pide respuestas de diverso orden: ético, político y jurídico. En esencia, es un conflicto subjetivamente insoluble entre un mandato legal y una norma ética o religiosa que prohíbe su cumplimiento. El tema de la objeción de conciencia es muy amplio y abarca diversas áreas de aplicación. Sentaremos hoy nuestra atención sobre una de las circunstancias que con mayor frecuencia actualmente plantea problemas de objeción de conciencia, la que se refiere a la prestación de servicios médicos. La objeción de conciencia de los prestadores de servicios médicos debe armonizar, entre otros, con el derecho a la protección de la salud del paciente en relación con las obligaciones del personal de salud con el derecho al libre ejercicio profesional, libertad de trabajo con el de la dignidad de la medicina respecto a la autonomía del paciente, así como el derecho de los médicos a que se respete su libertad religiosa y ética y fundamentalmente al derecho de los pacientes a recibir la prestación de los servicios médicos que le corresponden. Bajo este esquema es necesario mencionar que, desde el punto de vista legislativo, es necesario contar con un código de objeción de conciencia que regule cada uno de sus aspectos. La presente iniciativa tiene la intención de que a través de la adición del artículo 49 Bis de la Ley General de Salud se reconozca el derecho de los prestadores de servicios médicos a ser objetores de conciencia para ciertas actividades, pero a su vez tiene la intención de regular dicha objeción de conciencia ante el inminente compromiso que tienen los servidores públicos y ante la responsabilidad de las instituciones públicas de prestar los servicios médicos correspondientes. Por lo tanto, la Secretaría de Salud federal debe proporcionar capacitación y equipamiento a los prestadores de servicios de salud para que estén en aptitud de brindar servicios médicos seguros, suficientes y de calidad. En este contexto, lo primero que hay que tomar en cuenta para regular la objeción de conciencia es que ésta tiene un carácter individual, es decir, corresponde a cada persona decidir, con base en sus creencias, si es o no objetor sobre una u otra actividad. Esto quiere decir que las instituciones públicas no pueden ser objetoras de conciencia, ya que es un acto individual y no institucional. También se establece que es estrictamente personal, ya que influye en la voluntad de cada sujeto y de ninguna manera se debe utilizar la objeción de conciencia como pretexto para no prestar un servicio médico cuando la conducta del objetor resulta notoria o públicamente contradictoria con los principios morales, éticos y religiosos que pretende hacer valer. Con la adición al artículo 49 Bis, lo que se plantea es que los prestadores de servicios médicos puedan hacer valer su derecho a la objeción de conciencia frente a ciertas actividades médicas que sean contrarias a su libertad de conciencia, sin incurrir en responsabilidad ni ser sancionados. Sin embargo, la propuesta establece claramente que, ante una situación así, el prestador de servicios tiene la obligación de remitir al paciente con personal no objetor. Adicionalmente, cuando se encuentre en riesgo la salud o la vida del paciente, no será posible invocar la objeción de conciencia y seguirá vigente la obligación de prestar el servicio médico que corresponda. Un país democrático que respete las garantías individuales debe admitir la posibilidad de ejercitar la objeción de conciencia, sin duda. El disenso y la discrepancia pacíficos no deben provocar violencia, agresión ni discriminación contra quien ejerce su derecho de libertad de pensamiento, por lo que corresponde al legislador establecer los mecanismos y los límites para que se pueda ejercer el derecho a actuar por motivos de conciencia, sin violentar el orden jurídico o afectar los intereses de otras personas. La objeción de conciencia, al igual que los otros derechos, no tiene un carácter absoluto, pues tiene por límite necesario el que su ejercicio no exponga a las personas a un peligro de afectación a su salud o a su vida ya que, de actualizarse alguno de dichos supuestos, subsiste la obligación de atender médicamente al paciente. Por los motivos expuestos, presento a la consideración del Pleno de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que adiciona el artículo 49 Bis al Título II, Capítulo tres de la Ley General de Salud: Artículo Unico. Se adiciona el artículo 49 Bis al Título II, Capítulo tres de la Ley General de Salud, para quedar como sigue Artículo 49 Bis. Los prestadores de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud podrán hacer valer su derecho a la objeción de conciencia, conforme a sus creencias religiosas o convicciones personales; cuando dentro de sus actividades existan prácticas contrarias a su libertad de conciencia; podrán excusarse de participar y tendrán la obligación de referir al paciente con personal no objetor. En los casos en que sea urgente llevar a cabo cualquier actividad médica para salvaguardar la salud o la vida del paciente, no podrán invocar la objeción de conciencia y deberán prestar la atención médica necesaria. Será obligación de las instituciones públicas de salud, garantizar la oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad del personal no objetor de conciencia. Solicito respetuosamente a la Presidencia se inserte el texto de esta iniciativa íntegramente en el Diario de los Debates. Es cuanto, señora Presidenta.