El diputado Heliodoro Carlos Díaz Escárraga: Señoras diputadas y señores diputados. Luego de los asesinatos de migrantes centroamericanos en Tamaulipas y del secuestro en Oaxaca de 40 o 50 salvadoreños, guatemaltecos y hondureños en 2010, los avances en materia de políticas públicas para prevenir y sancionar este tipo de actos y proteger a quienes cruzan territorio mexicano, son prácticamente nulos. Hasta ahora nada se sabe de los controles de confianza que la Secretaría de Gobernación anunció, se realizaría a los agentes de migración. Tampoco se conoce de mejoras concretas a la infraestructura migratoria, de programas de corto plazo para impedir nuevos secuestros de migrantes, de planes específicos para depurar al personal operativo del Instituto Nacional de Migración y paliar la corrupción que en éste priva, de acuerdo, para evitar que ferrocarriles cargueros de empresas privadas se sigan usando como transporte por los migrantes extranjeros. El pasado 22 del mes anterior, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó el informe especial sobre secuestro en perjuicio de migrantes en México, destacando lo siguiente: Los estados en que se presentó el mayor número de eventos de secuestro, de acuerdo con los testimonios ofrecidos por víctimas y testigos son: Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Chiapas y Oaxaca; 214 casos de secuestros masivos de migrantes con un total de –óigase bien– 11 mil 333 víctimas sólo en 2010. Es lamentable que la delincuencia lastime a las víctimas –dice el informe- a través del delito, pero es más grave cuando se lastima a las víctimas desde el servicio público. Medidas asiladas son las que prevalecen para combatir las causas estructurales de este ilícito, y señala lo que todo mundo sabe, falta de coordinación entre las instituciones encargadas de prevenir y combatir el delito a nivel estatal y municipal. Por eso en la Comisión Permanente, solicitamos la comparecencia del secretario Blake, quien aduciendo asuntos de agenda, no compareció el día que tenía previsto. Estamos pendientes de que se discuta a ese nivel la política migratoria y su ausencia en este país. Sin embargo, ya el pasado 22 de febrero el Senado de la República aprobó el dictamen que expide la Ley de Migración, la cual establece la obligación del Estado mexicano de garantizar igualdad de trato a los migrantes en el ejercicio de todos sus derechos, independientemente de su situación migratoria. Según se ha difundido, esta ley reconoce y protege derechos fundamentales como el acceso a diversos servicios y diversas acciones de protección a los derechos humanos. En su oportunidad, esta Cámara habrá de pronunciarse respecto a esta nueva normatividad; sin embargo, es preciso señalar que una ley no resuelve por sí misma los problemas de un tema determinado. En principio es preciso que ésta se aplique puntualmente y desafortunadamente la experiencia nos indica que el gobierno federal no lo hace a pesar de que le hemos aprobado muchas leyes en diversos rubros y vemos que las problemáticas lejos de desaparecer persisten y se agravan. Ello obedece a defectos de operación, planificación y estrategia y también a la corrupción que infecta a muchas de nuestras instituciones. Esto ocurre en materia migratoria, sin lugar a dudas. Mientras no se depure al Instituto Nacional de Migración, ahora reconocido en la ley aprobada por el Senado y a las corporaciones policíacas que participan en el aseguramiento de migrantes hasta ahora sin documentos, la norma se convertirá en letra muerta, en otro catálogo de sólo buenas intenciones. El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional demanda resultados, eficiencia, honestidad, transparencia e imaginación en el diseño y la aplicación de políticas migratorias, protección efectiva a los derechos humanos de los migrantes extranjeros, independientemente de que posea o no papeles, castigo a la delincuencia que afecta las libertades y la integridad física y mental de quienes atraviesan México en busca de oportunidades que no encuentran en su país. No podemos seguir con una ausencia plena de política migratoria en nuestro país. No podemos demandar para nuestros connacionales lo que no somos capaces de asegurar y proteger en la frontera sur. Desde hoy, la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional manifiesta su disposición para aprobar de inmediato la Ley Migratoria, dictaminarla, discutirla en este pleno como un bastión que pueda salir al paso en la defensa de los derechos de los migrantes. Es cuanto, señor presidente.