La diputada Martha Amalia Moya Bastón: Diputadas y diputados, el Estado de bienestar, también conocido como welfare, actualmente es un concepto fundamental en las sociedades contemporáneas. Fue concebido en el año de 1945 al término de la Segunda Guerra Mundial y se basó en la idea de garantizar un nivel mínimo de bienestar para todos los ciudadanos, concepto que, si bien ha evolucionado respondiendo a las circunstancias históricas, no ha terminado de dar las respuestas necesarias. El Estado del bienestar nació y creció sobre la base de algunas estabilidades que han ido evolucionando. Los retos de ayer no necesariamente son los de hoy y como ejemplo el aumento de la esperanza de vida, el impacto del cambio climático, el acceso al agua potable y una pandemia que puso a prueba a todos los gobiernos a nivel mundial. La acción pública debe contribuir a la generación de mecanismos para lograr obtener los medios necesarios para aumentar con solidez la calidad de vida y al mismo tiempo fortalecer la formación de recursos humanos para el desarrollo y el bienestar a lo largo del ciclo de la vida, la cohesión social y no solamente como una simple estrategia de mitigación de la pobreza. No se trata de regalar, se trata de garantizar y, para ello, es necesario abordarlo desde sus múltiples dimensiones y no solo desde una acción o programa, atendiendo la salud, la educación, infraestructura, servicios básicos y servicios digitales. En nuestro país, en el 2022, según datos de la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares, había 12.6 millones de personas adultas mayores. De estas, 3.9 millones estaban en situación de pobreza y 0.6 millones en situación de pobreza extrema. Respecto a la situación de carencias sociales en esta población, el porcentaje de personas adultas mayores vulnerables por carencia social pasó del 27.6 % en el 2018 al 31.6 % en el 2022. La de mayor incidencia fue la correspondiente a los rezagos educativos, ya que en el 2022 cerca de la mitad de las personas adultas mayores presentó esta situación. La segunda carencia con mayor incidencia en la población de 65 años o más fue la referente al acceso a los servicios de salud. En 2018 fue del 9.7 y, para el 2022 pasó del 9.7 al 29.4 %. El informe de evaluación de la política de desarrollo social 2022 de Coneval, reveló que la población ocupada que no ha cotizado en alguna institución de seguridad social, a partir de los datos del 2020 abarcó en promedio al 62 % de las personas adultas mayores. Esta brecha se agudiza para las mujeres de este grupo, pues cerca de 8 de cada 10 mujeres adultas mayores no habían realizado alguna aportación a las instituciones de seguridad social. La dualidad del actual gobierno, con un sistema social que busca la individualización de los derechos sociales y un sistema educativo que promueve a la comunidad, limitan el cumplimiento de los objetivos, promoviendo con estas contradicciones la desaparición de la solidaridad social, que implica la participación de las personas en la búsqueda de un proyecto común que constituía el objetivo primordial de la política social. Acción Nacional siempre ha estado y estará del lado de aquellas propuestas que aseguren el ejercicio real de los derechos de las personas. Sin embargo, mientras no exista una política integral que se enfoque en el ejercicio de todos los derechos y contribuya a la participación de las personas en la búsqueda de un proyecto colectivo desde su realidad, se continuará profundizando las brechas existentes entre los grupos vulnerables y la población en general. Es cuanto, presidenta.