El diputado Gerardo Xavier Hernández Tapia: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como imperativo para el Estado, la rectoría del desarrollo nacional a fin de garantizar que éste sea integral y sustentable. Que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos; grupos y clases sociales cuya seguridad protege nuestra Constitución. Tales objetivos configuran los postulados que todos compartimos, más allá de las ideologías que nos separan constituyen principios rectores que dirigen a nuestro sistema económico de un modo solidario, posicionando nuestra Carta Magna, por encima de los voluntarismos populistas o de la rapacidad del capital. Es en este ámbito, en el que se inscribe la iniciativa de la reforma energética presentada por el presidente Enrique Peña Nieto, que ahora está siendo discutida y avalada por el Congreso de la Unión. Hablamos de una transformación radical que no sólo da un viraje al paradigma energético nacional, sino que construye las instituciones que harán posible llevar a la práctica dichas reformas. El espíritu que rige a las Leyes de Pemex y CFE, que ahora discutimos, es el de un fortalecimiento a partir de la transformación de ambos organismos descentralizados, que cambiarán su naturaleza para convertirse en empresa productivas del Estado. Esta mutación lo que busca es reconocer la naturaleza de ambos entes, para así modificar su relación con el propio gobierno, los particulares y el extranjero. Bajo este nuevo diseño tanto Pemex como CFE contarán con una estructura empresarial autónoma, flexible y sustentada en las mejores prácticas de gobierno corporativo, que les facilite tomar decisiones, aumentar su capacidad productiva, optimizar la ejecución de sus proyectos y mejorar sus índices de productividad y rentabilidad, tal y como se menciona en la iniciativa presidencial. Lo que ahora estamos por llevar a cabo es una modificación histórica, que se fundamenta en las siguientes premisas, las cuales buscan fortalecer a estas entidades indispensables para el desarrollo y el progreso de México. El Estado será propietario y no administrador, como hasta ahora lo ha venido haciendo. El gobierno corporativo se ejercerá conforme a las mejores prácticas internacionales. El desarrollo de las facultades en este rubro se da bajo un marco jurídico flexible que se rija con principios de derecho privado y de mínima regulación. Se implementará un nuevo modelo de auditoria y vigilancia, lo que llevará al fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas. Señoras legisladoras y señores legisladores, los legisladores del PRI votaremos a favor del presente dictamen por dos razones fundamentales: Primera, porque éste respeta y proyecta de forma estricta lo presupuestado en el texto constitucional en materia de energéticos y rectoría económica del Estado. Y, segunda, porque más allá de las ataduras ideológicas que sujetan a otros estamos convencidos de que vamos a sentar las bases de un nuevo paradigma que contribuirá al fortalecimiento de las instituciones nacionales y al mejoramiento de las condiciones de vida de las mexicanas y de los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.