El diputado José María de la Vega Lárraga: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea: en esta ocasión me dirijo a ustedes respetuosamente para plantear una serie de interrogantes con el único fin de fomentar la reflexión propositiva y de igual manera darles a conocer la postura de Acción Nacional en un tema tan delicado como es la Ley de Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar. Primeramente, ¿esta ley responde a las necesidades del sector? La respuesta es no. La minuta proyecto busca reinstalar esquemas de regulación similares a los contenidos en los decretos cañeros que tuvieron su razón de ser en el pasado. De frente a la apertura de mercados y ante compromisos establecidos en anteriores administraciones, la sobrerregulación de este sector desalienta las inversiones, devalúa los activos de las empresas, paraliza las operaciones y limita la posibilidad de desarrollar nuevos subproductos, con las consecuencias previsibles en términos de riesgo para el sector primario, para los productores cañeros, así como para la preservación de la planta laboral. En la minuta proyecto desaparece la figura del sistema-producto, tal y como lo contempla la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Se substituye el Comité Nacional Sistema-Producto Caña de Azúcar por el Comité Nacional para el Desarrollo Sustentable de la Caña de Azúcar como un organismo público descentralizado, dependiente de la administración pública federal. La minuta proyecto de ley consagra un régimen de excepción para un cultivo que, lejos de generar las condiciones de competitividad que requiere la actividad azucarera ante la apertura comercial, aleja a la agroindustria de las decisiones de reducción de costos, de producción e incremento de la competitividad que se requieren para lograr preservarse en el tiempo y enfrentar la competencia de azúcares más baratos y edulcorantes substitutos del azúcar. ¿Esta ley beneficiará a los productores de caña del país? Claro que no. Este proyecto aparenta proteger a sólo una parte de la cadena, a los productores, a través de esquemas paternalistas del pasado que hicieron mucho daño al campo de México, pues sin considerar ni incentivar indicadores de productividad y eficiencia, establecen la obligatoriedad de que sea el Estado y en específico los contribuyentes, los que deban cubrir los altibajos del sector y busca transmitir los costos de la ineficiencia y de la falta de competitividad. Otra pregunta: ¿Se fomentará la libre participación y asociación de los productores? La respuesta nuevamente es: ¡No! El proyecto de aprobarse condenará a los campos cañeros y a sus trabajadores al mismo esquema de control político y económico que prevalecía en el anterior decreto cañero, ya que garantiza a sólo dos organizaciones cañeras, la preservación de sus privilegios y que son, entre otros, la obtención del .5 % del valor de toda la caña que se industrializa en el país, solamente por concepto de las cuotas nacionales que los ingenios pagan a las organizaciones, así como privilegios importantes para los líderes de las organizaciones cañeras a nivel local y nacional en el otorgamiento de créditos, agroinsumos, cuotas locales, organización de la cosecha, poder de decisión sobre cañas a contratar y otros esquemas de control corporativo. Se estima que el valor de estas prebendas, es superior a los 500 millones de pesos por año. ¿La ley nos llevará a un esquema de competitividad y sustentabilidad en el sector? Les vuelvo a repetir: ¡No! Con esta ley se revive el esquema que fomenta ineficiencias en el sector, compromete el pago de cuotas y todo ello eleva los costos de producción que provoca el que en México se produzca la tonelada más cara de caña en el mundo. Señores: Esta ley niega toda oportunidad de inversión privada, por lo que los costos de operación de los ingenios seguirán siendo elevados, ya que los equipos son obsoletos con respecto de los parámetros internacionales de eficiencia de fábrica. Esta iniciativa establece la forma de contratar los castigos y hasta el precio de referencia para el pago de la caña y se perderá toda oportunidad de inversión. Dejaremos el sector en manos de un partido político y dos asociaciones. El dictamen no fortalece ni hace dinámica a la sociedad rural, no fomenta esquemas de competitividad y desarrollo integral de las cadenas productivas, no acepta la libre y democrática participación de todos los agentes productivos. Y si esto, señores, que les he dicho no es suficiente para que reflexionen su voto, entonces que la Nación se los demande. Muchas gracias.