El diputado Pedro Vázquez González: Con la venia de la presidencia. Compañeros y compañeros diputados: el grupo parlamentario del Partido del Trabajo somete a la consideración de esta asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los párrafos primero y tercero del apartado B del artículo 102 y se adiciona un inciso g) a la fracción II del artículo 15, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Señor presidente, en virtud de lo extenso de la iniciativa sólo haré una exposición de carácter general y le solicito atentamente que se publique el texto íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. El propósito de esta iniciativa es fundamentalmente ampliar el ámbito de competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dándole facultad para conocer sobre violaciones a los derechos políticos de los gobernados en asuntos electorales y en asuntos laborales y también dotándole de la facultad para poder emitir, en caso de que así proceda, recomendaciones a los órganos jurisdiccionales en actos que no sean, en el fondo mismo, de la solución de una controversia, esto es, en la sentencia. En materia de derechos políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas de diciembre 10 de 1948, establece, en su artículo 21, numeral 2, que toda persona tiene el derecho, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país. En consecuencia, no se pueden tomar medidas tendientes a dejar fuera a algún aspirante a participar en un proceso electoral. En México tenemos el caso de que, mediante diferentes subterfugios legales, se pretende inhabilitar a una persona, en particular al jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para participar como candidato en la elección presidencial del año 2006. Esta actitud la consideramos totalmente inaceptable. Estamos firmemente convencidos de que la sociedad mexicana, con madurez y responsabilidad sabrá a qué candidato darle su voto, pero deben de ser ellos, los ciudadanos, los que decidan. No es permisible que desde los órganos del poder público se orqueste una campaña para jurídicamente inhabilitar en el ejercicio de sus derechos políticos a un particular. Todo el peso del aparato gubernamental se enfoca a impedir que alguien participe en dicho proceso. Es por esta razón que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo considera inaplazable el que en nuestro Texto Constitucional se establezca de manera expresa la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para conocer sobre actos de autoridad que puedan ser constitutivos de la violación de derechos políticos, que los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país reconocen a favor de los gobernados. Es más, hace algunos días fuimos testigos de la andanada que se orquestó en contra del doctor José Luis Soberanes, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por haber manifestado opiniones contrarias al proceso de desafuero que en esta Cámara se sigue al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. Consideramos también que es necesario ampliar la competencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda conocer sobre asuntos laborales, en particular sobre el precio que tiene en el mercado la fuerza de trabajo y que se traduce en el pago de un salario que resulta a todas luces insuficiente par ala manutención del trabajador y de su familia. El artículo 123 constitucional, establece en su apartado "a" fracción VI, segundo párrafo, que "Los salarios mínimos generales deberán de ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos". Reiteramos, esto establece nuestra norma fundamental que para todo aquel que la quiera ver, sabe que ésta no se cumple. Pero además la multicitada Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en su artículo 23 numeral III, que "Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que sea completada en caso necesario por cualquier otro medio de protección social" Como vemos, este derecho humano de una justa remuneración por el trabajo desempeñado o se cumple ni en términos de la obligación jurídica prevista en la Constitución ni como derecho humano previsto en tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado. En materia de asuntos electorales, proponemos que la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda conocer también estas violaciones al derecho humano de los gobernados, de elegir a sus gobernantes, siempre en elecciones auténticas en las que se garantice la libertad del voto, ya que éste es el principio básico de un régimen republicano en donde debe existir una renovación periódica de los titulares de los poderes públicos; pero esto siempre en elecciones que se rijan bajo el principio de la equidad que debe existir entre todos los actores políticos. También proponemos que se adicione un inciso "g" a la fracción II del artículo 105 constitucional, para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos esté legitimada para promover acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales de los estados o del Distrito Federal, así como tratados internacionales que puedan llegar a vulnerar el ámbito de los derechos humanos de los gobernados. Consideramos que ésta es una medida que fortalecería la tutela de los derechos humanos a cargo de la Comisión, ya que oportunamente conocería de las normas generales que pueden traducirse en violaciones de los derechos humanos antes de que puedan ser aplicadas afectando a los gobernados. Compañeras y compañeros legisladores: Estas son, en términos generales, algunas de las propuestas que en nuestra opinión tienden a fortalecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En la reforma constitucional de 1999, se logró establecer su plena autonomía. Ahora hay que seguir impulsando las medidas legislativas que complementen y fortalezcan el marco legal con que cuenta la Comisión. Por su atención muchas gracias y dejo en poder de la Secretaría el texto íntegro de la iniciativa. Es cuanto, diputado Presidente.