El diputado Sergio Vázquez García (PAN): Gracias, señor Presidente. Por obvio de tiempo, señor Presidente, leeré solamente un extracto de la iniciativa, lo que solicito, se inserte el texto íntegro de la misma en el Diario de los Debates. El que suscribe, diputado Sergio Vázquez García, diputado federal del estado de Jalisco e integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, en ejercicio de la facultad que me otorga la Constitución, la Ley Orgánica y el Reglamento de esta honorable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, me presento a presentar una iniciativa de decreto en la cual se modifican adiciones a diversos artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de la siguiente exposición de motivos: Para el Partido Acción Nacional, el interés nacional es preeminente, todos los intereses parciales derivan de él o en él concurren. No pueden subsistir ni perfeccionarse los valores humanos si se agota o decae la colectividad ni ésta puede vivir si se niegan los valores personales. Por ello, cualquier propuesta de reforma al vasto mundo legal mexicano, tiene que salvaguardar la esencia de la nación en su conjunto y no solamente algunos grupos o sectores que protegen por lo general compromisos e intereses diversos de los demandados por la generalidad del país. Reconozcamos en este caso la existencia del clamor popular porque se aplique la justicia en todos los casos en que se violente el derecho positivo por un particular o un integrante del poder público, el cual deberá ser comprendido a cabalidad por el Poder Legislativo, porque sin lugar a dudas la realización de la justicia, es atribución primaria del Estado. La labor de la razón tiene como exigencia el orden. En política este orden se llama derecho, que es la supresión de las relaciones interindividuales, de manera que en ningún caso se realice en términos desventajosos para nadie. Un pueblo, organizado según sus normas e instituciones es un Estado y en el seno de éste, el orden postula un poder como elemento indispensable para la eficacia de la regulación, con miras a la obtención de un fin. Por ello, la honesta, objetiva y fecunda actuación de este valor, es la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales de la persona humana y de las comunidades naturales, es además condición necesaria de la armonía social y del bien común. La justicia es entonces considerada como un valor y un objetivo de la realización natural de cualquier comunidad humana, debe ser aplicada mediante instrumentos diversos, siendo uno de ellos, el Estado de Derecho. Por ello, es impostergable la aplicación de la ley por los tribunales de manera justa, pero antes que suceda esto se requiere de la existencia de un verdadero Estado de Derecho, que sea resultado de elaboración de normas auténticamente jurídicas y un esfuerzo concurrente de todos los órganos del Estado, presidido por la justicia e inspirado en ella. Es así, que la responsabilidad del funcionario público, tiene que estar perfectamente delimitada por el orden jurídico, pues así como se establecen sus derechos laborales o de seguridad social, del mismo modo se debe contar con el cuadro normativo que haga efectiva cualquier irresponsabilidad de todo servidor público, pues tiene que existir siempre la estructura legal, que permita exigirle a éste su falta de compromiso con la sociedad y el quebrantamiento ineludible del marco normativo al cual está sujeto. Porque no es posible que un Estado moderno, como el nuestro, quienes tienen a su cargo la aplicación de las normas jurídicas sean los primeros en transgredirlas, máxime que cuando las violentan tratan de eludir cualquier tipo de responsabilidad política, penal, administrativa o civil, por la falta de claridad en la gran diversidad de normas imperfectas que conforman el Estado mexicano. Por lo anterior, debe de establecerse con toda exactitud, la forma en que los integrantes del poder público deben de rendir cuentas, entendido no sólo como la transparencia a que debe de estar sometida la actividad pública sino también estableciendo un marco normativo, que permita investigar en forma clara, expedita y justa al funcionario público que incumplió con su deber. Tomando en cuenta los anteriores razonamientos, es que me presento ante este pleno, a poner en consideración de esta Asamblea una reforma integral a la Ley Reglamentaria del Título IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y cuyo objetivo de la reforma enumeraré a continuación de forma general. La presente reforma contempla cambios jurídicos que tienen que ver con tres rubros principales, con los que darán plena funcionalidad a la Comisión Jurisdiccional los relativos al procedimiento de juicio político y los inherentes al procedimiento de declaración de procedencia. Respecto al primer rubro, se otorgan facultades de dictamen a la Comisión Jurisdiccional, que de acuerdo a la propuesta y a sus nuevas potestades, se denominará Comisión Jurisdiccional y de Responsabilidad y asimismo para el mejor desempeño de sus actividades, se proponen la creación de dos subcomisiones, una de éstas estará destinada especialmente a la sustentación de los juicios políticos y la otra a la declaración de procedencia. En ese mismo sentido, por congruencia a esta iniciativa, desaparece la Sección Instructora y la Subcomisión de Examen Previo. Asimismo, para favorecer la representación equilibrada de todos los grupos parlamentarios, se propone que la subcomisión se integre por 7 miembros, cada uno dándole pluralidad a la representación política y evitando la posibilidad de que se empaten los votos en una comisión o sección instructora que es de 4 legisladores. En el segundo de los rubros se establecen nuevos elementos de procedimiento de juicio político, en cuanto a las formalidades que debe contener el escrito de denuncia. Se establecen obligaciones de la Secretaría General de la Cámara de Diputados en este tipo de procesos, con plazos para realizar los trámites de ley correspondientes. Se especifica con claridad y se señala de manera puntual el término para la presentación y desahogo de pruebas. Respecto a la figura de caducidad de la instancia, se ha introducido para aquellos procesos que no sean impulsados por las partes sean retirados de la vida jurídica. Se configura de manera específica el desarrollo de la audiencia, en donde se votaría el expediente que contenga conclusiones acusatorias. Se reduce la duración del proceso de tiempo indefinido. Con esta actual legislación puede tardar máximo 6 meses llevando un procedimiento continuo el proceso de juicio político o de desafuero. Por lo que atañe a los juicios de procedencia, se permite únicamente la intervención del Ministerio Público y se limita la aberración jurídica contenida en el artículo 25 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en cuanto a que se otorga la posibilidad a cualquier particular de iniciar juicio de procedencia. Y además se propone que los dictámenes de la Comisión Jurisdiccional y de Responsabilidades conserven su carácter de definitivos aunque no sean votados por la legislatura que les dio origen, con lo que se evitará un manejo político de los mismos. Esta reforma contempla cada una de las etapas que se consideren necesarias para obtener un proceso claro, eficaz, que permita a cualquier funcionario público inculpado defenderse oportunamente, y a la Subcomisión de Juicios de Procedencia le brinda la posibilidad de allegarse de las pruebas que acrediten el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad del encausado, dando respuesta con ello al clamor generalizado dentro de los diferentes sectores de la sociedad de que en México debe acabarse la impunidad y que los juicios políticos y los juicios de procedencia generalmente no proceden o no llegan a un término justo. Para concluir, quiero enunciar una cita del maestro Efraín González Luna, en su libro Humanismo Político, sobre este tema, donde decía que el Estado es tan necesario a la vida humana como la sociedad misma y la integración del Estado, la fijación de límites a la acción del Estado, la formulación de los deberes del Estado y la afirmación de los derechos del hombre frente a las posibilidades de afirmación y despotismo del Estado, la formación y la aplicación de leyes es, señores, una actividad política. Y es aquí donde los legisladores, dentro de nuestra actividad política, debemos de cambiar las normas que rigen el funcionamiento de los políticos, de los servidores públicos y dar la certeza de claridad, de transparencia y de también un cese a la impunidad en contra también de la corrupción. Fortalezcamos las instituciones y esta iniciativa la pongo a su consideración, señor Presidente, para que la turne a las comisiones respectivas. Muchas gracias.