La diputada Verónica Beatriz Juárez Piña: Compañeras y compañeros legisladores, el dictamen que la Comisión de Puntos Constitucionales pone a consideración de esta asamblea tiene por objeto incluir a los organismos constitucionalmente autónomos y a los funcionarios de las administraciones estatales y municipales, de manera explícita en el texto constitucional, para determinar que ningún funcionario público pueda tener un sueldo mayor al del presidente. Debemos señalar que en el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática estamos plenamente de acuerdo en que los suelos de los funcionarios públicos deben ser acordes con la realidad económica del país y conforme a las responsabilidades que desempeñan. Convenimos también en que se han producido excesos escandalosos en relación con sueldos y privilegios exorbitantes, que se atribuían a sí mismo quienes desempeñaban puestos en algunos entes de la administración pública, situación que debe ser corregida a la brevedad. No obstante, la reforma que hoy votaremos tiene un defecto fundamental, está dirigida a dejar sin materia aquellos recursos de amparo o acciones de inconstitucionalidad promovidas por algunos trabajadores que debido a las medidas establecidas en la Ley Federal de Remuneraciones, reglamentaria de este artículo, vieron disminuidos sus ingresos. Y no hablamos de los altos funcionarios, sino de aquellos trabajadores cuyos sueldos distan mucho de lo estipulado para el presidente, pero a quienes el ajuste de tabulador los ha perjudicado de manera importante. Debemos señalar que tenemos diversas consideraciones respecto al dictamen. En primer término, consideramos un despropósito que al estar constituido nuestro sistema por tres poderes, que en igualdad de circunstancias actúan en beneficio de la sociedad, se atribuya a la figura presidencial la predominancia por encima de los titulares de los otros poderes. En un sistema realmente democrático, estas figuras tienen el mismo peso y esta deformación constitucional únicamente nos conducen a la conformación de un presidencialismo imperfecto y autoritario que atropella al pluralismo en nuestro país, ya que el presidente no es el funcionario público que tiene mayor rango o sobre el que pesan las mayores obligaciones. Las determinaciones que estamos por votar contradicen también la dogmática jurídica, la cual indica que la autonomía y la independencia que deben ejercer los poderes y los organismos autónomos, así como la soberanía de las entidades federativas, se basa en la libertad de no depender de una voluntad externa para la determinación de su sueldo. Es decir, un poder sobre la subsistencia de un hombre equivale a un poder sobre su voluntad, y no podemos esperar que se realice nunca en la práctica la separación que competa del Poder Judicial y del Legislativo, en ningún sistema, que haga el primero dependa para sus necesidades pecuniarias del segundo. Es por ello, que si bien el diseño institucional del Estado mexicano, en relación con la determinación del Presupuesto de Egresos de la Federación, ha atribuido esa facultad a la Cámara de Diputados, este organismo legislativo también tiene limitaciones en cuanto al ejercicio de esta función, dado que el término de sus facultades se encuentra en el inicio de las facultades de los demás entes que integran el sistema democrático de nuestro país. Esta situación se aplica, tanto para el Poder Judicial como para los organismos autónomos, cuya existencia dentro del sistema constitucional se vería afectada al disminuir su autonomía por la vía presupuestaria. La presencia de los organismos autónomos en nuestro sistema es relativamente nueva. Sin embargo, según Miguel Carbonell, todos ellos tienen como características comunes que el texto constitucional prevé su existencia, pero sin limitarse simplemente a mencionarlos, sino determinando su composición, los métodos de designación de sus integrantes, su estatus institucional y sus competencias principales. Adicionalmente, estos organismos resultan imprescindibles en la configuración del Estado y su presencia es indispensable e ineludible. Consecuentemente, su desaparición o debilitamiento afecta la globalidad del sistema constitucional, es decir, al buen funcionamiento del Estado de derecho, dado que participan en la dirección política del propio Estado, a través de los procesos de toma de decisiones o en la resolución de conflictos, razón por la que inciden en la formación de la voluntad estatal. No obstante, si bien es cierto que los organismos autónomos no pueden adscribirse orgánicamente en ninguno de los poderes tradicionales porque no forman parte de la administración pública, su independencia se manifiesta a través de la ausencia de controles burocráticos, la cual se concreta a través de la autonomía financiera o garantía económica a favor de los organismos constitucionales, ya que de otra forma, la independencia orgánica podría verse fácilmente vulnerada si se asfixia el suministro de los recursos económicos. En caso de comprometerse la autonomía de los organismos constitucionalmente autónomos, no solo se estaría vulnerando su viabilidad sino la del Estado mismo, en general. Por lo anterior, el legislador está obligado a otorgar los recursos necesarios para el desempeño de las funciones de los organismos con autonomía constitucional, lo que forma parte de la garantía institucional, pues no se trata solamente de tener un ámbito de competencia constitucionalmente determinado, sino también de que ese ámbito cuente con los medios suficientes para poder ser actuado y actuable en la realidad cotidiana del Estado. Y, es por todo lo anterior que los organismos autónomos tienen una paridad de rango con los demás organismos y poderes, de tal forma que no se encuentran subordinados a ellos. Es decir, los organismos autónomos, en el ámbito de sus competencias, tienen el mismo rango constitucional que el presidente de la República o este Poder Legislativo. He de recordar que el Grupo Parlamentario del PRD acompañó la aprobación de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos y también de sus reformas posteriores. Estamos convencidos de la necesidad de corregir los excesos cometidos, de poner un límite a los abusos perpetrados por personas que buscaron hacerse millonarios en detrimento del erario. Estamos convencidas y convencidos de garantizar que todas y todos los funcionarios deben recibir un salario acorde a sus actividades, a su experiencia y preparación. Estamos convencidas y convencidos de que todas las personas comprometidas con el servicio público tengan un estipendio que le garantice condiciones de vida dignas y decorosas. Sin embargo, consideramos que esta reforma establece las condiciones para el debilitamiento institucional de nuestro sistema constitucional y el fortalecimiento ilegítimo de la figura presidencial, que derivan en la fragilidad del Estado de derecho en nuestro país. Consideramos que debemos establecer reglas claras para la determinación de los sueldos que reciben los f uncionarios públicos, pero estamos también convencidas y convencidos de que este no es el camino correcto, porque el que nadie gane más que el presidente no constituye una medida objetiva para limitar los excesos del pasado, sino que abre la puerta para la discrecionalidad. Dicen algunos que hay quienes se quejan porque el presidente López Obrador decidió ganar poquito, pero a ellos les preguntamos, ¿qué es poquito para alguien que no paga ni renta ni luz ni comida ni transporte ni gasolina, que si pagan otros funcionarios? Tal vez lo justo es que ganara menos, sin embargo esto no lo sabremos porque no tenemos definidos los parámetros objetivos para determinarlo, y esa es la que debe de ser nuestra función principal en este caso. Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario del PRD expresa su compromiso para llevar adelante todas las reformas necesarias que nos conduzcan a establecer sueldos dignos y justos en toda la administración pública de nuestro país, como lo ha establecido ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es cuanto, presidenta.