La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia, compañeras, compañeros legisladores, la Convención sobre los Derechos del Niño, fue adoptada, abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General el 20 de noviembre de 1989, mediante la resolución 44 25 y entró en vigor el 2 de diciembre de 1990. Este instrumento internacional ha sido el más ratificado por toda la comunidad internacional, por tanto, son Estados parte casi la mayoría de los estados de dicha comunidad. Define dicha Convención al niño, como todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. El eje central de esta Convención, de la Convención de los Derechos del Niño es la no discriminación. Por tal motivo, se obliga a los Estados parte a asegurar los derechos regulados en el instrumento, a todo niño que se ubique dentro de su jurisdicción, sin realizar distinción alguna por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico, social, posición económica, impedimentos físicos, nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales. Los derechos a que alude esta Convención de los Derechos del Niño y que deben garantizarse de manera efectiva, sin discriminación alguna, son entre otros los siguientes: El derecho a la vida, a su registro, nombre, nacionalidad. Conocer a sus padres. Preservar su identidad, incluidos nacionalidad, nombre, relaciones familiares. A no ser separado de sus padres. A la reunificación familiar, relaciones personales y contacto directo con ambos padres. A ser escuchado en todo proceso judicial que le afecte. A la expresión, incluida la de buscar, recibir, difundir ideas de todo tipo, de pensamiento, consciencia y de religión. El derecho de asociación y de celebrar reuniones pacíficas. A no ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. A la protección que su condición de menor exige cuando sean privados temporal o permanentemente de sus padres. En caso de adopción a que se cuide siempre el interés superior del niño. A garantizar que se obtenga el estatuto de refugiado cuando se encuentre solo o acompañado de conformidad con la normativa internacional. A la salud a los niños impedíos física o mentalmente a recibir cuidados especiales. En caso de internamiento del menor a recibir protección, atención y tratamiento que su salud física o mental exigen. A la seguridad social y al seguro social. A un nivel adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. A la educación. A la protección contra la explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer la educación o sea nocivo a su desarrollo. A la protección subrayo contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. A que se tomen todas las medidas necesarias para impedir subrayo secuestro, venta o trato de niños. A que se respeten las normas del derecho internacional humanitario. A las medidas apropiadas de recuperación física, psicológica y reintegración social del niño víctima de conflictos armados, abandono, explotación, abuso, tortura u otras formas de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. El derecho de acceso a la justicia. En caso de comisión de delitos por un menor a disponer de diversas medidas alternativas lo sobrayo de manera especial en caso de privación de la libertad, como: la libertad vigilada, colocación en hogares de guarda, programas de enseñanza y formación profesional. El derecho a la protección y cuidado que sean necesarios para su bienestar; los niños que pertenezcan a una minoría étnica, religiosa o lingüística o a una comunidad indígena a gozar de su propia vida cultural; el derecho a no ser torturado, ni a recibir tratos crueles, inhumanos o degradantes, a no ser privado de la libertad de manera ilegal o arbitraria y en caso de ser privado de la libertad a ser tratado con humanidad y con el respeto que merece. De todos estos derechos, desgraciadamente, un sector muy importante del grupo de los niños, que es uno de los grupos más vulnerables en la sociedad, desgraciadamente ni el gobierno federal, ni los estatales o locales, ni la propiedad sociedad son capaces de garantizar hoy en día a todos los niños estos derechos. Por citar algunos ejemplos, se encuentran en estado de absoluto abandono, todos los niños que se encuentran en la calle, los niños migrantes, muchos de los niños indígenas que son obligados, algunos son explotados sexualmente, otros son explotados laboralmente, otros son secuestrados también por las mismas fuerzas de los sicarios o narcotraficantes son reclutados por ellos y en nuestra sociedad y en nuestro estado no ocurre cambio alguno. Hay impunidad tanto por lo que es penar a los funcionarios responsables o como también pudiera uno imaginarse a los delincuentes del crimen organizado que también secuestran a estos menores; este día es más que oportuno para hacer votos y reflexionar, en que hay una obligación no solamente del Estado sino de toda la sociedad hacia los niños. Además, de que existe un marco legal, más que rico, este instrumento internacional que se coloca al mismo nivel de nuestras normas constitucionales, en razón del artículo 1o. constitucional debería de garantizarse de manera efectiva hacia todos los niños. El Partido del Trabajo se encomienda abiertamente para que se hagan efectivos estos derechos y que los estados de la República y el mismo Estado federal hagan efectivo el goce y garantía de los mismos. Es cuanto, señor presidente.