La diputada Ana Lilia Herrera Anzaldo (vía telemática): Gracias, presidenta. Agradezco a mi grupo parlamentario me haya dado la encomienda de presentar este posicionamiento, no solo porque representa un logro legislativo a nivel federal y a nivel estatal, sino porque es un honor representar la unión del poder público en beneficio de la población mexicana. Esta lucha se concreta en esta legislatura, pero inicia su proceso legislativo en 2010 y se materializa durante las dos anteriores legislaturas donde muchos fuimos los responsables de impulsar el tema de la seguridad vial y la necesidad de legislar en la materia. Este trabajo que se construyó hace poco más de una década, se fundó en la necesidad de establecer medidas coordinadas dentro de planes de acción locales y nacionales en las cuales cada gobierno formulara estrategias conjuntas para garantizar la seguridad vial de forma eficaz, rentable, que garanticen espacios seguros para las personas. Nos pusimos como reto cumplir la meta cero muertes a causa de los accidentes de tránsito, queremos ser una generación cero. En las pasadas legislaturas abrimos la puerta a un poder, el más importante y rector de la democracia, el poder de la sociedad. Evolucionamos en la forma de hacer público el ejercicio legislativo, de hacer vinculante la participación social y logramos que los ejercicios de parlamento abierto no fueran una simulación o legitimación de decisiones tomadas con anticipación. Esa participación social y ejercicio de la política, la buena política, lograron construir el camino legal que hoy se aprueba. Esta reforma es en favor de las personas y de que puedan optar por medios de movilidad eficientes, seguros y viables. El centro son los peatones. Con el derecho a la movilidad que se reconocerá a nivel constitucional contando con el aval de las entidades federativas, hemos iniciado el trabajo de construir la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, la cual debe fundarse en al menos cinco pilares: Primero, garantizar vías de tránsito más seguras para las personas. Segundo, garantizar vías de tránsito y movilidad seguros para los vehículos de tracción humana y motorizados. Tercero, brindar una respuesta efectiva y un sistema coordinado de prevención de accidentes viales. Cuarto. La gestión de la seguridad vial y la movilidad nacional, estatal y municipal. Y, el Quinto. Tener vehículos seguros para un tránsito seguro. Estos pilares deben tener una sinergia y adecuada armonización en las leyes generales y federales ya existentes y deben generarse estrategias desde diferentes frentes siempre a favor de la población. Por ejemplo, en materia de prevención quisiera recordar aquí que tenemos una minuta pendiente en la Comisión de Salud de esta Cámara de Diputados que reconoce como materia de salubridad general la prevención y control de accidentes y lesiones, entre los cuales se incluyen los viales, se establece la vinculación de la Secretaría de Salud para realizar convenios con las entidades federativas para coadyuvar en la determinación de los exámenes psicofísicos que deban practicarse antes de la emisión y revalidación de licencias de conducir enfocados, insisto, desde la materia de salubridad pública. En un país, donde la desigualdad se acrecienta cada día y donde los grupos vulnerables solo son estandarte en el discurso y bandera para un proyecto electorero que no les ha beneficiado, tenemos la obligación de construir un andamiaje legal donde el poder público, el gobierno federal, se haga responsable de cumplir los derechos establecidos en la Constitución sin repartir dinero o hacer corresponsables de su obligación a los ciudadanos. Tenemos la obligación legal de generar herramientas normativas que permitan una coordinación ordenada a la observancia de la ley y la posibilidad de crear políticas públicas efectivas que ayuden a los municipios, a las entidades, a ordenar el territorio. Esta reforma y la próxima ley tienen como reto la accesibilidad en el territorio, y me refiero a los grupos de mayor vulnerabilidad. Cerca de la mitad de las personas que fallecen en las vías de tránsito son personas en situación de vulnerabilidad. Víctimas de una mala planeación, de un transporte público deficiente, construcción de vías e incluso de acceso a caminos que permitan su tránsito a otros municipios o a otras comunidades. Hoy estamos caminando juntos en favor de las mujeres, de poder garantizarles un tránsito seguro, de generar estrategias para que cuenten con calles libres de violencia, iluminadas, conectadas, accesibles. Pero también, de poder garantizarles un transporte eficiente y seguro que va más allá de la infraestructura. Y pongo como ejemplo el caso del metro, en la zona metropolitana del valle de México, donde 90 por ciento de las denuncias hechas en sus módulos de seguridad son por violencia contra las mujeres y al menos el 65 por ciento de ellas ha sufrido violencia en otro tipo de transporte público, como los autobuses, las camionetas, los taxis o las plataformas de transporte privado. Al momento, 23 entidades federativas han dado su aval y se ha reconocido que toda persona en México tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, de accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. Nuestra soberanía hoy hace un nuevo pacto federal en favor de las personas y su derecho a transitar con seguridad las calles, su estado, su país. Hoy tendremos un reto que asumir para incluir todas las voces, para incluir la visión de las mujeres y construir una política de movilidad en igualdad. Enhorabuena a todos por este logro. Gracias, presidenta.