EL DIPUTADO JOSE NARRO CESPEDES (P.T.): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y Compañeros Diputados. Ciudadano Secretario de Hacienda. Después de casi dos meses llega al Distrito Federal recordándonos Acteal, los Acuerdos de San Andrés y su lucha por la paz digna y justa, una caravana de la Sociedad Civil de Chiapas, mientras aquí seguimos discutiendo un presupuesto similar al de hace 18 años. Bienvenidos compañeros. Durante su campaña electoral, el Presidente Vicente Fox ofreció a la nación un cambio en la estrategia de desarrollo económico que según él, fortalecería el poder adquisitivo de la población en general, reflejándose en el mejoramiento del nivel de vida de la población. No hay mercado interno, por eso dependemos tanto del exterior. También prometió un crecimiento del P.I.B. del 7% en promedio anual y una generación de 1 millón 360 mil empleos anuales. De igual forma se comprometió a destinar recursos crecientes al gasto social, al campo, de manera particular el destinado al sector educativo! Sin embargo, la Iniciativa de Ley de Ingresos y el proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación refleja en el continuismo, más de lo mismo, pero con menos recursos, privilegiando fundamentalmente al gran capital nacional y transnacional. A pesar de la retórica sobre una estrategia de mediano plazo, no se observa un esfuerzo por iniciar cambios estructurales que den respuesta a las exigencias de cambio de amplios sectores de la población, para establecer un modelo que fortalezca a la pequeña y mediana industria, eleve el poder adquisitivo de los trabajadores y mejore la distribución del ingreso. Una vez más, el eje de la política económica del 2001 consiste en desacelerar el crecimiento por medio de una austeridad presupuestal acompañada de una poli tica monetaria restrictiva como la que ha venido aplicando el Banco Central, En principio, la propuesta presenta serias contradicciones que denotan la lucha de intereses creados al interior del nuevo Gabinete y del equipo de gerentes de los empresarios que lo acompañan. Por una parte, se argumenta que uno de los principales factores del crecimiento económico registrados en los últimos años, se debe al aumento de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos porque, por lo que la inminente desaceleración que se prevé para el próximo año en el vecino país del norte, exige un ajuste ordenado para evitar desequilibrios en la economía. Por otra parte, se invocan argumentos de índole interno para justificar la austeridad presupuestal, como es el hecho de que la inflación puede repuntar de manera acelerada ya sea por un excesivo gasto público o por un incremento desmedido de los salarios. ¿Cómo es posible señor Secretario, que el crecimiento del mercado interno y los salarios pueda generar presiones inflacionarias cuando los tres últimos sexenios el mercado interno ha pasado desapercibido para nuestros gobernantes y cuando los salarios mínimos registran cardas del 70% en el poder de compra? El Partido del Trabajo concluye que el nuevo gobierno heredó de Zedillo el objeto del control de la inflación como una prioridad nacional por encima del bienestar del pueblo de México; hasta nos parece que los tecnócratas que hicieron los presupuestos anteriores son los mismos que elaboran este mismo presupuesto. En este sentido, señor Secretario, ¿cuál es el interés de someter al Congreso un presupuesto austero con reducciones en términos reales en el gasto de inversión del 10% y de un enorme sacrificio en el gasto social? ¿ No será que en el fondo se pretende privatizar algunos aspectos de gasto como son la salud, la educación y las carreteras? Por lo anterior, el Partido del Trabajo luchará para que las reivindicaciones sociales como la salud y la educación las proporcione el Estado para garantizar el acceso universal y directo de la población de escasos recursos; asimismo, pugnará porque los salarios inicien su proceso de recuperación y adquieran a la brevedad posible un mayor poder adquisitivo. Es importante mencionar que nuestro partido denuncia que el nuevo gobierno en alianza con los empresarios ha tendido una doble trampa; por un lado, su miopía frente a las demandas de los trabajadores pero sobre todo su rechazo a incluirlos en el beneficio del crecimiento llevan al Ejecutivo a ver que el incremento salarial constituye una amenaza para el control de la inflación. Sin embargo, esta postura del Ejecutivo no se hace extensiva a los elevados sueldos de los altos funcionarios para quienes debería haber un nuevo tabulador que tenga como techo el total del ingreso que como sueldo percibe el Ejecutivo. El dogmático afán de persistir en estos dos ejes, tanto el del control de la inflación como el culto a las ganancias del gran capital, no solo son ajenos a un desarrollo nacional incluyente y equitativo, sino que incluso anulan desde ahora la viabilidad de lo que el Ejecutivo llama "estrategia económica de mediano plazo". Esta estrategia pretendería incrementar la capacidad de crecimiento potencial de nuestra economía para generar la incorporación productiva de las grandes mayorías y sus ejes consistirían en la inversión del llamado capital humano así como en la ampliación del gasto en la infraestructura. Desde luego, nosotros planteamos que no nada más tenemos que luchar por la democratización política, sino también por la democratización de nuestra economía. Redistribuir para producir, ya no como desde hace 70 años tenemos en nuestro país, que hay que producir y producir para distribuir; hay que distribuir para producir. Ese es el planteamiento de nuestro partido. Sin embargo, el problema del paquete económico que se ofrece, radica en que la estrategia de mediano plazo está en abierta contradicción con la política contra accionista propuesta para el 2001; es decir la austeridad anula el plan de mediano plazo, el Partido del Trabajo sostiene que para incorporar y fortalecer económica y socialmente la mayoría de la población se requiere fortalecer el gasto público y no debilitarlo, A su vez, este fortalecimiento exige elevar substancialmente la capacidad de recaudación del Fisco. El nuevo proyecto económico, reconoce que es impostergable aumentar la recaudación y que sin esto no será posible mejorar las perspectivas de crecimiento estable y equitativo a largo plazo. Desafortunadamente, al igual que el zedillismo, el nuevo gobierno se niega a reconocer que solo el gran capital no contribuye de manera equitativa al gasto público ya que es el sector que mas privilegios goza en el pago de impuestos. Como lo ha denunciado reiteradamente nuestro partido, quienes no cumplen pagando sus impuestos en correspondencia con sus ingresos, son los capitalistas, como se revela en el colapso del pago del Impuesto sobre la Renta proveniente de los grandes rentistas y del conjunto de las grandes empresas. A lo largo de todo el sexenio pasado, el Partido del Trabajo entablo una campaña para que el gobierno transparentara la información sobre el pago del Impuesto sobre la Renta, a fin de determinar a ciencia cierta dónde está la gran falla de nuestro sistema tributario y demostrar, de paso, que la solución no está básicamente en los impuestos indirectos, sino en los que afectan a los dividendos y a las ganancias de capital. Los bancos con el dicho de que tienen 10 años en quiebra, no pagan prácticamente impuestos, más que el 1.7 que pagan los propios ahorradores del dinero que aportan en los bancos, las aseguradoras, las empresas de los medios de comunicación que tendrían que pagar el 12% vía especie por la concesión, prácticamente no pagan, al margen del pago Sobre la Renta. las grandes cadenas departamentales en México, como Sanborn's y muchas otras, como usted lo sabe, están en el régimen simplificado, pagando únicamente el 2.5% y en noviembre y diciembre con el dicho de que reinvierten, porque hay más gasto a partir de los aguinaldos para la gente, más compras en esas tiendas, también evaden el pago de impuestos en noviembre y en diciembre. No vamos a seguir permitiendo que sigan evadiendo y contando con grandes privilegios unos cuantos, a costa de las grandes mayorías de México. Así también pasa con las grandes empresas transportistas en nuestro país, por citar sólo algunos ejemplos, Inexplicablemente están fuera del régimen general del Impuesto Sobre la Renta, están los del impuesto sobre simplificado, todos los transportistas nacionales pagan nada más el 2.5% del impuesto; eso es lo que hay que señalar aquí, haciendo una contribución a los ingresos públicos mínima e incluso nula, en virtud de deducir impuestos mediante disposiciones que les otorga la propia ley. Vemos con preocupación que el nuevo gobierno ha tomado la estafeta y para no afectar poderosos intereses económicos, está proponiendo una aparente reforma tributaria que al gravar las medicinas y los alimentos aumentaría aún más la grave iniquidad que prevalece en el país. De este modo se comienza a ver con claridad que existe un pacto de clase entre los gobiernos que derivan su poder, no de la voluntad popular, sino del apoyo de las grandes fortunas creadas o acrecentadas durante la reforma neoliberal que ha vivido en los últimos años nuestro país. La economía mexicana debe de seguir creciendo de acuerdo a sus posibilidades internas y a las condiciones externas, pero sobre todo el crecimiento debe ir acompañado de una más justa redistribución del ingreso, esto último significaría un claro compromiso a favor de la recuperación salarial y la reforma tributaria integral que no se observa en el paquete económico propuesto. La recuperación salarial efectiva y duradera requiere del mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos y prioritariamente en el combate a la pobreza extrema. Para lograrlo se debe de incrementar y fortalecer el gasto público, no mantenerlo como está, ni mucho menos debilitarlo. El gasto de educación no cumple las expectativas de millones de mexicanos jóvenes que aspiran a ingresar a la vida productiva, el incremento del gasto social que se propone a este presupuesto no alcanza a subsanar los graves rezagos ya acumulados y atender el incremento demográfico. En los hechos, se retiran recursos a los estados al desaparecer el fondo de apoyo al fortalecimiento a las entidades federativas. En los últimos años hemos visto como se concentran cada vez más los recursos en unas cuantas personas, no nada más a nivel nacional, sino también a nivel global. Por eso necesitamos impulsar una fuerte campaña de redistribución, una política de redistribución a nivel nacional. Por otra parte, aunque no se explica al Congreso un incremento en la deuda pública externa, en cambio se propone un incremento del 22 por ciento en el techo de la deuda interna, que contradice abiertamente las declaraciones de prudencia financiera; una nueva aportación de 24 mil 270 millones de pesos para el IPAB reabre el problema del rescate bancario, demostrando que la exigencia de nuestro partido de sanear los pagarés cayó en oídos sordos. El Partido del Trabajo reitera su rechazo terminante a que la deuda derivada del rescate bancario se incorpore a la deuda pública sin un previo saneamiento de los llamados créditos reportables. Compañeras y compañeros diputados; ciudadano Secretario de Hacienda: el cambio prometido no se refleja en el paquete económico de la nueva administración. El Partido del Trabajo hace un llamado a que configuremos un paquete financiero para el 2001 que responda verdaderamente al objetivo primordial de mejorar las condiciones de vida del pueblo de México, por ello nuestro partido pugnará: Uno. Por fortalecer nuestro mercado interno y nuestro sector productivo, a través de mejores salarios y una política redistributiva, haciendo posible la soberanía alimentaria y haciéndonos menos dependientes del exterior. Dos. Porque paguen más quienes más tienen y más ganan, acabando con el paraíso fiscal que vive nuestro país. Tres. Por un presupuesto federalista y republicano, fortaleciendo gradualmente a los municipios y a los estados, destinando para el próximo año un 30 por ciento del presupuesto. Cuatro. Por una política de incremento en 2 por ciento de los salarios mínimos y contractuales, y establecer un nuevo tabulador para los altos funcionarios, tomando como ingreso máximo el sueldo actual del Presidente, y que eliminen los apoyos discrecionales. ¡Transparencia y austeridad republicana es lo que demanda el pueblo de México! Cinco. Por el fortalecimiento del gasto social en educación, salud, vivienda y alimentación y atención a la pobreza. Seis. Por una política de reconversión productiva en el campo y de protección a nuestros productores. Más recursos para resolver los problemas agrarios que se presentan. No a convertir la deuda privada seguirla convirtiendo en deuda pública. Muchas gracias.