La diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz: Gracias, señor presidente. Libertad, independencia, derecho, ciudadanía, inclusión, todas palabras usadas en los discursos oficiales de los festejos del bicentenario y del centenario; pero en los hechos palabras huecas, vacías de contenido, de acciones concretas que prueben un compromiso real de fortalecimiento de estos conceptos como algo efectivo, palpable; que muestre a la luz de este siglo que apreciamos y honramos el legado de aquellas gestas, con el vano discurso de la no discriminación que Calderón ha aprendido a repetir, no se llena la ausencia de políticas públicas respecto al tema, menos cuando el mismo presidente de la República ha usado recursos del erario para negar a una parte de las familias de este país. La práctica discriminatoria sigue con carta de naturalización y se perpetúa gracias a la continua violación del Estado laico de la que el Ejecutivo es cómplice. Desde la Cámara de Diputados tampoco hemos generado las leyes necesarias para la inclusión que hagan de la diversidad un valor social profundamente incluyente. Ante ello, afirmamos que de aprobarse ésta, será la primera ley a la que podamos llamar, sin lugar a dudas: “una ley del bicentenario”. Una ley para el amor sin castigos, una ley para decirle a la ciudadanía desde este Congreso: tienes derecho a elegir el proyecto de tu vida, tu pareja y el estado no va a castigar negándote la salud por ello. Ciertamente esta reforma busca revertir la injusticia cometida contra una parte de la población a la que se le niega la protección y beneficios derivados de la seguridad social. Hoy las y los compañeros civiles o convivientes del trabajador o pensionado del IMSS o ISSSTE, así como los concubinatos y matrimonios de parejas del mismo sexo, son objeto de la segregación que es todavía más violatoria de estos derechos, en tanto que como trabajadores asegurados y unidos civilmente, cumplen con el pago puntual de sus cuotas en la misma medida de quienes han contraído un matrimonio tradicional. No debe admitirse distingos. Sin en la ley se reconoce al cónyuge del hombre heterosexual, debe reconocerse al cónyuge de la mujer heterosexual y a los cónyuges del mismo sexo, cuya unión tiene la misma validez legal o no, reconocer a ninguna. Se trata de una práctica discriminatoria que es violatoria de la Constitución, pues se abandona a estos trabajadores y a sus familias al cuidado de su salud y a cualquier penuria que pueda padecer en su vejez. Cada persona es portadora de derechos y uno elemental es el derecho a decidir con quién compartir la vida. El derecho a amar, y en este Estado laico nadie puede, menos aún las leyes, privar, castigar con la falta de derechos a personas porque sus amores y sus hogares desatiendan los decretos de una creencia religiosa. Con esta ley del bicentenario se reconoce que la no discriminación y el principio de la igualdad no se constriñen al marco constitucional, dado que es una norma constante del derecho internacional de los derechos humanos. Esta ley del bicentenario también permite confirmar el pacto federal que nos une como nación, pacto que sustenta la República y servirá de marco propicio para la armonización legislativa de los derechos humanos. La reforma busca respetar e impulsar la autonomía de los procesos legislativos innovadores y creativos que consolidan la voluntad política para enfrentar las nuevas demandas y realidades sociales a partir de valorar los importantes avances de las legislaciones locales, concretamente de Coahuila y del Distrito Federal, avances civilizatorios que fortalecen el marco de la laicidad, la cuestión social y el respeto a la libertad individual. Se incita a que el Honorable Congreso de la Unión reconozca y respete, en forma efectiva y no limitante, el derecho de estos estados a darse las figuras que consideren convenientes. Esta reforma además, de hecho, servirá para que todas las personas en el país puedan acceder al derecho, suscribiendo un pacto en Coahuila o una sociedad de convivencia, un matrimonio en el Distrito Federal, aunque radiquen en cualquiera de los 31 estados restantes. Ésa es la ratificación del federalismo que no puede resumirse en una norma formal y puramente jurídica. Con esta ley reconocemos además a la Suprema Corte de Justicia de la Nación única con el poder de interpretar la Constitución, que ha resuelto que es evidente que las familias son una institución social dinámica, en permanente transformación, cuyos cambios requieren ser reconocidos y protegidos por el derecho y que entre otras formas de familia se encuentran las homoparentales. Un Estado constitucional del siglo XXI no puede ni avalar ni permitir o perpetuar prácticas de intolerancia, exclusión o discriminación dada la recomposición del tejido social, además es su prioridad, reconocer leyes que favorezcan y que protejan a estas nuevas realidades sociales. La omisión legislativa en este terreno no se corresponde con una actitud para los nuevos retos de la sociedad moderna. Que sea esta LXI Legislatura y en el año del bicentenario en donde se vayan al cielo de la Santa Inquisición los resabios del totalitarismo. Que sea en esta Legislatura donde le demos contenido a libertad, independencia, ciudadanía e inclusión. Comencemos a sacudirnos el retraso legislativo que aún arrastramos como cadena de esta parte oligarca del pasado que nos avergüenza. Avancemos, como diría el gran Gabo, por una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad. Dediquemos esta reforma a quienes, movidos por la utopía de la igualdad, hacemos de cada día el tiempo de los intentos y digamos hoy, con este paso, que la política parlamentaria camina al futuro a la bienandanza. Convengamos que las diputadas y los diputados somos conscientes de que la rueda gira. Certifiquemos que no seremos, que no serán ustedes quienes le pongan obstáculos al derecho a la felicidad. Vamos andando. Vamos andando para llegar a la vida.