La diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Con su permiso, señor presidente. Honorable asamblea, el mejoramiento de la infraestructura urbana en los municipios del país es entendido como las acciones tendientes a reordenar o renovar las zonas de un centro de población en desarrollo deterioradas física o funcionalmente. Uno de los graves problemas que enfrentan las entidades federativas y los municipios del país para realizar mejoras o una nueva infraestructura es la especulación de los predios, terrenos, suelo y construcciones y, en general, en los inmuebles que son susceptibles de contribución del impuesto predial. En la correcta valuación inmobiliaria se debe evitar que los dueños de propiedades especulen en su precio, cuando las autoridades estatales o municipales requieran adquirirlas para ampliar, mejorar o construir infraestructura urbana. La gran demanda de las autoridades locales y estatales para realizar obra pública se centra en que haya precios más justos por concepto de afectaciones que sean menores al costo total de la obra misma. El costo por afectaciones en obra pública suele ser más oneroso debido a que desde la divulgación de un proyecto de infraestructura, el mercado inmobiliario en torno así mismo comienza a especular sobre el valor del predio del terreno, suelo o construcción aledaño a dicho proyecto, de tal modo que cuando se inicia un proceso de afectación, la propia autoridad se enfrenta a la reacción de los propietarios. Con la presente iniciativa se pretende otorgar mayor certeza a las autoridades municipales, modificando con ello los artículos 3o., 8o., y 9o. de la Ley General de Asentamientos Humanos. Con esto, las autoridades municipales, en el ámbito de sus atribuciones en materia de ordenamiento territorial, sobre asientos humanos y el desarrollo urbano de los centros de población, pueden prevenirse de una adecuada evaluación inmobiliaria, previo a realizar obras de mejoramiento en la infraestructura urbana que sean de utilidad pública. Además, se propone que cada una de las entidades del país cuenten con su respectiva ley en materia de evaluación inmobiliaria, con el propósito de que los profesionales en los procesos de planeación, regulación y desarrollo urbano apliquen todos los mismos criterios, lineamientos y requisitos sin afectar las acciones de obra pública entre los centros de población, zonas conurbadas o entre un municipio y otro sin afectar la plusvalía o los precios inmobiliarios de una forma desordenada en los municipios. Además, la correcta evaluación inmobiliaria implica cobrar de manera adecuada el impuesto predial ya que, como es sabido, debe ser la fuente de ingresos por excelencia más fuertes para todos los municipios del país. Y en este sentido, es de considerarse que las acciones e intervenciones de obra pública que realizan las autoridades estatales y municipales valorizan la propiedad inmobiliaria, y por ende, benefician al conjunto de habitantes de los centros de población. Finalmente, se propone que los municipios se abstengan de realizar la ejecución de obras públicas cuando el costo de las afectaciones sea superior al monto total de las acciones e inversiones para la conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. Es propósito de esta iniciativa evitar la especulación de predios, terrenos, suelo o construcciones. El desarrollo de los municipios requiere de infraestructura que brinde mejores servicios a sus habitantes. Es cuanto, muchas gracias por su atención.