EL C. PRESIDENTE: No entendí el sentido de su intervención, señor diputado. -DIP. FELIX CASTELLANOS (desde la curul) Reiteramos señor presidente, que solamente para que a través de su conducto informáramos al diputado Minjares, que habíamos solicitado el uso de la voz para hechos, en el pasado punto de acuerdo, como se ha acostumbre en otras ocasiones y que en esa dirección nos sumamos plenamente al Punto de Acuerdo de que hizo la diputada Miroslava García, en su intervención. -PRESIDENTE: Gracias diputado. No hay en esta etapa de las sesiones la figura de hechos, si ustedes lo recuerdan. Pero la proposición o el planteamiento formulado por el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, fue inscrito a solicitud del grupo en sustitución de un tema que entiendo que habían retirado o que retiraron del Orden del Día. Para continuar con el desahogo de la sesión tiene el uso de la palabra el diputado Amador Rodríguez Lozano, para formular una Proposición con punto de acuerdo, en relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2003. No estando presente en el Salón de Sesiones, se pospone. La Proposición que formularía el diputado Omar Fayad Meneses, sobre el conflicto laboral que enfrenta el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Motor Coach (?) Industrias México, S.A. de C:V., se pospone. Tiene en consecuencia el uso de la palabra hasta por 5 minutos el señor diputado Rafael Hernández Estrada, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una Proposición con punto de acuerdo, sobre la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. -DIP. RAFAEL HERNANDEZ ESTRADA: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros diputados: Hemos conocido de manera extraoficial, una versión preliminar del Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, elaborada por la Secretaría de Gobernación, con fecha del 4 de marzo de 2003. Dicho proyecto a nuestro juicio vulnera y contradice a la ley que debe reglamentar, lo que resultaría contrario a la Constitución y a las atribuciones reglamentarias que la misma le concede al Ejecutivo. Un Reglamento, y estaremos todos de acuerdo, no puede estar en contra ni por encima de la ley aprobada por el Poder Legislativo. El caso es que esta versión preliminar del Reglamento, en sus artículos 17, 22 y 24, deja en suspenso las obligaciones que las asociaciones religiosas tienen en el uso, para fines religiosos, de bienes propiedad de la nación y que dice la ley vigente que debe hacerse en los términos del Reglamento respectivo. Este proyecto en su versión preliminar que comentamos, excluye de la administración de los bienes nacionales dedicados al culto religioso, a las comunidades originarias y a las organizaciones civiles que en muchas ocasiones son las que han cedido terrenos y trabajo comunitario para la construcción de esos bienes inmuebles. Por otro lado, el artículo 7 de la versión preliminar del Reglamento que aquí estamos comentando, pretende establecer como obligación de la autoridad, la ayuda espiritual, religiosa, en los centros de salud pública, en los penales, estaciones migratorias y en los centros de asistencia social del sector público. Lo anterior de aprobarse, de expedirse este Reglamento, vulneraría gravemente el carácter laico de las instituciones del Estado. Se pretende que al amparo de una regla de este tipo, se destinen lugares en el interior de las instalaciones públicas, para realizar actividades de culto religioso, lo que implicaría la utilización de bienes del servicio de la población en general, para actividades de alguna o algunas religiones en lo particular. Los pacientes de los centros públicos de salud, los reos que compurgan una pena en los centros de readaptación social, las personas que son retenidas en las estaciones migratorias y los usuarios de los centros de asistencia social y aun los empleados de dichas instancias públicas serían así separados y discriminados por motivo de su creencia religiosa. No menos grave es la pretensión de la Secretaría de Gobernación contenida en esta versión preliminar de burlar la disposición legal que prohibe la asistencia de autoridades a actos religiosos. Es muy claro el artículo 25 de la Ley que prohibe a las autoridades federales, estatales y municipales el asistir, con carácter oficial, a los actos religiosos de culto público y actividades que tengan motivos o propósitos similares. Pero en el artículo 29 de la versión preliminar que comentamos se burla ésta con una amañada definición de lo que debe entenderse como asistencia con carácter oficial. De expedirse el reglamento de la ley en los términos de la versión preliminar, el Ejecutivo federal burlaría de nueva cuenta el marco legal vigente y el carácter laico del Estado mexicano. Es por ello que me permito proponer, fundado en el artículo 58 del Reglamento, el siguiente punto de acuerdo. Primero. Se solicite al titular del Poder Ejecutivo que dé a conocer a la Cámara de Diputados, de manera oficial, la versión preliminar del anteproyecto de reglamento sobre la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Segundo. Se cite a comparecer al Secretario de Gobernación ante la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública para que escuche las opiniones y propuestas de los diputados federales acerca de la versión preliminar del anteproyecto de Reglamento de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Solicito a la presidencia turne esta propuesta con punto de acuerdo a la Junta de Coordinación Política. Muchas gracias.