El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Muchas gracias. El 21 de enero de este año el dirigente estatal del PRI en el estado de Guerrero, Cuauhtémoc Salgado Romero, señaló que: “se debe realizar una profunda investigación a funcionarios y personajes locales en los municipios quienes son los que abren espacios a la delincuencia organizada y maquillan los reportes que envía el gobierno del estado o en su caso por su omisión ante los ilícitos” Señaló que “para que los grupos de la delincuencia organizada puedan actuar con tanta impunidad y que orillan a los ciudadanos a tomar medidas de defensa, es porque tienen la venia de las autoridades”. El 12 de febrero de este año en curso, el alcalde del municipio de Santana Maya, Michoacán, Ignacio López Mendoza, señaló que “con el regreso del PRI al poder no se ha visto una mejora en la entidad; la violencia sigue su curso, incluso los presidentes municipales continúan pagando “intereses” al crimen organizado”. Subrayó que “hay una marcada colusión entre autoridades y delincuentes y eso ha orillado a los ciudadanos a tomar las armas”. De acuerdo con información de la Asociación Nacional de Alcaldes y la Asociación de Autoridades Locales de México, en el sexenio pasado al menos mil 251 funcionarios municipales fueron asesinados a manos del crimen organizado, entre ellos 31 alcaldes. Por último en el mes de noviembre de 2010, miles de cibernautas, twiteros, expresaron, difundieron su opinión en las redes sociales sobre el tema. Don Alejo Garza Tamez, Alejo y Tamez, empresario maderero de 77 años de edad, que defendió su propiedad en las inmediaciones de la presa Padilla, a 15 kilómetros de Ciudad Victoria, Tamaulipas, enfrentando al grupo de delincuentes que lo habían amenazado para que abandonara su propiedad en 24 horas, la cual defendió con su vida y terminando con la vida de cuatro sicarios. Testimonios todos estos de ciudadanos desesperados por el alto grado de inseguridad en sus comunidades y municipios que ha provocado ya también el desplazamiento de miles de personas, hombres, mujeres, niños, de sus comunidades de origen. Esto y en cualquier estado de la república está ocurriendo y coincidimos en parte con la preocupación de la ponentes de este punto de acuerdo, que es obligación del Estado mexicano a través de sus tres niveles de gobierno, garantizar el derecho humano fundamental de la seguridad física y emocional en sus personas. Sin embargo el objeto del exhorto no atiende al llamado del auxilio desesperado de las comunidades ante la amenaza de la delincuencia organizada coludita o tolerada por las autoridades y los cuerpos de seguridad de los gobiernos estatales, municipales y el federal. La autodefensa es una reacción a la ineficacia de la seguridad pública y caso más grave, ante la colusión de los elementos de cuerpos policiacos con los delincuentes, sin que estos se encuentren justificados por amenazas o actos de corrupción. La disuasión que se propone realice la Secretaría de Gobernación y los gobernadores, es una propuesta inacabada y parcial; su redacción es inoportuna ante el temor fundado de dichas comunidades que son y han sido víctimas de extorsiones, secuestros y asesinatos en su propia familia o en la de miembros de sus comunidades. El exhorto debe dirigirse a las autoridades federales, estatales y municipales para que atiendan la inseguridad que por diversos medios se ha denunciado y que no han implementado acciones para sancionar a los delincuentes. El exhorto debe dirigirse a los responsables de las políticas públicas de seguridad para que cumplan con la obligación de garantizar la vida de las mexicanas y mexicanos que habitan en los municipios controlados por la delincuencia. Su preocupación por los grupos de autodefensa no encuentra sustento en sus acciones, puesto que no se acredita la comisión o afectación de la seguridad de los ciudadanos de las comunidades en las que se han organizado para su seguridad y defensa. Los medios se han dado cuenta de la detención de delincuentes, sin que ello haya sido desmentido por las autoridades. En atención a la dignidad de las personas que desesperadas buscan la protección de sus familias, esposas e hijas, el exhorto debe dirigirse a las autoridades responsables de la seguridad pública. No hay que criminalizar la esperanza de los grupos de autodefensa del país. No va a ser con omitir, con agachar la cabeza, con no sacar la publicidad, como propone Enrique Peña Nieto, como el problema de la inseguridad se vaya a acabar. Es por eso que nosotros estamos dejando en la mesa –y pido a la Presidencia que le dé lectura la Secretaría– la corrección de este punto de acuerdo y se propone el siguiente: