La diputada María Guadalupe Morales Rubio: Señoras y señores Diputados: Es lamentable lo que se está tramitando en el pleno de esta Cámara de Diputados. El dictamen que estamos discutiendo puede ser válido pero carece de toda legitimidad y arropa toda la ilegalidad contraviniendo la norma parlamentaria. Y por otro lado, el impacto social y económico que sería para nuestros compatriotas, que son los que sí nos deben de interesar. En primer lugar, el dictamen fue firmado indebidamente durante una sesión extraordinaria de la Cámara. Si a eso debemos de felicitar a nuestros compañeros parlamentarios dónde vamos a terminar. Y esto fue curul por curul, sin que se haya instalado como se afirma en el dictamen la reunión de Comisiones Unidas para discutir dicho asunto. Por lo tanto, repito, ¡es ilegítimo e ilegal! En segundo lugar, el dictamen establece que la Comisión de Turismo a través de la mesa directiva remitió esta dictaminadora su opinión favorable respecto a la iniciativa que se antecede. Lo anterior viola la norma parlamentaria, toda vez que no existió dicha sesión ordinaria o extraordinaria, mucho menos que se haya aprobado la opinión favorable. ¿Dónde está el fundamento jurídico para que una mesa directiva de una comisión se tome estas atribuciones exclusivas del pleno en materia, pleno que nunca voto la iniciativa? Ahora bien, independientemente de lo anterior quisiera hablarle de los fines de esta iniciativa pues el dictamen que nos trae aquí carece del análisis y la profundidad que demanda el tema, en virtud del fuerte impacto negativo que dicha medida tendría en las finanzas públicas. Las consideraciones que se exponen en el dictamen no están sustentadas en estudios ni en estimaciones válidas por especialistas, únicamente se hacen juicios de valor que aunque tienen alguna lógica no fueron sustentados en corridas financieras que avalen las conclusiones expuestas, pues debe tenerse en cuenta que los diputados proponentes basan sus cifras "en el supuesto caso de que el gasto medio de los turistas llegue a aumentar el 5 por ciento o en un 10 por ciento si tuvieran un ingreso neto, entonces, de estas finanzas públicas". Tampoco se proporciona el sustento financiero de esta suposición. Por ejemplo, el impacto en la demanda de bienes y servicios de una disminución del 15 por ciento en el precio de los mismos, proveniente del reembolso del IVA ni como dicho aumento en la demanda se reflejará un mayor recaudamiento del IVA o del ISR. Lo anterior en virtud de que conforme a las estadísticas disponibles y consultadas publicadas por el IMSS, el INEGI y la SECTUR, se observa que la pérdida para el erario por el reembolso de IVA sería de 890 millones de pesos aproximadamente... 890 millones de dólares, perdón, aproximadamente 9 mil 790 millones de pesos y no de 36 ó 45 como se sostiene. Cabe aclarar que el monto que acabo de mencionar es mayor que la recaudación que actualmente implica la extensión del IVA a medicamentos, que son 7 mil 775.7 millones de pesos. Y aquí quisiera hacer un alto para distinguir un aspecto moral y ético en la posición de sus partidos frente a esta iniciativa. Yo les pregunto: ¿Es congruente pretender imponer un IVA a alimentos y medicinas perjudicando a la población más vulnerable de nuestro país y por otra parte exentar de este impuesto a los turistas extranjeros, destacando que el turista nacional no cuenta para los fines que persigue esta iniciativa? En resumen, la devolución de este impuesto tendría un costo fiscal equivalente al 29 por ciento del presupuesto asignado al ramo de turismo. Es muy casual que en comentarios, porque no lo sustentaron en la ley, mencionaron que esto sería en las tiendas que están en el aeropuerto, pero casualmente la ampliación del aeropuerto que estaba destinada para ampliar los servicios aeroportuarios no ha sido así y ustedes se habrán percatado de la cantidad de changarritos que se han implementado. ¿Qué acaso están cerrando su gran negocio para esto? La devolución del impuesto exclusivamente para los turistas extranjeros que retornen a sus países de origen, es por vía aérea y marítima, por lo que provocará un problema de equidad tributaria respecto de los turistas que salgan por vía terrestre. Se establece que la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria concesione a particulares la administración de dichas devoluciones, indebidamente beneficiará a empresas privadas. ¿Sabemos a quiénes han beneficiado estos cinco años estas concesiones? Se los dejo a su criterio. Por último, de acuerdo con las conclusiones arrojadas en el Foro "Incentivos Fiscales en el Turismo", realizadas por esta Comisión de Turismo celebradas en marzo, se demostró que los países que han instrumentado dichas devoluciones no han visto un incremento en el flujo turísticos. Por su reflexión y su coherencia, muchas gracias.