El diputado Justo Federico Escobedo Miramontes: Compañeras y compañeros diputadas y diputados, la publicación de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios en abril del año pasado, se dio en el marco de un preocupante deterioro de las finanzas públicas en varias entidades federativas del país y en muchos municipios también. Eran particularmente graves los niveles de endeudamiento que alcanzaron varios gobiernos locales. Gobernadores en fuga llegaron a las primeras planas de los diarios de nacionales por su abusivo y opaco manejo de las finanzas públicas. El objetivo principal de la Ley de Disciplina Financiera consistió en promover finanzas públicas locales sostenibles, a través de reglas concretas de disciplina financiera, como la aplicación racional de los ingresos excedentes, que sabemos todos que en muchos casos se da la simulación en la subestimación del ingreso, para manejarlo posteriormente como ingresos excedentes y, por lo tanto, aplicarlos en forma discrecional por los gobernadores de las entidades federativas. Situación que también priva en el gobierno federal, puesto que ya he mencionado aquí, desde la glosa del V Informe de Gobierno, que el promedio anual de subestimación de las dependencias y entidades del gobierno federal es de un promedio de 300 mil millones de pesos anuales de subestimación y que se manejan posteriormente como ingresos excedentes. Lo mismo ocurre con los gobernadores, pero con mucho menor control. También fue uno de los objetivos precisamente el uso responsable de la deuda pública. Un sistema de alerta sobre el nivel de endeudamiento subnacional y, obviamente, fortalecimiento de la transparencia. Claramente esta ley fue un paso en el camino correcto para un mejor manejo de las finanzas públicas locales, limitar excesos y cerrar paso a potenciales actos de corrupción. En los cambios propuestos en el presente dictamen tenemos, por supuesto, algunas coincidencias, en lo relativo a la simplificación del uso de los recursos en caso de los desastres naturales y algunas precisiones normativas que son necesarias. Sin embargo, hay varios planteamientos que nos parecen que son un total retroceso en relación con el estado actual de las cosas. En primer lugar, el hecho de abrir la posibilidad a que los ingresos excedentes de la libre disposición puedan destinarse al gasto corriente, eso nos parece un peligrosísimo retroceso. Encuentro Social, desde la glosa del Quinto Informe del Gobierno del Ejecutivo federal, ha venido señalando constantemente, que el macrocrecimiento económico del país obedece en gran medida a que no se le da la importancia que merece la aplicación de los recursos públicos al gasto de inversión. Entonces, cómo es posible que estemos o se esté proponiendo que ese 5 por ciento o hasta ese 5 por ciento se vaya al gasto corriente y no al de inversión y es por lo siguiente, y coincidentemente hoy se publicó en varios medios de comunicación un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad, del que se desprende que los gobiernos estatales destinan casi el 33 por ciento del presupuesto total al pago de sus empleados, esto contrasta drásticamente con el presupuesto destinado a la obra pública, o sea, la infraestructura, que en su conjunto resulta inferior al 6 por ciento. O sea, 33 por ciento simplemente de una parte del gasto corriente contra menos del 6 por ciento del gasto de inversión pública, que es lo que hace crecer económicamente a un país. La caída en el nivel de inversión pública actual se ha venido reflejando precisamente en el bajo nivel de crecimiento y, repetimos, el gasto corriente a menudo no tiene impacto positivo en la calidad de vida de los ciudadanos, por lo contrario, se presta a abusos y sobre el tiempo de campañas electorales, como en este caso, con mayor razón. Sé que tengo que dejar el micrófono, pero nos estamos reservando tres artículos y en su momento, señor presidente si me lo permite, incrustaré algunas frases que me faltaron pronunciar en este momento. Es cuanto, señor presidente.