La diputada Roxana Luna Porquillo: Sí. Con su venia, compañeros y compañeras. Buenas tardes. Es un concepto común en varios siglos de filosofía política que uno de los atributos del Estado es el uso legal de la fuerza para garantizar seguridad, hacer cumplir la ley, etcétera, lo que Max Weber llamó el monopolio legítimo de la violencia. Pero qué ocurre cuando este monopolio es compartido con funcionarios de otras naciones que están sometidas a otras leyes, que tienen otros protocolos de actuación. Ya no hablemos de nuestra soberanía que por cierto ha sido destruida con estas contrarreformas, y en especial la energética, simplemente con esta reforma se permitiría que agentes extranjeros en funciones migratorias o aduanales dentro del territorio nacional o en visitas oficiales, participen en operativos con autoridades mexicanas en las que evidentemente actuarían de acuerdo a su propia formación, sus obligaciones, sus conceptos sobre cuándo, cómo y dónde pueden hacer uso de la fuerza letal. Es decir, se deja a su criterio si es necesario herir o matar a una persona. Y este dictamen lo único que define es la facultad para portar armas, pero no establece los criterios para su uso. Esto es aberrante, pues significa conceder a otros las facultades a los estados que le corresponde a las autoridades mexicanas. Hemos insistido que en México es urgente una ley para el uso de la fuerza por parte de los servidores públicos, pues los protocolos que hoy existen son discrecionales y es difícil exigir su cumplimiento. Recientemente los casos de la Ley Bala, como en el caso de Puebla, con San Bernardino Chalchihuapan, Tlatlaya y Apatzingán, nos han mostrado que las fuerzas armadas y la Policía Federal y estatales se resisten a cumplir con su deber de proteger la integridad de las personas y han hecho uso excesivo de la fuerza, con gravísimas consecuencias. Hoy, además del gran problema de nuestros funcionarios de que no abusen de sus armas de fuego, tendremos que lidiar con funcionarios extranjeros. ¿Cómo pondremos límites a agentes que provienen de países donde la pena de muerte no ha sido abolida, donde hay distintos criterios para considerar el peligro que representa a una persona o donde es común un concepto como el de la guerra preventiva? Recordemos la triste oleada de policías en diversas partes de Estados Unidos que comenzaron con el asesinato de Michel Brown, en Ferguson, quienes han hecho un uso injustificado de sus armas contra afroamericanos, e incluso contra mexicanos que no representan un peligro inminente contra la vida o la integridad de las personas. Estos policías siguen, lamentablemente, impunes a pesar de la condena enérgica de la comunidad internacional y de las organizaciones civiles de nuestro país vecino. Por ello propongo que con esta reserva de ninguna manera los extranjeros autorizados para portar armas puedan utilizar las fuerzas de manera legal o legítima, como servidores públicos mexicanos. Es necesario establecer límites que permitan proteger mínimamente la ciudadanía de los excesos del poder, que hoy las autoridades nacionales no respetan, como para adicionalmente permitir que también los funcionarios extranjeros aumenten este riesgo. Es cuanto, señor presidente.