El diputado Liev Vladimir Ramos Cárdenas (desde la curul): Con su venia, señor presidente. Compañeros legisladores, pueblo de México. El Grupo Parlamentario de Nueva Alianza ha manifestado desde el inicio de los trabajos de esta LXI Legislatura, con respeto a todas las corrientes partidistas, el propósito de fortalecer, para efectos del análisis del paquete económico 2010, un interés fundamental en la discusión y en su caso aprobación, de una Ley de Ingresos acorde con la situación económica que vive el país derivado de su circunstancia económica. Desde un principio, manifestamos nuestra intención de proponer una reforma fiscal integral que permita al Estado mexicano un equilibrio en sus finanzas públicas. A lo largo de los días hemos escuchado diversas opiniones que no necesariamente coinciden con este propósito. Los dictámenes que hoy se someten a la consideración de esta soberanía nos permiten ver, con toda claridad, que los resultados de los trabajos intensos que se han venido desarrollando al interior de la Comisión de Hacienda, no han sido correspondidos, ni con el interés ni con la aceptación de los partidos y mucho menos de la sociedad en su conjunto. Por tanto, el Grupo Parlamentario de Nueva Alianza, en su calidad de partido político comprometido con las mejores causas del interés general de nuestra sociedad, se permite hacer las siguientes consideraciones: En relación con la aprobación del dictamen en comisión, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, donde se han manifestado en aprobar un incremento del 15 al 16 por ciento al gravamen, sin afectar alimentos y medicinas, como inicialmente había sido propuesto, nos permitimos manifestar que seguramente el próximo año estaremos ante el escenario de que el gobierno federal estará proponiendo incrementar de nuevo con un punto porcentual adicional este tributo. Esto sólo demuestra que no hemos sido capaces de observar reglas fundamentales para un proceso de planeación serio y responsable, y que sólo estamos administrando la coyuntura de crisis de nuestro país. Sin embargo, saludamos el hecho de que no haya sido aprobado el 2 por ciento generalizado planteado para gravar alimentos y medicinas. Por otra parte, pensamos que el hecho de subir la tasa impositiva del 10 por ciento al 11, aplicable a las zonas fronterizas, es un contrasentido al interés de fortalecer estas regiones que tradicionalmente han venido enfrentando condiciones de competencia desfavorables para el desarrollo económico de nuestras franjas fronterizas. Como ya lo manifestamos, Nueva Alianza se pronuncia por un rechazo absoluto para dictaminar una iniciativa de ley que tenga como propósito el combate a la pobreza, porque los impuestos por definición deben considerar un principio de generalidad, y la intención de etiquetar este nuevo impuesto rompe con este esquema. Es un hecho, y así lo reconocemos, que año con año más mexicanos se incorporan al segmento poblacional que carece de los satisfactores elementales para una vida digna. Debe reconocerse, claro está, que si bien se han desarrollado y puesto en marcha diversos programas que tienen como propósito combatir las condiciones de marginalidad en que vive la mitad de la población, es también una realidad que se requiere de una política social no asistencialista, sino comprometida y decidida a incorporarla a actividades productivas que le devuelva su dignidad y la ponga en competencia para enfrentar su condición de adversidad. Con relación a la Ley Federal de Derechos, y en particular con el nuevo régimen fiscal de Pemex, esta soberanía manifestó y manifiesta, con su aprobación, el interés fundamental de apoyar mayores niveles de inversión a la empresa y comprometernos con dar un puntual seguimiento a las políticas que el organismo ha venido proponiendo. En otro rubro, la modificación aprobada para el impuesto a los depósitos en efectivo nos parece pertinente, toda vez que para los causantes formales no representa una carga adicional en virtud de la recuperación a través de los mecanismos establecidos. En este sentido y, para efectos de recuperar terreno a la economía informal, se entiende lo propuesto, pero manifestamos que se deja a un lado una política fiscal que promueva de manera práctica la inclusión de este sector a la legalidad a través de incentivos que generen confianza por parte de la autoridad hacendaria. El dictamen que hoy conocemos, que reforma diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, si bien constituye una generación de ingresos importantes para el gobierno, también es una realidad que otra vez nos vamos por la fácil y seguimos arremetiendo con una base gravable de causantes cautivos sin explorar mecanismos para ampliarla, cuando todos sabemos el inmenso margen del que se dispone para cumplir con una exigencia de que todos contribuyamos al propósito de aportar la parte que nos corresponde. Comentario adicional merece la forma y términos en que este impuesto se propone aprobar. La intención de subirlo del 28 al 30 por ciento este año y bajarlo gradualmente para regresarlo en 2014 a su nivel actual del 28 por ciento, nos parece que en próximos ciclos económicos la tentación de mantenerlo, argumentando, como siempre ocurre, la debilidad de las finanzas públicas es un riesgo que habremos de observar. En relación con el dictamen para modificar diversas materias de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios?