El diputado Marcos Pérez Esquer: Con su venia, presidente. La propuesta que hoy estamos haciendo ante ustedes, amigos legisladores, es para la expedición de una Nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y en consecuencia abrogar la actual Ley Federal en la materia. Esta iniciativa se presenta en la inteligencia de que está íntimamente vinculada a la que he presentado el día de ayer ante este mismo pleno, con el objeto de modificar la Carta Magna, a efecto de hacer posible la expedición de esta Ley General que hoy nos ocupa. Es decir, la aprobación de este proyecto sólo sería técnicamente posible si antes se aprobare la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 6o., y 73 que presenté ayer mismo. Hecha esta aclaración, es de comentarse que este proyecto de Nueva Ley General de Transparencia, pretende que todas las entidades públicas, así pertenezcan al Ejecutivo, al Legislativo o al Judicial e incluso a las entidades constitucionalmente autónomas, pero también independientemente del orden del gobierno de que se trate, sea federal, estatal o municipal, se ajusten a una misma ley en materia de transparencia. Sujetar a todo ente público que maneje recursos del erario a una misma ley para transparentar dicho manejo, no sólo facilitará en la práctica el ejercicio del derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública gubernamental, sino que además evitará que algunas instituciones públicas y particularmente que algunos estados de la república regateen la rendición de cuentas a sus ciudadanos escudados en leyes locales que en algunos casos más que garantizar ese derecho ciudadano, parece que pretenderían obstaculizarlo. Considerando que 40 centavos de cada peso del Presupuesto Federal lo ejercen los estados y los municipios, por cierto, un índice de descentralización del ejercicio del gasto muy superior a la media internacional, se hace insoslayable impulsar una nueva normatividad que garantice que dichos recursos se ejercen con al menos la misma transparencia con la que lo hace hoy por hoy el Ejecutivo federal. La iniciativa que proponemos impulsa esto, pero impulsa también que otras entidades como los partidos políticos y los sindicatos también se sujeten a esta misma ley cuando administren recursos del erario. Por otra parte, compañeros diputados, les comento que el proyecto que traigo a este pleno está basado principalmente en dos instrumentos: el Código de Buenas Prácticas y la llamada Ley Modelo. El primero de ellos, el Código de Buenas Prácticas, fue elaborado por el propio IFAI, la UNAM y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, que aglutina a todos los institutos locales de transparencia del país. Consistió en un ejercicio de consulta y consenso para exponer, en el formato propio de un instrumento legislativo, las mejores prácticas en materia de transparencia. Por su parte, la Ley Modelo es un producto encargado por la Organización de Estados Americanos, la OEA, a un grupo de expertos de los estados miembros y de la sociedad civil. México estuvo representado en ese grupo de trabajo por el IFAI y por la UNAM. El producto fue presentado en junio pasado para que los países integrantes de esa organización internacional revisen sus respectivas leyes en la materia para ajustarlas a los principios establecidos en esa Ley Modelo. En este sentido, aprobando este proyecto México estaría, primero, homologando sus reglas de transparencia en todo el país; segundo, adoptando las mejores prácticas internacionales en la materia y, tercero, cumpliendo con un compromiso internacional en este tema. Se trata, compañeros, de un cambio drástico ciertamente, pero de un cambio sin duda conveniente para impulsar a fondo una cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas, así como para avanzar sustantivamente en el proceso democratizador de nuestro país. Muchas gracias. Solamente pediría a la presidencia se inserte íntegramente el proyecto en el diario de debates.