El diputado José Alberto Aguilar Iñarritu: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros: En el último Período Extraordinario de Sesiones, esta soberanía tuvo a bien aprobar el dictamen emitido por el Senado de la República, relativo al voto de los mexicanos en el extranjero. Fue una decisión de justicia que permitió iniciar la reparación jurídica del no ejercicio de un derecho Constitucional ciudadano largamente suspendido. Fue sin duda, una acción legislativa responsable, que le asegura al próximo Presidente de la República la legitimidad necesaria para gestionar la relación con millones de compatriotas que residen allende nuestras fronteras. De esta manera, la representación de sus causas podrá lograr una mejor eficacia. Fue también un importante avance institucional, en el camino de la necesaria construcción del nuevo régimen político de la democracia mexicana. Un régimen y una necesidad que reconoce que es necesario crear nuevos instrumentos para gestionar la compleja relación que existe entre una nación extraterritorial como nosotros en este Siglo XXI y el carácter territorial de nuestro Estado. Sin embargo, es de reconocer que la fórmula aprobada para ejercer este derecho electoral ciudadano, dista mucho de ser una solución terminada, incluso se puede constatar que presenta serias debilidades para garantizar tanto el principio de la identidad de la ley, como la transparencia, la certeza y la equidad en el ejercicio de ese voto. De ahí que sea obvio que muchas exigencias habrán de satisfacerse todavía para avalar el pleno ejercicio del voto de nuestros connacionales que residen en el extranjero, es responsabilidad de esta Legislatura para seguir proveyendo de los instrumentos, que permitan garantizar la pertinencia del voto postal. Debemos de estar conscientes que por su propia naturaleza, es necesario fortalecer mecanismos, que inhiban conductas violatorias de la correspondencia en el voto postal. Actualmente este delito se castiga con jornada de trabajo ea favor de la comunidad de tres a 180 jornadas. Es claro que una nación de este tipo es incongruente respecto al daño que un tipo de ilícito como éste, podía ocasionar a la integridad del derecho electoral de los ciudadanos mexicanos residentes en el exterior y a las elecciones en lo general. Adicionalmente por las características de esa sanción hoy aplicable, las autoridades se encuentran impedidas para perseguir o en el extranjero, añadiendo la impunidad a la no correspondencia manifiesta entre la sanción y el bien a tutelar. Por tales razones, se requiere modificar varios tipos penales, así como considerar otros manos que se puede crear en torno a este voto, y hay que hacerlo ya. Es oportuno señalar, sin embargo, que aunque existe un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece que los delitos electorales deben conocer de leyes electorales y, por tanto, no están sujetas a reforma 90 días antes del proceso electoral, un análisis minucioso al respecto de esta jurisprudencia, establece que no aplica el caso para reformar la Ley Penal Federal Electoral, en virtud de que no se trata de una modificación trascendental o fundamental, como lo refiere la fracción II del Artículo 105 Constitucional. Es decir, podemos modificar los Código Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, para apoyar la emisión del voto postal. En este contexto, la iniciativa de un servidor y de las diputadas Laura Elena Martínez y Claudia Ruiz Massieu, que venimos a presentar el día de hoy, abona la doble función de generar certeza y persuadir que no se cometan conductas lesivas. Se propone definir claramente a los documentos electorales, sancionar la compra y coacción de la voluntad de los electorales, la comercialización de documentos electorales, la violación de los sellos colocados en dichos documentos incluyendo la correspondencia electoral, la recepción o uso de aportaciones prohibidas por la ley, la violación de la correspondencia del IFE o retardar su envío o recepción. Se considera al personal del Servicio Postal Mexicano como servidores públicos obligados a proteger en el ámbito de su acción, el efectivo derecho del voto de los mexicanos residentes en el extranjero, sujetos a sanción penal si se cometiera algún ilícito en ese sentido. Incorporar los tipos penales que castiguen estas acciones de posibles servidores públicos, quien viole sellos, quien viole correspondencia, que retarde el envío la recepción, que en su plan se posea, compre o se allegue de cualquier documento de información electoral. Sancionar la comercialización indebida de documentos o archivos compútarizados proveniente de listas nominales de electores, y considerar que los tipos penales que puedan sancionar, que se proporcione documentación e información falsa, que se obtenga de esa manera una credencial de elector para votar, que se encauce o se apodere de credenciales así como de equipos, insumos necesarios para elaborar estas credenciales, etc. Asimismo, se propone considerar como delitos graves algunas conductas que se generen con violencia, por ello también se propone una modificación al Catálogo de Delitos Graves del Código Federal de Procedimientos Penales. Estos son los propósitos y criterios que queremos presentar a su atenta consideración y que desde luego no tienen otro objetivo que seguir abonando a la fortaleza de nuestro régimen electoral en este inédito proceso del voto de los mexicanos en el extranjero. Solicito respetuosamente a la Presidencia, se sirva integrar el texto de la presente iniciativa en el Diario de los Debates de esta Honorable Cámara y en su oportunidad enviarla a las comisiones para su discusión y en su caso aprobación. Es cuanto señor Presidente.