El diputado Lis Ángel Espinosa Cházaro: El dictamen contiene una propuesta de privatización y desnacionalización de los recursos petroleros, del gas natural y de los demás recursos naturales en hidrocarburos, de los campos de producción y de las áreas de interés del petróleo, de los ingresos, las ganancias y las facultades y responsabilidades que hasta hoy han estado en las manos de Pemex y de CFE, además desmantela la infraestructura de Pemex y CFE y es entregada al sector privado para su operación en comodato, alianza y otras formas de asociación. No es una privatización velada, encubierta, escondida. No, es una privatización directa, absoluta, total, sin cortapisas; es una privatización extrema y la gente tiene que saberlo. Dadas las circunstancias ya no se podría privatizar aún más. Todas las actividades productivas podrían ser transferidas al sector privado mediante diversas figuras jurídicas, el Estado podrá ser desplazado. Las concesiones no aparecen explícitamente en la Constitución, se esconden en la legislación secundaria que se deriva de los artículos transitorios bajo eufemismos, entre ellos como las de contratos y licencias. Lo único que faltó de privatizar fueron los activos de Pemex y CFE, las tuercas y los tornillos en el argot industrial. Eso vendrá después con el tiempo, cuando esos organismos públicos se les haya vaciado de sus actividades productivas y sólo les queden las administrativas. Prueba de ello, los 60 días en los que quieren que Pemex acredite su capacidad instalada y sólo en aquellos yacimientos en que lo haga, podrá continuar explotando. Pemex no podría en 60 días garantizar, probar esta capacidad, porque nunca lo ha hecho, nunca se le ha solicitado que lo haga. La apertura en las condiciones que se pretende imponer conducen directamente a la desnacionalización, extranjerización del sector energético. Si se aprueba el dictamen en los términos que está, se entregaría el petróleo y sus rentas, la electricidad de especuladores profesionales que operan en los mercados eléctricos. De aprobarse y escúchenlo la gente en sus casas el dictamen y llevarse a la práctica las medidas que propone, los resultados son previsibles y desastrosos: aumento en las tarifas y precios por las ganancias exorbitantes con las que se quedarían las compañías, la alineación de los precios con las cotizaciones en los Estados Unidos y la especulación en los mercados. Los gasolinazos ya no serían mensuales ni de centavos, podrían ser diarios y de varios pesos. Tendríamos incertidumbre en el abasto de bienes básicos, fundamentales e imprescindibles para la gente. Ya nadie tendría la responsabilidad expresa para que hubiera gas y luz en los hogares, gasolina y diesel en las estaciones de servicio. Se podrán expropiar tierras como lo contempla otro de los transitorios en beneficio de las compañías petroleras y empresas eléctricas privadas. Se podrán privatizar las presas y puede haber escasez de agua por su desvío hacia actividades petroleras como la producción del Shell gas. Habrá despidos masivos de Pemex y CFE por reducción de actividades, pérdida de mercados y actividades de sus ajustes productivos. ¿Y por qué decimos esto? Porque justamente no se está dando si quiera un período de transición a Pemex para fortalecerse. Habrá un agotamiento prematuro de los hidrocarburos por la avaricia de las compañías petroleras extranjeras de sacar todo lo más que puedan, lo más rápidamente posible antes de que reaccione la población para impedir el saqueo, justamente como lo hacen en otros países. Por lo tanto, el Partido de la Revolución Democrática votará en contra y no terminaríamos aquí nuestra lucha. Hemos presentado ya las firmas suficientes para una consulta ciudadana que será vinculante y que en el 2015 acompañará la mayoría de las mexicanas y los mexicanos porque no los van a despojar quedándose impunes. Es cuanto, diputado presidente.