EL C. DIPUTADO DIEGO ALONSO HINOJOSA AGUERREVERE: Con su permiso, señora presidenta. Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Propiedad Industrial bajo la siguiente exposición de motivos. El constante crecimiento, tanto de las empresas como de las actividades comerciales, se debe sin duda al auge y desarrollo de diversas formas de comercialización y alianzas estratégicas dadas por el proceso de globalización económica que México experimenta. Así entonces destaca la figura de la franquicia, esquema que permite a las empresas, por un lado, aumentar el volumen de sus operaciones y, por otro lado, crecer sin la necesidad de comprometer sus recursos propios y sin que tenga que reconocer a la inversión que se realice para este fin como capital dentro de la empresa. Sin embargo, estas indudables ventajas se traducen en riesgos y desprotección por parte de aquellas empresas que se deciden a invertir sus recursos en estas operaciones en calidad de distribuidores, agentes o franquiciatarios, en donde si bien en muchas ocasiones intervienen productos o servicios de indudable calidad y reconocido prestigio que se traducen en una oferta atractiva y demandante, se pueden presentar otros en donde esas personas corren serios riesgos en los momentos invertidos. A estos riesgos hay que sumarles la falta de regularización de estas figuras, donde si bien ha permitido que las mismas se adopten y se amolden a las características de cada país, también es cierto que se ha traducido en una falta de protección hacia la parte más débil en estos contratos, los cuales son precisamente el distribuidor, el agente y el franquiciatario. Es por ello que se hace indispensable que el derecho regule en forma inmediata la figura de la franquicia con el propósito de dar certidumbre a quienes deciden utilizar esta forma contractual como los medios adecuados para canalizar sus inversiones, pero también para evitar el que se cometan constantes abusos hacia la parte menos favorecida de las mismas. El presente trabajo tiene como propósito primordial el de dar una propuesta de cómo debería regularse esta figura con el fin de conservar su constante utilización por parte de los empresarios, pero suministrando certeza a los comerciantes mexicanos que llegan a utilizar estas figuras. El objeto de este proyecto consiste en dar mayor certidumbre, reforzar su posición y proteger a aquellos empresarios y comerciantes que realizan sus actividades en el país al amparo de contratos de agencia, distribución o franquicia. La regulación que se propone se hace en función de los siguientes principios: el reconocimiento de la libertad contractual. Si bien el derecho debe regular las principales actividades que realizan las personas, en este caso, los comerciantes, lo debe de hacer sin restringir o limitar el acceso a la libertad con que cuentan para adaptar estas figuras a sus necesidades. De ahí que se ha considerado conveniente que la regulación de las mismas, el derecho se debe limitar a señalar los requisitos y elementos mínimos que estos contratos deben tener, pero sin forzar la regulación con otros requisitos que sólo las partes pueden prever en base a su situaciones concretas. La experiencia histórica ha mostrado que si el sistema jurídico de un Estado entra a desarrollar todo el contenido de los contratos con normas de carácter público o no, renunciables o no, más que fortalecer la utilización de los mismos los evita y procura la utilización de otras formas jurídicas en detrimento de las partes débiles. Dentro de esta regulación mínima, el derecho debe identificar y dar las características y requisitos esenciales de cada uno de estos contratos, pero sin llegar a dar sus distintas opciones y sin establecer un contenido mínimo de las obligaciones y derechos que implica ya que precisamente el auge que han tenido estos contratos ha sido precisamente por la actitud que ha tenido para amoldarse a todo tipo de circunstancias y requerimientos. De hecho, es muy difícil, en la práctica, encontrar estos tipos de contrato en una forma pura en el sentido en que la doctrina los considera, sino que en los hechos estos contratos pueden adoptar toda clase de modalidades y clausulados. Establecer límites a estos contratos. Si bien el derecho debe dejar a las partes, la delimitación y el contenido obligacional de estos contratos, también debe fijar restricciones a medidas o prácticas que se han llegado a establecer y que proporcionan injusticias e inseguridad en algunas de las partes o brindan un poder excesivo a alguna de ellas, muchas veces en materia o elementos que nada tiene que ver con los contratos celebrados o con la materia de los mismos. También es preciso fijar límites que brinden un adecuado equilibrio entre las partes, ya que generalmente se llegan a imponer condiciones o términos desventajosos para algunas de ellas frente a la preeminencia de la otra. Estas restricciones y límites deben de considerarse en principio como norma del derecho público y por lo mismo, no renunciables por voluntad de las partes, ya que sólo esta medida puede proporcionar un adecuado equilibrio entre las personas que intervienen en estas operaciones. Establecer remedios a las terminaciones injustificadas o desplazamientos indebidos. Uno de los constantes abusos que se llegan a cometer en estos contratos, consisten en el establecimiento de cláusulas o el aprovechamiento de la legislación actual que permite o propicia al empresario o franquiciatante, el dar por terminado en cualquier momento estos contratos, muchas veces antes de que la contraparte pueda recuperar su inversión y obtener ganancias. Se han dado casos donde esta terminación obedece más a una intención de deslazar a una persona de una determinada actividad o segmento del mercado, que a razones que se deriven del propio contrato, pretendiendo con ello obtener los beneficios futuros que dejaron los contratos, sin la necesidad de compartirlos con la parte que arriesgo capital y trabajó para la consecución de los mismos. También es frecuente que no exista forma de terminación de los contratos a voluntad de la gente distribuidora o franquiciatario; en aquellos casos en que confiado de la información y en las expectativas económicas que le ofreció el empresario, invierte sus recursos y tiempo en la comercialización de bienes o servicios de escasa oferta, orillándolo a seguir comprometiendo su patrimonio en negocios de escasa rentabilidad, y en el solo beneficio de la parte que suministró una información incorrecta o sin bases reales. Por lo anterior, se hace recomendable la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial a efecto de que se contemplen los requisitos mínimos que deberán contener tales contratos, así como también se contemplen formas de terminación anticipada o sanciones para el caso de que las mismas sean intempestivas en perjuicio de otras partes, o la información suministrada no sea la correcta al momento de celebrar el contrato. Por lo antes expuesto someto a la consideración de esta Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, la siguiente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 142 y se adicionan los Artículos 142 bis, 142 bis 1, 142 bis 2, 142 bis 3, 142 bis 4, 142 bis 5 y 142 bis 6 y el 7, así como las Fracciones XXVI, XXVII del Artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial para quedar como sigue, el 142: "Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica para la persona a quien se le concede franquiciatario, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante, titular de la marca, tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que se designe. "El franquiciante deberá otorgar al franquiciatario bajo pena de nulidad y con por lo menos 30 días de anticipación a la firma de contrato de franquicia, la información técnica, económica y financiera a que se refiere el Artículo 65 del Reglamento, la que se denominará (Circular de Oferta de Franquicia). "La falta de veracidad en la circular de oferta de franquicia, dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato en los términos del párrafo anterior a exigir al franquiciante el pago de los daños y perjuicios ocasionados. "Este podrá ejercerlo; el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato. "El 142 Bis. El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá inscribirse ante el Instituto para que pueda surtir efectos frente a terceros. "El 142 Bis-1. Solo podrá ser materia de franquicias las marcas registradas. "El 142 Bis-2. El franquiciante no podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, sino en la medida estrictamente necesaria para garantizar la observancia de los estándares de administración e imagen de la franquicia. "No obstante lo anterior, el franquiciante no tendrá injerencia en los actos del franquiciatario que implique su función, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales, acciones, salvo que dichos actos impliquen la cesión de los derechos derivados del contrato de la franquicia. "142 Bis-3. El contrato de franquicia se podrá pactar con el carácter de exclusivo o no. 144 Bis-4. Todo contrato de franquicia debe cumplir con por lo menos el siguiente contenido y características: "1º El otorgamiento al franquiciatario del uso o explotación del sistema de franquiciante, así como los derechos de propiedad intelectual que determine el franquiciante para la correcta operación de la franquicia. "2º Método o forma que utilizará el franquiciante para proporcionar asistencia técnica al franquiciatario. "3º Derecho y obligaciones de cada una de las partes. "4º Operación de la franquicia haciendo mención del derecho o no de subfranquiciar por parte del franquiciatario. "5º Las condiciones en que se llevará a cabo la publicidad del negocio franquiciado. "6º Vigencia del contrato de franquicia otorgado al franquiciatario. "7º El territorio donde se ubicará la franquicia otorgada por el franquiciante al franquiciatario. "8º Disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores. "9º Obligación del franquiciatario de suministrar reportes, cuentas y datos del negocio otorgado en franquicia. "10º Condiciones de supervisión e inspección y asesoría que realizará el franquiciante del negocio franquiciado. "11 Para el caso de que se establezca la prohibición para el franquiciatario de no dedicarse al término del contrato a una igual o similar al objeto de la franquicia, dicha prohibición no podrá exceder del término de tres años a partir de la fecha de terminación o restricción del contrato de la franquicia. "12 No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus activos al franquiciante o a quien éste designe al término del contrato, salvo pacto en contrario. "13 No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento las acciones de su empresa o hacerlo socio de la misma, salvo pacto en contrario. "Y el artículo 142 Bis-5. El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato y una vez concluido éste, la confidencialidad sobre los secretos industriales y en general sobre la información de carácter confidencial de los que haya tenido conocimiento y que sea propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato. "El artículo 142 Bis-6. El franquiciante y el franquiciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo en los términos que haya pactado por tiempo indefinido o bien exista una causa justa para ello, para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión, deberá ajustarse a las cláusulas o procedimientos convenidos en el contrato. "La terminación anticipada que tanto franquiciatario como franquiciante dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieran pactado en el contrato o en su lugar a la indemnización por daños y perjuicios causados. "142 Bis-7. El franquiciatario tendrá derecho a que en igualdad de condiciones sea preferido con respecto a terceros en la celebración de un nuevo contrato de franquicia en el territorio otorgada en exclusividad. "El artículo 213. Son infracciones administrativas: "Punto 26. No proporcionar el franquiciatario la información a que se refiere el artículo 65 del Reglamento de esta ley. "Y el punto 27. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado". Y artículo transitorio. "Artículo Único.- El presente decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación". Es todo. (aplausos) Diego Alonso Hinojosa Aguerrevere, diputado federal e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 55, fracción II, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de la Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, bajo la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS El constante crecimiento tanto de las empresas como de las actividades comerciales, se debe sin duda, al auge y desarrollo de diversas formas de comercialización y alianzas estratégicas dadas por el proceso de globalización económica que México experimenta, así entonces destaca la figura de la franquicia, esquema que permite a las empresas por un lado, aumentar el volumen de sus operaciones, y por otro lado, crecer sin la necesidad de comprometer sus recursos propios, y sin que se tenga que reconocer a la inversión que se realice para este fin, como capital dentro de la empresa. Sin embargo, estas indudables ventajas se traducen en riesgos y desprotección por parte de aquellas empresas que se deciden invertir sus recursos en estas operaciones, en su calidad de distribuidores, agentes, o franquiciatarios, en donde si bien, en muchas ocasiones intervienen productos o servicios de indudable calidad y reconocido prestigio, que se traducen en una oferta atractiva y demandante, se pueden presentar otros, en donde esas personas corren serios riesgos en los montos invertidos. A estos riesgos hay que sumarle la falta de regulación de estas figuras, donde si bien, ha permitido que las mismas adopten y se amolden a las características de cada país, también es cierto que se ha traducido en una falta de protección hacia la parte más débil en estos contratos, los cuales son precisamente el distribuidor, el agente y el franquiciatario. Es por ello, que se hace indispensable el que el derecho regule en forma inmediata la figura de la franquicia, con el propósito de dar certidumbre a quienes deciden utilizar estas formas contractuales como los medios adecuados para canalizar sus inversiones, pero también, para evitar el que se cometan constantes abusos hacia la parte menos favorecida de las mismas. El presente trabajo tiene como propósito primordial el de dar una propuesta de cómo deberían regularse á estas figuras, con el fin de conservar su constante utilización por parte de los empresarios, pero suministrando certeza a los comerciantes mexicanos que lleguen a utilizar estas figuras. El objetivo de este proyecto consiste en dar mayor certidumbre, reforzar su posición y proteger a aquellos empresarios y comerciantes que realizan sus actividades en el país, al amparo de contratos de agencia, distribución o franquicia. La regulación que se propone se hace en función de los siguientes principios: 1. El reconocimiento de la libertad contractual: Si bien el derecho debe regular las principales actividades que realizan las personas, en este caso, los comerciantes, lo debe de hacer sin restringir o limitar en exceso la libertad con que cuentan para adaptar estas figuras a sus necesidades, de ahí que se ha considerado conveniente que en la regulación de las mismas, el derecho se debe limitar a señalar los requisitos y elementos mínimos que estos contratos deben tener, pero sin forzar la regulación, con otros requisitos que sólo las partes pueden prever en base a sus situaciones concretas. La experiencia histórica ha mostrado que si el sistema jurídico de un Estado entra a desarrollar todo el contenido de los contratos, con normas de carácter público o no, renunciables o no, mas que fomentar la utilización de los mismos los evita y procura la utilización de otras formas jurídicas en detrimento de las partes débiles. Dentro de esta regulación mínima, el derecho debe identificar y dar las características y requisitos esenciales de cada uno de estos contratos, pero sin entrar a dar sus distintas opciones y sin establecer un contenido mínimo de las obligaciones y derechos que implica ya que precisamente el auge que han tenido estos contratos, ha sido precisamente, por la aptitud que han tenido para amoldarse a todo tipo de circunstancias y requerimientos. De hecho, es muy difícil en la práctica encontrar estos tipos de contratos en una forma "pura", en el sentido en que la doctrina los considera, sino que en los hechos estos contratos pueden adoptar toda clase de modalidades y clausulados. 2. Establecer límites a estos contratos. Si bien el derecho debe dejar a las partes la delimitación y el contenido obligacional de estos contratos, también debe fijar restricciones a medidas o prácticas que se han llegado a establecer, y que propician injusticias e inseguridad a alguna de las partes, o brindan un poder excesivo a alguna de ellas, muchas veces en materias o elementos que nada tienen que ver con los contratos celebrados o con la materia de los mismos. También es preciso fijar límites para brindar un adecuado equilibrio entre las partes, ya que generalmente se llegan a imponer condiciones o términos desventajosos para algunas de ellas, frente a la preeminencia de la otra. Estas restricciones y límites deben considerarse, en principio, como normas de Derecho Público, y por lo mismo, no renunciables por voluntad de las partes, ya que sólo esta medida, puede propiciar un adecuado equilibrio entre las personas que intervienen en estas operaciones. 3. Establecer remedios a las terminaciones injustificadas o desplazamientos indebidos. Uno de los constantes abusos que se llegan a cometer en estos contratos, consiste en el establecimiento de cláusulas, o el aprovechamiento de la legislación actual, que permiten o propician, al empresario o franquiciante el dar por terminado en cualquier momento estos contratos, muchas veces, antes de que la contraparte pueda recuperar su inversión y obtener ganancias. Se han dado casos, donde esta terminación obedece más a una intención de desplazar a una persona de una determinada actividad, o segmento del mercado, que a razones que se deriven del propio contrato; pretendiendo con ello, obtener los beneficios futuros que dejaron los contratos, sin la necesidad de compartirlos con la parte que arriesgó capital y trabajo para la consecución de los mismos. También, es frecuente que no exista forma de terminación de los contratos a voluntad del agente, distribuidor, o franquiciatario, en aquellos casos en que confiando en la información y en las expectativas económicas que les ofreció el empresario, invierte sus recursos y tiempo en la comercialización de bienes o servicios de escasa oferta, orillándolo a seguir comprometiendo su patrimonio en negocios de escasa rentabilidad y en el solo beneficio de la parte que suministró una información incorrecta, o sin bases reales. Por lo anterior, se hace recomendable la reforma a la Ley de la Propiedad Industrial, a efecto de que se contemplen los requisitos mínimos que deberán contener tales contratos, así como también se contemplen formas de terminación anticipada o sanciones para el caso de que las mismas sean intempestivas en perjuicio de la otra parte, o la información suministrada no sea la correcta, al momento de celebrar el contrato. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de ésta Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, la siguiente INICIATIVA DE DECRETO Por el que se reforma el artículo 142, y se adicionan los artículos 142-bis, 142-bis-1, 142-bis-2, 142-bis-3, 142-bis-4, 142-bis-5, 142-bis-6 y 142-bis-7, así como las fracciones XXVI y XXVII del artículo 213 de la Ley de Propiedad Industrial, para quedar como sigue: Artículo 142. Existirá franquicia cuando con la licencia de uso de marca se transmitan conocimientos técnicos o se proporcione asistencia técnica, para que la persona a quien se le concede, franquiciatario, pueda producir o vender bienes o prestar servicios de manera uniforme y con los métodos operativos, comerciales y administrativos establecidos por el franquiciante (titular de la marca), tendientes a mantener la calidad, prestigio e imagen de los productos o servicios a los que esta designe. El franquiciante deberá otorgar al franquiciatario, bajo pena de nulidad, y con por lo menos treinta días de anticipación a la firma del contrato de franquicia, la información técnica, económica y financiera a que se refiere el artículo 65 del reglamento, la que se denominará Circular de Oferta de Franquicia. La falta de veracidad en la Circular de Oferta de Franquicia dará derecho al franquiciatario, además de exigir la nulidad del contrato en los términos del párrafo anterior, a exigir del franquiciante el pago de los daños y perjuicios ocasionados. Este podrá ejercerlo el franquiciatario durante un año a partir de la celebración del contrato. Después de transcurrido este plazo solo tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato. Artículo 142-bis. El contrato de franquicia deberá constar por escrito y deberá inscribirse ante le instituto para que pueda surtir efectos frente a terceros. Artículo 142-bis-1. Sólo podrán ser materia de franquicias las marcas registradas. Artículo 142-bis-2. El franquiciante no podrá tener injerencia en la organización y funcionamiento del franquiciatario, sino en la medida estrictamente necesaria para garantizar la observancia de los estándares de administración y de imagen de la franquicia. No obstante lo anterior, el franquiciante no tendrá injerencia en los actos del franquiciatario que implique su fusión, escisión, transformación, modificación de estatutos, transmisión o gravamen de partes sociales, acciones, salvo que dichos actos impliquen la cesión de los derechos derivados del contrato de franquicia. Artículo 142-bis-3. El contrato de franquicia se podrá pactar con el carácter de exclusivo o no. Artículo 142-bis-4. Todo contrato de franquicia debe cumplir con por lo menos el siguiente contenido y características: I. El otorgamiento al franquiciatario del uso o explotación del sistema del franquiciante, así como los derechos de propiedad intelectual que determine el franquiciante para la correcta operación de la franquicia. II. Método o formas que utilizará el franquiciante para proporcionar asistencia técnica al franquiciatario; III. Derechos y obligaciones de cada una de las partes. IV. Operación de la franquicia, haciendo mención del derecho o no de subfranquiciar por parte del franquiciatario V. Las condiciones en que se llevará a cabo la publicidad del negocio franquiciado. VI. Vigencia del contrato de franquicia otorgado al franquiciatario. VII. El territorio donde se ubicará la franquicia otorgada por el franquiciante al franquiciatario VIII. Disposiciones relativas al suministro de mercancías y contratación con proveedores. IX. Obligaciones del franquiciatario de suministrar reportes, cuentas y datos del negocio otorgado en franquicia X. Condiciones de supervisión e inspección y asesoría que realizará el franguiciante al negocio franquiciado. XI. Para el caso de que se establezca la prohibición para el franquiciatario de no dedicarse al término del contrato a una igual o similar al objeto de la franquicia, dicha prohibición no podrá exceder, del término de tres años a partir de la fecha de terminación o rescisión del contrato de franquicia. XII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar sus, activos al franquiciante o a quien este designe al término del contrato salvo pacto en contrario. XIII. No existirá obligación del franquiciatario de enajenar o transmitir al franquiciante en ningún momento las acciones de su empresa, o hacerlo socio de la misma salvo pacto en contrario. Artículo 142-bis-5. El franquiciatario deberá guardar durante la vigencia del contrato, y una vez concluido éste la confidencial ¡dad sobre los secretos industriales y en general sobre la información de carácter confidencial de los que hayan tenido conocimiento y que sean propiedad del franquiciante, así como de las operaciones y actividades celebradas al amparo del contrato. Artículo 142-bis-6. El franquiciante y el franquíciatario no podrán dar por terminado o rescindido unilateralmente el contrato, salvo que el mismo se haya pactado por tiempo indefinido, o bien, exista una causa justa para ello. Para que el franquiciatario o el franquiciante puedan dar por terminado anticipadamente el contrato, ya sea que esto suceda por mutuo acuerdo o por rescisión deberán ajustarse a las causas o procedimientos convenidas en el contrato. La terminación anticipada que hagan franquiciante o franquiciatario dará lugar al pago de las penas convencionales que hubieron pactado en el contrato, o en su lugar a las indemnizaciones por los daños o perjuicios causados. Artículo 142-bis-7. El franquiciatario tendrá derecho a que en igualdad de condiciones sea preferido con respecto a terceros en la celebración de un nuevo contrato de franquicia en el territorio otorgado en exclusividad. Artículo 213. Son infracciones administrativas: XXVI. No proporcionar el franquiciatario la información a que se refiere el artículo 65 del reglamento de esta ley. XXVII. Usar la combinación de signos distintivos, elementos operativos y de imagen, que en su conjunto, permitan identificar productos o servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta ley y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos protegidos y el usuario no autorizado. ARTICULOS TRANSITORIOS Artículo único. El presente decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Propiedad Industrial, entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo, a 25 de marzo de 2002, Diputado diego alonso Hinojosa Aguerrevere. -PRESIDENTA, DIP. MA. ELENA ALVAREZ BERNAL: Gracias señor diputado. Túrnese a la Comisión de Comercio y Fomento Industrial. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tiene la palabra el diputado Rufino Rodríguez Cabrera, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar una iniciativa que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia electoral, hasta por quince minutos. -DIP. RUFINO RODRÍGUEZ CABRERA: Con el permiso de la Presidencia. Antes quiero pedirle una disculpa a nombre propio o a nombre de quien haya cometido el error, porque no son propuestas de reformas constitucionales sino al COFIPE. Seguramente el error fue de un servidor, por lo que pido una disculpa, señora Presidenta. Honorable Asamblea: El suscrito, diputado federal de la LVIII Legislatura del Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo establecido en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, la presente iniciativa de decreto que reforma diferentes disposiciones del Código Federal de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El principio constitucional que establece la garantía de igualdad jurídica entre varones y mujeres, es un postulado propio de las instituciones republicanas insertas en un sistema democrático. La igualdad como principio rector de nuestro sistema jurídico, ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales que generaron al paso del tiempo importantes reformas en nuestro sistema normativo, pero que fundamentalmente han permitido sentar las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica equidad. La búsqueda de la asimetría de oportunidades para varones y mujeres, así como la aspiración en garantizar un ejercicio pleno de todos los derechos para unos y otros, hace necesaria, por un lado, la adopción de políticas públicas encaminada a tal efecto, así como la constante adecuación de nuestro marco legal. Los contrastes en las asociaciones públicas entre varones y mujeres, visibles en nuestro entorno, acusan un preocupante desequilibrio respecto a la participación de éstas en la vida nacional, parte de ello motivado por disposiciones normativas propias de un contexto que ha ido modificándose gradual pero irreversiblemente. Sin duda uno de los objetivos de la práctica política debe ser el diseño de instrumentos que hagan posible la existencia de igualdad para todos en términos de derechos humanos y en acceso a oportunidades laborales, culturales y profesionales. Una de las vías para garantizar y hacer efectivo el principio de igualdad entre los géneros en nuestro país, debe pasar necesariamente por nuestro sistema electoral. En atención a ello debe valorarse la conveniencia de impulsar diferentes modificaciones a la legislación en vigor en la materia o la creación de nuevas disposiciones que avalen, para hombres y mujeres, la existencia de un escenario de salvaguardas tanto en sus garantías constitucionales como del resto de sus prerrogativas jurídicas. De ahí la pertinencia de la presente iniciativa, en donde se proponen adecuaciones a la normatividad electoral, que permitan establecer para varones y mujeres condiciones de equidad plena en la postulación de candidaturas a cargos legislativos de elección popular. Para tal efecto se hace necesaria la adecuación del mecanismo legal establecido en el capítulo correspondiente del procedimiento de registro de candidatos, visible en el Título Segundo del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En principio es pertinente tener en cuenta la disposición establecida en el artículo vigésimo segundo transitorio del artículo 1º del Decreto por el que se reformó, adicionó y derogó diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre otros ordenamientos legales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de Noviembre de 1996. Disposición que a la letra establece que los partidos políticos nacionales considerarán en sus Estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres, así se estableció. Dicha reforma electoral, si bien pugnaba por alcanzar un registro de candidaturas en condiciones de menor desigualdad entre varones y mujeres que la que se había alcanzado en elecciones federales previas. Innegablemente en los procesos electorales en los que ha sido aplicada, no ha logrado satisfacer a cabalidad las intenciones que animaron al Legislador en la señalada reforma electora. Para empezar, ha sido indudable la falta de apego por parte de todos los partidos políticos a ceñirse al espíritu de la disposición invocada, pues si bien es cierto que estos no transgredieron la legislación electoral en lo relativo a candidaturas de género en las pasadas elecciones , también es cierto que el cumplimiento que dieron a dicho principio, distó mucho de satisfacer la esencia del numeral invocado. Para el proceso electoral del 6 de julio del 97, es ilustrativo comentar que por la vía de representación proporcional resultaron electas sólo 47 diputadas de 200 y por el principio de mayoría relativa acceden a la Cámara de Diputados 31 de un total de 300; es decir, sólo cerca del 15% del total de integrantes de la Cámara de Diputados fue el resultado de la primera aplicación de la reforma legal de noviembre del 96 sobre este particular. Para la pasada elección federal, los partidos y coaliciones cubrieron adecuadamente la cuota del 30% de candidaturas de género a que obliga el precepto legal citado, sin embargo tales candidatas fueron ubicadas mayoritariamente en posiciones de suplentes de fórmulas o en los últimos lugares de la lista plurinominal. Según datos del IFE son 30 millones 427 mil 492 mujeres en el Padrón Electoral, 2 millones más que los hombres y representa el 51.76% de los electores en el país. Pero en los registros de candidaturas femeninas presentadas para la pasada elección por las diferentes coaliciones y partidos no alcanzaron siquiera el 30% entre las aspirantes propietarias a senadoras y diputadas por las dos vías aunque dicho porcentaje se cubriera sobradamente con las mujeres registradas como suplentes. Lo anterior se adiciona con el agravante de que para el caso de las listas de candidatos por la vía de representación proporcional muy pocas mujeres fueron inscritas entre las primeras disposiciones registradas por los partidos políticos. La falta de precisión en los términos en los que está redactado el Artículo 22º. Referido, ha traído como resultado el aparente acatamiento de la disposición aludida, pero propiciando una inobservancia plena respecto al fondo de la reforma. Es obvio que el fenómeno descrito obedece a una omisión en la Ley Electoral al no haberse especificado en esta las posiciones que las candidaturas de hombres y mujeres deben ocupar en las listas de candidatos de representación proporcional. El COFIFE tampoco precisa que el 60% máximo de candidaturas para un mismo género debe cumplirse con candidatos propietarios y esto fue una omisión incomprensible en la Reforma Electoral de Noviembre del 96. Este escenario ha propiciado incontables juicios para la protección de derechos políticos electorales del ciudadano, promovidos por candidatas de diferentes partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con diferentes resultados, pero que hablan de la necesidad de precisar detalladamente el sentido y los alcances de las disposiciones legales que tratan sobre el tema que ahora nos ocupa. Es por ello la pertinencia de modificar la normatividad aludida a fin de cumplir cabalmente la intención del Legislador que en Noviembre del 96 persiguiera establecer condiciones de menor desigualdad para varones y mujeres en la postulación de candidaturas a cargos legislativos. En atención a lo expresado, es que me permito reseñar brevemente el sentido de mi propuesta la cual consistiría en una modificación al Artículo 165 Numeral 3 del COFIFE, mismo que quedaría en los siguientes términos: "Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación al cargo de elección popular. Para tal efecto, los partidos políticos registrarán al mismo número de candidatos varones que de mujeres, las fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos para su registro, estarán siempre integradas por candidatos del mismo género. Al registrar los partidos políticos las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, en la conformación de las mismas deberán intercalar fórmulas de candidaturas de géneros distintos. En principio, es necesario tener en cuenta qué se persigue con la presente iniciativa, la homologación del número de candidaturas para ambos géneros mismas que actualmente están determinadas por el artículo 22º transitorio, publicado el 22 de noviembre del 96 al que se hizo referencia anteriormente- el cual establece la obligación para los partidos políticos de que la postulación de sus candidaturas a cargo del Legislativo no excedan de un porcentaje del 70% para un mismo género. Con lo anterior se pretende que las candidaturas registradas por los partidos políticos deban estar conformadas en igual número por hombres y por mujeres; esto, para garantizar la postulación equitativa para ambos géneros a cargos parlamentarios efectivos. Asimismo, se propone que las fórmulas de candidatos que sean presentadas por los diferentes partidos políticos ante la autoridad electora para su registro, estén invariablemente integradas por personas del mismo género. Con tal medida, se garantizaría el acceso paritario de candidatos de ambos géneros a cargos electivos camarales, impidiendo por tanto- la práctica de inscribir candidatas suplentes mujeres para aparentemente cumplir con la llamada "cuota de género" pero que ha sido aplicada incorrectamente en los términos anotados. En lo que se refiere a la solicitud de inscripción de candidaturas por el principio de representación proporcional, los partidos deberán registrar en las listas regionales respectivas, relaciones de candidatos en donde se intercalen alternadamente fórmulas de varones y mujeres en porcentajes idénticos; esto, con el objeto de integrar al cuerpo de la ley una disposición más precisa que permita no sólo el cumplimiento literal del tema en referencia, sino que garantice una aplicación estricta del principio de equidad. En este punto particular, es conveniente recordar a la Asamblea la iniciativa de reforma constitucional presentada por el suscrito en materia electoral en donde se planteaba la incorporación a nuestro cuerpo normativo de la figura de las candidaturas de prelación, modalidad electoral que se caracteriza por la incorporación a los cargos legislativos de representación proporcional de aquellos candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa que no habiendo triunfado en sus respectivas demarcaciones, hubiesen alcanzado los más altos porcentajes de votación. Es lógico que de dictaminarse favorablemente la iniciativa en mención no habría, por tanto, listas regionales por circunscripción. Por otro lado, no quisiera dejar de señalar ahora algunas particularidades de un fenómeno vinculado en esta materia que es el proceso legislativo de registro de candidaturas a cargos de elección popular que se efectúa en las distintas entidades federativas. Es necesario tomar en cuenta que en lo que se refiere a las elecciones para la renovación de los ayuntamientos y congresos locales, debo subrayar como una situación preocupante que en la totalidad de las entidades que integran nuestra unión solamente los estados de Chihuahua, Oaxaca y Sonora establecen de manera obligatoria porcentajes mínimos de candidaturas de género para la integración de ayuntamientos o para la conformación de sus legislaturas. En esta misma dirección, la normatividad electoral de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas hace algunas referencias al respecto pero el sentido de la ley está diseñado de manera potestativa y los partidos no están obligados más que a promover candidaturas de género pero sin que tal cosa sea obligatoria; es decir, en todas las entidades federativas, solamente en tres existe una disposición que hace imperativo el registro de candidaturas de género sin que en ningún caso de esos tres el porcentaje sea mayor al 70%. En otros dos estados, la legislación electoral está redactada de tal manera que sólo es potestativa, señalándose sólo la conveniencia de promover e impulsar candidaturas de género sin que ello constituya una obligación. En la normatividad electoral del resto de los estados, no existe disposición alguna que facilite ir construyendo un escenario de equidad en lo que se refiere a las candidaturas de género, lo cual es altamente preocupante. Ahora bien, hago esta referencia sobre la codificación electoral en los estados como una muestra de las graves disparidades que en la materia se presentan y para destacar la necesidad de diseñar un contexto que facilite la igualdad de oportunidades en la postulación de candidaturas para varones y mujeres de nuestro país. Asimismo, es necesario tener en cuenta las diferentes propuestas de reforma legislativa que en la materia han presentado ante esta soberanía diferentes compañeros, como la presentada en noviembre del 2000 por mi compañera de bancada, la diputada Hortencia Aragón Castillo. Es innegable que un grave fenómeno social, como la disparidad entre los géneros no puede ser resuelto a cabalidad si se piensa sólo en una solución en la naturaleza legislativa, el problema tiene desde luego muchas raíces y bastante más profundas que una reforma legal en materia electoral. Por los razonamientos anteriormente esgrimidos y con fundamento en las disposiciones mencionadas al inicio de mi intervención, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales mediante la reforma de su artículo 165 numeral III. Artículo Único que reforma el artículo 165 numeral III del COFIPE y dice lo siguiente: "Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país a través de su postulación a cargos de elección popular. Para tal efecto los partidos políticos registrarán al mismo número de candidatos varones que de mujeres, las fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos para su registro estarán siempre integradas por candidatos del mismo género". Al registrar los partidos políticos la lista de candidaturas por el principio de representación popular en la conformación de las mismas, deberán intercalar fórmulas de candidaturas de géneros distintos. Transitorios. Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Segundo. Se deroga el artículo Vigésimo Segundo Transitorio del artículo primero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del COFIPE entre los ordenamientos legales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, así como todas las disposiciones que contravengan las reformas establecidas en el presente decreto. Atentamente. Palacio Legislativo de San Lázaro. Rufino Rodríguez Cabrera. Entrego, señora Presidenta a la Secretaría el documento. Gracias, muy amable. «Con el permiso de los integrantes de la directiva; honorable Asamblea: el suscrito, diputado federal a la LVIII Legislatura `del Congreso de la Unión integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por lo establecido en los artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa de decreto que reforma diferentes disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al tenor de la siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS El principio constitucional que establece la garantía de igualdad jurídica entre varones y mujeres, es un postulado propio de las instituciones republicanas insertas en un sistema democrático. La igualdad como principio rector de nuestro sistema jurídico, ha propiciado el surgimiento de diversas instituciones y figuras legales, que generaron al paso del tiempo importantes reformas en nuestro sistema normativo, pero que fundamentalmente han permitido sentar las bases para el gradual establecimiento de medidas que propicien condiciones de auténtica equidad. La búsqueda de la simetría de oportunidades para varones y mujeres, así como la aspiración en garantizar un ejercicio pleno de todos los derechos para unos y otros, hace necesaria por un lado la adopción de políticas públicas encaminadas a tal efecto, así como la constante adecuación de nuestro marco legal. Los contrastes en las funciones públicas entre mujeres y varones, visibles en nuestro entorno, acusan un preocupante desequilibrio respecto a la participación de estas en la vida nacional. Parte de ello, motivado por disposiciones normativas propias de un contexto que ha ido modificándose gradual, pero irreversiblemente. Sin duda, uno de los objetivos de la práctica política debe ser el diseño de instrumentos que hagan posible la existencia de igualdad para todos en términos de derechos humanos y en acceso a oportunidades laborales, culturales y profesionales. Una de las vías para garantizar y hacer efectivo el principio de igualdad entre los géneros en nuestro país, debe pasar necesariamente por nuestro sistema electoral. En atención a ello, debe valorarse la conveniencia de impulsar diferentes modificaciones a la legislación en vigor en la materia o la creación de nuevas disposiciones, que avalen para hombres y mujeres, la existencia de un escenario de salvaguardas tanto de sus garantías constitucionales, como del resto de sus prerrogativas jurídicas. De ahí la pertinencia de la presente iniciativa, en donde se proponen adecuaciones a la normatividad electoral, que permitirán establecer para mujeres y varones, condiciones de equidad plena en la postulación de candidaturas a cargos legislativos de elección popular. Para tal efecto, se hace necesaria la adecuación del mecanismo legal establecido en el capítulo correspondiente al procedimiento de registro de candidatos, visible en el Título Segundo del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En principio, es pertinente tener en cuenta la disposición establecida en el artículo vigesimosegundo transitorio del artículo 1o. del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales entre otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, disposición que a la letra establece que "los partidos políticos nacionales considerarán en sus estatutos que las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores, no excedan del 70% para un mismo género. Asimismo promoverán la mayor participación política de las mujeres". Dicha reforma electoral, si bien pugnaba por alcanzar un registro de candidaturas en condiciones de menor desigualdad entre mujeres y varones, que la que se había alcanzado en elecciones federales previas, innegablemente en los procesos electorales en los que ha sido aplicada, no ha logrado satisfacer a cabalidad las intenciones que animaron al legislador en la señalada reforma electoral. Para empezar, ha sido indudable la falta de apego por parte de todos los partidos políticos a ceñirse al espíritu de la disposición invocada, pues si bien es cierto, que estos no transgredieron la legislación electoral en lo relativo a candidaturas de genero en las pasadas elecciones, también es cierto que el cumplimiento que dieron a dicho principio, distó mucho de satisfacer la esencia del numeral invocado. Para el proceso electoral del 6 de julio de 1997, es ilustrativo comentar que por la vía de representación proporcional, resultan electas sólo 47 diputadas de 200 y por el principio de mayoría relativa acceden a la Cámara de Diputados 31 de un total 300. Es decir solo cerca del 15% del total de integrantes de la Cámara de Diputados, fue el resultado de la primera aplicación de la reforma legal de noviembre de 1996 sobre el particular. Para la pasada elección federal, los partidos y coaliciones cubrieron adecuadamente la cuota de 30% de candidaturas de genero a que obliga el precepto legal citado, sin embargo, tales candidatas fueron ubicadas mayoritariamente en posiciones de suplentes de formulas o en los últimos lugares de las listas plurinominales. Según datos del Instituto Federal Electoral, son 30 millones 427 mil 492 las mujeres del padrón -2 millones más que los hombres- y representan el 51.76% de los electores del país, pero en los registros de candidaturas femeninas presentadas para la pasada elección por las diferentes coaliciones y partidos, no alcanzaron siquiera el 30% entre los aspirantes propietarias a senadoras y diputadas por las dos vías, aunque dicho porcentaje se cubriera sobradamente con las mujeres registradas como suplentes. Lo anterior se adiciona con el agravante de que para el caso de las listas ,de candidatos por la vía de representación proporcional, muy pocas mujeres fueron inscritas entre las primeras posiciones registradas por los partidos políticos. La falta de precisión de los términos en los que está redactado el artículo vigesimosegundo referido, ha traído como resultado el aparente acatamiento de la disposición aludida, pero propiciando una inobservancia plena respecto al fondo de la reforma. Es obvio que el fenómeno descrito obedece a una omisión en la ley electoral, al no haberse especificado en esta, las posiciones que las candidaturas de hombres y mujeres deben ocupar en las listas de candidatos de representación proporcional. El Cofipe, tampoco precisa que el 70% máximo de candidaturas para un mismo género, deba cumplirse con candidatos propietarios y eso fue una omisión incomprensible en la reforma electoral de noviembre de 1996. Este escenario ha propiciado incontables juicios para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, promovidos por candidatas de diferentes partidos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con diferentes resultados, pero que hablan de la necesidad de precisar detalladamente el sentido y los alcances de las disposiciones legales que tratan sobre el tema que ahora nos ocupa. Es por ello la pertinencia de modificar la normatividad aludida, a fin de cumplir cabalmente la intención del legislador que en noviembre de 1996, persiguiera establecer condiciones de menor desigualdad para mujeres y varones en la postulación de candidaturas a cargos legislativos. En atención a lo expresado, es que me permito reseñar brevemente el sentido de mi propuesta, la cual consistiría en una modificación al artículo 175 numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que quedaría en los siguientes términos. "Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular, para tal efecto, los partidos políticos registrarán al mismo número de candidatos varones que de mujeres. Las fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos para su registro, estarán siempre integradas por candidatos del mismo género." "Al registrar los partidos políticos las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, en la conformación de las mismas, deberán intercalar fórmulas de candidaturas de géneros distintos." En principio es necesario tener en cuenta, que se persigue con la presente iniciativa, la homologación del número de candidaturas para ambos géneros, mismas que actualmente están determinadas por el artículo vigesimosegundo transitorio publicado el 22 de noviembre de 1996, al que se hizo referencia anteriormente, y el cual establece la obligación para los partidos políticos, de que la postulación de sus candidaturas a cargos legislativos no excedan de un porcentaje de 70% para un mismo género. Con lo anterior se pretende, que las candidaturas registradas por los partidos políticos, deban estar conformadas en igual número por mujeres y hombres por. Esto para garantizar la postulación equitativa para ambos géneros a cargos parlamentarios electivos. Asimismo, se propone que las fórmulas de candidatos que sean presentadas por los diferentes partidos políticos ante la autoridad electoral para su registro, estén invariablemente integradas por personas del mismo género. Con tal medida se garantizaría el acceso paritario de candidatos de ambos géneros a cargos electivos camarales, impidiendo por tanto la práctica de inscribir candidatas suplentes mujeres para aparentemente cumplir con la llamada cuota de género, pero que ha sido aplicada incorrectamente en los términos anotados. En lo que se refiere a la solicitud de inscripción de candidaturas por el principio de representación proporcional, los partidos deberán registrar en las listas regionales respectivas, relaciones de candidatos en donde se intercalen alternadamente formulas de mujeres y varones en porcentajes idénticos. Esto con el objeto de integrar al cuerpo de la ley una disposición mas precisa que permita no solo el cumplimiento literal del tema en referencia, sino que garantice una aplicación estricta del principio de equidad. En este punto particular, es conveniente recordar a la Asamblea, la iniciativa de reforma constitucional presentada por el suscrito, el pasado día 27 de noviembre ante esta Legislatura, en donde planteaba la incorporación a nuestro cuerpo normativo, de la figura de las candidaturas de prelación, modalidad electoral que se caracteriza por la incorporación a los cargos legislativos de representación proporcional de aquellos candidatos postulados bajo el principio de mayoría relativa, que no habiendo triunfado en sus respectivas demarcaciones hubieran alcanzado los más altos porcentajes de votación. Y es lógico que de dictaminarse favorablemente la iniciativa en mención no habría, por tanto listas regionales por circunscripción. Por otro lado, no quisiera dejar de señalar ahora, algunas particularidades de un fenómeno vinculado a esta materia, que es el proceso de registro de candidaturas a cargos de elección popular, que se efectúa en las distintas entidades federativas. Creo necesario hacer una breve alusión sobre el particular, que nos permita contar con algunos elementos complementarios en el tema tratado. En principio, y por lo que se refiere a las elecciones para la renovación de los ayuntamientos y de los congresos locales, debo subrayar como una situación preocupante, que en la totalidad de las entidades que integran nuestra Unión, solamente los estados de Chihuahua, Oaxaca y Sonora, establecen de manera obligatoria porcentajes mínimos de candidaturas de genero para la integración de ayuntamientos o para la conformación de sus legislaturas. En esa misma dirección, la normatividad electoral de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas, hace alguna referencia al respecto, pero el sentido de la ley, está diseñado de manera potestativa y los partidos no están obligados mas que a promover candidaturas de género, pero sin que tal cosa sea obligatoria. Es decir, de todas las entidades federativas, solamente en tres existe una disposición, que hace imperativo el registro de candidaturas de género; sin que en ninguno de esos tres casos el porcentaje sea mayor al 70%. En otros dos estados, la legislación electoral esta redactada de manera potestativa, señalándose solo la conveniencia de promover e impulsar candidaturas de genero, sin que ello constituya una obligación. En la normatividad electoral del resto de los estados, no existe disposición alguna que facilite ir construyendo un escenario de equidad en lo que se refiere a las candidaturas de género, lo cual es altamente preocupante. Ahora bien, hago esta referencia sobre la codificación electoral de los estados, como una muestra de las graves disparidades que en la materia se presentan y para destacar la necesidad de diseñar un contexto que facilite la igualdad de oportunidades en la postulación de candidaturas para varones y mujeres en nuestro país. Asimismo, es necesario tener en cuenta, las diferentes propuestas de reforma legislativa que en la materia, han presentado ante esta soberanía diferentes compañeros, como la presentada en noviembre de 2000 por mi compañera de bancada la diputada Hortensia Aragón Castillo. Es innegable que un grave fenómeno social como la disparidad entre los géneros, no puede ser resuelto a cabalidad, si se piensa solo en una solución de naturaleza legislativa. El problema tiene desde luego, muchas mas raíces y bastante mas profundas que una reforma legal en materia electoral. Aspectos de tipo cultural e histórico, así como concepciones educativas y familiares, deben ser paulatinamente objeto de transformación, si queremos contar con una sociedad que garantice efectivamente la equidad plena entre mujeres y varones En ese proceso las reformas a nuestra legislación, pasarán por un accidentado camino, en donde deberán tenerse en cuenta las fuertes resistencias que deberá afrontar dicho proceso. De manera que los hombres y las mujeres convencidos sobre la necesidad de contar con un sistema normativo mas justo en la materia, tenemos que ser lo suficientemente hábiles para incidir con éxito en ese ,proceso y para lograr participar armónicamente en una sociedad en donde los géneros convivan en un ambiente libre de prejuicios y de discriminación. Por los razonamientos anteriormente esgrimidos y con fundamento en las disposiciones mencionadas al inicio de mi intervención, es que someto a la consideración del pleno de esta Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la presente INICIATIVA Con proyecto de decreto por el que se modifica el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales mediante la reforma de su artículo 175 numeral 3. Artículo único. Se reforma el artículo 175 numeral 3 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue Artículo 175.3 Los partidos políticos promoverán en los términos que determinen sus documentos internos, una mayor participación de las mujeres en la vida política del país, a través de su postulación a cargos de elección popular, para tal efecto, los partidos políticos registrarán al mismo número de candidatos varones que de mujeres. Las fórmulas de candidatos que presenten los partidos políticos para su registro, estarán siempre integradas por candidatos del mismo género. Al registrar los partidos políticos las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional, en la conformación de las mismas, deberán intercalar fórmulas de candidaturas de géneros distintos. ARTICULOS TRANSITORIOS Primero. El presente decreto, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se deroga el artículo vigesimosegundo transitorio del artículo 1o. del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales entre otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 1996, así como todas las disposiciones que contravengan las reformas establecidas en el presente decreto. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 21 de marzo de 2002. Suscribe por el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, el diputado Rufino Rodríguez Cabrera.» -LA C. PRESIDENTA. Gracias, ciudadano diputado. Publíquese íntegramente en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- En relación a la reforma al artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista nos ha solicitado se retire del orden del día. En consecuencia, tiene el uso de la palabra la diputada Rosalía Peredo Aguilar, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, para presentar una iniciativa de reformas a la fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación. -