El diputado Jorge Álvarez Maynez: Sí. Primero quisiera, compañeras, compañeros, felicitar públicamente un cambio de opinión muy importante, un cambio de opinión del PRI. Que cuando presentamos en diciembre de 2015 una iniciativa para eliminar el arraigo, que es una figura violatoria de los derechos humanos, es una de las restricciones a derechos humanos más aberrantes que tiene nuestra Constitución, que impugnada en cualquier litigio internacional se vendría abajo y que cuando la presentamos en diciembre de 2015 la congelaron, no la votaron, no la avalaron y ahora acaban de anunciar esta semana que el propio coordinador de la bancada va a presentar o presentó una iniciativa para que por fin en México eliminemos el arraigo. Hoy vengo a hablar de otra restricción relativa a los derechos humanos de los mexicanos, que tiene su suporte en la Constitución y en la Ley de Amparo. Justamente en lo que tiene que ver con la denominada Fórmula Otero, que está en el artículo 107 de la Constitución y en el 73 de la Ley de Amparo, que es la relatividad de las sentencias en lo que tiene que ver con juicios de amparo. ¿Cuál es el problema ahí? Que frente a actos de autoridad generales o normas generales que son impugnadas por su constitucionalidad a través del juicio de amparo, la Fórmula Otero, les aplica un alcance particular a este juicio, es decir, hay ciudadanos que están sufriendo los efectos todos los días de normas que ya fueron declaradas inconstitucionales, hemos tenido muchos ejemplos: los temas de diversidad sexual, de respeto a los derechos sexuales y reproductivos, los temas que tienen que ver con igualdad ante la ley, foto-multas. Por ejemplo, el orden de los apellidos, que hay algunas familias que quieren invertirlos en el Registro Civil para sus hijas, para sus hijos, que han sido motivos de juicio de amparo contra un acto de autoridad general o contra una norma general que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene facultad exclusiva en esa materia, declara a la norma o el acto de autoridad inconstitucional y que aun así le seguimos exigiendo a todos los mexicanos que violando el principio de igualdad ante la ley, que violando toda el marco jurídico de economía procesal, que violando el principio de supremacía constitucional, porque nosotros nos dimos a nosotros mismos un diseño constitucional, que parte de ese principio de supremacía en el que todas las leyes supeditan a la Constitución. Y nosotros le exigimos a la ciudadanía, que aunque sea una ley inconstitucional o un acto de autoridad inconstitucional, sigan respetándolo, es un absurdo. Y creo que la mejor manera de honrar a uno de los grandes juristas mexicanos, que es Mariano Otero, es actualizar su visión sobre los efectos del amparo a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos que se hizo en el 2011 y nos debería de obligar a que los efectos del amparo, cuando se trata de normas o actos de autoridad generales por temas de inconstitucionalidad, fueran abiertos a todos los ciudadanos de México. Creo que es un tema que los mexicanos no podemos seguir teniendo restringido nuestro derecho al acceso, a la justicia, en función de tener dinero para tramitar un juicio de amparo o tener el conocimiento de especialización para hacerlo, cuando se ha acreditado que una norma o que un acto de una autoridad viola la Constitución. Gracias, presidenta.