El diputado Carlos de Jesús Alejandro: Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso. Sin duda, con esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiocomunicación se está a punto de consumar el pago por el favor que el gran poder fáctico llamado Televisa le dio a Enrique Peña Nieto para lograr ser el inquilino de Los Pinos como presidente de la República. De ese tamaño son las cosas en este país, donde se aplica a secas el principio del gatopardismo, cambiar para no cambiar nada. Nos dieron a elegir dos cárteles, el de Televisa o el de Telmex. Y la mayoría mecánica e irracional decidió por el de las estrellas, el soldado fiel del sistema priista. Tenemos a dos monopolios que buscan controlar de forma única el mercado. La mayoría de esta representación soberana claudica ante los intereses y la embestida de Televisa. Es claramente anticonstitucional la definición de la preponderancia por el sector en el cuerpo del articulado del dictamen. Porque como lo hemos dicho, está contra la definición constitucional que señala que los agentes económicos preponderantes deben determinarse con base en su participación en la prestación de servicios de radiodifusión y telecomunicaciones medidos por el número de usuarios, suscriptores, audiencia, tráfico de redes o por la capacidad utilizada de las mismas en cada mercado y no en los sectores agregados. Todo es contrario a lo que se pactó en la Constitución, y es un golpe grave a la, de por sí endeble, libertad de expresión de nuestro país. Las concesiones sociales vía medios indígenas y comunitarios son discriminadas por la vía legal en este dictamen, para obtener recursos propios por la vía de la publicidad comercial, y solo se entrega una migaja del financiamiento del 1 por ciento de recursos federales para la publicidad. Lo absurdo que no deja a la simulación, la discriminación hacia los pueblos indígenas radica en los requisitos para lograr una concesión social, indígena o concesión comunitaria, se pide autonomía financiera, se pide también capacidad técnica-jurídica y esto es como pedirle sangre a las piedras; creo que a lo imposible nadie está obligado. La reforma que está por consumarse va en contra de los propios principios y postulados de la Constitución federal de la República, que dice con claridad en su artículo 2o. constitucional que los pueblos y las comunidades indígenas tienen derecho a adquirir, operar y administrar sus medios de comunicación; pero esto al parecer poco nos interesa, todo está a la medida que lo solicita el monopolio televisivo, se solicita al Ifetel al trasladar competencias a la Secretaría de Comunicación y Transportes y a la Secretaría de Gobernación en materia de contenidos. Estoy en contra de este dictamen, como lo está la mayoría de mi grupo parlamentario, porque no garantiza con plenitud los derechos establecidos en la Constitución en materia de telecomunicaciones, que viola principios básicos de igualdad y no discriminación y favorece la concentración de los medios. Lamentablemente persiste el abierto rechazo a las personas y comunidades indígenas y un agudo desprecio a su opinión y voz, a sus pensamientos y a sus ideas, contrario repito a lo que establece la propia Constitución y nuestra realidad de una nación pluricultural y multiétnica. La comunicación y los medios son un pilar fundamental para la sensibilización, para el intercambio de conocimientos sobre la cultura, valores y saberes indígenas en un mundo de respeto pluricultural e intercultural, pero eso al parecer tampoco a nadie le importa. La comunicación indígena intercultural es una herramienta insoslayable para la supervivencia y desarrollo de las comunidades indígenas, un mecanismo para infundir valores y sentido de pertenencia para fortalecer las identidades nacionales y regionales, pero parece que esto igual a nadie le importa. El muro de la incomunicación indígena con el resto de la sociedad nacional lo hicieron mucho más grande e intransitable. La súper carretera de la comunicación que nos habían anunciado en la reforma constitucional solo fue una demagogia. Las radios indígenas y comunitarias necesitan desarrollarse, por lo que, si tienen un poco de sensibilidad, propongo el quitar el nudo para que los medios indígenas tengan ingresos por publicidad y se eliminen los tortuosos requisitos para obtener una concesión. Ahora la ley les prohíbe comercializar sus espacios, porque los grandes concesionarios afiliados en la Cámara de la Industria de Radio y Televisión se oponen bajo el falso argumento de que son competencias desleal, competencia desleal de los marginados y de los discriminados de este país; ¿cómo? ¿De dónde? Yo no me explico. Competencia desleal de los rarámuris, por poner un ejemplo, que sufren una hambruna histórica y que necesitan mecanismos para comunicarse en sus agrestes tierras que puede ser a través de la radio, esto es ofensivo y es una burla. Lo más absurdo y que atenta contra la inteligencia de las y los mexicanos, es que nos vendan como un gran logro de esta reforma secundaria, el decir que hoy se exentan las llamadas de larga distancia como si en verdad le preocupara el hombre más rico de este mundo que se mermen un poco sus ganancias. La concentración de medios no es propio de un estado democrático. Estamos perdiendo una oportunidad histórica para acabar con el modelo monopólico y favorecer la pluralidad y la competencia libre y democrática. Es cuanto, señor presidente.