El diputado José Luis Media Lizalde: Con su venia, señor Presidente. José Luis Medina Lizalde, en su carácter de diputado federal de la LIX Legislatura del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, 72 y 73, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en función de la siguiente Exposición de Motivos La presente iniciativa se plantea dentro del ámbito correspondiente a la Reforma del Estado derivado de la agenda legislativa que aún tiene pendiente esta soberanía con los mexicanos, proponiéndose con el ánimo de coadyuvar desde la competencia del Poder Legislativo a la disminución del terrible problema del aumento desenfrenado de la criminalidad de nuestro país, planteándose como una acción legislativa que forme parte de un proyecto integral que en materia de seguridad pública, específicamente por lo que hace a la prevención del delito y conductas infractoras, instrumentemos los distintos Poderes de la Unión y de los estados para así formar un frente común con la ciudadanía en el combate de este cáncer social. Un proyecto que además siente las bases para la aplicación de una correcta política criminal de Estado, sustentándolo no solamente en reformas constitucionales y legales que influyan en la salvaguarda de las personas y de sus bienes, sino que también estudie y ataque de raíz los elementos generadores de las conductas infractoras y delictivas. La seguridad pública es definida constitucionalmente como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derecho de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, debiendo realizarla por mandato legal las autoridades competentes, mediante la prevención, persecución y sanción de las infracciones y delitos, así como la reinserción social del delincuente y del menor infractor. Toma especial relevancia el combate de las causas que genera la comisión de delitos y conductas antisociales, debiendo realizarse a través del desarrollo de políticas, programas y acciones eficientes y eficaces que contribuyan al fomento de los valores culturales y cívicos en la sociedad y conduzcan a su vez al respeto irrestricto del imperio de la ley. Actualmente, el Gobierno Federal, a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, específicamente por medio de la Conferencia de Prevención y Readaptación Social, debe realizar el estudio de dichas causas generadoras que se materialicen en la implantación de correctas políticas de combate del fenómeno criminal. Dichas acciones hasta el momento no han arrojado resultados favorables que se perciban en la ciudadanía, al igual que no se han reconocido los estragos sociopolíticos generados por el modelo económico neoliberal, el aumento de la pobreza, la falta de empleo, la injusta distribución de la riqueza y la espectacular impunidad, situando a nuestro país actualmente como una de las naciones más inseguras del mundo. Desde la antigua Roma y hasta nuestros días, varios estudiosos del tema han encauzado sus esfuerzos a tratar de descifrar las causas generadoras de las conductas antisociales, para brindar así soluciones eficaces para la disminución del fenómeno criminal, generándose múltiples postulados que han sido debatidos arduamente durante el desarrollo del pensamiento humano, pero que en la actualidad han sido ya rebasados. De la evolución científica del análisis de este problema se deriva la necesidad de implantar una correcta política criminal de Estado, donde el derecho penal debe poseer tan sólo naturaleza subsidiaria, conforme a los principios contenidos en nuestra Constitución, proponiéndose en cambio un cambio en la manera de combatir el fenómeno criminal, pasando del aumento de la reacción penal al estudio y combate de sus causas generadoras. Así, la política criminal se convierte en un verdadero instrumento de legitimación y reproducción de la realidad social, mediante la cual se busque brindar seguridad al disfrute y protección efectiva de todos los derechos universales, políticos y sociales de las personas que se encuentran en nuestro país, pendientes de la inclusión de todos los estratos sociales en la economía de la seguridad, ya que actualmente nuestro gobierno se ha olvidado de garantizar los derechos de un número importante de sujetos vulnerables. En el intento de contener la violencia, se ha terminado por disimularla, excluyendo a los sujetos más débiles y muchas veces señalándolos como probables responsables del fenómeno delictivo por su mera situación económica o social. Por ello, las acciones de prevención que emprende el Estado deberán convertirse en parte fundamental de la política social que implanten los distintos niveles de gobierno. La seguridad pública debe entenderse como un conjunto de políticas y acciones realizadas por los poderes públicos, encaminadas a la prevención y represión de las conductas antisociales, donde desde el ámbito de competencia de cada uno de los órganos de gobierno se implanten políticas públicas encaminadas a generar y garantizar una convivencia armónica y pacífica de todos los habitantes de nuestra nación. La ciudadanía clama por una debida seguridad pública, la cual sólo puede ser plenamente garantizada mediante la prevención del delito y conductas infractoras, así como la salvaguarda plena de los propios derechos, como el derecho a la vida, a la libertad, al libre desarrollo de la personalidad, de expresión y a la calidad de vida, entre otros, a través de acciones coherentes y debidamente analizadas por las autoridades, junto con la sociedad. No deben seguirse implantando acciones discontinuas e improvisadas. Los mexicanos exigen de sus gobernantes mayor responsabilidad en el actuar público que arroje resultados concretos y con visión de futuro, con estrategias no sólo de ámbito policial y penal sino estrategias que permitan una participación más amplia de la comunidad en el control de la criminalidad, principalmente en su prevención. México debe contar con un organismo dotado de autonomía de los demás poderes, el cual se encuentre encargado exclusivamente de la realización de estudios especializados en materia de prevención del delito y conductas infractoras que dicte los lineamientos básicos de observancia obligatoria para los poderes y niveles de gobierno. Por lo antes expuesto, me permito someter a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por la que se modifica y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Articulo 1º. Se modifica y adiciona el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar en los siguientes términos: Párrafo 6º. El Estado contará con un organismo público autónomo, denominado Instituto Nacional para la Prevención del Delito y Conductas Infractoras, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, el cual deberá garantizar la participación ciudadana en su funcionamiento. Dicho organismo será el encargado de la realización de estudios especializados en materia de prevención del delito y conductas infractoras, así como dictará los lineamientos básicos y observancia obligatoria para los Poderes de la Unión y de los estados que contribuyan al combate de las causas generadoras de las conductas antisociales y garanticen la convivencia armónica y pacífica de sus habitantes, de acuerdo con la ley reglamentaria que para tal efecto se expida. Párrafo 7º. La Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios se coordinarán en los términos que la ley señale para establecer un sistema nacional de seguridad pública. Solicito que se inserte el texto íntegro en el Diario de Debates. Es todo, señor Presidente.