La diputada Ana Georgina Zapata Lucero: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía, decía el filósofo Séneca; palabras que quise traer en este momento para ilustrar el dictamen que hoy discutimos. En sentido contrario a la justicia tardía, busca promover una justicia laboral expedita, cercana, objetiva, imparcial y eficiente. Vaya, asequible para todos. Una reforma constitucional que fortalece todavía más los derechos laborales es la que hoy se somete a nuestra consideración. Una reforma de igual o inclusive mayor trascendencia que la reforma laboral aprobada en 2012 por esa soberanía, que edificó un paradigma que ha permitido incrementar la flexibilidad del mercado laboral, incentivar la productividad y fortalecer la transparencia y la democracia. Estamos frente a una reforma constitucional que transforma y moderniza el sistema de justicia laboral. Una que llega con un enorme desafío de que nuevos tribunales laborales enmarcados en el Poder Judicial de la Federación y en el de los estados funcionen mejor para todos. El que se transite d las Juntas de Conciliación y Arbitraje a tribunales laborales es, en mi parecer, el alma de la iniciativa propuesta por nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que lejos de ser unipersonal, es producto de un arduo ejercicio democrático de consulta ciudadana que abrió la puerta a la sociedad, academia, litigantes e impartidores de justicia para que ellos con su responsabilidad delinearan el camino hacia la justicia laboral del siglo XXI. El Poder Legislativo, primero a través del Senado de la República y ahora por conducto de esta Cámara, estamos acompañando una iniciativa que mejora la impartición de justicia laboral y muestra el lado más positivo de la relación trabajador y patrón; busca, desde luego, que la justicia laboral mejore y mejore substancialmente, que la justicia importe. Y de ahí que para el Grupo Parlamentario del PRI, el acompañar el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que se nos presenta hoy, es muestra inequívoca de que para nosotros es prioridad dotar de instituciones y herramientas que contribuyan al desarrollo del país y fortalezcan los derechos de los trabajadores de México. Para nadie es ajeno que la justicia laboral que funciona actualmente es obsoleta por tardía, compleja por irreal e ineficaz por desigual. De ahí que bajo un enfoque constructivo estamos en esta reforma promoviendo un cambio que redefine a los órganos de la justicia laboral para volverlos jurisdiccionales, rescatando su función conciliadora, ahora sustantiva de nuevos centros de conciliación concebidos como organismos descentralizados, especializados e imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propios, autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. La reforma constitucional permitirá que los convenios de las partes, celebrado bajo el cobijo de los centros de conciliación, adquieran la categoría de cosa juzgada, lo que abona a un proceso menos costoso y más expedito. Estos mismos centros de conciliación serán, aprovechando la infraestructura que habrán de tener, los depositarios de los contratos colectivos de trabajo y de los registros de las organizaciones sindicales. Un tercer elemento que nos propone, uno que es indispensable para la Constitución, siga siendo garante de la libertad y democracia sindical, es el relativo a que habrá de respetarse el voto personal, libre y secreto de los trabajadores para la resolución de conflictos entre sindicatos. Respecto de la solicitud de celebración de contratos colectivos de trabajo, así como para la elección de dirigentes, estableciendo la previsión de que los estatutos sindicales podrán con base en lo dispuesto en la ley, fijar modalidades procedimentales para la celebración de dichos procesos, en plena congruencia con lo que establece nuestra Constitución en el 123 con el Convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, así como en las diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No queremos obviar, que nuestro grupo parlamentario ha puesto especial atención en el sentir de los trabajadores de las juntas de conciliación y arbitraje, por lo que subrayamos que el régimen transitorio de la reforma constitucional en materia de justicia laboral ha quedado firmemente establecido que sus derechos estarán plenamente tutelados, circunstancia que sin embargo habremos de reforzar en el momento de aprobar la legislación secundaria. Compañeras y compañeros diputados, vivimos una época de cambios estructurales extraordinarios, cambios que están cimentando las instituciones y herramientas jurídicas y sociales del futuro. Cambios que para México y para los mexicanos, llámense trabajadores o empresarios, tengan la posibilidad de una justicia que les proteja y les dé de certeza jurídica. Éste, es un comienzo. Un nuevo reto ahora será el de acelerar la transición para que muy pronto contemos con un sistema de justicia laboral moderno, a la altura de las demandas de los mexicanos y a las causas de la justicia. Por ello es que en el Grupo Parlamentario del PRI apostamos el voto a favor. Creemos fuertemente en la justicia. Por su atención, es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.