EL C. DIPUTADO RAMON LEON MORALES: Gracias, señor presidente. Pido una disculpa por estar haciendo uso de la tribuna constantemente. Quiero decirles que solamente dos diputados del grupo parlamentario estamos ante esta Comisión, uno de ellos el presidente. Entonces atiendo todas las peticiones de mis compañeros diputados, por lo que pido esta disculpa, si me van a ver mucho por aquí. Con su venia, señor Presidente, compañeras y compañeros legisladores: "A lo largo de los trabajos de esta Legislatura, se ha hecho de la tribuna en un sinnúmero de ocasiones para proponer acuerdos, acciones e iniciativas a favor del desarrollo de la región Sur-Sureste del país. "La receptividad y respuesta de los legisladores ante esos planteamientos ha sido inmediata, entusiasta, acrítica y mayoritaria, aunque afortunadamente no ha sido unánime "Tal es la tendencia que incluso compañeros diputados han venido a plantear aquí el que se incorpore a sus entidades en los proyectos de desarrollo regional propuestos por el Gobierno Federal. "El problema que subyace en aquellas propuestas es la falta de visión y ausencia de discusión entorno a la concepción misma del desarrollo.. ¿De qué clase de desarrollo estamos hablando? ¿Cuál es el desarrollo que se está promoviendo? ¿Aquel que fomenta la concentración de la riqueza y la polarización del ingreso? ¿Ese que fomenta la descomposición social y la pauperización de los niveles de vida? "Se ha antepuesto un signo de igualdad y se ha confundido el crecimiento económico y las condiciones irrestrictas para la acumulación privada con el desarrollo. Se ha convertido además a esa igualdad en un paradigma, en un dogma falso, incontrovertible y fatal. "En contrasentido el grupo parlamentario del PRD ha hecho uso de esta tribuna para advertir de los riesgos que implica la implementación del Plan Puebla Panamá que es el eje principal o más bien el único sobre el cual se pretende inducir el desarrollo en el sureste mexicano. "Hemos pedido que se consulte a las comunidades, hemos exigido que se les respete la propiedad de sus tierras y su derecho al uso y disfrute de los recursos naturales; hemos alertado sobre el descontento e inevitable estallido de conflictos sociales que este megaproyecto engendra. Sin embargo no os hemos anquilosado en la denuncia. Hemos también propuesto alternativas que han sido ignoradas. En consecuencia hemos manifestado nuestro decidido rechazo al Plan Puebla-Panamá y ese rechazo implica a su vez rechazar un modelo de desarrollo que concibe a la naturaleza y al hombre como una mercancía. Ese rechazo implica, en suma, rechazar un modelo regional de exclusión social y económica. "Lamentablemente el tiempo y los hechos acabaron dándonos la razón. "En su primera fase el Plan Puebla-Panamá ha desencadenado movilizaciones y conflictos sociales como los de Tehuantepéc, en Oaxaca, Bosque de Niebla, en Jalapa, Veracruz, Tepeaca y Mixtla en Puebla entre muchos otros que podemos mencionar. "En todos estos casos la promoción del desarrollo ha mostrado su verdadero rostro, el rostro del desprecio por la ecología y por las vocaciones productivas regionales. Es el rostro de la cancelación de los medios de vida de miles de familias mexicanas, es el rostro de la imposición, es el rostro de la violación de las garantías y derechos más elementales de los individuos. Es, en resumen, el rostro más atroz, el rostro del despojo. "Entre estos, un caso que merece especial atención es el de los campesinos del municipio de Telpatán, en Chiapas, es el mismo que motiva esta intervención en tribuna. El caso es especial por dos pequeñas pero significativas particularidades: La primera es que en esta ocasión los campesinos sí estuvieron dispuestos a ceder parte de la propiedad de sus tierras a cambio de una justa indemnización por el valor real de estas. Y la segunda es que el sistema de impartición de justicia después de un largo proceso judicial, se puso como sólo excepcionalmente lo hace del lado de los que no tienen poder económico y se puso del lado de los que no tienen grandes inversiones y mejores expectativas de ganancia. La justicia, por raro que parezca, falló a favor de los campesinos afectados. "Las tierras, objeto de afectación, se encuentran en el kilómetro 132 y 135 de la autopista Tuxtla Gutiérrez, en el tramo que se encuentra en proceso de ampliación y construcción, mismo que corre de Tuxtla a Raudales Mal Paso, en Chiapas. La construcción de este tramo había sido ya objeto de protestas y movilizaciones de organizaciones sociales campesinas, ecologistas y de intelectuales como el llamado Grupo de los Cien, porque la obra implicaba la destrucción de la reserva especial de la biosfera Selva del Ocote; las movilizaciones sociales lograron la suspensión de la construcción de la autopista. Sin embargo, al ser integrada dentro del circuito trasítsmico la construcción del nuevo tramo de la autopista recibió mayor promoción y cobertura presupuestaria. Se decidió construir el tramo bajo un nuevo trazo, afectando tierras ejidales y pequeña propiedad campesina construida bajo la figura de fideicomisos en el municipio de Tecpatán, Chiapas, integrantes del Frente Democrático Campesino y Popular de Chiapas, beneficiarios de los fideicomisos Inmobiliario Kilómetro 60 y Nuevo Vicente Guerrero, intentaron lograr un acuerdo de indemnización con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Los campesinos solo recibieron la promesa de un pago justo por el área de terreno afectada. Después de la realización de múltiples asambleas los campesinos determinaron cercar sus terrenos para impedir la continuación de la obra ante la falta de respuesta efectiva de la Secretaría de Comunicaciones para indemnizarlos. El bloqueo solo duró dos días, el día 6 de febrero de 2001 se presentaron en la zona de conflicto funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ofrecer un monto de 10 mil pesos por hectárea. Los campesinos no aceptaron la oferta, ya que sus tierras son de primera calidad por estar ubicada en el margen del Río Grijalva. A pesar de su negativa, los campesinos entendieron que la oferta representaba un indicio de solución, por lo que el 8 de febrero firmaron un convenio con la Secretaría y con la empresa Tribasa para solucionar el diferendo, bajo la promesa de mejorar y ampliar la oferta de indemnización. A cambio los campesinos liberaron el paso para la continuación de la obra carretera, como consta en actas administrativas que se anexarán. Dos semanas después, el 26 de febrero de 2001, los campesinos fueron enterados que sus terrenos habían sido expropiados según lo establecía el decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación, con fechas 4 y 18 de octubre de 2000. Los campesinos optaron por emprender una lucha bajo los cauces legales al iniciar un proceso de controversia administrativa en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, inconformándose legalmente por el monto de la indemnización. En respuesta a esta determinación y sin que los campesinos hubieran vuelto a impedir en ningún momento el acceso a las obras de construcción, el 8 de marzo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes interpuso demanda penal en contra de los representantes del fideicomiso, argumentando la comisión del delito: oposición a la ejecución de obras y trabajos públicos. Los campesinos fueron injustamente encarcelados. Para ilustrar pido a la Presidencia diga a un Secretario que lea algunos puntos dados por el Juzgado Sexto del Distrito y ratificados por el Primer Tribunal Unitario Vigésimo de Circuito con respecto a este caso y solicito pare el reloj. -