La diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal: Con el permiso de la presidencia; compañeras y compañeros legisladores, durante años el sistema electoral fue preso del Poder Ejecutivo, quien controló todo el proceso electoral del país, lo que afectó la certeza de los resultados electorales y la equidad en la contienda política. Por ello fue necesaria la creación de una institución capaz de garantizar la autenticidad de los comicios y así crear un cambio democrático. En consecuencia el Instituto Federal Electoral fue creado en 1990 como el órgano responsable de organizar las elecciones federales. Para el ejercicio de sus funciones el entonces Instituto Federal Electoral contaba con una estructura central y estructuras desconcentradas en las 32 entidades federativas y en cada uno de los 300 distritos electorales uninominales. Así se estableció que los consejos locales serían los órganos directivos de carácter temporal del Instituto Federal Electoral que se instalarían y funcionarían en las capitales de las entidades federativas, exclusivamente durante el proceso electoral federal. En consecuencia esto colocó a los consejos locales como los representantes de la opinión y del interés cívico y se les confirió el garantizar que en sus localidades la organización de la elección se apegara en todo momento a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, en el marco de la transparencia y equidad garantizado precisamente por la autoridad electoral federal. Desafortunadamente con el paso del tiempo estos órganos se volvieron rehenes de intereses de gobernadores y de partidos políticos locales. En muchos casos las elecciones se vieron frustradas y manipuladas debido a que algunos gobernadores que tienen a su servicio los institutos electorales locales, partiendo de que la mayoría de ellos tiene el control del congreso, el cual es el responsable del nombramiento de los consejeros electorales locales, lo que fomenta prácticas antidemocráticas. Por esta razón la reforma constitucional en materia político electoral consideró que al renovar el Instituto Federal Electoral existiría la posibilidad de disolver los institutos locales y darle esta función de organizar las elecciones locales a la nueva autoridad electoral nacional. La reforma constitucional fue aprobada y con ello el IFE pasó a ser Instituto Nacional Electoral entregándole a su nuevo consejo general del INE una serie de facultades que combinadas las figuras de los institutos locales, ahora con el nombre de organismos públicos locales, genera muchas dudas y en el futuro podría causar eventuales problemas. Asegurar que el presente dictamen establece una clara delimitación de la relación del Instituto Nacional Electoral con los organismos públicos locales, sería mentir, puesto que la ley en comento establece facultades, condiciones y criterios que en muchos casos resultan contradictorios. Para ejemplificar, la reforma político electoral optó por no eliminar a los organismos electorales locales y éstos estarán dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes en sus decisiones y funcionamiento y profesionales en su desempeño. Al mismo tiempo la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que estos últimos habrán de ceñirse a los lineamientos y esquemas de coordinación y calendarios de actividades que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral fije para cada proceso electoral a nivel local. Por lo anterior se entiende que los organismos públicos locales tienen amplias facultades, pero éstas pueden ser revocadas por el instituto nacional, pero no exactamente por decisión del órgano nacional, sino por la solicitud de los consejeros electorales locales. Dicho en otras palabras, las facultades están divididas entre el Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales y en muchos supuestos no queda claro cuál es la autoridad máxima entre estos dos órganos, dejando sin certeza la relación del Instituto Nacional Electoral y los organismos públicos locales. Por ello, la presente reserva propone modificar el artículo 119 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues resulta alarmante que se estipule que a solicitud expresa de un organismo público local el instituto asumirá la organización integral del proceso electoral correspondiente con base en el convenio que celebren, en el que se estipularán de manera fehaciente las circunstancias de tiempo, modo y lugar que justifique la solicitud. En comparación, el INE está sometido a una permanente investigación pública que lo obliga a actuar con transparencia; además, tiene mayor jerarquía en cualquier instituto local, y por esta razón se propone que el instituto, cuando lo considere necesario, pueda atraer las elecciones locales de cualquier entidad federativa. Derivado de esto, someto a consideración del pleno la siguiente reserva al artículo 119, numeral 3, del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Texto del dictamen: A solicitud expresa de un organismo público local, el instituto asumirá la organización integral del proceso electoral correspondiente con base en el convenio que celebren. Texto propuesto: A solicitud expresa de un organismo público local o del instituto, este último asumirá la organización integral del proceso electoral correspondiente. Esto es en tanto al artículo 30. Respecto a la reserva del artículo 38, si bien la reforma constitucional en materia político-electoral que fue aprobada por el Congreso así como por la mayoría de las legislaturas de los estados, rediseñó sustancialmente el régimen electoral, entre sus modificaciones y con el objeto de fortalecer la vida democrática del país el organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones fue remodelado para que en el ejercicio de sus funciones logre ser más transparente y eficiente, además de proporcionar servicios cada vez más confiables y de mayor calidad a la ciudadanía y ser el principal promotor de la cultura democrática en el país y así la sociedad pueda creer y depositar plenamente su confianza en el mismo. En el país la responsabilidad electoral se atribuye a personas a quienes el Estado confiere la dignidad de ser consejeros electorales, con la obligación de cumplir con funciones específicas que la ley establece para el desempeño del cargo. En la designación de los consejeros electorales, los requisitos expresamente estipulados en la legislación los partidos políticos han decidido hacer estos nombramientos en base al peor criterio: la cuota partidaria. Desde un inicio se han cuestionado constantemente los vínculos entre los consejeros electorales y los partidos políticos. Es una realidad que los últimos tienen la posibilidad de nombrar a sus propios árbitros, a personas con afinidad ideológica y por ende defensores de sus propios intereses, lo que en consecuencia trae una desventaja a las personas que pudieran presentar una posición más pura, más distante y neutral respecto de los partidos. Es decir, la reforma política no consideró reducir la posición e influencia de ciertos grupos de poder, al contrario, conservó los mismos criterios y el mismo procedimiento para la elección de un importante cargo como es el de consejero electoral. Por lo anteriormente expuesto y con el fin de que no se fomente más la partidización en la designación de los consejeros electorales se propone, con la presente reserva, aumentar de cuatro a seis años la diferencia entre un cargo y otro, con el objeto de dar certeza de que los consejeros del INE cuentan con plena independencia política y en el ejercicio de sus funciones siempre tendrán una postura neutral. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de la asamblea la siguiente reserva. Texto del dictamen al artículo 38, inciso h). No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación. Texto propuesto: no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos seis años anteriores a la designación. Respecto a la reserva relativa al artículo 100, que se refiere a los requisitos para los magistrados, el ahora Instituto Nacional Electoral además de organizar los procesos electorales federales, se coordinará con los entes electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas; es decir, podrá asumir funciones que le corresponden a dichos institutos en los casos que la ley prevea. Asimismo, entre otras de las atribuciones del Consejo General del INE es designar a los consejeros de los organismos electorales locales. En cada uno de los estados estos órganos locales estarán conformados por un consejero presidente y seis consejeros electorales, estos consejeros durarán siete años en su encargo. Si bien se busca una transformación sustancial del sistema electoral mexicano modificando las atribuciones, naturalezas y alcances de la autoridad electoral federal y estableciendo nuevas formas de interacción y coordinación entre éstas y el resto de las instancias involucradas, para lograr que dicha relación entre el INE y los órganos político-locales se dé de la mejor manera posible, es importante aterrizar de manera puntual las disposiciones constitucionales con la finalidad de que no quede lugar para ambigüedades o problemas interpretativos, pues será importante dotar de certeza y seguridad a los actores que se vean involucrados en las futuras contiendas electorales. Llama la atención que en el presente dictamen dentro de los requisitos de elegibilidad para los consejeros presidentes y consejeros electorales de los organismos públicos locales, establece que una vez concluido su encargo no podrá asumir un cargo público en los órganos emanados de la elecciones sobre las cuales, en cuya organización y desarrollo hubieren participado, ni a ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia partidista durante los dos años posteriores al término de su encargo. Es decir, si el consejero presidente o cualquier consejero de los organismos públicos locales desiste de su encargo al inicio del mismo, a los dos años podrá ocupar algún cargo público, postularse para ocupar un cargo de elección popular; lo cual resulta desfavorable ya que en el caso de las elecciones locales para renovar el congreso local, el ex consejero local podrá postularse sin problemas ya que transcurrieron los dos años que esta ley propone. Por lo anterior, esta reserva pretende proponer: aumentar de dos tres años la diferencia entre la conclusión del encargo y la posición de un cargo público en los órganos emanados de las elecciones, en cuya organización y desarrollo hubieren participado. Por lo anterior someto a consideración del pleno esta reserva al artículo 100, numeral 4, del dictamen con proyecto de decreto, que sería texto del dictamen: concluido el encargo no podrá asumir un cargo público en los órganos emanados de las elecciones sobre las cuales en cuyas organizaciones hubieren participado, ni ser postulados para un cargo de elección popular o asumir un cargo de dirigencia durante los dos posteriores al término de su encargo. La modificación sería: incrementar a tres años posteriores al término de su encargo. Es cuanto, presidente diputado.