El diputado Francisco Elizondo Garrido: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, las propuestas de reformas constitucionales que hoy se someten a nuestra consideración son un cambio histórico que va a propiciar el mejor funcionamiento de las instituciones encargadas en la administración de justicia, quienes son las depositarias de la seguridad de nuestro país. En este sentido, considero oportuno señalar que México necesita más que nunca de unos procesos judiciales ágiles que propicien certeza jurídica a los gobernados. Es por ello que en este dictamen se implementan elementos vanguardistas como la oralidad en los juicios, así como el proceso penal acusatorio. El Partido Verde Ecologista de México apoya que la justicia sea pronta y expedita. Y para que esto sea posible se debe sustentar la fortaleza de las instituciones encargadas de la impartición de justicia, quienes deben cumplir con procesos más justos, con estricto apego a los derechos humanos, que permitan construir el México que nuestros jóvenes desean. Por ello, es necesario construir un marco jurídico que proporcione certeza, imparcialidad y equidad en los procesos judiciales. Esta reforma constituye un avance en los mecanismos de persecución del delito ya que de forma innovadora define acertadamente lo que se entiende por delincuencia organizada; proporciona mecanismos alternativos para la solución de controversias; asegura la reparación del daño con la posibilidad de que ésta sea supervisada judicialmente. El procurador general de la república, cuando se trate de delincuencia organizada, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga el carácter de reservada, con la finalidad de complementar su investigación. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales tienen que ser explicadas en una audiencia pública. También se establece el sistema penal acusatorio oral y se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación; ello se traduce en unos procesos más ágiles. Como podemos ver dichas reformas revolucionan el sistema de justicia penal mexicano. Así, pues, este proceso de reformas constitucionales en materia de reforma penal constituye un hecho inédito en la historia de nuestro país. En su proceso existieron diferencias, acuerdos y debates, todos ellos con un solo propósito: la creación de un marco normativo que otorgue certeza jurídica a nuestros gobernados. El resultado, un marco constitucional que exige a las instituciones judiciales establecer mecanismos de profesionalización para que éstas cuenten con los medios humanos y materiales necesarios para el combate a la delincuencia, tema que ha sido, ya desde hace mucho, prioritario en la agenda nacional. Compañeros legisladores, la reforma constitucional en materia de justicia penal es un exhorto a todas las fuerzas políticas a lograr un consenso en los temas prioritarios de la agenda nacional y, en este sentido, dicha reforma debe ser congruente con las necesidades actuales de nuestro país. Por ello, nos sumamos al compromiso social que generan estas nuevas reglas; por lo tanto, votaremos a favor. Muchas gracias.