La diputada María Sanjuana Cerda Franco: Compañeras, compañeros legisladores, señor presidente: la salud es un bien preciado pero poco apreciado por muchos de nosotros. Podemos poseer las mejores y grandes riquezas culturales y naturales como las que tiene nuestro país. Podemos quizá tener una gran expectativa para alcanzar un considerable producto interno bruto. Podremos también avanzar en nuestras instituciones democráticas, pero nada de esto sucederá si tenemos una sociedad enferma o muy proclive a ello. Así el desarrollo nunca podrá ser perdurable. La salud es el elemento primigenio que el Estado debe buscar para alcanzar la igualdad de oportunidades. El derecho a la protección de la salud es un derecho social y universal que debe ser independiente de la situación de vulnerabilidad de sus destinatarios. El alcoholismo es México es un gran problema de salud pública, ya que el 65 por ciento de la población entre 17 y 65 años, y también podemos considerar que aún menores de 17 años de edad han consumido y están consumiendo de manera habitual, bebidas embriagantes. Cada año, 1.7 millones de mexicanos incrementan las filas del alcoholismo, cada vez a edad más temprana. En tanto que 36 por ciento de los delitos y 57 por ciento de los suicidios, están estrechamente relacionados con las bebidas alcohólicas. En 2005, según la Organización Mundial de la Salud, el consumo de alcohol promedio por persona mayor de 15 años en el mundo fue de 6.13 litros, mientras que en México fue de 8.42. Es incuestionable que el consumo de alcohol es un problema grave de salud pública en México. Dado que nuestra Carta Magna consagra el derecho a la salud, en el grupo parlamentario al que pertenezco, Nueva Alianza, entendemos la necesidad que el Estado mexicano siga legislando en torno a la salud de sus ciudadanos en este importante tema. Es por eso que estamos a favor del dictamen en comento, y reiteramos el apoyo a lo que aquí se ha expresado. Consideramos que sin menoscabo de las libertades individuales consagradas en nuestra Carta Magna, el gobierno de México debe asegurarse de que en ningún lugar del país se vendan bebidas adulteradas, por el bien de la población, y principalmente de nuestras jóvenes y de nuestros niños ya en este momento. La minuta en cuestión está fundada en el interés de inhibir y castigar con mayor severidad la adulteración, la contaminación o la alteración de bebidas alcohólicas, sobre todo con metanol; su venta o distribución, y considera como delito grave a quien adultere o permita la alteración de bebidas alcohólicas, así como a quien las venda o distribuya. No podemos permitir que la mezquindad y la ambición de quienes adulteran alcohol en México encuentren resquicios de nuestra ley de tal forma que los incite a seguir cometiendo este crimen y se mantengan en total y absoluta impunidad. Con muy poca frecuencia nos enteramos en los medios de comunicación que estos delitos son castigados o perseguidos, son demasiados escasos, reflejando con ello la poca atención que las autoridades ponen a este problema. Compañeros y compañeras legisladoras, es menester que aceptemos la responsabilidad que tenemos ante la ciudadanía y legislemos para las nuevas realidades sociales. El dictamen en cuestión da señales de hacer eso para el 65 por ciento de nuestra población que consume alcohol en nuestro país. Los valores fundamentales de la sociedad deben ser propugnados y cuidados del quehacer público. Es por eso que resultan tan relevante las adiciones a la ley que aquí se nos presenta. En Nueva Alianza buscamos la evolución ciudadana, pacífica, saludable, y esa sólo se logrará desde la construcción de una democracia participativa, en donde todos, desde el quehacer que nos corresponda, aportemos el mejor de los esfuerzos, la inteligencia necesaria para que estas leyes no solamente queden escritas en el papel, sino que se lleven a su cabal cumplimiento para bien de la sociedad mexicana. Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores.