El diputado Jesús Alberto Velazquez Flores: En México, 4 de cada 10 personas internas en centros penitenciarios se encuentran sin sentencia. En todo el mundo se incrementa año con año el número de personas en la cárcel sin sentencia, México no es la excepción. Según cifras de indicadores publicados en revistas especializadas, el 41.3 por ciento de los internos en cárceles mexicanas aún no tienen una sentencia. De conformidad con los resultados del Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal de 2021, presentado por el Inegi, 86 mil 317 personas privadas de su libertad, que corresponden al 40.9 por ciento, se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva y 30 mil 388 más que corresponden al 14.4, con sentencia no definitiva. Esto nos da un total del 55.3 del total de los internos que hay en nuestro país. La prisión preventiva es una medida cautelar impuesta por un juez de control a solicitud del Ministerio Público, consistente en privar de forma temporal de su libertad al imputado, atendiendo a los principios de proporcionalidad e idoneidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 constitucional. El análisis de la prisión preventiva resulta importante por múltiples razonamientos, pero en primer motivo, porque la prisión preventiva violenta la presunción de inocencia, reconocida universalmente como un derecho fundamental y la privación de la libertad, sin el sostén de una sentencia condenatoria. La detención previa a juicio tiene un propósito importante en el proceso judicial, consistente en garantizar que el imputado no se sustraiga de la acción penal, que comparezca ante el juez, que no se interrumpa el desarrollo de la investigación, que se proteja a la víctima, a los testigos y a la comunidad. Pero, en la práctica, su uso excesivo y arbitrario atrapa a personas inocentes en un limbo legal, forzando la capacidad de las ya superpobladas prisiones, socavando el respeto hacia el sistema de justicia penal y pisoteando sus derechos fundamentales. La Constitución refiere que la prisión preventiva será planteada siempre y cuando las otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado ante el juez. Esa es precisamente su naturaleza, evitar la sustracción legal del imputado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su reciente informe sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad en las Américas, ha considerado que la aplicación arbitraria e ilegal de la prisión preventiva es un problema crónico en muchos países. Señaló entre los problemas más graves y extendidos el uso excesivo de la misma. En Veracruz sabemos perfectamente lo que sucede cuando se abusa de la prisión preventiva. Tenemos un Poder Judicial sometido a los mandatos de un gobernador, un gobernador que, en palabras de él, se siente una muñeca, una muñeca que sale en una serie de un programa de televisión que se llama Los Juegos del Calamar, y él dice que está buscando corruptos y metiéndolos a la cárcel. Esa no es su labor, le debemos de decir al señor gobernador. Buscamos con esta reforma que el juez de control, antes de dictar la prisión preventiva, en tratándose de delitos no previstos dentro del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, agote la aplicación de las otras medidas cautelares, salvaguardando en todo momento la presunción de inocencia. De esta manera lograremos evitar que los Poderes Judiciales de los estados que mayormente se encuentran al servicio de los gobernadores en turno, sirvan como brazo ejecutor del gobierno y sea utilizada la prisión preventiva como arma de sometimiento para aquellos que no le son gratos al gobierno. Refiriéndonos de nueva cuenta a Veracruz, el día de ayer la administradora del Poder Judicial de Veracruz trajo un camión repleto de trabajadores del Poder Judicial al evento conocido como el AMLOFest, en lugar de estar, en lugar de estar haciendo lo que deben de hacer un día hábil, estaban coreando: es un horror estar con Obrador. Vayamos a apoyar esta reforma ...