La diputada Blanca Margarita Cuata Domínguez: Compañeros diputados y compañeras diputadas, para Morena la discriminación en cualquiera de sus formas en nuestro país constituye un acto que viola los principios claramente dictados en el artículo 1o., párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que entre otras cosas señala la prohibición de la discriminación por diferentes causas con el objeto de eliminar el menoscabo de los derechos y libertades de las personas. Por su parte, la legislación secundaria emanada de nuestra Carta Magna y materializada en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación en su artículo 4o. prevé la prohibición de toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades, en términos del artículo 1o. constitucional. Por lo anterior, y debido a que en el dictamen que hoy nos ocupa, en su artículo 148, inciso C, que corresponde a la Sección Quinta, denominada Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares, de la Ley Federal de Derechos, estipula la disminución del costo en las cuotas por la expedición de licencias de conducir cuando éstas sean solicitadas a través de medios electrónicos. Dichas disminuciones se proponen en niveles de hasta por un 71.3 por ciento, dependiendo del tipo de trámite, situación que se considera una medida discriminatoria debido a que no toda la población que tiene la necesidad de solicitar la expedición o reposición de una licencia de conducir tiene acceso a medios electrónicos en sus comunidades, en todo caso que se apliquen los descuentos de forma general sin importar el medio de transporte de la solicitud correspondiente. En este caso es muy marcada la desventaja que tienen, por ejemplo, los campesinos o los ciudadanos que viven y se desenvuelven en medios rurales o aquellos miembros de la sociedad que no solo no tienen los conocimientos suficientes para realizar por sí mismos una solicitud de licencia de conducir vía medios electrónicos, sino que en sus localidades ni siquiera existen dichos medios, siendo doblemente victimados y vulnerados en sus derechos debido a que, por un lado no cuentan con las facilidades del trámite que se sugiere en el dictamen, sino que además son discriminados al excluirlos de los descuentos a que se hace mención en la reforma que se pretende aprobar. Es inaceptable que en todo momento las reformas o adiciones que propone y lleva a cabo el gobierno federal a los diferentes ordenamientos del marco legal en nuestro país, por mínimas que sean y en cualquier ámbito que se trate, siempre están elaboradas sin la sensibilidad que merecen para cuidar y proteger a los sectores de la población que más lo necesitan. De tal manera que siempre se termina afectando a la clase que menos recursos tiene, trasgrediendo el principio de imparcialidad que debe observarse en beneficio del bien común de la ciudadanía y procurar el bienestar de la población en general. Que quede claro que no estamos en contra de la utilización de las tecnologías de información en la administración pública, siempre y cuando no atenten contra los derechos de la ciudadanía, como es el caso. Asimismo, la reserva al artículo 288, compañeras y compañeros, para Morena en México la educación pública es un derecho fundamental de todas las y los mexicanos, consagrado en el artículo 3o de nuestra Carta Magna, lo cual fue plasmado por nuestro Constituyente desde el año de 2917 con el objeto de garantizar esta prerrogativa a favor de todas las y los ciudadanos. Se determinó que la educación a cargo del Estado debería tener las siguientes características: laica, gratuita y obligatoria. El panorama actual nos revela que el Estado no ha destinado los recursos necesarios a fin de garantizar la impartición de una educación de calidad ni ha puesto en marcha las acciones pertinentes que permitan atender los problemas de financiamiento que enfrenta el sistema educativo en México, lo cual se ha visto reflejado en otros ámbitos. Es decir, una de las razones más importantes de los altos índices de inseguridad, corrupción, impunidad, etcétera, es la falta de una adecuada educación tanto al seno de la familia como dentro de los planteles escolares. Hoy una vez más vemos cómo los intereses y propósitos particulares están por encima del bien común, por encima de los intereses de la colectividad, evitando con ello trabajar en un mejor futuro para México. Mediante una deformación progresiva hoy observamos cómo se sigue vulnerando aún más la educación en México, ya que el artículo, materia de la presente reserva contraviene lo establecido en el artículo 3o. constitucional, en su fracción V, el cual establece, entre otras cosas, que el Estado alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura. De lo anterior, se desprende que el gobierno debe garantizar la educación básica. Pero no solo eso, sino que también debe fomentar las actividades que tiendan a fortalecer nuestra cultura como mexicanos. El artículo 288-A-1 del presente dictamen establece la obligación para el ciudadano al pago por accesar a museos propiedad de la federación, estableciendo para tal efecto los montos correspondientes. Esto resulta verdaderamente alarmante y oneroso, puesto que nuestro máximo ordenamiento legal en el país refiere que se debe fomentar las actividades culturales por parte del Estado, mientras que el artículo en comento lo que hace es gravar el acceso a museos, que son espacios en los cuales se difunde nuestra cultura. Por lo tanto, lo que debe hacerse es eliminar todo costo para accesar a museos. ¿Dónde está la congruencia? ¿Cómo es posible que la educación, que tanto ha referido apoyar el titular del Ejecutivo en sus discursos, se vea afectada de esta manera? ¿De esta forma se pretende fomentar la cultura y dar cumplimiento al precepto constitucional? Es cuanto, señor presidente.