El diputado José Jesús Reyna García: Con su venia, diputada Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. El parlamento moderno debe su nacimiento a la función de control; esto es, la facultad de imponer límites al ejercicio del poder público del Poder Ejecutivo. A fin de que el Poder Legislativo cumpla de manera eficaz con esta función, a lo largo de la historia de nuestro país se han establecido un conjunto de medidas que han derivado en la presentación de una serie de informes con contenido distinto y en diferentes momentos. Sin embargo, con el propósito de estar acorde con el momento histórico en que se encuentran las instituciones públicas del país y en atención al nuevo papel que ejerce el Poder Legislativo frente al Ejecutivo, resulta conveniente ponderar el contenido, forma y momento de la presentación de cada uno de esos informes, principalmente en lo referente al informe de gobierno, sobre lo cual versa la presente iniciativa. Es conveniente, al realizar el análisis y evaluación de una obligación constitucional tan ampliamente arraigada en nuestra tradición política, acudir a sus orígenes históricos y su evolución, hasta llegar al texto vigente. La obligación del presidente de la República de presentarse ante el Congreso al inicio de su periodo de sesiones se remonta a la Constitución de 1824. No se establecía la presentación de un informe; únicamente un mensaje político a los miembros del Congreso. La obligación de presentar un informe por el Presidente de la República fue establecida en la Constitución de 1857. Emilio Rabasa señala que fue Porfirio Díaz quien inició la práctica de convertir el discurso en un informe y dividirlo en tantas secciones como eran los ramos de su administración. Consecuentemente, el Constituyente de Querétaro formalizó la práctica impuesta por el Presidente Díaz. Después de dos reformas al artículo 69 constitucional, una en 1923 y la segunda en 1986, la disposición constitucional es la vigente. De los antecedentes históricos podemos concluir que la disposición de que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos asista al inicio del primer periodo de sesiones, muestra una idea de supremacía del titular del Ejecutivo sobre el Legislativo, pues también se atribuía a aquél la obligación de explicar las razones de una convocatoria o un período extraordinario del Congreso. Por otra parte, lo que ahora es el Informe que debe presentar el Presidente de la República originalmente era un discurso, como ya se dijo, en la Constitución de 1824. El Constituyente del 17 formalizó la práctica iniciada por el Presidente Porfirio Díaz y se consumó como tal, pues éste devino en la explicación anticipada y verbal de la Cuenta Pública, que precisamente en la Constitución de 1917 se dispuso que debía ser presentada en los primero 10 días del inicio del período de sesiones. Estas coincidencias en tiempo es precisamente la que justificó la presentación del Informe en los términos que actualmente se hace. Así pues, el Informe de Gobierno consistía en la explicación cualitativa de los resultados obtenidos mediante el ejercicio del gasto público. Sin embargo, ahora la Cuenta Pública se presenta en el mes de junio y el Informe en el mes de septiembre. No corresponden los dos al mismo periodo. El sistema político mexicano, en sus casi dos siglos, marcado con una tendencia eminentemente presidencialista, determinó poner ese espíritu en muchas de nuestras instituciones constitucionales y legales. En este contexto, por décadas el Poder Legislativo se vio sometido al predominio del Poder Ejecutivo. Ahora vivimos una realidad sustancialmente distinta que se ve reflejada en la pluralidad política que predomina en la integración del Congreso de la Unión y en la exigencia a los legisladores para que ejerzan de manera efectiva el mandato que nos ha sido conferido. Esta realidad hace imprescindible e impostergable la necesidad de impulsar las reformas que promueven el fortalecimiento del Poder Legislativo que le permitan la efectiva ejecución de funciones y a la vez lograr el equilibrio entre los Poderes de la Unión. La iniciativa propone que el Informe del titular del Ejecutivo se presente en fecha distinta para que el día 1 de septiembre sea un día de relevancia especial para la nación, por la instalación del poder soberano de la representación popular que es este Legislativo o, en su caso, por el inicio de la anualidad legislativa. En el año de 1983, con la reforma del artículo 26 constitucional se creó el Sistema Nacional de Planeación, del cual deriva la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y la obligación de presentar anualmente un informe en el avance de ejecución del mismo. El informe de ejecución es un documento con mayor detalle, información y formalidad; y resulta incongruente que éste no se haga del conocimiento del Pleno, de las comisiones y de los diputados en lo individual. Si pretendemos eficientar la función de control y vigilancia del Ejecutivo por parte del Congreso de la Unión, las comisiones deberían sancionar este informe de resultados que justifica el ejercicio presupuestal. En conclusión, se estima conveniente modificar la fecha de presentación del informe de gobierno, del 1 de septiembre de cada año, a la segunda quincena del mes de noviembre, dejando al titular del Ejecutivo la propuesta de la fecha, previa solicitud al Congreso. En virtud de la duplicidad de información que presenta el Ejecutivo federal, mediante los informes de labores de las dependencias que lo integran, se propone que dichos informes sean suprimidos. Asimismo se propone que el estudio que actualmente deben realizar las comisiones ordinarias respecto del informe de labores de las dependencias del Ejecutivo se realice sobre el informe de ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, el cual deberá fortalecerse haciendo una revisión puntual a la ley correspondiente. Es cuanto y solicito que se inserte íntegramente en el Diario de los Debates, diputada Presidenta. Muchas gracias.