La diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez: Con su permiso, ciudadana Presidenta. Compañeros legisladores, la suscrita, Lizbeth Evelia Medina Rodríguez, diputada federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la LX Legislatura de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55, fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este honorable Congreso de la Unión la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública que se fundamenta y motiva bajo la siguiente Exposición de motivos De acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional del Geografía, Estadística e Informática de 2005, estimó que en nuestro país la población hablante de lengua indígena de 5 y más años sumaban 6 millones 11 mil 202, de los cuales 2 millones 959 mil 64 eran hombres y 3 millones 52 mil 138 mujeres, por lo que es una realidad que nuestro país tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas, reconocimiento que ha sido plasmado a nivel constitucional a través de la denominada reforma constitucional en materia indígena, que tuvo lugar el 14 de agosto de 2001 y que tuvo por objeto modificaciones a los artículos 1o., 2o., 4o., 18 y 115. Sin embargo, aun cuando la constitucionalización de los derechos indígenas constituye un reconocimiento de la dignidad de los pueblos indígenas y una forma de satisfacer a sus demandas, es innegable también que existe una divergencia entre los derechos contenidos en la norma constitucional y su instrumentación práctica que se traduce en abismo entre la garantía formal de un derecho y su efectiva implementación, concretamente en una extensión a la garantía de seguridad jurídica y al mismo tiempo, como una garantía a los grupos minoritarios indígenas. La fracción VIII del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a acceder plenamente a la jurisdicción del Estado y éste, para garantizar ese derecho, señala que los indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Empero, de acuerdo al diagnóstico sobre el acceso a la justicia para los indígenas de México  estudio caso Oaxaca  presentado por el alto comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México, dentro del rubro del derecho a la defensa y su relación al derecho defensor o intérprete, se determinó que éste encuentra serios obstáculos estructurales para su implementación y que aunque más del 60 por ciento de indígenas tuvo la necesidad de contar con un traductor en la declaración preparatoria, sólo se solicitó u ordenó ese servicio en 11 por ciento de los casos del fuero común. Esto a pesar de que 91 por ciento de los encuestados indígenas hablaban un idioma indígena. Por lo que concluye que la ausencia de servicios adecuados de traducción e interpretación intercultural, el grado de comprensión y capacidad de expresión en español de los indígenas influye directamente en la calida y oportunidad de defensa. Por lo anterior, recomienda la incorporación sistemática de traductores e intérpretes calificados en el sistema de justicia; y aunque recientemente se publicó la convocatoria para la presentación de candidaturas a becas de actualización en defensoría pública bilingüe indígena, que tiene su origen en el Convenio de Financiación Específico para el Programa de Cooperación Unión Europea-México: Fortalecimiento y Modernización de la Administración de Justicia en México, Programa Piloto: Defensores Públicos Bilingües, constituye una exigencia en la regulación pragmática en la legislación secundaria el hacer efectiva la disposición constitucional materia de análisis, a fin de garantizar un efectivo derecho a la defensa adecuada. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en México señala que el derecho al traductor o intérprete en la legislación nacional tiene dos enfoques: el primero está en relación con el derecho al debido proceso y significa que las partes en un proceso que no dominen el idioma en que se desarrollan los procedimientos deben contar con los medios suficientes para establecer una adecuada comunicación que les permita ejercer plenamente el derecho de la persona a ser informada, sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella, el derecho a la defensa adecuada y todo lo demás que ello implica. La segunda vertiente va más en el sentido de la perspectiva integral de los derechos indígenas y se relaciona con el derecho individual y colectivo de los pueblos indígenas a expresarse en su lengua como una forma de garantizar el derecho a la autoadscripción como miembro de un pueblo o comunidad indígena y no como una declaratoria de incompetencia para hacer el uso del español. En ese sentido, se propone reformar la Ley Federal de Defensoría Pública, a fin de garantizar que los indígenas no queden en estado de indefensión en los procesos penales instruidos en su contra, en estricto respeto a la garantía de acceso a la justicia mencionada. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a la elevada consideración del honorable Congreso de la Unión la siguiente iniciativa de decreto por el que se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública. Artículo único. Se adiciona el artículo 20 Bis a la Ley Federal de Defensoría Pública para quedar como sigue: Artículo 20 Bis. A fin de garantizar el derecho a la defensa en materia penal a favor de las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, a través del acceso a la jurisdicción en la lengua indígena nacional de la que sean hablantes, el Instituto Federal de Defensoría Pública actuará en coordinación con traductores o intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que aquéllos pertenezcan. Para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, el Instituto celebrará convenios de colaboración con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines y promoverá la formación de defensores públicos bilingües indígenas. Artículo transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 17 días del mes de abril de 2007. Diputada Lizbeth Evelia Medina Rodríguez. Es cuanto, ciudadana Presidenta.