La diputada Nelly del Carmen Vargas Pérez: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, el agua está considerada como la esencia de la vida, su potabilización y saneamiento son fundamentales para la existencia y salud de todos los seres humanos, sin embargo se tiene estimado que más de 884 millones de personas en el mundo carecen de dicho recurso. El 28 de julio de 2010, a través de la resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando con éste su esencial importancia para la realización de todos los derechos humanos. Por lo anterior, el 8 de febrero de 2012 fue adicionada nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con un párrafo en su artículo 4o. que a la letra dice: Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Sin embargo, no ha sido posible acabar con la mala distribución y la carencia de este recurso a lo largo y ancho del país. Se estima que existen aproximadamente entre 10.6 y 11 millones de mexicanos que aún no cuentan con el servicio de agua potable en México, focalizados en zonas rurales y suburbanas. Como ejemplo, es paradójico que en Tabasco, siendo un estado con una abundante agua a sus alrededores, el 26 por ciento de la población no cuente con el acceso a este vital líquido. Esto ha sido aprovechado indiscutiblemente por la industria refresquera, la cual obtiene utilidades por más de 47 mil 82 millones de pesos anuales. Es importante observar cómo las compañías refresqueras tienen canales de operación más efectivo para la distribución de este líquido que el gobierno federal con los programas sociales. El consumo de refresco en la población de nuestro país ha ido en aumento de manera alarmante. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública el consumo en adolescentes aumentó en 100 por ciento, y en mujeres el 300 por ciento. En total, los mexicanos consumen un promedio de 163 litros por año, llegando a superar a Estados Unidos con un consumo de 113 litros en el mismo periodo de tiempo; candidatos naturales a la diabetes. El Instituto Nacional de Salud Pública revela que el consumo de refresco aporta el 21 por ciento de calorías que se consumen a diario, cuando lo recomendado por la Secretaría de Salud es del 10 por ciento, lo que a la larga genera serios problemas de sobrepeso. Esta ha sido una de las principales causas en el aumento del sobrepeso y obesidad en niños y adultos, además de otros hábitos alimenticios como el consumo de alimento con un alto contenido calórico. México actualmente ocupa el primer lugar a nivel internacional en obesidad en niños y el segundo en adultos, por lo que es necesario implementar políticas que ayuden; por un lado garantizar el derecho al consumo del agua potable limpia y de calidad, por otro lado a disminuir los índices de obesidad con los que cuenta nuestro país. En este contexto, el dictamen nos parece un avance importante en la materia ya que en la instalación de la infraestructura hidráulica necesaria en las escuelas púbicas y privadas, garantizará el libre acceso al agua potable y por lo tanto incentivará su consumo, más si consideramos que por cada 10 pesos del gasto público federal destinado a la educación básica, 7.40 pesos son destinados para servicios públicos, como agua, luz, teléfono, etcétera, lo que deja claro que el gasto para la disponibilidad de agua potable en escuelas públicas es menos del 7 por ciento. Por lo anterior, la instalación de bebederos escolares permitirá modificar conductas inadecuadas de alimentación a partir de la disponibilidad de alimentos saludables y de la constante disponibilidad de agua potable. Con esta medida los alumnos formarán hábitos alimenticios saludables, que ayudan a disminuir o erradicar los problemas de sobrepeso y obesidad de la población infantil, además de actuar en estricta congruencia con la Ley General de Educación, la cual tiene dentro de sus prioridades fomentar la educación en materia de nutrición con la finalidad de crear conciencia sobre la preservación de la salud. Derivado de lo anterior, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano votará a favor del presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.