El diputado Manuel Huerta Ladrón de Guevara: Claro que queremos un México seguro y en paz con dignidad, pero que esto que hemos sostenido solo se logrará con el cambio de la política económica. Andrés Manuel y muchos de nosotros siempre hemos sostenido sí, López Obrador que por el bien de todos primero los pobres; que no puede estarse ensanchando la inequidad, la injusticia porque todos sufriremos los problemas de estas políticas económicas. Obviamente, no nada por la incapacidad de tener lo indispensable para sobrevivir sino porque sin duda arroja a muchos ciudadanos a actividades antisociales. Por tanto, de fondo esto no se resuelve con policías, toletes ni sanciones, se resolverá cuando exista trabajo y salario justo y digno para todas mexicanas y los mexicanos. Eso, obviamente, no es lo que promueven los partidos mayoritarios en esta Cámara, que están atrás de esta iniciativa. Sobre el secuestro en particular, qué más podríamos decir que el pueblo de México no esté sintiendo todos los días en su piel. Hasta pareciera que ha sido en los últimos tres sexenios, incluyendo lo que va del actual una política deliberada. Hay que ver nada más hoy las ocho columnas, ver a este alcalde de Lázaro Cárdenas, en días pasados al secretario de gobierno de Michoacán, por decirlo menos de sus vínculos con la delincuencia organizada y, en particular, con este tema. Pero no tan solo tenemos que decir esto. ¿Cuál es la finalidad de la reforma? Grabar la pena de secuestradores con un afán inhibitorio en la comisión de este delito. La propuesta tiende a una promesa electoral de los proponentes, el Partido Verde Ecologista, por no hablar del padrino célebre, ése que fue gobernador del Edomex, Arturo Montiel. Recordarán esa frase de Los derechos humanos son para los humanos y no para las ratas y con eso pretender de manera inconstitucional, inhumana, dirigirse hacia sus electores. Eso es lo que está atrás de esta propuesta: quedar bien. Por qué. Ya se ha dicho aquí: se imponen penas de 40 a 140 años de prisión y ya la misma OCDE a la que tanto caso ustedes le hacen, en el panorama de salud 2013 está diciendo que los mexicanos tenemos esperanza de vida por 73.4 a 74.2 años; por lo tanto, se proponen sanciones que devienen en inútiles en la realidad o en la vida de los delincuentes pues no podrán compurgarse a no ser que algunos recién nacidos se dediquen al secuestro. Se dice en la exposición de motivos que el aumento de las penas tiene como objeto desincentivar la comisión del secuestro. El remedio no atiende a la enfermedad. En la reforma que se propone a los artículos 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 se establece en forma común una duplicación de penas en los delitos relacionados con el secuestro y esto es inconstitucional y viola los tratados internacionales. Miren diputados, la reforma que se pretende aprobar se convierte en demagogia legislativa al no atacar el problema real en el delito del secuestro. En materia de justicia y seguridad el sistema de persecución culmino presidente de los delitos, así como la impartición de justicia no funcionan, no sirven, es nulo el acceso a la justicia en términos de los principios constitucionales en la garantía de seguridad a los ciudadanos. La impunidad deriva de la corrupción en el sistema de justicia mexicano, partiendo de la opacidad y la discrecionalidad en la investigación por parte del MP y la falta de controles de la calidad de la justicia por cuanto hace al Poder Judicial en la determinación de la responsabilidad de los delincuentes puestos a disposición. Aunado a ello, está la corrupción del sistema penitenciario, el que no cumple en forma mínima el objeto constitucional. El aumento de las penas, por lo tanto, no inhibe la comisión de delitos ante la existencia de autoridades policiales y ministeriales corruptas, las cuales constantemente son denunciadas por encontrarse involucradas o bien por ser parte de la delincuencia organizada. No incurran en demagogias con las que se pretende simular un estado de derecho. Esta Legislatura debe abocarse a cuestiones más eficientes y funcionales como la asignación de mayor presupuesto para la persecución de delincuentes y depuración de los cuerpos policiales y no prestarse a la propaganda de este partido político adlátere del partido en el gobierno. Si quieren propaganda y votos mejor decreten la disolución del Congreso. Eso la gente lo quiere. Ya no quiere diputados que nada más los estén lastimando con iniciativas contrarias a sus necesidades e intereses; eso les va a dar más eficacia política, si es lo que buscan. Es cuanto, presidente.