El diputado Noé Hernández González: Con su venia, señor presidente. La Comisión de Economía presenta el dictamen a la minuta que hoy sometemos a discusión con base en las siguientes consideraciones: El artículo 9o de nuestra Carta Magna establece como garantía de todo ciudadano el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito. En este contexto, las asociaciones u organizaciones de consumidores se constituyen en un elemento indispensable para proteger las relaciones de consumo y los derechos de todo individuo que participe en su carácter de consumidor. En nuestro país la protección del consumidor es un asunto de la mayor relevancia, ya que ese consumo es parte inherente en las sociedades actuales, donde ubica al ciudadano como sujeto de derechos y deberes, y siendo destinatario último de la cadena de producción de bienes y servicios donde participa en el desarrollo económico de cualquier país. Actualmente el sector productivo destina esfuerzos y recursos económicos con el objetivo de atraer el consumo de sus productos y servicios. Lo anterior ha sido objeto de una fuerte competencia entre las empresas que ofrecen bienes y servicios similares con el fin de obtener beneficios a su favor en relación con el número de consumidores y mejorar sus estados financieros. En tal sentido, es fundamental la promoción de un desarrollo económico, social y justo, equitativo y sostenido, y la protección al medio ambiente mediante directrices que nos protejan de los desequilibrios que frecuentemente se presentan en toda relación de consumo. Por ello, la Organización de las Naciones Unidas estableció directrices para la protección del consumidor con la finalidad de auxiliar a los países miembros, a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas a nivel nacional e internacional que perjudiquen a todos los consumidores. En tal sentido, prevé facilitar la libertad de constituir grupos y organizaciones pertinentes de consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten. Por ello el dictamen que hoy se somete a la consideración de este pleno tiene por objeto hacer efectivo este derecho que es internacionalmente reconocido. En tal sentido, se adiciona una nueva fracción XI al artículo 1 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que los ciudadanos mexicanos tengan la garantía de constituir grupos para la defensa de sus derechos. Con estas reformas será posible que la sociedad cuente con mayores herramientas en torno a la obtención de información acerca de los productos que adquiere y los procedimientos existentes para la defensa de sus derechos en el caso de que éstos no sean respetados. Compañeras y compañeros legisladores, es menester de este cuerpo colegiado establecer las garantías necesarias para que la ciudadanía participe en el desarrollo económico de nuestra nación, con la certeza plena de que los bienes y servicios que adquieren para su consumo cotidiano cuenten con los más altos estándares de seguridad, calidad y justo valor económico. La necesidad de garantizar que lo anterior sea accesible para todas y todos los ciudadanos, en especial para quienes más lo necesitan debe ser garantizado desde este órgano legislativo. Es por ello que esta Comisión solicita su voto aprobatorio al presente dictamen. Es cuanto, señor presidente.