La diputada María del Pilar Ortega Martínez: Con su permiso, presidenta. Señoras y señores legisladores, como es de todos conocido, el pasado primero de septiembre el titular del Ejecutivo federal hizo llegar al Congreso de la Unión el VI y último Informe de labores de su administración, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este Informe el presidente de la República da cuenta del estado que guarda la administración federal y la situación por la cual atraviesa nuestro país al finalizar su gobierno. En este contexto, es evidente que el gobierno saliente deja un país con graves síntomas de desgobierno y con una sociedad agraviada, irritada e indignada. Parafraseando a la prensa internacional, nunca entendieron que no entendieron. Para el Partido Acción Nacional los resultados aquí analizados en materia de política interior dan muestra de un fracaso. Así, el balance de un gobierno que de manera arrogante señaló que sí sabía gobernar y, sin embargo, derivado de una estrategia fallida se agravó de manera grave la situación de inseguridad en México. Sin duda, México atraviesa por uno de los momentos más difíciles en cuanto a violencia y en cuanto al respeto a los derechos humanos de los mexicanos. Atrás quedó la retórica triunfalista de aquellos que hace seis años pensaron que la inseguridad se solucionaría soslayando el fenómeno, y que con coordinación todo se resolvería. Lo que hoy vemos es la respuesta ante la decisión errada de desmantelar las instituciones de seguridad pública, de limitar el crecimiento urgente de la Policía Federal, de oponerse a una reforma policial integral y profunda en los tres niveles de gobierno y de oponerse también al mando mixto. De ralentizar la operación del Sistema Penal Acusatorio. El saldo de violencia, inseguridad e impunidad que hoy duele a los mexicanos es también el resultado de intentos y estrategias improvisadas, como la del establecimiento de una gendarmería nacional a que se destinaron más de 20 mil millones de pesos y de la cual aún no tenemos resultados concretos. Las estrategias implementadas por este gobierno demostraron en seis años que, lejos de solucionar la problemática existente en materia de seguridad y justicia, la misma se agravó, como dan cuenta los siguientes datos: padecemos de una violencia cuyo saldo ha sido la mayor cifra de homicidios dolosos en la historia reciente. Estamos cerrando la administración con 2 mil 600 homicidios dolosos por mes, lo cual supera nos registros en la materia y nos ubica como el país, en promedio, de 27 homicidios dolosos por cada 100 habitantes. En todo el país se registraron un total de 35 mil 943 casos de homicidio en 2014, mientras que para 2017 el registro fue de 46 mil 681 casos. Es decir, un incremento en tres años del 30 por ciento. De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el homicidio doloso constituye uno de los indicadores más completos, comparables y precisos para medir la violencia en un país. Otro dato alarmante que da cuenta del estado que guarda la seguridad en México es el saldo que deja la presente administración en materia del crecimiento exponencial en el robo de hidrocarburos. En los últimos 10 años el robo de combustible creció en 868 por ciento, según datos proporcionados por Petróleos Mexicanos. El aumento en la ordeña clandestina de ductos de Pemex parece imparable. Hace 10 años se detectaba una toma por día y a la fecha son 20. Estos datos sencillamente son imposibles de entender sin el conocimiento de las propias autoridades, lo cual pone en tela de juicio una posible complicidad interna, que simplemente no se ha querido ver. Este gobierno fue incapaz de combatir el crimen organizado con inteligencia, a través del desmantelamiento de sus estructuras financieras, pues dejaron abandonadas figuras como la extinción de dominio, de acuerdo con el propio informe de GAFI. En materia de combate a la corrupción, pese al avance en la construcción de una potente reforma para la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, la administración saliente deja grandes huecos en esta materia. México ocupa el lugar 129 de 179 países en el índice de percepción de la corrupción, publicado por Transparencia Internacional. El gobierno entrante deberá dar respuesta a interrogantes como qué pasó con el caso de Odebrecht, cómo responder con acciones contundentes ante el desfalco a las arcas de los mexicanos por parte de gobernadores como Javier Duarte. Termino, presidenta. Acción Nacional será firme en su postura permanente y persistente en exigir al nuevo gobierno y a su partido a asumir el compromiso en favor de la ley y el derecho. Esta tribuna espera a sus integrantes para conocer la dimensión de su compromiso en los casos de corrupción que este gobierno saliente no quiso, no pudo o no supo resolver. Los mexicanos no quieren pactos de impunidad. Finalmente debo señalar que las y los diputados del PAN estamos y estaremos siempre dispuestos al diálogo constructivo con las otras fuerzas políticas y con el Ejecutivo federal, como siempre hemos hecho desde hace 79 años y estamos listos para impulsar propuestas, para fortalecer el andamiaje institucional en México. En Acción Nacional estamos listos...