El diputado Manuel de Jesús Espino Barrientos: Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros legisladores, con esta modificación al artículo 21 constitucional estamos dando un paso fundamental, anhelado desde hace bastante tiempo en beneficio de la seguridad tan anhelada, tan demandada, tan exigida por todos los mexicanos. Podremos al fin concluir la rectificación de los conflictos generadores de violencia que nos heredó la estrategia fallida, más que fallida, la estrategia homicida de Felipe Calderón Hinojosa, muy lejana, muy lejana a la estrategia que ya ha anunciado la presidenta Claudia Sheinbaum, sustentada en criterios que denotan responsabilidad, visión, experiencia y voluntad política para resolver al fin los conflictos que iniciaron un acto de interés personal en diciembre de 2006. Celebro que todas las bancadas estén a favor de esta reforma, que augura un desempeño profesional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de todas las instituciones de seguridad pública del país. Es conveniente destacar hoy que entre 2006 y 20018 la inseguridad evolucionó de riesgo a amenaza, porque altos mandos policiales se coludieron con grupos criminales, el principal Genaro García Luna, que tuvo todo el respaldo de su jefe, que tuvo respaldo presupuestal sin precedentes hasta este momento en la historia reciente en nuestro país para la seguridad pública. Comenzó entonces una etapa difícil, tan solo en el sexenio de Vicente Fox la inseguridad creció 1.5 % en seis años, en el sexenio Calderonista la inseguridad se incrementó 165 %, no 16, 165 % y siguiendo esa fallida estrategia Peña Nieto la incrementó en más de un 60 %. El presidente López Obrador paró el conflicto entre las Fuerzas Armadas del Estado y los grupos criminales, que era una guerra absurda y no solamente paró el conflicto, implementó una estrategia muy criticada, por muchos, incomprendida, pero que dio resultados, comenzó el declive de la estadística criminal y bajaron los homicidios dolosos. Esa estrategia hoy continúa y se va a acelerar su eficacia con la aplicación de esta reforma, que frente a la realidad otorgará facultades a las instituciones de seguridad pública para evitar que autoridades civiles sean rebasadas, como aquí se ha reconocido que ha ocurrido en años recientes, sean rebasadas por el crimen organizado en sus capacidades para proteger a la población. Solo en el sexenio calderonista las corporaciones fueron degradadas y dejaron de ser útiles a la seguridad pública. Esta reforma, esta reforma garantiza fortalecer a esas corporaciones y, finalmente, incorporarlas de manera coordinada a planes, programas, estrategias de impacto positivo nacional y local. Permitirá al fin mejorar la investigación criminal en nuestro país para apoyar al ministerio público en la investigación y esclarecimiento de hechos delictivos con la formalización del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Desde la Constitución se avanza en la transformación de nuestro régimen político, se prioriza la trasparencia, el control, la vigilancia de los fondos destinados a la seguridad de las y los mexicanos que en otros sexenios del pasado fueron despilfarrados y fueron a bolsillos particulares. Hoy esta transparencia asegurará el uso correcto, ordenado hacia la seguridad pública. Permite esta reforma una coordinación eficaz de los tres órdenes de gobierno para acelerar las acciones de contención de actividades delictivas y de una investigación criminal eficaz para la procuración de justicia, permite fortalecer a las instituciones encargadas de la seguridad, pero también a las encargadas de la inteligencia criminal. Se fortalece a la Secretaría de Seguridad Pública dotándola de facultades para aportar a la inteligencia del estado, específicamente en la inteligencia criminal. Destaca el deber de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de auxiliar en sus funciones y esto es muy importante, de auxiliar en sus funciones para preservar la seguridad nacional que abarca la seguridad interior y la defensa nacional a quien es titular del Poder Ejecutivo, ahora a la presidenta Claudia Sheinbaum.