El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera: Compañeras y compañeros diputados, los caprichos y derroches de recursos públicos que terminan en obras sin beneficio para los mexicanos ha sido el sello de la casa del presidente López Obrador. No es de ninguna manera aceptable el derroche económico en obras públicas canceladas que nos pueden significar mejoras en la vida diaria de las y los mexicanos, para darle paso a proyectos carentes de estudios técnicos, sociales y económicos que tengan beneficios para nuestra sociedad. Al igual que millones de mexicanos, siento sinceramente en el alma ver a un México en crisis de desarrollo económico, político. Un México en crisis de salud y de servicios públicos. Un México en crisis social, en crisis de instituciones y una crisis democrática. Los caprichos del presidente nos cuestan caro a todos los mexicanos. Caprichos como el gasto de mil 700 millones de pesos en pipas para Pemex, que llegaron tarde y se adquirieron en aplicación directa, sin ninguna transparencia. Los 3 mil millones de pesos invertidos en bancos o en sucursales para el bienestar que al día de hoy no funcionan. O el gas bienestar que nadie compra por no tener precios competitivos. La deforestación de 100 mil millones de pesos que costó el programa Sembrando Vida. También tenemos al Insabi, con los más de 112 mil millones de pesos que se ejercieron sin tener reglas de operación claras ni servicios. Una más actual, la cancelación del nuevo aeropuerto y acto seguido, la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, con un costo de 430 mil millones de pesos en detrimento de todos los mexicanos. ¿A qué equivalen estas cantidades en nuestros municipios? A aplicar un millón en tratamientos completos para personas con cáncer, a colocar 4 mil luminarias de alumbrado público y entregar 200 patrullas a cada uno de nuestros municipios en todo el país. Podemos también pavimentar el tramo que va de Quintana Roo hasta Tijuana, en ambos carriles, en cuatro ocasiones. Entregar a cada alumno de todos los niveles educativos, ya sea público o privado, un apoyo de 22 mil pesos a cada estudiante de nuestro país. O mejor aún, entregar a cada municipio de este país 300 millones de pesos para que realicen obras y mejoras en sus municipios. Ahora que conocen la cantidad y la magnitud de lo gastado, diputados de Morena, expliquen a sus alcaldes del por qué no tienen para obra pública sus municipios. Y alcaldes de todo nuestro país, hagan un fuerte reclamo a sus diputados federales, por qué no tienen obra en sus municipios. Así de absurdo fue y es y serán estos programas, sin duda, esto es lo que no quieren los mexicanos. Por esto y por lo anterior, es que con esta iniciativa se propone, a fin de poder rescindir administrativamente o dar por terminado anticipadamente un contrato, se deba solicitar y obtener, previamente de la Auditoría Superior de la Federación, un análisis financiero en el que se determinen los costos para la Hacienda pública federal, en que pudiera incurrirse por la recisión administrativa o terminación anticipada. Con ello, se busca que toda decisión de este tipo cuente con elementos económicos para evaluar el menor costo para el erario, si terminar la obra o cancelarla, de esta manera se podrían tener más argumentos para justificar razonable y objetivamente la cancelación de una obra o, en su defecto, deslindar responsabilidades por daños al patrimonio de nuestra nación, de tal manera que se cierren espacios a discrecionalidad y a los caprichos del gobernante en turno, que pagaremos todos los mexicanos. Concluyo con una frase de don Manuel de Jesús Clouthier del Rincón, nuestro querido Maquío, que hoy el Grupo Parlamentario de Acción Nacional revivimos en este momento de la historia de nuestro país: “Y lucharé hasta mi último aliento por ver a esta patria vivir en libertad y democracia”. Es cuanto, diputada presidenta.