EL C. DIPUTADO JOSE LUIS GONZALEZ AGUILERA [PRI]: Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros Diputados: He solicitado el uso de la palabra, en mi calidad de diputado federal del sector campesino, con el acuerdo de las organizaciones que integran el Congreso Agrario Permanente, para expresar a nombre de las mujeres y hombres del campo la demanda para que esta soberanía analice, diseñe y proponga al Ejecutivo Federal una política de desarrollo rural a la medida de las necesidades de las familias campesinas. Acudo ante esta soberanía con la seguridad de contar con la comprensión de las señoras diputadas y señores diputados, porque estoy con vencido de su responsabilidad en la tarea legislativa y en su sensibilidad social, que nos permiten coincidir en la necesidad de promover el desarrollo rural, fundamental para el desarrollo nacional y prioritario por la magnitud de sus retos sociales y económicos. Porque estoy seguro que compartimos una visión de nación, con una historia común de luchas populares para alcanzar su soberanía y la democracia política, social y económica, con una rica cultura plural que privilegie el diálogo a la diversidad, buscando los consensos y en consecuencia enriquece el principio de soberanía y democracia como centro de unión, pensando en los intereses fundamentales de México, más allá de los intereses particulares. El desarrollo rural es fundamental en los valores primarios del estado nacional, entre otros el fortalecimiento cultural, la soberanía territorial, encuentra expresión en el espacio rural y sus familias, en este sentido aún países altamente desarrollados y con economías abiertas, le otorgan al campo funciones con estos propósitos. El caso de Chile con sus desarrollos en la frontera con Perú ¡Francia en las regiones de su geografía rural y aún Estados Unidos con el control de sus fronteras sanitarias y laborales, son ejemplos que en los programas y políticas públicas par el campo estos países consideran a sus programas rurales de suma importancia, superiores del Estado. La tierra cada vez es un factor más importante en la generación de la riqueza, por tanto el diseño de las políticas y programas debe de considerar los factores tradicionales: tierra, mano de obra y capital, así como tecnología, financiamiento, mercados y organización, En este sentido, las organizaciones del sector social hemos participado integrando proyectos productivos que requirieron conversión de soluciones que tradicionalmente se enfocaban al reparto de tierras, al tránsito de proyectos productivos, esfuerzos de organización, de trabajo técnico y de gestión que no hemos podido consolidar porque su atención se deriva de la disponibilidad de recursos que sobren de un presupuesto ya comprometido, en un ambiente de políticas económicas negativas para el campo, con una falta de entendimiento de los propósitos superiores del Estado Mexicano que demanda precisamente inscribirse en una política de desarrollo rural. Nuestra postura en cuanto a la defensa de las instituciones públicas del Estado, no es sustenta ni en caprichos ni modas sexenales, que van más allá de posicionamientos partidarios, porque las dependencias del gobierno federal no son patrimonio de partidos o grupos hegemónicos, son el resultado de las necesidades que el Estado Mexicano en su conjunto considero necesarias en su momento para desarrollar una función específica que en muchos de los casos cumplieron y vienen cumpliendo para lo que fueron creadas. En consecuencia de lo anterior, lo que a juicio de muchos legisladores es necesario y conveniente es adecuar sus funciones a los nuevos reclamos y a las nuevas demandas que nos impone una dinámica globalizante que la sociedad impulsa para hacer de estas instancias del Ejecutivo Federal instituciones acordes a los tiempos que vivimos, reorientando sus funciones de acuerdo a la evolución y transformación de una política de Estado que planea el desarrollo sustentable por lo menos para los próximos veinte años y en este marco me refiero específicamente a la Secretaría de la Reforma Agraria que, si bien es cierto, con todas las deficiencias y errores humanos que podamos señalar, fue un factor importante en el reparto masivo de tierras que atemperó en las décadas de los '30s hasta los '70s el desbordamiento de enfrentamientos sociales, buscando en todo momento tranquilidad a la sociedad rural en sus justas demandas de poseer un pedazo de tierra para mejorar su forma de vida. Hoy nos toca a todos los mexicanos comprometidos con las causas sociales y que tenemos conciencia social que una vez que concluyó el reparto masivo, impulsar una Secretaría de la Reforma Agraria, trasformada en una entidad gubernamental que ejerza funciones de organización, capacitación y fomento en ejidos, comunidades y figuras asociativas rurales que hagan de la propiedad social ejes del desarrollo de proyectos productivos para incorporar al conjunto de la sociedad rural a la cadena productiva del país. En conclusión, someto a la consideración de esta Cámara de Diputados, los siguientes puntos que a criterio propio y de muchos Legisladores, es necesario destacar para que sean tomados en cuenta para la elaboración de una política de estado en materia rural para que sean ejes rectores que determinen el rumbo del desarrollo del país. Requerimos revertir la pérdida presupuestal que se ha observado en estos últimos años, los recursos presupuestales que deben determinarse los sectores en su vertiente productiva deben de ser considerados a precios del 2001 a más de 50 mil millones de pesos, En tal sentido, si en la presentación del Presupuesto para el Año 2001 el Gobierno Federal proyecta en el medio rural estos parámetros, veríamos una clara señal de contar con una política hacia el campo con aliento a las actividades productivas del medio rural. Solicitamos una revisión de todos los aspectos de la normatividad de las políticas públicas a fin de garantizar el equilibrio económico donde se mejore la distribución del ingreso. Requerimos de la nueva Administración Pública Federal el cumplimiento íntegro y absoluto de los acuerdos agrarios, por ser un compromiso institucional del Gobierno Federal con los grupos del sector social ya que con fecha 23 de Agosto del 2000 se constituyó por Decreto Presidencial el Fondo para el Apoyo de Proyectos Productivos de las Organizaciones Agrarias coordinado por la Secretaría de la Reforma Agraria y con la participación de SEDESOL, SAGAR, SEMARNAP y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y así dar cumplimiento a los asuntos en materia de organización y fomento. En tal virtud, dichos Acuerdos Agrarios se inició con un universo de trabajo de 1, 500 asuntos de los cuales 1,149 quedaron en el finiquito agrario con número de Folio dentro de los avances a Noviembre del presente año, 405 proyectos productivos fueron autorizados en un promedio financiado de 440 mil pesos por proyecto de los cuales han pagado 390 quedando pendientes en este paquete 15. Asimismo existen 147 proyectos productivos autorizados y revisados que por falta de recursos quedaron pendientes de pago. Existe también el acuerdo para financiar 720 proyectos productivos con un monto de 250 mil pesos por proyecto. Le exigimos al nuevo Gobierno Federal solucionar total y definitivamente el rezago agrario como lo marca el Artículo 3o. Transitorio del Decreto que Reforma el Artículo 27 Constitucional y 3o. Transitorio de la nueva Ley Agraria. Proponemos la creación de un Fideicomiso por Decreto Presidencial para satisfacer la demanda de grupos sociales solicitantes de predios ante el IPAV en la transferencia de procesos de venta de bienes inmuebles liquidando su portafolio mediante su capital o bien emitiendo título de deuda, sustentados en activos adquiridos más el capital del Fideicomiso en la que el mismo transfiera a los campesinos organizados los predios a cambio de un pagaré el cual respaldará la posesión pasiva. Reconocemos a la Mujer como factor importante para el desarrollo rural; en la actualidad cerca de 900 mil mujeres son titulares de las tierras sociales; sin embargo existen al rededor de 13 millones de mujeres rurales que requieren participar en tareas productivas del campo mexicano. Requerimos implementar programas productivos que estimulen su trabajo y responsabilidad, impulsando políticas públicas que integren a la mujer campesina con equidad de género; conformemos la implantación de un nuevo sistema nacional de financiamiento y crédito rural con esquemas que reactiven el crédito al sector social, con tasas que permitan hacer viables las actividades productivas y que sirvan como un instrumento de fomento, combinemos la conjunción de crédito, financiamiento, capital de riesgo, crédito a la palabra, caja de ahorro, de seguro y subsidios para hacer factible el proyecto de desarrollo que mejore las condiciones de vida de los campesinos y sus familias. Exhorto a todas mis compañeras y compañeros diputados que privilegiemos en esta nueva cultura parlamentaria, a anteponer nuestros intereses partidarios muchas veces discordantes por los intereses supremos de la nación, que del análisis y discusión de nuestra responsabilidad aprobemos iniciativas que redunden en beneficio de la sociedad en su conjunto. Participemos en la construcción de México que de una mejor certeza, confianza y desarrollo que permita consolidar leyes justas y modernas del destino de la nación para nosotros y las generaciones por venir. Muchas gracias. (aplausos)