La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Honorable Mesa Directiva y compañeros legisladores, para el Partido Encuentro Social, lo hemos dicho y lo ratificamos, la familia es el pilar fundamental de la sociedad. Ella tiene como misión la formación de personas, fomentar y respetar los deberes éticos y las convicciones personales y proyectar socialmente a sus miembros para participar consciente y libremente en la sociedad, transformándola en lo necesario y contribuyendo a su pleno desarrollo. Los que suscribimos la presente iniciativa estamos convencidos de que las políticas públicas en México deben apuntalar esta institución para que desde el apoyo a la familia se fortalezca el tejido social y se recupere la confianza en la sociedad y en las instituciones. Una consecuencia del proceso tan acelerado de globalización en el que vivimos es, sin duda, la prevalencia de posiciones individualistas que han ido mermando los cimientos sociales. Por ello, quienes tomamos decisiones en nuestra sociedad debemos estar bien conscientes de que buena parte de los fenómenos de violencia, inseguridad y delincuencia tienen su origen en la erosión que hoy padece la familia, los cimientos familiares en el México del siglo XXI, esto tiene que cambiar, debemos reconstruir el tejido social a partir de la familia. En un entorno social, con tantos retos a los que nos enfrentamos diariamente, la familia sigue siendo el marco de convivencia básica y de desarrollo de los menores. Hoy muchos de los hijos de las familias mexicanas han caído en las garras de las adicciones, o en otros casos se han perdido en la absurda guerra contra las drogas o en una ideologización perversa que contradice los principios que han formado parte históricamente de la transmisión de los valores familiares. Los legisladores del Partido Encuentro Social creemos que el Congreso tiene la obligación de dotar a la institución de la familia de normas que generen mayor protección y estabilidad a todos sus miembros. La adopción representa en ese sentido una gran oportunidad para dotarles de una familia a muchos niños que hoy sobreviven en los orfanatos. Es nuestra obligación encontrar las vías para facilitar el procedimiento de adopción, a efecto de evitar que siga siendo un proceso engorroso, poco práctico, y por ende, en algunas regiones de México inclusive subutilizado. Pero hacerlo en serio, con la responsabilidad que ello conlleva, sin utilizarlo mediática o políticamente. Actualmente vivimos en este Estado federal, en el que nos encontramos cada uno de los Código Civiles del país regula la figura con características y modalidades que considera más convenientes, con lo que en la práctica encontramos en México una amplia gama de normas relativas a la adopción, que en algunos casos llegan a ser inclusive contradictorias entre sí. Además, existen normas incluidas en otras leyes estatales que rigen las modalidades y requisitos para adoptar, en especial hablamos de estos sistemas de protección de la niñez en las Procuradurías de los estados y en los organismos de apoyo a las familia, como el DIF. Es decir, tan sólo en una misma entidad concurren por lo menos tres cuerpos de normas que rigen todo lo relacionado con esta figura jurídica. Por si ello fuera poco, el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir con normas contenidas en instrumentos internacionales, y vale la pena decir, que a veces nos encontramos con algunos legisladores locales que no conocen esas normas y que inclusive pueden contradecir el contenido de estas normas, poniendo en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales que México ha adquirido. Todo lo anterior trae como consecuencia una enorme dispersión de normas sobre este tema, que nos ha llevado a cuestionarnos sobre la conveniencia de darle cierto grado de autonomía a través de una reforma constitucional que faculte al Congreso de la Unión para emitir una ley general con los requisitos mínimos y modalidades generales a partir de su entrada en vigor regirán a la adopción en México, en los diferentes estados. La solución que hoy proponemos tiene la enorme ventaja de que logrará armonizar criterios generales y requisitos mínimos de la adopción en México sin vulnerar la autonomía de los poderes legislativos de los estados, para que en uso de sus facultades puedan adoptar el modelo contenido en la ley general a las modalidades regionales que consideren conveniente. Ello nos permitirá cumplir con objetivos muy concretos. Primero, simplificar y facilitar los procedimientos de adopción, de manera que todos los niños mexicanos tengan derecho a formar parte de una familia. Segundo, crear un piso mínimo de temas que deberán ser regulados y desarrollados por las legislaturas de las entidades federativas en materia de adopción. Tercero, cumplir con los compromisos generales adquiridos por el Estado mexicano, armonizando la legislación con el contenido de los instrumentos internacionales de aplicación obligatoria. Y por último y muy importante, fortalecer en todo el territorio nacional el andamiaje jurídico que protege a la familia por medio de una mejor regulación que redundará en mayores y mejores oportunidades para quienes en el futuro serán adoptados. Quienes tenemos la alta responsabilidad de moldear a nuestras instituciones debemos estar a la altura de esas circunstancias. En ese sentido urgen modificaciones a nuestro marco jurídico que se traduzcan en mayor protección a la familia por ser precisamente el pilar fundamental de la sociedad. No tenemos mucho tiempo antes de que el tejido social pueda entrar en una mayor confrontación, desasosiego y caos. La solución se encuentra en la familia, de ahí nuestro deber de fortalecerla. Por todo lo anterior, los suscritos diputados sometemos a consideración reformas y adiciones a los artículos 4 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, diputado presidente.