El diputado Héctor René Cruz Aparicio: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras diputadas, compañeros diputados, hoy como siempre reconocemos que los maestros son una parte esencial en el desarrollo de toda sociedad, no solo en la trasmisión de los conocimientos, sino también como un elementos transformador de la realidad en sus comunidades, y a pesar de las carencias siempre se sobreponen para cumplir con la alta responsabilidad de dar educación a las niñas y niños de México. En Baja California irresponsablemente se ha llegado a un sistemático incumplimiento en el pago de las quincenas de cientos de maestros en activo, interinos, jubilados, pensionados y deudos, que en algunos casos llegan a poco más de un año para recibir su salario en el caso de los interinos. Esta actitud de la autoridad estatal de Baja California viola no solo las garantías constitucionales de todo trabajador, el cual tiene el derecho legítimo a recibir un salario por el tiempo devengado de trabajo, sino también violenta el derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes consagrados en la Constitución. Pues en esas condiciones labores tan adversas, difícilmente las maestras y maestros pueden desempeñarse con tranquilidad y propicia que miles de alumnos, como actualmente, se queden sin clases por las justas protestas del gremio magisterial. En Baja California nos encontramos en quiebra, y hay que decirlo con toda claridad, el responsable es el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, mejor conocido como el Duarte de Baja California. Hoy se suman a este escenario de incumplimiento otros organismos públicos y dependencias, como lo son trabajadores del Poder Judicial del estado y de los organismos públicos autónomos, como el Instituto Estatal Electoral, el Instituto de Transparencia, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del estado. Por ello, procede preguntarnos, ¿en dónde está el pago de los maestros y de los servidores públicos del estado? Es crítico el escenario en Baja California comparándose únicamente con otros estados en desfalco, como Veracruz, Chihuahua y Nuevo León, donde sus ex gobernadores enfrentan procesos penales por desvío de recursos públicos. La única salida que el gobernador del estado propone es el aumento de impuestos a la educación, la salud y trámites administrativos. En Baja California, miles de maestras y maestros, así como trabajadores de las entidades afectadas han suspendido los servicios públicos ante la falta de pago, y los entendemos, ya que además de ser empleados públicos son padres y madres de familia que buscan de manera legítima llevar el sustento a sus hogares. Por eso, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social votará a favor de este punto de acuerdo, porque no se vale que por un lado el gobernador piense más en sus intereses personales que en el bienestar del estado, o que en el gobierno de Tijuana se triangulen fondos para favorecer a la empresa del hijo del alcalde, que hasta el momento no ha levantado la voz ante esta problemática. No puedo dejar pasar en mi intervención que los muertos a los que se referían en la sesión pasada de este Congreso, en su mayoría pertenecen al gobierno de Kiko Vega y de Juan Manuel Gastélum, en Tijuana, que son los responsables de este baño de sangre que estamos viviendo en la entidad. Lo digo con claridad en nombre de todos los empleados...