El diputado Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa: Gracias, señor presidente; compañeras diputadas, compañeros diputados. El 8 de septiembre pasado esta soberanía recibió del Ejecutivo federal, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, misma que fue turnada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el 10 de septiembre, para la elaboración del dictamen correspondiente. En cumplimiento de este mandato, la comisión que me honro en presidir se abocó a su análisis y discusión, concluyendo que su aprobación resulta no solo pertinente, sino que además sus objetivos son particularmente relevantes para lograr la transparencia y la rendición de cuentas que son obligación de todo gobierno democrático. Recordemos que el 31 de diciembre de 2008 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a fin de establecer criterios generales para la conformidad y la emisión de información financiera de los entes públicos en todos los órdenes de gobierno. Sin embargo la iniciativa que hoy se pone a consideración del pleno, reconoce la necesidad de reforzar en ese ordenamiento la vinculación existente entre los tres entes estatales, municipales y del Distrito Federal con el Consejo Nacional de Armonización Contable, órgano previsto en la ley, encargado de procurar una mayor uniformidad y compatibilidad en este importante tramo de acción gubernamental. Para ello la iniciativa establece la creación de órganos auxiliares del Consejo Nacional de Armonización Contable que se instalarán en cada uno de los estados de la República, a fin de apoyar y fortalecer la interacción entre os entes públicos locales. Dichos órganos auxiliares se denominarán Consejos de Armonización Contable de las entidades federativas y tendrán funciones y atribuciones que les permita coadyuvar en el seguimiento de las acciones que se realizan en los tres órdenes de gobierno, incorporando mayor precisión a las obligaciones a cargo de los entes públicos que ejercen recursos fiscales. El objetivo último es que en términos contables, financieros y de evaluación del desempeño, todos los órdenes de gobierno tengan la misma medida. Por otra parte si bien es cierto que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ya establece la competencia de la Secretaría de Hacienda para llevar a cabo las tramitaciones y registros que requiera el control y la evaluación del ejercicio del gasto público federal y de los programas y Presupuestos de Egresos, también lo es que es para fortalecer el ejercicio de un Presupuesto basado en resultados, como es el que ha sido propuesto por el Ejecutivo federal para este ejercicio 2016. Es necesaria la concentración de las atribuciones en materia de regulación y operación del sistema de evaluación del desempeño en una sola dependencia. Por lo anterior el dictamen que hoy se pone a consideración de este pleno, plantea que la responsabilidad de regulación del sistema de evaluación del desempeño recaiga de manera exclusiva en la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ello, por supuesto, sin trastocar ni menoscabar las atribuciones de la Secretaría de Función Pública en materia de vigilancia e inspección sobre el ejercicio de los recursos federales. Por todo ello me presento ante ustedes para decirles que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública estima conveniente la aprobación de esta iniciativa en el análisis, toda vez que pretende incorporar aspectos muy importantes de transparencia, rendición de cuentas y de seguimiento del gasto. De igual manera la comisión dictaminadora considera relevante las propuestas de la reforma de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el objeto de fortalecer el Presupuesto basado en resultados, y concentrar las atribuciones en materia de regulación y operación del Sistema de Evaluación del Desempeño. Esto se considera que quede a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público verificando cada trimestre los resultados de recaudación y de ejecución de los programas y presupuestos de las dependencias y entidades. Esto de acuerdo con la ley es obligatorio para los ejecutores de gasto. Finalmente por mi conducto la comisión destaca que esa iniciativa no prevé la creación o modificación de unidades administrativas y plazas o creación de nuevas instituciones, por lo que no implica impacto presupuestal alguno. Estimadas compañera y compañeros de esta Legislatura, lo dijimos antes, la transparencia y la rendición de cuentas son dos obligaciones fundamentales de todo gobierno democrático. Sin embargo está en manos de cada uno de nosotros, como integrantes del Poder Legislativo, asegurar que estas obligaciones se cumplan. Por ello el voto a favor de esta iniciativa es un paso concreto en el cumplimiento de nuestro mandato, y un avance indudable hacia el objetivo de asegurar un gasto más ordenado y más transparente, y mejor orientado a las causas verdaderamente que impulsan el desarrollo de nuestro país. Esa es nuestra visión y nuestro compromiso. Estoy seguro de que juntos hoy sabremos cumplirlo. Muchas gracias, y es cuanto, señor presidente.