La diputada Esmeralda de los Ángeles Moreno Medina: Compañeras y compañeros legisladores. Históricamente los pueblos, comunidades y personas afromexicanas concentran principalmente su población en Guerrero, con 6.5 por ciento, Oaxaca 4.9 por ciento y Veracruz 3.3 por ciento, formando un grupo invisible y vulnerable. Un perfil elaborado en 2017 por la Conapred, la CNDH y el Inegi señaló que en 100 municipios del país, los pueblos y comunidades afrodescendientes representan al menos el 10 por ciento de la población. Por estos motivos la población de personas afromexicanas se enfrentan a limitaciones para ejercer sus derechos humanos tanto individuales como colectivos. Cabe señalar que entre 2011 y 2017 el Conapred calificó 30 casos como presuntos actos de discriminación hacia personas afrodescendientes. De ellos 25 fueron quejas contra particulares y cinco fueron reclamaciones contra servidores públicos. La baja tasa de denuncia de actos discriminatorios sugiere la naturalidad con la que se asume la exclusión de ese grupo vulnerable. De acuerdo con los expedientes de queja, los derechos que más se han vulnerado a las personas afrodescendientes son el trato digno, la igualdad de oportunidades, el ámbito laboral y la prestación de servicios al público. En este sentido el 83 por ciento de los casos de queja, el color de piel fue causa del acto de discriminación. Como consecuencia, en diversas entidades federativas y dependencias de gobierno no incluyen a las personas afromexicanas en la toma de decisiones públicas porque no se les ha reconocido constitucionalmente como pueblos y comunidades con autodeterminación como parte de una composición pluricultural de la nación. Es por ello que esta reforma constitucional es necesaria, ya que existe un compromiso internacional para reconocer los derechos humanos de las personas y comunidades afrodescendientes. Datos del Inegi indican que en México hay 1.38 millones de personas que se autorreconocen como afromexicanos. La mayor parte de esta población vive en zonas de alta marginación, por lo que la limitación jurídica impide la aplicación de programas sociales y políticas públicas. Por tales motivos México no puede estar rezagado en hacer un reconocimiento constitucional a la población afromexicana. Es por eso que esta reforma es adecuada e impostergable. Con esta adición al artículo 2o. de nuestra Constitución se hace hoy justicia a la población afrodescendiente que desde hace más de 500 años ha sido objeto de discriminación, racismo, debido al color de su piel, haciéndolos invisibles ante las instituciones y la ley, impidiendo el acceso pleno a sus derechos. Encuentro Social coincide en reconocer la autonomía y la libre determinación de la población afromexicana, la cual es una condición jurídica que garantiza las características propias con base en su historia, identidad, usos y costumbres, además consideramos necesario respetar sus tradiciones, formas de vida y expresiones culturales, lo que permitirá convivir en un ambiente democrático y con inclusión social a la población afromexicana, y a la sociedad en general en nuestro país. Con esto se combatirá de manera frontal los índices de marginación y pobreza, garantizando condiciones de igualdad, equidad social, política y económica. Por esos motivos nuestro grupo parlamentario apoyará el presente dictamen porque estamos a favor de reconocer y garantizar los derechos de los pueblos y comunidades afromexicanas. Un México sin discriminación es posible, hagámoslo nosotros. Es cuanto, presidenta.