La diputada Lilia Aguilar Gil: Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de la asamblea, no sé si sea necesario, después de la extraordinaria explicación que ha dado el diputado del Partido Verde que me antecedió en la palabra, pero sí creo que es importante fijar el posicionamiento del PT en este tema. Antes que nada, felicitar a nuestro compañero del Partido Verde Ecologista, Javier Orozco, por la presentación de esta iniciativa, porque como ya lo ha dicho el diputado que me antecedió en la palabra, éste no es un tema menor. Pareciera solamente la adecuación de las fracciones I y II, o primera y segunda, del artículo 105 de la Constitución Política a los artículos 61 y 71, para dar la atribución a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes federales, leyes locales y tratados internacionales en los que México sea parte, que vulneren los derechos humanos consagrados en nuestro texto constitucional. Es decir, como ya se ha explicado en esta tribuna, es adecuar nuestra Constitución, para que la Comisión de los Derechos Humanos pueda, a través de un control constitucional, no solamente iniciar acciones de inconstitucionalidad, sino ser parte de un proceso en los tratados internacionales de los que esta Cámara de Diputados o el Constituyente no sea parte y que vulneren derechos humanos para hacer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda intervenir en este procedimiento. Este tema no es menor. Y no es menor, porque México ha ratificado la mayoría de los instrumentos internacionales que protegen los derechos humanos. Actualmente, nuestro país es parte de más de 70 tratados internacionales en la materia y a fin de garantizar la adecuada protección a los valores fundamentales de ellos, consagrados, y evitar que nuestro país incurra en responsabilidad internacional como parte de su incumplimiento, es necesario que exista una congruencia entre nuestra Constitución y sus leyes reglamentarias. México ha refrendado su compromiso con la defensa de los derechos humanos, aunque todavía en algunas leyes, que inclusive se discuten en esta tribuna, estamos un poco atrasados en ellas, tal es el caso de la reforma realizada en junio de 2011, el artículo 1o. de nuestra Carta Magna, en la que se establece el reconocimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales. No hay que olvidar que al firmar o ratificar un tratado internacional se contraen libremente obligaciones frente a la comunidad internacional, que no pueden ser ni desconocidas ni invocadas conforme a derecho interno y cuyo cumplimiento supone, por lo demás, una responsabilidad de carácter internacional, un tema que nuestra compañera del Partido del Trabajo, Loretta Ortiz ha ratificado constantemente en esta tribuna, porque muchas de las leyes que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados han violentado estos derechos internacionales. Por ello, el PT considera necesario que cuando se presente una acción de inconstitucionalidad se tomen en cuenta tanto los preceptos constitucionales e indiscutibles de los tratados internacionales de nuestro ordenamiento jurídico. Tal como sucedió el pasado 11 de marzo en 2013, en Chiapas, donde se adicionó un artículo al Código Penal, en el cual se tipificó como delito el realizar actos tendentes a obtener información de los cuerpos de seguridad pública, de persecución o sanción del delito, la ejecución de penas sobre su ubicación, actividades operativas o sus labores en general. Dicha modificación, claramente, compañeros diputados, violenta la libertad de expresión en cuanto a su vertiente al derecho de obtener información cuando el acceso a la información pública es un principio constitucional. La Comisión de Derechos Humanos claramente presentó una demanda sobre el tema, sobre una acción de inconstitucionalidad el 10 de abril de 2013 y entre los preceptos que estima violados no solamente son los principios constitucionales sino también los tratados internacionales de la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 3. Es por esto que el PT votará a favor, porque no es una simple adecuación de artículos, porque con lo anterior se busca que las leyes mexicanas se ajusten a estándares mundiales y que la protección de acceso a la información pública sea un derecho constitucional, pero también, sobre todo, y sobre todo el derecho a los derechos humanos. Muchas felicidades a nuestro compañero Javier Orozco y enhorabuena. Gracias.