El diputado Armando Barreiro Pérez: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, el tema de la Iniciativa Mérida y las consecuencias que su operación en nuestro país seguramente tendrá es un asunto al que nos parece que no se le ha otorgado la importancia que debe merecerle a quienes integran el Poder Judicial en México. Tanto en el Senado de la República como en el Cámara de Diputados se han presentado y promovido numerosos puntos de acuerdo solicitando al Ejecutivo de este país que informe a esta soberanía sobre los asuntos sustantivos de la Iniciativa Mérida, tales como las fechas precisas de inicio operativo de los compromisos bilaterales establecidos y el desglose de responsabilidades institucionales en el cumplimiento de tales compromisos. Quiénes serán las autoridades encargadas de otorgar la capacitación a los funcionarios mexicanos competentes de operar la nueva infraestructura, como por ejemplo, la operación del nuevo software para el control sobre la migración; si nuestro país ha autorizado la aportación de armas de agentes estadounidenses en nuestro territorio; y cómo se operarán mecanismos permanentes de consulta con organizaciones no gubernamentales, entre muchos otros asuntos. La mayor parte de la información con que se cuenta se obtiene generalmente por declaraciones que aparecen en los medios de comunicación, por diversos funcionarios tanto del gobierno norteamericano como del nuestro, o de escuetos comunicados que se llegan a emitir. Ni los informes gubernamentales ni los discursos de los funcionarios son suficientemente convincentes como para ganar credibilidad social. El clamor de los ciudadanos y sus familias es el que se presenta en hechos que demuestren la eficacia de las instituciones en un horizonte estratégico y que se suspendan las declaraciones efectistas que sólo parecen buscar impactos publicitarios. Así, es fundamental que los recursos adicionales que se han gestionado a través de la Iniciativa Mérida generen resultados también adicionales, no solamente en las metas operativas más obvias, como lo es la capacitación de personal y otras similares, sino también exigir del gobierno federal el compromiso para obtener resultados que demuestren el esfuerzo adicional de eficacia y eficiencia institucionales que la situación demanda. Recordemos que el pasado 3 de diciembre México y Estados Unidos firmaron una carta de entendimiento mediante la cual se libera la primera parte de los recursos contemplados en esta iniciativa. En dichos recursos y con dicha cantidad se estaría orientando a la compra de equipos de inspección no intrusiva, tecnología aplicada, perros adiestrados, capacitación en materia de control de confianza y técnicas de investigación, entre otras. En el acto de firma del acuerdo de cooperación se indicó que la entrega de recursos y equipos, se complementaría hacia marzo o abril del presente año y lo recibirían varias dependencias e instancias del Estado mexicano. Días después, la cancillería mexicana informa que durante la segunda etapa de aplicación de los recursos de esta iniciativa, se destinaría otra cantidad para la compra de helicópteros y aviones que se entregarían a las instituciones mexicanas. Carlos Rico Ferrar, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, detalló que los recursos serían liberados antes de que concluyera la administración del presidente George Bush. No obstante, el 7 de enero pasado, el entonces embajador de Estados Unidos en nuestro país, Antonio Garza, señaló que México recibiría hasta el próximo otoño el equipo con un valor de 99 millones de dólares, como parte de la segunda fase de la Iniciativa Mérida. De todo esto, compañeras legisladoras y compañeros legisladores, se deriva que es importante el que el Ejecutivo federal informe a esta soberanía con precisión sobre los tiempos y las aplicaciones de los programas contemplados en esta Iniciativa Mérida. Para finalizar quisiera comentarles lo siguiente. Mucho se ha festinado que ayer, con el ascenso de Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, sea posible el inicio de una nueva era en la vida y los asuntos públicos del pueblo norteamericano, así como las relaciones del gobierno norteamericano con los demás países del mundo, particularmente con el nuestro; en donde, particularmente, entre otros temas, se deben revisar con mayor puntualidad las responsabilidades de ambos países en materia de narcotráfico, consumo de drogas y tráfico de armas que, como es reconocido, afecta ya significativamente la estabilidad social e institucional de ambas naciones. Por lo anteriormente expuesto, someto a esta soberanía la aprobación de la siguiente Proposición con punto de acuerdo, de urgente resolución. Primero. La Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión invita al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a una reunión de trabajo con el fin de tratar los diversos asuntos de interés nacional relacionados con los compromisos adoptados y con los acuerdos específicos para ejecutar cada una de las medidas contempladas en la Iniciativa Mérida de cooperación bilateral. Segundo. Se exhorta al Ejecutivo federal a entregar a esta soberanía toda la información disponible sobre la implantación en México de la Iniciativa Mérida que contenga, entre otros documentos, el plan de trabajo, la estructura orgánica, los elementos normativos y la metodología con la que se ejecutarán los acuerdos, así como el número de integrantes y el tipo de función que realizará el personal extranjero que intervendrá en la implantación de los acuerdos de dicho acuerdo de cooperación. Solicito a la Presidencia, que toda vez que se han efectuado algunos cambios en el punto de acuerdo original, se inscriba el presente en el Diario de los Debates y se publique en la Gaceta Parlamentaria. Es cuanto. Muchas gracias.