El diputado Carol Antonio Altamirano: Con su permiso, señor presidente. Diputadas y diputados, los argumentos que soportan la moción suspensiva a la Ley General del Profesional Docente son tres: de procedimiento legislativo, argumentos políticos y, sobre todo, argumentos de naturaleza constitucional. Vengo a esta tribuna, a exhortarlos a evitar una decisión al vapor que no va a poner punto final al conflicto del gobierno con el magisterio y que va a generar una nueva crisis. Argumentos constitucionales. La Cámara de Diputados no debe aprobar una ley con vicios de inconstitucionalidad; si eso ocurre existe el riesgo de que el Poder Legislativo quede en entre dicho y se abra la puerta a amparos que implicarían un nuevo desgaste y tensión social. La materia de la Ley General del Servicio Profesional Docente está en conflicto con la Constitución. El proyecto establece procedimiento de sanción e incluso separación del empleo de los trabajadores de la educación, segmentándolos y excluyéndolos de la legislación laboral sin que eso esté establecido en nuestra Constitución. Si se reconoce que los maestros son trabajadores al servicio del Estado, se debe asumir que al igual que todos éstos, se rigen por el Apartado B del 123 y su norma reglamentaria. El espíritu y finalidad del servicio profesional docente es establecer nuevas relaciones entre los maestros y su patrón –el gobierno federal–, afectando negativamente la profesionalización y la estabilidad laboral. Eso, compañeras y compañeros, debe ser inaceptable. No puede existir ni crearse de esta manera una excepción en la Constitución. El Congreso debe ser cuidadoso y responsable. No actuemos a la ligera porque vamos a violentar la Constitución y vamos a generar un embrollo que terminará en el Poder Judicial. Recordemos que existen excepciones al régimen de algunos trabajadores del Estado como los soldados, los marinos o los policías, para que puedan ser sancionados e incluso removidos. Pero el procedimiento usado no fue reforma secundaria sin establecer en la fracción XIII del Apartado B del 123 que esos trabajadores serán regulados por otras leyes. Así, para crear una norma especial para un tipo de trabajadores, se tuvo que hacer una reforma constitucional, procedimiento que ahora no se ha llevado a cabo. ¿Cuál es la lección que debemos aprender? Que si el gobierno considera indispensable crear un régimen especial de ingreso, sanción y separación de los trabajadores del sector de la educación, escogió mal el camino y el método. No hay ninguna excepción en la Constitución para que los trabajadores de la educación tengan un régimen de relaciones laborales distinto al Apartado B del 123. Ése es el fondo del problema y es un error de la mayoría imponer una ley con vicios de inconstitucionalidad. No debemos votarla. Debemos regresarla a comisiones para que se corrija ese vicio, como marca nuestro Reglamento. Argumento legislativo. El segundo tipo de argumentos se vinculan a la forma y consisten en la larga cadena de abusos y atropellos por parte de la mayoría en el procedimiento legislativo. En la Comisión de Educación, el 19 de agosto la mayoría del PRI, del PAN y el Partido Verde, presentó un dictamen que no fue elaborado conforme al procedimiento; todo indica que fue aprobado y quizá redactado en las oficinas del Ejecutivo federal. Una vez instalada la sesión de la comisión –eso lo recordamos todos– y sin que se entregara en momento alguno la propuesta de dictamen, se pretendió que se hiciera posicionamiento y votación posterior. Como legislador les pregunto: ¿Cómo va a tener lógica hacer un posicionamiento respecto a un dictamen desconocido? ¿Ésa es la forma correcta de hacer las leyes? Aunque el PRD solicitó un receso para conocer el contenido del proyecto, éste se negó de manera autoritaria afectando el derecho de la minoría a la libre discusión y exposición de sus propuestas, fundadas en un estudio del proyecto de dictamen. Peor aún. La mayoría nuevamente abusó al desconocer los proyectos de dictamen elaborados por el presidente de la comisión e impusieron contra la norma la votación de su propio proyecto de dictamen. También se omitió la discusión del dictamen presentado votándolo junto a las otras dos propuestas cuando la norma, la práctica parlamentaria y la técnica legislativa consideren que cada proyecto de dictamen se discuta y vote por separado. Así, por separado las iniciativas fueron presentadas por el titular del Ejecutivo, cada una con una exposición de motivos, apartado normativo, transitorios, así como el impacto presupuestal exigido por la ley. Posteriormente y a pesar de que fue solicitado formalmente a la Junta de Coordinación Política, se ha pasado por alto la posibilidad de convocar al promovente, es decir, al Ejecutivo, para conocer sus argumentos y en todo caso propiciar el diálogo entre las partes. La potestad está claramente señalada en el artículo 93 de nuestra Constitución y si no se aceptó la propuesta, fue solamente por mezquindad política y sin comprender que el Congreso siempre debe apoyar los mecanismos de diálogo en los conflictos sociales. No debemos de dar entrada al dictamen y mucho menos dispensarle los trámites por razones políticas. Es una bajeza política y un engaño que justo a la misma hora en que se pactó la reanudación de las pláticas con el magisterio, se esté convocando a votar la ley que se supone era el objeto del diálogo. Impulsar una votación cuando no se han agotado los plazos de las negociaciones, es una deslealtad y una acción que lleva a nuevos conflictos; es levantar la mesa de negociación de manera unilateral y fue un golpe, es un insulto a la inteligencia y una acción provocadora. Por todo lo expuesto nuestra moción propone suspender la discusión del dictamen de la Ley General del Servicio Profesional Docente, para que se devuelva a la Comisión de educación y Servicios Educativos y se subsanen todas las violaciones al proceso legislativo y los vicios de inconstitucionalidad. Muchas gracias.