La diputada Mirza Flores Gómez: Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Presidente, muy buenas tardes, con su venia. El objetivo de la presente iniciativa es muy sencillo, y es el de otorgar el derecho a los hijos y las hijas de trabajadoras y trabajadores domésticos, al acceso de las guarderías que presta el servicio del Instituto Mexicano de la Seguridad Social. Parece que fuera lógico que si una trabajadora o trabajador social son derechohabientes del Seguro Social pues tuvieran acceso a este derecho, a que sus hijos gocen del mismo derecho que hijos e hijas del resto de los trabajadores del país que estén afiliados, a estar en una guardería. Esto no solamente atiende a un asunto de discriminación para mujeres y hombres que se dedican al trabajo doméstico en este país, sino también es un asunto de discriminación y de vulneración de derechos humanos para los niños. Este 29 de mayo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de revisión 59/2016, por el cual concedió el amparo promovido contra los artículos 201 y 205 de la Ley del Seguro Social, que a decir del quejoso y ahora que también la Suprema Corte lo ratifica, resulta a todas luces discriminatorio y perpetuador de los roles de género esta condicionante. El argumento esencial de la parte quejosa se centra en establecer que las normas citadas hacen una clara distinción del beneficio del servicio de las guarderías, al otorgarlo en forma exclusiva a las aseguradas, con la única condición de ser mujeres. Claro, esto para el caso de que algunas trabajadoras domésticas estuvieran afiliadas bajo algún régimen específico que puedan hacer uso y goce del servicio de guarderías, sólo para algunas que lo tuvieran, pero en este caso los hombres, que también son muy pocos, no pueden acceder a este servicio si necesitaran depositar a sus hijos en un espacio digno de cuidado, mientras esa persona trabaja. Esto a todas luces vulnera de manera arbitraria el artículo 4o constitucional que dice que para los ojos de la ley y de la Constitución serán iguales hombres y mujeres. ¿Entonces, por qué el acceso al derecho de guarderías no lo puede tener un hombre? Y menos si se dedica al trabajo doméstico. Esto hay que puntualizarlo, ya que 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo doméstico y que de acuerdo a las disposiciones vigentes en la Ley del Seguro Social, aún y que sean derechohabientes no cuentan con el derecho de guarderías. Esto es una iniciativa sencilla pero es absurdo que ésta sea la segunda vez que me presento ante esta máxima tribuna de la nación a solicitar esta iniciativa. Es absurdo, es inaudito que se discrimine a las mujeres y a los hombres que realicen trabajo doméstico, aún y que sean derechohabientes del Seguro Social, a que no gocen del servicio de las guarderías. Sí pueden jubilarse, sí pueden tener pensión, sí pueden accesar al derecho de la salud, no al derecho de que sus hijas e hijos se encuentren en espacios dignos de cuidado. Todo este tiempo que yo he recorrido el distrito VI federal, al que de manera muy responsable represento y con mucho orgullo, así como todo el municipio de Zapopan y estoy segura, en el resto del país, me encontré y me sigo encontrando que cuando recorro las calles me encuentro a niños en sus casas encerrados con llave porque sus papás se van a trabajar. Pero cuando esto se lo presentamos a las comisiones viene la Secretaría de Hacienda y dice que no se puede aprobar porque tiene impacto presupuestal. ¿Qué tal el argumento? A todas luces: cruel, inhumano y discriminatorio, cuando debiéramos de estar invirtiendo y que ese impacto presupuestal lo viéramos a la vuelta de 15, 18, 20 años con niños con un desarrollo integral completo, habiendo sido cuidados en espacios dignos. No son pocos 2.2 millones. No son pocos y son más los que están en las calles. Son más los que no están contados. Pero es absolutamente inadmisible que nosotros, Cámara de Diputadas y de Diputados sigamos haciéndole el trabajo de ventanilla de recepción de trámites al Ejecutivo y a la Secretaría de Hacienda y las atribuciones que tenemos los diputados no las podamos ejercer porque viene la Secretaría de Hacienda y nos dice, eso no y eso no porque tiene impacto presupuestal. Yo creo que, más allá del impacto presupuestal, lo que sí tiene es una vulneración a los derechos humanos de las niñas, de los niños y de las trabajadoras y trabajadores domésticos de este país. ¿Acaso los hijos de las trabajadoras y trabajadores no tienen derecho a desarrollarse de forma integral, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 202? ¿Por qué el Estado les ha negado ese derecho? ¿Cuál es la razón del trato discriminatorio para los hijos de este sector de la sociedad y para los propios empleados y empleadas domésticas? Es cuanto, señor presidente.