La diputada María de Jesús Guerra Sánchez: Con su venía, diputado Presidente. En mi carácter de diputada federal a la LX Legislatura de la Cámara de Diputados e integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de Ciudad del Carmen, en el estado de Campeche; me permito someter a la consideración de esta Honorable Asamblea la iniciativa con proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 175-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales al tenor la siguiente Exposición de motivos El proceso de transición a la democracia en nuestro país logró avances significativos después de la última gran reforma electoral de 1996: el acceso a un financiamiento público más equitativo, el acceso a los medios de comunicación por parte de todos los partidos políticos, pero sobre todo, la consolidación de las instituciones electorales que organizan y califican las elecciones. Dentro de este marco se ha venido reformando nuestro Código Electoral con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, así como también con la finalidad de seguir fortaleciendo a los organismos electorales. Es en este sentido que los partidos políticos mexicanos se han visto obligados —y no por propia voluntad— a otorgar candidaturas para mujeres a puestos de elección popular en el rango que la misma Ley lo marca. Como podemos ver, estamos lejos de que la equidad e igualdad de género en materia político-electoral sea una realidad en nuestro país. Esto sigue obedeciendo a una cultura política dominada por el género masculino y contra la cual hemos tenido que luchar para abrirnos espacios que por derecho constitucional nos corresponden. En los procesos electorales los partidos políticos están obligados por Ley a cumplir en la integración de candidaturas con un determinado porcentaje para cada género. De acuerdo a nuestra legislación federal, todos los institutos políticos tienen la obligación de que en la integración de sus listas a puestos de elección popular ningún género debe tener una representación mayor al 70 por ciento. Esto sin duda es un avance, pero es imprescindible señalar que existen legislaciones locales en las que el avance ha sido más equitativo y significativo; claro está, sin llegar al 50 por ciento para cada género que sería lo ideal. Incluso, una vez que los procesos electorales terminan y se asumen los cargos, resulta que la integración de los órganos legislativos o los cabildos ya no reflejan el mismo porcentaje que en las candidaturas. Todo esto sucede porque los partidos apartan los espacios o territorios electorales que mayores condiciones tienen para ser ganados por las personas que integran las dirigencias partidistas, que comúnmente son integradas mayormente por los varones. Regularmente a las mujeres se les otorga candidaturas de mayoría relativa que están dentro de los distritos difíciles, donde el partido que las está proponiendo no tiene muchas posibilidades de ganar y en la mayoría de los casos en las listas plurinominales se suele colocar a las mujeres en las suplencias. Otros problemas colaterales a los que se enfrenta la mujer tienen que ver con el hecho de que a las mujeres les cuesta mucho trabajo acceder al financiamiento por su condición en el hogar y deben obtenerlo por diversos medios. Y si a esto le agregamos la doble o triple jornada a la que están sometidas, la situación se vuelve más compleja. Asimismo, es necesario seguir explorando mecanismos que concilien la selección de candidatas o candidatos de mayoría relativa y de representación proporcional con la cuota de género. Avances en este terreno existen en la legislación electoral del estado de Chihuahua, en donde un porcentaje bajo de candidatas de mayoría relativa debe ser compensado por cada partido con la colocación de más mujeres en los primeros lugares de sus listas de representación proporcional, mientras que en el caso del estado de Campeche el porcentaje para candidaturas de un mismo género no debe de exceder del 60 por ciento. No está por demás señalar que en otras latitudes el avance en la participación de la mujer es muy evidente. Por ejemplo en Noruega y Dinamarca las mujeres han logrado acceso del 40 y 50 por ciento en posiciones políticas, y ahora piden que en los consejos empresariales haya un 30 por ciento de mujeres. De acuerdo con el último análisis hecho por el Instituto Nacional de las Mujeres, con base en datos del Instituto Federal Electoral (IFE) el mayor porcentaje de candidaturas de mujeres lo tienen ahora los llamados partidos chicos, Nueva Alianza y Alternativa. Es por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y 63 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que me permito someter a la consideración del Pleno la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 171 A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para quedar como sigue: Artículo 175 A. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados como de senadores que presenten los partidos políticos o las coaliciones ante el Instituto Federal Electoral, en ningún caso incluirán más del 60 por ciento de candidatos o candidatas propietarios de un mismo género. Transitorio Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, diputado Presidente y solicito que se inserte de manera íntegra el texto en el Diario de los Debates. Por su atención, muchísimas gracias.