EL C. DIP. JOSE MANUEL MINJARES JIMENEZ: Gracias señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados. La realidad económica y social de nuestro país manifiesta la imperiosa necesidad de actualizar el marco jurídico en materia de seguros y fianzas. Con ese propósito, las reformas que se proponen a la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros y a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, tienen como objetivo fundamental lograr una auténtica adecuación al marco jurídico en esas materias orientándolo a la modernización, innovación tecnológica y fortalecimiento en su funcionamiento que exige nuestro actual entorno. Las reformas incorporan esquemas de autocorrección y regulación e instrumentan también medidas de carácter corporativo uniformándolas con aquellas aplicables al resto del sector financiero: bancos, casas de bolsa, sociedades de inversión entre otros, mismas que esta Cámara aprobó el pasado mes de abril. Se establecen además prácticas financieras encaminadas al mejor cumplimiento de las normas conforme a los criterios que rigen a estas sociedades en materia nacional e internacional y que otorgan una mayor seguridad jurídica al público usuario y propician además el sano desarrollo del sistema financiero. La reforma que hoy sometemos a su consideración, fortalecerá la organización y funcionamiento de las instituciones de seguros y de fianzas y permitirá promover su competencia y capitalización a través de la incorporación de mecanismos preventivos, para otorgar un mejor servicio al asegurado y al afianzado. Especial atención merece la instrumentación de prácticas corporativas que redunden en una mejor integración y funcionamiento de dichas instituciones, como es la inclusión en la figura de consejeros independientes y contralores normativos. Es importante destaca la mayor participación de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas al otorgarle a través de diversas reformas un marco normativo suficiente para el adecuado desempeño de sus funciones y para emitir la necesaria regulación potencial que le permita identificar en forma precisa y oportuna cualquier riesgo que pudiera generar efectos para esas sociedades, sus usuarios o para sus beneficiarios. Acorde también con los avances tecnológicos, la reforma a su marco normativo permitirá a las instituciones celebrar operaciones y prestar servicios al público a través de medios electrónicos que les permitirá mejorar su rentabilidad, reducir sus costos de operación y ofrecer más y mejores servicios a sus clientes y usuarios. Asimismo, las reformas que se propone que aprobemos contribuirán al desarrollo de los sectores asegurados y afianzador, al comprometer aspectos relativos al acceso a fuentes alternas de capital, innovación y tecnificación de sus productos, así como su participación en nuevas áreas de actividad. En materia de reservas técnicas, la reforma presenta diversas medidas orientadas a la simplificación y protección de los intereses del público usuario que redunden en mejores prácticas de las instituciones. La reforma también contempla lineamientos para autorizar la operación en distintos ramos, permitiendo que un mismo inversionista mantenga dos o más instituciones para una misma operación y ramo y se establece la especialización de seguros de vida, de daños y otros. Las adecuaciones llevadas a cabo proponen el establecimiento de la base jurídica para la adecuada dispersión en el uso de reaseguradores y reafianzadores y esto cobra especial importancia a partir de los fatales y lamentables eventos del 11 de septiembre pasado. Otra medida importante consiste en adecuar el tratamiento de las reservas técnicas y recursos de capital de las instituciones y respecto del marco normativo de la disolución y liquidación de las instituciones que se armonizan con el régimen vigente de la ley de concursos mercantiles. Finalmente, se consideran procedentes las adecuaciones al régimen de sanciones en la medida en que responden a las actuales circunstancias de los mercados asegurador y afianzador, considerándose además que las reformas que se nos presentan permiten aplicar acciones e instrumentos coercitivos más fuertes de sanciones a aquellas instituciones que en forma indebida retrasen el pago oportuno de sus obligaciones, así como en aquellas infracciones que se consideran trascendentes e importantes. Por lo anterior, invito en nombre de la Comisión de Hacienda y Crédito Público a todos los miembros de esta Honorable Cámara para manifestar su voto afirmativo para que estas reformas sean aprobadas en beneficio del público usuario de estos servicios y el fortalecimiento del sector asegurador y afianzador, pilares importantes de este país. Es todo, señora Presidenta.