La diputada María Dina Herrera Soto: Con su permiso, señor presidente; compañeras y compañeros legisladores, iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos. Apenas hace un par de días, el 29 de septiembre, se cumplieron ya 67 años de que los primeros trabajadores braceros mexicanos marcharon hacia Estados Unidos para trabajar en los campos agrícolas de aquella región. Durante más de 20 años, nuestros compatriotas se convirtieron en la fuerza humana indispensable que permitió a los Estados Unidos mantener la estabilidad económica durante la Segunda Guerra Mundial y el crecimiento y la recuperación en los años posteriores. Como sabemos, mediante el acuerdo migratorio que se suscribió entre México y Estados Unidos para tal efecto, los trabajadores mexicanos aportaron el 10 por ciento de sus salarios a cuentas bancarias de ambos gobiernos. No obstante, el fondo de ahorro creado nunca fue devuelto a nuestros connacionales. Así, mediante la aprobación de la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para los Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2005, el Poder Legislativo reconoció la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con los trabajadores ex braceros. Gracias a esta nueva ley se instituyó un primer intento por retribuir a nuestros trabajadores migratorios parte de la deuda económica que se tiene con ellos. Así, el Ejecutivo federal decidió otorgar un apoyo social de 38 mil pesos para cada uno de los ex braceros. No obstante, ni la aprobación de dicha ley, ni las reformas y adiciones aprobada por el Congreso de la Unión durante 2008 a este ordenamiento han podido satisfacer las múltiples irregularidades e inconsistencias que se han suscitado durante estos años en el funcionamiento de las reglas de operación del fideicomiso creado para otorgar el apoyo social para los ex trabajadores migratorios mexicanos. La iniciativa de reformas que estamos proponiendo busca que ningún trabajador ex bracero mexicano que laboró en Estados Unidos en el periodo de 1942-1964 quede exento de recibir el apoyo social. Queremos evitar los trámites burocráticos excesivos que han impedido que nuestros connacionales sean debidamente integrados en el padrón constituido para tal efecto. Proponemos para ello flexibilizar los requisitos que actualmente se solicitan para acreditar la calidad del trabajador migratorio pues, como hemos visto en estos años, esta situación ha impedido la inclusión de muchos compatriotas que son legítimos merecedores del apoyo. Nuestra propuesta contempla también dar mayor participación en este proceso a la Comisión Especial para dar seguimiento a los fondos de los ex trabajadores migratorios de esta Cámara de Diputados, o al mecanismo que esta soberanía decida integrar, con el fin de supervisar y dar seguimiento al cabal cumplimiento de las disposiciones de la ley y del comité técnico del fideicomiso. Asimismo, planteamos la inclusión de representantes de las diversas organizaciones de braceros en estos órganos de supervisión. Buscamos también otorgar un orden de prelación en el pago del apoyo social a los ex trabajadores migratorios y/o sus beneficiarios, a fin de privilegiar a aquéllos que tengan alguna enfermedad terminal o una discapacidad severa. La iniciativa de reformas contempla también la posibilidad de que se brinde asesoría legal gratuita para denunciar a personas u organizaciones que cometan fraude, abuso de confianza y otras irregularidades que, desafortunadamente, se han presentado durante los últimos años contra los ex braceros o sus beneficiarios. Finalmente, nuestra iniciativa contempla la celebración de convenios con otras dependencias federales y de los estados, a fin de que el pago del apoyo social a los beneficiarios pueda darse en lugares alternos a las oficinas de Telecom, sin que por ello signifique el cobro de alguna comisión. Las demandas de los ex trabajadores braceros son justas y urgentes. Esperamos que todos los grupos parlamentarios puedan apoyar esta iniciativa para cumplir con la deuda histórica que el Estado mexicano tiene con sus ex trabajadores migratorios. Por su atención, muchas gracias. Suscriben la iniciativa los diputados: Laura Arizméndi Campos, de Convergencia; María Guadalupe Silerio Núñez, del PRD; doctor Heladio Gerardo Verver y Vargas, PRD; y el diputado Ramón Jiménez Fuentes, del PRD. Muchas gracias.