La diputada Blanca Luna Becerril: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la política social ha sido supuestamente el eje central de la agenda nacional y bandera de la actual administración. El gobierno de México reconoce que hay que corregir la brecha entre pobres y ricos a través de políticas públicas que promuevan el desarrollo, sin embargo, en el contenido de los distintos apartados que integran el eje denominado Política Social del II Informe de Gobierno, no se presenta una evaluación objetiva de los resultados de los programas reflejados en la calidad de vida de la población beneficiada, esto es, conocer el grado de oportunidad y beneficio real de la entrega de apoyos a la población. El presidente Felipe Calderón presentó el pasado mes de abril la estrategia Vivir Mejor, que intenta integrar los distintos programas que existen a nivel federal para combatir la pobreza y atender mejor las necesidades de la sociedad mexicana. Pese a ello, las líneas de acción de dicha estrategia son poco claras en cuanto a su organización y alcance. El diagnóstico no ahonda en las causas estructurales e institucionales que son de suma importancia para implementar las políticas públicas, ni en las razones por las que no se ha podido avanzar en las áreas en donde nos encontramos rezagados. Tampoco lleva a cabo una evaluación crítica de los programas existentes y de los cambios que se necesitan para poder cumplir con las metas fijadas. Por otro lado, según el informe Panorama Laboral 2007, de la Organización Internacional del Trabajo, la situación de las y los trabajadores mexicanos ha empeorado. A diferencia de 15 países latinoamericanos en donde la tasa de desempleo disminuyó de forma generalizada, México fue el único país de la zona en el que el desempleo aumentó. En el primer semestre de este año se crearon sólo 289 mil 874 empleos, cifra negativa que no se había registrado desde 2004 y que se encuentra muy por debajo de la meta planteada por el gobierno del empleo. Respecto al tema de la educación, de acuerdo con datos del Panorama de la Educación 2008, elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, a pesar de que México ha hecho inversiones importantes en educación, el gasto por estudiante en todos los niveles académicos es de 2 mil 405 dólares, inferior a la media de la OCDE, de 7 mil 527 dólares. Lo anterior origina situaciones de gran preocupación, como son los altos niveles de deserción escolar y la falta de oportunidades laborales para los jóvenes en México. Por otro lado, las enfermedades que encabezan la lista de los problemas graves de salud pública en México junto a la obesidad, son la diabetes, las enfermedades del corazón y el cáncer, principales causas de muerte y, paradójicamente, padecimientos totalmente prevenibles que se han convertido en enfermedades crónicas altamente costosas. En este sentido la política social, de acuerdo con los resultados que se presentan en este II Informe, sigue manteniendo un perfil asistencial al no ir acompañada de acciones reales que permitan crear y potenciar focos de desarrollo en las zonas marginadas y en las áreas en donde el país se encuentra atrasado. El mal diseño de los programas sigue siendo una característica constante en la política aplicada por el Estado. Bajo este esquema, en la actualidad por cada peso de subsidio a la formalidad, hay tres pesos de subsidio a la informalidad, asignación presupuestaria totalmente opuesta a la que deberíamos de tener si supuestamente la meta es la de fomentar la productividad, el crecimiento y los mejores empleos y condiciones laborales. En el 2007 los recursos disponibles para proporcionar créditos de vivienda a los trabajadores del sector formal, fueron de 8.2 billones de pesos; en tanto que los subsidios para los trabajadores informales en el mismo año ascendieron a 48.6 billones de pesos. En este país es mejor dedicarse a la actividad económica informal que a la formal, pareciera ser. Las cifras reveladas confirman que en México estos programas funcionan como un sistema paralelo a la seguridad social que, al ser financiados y proporcionar servicios de manera diferenciada, distorsionan el comportamiento de la fuerza laboral a tal grado, que un número importante de mexicanas y mexicanos han optado por no ser derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social y asumir el costo que esto implica. Es evidente que la economía mexicana no ha podido consolidar un crecimiento estable y sostenido que permita generar empleo, ingreso y bienestar suficiente para la población. Los resultados del II Informe de Gobierno son cuestionables. La alta inflación de 5.57 por ciento anual es la más alta desde 2003. Detona inestabilidad económica, distorsiona la asignación de recursos y deteriora gravemente el ingreso de la población. México tiene que innovar y diseñar nuevos esquemas con el fin de ir transformando su economía. Se requiere avanzar en la agenda de reformas pendientes en campos estratégicos como la salud, la educación, el mercado laboral, la investigación y el desarrollo, las pensiones, la energía y el medio ambiente, entre otros. En Nueva Alianza estamos seguros que México cuenta con la competencia técnica y la capacidad política para promover las reformas que son indispensables. Por ello tenemos un compromiso con la eficacia, eficiencia y efectividad. Sin crecimiento económico, la justicia social no es posible. Requerimos de políticas responsables y realistas. Por su atención, muchas gracias.