El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, las minutas que dieron origen a este dictamen versan sobre dos cuestiones relacionadas con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No obstante, el contenido de cada una tiene una naturaleza distinta, por lo que me referiré de forma separada a cada una de las modificaciones. La primera de ellas se refiere a la necesidad de establecer un sistema de suplencia en el caso de las dilaciones en el nombramiento del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El tema que se plantea con la reforma al artículo 10 de la ley de la Comisión Nacional es de suma relevancia, pues en los últimos años hemos sido testigos de dilaciones en los procedimientos de nombramiento de los integrantes de órganos del Estado, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta el Instituto Federal Electoral. En la confrontación política ocurrida en ambas Cámaras del Congreso se priva a los órganos del Estado de su conformación esencial, limitando sus funciones e incluso impidiéndolas, como fue lo ocurrido en la Suprema Corte de la Nación, en donde se tuvieron que posponer discusiones de relevancia nacional por existir empates que impedían la toma de decisiones. En ese sentido lo que aquí se plantea es que exista una habilitación legal para que las funciones de presidente de la CNDH no queden a la deriva en caso de ausencia de nombramiento, cuestión de gran importancia si tenemos en cuenta lo delicado del trabajo que implica a esta comisión. La suplencia de las funciones del Estado no es una cosa menor, se trata de un asunto de relevancia para el cumplimiento de las facultades a un órgano del Estado; a través de la suplencia se garantiza que no exista pretexto alguno para suspender o privar a los particulares del trabajo del Estado. Cabe recordar que debido al régimen estatutario de la administración pública no puede existir una habilitación que no esté contenida en la ley. En este caso la ausencia de un régimen de suplencia determinada implica que ante el retraso en el nombramiento del presidente de la CNDH exista una ausencia de funciones con todo lo que ello acarrea en perjuicio, sin duda, del respeto a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora bien, por lo que hace a la segunda minuta del dictamen en la reforma al artículo 27 de la ley de la Comisión Nacional se plantea que ante casos de urgencia se puedan presentar quejas ante esa instancia por medio de comunicación electrónica o telefónica, inclusive. No podemos más que reconocer lo acertado de la propuesta, ya que si atendemos a que las quejas presentadas ante este organismo nacional encierra la posible violación a los derechos fundamentales, facilitar a los ciudadanos, agilizar la respuesta de las autoridades, conlleva un beneficio mayúsculo. Imaginémonos un caso de privación ilegal de la libertad a un ciudadano en una comunidad alejada en donde la presentación de la queja implique un viaje que demoraría horas. En ese caso el ejercicio de las funciones de la comisión cruzaría por un obstáculo traducido en el tiempo que supondría el cumplimiento de la formalidad necesaria para su atención, lo que mermaría su eficacia y con ella los derechos fundamentales del ciudadano. Lo propuesto en el dictamen a discusión sin duda alguna es benéfico para las funciones correctas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero sobre todo debemos reconocer que son, sin duda, en beneficio de los gobernados. Es cuanto, señor presidente.