El diputado Agustín Miguel Alonso Raya: Compañeras, compañeros, en 1968 había 29 normales rurales, en 1969 cerraron 15 de ellas para aniquilar los reductos que había del movimiento estudiantil después de la matanza del 2 de octubre del 68, en la Plaza de las Tres Culturas. Estigmatizaron a las normales rurales, porque de ahí habían salido, entre otros, profesores como Arturo Gámiz, que ciertamente en su utopía y en sus convicciones encabezaron el movimiento armado al cuartel Madera, en Chihuahua. Porque de ahí egresó Lucio Cabañas y otros muchos más que participaron o en el Partido de los Pobres, o en el MAR o en el CARA, o en el FRAP o en la Liga 23 de septiembre. Todos ellos pueden estar equivocados, pero todos contribuyeron a aportar –algunos derramando sangre– lo que hoy tenemos como democracia en este país, compañeras y compañeros. La estigmatización que se hizo de las normales rurales desde aquel entonces tiene hoy sus consecuencias en Ayotzinapa. México vive una profunda crisis social, política y de los derechos humanos, que expresa el malestar ciudadano acumulado por décadas y que es el resultado del hartazgo por la presencia del crimen organizado, por su involucramiento en la política y su penetración en las instituciones, hasta corromperlas. Vivimos una crisis de Estado. Esa inconformidad social es resultado también del modelo privatizador que ha incrementado la pobreza en el campo y la ciudad, profundizado las desigualdades, deteriorado el bienestar de la gente y cancelada la esperanza de una vida mejor, sobre todo para los más jóvenes. La corrupción y la impunidad –decimos nosotros– son el signo del sexenio de Enrique Peña Nieto. Ante esta crisis de Estado la solución no es la regresión autoritaria, como lo piden voces interesadas que desde el poder la impulsan, por el contrario, la solución es la construcción de un Estado democrático, social y de derecho, capaz de combatir la corrupción y la impunidad, con más y mayores cauces democráticos, una verdadera justicia social, bienestar y paz, como base de la gobernabilidad democrática. Se tiene hoy a la esposa de Abarca en arraigo para poder verificar los delitos, y se tomó la decisión inmediatamente de trasladar a penales federales a los 11 muchachos que detuvieron en el Zócalo. No tiene punto de comparación una cosa con la otra. No podemos estar de acuerdo y no lo vamos a estar, no somos partidarios y no permitiremos que haya más impunidad, y que se tengan en las cárceles a chivos expiatorios y libres a los delincuentes cómplices de militares y de funcionarios. No podemos permitir eso. El Congreso de la Unión –pensamos– debe asumir la responsabilidad que le corresponde, para encausar ese malestar y dar respuesta puntual y rápida a las demandas legítimas de los ciudadanos. El Grupo Parlamentario del PRD exige que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión asumamos ese compromiso, particularmente se requiere voluntad política del titular del Ejecutivo para encarar un conjunto de decisiones de Estado, como las que enseguida proponemos. Que el gobierno federal y de manera particular la PGR den respuesta pronta, rigurosamente veraz y creíble a las demandas de los 43 jóvenes desaparecidos en Iguala y Cocula, para esclarecer planamente los hechos sucedidos, encontrarlos con vida, castigar a los responsables de su desaparición y de los homicidios, quienes sean, y garantizar el derecho constitucional de acceso a la justicia. Que garantice también la integridad personal de las familias de los normalistas y de los defensores civiles de los derechos humanos, así como el debido proceso de los imputados, y se garantice el derecho a la libre manifestación de las ideas y de reunión pacífica. Que en Iguala y Cocula y en toda la región que comprende las entidades federativas de Guerrero, estado de México y Michoacán, el gobierno federal realice una acción inmediata y extraordinaria contra las bandas de la delincuencia organizada, respetando los derechos humanos de la ciudadanía, aunque no son éstas las únicas entidades en donde la delincuencia organizada actúa con impunidad, sí es en ellas en donde es urgente la intervención de las fuerzas públicas en el marco de la legalidad constitucional. La actuación de la fuerza pública debe ejercer bajo los principios de legalidad y proporcionalidad, garantizando en todo tiempo el libre ejercicio de los derechos humanos, privilegiando, ante todo, el derecho fundamental a la vida de todas y todos los habitantes del territorio nacional. Exigimos que quien haya incurrido en responsabilidad, en los dolorosos sucesos de Iguala sea sancionado y actuará en consecuencia con los que se encuentren involucrados. Por ello, exigimos también al gobierno de la República asumir su propia responsabilidad en estos delitos del orden federal. Más aun, cuando está plenamente demostrado que los titulares de la PGR y Segob tenían conocimiento de los mismos y siendo su obligación constitucional no actuaron, lo cual hubiera evitado quizás la tragedia. Que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proceda a realizar las investigaciones necesarias para sancionar a los servidores públicos que por acción u omisión hayan cometido violaciones a los derechos humanos en este lamentable caso. Proponemos la creación de una comisión para la verdad y la justicia, nombrada por el Congreso de la Unión que dilucide y esclarezca la situación de miles de personas víctimas de desaparición forzada durante este gobierno y los anteriores. Que investigue y esclarezca a quiénes corresponden los cuerpos que se han encontrado en las múltiples fosas clandestinas en diversas partes del país. Igualmente, no debe haber impunidad ante las miles de ejecuciones extra judiciales ni ante la violencia por secuestros, cobros de derecho de piso y robos que afectan a la población. Esta comisión debe integrarse con ciudadanos, hombres y mujeres investidos de honorabilidad y prestigio social, cuyo trabajo se lleve a cabo con total independencia del gobierno. Además, deberá rendir un informe de la situación de las personas sujetas a proceso por su participación en la defensa de los derechos sociales. Todo lo anterior para sentar las bases de un proceso de reconciliación social que coadyuve al restablecimiento de la paz y la justicia. La corrupción es el cáncer de México y la impunidad es la otra cara de esta moneda. Destroza a las instituciones y lastima a la sociedad. Para combatirla proponemos crear el Tribunal Superior de Cuentas como un cuarto poder constitucional, con facultades para prevenir, auditar y, en su caso, sancionar a los servidores públicos, a los particulares, a los partidos políticos o a sus integrantes que incurran en actos de corrupción. La cuestionada licitación del ferrocarril México-Querétaro y las presuntas implicaciones que involucran al Presidente Enrique Peña Nieto, a sus familiares y a particulares debe ser plenamente esclarecida en este caso y en otros donde existan conflictos de interés y tráfico de influencias, así como otros presuntos delitos no debe haber impunidad alguna. En consecuencia, la Cámara de Diputados debe integrar una comisión especial que conozca de los hechos y a la que comparezcan entre otros, los secretarios de Economía y de Comunicaciones y Transportes, así como las empresas que participaron en el concurso de la obra referida, particularmente la vinculación del Grupo IGA, socio de la empresa china con la construcción de la casa de Las Lomas de Chapultepec, adquirida por la esposa del presidente. Es necesario dejar atrás la utilización de las fuerzas militares en tareas que corresponden al mando civil y por ello planteamos, entre otras, que se cite a comparecer al secretario de la Defensa Nacional, pues ello, este ejercicio y esta utilización de las Fuerzas Armadas ha deteriorado al ejército, al grado que algunos de sus miembros están sujetos a proceso penal por graves violaciones a derechos humanos, como es el caso de Tlatlaya. Reconocemos el papel de las Fuerzas Armadas en el combate a la criminalidad y por respeto a sus integrantes demandamos que el mando civil asuma esta tarea. Los soldados y marinos de México deben regresar en el tiempo necesario y prudente a sus cuarteles, al mismo tiempo que se debe iniciar la construcción de la policía nacional y avanzar en la consolidación del mando único en las entidades federativas. La seguridad pública es un derecho público que corresponde garantizar a federación y a estados; en consecuencia resulta indispensable que cada ámbito de gobierno asuma sus responsabilidades en este problema y tome las acciones necesarias para reestablecer un clima de sana convivencia. Es tiempo de dar respuesta al reclamo social, a los menos favorecidos. Es tiempo de dar respuesta satisfactoria a todos los familiares de las víctimas, especialmente a aquellas desparecidas de manera forzada. Pero sobre todo, es tiempo de dar respuesta a México. Muchas gracias, compañeras y compañeros.