El diputado Pedro Ignacio Domínguez Zepeda: Con la autorización de la Presidencia. Honorable asamblea, la transparencia y la rendición de cuentas se constituyen como elementos fundamentales para la consolidación del Estado democrático. Igualmente, estos elementos, estos principios son indispensables para robustecer el Estado de derecho en la sociedad contemporánea. Por ello resulta imperativo que llevemos a cabo, que realicemos todos los actos legislativos que tiendan a fortalecer los principios antes citados: transparencia y rendición de cuentas. Es cierto, debo reconocer que el solo y simple compromiso ético de cumplir de forma espontánea y voluntaria con el mandato de la ley por parte de los servidores públicos resulta insuficiente para garantizar plenamente el uso adecuado y legal de los recursos del Estado mexicano, y en general, del principio de legalidad. Por ello, en el Estado contemporáneo, desde su génesis se han establecido normas, principios e instituciones que limitan los apetitos indebidos de quienes ejercen la función pública y que se traducen en actos que lesionan el interés social. Así, localizamos a lo largo de la historia del Estado contemporáneo el principio de separación de funciones del poder público, establecemos también que los servidores públicos a lo largo de su ejercicio se mantengan como sujetos responsivos y responsables como una forma, como un instrumento de proveer fortaleza a la función de gobierno, con reglas que ayuden a poner en acción a la democracia, tal y como lo señaló en su momento José Antonio Aguilar Rivera. En México y de manera muy especial, en el Poder Legislativo, en la presente legislatura hemos avanzado en estos temas de transparencia y rendición de cuentas. Es cierto, nos faltan aun tramos largos por recorrer para poder consolidar un Estado plenamente ajeno a la corrupción, ajeno a estas prácticas, usos que dañan la función pública, pero no podemos cegarnos y no podemos cerrar los ojos al avance que hemos tenido. Por ejemplo, a las diversas reformas y adiciones que en esta Legislatura hemos aprobado a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Creo que tenemos que reconocer que si bien es cierto nos falta camino por avanzar, también hemos levantado polvo y hemos hecho brecha en este camino. Por otra parte, el federalismo y los postulados que han dado vida al municipio han estado hasta cierto punto limitados en cuanto al reconocimiento pleno del municipio como un orden de gobierno. La reforma del municipio libre de 1982, impulsada por el presidente Miguel de la Madrid, consolida al municipio como un orden de gobierno que acompasa y que colabora con el orden federal con los órdenes de las entidades federativas. Y, ciertamente, en este artículo 108 de la Constitución, específicamente en tratándose de las responsabilidades de los servidores públicos, la Constitución, la ley suprema, había sido omisa en considerar responsabilidad de índole civil, administrativa, penal, política a los servidores públicos municipales, a los miembros del ayuntamiento. Pues bien, en este sentido creo que la minuta que proviene del Senado nos ayuda a corregir esta omisión, nos ayuda a otorgar el carácter de sujetos de responsabilidad a los miembros de los ayuntamientos que ejerzan recursos de orden federal. Creo que esto va a contribuir y va a dar un impulso importante precisamente a la transparencia, a la rendición de cuentas en este orden de gobierno que por antonomasia se constituye como el más cercano a la sociedad, como aquél que resuelve de forma directa inmediata las principales y las más elementales necesidades de los miembros de la sociedad. Y por ello es indispensable, es necesario que quienes ejercen estos recursos lo hagan con pulcritud, lo hagan con transparencia, lo hagan apegándose a todos y cada uno de los principios legales que regulen este ejercicio de recursos públicos. Esta modificación, necesaria a juicio del Grupo Parlamentario del PRI, lleva en su espíritu el imperativo de inhibir y corregir las malas prácticas gubernamentales, pues de suyo deja en claro que el uso de los recursos públicos implica su manejo, aplicación y destino delimitando cualquier intento de uso discrecional; insisto, sujetando el uso de los recursos públicos al imperativo de la ley. Los recursos públicos deben ser pues, aplicados con puntualidad y pulcritud para los fines que se encuentran expresamente señalados, de acuerdo a la planeación que se realice al tenor de la ley suprema de las Constituciones de los estados, de las leyes orgánicas de los municipios, lo cual todo debe tener como objetivo único y fundamental el desarrollo de la sociedad mexicana. Así, es preciso anotar que la reforma planteada fortalece al régimen de responsabilidades de los servidores públicos, dotándolo de congruencia, tapando huecos que existían indebidamente, lo cual, insisto, permite el establecimiento de nuevos y mejores mecanismos que combatan la corrupción y fortalezcan el estado de derecho. Es cuanto, muchas gracias.