El diputado Sergio Barrera Sepúlveda: Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros diputados. Nomás no entienden, que no entienden. Subo nuevamente a esta tribuna, ahora para pedirles que reconsideren el grave error que ya han cometido en estas votaciones. La reforma que estamos discutiendo no debería ser tema de discusión, ya que es evidente que las agendas de defensa nacional y de seguridad interna tienen que permanecer separadas, pues pertenecen ambos a ámbitos distintos y obedecen a lógicas muy diferentes. Por un lado, las Fuerzas Armadas se rigen por una lógica marcial, por lo que su formación implica un uso de la fuerza distinta a lo civil, que por lo tanto es inadecuada para lidiar con conflictos de carácter civil. En contraste, los organismos encargados de la seguridad pública se avocan a la prevención y persecución del delito, por lo que requieren un modo de actuación de distinta naturaleza. Ahora bien, si lo vemos desde una óptica jurídica, estamos ante una flagrante violación a la reforma constitucional que ustedes mismos propusieron y aprobaron en el 2019. Además, compañeras y compañeros, esta iniciativa violenta el debido proceso parlamentario, ya que no fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y discusión. Por qué se leda prioridad a esta iniciativa cuando hay 2 mil 354 iniciativas pendientes, únicamente en esta legislatura. Por qué se le da prioridad cuando hay 15 mandatos judiciales pendientes, no obstante que una de las banderas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue que el Ejército regresaría a los cuarteles. Y aún cuando se sigue negando que su estrategia de seguridad busque la militarización del país, estos siguen al frente de labores de seguridad pública, de construcción de megaproyectos, además de encargarse de la seguridad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Aduanas. Son datos, no opiniones. ¿Por qué se contradicen? Si la militarización de la seguridad pública no es nueva sino una constante histórica en toda América latina, y en desafortunados episodios de la vida política de nuestro país. Por esta razón, los procesos de reforma militar en nuestro continente abordan el problema mediante una clara diferenciación entre seguridad externa en manos del Ejército y la interna, encargada de las llamadas fuerzas intermedias y a los cuerpos policiales. Se reconoce entonces que las Fuerzas Armadas tienen una función distinta de la seguridad pública. Desafortunadamente el proceso que se observa en México es de sentido completamente inverso. Diputadas y diputados, la Constitución mexicana define las categorías de seguridad, a cada una de estas le corresponde un tipo particular de uso de la Fuerza, encarnado en sus instrumentos coercitivo correspondiente. Y se las voy a mencionar. Primero, la seguridad nacional que le corresponde a las Fuerzas Armadas, que es el Ejército, Fuerza Aérea y Armada. Y segundo, la seguridad pública, que son las fuerzas policiales. Todo esto a mí me surge nuevamente una pregunta, ¿por qué se aferran a la militarización? Quiero aclarar energéticamente que en la bancada naranja no estamos en contra de las Fuerzas Armadas de México. En la bancada naranja sabemos que nuestro Ejército es una institución leal y legitimada ante la población. El Ejército es una institución respetada y querida por los mexicanos, pero, por favor, no quieran destruirla. De lo que estamos en contra, es en que se le quieran dar facultades no previstas en la propia Constitución y que vulneren el Estado de derecho de cualquier nación. Repito, hay que dignificar a los militares, asignándoles las responsabilidades, para lo que fue concebida esta noble institución. Y, por otro lado, fortalecer y capacitar a nuestras instituciones policiacas. Diputadas y diputados, este es un llamado para que con esta reserva busquemos reincorporar las atribuciones de la Guardia Nacional y en cuanto a su estructura orgánica y reglamentos, y le regresemos el espíritu para lo que esta fue creada. Es cuanto. Muchas gracias, presidente.