El diputado Mario Rafael Méndez Martínez: Con su permiso, diputada presidenta. Con fundamento de lo dispuesto en los artículos 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 6, numeral 1, 77 y 78 del Reglamento de la Cámara de Diputados, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicional diversas disposiciones a los artículos 25 y 33 de la Ley de Coordinación Fiscal, con fundamento en la siguiente Exposición de motivos Nuestro federalismo mexicano ha perdido su capacidad de promoción y desarrollo económico regional, sobresaliendo las entidades del sur sureste del país. El federalismo al que aspiramos buscar, es vincular los impuestos de los contribuyentes y el gasto público con la autoridad responsable de la recaudación fiscal, para garantizar una mejor calidad de vida de las personas y sólo así podemos tener localidades económicamente fuertes y regiones desarrolladas, para formar una nación unida y próspera. El país necesita fortalecer sus relaciones en los ámbitos federal, estatal y municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, por lo que debemos adicionar e incorporar a las agencias municipales del país, para lograr una mejor distribución de los ingresos tributarios, en virtud de que los recursos son insuficientes para cubrir y responder a las necesidades que nos demanda la sociedad. Nuestro marco jurídico necesita revisarse para evaluar la actual distribución de funciones y atribuciones del Ejecutivo federal. Los gobiernos estatales y del Distrito Federal, los municipios y hoy las agencias municipales. Una condición indispensable para que el trabajo asignado se lleve a cabo, es dotar de potestades y a los instrumentos acordes a las responsabilidades de estos órdenes de gobierno. Ésta es la esencia del federalismo. La discusión seria y responsable implica asegurar a cada mexicano un mínimo de condiciones de bienestar y acceso a las mismas oportunidades de desarrollo en cualquier parte del territorio nacional de manera oportuna y eficiente. Esto requiere de gobiernos que conduzcan los asuntos públicos mejor con responsabilidades, y hacerlo al menor costo para los contribuyentes. Especialmente se requiere no generarles más y nuevos impuestos o tasas más altas, sino cumplir el mandato constitucional de que absolutamente todos los mexicanos contribuyamos al gasto público de manera proporcional y equitativa. Nuestro sistema tributario y de coordinación fiscal entre la federación y entre las entidades federativas y municipios, se encuentra agotado por las siguientes razones: no está vinculada la política tributaria con las responsabilidades de las entidades federativas y los municipios, tampoco con el gasto público ni con las necesidades regionales. La política de gasto desde el gobierno federal ya no puede promover el crecimiento económico y la creación de empleos por haberse convertido en una política eminentemente de gasto corriente. Estamos utilizando la riqueza petrolera para subsanar la debilidad de la recaudación, en lugar de destinarla a construir infraestructura social y productiva, como carreteras, agua potable, refinerías competitivas, drenaje, hospitales y escuelas. Los estados y los municipios no tienen instrumentos de política económica para emprender acciones inmediatas en beneficio de la población ni para promover un desarrollo regional equilibrado, viéndose obligados a desarrollar una cultura de gestión ante el gobierno federal. Existe una gran tensión entre los órdenes de gobierno por la asignación de los recursos públicos, ya que los ingresos tributarios son insuficientes para cubrir las funciones y responsabilidades básicas de estos en materia de desarrollo social, es decir, educación, salud, seguridad social y laboral, abasto y la implementación de una mejor infraestructura urbana. En los últimos años se ha estado apoyando a los municipios a través de un fondo especial del Ramo 33, denominado Foramen, que es tres veces mayor que la recaudación del impuesto predial, lo que procura incentivos adecuados para fortalecer la capacidad de recaudación. Si alguna ventaja tuvo en México para tener concentrados la mayoría de los instrumentos de política económica en el orden federal, fue la velocidad de respuesta con la que se afrontaron los choques externos e internos, como quedó demostrado en la crisis de los ochenta y los noventa. Sin embargo, ahora requerimos de un nuevo equilibrio que no ponga en riesgo las finanzas de la federación, sino que permita descentralizar los recursos para fortalecer la toma de decisiones a los gobiernos, no solo estatales y municipales, lo que pretendemos es fortalecer ahora también la participación de poblaciones que viven en las agencias municipales. Esto implica impulsar el desarrollo económico en estos cuatro niveles de gobierno. En esta época de recesión se nota que el país sufre la inmovilidad del Ejecutivo federal. Por eso consideramos que el modelo del federalismo a seguir debe ser el que contribuya también a la reactivación económica y proporcione soluciones integrales a los problemas de desarrollo. Por tanto requerimos pensar globalmente y actuar de manera local con visión nacional, incorporando integralmente a la población los ingresos del gasto, la deuda, la contabilidad gubernamental, así como los instrumentos para la evaluación, transparencia y rendición de cuentas. Existen tres preguntas esenciales que los gobiernos deben responder a los ciudadanos, y son fundamentales para observar la ejecución del gasto público: ¿Quién gasta? ¿En qué? ¿Y cómo lo hace? El objetivo de esta reforma es encaminarnos hacia un federalismo de finanzas y la hacienda pública, que asegure a cada mexicano un mínimo de condiciones de bienestar y acceso a las mismas oportunidades de desarrollo en cualquier parte del territorio nacional, de manera eficiente y que incluya a las agencias municipales o su equivalente. Es cuanto, diputada presidenta.