La diputada Norma Adela Guel Saldívar: Buenas tardes. Me permito presentarme ante este recinto para exponer el proyecto de decreto que plantea una visión y modificación a la Ley General del Procedimiento Administrativo. La administración pública federal centralizada y descentralizada afecta y modifica la esfera jurídica y patrimonial de todos los ciudadanos. A través del acto administrativo y para que este sea completamente valido y eficaz, debe cumplir con los requisitos exigidos en nuestro máximo ordenamiento legal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las demás leyes aplicables, entre ellas la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Además, tal o cual actuación de la autoridad debe ser exteriorizada, hacerle saber al particular la determinación que habrá de modificar su esfera jurídica en particular, y para ello debe ser debidamente notificado al respecto. Nuestro máximo ordenamiento, nuestra Carta Magna, garantiza el derecho de petición de los ciudadanos, para que toda solicitud realizada a una autoridad deba ser resuelta por escrito en un breve término. A la falta de contestación por parte de la autoridad al ciudadano en cuestión se le denomina como silencio administrativo y conlleva dos efectos. El primero, en sentido positivo; el segundo, en sentido negativo. El primero de ellos significa que lo que se solicita es concedido. El segundo, en contraparte, es que se tiene por negado lo solicitado. En nuestra legislación la regla general ante la ausencia de contestación de la autoridad de toda petición es la negativa. Dicha negativa es reconocida en nuestro sistema jurídico como negativa ficta, misma que es recurrible en los términos que la propia ley y la jurisprudencia han exigido. En nuestro país se realizan alrededor de 150 millones de peticiones diversas de los ciudadanos a la administración pública federal. Tan solo el 49 por ciento es atendido y contestado. Ante dicha situación, es claro que la mayoría de las peticiones no son solventadas y por ende obligados en la mayoría de los casos a recurrir dicha situación ocasionándole un perjuicio mayor a la esfera jurídica y patrimonial del ciudadano, aunado a que genera opacidad y falta de probidad de los servidores públicos en lugar de eficientar su actividad y con ello ofrecer una mejor calidad de respuesta a la ciudadanía en general. Compañeros, no podemos seguir solapando la inactividad administrativa en detrimento de la ciudadanía en general. La burocracia no puede ser favorecida en cuanto a su inactividad, siempre se debe de velar por el interés del gobernado, siempre. Debemos buscar activar el desempeño, eficiencia y responsabilidad de los servidores públicos de la administración pública federal y defender los derechos de los ciudadanos al sustituir la figura de negativa ficta por la de positiva ficta. Si la autoridad no resuelve la situación planteada por cualquier ciudadano, la misma debe tenerse por contestada en sentido afirmativo, evitando la opacidad en la función pública por completo, toda vez que obliga al servidor público a tener mayor diligencia en el despacho de los asuntos que se le solicite, de lo contrario incurriría en faltas de probidad si se derivara en una afectación a erario de la administración pública. Al tener una administración pública, ágil, eficiente y transparente, no se consigue con mera retórica o hablando bonito, debemos generar los mecanismos legales necesarios para garantizar el cumplimiento del deber de todo servidor público, atender en todo momento a la ciudadanía estando de su lado y no complicando su esfera jurídica. Vamos por una administración pública que respete y que trate dignamente a la sociedad, es nuestra responsabilidad, compañeros. Tomemos acciones claras y contundentes, como la planteada por esta iniciativa. Es cuanto.