El diputado José Francisco Coronato Rodríguez: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: de conformidad con la teoría clásica de la separación de poderes, sólo se logra la construcción de un estado democrático a través de la consolidación de un gobierno moderado, es decir, por aquella estructura que dé contrapeso al actuar de los diferentes entes investidos de potestad en la toma de decisiones que trascienden a toda la sociedad. Este principio ha sido recogido por nuestro ordenamiento doméstico en el artículo 49 de nuestra Carta Magna que a la letra señala: “El supremo poder de la federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial”. Bajo este orden de ideas, la división de poderes tiene entonces como principal objetivo la limitación del proceder de cada uno de los órganos en los que ha sido fraccionado el poder supremo de la federación, pero también presupone el equilibrio entre ellos, así como el apoyo y la colaboración en la ejecución de sus facultades. En México, la elaboración de las normas jurídicas es una facultad que únicamente recae en dos de los tres Poderes de la Unión, a saber, el Legislativo y el Ejecutivo son los órganos que detentan la actitud legal para la toma de decisiones que de manera positiva o negativa repercuten en la esfera jurídica individual o colectiva de los ciudadanos e, incluso, a la del Estado mismo como lo establece expresamente el artículo 71 de la nuestra Carta Magna. A decir de algunos, la competencia antes descrita ha derivado en la exclusión del Poder Judicial en la participación del proceso de la creación de leyes, colocándolo en una especie de desventaja frente a los otros y así afectando considerablemente el equilibrio entre ellos. En este sentido, una visión más contemporánea de la colaboración entre los Poderes de la Unión estableció que la inequidad que los involucra radica en que fuera el Legislativo o, en su defecto, el Ejecutivo, quienes proponían las normas de organización y funcionamiento del Poder Judicial, situación que ha derivado en el reconocimiento de la facultad de iniciar leyes –entre comillas– “a favor de los órganos encargados de la función jurisdiccional en materia de su competencia”. La cual aún con carácter limitado ha encontrado eco dentro de la legislación estatal del país –como ya lo señaló con antelación nuestra compañera diputada– pues en algunas entidades federativas la potestad de los órganos de justicia sólo les es atribuida con el fin de regular sobre los asuntos internos del propio poder, esto es desde el punto de vista administrativo y orgánico. La propuesta de modificación a la fracción II del artículo 46 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal contenida en el dictamen que hoy estamos discutiendo, radica en que se pretende conceder al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal la facultad de presentar iniciativas de ley en sentido amplio en las materias del orden civil, familiar, de justicia para adolescentes y en sus respectivos códigos procesales a la Asamblea Legislativa, lo cual a todas luces resultaría inconstitucional concretamente a lo establecido en el artículo 71 y 122 base segunda, fracción I de la propia Constitución Federal, proyectos que tendrán que ceñirse al proceso legislativo que todo proyecto de ley o decreto sigue, que puede dar como resultado su aprobación, modificación o su rechazo, inclusive, el veto mismo garantizando así una verdadera separación y equilibrio de Poderes. Los integrantes del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano nos pronunciamos en contra de esta propuesta ya que de dar al Tribunal una intervención más allá de las que se le permite actualmente en base a sus atribuciones y al marco de constitucionalidad, pudiera traer los inconvenientes, además cómo quedaría desdibujada su imparcialidad respecto a las materias en cuestión. Imaginemos que un particular se ampara sobre un precepto que ha atentado contra su esfera jurídica, de entrada al no haber otras instancias serían los mismos ministros quienes de ser el caso tendrían que resolver sobre los litigios que se interpongan contra las leyes o reformas que de ellos prácticamente emanarían. Reiteramos nuestra posición de votar en contra de esta propuesta por resultar, a todas luces, inconstitucional. Es cuanto, presidente.