El diputado Ernesto Germán Sánchez Jiménez: En los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país podemos encontrar la Convención Americana de Derechos Humanos, que dentro de sus artículos 3, 4, 5, 18 y 20 establece el reconocimiento a la personalidad jurídica del individuo. Asimismo, en el Pacto Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos en su artículo 24, numeral 2, a la letra dice: Artículo 24. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y deberá tener un nombre. En la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el artículo 19, a la letra dice: El derecho a la identidad estácomp0eusto por tener un nombre y los apellidos de los padres desde que nazca y a ser inscrito en el Registro Civil de manera inmediata y gratuita, y a que se expida en forma ágil y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente. Asimismo, debe tener una nacionalidad de acuerdo con lo establecido en la Constitución. La presente iniciativa pretende dar certeza jurídica al interés superior de la niñez e implica defender su derecho a la identidad. De lo que se trata es de poner un hasta aquí a las prácticas que se llevan a cabo en algunas instituciones públicas o privadas en las que retienen documentos a fin de que se dé cumplimiento al pago de la contraprestación económica, por haber recibido el servicio de parto, práctica que lamentablemente se lleva a cabo, sobre todo en las instituciones de salud privadas. Es imperante mencionar que las instituciones de salud pública y privada, están obligadas a emitir con la finalidad de que se pueda tramitar posteriormente ante la autoridad civil competente, el acta de nacimiento durante los primeros seis meses de vida, posibilitando que el registro del recién nacido no sea de forma extemporánea. Por otro lado, y conforme lo establece el artículo 55 del Código Civil Federal, tienen la obligación de declarar el nacimiento el padre o la madre o cualquiera de ellos, y a falta de estos, los abuelos paternos, y en su defecto, los maternos. Los médicos cirujanos o maternos, que hubieren asistido al parto, tienen la obligación de dar aviso del nacimiento al juez del registro civil, dentro de las 24 horas siguientes, la misma obligación tiene el jefe de familia, y en cuyo caso haya tenido lugar el alumbramiento, si esto ocurrió fuera de la casa paterna. Si el nacimiento tuviera lugar en un sanatorio particular o del estado, la obligación a que se refiere el párrafo anterior, estará a cargo del director o de la persona encargada de la administración. Por su parte, el artículo 389 bis, fracción I de la Ley General de Salud, establece que el certificado de nacimiento será requerido por las autoridades del registro civil, a quienes pretendan declarar el nacimiento de una persona con las excepciones que establezcan las disposiciones generales aplicables. Luego entonces conforme a la Ley General de Salud, existe la obligación de expedir un certificado de nacimiento para cada nacido vivo, una vez comprobado el hecho, sin que su expedición se encuentre condicionada a alguna circunstancias, y por ende, el cumplimiento de dicha obligación constituya una falta, el cual se encuentra sin sanción. Por lo anterior expuesto, compañeros diputados, es que se propone el dictamen de la Comisión de Justicia con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 55 del Código Civil Federal, 230 del Código Penal Federal y 389 bis de la Ley General de Salud y que se ha aprobado, ya que es inadmisible retardar el derecho a la identidad de las niñas, niños y adolescentes, con la excusa de un adeudo, toda vez de que se vulnera el acceso a los derechos fundamentales inherentes al ser humano, y ninguna institución pública o privada, pueden negar la expedición o entrega del certificado de nacimiento de cualquier otro documento que permita al registro del menor, ante la autoridad civil competente. Es cuanto, diputado presidente.