El diputado Abel Murrieta Gutiérrez: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, para el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional es prioridad que el marco normativo federal que regula la vida social de nuestro país cuente con las disposiciones legales necesarias para el correcto funcionamiento de sus instituciones. Y en especial de los tres dictámenes que tenemos a discusión me permito destacar el de los adolescentes, porque estamos precisamente en una etapa donde más se ha utilizado a esta generación para delinquir. Y también tenemos que destacar esta disposición que actualmente estamos sometiendo a su consideración, porque es sumamente importante terminar el proceso para el cambio de justicia al sistema penal acusatorio y, sobre todo, los jóvenes deben contar con esta garantía. Hoy nos encontramos en un momento trascendente para la vida política del país, estamos a escasos días de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio adversarial en todo el territorio nacional. Y con orgullo podemos decir, compañeras diputadas y compañeros diputados, que somos parte de ese gran logro, ya que con la aprobación de diferentes normas legales, como lo es la miscelánea penal, estamos buscando mejorar mediante las reformas aprobadas las herramientas que servirán para lograr un correcto desarrollo de los procedimientos legales en materia penal. En este sentido debemos tener presente que, al implementarse el sistema acusatorio adversarial, debemos contar con un marco jurídico integral, que incluya a todos los sectores sociales, entre los cuales desde luego se encuentran los menores de edad. El sistema de justicia para adolescentes en México no es un tema nuevo, todos coincidimos en que se necesita la especialización y la capacitación para brindar a las personas menores de edad la posibilidad de asumir su responsabilidad cuando estos se encuentran relacionados en la comisión de un hecho que la ley califique como delito, aunado a que resulta necesario implementar mecanismos que le permitan al menor desarrollar sus capacidades de una manera positiva e integral. Como todos sabemos, los menores de 18 años requieren de procedimientos penales especiales, ya que independientemente de los derechos que les otorga nuestra Carta Magna, tienen la protección de los tratados internacionales. Por tanto nuestro país debe contar con un instrumento jurídico que establezca el procedimiento a seguir en materia penal respecto de este sector. El día de hoy votaremos el dictamen a la minuta por la que se expide la Ley Nacional del Sistema Integral Penal para Adolescentes, la cual tiene por objeto establecer de manera clara el sistema de justicia penal para aquellas personas menores de edad, así como determinar las medidas de sanción que en su caso le correspondan derivado de la comisión de un hecho señalado como delito por las leyes penales, durante su adolescencia, así como también busca definir las instituciones, órganos y autoridades especializados para los procesos penales en los que se vean involucrados los adolescentes. Finalmente, establece los procedimientos de ejecución de esas medidas de sanción a los que, una vez que la autoridad jurisdiccional los determine, sean acreedores. Este instrumento legal es de suma importancia, ya que complementa la reforma constitucional del año 2008 y contribuye para una correcta procuración y administración de la justicia penal, ya que es evidente se regirá bajo los principios y características del nuevo sistema de justicia penal. Con la aprobación de esta ley estamos acatando el texto constitucional que establece el noveno párrafo del artículo 4º: En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio de interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Lo anterior se ve materializado en una ley que contempla aspectos específicos inherentes a su calidad de adolescente, ya que establece la creación de instituciones especializadas. Una de las modificaciones sustanciales de esta ley lo es el acabar con el área administrativa que estaba a cargo de la justicia de adolescentes. En esta nueva ley los menores infractores serán juzgados o estarán a cargo de instituciones especializadas. El proceso se seguirá bajo el sistema acusatorio adversarial, acabando ya con la tutoría del Consejo de Menores a cargo de la Secretaría de Gobernación, hecho muy cuestionado en la práctica. También es necesario votar esta ley a favor, a que la anterior Ley para Tratamiento de Menores Infractores establecía que, derivado de la comisión de un hecho que el Ministerio Público calificara como delito menor, sería remitido a la unidad encargada de prevención y tratamiento de menores, en donde se iniciaría su tratamiento. Actualmente, en la nueva ley prevalece el principio de presunción de inocencia respecto de sus derechos humanos, impera el interés superior del niño y la protección por tratados internacionales, se acaba con el principio que se ejecutaba cuando un menor era planteado como delincuente de remitirlo inmediatamente, siendo que todavía ni siquiera era juzgado. Sobre todo hay un tema muy polémico, en tratándose de los menores que cometen delitos graves. Gran parte de la sociedad nos criticaba que los poníamos en inmediata libertad, o que su periodo de internamiento era muy bajo. En esta nueva ley estamos modificando y damos oportunidad al juzgador de darle un mayor periodo de internamiento. Esta no es ninguna contradicción, tendrán la oportunidad de hacerlo los jueces, pero en compañía de su familia y solo como casos de excepción. Por todo lo anterior, compañeros, es relevante aprobar este cuerpo normativo; el primero, es el que se contempla en todo momento, el interés de los menores. El Grupo Parlamentario del PRI lo hará responsablemente votando a favor, porque sabemos sin duda que contribuyen de manera importante para el avance de la implementación del sistema de justicia penal, aunada que con la aprobación de este dictamen se da cumplimiento al mandato constitucional establecido en el artículo 18, cuarto párrafo, en el cual se establece la obligación para establecer un sistema integral de justicia para adolescentes. Muchas gracias.