El diputado Neptalí Garzón Contreras: Ciudadanas y ciudadanos diputados y diputadas. El propósito de esta iniciativa es garantizar el acceso a la educación de los niños y jóvenes mexicanos, mediante la asignación presupuestal sustentable y permanente. De acuerdo a las demandas y a las estimaciones actuariales y a los acuerdos internacionales que México ha suscrito en Jomtien y Dakar en 1990 y en el año 2000, se propone hasta el ocho por ciento del Producto Interno Bruto por parte del Estado. El propósito también, en segunda propuesta, es que los dineros que se destinen a este derecho constitucional que tienen los niños y los jóvenes mexicanos, no esté sujeto a los vaivenes sexenales, a los cambios de gobierno o a las coyunturas políticas. O al capricho o a la voluntad del Ejecutivo en turno, como ha venido sucediendo durante décadas. Urge incrementar el apoyo del Estado a la educación básica, al nivel medio superior y superior, así como a la ciencia y la tecnología. Bien sabemos que muchas universidades públicas se encuentran en el quebranto financiero que requieren y demandan el fortalecimiento de la inversión pública. No hay ninguna justificación más que las que hemos escuchado muchas veces. Que el presupuesto no alcanza, que la cobija no protege a todos, que el pastel apenas alcanza para algunos. Lo cierto es que del universo de 68 millones de estudiantes, ocho millones de jóvenes mayores de 15 años en el país, el 43.9 por ciento, se encuentran en rezago educativo. Es decir alrededor de 30 millones, de los cuales seis millones son analfabetas. 9.8 no han concluido la primaria y 14.5 millones no lograron ingresar a la secundaria. La esencia del artículo 3o. constitucional establece ese derecho. No hay ninguna razón para que el Legislativo pueda cumplir con los propósitos que demanda la sociedad mexicana por lo que se refiere a la calidad educativa, que es la posibilidad de que cada alumno que asista a la escuela encuentre en ella una formación que enaltezca los valores, la cultura nacional y universal. Urge incrementar —y lo digo porque aquí ha habido kilómetros de discursos demandando justicia social a los legisladores, independientemente de su filiación política—, esta demanda de sustentar definitivamente el presupuesto educativo, lo podemos. Lo vimos, como un peregrinaje el año pasado, en donde inspectores de las universidades hacían filas en la Comisión de Presupuesto, gestionando incrementos para sus estados y para sus universidades. Gobernadores pidiendo aumento de presupuesto. ¿Cómo es posible que en este país, rico productor de petróleo, con muchas riquezas naturales, le niegue la oportunidad a millones de mexicanos, a niños y jóvenes, cuya inteligencia y talento se pierden? Pero aquí todos los partidos políticos representados sustentamos en nuestros programas el compromiso de cumplirle a la sociedad mexicana. Y han pasado décadas y décadas, y este derecho no llega completamente a toda la sociedad. Requerimos garantizar una estrategia de los servicios educativos permanentes: los maestros mexicanos demandando aumento salarial; los pensionados, justicia en sus pensiones, hoy regateadas con la llamada Ley del ISSSTE. No hay infraestructura suficiente para crear nuevos edificios para albergar a los niños, especialmente a los más marginados. Queremos decirle que esto está vinculado con los desafíos que tiene el Estado mexicano de combatir la pobreza, la exclusión y la violencia permanente. De continuar esta lamentable situación no podríamos alcanzar un modelo de crecimiento ni competir hoy en el mundo. Somos el país que ocupa el lugar 34 en desarrollo educativo. Esto puede significar que México no estará en condiciones, en las próximas décadas, para poder lograr su desarrollo del que tanto aquí hemos hablado. Por eso esta propuesta llama a todos ustedes, diputadas y diputados, que cumplamos con el precepto constitucional obligatorio de asignarle a la educación cuando menos el 8 por ciento. Hace un año también vimos que el gobierno actual nos había informado, para el ejercicio fiscal, que había un aumento en el presupuesto educativo. Al contrario, hubo una reducción de cuatro mil 500 millones de pesos. Recordemos cómo también las universidades públicas sufrieron esta disminución de su presupuesto y vinieron aquí, a esta Cámara, a negociar la reposición de sus incrementos. Por eso, llamo a esta soberanía para que hagamos lo que tengamos que hacer como legisladores en la asignación presupuestal en educación pública que programe y que logremos avanzar en este propósito. Suplico a la Presidencia registrar la presente iniciativa en el Diario de los Debates. Gracias.