La diputada Lizbeth Eugenia Rosas Montero: Gracias, presidenta, con su venia. Por economía procesal parlamentaria sólo daré lectura a algunos aspectos relevantes de dichas iniciativas de ley, solicitando que se incorpore el texto íntegro de dichas iniciativas en el Diario de los Debates. Voy a presentar primero la iniciativa con proyecto de decreto por la que se expide la Ley General de Intervención de Contralores Ciudadanos: México necesita y requiere transparencia, pero una transparencia que sea avalada por los mismos ciudadanos, ya que la población está cansada de que sea por medio de organismos gubernamentales, quienes velen por la transparencia y por el adecuado manejo de los recursos públicos y la administración pública. México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y esta Convención desde su primer artículo señala tres intrínsecas finalidades que son la promoción y fortalecimiento de las medidas para prevenir y combatir la corrupción, el fomento de la cooperación internacional, como un enfoque de los Estados que deben y necesitan rendir cuentas en una debida gestión de los asuntos y bienes públicos. Las instituciones gubernamentales a lo largo de la historia no han podido erradicar este mal social denominado corrupción. Continúa siendo un grave problema latente en nuestro país en los diferentes niveles de gobierno local, estatal y municipal. Por ello crear figuras de contralores ciudadanos permite que la ciudadanía pueda intervenir e injerir en los asuntos de la función pública que administre los recursos de los ciudadanos mexicanos. En diversos países de América Latina del Sur, se han creado veedurías ciudadanas conformadas por asociaciones y sectores de la población que inciden directamente como observadores y hasta como consejeros de las entidades que ejercen los presupuestos gubernamentales. Estas figuras han logrado reducir significativamente la corrupción y han obtenido como resultado la transparencia en el ejercicio de la administración pública. Por ello, compañeros diputados, esta iniciativa, con sus 47 artículos y tan sólo nueve títulos, tiene como principal objetivo dar intervención de forma directa, clara y contundente a la ciudadanía y que ésta pueda participar en la erradicación de la corrupción, como se ha venido caracterizando desafortunadamente en nuestra vida pública. En el título primero la presente iniciativa aborda las disposiciones generales necesarias en todo ordenamiento jurídico en donde se destaca la institución de los contralores ciudadanos, sus derechos y obligaciones y el servicio que prestarán a la república, destacando que no se busca generar más burocracia ni puestos, sino que esta función se realice de manera honorífica. Los contralores ciudadanos vigilarán la correcta aplicación de los recursos públicos y la forma en que éstos se ejercen por diversas disposiciones legales, definen ámbitos de aplicación y su relación con los diferentes poderes. En el título segundo se habla de la designación y funciones de los contralores, así como la publicación de las licitaciones, las invitaciones, qué tipo de montos tendrían que estar revisando ellos de acuerdo a estas licitaciones, en fin, toda una serie de funciones y facultades que les permitan ir generando confianza entre la ciudadanía. Finalmente, en el título cuarto también se dice de manera explícita que los entes públicos estén obligados al imperio de esta ley, y entre otros las secretarías de estado federales o locales, así como organismos públicos descentralizados o fideicomisos en los que el Estado sea parte, asociaciones público privadas o comisiones de diferentes niveles de gobierno. Asimismo, los entes públicos deberán mantener informados a los contralores ciudadanos coadyuvantes en sus proyectos, planes y estrategias de acción para el ejercicio de sus funciones a fin de considerar sus opciones; sin embargo, las decisiones y determinaciones siempre corresponderán a los funcionarios responsables de estos entes públicos. En conclusión, esta iniciativa forma parte de un cuerpo jurídico que he estado presentando en esta Legislatura con la finalidad de empoderar realmente a la ciudadanía y tratando de exponer fórmulas democráticas que otorguen participación, pero sobre todo decisión al ciudadano común que no desea formar parte de alguna organización no gubernamental pero, al mismo tiempo, sin excluir a quienes ya tengan participación en estos organismos poderles darles voz y facultad sobre la designación y propuestas sobre los recursos y transparencia en materia de recursos públicos. Asimismo, compañeros diputados, presento la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la ley general para la prevención social del delito. Para nosotros en México es imprescindible fortalecer las instituciones en un sentido contemporáneo, es decir, incluir a la sociedad en torno a las decisiones que habrán de repercutir en su entorno inmediato y en el diseño de políticas públicas desde nuestra perspectiva de participación ciudadana, tanto de organizaciones civiles como de ciudadanos, que invariablemente en todos estos años han hecho aportes muy importantes en el tema de la seguridad pública y la prevención del delito. Por ello para nosotros como grupo parlamentario creemos que es fundamental contar con instancias de participación en donde pudieran armarse gabinetes en materia de prevención del delito, porque precisamente esta iniciativa con tan solo cinco capítulos y 23 artículos, busca por un lado generar una participación ciudadana que no pretenda representar a algo o a alguien. Se busca una participación espontánea y transparente que en el caso de rebasar las expectativas se aplicará el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Además de todo principio de rotación constante. Por otro lado se espera que la participación social en la prevención del delito, siendo una materia tan insensible en nuestra sociedad en estos momentos, se realicen no a manera de una participación meramente consultiva, sino derivada de una participación empoderada cuyas decisiones y deliberaciones desemboquen en proyectos, programas o acciones vinculantes para las instituciones competentes. En el primer capítulo se plasman las generalidades de la presente ley, y en su marco jurídico no busca agotar todas las variables e hipótesis sino aporta elementos importantes para el tema de la prevención social del delito, y los gabinetes de prevención, entre otros conceptos. En el capítulo dos se delinea una estrategia general para propiciar la prevención social del delito generando una amplia difusión del presente cuerpo normativo antes de que entre en vigor, ya que es fundamental para el éxito de una ley conocerla y difundirla. En los capítulos tres y cuatro se desglosan las obligaciones y derechos tanto de la ciudadanía en torno a la ley, como de las propias autoridades responsables en materia de seguridad pública y desarrollo social. Por último, vemos en el capítulo 5o. la concreción material de la propuesta aterrizada a funcionarios, ciudadanos, espacios públicos, políticas públicas e incluso se llega, aquí, sí al detalle, de responsabilizar a servidores públicos con capacidades de decisión sobre la infraestructura requerida para dicho proyecto. Finalmente, con esta iniciativa, compañeros diputados, no propongo crear nuevos elefantes blancos inoperantes y onerosos como los ya existentes, desafortunadamente. Con esta iniciativa buscamos como grupo parlamentario optimizar el recurso de áreas estratégicas en materia de seguridad pública y desarrollo social, y dotarlas del elementos de participación ciudadana, no con la finalidad de legitimarse sino con la finalidad de obtener un punto de vista de la sociedad civil que ha trabajo este tema de la seguridad con muchos años antes que nosotros. Con la presente, propongo dejar a un lado la simulación de los cuerpos colegiados que no definen nada, y que solamente son reuniones largas por mucho tiempo, y pasar verdaderamente a un ámbito de toma de decisiones eficaz de colaboración, pero sobre todo, compañeros diputados, de corresponsabilidad entre las instituciones que están obligadas a generar y a otorgar una verdadera seguridad a los ciudadanos. Es cuanto, diputada presidenta.