EL DIP. LUIS ANTONIO RAMÍREZ PINEDA: Con su venia, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados: He pedido la palabra para compartir con ustedes la justificada reacción de diversos sectores de la sociedad mexicana que perciben en el paquete económico del Gobierno, una grave determinación al dispersar los fines y debilitar el patrimonio de instituciones públicas que tienen una razón histórica y una responsabilidad social en el desarrollo del país. Por diversos medios se ha discutido la arbitrariedad de esa desafortunada decisión del Gobierno de la República, se ha reclamado el abandono o desapego oficial respecto a compromisos de Estado que incide en la producción, la investigación y la tecnología del sector agropecuario, al desdeñar activos de la nación como el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias; el Colegio de Postgraduados; el Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural o el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, olvidando quizás que comer es primero y que no hay dependencia más dramática que la alimentaria. Se ha escuchado también la denuncia de mexicanos alarmados por el riesgo en que se ubica la cultura, nuestro principal patrimonio común, nuestro rasgo de identidad frente al mundo. Hoy vengo a esta tribuna a solidarizarme con esas legítimas y justas protestas, pero vengo también a hablar por quienes no lo han hecho porque no tienen la organización ni la información para hacerlo, por ser los más débiles entre los vulnerables, los pobres entre los pobres, los mexicanos que sobreviven en el desierto y en las zonas áridas de nuestro país; me refiero a los 10 millones de mexicanos recolectores de la candelilla, de la lechuguilla, del cortadillo, del orégano, de los modestos gambusinos, de los humildes tejedores de palma, de todos los que buscan que la sociedad no los olvide, aunque no los escuche; de los que no pueden ni podrán pagar desplegados para defender la existencia de la única mano que busca apoyar su supervivencia y que los vincula con el resto del país: la Comisión Nacional de las Zonas Áridas. Las zonas áridas de México son un problema preocupante, no sólo por las difíciles condiciones en que viven los miles de caseríos que ahí se asientan, sino por lo que anuncia para el futuro. Más del 56% del territorio nacional son ya zonas deterioradas, pues la desertificación avanza en forma indetenible, creando una crisis ecológica que es preciso atender. El asunto es muy complejo, pero hasta ahora, la respuesta a su problemática ha sido muy marginal y a menudo degenera en simples campañas propagandísticas. Por eso creo que hoy más que nunca es esencial otorgar más atención a las zonas áridas, tanto por razones sociales como por el hecho que las zonas áridas todavía guardan considerables recursos que bien explotados, podrían desempeñar una función económica importante, al mismo tiempo que otra función ecológica de recuperación de espacios que de otro modo continuarían deteriorándose. La CONAZA parece, por la naturaleza de los objetivos que persigue, como una institución de primordial importancia para México, porque no es una simple institución de asistencia a esas poblaciones marginadas que ya sería suficiente para justificarla, sino como un posible instrumento de recuperación de enormes espacios geográficos vitales para el país. Por esas razones, pienso que no debemos permitir que se minimice esta institución, al contrario, nuestro mandato y nuestras más elementales convicciones de justicia y equidad, nos obligan a rechazar y revertir el inaceptable propósito gubernamental y convertirlo en una acción de fortalecimiento y de lanzamiento de la CONAZA en la medida y a la altura que exige el universo social al que sirve. Por lo anterior, me permito proponer a esta soberanía el siguiente Punto de Acuerdo Instruir a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, para que desestime cualquier intento de desincorporar a la Comisión Nacional de las Zonas Áridas y por el contrario, de manera preferente, le asigne los recursos que le son necesarios para ampliar sus actividades y programas a favor de familias y comunidades de las zonas áridas bajo su jurisdicción, incluyendo los que necesite para ampliar su cobertura hacia otras zonas del país, que necesitándolos con urgencia, aún no cuentan con sus servicios. Es cuanto, señor Presidente, muchas gracias.