La diputada Mónica Fernández Balboa: Gracias, señor Presidente, con su venia. Una de las instituciones extremadamente débil en México es el Congreso de la Unión. Esto debido a la brevedad del período ordinario de sesiones con que cuenta nuestro sistema parlamentario. Cuánto no se ha dicho sobre el poco tiempo que trabajan los legisladores, la percepción ciudadana de que la remuneración de los legisladores es muy alta para el poco tiempo que trabajan, de la falta de reformas para que este Congreso sea más útil al pueblo de México. La iniciativa que presento hoy tiene por objeto extender el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Lo anterior en virtud de que el trabajo parlamentario no sólo comprende la función legislativa sino además otras funciones, como la financiera, la presupuestaria, la de control, la jurisdiccional, etcétera. También se puede conocer de asuntos graves e importantes de relevancia nacional, por lo que aproximadamente los seis meses que corresponden a los dos periodos ordinarios de sesiones, no son suficientes para el desarrollo del trabajo legislativo en el pleno camaral. Como breve referencia histórica, apunto que en la publicación de nuestra Carta Magna de 1917, los artículos 65 y 66 establecían que el Congreso se reuniría el día 1o. de septiembre de cada año para celebrar sesiones ordinarias, pero no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del mismo año; es decir, antes de las reformas de 1986, el Congreso de la Unión celebraba un solo periodo de sesiones ordinarias al año. Pero la complejidad creciente de la vida moderna hizo necesario que el Congreso celebrara sesiones ordinarias durante un mayor tiempo y sin que entre un periodo y otro hubiera un receso tan prolongado. Existía también la necesidad por las funciones política, de vigilancia y fiscalizadora, a cargo de Poder Legislativo, que su presencia en la vida nacional fuera cada vez más permanente y vigorosa. Así, nuevos periodos de sesiones facilitarían el cumplimiento de esta finalidad y permitirían el mejor desempeño de las tareas de contrapeso y equilibrio que le corresponden al Congreso de la Unión. En ese sentido se propuso el establecimiento de dos periodos de sesiones ordinarias, lo que permitiría también una programación más adecuada del trabajo de las Cámaras, pues las leyes que por su importancia lo ameritaran podrían fácilmente ser recibidas en un periodo, dictaminadas durante el receso, mucho más breve que el que la ley original establecía, y discutidas y en su caso aprobadas en el siguiente periodo de sesiones ordinarias, aunque no escapaba que habría otras que por su urgencia o su vigencia anual tendrían que ser dictaminadas y discutidas en el mismo periodo en que se recibieran. Como resultado, en 1986 se reformaron nuevamente los artículos 65 y 66 planteando dos periodos ordinarios de sesiones, esta vez, del primero de noviembre al 31 de diciembre y del 15 de abril al 15 de julio. En 1993 se estimó pertinente adecuar las fechas de inicio y términos de los referidos periodos con objeto de ajustarlos mejor a la intensidad de los ritmos de trabajo legislativo. El periodo de sesiones ordinarias que iniciaba el primero de noviembre, y que debería de ocuparse preferentemente de los asuntos de orden fiscal, financiero y presupuestal, tenía una duración apenas suficiente para atender las iniciativas y decretos de carácter estrictamente fiscal y presupuestal, cuya extensión y complejidad requerían cada vez de mayores tiempos para su conocimiento y análisis. Además se hizo ver que la iniciativa de la Ley de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación en los que se plasman los criterios de política económica para el siguiente año del ejercicio fiscal, con frecuencia implicaban modificaciones de muy diversa índole, cuya consideración también ocupaba un mayor número de horas de trabajo. Por ello se planteó una reforma que modificara las fechas de los periodos de sesiones. En el 2004 se modificó el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones el cual empieza el primero de febrero de cada año. Actualmente, de acuerdo con los artículos 65 y 66 constitucionales, los dos periodos ordinarios de sesiones que lleva a cabo el Congreso de la Unión, comienzan el primero de septiembre y primero de febrero y terminan como máximo el 15 de diciembre, con excepción del año en que toma posesión el titular del Poder Ejecutivo Federal, en el que podrá concluir el 31 de ese mismo mes y el 30 de abril respectivamente. Fuera de ese plazo la Constitución prevé el funcionamiento de la Comisión Permanente o, si fuera necesario, la convocatoria a periodos extraordinarios de sesiones. El tiempo normal de funcionamiento de una legislatura es de seis meses al año, es decir, durante seis meses al año las Cámaras no sesionan de forma ordinaria. Esos periodos tan reducidos quizás pudieran haber tenido alguna justificación en el pasado, cuando los temas y problemas que atendían los legisladores no tenían la complejidad que han adquirido en los últimos años y cuando el estado precario de las vías de comunicación dificultaba que los diputados y senadores de provincia pudieran llegar fácilmente a la sede del Congreso. Pero en la actualidad, teniendo presentes las enormes necesidades de regulación y de intervención legislativa que demanda la dinámica del sistema político y el mismo entorno social, parece un lujo excesivo para el país tener a las Cámaras fuera de funcionamiento normal durante tanto tiempo. Ese mismo hecho rompe la continuidad de los trabajos legislativos, no permite el estudio detenido y juicioso de las iniciativas y tampoco facilita las tareas de control político sobre el Poder Ejecutivo, que son parte esencial del trabajo de los legisladores. Mientras los órganos ejecutivos trabajan de forma continua todo el año, las Cámaras apenas cuentan con la mitad de ese tiempo para realizar sus tareas, la cual representa un déficit importante para el equilibrio que debe haber entre los poderes. En el derecho comparado, ninguna legislatura tiene periodos ordinarios tan reducidos. De hecho, si se saca un promedio de los meses en que trabajan las legislaturas de Uruguay, Argentina, Francia, Italia, se llega a la cifra de nueve a 10 meses de trabajo al año, contra los seis meses en que sesionan las Cámaras de forma ordinaria. La presente iniciativa propone la extensión del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Ello haría que los tiempos de calendario se recorrieran por tiempos más largos, teniendo un periodo de sesiones de 10 meses, lo que permitiría un mejor análisis de las iniciativas que su colegisladora planteara, así como las del Poder Ejecutivo. El proyecto hace referencia a la necesidad de fortalecer integralmente al Poder Legislativo; se plantea que en la actualidad el Congreso asume un papel mucho más activo en la vida nacional que representa a una sociedad incomparablemente más compleja. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Cámara el proyecto por el que se reforman los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar dos periodos de sesiones: del 1 de septiembre al 31 de diciembre y el segundo, del 15 de enero al 31 de julio. Señora Presidenta, como ya se observó, no leí la iniciativa completa. Ésta está publicada en la Gaceta Parlamentaria, pero le ruego que sea tan amable de ordenar su inserción íntegra en el Diario de los Debates del día de hoy. Muchas gracias.