EL DIP. JOSE MARIA GUILLÉN TORRES: Con su permiso, ciudadana Presidenta, compañeras y compañeros diputados: Con punto de acuerdo para solicitar a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, se auditen los ingresos del Fondo de Recaudación Federal Participable, a cargo del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Considerando que en materia de recaudación federal participable el actual Sistema Nacional de Coordinación Fiscal nació con la finalidad de crear un régimen globalizador de los ingresos a distribuir, participaciones; establecer un procedimiento de participaciones que en su conjunto resultara más dinámico y efectuar entre los órdenes de gobierno un reparto equitativo de las fuentes de ingresos. No obstante, lo único que se ha logrado es el fortalecimiento del centralismo fiscal y en consecuencia la clara dependencia de las entidades federativas de la recaudación federal, llegando a parámetros que en promedio representan un 90 por ciento de los ingresos locales, esto sin incluir los fondos de aportaciones Ramo 33. Que de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales ha delegado en un comité de la facultad de vigilar la creación e incremento de los fondos participables, así como su determinación, distribución, liquidación y pago que formule la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Este comité de vigilancia ha venido solicitando a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de manera reiterada una explicación clara y oportuna sobre las bases de integración de la Recaudación Federal Participable, y en particular los papeles de trabajo que permitan identificar el proceso bajo el cual se establecen dichas bases, información que resulta de suma importancia, máxime en este año en el que dicha dependencia ha determinado una drástica disminución y por lo tanto una importante reducción de las participaciones federales estimadas. Que la información de que se dispone es incompleta, informal y poco confiable, lo que no sólo implica falta de transparencia, sino que también genera inconformidad de los municipios hacia los gobiernos estatales, ya que les hace suponer que éstos les disminuyen sus participaciones sin razón alguna. Que además de la disminución de las participaciones federales, las entidades federativas enfrentan problemas financieros graves ocasionados por la descentralización del gasto en salud y educación, la insuficiencia de recursos y el incumplimiento de cláusulas de los acuerdos firmados, ha ocasionado un déficit en estos rubros mismos que se ha venido incrementando en cada ejercicio presupuestal. A lo anterior debemos agregar la situación generada a raíz de los recortes y violaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al Presupuesto de Egresos aprobado por este Congreso. Que en materia de salud la realización de acuerdos a nivel central con el sindicato, sin pedir la opinión de las entidades federativas respecto de las condiciones generadas de trabajo, ha repercutido en las finanzas en relación a la homologación salarial, máxime que las entidades federativas no tienen total autoridad sobre el personal transferido por la Federación, creándose una absoluta dependencia de los organismos estatales hacia la Federación. Que las bases y procedimientos mediante los que la Federación asigna los presupuestos para los servicios descentralizados, no responden a las necesidades reales de cada entidad, careciendo de certeza respecto de los parámetros utilizados para su determinación, por lo que no existe equidad ni transparencia en la asignación y distribución de los recursos. A esto se suma la disminución irreductible del FASA, por la inobservancia de la Ley de Coordinación Fiscal durante el presente ejercicio presupuestal, originando que las entidades federativas no puedan responder adecuadamente en la prestación de los servicios. Que por lo que se refiere a la descentralización de los servicios de educación básica y normal, la situación es aún más grave, dada la creciente diferencia entre la demandas y la capacidad para atenderlas; en parte, debido a un proceso irregular para llevar a cabo esta descentralización que indebidamente mantiene una doble relación con respecto a los trabajadores de la educación. Esta circunstancia, origina la toma de decisiones respecto de los incrementos salariales entre la Federación y el Sindicato, sin intervención de los gobiernos estatales mismos que tienen repercusiones directas en las finazas estatales por las homologaciones que de dichos acuerdo deriva para el personal a cargo del gobierno estatal. Por la inducción irresponsable que hace el Gobierno Federal, al dejar sin respuesta los planteamientos presentados por el magisterio y la falta de un control que implica el otorgamiento de prestaciones desproporcionadas entre estados que conlleva a enfrentar erogaciones que superan su capacidad. Que la asignación de recursos se realiza con base en el registro común de escuelas y de plantilla de personal que cada entidad federativa tenía al momento de la descentralización, criterio que se instituye con la adición efectuada a la Ley de Coordinación Fiscal, por lo que en este momento los reconocimiento o actualizaciones a las cifras asignadas no responden a la necesidad real de los servicios de educación. Que la fórmula para la distribución de los recursos....