La diputada Delvim Fabiola Bárcenas Nieves: Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras, el acceso a la justicia de manera eficaz, pronta y expedita, es una prerrogativa fundamental que a pesar de estar plasmada en nuestro texto constitucional, su cumplimiento aun está pendiente en la agenda nacional, el cual de no ser cumplido a cabalidad seguirá retardando la consolidación de un sistema democrático que garantice las libertades del individuo y permita el ejercicio de los derechos humanos. Resulta prioritario construir las bases de un sistema de justicia que garantice tanto la adecuada protección de la ciudadanía y sus bienes jurídicamente tutelados, como el adecuado juzgamiento de quienes son señalados como transgresores de las normas penales, garantizando así la protección de los derechos de quienes se constituyen como partes en un proceso penal. La situación de inseguridad en la que ha vivido inmerso nuestro país trajo consigo la incapacidad de nuestras instituciones para otorgar la debida atención y la protección de los derechos de las víctimas, así como garantizar un justo enjuiciamiento de quienes infrinjan la legislación penal. El resultado de todo ello son agencias ministeriales, juzgados, Centros de Readaptación y defensorías de oficio, rebasadas por la carga excesiva de trabajo; funcionarios de los tres niveles de gobierno, acusados de ineficiencia o de corrupción; reclusorios desbordados por la población penitenciaria; inocentes o pobres saturando las cárceles; y delincuentes caminando impunes en las calles. En este rubro la situación que vivimos apenas se podría imaginar, pero es peor con los datos contenidos en la primera encuesta realizada en la población interna de los Centros Federales de Readaptación Social, elaborada en el CIDE y que son muy reveladores. El 54 por ciento de los sentenciados dijeron haber sido llevados a otro lugar antes de la Agencia del Ministerio Público. El 27.5 por ciento dijo que el Ministerio Público no le había explicado por qué razón se encontraban ahí. El 42.2 por ciento dijo que no le había comunicado o informado del derecho que tenía para tener un abogado. El 66 por ciento de los encuestados dijo que no fue informado de que tenía derecho a no declarar. Sobre la posibilidad de hacer una llamada telefónica, el 64.4 por ciento no pudo hacer una llamada telefónica. Sobre la existencia de amenazas o el uso de fuerza pública para obligar una declaración o para cambiar ésta, el 34 por ciento dijo haber sido amenazado y que se uso la fuerza física en su contra. Esta incertidumbre que vive la sociedad hoy en día es tan sólo una pálida muestra del deterioro de nuestro sistema de justicia penal. Esta situación no podría entenderse sino a partir de, entre otras causas, la diversidad de códigos, adjetivos, en nuestro país que han provocado la dispersión de los procedimientos penales, lo que ha restado uniformidad al tratamiento de quienes son señalados como infractores y ha dejado a la ciudadanía imposibilitada para hacer valer y para defender sus derechos constitucionales. Es por ello que, los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, nos pronunciamos a favor de esta reforma constitucional que se somete hoy al pleno, pues gracias a ella será posible que el Congreso de la Unión expida una legislación única procedimental penal, misma que contemplará mecanismos alternativos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán en la República, tanto en el orden federal como en el fuero común. La reforma constitucional hoy sometida a este pleno nos permitirá fortalecer nuestro sistema penal, a través de estrategias que permitan atender y servir de mejor manera a quien ha sido víctima de un delito y que de ninguna manera tiene que ser victimizado de nueva cuenta por las instituciones o, bien, por los mismos servidores públicos. Pero no sólo eso, contaremos con normas adjetivas que coadyuven al adecuado juzgamiento de quienes han violentado la ley, buscando en todo momento acceder a la verdad legal con bases en pruebas tangibles y no en consignas. Compañeras y compañeros legisladores, Séneca decía que nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía. Nosotros agregamos que también raya en la injusticia, el juzgamiento sin equidad ni probabilidad de defensa. Injusto es criminalizar a las víctimas y ser indiferente a su dolor e indignación; injusticia es hacer de los reclusorios el vertedero de la venganza social en vez de una oportunidad para el perdón y la readaptación. No habrá justicia en México hasta que las víctimas sean atendidas con humanidad y empatía, y mientras los policías no se dediquen a proteger a la población, los fiscales dejen de poner precio a sus servicios y mientras los defensores no defiendan adecuadamente a sus clientes. Imposible hablar de justicia, mientras los reclusorios estén llenos de injusticias cuyos derechos siguen padeciendo aquella vieja máxima cincelada en las paredes de Lecumberri, en este maldito lugar donde reina la tristeza, no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Impensable hablar de justicia, si al contrario de cómo aconsejaba El Quijóte a Sancho Panza, en México se sigue doblando la vara de la justicia con el paso de la dádiva y no con la misericordia. Es por ello que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional estamos a favor de la reforma que sin duda alguna ayudará de manera positiva a seguir moviendo México. Es cuanto, señor presidente.