El diputado Jorge Álvarez Maynez: Con su permiso, presidente. Con el permiso de las compañeras, de los compañeros diputados presentes en esta sesión. Los que suscribimos esta iniciativa, el diputado Víctor Sánchez y un servidor, es plantearle a esta soberanía; plantearle a los compañeros legisladores y a las compañeras legisladoras, que empecemos ya con la tarea que el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dejado al Poder Legislativo de México. Lo que ayer se decidió tiene una implicación, de entrada fundamental para la discusión en materia de salud pública y del combate en materia de política de drogas del Estado mexicano de entrada tiene una conclusión elemental, se rompió el paradigma de la prohibición, el paradigma prohibicionista, se rompió en la discusión sobre el uso, el consumo y la posesión de marihuana. Eso ya se rompió. Lo que sigue y lo que está pendiente es cómo enfrentamos esta responsabilidad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha puesto a la luz de los criterios sobre en los que ellos han decidido, que son los criterios de libertades individuales y de derechos humanos por encima de la hoy muy irregular, muy accidentada y poco efectiva para el combate a la distribución ilegal de drogas que pesa sobre el Estado mexicano. Nosotros hemos planteado aquí el tema del sistema penitenciario, que México Evalúa ya nos señaló que hay una sobrepoblación de 300 por ciento en este sistema penitenciario. Hemos planteado el tema de la prisión preventiva de oficio y de otros instrumentos, como el arraigo militar, el arraigo en su conjunto, que han hecho que en México se viva la paradoja de la impunidad, en donde tenemos presos a quienes ni siquiera han sido sentenciados. En el caso de los delitos contra la salud, que son el 60 por ciento por ejemplo de quienes están en penales federales, y que hay un 60 por ciento de esos que están presos por delitos contra la salud, que es por el tema de mariguana, una cuarta parte de ellos, uno de cada cuatro de ellos es por tener menos de 200 pesos, del equivalente a 200 pesos, en posición de marihuana. Esas personas que están en prisión por tener cantidades de marihuana que valen menos de 200 pesos no están en prisión por ser narcotraficantes. Este gobierno y el anterior son gobiernos que han sido muy hipócritas en eso. No está en prisión El Chapo, pero uno de cada cuatro de los que están por posesión de marihuana tenía menos de 200 pesos cuando lo capturaron, que además la mitad de ellos no tuvieron abogado y, de los que tuvieron abogado, la mitad de ellos declaró que el abogado no les comunicó en todo el proceso penal ninguna de las determinaciones que se estaban tomando ni ningún razonamiento jurídico de su encarcelamiento. Esas personas que están ahí en prisión están ahí por pobres, están ahí porque no tuvieron dinero para corromper a una autoridad, para pagar una fianza o para tramitar un juicio de amparo. Si la defensa que hace ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación es a la luz de los derechos humanos, los derechos humanos son iguales para todas y todos los mexicanos, no nada más para los cuatro mexicanos que se ampararon con una estrategia jurídica correcta que hay que aplaudir, que es parte del litigio estratégico que está reformando la discusión pública en México, pero que no podemos limitar a que sólo cuatro personas tengan sus derechos humanos protegidos por encima de una absurda regulación en la materia por parte del Estado mexicano. Lo que nosotros estamos planteando es coincidente con las consideraciones y efectos que presentó el ministro Cosío en la discusión que se dio ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que leer la página 16, 17 y 18 del proyecto del ministro Cosío, en donde nos deja muy clara la tarea del Poder Legislativo derivada de la decisión que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que poner atención especial a lo que está sucediendo. Si los derechos humanos están por encima de esa regulación, por qué tenemos a miles de personas en las cárceles de México, sobrepoblándolas, que bien podrían estar en el goce de sus libertades contribuyendo al desarrollo nacional. El día que presentamos el tema de la eliminación de la prisión preventiva de oficio les decíamos que no son unos cuantos los que están en prisión sin sentencia, es la mitad de la población que habita los penales federales, es la mitad de los que tienen que ver con delitos del fuero común. Son 100 mil mexicanos en prisión sin sentencia. Lo que esos 100 mil mexicanos en prisión le cuestan al Estado mexicano nos bastaría para un millón de becas de educación media superior y superior para jóvenes que hoy están fuera de la escuela por falta de recursos. ¿Qué prefiere este Poder Legislativo, un millón de jóvenes becados por el Estado mexicano, preparándose para el día de mañana, o 100 mil mexicanos en prisión sin sentencia de haber sido culpables por el delito que se les imputa? Que probablemente se les fabricó, que probablemente tuvieron el accidente de estar en el lugar no indicado en un mal día, pero que están a la espera de haber sido declarados culpables para poder enfrentar el proceso con plena justicia. Lo que nosotros estamos planteando es que este Poder Legislativo se tiene que hacer cargo de su responsabilidad constitucional. Aunque la Corte lo haya hecho, no hay un solo país en el mundo con una política de drogas y de salud pública que haya resultado exitosa, que se haya derivado de decisiones judiciales. La responsabilidad en el debate público, en la deliberación, en la construcción y articulación de esa política está en los Poderes Legislativo y en el Poder Ejecutivo. No puede ser que mientras la Corte da un debate tan profundo, la Presidencia de la República y el gobierno federal se hagan como que voltea para otro lado; que haya funcionarios, secretarios de este gobierno federal que declaran que van a respetar la decisión de la Corte. Pues sería absurdo que no lo hicieran. Sería absurdo, ilegal, anticonstitucional y sería un contrasentido brutal que no lo hicieran, es su mínima responsabilidad y más en su carácter de funcionarios públicos respetar la decisión de la Corte. No se espera otra cosa de ellos. Pero lo que es su responsabilidad, como la nuestra, es entrarle al tema de fondo. Nosotros estamos presentando una Ley de Amnistía para quienes están en prisión por consumo y posesión en bajas cantidades de mariguana. Pero la discusión no se agota ahí, nosotros queremos entrar a una discusión de fondo, que evada ya el debate que se agotó, ya la discusión no está entre el prohibicionismo, que es un paradigma derrotado, derrumbado por el Poder Judicial del Estado mexicano y las libertades. El asunto es, ¿a dónde llevamos esas libertades? ¿Bajo qué regulación el Estado mexicano va a enfrentarse al tema, y bajo qué posibilidades? Hace unos días, el jefe de Gobierno declaraba que el Distrito Federal le va a entrar al tema, con el tema desde la concepción del uso terapéutico y médico de la mariguana. Y nosotros estamos de acuerdo, pero le preguntaríamos al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, ¿a quién le va a comprar la mariguana que va a usar con fines terapéuticos y con fines médicos? ¿Cuál va a ser su proveedor? Eso es uno de los planteamientos absurdos que hoy tiene la discusión, de los temas pendientes que hoy tiene la discusión. No debemos echarle la pelotita a otra legislatura, no debemos hacer como que esto que se debatió ayer en la Corte a profundidad no sucedió, sino que lo que nosotros estamos convocando es que asumamos nuestra responsabilidad. Y particularmente, con esta Ley de Amnistía les decimos, no están en esta Ley de Amnistía los narcotraficantes que le hacen daño a las familias de México, a los jóvenes de México, aquí se está criminalizando a los jóvenes, se está criminalizando a consumidores y, sobre todo, se está criminalizando como en muchas áreas del sistema penitenciario y del sistema de justicia en México a los pobres. Uno de cada cuatro es por menos de 200 pesos, eso no lo podemos seguir permitiendo y fomentando desde leyes que no vayan encaminadas a un sistema de justicia que enarbole como principio máximo, y como ya se reconoció por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los derechos humanos. Nosotros queremos elevar la discusión en esta materia y queremos que este Congreso pase a la historia por no haber renunciado a su responsabilidad. Ya nos inició la tarea la Corte, ya están enlistados los asuntos sobre los que tenemos que discutir. Nosotros convocamos a todas las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo a que lo hagamos con seriedad, con una orientación de Estado en materia de salud pública y que vayamos a un tema de consenso nacional en política de drogas y salud pública. Gracias, presidente. Y gracias a las compañeras y a los compañeros diputados.