La diputada Silvia Lorena Villavicencio Ayala: Muchas gracias. Estoy consciente que este Presupuesto debe atender una situación compleja como la pandemia, integrado con recursos insuficientes por la baja recaudación fiscal agudizada por la crisis económica en la que navegamos. Con un ingrediente adicional que no debemos soslayar, el poco presupuesto del que disponemos ya, ya que la mayor parte está comprometido desde hace muchos años. Estos compromisos acumulados nos impiden atender las necesidades fundamentales de un estado de bienestar como el que nos proponemos establecer en un país donde la desigualdad sigue creciendo. Mi primera propuesta es sobre la iniciativa que promovimos diputadas de diferentes partidos políticos, para darle alternativas a quienes perdieron su empleo, el ingreso único vital. Este ingreso lo planteamos desde abril para un universo de 30 millones de personas que potencialmente podían perder su trabajo. Además de ser una medida recomendada por la Cepal, es un acto de reciprocidad para quienes se confinaron y hoy puedan contar un salario mínimo de tres meses para enfrentar los estragos de la pandemia. A la fecha, afortunadamente el universo es de 6 millones de personas, de las cuales casi la mitad son mujeres, quienes están en una situación de desamparo y hay una necesidad urgente de un ingreso temporal para poder reestablecerse y no ingresar en las filas de la pobreza. Es imposible apoyar ese universo, pero apelo a la legislatura de la paridad, para que establezcamos un programa emergente y temporal para otorgar ese ingreso único vital de 3 mil 745 pesos por tres meses a las jefas de familia. Cuando sabemos que por lo menos 1 de cada 3 mujeres de este país se hacen cargo solas de la manutención de sus hijos, de las labores domésticas y de cuidados. Se trata de respaldar a 2.7 millones de mujeres que han perdido su fuente de ingreso a causa de la pandemia, con ello podemos brindarle un apoyo indispensable a un sector productivo y paradójicamente muy vulnerable. Mi segunda propuesta es de otro tema que ha desnudado con toda su dureza la pandemia, la violencia de género, se ha incrementado la violencia feminicida y los feminicidios. Según datos que ustedes ya conocen del secretariado ejecutivo. Tenemos 2 mil 874 homicidios violentos y 704 feminicidios durante estos 10 meses. Tenemos un promedio de 11 mujeres asesinadas por día. Es una de las grandes exigencias de las mujeres que se manifiestan en todas las entidades y su legítima existencia que implica el ejercicio de derechos no se refleja en el presupuesto, lo cual pone en entredicho una de las funciones primigenias del Estado, como es la salvaguarda de la vida y la integridad del grupo poblacional mayoritario. Al día de hoy tenemos 610 municipios con alerta de género vigente, 174 municipios se encuentran en proceso de declaratorio y 88 municipios más tienen recomendación para iniciar dicho proceso. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido de una disminución gradual. Por eso estoy solicitando que se otorguen recursos adicionales para las alertas de género que obliguen a los municipios y entidades con mayores índices de feminicidio a establecer una política real de prevención, atención, sanción y reparación de la violencia feminicida. Y lo más importante, con esta propuesta estamos dando cumplimiento al principio de progresividad que se establece en el artículo 1o. de la Constitución. Finalmente, en un país de víctimas, revictimizadas por la violencia institucional al no tener acceso a una atención adecuada, a defensa jurídica que dé un real seguimiento a sus casos, y menos aún con la reducción del presupuesto al sistema de justicia, estas tampoco tienen garantías de reparación del daño. Situación que se complica más a partir de las medidas de austeridad, que implicaron el recorte a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como a la desaparición del fondo que administraba esta institución, que apoyaba a 7 mil víctimas, de las 36 mil víctimas del país. No olvidemos también que la reparación del daño es una obligación ineludible del Estado mexicano. Por ello, pido que se incrementen los recursos asignados al Programa de Atención a Víctimas en 800 millones de pesos, y con ello se subsanen las asignaciones en este rubro, que se han perdido durante este ejercicio fiscal del presente año. Cierro diciendo que la impunidad manda un mensaje que multiplica la violencia, pero también la falta de presupuesto a quienes el Estado no les ha garantizado su existencia, su dignidad, integridad y vida. Y apelo, y con esto termino, a todos los diputados y diputadas de la paridad a que mandemos un mensaje claro a las mujeres que se manifiestan en todas las entidades federativas, para que sean tutelados sus derechos fundamentales y, como decía, su integridad y su propia vida. Y también la posibilidad de salir adelante en esta pandemia, que ha sido muy difícil, particularmente a las jefas de familia. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias.