La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Con su venia, señora presidenta. Buenas tardes, asamblea. El dictamen que hoy nos ocupa tiene por objeto actualizar y precisar el régimen jurídico de los derechos de las audiencias, en armonía con el principio de libertad de expresión y manifestación de ideas, a fin de evitar el riesgo de que se impongan restricciones arbitrarias a la libertad de expresión e información. La libertad de expresión es elemento fundamental en un Estado democrático y permanentemente entra en justa atención con los derechos de las audiencias especializadas y de última generación, por lo tanto resulta indispensable precisar el alcance de los derechos de las audiencias y establecer límites al actuar del Instituto Federal de Telecomunicaciones, salvaguardando el principio de legalidad a fin de mantener un marco de protección y equilibrio con pleno respeto a la libertad de expresión. Recordemos que la reforma constitucional de telecomunicaciones de 2013, así como la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014, dieron lugar a los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2016. Amén de todas las voces, se ha manifestado su inconformidad por el conflicto derivado de la interpretación de dichos lineamientos. Tanto el Senado como el Ejecutivo federal interpusieron sendas controversias constitucionales. En paralelo, la Comisión de Radio y Televisión de nuestra soberanía, en enero pasado también se pronunció acerca de los alcances de los multicitados lineamientos de las audiencias. Ante ello, el propio instituto tuvo a bien diferir su entrada en vigor hasta en tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva lo conducente. Por ello es importante e indispensable que desde el Poder Legislativo nos pronunciemos puntualmente para abonar y dar claridad, certeza y seguridad jurídica a la sociedad a fin de evitar cualquier vejación a la libertad de expresión. En ese orden de ideas, son de destacarse los siguientes rasgos: Primero. Facultar al instituto para ejercer las facultades de vigilancia en materia de los derechos de las audiencias para, en su caso, imponer las sanciones previstas en la ley. Segundo. Reconocer como derecho de las audiencias el recibir programación oportuna. Tercero. Garantizar que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad presentada como información periodística o noticiosa, de conformidad con sus propios códigos de ética. Disponer la obligación de difundir su portal de Internet e inscribir en el Registro Público de Concesiones el código de ética que está concesionado y habrá de emitir libremente. Por último, permitir a los concesionarios designar libremente al defensor de la audiencia sin que el instituto tenga intervención alguna, cuyo nombramiento deberá inscribirse en el Registro Público de Concesiones. Finalmente, la reforma pugna porque los concesionarios de uso comercial, público y social, cuenten con la plena libertad de expresión, programática y editorial, evitando en todo momento censura previa. En Encuentro Social queremos un México con certeza y respeto a los derechos humanos en todos los ámbitos de la vida nacional, al igual que las telecomunicaciones. Muchísimas gracias. Es cuanto, señora presidenta.