La diputada Karina Labastida Sotelo: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras diputadas y diputados: es motivo de satisfacción presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y del mío en particular, este dictamen. Este dictamen que contó con la aprobación de los diferentes grupos parlamentarios al interior de la comisión de Justicia, sabedores que el bienestar de la familia es fundamental en cualquier sociedad, motivo por el cual nuestra Constitución ordena que las leyes serán protectoras de este bienestar. El presente dictamen se apega a lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos que establece que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por el Estado. Estas disposiciones no autorizan al gobierno para interferir en la vida íntima de los integrantes de la familia, sino sólo para asistirla, fortalecerla y conservarla, privilegiando el bienestar de los menores de edad por tratarse de un grupo que necesita del cuidado y protección especial dado que son individuos vulnerables debido a su inmadurez física, intelectual y emocional. Dentro de las instituciones establecidas en nuestro marco jurídico, de naturaleza civil que otorgan protección a la familia y al menor, se encuentra la patria potestad. Ésta se ejerce sobre las personas y los bienes de los hijos, y el ejercicio de esta facultad en cuanto a la guarda y educación de los menores recae en ambos padres, o en la modalidad que establezca la resolución dictada por el juez familiar en caso de que exista alguna controversia. En cualquier caso la resolución del juez debe inclinarse siempre por buscar la mayor protección posible para los menores de edad. Para ello, existen disposiciones en este sentido, tanto el Código Civil Federal como los códigos de cada entidad federativa establecen que en caso de que el menor corra peligro bajo la tutela de alguno de sus progenitores, a éste se le privará del derecho de convivencia con el menor. Como ha quedado constancia a lo largo de mi trabajo en la actual legislatura de esta Cámara de Diputados, una de mis prioridades es atender los problemas que actualmente aquejan a las familias mexicanas, a través de directrices legales que protejan no sólo los derechos de niñas, niños y adolescentes, sino que repercutan también en sus padres y en todas aquellas personas que en determinado momento puedan ejercer la guarda y custodia. Uno de los derechos reconocidos tanto en los tratados internacionales como en el derecho positivo mexicano, es permitir que el menor exprese su deseo sobre cuál de sus progenitores quiere que ejerza sobre él la guarda y custodia. Actualmente en caso de desacuerdo de quien debe ejercer la guarda y custodia de los menores, la legislación federal procesal y sustantiva en materia civil es subjetiva y es discrecional, ya que si bien establece que el menor deberá quedar al cuidado de uno de los progenitores salvo cuando ello le sea perjudicial, también es cierto que en muchas ocasiones no se verifica la idoneidad de dicho padre o madre debido a que la autoridad no está obligada a ello, a menos de que una de las partes e, incluso, el propio ministerio público, así lo solicite. Sin embargo, con la aprobación de esta iniciativa daremos un paso fundamental en la materia, pues la propuesta de reforma y adición a los artículos 416 del Código Civil Federal y al artículo 80 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que será obligatorio para el juez familiar que sus resoluciones se tomen en base al resultado de las pruebas periciales en materia de trabajo social y psicología familiar que practiquen a ambos progenitores. De esta manera el impartidor de justicia se allegará de datos objetivos que le permitan determinar, con sustento en criterios técnicos, quién debe quedarse con la guarda y custodia de los menores. Y así, de esta manera, evitar criterios subjetivos. Con la probación de este dictamen permitimos que la dinámica legislativa continúe y, como legisladores, daremos cumplimiento al derecho de los menores para que vean materializado su derecho a una vida digna, libre de violencia y accedan a su pleno desarrollo psicosocial y afectivo. Es cuanto, señor presidente.