La diputada María Salomé Elyd Sáenz: Ciudadano presidente de la honorable Cámara de Diputados en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Los suscritos diputados María Salomé Elyd Sáenz y Pablo Alejo López Núñez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 55 fracción II, 56, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, misma que se fundamenta y motiva bajo la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La violencia familiar puede darse en todos los ámbitos y niveles de la vida social. Se manifiesta de diversas maneras y se constituye en diferentes grados. Es un atentado a la integridad física, emocional o sexual de los miembros de la familia que sin duda quebranta los derechos individuales elementales o la voluntad de quienes son afectados. En México, el escenario de la violencia familiar se yergue como un asunto de fundamental interés en salud pública. Se estima que existen violencia en uno de cada tres hogares tanto rurales como urbanos. A su vez, el INEGI señala que los agresores más frecuentes son los jefes de familia y el cónyuge dirigida a los hijos, siendo éste el sector más inerme y que presenta mayor proclividad a ser maltratado. La violencia familiar surge en donde opera una subordinación en relación al agente activo, es por ello que los padres fácilmente pueden victimizar a sus hijos e hijas. Dentro de este fenómeno de la violencia familiar, la ley reconoce dos tipos de maltrato: el psico-emocional y el maltrato físico. Las instituciones en nuestro país cuentan con importantes instrumentos jurídicos en torno a la protección de los derechos humanos de los niños. Es de reconocerse el esfuerzo que hizo nuestra legislación interna entre 1999 y 2000 para realizar las reformas al artículo cuarto constitucional respecto al establecimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como la respectiva ley reglamentaria: la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En ella se dispone que los niños tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Concretamente, el capítulo quinto reconoce el derecho de los niños y adolescentes a ser protegidos en su integridad, en su libertad y contra el maltrato y el abuso sexual y aunque en el Código Federal de Procedimientos Penales contempla la implementación de medidas precautorias para garantizar la seguridad e integridad de la víctima u ofendido del delito, es omiso en especificar el momento de su procedencia, la forma y la institución a través de la cual se llevará a cabo pues dichas autoridades encargadas de su aplicación tienen un margen muy amplio de discrecionalidad para actuar, provocando que no se lleve a cabo de forma inmediata, o en su caso se implemente sin la exigencia que amerita. Esta falta de eficacia a nuestro sistema de justicia preocupa demasiado pues ha provocado que menores de edad sean victimizados por tiempo prolongado por sus progenitores, circunstancia que podría evitarse si las instituciones públicas especializadas en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes pudieran intervenir de forma inmediata una vez que tuvieran conocimiento de que un niño está siendo violentado por sus padres, sin necesidad de esperar la determinación ministerial o judicial, ya que este lapso representa un alto riesgo para el menor, tiempo durante el cual los padres pueden manipular al menor para que no exprese la verdad, puedan sustraerse de la acción de la justicia o, en un caso extremo, violentarlos con mayor rigor por ser objeto de investigación, ocasionándoles en algunos casos la muerte. Si bien se han hecho esfuerzos importantes para fortalecer la labor de los órganos encargados de la procuración e impartición de justicia por parte del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, estos cambios aún no se perciben plenamente por parte de la sociedad, pues su función principal es solicitar e implementar mecanismos de salvaguarda. Sin embargo, éstos no pueden contar con la especificidad requerida para la atención de los niños, ya que las circunstancias de atención, asistencia y protección corresponden a otras instancias que velan por los niños, como es precisamente el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, lo cual implica considerar a esta institución, el DIF, como la instancia idónea para la protección de los menores que lleguen víctimas de algún delito y cuya función se vería perfectamente complementada si trabajara de forma inmediata y paralela con las instancias de procuración e impartición de justicia. Esto representaría el engranaje perfecto entre la aplicación de la justicia y la asistencia social requerida para la protección de los y las niñas. A tal efecto, se propone dotar de mayores elementos a las instancias públicas encargadas de la defensa y protección de niñas, niños y adolescentes, tales como el DIF federal, estatal o municipal, según sea el caso, para que dicha institución, una vez que tenga conocimiento de algún niño que esté siendo objeto de violencia familiar, intervenga de forma inmediata resguardándolo en sus instalaciones, sin que medie autorización ministerial o judicial, a fin de salvaguardar su integridad y dando vista a la autoridad competente para evitar el cotidiano daño físico o psicoemicional que el niño sufre y que, de prolongarse, puede causarle hasta la muerte. Esta actuación inmediata por parte de las instituciones públicas de asistencia social está sujeta a la posterior ratificación de la autoridad competente que conozca del asunto y por consiguiente será responsable del destino de la niña, niño o adolescente. Por ello se estima idóneo facultar a las instituciones encargadas de la protección y defensa de los niños, niñas y adolescentes propiamente al DIF, dado que dentro de sus facultades se encuentra asistir y proteger a los menores víctimas de algún delito. Por las consideraciones anteriormente expuestas presentamos con todo respeto a consideración de esta honorable Cámara de Diputados la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción VI del apartado B del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Unico. Se adiciona un párrafo a la fracción VI al apartado B, numeral 20 constitucional para quedar como sigue: La ley determinará los casos, formas y términos en que las instituciones públicas de asistencia social podrán intervenir inmediatamente en la implementación de acciones necesarias para la salvaguarda de la integridad de los menores de edad víctimas del delito de violencia familiar. Estas medidas precautorias, con posterioridad a su implementación, deberán ser confirmadas por la autoridad competente. Transitorios. 1. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 2. Las autoridades competentes deberán emitir las leyes, reglamentos y otras disposiciones para instrumentar en todo el país lo establecido por esta ley. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a los 22 días del mes de noviembre del año 2005. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.