El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Con su venia, diputado presidente. En el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México queremos empezar, desde luego, por felicitar la diligencia y la dirección, en este caso, de la Comisión de Justicia, por parte del diputado Ricardo Fidel Pacheco, quien ha elaborado este dictamen que es no solamente adecuado por cuanto a los tiempos y a la prontitud con la que se ha procesado la minuta del Senado, sino además, está correctamente fundado. Y a qué me refiero con que esté correctamente fundado, a que está tendiendo realmente al problema que se trata de atender y resolver a través de esta iniciativa. Cuál es éste. Desde luego que podemos referirnos a la trata de personas, que condenamos junto con todos ustedes. Pero déjenme decirles esto, a veces leo con inquietud algunas de las iniciativas que se presentan y me nace la inquietud sobre qué tan conscientes somos de la responsabilidad que estamos desempeñando y los límites que tenemos nosotros como legisladores, ¿por qué?, porque nuestra facultad no es omnímoda. No podemos nosotros estar legislando en aquello que se nos ocurre y de la manera que nosotros pensemos. La verdad es que estamos limitados por distintas directrices que prevé la Constitución, directrices de las que depende no solamente el correcto funcionamiento de nuestro orden gubernamental, sino también la observancia de los derechos y de las libertades personales de todos los mexicanos. Y es éste el segundo punto precisamente, aquel al que se refiere la iniciativa y que se trata de bordar. La Comisión de Justicia elaboró un dictamen con relación a un tema que no es de carácter estrictamente formal, estamos hablando de la funcionalidad de un sistema jurídico que trata de atacar con efectividad a un delito que mina aquello que tenemos que preservar más, que es: la salud, la integridad y el desarrollo de nuestros niños y de nuestras niñas, y el cuidado de las mujeres de México y el mundo. Hablamos de la trata de personas, sí, un delito que no es sino sinónimo de la disminución más baja y más vil de la que puede ser sujeto una persona. Se trata no solamente de un delito que priva de su libertad a un individuo, sino que además afecta y mina su dignidad de la manera más animal que pueda pensarse, al someterlo a una especie de esclavitud con propósitos sexuales, con propósitos económicos o, en el peor de los casos, con el propósito de poder hacerse de un órgano vital. Según lo ha reflejado la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos en nuestro país, de las 32 entidades federativas 21 están afectadas por la comisión de este delito de trata de personas, de ahí que efectivamente se trate de un número mayoritario de entidades federativas en las que tenemos que dotar a las autoridades encargadas de la procuración de justicia y del castigo de este delito de instrumentos para actuar con prontitud y con toda honestidad. Déjenme compartir con ustedes la estadística que refleja la magnitud del problema. No se trata de un número que ilustre a las víctimas del delito ni a los delincuentes, entre 2007 y 2012 de 297 detenidos por la comisión de este delito solamente 35 fueron condenados, 35 personas que significan un poco más del 10 por ciento. Eso quiere decir, o bien que la acusación no estuvo bien fincada o, de lo contrario, que en ejercicio de la defensa a los derechos humanos aquellos que fueron procesados invocaron la tutela que les otorga el artículo 14, párrafo tercero, de la Constitución, a ser juzgados siempre por una norma de carácter penal que resulte exactamente aplicable al delito del que se trata. Por virtud de cualquier imperfección de la norma que se está tratando de aplicar en la persecución del delito de trata de personas lo que estamos nosotros provocando es impunidad, ¿por qué?, porque aquella persona que se le procesa por este delito va a tener al final del camino procesal, del camino judicial, la posibilidad de ser exenta del castigo por la comisión de un delito que pudiera sí efectivamente reprochársele. Esta situación arroja por consiguiente a cargo nuestro la obligación de ser muy cuidadosos, en primer lugar para dotar a través de normas correctamente redactadas a los órganos de procuración de justicia de instrumentos que le permitan perseguir con eficacia el delito, pero al mismo tiempo ser cuidadosos de no vulnerar derechos humanos que por virtud de un carácter preeminente de nuestra Constitución permitan la defensa de aquella persona que deba ser castigada. Esta respuesta que tenemos que dar obedece a compromisos del país en materia internacional, porque la trata de personas es un delito que afecta al orbe entero. Ya lo dijeron aquí, quienes son sujetos de la trata de personas vienen de Europa del este, vienen del África, vienen de Asia o vienen de Centroamérica y de México en lo particular por nuestra vecindad con los Estados Unidos de América. No podemos permitir que los niños sigan siendo sujetos del tráfico de órganos y tenemos que dar instrumentos que sean eficientes. Por eso, en el Grupo Parlamentario del Partido Verde, vamos a votar a favor de la minuta, porque condenamos enérgicamente la trata de personas en todas sus vertientes, vamos a votar a favor del dictamen porque somos conscientes de que la mejor manera de combatir la delincuencia y la inseguridad es por medio de la correcta y escrupulosa aplicación de la Constitución y del derecho. Vamos a votar a favor del dictamen, porque entendemos también que el cumplimiento de nuestra responsabilidad parlamentaria solo se logra mediante la aprobación de normas jurídicas congruentes y bien estructuradas apegadas al mandato de nuestra Carta Magna. Y por último, vamos a votar a favor el dictamen porque asumimos que defecto más grave de la actividad gubernativa que hoy nos reprocha nuestra sociedad es la impunidad y a través de este dictamen estamos yendo en contra de la misma. Es cuanto. Muchas gracias.