El diputado René Cervera García: Con su venia, señora presidenta. Compañeras y compañeros diputados, los delfinarios desde ayer y hoy están en boga en esta Cámara. En México son un negocio. Una industria que opera teniendo al cautiverio de delfines, con fines comerciales, como eje rector, situando como oferta de mercado actividades de nado y contacto físico con esas especies. En la década de los setenta aparecieron los primeros delfinarios aquí, todos, todos y cada uno de ellos, con una naturaleza comercial y de lucro, negocios cobijados bajo la inexistencia de normas jurídicas que les regulasen en ese momento y actualmente favorecidos por la negligencia y complicidad de las autoridades ambientales mexicanas. Desde entonces, la conservación de mamíferos marinos es vulnerada por la industria de delfinarios, afectando su lugar en la biodiversidad del país. Sin duda, el rezago de la justicia ambiental se refleja en el sistema jurídico vigente, mismo que obstaculiza e impide la efectiva protección de estas especies. La concepción normativa para la conservación, el objeto científico y el aprovechamiento no resulta articulada ni precisa, ocasionando incertidumbre y ambigüedad al menos en la procuración y administración de la justicia, características estas que son aprovechadas por el comercio y el mercado para lucrar legalmente, entre comillas, con estas especies supuestamente protegidas por el Estado mexicano. Tan sólo al revisar el actual marco jurídico y legislativo mexicano e internacional, desde la NOM 135 de la Semarnat, el Programa de nado con delfines, el Convenio sobre la diversidad biológica, la Ley de Conservación de Vida Silvestre, la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, los delfinarios son una industria que resulta en una antinomia o contradicción legal auspiciada por la negligencia o complicidad de las autoridades ambientales del país. Y hoy, además de una reforma que se quiere votar el día de hoy y que pretende al menos que este estado de cosas se mantenga durante las próximas dos o tres décadas. Esa reforma que se plantea discutir más adelante es una reforma ambivalente y falaz, como lo demostraremos en su momento. Basta señalar sobre este tema que estamos hablando ahora, el artículo 420, que mientras la Semarnat a través de la Dirección General de Vida Silvestre expide permisos y licencias de captura y cautiverio de mamíferos marinos, el Código Penal establece en ese momento, en su artículo 420, se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días de multa a quien ilícitamente: 1. Capture, dañe o prive de la vida algún ejemplar de tortura o mamífero marino o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos. Sin embargo, para actualizar y clarificar mejor la norma estamos proponiendo a su consideración la siguiente reforma al artículo del Código Penal Federal en su fracción primera, para quedar como sigue: Artículo 420. Se impondrá pena de 1 a 9 años de prisión y por el equivalente de 300 a 3000 días de multa a quien dañe, comercie, prive de la vida o del hábitat silvestre algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, lucre de cualquier forma con el cautiverio de estas especies. Dome, explote o realice cualquier conducta en contra de su naturaleza silvestre. A quien físicamente capture algún ejemplar de estas especies, recolecte o almacene en cualquier forma sus productos o subproductos. Muchas gracias, es cuanto, señora presidenta.