El diputado Iván Marín Rangel: Con su venia, presidenta. Distinguidas diputadas y diputados, la reforma al artículo 2o. constitucional establece la importancia del cambio que se necesita para nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ya que la mayoría de sus miembros padece una gran marginación, pobreza y, en general, se encuentran en una situación de vulnerabilidad reflejada en diferentes ámbitos, como lo son: el económico, social, cultural, educativo, político y de salud, y laboral. Es por eso que debemos seguir trabajando para impulsar el desarrollo y bienestar de nuestros pueblos originarios. En el dictamen se hace referencia a que en este sexenio se destinaron montos presupuestarios históricos para la atención de los pueblos indígenas y afromexicanos. Por ejemplo, en el año 2023 se asignaron aproximadamente 141 millones de pesos al propósito referido, lo cual representa un incremento de más de 75 % respecto al año 2018. Esos recursos fueron destinados a programas del bienestar, en rubros como infraestructura, educación, mejoramiento de la producción y productividad. Todos estos con el fin de promover un auténtico desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas, lo cual se cumplió durante el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen también menciona que en el año 2018 las comunidades indígenas se hallaban en una preocupante situación de pobreza, y, conforme a datos del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, casi 7 millones de personas carecían de acceso al servicio básico de vivienda. Hablando de los servicios de salud, un gran número de hermanas y hermanos indígenas no recibían asistencia médica en sus municipios, y se veían obligados a dirigirse a otras zonas lejos de su hogar para acceder a ellas. Hoy por hoy sostenemos que para la cuarta transformación los pueblos y comunidades indígenas han sido una prioridad, pero debemos seguir trabajando para que sean más visibles, para que tengan acceso a mejores condiciones de vida, para que sean protagonistas del desarrollo nacional, sin transgredir su autonomía y libre determinación individual y colectiva. Y, sobre todo, para dar continuidad a las políticas y programas de los que se han beneficiado en el presente sexenio. Es de gran relevancia subrayar que la reforma constitucional propuesta pretende solucionar de manera integral muchos de los problemas que se enfrentan los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos hoy en día y que por falta de voluntad política han perdurado durante décadas. De manera puntual, las modificaciones abordan los siguientes temas. El pluralismo jurídico que reconoce los sistemas normativos indígenas y obliga a las instituciones jurisdiccionales a que se les garantice el derecho a las personas indígenas a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, defensoras y especialmente especializadas en derechos indígenas y perspectiva de género. Actualmente, los pueblos indígenas son sujetos de interés público y con esta reforma serán sujetos de derecho público. Asimismo, se hace énfasis en la obligación del Estado mexicano de promover, desarrollar y preservar las lenguas indígenas como un elemento consecutivo de la diversidad cultural de la nación. En cuanto al tema de la salud y la medicina tradicional, se busca el reconocimiento al arduo trabajo y aportaciones que realizan las personas que lo practican, como una forma de crear conciencia sobre la importancia de estos conocimientos ancestrales. Se fortalecen los mecanismos para la participación en el diseño y ejecución de políticas públicas y se refuerzan los derechos específicos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres indígenas y afromexicanos. En este sentido, la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador visibiliza, hace justicia social y le da certeza jurídica a nuestros pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, algo que los gobiernos anteriores nunca hicieron.