EL DIPUTADO FRANCISCO JURADO CONTRERAS: Con el permiso de la Presidencia. Muy buenas tardes tengan todos. Posiblemente algunos legisladores no conozcan que una de las principales demandas en nuestro país sea el combate a la inseguridad pública, y me refiero a los diputados locales del PRI por Chihuahua. Existe un amplio consenso en el ámbito académico y político sobre dos de las causas más lacerantes de la situación actual, que son la corrupción y la impunidad. Quisiera referirme en esta ocasión únicamente la tema de la impunidad, porque no tengo elementos concretos que me permitan presumir que también estamos ante un caso de corrupción, aunque no lo descarto del todo. La impunidad consiste en que un acontecimiento que es sancionable no sólo por lo que dice la ley, sino porque intrínsecamente constituye un acto que vulnera principios universalmente reconocidos, deja de ser castigado. En un primer plano nos encontramos frente a actos que han sido considerados por el legislador como delictivos y susceptibles de una sanción penal y no obstante ello, las instituciones responsables de investigar y perseguirlos, no cumplen con su obligación. Las estadísticas nos hablan de una crisis a nivel mundial por los altos niveles de impunidad en este nivel, sin embargo, existe otro nivel de impunidad igual o más grave tal vez. Cuando la conducta no es calificada como delito por quienes ejercen el poder y por tanto no es merecedora de una sanción penal. En éste último caso estamos hablando de un estado que formalmente puede conducirse conforme a las leyes jurídicas, siguiendo todos los procedimientos formales legalmente establecidos, pero realice una violación sistemática y permanente de los derechos fundamentales. A lo largo de la historia han existido regímenes políticos que se caracterizaron por realizar acciones consideradas universalmente como criminales, y sin embargo quedaron impunes porque su sistema jurídico no los consideraba delitos merecedores de una sanción penal. En este otro nivel también existen innumerables casos de impunidad. Si bien es cierto que los mecanismos del derecho penal no son los más idóneos para reducir o combatir a la delincuencia, de acuerdo con los nuevos estudios de criminología crítica también es cierto que es fundamental que en la revisión de los sistemas penales no queden desprotegidos los bienes jurídicos fundamentales del individuo, como el caso que nos ocupa de la dignidad, integridad física y libertad sexual de una persona. En la democracia sustantiva se deben proteger los derechos fundamentales del individuo y garantizar su ejercicio, incluso por encima de las decisiones de la mayoría, como es el caso que nos ocupa. Con relación al artículo 239, el cual introduce atenuantes en la penalidad por el delito de violación, toda vez que se establece en su segundo párrafo, que dice que cuando el sujeto pasivo se niegue a la realización de la cópula habiéndola provocado por actos conducentes a ésta, practicados directamente con el agente, a éste se la aplicarán de uno a seis años de prisión. Estamos frente a una norma que establece una hipótesis susceptible de una amplia valoración subjetiva, en la cual se coloca en grave riesgo la libertad de una persona, y que al mismo tiempo deja también grandes márgenes de discrecionalidad que se alejan de los principios de legalidad y seguridad pública. ¿Alguno de ustedes podría decirnos un criterio en el cual exista certeza jurídica para determinar la provocación por actos conducentes? El principio de estricta legalidad que rige el derecho penal en un régimen democrático, exige que los criterios de aplicación se encuentren con claridad expresados en la ley y que reduzcan al margen de discrecionalidad de quien aplique la ley, ya que en caso contrario únicamente se trata de una burla de dicho principio. Para concluir, quiero decirles que yo estoy casado y tengo hijos, y no quiero que Chihuahua se convierta en el paraíso de los violadores. Gracias.