La diputada Bárbara Gabriela Romo Fonseca: Con su venia, señor presidente. La gran riqueza de yacimientos minerales con que cuenta nuestro país nos ubica como uno de los de mayor potencial en la explotación de estos recursos. Las actividades de producción minera representan un importante atractivo para las empresas extranjeras. Cabe destacar que en 2011 la inversión realizada en este sector alcanzó un monto de 5 mil millones de dólares, lo que representó un incremento del 50.8 por ciento respecto al año anterior. Gran parte de esta inversión es foránea y según reportes de la Secretaría de Economía, del total de las empresas con capital extranjero operando en nuestro país, el 71 por ciento tiene sus oficinas centrales en Canadá. La política nacional, en los últimos años, ha estado enfocada de manera importante a promover la exploración y explotación de los recursos minerales del país. Tan solo en 2011 se expidieron 2022 títulos de concesión y asignación minera que ampararon una superficie de 4.4 millones de hectáreas, con lo cual se alcanzó un saldo acumulado de 27 mil 22 títulos de concesión y asignación minera, por una superficie total de 29.9 millones de hectáreas. No obstante, la importante contribución de la minería a la economía nacional y el desarrollo de la misma traen consigo impactos ambientales y sociales en las comunidades asentadas en las zonas aledañas a las áreas explotadas. Algunos ejemplos de estos impactos son: afectaciones en las viviendas y en el patrimonio natural cercano a la mina. Alteraciones al proceso productivo de agricultores y ganadores. Desplazamiento de los habitantes de las zonas que viven cercanos al área de explotación. Devastación forestal y vegetal, en ocasiones de forma irreversible. Consumo de importantes volúmenes de agua y problemas de salud en los vecinos, quizás el más importante de todos. Como se ha expuesto, parte importante del territorio nacional se encuentra concesionado o asignado para aprovechamiento minero. Los mexicanos tenemos la obligación de asegurar que el desarrollo de todo sector económico o industrial del país sea integral y sustentable, como lo señala y lo mandata nuestra Constitución en su artículo 25. A pesar de contarse con la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual mandata que las actividades de extracción o explotación minera deben estar sujetas a la evaluación del impacto ambiental, es muy probable que actualmente las empresas obtengan primero la asignación o concesión por parte de la Secretaría de Economía y después se preocupen por cumplir los requerimientos de impacto ambiental. Por este motivo, y con el objeto de fortalecer el carácter preventivo de la evaluación de impacto ambiental, propongo la presente reforma a la Ley Minera en su artículo 10, que la modificación enuncie: Previo al otorgamiento de concesiones o asignaciones mineras los interesados en las mismas cuenten de manera obligatoria con una autorización en materia de impacto ambiental. Con ello se da un paso en la salvaguarda de la sustentabilidad de esta actividad y se fortalecerá el carácter preventivo de la evaluación de dicho impacto. La prevención de los impactos ambientales y la salvaguarda de los derechos de la sociedad mexicana a tener mejores condiciones de vida deben de ponderarse antes de emitir cualquier resolución sobre la explotación de los recursos de la nación, por ello proponemos dar pasos firmes hacia la sustentabilidad mediante reformas como ésta. No queremos más impactos negativos, ni en lo social ni en lo ambiental asociado con la explotación minera. La aprobación de esta reforma privilegiará el correcto actuar de la utilidad, contribuirá a la salud de la ciudadanía y al cuidado del medio ambiente, así como a dar certeza a las empresas que pretenden invertir en nuestro país en este importante sector. Por su atención muchas gracias.