EL DIP. ESTEBAN DANIEL MARTINEZ ENRIQUEZ: Compañeras y compañeros: Distinguidas Diputadas y Diputados, PRESENTE. El suscrito, Diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LVIII Legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de este pleno la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, al tenor de la siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS La institución del Amparo constituye uno de nuestros más claros instrumentos jurídicos donde se coloca a la Ley como un medio de protección al individuo y no como erróneamente hay quien la concibe, como un mecanismo de la autoridad. Esta concepción del Derecho y de la Ley, no es fruto de casualidades graciosas o de fenómenos sociales exentos de luchas que en algunos momentos alcanzaron la violencia. Se trata de un proceso histórico que no ha concluido, pero que en los últimos anos se ha intensificado. Por medio de disposiciones normativas de aplicación general, cada vez es más claro que el nuevo perfil del Estado moderno tiene que ver más con la acotación a los poderes públicos a favor de los particulares, con la real división de poderes, y con garantías individuales, sociales y políticas de los gobernados; que con la imposición del poder público sobre todo y todos. En México, ese proceso ha tenido impulsos importantes en la construcción de leyes que innovan en este terreno y han obligado a que otros países retomen el ejemplo normativo. Estos cambios, sin embargo, frecuentemente no han tenido correlación con su aplicación. Con la institución del Amparo, palabra castiza de cuño americano, se retomó fundamentalmente la figura del habeas corpus de origen norteamericano, no obstante se mejoró, al ampliarse la protección hacia los principios de legalidad y contra las resoluciones judiciales. En la primera Constitución del México independiente, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenía atribuciones para conocer de infracciones a la Constitución y a las leyes generales, no obstante nunca se ejerció tal facultad ante la ausencia de la ley reglamentaria. En la Constitución centralista de 1836, también se contempló una figura de protección de los particulares contra los actos de autoridad, denominado recurso de reclamo, procedente contra la expropiación por causa de utilidad. No obstante, no es sino en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en 1841, donde el gran jurista Manuel Crecencio Rejón impulsó determinantemente el establecimiento del Juicio de Amparo, para proteger a los habitantes de dicha entidad federativa en sus derechos, contra leyes y decretos de la legislatura o providencia del gobernador, contrarias al texto literal de la Constitución; así como contra funcionarios administrativos como judiciales, cuando violasen las garantías individuales. Este es el antecedente nacional del sistema de protección jurisdiccional del particular, frente a los actos de autoridad. De ahí, se retomaría la figura a nivel nacional en 1847, cuando Mariano Otero recogió el ejemplo y lo perfeccionó. Estableciendo desde entonces y hasta ahora, como una protección federal a cualquier habitante de la República en el ejercicio y conservación de los derechos, que les concede la carta federal y las leyes constitucionales, contra todo ataque de los poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto de la Federación como de los Estados. Con posterioridad a esto, se avanzó en la ampliación del campo de competencia de la materia, permitiendo la impugnación, mediante esta vía, de las resoluciones jurisdiccionales y contra disposiciones legales ordinarias. Este juicio ha sido modelo inspirador de mecanismos similares en prácticamente todos los países latinoamericanos, pudiendo mencionar en ese sentido a países como Argentina; Bolivia; Brasil; Costa Rica; El Salvador; Guatemala; Honduras; Nicaragua; Panamá; Paraguay; Perú; Uruguay y Venezuela. También España, retomó una figura similar en el año de 1931. También es justo mencionar que la figura ha sido precisada como un instrumento necesario en el sistema normativo de las naciones, señalándose ello en el pacto de las Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Podemos sentirnos muy orgullosos de la institución del Amparo. Sin embargo, consideramos que el proceso de perfeccionamiento de la figura no ha terminado. El equilibrio que debe prevalecer entre el interés individual y el interés social debe ser uno de los fines de nuestro sistema normativo y de la actuación de las autoridades públicas. La poca información que de los mecanismos de protección a sus derechos tiene la población en general, aunado con un abuso en su utilización por parte de personas con pocos escrúpulos, que en los resquicios legales han encontrado una fuente de impunidad, han hecho que ese equilibrio se vuelva inalcanzable cual utopía moderna. Por ello se torna necesario modificar los ordenamientos legales que tiendan a rescatar ese espíritu de concordancia entre lo individual y lo colectivo, debiendo prevalecer lo segundo, sin transgredir el noble propósito de salvaguardar al gobernado de los actos ilegales de las autoridades. La iniciativa que hoy presento ante este pleno, no busca debilitar el Juicio de Amparo, sino devolverle su sentido original. Cada vez es más necesario que haya un real equilibrio entre el interés individual y el interés colectivo. Sabemos, todos, que ha habido abusos por parte de abogados que acuden a este mecanismo con mucha regularidad, buscando no, de manera fundamental, el Amparo de la justicia federal, si no las suspensiones tanto provisionales como definitivas que saben que es fácil obtener y que les permiten seguir actuando en situaciones, la mayoría de las veces, de ilicitud. Tan es así, que está perfectamente identificado que la gran mayoría de estos juicios no llegan a la sentencia, por desistimiento de la parte actora. Ese desistimiento se da, cuando se evidencia la falsedad del documento que utilizaron para demandar el Amparo. Donde más se han presentado este tipo de situaciones, es en los amparos solicitados para el funcionamiento de giros mercantiles irregulares, también llamados "giros negros". No podemos ignorar los hechos recientes, ocurridos en el "giro negro" denominado LOBOHOMBO, donde de mayo a octubre de este año se presentaron más de diez demandas de amparo y a pesar de que no ganaron ninguna, si obtuvieron suspensiones provisionales en cada caso. La autoridad, en esta situación se encuentra en una incertidumbre respecto a si tiene facultades plenas para actuar, o si en virtud de las suspensiones nuevamente prevalece el interés del particular, sobre el interés de la colectividad. No es posible ya que se siga utilizando aquélla frase muy del ambiente de los abogados, que "una suspensión y un vaso de agua no se le niega a nadie". Eso ha costado impunidad, y lo más terrible, vidas humanas. Por eso nuestra contribución a la solución de este problema debe ser la de modificar el marco legal, que actualmente con sus resquicios ha permitido el abuso por parte de infractores de la ley. Sabemos que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emprendido un esfuerzo para que se emita una nueva Ley de Amparo, buscando precisamente establecer un "sistema equilibrado que permita que la medida cautelar cumpla cabalmente con su finalidad protectora, para que cuente con mecanismos que eviten y corrijan los abusos que desvía su objetivo natural". No obstante, consideramos que las reformas que proponemos son urgentes, para cerrar esa puerta de impunidad que ha hecho crisis en los últimos tiempos. Por ello, estamos proponiendo reformar los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo para establecer mecanismos eficaces para que previo al otorgamiento de las suspensiones, se verifique por parte de los propios juzgados que conocen de las demandas de amparo, que no se encuentran tramitando el mismo asunto en otro juzgado o que ya fueron resueltos por una ejecutoria en juicio. Con ello evitamos que a la caza de suspensiones los abogados de establecimientos de alto impacto social, salten de un juzgado a otro buscando este beneficio. Asimismo, proponemos que se verifique por parte del juzgador, previo al otorgamiento de la suspensión, la existencia y autenticidad del acto que se impugna y que, mediante una inspección ocular, con la misma no se perjudica el interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público. En los términos señalados por el segundo párrafo de la fracción II del artículo 124, esto es que con el otorgamiento de la misma, continúe el funcionamiento de centros de vicio, lenocinios, la prostitución, la producción y el comercio de drogas enervantes, etc. Estoy seguro que a través de reformas como las propuestas, habrá de iniciarse el camino hacia el regreso de la confianza de los ciudadanos a sus autoridades administrativas y hacia sus Jueces. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este pleno la siguiente iniciativa de reformas y adiciones a los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo, para quedar como sigue: Artículo Unico: Se reforman y adicionan los artículos 73, 124 y 134 de la Ley de Amparo para quedar como sigue: Art. 73. I a XVIII. .. En las mencionadas fracciones III y IV, previo a cualquier resolución que recaiga a la demanda, deberá verificarse fehacientemente que no se incurre en dichas causales, pues siendo el caso se desechará de plano. Art. 124. . I a III El Juez de Distrito al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Asimismo, previo al otorgamiento de la suspensión, verificará de oficio la existencia y autenticidad del acto que se impugna, para lo cual llevará a cabo todas las diligencias necesarias, incluyendo la inspección ocular, cuidando de manera especial que se evite que continúe el funcionamiento de los centros de vicio, en los términos descritos en el segundo párrafo de la fracción II de este artículo. Art. 134. Cuando al celebrarse la audiencia a que se refieren los artículos 131 y 133 de esta ley, apareciere debidamente probado que ya se resolvió sobre la suspensión definitiva en otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso o por otra persona en su nombre o representación, ante otro juez de Distrito, contra el mismo acto reclamado y contra las propias autoridades, se declarará sin materia el incidente de suspensión, y se impondrá a dicho quejoso o a su representante o a ambos, una multa de treinta a ciento ochenta días de salario, dándose vista al Consejo de la Judicatura para el deslinde de las responsabilidades administrativas que resulten por la contravención del último párrafo del artículo 73. Artículo transitorio. Unico. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.