La diputada Miroslava Carrillo Martínez: Compañeras y compañeros legisladores, buen día. A nombre de la Comisión de Puntos Constitucionales, presento el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de financiamiento a partidos políticos. El dictamen que se somete a su consideración recoge el espíritu de diversas iniciativas presentadas por diferentes grupos parlamentarios representados en este órgano legislativo, como lo son Morena, PRD, PT y PES. Por ello me congratula hacer un especial reconocimiento a las y los diputados autores de dichas iniciativas, quienes con sus iniciativas motivaron el análisis de un tema que constituye un reclamo social desde hace varias décadas. Cabe señalar que todas las propuestas que integran este dictamen son adyacentes en su núcleo esencial, y coincidentes en disminuir el financiamiento público, pero fijan un porcentaje distinto al valor de la Unidad de Medida de Actualización para poder calcular. Por ejemplo, las y los diputados Tatiana Clouthier Carrillo, Mario Delgado Carrillo, Benjamín Robles Montoya, Maribel Martínez Ruiz, María Teresa Maru Mejía y Reginaldo Sandoval Flores, así como diversos integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y los ex diputados Juan Romero Tenorio y Rodrigo Abdala proponen el 32.5 por ciento. Por otra parte, los legisladores Miguel Acundo González, Alejandro Viedma Velázquez, Martha Patricia Ramírez Lucero y la Legislatura de Colima plantean el 33 por ciento. La diputada Miroslava Sánchez Galván, el 35 por ciento. Desde otra perspectiva, el diputado Héctor Joel Villegas González propone eliminar por completo el financiamiento público. Y, finalmente, el diputado Sergio Mayer Bretón propone un esquema en el que conviven tanto el financiamiento público como privado para actividades ordinarias y específicas. Deja el financiamiento público exclusivamente para efectos de campaña. En todas las propuestas también persiste la preocupación del buen uso del dinero del erario nacional, así como maximizar la transparencia la fiscalización y el monitoreo de los recursos públicos que otorga el Estado a los partidos políticos. De igual manera, también reconocemos a todos aquellos que participaron en los foros en materia de reforma político-electoral organizados por el Grupo de Trabajo para la Reforma de Estado y Electoral, así como por la Comisión de Gobernación de esta Cámara de Diputados. Compañeros legisladores, el tema que hoy discutimos no es menor. Si bien es cierto que los partidos políticos juegan un papel fundamental e importante en los regímenes democráticos, también existen múltiples opiniones que señalan los altos costos que representan para la sociedad en general. Por ello, resulta imperativo para nosotros como legisladores generar alternativas que nos sensibilicen a disminuir considerablemente el monto de los recursos públicos otorgados a las organizaciones políticas y destinarlos a la consecución de otros fines más apremiantes y redituables para el pueblo de México. Afortunadamente, en materia político-electoral la única constante es el cambio. Así una de las virtudes de nuestro sistema democrático es su adaptabilidad a las exigencias de nuestro tiempo. El diseño electoral con el que contamos es funcional, permite analizar, detectar, modificar, corregir e inclusive innovar en todo aquello que a partir de la experiencia ha contribuido a generar mejores prácticas con miras al fortalecimiento de nuestra democracia. De este modo a la fecha en México se han llevado a cabo diversas reformas político electorales necesarias y pertinente en su momento, pero insuficientes, por lo que su constante perfeccionamiento es imparable y busca incentivar la credibilidad, legitimidad y legalidad, así como el monitoreo, la capacidad decisional y la certeza de los procesos. Para nadie es ajeno que el modelo de financiamiento imperante es el resultado de una serie de reformas constitucionales realizadas sobre la base de un sistema con un partido dominante y en el contexto de una naciente oposición partidista. Dicho modelo encuentra su origen en la reforma política inconstitucional de 1977, cuando se estableció expresamente la existencia e importancia de los partidos políticos reconociéndoles el carácter de entidades de interés público. Después en 1987 se previó por primera vez el financiamiento público para actividades ordinarias. En 1993 se incluyeron disposiciones normativas referentes al financiamiento privado, y fue hasta 1996 que se consolidó el régimen de financiamiento público de los partidos políticos al establecer una serie de medidas que consisten en lo siguiente: Un financiamiento público predominante frente al privado, la especificación de las fuentes legítimas para obtener financiamiento privado y los límites de esas donaciones, la exclusión de dinero de determinados orígenes como de gobiernos, iglesias, empresas mercantiles, mexicanos en el extranjero y donativos anónimos, y un régimen de amplia fiscalización a las finanzas de los partidos y las sanciones a que se hacían acreedores si violaban la ley. Entre el año 2000 y 2003 hubo un aumento en ese financiamiento, el cual fue del 25 por ciento en términos reales para actividades ordinarias y actividades específicas. Sin embargo, este crecimiento no se tradujo en una mayor participación ciudadana. Posteriormente, en 2007 se estableció la fórmula que prevalece en el texto actual de la Constitución y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para calcular el monto de financiamiento público a partidos políticos por el desarrollo de sus actividades ordinarias. En la última reforma, de 2014, no se alteró la fórmula de recursos a partidos a nivel federal. La única modificación relevante fue el mandato del artículo Tercero transitorio a la Ley General de Partidos Políticos, en el que se obliga a las legislaturas locales a adecuar su legislación. Este transitorio provocó un aumento en el financiamiento, ya que los partidos políticos reciben dinero por dos vías: la federal y la local. De este modo hoy contamos con un sistema de financiamiento mixto; es decir, los partidos pueden recibir prerrogativas del Instituto Nacional Electoral como financiamiento público, y financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes y simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. En lo que respecta al financiamiento público directo, existen tres vías para otorgarlo: por actividades ordinarias, por gastos de campaña en año de elecciones y por actividades específicas. Las actividades ordinarias, que son motivo del análisis en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, comprenden los gastos para la participación ciudadana en la vida democrática, el gasto de los procesos internos de selección de candidatos, sueldos y salarios del personal, propaganda de carácter institucional y campañas de consolidación democrática, sólo por mencionar algunas. El monto para el sostenimiento de estas actividades se calcula multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Del total del financiamiento público que resulte, el 30 por ciento se distribuye entre los partidos políticos de forma igualitaria, y el 70 por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados anterior. E objetivo primordial del financiamiento público para partidos políticos es garantizar los recursos suficientes para que la competencia electoral sea equitativa y con posibilidades reales para conquistar el poder político a través del voto popular. Si el financiamiento es público se obtienen muchas ventajas para la ciudadanía, como el origen transparente, y de forma destacable la garantía de que puede fiscalizarse y dar paso a la rendición de cuentas. Luego entonces, el problema no es que exista financiamiento público, sino que las erogaciones por este concepto representan un alto costo para la ciudadanía, lo que genera un incremento del descontento social y acentúa la falta de confianza en estas entidades de interés público. Tan solo para el año 2018, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional Electoral, el financiamiento público otorgado a partidos políticos por actividades ordinarias ascendió a más de 4 mil millones de pesos y para 2019 fue cerca de 5 mil millones de pesos. Aunado a lo anterior, a nivel mundial el voto en México representa uno de los más caros, sobrepasando incluso a países de los Estados Unidos, Rusia o Brasil, mientras que en el escenario latinoamericano nuestro país es el que más subsidio otorga a los partidos políticos. Como consecuencia de estos excesos, en 2017 un estudio demostró que solo el 6 por ciento de los mexicanos estaba satisfecho con la democracia. Por ello, esta reforma tiene como propósito modificar el inciso a) de la base segunda del artículo 41 constitucional, de modo que para obtener el monto de financiamiento público que corresponde a cada partido político se multiplique el total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 32.5 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. En otras palabras. Se reduce la mitad del financiamiento público para partidos políticos, lo que no representa una afectación en la preponderancia de los recursos públicos sobre los privados, ni afecta la equidad en la contienda. La necesidad de llevar a cabo esta reforma se acredita con las distintas iniciativas presentadas en la materia, las cuales coinciden en la finalidad de generar ahorros al erario para que el Estado pueda destinar esos recursos a la atención de adeudos históricos que se tienen con la sociedad mexicana. Hoy, las altas cantidades destinadas al financiamiento de partidos políticos no evitan que en muchos procesos electorales persistan prácticas como la inequidad, opacidad, participación activa de grupos de poder económico, simulación de gastos y fuentes de financiamiento ilícito. Por ello, resulta necesario plantear un nuevo modelo de financiamiento que se adecue a la realidad económica del país. Con menos recursos de origen público los partidos políticos harán un uso más racional de estos y el nivel de confianza de la ciudadanía en esas instituciones se acreditará de mejor manera. No son tiempos para el derroche y altos costos de nuestro sistema electoral, es tiempo de lograr un sano balance y ajuste del presupuesto que reciben los partidos. Es tiempo de que los partidos políticos se sumen al plan de austeridad implementado por el gobierno federal. Compañeras y compañeros diputados, votar en favor de este dictamen significa votar en favor del uso racional de los recursos y rescatar la confianza ciudadana. Se busca un sistema electoral que se adecue más a la realidad económica de nuestro país. Tenemos una oportunidad inigualable, rediseñemos el modelo de fiscalización de los partidos políticos, incentivemos la transparencia, erradiquemos los vicios de la democracia y honremos la confianza que los ciudadanos depositaron en nosotros. Reivindiquemos el quehacer político en México. Señora presidenta, es todo de mi parte, gracias por su atención.