El diputado Andrés Carballo Bustamante: Con su permiso, señora Presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el suscrito diputado federal Andrés Carballo Bustamante, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta LX Legislatura, de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, con fundamento en los artículos 71, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55, fracción II, 56, 62 y 64 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del Pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19, fracción IV, inciso d); y se adiciona un inciso e) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, al tenor de la siguiente Exposición de motivos Mientras en el mundo se libran batallas financieras, bursátiles, políticas y militares en aras de reducir el número de manos en las que se encuentra el control de los principales energéticos, en México la lucha entre los grupos políticos, y sobre todo las fracciones parlamentarias, es en torno del reparto de los excedentes fiscales que ahora dejan los altos precios del petróleo en el mercado internacional. El Ejecutivo federal, gobernadores y municipios e inclusive acreedores, quieren beneficiarse del reparto, pero nadie da cuenta justa y exacta de qué está ocurriendo con estos recursos. No es menor la suma en juego para el presupuesto de 2005; se previeron ingresos de 23 dólares por barril de mezcla mexicana de exportación, pero hoy ésta se cotiza en casi 51.73 dólares; es decir, 100 por ciento más de lo esperado. Estamos hablando de un monto por excedentes petroleros hasta de mil 100 millones de dólares sólo al cierre del primer trimestre del año, mientras expertos calculan que durante todo el 2004 la cifra por ese concepto alcanzó los 10 mil millones de dólares. Dadas estas observaciones, consultores en economía manifiestan: "Es de suma importancia manejar con prudencia el Presupuesto de Egresos, que es de aproximadamente 1 billón 500 mil pesos: pero al sumarle todos los requerimientos observamos que se eleva a 1 billón 800 mil ", con lo que no hay excedentes que alcancen. Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2005 fue de 1 billón 818 mil 441 millones de pesos. En el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2006 de 2 billones 72 mil millones 400 mil pesos, para los investigadores, consultores y académicos estiman que urge transparentar el uso que se de a los excedentes petroleros para evitar la discrecionalidad en su distribución, sobre todo cuando se canalizan los recursos a los estados, donde es aun más difícil fiscalizar el gasto público. Estos mismos investigadores responsabilizan al Poder Legislativo, manifestando lo que es un hecho, es que han formado una maraña tanto en el decreto de Presupuesto como en la Ley de Ingresos, a fin de manejar de manera discrecional los excedentes. Y si bien es cierto que los gobernadores a través de la Conago, o de los diputados en el Congreso de la Unión, piden cuentas claras, al final aceptan lo que les toca y no presentan mayores alegatos. Para Hacienda lo importante es utilizarlos para mantener el balance económico. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados acordó, en diciembre de 2004, establecer en el paquete económico para 2005 modificar su propuesta de fijar un precio de 27 dólares por barril a la venta del crudo mexicano y establecerlo en uno más moderado de 23 dólares el barril, pese a considerarlo muy conservador en momentos en que los precios internacional rondan máximos históricos. A cambio de tal concesión, los diputados decidieron que una parte de los recursos adicionales que generan los excedentes petroleros quedaran etiquetados para imponer al gobierno federal la obligación de usarlo para inversiones en el sector productivo. Asimismo, etiquetados otra parte de los excedentes por venta de cruda para que se destine a Pemex, mediante un fondo de estabilización petrolera y otra para repartirla a las arcas de los estados de la república. Sin embargo, hasta el momento no se ha visto claro en dónde se aplican esos recursos, por más que hayan sido etiquetados y reetiquetados por el Poder Legislativo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público utiliza esos excedentes de acuerdo con sus propias necesidades y metas, con base en las facultades que le otorga la ley para el manejo del presupuesto; y mientras las autoridades financieras prefieren guardar silencio al respecto. Aun así, ni quien se ocupe ni preocupe por los municipios donde la paraestatal Pemex deja un sinnúmero de problemas; y aunque la ley obliga a resarcir cada uno de estos daños que ocasiona con su exploración, explotación, conducción e infraestructura establecida en cada uno de los espacios ocupados de los diversos municipios afectados, todo ello da como resultado el encarecimiento y deterioro de la vida social. En lugar de recibir desarrollo reciben problemas y muy poco por la vía de los presupuestos, es decir, de los excedentes. Si reconocemos que existen tres niveles de gobierno federal, estatal y municipal, y actuamos como tal en ese entendido, los productos de los excedentes petroleros y estos mismos deberían ser devueltos a la sociedad por la vía más cercana de relación constante, misma que son los honorables ayuntamientos constitucionales y así dar viabilidad y respeto al artículo 115 constitucional, marco rector vínculo del federalismo en la triada de gobernabilidad representativa, popular y democrática. El tema del patrimonio del petróleo debe ser situado apropiadamente en este tenor del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que de manera textual, en el párrafo cuarto, señala que: "Corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias en v vetas, mantos, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos". En la Constitución queda claro que el petróleo pertenece originalmente a la nación, que el dominio de la nación de conformidad con el párrafo sexto del artículo 27 es inalienable e imprescriptible. Por lo anterior es de considerar que el pueblo de México es legítimo, único y original propietario del petróleo y de más hidrocarburos del subsuelo; en este sentido podemos señalar que la propiedad sólo puede estar en manos del pueblo o del gobierno. Teniendo en cuenta que la Constitución Política le confiere ese derecho de propiedad al pueblo de México es preciso definir hacia quién deben de ir canalizados los beneficios de los excedentes petroleros, toda vez que este recurso no renovable deja situaciones de desequilibrio ecológico en las amplias zonas donde se encuentra Petróleos Mexicanos. Por ello, en el proyecto de decreto que se reforma el artículo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, propongo el artículo único que reforma el artículo 19 fracción IV, inciso d), se le adicione un inciso e) de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para quedar como sigue: IV. Los ingresos excedentes a que se refiere el último párrafo de la fracción I de este artículo, una vez realizadas, en su caso, las composiciones entre rubros de ingresos a que se refiere el artículo 21, fracción I de esta ley, se destinarán a los siguientes: d) En un ocho por ciento a programas y proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento a las entidades federativas. Dichos recursos se destinarán a las entidades federativas conforme a la estructura porcentual que se derive de la distribución del Fondo General de Participaciones, reportando en la Cuenta Pública reciente. En el inciso e) que propongo. Es un dos por ciento a todos y a cada uno de los municipios relacionados con Pemex por cuestiones de exploración, explotación, conducción e infraestructura para ser aplicados en la reestructuración del equilibrio ecológico y el amortiguamiento del daño social. Artículos transitorios Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. El titular del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público cumplirá con las proposiciones que establece este artículo relativo a la proporción que le corresponde a los municipios como lo expresa el inciso e). Dado en el Palacio Legislativo. Pido a la Presidenta sea tan amable de turnarlo a las comisiones correspondientes y de igual manera a la de Fortalecimiento al Federalismo. Es cuanto.