El diputado José Antonio de la Vega Asmitia (PAN): Con su venia, diputado Presidente. El suscrito José Antonio de la Vega Asmitia, diputado de la LIX Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, integrante del grupo parlamentario de Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 55 fracción II del Reglamento Interior del Congreso General, someto a la consideración de este Pleno, la presente iniciativa de ley a efecto de reformar los artículos 28, 41, 49 y 93 de la Constitución General de la República, al tenor de la siguiente Exposición de Motivos El tema de la división de poderes es de suyo complejo, siendo muy basta sus implicaciones, ocupémonos de un aspecto fundamental: el control del poder que ejercer los órganos del gobierno del estado. Sin duda, una de las razones principales que inspiraron la teoría clásica de la división de poderes fue ésa, la de acotar el poder público sin destruirlo ni desnaturalizarlo. La teoría clásica de la división de poderes consagra, como todos sabemos, la noción de que el ejercicio del Poder Público no debe fragmentarse, pues sólo sería contrario a su naturaleza, sino que pondría en situación de riesgo el sistema en su conjunto, pues perdería eficacia. De ahí la necesidad de diseñar e implementar un sistema, según el cual el poder público se divida para su ejercicio en tres funciones. A saber: Legislativa, Ejecutiva y Judicial, aquellas que el Estado realiza principalmente desde el momento en que crea el orden jurídico, ejecuta tareas para la satisfacción de necesidades colectivas y resuelve las controversias que surgen con motivo de la convivencia, encomendándole cada una de estas atribuciones a un órgano del Estado distinto, con lo cual se conforman los tres poderes. Hace ya muchos años que esta tesis está superada y se admite que no existe una división rígida y absoluta, sino mecanismos de colaboración y coordinación entre los diversos órganos que facilitan la actividad estatal en su conjunto. Conforme pasa el tiempo resulta que estas previsiones de organización interna de los estados, no son suficientes para garantizar el adecuado acotamiento del ejercicio del poder público ni tampoco para impedir el abuso, de ahí que sea necesario el replanteamiento de la teoría clásica de la división de poderes. Un paso en la evolución de este concepto, es la creación de los conocidos como órganos autónomos y que en nuestro medio han trascendido con la denominación de órganos constitucionales autónomos. Empero, también es cierto que la Constitución General de la República no hace una referencia específica a este tipo de organismos, sólo los describe en diversas partes de su articulado, dotándolos de objetivos y atribuciones diversas, de los que destaca en todos los casos su autonomía respecto del resto de los poderes públicos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos viene a sumarse a organismos como el Banco de México y el Instituto Federal Electoral, cuya autonomía hace necesario replantear en nuestro país toda la teoría de la división de poderes. Recordemos brevemente el contenido de los artículos relativos de la Carta Fundamental, aunque es preciso desde ahora señalar que si bien no existe una denominación expresa, sí hay coincidencias en cuanto a ubicar en el texto constitucional a determinadas entidades de manufactura más o menos novedosa que comparten ciertos atributos útiles para precisar su naturaleza, como son el Instituto Federal Electoral, el Banco de México y la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En este tenor, el artículo 28 de nuestra Ley Fundamental que instituye el Banco de México, determina a este respecto que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. A su vez, en tratándose de la materia electoral, el artículo 41 fracción III determina que la organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos en los términos que ordena la ley. Asimismo el artículo 102 inciso b) en tratándose de la materia de derechos humanos, determina que el organismo que establezca el Congreso de la Unión se denominará Comisión Nacional de Derechos Humanos, contará con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Es de destacar que ya el Congreso de la Unión, a través de la Cámara de Senadores, al crear la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sienta interesantes bases para legislar a posteriori sobre la materia cito: "es un acierto la configuración de la CNDH, con el carácter de organismo autónomo constitucional para asegurarle su independencia de cualquiera de los poderes públicos, pero también de partidos políticos o de otros grupos de factores con poder". El de autonomía es pues, un concepto que es preciso examinar con detenimiento para estar en posibilidad de determinar su alcance y significación, en tratándose de ciertos órganos públicos. No tiene sentido aquí abundar sobre el alcance especifico del vocablo, por más que sí tenga relevancia para nuestra materia dentro del régimen federal, las entidades federativas están dotadas de dicha facultad. Pero decíamos, sin pretender agotar el sentido último de la expresión, es necesario revisarla, porque paulatinamente ha cobrado significado nuevo y así como lo veremos en párrafos posteriores, se habla de autonomía política, financiera, administrativa o de gestión. Antes de proseguir es preciso en este punto hacer un breve alto. Esta iniciativa no pretende coartar la independencia ni la autonomía de los órganos constitucionales autónomos. En todo momento el suscrito, está plenamente consciente de que la primera implica una ausencia de vinculo jerárquico con cualquier autoridad o poder público y la segunda, la autonomía, entraña como el texto constitucional expresamente lo refiere, en tratándose de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, autonomía de gestión y presupuestaria, es decir, la iniciativa se inscribe dentro de aquellas corrientes que reconocen a estos organismos, la facultad de autogobierno y la plena capacidad para decidir el alcance y contenidos de sus actos de acuerdo a las normas que rigen su quehacer. La mención de las funciones ejercidas por los órganos constitucionales autónomos, establecidos por la propia Constitución, alude a una necesidad inexcusable. La creación de estos órganos del Estado, deberá ser indefectiblemente resultado de la actividad de reforma a nuestra Carta Magna, es decir, la elevada responsabilidad de ejercer en exclusiva una función del Estado, sólo puede ser consecuencia de una modificación al orden normativo de mayor jerarquía y significación, el constitucional . Además de lo anterior, es preciso que la Constitución de manera expresa, establezca qué función del Estado le será asignada a qué órgano, ello porque en la incipiente doctrina, suelen confundirse los órganos constitucionales autónomos propiamente dichos, con otros entes que gozan de autonomía funcional, tales como: las universidades públicas, la entidad de Fiscalización Superior de la Federación e incluso los estados y los municipios. Así, no bastará con que el órgano de que se trate cuente con cierta autonomía, sino que además, así deberá refutarse por la propia Constitución y la ley reglamentaria respectiva. En el artículo 28, pretendemos reformar su sexto párrafo para que simplemente diga: "que el Estado tendrá un órgano constitucional autónomo denominado Banco de México, el que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración", el resto del artículo continua idéntico. La modificación del artículo 41 en su fracción III, es en idéntico sentido que el anterior, con la salvedad de que aquí se sustituyen dos palabras. Donde dice: "la organización de las elecciones federales, es una función estatal, que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado: Instituto Federal Electoral, deberá decir: "la organización de las elecciones federales, es una función estatal que se realiza a través de un órgano constitucional autónomo denominado: Instituto Federal Electoral". Es decir, se cambia la expresión "organismo público", por el de "órgano constitucional" El contenido y alcances de la modificación propuesta en el artículo 49, que hemos detallado anteriormente, bastando agregar únicamente que la creación de órganos constitucionales autónomos, no se limita a que sean creados por la Constitución, sino que deberá expedirse forzosamente la ley respectiva, la que se ocupará de reglamentar los diversos aspectos relacionados con la integración, organización, funcionamiento y demás circunstancias propias de tales entes. En el artículo 93, se propone la reforma de sus dos últimos párrafos para añadir la mención de los organismos constitucionales autónomos, en el supuesto de que las Cámaras podrán citar a los Secretarios de Estados, al Procurador General de la República, a los Jefes de los departamentos administrativos, así como a los Directores Administrativos de los organismos descentralizados federales de las empresas de participación estatal mayoritaria y otro tanto ocurre entratándose de la integración de comisiones para investigar el funcionamiento de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria u organismos autónomos En el caso del artículo 102, se modifica su apartado "b", en su párrafo cuarto, para sustituir la expresión "organismo que establezca el Congreso", por esta otra. " órgano constitucional autónomo que establezca el Congreso". Como se ve, la pretensión es idéntica que los supuestos relativos a los artículos -termino, diputado Presidente- a los artículo 28 y 41 en tratándose del Banco de México y el IFE. Por último, al artículo 116 se le adiciona una última fracción VIII para que las entidades federativas que determinen de conformidad con sus propias constituciones la creación de estos organismos, lo hagan ciñéndose en la medida de lo posible a las consideraciones precedentes por lo que hace a la asignación de ciertas funciones estatales a entes distintos de los Poderes Locales, sin que se hallen consideraciones o motivaciones diversas a las manifestadas, en tratándose de la Federación para sustentar una decisión de ese tipo, por lo que lo ya expuesto para el IFE, la CNDH, etcétera, sería aplicable también para el caso de las entidades federativas. Es cuanto, diputado Presidente.