El diputado Azael Santiago Chepi: Muchas gracias, diputada presidenta. Muy buenos días, compañeras y compañeros diputados. Los pilares que sostienen el gran movimiento de transformación en el país que ha iniciado el presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, tienen causas y fundamentos conocidas y avaladas por el pueblo de México. Esos fundamentos constituyeron nuestra plataforma electoral y se reflejan en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, votado en este recinto legislativo. El presupuesto que hoy discutimos tiene una nueva visión del país, a través de políticas públicas, programas y proyectos en materia económica, social y educativa, que están rompiendo la inercia de desigualdad a la que estuvimos sujetos los últimos 35 años por las políticas neoliberales. Emprender un cambio de rumbo ese es nuestro objetivo y lo estamos logrando bajo ejes claros de austeridad y equidad. Un gobierno sin lujos, que ahorra para financiar el desarrollo del país, sin aumentar impuestos ni la deuda pública, gobernando con honestidad, con transparencia y con un frontal combate a la corrupción, que ha recuperado más de 500 mil millones de pesos. Después de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017, la solidaridad internacional comenzó a fluir, México recibió donativos por más de 91 millones de pesos, pero no se sabe cómo ni en qué se gastaron, así como tampoco se sabe de los donativos del Fideicomiso Fuerza México, porque no hubo mecanismos de control, seguimiento, administración y distribución. En 2018, a través del Fonden, los gobiernos anteriores atendieron 5 mil escuelas y con el Programa de la Reforma Educativa otras 10 mil 900, de las cuales no acreditaron los daños que tenían, e incluso duplicaron los registros. Tampoco acreditaron el número de planteles educativos que fueron atendidos mediante el cobro de las pólizas de seguro por falta de censos. Toda esta corrupción está documentada por la Auditoría Superior de la Federación. Ante ello, el presidente de México que legó el Programa Nacional de Reconstrucción, para proteger los derechos humanos de las personas, de las comunidades afectadas por los sismos, en cuatro rubros: vivienda, salud, cultura y educación. En el primer año del programa se le asignaron 800 millones de pesos, con lo que se atendieron 642 planteles educativos, con una inversión total de mil 194 millones de pesos en 7 entidades federativas. Este año 2020 se asignaron 9 millones, pero aún con la disminución se avanzó con 5 planteles más. Este Presupuesto no es suficiente para la enorme necesidad que existe, además el 23 de junio de este año se presentó otro sismo, que dañó 732 escuelas adicionales a las 442 pendientes de atender, haciendo un total de mil 174 escuelas que requieren una inversión de mil 214 millones de pesos. Más allá de las limitaciones de presupuesto, el compromiso de los servidores públicos del Inifed, encargados de la implementación del programa logró el apoyo de 15 fundaciones, quienes atendieron 284 planteles, invirtiendo mil 17 billones de pesos. Un ejemplo para los ejecutores del gasto público. No se necesita grandes erogaciones. Se requiere iniciativa, transparencia, vocación para que México tenga mejores finanzas públicas. Por lo anterior expuesto, presento ante esta soberanía una modificación al anexo 27 del PEF 2021, respecto al Programa Nacional de Reconstrucción. Es evidente que el componente educativo del programa debe contar con una asignación de recursos en el presupuesto que hoy discutimos, ya que no existe otro programa que pueda cubrir la necesidad de reconstrucción. Sumemos voluntades, como todas las personas e instituciones que han hecho su esfuerzo, su trabajo, su voluntad, sus recursos, para hacer de México un país resiliente. Agradezco también el apoyo a la reserva de las escuelas normales públicas y los invito a todos los grupos parlamentarios a acompañar y votar a favor la presente reserva. Es cuanto, diputada presidenta.