El diputado Javier Orozco Gómez: Con su permiso, señor Presidente; compañeras y compañeros legisladores: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, hago uso de esta tribuna, en nombre de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, para explicar los fundamentos del dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Cinematografía. La iniciativa que origina el presente dictamen tiene el propósito de que se adicionen a la Ley Federal de Cinematografía las disposiciones relativas a las visitas de verificación, medidas de aseguramiento y sanciones específicas, tratándose de las infracciones consistentes en exhibir o comercializar películas cinematográficas que no hubieren sido sometidas a la previa autorización y clasificación de la autoridad administrativa competente. Así, se contemplan tres aspectos esenciales: primero, establecer un capítulo referente a las visitas de verificación; segundo, incluir un capítulo relativo a las medidas de aseguramiento, que podrán consistir en la prohibición para exhibir o comercializar películas carentes de autorización y clasificación, mediante la colocación de sellos en los ejemplares de que se trate, o bien, en la retención provisional de éstos; y, tercero, facultar a la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación para imponer a quienes exhiban o comercialicen películas que no hayan sido sometidas a su previa autorización y clasificación sanciones distintas del retiro que, hoy por hoy, es la única medida sancionadora que la normatividad en la materia le pueda aplicar. Tras analizar el planteamiento de dicha iniciativa, la comisión dictaminadora consideró que, efectivamente, la sanción de retiro prevista en la vigente Ley Federal de Cinematografía carece en sí misma de eficacia, para los efectos de evitar o frenar la comisión de las infracciones antes precisadas. Por ello estimó que el instrumento jurídicamente idóneo para tratar de abatir esta problemática, que cada vez adquiere dimensiones mayores, es la práctica de medidas de aseguramiento, como medios inmediatos y eficaces, que permiten a la autoridad, de manera precautoria, impedir la comisión de tales conductas hasta en tanto se resuelvan en definitiva los procedimientos administrativos de imposición de sanciones que, en su caso, se hubieren iniciado. Las medidas de aseguramiento, hasta ahora no contempladas en la Ley Cinematográfica, están presentes en gran número de ordenamientos administrativos, como la Ley Aduanera, la Ley General de Salud, la Ley de Pesca y la Ley de la Propiedad Industrial, por citar sólo algunos ejemplos, y su existencia se justifica atendiendo a los cuatro elementos fundamentales que las caracterizan: son medidas coactivas, pues la conformidad de su destinatario no es presupuesto de su imposición; su efecto en la privación o restricción de derechos de manera provisional y no definitiva; persiguen fines preventivos o tutelares; y permiten a la autoridad actuar con inmediatez ante la comisión de una posible conducta infractora de la ley. Sobre esta última característica, debe destacarse que la autoridad administrativa no puede impedir de manera inmediata la exhibición o comercialización de películas que carezcan de autorización o clasificación previas, toda vez que el único instrumento jurídico a su alcance, al verificarse esta hipótesis, es la imposición del retiro, prevista en el artículo 45, fracción V, de la ley cinematográfica, que sólo puede materializarse una vez que se han agotado todos y cada uno de los medios de defensa con que cuenta el particular para impugnar la sanción de referencia. Mientras la resolución sancionadora no se considere firme, la autoridad no puede evitar que la conducta infractora continúe, afectándose seriamente el interés de la colectividad, pues la exhibición y comercialización de películas que no cumplen los requisitos previos que exige la ley de la materia representan un riesgo potencial para los espectadores y consumidores, que pueden verse expuestos a contenidos cinematográficos impropios o inadecuados para determinadas edades. Es deber del Estado proteger los derechos de la colectividad y, concretamente, el derecho de los espectadores y consumidores de películas cinematográficas a conocer las características de éstas, para decidir sobre la conveniencia de presenciarlas, tomando en cuento sus contenidos específicos. Por ello, para evitar que este derecho de la colectividad se vuelva nugatorio, la autoridad debe contar con mecanismos que le permitan responder de manera inmediata y eficaz frente a la comisión de conductas que afecten la sociedad por contravenir disposiciones de orden e interés públicos. Las medidas de aseguramiento tienen como presupuesto obligado la práctica de visitas de verificación, a través de las cuales la autoridad puede detectar la comisión de conductas que presuntivamente infrinjan la normatividad en la materia. En este orden de ideas, la comisión dictaminadora aprueba el planteamiento contenido en la iniciativa por virtud del cual se incluye un capítulo específico en el que se detallan las actuaciones que la autoridad debe llevar a cabo en el desarrollo de la visita, así como los derechos que asisten al visitado en estricto cumplimiento del principio de legalidad consagrado en el artículo 16 de la Constitución. Finalmente, es indispensable reformar la norma contenida actualmente en la fracción V del artículo 45 de la ley, pues ésta presenta una importante imprecisión que puede ser materia de impugnación jurídica de los particulares afectados por su aplicación. El texto vigente del precepto en cita contempla como sanción el retiro de las películas que se exhiban o pretendan exhibirse públicamente o se comercialicen en cualquier forma o medio sin la autorización a que se refiere la fracción I del artículo 42 de la ley. La referencia del artículo y fracción indicados es incorrecta, toda vez que este precepto establece la atribución de la Dirección General de RTC para autorizar la distribución, exhibición y comercialización de películas en el territorio de la República Mexicana, a través de cualquier forma o medio, incluyendo la renta o venta de las mismas. Entonces, la sanción prevista actualmente en el artículo 45, fracción V, no guarda relación alguna con obligaciones a cargo de los particulares, cuyo incumplimiento puede dar lugar a la imposición del retiro de las películas. Por ello, esta comisión que dictamina coincide con el planteamiento de la iniciativa, en el sentido de que una sanción administrativa debe ser consecuencia inmediata del incumplimiento de obligaciones a cargo de los particulares, por lo que no puede aceptarse que la sanción de retiro se encuentre sustentada en una atribución de la autoridad, pues tal atribución no puede ser transgredida por los gobernados y, menos aún, ser el origen de la imposición de una medida sancionadora. En tal virtud, la disposición legal que contempla la sanción de retiro deba ser referencia al artículo 24 de la ley cinematográfica, toda vez que ésta sí constituye una norma de carácter imperativo para los gobernados y, al ser vulnerada por éstos, motiva la aplicación de la sanción correspondiente. En mérito de lo anterior, a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, solicito su voto favorable del presente dictamen, sobre todo porque éste ha sido aprobado por los legisladores de los distintos grupos parlamentarios representados en la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, quienes hemos asumido el compromiso de crear normas jurídicas en beneficio de una actividad de tanta importancia en nuestro país como es la cinematografía. Consecuentemente, se somete a la consideración del Pleno de esta soberanía el dictamen con proyecto de decreto que adiciona diversas disposiciones a la Ley Federal de Cinematografía, cuyo contenido ha quedado detallado. Es cuanto, señor Presidente.