El diputado Emilio Ramón Ramiro Flores Domínguez: Solicito a la Presidencia se me concedan cinco minutos para dar lectura a este punto de acuerdo. Muchas gracias. Honorable Asamblea. Es por todos sabido que en México existen puntos de revisión carreteros conocidos como Precos, para combatir al narcotráfico, el tráfico de armas y en estos días de Navidad —este punto de acuerdo se agenda para leerse en diciembre— se revisan mercancías de procedencia extranjera, olvidando que los ciudadanos ya pasaron por dos aduanas. En este sentido quiero referir el caso del Estado de Chihuahua, en el cual los puntos de revisión carreteros a cargo de la Procuraduría General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, proliferan a lo largo y ancho de la carretera y en algunos casos como en el tramo Chihuahua-Juárez, a la altura del kilómetro 316 en el punto de revisión Precos-Samalayuca, el flujo de automovilistas se ha visto afectado por las constantes revisiones en estos retenes desde hace varios años y que son controlados por las mencionadas instituciones federales, hasta en dos puntos en la misma carretera en un tramo menor a tres kilómetros. Quiero señalar que el tomar medidas para evitar el tráfico de drogas no debe ser un esfuerzo minimizado ni eliminado. Pero también estoy cierto que estos puntos de revisión constantemente están recibiendo reporte de personas por diversas anomalías que ahí se cometen cotidianamente en las personas que van a bordo de automóviles, de vehículos, pasando dos veces por la falta de respeto hacia quienes tienen la necesidad de transitar por estas vías y ser detenidos de manera arbitraria e injustificada para solicitarles documentos que éstos no tienen obligación legal de mostrar, provocando actos de extorsión, principalmente me refiero a los paisanos que ingresan por las carreteras fronterizas. Sin embargo, este plan de combate a la delincuencia encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Procuraduría General de la República en el caso del estado de Chihuahua, tiene un costo negativo para los conductores, especialmente los que transitan de Chihuahua a Ciudad Juárez y viceversa. Donde existe un doble retén de la Agencia Federal de Investigaciones y la Secretaría de la Defensa Nacional, que exaspera con su lentitud por las revisiones a los conductores que hacen filas eternas de varios kilómetros, con tiempos de espera a las afueras de Samalayuca y que a la postre parafraseando al maestro y jurista Ignacio Burgoa, enlodan la Constitución. Estos retenes carreteros que existen en toda la República Mexicana son inconstitucionales; porque los efectivos militares y la Procuraduría General de la República están entorpeciendo el desplazamiento de automóviles en las carreteras correspondientes y están actuando sin órdenes estrictas de la autoridad competente, ignorando el artículo 16 de la Constitución. De tal manera que esa situación de inconstitucionalidad obedece a la grave situación por la que no solamente Chihuahua sino muchos estados de la República están pasando en este momento, pero desde un punto de vista estrictamente constitucional. Cito el artículo 29 de nuestra Carta Magna: Solamente habrá comandancias militares fijas y permanentes en los castillos, fortalezas y almacenes que dependan inmediatamente del gobierno de la unión o en los campamentos, cuarteles o depósitos que fuera de las poblaciones estableciere para la estación de tropas. Además los encargos de los retenes, a veces no tienen un criterio adecuado para realizar las funciones que les son encomendadas y por esa razón en muchas ocasiones molestan a los ciudadanos de manera innecesaria y no respetan los derechos civiles de las personas y de las familias. Por eso no sólo coincido, sino aplaudo al maestro Burgoa, en que las revisiones que realicen los miembros del Ejército y la PGR, violan flagrantemente la libertad de tránsito consagrada en el artículo 11 de la Constitución general de la República. Garantía que otorga a los mexicanos el derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes, más aún cuando ya pasaron el punto de revisión aduanal 20 kilómetros antes. Urge desaparecer este punto de revisión que estrangula las garantías individuales de los chihuahuenses y todos los mexicanos con esos retenes, que se practican en forma indiscriminada y que no resuelven el problema, porque hasta ahora no se conocen decomisos importantes ni de armas ni de drogas que se hayan efectuado en este punto de revisión militar. Pero eso no es todo, ya que existen testimonios de Chihuahua del abuso de autoridad, cohecho y extorsión en contra de trabajadores migratorios, los paisanos que en los días navideños y en los días de Semana Santa próximos, y por carecer de documentos de identificación personal, reincidiendo nuevamente al claro atropello del referido artículo 11 de la Carta Magna. Es realmente preocupante la situación que se está viviendo por las consecuencias que traen aparejadas estos retenes militarizados, que como ya lo hice notar, no sólo enlodan la Constitución, también discriminan a nuestros compatriotas migrantes, quienes hoy por hoy aportan la segunda derrama económica del país desde hace ya muchos años y ya nos tienen muy cansados estos retenes. Por lo anteriormente expuesto, vengo a someter a consideración de esta honorable soberanía, el siguiente Punto de acuerdo de urgente u obvia resolución Único. La LX Legislatura de la Honorable Cámara de Diputados exhorta a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Procuraduría General de la República, suspender el preco Samalayuca en el estado de Chihuahua que no contribuye eficazmente al combate de tráfico, drogas y armas, y sí propicia las violaciones a los derechos humanos, la corrupción y la impunidad. Atentamente, firmado por todos los diputados federales del estado de Chihuahua, su servidor Emilio Flores Domínguez, del Partido Acción Nacional; diputado Rubén Aguilar Jiménez, del Partido del Trabajo; diputado Israel Beltrán Montes, del Partido Revolucionario Institucional; diputada María Eugenia Campos Galván, del Partido Acción Nacional; el diputado César Horacio Duarte Jácquez, del Partido Revolucionario Institucional; del diputado Jacinto Gómez Pasillas, del Partido de Nueva Alianza; del diputado Felipe González Ruiz, del PAN; la diputada María Soledad Limas Frescas del PAN; diputada Lilia Guadalupe Merodio Reza del PRI; diputado Cruz Pérez Cuellar, del PAN; diputado Carlos Armando Reyes López del PAN, diputado Enrique Serrano Escobar, del PRI y diputado Víctor Leopoldo Valencia de los Santos, del PRI. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1 de marzo de 2007. Muchas gracias.