El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia: Gracias presidente. Este tema de la agenda política debe ser discutido una y otra vez, porque no sobran los argumentos. Yo creo que es importante, más allá de repetirnos ante nosotros, comunicarle a la sociedad en el Canal del Congreso, por qué es equivocado, por qué es anticonstitucional, por qué es ilegal el empleo del Ejército en tareas de seguridad pública. Vamos a tratar de ser muy pedagógicos. Es anticonstitucional porque el artículo 21 de nuestra Carga Magna indica que la seguridad pública es una tarea que corresponde a las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno. Es decir, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, la autoridad militar no tiene competencia en tareas de seguridad pública. Es anticonstitucional porque de acuerdo al artículo 11 de la Constitución que establece el derecho de tránsito de los mexicanos, de los habitantes de este territorio, señala ese artículo 11 que todos tenemos derecho a la libertad de tránsito, con las únicas limitaciones que establezca una orden de juez o limitaciones de autoridad administrativa relacionadas con la migración o con la salubridad. El combate al crimen organizado ni tiene que ver con la migración ni tiene que ver con la salubridad. Es anticonstitucional porque está limitando la libertad de tránsito de los mexicanos. El artículo 16 nos indica con mucha precisión -como se ha repetido aquí tantas veces- que nadie puede ser molestado en su persona, propiedades, posesiones, papeles, sino mediante mandamiento de juez. Si no hay mandamiento de juez, ninguna autoridad puede molestarnos en nuestra libertad de tránsito, en nuestras posesiones, en nuestras propiedades y papeles. Por lo tanto, los retenes militares que se instalan en el territorio de la república son contrarios a los artículos 11 y 16 de la Constitución. En el lamentable caso que estamos el día de hoy tratando, de la familia León Ramírez, además hubo un empleo excesivo de la fuerza. Un empleo de la fuerza que es condenado por todos los protocolos internacionales de Naciones Unidas que dicen cómo debe utilizarse la fuerza pública. El empleo de la fuerza pública es la última ratio, el último instrumento de actuación de las autoridades. A esta familia, al vehículo de esta familia León Ramírez se le disparó sin mediar ningún tipo de actividad administrativa, de señalamiento, etcétera. Fue un uso excesivo de la fuerza condenado por las resoluciones internacionales de Naciones Unidas. Esperamos todos, como aquí varios legisladores lo han recordado, que se entienda bien lo que es el fuero militar. El fuero militar solamente protege a los militares, para efectos de disciplina militar. Cuando se trata de hechos que tienen que ver con terceros que no son militares, cuando se afectan los derechos humanos de personas ajenas al Ejército, la competencia para juzgar estos hechos no es de los tribunales militares. Es, desde luego, de los jueces del orden civil. Yo creo que aquí para concluir mi intervención debemos insistir en dos propuestas muy claras para que este debate político no quede en suspenso y no quede en ninguna cuestión propositiva. Debemos insistir, por un lado, en crear una comisión especial de investigación. Podemos tenerla con 125 diputados, yo espero que todos los legisladores de la izquierda y los legisladores del PRI se sumen a esta comisión especial de investigación para analizar el ejercicio del presupuesto en la Secretaría de Seguridad Pública. Por otro lado debemos crear otra comisión especial o un grupo de trabajo para dar cumplimiento íntegro a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que resolvió el caso de Rosendo Radilla. Esas son las dos comisiones...