El diputado Alfredo Femat Bañuelos: En este país, por desgracia, las cárceles no rehabilitan, profesionalizan al ciudadano que ha elegido la carreta de delincuente. En este país, por desgracia, se destina más dinero público para los reos, que para los jóvenes que deben y están en la universidad pública. Muy buenas tardes, compañeros diputados. Con la venia de la Presidencia. Posicionamiento del Partido del Trabajo, en relación al VI Informe de Gobierno, en materia social y, por cuestiones de tiempo, tocaré solamente el tema de la educación superior, que es de urgente u obvia discusión. La educación superior en México atraviesa por una de las crisis más profundas de su historia. Esta crisis, que afecta con especial saña a las universidades públicas estatales, es producto y resultado de la imposición de una política pública de corte mercantilista, privatizador, excluyente, contraccionista y profundamente diferenciada del gasto público en la materia. No podemos ni debemos ignorar, en este sentido, los saldos que en este rubro nos deja la administración de Enrique Peña Nieto. Nuestro país exhibe una de las tasas brutas de cobertura en materia de educación superior más bajas de América Latina. De acuerdo con datos del Instituto Estadístico de la Unesco, la tasa de cobertura en México es apenas del 37 por ciento frente a una media para América Latina del 48 y del 75 por ciento para los países de la OCDE. Hay incluso países de nuestra región, como Argentina y Chile, que cuentan con tasas superiores al 80 por ciento, el limitado acceso de nuestros jóvenes a la educación superior representa, sin lugar a dudas, un signo desastroso que compromete sobremanera el futuro del país. El financiamiento público destinado a la educación superior es de apenas el 0.9 por ciento del PIB frente al 1.6 por ciento de la OCDE y el 2.1 por ciento en el país hermano de Ecuador. Mientras que entre el 2009 y el 2017 la matrícula se incrementó en un 51 por ciento, el presupuesto para educación superior creció solo en un 18 por ciento, lo que implicó una disminución del gasto por alumno del 22 por ciento, este gasto equivale a la cuarta parte del gasto por alumno promedio de la OCDE. A los bajos niveles de cobertura y financiamiento hacia la educación superior se suma una creciente y desbordante expulsión o fuga de talentos. Actualmente 1.2 millones de profesionistas mexicanos, incluyendo 300 mil posgraduados y 30 mil doctores, en su mayoría formados en el campo de la ciencia y la tecnología, residen fuera de nuestras fronteras. Además de su baja cobertura y fuerte expulsión de egresados, el fracturado y desarticulado sistema de educación superior que impera en el país se caracteriza por su signo profundamente excluyente, a esto se añade una marcada y creciente tendencia hacia la privatización de la educación superior. La matrícula de las instituciones de educación superior privadas creció de un 19 por ciento en 1990 a un 33 por ciento en el 2017. En posgrado la matrícula privada abarca ya el 58 por ciento, en su inmensa mayoría de baja calidad. Otro rasgo de suyo significativo del sistema de educación superior que impera en el país son las fuertes desigualdades e inequidades que permean al seno de las universidades públicas, donde el gasto anual por alumno sería de 38 mil pesos en Guerrero, 107 mil en Tamaulipas y en Zacatecas 55 mil pesos, cantidad que equivale a lo que cuesta mantener un reo en la actualidad. El bajo presupuesto destinado a educación superior y su desigual distribución tienen ya un saldo rojo. Diez universidades estatales autónomas del país atraviesan por una crisis de insolvencia financiera que las tienen al borde del colapso.