La diputada Paz Gutiérrez Cortina: Muchas gracias, presidente. Estimados diputados, senadores, integrantes de esta Comisión Permanente. En el tenor de lo mismo que hemos venido discutiendo en estos últimos puntos, es decir, de la indignación y el repudio que existe por parte de todos nosotros a los abominables abusos que se perpetran en contra de los migrantes que transitan por el territorio nacional, quisiera hacer esta proposición como de urgente y obvia resolución, porque ya son muchos los exhortos hechos al Estado mexicano por parte incluso de derechos humanos, de Amnistía Internacional, en el sentido de que hay que hacer un esfuerzo extraordinario por coordinar esfuerzos, de manera que las acciones que se implementen por el gobierno federal y por los gobiernos estatales y municipales, sean efectivas y de veras redunden en beneficio y en la defensa de los derechos humanos de estas personas a las cuales se les violan continuamente. Recientemente Amnistía Internacional presentó un informe titulado Víctimas invisibles, migrantes y movimiento en México, en el cual destacaban la necesidad de hacer acciones concretas tanto dirigidas, como les decía, al gobierno federal como a los gobiernos estatales, para que realmente no sea el discurso lo que prevalezca en esta preocupación, sino que se llegue realmente a dar solución y a defender la dignidad humana de estas personas y sus derechos. Sabemos que el gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración, ha efectuado y emprendido una serie de acciones dirigidas a mejorar los procedimientos y los esquemas de protección de los migrantes, a raíz de estas penosas situaciones. Esto demuestra, sin duda, un compromiso de parte de nuestro gobierno. Sin embargo no hay suficiente coordinación con los 31 estados de la república y el Distrito Federal y muchas veces en estos estados hay nula o pocas políticas destinadas a proteger estos derechos de los migrantes que transitan por nuestro país en su paso hacia Norteamérica, en busca de una manera más digna de vivir, cosa perfectamente justificable y defendible. Frecuentemente estas policías municipales y estatales no solamente no garantizan el paso seguro de estos migrantes, sino que además en algunos casos forman parte, una parte real de extorsión y de la delincuencia en contra de estas personas, violando sus derechos. De forma paralela a lo anterior, hemos visto cómo diferentes sectores de la sociedad civil, diferentes organizaciones sociales se han organizado con la finalidad de llamar la atención a las autoridades sobre estos intolerables abusos; incluso algunas de estas agrupaciones han procedido a tomar cartas en el asunto, como lo que hemos visto recientemente en los medios con esta caravana Paso a Paso por la Paz, encabezada por el padre Solalinde, para evidenciar al mundo entero, y a nosotros en primer lugar, los abusos de los que son víctimas todas estas personas, efectuando junto con ellos esta penosa caravana y arrastrando tras de sí a la opinión pública a través de todos estos medios de comunicación. Ante esta cadena de acontecimientos, los miembros de la sociedad civil y muchas organizaciones no gubernamentales que han levantado la voz nos han pedido que se actúe en forma inmediata para proteger no solamente a los migrantes, sino también a todas aquellas personas que levantan la voz a su favor, de manera que no vayan a ser también sujetos a estos mismos ataques, como lo que vimos que sucedió en los Estados Unidos. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente propuesta con un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Se exhorta a las autoridades estatales a coordinar los esfuerzos que ya emprende la autoridad federal con las autoridades municipales y con los esfuerzos que realizan las organizaciones no gubernamentales. En tenor de lo anterior, se está proponiendo muy concretamente la creación de una red de atención al migrante, que será dada a conocer a través de los distintos medios masivos de comunicación, que contará con un 01800 y una página de Internet, de tal manera que cualquier persona que observe una violación a estos derechos, que vea una cosa rara, como lo decía el padre Solalinde últimamente en entrevista, sea capaz de tomar el teléfono y de informar inmediatamente y las autoridades puedan actuar. Creo que de esta manera estamos facilitando a las autoridades para que cumplan con su obligación, estamos motivando que la sociedad civil sea más solidaria y compasiva en esta cuestión. Muchas gracias, señor presidente.