La diputada Lizbeth Mata Lozano: Es una vergüenza que el partido en el gobierno se empeñe en hacernos creer que todo lo que proponen es lo mejor para el pueblo. Y lo que hacen para el pueblo... cuando realmente todo lo que hacen es en beneficio de ellos mismos y de su partido. No pretenden ayudar al pueblo con este dictamen, sino garantizar sus votos en las elecciones, haciendo lo que tengan que hacer para seguir en el poder. El derecho a la identidad es un derecho humano reconocido en instrumentos internacionales. No es un derecho con el que puedan negociar, no es un derecho que puedan pisotear y burlarse de él. En México ha sido un largo camino para lograr que el concepto de identidad se plasmara como derecho humano reconocido en nuestra Constitución Política. Que actualmente ya está como derecho y se han creado diversas herramientas legislativas para garantizarlo. No es justo que en este dictamen Morena quiera utilizarlo a su favor. El derecho a la identidad permite que niñas y niños tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. Además, es la puerta a sus otros derechos, como el acceso a servicios de salud, educación y protección. De conformidad con datos de la Unicef, en México al menos un millón de personas de todas las edades no cuentan con registro de nacimiento. De ellas, más de 600 mil son niñas, niños y adolescentes. A través de los últimos años, en ambas Cámaras del Congreso han aprobado diversas reformas que pretenden garantizar el derecho a la identidad, incluso en 2017 se aprobó la reforma al artículo 73 constitucional para otorgar facultades al Congreso en materia de ley de Registros Civiles. En razón de esta reforma constitucional, que ahora estamos aquí para votar un dictamen que pretende emitir una Ley General de Operación de Registros Civiles, ley hecha a modo de un partido mayoritario de esta Cámara, que claramente vulnera otros derechos de los ciudadanos, como la protección de los datos personales y, en consecuencia, vulnera el derecho a la identidad. Los legisladores de Morena y aliados pretenden vendernos la idea de que esta ley pretende garantizar el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios que proporciona el Registro Civil, así como los documentos y constancias en los que conste su identidad jurídica y que la ley eficientaría la administración pública. Sin embargo, lo que pretenden es un control jurídico desde la Secretaría de Gobernación. Es indispensable eficientar la administración pública, sí, en todos sus niveles. Esta ley no pretende eficientar los procesos administrativos, sino confundir y quitar facultades a las entidades federativas, vulnerando la soberanía de las mismas, además de centralizar los trámites de identidad de las personas y vulnerando los derechos de los ciudadanos. El problema más evidente en caso de aprobarse esta ley es que le otorga facultades muy amplias al Ejecutivo federal, como la de formular y conducir la política pública para el registro universal, otorgándole el control en materia de registro civil o la facultad de vinculación con los datos biométricos de su titular, lo cual abre la puerta para que la Secretaría de Gobernación pueda concentrar y vincular los datos biométricos de las personas registradas, un tema que atenta contra la seguridad de las personas o la facultad de establecer las medidas de seguridad administrativa, físicas y electrónicas de la información y documentación que deberá aplicar el Registro Civil en cada entidad federativa, lo cual otorga el control en materia de seguridad, siendo un exceso de poder para el Ejecutivo federal y representando un riesgo de seguridad para los ciudadanos y para el país. Otro aspecto negativo es que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública no presenta un gasto adicional o presupuesto, sin embargo, al hacer una revisión exhaustiva de esta ley es obvio que se requerirá asignación adicional de presupuesto tanto en la federación como en los estados. Por eso, el Grupo Parlamentario del PAN no nos dejaremos engañar con estas estrategias de simulación a los ciudadanos y votaremos este dictamen en contra. No al control de la Secretaría de Gobernación y sí a la seguridad de los ciudadanos. Es cuanto, presidenta.