El diputado Marcos Rosendo Medina Filigrana: Muchas gracias, diputada presidenta. Con su venia. Compañeras y compañeros legisladores, integrantes de esta Comisión Permanente, amigas y amigos de los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos, que nos hacen el favor de acompañarnos, amigas y amigos todos. El presente dictamen que votaremos en el pleno de esta comisión es de suma importancia, porque contiene intrínsicamente el respeto al derecho humano de acceso a la justicia al cubrir las vacantes en magistraturas de Salas Regionales. Y también conlleva el trabajo institucional y legal entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, toda vez que para ocupar una magistratura del Tribunal Federal de Justicia Administrativa por mandato constitucional y legal le corresponde al titular del Ejecutivo Federal hacer las designaciones y al Senado de la República llevar a cabo sus ratificaciones. Y, cuando el Congreso General está en receso, la Comisión Permanente es la que ratificará como acontece en el caso concreto. Es de resaltar la relevancia del dictamen que pone en estado de resolución las rectificaciones de las designaciones para magistrados contenidas en el mismo, en razón de que unas de las obligaciones principales del Estado y parte de su razón de ser es reconocer, proteger y, en su caso, resarcir los derechos humanos conforme lo establecido por el artículo 1o. constitucional. Además, de que el artículo 17 de la Carta Magna establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Lo que se traduce en que el Estado debe generar todo un sistema de institucionalidad que garantice, efectivamente, resoluciones apegadas a derecho para administrar justicia de manera eficiente. Es decir, que el ciudadano cuente con una red de tribunales con competencia para dirimir conflictos que se le planteen, en estricta observancia al debido proceso. Además, la convencionalidad lo mandata. En efecto, el artículo octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías dentro, de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones del orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. Luego entonces, es fundamental la existencia de los tribunales y, desde luego, de sus titulares, que serán los responsables de escuchar a toda persona que recurra a ellos en pro de buscar que no se le conculquen sus derechos. Situación que no puede llegar a ser realidad si aquellos se encuentran acéfalos. Y de ahí la trascendencia de su designación y ratificación. La Primera Comisión de Trabajo de esta Comisión Permanente, referente a Gobernación, Puntos Constitucionales y de Justicia, acusó recibo de los oficios enviados por el Ejecutivo federal y desahogó las entrevistas a las 20 ciudadanas y ciudadanos propuestos por el presidente de la República, dándonos cuenta de su idoneidad, de su capacidad y de que cuentan con los antecedentes y con los elementos para poder ser postulados a ocupar las vacantes de las magistraturas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es por ello que hago un llamado a cumplir con los imperativos constitucionales, convencionales y legales, y que el dictamen se vote a favor, cumpliéndole así a la ciudadanía en cuanto a hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia. Es cuanto, diputada presidenta.