EL C. DIPUTADO RODRIGO CARRILLO PEREZ (PRDI: Gracias. Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros diputados y diputadas: Las políticas para fijar precios de los energéticos resultan de los mejores ejemplos para referirnos al castigo al consumo que sufren las clases populares; castigo que constituirá una pesada herencia para las próximas generaciones; castigo que es un legado de los últimos gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional. La sabiduría popular producto de las luchas de nuestro pueblo sintetiza acertadamente la problemática de la producción y el consumo de gas doméstico, país petrolero, el pueblo sin dinero. En esto radica el problema, la riqueza de nuestros recursos naturales solo beneficia a unos cuantos y pese a ser un importante productor y a que la dinámica del mercado mundial de hidrocarburos ha sido favorable para nuestro país, los beneficios de la extracci6n natural no repercuten en el bienestar popular. A nivel internacional PEMEXGAS es la segunda empresa productora de líquidos de gas, con una producción de 446,000 barriles diarios; cuenta con una extensa red de gasoductos a través de la cual se transportan cerca de 4, 000 millones de pies cúbicos de gas natural, lo que ubica en el décimo lugar entre las principales empresas transportistas de este energético en América del Norte, PEMEXGAS se encuentra entre las diez más grandes por su nivel de ingreso, superiores a 52, 500 millones de pesos tan solo en 1999, con activos del orden de 41, 000 millones de pesos, En el año que termina PEMEXGAS ha mantenido una política de crecimiento de nuevos proyectos de inversión para afrontar el aumento de la demanda de gas en los próximos años. En el primer semestre del 2000, el presupuesto de inversión de la empresa casi se triplicó, la utilidad neta se duplicó, la venta de productos creció 58% y sus activos crecieron 18% respecto del mismo período del año anterior. Este año no fue excepcional, pues a lo largo de la década la industria se comportó favorablemente. En el período 19902000 la extracción total de gas natural creció 32%, y en los últimos seis años registró una tasa media de crecimiento anual de 4. 8%. Sin embargo el crecimiento de la demanda no ha sido cubierto satisfactoriamente, dado que desde 1996 la balanza comercial de este producto ha sido negativa y tiende a ser cada vez menos favorable, pues buena parte del energético se quema por falta de infraestructura y una política de recortes a la inversión pública, Estamos hablando, sin embargo, de una empresa pública y una industria bullantes, cuyos beneficios no obstante no repercuten en el bien colectivo. Cada mes el tanque de gas licuado doméstico se incrementa unos tres puntos porcentuales, cinco veces más que la inflación mensual promedio, Este energético se ha incrementado más de 35% anualmente, mientras que el salario mínimo tan sólo subió el 10%. Esta es un situación generalizada, no se refiere s61o a este energético, el castigo implacable y sistemático contra la economía popular por parte de los últimos gobiernos encabezados por el PRI, se refleja en incrementos a las gasolinas y al diesel, a la energía eléctrica, peaje en las carreteras federales, telégrafos y correos. Los incrementos a estos precios, como se sabe, repercuten en el conjunto de la economía y provocan alzas en cadena que siempre terminan por perjudicar a quien menos tiene. El Ejecutivo ha fijado unilateral y arbitrariamente precios y tarifas de bienes y servicios que ofrece el Gobierno Federal. En esta Cámara, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática propuso en la LVII Legislatura una iniciativa para dotar al Congreso de la Unión de facultades para intervenir en la política de precios y tarifas de los bienes y servicios de la Administración Pública Federal. Los representantes populares debemos tener un papel activo en la defensa de los intereses económicos de la población, dado que esta soberanía es la encargada por designio popular, de velar por los intereses de la nación. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se pronuncia porque se retome nuestra iniciativa de decreto que adiciona los artículos 73 y 79 constitucionales, y que reforma el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada al pleno el 15 de diciembre de 1998, para que el Poder Legislativo intervenga en la definición de los precios de combustibles, energía eléctrica y demás bienes y servicios que ofrece el Gobierno Federal. Hacemos este pronunciamiento ante la intervención urgente que debemos hacer como integrantes del Poder Legislativo, ya que en este sexenio el precio del gas licuado, considerado como uno de los productos básicos, se ha elevado en más de 406 por ciento, lo que ha provocado que 19.7 millones de familias que utilizan ese combustible deban destinar por lo menos una tercera parte del salario mínimo para la compra de ese energético. Según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Consumidor, sólo durante el último año el precio del gas pasó de 4.20 pesos el kilo a 5.80, equivalente a un aumento de 38.2 por ciento, es decir, más de cuatro veces la inflación calculada para este año. Para que podamos cumplir en lo inmediato con el mandato popular y para aligerar la carga que actualmente significa la adquisición del gas doméstico en la economía familiar, proponemos que esta Honorable Cámara de Diputados recomiende al comité conformado por diversos despachos del Poder Ejecutivo Federal, responsable de la definición de precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal, que se reduzca en un 16 por ciento el precio del gas doméstico y se mantenga en este nivel durante el año 2001, mientras que esta representación resuelve nuestra iniciativa de decreto. Esta propuesta parte del reconocimiento a la política oficial de fijación de precios, que como en el caso del salario mínimo, amarra el precio de la fuerza de trabajo a las previsiones del Ejecutivo Federal sobre el nivel de la inflación en un año, y considerando que al incrementarse el precio del gas doméstico en más de 38 por ciento anualmente, su precio actual ha rebasado ampliamente la tasa promedio de crecimiento anual de la inflación, que los expertos ubican en 21.73 por ciento en el periodo 19942000, por lo que esta medida tendría efectos muy limitados en las finanzas públicas, ya que estos ingresos que recibe PEMEX se transfieren directamente a las arcas de la Federación, y actualmente no sabemos si se gastan en acciones de beneficio a los ciudadanos más necesitados. Las dos propuestas que hacemos tienen el objetivo de enfrentar esta problemática con una reforma de fondo que favorezca el bienestar de la población, con acciones concretas, y no con meros pronunciamientos o golpes de pecho oportunistas. Es preciso definir una política que fortalezca e incentive el consumo familiar, que genere beneficios tangibles en el nivel de vida de la población. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.