La diputada Patricia Terrazas Baca: Estimadas, estimados diputados. El día de hoy estamos discutiendo la minuta de la Ley Nacional de Extinción de Dominio, ley complementaria a la modificación constitucional aprobada por el Congreso en el mes de diciembre de 2018, mediante la cual se aprobó la figura de extinción de dominio que fuere autónoma de la materia penal. Por ello es importante tener claro que la extinción de dominio es la pérdida de los derechos patrimoniales que tenga una persona en relación a los bienes lícitos o ilícitos que pudieran haber sido instrumento, objeto o producto de un hecho ilícito sin perjuicio del lugar de su realización. La pérdida de los derechos patrimoniales será ejercida por el Ministerio Público a través de un procedimiento jurisdiccional de naturaleza civil, autónoma e independiente a la acción penal. Por ello, lo que hoy será discutido y votado en este pleno tiene una afectación directa contra los terceros de buena fe que tienen derecho traslativo de dominio sobre bienes inmuebles sujetos a un procedimiento de extinción de dominio como son los arrendatarios, los usufructuarios o comandatarios que se verán afectados gravemente en los siguientes casos. Primero. Cuando existe una venta anticipada que de acuerdo a los artículos 229 y 233 de la ley, la autoridad podrá destinar los bienes sujetos a proceso previa resolución definitiva y destinarlos a programas sociales o políticas públicas prioritarias. Segundo. El aseguramiento previo de bienes. Dicho aseguramiento procede aun y cuando los ministerios públicos no han presentado las demandas ante un juez que puede prolongarse hasta en un plazo de 10 meses, mientras se decide si se ejerce o no la acción. En los casos de aseguramiento anticipado y la venta o disposición anticipada del bien, el arrendador es privado de los derechos obtenidos de manera lícita anteriores al inicio del procedimiento y sin posibilidad de audiencia eficaz y adecuada para defender sus derechos. Por lo anterior propongo a esta honorable asamblea resguardar los derechos de terceros de buena fe titulares de derechos no traslativos de dominio, siempre y cuando acrediten: Primero. Que el inicio de su derecho es anterior a la investigación formulada por el Ministerio Público del lugar en donde se encuentra el bien sujeto a extinción de dominio. Segundo. Que el inmueble no haya sido usado durante la vigencia del derecho del tercero de buena fe para la comisión de un delito; y Tercero. Que acredite la licitud del objeto o destino que tiene el inmueble. La salvaguarda que propongo es mediante la aprobación de la presente reserva que reforma el primer párrafo y adiciona el segundo párrafo al artículo 3o. a la Ley de Extinción de Dominio para incorporar el respeto a las garantías de defensa del afectado, así como incorporar una excepción para quienes acrediten la legitimidad de la posesión en la contratación y la licitud en el objeto o destino de los bienes, para quedar como sigue: Artículo 3o.: La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial, con contraprestación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, no para quien por cualquier circunstancia posea o detente los citados bienes, esperando en todo momento el derecho y las garantías de defensa de los afectados. Se exceptúa de dicha pérdida a aquellas personas que, sin tener un derecho traslativo de dominio, acrediten la legitimidad de su condición. La buena fe en la contratación y la licitud en el objeto o destino de los bienes. Es cuanto, señora presidenta.