La diputada Gabriela Sodi Miranda: La iniciativa que hoy presento ante esta soberanía, tiene como objeto atender una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 25 de noviembre del 2021, en el caso Digna Ochoa y familiares contra el Estado mexicano, en el que se resolvió que nuestro país debe elaborar, presentar e impulsar una iniciativa de reformas constitucionales, para dotar de autonomía e independencia a los servicios periciales como órganos especializados, imparciales, con personalidad jurídica y patrimonio propio, los cuales gozarán de plena autonomía técnica y de gestión, dando como plazo dos años a partir de la notificación de la sentencia. En la actualidad los servidores forenses y periciales se encuentran supeditados a la acción de los agentes del Ministerio Público y ni sus actuaciones ni sus conclusiones derivan de lo que observan científicamente, sino de lo que les indican estos agentes del Ministerio Público, donde su autonomía queda subordinada a la decisión final de su jefe. Por ello la importancia de que el Estado mexicano garantice las condiciones indispensables para que los peritos y forenses puedan profesionalizarse, capacitarse y que sus condiciones laborales respondan a las exigencias ciudadanas, con el propósito de que las personas tengan acceso a la justicia. Muchos de los casos en los que la falta del profesionalismo de los peritos, o sus ámbitos de corrupción, o presión política, no han permitido el derecho de acceso a la justicia de que deben gozar todas y todos los habitantes del territorio nacional. Además de que tal y como lo dice la sentencia, el Estado mexicano debe de disponer de mecanismos de no repetición, que incluyen el fortalecimiento de la capacidad investigativa de actos de violencia en contra de los derechos humanos. Asimismo, debe establecer medidas de fortalecimiento institucional y debe capacitarlos a todas las autoridades que entran en contacto con este tipo de casos. No omito decir que es la segunda vez que presento esta iniciativa de corte constitucional en el día que fuimos hoy convocados para trabajar iniciativas constitucionales. Esta iniciativa, misma que fue dictaminada en sentido negativo por la Comisión de Puntos Constitucionales, la cual señaló que no es necesario reformar el párrafo primero del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que la Fiscalía General de la República ya goza con personas peritas que integran los servicios periciales, quien en el ejercicio de su encargo tiene libertad y autonomía técnica para emitir y determinar el sentido de sus informes, opiniones y dictámenes. Por lo que las solicitudes de las personas del agente del Ministerio Público de la Federación o de los agentes de la Policía Federal Ministerial y de los demás sujetos legitimados, no influyen, dirigen, condicionan ni afectan los criterios. Siendo esto un discurso falso, debido a su subordinación laboral. Sin embargo, los argumentos utilizados para la elaboración del dictamen no atienden al espíritu de la sentencia del Tribunal Regional, ya que si bien la Ley de la Fiscalía General señala que las personas peritas en ejercicio de su encargo tienen libertad de autonomía técnica para emitir y determinar el sentido de sus informes, opiniones o dictámenes, también es cierto que siguen estando bajo el mando de una persona titular, de una Fiscalía o Procuraduría, por lo que su trabajo jamás será autónomo estando subordinado. Por lo anterior, la iniciativa constitucional que hoy propongo, no solo atiende a la agenda histórica de nuestro partido, sino que responde a las recomendaciones de las organizaciones nacionales e internacionales, de los derechos humanos sobre la necesidad de servicios periciales autónomos. Por lo tanto, pido a la Comisión de Puntos Constitucionales a atender la sentencia de la Corte y el sentido que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es cuanto, presidenta.