El diputado Silvano Garay Ulloa: Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores. El Partido del Trabajo y su grupo parlamentario en esta Cámara son firmes impulsores de la transparencia gubernamental. Estamos a favor de impulsar los mecanismos de rendición de cuentas de los gobernantes a los gobernados, y sobre todo, estamos a favor de que la ciudadanía cuente con información precisa, veraz y oportuna de qué es lo que sus gobernantes hacen con los recursos económicos que manejan. Nuestro grupo parlamentario siempre se ha pronunciado por la apertura a la información pública con que cuenta el gobierno ya que en la medida en que la ciudadanía cuente con esa información estará en aptitud de protestarla y de fungir como una auténtica y efectiva contraloría social. Una medida eficaz para que el poder esté en el pueblo es que se cuente con la información necesaria para que tome sus decisiones. Ahora bien, es un hecho que durante muchos años los gobiernos se manejaban en la opacidad y en la cerrazón informativa ya que de esta manera los regímenes autoritarios no tenían que rendir cuentas a nadie; pero en la medida en que la propia sociedad ha ampliado los cauces de participación política como resultado de múltiples movimientos ciudadanos que fueron brutalmente reprimidos, hoy el resultado es que se cuenta con mayor libertad y espacios de participación democrática y política. Éste es precisamente el mérito de la reforma que hoy discutimos. El contenido de este dictamen se sustenta en múltiples propuestas provenientes de los ámbitos académicos, gubernamentales y de la sociedad civil. Durante algún tiempo se pensó que con base en el actual y único párrafo del artículo 6o. constitucional en relación con las atribuciones de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los correspondientes a los estados, bastaba para que la ciudadanía ejerciera esos derechos y pudieran acceder a la información pública que requirieran. Sin embargo, aún con estas disposiciones la autoridad es reacia a entregar la información a la sociedad. El grupo parlamentario del Partido del Trabajo está convencido de las bondades que contiene el dictamen, y que sin lugar a dudas se traducirá en mejores instrumentos jurídicos que permitan el acceso eficaz a los ciudadanos a la información pública gubernamental con que cuenta la Federación, en las entidades federativas y en el Distrito Federal; por esta razón resulta favorable el contenido de la fracción I del párrafo segundo que adiciona al artículo 6o. constitucional en donde se establece el carácter público de toda información en posesión de cualquier autoridad. Aquí es necesario destacar la eficacia del término usado: la información está en posesión de la autoridad no en propiedad; luego entonces, como la información pública no es propiedad de la autoridad, ésta no puede utilizarla a su arbitrio; antes al contrario, está obligada a ponerla a disposición del particular que la requiera. En relación al contenido de la fracción III, resulta favorable el no poner obstáculos a las personas para acceder a la información al establecer la fracción III que no es necesario acreditar interés alguno o justificar la utilización de la información. Se rompe con el candado de que era necesario acreditar el interés jurídico para poder solicitar la información pública y que si ante la autoridad no se acreditaba el interés jurídico, la información no se proporcionaba. Lo mismo ocurre en relación a justificar la utilización de dicha información; en todo caso, el particular se hace responsable del uso de la información obtenida, pero la autoridad no puede —de manera previa— calificar el uso de la misma. Un aspecto central de esa reforma lo constituye el contenido de la fracción V, en la que se establece la obligación de la autoridad de reservar sus documentos y la misma deberá tomar todas las medidas necesarias con el propósito de salvaguardar esa información. Nuestro grupo parlamentario considera que con esta disposición se evitará que, de manera deliberada, la autoridad quiera desaparecer la información pública con que cuentan. Ahora bien, en relación con la inobservancia de las exposiciones en materia de acceso a la información pública, este Constituyente Permanente deja a la potestad de los órganos legislativos, de la Federación, de los estados y del Distrito Federal la facultad de establecer en la ley secundaria las sanciones a que se hagan acreedores los servidores públicos. En los artículos transitorios, en el segundo, se establece la obligatoriedad de la Federación, los estados y el DF de hacer dentro de un término de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta reforma, todas las adecuaciones legales que se requieran. Por las consideraciones antes expuestas, nuestro grupo parlamentario votará a favor del dictamen que se pone a consideración. Es cuanto.