El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con su veía, señor presidente. Compañeros diputadas y diputados. Presento ante ustedes la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal Federal, con el objetivo de establecer sanciones en materia penal para aquellos servidores públicos que indebidamente utilicen, modifiquen o ingresen datos o los falsifiquen en los padrones de beneficiados de los diversos programas sociales a nivel federal, estatal o municipal, con la finalidad de obtener para sí un lucro. En todos los niveles de gobierno se promociona que los ciudadanos se puedan inscribir a los programas sociales ya sea para un apoyo de alimentos, para la educación, para el campo, para personas de la tercera edad, etcétera, y acuden con la mejor intención y con los documentos que se les pide para dichos trámites, y se les atiende y se les dice que después se les comunicará cómo se entregan los apoyos, y sucede que empiezan a dar vuelta y vuelta preguntando por su trámite y la respuesta es: Está en proceso; quién sabe; no fue otorgado; no salió en la lista. Cuántas veces nos han platicado a nosotros: Entregué todo al promotor; di copia de todos los documentos; cumplí con todo y nada. Sin embargo, por algún motivo su nombre sí aparece en el padrón y sí es beneficiado y sí ha recibido el apoyo, se supone. Entonces ¿qué sucedió? Lo siguiente: un servidor público o varios, que tienen acceso a los sistemas de informática, sí hizo todo el trámite de manera correcta, sólo les faltó un paso: entregar el vale o la contraseña o la tarjeta bancaria, al verdadero beneficiado. Y estos malos servidores se quedan con el beneficio, utilizan el nombre, identificación, firma de un ciudadano, o falsifican una identidad. Y los recursos destinados, son desviados, no llegan a su objetivo, son robados, dañando al erario público y al universo de personas en estado vulnerable que se quedan sin ese beneficio. Es lamentable que a pesar de existir mecanismos que regulan el actuar de servidores públicos, aún se presenten casos en donde usen el cargo público y la información de personas, para obtener beneficios, afectando la atención que se presta a la ciudadanía y desvirtuando con ello su imagen como servidor público y la razón de ser de los programas sociales. Es de destacar que el objetivo primordial de los programas sociales es aminorar o eliminar las brechas de desigualdad que existen en los diversos grupos de la sociedad, motivo por el cual el hecho de sancionar a todas, a todas aquellas personas que hagan mal uso de los padrones de beneficiados de los programas sociales; son acciones que contribuyen a combatir la incidencia de actos de corrupción, que vulneran los derechos de los beneficiados de los programas, así como el mal uso de los recursos públicos que se destinan en beneficio de los menos favorecidos. Es por ello que propongo que los servidores públicos que hagan uso indebido de los padrones de los programas sociales a nivel federal, estatal o municipal, ya sea incorporando datos de los ciudadanos o falsificándolos para obtener un beneficio personal, no se les castigue solamente conforme a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, sino que se establezca una sanción de índole penal, con penas de prisión y económicas, tomando en consideración que todos los programas sociales son prioritarios, de orden público y de interés social. Pongamos castigos ejemplares para que cada día menos servidores públicos tengan la tentación y la facilidad de poder manipular datos de los padrones con la finalidad de quedarse con un beneficio que no está destinado a ello, sino a los ciudadanos que más lo necesitan. Es cuanto, señor presidente.