EL C. DIP. JAIME SALAZAR SILVA: Con su permiso, diputada Presidenta. Proposición como Punto de Acuerdo presentado por el Grupo Parlamentario de Acción Nacional. C O N S I D E R A N D O S Que el artículo 5º. transitorio de la Ley de Protección al ahorro Bancario, en su primer párrafo, establece como obligación del Instituto de Protección al ahorro bancario, administrar las operaciones del programa conocido como de Capitalización y Compra de Cartera. Y dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo 7º. Transitorio de ese mismo cuerpo normativo, a fin de que se concluyan las auditorías ordenadas por la Cámara de Diputados. De la misma forma y en el mismo Artículo 5º. Transitorio, se establecen las reglas de procedimiento, en caso de encontrar irregularidades, en el resultado de dichas auditorías, como son el deslinde de responsabilidades a que hubiere dado lugar y asumir las obligaciones legales y económicas. Que al mismo tiempo en el mencionado artículo se establece el canje de los títulos de crédito admitidos por el Fondo de Protección al Ahorro Bancario Fobaproa, por los que emitirá el Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, debiendo este último devolver los derechos de cobro de la cartera, objeto del Programa de Capitalización y Compra de Cartera, el cual funcionará como garantía o instrumento de pago, que cubra los referidos derechos de cobro, en los términos y condiciones que señalan las reglas generales, que para tal efecto la Junta de Gobierno emitió el 16 de junio de 1999. Que es importante establecer, que si de los resultados de las auditorías a celebrarse, se desprendiesen créditos ilegales, sería obligación del IPAB; mediante resolución de la Junta de Gobierno, rechazar y devolver dichos créditos a las instituciones financieras, las que a su vez tendrán la opción de designar otros activos por montos equivalentes a los créditos devueltos a satisfacción del IPAB. De no aplicarse lo anterior, el Instituto tendría la obligación de reducir los montos respectivos de las garantías o instrumento de pago, que se emitiría a través del canje de pagarés. Que del informe de resultados sobre la revisión de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1999, que rinde la Auditoría Superior de la Federación, con relación a la Auditoría Especial que realiza de manera permanente, sobre el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades asignadas al Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, en los Artículos Transitorios de la ley de la materia y demás normatividad aplicable, se desprende que este órgano técnico recomendó al IPAB en septiembre del 2000, iniciar una auditoría para detectar posibles irregularidades o ilegalidades en los créditos del grupo doble AA, que reportó el auditor Michael MacKey, créditos que en su momento deberá asumir el IPAB, al suscribir los contratos de adhesión al nuevo programa que sustituye el de Capitalización y Compra de Cartera. Que es del conocimiento general que en el mes de junio del año en curso, el IPAB realizó diversos intentos para efectuar la revisión legal a las operaciones de doble AA, sin embargo, las instituciones involucradas en este tipo de créditos, manifestaron en diversas reuniones y comentarios públicos, su renuencia y preocupación respecto al alcance de las auditorías recomendadas por el Organo Superior de Fiscalización. Posteriormente dichas instituciones alegaron de la carencia de facultades del IPAB, para realizar una revisión legal de los créditos doble AA, manejando el principio de la necesidad del consentimiento de las propias instituciones, que decidieron adheririse al nuevo programa a que se refiere el Artículo 5º. Transitorio citado, toda vez que de otra manera, y por no tener atribuciones legales expresas, el IPAB no estaría en posibilidad de realizar la mencionada revisión. Que ante la reiterada insistencia del IPAB para llevar a cabo la revisión de los créditos doble AA, ordenados por el Organo Superior de Fiscalización, propició que la Asociación de Banqueros de México, respondiera a nombre de cuatro instituciones financieras, BBV Bancomer, Banamex, Banco Internacional y Banco Mercantil del Norte, que no están en condiciones de consentir la revisión de créditos a que se hace referencia en los oficios, ni de consentir ni de formular comentario alguno a los términos de referencia para créditos reportables que el IPAB envió a su consideración. Que de lo anterior, el propio auditor del Organo Superior de Fiscalización, Guerrero Pozas, manifiesta en su informe una falta de disposición para dar transparencia a la compra de flujos de cartera que efectuó el FOBAPROA con el aval del gobierno federal y una negativa a cumplir con los dispuesto por el artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, estableciendo a su vez que independientemente de quien deba, FOBAPROA o IPAB cubrir el costo de los créditos no recuperados y del financiamiento obtenido para la compra de los flujos de la cartera de las instituciones de banca múltiple, el aval es el gobierno federal, lo cual obliga a asegurarse de que no existieron irregularidades o ilegalidades en las operaciones. Que independientemente de los términos y condiciones que se establecen en el artículo 34 y décimo tercero transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, no fue sino hasta principios del mes de septiembre del presente año cuando la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por fin empezó a transferir al IPAB las instituciones bancarias intervenidas con el objeto que el Instituto, en cumplimiento a lo ordenado por la ley citada, iniciara el proceso de liquidación de las mismas. Que esta Cámara de Diputados, dentro de sus obligaciones para con la sociedad mexicana en relación al rescate bancario, es velar porque las instituciones gubernamentales cumplan con el objetivo diseñado por el Congreso de la Unión a través de los artículos transitorios de Ley de Protección del Ahorro Bancario; lograr el menor costo fiscal a la hacienda pública y no es precisamente aceptando el criterio que manifestó la Asociación de Banqueros de México, admitida explícitamente por el Secretario Ejecutivo del IPAB en su comparecencia ante este órgano legislativo el pasado mes de septiembre, como podemos reducir el costo del rescate bancario. Para el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, es prioridad que se cumpla con lo establecido en el artículo quinto y séptimo transitorios de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, toda vez que su puntual aplicación generaría un costo menor a la hacienda pública. Por lo tanto, resulta inadmisible que las instancias gubernamentales competentes acepten y sostengan el argumento planteado respecto a las auditorías, por lo que sostiene la Asociación de Banqueros de México, sobre la cual este grupo parlamentario del Partido Acción Nacional rechaza categóricamente y llama a todas las partes involucradas a cumplir con el mandato de ley. Por las razones anteriormente expuestas, los diputados federales del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 58 y 60 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos presentar a la consideración del pleno de esta Cámara el siguiente: PUNTO DE ACUERDO Primero. La Cámara de Diputados exhorta a las autoridades competentes y a las instituciones financieras que se adhirieron al nuevo programa que sustituye al de capitalización y compra de cartera, a realizar las auditorías necesarias a los créditos reportables doble "A"; si de los resultados de dichas auditorías se desprendieran irregularidades, aplicar el párrafo cuarto de la fracción II del artículo quinto transitorio de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Segundo. De igual manera se conmina al Instituto de Protección al Ahorro Bancario IPAB, a realizar una revisión minuciosa de las instituciones bancarias intervenidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de clarificar las operaciones irregulares e identificar el estatus financiero actual que guardan cada una de ellas. Muchas gracias, diputada Presidenta.