El diputado Jesús Cuauhtémoc Velasco Oliva: Compañeros y compañeras, hace unos días pudimos presenciar un capítulo más de la extraña relación entre poder y dinero. Todos fuimos testigos de la venta de la aerolínea más importante —hasta entonces en manos del Estado— a favor de uno de los grupos con mayor poder económico. Aeroméxico fue vendida dejando en su operación una larga lista de interrogantes. ¿Por qué se vendió mediante oferta pública y no mediante subasta o licitación pública? ¿Por qué se vendió a Grupo Banamex, si estaba impedido por haber sido saneado con recursos públicos? ¿Por qué en un precio evidentemente muy por debajo del valor real de la aerolínea? ¿Por qué a José Luis Barraza, autor de la campaña de desprestigio en contra de Andrés Manuel López Obrador? ¿Se trata de un pago de facturas? Lo anterior, no obstante que el consorcio Aeroméxico opera una flota de 70 aviones tipo Boeing y realiza cerca de 300 vuelos diarios; cuenta con una subsidiaria, Aerolitoral, y tiene una participación de 50 por ciento en una empresa de servicios terrestres con activos por 10 mil 713 millones de pesos —unos 980 millones de dólares. La venta de Aeroméxico en 249 millones de dólares es una transacción que ha despertado obviamente suspicacias ya que después de sucesivas ofertas —la penúltima oferta se presentó poco antes de que se cerrara el plazo y que la última se hizo llegar una vez fenecido el término, según se dijo, dos minutos después—, se entrega la línea aérea en un proceso poco transparente. La venta de Aeroméxico refleja la poca pulcritud observada en todo el proceso pues pasó de una devaluación planificada de los activos de Cintra, hasta la venta de Mexicana y Aeroméxico, que en conjunto —según dijo aquí el subsecretario Decker—, en aquel entonces valían unos 800 millones de dólares, a principios de 2005, y terminaron siendo rematadas en 165 millones, Mexicana, y 249 Aeroméxico; esto es, en aproximadamente la mitad de su valor real. Ello constituye un quebranto mayúsculo al erario, que confirma la falta de transparencia con que ha operado el IPAB: rematando los bienes rescatados con dinero público por medio del Fobaproa. En conjunto sólo se ha recuperado 30 por ciento del valor de tales activos y ello no sólo ha representado una cuantiosa pérdida para las finanzas de la nación, sino también una oportunidad para la realización de negocios fáciles para los compradores. Las sospechosas condiciones de la venta deben ser revisadas a fondo por todas las instancias, incluyendo obviamente el Congreso de la Unión. Tenemos una clara violación a la Ley del IPAB. Independientemente del monto que ofrecieron por el consorcio Aeroméxico, tanto la familia Saba como el Grupo Banamex estaban impedidos por la Ley del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, IPAB, para adquirir mediante subasta —o cualquier otra forma— algún activo proveniente del rescate bancario. Baste recordar que el 12 de agosto de 1999, el IPAB dio a conocer un Programa de Enajenación de Bienes con el cual se llevarían a cabo todas las operaciones de ventas de activos que realiza ese instituto, estableciendo que no podrán constituirse como oferentes y adquirientes las personas físicas que en su carácter de accionistas de una institución que haya sido sujeta a programas de saneamiento financiero, en términos del artículo séptimo transitorio de la ley, o implementados por el instituto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la ley, hayan formado parte del grupo de control de dicha institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito. Como aquí se ha señalado también, hay un posible pago de facturas. Llama la atención que una gente que en su momento fue José Luis Barraza, promotor de una serie de spots de radio y televisión que costaron aproximadamente 130 millones de pesos en contra de López Obrador, haya resultado premiado con esta oferta. Otro elemento que ha motivado suspicacias es el relativo al anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informando que la venta de las acciones de Aeroméxico a Banamex y 14 empresarios quedó exenta del pago de impuestos. Ésta es la segunda ocasión en que este banco, ahora propiedad de Citigroup, elude tributar por operaciones bursátiles. Por lo anterior, en Convergencia tenemos claro que la operación de venta de Aeroméxico a Banamex violó el marco legal del IPAB y obviamente es impugnable jurisdiccionalmente. Representó pérdidas para las finanzas públicas; permitió un trato privilegiado a Banamex frente al universo de los contribuyentes; el costo para el Fobaproa e IPAB por saneamiento de Mexicana y Aeroméxico fue de más de 500 millones de dólares y después de casi ocho años se recuperaron sólo 350 millones de dólares; y favoreció a un grupo como posible pago de facturas por apoyos recibidos en el pasado proceso electoral. En ese sentido, Convergencia aplaude la intervención de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados ante la opacidad y el manejo discrecional de los recursos públicos, y demanda que la Auditoría Superior de la Federación haga lo propio para investigar el manejo poco claro, que desde su constitución se hizo, de los recursos de Cintra; el proceso de venta de Aeroméxico; el posible menoscabo para las finanzas públicas, y en consecuencia, la cancelación de la licitación hasta en tanto no se resuelva sobre la legalidad de la operación de venta. Por su atención, muchas gracias.