El diputado Jesús Gerardo Izquierdo Rojas: Con la venia de la presidencia. Compañeras diputadas y diputados, una de las funciones primordiales del Poder Ejecutivo es garantizar la seguridad púbica en todo el territorio nacional. Esta seguridad es aquella de la cual debemos disfrutar todos los miembros de la sociedad para ejercicio de las libertades públicas y de todas las actividades ciudadanas que en el marco de la ley tienen lugar en el ámbito privado. La garantía de estos derechos está expuesta claramente en las constituciones políticas cuando se refieren a la protección de la vida con todos sus atributos. Si bien queda claro que la tarea de garantizar la seguridad pública, es una función que corresponde esencialmente al Poder Ejecutivo, lo cierto es que también los otros dos poderes del Estado juegan un papel fundamental en la materia, principalmente como garantes del respeto al Estado de derecho, ejerciendo de esta manera un control sobre los cuerpos de seguridad de los que dispone el Estado. En México durante mucho tiempo o existió la posibilidad de llevar a cabo un control democrático sobre los aparatos estatales de seguridad que garantizan el respeto irrestricto a los derechos humanos. Es hasta fechas recientes que se instauró en virtud de la cultura republicana y del pluralismo que hoy impera en nuestro régimen político. La transición democrática ha hecho posible poner en la mesa del debate temas como la conveniencia de la participación del Poder Legislativo en asuntos relacionados con la seguridad pública. Del mismo modo que se ha propuesto una mayor colaboración con el Ejecutivo federal y con los demás niveles de gobierno, las entidades federativas y los municipios. Más aún, a la luz de los buenos resultados que han acarreado los procesos de ciudadanización, de los cuales han sido objeto de modelo de seguridad pública en varios países. Lo que se discute hoy es la pertinencia de incluir a cada vez más actores en espacios donde se toman decisiones encaminadas a preservar la vida, la familia y la posición de los ciudadanos. Uno de estos espacios es precisamente el Consejo Nacional de Seguridad. No obstante la importancia de las atribuciones que la ley establece a favor del Consejo, hasta ahora el Poder Legislativo se ha mantenido al margen de esta instancia, pues ninguno de sus representantes tiene la posibilidad de incidir de manera directa en las decisiones adoptadas por el pleno de ese organismo. En este sentido, la iniciativa que hoy presento ante ustedes pretende modificar el artículo 12 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de que en el Consejo se cuente con dos representantes del Poder Legislativo. Con lo anterior se busca avanzar en el esfuerzo de adecuar nuestro marco jurídico para permitir una mayor participación del Congreso de la Unión en las tareas de planeación y supervisión de las acciones relacionadas con la seguridad pública. Creemos pertinente que en el Consejo de Seguridad Pública Nacional, se vea reflejada más fielmente la nueva dinámica del sistema político mexicano, que cuenta hoy con una auténtica división de poderes y con una sociedad crecientemente participativa. Es cuanto, Presidencia. La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Gracias, diputado. Túrnese a la Comisión de Seguridad Pública, para su dictamen. La Presidente diputada María Bárbara Botello Santibáñez: Ahora tiene la palabra, por cinco minutos, para presentar iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por la diputada Norma Rocío Nahle García y el diputado Cuitláhuac García Jiménez, del Grupo Parlamentario de Morena.