La diputada Lucila Garfias Gutiérrez: Con su venia, diputado presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la educación es el mejor medio para la construcción de una sociedad justa, equitativa y con oportunidades para todas y todos. Una sociedad educada es una sociedad más democrática, tolerante y crítica. La educación tiene un valor estratégico para México si queremos incorporarnos lo más pronto posible a un mundo cada vez más competitivo e integrado por el conocimiento y las nuevas tecnologías. Por esto resulta indispensable fortalecer los distintos niveles educativos, para que formen personas capaces de enfrentar los nuevos requerimientos cognitivos y productivos que la sociedad y el mercado demandan. Actualmente los rezagos del sistema educativo reflejan la agudización de la pobreza, la desigualdad y el consecuente detrimento de la calidad de vida de miles de mexicanas y de mexicanos. Según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el 2010 de los 5.7 millones de personas con discapacidad en México sólo el 28 por ciento se encontraba laborando, mientras que el 25 por ciento era analfabeta. Ante este panorama la iniciativa que hoy presento a consideración de este pleno cobra importancia al fomentar la inclusión educativa de las personas con discapacidad en los niveles medio-superior y superior, para combatir la discriminación y fomentar la igualdad de oportunidad en el acceso y permanencia en los servicios educativos. Para tal fin propongo la reforma y adición de los artículos 32, 33 y 41 de la Ley General de Educación, en aras de que la autoridad establezca las condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a una educación de calidad; mayor inclusión y equidad; permanencia en los servicios educativos; igualdad de oportunidades; fortalecimiento de la educación especial e inicial y que se amplíen las condiciones en el sistema de enseñanza a través de programas de sensibilización sobre el respeto a los derechos y a la dignidad humana. Asimismo, planteo que en el sistema de educación básica y media superior se apliquen métodos, técnicas y materiales para esta población, libro de texto gratuito; apoyo adicional necesario; adecuación de la infraestructura y el equipamiento correspondiente. Estas medidas deben ir aparejadas a la adopción de servicios educativos en la modalidad no escolarizada para quien, por su discapacidad, no logren esa integración. Compañeras y compañeros legisladores, resulta indispensable que desde la educación se tomen medidas que promuevan la igualdad, el respeto y la inclusión laboral de personas discapacitadas con respeto pleno a sus derechos. Debemos avanzar hacia la eliminación de barreras que impiden crear una sociedad incluyente y accesible. Es por eso que considero que la población con discapacidad no sólo requiere de la construcción de rampas en los edificios, sino de un espectro más amplio en el que se contemple la asistencia audiovisual, el lenguaje de señas y braille, especialistas en educación especial en el manejo y tratamiento de discapacidades y un sinfín de herramientas que podemos emplear para promover esta integración plena. Estas acciones que proponemos se suman a las contempladas en la Ley General de Educación y en la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que establecen la obligación de la Secretaría de Educación Pública de impulsar la inclusión en todos los niveles educativos, aspecto que hasta el momento no hemos logrado en su totalidad. Por largo tiempo hemos prorrogado el tema y como resultado las cifras nos dan cuenta de esta ausencia, pues el INEGI revela que sólo el 17.9 por ciento de los jóvenes con discapacidad estudian la educación media superior, lo cual se reduce al 5.8 por ciento en el nivel superior. Puntualizar que ya se establece en el artículo 3o constitucional que la educación media superior también es obligatoria, por lo tanto a este sector de la población se le debe garantizar este derecho. Por lo anterior, desde esta tribuna el Grupo Parlamentario del Nueva Alianza refrendamos nuestro compromiso de proponer y diseñar los instrumentos normativos que mejoren las condiciones de vida de quienes cuentan con alguna discapacidad, su integración social y el fomento de sus derechos, capacidades y dignidad personal. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señora presidenta.