La diputada Carolina Dávila Ramírez: Con su venia, diputado presidente. A fuerza de recordarlos y denunciar los atentados, a fuerza de recordar a los que no están. Impidamos que mueran. Carlos Moncada, abogado y periodista. Recordemos estos nombres. Lourdes Maldonado, Saúl Tijerina, María Elena Ferrat, Rafael Murúa, Rubén Pat, Fidel Heras, Homero Gómez, Óscar Cazorla y Julián Carrillo, son algunos de los ahora 49 periodistas y 141 personas defensoras de los derechos humanos, que han sido asesinadas de 2018 a la fecha en nuestro país. Compañeras y compañeros diputados, en el contexto de la violencia que se vive en México es indispensable atender las graves agresiones cometidas contra las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, que han sido consideradas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como crímenes pluriofensivos al afectar diversos bienes jurídicamente tutelados, ya que estas agresiones no afectan solamente al individuo contra quien se comente, sino que trasciende a la comunidad de las que son partes, se silencian las voces y se eliminan las críticas, vulnerando la libertad de expresión y el derecho a la información. > Nuestro país ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en homicidios de defensores de los derechos humanos y ha sido señalado como el país más letal para la prensa.> > Los Comités de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, han reiterado su preocupación ante el nivel de violencia e intimidación de la que son objeto las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en México, que de enero de 2018 a la fecha han dejado un saldo de 189 homicidios.> > A pesar de la creación del mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas en 2012, como una herramienta de respuesta institucional para atender a las víctimas de agresiones, esto no ha sido suficiente para frenar estas conductas ante las deficiencias en su implementación y la falta de recursos humanos y financieros.> > Pero, sobre todo ante la falta de políticas públicas eficaces que inhiban las agresiones ya que el mecanismo mantiene un enfoque reactivo para evitar la consumación del daño, pero no cuenta con un enfoque preventivo para anular la causa del riesgo. De no avanzar en esta dirección el mecanismo se volvería inoperante.> > Como legisladores no podemos ser omisos ante la imperante necesidad de atender los niveles de impunidad que azotan a nuestro país e implementar las acciones necesarias no solamente para castigar estas conductas que afectan directamente a nuestra democracia, sino es más importante aún desincentivar estas agresiones erradicando sus causas, empezando por un posicionamiento claro de cero tolerancia ante los ataques de la libertad de expresión y el efectivo ejercicio de la defensa de los derechos humanos.> > Por ello, que la presente iniciativa tiene por objeto instalar un tipo penal de homicidio cometido contra personas defensoras de los derechos humanos y periodistas por motivo de sus actividades, establecer la responsabilidad específica de los servidores públicos que intimiden, obstaculicen y cuarten las labores de defensa de los derechos humanos y del periodismo.> > Y, de crear un registro nacional de agresiones cometidas contra la libertad de expresión como herramienta de seguimiento y diagnóstico para la implementación de políticas públicas preventivas en la materia, cumpliendo con el indicador 1610.1 de los objetivos de desarrollo sostenible.> > Como diputada del Grupo Parlamentario del PRI, legislaré a favor de todas las mujeres y los hombres que levantan la voz en defensa de los derechos humanos, de todas las y los periodistas que con sus actividades abonan a nuestra democracia legislaremos en favor de la libertad de expresión de todas las personas. Es cuanto, diputado presidente.>