EL C. DIPUTADO PEDRO MIGUEL ROSALDO SALAZAR: El suscrito Pedro Miguel Rosaldo Salazar, diputado federal en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales, con fundamento en lo que disponen los artículos 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de esta H. Cámara de Diputados, iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, con base en lo siguiente EXPOSICION DE MOTIVOS La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro complementó a partir del año de 1997 la reforma a la seguridad social que transformó el sistema solidario de pensiones, aplicado desde 1943 en cumplimiento a las disposiciones de la Constitución del 17. En un sistema de capitalización individual, en donde la posibilidad de mejoría de la cuantía de la pensión depende del ingreso y de las cotizaciones, es decir, el que más gana y más cotiza, accederá a una mayor pensión, y el que menos gana y menos cotiza, sólo podrá aspirar a recibir la pensión garantizada por el gobierno, es decir, el equivalente a un salario mínimo. A la fecha los trabajadores que ganan dos y medio salarios mínimos mensuales o menos, que son casi el 80% del total de los trabajadores inscritos en el Seguro Social, no pueden acceder más allá de esa pensión mínima garantizada por el Estado, con cargo a fondos fiscales, y mientras llega el momento de la jubilación que con la nueva ley significa haber aportado un mínimo de 1,250 semanas de cotización, o sea, 24 años. Las aportaciones a seguridad social provenientes de él mismo, si gana más de un salario mínimo y la de sus patrones y del Estado, están depositadas en una cuenta individual en una Afore, por cuya administración esa Afore y sus correspondientes Siefores, todas ellas con una cantidad muy importante de capital extranjero, cobran comisiones extraordinarias, que merman los recursos a los trabajadores y les producen a los dueños de los Afores ganancias ilimitadas, y paradójicamente representan costos adicionales por la atomización del número de trabajadores registrados. Una reforma de esta naturaleza, contraria por donde se le vea a los intereses de los trabajadores, no puede merecer la aprobación y mucho menos la conformidad de quienes en verdad se preocupan por el bienestar de los millones de familias que cifran en el Seguro Social y en su ley la seguridad de su futuro ante las eventualidades de la vejez, el desempleo o la muerte. La fuerza de la realidad habrá de colocar a cada quien en su lugar y demostrará en un plazo no muy lardo, que la reforma a la seguridad social, tendrá que ser revertida, como todas las reformas neoliberales que han recomendado el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, y todas las demás organizaciones globales similares, que están sumiendo en la miseria a los pueblos, a los que ellos han condenado al subdesarrollo. Prueba de lo cual es que esas mismas organizaciones mundiales, están ya dando marcha atrás, y en sus propias palabras, están repensando el sistema de pensiones de capitalización individual. Pero mientras esto sucede, no podemos permanecer con los brazos cruzados, dejando pasar los excesos de los que quieren conducir a los trabajadores, por una senda de hambre y privaciones al final de su vida laboral, aprovechando las circunstancias, para beneficiar a los dueños del capital, que han visto en el negocio de las Afores, la posibilidad de incrementar sus beneficios, utilizando para ello, un dinero que no les pertenece y por el que no tienen ni sienten ningún compromiso de protección. La Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, busca en todo momento proteger los intereses de los dueños del capital, y con el señuelo de que los trabajadores puedan acceder a instrumentos de inversión con buenos rendimientos, a los que no podrían llegar en lo individual, se llevan la tajada de león de esos rendimientos al cobrar comisión de un porcentaje del salario base de cotización, con lo que disminuyen en una cuarta parte, las aportaciones que debieran depositarse en su cuenta individual, comprobándose así que esa ley tiene como único sustento una lógica financiera, que no tiene nada que ver con el bienestar de los trabajadores. Para los integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, esta ley y las contrarreformas aprobadas para dar lugar a la nueva Ley del Seguro Social en vigor desde el 1 de julio de 1997, deberán ser modificadas a profundidad para cambiar el modelo de capitalización individual que en los países en los que se ha aplicado, ha demostrado su incapacidad para ofrecer pensiones dignas a los trabajadores por otro modelo en el que la solidaridad y el compromiso del gobierno, garanticen una vejez digna a los trabajadores de escasos recursos y al mismo tiempo, permita a los pocos que tienen salarios altos, mecanismos individuales en los que puedan participar buscando ganancias extras y permitiendo a cambio que sus ahorros se utilicen nuevamente con solidaridad en la consolidación del progreso nacional a través de la generación de empleos, la actividad productiva y el desarrollo regional. Las cuentas individuales de los trabajadores que ganan mensualmente menos de dos y medio salarios mínimos y ya decíamos que son cerca del 80% del total de las cuentas individuales registradas en las AFORES, son cuentas que no tienen ninguna razón para estar en las administradoras de fondos para el retiro y mucho menos para tener sus recursos invertidos en las SIEFORES. Al final de 40 años de cotizaciones, los recursos provenientes de las aportaciones patronales del Estado y en su caso del mismo trabajador, más los intereses que hayan devengado, menos las abultadas comisiones que le cobrarán las AFORES y SIEFORES, no bastarán para otorgarle una pensión que sobrepase el equivalente al salario mínimo de la fecha en que se jubile y en consecuencia, esos recursos tendrán que ser entregados al gobierno para que éste se haga cargo de pagar la pensión mínima garantizada. ¿Por qué entonces durante esos 40 años, en lugar de entregar esos recursos a administradoras privadas de fondos y en lugar de regalarles lo que cobran de comisión de las AFORES y las SIEFORES, en lugar de hacer ricos a un grupo pequeño de mexicanos y permitir que otro grupo, éste de extranjeros, quienes participan en el 50% del capital de las AFORES se lleven al exterior los recursos que son el producto del esfuerzo de los trabajadores?, ¿por qué entonces, decía, no entregar esos recursos precisamente al gobierno que habrá de utilizarlos sin cobrar comisiones en actividades para el desarrollo nacional y al final de los mismos 40 años, el gobierno paga la misma pensión que de cualquier manera tendría que pagar con el sistema vigente como está ideado? Este tópico y muchos otros más, tendrán que ser la base para la revisión completa del Sistema Pensionario Mexicano, que con una legislación única proteja a todos los trabajadores y a toda la población; Sistema Pensionario Único y Universal que permita al gobierno cumplir con su responsabilidad de atender las necesidades de todo el sector de la edad madura con solidaridad, buscando la igualdad y la redistribución del ingreso nacional para tener acceso a una mejor calidad de vida de los mexicanos. Pero mientras se dan las condiciones para obtener estos resultados, tenemos que estar conscientes de que lo vigente hay que irlo adaptando, de tal forma que resulta lo menos lesivo para los intereses, en este caso de los trabajadores, por lo que no se vale es dejar pasar el tiempo y oportunidades con el pretexto de que si en este momento no puedo llegar a mi ideal, mejor no hago nada y permitimos que se siga profundizando en una contrarreforma que sólo agrava las situaciones de por sí perjudiciales para el futuro de los trabajadores, quienes con su esfuerzo contribuyen al desarrollo nacional y al enriquecimiento de los dueños del capital. Por ello, en esta circunstancia y momento, hemos decidido presentar a la consideración de la soberanía de la Honorable Cámara de Diputados, una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, que tienen como propósito proteger los intereses de los trabajadores, disminuir la discrecionalidad con que esa ley está votada, restar autonomía a las AFORES y SIEFORES para evitar que en sus ansias de enriquecimiento, atropellen indiscriminadamente los intereses de los trabajadores y tratar de obtener para ellos y para el Estado, los mayores beneficios sociales. A esta propuesta habremos de agregar más adelante la que corrija en la Ley del Seguro Social las disposiciones que permiten que la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, pase por encima del espíritu social que debería inspirarla, colocando a los trabajadores como ahorradores cautivos cuyos recursos se transfieren a compañías trasnacionales sin ninguna garantía, lo que contrasta con lo que ha costado la protección que se otorgó a los supuestos ahorradores por conducto del FOBAPROA. La iniciativa que se presenta a su amable consideración propone corregir algunas imprecisiones y fallas de redacción, producto de la premura con lo que la misma fue aprobada en el año de 1996, para sustituir a la Ley para la Coordinación de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, fortalecer el papel del Comité Consultivo y de Vigilancia de la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, único órgano en el que están representados los trabajadores en igualdad de condiciones que los representantes patronales y del gobierno. Cubrir algunas lagunas en las que los recursos de las cuentas individuales no tienen destino final; revisar las estructuras y régimen de las comisiones; el régimen de inversiones y disminuir algunas de las discrecionalidades con las que fue dotada la Comisión Nacional de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Compañera presidenta, solicito por lo extenso del articulado se inscriba íntegro en el Diario de los Debates. Por lo anteriormente expuesto, muchas gracias. -PRESIDENTA: Gracias ciudadano diputado. Atendiendo la solicitud del ciudadano diputado inscríbase de manera íntegra la presente iniciativa en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates y túrnese a la Comisión de Hacienda, Crédito Público, de Trabajo y Previsión Social y de Seguridad Social. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Se solicita a la secretaría dar cuenta del registro electrónico de asistencia e instruir su cierre. -SRIA DIP. MARTHA SILVIA SANCHEZ: Se informa a la presidencia que hasta el momento el sistema registra 458 ciudadanos diputados. Ciérrese el sistema electrónico- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -PRESIDENTA: Gracias ciudadana diputada secretaria. Queremos expresar desde esta mesa directiva el más sentido pésame a la diputada Patricia Aguilar García, por el sensible fallecimiento de su cónyuge el licenciado Juan Jaime Domínguez Castillejos y le solicitamos atentamente a los integrantes de este Pleno, ponerse de pie para guardar un minuto de silencio (Minuto de Silencio) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -PRESIDENTA: El siguiente punto del Orden del Día es el relativo al dictamen de la Junta de Coordinación Política, con Punto de Acuerdo, en relación a una posible controversia constitucional. Le ruego a la secretaría dar lectura al mismo. -SRIO. DIP. RODOLFO DORADOR: (Dictamen de la Junta de Coordinación Política ) «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Junta de Coordinación Política. Ciudadanos secretarios de la Mesa Directiva. Cámara de Diputados. Presentes. La Junta de Coordinación Política, con fundamento en el artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS Primero. Que con fecha 6 de marzo del 2002, la Comisión Permanente del honorable Congreso de la Unión turnó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, una proposición con punto de acuerdo, presentada en la misma fecha por la diputada Miroslava García Suárez, para que el Congreso de la Unión interponga controversia constitucional por la invasión de atribuciones en que incurrió el Ejecutivo Federal, al emitir el decreto del 5 de marzo del 2002, por el que se exime del pago de impuestos y se amplían estímulos fiscales. Segundo. Que la Junta de Coordinación Política en su reunión celebrada el 1o. de abril del 2002, con el voto en contra del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, que, considera que el Ejecutivo hizo uso de las facultades que le otorga el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, acordó, en términos del artículo 34 numeral 1 inciso b de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, presentar a la consideración del pleno un punto de acuerdo a efecto de que la Cámara de Diputados interponga una controversia constitucional, previo análisis para sustento legal de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados, por la invasión de atribuciones en que incurrió el Ejecutivo Federal, en los términos de la proposición presentada por la diputada Miroslava García Suárez en la Comisión Permanente el pasado 6 de marzo del 2002. Tercero. Que en términos del artículo 105, fracción 1 inciso c de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Cámara de Diputados está facultada para interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación controversias constitucionales que se susciten con el Ejecutivo Federal. Cuarto. Que en términos del artículo 23 numeral 1 inciso 1 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, es quien tiene la representación legal de la Cámara. «Escudo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos. Cámara de Diputados. LVIII Legislatura. Junta de Coordinación Política. Expuestas las consideraciones anteriores, la Junta de Coordinación Política somete a la consideración del pleno el siguiente proyecto de: ACUERDO Único. La Cámara de Diputados acuerda interponer, previo análisis para sustento legal de la dirección general de Asuntos Jurídicos de la Cámara, una controversia constitucional en contra del Ejecutivo Federal, por la invasión de atribuciones al emitirse el decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se indican y se amplía el estímulo fiscal que se menciona, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo del 2002, en la parte relativa al artículo primero del mismo, por lo que se instruye a la Presidencia de la Mesa Directiva proceda confirmé a sus atribuciones de representante legal de éste órgano legislativo. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a 1o. de abril de 2002. Diputados: Felipe Calderón Hinojosa, presidente coordinador del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; Rafael Rodríguez Barrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; Martí Batres Guadarrama, coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; Bernardo de la Garza Herrera, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo.»