El diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante: Primero que nada, felicito que cada vez sea mayor el número de diputados de Acción Nacional en esta sesión, porque al principio parecía que el tema de la gobernación del país no les interesaba. México, hoy en día, enfrenta retos sin precedentes que tienen que ver con justicia, con calidad democrática y seguridad pública, migración, diálogo democrático y respeto a la legalidad, lo que implica atención eficaz y responsable por parte de las instituciones del Estado mexicano, porque debemos decirlo, la Constitución no se cumple a cabalidad. Si hay irresponsabilidad o bien negligencia o falta de atención por parte de los servidores públicos que tienen mandatos que cumplir para el buen desempeño de las instituciones de gobierno, más aún si los planteamientos y exigencias de los ciudadanos están en el límite de su esperanza o bien, en un total desaliento en alcanzar su desarrollo. Hoy, aquí comparece el secretario de Gobernación, licenciado Francisco Ramírez Acuña, y lo hace en torno a lo que hemos estado mencionando, pero también por el mandato constitucional de rendir cuentas de su gestión como secretario de despacho. Es decir, los diputados estamos cumpliendo un mandato constitucional, pero también estamos como representantes de los ciudadanos mexicanos, en la exigibilidad del cumplimiento de responsabilidades públicas por parte de las instituciones de gobierno. Señor secretario, la fracción parlamentaria del PRI le expresa su preocupación por los procedimientos de políticas de gobierno que tienen que ver con la seguridad nacional y con la seguridad pública, en razón de que la percepción de muchos mexicanos es que no basta con grandes operativos de fuerzas federales para enfrentar el crimen organizado, sino que también es necesario atender la prevención del delito e impulsar en una verdadera voluntad la política, la cultura de la legalidad. También nuestra preocupación tiene que ver con alcanzar una verdadera consolidación democrática, de tal manera que las políticas públicas que tienen que ver con el desarrollo social estén totalmente alejadas de propósitos partidarios. Hay quejas de ciudadanos en el sentido de que algunas delegaciones estatales del gobierno federal hacen llegar los apoyos sociales en una actitud de franca tendencia política hacia el partido en el poder. Es importante señalar que, si bien es cierto se han hecho esfuerzos en relación al respeto a los derechos humanos, existen actualmente denuncias de organizaciones sociales y ciudadanas, en el sentido de la no atención por parte de instancias del gobierno federal a violaciones de los derechos humanos de los migrantes que atraviesan el territorio nacional en su camino a los Estados Unidos y que provienen, principalmente, de Centroamérica. Además del tráfico internacional de mujeres provenientes, principalmente, de Sudamérica y de Europa del este, por lo que es importante que la Secretaría de Gobernación esté más atenta en el cuidado y respeto de los derechos humanos y dé soluciones eficaces. Un ejemplo de estas violaciones a los derechos humanos es el maltrato a migrantes centroamericanos en el sur del país, ya que con motivo de la suspensión del paso del ferrocarril que estos estaban abordando para trasladarse al norte de México, quedaron varados en el camino, sufriendo extorsiones, golpes y maltratos. Organizaciones sociales han denunciado las violaciones a los derechos humanos de los indígenas de nuestro país, y la gravedad de las mismas, por lo que se hace necesario fortalecer las acciones, protección y salvaguarda de estos derechos, en razón de que no pueden ser excluidos de los sistemas de justicia de nuestro país, porque los indígenas no deben seguir siendo vistos y atendidos como mexicanos de segunda. En un régimen democrático el Estado debe garantizar la libertad de expresión, por tal motivo, los trabajadores de la comunicación, periodistas, comunicadores, reporteros, escritores, deben tener la certeza de que su trabajo e ideas no deben ser motivo de inquisición por el Estado, ni mucho menos por grupos de presión o de la delincuencia. De tal manera que hoy en día esta responsabilidad del Estado debe ser uno de los fundamentos sustanciales de nuestra democracia. La reforma electoral aprobada el pasado 14 de septiembre, por el pleno de Cámara de Diputados, es producto del compromiso y el esfuerzo de las diversas fuerzas políticas aquí representadas para avanzar en la consolidación democrática de México. También con toda franqueza y claridad aseguramos que esta reforma no atenta contra la libertad de expresión, más bien precisa sobre aspectos que distorsionan este mandato constitucional expresado en el artículo 60 de nuestra Carta Magna, porque le pone un mandato y un alto a la difamación y a la calumnia que se han utilizado en los procesos electorales. Hasta ahí haría yo mi intervención para dejar en prospectiva mi réplica. Muchas gracias.