El diputado Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros: Compañeras y compañeros legisladores integrantes de esta Comisión Permanente, en mi carácter de presidente de la Primera Comisión de Trabajo, de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia de esta Comisión Permanente, presento ante este honorable pleno dos dictámenes con punto de acuerdo en materia de justicia para exhortar a las autoridades en esta materia en los siguientes términos. El primer punto de acuerdo propuesto por el senador Miguel Ángel Mancera, propone exhortar al secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como a los secretariados estatales de las 32 entidades federativas a proponer disposiciones que fortalezcan el Protocolo Nacional de Actuación del Primer Respondiente para establecer medidas y prácticas adecuadas de protección integral de los derechos de la niñez cuando sean víctimas o testigos de delitos o de la detención de una persona. Con esto, con la opinión de las Procuradurías federal y estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para proteger el interés superior de la niñez. Nuestro país ya cuenta con un marco jurídico robusto de protección de los derechos de la niñez, sin embargo, coincidimos con el senador proponente en que resulta pertinente fortalecer el instrumento que regula de manera específica la función de los primeros respondientes, a fin de proteger con especial cuidado los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en contextos de violencia que puedan poner en peligro su vida, salud, integridad corporal o estabilidad psicoemocional. El segundo punto de acuerdo fue propuesto por las senadoras Eva Eugenia Galaz Caletti y la senadora Alejandra Lagunes Soto Ruíz. En él evidencia la situación de la ciudadana Aurelia García, quien fue encarcelada injustamente por un aborto involuntario después de ser víctima de violación y que fue ya absuelta y liberada en este diciembre reciente de 2022. Recordemos que en septiembre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó la inconstitucionalidad de cualquier norma que criminalice la interrupción del embarazo de las mujeres y personas gestantes, además de reconocer este como un derecho humano que las mujeres tienen en ejercicio de su autonomía y como parte de sus derechos a la salud, al libre desarrollo de la personalidad, a una vida digna, entre otros derechos. En este sentido, es reprobable y, por supuesto, inconstitucional que las autoridades persigan a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, pero aún más, resulta indignante que se persiga penalmente a una mujer que sufrió un aborto involuntario, esto no solo es un acto de profunda misoginia, sino de abierta violación al marco constitucional de protección de los derechos de las mujeres y personas gestantes. En este sentido, en el resolutivo de este punto de acuerdo se propone exhortar al Poder Judicial de las 32 entidades federativas para que conduzcan sus procesos con estricto apego a los derechos humanos con perspectiva de género y de interculturalidad. Por las anteriores consideraciones solicito a quienes integran esta Comisión Permanente su voto a favor de los puntos de acuerdo enunciados mismos que atienden, insisto, diversos temas sensibles con la convicción de que son un punto de partida para encauzar acciones que protejan de manera plena los derechos humanos. Muchas gracias, presidente. El presidente senador Alejandro Armenta Mier: Muchas gracias, señor presidente y diputado Pablo. Vamos a proceder pidiéndole a la Secretaría consulte a la asamblea si son de aprobarse los dictámenes. Por favor, señor secretario.