El diputado Francisco Elizondo Garrido: Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La Ley General para el Control de Tabaco que hoy aprobaremos es, sin lugar a dudas, uno de los mayores esfuerzos legislativos que en materia de salud la Cámara de Diputados ha impulsado en los últimos años. Este dictamen es el resultado de años de esfuerzos por lograr que en México se salvaguarde el derecho que tenemos los no fumadores de respirar aire libre de tabaco. Al tiempo que se reconocen y respetan los derechos de los fumadores. Quiero hacer un reconocimiento público a todos los integrantes de la Comisión de Salud de esta LX Legislatura, especialmente a su presidente el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, ya que sin su apertura al análisis y discusión, así como a su disposición para sacar adelante este dictamen, el esfuerzo hubiera sido en vano, como lo fue en legislaturas anteriores. Reconocemos también la colaboración de la Secretaría de Salud y de todas las asociaciones y organizaciones sociales que enviaron propuestas y observaciones para enriquecer el dictamen. Quiero destacar que para el Partido Verde Ecologista de México, la protección de la salud de los no fumadores ha sido una de sus principales luchas desde su creación. Desde la LVIII Legislatura hemos presentado iniciativas cuyo único objetivo es coadyuvar a garantizar el cabal cumplimiento del artículo 4o. constitucional que otorga a todos los mexicanos el derecho a la protección de la salud y al bienestar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo. Es decir, la salud y un medio ambiente sano son garantías constitucionales. Por ello, si bien toda persona tiene derecho a fumar, pues no es una actividad ilícita o prohibida por la legislación, es un derecho que de ninguna manera está consagrado en la Constitución ni en ningún ordenamiento jurídico, por lo que la garantía constitucional a la protección de la salud debe prevalecer en todo momento, puesto que a través de su lectura la propia Constitución sirve para identificar los derechos superiores o fundamentales, como lo argumenta la misma ministra Olga Sánchez Cordero. Es así que esta ley de ninguna manera viola los derechos humanos ni las garantías constitucionales de los fumadores. Tampoco es una ley que los discrimine y que pretenda relegarlos de la convivencia social a que tienen derecho. Es, en cambio, una ley que reconoce que en México el tabaquismo es uno de los principales problemas de salud que afecta a millones de mexicanos, que hasta ahora están desprotegidos, por una legislación que salvaguarde la protección a su salud. Reconocemos que el tabaquismo es una enfermedad adictiva, crónica, progresiva y mortal. Es antecedente de múltiples enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de cáncer; sin embargo, es una enfermedad prevenible. En México se estiman más de 60 mil defunciones anuales asociadas al consumo de tabaco, lo que equivale, en promedio, a 165 muertes diarias. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2006, 26.4 por ciento de la población mexicana entre 12 y 65 años de edad fuma, lo que equivale a poco más de 16 millones de habitantes, donde poco más de un millón son adolescentes entre 12 y 17 años. Además, dentro de la población urbana cercana de 14 millones de la población están expuestos al humo del tabaco involuntariamente. Los problemas de salud pública que causa el tabaquismo impactan en el bienestar social más allá del efecto directo en la salud de los fumadores activos y los pasivos. El tabaquismo en México afecta nuestra riqueza nacional agravando la situación económica, tanto de las familias como de la industria mexicana y las instituciones gubernamentales. Las pérdidas económicas se dan por varias razones, las familias incrementan su gasto en materia de atención en la salud y llevan una calidad de vida menor cuando algún miembro de la familia fuma. Por otro lado, el sector productivo nacional ve mermadas sus operaciones debido a la pérdida de horas laborales por el incremento de las enfermedades de la población, y por las muertes prematuras de varios trabajadores que fallecen durante su etapa productiva. Finalmente, el sector público recibe un impacto directo en las finanzas públicas, ya que se debe erogar más de 30 mil millones de pesos para atender a la población mexicana afectada por el tabaquismo y sólo se recaudan 13 mil millones por concepto del tabaco. Estos datos son apenas una muestra de la finalidad de indicadores que nos advierten sobre la gravedad del problema. Creo que es nuestro deber como legisladores impulsar cambios legislativos que contribuyan a disminuir su tasa de crecimiento y sus impactos en la salud y en la economía; pero más allá de eso creo que todos y cada uno de nosotros debemos hacer un ejercicio de reflexión personal y valorar lo que estaremos votando en unos minutos más. No pensemos en temas coyunturales o en las ganancias temporales de unos cuantos; pensemos en nuestra propia salud, en la de sus hijos, e imaginemos el país que queremos a más largo plazo. Estoy seguro que si nos tomamos unos cuantos segundos para ello, este dictamen será aprobado por su mayoría. Un reconocimiento a todos los legisladores que participaron en la elaboración de este dictamen, porque a pesar de las inmorales presiones estamos discutiendo este dictamen en el pleno. Por su atención, muchas gracias.