La diputada María Gloria Hernández Madrid: Gracias. Como legisladora local en el estado de Hidalgo, uno de los ejes de mi labor fue el fortalecimiento del marco jurídico en beneficio de las mujeres. Es por ello que ahora desde esta posición y en continuidad a un tema que he venido impulsando, la primera iniciativa a que me refiero consiste en modificar el texto del artículo 28 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, para que las órdenes de protección a las mujeres en esta situación pasen tal como lo establece la CEDAW y que sean por el tiempo que éstas lo requieran y no como actualmente lo encontramos, por un término de 72 horas, y que éstas se otorguen de manera inmediata y no dentro de las primeras 8 horas. Entre las razones que motivan la propuesta está que en México cuatro de cada 10 mujeres han sido humilladas, encerradas, les han destruido sus cosas, son amenazadas, las corren de su casa, y todo esto en muchas de las veces por su pareja sentimental. El 44 por ciento de los responsables de la muerte de una mujer es su pareja sentimental y es consecuencia de la recurrencia de episodios violentos que inician imperceptibles, pero en aumento y al interior de sus domicilios. Así pues, con la intención de hacer cesar inmediatamente estas acciones es necesario ajustar la celeridad con la que deben de obsequiarse las órdenes de protección, proveyéndoles una vigencia que permita a las víctimas dejar de estar expuestas al riesgo para que las autoridades busquen incorporarlas a un proyecto de vida o reincorporarlas al iniciado. De esta forma se estarían atendiendo también las observaciones emitidas de México por la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, de las Naciones Unidas, derivada de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, en agosto del año 2012 y marzo 2013, que se instalaron en nuestro país para acelerar la aplicación de las órdenes de protección y adoptar las medidas necesarias para mantener su duración hasta que la víctima de la violencia deje de estar expuesta a este riesgo. En la segunda iniciativa propongo la adición de seis artículos la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la modificación de los artículos 109 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con la finalidad de reconocerles como sujetos de derecho que por su condición biológica se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad. Consecuentemente deben de gozar de las medidas de protección que su circunstancia requiera por parte de su familia, de la sociedad y también del Estado. Infortunadamente, el maltrato y el abuso infantil es un fenómeno social delictivo y creciente, que daña al tejido social y en mucho representa la pérdida del normal desarrollo de la personalidad del menor, su libertad emocional, sexual e incluso de su vida. Los abusos que se dan generalmente al interior de la familia y consisten en ofensas verbales, golpes o conductas delictivas graves, como la violación, la explotación sexual y laboral, e incluso la utilización del menor para la comisión de delitos, todas ellas llegan a tener como consecuencia, en muchos de los casos, el homicidio o el suicidio. En este orden de ideas, los artículos 109 y 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que contienen el otorgamiento de medidas de protección en favor de las víctimas del delito, no incluyen para el caso de menores de edad la celeridad con la que debe actuar el Ministerio Público, menos aún prevé que dichas medidas puedan solicitarse por un número amplio de personas relacionadas a la vida de las y los menores víctimas de violencia y cuya intervención puede incluso salvarles la vida. De ahí que la iniciativa contempla que las personas que conozcan a una niña, niño o adolescente en situación de violencia y con independencia de la investigación que la autoridad ministerial está obligada a realizar, podrán solicitar se obsequie a aquél la medida de protección que se le requiera. Impone al Ministerio Público el otorgamiento oficioso de la medida de protección, entre otros casos, cuando la o el menor esté siendo utilizado o exista riesgo de que puedan serlo, como medio para la ejecución de delitos. Se incluye un catálogo de personas físicas, morales, públicas o privadas, como el sistema nacional de salud, docentes e instituciones educativas del sistema DIF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso organizaciones de la sociedad civil con la atribución de solicitar medidas de protección y el Ministerio Público podrá resolverlas inmediatamente. La misma prontitud aplicará cuando el solicitante sea la víctima o los familiares distintos de la madre o el padre, quienes ya tienen dentro de sus obligaciones y derechos las de proteger a sus hijos. Las disposiciones incluidas en la iniciativa buscan brindar a la sociedad una forma de participación inmediata y del involucramiento en la erradicación de la violencia de niñas, de niños o adolescentes y van en concordancia con principios como el interés superior del menor, el de separación del núcleo familiar como excepción, el derecho de expresarse en el asunto, e incluso el control judicial e la medida dentro de las 24 horas posteriores al otorgamiento. Por lo expuesto, compañeras y compañeros diputados, los invito a compartir esta propuesta de solución a la problemática planteada y con ello refrendar que en nuestro país se hacen esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de las mujeres para el desarrollo pleno de su potencial humano, para dejar claro que en México nuestras niñas, niños y adolescentes cuentan con el máximo nivel de compromiso, atención y prioridad que esta Cámara de Diputados pueda brindarles en la protección integral de sus derechos. Es cuanto, diputado presidente.