El diputado Ángel García Yáñez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra cada uno de los derechos humanos reconocidos universalmente. Uno de estos derechos fundamentales se encuentra plasmado en el artículo 4o. de nuestra Carta Magna, y es el derecho a la protección de la salud. Resulta de vital importancia que las normas y las leyes establezcan con claridad los alcances de los derechos que regulan, de no ser así se corre el riesgo de caer en la negación del derecho. En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza trabajamos de manera permanente en la búsqueda de la protección y respeto a los derechos humanos de cada individuo. En ese sentido vemos con preocupación que la falta de claridad en la redacción de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores deja un limbo jurídico al derecho de protección de la salud. Como ya se dijo, la Constitución consagra el derecho a la protección de la salud, lo que implica la obligación por parte del Estado de respetarla, protegerla y garantizarla. No solo asegurando el acceso a la atención, sino también a que esta sea de calidad y adecuada. No obstante la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores solo establece el derecho a la salud. En ese orden de ideas la presente iniciativa pretende reformar el inciso c), de la fracción III, del artículo 5 de la citada ley. El objetivo consiste en armonizar y hacer coherente el contenido de la ley, con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, particularmente el derecho a la protección de la salud, en aras de evitar imprecisiones que deriven de una inexacta interpretación. Con ello se evitará la contradicción normativa, así como la falta de certeza en su observancia y aplicación, cerrando la posibilidad de hacer interpretaciones de manera discrecional en perjuicio de los adultos mayores. Lo que se busca es garantizar los derechos de quienes conforman uno de los grupos con mayor grado de vulnerabilidad. La situación de la salud del adulto mayor en nuestro país se caracteriza por un paulatino deterioro a causa de enfermedades crónico-degenerativas o discapacidad. De acuerdo con cifras del Inegi, en nuestro país viven alrededor de 11.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan el 9.7 por ciento de la población total. Aproximadamente 26 de cada 100 adultos mayores presentan una discapacidad y 36 por ciento posee alguna limitación. En ese contexto, la reforma que planteamos es por demás necesaria, ya que implica incluir el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad, tal como la propia Constitución y los diferentes instrumentos internacionales que México ha ratificado, lo señalan. Debemos tomar en cuenta que la estructura de la población mundial está sufriendo cambios significativos, entre ellos el proceso de envejecimiento, esa transición demográfica en México está ocurriendo más rápido que en otros países desarrollados. Es tiempo de brindar certeza jurídica a quienes a lo largo de su vida han brindado su mayor empeño para construir el crecimiento y desarrollo de nuestro país. No podemos permitir que en lugar de disfrutar una vejez tranquila se vean imposibilitados de ejercer plenamente sus derechos ante una mala interpretación de la ley. En Nueva Alianza estamos convencidos que sólo con acciones como estas podremos construir sociedades más igualitarias y humanas. Por su atención y apoyo, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.