El diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer: Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. De acuerdo con el párrafo segundo del artículo 6o. de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas tienen derecho al libre acceso a la información, plural y oportuna. Establece de manera clara que la federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial y colegiado que garantice la protección, cumplimiento de tan valioso derecho. Señala sus características como organismo autónomo, técnica y presupuestalmente, con personalidad jurídica y patrimonio propio, así como su organización interna, pero, sobre todo, lo que señala como responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales. Los que nuestros pares pretendieron al plasmar constitucionalmente este derecho y el organismo garante del mismo, es que los mexicanos gozáramos de la certeza constitucional que nos brinda el órgano autónomo que hoy conocemos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. Por ello, es de suma importancia su composición, estructuración que esté muy clara en la ley, que no existan vacíos legales que pongan en peligro el funcionamiento del Instituto y, por ende, el cumplimiento del derecho constitucional que nos consagra. La integración del Instituto está precisada por la fracción VIII del artículo 6o. ya mencionado y establece que lo conformarán siete comisionados seleccionados y designados por la Cámara de Senadores. La votación que se requieren para constituirse deberá suceder en situaciones extraordinarias en que el Ejecutivo ejerza su derecho a vetar la selección, señalando plazos para ello y términos para repetir el procedimiento de nombramiento de otro comisionado y hasta de lo que la votación requiera. También observa la duración del encargo, que es de siete años, como sus requisitos a lo que están obligados. Sin embargo, desde el mes de abril de 2022, el INAI, el Instituto constitucional garante de este derecho se encuentra incompleto. Primero, porque las designaciones realizadas en marzo de 2022 por la Cámara Alta, fueron vetadas por el Ejecutivo federal en uso de su derecho y, posteriormente, al concluir su encargo, el comisionado Acuña Llamas, llegando al punto de la inoperancia del pleno Instituto. Esta inoperancia violenta el derecho de los mexicanos porque este Instituto es el encargado de impulsar una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el país, lo que es el resultado de una lucha social de muchos años que no podemos dejar perder. No contar con órganos autónomos, completos como el INAI, afecta el sistema de equilibrios construido por los mexicanos durante décadas y abre la puerta a que el mismo sistema sea capturado. Semana tras semana el INAI resuelve alrededor de 500 recursos de revisión, en contra de más de 8 mil 300 sujetos obligados, instruyendo, en su caso, por mandato constitucional a la entrega de la información pública, que pueden ser contratos, ejercicios presupuestales, documentación de víctimas de delitos o apertura de expedientes de tipo clasificado. Simplemente el INAI es el instrumento de lucha contra la opacidad y corrupción en nuestro país. También este instituto encabeza el sistema nacional de transparencia y forma parte del sistema nacional anticorrupción que, a su vez, son los contrapesos que robustecen nuestro Estado de derecho. La falta de consensos en el Senado, aun en junio del presente año 2023, ha tenido inoperante al INAI violentando el derecho humano de acceso a la información pública y generando rezago, pendientes de resolución más de 6 mil recursos, simplemente por no tener un límite en la norma que define los plazos para los nombramientos. Afortunadamente la Segunda Sala Suprema de la Corte de Justicia de la Nación, en agosto pasado otorgó la suspensión que permite al instituto seccionar, aun con sus cuatro integrantes actuales. Tras los 152 días que estuvo inhabilitado por falta de quórum, resolviendo en tan solo 5 mil 993 medios de impugnación en esa primera sesión ordinaria. Me parece importante citar, desde esta tribuna, las atinadas palabras de la comisionada presidenta, en dicha sesión: cuando se obstaculizan los órganos del Estado, que tienen por función ejercer límites constitucionales y garantizar los derechos, la democracia constitucional cae en riesgo de detenerse. Por ello, compañeros, los invito a reflexionar y a apoyar la propuesta en la que se propone reformar el artículo 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para establecer plazos precisos en la designación de comisionados al instituto, señalando 30 días como máximo para que el Senado pueda hacer efectiva su facultad, de tal manera que sigamos construyendo y fortaleciendo nuestra democracia a los órganos constitucionales...