La presidenta diputada Laura Angélica Rojas Hernández: Adelante, diputada. L a diputada Aleida Alavez Ruiz: La miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios esclavizan a los pueblos, decía Lázaro Cárdenas. Diputadas y diputados, vengo a esta tribuna a presentar el dictamen que reforma el artículo 4o. de nuestra Constitución Política, en materia de bienestar. Es un dictamen que aprueba la iniciativa del Ejecutivo federal, la cual coloca a nuestro país en cumplimiento de las garantías de los derechos humanos a la salud, educación y dignidad humana de todas las personas en nuestro país. Es una reforma que durante décadas le debíamos al pueblo de México, 40 años han transcurrido desde que firmamos la Convención Americana de Derechos Humanos y es hasta este momento que damos cumplimiento al mandato del artículo 26 del referido convenio en materia de desarrollo progresivo. Este es un día histórico, porque votaremos un dictamen que dará a las mexicanas y mexicanos la garantía de un derecho a un Estado de bienestar. Llegamos a este dictamen después de celebrar, los días 2 y 3 de marzo pasados, audiencias públicas de Parlamento abierto. En ellas escuchamos a expertos, académicos, servidores públicos locales y federales, cuyas opiniones se insertaron en una relatoría consensuada al cuerpo del dictamen. Las opiniones vertidas por los ponentes no serán desatendidas, en la comisión acordamos dar cauce a estas opiniones a través del procedimiento legislativo de las reservas. La iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal destaca que una de las finalidades que persigue el artículo 4o. constitucional es la protección del derecho a la salud, derecho que implica la prestación de los servicios de salud, ya sea mediante la atención médica, los tratamientos, medicinas, procesos de rehabilitación, o cualquiera que sea la política pública que persiga el bienestar integral de las mexicanas y mexicanos. Advierte que uno de los grandes desafíos que enfrenta la sociedad mexicana, es el relativo a las deficiencias de que adolecen los servicios de atención médica que prestan las instituciones públicas. Precisa que los fines de dicha iniciativa consisten en: 1. Garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la población mexicana que no cuenta con seguridad social, lo cual se logrará a través de su acceso a servicios de salud y medicamentos gratuitos. 2. Establecer un estado de bienestar igualitario y fraterno para garantizar que los pobres, los débiles y los olvidados encuentren protección ante incertidumbres económicas, desigualdades, desventajas y otras calamidades donde todos podamos vivir sin angustias ni temores. Se abunda en el sentido de que el estado de bienestar igualitario y fraterno que estamos aplicando y queremos llevar a rango constitucional, tiene como ideal la protección de las personas a lo largo de la vida, desde la cuna hasta la tumba, haciendo realidad el derecho a la alimentación, el trabajo, la salud, la educación, la cultura, la vivienda y la seguridad social. Establecer la obligación del Estado de garantizar la entrega de apoyos económicos a la población vulnerable, con lo cual se aspira a alcanzar el derecho al bienestar de grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en particular el de las personas adultas mayores y el de las personas con discapacidad. Subraya que el sistema jurídico actual carece de herramientas eficientes que garanticen las dispensas básicas de este sector de la población. En tales condiciones y en atención a que los adultos mayores por cuestiones de edad y de su general estado de vulnerabilidad, requieren una protección reforzada por parte del Estado en el resguardo de sus intereses y derechos, frente a cualquier acto que los violente o trasgreda, razón por la que existe la necesidad de establecer en el cuerpo constitucional la obligatoriedad para el Estado de respetar y reconocer el derecho a recibir una pensión no contributiva para los adultos mayores. En este sentido, basándose en el notorio aumento de las personas adultas mayores, desde la perspectiva demográfica del país, así como el hecho de que una gran parte de ellos no cuenta o no tiene un acceso al sistema de seguridad integral, se plantea que las personas mayores de 68 años y los indígenas mayores de 65 años de edad tendrán derecho a recibir por parte del Estado una pensión no contributiva en los términos y condiciones que fije la ley correspondiente. En el caso de las personas con discapacidad permanente en la infancia, en la juventud y aquellas que pertenezcan a pueblos y comunidades indígenas, hasta antes de que cumplan la edad a partir de la cual tienen derecho a percibir la pensión para las personas adultas mayores, en especial las niñas, niños, los pobres, la población indígena, tendrán derecho a recibir una pensión igual a la de los adultos mayores. Por último, a fin de evitar la deserción escolar de los estudiantes y generar condiciones de equidad, entre estos, dentro del sistema educativo nacional se propone establecer en la Carta Magna, la obligatoriedad del Estado para que establezca un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares pertenecientes a la población mexicana que se encuentren en condición de pobreza. Impacto presupuestal. El Centro de Estudios de Finanzas Públicas en la Cámara de Diputados advierte en relación al apoyo económico a las personas con discapacidad, se comenta que actualmente se cuenta con el Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente. Este proyecto apoya a niñas, niños y adolescentes, así como jóvenes que tienen discapacidad permanente y población indígena de 0 a 64 años. Lo anterior se realiza a través del otorgamiento bimestral de un apoyo por 2 mil 550 pesos. Este programa cuenta con un presupuesto de 14 mil 194 millones, 246 mil 989 pesos para el 2020. Respecto a la Pensión para Adultos Mayores, se menciona la existencia del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual apoya de manera universal a mujeres y hombres mayores de 68 años en todo el país. En zonas indígenas el apoyo es a partir de los 65 años, para contribuir al bienestar de la población adulta mayor, a través del otorgamiento de una pensión no contributiva. En este 2020 el presupuesto para este programa alcanza los 129 mil 349 millones, 984 mil 996 pesos, referente a la propuesta para implementar un sistema de becas para los estudiantes de todos los niveles escolares en familias en condición de pobreza. Se comenta que para 2020 se cuenta con los siguientes programas de apoyo con todos estos presupuestos: programas de Becas para Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, 30 mil 475 millones de pesos. Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior y es en números redondos, más de 28 mil millones de pesos. Programa de Becas Elisa Acuña, más de 4 mil millones de pesos. Jóvenes Escribiendo el Futuro, más de 7 mil millones de pesos. En la reforma se propone la creación de un Sistema nacional de Salud para el Bienestar, para las personas sin acceso a seguridad social. Al respecto, y a efecto de estimar el costo aproximado que implicaría la eventual aprobación de la iniciativa, se realizó el cálculo que conllevaría garantizar a las personas sin seguridad social, que son 39 millones, 931 mil 538 personas. Los beneficios médicos que actualmente gozan los derechohabientes del IMSS e ISSSTE, que son 170 mil 286 millones 803 mil, 210 pesos. A estos se le restaron los recursos con los que actualmente cuenta la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 74 mil 556 millones 294 mil 861 pesos, resultando en una diferencia de 95 mil 730 millones, 508 mil 349 pesos. Conclusión De lo anterior se concluye que, de aprobarse la iniciativa, se generaría un impacto potencial de hasta 95 mil 730 millones, 508 mil 349 pesos. No obstante, tomando en cuenta el escenario en el cual todas las entidades federativas celebran acuerdos de coordinación, los recursos del FASSA se podrían solventar los recursos adicionales que se estima serían necesarios para atender las propuestas de la iniciativa. La presente reforma constitucional encuentra su fundamento en uno de los ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-224, denominado Política Social, en el que se plantea como principal objetivo construir un país en que la población viva en un entorno de bienestar. En otras palabras, se pretende que el Estado garantice los derechos de las y los mexicanos, empezando con el combate a la pobreza y la marginación de los sectores más indefensos de la población. El dictamen consta de seis elementos fundamentales: Sistema Nacional de Salud para el Bienestar, el cual, para efectos de claridad, es el mismo que ya se encuentra en la Ley General de Salud y no de uno adicional, apoyo económico a personas con discapacidad permanente, pensión no contributiva a personas mayores, sistema de becas para garantizar con equidad el derecho a la educación de los estudiantes pertenecientes a familias pobres de todos los niveles educativos, la garantía de que estos instrumentos sociales no podrán ser disminuidos en términos reales respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior. Según la opinión del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de esta Cámara de Diputados, el impacto presupuestal asciende a 95 mil 730 millones para el Sistema de Salud para el Bienestar, cuyos recursos se contemplan en el Presupuesto de Egresos de la Federación; 128 mil 349 millones de pesos para Adultos Mayores; 14 mil 197 millones de pesos para Personas con Discapacidad Permanente. En el Sistema de Becas Educativas estamos hablando de que en Educación Básica son más de 30 mil millones; Benito Juárez, Becas de Educación Media Superior, más de 28 mil millones de pesos; Becas Elisa Acuña, que son de Profesionalización de Egresados y Docentes, de más de 4 mil 174 millones de pesos; Jóvenes Escribiendo el Futuro, 7 mil 776 millones de pesos. Todos estos recursos ya se encuentran contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, por lo que no habrá un impacto adicional con la aprobación de la presente reforma. Diputadas y diputados, parafraseando al constitucionalista Juventino Castro y Castro, la Constitución es bandera que inspira y programa que impulsa, no es reja, es camino. A todas y todos los diputados los invito a reflexionar su voto a favor de esta reforma, a que piensen que tenemos la oportunidad de enmendar el pasado y demostrar a las mexicanas y mexicanos que trabajamos unidos, sin tintes ideológicos, por su bienestar. Estoy convencida de que votaremos este dictamen por unanimidad, porque hacer lo contrario implica truncar los sueños de niñas, niños, jóvenes a una vida mejor. Es abandonar a las personas con discapacidad permanente. Es dejar a la buena voluntad de otros el destino de los adultos mayores. Es seguir castigando a quienes carecen de seguridad social a continuar sin acceso a servicios médicos. Hoy debemos sentirnos honrados, porque aprobaremos una reforma de gran calado, que pone en el centro a las personas más vulnerables. Es una reforma que beneficia a los que menos tienen. Es tiempo de solventar este agravio, se lo debemos a los millones de mexicanos que confían en nosotros. Si quieren ponerle nombre y apellido a esta reforma pónganle México. Es cuanto.