El diputado Ricardo Cantú Garza: Compañeras y compañeros legisladores. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 28, párrafo tercero, establece que las leyes fijarán bases para que se señalen en precios máximos a los artículos, materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el consumo popular. En consecuencia, el Estado mexicano cuenta con plenas facultades constitucionales para establecer precios máximos a los productos básicos de consumo generalizado. También la Ley Federal de Competencia Económica establece, una serie de hipótesis que tienden a fomentar la libre competencia entre los distintos agentes económicos y combatir las prácticas monopólicas. En nuestro país la abrogada Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica de diciembre de 1950, facultaba al Ejecutivo federal para imponer precios máximos al mayoreo o menudeo. En 1951 se expide por parte del Presidente de la República, el decreto que señala con precisión qué productos iban a ser sujetos de precios máximos de términos de esta Ley. La iniciativa que hoy sometemos a su consideración, tiene el propósito de establecer en la Ley Federal de Competencia Económica, que una serie de productos básicos del consumo popular deben ser sujetos de precios máximos para permitir que las clases populares puedan acceder a ellos. Entre las razones de esta iniciativa, se cuenta el hecho de que actualmente el pueblo mexicano está padeciendo una escalada de precios de los productos de consumo básico, el aumento del precio de las gasolinas y de la leche Liconsa durante las últimas semanas del régimen foxista fue el preludio de la desgracia que se empezaría a vivir con la nueva administración federal en materia de precios de los bienes de consumo popular. Desde los primeros días del mes de enero del año en curso, el pueblo de este país y los más pobres entre los más pobres, amanecieron con un nuevo precio en la tortilla; el incremento alcanzó en algunos lugares hasta 15 pesos por kilo. Históricamente la tortilla ha sido el principal consumo de los mexicanos. Existen estados del país como Yucatán, donde se estima que en promedio a diario sus habitantes consumen de forma individual más de 16 tortillas al día, en otros oscila entre seis y ocho tortillas diarias. En contraparte, el INEGI reconoce que actualmente en nuestro país existen 11 y medio millones de trabajadores en la economía informal, lo que representa el 27 por ciento de la población ocupada. Pero el asunto no termina ahí; de los casi 42 millones de mexicanos que el gobierno federal reconoce como población ocupada, más de 10 millones de ellos apenas perciben un salario mínimo al día. Nunca antes en la historia de México se ha podido comprar menos kilos de tortilla con el salario mínimo que en la actualidad. Compañeras y compañeros legisladores. Los regímenes neoliberales postulan que los precios de todos los bienes que se comercializan deben ser fijados por el mercado, reivindican como credo económico a la libre competencia; pero se les olvida, que en el contexto actual del desarrollo de la economía mexicana tal libre competencia no existe, porque los mercados están constituidos por oligopolios que son los que fijan las reglas del mercado. Por esa razón, los precios de los bienes básicos no pueden separarse de este feroz control del mercado por parte de los grandes grupos económicos financieros que dominan nuestra economía. El campo mexicano no escapa a este control oligopólico. Por ejemplo, el maíz está dominado por dos grandes empresas que son Maseca y Minsa, las cuales detentan el control de la comercialización y los cupos de importación de este grano, lo que les permite fijar el precio, además de que especulan con este producto básico cuando el abasto es desfavorable debido al ciclo agrícola. Esta situación aplica para todos los productos agropecuarios, entre ellos los que consume de manera generalizada el pueblo mexicano como serían: el maíz, el fríjol, el arroz, el trigo, el huevo, el azúcar y la leche, entre otros. Cabe recordar que durante la vigencia del modelo de estado keynesiano en nuestro país, la creación de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, la Conasupo, permitió que tanto productores como consumidores contaran con el apoyo estatal en diversos ámbitos que abarcaba la promoción de la producción para la comercialización y la fijación de precios. Sin embargo, con el arribo de los gobiernos neoliberales, a partir de 1983, atendiendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco de México, del Banco Mundial, se inició el desmantelamiento del estado del bienestar para instaurar el brutal régimen neoliberal que impulsó la privatización y extinción de empresas que cumplían un fin social como lo fue la Conasupo. En este orden de ideas, el régimen neoliberal abandonó de manera deliberada al campo mexicano, lo que a la larga generó una pérdida de la soberanía en materia alimentaria en nuestro país, a grado tal que atravesamos una coyuntura de escasez en granos básicos que no vamos a resolver en el corto plazo. Por eso es necesario que protejamos a los consumidores más pobres de este país, con la fijación de precios máximos a los bienes que esta iniciativa hace referencia. Solicito a la Presidencia que la versión íntegra de esta iniciativa sea publicada en el Diario de los Debates. Es cuanto, ciudadana diputada Presidenta.