La diputada Amalia Dolores García Medina: Muchas gracias, compañera presidenta de la Mesa Directiva. Compañeras, compañeros, estamos tratando varios asuntos que son de la mayor importancia, todos ellos. Uno tiene que ver con un derecho fundamental, es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a participar en consultas en un mecanismo de democracia directa, ya está en la Constitución. El asunto que debería o el tema que debería prevalecer en cualquier decisión de cualquier poder público, es este derecho de los ciudadanos y las ciudadanas, que lamentamos, yo lo lamento, de verdad, y mi grupo parlamentario también, decir que ha sido conculcado, y no coincidimos con la interpretación de la Corte. Podemos tener el mayor respeto a otro poder, pero no estamos obligados a decir que coincidimos cuando tenemos una diferencia de fondo y cuando, además, la reforma a la Constitución para garantizar este derecho de democracia directa, es producto de la decisión del Constituyente Permanente, que es el Congreso de la Unión, y me parece, compañeras, compañeros, que no deberíamos disminuir la capacidad y el trabajo que se realizó en este Congreso de la Unión y en esta Cámara de Diputados. Aquí se votó esta reforma, aquí se hizo un trabajo de fondo, aquí se elaboró, y no coincidimos, y yo voy a señalar algunas de las razones por las cuales consideramos que la determinación de la mayoría de los ministros y ministras de la Corte es inadecuada. Y digo de la mayoría, porque también hay que señalar que no fue una opinión unánime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El debate se dio ahí también y se está conculcando un derecho de ciudadanas y ciudadanos, incluso en la primera votación que se desarrolló sobre el primer asunto puesto a análisis en la Corte, la votación fue tan dividida, que solamente la diferencia de un voto o de un ministro hizo la diferencia. Es decir, el debate está en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, por qué tendríamos nosotros que decir que no entramos a ese debate. Y yo pongo en el centro algunos de los asuntos que en la Suprema Corte se discutieron. El tema de trascendencia nacional y lo que en la Corte se señalaba es que había que definir qué significaba trascendencia nacional. Pero compañeras y compañeros, ¿qué asunto de mayor trascendencia nacional podría haber que aquel que tiene que ver con la propiedad de la nación sobre su riqueza energética? ¿Puede éste ser catalogado, sí o no, como un asunto de trascendencia nacional? Indudablemente que sí. ¿Quién podría negar que es un asunto de trascendencia nacional? Absolutamente nadie. Pero en esta interpretación que hace la Corte se deja de lado esta interpretación que sería fundamental. Adicionalmente, en el debate que se realizó en la Corte se señala y se dijo también por diversos analistas, algunos, lo deseo subrayar, que la propia Constitución en el artículo 35, que establecía limitaciones para que la propia Constitución pudiera ser reformada o tocada a través de un proceso de consulta popular. Nada más erróneo e inexacto que eso. Si el Constituyente permanente, que es el Congreso de la Unión, hubiera querido que nada de la Constitución se tocara en un proceso de consulta popular, lo hubiera puesto negro sobre blanco y hubiera dicho ningún artículo de la Constitución podrá ser modificado en un procedimiento de consulta popular a través de democracia directa; pero no lo dice así. El artículo 35 constitucional señala claramente que el único artículo de la Constitución, el único que no podrá ser llevado a consulta es el artículo 40, lo dice de manera clara, negro sobre blanco, el único. ¿Por qué razón? Porque ese artículo se refiere al régimen republicano democrático federal de nuestro país, no se va a llevar obviamente, y ésa fue la decisión del constituyente permanente, a consulta si México se convierte en una república monárquica; por supuesto que no. Y por eso el constituyente dijo que el único artículo que no se tocaría es el 40, eso no entrará a debate, pero todo lo demás de la Constitución sí puede entrar a debate. Adicionalmente, cuando algunos analistas decían, es que hay una contradicción, porque para reformar la Constitución se requiere acudir a un procedimiento que está establecido en el 135 constitucional que conocemos perfectamente, tiene que ser aprobado por dos terceras partes aquí y luego pasar a los Congresos de los estados; pero no hay absolutamente ninguna contradicción, porque el artículo 35 constitucional señala que cuando hayan votado en una consulta popular al menos el 40 por ciento de los inscritos en la lista nacional de electores, si la mayoría de ese 40 por ciento vota en determinado sentido, esa decisión expresada en las urnas es vinculatoria y obliga a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en una consulta el primer domingo de junio votara al menos el 40 por ciento del padrón electoral y de ese 40 por ciento la mayoría determinara que se reformara la Constitución, puesto que es vinculatoria a ese procedimiento, la Cámara de Diputados y el Senado, el Congreso tendría que iniciar el procedimiento establecido en el 135, es absolutamente congruente y claro. Y termino con un asunto sustancial, también se argumentó desde antes que votáramos la reforma; la votaran, perdón. Nosotros, yo no la voté y no la votó el PRD, no votamos por la entrega de nuestros hidrocarburos y del petróleo a la iniciativa privada, pero hubo aquí una mayoría que lo votó así; desde esos días ya había un argumento que tomara como base el 35 constitucional para decir que no podría ir a consulta porque era un asunto de gastos y de ingresos. Nada más frívolo y superficial que querer reducir lo que ya la propia Constitución en el 25, en el 27 y en el 28 señalaban no como un asunto de ingreso y gasto. Aquí no se está hablando del petróleo como un asunto de impuestos, no, en el 25, en el 27 y en el 28 se señala con claridad, primero en el 25, que al Estado le compete la rectoría en materia del desarrollo del país. Y se señala en el artículo 28 que las áreas estratégicas, petróleo e hidrocarburos, tal como lo dice el artículo 27, son propiedad de la nación. De tal manera que el petróleo, el gas, los hidrocarburos no son un asunto de ingreso y gasto, son propiedad de la nación, son recursos estratégicos; tienen que ver con la sustentabilidad del país. No solamente recursos estratégicos, tienen que ver incluso con la seguridad nacional de México. Pero en esta interpretación que ha hecho la mayoría de la Corte termino, señora presidenta, para no equivocarme y decir señor presidente en esta interpretación de la Corte se comete además y aquí ya no es la interpretación jurídica, constitucional, sino en el ámbito político y democrático un gravísimo error. El país está en una situación de tensión extrema. Hay quien dice que México está en llamas. Sabemos el enorme problema que hay en nuestro país por los diferendos. ¿Cuál tendría que ser el mejor mecanismo para resolverlos si no el de la consulta democrática popular? ¿Por qué no hacer uso de este instrumento de democracia directa, si ya está en la Constitución? Creemos que no se utiliza este instrumento de democracia directa para que decida la población por una ceguera, porque hay la intención de conculcar ese derecho, pero se comete un gravísimo error. Porque, si bien es cierto que la decisión que se tomó entrega al país a la iniciativa privada y al extranjero, no se hace cargo de que aquí el ambiente político es explosivo y que ante un ambiente explosivo la manera más sensata, más inteligente, democrática de resolverlos tendría que ser a través de una vía pacífica, civilizada, garantizando derechos, como el de que acudieran millones de hombres y mujeres que tienen derecho a ir a las urnas a decidir sobre el futuro de su país. Eso es lo que se está negando. No solo se le niega a los millones y millones que firmaron la solicitud de consulta, se les niega a ellos y a ellas y se le niega a todo México, porque todo el país tiene derecho a ser consultado y a decidir sobre su presente y su futuro. Eso es lo que se le negó. Por eso discrepamos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y lo decimos de manera clara y subrayada, no estamos de acuerdo en que se violente un derecho que ya está en la Constitución. Muchas gracias.