La diputada Laura Elena Estrada Rodríguez: Con su venia, señor presidente. El 17 de octubre de 1953 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fue reformada con el fin de reconocer el derecho al sufragio efectivo. Sin duda alguna se trató de un evento sin igual que debe ser recordado por significar un momento muy importante en la historia de nuestro país. A sólo 39 años de dicha modificación constitucional en la que en la Conferencia de Atenas de 1992 se representaba no sólo una propuesta de participación equilibrada de mujeres y hombres en los procesos decisorios políticos, sino toda una exigencia de responsabilidades compartidas entre mujeres y hombres tanto en el ámbito público, como del privado-doméstico. De esta manera la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha afirmado que en un orden internacional democrático y equitativo requiere, entre otras cosas, el ejercicio de los siguientes derechos: La promoción de un orden económico internacional basado en la participación en condiciones de igualdad en el proceso de adopción de decisiones, la interdependencia, el interés común, la solidaridad y la cooperación entre todos los estados, principalmente a través del principio de representación regional equitativa entre mujeres y hombres, y el derecho a la participación política de las y los ciudadanos para presentarse como candidatas o candidatos. La democracia paritaria se ha plasmado en la composición de uno de los órganos más relevantes instituidos en el último tiempo al amparo del derecho internacional. Me refiero al Tribunal Penal Internacional. En efecto, el artículo 36.8 A, del Estatuto de Roma, dispone que: "Al seleccionar a los magistrados, los Estados parte tendrán en cuenta la necesidad de que en la composición de la corte haya representación equilibrada de magistrados mujeres y hombres". En el ámbito regional americano existe también una preocupación por potenciar la integración de las mujeres en los niveles de toma de decisiones. Puede mencionarse en esta línea el Programa Interamericano sobre la Promoción de los Derechos Humanos de la Mujer y la Igualdad de Género. Dentro de los objetivos prioritarios de este programa destaca la participación plena e igualitaria de la mujer en la vida política del país y en la toma de decisiones a todos los niveles y la adopción, según sea el caso, de medidas, de acción positivas de carácter legislativo, administrativo, judicial, dirigidas a lograr la igualdad de oportunidades para las mujeres en todas las estructuras de la sociedad. A partir del Consenso de Quito se establecen las obligaciones para los Estados parte. Entre otras medidas, México debe fomentar la cooperación regional e internacional, particularmente en materia de género, trabajando para que el orden internacional sea propicio para el ejercicio de la ciudadanía plena y el ejercicio real de los derechos humanos, incrementando la participación de las mujeres en los ámbitos internacionales que defienden la agenda de seguridad, paz y desarrollo. En este consenso, nuestro país se comprometió a garantizar la eliminación de todas las condiciones laborales discriminatorias, formar e implementar políticas públicas para ampliar el acceso sostenible de las mujeres a la propiedad de la tierra y el agua, facilitar el acceso al financiamiento y tecnologías y favorecer políticas públicas que establezcan la responsabilidad compartida equitativamente entre mujeres y hombres en el ámbito familiar, así como para asegurar el acceso a la salud integral de las mujeres y adoptar medidas que contribuyan a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres, garantizándoles el acceso a la justicia. Es entonces obligación del Estado mexicano ampliar y fortalecer la democracia participativa y la inclusión igualitaria, plural y multicultural de las mujeres en el ámbito social, económico y en la definición de las políticas públicas, adoptando las medidas para su inserción en los espacios de decisión, opinión, información y comunicación, así como facilitar la capacitación política para el liderazgo de las mujeres. Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta honorable asamblea el siguiente Punto de acuerdo Único. Que la Junta de Coordinación Política solicite al Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres y la Equidad de Género, el CEAMEG, realizar un informe donde se evalúen las medidas que nuestro país ha tomado en relación con los compromisos adquiridos en el Consenso de Quito y se exhorte a todas las legisladoras y los legisladores, en especial a las integrantes y los integrantes de la Comisión de Equidad y Género a que, conforme a los resultados del informe que realice el CEAMEG asumamos el compromiso de legislar en las materias que haga falta. Señor presidente, solicito que sea incluido el texto íntegro del presente punto de acuerdo en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias por su atención.