El diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez: Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, con sobrada razón el presidente Andrés Manuel López Obrador rememorando a José Martí dijo Los seres humanos necesitan bienestar, pero no sólo de pan vive el hombre. Para alcanzar la felicidad se requiere bienestar material y el bienestar del alma. Combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad, significa regresarles a millones de familias el bienestar y la tranquilidad en México. Bienestar que aún esos tiempos no tenemos. Diez años llevamos de la antigua ley, de esta ley, pero han sido 10 años de abusos, de corrupción, donde lo confiscado es vagamente y vergonzante y ridículamente lo que se le ha confiscado y se le ha quitado a los maleantes. El bienestar y la tranquilidad de los mexicanos es la prioridad del Ejecutivo federal, y por supuesto del Grupo Parlamentario de Morena. Por ello adelanto que votaremos a favor el dictamen a discusión. Un elemento fundamental de la estrategia para combatir la delincuencia es recuperar las ganancias y bienes generados ilegalmente por los delincuentes, para resarcir así los daños a las víctimas y regresarle al pueblo a través de los programas sociales, lo que por décadas se les ha negado y se les ha robado. Por ello con la nueva legislación propuesta, les quitaremos a los delincuentes y funcionarios corruptos el dinero y los bienes mal habidos, producto de los actos ilícitos que más lastiman a la sociedad. Para darnos una idea, compañeras y compañeros de la magnitud del problema, se calcula que las ganancias por el narcotráfico en México, son aproximadamente de 600 mil millones de pesos cada año. Esa cifra equivale a casi 4 veces el costo de la refinería Dos Bocas, a más de cuatro veces el costo de las pensiones de un año para 8 millones de adultos mayores, y un millón de niños con discapacidad, y a casi el 65 por ciento de las participaciones federales para estados y municipios. Es claro que la Ley Federal de Extinción de Dominio vigente, es totalmente ineficaz porque no tiene verdaderos mecanismos para detener las operaciones de la delincuencia organizada. La ineficacia de la norma jurídica aunada a la omisión de los funcionarios públicos ha tenido como resultado una galopante impunidad que ha impedido la recuperación del dinero y de los bienes que son producto de actos delictivos. Por eso, la nueva Ley de Extinción de Dominio tiene como característica principal la eficacia para desarticular la estructura financiera de las organizaciones delictivas, además amplia y fortalece la figura jurídica de extinción de dominio, a la cual están sujetos los delitos establecidos en el artículo 22 constitucional: delincuencia organizada, secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, delitos contra la salud, trata de personas, delitos por hechos de corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, operaciones con recursos de procedencia ilícita y extorsión. Los beneficios de la Ley Nacional de Extinción de Dominio Público son muy claros: Primero, se crea a una ley homogénea a nivel nacional, que estandariza procedimientos, cierra el paso a la discrecionalidad y subsana lagunas legales, evitando resquicios que den paso a la corrupción y a la impunidad. Segundo, dota de herramientas eficientes a las autoridades para contrarrestar las actividades de la delincuencia organizada. Tercero, establece procedimientos que respetan el debido proceso otorgando certeza jurídica a la ciudadanía. Cuarto, destinan los recursos de procedencia ilícita a la reparación del daño causado a las víctimas del delito, así como a sus programas sociales. Quinto, asegura la transparencia y rendición de cuentas por medio de un registro público donde serán inscritos los bienes, las demandas y las sentencias relativas a la extinción de dominio. En síntesis, compañeras y compañeros, con esta nueva ley serán más eficiente y eficaces las acciones de las autoridades. Por fin daremos a los delincuentes donde más les duele, su patrimonio mal habido, duro contra los delincuentes y criminales y, por supuesto, contra los funcionarios corruptos. Diez años llevamos sin recuperar nada, diez años llevamos en la ambigüedad, y hoy nos quejamos porque esta nueva ley, y nos hacemos muchas reservas para poderla aprobar. Yo creo que los mexicanos nos merecemos esto y más. Es cuanto, señora presidenta, muchas gracias.