La diputada Lilia Villafuerte Zavala: Con su venia, señora presidenta. Compañeras diputadas y compañeros diputados, la noche del 26 de septiembre de 2014 un negro acontecimiento cimbró nuestra memoria: la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Fue y sigue siendo uno de los pasajes más negros de nuestra historia. El pasar de los días fue develando una circunstancia aun peor de lo que augurábamos en un inicio. Lo que creíamos era un delito cometido por la criminalidad organizada, terminó siendo el quebrantamiento del Estado de derecho que actuó contra la juventud mexicana. No seamos inocentes, esa noche todas las advertencias que nos indicaban que tendríamos un narco-estado se cumplieron de la peor manera, truncando la vida de 9 muchachos en el sitio de los enfrentamientos y 43 más desaparecidos, con la colaboración de agentes policiales y la connivencia de las autoridades municipales, estatales y federales, además de los 27 heridos que resultaron de los tiroteos. Guerrero lloraba nuevamente a sus jóvenes, y por segunda vez vería caer a un gobernador por un crimen de lesa humanidad. El primero, Rubén Figueroa Alcocer, obligado a renunciar después de la matanza de Aguas Blancas. El segundo, Ángel Aguirre, como consecuencia de los acontecimientos de Iguala. Las investigaciones iniciaron y gracias al estruendoso dolor de los familiares de las víctimas, la Procuraduría General de la República atrajo las investigaciones. La verdad histórica salió a la luz y el procurador Murillo Karam se cansó, de frente a los periodistas, a las víctimas y al país entero. Fue necesaria la intervención internacional, que a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se brindara asesoría técnica para la búsqueda de los desaparecidos. La formación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se produjo el 18 noviembre de 2014, como producto de la resolución 28/2014 del propio 3 de octubre de ese año, por la cual la Comisión solicitaba a nuestro país la implementación de medidas cautelares que pudieran generar las condiciones para que los estudiantes desaparecidos regresaran a sus hogares. Un año después, el 6 de septiembre de 2015, este grupo presentaría su informe con una serie de recomendaciones que a la fecha no han sido cumplidas en su totalidad. Y esa constituye una de las mayores deudas del Estado mexicano con las víctimas, con los familiares y con el mundo entero. Debemos recordar que del Grupo Parlamentario del PRD hizo una solicitud de juicio político en contra del entonces procurador Jesús Murillo Karam, debido a la falta de cumplimiento de estas recomendaciones. Quedan muchos pendientes, entre ellos el grado de participación de la Policía Federal, del Ejército, de las policías municipales y de las estatales. Debe darse pronta resolución a las denuncias por tortura de aquellos que, habiendo sido detenidos, han alegado esa grave transgresión a los derechos humanos. Es urgente también dar seguimiento a las denuncias por espionaje que han presentado diversas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos vinculadas al caso. La atención a las víctimas ha sido deficiente. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es, por decir lo menos, burocrática y lenta. Exigimos la atención y resolución inmediata de todas las demandas de todas las víctimas y familiares. Queda pendiente la formación de la Comisión de Investigación de la Verdad y la Justicia del Caso de Iguala, ordenada por el Tribunal Colegiado, impugnada por la propia PGR, únicamente para producir un retraso inexcusable para la realización de nuevas investigaciones. Por último, quisiéramos exhortar a la Junta de Coordinación Política, para que en obvio de las acciones que esta Cámara debe llevar a cabo se realice la conformación urgente de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones y coadyuve con la autoridad. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Es cuanto.