EL C. DIPUTADO RAUL HOMERO GONZALES VILLALBA: Con su permiso, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados: La seguridad de las personas y su patrimonio es una de las preocupaciones fundamentales de nuestra fracción en esta representación popular. Las formas que los grupos sociales han adoptado históricamente para ayudarse y construir por sí mismos redes de protección social han sido y sonvaloradas y alentadas desde las diferentes posiciones de representación popular y de gobierno que tenemos los priistas. Sin embargo, reconocemos que por las repercusiones en la comunidad de ciertas actividades de las organizaciones sociales la intervención de la autoridad se hace necesaria. Pero debe de hacerse siempre con respeto. Este es, sin duda, el caso de las operaciones de ahorro y crédito que, dentro de un esquema de cooperativas y sociedades mercantiles vienen realizando por años los mexicanos de menos recursos. La banca comercial no está al alcance de todos. Unas cifras nos indican que sólo el 37 % de la población económicamente activa tiene acceso a sus servicios bancarios; en cambio se estima que tres millones y medio de personas son atendidas por la banca popular y que su potencial es de 20 millones. Todavía una parte importante de los mexicanos participan en sistemas informales de ahorro y crédito, ante la limitada oferta de la banca con fines de lucro. Lo fundamental en las organizaciones sociales es la confianza. No obstante ha sido necesario dar certidumbre jurídica a lo mecanismos propios de vigilancia y control que ellas mismas han establecido y otorgar también mayor seguridad a los ahorradores. Esta ha sido la preocupación de la actual legislatura, pues nuestra economía demanda una mayor cultura del ahorro entre los segmentos de menores ingresos y ésta puede darse plenamente sólo si existen las suficientes condiciones de seguridad. En junio de 2001 se promulgó la Ley de Ahorro y Crédito Popular, fue una de las respuestas, junto con el Programa de Apoyo a Ahorradores, que nació de la preocupación de los legisladores por respaldar y fortalecer los mecanismos de ahorro que la misma sociedad ha construido. Se atajó a un problema social que amenazo con desbordarse y afectar no sólo el patrimonio de un número importante de familias mexicanas, sino minar la confianza que es el principal componente del capital social activo sobre el que se constituyen las organizaciones populares de nuestro país. El equilibrio entre la autonomía de las organizaciones y la intervención de la autoridad no es fácil. Las organizaciones de ahorradores se constituyen siguiendo los valores y principios del cooperativismo. Uno de estos principios es justamente el de la autonomía e independencia que se complementa con el de gobierno democrático de los socios. Nunca se ha intentado ni pensado siquiera atentar contra estos y otros principios del cooperativismo. Sin embargo los ahorradores han demandado un marco jurídico que les dé seguridad y respalde el manejo que ellos mismos hacen de su organización. A partir de la promulgación de la ley mencionada, nuestra fracción política, conjuntamente con otras fracciones, ha mantenido comunicación constante con las organizaciones de ahorradores Sabíamos que con su participación los legisladores podríamos continuar perfeccionando el marco jurídico. Producto de esa atención y diálogo, nuestra fracción apoya las reformas a la Ley de Ahorro y Crédito Popular que en sus aspectos sustanciales contempla lo siguiente. Responde a la preocupación por la sobre-regulación a las sociedades cooperativas manifestada por el Honorable Congreso del Estado de Querétaro, a la que se sumaron las de Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Estado de México. Para ello se establece que el número de socios de una organización para no ser sujeto de la regulación de la Ley, será de 250 integrantes, lo cual favorece a los numerosos grupos denominados "solidarios" que existen en todo el país y se fija el monto total de recursos bajo su responsabilidad en 350 mil UDIS. También se amplía en dos años más el plazo para que las entidades de ahorro y crédito sujetas a la regulación procedan a cumplir los requisitos que la ley establece, beneficiándose con esto a más de 600 entidades. El plazo se extiende ahora hasta el año 2005, se definen con claridad los procedimientos que habrán de seguir las entidades de ahorro y crédito que decidan no integrarse a una federación y a las confederaciones de entidades, cumpliendo con su obligación de participar en un fondo de protección. Se amplían las posibilidades de obtención de recursos y de prestación de servicios no financieros, como mecanismos para favorecer sus ingresos y responder a las necesidades de sus socios y clientes. Se elimina la obligación de llevar a cabo auditorias legales externas para no imponerles cargas adicionales a las de otras entidades financieras. Estas son, entre otras, las principales aportaciones a la actual Ley de Ahorro y Crédito Popular que sometemos a la consideración del pleno. Por ello, convocamos a todos los legisladores a aprobar el dictamen que las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Fomento Cooperativo y Economía Social hemos elaborado y que ha sido el producto de un trabajo constructivo y propositivo de todos los legisladores que integramos las comisiones mencionadas. No obstante, sabemos que estamos obligados a mantener una permanente comunicación con el sector, para continuar perfeccionando el marco jurídico que fortalezca la confianza de los ahorradores sociales y que mantenga el respeto a los valores y principios del cooperativismo. Las reformas y adiciones a la Ley de Ahorro y Crédito Popular constituyen un paso más para recuperar la confianza de muchos pequeños y medianos ahorradores a fin de que se consoliden como agentes fundamentales del crecimiento económico de México. La fracción priista reitera el respeto y respaldo a la importante tarea que realizan las organizaciones de ahorradores. La representación priista en el Congreso de la Unión se mantendrá atenta a las preocupaciones y propuestas de los cooperativistas y empresas sociales de ahorro y crédito, así como de todo el movimiento cooperativo en su conjunto. Es cuanto, diputada Presidenta. (Aplausos) -