EL C. DIP. LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA: Gracias diputada Presidenta. En una primera etapa del proceso de democratización del país, la adopción de una legislación electoral aceptable posibilitó la alternancia en el Poder y la conformación plural del Congreso. Una segunda etapa de consolidación, exige de normas eficaces para supervisar y ejercer un efectivo control de la actividad del Estado. La democracia no debe verse simplemente como un mecanismo para elegir a los individuos encargados de realizar las tareas de gobierno, sino más importante aún, como un sistema de rendición de cuentas donde el objetivo inmediato debe orientarse a que la sociedad civil esté también en posibilidad real de fiscalizar los actos de gobierno a través del derecho de acceso a la información pública. La intransparencia y oscuridad de los actos públicos han sido los medios perversos para el florecimiento del abuso de poder, de violación brutal de los derechos humanos, de la corrupción y de la ilegalidad impune. Abrir la actividad del Estado para obligar a la entrega oportuna de información útil y veraz desde las autoridades a los órganos de control y a los gobernados, constituye el antídoto más eficaz contra esos desvíos de poder al establecer democráticamente el control ciudadano a la gestión pública. Con la presente Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se institucionaliza el derecho de acceso a la información en poder de los entes de Gobierno como uno de los fundamentos de nuestra democracia representativa y un instrumento básico para provocar apertura, transparentar la actividad estatal y corregir la lógica de ocultamiento con la que se han desarrollado los fenómenos de desviación del Poder. La Ley de Acceso a la Información se convierte también en útil herramienta jurídica para potenciar formas de prevención técnica de la corrupción al propiciar un conocimiento amplio y, por consiguiente, fórmulas más exhaustivas de escrutinio público de las gestiones de los diversos órganos de Gobierno. La idea, es que tales actos e informaciones le servirán al gobernado para conocer mejor los diversos procesos de funcionamiento de la actividad estatal y generar un control eficaz de alguno de los campos sensibles en los que puede producirse algún acto ilícito. Desde otra perspectiva, el desenvolvimiento del derecho de acceso a la información constituye una de las vertientes del desarrollo del llamado estado proactivo, de un estado que se preocupa no sólo por la realización del ciudadano en su esfera pública y privada sino también de la promoción de su participación activa en los asuntos públicos asumiendo responsabilidad por la fiscalización del ejercicio de las funciones y competencias públicas. Salta a la vista que un acceso a las informaciones públicas permitirá no sólo una mayor transparencia en el funcionamiento de las instituciones, sino también una mayor posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso a condiciones mejores para su desarrollo individual y para el ejercicio de sus derechos políticos. La garantía del acceso a la información es la base para el ejercicio libre y responsable de los otros derechos fundamentales. Si un ciudadano no recibe información oportuna, amplia, veraz, actualizada y completa sobre los asuntos que le interesan, no podrá ejercer muchos derechos previstos en la Constitución, como el derecho a la educación, el mismo derecho a la información, el derecho al sufragio, el derecho a la libre autodeterminación y en general del derecho a una participación libre y democrática en la sociedad. Pero más allá de los argumentos legales y morales que puedan aportarse, existe una razón política fundamental que justifica una regulación del derecho al libre acceso a la información pública: la necesidad de alcanzar credibilidad y confianza en las instituciones del Estado. Frente a la baja credibilidad que las instituciones públicas tienen actualmente en los ciudadanos, una Ley de Acceso a la Información constituiría una señal clara de que algo está cambiando en el ejercicio del gobierno. Una norma que haga accesible la información del Estado y transparente su gestión, le ofrecerá a los gobernados motivos para poder volver a creer en sus instituciones, sus funcionarios y sus líderes políticos. Todos estos lineamientos y directrices han sido recogidos en la presente Ley de Acceso a la Información Pública, el cual las diputadas y diputados del Partido de la Revolución Democrática respaldamos en lo general y sólo reservaremos en la discusión en lo particular la negativa de ser considerada esta ley como reglamentaria del artículo 6º constitucional en lo que se refiere al derecho de acceso a la información pública. También resulta pertinente reconocer desde esta tribuna que el producto legislativo que entregamos a la sociedad mexicana es el resultado de la participación no sólo de diputados integrantes de la Comisión de Gobernación y Seguridad Pública, sino también de organizaciones, universidades e intelectuales conocedores del tema y de manera muy particular de nuestros reconocidos amigos los miembros del Grupo Oaxaca. Quiero también dejar expresado que la discusión de esta iniciativa se enmarca en un momento de coyuntura política muy especial para nuestra sociedad mexicana, en un momento en que debemos de establecer qué debemos tener los mexicanos, si la verdad formal en el ejercicio del poder público o la verdad histórica. Creemos y en el PRD estamos ciertos- que nos merecemos la verdad histórica, que no queremos una verdad formal a base de ocultamientos y a base de discusiones en privado; queremos que el ejercicio del poder público se desarrolle de manera clara y transparente. Consideramos que el derecho de la información es el derecho que los mexicanos tienen a saber, a saber sin restricciones, sin instituciones de censura y sobre todo con toda la amplitud que merecemos los mexicanos y mexicanas. Muchas gracias.