La diputada Dulce María Sauri Riancho: Con su permiso, señora presidenta. El Grupo Parlamentario del PRI expresa contundentemente que estamos de acuerdo en que se establezca la legislación que regule las remuneraciones de los servidores públicos, pero que se haga bien. Por lo mismo votaremos a favor del espíritu del proyecto, no de la forma de una minuta salida del invierno legislativo, donde hibernó por casi siete años. Por lo tanto, no compartimos que se apruebe sin cambios esta minuta que está desactualizada, que genera incertidumbre jurídica y que plantea problemas de aplicación. Cinco son las razones: 1. Obsolescencia legislativa. 2. Falta de armonización legislativa. 3. Ausencia de consideración sobre regímenes especiales. 4. Provoca choque presupuestario. 5. Genera choque constitucional. De 2011 a la fecha, nuestro marco constitucional ha tenido grandes reformas que han fortalecido al Estado mexicano, generando una nueva estructura administrativa. Como ejemplo la creación y reconocimiento de nuevos órganos constitucionales autónomos, la creación de nuevas figuras administrativas como los órganos reguladores y coordinadores en materia energética, la creación de fideicomisos y fondos públicos. Es una estructura compleja que no está siendo considerada por la minuta, tampoco la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Aprobar la minuta en sus términos implicaría no incorporar a tan importante ley un mecanismo de vinculación con este nuevo sistema anticorrupción. Otro caso, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que obliga a las autoridades a publicar las remuneraciones de los servidores públicos, no está. Aprobarla sin considerar esta norma sería un grave error. Dos. Armonización legislativa. No considera las reformas en materia de desindexación del salario mínimo y la creación de las sumas, la Unidad de Medida y Actualización. Hay temas aparentemente menores, pero no por ello menos importantes como a la adecuación de los artículos 17 y 217 Bis y Ter del Código Penal, ni más ni menos. Y también tenemos que cambiar el nombre del título que tiene la minuta, que dice: delitos cometidos por servidores públicos, a lo que dice la ley vigente, que es delitos por hechos de corrupción. Tenemos también que hay que hacer ajustes en la numeración del articulado de la minuta para darle claridad en el Código Penal Federal. Tenemos los regímenes especiales, está la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la Ley del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, de la Armada de México, entre otras, que requieren un tratamiento especial en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Cinco. Choque presupuestario. La ley de la minuta no cuenta con artículos transitorios propios, generando incertidumbre jurídica. Necesitamos disposiciones transitorias que permitan operar la ley en coordinación con el nuevo Presupuesto de Egresos y lograr su aplicación efectiva. Por último, el choque presupuestario. El artículo primero de la minuta establece que el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Por ejemplo, si entrara en vigor en el mes de octubre se genera un problema presupuestal para el cierre del año 2018. En consecuencia, se requiere una programación y presupuestación previa. Pero eso no es lo más complicado, sino que el artículo 123 constitucional, inciso b), fracción IV, establece que los salarios de los servidores públicos serán fincados en los presupuestos respectivos, sin que su cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, por lo que aprobar la entrada en vigor al día siguiente de su publicación, como lo plantea la minuta, sin lugar a dudas violentaría este precepto constitucional. Necesitamos sin lugar a dudas actualizar la minuta, pero antes de concluir, solo les quiero decir, no tiene manifestación de impacto presupuestario. Tenemos que calcularlo para hacer un buen Presupuesto de Egresos de la Federación en 2019.