La diputada Laura Imelda Pérez Segura (vía telemática): Gracias. Con su venia, presidente. Compañeras y compañeros legisladores, el gobierno de la cuarta transformación siempre ha mantenido el puntual compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, buscando como fin último la materialización de la dignidad humana bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, sin embargo como en su momento sentenció Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, las violaciones a los derechos humanos se alimentan de impunidad. Sería bajo este precepto como quedaría sin castigo y serían renuentes graves, crímenes de lesa humanidad ejecutados por gobiernos anteriores en nuestro país, basta recordar como a finales de 2006 el gobierno federal de México, por instrucciones del titular de Ejecutivo, ordenó un despliegue nacional a gran escala de las fuerzas de seguridad para combatir el crimen organizado, estrategia que solo dio como resultado que los índices de asesinatos, desapariciones, tortura y otras atrocidades se dispararan traduciéndose en una de las épocas más violentas de la historia moderna de nuestro país. O cómo sacar de nuestra memoria el involucramiento de las Fuerzas Armadas en situaciones de crímenes lamentables como las matanzas de Tlatlaya y Acteal, crímenes que hoy día prevalecen impunes y sin castigo. O la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa o la masacre en Tlatelolco del 2 de octubre del 68, solo por citar algunos. Ante la impunidad prevaleciente en estos crímenes, pudo haberse atendido la justicia por medio de un organismo internacional independiente, como la Corte Penal Internacional, sin embargo, las disposiciones normativas contempladas en nuestra Carta Magna, en el párrafo octavo de su artículo 21 constituyen una reserva encubierta hacia el Estatuto de Roma, estatuto del que nuestro país es parte, configurándose así un obstáculo al mencionado organismo para intervenir y atender la presencia de crímenes de lesa humanidad ante la impunidad existente. Sumado a ello, la disposición de nuestra Carta Magna relativa a este tema también representa una falta a lo dispuesto en el artículo 120 del Estatuto de Roma, donde se manda que las reservas se encuentras prohibidas. A esto se suma que el anteriormente mencionado en su artículo 12 señala que todo Estado parte del estatuto aceptará la jurisdicción de la Corte Penal Internacional en crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión, pero en nuestro marco constitutivo, la Corte requiere de la aprobación del Senado de la República para actuar, por lo que su plena jurisdicción no existe por la presencia de este candado político y administrativo. Es por lo anteriormente expuesto que resulta necesario armonizar nuestra Constitución a fin de eliminar o modificar las normas que sean contrarias o contravengan a la obligación que tiene el Estado mexicano al formar parte del Estatuto de Roma. Lo anterior, atendiendo siempre los principios de convencionalidad y complementariedad. Es por ello que encuentro conveniente presentar el día de hoy ante este honorable recinto la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el párrafo octavo del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de dotar de plena jurisdicción en territorio mexicano a la Corte Penal Internacional, y cumplir así con lo dispuesto en el multicitado Estatuto de Roma. Cabe señalar que la Corte Penal Internacional, tal como lo manda el primer artículo del Estatuto, estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional, de conformidad con lo dispuesto en el mismo, y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales. Debemos refrendar nuestro compromiso con el resto del mundo en materia de derechos humanos, y atender las disposiciones del Estatuto del que México es parte. Con esto, a su vez prevenir y erradicar la presencia de impunidad en crímenes de lesa humanidad, como ya se ha vivido lamentablemente en la historia de nuestra nación. Espero de mis compañeras y compañeros legisladores no solamente una revisión superficial, sino profunda de este tema tan trascendental para la justicia de las que hoy son víctimas de gobiernos que han abusado de su poder. Muchas gracias. Es cuanto, presidente.