La diputada Jacquelina Martínez Juárez: Compañeras y compañeros diputados, como resultado de la discusión que se tuvo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará en contra del dictamen de la Ley Federal de Derechos, ya que se afectará de forma negativa a los ciudadanos y sectores productivos de nuestro país. La Ley Federal de Derechos representa los ingresos que recibirá la hacienda pública por el cobro de servicios públicos, por el uso o goce y aprovechamiento de los bienes de dominio público que se presta a particulares. Sin embargo, el escenario económico que presenta el país al tener un crecimiento del PIB del .2 por ciento al tercer trimestre del presente año con respecto al año pasado, es una muestra de que las políticas emprendidas hasta este momento han sido fallidas. En este sentido, la Ley Federal de Derechos para actualizar y establecer nuevos derechos, como se pretende para el próximo año, debió tomar en cuenta el contexto en que se encuentra la economía nacional. La postura del gobierno federal debió ser el limitar el cobro de más derechos, a fin de buscar incentivar el crecimiento económico de los diferentes sectores productivos. La política fiscal en materia del cobro de derechos debe incentivar y equilibrar la relación entre el Estado y los particulares en el cobro de los servicios públicos por el uso, goce y aprovechamiento de los bienes de domino. No se trata de aumentar los cobros para obtener una mayor recaudación, sino de buscar la mejora constante de los servicios para que sea un factor determinante para fomentar el desarrollo y la competitividad, manteniendo una regulación eficaz de los servicios. La 4T prometió en campaña no aumentar los impuestos. Nosotros tenemos otros datos, ya que engañar en lo que se comunica todas las mañanas, ahora al aumento de impuestos se le llama actualizaciones en los servicios públicos. La propuesta de la Ley Federal de Derechos expresa en el dictamen aumentos en los cobros en materia migratoria, de publicaciones, de radio, televisión y cinematografía, aduanera, energética, de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano, de servicios marítimos, de telecomunicaciones, de acuacultura y de agua, entre otros. No podemos generar un ambiente de seguridad y certeza jurídica a los contribuyentes en el pago de sus contribuciones si cada año tenemos una mayor caución en los derechos de la legislación sectorial, se ajuste y actualice el monto de las cuotas aplicables, que según con el fin de equilibrar costos en los servicios. Hoy se tiene que apoyar a los sectores productivos sin mayores impuestos para generar condiciones económicas que generen inversión, empleo y calidad de vida en cada familia, y evitar el incremento de impuestos que detienen el progreso. En caso particular es el relacionado con el incremento a la cuota establecida en el artículo 12 de la Ley Federal de Derechos, relativo a la prestación de los servicios migratorios en aeropuertos, a pasajeros de vuelos internacionales que presta el Instituto Nacional de Migración. Señores diputados, con incremento en cuotas no se garantiza la calidad de los servicios migratorios, cuando el país no tiene protección en las fronteras al carecer de verdaderos controles de seguridad que garanticen la seguridad de los migrantes. Estamos de acuerdo en que la migración es una problemática de carácter mundial y de interés nacional, el cual debe ser atendido con apego a los derechos humanos y en protección a los grupos más vulnerables, pero no a través del aumento de las cuotas que es la medida más fácil para justificar la incompetencia de este gobierno. Por otro lado es lamentable que en razón del artículo 18-A, que se refiere a los ingresos que se obtengan por la recaudación del derecho a los visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresen al país con fines turísticos, se destinen en un 20 por ciento al Instituto Nacional de Migración, y el 80 por ciento para estudios, proyectos e inversión en infraestructura que determine el gobierno federal. No podemos aceptar que los recursos que tenían el fin de la promoción turística, que era para todas las entidades federativas ahora se canalice a un Tren maya, que está plagado de inconsistencias, sin estudios y con un fuerte impacto ambiental. Y, sobre todo, quede a voluntad del presidente de la República...