El diputado Javier Antonio Neblina Vega: Con su permiso, diputada presidenta. Muy buenos días, señoras y señores legisladores. Saludo con respeto a familiares de los constituyentes de 1917, aquí presentes. En el transcurso de nuestra historia, el ejercicio del Congreso Constituyente y la materialización de la Constitución de 1917 se posicionan como hechos que permitieron el desarrollo de un sistema de gobierno que reconoció y que actualmente tiene como misión fundamental asegurar de manera plena los derechos sociales de la población. Lo anterior representa un eje de inviolabilidad que sitúa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el máximo eje rector normativo del Estado. De acuerdo con el jurista Manuel González Oropeza, las reformas políticas surgidas como necesidad revolucionaria tenían que configurar un nuevo texto constitucional, que garantizara la efectividad y el pleno goce de los derechos de todos los habitantes del país. La participación de los diputados en el Congreso Constituyente de 1916-1917 muestra de manera fehaciente las virtudes que trae consigo el ejercicio de diálogo político de alto nivel, diálogo que ha permeado en el desarrollo de nuestra cultura parlamentaria en aras de fortalecer las sinergia entre Estado y sociedad. Merece la pena recordar que las elecciones del Congreso Constituyente fueron directas, es decir se celebraron por medio del pueblo elector, por lo que la participación ciudadana fomentó y actualmente forma parte inherente en la construcción del federalismo mexicano. El Congreso enfrentó varios retos y obstáculos que se tradujeron en una ardua labor del Constituyente, sin embargo, el ejercicio de debate de aquel entonces se materializó en el desarrollo de aspectos que marcarían el carácter social del Estado mexicano. Hoy, a 100 años de aquella instalación, evocamos los principios que fueron causa de tal acontecimiento para recordar el deber sagrado que tenemos como legisladores, de velar siempre y en todo momento por aquellos ideales que dieron nacimiento al desarrollo democrático de nuestro país; una nación con una fuerte memoria y sentido de lucha contra las ataduras de la dictadura y que reconoce el valor de la manifestación de la voluntad popular como medio necesario para avanzar en el bienestar del pueblo. Más allá de aspectos donde hemos sido capaces de generar consensos históricos, el ejercicio parlamentario muchas veces trae consigo la creación de diversas reformas que responden a proyectos aparentemente antagónicos. Pero cuya interacción permite construir un país donde sean escuchadas las voces, demandas y necesidades de toda la población. El logro de aquel Congreso Constituyente puede dar el sentido de la creación de diálogo, intercambio y construcción de ideas a favor de la inclusión y de objetivos comunes, en aras de alcanzar un Estado de bienestar mediante la consolidación de la justicia y equidad social. Las diferentes reformas que trajo consigo la Constitución de 1917, promulgada el 5 de febrero y que entró en vigor el 1o. de mayo siguiente, fomentaron una organización inspirada en la justicia, ejercicio en donde se compaginaron las libertades individuales con las garantías sociales consagradas en un ordenamiento jurídico que añadió a la exigencia de la democracia política otras demandas en el orden económico, social y cultural del Estado mexicano. En los últimos años, tanto en la academia como en la política se ha discutido sobre la validez de sus principios y la vigencia de sus preceptos, lo anterior con el objetivo de atender de manera puntual pautas para la convivencia social dentro de un régimen de facultades expresas en el orden federal, como fundamento del Estado de derecho. Desde nuestra visión humanista, la Constitución representa el conjunto de normas que establecen los principios de organización del Estado mexicano como República democrática representativa y federal, estructura que debe sustentarse en la integración democrática de los poderes públicos de nuestro país. De tal suerte que el ejercicio legislativo debe impulsar en nuestra sociedad una cultura de respeto a la legalidad, que debe iniciar justamente en el servicio público, por lo que el combate a la corrupción en todas sus manifestaciones y fomento a la transparencia y rendición de cuentas, representan los objetivos prioritarios de Acción Nacional. Esto con el fin de fomentar el establecimiento de una patria ordenada y generosa, en apego al principio de legalidad. De tal forma, a 100 años de la instalación del Constituyente de Querétaro, los esfuerzos emanados desde esta soberanía deben fomentar, ahora más que nunca, el desarrollo del espíritu constitucional de la norma, en donde se asegura el respeto irrestricto a la defensa de la dignidad humana, en apego al compromiso que el Estado mexicano ha adquirido con la comunidad internacional en materia de protección, defensa y promoción de los derechos humanos. Lo anterior, a través de la incorporación de las disposiciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México, así como la expedición de leyes reglamentarias que clarifiquen y especifiquen la aplicación de muchas de sus disposiciones que lo ameritan entre los distintos órdenes de gobierno, reconociendo con ello la necesidad de asegurar los principios normativos que rigen las disposiciones del Estado mexicano y que estos se encuentren a la vanguardia para hacer frente, de manera exitosa, a los retos que trae consigo el contexto internacional, el cual se inscribe cada vez más complejo y turbulento. Para ello, es menester contar con un ejercicio legislativo que fomente un diálogo político de alto nivel, tal como lo hicieron nuestros predecesores hace un siglo. Señoras y señores legisladores, la lucha política mantenida por Acción Nacional se ajusta a aquellos postulados políticos y sociales, en congruencia con la auténtica fuerza democrática que contiene el ordenamiento constitucional. Estamos convencidos que esa lucha tiene como objetivo el asegurar la vigencia y operatividad de las instituciones de nuestro país, a efecto de garantizar la eficiencia de la gobernabilidad democrática en México, a fin de contar con gobiernos eficaces y oposiciones constructivas y socialmente útiles. Este hecho sólo podrá llevarse a cabo mediante el apego al orden jurídico, que emana de los principios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El día de hoy los legisladores de Acción Nacional renovamos nuestro compromiso de hacer vigente nuestro Estado de derecho y nuestro texto constitucional. Estamos plenamente convencidos de que la Constitución y el ejercicio parlamentario deben ser el medio donde se establezcan las bases para impulsar la modernización de las instituciones nacionales y lograr que se adecúen a la vida democrática, pública y política de México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto.