EL C. DIPUTADO MANUEL VELASCO COELLO (PVEM): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros Diputados: "Los Estados nacionales acostumbran ponerse de acuerdo mediante pactos y tratados. Es así como los países regulan sus relaciones por medio de acuerdos que les crean obligaciones mutuas. Como resultado natural de la proliferación de convenios internacionales el derecho de los tratados ha sido una de las disciplinas que más se han desarrollado en los últimos años. En la ciencia del Derecho el internacional ha pasado a de ser mero derecho consuetudinario a ser Derecho codificado, a partir de la celebración de los Convenios de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados y la de 1986 sobre tratados celebrados entre organismos internacionales o entre organismos internacionales y Estados. Sin embargo, la idea general que tenemos de un contrato nos remite a crear que las partes son iguales o que negocian en igualdad de condiciones, pero la realidad es muy diferente. Las relaciones de poder impregnan todas las acciones que llevan a cabo los países entre sí. México desde el inicio de su vida independiente ha suscrito innumerables tratados internacionales, los cuales han producido efectos internos. Es por ello que la ley sobre la celebración de tratados que deviene de nuestra Carta Magna, tuvo al inicio el objetivo primordial de hacer referencia a los mecanismos internacionales para la solución de controversias legales. Creyó oportuno incorporar los acuerdos administrativos denominados Acuerdos Interinstitucionales, haciéndose así explícita su presencia en la legislación mexicana. No obstante lo anterior se critica que la ley no se haya ocupado del lugar jerárquico que ocupan los tratados y los acuerdos, ejecutivos en la legislación vigente. Además se afirma que la ley en comento contradice la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal cuando autoriza a las dependencias a firmar Acuerdos Interinstitucionales sobre asuntos de su competencia. Por ello es necesario revisar o prever las consecuencias legales que produciría si alguna dependencia u organismo de la administración pública federal, estatal o municipal se negara a acogerse al dictamen que en su oportunidad emitiera la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la procedencia de suscribir un Acuerdo Interinstitucional y finalmente decidiera celebrarlo. Es obvio que la ley es omisa al respecto. Por ello un comentario sobre un hipotético caso de esta naturaleza se imponía. El hecho de que una situación como la descrita no se haya dado en la práctica no es óbice para contar con alguna orientación al respecto. Asimismo son manifiestas las limitaciones en que se encuentra el Senado de la República para poder participar en el proceso de elaboración y firma de un tratado, situación que merece especial atención para concretar un sistema de aprobación de los tratados eficaz y acorde a la proliferación de los mismos, en esta era globalizada y que por supuesto será norma jerárquica superior, según la propia Constitución. La participación de la Cámara de Senadores en el proceso de aprobación de los tratados internacionales se limita exclusivamente al acto de ratificación de los mismos, al artículo 76 de la Constitución señala en su fracción I, que es facultad exclusiva del Senado aprobar los Tratados Internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión, sin que dicha facultad pueda de ningún modo entenderse extendida a las funciones de asesoría y consejo al Presidente en el proceso de negociación de los mismos, ya que dicha facultad en México, al igual que en muchos países es una prerrogativa exclusiva del Ejecutivo. "Sin embargo, en la práctica lo que ha sucedido con frecuencia, es que al remitirse al Senado los tratados negociados y celebrados por el Ejecutivo con las instancias gubernamentales respectivas de otros estados, el Senado no tiene los elementos necesarios para comprender cabalmente el sentido del tratado o la convención, para hacer observaciones de relevancia, para proponer modificaciones ni para justificar a cabalidad la aprobación o, en su caso, el rechazo del tratado o convención respectivo. "En gran medida lo anterior se debe a que el Senado no tiene ninguna participación en el proceso de negociación del tratado o de la convención diplomática. En este proceso se generan los estudios relativos al tema, en donde se produce, se distribuye la información detallada sobre la materia respectiva y en donde se intercambian puntos de vista distintos que resaltan o enfatizan las cualidades o defectos del instrumento que se negocia. "Si el Senado no tiene una presencia asegurada dentro de este proceso de negociación, es evidente que llega en un estado de absoluta desventaja al momento que se remite el tratado o convención que tiene que aprobar o, en su caso, rechazar. "Por esta razón se propone garantizar al Senado una participación activa, no nada más en los procesos de negociación de los tratados internacionales y convenciones diplomáticas, sino también en todo aquel instrumento en que el Ejecutivo Federal obligue al gobierno mexicano. "La globalización e interdependencia que caracterizan al entorno mundial en la actualidad, ha propiciado que la mayor parte de las decisiones económicas en el presente, y creemos que políticas y sociales en el futuro, dependan fundamentalmente de las relaciones internacionales. "Es por ello que el Partido Verde Ecologista de México considera necesario garantizar los compromisos que se adquieren en esta materia sean profundamente meditados y se adquieran con el mayor consenso posible. Por ello, sometemos a esta Cámara de Diputados la presente iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 3 y 6 de la Ley Sobre la Celebración de Tratados y se adiciona un numeral segundo al artículo 86 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos". Por la limitante del tiempo, pido a la mesa directiva se integre íntegro en la Gaceta Parlamentaria y en el Diario de los Debates. Es cuanto, diputado Presidente. (aplausos) -PRESIDENTE, DIP. ANTONIO MORALES DE LA PEÑA: Gracias diputado. Insértese el texto íntegro de la iniciativa en el Diario de los Debates, publíquese en la Gaceta Parlamentaria y túrnese a las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias. Tiene la palabra el diputado Jesús Emilio Martínez Alvarez, del Grupo Parlamentario del Partido de Convergencia, para presentar una iniciativa que reforma el artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con el objeto de que la COFETEL pueda sancionar directamente a quienes infrinjan la norma correspondiente. -DIP. JESUS EMILIO MARTINEZ ALVAREZ (Convergencia): Con su permiso, señor Presidente. "Compañeras y compañeros: Como todos sabemos, la Ley Federal de Telecomunicaciones es el instrumento legal que permite al Estado Mexicano promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones, así como el establecimiento de las reglas que permitan a los diferentes prestadores de servicios concurrir en una sana competencia, a fin de que cada una de las empresas presten una mejor calidad y diversidad en el servicio, con los mejores precios y tarifas para el público usuario. "Actualmente la Ley Federal de Telecomunicaciones, como lo establece en su artículo 1º, es una norma de orden público y tiene por objeto regular el uso y aprovechamiento de la explotación , del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación via satélite. En correspondencia el Estado debe ejercer la rectoría en esta materia a cuyo efecto protegerá la seguridad y la soberanía de la nación. La evolución de las telecomunicaciones en nuestro país, sin duda alguna es el reflejo de los avances tecnológicos en el ámbito internacional, los retos no han sido fáciles de superar, donde el Estado ha jugado un papel protagónico para el desarrollo de los servicios del sector. La importancia económica de las telecomunicaciones ha sido fundamental en el desenvolvimiento de la economía nacional, representando para el año 2002 el 3.18 del Producto Interno Bruto generando ingresos del sector público por un porcentaje de 12.7% y alcanzando un crecimiento anual del 8.7%. La expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y la correspondiente anulación de las disposiciones de prácticas monopólicas ha permitido contar con un nuevo esquema pro competitivo que fomenta la sana competencia entre las empresas; sin embargo en la realidad se siguen presentando situaciones que violentan el espíritu de una competencia con equidad que la Ley establece expresamente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones dicta disposiciones administrativas en materia de telecomunicaciones a fin de regular y promover el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. Todo ello con la finalidad de hacer frente a las necesidades de una industria dinámica por excelencia que permita alcanzar altos niveles de convergencia tecnológica y el aseguramiento de mejores servicios de calidad. Tenemos conocimiento de que actualmente la Comisión de Comunicaciones ha venido realizando un importante esfuerzo con el objeto de adecuar la actual Ley de Telecomunicaciones; han sido citados, especialistas, el propio Director de la COFETEL, académicos e investigadores, con el objeto de que la actual Ley de telecomunicaciones sea un instrumento moderno y que verdaderamente permita la libre competencia entre las empresas prestadoras de servicio. Sin embargo hemos notado que han sido ya presentadas en diversas ocasiones, iniciativas para actualizar esta Ley encontrándose con la confrontación de los intereses creados dentro del propio ámbito de las telecomunicaciones. Hoy, lo que se pretende en esta Comisión con la información que tenemos de nuestra participación a través de nuestro compañero González Schmal, es de que se van a hacer los esfuerzos necesarios a fin de no hacer una nueva Ley de Telecomunicaciones, sino simplemente y sencillamente hacerla acorde a las necesidades actuales. Sin embargo, esta Ley que fue creada en Agosto de 1995, perdón en el año de 1995 y la COFETEL fue creada en Agosto de 1996, se encuentra regulada actualmente a través de los Artículos Transitorios de la propia Ley, siendo un órgano desconcentrado, carece de la total autonomía que requiere este tipo de instituciones. Por ello es de suma importancia que por lo menos, de una manera gradual, se le vaya dando a la COFETEL ciertas facultades que son indispensables y fundamentales para su buen funcionamiento y una de ellas es precisamente que tenga la facultad de poder sancionar directamente. De tal manera y de acuerdo con el marco jurídico actual, me permito presentar ante esta soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el Artículo 71 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para quedar como sigue:----- "Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se sancionarán por la Comisión Federal de Telecomunicaciones". Y en el Transitorio, en el Artículo 1º. Quedaría de la siguiente manera: "Se transfieren las facultades a la Comisión Federal de Telecomunicaciones en materia de Sanciones que actualmente tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como la asignación de recursos humanos y materiales para el buen ejercicio de sus nuevas responsabilidadess". Artículo Segundo.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Por lo tanto pido señor Presidente, que sea publicada en la forma y de acuerdo al texto que estoy presentando en este momento. Muchas gracias. -