El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez: Discrecionalidad, palabra que ahora se ha convertido en el día a día del diccionario del oficialismo y la cuarta transformación. ¿Qué significa discrecionalidad? Significa que es y que no será sometida a reglas, sino que depende del criterio de una persona o una autoridad. En este caso, del gobierno federal. Así es como está Ley de Adquisiciones y Servicios del Sector Público, que estamos discutiendo y que en un rato más seguramente aprobarán. Pues, bueno, se vuelve con este criterio de discrecionalidad el factor que la caracteriza. Y sí, porque ayer discutíamos una ley similar, en la cual ustedes decían, y lo acaban de volver a repetir con cada orador que viene, que cuando se vote esta reforma a la ley se acabó la corrupción de manera mágica en nuestro país. Y, bueno, entonces les vuelvo a repetir, el sexenio anterior, el de López Obrador, se trabajó con la ley actual, entonces quiere decir que lo que nos están comentando que el sexenio anterior también era corrupto. Que nada más con decírselos durante los primeros 3 años de gobierno de López Obrador se entregaron 50 millones de pesos a empresas sancionadas por la ley. En el sexenio de la opacidad, se caracterizó por privilegiar a los procesos de adjudicación directa en lugar de licitación. Claro ejemplo: 7 de cada 10 contratos emitidos en el sexenio pasado se realizaron sin concurso. Hoy, en lugar de rendir cuentas y dar la cara, el gobierno del partido en el poder busca institucionalizar y legalizar la corrupción, dando un golpe mortal a la transparencia. Increíblemente, lo acaban de decir los oradores anteriores, que bueno pues, la transparencia tiene que ser vital y hoy vemos cómo la entierran. Y el MC, que nos acaba de comentar, que bueno, va a votarlo a favor, se vuelve cómplice de poder hacer que a este ataúd se le ponga el último clavo a la transparencia. Increíblemente, el MC que tanto ha peleado porque la transparencia se dé, hoy se une al oficialismo para poder enterrarlo. Y sí, hoy nos damos cuenta de que ustedes están a favor de las compras directas y no las licitaciones, que porque están amañadas. Peor se ve el caso de que directamente les den a sus amigos los contratos que se van a generar. El dictamen que estamos discutiendo se suma a la gran cantidad de leyes que buscan eliminar los contrapesos del poder y fomentar la corrupción. Y ya lo decía alguien en una participación aquí en esta Cámara, lo vamos a ver cuando termine el sexenio. Sí queremos ver cuántos amigos del gobierno federal van a ser beneficiados con los contratos de manera directa. La nueva ley apuesta por la compra consolidada, es decir, que se realice un solo contrato para los servicios o necesidades de varias instituciones administrativas. Este último, además de centralizar el ejercicio de adquisiciones de bienes, fomenta la opacidad y la corrupción, pues si bien es la Secretaría de Hacienda la que ejecuta la compra, resulta que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno es la encargada de establecer la estrategia y planeación de las compras. ¿Qué significa esto? Que la Secretaría por un lado vigilará la transparencia de las compras consolidadas y, por otro lado, al mismo tiempo establecerá las estrategias de las compras, transformándose, como lo dijimos ayer y una vez más en juez y parte, escuchen esto, siendo vigilante de sí mismo y favoreciendo el amiguismo selectivo. Además de todo ello, esta ley limita la participación de los testigos sociales a licitaciones que superen el monto equivalente a 565 millones de pesos y restringe la participación de las empresas en igualdad de condiciones, pues solamente las empresas cooperativas y organismos del sector social de la economía que cuenten con la certificación del Instituto Nacional de Economía Social podrán participar, por lo que es más grave en todo esto, que significa que el gobierno quiere tener el control férreo de las organizaciones cooperativas. No nos engañemos, ahora las sociedades cooperativas solo podrán formalizar su constitución integral, ¿ante quién creen? Ante el Instituto Nacional de Economía Social. Además, todos estos actos deberán inscribirse en el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas del Instituto, quien será quien tramite su inscripción ante el Registro Público del Comercio a discrecionalidad. Compañeras y compañeros, nosotros en el PRI vamos en contra. La Ley de Adquisiciones al sector público debe garantizar que todas las empresas pequeñas, medianas y grandes puedan participar en las prestaciones de los servicios del Estado. Lo importante es brindar un mejor servicio con la mejor propuesta económica. Lamentablemente, con esta nueva ley ni el servicio ni la propuesta importa, hoy importa el amiguismo, el privilegio...