La diputada Norma Edith Martínez Guzmán: Muy buenas tardes, compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario de Encuentro Social hago uso de esta tribuna, para fijar el posicionamiento referente al dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Nelson Mandela decía que nadie conoce realmente a una nación hasta que ha entrado en sus prisiones. Cuando hablamos de la pena de prisión existen dos posibles maneras de verla, desde la perspectiva de la sociedad, que exige mayor seguridad y solamente en la imposición de condenas ve satisfechas sus necesidades, y desde el punto de vista la persona reclusa, quien a mayor tiempo en la prisión se le disminuyen las posibilidades de retornar a la sociedad como miembro que no volverá a delinquir. En este sentido, las personas que han estado presas pasan, por decirlo así, por el estigma de haber estado en la cárcel y de tener antecedentes penales, situación que nada facilitará su reincorporación al ámbito laboral, familiar y social. De la misma manera se ha observado que la pena de prisión no cumple realmente con el objetivo de cambiar y transformar positivamente a una persona. Las cárceles mexicanas en su situación actual son espacios propicios para la graduación criminal, no solo por hacinamiento que muchas de ellas registran, sino también por la convivencia entre internos de diversa peligrosidad. Hoy en día las cárceles mexicanas no reinsertan ni rehabilitan, más bien generan conflictos de toda índole en los internos, ya que el paso por la prisión, aunque sea breve, dejará una marca negativa de por vida. Por lo tanto es necesario empezar a buscar opciones para lograr que estas personas se reintegren lo más pronto posible a la sociedad de la que pertenecen, con la finalidad de que puedan seguir el ideal de vida digna que buscan, en la expectativa de que sea dentro de un contexto de licitud. En México, el 95 por ciento de los delitos tiene contemplada la prisión, la cual tiene el propósito, tal como lo define el artículo 18 constitucional en su segundo párrafo, de lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Lamentablemente en lugar de ser ese espacio que promueva la reinserción, las prisiones, como ya lo he comentado, son espacios que llevan a lo contrario, donde los derechos humanos no son respetados y la violencia prevalece. La prisión debe garantizar en todo momento la seguridad de los internos, así como las condiciones de vida digna al interior de estos centros, a fin de que las personas desarrollen sus capacidades y realicen actividades que les permitan una estancia adecuada. De acuerdo con estadísticas del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014, de los 213 mil presos que hay en el país, 18 por ciento son reincidentes, según el estudio realizado por el Inegi, 38 mil 186 reos volvieron a delinquir después de haber cumplido con alguna condena. Otro factor que favorece la reincidencia delictiva es la ruptura de las relaciones familiares de los convictos, especialmente esta es una situación que se genera más cuando se habla de las mujeres. Se puede considerar que la encuesta realizada en 2012 por el CIDE, del que se desprende el 14.8 por ciento de los internos en el DF, en el estado de México nunca reciben visitas familiares, entonces entendemos lo que implica, no hay esa fortaleza que la familia puede generar para cambiar la forma de vida. Con miras a mejorar esta situación, la CNDH ha emitido varias recomendaciones en torno al sistema penitenciario en los últimos años. Sin embargo, estas no han sido atendidas y penosamente han tenido poco impacto en las condiciones de vida en las prisiones. Como sociedad necesitamos que el trabajo al interior de los centros penitenciarios tenga el compromiso necesario que una actividad tan importante para un país demanda. A la vez que exigir el compromiso a los funcionarios responsables para que se fortalezcan con recursos humanos y materiales que mejoren los programas de atención, inclusive, impactar fuertemente a la sociedad en lo que implica generar una cultura de entender que una persona que ha sido consignada y que está hoy en una cárcel, tiene precisamente en la privación de la libertad su mayor dolor, y no en generar condiciones inhumanas que lleven a la persona a encontrar odio y una respuesta aún más negativa para la sociedad como respuesta a la experiencia vivida. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social votará a favor del presente dictamen, ya que consideramos que la propuesta contribuye a la mejora del sistema penitenciario nacional para evitar los múltiples problemas y violaciones a los derechos humanos que se han prolongado por años, y que muestran claramente las carencias de un sistema deficiente, muchas veces sostenido por intereses ajenos al objetivo principal de la reclusión, que es precisamente la readaptación y la reinserción. Es cuanto, muchas gracias por su atención. Buen día.