EL C. SECRETARIO DIP. JOSE MANUEL MEDELLIN MIILAN: Oficio del Congreso del Estado de Baja California, con el que se remite Punto de Acuerdo solicitando se investiguen las denuncias en contra de supuestos agentes de la Procuraduría General de la República y del Grupo Beta, en el Ejido Jacumé. "Escudo.-- Poder Legislativo de Baja California.-- XVI Legislatura. Ciudadano Presidente de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión.-- México, D.F. Por medio del presente nos permitimos hacer de su conocimiento que en sesión extraordinaria de la XVI Legislatura constitucional del Estado de Baja California, celebrada el día 27 de septiembre del año en curso, en la ciudad de Ensenada, Baja California, la Comisión de Seguridad Pública presentó un punto de acuerdo, el cual fue aprobado por esta soberanía, consistente en solicitar a usted de la manera más atenta, se dé seguimiento a la denuncia presentada por los ciudadanos del ejido Jacumé en contra de agentes federales, dependientes de la PGR y Grupo Beta y, para que soliciten una revisión exhaustiva del caso ante el Procurador General de la República. (Se anexa fotocopia del punto de acuerdo.) Aprovechamos al oportunidad para reiterarle nuestra consideración y respeto. Atentamente. Sufragio Efectivo. No Reelección. Mexicali, B.C., a 29 de septiembre de 2000.-- Diputados Jaime Jiménez Mercado, presidente y David Ruvalcaba Flores, secretario." DIP. JAIME JIMÉNEZ MERCADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISION PERMANENTE DE LA XVI LEGISLATURA CONSTITUCIONAL DEL EDO. DE B. C. HONORABLE ASAMBLEA La Comisión de Seguridad Pública, se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea, resolución relativa a la Iniciativa de Acuerdo Económico, presentado por la Comisión de Asuntos Indígenas y Derechos Humanos, que propone lo siguiente: "PRIMERA Que el Poder Legislativo, le solicite al Procurador General de Justicia del Estado, que destine personal al Ejido Jacumé, para que no se permitan abusos en contra de los ciudadanos por supuestos agentes federales. SEGUNDO.- Que esta Soberanía envíe atento oficio a los delegados de la Procuraduría General de la República y de la Policía Federal Preventiva en Baja California, en donde le solicitemos que investiguen las denuncias presentadas en contra de supuestos agentes de la PGR y Grupo Beta, y que exijan a su personal que se identifiquen y porten vehículos oficiales debidamente identificados por los emblemas de sus dependencias, Asimismo que se sancione a los agentes que han incurrido en actos contrarios a la ley. TERCERO. Que se envíe atento oficio a la Comisión de Derechos Humanos del H. Congreso de la Unión, con la finalidad de que den seguimiento a la denuncia presentada por los ciudadanos del Ejido Jacumé en contra de agentes federales, dependientes de la PGR y Grupo Beta y, para que soliciten una revisión exhaustiva del caso ante el Procurador General de la República" La Iniciativa de Acuerdo Económico, expone dentro de su exposición de motivos, los siguientes relacionados genéricamente con el objetivo petitorio promovido: A) Que ante el promovente, ciudadanos del Ejido Jacumé pidieron que el Congreso del Estado, interviniera para que se castigue a elementos de la PGR y Grupo Beta, que tienen atemorizados a los residentes de este ejido y que han sido víctimas de robo, amenazas y pérdidas patrimoniales de malos agentes federales. B) Que los quejosos piden que se combate efectivamente a los polleros, delincuentes y narcotraficantes, pero que se respete y no se abuse de ciudadanos decentes y trabajadores que son la gran mayoría de este ejido del Municipio de Tecate. C) Que resulta lamentable y debe ser sancionado el hecho de que los agentes federales no se identifiquen y que se trasladen en vehículos que no portan emblemas oficiales de las dependencias a las que pertenecen. D)Que ante esta situación no se ha visto la actuación ni presencial de las Policías Ministeriales a favor de la ciudadanía. II. Posteriormente fue turnado el mencionado instrumento legal al Presidente de la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y análisis correspondiente. ESTUDIO Y ANALISIS OBJETIVO GENERAL: Determinar la procedencia jurídica, viabilidad y factibilidad de la Iniciativa precitada. OBJETIVOS ESPECIFICOS: I. Determinar la procedencia jurídica de la Iniciativa de Punto de Acuerdo Económico a la luz de nuestro marco jurídico interior. II. Determinar la viabilidad de la Iniciativa de Punto de Acuerdo Económico III. Determinar la factibilidad de la Iniciativa de Punto de Acuerdo Económico. 1. ANALISIS SOBRE LA PROCEDENCIA JURIDICA DE LA INICIATIVA Es necesario destacar que la Iniciativa en comento se abstiene de expresar los fundamentos jurídicos que justifican la procedencia de la iniciativa. Sin embargo, la Comisión que suscribe, se permite aludir lo dispuesto por el artículo 36 de la Constitución Política del Estado, que al efecto dispone que: "Los asuntos que sean materia de Acuerdo Económico, se sujetarán a los trámites que fía el Reglamento Interior del Congreso." En dicho sentido, cabe indicar que ante la ausencia de un reglamento bajo las condiciones constitucionales que se aluden son aplicables las disposiciones de nuestra Ley Orgánica del Poder Legislativo, en sus preceptos 114 fracción III y 121, que al efecto disponen: "Articulo 114. Las iniciativas que se presenten al Congreso del Estado podrán ser: III. De acuerdo económico." "ARTICULO 121. Es iniciativa de acuerdo económico, la que tienda a una resolución que por su naturaleza no requiera de sanción promulgación y publicación." Es virtud de lo anterior, es indispensable valorar que la iniciativa no cumple con los dictados del artículo 136 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en tanto que los autores de la Iniciativa si bien exponen en el contexto del documento legislativo las consideraciones políticas y sociales que justifican, explican y motivan la proposición en concreto, no indican expresamente las consideraciones jurídicas que dan procedencia a la petición en concreto, ante lo cual nos encontramos bajo un documento carente de la formalidad requerida por el ordenamiento antes referido. Es importante señalar que las proposiciones de Acuerdos Económicos encuadran claramente en los postulados del tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, que al efecto postulan que: "Los diputados, como representantes del pueblo, podrán auxiliar a sus representados en sus demandas sociales y de orden administrativo de interés general, a fin de lograr su oportuna solución, por lo que las autoridades administrativas del Estado deberán atender su intervención y ver por la oportuna resolución de sus promociones." Bajo este tenor los fundamentos jurídicos que explican, justifican y dan procedencia a la petición planteada resultan insoslayables para la eficacia e imperatividad de la solicitud. En relación a la procedencia jurídica de la Iniciativa, es importante referir al sentido de las disposiciones del Acuerdo Económico Primero, que al efecto solicita: "Que el Poder Legislativo, le solicite al Procurador General de Justicia del Estado, que destine personal al Ejido Jacumé, para que no se permitan abusos en contra de los ciudadanos por supuestos agentes federales. " En este orden de ideas es importante precisar que los autores de la iniciativa además de no prever los requisitos jurídicos de forma para la procedencia y justificación de la misma, se abstienen de aludir y expresar el fundamento constitucional y legal para que la Procuraduría General de Justicia del Estado, haga el destino de personal para el caso concreto Como bien se desprende del Marco Jurídico en vigor, la función esencial del Ministerio Público, lo es la investigación y procesamiento de los delincuentes, por ello, es deber de esta Comisión precisar las siguientes hipótesis desprendidas del sistema facultativo de la Procuraduría General de Justicia del Estado en tomo a la petición formulada y en estudio: A) Los autores de la Iniciativa no exponen bajo que fundamentos se solicita del Ministerio Público en su caso, velar por la exacta observancia de las Leyes en los casos en que tenga intervención conforme a su Ley Orgánica, condición deducida de la disposición del artículo 69 de la Constitución del Estado. B) Los autores de la Iniciativa no explican y sustentan los fundamentos para el ejercicio de la competencia del Ministerio Público con relación a la protección de los derechos individuales y sociales, así como los términos de las Leyes aplicables, condición inferida de la disposición del artículo 69 de la Constitución del Estado C)Los autores de la Iniciativa se abstienen en distinguir entre las funciones de las policías preventivas municipales, las del Ministerio Público y particularmente las que corresponden a la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, está última sustentada en las disposiciones del artículo 7mo. De la Constitución del Estado así como en la Ley sobre la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana. Con relación al Acuerdo Económico SEGUNDO, el cual propone: Que esta Soberanía envíe atento oficio a los delegados de 12 Procuraduría General de la República y de la Policía Federal Preventiva en Baja California, en donde le solicitemos que investiguen las denuncias presenadas en contra de supuestos agentes de la PGR y Grupo Beta, y que exijan a su personal que se identifiquen y porten vehículos oficiales debidamente identificados por los emblemas de sus dependencias, Asimismo que se sancione a los agentes que han incurrido en actos contrarios a la ley La Comisión que suscribe estima que la petición propuesta es conforme a derecho y de acuerdo al marco de facultades que corresponde a la Procuraduría General de la República por tanto es jurídicamente viable, sin embargo y salvo mejor opinión, se estima improcedente el señalamiento para la investigación de las denuncias presentadas a cargo de la Policía federal Preventiva en Baja California En atención al acuerdo TERCERO, el cual propone: "Que se envíe atento oficio a la Comisión de Derechos Humanos del H Congreso de la Unión, con la finalidad de que den seguimiento a la denuncia presentada por los ciudadanos del Ejido Jacumé en contra de agentes federales, dependientes de la PGR y Grupo Beta y, para que soliciten una revisión exhaustiva del caso ante el Procurador General de la República" La Comisión de estudio tiene a bien estimar la procedencia jurídica de la propuesta en concreto, advirtiendo respecto de la necesidad de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también conozca de este problema 2) ANALISIS DE VIABILIDAD DE LA INICIATIVA: Según las determinaciones y razonamientos que se exponen en el rubro de procedencia jurídica de la Iniciativa, resulta necesario indicar que la propuesta de los promoventes adolece de condiciones de inviabilidad pero también de circunstancias que podrían considerarse viables, dado que en el caso de la solicitud que se pretende formular a la Procuraduría General de Justicia el Estado, no se funda, motiva, justifica y explica la idoneidad de sus facultades en el sentido promovido y de acuerdo a las facultades que le otorga al Ministerio Público, tanto la Constitución del Estado como las Leyes específicas. En este orden de ideas, es indispensable señalar la viabilidad de la petición de acuerdo económico segunda, así como la viabilidad del Acuerdo Económico Tercero, considerando para este último pertinente ampliar la pretensión a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 3) ANALISIS SOBRE LA FACTIBILIDAD DE LA INICIATIVA Esta Comisión estima que no es factible la necesidad de solicitar al Procurador General de Justicia del Estado, el destino de personal para el ejido Jacumé en virtud de los razonamientos jurídicos y de viabilidad que determinan la improcedencia del Acuerdo Económico Primero. En cuanto a los Acuerdos Económicos Segundo y Tercero, esta Comisión expresa tanto la necesidad de las medidas como la factibilidad de las mismas con la adición planteada para el rubro económico tercero, el cual quedará a consideración de la Asamblea. Por todo lo antes expuesto mediante el presente análisis, la Comisión de Seguridad Pública, se permite presentar a esta Soberanía el siguiente: RESOLUTIVO: PRIMERO: Esta Comisión estima mediante el presente análisis, que es jurídicamente improcedente, inviable e infactible la proposición de Acuerdo Económico Primera de los promoventes, por las razones y fundamentos argumentados en los rubros correspondientes del presente documento. SEGUNDO; Esta Comisión estima mediante el presente análisis, que son jurídicamente procedentes, viables y factibles las proposiciones de Acuerdo Económico Segunda y Tercera del punto de acuerdo en comento, por las razones y fundamentos argumentados en los rubros correspondientes del presente documento, mismas que se someten a consideración de esta Asamblea para quedar como sigue: ACUERDO ECONOMICO PRIMERO: Que esta Soberanía envíe atento oficio a los delegados de la Procuraduría Genera/ de la República y de la Policía Federal Preventiva en Baja California, en donde le solicitemos que investiguen las denuncias presentadas en contra de supuestos agentes de la PGR y Grupo Beta, y que exijan a su personal que se identifiquen y porten vehículos oficiales debidamente identificados por los emblemas de sus dependencias, Asimismo que se sancione a los agentes que han incurrido en actos contrarios a la ley. SEGUNDO. Que se envíe atento oficio a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a /a Comisión de Derechos Humanos del Honorable Congreso de la Unión, con la finalidad de que den seguimiento a la denuncia presentada por los ciudadanos del Ejido Jacumé en contra de agentes federales, dependientes de la PGR y Grupo Beta y, para que soliciten una revisión exhaustiva del caso ante el Procurador General de la República".