El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Compañeras y compañeros, desde 1934 la OIT, la Organización Internacional del Trabajo recomendó a las naciones del mundo la adopción de un sistema de protección para quienes se queden sin empleo. En el Convenio 44 de dicha organización se estipulan las características mínimas que el seguro de desempleo debe contener. Dicho convenio, aprobado en 1934, para variar, nuestro país nunca lo ratificó. Desde entonces, las naciones con los mejores niveles de protección en el tema de desempleo, han sido aquellas que mantienen una economía sólida, con un nivel bajo o nulo de corrupción y un estado de bienestar fuerte. Desafortunadamente, eso nunca ha ocurrido en nuestro país. Entre las múltiples inconsistencias que contiene la reforma que ahora discutimos se encuentra la referente al artículo 217 O de la Ley del Seguro Social. Las modificaciones a la presente ley buscan permitir que los gobiernos de los estados y los municipios puedan incluir a sus trabajadores en el mal llamado seguro de desempleo. Para hacerlo deberán firmar un convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos establecidos. Sin embargo, pretenden establecer que aquellas entidades o municipios que firmen el convenio deberán autorizar al gobierno federal a afectar sus participaciones o cualquier transferencia de recursos. Para garantizar el pago mencionado, para lograrlo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será la encargada de retener los recursos correspondientes. Lo anterior, compañeras y compañeros, es totalmente ilegal en términos del artículo 6o. del Código de la Ley de Coordinación Fiscal. A finales de 2013 la deuda de estados y municipios era de 482 mil 807 millones de pesos, lo que representa el 3 por ciento del producto interno bruto, su punto más alto de 1994. La economía de las entidades de nuestro país no se encuentra en óptimas condiciones como para aumentar la inestabilidad que representa retener estos mencionados recursos. Lo hemos dicho de manera reiterada y lo seguiremos sosteniendo, el seguro de desempleo que ahora pretenden aprobar es una burla, es una farsa, es un crimen, un atentado con todas sus letras contra las y los trabajadores de nuestro país. Ratificar éste mismo en sus términos significa además poner en riesgo los recursos de los estados, de los municipios, lo que podría acarrear graves consecuencias nefastas para nuestro país; este proyecto de ley es un atraco. Por esa misma situación el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano no estamos dispuestos a convalidar; es por eso que proponemos eliminar todo lo relativo a una retención indebida de recursos asignados. Este seguro debe de ser con cargo a la federación, no a los trabajadores, ni mucho menos a las entidades federativas. Derivado de lo anterior someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva al artículo 217-O para quedar como sigue: Las entidades federativas y los municipios, así como sus organismos, instituciones autónomas, deberán garantizar incondicionalmente en el convenio correspondiente el pago de las cuotas a que se refieren los artículos 217-G, fracción I y 217-H de esta mencionada ley. Procederé también a presentar reserva al artículo 217-P, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a la Ley del Seguro Social. La reserva que hoy se presenta a la consideración del pleno consiste en reformar el artículo 217-P del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Pensión Universal y se reforman, adicionan y derogan diversas leyes para establecer mecanismos de seguridad social universal. La propuesta contemplada en el dictamen específicamente en el tercer párrafo del artículo 217-P señala que cuando el saldo del fondo solidario sea insuficiente para cubrir los pagos en términos de la ley para los trabajadores contratados por tiempo indeterminado y afiliados conforme a la misma, el gobierno federal cubrirá la diferencia hasta alcanzar el equivalente a un mes de salario mínimo por cada mes que falte de cubrir la prestación. Sin embargo consideramos que dicha disposición, lejos de funcionar como una fuente alternativa para la manutención de las necesidades más elementales del desempleado, deteriora drásticamente su calidad de vida y la de su familia, además de poner en grave riesgo otras prestaciones, las cuales han sido resultado de las largas luchas laborales como lo es el Fondo de Vivienda. Actualmente los trabajadores destinan el 5 por ciento de su salario para integrar dicho fondo, el cual les brinda la posibilidad de obtener un crédito hipotecario para la compra de su propia vivienda, sin embargo en la presente modificación dicho porcentaje pretende disminuirse hasta en un 60 por ciento, es decir el dos por ciento seguirá destinándose al Fondo de Vivienda, mientras que el tres por ciento restante será ocupado para financiar su propio seguro de desempleo. No obstante, en caso de no ser suficientes los fondos en la subcuenta mixta y el fondo solidario el cual está compuesto por el 0.5 por ciento sobre el salario base de cotización del trabajador, cada mes que falte de cumplir la prestación, es decir mil 967 pesos, lo cual nos parece una verdadera aberración ya que es una cantidad muy insuficiente para comprar la Canasta Básica. Por lo anterior es inconcebible que el gobierno federal pretenda otorgar dicha cantidad como una solución a este problema. El seguro de desempleo es un derecho adquirido por los trabajadores y el cual debe garantizar una vida digna y de calidad durante la transición de conseguir un nuevo empleo, por lo que nuestra reserva va encaminada a aumentar en por lo menos tres salarios mínimos la cantidad que cada trabajador reciba en caso de no haber fondos suficientes en las cuentas anteriores. Por su atención, muchas gracias, compañeras y compañeros.