La diputada Olga Patricia Sosa Ruiz: Con su venia, señora presidenta. Diputadas y diputados de esta LXIV Legislatura. Me parece justo hacer mención de todos los promoventes, además de una servidora, diputadas y diputados integrantes del Grupo Parlamentario del PRD, Merari Villegas Sánchez de Morena y Jorge Arturo Arguelles de Encuentro Social. En este dictamen que reforma la Ley Nacional de Ejecución Penal en Materia de Mujeres en Reclusión, producto de cuatro iniciativas en favor del respeto a los derechos humanos de las reclusas, se inscribe en la línea de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, para dignificar la estadía de las personas reclusas protegiendo sus derechos humanos. Esta reforma busca que los derechos de las mujeres estén garantizados y para ello las autoridades deberán recibir capacitación en perspectiva de género y en igualdad sustantiva para respetar los derechos de las mujeres, ya que enfrentan diversas dificultades en su camino para la reinserción social. Con esta reforma se busca proteger la integridad de las reclusas y se evita el pago de una doble condena, la pena del delito por el que se les acusan y el trato degradante que reciben. Así, estamos por aprobar un dictamen no solamente en materia de justicia penal, sino también en materia de derechos humanos, de perspectiva de género y sobre todo para nuestra niñez. Para el Grupo Parlamentario de Encuentro Social, ninguna mujer puede ser privada de este derecho primordial y tampoco ninguna niña o ningún niño debe ser separado de su madre sin una causa que lo motive y lo justifique. Según el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatal del 2017, documentó que hasta 2016 existían 542 menores que vivían con sus madres en prisiones estatales. Destaca que el 41 por ciento de las y los menores tenían menos de 1 año. La proporción disminuye conforme alcanzan una edad mayor, observándose que solo el 7 por ciento tenían 3 años, 5 por ciento 4 años y el 2 por ciento tenían 5 años durante este periodo. Mientras que en el año 2019 la Comisión Nacional de Derechos Humanos reportó que 362 niñas y niños se encontraban cohabitando con su madre en algún centro penitenciario, pues en México hay 13 mil 893 mujeres en reclusión. Cabe destacar que esta disminución se da porque el artículo 36 de la Ley Nacional de Ejecución Penal establece que el niño o niña puede estar con su mamá hasta los 3 años. Detengámonos a reflexionar por un instante que, si el solo hecho de cumplir una condena dentro de un centro penitenciario para una persona adulta es algo sumamente complicado, pensemos ahora en cómo incrementa el impacto y las consecuencias para un menor de edad. Por eso la relevancia de esta reforma: porque protege y procura el interés superior de la niñez, pues para que los menores de edad, para estar en centros penitenciarios, se les debe garantizar la salud, la alimentación y condiciones mínimas de convivencia para que habite en un ambiente donde se satisfagan todas sus necesidades, porque no solamente se trata se sancionar y castigar, se deben garantizar los derechos humanos y el trato digno. Se trata de llevar a cabo cambios en el sistema penitenciario que sí generen cambios de raíz, cambios positivos en la gente y en las futuras generaciones. Todos y todas tenemos la oportunidad de cambiar las cosas para mejorar el sistema penitenciario y con esta reforma y su voto a favor lo podremos lograr. Es cuanto, diputada presidenta.