El diputado Juan Luis Martínez Martínez: Presidente, compañeras y compañeros, hemos sido testigos y sé de antemano que todo lo que voy a decir aquí, las reservas, seguramente no las van a aprobar porque siempre actúan por consigna. Presentaré la reserva al artículo 155. En una verdadera democracia cualquier ciudadano tiene derecho a que el Estado le preste justicia pronta y expedita, así como su seguridad jurídica para desarrollar sus actividades de manera plena. Con el objetivo de procurar que la justicia y seguridad de los ciudadanos sea efectiva, existen las medidas cautelares que fungen como los instrumentos que coadyuvan al desarrollo de los procesos penales que pueden ser decretados por la autoridad judicial o administrativa. Ante la apariencia del buen derecho, el objetivo de éstas es evitar que el imputado se sustraiga de la acción de la justicia, se destruyan o alteren elementos probatorios, se garantice el pago por concepto de la aprobación de los daños, así como evadir daños graves e irreparables a las partes mismas. En México, lamentablemente, debido a la gran ola de corrupción y a los malos gobiernos, a los malos manejos de nuestras autoridades, se han violado los derechos de las personas que se encuentran en un proceso penal, sometiéndolas incluso a prisión preventiva de manera indiscriminada. Las distorsiones en la población del sistema penitenciario nacional relacionadas con el uso indebido de la prisión preventiva son muy serias. De acuerdo a estadísticas oficiales, solo cerca de 58 por ciento tiene sentencias y el otro se encuentra en un proceso judicial. Por ello, proponemos que las medidas cautelares sean establecidas en orden progresivo y que sean acordes a la gravedad del delito y a la afectación al acusado. Es por esta razón que presento esta reserva, con la finalidad de hacer cumplir las normas que rigen en nuestro país. Derivado de lo anterior, someto a la consideración de este pleno la siguiente reserva, la cual tiene como objetivo adicionar un tercer párrafo al artículo 155 para quedar como sigue: Las medidas cautelares se establecerán en orden progresivo, de acuerdo a la gravedad de las mismas y a la afectación al acusado. Presentaré también la reserva al artículo 205 de este mismo proyecto de decreto. Las pruebas buscan verificar la veracidad de los hechos alegados por los inculpados o por los acusadores, de acuerdo a la presunción de inocencia. El Estado deberá comprobar de forma inobjetable la culpabilidad del acusado, de no hacerlo, el acusado es inocente. Los datos de prueba se caracterizan por su bajo estándar de probabilidad. A pesar de esto, pretenden que sean éstos los que se requieran para admitir un proceso abreviado contra algún imputado. Los medios de convicción, por su parte, garantizan la veracidad en la comprobación de los hechos. Debemos recordar que lo que está en juego es la libertad del acusado y no podemos limitarnos a una débil evidencia como son los datos de prueba. En ese sentido se encamina la reserva que presento ante este pleno, en garantizar que las pruebas presentadas por el ministerio público sean indiscutibles. Ese objetivo no lo lograremos con datos de prueba, por eso proponemos exigir la presentación de los medios de convicción. En Movimiento Ciudadano no nos oponemos a sustentar la libertad de los inculpados o la garantía de justicia a las víctimas en elementos tan débiles como son los datos de prueba. La violencia que ahora padece nuestro país es fruto de la corrupción enraizada en todos los niveles de los órganos de gobierno. Llevamos a cuestas la labor inminente de cambiar nuestro sistema de justicia a uno que permita castigar a los culpables sin la criminalización de la sociedad. Vivimos en un país donde la criminalización de los inocentes es el pan nuestro de cada día, ya sea por su apariencia, por su origen, por su género, o simplemente por haber estado en el lugar equivocado a la hora equivocada. Si realmente queremos cambiar el actual sistema de justicia, debemos empezar por corregir estas fallas tan graves, de no hacerlo, este Código, por más novedoso que sea, está destinado al fracaso, pues mantendrá las fallas estructurales que ahora padecemos. En base a lo anterior, someto a consideración de la asamblea la siguiente reserva para quedar como sigue: Una vez que el ministerio público ha expuesto la acusación con los medios de convicción y el acusado ha realizado la solicitud del procedimiento abreviado, el juez de control resolverá la oposición que hubiera expresado la víctima u ofendido. Voy a aprovechar para presentar la reserva del mismo proyecto de decreto, de este código nacional al artículo 337. El descubrimiento de pruebas es un elemento nuevo dentro de nuestra legislación. Actualmente la defensa y el ministerio público conocen las pruebas de su contraparte durante el periodo de desahogo de las mismas. En caso de encontrarse con elementos nuevos, se considerarán como prueba supervinientes. El artículo reservado busca que el ministerio público comparta las pruebas que tenga contra el inculpado con la defensa del mismo. Lo anterior será con el objeto de lograr un proceso limpio y evitar la presentación de pruebas apócrifas de la parte acusadora. Retiramos lo que hemos manifestado desde un principio: vivimos en un país donde se inventan culpables y de fabrican evidencias, donde los inocentes saturan nuestras cárceles y los corruptos de cuello blanco se pasean por las calles. ¿Cuántos casos se han denunciado donde los acusados son sentenciados y las pruebas son falsas? Evitar la reproducción de estas injusticias es lo que se pretende lograr con este artículo; sin embargo, el mismo tiene una limitante, se constriñe a la entrega de las copias de los registros y las evidencias recabadas durante la investigación. Invariablemente las pruebas buscan verificar la veracidad de los hechos alegados por los inculpados o por los acusadores. De acuerdo a la presunción de inocencia, el Estado debe comprobar de forma inobjetable la culpabilidad del imputado, de no hacerlo el acusado es inocente. La reserva que ahora presento busca eliminar las limitantes que contiene el artículo. Proponemos que se obligue al ministerio público a entregar a la defensa toda la información que recabe durante todo el proceso durante la investigación. En Movimiento Ciudadano siempre hemos estado a favor de la defensa de los derechos humanos, de la justicia y de la imparcialidad. Es por eso que el día de hoy también presento esta reserva encaminada a la defensa de estos tres preceptos básicos, para quedar como sigue. El Ministerio Público tiene la obligación continua de descubrir toda la información que vaya obteniendo en el curso de la secuela procesal una vez que el imputado esté detenido o se presente a declarar. Finalmente, presento la reserva al artículo 380 del mismo proyecto de decreto. La corrupción, impunidad e intereses extralegales impiden que la justicia funcione en México. Teóricamente la justicia en nuestro país consiste en dar a cada quien derecho a la razón y a la equidad, lo cual no se ha puesto en práctica desde hace muchos años. Existen demasiados ejemplos donde los hombres y mujeres han sido juzgados con desatinado rigor, a diferencia de otros que se favorecen violando los principios de equidad. La mala administración de la justicia en México ha llegado a la negación de la presunción de inocencia, en nuestro país se castiga la miseria sin que actúe piedad alguna. La justicia no es un asunto que se aplique estrictamente a la ley, sino ya es una cuestión política la cual se maneja con los tiempos y necesidades de las autoridades. Tenemos uno de los casos de la señora Esperanza Reyes, a quien se le sentenció por cinco años en una cárcel por haber entregado un billete falso de 100 pesos en una papelería. A la fecha no se le ha dado la oportunidad de demostrar adecuadamente su inocencia, violando flagrantemente su derecho a una defensa justa. En nuestro ordenamiento jurídico la prueba documental es todo objeto o cosas materiales de las cuales se puede generar algún tipo de información para ayudar a solucionar un conflicto, y así el juez pueda tomar una decisión. Por ello es importante probar la autenticidad de los documentos presentados como prueba. En nuestro país ya no podemos permitir que se sigan validando como documentos a todo soporte material que contenga información sobre algún hecho, ya que tenemos un sistema de justicia poco confiable. Aunado a lo anterior, proponemos que en caso de que la prueba sea objetada, el oferente deberá comprobar su autenticidad. Es por ello que presento esta reserva para quedar como sigue, en donde se modifica el artículo 380 del dictamen con proyecto de decreto. En caso de ser objetada, el oferente deberá comprobar su autenticidad. Compañeras y compañeros, hoy es un día triste, negro como siempre ha pasado con estas reformas estructurales, y mucho peor aún para nuestras comunidades indígenas, en donde se les sigue sometiendo, en donde se les sigue denegando la justicia. Por eso denunciamos esta arbitrariedad que se está cometiendo sin la más mínima consideración. Siempre los verdugos del pueblo de México, siempre lo he mencionado, el PRI y el PAN y sus aliados, siempre actuando en contra de las comunidades indígenas. Es cuanto, compañeras y compañeros.