La diputada Martha Angélica Tagle Martínez: Muchas gracias, presidenta. Las medidas para el manejo y control de la emergencia sanitaria por Covid-19 evidenciaron las carencias de nuestro sistema de salud en todas las esferas, pero, sobre todo, evidenció nuestra vulnerabilidad humana y la falta de un modelo integral que atienda a la salud mental de todas las personas. Para la Organización de las Naciones Unidas, 2020 representó el año de mayor desafío para la salud mental, principalmente por las condiciones que impone la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, lo que representa un gran reto para el bienestar mental y físico de las personas. Es evidente la urgente necesidad de reestructurar los servicios de salud en esta materia. Las políticas de salud deben partir de un nuevo modelo de atención a la salud mental. Pero, no nos equivoquemos, la reforma que hoy se quiere aprobar contiene elementos de forma y fondo, que van en contra de las recomendaciones de expertos. No recoge las observaciones que distintos actores han realizado sobre la importancia de que sea una reforma que garantice el bienestar de las personas y elimine la estigmatización que pesa sobre ellas y profundiza los problemas de la legislación vigente. De acuerdo a la ONU, hasta octubre del 2020 casi mil millones de personas en el mundo viven con un trastorno mental. En 2018, antes de la epidemia, los trastornos mentales ya afectaban a 15 millones de mexicanos. Podemos seguir enumerando cifras y porcentajes, pero la conclusión es que es urgente contar con una legislación acorde a esa realidad, contar con un modelo de salud mental en México que proporcione las mejores condiciones para las personas usuarias de dicho servicio. Una de esas condiciones es el respeto irrestricto a los derechos humanos en la legislación sobre salud mental. La ONU ha señalado que entre los derechos y principios más importantes se encuentran: la igualdad, la prohibición de la discriminación, el derecho a la privacidad y a la autonomía personal, la prohibición de tratos inhumanos y degradantes, el principio del ambiente menos restrictivo de la libertad y los derechos de información y la participación. Sin embargo, el dictamen que ahora se presenta al pleno, no cumple ni siquiera con los mínimos básicos que se exigen en ese sentido. No cumple con lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues como se trata de una ley que afecta directamente a personas con discapacidad, necesariamente debieron ser consultados, lo que no ocurrió. Por otra parte, la propuesta no es consistente con el derecho al consentimiento informado, pues los supuestos para internamiento de una persona diagnosticada con una adicción, sin su consentimiento informado, hace que peligre la decisión de la misma persona, al declarar que puede ser ejercido por un representante. Es decir, la actual legislación en el rubro del derecho al consentimiento informado, que ya contraviene recomendaciones internacionales en cuanto a personas etiquetadas con una condición de trastorno mental, ahora plantea extenderse a personas etiquetadas como adictas. Esto va en contra de los derechos humanos. Por otro lado, confunden las nueces con las castañas. Proponen fusionar salud mental con adiciones, que puede tener varios vasos comunicantes, pero que son cosas distintas, como lo ha señalado reiteradamente organizaciones expertas en el tema. La incorporación de las adicciones al capítulo de salud mental, estigmatiza y discrimina. Lo anterior, es particularmente grave en el actual contexto de la pandemia por Covid-19 donde el duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos, el miedo, son situaciones que desencadenan problemas de salud mental, o bien, agravan las ya existentes, como ocurre con el aumento del consumo del alcohol y las drogas, así como el insomnio y la ansiedad, que son algunas de las consecuencias. Sin embargo, esto se tiene que tratar de manera diferenciada. Por parte de diversos actores se ha tenido la disposición de participar y enriquecer una mejor legislación. Gracias a la colaboración de colectivos y organizaciones especialistas en el tema de salud mental y luego del fallido parlamento abierto, un nuevo modelo de salud mental realizado el 9 de noviembre del año pasado, realizamos el foro salud mental y derechos humanos, retos y desafíos. Ahí se conversó sobre servicios de salud mental y consentimiento informado, estrategias para transitar hacia un modelo alternativo frente a la crisis, usos problemáticos de sustancias y ninguna, ninguna de esas voces ha sido escuchadas. Esta Cámara se ha cerrado a escuchar. El Grupo Parlamentario de la mayoría no actúa democráticamente ni cuando es en beneficio del pueblo. El día de hoy podríamos tener un dictamen derivado de un profundo ejercicio de diálogo acompañado de la participación ciudadana, especialmente de quienes se verán afectados por la toma de estas decisiones. En el marco de respeto a su dignidad y derechos humanos, libre de prácticas violentas se suma, con una legislación que verdaderamente beneficie a la salud de los mexicanos. Sin embargo, perdimos esa oportunidad. Por eso, Movimiento Ciudadano anuncia que su voto será en contra. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias.