La diputada Margarita García García: Con su venia, diputado presidente. Compañeros y compañeras diputadas. La patria es la equidad, el respeto a todas las opiniones y el consuelo a quienes están tristes. José Martí. Acorde a la Organización Internacional del Trabajo, la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso. En particular, en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de la familia. Bajo esta definición, denunciamos que el sistema de seguridad tradicional sigue beneficiando al hogar tradicional donde los hombres son los que proveen dinero y las mujeres son quienes se encargan de los hogares. Discrimina todos los demás tipos de hogares, incluidos aquellos donde las mujeres son el sostén económico de sus familias y las que, en dado caso de muerte podrían dejar pensión a su cónyuge. Por tal motivo, la modificación a la fracción XII del artículo 5 A de la ley de seguridad social aclara que la o el cónyuge del asegurado o asegurada, o del pensionado o pensionada pueden ser considerados como beneficiarios de pensión y otros derechos que se incluyen en la normatividad. Asimismo, la adición de la fracción XX al artículo antes mencionado especifica que la unión civil es el acto jurídico bilateral que constituyen personas físicas de diferente o del mismo sexo. Con ello se garantiza el goce de derechos y obligaciones para todos los mexicanos, sin distinción alguna. No se trata solamente de un tema legal, se trata de un asunto social de tolerancia e inclusión, de respeto a los derechos de las personas y de convivencia en una sociedad plural y diversa, en la que todas y todos debemos tener cabida. El derecho a la seguridad social es un derecho humano y el ejercicio del mismo. No puede seguir siendo condicionado al sexo ni a la orientación sexual de las personas. Nuestro orden jurídico reconoce ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Suprema Corte de Justicia determinó ya su constitucionalidad y ello obliga al Estado mexicano a reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de esa unión. Lamentablemente, también hay que decirlo, en pleno siglo XXI y a pesar de la resolución de la Corte, la gran mayoría de las entidades no han legislado en materia de matrimonios entre personas del mismo sexo, y desde luego no se vislumbra en el panorama que tengan intención de hacerlo. Desde esta tribuna hago un llamado respetuoso a las entidades federativas para que no sigan en esta omisión, pues deja en indefensión a miles de personas de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual. Dejemos de lado nuestras posturas religiosas y morales, que desde luego son respetables, pero que no deben ser condicionantes de nuestra labor como representantes populares. Y menos aún menoscaben el reconocimiento de los derechos de todas las personas por igual. Aplaudo que esta reforma haya sido aprobada en la Comisión de Seguridad Social de la esta Cámara de Diputados, que preside mi compañera de bancada, la diputada Mary Carmen Bernal. Celebro y felicito la apertura y sensibilidad mostrada por parte de los grupos parlamentarios que históricamente han sido opositores a las uniones entre personas del mismo sexo. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor de esta reforma, convencidos de que es nuestro deber respaldar las causas de los menos escuchados para lograr el México inclusivo que permita el sano desarrollo social de todas y todos. Es cuanto, diputado presidente.