El diputado Alberto Maldonado Chavarín: Con el permiso de la Presidencia. El artículo 39 de nuestra Constitución señala que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye en beneficio del pueblo. La iniciativa enviada por nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, es muy clara al indicar que la democracia permite a la ciudadanía participar activamente en los procesos de configuración del poder público, permitiendo el mayor respeto a los derechos humanos, desarrollo económico y estabilidad. Dota de legitimidad democrática al Poder Judicial, ya que este carece de legitimidad de origen, puesto que el pueblo no participa en su elección, evaluación y control. Se hace efectivo el principio constitucional de que todo poder público dimana del pueblo y se tiene que instituir en beneficio de este. La presente minuta establece con claridad y precisión nuevas reglas para la integración del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales locales, normando un proceso democrático, abierto y transparente, donde las mexicanas y mexicanos tienen una participación activa en la elección de sus futuros juzgadores. El proceso de elección estará organizado por el Instituto Nacional Electoral y las personas candidatas a los puestos antes señalados no serán propuestos por los partidos políticos, sino por los tres Poderes de la Unión, la Cámara de Diputados y Senadores, la Presidencia de la República y, desde luego, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son falsas las quejas que hay en diversos medios y redes sociales de que las elecciones, popular extraordinaria, se esté cesando, de que con estas elecciones se estén cesando a juezas y jueces, magistrados y magistradas. Por el contrario, como se reconoce en la iniciativa, se está arribando a un nuevo entendimiento entre el Poder Judicial y el pueblo de México. Por décadas el Poder Judicial se asumía como mayoritario, con la obligación de oponerse por sistema a las decisiones de las mayorías y se definía solo por méritos, que originó un esquema jerárquico donde juezas y jueces, magistradas y magistrados, incluso, ministras y ministros, asumían que merecían su puesto por trayectoria y no que debían ganárselo en base a sus resultados. Con esta reforma se propicia que los integrantes del Poder Judicial sean responsables de sus decisiones de cara a la sociedad, además de que sean sensibles a las dinámicas y problemáticas sociales, representando la pluralidad cultural, social, ideológica de la nación. Fíjense, compañeras y compañeros, como incluso en la forma de argumentar por parte de la oposición es notorio el clasismo y el desprecio al pueblo de México, cuando aseguran que no se debe elegir a las personas integrantes del Poder Judicial, porque no conocen bien las funciones y finalidades del Poder Judicial. Las personas que sostienen este tipo de argumentos, yo les digo, el pueblo sí conoce al Poder Judicial, pero no confían en él en este momento. Esta lejanía del Poder Judicial con la realidad del pueblo de México es lo que se buscó corregir con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial, y hoy se busca materializar con las iniciativas presentadas por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. No olvidemos que el pueblo manda, el pueblo pone y el pueblo quita. Las personas juzgadoras resolverán sus asuntos judiciales, pero será el pueblo que resuelva quiénes serán sus juzgadores y juzgadoras. Compañeras y compañeros, esto no puede más que fortalecer la democracia, por eso hoy vamos por elecciones justas, libres y competidas en el Poder Judicial, porque el pueblo lo demanda. Es cuanto, señor presidente.