La diputada María del Rosario Rodríguez Rubio: Muy buenos días. Con su permiso, señor presidente. Y dando gracias a Dios por la oportunidad de servir desde la máxima tribuna a mexicanas y a mexicanos, pidiendo la sabiduría y la inteligencia para poder logra mejores acuerdos; y, sobre todo, a un país tan hermoso, tan bello, tan capaz y tan trabajador, que son los mexicanos y las mexicanas. Señoras diputadas y señores diputados, en nuestro país hay sectores de la población que requieren de ayuda especial por parte de la colectividad para afrontar sus problemas, problemas más graves y más difíciles que las de otros sectores. Esta población debe beneficiarse de los programas sociales y, aunque sí hemos avanzado en la consolidación de una política social del Estado, ésta ha sido insuficiente para atender a todos los mexicanos que la necesitan. Este año tenemos 2 millones más de pobres en México, lo que significa que debemos atender a 55 millones de mexicanos que viven en la pobreza. Muchos son los retos que debemos afrontar para contar con una estrategia en desarrollo social y en el compromiso con las y los mexicanos. Tenemos que tener una política de desarrollo social efectiva y uno de éstos es mejorar en materia de transparencia y rendición de cuentas. Es ahí donde tenemos la obligación de fortalecer el marco normativo institucional. Particularmente debemos concentrarnos en la opacidad que persiste en la gestión de los programas sociales a nivel local, y hoy día no sabemos cuáles son los programas de los estados y municipios en materia de desarrollo social y mucho menos tenemos información certera sobre sus padrones de beneficiarios o sus presupuestos. Esta falta de transparencia y rendición de cuentas es lo que propicia que los programas sociales sean utilizados con fines político-electorales. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados detalla que sólo 55.3 por ciento de los programas sociales de los estados cuenta con un padrón público de beneficiarios, y apenas el 53.6 por ciento da a conocer sus respectivos presupuestos. A esto hay que sumar el problema de multiplicidad de listados o padrones de beneficiarios de los programas de la administración pública federal. Lo anterior refleja la necesidad de un sistema de información y coordinación que contenga información integrada de todos los programas sociales. La presente iniciativa busca atender esta necesidad mediante la creación del Padrón Único de Beneficiarios de Programas Sociales a nivel federal, estatal y municipal. Además se pretende publicar un catálogo de todos los programas sociales de los tres niveles de gobierno. Si tenemos la tecnología hay que usarla. Si los mexicanos y las mexicanas piden transparencia y por eso estamos aquí, hay que lograrlo. Por eso, en conjunto la propuesta busca integrar la información sobre los programas sociales y sus padrones de beneficiarios en un sistema de información único, que sea de cobertura nacional y de carácter público. Esto es con el objetivo de fortalecer la coordinación, complementariedad y transparencia de la política nacional de desarrollo social. Esta medida va a contribuir además a corregir la duplicidad en los padrones de beneficiarios y viene a sistematizar el seguimiento y evaluación de los programas sociales. Con este padrón único de beneficiarios se estará contribuyendo para construir un piso mínimo de institucionalización y transparencia que marcará el inicio de una nueva etapa de coordinación entre autoridades de los diferentes órdenes de gobierno, además de incluir este padrón en la Ley General de Desarrollo Social. Primero. Por eso esta propuesta se propone sancionar en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas a los servidores públicos y también a las normas vigentes aplicables para que sean utilizadas con esos padrones de beneficiarios y que se evite su uso político electoral, comercial o de cualquier índole distinta a su objetivo. Segundo. Establecer en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que el padrón único de beneficiarios sea requisito obligatorio para ingresar a los programas sociales y recibir los subsidios correspondientes, para que así de esta manera únicamente las personas que realmente necesiten el apoyo y que cumplan con estos criterios de selección, sean efectivamente los que reciban este apoyo. Tercero. Se busca garantizar que las entidades federativas envíen la información concerniente a sus programas sociales y beneficiarios para la elaboración de un registro único administrado por Sedesol y bajo los criterios que determine la Secretaría de Hacienda, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social y la propia Sedesol. Cuarto. Se propone reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el propósito de establecer normas mínimas con respecto a la calidad y consistencia de la información gubernamental en materia de padrones de beneficiarios. Finalmente, la propuesta prevé que mediante convenios de colaboración con el gobierno federal, los estados soliciten asesoría y apoyo técnico para conformar sus propios padrones locales y que también reciban los reportes que les van a ayudar a definir, articular y desarrollar las políticas públicas más focalizadas a los sectores de la población que ellos consideren muy importantes. Esta iniciativa de ley, diputados y diputadas, propone una estrategia que ayudaría reducir la discrecionalidad con que operan los programas sociales, especialmente en las entidades federativas y en los municipios, con esto se promueve una mayor responsabilidad de los funcionarios y contribuye al monitoreo de las políticas de desarrollo social. Señoras y señores diputados, las circunstancias actuales exigen una normatividad expresa y obliga a los estados a elaborar padrones de beneficiarios y hacerlos públicos. Con una institucionalidad ideal se podrá lograr que cada mexicano y mexicana logre esa confianza en cada uno de nosotros. Por eso no podemos, si no lo hacemos, superar esa pobreza ni construir proyectos estratégicos para la inclusión y la equidad. Es momento de que el Congreso legisle para hacer de la institucionalidad de la política social una política de Estado, que opere bajo los principios de integralidad, legalidad y transparencia. Por lo tanto, muchas gracias, diputadas y diputados. Es cuanto, señor presidente, gracias.