El diputado Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara: Gracias a los ciudadanos, la política en México ha dado un giro trascendental a partir del 26 de septiembre de este año. Se han levantado voces contra el silencio acumulado a impuesto por estructuras de gobierno federal, estatales y municipales corruptas que no sólo se han asociado con la delincuencia organizada, sino que han asumido sus prácticas como la de eliminar al oponente. Cuántas lágrimas, cuántas familias destruidas, cuántos niños y niñas que ya no ven a sus padres, cuántos desaparecidos más, cuántas vidas más sesgadas, cuántas fosas más hay que denunciar. ¿Qué necesita el gobierno federal, qué necesita el Poder Legislativo, qué necesita el Poder Judicial; qué se necesita para atender a las mujeres y hombres en este país que claman justicia? La indignación nacional e internacional se ha manifestado con una participación diversa en todos los foros posibles, con acciones que recuperan la dignidad humana y el valor por la vida y la libertad en foros políticos, culturales y artísticos. Protestas que indignan al poder político. Qué descaro. La crisis del sistema político mexicano, puesta la opinión pública por la protesta contra la desaparición de 43 estudiantes tiene repercusión internacional, que preocupa al todavía presidente Enrique Peña Nieto, quien a través de la construcción de un discurso en contra de la violencia justifica la ineficiencia e ineficacia de sus políticas públicas en materia económica y de seguridad pública. La violencia que se denuncia viene del mismo poder, por lo que es razonablemente exigible se investigue y se aclare a la opinión pública la tolerancia y actuación de agresores que en medios de comunicación se vinculan con elementos del Ejército Mexicano. El jueves 20 de noviembre, a las 20:35, se publicó en Tuitter del Gobierno del DF el mensaje siguiente: El jefe de Gobierno acudió al C4 para supervisar las manifestaciones y girar instrucciones a su gabinete. El C4 es el centro de control, comando, comunicación y cómputo, inteligencia, investigación, información e integración de la Ciudad de México. Opera como centro de mando del gobierno de la Ciudad. De acuerdo a su sistema de operación en máximo 15 minutos el C4 cuenta con un diagnóstico detallado de la Ciudad de México. Le guste a quien le guste –dicen hoy los periódicos– es necesario determinar la responsabilidad del jefe de Gobierno del Distrito Federal y de su secretario de Seguridad Pública por la violación de los derechos fundamentales de expresión, manifestación y reunión pacífica de miles de mexicanos que fueron objeto de un violento desalojo del Zócalo de la Ciudad de México. Obviamente también del presidente de la República y de los responsables de la seguridad, incluido el Ejército Mexicano. Elementos de seguridad que no actuaron contra las personas que realizaron actos de provocación y agresión frente al Palacio Nacional y que fueron la excusa y pretexto para terminar con una manifestación que se caracterizó por la protesta pacífica contra la desaparición de 43 estudiantes. Los miles de mexicanos que se manifestaron el 20 de noviembre, no sólo en México, sino en todo el planeta, es la voz en contra de la impunidad, el abuso de autoridad y la corrupción. El régimen se escandaliza frente a declaraciones de un político latinoamericano que se ha distinguido por su honestidad y transparencia. Las opiniones del presidente de Uruguay, quien afirmó que la situación de nuestro país se debe a una gigantesca corrupción que se ha establecido como una tácita costumbre social. Indigna a la clase política el destapar la cloaca de la corrupción. Indigna a la clase política ventilar públicamente el conflicto de intereses, como casos del tren rápido México-Querétaro, la casa blanca del moche, los moches en la asignación presupuestal, el diezmo o más en la asignación de obra pública, recepción de obras inconclusas, la omisión en la diligencia al servicio público, la negación de impartición de justicia justificada en cargas de trabajo y trámites burocráticos, todo en el marco de una tácita costumbre social. La expresión de inconformidad de la población ha sido pacífica, tolerante ante la indiferencia de los supuestos servidores públicos en la investigación y persecución de delitos que los agravian. Sin embargo, cuando los ciudadanos rompen esa tácita costumbre social de guardar silencio y agachar la cabeza, se acude a la apología de la violencia. El todavía presidente Enrique Peña Nieto ha señalado que hay interesados en atentar, mediante actos vandálicos, contra la libertad fundamental de manifestación. Sin embargo, con todo el aparato de seguridad del Estado mexicano es incapaz de señalar quiénes son los autores intelectuales y materiales de estos hechos. No obstante, líderes de partidos políticos, empresarios y otros, a través de medios de comunicación, tendenciosos y mentirosos, se pronuncian contra la violencia en el sentido expresado por el Ejecutivo federal. No se pronuncian con esa fuerza en contra del crimen organizado, de la extorsión, el secuestro y el homicidio quizá por su complicidad a la asociación delictuosa. Transcurrida la tercera parte del gobierno de Peña Nieto, despierta y se da cuenta que la sociedad está harta de sentirse vulnerable, que está cansada de la impunidad y la delincuencia. No bastaron los más de 100 mil muertos en los gobiernos panistas, dónde quedan las más de 25 mil personas desaparecidas, dónde quedan las miles de víctimas sin acceso a la justicia. Estamos en un ambiente político crispado por la desconfianza, por la traición, ambiente en el que han iniciado un proceso electoral federal y 18 procesos electorales estatales, en los cuales las autoridades administrativas son cuestionadas por su falta de imparcialidad, debido a que atienden a la designación de sus titulares, con base a cuotas partidistas. Dónde está la exigencia de la aplicación de la ley, que señala Peña Nieto. Se ha presentado solicitud de juicio político contra Aguirre, Murillo Karam, Osorio Chong, por qué no dar cauce institucional a esta solicitud en esta Cámara de Diputados. Es del conocimiento de la opinión pública las denuncias de moches o conflictos de intereses que involucran al propio Peña Nieto, como el caso de la casa blanca, por qué no investigar y determinar las responsabilidades. Ante esta situación económica y política que vivimos no existe otra solución que conducirnos con transparencia y eficacia en torno a las demandas sociales. No se vislumbra ni a corto o mediano plazo una propuesta de racionalidad económica que atienda la creciente deuda de los estados y del Distrito Federal. Aún más, se ven acciones para que el gasto se lo auto asignen los diputados. Esto, inclusive hay un dato que no se conoce mucho, pero Enrique Peña Nieto está endeudando un billón y medio más en estos dos últimos años al gobierno. El Pacto contra México y las reformas estructurales no han dado certeza y viabilidad a una política económica depredadora de bienes nacionales ni se proyecta ser la panacea contra la pobreza en nuestro país. Los representantes del sistema fiscal y económico del país reconocen la imposibilidad de crecimientos en las tasas estimadas por el Ejecutivo federal. Esperamos que no culpen de ello a la protesta social. Estamos, pues, en un contexto político y económico que castigue a los que menos tienen, dos terceras partes de nuestra población se encuentran en pobreza y extrema pobreza y una minoría concentra la riqueza de este país. Abismo social que no puede ser tratado con políticas asistencialistas. Los que no tienen otro fin que el de convertir la voluntad ciudadana en mercancía barata, así como llegaron a la Presidencia de la República. Las estrategias saltan a la vista. El voto ciudadano por una despensa, una beca, el acceso a un programa social. Promoción de precandidatos y candidatos con mentiras y engaños de las televisoras y los medios de comunicación. Precampañas y campañas en las que el dinero de la delincuencia jugará un papel importante en la conformación de la representación política, como se hicieron de la Presidencia de la República. La fuerza y la integridad ética de los jóvenes estudiantes de las normales rurales, del Politécnico, de la UNAM, de las universidades estatales y de otras escuelas se han convertido en motor de la inconformidad social. Son la vanguardia de la existencia de justicia. No rompamos contra nuestra indiferencia y complacencia a la viabilidad de cambios políticos y económicos que permitan una sociedad más justa y racional. No se debe incurrir en la estupidez de criminalizar la protesta social. El poder político debe amarrar a sus provocadores, empezando por esta Cámara de Diputados, pero más arriba, desde Los Pinos, que paren a los provocadores. En este contexto se exige y exigimos transparencia y rendición de cuentas. No más cuentachiles. No más verdades a medias. No hace falta esperar dos años más para darnos cuenta que en la sociedad mexicana estamos hasta la madre de la corrupción y la impunidad. Es cuanto, presidente. Nada más decirles, que no hace falta una manta más grande, lo que es más grande cada día es la exigencia de que Peña Nieto renuncie a la Presidencia, le quedan cinco días y es lo que está esperando el pueblo de México. Muchas gracias.