El diputado Arturo Olivares Cerda: Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros, comparezco hoy ante ustedes con el propósito de presentar y respaldar el dictamen de la Comisión de Seguridad Social que busca proteger uno de los bienes más valiosos para toda persona trabajadora: su ahorro para el retiro. Agradezco a las y los integrantes de la honorable Comisión de Seguridad Social por su sensibilidad y respaldo. La iniciativa con proyecto de decreto propone reformar el artículo 191 de la Ley del Seguro Social fue presentada por el diputado Alejandro Carvajal Hidalgo, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, y turnada oportunamente a la Comisión de Seguridad Social para su estudio y dictamen. Permítanme compartir los antecedentes y razones que sustentan este dictamen y porqué su aprobación es urgente y necesaria. La legislación vigente contempla el retiro por desempleo como un derecho de las y los trabajadores. Este retiro puede realizarse de manera parcial, desde la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Existen dos modalidades establecidas: la modalidad A, que permite retirar el equivalente a 30 días del último salario base de cotización, con un tope de 10 unidades de medida de actualización. La modalidad B, que permite elegir entre 90 días del salario base promedio en los últimos cinco años cotizados, o bien, el 11.5 de los recursos acumulados en la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, eligiendo la cantidad menor. Ambas buscan ser un mecanismo de apoyo en momentos de necesidad, pero también preservar el equilibrio entre la atención a una contingencia y la protección de futuro previsional de las y los trabajadores. No obstante, en la práctica hemos sido testigos de un fenómeno alarmante, la proliferación de gestores que amparados en vacíos legales ofrecen realizar el trámite de retiro por desempleo a nombre de los trabajadores, una simulación jurídica. A través de este esquema facilitan que personas accedan a montos de aproximadamente 34 mil pesos de su subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Incluso, sin cumplir cabalmente con los requisitos legales. Lo más grave es que estos gestores cobran comisiones abusivas que oscilan entre el 10 y el 35 % del ahorro para el retiro, con lo cual se enriquecen a costa del patrimonio previsional de las y los trabajadores. No se trata de un fraude en detrimento del patrimonio de quienes cotizan, es un fraude a la ley, un fraude al espíritu de la seguridad social y una amenaza directa al bienestar y futuro de millones de mexicanos. Para ilustrar la magnitud del problema basta observar las cifras registradas en 2024, tan solo en julio las Afore reportaron más de 3 mil millones de pesos retirados por concepto de desempleo, el monto mensual más alto en la historia del sistema. Y en el primer trimestre de ese año, los retiros por esta vía superaron los 17 mil 900 millones de pesos, lo que representa un aumento del 27 % respecto al mismo periodo del año anterior. ¿A qué se debe este incremento? En buena medida a las prácticas antes mencionadas, que han hecho del retiro por desempleo una herramienta de corto plazo mal utilizada e inducida en perjuicio de su objetivo original. El dictamen que hoy discutimos tiene un objetivo principal muy claro: regular adecuadamente los retiros parciales por desempleo a fin de proteger los recursos de las y los trabajadores y evitar las simulaciones jurídicas que comprometan su futuro. Para ello, se proponen dos objetivos específicos: 1. Modificar la base de cálculo del retiro por desempleo en lugar de permitir operaciones con base en salarios inflados. Se plantea que el retiro se calcule en el salario promedio real del trabajador registrado ante el IMSS, garantizando así un cálculo justo y verificable, considerando las últimas 52 semanas de cotización. 2. Prevenir fraudes. La reforma busca poner candados para proteger los recursos de las y los trabajadores, evitando cualquier intento de abuso por parte de los gestores. Compañeras y compañeros legisladores, lo que está en juego no es una simple corrección técnica a la ley, lo que está en juego es la dignidad del trabajo, la transparencia del sistema de seguridad social y la justicia intergeneracional que represente el derecho a una pensión digna. No podemos ni debemos permitir que el ahorro de toda una vida se vea reducido por prácticas desleales que lucran con la necesidad ajena. Los invito a respaldar este dictamen, a fortalecer nuestra legislación y, sobre todo, a enviar un mensaje claro a la ciudadanía. En este Congreso trabajamos para proteger a quienes trabajan. Muchas gracias.