El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño: Gracias. Con el permiso de la Presidencia, diputados, senadores integrantes de esta Comisión Permanente. El día de hoy me presento ante esta tribuna a solicitar la pronta atención y resolución de un tema de trascendental importancia para la economía de nuestro país. Un tema que ya está afectando a millones de mexicanos y que requiere ser atendido con prontitud. Como es de todos conocido, el pasado 10 de enero 172 diputados integrantes de los grupos parlamentarios de Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo promovimos una acción de inconstitucionalidad en contra del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, la que expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abroga la Ley del Impuesto Empresarial a Tasa Única y la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. Decreto que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre pasado. Promovemos una acción de inconstitucionalidad porque las disposiciones jurídicas de tal decreto resultan violatorias de los artículos 16, 25, 26, 28 y 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones en las que se salvaguardan importantes principios fundamentales que están siendo violados con esta miscelánea fiscal. Principios fundamentales como el de la competitividad económica, el de la proporcionalidad tributaria y el de equidad fiscal, los cuales, el mismo presidente Enrique Peña Nieto hizo especial énfasis que serían siempre salvaguardados y que tendrían que ver, en cuanto a la generación de empleo, y por consiguiente, un crecimiento económico. México, lo que hoy necesita y todos lo sabemos, es generar confianza dentro y fuera del país. Compañeros legisladores, como representantes de los mexicanos no debemos escatimar la utilización de los recursos que nuestras leyes otorgan para evitar la aplicación de disposiciones que fueron realizadas bajo un panorama en el que no se consideró la precariedad de la economía a la que se están enfrentando los ciudadanos y diversos sectores de la sociedad. Por ello, la acción de inconstitucionalidad presentada, la cual quiero reconocer que por método de orden le fue asignado el número cinco de este año, se explican las consecuencias que se ocasionarán y que ya se están ocasionando a importantes sectores de la población, como son los pequeños contribuyentes, a las personas físicas, así como al comercio y la economía de la frontera norte. Como lo dijimos en esta tribuna, y lo dijimos en las calles junto a millones de mexicanos, la homologación del impuesto al valor agregado el IVA al 16 por ciento en las zonas fronterizas no debe aplicarse porque coloca a los ciudadanos mexicanos en franca desventaja frente a aquellos ciudadanos de otros países con los que comparten frontera y cuyas tasas impositivas es menor. De igual manera, las reformas aprobadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta violentan los principios constitucionales de equidad y proporcionalidad tributarias al aumentar las tasas del ISR, del máximo previsto del 30 al 35 por ciento, más aún si consideramos que ni el Ejecutivo federal en la exposición de motivos de la iniciativa ni los legisladores federales en la exposición de motivos de los dictámenes del Senado de la República y la Cámara de Diputados justificaron el aumento material de las tasas del impuesto sobre la renta. En este mismo sentido aplica el razonamiento para el tope de las deducciones personales del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, toda vez que no se hace referencia en los documentos legislativos invocados previamente a la justificación de la eliminación de los supuestos contemplados ni al nuevo límite previsto para las deducciones. Finalmente, se estima que la eliminación del Régimen de Pequeños Contribuyentes ocasiona un evidente perjuicio a la competitividad del país, debido a que como se ha señalado previamente ocasiona un agravio directo al derecho adquirido a la devolución del saldo a favor que teníamos a los mismos. El Régimen de Pequeños Contribuyentes establecía un sistema y procedimientos especiales para que estos tributaran de manera diferente a los contribuyentes del régimen general, ya que aquellos no se ubican en un plano de igualdad con estos, pues poseen características propias suficientes para clasificarlos en distintas categorías, atendiendo a sus diversas capacidades administrativas y operativas. Y, dado que las características hacen la diferencia a los contribuyentes que tributan en el Régimen de Pequeños Contribuyentes que subsisten, resulta que la derogación del mismo es violatorio a la Constitución porque procede a declarar a inconstitucionalidad de las normas relativas a las que he hecho alusión. En virtud de los conceptos de invalidez expuestos es claro que la aplicación de la miscelánea fiscal aprobada generará un serio perjuicio a la economía de los contribuyentes y de los consumidores, afectando principalmente a las pequeñas y medianas empresas, a la clase trabajadora y a todos aquellos que sí gamos impuestos. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores, por todo lo anterior, y con pleno respeto a la división de poderes y a la autonomía del Poder Judicial de la Federación, con este punto de acuerdo exhortamos al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva con prontitud la acción de inconstitucionalidad en contra del decreto que reforma, entre otras, la Ley del Impuesto al Valor Agregado y la Ley del Impuesto sobre la Renta, presentada por 172 diputados de distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados el pasado 10 de enero. Es cuanto, señora presidenta. La Presidenta senadora Lisbeth Hernández Lecona: Gracias, diputado Marcelo de Jesús Torres. Túrnese a la Primera Comisión de trabajo. El Presidente senador Fernando Herrera Ávila: Tiene el uso de la palabra, por cinco minutos, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta al Congreso del estado de Morelos, para que realice las reformas necesarias para evitar el pago oneroso de derechos por la prestación de los servicios públicos en el municipio de Cuernavaca. Adelante.