La diputada Lourdes Erika Sánchez Martínez: Con la venia de la Presidencia. Compañeras y compañeros diputados, hoy es un día para sumarnos a las voces de las mujeres mexicanas que gritan ya basta de violencia, que exigen justicia y que reclaman ni una más, mujeres que alzan su voz ante la indiferencia de un gobierno, ante el abandono de las autoridades. Madres, hermanas e hijas que exigen nunca más ser ignoradas, que demandan respeto, que demandan justicia y que demandan un alto a la impunidad. La violencia contra las mujeres es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos, uno de los delitos menos castigados y una de las mayores amenazas para la paz, para el desarrollo y para la cohesión social. Es, por desgracia, la manifestación extrema de la desigualdad y la discriminación sistemática que nos impacta todos los días a niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Nuestro derecho a vivir libres de violencia depende de la protección de nuestros derechos y de una sólida cadena de prevención, de educación, de seguridad, de un cambio cultural y de justicia. Las mujeres en México, reclamamos un compromiso claro y contundente de las autoridades, queremos ver resultados en nuestra vida cotidiana, estar seguras en las calles, en el transporte público, en nuestro trabajo, en nuestras casas. Por más que digan que se está avanzando, los datos nos muestran la crisis de violencia que a diario viven miles de mexicanas y que lamentablemente siguen aumentando. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en lo que va del 2020 han sido asesinadas más de 2 mil 800 mujeres, una cifra que representa un incremento del 7.7 por ciento con respecto al año anterior y eso es demasiado decir, porque solo en 2019 los feminicidios se incrementaron en un 137 por ciento. Hoy más que nunca, debemos recordar que estos crímenes son una deuda pendiente y una severa herida en nuestra sociedad. Es innegable que la violencia de género está creciendo a pasos agigantados. Vivimos en un México donde dos de cada tres mujeres han vivido algún tipo de violencia. El confinamiento derivado de la pandemia por Covid-19, llevó a que los registros de violencia contra la mujer en el hogar aumentaran en un 60 por ciento, según datos de la ONU. Frente a este problema, la respuesta del gobierno es tenue, es fría, es insensible. El gobierno federal ha realizado recortes y ha desaparecido 11 programas que combatían la violencia en contra de las mujeres. Un total despropósito que solo hace evidente la falta del reconocimiento del gobierno federal ante este grave problema. Se redujo el presupuesto al Instituto Nacional de las Mujeres, a los refugios para mujeres violentadas, para los albergues para mujeres indígenas, para las estancias infantiles para madres trabajadoras, para las campañas de atención y detección de cáncer, entre otros. Somos revictimizadas por las mismas instituciones que tienen la responsabilidad de protegernos. Debemos entender que la violencia contra las mujeres tiene enormes costos para nuestra sociedad, para la salud, para la educación, para la productividad, para el desarrollo, para la estabilidad de nuestra nación. No solo produce graves consecuencias para las generaciones actuales y futuras, sino que también es una barrera para garantizar la paz, para garantizar la seguridad, para reducir la pobreza y para alcanzar mejores condiciones de libertad, de crecimiento e igualdad social. Somos la legislatura de la paridad de género, nuestra voz debe de representar el trabajo y el esfuerzo de miles de mexicanas que ven en nosotras la única posibilidad para garantizar la igualdad y para erradicar la violencia. Hemos aprobado aquí importantes reformas en favor de los derechos de las mexicanas, reconocido y atendido nuevos tipos y modalidades de violencia como la digital y la política, hemos trabajado fuerte por el fortalecimiento del tipo penal de feminicidio. Y, en el PRI, nos hemos pronunciado por cerrarle el paso a las violencias, sexual y económica, a través de la creación de dos registros, uno para agresores sexuales y otro para deudores de pensiones alimenticias y hemos insistido en que el presupuesto federal se invierta de manera efectiva para atender y prevenir la violencia. Debemos reconocer que el camino por recorrer aún es largo y que también será sinuoso, sin embargo, nuestro compromiso es firme y la voluntad de las mujeres por el cambio, por hacer justicia por las que ya no están, por acabar con las agresiones sexuales a nuestras niñas, adolescentes, a nuestras mujeres, por sobrevivir. Esa voluntad de todas las mujeres mexicanas es inquebrantable. La solución está en todos, es necesaria la acción inmediata de los órganos del Estado, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, del sector privado y de la comunidad en su conjunto, mujeres y hombres con el solo objetivo de lograr erradicar la violencia en contra de las mujeres en México. Es cuanto, presidenta.