La diputada Margarita Elena Tapia Fonllem: Buenas noches, gracias señor presidente. Vengo a proponer para el artículo 41, fracción I de la minuta que habla de los partidos políticos, la definición de lo que son, su quehacer, sus objetivos. En el tercer párrafo de esta fracción I dice la minuta: los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas y municipales. Considero que hay una omisión en esta redacción, y por ello propongo que diga: los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones del Distrito Federal. Considero que en la medida que aún no contamos con una reforma política para el Distrito Federal, es importante, es sustancial que esta redacción quede como la propongo, sino sería negar una vez más los derechos políticos plenos a las ciudadanas y ciudadanos del Distrito Federal. La segunda reserva tiene que ver con los párrafos tercero y cuarto de la fracción VI del artículo 41. Esta propuesta es con el fin de prevenir las violaciones contempladas para el sistema de nulidades, y de ser el caso que se presenten, se eliminen los requerimientos excesivos que han probado ser ineficaces para proteger el sufragio de la ciudadanía. Es absurdo que la considerada gravedad sea un requisito cuando se presenten delitos de orden penal tales como la utilización de recursos de procedencia ilícita o que pervierten la función de las instituciones como desvío de recursos públicos. No se puede exigir que se deba demostrar dolo, ya que el fraude electoral depende de muchos actos y personas y es difícil de acreditar al factor subjetivo. El efecto sobre los resultados de la votación será el mismo a pesar de que no sea posible acreditar la intencionalidad de todos los agentes que intervienen en una operación fraudulenta. La permisividad es excesiva cuando el legislador requiere acreditar dolo, gravedad y determinancia, cuando se rebasan los límites de gastos de campaña en un 5 por ciento o se adquiere difusión no autorizada en los medios y la constitución no puede incorporar incentivos para la comisión de ilícitos. Un límite de gastos es una medida cuantificable, un límite legal que debe respetarse sin excepción. Por lo tanto llamamos eliminar el nocivo criterio de determinancia que establece un margen de diferencia menor al 5 por ciento de la votación entre el primero y segundo lugar, ya que se corre el riesgo de que la violaciones masivas no sean remediadas mediante la anulación. Contrario a lo que debería significar, el criterio de determinancia no ha sido un instrumento objetivo y científico. Su aplicación deficiente ha permitido la creación de coartadas para validar elecciones contaminadas y para propiciar la impunidad electoral. Como afirma José Antonio Crespo: Cuando los resultados son cerrados crecen significativamente las posibilidades de que un monto pequeño de irregularidades sea determinante en el resultado, afectando gravemente la certeza, principio rector que estipula la Constitución como indispensable para validar la elección. Pero los criterios para determinar cuándo son o no determinantes siguen sin estar del todo claros, lo que eleva la posibilidad de inconformidad y descontento postelectoral. Hasta ahí se cierra la cita de Crespo. El rebase de los topes de campaña, la utilización de fondos ilegales o la adquisición de cobertura no autorizada atentan contra los principios de la función estatal para la organización de los procesos electorales; certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, por lo que debemos evitar que las autoridades y el Tribunal Electoral no puedan aplicar estrictamente la ley. Proponemos que se incluyan en la ley secundaria las medidas de control, fiscalización oportuna y vigilancia para prevenir dichas violaciones, a fin de que la nulidad de la elección sea el último recurso y que se puedan asegurar elecciones limpias en todo momento. Con esta lectura sistemática se mantiene la coherencia de la reforma con el inciso c) de la fracción II del mismo artículo y se potenciará la legislación secundaria. Proponemos que se aplique la suplencia de la deficiencia de la queja en materia de las violaciones que dispone la fracción VI del artículo 41, las cuales considera la Constitución como las más trascendentales. Una de las implicaciones fundamentales del amparo es la suplencia de la deficiencia de la queja, esto significa que el juez debe proteger en la integración del asunto a quien promueve la causa para que los posibles errores u omisiones en que pueda incurrir sean subsanados por la autoridad judicial, de la forma, cualquier disposición de leyes secundarias o disposición administrativa no puede considerarse como un obstáculo para que el Estado proteja los derechos constitucionales, en este caso los derechos políticos. Por ello propongo que se extienda a la materia electoral el espíritu de este principio plenamente reglamentado en el juicio de amparo que tutela el artículo 107 de la Carta Magna, pues es necesario que los principios de certeza, legalidad y objetividad se garanticen con eficacia. Al resolver los recursos con mayor eficacia no se actúa a favor de quien reclama las violaciones establecidas en la ley, sino de cada ciudadana y ciudadano. Muchas gracias por su atención.