La diputada Elizabeth Oswelia Yáñez Robles: Con su venia, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados, es responsabilidad ineludible de este honorable Congreso de la Unión contribuir en lo necesario para garantizar que el monto de los recursos que se destinan para la adquisición, arrendamiento o contratación de servicios de la administración pública federal se realice atendiendo a las mejores prácticas, respetando los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez e imparcialidad. El Estado mexicano tiene como una de sus principales tareas, la mejora y óptimo aprovechamiento de los recursos públicos para ser empleados conforme con los criterios establecidos en el artículo 134 de nuestra Carta Magna. En los últimos años, las contrataciones que realiza el gobierno federal, han incorporado nuevas formas de comprar. Las modificaciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio del Sector Público que se realizaron en 2009, han generado formas innovadoras para el aprovechamiento de los recursos destinados a las contrataciones públicas que representan hasta un 40 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación y un 7 por ciento del producto interno bruto de este país. Ante este escenario resulta necesario emplear todos los recursos que nos ofrece la tecnología para que la administración pública se beneficie de la capacidad de las tecnologías de la información y comunicación, para fortalecer la calidad, la transparencia y la eficiencia del gobierno. El empleo de las tecnologías reduce esfuerzos y optimiza el uso de los recursos en un escenario económico como el actual, en el que una planeación adecuada, una ejecución óptima y una evaluación pertinente posibilitan prestar mejores servicios, tanto transversalmente como de manera vertical a lo largo de toda la administración pública, incidiendo positivamente en la eliminación de riesgos derivados de una mala ejecución del gasto. La OCDE destaca en su agenda estratégica de México, la importancia de maximizar estratégicamente los beneficios de las inversiones previas en gobierno electrónico. En este documento se establece que las adquisiciones públicas son susceptibles al desperdicio, al fraude y la corrupción debido a su complejidad, a la magnitud de los flujos financieros que generan y la cercana interacción entre el sector público y privado, por lo que se propone que las adquisiciones se reformen para vigorizar la confianza y la credibilidad en la forma que el gobierno contrata. Ello permitirá la reducción de costos, el fortalecimiento de la eficiencia administrativa y el mejoramiento de la prestación de servicios. Una herramienta para lograrlo son las contrataciones electrónicas. Por otra parte, la OCDE también ha señalado que el Estado tendría grandes ventajas si se diera prioridad al uso de procedimientos remotos en las contrataciones públicas y éstos fueran la regla general. Con esta medida se reducirían, por ejemplo los riesgos de colusión entre proveedores y se eliminarían espacios de oportunidad a la corrupción y comunicación entre compradores y proveedores. Por lo anterior, la presente iniciativa busca establecer que todos los procesos de licitación que se realicen al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público sean realizados en forma 100 por ciento electrónica, para contribuir a la modernización de la forma en que se contrata en el país, alinear los procedimientos de contratación con las mejores prácticas internacionales y contribuir a la máxima publicidad y transparencia que deben regir todas las compras que realiza al Estado. Con esta iniciativa propongo que el uso del sistema electrónico de información pública gubernamental de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Compranet, se generalice para brindar a la sociedad mayor seguridad con respecto a la forma en que se emplean sus contribuciones, y ser el único medio para realizar licitaciones públicas, eliminando con ello formas de contratación obsoleta. De los datos incorporados en Compranet en el año 2012 se compraron, se hicieron 133 mil 177 procedimientos, de los cuales únicamente el 15 por ciento se realizaron de manera electrónica, lo que representa un enorme área de oportunidad para incentivar la competencia y lograr mejores condiciones. Quiero destacar que el uso de las tecnologías en las contrataciones públicas no es privativo de las dependencias y entidades de mayor tamaño ni restringen las operaciones de las de menor tamaño. En 2012 se identificaron entidades como el Centro Nacional de Metrología, que consistentemente realizó procedimientos electrónicos. Otro caso es el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que realizó más de 200 licitaciones electrónicas. En contraste, dependencias de mayor tamaño como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, realizó mil 935 procedimientos presenciales y solamente 73 procedimientos realizados en forma electrónica, por lo que el tamaño de la dependencia o entidad de ninguna manera constituye un obstáculo para implementar los procedimientos de contratación, 100 por ciento electrónicos. Compañeros y compañeras, el aceptar que las licitaciones públicas sigan siendo presenciales, es seguir fortaleciendo la discrecionalidad y corrupción de funcionarios públicos y proveedores. Reduzcamos los espacios de corrupción y de colusión, asegurando las mejores condiciones para el Estado, que le garanticen la transparencia y la legalidad. Es cuanto, señor presidente.