El diputado Baruch Alberto Barrera Zurita: Con su permiso diputado presidente. Honorable Asamblea. Baruch Barrera Zurita, diputado federal integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 55 fracción II del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación, al tenor de la siguiente: EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: La educación básica obligatoria en la cual queda comprendida la preescolar, primaria y secundaria según lo señala el artículo tercero constitucional, enfrenta graves problemas tanto en el nivel académico como en la misma infraestructura de los planteles con que se cuenta por lo que debemos poner especial atención como legisladores en mejorar ambos aspectos. Por ello quiero resaltar el ambiente en que nuestros niños y adolescentes asisten a sus clases en los planteles educativos que poco a poco se van convirtiendo en escuelas marginadas y no precisamente en razón de su ubicación geográfica sino simplemente por el abandono burocrático en que las hemos dejado. No obstante que se reconocen mejoras paulatinas en cuanto a la cobertura de educación básica, es un hecho que la lentitud de acceso a oportunidades educativas y el bajo nivel de aprovechamiento de buena parte de los estudiantes, evidencia un sistema que no ha combatido del todo la desigualdad e inequidad de oportunidades, ni tampoco la ineficiencia y baja calidad de los servicios educativos que imparte el Estado. La educación en nuestro país representa la inversión en capital humano de mayor impacto en el desarrollo social. El Partido Acción Nacional concibe la educación como el principal motor de desarrollo personal y nacional, como el más eficaz mecanismo de educación integral y de igualdad de oportunidades. La convivencia armónica y el progreso de los mexicanos deben de cimentarse en una formación educación integral y de alta calidad que contribuya a afianzar nuestra identidad y los valores humanos esenciales, al tiempo que promueva la adquisición de conocimientos, destrezas y capacidades que permitan la superación y mejora constante de la población, especialmente de aquella que padece las mayores carencias. Por ello debemos continuar en la búsqueda y desarrollo de aquellas acciones que hagan posible el perfeccionamiento de nuestro sistema educativo nacional. Por tanto, es imperioso contar con una infraestructura educativa adecuada para mejorar las condiciones de los planteles educativos. Es un hecho lamentable las condiciones en que operan la mayoría de estos, por lo que si ya los tenemos identificados como escuelas urbano o rurales marginadas, es nuestra obligación buscar soluciones al problema y mejorar sus condiciones para garantizar efectivamente y de manera integral el derecho a la educación de todas y todos los mexicanos. Para lograr este objetivo, debemos de promover la participación de los órdenes de gobierno en cumplimiento al mandato constitucional y a lo establecido en la Ley General de Educación ya que el Estado está obligado a prestar servicios educativos para que toda la población pueda cursar la educación básica. Dichos servicios se prestan en el marco del federalismo conforme a la distribución de la función social educativa establecida por la ley, pero esta obligación a la que están sujetos los tres órdenes de gobierno debe vincularse a la asignación de recursos que les permita cumplir cabalmente con sus tareas. El Partido Acción Nacional se propuso, entre otras muchas acciones, consolidar el proceso de descentralización educativa bajo la responsabilidad compartida de las autoridades educativas, locales y federales a través de la creación del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, así como impulsar y reforzar los consejos de participación social a través de bases concretas de operación y facultades claras de participación en materia de planeación y evaluación de los servicios educativos. Es por eso que la preocupación actual como legislador es que cada municipio reciba recursos de forma expedita y con oportunidad para el cumplimiento de las responsabilidades señaladas en el artículo 15 de la Ley General de Educación. En la actualidad, las autoridades de los distintos planteles se ven en la necesidad de realizar múltiples gestiones con la esperanza de subsanar con prontitud las carencias y deficiencias de que adolecen, tales como construcción, reconstrucción, ampliación, mantenimiento o rehabilitación de obras de infraestructura básica educativa, así como equipo básico y gestionan a través de oficios a la presidencia de la República, a la Secretaría de Educación Pública, a los gobernadores, a los presidentes municipales y a los legisladores, tanto locales como federales, buscando con esto obtener una pronta respuesta a sus peticiones. Sin embargo, en la práctica esto no sucede y la mayor parte del tiempo ellos tardan haciendo gestiones sin conseguir muchas veces una respuesta favorable o al menos pronta a sus solicitudes. La problemática aquí planteada ha sido plenamente corroborada por el que suscribe ya que, a través de nuestros recorridos y nuestras oficinas de enlace, se han recibido múltiples peticiones relacionadas con el tema, la gran mayoría con el común denominador de no haber sido atendidas a tiempo ni en forma por las autoridades correspondientes. Derivado de lo expuesto es que nace el presente proyecto de iniciativa que reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación. Lo anterior en estricta concordancia con la Ley de Coordinación Fiscal respecto al Fondo de Infraestructura Social Municipal y de la importancia de los consejos de participación social, como instrumentos de democracia participa en el municipio para que decidan las prioridades de financiamiento e inversión en infraestructura educativa municipal, así como que se aprovechen todas las fuentes de recursos existentes de forma ágil, ya que dotando de un instrumento legal al municipio se pretende que se realice la efectiva, expedita y oportuna asignación de recursos para mejorar las condiciones educativas en las que están miles de niñas y niños. Lo anterior tiene plena justificación en virtud de que, como hemos mencionado, las gestiones para obtener recursos destinados a un área prioritaria como la educación muchas veces se retrasan por la excesiva reglamentación o sencillamente nunca llegan, además de que la población afectada en muchas ocasiones es ignorada en el momento de invertir en el futuro de sus hijos, como es la educación. Por lo anteriormente expuesto, el suscrito somete a la consideración de esta honorable soberanía el siguiente proyecto de decreto que reforma los artículos 26 y 70 de la Ley General de Educación. Artículo único. Se reforman los artículos 26 y 70, ambos de la Ley General de Educación, para quedar como sigue: Artículo 26. El gobierno de cada entidad federativa, de conformidad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que cada ayuntamiento reciba recursos de forma expedita y con oportunidad para el cumplimiento de las responsabilidades que en términos del artículo 15 estén a cargo de la autoridad municipal. Asimismo, el ayuntamiento destinará recursos del Fondo de Infraestructura Social Municipal para el Financiamiento e Inversión para construcción, reconstrucción, ampliación o rehabilitación de obras e infraestructura básica educativa en los términos que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Artículo 70. Este Consejo recogerá las demandas de la ciudadanía, establecerá las prioridades de financiamiento e inversión en infraestructura educativa municipal y gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educativa local el mejoramiento de los servicios educativos. Transitorios. 1. El presente decreto entrará en vigor a los 60 días naturales siguientes al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 2. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente decreto. Es cuanto tengo que decir, diputado presidente.