La diputada Mónica Bautista Rodríguez: Con su venia, diputada. Mil 874 millones, 207 mil 802 pesos, es lo que le costó al pueblo de México la única recomendación que inició la ilegal e ilegítima presidenta impuesta por la mayoría morenista en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una recomendación y la toma de sus instalaciones por más de dos meses son el resultado de la labor de quien desde hace exactamente un año ha traicionado a las víctimas y le ha dado la espalda a todo el quehacer que su madre realizó en favor de las y los desaparecidos de la Guerra Sucia como comparsas de un régimen que viola los derechos humanos de indígenas, mujeres, periodistas y migrantes, un día sí y otro también, militarizando el territorio, inventando consultas a mano alzada, estigmatizando a los medios desde la mañanera, desacreditando a las y los científicos y generando un clima social de disconformidad cuyo origen no es otro más que el resentimiento presidencial. En este Presupuesto, la presidenta de la Comisión Nacional, Rosario Piedra, ha renunciado servil y criminalmente a más de 370 millones de pesos, el 15 por ciento de sus recursos en términos nominales de lo asignado en el Presupuesto del año anterior, lo que pondría a este organismo autónomo en serias dificultades operativas si es que se hiciera algo en favor de los derechos humanos como si para las víctimas el comer arroz y frijoles como afirma reiteradamente la Comisión a la presidenta que lo hace y no como quedó demostrado cuando las víctimas abrieron sus despensas resarciera el daño impuesto a sus derechos. Este régimen ha militarizado el quehacer público, dándoles a los soldados más de 13 tareas adicionales, entre las que se encuentran la construcción de aeropuertos, la distribución de recursos de los programas sociales, la atención de la pandemia, la remodelación de los hospitales abandonados, la vigilancia de los puertos, el apoyo a los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro como si el cuidar la seguridad nacional no fuera tarea suficiente. En contraste, el gobierno ha asignado a las y los militares únicamente 124 millones de pesos para capacitación en derechos humanos e igualdad de género. Este gobierno que ha engañado a la ciudadanía con una Guardia Nacional militar pero no militar, con agentes de primera y de segunda cuyas funciones de primer respondiente en materia de seguridad pública implican el trato directo con personas en situación de alta vulnerabilidad, no cuenta con recursos para capacitación en derechos humanos, perspectiva de género o niñez. Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos no dice nada. Sin embargo, no nos extraña porque tampoco ha alzado la voz en contra de los recortes del 75 por ciento al gasto operativo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, de la Comisión Nacional de Búsqueda, del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, o del Sistema Integral de Protección a la Infancia, recortes que además de poner en riesgo la integridad y la vida misma de las víctimas, resulta inconstitucional e inconvencional ya que es violatorio del principio de progresividad de los derechos humanos. En el Grupo Parlamentario del PRD hemos reconocido en múltiples ocasiones la labor que las Fuerzas Armadas desarrollan, la valentía de sus integrantes y la encomiable labor que en situaciones de desastre realizan en beneficio de la población. Sin embargo, ningún servidor público puede hacer frente con éxito a las tareas que se les han encomendado sin tener capacitación requerida. Es igualmente importante para nosotros, que el organismo público a quien se ha confiado la defensa y protección de los derechos humanos, nacido por exigencia de las víctimas y que ha costado mucho trabajo consolidar, quede inservible de frente al asalto de una presidenta, cuyo afán es postrarse frente a los pies del presidente en turno. Es por todo aquello que exigimos al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos expresen su pleno compromiso con las y los mexicanos, con su integridad y su vida. Les exigimos que no reduzcan los recursos, para salvaguardar los derechos humanos. Le exigimos al presidente, primer legislador de este Congreso, que en un acto de congruencia política sus huestes legislativas voten a favor las presentes reservas, cuyo único objeto es garantizar a las y los mexicanos una vida digna y sin violencia. Es cuanto, diputada presidenta.