El diputado Jesús Emiliano Álvarez López: Con la venia de la Presidencia. Uno de los fenómenos asociados a la delincuencia organizada es el robo en carreteras y no solamente se da este entre particulares, también hemos visto en estas últimas semanas, meses, que ha aumentado a las empresas de transporte de pasajeros y aquellas empresas, no solo nacionales sino también extranjeras, que transportan mercancía por vía terrestre. La evolución de la incidencia de este delito y de las reacciones que han tenido los empresarios hace suponer que las acciones de las autoridades, tanto federales como locales, no son las necesarias para este fenómeno. El hecho de que los delitos se clasifiquen como pertenecientes al fuero común y no al fuero federal, no debería ser motivo para que los gobiernos locales no hagan todo el esfuerzo posible para erradicar este delito que se ha venido dando muy considerablemente en las carreteras. De ahí la necesidad de esta reforma, para que la federación tenga facultades expresas en persecución de estos delitos. A nivel nacional, el número de quejas presentadas ante agencias del Ministerio Público en 2017, por actos de robo en carreteras, asciende a tres mil 823. De ellos, los delitos cometidos con violencia son tres mil 435, a camiones de carga son dos mil 303, a vehículos particulares 280 y, en otras modalidades 723. Adicionalmente, es necesario señalar que la inseguridad acarrea importantes costos para la sociedad. Algunos de estos pueden ser tangibles, como la pérdida material ligada a un asalto a mano armada, o bien la pérdida de un ser querido. Otros costos pueden ser preventivos, como la instalación de una chapa de alta seguridad en la empresa o en el hogar, con la finalidad de evitar ser víctima de robos y algunos otros pueden estar ligadas a tratamientos psicológicos para superar la crisis generada por un secuestro. Debemos considerar los costos de largo plazo que impactan negativamente en las tasas de crecimiento económico regional, derivado de que las empresas dejan de invertir. También se pierde la competitividad de la planta productiva, la generación de empleos se hace más lenta, se pierde el capital humano cuando la delincuencia induce a las personas a involucrarse en actos criminales y se pierde la cohesión social en un ambiente de desconfianza. También existen costos que normalmente no se visualizan, pero que son igualmente importantes, como la utilización de recursos públicos, que en lugar de ser destinados a la educación o a la salud, son redireccionados hacia el combate a la delincuencia. Lo que se necesita, no sólo son leyes para que el gobierno federal y de las entidades federativas implementen acciones, sino planes y programas para prevenir este tipo de ilícitos. Se requiere inversión en seguridad, que contemple infraestructura como la instalación de arcos carreteros con cámaras de videovigilancia, dispositivos electrónicos y de comunicación. Asimismo, la actualización tecnológica para tener en tiempo real un monitoreo de lo que sucede en el sistema nacional de carreteras. Todo ello es posible si existe voluntad para atacar a la delincuencia, si se erradica la corrupción al interior de las instituciones policiacas y de procuración de justicia, si existen investigaciones reales que den con las bandas de delincuentes dedicados y se abata la impunidad en este y en todos los delitos. Pero esto será impensable si no logramos nombrar un fiscal general de la República apartidista e independiente, si no existe una Fiscalía Anticorrupción que combata la descomposición de las instituciones a través del soborno, del cohecho o la protección a delincuentes desde las instancias encargadas de perseguirlos. En la búsqueda de seguridad para las personas y los bienes que estos llevan, en Morena estamos comprometidos con la seguridad de todas y de todos, por eso vamos a votar esta iniciativa a favor. Muchas gracias.