La diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso: Con su permiso, presidente. Sea bienvenido, señor secretario, ingeniero Genaro García Luna. Compañeras legisladoras y compañeros legisladores. La seguridad pública y la procuración de justicia constituyen los ejes de seguridad nacional y hoy una de las demandas más sentidas de los mexicanos. Sin seguridad, sin paz y orden en México no puede haber crecimiento económico, generación de empleos productivos y estables, no puede generarse bienestar en la población. El derecho humano a la justicia es una exigencia básica para la convivencia ciudadana. Garantizar la seguridad pública es deber y obligación exclusiva del Estado. Su eficaz cumplimiento fortalece la gobernabilidad y el estado de derecho. Está claro que la estrategia emprendida en contra del crimen organizado, a partir de diciembre de 2006, se basa en el imperativo del Estado de recuperar la confianza de la sociedad y recuperar territorio donde cientos de familias mexicanas viven a diario la amenaza latente de la violencia, que ha invadido las calles de nuestro país. Le expresamos al presidente de la república y a la institución que usted representa, nuestro reconocimiento y apoyo permanente a esta lucha. En el informe que se ha entregado a esta soberanía destacan los avances en le combate a la delincuencia, sin duda los números y datos que se presentan merecen el reconocimiento general; sin embargo, la percepción social continúa permeando por la incertidumbre, el miedo y la desconfianza. De acuerdo con la Encuesta Nacional 2009 sobre Inseguridad, del Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, A.C., la prevalencia y la incidencia delictiva en el país no han observado cambios sustanciales en esta década. En México se denuncian, en promedio, uno de cada cinco delitos y sólo el 15 por ciento de éstos se registran en la estadística oficial. Las víctimas que no denuncian motivan su abstención, principalmente, en acudir al Ministerio Público les parece una pérdida de tiempo, como lo manifiesta el 39 por ciento de los encuestados, o en desconfianza hacia esta autoridad, de acuerdo al 16 por ciento. De los delitos denunciados, sólo en el 6 por ciento de los casos se puso al presunto delincuente a disposición del juez. Por temor a la inseguridad, en 6 de cada 10 hogares ya no se permite salir a los menores a la calle. Por el mismo motivo, la mitad de los mexicanos evita salir en las noches. Los cuerpos policíacos de todas las esferas de gobierno aún son vistos con desconfianza por la gran mayoría de la población. Señor secretario, nos preguntamos, junto con cientos, miles y millones de ciudadanas mexicanas y ciudadanos mexicanos, ¿dónde está la política integral que articule un adecuado sistema nacional de seguridad pública? ¿Qué ha hecho y hace el actual gobierno para cambiar una situación que hoy se vuelve cada vez más preocupante? Estamos de acuerdo y apoyamos las acciones reactivas de las autoridades de seguridad; sin embargo, éstas no van acompañadas de eficaces procesos preventivos que anulen conductas antes de cometerse un delito. Carecer de una política preventiva integral ha llevado a que los resultados obtenidos en estos operativos conjuntos contra el crimen organizado se ubiquen por debajo de las expectativas generadas, ya que se han realizado basadas fundamentalmente en acciones punitivas de carácter militar, que no policial, y con una labor de inteligencia insuficiente, sin coordinación con otras áreas del gobierno, tanto del orden federal como estatal y municipal, sin contar con elementos que permitan el intercambio de información y, finalmente, sin la participación activa de la sociedad civil. El aumento de la inseguridad pública es un problema crítico, no sólo por el uso cotidiano de violencia sino también por la creciente complejidad del accionar delictivo. Pareciera que los mexicanos nos estamos acostumbrando a vivir con la violencia. Cada vez más escuchamos a nuestras familias o vecinos decir: "fui asaltado, robado o despejado. Pero no me pasó nada, nada a mi persona". De eso le dan gracias a Dios. Esto es grave. Estamos entrando a una etapa tolerada de la violencia por ser cada vez más cotidiana en nuestras vidas. La presencia del crimen organizado en la mayoría de las entidades federativas del país ha puesto de manifiesto las carencias estructurales de las diversas instituciones vinculadas con la justicia, dentro de las que se encuentra la dependencia a su cargo, señor secretario. Las policías han mostrado su fragilidad institucional, permitiendo que prevalezca la impunidad. En ese sentido, la falta de un sistema de procuración de justicia eficiente y confiable ha provocado en la sociedad un sentimiento de indefensión. Hay contradicciones aparentes que deben ser resueltas. Por un lado, la delincuencia organizada es una figura de carácter federal; pero, por otro, se reprocha a estados y municipios su pasividad ante el fenómeno. A pesar del esfuerzo leal de nuestras fuerzas armadas, no advertimos que exista suficiente coordinación entre las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública y las corporaciones policíacas de los otros niveles de gobierno. Al principio de la administración se habló de una Policía Nacional que unificaría a la Policía Federal Preventiva con la Agencia Federal de Investigaciones, pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública Federal y a la Procuraduría General de la República, respectivamente. ¿Por qué a tres años de la administración, como el propio señor presidente lo señaló el pasado 2 de septiembre, no se ha podido convenir un diseño de la policía para enfrentar este problema, que junto con la economía, son los grandes retos del México del siglo XXI? Quiero manifestarle una preocupación muy particular, señor secretario. Tiene que ver con la administración y funcionamiento de nuestro sistema penitenciario. Día con día la opinión pública es informada de la detención de delincuentes de alta peligrosidad, y éstos son remitidos a los diversos penales del país. Aprovecho la oportunidad, siendo una diputada del estado de Nayarit, para plantear un problema que nos ocupa a los nayaritas: el penal El Rincón. En Nayarit fue diseñado como un penal de mediana seguridad; sin embargo, han sido remitidos a éste, presuntos delincuentes considerados de alta peligrosidad por sus vínculos con el crimen organizado. La presencia de este penal federal representa una amenaza permanente para la seguridad de los nayaritas. Hechos violentos, como los ocurridos en abril pasado, son acontecimientos inusuales para los que ahí vivimos. El traslado permanente de reos al penal federal del Rincón, ha venido a alterar la paz, el orden y la seguridad de los nayaritas. Exigimos actuar con responsabilidad por el bien de nuestras familias y su seguridad. No más reos de alta peligrosidad en Nayarit. Éste es un reclamo de 1 millón de nayaritas. Sólo con la garantía efectiva de la seguridad jurídica y la existencia de coherencia entre la ley y la realidad, podemos decir con orgullo que vivimos en un estado de derecho; no nada más declarado en un discurso reiterado y oportunista, sino cotidiano y evidente. Que se cumpla con lo prometido. Es una exigencia de todas las mexicanas y todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente.