La diputada Aída Fabiola Valencia Ramírez: Con su venia, señor presidente. Honorable asamblea, muy buenas tardes. Traigo a este pleno una iniciativa que considero que puede contribuir en gran medida a evitar problemas que ya han existido pero que sabemos que, si no tomamos en cuenta hoy la nueva era que estamos viviendo las mujeres, vamos a continuar con esta situación, sobre todo en nuestras comunidades donde nos estamos rigiendo por el sistema de usos y costumbres. En su mayoría, en mi estado natal, Oaxaca, existen 570 municipios, pero en su mayoría, más de 460, se están rigiendo por el sistema de usos y costumbres. Agrupar en un solo documento los principios, valores, derechos y obligaciones que representan la fuente del sistema federal de una nación y la base de la organización política del Estado mexicano no puede ser soslayada por quienes somos parte integrante y fundamental de la misma, es decir, su gobierno y su población, una población que bien puede ser mujer u hombre, niño o anciano, joven o adulto, profesionista o empírico, mujer, hombre, artista o poeta, indígena o no indígena, pobre o rico, al final el objetivo debe ser el mismo: aprender a respetar los dogmas y la organización de nuestro país, concretando en la práctica lo que se establece en los ordenamientos jurídicos. Tal es el caso del respeto a todos y cada uno de los derechos contemplados en nuestra Constitución. Nuestra también denominada Carta Magna, en su artículo 4o, ha contemplado desde su origen que el barón y la mujer somos iguales ante la ley. Luego entonces, si el barón tiene en todo momento el derecho de votar y ser votado por uno u otro sistema de elección popular, por qué es que todavía no alcanzamos la paridad, como bien lo mencionábamos ayer. Tratándose del sistema de usos y costumbres, en ocasiones las mujeres no son tomadas en cuenta para votar y en otros lugares votan pero ni siquiera tienen derecho a ser votadas. Este factor se repite en muchas comunidades de nuestro México, a pesar de que la historia de nuestros pueblos indígenas es una historia de lucha constante, pues son esas culturas las que vieron llegar a los conquistadores españoles, son las que resistieron los embates de la conquista, las que se aferraron a no perder el espíritu de sus antepasados y en ellas se recargó el movimiento de Independencia de 1910. En esta lucha los pueblos indígenas aportaron una gran cuota de sangre; sin embargo, una vez establecida la nación independiente y el inicio de la organización política que habría de regir la patria naciente, fueron ignorados por las élites dominantes. La igualdad de todos los habitantes de la Nueva España, sin distinción de europeos, africanos o indios que establecía el Plan de Iguala, era sólo discurso, pues para nada eran iguales y cómo, si no tenían las mismas condiciones lingüísticas, sociales, económicas y culturales para hacerlo. La Constitución promulgada en 1824 no otorga ninguna concesión a los pueblos indígenas, como no fuera aquella facultad del Congreso de la Unión de arreglar del comercio con las naciones extranjeras entre los estados de la Federación y los pueblos indios, como si los indígenas de aquella época como la inmensa mayoría de los de hoy, tuviesen capital económico para la inversión de negocios, mientras que en la Constitución de 1857 sólo ideas importantes se discutieron, que de ninguna manera fueron incluidas en aquel texto. Es la Revolución de 1910 una época decisiva en la vida de nuestro país enmarcada por la gran participación de hombres y mujeres indígenas. Y nuevamente estos grupos son quienes sacrifican caudales de sangre al movimiento que dio origen a la Constitución de 1917. Las propuestas políticas fueron tentadoras pero al final no correspondieron a las expectativas de los pueblos indígenas, pues si bien es cierto que se estableció en el artículo 27 la prioridad de la tierra, también lo es que nunca en calidad de propiedad individual sino como ejido o comunidad. Además de reservarse la nación, la propiedad originaria de ésta, justificando así una vez más la usurpación del feudo de los indígenas, de ahí que aun cuando se pretenda calificar a la Constitución de 1917 como una constitución de avanzada en materia de derecho social, siguió ignorando a los pueblos y comunidades indígenas. En 1992, hubo un intento del Congreso por reconocer a los pueblos indígenas; sin embargo, sólo se trataba de una declaración de la pluriculturalidad de la nación mexicana. Fue necesario entonces un movimiento armado de los indígenas chiapanecos agrupados en el Ejército Zapatista y de Liberación Nacional, y la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, o Acuerdos sobre Derechos y Cultura Indígena para que el gobierno accediera a insertar en el texto constitucional el reconocimiento por primera vez, desde el surgimiento del Estado mexicano, a los pueblos indígenas y sus derechos colectivos, entre los que destaca el derecho de elegir de acuerdo a sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias formas de gobierno interno, mismo que fue establecido hasta el 14 de agosto de 2001, casi 153 años después de que el entonces gobernador de Oaxaca, don Benito Juárez García, hiciera patente que el Congreso oaxaqueño, hiciera el reconocimiento de que desde antes del establecimiento del sistema federal los pueblos del estado han tenido la costumbre democrática de elegir por sí mismos a sus funcionarios, que con el nombre de alcaldes y regidores cuidaban de la policía, de la conservación de la paz y de la administración de los fondos comunales. Sin embargo, no fueron una, dos o tres décadas las que tuvieron que transcurrir para que las palabras del insigne patriota fueran elevadas a rango constitucional y se devolviera a los indígenas la autonomía y la libre determinación. Tuvieron para ello que pasar 153 años. No obstante, en la actualidad aún la patria está en deuda con casi 13 millones de indígenas, cuya forma de elegir a sus autoridades se conduce bajo el sistema de usos y costumbres, violentando con ello el pacto federal que incluye la igualdad entre todos y cada uno de los individuos de esta nación. Y si bien es cierto que la patria debe reivindicarse con los pueblos originarios, ello no implica que no pueda conducirlos a un esquema de igualdad y paridad en la elección de sus gobiernos internos; puesto que resulta innegable que dentro de las prácticas ancestrales, lamentablemente aún se observan conductas discriminatorias por cuestiones de género, edad, discapacidades, salud, religión, estado civil y diversidad sexual. El artículo 1o. de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece a los efectos de la presente convención la expresión: discriminación contra la mujer denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera. Ahora bien, establece en su artículo 2 que los Estados parte en la convención condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, por lo que conviene seguir por todos los medios apropiados y dilaciones una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer. Con tal objeto, el Estado mexicano se comprometió al momento de ratificar y consagrar en la Constitución nacional la igualdad entre el hombre y la mujer en los artículos 1 y 4. Ahora, si bien es cierto que México ha adoptado medidas legislativas para erradicar la discriminación de género en materia de derechos políticos electorales, en algunos aspectos ha sido insuficiente. Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos realizados, a 32 años de la ratificación del Estado mexicano en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, signada el 23 de marzo de 1981, no ha cambiado en nada la vida política de muchas mujeres en las comunidades indígenas. Recordemos que en nuestro país son vigentes dos métodos para la elección de sus autoridades. El primero, por partidos políticos; el segundo, por el sistema de usos y costumbres. Es por esto, presidente, que hoy presento ante este pleno la iniciativa para que podamos reformar la fracción III, del Apartado A, del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que podamos incluir, textualmente me permiten leerlo: incluyendo obligatoriamente la participación de las ciudadanas y ciudadanos que en pleno uso de sus derechos político-electorales decidan ejercerlos, buscando un esquema de paridad e incentivando dicha participación desde el inicio de los procedimientos de elección, de renovación de autoridades hasta la ocupación y ejercicio del cargo en un marco que respete al pacto federal. Es por ello que pido el apoyo de las diputadas, el apoyo de los diputados, para que finalmente hagamos valer los derechos de las mujeres, que hoy están siendo limitadas en sus comunidades a participar, a dirigir y a tomar decisiones por un mejor rumbo. Muchas gracias por su paciencia. Muchas gracias, señor presidente.