El diputado Ernesto Alfonso Robledo Leal: Con su permiso, presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, estamos ante otra mala reforma de Morena y sus aliados, una reforma en la que se renuncia a la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho humano a la protección social en salud, al pretender sustituir el Seguro Popular, por cierto, logro de gobiernos panistas, que ha sido un ejemplo de política pública exitosa a nivel internacional. En un lapso de 15 años el Seguro Popular ha afiliado a más de 50 millones de mexicanos, con un fondo de más de 80 mil millones de pesos, para atender los gastos catastróficos en salud, de personas que sufren condiciones tales como cáncer en los niños, la atención perinatal en riesgo, ciertas enfermedades de alto costo como la diabetes, insuficiencia renal crónica o la hipertensión y la dotación de antirretrovirales a personas que padecen VIH Sida. Pero este gobierno con sus erróneas decisiones de política pública y ocurrencias de cambiar el nombre de instituciones y engañar a la población que les está ayudando, estará causando un mal mayor en la salud, ya no a la población sin seguridad social, que asciende a 70 millones de personas, sino de toda la población del país, al pretender usar las instituciones de seguridad social en la atención de la salud universal, supuestamente universal. Por qué digo que es un engaño. Porque el dictamen pretende que a través del Insabi, con un fondo común que se encargue de financiar la salud, pero sin que exista claridad en mecanismos de operación y gestión de dichos recursos, ustedes bien saben de los altos subejercicios en que incurrió el gobierno federal por su falta de experiencia y también bajo sus mal llamadas banderas de combate a la corrupción y austeridad republicana. De enero a junio de este año hubo un subejercicio en la Secretaría de Salud por casi 2 mil millones de pesos. Esto ocasionó no pagar becas a residentes y prestadores de servicio social, no contratar a personal de salud, no apoyar la investigación e innovación médica. Poner en riesgo a 98 mil 200 personas que viven con VIH y también a más de 300 niños con cáncer, leucemia, linfoma y osteosarcoma que, por falta de medicamentos, entre otros muchos problemas operativos, se están muriendo hoy en día. Imaginen qué pasará ahora que 20 entidades federativas han firmado el convenio de coordinación para que sea el gobierno federal que se encargue de la salud, suprimiendo el Consejo Nacional de Salud. Pues que el Ejecutivo federal, con su mala gestión y complicaciones estructurales puestos a prueba todos los días por la falta de capacidad institucional, pondrá en mayores problemas el ejercicio efectivo del derecho humano de la salud. No vemos cómo en el corto y mediano plazo el Insabi pueda cumplir a cabalidad la misión que pretende asumir, al concentrar recursos y decisiones, programas y procedimientos y mucho menos asumir con calidad la atención y las necesidades más apremiantes de la población más pobre, ante una enfermedad de alta especialidad. Y esto es porque la reforma pretende eliminar los requisitos mínimos para acreditar la calidad de los servicios y porque se realizará un programa de progresividad que no distinguirá el nivel de ingresos de la población. La cobertura de calidad de la atención se agravará, toda vez que se establece la facultad de los institutos nacionales de salud, de contratar servicios privados...