EL DIP. LUIS ANTONIO GONZALEZ ROLDAN: Con su venia, señor Presidente. Da pena la falta de memoria de un exconsejero que aprobó los estatutos; pero da pesar la irresponsabilidad de no conocer la Constitución Política de algunos consejeros, ahora convertidos en legisladores. El artículo 97, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye y cito textual, que: "La Suprema Corte de Justicia de la Nación podrá nombrar alguno o algunos de sus miembros o algún juez de distrito o magistrado de circuito, o designar uno o varios comisionados especiales, cuando así lo juzgue conveniente o lo pidiere el Ejecutivo Federal o alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o el gobernador de algún estado, únicamente para que averigüe algún hecho o hechos que constituyan una grave violación de alguna garantía individual, también podrá solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe la conducta de algún juez o magistrado federal". Fin de la cita constitucional. Como se denota, encontramos en nuestra Carta Magna un precepto de suma importancia en lo que se denomina el estado de derecho, por consiguiente, inmerso en este precepto se vislumbra el sustento de la seguridad jurídica en general de todos los integrantes de nuestro país. Cabe destacar que los principios de la carrera judicial son los de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia y en sistemas jurídicos como el nuestro, en el que los jueces, además de su elevada tarea de decir el derecho, tienen a su cargo buena parte del gobierno y hasta de la política, en tanto sus decisiones, afectan cuestiones de constitucionalidad, lo que resulta fundamental para la vida del Estado. Esta resolución que ha dado origen a estas discusiones en tribuna, no sólo violentan al Partido Verde Ecologista de México, violentan a todos los partidos políticos en general. Excesos ya hemos visto muchos, cabría recordar muchas incongruencias e inconsistencias en resoluciones con decisiones muy similares. Las resoluciones no pueden ser permisibles que las dejemos pasar en este seno, ¿o qué acaso cualquier conculcación que violente y trastoque garantías consagradas para todos en nuestra norma fundamental, en perjuicio de cualquier persona o de un ente de interés público en la aplicación de normas y sanciones con carácter o efectos retroactivos cuando afectan situaciones y derechos que han surgido con apoyo en disposiciones legales, cuando surtió sus efectos y ahora lesionan con efectos posteriores situaciones y derechos que están estrechamente vinculados con su fuente y no pueden apreciarse de manera independiente? ¿Podremos estar de acuerdo, me pregunto, en que se violente, en perjuicio de un ente de interés público, actos que deben ser completamente verificables, fidedignos y confiables de tal modo que ofrezcan certidumbre, seguridad y garantías a los ciudadanos y partidos sobre la actuación honesta de las autoridades electorales, que se violente en perjuicio de persona alguna el inobservar escrupulosamente el mandato constitucional que las delimita y las disposiciones legales que las reglamentan, que se vulnere la conservación de los actos públicos perfectamente reconocidos y convalidados? Esa pregunta se la deberían de hacer algunos legisladores en este Congreso. Muchas gracias. (Aplausos)