La diputada Patricia Terrazas Baca: Gracias, presidente con su venia. Compañeras y compañeros diputados, el dictamen que se presenta respecto a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley de Mercado de Valores, tiene como antecedente la reforma financiera de 2014, que pretendía incrementar la competencia en el sector financiero en beneficio de los ciudadanos ampliando su cobertura con dos objetivos básicos: mayor crédito y un menor costo. Como complemento a ello, en los últimos años el gobierno, el Congreso, los órganos reguladores y las entidades financieras han continuado con el impulso y la implementación de nuevas herramientas que permitan hacer llegar los servicios financieros a la mayoría de la población posible. Por ello, se han venido aprobando una serie de reformas que enriquecen la reforma del año de 2014. Entre estas se encuentran modificaciones a los procesos de resolución de controversias, fortalecimiento de las facultades regulatorias de las autoridades financieras, mayores medidas de protección a los derechos de los usuarios de servicios financieros. No obstante ello, al día de hoy en materia de operaciones bursátiles, el país presenta rezagos en su cobertura. Tan es así que el 62 por ciento de las cuentas de las casas de bolsa, se encuentran radicadas en ciudades de México, Monterrey y Guadalajara. Lo anterior generó que las deliberaciones que se llevaron a cabo en la Comisión de Hacienda y Crédito Público el pasado 27 de noviembre de 2018, se coincidiera con la colegisladora en la necesidad de seguir avanzando en la inclusión financiera de todos los ciudadanos, sin importar el lugar geográfico en el que se encuentren. Cabe precisar que el Instituto Mexicano para la Competitividad considera que un mercado bursátil sano debería generar oportunidades de inversión para amplios segmentos de la población o no solo para unos cuantos. Ahora bien, uno de los elementos que se ha identificado que limita el acceso a mayores servicios financieros, como lo son los servicios bursátiles, es la contratación presencial que implica la visita en persona del interesado en las instalaciones de la casa de bolsa. Por ello, con la reforma al artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores que contiene la minuta que se pone a consideración de la asamblea, se pretende avanzar en esta dirección, aumentar la inclusión financiera en materia de operaciones bursátiles, sin importar en qué entidad federativa se encuentre el ciudadano y sin que sea necesaria la contratación presencial. Es importante destacar que ya existen servicios en los que no es necesario la comparecencia personal del interesado. El más conocido es el cumplimiento de obligaciones fiscales en los que por medio de la firma electrónica avanzada con un certificado digital vigente, la autoridad fiscal verifica la personalidad de quien ha realizado el mismo. Asimismo, el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito otorga la opción a las instituciones de crédito para usar la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autentificación, para pactar la celebración de operaciones y la prestación de servicios con el público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier sistema automatizado, procesamiento de datos. En este sentido, se ha entendido es precisamente la firma electrónica avanzada que se tramita ante el Servicio de Administración Tributaria, la herramienta que la minuta considera idónea para dar validez a los contratos celebrados entre las instituciones bursátiles y los ciudadanos. Esto es porque en el trámite de obtención de la firma electrónica el SAT valida la personalidad mediante la presentación en original de acta de nacimiento e identificación oficial vigente, el domicilio y obtiene una serie de información biométrica directamente del solicitante, como son las huellas digitales, fotografía de imagen y de iris, aunado a la alta tecnología de sistemas en encriptamiento, que se utiliza en la generación de la firma electrónica y de los certificados digitales, que la convierten en una herramienta que otorga certeza jurídica, tanto para quien ofrece un servicio como para quien lo contrata. Es de destacarse que desde el año 2017 el marco legal ha otorgado la facultad al SAT para que los particulares que acuerden el uso de firma electrónica avanzada como medio de autentificación o firma de documentos digitales, puedan solicitarle al SAT que preste el servicio de verificación y autentificación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas. En este sentido, la minuta propone que los clientes que suscriben contratos de intermediación bursátil celebrados mediante la firma electrónica avanzada gozarán de los mismos derechos y obligaciones que los celebrados con firma autógrafa. Honorable asamblea, el dictamen con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores que hoy está a su consideración, tiene el objeto de avanzar en la inclusión financiera para todos los segmentos de la población, sin importar el área geográfica en donde se radique, otorgando certeza jurídica y seguridad a los ciudadanos en la celebración de las operaciones bursátiles. Es cuanto, presidente.