La diputada Teresita de Jesús Vargas Meraz: Actualmente la frontera norte de México, debido a su colindancia con la principal economía del mundo, que es la de Estados Unidos de América, se enfrenta a una coyuntura económica, social y cultural muy distinta a la del resto del territorio nacional, situación que el Poder Ejecutivo federal explícitamente reconoce mediante el decreto por el que se regula la importación definitiva de vehículos usados, publicado en el Diario Oficial de la Federación el primero de julio del 2011, mismo que se ha venido prorrogando. Existe una diferencia entre los salarios mínimos que percibe una persona por sus labores, ya que mientras en Estados Unidos de América el salario mínimo aproximadamente es de 7.25 dólares por hora, o el equivalente a 142 pesos con 60 centavos por jornada de 8 horas, en México es de 88 pesos con 36 centavos por el mismo periodo de trabajo. Es decir, entre 2 territorios separados por escasos kilómetros, los salarios son 13 veces mayores a los que tenemos en nuestro país. Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su Anexo 300 A, párrafo 24, y en relación al decreto del Ejecutivo, antes referido, establece que a partir del primero de enero del 2009 y gradualmente hasta el año 2019, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos originarios usados provenientes del territorio de Canadá o de los Estados Unidos de América, en función del año, modelo de antigüedad de los vehículos y, a su vez, el artículo 302, párrafo dos, en relación con el Anexo 302 del propio tratado prevé una desgravación progresiva de aranceles a bienes originarios, incluidos los vehículos usados. En esa inteligencia es importante señalar que el costo para realizar la importación de dichos vehículos usados está compuesto por diversos impuestos y derechos, tales como el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado, el derecho de trámite aduanero, los costos de prevalidación y los honorarios del agente aduanal que realiza el trámite, entre otros. Suma que en su total resulta ser muy alta y difícil de cubrir por parte de nuestros representados en la mayoría de las veces en la zona norte. Y cuando se llegan a abrir las ventanillas para la regularización de dichos vehículos se topan, además, con esta gran dificultad económica. Existe la errónea creencia de que los habitantes de la frontera norte del país, debido a la cercanía que tenemos con Estados Unidos, contamos con un ingreso mayor y una mejor calidad de vida en relación a la del resto de los habitantes del país, situación que es totalmente falsa, ya que el presupuesto de las familias mexicanas en los estados fronterizos resulta ser muy ajustado, quedando poco o nulo margen para poder ahorrar y, en su caso, comprar o poder dar el enganche de un automóvil nuevo nacional. Sumado a esto, a que en muchas ocasiones dicho segmento de la población no son candidatos o no se encuentran posibilitados al pago de ningún tipo de crédito, por lo que su única posibilidad es comprar un auto usado de procedencia extranjera para posteriormente importarlo al territorio nacional, siendo evidente que los vehículos importados tienen un costo inferior a los de nuestro país. Además, al no contar con sistemas de transporte público realmente eficientes, para muchos de nuestros representados en la zona norte es verdaderamente una necesidad contar con un vehículo, ya que como todos sabemos en esta zona se sufren temporadas climatológicamente complicadas y es necesario que transporten a sus hijos a la escuela, que se transporten a sus empleos y que garanticen su salud. En virtud de lo anterior y en aras de garantizar la protección de nuestros representados, propongo la iniciativa que adiciona la fracción XVII al artículo 61 de la Ley Aduanera, que propone exentar del impuesto general de importación a los vehículos usados de procedencia extranjera. Es importante que nosotros, como legisladores, impulsemos la regularización de dichos automóviles apegándonos a la normatividad ya existente, más no a implementar acciones que en lugar de dar una solución a la problemática afecten gravemente a las necesidades de nuestros representados, como es el caso del decomiso del que se ha venido hablando en el estado de Chihuahua, que los gobiernos estatales y locales dejen de hacer negocio con este asunto tan importante para la gente del norte. Muchas gracias.