EL C. DIPUTADO JOSE ELIAS ROMERO APIS: Con su venia, señora presidenta. Honorable asamblea: vengo, en nombre del diputado Salvador Rocha y en el mío propio, a efecto de presentar ante esta soberanía nacional una iniciativa de reformas a la Ley de Amparo, que tiene por objeto práctico y real la eliminación del principio de relatividad, mediante un dispositivo ejecutivo de la propia sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma general reclamada, bien sea que ésta se trate de una ley congresional o bien de un reglamento presidencial, gubernamental o del jefe del gobierno del Distrito Federal. Es oportuno que los mexicanos volvamos a insistir una vez más en aquella demanda ya muy antigua de que nuestro sistema de amparo no cuente con el principio de relatividad. Expliquémonos sin tecnicismos: El principio de relatividad es una especie de "candado" que determina que la protección constitucional sólo beneficia a quien la solicita que lleva al absurdo de que un acto de gobierno, digamos, una ley, no se aplique a quienes no litigaron en contra de ella y lograron que se declarara inconstitucional y sí se aplique, a pesar de su inconstitucionalidad, a quienes no litigaron en contra de ella por ignorancia o por pobreza. Existe desde luego la convicción generalizada de que es urgente una renovación de nuestro sistema de protección constitucional. Que el sentido y el itinerario de esa renovación se impide en dotarlo de mayor alcance, de mayo acceso y e mayor agilidad y certeza. Ello nos induce a considerar, antes que nada de una manera seria y definitiva, la remisión del principio de relatividad. En buen ahora que casi todos los especialistas se han pronunciado por poner punto terminal a la fórmula Otero; fue ésta hace siglo y medio una decisión sabia y prudente, para otro tiempo, para otra circunstancia y para otro México. Pero dicha remisión debe acompañarse de la mejor sustitución para que produzca los mejores efectos, y no por el contrario, nos lleve a la parálisis o al sufrimiento de la vida nacional. Este ejercicio requiere indudablemente de la inversión de fuertes dosis de reflexión y de previsión. Por eso nos hemos esforzado en esta soberanía nacional, a un mejoramiento del sistema de amparo, como ha sucedido con recientes dictámenes. Junto a ello bien valdría que el esfuerzo de una renovación en el sistema de protección constitucional, se ocupe con igual intensidad no sólo de lo que concierne al amparo contra leyes, reforma muy benéfica en tratándose de leyes autoaplicativas y la incidencia muy generalizada tales como las tributarias, sino también del amparo en contra de actos donde el problema central se ubica no en la constitucionalidad de la ley, sino en la actuación concreta del funcionario, por ejemplo judicial o ministerial, en casos tales como la sentencia, la formal prisión o la orden de aprehensión. En todo ello resalta la necesidad de corregir los vicios que hemos incorporado en un sistema de protección que se ha vuelto lo que nunca debió haber sido: ríspido, complicado, lento, caro, elitista y a la postre, débil. Por otra parte los tiempos actuales y los inmediatamente venideros, nos ponen advertencia sobre reivindicaciones de poder político que se fincan también en nuestro orden constitucional. Así hay previsiones en el sentido de que una reforma de esta naturaleza no perturbe el equilibrio entre los poderes públicos, hoy que está por fin a la vista. Que no decir de un planteamiento incipiente pero recio de los estados federados que reclaman participación en el sistema de protección constitucional del cual han sido marginados de manera absoluta, a través de un inexplicable y quizá injustificado monopolio jurisdiccional de la Federación. En esas circunstancias el diputado Salvador Rocha y el de la voz, nos permitimos someter a esta soberanía nacional, estas reformas, la primera de ellas al artículo 113 de la Ley de amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para que así fuera la voluntad de esta soberanía, quedara en los siguientes términos: En caso de sentencias que declaren la inconstitucionalidad de una norma general. "Primero.- Si se trata de una norma legal expedida por el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados o la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se deberá corregir la inconstitucionalidad a más tardar en el siguiente periodo ordinario de sesiones de dichos órganos legislativos. "Segundo.- Si se tratara de una norma reglamentaria emitida por el Poder Ejecutivo de la Federación, los gobernadores de los estados o el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se deberá corregir la inconstitucionalidad a más tardar en 30 días". Esta reforma a la Ley de amparo se complementaría en el aspecto competencial con una reforma al artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación a efecto de que la alta jerarquía de estas resoluciones de amparo, sean emitidas precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no por tribunales inferiores. "En fin, respetable asamblea, son decenas y a diario surgen más las cuestiones a las que habremos de aplicarnos quienes estamos a cargo de las responsabilidades fundamentales de la nación, no para hacer una ley al acomodo de los juzgadores, no para hacer una ley a la conveniencia de las autoridades, no para hacer una ley al mero gusto de los legisladores, sino para hacer una ley que revitalice y perfeccione un sistema que hoy está urgido de nueva vida y de mayor nobleza" Es cuanto, honorable asamblea. -