El diputado Ernesto Núñez Aguilar: Con su permiso, señor presidente. Con su permiso compañeras diputadas y compañeros diputados. La sociedad de nuestros días ha pasado de ser modelo industrial en el que la maquinaría y la mano de obra calificada eran preponderantes para generar riqueza a un paradigma en el que el manejo, administración y distribución de información son la base para potenciar el desarrollo y el progreso económico tanto de los individuos como de las comunidades. La principal característica de la sociedad del conocimiento es el constante y abundante flujo de información, la cual debería de ser accesible para todos los ciudadanos quienes deben estar preparados para usarla de manera adecuada y poder así aprovecharla en su propio beneficio. La disponibilidad de información permite a los ciudadanos emitir juicios y entender mejor la realidad en la que viven, por este motivo ésta se ha convertido en una herramienta igualmente eficaz para combatir la pobreza y al mismo tiempo promover la educación, la salud y el bienestar de las personas. En un mundo que ha transformado su manera de producir, comunicar, interactuar y vivir, el conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación representan dos factores esenciales en la construcción de una sociedad moderna y con viabilidad hacia el futuro, por este motivo es ineludible que la tecnología se ha convertido ya en un poderoso motor del cambio social. En este marco cabe preguntarnos si la educación en nuestro país, herramienta fundamental para potenciar el desarrollo humano, está transformándose a la par de las exigencias de la sociedad del conocimiento. La respuesta, compañeros, todos la sabemos, es que no. Es cierto que en nuestro país existen centros escolares de vanguardia que ya han insertado las tecnologías de la información y la comunicación en sus prácticas educativas. No obstante, la mayoría delas escuelas principalmente las públicas siguen sin tener acceso a estas herramientas tan valiosas para la información de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Por ello, en el Poder Legislativo se planteó ya desde hace tiempo modificar la Ley General de Educación para establecer que la enseñanza que impartan tanto el Estado como las escuelas particulares tengan entre sus objetivos fomentar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y fortalecer su inserción en la sociedad del conocimiento. Ahora bien, la incorporación de nuevas tecnologías al sistema educativo, como parte de la adaptación a nuestro país a los cambios ocurridos en el entorno internacional, trae consigo la necesidad de regular su uso con el propósito de propiciar un equilibrio entre los fines sociales de las mismas y la seguridad de quienes la utilizan. Si bien es indudable que las tecnologías de la información y comunicación poseen un alto potencial para el desarrollo, lo cierto es que también implican ciertos riesgos que pueden afectar a sus usuarios, fundamentalmente a los más jóvenes, cuyas prácticas de comunicación se encuentran mayoritariamente medidas por una computadora o bien por algún otro dispositivo electrónico. En ese sentido resulta fundamental el diseño e implementación de políticas públicas encaminadas a garantizar la seguridad e integridad de las niñas, de los niños y de los adolescentes de nuestro país, sobre todo cuando interactúan estos con las nuevas tecnologías. Es por ello que consideramos pertinente las modificaciones a la Ley General de Educación, propuestas en este decreto que hoy presenta la Comisión de Educación, a través de las cuales se delimitan de mejor manera las atribuciones, obligaciones y alcances de las autoridades educativas en la tarea de promover un uso seguro y responsable de las tecnologías digitales en el ámbito educativo. Por las razones anteriores es que el Grupo Parlamentario del Partido Verde anticipa su voto a favor de este dictamen. Es cuanto, señor presidente.