EL DIP. TOMAS CRUZ MARTINEZ: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: "Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia y de tal suerte se aumente el jornal al pobre, que mejores sus costumbres, aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto", Pensamientos y Sentimientos de la Nación de Don José María Morelos y Pavón. Los difíciles problemas económicos por los que hemos pasados en los últimos años, han arrojado a la pobreza absoluta a más de la mitad de la población mexicana con un grave deterioro en el bienestar particular y general de la sociedad. Los integrantes del grupo parlamentario del PRD, comprometidos en construir una sociedad equitativa, no somos indiferentes frente a las altas e injustificadas remuneraciones que privan en el sector público en los diferentes niveles de gobierno. Es un imperativo de la moral pública y de la democracia, terminar con el ejercicio discrecional de los recursos del pueblo. No podemos permitirnos que se sigan beneficiando un grupo reducido de la alta burocracia con salarios que ofenden y agravian, contrarios a los principios de justicia, equidad, igualdad y solidaridad. Una reorientación auténtica social del presupuesto sólo puede darse bajo la premisa de impulsar una austeridad patriótica y republicana. En el Congreso de la Unión debemos poner un alto a los salarios o remuneraciones de más de 400 mil pesos a Presidentes Municipales, de más de 200 mil a Directores o Secretarios de Estado; es absurdo que exista en nuestra República casos de presidentes y empleados municipales que perciben una remuneración mayor a la del Presidente de la República. Ante esta situación, se hace necesario un límite que equilibre tal desproporción, combata el derroche de los recursos públicos. El país reclama austeridad y no lujo, no debemos aceptar más la discrecionalidad de servidores públicos que se autoasignan sus sueldos, priorizando su bienestar personal en el presente y futuro y no el de su pueblo. Compañeras y compañeros legisladores: no olvidemos las enseñanzas de hombres como Mariano Otero, que en el ensayo sobre el verdadero estado de la cuestión social y política que se agita en la República Mexicana, al referirse al peculado expresó: "Esta profesión vergonzosa y eminentemente antinacional de aprovecharse de las rentas públicas, formó una clase atendida, considerada y solicitada, que no buscaron siempre más que oro y más oro". Esa situación actualmente, compañeros legisladores, es un ambiente que cabalga a todo lo ancho y largo de nuestra República. Destaca también la participación del Ministro de Guerra en la sesión del 22 de abril de 1843, al discutirse la composición de la Cámara de Diputados, pues al hacer el uso de la palabra sostenía lo conducente: en cuanto a la escasez del erario, se debe buscar el mal en su raíz y atacarlo en su origen, que las rentas del Estado alcanzaban para todo bien arreglada la Hacienda Pública, que el modo más sencillo y fácil de tenerla era rebajar los sueldos del Presidente, ministros y diputados. Es indispensable seguir el ejemplo con la actuación, es por ello que resulta impostergable dar transparencia a los ingresos, no sólo de los titulares del Poder Ejecutivo, sino de todos los servidores de la federación, de las entidades, el Distrito Federal y los municipios, toda vez que invocar una nueva moralidad del servidor público exige que sean precisamente éstos quien encabecen esa moralidad; los que pongan el ejemplo siguiendo la premisa de Benito Juárez, quien sostenía que el servidor público debe aspirar a vivir con la medianía de su sueldo y a trabajar para alcanzar las mejores aspiraciones de la sociedad. De conformidad con el artículo 127 de la Constitución General, las remuneraciones que perciban los servidores públicos deberán ser anuales, adecuadas, irrenunciables y equitativas; sin embargo, las características actuales de las remuneraciones son las siguientes: Son parcialmente ilegales, aquellas que no están contempladas en el Presupuesto ni en una ley posterior, como lo señala el artículo 126 de la Ley Suprema. Son inequitativas, en virtud de que no existe un principio de igualdad horizontal, que norme simetrías entre pares, como es el caso de diputados y senadores o bien, siendo actividades diferentes tienen una relevancia semejante, por lo tanto, deberían ser considerados iguales como la actividad legislativa, la ejecutiva y la judicial. En este mismo Congreso tenemos el ejemplo de los empleados de la Cámara de alto nivel, de la alta burocracia, quienes ostentan salarios muy por encima de los legisladores. Esto no puede seguir así en ninguna parte de la República. Son aún más inequitativas si se considera que estas remuneraciones incrementan la opulencia en algunos servidores públicos y la pobreza de miles de mexicanos, contrariando con ello el irrenunciable compromiso de nuestra investidura popular. Considerando que las remuneraciones actuales netas de los diputados son de 63 mil pesos, de los senadores de 86 mil; de secretarios de Estado, que van de 155 a 163 mil pesos; del propio Presidente de la República de 158 mil, agregando a ello bonos, compensaciones y otro tipo de ingresos, proponemos que la dieta del diputado federal sea la referencia obligada, para que ningún servidor público estatal o municipal y del Distrito Federal perciba una remuneración superior a éstos, salvo el caso del Presidente de la República y los ministros de la Corte, que tendrían hasta una tercera parte más de los ingresos del diputado federal. Los senadores tendrán una remuneración igual a los diputados federales, por ser ambos colegisladores de un mismo Poder y por no existir razón alguna para no ser tratados como pares de esta importante función de Estado. Asimismo se propone que no existan remuneraciones especiales, bonos, premios u otras compensación a los servidores públicos federales, estatales y municipales e confianza, sólo la que sea considerada como única remuneración constitucional. Desde luego nuestra propuesta es que el monto inicial de referencia de estas remuneraciones de diputados federales, sean las que se encuentran vigentes y que también lo serán para el año 2004. Con la reforma constitucional estamos presentando el ahorro que se obtenga de esta reducción de remuneraciones, será suficiente para atender seguramente renglones importantes que están pendientes de la función pública, en los ámbitos de la educación, la salud y el empleo. Con una austeridad emanada de la ley suprema, de las remuneraciones de los servidores públicos, se alcanzarían ahorros de miles de millones de pesos seguramente en la federación, en los estados y en todos los municipios. Insistimos, no es justificable la desincorporación de entidades públicas, mientas existan otras opciones, como el ahorro a partir de la austeridad en la remuneración de los servidores públicos, y menos aun si estos organismos tienen una inequívoca función social, reconocida ampliamente en nuestro país. Estas acciones representarían un cuantioso ahorro además pues son decenas de miles de servidores públicos, que actualmente tienen percepciones superiores a las de los diputados federales. En lo virtud de lo expuesto, solicito a la presidencia de la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, ordene se inscriba el texto íntegro de la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona los Artículos 64, 73, 75, 115, 116, 122 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Diario de los Debates y en la Gaceta Parlamentaria, en virtud de que mi exposición sólo fue una síntesis apretada de la iniciativa. Eso es todo, muchas gracias, ciudadano presidente. -