La diputada Cynthia Gissel García Soberanes: Gracias, presidente. Con su venia. Honorable asamblea, el día de hoy me permito proponer a ustedes iniciativa de reforma a los artículos 25 y 48 de la Ley de Aeropuertos, con la finalidad de que se reconozca debidamente el derecho constitucional que tienen los municipios a cobrar impuestos, derechos, licencias y cualquier otra retribución en aquellas áreas que se localizan dentro de los puertos aéreos y que se clasifican como comerciales, ya que si bien es cierto ocupan territorio federal, no se dedican a la actividad concesionada. En un Estado moderno, como el nuestro, el municipio es la entidad administrativa más pequeña de la nación, pero la más próxima a los ciudadanos. En razón de lo anterior, desde 1983 y posteriormente, en 1999, se ha venido realizando una serie de reformas del diverso constitucional 115, con la finalidad de otorgar mayores recursos y autonomía a los municipios, fortalecer sus finanzas y dejarlos administrar libremente ha sido la intención del legislador. En consecuencia, el artículo 115, fracción IV, último párrafo de la Carta Magna ordena lo siguiente: Solo estarán exentos de pagar impuestos y derechos al municipio, los bienes de dominio público y la federación de los estados o los municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por particulares bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto público. Así lo corroboraron los numerales 6 y 14 de la Ley General de Bienes Nacionales. Aparentemente para que se opere la extinción de impuestos y derechos, como excepción a la obligación del pago al municipio, se requieren tres elementos indispensables: 1. Que el gobierno en cualquiera de sus tres niveles, federal, estatal o municipal, sea el propietario del bien inmueble afecto; 2. Que el bien inmueble del que se trate sea destinado o usado para un fin público, y el más importante; 3. Que dichos inmuebles sean utilizados por el propio gobierno y no por sus entidades paraestatales como empresas o fideicomisos públicos ni por particulares, como concesionarios o comodatarios, etc. En resumen, si por alguna razón no se cubre alguno de los requisitos anteriormente descritos, atendiendo a principios claros de equidad y de justicia, los bienes inmuebles deben cubrir todo tipo de derecho, impuesto o gravamen que corresponda. En el caso de algunos municipios de nuestro país, como Tijuana, Baja California, Cancún, Quintana Roo, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, Torreón Coahuila y Tampico, Tamaulipas han tramitado diversos juicios ante autoridades locales y federales por haber intentado sobre todo cobrar el impuesto predial y las licencias de operatividad mercantil y de venta de alcoholes de los diversos comercios que se instalan en las terminales aéreas o en aeropuertos que se encuentran en sus ciudades. Incluso han pretendido internarse en las instalaciones para verificar el cumplimiento de la normatividad municipal. Han sido detenidos y obstaculizados, tanto por los concesionarios como por la propia Policía Federal y hasta el Ejército Nacional, igualmente por desconocimiento, ignorancia de la debida interpretación del espíritu de nuestra máxima ley, pero sobre todo, por no encontrarse plasmado en específico y en una ley secundaria, es que de los propios tribunales jurisdiccionales han desechado en algunos casos los asuntos referentes al que nos ocupa, aunque en otros le han dado parcialmente la razón a la autoridad municipal. Es verdad que tales concesionarios prestan un servicio público y que el bien inmueble donde se ubican las terminales aéreas, en principio se repuntan como bienes del dominio público, según los artículos 1 y 2 de la Ley de Aeropuertos, y 2, fracción V de la Ley General de Bienes Nacionales. Sin embargo, prestan servicios que son completamente diversos a los que son objeto público, por lo que estos sí se encuentran obligados a cubrir toda contribución municipal, como refiere su propia Constitución federal y que ya fue objeto de análisis de párrafos anteriores. Refuerza lo exteriorizado en el numeral 31, fracción IV, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicano, dicta que todos estamos obligados a contribuir a los gastos públicos de los tres órdenes de gobierno, donde se resida o se realice la actividad. Luego, si la terminal aérea se encuentra dentro de los límites, demarcación del determinado municipio para contribuir con su Hacienda. Más aún, cuando el objeto del Impuesto Predial es el gravar la propiedad, usufructo o posesión del inmueble y sus construcciones, según el artículo 115, fracción IV, inciso a), de la Constitución federal. Por tanto, no se impone una carga impositiva al espacio aéreo nacional por lo que se transita en las aeronaves ni al servicio público de transporte aéreo, que están reservados para la federación, con lo que se vulnera el diverso 73, fracción XXI, punto 4, de la Carta Magna. Recordaremos que el principal argumento para concesionar los aeropuertos, lo fue en dichos concesionarios, contribuían al desarrollo regional, mediante el pago de impuestos directos a las localidades donde llegarían a invertir y que además crearían empleos de calidad, así lo señala la exposición de motivos de aquél entonces. Compañeros diputados, no es posible que todo comerciante esté obligado a pagar impuestos, licencias y derechos municipales y que los que se encuentren dentro del aeropuerto no lo hagan. Hagamos efectivo el derecho de la propia Constitución que otorga a los municipios, hagámoslo para beneficio de los ciudadanos de cada una de estas ciudades que prestan servicios públicos gratuitos a favor de los aeropuertos. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.