La diputada María Guadalupe Almaguer Pardo: Con su permiso, diputada presidenta. En México existe un gran pendiente con respecto a garantizar y reconocer el derecho de las mujeres para decidir libremente sobre su cuerpo, así como el de asegurar para ellas el acceso universal a la salud. La OMS estima que cada año se practican más de 20 millones de abortos peligrosos en el mundo. Por su parte el Inegi, señaló que de 1990 a 2015, en el país 2 mil 338 mujeres fallecieron por abortos clandestinos e insalubres, lo que representó uno de cada 13 muertes maternas, siendo el aborto clandestino un serio problema de muerte materna en el país. El tema se vuelve un asunto de salud pública que a nivel nacional no ha sido atendido, además de que existe un severo problema de criminalización contra las mujeres. En este sentido debemos reconocer que el aborto es una práctica que se lleva a cabo sin importar la edad, clase, nivel de educación o socioeconómico, religión, estado civil o si existe regulación o no. Sin embargo, son las mujeres con menos recursos las más propensas a alguna complicación en las prácticas clandestinas que las puede llevar a la muerte o a la cárcel. Por ellas, por todas, es que garantizar la interrupción del embarazo, es un pendiente legislativo que se debe resarcir y que ha sido retrasado por muchos años ya. Frente a esta realidad, en nuestra Carta Magna, el artículo 4o. en su párrafo segundo se establece que, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Sin embargo, limita el derecho a la salud de las mujeres al no considerar la interrupción del embarazo como un asunto de salud pública. Necesitamos enmendar este pendiente. Es cierto que las legislaciones estatales, la interrupción del embarazo se encuentra permitida bajo algunos factores. No obstante, hay casos que aún no son considerados. Gire ha señalado que la interrupción del embarazo por violación es un problema de salud pública, ya que estos casos de violencia, de acuerdo a cifras oficiales, representan al menos 600 mil delitos al año, de los que 9 de cada 10 víctimas son mujeres, y 4 de cada 10 de ellas tienen menos, señoras y señores diputados, de 15 años de edad. Además, México ha suscrito distintos marcos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres que comprometen a los Estados a garantizar condiciones y adoptar las medidas necesarias para que el ejercicio de los derechos de las mujeres seas eficaz y pleno, así como de abstenerse de realizar cualquier acción que vulnere estos derechos. En lo dispuesto por los artículos 71, fracción XI, y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y otros del Reglamento de la Cámara de Diputados, sometemos a consideración de este pleno de la honorable Cámara de Diputados el siguiente proyecto de decreto, por el que se reforma el artículo 4o, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Único. Se reforma el artículo 4o, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: Artículo 4o: Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada, sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Se garantizará este derecho estableciendo la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva, incluida la interrupción del embarazo cuando la mujer interesada así lo solicite o lo necesite, como una obligación institucional. Ni una más, ni una mujer encarcelada más por aborto en México. Es cuanto, presidenta.