El diputado Gustavo Adolfo de Hoyos Walther: Compañeras y compañeros diputados, quiero empezar siendo muy claro, no podemos considerar a esta asamblea constitucionalista y democrática si permitimos que restrinja la justicia constitucional en los términos que lo hacen las iniciativas que hoy discutimos. Sería una contradicción patente considerarlos respetuosos del orden constitucional si lo que se pretende aprobar el día de hoy, evidentemente, desconoce y despoja de todo contenido los principios más básicos que sustentan el Estado de Derecho, como son la División de Poderes y la supremacía constitucional. Decir que las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria del artículo 105 Constitucional tienen como objetivo proteger la supremacía de la Constitución, es mentirle descaradamente al pueblo de México. Realmente estas iniciativas, como única finalidad, tienen blindar de la revisión judicial las leyes inconstitucionales aprobadas por el oficialismo. La realidad es evidente, no existe una motivación constitucional y tampoco existe una motivación que sea acorde con el principio de progresividad de los derechos humanos. La única motivación que existe detrás de las iniciativas que hoy discutimos es profundamente antidemocrática y anticonstitucional: seguir erosionando los mecanismos de control que previenen la arbitrariedad en el ejercicio del poder y seguir destruyendo el andamiaje institucional del país. Recordemos de dónde surge la obsesión del oficialismo de establecer obstáculos jurídicos a los efectos generales de las sentencias de amparo, de limitar la interpretación constitucional al sentido literal del texto de la ley y de impedir la impugnación de ediciones o reformas a la Constitución. Esa necesidad surgió de la gran molestia que ocasionó que juezas y jueces valientes atrajeran graves violaciones a los derechos humanos y ordenaran a través de sentencias y de suspensiones con efectos generales, la provisión de medicamentos a comunidades enteras por el grave problema del desabasto que existe en nuestro país. Se limita la acción del Poder Judicial, porque jueces y juezas valientes declararon inconstitucionales leyes que violaban el derecho a la protección de datos personales, como lo fue el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Se rompe el equilibrio de Poderes por la molestia del oficialismo ante la actuación de jueces y juezas valientes que declararon inconstitucionales leyes que violaban al derecho al medio ambiente sano, a la libre competencia y a la concurrencia económica. La obsesión por controlar la Judicatura tiene su origen también por la gran molestia en contar con un verdadero tribunal constitucional en el país que ejerciera sus atribuciones con la finalidad de proteger los derechos fundamentales del pueblo mexicano, tal como lo hizo la Suprema Corte al declarar inconstitucional el decretazo que calificó todas las obras del gobierno federal como de seguridad nacional, la ley Zaldívar que pretendía extender inconstitucionalmente el mandato del presidente de la Corte, el decreto presidencial que ordenó la transferencia administrativa y operativa de la Guardia Nacional a la Sedena o el famosísimo plan B, que pretendía despojar al INE de sus atribuciones como árbitro del proceso electoral. Lo digo con todas sus letras, las reformas a la Ley de Amparo y a la Ley Reglamentaria del 105 de la Constitución no pretenden consagrar como faro rector de nuestro sistema jurídico y político la supremacía constitucional. Lo que pretenden es despojar a la justicia constitucional de herramientas fundamentales que operan como auténticas garantías de los derechos humanos del país. Pretenden arrebatar las conquistas de la sociedad mexicana frente al ejercicio abusivo y arbitrario del poder, pretenden continuar minando la esencia misma de la democracia mexicana, pretenden desconocer la fuerza expansiva de los derechos fundamentales como triunfos ciudadanos frente al derecho y por ello pretenden ignorar la doctrina que ustedes dicen defender, el humanismo, entendido como el encumbramiento de la protección integral de la persona humana, su dignidad y su autonomía. Limitar los efectos de los juicios de amparo en donde se declaren normas generales elimina grandes avances que han hecho desde la sociedad civil para reconocer el interés legítimo de asociaciones defensoras de derechos humanos en los juicios de amparo. No olvidemos que gracias a los efectos generales hemos tenido precedentes que han corregido leyes discriminatorias, como aquellas que prohibían el matrimonio entre personas del mismo sexo o aquellas que castigaban penalmente a las mujeres por ejercer su derecho a la interrupción del embarazo. Limitar los efectos generales de las sentencias de amparo desconoce la complejidad propia de los derechos humanos y su interacción con los problemas más dolorosos del pueblo mexicano, aquellos que tienen que ver con la falta de medicamentos para los niños con cáncer, aquellos que se relacionan con el reconocimiento de las tierras ancestrales de nuestras comunidades indígenas, aquellos vinculados con la protección de nuestras selvas y bosques y mares. Les pregunto, y termino, ¿de verdad queremos seguir fortaleciendo la anacrónica fórmula Otero como técnica predominante del juicio de amparo en perjuicio del principio de progresividad de derechos humanos, eso no es hacer justicia, eso no es avanzar en la democracia. Muchas gracias.