La diputada Graciela Ortiz González: Con su permiso, señor presidente. Compañeras diputadas y compañeros diputados, los suscritos diputados federales, Graciela Ortiz González; Adriana Terrazas Porras; Luis Carlos Campos Villegas; Alejandro Cano Ricaud; Jaime Flores Castañeda; Manuel Guillermo Márquez Lizalde; Héctor Agustín Murguía Lardizábal; Maurilio Ochoa Millán; Guadalupe Pérez Domínguez y Everardo Villarreal, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la LXI Legislatura, con fundamento en el artículo 71, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados Procedentes de la Zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bajo la siguiente Exposición de motivos En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, a partir del 1 de enero de 2009, México no podrá adoptar ni mantener una prohibición o restricción a la importación de vehículos usados originarios de Canadá o de Estados Unidos, que tengan por lo menos 10 años de antigüedad. Una realidad que se vive en nuestro país es que los mercados de los vehículos de los Estados Unidos, Canadá y México presentan grandes asimetrías. El mercado norteamericano, dada sus características, con una enorme cantidad de oferta de modelos y de marcas, tasas de interés atractivas, facilitación de acceso al crédito e impuestos menores, logra que los vehículos se deprecien rápidamente y que se costo de reventa sea sumamente menor. Ante tal situación, resulta muy atractiva la importación de este tipo de vehículos a nuestro país. México, desde 1978 y hasta el último decreto presidencial, ha realizado 15 programas para regularizar vehículos de procedencia extranjera, pero este problema persiste y es crónico, ya que el precio de los automóviles usados en los Estados Unidos históricamente siempre ha sido y será más bajo que en nuestro país. Ante la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 24 de diciembre de 2008, el Ejecutivo publicó el decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos usados que estaría vigente a partir del 1 de enero de 2009. Con la publicación de este decreto, el Ejecutivo impuso la obligación de presentar el certificado de origen del vehículo sujeto a importación para gozar de las condiciones preferenciales del tratado. Por otro lado, actualizó hacia la alza los precios estimados de los vehículos para determinar el valor del vehículo en la aduana. Con estas dos condiciones: certificado de origen y actualización a la alza de los precios estimados, la importación de vehículos usados se derrumbó; la no existencia del certificado de origen de vehículos provocó que todos los importadores debieran pagar el 10 por ciento del arancel sobre el valor de aduana del vehículo y esto reavivó, sin duda alguna, la problemática que existía en el pasado. Por ello se hace necesario que este Congreso de la Unión, en ejercicio de sus facultades constitucionales, expida una nueva ley para la importación definitiva de vehículos usados, que tenga por objeto precisamente la importación definitiva de vehículos usados originarios de Estados Unidos de América, Canadá y México y que atienda a lo dispuesto y establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se propone que en esta nueva ley se determinen las condiciones para la importación definitiva de los vehículos usados y evitar con ello que el Ejecutivo, a través de su facultad reglamentaria, obligue a los importadores a lo imposible como es el presentar documentos que no se pueden conseguir ?como ya lo comentamos?, referentes al certificado de origen de los vehículos, para lo cual en el artículo 4 del proyecto se señalan claramente los documentos que serán necesarios para la importación definitiva de los vehículos: el pedimento de importación, el título de propiedad del vehículo, la calca o fotografía digital del número de identificación vehicular, la identificación oficial del importador o el Registro Federal de Contribuyentes y, cuando sea necesario, el comprobante de domicilio vigente que acredite residencia en la franja fronteriza norte. Todo lo anterior, en apego a las disposiciones de la Ley Aduanera vigente. De esta manera los vehículos fabricados o ensamblados en los Estados Unidos de América, Canadá o México, de acuerdo con su número de identificación vehicular, podrán realizar su importación definitiva sin el pago del impuesto general de importación, de conformidad con el tratado. Para determinar el valor en aduana del vehículo usado, se podrán tomar como referencia los precios estimados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicados el 26 de enero de 2009. Sin embargo, se establece que el importador deberá pagar sobre el 70 por ciento de ese precio, cuando sea el caso, en razón de que estos precios se incrementaron exponencialmente y sin justificación relevante alguna. También se propone que todos los vehículos sujetos a importación mediante este ordenamiento, sean inscritos al Registro Público Vehicular en el punto de entrada al país; es decir, antes de que empiecen a circular en la república. Por otro lado, debemos reconocer que parte de los vehículos que se importan en algunas ocasiones no cumplen con las condiciones de seguridad para los ocupantes o las disposiciones de protección al medio ambiente. En este tenor se propone que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaría de Economía, participen en la inspección de los vehículos que sean sujetos a importación definitiva. En esta tarea sería muy valiosa la participación de las entidades federativas y de los propios municipios, que podrán coadyuvar con el Servicio de Administración Tributaria en la revisión de todos los vehículos que se sometan a los trámites de importación definitiva. Esta ley también propone fortalecer el federalismo fiscal y las haciendas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Se establece en ella que las entidades que se encuentren adheridas al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, puedan participar en la ejecución de la presente ley y sean retribuidas con parte de los ingresos captados por la importación de vehículos usados. Para lo anterior se propone que las haciendas estatales perciban el 50 por ciento de los ingresos de la recaudación y el resto lo deberán transferir a la Tesorería de la Federación. De igual manera, los municipios podrían colaborar en la ejecución de la ley y, de acuerdo con su legislación estatal, recibir parte de estos recursos, sobre todo los municipios que se encuentran ubicados en la zona de la frontera norte del país. Otro problema mayúsculo relacionado con la importación de vehículos es el tema de la delincuencia. En diversas localidades del país, y notoriamente en la franja y la región fronteriza del norte, circulan miles de vehículos de procedencia extranjera de manera ilegal; no tiene placas nacionales, ni tarjeta de circulación y mucho menos se conoce el nombre de su propietario. Estos vehículos al no estar debidamente importados son los que comúnmente se utilizan por la delincuencia organizada para llevar a cabo sus actos criminales. Aunque no tenemos un registro específico de los delitos cometidos en vehículos ilegales, las autoridades policiales y administrativas han mostrado su preocupación por esta situación, porque están imposibilitados para identificar o rastrear estos vehículos, así como a sus propietarios en el caso de que hayan sido utilizados en la comisión de delitos de toda índole. Bajo este contexto se propone entonces que los vehículos que hayan sido importados de manera temporal o introducidos al país sin sujetarse a la normatividad aduanera, bajo la complacencia de la autoridad normativa y responsable de hacer cumplir la propia ley, puedan importarse en definitiva pagando los impuestos correspondientes, actualizados desde la fecha en que se internaron temporalmente o, en su caso, pagando la multa correspondiente. Finalmente en esta iniciativa se dejan intactos los derechos adquiridos por las comercializadoras de la frontera. que importan vehículos al amparo del artículo segundo transitorio del decreto por el que se establecen las condiciones para la importación definitiva de vehículos automotores usados, destinados a permanecer en la franja fronteriza norte del país, en Baja California y Baja California Sur, en la región parcial de Sonora y en los municipios de Cananea y Caborca, Sonora, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2006. Con todo lo expuesto, compañeras diputadas y compañeros diputados, sometemos a la consideración del honorable Congreso de la Unión la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley para la Importación Definitiva de Vehículos Usados procedentes de la zona del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Señor presidente, le ruego que el texto íntegro de la presente iniciativa sea insertado en el Diario de los Debates y sea turnado a la Comisión de Hacienda y Crédito Público para su análisis y dictaminación. Muchas gracias.