El diputado Salvador Márquez Lozornio: Con fundamento en lo dispuesto por los artículo 71 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 55 fracción II, 56, 62, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno de esta Honorable Cámara de Diputados, la presente iniciativa con proyecto de decreto para modificar el inciso e) del artículo 2° en su fracción I y el artículo 23 en su párrafo primero, de la Ley para Regular las Sociedades de información Crediticia, con base en la siguiente: Exposición de Motivos Las instituciones que proporcionan servicios de recopilación, manejo y entrega o envió de información relativa al historial crediticio de personas físicas y morales, tiene como fin principal contribuir al desarrollo del país, prestando servicios que minimizan el riesgo crediticio al suministrar información que ayuda a conocer la solvencia económica y el comportamiento de empresas, así como de personas físicas, lo que a su vez, favorece la formación de una cultura de crédito entre la población. La actual dinámica económica nos orilla a tomar medidas importantes en cuestión crediticia, aunado a las últimas reformas a la ley para regular estas sociedades, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el viernes 23 de enero del presente año. Consideramos importante modificar el inciso e) del párrafo segundo, numeral 1° de la ley antes mencionada, que señala el término del cual deberán ingresar al llamado Buró de Crédito o Base Primaria de Datos de Información en cuanto a créditos de vivienda. Este artículo establece para los créditos de vivienda 180 días o seis mensualidades posteriores a la fecha de vencimiento de la primera amortización no cubierta por el acreditado, lo que resulte menor. Consideramos que 180 días es demasiado tiempo para ingresar estar información, lo que da pie a que el deudor solicite en estos seis meses otro tipo de créditos, con el objeto de salvar el que le antecede, del mismo modo que expone a las instituciones y empresas encargadas de otorgar estos créditos a concederlo a personas no solventes. Creemos que acortando el tiempo a 4 meses o 120 días para insertar esta información, también disminuimos la posibilidad de que una persona física no solvente, se enfrasque en solicitudes de créditos que de ninguna manera podrá solventar y que sólo le acarrearan mayores deudas. Por otro lado, también se convierte en una manera de dotar de certeza a los inversionistas, quienes tendrán la seguridad de que a quien se le otorgue un crédito, sea económicamente solvente y libre de adeudos. Este término deberá considerarse, salvo que por alguna circunstancia el deudor demande prestaciones de su acreedor o medie convenio entre ambos, en tal caso, no se deberá ingresar la información del adeudo a las instituciones de información crediticia, hasta que haya una sentencia firme que establezca el pago del adeudo. En conclusión, consideramos que el tiempo para ingresar al Buró de Crédito es excesivo, lo que abre la posibilidad de que los clientes morosos puedan realizar más solicitudes de crédito en perjuicio de otros solicitantes. Por otra parte y con el fin de ser congruentes, también resulta lógico ajustar los plazos, en el caso de que los deudores, hayan liquidado dichos adeudos y no exista motivo alguno para permanecer en esa calidad en el Buró de Crédito y así, como se propone reducir los plazos para ingresar al Buró con carácter de morosidad, también debe reducirse la instancia en él de dicha información. Es por ello, que se propone la modificación al artículo 23 en su párrafo primero que se señala: ..."que las sociedades están obligadas a conservar los registros que les sean proporcionados por los usuarios correspondientes a personas físicas, durante un plazo de 84 meses". En vista de los anteriores argumentos, someto a la consideración de esta soberanía, la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para modificar el artículo 2 en su fracción I inciso e) de la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia. Título Primero. Capítulo Único. Disposiciones Generales. Artículo 2°. Para los efectos de esta ley se entenderá por: 1°. Base primaria de datos, a aquella que se conforme con la información que proporcionen directamente los usuarios de las sociedades, en la forma y términos en que se reciba de aquellos, considerando para cada tipo de créditos, los plazos siguientes: Inciso E). Para créditos de vivienda a los 180 días o seis mensualidades posteriores a la fecha del vencimiento de la primera amortización no cubierta por el acreditado, lo que resulte menor, para quedar como sigue: Artículo 2º., inciso E). "...para créditos de vivienda a los 120 días o cuatro mensualidades posteriores a la fecha del vencimiento de la primera amortización no cubierta por el acreditado lo que resulte menor, salvo que se encuentren el litigio promovido por el deudor". Por otra parte, el artículo 23. Las sociedades están obligadas a conservar los registros que les sean proporcionados por los usuarios correspondientes a las personas físicas durante un plazo de 84 meses; este plazo contará a partir de la fecha en que ocurra el evento o acto relativo a la situación crediticia del cliente, el cual se refiere cada registro. Al transcurrir el plazo citado, las sociedades deberán eliminar de su base de datos la información de las personas físicas con el historial crediticio de que se trate, originado con anterioridad a dicho plazo, para quedar como sigue: Artículo 23. "...las sociedades están obligadas a conservar los registros que les sean proporcionados por los usuarios correspondientes a las personas físicas durante un plazo de 48 meses; este plazo contará a partir de la fecha en que ocurra el evento o acto relativo a la situación crediticia del cliente, al cual se refiere cada registro. Al transcurrir el plazo citado, las sociedades deberán eliminar de su base de datos la información de las personas físicas con el historial crediticio de que se trate,originado con anterioridad a dicho plazo". Artículos transitorios: Unico. El presente decreto entrará en vigor a los 90 días de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre del 2004. Diputado Salvador Márquez. Por su atención muchas gracias. Es cuanto, diputada Presidenta.