El senador Omar Raymundo Gómez Flores (PRI): Gracias, señor Presidente. Compañeras y compañeros: Es el caso que hoy nos ocupa, pedir a ustedes su apoyo para solicitar la presencia del Secretario de Economía, para que nos explique el cambio de la política en materia de normalización y evaluación y detener la publicación de la convocatoria para la acreditación y aprobación de productos. Hay muchas políticas que no son entendibles, es el caso que hoy trataremos, el asunto de la cancelación del decreto cañero; es el caso que hoy pedimos que se nos explique la fórmula para la importación de leche y es el caso también que hoy pedimos el compañero Esteban Ángeles, un servidor Raymundo Gómez, el diputado Barrufo y el diputado David Hernández, que se nos explique cuál es la política de estas convocatorias para nuevas empresas de certificación y normalización. Mediante la iniciativa del Gobierno, desde 92 y con fundamento en la nueva Ley sobre Metrología y Normalización, se crearon los primeros organismos privados de normalización y certificación, lo que ha permitido generar una estructura de normalización y evaluación de conformidad y similar a de nuestros socios comerciales. De esta forma, la industria en su conjunto invierte en un nuevo esquema creando organismos de certificación en cada uno de los sectores productivos. Por ejemplo, el electrónico, el plástico y la construcción, que es el caso de la convocatoria. Estos han respondido a cabalidad a las necesidades nacionales, cuando menos esa es nuestra percepción y se han podido asimilar en los esquemas internacionales. Cabe señalar que estos organismos fueron constituidos como organizaciones civiles no lucrativas y que deben de invertir sus ingresos en el fortalecimiento del Sistema de Normalización y Evaluación de la Conformidad, mediante la creación de laboratorios en áreas donde no existe la elaboración de normas mexicanas, sistema que no es rentable. De hecho, de no ser por los ingresos obtenidos por las actividades de certificación, los organismos nacionales de normalización no podrían llevar a cabo la actividad de normalización, de hecho se entiende que esta es una delegación de facultades del sector públicos a los interesados. Los parámetros internacionales que se han fijado para determinar la calidad y seguridad de los productos o servicios que se intercambian en el comercio mundial, son los estándares o normas que se pueden referir a seguridad, calidad de información comercial y procesos. Por estos se han creado en los países los sistemas de Metrología, Normalización y Evaluación de Conformidad, con el único objetivo de salvaguardar la vida, la salud y la integridad física de las personas. En México, se ha creado la infraestructura para proporcionar en elevadas condiciones de eficiencia, los servicios de acreditación y certificación y la Secretaría de Economía, que forma parte de estos Comités Técnicos en los organismos de certificación, nunca han manifestado objeciones sobre el costo de las tarifas, el tiempo empleado, la suficiencia, la capacidad instalada o la calidad de los sistemas de certificación mexicanos. No obstante lo anterior, sabemos que es inminente que la Secretaría de Economía mediante el proyecto de convocatoria para la acreditación y aprobación de organismos de certificación del producto, pretende cambiar la política seguida hasta la fecha, de contar con un solo organismo de normalización y certificación por sector, abriendo mediante la mencionada convocatoria la entrada a otros organismos a sectores económicos que ya cuentan con organismos de certificación, a empresas mercantiles que pretenden ser acreditadas y acreditadoras y autorizadas para ejercer funciones de certificación del producto. La Secretaría de Economía fundamenta este cambio de la política vigente hasta la fecha, argumentando que el artículo 908.2 del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, la obliga a dar oportunidad de participación y en su caso, aprobar a los organismos de certificación de los Estados Unidos y Canadá que así lo soliciten. Se debe subrayar y se subraya que la aprobación de nuevos organismos es facultativa y por ende, no existe obligación legal de publicar dicha convocatoria. Legalmente no existe obligación de las dependencias de aprobar a nuevos organismos ni por ley vigente ni por los tratados que México tiene celebrados. Considero que la precisa interpretación de del artículo citado, solamente obliga a nuestro país a otorgar trato nacional a los organismos de certificación de los países contratantes, al momento de requerir esta aprobación los nuevos organismos de certificación de producto de cualquier sector. Es decir, lo que está a discusión es sí se requiere o no de nuevos organismos de certificación de producto en diversos sectores industriales empezando por el eléctrico y el electrónico. Existen evidencias sólidas de la suficiencia de la cobertura de certificación en México. Si de lo que se trata es de instrumentar políticas públicas, queremos saber cuáles son las razones que competen a esta Secretaría de Economía a no escuchar a la industria nacional y a otros sectores que serían severamente afectados. Una base fundamental es el reconocimiento mutuo entre países, reconocimiento que carece de viabilidad en el caso de la Unión Americana, puesto que se tiene uno que entender con cada entidad federativa del vecino país del norte. Las dependencias en uso de la facultad discrecional para aprobar organismos de certificación, puede limitar la aprobación de éstos a un número limitado por materia, sector o rama, por ejemplo, uno sólo como ha sido hasta ahora. Cabe subrayar que esta limitación es aplicable a nacionales y extranjeros, por lo que no se viola el principio del Tratado Nacional contenido en el artículo 908.2 del TELECAN. Incluso es de nuestro conocimiento, que en todo caso el trato que han recibido los organismos mexicanos que han pretendido ser aprobados como nuevos organismos de certificación de producto, los sectores eléctrico y electrónico, fueron rechazados. El cuestionamiento es, sí ya se rechazaron a instituciones mexicanas, por qué sí se les permitiría el ingreso a las extranjeras, ¿cuál es el sentido de la discriminación? Al aprobar a nuevos organismos de certificación de producto que no cuenten con representantes gubernamentales en su consejo directivo, no dediquen recursos a la normalización y no certifiquen en áreas que no sean rentables, se estaría privilegiando a instituciones cuyo único objetivo será el de maximizar utilidades con el consecuente costo de introducir una distorsión gravísima en perjuicio, no sólo del sistema de normalización, sino de los consumidores mismos. De hecho, esta apertura unilateral e injustificada tendría severos impactos entre los cuales señalo: Se pondría el riesgo el Sistema Nacional de Comprobación de Reglamentaciones Técnicas de Carácter Obligatorio, a las famosas NOMS, que estamos realmente apenas iniciando este proceso, ya que si se debilita a los organismos nacionales existentes, nuestro sistema quedaría en manos preponderantemente de instituciones extranjeras. Se generaría dependencia a los exportadores mexicanos a organismos extranjeros para poder lograr acceso a otros mercados, nuestras exportaciones a la certificación de las importaciones quedaría en manos de certificadores extranjeros con la tendencia natural de apoyar a los industriales de sus países y no a nuestra industria nacional. El debilitamiento a los organismos nacionales minaría también el sistema de normalización en su conjunto y con ello su efectividad como instrumento para mejorar la competitividad, el desarrollo tecnológico del país y acceso a otros mercados. Por lo todo lo anteriormente expuesto, se pone a su consideración para esta Comisión Permanente la siguiente propuesta con punto de acuerdo: Primero. Se exhorte al titular de la Secretaría de Economía a detener la publicación de la convocatoria para la acreditación y aprobación de producto para evaluar la conformidad de las Normas Oficiales que aquí determinamos en la Gaceta, en tanto no explique a esta soberanía el cambio de política en materia de normalización y evaluación de la conformidad, ya que la apertura en las actividades de certificación de producto a nuevos organismos podría tener consecuencias devastadoras para el sistema de normalización incipiente en nuestro país. Se solicita a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente de este Honorable Congreso de la Unión, cite a comparecer al titular de la Secretaría de Economía, a efecto de que informe a esta soberanía el cambio de política en materia de certificación de producto y evaluación de conformidad; y ante la inminente terminación de este Primer Receso del Segundo Año de Ejercicio Constitucional de esta LIX Legislatura, solicitamos se comunique a la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, para el mismo efecto. Muchas gracias.