El Presidente diputado Francisco Javier Ramírez Acuña: Muchas gracias, diputado. Ha concluido el posicionamiento de los grupos parlamentarios. Esta Presidencia informa que se han registrado para la discusión en lo general y en lo particular del siguiente proyecto de decreto, los siguientes oradores: diputado Pedro Vázquez González, diputada Enoé Margarita Uranga Muñoz, diputado Porfirio Muñoz Ledo, diputado Carlos Alberto Pérez Cuevas, diputado Reginaldo Rivera de la Torre, diputado Gerardo Fernández Noroña. Son a quienes tenemos registrados para su intervención en la discusión en lo particular. Informo a ustedes compañeras y compañeros diputados, que al término de este listado en el que se han registrado los compañeros legisladores, preguntaré si se considera suficientemente discutido. Por lo tanto, se concede el uso de la palabra hasta por cinco minutos al diputado Pedro Vázquez González, del Partido del Trabajo. El diputado Pedro Vázquez González; Con su venia, señor presidente. Compañeros y compañeras legisladoras. El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo expresa su total acuerdo con el dictamen que nos presenta la Comisión de Puntos Constitucionales de esta Honorable Cámara de Diputados, por el que se reforma el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para establecer a la República Mexicana como una república laica. No podemos pasar por alto que los orígenes de México como nación independiente se dispuso en nuestra Carta Magna constitucional de 1824, que la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana. La nación la protege por leyes sabias y justas y prohibe el ejercicio de cualquier otra, según se estableció, entonces, en su artículo 3o, más aún, en los Sentimientos de la Nación, de Morelos se estableció en el artículo 2o que la religión católica sería la única, sin tolerancia de otra. Durante gran parte del siglo XIX, la jerarquía católica se consideró con el derecho de influir, determinar e, incluso, combatir a los gobiernos que consideraban contrarios a sus intereses. Se opuso terminantemente a la Constitución de 1857 y ordenó a los católicos que prestaban sus servicios en el gobierno de la república, que no la juraran so pena de ser ex comulgados. No podemos soslayar que la iglesia católica al combatir la Constitución de 57 fue responsable de la Guerra de los Tres Años o llamada Guerra de Reforma. Finalmente y bajo la presidencia de don Benito Juárez García, en la heroica ciudad de Veracruz, se dictan las Leyes de Reforma. En el manifiesto del gobierno constitucional del 7 de julio de 1859, en la parte relativa al programa de la Reforma, en el punto primero se propuso adoptar como regla general invariable la más perfecta indiferencia entre los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos. En la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos del 12 de junio de 1859, en el artículo 3o se estableció: habrá una prefecta independencia entre los negocios del Estado y los negocios puramente eclesiásticos; el gobierno se limitará a proteger con su autoridad el culto público de la religión católica, así como la de cualquier otra. En la Ley sobre la Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860, en su artículo 1o se estableció: las leyes que protegen el ejercicio del culto católico y los demás que se establezcan en el país, como la expresión y el efecto de libertad religiosa, que siendo un derecho natural del hombre no tiene ni puede tener más límites que el derecho del tercero y la exigencia del orden público. Por todo lo demás, la independencia entre el Estado por una parte, y las creencias y prácticas religiosas por otra, es y será perfecta e inviolable. Para la aplicación de estos principios se observará lo que las Leyes de Reforma y por la presente, se declara formalmente. Como podemos apreciar, México ha transitado de una religión exclusiva de Estado a la libertad de cultos a partir de la Constitución de 1857. El Estado mexicano como persona moral de derecho público no puede ni tiene ni debe de tener religión alguna, así como los titulares de los órganos del poder público, en el ejercicio de esta función, no deberán de hacer ostentación de religión alguna. El Estado no combate ni impone religiones; garantiza, eso sí, a los mexicanos la libre práctica de la religión que en ejercicio de su libertad de consciencia decida adoptar. En este punto somos enfáticos, la práctica religiosa es un asunto que corresponde a la consciencia individual de la persona y en ella el Estado no interviene. Compañeros y compañeras legisladores, la reforma al artículo 40 constitucional que hoy se discute y se vota es importante, en virtud de que es el resultado de una larga lucha histórica por establecer con plena claridad en el texto de nuestra norma suprema el carácter laico del Estado Mexicano. No se debe de permitir que las jerarquías eclesiásticas, bajo cualquier pretexto, pretendan subordinar al Estado a sus intereses. Debemos de tener presente que la única fuente de legitimidad del gobierno lo constituye el origen democrático derivado de un proceso electoral, en donde el ciudadano, a través de su sufragio, decide quién quiere que lo gobierne. En consecuencia, los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo apoyaremos en sentido afirmativo la presente reforma constitucional. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su atención.