La diputada Maricela Contreras Julián: Buenos días. Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la promulgación en 2014 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes fue resultado del trabajo conjunto, realizado entre la sociedad civil, la academia y organismos internacionales y todas las fuerzas políticas del Congreso. Su aporte radica en reconocer a estos sectores de la población como sujetos de protección de derechos, de los derechos fundamentales y asumir la obligación del Estado para la aplicación de acciones que garanticen su pleno desarrollo en todos los ámbitos de la vida pública, política, comunitaria. Esta importante ley establece una serie de instrumentos articulados con los cuales se pretende organizar, planear, articular y ejecutar acciones armónicas que hagan más eficaz y eficiente la aplicación de recursos con los que cuenta el Estado para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Si bien la legislación hace referencia a la defensa de los derechos, falta profundizar y plasmar una estrategia que agrupe los esfuerzos que provienen principalmente de los sectores sociales y de los sectores académicos en materia de prevención, educación y promoción como instrumentos para evitar las posibles conductas que vulneren los derechos fundamentales. La iniciativa que ponemos a consideración toma como base la promoción de los derechos como medio para empoderar a las niñas, niños y adolescentes a través del conocimiento de sus derechos y contribuir a su participación protagónica en el ejercicio de los mismos y la construcción de la ciudadanía. Es decir, esto tiene por objetivo que en el transcurso del desarrollo lleguen a ser ciudadanas y ciudadanos con ética, con conocimientos, con orgullo de su país. No debemos olvidar que aun con la responsabilidad del Estado en el diseño y aplicación de políticas públicas para garantizar el acceso efectivo y pleno a los derechos, esta obligación debe extenderse a escuchar, respetar y tomar en cuenta a este sector, a estos segmentos de nuestra población. Con esta iniciativa estamos proponiendo reconocer el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados; muy en armonía con las observaciones finales sobre los exámenes periódicos cuarto y quinto consolidados en México, del Comité de los Derechos del Niño, de las Naciones Unidas, donde se recomendó al Estado mexicano a incluir esta visión y asegurarla en nuestra ley. A través de esta reforma se van a crear los mecanismos donde participen representantes de organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de instituciones de los sectores sociales y privados; además de las niñas, niños y adolescentes, y se puedan llevar a cabo acciones de educación, orientación y visibilización de problemáticas y capacitación. La reforma plantea diseñar acciones para la protección y defensa de los derechos que propicien su goce y pleno ejercicio, y proponerlas a los organismos de protección de los derechos humanos contemplados en la presente ley. Además de promover e incidir en el reconocimiento del papel prioritario de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, así como fundamentar su participación en los mecanismos de protección de las mismas. En suma, será una reforma que venga a fortalecer el sistema nacional de protección integral, pues se trata de la articulación de esfuerzos. Hago un llamado respetuoso desde esta tribuna al gobierno federal para la instalación del sistema de protección integral que está contemplado en la ley. Hasta el día de hoy no ha sido posible su instalación. Debemos lograr que los 40 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en el país ejerzan su opinión sobre los asuntos que les atañen y hagan de lo público un espacio cotidiano e incidan en él, para que avancemos en la eliminación de toda forma de violencia, pero sobre todo, los encaminemos a ser una sociedad más democrática con ciudadanos responsables y solidarios. Es cuanto, diputado presidente.