El diputado Israel Moreno Rivera: Gracias, presidente. Con la venia de la Mesa. La iniciativa que presento hoy ante este pleno aborda una de las situaciones más graves que vive el mundo, y de manera particular, México. El fenómeno del desplazamiento forzado interno se deriva de los factores múltiples que afectan a las sociedades. Esta problemática se ha agudizado por el grave incremento de la violencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Es evidente que se necesita ampliar la base constitucional de los derechos humanos y garantías consagradas en el Título Primero, Capítulo I de nuestra Constitución Política, y hacer cumplir a la letra lo dispuesto en el párrafo uno del artículo 1. Con esta reforma al artículo 4o constitucional, queremos que la definición tenga un sentido amplio de protección que incluya diversas causas de desplazamiento, ya que éstas tienen distinto origen, más allá incluso que la sola violencia, y que tenemos que lograr que las personas que se encuentren en dichos supuestos también deben gozar de la protección del Estado en el presente o previendo futuras situaciones de riesgo. Considerando que la ONU estableció en febrero de 1998 qué se entiende por desplazados internos, a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas u obligadas a escapar o huir de su hogar o de su lugar de residencia habitual, o para evitar los efectos de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos o de catástrofes naturales o provocados por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. Esta categoría del derecho internacional humanitario difiere de la de refugiado, ya que aún cuando en ambos casos las personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, los desplazados no pueden acceder a la categoría de refugiados, con derecho a la protección, por lo que el gobierno tiene la responsabilidad de satisfacer sus necesidades de protección y asistencia. Según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Inegi, en Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha registrado alarmantes decrementos de su población así como de su actividad económica, más de 230 mil personas han huido por los altos índices de criminalidad hacia Estados Unidos o bien se desplazaron a Coahuila, Durango y Veracruz. En 2011 la violencia de los cárteles que se disputaron territorios Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, Durango, Sinaloa, Michoacán y Guerrero han generado más de 200 mil personas desplazadas. Nuestro marco jurídico vigente si bien cuenta con una serie de garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna, que inciden de manera directa en el fenómeno de desplazamiento interno, no se cuenta en la misma las herramientas institucionales para poder enfrentar esta problemática. Por tanto, proponemos introducir una nueva categoría de derecho internacional humanitario en nuestro sistema constitucional, puesto que trata reconocer a la vez una situación de hecho y la responsabilidad del Estado para atender tanto sus causas como sus consecuencias. Se ha querido confundir, compañeros, este tipo de desplazamiento con la garantía constitucional del libre tránsito del artículo 11 o bien con obligaciones del Estado en sus tres órdenes de gobierno para atender los desplazamientos por causas naturales en programas de auxilio. Lo cierto es que tanto el confundir el libre tránsito con la figura del desplazamiento interno y las causas que lo motivan es desconocer totalmente la gravedad del problema y, por otro lado, minimizar la responsabilidad del Estado con la aplicación de programas de auxilio y de asistencia en casos de desastre. No nos confundamos, con esta definición el Grupo Parlamentario del PRD reafirma ante esta soberanía su postura de que el desplazamiento forzado y el narcotráfico se generan en la medida de que el Estado ha fallado en su responsabilidad de garantizar a los ciudadanos seguridad, protección, bienestar y oportunidades, a hombres, mujeres, niños, adultos, y niñas, sobre todo a todos los jóvenes. Y que, por tanto, es imprescindible contar con esta figura de derecho internacional humanitario dentro de nuestro sistema jurídico, determinando con claridad la responsabilidad del Estado para garantizar como mínimo un conjunto de derechos a la atención y a la seguridad como un primer paso para reglamentar la Ley de Concurrencia de la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios en la materia. Por ello es que nosotros estamos proponiendo adicionar un último párrafo al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: Artículo 4o. Es responsabilidad del Estado garantizar la atención, la seguridad, así como la restitución de los derechos de las personas desplazadas internamente de su lugar de residencia, para evitar los efectos de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, catástrofes naturales o provocadas por el ser humano, según lo disponga la ley en la materia, la cual establecerá la concurrencia de la federación, las entidades federativas y municipios en el ámbito de sus respectivas competencias. Termino, diputado presidente. Quiero pedirle al Presidente Felipe Calderón que antes de que se convierta su carroza en calabaza como él lo comentó ante los medios, atienda esta situación, ya que él es único responsable de haber generado tanta violencia en todo el país. No hay seguridad. No hay protección. No hay bienestar. Lo bueno para muchos mexicanos es que al señor solamente le quedan 15 días. Es cuanto, presidente diputado.