EL DIP. FRANCISCO GUADARRAMA LOPEZ: Con el permiso de la Mesa Directiva. Compañeros y compañeras diputados: Con fundamento en la Ley Orgánica del Congreso General y en el artículo 58 y 59 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los suscritos integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional en la LVIII Legislatura, sometemos a consideración el siguiente punto de acuerdo para solicitar a la Entidad de Fiscalización de la Federación, investigue y en su caso realice las auditorías necesarias por el posible desvió de recursos públicos por parte del Gobierno del estado a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista, bajo las siguientes consideraciones: En un estado de derecho y democracia, la ascensión al poder público se logra exclusivamente mediante la práctica democrática y el ejercicio pleno del sufragio universal. Para que esto sea así es indispensable contar con el marco jurídico electoral que garantice la certeza, independencia, profesionalismo, imparcialidad, transparencia, equidad y objetividad en los procesos electorales, pero además de las reglas jurídicas es condición indispensable que los actores que protagonizan la lucha política tengan y expresen la firme voluntad de hacer que la norma se traduzca en hechos, que el espíritu de la ley se materialice en voluntad política del cumplimiento; es decir, debemos aspirar a una democracia que no se quede en la teoría, en la mera escritura de la ley, sino que sea reflejo fiel en la práctica y que somos capaces de concretar. La posibilidad de convivencia y competencia civilizada y de una institucionalidad estatal capaz de representar y procesar los intereses de la sociedad, la ofrece la fórmula de gobierno democrático. Por ello, a todos nos corresponde defender la democracia, el de no traicionar su esencia; la democracia debe estar exenta de todos aquellos antiprincipios que la puedan contrariar, el grado que violente la voluntad ciudadana y la cual debe ser libremente expresada en las urnas. La competencia entre partidos debe de llevarse a cabo con el firme basamento en la pluralidad, la tolerancia, la legalidad, la equidad y la transparencia. Fiscalizar y transparentar los recursos empleados en los procesos ha sido una demanda política constante, en virtud de que la fiscalización trae como consecuencia el dar certeza a la ciudadanía de que la competencia electoral fue equitativa y que ningún partido participe con ventajas adicionales que le permitan ganar y menos que esas ventajas sean proporcionadas de manera ilegal por el propio aparato estatal que está por renovarse. La libertad del sufragio tiene como componente básico la vigencia efectiva de las libertades políticas, la cual se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación, compra o coacción alguna, es así que un aparato de gobierno y el poder de sus recursos públicos no deben emplearse a favor de un partido político o candidato alguno, ya que ello distorsiona la naturaleza del sufragio y de la competencia electoral y consecuentemente pervierte la democracia. México ha vivido en estos años un proceso de transición a la democracia que se ha reflejado entre otros aspectos en un cambio importante a los procesos electorales a pesar de lo anterior, en algunos procesos electorales siguen añejas prácticas clientelares, así como el poco apego a las reglas éticas de competencia política entre partido. De ello, da prueba el Estado de México, ocasionando la imposibilidad de afirmar que el proceso de democratización del país ha llegado a feliz término. Por ejemplo, se tuvo conocimiento de que los empleados de la Comisión de Aguas del Estado de México mejor conocida como CAEM, fueron materialmente obligados a defender el voto de los priístas en las casillas. Asimismo, tenían que tocar puertas para que la gente fuera a votar por sus candidatos. En este sentido, se utilizaron empleados públicos para la promoción del voto a favor de un partido por parte del Gobierno Estatal en plena violación a la Ley Electoral y al Código Penal del Estado. Ahora bien, por acuerdo del 9 de enero de este año, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México acordó que cada uno de los siete partidos y la coalición que participara en la elección del 9 de marzo en el Estado de México, podrán gastar hasta 366 millones 573 mil 380 pesos en sus campañas proselitistas. En dicho acuerdo se estableció además que los candidatos a Presidentes Municipales que más podrán gastar en sus actividades proselitistas serán los de Ecatepec, pues el municipio cuenta con un padrón de un millón 32 mil 560 electores. El tope para los aspirantes a la alcaldía de este municipio sería de 22 millones 881 mil pesos. Sin embargo, el PAN y el PRD en Ecatepec, denunciaron en rueda de prensa que los candidatos de la Alianza para todos, gastaron tres veces más de lo que el Instituto Electoral del Estado de México les había asignado originalmente, la pregunta aquí es: ¿De dónde obtuvieron esos recursos? Asimismo, se denunciaron por diversos actores políticos que en los municipios de Valle de Chalco, Tultepec y Huixquilucan, el Gobierno del Estado realizó obras públicas y entregó material para construcción a favor de los candidatos de Alianza para todos. En tal sentido, resultado indispensable desplegar una función fiscalizadora en el proceso efectuado en el Estado de México, a fin de asumir nuestro papel de control y vigilancia de los recursos públicos federales otorgados a dicha entidad, mediante la investigación y comprobación en el uso y manejo de los recursos públicos y en su caso la imposición de las sanciones que correspondan, ya que el Gobierno del Estado de México tiene a su cargo el manejo de fondos públicos para el ejercicio y cumplimiento de las funciones públicas que tiene encomendadas, pero no para emplearlas con fines distintos y menos aún para inclinar la balanza electoral y no para convertirse en el gran elector. El propósito de nuestro Punto de Acuerdo tiene la firme intención de que al tratarse de recursos públicos, los principios de transparencia y control pueden estar garantizados de mejor manera, y para que la competencia electoral sea precisamente eso: una competencia abierta y libre, sin cortapisas, con posibilidades reales y equitativas de obtener el ejercicio del gobierno y no que se trate de una contienda ritual, en donde la iniquidad ya prevé anticipadamente ganadores y perdedores. En este sentido hemos de recordar el reconocimiento que hiciera el presidente Ernesto Zedillo, de que el proceso electoral en el que resultó triunfador pudo haber sido legal, pero no equitativo, por lo que la búsqueda de reglas o condiciones justas, claras, legales y equitativas en la contienda electoral. Compañeras y compañeros diputados y senadores. Excepción del financiamiento público de ley, la donación de recursos públicos por parte de los gobiernos a los partidos políticos y a sus candidatos, no sólo se prohibe sino se está considerando como un delito electoral, tipificado por las leyes penales. Ante los procesos electorales por venir, es necesario que se garantice la seguridad con la que se desenvuelvan, no sólo respecto a lo que implica el procedimiento electoral sino también velar porque los recursos económicos otorgados por la desviación, no se desvíen a favor de determinada corriente política, descuidando así el desarrollo democrático del país. Se trata nada mas y nada menos de dar certeza a la sociedad de que los procedimientos para obtener el voto se apegan a la ley, y en segundo término fiscalizar también, tiene que ver con la responsabilidad de mostrar a la sociedad que los recursos públicos que se otorgan a los poderes públicos, en este caso, al gobierno del Estado de México, fueron o no utilizados en su propio beneficio y no para un fin electorero de partido o de grupo. Por las consideraciones antes expuestas y con fundamento en lo que dispone el Artículo 58 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la de la H. Cámara, la siguiente PROPOSICION; Primero.- Que la entidad superior de la federación con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, investigue y en su caso realice las auditorías que sean necesarias, respecto a recursos federales otorgados al gobierno local del Estado de México, ante el posible desvío de los mismos para hacer utilizados de manera ilícita, como financiamiento a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos. SEGUNDO.- Que en su momento la entidad superior de la federación informe sobre los resultados de la investigación, así como el fincamiento de responsabilidades en que hubiere incurrido el gobierno local del Estado de México, encabezado por el licenciado Arturo Montiel Rojas, derivado del desvío de recursos federales a favor de las campañas electorales de Alianza para Todos, integrada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México, y ponga en conocimiento del Ministerio Público las conductas que constituyeran delitos. Muchas gracias. -