El diputado Edgar Guzmán Valdéz: La juventud es el suplemento vitamínico de la anémica rutina social, Fernando Savater. Compañeras y compañeros legisladores, la minuta de la Comisión de Puntos Constitucionales, con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4o. y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, autoriza al Congreso de la Unión la facultad expresa para legislar en materia de juventud. Este dictamen pretende a la postre crear una Ley General de Derechos de las Personas Jóvenes, la cual establecerá un catálogo mínimo de derechos para ese sector tan importante para la vida pública y económica del país. Esto es imprescindible, porque las entidades federativas han hecho un esfuerzo legislativo por establecer leyes locales en materia de juventud, lo que ha provocado diversos criterios, derechos de las juventudes e institutos juveniles al respecto. Ocasionando con ello que por la naturaleza propia de nuestro sistema federal existan derechos que son reconocidos y protegidos en ciertos estados federados y en otros no, tales como los derechos sexuales y reproductivos; los derechos de las personas jóvenes en situación de calle; el derecho a la cultura, al arte, a la recreación; y el derecho de acceso a las tecnologías de la información. Esto provoca que en nuestro sistema federal existan derechos juveniles para unos y para otros no. Por ello, el presente dictamen es de vital importancia, en virtud de que al autorizar al Congreso de la Unión la facultad de legislar en la materia habrá un piso mínimo de derechos para todos los jóvenes del país, evitando así ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. De igual forma, los Institutos de la Juventud de los estados federados tienen diversidad de criterios en su origen, al ser órganos desconcentrados, organismos descentralizados o ser subsecretarías de la administración pública local, lo que provoca que sus recursos financieros estén sujetos a la discrecionalidad del respectivo Ejecutivo local. Es por ello, que se necesita autorizar al Congreso de la Unión la expedición de esta ley para establecer los criterios que han de regir a las juventudes, sus derechos y su colaboración entre la federación y las entidades, así como los municipios. Además de lo anterior, lo cierto es que las juventudes necesitan su propio sistema de protección jurídica, porque son ellas el motor de los ideales y de los cambios más importantes en la vida pública del país. Muestra de lo anterior, es que la población juvenil representa a 30.7 millones de personas, lo que se traduce en 25.7 por ciento de la población nacional. Representan, además, un sector importante en la población económicamente activa, aunque persista hasta el día de hoy una enorme dificultad para acceder al primer empleo y a condiciones laborales con dignidad. Muestra del motor de cambio que pueden llegar a ser los jóvenes, fue su asistencia al proceso electoral de 2018, donde expresamos nuestras preferencias políticas. Por ello, nuestro deber es con todos los jóvenes del país y que constaten que existe un compromiso real de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para dignificar a la persona joven y luchar por sus derechos. Por esta razón, compañeras y compañeros legisladores, los invito a votar a favor de este dictamen para materializar una ley especializada en materia de derechos juveniles, porque hacerlo es hacer lo socialmente correcto. Además, compañeras y compañeros legisladores, nuestra legislación nacional debe armonizarse con el marco internacional en materia de derechos juveniles, con la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes y su protocolo adicional, firmado por el Estado mexicano y pendiente por ratificar por el Senado de la República. Cabe decir que presenté, hace más de un año, un exhorto al Senado de la República para ratificar este importante tratado internacional en la materia y, con ello, agregar los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos al marco jurídico nacional. Desde esta tribuna le exhorto y recuerdo al Senado este pendiente legislativo. De igual forma, en el escenario internacional la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que los jóvenes pueden ser una fuerza positiva para el desarrollo cuando se le brinda el conocimiento y las oportunidades que necesitan para prosperar. En particular, los jóvenes deben adquirir la educación y las habilidades necesarias para contribuir con una economía productiva, y necesitan acceso a un mercado laboral que pueden absorberlos en su tejido. Además, desde 1995 la Asamblea General de las Naciones Unidas ha adoptado el Programa de Acción Mundial para los Jóvenes, que entre otros elementos contiene su problemática, estrategias de participación ciudadana, salud, globalización plena y efectiva participación de las y los jóvenes en la vida de la sociedad y cuestiones intergeneracionales e insta a los Estados a tomar las medidas necesarias internas para garantizar derechos de los jóvenes. Posteriormente, en 1998, adoptó el 12 de agosto de cada año como Día Internacional de la Juventud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU establecen los vínculos entre el desarrollo de la juventud y el desarrollo sostenible. En consecuencia, la esfera internacional ha realizado esfuerzos desde hace varias décadas en favor de los jóvenes, y considera que son motor de cambio para nuestra sociedad al ser un factor importante en la economía y en la toma de decisiones públicas. Sin embargo, por lo que respecta a la esfera nacional nos falta hacer las adecuaciones necesarias en políticas públicas transversales, que impacten en su desarrollo la carencia o nula existencia de institutos municipales de la juventud y la falta de oportunidades hacia el primer empleo, por considerar solo algunas. A esto, se suma la tasa de desocupación de los jóvenes respecto a la población económicamente activa, la cual es el doble comparada con la población general. Además de discriminación por supuesta falta de experiencia y los desempleos fruto de la pandemia nos sigue azotando. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, la minuta objeto de discusión de esta asamblea tiene por objeto promover el desarrollo integral de las personas jóvenes con un enfoque multidisciplinario, así como la concurrencia en la obligación de los entes del Estado a fin de garantizar su inclusión en los ámbitos político, social, cultural y económico. Entre las grandes bondades que conlleva esta reforma, se encuentran: 1. Una política pública de carácter transexenal, porque no solo estará sujeta al Plan Nacional de Desarrollo, sino a una propia ley y con ello cumpliremos con las recomendaciones internacionales de Naciones Unidas. 2. Estas políticas públicas en materia de juventud permitirán una concurrencia con los diversos órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal o demarcación territorial en la Ciudad de México y, en consecuencia, habrá un engranaje de obligaciones para diversas autoridades. 3. El segundo transitorio del decreto obliga a que con la entrada en vigor de la modificación constitucional deberá expedirse una ley especializada en materia de personas jóvenes, la cual establecerá un catálogo de derechos, reglas homogéneas para las políticas públicas que implementen las entidades federativas y, en su caso, los mecanismos de defensa legales con los que contarán los jóvenes para hacer valer sus derechos. 4. Se impone la obligación a las entidades federativas de armonizar sus respectivos cuerpos legales con el fin de garantizar los derechos de las y los jóvenes en todas las latitudes y evitar, de esta manera, derechos de primera y derechos de segunda. Con esta reforma garantizamos los derechos de los jóvenes, cumplimos con las recomendaciones internacionales y apoyamos al motor de cambio en nuestro país, que son las y los jóvenes de México. Ni la juventud sabe lo que puede, ni la vejez puede todo lo que sabe, bien dijo José Saramago. Muchísimas gracias. Es cuanto, diputada presidente.