El diputado José Luis Cruz Flores Gómez: Compañeros y compañeras legisladores, la representación social y la persecución del delito deben ahora más que nunca consolidar en un marco normativo el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, el debido proceso, el combate a la corrupción, el estricto apego a la ley y el restablecimiento de la confianza en instituciones profesionales e independientes. La propuesta presentada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, camina en este sentido, consolidando el compromiso de su administración con la legalidad y la transformación de México en un país de instituciones, a la vez contemplada en el entramado normativo, en la misma senda de la reforma constitucional en materia política y electoral que avalamos en este Congreso, misma que inició la virtuosa transición de la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General con autonomía del Poder Ejecutivo y con nuevas facultades para el Ministerio Federal. Fortaleciendo a las instituciones y al Estado mexicano a través de un sistema más efectivo de pesos y contrapesos que pongan como límite a las actuaciones de la autoridad a los derechos fundamentales y el respeto al orden jurídico, enviando un mensaje sólido y contundente: nada ni nadie sobre la ley, transición que hoy completaremos, de avalar en esta Cámara de Diputados el presente dictamen, para una Ley de Fiscalía General de la República, para iniciar una nueva etapa en la procuración de justicia en nuestro país. La conducción que tendrá el Ministerio Público Federal sobre las policías, así como la referida organización del mismo en una fiscalía, órgano que cuenta ya con el rango constitucional autónomo, lo dota de independencia y objetividad en la investigación y persecución del delito, sustrayéndolo de la posibilidad de abuso de índole político en las facultades y atribuciones que se le han asignado, contando México con una ley moderna que incida en el mismo sentido renovador de las instituciones directamente relacionadas con la impartición de justicia es motivo de congratularse también y la sincronización que hace la normatividad en comento con las reformas en materia de procedimientos penales de 2008 coadyuvando en el tránsito de un sistema escrito y atávico a uno más contemporáneo de naturaleza oral que incidirá favorablemente en gestar una justicia mexicana más pronta, efectiva y reparadora con especial énfasis en la protección y garantía de los derechos tanto de las víctimas como de los imputados. Mención especial merecen las fiscalías especializadas en materia de combate a la corrupción y la dedicada a la persecución de delitos electorales. Ambos temas sensibles e insoslayables en una sociedad democrática, moderna y crítica como la mexicana, reiterando el compromiso irrestricto con los principios fundacionales del Estado mexicano como el respeto y protección a la voluntad y soberanía popular que se expresa a través del voto universal, libre y secreto, así como el repudio institucional al abuso del servicio y función pública a la opacidad y a la discrecionalidad, apostando por un México más honesto y transparente con funcionarios que rindan cuentas y que tomen las decisiones que más convengan a todo el pueblo de México. Compañeras y compañeros, en el Grupo Parlamentario del PRI estamos seguros que estamos dando un paso adelante en la conformación de un nuevo Estado mexicano donde los ciudadanos tengan la certeza de que sus autoridades se conducen en los cauces de la ley, de la objetividad y del bien general a través de instituciones sólidas que restablezcan la confianza de la ciudadanía en ellas. También recordar a quien me antecedió en la palabra, que quieran o no, no podrán dejar de ser estigmatizados, y es que los que en esta tribuna piden renuncias, los que en esta tribuna piden justicia, son los que nos tienen que decir dónde tienen a esos 42 jóvenes que ustedes se llevaron y ustedes saben dónde están, porque ustedes son Abarca y ese estigma no se lo quitarán nunca.