El diputado Juan Ignacio Samperio Montaño: Con su venia, señor presidente. La transparencia gubernamental es un tema que resulta de suma importancia. La corrupción se ha convertido en un cáncer que permea todos los niveles de gobierno de nuestro país, haciendo que los recursos públicos, lejos de ocuparse en las múltiples necesidades de la sociedad, se gasten en intereses particulares. Es por esto que una de las mayores exigencias de los ciudadanos es acabar con este vicio, el cual se ha vuelto sistemático, descarado, e incluso, muchas veces premiado. México ocupó en el año 2011 el segundo lugar tan solo superado por Haití en corrupción en todo Latinoamérica. Es así que el rezago económico del país no se debe a la falta de recursos, sino al destino de los mismos. Durante sus informes el gobierno federal ha sido muy puntual en recalcar que los ejes que dirigen su administración son la responsabilidad y la austeridad. Esto sólo se puede presenciar en teoría, pues en sus acciones el Ejecutivo dista abismalmente de esta postura. Si algo puede caracterizar al gobierno saliente no es la austeridad. Debido a este panorama, creemos que una reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental no es deseable, sino es urgente. Este primer esfuerzo cuenta con elementos valiosos que gracias a las correcciones del Senado, tendrán un impacto positivo; sin embargo, no es suficiente. Resulta relevante la imposición de candados a las entidades federativas y a los municipios en los gastos que realizan con lo obtenido a través de las aportaciones federales. Tan solo entre 1994 y 2010, se ha registrado un crecimiento sostenido de las deudas estatales del 1.6 al 2.4 por ciento respecto al producto interno bruto y un aumento de 64.5 al 72 por ciento en relación con las participaciones federales. Es así que en los últimos años las finanzas públicas estatales se han vuelto insostenibles teniendo casos donde las deudas han aumentado desde un 200 hasta un 900 por ciento. La deficiencia en la reforma ocurre cuando no se sigue la misma lógica de fiscalización estricta con el Ejecutivo federal. Si bien se monitorea de manera eficiente a los estados, municipios y delegaciones, en el caso de este nivel de gobierno no se aplica la misma transparencia. La distribución del Presupuesto por destino del gasto en este año se dividió en un 33.2 por ciento a organismos y empresas; 27.9 por ciento a la administración pública centralizada; el 27.9 por ciento a gastos federalizados; el 9 por ciento al costo financiero de la deuda y adeudos de ejercicios anteriores y el 2 por ciento a poderes y ramos autónomos. Con base en lo anterior, podemos observar que se otorga aproximadamente el mismo monto de recursos provenientes del pueblo al gasto federalizado y a la administración pública centralizada, por lo tanto se debe de ser igual de estricto con la fiscalización impuesta a ambos. La Comisión de Hacienda y Crédito Público de esta honorable Cámara de Diputados ha trabajado y ha hecho un gran esfuerzo, que se traduce en una mejor administración de los entes públicos. Es necesario que este primer paso no termine aquí y se que continúe ahora con la regulación a la información financiera en el ámbito del Ejecutivo federal. Sólo fomentando la transparencia y la publicación de la información integral podremos terminar con una situación que nos ha rebasado, nuestro deber es el constante mejoramiento de las leyes y lineamientos que nos rigen como sociedad. Basta ya de privilegiar a algunos sectores, basta ya de la corrupción en todos los niveles gubernamentales, de tal manera, compañeros y compañeras diputadas, que nuestra bancada, entendiendo que este decreto todavía es insuficiente pero representa un gran avance, votaremos a favor, pero los invitamos a que con altura de miras y no solamente con coyunturales electorales, podamos ir por el gran pendiente que tiene la transición mexicana, que es la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Es cuanto, señor presidente.