El diputado Antonio Ortega Martínez: Gracias, presidenta. La nueva Ley de la Industria Eléctrica probablemente sea la última gran reforma legal que, sin ser constitucional, apruebe la actual mayoría legislativa de Morena. ¿Cuál será su relevancia? ¿Será cierto que se recupera la rectoría en materia de electricidad para bien de la nación? ¿Se había perdido esa rectoría o simplemente se gestiona de otro modo? Desde el punto de vista del PRD, la rectoría del Estado desde hace tiempo ya se gestiona de otro modo, que la cuarta transformación no quiere entender por razones ideológicas, y por lo tanto busca regresar al modelo en que el gobierno intervenía en todo el proceso de la industria eléctrica. Explico el nuevo modelo de rectoría estatal. Antes el gobierno estaba obligado a generar toda la electricidad necesaria para el país mediante sus propias plantas que en la medida que pasaban los años iban quedando obsoletas en dos sentidos: la forma de generarla frente a nuevas tecnologías y el desgaste natural de las plantas al paso del tiempo, plantas generadoras que se volvían fierros viejos con altos costos de operación y mantenimiento. Por eso, desde hace 30 años el país incursionó paulatinamente en un nuevo modelo. En el viejo modelo la soberanía la garantizaba el gobierno mediante el concepto monopólico de la generación, la transmisión, distribución y comercialización. En el nuevo modelo la garantiza el Estado mediante la regulación adecuada de la concurrencia porque el Estado mexicano incluye algo más que al gobierno y al sector público. La Constitución establece y garantiza la concurrencia al desarrollo nacional por igual del sector público, privado y social. Por eso es correcto hablar de reforma de Estado cuando se modificaron los viejos mecanismos en materia energética. La pregunta es, ¿el gobierno es hoy la mejor opción para garantizar la soberanía y la seguridad nacional en materia de energía, en general, y de energía eléctrica en particular? No. Definitivamente no. Si alguna vez lo fue, ya no lo es. Por eso el rechazo unánime a esta reforma con el argumento que nos regresa al pasado. Reitero, habíamos avanzado con distintas reformas sucesivas a garantizarle al Estado mexicano la soberanía energética con la concurrencia del sector privado y social. Incluso, el antiguo Sindicato Mexicano de Electricistas participa en este proceso, aportando el esfuerzo social de generación eléctrica en la planta de Necaxa, Puebla, como también lo hacen empresas privadas de todos tamaños y orígenes, tanto en la figura de autoabastecimiento, como de producción y venta. Este modelo no es un atentado, ni contra la soberanía, ni contra la seguridad energética del país. En cambio, el modelo al que se busca regresar sí excluye el potencial de la iniciativa privada, bajo el argumento de que los contratos son lesivos a la nación y sus ganancias ilícitas, pero no han aportado elementos de juicio más allá de los dichos sin prueba y sin intentar corregirlos por los medios idóneos que posibilita el Estado de derecho y la legislación vigente. Refrendo las razones para votar en contra. Votamos en contra porque el PRD está por una economía de mercado y por la generación de un competitivo mercado de electricidad con la concurrencia de los tres sectores ya mencionados. El PRD está por mantener la rentabilidad de la CFE y acrecentarla, aportándole energía limpia y barata para que la comercialice obteniendo utilidades razonables, más allá de sus costos. El PRD está a favor de la reconvención a tecnologías de generación denominadas limpias, pactadas internacionalmente, a favor del medio ambiente y de no al regreso al combustóleo, con alto costo, incluso en la salud de los mexicanos. El PRD está a favor de la constitucionalidad y, por lo tanto, en contra de darle vuelta con una ley que en los hechos contradiga la Carta Magna. El PRD está por el cumplimiento de nuestras obligaciones que en el mundo pactados en tratados internacionales. Al devolver a la Comisión Federal de Electricidad un papel dominante y privilegiado en el sector eléctrico, se afecta a las empresas privadas y de generación de energías limpias que hoy producen el 48 por ciento de la electricidad total en el país. Lo que sigue es que la nueva Ley de Industria Eléctrica sea controvertida en la Suprema Corte, ya sea con acciones de constitucionalidad o controversias constitucionales. Se estima que la contrarreforma eléctrica costaría casi, 20 mil millones de dólares en una primera etapa, además de costos intangibles por el momento, pero onerosos en el futuro cercano. La ley va a violar los compromisos de nuestro país en el Tratado Integral de la Asociación Transpacífico, el Tratado ante Estados Unidos y Canadá, ambos acuerdos comerciales incluyen la denominada cláusula ratchet de irreversibilidad: si un país procede unilateralmente a una estrechez o limitación retroactiva en algún sector, esta será desechada inmediatamente. Pero además la misma protección está vigente en distintos acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones establecidas entre México y países europeos. Si se viola cualquiera de estos tratados, las empresas pueden recurrir a paneles de solución de controversias inversionista-Estado, en cuyos casos si México pierde tendría que compensar a las compañías afectadas. Pero más grave aún, si se levantan paneles Estado-Estado, los países afectados tendrían derecho de aplicar represalias. En otras palabras, aunque en la Suprema Corte de Justicia de la Nación...