El diputado Juan Martín Espinoza Cárdenas: Con su permiso, diputada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. Maestra María del Rosario Robles Berlanga, en los dos periodos que ha fungido como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, respectivamente, no ha habido claridad en el desempeño contra la pobreza o el desarrollo social, mucho menos agrario, pues tenemos a nuestros campesinos y trabajadores agrícolas más dolidos y abandonados que nunca. El Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural es para contribuir y documentar la tenencia de la tierra de todos los sujetos de derecho, así como garantizar la legalidad de sus operaciones. Sin embargo, a diez años de la existencia de este programa aún se observan deficiencias en su implementación, falta de lineamientos y falta de claridad en la rendición de cuentas. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, menciona que el Programa de Ordenamiento y Regulación de la Propiedad Rural no ha realizado evaluaciones de alto impacto y no cuenta con evaluaciones externas. Tampoco especifica en qué municipios ni qué localidades o núcleos fueron resueltas sus solicitudes. Ello, a pesar de que en promedio recibe más de 400 mil solicitudes al año. En el mismo sentido, el Coneval informó que entre 2017 y 2018 la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano gastó más de 8 mil 354 millones de pesos en 8 programas sociales que no tenían clara su estrategia de cobertura y diagnósticos completos por los cuales fueron creados. Aunado a ello, el combate a la pobreza que presume el gobierno federal es inexistente, porque se encontró que sólo se cumplieron 18 de 31 objetivos programados en el Plan Nacional de Desarrollo y 12 de ellos se vinculan al combate a la pobreza, estando estos últimos a su cargo con resultados opacos y ligados a un posible desvío de recursos. Ahora bien, tomando en consideración el principio de derecho que dice: Uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, si usted presume de un incremento en el presupuesto a los programas de la Sedatu y a los que en este ejercicio fiscal se le destinaron miles de millones de pesos, ¿por qué son ineficaces, llenos de opacidad y posible corrupción? La falta de transparencia que usted promueve es lo que provoca que dudemos de su desempeño de la Secretaría a su cargo, sino que además afecta y deja en un estado de vulnerabilidad a millones de mexicanos que dependen de estos programas. Y, por último, el pueblo wixárika es una de las comunidades indígenas más antiguas de México, su población es de alrededor de 44 mil personas que habitan principalmente en el centro oeste de país en algunas zonas de la sierra madre occidental entre los estados de Jalisco, Nayarit y Durango. Se les conoce comúnmente como huicholes y se les reconoce por haber conservado su identidad espiritual y continuar practicando su tradición cultural y religiosa. Existe un grave conflicto en que los huicholes argumentan que la corona española les otorgó mediante el correspondiente título virreinal en 1718 el legítimo derecho de propiedad sobre sus tierras, que como pueblo originario ocupaban desde antes de la llegada de los primeros europeos, además del respaldo de una resolución presidencial otorgada en 1953 y que desde hace varios años la comunidad wixárika comenzó a interponer litigios ante el Tribunal Unitario Agrario sumando 47 juicios en contra de los ganaderos de Nayarit que fundamentan que la Sedatu se las otorgó y estos no las abandonan porque no los han indemnizado. Por lo cual ha habido mucha opacidad de su parte para resolver este conflicto, que le han costado vidas a nuestros hermanos indígenas, como a los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres, defensores de los derechos de los indígenas e integrantes de la comunidad vi rarika en el norte de Jalisco que fueron asesinados dejando impune este crimen. El consejo regional wixárika ha informado que se han promovido 47 juicios agrarios de restitución de tierras, de los cuales por sentencia ejecutoria el 22 de septiembre de 2016 lograron recuperar sólo 187 hectáreas y en 2017 recuperaron sólo 67 hectáreas de las 10 mil que están en proceso. Ante la inconformidad y la injusticia que ha tenido la comunidad wixárika de Jalisco sabemos que dichas situaciones siguen sin resolverse. Dicho todo lo anterior, maestra Robles, le pregunto, ¿por qué el presupuesto se ha ido reduciendo a programas tan esenciales para el desarrollo agrario y rural, siendo contrario el discurso del presidente Enrique Peña Nieto, donde presume que durante su gestión deja un campo fortalecido, sólido, con expansión y considerándolo competitivo a nivel internacional? ¿Por qué no se ha logrado resolver el grave conflicto entre las comunidades wixárikas y los ganaderos nayaritas poniendo fin al conflicto? Es cuanto, espero sus respuestas.