La diputada Loretta Ortiz Ahlf: Con la venia de la Presidencia; compañeras, compañeros diputados. No sin fundamento, con sólido fundamento nos hemos pronunciado en contra de la legislación y de los dictámenes que se están aprobando. En este punto en lo relacionado con la ley eléctrica voy a mencionar y voy a fundamentar toda mi oposición y la del Partido del Trabajo, basándome en una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Resolución 8/7, mandato del Representante Especial y el secretario general sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas comerciales. Ésta fue adoptada el 18 de junio de 2008. Se señala en la resolución en una parte de la resolución-, preocupado por el hecho de que la legislación nacional deficiente o su aplicación deficiente, que es el caso de México, ha sido por lo menos, no pueda investigar eficazmente las repercusiones negativas de la globalización en las economías vulnerables, acoge la siguiente resolución. Complacido de los informes del representante especial y en particular el establecimiento mediante un proceso de consultas, estudios y análisis de un marco basado en los tres principios fundamentales subrayo del deber de los Estados subrayo- de proteger todos los derechos humanos contra los abusos que cometen o que estén implicadas las empresas transnacionales y otras empresas comerciales, y la responsabilidad que tienen las empresas de respetar todos los derechos humanos y la necesidad de tener acceso a recursos efectivos, entre ellos mecanismos judiciales o extrajudiciales apropiados. Con el dictamen que se nos presenta hoy precisamente ésta es la situación que se está dando. Es una legislación que vulnera derechos fundamentales, que pone a los nacionales mexicanos, a los mexicanos y mexicanas a la merced de la depredación de empresas transnacionales o empresas extranjeras o nacionales sin que exista la rectoría del Estado. Como prueba de un botón, el artículo 37 del dictamen señala que estarán sujetas las tarifas a las reglas del mercado y no se establece ningún mecanismo de protección por parte precisamente de los usuarios, para que puedan en su momento poder presentar un procedimiento de ajuste a la tarifa. Es decir, lo que decimos los abogados. No es un contrato sinalagmático entre iguales, sino es un simple contrato de adhesión. Nos sujetamos para tener derecho a acceso a la electricidad, a las condiciones que nos establezca el prestador de servicio. Se dice por otro lado es irónico se sujeta a las reglas del mercado, pero al mismo tiempo es un servicio público. Hasta donde sé, los que hemos estudiado derecho, sabemos que lo relacionado con el servicio público y actos administrativos está dentro del derecho público. Sin embargo con esta nueva legislación parece ser que se está cambiando hasta la naturaleza de las normas que se aplican a este tipo de contratos y se ubica ya más en el derecho comercial. Es decir, se está no solamente privatizando el sector, sino además está abandonando el Estado a la merced de estas empresas la rectoría del Estado que es primordial para evitar cualquier abuso a la ciudadanía. Además, por si ello no fuera suficiente, se establece como ya se ha dicho hasta el cansancio que hay una ocupación a través de las servidumbres legales artículo 81 y siguientes que se pueden imponer a través de una resolución administrativa violando el derecho de propiedad. Esto hasta donde yo sé no se da en ningún sistema jurídico. No, se les priva de la propiedad a los que tienen el legítimo derecho de detectarla. Sería mejor que hubiera una expropiación por causa de seguridad pública a imponer una servidumbre de esta naturaleza donde ni siquiera el consentimiento de la persona que va a ser afectada es considerado. Es cuanto, diputado presidente.