El diputado Víctor Manuel Sánchez Orozco: Con su venia, presidenta. Compañeras y compañeros diputados, el artículo 18 constitucional señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir observando los beneficios de la ley. Por su parte, el artículo 1o. constitucional señala que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En congruencia con lo anterior, México ha celebrado una serie de tratados internacionales que van relacionados precisamente con lo que hoy estamos comentando, que es esta modificación para hacer concurrente una ley nacional y darle facultades a los estados, al gobierno federal y a los municipios, homologando todo lo que se trata de la administración de las prisiones. Algunos tratados que ha firmado México, por ejemplo, son Las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, en la ONU en 1955. Los principios de ética médica aplicables a la función del personal de salud, en la protección de personas presas y detenidas contra la tortura, también de la ONU en 1982. Los principios básicos para el tratamiento de los reclusos, también de la ONU en 1990. Y algunos otros, como Los principios y buenas prácticas para la protección de las personas privadas de su libertad, en la OEA en el 2008. La pretendida reforma tiene como finalidad materializar en un instrumento legal, que sirva de base para homologar criterios en la búsqueda de soluciones al grave problema de la crisis penitenciaria que vive el Estado mexicano, sólo en lo que se refiere a su administración, no así a la ejecución de penas, porque son dos aspectos diferentes. La ejecución de penas es un tema que constitucionalmente se encuentra a cargo de dos Poderes de la Unión, el Judicial a través de los jueces de ejecución, y el Ejecutivo a través del sistema penitenciario. La figura de la administración penitenciaria se encuentra cercana pero paralela a la de ejecución, así la regulación constitucional que dispone la existencia de un modelo legislativo nacional para la ejecución de penas está previsto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c) constitucional, será uno diverso a este nuevo propuesto de la administración de centros penitenciarios, que se regirá por un modelo legislativo diverso, a través de la concurrencia de competencias mediante una ley general. Para darnos una idea del grave problema que México tiene en el tema del sistema penitenciario, México tiene 418 centros penitenciarios, de los cuales 11 son del gobierno federal, 306 de gobiernos estatales, 10 de la Ciudad de México, y 91 dependen de gobiernos municipales. Sin embargo, para darnos una idea del grave problema, vemos cómo la sobrepoblación tiene algo así como 24 por ciento a nivel global. El hacinamiento se puede oír como una cifra, pero en realidad es un grave problema que existe en las entidades federativas y también en los municipios. Para que nos demos una idea, existen prisiones en donde los internos no tienen siquiera dónde dormir. Tienen que dormir literalmente parados o colgados. Eso nos da una idea del grave problema que hay, y sobre todo, cómo se atenta contra la dignidad de las personas. Además, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado que el 62 por ciento de los centros penitenciarios tiene autogobierno. Por eso, esta reforma ayudará, sin duda, a resolver la grave problemática que tenemos o que tiene el Estado mexicano, pero no es una solución de fondo. La solución de fondo es importantísimo que se le destinen recursos a los centros penitenciarios. Se trata pues de que el país pueda velar por la protección de los derechos humanos de las personas que derivado de la comisión de un delito se encuentran legalmente privadas de su libertad y que cumplan con los principios tendientes a lograr el fin de la pena, la reinserción social. Es decir, hay muchísimas prisiones en este país que no cumplen con lo más esencial para que las personas que ahí están privadas de la libertad puedan, en algún momento, ser reinsertadas a la vida social. Es decir, cómo se les puede dar capacitación para el trabajo, apoyo para el deporte o educación si ni siquiera hay espacios dignos para hacerlo. Por eso, es un tema de relevancia para el Estado mexicano y que debe contar con una legislación que permita eliminar las asimetrías que existen en las entidades federativas dentro de su regulación legal, estableciendo principios y facultades explícitas para cada orden de gobierno que garanticen a todas y cada una de las personas privadas de su libertad la garantía de un pleno respeto a los derechos humanos. Es cuanto, presidenta.