El diputado Mario Rafael Zepahua Valencia: Con su permiso, señor Presidente. Compañeras y compañeros legisladores: "El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su cuarto párrafo establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar, siendo una obligación del Estado garantizar a los mexicanos gozar de las condiciones ecológicas necesarias para su sano desarrollo. "Por más de veinte años el problema de la contaminación ambiental en nuestro país ha sido uno de los factores que ha influido en la implementación de políticas destinadas a preservar la ecología, promovidas por los titulares de la Administración Pública Federal, con el fin de resolver el problema de falta de conciencia por mantener a salvo los recursos naturales con la participación ciudadana, a fin de aplicar las medidas que las leyes y los acuerdos internacionales han comprometido a la Federación, las entidades federativas y los municipios, para lograr cumplir los fines de la garantía constitucional. "En el caso concreto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es la dependencia que conforme al artículo 32 bis fracción XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se encuentra facultada para promover la participación social y de la comunidad científica en la formulación, aplicación y vigilancia de las políticas ambientales, para restaurar el ambiente natural, sin que a estos días se haya logrado erradicar el problema de la contaminación en las grandes ciudades del país y se establezca un orden jurídico adicional que prevenga o sanciones penalmente a las personas que quebranten la conservación del medio ambiente. "Como podemos apreciar, las fuentes del régimen en materia ambiental se extienden en la base constitucional los artículos 27 y 73, los cuales establecen que es un deber del Estado preservar y restaurar el equilibrio ecológico, así como la facultad del Congreso de la Unión para establecer un sistema de concurrencia entre los niveles de gobierno en materia de preservación de la ecología. "Sin embargo, en el presente año el tema de la contaminación ambiental, propiciada por la irresponsable manifestación de las conductas humanas, generan preocupación en las urbes de mayor concentración demográfica en el país, debido a que la falta de interés de las conciencias detonan fenómenos ambientales como en el caso de la ciudad de Guadalajara, en el estado de Jalisco, donde el día 1º de enero despertó con 399 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire, sin que las autoridades municipales o estatales lograran operar el Plan de Contingencia Ambiental que debe aplicarse cuando se superan los 200 puntos. "Más allá de esta deficiencia gubernamental, en los hechos las actividades masivas que se practican al aire libre debieron evitarse con el cierre de avenidas céntricas en la ciudad, para que ciclistas, corredores o peatones fueran limitados en su libertad de practicar ejercicio, debido a que la contaminación puso en riesgo su salud, a lo cual la Secretaría del Medio Ambiente local reconoció que si esta situación se hubiera suscitado en un día laborable se hubiera aplicado la fase III del Plan de Contingencia Ambiental que implica la paralización de la totalidad de las actividades al aire libre; con ello, la suspensión de clases, trabajos de pavimentación y disminución de labores en fábricas; ello sin contar que la Red de Monitoreo Ambiental de la dependencia no funcionó durante siete horas, lo cual impidió percibir el elevado índice de la contaminación. Por tales consideraciones, la presente iniciativa pretende establecer como tipo penal todas aquellas conductas que propician resultados materiales en los que se afecta a las personas en su medio ambiente, obligándolos, como en el caso de Guadalajara, Jalisco, a alterar la consecución de su vida cotidiana, en virtud de verse mermada la calidad del aire; que además, siembra células de brotes epidemiológicos dañinos para la salud. Fundándose esta medida legislativa en la obligación del Estado para cumplir con las prerrogativas y deberes que el Gobierno debe garantizar a los mexicanos conforme a lo preceptuado en los artículos 4, 27 y 73 constitucionales. A mayor abundamiento, propongo adicionar un artículo 415 bis al Código Penal Federal porque la conducta que se pretende tipificar estriba en la combustión de materiales en abstracto, produciendo la emisión de contaminantes que afectan a la población y su medio ambiente, colocando a este tipo en el estudio dogmático del delito en uno de carácter instantáneo en virtud de que sus efectos se consuman, agotándose en su mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Se erige en doloso porque conociendo las consecuencias de sus actos, se abstuvo de perder el resultado porque así el agente lo deseó o bien, la realización del hecho permite que la responsabilidad penal sea con multiplicidad de personas y permite el concurso ideal porque con su comportamiento puede producir varios resultados típicos. En todo Estado de Derecho, como en México, los representantes populares debemos contar con una visión de la gobernabilidad asumida en el sentido de bienestar de las necesidades básicas de toda la población a fin de que la legitimidad que la Administración Pública Federal ha perdido durante el presente sexenio con su nula capacidad de gobernar, sea garantizada con un eficiente equilibrio de la estabilidad social que el Poder Legislativo debe otorgar para equilibrar los factores de la funcionalidad de la legalidad en el país mediante acciones concretas que resuelvan la inoperancia de las políticas emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales en materia de equilibrio ecológico, incorporando al campo de las acciones concretas, responsables y comprometidas con la sociedad medidas como las que se hacen valer en la presente iniciativa, que resolverán una necesidad de procuración de justicia para los mexicanos afectados por grupos que no están comprometidos con sus connacionales. Por lo antes expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Soberanía la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un artículo 415 Bis al Código Penal Federal para quedar en los siguientes términos: Título XXV: Delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. Capítulo Primero: De las actividades tecnológicas y peligrosas. Artículo 415 Bis: Se impondrá pena de seis meses a cinco años de prisión y de 500 a 1 mil días multa a quien, sin contar con autorización legal, ordene o ejecute la combustión de objetos y materiales que ocasionen contaminación del medio ambiente. En el caso de que esta actividad se lleve a cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta por tres años y la pena económica hasta en 1 mil días multa. Transitorio Artículo Único: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro a 11 de enero del 2006. Es cuanto, señor Presidente. Por su atención, muchas gracias.