El diputado Antonio Cuéllar Steffan: Muchas gracias, diputado presidente. Antes de referirme a lo que están diciendo nuestros compañeros diputados, quisiera comentar esta exposición manifestándome muy a favor de lo que ha sido la historia de Petróleos Mexicanos y CFE en la conformación del México de hoy. La verdad es que no podríamos concebir al México en el que vivimos sin esa ardua labor y ese trabajo que han hecho las dos paraestatales para el desarrollo del país. Todos de alguna manera desde luego que tenemos que reconocer el sentimiento de orgullo y de satisfacción que nos da el hecho de saber que tenemos empresas sí de clase mundial. Hablamos de Petróleos Mexicanos y de CFE como dos empresas que han generado más que recursos para el Estado, han generado toda una cultura alrededor de la cual nosotros hemos vivido. Pero tenemos que reconocer algo también, tratándose del aprovechamiento de nuestros recursos y de la generación de energía eléctrica, pueden hacerse las cosas mucho mejor. Hemos venido discutiendo a lo largo de la última semana en otros dictámenes que hemos también votad en su momento, sobre la importancia que tiene la incidencia de la competencia en la generación de mejores actividades, mejores servicios para la gente, para la comunidad. Eso es lo que se recoge precisamente en esta ley. Estamos tratando de incorporar en el sector energético los beneficios que provienen de la competencia y la inclusión de nuevos actores. Pero es precisamente todo este nuevo vigor que va a tener la actividad energética en el país que reclama la existencia de órganos del Estado y de órganos reguladores del Estado con suficientes facultades y con mucha fuerza para intervenir en la conservación, en el aseguramiento de algo que yo reconozco a favor de la izquierda. Reconozco la preocupación de ustedes por garantizar que los recursos que provengan del petróleo sean de todos los mexicanos, y no basta nada más con que la propia ley o la Constitución asegure, no dogmáticamente, que la propiedad del petróleo es de la nación. Tenemos además que instrumentar a través de autoridades administrativas eficaces, todos los procedimientos necesarios para garantizar que los recursos que provengan del aprovechamiento del subsuelo, efectivamente se destinen a aquello que a nosotros nos interesa. Y es por eso que tenemos ahora en función, desde luego, de las muy distintas actividades que van a llevarse a cabo en estos dos grandes rubros conforme a los cuales se desarrolla la materia energética, autoridades que van a estar involucradas en esto: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía. Sin embargo se dice que no gozan de suficiente autonomía y eso es lo que vienen a argumentar con motivo de la reserva que estamos comentando, y yo aquí difiero de ustedes. En un Estado como el nuestro, con un gobierno republicano, tenemos que reconocer que la república reside esencialmente en el principio de división de poderes. Pero esta división en el ejercicio del poder público tiene que ser racional. Tradicionalmente hemos venido siempre, porque además así se firmó en la Constitución del 17 y ésta es una reminiscencia que nos tiene, que hemos importado desde la revolución francesa, tres poderes: El ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Extraordinariamente y por circunstancias históricas se ha llegado a definir la conveniencia de tener órganos constitucionales autónomos. Primero empezamos con el Instituto Federal Electoral, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y que ha venido creciendo el número de órganos constitucionales autónomos con verdaderas facultades de autoridad con toda esta autonomía, no solamente técnica y de gestión, sino política y jurídica constitucional que les permite actuar como lo hacen. Sin embargo, fíjense que en la materia energética necesitamos, en función de esta pluralidad de actividades que se van a llevar a cabo, órganos que sí gocen de autonomía técnica y de gestión, pero que estén de alguna manera también coordinados porque lo que haga uno impacta con relación a lo que decida el otro y por consiguiente nos puede llegar a perjudicar a todos. Debemos tener órganos autónomos técnicamente y en cuanto a su patrimonio, pero siempre adscritos a un mismo poder a fin de no estar pulverizando el ejercicio del poder público. Los órganos que ahora existen en materia energética, como la comisión de hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía tienen su concepción en la misma Constitución. Y ustedes me van a dar la razón porque además así lo han dicho muchas veces: por arriba de la Constitución no puede haber nada, por debajo de la Constitución cualquier cosa que se diseñe siempre se va a tener que ajustar a la Constitución misma. En la medida en que existen estos órganos, independientemente de que Ley Orgánica de la Administración Pública federal los contemple o no, la verdad es que estando adscritos al Ejecutivo, porque así lo establece la Constitución, pueden subsistir perfectamente y pueden gozar de la autonomía que deriva de la ley, con independencia de que su adscripción dependa del Ejecutivo. Por qué. Aquí sí podríamos recordar algunos criterios de la corte. No tengo los numerales, los expedientes en los que esto se resolvió, pero sí tienen ustedes y pueden buscar tesis de la corte que se pronunciaron con relación al reglamento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de los cuales se declaró la inconstitucionalidad de este reglamento que expidió el presidente de la república cuando pretendió ir más allá de lo que establece la ley de radio y televisión, la anterior, por cuanto a las facultades y autonomía de la Comisión Federal de Telecomunicaciones. Lo que se preservó, lo que subsistió fue precisamente esa autonomía y ustedes nunca van a encontrar ninguna resolución del Ejecutivo que pudiera ir en contravención de una decisión técnica que pudiera haber dictado la Comisión Federal de Competencia Económica o la Comisión Federal de Telecomunicaciones porque la ley las protege. Quiero abundar en esto. Cuando se ha hablado recientemente de cualquier debilidad, quizá, por lo que respecta al ejercicio de las facultades de los órganos colegiados que ahora tienen encomendadas estas regulaciones con relación a áreas estratégicas del desarrollo nacional, siempre ha derivado de alguna circunstancia que proviene del ejercicio indebido de un derecho a través del juicio de amparo o a través de algún medio judicial que ha impedido la materialización inmediata de las resoluciones de estos órganos colegiados. Déjenme decirles que aquí se está previendo ya la existencia de los órganos colegiados, se está estableciendo el consejo de coordinación en materia energética, a través de los cuales se van a coordinar, y la autonomía y la garantía de que esa autonomía efectivamente se va a cumplir si bien no proviene de aquí, proviene de las otras leyes que no podemos dejar de ver en este caso y está en la Ley de Amparo. Nosotros ya aprobamos una nueva Ley de Amparo. La nueva Ley de Amparo lo mismo que la Constitución establece limitaciones no por cuanto a la procedencia del juicio, que en este caso viene a establecerse como un principio de seguridad jurídica para todos los agentes que van a ser sujetos de estas comisiones, pero sí se establecen las limitaciones con relación a la suspensión a esta medida cautelar que impide la materialización de las resoluciones de los órganos. De tal manera que sí tenemos órganos dotados con facultades, tenemos la procedencia de sus resoluciones, la procedencia de los medios de defensa sin la suspensión. Por su atención y por su tolerancia, muchas gracias. Es cuanto, presidente.