La diputada Gloria Trinidad Luna Ruiz: Con su permiso, señor presidente. Compañeras y compañeros diputados: El día de hoy vengo a nombre propio y del diputado Jesús Gerardo Cortez Mendoza a presentar ante ustedes una iniciativa que tiene injerencia en el desarrollo urbano. El fundamento de la participación social lo encontramos implícitamente en los artículos que consagran garantías constitucionales como la de libertad de expresión, de asociación, el derecho a la participación en materia de desarrollo y el derecho de petición, entre otras. Así, el artículo 6 garantiza la libre manifestación de las ideas. El artículo 7 consagra la libertad de escribir y publicar como una garantía ciudadana. El artículo 9 expresa la imposibilidad de coartar el derecho de asociación o reunión pacífica. El artículo 26 ordena que la planeación del desarrollo deberá ser democrática y señala necesaria la participación de los sectores sociales para conocer sus aspiraciones y demandas, que serán incorporadas al plan y programas de desarrollo. Y el artículo 35 establece como prerrogativa del ciudadano, entre otras, el derecho de petición. En estos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se fundamenta la participación social. No obstante, la participación de la sociedad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano no cuenta con el debido sustento jurídico. La denuncia ciudadana en materia de desarrollo urbano es una figura jurídica que debiera ser incluida en la Ley General de Asentamientos Humanos ya que dicho ordenamiento tiene como objetivo, entre otros, ordenar los asentamientos humanos, establecer los usos, reservas y destinos de tierras para conservar y mejorar los centros de población en el estado. La Ley General de Asentamientos Humanos representa un logro muy importante para la vertebración e integración del derecho urbano en México; sin embargo, no incluye los últimos mecanismos registrados por el derecho comparado para una participación social efectiva. El objeto fundamental de la presente iniciativa es que cualquier persona tendrá derecho de denunciar ante la autoridad competente para que ésta inicie un procedimiento administrativo cuando se dé cuenta de que se han autorizado construcciones, cambios de uso de suelo, destinos del suelo, actos o acciones urbanas en contravención a las disposiciones legales en materia urbanística. Asimismo, tendrá ese derecho a la denuncia cuando se percate de que se están llevando a cabo construcciones, cambios de uso de suelo, destinos de suelo, actos o acciones urbanos en contravención a los ordenamientos urbanos para que, en su caso, se inicie el procedimiento administrativo que corresponda. En materia de desarrollo urbano y ordenamiento territorial un mecanismo de esta naturaleza es imprescindible ya que la urbanización en nuestro país ha sido muy desordenada, lo que se ha manifestado en problemas en las ciudades como la falta de provisión de servicios, embotellamientos de tránsito, contaminación, irregularidades en los usos y destinos de suelo, entre otros. De tal manera el crecimiento desordenado de las ciudades hace necesaria la creación de un marco normativo para lograr una adecuada planificación del desarrollo urbano que permita garantizar condiciones de habitabilidad propiciando con ello un principio de sustentabilidad en el desarrollo habitacional. Por lo expuesto presento ante ustedes decreto que adiciona un artículo 61 a la Ley General de Asentamientos Humanos. Artículo único Se adiciona el artículo 61 a la Ley General de Asentamientos Humanos para quedar como sigue: Artículo 61. La persona u organización de vecinos tendrán derecho a presentar denuncia ciudadana ante la autoridad competente sobre cualquier hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente ley, los planes o programas de desarrollo urbano y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con los asentamientos humanos, el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo correspondiente y se apliquen, en su caso, las medidas de seguridad y sanciones respectivas. Transitorio Primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro el 15 de febrero de 2011. Es cuando, señor presidente.