La diputada María Elena Orantes López (PRI): Con el permiso de la Presidencia. Compañeras y compañeros legisladores: En ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con apoyo en lo previsto en el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General, presento ante el pleno de esta honorable Cámara la presente iniciativa de reformas, fundamentada en la siguiente manera: La población rural es aquella que reside en localidades con menos de 2 mil 500 habitantes, cuya característica general y por supuesto lamentable, es que tienen un acceso limitado a los servicios básicos en donde la mayoría vive en condiciones de pobreza y de marginación. Aunque jurídicamente se les reconoce a las mujeres los mismos derechos para tener acceso a la tierra, el capital y la tecnología, en la práctica esos derechos son impugnados por valores culturales que se reflejan también en las estrategias institucionales. Sólo el 15% de los posesionarios de las tierras ejidales o comunales son actualmente mujeres. Una de las principales demandas de las mujeres del campo son la generación del empleo y la necesidad de capacitación; sin embargo, las políticas hacia la mujer rural en ese sentido carecen de planes de seguimiento y de una evaluación real. En general, los recursos tanto de fomento a la organización de microempresas, como la capacitación, no son suficientes ni cuantitativas y cualitativamente. Una opción importante para la mujer rural ha sido poder constituir grupos a través de los cuales se gestionan los apoyos para poder de esta manera, impulsar los proyectos productivos que garanticen un ingreso y una fuente de empleo para sus familias y por ende el beneficio de sus comunidades. La materia agraria tal vez es una de las áreas en donde la discriminación hacia la mujer se vuelve más evidente. Actualmente, la ley correspondiente presenta un retroceso en cuanto al derecho patrimonial sobre la parcela familiar y sobre el carácter de obligatoriedad para que cada núcleo agrario asigne una porción de tierra para la constitución. Existe imprecisión además, para el otorgamiento de certificados de derechos agrarios a las parcelas constituidas anteriormente a la vigencia de la nueva ley agraria. En tal virtud, es fundamental poder impulsar acciones de defensa de los derechos de la mujer rural y su familia, y adecuar como un primer paso la Ley Agraria, de tal suerte que puedan especificarse claramente los derechos de la mujer rural en cuanto a: La vigilancia del patrimonio familiar; el otorgamiento de los certificados de derechos agrarios; la permanencia del carácter de obligatoriedad para que los núcleos agrarios puedan otorgar una porción de tierra y facilitar la constitución de las parcelas agroindustriales de la mujer rural y las unidades productivas para el desarrollo integral de la juventud. Por las razones expuestas y dejando establecido que la condición de las mujeres en campo es de mayor vulnerabilidad que la de ninguna otra, lo cual la ley debe tomarlo en consideración a fin de poder lograr el objetivo de atención y asistencia, someto a esta Cámara de Diputados el presente decreto: Unico. Se reforman y adicionan los artículos 17, 71 y 72 de la Ley Agraria, para quedar en su redacción de la siguiente manera: Artículo 17. Cuando no existan cónyuge ni concubina, ni hijos menores de edad a quienes corresponda la herencia de los derechos del ejidatario sobre su parcela, el ejidatario tiene la facultad de designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y el orden de preferencia conforme al cual deba de hacerse la adjudicación de derechos cuando fallezca. En dicha lista, podrá incluir a sus hijos mayores de edad o a sus ascendientes o a otras personas que él mismo decida. Artículo 71. La asamblea debe reservar igualmente una superficie de la extensión que determine, localizada de preferencia en las mejores tierras colindantes con la zona de urbanización, que será destinada al establecimiento de una granja agropecuaria o de industrias rurales aprovechadas por las mujeres mayores de 14 años del núcleo de la población. En esta unidad se deben integrar instalaciones destinadas primordialmente al servicio y la protección de la mujer campesina. Artículo 72. En cada ejido y comunidad deberá destinarse una parcela para poder constituir la unidad productiva para el desarrollo integral del adolescencia y la juventud, procurando la equidad entre ambos géneros, en donde se realizarán actividades productivas, culturales, recreativas y de capacitación para el trabajo y para los hijos de los ejidatarios, comuneros y avecinados mayores de 13 y menores de 24 años. Esta unidad será administrada por un comité cuyos miembros serán designados exclusivamente por los integrantes de la misma. Los costos de operación de la unidad serán cubiertos con el apoyo de los ejidatarios y por los mismos miembros del comité. Transitorio El presente decreto se solicita que entre en vigor al siguiente día de su publicación, por lo cual, solicito a la Presidencia turnar a la comisión, de acuerdo a lo establecido. Muchas gracias.