La diputada María del Carmen Mendoza Flores (PAN): Con el permiso de la presidencia. Compañeras y compañeros diputados. La suscrita diputada federal María del Carmen Mendoza Flores, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en ejercicio de la facultad que me otorga la fracción II del Artículo 71 de nuestra Constitución Política y con fundamento en los Artículos 55 fracción II, 56 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración del pleno la presente iniciativa de ley que adiciona un Capítulo IV denominado "De la Objeción de Conciencia" al Título Cuarto de la Ley General de Salud, bajo la siguiente Exposición de Motivos En un estado democrático deben existir diversos factores que al presentar y articularse armónicamente, generen las condiciones necesarias para que la sociedad avance, se desarrolle y arribe al bien común. Para que se consolide un estado democrático, en donde todo ciudadano o ciudadana, no sólo pueda pensar, opinar o procesar ideas, credos o cultos, es necesario que en el ejercicio de la libertad rebase estos linderos, para dar paso a que todo ciudadano pueda actuar, siguiendo los lineamientos que le dicta su conciencia. En la racionalidad del ser humano hay principios morales, deontológicos y éticos, que establecen los valores, en razón de los cuales se despliega la conducta individual, siendo ésta consultado de un ejercicio inteligente, de reflexión y análisis, y sobre todo de libertad. Y es particularmente en el ejercicio más puro de la libertad como, cada persona se forja sus convicciones, misma que no puede ser coartada por el Estado o juzgada arbitrariamente. El Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece: "toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia". Este dispositivo internacional encuentra relación con el Artículo 24 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordenamiento que salvaguarda la libertad de pensamiento, de creencia y de conciencia, consignándolos como derechos fundamentales de los mexicanos. La Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en su 48ª. Sesión celebrada en el año de 1993, emitió el Comentario General el No. 22 titulado "El derecho de la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este comentario general constituye una interpretación de los alcances del artículo 18 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Si bien los comentarios generales dentro del orden jurídico internacional no son instrumentos de naturaleza vinculante para los estados, sí representan interpretaciones y lineamientos fidedignos sobre los alcances de un artículo en particular, en este caso el artículo 18 de Pacto Internacional Sobre los Derechos Civiles y Políticos con relación a la libertad de conciencia, queda claro que la objeción de conciencia es un elemento inherente al derecho de libertad y constituye una excepción válida para que una persona se rehúse a cumplir determinada actividad prescrita. Debemos tomar en cuenta que no es lícito obligar a un ciudadano a actuar en contra de su conciencia ética, cuando ésta se ajusta a los más altos valores de las ciencias axiológicas, puesto que sería violar su autonomía de pensamiento, obligarlo a traicionar su identidad y dejaría sin efecto las garantías individuales. A nadie se le debe pedir que realice una actividad que atente contra sus principios morales, por el contrario; el Estado, como órgano garante de la libertad, debe procurar el mayor respeto posible para la diversidad de creencias que existen en el conglomerado local. Como signo de madurez cívica y de progreso moral y político, las sociedades modernas aceptan el gesto de la objeción pacífica, sin tomar represalias o ejercer discriminación contra el objetor en el común respeto a los principios de libertad ideológica y de no discriminación contra los derechos fundamentales de las personas consagradas en todas las constituciones. La tolerancia a la genuina objeción de conciencia es algo connatural a la sociedad de hoy, en la que el pluralismo ideológico es aceptado como una realidad privilegiada a la que habrán de oponerse cuestionamientos de dignidad ética inferior. Actualmente nuestra Ley General de Salud señala las obligaciones y prerrogativas que tienen todas las instituciones y personas que intervienen en el Sistema Nacional de Salud, sin embargo, no establece la posibilidad de la objeción de conciencia que representa un derecho para excusarse de intervenir en las prácticas que de acuerdo a su fuero interno, a sus creencias personales y a las dimensiones de la conciencia, le causen un conflicto interior al ciudadano. Es por tanto adicionar a la Ley General de Salud un dispositivo que permita que los profesionales, técnicos, prestadores de servicio social, estudiantes y demás personas que intervengan en el Sistema Nacional de Salud, puedan objetar en razón de su conciencia, las actividades que contravengan o dobleguen sus convicciones y la libertad de credo, sin represalias. Con ésta se pretende que dentro del sector salud exista tolerancia y respeto y que los ciudadanos que laboran en el mismo no encuentren restricciones para desarrollarse profesionalmente, de acuerdo con sus lineamientos deontológico. Es oportuno aclarar que se entiende por objeción de conciencia en sentido lato o amplio, la negativa de una persona a realizar determinado acto que prescribe una norma de carácter general, por contravenir razones religiosas, éticas o deontológicas, de tal naturaleza que ir contra dichos principios supondría para el objetor un menoscabo grave a su integridad y congruencia personal. En este sentido, el objetor siente hacia los actos que rechaza, una repugnancia moral profunda, hasta el punto de someterse a lo que se le está ordenando, equivaldría a traicionar su propia identidad y conciencia. La objeción de conciencia, sea del tipo sanitario o de cualquier otra especie, supone siempre un conflicto de intereses entre lo que el marco legal vigente prescribe, que constituye la expresión de los bienes jurídicos tutelados en orden público. Si bien es necesario que el derecho positivo contemple esta excepción para regular su existencia del marco jurídico, la objeción de conciencia con motivo lícito para no acatar una disposición legal reglamentaria o normativa dictada válidamente por la autoridad jerárquica competente debe tener cauces legales para ejercitarse, pues de lo contrario se ocasionaría incertidumbre jurídica y ambigüedad en su aplicación. En primer término, no se puede alegar la objeción de conciencia por un profesional de la salud, cuando exista riego de que la omisión de su parte ponga en riesgo la vida o salud del paciente. Cuando el prestador de los servicios de salud se encuentre frente al supuesto antes señalado el ejercicio de la objeción de conciencia no podrá hacerse valer. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno la siguiente iniciativa que adiciona el artículo 49 Bis al titulo segundo capítulo tercero de la Ley General de Salud. Artículo 49 Bis.- Los profesionales, técnicos, auxiliares y prestadores del servicio social que forman parte del Sistema Nacional de Salud, podrán hacer valer la objeción de conciencia y excusarse de participar en todos aquellos programas, actividades, prácticas, tratamientos, métodos o investigaciones que contravengan su libertad de conciencia con base en sus valores, principios éticos o creencias religiosas. Cuando la negativa del objetor de conciencia implique poner en riesgo la salud o vida del paciente por la urgencia o deterioro de su salud sin que ésta pueda ser derivado a otros integrantes del sistema de salud que lo atiendan debidamente, el objetor no podrá hacer valer su derecho y deberá prestar la atención médica necesaria; en el caso de no hacerlo, incurrirá en causal de responsabilidad profesional. La Secretaría de Salud emitirá las disposiciones y elementos para manifestar la objeción a que se refiere este artículo sin que estas disposiciones puedan limitar el ejercicio de este derecho o generar discriminación en el empleo hacia quien lo haga valer. Transitorio El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuando diputado Presidente.