La diputada Frida Alejandra Esparza Márquez: Compañeros legisladores, el Plan Nacional de Desarrollo se considera como el principal instrumento que orienta las políticas públicas del gobierno federal. Sin embargo, los mecanismos de participación reconocidos en el marco jurídico vigente son muy limitados para incorporar la participación de la sociedad mexicana en su pluralidad y diversidad. Si bien se han implementado importantes cambios en la ley, sobre todo en cuanto al desarrollo de implementación y ejecución por parte de la administración pública, las últimas reformas relacionadas con los principios de perspectiva de interculturalidad y de género, los mecanismos de participación social, considerados desde los ochenta, siguen siendo los mismos. De acuerdo con la Ley de Planeación solo se consideran foros de consulta, como mecanismos de participación de la ciudadanía, esto ha ocasionado que en los últimos sexenios los procesos de consulta en torno a la elaboración del Plan Nacional sean limitados, pues su formato y la omisión de incorporar otros esquemas y dimensiones de la participación han hecho poco efectivo para que la opinión de la ciudadanía incida de manera efectiva en la elaboración del plan. Por un lado, la amplitud del acceso a las tecnologías de información hace imperativo el considerar los mecanismos que puede ofrecer la democracia electrónica como medio de comunicación para la ciudadanía con la administración pública, sin demeritar de ninguna manera los mecanismos presenciales y análogos. Por otro lado, la ley debe adecuar su marco conceptual de la participación y pasar de una limitada visión de la sociedad dividida en sectores, a la integración y consideración de organizaciones de la sociedad civil y la pluralidad de los pueblos y comunidades indígenas. Siguiendo el enfoque de la Agenda 2030, debemos considerar incorporar visiones de género, así como la inclusión de las personas tradicionalmente excluidas de las políticas. Es tarea del Estado el facilitar el acceso de todas las personas, sin importar su condición, a la participación de la gestión pública y la toma de decisiones. En este sentido, el próximo proceso de formulación del Plan Nacional de Desarrollo es una oportunidad para que el gobierno en turno, que se ha comprometido con incorporar mecanismos de democracia participativa en la gestión pública, incorpore también a las organizaciones de la sociedad civil en la planeación democrática de nuestro país y con ello, tener insumos y participación de calidad. También hay que considerar que la democracia participativa no se agota con grandes consultas. Debe ser reconocida en su amplitud de mecanismos de participación en su diversidad de ámbitos de influencia y en la posibilidad de incidir en las diferentes etapas de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas. La Ley de Planeación debería reconocer las diferentes modalidades de participación en su amplitud y diversidad, tal como lo es la sociedad mexicana. Y deben considerar los espacios y las experiencias locales, entre ellos los consejos ciudadanos. En la presente iniciativa se plantean reformas para la adecuación del marco jurídico de la planeación nacional, con el objetivo de reconocer la diversidad de canales y formas de participación. Definir la participación ciudadana como principio de la planeación nacional y establecer la obligación de una plataforma de seguimiento a los compromisos derivados y garantizar mecanismos de participación social, ciudadana, no solo en el diagnóstico y elaboración del plan y sus programas. Por último, se propone que la legislación reconozca mecanismos de nuevas tecnologías de información y comunicación en los procesos de participación, así como elementos habilitadores de una más amplia participación, sin menoscabar las formas presenciales en el marco de un gobierno abierto, entendido como un modelo de producción de políticas públicas, en cuyo trabajo convergen la transparencia y la participación ciudadana en un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. Compañeras y compañeros, con esta iniciativa no solo estaríamos adecuando el marco normativo para reconocer y ampliar los mecanismos de participación en la gestión pública, sino que también estaríamos avanzando con uno de los principios y acciones de la Alianza para el Parlamento Abierto en México al legislar en favor del gobierno abierto, pues si se aprueba esta reforma estaríamos incorporando una política de gobierno abierto en todo el proceso de implementación y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Es cuanto.