La diputada Carolina García Aguilar (vía telemática): Uno de los principios fundamentales de los ordenamientos jurídicos es el de la progresividad. Este principio implica que las legislaciones deben avanzar a fin de mejorar, de garantizar y promover los derechos fundamentales de manera gradual hacia una transformación normativa que incite a la funcionalidad de la legislación y que sea adecuada a los tiempos en los que vivimos. Hoy, se pone a consideración de esta soberanía el dictamen de la Comisión de Gobernación y Población con iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Población y se abroga la Ley General de Población, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, que busca y tiene la intención de dar vida a una Ley General de Población funcional y acorde a nuestro tiempo. La anterior Ley General de Población fue elaborada en un contexto demográfico específico y atendió diversas problemáticas que se presentaron en la época. No obstante, su aplicación fue perdiendo vigencia en razón del crecimiento poblacional, la incorporación de las tecnologías, las olas migratorias y otras dificultades que, con el paso del tiempo, esta ley se ha visto rebasada y se volvió disfuncional y obsoleta. En Encuentro Social tenemos la mira puesta hacia la progresividad de la ley y estamos plenamente convencidas y convencidos de que esta nueva Ley General de Población tiene un enfoque integral, con visión hacia el futuro y con un carácter evolutivo, además que ha sido elaborada acorde a los requerimientos de nuestro presente. Un proyecto que se nos presenta, tiene por intención adecuar la normativa poblacional a las nuevas realidades, así como la dinámica demográfica del país, a fin de atender sus causas y consecuencias. De la misma forma, busca establecer las bases de coordinación interinstitucional para formular y conducir la política de población e interculturalidad para que sea un elemento indispensable a esta nueva realidad. Otro de los ejes, y que es primordial en la iniciativa, es la intención de garantizar el derecho a la identidad, consagrado en el artículo 4o. constitucional y, en consecuencia, apuntalar la operación del Registro Nacional de Población y del Servicio Nacional de Identificación Personal, así como regular la organización y funcionamiento de las instancias competentes en materia de población, registro e identidad de personas. Como se observa, lo que esta propuesta plantea es la necesidad de adecuar a las condiciones, demandas y realidades actuales del país, a un conjunto de estrategias, programas y acciones públicas, a fin de enfrentar los desafíos poblacionales que son el cambio demográfico por envejecimiento, la inequitativa distribución territorial de la población, la migración interna e internacional, así como los patrones de movilidad y otros. De igual manera, por lo que respecta a garantizar el derecho de la identidad de las mexicanas y los mexicanos, la legislación que se impulsa considera la necesidad de crear una cédula única de identidad digital, que se expedirá a toda la población del país y a los mexicanos residentes en el extranjero, y que será este un documento oficial de identificación ante todas las autoridades mexicanas, ya sea en el país o en el extranjero. Impulsando así un sentido de arraigo y de pertenencia en cada mexicana y mexicano, no importando dónde se encuentren. De la misma manera, se considera integrar un registro de personas y el uso de una clave única para todo servicio, para todas y todos los mexicanos, denominada Clave Única de Registro de Población. En Encuentro Social apoyaremos el dictamen porque contiene una propuesta innovadora, progresiva, que tiene un enfoque garantista de derechos humanos e impulsa políticas públicas que atienden las necesidades poblacionales del país. Es cuanto, presidente.