EL C. DIPUTADO MIGUEL GUTIERREZ HERNÁNDEZ: Con su permiso, Presidenta. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución General para el Fortalecimiento de la Democracia Participativa dentro de la reforma del estado. Con fundamento en lo dispuesto por la Fracción II del artículo 71 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos, el que suscribe, a nombre del grupo parlamentario de Acción Nacional somete a consideración de esta asamblea la presente iniciativa por la que se reforman los siguientes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 35, 36, 40, 73, 115 y 122, a fin de establecer las figuras de participación ciudadana conocidas como referéndum y plebiscito, mismas que se fundamentan y motivan bajo la siguiente exposición de motivos. Para el Partido Acción Nacional, la exigencia de una reforma del estado no es ni ha sido una moda pasajera, sino un compromiso con el cual ha sido congruente en sus más de 60 años de vida. Como prueba irrefutable de lo anterior, consta en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, las innumerables iniciativas que con este propósito hemos presentado. Nuestro fundador, Manuel Gómez Morín, expresó en 1954: "Llevamos largos años viviendo en un ambiente cerrado, de restricciones, de monopolio, de estatismo, de temor, de desconfianza, de confusión; necesitamos renovar este ambiente, abrir las puertas a la reforma y a la libertad, suscitar y encauzar responsablemente discrepancias enriquecedoras. Necesitamos inclusive correr los riesgos de nuevas experiencias, siempre que sean nuestras y de lo nuestro, orientadas a afirmarnos y no a debilitarnos, ni a entregarnos; necesitamos, en suma, proclamar nuestra mayoría de edad y adquirir la conciencia de lo que somos, de lo que poseemos y del riesgo de dejar de serlo, de la responsabilidad de hacer frente a este riesgo". Acción Nacional desde el 26 de diciembre de 1946, fecha en la que llegó al Congreso la primera diputación panista, presentó ante esta Cámara, una iniciativa de reformas al artículo 115 Constitucional, para proponer, entre otras, innovaciones en la esfera de la vida pública local, la adopción en todos los municipios del país, de la institución del referéndum, por considerarla como institución mejoradora de la democracia para lograr la mayor pureza y efectividad de la intervención de la comunidad en la vida pública del municipio. En este recordar, la historia de la LVI Legislatura, cabe mencionar también la participación del diputado Ricardo García Cervantes, quien en su exposición de motivos precisó: "El PAN desde su origen en el transcurso de toda su historia, ha pugnado por una auténtica reforma política". Refiriéndose a la necesidad de adoptar la figura de referéndum y plebiscito. Reiteradamente y hasta nuestros días, hemos insistido en reformas que fortalezcan la democracia participativa. Por este motivo, la presente iniciativa tiene como propósito favorecer el desarrollo de una auténtica democracia que complemente los esfuerzos de muchos años por instaurar un régimen democrático en un Estado nacional y de derecho y cuyo último gran esfuerzo nacional lo podemos ver en lo referente a las elecciones del 2 de julio del año 2000. La participación ciudadana en los procesos políticos, su influjo sobre los partidos o la búsqueda de la fortaleza en las instituciones no son particularidad exclusiva de ciertas sociedades, en todos los sistemas del mundo se están explorando y desarrollando esquemas e iniciativa que promueven la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones que les afectan, tanto las instituciones democráticas como en su vida cotidiana. La clave de la legitimidad es la participación, por eso es necesario velar porque se abran siempre nuevos espacios a la participación ciudadana, para que las decisiones sean percibidas como fuente de un compromiso justo en el cual todos tengan igual oportunidad de intervenir y de ser considerados. Ya no se habla de la democracia a secas, sino de la democracia participativa o de una democracia de participación responsable con los ciudadanos. No es éste un problema semántico ni una redundancia ni una palabra de moda; estamos frente a una nueva concepción internacional de la democracia. Se ha querido oponer los términos de democracia participativa y el término de democracia representativa, buscando verlos como mutuamente excluyentes. Esta apreciación es errónea ya que ambas se complementan y respetan la libertad y pluralismo. No se trata de que el pueblo haga todas las leyes directamente ni de acabar con el Congreso o con el principio de representación, semejante empeño sería, además de indeseable, utópico. La ampliación de los canales de participación y la creación de nuevos escenarios para que los ciudadanos intervengan activamente en la toma de decisiones que los afectan, le infunden mayor vigor a la democracia y ofrecen una oportunidad para que los partidos políticos confluyan en la deliberación sobre una agenda política enriquecida y diversa. Es importante resaltar igualmente, que el concepto de democracia participativa es más moderno y amplio que el de democracia directa. Abarca el traslado de los principios democráticos a esferas diferentes de la electoral; es una extensión del concepto de ciudadano y un replanteamiento de su papel en la vida nacional, no comprende simplemente la consagración de mecanismos para que los ciudadanos tomen decisiones en referéndum o en consultas públicas. En una democracia representativa, el ciudadano vota periódicamente para elegir a sus gobernantes, en la democracia directa, el ciudadano también vota ocasionalmente para influir sobre decisiones que pueden afectar la vida colectiva. En una democracia participativa, el ciudadano además puede participar permanentemente en los procesos no electorales que incidirán significativamente en el rumbo de su vida. A México le urgen una nueva cultura política que lo haga capaz de enfrentar con honestidad y con valor nuestros conflictos y problemas, nos urge a los mexicanos demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de orientar, promover y concretar los cambios requeridos. El 2 de julio fue un paso importante, pero no es definitivo, necesitamos una auténtica cultura democrática que nos haga reconocer y dejar atrás la tan prolongada crisis de ciudadanía a la que se refirió Manuel Gómez Morín en la década de los 70s, una cultura ciudadana que reconozca y haga vida el postulado de nuestra ley fundamental, de que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. Requerimos, en suma, la fuerza ciudadana suficiente para reconfirmar la voluntad del pueblo de México de constituirse en una república democrática, representativa, participativa y federal. Por lo tanto, se propone reformar el artículo 40 constitucional para incorporar la democracia participativa y las instituciones de la democracia semidirecta, dejando claro que la soberanía se ejercerá también mediante el ejercicio del referéndum y el plebiscito, con lo que se complementa ese matrimonio indisoluble que es la democracia representativa con la participativa. Asimismo, dentro de un marco de congruencia histórica Acción Nacional se pronuncia a favor de discutir, en el seno de las comisiones legislativas ordinarias correspondientes, la inclusión en la legislación secundaria de la figura de la iniciativa popular, de esta forma se dispone que la democracia será representativa en lo que se refiere a los cargos de elección popular de los poderes de la Unión y los del Estado, pero será participativa en lo referente a las decisiones que tomen directamente los ciudadanos mediante las instituciones del referéndum y plebiscito en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se plantea establecer el reconocimiento del referéndum constitucional pero determinando que éste será facultativo; se podrá realizar cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta Constitución que versen sobre las garantías individuales, los derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos, la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional, la división de poderes y el proceso de reforma constitucional. Se plantea determinar que el plebiscito es una forma de participación ciudadana para que los electores se manifiesten sobre decisiones políticas fundamentales de la Nación Mexicana. En el mismo artículo 40 se propone disponer que sólo podrán someterse a referéndum y plebiscito los asuntos que aluden los párrafos anteriores por lo que no proceden en tratándose de disposiciones en materia tributaria y fiscal de expropiación, delimitación o propiedad particular así como la del sistema bancario y monetario. Asimismo se sugiere asentar que el resultado de los procesos del referéndum y plebiscito será obligatorio para gobernantes y gobernados si en dicho proceso participan cuando menos el 60% de los ciudadanos del padrón electoral. Se plantea que el Instituto Federal Electoral será el órgano responsable de organizar el referéndum y plebiscito, estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las iniciativas y tendrá la obligación de comunicar los resultados a las Cámaras del Congreso de la Unión el Presidente de la República o la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los poderes públicos en el Diario Oficial de la Federación. Se propone que el derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá a los ciudadanos cuando lo soliciten al menos el 1.5% de los inscritos en el padrón electoral y pertenezcan, al menos, a una tercera parte de Estados de la Federación incluido el Distrito Federal, aportando cada uno de ellos mínimamente un 5% de electores solicitantes. También una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión, el Presidente de la República salvo en lo relativo a la organización del Congreso de la Unión y del Poder Judicial. Por último en este artículo 40 se plantea que las normas para la procedencia y organización del referéndum y plebiscito serán establecidas en la ley reglamentaria correspondiente. Con el fin de complementar y dar congruencia a lo propuesto en el artículo 40 constitucional y para una mejor precisión del espíritu de la presente iniciativa se propone reformar el artículo 35 y 36 de la Ley Fundamental para establecer dentro de las prerrogativas y obligaciones del ciudadano, el derecho y la obligación política individual de votar en los plebiscitos y los referéndums. El Partido Acción Nacional ha estado en toda su historia impulsando reformas trascendentes para nuestro país. Hoy no es la excepción, ratificamos nuestro compromiso de impulsar la democracia participativa buscando crear figuras jurídicas necesarias para ello. Por lo anteriormente expuesto, los suscritos diputados del grupo parlamentario de Acción Nacional sometemos a su consideración el siguiente: Artículo Único. Se reforman los artículos 35, fracción I y 36; se adiciona el artículo 40, los párrafos 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8; el artículo 73, la fracción XIX inciso K) y el artículo 122 inciso O). El artículo 35 en su fracción I quedaría: "Votar en las elecciones populares y en los procesos de referéndum y plebiscito. Artículo 36 en su fracción III. "Votar en las elecciones populares y participar en los procesos de referéndum y plebiscito en los términos que señala la ley". En el artículo 40: "Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República Federal, democrática, representativa y participativa compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta Ley Fundamental. "La democracia será representativa en lo que se refiere a los cargos de elección popular de los Poderes de la Unión y de los Estados, pero será participativa en lo referente a las decisiones que tomen directamente los ciudadanos mediante las instituciones del referéndum y plebiscito en los términos de esta Constitución. Se reconoce el referéndum constitucional, el cual será facultativo, se podrá realizar cuando se trate de iniciativas que tengan por objeto la derogación, adición o reforma a esta Constitución que versen sobre las garantías individuales, los derechos políticos individuales y colectivos de los ciudadanos, la soberanía nacional, la forma de gobierno, las partes integrantes de la federación y el territorio nacional, la división de poderes y el proceso de reforma constitucional. El plebiscito es una forma de participación ciudadana, para que los electores se manifiesten sobre decisiones políticas fundamentales de la nación mexicana, sólo podrán someterse a referéndum y a plebiscito los asuntos que aluden a los párrafos anteriores, por lo que no proceden en tratándose de disposiciones en materia tributaria y fiscal de expropiación, de limitación o la propiedad particular, así como el sistema bancario y monetario. El resultado de los procesos de referéndum y de plebiscito será obligatorio para gobernantes y gobernados si en dicho proceso participan cuando menos el 60% de los ciudadanos del padrón electoral. El Instituto Federal Electoral será el órgano responsable de organizar el referéndum y el plebiscito, estará facultado para verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de las iniciativas y tendrá la obligación de comunicar los resultados a las Cámaras del Congreso de la Unión, al presidente de la República, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a los Poderes Públicos en el Diario Oficial de la Federación. El derecho de solicitud de referéndum y plebiscito corresponderá: Inciso a) A los ciudadanos cuando los soliciten al menos el 1.5% de los inscritos en el padrón electoral y pertenezcan al menos a una tercera parte de estados de la federación incluido el Distrito Federal, aportando cada uno de ellos mínimamente un 5% de electores solicitantes. Inciso b) Una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del H. Congreso de la Unión. Inciso c) El presidente de la República, salvo en lo relativo a la organización del Congreso de la Unión y el Poder Judicial. Las normas para la procedencia y organización del referéndum y plebiscito, serán establecidas en la Ley Reglamentaria correspondiente. Artículo 73. Vigésimo Noveno. Inciso k) Para expedir leyes reglamentarias de referéndum y p0lebiscito. Y el artículo 115 congruencia con el artículo 40. Los estados adoptarán para su régimen interno, la forma de gobierno republicano, democrático, representativo y participativo, teniendo como base su división territorial y su organización política y administrativa, el municipio conforme a las bases siguientes: En la Base Primera, inciso o) Expedir leyes en materia de referéndum y plebiscito. Inciso p) Las demás que le confieran expresamente en esta Constitución. T R A N S I T O R I O S PRIMERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. El Congreso de la Unión tendrá un término perentorio de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para expedir la ley reglamentaria que se refiere la fracción XIX inciso k) del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de referéndum y plebiscito. TERCERO. Las entidades federativas contarán con un término de seis meses a partir de la entrada en vigor del presente decreto, para adecuar sus constituciones y su legislación reglamentaria a lo que establece el presente decreto. En su caso las entidades que no cuenten con las instituciones del plebiscito y del referéndum, deberán implementar la inserción a sus textos constitucionales. Dado en el Salón de Plenos del palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de abril del presente año. Con fundamento en el inciso f) del artículo 123 de la Ley orgánica del Congreso general de los Estados Unidos Mexicanos y 8º. del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política relativo a la subdivisión y creación de Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados de fecha 29 de septiembre del 2000, solicito respetuosamente a la Mesa Directiva de esta soberanía obsequie el turno de esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Participación Ciudadana y Puntos Constitucionales. Gracias.